# Discurso de Elisa Carrió sobre la ley de 82% móvil

Elisa Carrió: Señor presidente: me gustaría enfocar este tema desde las teorías de la justicia. Me parece que es importante porque ellas pueden enmarcar la concepción acerca de cuál es el fin del Estado, no sólo en esta época de transición, sino el objetivo y fin del Estado en los próximos cincuenta años, tanto en la Argentina como en el mundo, y también el problema central de esta crisis del Estado y de esta transición hacia un Estado distinto que serán las jubilaciones.
¿Por qué digo que van a ser las jubilaciones? Sencillamente porque la nueva ciudadanía del mundo y la circunstancia de que las nuevas generaciones habiten y trabajen en distintos lugares va a determinar un problema gravísimo en el sistema previsional en lo que respecta a dónde se jubilará quien trabajó, por ejemplo, en ocho lugares del mundo. Este no va a ser un problema de nuestra generación, pero con seguridad será el gran problema para las nuevas generaciones, incluidos nuestros hijos, en el marco de América del Sur y del mundo.
De modo que esto no es algo menor, y hay que enfocarlo desde ese lugar para proponer más adelante la discusión de un nuevo sistema previsional que se vaya acercando lentamente a un nuevo modelo mundial.
John Rawls, un filósofo social que podríamos decir es quien en el siglo XX de alguna manera reestructura la teoría del contrato social aquella vieja teoría de Locke y de Rousseau , dice que deberíamos celebrar un contrato hipotético entre todos pensando que existe un velo de ignorancia, es decir, que ninguno de nosotros va a saber cómo nos va a ir, como si nadie supiera quién va a ser rico, quién va a ser pobre, si va a vivir o si va a morir; desde ese velo de ignorancia pensar cómo tendríamos que estructurar la sociedad para que haya la mayor libertad e igualdad posibles.
Es bueno que a veces las comunidades políticas se pongan en esa situación. En este sentido, recuerdo que en la Convención Constituyente también señalaba algo al respecto de Ronaldo Dworkin, que es otro filósofo americano, sobre la comunidad de principios.
Está claro que existen algunas reglas de sentido común y de principios que nos lega la historia y los miles de años de civilización. La primera de ellas es que para que haya libertad tiene que haber igualdad de oportunidades. Aquí aparece, por ejemplo, la discriminación inversa y el ingreso a la ciudadanía de la niñez. Hoy escuchaba a la señora presidenta decir que somos un default de propuestas, pero ella debería acordarse de que gracias a nuestra lucha ella finalmente implementó el ingreso ciudadano de la niñez, como también fue gracias a nuestra lucha que se dictó la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final el 12 de agosto de 2003. Digo esto para que por lo menos lo reconozca y no se olvide, ni siquiera públicamente.
En definitiva, lo que decimos es que desde ese velo de ignorancia, el ingreso de la niñez a la ciudadanía es lo que garantiza a una sociedad la posibilidad de que, independientemente de la suerte de los padres –es decir, de lo arbitrario de la herencia haya algunas posibilidades de ingreso que permitan iguales oportunidades de educación y salud a los niños.
Pero también desde ese velo de ignorancia está claro que una sociedad debe asegurar a las personas que ya no pueden trabajar activamente un mínimo de dignidad, garantizado por medio del ingreso ciudadano de la vejez. Y diría que esto debe ser independientemente de los aportes hechos, porque a alguien que tiene setenta años y que no aportó durante sesenta y cinco años no podemos decirle que no va a tener un ingreso garantizado.
En consecuencia, los dos pilares de justicia de una sociedad desde el velo de la ignorancia son el ingreso ciudadano para la niñez y el ingreso ciudadano para la vejez, que es algo similar a la jubilación universal de piso básico que tiene Italia, independientemente de que se resida o no o se haya trabajado o no en el territorio italiano.
Si esa es una teoría, la otra que me parece muy importante tocar aquí -y que es mucho más práctica desde el punto de vista de la aplicación práctica política es la de Amartya Sen, quien en su último libro Idea de la Justicia nos dice que esta cuestión contractual es más abstracta, más difícil, pero sí podríamos ponernos de acuerdo en una idea, que es que como sociedades tenemos como objetivo reducir lo más que se pueda la injusticia intolerable. Esta sería la premisa de Amartya Sen: con tal que reduzcamos las situaciones de injusticia intolerable en términos de civilización, podríamos estar avanzando.
Desde el mismo lugar es una injusticia intolerable que los niños, porque sus padres no tienen trabajo o empleo o porque les falten, no puedan tener un ingreso garantizado para poder comer y asistir a la escuela. Desde esa teoría esto es también un imperativo ético y un imperativo de derecho. Lo mismo sucede con los jubilados, con las personas de la tercera edad.
Ahí es donde tenemos que analizar algo muy concreto: ¿es justo, es tolerable, que un jubilado gane 900 pesos en la Argentina o es injustamente intolerable? Y esto es independiente de los recursos, independiente de la ANSES, e independiente de todo: es una pregunta que debemos hacernos como sociedad. Y porque vamos al supermercado, porque las personas grandes tienen graves problemas de salud y se gastan el dinero en remedios, todos sabemos que esto es intolerablemente injusto.
Después vamos a ver el problema de los recursos y las distorsiones del sistema. Pero sí creo que ni oficialismo ni oposición tendrían que tener un desacuerdo acerca de estos objetivos básicos de la sociedad.
Y si estamos de acuerdo yo haría un subprincipio de estos dos, que es preguntarnos de dónde deben salir los recursos para que la sociedad tenga un criterio de justicia en los términos de Rawls o reduzcan lo intolerablemente injusto en los términos de Amartya Sen.
La primera conclusión es que lo primero que podemos extraer es que no puede haber redistribución de los ingresos entre pobres, porque eso no es distribución.
En consecuencia hay que empezar a decir que es intolerablemente injusto, regresivo y reaccionario que los jubilados financien a los niños y no, por ejemplo, el impuesto a los activos financieros.
Esto quiere decir que los pobres financian a los pobres, algo que es intolerablemente injusto e intolerablemente reaccionario. Si se dice que faltan recursos para dar a los jubilados el 82 por ciento de la mínima, porque parte de esos recursos se vuelca en los niños, se trata de un argumento imposible de ser tolerado en una sociedad y en un Estado que tiene otras fuentes de financiamiento y otras fuentes de recursos.
Desde esa perspectiva Alfonso Prat Gay y Fernanda Reyes van a hablar de la cuestión económica y desde los números, pero yo me voy a dirigir a un segundo punto. ¿Qué significa el sistema jurídico y el derecho para nosotros? ¿Nada? ¿Qué significa que la Corte le haya dicho al Parlamento nacional que hay que actualizar? ¿No significa nada? ¿Cuál es el valor? Yo sé que las sentencias no producen efecto erga omnes, pero sí que en un sistema constitucional como el que tenemos la Corte está llamando al Poder Legislativo, a partir de la interpretación que hace del derecho argentino y no de otro ni de tratados internacionales, sino de las leyes sancionadas por este Parlamento, para que proceda conforme a lo establecido en el caso Badaro.
¿Pero cuál es el valor? Porque si el fallo de la Corte no tiene valor tampoco pueden tenerlo innumerables sentencias dictadas por ese tribunal por las que se condena al Estado o a una persona a la pena de prisión. ¿Cómo es posible que el fallo de la Corte sea una opinión más, susceptible de ser retrucada por tal o cual ministro, más allá del respeto que nos pueda merecer o no? Acá hay un fallo de la Corte.
La segunda cuestión que deseo plantear es aún más grave. Los que somos abogados sabemos que si la Corte y las Cámaras se están expidiendo y se llega a la primera como último tribunal, hay tres instancias de abogados que equivalen exactamente al monto de lo que se le debe a los jubilados. Estamos duplicando la deuda. ¿Quién se va a hacer cargo de la industria del juicio? ¿A quién está beneficiando esta industria que, en algún momento, será pagada con bonos? Ordenemos antes pero no dupliquemos una deuda que, en sí misma, es extraordinaria. A menos que digamos que después les vamos a pagar el equivalente a esa deuda a los abogados que llevan los casos ante la Corte, ya que sabemos cómo va a terminar esto.
Esto no es menos económico, sino mucho más económico. Se trata de un criterio de eficiencia económica. No pusimos lo anterior al caso Badaro justamente para dar al Poder Ejecutivo la posibilidad de instrumentar un sistema que permita terminar con esta industria del juicio, pagar lo anterior en términos de bonos y ordenar todo esto hacia adelante. Esto tenemos que hacerlo nosotros o el próximo gobierno. Debemos hacernos cargo de la manera más eficiente y ordenada. De nada vale que me digan que vamos a ir al default porque todos sabemos que es mentira. Sabemos que debemos hacernos cargo, y esta es una manera responsable de hacerlo.
Además esto permite al Poder Ejecutivo instrumentar toda la deuda hacia atrás de forma tal de dar solución al problema. Insisto en que esto costará la mitad si lo arreglamos ahora y el doble si lo hacemos dentro de dos o tres años, sobre todo a partir del criterio sustentado por la Corte en distintos casos judiciales.
Por último, quiero señalar que en rigor de verdad la ANSES tiene los problemas que tiene por las políticas que ha votado este Parlamento. No estoy hablando de ahora, como pueden creer algunos que piensan que estamos en la coyuntura mediocre. En primer término, el Estado siempre utilizó la caja de los jubilados como la caja política de todos los gobiernos. Esta es una responsabilidad de la política argentina que ha cruzado a todos los gobiernos desde hace 40 años.
En segundo lugar, en la década el 90 se utilizaron esos recursos para la construcción de mercados capitales a través de la creación de las AFJP. Después los trajeron de nuevo al Estado sin que esas entidades hayan pagado siquiera tres jubilaciones. Miren el maravilloso negocio que se hizo bajo un mismo signo político, en el sentido de que primero les dieron el dinero para que lo administren y después, cuando debían conceder las jubilaciones, los recursos volvieron al Estado sin que existiera la posibilidad de que se otorgaran los beneficios.
En tercer término, deseo señalar algo que este gobierno ha hecho bien pero que genera una distorsión, y que consiste en el hecho de haber concedido jubilaciones sin haberse efectuado los aportes. Esto está bien por el principio que dijimos al comienzo: debemos tener un ingreso garantizado a la vejez que sea financiado por el Estado, no por los aportantes. Esta es una política social, una política de distribución del ingreso. Estos son los problemas.
La propuesta en la que nosotros venimos trabajando desde hace seis años y que fue discutida en el ARI y en la Coalición Cívica es la que queremos llevar a cabo, porque se complementa con esta actualización.
Creo que por una cuestión de necesidad, así como llegamos al ingreso ciudadano, vamos a llegar a un sistema jubilatorio. Quiero expresar mi reconocimiento a Rubén Lo Vuolo y al gran grupo que trabajó durante muchísimos años en esto.
Esto es compatible con la nueva ciudadanía del mundo, ya que a mi entender se van a crear ciudadanías transitorias; es decir que no se va a aplicar el principio de ius sanguinis o el ius soli o lugar de nacimiento porque así estamos construyendo parias. La ciudadanía va a estar muy ligada al lugar de trabajo, no al lugar de nacimiento.
¿Qué es lo que proponemos nosotros? Tendría que haber una comisión bicameral que, como en Chile, trabaje uno o dos años, pero que trabaje. Comparto con el diputado Lozano que esto así es inviable, pero es inviable de todas maneras. Y tenemos que hacernos cargo durante un año.
El sistema sería el siguiente: un primer pilar sería el ingreso garantizado a la vejez, igual al ingreso garantizado a la niñez, financiado por el Estado. Sería como la provincia número 24 o 25: primero, los jubilados y los niños; después, el reparto a Nación, y luego el reparto a provincias. De este modo los ingresos de la ciudadanía estarían garantizados por el Estado federado en su totalidad.
El segundo pilar sería con aportes, y el tercer pilar sería con el ahorro privado, en el caso de aquellos que excedan determinado monto.
No estamos completamente de acuerdo con el diputado Lozano en este punto porque pensamos que este financiamiento no debería ser por vía de aportes, ya que cada vez vamos a tener mayores problemas con los aportes. En realidad tenemos que generar instrumentos impositivos que aseguren esos ingresos, de modo tal que cuando lleguemos a ser prósperos como todos queremos, en serio y en forma consistente, esos ingresos estén garantizados como modo de distribución del ingreso a la vejez.