# Discurso de Augusto Pinochet dando a conocer la Nueva Constitución

Discurso de Augusto Pinochet dando a conocer la Nueva Constitución, sus bases fundamentales y Convoca a Plebiscito para el 11 de Septiembre de 1980
Conciudadanos:
La Junta de Gobierno ha terminado el estudio del proyecto de la Nueva Constitución Política de la República, cuyo texto íntegro - para conocimiento de ustedes - será publicado oficialmente en el día de mañana.
Este hecho marca un hito trascendental en la vida de la Nación, ya que corresponderá ahora a la ciudadanía dar un nuevo y decisivo paso por la senda en que ha venido caminando Chile desde el mismo 11 de Septiembre de 1973, pues ha llegado el instante de decidir nuestro futuro, encontrándonos ante dos alternativas:
-volver, paulatina pero inexorablemente a la noche de los mil días negros de Chile, con todo ese cúmulo de angustias y miserias que nos azotó sin piedad;
-o, tomar la ruta que patrióticamente estamos señalando a nuestros conciudadanos.
Es aquí, chilenos y chilenas, donde radica nuestro dilema al pronunciarnos por esta nueva Carta Fundamental que será sometida a vuestra consi­deración.
Vosotros sois testigos de la elevada y permanente importan­cia que hemos asignado a la preparación y redacción de una nueva Carta Fundamental, donde estén consagradas las normas esenciales de la nueva institucionalidad chilena.
Fue así como en octubre de ese mismo año, apenas un mes después del Pronunciamiento Militar, el Gobierno designó una comisión de estudios de la nueva Constitución, integrada por destacados juristas, a quienes encomendó la redacción de un anteproyecto sobre la materia.
Durante los años en que se realizó dicho trabajo, el Presi­dente que os habla se preocupó de perfilar una doctrina clara y global sobre la inspiración que debía presidir la nueva institucionalidad polí­tica, económica y social, desarrollando así el profundo contenido de la Declaración de Principios del actual Gobierno.
El texto del trabajo quedó completamente terminado en oc­tubre de 1978 por dicha comisión constitucional, el que posteriormente se envió en consulta al Consejo de Estado. Simultáneamente, en ambas oportunidades se puso en conocimiento de la opinión pública, lo que permitió que, ya desde entonces, se iniciaba un análisis o debate constitucional, al que han tenido amplio a􀁪eso a través de los medios de comunicación social todos los sectores democráticos, incluidos aún los más implacables críticos del Gobierno y de la Nueva Institucionalidad que este impulsa.
Las publicaciones a que hago referencia, junto con facili­tar una intensificación del debate, han permitido a la Junta de Gobierne conocer la opinión de todos los sectores y personas que estimaron opor­tuno exponer sus puntos de vista en dicha materia.
Terminada esta tarea, deseo expresar, en nombre del Gobier­no y en el mío propio, nuestro más sincero reconocimiento a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Estado, y al señor Enrique Or­túzar Escobar y demás integrantes de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución.
Su profundo y versado trabajo ha sido un aporte sólido y muy valioso para que la Junta de Gobierno pudiera dar forma definitiva al proyecto final que, en uso de sus atribuciones privativas, hoy some­te al juicio de la ciudadanía.
Merece nuestra especial gratitud la intensa labor personal­ mente desplegada por el ex Presidente de la República y actual Presiden­te del Consejo de Estado, don Jorge Alessandri Rodríguez, cuya experi­mentada contribución a dicha obra no sólo incorpora a ella la mejor tradición republicana chilena, sino que, además, constituye un ejemplo de servicio público, que el paso de los años agiganta ante la conciencia emocionada de todos nuestros compatriotas.
Desde los inicios del actual Gobierno hemos sostenido que el Pronunciamiento Militar del 11 de septiembre de 1973 no sólo fue la respuesta al quiebre de una institucionalidad que se había agotado en forma definitiva, sino que estuvo destinado a detener la desintegra­ción del país, que era amenazado desde la raíz misma del ser nacional.
A nuestro juicio, las causas principales que provocaron esta progresiva erosión del régimen democrático -otror,1 ej e mplar en el continente- , encuentran su origen en los años anteriores a 1973.
Desde mediados de la década del 60 se vivió en Chile un incre­mento del marxismo, con todas sus secuelas, convirtiéndose, además, en un instrumento de agresión permanente y total del imperialismo sovié­tico, ya que, gracias al régimen político-institucional, le era posible a sus agentes externos e internos infiltrarse en los centros vitales del cuerpo social, e incrementar su poder desde adentro para desquiciarlo todo.
Ello, mientras se preparaba el golpe definitivo e irreversible, para hacer de Chile otro país esclavo del yugo comunista, sin posibilidades de retorno a la libertad.
Súmese a lo anterior los crecientes desbordes del estatismo socializante, los cuales cercenaron progresivamente la libertad de cada chileno para decidir su propio destino personal y familiar, asfixiando con ello toda iniciativa creadora, al hacerlo cada vez más dependiente de la burocracia estatal , al tiempo que se impedía un crecimiento ele­ vado y sostenido de nuestra economía, eficaz camino para lograr el jus­to bienestar a que aspiran todos los hijos de esta tierra.
La política de la ilusión era imprescindible para atraer a los adoradores de la demagogia. Ella creó un sistema que permitió a los partidos políticos asumir el monopolio de la participación ciudadana más allá de su verdadera representatividad.
A su amparo, se incentivaron excesos que jamás fueron san­cionados por el Parlamento; el libertinaje de cierta prensa destructora de todo principio y la politización sindical , que abandonó a los tra­bajadores de todo amparo realmente gremial.
Realidades todas estas que hicieron imposible gobernar al servicio de la justicia social, habitualmente postergada bajo el engaño de un lenguaje sin sustancia, que en definitiva era sólo una máscara para servir los intereses de los grupos empresariales o sindicales más poderosos o mejor organizados que serían "puntos de apoyo" en las próxi­mas elecciones.
Otro aspecto que sobresale en este análisis es la aparición del terrorismo a fines de la década de 1960, lacra contemporánea promo­vida por una subversión internacional de variadas raíces , que constitu­ye una amenaza sin cuya derrota total se hace imposible la convivencia civilizada y frente a la cual nuestro sistema institucional anterior se encontraba prácticamente inerme.
El análisis que hemos efectuado nos condujo a la madurada convicción de que no bastaba realizar una mera reforma superficial de la Constitución vigente al 10 de septiembre de 1973, sino que resultaba indispensable emprender con profundidad creadora, la configuración de una nueva Carta Fundamental.
No significa en modo alguno desconocer el valios o acervo de nuestra tradición jurídica, sino revitalizar su sentido esencial, preci­samente a través de una profunda reformulación de nuestras institucio­nes políticas, económicas y sociales, que permita a nuestro ser nacional asumir y superar los desafíos del momento actual.
Fiel a esa tradición, el nuevo texto constitucional asume resueltamente el camino democrático, ya que cualquier otro que se haya planteado o se planteara como sustituto de este, implicaría apartarse de nuestra idiosincrasia y estaría condenado a no perdurar en el tiempo.
La adopción del concepto de "nueva democracia" en cuanto sistema de Gobierno, queda definido en la Carta Fundamental que se entrega, por la elección de las futuras autoridades políticas a través del sufragio universal corno método predominante, aunque no excluyente, y por la aceptación de la concurrencia de diversas ideologías y tenden­cias en la generación del poder, excluyéndose sólo aquellas de signo totalitario, violentista o anárquico, por su incompatibilidad con la propia democracia, y más allá de eso, con la esencia de la chilenidad.
A lo anterior se une el establecimiento de la plena respon­sabilidad jurídica de todas las autoridades y de sus actuaciones, conforme a las características propias de un Estado de Derecho.
Sin embargo, la experiencia vivida por nuestro país hace más patente el error que significa considerar a la forma democrática de Gobierno corno un fin en sí misma, en circunstancias que ella sólo es un medio, cuya legitimidad y validez depende de su capacidad de servir a la libertad, la seguridad, el progreso y la justicia corno forma de vida, verdadero objetivo y finalidad última del esquema institucional que propiciamos.
Es por ello que, a diferencia de la neutralidad que caracteriz6 al sistema que se derrumbó en 1973, la auténtica democracia que impulsamos asume un claro compromiso con los valores enunciados, y pro­cura dificultar al máximo los factores que puedan corroerlos.
Debo recalcar que todo el nuevo texto constitucional está concebido bajo esta inspiración fundamental.
En tal sentido , destaco la clara definición que se hace en la propia Constitución, de las bases fundamentales de la nueva institucionalidad, donde se afirma una concepción del hombre, basada en su dig­nidad espiritual, y que concibe al Estado al servicio de la persona y no como siervo del Estado.
Es en ese marco donde se define el bien común como finali­dad suprema de la acción estatal, desprendiéndose de ello el carácter subsidiario del Estado frente al individuo; se señala a la familia como núcleo básico de la sociedad y a los cuerpos intermedios se les dota de autonomía para sus fines propios.
De lo anterior se deriva un notorio robustecimiento de los derechos personales, y en particular de aquellos que más interesan a cada hombre y mujer en su vida diaria o familiar, como son la libertad de educar a sus hijos, la libertad de trabajo y de afiliarse o no a cualquier gremio o sindicato y la libertad para escoger entre las diversas prestaciones de salud.
Complemento esencial de una sociedad libre es la limitación al pluralismo ideológico antes reseñada, porque no se puede dar acceso al ejercicio de los derechos políticos a quienes sólo pretenden ser­virse de ellos para tratar de abolirlos.
Igual inspiración libertaria orienta la adopción consti­tucional de las bases de un sistema económico libre, fundado en la propiedad privada de los medios de producción y en la iniciativa económi­ca particular, dentro de un estado subsidiario.
Crucial definición, que el sistema institucional anterior no contenía, y que ahora se levanta como un sólido dique en resguardo de la libertad frente al estatismo socialista.
Asimismo , el nuevo texto constitucional asume una postura de vanguardia en su combate jurídico frontal contra el terrorismo y, además, refuerza la seguridad de las personas y de la Patria, por medio de eficaces regímenes de excepción, que brindan a la autoridad facultades suficientes para controlar , frenar y doblegar la subversión, sin permi­tir, al mismo tiempo, su eventual empleo abusivo o desproporcionado.
Resalta, en su creatividad y sentido moderno, la forma como se plasma el sistema de Gobierno. Junto con vigorizarse el presidencia­lismo, radicando en el Gobierno y no en el Parlamento el eje de la con­ducción política y económica del Estado, se refuerzan las instancias judiciales y técnicas que eviten sus eventuales excesos contra los par­ticulares o impidan sus posibles tentaciones demagógicas contrarias al interés nacional.
Se consagra, además, el recurso de protección; se fortale­ce el imperio de los Tribunales de Justicia; se crea un Tribunal Cons­titucional eminentemente técnico ; se afianza la autonomía y profesiona­lismo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros, y se da vida a su participación orgánica en el desarrollo del país, a través del Consejo de Seguridad Nacional¡ la tecnificación del Banco Central y la prohibición de toda operación inflacionaria, son algunas de las prin­cipales innovaciones que destaco del nuevo texto constitucional.
Unidas ellas a las demás fiscalizaciones que ya contempla­ba nuestro sistema jurídico-político, y que se mantienen, se armoniza la configuración de un Gobierno que tenga todas las atribuciones ne­cesarias para conducir eficientemente el país, pero enmarcado en un régimen que excluya o sancione todo desborde en su conducta.
Sólo un sistema de gobierno semejante es capaz de dar a Chile la coherencia que el Estado moderno reclama en su conducción, lo que no es posible lograr en una asamblea parlamentaria.
Sólo así se puede dotar al país de la autoridad fuerte y justa que el sentimiento popular siempre ha anhelado, viendo en ella la única defensa de los desamparados y de la promoción de una auténtica justicia social, En síntesis, la Nueva Carta Fundamental contempla una autoridad fuerte que sea un escudo para la libertad y una garantía para la justicia. Especial relieve alcanza, en fin, el afianzamiento constitucional del proceso de regionalización ya en pleno desarrollo, y del incremento participativo de la comunidad, que se busca a través de una estructura municipal ágil, eficiente y despolitizada.
La sucinta descripción anterior es suficiente para compren­der que la Nueva Constitución que se propone al pueblo, constituye una meta cuya plena vigencia ha de alcanzarse en forma rad ual y paulatina, ya que al igual que los seres humanos, el desarrollo de los pueblos debe siempre obedecer a una evolución natural y decantada, para no gene­ rar tensiones o quebrantos que más tarde todos lamentarían.
En este orden de cosas, creo oportuno recordar aquel sabio pensamiento "los árboles que crecen rápido, se desploman al primer vendaval; la madera dura de la encina, lenta en su crecimiento, desafía al tiempo y protege con su sombra a varias generaciones".
A la vez, es necesario señalar que la vigencia de una demo­cracia sólida y estable como la que estamos construyendo, requiere de un desarrollo económico, social y educacional cuyos frutos alcancen en medida suficiente a toda la población.
Sólo en tales condiciones, la disputa democrática por el poder se lleva a efecto entre alternativas razonables o moderadas, que no ponen en peligro lo esencial del sistema de vida vigente.
Al compartir todos los ciudadanos los beneficios espiri­tuales y materiales, se compromete la adhesión de las grandes masas, realdad muy diferente a la que ocurre cuando vastos conglomerados ciudadanos son marginados de esos mismos beneficios, y están, por ello, prontos a plegarse a cualquier extremismo demagógico, ya que poco o nada tienen que perder en la aventura.
Sometemos a la aprobación del pueblo la Nueva Carta Fun­damental, porque el Gobierno ha llegado al convencimiento de que las me­tas parciales se han logrado, lo cual permite definir el marco básico para encauzar hacia el futuro el hondo proceso transformador que empren­diéramos desde el mismo 11 de septiembre de 1973.
No dar este paso, im­plicaría dejar en situación inestable nuestro destino político, e inclu­so arriesgar la continuidad del proceso, favoreciendo la desorienta­ción de los partidarios del Gobierno y las especulaciones de sus adver­sarios , que sólo anhelan restablecer el cuadro anterior al Pronunciamiento Militar.
Sin embargo, con igual énfasis subrayo que la plena aplica­ción de la Nueva Carta Fundamental supone que previamente se debe al­canzar el desarrollo económico y las modernizaciones sociales que esta­mos impulsando, como pilares de una democracia estable , al servicio de una sociedad libre.
Por tal razón, el proyecto aprobado por la Junta de Gobier­no, si bien dispone que la Nueva Constitución entrará en vigencia seis meses después de su ratificación plebiscitaria, contempla lo que denominamos un período de evolución gradual.
Su duración se fija en un período presidencial, es decir, ocho años, a partir de la entrada en vigencia del texto constitucional, ya que esa es la extensión que se establece como definitiva para los futuros gobernantes de la Nación.
Un lapso menor es insuficiente para emprender tareas de largo aliento, que requieren de una voluntad firme y sostenida para lle­var las a efecto . Duran te dicho período se pondrán en funcionamiento todos los preceptos de la Nueva Constitución que sean compatibles con la sub­sistencia del Gobierno Militar, excluyéndose por tanto de dicha fase las elecciones políticas.
Este período nos presenta un urgente desafío creador para avanzar hacia la culminación de la obra libertaria y progresista en que estamos empeñados. En este período se pondrán en marcha muchas y muy importan­tes normas e instituciones de la nueva Carta Fundamental y se comple­tará el programa de modernizaciones en que estamos empeñados.
El término del referido período presidencial dará paso a la plena vigencia de la Constitución, y a la elección de las autorida­des políticas conforme a lo dispuesto por ella.
Con todo, y para garantizar el carácter evolutivo de este proceso, y enlazar fluida y pacíficamente la fase descrita con la eta­pa de la plena consolidación y vigencia de la nueva institucionalidad democrática, la Junta de Gobierno ha estimado necesario reservarse la atribución de proponer al país el nombre del Presidente de la República para el nuevo período que comenzará el año 1989.
En todo caso, dicha proposición será sometida al veredicto plebiscitario del pueblo chileno. Si este la aprueba, quien resulte así elegido Jefe del Estado, deberá convocar nueve meses más tarde a elec­ciones parlamentarias.
Si la propuesta fuere rechazada, se convocará dentro del plazo máximo de un año a elecciones conjuntas de Presidente de la Repú­blica y Parlamento, eligiéndose al Jefe del Estado según las reglas generales aprobadas para el futuro, es decir, por votación popular di­ recta, incluida la llamada "segunda vuelta electoral" si ningún candi­dato obtuviese la mayoría absoluta.
En todo caso, el esquema que se plantea al país significa que a fines de esta década, Chile habrá llegado a la plena vigencia de la nueva democracia, después de acercarse progresivamente a ella.
El Presidente que os habla ha continuado cumpliendo las etapas que bosquejara a la juventud , porque de ella deben continuar brotando las nuevas generaciones con espíritu de servicio público, que empapadas de la moderna mentalidad que vence las barreras del subdesa­rrollo, sabrá proyectar los ideales del 11 de septiembre hacia el por­venir.
Mezquinas ambiciones personales o de grupos pretenderán impugnar la Carta Fundamental que hoy proponemos a la ciudadanía, espe­cialmente en cuanto a los plazos expuestos. Es por ello que la Junta de Gobierno ha resuelto que sea el pueblo de Chile el que, soberana y li­bremente, elija su propio destino: volver atrás, o continuar avanzando por una senda de progreso, libertad y justicia.
Por último, es preciso señalar que la proposición constitu­cional y las normas transitorias que ella contempla son indivisibles, ya que el actual Gobierno Militar no podría comprometer la responsabili­dad moral e histórica de las instituciones armadas y de Orden planteando al país una nueva Constitución, separada de las normas sobre su aplica­ción gradual y evolutiva que ella exige para su éxito duradero.
Con el fin de evitar toda crítica mal intencionada, en el sentido de que se trataría de un plebiscito carente de alternativa, de­ claro enfáticamente a la ciudadanía que el hipotético rechazo del pro­yecto aprobado por la Junta de Gobierno, significaría el retorno a la situación jurídica y política existente en el país al 10 de septiem­bre de 1973.
Compatriotas:
Sobre las bases señaladas, convoco a los chilenos mayores de 18 años, a un plebiscito para que se pronuncien sobre la aprobación o rechazo del texto constitucional propuesto por la Junta de Gobierno, incluidas sus disposiciones transitorias, y que tendrá lugar en toda la República, el próximo 11 de Septiembre.
En él, cada hombre y cada mujer de esta tierra, en el secreto de su conciencia emitirá su voto libre e informado, conforme a las normas del decreto ley que, en ejercicio de su potestad constituyente, ha dictado al efecto la Junta de Gobierno, y que será dado a conocer inmediatamente después de la publicación del texto completo de la pro­ posición constitucional.
El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y Cara­bineros respondimos al llamado del pueblo y de nuestro imperativo histó­rico, para salvar al país del comunismo, y reencauzarlo por la vía de la libertad, el orden y el progreso, que hicieron grande a esta Repú­blica.
Con este 11 de Septiembre de 1980, será ahora el pueblo de Chile quien deberá asumir directamente su responsabilidad sobre el destino de la Patria, convocado por quienes estamos ciertos de cumplir así con nuestro deber ante Dios, ante la Nación y ante la Historia.
Si en el 11 de septiembre de 1973 triunfó la heroica movilización del pueblo chileno para defender su libertad, en este 11 de septiembre de 1980 será el día en que ese mismo pueblo afianzará esa victoria, aprobando la "Constitución de la Libertad".
Tenemos en convencimiento de haber culminado una etapa, y que entrarnos a otra ,cuyo contenido y conducción requiere de las nor­mas que hoy proponemos a la decisión solemne del pueblo chileno.
Cumplimos así con nuestra palabra empeñada en nombre del prestigio de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden que un verdadero soldado jamás osaría traicionar.
Chilenos:
En esta noche memorable para el porvenir de la República, quiero llegar hasta la intimidad de todos los hogares del territorio nacional , desde Arica hasta la fría Antártica para pedir a nuestros compatriotas deponer banderías y rencores y fundir nuestra chilenidad en un solo haz, para hacer brotar su juicio sereno y su voluntad vibran­te, en bien de Chile y de nuestros hijos.
Al terminar estas palabras, invoco a Dios Todopoderoso para que ilumine a todos los chilenos en esta definición trascendental de nuestra existencia histórica, y para que El continúe guiando a esta Nación tan querida, por la ruta libre, grande y soberana que trazaron para ella los Padres de la Patria.
SANTIAGO, 10 de agosto de 1980.
Ver También
* Documentos históricos
* Augusto Pinochet