# Palabras de Su Majestad el Rey en la XLI Asamblea General de las Naciones Unidas

Nueva York (Estados Unidos), 22 de septiembre de 1986
Señor Presidente, quisiera en primer lugar manifestar mi satisfacción y la del Gobierno de España por su presidencia en este período de sesiones. Su probada experiencia profesional y sus relevantes cualidades personales contribuirán decisivamente a que los trabajos de la Asamblea General rindan los frutos que todos esperamos.
Quisiera, asimismo, destacar la habilidad y eficacia mostradas por su antecesor, el embajador Jaime de Piniés, a lo largo del anterior período de sesiones, y expresar mi admiración hacia la labor callada, pero infatigable, del Secretario General, Pérez de Cuéllar.
El Gobierno español ha deseado que el Rey, en el ejercicio de su función constitucional de representar al Estado, haga oír en este foro la voz de mi país. Un país que inscribe como sus mejores títulos históricos el respeto al derecho de gentes y su dilatado esfuerzo para hacer más segura, pacífica y solidaria la convivencia entre los pueblos. Un país para el que resulta grato dirigirse a este foro universal que concita la esperanza de que los ideales de paz, de justicia y de solidaridad imperen firmemente en el orden internacional.
España fue en el tiempo una de las primeras colectividades que se constituyó como Estado-nación en la Europa del Renacimiento, dando así, juntamente con otras, un paso decisivo en el proceso de racionalización de la convivencia política. Ya entonces, ciertos juristas y teólogos españoles, al examinar los títulos de la acción de España en América, defendieron la existencia de límites al poder nacional, cuyo ejercicio, para ser legítimo, debe inspirarse en una conciencia ética y respetar los derechos y aspiraciones de los otros pueblos. O mejor dicho, en lenguaje de la época, procurar "el bien común del orbe".
De Francisco de Vitoria, uno de los fundadores del derecho de gentes, es decir del derecho internacional, es la siguiente frase: "Si en la consecución de una causa justa se irroga un daño al orbe, la causa se convierte en injusta".
En la raíz originaria de nuestra constitución como Estado se encuentra, pues, la conciencia de una sociedad internacional cuyo bien común limita la acción estatal y en la que está presente un empeño de solidaridad entre todos los miembros del género humano. Ambos rasgos dan base a la organización jurídica de la comunidad internacional que hoy tiene expresión institucional en las Naciones Unidas.
Desde esta vieja tradición me dirijo a la Asamblea y lo hago también en representación de un pueblo que es joven por la edad de sus gentes y porque ha recobrado, con la democracia y sus libertades, una actitud vital que caracteriza a la juventud: la capacidad de mirar al futuro con arrojo y con esperanza.
Cuando un pueblo recobra su impulso, integrando sus tradiciones en un proyecto de futuro, no se puede olvidar que esta revitalización debe inspirarse tanto en los ideales de su propia sociedad como en los requerimientos de una convivencia internacional armónica, pacífica y justa.
El mundo es hoy, por primera vez, uno, siendo al mismo tiempo culturalmente diverso.
En épocas pasadas, la pretendida superioridad de una cultura y una civilización determinada fue utilizada para justificar la dominación de unos pueblos sobre otfos. La diversidad cultural era combatida por un impulso que se alimentaba en la búsqueda del beneficio comercial o del predominio estratégico.
Hoy, la regla comúnmente admitida es que cada cultura debe ser entendida y juzgada exclusivamente en relación con sus propios valores y no por sus posibilidades de adaptación mimética o forzada a ninguna otra cultura pretendidamente superior. De esa idea-fuerza sobre la universalidad y la diversidad cultural de la humanidad derivó el gran impulso hacia la descolonización política.
Las Naciones Unidas son claro testimonio de esta poderosa realidad que inaugura una nueva fase de la historia. Las Naciones Unidas han sido marco e instrumento primordial de este paso a una verdadera sociedad de las naciones.
Es cierto que aún subsisten algunas situaciones coloniales residuales bien conocidas.
Y una de ellas afecta anacrónicamente a mi país. España mantiene, con todo vigor y con el peso de la razón que le asiste, su voluntad de encontrar una pronta solución al problema de Gibraltar de manera que el Peñón se reintegre al territorio nacional español. A partir de la Declaración de Bruselas de 27 de noviembre de 1984, y desde que los Gobiernos del Reino Unido y de España decidieron, en febrero de 1985 en Ginebra, resolver el problema en todos sus aspectos, incluida la soberanía a través de la negociación, se ha abierto un capítulo nuevo dominado por la esperanza de terminar con una situación injusta, sin que se menoscaben los intereses de la población.
Nos encontramos no solamente ante un mundo diverso política y culturalmente, sino también ante un orden económico en el que subsisten y se agrandan las diferencias. Nos encontramos ante una coyuntura caracterizada en la última década por la crisis económica, el endeudamiento de importantes zonas en proceso de desarrollo y el rebrote de nuevas tendencias proteccionistas. No solamente la justicia y la solidaridad, sino la misma paz y la seguridad, reclaman la disminución de estas diferencias y la corrección de estas tendencias.
Hace pocos meses, la Asamblea, que se enfrentó con la crítica situación económica en África, fue escenario, por un lado, del convencimiento de los propios países africanos de la necesidad de realizar un gran esfuerzo de definición, de ajuste y de acción; por otro lado, de la toma de conciencia de los demás países de que no es posible aceptar pasivamente el estancamiento y el deterioro de una parte del mundo que es esencial al todo. Esta manifestación de lucidez política y de solidaridad es esperanzadora. España, dentro de sus recursos y posibilidades ha ofrecido, y hoy reitera, su colaboración.
El endeudamiento exterior de ciertos países, y entre ellos de algunos que nos son muy próximos, es un grave problema que nos afecta a todos y no es de fácil solución. En la creación de tal situación han intervenido, sin duda, diversas causas y conductas. Las responsabilidades son varias y compartidas, pero lo que hoy más importa es que las políticas de ajuste, necesarias para la corrección de las situaciones interiores, sean alentadas, no solamente con el aplauso, sino también con generosidad y con apoyos concretos. Su alcance tiene marcados unos límites en la medida en que estas políticas puedan romper la solidaridad y la paz interior, quedando así entorpecidos los delicados procesos de cambio político y social.
En el período de reconstrucción política en curso hace diez años, mi país ha delimitado su posición internacional.
Desde el anterior período de sesiones de la Asamblea General, España ha procedido a dos importantes definiciones: en 1986, ha pasado a ser miembro de la Comunidad Europea y, tras consulta al pueblo español, ha definido los términos de su permanencia en la Alianza Atlántica.
Al adherirse a los organismos e instituciones de integración europeo-occidental, España no hace sino confirmar lo que la historia y la cultura habían hecho de ella desde el comienzo de los tiempos modernos. España ha sido siempre parte integrante y esencial de Europa, por geografía, por historia y por vocación. Al participar ahora en la toma de decisiones de los Doce, se encuentra en condiciones de hacer oír su voz en los asuntos intraeuropeos y de aportar a la acción de la Europa comunitaria otras dimensiones unidas a su trayectoria histórica. Europa no puede caer en ninguna tentación de ensimismamiento. Nos esforzaremos, por el contrario, en que se intensifiquen los intercambios y los contactos de la Comunidad Europea con otras partes del mundo y, en especial, con los países del continente americano. Europa no puede limitarse a cultivar su propio jardín, ni contentarse con preservar una envidiable calidad de vida, cuando otras regiones del planeta se encuentran agarrotadas por el estancamiento, por la reducción de los intercambios y por el juego negativo de factores comerciales y financieros.
Desde nuestra posición de aliados occidentales, contribuimos a la seguridad común y, como parte fundamental, nos esforzamos en que prospere el diálogo entre las superpotencias y en que intensifiquen su tarea los foros de entendimiento. Abrigamos la esperanza de que la deseable consolidación de un clima de diálogo y una mayor confianza en las relaciones internacionales conduzcan, en un plazo relativamente breve, a la drástica reducción, por primera vez, de los arsenales nucleares; a la detención de la carrera de armamentos; a la prohibición total de las armas químicas y a avances significativos en el campo del desarme convencional.
En una dimensión regional, la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, nacida de Helsinki, y que revalidó sus funciones en Belgrado y Madrid, prolonga su acción en distintos foros. Precisamente hoy, en el foro de Estocolmo se ha alcanzado un importante consenso que, sin duda, res- tablece la seguridad europea y la armonía de las relaciones internacionales en un amplio marco geográfico. Es de esperar que este éxito incida positivamente sobre la nueva fase de la Conferencia que próximamente se abrirá en Viena.
Esta doble definición, europea y occidental, completa y enriquece nuestras relaciones con los países y pueblos de Iberoamérica con quienes nos unen especiales vínculos culturales e históricos que nos hacen sentirnos solidarios en la búsqueda de soluciones justas a los problemas políticos, económicos y sociales con los que hoy se enfrentan.
A los factores de inquietud se ha añadido en los últimos años uno de alcance insospechado: el terrorismo, que atenta contra vidas inocentes, alienta visiones catastróficas y roba la paz de los ciudadanos.
El terrorismo, máximo atentado contra el más primario y, a la vez, más profundo de los derechos humanos "el derecho a vivir en paz", tiene dimensiones internacionales. El aliento y aún la tolerancia con los terroristas descalifica a cualquier Estado como miembro de buena fe de la comunidad internacional.
El Gobierno español se ha manifestado repetidamente en favor de la intensificación de la cooperación internacional frente a esta amenaza contra todos. La condena unánime e inequívoca de cualquier forma de terrorismo pronunciada por esta Asamblea el pasado mes de diciembre constituyó, sin duda alguna, un paso esperanzador, que debe ser seguido por medidas concretas y eficaces de colaboración mutua.
Desgraciadamente, una vez más esta Asamblea habrá de centrar su atención en una serie de situaciones conflictivas en diversas regiones del mundo. Con ellas, más recientes unas y casi crónicas otras, se está produciendo la más grave quiebra de los principios de la Carta de nuestra Organización. Y, entre tanto, vemos con impotencia cómo unos pueblos, que deberían estar labrando su futuro en paz y armonía, se desangran en medio de una destrucción y unos sufrimientos indecibles.
Ante estos dolorosos conflictos, las razones que abonaron nuestras conocidas tomas de posición, no solamente permanecen, sino que en algunos casos se han incrementado. Desde esta tribuna, hago un llamamiento para que la negociación y el diálogo se impongan de una vez a la intolerancia y la intransigencia, a fin de que la fuerza de la razón y del derecho prevalezcan sobre la razón de la fuerza.
La paz es la tranquilidad y la armonía en el orden, y no cabe armonía si en el mundo se mantienen situaciones de clara injusticia y mucho menos si se ahogan las voces que denuncian esta injusticia. El respeto de los derechos humanos será un criterio conforme al que se juzgarán nuestra civilización y nuestras conductas concretas, no solamente las de quienes los vulneran, sino también las de aquellos que no condenan las violaciones o adoptan ante ellas una actitud de resignada pasividad.
El radical desprecio del ser humano que significa la discriminación racial y la política de apartheid constituye el ataque más flagrante a la concepción de la unidad del género humano. Frente a ella es preciso adoptar todas las medidas necesarias para conseguir su desmantelamiento y su total abolición. Hay que hacer entrar en razón a los que, presos de sus prejuicios y temores, además de condenar a la gran mayoría de sus compatriotas a una dominación y vejación intolerables, ciegan el futuro de su propio país.
En estos últimos tiempos la cooperación internacional por medio de cauces multilaterales está siendo progresivamente menoscabada. Lo cierto es que en nuestro mundo, cada vez más interdependiente, numerosos problemas imponen el estudio y la búsqueda de una solución en el marco multilateral.
A las dificultades a las que se enfrentan tradicionalmente las Naciones Unidas, se han añadido este último año graves problemas institucionales y financieros.
El Secretario General, cuya acción merece nuestro reconocimiento y apoyo, ha llevado a término valientes iniciativas. Por su parte, esta Asamblea habrá de examinar y adoptar las decisiones necesarias para mejorar la eficacia y la buena administración de la Organización. La comunidad internacional no puede permitir que las Naciones Unidas, que son el mejor instrumento a escala general para el mantenimiento de la paz y la seguridad; que llevan a cabo una inestimable labor de cooperación en múltiples campos; que son depositarías de la idea de un orden internacional regido por el derecho, vean menoscabada su acción y disminuido su prestigio por falta de medios financieros o por una inadecuada asignación de los recursos disponibles.
El período de sesiones que se inicia será sin duda importante para encontrar soluciones a tantos problemas que definen una situación internacional no exenta de graves inquietudes, pero que también encierra posibilidades de progreso hacia los fines que nos marca la Carta.
Estoy seguro de que la Asamblea seguirá avanzando en su camino, por difícil que a veces sea, hacia la paz, la seguridad y la cooperación.
Muchas gracias, señor Presidente.