# Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo
## INTRODUCCIÓN

La Junta Militar presenta a la ciudadanía un cuadro del desarrollo de la agresión terrorista a lo largo de casi dos décadas y, por su intermedio, las Fuerzas Armadas asumen la cuota de responsabilidad histórica que les compete frente a la Nación en el planeamiento y ejecución de acciones, en las que no se agotan las responsabilidades que frente a la República pudieran corresponder a otros estamentos, sectores e instituciones.
Esta síntesis histórica de un doloroso pasado todavía cercano quiere ser un mensaje de fe y reconocimiento a la lucha por la libertad, por la justicia y por el derecho a la vida.
Ha llegado el momento de que encaremos el futuro: será necesario mitigar las heridas que toda guerra produce, afrontar con espíritu cristiano la etapa que se inicia y mirar el mañana con sincera humildad.
Su destinatario primero somos nosotros, el pueblo de la Nación, víctima de una agresión que nunca mereció y partícipe invalorable y decidido de la superación final. Su segundo destinatario es el mundo de los hombres libres al que pertenece y seguirá perteneciendo la República, fiel su destino histórico.
Se somete a la reflexión del pueblo argentino y del mundo una experiencia que la Nación jamás deberá repetir, anhelando que, con la misma gracia de Dios, los hermanos de nuestra América y los pueblos de otros continentes la recojan, la comprendan y la eviten.

## LOS HECHOS

La República Argentina, a partir de mediados de la década del ´60, comenzó a sufrir la agresión del terrorismo que, mediante el empleo de la violencia, intentaba hacer efectivo un proyecto político destinado a subvertir los valores morales y éticos compartidos por la inmensa mayoría de los argentinos.
Procuraba modificar la concepción que del hombre y del estado tiene nuestra comunidad, conquistando el poder por medio de la violencia.
Empleando el terror como un medio par tomar el poder, se proponía llegar a la desaparición de la República como estado democrático, jurídica y políticamente organizado, en una acción a nivel nacional y continental.
La agresión tomó inicialmente la forma de guerrilla rural, pero sus intentos fracasaron.
Su derrota en un país limítrofe marcó, a escala continental, un cambio de estrategia en la que, progresivamente, la Argentina pasaba a constituirse en uno de los objetivos prioritarios de la acción del terrorismo internacional.
En este contexto adquirió mayor gravitación el accionar del terrorismo urbano.
Robos de armas, asaltos a bancos y otras instituciones, secuestros, extorsiones y asesinatos en escalada creciente, hicieron que la opinión pública tomara conciencia de la acción delictiva de las tres agrupaciones terroristas más poderosas: fuerzas armadas revolucionarias, ejército revolucionario del pueblo y montoneros.
El accionar de las mismas, dirigido a paralizar a la población, estuvo signado por una permanente e indiscriminada violación de los más fundamentales derechos humanos: asesinatos, torturas y prolongados secuestros son pruebas indiscutibles de sus actos y propósitos criminales.
Sus víctimas abarcaron todos los estratos sociales: obreros, sacerdotes, intelectuales, hombres de empresa, periodistas, funcionarios públicos, jueces, militares, agentes del orden, dirigentes políticos, sindicales y hasta niños.
La escalada del terror fue acompañada por una captación ideológica que indujo a muchos a aceptar la violencia criminal como un modo de acción política.
Las bandas terroristas continuaron su organización y llegaron, en su apogeo, a reclutar miles de personas, a la que instruyeron en el manejo de las armas. La mayoría de ellas las poseían y utilizaban efectivamente, constituyendo, de hecho, un ejército clandestino, mercenario de la violencia.
La infiltración en el aparato del estado abrió el camino para que, a partir del 25 de mayo de 1973, con la asunción del gobierno constitucional, los grupos terroristas abandonaran la clandestinidad y, sumados a los que obtuvieron su libertad, iniciaran el ataque al poder.
Miembros activos y simpatizantes decididos de las organizaciones terroristas ocuparon posiciones relevantes en el gabinete nacional y en los gobiernos provinciales, en el Congreso Nacional, en las legislaturas provinciales y en el Poder Judicial. Ni las organizaciones religiosas, ni las fuerzas legales estuvieron a cubierto de esta infiltración.
La nación estaba en guerra: una prueba de ello fueron los enfrentamientos entre grupos antagónicos registrados en la localidad de Ezeiza, el 20 de junio de 1973, que generaron una verdadera masacre con un saldo lamentable de muertos y heridos, cuya identidad y número total, el gobierno de entonces nunca pudo llegar a determinar ni esclarecer.
Posteriormente, los elementos terroristas intentaron, infructuosamente, copar el Comando de Sanidad del Ejército, el 6 de septiembre de 1973, y la guarnición militar de Azul, una de las más poderosas del país, el 19 de enero de 1974.
En medio de ese generalizado clima de inseguridad y confusión, el acceso del general Perón a la primera magistratura, con el apoyo de una amplia mayoría del electorado, parecía perfilar en el horizonte político nacional una alternativa viable de paz y orden.
Sin embargo el terrorismo no redujo su accionar durante el gobierno constitucional: por el contrario, la naturaleza criminosa de sus fines y sus métodos quedaron definitivamente en evidencia.
Los funcionarios y los dirigentes que comprendieron la magnitud de este problema, aun con peligro de sus propias vidas, intentaron detener el copamiento terrorista del aparato del Estado y de las organizaciones intermedias. La dirigencia empresaria y gremial es claro ejemplo y doloroso testimonio del riesgo que afrontaron quienes se les opusieron.
En los actos de plaza de mayo, celebratorios del Día del Trabajo en el año 1974, el presidente de la Nación denunció a los elementos montoneros como mercenarios e infiltrados y los repudió públicamente.
Las bandas terroristas continuaron perfeccionando sus estructuras: montaron imprentas donde falsificaban documentos de identidad y fábricas donde, clandestinamente, elaboraban armas y explosivos, apoyados por un sólido respaldo financiero, producto de sus actos delictivos.
Su insidioso accionar produjo la desviación de miles de jóvenes. Muchos de ellos aun adolescentes, incorporados a bandas mediante cualquier técnica de captación o, simplemente, a través del miedo. Muchos murieron enfrentando a las fuerzas del orden; otros se suicidaron para evitar su captura; algunos desertaron, debiendo ocultarse de las autoridades y de sus propias bandas.
Los denominados “códigos de justicia penal revolucionarios” sancionaron con la muerte a quienes pretendieron dejar las filas terroristas y liberarse del engaño en que habían caído.
Y la seguridad y el orden ya no existían. A la etapa de asesinatos selectivos siguió la fase del terrorismo indiscriminado, produciendo víctimas en todos los sectores de la sociedad argentina.
A principios de 1975, como último recurso para preservar los valores en peligro, el gobierno constitucional impuso el estado de sitio en todo el país y ordenó el empleo de las Fuerzas Armadas para neutralizar y/o aniquilar el foco terrorista que actuaba y se extendía desde la provincia de Tucumán.
La responsabilidad de ese gobierno era insoslayable, y el desafío inédito para las Fuerzas Armadas, ya que la doctrina orgánica, la estructura y el despliegue de éstas respondían a previsiones de lucha clásica.
Imperfecciones e imprecisiones en las etapas iniciales de una lucha no convencional, fueron superadas gradualmente, aprovechando la experiencia adquirida en el desarrollo de las operaciones.
Doblegadas en el monte tucumano, las bandas terroristas reforzaron y acentuaron su accionar en las grandes concentraciones urbanas.
Las operaciones de sus elementos armados, por su magnitud, recursos y procedimientos, iban adquiriendo nivel similar al de las fuerzas regulares. El año 1975 registra los más ambiciosos intentos de copamiento de unidades militares: el Batallón de Arsenales de San Lorenzo, el 19 de abril; el Regimiento de Monte 29 de Formosa, el 5 de octubre; el Batallón de Arsenales de Monte Chingolo, el 23 de diciembre, siendo esta la mayor operación del terrorismo urbano que recuerda la historia.
Las derrotas sufridas en los grandes enfrentamientos mostraron a los dirigentes terroristas la necesidad de volver a las tácticas originarias, basadas en la acción celular e individual. Una secuela interminable de muertes, secuestros y atentados afectaron durante tres largos años la paz de la República y la seguridad de sus habitantes.
Los ataques terroristas se extendieron a toda la comunidad. Los atentados contra la vida y los bienes públicos y privados fueron hechos cotidianos. Los periódicos de la época documentan que ese cuadro era parte de la vida diaria del país y todos sus habitantes, que vivieron y sufrieron esa experiencia, son testigos de ello.
En la lucha contra el terrorismo, las fuerzas legales detectaron innumerables celdas secretas, denominadas por las bandas terroristas “cárceles del pueblo”. Ellas, además de haber alojado a ciudadanos de todos los niveles, en oportunidades allí mismo asesinados, fueron también usadas para castigar y ejecutar a integrantes de las propias bandas.
Para tener una clara idea de la magnitud del accionar terrorista por medio de las cifras, merece destacarse que en el año 1974 se registraron 21 intentos de copamientos de unidades de las fuerzas legales; 466 atentados con artefactos explosivos y 16 robos de sumas importantes de dinero; 117 personas fueron secuestradas y 110 asesinadas.
El año 1976 marcaba la máxima escalada de la violencia. Los secuestros llegaron a 600 y los asesinatos a 646, con un promedio de dos víctimas diarias del terrorismo.
Se registraron 4.150 acciones terroristas entre copamiento de localidades, acciones de propaganda armada, intimidaciones extorsivas y atentados con explosivos.
Un examen de la crónica periodística correspondiente a los años 1973/79 informa que en ese lapso, en 742 enfrentamientos resultaron muertas 2.050 personas, cifra que no incluye las bajas sufridas por las fuerzas legales.
Entre 1969 y 1979 se registraron 21.642 hechos terroristas. Esta cifra guarda relación con la magnitud de la estructura subversiva que llegó a contar en su apogeo con 25.000 subversivos de los cuales 15.000 fueron combatientes, es decir, individuos técnicamente capacitados e ideológicamente fanatizados para matar.
La naturaleza y características propias de esta forma de ataque sorpresivo, sistemático y permanente, obligaron a adoptar procedimientos inéditos en la guerra afrontada; debió imponerse el más estricto secreto sobre la información relacionada con las acciones militares, sus logros, las operaciones en desarrollo y los descubrimientos realizados.
Se tornaba imprescindible no alertar al adversario, no descubrir las propias intenciones, recuperando la iniciativa y sorpresa en las acciones, hasta ese momento en manos del oponente.
Durante todas estas operaciones fue prácticamente imposible establecer con precisión las bajas totales sufridas por las bandas de delincuentes terroristas y la identidad de sus componentes, incluso cuando sus cadáveres quedaron en el lugar de los episodios, dado que actuaban bajo nombres falsos y con apodos conocidos como “nombres de guerra” y porque su estructura celular, modo de operar y compartimentación de sus acciones imposibilitaron disponer de un panorama más completo de los acontecimientos.
Los esfuerzos realizados por las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales para restablecer la paz y el orden arrojaron resultados progresivos. La agresión terrorista fue cediendo y la sociedad argentina comenzó a recuperar el espacio perdido, en cuanto a paz y seguridad.
Los jefes de las bandas terroristas y varios de sus seguidores comenzaron a dejar el territorio nacional al vislumbrar su derrota, abandonando en el país a muchos de sus integrantes y protegiendo, en otros casos, su huida a la clandestinidad.
Fue culminando así una dolorosa y dura etapa, en la que la victoria finalmente alcanzada posee un contenido coincidente con el propio significado de la derrota de los violentos. Ello fue así porque la sociedad argentina se mantuvo fiel a sus tradiciones, leal a su conciencia y firme en su decisión. Para cada uno de los sectores sociales, la subversión elaboró y puso en marcha diversas metodologías, todas ellas convergentes al fin común de destruirlos, dominarlos o paralizarlos. Pero también fracasó, al herir en sus valores más firmes a un pueblo pacífico y libre.

## LOS PRINCIPIOS Y LOS PROCEDIMIENTOS

La preservación y el mantenimiento efectivo del goce de los derechos y las garantías que la Constitución reconoce a todos los habitantes de la Nación, es decir, la salvaguardia de los derechos humanos, constituye la finalidad sustancial de la seguridad de un Estado democrático, como lo es la República Argentina por su tradición histórica, política y jurídica.
Este concepto de seguridad incluye también el resguardo de la inviolabilidad de su territorio contra amenazas externas e internas, y la consolidación de un funcionamiento eficiente de su gobierno en el marco de la ley.
La Constitución Nacional reconoce la adopción de mecanismos que suspenden transitoriamente los derechos y garantías individuales, cuando situaciones objetivas de peligro crean riesgos graves para el bien común y para la seguridad de la Nación.
Las condiciones de excepcionalidad que vivía el país durante el período de la agresión terrorista hicieron que los elementos esenciales del Estado fueran afectados en niveles que dificultaban su supervivencia.
El ejercicio de los derechos humanos quedó a merced de la violencia selectiva o indiscriminada impuesta por el accionar terrorista, traducido en asesinatos, secuestros, “juicios revolucionarios”, salidas obligadas del país y contribuciones compulsivas.
En extensas zonas del territorio grupos subversivos actuaban desembozadamente con la mayor impunidad, mientras las fronteras nacionales eran traspuestas en ambos sentidos por terroristas argentinos y extranjeros, munidos de documentación falsa o que eludían los puestos de control habilitados.
La capacidad de actuar del Gobierno se veía seriamente comprometida por la infiltración de la subversión y el vacío político causado por la muerte del presidente Perón.
La sanción, por parte del Congreso de la Nación, de leyes que penalizaban en forma específica y con mayor gravedad las conductas subversivas y los actos terroristas, y la declaración del estado de sitio no fueron suficientes para conjurar la situación.
En ese crucial momento histórico, las Fuerzas Armadas fueron convocadas por el gobierno constitucional para enfrentar a la subversión. Esta convocatoria se materializó en dos resoluciones:
* “Decreto Nº 261, del 5 de febrero de 1975, que ordena ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.
* “Decreto Nº 2772, del 6 de octubre de 1975, que ordena ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.
El gobierno nacional, en procura del bien común, por vía de este mandato legal y por intermedio de las Fuerzas Armadas, imponía el logro del restablecimiento de los derechos de todos los habitantes y de las condiciones esenciales que deben garantizar la inviolabilidad del territorio y la convivencia social, y así facilitar la capacidad de funcionamiento del Gobierno.
La naturaleza y características propias del accionar terrorista, cuyos elementos se organizaban en sistema celular y compartimentación de acciones, obligaron a adoptar procedimientos inéditos.
El eventual deterioro de la dimensión ética del estado y la necesidad de salvaguardarla, ante el riesgo de imputación de adscripción de teorías totalitarias no compartidas sobre la seguridad estuvieron también presentes en la adopción de las decisiones que materializaron el ataque frontal, definitivo y victorioso contra la subversión y el terrorismo.
Las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales actuaron en defensa de la comunidad nacional, cuyos derechos esenciales no estaban asegurados, y, a diferencia del accionar subversivo, no utilizaron directamente su poder contra terceros inocentes, aun cuando indirectamente éstos pudieran haber sufrido sus consecuencias.
Las acciones así desarrolladas fueron la consecuencia de apreciaciones que debieron efectuarse en plena lucha, con la cuota de pasión que el combate y la defensa de la propia vida genera, en un ambiente teñido diariamente de sangre inocente, de destrucción y ante una sociedad en la que el pánico reinaba. En este marco, casi apocalíptico, se cometieron errores que, como sucede en todo conflicto bélico, pudieron traspasar, a veces, los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales, y que quedan sujetos al juicio de Dios en cada conciencia y a la comprensión de los hombres.
Fue por ello que con la aprobación expresa o tácita de la mayoría de la población, y muchas veces con una colaboración inestimable de su parte, operaron contra la acción terrorista orgánicamente y bajo sus comandos naturales.
En consecuencia, todo lo actuado fue realizado en cumplimiento de órdenes propias del servicio.
No es fácil encontrar en la historia reciente un antecedente de las características que ofreció la situación argentina. Por ello, los calificativos de inédita, excepcional y límite son ciertos y no guardan ningún propósito exculpatorio.
Aquellas acciones que como consecuencia del modo de operar pudieron facilitar la comisión de hechos irregulares y que fueron detectados, han sido juzgados y sancionados por los consejos de guerra.
Las Fuerzas Armadas aspiran a que esta dolorosa experiencia ilumine a nuestro pueblo, para que todos podamos hallar los instrumentos compatibles con la ética y con el espíritu democrático de nuestras instituciones, que permitan asegurar con indiscutible legitimidad la defensa contra todo riesgo de disolución por la violencia y el terror.

## LAS SECUELAS DEL CONFLICTO

Un conflicto que, por su extensión temporal y geográfica, sacudió a toda la República, porque cualquier lugar de nuestro suelo podía transformarse súbitamente en campo de batalla y porque cualquier habitante podía verse envuelto y caer víctima de enfrentamientos o atentados, debía inexorablemente dejar profundas secuelas de inseguridad, pérdidas humanas, destrucción y dolor.
Muchos argentinos han sufrido y aun hoy padecen, en respetable silencio, las secuelas de una pérdida irreparable, sabiendo todo el país que no pocos de los autores materiales e ideológicos de esos asesinatos se encuentran en el exterior, gozando de una impunidad y, en algunos casos, de un apoyo que torna sospechosa la parcial y, por lo tanto, injusta, preocupación que se expresa sobre una sola de las secuelas de esta peculiar guerra.
Por ello es preciso puntualizar claramente que son muchas las heridas no cerradas de la sociedad argentina: largos años de profunda inseguridad, frecuentes momentos de terror, pérdida de familiares y seres queridos que cayeron por obra de un ataque tan injustificado como artero, mutilaciones, largas detenciones y desaparición física de personas.
Todas ellas, individuales y colectivas, físicas y espirituales, son las secuelas de una guerra que los argentinos debemos superar.
Ello sólo será posible con humildad y sin espíritu de revancha, pero, fundamentalmente, sin parcializaciones que, por injustas, solo servirán para que emerja a la superficie el dolor de quienes, contribuyendo a la paz de la República, ha soportado con estoica conducta las secuelas de una agresión que no provocaron ni merecieron.
En todo conflicto armado resulta difícil dar datos completos: en la guerra clásica, donde los contendientes son de nacionalidades distintas, usan uniforme que los diferencian y están separados por líneas perfectamente identificables, existen numerosos desaparecidos. En una guerra de características tan peculiares como la vivida, donde el enemigo no usaba uniforme y sus documentos de identificación eran apócrifos, el número de muertos no identificados se incrementa significativamente.
Las Fuerzas Armadas, fieles a la finalidad de restañar las heridas dejadas por la lucha y deseosas de aclarar las situaciones de duda que pudieran existir, ponen a disposición para consulta en el Ministerio del Interior, la siguiente información:
* Nómina de los integrantes de las organizaciones terroristas actualmente condenados y bajo proceso por la justicia federal y por los consejos de guerra, y detenidos a disposición del Poder Ejecutivo en virtud del Art. 23 de la Constitución Nacional.
* Pedidos de paradero (presuntos desaparecidos) registrados por el Ministerio del Interior desde el año 1974 hasta la fecha.
* Pedido de paraderos solucionados por la vía judicial o administrativa.
* Bajas producidas por la acción terrorista.
Es el tema de los desaparecidos el que con más fuerza golpea los sentimientos humanitarios legítimos, el que con mayor insidia se emplea para sorprender la buena fe de quienes no conocieron ni vivieron los hechos que nos llevaron a esta situación límite.
En reiteradas oportunidades el gobierno nacional expresó a las comisiones específicas de los organismos internacionales competentes la circunstancia de que, en los listados presentados, entre nombres incompletos y referencias confusas, figuraban personas que nunca se encontraron en esa situación, detenidos sobre los cuales las autoridades habían dado la información respectiva y hasta personas fallecidas de muerte natural o, simplemente, inexistentes.
La experiencia vivida permite afirmar que muchas de las desapariciones son una consecuencia de la manera de operar de los terroristas. Ellos cambian sus auténticos nombres y apellidos, se conocen entre si por los que denominan “nombre de guerra” y disponen de abundante documentación personal fraguada. Las mismas están vinculadas con lo que se denomina como el “pasaje a la clandestinidad”; quienes deciden incorporarse a organizaciones terroristas lo hacen en forma subrepticia, abandonando su medio familiar, laboral y social. Es el caso más típico: los familiares denuncian una desaparición cuya causa no se explican o, conociendo la causa, no la quieren explicar.
Así, algunos “desaparecidos” cuya ausencia se había denunciado, aparecieron luego ejecutando acciones terroristas. En otros casos, los terroristas abandonaron clandestinamente el país y viven en el exterior con identidad falsa. Otros, después de exiliarse, regresaron al país con identidad fraguada; y existen también terroristas prófugos, aun en la República o en el extranjero.
Hay casos de desertores de las distintas organizaciones que viven hoy con identidad falsa, para proteger su propia vida, en el país o en el exterior.
Muchos de los caídos en enfrentamientos con las fuerzas legales no tenían ningún tipo de documento o poseían documentación falsa y, en muchos casos, con las impresiones digitales borradas. Ante la inminencia de la captura, otros terroristas se suicidaron, normalmente mediante la ingestión de pastillas de cianuro. En estos casos los cadáveres no fueron reclamados y, ante la imposibilidad de identificarlos fueron sepultados legalmente como “N.N.”.
Siempre que les fue posible, los terroristas retiraron los cuerpos de sus muertos del lugar de un enfrentamiento. Los cadáveres, lo mismo que los heridos que fallecieron como consecuencia de la acción, fueron destruidos o enterrados clandestinamente por ellos.
La lucha por la hegemonía del terror determinó asesinatos y secuestros entre organizaciones de distinto signo. El terrorismo, amparándose en un pseudo código revolucionario hizo parodias de juicios y asesinó a aquellos de sus integrantes que defeccionaron o fracasaron en las misiones impuestas.
Estos fueron sepultados con identidad falsa o en lugares y circunstancias desconocidos.
Las fuerzas legales, durante el desarrollo de la lucha, infiltraron hombres en las organizaciones terroristas. Descubiertos, fueron ultimados, sin que se registrara el lugar de sepultura.
Asimismo se han presentado casos de personas denunciadas como desaparecidas, que luego aparecieron y desarrollaron una vida normal, sin que esta circunstancia hubiera sido puesta en conocimiento de las autoridades judiciales o administrativas competentes.
Finalmente, la nómina de desaparecidos puede ser artificialmente aumentada, si se computan los casos no atribuibles al fenómeno terrorista, que se registran habitualmente en todos los grandes centros urbanos.
Cabe destacar que los supuestos en que se denuncia la comisión de un secuestro son materia de investigación judicial: gran número de causas por presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad han sido iniciadas de oficio por los jueces competentes.
La posibilidad de que personas consideradas desaparecidas pudieran encontrarse sepultadas como no identificadas ha sido siempre una de las principales hipótesis aceptadas por el Gobierno. Coincidió con ese criterio el informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el país en 1979, al expresar que, en distintos cementerios, se podía verificar la inhumación de personas no identificadas que habían fallecido en forma violenta, en su mayoría en enfrentamientos con fuerzas legales.
Se habla asimismo de personas “desaparecidas” que se encontrarían detenidas por el gobierno argentino en los más ignotos lugares del país. Todo esto no es sino una falsedad utilizada con fines políticos ya que en la República no existen lugares secretos de detención, ni hay en los establecimientos carcelarios personas detenidas clandestinamente.
En consecuencia debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos, aun cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación de sus sepulturas.

## CONSIDERACIONES FINALES

No obstante ser el desprecio absoluto de los derechos humanos la expresión más trágica del fenómeno subversivo, el terrorismo es solo uno de los procedimientos. La agresión subversiva existe en virtud de que ante y durante su desarrollo, la ideología de la violencia se introdujo y dominó la educación y la cultura, el sector del trabajo, las estructuras de la economía y hasta llegó a entronizarse en agrupaciones políticas y en el aparato del Estado.
La victoria obtenida a tan alto precio contó con el consenso de la ciudadanía, que comprendió el complejo fenómeno de la subversión y expresó a través de sus dirigentes, su repudio a la violencia.
De esta actitud de la población se desprende, con claridad, que el deseo de la Nación toda es poner punto final a un período doloroso de nuestra historia, para iniciar, en unión y libertad, la definitiva institucionalización constitucional de la República.
Para lograr éxito en este camino, es imprescindible que tengamos el equilibrio suficiente para comprender lo acaecido, sin olvidar las circunstancias que nos llevaron al borde mismo de la disgregación, así como tampoco las responsabilidades que, por acción u omisión, les correspondieron a los distintos sectores de la comunidad, a fin de no recorrer, otra vez, ese doloroso camino que no queremos volver a transitar.
Quienes dieron su vida para combatir el flagelo terrorista merecen el eterno homenaje de respeto y agradecimiento.
Quienes supieron sostener los principios de un estilo de vida sustentado en el respeto a los derechos fundamentales de las personas y en los valores de la libertad, la paz y la democracia, arriesgando su seguridad personal y la de su familia, cuales fueron dirigentes políticos, sacerdotes, empresarios, sindicalistas, magistrados o simples ciudadanos, merecen el reconocimiento de la comunidad.
Quienes han puesto su inteligencia, buena voluntad, solidaridad y piedad, ofreciendo todo el peso de su entrega al servicio de la reconciliación de la familia argentina, son dignos de reconocimiento y respeto.
Quienes perdieron la vida enrolados en las organizaciones terroristas que agredieron a esa misma sociedad que los había nutrido, más allá de las diferencias ideológicas y unificados por la condición de hijos de Dios, reciban su perdón.
Quienes han reconocido su error y han purgado sus culpas, merecen ayuda. La sociedad argentina, en su generosidad, está dispuesta a recuperarlos en su seno.
La reconciliación es el comienzo difícil de una era de madurez y de responsabilidad asumidas con realismo por todos. Las cicatrices son memoria dolorosa, pero también cimiento de una democracia fuerte, de un pueblo unido y libre. Un pueblo que aprendió que la subversión y el terrorismo son la muerte inexorable de la libertad.
Las Fuerzas Armadas entregan a sus conciudadanos esta información para que juzguen en comunidad esta luctuosa etapa de nuestra historia que, como tal, es un problema que toca a todos los argentinos y que todos los argentinos debemos resolver en común, si queremos asegurar la supervivencia de la República.
Por todo lo expuesto la Junta Militar declara:
1º) Que la información y explicitaciones proporcionadas en este documento es todo cuanto las Fuerzas Armadas disponen para dar a conocer a la Nación sobre los resultados y consecuencias de la guerra contra la subversión y el terrorismo.
2º) Que en este marco de referencia, no deseado por las Fuerzas Armadas y al que fueron impelidas para defender el sistema de vida nacional, únicamente el juicio histórico podrá determinar con exactitud a quién corresponde la responsabilidad directa de métodos injustos o muertes inocentes.
3º) Que el accionar de los integrantes de las Fuerzas Armadas en las operaciones relacionadas con la guerra librada constituyeron actos de servicio.
4º) Que las Fuerzas Armadas actuaron y lo harán toda vez que sea necesario en el cumplimiento de un mandato emergente del gobierno nacional, aprovechando toda la experiencia recogida en esta circunstancia dolorosa de la vida nacional.
5º) Que las Fuerzas Armadas someten ante el pueblo y el juicio de la historia estas decisiones que traducen una actitud que tuvo por meta defender el bien común, identificado en esta instancia con la supervivencia de la comunidad y cuyo contenido asumen con el dolor auténtico de cristianos que reconocen los errores que pudieron haberse cometido en cumplimiento de la misión asignada.