# Sentencia del TOF 3 dictada en el caso del atentado contra la AMIA el 29 de octubre de 2004 (36)

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En la oportunidad prevista en el art. 378 del código de rito, Carlos Alberto Telleldín se negó a prestar declaración indagatoria, dándose lectura a las volcadas a fs. 1440/1449, 2197/2213, 2217/2223, 7022/7037, 7213/7219, 10.359/10.360, 24.223/24.245, 26.780/26.785, 28.688/28.690, 31.465/31.469 y 42.597/42.598. Durante el transcurso del debate, el imputado prestó declaración los días 29 y 30 de abril, 2 y 3 de mayo, 20 de junio, 30 de julio y 26 de septiembre, todos de 2002, como así también los días 13 de febrero, 23 de abril y 9 de diciembre de 2003. A ello se adunan los careos practicados entre el encartado y sus coimputados Ariel Rodolfo Nitzcaner, Miguel Gustavo Jaimes y Hugo Antonio Pérez (fs. 8128/8130, 8603/8605 y 8606/8610, respectivamente), como así también al llevado a cabo en la audiencia de debate con el testigo Javier Ignacio De Gamas Soler el 19 de marzo de 2003.
El 30 de julio de 1994 (conf. fs. 1440/1449), en ocasión de su primer declaración ante el magistrado instructor, el imputado indicó que se dedicaba a la compraventa de vehículos. Explicó que adquiría alrededor de tres o cuatro automóviles por mes, generalmente en la firma “Alejandro Automotores” y que en su mayoría se trataba de rodados siniestrados o con faltantes. Al respecto, puntualizó que en el primer supuesto procedía a repararlos, por intermedio de mecánicos que conocía, adquiriendo, en su caso, los elementos necesarios para complementarlos.
Con relación a la camioneta Renault Trafic vinculada a las presentes actuaciones, manifestó que la compró quemada en “Alejandro Automotores”, pero, no obstante ello, el motor, es decir, la masa, funcionaba, debiendo sólo adquirir, para venderla, los elementos inflamables –tapa de cilindros, carburador, alternador, burro de arranque, distribuidor, radiador, etc.- y el chasis.
Admitió que por lo general agregaba a los automotores partes usadas, pudiendo suponer que correspondían a vehículos robados; en el caso puntual, podía figurarse que el chasis era robado. Manifestó que hizo colocar el bloque del motor siniestrado en el chasis de posible origen ilícito y en esas condiciones vendió la camioneta, especificando que el rodado quedó formado con partes de dos vehículos distintos.
Al respecto, explicó que el motor de la camioneta Renault Trafic siniestrada fue extraído por Cotoras, en tanto mandó a tirar las restantes piezas, toda vez que no servían. Con relación al motor, indicó que lo llevó al taller de Ariel; éste cambió las piezas quemadas por nuevas, retocó la caja y la cabina y la terminó de reparar el viernes 8 de julio de 1994, ya que “estaba publicada” para la venta en el diario “Clarín” de ese fin de semana.
Recordó que el sábado 9 de julio llamaron varias personas interesadas en la compra, una de las cuales tenía acento extranjero, creyendo que era oriental, es decir, japonés o coreano; le preguntó si era coreano, respondiéndole que era español y requiriéndole su dirección.
Relató que dos horas más tarde, alrededor de las 18.30 horas, arribaron a su domicilio tres personas de rasgos orientales, con el mismo tono de voz y acento de quien hablara por teléfono, y dijeron venir de parte de la persona que había llamado previamente. Éstos, comentó, se trasladaban en un automóvil Mitsubishi Galant cupé, cuyo número de dominio no recordó, de color negro y tapizado gris, con la carrocería deteriorada, ubicando el modelo entre los años 1979 y 1981.
Telleldín apuntó que los sujetos se limitaron a abrir los dos portones traseros y mirar la caja, conversando entre ellos en una lengua que supuso oriental, aunque aclaró que no se hallaba en condiciones de distinguir idiomas de ese origen; el acento no parecía fingido, sino real y sus rasgos, en especial sus ojos, eran “achinados”. Aclaró que sólo les interesaba el modelo de camioneta, toda vez que no repararon en el motor ni en otros detalles.
Señaló que le preguntó al que hablaba castellano si pensaban utilizar la camioneta para el traslado de vestimenta, respondiéndole en forma negativa, luego de lo cual siguieron hablando entre ellos. Por último, manifestó que en ningún momento lo interrogaron sobre el precio final de la Trafic y, antes de retirarse, le dijeron que la persona con la que había hablado por teléfono concurriría a finalizar la operación.
El 10 de julio, continuó, lo llamó la misma persona, preguntándole nuevamente la dirección y solicitándole que fuera preparando la factura. Especificó que se comunicó por primera vez a las 10.30 horas y por segunda a las 11.30 horas, diciéndole que se hallaba perdido e interrogándolo acerca de la ubicación de “Villa Ballestor” (sic). Añadió que alrededor de las 13.00 horas llamó por última vez, arribando luego de ello, previo al almuerzo.
Aclaró que si bien publicó la camioneta en el diario en $ 12.900, ni los sujetos de origen oriental que concurrieron el 9, ni la persona designada para concretar la compra lo consultaron sobre el particular.
El encartado manifestó que su línea telefónica era el nº 768-0902, suponiendo por los ruidos que se escuchaban que se hallaba “pinchada”; dedujo que el sujeto pudo haber llamado desde un teléfono celular, un teléfono público o un remise, toda vez que en el lugar donde se encontraba su interlocutor había ruido. Indicó que finalmente arribó a su domicilio caminando y portando un maletín chico, de los que se usaban al hombro con correa, cuyo tamaño era la mitad de un “attaché”.
Afirmó que podría reconocerlo y confeccionar un identikit. Lo describió como de treinta años aproximadamente, cutis trigueño, ojos redondos, nariz finita y puntiaguda, pelo ondulado, castaño pero con algunas partes más claras, muy limpio y aparentemente largo, ya que usaba gorra y anteojos. Calzaba zapatos negros tipo trenzados y portaba un reloj como el que usaba “Tinelli”. Remarcó que le llamaron la atención el color de pelo y los reflejos, ya que no se condecían con el color de su piel, aunque no pudo precisar si se trataba de pelo natural o de peluca. Aseguró que tenía las manos muy bien cuidadas y que vestía un saco tipo de artista, de seda, color claro. Añadió que medía 1,75 m aproximadamente y tenía voz suave.
Que si bien el individuo resultaba muy parecido –en un noventa por ciento- a uno de los hermanos detenidos en la causa, no se trataba de la misma persona, teniendo ambos la nariz muy parecida, una nariz poco común, ya que era “muy finítica, muy particular” (sic). Indicó que la voz era distinta y que además la persona que concurrió a su domicilio tenía acento centroamericano, aclarando que no era el mismo acento de quien lo llamara por teléfono, por lo que supuso que éste era una quinta persona o uno de los orientales que concurriera a su domicilio. Acotó que si bien nunca viajó a Centroamérica, habiéndolo hecho únicamente a países limítrofes, le pareció que el acento era de aquella región, de dónde supuso sería oriundo, ya que lo trataba de “Don Carlos”.
Al exhibírsele las fotografías obrantes en un legajo aportado por la Secretaría de Inteligencia de Estado, Telleldín refirió que Asghari Ammad Reza resultaba muy parecido a quien describiera precedentemente como el sujeto con acento latinoamericano, aunque éste no tenía barba ni bigote y su pelo –al menos la parte que se veía, ya que usaba gorra- era distinto. Agregó que la nariz y los rasgos de la cara eran muy parecidos.
Prosiguió su narración explicando que el individuo arribó a pie, revisó la parte trasera de la camioneta, miró el motor y solicitó probarla. La camioneta se hallaba estacionada en la vereda de enfrente de su domicilio y su vecino, cuyo nombre no recordó, preguntó si necesitaba que corriera su automóvil, respondiéndole negativamente. Destacó que su vecino y su mujer vieron al adquirente del vehículo.
Señaló que el interesado dio una vuelta a la manzana conduciendo el rodado, como “picándolo”, sin efectuar pregunta alguna relacionada con la capacidad de carga del vehículo. Manifestó que mientras conducía inquirió si la operación podía hacerse con factura, a la vez que informó que la transferencia la harían en quince días, cuando arribara “el Viejo”, no pudiendo precisar si el término aludía al padre o a una persona mayor. Telleldín refirió que asintió, ya que los papeles del vehículo los tenía la firma “Alejandro Automotores”. Agregó que entregó al comprador el título del automotor, patentes y el libre deuda, conjeturando que éste no poseía muchos conocimientos sobre automotores, toda vez que no solicitó la tarjeta verde, que de todos modos no tenía en su poder ya que se había quemado.
El encartado explicó que si bien en un principio no se habló del precio de venta, al cerrar la operación el comprador ofreció USD 11.000, pactándose finalmente la venta en USD 11.500. Tras ello, refirió, ingresaron a la casa, su mujer se hallaba cocinando, se sentaron a la mesa, redactó la factura, la firmó, en tanto el comprador, quien se quedó con dicho instrumento como comprobante del pago, asentó su número de documento; al serle exhibido, reconoció el boleto de compraventa obrante a fs. 308 como el confeccionado durante la operación.
Indicó que no tuvo en su poder el Documento Nacional de Identidad del adquirente; pese a ello, llegó a leer el nombre, el número de la identificación y la dirección que allí constaba. Precisó que el documento era verde y con tapas de tela, no de cartón. Recordó que la fotografía que lucía no correspondía a su interlocutor, quien refirió “que el documento pertenecía al ‘Viejo’ y que tomaba los datos de éste para el boleto, ya que iba a estar a nombre de aquél al llevarse a cabo la transferencia” (sic).
Luego, apuntó, su visitante abrió su “attaché”, sacó un fajo de USD 10.000 y otro de, aparentemente, la misma suma, retirando de este último USD 1500 e introduciendo el remanente nuevamente en el bolso, donde pudo advertir que tenía otro fajo más. Expresó que su mujer lo invitó a almorzar, excusándose por hallarse apurado.
Telleldín refirió que controló el dinero, retirándose luego el comprador, con quien convino en contactarse a los quince días a efectos de finalizar con los papeles. Resaltó que le llamó la atención que los billetes fueran nuevos, con excepción de uno que era del año 1986 y estaba sucio.
Explicó que la operación fue rápida, normal, duró cuarenta minutos, ya que realizó otras en ese tiempo. Agregó que el comprador de la camioneta habló sobre otros temas, utilizando frases cortas y, aunque no las recordó, creía que versaban sobre las operaciones que iba a realizar. A lo expuesto añadió que tanto los tres individuos identificados como coreanos como quien finalmente adquirió el rodado se limitaron a mirar la caja.
Con relación al destino del dinero recibido, explicó que entregó aproximadamente USD 7500 a la firma “Alejandro Automotores”; pagó un mes de alquiler de su vivienda, que tenía atrasado –USD 1.300-; utilizó USD 1500 para pagar a un mecánico llamado Miguel -domiciliado en la calle Astiz al 1800 de la localidad de Haedo, provincia de Buenos Aires-, por la reparación de un automóvil que había adquirido y gastó el resto en dos viajes que realizó a Córdoba.
El imputado avanzó en su versión manifestando que el lunes 11 de julio de 1994, en la sede de “Alejandro Automotores” le entregaron los formularios “08”, concurriendo, según creyó recordar, en horas de la noche del 14 ó 15 de julio al domicilio aportado por el comprador de la Trafic para entregárselos. Recordó que allí conversó con varios vecinos, negando todos conocer a un tal Ramón Martínez, aunque un empleado de un garaje refirió conocer a una persona del edificio denunciado que tenía una Trafic. Que, luego de ello, no tuvo ni intentó tener más contacto con el comprador de la camioneta Trafic.
Con relación al 18 de julio de 1994, expresó que se levantó a las 10.30 u 11.00 horas y su mujer compró medialunas, enterándose, aproximadamente, a las 12.00 horas de la comisión del atentado. Apuntó que almorzó a las 14.00 ó 15.00 horas en su domicilio. Según creyó recordar, luego concurrió a una inmobiliaria a fin de buscar una vivienda para mudarse.
Telleldín informó que al tomar conocimiento de los hechos investigados en esta causa y toda vez que se encontraba de viaje, decidió regresar a esta ciudad a efectos de aclarar su situación procesal, arribando al aeroparque el miércoles anterior a su declaración en un vuelo de la empresa “Austral”. Relató que cuando llamó por teléfono a su esposa, conversó con una persona de la S.I.D.E. que se hallaba con ella, a quien manifestó que lo esperaría al lado de la oficina de informes. Por último, indicó que posteriormente conversó con un integrante de la Policía Aeronáutica, a quien explicó que había vendido la Trafic y esperó que lo fueran a buscar.
Negó tener relación o pertenecer a alguna organización fundamentalista religiosa, conocer a algún miembro de la embajada iraní en Argentina y toda vinculación con el atentado. Asimismo, dijo que no conocía a Tomás David Lorenz, Mario Alejandro Lorenz, Susana Inés Froevers y Carlos Alejandro Martínez.
Al ampliársele su declaración indagatoria el 6 de agosto de 1994 (fs. 2197/2213), Carlos Alberto Telleldín manifestó que se dedicaba a la compraventa de automotores, habiendo tenido comercios de restaurante, lavadero de autos, un videoclub, un “boliche bailable” y una casa de electrodomésticos. Con relación al mencionado lavadero, sostuvo que lo vendió en marzo de 1994.
Debido a su actividad, indicó, tenía trato comercial con la agencia de automóviles “Alejandro Automotores” desde hacía dos años y medio, aproximadamente. Mencionó que allí trataba la compraventa de automotores con su propietario Alejandro Monjo, conociendo también a varios de los empleados, como ser los llamados Pedro y Fernando, cuyos apellidos no recordó, siendo el último el gestor de la firma. Negó conocer a Rodolfo Américo Setau y, al hacérsele saber que se trataba de un gestor de la agencia, aclaró que posiblemente lo conociera de vista. Precisó que “Alejandro Automotores” no le enviaba clientes para los rodados que vendía, toda vez que no le convenía por tener su propia clientela y talleres de reparación.
Telleldín explicó que a lo largo de su actividad comercial vendió cinco camionetas Renault Trafic y brindó detalles de cada una. Aclaró que una, en realidad, la vendió en su domicilio –donde vivió desde abril hasta el 18 de julio-un amigo suyo llamado Hugo Antonio Pérez. Se procedió de esa forma, refirió, dado que Pérez figuraba como comprador en “Alejandro Automotores” y la adquirente deseaba que el nombrado firmara el boleto. Agregó que, además, aprovechó la oportunidad puesto que Pérez poseía número de C.U.I.T..
Con relación al nombrado, hizo saber que lo conoció en la ciudad de Córdoba - dado que los padres de ambos eran policías-, acababa de divorciarse y se dedicaba a la construcción. Más adelante, Telleldín se rectificó y refirió que, en realidad, Pérez permaneció con ellos una semana más, hasta el 25 de julio. Recordó que durante el tiempo que vivió en su domicilio, Pérez se levantaba temprano para ir al country “Mapuche”, regresando a las 23.00 horas aproximadamente y que trabajaba todos los días, con excepción de los domingos, en que permanecía en su casa o, en ocasiones, salía. Aclaró que Pérez no intervino en ninguna de las operaciones de venta de rodados, ya que no entendía del tema.
En cuanto a la Renault Trafic aquí pesquisada, la quinta que comercializó según sus dichos, expresó que la adquirió en “Alejandro Automotores” de la misma forma que las anteriores. Creyó recordar que esa firma le entregó el rodado siniestrado el lunes 4 de julio de 1994. Sin embargo, al señalársele que el 26 de junio llevó al taller de Cotoras el vehículo para que éste le extrajera el motor, Telleldín respondió que era posible que le hubieran entregado la camioneta con anterioridad, aunque no estaba seguro de que fuera el 26 de junio, agregando que la fecha exacta de entrega debía surgir de la documentación de “Alejandro Automotores”. Agregó que el vehículo siniestrado fue trasladado hasta el domicilio de Cotoras por una grúa de esa firma.
Mencionó que adquirió la carrocería de la Trafic investigada en autos a una persona llamada Miguel, domiciliada en la calle Astiz al 1800 de Haedo, provincia de Buenos Aires, quien era buscado por la Brigada de Vicente López. Indicó que la caja quedó original, no habiéndola modificado los mecánicos; sólo quitó los largueros interiores, a fin de que no la identificaran. Que su idea era dejarla en el mismo estado en que se hallaba el rodado antes del siniestro. Agregó que cuando la compró era a gas, pero como el equipo se había quemado, no lo reinstaló, quedando naftera.
Señaló Telleldín que el fin de semana del 9 y 10 de julio publicó un aviso de venta de la Renault Trafic, recibiendo el sábado, en horas de la tarde, entre otras, una llamada de una persona con acento extraño, quien lo interrogó sobre la dirección para ver la camioneta que ofrecía a la venta; al informársela, le preguntó a su interlocutor si era japonés, a lo que respondió que era español.
Reiteró que tres personas de rasgos orientales fueron a ver la camioneta.
Acerca de la venta de la camioneta, afirmó que se realizó el 10 de julio, precisando que ese día se levantó tarde, desayunó alrededor de las 10.30 y comenzó a atender el teléfono, porque tenía publicado el vehículo. Narró que llamaron entre nueve y diez personas, incluida la que lo había hecho el día sábado, quien lo hizo después de que desayunara y a quien le dio la dirección, recibiendo un segundo llamado de este sujeto a efectos de preguntarle donde quedaba “Villa Ballestor” (sic).
Asimismo, refirió que en una tercera comunicación preguntó nuevamente dónde quedaba el lugar, reiterándole el camino que debía tomar. No recordó si le hizo saber dónde se encontraba, pero aclaró que las referencias brindadas servían para todos los accesos, suponiendo en definitiva que por las directivas dadas le debió haber dicho que venía de la Capital Federal. Si bien no pudo precisar el tiempo exacto que demoró en arribar a su domicilio luego del último llamado, recordó que fue bastante, desconociendo en qué medio llegó.
Aclaró que, aproximadamente, el primer llamado se produjo a las 10.30, el segundo a las 11.10 y el tercero a las 12.00, suponiendo que arribó a su domicilio a las 13.30, toda vez que aún no había almorzado. A pesar de que no recordó si Pérez se hallaba en su domicilio en ese momento, refirió que, según creía, no estaba, a la vez que aseguró que al momento de la transacción sólo se encontraba presente su mujer. No obstante, admitió haberle hecho comentarios a Pérez sobre el comprador del vehículo.
Resaltó que también lo vio un vecino suyo, cuyo nombre no recordó, propietario de un Ford Falcon color amarillo, quien era constructor y se encontraba con la mujer y otra persona. Describió al matrimonio como de más de cincuenta años de edad y siendo el hombre de baja estatura –1,64 m-, medio pelado canoso, italiano o descendiente de italianos y la señora un poco más alta –1,74 m- y de pelo rojizo; la otra persona, según creía, era un albañil.
Expresó que el sujeto de referencia tenía una entonación centroamericana, deduciendo que no era el individuo que antes llamara y que la persona que concurrió a pagar la camioneta fue enviada por quien se comunicó telefónicamente. Recordó que el comprador usaba una gorra marrón, de tela a cuadritos pequeños, con visera abrochada al frente -tipo antigua-; que tenía pelo largo, ondulado, color castaño, con partes más claras, no condiciéndose con su cutis, que era trigueño, es decir, tostado o bien quemado por el sol; ojos redondos, chicos, ubicados en forma proporcional en su cara, vale decir, ni cerca ni lejos de la nariz, color marrón oscuro, sin barba ni bigotes, nariz recta y fina de unos 5 cm de largo, labios finos, cara alargada y delgada, anteojos cuadrados medianos -color plateado-, cejas de pelo abundante de tamaño normal, manos que parecían muy bien cuidadas y que eran unos 2 cm más grandes que las suyas y sin cicatrices ni otra característica que resaltara. Agregó que no veía las orejas por la gran cantidad de pelo y que no podía determinar cómo era la frente, ya que se la tapaba la gorra. Asimismo, indicó que medía 1,70 ó 1,74 m, que se trataba de una persona delgada, de aproximadamente treinta años, no pudiendo determinar si era musculoso o no, puesto que llevaba puesto un saco color claro, tipo de seda con lanilla, que parecía muy caro, con rayas de color gris oscuro, pero que a la vista parecía claro; calzaba zapatos de color negro con una trenza en la parte superior y portaba una carterita colgante tipo “attaché”. Por último, indicó que lucía un reloj con cronómetro, malla de metal y eslabones pequeños, que le llamó la atención.
Reiteró que luego de probar la camioneta discutieron el precio, confeccionó el boleto, cobró y controló si los billetes eran buenos, comprobando que todos, excepto uno, eran nuevos y correspondían a una serie nueva, estando cubiertos por una franja de seguridad. Finiquitada la operación el comprador se retiró y luego de almorzar, según creía recordar, salió a pasear con su esposa e hijo, pasando por la casa de un amigo, Diego Barreda; una vez de regreso, cenó y se acostó a dormir.
El sábado, sostuvo, sólo fueron a ver la camioneta las personas orientales antes mencionadas, en tanto recordó que el domingo a la tarde, mientras confeccionaba el boleto, se presentó otro interesado, quien fue atendido por su señora, informándole que ya estaba vendida. En cuanto a los llamados telefónicos, el imputado indicó que el día sábado llamaron muchas personas por el aviso, en tanto el domingo 10 se produjeron las comunicaciones que ya detallara.
En otro orden de ideas, el acusado narró que el 11 de julio, cerca del mediodía, fue a la firma “Alejandro Automotores” a pagar la suma adeudada, retirando en la ocasión un Renault 9; también le entregaron los “08” de la Trafic y la documentación del vehículo aludido. Que ese mismo lunes, a las 24.00, viajó en automóvil a la ciudad de Córdoba a fin de buscar a sus dos hijos, regresando el día 13. Recordó que arribó a Córdoba a las 6.00, aproximadamente, pasó el día en casa de su madre, donde durmió, visitó a su hija y concurrió al cementerio donde está enterrado su padre; el 13 a las 16.00, aproximadamente, partió hacia esta ciudad, arribando a las 23.00.
Indicó que el jueves 14, luego de almorzar, se dirigió a la zona de Martelli y Munro a efectos de comprar repuestos para el Renault 9 que adquiriera y que estaba en la cochera de su casa; regresó alrededor de las 15.00 y se retiró nuevamente a las 17.00, hacia el domicilio de Diego Barreda, cuya mujer había tenido familia. Al llegar a la esquina de su domicilio se le cruzó de contramano un automóvil Peugeot 505, color gris, modelo viejo –año 1983 ó 1984-, miró por el espejo retrovisor, observando un automóvil Ford Galaxy, color azul, con las luces encendidas, que avanzaba a su encuentro a alta velocidad. Suponiendo que eran ladrones, expresó, retrocedió para tomar distancia y embistió la parte trasera del Peugeot 505 que estaba enfrente suyo.
En esas circunstancias, continuó, se dio a la fuga, siendo perseguido por el Galaxy, seguimiento que duró aproximadamente cincuenta cuadras, hasta que se subió a la vereda y, al doblar, “embistió contra una vereda” (sic), momento en que fue alcanzado; en ese instante, del Galaxy descendieron unas personas vestidas de civil, suponiendo que eran policías, quienes pegaron con la culata de una pistola en el vidrio a fin de romperlo, logrando sólo astillarlo. Adunó que le hablaron en voz baja, indicándole que bajara para conversar, ante lo cual nuevamente se fugó.
A fin de no comprometer a sus amigos, relató, se dirigió a la Capital Federal, dejando su automóvil en el estado en que se encontraba en una playa de estacionamiento en la zona de Belgrano, según creía entre las calles Amenábar y Blanco Encalada; tomó un taxi hasta el centro de la ciudad y desde un teléfono público llamó a Diego Barreda a fin de ponerlo en conocimiento de la situación. Acotó que lo llamó nuevamente una hora más tarde, refiriendo éste que ya sabía de dónde venía el problema. Aclaró que policías de la provincia de Buenos Aires querían cobrarle “peaje” (sic), vale decir, que si no pagaba una suma de dinero lo detendrían por sus antecedentes, puntualizando que la suma peticionada para “arreglar” era de USD 40.000.
Añadió que en esos momentos se encontraba con su esposa y que sus hijos estaban solos en su casa, a donde arribó Pérez a las 23.00, aproximadamente, tomando conocimiento por aquéllos de lo sucedido. Refirió que al conversar con Pérez le indicó que abandonara el domicilio, pues podían ir los policías y aquél no tenía vinculación alguna; que al nombrado lo capturaron los mismos policías que se hallaban en el automóvil Galaxy y le pegaron desde las 24.00 horas hasta las 6.00, conduciéndolo luego detenido a la Brigada de Vicente López, donde le dieron ingreso por averiguación de antecedentes.
Esa noche, señaló, dio vueltas por el centro, realizó diversos llamados telefónicos desde un locutorio de “Telefónica”, sito en la Av. Corrientes, pernoctando con su mujer en un albergue transitorio ubicado en el pasaje Tres Sargentos.
El 15 de julio, manifestó, se levantó a las 10.30 y se contactó con el abogado que le indicara Diego Barreda, el Dr. Bottegal; se reunió con el letrado a las 15.00, en un bar sito en la intersección de las calles Monroe y Moldes, indicándole Bottegal que los policías pedían USD 40.000, a lo que le respondió que no tenía ni el diez por ciento de esa suma, toda vez que meses antes había pagado otros USD 30.000 frente a una situación similar. Finalmente, apuntó, arribaron a un arreglo, dirigiéndose luego a su domicilio, donde permanecieron. Agregó que Pérez recuperó su libertad el 15 a la noche y que al día siguiente prosiguió con sus actividades.
En orden a los días 16 y 17 de julio, el acusado expresó que estuvo en su domicilio, toda vez que había publicado un aviso para la venta del Renault 9, operación que se concretó el 17. Asimismo, refirió que ese día enajenó un Renault 9 GTL a una joven, por la suma de USD 10.700; supuso que luego de ello vio el partido final del mundial de fútbol y se quedó en su domicilio.
El lunes 18 de julio, según creía recordar, se levantó después de acaecido el atentado, ya que su mujer fue a comprar facturas, enterándose del hecho en la panadería, comunicándoselo al regresar, motivo por el cual encendió el televisor. Comentó que almorzaron tarde y luego fueron a ver propiedades para mudarse, toda vez que tenía problemas con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
En cuanto a los días 19 y 20 de julio, manifestó que no trabajó, dedicándose exclusivamente a buscar un inmueble. Recordó que el día 20, aproximadamente a las 21.30 horas, le robaron el reloj y dinero en el domicilio de una persona con quien iba a concretar una operación de alquiler de una propiedad, hecho por el que formuló la denuncia en la Comisaría de Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires, regresando luego a su domicilio.
El 22 de julio, sostuvo, también se levantó tarde, desayunó, almorzó y, a las 17.00, aproximadamente, concretó una operación de alquiler de una vivienda que ya había visitado, ubicada en la Av. San Martín al 1600; entregó USD 1000 en concepto de seña, dinero que recibiera como pago por la Trafic vendida a la persona con acento centroamericano; luego, regresó a su domicilio, cenó y se fue a dormir. No recordó Telleldín el nombre de la inmobiliaria, pero aclaró que, según creía, el recibo se hallaba secuestrado en la causa.
En orden al destino asignado al resto del dinero que percibiera por la venta de la Trafic, puntualizó que entregó USD 7500 a “Alejandro Automotores”, de los cuales USD 6500 correspondían a la compra de un vehículo marca Renault 9 y USD 1000 a una deuda por la compra de la Trafic o de una anterior; aclaró que, pese a que en la boleta confeccionada por la agencia de automotores figuraba una suma inferior, la mencionada fue la que entregó. Recalcó que a la inmobiliaria le dio USD 1000 y que pagó USD 1350 a la inmobiliaria “Richards” por alquileres atrasados de su vivienda.
Asimismo, indicó que gastó USD 800 en la reparación del Renault 9, no pudiendo precisar en qué lugares entregó los billetes, toda vez que, según dijo, adquirió repuestos en varios locales de la zona de José C. Paz, comprando en cualquier negocio; USD 250 los dispuso en la compra de vidrios para ese rodado en el comercio “Parabrisas Florida”, ubicado en la Av. San Martín y Mitre, entre Martelli y Munro, entregando tres billetes que le diera el comprador de la Trafic y recibiendo como cambio aproximadamente $ 50. Agregó que entregó USD 200 a Ariel Nitzcaner como parte de pago de la deuda que mantenía, totalizando así USD 11.100. Dijo que ignoraba en qué pudo haber gastado los restantes USD 400 y aclaró que los pagos antes referidos los hizo directamente en esa moneda.
Prosiguiendo con el relato de sus actividades, Telleldín manifestó que el 23 de julio se levantó a las 11.30, desayunó y, a las 14.00 ó 15.00 almorzó, pasando todo el sábado en su domicilio; el domingo 24 permaneció en su casa y, en horas de la tarde o de la noche, viajó a Córdoba en automóvil a fin de regresar a sus hijos.
El 25 de julio, indicó, dejó su automóvil para reparar y más tarde recibió un llamado de su mujer diciéndole que ese día debía firmar el contrato de locación de la nueva casa; ante ello, regresó en el vuelo de “Austral” de las 20.55, arribando a su domicilio a las 23.00, aproximadamente. Una vez allí, comentó, le extrañó el movimiento de automóviles que había en la cuadra de su casa, por lo que decidió no pernoctar en el lugar y dirigirse a lo de su hermano.
Al día siguiente, añadió, habló con su mujer, quien le informó que el movimiento en la calle había aumentado; ante ello, llamó al teléfono celular de una persona de la Brigada de Vicente López, a efectos de decirle que “había una brigada de ellos que lo estaban buscando” (sic), respondiéndole éste que lo verificarían. Después del mediodía, narró, dado que desconocía qué estaba sucediendo, tomó un remise hasta Liniers y de allí otro a Haedo, donde se dirigió al domicilio de Miguel, observando movimientos raros en su puerta. Frente a ello, acotó, se dirigió en remise a Luján, donde a las 18.30 abordó un micro hacia Posadas, provincia de Misiones.
Telleldín explicó que el día 27 de julio, a las 8.30 horas, arribó a esa ciudad; a las 8.55 llamó a su casa, habló con su mujer, quien le dijo que los automóviles que se hallaban en la puerta de su casa no pertenecían a la Brigada de Vicente López, sino a la S.I.D.E. y que preguntaban por la Trafic vendida, que tenía relación con el atentado; tras la conversación, se dirigió al aeropuerto de Posadas, obtuvo un pasaje de “Austral” y, a las 15.30, viajó hacia esta ciudad, arribando a las 17.00. Por último, refirió que al llegar llamó a su domicilio, donde habló con una persona de la S.I.D.E., a quien le manifestó su deseo de esclarecer su situación, ya que era ajeno al suceso.
En otro orden, el imputado dijo no recordar con precisión si concurrió a llevar los papeles al comprador de la Trafic con anterioridad o con posterioridad al atentado. Aseguró que concurrió al lugar acompañado por Hugo Pérez, a fin de entregar al comprador los “08” certificados, verificando que el domicilio consignado no existía en la zona; conversó con varios vecinos, uno encargado de garaje y otro portero. Aclaró que era su costumbre llevar la documentación a los compradores a fin de evitar problemas.
Por otra parte, indicó que las únicas comunicaciones telefónicas al exterior del país que se efectuaron desde su domicilio se produjeron cuando se fue de vacaciones en enero de 1994 y su mujer lo llamó. Al respecto, explicó que en esa ocasión viajó a Chile y Perú con José Luis Lo Preiato y una amiga común llamada Sandra Marisa Petrucci, domiciliada en la calle Bolivia 366, planta baja, departamento “D”, teléfono nº 611-9712. Relató que viajaron a Santiago de Chile y luego en ómnibus hasta Lima, trayecto que demandó seis días; además de esos países, conocía Uruguay, Paraguay y Brasil, a los que fue a descansar.
Puntualizó que en Uruguay estuvo en la ciudad de Colonia, cuatro o cinco veces, entre los años 1991 y 1992. Asimismo, señaló que en el año 1991 viajó a Paraguay en dos oportunidades, la primera a Asunción y la segunda a la frontera de Argentina, Brasil y Paraguay, lugar en el que también estuvo en el año 1992. Mencionó que en 1991 y 1992 estuvo en Foz de Iguazú, Brasil; negó conocer a persona alguna en los lugares mencionados.
El 7 de agosto de 1994 (fs. 2217/2223) continuó prestando declaración indagatoria Carlos Alberto Telleldín, ocasión en la que señaló que vendió la camioneta Trafic objeto de pesquisa de la misma forma en que lo hacía los domingos que vendía un automotor.
Al respecto, indicó que publicó la camioneta como “Trafic corta – 90 –12900-T.E. 768-0902”, no recordando si incluyó “excelente estado”, aunque habitualmente lo hacía; que, en ocasiones, colocaba la palabra “liquido” en la publicación, para dar a entender que podía bajar el valor. Refirió que en definitiva, y luego de haberle peleado el precio el comprador, la vendió en USD 11.500, desconociendo los motivos por los que le compraran la camioneta, aunque supuso que podría deberse a la cotización.
Sostuvo que nadie le envió al comprador, dado que no trabajaba con otras personas o intermediarios y que hacía sus ventas mediante publicaciones en el diario “Clarín”. Agregó que se hallaba seguro de que se había presentado por la publicación, toda vez que al hablar le solicitó la dirección, aunque no recordó si mencionó que llamaba por el aviso del diario.
Negó haber confeccionado el boleto de venta de la Trafic con posterioridad al atentado, afirmando que lo hizo al momento de la venta y entrega, es decir, el día 10 de julio, en presencia de su mujer, siendo testigos de ello los vecinos mencionados en su anterior declaración. Si bien no pudo describir a la persona cuya fotografía lucía el Documento Nacional de Identidad presentado por el comprador, recordó que tenía bigotes, pelo negro y que era de aproximadamente cincuenta años; que la fotografía era en blanco y negro y que vio el cartular a una distancia de 50 cm aproximadamente.
Dicho instrumento, refirió, tenía la tapa verde, de tela y no de cartón como la del suyo; se trataba de un Documento Nacional de Identidad y no de otro tipo de documento, a la vez que aclaró que si bien conocía pasaportes de otros países, nunca había visto otro tipo de documentos de identidad, con excepción de una cédula de identidad uruguaya, la que difería del documento al que hizo referencia.
A lo expuesto agregó que advirtió el número de documento escrito con birome en la parte superior de la fotografía, pero no pudo constatar si se trataba del mismo número que surgía de la tapa; que vio el domicilio de la calle San José. No supo precisar si el domicilio era de Capital Federal u otra localidad, ni recordó si así lo consignó en el boleto porque lo vio en el documento o porque lo supuso. Concluyó que si bien nunca tuvo el documento en sus manos, al verlo obtuvo los datos consignados.
Con respecto al comprador de la camioneta Trafic, Telleldín indicó que, si bien no lo podía asegurar, creía que fue visto por Jesica –la hija de su concubina- y su amigo Humberto Mejías Pérez, alias “el Peruano”. Este último, señaló, viajaba frecuentemente a la República Argentina, visitándolo en esas ocasiones. Agregó que cuando Pérez Mejías vino a Buenos Aires, paró y trabajó en el lavadero de automóviles, sito en la calle Pelliza esquina Quintana de Olivos. Reiteró que no estaba seguro que el día de la venta de la Trafic hubieran estado presentes el nombrado y Pérez, toda vez que la casa era grande.
En otro orden, Telleldín manifestó que nunca controló si la numeración del motor se correspondía con la que figuraba en la documentación, en virtud de la relación de confianza que tenía con Alejandro Monjo de “Alejandro Automotores”. Al señalársele que la numeración del motor que surgía del boleto de compraventa difería de la real, explicó que copió el número de motor del título del automotor que luego entregara al comprador. Atribuyó la diferencia a un error de impresión del documento o propio al efectuar la trascripción.
Refirió el imputado que fue titular de un servicio de radio-llamado desde abril de 1994 aproximadamente, siendo su número de código 25328 y su clave “studio”, a la vez que brindó un detalle de los 83 mensajes que de él surgían. Entre otros, explicó que el nº 28 era de Antonio Lo Preiato, padre de su ex-socio, quien no se hallaba vinculado a la venta de rodados. Al respecto, mencionó que lo llamó a fin de informarle que había un problema con la rendición de cuentas de unos vehículos vendidos por su hijo a una mujer de apellido Torrisi y para saber si podía responsabilizarlo por ello. Asimismo, hizo saber que los mensajes nº 30, 31, 32, 33, 34 y 35 fueron de Luis Lo Preiato por ese mismo tema.
Precisó que los llamados nº 68, 76, 74, 72 y 69 fueron del Dr. Bottegal, a raíz del incidente con la Brigada de Vicente López y que el nº 67 fue de su hermano Eduardo, creyendo que obedecía al mismo tema que los anteriores. Los nº 66, 65, 64, 63, 62, 55, 51, 70, 71 y 78, mencionó, eran de Diego Barreda, quien se hallaba solucionando los problemas de Vicente López.
Barreda, explicó, era un oficial inspector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y, de cierto modo, amigo o conocido suyo. Negó saber qué hizo Barreda el fin de semana del 14 al 17 de julio de 1994, a la vez que admitió haberle contado sobre la venta de la Trafic con anterioridad al atentado, comentándole que el comprador le había parecido extraño. Añadió que aproximadamente una semana después del atentado, una vez determinado que se había utilizado una Trafic, Barreda le dijo “no será tu Trafic” (sic), respondiéndole que no creía tener tanta mala suerte, en alusión a que ello se sumaría al problema que había tenido con la Brigada de Vicente López y a un robo que había sufrido.
El mensaje nº 73, indicó, era de la hija de su esposa, a fin de avisarle que el maletín había sido entregado al Dr. Bottegal, siendo su contenido para la Brigada de Vicente López; que el llamado nº 77 era de Hugo Pérez a efectos de avisar que había salido en libertad y podía regresar a su domicilio. Que los llamados nº 80 y 83 eran de la inmobiliaria “Lauría” y se referían al pago de la seña del alquiler. Finalmente, señaló que el nº 81 se hallaba relacionado con la compra de una garantía a fin de adquirir el inmueble.
En su ampliación de declaración de fecha 29 de diciembre de 1994, glosada a fs. 7022/7037, Carlos Alberto Telleldín manifestó que el lunes 25 ó martes 26 de julio de 1994 arribó a ésta procedente de la ciudad de Córdoba en el primer vuelo del día de la empresa “Lapa”; luego de hacer tiempo en el aeroparque, a las 9.00 regresó a su domicilio, en cuya esquina advirtió la presencia de un hombre alto, vestido con saco azul y corbata, quien utilizaba un teléfono “Movicom”.
Indicó que telefoneó a la comisaría local porque le llamó la atención y, sin identificarse, avisó que era un vecino y que en el lugar había una persona extraña, sospechando que podría producirse un asalto en un banco cercano a su domicilio, sobre la calle Alvear. Señaló que cinco minutos más tarde se presentó un móvil policial que hizo subir al extraño y se retiró del lugar, regresando a los diez minutos, descendiendo el desconocido, quien permaneció en la esquina de su vivienda.
Puntualizó que la estancia de esa persona le hizo barajar dos opciones, a saber: una, que quisiera cometer un delito en el banco y la otra, que lo estuviera persiguiendo con relación al hostigamiento por parte de la Brigada de Vicente López, como consecuencia del cual debió dar en garantía un crucero de su propiedad; que al advertir que el individuo regresó a los diez minutos, se convenció de que su estadía se vinculaba directamente con el problema con la Policía de Vicente López.
Que así fue que se dirigió a lo de su hermano en la localidad de Sáenz Peña, arribando a las 10.00 horas aproximadamente e ingresando con la llave que tenía; como no había nadie se retiró; que desde allí llamó a su mujer, quien le dijo que todo seguía igual. Luego, narró, caminó hasta la Av. General Paz y, a la altura de un complejo de monoblocks denominado, según creía, Santa Rosalía, tomó un remise Peugeot 505, color celeste o gris, indicándole al conductor que lo llevara hasta Liniers, descendiendo en un lugar donde existía un puente y un cine grande; bajó por una escalera y se dirigió a un locutorio telefónico, desde donde llamó a “Alejandro Automotores”, comunicándose por una línea común, con un gestor cuyo nombre no recordó. Mencionó que en esa ocasión advirtió que no deseaban hablarle claro, cortándole y, en sucesivas comunicaciones, le dijeron cosas sin sentido, al hablarle de la documentación de un automóvil Renault 21, cuando, en realidad, lo concerniente a ese vehículo era un tema superado.
Indicó el encartado que, entonces, llamó por una línea privada por la que no se atendían llamados de publicaciones hechas en los diarios y que el empleado que atendió, de quien sólo recordó que era uno de los directivos, le informó que lo buscaba una brigada. Aseguró que hasta ese momento sólo pensaba que una fuerza de seguridad podría tener interés en él por el tema de la Brigada de Vicente López. Adunó que desde el mismo locutorio llamó a su mujer, quien le explicó que la situación en la zona de su domicilio no se había modificado.
Señaló que en la esquina del lugar antes mencionado ascendió a un remise marca Ford Taunus, hasta Gaona, a la altura de “Makro”, donde descendió, a diez cuadras de una estación se servicio “Isaura”. Explicó que su intención era hacer tiempo en lo de un amigo llamado Darío, de quien desconocía otros datos personales, salvo que se dedicaba a la venta de automóviles usados. Telleldín manifestó que toda vez que al llegar advirtió la presencia de un automóvil Peugeot 504 color blanco, con dos personas en su interior, continuó caminando varias cuadras en dirección a Luján, sin saber si su amigo estaba.
Prosiguiendo con su relato, expresó que al arribar a la estación de servicio antes referida, realizó diversos llamados telefónicos. En tal sentido, mencionó que llamó a su domicilio, informándole su mujer que todo seguía igual y que se hallaba bien. Asimismo, creyó recordar que también se comunicó con “Alejandro Automotores” y con Diego Barreda, no recordando si lo hizo al teléfono celular o al particular; a este último le solicitó que averiguara qué sucedía y si era la Brigada de Vicente López la que lo buscaba, respondiéndole su interlocutor que se encargaría del tema. Luego, apuntó, se dirigió a la estación de ómnibus de Luján, desde donde se comunicó con su mujer, quien le hizo saber que el desconocido continuaba en el lugar. Agregó que pudo haber llamado también a “Alejandro Automotores” y a Barreda y reiteró que hasta ese momento atribuía la persecución al tema de la Brigada de Vicente López, cuestión que creía solucionada por el Dr. Bottegal.
Una vez en la terminal, expresó, tomó un autobús de la empresa “El Rápido”, directo a la ciudad de Posadas, saliendo a las 18.00 ó 18.30. No recordó cuánto abonó y afirmó que sacó el pasaje a Posadas por cuanto era el primer colectivo que partía, ya que el resto lo hacían después de las 20.00. Arribó a esa ciudad a las 8.00, dirigiéndose a un locutorio ubicado aproximadamente a seis cuadras de la estación terminal, desde donde, a las 8.40, llamó a su domicilio. Recordó que habló primero con su mujer, luego con el oficial Bareiro -quien le informó que la policía lo buscaba por la venta de una Trafic corta vinculada al atentado a la A.M.I.A.- y por último con una persona que dijo ser de la S.I.D.E., quien le advirtió que inclusive el Mossad lo buscaba y que su vida corría peligro.
Explicó Telleldín que, después de ello, se dirigió a la aerolínea “Austral”, siendo informado que sólo había pasajes a Buenos Aires en el vuelo de la noche, pero que podía presentarse en el aeropuerto y anotarse en lista de espera. Que así lo hizo y luego llamó por teléfono a su domicilio, hablando con su mujer, el oficial Bareiro y una persona de la S.I.D.E., a quienes informó su voluntad de presentarse y las razones de su demora. Negó haber hablado con persona alguna fuera de los empleados que lo atendieron en las distintas situaciones antes relatadas, tanto en la ciudad de Posadas como en el aeropuerto.
Puntualizó que, si bien a su requerimiento el pasaje fue extendido a nombre de Hugo Pérez, al pasar por el control de la Policía Aeronáutica exhibió su documento, quedando así consignado en el listado de esa fuerza de seguridad; que suministró otro nombre por cuanto personal de la S.I.D.E., instalado en su domicilio, le informó que su vida corría peligro y que debía cuidarse, puesto que el Mossad lo buscaba.
Manifestó que arribó a esta ciudad a las 14.40, llamando desde el aeropuerto a su domicilio, explicándosele que personal de la S.I.D.E. lo buscaría; que se presentó e identificó ante autoridades de la Policía Aeronáutica, indicando que era quien había vendido la camioneta Trafic vinculada al atentado a la sede de la A.M.I.A., a fin de evitar que su presencia en el aeropuerto fuera tomada como un intento de fuga.
Mencionó que al momento de su detención no se le secuestró la agenda electrónica, que fue luego entregada a su mujer, y que sus restantes efectos – documentación y dinero- recién fueron retenidos cuando lo alojaron en un calabozo; resaltó que en el recibo de efectos sólo constaba el dinero.
Con relación a la quinta Trafic que vendiera, si bien el imputado no pudo brindar detalles acerca de a quiénes adquirió los repuestos para su reparación, manifestó que implicaron un gasto de USD 1500 ó 2000; que parte de la reparación de la camioneta se efectuó en el taller de Nitzcaner, a quien se le entregó, la semana anterior a retirarla, los reemplazos del motor -tapa de cilindro, burro de arranque, radiador y alternador, posiblemente también el cigüeñal-, de chapa y la pintura, a fin de que cambie todas las partes dañadas por partes usadas en condiciones; que no se cambió nada que alterase la numeración del motor. Explicó Telleldín que compró la carrocería a un tal Miguel y que en esa carrocería y chasis se colocó el motor de la Trafic quemada que había adquirido en “Alejandro Automotores”. Admitió que se modificó la numeración de la carrocería, pero no así la del chasis, toda vez que ese número no figuraba en la documentación, ni era óbice para la exitosa verificación de un rodado; que mandó a cortar la carrocería y el chasis de la camioneta incendiada a un desarmadero ubicado en la ruta 8, antes de llegar al cruce de José C. Paz, doblando a la izquierda en dirección a Pilar, desconociendo a quien pertenecía y quiénes trabajaban allí.
Indicó que el traslado lo efectuó la grúa de una persona apodada “el Jorobado”, quien hacía servicios por la zona de Pablo Nogués y San Miguel; se trataba de una camioneta Dodge verde o celeste, con inscripciones en las puertas que rezaban “Auxilio”, balizas y dos palos en la parte trasera con cubiertas una sobre la otra. Asimismo, afirmó que el desarmadero no abonó nada por la carrocería, ya que se hacían un favor mutuo.
Por otra parte, manifestó que sacó el motor de la Trafic quemada, lo cargó en el Escort y lo llevó a lo de Nitzcaner, todo el mismo día; que el de la Trafic que proveyó Miguel fue dejado en el taller de Nitzcaner; allí le quitaron las partes que servían y se utilizaron para armar el motor de la camioneta quemada, como ser los cilindros; que Nitzcaner era quien sabía cuáles partes se usaron para el armado y qué se hizo con el “monoblock” (sic).
Expresó que cuando se refirió a la compra de repuestos incluyó la adquisición de la camioneta a Miguel, de donde se obtuvieron casi todos los reemplazos, debiendo adquirir los restantes en comercios. Explicó que las chapas patentes de la camioneta comprada a Monjo fueron colocadas en la nueva camioneta reparada, a la que se le colocó el motor de la quemada. Aclaró que para su armado adquirió repuestos usados y que no cambió el dominio o numeración que se correspondía entre motor y chasis. No pudo precisar el imputado si llevó el motor desde lo de Cotoras hasta el taller de Nitzcaner el mismo día de su extracción o al día siguiente, toda vez que, según dijo, quitaron el motor en horas de la noche, en la calle, frente al domicilio del primero. Recordó que en esa oportunidad se encontraba junto a Cotoras y Hugo Pérez o Pérez Mejías, a la vez que afirmó que uno de los dos últimos estaba y que nadie más participó; que la maniobra llevó dos horas aproximadamente, ya que al estar quemada tuvieron algunas complicaciones.
Refirió, con relación al equipo de gas de la Trafic vinculada con el atentado, que, según creía recordar, el regulador se hallaba muy dañado y que era de dos tubos, que se encontraban en buen estado; que el equipo no tenía papeles y se lo entregó a gente de José C. Paz, a quienes conocía porque tenían una grúa y le habían hecho varios traslados de vehículos. Especificó que se trataba del apodado “el Jorobado”, quien personalmente retiró el equipo del taller de Cotoras en las calles Alsina y Perú de Villa Martelli; se lo entregó a cuenta de futuros traslados de vehículos.
En orden al automóvil Renault 19 que tuvo para la venta el mismo fin de semana que la Trafic, el imputado señaló que si bien hubo varios interesados, no lo pudo vender en Capital Federal; se vendió en Rosario o Santa Fe, luego de su detención, concretándose la operación a través de un amigo, cuyo nombre se reservó a fin de no complicarlo.
El encartado observó que la Trafic y el Renault 19 no se publicaron juntos y que, en caso de que así lo hubiera hecho, no lo recordaba.
Telleldín aclaró que para esa época tuvo dos vehículos Renault 19, uno con patente de Capital Federal y el otro de Santa Fe. Manifestó que el de Santa Fe fue vendido en esa provincia, en tanto el de Capital fue adquirido por una persona de Entre Ríos, operación que llevó a cabo en su domicilio, en el mes de julio de 1994; el patentado en Santa Fe lo compró y vendió siniestrado y dos personas concurrieron a ver el de patente de Capital Federal, creyendo que una de ellas fue dos o tres veces. Asimismo, indicó que dicho automóvil fue ofrecido en su domicilio y no pudo precisar si estuvo allí en la misma época que la Trafic.
Con relación al manejo impositivo de la compraventa de vehículos, el imputado explicó que algunas compras se realizaban a nombre de Ana María Boragni, otras a nombre de Hugo Pérez, ambos matriculados con C.U.I.T., y las restantes a nombre suyo, ocasiones en las que se facturaba como consumidor final. Acotó que para la venta no era necesaria la facturación, toda vez que los compradores eran particulares y se les entregaba el formulario “08” certificado en blanco. Aclaró que las compras las efectuaban con factura letra “A”, a fin de que no se les discriminara el porcentaje del I.V.A., toda vez que en caso contrario le entregaban factura letra “B”, debiendo abonar el impuesto como consumidor final; de esa manera se generaban créditos fiscales que le permitían recuperar o abonar una suma menor por el impuesto a las ganancias del lavadero, que se hallaba a nombre de Ana María Boragni y Lo Preiato.
Dicho negocio, manifestó, que se explotó durante todo el año 1993 y los primeros meses de 1994, consistía en un snack bar, taller de automóviles y playa de lavado. Aclaró que manejaba el comercio a un cincuenta por ciento con Lo Preiato, sin perjuicio de que Boragni figurara como dueña, en razón de haber aportado el capital, entregado a su vez por el padre de la nombrada.
El encartado indicó que concurría por momentos, en tanto Lo Preiato dirigía el personal del lavadero y la parte del taller se manejaba sola, toda vez que los empleados estaban a sus órdenes y realizaban reparaciones, chapa y pintura y mecánica. Señaló que el negocio permaneció clausurado durante varios períodos por problemas municipales, siendo entonces que lo que realmente funcionó hasta principios de 1994 fue el taller.
Asimismo, refirió que, según creía, en marzo de 1994 Lo Preiato publicó un aviso en el diario “Clarín” ofreciendo en venta todo el fondo de comercio. Recordó que el nombrado lo llamó a Córdoba, comunicándole que había recibido una seña ad referendum; que a su regreso conoció a los futuros compradores, quienes entregaron una seña firme y, al poco tiempo, concluyeron la operación. Añadió que efectuó las comunicaciones de cierre de negocio a la Municipalidad y a la D.G.I..
En orden a su vinculación con Monjo, Telleldín manifestó que mantenían una buena relación, conociéndose aproximadamente desde 1983, época en que el nombrado tenía y trabajaba con una grúa. Asimismo, recordó que para ese entonces Monjo también poseía una agencia en la calle Campana y otra en la calle Segurola, vendiendo automóviles siniestrados en la primera y reparados en la segunda.
El imputado consideró que Monjo era una persona de gran fortuna, contando en su haber con automóviles de marca y muchas propiedades. Añadió que también tenía vinculaciones con compañías de seguros, teniendo depósitos donde esas compañías, como “Juncal”, guardaban los vehículos siniestrados que iban a remate. Explicó que de esa manera Monjo tenía la posibilidad de adquirirlos a muy buen precio, siendo “el gran cliente de las compañías de seguros”, ya que les compraba a todas.
En otro orden, el encartado refirió que la Trafic vendida a Ramón Martínez le fue abonada en dólares. Aclaró que su casa era grande y la operación se realizó en el living, encontrándose presente su mujer Ana Boragni. Añadió que en la cocina y comedor se hallaban Hugo Pérez, Pérez Mejías y sus hijos, quienes no presenciaron la transacción.
Asimismo, afirmó que conocía a varias personas de apellido Martínez, una llamada Luis y otra José, no pudiendo precisar si el nombre completo de alguna de ellas era José Ramón Juan Martínez.
Telleldín explicó que si bien la factura de la empresa “Alejandro Automotores” era del 4 de julio de 1994, quedó debiendo una suma de dinero, que abonó con posterioridad, razón por la cual no le dieron el formulario “08”; que por ese motivo no pudo entregárselo a Ramón Martínez, recibiéndolo el 11 de julio al pagar lo adeudado.
Relató que Ramón Martínez quedó en retornar a los quince días, cuando regresara “el Viejo”, entendiendo que por tal se refería al padre. Hizo saber que luego del transcurso de un lapso que no pudo precisar, fue hasta el domicilio que aquél le suministrara a fin de entregar el formulario, con el interés de que el comprador hiciera la transferencia y así terminar la operación para que no se le pudiera efectuar reclamo alguno y liberarse de toda eventual responsabilidad civil.
Aclaró el imputado que no frecuentaba, ni tenía amigos en la zona de San José al 800. No obstante, mencionó que una persona de nombre Fabio que en el año 1990 le vendía televisores se domiciliaba en la calle San José, no recordando a qué altura.
Por otra parte, Telleldín relató que en los años 1986 y 1987 alquiló un inmueble en la calle Pasteur 559, piso 5º, semipiso, donde funcionó una casa de masajes con un encargado y varias chicas. Agregó que en el mismo departamento y para la misma época funcionó también un sauna para homosexuales. Negó conocer a Nasrim Mokhtari, a la vez que explicó que las mujeres que trabajaban para él lo hacían con apodos.
Asimismo, el imputado indicó que cuando vendió el lavadero se fue de vacaciones en enero o febrero a Perú y a Chile con Sandra Petrucci y José Luis Lo Preiato. A su regreso, narró, al enterarse Ana Boragni que había viajado con Sandra Petrucci, lo echó de su domicilio y envió toda su ropa al lavadero; en este lugar vivió un tiempo, luego en un hotel con Sandra Petrucci y, finalmente, alquiló una quinta en la localidad de Tortuguitas, donde también residió con la nombrada.
Pérez Mejías, según dijo, regresó al país aproximadamente una semana antes de la venta de la Trafic. Que tanto el nombrado como Hugo Pérez se alojaron en su domicilio hasta el día 25 de julio.
Refirió que dejó un automóvil Renault 19 chocado en la provincia de Córdoba, en la quinta de amigos, cuyos nombres se reservó porque se trataba de un funcionario provincial, y que llevó el vehículo a la provincia de Santa Fe para su venta.
En otro tramo de su declaración, Telleldín manifestó que la casa de República 107 de Villa Ballester era grande y poseía una habitación en la parte izquierda, después de las cocheras, a la altura del quincho, que fue subalquilada junto con la correspondiente cochera a un tal Marcelo Barg, quien poseía un taller en la calle Hipólito Yrigoyen de esta ciudad. Describió al nombrado como una persona de 1,67 m de altura, gordito, de cutis blanco, cabellos crespos castaño oscuro, de aproximadamente 37 ó 38 años de edad, quien usaba anteojos.
El imputado explicó que le subalquiló la habitación en abril de 1994 aproximadamente, toda vez que Barg se había separado de la mujer, permaneciendo allí hasta fines de julio de ese año. Aclaró que lo conoció a través de un gitano de la tribu Papadopulos, cuyo nombre desconocía.
Asimismo, refirió que tanto el bloque de motor de Renault 9, como los diferentes repuestos hallados en su domicilio pertenecían a Barg, no pudiendo precisar en qué fecha llevó el bloque.
Añadió que el Renault 9 que en su anterior declaración refirió haber vendido se lo compró a Barg en la época en que le subalquilaba la habitación, vendiendo el rodado el 17 de julio de 1994 a una joven, a quien entregó toda la documentación del vehículo, inclusive el “08” firmado y certificado en blanco, patentes, título y cédula verde, sin recordar quién figuraba como titular.
Carlos Alberto Telleldín amplió sus dichos el 2 de enero de 1995 (fs. 7213/7219), ocasión en la que manifestó que conoció a Bareiro y Barreda, personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en 1984 ó 1985, ya que eran clientes de un cabaret ubicado en América y General Paz y de un servicio de acompañantes de la zona, ambos de su propiedad. Mencionó que con ellos lo unía una pequeña amistad, en función de la cual los nombrados le solucionaban problemas de diversa índole, que no especificó.
Reiteró que el 10 de julio concurrió al domicilio de Barreda, destacando que visitó la casa del nombrado en diversas oportunidades y que en una ocasión debió trasladar en su rodado al hijo de su actual coimputado, ya que se había descompuesto; describió la vivienda.
Desconoció Telleldín el papel con la inscripción “Embajada Islámica de Irán...” que se habría secuestrado en la finca sita en la calle República 107 de Villa Ballester, aclarando que no correspondía a su puño y letra y, según entendía, tampoco al de su mujer; negó que estuviera en su domicilio y aclaró que no poseía motivos para contar con datos relativos a la embajada iraní, ya que nunca realizó trámite alguno ante tal legación diplomática ni conocía gente vinculada a ella.
Remarcó que en su domicilio habitaban otras personas, pudiendo pertenecer el papel a alguna de ellas; creyó reconocer la letra de Hugo Antonio Pérez, puesto que las grafías le resultaban similares y, además, era costumbre del nombrado remarcar las palabras al escribirlas.
A fs. 8128/8130 obra el careo llevado a cabo el 23 de enero de 1995 entre los encartados Carlos Alberto Telleldín y Ariel Rodolfo Nitzcaner, oportunidad en la que ambos ratificaron sus declaraciones indagatorias y admitieron conocerse.
Por su parte, Carlos Alberto Telleldín manifestó que trasladó al taller de Nitzcaner el motor para colocar en la camioneta Trafic de “Miguel”, en compañía de Hugo Antonio Pérez, en el baúl del automóvil Ford Escort. Aclaró que lo llevó en el mismo estado en que lo sacó Cotoras.
Con relación a los repuestos, señaló que aportó algunos, en tanto otros fueron sacados del motor de la carrocería entregada por Miguel, a efectos de ser colocados en el otro. Refirió que el motor extraído de esta carrocería quedó en el taller de su cocareado.
Agregó que no tenía constancias de que Nitzcaner hubiera colocado en esa carrocería el mismo motor que le llevara junto a Pérez, toda vez que no vio su numeración ni presenció el trabajo. Así, dejó abierta la posibilidad de que su coimputado hubiese emplazado otro motor.
A su turno, Ariel Rodolfo Nitzcaner afirmó que el motor para colocar fue llevado por Hugo Antonio Pérez, quien fue solo. Indicó que no sacó repuestos del motor que extrajo de la carrocería para colocar en el que entregara Pérez. Añadió que, con la ayuda de Jouce, depositó el motor retirado de la carrocería, en el estado en que se encontraba, en el baúl del automóvil Renault 19 de Carlos Telleldín, quien, junto con Boragni, se lo llevó.
Con respecto a las fotografías glosadas a fs. 232/239, Nitzcaner se remitió a lo oportunamente declarado. Por su lado, Telleldín reconoció en la fotografía obrante a fs. 239, parte inferior, el motor extraído por Cotoras y entregado a Nitzcaner. Aclaró que se sacó el motor de la carrocería y Cotoras quitó los accesorios quemados.
Asimismo, Telleldín señaló que a Nitzcaner se le dio el bloque con la tapa de cilindros y que parte de los accesorios quemados permanecieron en lo de Cotoras, en tanto otros quedaron en lo de Nitzcaner, como ser el burro de arranque y otro más que no recordó. Añadió que le manifestó a Nitzcaner que el motor “estaba joya”, toda vez que giraba.
En otro sentido, Nitzcaner resaltó, en ese acto, que Telleldín refirió no hallarse seguro acerca de si el motor que extrajo de la carrocería de Miguel quedó en su taller. A su vez, Telleldín confirmó que no tenía esa certeza.
En cuanto al supuesto ofrecimiento a Nitzcaner de un vehículo Renault 12, a fin de que declarara que la camioneta arreglada era la quemada, Telleldín negó que fuera cierto, agregando que no poseía un rodado de tales características. Por su parte, Nitzcaner ratificó sus dichos anteriores, explicando que mientras ambos se hallaban detenidos en el Departamento Protección del Orden Constitucional, Telleldín les hizo saber a él y a Jouce que al magistrado instructor no le interesaban los automotores y que cuando salieran los iba a “chupar”.
Nitzcaner añadió que su cocareado le indicó que debía declarar que habían arreglado la camioneta Trafic quemada y le dio a entender que tenía un automóvil Renault 12 con el motor desarmado y un jeep a medio armar en el taller de Cotoras, que le entregaría si se pronunciaba de la manera requerida. Finalmente, Telleldín apuntó que, conforme los dichos de Nitzcaner, el episodio ocurrió luego de levantada la incomunicación, lo que su cocareado ratificó.
El 30 de enero de 1995 se practicó un careo entre los acusados Carlos Alberto Telleldín y Miguel Gustavo Jaimes (conf. fs. 8603/8605). En la ocasión, el segundo sostuvo que, a modo de favor, remolcó con su automóvil Ford Sierra, color verde, una camioneta Trafic que se hallaba estacionada en el domicilio del primero. Negó saber si ésta fue utilizada a efectos de perpetrar el atentado a la sede de la A.M.I.A. o cualquier otro tipo de hecho. Agregó que manejaba su vehículo Ford, en tanto su cocareado iba en la camioneta. No recordó en qué fecha u hora sucedió el episodio relatado.
A su turno, Telleldín negó que Jaimes hubiera provisto la camioneta donde se colocó el motor de la siniestrada. Aclaró que al manifestar que le fue provista por una persona llamada Miguel, no se refería a su cocareado, remitiéndose a sus anteriores declaraciones en cuanto a demás datos de aquella persona. Asimismo, expresó que ese otro Miguel se domiciliaba en la misma zona que su cocareado. Agregó que con éste nunca mantuvo una relación comercial, no habiéndole vendido, facilitado o entregado en oportunidad alguna vehículos o, en particular, una camioneta Trafic.
Con relación a lo expuesto por Jaimes, Telleldín indicó que atento al tiempo transcurrido no lo recordaba ni podía precisar.
Por su parte, Jaimes negó haber participado en algún tipo de organización tendiente a la comisión de hechos delictivos. Añadió que jamás se dedicó a regrabar numeraciones de chasis o carrocerías de rodados.
En el mismo sentido, Telleldín aseveró que no formó parte de una organización delictiva, ni requirió los servicios de su cocareado a efectos de regrabar la numeración de vehículos. Al respecto, apuntó que trabajaba en la venta de automotores, sin la colaboración de terceras personas.
Con relación a Jaimes, el imputado señaló que lo conocía desde hacía algún tiempo que no pudo fijar, a través de un amigo común llamado César, a quien a su vez conoció por intermedio de otro. Precisó que Miguel Jaimes le fue presentado, hecho que pudo haber sucedido en el lavadero que explotaba. Adunó que siempre consideró la amistad de su cocareado como pasajera, como un simple conocido, sin llegar a ser un amigo íntimo.
A su vez, Jaimes aclaró que no era tan amigo de su consorte de causa, sino que tenía mayor afinidad y relación con su esposa, Ana Boragni.
El 30 de enero de 1995 se efectuó un careo entre los imputados Carlos Alberto Telleldín y Hugo Antonio Pérez (conf. fs. 8606/8610). En la ocasión, se les señaló que Pérez refirió que el mismo día en que se extrajo el motor de la Trafic en el taller de Cotoras se lo llevó a Nitzcaner, en tanto Telleldín sostuvo que ello sucedió al día siguiente. Al respecto, el primero, si bien no recordó con exactitud los hechos, manifestó que arribó en el automóvil Escort de Telleldín, ayudó a cargar el motor en el baúl y lo trasladó a lo de Nitzcaner, no pudiendo precisar las horas de los acontecimientos.
A su turno, Telleldín expresó que fue a lo de Cotoras en un vehículo Renault 9 ó 21, en tanto Pérez lo hizo manejando el Ford Escort gris. Añadió que tomaron mate y que Cotoras fue ayudado a sacar el motor. No recordó si Pérez colaboró con la extracción, aunque sí que lo hizo a efectos de cargarlo en el baúl del Escort. Explicó que luego Pérez trasladó el motor hasta su domicilio a fin de llevarlo a lo de Nitzcaner, tal como lo describiera en sus anteriores declaraciones.
Por su parte, Pérez admitió que los sucesos pudieron desarrollarse acorde a lo narrado por su cocareado, toda vez que en virtud del tiempo transcurrido no los recordaba con exactitud. Reconoció que pudo haber ayudado a extraer el motor, toda vez que era muy pesado, como así también que pudo haber pasado con el Escort por el domicilio de Telleldín, para llevarlo al día siguiente a lo de Nitzcaner.
Con relación a los individuos coreanos que habrían concurrido al domicilio de Telleldín, respecto de los cuales éste refirió que, según dijeron, al día siguiente se presentaría el comprador, en tanto Pérez indicó que su cocareado comentó que no tenían dinero ni les había gustado la camioneta, este último sostuvo que no recordaba la circunstancia aludida. A su turno, Telleldín negó tener conocimiento de que su coimputado hubiera visto a las personas señaladas. Agregó que era “medio sordo” y escuchaba la mitad de las cosas que se le decían.
Por su lado, Pérez respaldó los dichos de Telleldín, afirmando que tenía problemas de audición en su oído derecho, por lo que era posible que lo escuchado en su momento no se condijera con lo consignado en sus declaraciones. Admitió que pudo haber malinterpretado las expresiones de su cocareado, motivo por el cual no se hallaba en condiciones de ratificar lo expuesto con relación a las personas coreanas.
En cuanto a los desarmaderos ubicados en José C. Paz, Telleldín indicó que Pérez únicamente lo acompañó a lo de un sujeto apodado “el Cordobés”, cuyos datos desconocía, quien no tenía un desarmadero, sino un taller mecánico en José C. Paz, ubicado en la ruta 8, pasando la ruta 197, a la izquierda dos cuadras. Refirió que la visita obedeció a la posible compra de un camión marca Fiat, modelo 1974, que finalmente no se concretó.
Aclaró que esa fue la única oportunidad en que Pérez lo acompañó a lo del “Cordobés” y que nunca fueron juntos a desarmadero alguno, toda vez que su coimputado se dedicaba a la construcción y no tenía vinculación alguna con los automóviles o repuestos. Adunó que Pérez trasladó el motor a lo de Nitzcaner como una ayuda y que residía en su domicilio debido a que se había separado y a modo de favor le permitió vivir allí durante un tiempo.
A su vez, Pérez manifestó que asistía razón a su cocareado y que la ocasión expuesta por éste fue la única en que lo acompañó a lo del “Cordobés”, no pudiendo precisar otra oportunidad en que hubieran concurrido juntos o solo al lugar. Añadió que era un trabajador independiente de la construcción y que no tenía relación con el negocio de los automotores.
Con respecto a la camioneta Trafic ambulancia secuestrada en José C. Paz, Telleldín refirió que no recordaba aspectos vinculados a ese vehículo. Afirmó que al referirse a las cinco camionetas que vendió, hizo alusión a rodados “terminados”, pudiendo corresponderse aquélla con alguna camioneta siniestrada que comprara, utilizando a tales efectos el C.U.I.T. de Pérez. Añadió que no la recordaba, toda vez que probablemente no había sido reparada, sino pasada en el estado en que se hallaba, es decir, que la pudo haber comprado siniestrada y vendido a cualquier desarmadero.
Explicó que su negocio en la compra de vehículos siniestrados radicaba en que ganaba $ 500 ó 700 en la reventa a desarmaderos. Al respecto, señaló que en esos casos publicaba avisos en los diarios o los vendía por “contactos” o conocidos, no precisando con quién llevaba a cabo tales operaciones.
A su turno, Pérez ratificó lo expresado en su declaración indagatoria, afirmando que no fue él, sino Telleldín, quien adquirió la camioneta Trafic en la empresa “Alejandro Automotores”.
Por su parte, Telleldín no recordó si había comprado el vehículo en cuestión en “Alejandro Automotores”, a la vez que reiteró que al referirse a la venta de cinco Trafic lo hizo respecto de las terminadas y no de las siniestradas. Tampoco recordó cuántas Trafic más adquirió en esas condiciones.
Asimismo, expresó que la camioneta entregada a Hugo Pérez en la comisaría de José C. Paz la compró utilizando el C.U.I.T. del nombrado, de la manera explicada en sus anteriores declaraciones. Manifestó que le encargó ir a la dependencia a firmar el retiro del rodado, pero no lo llevó al desarmadero. Aclaró que Pérez concurrió a la seccional policial con su amigo el policía Diego Barreda y que la camioneta fue llevada a lo del “Cordobés” con una grúa que se consiguió en el lugar, no interviniendo su cocareado en este traslado. Agregó que en realidad no fue vendida al “Cordobés”, sino otorgada en forma provisoria.
Al respecto, Pérez indicó que la retiró de la comisaría y se utilizó una grúa del lugar para transportarla al taller del “Cordobés”. Mencionó que junto con Barreda esperaron a Telleldín en una estación de servicio “Shell” sita en el cruce de las rutas 197 y 8, no recordando hacia dónde se dirigieron. Finalmente, Telleldín confirmó lo expresado por Pérez, señalando que no recordaba adónde fueron luego de buscar a su cocareado y a Barreda en la estación de servicio.
Al prestar declaración indagatoria el 4 de abril de 1995 (fs. 10.359/10.360), Telleldín refirió que en su lugar de detención recibió visitas del capitán Vergéz, quien se presentó como personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado. Aclaró que lo conocía desde tiempo antes, ya que trabajaba en el Departamento de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Córdoba, donde su padre era jefe.
Manifestó que si bien en un comienzo interpretó que las visitas obedecían al conocimiento que Vergéz tenía de su padre, luego de varias entrevistas aquél puso en su conocimiento que trabajaba para el organismo antes mencionado y que deseaba interrogarlo acerca del atentado a la sede de la A.M.I.A.. Recordó que Vergéz concurría acompañado por otra persona que también decía trabajar para la S.I.D.E. y que a efectos de colaborar con la investigación mantuvieron varias entrevistas, en las que informó las circunstancias que hiciera saber al juzgado.
Asimismo, indicó que luego de varios encuentros le solicitó que hablara con un individuo llamado Barrientos Antesana, con quien se encontraba alojado, a fin de que colaborara con la investigación. Expresó que se comunicaron con su mujer Ana Boragni, informándole que habían averiguado que el patrimonio de Barrientos Antesana ascendía a los USD 250.000.000 y que habían hablado en altas esferas para conseguir su libertad a cambio de aproximadamente USD 25.000.000, de los cuales le ofrecían una suma que rondaba los 5.000.000 de esa moneda. Al respecto, mencionó que el 24 de marzo de 1995 su mujer le manifestó que no tenía interés en ser parte de la cuestión y que, a partir del día 31 del mismo mes y año, se negó a recibirlos en las visitas a la unidad de detención.
Añadió que su mujer formuló denuncia por extorsión ante el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo del Dr. Bergesio.
Al ampliar nuevamente su declaración indagatoria el 5 de julio de 1996 (fs. 24.223/24.245), indicó Telleldín que existían circunstancias que no manifestó antes por temor a represalias y porque lo implicaban en hechos ilícitos. Solicitó que sus manifestaciones no fueran utilizadas para incriminarlo en otras causas penales, como así también la eximición de pena en virtud de la figura del arrepentido.
En esa inteligencia, el imputado refirió que fue víctima de extorsiones por parte de personal de la Policía Bonaerense, que culminaron en la venta de la camioneta Trafic a una persona que los acompañaba.
El encartado reconoció que siempre estuvo vinculado a actividades ilícitas; que instaló el lavadero en la localidad de Olivos en el año 1993, aprovechando que tenía un galpón donde armar automóviles siniestrados con piezas de otros robados, para su posterior venta. Sus contactos, dijo, eran Jaimes, quien “hacía los números” y César Fernández, que los “levantaba”.
A ello agregó que se produjo un allanamiento ilegal en el lavadero en ocasión de hallarse con Sandra Petrucci en la fiesta de casamiento del hermano de Lo Preiato. Mencionó que en el comercio se encontraba Pérez Mejías, quien sólo pudo decir que se trataba de un uniformado y un civil en un rodado Ford Falcon. Aclaró que toda vez que sacaban los automóviles “doblados” en el día, al inspeccionar no encontraron nada raro, sólo vehículos siniestrados pero legales.
Manifestó que a raíz de ello habló con el comisario Spina, jefe del Comando Radioeléctrico ubicado a la vuelta del lavadero, quien averiguó que los que llevaron a cabo aquel procedimiento no eran de la zona y, en consecuencia, le dijo que no podía sacarlos; luego de tales sucesos pensaron en desarmar el lavadero. Añadió que una tarde, estando con Sandra y el matrimonio Torrisi, con quienes discutía sobre el armado de un automóvil, observó un individuo ciego frente a su negocio, casi en la puerta del videoclub, vestido como un pordiosero y moviendo la cabeza como si mirara la circulación del tránsito; dedujo que sería de una brigada, por lo que con Sandra dejaron al matrimonio Torrisi en el lugar y se marcharon en el automóvil.
Frente a tales acontecimientos, dijo, comenzó a tomar precauciones; así, utilizaba su teléfono celular en Pilar y no en Tortuguitas. Que en una oportunidad, en una curva cercana a la quinta que alquilaba en Tortuguitas, vio gente de brigada buscándolo y, toda vez que tenía conocimiento de que lo identificaban con un Renault 18, se desplazaba en un Renault 11. Aclaró que para ese entonces sabía que lo buscaba la policía provincial, ignorando qué brigada y conjeturando que podría deberse a pedidos de captura que tenía pendientes.
Relató que estaba con Sandra cuando recibió un llamado de Ana Boragni, solicitándole dinero para los chicos, acordando encontrarse en Ugarte y Maipú a las 21.00, adonde esta última concurrió en su Ford Escort; al llegar estacionó el auto que conducía -Renault 18- junto al de Boragni y trabó las puertas, cuando se le acercaron dos personas que dijeron ser policías, quienes le indicaron que debía bajar del rodado. Comentó que pensó que si los atropellaba iría preso, por lo que retrocedió, chocó un automóvil nuevo y se rompió el baúl del suyo. Una de estas personas, narró, se colgó de la ventanilla de su lado y lo apuntó, ante lo cual le indicó que se fuera porque pondría el vehículo “al mango”. Indicó que al no cesar el individuo, dado que continuaba apuntándolo y gritando, lo arrastró en su marcha. A la altura de la quinta presidencial, relató, el sujeto cayó y lo pisó; que Boragni lloraba en la creencia de que lo había matado. Aclaró que desconocía si realmente eran policías, ya que no exhibieron credencial alguna.
Manifestó que Boragni llamó por el teléfono celular a Semorile, quien después le informó que no había denuncia por el choque en la Comisaría 1ª de Olivos. Añadió que fueron a una confitería del centro e hicieron varios llamados para averiguar qué pasaba y luego fue a Tortuguitas, dejando a Boragni en una empresa de remises frente a una carnicería en la Ruta 8 vieja y el camino Arcos de Alvear; que tras explicarle a Sandra que había tenido problemas, recogió a Boragni y pasó la noche con ésta en un albergue de la panamericana.
Agregó que entregó el automóvil a su hermano Eduardo para que lo arreglara, manejándose, en el ínterin, con un Renault 11 -tenía dos-; que el otro era usado por Hugo Pérez.
Aclaró que por la rapidez con que sucedieron los acontecimientos, no podía precisar si conocía a alguno de los policías que intentaron detenerlo; que testigos del hecho fueron Ana Boragni y la persona del vehículo que chocó. Asimismo, indicó que el incidente sucedió en la parada de taxis de Olivos, desconociendo si había gente en el lugar. Con posterioridad, dijo, se enteró que Ibarra estuvo a cargo del procedimiento, dado que cuando permaneció detenido en la Brigada de Lanús le comentó que había ordenado no disparar, puesto que, en ese caso, deberían blanquear el procedimiento.
Manifestó que su hermano Eduardo fue detenido por una brigada en Munro junto con su mujer y trasladados a la Comisaría de Martelli. Explicó que entre su hermano Héctor Banga, Ana Boragni y otra persona más, juntaron $ 10.000 que entregaron y que enseguida “largaron” (sic) a Liliana Fernández, la mujer de Eduardo, en tanto que éste se fue después de unas horas, luego de entregar el dinero y una pistola 9 mm legal. Destacó que, según comentarios efectuados a Eduardo en la comisaría, se había producido un error, ya que era a él a quien buscaban. Añadió que en dicha transacción “estuvo Semorile reunido con todos, mientras que por el ‘Movicom’ le avisaban” (sic) al deponente qué sucedía. Finalmente, mencionó que luego del incidente Eduardo viajó a Córdoba con Boragni.
Prosiguió su relato expresando que una noche fue con Sandra a lo de Cotoras y luego se dirigieron a Tortuguitas, pasando por el videoclub después de las 21.00; al salir, subieron al automóvil y, antes de llegar a la esquina, les cruzaron un vehículo Renault 12 viejo, color blanco, con un burbuja color celeste. Le dijo a Sandra que se quedara tranquila, porque debían ser de la zona, pero al mirar por el espejo retrovisor observó tres automóviles con ametralladoras formando “candado”.
Lo hicieron descender y le preguntaron si tenía armas, respondiendo en forma negativa, indicándole que lo llevarían para hablar con una gente; fue trasladado en un rodado Senda color gris, en tanto Sandra viajó en su Renault 18 junto con uno de los subcomisarios, que luego supo se llamaba Ibarra. Comentó que le llamó la atención que lo llevaran en el piso trasero del vehículo, tapado con una frazada y que al transitar por la Autopista 1 le indicaran que si los paraba la Policía Federal debía guardar silencio y quedarse donde estaba.
Expresó Telleldín que a las 23.00 aproximadamente llegaron a la Brigada de Lanús -con asiento en Avellaneda-, donde fue llevado al despacho del comisario Ribelli, quien le manifestó que “pusiera lo que tenía que poner y se iba”.
Precisó que en un primer momento lo ubicaron en una especie de “pajarera”, en la entrada de los calabozos, donde estaban unos individuos detenidos por estafa, conocidos de un amigo suyo, llamado Valdez, quienes le indicaron que en la brigada eran flexibles para “arreglar”, que unos piratas del asfalto habían puesto poca plata y se fueron, pero que a ellos les pedían el diez por ciento de la estafa y preferían no hacerlo.
Sostuvo que Sandra permaneció esposada en un hall donde había varias oficinas, incluida la de Ribelli; que le permitían verla debido a que lloraba.
El encartado explicó que una hora más tarde lo condujeron a operaciones, en la planta alta, donde los dos subcomisarios que participaron en su detención, le facilitaron un teléfono celular, de los viejos. Describió a uno de ellos como de bigotes, delgado y de 1,70 m de altura y al otro como de pelo blanco, ojos claros y “medio petiso” –menos de 1,70 m-, aunque un poco más alto que él; le indicaron que si deseaba retirarse debía llamar y conseguir $ 50.000; que ello sucedió entre las 24.00 y la 01.00. Aclaró que habló con Jesica, a quien le informó que se hallaba detenido en la Brigada de Lanús y le solicitó que llamara a su madre -Ana Boragni-, que se encontraba en Córdoba, para que se encargara de “mandar” un abogado.
A la mañana, manifestó, se presentó Spagnuolo, quien le informó que solicitaban $ 50.000, a la vez que le aconsejó no entregar el dinero y salir en libertad desde tribunales; le dijo que le habían mostrado fotografías que supuestamente le pertenecían, pero que en realidad eran de un taller frente a la casa del hermano de Lo Preiato en Lomas del Mirador y que habían supuesto que el taller le pertenecía.
Indicó que a las 20.00 habló nuevamente con Spagnuolo, quien le informó que sabían que el Documento Nacional de Identidad era bueno, por lo que no podían hacerle causa por eso. Refirió que el abogado le hizo saber que habían revisado los automóviles que se hallaban en la quinta de Tortuguitas –el Renault 11 y la Trafic-, los que no tenían motor y con la numeración de los siniestrados, advirtiendo que no tenían pedidos de secuestro. Según el letrado, la policía sólo podía ponerlo a disposición de los dos juzgados en que registraba capturas, por lo que le aconsejó “comerse” unos meses y no entregar dinero.
Expresó que permaneció en el calabozo hasta las 21.00 ó 22.00, en que llegó Semorile, ocasión en que lo condujeron a la oficina de operaciones en el primer piso, donde había pizarrones verdes, y el subcomisario de pelo blanco le alcanzó su celular. Manifestó que se llevó a cabo una reunión con Semorile, Eduardo y un comisario mayor de apellido Botey, traído por Eduardo, quien habló con Ribelli para que se llegara a un acuerdo lógico, ya que solicitaban $ 50.000 y sólo podía reunir $ 30.000; que finalmente Eduardo le comunicó que habían llegado a un entendimiento.
Explicó que Eduardo fue al domicilio de Lo Preiato a buscar un automóvil Falcon y una moto que había recibido por la venta del lavadero; la moto fue llevada a la brigada por un fletero vecino de Eduardo, apodado “Cacho”, y el Falcon por su hermano. Adunó que también entregó el automóvil en el que circulaba al momento de la detención, más USD 2000 de su pertenencia, que Sandra tenía en la campera; que esa suma se la dio a Semorile. Luego, relató, Semorile y la novia los llevaron en automóvil hasta la quinta de Tortuguitas.
Aclaró que quedó debiendo USD 20.000 y antes de retirarse tuvo que firmar un papel en el que se hacía referencia a una causa y un artículo, lo que le pareció grave, indicándole su abogado que firmara para irse; dedujo que ese papel era la garantía por la deuda.
Debió suscribir también, indicó, un boleto porque la moto no tenía formulario “08” y, en consecuencia, podrían sospechar que luego la denunciaría como robada. Puntualizó que en el procedimiento participaron aproximadamente treinta personas, en cuatro automóviles. Recordó que, además de los dos subcomisarios, habló con Ribelli en su oficina -la que ubicó entrando, a la izquierda- y que pese a que en esa época desconocía su nombre, sabía que era el jefe, ya que así se presentó.
Al ingresar a la dependencia, agregó, reconoció al individuo al que había pisado en los días anteriores, porque se hallaba enyesado; este sujeto le dijo que por esa se salvaba, respondiéndole que no había parado porque no se había identificado como policía y le pareció un ladrón. Refirió que, según creía, no le sacaron fichas dactiloscópicas.
Añadió que al finalizar el arreglo lo llamó a su celular Alejandro Monjo, ofreciéndole dinero y que ese fue el único llamado que recibió. Apuntó que si bien le restituyeron el celular a las 19.00 aproximadamente, recién le permitieron encenderlo a última hora.
Mencionó que recuperó su libertad, junto con Sandra, a las 12.30 ó 01.00; que ayudó al fletero a bajar la moto junto con el comisario más alto, quien lo inquirió acerca de si había llevado a verificar el Renault 18 GXE, ya que aún tenía aceite.
Afirmó que pocas personas supieron del “arreglo”, entre ellas Pérez; asimismo, que lo sorprendió que lo detuvieran en Tortuguitas y lo llevaran a Lanús, donde no conocía a persona alguna.
Aseguró que posteriormente advirtió que era vigilado e inclusive en una oportunidad pernoctó en el domicilio de Cotoras; en varias ocasiones notó movimientos extraños cerca de su casa, produciendo toda la situación continuas discusiones con Sandra, hasta que se separaron. A raíz de ello, concluyó, regresó a vivir con Ana en el domicilio de Villa Ballester.
Con relación a su Documento Nacional de Identidad, el acusado aseveró que el Registro de las Personas se lo entregó en las condiciones en que se hallaba, incluidos los errores de ortografía; que al recibirlo hizo la denuncia en el registro de Olivos, pero igual le servía por los problemas que tenía, habiéndolo usado, incluso, para salir del país.
En otro orden, Telleldín relató que el 10 de julio de 1994, a las 14.30, aproximadamente, se presentó en su domicilio una persona disfrazada con peluca, anteojos y gorra, que dijo estar interesada en la Trafic que publicara para la venta, saliendo ambos a la calle a verla; allí, el individuo le exhibió una credencial verde de policía y manifestó que había gente que lo quería ver. Narró que ascendieron a la Trafic, que estaba estacionada en la vereda de enfrente, conduciéndola el sujeto hasta la vuelta de su casa, deteniendo la marcha detrás de un automóvil Fiat “Duna”, color blanco, donde otro individuo, que se identificó como el oficial “Pino” de la brigada de investigaciones, le dijo que tenían la manzana rodeada, que sabían cómo trabajaba y que tenía que pagar lo que debía, pidiéndole la Trafic y el Renault 19. Dentro del vehículo, agregó, también se hallaba el subcomisario más alto y de bigotes, a quien conoció con motivo de su detención en Lanús.
Indicó que en ese momento recordó que había firmado un papel en Lanús por una causa de Quilmes. Acotó que “arregló” que entregaba sólo la camioneta por un valor de USD 10.000, puesto que debía USD 25.000 del “arreglo” de Lanús; solicitó unos días para el pago total, otorgándosele cuatro o cinco días. La conversación, apuntó, duró alrededor de veinte minutos, pues querían ambos vehículos y peleaba para que no se llevaran el Renault 19.
Que regresó a su domicilio con el individuo que había tocado el timbre y manejado la camioneta, quien, para confeccionar el boleto, exhibió un documento a nombre de Ramón Martínez. Memoró que el sujeto estaba apurado y ante la presencia de Ana se acomodaba la gorra para que no lo reconociera; que hicieron el boleto porque no tenía el formulario “08”, al igual que con la moto en el arreglo de Lanús. Así se lo exigieron, afirmó, ya que en caso contrario podría luego denunciar el robo.
Historió que mientras se encontraba fuera de su casa discutiendo con Ramón Martínez, antes de subir a la camioneta, llegó Guillermo Cotoras, a quien le informó que había problemas, que tenía la casa rodeada y autos “truchos” adentro, que no entrara porque podrían allanar su domicilio. Que Cotoras permaneció a la altura de una lavandería ubicada frente a su domicilio; al regresar de “la vuelta”, le solicitó que llamara a Barreda y le avisara que tenía una brigada al mando de un oficial “Pino”. Añadió que le anotó el número de teléfono de Barreda en un papel, pero Cotoras fue a ver a Eduardo, quien, a su vez, fue al domicilio del primero.
Afirmó Telleldín que Ana podía declarar sobre las personas a las que atendió y reconocer a las dos que tocaron el timbre. Agregó que en la calle se hallaba la familia Malacchia, quienes hablaron con el sujeto que se presentó como Ramón Martínez, puesto que cuando fueron a “dar la vuelta” el “viejito” Malacchia se asomó a la ventanilla y le preguntó al conductor si necesitaba que moviera su automóvil Falcon, color amarillo, respondiéndole que no era necesario.
Puntualizó que no le pagaron la camioneta, haciendo el boleto a fin de evitar la denuncia de robo; aclaró que se refirió a “venta” porque era el precio de su libertad y que de la misma forma en que esa gente “compró” la Trafic, compró y vendió otros rodados.
En tal sentido, relató la venta de un automóvil Renault 21, modelo 91, dominio “L”, cuya titular era una tal Susana y el propietario anterior se llamaba Barg.
Aclaró el imputado que vio al sujeto que presentó el documento a nombre de Ramón Martínez en otras dos oportunidades, junto a gente de la Brigada de Lanús. Que esa persona era la misma que después apareció con el documento de Ramón Martínez, a la vez que señaló que en ocasiones usaba bigotes y en otras no. Negó conocer su verdadero nombre y conjeturó que podría tratarse de un policía que ponían en disponibilidad y trabajaba “trucho”. Indicó que podría ser individualizado, por cuanto hizo una firma con escritura y no con signos. Adunó que también lo vio cuando hacía la “capacha” en un automóvil 128 viejo, a mediados de julio de 1994 y que su vecina la peletera lo observó.
Dedujo que la clave y quien debía saber todo era el “buchón”, es decir, Barreda, puesto que sabía que tenía la camioneta esa semana. Remarcó que advirtió que se trataba de la misma persona tiempo después, ya que al momento de la compra usaba gorra y peluca; que se le ocurrió que en la transferencia de un Renault 21 debía obrar una fotocopia del documento con la fotografía de la persona que se presentó como Ramón Martínez.
Con relación a la camioneta Trafic, aseguró que no se la encargaron, que cuando fue a lo de Monjo no la quería, toda vez que por la altura del techo no cabía en su domicilio. Expresó que sabían de la existencia del vehículo los empleados –incluidos los talleristas-, Monjo, el “buchón” –que, según creía, era Barreda-, Semorile –porque conocía a los Ibáñez y Ana les contaba todo a éstos-, Bareiro, Pérez y Pérez Mejías. Que luego comentó el hecho con Ana, Eduardo, Barreda, Cotoras y Hugo Pérez, no así con Pérez Mejías y Jacinto Cruz; intentaba no contar ese tipo de episodios porque dejaba de ser confiable. Asimismo, afirmó que no exhibió el boleto a persona alguna con anterioridad a su detención y lo guardó a fin de garantizarse que había entregado el vehículo.
Aseveró Telleldín que publicó el aviso porque pensaba vender la camioneta, la que tuvo en su poder sólo siete días, de los cuales cinco permaneció en el taller para repararla.
En cuanto a los pasos seguidos por el utilitario, explicó que Guillermo Cotoras extrajo el motor de la camioneta siniestrada -comprada en “Alejandro Automotores”- y Hugo Pérez lo trasladó al taller de Nitzcaner, donde se colocó en otra camioneta Trafic, cuya carrocería correspondía a un vehículo de origen ilícito, propiedad de un disc-jockey de apellido Sarapura. Puntualizó que Miguel Jaimes consiguió esta última camioneta, por intermedio de César Fernández, ignorando cómo había llegado a manos de éste. Consideró que Nitzcaner no era creíble, pero Jouce sí, por lo que podría declarar sobre las circunstancias relativas al taller.
Preguntado Telleldín si entre el 2 de julio de 1994 y la fecha de entrega de la camioneta se contactó con personal policial, explicó que Barreda concurría a su domicilio continuamente y que en una oportunidad, un viernes, fue Bareiro a comer con la mujer, aunque no pudo precisar si esa semana o la anterior. Añadió que durante esas semanas lo amenazaban telefónicamente, diciéndole que sería “boleta”, a la vez que recibía llamados extraños, en los que, por ejemplo, se oía música. Puntualizó que ello ocurrió a partir del 25 de junio, fecha de su cumpleaños, oportunidad en que estuvo con Diego Barreda, la mujer y el suegro. Agregó que también Ana sufrió amenazas telefónicas, llamados que se producían hasta en la madrugada; que cuando Bareiro fue a cenar le informó que tenía el teléfono intervenido y que por los pulsos averiguaban los números a los que llamaba. Durante ese período no recibió comunicación alguna relativa a la deuda pendiente con la Brigada de Lanús.
Sostuvo que sus manifestaciones anteriores referidas a las personas de origen chino que concurrieron a su domicilio el 9 de julio de 1994, interesados en la Trafic, se ajustaban a la realidad. Al respecto, expresó que luego advirtió que en esa época Semorile tenía un automóvil Mitsubishi Galant del mismo modelo, con tapizado color gris, que no podía vender ya que se hallaba embargado o tenía algún otro problema. Manifestó que el vehículo propiedad de Semorile era de color rojo, en tanto el de los chinos se hallaba pintado de negro con brocha y parecía pintado unos días antes, desconociendo si se trataba del mismo rodado, aunque las circunstancias relatadas le llamaban la atención. Adunó que se trataba de gente rara, que actuaba como si no existiera.
Destacó que los datos del boleto de compraventa -número, dirección y nombre-los copió del documento exhibido por el individuo que retiró la camioneta, aunque su rostro no se correspondía con el de la foto inserta en el cartular. Aclaró que, en cambio, en la venta del Renault 21 sí figuraba la fotografía de esa persona. Estimó que no resultaba extraño que se hubiera “comido” el número de Documento Nacional de Identidad si lo mismo había sucedido en el registro del automotor y figuraba el nombre de Barg. Explicó que no tuvo el documento en su mano, como para constatar si el número escrito coincidía con el perforado.
En otro orden, Telleldín manifestó que, luego de que fue tiroteado por la gente a la que entregó la Trafic, Hugo Pérez torturado y de que Ana le comentara que permitió a Barreda ingresar a su domicilio con un mecánico, pensó que quienes se llevaron el vehículo habían “pasado a los jefes”. Añadió que desconfió aún más cuando le preguntó a Barreda si conocía a alguien en la Brigada de Vicente López y le dijo que no, pese a que Bareiro se desempeñaba allí.
Refirió que concurrió a la calle San José junto con Pérez a fin de averiguar a quién pertenecía el domicilio y si la persona vivía allí, tal como hizo en el caso del automóvil Renault 21, en que también resultó ser inexistente el domicilio; además, debía entregar el formulario “08”.
Negó que hubiese supuesto que el vehículo involucrado en la voladura fuera la camioneta Trafic que entregara, recordando que cuando Barreda le hizo la misma pregunta, respondió que no creía tener tanta mala suerte. Al respecto, afirmó que, al igual que con los otros vehículos, desconocía el destino que tendría la camioneta; que cuando declaró que había supuesto que sería utilizada para transportar droga, lo hizo a fin de no involucrar a la policía y no perjudicarse más.
Explicó que la camioneta Trafic y el automóvil Falcon fueron los dos únicos vehículos que entregó sin cédula verde; en el primer caso, porque se había quemado y, en el segundo, debido a que la tenía la madre de Lo Preiato. Conjeturó que un particular habría esperado el duplicado; en cambio, personal policial podría circular en un rodado sin cédula verde, pues, en caso de serle requerida, exhibiría la credencial.
Aclaró que la versión de la venta de la camioneta Renault Trafic brindada resultaba coincidente con la dada por Boragni, toda vez que ésta declaró la verdad, aunque sin involucrar a la policía, puesto que de lo contrario dejaba de ser confiable para otro arreglo. Mencionó que previo a declarar en el juzgado instructor tuvo la oportunidad de hablar con Boragni, dado que no se encontraba incomunicado.
Añadió que su familia fue amenazada, recibió mensajes de gente que no identificó a fin de que no declarase y que cuando el juzgado citó a alguien de Lanús, un automóvil chocó a Ana, hubo advertencias y debió mudarse. También vecinos de Villa Ballester, a los que Ana podía identificar, recibieron amenazas por parte “de la Brigada de Lanús”; Ana recibió intimidaciones a través de su teléfono celular, debiendo cambiar la compañía prestadora.
Al preguntársele si a partir de su detención mantuvo conversaciones con personal policial a efectos de que declarase de alguna forma en particular, respondió que Ana recibió algunos llamados de los que ella podría informar; no obstante, indicó, no le ofrecieron nada.
Con relación a los inconvenientes que tuvo con integrantes de la Policía Bonaerense, manifestó que el 14 de julio de 1994 fue a comprar cristales para el automóvil Renault 9; estaba preocupado porque Ana le había dicho que mientras estuvo en Córdoba Diego Barreda ingresó a la vivienda para observar los repuestos que había en el quincho; así, lo primero que hizo fue sacar el auto “trucho” que estaba en la cochera sin motor ni cristales.
Al regresar con los repuestos, indicó, advirtió que había gente a una cuadra de su casa, frente a la Cruz Roja, haciendo la “capacha”. Agregó que la brigada observó cómo una empresa de fletes le llevó el motor procedente de lo de Cotoras. Dedujo que se trataba de una brigada a la que Barreda le habría dado los datos; al salir luego con Ana intentaron detenerlo.
Añadió que en el lugar se encontraba el automóvil 128 que mencionara la peletera, como así también un vehículo Galaxy de color oscuro, con reflectores blancos, plásticos, no originales, aunque no se trataba del azul que viera el 10 de ese mes. En tal sentido, aclaró que cuando se llevaron la Trafic, era seguida por un automóvil Galaxy color azul, que lo persiguió el día 14 de julio y luego trasladó a Pérez. Sintetizó que, en consecuencia, tal rodado intervino en tres lugares claves, a saber: escoltando la camioneta Trafic el día 10 de julio, persiguiéndolo el día 14 del mismo mes y “levantando” a Pérez esa noche.
Señaló que un automóvil Peugeot 505 viejo –anterior al año 1986- y un Duna color blanco –que también participó el 10 de julio- lo “cruzaron” al salir de su casa; transitaba en el sentido de la calle República, en tanto los vehículos referidos lo hacían de contramano. Relató que vio por detrás al Galaxy azul con las luces encendidas y con cuatro personas con chaleco y gorra de brigada.
Refirió Telleldín que le indicó a Ana que se pusiera el cinturón de seguridad, tras lo cual chocó al vehículo Duna en la puerta delantera izquierda, rompiendo el espejo retrovisor; al Peugeot 505 “le pegó” del lado derecho, desplazándolo. Frente a ello, indicó, Ana comenzó a llorar, toda vez que había rayado el automóvil nuevo y dado que no había visto lo que acababa de suceder.
Relató que al escapar se topó con un embotellamiento en la esquina de José León Suárez, subió a la vereda y, al doblar, chocó contra una columna; en la colisión Ana se golpeó la cabeza e intentó abrir la puerta, impidiéndoselo. Que los ocupantes del vehículo Galaxy llegaron corriendo adonde estaba, en tanto uno de ellos indicaba con la pistola que se bajara para hablar. Uno de los individuos, agregó, tomó a Ana del cuello y otro puso la placa policial en el parabrisas para que la viera, dado que en el episodio de Olivos, según había dicho en la Brigada de Lanús, escapó debido a que ignoraba que eran policías que intentaron interceptarlo. Manifestó que dio marcha atrás, se le trabó la dirección, logró arrancar y le dispararon un tiro, logrando huir, en tanto los demás automóviles quedaron en el embotellamiento.
Telleldín señaló que dejó su vehículo en una cochera, “trasladándolo luego a Córdoba como prueba para demostrar que lo querían matar” (sic). Dijo que desde un teléfono público ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires llamó a Diego Barreda y a Eduardo para que averiguasen qué pasaba, puesto que si bien el día 10 de julio le habían otorgado tres o cuatro días para terminar el arreglo, no le habían dado un ultimátum. Así, narró, según Barreda podría tratarse de las brigadas de Vicente López y Lanús, aunque en la primera no tenía forma de averiguar, lo cual no era cierto ya que allí se desempeñaba Bareiro. Puntualizó que esos llamados los realizó al teléfono celular de Barreda, quien decía que manejaba todo con un tal Flores.
Explicó que pernoctó en el centro y al día siguiente se trasladó con Ana, en taxi, a una confitería sita en Monroe a dos cuadra de Crámer, toda vez que Barreda había arreglado una entrevista con un abogado -Bottegal-, enviado por la brigada de investigaciones; a dicho letrado lo acompañaba una persona de barba que parecía ser un policía de la brigada, pero que no intervino.
Señaló que en la reunión hablaron del dinero que debía, resaltando que había solicitado cuatro días para pagar; a fin de obtener un plazo razonable, ofreció como garantía firmar un documento por una isla de su propiedad ubicada en Tigre, valuada en $ 15.000, que no aceptaron, reclamándole el crucero. Apuntó que desconocía cómo se enteraron de la existencia de esa embarcación; que ofreció otro barco que tenía en Uruguay, pero Ana no quiso y finalmente dio la embarcación “Gonzalo”, que valía, aproximadamente, USD 12.000, dado que el motor estaba roto, circunstancia que omitió informar.
Manifestó Telleldín que llamó a Jesica para avisarle que pasaría el Dr. Bottegal a retirar un maletín con la documentación del barco y de propiedades de Ana. Relató que, encontrándose presente el padre de Jesica, Bottegal pasó a retirarlo por su domicilio, tal como surgía del radio-mensaje enviado por la nombrada. Puntualizó que se reencontró con Bottegal en un bar, sito en las Av. San Martín y General Paz, donde, al igual que con la camioneta Trafic, firmó un boleto, aunque en esta oportunidad lo hizo en blanco, toda vez que la embarcación quedaba en garantía; que para ello utilizó el mismo talonario de formularios que para el de la Trafic.
Reconoció su firma en el boleto fotocopiado a fs. 1199, aclarando que el teléfono que allí figuraba debía ser el de Bottegal, quien conducía un vehículo cupé Fuego y que le dijo que se responsabilizaba por su seguridad y que si veía algo raro le avisara, porque manejaba a la policía y hablaba con todos los jefes. Mencionó que durante esos días lo llamó a Bottegal porque seguía viendo “capacha” en las inmediaciones de su domicilio, en tanto en el ínterin buscaba una vivienda para mudarse y que no lo encontraran. Por último, recordó que el abogado también le pidió un automóvil Renault 21.
A efectos de explicar lo acontecido la noche del 14 de julio, refirió que, al llamar por teléfono a su domicilio, Pérez le comentó que estaban rodeados y que una cámara de video apuntaba a la vivienda; que en la casa también se encontraban Pérez Mejías y Cruz y que lo único comprometedor eran el bloque de motor del automóvil Renault 9 y los repuestos, que estaban en el fondo; le ordenó a Pérez salir para ver si lo detenían, indicándole que, en caso negativo, le enviara un radio-mensaje y luego salieran de a uno.
Relató que Pérez salió del inmueble y de inmediato fue detenido por “Pino” y torturado durante seis horas a fin de que indicara su paradero, dato que aquél desconocía. Agregó Telleldín que, según creía, le dieron entrada a las 6.00, cuando en realidad la detención acaeció la noche anterior, recuperando su libertad el 15 de julio cuando ya había anochecido.
Asimismo, refirió que movilizó a Eduardo y a Barreda a efectos de que averiguaran de dónde venía el problema y negociar, puesto que no sabía si eran sus acreedores o gente nueva. Negó conocer cómo había recuperado su libertad Pérez y si alguien se había interesado por él. A la vez, añadió que la policía fue a su domicilio y tomó el nombre del ex marido de Ana, Schiavone, a quien le informaron que eran de una brigada de investigaciones, que tenían montada una cámara en una camioneta vieja, con lona; asimismo, que los chicos no debían tirar con aire comprimido porque romperían la lente de la cámara y que tenían conocimiento de que adentro del inmueble había un automóvil “trucho”, por lo que allanarían el domicilio. Mencionó que Schiavone informó que no tenía vinculación alguna, que vivía en Salta y estaba visitando a los chicos. Por otra parte, narró el imputado que, en los primeros meses de 1995, conoció a Ramón Emilio Solari, quien presentaba diversos tatuajes en su cuerpo, en la Alcaidía de Tribunales; el nombrado se presentó, le dijo que estaba en la causa A.M.I.A. y le indicó que debía reconocerlo como el comprador de la camioneta, a lo que le respondió que estaba loco. Añadió que Solari le requirió información, como por ejemplo si la camioneta tenía puerta lateral, contestándole que sí, cuando en realidad eso no era correcto; también le preguntó sobre las características del frente de su vivienda, a lo que respondió que era de ladrillo vista, cuando en realidad era de piedra. Tales circunstancias, afirmó, las puso en conocimiento del director de la Unidad nº 28.
Manifestó que cuando estaba detenido en el Departamento Protección del Orden Constitucional, a fines de 1994, Ana concurrió a visitarlo junto con una mujer apodada “Vicky”, amante de Bareiro, contándole la segunda que un detenido que resultaba creíble corroboraría todos sus dichos; que unos días antes Ana comentó que Bareiro había dicho que en la Brigada de Vicente López había un detenido que confirmaba sus dichos. Aclaró que ni Ana ni “Vicky” le informaron el nombre de la persona referida.
Expuso Telleldín que comunicó la situación descripta a un oficial del Departamento Protección del Orden Constitucional de apellido Heise, quien dijo no tener información sobre ese detenido.
Expresó que en enero fue trasladado a la cárcel de Caseros junto con su hermano Eduardo y alojados en la planta baja “C”; tras una pelea en que unos individuos de nacionalidad paraguaya los defendieron, éstos le comentaron que en Vicente López habían estado con otra persona implicada en el tema A.M.I.A.. Precisó que los paraguayos, cuyo apellido no recordó, se hallaban detenidos en la causa conocida como “Tormenta Verde”, vinculando estas manifestaciones con los dichos de “Vicky”.
Que, conforme comentaran los paraguayos, el sujeto referido salía todos los días a estudiar y tenía su dirección y papeles de la A.M.I.A.; no supieron decirle si era para perjudicarlo, aceptando ser testigos en caso de así requerírselo. Asimismo, recordó que el más gordito, que según creía se llamaba Francisco, tenía una Biblia en la que se hallaba anotado su nombre, la dirección de la calle República y otros datos relativos a la Trafic y a su estatura, explicándole que se la había regalado Solari mientras estuvieron detenidos juntos.
Mencionó que los tres paraguayos refirieron que les resultaba extraño que Solari saliera con frecuencia y anduviera con tantos papeles, afirmando estar vinculado con el tema A.M.I.A.; al encontrarlos en el juzgado instructor, les solicitó que dijeran la verdad, puesto que no lo perjudicaban. Dedujo que si Solari estuvo en Vicente López debía ser conocido de Bareiro, toda vez que coincidía con lo dicho por “Vicky”.
En otro orden, el imputado aclaró que al huir, cuando fue al domicilio de su hermano, no se dirigió a la agencia tal como dijera precedentemente, sino que fue a la casa de Jaimes, pensando en quedarse allí, pero al notar que había una “patota” en un automóvil Peugeot 504 color blanco se fue a Luján y, luego de un rato, decidió tomar el primer ómnibus que partiera.
Telleldín señaló que antes de viajar habló con Ana y Barreda, avisándole la primera que la casa se hallaba rodeada; viajó durante doce horas en autobús y al llegar llamó a Ana, quien le informó que había estado detenida por el tema de la A.M.I.A. y lo comunicó con Barreda y Bareiro, que le aconsejaron presentarse.
En orden a su detención en Aeroparque, dijo que Barreda concurrió con la policía; cuando llamó a su casa conversó con personal de la S.I.D.E. que se hallaba allí junto con Barreda y Bareiro. Negó haber hablado con algún abogado. Añadió que la noche en que partió, Ana fue detenida y personal de la S.I.D.E. se instaló en su domicilio, encontrándose allí, también, Barreda, Bareiro, “Vicky” y personal del Mossad.
En otro sentido, el imputado negó conocer a un policía de apellido Valenzuela, a Edul o a otro policía llamado Chabán, al menos por ese nombre. Asimismo, rehusó conocer a persona alguna que durante el año 1994 prestara servicios en la Comisaría de Santos Lugares, sin explicar los llamados realizados desde esa dependencia a su domicilio de la calle República 107, como al de Eduardo Telleldín. No obstante, aclaró que Barreda y Bareiro permanecían en su casa mucho tiempo y podían recibir llamadas.
Interrogado Telleldín acerca de las visitas de la Dra. Riva Aramayo a su lugar de detención, explicó que puso en conocimiento de la magistrada los arreglos policiales que debió efectuar y que comprendieron la entrega de la camioneta. Asimismo, manifestó que si bien no tenía vinculación alguna con el tema del atentado, podía brindar la línea de investigación correcta, dándole algunos datos sobre testigos y descripciones del personal policial interviniente en los “aprietes”.
Por otra parte, admitió que mantuvo entrevistas con periodistas del diario “Página 12”, en las que se refirió a la corrupción policial, pero no al caso A.M.I.A., ajustándose el texto de la nota publicada el 16 de julio de 1995 (ver fs. 711 de la ex-causa 1598) a lo que dijera en esas entrevistas. Explicó que en ese reportaje le dijo a su interlocutor que no era cierto que hubiera entregado la Trafic a oficiales de la Policía Bonaerense, porque de lo contrario “se armaba un despelote” (sic), adecuándose el resto, en términos generales, a sus manifestaciones, aunque algunas cosas no eran verdaderas. Finalmente, aseguró que la versión real era la brindada en esa declaración indagatoria.
Por último, Telleldín confeccionó diversos croquis, individualizados con las letras A, B, C y D, en los cuales graficó los procedimientos de los días 15 de marzo, 4 de abril, 10 de julio y 14 de julio, respectivamente.
A fs. 42.597/42.598, el 20 de junio de 1997, Carlos Alberto Telleldín amplió su declaración indagatoria, ocasión en la que, entre otras manifestaciones, no reconoció a Barg entre las vistas fotográficas obrantes en el legajo de fotografías identificado como “1598 – Relacionado con legajo 2-A”, agregando que ninguna de las personas lucía anteojos como el individuo que se presentó como Ramón Martínez; en el mismo sentido, aseguró que no se trataba de ninguno de los sujetos fotografiados con los números 1, 3, 4, 5, 6 y 8.
El 22 de agosto de 1997 (fs. 26.780/26.785) nuevamente amplió sus dichos, ocasión en la que puso en conocimiento del magistrado instructor una serie de situaciones irregulares que presenció a lo largo de su detención.
A fs. 28.688/28.690, el 6 de febrero de 1998, manifestó Telleldín que la fotografía inserta en su Documento Nacional de Identidad nº 14.536.215 era original. En tal sentido, refirió que le entregaron dicho instrumento en el Registro Nacional de las Personas, en el mismo estado en que se encontraba; es decir, con las letras “CC” y sin la letra “L” en su apellido. Conjeturó que si la fotografía fue sustituida, ello debió ocurrir en el Departamento Protección del Orden Constitucional. Negó todo tipo de imputación relativa a la adulteración del D.N.I. secuestrado.
Se remitió a lo expuesto en sus anteriores declaraciones, en cuanto a que en el año 1993 se presentó en la Sección Olivos del Registro Nacional de las Personas a fin de solicitar que corrigieran el error en el apellido que presentaba el cartular, quedando ese trámite asentado en los registros de Olivos y de Belgrano, a los cuales concurrió.
Expresó que al comparecer ante el Registro de Olivos a fin de denunciar la anomalía en su Documento Nacional de Identidad, solicitó un cuadriplicado, oportunidad en la que le entregaron un comprobante y le informaron que el nuevo documento estaría listo en aproximadamente ocho meses; no llegó a retirar el nuevo ejemplar, por cuanto resultó detenido en las presentes actuaciones.
Por otra parte, Telleldín afirmó que en ocasión de su detención por parte de personal de la Brigada de Investigaciones de Lanús, al arribar a la sede de esa dependencia, presentó el documento en cuestión a fin de identificarse. Añadió que, según los dichos de Spagnuolo en la causa, Ribelli llamó al Registro de las Personas a fin de averiguar si el documento era bueno, toda vez que si comprobaba su falsedad tendría otro elemento más para obtener dinero suyo.
Señaló que en todo momento tuvo el instrumento cuestionado en su poder y que entre los años 1992 y 1994 fue su documento personal, para todo tipo de trámite que así lo requiriera, incluyendo las operaciones comerciales que realizaba con automotores. Hizo saber que cuando tramitó el registro de conductor ante la Municipalidad de Vicente López no accedieron a escribir su apellido en forma correcta, argumentando que debían asentarlo tal como figuraba en su Documento Nacional de Identidad.
Por último, expresó Telleldín que con ese documento se presentó ante la Policía Federal a raíz de esta causa, argumentando que si hubiera sido falso o adulterado lo habría descartado previo a su detención, puesto que aguardó una hora en el Aeroparque Jorge Newbery hasta la llegada de la policía, teniendo así el tiempo necesario para desprenderse de cualquier elemento que lo perjudicara.
A fs. 31.465/31.469, el 17 de julio de 1998, Telleldín ratificó parcialmente los términos de la nota publicada en el nº 54 de la revista “Tres Puntos”, firmada por el periodista Román Lejtman; aclaró que las respuestas allí plasmadas no se correspondían con lo conversado con Lejtman el 10 de julio de 1998, en la sala de dirección de la Unidad nº 2 del Servicio Penitenciario Federal, sino con dichos suyos efectuados por vía telefónica al nombrado días antes.
Al prestar declaración en la audiencia de debate el 29 y 30 de abril y 2 y 3 de mayo de 2002, Carlos Alberto Telleldín proclamó su inocencia en cuanto a la comisión del atentado. Adjudicó su detención al origen árabe de su apellido, a que su padre perteneció a la Policía de la Provincia de Córdoba durante la época de la represión y a su actividad ligada a temas marginales. Agregó que fue presionado por los servicios de inteligencia y aclaró que no declararía sobre las extorsiones de las que fue víctima, toda vez que resultaban ajenas a su defensa.
Relató que desde los diecisiete años se dedicaba a la actividad comercial de compraventa de automotores; a esa edad, y mientras terminaba quinto año, ingresó a la Policía de la Provincia de Córdoba, con el cargo de correo, pero no trabajó en grupos operativos, sino como administrativo, presentando la renuncia al ascender a agente. Para esa época, indicó, su padre se desempeñaba como comisario general en dicha fuerza policial y era amigo de un comisario mayor, progenitor de Hugo Pérez.
Recordó que su coimputado Pérez también ingresó como correo, graduándose luego de oficial ayudante, pero renunció y fue a trabajar a su primer agencia de automotores, en Córdoba, pasando luego a una que abrió en Buenos Aires. Desde entonces, comentó, solían vivir juntos, habiéndose mudado también a la quinta que alquiló con Sandra Petrucci en Tortuguitas.
Agregó Telleldín que tuvo otras actividades, como ser locales bailables, nocturnos y saunas, complementando la venta de automóviles. Al respecto, manifestó que en los años 1986 y 1987 alquiló un inmueble e instaló sin éxito una casa de masajes y departamento para homosexuales en Pasteur al 500, no recordando la altura exacta, pero pudiendo tratarse de 599, quinto piso, no a la calle.
Negó haber tenido alguna relación con un tal Lifschitz con motivo de un local bailable que tuviera o por los negocios que manejó en Flores. Agregó que Lifschitz se encontraba presente en su indagatoria del 5 de julio de 1996, no habiéndolo conocido con anterioridad.
Por otra parte, admitió que entre los años 1984 y 1991, aproximadamente, tuvo vínculos con policías bonaerenses, debido a que se vio obligado a realizar “arreglos” con distintas jurisdicciones por sus casas de masajes. Aclaró que, en cambio, el tema automotor no se prestaba para los “arreglos”, por cuanto la policía sólo negociaba en los rubros prostitución y juego. Al cerrar las casas de masajes, dijo, muchos de los comisarios que conoció estaban retirados, pero continuó su amistad con su coimputado Barreda.
Con relación a su consorte de causa Bareiro, afirmó que lo conoció en 1984, aproximadamente, cuando se desempeñaba como oficial de calle en Santos Lugares y le cobraba el “arreglo” por un sauna que tenía en la zona; lo volvió a ver cuando abrió un cabaret en América y General Paz, época en la cual Bareiro prestaba funciones en la comisaría de Sáenz Peña. Tiempo después, aseveró, el nombrado concurría con la novia a una discoteca que tuvo en Rivadavia y Callao. No obstante, enfatizó que, a diferencia de Barreda, con quien se visitaban en sus domicilios –pese a no tener trato laboral-, Bareiro no era de su amistad. Asimismo, acotó que Pérez conocía a Barreda y Bareiro.
Por otra parte, Telleldín refirió que conoció a Salguero cuando éste le cobraba el “arreglo” mensual por dos casas de masajes que tuvo en San Martín. A su criterio, el nombrado había intervenido en el tema Solari.
Manifestó que en 1986 fue detenido por la Brigada de Homicidios de Quilmes o de Banfield, en ocasión del allanamiento de una de sus casas de masajes, secuestrándose un paquete con, según creía, USD 200.000 apócrifos; permaneció detenido en la División Homicidios o Delitos Graves, a la que le decían “El Pozo de Banfield”.
Relató que compartió la celda durante veinte días con cuatro detenidos, recordando los nombres de Robles, Santo Domingo y “Cacho” Lagarza, quienes le recomendaron al abogado Semorile. Indicó que el letrado tomó su causa y le comunicó que a cambio de una suma de dinero podría conseguir su libertad, sin especificar a quién debía entregarlo, obteniendo así su excarcelación. En otro tramo, refirió que Semorile dijo que el dinero era para “arreglar en el juzgado”.
A lo expuesto añadió que luego de su detención tuvo un problema psicológico, que motivó la adquisición de una parcela de tierra en Enrique Fynn, a la que concurría todos los fines de semana y donde instaló un criadero de cerdos, que cerró en 1987. Agregó que el campo quedó abandonado y en 1998 lo entregó en concepto de honorarios.
Con respecto a sus actividades vinculadas al rubro automotor, Telleldín manifestó que los años previos a su detención el negocio de venta de vehículos no redituaba demasiado dinero, por lo que se dedicó a comprar automóviles siniestrados, tanto a Alejandro Monjo como a otras firmas, que luego publicaba para su venta en el interior; luego de adquiridos, les cambiaba la carrocería por otras de procedencia ilícita o compradas nuevas a la planta Santa Isabel, en Córdoba, o en desarmaderos o casas de venta de repuestos usados.
Aseguró que no robaba vehículos, sino que compraba las carrocerías acorde con las características de los siniestrados adquiridos. Puntualizó que de la causa surgían once vehículos reparados de esa forma, más la Trafic investigada, habiendo en todos los casos cambiado las carrocerías, en tanto los motores se mantuvieron originales. Asumió que tal actividad la realizaba solo y no contaba con socios.
Aclaró que los mecánicos con que trabajaba eran ocasionales. Explicó que el vehículo siniestrado era trasladado a un taller y no era posible que a la semana o dos semanas saliera del mismo lugar un rodado “terminado” de iguales características, toda vez que los vecinos podrían sospechar. Por eso, acotó, siempre tenía dos o tres talleres y contrataba el que terminaba el vehículo, como ser el de Nitzcaner, sin que supieran que estaban trabajando con automóviles con dificultades en carrocería o motor.
Sintetizó que en ningún momento les dijo a los talleristas que los rodados eran doblados o que les ponía una carrocería sustraída con un motor legal. A los talleres, aseguró, llevaba la carrocería con las chapas patentes y los papeles del vehículo siniestrado y así lo anotaban en los libros. Agregó que cuando no cambiaba el número de motor, los vehículos superaban la verificación; de esa forma trabajó entre 1992 y el momento de su detención, aclarando que a partir de 1991 se dedicó a trabajar únicamente la línea Renault.
En marzo, señaló, adquirió a Monjo un lote de diez vehículos, aproximadamente, todos de la línea Renault, que incluía dos Trafic largas, una corta, un Renault 12, un Renault 11, un Renault 9 y una Renault Fuego, formando parte del conjunto la camioneta investigada; después de un viaje de vacaciones a Perú comenzó a retirar un rodado por semana.
En otro tramo de su declaración, Telleldín manifestó que cuando regresó de Perú adquirió el lote de vehículos a Monjo, incluida la Trafic de “Messin” y las que luego fueron adquiridas por una mujer llamada Toretta y un tal Nieto. Si bien no recordó la fecha con precisión, refirió que regresó de ese país en los primeros meses del año, según creía enero o febrero, para el casamiento de un hermano de su socio Lo Preiato.
En orden a ese viaje, aclaró que lo hizo con su documento a nombre de Teccedin, saliendo por Chile con un pase de cortesía de los peruanos, que obtuvo por unas monedas en el punto fronterizo de Tacna-Arica.
Expresó que al comprar vehículos a Alejandro Monjo u otras empresas no revisaba la numeración, es decir, que coincidiera lo entregado con la documentación, puesto que resultaba extraño que un automóvil siniestrado tuviera el motor cambiado. Añadió que, por ejemplo, en el caso de las tres camionetas, estaban quemadas y resultaba imposible ver los números sin lijar. En definitiva, concluyó, no tenía la certeza de haber retirado el motor que luego apareció en la A.M.I.A..
Explicó que, en general, Monjo enviaba los rodados hasta el taller de Cotoras con una grúa, los dejaba en la puerta y le entregaba al nombrado la carpeta con los papeles del vehículo siniestrado, incluido el título automotor y la factura; si el rodado estaba dado de baja, también le llevaban los formularios “04”. Indicó que en el caso, uno de los grueros de Monjo, no sabiendo cuál, trasladó la camioneta siniestrada al domicilio de Cotoras.
Hizo saber que las tres Trafic del lote se hallaban incendiadas y que en todos los casos se quitaron las carrocerías quemadas y las destruyó, a fin de que no existieran dos camionetas con el mismo número; el paso siguiente era conseguir una carrocería de las mismas características.
Detalló que en primer término retiró de lo de Monjo una camioneta larga, modelo ’88, la llevó a la zona de Tortuguitas y en una carrocería que obtuvo puso el motor de la quemada, la publicó en el diario “Clarín” y la enajenó; luego ofertó la Trafic que vendió a la señora Toretta el 28 de mayo y creyó recordar que, después de esa, armó un Renault 12, también chocado.
Con respecto a la camioneta objeto de esta pesquisa, destacó que encargó una carrocería a César Fernández, quien, si bien consiguió una sin puerta lateral, se la vendió barata y, por ende, la utilizó para armar un vehículo con el motor de la Trafic que llevó a lo de Cotoras. En otro tramo de su verborrágico relato, expresó que el bajo costo obedeció a que la camioneta de Sarapura presentaba un choque de frente, que probablemente fue reparado con repuestos o chapa usados, que no eran modelo ’91.
Reconoció su letra en un papel rosa secuestrado en su domicilio, con la inscripción: “dominio: C14985506, motor: 2831467, carrocería: T310-003325”. Explicó que cuando adquiría vehículos en lo de Monjo, acostumbraba solicitar a la agencia los datos para “marcar” la carrocería, mandar a hacer las patentes e imprimir el número en la camioneta robada. Puntualizó que uno de los gestores de Monjo le brindó los datos del vehículo de “Messin” siniestrado y que pasó el número de patente a Fernández, quien encargó las placas.
No obstante, en otro tramo refirió que en esa época existían muchas casas de chapas y no frecuentaba una en particular, por lo que no recordaba dónde mandó hacer las patentes o si Fernández se había encargado de esa tarea, pero sí afirmó que al serle entregada, la camioneta Trafic de Sarapura tenía colocadas las de la siniestrada de “Messin S.R.L.”. En ocasiones, aclaró, se colocaban las patentes de los siniestrados a los vehículos robados para evitar que el “levantador” fuera detenido al trasladarla; entonces, iba a su domicilio, se llevaba la tarjeta verde o el título y de esa manera circulaba.
Calculó que un juego de chapas costaba $ 50, aproximadamente, e informó que las que se hallaban en el vehículo siniestrado quedaban puestas para su traslado desde lo de Cotoras hasta el desarmadero, por los controles que pudiera haber en el camino.
No supo decir Telleldín qué empleado de la agencia de Monjo confeccionó la factura de la camioneta de “Messin S.R.L.”. Concluyó que si allí figuraba como Teccedin era porque había exhibido su Documento Nacional de Identidad para que copiaran los datos. Al respecto, expresó que trataba con Monjo la adquisición del lote y, al momento de retirar los vehículos, le entregaban la carpeta y le confeccionaban una factura.
Dedujo que Monjo no estuvo presente y, en consecuencia, algún empleado o el gestor confeccionaron la boleta. Creyó recordar que en el instrumento figuraba la dirección de Jonas Salk, que era su domicilio anterior, por cuanto lo copiaron de su documento, a la vez que indicó que era posible que el vendedor, que seguramente era el gestor, se hubiera equivocado en la numeración; éste, aclaró, era quien confeccionaba la boleta para el traslado de los vehículos. Aseveró que al armar rodados nunca cambiaba el motor, sino que siempre utilizaba el original; asimismo, no los armaba con la carrocería de un año y los repuestos de otro, ya que en ese caso la reparación hubiera insumido un mes y, además, su forma de trabajar consistía en sacarle el motor a una carrocería, colocarle el motor de otra quemada, retocar los detalles y venderla.
Indicó que Monjo facturaba discriminando el I.V.A., motivo por el cual ciertos vehículos figuraban a nombre de su mujer o de Hugo Pérez, quienes poseían número de C.U.I.T. y resultaban favorecidos con el crédito fiscal. Mencionó que Pérez trabajaba como albañil, constructor y contratista, por lo que debía pagar impuestos y que el lavadero de Olivos estaba a nombre de Boragni, habiendo llevado toda la contabilidad un contador, cuyo nombre no recordó.
Asimismo, hizo saber que compraba los vehículos con la certificación del vendedor en los formularios “08” en blanco, porque no los ponía a su nombre, sino que el comprador completaba sus datos.
En cuanto a la modalidad de venta de los automotores que armaba, Telleldín señaló que los publicaba los sábados y domingos en el diario “Clarín”, con el teléfono de su domicilio o el de Sandra Petrucci o con los domicilios de su hermano Eduardo Daniel, de Lo Preiato, de la señora Torrisi o del lavadero de autos de Pelliza y Quintana. Sintetizó que anunciaba en diferentes lugares, a fin de no aparentar ante los compradores que se trataba de una reventa, sino de una operación de particular a particular y de ese modo venderlos más fácilmente.
A lo expuesto agregó que en las publicaciones siempre insertaba el precio, ya que era entre USD 800 y 2000 más bajo que el de plaza; aseguró que en 1994 percibía entre USD 15.000 y 25.000 mensuales.
Ilustró que a los vehículos les cambiaba el motor, los pintaba, los retocaba y les sacaba cualquier detalle que permitiera al dueño reconocerlos en el hipotético caso de que fueran a verlo a raíz de la publicación para la venta. Ejemplificó que en el caso de la camioneta de Sarapura, en el taller de Nitzcaner se le quitó un interior de madera. Negó haber modificado los elásticos de alguna de las camionetas armadas.
En otro orden, manifestó que era normal cambiar motores de rodados en cualquier taller, pero se debía hacer un trámite llamado R.P.A.. Asimismo, indicó que si bien Nitzcaner podía presumir que estaba haciendo algo raro, también podía pensar que haría el trámite de cambio de motor, para sacar uno que no funcionaba y reemplazarlo por otro nuevo o mejor. Dedujo que si hubiera sabido que estaba armando vehículos “truchos”, no le habría cobrado $ 100 ó 150, sino mucho más o tal vez ni siquiera habría aceptado hacer el trabajo.
El imputado ilustró que para armar la Trafic investigada en esta causa gastó alrededor de $ 5500, distribuidos en $ 4000 aproximadamente para pagarle a Monjo, $ 1000 la carrocería y el resto a Nitzcaner. En otro pasaje, puntualizó que el costo del armado fue de USD 5000 y que una Trafic robada costaba entre $ 900 y 1100, según el estado en que estuviera, suma que le abonaba a César Fernández.
Del automotor siniestrado, refirió, extraían el bloque de motor con la numeración, en tanto del sustraído o comprado en desarmaderos utilizaban todos los accesorios, armándose así el rodado y cambiándole los números. Calculó que en cuatro horas y media se podía hacer todo el trabajo, ya que la extracción demandaba una hora y media o dos y la colocación otras tres. Ejemplificó que en 1993 hizo personalmente el trabajo sobre un Renault 18 gasolero, demorando dos horas y media en sacar el motor, colocarlo, ponerlo en marcha y regularlo.
Sostuvo que al hacérsele los números a la carrocería nueva, es decir, a la que portaría el motor de la quemada, había dos carrocerías con la misma numeración, lo que podría acarrearle un problema policial; en consecuencia, mandaban las carrocerías a los desarmaderos o se las daban a los chatarreros, debiendo entregarlas con las cajas, ya que era prácticamente el pago por la destrucción. Con respecto a la Trafic de “Messin”, afirmó que la envió con la grúa de un hombre apodado “Jorobado”, quien la retiró del domicilio de Cotoras.
Manifestó que trabajaba con varios desarmaderos; uno era el de Antonio Avelino Agüero, otro estaba ubicado cerca de Ramos Mejía, por la zona de Díaz Vélez y General Paz. Aseguró que no le interesaban los repuestos de los siniestrados, sino, tan solo, que fueran destruidos, a fin de que no existieran dos vehículos con la misma numeración.
Puntualizó que la carrocería del vehículo vendido a la Sra. Toretta fue secuestrada por la policía de José C. Paz; en consecuencia, estaba una camioneta en esa dependencia y existía otra que había vendido y debía transferir a la nombrada. Explicó que si el comisario informaba al registro que poseía la carrocería, el legajo resultaría bloqueado, por lo que debió enviar a Barreda junto con Pérez y pagar un dinero para que se la entregaran el 30 de junio.
Indicó que utilizaba la documentación de los vehículos siniestrados, a la vez que negó haber trabajado en alguna oportunidad con documentación adulterada o apócrifa.
Por otra parte, Telleldín manifestó que hacía el grabado de las carrocerías Renault con un lápiz óptico. Aclaró que si bien después de 1992 Renault cambió el sistema de numeración de carrocería por uno robótico, anteriormente se usaba un lápiz eléctrico para toda la línea, que era el mismo que el utilizado para grabar los vidrios, y se conseguía en cualquier lado.
El encartado admitió que tanto en el caso de la Trafic en estudio, como de los once vehículos por los que se encontraba procesado en el juzgado nº 4, el grabado lo realizó personalmente. Refirió que anteriormente lo llevaba a cabo Jaimes, quien le enseñó y era muy detallista. Calculó que para hacer el número de la carrocería demoraba una hora o menos. No obstante, apuntó, un trabajo bien hecho, tal como le había enseñado Jaimes, demoraba dos horas y media.
Telleldín señaló que por la premura, a veces no hacía el proceso como correspondía, omitiendo el uso de ácidos y limitándose a remarcar la numeración, a fin de vender los automóviles en la misma semana en que los había adquirido. Aseveró que eso hizo en el caso de la Trafic de marras.
Manifestó el imputado que cuando se trataba de automóviles llevaba a cabo ese trabajo en su cochera o en el taller del lavadero de Olivos. Agregó que en el caso de la camioneta en cuestión, como así también en el de la Sra. Toretta, lo realizó en el taller de Nitzcaner, en tanto la otra Trafic la hizo en la quinta sita en la localidad de Tortuguitas.
Aclaró que la tarea que hacía en el taller de Nitzcaner era por su cuenta, sin ninguna colaboración, ya que el nombrado nunca tuvo conocimiento de lo que estaba realizando. Remarcó que se trataba de un taller ocasional, que contrató cuando vendió el lavadero de autos, donde le cobraban lo mismo que en otro por los arreglos mecánicos o de otro tipo.
En el taller de Nitzcaner, dijo, grabó los números de la carrocería de “Messin S.R.L.” en la de Sarapura, con un lápiz óptico; dedujo que había llevado a cabo esa tarea en horas del mediodía, cuando Nitzcaner se retiraba a comer; el socio de éste, Jouce, quien entendía poco de automotores, estaba en la oficina, ubicada en la parte delantera del taller, donde almorzaba. Adunó que el ruido que hacía el lápiz óptico era mínimo, como el de una afeitadora eléctrica, menor al de una pulidora.
En otro orden, manifestó Telleldín que conoció a Cotoras en 1986, en tanto que a Nitzcaner en abril de 1994, aproximadamente. Recordó que en 1990 ó 1991 residía en el barrio de Belgrano, donde Cotoras tuvo un taller mecánico junto con su padre.
Indicó que entre 1992 ó 1993 y marzo o abril de 1994 tuvo, en sociedad con Lo Preiato, un lavadero de autos llamado “Puerto Olivos”, ubicado en Pelliza y Quintana. Explicó que alquiló el predio con una habilitación de taller mecánico incluida y, a través de un aviso en el diario “Clarín”, ofreció la venta del cincuenta por ciento del fondo de comercio del futuro lavadero, conociendo así al que se convirtió en su socio, a quien escogió porque pagó el cincuenta por ciento en efectivo. En el lugar también había un galpón, donde tenía un taller completo, con chapista, pintor, mecánico y todas las herramientas, para el armado de automóviles siniestrados.
Aseveró que mientras tuvo el lavadero no utilizó el taller de Nitzcaner, en tanto Cotoras se limitaba a extraer motores, llevándose a cabo el resto del trabajo en su local.
El encartado informó que al disolverse la sociedad con Lo Preiato dividieron el fondo de comercio y el nombrado conservó un automóvil 405 SRI y el cincuenta por ciento del dinero obtenido, en tanto, por su parte, recibió un Falcon y dos motocicletas -una Honda XR y una Kawasaki 125-, de las cuales una la vendió y, en cuanto a la otra, se remitió a lo declarado en el año 1996.
Estimó probable que los primeros meses de 1994 utilizara el celular 478-7685, teléfono que fue adquirido por Lo Preiato -a cuyo nombre figuraba- y que le restituyó el día de la venta del lavadero.
No recordó haber llamado a un teléfono a nombre de Juan José Ribelli desde el celular antes indicado, aunque mencionó que en el incidente de abril, en Lanús, le quitaron el teléfono, a la vez que dedujo que probablemente fue utilizado por alguien de la brigada de esa localidad. Aclaró que no estaba seguro si durante ese episodio se lo habían devuelto o le habían facilitado otro para comunicarse con su domicilio. Según dijo, llamó a Antonio Lo Preiato, padre de José Luis, para que entregase un Falcon; si bien no pudo precisar el horario, señaló que fue de tarde, tal vez a las 20 ó 21.
Con relación a ese suceso, el imputado informó que cuando resultó detenido intercedió Botey, llevado por uno de sus hermanos. También acotó que la documentación del Falcon y la moto entregados estaba completa, incluidos los formularios “08” y los boletos. En ese sentido, expresó que Sandra Petrucci se retiró antes de la brigada y fue a buscar las carpetas, que se hallaban guardadas en la caja fuerte de la madre, en tanto Lo Preiato aportó la del Falcon.
La moto, reiteró, tenía el formulario “08”, por lo que atribuyó a un error haber expresado en declaraciones anteriores que debió firmar un boleto. A su vez, manifestó que aparentemente Semorile se quedó con la moto y el dinero, entregados como contraprestación por su participación en los hechos del 4 de abril.
A lo expuesto, adunó que luego de entregar la moto a policías integrantes de la Brigada de Lanús, aquélla apareció en manos de Ibáñez y, finalmente, una persona llamada Eric fue detenida con ella y dijo habérsela comprado al nombrado. Señaló que Ibáñez llevó esa moto a Conti, a quien conocieron Semorile e Ibáñez.
En otro orden, apuntó que al regresar de la República de Perú se separó de Ana Boragni durante tres o cuatro meses, alquilando una quinta en la localidad de Tortuguitas, donde fue a vivir con Sandra Petrucci. En esa época vendió el lavadero “Puerto Olivos”, quedándose así sin el taller mecánico. Luego del incidente con los policías integrantes de la Brigada de Lanús, finalizó la relación con Petrucci, se reconcilió con su esposa, entregó la quinta y regresó a su domicilio.
Expuso que los automóviles legales, siniestrados, los llevaba siempre a la casa de Cotoras, donde había un acceso para vehículos, pero como las camionetas Trafic no entraban, eran dejadas en la calle. En el caso de la camioneta vendida a la Sra. Toretta y de la investigada, creía, fue al domicilio de Barreda para medir el portón de acceso a la casa, comprobando que, al igual que sucedía en su domicilio, no pasaban por la altura.
Explicó que su casa de Villa Ballester tenía dos entradas de autos, una cochera techada para dos automóviles y otra con portón levadizo, con capacidad para diez a quince vehículos en el parque interno, pero que las camionetas no podían ingresar por la altura del portón. En consecuencia, refirió, como no las podía reparar personalmente, las llevaba directamente a Cotoras, quien extraía los motores.
Telleldín afirmó que a partir de abril de 1994, en que vendió el lavadero, recurrió a los servicios de Nitzcaner por tres meses, pese a que le resultaba más costoso que armar los vehículos personalmente, por cuanto debía pagarle USD 200 ó 300; los restantes automotores los reparaba en su cochera.
En cuanto a la Trafic inscripta a nombre de “Messin S.R.L.”, señaló que cuando Monjo la dejó en lo de Cotoras llevó el título y las patentes; que no le entregó los formularios “08”, toda vez que mantenía una deuda con el agenciero, dado que tras la seña de todo el lote iba pagando por semana. Según creía, retiró los “08” el lunes siguiente o a la semana, junto con un Renault 9. Aclaró que la camioneta de autos no estaba dada de baja, ni se trataba de un caso de destrucción total, porque podía ser reparada artesanalmente.
A su vez, refirió que el gruero dejó la camioneta antes aludida frente al portón del domicilio de Cotoras, al borde de la vereda. Sostuvo que a la noche la colocaron en ochava, con las ruedas delanteras en la vereda, sin que ingresara la trompa en la propiedad, en dirección a la casa de Cotoras, y extrajeron el motor. En ese momento también estaba Hugo Pérez y, cebándoles mate, Ana Boragni. Negó que la mujer de Cotoras hubiera presenciado algún hecho, a la vez que aseguró que, a esa fecha, ni ella ni los hijos residían en ese domicilio.
Estimó que Cotoras realizó la tarea después de las 19.00 ó 20.00, dado que luego de finalizar su jornada de trabajo, en la empresa “La Camionera”, hacía las “changas”. Consideró que demoró dos horas y media (en otro tramo lo estimó en una hora y media o dos), a la vez que dedujo que habrían terminado a las 22.30 ó 23.00. Aclaró que Cotoras le cobró por la extracción del motor de la Trafic, toda vez que era un extra que hacía. En lo de Cotoras, apuntó, solían quedar repuestos de vehículos siniestrados, de origen legal, como ser partes de un Renault 9 y de un Renault 11, agregando que todo lo secuestrado le pertenecía.
Señaló que luego de la extracción bajaron el motor a la vereda y, junto con Hugo Pérez, lo cargó en el Escort de Boragni. Telleldín creyó recordar que se marchó en su Renault 19, en tanto Pérez condujo el Escort hasta su domicilio.
Aseguró que el motor de la camioneta incendiada permaneció toda la noche en el Escort y, recién al día siguiente, Pérez lo llevó al taller de Nitzcaner. A esa altura, aseguró, Nitzcaner ya tenía la Trafic con las chapas patentes y la documentación de la siniestrada y no podía imaginarse que se trataba de la camioneta de Sarapura.
El encartado apuntó que pudo haber ido a lo de Nitzcaner en el Renault 19 y Pérez en el Escort, o ambos en éste. Si bien no supo precisar en qué vehículos fueron, aseveró que ambos concurrieron, puesto que uno solo no podría haber bajado el motor; no pudo puntualizar a qué hora arribaron. Mencionó que se encontraba presente Nitzcaner y, según creía, Jouce estaba en el interior del taller, no recordando a otros empleados.
Aclaró, que si bien Hugo Pérez trabajaba en el country “Mapuche” desde muy temprano hasta la noche, presenció cuando sacaron el motor de la camioneta registrada a nombre de “Messin S.R.L.” y cuando lo llevaron a lo de Nitzcaner.
Con relación a la carrocería de esta Trafic, expresó que la envió desde el taller de Cotoras a un desarmadero ubicado a una cuadra del de Agüero. Hizo saber que allí los vehículos se destruían en cuestión de minutos, es decir, se extraían los repuestos útiles y, en el caso de rodados incendiados, se utilizaban hidrolavadoras con arena o bulones, que convertían la chapa en arenilla, por cuanto no tenía valor alguno, ni servía nada de la parte exterior o interior.
Mencionó que la patente delantera de la camioneta de “Messin S.R.L.” fue hallada en el taller de Cotoras, en tanto la trasera quedó puesta. Observó que la fotografía obrante a fs. 235 era de la compañía de seguros, a la vez que supuso que esa chapa estaría en el interior del rodado y Monjo debió haberla colocado, puesto que de lo contrario el gruero no hubiera podido circular; puntualizó que Monjo nunca le envió vehículos sin patente.
En otro pasaje, refirió que era posible que la camioneta fotografiada a fs. 233/239 fuera la adquirida a Alejandro Monjo, aunque en las vistas lucía en mejor estado que al adquirirla, deduciendo que serían de la compañía de seguros. Explicó que al incendiarse, las camionetas tomaban un color óxido e iba desapareciendo el blanco, por lo que al comprarla estaba con más óxido aún.
Destacó Telleldín que Fernández dejó la camioneta de Sarapura estacionada a la vuelta de su casa, sobre la calle Alvear, frente a una fiambrería; que allí estuvo un día y, cuando la quiso llevar, no arrancó. Apuntó que parecía que el motor estaba fundido, pero no intentaron repararlo, toda vez que era para sacar los repuestos, ponerlos en la camioneta de “Messin” y mandarlo a desarme.
En otro orden, el acusado relató que conoció a Jaimes en 1993, puesto que concurría con su señora al lavadero de autos, donde también había vehículos en playa para la venta; que solían charlar e hicieron una pequeña amistad, aunque negó haberle vendido rodados.
Mencionó que Miguel Jaimes y César Fernández eran amigos, trabajaban juntos vendiendo automóviles y, según creía, tenían una agencia. Aclaró que cuando en sus anteriores declaraciones manifestó que la camioneta se la llevó Miguel, quiso significar que la camioneta venía de parte de éste, pero, enfatizó, quien la “levantó”, es decir, la robó, fue César Fernández.
Afirmó que Miguel Jaimes lo ayudó a llevar la camioneta de Sarapura desde República y Alvear hasta el taller de Nitzcaner, remolcándola con su automóvil Sierra, color verde.
Recordó que en ese momento ya tenía los laterales y la parte de atrás lijados, es decir, contaba con dos aureolas a los costados, y en la camioneta había una consola de madera, tarjetas de disc-jockey y un pie de parlante o algo similar.
No recordó por qué motivo estaba Jaimes en su domicilio el día del remolque, sin poder puntualizar si lo llamó para pedirle ayuda o simplemente se presentó y le solicitó el traslado como favor. Al respecto, aclaró que lo veía cada dos días aproximadamente. Jaimes, afirmó, desconocía si era un vehículo que tenía para la venta o si se trataba de una camioneta sustraída. Por último, mencionó que su consorte de causa remolcó la carrocería y luego se retiró. Negó haberle abonado suma alguna por la tarea.
Continuó su relato manifestando que la camioneta de Sarapura entró directamente al taller de Nitzcaner, donde se le colocó el motor de la de “Messin”. Al respecto, puntualizó que primero tuvo la registrada a nombre de “Messin S.R.L.” y luego emprendió la búsqueda de una similar, obteniendo así la de Sarapura. No descartó que hubieran llevado ambas el mismo día. En orden al taller de Nitzcaner, el encartado indicó que el nombrado tenía empleados, desconociendo los nombres del chapista y del pintor. Aclaró que el presupuesto se lo pasaba Nitzcaner, que era el dueño y a éste abonaba el trabajo; que, según creía, Francisco Bonnefon y Pablo de la Cruz Arévalo eran los mecánicos o chapistas. Negó conocer a Augusto Carlos Curel.
Asimismo, señaló que antes de la Trafic, llevó a Nitzcaner tres o cuatro vehículos; en todos los casos, aseveró, el nombrado debía finalizar los arreglos para el fin de semana, puesto que los publicaba para la venta. También aseguró que Nitzcaner ignoraba que estaba trabajando con automóviles robados o que las carrocerías estuvieran cambiadas. Comentó que, según creía, Nitzcaner y Cotoras recién se conocieron durante su detención en el Departamento Protección del Orden Constitucional.
Por otra parte, destacó que usualmente le llevaba la tarjeta verde de los vehículos a Nitzcaner; que en el caso de la sustraída a Sarapura, se la llevó con las chapas patentes de la de “Messin S.R.L.”, encomendándole a Nitzcaner que le sacara el revestimiento interior de madera que tenía en la caja, a efectos de que no fuera identificada.
Afirmó que a Nitzcaner le dejó los papeles de la de “Messin S.R.L.”, ya que si bien le habían retenido los “08”, tenía el título de propiedad del vehículo. Esa camioneta, remarcó, no tenía tarjeta verde, pero sí título de propiedad, recibo de patente y, según creía, la factura. Añadió que cuando César Fernández le entregó la camioneta de Sarapura, tenía dos aureolas en la parte exterior de la caja, dado que se habían lijado las insignias de disc-jockey. Afirmó que en las partes lijadas se veía la chapa, solicitándola de esa manera a efectos de que los chapistas y pintores no pudieran ver los números.
Según explicó Telleldín, supo que pertenecía a Sarapura porque en el interior había tarjetas del disc-jockey, una cajita entre los dos asientos -como una consola con casetes y propagandas-, la tarjeta verde con el nombre de Sarapura y, según creía, parlantes. Apuntó que no creía que Nitzcaner se hubiera enterado que la camioneta era propiedad de Sarapura, por cuanto limpió todo y sacó las cosas. Al exhibírsele la fotografía del vehículo referido, indicó que era muy parecido al que aludiera, aclarando que lo recibió con los logotipos pulidos.
Asimismo, refirió que la Trafic de Sarapura había sido chocada de frente y para repararla se utilizaron repuestos usados; que no arregló la parte chocada, pero la notó debido a los detalles de masilla que tenía en la goma del parabrisas, en la parte que daba al techo, pues tenía bolitas de óxido que se formaban y se levantaban cuando la pintura no era original. En definitiva, señaló que la carrocería tenía raspado el techo, es decir, estaba ondulado. Agregó que el choque no afectó la zona donde se hallaba la numeración del chasis.
Puntualizó que, además de que retirasen el interior de madera, pidió que pintasen las aureolas que tenía la camioneta a los costados, que efectuasen retoques en el techo y en un “bollito” que tenía en el portón trasero y que colocaran una de las baguetas traseras. Para ello, adujo, compró la pintura, según creía, color “blanco chapelco” original de Renault, equivocándose de tonalidad, por lo que debió regresar a la pinturería, aunque no pudo precisar si este incidente se suscitó con esta camioneta o con la anterior.
El techo de la camioneta, aclaró, se encontraba como raspado por los árboles; por ello se le hizo un retoque de pintura a la altura del parabrisas, unos 20 ó 60 cm hacia atrás. Afirmó que la camioneta de Sarapura ingresó al taller de Nitzcaner con cubiertas “AR30”, que no fueron cambiadas.
Aseveró que en el taller de Nitzcaner extrajeron el motor de la camioneta de Sarapura y colocaron en esa carrocería el de la Trafic de “Messin S.R.L.”; de éste sólo servía el bloque con el número y se extrajeron todos los repuestos no numerados del vehículo de Sarapura. Agregó que adquirió las juntas de la tapa de cilindros y del múltiple, bujías y, tal vez, tapa de distribuidor, en alguna casa de repuestos de la zona o en Warnes. En definitiva, puntualizó que a la camioneta de “Messin” se le pusieron todas las piezas de la de Sarapura, salvo las mencionadas.
Telleldín sostuvo que Nitzcaner declaró la verdad al decir que recibió un motor oxidado, por cuanto era producto del incendio. Enseñó que el motor era de hierro fundido, por lo que al incendiarse provocaba óxido, que daba la impresión de que hubiera estado a la intemperie. El motor de “Messin” funcionaba, pese a haber estado sometido a un incendio y a encontrarse como oxidado o como si hubiera estado al aire libre.
No descartó que su coimputado hubiera ido a su domicilio a cobrar, aunque aclaró que en esas ocasiones no ingresaba a su vivienda, puesto que lo había conocido hacía muy poco tiempo y no era de su confianza, ni amistad, manteniendo solamente un trato comercial. No recordó haberle hecho comentarios con relación al destino de la camioneta.
Si bien no pudo precisar Telleldín cuánto tiempo permaneció la camioneta en lo de Nitzcaner, señaló que fueron pocos días, toda vez que la reparación consistió en retoques. Explicó que el sistema bicapa de pintado permitía pintar sólo un pedazo del vehículo, sin que se formara aureola; en el caso, se debieron masillar y pintar las dos aureolas a los costados y luego lustrarla, trabajo que, calculó, demandaba medio día.
Estimó que el motor de la camioneta de Sarapura se habría destruido en la prensa del desarmadero de Agüero u otro; de ese rodado se destruyó el bloque de motor, donde se encontraba la numeración. No obstante que en su declaración de fs. 7031 manifestó que el motor de la de Sarapura quedó en lo de Nitzcaner, sostuvo que éste se lo entregó y lo retiró en el Renault 19. Alegó que en un principio pudo haber incurrido en contradicciones porque se estaba defendiendo del tema automotor. El imputado indicó que la carrocería del rodado de “Messin S.R.L.” no podía ser reparada, salvo de manera artesanal, lo que no le convenía, pues ello habría demorado dos meses, aproximadamente, dado que tendría que haberle cambiado las partes quemadas, como ser el techo y los guardabarros laterales.
Sostuvo que, a su criterio, habían sido sembrados en el predio de la A.M.I.A. el hierro “U”, un elástico largo y uno corto, un faro de Peugeot 504 –pese a que en el lugar no había ningún vehículo de esa marca- y una bomba de nafta de Renault 12 modelo ‘74, cuando resultaba imposible que un motor de Trafic funcionara con tal elemento. Concluyó que, asimismo, muchos repuestos -los que no eran Renault- fueron destruidos por orden del Dr. Galeano. Añadió que tanto en lo de Cotoras como en lo de Nitzcaner secuestraron paquetes de elásticos de camionetas largas.
A fin de retomar su relato concerniente al armado de la camioneta, Telleldín manifestó que una vez que estuvo lista la Trafic de Sarapura con el motor de la de “Messin S.R.L.”, el viernes la retiró del taller de Nitzcaner junto con su mujer. No pudo precisar si la condujo personalmente y su mujer lo siguió en el Renault 19 o viceversa, pero afirmó que el motor ya funcionaba y la estacionaron en la vereda de enfrente del domicilio de República 107, “no tocándola más”.
Admitió que al publicar para la venta la camioneta de “Messin S.R.L.” no contaba con la cédula verde, que se había quemado, como así tampoco con los formularios “08”, toda vez que se los entregarían al lunes siguiente.
Pese a que Telleldín precisó que no declararía en orden a lo acaecido el 10 de julio de 1994, aseguró que vio a Ramón Martínez firmar el boleto de compraventa, remitiéndose al respecto a sus versiones anteriores, recalcando que no pensó que la camioneta sería utilizada para cometer un atentado terrorista. Reconoció su firma en el documento obrante a fs. 308, como así también haberlo completado; alegó que tuvo el utilitario hasta ese día, desconociendo qué pasó ulteriormente.
El 10 de julio, refirió, tenía un Renault 19 en su domicilio, que fue visto por el matrimonio Schonbrod. Apuntó que el señor Schonbrod también vio la Trafic en la puerta y la describió, en sus declaraciones, con ondulaciones en el techo, en coincidencia con lo declarado por Sarapura. Telleldín comentó que no le dijo que le pertenecía, por cuanto no quería pasar por vendedor de autos, sino aparentar ser un particular que vendía un Renault 19.
Aseveró que los rasgos de su firma estampada en el boleto de compraventa de la Trafic eran iguales a los del boleto de compraventa del crucero y que ambas fueron asentadas en situaciones similares.
Al reproducirse la escucha de fecha 9 de junio de 1995, obrante en el casete nº 92 del abonado 787-4807, reconoció su voz y la de su esposa. Explicó que en esa conversación mencionó la venta de un libro para contener a su mujer, porque en esa época los fiscales Mullen y Barbaccia pedían la participación primaria de ella; que finalmente no publicó ningún libro.
Afirmó que el 10 de julio, en su domicilio se encontraban Pérez Mejías, Hugo Pérez y otras personas, que se abstuvo de mencionar. Negó que Claudio Cotoras fuera una de ellas.
En otro orden, Telleldín no pudo precisar en qué fecha concurrió a la calle San José –domicilio aportado por Ramón Martínez para el boleto de compraventa- a efectos de llevar los formularios “08” de la camioneta entregados por Monjo, o si fue antes o después del 14 de julio. Se limitó a señalar que una noche le pidió a Hugo Pérez que lo acompañe a llevarlos. Más adelante aseveró que fueron después del incidente del 14, manifestando el sereno que había una Trafic, pero desconocía a Martínez.
Por otra parte, el imputado admitió conocer a tres individuos de apellido Martínez, uno de los cuales se llamaba José Juan Ramón Martínez Rodríguez y había estado implicado en una causa vinculada con productos de electrónica años atrás, habiendo sido su abogado Semorile. Aclaró que desconocía que se llamara Ramón, ya que todos le decían José. Asimismo, resaltó que habló del tema con el capitán Vergéz, encontrándose Martínez ya detenido.
Argumentó que no recurrió a Barreda o Bareiro para hacer llegar los “08” de la Trafic a la Brigada de Vicente López, toda vez que sabía que debía dinero, pero podía ser otra brigada la que fuera a cobrarlo. Indicó que después no hizo nada más al respecto y continuó con sus actividades.
Arguyó que, si bien no creía que en San José viviera Ramón Martínez, era posible que la camioneta estuviera en manos de otro sujeto, que hubiera puesto ese domicilio. Basó su postura en que podría haber pasado lo mismo que con la moto, puesto que en ocasiones recibían bienes que luego transferían a nombre de otras personas. En el caso concreto, estimó que podrían haber pasado la camioneta a nombre de Martínez y que éste viviera en San José, por lo que concurrió al lugar esperando encontrar a alguien.
En definitiva, aseveró que concurrieron a efectos de llevar los formularios “08” para terminar la operación, ya que de lo contrario la camioneta carecía de valor. En tal sentido, explicó que el 4 de abril Semorile le hizo firmar un papel en blanco en una causa por homicidio en una sodería –a cuyos imputados desconocía- como garantía por la deuda pendiente y por ese motivo deseaba terminar con el pago. Adunó que, conforme el abogado, adeudaba USD 20.000 ó 25.000, pero no le otorgaron plazo alguno para efectivizarlo.
Negó haber prometido a Nitzcaner un Renault 12 y un jeep para que dijese que la camioneta tenía puerta lateral, a la vez que argumentó que nunca tuvo un jeep en su poder. Además, agregó, no tenía sentido ese pedido a Nitzcaner, por cuanto desde un primer momento declaró la verdad acerca de cómo había cambiado la carrocería y puesto una sin puerta lateral. Relató, en ese sentido, que cuando estuvo detenido en el Departamento Protección del Orden Constitucional (D.P.O.C.), les indicó a todos los mecánicos que dijeran la verdad, porque pensaba reconocer el tema automotor.
Narró que en ocasión en que Hugo Pérez trasladaba al desarmadero de Agüero una carrocería sin motor, es decir, la siniestrada legal de la camioneta que vendiera a Toretta, por la ruta ocho con una grúa, ésta sufrió un desperfecto y el nombrado dejó la carrocería estacionada sobre la ruta, frente al desarmadero de un individuo al que llamaban “Sapito” Cuello. Que Cuello llamó a la comisaría de José C. Paz, procediéndose al secuestro del rodado y, unas horas después, Monjo lo llamó al celular, informándole que el comisario exigía cinco mil pesos o dólares para retirarla, toda vez que la camioneta le resultaba sospechosa por carecer de motor. En otro pasaje, afirmó que el llamado de Monjo se produjo al día siguiente, a las 11 ó 12 del mediodía. Que como Pérez era el titular, lo envió a la comisaría, junto con Diego Barreda y el dinero, logrando el policía retirar el vehículo en horas de la noche, a cambio de USD 3000 y trasladándolo finalmente al desarmadero de Agüero, ubicado a una cuadra y media aproximadamente.
Con relación a Hugo Pérez, relató que trabajaba de albañil y era encargado de obra en el country “Mapuche”, habiéndole hecho el favor de trasladar el utilitario.
En orden a las actividades que desarrollara el día del atentado, Telleldín se remitió a lo que ya declarara, recalcando que en ese momento tenía entre sus preocupaciones mudarse y conseguir un taller para continuar con su actividad. Señaló que ese día su mujer regresó de la panadería y le informó sobre el suceso.
Aclaró que se mudaba cada seis o siete meses, por cuanto sus problemas no le dejaban otra alternativa. Explicó que cuando residió en el barrio River sufrió cinco allanamientos porque compraba artículos de electrónica robados en Cabildo y Juramento y, a raíz de ello, se mudó a Olivos Golf, de donde se fue a los seis o siete meses. Admitió que el 18 de julio y los días previos estuvo buscando vivienda.
Manifestó que, según creía, supo que se había utilizado una Trafic para el atentado a los cuatro o cinco días de acaecido, enterándose que se trataba de su camioneta cuando habló por teléfono con personal de la Secretaría de Inteligencia (S.I.D.E.), según creía el 27 de julio, a las 8.00.
Asimismo, sostuvo que Barreda lo llamó y le preguntó si no habría sido su Trafic, respondiéndole que no creía tener tanta mala suerte. Refirió que temía por su integridad física si se enteraban que el motor del barco que había entregado en garantía no funcionaba porque estaba “clavado”. Del mismo modo, observó que Hugo Pérez lo oyó preguntarse frente al televisor si no sería su Trafic, lo que obedeció a que en esos meses tuvo tres camionetas de ese modelo.
Al reproducirse la escucha del 14 de agosto de 1995, obrante en el casete nº 23 del abonado 787-4807, reconoció su voz y la de Ana Boragni. Explicó que en la conversación su esposa se refirió a un episodio con Naldi -éste concurrió a su departamento, pero no lo atendió-, ante lo cual le indicó no hablar con nadie “de la provincia”, porque ya había sufrido un accidente en que la llevó por delante un automóvil y habían amenazado a sus vecinos de Villa Ballester. Añadió que eso provocó su mudanza: primero a un departamento en Sáenz Peña y luego al de Roosevelt, hasta que lo remataron en 1995.
También aclaró que en esa misma escucha, al mencionar al fletero que llevó la moto a Lanús, aludía a “Cacho” Setaro, quien, según creía, había fallecido. Al nombrado lo conoció cuando vivía frente a la casa de su hermano y le prestó muchos servicios.
Además, reconoció como propias dos agendas que se le exhibieron. Al respecto, Telleldín informó que Gustavo Conti, cuyo teléfono figuraba allí inscripto, era el encargado de Silvio Oltra y uno de los motivos por el que se extravió su agenda electrónica.
Aclaró que una de las agendas era de 1991 ó 1992, puesto que figuraban los gastos de los dúplex que se estaban construyendo, televisores e importación de motos de Chile a Mendoza. Desconoció haber insertado determinadas inscripciones en una de las agendas, como ser “Ricardo...”, “Leo Valenzuela”, “Torrisi” o “Sandra te amo”.
Advirtió Telleldín que era investigado por distintas brigadas, pero no podía determinar cuáles; según le pareció, “le hizo inteligencia” un Fiat 128 de la Comisaría de Concepción, de lo que le avisó la peletera.
Afirmó que vio a Ribelli una sola vez en su vida, pero no tuvieron trato, ni amistad y, antes del episodio de abril, no lo conocía. Que, salvo a Barreda y Bareiro, prácticamente no conocía a sus restantes coimputados. En particular, señaló que vio por primera vez al comisario Burguete en la audiencia de debate. Asimismo, negó haber visto a Ribelli, Leal o Ibarra en dependencias del D.P.O.C..
Con respecto a Bareiro, sostuvo que si bien no tenían un trato asiduo, un viernes lo visitó junto con Virginia Morri, alias “Vicky”, con quien mantenía una relación sentimental extramatrimonial. Adunó que mientras estuvo detenido en el D.P.O.C. fue visitado por la nombrada. Además, hizo saber que Barreda y Bareiro trabajaron para la S.I.D.E.
Negó haber hablado por teléfono con Leal el 15 de julio, a la vez que afirmó que en realidad nunca se comunicaron telefónicamente. Aclaró que fuera de los integrantes de su familia, el teléfono de su casa era utilizado por Barreda, Bareiro, Pérez, Pérez Mejías y Cruz, aunque el último hacía varias semanas que vivía en Quilmes.
Del mismo modo, negó conocer o haber mantenido trato telefónico con el subcomisario Rago. Razonó que si existían llamados de Rago a su domicilio, probablemente obedecían a conversaciones con Barreda o Bareiro y puntualizó que luego de su detención, en su domicilio estuvieron instalados la Policía Federal, la S.I.D.E., Barreda, Bareiro y el F.B.I. y todos usaban el teléfono.
Por otra parte, dijo que no conocía a Rosauro Valdez, aunque no descartó haberlo visto. En igual sentido se pronunció respecto de Ionno, el comisario Ojeda, Abel Brahim Alí, Gabriel Fernando Scillone, Daniel Alberto Marcatini, Oscar Aristides Santos, Pablo Barg y un galpón llamado “Grace Gordon” o similar, con teléfono 471-0719.
Asimismo, negó conocer o haber hablado con Alberto Kanoore Edul. Alegó que el 10 de julio, luego de las 14, aproximadamente, salió con su esposa y, al regresar, en la cinta del contestador automático estaba la voz del nombrado, habiéndose extraviado el casete en el D.P.O.C..
También manifestó no conocer a Víctor Chabán o a algún policía que para esa época prestara servicios en la Comisaría de Santos Lugares, a la vez que argumentó que los llamados telefónicos desde su domicilio hacia Santos Lugares fueron efectuados cuando Barreda y Bareiro estuvieron allí instalados. Agregó que ignoraba el origen de llamados anteriores, efectuados a su domicilio desde Santos Lugares, puesto que no conocía a nadie allí.
Con relación al hecho del 14 de julio, confirmó que en esa fecha tuvo lugar el episodio relatado por su coimputado Leal, habiendo sido perseguido por policías integrantes de la Brigada de Vicente López, toda vez que en su cochera tenía un automóvil Renault 9 robado. Ese día, refirió, arribó de Córdoba, según creía a la mañana, y fue a comprar los vidrios para el vehículo a una casa de cristales de la zona de Munro, prácticamente Florida, ya que los que poseía llevaban marcado el número de patente. Estimó que a las 14.00 ó 15.00 retornó a su domicilio, bajó los vidrios y dejó su automóvil en la vereda. Agregó que un flete llevó el motor siniestrado y lo colocaron en la cochera de su domicilio.
Asimismo, señaló que, según creía después del arribo del flete y al ir a buscar los cristales, observó estacionado cerca de su vivienda un automóvil 128 de la Comisaría de Villa Concepción, que estaba de manera permanente y del que le había advertido la peletera en varias oportunidades, como así también un Galaxy oscuro y otros vehículos, que no recordó. En otro pasaje, afirmó que al arribar a su domicilio de comprar los cristales notó vigilancia a una cuadra aproximadamente.
Con relación al 128, refirió que se hallaba frente al dispensario, a unos 150 m, es decir, una cuadra atrás, a la altura de una garita. No pudo precisar si el Galaxy era un vehículo policial, pero sostuvo que lo había visto previamente, el 10 de julio, y se remitió a sus declaraciones anteriores con relación a lo explicado sobre el Galaxy azul con reflectores.
Al señalársele que en su declaración del 5 de julio de 1996 manifestó que el Galaxy oscuro que lo persiguió el 14 no era el azul que había visto el 10, reafirmó que, sin ninguna duda, se trataba del mismo vehículo en ambos casos. Adunó que el Galaxy tenía reflectores, que vio durante la persecución y dedujo que si el vehículo cuyas fotografías obraban a fs. 47.439/47.440 tenía reflectores en el mismo lugar, podía tratarse del referido, toda vez que el color coincidía. Añadió que tanto la peletera como otros vecinos le manifestaron que desde un Galaxy lo estaban vigilando, como así también le avisaron que en marzo aproximadamente había un Falcon con personal de brigada, quienes comentaron que eran policías de otra jurisdicción y lo estaban investigando para detener; también acotó que la peletera le advirtió acerca del 128 rojo.
En otro tramo, el acusado mencionó un rodado Duna, a la vez que señaló que había visto tanto a ese automóvil, como al Galaxy, con anterioridad, en una o dos oportunidades, aunque no quiso explayarse sobre el particular. Explicó que, aunque no estaba seguro, había otro Galaxy, puesto que su vecina la peletera le había avisado que un automóvil lo estaba siguiendo y, según ella, era un Galaxy de color oscuro. Supuso que estaban hablando del mismo rodado.
Destacó que luego de regresar con los cristales, salió con su mujer a bordo de un Renault 19, que antes de la esquina se le cruzó un Peugeot 505, de frente, y vio por el espejo el Galaxy azul por atrás, con muchos ocupantes, sumado a un Duna color blanco que se hallaba como estacionado de contramano. Ante ello, apuntó, emprendió la huida, embistiendo al Duna blanco y pegándole al 505, que hizo un trompo, pero fue perseguido por el Galaxy con los reflectores encendidos hasta la zona de José León Suárez, donde la calle República finaliza, sintiendo un disparo en el trayecto.
Allí, narró, se topó con un embotellamiento de vehículos, subió a la vereda, chocó una columna y, pese a que el Galaxy no pudo pasar, fue alcanzado por tres o cuatro efectivos de la policía, quienes le colocaron la chapa contra el vidrio a efectos de que se detuviera para hablar e incluso uno golpeó la parte izquierda del parabrisas con la culata de la pistola a fin de romperlo.
El sujeto que se hallaba del lado derecho, dijo, tomó a Ana del cuello, por lo que comenzó a subir el vidrio, pero la nombrada se golpeó la cabeza contra el parabrisas. Ante ello, indicó, retrocedió, realizó otras maniobras, hasta que finalmente se dio a la fuga, por la vereda, dejando a los policías en el lugar. Explicó que huyó porque tenía dos pedidos de captura, el automóvil Renault 9 “trucho” en la cochera y temía ser allanado. Reconoció su firma en el plano obrante a fs. 38.626.
Comentó Telleldín que relacionó ambas brigadas debido a que vio a Casas enyesado -a quien había atropellado en la localidad de Olivos en el mes de marzo- cuando fue detenido en abril, manifestándole que en aquella ocasión desconocía que fuese policía, dado que al no exhibir las credenciales parecían ladrones. Respecto a ese hecho, explicó que, para evitar arrollarlos, dio marcha atrás, embistió un taxi marca Lada, rompió su automóvil, en tanto Casas se colgó del vehículo en su huída. Por ello, sostuvo, asoció este incidente con el del 14, por cuanto en esa última ocasión dos sujetos le exhibieron las chapas, colocándolas cada uno a un lado del parabrisas del Renault 19.
Aseguró que el 14 sólo pudo identificar con un cien por ciento de certeza a Leal, en tanto le fue imposible reconocer al sujeto que se encontraba del otro lado. Con respecto a Leal, indicó que, según creía, lo vio por primera vez el 10 de julio; no obstante, más adelante aseveró que lo vio los días 10 y 14 del mes indicado.
Supuso que en su declaración del 6 de agosto de 1994, al referirse a la persecución del 14 de julio, olvidó mencionar el Fiat 128 y el Duna blanco. En cuanto al primero de los vehículos, afirmó que se lo señaló al Dr. Galeano en muchas oportunidades y estimó que si no lo colocó en el croquis efectuado en su indagatoria de julio de 1996, debe haber sido porque así se lo habrán pedido.
Calculó que la persecución policial aconteció después de las 16.00, aproximadamente, a la vez que informó que ese día no regresaron a su casa, pernoctando en un hotel, en tanto el auto lo guardaron en una cochera en el barrio de Belgrano; que luego se comunicó con su amigo Barreda, que era quien, supuestamente, lo había entregado a la brigada.
Afirmó que sospechaba de Barreda debido a que cuando llamó a Ana Boragni desde Córdoba, ésta le comentó que aquél había entrado al quincho, junto con otra persona, con el pretexto de buscar unos repuestos. En esa ocasión, aseguró, vio el Renault 9 que estaba en la cochera doble, que tenía otra patente y el baúl abierto, pero el número de patente del vehículo robado estampado en los vidrios. Presumió que Barreda tomó los números e informó a la Brigada de Vicente López que tenía ese automóvil. Sostuvo, en cuanto al hecho del 14 de julio, que Barreda dijo desconocer quién estaba en el asunto, comprometiéndose a averiguar qué sucedía; luego de unas horas, le informó que se trataba de la brigada de Vicente López. Telleldín argumentó que su coimputado mintió al decirle que ignoraba quién estaba en la cuestión, por cuanto Bareiro se desempeñaba en esa brigada. Asimismo, recordó que el primero nombró a un individuo llamado Flores como quien manejaba el tema y, finalmente, envió a Bottegal en representación de la brigada.
Sobre el tópico afirmó, en otro tramo de su declaración, que el 14 de julio llamó a Barreda para que solucione el problema; presumía de dónde venía el tema, debido a que los vehículos coincidían con los utilizados el 10 de julio. Negó haberle pedido a Barreda que averiguara, a la vez que aseveró que lo que le solicitó fue que concurriera a la Brigada de Vicente López para solucionarle la cuestión. El imputado afirmó que sabía que provenía de Vicente López.
Con relación a la vinculación que efectuó de los sucesos del 10 y 14 de julio, expresó que en el primero vio desde atrás, en el interior de un automóvil, a una persona que, de vez en cuando, giraba la cabeza; que le pareció haber visto a ese sujeto con anterioridad, en el hecho de abril, y que era el individuo al que luego identificaron como “el Zorro” o “Diego de la Vega” y le solicitaron que reconociera. No supo explicar por qué pensó que el hecho del 14 provenía de la Brigada de Vicente López y no de la de Lanús, cuando en los dos incidentes previos había visto a Ibarra.
Asimismo, al señalársele que en su declaración de julio de 1996 manifestó que Barreda le había dicho que podían ser las brigadas de Lanús y Vicente López, en tanto en la última sólo mencionó a la segunda, respondió que era posible que el nombrado hubiera dicho eso, pero no lo recordaba.
Negó Telleldín que hubiese hablado con algún jefe de la Brigada de Vicente López, aunque Barreda le envió al abogado Bottegal, quien dijo representar a las autoridades de aquella dependencia, cuyos nombres no especificó. Que el letrado le indicó que la solución residía en aportar un determinado monto de dinero, respondiéndole que se hallaba mal económicamente porque había comprado un lote de vehículos siniestrados y tenía poco efectivo, ofreciendo bienes en garantía –una isla en Tigre sobre la que tenía una cesión de derechos, que no fue aceptada-, requiriéndole el crucero de su propiedad, cuya existencia ya conocía.
Al respecto, explicó Telleldín que poseía dos cruceros, uno llamado “Benidorm” y el otro “Gonzalo” y, si bien le llamó la atención que supiera acerca de tales embarcaciones, no inquirió sobre el origen de la información, puesto que con el letrado tuvo poca conversación. No obstante, le atribuyó a Barreda, y tal vez también a Bareiro, haber informado sobre sus bienes y su situación, sabiendo el primero que le gustaba la navegación.
El primer encuentro con Bottegal, explicó, fue en una confitería sita en Monroe y Crámer, participando también su mujer y un individuo de barba que acompañaba al letrado. Que en esa reunión Bottegal lo impuso de la exigencia de los jefes de la Brigada de Vicente López.
Luego de la reunión, dijo, permaneció en esta ciudad a la espera de la respuesta del abogado, reuniéndose nuevamente en San Martín y General Paz, donde firmó un boleto en blanco sobre la embarcación “Gonzalo”. No recordó el horario en que se llevó a cabo esa segunda entrevista, pero sí que estaba presente su esposa y que Bottegal concurrió en un Renault Fuego negro.
Asimismo, resaltó que, como no quería cruzar a la provincia, Bottegal llevó un maletín que contenía la documentación de dos embarcaciones, que Jesica, la hija de Ana Boragni, le entregó en su domicilio. Bottegal, sostuvo, quería la embarcación “Benidorm”, pero su esposa se opuso porque era de mayor valor, entregando finalmente el “Gonzalo”, a modo de garantía hasta que reuniera el dinero en efectivo. A Bottegal lo conoció ese día y no lo volvió a ver.
Remarcó Telleldín que Barreda actuaba como si no tuviese vinculación alguna con el asunto, pese a haberle indicado que arreglara con Bottegal. A lo expuesto añadió que el 14 de julio recurrió a Barreda para que encuentre una solución, pero no pensó en buscar abogado, ni en llamar a Semorile, ni que se presentaría Bottegal como letrado de la policía. Reveló que hablaba prácticamente todos los días con Barreda y que a través de éste supo que “Pino” estuvo a cargo en el hecho del 10 de julio.
La embarcación que garantizaba el arreglo, sostuvo, estaba en el parque náutico “Lalo’s”, sito en la localidad de Tigre y cuyo encargado se llamaba Colman.
Aclaró que Bottegal no habló de honorarios, sino que fue en representación de los jefes de la brigada, circunstancia que no le constaba. Asimismo, argumentó que no podía saber si el abogado que le mandó Barreda fue en representación de la dependencia policial o del nombrado.
No obstante, observó que el 14 de julio la manzana de su casa estaba rodeada y había una camioneta con cámara de televisión en frente, custodia que fue levantada luego de entregar el crucero a Bottegal.
Explicó que debía llamar a Bottegal ante cualquier problema que tuviera o si notaba que lo estaban vigilando. Al respecto, explicó que se hallaba asustado porque el barco tenía el motor roto, circunstancia no informada al abogado, por cuanto sólo lo había dado en garantía hasta que reuniera el dinero requerido para que la Brigada de Vicente López no lo molestase. Remarcó que por ese tema, en esos días, estuvo nervioso e intentó mudarse, temiendo que le pasara algo grave relacionado con el tema automotor, pese a que luego de la entrega nadie se presentó para hacerle saldar la deuda.
Declaró que Bottegal lo llamaba para preguntarle cuándo cumpliría, requiriéndole, en esas ocasiones, tiempo para obtener dinero con la venta de vehículos. Asimismo, aseguró Telleldín, no tuvo trato directo con personal de la brigada, sino que se limitó a hacerlo con Bottegal y el individuo de barba. Indicó al respecto que, si bien el letrado nada dijo, le dio la impresión que el otro sujeto -que fue a la primera reunión y no pronunció palabra- era de la Brigada de Vicente López y no de jerarquía alta, sino un principal o similar.
Reconoció su firma y número de documento en el boleto de compraventa del barco (fs. 1174), pero aclaró que el llenado no le correspondía, puesto que lo suscribió en blanco. Dedujo que lo había completado Bottegal y explicó que quien lo hizo cometió un error, ya que identificó el crucero como “Gonzalo, ex-Benidorm”, cuando en realidad se trataba de dos embarcaciones diferentes. Asimismo, informó que a los tres meses de su detención reclamaron el crucero en la guardería, como si les perteneciera.
Expuso que el 14 de julio, a las 21.00 aproximadamente, llamó por teléfono a su domicilio, donde se encontraban Hugo Pérez y Cruz, informándosele que la casa estaba rodeada. Que le solicitó a Pérez que saliera y le enviara un radio-mensaje a los diez o quince minutos, pero el nombrado resultó detenido casi en la esquina, estimando que ello habría acontecido entre las 20.00 y las 21.00.
A su vez, mencionó que dentro de la casa quedó Pérez Mejías, a quien solicitó que punteara o perforara con la agujereadora los números del motor extraído al Renault 9 robado, que Barreda había visto, porque temía que se produjera un allanamiento. No obstante, en otro tramo refirió que ordenó, telefónicamente, a Cruz o a Pérez Mejías, creyendo que al segundo, que realizase aquella tarea. Admitió que luego del incidente olvidaron sacar el motor y así resultó secuestrado, en tanto el chasis fue hallado con el motor de un automóvil siniestrado y figuraba en la causa del juez Mariano Bergés.
Con respecto al episodio del 14 de julio, añadió que Pérez, Cruz o Pérez Mejías le comentaron que Barreda pasó con su Falcon gris para ver la situación.
Expresó el imputado que desconocía con quién había hablado Bottegal para que dejaran en libertad a Pérez; que durante los encuentros con el letrado, Pérez continuaba detenido, como así también cuando firmó, en horas de la noche, la venta del barco. Añadió que luego de que se retirara Bottegal se comunicó con Pérez, que “estaba llegando a mi casa” (sic).
Aclaró que entregó la embarcación en garantía para conseguir la libertad de Pérez, a fin de evitar el allanamiento a su domicilio y para que no lo molestaran más; que desconocía si lo buscaban porque tenía dos capturas o por el automóvil robado, pero sabía que estaban al tanto de su actividad, por cuanto la policía le había manifestado al ex-esposo de su mujer que poseía un automóvil robado en la cochera.
Retomó el relato acerca de sus actividades señalando que el 25 de julio, en horas de la noche, arribó a esta ciudad en avión, procedente de Córdoba, se dirigió a su domicilio y cerca de éste vio -en la esquina de Alvear y República-un sujeto vestido de negro y en actitud sospechosa, parecía de una brigada, mirando hacia su casa -en otro tramo sostuvo que se trataba de varios-, por lo que se dirigió a lo de su hermano, desde donde llamó a Boragni, quien comentó que se trataba de gente rara, que la casa estaba rodeada y que cada vez había más policías.
Expresó que denunció, por teléfono, a la comisaría local la presencia de una persona en actitud sospechosa, que, a su criterio, podía estar próxima a robar el Banco de Crédito ubicado en la ochava de las calles República y Alvear. La policía recogió al sujeto con un patrullero y, minutos después, lo retornó al mismo lugar, y ya no le cupieron dudas de que era un policía y lo estaba buscando.
Agregó que llamó a Monjo, informándole uno de sus gestores que tenían los papeles del Renault 21 a la vista, a raíz de lo cual sospechó que lo estaban buscando por un tema vinculado con automotores, puesto que tenía la documentación de ese vehículo en su poder, aunque aún no lo había retirado; que llamó otras dos veces a la agencia automotor desde distintos teléfonos públicos, pero no le hablaban, lo cual le resultó extraño.
En otro tramo explicó que se comunicó con Monjo en varias oportunidades para saber si alguien lo había ido a buscar, toda vez que pensaba que lo seguían por el tema automotor, es decir, que se trataba de un procedimiento al estilo noticiero, en que lo iban a detener junto con aquél. Aseveró que le brindaron ciertas claves evidentes, como la de los papeles del Renault 21, por lo que no se quedó tranquilo y volvió a llamar.
Narró que dejó el automóvil en la casa de su hermano y fue en remise hasta el domicilio de Jaimes, en la localidad de Haedo, pero al arribar notó la presencia de un automotor con gente extraña; que no ingresó lo de Jaimes y se dirigió a Luján, donde permaneció aproximadamente dos horas. Que desde la terminal llamó a su casa, informándole su esposa que había gente rara y la manzana se hallaba rodeada; llamó a Barreda y Bareiro para que averiguasen si se trataba de la misma brigada o si era otra. Luego, dijo, abordó un autobús a Posadas, porque era el primero en partir, no recordando el nombre de la empresa.
Relató que al arribar a esa ciudad, a las 8.40 u 8.45 aproximadamente, llamó a su casa desde un locutorio ubicado frente a la estación de micros y su esposa lo comunicó directamente con los agentes de la S.I.D.E., los organismos de seguridad y con Barreda y Bareiro, que habían sido detenidos al llegar a su domicilio; allí también se encontraba personal del Mossad, F.B.I., Policía Federal y de la Policía de la Provincia. En otro tramo estimó que su arribó a Posadas habría sido a las 8.30 y el llamado al domicilio de República a las 8.40.
Más adelante refirió que llegó a la terminal de Posadas entre las 8.00 y las 8.30 de la mañana aproximadamente. Admitió que desde esa ciudad efectuó varias llamadas, pero sostuvo que era errónea la información de la que surgía que el primer llamado telefónico de Posadas al 768-0902 era a las 6.54, ya que el locutorio abría a las 8 y su primer llamada la efectuó a las 8.45.
No pudo precisar Telleldín cuántas comunicaciones realizó; estimó que desde el locutorio fueron dos o tres, a su domicilio, hablando con su mujer, Barreda y Bareiro, que le contaron todo y le dijeron que después llamara, comunicándose así con la S.I.D.E. y el Mossad.
En ese momento, puntualizó, le comentaron que lo buscaban por el tema de la A.M.I.A. y un agente de la S.I.D.E. le informó que el Mossad y servicios extranjeros lo querían matar o trasladarlo a otro país, a la vez que le recomendó tomar recaudos y comunicarse con ellos al llegar al aeropuerto. Refirió que a cargo del operativo estaba un agente de inteligencia de la Policía Federal llamado Aldo y un tal Gastón -supuso que Hernández-, deduciendo que se trataría de nombres operativos y no reales. Destacó que mantuvo varias conversaciones con gente de la S.I.D.E., todas del mismo tenor, en que le hacían saber que no estaban interesados en el tema automotor o en sus capturas, sino en que se presentase y colaborara, puesto que de lo contrario se le adjudicaría el atentado.
Explicó que para esa época poseía dos órdenes de captura, una de las cuales estaba próxima a prescribir y, conforme el consejo de su abogado Semorile, no le convenía entregarse, poniendo en conocimiento de su interlocutor sus dudas al respecto. No obstante, optó por hacerlo y, a tales efectos, abordó un avión hasta el aeropuerto Jorge Newbery, donde nadie lo esperaba. No descartó haber solicitado a su esposa desde Posadas que Barreda acompañara a la gente que lo fuera a buscar al Aeroparque, toda vez que el nombrado se hallaba en su domicilio con Bareiro y al resto no los conocía.
Manifestó que desde el locutorio se dirigió a la oficina de la empresa “Austral”, que se hallaba a una cuadra, reservó el pasaje y tomó un taxi hasta el aeropuerto, donde permaneció en la confitería y continuó llamando a su domicilio, aproximadamente a las 14, por medio de un teléfono público allí instalado. Aseguró que estaba preocupado, no por el atentado, sino debido a los procesos pendientes y, además, tenía problemas económicos, una familia e hijos para mantener y sabía que sería detenido.
Relató que se anotó en lista de espera y abordó el vuelo del día de la empresa “Austral” desde Posadas. Aclaró que reservó el pasaje como Hugo Pérez, pero ante Gendarmería presentó su documento a nombre de Teccedin y así quedó registrado en la planilla de arribo, dado que no requerían que el nombre coincidiera con el del pasaje; que procedió así debido a que si compraba el pasaje a su nombre sería muy fácil localizarlo, en tanto Pérez era un apellido común.
Sostuvo que de las grabaciones debía surgir cómo personal de la S.I.D.E. le advirtió que tomara recaudos, aunque no sabía si figuraba entre las transcripciones de las sesenta y seis casetes extraviadas; que había conversaciones con el agente que, creía, se llamaba Hernández, que no estaban agregadas a la causa y que fue quien le aconsejó tomar precauciones.
Hizo saber que en su casa, durante tres o cuatro días, estuvieron instalados agentes del Mossad, S.I.D.E., Policía Federal y el F.B.I., quedándose aún después de su detención para hablar con los vecinos y hacer un relevamiento.
A través de la lectura del expediente, agregó, supo quiénes eran las personas de la S.I.D.E. con las que había hablado. En ese sentido, señaló que, según creía, Gastón se llamaba Hernández y figuraba en los casetes perdidos, habiendo conversado también con su superior, quién sería Brousson; reiteró que también había un sujeto que utilizaba el nombre de Aldo, que era de inteligencia.
Expresó que al arribar a Aeroparque llamó por teléfono a personal de la S.I.D.E., a su domicilio, indicándole Gastón que esperase allí. Relató que luego de una hora, como estaba asustado, se presentó ante la Policía Aeronáutica con su documento, a fin de que quedara constancia que lo hacía voluntariamente; después arribó personal de drogas peligrosas y de la S.I.D.E. y fue trasladado al D.P.O.C..
Asimismo, advirtió que si su Documento Nacional de Identidad hubiera sido falso, lo habría roto o tirado, dado que no lo precisaba para presentarse detenido; que, por el contrario, se presentó ante la Policía Aeronáutica con el cartular a nombre de Teccedin, entregándolo luego en el D.P.O.C., junto con su agenda electrónica y su portadocumentos completo.
Con relación a su documento triplicado, a nombre de Carlos Alberto Teccedin, manifestó que el Registro de las Personas de Belgrano se lo entregó con una falla en su apellido y, en consecuencia, se dirigió al de Olivos para denunciar el error.
Remarcó que las letras “c”, es decir, los palitos sobre las “l” fueron insertadas por la empleada del registro, quien, además, omitió colocar una letra “l”, quedando así Teccedín. Hizo saber que los documentos se hallaban en blanco y eran completados al momento de la entrega, pero al ocurrir el error no podía ser reemplazado, por el perforado en la cartilla. En definitiva, indicó que, según creía, la falla la cometió la empleada que se lo entregó, advirtiéndola en ese mismo momento.
Admitió que el cartular en esas condiciones le resultó útil debido a las órdenes de captura pendientes. No obstante, refirió que al retirarlo hizo notar el error y efectuó el trámite a fin de evitar que se le imputara el delito de falsificación de documento o tenencia de documento falso. Al respecto, indicó que la jefa del registro de Olivos le entregó un papel y le dijo que le iban a dar otro documento, a cuyos efectos debía restituir el que tenía, respondiéndole que lo conservaría hasta tanto le entregasen el nuevo, ya que en esa época tardaban ocho o nueve meses.
Al serle exhibido el documento lo reconoció, observando que llevaba su número y sus domicilios, estando mal escrito su apellido. Reiteró que cuando se lo entregaron decía Teccedin y agregó que la foto, si bien se hallaba despegada, era la original.
Asimismo, informó que con ese cartular fue al registro a solicitar el cambio de domicilio a Olivos el 8 de julio de 1993, que figuraba luego de Gualeguaychú, vale decir, hizo ambos cambios de domicilio sin que le entregasen el nuevo documento. Añadió que efectuó el trámite para reemplazarlo cuando realizó el cambio de domicilio en Olivos.
No recordó haber extraviado su Documento Nacional de Identidad en alguna oportunidad, aunque conjeturó que la entrega de uno nuevo habría obedecido a que lo había perdido o se había destruido.
Al exhibírsele la fotocopia de un Documento Nacional de Identidad triplicado a nombre de Carlos Alberto “Telledin”, secuestrada en un maletín en el allanamiento del domicilio de la calle Roosevelt 2462, piso 3º, depto. “A”, de esta ciudad, el imputado manifestó que, si bien parecía ser del triplicado, podría tratarse de su documento anterior, aunque no estaba seguro. Remarcó que lo exhibido era una fotocopia, por lo que dedujo que estaría arreglada y especuló que Galeano la habría borrado. Aclaró que en otras dos ocasiones tuvo documentos con su apellido mal escrito, figurando en uno como “Tellerdin”.
A su vez, si bien no recordó cuándo obtuvo el cartular cuestionado, declaró que en el año 1993 vendió un automóvil Falcon como Telleldín, pero a partir de ese momento en las restantes operaciones figuró como Teccedin. Resaltó que todas las actividades comerciales que realizó, desde el contrato de locación hasta las compraventas de automotores, las llevó a cabo con ese nombre, toda vez que sus cocontratantes copiaban el apellido. Negó que se hubiera hecho llamar Teccedin para no ser hallado, como así también que, con esa finalidad, el día del atentado hubiese emprendido la búsqueda de un inmueble para mudarse. A lo expuesto agregó que Alejandro Monjo lo conocía como Telleldín y así lo tenía registrado en su agenda, al igual que Meli y el empleado de la agencia de apellido Quiroga. Señaló que uno de los empleados con que mayor trato tuvo era Pedro, quien conocía sus datos como Telleldín y entregó su radio-llamada, teléfono y Movicom a la policía. Argumentó que, no obstante, en algunas boletas figura erróneamente, toda vez que quienes facturaban copiaban los datos del Documento Nacional de Identidad, ya que Monjo no confeccionaba las boletas personalmente.
En ese sentido, explicó que con Monjo trataba el lote de vehículos y el precio, pero luego se facturaban individualmente para el traslado. Reconoció su documento en la factura obrante a fs. 276, indicando que el empleado que la confeccionó copió de su cartular.
Asimismo, explicó que poseía registro de conductor de Capital, pero con el lavadero de autos “Puerto Olivos” debió sacar el de Olivos, ya que se lo exigían para mover los vehículos. Para tramitarlo, puntualizó, debió exhibir su Documento Nacional de Identidad. No supo explicar por qué figuraba como domicilio Jonas Salk 2878, aunque estimó que el empleado del registro lo habría copiado mal.
Con respecto a una credencial de la Cooperadora Policial Sec. 1ª Vicente López a su nombre, observó que era de la Comisaría I de Vicente López, Olivos, los que pasaban todos los meses a cobrar y mencionó que la fotografía que lucía era de la época en que vivía en el domicilio de Jonas Salk, es decir, 1991 ó 1992.
El encartado reconoció su firma en algunos boletos de compraventa de automotores. Aclaró que al efectuar las ventas exhibía su Documento Nacional de Identidad a los compradores para la confección de los boletos, por cuanto no lo conocían.
En otro orden, Telleldín manifestó que luego de su detención en Aeroparque fue trasladado al D.P.O.C., donde al arribar fue interrogado por los comisarios Palacios, De León y Castañeda. Que ahí le quitaron la agenda electrónica, que desapareció en esa dependencia debido a los nombres que contenía, comprometedores para el gobierno y la policía. Sostuvo que al ser trasladado al departamento citado fue interrogado por el comisario Palacios y su gente y un oficial le quitó todas sus pertenencias. Negó haberle entregado la agenda a su esposa, aunque en el D.P.O.C. le solicitaron que dijera eso, ya que se decía que se habían perdido los rollos de fotografías y el casete de radio-llamada.
En otro orden, refirió que en el D.P.O.C. le permitieron utilizar dos o tres celdas, como dormitorio y comedor, en tanto en otro sector había una cocina, donde había repuestos secuestrados y estaba alojada la señora de Gorriarán Merlo. Mencionó que en ese mismo patio se hallaban los repuestos incautados en los allanamientos y los hallados en el edificio de la A.M.I.A., aclarando que muchas piezas, incluidas las secuestradas en su domicilio y en los talleres, como ser el de Nitzcaner, se hallaban tiradas y apiladas como basura.
En el patio, apuntó, observó un motor que, según decían, correspondía al de la A.M.I.A. y tenía caja de velocidad, un semieje y rota la parte de la chapa de la tapa de cilindro; aseveró que no se trataba del mismo motor que se hallaba fotografiado en autos.
Relató que el comisario Figueroa, que según creía era el jefe de operaciones del D.P.O.C., le solicitó que, junto con Nitzcaner, lo lavaran, ya que tenía caliza, como si hubiera estado bajo los escombros. Telleldín expresó que al ver las fotografías del bloque obrantes en autos, dedujo que lo habrían desarmado o bien que se trataría de otro motor.
Con respecto a la pieza observada en el D.P.O.C., informó que se encontraba al costado de las ventanas, frente a los calabozos, donde también estaban todos los elementos secuestrados, tanto en el edificio de la A.M.I.A. como en el predio de Ciudad Universitaria y en los talleres. Al fondo, señaló, se hallaba la oficina de operaciones, a la que concurrían los políticos, como ser Corach, a fin de observar las fotografías de la demolición del edificio, sin interesarse por los repuestos que se hallaban junto a los calabozos.
Aseguró el acusado que creyó que el mencionado motor era el de la A.M.I.A., hasta que su abogado Sasso le mostró una fotografía del pedazo de bloque hallado, notando que ni siquiera se parecían. Concluyó que se trataba de dos motores diferentes, a la vez que afirmó que nunca había visto el exhibido en la audiencia de debate. Con relación al que se encontraba en el D.P.O.C., observó que estaba raspado y daba la impresión de que hubiera estado debajo de arena o le hubiera caído caliza blanca.
Explicó que el bloque de motor pertenecía a la camioneta de “Messin”, en tanto los accesorios fueron cambiados y colocados los de Sarapura, aunque los pistones por ejemplo eran de la primera. Expresó que el motor de la de “Messin” se encontraba en buen estado, aunque estaba clavado, es decir, se le abrieron los aros y probablemente por el efecto del calor se le trabó el pistón, que se destrababa fácilmente con kerosén.
Hizo saber que en la camioneta que armó, la tapa del motor de la de Sarapura fue sacada con los balancines y todos sus accesorios, puesto que eran de aluminio y se hallaban en mal estado. Las juntas, es decir, junta de tapa de cilindro, junta de bomba de agua y todos los accesorios, como ser burro de arranque, alternador y demás accesorios, fueron sacados de la camioneta de Sarapura y puestos en el “monoblock” (sic) de la de “Messin”. Afirmó que la bomba de agua era la de Sarapura.
Resaltó que lo que vio en el D.P.O.C. era un motor con la carcasa de aluminio destruida, es decir, desgranada, con la chapa destruida y los balancines torcidos, como si hubiera ingresado en algún lugar, empujado y raspado; estaba muy dañado y no tenía burro de arranque.
En otro orden, Telleldín aseveró que Semorile y Pablo y Miriam Salinas eran “testigos encubiertos”, indicando que “Pablo Salinas” fue hallado con medio kilogramo de cocaína pura en su poder y llamado por Galeano a efectos de negociar su libertad a cambio de declarar en contra suyo.
En otro pasaje, el encartado refirió que Salinas le avisó de la solicitud de Galeano para que declarase en su contra, a lo que accedió, ya que el marido estuvo detenido treinta días en el hospital penitenciario de la Unidad nº 2 con una alergia y se hallaba muy mal. Agregó que la mujer habló con su esposa y pidió verlo en la prisión, comentándole lo expuesto. El esposo, puntualizó, declaró e inmediatamente recuperó su libertad.
Sostuvo que le presentó al abogado Semorile a Ibáñez y luego lo defendió en la causa por las cinco mil dosis de cocaína; luego éste fue detenido con ocho mil dosis de droga, pero su conducta fue calificada como “tenencia simple”, ello a cambio de declarar como “testigo encubierto”. Aclaró que, pese a que la mujer de Ibáñez -Miriam Salinas- era amiga de la suya, no tenía trato con el nombrado. Que sólo tuvieron relación en 1991, cuando poseía un local de compraventa de electrónica usada, Rolex y oro en Cabildo y Juramento e Ibáñez le vendía artículos de electrónica cuyo origen no podía revelar, no continuando luego el vínculo, pese a la amistad de sus esposas.
Respecto del abogado Semorile, manifestó que tomó conocimiento a través del secretario De Gamas que el magistrado instructor lo grabó mientras relataba el episodio de Lanús y luego lo obligó a declarar, ya que en caso contrario terminaría preso; asimismo, refirió que aquel funcionario le había comentado que, en tanto Bottegal declaró “en crudo”, no solicitó ser incluido como testigo encubierto y terminó preso, Semorile solicitó protección; a éste lo habían grabado y debió declarar contra los policías de la Brigada de Lanús para evitar ser detenido. Aclaró que en muchas oportunidades, previo a reuniones que mantenía con Galeano, lo atendía De Gamas, con quien conversaba unos minutos.
Pese a que no pudo precisar la fecha, estimó que el diálogo con De Gamas tuvo lugar a fines de 1997, a la vez que aseguró que fue antes de 1998 y posterior a las entrevistas con Riva Aramayo; que para ese entonces mantenía una buena relación con el magistrado instructor, dado que en una época cortó el vínculo con el nombrado y denunció irregularidades, recibiendo varias visitas de la Dra. Riva Aramayo. Indicó que previo a éstas, semanas antes de 1996, se presentó un alto funcionario de la S.I.D.E., según creía un director, llamado Luna, quien le informó que la pista de la Policía de la Provincia de Buenos Aires era firme y única, que querían perjudicar a Duhalde y que debía colaborar en todo lo que le pidiera Galeano, puesto que en el tema policial tenían la línea, pero les faltaban cosas. Expuso que le dijo, además, que si no colaboraba no saldría de la cárcel y le sucedería lo mismo que con el tema Vergéz, que al haberlo denunciado, sufrió una condena, le revocaron un sobreseimiento y le complicaron su situación procesal. Mencionó que Luna usaba bigotitos y que también lo visitó en la Unidad nº 1, con Vergéz.
Relató que al efectuar una denuncia por su traslado y recusar a Galeano fue convocado por la Cámara, donde efectuó una exposición in voce ante los camaristas, ocasión en la que habló de una irregularidad que había cometido el magistrado y del tema Vergéz, entre otros; luego, su abogado le comunicó que Riva Aramayo deseaba hablarle y lo visitó en el penal, haciéndose constar como si hubiera solicitado una entrevista con la nombrada.
Negó Telleldín haber mantenido contactos con miembros del gobierno, aunque, según dijo, le fueron ofrecidos por la Dra. Riva Aramayo, dado que la primera vez que lo entrevistó le sugirió que pensara bien lo que tenía que hacer, indicándole que había sido enviada por el presidente y podía llevarle a cualquier persona del gobierno nacional, como Corach. A lo expuesto, adicionó que la jueza manifestó que no querían más ladrones de automóviles y que el gobierno nacional estaba muy enojado por la falta de resultados. Con posterioridad, agregó, mantuvieron otras entrevistas; en una de ellas le contó lo sucedido con los Brizuela con relación al tema Solari.
Refirió que debido a la repercusión que tuvo en la prensa el encuentro, Riva Aramayo confeccionó un acta dejando constancia que en la primer entrevista no había realizado negociación alguna; los últimos encuentros, sostuvo, tuvieron otro cariz, por lo que en el acta que labró hizo un relato de las entrevistas.
Telleldín estimó que habría mantenido reuniones con Riva Aramayo durante un mes y medio o dos, aproximadamente, una vez por semana. Apuntó que en algunas participó Stinfale, sin recordar puntualmente en cuáles, aunque luego señaló que estuvo presente en la primera y en otra, que no pudo precisar. Expresó que era entrevistado en una oficina del primer piso de la Unidad nº 2 y que la jueza retiraba la batería de su “Movicom” para no ser escuchada. Negó que otras personas hubieran intervenido, a la vez que señaló que cuando se dieron a conocer por la prensa, los encuentros finalizaron.
Reseñó que la magistrada declaró sobre hechos y circunstancias que le contó, muchos de los cuales no concordaban con sus dichos. Al respecto, creyó recordar que su abogado Stinfale había estado en una de las reuniones, en la que brindó datos equivocados. Dijo desconocer si los errores en ciertos detalles -como por ejemplo en la descripción de Leal- obedecían a equivocaciones de la jueza o de su letrado, aunque más adelante afirmó que la falta fue del segundo. Con respecto a lo restante, aseguró que se ajustaba a la realidad y lo ratificó en su declaración de julio.
Se negó a responder si Riva Aramayo le había solicitado algo en las reuniones. No obstante, indicó que en un momento dado, en que según creía se hallaba presente su abogado, la nombrada prendió fuego al nombre de Ribelli y lo colocó en un cenicero, actitud que le llamó la atención. Negó haberle entregado algún documento o plano de su puño y letra o haber confeccionado el gráfico obrante a fs. 37.377.
Asimismo, creyó recordar que sus conversaciones con Galeano sobre los policías provinciales comenzaron en noviembre de 1995, para la fecha de su procesamiento por el tema automotor y asociación ilícita, cuando el magistrado le dijo que “si hubiera colaborado, ese procesamiento no habría salido”. Sostuvo que en esa reunión le mencionaron por primera vez que le pagarían por su colaboración.
Puntualizó que la causa “Brigadas” se armó el 6 de junio de 1995 y en noviembre Galeano le ofreció su libertad y un pago. El dinero era importante, pero el hecho de que se lo diera un juez de esa manera, es decir, de forma “trucha”, le garantizaba su soltura. En definitiva, manifestó que la negociación se llevó a cabo entre noviembre y julio; que el juez le ofreció su libertad para octubre, cuando se vencían todas sus condenas, indicándole que debía presentar un pedido de excarcelación para esa fecha. Si bien no pudo precisar cuántas ni con qué frecuencia, aseveró que mantuvo muchísimas reuniones con Galeano.
Con relación al dinero, Telleldín refirió que el magistrado instructor le ofreció USD 1.000.000 en recompensas. Que en un principio hablaron de USD 350.000 en efectivo por su aporte a la causa, pero solicitó USD 500.000 porque incluía los honorarios de Stinfale, arribando finalmente a la cifra de USD 400.000, a pagar en dos veces.
Reparó que al video de abril le faltaba prácticamente la mitad, dado que comienza cuando ya está hablando con Galeano, en tanto el de julio refleja más la verdad, debido a que comienza la filmación cuando entra al despacho. Manifestó que el juez dijo que quienes compraban el libro querían certezas y apuntó que sobre muchas cosas tenía sospechas, en tanto otras las sabía; en la cuestión del reconocimiento del sujeto de cabello blanco, el magistrado lo buscó, pero no lo pudo encontrar.
A lo expuesto agregó que en el caso del video de abril, en el acta constaba que su traslado obedecía a que un detenido llamado Saldaña habría manifestado al juez que tenía un problema con el agua caliente, lo que no era cierto, como así tampoco que estuviera alojado con alguien de ese nombre. Asimismo, aseguró que en esa entrevista faltaba la parte en que Galeano le mostró las fotografías de los elegidos, que se hallaban en un sobre pequeño que contenía diversas vistas tipo carnet, numeradas, incluyendo las de Leal e Ibarra, este último con el número seis; también había álbumes policiales. Aseveró que los testigos no podían identificar a nadie, pero debían reconocer esas fotografías, como en el caso de Cotoras, que hizo lo que le ordenaron para evitar resultar detenido.
El día del video, dijo, estuvieron continuamente con las fotografías y de entrada Galeano le exhibió muchas, continuando luego con los álbumes; de manera espontánea reconoció a Casas, pero no así a otros. No obstante, en otro tramo afirmó que, si bien desconocía los nombres, reconoció a varios individuos, como por ejemplo a Casas, relativos a los secuestros extorsivos.
En el video de abril, añadió, se refirió a temas que venían de conversaciones previas, pero Galeano cortó las partes que lo comprometían. Resaltó que, al mencionar que Semorile había estado en diversos lugares, estaba dando la conducción de la investigación, dado que ya de las escuchas de Vergéz surgía que había hablado de ese letrado. Apuntó que en el encuentro de abril siguió con el tema Semorile y también hablaron de Concepción. Añadió que previo a ello –no recordó si en la primer parte de la entrevista de abril o en una anterior-Galeano le dijo que ya sabían quiénes habían estado en cada hecho.
Aclaró que en el programa “Punto Doc” se reflejaba la verdad de su declaración, en cuanto a que se había arreglado el reconocimiento de la fotografía número seis.
Con relación al individuo que vio en el interior del Fiat Duna el 10 de julio, mencionó que lo asoció con la persona presuntamente ciega que observó cuando tenía el lavadero, toda vez que poseían un parecido físico, pero mantuvo grandes discusiones con Galeano y De Gamas porque no podía afirmar con total seguridad que se tratara del mismo sujeto.
El imputado afirmó que en el mes de junio tuvo otra entrevista, cuyo video Galeano no envió, que difería de las otras, puesto que éstas eran una suerte de ensayo de lo que declararía, en tanto en aquélla le pedía lo necesario para cerrar todo en el expediente. En definitiva, aseguró que lo importante se hallaba en el video de junio y los otros en que el juez le mostró las fotografías, señalándole quién era, por ejemplo, Leal.
Al respecto, ilustró que en una de las entrevistas que no figuraba en los videos que envió Galeano, según creía en la del mes de junio, el magistrado extrajo un sobrecito con fotos cuatro por cuatro numeradas y dos álbumes grandes con personal de la Policía Bonaerense y dijo que esos eran los elegidos. Mencionó que las fotografías de todos los policías imputados estaban en un sobre.
Señaló que, según creía, durante la entrevista de junio su abogado permaneció afuera y no se hizo una audiencia, ni se firmó nada. Aclaró que con antelación a esa reunión sobre la fotografía número seis había tenido muchas otras reuniones con Galeano, en que le manifestó que no estaba seguro respecto al individuo a reconocer, respondiéndole que debía estarlo.
Agregó que había otra vista fotográfica que marcaban, cuyo número no recordó, con el sujeto de pelo blanco, que teóricamente era Albarracín. También en este caso le informó a Galeano que no tenía ninguna seguridad de que fuera el nombrado, dado que lo asociaba más con Ferrari, pero más gordo. Asimismo, sostuvo que uno de los policías bonaerenses encargados del traslado del detenido Prellezo –caso Cabezas- guardaba un parecido con la persona que había mencionado, por lo que envió la fotografía al Dr. Galeano por intermedio del Dr. Stinfale.
En otro pasaje, narró que Galeano se hallaba empecinado en que reconociera a Albarracín para ubicarlo bajando del automóvil, a lo que le respondió que no era el nombrado. En síntesis, indicó que, además de Ibarra, tuvo dudas con Albarracín, pero no así con otros. Asimismo, informó que cuando le mostraron las fotografías desconocía los nombres de los policías imputados, con excepción de Barreda y Bareiro.
No descartó haber mantenido entrevistas con Galeano que no quedaron registradas en declaraciones o actas, a la vez que se reprochó no haber tomado otro abogado aparte de Stinfale, por cuanto el nombrado se hizo amigo del magistrado. Agregó que en las reuniones estaba presente Stinfale o permanecía afuera o bien concurría y luego se retiraba.
Aseveró Telleldín que el magistrado resolvió abonarle USD 200.000 el 5 de julio de 1996, aunque en realidad el pago se encontraba planeado para el 4. Si bien dijo no tener certeza acerca de la identidad de los agentes que participaron en el operativo, afirmó que el nombre de pila del que estaba a cargo era comandante David.
Manifestó que el 4 de julio fue citado Stinfale, quien se hallaba asustado y se reunió con su mujer en Belgrano. Explicó que lo convocaron a un bar, le entregaron un papel y lo hicieron concurrir a otro bar y luego a otro. Adujo que su abogado pensó que se trataba de una maniobra de Galeano para decir que había recibido el dinero producto de la venta de la camioneta, por lo que contrató personas para que oficiaran como testigos del pago del dinero. Agregó que el grupo que se hallaba en la entrega lo advirtió y lo adjudicó como si fuera una brigada de provincia.
Al día siguiente, prosiguió, Galeano lo llamó para informarle que había una brigada “atrás” y no pudieron entregarle la plata, por lo que lo harían ese día. Aclaró que su mujer no quiso recibirla porque no firmaban los derechos del libro que ya tenían relatado y, por seguridad de su familia, no deseaba el decreto ley para no quedar como recibiendo el dinero por un aporte. Apuntó que el juez le informó que había hablado con gente del gobierno y se le abonaría en dos partes.
Explicó que se preparó todo para el pago en el Banco Quilmes, en la sucursal de Ramos Mejía, llegó el operativo con las camionetas mencionadas y un bolso y una valija con el dinero, recibiéndolo uno de sus hermanos, cuyo nombre se reservó, que tomó la valija y partió en su automóvil con los USD 200.000.
Detalló que la entrega fue en la puerta del banco, ingresando toda la brigada, pero su mujer no depositó nada en la entidad, sino que retiraron el dinero inmediatamente, puesto que temían que luego Galeano hiciera un allanamiento e imputara los USD 200.000 a la Trafic. Adunó que Stinfale aguardó la llegada del grupo operativo y se marchó, dado que no quería comprometerse al recibir el paquete. En definitiva, afirmó que al momento de la entrega estaban presentes su hermano, su mujer y Stinfale, aunque éste se asustó y retornó al juzgado.
A lo expuesto añadió que a fs. 24.290 constaba que, conjuntamente con el primer pago, el 10 de julio el magistrado instructor dispuso custodia para su familia y su hermano Eduardo, lo que se hallaba incluido en el trato que hicieron.
El día del pago, manifestó Telleldín, le alcanzaron un teléfono celular y el familiar que había enviado le comunicó que ya se lo habían entregado. Dedujo que desde el teléfono público ubicado en la puerta del banco habrían llamado al celular de algún integrante del juzgado. Afirmó que si su interlocutor le decía que no lo había recibido, no firmaba su declaración. En definitiva, admitió que el pago fue por su declaración indagatoria del 5 de julio de 1996, no obstante lo cual, ratificó sus manifestaciones vertidas en ella. Aclaró que aceptó el texto - aunque no fueran sus palabras- y sus dichos comenzaban con la mención del lavadero ubicado en la localidad de Olivos en el año 1993.
Al respecto, señaló que estaba contando la verdad, pero no tenía certeza con relación al reconocimiento de Ibarra; de todos modos, Galeano le exigió a todos que apuntaran la fotografía seis. Aclaró que en la declaración indagatoria del 5 de julio le exhibieron el mismo sobre y las mismas fotografías que le habían mostrado en una entrevista anterior.
En cuanto a quién entregó la camioneta, ratificó sus dichos, en punto a que le fue sacada por la policía, aunque los reconocimientos fueron llevados a cabo de manera irregular. Con relación a los sujetos mencionados en la declaración referida como que descendieron de un Fiat, señaló que el de pelo blanco nunca fue localizado, en tanto el identificado como “el Zorro” tenía un gran parecido con Ibarra, aunque no podía asegurar que fuera éste.
Al respecto, destacó que se hallaba detrás de una ventana cuadrada, desde donde los vio, pero aclaró que con esa ubicación podía ver de lejos y no de cerca. Calculó que desde la mesa del living donde se hallaba sentado hasta donde estaban las personas referidas habría 15 ó 20 m. Reiteró que si bien no estaba totalmente seguro de que fuera la persona, Galeano le exigía certeza en el reconocimiento. En definitiva, más adelante, admitió que sí lo vio de frente.
A su vez, expresó que se hallaban presentes en su declaración Lifschitz, Spina y De Gamas, el primero de los cuales entraba y salía continuamente y parecía el principal colaborador del juez. Manifestó que, según creía, Mullen y Barbaccia no estuvieron, sino que asistió un ayudante de la fiscalía u otro fiscal.
Con relación a su abogado, apuntó que al momento de su deposición se hallaba en el Banco Quilmes con su esposa, pero luego fue hasta el juzgado y, según creía, después de un rato se retiró. No pudo precisar cuántas veces entró y salió de su declaración; no obstante ello, afirmó que no se quedó durante todo el acto en el lugar.
Telleldín denunció que fue víctima de presiones y extorsiones por parte del gobierno nacional y del juez Galeano, citando como ejemplo su declaración del 5 de julio. Explicó que gente de la S.I.D.E. lo estaba grabando, Galeano lo sacaba continuamente del despacho y obvió convocar a la defensora oficial, a fin de ocultar las irregularidades y los reconocimientos fotográficos.
Asimismo, puntualizó que el juez lo retiró de la audiencia entre cuatro y seis veces para señalarle que se había olvidado de declarar ciertas cosas y debía agregar otras, aunque no recordó cuáles. Graficó que prestaba declaración en un despacho, en tanto Galeano permanecía en el suyo, pero lo hacía salir y se encontraban frente a una fotocopiadora, donde estaba el agente penitenciario Devilliuk sentado. Aclaró que ello sólo sucedió en esa indagatoria y no en todas las demás.
Al señalársele que en su declaración de julio de 1996 manifestó que con Ana sabían que no se podía nombrar a la policía, en tanto en sus primeras declaraciones relató la persecución policial del 14, adujó que la contradicción obedecía a que esa fue una de las cosas que Galeano le indicó que dijera, dado que no tenían otra explicación. En el mismo sentido, refirió que quedaban huecos a los que no sabía cómo responder y el juez le brindaba la solución.
Sostuvo que en esa deposición la mitad no eran sus dichos, es decir, las contradicciones que existían obedecían a que ciertas respuestas las había indicado el juez Galeano. Ejemplificó con el tramo referido a que sabían que no se debía nombrar a la policía, a la vez que adunó que así había otras, aunque no pudo precisar cuáles. Detalló que el encabezado y otras explicaciones no le pertenecían y por eso al cotejar la declaración con otras no había coincidencias. Concluyó que en la declaración había manifestaciones que le pusieron para que dijera y otras que eran ciertas, como ser las extorsiones.
Indicó que Devilliuk era un celador y custodio comisionado por el Servicio Penitenciario para acompañarlo a todos lados, por lo que presenció la ampliación de indagatoria del 5 de julio y vio cómo el juez lo sacó en varias oportunidades, puesto que se hallaba en el pasillo junto con la S.I.D.E., grabando y oyendo con auriculares lo que declaraba.
Con relación al segundo pago, manifestó que pasado un mes y medio o dos del primero, en varias oportunidades reclamó el resto del dinero a De Gamas, quien abrió una caja fuerte que había en su oficina y se lo mostró, a la vez que le informó que tenían órdenes de entregárselo. Por último, indicó que, aproximadamente, en el mes de octubre le abonaron otros USD 200.000, de la misma forma que los primeros, es decir, entregaron una valija a uno de sus hermanos, cuyo nombre se reservó. En definitiva, aseveró que en total recibió USD 400.000, negándose a declarar en cuanto al destino que les otorgó.
Asimismo, explicó que Galeano le abonó la primera parte del dinero, pero no quería pagarle el saldo hasta tanto no declarasen todos los testigos, motivo por el cual se postergó hasta octubre. Agregó que, además, era el damnificado de las extorsiones y los secuestros y no quería denunciarlos, pero al juez le parecía importante que relatara cronológicamente esos hechos.
Dejó en claro que en el video de julio el término “libro” designaba a la declaración indagatoria. Mencionó que la filmación fue hecha por Galeano para mostrársela a las autoridades que aportaban el dinero, pero dedujo que por ese motivo no podía decir que le pagaban por la declaración y la refirió como el “libro”. Añadió que no acordaron previamente llamarla así, sino que en esa misma reunión comenzó a referirse en esos términos y apuntó que lo del libro era ficticio, toda vez que no tenía intenciones de escribirlo.
Con relación al tema del dinero, mencionó que en el juzgado lo sabía De Gamas, que el único abogado del juzgado que no participó fue Velasco, con quien tuvo poco trato, y que Spina colaboraba. En definitiva, aseveró que manejó todo el trato con Galeano y De Gamas, sin participación de otro integrante del Poder Judicial en el ofrecimiento.
El encartado aseguró que aceptó el pago porque habló directamente con Galeano, por cuanto nunca hubiera admitido dinero proveniente de un servicio de inteligencia, toda vez que luego podrían decir que fue producto de la camioneta. En ese sentido, expresó que por eso su mujer no recibía el dinero si no se firmaban los derechos del libro.
Asimismo, refirió que, a diferencia del acuerdo con Galeano, no aceptó USD 1.000.000 ofrecidos por Vergéz para inculpar a unos paraguayos; que el nombrado concurrió con una valija con el dinero y también se lo llevó a su mujer.
Negó conocer el origen de los USD 400.000 que le abonaron, aunque presumió que provenían de los gastos reservados de la S.I.D.E.. Refirió que, por comentarios, supo que podrían haber procedido del Banco Mayo, de la S.I.D.E. o del Mossad, puesto que en el equipo de quienes entregaron el dinero en Ramos Mejía había un extranjero, que hablaba como si fuera israelí. Más adelante indicó que, según su abogado Stinfale, eran del Banco Mayo. Si bien no recordó con precisión, refirió que Galeano pudo haber dicho que el dinero provenía del Banco Mayo, de la S.I.D.E. o de otra gente.
En otro orden, manifestó que en la causa en trámite por ante el juzgado de Bonadío se halló una cuenta en la Banca Nazionale del Lavoro. Aseveró que se trataba de un dinero que no se relacionaba con el abonado por Galeano, sino que correspondía a una cuenta abierta por el Dr. Lafferriere, un abogado de Paraná, quien lo giró a Uruguay.
Explicó que ese dinero provenía de dos seguros que cobró de la “Compañía Autárquica de Entre Ríos” en el año 1996, uno a su nombre y el otro al de su mujer, Ana María Boragni, sumando más de USD 100.000. Refirió que Lafferriere, además de su abogado, era su apoderado, habiendo hecho el juicio, ganado y cobrado. Detalló que un juicio fue por un robo al videoclub de Gualeguaychú, en tanto el otro fue por el cobro de un automóvil Regata que la compañía se negó a abonar, toda vez que pensaban que lo había comprado siniestrado y así lo quiso cobrar, cuando en realidad ese vehículo fue parte de pago por los tríplex que estaba construyendo.
Por otra parte, Telleldín indicó que, además del monto pactado con Galeano, durante un tiempo se le abonó una suma mensual, como así también su fianza y la de su mujer -cuyos montos no recordó- en la causa por dinero falso que tramitó en el juzgado de Piotti y luego pasó a Marquevich. Aclaró que tales pagos comenzaron con la aparición de Vergéz y continuaron hasta muchos meses después, es decir, desde principios de 1995 y hasta antes de su indagatoria del 5 de julio de 1996.
Agregó que las sumas mensuales eran para sus gastos, tratándose de importes no muy altos, justo como para vivir, alrededor de los USD 3000 ó 4000 mensuales. Puntualizó que el arreglo fue posterior al remate del departamento de Roosevelt en 1995. Asimismo, razonó que en abril denunció a Vergéz, por lo que debió empezar a verlo antes, aunque luego el nombrado continuó yendo a la Unidad. Detalló que el dinero le era entregado a su hermano o en el kiosco de la mujer de éste, es decir, le llegaba a través de su familia y no se firmaba recibo por eso.
Por otra parte, el encartado señaló que en el video de abril o de julio Galeano le dio la mano, comprometiéndose a no agravarle más su situación procesal, pero luego sacó a la luz una causa que tuvo retenida durante tres años y seis meses, del año 1985, sobre un automóvil de carrera, en la que tenía un sobreseimiento. Resaltó que si no remitía esa causa quedaba libre, toda vez que había cumplido los tiempos de detención, por lo que advirtió que el magistrado tenía órdenes de dejarlo detenido.
En tal sentido, manifestó que luego del robo del video Galeano entró en pánico; Beraja le pidió personalmente a Stinfale que lo apoyaran y que el juez precisaba que firmaran un legajo por la recompensa, dado que estaban preocupados, incluido Dobniewski. Apuntó que no le permitieron leerlo, pero firmó varios papeles por indicación de Stinfale. No recordó el mes en que ello aconteció, pero aseguró que fue después del robo, cuando el video aparecía en todos los noticiosos.
Reconoció como suya la firma que luce a fs. 13 del incidente relativo al pedido de recompensas formulado por el Dr. Víctor Stinfale. La fecha, remarcó, coincidía por cuanto fue en 1997, posterior al robo. Agregó que también le hicieron firmar un recibo por el dinero cobrado; lo hizo por indicación de su abogado y allí constaba que solicitaba que se mantuviera en máxima reserva para seguridad de su familia. No supo la cifra que figuraba en el recibo, toda vez que no le permitieron leerlo.
Mencionó que en ese momento Galeano le prometió dejarlo en libertad en octubre, fecha en la que envió a Stinfale a reclamarle a Dobniewski porque le estaban complicando su situación procesal adrede, en otras causas, respondiéndole éste que se quedara tranquilo.
Asimismo, indicó que en octubre de 1997 presentó su excarcelación, se la denegaron y discutió fuertemente con Galeano, quien llamó a su mujer y le habló afuera de su despacho, solicitándole que lo contuviera, porque ella también estaba al borde de estar en su misma posición. Señaló que le otorgaron una entrevista con ella y le pidió que se calmase, tras lo cual fue trasladado a la prisión en un estado de total nerviosismo.
En definitiva, detalló que, además de la promesa del dinero, el juez le ofreció su libertad, amén de reconocer delante de su abogado que sabía de su inocencia, pero que las presiones políticas y de la colectividad lo obligaban a mantenerlo detenido. Aclaró que el acuerdo con el magistrado no incluía garantías para la situación de su mujer.
A lo expuesto, agregó que discutieron por el tema de Ibarra, diciéndole al juez que “blanquearía”, es decir, contaría la verdad, sobre los reconocimientos, específicamente el de la fotografía número seis. Señaló que lo hizo público y luego lo confirmó Lifschitz en los medios.
En otro orden, Telleldín manifestó que uno de los puntos por los que Galeano le pagó la recompensa fue el aporte del tema Solari a la causa, incluidos los testigos, a quienes debió convencer para que declarasen. Indicó que cuando hizo declarar a los paraguayos estaba arreglando el pago con Galeano.
En definitiva, aseveró que el pago de Galeano fue por ese aporte y por el reconocimiento de la fotografía número seis con certeza, cuando en realidad no estaba seguro. Al respecto, añadió que si bien Cotoras relató un hecho real, fue “apretado” para que reconociera esa fotografía y, según tenía entendido, también se le pagó. Asimismo, refirió que existía un legajo reservado del nombrado, según creía el número 378, en el que estaba siendo “apretado”, dado que allí declaró un cuñado del nombrado, enfermo mental.
Con respecto al “apriete” de testigos, resaltó que, en el caso de los paraguayos, el contenido de las declaraciones era verdadero, pero la forma no era la correcta.
En cuanto al tema Solari, relató que durante su detención en el D.P.O.C. fue visitado por su mujer, junto con una tal “Vicky”, amante de Bareiro, quien refirió que había una persona detenida que decía ser Ramón Martínez y que había retirado la camioneta de su domicilio.
Narró que, en una oportunidad, en la alcaldía se cruzó a Solari, quien se hallaba sin camisa y todo tatuado. Indicó que se presentó como Solari y le dijo que quería hacerse cargo del atentado a la A.M.I.A., puesto que le convenía, solicitándole que dijera que le había vendido la camioneta. Añadió que le preguntó si el rodado tenía puerta lateral y cómo era el frente de su domicilio, respondiéndole en forma errónea, toda vez que le pareció un enfermo mental. No descartó que le hubiera hecho un comentario sobre un “gordo” que le había ofrecido USD 100.000, aunque desconocía de quién se trataría. A su vez, hizo saber que informó al director de la unidad del episodio, no viéndolo nunca más.
Manifestó que fue trasladado a la Unidad nº 1 junto con su hermano y un hombre llamado Barbieri, a quien no conocía y que poseía un taller frente al de Agüero. Señaló que en Caseros fueron ubicados en la planta baja “C” y al ingresar tuvieron un incidente con otros detenidos, por cuanto era común que a los nuevos se les intentara quitar la ropa. Refirió que se provocó una pelea y tres individuos de origen paraguayo, llamados Brizuela, los defendieron.
Relató que los Brizuela mencionaron que habían estado en la Brigada de Vicente López y en una celda contigua había un detenido que decía estar involucrado en el tema A.M.I.A.; que le llevaban los diarios e información referente a su persona, sabiendo su nombre y dirección. Alegó que lo relacionó con los dichos de “Vicky” y temió que estuvieran inventando algo nuevo.
Telleldín recordó que estuvo alojado en la planta baja “C” unos días y luego pasó al tercero “B”, en tanto los Brizuela fueron alojados en el tercero “A”. Refirió que los pabellones “A” y “B” no se contactaban, por lo que no tuvo relación con los nombrados, con excepción de uno de ellos que le llevaba la comida cuando trabajaba en el centro de cómputos.
Destacó que los Brizuela se negaban a declarar por temor a lo que les pudiera suceder, dado que desconocían la legislación argentina. Mencionó que De Gamas lo llamó a la oficina de judiciales de la Unidad nº 2 y habló con el oficial Caballero, requiriendo su presencia para que intercediera y los convenciera de atestiguar. Así, comentó, habló con ellos unos minutos y les indicó decir la verdad.
A lo expuesto agregó que si bien el contenido de las declaraciones era verdadero por coincidir con lo que le habían relatado en la prisión, deseaban algo a cambio. Explicó que se hallaban detenidos por el caso conocido como “Tormenta Verde” y exigieron ciertas condiciones, que Galeano les otorgó. Detalló que se negoció y así consiguieron que se les redujera la pena a nueve años de prisión pese a tener 1000 kg de droga y que se les aplicara indebidamente el dos por uno. Asimismo, apuntó que para firmar la declaración pusieron como requisito que los patrocinara Stinfale.
Respecto de la persona que habría preparado a Solari en la Brigada de Vicente López, el acusado refirió que la descripción efectuada por los Brizuela, en especial por el más gordo, respondía a Bareiro.
Con relación a las entrevistas con el capitán Vergéz, el imputado expresó que en una ocasión, en el mes de abril, con el pretexto de una visita a los médicos forenses, fue trasladado y el secretario Velasco le refirió que había un familiar que deseaba hablarle, presentándole al capitán Vergéz (conf. constancia de fs. 8619). Apuntó que la entrevista se desarrolló en el despacho de De Gamas y no participó nadie del juzgado.
Aclaró que Vergéz no era familiar, ni lo conocía, tan sólo lo trató en una oportunidad, diecisiete años atrás, en que lo vio durante un breve lapso, cuando con su padre concurrieron al domicilio de aquél para ver una motocicleta Honda que ofrecía a la venta, operación que finalmente no se concretó. Vergéz, acotó, le preguntó si necesitaba dinero u otra cosa y refirió que trabajaba para el gobierno nacional y concurría de parte del presidente Menem -cuya campaña electoral estaba llevando a cabo- para solucionarle el problema, dado que sabían que no se hallaba involucrado. Los encuentros con personal de la S.I.D.E., precisó, comenzaron en el despacho del juez Galeano, aproximadamente en el mes de abril; otras entrevistas se llevaron a cabo en la unidad de detención, en las oficinas de los oficiales Omar Romero y Di Tomasi.
En consecuencia, explicó, lo vio en dos o tres oportunidades, hasta que advirtió que el objetivo era inculpar a unos libaneses-paraguayos que se hallaban detenidos en Paraguay. Al respecto, señaló que le mostraron fotos y legajos y uno de ellos, de pelo largo, se ajustaba al identikit de Ramón Martínez, comentándole Vergéz que precisaban un efecto para la elección de Menem, aunque nunca mencionaron que realmente fuera ése el grupo que había cometido el atentado. Creyó recordar que también a Ana Boragni le habían exhibido un maletín con dinero y las fotografías de los paraguayos. En otro tramo afirmó que mantuvo más de cinco entrevistas con Vergéz.
Relató Telleldín que solicitó a su esposa que denunciara en el juzgado del Dr. Bergesio, en San Isidro, las amenazas que sufriera, consistentes en que si no aceptaba USD 1.000.000 por colaborar, le colocarían droga en su domicilio. Prosiguió, indicando que al enterarse Galeano de la denuncia, lo convocó con un pretexto y le solicitó que llamara a Boragni para que declarase en su juzgado, siendo ésa la primera deposición de la nombrada.
Reconoció las entrevistas con Vergéz, de las que dan cuenta los casetes aportados por Daniel Romero a fs. 106.609, brindó diversas explicaciones al respecto y aclaró que ciertos tramos no se relacionaban con el tema A.M.I.A.. Respecto de Romero, señaló que supo su nombre a través del programa televisivo “Punto Doc”.
Por otra parte, el imputado remarcó que en las cintas faltaban las cinco o seis entrevistas posteriores, en las que Vergéz le solicitó reconocer e inculpar a los individuos detenidos en Paraguay y le exhibió sus fotografías, momento en que rompió la relación. En otro tramo aseveró que el tema de los paraguayos se tocó en tres reuniones y que el “apriete” a su mujer por parte de Vergéz –en el que, según creía, también participó Romero- fue cuando lo echó de Caseros y le dijo que no lo atendería más.
Por otra parte, hizo saber que de las entrevistas surgió el interés de “apretar” al abogado Semorile y, si bien Vergéz no dijo venir de parte del juez, luego manifestó que le pasó los datos a éste. Sostuvo que Semorile “lo entregó a Lanús” y luego, como testigo encubierto, “mandó preso a Lanús”.
En definitiva, concluyó que Semorile le resultaba sospechoso porque actuó en varias ocasiones y tenía algo que ver, pero, al encontrarse perdido, negoció con Galeano, blanqueando ciertas situaciones.
Recordó que cuando fue trasladado a Devoto, en la sala de dirección recibió la visita de un individuo que se identificó como subcomisario Fernández, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, manifestándole su celador, Daniel Devilliuk, que se trataba de Guglielminetti y que iba por orden de la S.I.D.E.
A lo expuesto agregó que en ese tiempo recibió visitas de mucha gente que decía venir de parte de Piotti u otros, aconsejándole los primeros que permaneciera en silencio y no declarase, ya que se trataba de una causa política.
Por otra parte, el acusado afirmó que con el capitán Vergéz comenzó la operación del libro, que luego continuó el periodista Román Lejtman, aunque no recordó si el primero mencionó quién sería el escritor. En determinado momento, dijo, se presentaron varios periodistas interesados en la compra.
Señaló que la idea original de escribirlo fue del ex-fiscal Damonte –también alojado en la Unidad nº 2-, quien le aconsejó hacerlo para su seguridad.
Telleldín indicó que luego de las visitas de Riva Aramayo entregó el manuscrito en guarda, como garantía, a Lejtman, quien prácticamente reconoció que había sido enviado por el gobierno nacional. En otro tramo expresó que, según creía, el periodista fue contratado por el Ministerio del Interior y enviado por un alto funcionario del gobierno a fin de incentivarlo a escribir un libro para una determinada editorial, que, creía, se trataba de “Sudamericana”, pero no le interesó y lo rechazó. Si bien no recordó con precisión el monto de la oferta, la estimó en USD 30.000, más un cierto dinero por las ventas.
Asimismo, luego de reconocer su voz y la de su mujer en la escucha telefónica del 23 de abril de 1995, correspondiente al abonado 787-4807, casete nº 49, aclaró que allí aludían a un proyecto de hacer dos libros –uno sobre lo publicado en los medios periodísticos y otro una novela-, que finalmente no llevó a cabo, ni se relacionaban con el manuscrito entregado a Lejtman.
En último término, al reproducirse una conversación del 1º de marzo de 1997, casete nº 321 del abonado 760-2343, manifestó que comentó un artículo del diario, que no se relacionaba con ninguna fotografía. También explicó que durante el diálogo aludió a su abogado Stinfale, sobre quien tuvo dudas acerca de si trabajaba para la S.I.D.E., habiéndolo hecho para la C.I.A.. Consideró que pudo haber relacionado a Cúneo Libarona en ese tramo de la conversación porque era muy amigo de Stinfale, a la vez que señaló que ambos trabajaban para la S.I.D.E.
Al ampliar su declaración indagatoria en la audiencia de debate del 30 de julio de 2002, Carlos Alberto Telleldín aclaró que las camionetas Trafic cortas funcionaban con motores de hierro fundido, que se oxidaban al ser expuestos a alta temperatura, como si hubieran estado a la intemperie, a diferencia de lo que sucedía con las Trafic largas, cuyos motores eran de aluminio y tomaban un color negro.
Explicó que asistía razón a Jouce al declarar que el motor presentaba un color óxido y que lo recibieron sin la tapa de cilindro, por cuanto en esa parte se hallaban todos los accesorios quemados que fueron reemplazados con los extraídos a la camioneta de Sarapura. Negó que el motor hubiera estado clavado, puesto que, argumentó, de esa manera no habría funcionado. En cambio, admitió como posible que los aros hubieran estado pegados, motivo por el cual se debió empujar la camioneta con un Dodge Polara para hacerla arrancar.
A lo expuesto adunó que la Trafic de Sarapura era corta, con motor 1400 de cilindrada, debiéndose contar con un vehículo de similares características. En consecuencia, descartó la posibilidad de haberle colocado repuestos de la camioneta de Toretta, por cuanto era motor 2000, es decir, de mayor cilindrada.
En otro orden, negó el supuesto ofrecimiento a su coimputado Nitzcaner, a la vez que aseveró que en su primer indagatoria relató la verdad acerca del modo en que armó la camioneta.
Por otra parte, Telleldín destacó que, si bien en un primer momento manifestó que el traslado de la camioneta incendiada lo había realizado un individuo apodado “el Jorobado”, era posible que lo hubiera efectuado el gruero Chueco, ya que no se encargaba personalmente de esos temas. No obstante, aseguró que la Trafic nunca estuvo en las inmediaciones del taller de Nitzcaner, sino en lo de Cotoras.
Amplió su indagatoria Telleldín el 26 de septiembre de 2002, ocasión en la que, entre otras consideraciones, señaló que Lo Preiato adquirió la mitad del fondo de comercio del lavadero, entregándole al venderlo la mitad del efectivo, la mitad de la moto y del Falcon, pero para saldar esa deuda le dio un vehículo 405 SRI, cuyo cincuenta por ciento le pertenecía. Aseguró que tal entrega fue hecha con el consentimiento del juez Galeano, quien no secuestró ese automóvil, pese a que estaba reparado de la misma forma que los restantes rodados.
Consideró acreditado que la moto Kawasaki 125 que le fue sacada por la fuerza, la tuvo Semorile y luego fue vendida por Pablo Ibáñez. Remarcó que éste, al igual que Miriam Salinas y Hebert Núñez, eran allegados del letrado, habiendo sido las declaraciones de los tres preparadas por el juzgado con Semorile.
Con fecha 13 de febrero de 2003 Carlos Alberto Telleldín amplió su indagatoria a efectos de realizar algunas aclaraciones. En ese sentido, manifestó, con relación a un vehículo Renault 19, que viajó a Córdoba en ese rodado con sus hijos, de su anterior pareja; estando en esa provincia su mujer le informó que debía firmar o dar la seña del contrato de locación por un inmueble en Ramos Mejía, situación que motivó su regreso en avión, dejando el automóvil en la cochera de la casa de su madre.
En diciembre, puntualizó, durante el allanamiento a la vivienda de su progenitora, en la provincia de Córdoba, el juez Galeano omitió secuestrar el Renault 19. Luego del allanamiento, agregó, personal de la Secretaría de Inteligencia sacó el rodado, lo revisó en busca de un maletín y lo dejó en la puerta, siendo finalmente guardado, a pedido de su madre, por uno de los empleados o administradores de la cochera donde fue hallado.
El imputado aseguró tener toda la documentación del vehículo, incluidos la tarjeta verde, títulos, formularios “08” e incluso la llave.
Asimismo, aseveró que el Renault 19 fue entregado por su defensor Stinfale a la Dra. Riva Aramayo, como prueba de lo acaecido el 14 de julio, previo a saber que los policías iban a admitir la forma en que sucedieron los hechos. Aclaró que, en una reunión con la magistrada, su abogado le brindó el dato acerca de la ubicación del vehículo, pasándoselo aquélla a su vez a Galeano y siendo secuestrado a la semana.
En otro orden, si bien el encartado admitió haber cobrado dinero proveniente del Dr. Galeano, resaltó que los fondos que estaban en Uruguay tenían su origen en una compañía de seguros de Gualeguaychú. Detalló que previo a su detención poseía USD 30.000 en el Banco Nación, sucursal Olivos, a nombre de Ana y Domingo Boragni; libreta de ahorro a la vista por USD 55.000 en el Banco Credicop de la calle Garay, a su nombre; USD 200.000 por la venta de dos dúplex sitos en Echeverría y Marconi y USD 40.000 que cobró en la escribanía Warcovesky por una hipoteca sobre esos inmuebles; y USD 30.000 provenientes de la venta de una GTA cero kilómetro a unos gitanos.
Aclaró que ese dinero lo tenía en inversiones, inmovilizado durante treinta y seis meses, no explicando en qué consistían. A lo expuesto adunó que también obtuvo dinero, que empleó para vivir, de la venta del fondo de comercio del lavadero, de dos taxis, de una Honda CVR 1000 cero kilómetro, de una Pacific Coast 800 ’87 y de un departamento en la calle Del Valle.
Con referencia al dinero que dijo haber cobrado el 5 de julio, señaló que comandó la entrega desde el juzgado instructor. Al respecto, declaró que la persona que lo recibió se comunicó a través de un teléfono público ubicado en la esquina del banco a un celular. Si bien se negó a declarar con relación al destino otorgado a esa plata, Telleldín aseveró que Galeano y De Gamas le aconsejaron cómo invertirla para sortear eventuales embargos en causas civiles por parte de los damnificados que le compraron vehículos.
En cuanto a las grabaciones de las entrevistas con el capitán Vergéz, Telleldín sostuvo que no nombró a Ribelli por cuanto en ese momento desconocía su apellido. Asimismo, mencionó que el primero operó por orden de la S.I.D.E., con Romero a sus órdenes. De ese organismo, dijo, recibió USD 5000 por mes durante más de un año y el resto lo “filtraban”, enviándole Vergéz bolsas de alimentos, un freezer y otros elementos.
Con relación a la moto Kawasaki vinculada a estas actuaciones, el imputado resaltó que efectuó una denuncia en el Juzgado de Instrucción nº 4, haciendo saber que no dio la moto al Dr. Semorile, sino que la entregó en la Brigada de Lanús y luego apareció en manos del letrado –información con la que el Dr. Galeano contaba-, habiendo sido aquél quien brindó el dato a la brigada a efectos de que lo detuvieran y le sacaran bienes. Agregó que por ese episodio pagó USD 1000 en efectivo a Semorile. También acotó que en 1992 le abonó honorarios por USD 1500, por un problema en Gualeguaychú, en que dos empleados suyos fueron detenidos.
El 19 de marzo de 2003 se practicó un careo entre el imputado Telleldín y el testigo Javier Ignacio De Gamas Soler, oportunidad en la que ambos se mantuvieron en sus dichos. Por su parte, Telleldín manifestó que cuando el video de su entrevista con Galeano se hizo público, fue convocado al juzgado y le hicieron firmar un pedido de recompensa en blanco, ocasión en la que se hallaban presentes el magistrado y De Gamas.
Con relación a los testigos Brizuela, Telleldín aseguró que fue quien los aportó, en tanto De Gamas llamó a un tal Caballero, jefe de judiciales de la prisión de Devoto, a los efectos de su traslado a Tribunales, para que los convenciera de declarar. Refirió que se reunió con los Brizuela en presencia de Stinfale, sin que De Gamas se hallara en el lugar. Su cocareado negó ese extremo.
A su vez, Telleldín expresó que De Gamas le comentó que había grabado a Semorile y le habían ofrecido declarar con identidad protegida, en tanto Bottegal no solicitó resguardo y “lo mandaron a la parrilla”.
En cuanto al dinero que dijo haber percibido, Telleldín señaló que arregló el primer pago con el Dr. Galeano y recibió USD 200.000 el día de su declaración. Con respecto al resto, aseveró que De Gamas le dio su palabra de honor de que se le pagaría y, en septiembre, le mostró el dinero, que se hallaba en una caja. A los pocos días, adunó, se lo entregaron, aunque no lo hizo el nombrado.
Asimismo, el imputado afirmó, con relación a su indagatoria del 5 de julio, que se la tomaron De Gamas y Spina, en tanto Lifschitz entraba y salía. Puntualizó que el primero escribió el encabezamiento hasta más de la mitad, luego continuó la segunda y, por último, otro empleado. Añadió que Stinfale se encontraba en Ramos Mejía con el trámite del dinero, arribando al juzgado después del horario bancario. A su turno, De Gamas sostuvo que, si bien estaba en el juzgado, no presenció la indagatoria, aunque en algún momento pasó; agregó que no se trataba de su forma de redactar.
El 23 de abril de 2003 Carlos Alberto Telleldín amplió su declaración indagatoria, oportunidad en la que brindó explicaciones relativas al grabado de numeración en las carrocerías de los rodados robados, a efectos de doblarlos.
En otro orden, negó haber alterado números de motor. Por ese motivo, refirió, compraba el rodado siniestrado, a efectos de “legalizar” el vehículo.
Con relación al Renault 19 secuestrado en la causa, Telleldín explicó que esos automóviles no tenían número de motor, sino una chapita con el número en aluminio. Admitió que a ese rodado no sólo le cambió la numeración, sino también le extrajo la chapita al siniestrado y se la colocó al otro. También aceptó haber estampado el número personalmente, punteando con un clavo oxidado y arrojándole ácido hasta que el anterior dejó de florecer. Aclaró que siempre compraba los sustraídos en la misma semana, por lo que estimó que si se buscaba una carrocería que hubiera sido robada próxima a la fecha de la factura de compra del vehículo, así se lo podría hallar. Con respecto al motor, expresó que lo llevó a José C. Paz para su desarme.
Por último, al ampliar su declaración indagatoria el 9 de diciembre de 2003, Carlos Alberto Telleldín ratificó las denuncias presentadas por sus abogados – cuyas copias se hallan glosadas a fs. 117.109/117.124 y 117.250/117.265-, de las que, indicó, surgía una descripción de las partes de su declaración indagatoria del 5 de julio de 1996 que fueron insertadas a pedido del juez Galeano. Por otra parte, el imputado aportó diez croquis, en los que graficó los sucesos de marzo, 4 de abril y 10 y 14 de julio, todos de 1994.
En tal sentido, explicó, con relación al hecho de marzo, que concurrió en un Renault 18 desde su lavadero de autos “Puerto Olivos” hasta la Av. Maipú, donde se encontró con Ana María Boragni, a los fines de entregarle dinero, toda vez que estaban separados. Manifestó que en el lugar estacionó junto al Escort de la nombrada y en ese momento dos personas se colocaron delante suyo, sin indicar que eran policías, ante lo cual dio marcha atrás, chocó a un automóvil Lada blanco y huyó. Señaló que uno de los sujetos –a quien luego reconoció como el imputado Casas- se “prendió” de la puerta de su vehículo y lo apuntó con un arma, ordenándole detenerse, a lo que se negó; así, le pisó una pierna con una rueda trasera, quedando el arma dentro de su rodado, por lo que la arrojó por la ventanilla en medio de la Av. Maipú, a la altura de la “presidencia”.
Luego, relató, se comunicó telefónicamente con el Dr. Semorile, a quien solicitó se dirigiera a la Comisaría Olivos I a efectos de averiguar quién lo buscaba, respondiéndole luego que no eran de ninguna brigada. Adunó que, toda vez que su vehículo sufrió daños en la parte trasera, fue al domicilio de su hermano para que éste lo llevara a un taller en Santos Lugares. A partir de ese momento, comentó, empezó a trasladarse con otro automóvil, dado que poseía cuatro o cinco, incluidos dos Renault 11.
Con respecto a lo acontecido el 4 de abril de 1994, refirió que para esa época estaba separado de Boragni y vivía con Sandra Petrucci en la localidad de Tortuguitas. Ese día, manifestó, al salir de un videoclub, su automóvil Renault 18 –el mismo con el que se desplazó en el hecho anterior, que ya estaba reparado- fue bloqueado por un Renault 12 blanco con una baliza, un Senda – en el que luego fue trasladado en la parte trasera, esposado y con una manta, a la Brigada de Avellaneda, es decir, de Lanús, por Albarracín- y otro vehículo, que no pudo determinar si se trataba de un Sierra blanco. Acotó que el subcomisario Ibarra se quedó con su Renault 18 y en él condujo a Petrucci a la brigada.
Una vez en la Brigada de Lanús, relató, lo colocaron en una “pajarera”, en tanto a Petrucci la pusieron en una oficina, pero continuamente lo llevaban a verla para que dejara de llorar; precisó que la detención duró casi 24 horas. Agregó que al ingresar, inmediatamente fue conducido a una oficina, donde lo recibió el comisario Ribelli, quien le manifestó que “pusiera lo que tenía que poner y se iba”. Asimismo, recordó que se topó con Casas, que tenía un yeso en una pierna, a quien le dijo que no se había identificado como policía, respondiéndole que por esta “se salvaba”.
Adunó que Casas le tomó las huellas, tras lo cual fue alojado en las celdas. El encartado señaló que en un determinado momento lo condujeron a operaciones, en el primer piso, donde comenzaron las negociaciones; pedían una importante suma de dinero –USD 100.000 ó 70.000-, que sería destinado a los detenidos por la Masacre de Wilde. Así, indicó, le facilitaron un teléfono, se comunicó con su domicilio, habló con Jessica, a la que requirió que llame a la madre -que estaba en Córdoba- para que le mande un abogado, presentándose luego Spagnuolo; éste le aconsejó no aportar el dinero porque su documento era bueno y las capturas eran “tonterías”.
Telleldín aseveró que quería salir en libertad en ese momento, pero Spagnuolo no accedió a prestarse a ese negocio, apareciendo así en escena Semorile; éste le comunicó que había arreglado en aproximadamente USD 50.000, a pagar en vehículos. Recordó que su Renault 18 ya estaba en el lugar, por lo que hablaron con su hermano para que trasladara un Falcon y una motocicleta, pidiéndole a un fletero que la fuera a buscar al domicilio de Lo Preiato.
Hizo saber que recuperó su libertad cuando llegaron todos los vehículos y también dio dinero en efectivo que tenía Petrucci en la campera. Tras ello, agregó, fue conducido por Semorile y la señora hasta Tortuguitas. Con relación a lo acontecido el 10 de julio, Telleldín recordó que en las inmediaciones había un automóvil Duna blanco, un Fiat 128 –que pertenecía a la dependencia policial de Villa Concepción- y un Galaxy oscuro, además de la Trafic –justo frente a su domicilio-, el Falcon de Malacchia y otro vehículo que estaba en el lugar. Relató que ese día llamó por teléfono una persona, que luego se presentó con el nombre de Ramón Martínez, discutieron el precio y dieron una vuelta con el utilitario.
Resaltó que vendió la camioneta como vendía todos sus vehículos, sin preguntar qué destino les iban a dar. Agregó que era su costumbre entregar la documentación en los domicilios de los compradores; ello para evitar el riesgo de que el adquirente fuera a ver al titular y éste advirtiera que el automotor estaba en buenas condiciones, en lugar de incendiado.
Aseguró que no conocía a Ramón Martínez. Asimismo, sostuvo que el Galaxy azul siguió a la camioneta luego de concretada la venta, aunque dijo desconocer si se hallaban relacionados o no. Explicó que relacionó al Galaxy y al Duna con este hecho luego del día 14, debido a que en ambas ocasiones el primero tenía dos reflectores adelante.
Aseveró el imputado que luego del incidente en la Brigada de Lanús quedó “como perseguido”, motivo por el cual prestaba atención a los vehículos que pudieran estar siguiéndolo.
En cuanto a lo sucedido el 14 de julio, manifestó que salió de su domicilio con un Renault 19 y fue interceptado por un automóvil 505 y un Duna, a los que chocó, emprendiendo una fuga del lugar. Así, indicó, el Galaxy lo persiguió con la luces prendidas hasta el final de la calle República, donde, ante un embotellamiento, subió a la vereda, chocó un poste de luz y los ocupantes abandonaron el Galaxy y se le colocaron uno a cada lado, exhibiéndole chapas de Policía Bonaerense. Adunó que sintió disparos, se le trabó la dirección, pero finalmente salió con su automóvil y huyó, dejando a sus perseguidores atrás.
Con relación al pago del dinero, el encartado señaló que obedeció a su aporte del tema Solari. Añadió que cobró por “las hipótesis transformadas en realidad del juez Galeano”, quien aseguraba que tenía probado por otros medios que los policías estaban con Ramón Martínez, lo que, aclaró Telleldín, nunca pudo saber a ciencia cierta. Asimismo, apuntó que Galeano le hizo saber que Semorile lo había entregado a la Brigada de Lanús y Barreda a la de Vicente López.
En último término, aportó un código penal que, según dijo, le fue entregado por el juez Galeano en 1995.
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