# Discurso de Venustiano Carranza en su Primer Informe de Gobierno

Discurso de Venustiano Carranza al abrir las sesiones extraordinarias del Congreso. 15 de abril de 1917. 15 de abril de 1917.
Discurso de Venustiano Carranza, al abrir las sesiones extraordinarias el Congreso, el 15 de abril de 1917.
Ciudadanos Diputados:
Ciudadanos Senadores:
Triunfante la Revolución de 1910 encabezada por el ilustre apóstol don Francisco I. Madero, se establecieron por la voluntad soberana del pueblo los poderes legítimos de la República, en substitución de la dictadura militar que resultó del Plan de Tuxtepec y que durante tantos arios pesó sobre el país; pero los elementos del antiguo régimen no podían conformarse con su derrota, y así, desde los primeros días del establecimiento del Gobierno legítimo, comenzaron las agitaciones de reacción, que no tardaron en formalizarse en la asonada militar de Veracruz provocada por el General Félix Díaz y secundada por varios militares que estaban en la guarnición de aquel puerto, en octubre de 1912.
La lenidad con que se procedió contra los responsables de ese atentado, y el error de haber trasladado al principal culpable de él a esta capital, en cuyo seno bullían con inusitada actividad todos los odios que el nuevo régimen había despertado en los favorecidos de la dictadura anterior, con motivo de los cuantiosos intereses que forzosamente tuvo que herir, fueron las causas inmediatas de que la reacción aumentase sus esfuerzos y les diese forma y organización apropiadas para destruir a la autoridad legítima y volverla a suplantar con un nuevo poder militar que abiertamente se proclamaba por todas partes, como indispensable para mantener en orden al pueblo mexicano.
La rebelión tenía, pues, que surgir fatalmente, como en efecto surgió, en las primeras horas de la mañana del domingo 9 de febrero de 1913, en que la Escuela de Aspirantes y algunos cuerpos del Ejército Federal, substraídos al deber por las maniobras del mismo general Félix Díaz y de los generales Bernardo Reyes y Manuel Mondragón, se levantaron abiertamente en armas.
Desde ese momento quedó, por tanto, iniciada la lucha contra el Gobierno legítimo, lucha en que era de esperarse hubiera éste triunfado sin grandes esfuerzos, dadas, por una parte, la pequeñez de las fuerzas sublevadas, y, por otra, la diversidad e importancia de elementos con que el anterior contaba para reducir a aquellas a la obediencia; pero por desgracia el mal tenía hondas raíces, la ambición no tenía dique y la traición, contaminándolo todo, había ahogado por completo el sentimiento del deber y extinguido, en lo absoluto, el pundonor militar.
Así fué como el general Victoriano Huerta, a quien se confió en mala hora la defensa de las instituciones y el apoyo de los Poderes Federales, arrojando sobre sí y sobre todo el Ejército la nota más odiosa que registra nuestra historia, usurpó el Poder Supremo del país, la tarde del día, 18 del misino mes de febrero, reduciendo a prisión al Presidente de la República, al Vicepresidente y a los miembros del Gabinete.
El Gobierno del Estado de Coahuila, que entonces estaba a mi cargo, había seguido con el más vivo interés todas las peripecias de la contienda; por lo mismo, grandísima fue la sorpresa que me causó el telegrama que me dirigió el expresado general Huerta y que recibí en las últimas horas de la fecha antes indicada, participándome que, autorizado por el Senado, había asumido el Poder Ejecutivo, y que estaban presos el Presidente y su Gabinete.
En el acto en que recibí el mensaje de Huerta, tomé la determinación de asumir una actitud resuelta contra atentado tan grande, y, llevando a la práctica mi propósito, a primera hora del día siguiente transmití dicho mensaje al Congreso del Estado, ya que el Senado no tenía facultades para designar al Primer Magistrado de la Nación y, por lo mismo, no pudo legalmente autorizar al general Huerta, para investirse con el carácter de Presidente de la República, expresándole que yo estaba resuelto a cumplir con los sagrados deberes de mi cargo y que esperaba que su determinación estaría de acuerdo con los principios legales y con los intereses de la Patria.
Es el momento de consignar aquí, como lo hago con todo placer, el más cumplido elogio a los diputados que integraban la Legislatura de Coahuila, pues en la misma fecha, 19 de febrero, se expidió el decreto número 1421, en el que se desconoció al general Victoriano Huerta en su carácter de Jefe del Poder Ejecutivo de la República, se desconocieron también los actos de éste, se concedieron al Ejecutivo del Estado facultades extraordinarias en todos los ramos de la Administración Pública para que procediera a. levantar fuerzas a fin de coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional en la República, y, por último, se ordenó que se excitase a los Gobiernos de los Estados y a los Jefes de las Fuerzas Federales, Rurales y Auxiliares de la Federación para que secundasen la actitud del Gobierno de Coahuila.
De acuerdo con este decreto, el Gobierno de mi cargo expidió la circular de 19 del citado mes de febrero, en la cual, después de referir los atentados cometidos por el general Huerta, concluí expresando que "el Gobierno de mi cargo, en debido acatamiento a los soberanos mandatos de nuestra Constitución Política, y en obediencia a nuestras instituciones, fiel a sus deberes y animado del más puro patriotismo, se veía en el caso de desconocer y rechazar aquel incalificable atentado a nuestro pacto fundamental, invitando a los Gobiernos y a todos los Jefes de los Estados de la República a ponerse al frente de la Legalidad."
De todos es conocido que el general Huerta, queriendo dar apariencia legal a la usurpación que acababa de cometer, obligó por la fuerza al Presidente y Vicepresidente de la República a hacer dimisión de sus altos cargos, para que, nombrado él mismo Secretario de Gobernación por el Ministro de Relaciones que en substitución del señor Presidente Constitucional asumió la Presidencia de la República, recayese ésta en él por la inmediata renuncia de aquel funcionario.
Este procedimiento llevado ostensiblemente a efecto por la fuerza de las armas, no podía legitimar ni por un instante la usurpación cometida contra los poderes legalmente constituidos, ni mucho menos dar el menor color o la más ligera apariencia de constitucionalidad a toda aquella intriga en la que tan desgarradas quedaban las instituciones del país, sobre todo cuando pocos días después fueron asesinados, con escándalo del mundo entero, los señores Madero y Pino Suárez, a quienes los autores del cuartelazo quisieron a todo trance hacer desaparecer, imaginando que de esta manera podrían disfrutar con toda tranquilidad del fruto de sus crímenes.
A raíz de estos sucesos se presentaron ante mí en el Palacio de Gobierno de Saltillo, el Cónsul y el Vicecónsul de los Estados Unidos, expresando que tenían instrucciones del Embajador americano Henry Lane Wilson, para decirme que desistiera de mi actitud de desconocimiento para el Gobierno del general, Huerta pues según afirmación, sería inútil toda resistencia, ya que el usurpador disponía de inmensos recursos para sofocar el movimiento de Coahuila; y me hicieron saber que acababa de ser reconocido el Gobierno de Huerta por todos los Gobiernos que tenían acreditada representación en la ciudad de México, inclusive el de Estados Unidos.
Agregaron también por instrucciones del Embajador Wilson, que todos los Gobernadores de los Estados habían aceptado el nuevo orden de cosas, y que era yo únicamente el que se ostentaba en actitud de rebeldía.
A todo esto contesté que tenía conocimiento de los elementos con que contaba la usurpación y de los reducidos de que yo disponía; pero que no aceptaba ningún arreglo y que cumpliría con mi deber como Gobernador del Estado, malquiera que fuese el resultado de la lucha.
Posteriormente obtuve copia del mensaje que Wilson dirigió sobre el particular al Cónsul y al Vicecónsul citados para que ejercieran presión sobre mí, y obtuvieran mi sumisión al Gobierno emanado del cuartelazo.
Pocos días después, estando mi Cuartel General en Villa de Arteaga, volvió a presentarse el Vicecónsul Silliman pidiéndome que dijera cuáles eran las condiciones que yo pondría para evitar la guerra, y que él se comprometía a hacerlas llegar al general Huerta por conducto del Embajador Lane Wilson, le di un oficio para el expresado Embajador, refiriéndome a las indicaciones que me habían sido comunicadas en la entrevista anterior celebrada con el Cónsul y el Vicecónsul de los Estados Unidos, y manifestando que para evitar la lucha armada exigía yo que salieran del país Victoriano Huerta, Félix Díaz, Aureliano Blanquet y todos los demás complicados en el cuartelazo y en los asesinatos del Presidente y Vicepresidente de la República; que evacuaran la capital las fuerzas que habían contribuido a la caída del Gobierno legítimo, y quedaran substituidas por fuerzas de los Estados de Coahuila y Sonora; que el Congreso designara substituto legal del Presidente, y que implantado el nuevo Gobierno resolviera éste qué castigo merecían los soldados que habían faltado a su deber.
El Vicecónsul Silliman se comprometió a hacer llegar ese oficio a la capital de la República, del cual no llegué a recibir contestación, y me reiteró que sus buenos deseos eran únicamente los de evitar el derramamiento de sangre.
Es oportuno rectificar aquí lo que a este respecto dijo no hace mucho el ex Secretario Knox, quien manifestó en una entrevista a la prensa que la intervención del Embajador Henry Lane Wilson, se debió a que yo me había dirigido a él solicitando su mediación, lo cual es completamente inexacto, pues los hechos sucedieron como quedan antes referidos.
Afortunadamente, la protesta viril, entusiasta y oportuna de la Legislatura de Coahuila, que sin medir los peligros, ni tener en cuenta la insignificancia de los recursos con que se contaba para tan grande empresa, como que se iba a combatir contra hombres resueltos a todo, faltos de escrúpulo y de todo sentimiento de moralidad, y sí sobrados de toda clase de elementos materiales, dio el resultado apetecido.
La acción noble y generosa de los diputados, abrazando al llamado del Ejecutivo del Estado, la causa de la legalidad, era sencillamente el patriotismo en acción, desbordante en pujanza y pronto a revestirse en formas heroicas y múltiples para reivindicar la ley ultrajada y devolver al pueblo mexicano las libertades perdidas; y como toda acción grandiosa es sugestiva, ella repercutió en todas partes en corazones juveniles que pronto volaron al servicio de la causa de la justicia.
El Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913 fue el grito de guerra que lo más selecto de la juventud mexicana lanzó a los cuatro vientos del país contra la iniquidad triunfante, y ese grito no era más que la expresión vibrante y sonora de la conciencia nacional, expresión que reasumía el propósito firme, la voluntad deliberada del pueblo mexicano de no consentir más que el pretorianismo volviese a apoderarse de los destinos de la Nación, imponiendo por la fuerza la voluntad de una casta odiosa y odiada que por tantos años ha pesado sobre todos los ámbitos de la República, ahogando toda tentativa de progreso, matando toda idea de libertad y teniendo a los mexicanos, bajo el pretexto de salvarlos de la anarquía, reducidos a la condición de esclavos, que no ha sido otra cosa la farsa que siempre se ha hecho de las instituciones democráticas, que sólo han servido para suplantar la voluntad popular con la imposición de favoritos designados por acaparadores del poder público, a condición de servirles de dóciles instrumentos en sus designios.
En tal virtud, con el Plan de Guadalupe, el que fue sancionado por la Diputación Permanente de la Legislatura de Coahuila, en representación de ésta, en su decreto de 19 de abril del mismo año expedido en Piedras Negras, quedó perfectamente planteada la cuestión de la legalidad contra la usurpación, del derecho contra la asonada, de las instituciones libres contra la dictadura militar.
Al llamado que se hizo a los Gobiernos de los Estados excitándolos para que secundasen la actitud del de Coahuila, sólo correspondió el de Sonora, pues aunque el Gobernador del Estado, José María Maytorena, no se mostró muy dispuesto a ponerse del lado de la legalidad, la Legislatura sí reprobó abiertamente la usurpación, y nombrando Gobernador interino al C. Ignacio L. Pesqueira que era uno de los miembros, por decreto de 4 de marzo del mismo año de 1913 desconoció a Huerta.
La unión de Sonora con Coahuila, y, por consiguiente, el reconocimiento por aquel Estado del Plan de Guadalupe se efectuó el 18 de abril siguiente, habiendo tenido en ese acto la representación de dicho Estado, los señores Adolfo de la Huerta y Roberto C. Pesqueira, los que tenían también la de los hoy generales Álvaro Obregón, Salvador Alvarado y otros jefes militares.
Resuelta, pues, la lucha, el Gobierno de mi cargo tenía dos grandes objetos que atender: uno, la organización de los servicios públicos en cuanto lo permitiera el estado de guerra, para hacer sufrir a la población que no participaba en ella con las armas en la mano, los menores males posibles; y el otro, organizar el Ejército Constitucionalista de manera que correspondiese al fin a que debía encaminarse su acción, dotándolo de todos los elementos necesarios para que fuera eficiente.
Para lograr el primero de sus objetos, el Gobierno de mi cargo comenzó por expedir el decreto de 10 de mayo de 1913, en el que se establecieron las bases para el reconocimiento del derecho de nacionales y extranjeros para reclamar el pago de los daños causados durante la revolución de 1910 y los que se sufrieren durante la campaña que se acababa de emprender.
La justicia, a la vez que la pública conveniencia, exigían imperiosamente una medida semejante; tanto porque tratándose de una guerra que tenía por suprema finalidad favorecer al pueblo mexicano, los gastos que ella ocasionase no debían pesar sólo sobre los individuos avecindados en las regiones en que el Ejército Constitucionalista operase, sino que lo que ellos ministrasen y que por falta de recursos no podía pagarse inmediatamente, quedase como un adeudo de la Nación que sería cubierto en la forma, plazos, términos y condiciones que a su tiempo fijaría la ley especial, que con tal motivo debería expedirse, como porque la conducta del Gobierno debía cimentarse sobre bases de estricta moralidad y ésta exige que se respete al derecho ajeno, el que debe, por lo mismo, recibir la correspondiente compensación, cuando el objeto que le sirve de materia se ha consumido en provecho público.
Aquí es la oportunidad de advertir para evitar una errónea inteligencia, que en el decreto a que me vengo refiriendo no se trata de daños que toda guerra civil lleva siempre consigo, consistentes en las trabas que en muchas ocasiones paralizan el comercio, en la inseguridad de las poblaciones, de los caminos y de las fincas de campo expuestas a la rapacidad de todos los que, aprovechando el desorden que producen las calamidades públicas, hacen su oficio u ocupación constante atentar contra la propiedad y las personas; en ese decreto se trata únicamente de los daños consistentes en la ocupación de la propiedad de los particulares por las autoridades constitucionalistas para las necesidades del servicio, como lo da a entender con toda claridad el artículo 3 del mismo decreto, y sobre todo, como en términos precisos lo dicen las disposiciones de 10 de agosto del citado año de 1913.
Al mismo objeto antes mencionado se encaminó la circular de fecha 7 de junio de 1913, expedida expresamente para facilitar el comercio entre los Estados Unidos del Norte y los Estados Unidos Mexicanos, evitando de este modo que las relaciones mercantiles entre ambos países quedasen suspensas con gravísimo daño de los habitantes de las dos naciones y con notorio menoscabo de los intereses pecuniarios del tesoro público.
Mas la medida de mayor importancia para la. consecución del objeto mencionado, fue el decreto de 17 de octubre del referido ario de 1913, en el que se dio organización al Gobierno Constitucionalista, determinando el número de Secretarías de Estado a cuyo cargo deberían quedar los diversos ramos de la Administración pública, y por el órgano de las cuales se debía tender de una manera eficaz a la satisfacción de las necesidades del momento y comenzar a implantar, aunque fuera provisionalmente, las reformas que demandaba la situación social y económica del país.
Si tenían que ser de trascendental importancia los servicios de las Secretarías de Guerra, de Gobernación y de Hacienda para la organización del Ejército y su provisión oportuna, para el cuidado y gobierno del territorio que paso a paso se le quitaba a la usurpación, y para arbitrarse en la mejor forma y administrar con el mayor orden los recursos necesarios para las exigencias cada día más grandes de la campaña, no era menos útil ni menos necesaria la labor que se puso a cargo de las otras Secretarías, labor que no podría dejar desempeñarse sin que el Gobierno de mi cargo se hubiera mostrado poco seguro en sus procedimientos y en el éxito final de ellos.
Desde el principio tuve la idea firme, que confirmé después muy ampliamente, que la victoria contra la usurpación del poder público no podría alcanzarse si no se concretaba la atención de una manera especial, a llevar a la conciencia del pueblo el convencimiento de la legalidad de la lucha de parte de la Revolución, y la necesidad de ella para el restablecimiento de los poderes consagrados por el voto del pueblo, y si, además, no se adoptaban todas las medidas adecuadas para vencer al enemigo, ya privándolo de los medios necesarios para sostenerse, ya levantando y poniendo enfrente de él un ejército poderoso tanto por el número como por la calidad de sus elementos.
Con este propósito y para realizar el segundo de los objetos antes mencionados, la Primera Jefatura expidió con fecha 20 de abril de 1913 un decreto llamando a los generales, jefes y oficiales del Ejército Libertador y Ejército Federal para que se incorporasen al Ejército Constitucionalista, ofreciéndoles ratificarles sus empleos en el ejército permanente al triunfo de la Causa Constitucionalista, hecha excepción de los generales, jefes y oficiales que en octubre de 1912 tomaron participación en la rebelión de Veracruz y de los que tomaron parte en la asonada militar de febrero de 1913.
Debo decir, de paso, que este llamamiento sólo fue atendido, además de los jefes que mandaban las fuerzas de Coahuila, Pablo González, Jesús Carranza, Cesáreo Castro, Francisco Coss y otros oficiales, por las fuerzas que mandaban los hoy generales Jacinto B. Treviño, Jesús Agustín Castro, Cándido Aguilar, Agustín Milán y otros oficiales más.
Con el mismo fin a que me vengo refiriendo, se expidió el decreto de 14 de mayo de 1913 que puso en vigor la ley de 25 de enero de 1862 para juzgar al general Victoriano Huerta y a sus cómplices y castigar a los que atentaren contra la independencia y seguridad de la Nación.
También se expidió con igual objeto el decreto de 4 de julio de 1913 que estableció siete Cuerpos de Ejército y distribuyó las regiones dominadas por la Revolución.
Igualmente se expidió, con el mismo fin, el decreto de 17 de noviembre de 1913 poniendo en vigor las leyes de organización y competencia de los Tribunales Militares reformando en dicho decreto y otros que se expidieron con anterioridad, varias disposiciones de aquellas lo mismo que de la ley de 25 de enero de 1862 para hacerlas adaptables a las circunstancias.
También se expidió el decreto de 31 de julio de 1914 que dispuso que los Jueces de Instrucción Militar conocerían de los delitos del orden federal, siempre que los reos no debieran ser juzgados por la ley de 25 de enero.
No me detendré en llamar vuestra atención sobre la importancia y oportunidad de todas esas disposiciones, oportunidad e importancia que su simple enunciado revela, supuesto que a nadie escapa que era indispensable, por una parte, llamar a las filas constitucionalistas a todos los que hicieron la Revolución de 1910, lo mismo que a los federales que tuvieron plena conciencia de sus deberes y estuvieron dispuestos a cumplirlos, y, por otra, indicar que no se dejaría sin castigo a Huerta y a todos los que lo habían secundado en el cuartelazo, lo mismo que a los que habían iniciado la rebelión contra el Gobierno legítimo de la República.
Era también indispensable de todo punto destruir todo obstáculo que se opusiese a la marcha de la Revolución, y, con ese objeto, reprimir con severidad todo intento de los que no simpatizaban con ella y que no contentos con no participar en la empresa que se llevaba a efecto, tomaban el partido de hostilizarla con vías de hecho, ligándose abiertamente a sus enemigos.
Mas si había que combatir sin tregua y por cuantos medios se tenían a la mano, a los sostenedores de la usurpación, era también preciso procurar el orden en el Ejército Constitucionalista, y no dejar sin represión y castigo los delitos del orden militar, que la prudencia más elemental exigía no dejar pasar desapercibidos, lo que justifica la organización y establecimiento de los Tribunales Militares y la competencia extraordinaria que les fue concedida.
Más adelante, y, a reserva de que se rinda a Vuestra Soberanía memoria detallada de la gestión de las Secretarías en el largo período de tiempo transcurrido, desde el principio de la guerra hasta hoy, haré una ligera reseña de los trabajos más importantes llevados a término por cada una de ellas, para que tengáis una idea del estado que guarda la Administración pública en todo el país; pero antes séame permitido seguir la relación de la marcha general de los acontecimientos.
Después de haber logrado dominar a las huestes huertistas y obligado a salir fuera del país a los principales responsables de los crímenes de febrero de 1913 y de haber obtenido la rendición incondicional del Ejército Federal, conforme a los tratados de Teoloyucan, se ocupó al fin la ciudad de México y con ese motivo y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 39 del Plan de Guadalupe, se expidió el decreto de 20 de agosto de 1914, en el que se dispuso que desde esa fecha el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista se haría cargo del Poder Ejecutivo de la Nación.
Esta disposición, a la vez que marca que la empresa iniciada por el Gobernador de Coahuila, acogida con patriótico celo por la Legislatura del mismo Estado y organizada y proclamada por el entonces pequeño Ejército Constitucionalista en la memorable fecha del 26 de marzo de 1913, llegaba felizmente a su término, y por lo tanto, la obra de reivindicación y justicia que la había provocado, iba a cumplirse, señala también el momento en que la Revolución triunfante debía entrar en un nuevo período para organizar al país, volviéndolo lo más pronto posible al orden constitucional.
Permitidme que os diga que el decreto a que me vengo refiriendo, demuestra con toda evidencia que la Revolución se había desarrollado felizmente en un período de tiempo relativamente corto y que, por lo mismo, hasta la fecha no habían sido muy considerables los sacrificios que había tenido que hacer la Nación ni muy serios los daños que, como consecuencia inevitable de la guerra, habían tenido que sufrir los habitantes del país, daños y sacrificios que se habrían reparado en breve término, si la ambición no hubiera movido al espíritu de la discordia para encender nuevamente la tea de la guerra civil, lanzando al país a mayores calamidades, y llegando a comprometer hasta su autonomía.
El Gobierno de mi cargo, a raíz de la ocupación de esta ciudad por el Ejército Constitucionalista, quiso enderezar su marcha hacia el objetivo de la reconstrucción nacional; y, deseando cimentarla sobre bases sólidas y con la aquiescencia del Ejército Constitucionalista para evitar divergencias perjudiciales que debilitarían todo esfuerzo, haciéndolo si no infructuoso sí poco eficaz, convocó por disposición de 5 de septiembre de 1914 a una junta de todos los Gobernadores y generales que tuvieran mando de fuerza, convención que debía reunirse en esta ciudad y en este mismo recinto, el día 19 de octubre del citado año.
El objeto de esa asamblea no era ni podía ser otro, dados su origen, los elementos que la componían y el objeto con que expresamente era convocada, que dar al Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión un programa de Gobierno para procurar pronta y cumplida satisfacción a todas las necesidades públicas concretadas en el ideal revolucionario, el que si no había sido reducido a fórmula escrita, sí estaba bien delineado en la conciencia y en los anhelos del pueblo, y, sobre todo, en la conciencia y anhelos de los ciudadanos que se habían armado para salvar la República.
Desgraciadamente el objeto de la asamblea a que me vengo refiriendo, fue desde luego vivamente contrariado, de un lado, por la resistencia que los principales jefes de la División del Norte opusieron para concurrir a ella, bajo el pretexto de que en esta ciudad no gozaban de las garantías bastantes para externar sus opiniones con absoluta libertad, y, de otro, por la mala inteligencia, que de la mejor buena fe, sin duda, dieron algunos jefes de otras divisiones a la misión que se les había encomendado.
Los jefes que concurrieron a la asamblea que se reunió en esta ciudad el día 19 de octubre de 1914, queriendo evitar la. división que con toda claridad se apuntaba ya en las filas del Ejército Constitucionalista, convinieron, después de un intercambio de ideas con los que se mostraban disidentes, en que dicha asamblea tuviese verificativo en la ciudad de Aguascalientes y que allí reanudasen sus trabajos el 10 del mismo mes del citado año de 1914.
Desde el primer momento la asamblea de Aguascalientes dio a conocer sus tendencias y los propósitos que animaban a una gran parte de sus miembros, formada casi exclusivamente por los jefes de la División del Norte, todo lo que vino a demostrar que los jefes que concurrieron a la asamblea reunida en esta ciudad, habían sido sorprendidos y engallados, y que por dar garantías a los zapatistas a quienes arteramente se hizo llamar con el pretexto de procurar una conciliación imposible, se habían ellos mismos entregado casi indefensos en manos de sus enemigos.
La Asamblea o Convención de Aguascalientes, como se le ha llamado, comenzó, permítaseme la frase, con un nuevo cuartelazo por el estilo del de Huerta, pues por sí y ante sí asumió la representación nacional, declarándose soberana y con absolutas facultades para nombrar Presidente de la República y legislar sobre todos los ramos de la administración pública.
Como se ve, Huerta usurpó el Poder Ejecutivo de la Nación; la Convención de Aguascalientes usurpó el Poder Legislativo y se dio facultades que éste no tenía para nombrar al primer mandatario.
Como habéis visto, la Convención de Aguascalientes desnaturalizó por completo el objeto de la junta a que el Gobierno de cargo convocó, a fin de que se diera un programa para preparar la vuelta del país al orden constitucional; y fue hasta entonces cuando los jefes que con las mejores intenciones habían concurrido a ella, vinieron a adquirir el convencimiento de que su buena fe había sido sorprendida, y que de lo que se trataba era sencillamente de separarme del alto puesto en que me habían colocado el carácter de Gobernador de Coahuila y el Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913.
La insidia y la maldad de los que rodeaban al general en jefe de la División del Norte, habían despertado en éste la ambición de imponerse él como Presidente Provisional de la República, y a este fin encaminaron todos sus esfuerzos.
Yo habría esquivado de la mejor buena voluntad entrar en una nueva campaña en la que de seguro se iba a derramar mucha sangre y a destruir grandemente la riqueza de la Nación, arrojando sobre ella cargas enormes; pero los hechos demostraron, aún a los espíritus más preocupados, que nada favorable para el país podrían ofrecer los hombres de la División del Norte y que, de entregarles la República, la habrían llevado incuestionablemente al desastre más escandaloso.
Tuve, pues, muy a mi pesar, que resolverme a comenzar una nueva lucha con las fuerzas que habían quedado fieles a mi Gobierno, y para organizarlas me trasladé al puerto de Veracruz, donde contaba, como en efecto conté, con el apoyo y ayuda de un pueblo liberal y patriota, que me recibió con febril entusiasmo y que no escatimó ningún elemento que pudiera conducir a la victoria.
Con tal objeto, con fecha 20 de noviembre de 1914, expedí en Córdoba un decreto en el que se dispuso que la Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista y del Poder Ejecutivo de la Unión, con las Secretarías de Estado de su dependencia, residiría fuera de la ciudad de México en los lugares donde lo requiriesen las necesidades de la campaña.
Establecida la residencia de la Primera Jefatura en el. puerto de Veracruz, fue mi primer cuidado formular en términos categóricos y precisos el programa que el Gobierno de mi cargo tenía que desarrollar en el nuevo período de lucha que iba a iniciarse, cosa que era de absoluta necesidad, desde el momento en que aquella tenía un carácter del todo diverso de la que se llevó a cabo contra Huerta, y en que, por tratarse de una fracción del Ejército Constitucionalista insubordinada contra la Suprema Jefatura, se hacía indispensable demostrar a la Nación y al mundo entero, que en el nuevo conflicto no se buscaba de mi parte y de la de los jefes y oficiales que habían permanecido fieles al Plan de Guadalupe, satisfacer meras ambiciones personales, sino acabar de una vez para siempre con los vicios del pasado que tan hondas raíces tenían en las costumbres del pueblo mexicano, y que en más de un siglo han perturbado su marcha política, económica y social, impidiendo su progreso, oponiéndose a su bienestar y determinando un estado de perturbación constante, causa principal de todas las opresiones que ha sufrido y a que lo han sujetado la falta de equilibrio y debida ponderación en todas las relaciones que son de vital importancia para la existencia de un Estado soberano y libre.
Fue, por tanto, mi primer cuidado formular ese programa, y así lo efectué en las adiciones que se hicieron al Plan de Guadalupe por decreto de 12 de diciembre de 1914, adiciones en las que, aunque a grandes rasgos, pero en términos bien expresivos, se plantearon todas las reformas que el pueblo mexicano necesitaba en sus instituciones para poder emprender seria y útilmente la obra de su regeneración, obra sin la que no podría, jamás dar un paso en la senda de su perfeccionamiento, ni aspirar a ser gobernado por sí mismo, sino que quedaría, como había estado, víctima de todas las ambiciones de los más audaces y sujeto a los caprichos de los más fuertes.
La aceptación que esas adiciones tuvieron en el concepto público y el entusiasmo que despertaron en el Ejército Constitucionalista, son las mejores pruebas de que ellas fueron la expresión del sentimiento nacional, y así se explica que por sí solas hayan constituido el arma más terrible que esgrimirse pudiera contra rebeldes que no tenían otro ideal que enriquecerse y otros medios para realizarlo, que robar y cometer toda clase de atentados. Una revolución que no está motivada por una necesidad cuya satisfacción no admite aplazamientos, y que no aspira a dar vida real a un ideal de moralidad y de justicia, no pasa de ser un crimen contra la existencia de un pueblo.
La primera condición para la existencia del Estado es el orden, y el orden no puede existir allí donde no hay ley o donde es constante e impunemente violada; porque es la ley la que, determinando las relaciones de los miembros de la Nación entre sí y las que median entre aquellos y ésta, fija la esfera en que la libre acción de los particulares debe ejercitarse y los límites en que los órganos del poder público deben contenerse para que las funciones sociales no encuentren obstáculos en sus múltiples y legítimas manifestaciones.
Allí donde un hombre por el sólo hecho de sentirse fuerte por estar armado, se cree capaz de imponer a los demás su voluntad; donde no hay respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad de los demás miembros del cuerpo social, no puede haber derecho ni moralidad, que son los elementos primordiales del orden.
Allí donde cualquier agente de la autoridad se considera capacitado para obrar a capricho, que no tiene freno que lo contenga en sus arranques de ira, ni sentimiento que lo impulse a ver en los demás hombres, seres que merecen respeto, y que es precisamente para hacer guardar éste a los reacios, a los refractarios a toda idea de derecho, para lo que la autoridad pública es necesaria, allí, repito, no puede haber más que anarquía que es la tiranía desordenada de muchos, o despotismo, que es la tiranía de uno solo.
Las facciones que, después de la derrota del huertismo, han combatido al Gobierno Constitucionalista, se han distinguido, a la vez que por su falta de orden, o lo que es lo mismo, por la ausencia completa de ley, por la carencia de toda clase de respeto al derecho ajeno.
Ellas guerrean por matar, luchan por el botín, su norma única es el capricho de cada uno en la medida que puede satisfacerlo; la justicia es la venganza; el móvil de un ataque al derecho de otro es la antipatía personal, cuando no el simple deseo de hacer daño.
Se pega, se hiere, se asesina, se destruye únicamente para mostrarse fuerte; es la fiera que pone en acción su fuerza bruta; son los instintos del salvaje que siente sed de sangre y que imperiosamente se ve arrastrado a destruir para ocupación de su vida errante.
De acuerdo con el programa a que me lie referido, condensado en las "Adiciones al Plan de Guadalupe", lo primero que se hizo fue declarar la disolubilidad del matrimonio para asentar la familia sobre una base a la vez que más racional, más humana; después se estableció la libertad del Municipio como condición primordial insustituible del Gobierno libre, y se ordenó la inmediata restitución de los terrenos a los pueblos que habían sido desposeídos de ellos por la rapacidad de los favorecidos de las dictaduras últimas, y la dotación de tierras a los pueblos que carecían hasta de los elementos más precisos para la vida.
El Gobierno de mi cargo dedicó preferente atención al estudio de las reformas que debían hacerse a la Constitución de 1857, lo mismo que estudió con particular cuidado las cuestiones agraria y obrera para solucionarlas de la manera más conveniente; pero respecto de la primera encontró que de hacerse por la Primera Jefatura, ellas darían pretexto tanto a las facciones armadas como a las vencidas que fueron parte de los regímenes anteriores para seguir alterando el orden, y esto motivó, como bien lo sabéis, que se convocase un Congreso Constituyente que ha llevado a feliz término una de las labores más brillantes y que será de más trascendencia en la historia del pueblo mexicano.
Publicada la nueva Constitución el 5 de febrero del corriente año, en uso de las facultades que me concedió el Congreso Constituyente expedí el 6 del mismo mes la convocatoria para elecciones extraordinarias de Presidente de la República, diputados y senadores, adición a la Ley electoral conforme a la que aquellas debían efectuarse.
Dichas elecciones se verificaron felizmente en el segundo domingo de marzo, siendo de notarse el entusiasmo con que los ciudadanos ejercitaron el derecho y el deber del voto, demostrando de esta manera el pueblo sus aptitudes democráticas.
En los Estados prevalece igual interés para la designación de sus respectivos mandatarios; y con el propósito de metodizar la elección de los Gobernadores, expedí el decreto de 22 de marzo último que reforma el artículo 79 del Plan de Guadalupe y que establece que los próximos congresos locales tendrán el carácter de Constituyentes para introducir en las respectivas constituciones las reformas necesarias para ponerlas de acuerdo con la Carta Magna.
Se ha autorizado ya a varios Gobernadores para convocar a elecciones, no habiéndolo hecho todavía respecto de algunos Estados en que por trastornos locales, las elecciones no podrán verificarse con toda la libertad debida.
Vosotros sois los primeros ungidos por la voluntad del pueblo para venir a representarlo en la nueva vida que hoy comienza, y al felicitar a la Nación por la restauración del orden constitucional, paso a haceros una ligera reseña, como antes indiqué, del estado que guardan los diversos ramos de la Administración Pública.
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.
Desconocida la usurpación huertista por el Gobierno y la Legislatura de Coahuila, y organizada la campaña contra aquella de acuerdo con lo establecido en el Plan de Guadalupe, fue el principal cuidado de la Primera Jefatura, por lo referente a las relaciones exteriores, ponerse en contacto con el Gobierno de los Estados Unidos, único con quien podía hacerlo, desde el momento que los Gobiernos de las principales naciones europeas se apresuraron a reconocer, como si fuera legítimo, al Gobierno de Huerta sin dar importancia a la serie de crímenes sobre los que se había establecido.
No obstante que el Presidente de los Estados Unidos del Norte en diversas ocasiones expresó el concepto de que el gobierno de Huerta era completamente ilegítimo, y que, por tanto, no podía ser reconocido, es lo cierto que no se prestó tampoco a reconocer el Gobierno de Coahuila y, todavía más, a quitarle toda traba para que fácilmente pudiera proveerse del material de guerra indispensable para la lucha.
Con este motivo, los primeros esfuerzos de mi parte se encaminaron a gestionar ante el gobierno de los Estados Unidos que levantase el embargo que tenía decretado sobre toda clase de pertrechos de guerra, haciéndole ver que con semejante prohibición no se conseguía otra cosa que ayudar a Huerta de una manera muy eficaz, supuesto que el Gobierno Constitucionalista, no habiendo podido hacer una preparación suficiente, no estaba en posibilidad de fabricar las municiones y las armas que su ejército necesitaba imperiosamente, y, además, carecía de puertos por donde introducirlas, mientras que Huerta podía proporcionárselas sin la menor dificultad de las fábricas de armas y municiones de Europa y podía también traerlas sin el menor obstáculo, teniendo, como tenía en su poder todos los puertos de altura.
El Gobierno de los Estados Unidos, en vista de que la situación creada por su prohibición de exportar pertrechos de guerra favorecía la usurpación, tuvo al fin que derogarla, un año después de empezada la lacha contra Huerta; y de esta manera ya me fue fácil atender a una de las necesidades más imperiosas de la campaña.
En atención a esta actitud del Gobierno de los Estados Unidos, actitud que no era ni fue en realidad más que la consecuencia lógica del concepto que con toda exactitud y justicia se había formado de la conducta criminal de Huerta, éste y sus secuaces la interpretaron como un apoyo que aquel prestaba a la Revolución, y desde ese momento empezó su campaña en suscitar dificultades entre los Estados Unidos y esta Primera Jefatura, empeño que secundaron después y en el que han continuado hasta la fecha los partidarios del antiguo régimen y enemigos del Gobierno Constitucionalista.
La primera dificultad vino con motivo de la muerte del súbdito inglés William Benton, acaecida en Ciudad Juárez el 16 de febrero de 1914.
Como el Gobierno de Inglaterra había reconocido a Huerta, y por lo mismo, no tenía representante cerca de la Primera Jefatura, ocurrió al Gobierno de los Estados Unidos, que sí lo tenía, para exigir que se permitiese a una comisión compuesta de extranjeros, de la que formaba parte un cónsul inglés, pasara a territorio mexicano a examinar y reconocer el cadáver de Benton, así como que se diese curso a la reclamación que con este motivo hacía el Gobierno de la Gran Bretaña en la forma indicada.
La Primera Jefatura con el deseo de poner en claro lo ocurrido para hacer debida justicia, ordenó en el acto practicar una averiguación escrupulosa y nombró para este objeto una comisión respetable compuesta de mexicanos honorables; pero para evitar el sistema que se trataba de establecer de que las naciones que habían reconocido a Huerta, reclamasen por la mediación de los Estados Unidos sin que el Gobierno de aquellas asumieran tal carácter, en los asuntos relacionados con las personas o bienes de sus nacionales, manifestó al Gobierno de esa Nación que atendería como ya lo había hecho en diversas ocasiones, con toda diligencia y eficacia las quejas o reclamaciones, hechas en favor de sus ciudadanos, pero que por la dignidad de la República y por respeto a la personalidad misma del Jefe Supremo del Ejército Constitucionalista, no admitiría su intervención respecto de súbditos de otras naciones, si ésta no se significaba conforme a los usos diplomáticos, y toda vez que ellas no tenían el menor obstáculo en acreditar un representante para gestion.ar todo cuanto les correspondiese.
Fracasados sus torpes intentos en este asunto, los reaccionarios y enemigos del constitucionalismo redoblaron sus esfuerzos en sus criminales propósitos de provocar conflictos.
Uno de los incidentes más graves fue el que se originó en Tampico.
El 9 de abril de 1914 algunos marineros y un oficial uniformados, pertenecientes al buque americano "Dolphin", en una lancha del mismo, llegaron hasta un almacén cerca del puente "Iturbide", con el objeto de proveerse de gasolina, y el jefe de las fuerzas huertistas en ese puente, ordenó que fueran detenidos y conducidos a su presencia entre filas.
El Gobierno americano exigió satisfacción por estos hechos, y si el asunto se hubiera conducido con recto espíritu de justicia, sin duda que se hubiera llegado sin gran dificultad a una solución conveniente; pero la administración huertista dio lugar a que las cosas tomaran mayores proporciones, y al fin fuerzas americanas ocuparon la Aduana y se posesionaron del puerto de Veracruz, no sin que hubiera habido derramamiento de sangre por ambas partes, por la resistencia que espontáneamente ofrecieron los alumnos de la Escuela Naval y los vecinos de dicho puerto, pues el jefe huertista lo desalojó violentamente con sus tropas.
Hecho censurable que demuestra los tortuosos planes del huertismo.
El Gobierno usurpador hizo, en efecto, de este asunto, una maniobra política, en su afán de contrarrestar su creciente desprestigio comprometiendo la suerte del país y atendiendo a sus fines ambiciosos.
Con falsos alardes procuró explotar en su favor el patriotismo de los mexicanos e intentó sembrar el desconcierto en el Ejército Constitucionalista, pretendiendo que éste se le uniera bajo el especioso pretexto de acudir en masa a la defensa nacional, pero en realidad para almiar los triunfos de la Revolución.
El Ejército Constitucionales, por conducto de sus dignos jefes, aunque pronto a cumplir con sus patrióticos deberes, negose a tan pérfidas insinuaciones.
Al tener conocimiento de estos hechos con motivo de un despacho telegráfico en que el Cónsul americano en Torreón trató de explicarles, por instrucciones del Secretario de Estado norte americano, el Gobierno Constitucionalista dirigió al de los Estados Unidos del Norte la nota de 22 de abril de 1914, asumiendo sin vacilación una actitud bien definida.
En ella se hizo presente que la Nación Mexicana, el verdadero pueblo de México, no había reconocido como a su mandatario al usurpador que pretendía ahogar en sangre sus libres instituciones; que los actos de ese usurpador y de sus cómplices no podían ser tomados como actos legítimos de la Soberanía Nacional, ni representaban tampoco los sentimientos de la Nación Mexicana, que son de confraternidad hacia el pueblo norteamericano ; que esta falta de legitimidad del Gobierno de Huerta se corroboraba con el hecho de no haber sido reconocido por los gobiernos de Estados Unidos, de la Argentina, Chile, Brasil y Cuba; que el usurpador era un delincuente que caía bajo la jurisdicción del Gobierno Constitucionalista, único que representaba la Soberanía Nacional, de acuerdo con el espíritu del artículo 128 de la Constitución Política Mexicana; que los actos de ese usurpador nunca podrían ser suficientes para envolver al pueblo mexicano en una guerra desastrosa con Estados Unidos, porque no existía solidaridad entre ese Gobierno usurpador y la Nación Mexicana por no ser el órgano legítimo de la Soberanía Nacional.
Se manifestó con toda claridad y energía que esto no obstante, la invasión de nuestro territorio, la permanencia de fuerzas americanas en el puerto de Veracruz o la violación de nuestros derechos que forman nuestra existencia como Estado soberano, libre e independiente, sí nos arrastrarían a una guerra desigual, pero digna; que yo quería evitar por todos los medios honorables, antes que dos pueblos honrados llegaran a romper las relaciones pacíficas que los unían.
Con estos fundamentos, y en vista de las declaraciones del Senado Americano expresadas en el sentido de que los Estados Unidos del Norte no asumían ninguna actitud contra el pueblo mexicano, ni tenían el propósito de hacerle la guerra, y considerando igualmente que los actos de hostilidad excedían ya a lo que la equidad exigía para el fin perseguido y no siendo por otra parte el usurpador de México a quien competería otorgar una reparación, se concluía por invitar solemnemente al Gobierno Americano a suspender esa hostilidad ya enunciada, ordenando a sus fuerzas la desocupación de los lugares que se hallaban en su poder en el puerto de Veracruz, y a formular ante el Gobierno Constitucionalista, representado por mí como gobernador constitucional del Estado de Coahuila y jefe del Ejército Constitucionalista, la demanda correspondiente por los sucesos acaecidos en el puerto de Tampico, en la seguridad de que esa demanda sería considerada con un espíritu elevado de justicia y de conciliación.
Siempre en esta actitud, los sucesos se desarrollaron como sabéis por ser de pública notoriedad. Cayó el usurpador Huerta; la Convención tornose en foco de rebeldía y vino la infidencia de Villa a completar la situación, embarazando la marcha triunfante del Ejército Constitucionalista en los momentos en que se llegaba al éxito final, dominando en casi todo el país y habiendo ocupado ya la metrópoli el Gobierno de mi cargo, la cual tuvo que abandonar como medida estratégica.
En el curso de estos acontecimientos y aún en medio de las situaciones más difíciles, el Gobierno Constitucionalista insistió constantemente en la desocupación del puerto de Veracruz por las fuerzas invasoras, hecho plausible que tuvo lugar el 23 de noviembre del mismo año de 1914, fecha en que ondeó de nuevo nuestro pabellón nacional en esa heroica ciudad, que desde entonces quedó en poder de las fuerzas constitucionalistas, siendo de notar que se llegó a este resultado sin mengua del decoro y del honor de la República y sin aceptar intervención ninguna en nuestros asuntos interiores; pues por espontánea petición de la Cámara de Comercio y de los negociantes propietarios y vecinos de dicho puerto por una parte, y por otra, en vista de que todos los que habían servido puestos públicos durante la ocupación de las fuerzas americanas se sometieron a la decisión del Gobierno Constitucionalista, éste expidió dos decretos: uno ordenando que no se pagaran de nuevo los impuestos que se habían satisfecho por los primeramente mencionados, y el otro concediendo indulto a los segundos.
Así terminó este asunto que pudo haber envuelto en una guerra desastrosa a dos países que por sentimientos y por intereses desean ardientemente la paz.
A raíz de la ocupación del puerto de Veracruz, los honorables plenipotenciarios de Argentina, Brasil y Chile, autorizados por sus respectivos gobiernos, me ofrecieron como jefe superior de las fuerzas constitucionalistas sus buenos oficios para mediar en el conflicto entre México y los Estados Unidos del Norte, invitación que con franco agradecimiento acepté en principio con ese carácter, comunicándolo así en nota relativa de 20 de abril de 1914, expedida desde la ciudad de Chihuahua.
Dichos Señores plenipotenciarios me dirigieron un mensaje proponiéndome entrar en un armisticio general, mientras se llegaba a una solución pacífica y amistosa en el conflicto pendiente entre México y los Estados Unidos; pero yo me negué rotundamente a aceptarlo, manifestándoles que ese conflicto provocado intencionalmente por Victoriano Huerta, era de resolverse independientemente de nuestra lucha interna por la libertad y el derecho, estimando además inconveniente para la causa Constitucionalista el que se suspendieran hostilidades y movimientos militares, suspensión que sólo a Huerta aprovecharía; que la guerra civil en México entre el usurpador Huerta y el pueblo en armas, debía seguir con toda actividad hasta restablecer cuanto antes el régimen constitucional interrumpido y obtener la paz consiguiente.
Seguidamente me dirigí con fecha 3 de mayo a los mismos plenipotenciarios, suplicándoles se sirvieran precisar los puntos a que debían concretarse sus buenos oficios en el mencionado conflicto, y como se iniciaran las conferencias del A. B. C., en Niágara Falls, sin que se accediera a mi petición relativa a fijar los puntos que debieran tratarse, les hice presente, por medio de nuestro agente confidencial en Washington, con fecha 25 del mismo mes de mayo, que no había nombrado yo representante en espera de esa contestación, entendiendo que no debía pasarse adelante en esas conferencias sin que en ellas tuviera delegados la Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista, que representaba la mayoría de los habitantes y la mayor fuerza armada de la República.
Sin habérseme comunicado resolución alguna sobre esos particulares tan esenciales, las conferencias del A. B. C. se continuaron integradas por los representantes de la Argentina, Brasil y Chile, por los delegados del Gobierno americano y por los enviados del general Victoriano Huerta, sin que yo hubiese nombrado mis representantes y sin haber tomado participación en ellas.
En ese estado las cosas, los señores plenipotenciarios hasta el 15 de agosto de 1915 se dirigieron a mí poniéndome en concreto, que en concurrencia con otros jefes políticos militares que se hallaban en lucha con el constitucionalismo, se conviniese en una reunión, en un punto que al efecto se determinara, para cambiar ideas y decidir la suerte del país y crear un Gobierno provisional que adoptara las medidas conducentes a su reconstrucción constitucional y se procediera a la inmediata convocatoria de elecciones generales; todo con la intervención naturalmente de los mismos plenipotenciarios que habían ofrecido sus buenos oficios.
A tan extraña pretensión contesté de una manera categórica, por medio de la nota relativa expedida el 10 de septiembre del mismo año de 1915, que como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la República, no podía consentir en que los asuntos interiores de la misma se trataran por mediación, ni por iniciativa siquiera de ningún gobierno extranjero, puesto que todos tenían el deber ineludible de respetar la Soberanía de la Nación; que el aceptar la invitación para asistir a una conferencia con los jefes de la facción rebelde a fin de devolver la paz en México, lesionaría profundamente la independencia de la República y sentaría el precedente de intromisión extranjera para resolver sus asuntos interiores, consideración que por sí sola bastaría para no permitirlo, en legítima defensa de la Soberanía del pueblo mexicano y de las demás naciones americanas.
Además, expuse brevemente todo el programa de la Revolución, refiriéndome a las reformas que constituyen la base de la nueva organización social que ya se había comenzado a implantar ; que yo, con mi carácter indicado, tenía la inmensa responsabilidad de la realización de las aspiraciones nacionales y no podía por medio de una transacción poner en peligro la suerte de la patria, ni permitir que los enemigos de la causa que represento tomaran participación directa en el gobierno ; que una dolorosa experiencia había demostrado las fatales consecuencias de semejantes transacciones ; que habiendo respondido el pueblo con entusiasmo al movimiento que encabecé contra el usurpador, vencido éste, desecho Francisco Villa y triunfante la Revolución, contra los nuevos obstáculos que se amontonaron en su camino, contando con un ejército de ciento cincuenta mil hombres y habiéndose avanzado en la reconstrucción del país para volverlo a su vida normal, con el tráfico ferrocarrilero reanudado y mejoradas las vías de comunicación, el entrar en arreglos con la facción vencida era tanto como renunciar por parte de la Primera Jefatura a la victoria alcanzada a costa de inmensos sacrificios e importaría por mi parte, una renuncia también como Jefe del Ejército Constitucionalista y como Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, faltando a la fe y a la confianza en mí depositadas por el ejército y el pueblo mexicanos.
Por todas estas consideraciones y haciendo notar que nadie tiene el derecho de impedirle a nuestro pueblo que goce en un porvenir no muy lejano, del fruto espontáneo de sus dolorosas luchas, terminé manifestando que no podía aceptar la invitación que se me hiciera.
Esta fue la última palabra del Gobierno Constitucionalista por lo que respecta a las conferencias del Niágara Falls y a la mediación ofrecida por el A. B. C.
Sin duda el Gobierno Americano se convenció de la exactitud de los hechos y de la fuerza de los argumentos aducidos, pues reconoció como gobierno de hecho en la República, al Primer Jefe del Ejército Constitucionalista Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión.
Los enemigos del nuevo orden de cosas establecido en el país, tenaces en su criminal labor de determinar la intervención americana a todo trance, provocaron nuevos y serios conflictos en la frontera del Norte, siendo el más serio el de Columbus, población limítrofe que fue asaltada el 9 de marzo de 1916 por Villa y sus secuaces, quienes derrotados y batidos constantemente por las fuerzas constitucionalistas, se refugiaban en los confines de los Estados de Chihuahua y de Sonora.
El Gobierno de mi cargo, al tener la primera noticia oficial de estos atentados, dirigió al de Estados Unidos la nota del 12 de marzo del mismo año sugiriendo la idea de celebrar un convenio para el recíproco paso por la frontera de las fuerzas de cada Nación, a fin de perseguir forajidos que habiendo cometido depredaciones en su territorio se refugiaban en el de la otra.
Desgraciadamente el Gobierno de Washington, dando una interpretación errónea a los conceptos de esa nota, consideró que en ella se otorgaba tal permiso y con este motivo organizó y llevó a cabo la llamada expedición punitiva.
En este sentido explicó su actitud apoyándola además en la necesidad de obrar con rapidez; cuando el Gobierno Constitucionalista, al tener conocimiento de estos hechos, reclamó y protestó con insistencia contra ellos, cruzándose ambos Gobiernos diversas notas que dieron por resultado el que se aprestaran a discutir los términos de un convenio para el paso recíproco de sus respectivas fuerzas por la frontera.
Se examinaron y discutieron dos proyectos formulados por el Gobierno Mexicano y dos contraproyectos presentados por el de Estados Unidos.
En ellos el Gobierno Mexicano insistió constantemente en que el paso de tropas estuviese limitado en cuanto a la zona de operaciones, al tiempo de permanencia, al número de soldados y a la clase de armas a que debían pertenecer.
El Gobierno americano rechazaba estas indicaciones y cuando al fin en el último contraproyecto llegó a aceptarlos en parte, manifestó que el convenio no debería regir respecto de la expedición de Columbus.
Esto dio margen a que el Gobierno mexicano, por su nota de 12 de abril de 1916 suspendiera la discusión del convenio y requiriese el retiro de las tropas, puesto que su permanencia en el territorio no se basaba en ningún pacto y carecía ya de objeto, porque la banda de forajidos de Villa había sido dispersada y reducida a la impotencia.
Mientras el Gobierno americano no daba contestación a esta nota ni retiraba sus tropas, se estimó conveniente que jefes militares trataran del aspecto militar de la situación para llegar a una solución, que por parte del Gobierno mexicano no era otra que el retiro de la llamada expedición punitiva.
Con este objeto conferenciaron en El Paso, Texas, por parte del Gobierno mexicano el Secretario de Guerra y Marina general Álvaro Obregón y por parte del Gobierno americano los generales Scott y Frederik Funsten.
Llegose a formular un proyecto de memorándum en el cual el general Scott declaraba que la dispersión de la banda de Villa había quedado consumada y por tanto el Gobierno americano decidía comenzar el retiro de sus tropas, bajo la promesa del de México de procurar guardar eficazmente la frontera contra nuevas incursiones como la de Columbus; pero como se expresaba además una condición para el retiro de las fuerzas americanas, consistente en que el Gobierno americano pudiera dejar de verificarlo si por cualquier incidente juzgaba infundada la capacidad que se atribuía al de México para cuidar la frontera, éste negó su aprobación al expresado memorándum porque no podía dejar al criterio del Gobierno americano la evacuación del territorio nacional, materia que atañe a la Soberanía del país.
Durante las conferencias una partida de forajidos asaltó una guarnición americana en Glenn Springs, cruzando en seguida al lado mexicano en Boquillas y con este motivo, temiéndose el paso de nuevas tropas, el Gobierno de mi cargo dio instrucciones al general Obregón para que notificara al de Estados Unidos que no permitiría el paso de soldados de esa nación y que ya daba órdenes a los comandantes militares de la frontera, para que no lo consintiesen.
Estas conferencias se suspendieron el 11 de mayo del mismo año sin haberse llegado a ningún resultado práctico y como a pesar de las declaraciones en contrario hechas por el general Scott y no obstante las promesas de amistad del Gobierno americano y la buena voluntad que el de mi cargo demostró para hacer todo esfuerzo por conseguir que fuese efectiva la vigilancia en la frontera, sin embargo de las graves atenciones que exigía de preferencia la pacificación del país, nuevos destacamentos americanos cruzaron la línea divisoria avanzando hasta el lugar llamado El Pino, como a sesenta millas al sur de ella; como las fuerzas de la llamada expedición punitiva eran numerosas, contando con amplia dotación de artillería; como el Gobierno americano no sólo volvió a decretar el embargo de pertrechos de guerra, deteniendo en diversas ocasiones los cargamentos de armas y municiones, y ordenando también la detención de algunas piezas de maquinaria para la fabricación de las mismas, comprados unos y otras por el Gobierno mexicano en Estados Unidos; como esos actos de no remediarse prontamente tenían que considerarse como una manifestación hostil y una verdadera invasión de nuestro territorio, el Gobierno de mi cargo, por medio de la nota de 19 de mayo del propio año de 1916, hizo ante el de los Estados Unidos del Norte una completa enumeración de todos estos hechos y circunstancias, expuso con toda claridad las razones y fundamentos que militaban en su favor, manifestó que estos hechos se hallaban en contraposición con las declaraciones repetidas y terminantes del Gabinete de Washington, y concluyó por instar a dicho Gobierno que ordenara el pronto retiro de sus tropas, manifestándole que, en caso contrario, tendría que oponerse a su avance por medio de las armas.
Tratando de apurar sin embargo los medios honorables de advenimiento, se nombraron comisiones especiales tanto por el Gobierno de mi cargo como por el de Estados Unidos del Norte, a fin de que, unidas, se encargaran de discutir y solucionar este asunto, habiéndose iniciado con este objeto las conferencias de Atlantic City.
El conflicto llegó por fin a su período álgido cuando el Gobierno de mi cargo, en defensa de la integridad y Soberanía nacionales, se vio obligado a librar órdenes para rechazar por la fuerza la invasión de nuestro territorio teniendo lugar un encuentro en el Carrizal, en que nuestros soldados se comportaron con su acostumbrada bizarría y otro cerca de la heroica Matamoros, Tamaulipas, donde los habitantes, hombres, mujeres y niños, en espontáneo arranque de patriotismo, se unieron a la guarnición de la plaza.
Entonces se consideró inminente la guerra con la vecina República del Norte; pero pudo evitarse mediante la cordura y serenidad de ambos Gobiernos, quienes por la vía diplomática se esforzaron en hacer luz en el asunto y en proceder con toda mesura y justificación en materia tan delicada y por medio de las Comisiones de que acabo de hablar.
En estas negociaciones diplomáticas el Gobierno de México estableció como base indeclinable no aceptar a discusión cuestión alguna, sin que antes hubieran evacuado total mente las fuerzas americanas el territorio nacional y nuestros comisionados cumplieran estrictamente estas instrucciones.
El Gobierno americano, haciendo justicia al de México, retiró por completo de nuestro suelo la llamada expedición punitiva y ha acreditado a su Embajador, residente en esta capital, quien ya está en funciones, previa la solemne recepción de estilo, habiendo ya designado también el de mi cargo el personal de nuestra Embajada que se encuentra ya establecida en Washington.
Para agrupar aquí cuanto se refiere a nuestras relaciones con el Gobierno americano, debo hacer mención de otro incidente, aun cuando no revistió el carácter enojoso y grave de los anteriores que ya se han enumerado.
En febrero de 1915 ocurrió el movimiento rebelde en Yucatán encabezado por Abel Ortiz Argumedo, quien llegó a apoderarse de todo el territorio de ese Estado, del de Quintana Roo y parte del correspondiente al Estado de Campeche.
Sabido es que el puerto de Progreso es donde se verifica todo el tráfico de altura de Yucatán, y tanto para impedir que los rebeldes recibieran auxilios y pertrechos de guerra por ese conducto, cuanto porque allí fue volado el transporte de guerra mexicano "Progreso," el Gobierno Constitucionalista clausuró aquel puerto.
Con este motivo el Gobierno americano, hizo gestiones ante el de mi cargo a fin de que se suspendiese esta disposición, alegando que por virtud de ella resultaban lesionados los intereses de ciudadanos y negociaciones americanos que tenían cuantiosas operaciones de henequén, principal producto del referido Estado de Yucatán y por haberse conducido desde Progreso al puerto de Campeche el vapor "Wisebrooc" que llevaba su cargamento al primero de dichos puertos.
Como el Gobierno Constitucionalista envió con toda prontitud fuerzas para combatir a los rebeldes de Yucatán y como la campaña emprendida contra estos fue rápida, coronándose con un éxito completo, dicho puerto de Progreso quedó otra vez, después de breve tiempo, abierto al tráfico mundial, terminando por consecuencia de hecho el referido incidente diplomático.
No existe pues, en la actualidad, cuestión alguna de esta naturaleza, pendiente con los Estados Unidos del Norte, y por tanto, es altamente satisfactorio para mí el comunicaros en este acto solemne, que nuestras relaciones internacionales con la gran República del Norte, se cultivan con manifiesto espíritu de cordialidad, nutrido en el sincero deseo de estrecharlas cada vez más con la mejor voluntad por ambas partes, en beneficio de los dos pueblos limítrofes, sobre la base del absoluto y mutuo respeto al honor y a la integridad nacionales y de la más amplia libertad en el ejercicio de su Soberanía.
No obstante esto, debo a la vez informaros que el Gobierno de los Estados Unidos, a pesar de haber desaparecido por completo todo motivo de fricción, hasta la fecha no ha levantado el embargo de armas y municiones que decretó a raíz del asalto de Columbus, por Villa y sus secuaces, y a consecuencia del que se han detenido al Gobierno de este país algunas remesas de municiones y pertrechos que le venían consignados.
Con los mismos principios que han normado la conducta de mi Gobierno respecto de los Estados Unidos se ha desarrollado una intensa labor de aproximación y de fraternidad con todos los pueblos latinoamericanos, con los cuales tiene el de México fuertes vínculos de unión por razón de origen, de ideales y de intereses comunes.
Estos pueblos y sus respectivos Gobiernos han correspondido de muy buen grado y hasta con entusiasmo a esta labor altruista y de la cual deben esperarse conjuntamente los más copiosos frutos en favor de todos, principalmente en lo que respecta a la amplitud que han de llegar a alcanzar nuestras mutuas relaciones comerciales, que como nadie ignora contribuyen mucho a vigorizar los lazos de amistad y de concordia.
Con este motivo la República ha ampliado el personal de su Cuerpo Diplomático, aumentando el número de sus Legaciones y me es muy grato consignar aquí que han sido elocuentes y significativas las manifestaciones mutuas de consideración y de simpatía que han tenido lugar en nuestras relaciones con esos países hermanos, con fuerte tendencia para estrecharse cada vez más estas importantes relaciones.
En este particular me complazco en hacer mención especial de las mutuas pruebas y demostraciones de profunda estimación y de sincera fraternidad que se han prodigado recíprocamente los pueblos y los Gobiernos de las dos Repúblicas: El Salvador y los Estados Unidos Mexicanos.
Entre otras el Gobierno de mi cargo obsequió al de El Salvador un biplano construido en los talleres de aviación de esta capital y un aparato de telegrafía aérea, sistema "Telefunken" con todos sus accesorios, verificándose la entrega de ambas cosas por las respectivas comisiones de aviadores y telegrafistas mexicanos que se enviaron al efecto, entendiéndose la última en la instalación del aparato inalámbrico.
Los comisionados mexicanos fueron atendidos con exquisita cortesía y con múltiples festejos habiendo sido distinguidos por su pericia en el manejo de sus respectivos aparatos, con condecoraciones impuestas por el señor Presidente de esta interesante República que ha tenido para México y su Gobierno, actos que elocuentemente patentizan una profunda simpatía y la más alta estimación, que obligan intensamente la gratitud nacional.
Al mismo tiempo se han reanudado también las relaciones amistosas con los demás países de los otros continentes y de sus respectivos Gobiernos, los que han reconocido al Constitucionalista, acreditando en la República a sus respectivos representantes diplomáticos, procurando así satisfacer los anhelos del pueblo mexicano que consisten en vivir en paz y en armonía con todos los pueblos cultos de la tierra.
Respecto a las naciones europeas sólo con el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña tenemos una cuestión pendiente de resolución y que ha sido materia de reclamaciones por la vía diplomática presentadas por el de mi cargo.
Es el caso que el crucero inglés "Rainbow" capturó indebidamente al pailebot-motor nacional "Leonor" y la barca "Oregon" con sus respectivos cargamentos, habiendo tenido lugar la captura del primero, el 2 de mayo último, a la altura del Cabo Corrientes, y la de la barca, el 23 de abril próximo pasado, a pocas millas de la costa.
Ambos buques estaban destinados exclusivamente al tráfico de cabotaje y fueron capturados por el "Rainbow" en el curso de uno de sus viajes entre puertos nacionales situados en el litoral del Pacífico, habiendo sido conducidos a Victoria y Esquimaur, Canadá, sujetándolos a un tribunal de presas, con la circunstancia de haberse llevado también al capitán, al cocinero y dos maquinistas de la barca "Oregon".
Tratándose de buques y cargamentos que pertenecen a sociedades mexicanas y a ciudadanos y negociaciones mercantiles residentes en el país, y aún al Gobierno local de Sonora, y habiendo la circunstancia de que no conducían contrabando de guerra, ni podrían hacerse sospechosos en este respecto por estar destinados al tráfico de cabotaje,
a inmensa distancia del teatro de la guerra existente entre los Aliados y los Imperios Centrales, el Gobierno de mi cargo ha hecho con toda energía y claridad las protestas y reclamaciones conducentes, al del Reino Unido de la Gran Bretaña, el que ordenó ya la devolución de los efectos pertenecientes al Gobierno de Sonora, y es de esperarse de su rectitud y de la justicia que asiste a los interesados y al Gobierno de México, que ordenará también sin necesidad de una nueva instancia, la devolución de los buques y de las mercancías a sus respectivos dueños o el pago de la indemnización correspondiente. En cuanto a las personas, han sido ya repatriadas.
Es, pues, un hecho, que la República Mexicana está en paz y armonía con todas las naciones extranjeras, propendiendo con mayor empeño a restablecer y cimentar su tranquilidad interior sobre las bases de los principios y reformas proclamados por la Revolución.
La guerra gigantesca que hace más de dos años se mantiene encarnizada en Europa entre dos grupos de naciones beligerantes, y que se ha ido propagando como un incendio, ha arrastrado ya a los Estados Unidos del Norte, Cuba y Brasil, y amenaza envolver a todo el Continente Americano.
Ya ante esta amenaza, el Gobierno Constitucionalista, en cumplimiento de altos deberes de conservación y de defensa y guiado por sentimientos humanitarios, dirigió a los de todas las naciones neutrales la nota de fecha 11 de febrero último, proponiéndoles de común acuerdo y procediendo sobre la base de la más absoluta igualdad para con uno y otro grupo de potencias contendientes, se les invite a poner fin a esa guerra, ya por sí solas, ya valiéndose de los buenos oficios o de la amistosa mediación de todos los países que conjuntamente hagan esta invitación, y que de no restablecerse la paz por estos medios, los neutrales tomen las medidas necesarias para reducir la conflagración a sus estrictos límites, suspendiendo el tráfico mercantil con las naciones en guerra mientras no se haya logrado darle término.
Concluye la nota insinuando, que de ser aceptada la idea, puede servir de precedente y de base de acción para el caso de futuras guerras internacionales.
El Gobierno Constitucionalista se congratula del interés y atención que ha despertado esta nota en las cancillerías extranjeras y abriga la esperanza de que por estos u otros medios adecuados se concurra al restablecimiento de la paz entre esos pueblos beligerantes.
Para todo país es la paz un tesoro inapreciable; pero para México debilitado y exangüe, como consecuencia fatal e imprescindible de la ruda y larga lucha que ha venido sosteniendo para conquistar principios y reformas que son indispensables para su bienestar, su progreso y engrandecimiento, la paz no sólo interior sino también en relación con los otros pueblos, constituye una necesidad ingente e imperiosa.
En este concepto, el Gobierno Constitucionalista, poniéndose a la altura de sus deberes e interpretando los anhelos del pueblo mexicano, ha hecho y continuará haciendo los mayores esfuerzos, por todos los medios que estén a su alcance para cimentar la paz interior en la República y para mantenerse en relaciones de amistad y de armonía con todas las naciones del Globo.
En cumplimiento, pues, de los altos deberes de conservación y defensa de los intereses nacionales, e inspirado siempre en los más profundos sentimientos altruistas y humanitarios, será la norma de conducta del Gobierno de mi cargo procurar, por todos los medios decorosos posibles, mantenerse en la línea de conducta de la más rigurosa y estricta neutralidad.
Sin perjuicio de todos estos asuntos de notoria trascendencia, de que os he dado cuenta sucintamente, se han despachado también por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores los demás que le conciernen.
Se han expedido, en efecto, numerosas cartas de naturalización; se han resuelto las promociones presentadas, estando las pendientes en sus trámites regulares; se han atendido con toda preferencia las reclamaciones hechas por la vía diplomática, dando curso a las que legalmente han sido admisibles, y marchan con toda regularidad las distintas Secciones de la propia Secretaría, debiendo hacer presente que para establecer reglas claras en lo tocante a la resolución de estos asuntos, expedí el decreto de 11 de noviembre de 1916, declarando revalidados los actos que en él se determinan, ejecutados durante las administraciones usurpadoras huertista y convencionista, y reservando al Gobierno de la República la nulificación o revalidación de los demás actos verificados en esas épocas, según las circunstancias de cada caso.
Concluyo en este respecto manifestando, en cuanto al Cuerpo Consular, que ya se procura su mejoramiento ; pues hoy que en la República se va restableciendo la paz interior sobre las firmes bases de los principios implantados y de las libertades conquistadas por la Revolución, es para el Gobierno de mi cargo objeto de preferente atención el fomentar y dar impulso a nuestra agricultura y a todas las industrias, promoviendo el desarrollo de las riquezas de nuestro suelo y dando el mayor ensanche posible a nuestro comercio, para lo cual deben prestar eficaz contingente nuestros elementos y productos en el extranjero.
Con la posible brevedad os he informado, en términos generales, del estado que guardan los asuntos concernientes a este interesante ramo de la Administración Pública. Bien sabéis que los trabajos del resorte de la Secretaría de Relaciones Exteriores son por su naturaleza importantes y delicados, requiriendo profunda atención y detenido estudio, como que en ellos se interesan a veces el honor y la dignidad de la Nación, siendo trascendentales en ciertas ocasiones hasta el punto de afectar el porvenir de la República; y si estas labores son arduas y difíciles aún en tiempos normales de paz y de tranquilidad públicas, se hacen todavía más intensas y espinosas en una época de guerra civil, como la que hemos venido atravesando, durante la cual, a las dificultades naturales y comunes hay que sumar los numerosos escollos incesantemente opuestos por los intereses contradictorios que se ventilan y por las pasiones políticas exacerbadas por la lucha.
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
Poco tendré que decir sobre los trabajos llevados a efecto por la Secretaría de Gobernación, una vez que los más importantes de ellos han sido referidos en la parte general de este informe, no habiendo necesidad de enumerar las diversas reformas que se vinieron haciendo por la Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista a la Constitución Federal de 1857, supuesto que todas ellas y las que se proyectaron después, han quedado incorporadas en la nueva Constitución promulgada el 5 de febrero del corriente ario.
Me limitaré, por lo mismo, a hacer una reseña de otras disposiciones de las que no se ha hecho mención antes, y de la labor emprendida en varios de los ramos que la Secretaría de que se trata ha tenido a su cargo.
Empeñada la Primera Jefatura en conservar la unidad de la acción gubernativa, por decreto de 20 de octubre de 1913, derogué todas las disposiciones de los Gobernadores de los Estados en los ramos dependientes del Gobierno General; y en seguida hice que se giraran dos circulares, una, pidiendo a los Gobernadores y Comandantes Militares que informasen de la gestión que hubiesen desarrollado en asuntos de la competencia del Gobierno General, la otra ordenando, que se hiciese saber a las autoridades y al pueblo mexicano, que todos los asuntos administrativos federales debían ser tratados por conducto de las Secretarías de Estado.
Al ocupar las fuerzas constitucionalistas, mandadas por el general Pablo González, la ciudad de México, después de la derrota de las chusmas zapatistas que durante algunos meses la habían tenido en su poder, éstas se dispersaron en pequeñas bandas que, incapaces de hacer formal resistencia, presentando combate serio, se dedicaron a cometer toda clase de depredaciones emprendiendo una labor de exterminio, como si tratasen de acabar con la población mexicana.
La necesidad en que estaba el Gobierno de mi cargo de atender a la guarnición de las poblaciones para no dejarlas expuestas al pillaje, de continuar la campaña contra los grupos de rebeldes y criminales que merodeaban en la parte septentrional de la República, de atender a la pacificación de Oaxaca donde había varios núcleos de trastornadores que era preciso desbaratar, y la imposibilidad de tener grandes destacamentos en todas las líneas de fierro que 'atraviesan el territorio y que tienen una extensión muy considerable, fueron circunstancias que dieron ocasión propicia a los enemigos del orden para asaltar trenes de pasajeros y de carga, incendiar estaciones y ejecutar otros atentados.
Uno de éstos fue la voladura del tren que venía de Veracruz para esta ciudad, voladura que tuvo lugar la mañana del 14 de julio de 1915, y que fue ejecutada por las gavillas zapatistas que operaban en la región de Apizaco y Tlaxco, bajo las órdenes de los cabecillas José Trinidad Sánchez y Emilio Márquez.
Fueron tantas las personas, todas inermes e incapacitadas para defenderse, que murieron en esa hecatombe o que resultaron lesionadas, y tantas las tropelías que cometieron los asaltantes, que fue preciso dar una disposición, como en efecto se dio por decreto de 30 de julio de 1915, poniendo fuera de la ley a los cabecillas mencionados.
Sojuzgado el enemigo en los campos de batalla, procedía iniciar la vida cívica de los mexicanos, interrumpida por la contienda, armada y pasar del orden preconstitucional al constitucional.
A ese efecto, el 12 de junio de 1916 se expidió la convocatoria para las elecciones municipales, toda vez que la instalación de los Ayuntamientos debería proceder a cualquiera otra función del sufragio.
Se fijó el primer domingo del mes de octubre para que las elecciones se efectuasen, señalándose las condiciones que se creyeron pertinentes, y mareándose como período de los Ayuntamientos todo el año de 1917.
Las elecciones se efectuaron en toda la República con absoluta libertad y sin tropiezos.
El voto público dio existencia real al Municipio Libre, piedra angular de las democracias y conquista inapreciable de la Revolución.
Por un principio de orden, en las entidades federativas fueron suprimidas las Jefaturas Políticas que aún subsistían, nombrándose funcionarios que recogiesen los archivos respectivos y que garantizaran la pureza y regularidad de la elección.
Una de las dificultades prácticas fue la de arbitrar recursos suficientes para que las corporaciones municipales pudieran sobrevivir y llenar su cometido.
Para este fin, giré circular a los Gobernadores de los Estados, dándoles instrucciones en el sentido de que se separaran rentas especiales, pertenecientes antes a los mismos Estados, de este modo, con la buena voluntad y la cooperación de todos los elementos administrativos, se creó el Municipio Libre, que, funcionando cuerdamente, habrá de traer tan provechosos frutos a la Patria.
Es preciso recordar que antes de la fecha indicada, se difirieron las elecciones municipales en el Distrito Federal para poder funcionar sin obstáculo, que previamente se restituyesen a los Municipios de los ramos, caudales y bienes de que se encargó el Gobierno Federal en virtud de la ley de 26 de marzo de 1903, a efecto de que, con la anticipación debida, organizaran sus servicios del mejor modo, y se dispuso, además, que el Gobernador del Distrito nombrase Ayuntamientos provisionales en las municipalidades del Distrito Federal, excepción hecha de la de México, que sería administrada por un "Consejo de Administración Pública."
Los trastornos que la huelga de los sindicatos obreros provocó en esta ciudad en principios de agosto de 1916, dio lugar a que se hiciese necesario la expedición del decreto del mismo mes, haciendo extensiva la aplicación de la Ley de 25 de enero de 1862, ley que a la vez que impidió que se repitiesen huelgas semejantes capaces de poner en peligro la paz pública, no tuvo, por fortuna, que ser frecuentemente aplicada.
La importancia y necesidad del decreto a que me acabo de referir, se demuestra con sólo considerar que la huelga de referencia en la que tomaron participación directa los obreros de las plantas eléctricas de Necaxa, de Nonoaleo, de la Indianilla y de San Lázaro, hizo que se paralizaran totalmente todas las grandes industrias del Distrito Federal, que se suspendiera la introducción del agua potable para la ciudad, los tranvías, el alumbrado y otros servicios públicos, comprometiéndose así no solamente la seguridad y estado sanitario de la población, sino parealizándose también la fabricación de municiones de la Fábrica Nacional de Armas y Cartuchos y todos los trabajos de los establecimientos fabriles militares.
Hay una disposición de la que debo informaros, antes de seguir adelante, y es la que se dictó a raíz del asalto de Columbus por una partida de villistas, la cual disposición tuvo por objeto poner fuera de la ley a los responsables de semejante atentado que en el fondo tendió a provocar, como en efecto provocó, dificultades al Gobierno Constitucionalista con el de los Estados Unidos.
Además de la disposición a que me acabo de referir, se dictó otra para reprimir con toda severidad la plaga del raterismo que se había desarrollado en esta ciudad de una manera extraordinaria, así como también para castigar enérgicamente los asaltos a los pasajeros en las vías férreas o el descarrilamiento de los trenes.
La sociedad, en general, ha quedado tan dañada con los elementos vastas y zapatistas que por todas partes se han diseminado, que ha sido y seguirá siendo necesario el uso de medios represivos apropiados para imponer y hacer respetar el orden; pues el zapatismo y el villismo pueden, con toda propiedad, considerarse como una verdadera plaga social que habrá que combatir sin tregua, para que todos los hombres honrados y laboriosos, con tranquilidad se dediquen a las labores de la industria y el comercio que son indispensables para la vida nacional.
Ocupándome ahora de los trabajos de la Secretaría de Gobernación en otros ramos de la Administración Pública, tengo que decir que en el de Salubridad su actuación no desmereció si se le compara con la de administraciones anteriores, y que, por el contrario, es fácil demostrar que ha sido tan valiosa y eficaz como lo han reclamado las circunstancias en que ha tenido lugar.
Con ese objeto, la Primera Jefatura dio amplias facultades al Consejo Superior de Salubridad para llevar a efecto la campaña contra las epidemias y le proporcionó los fondos necesarios para hacerla.
A la vez que el Consejo laboraba en la ciudad de México, se enviaron delegaciones a Colima, a Durango y Zacatecas, habiéndose tenido pleno éxito, aunque lamentando que en obra tan importante, hayan sucumbido varios médicos y auxiliares a cuyos deudos se han otorgado pensiones provisionales, entre tanto el Congreso se encarga de dar sobre el particular una determinación definitiva.
Durante el período preconstitucional ha sido de todo punto imposible al Gobierno de mi cargo atender a la organización de la Guardia Nacional, asunto que será sin duda uno de los que con preferencia ocuparán la atención de Vuestra Soberanía.
El Gobierno Constitucionalista ha tenido que actuar enérgicamente en el Distrito Federal y en los Territorios, para proporcionar a sus habitantes todos los elementos necesarios para la subsistencia, pues por varias circunstancias desgraciadas han escaseado frecuentemente los artículos de primera necesidad.
Tanto en la Baja California como en Quintana Roo, el Gobierno ha procurado desterrar la política dictatorial que hizo de esos inmensos y ricos territorios los feudos de un reducido número de concesionarios, y al efecto se ha tratado que la pesca de la perla no tenga restricciones y se ha cuidado también, que la tala y explotación de los bosques se inspire en un criterio racional y patriótico.
Se presentaba verdaderamente pavoroso para el Gobierno Constitucionalista, el problema de la beneficencia pública, principalmente en las poblaciones que como la ciudad de México, habían sido ocupadas por fuerzas enemigas y tratadas con todo rigor por éstas.
En los últimos días de la permanencia de las tropas convencionistas en esta Capital no hubo con qué alimentar a los asilados; pero la llegada oportuna del Ejército Constitucionalista al mando del general Pablo González con abundante provisión de víveres, salvó a la ciudad de tan angustiosa situación que pesaba no solamente sobre los habitualmente necesitados, sino sobre la población entera, haciendo que con ese objeto la Secretaría de Gobernación, por acuerdo de la Primera Jefatura, estableciera puestos dé socorros y comedores públicos que eficazmente contribuyeron a aliviar las necesidades populares.
Durante la epidemia del tifo, se estableció en Tlálpam un lazareto que prestó magníficos servicios, impidiendo que el contagio cundiera en mayor escala.
En la Escuela Industrial de Huérfanos se han introducido varias reformas, entre ellas, la fundación de nuevos talleres que serán muy provechosos para todos los asilados de dicho establecimiento.
Entre las obras, que merecen citarse, llevadas a cabo por la citada Secretaría de Gobernación, deben mencionarse las del embellecimiento del bosque de Chapultepec y parte de las que se efectuaron en Querétaro, siendo una de éstas el arreglo del Teatro Iturbide, para que en él pudieran efectuarse cómodamente las sesiones del Congreso Constituyente.
Al trasladarse a esta ciudad la capital de la República, se cedió al Gobierno de Querétaro una imprenta que le era indispensable para el servicio público.
La imprenta de la Secretaría de Gobernación está funcionando normalmente. El Diario Oficial ha estado apareciendo con toda regularidad y ha llenado su objeto cumplidamente a pesar del exceso de trabajo.
El Gobierno Constitucionalista consideró conveniente que además del período oficial, debería tener un órgano para propagar las doctrinas de la Revolución, y a ese efecto tomó por su cuenta y ha sostenido hasta hoy, como dependencia del mismo Gobierno, al periódico denominado "El Pueblo".
El Gobierno de mi cargo acaba de expedir una Ley de Imprenta, que estará en vigor hasta que vosotros expidáis la Ley Orgánica de los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal.
La necesidad y oportunidad de esta ley serán apreciadas debidamente si se tiene en consideración que hasta hoy los excesos de la libertad de la imprenta y en general de la manifestación de las ideas, han causado serios trastornos, tanto contra el derecho de los particulares y la tranquilidad de las familias, como contra el orden y la paz pública; pues a todos vosotros os es bien conocido que fue el libertinaje de la palabra y de la prensa, lo que más eficazmente contribuyó a debilitar el prestigio y respetabilidad del Gobierno legítimo de la República, y a fomentar y apoyar la audacia de los enemigos de aquel, pudiendo decirse, sin temor de equivocarse, que fue lo que de una manera principal y directa determinó los cuartelazos y crímenes de febrero de 1913. Con toda seguridad que no han de faltar personas que consideren. contrarios a la libertad del pensamiento y, por consiguiente, ofensivos, algunos, si no es que todos, de los preceptos de la ley de que se trata; pero hay que tener en cuenta que en ellos sólo se señalan los casos en que se ataca la vida privada, la moral y la paz pública, casos que ningún espíritu serio debe negarse a admitir, a menos que sostenga que es licito atentar contra la honra y los intereses de los particulares, contra los fueros de la moral y contra la tranquilidad pública, o que pretenda que en algunos de esos casos se ha ido más allá de lo que la razón y la justicia exigen.
Si en el periodismo mexicano ha habido y hay publicistas que lo han prestigiado y que le seguirán dando lustre contribuyendo a formar y orientar la opinión pública, propagando sanas ideas y ayudando a solucionar con acierto los grandes problemas en que estriba la suerte del país, también han abundado y no escasean hoy, por desgracia, escritores que no han sabido ni saben más que injuriar; porque, faltos de conocimientos y de la aptitud necesaria para entrar al estudio de los problemas nacionales, reducen su labor a. mancillar la reputación ajena, a ejercer el chantage como sistema de medro, a empequeñecer la labor de los servidores de la Nación, y llegada la ocasión propicia, a arrojar las flores de la adulación a los pies de los magnates para deslumbrarlos, o de los ambiciosos para alentarlos en sus maquinaciones.
Si se quiere la prueba de esto, bastará hojear la prensa en la época de la dictadura del general Díaz, en la decena de los cuartelazos de febrero y durante todo el período de la usurpación de Huerta.
Los escritores que para discutir una cuestión no necesitan calumniar, los que pueden censurar hasta con acritud la conducta de un funcionario o de un empleado público sin arrojar sobre él los dardos envenenados de la difamación, o sin anonadarlo y deprimir su autoridad con las punzantes diatribas de su desprecio, esos nada tienen que temer de la ley, la que sólo se ha hecho para los que no guardan el respeto debido al derecho ajeno.
Según el artículo 19 transitorio de la Constitución Federal, ésta entrará en vigor el próximo día primero de mayo; por lo que desde esa fecha quedará establecido en toda la República el orden constitucional, y desde entonces, por consiguiente, los Estados de la Federación tendrán su completa independencia y soberanía interiores, y, también desde entonces, los .servicios administrativos federales deberán efectuarse conforme a las normas legales correspondientes.
Para conseguir este resultado, el Gobierno de mi cargo ha expedido recientemente dos leyes orgánicas provisionales, la de la fracción VI del artículo 73 y la del artículo 90 de la referida Constitución.
Como se ve, ambas leyes están íntimamente relacionadas entre sí; pues por la una se organiza o constituye la estructura del Gobierno del Distrito Federal y del de los Territorios de la Federación, tal como lo requieren las bases establecidas en la fracción VI del citado artículo 73, las que le han quitado el carácter que le daban la Constitución de 1857 y las leyes emanadas de ella; y por la otra se arreglan o determinan los órganos necesarios para desempeñar las funciones administrativas, netamente federales que propia y rigurosamente deben estar a cargo del Poder Ejecutivo de la Nación.
Conforme a este criterio, se han dejado a cargo exclusivo del Gobierno del Distrito Federal y del de los Territorios, todos aquellos asuntos que a ellos y sólo a ellos corresponden y en los que la Federación no debe tener por ningún motivo intervención alguna.
Entre estos figuran la beneficencia pública que sólo afecta al Distrito y a los Territorios, la policía, tanto preventiva como represiva en el territorio de aquel o estos, la oficina para la mensura y justipreciación de las propiedades comprendidas dentro de sus respectivos límites, y otras materias que sería prolijo enumerar aquí.
La Secretaría de Gobernación ha prestado grandísimos servicios durante el período revolucionario, supuesto que por su conducto se ha atendido a los Gobiernos de los Estados, haciendo los nombramientos y remociones de Gobernadores según las conveniencias públicas lo han exigido, cuidando que los actos de dichos funcionarios se ajustasen lo más posible a la ley, así como que proveyesen con la mayor solicitud a la satisfacción de todas las necesidades de sus respectivas jurisdicciones.
Mas ahora, habiéndosele quitado por la Constitución el ramo de la Salubridad pública, que debe estar a cargo de un departamento especial, y no debiendo intervenir en los asuntos interiores de Distrito y Territorios, ni en los de los Estados de la Federación, la Secretaría de Gobernación queda enteramente sin función y debe, por lo mismo, desaparecer, con tanta más razón cuanto que ella si es propia de una República central, es de todo punto antagónica con el sistema federativo adoptado por nuestra Constitución.
Antes de concluir esta parte de mi informe, tengo que Llamar vuestra atención sobre algo que se esperaba de la Primera Jefatura antes del restablecimiento del orden constitucional y que, sin embargo, no se ha hecho, a saber: la Ley de Amnistía.
Nada más natural, en efecto, que esperar que a la vuelta del orden legal, todos los mexicanos expatriados volviesen a sus hogares para que, con el olvido del pasado, disfruten de los beneficios de la paz bajo el imperio de las nuevas leyes, pero esto siempre que los que participaron en los cuartelazos de febrero y que después secundaron y apoyaron la usurpación o que simplemente han combatido la Revolución, estén dispuestos a no continuar en su actitud de rebeldía contra la ley, y que de la mejor buena voluntad acepten el nuevo orden de cosas.
Mas lejos de ser así, los expatriados, tanto huertistas como de cualquiera otro color político, en vez de dar término a su labor de hostilidad contra el Gobierno Constitucionalista, han continuado y continúan en ella; pues existen las pruebas de que ellos han sido los que han determinado todos los atentados que han sido la causa de las dificultades entre el Gobierno de los Estados Unidos y el de esta República, con el objeto antipatriótico de lograr la intervención de aquellos en los asuntos de este país, y que son ellos, y nada más que ellos, los que están fomentando a todas las gavillas que merodean en el territorio de la nación, robando, asesinando, incendiando y, en una palabra, causando cuantos males les es dable.
En estas condiciones, permitir que los expatriados vuelvan al país, es sencillamente comprometer el éxito de la Revolución o, por lo menos, impedir la completa y pronta pacificación de la República.
JUSTICIA.
Antes de que el Ejército Constitucionalista ocupase la ciudad de México y el Primer Jefe de éste se encargase del Poder Ejecutivo de la Unión la justicia del orden común estuvo en los lugares que dicho Ejército iba ocupando, a cargo de los jueces nombrados por los Gobernadores de los Estados, y, como ya dije, la justicia federal se puso a cargo de los jueces de instrucción militar, según lo dispuso el decreto de 31 de julio de 1914.
Pero al ocuparse la ciudad de México se presentó la necesidad de atender a la justicia común en el Distrito Federal, y para ese efecto hubo que organizar el departamento correspondiente, poniéndolo a cargo del C. licenciado Manuel Escudero y Verdugo, a quien se dio el carácter de Oficial Mayor Encargado del Despacho de la Secretaría del Ramo.
En consonancia con el carácter preconstitucional de la Administración, por decreto de 30 del mes de septiembre de 1914, se organizó de una manera provisional la administración de la justicia común, cuyas características fueron: conocimiento de los negocios civiles y penales exclusivamente en su primera o única instancia, causando ejecutoria las sentencias respectivas; organización de los juzgados auxiliares adscritos a las comisarías; no poderse demandar penas convencionales en obligaciones civiles o mercantiles ni interés mayor de 60% anual, y, suspensión de los juicios seguidos ante los jueces de la usurpación hasta tanto no se declarase su nulidad o validez.
Trasladada a Veracruz la residencia de la Primera Jefatura, con fecha 29 de enero de 1915 se expidió un decreto cuyo objeto fue armonizar las disposiciones sobre el matrimonio contenidas en el Código Civil del Distrito y Territorios Federales, con la modificación hecha a la fracción IX del artículo 23 de la Ley de 24 de diciembre de 1874 por el decreto de esta Primera Jefatura de 29 de diciembre de 1914, relativo al divorcio con ruptura del vínculo matrimonial.
Por la renuncia que de su alto cargo hizo el licenciado Escudero y Verdugo, el C. licenciado Roque Estrada fue nombrado Secretario de Estado y del Despacho de Justicia .el 19 de agosto del mismo año; rindió la protesta el 20, en San Juan de Ulúa, y se trasladó luego con el Departamento de Estado a esta ciudad de México.
La suspensión ordenada por el artículo 23 del decreto de 30 de septiembre de 1914, con respecto a los juicios tramitados por los tribunales de la usurpación, la responsabilidad civil por delincuencia política y la situación monetaria constituyeron las primeras preocupaciones de este Departamento de Estado, con el objeto de evitar que los interesados evadiesen aquella disposición legal, enajenasen sus bienes en busca de la 'impunidad y que la propiedad raíz cayese en manos de extranjeros a irrisorio precio.
Se prohibió al Encargado del Registro Público de la Propiedad el registro de toda clase de operaciones que fueren consecuencia de actuaciones judiciales en suspenso; de aquellas que modificasen de algún modo la propiedad raíz sin la autorización previa de la Secretaría, la cual para conceder esas autorizaciones, tenía en cuenta las listas de bienes intervenidos que le eran remitidas por las autoridades facultadas para verificar intervenciones, y las operaciones de igual clase sobre la propiedad raíz, en las cuales el enajenante fuese mexicano y el adquiriente extranjero sin la propia autorización de la misma Secretaría.
Para la adquisición de bienes raíces por extranjeros se exigió, por renuncia expresa en el contrato respectivo de recurrir a las leyes extranjeras y a conductos diplomáticos, sujetarse estrictamente a las del país.
Como la forma anónima de la sociedad es la más adecuada para burlar los fines arriba indicados, se procuró que en su constitución se expresase que se sujetaban exclusivamente a las leyes mexicanas y que los simples tenedores de acciones por ese sólo hecho y para los efectos de la propia sociedad eran considerados como mexicanos.
También se tomaron medidas tendientes a evitar el abuso de la organización de empresas dedicadas a explotaciones petrolíferas y sus similares.
Para la eficacia y seguridad de todos estos fines se giraron órdenes terminantes a los notarios, sancionando su inobservancia con penas severas, ya se tratase de esos mismos notarios, de abogados o de simples particulares.
El Consejo de Notarios que la Secretaría de Justicia encontró funcionando en la ciudad de México carecía de legitimidad por haberse integrado durante la llamada Administración Convencionista, de ahí que la misma Secretaría ordenó que a la mayor brevedad se procediese a su nueva organización.
Como la suspensión de las actuaciones podía dar lugar a perjuicios irreparables, se dictaron las medidas conducentes a evitarlos, ya concediendo a los particulares el derecho de solicitar la práctica de diligencias que tuviesen por exclusivo objeto la conservación de los bienes afectos a los juicios; ya ordenando que los de sucesión pudiesen seguir sus trámites a solicitud en común de todos los interesados, siempre que en ellos no se hubiese provocado contención alguna y que ya se hubiera verificado el reconocimiento de los herederos o sin el requisito de la solicitud en común acuerdo, si no se hubiesen verificado las juntas a que se refieren los artículos 1744 y 1755 del Código de Procedimientos Civiles, y en cualquiera otra clase de juicios, solamente cuando la promoción tuviese por objeto la conclusión de los mismos por convenio entre los interesados; ya concediendo a los acreedores alimentistas, el derecho de exigir las pensiones vencidas y las que se vencieren aún cuando hubieren sido decretadas por autoridades ilegítimas, sin perjuicio de la oportuna resolución definitiva sobre la validez de las mismas actuaciones.
La materia del artículo 23 del decreto ya referido quedó resuelta por el decreto de 11 de julio de 1916, el cual declaró la nulidad de unas actuaciones y la revalidación de otras, haciendo extensiva esa declaración a lo actuado por las llamadas autoridades judiciales convencionistas y neutrales de Oaxaca y Yucatán por identidad de motivos.
Las causales de este decreto fueron: desconocimiento que de los llamados poderes emanados del cuartelazo se hizo por medio del Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913; necesidad y espontaneidad de actos inherentes a toda agrupación de individuos de sociedad, ya en el orden civil, ya en el orden penal; ilegitimidad de las llamadas autoridades al intervenir en la ejecución de actos, sujetos a la voluntad de las partes y otros a la decisión de esas mismas llamadas autoridades.
De ahí que se declararan nulas, en términos generales, todas las actuaciones a que nos hemos referido y se declarasen revalidadas de pleno derecho aquellas que hubieren sido consecuencia obligada y forzosa de las necesidades individuales, siempre que no hubiese intervenido de una manera clara la voluntad de esos mismos individuos.
Se concedió el derecho a solicitar la revalidación de las actuaciones declaradas nulas durante un lapso de tiempo comprendido entre la promulgación del decreto y las seis de la tarde del día 30 de diciembre del mismo año de 1916, término suficientemente amplio para la resolución de todas las cuestiones relacionadas con la materia del decreto.
Las circunstancias especiales que rodearon al Distrito Federal durante la lucha en contra de la llamada Administración Convencionista, obligó a una superabundancia de población en sus grandes centros y a que en ellos se agravase especialmente el estado económico.
Estas causas inclinaron al Gobierno a tener en suspenso el ejercicio de las acciones tendientes a la desocupación de los hogares, porque de lo contrario millares de familias hubiesen sido arrojadas a la calle y expuestas a las naturales consecuencias de la miseria.
Aliviada un poco la situación al iniciarse el año de 1916, la medida adoptada se modificó consecuentemente al disponerse que cuando el juicio de desocupación se fundara en la falta de pago de rentas que no excedieran de veinticinco pesos mensuales, el juez podía suspender el juicio de lanzamiento si se encontraba frente a un caso de miseria excepcional y notoria, sin estorbar por ello el derecho de los acreedores para exigir el pago de las pensiones que se les adeudasen.
Más tarde, cuando la situación especial del Distrito Federal pudo mejorarse, se adicionó el artículo 19 del decreto de 30 de septiembre de 1914, en el sentido de conceder indefectiblemente para la desocupación el plazo de tres meses y si esa desocupación se solicitaba por causa diversa de la falta de pago de renta, podía concederse una prórroga del contrato por seis meses más; beneficios acordados solamente a la ciudad de México y a las demás poblaciones del Distrito Federal, unidas a aquella por ferrocarril eléctrico y a la de Tepic.
Al reinstalarse en la ciudad de México el Departamento de Justicia, en las prisiones se encontraba detenido un gran número de personas por delitos leves que no habían podido ser juzgadas en virtud de las circunstancias, y con el humano propósito de evitarles mayores males, se ordenó, por conducto del Procurador de Justicia del Distrito Federal, que se les pusiese en absoluta libertad.
También por causa humanitaria se ordenó más tarde que los tribunales al imponer una pena que importara la privación de la libertad, computasen en el término de ella el que el reo hubiese sufrido ese mal a contar desde el momento en que hubiera sido puesto a disposición de su juez; pudiendo los reos sentenciados solicitar la reducción correspondiente.
Los decretos de 27 de mayo y 14 de junio de 1916, relativos a la ley del divorcio, exigieron las reformas correspondientes a la de 29 de enero de 1915, sobre la misma materia en el Código Civil del Distrito y Territorios Federales.
Además, se modificaron algunas disposiciones del propio Código Civil con el objeto de simplificar el procedimiento de divorcio voluntario.
Consecuentemente en el decreto de 16 de junio de 1916 se estableció el derecho a solicitar el divorcio por mutuo consentimiento pasado un año de la celebración del matrimonio -antes tres años-; se previno una sola junta de avenencia en lugar de las tres que exigía la ley anterior; se establecieron términos, cortos y estrictos, para la subsecuente tramitación, y, se hizo responsable de los daños y perjuicios, conforme a las reglas generales del derecho al desistido en juicio de divorcio y se estableció que ese desistimiento implicaría la injustificación del mismo conforme al artículo 230 de la propia ley.
Esta última disposición barrió con el absurdo derecho que tenía el demandante de desistir de su acción sin responsabilidad ninguna de obligar incontinenti al demandado a volver a la vida en común.
Con el objeto de garantizar la aplicación de la justicia por los medios establecidos en la ley y con el de subsanar los naturales errores provocados por las necesidades desarrolladas durante la lucha armada, por decreto de 29 de agosto de 1916, se declaró la nulidad de las resoluciones dictadas o que se dictaren en negocios judiciales del orden civil, por todas aquellas autoridades que no hubiesen tenido o tuvieren facultad legal para hacerlo; exceptuándose aquellas que hubiesen sido provocadas por la espontánea voluntad de las partes y las que en el orden penal se hubieren dictado, obligadas estas últimas por las circunstancias; quedando desde entonces sujetos todos los casos a las autoridades correspondientes en el orden legal.
Por decreto de 7 de septiembre de 1916, se estableció que en materia civil las sentencias de primera instancia tendrían todos los recursos acordados por las leyes, quedando en suspenso los términos respectivos hasta el restablecimiento de los Tribunales Superiores, y concediendo el derecho de solicitar su ejecución siempre que se diera fianza suficiente de estar a las resultas del juicio; en materia penal las sentencias de primera, instancia causarían ejecutoria y aquellas que estuviesen pendientes de resolución en Tribunales Superiores tendrían los recursos que las leyes conceden, salvo el caso de ser absolutorias.
Por decreto de 29 del mismo septiembre se ordenó el restablecimiento, en toda la República, de la Administración de Justicia con todos sus tribunales, a partir del 19 de noviembre del mismo año; expidiéndose luego algunas circulares tendentes a la mejor aplicación de este decreto.
La necesidad de no dejar impunes los delitos y faltas cometidos por los funcionarios judiciales, ameritó la expedición del decreto de 10 de noviembre del mismo año de 1916, que ordenó, entre otras cosas de menor importancia, la revisión de oficio de todos aquellos juicios cuyas sentencias o resoluciones no tuvieren más recursos que el de responsabilidad.
Los constantes abusos de los prestamistas por el medio legal del contrato de venta con pacto de retroventa, reclamaban con urgencia que se tomasen medidas decisivas para evitarlos, y de allí la expedición del decreto de 2 de abril de 1917, que amplió en toda la República el contrato de venta con pacto de retroventa, prohibió el de promesa de venta sobre el bien raíz que hubiese sido objeto del de compraventa entre los mismos contratantes y estableció el derecho de hacer constar en escritura privada el de hipoteca de menor cuantía.
La reglamentación de este decreto se llevó a cabo por el del día siguiente, por medio del cual se hicieron las reformas y modificaciones consiguientes en el Código Civil del Distrito y Territorios Federales.
Únicamente para llenar el requisito a que se refiere la fracción V del artículo 39 de la Ley de Tierras vigente, a falta de Tribunales Federales se facultó para recibir la información respectiva, a los jueces de Primera Instancia de los Estados y Territorios, conforme a la ubicación de los terrenos objeto de la información.
La iniciación franca de la normalización del país hizo necesaria la reorganización de los Tribunales Federales, en armonía con las circunstancias e introduciendo algunas innovaciones propias para su mejor administración: igual número de Juzgados de Distrito; división del Territorio de la República en ocho circuitos con sus respectivos tribunales y adscripciones de juzgados; abstención absoluta en lo relativo al juicio de garantías, y reservación por parte de esta Primera Jefatura de las facultades propias de la Suprema Corte de Justicia exclusivamente en asuntos de mero trámite y no fundamentales,
Por decreto de 14 de agosto de 1916 se declaró subsistente el fuero constitucional a favor de los Secretarios y Encargados del Despacho de Secretarías de Estado y Gobernadores de las Entidades Federativas; se estableció el fuero constitucional, por delitos del orden común, en favor de los generales que desempeñaban Jefaturas de Cuerpos de Ejército, y, se dispuso que las autoridades judiciales debían limitarse a la comprobación del delito, remitiendo luego las constancias necesarias a la Primera Jefatura, para que ésta resolviera si había o no lugar a procedimiento ulterior. En caso afirmativo el acusado debía quedar desde luego separado de su encargo y sujeto a la acción de los tribunales comunes.
No pocas disposiciones se expidieron con el objeto de moralizar la Administración de Justicia y de aclarar la obscuridad de algunas leyes.
Antes del restablecimiento de los Tribunales Federales, las facultades extraordinarias de esta Primera Jefatura tendieron siempre a amparar a los particulares en contra de actos atentatorios ejecutados por autoridades no judiciales, que pudieron extralimitar la órbita de sus funciones.
Ya reorganizada la Administración de Justicia Federal, pero sin la Suprema Corte, aquellas facultades extraordinarias se limitaron exclusivamente a cuestiones económicas y a aquellas de mero trámite exigidas por la necesidad imperiosa de la prosecución de los juicios ante las autoridades judiciales, existentes; siendo la de mayor importancia la resolución de las competencias jurisdiccionales, que de lo contrario hubiera sido imposible la tramitación de algunos juicios.
La preocupación constante del Gobierno en este ramo fue la de dejar en absoluta libertad el criterio de los juzgadores, porque sin esa libertad no se puede tener derecho a exigir la responsabilidad.
Esta responsabilidad, como ya se dijo, se exigió estrictamente y dio lugar no pocas veces a la aplicación de severos castigos.
Desde que la Primera Jefatura fijó su residencia en Veracruz, tuvo el pensamiento de dar a la administración de la justicia común una nueva organización que a la vez que asegurase su independencia, redujera, por lo menos a la mitad, el número de los encargados de dispensarla, permitiese remunerarlos mejor y escogerlos, por su corto número, entre los profesionistas que en las actuales circunstancias ofrecen las condiciones de moralidad y aptitud necesarias para cargo tan importante,
También pensé en una organización del Poder Judicial Federal que, llenando las mismas condiciones exigidas para la justicia común, la adaptase mejor para la función que tiene que desempeñar; pero me vi impedido para llevar a efecto mi propósito por la incertidumbre de que fuese aceptada la base sobre que una y otra organización debía descansar, y además, porque semejante reforma tenía que llevar forzosamente consigo la de las leyes procesales, cosa imposible de hacer entre tanto la organización judicial no se efectuase.
La organización de la justicia, fuera de la falta absoluta de independencia por habérsela tenido subordinada en lo absoluto al Poder Ejecutivo, se ha caracterizado siempre por su enorme estructura que la hace complicada y costosa, y por la lentitud en sus procedimientos, hechos más para cansar a los litigantes que para dirimir sus controversias ; por lo que, estando ya fijados en la Constitución de la República los principios que han de servir de norma para la extirpación de esos vicios, la República espera que, como lo manda la misma Constitución en su artículo 69 transitorio, expediréis con la debida oportunidad las leyes orgánicas de los Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito y la de los Tribunales del Distrito Federal, prometiéndose que, inspirados en la reforma constitucional, haréis una nueva organización que no reproduzca la ya carcomida del pasado, y que, a la vez, daréis por lo menos, las disposiciones más necesarias para salir de las trabas y laberintos de los procedimientos rutinarios en que el derecho ha zozobrado.
Cumpliendo con una de los promesas que la Revolución hizo en las adiciones al Plan de Guadalupe, expedí hace pocos días la ley sobre las relaciones de familia fundando ésta sobre bases esencialmente distintas de las que establecía el Código Civil, que era substancialmente la que adoptó la legislación romana, reprodujo el derecho canónico y que nos transmitieron las leyes españolas que durante varios siglos rigieron en este país.
Aunque he puesto toda mi atención en el estudio de esa ley, que considero de acuerdo con las tendencias y necesidades de la época, no la juzgo exenta de defectos y errores, que vosotros corregiréis con vuestra sabiduría.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
Durante la estancia del Gobierno Constitucionalista en el puerto de Veracruz, se ejecutaron allí varias obras, tendentes, unas, a mejorar las condiciones de la salubridad pública y otras a embellecer la ciudad, ensanchando varias calles y haciendo reparaciones en algunos edificios públicos, así como también mejorando los mercados, los jardines existentes y construyendo otros nuevos, entre los que es digno de especial mención el parque en el Paseo de la Libertad en el que se proyectó un monumento central y varias fuentes monumentales, estando ya terminado para el primero todo el tallado de la piedra.
Se hizo un proyecto para almacenes en el muelle número 4 y se inició su construcción, así como también se levantaron un edificio para pilotos del puerto y otro para el Resguardo Marítimo.
Se reparó el muelle fiscal que se encontraba en pésimas condiciones y para ampliar la adaptación de agua potable de la población se construyó en la falda del médano de El Perro una casa para bombas, y se encargó a los Estados Unidos la maquinaria que al efecto es necesaria.
Se hicieron reparaciones de importancia en el Hospital Militar, Escuela Naval, Casa de Moneda y en los cuarteles, habiéndose hecho en el del 5 de Mayo una fachada.
Se suprimió por disposición de la Primera Jefatura la prisión de San Juan de Ulúa y se procedió a adaptar todas las galeras del castillo para salones que se utilizarán como talleres.
Durante la estancia del Gobierno Constitucionalista en la ciudad de Querétaro, se emprendieron diversas obras para el mejoramiento material de la población, pavimentando varias calles.
Para la prolongación de la avenida Francisco I. Madero se demolió el crucero sur de la iglesia de San Francisco y parte del convento del mismo nombre.
En la alameda Hidalgo se construyeron tres calzadas para peatones.
La calzada Juárez fue transformada en boulevard dotándole calzadas laterales y una serie central de jardines.
El exconvento Militar de la Cruz se adaptó para Comandancia Militar y cuarteles de artillería, infantería y caballería.
En los cuarteles existentes se hicieron obras de provisión de agua y de saneamiento.
En las Escuelas Constitucionalistas de niños y niñas se instalaron lavabos, baños de regadera, mingitorios y habitación para el conserje.
Se hizo el proyecto de saneamiento para el Hospital Militar.
En la Escuela de Bellas Artes se construyó una tribuna de madera y se decoró el salón principal. En la estación del Ferrocarril Nacional se construyeron inodoros públicos.
Y por último se procedió a formar un plano exacto de la ciudad.
En esta capital, además de los trabajos de conservación ejecutados en diferentes edificios nacionales, se hicieron en el Palacio Nacional los necesarios para reparar los cielos y muros de los corredores, tanto de la planta alta como de la baja, y todas las puertas que se encuentran en dichos muros, habiéndose reparado la parte que se destruyó del Departamento del Senado en el incendio ocurrido en junio de 1916 y dos piezas anexas, las que también fueron convenientemente decoradas.
Se reparó el techo del Salón de Embajadores, y en el jardín de Palacio se instaló un invernadero y se adaptó un nuevo local para instalar un departamento sanitario.
En el Palacio de Chapultepec se construyó una escalera monumental que fue derribada en la época de la usurpación, se restauraron las pinturas de estilo pompeyano que se hallaban en un estado lamentable de deterioro, se trazaron los jardines en las terrazas y se construyó todo un departamento para los ayudantes de la Presidencia, estando ya terminados los estudios y proyectos a gran escala para la adaptación del extinguido Colegio Militar como oficinas del Poder Ejecutivo.
En el edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas se han emprendido nivelaciones para, estudiar las causas de su hundimiento y determinar el modo de prevenirlas y se han hecho modificaciones de importancia en el sistema de albañales para corregir los defectos que en ellos había producido el hundimiento del edificio.
En el Palacio Municipal se formó un proyecto completo y definitivo para continuar su construcción, el que se está ejecutando con todo empeño, estando ya para terminarse varios salones y corredores del patio o riente.
Las obras del Palacio Legislativo continúan suspensas; pero se ha procurado conservar la estructura metálica que ya está montada, habiéndose construido en los terrenos anexos, bodegas para los almacenes de la Secretaría.
Las obras del Teatro Nacional se han continuado hasta donde lo ha permitido la utilización de los materiales existentes en la obra, y se ha procurado completar los elementos artísticos, conservándose en magnífico estado la maquinaria del foro.
El descenso del edificio ha determinado hacer un jardín inglés que ya se principió por el lado de la alameda, siendo dé advertir que el hundimiento no ha causado ningún daño.
En los talleres de construcciones aeronáuticas ubicados al oriente de la ciudad, se han hecho dos grandes salones para la construcción de aeroplanos, faltándole a uno de ellos la colocación de los vidrios, y al otro la lámina del techo, las puertas y las ventanas.
En el campo de aviación se están construyendo dos grupos de tres hangares cada uno.
Al restablecerse en esta capital el Gobierno Constitucionalista, se encontraron en pésimo estados los ríos y canales del Valle, pues los campamentos para su conservación estaban abandonados y enteramente desprovistos para aquel efecto; pero con todo empeño y n la mayor brevedad posible se procuró remediar el mal, concediéndose especial atención al gran canal del Desagüe en el que se han hecho obras de verdadera importancia que por su número sería cansado referir aquí.
Se han practicado las acotaciones de los bancos de nivelación en la parte sur del Valle y se terminaron las acotaciones de perfiles transversales de los ríos Consulado, Piedad y Unido, como trabajo preliminar para su desasolve.
El antiguo Ferrocarril del Desagüe del Valle de México, denominado hoy Ferrocarril de Obras Públicas, se encontraba en pésimo estado de conservación, pues en parte había sido destruido por la intemperie, y en la parte que fue de aguas potables, fueron quitados los durmientes en la época de la Convención, para convertirlos en leña.
Estos desperfectos se han reparado en cuanto ha sido posible, estando ya en explotación entre México y Zumpango, corriendo dos trenes mixtos por semana.
Ya se tiene hecho el estudio preliminar para unir el Ferrocarril del Desagüe con el de provisión de aguas, por medio de una vía de veinte kilómetros por el gran canal del Peñón donde se construirá la estación del Ferrocarril de Obras Públicas.
Se construirá en la estación de San Lázaro una vía de doce kilómetros hasta la estación del Valle, donde quedará ligada con el Ferrocarril de Aguas Potables.
Igualmente se tiene ya hecho el estudio para el descenso del Gran Canal.
Esta obra es de suma importancia para el saneamiento de lo capital; pues debido al hundimiento general de la ciudad los colectores de saneamiento no descargan libremente en el Gran Canal.
El primero de julio del año próximo pasado se empezó a hacer por orden de esta Primera Jefatura, el traspaso de las obras de desecación del lago de Texcoco a la Secretaría de Fomento, traspaso que quedó algún tiempo después enteramente concluido.
Los caminos carreteros de México a Puebla, a Querétaro, a Pachuca, a Toluca, a Cuernavaca y a Morelia han sido atendidos debidamente, y en este último se hizo una desviación que deja más regular el trazo.
La calzada de Zumpango a Cuautitlán se está reparando por la iniciativa de un particular con ayuda de los vecinos; pero la Secretaría dirige y vigila los trabajos.
La Secretaría de Comunicaciones declaró caduco el contrato que se había celebrado para la reparación del puente de Yurécuaro, que es indispensable para el tráfico comercial entre poblaciones tan importantes como La Barca, Degollado y otras, y decidió emprender la reconstrucción que quedó terminada el mes de febrero próximo pasado.
Los zapatistas volaron el puente de Santa Marta, en el camino de México a Puebla; pero en seguida se hizo la reparación construyendo un puente de concreto armado.
El puente grande de Lagos de Moreno fue destruido en parte por una gran creciente en 1911, dejando sin comunicación a dos porciones de la ciudad y cerrando las carreteras entre los Estados de Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato.
La Secretaría ha emprendido la reparación, la que se efectuará con ayuda del Gobierno de Jalisco.
El puente de la Cortadura en Tampico, será construido por una compañía particular y quedará al servicio público sin estipendio alguno.
Se han hecho varias reparaciones a los pavimentos de asfalto de esta ciudad desde el 25 de diciembre de 1915 hasta el 31 de marzo de 1917, y se han ejecutado varios trabajos en las calles de la misma población 3r de las municipalidades foráneas y en las calzadas del Distrito Federal, desde el 19 de agosto de 1915 al 30 de abril del corriente afín.
La extensión actual de la red ferrocarrilera es de 20,643 kmts. 486 mts., que unidos a 4,840 kmts. 314 mts., que forman la longitud de ferrocarriles de jurisdicción de los Estados, alcanza la extensión de 25,483 kilómetros 800 metros.
No obstante las condiciones anormales por que ha atravesado el país, de esa suma de kilómetros corresponden por construcción de líneas nuevas, 48 kmts. 500 mts., al ferrocarril de Tampico a El Higo; 37 kmts. 810 mts., al ferrocarril de Acámbaro a Querétaro; 9 kmts., al ferrocarril de Tampico a La Barra y 25 kmts. 600 mts., al ferrocarril de Tijuana a Tecate; estos dos últimos han terminado ya totalmente sus líneas y los primeros prosiguen sus trabajos con toda actividad.
La secretaría ha declarado nulos por no convenir a los intereses de la Nación, los contratos celebrados con el Gobierno usurpador para la construcción de ferrocarril de Ameca al Puerto de Las Peñas, de Barajas a Zurumuato, de Monte Cristo a San Cristóbal, de dos puntos del ferrocarril del Noroeste a Agua Prieta y Topolobampo, Oaxaca a San Jerónimo, Ferrocarriles de Fomento Nacional y de Taninul al Distrito de Valles.
También se ha declarado nulo el contrato para libre importación de material eléctrico celebrado con la Compañía de Tranvías de México.
Se han declarado caducas por falta de cumplimiento de contrato, las concesiones para construcción de ferrocarril de Santa Lucrecia a Campeche, Camacho a Bonanza, Río Grijalva a Río Mezcalapa, Ixtlahuaca a Zochitepec, Guadalajara a Chamela, Querétaro a San José Iturbide, dos líneas de México a Puebla, Pateo a Pomoca y Villa del Oro Tlalpujahua.
La suma a que ascienden los depósitos recogidos y que han quedado a favor del Erario por este concepto, es de $ 244,300.00.
Se han declarado nulas las rescisiones de los contratos para construcción de ferrocarriles de Ramones a Rancho Parra, Monclova a Chihuahua, Cuatro Ciénegas a Sierra Mojada, en virtud de haberse celebrado contra las prevenciones de la Ley de Ferrocarriles, y se exigirán a los concesionarios a su debido tiempo, las responsabilidades que hayan contraído.
Se han celebrado contratos de refundición en condiciones ventajosas para los intereses de la Nación, de los ferrocarriles de Monte Alto, Acámbaro a Querétaro y Tampico a El Higo.
Se ha celebrado con el Gobierno del Estado de Jalisco un contrato para la construcción de un ferrocarril de Acatlán de Juárez al Puerto de Chamela, cuyos trabajos se han iniciado con toda actividad, subvencionando lo el Gobierno Federal con 20% del costo de construcción.
Están concertados los siguientes contratos para la construcción de líneas férreas: de México a Puebla, Herreras a La Blanca, Tepehuanes a Culiacán, Tampico a Túxpam, Querétaro a Túxpam, Zacatecas a San Blas y Matamoros a Tampico, Túxpam, Veracruz y Campeche.
Se han concedido plazos para la terminación de kilómetros a las empresas de los ferrocarriles de México a Texcoco y de Toluca a Rancho de Galeras.
Están pendientes de reformarse los contratos de Tijuana a Tecate, Ixtlahuaca a Mañí, Minatitlán a Carmen, San Marcos a Huajapan de León, Salina Cruz a Acapulco y Balsas, Zihuatanejo y Acapulco, así como pendientes de declararse la caducidad de los ferrocarriles de Puente de Ixtla a Cocoyotla y Torres a Minas Prietas.
La nueva organización dada a la Secretaría de Comunicaciones con fecha primero del año en curso, hizo desaparecer el nombre de Sección de Ferrocarriles y Navegación con que era conocida, creándose la Dirección de Ferrocarriles y Navegación, subdividida en dos Departamentos y una Sección: Departamento Técnico, Departamento de Inspección y Sección de Trámite y Administración.
El Departamento Técnico que se ha hecho cargo tanto del estudio técnico de la red ferrocarrilera en explotación y de las líneas que se proyecten para lo futuro, así como del estudio de legislación y reglamentación existentes sobre la materia, ahora de una manera más perfecta que anteriormente, obrará con conocimiento de causa en el otorgamiento de concesiones de nuevas líneas de comunicación, con lo que indudablemente se logrará que en esta materia se desarrolle y distribuya la riqueza pública en beneficio principalmente de los intereses nacionales.
Las reformas que tanto la Ley de Ferrocarriles como reglamentos vigentes exigen, se tienen ya en estudio y se someterán próximamente a la consideración de ésta H. Cámara.
En cuanto al servicio de inspección de ferrocarriles del que se ha hecho cargo el departamento respectivo de reciente creación, y que debido a que la mayor parte de los ferrocarriles estaban controlados por autoridades militares, fue suprimido desde agosto de 1914, ha vuelto a restablecerse en una forma eficiente y económica para el Erario Nacional.
Entre los trabajos de inspección llevados a cabo por esta Secretaría pueden citarse las inspecciones practicadas a los ferrocarriles de Monte Alto a TIalnepantla, Teziutlán a Nantla, Naco a Cananea, Tampico. a El Higo, Nacional de Tehuantepec, Veracruz a Alvarado, Tranvías de México, San: Juan Evangelista al Juile, Acámbaro a Querétaro y Ferrocarriles Unidos de Yucatán..
Se hizo también un reconocimiento para una línea férrea entre Concepción del Oro y Cañitas, y se llevó a cabo una inspección, minuciosa de la draga "México" que la casa "S. Pearson and Son", pretendía vender a la compañía del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, operación que no fue autorizada por ser inconveniente a los intereses de la Nación.
Para servicio de navegación tanto en el Golfo de México como en el Océano Pacífico se han presentado diversas solicitudes, estando pendiente de celebrarse un contrato para servicio de altura y cabotaje en los puertos del Golfo.
El contrato celebrado con la empresa "Avelino Montes" para un servicio de navegación entre Progreso y Nueva Orleans, fue declarado caduco por haber faltado la compañía concesionaria al cumplimiento de su contrato, quedando el depósito de $ 3,000.00 con que estaba garantizado el cumplimiento de dicho contrato, a favor del Erario Nacional.
Es indudable que el movimiento comercial, siempre ascendente en nuestro país, ha traído como consecuencia inmediata el desarrollo de la navegación marítima, y por lo tanto, los puertos en ambos litorales de la
República deben sufrir constantemente mejoras de trascendental importancia.
Se comprendió que no debían funcionar aisladamente los servicios de puertos y faros, porque no existía la cohesión que debían tener para su buen funcionamiento, y para ser consecuentes, se dispuso que se funcionaran en uno solo que se denominó Puertos y Faros.
El programa que se encomendó a Puertos y Faros, era el de atender los trabajos relativos a la construcción, mantenimiento y administración de las obras de los puertos, así como las de los ríos.
Esta Dirección de Puertos y Faros quedó a su vez subdividida en Departamento de Puertos y Departamentos de Faros.
El Departamento de Puertos ha estudiado y resuello técnicamente cuarenta y dos solicitudes, especialmente de compañías petroleras, para construir muelles, defensas en los ríos, estaciones terminales, cargaderos para petróleo, varaderos, cobertizos, almacenes, etc., en cuyas diversas construcciones se han llevado a cabo unas, y otras se están construyendo en la ribera del Pánuco, en Tamaulipas; Puerto Angel, en Oaxaca; Ciudad del Carmen, en Campeche; Puerto México, Minatitlán, Laguna de Tamiahua y Túxpam, en Veracruz; etc.
Actualmente tiene este Departamento otras diversas solicitudes y estudia sus proyectos para someterlos a la final resolución de la Superioridad.
Además, el personal técnico de este Departamento ha proyectado la construcción y reparación de muelles fiscales en los puertos de Veracruz, Acapulco, Mazatlán, Manzanillo y próximamente se procederá a su construcción.
Por lo que respecta al mejoramiento de las vías navegables, debe decirse lo siguiente: La draga nacional "Tampico," fue destinada a hacer el dragado del río Grijalva, y una vez terminados esos trabajos, la citada draga pasó al puerto de Tampico, donde se hacían necesarios sus servicios en el dragado del río Pánuco.
Esta obra llevada a cabo por la referida draga facilita la entrada a los buques petroleros, manteniendo la profundidad suficiente para la navegación.
La draga nacional "Don José" llevó a cabo iguales trabajos en la bahía de Veracruz, donde ya se hacía necesario desazolvar.
Por último, la draga "México" hizo algunos trabajos en el puerto de Salina Cruz.
Finalmente, se ha celebrado un contrato con la "United Dredging Company" para el dragado del puerto de Tampico, en la desembocadura del río Pánuco. Con la realización de estas obras, el Pánuco será accesible a los más grandes buques petroleros y la exportación de este hidrocarburo llegará a su mayor intensidad.
Para el desempeño de las labores del Departamento de Faros, su personal ha sido dividido en técnico y administrativo: este último atiende, además, las del mismo carácter del Departamento de Puertos.
El Servicio de Puertos y Faros se compone, pues, de una Dirección, siete Inspectores y tres Subinspecciones.
La primera radica en la ciudad de México, y las restantes tienen su asiento en los puertos de uno y otro litoral.
Para atender debidamente a la buena marcha de la parte administrativa de la Dirección de Puertos y Faros, se dispone de un personal basado en la más estricta economía, como sigue: Personal Técnico, Personal Administrativo y Personal de Servicio.
Todos los empleos se proveen con ciudadanos mexicanos y los ascensos con el resultado de oposiciones para justificar conocimientos.
A igualdad de conocimientos se prefiere el más antiguo.
Además de las labores propias de Correspondencia, Informes, Presupuestos, Archivo, etc., el personal administrativo ha tramitado lo relativo a comunicaciones con los faros, tanto por la vía marítima como por la terrestre; ha atendido al aprovisionamiento de las señales marítimas en general, procurando que a los guardafaros aislados no les faltaren los víveres necesarios; se hizo la adquisición de petróleo para el último semestre, calculando con auxilio de datos estadísticos, la cantidad indispensable de ese combustible; se tramitó lo concerniente a libramientos de órdenes de pago para las diversas atenciones del servicio ; también se ha llevado la cuenta con toda escrupulosidad del consumo de petróleo en los faros; tramitó lo relativo al contrato que celebró la Secretaría con el señor Gilberto Isaías, de la Baja California, para la reinstalación y conservación de los balizamentos en los canales de la Paz y San Lorenzo ; ha atendido al abastecimiento relacionado con las embarcaciones mayores que tiene el servicio, formando itinerarios apropiados para que el vapor guardafaros "Unión" hiciera las comunicaciones con los faros del Pacífico ; así mismo, tramitó y estuvo atendiendo a todo lo que se relacionó con las reparaciones que se hicieron al vapor guardafaros "Melchor Ocampo", en el puerto americano de New Orleans.
El servicio de correos, tan interesante para la Nación en general, cuanto para el Estado en particular, en todas las etapas de nuestra Revolución le fueron prodigados los mayores cuidados y atenciones posibles, y a esta circunstancia debemos que hoy día cuente con unas mil doscientas oficinas en regular funcionamiento, de las que un centenar funcionan a bordo de los ferrocarriles.
Para la comunicación de esas mismas oficinas, también existen en explotación casi normal, sobre unas mil cien rutas con extensión de treinta y nueve mil kilómetros.
En el ejercicio fiscal de 19151916, no obstante las notables irregularidades registradas y propias de la lucha que sosteníamos, pudo obtenerse un movimiento de correspondencias de cerca de cuarenta millones de piezas entre recibidas y despachadas.
El ramo de giros postales interiores cuya importancia carece de objeto mencionar, en los pocos meses que tiene de restablecido ya a base de moneda metálica ha adquirido un desarrollo de tal naturaleza, que fundadamente hace suponer que al terminar el ejercicio fiscal en curso, su movimiento total por el segundo semestre del mismo, será superior a cinco millones de pesos.
La venta de formas de franqueo, también en metálico, presenta una expectativa halagadora, más que por su cuantía, porque da también la medida del restablecimiento de la confianza pública, y del nuevo desenvolvimiento de los negocios. Se espera así mismo que su monto total en el segundo semestre, sea superior a un millón quinientos mil pesos.
En el prolongado período de lucha, la provisión de formas de franqueo presentó muy serias dificultades a la administración postal, tanto por los gastos que reclamaba una nueva emisión que ofreciera las garantías necesarias, cuanto por el largo tiempo que era preciso esperar para la ejecución del tiraje y aprovisionamiento de las oficinas, y de aquí, que fuera necesario hacer una impresión de timbres transitorios, otra de provisionales y usar también los timbres y formas de franqueo ya retirados de la circulación o aprovechados por nuestros propios enemigos, estableciendo distingos como resellos y marcas y habilitaciones de valor, también en algunos casos.
El Gobierno Revolucionario ha estimado de trascendental importancia el desarrollo y fomento de las comunicaciones telegráficas y en consecuencia ha impulsado el ramo respectivo, desplegando las mayores actividades.
Se construyeron 1,057 kilómetros de líneas telegráficas nuevas, se repararon 166,747 kilómetros, se corrigieron 4,518 interrupciones causadas por los enemigos del orden, empleándose 234,000 kilogramos de alambre, 11,210 postes y otros accesorios, gastándose en todo $250,130.00 plata, y $1.600,000.00 papel de diferentes emisiones; siendo el estado actual de la red, de 82,500 kilómetros de extensión desarrollada.
Se han abierto al servicio público 23 nuevas oficinas telegráficas, contando la red actualmente, con 557 oficinas telegráficas, 20 telefónicas y 17 radiotelegráficas en servicio.
El movimiento de telegramas fue de 19.360,380 con 384.849,115 palabras y 858,000 radiogramas con 16.160,000, que produjeron $27.388,213.44 en papel de diferentes emisiones, habiéndose entregado a las Oficinas de Hacienda $22.000,000.00.
De enero a marzo del presente año, se ha recaudado en plata $1.000,000.00 cantidad jamás alcanzada en los 55 años que lleva dicha institución, notándose un aumento mensual progresivo de un 20%.
El importante servicio de giros telegráficos se reanudó en octubre de 1915, con un movimiento general de $10.000,000.00 papel y en enero a marzo del presente año $ 1.000,000.00 plata, registrándose un alimento mensual progresivo de un 20%.
El ramo de telégrafos que en todas las épocas pasadas gravaba al Erario con medio millón de pesos plata anuales, en la actualidad cubre su presupuesto de egresos, con sólo el 60% de sus ingresos.
Se han adquirido en los Estados Unidos estaciones radiotelegráficas, materiales y aparatos por valor de dólares 261,087.73, con una economía del 50% para el Erario.
Al servicio radiotelegráfico se le ha dado singular impulso, habiéndose instalado doce estaciones terrestres, cuatro de ellas de gran potencia, y cuatro a bordo de los buques de guerra y se han puesto al servicio de las operaciones militares cinco estaciones portátiles.
Trabájase activamente en la instalación de seis más.
Se ha instalado en la Dirección General de Telégrafos un laboratorio electrotécnico, montado conforme a los más modernos adelantos. Se han ampliado los almacenes de materiales telegráficos, dotándolos de talleres mecánicos y de carpintería, donde se ejecutan trabajos de construcción y reparación de aparatos y muebles.
En breve tiempo se terminará la instalación de cinco plantas de acumuladores eléctricos en diversos centros telegráficos.
Se han reinstalado 471 oficinas, bajo un plan uniforme y dotándolas de los mejores aparatos y muebles.
Los empleados de este ramo, han ido siempre a la vanguardia de las columnas militares, estableciendo las comunicaciones y coadyuvando eficazmente al triunfo de las armas constitucionalistas.
La moralidad del personal del telégrafo raya a gran altura, dándose el caso revelador de que no existiendo en la actualidad compañías de fianzas, ha sido insignificante el número de responsabilidades pecuniarias perseguidas por el fisco.
Desde que la Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista ocupó por primera vez esta capital, tuvo la necesidad de intervenir las principales líneas ferrocarrileras del país, tanto para atender con facilidad y de manera oportuna al transporte de tropas, de provisiones de boca, de municiones y armas, como para facilitar a los habitantes del territorio ocupado por las fuerzas constitucionalistas la comunicación indispensable para el tránsito y comercio; mas victoriosa la Revolución y destruidos los cuerpos rebeldes de alguna importancia, creí que era llegado el momento de devolver dichas líneas, y al efecto, comencé por entregar a la empresa correspondiente el ferrocarril de esta ciudad a Veracruz designado con el nombre de Ferrocarril Mexicano.
Los acontecimientos que se han venido sucediendo desde que la empresa del ferrocarril mencionado lo tiene en su poder, hasta hoy, han venido a demostrar que ella es enteramente impotente para explotarlo por no poder evitar los atentados que pequeñas partidas de bandoleros cometen con frecuencia a lo largo de la línea; y como es de vital importancia que el servicio de dicho ferrocarril no se paralice y cine las personas que por él transitan tengan toda clase de seguridades, he considerado que era absolutamente indispensable volverlo a intervenir, para lo cual se ha nombrado como gerente al teniente coronel Paulino Fontes, quien atenderá la administración de dicho ferrocarril con entera separación de los otros que forman las Líneas Nacionales.
También acaba de ordenar la Primera Jefatura la intervención del ferrocarril nacional de Tehuantepec, para cuya administración ha sido nombrado el señor Rosendo Mauri.
Finalmente, también se ha decretado la intervención del ferrocarril de Veracruz a Alvarado, lo mismo que la de la Estación Terminal en el puerto de Veracruz.
La intervención del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec ha sido motivada, por haberse presentado en la región que atraviesa, en estos últimos días, algunas gavillas que dificultan mucho el tráfico y además porque pudieran apoderarse de él para fomentar la rebelión en aquellos puntos.
La intervención del Ferrocarril de Alvarado a Veracruz ha tenido por objeto evitar las facilidades que por esa línea estaban obteniendo las gavillas que por la región que atraviesa merodean, y además, porque se hacía difícil combatirlas, porque constando de poco número de hombres, se disuelven con facilidad imposibilitando la persecución por las fuerzas del Gobierno.
Finalmente la intervención de la Estación Terminal en el puerto de Veracruz ha sido motivada por las dificultades casi invencibles que se habían presentado entre la empresa y las líneas de fierro que allí llegan, con perjuicio notorio del servicio público.
SECRETARÍA DE FOMENTO, COLONIZACIÓN E INDUSTRIA
Los asuntos de la Secretaría de Fomento, estuvieron atendidos durante el tiempo de la lucha contra la usurpación, conjuntamente con los de la Secretaría de Comunicaciones; pero al ser ocupada la plaza de México a fines de agosto de 1914, se nombró un Encargado del Despacho de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, con el carácter de Oficial Mayor, para reorganizar los servicios encomendados a dicha Secretaría de Estado, quien desde luego se ocupó en cambiar el personal que había servido al usurpador por empleados de limpios antecedentes.
El primer acto de la Secretaría de Fomento fue expedir el acuerdo de la Primera Jefatura de fecha 29 de agosto del año citado, declarando nulos todos los actos llevados a cabo, durante el período comprendido del 19 de febrero de 1913 al 28 de agosto de 1914.
Estaban en organización los trabajos, cuando en el mes de noviembre del mismo año, y con motivo de la infidencia de Francisco Villa, fue necesario trasladar los Poderes al puerto de Veracruz.
Cambiadas las oficinas a la expresada ciudad, en los últimos días del mes de noviembre, con fecha 19 de diciembre se anunciaba ya a toda la República que la expresada Secretaría se encontraba en aptitud de despachar los asuntos que le están encomendados.
En Veracruz se expidieron diversas circulares reglamentando la forma en que deberían tramitarse dichos asuntos.
En febrero del año de 1915 y estando la ciudad de México ocupada accidentalmente por fuerzas Constitucionalistas, fue posible enviar comisiones que condujeran a Veracruz gran parte de los expedientes en tramitación, muebles, útiles y algunas prensas y maquinaria de los talleres gráficos que facilitaron el trabajo.
Al regresar el Gobierno legítimo a esta ciudad en el mes de agosto de 1915, la Secretaría de Fomento se organizó de una manera definitiva, agrupando en forma coherente las treinta y tantas dependencias que antiguamente la formaban y constituyéndose la Oficialía Mayor y doce Direcciones.
Además, la Comisión Nacional Agraria que fue instituida por la ley de 6 de enero de 1915, siendo su Presidente nato el Encargado del Despacho de la Secretaría de Fomento, y que ha conservado su organización independiente en todo lo que le concierne con arreglo a dicha ley, ha sido atendida en su parte administrativa por la misma Secretaría.
La política seguida por el Gobierno Constitucionalista en materia agraria, ha sido la de reivindicar la mayor parte de los terrenos de la Nación que los Gobiernos anteriores cedieron sin ningún estudio y sin ninguna previsión, a unos cuantos favoritos; y la de proporcionar tierras a las agrupaciones de labradores pobres que forman los pueblos actuales de la República, y que en su mayor parte fueron despojados durante la época de la dictadura de todos sus bienes.
Para conseguir el primer punto, la Secretaría de Fomento se dedicó a hacer estudios técnicos y jurídicos de las concesiones otorgadas a las grandes compañías acaparadoras, que para adquirir enormes extensiones de terreno, siempre tomaban como pretexto la colonización.
Después de largos y completos estudios de las leyes respectivas, y de observar la aplicación que de ellas se había hecho en cada caso, y tomando en consideración las irregularidades cometidas, se declaró la caducidad o nulidad de diversos contratos, entre los cuales pueden contarse como principales los de "The Scottish American Mortage Company Limited", para deslindar terrenos baldíos en el Estado de Veracruz; el denuncio de la señora Dolores Pérez Vda. de Quintana, sobre cerca de treinta mil hectáreas de terreno en el Estado de Campeche, las concesiones otorgadas a Arturo Gelun, Enrique Torres Torija, Luis Ibarra, Fenochio y Korterlitzky, I. O. Brittson, Octavio Conde, Octavio F. Gebrike, K. Brodick, Cleote y Simón Tekeeki, Enomotto; el contrato celebrado con el licenciado Mariscal y Piña para el fraccionamiento de la hacienda de Tomixco por el cual se defraudó a la Caja de Préstamos en $2.237,000.00; las concesiones de la Compañía Limitada de Chiapas, que había monopolizado más de un millón setecientas mil hectáreas de terreno en dicho Estado; la modificación del contrato celebrado con los señores Romano y Compañía, sobre unos terrenos baldíos en Chiapas y en virtud de la cual se recuperaron más de noventa y seis mil hectáreas.
El monopolio de las tierras durante el período de la dictadura fue de tal manera escandaloso que diez millones de hectáreas del territorio de la Baja California, forman actualmente la propiedad de cuatro compañías extranjeras.
Los estudios jurídicos sobre estas concesiones están terminados y acaba de decretarse la caducidad de la concesión otorgada a Luis Buller y Compañía por la cual se daban cinco millones trescientas noventa y cinco hectáreas de tierra, en los límites de la Baja California con los Estados Unidos, y en virtud de esa caducidad volverán a poder de la Nación aquellas tierras.
Con el objeto de impedir que se repitan estos casos, el Gobierno de la Revolución, creyó conveniente que continuara la prohibición para la enajenación de los terrenos baldíos o nacionales, mientras no se expida una ley que garantice ampliamente los intereses del país y evite acaparamientos inmoderados; y me es satisfactorio informar que durante el período preconstitucional no se ha enajenado ningún terreno de propiedad de la Nación.
Para realizar el segundo punto de la política agraria, se expidió el decreto de 6 de enero de 1915 por el cual se declararon nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas en contravención a lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856; todas las concesiones y ventas de tierras, aguas y montes hechas por las autoridades federales, desde el 19 de diciembre de 1876, hasta la fecha del decreto, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos; e igualmente todas las diligencias de apeo o deslinde practicadas durante el referido período de tiempo, y con las cuales se hayan despojado a los pueblos de sus tierras, aguas y montes.
Se estableció también que los pueblos, que por alguna especial circunstancia, no pudieran lograr la restitución de sus tierras, podrán obtener que se les dote del terreno suficiente para reconstruir sus ejidos.
Con el fin de que se llevara a cabo la restitución de las tierras, aguas .y montes de los pueblos, y para dotar a éstos de ejidos, se crearon unas nuevas instituciones: la Comisión Nacional Agraria; una Comisión Local Agraria, para cada Estado o Territorio de la República, subordinada a la Comisión Nacional Agraria, y los Comités particulares ejecutivos, subordinados a la Comisión Local Agraria en cada Entidad Federativa.
En virtud de que al expedirse el decreto de 6 de enero de 1915 la guerra invadía todo el suelo nacional, no fue posible que se establecieran las nuevas instituciones creadas por el citado decreto; por lo cual, hasta el 8 de marzo de 1916 pudo establecerse la Comisión Nacional Agraria.
Los primeros trabajos de la Comisión Nacional Agraria, tuvieron que encaminarse a su organización, tanto en Su parte administrativa interior, como en la de las Comisiones Locales Agrarias, las cuales existen ya funcionando en veintiséis Estados de la República.
Fue indispensable expedir las disposiciones convenientes para nombrar y unificar el criterio de estas comisiones en los importantes asuntos de tierras que tienen que tramitar y el resultado de esta labor puede estimarse tomando en consideración que del 8 de marzo del año próximo pasado a igual fecha del año actual, el número de comunicaciones sobre diversos asuntos recibidas por la Comisión Nacional, alcanza a la cifra de 4,421 y que las Comisiones Locales han remitido para que sean resueltas por la Comisión Nacional 4 expedientes diversos sobre restitución o dotación de ejidos a pueblos de diferentes Estados de la República.
La falta de práctica en la tramitación de estos asuntos, ha hecho que gran parte de los expedientes enviados por las Comisiones Locales, sean devueltos por la Comisión Nacional Agraria para que se perfeccionen.
La Primera Jefatura ha resuelto en definitiva mediante el estudio previo de los expedientes respectivos, la restitución o dotación para nueve pueblos; pero se encuentran ya terminados en su tramitación y estudio muchos otros expedientes que se pondrán a la consideración y resolución del Ejecutivo, muy en breve.
Hasta la fecha el número de pueblos que se han acogido a la ley es de 986, de los cuales 520 han solicitado restitución, 109 dotación y 357 han presentado solicitudes no definidas.
Como se notó que las posesiones provisionales de terrenos a los pueblos se estaban dando en la mayor parte de los casos sin ningún estudio y sin ningún fundamento, y que ser revisadas o modificadas, traían como consecuencia el descontento de los habitantes, se expidió el decreto de 19 de septiembre de 1916 reformando los artículos 79, 89 y 99 del decreto de 6 de enero de 1915, en el sentido de que desapareciera la facultad concedida a los Encargados de los Gobiernos de los Estados, de que dieran posesiones provisionales sin previa aprobación del Encargado del Poder Ejecutivo, y también se prohibió de un modo terminante, que fueran revocadas las posesiones ya dadas, por cualquier autoridad y solamente la Primera Jefatura, previo estudio de la Comisión Nacional Agraria, podía ordenar que las cosas volvieran a su estado anterior.
La Comisión Nacional Agraria ha obtenido ya su absoluta reorganización, dotando a su Dirección Auxiliar de un personal eficiente para lograr el despacho en breve plazo, de los numerosos expedientes que tiene en estudio; y está destinada a presentar inmensos servicios a la Nación, ya que a ella compete la resolución de uno de los problemas de mayor importancia y que fue uno de los que causaron el movimiento reivindicador, porque sintetiza el anhelo del pueblo mexicano por el mejoramiento social mediante la posesión de la tierra.
En el ramo de agricultura se ha reorganizado definitivamente la Dirección General que se ocupa de hacer toda clase de estudios e investigaciones para el eficaz cultivo de la tierra, la selección de las semillas, aclimatación de especies nuevas, campañas contra las plagas, fomento de la ganadería y de la crianza de animales domésticos, estudiando los procedimientos industriales más apropiados, para la utilización de sus productos, así como lo concerniente al empleo de la maquinaria moderna.
Los campos de la antigua Escuela de Agricultura se han destinado en parte para experimentación y enseñanza hortícola, al establecimiento de viveros de árboles frutales, a los cultivos agrícolas comunes en el Valle de México, en forma de que puedan servir de campos de demostración, dando preferencia a las plantas forrajeras ; y en parte al sostenimiento de un establo modelo, cuyos productos se destinan a los cursos prácticos de lechería frecuentados por numeroso público, como acontece también con las demás enseñanzas libres establecidas recientemente, como son las de horticultura, apicultura, viticultura y sericultura.
Debido a deficiencias de los antiguos planes de enseñanza agrícola, muy pocos frutos se obtuvieron de la Escuela de Agricultura establecida en esta capital, y con ese motivo el Gobierno emanado de la Revolución, comprendió que para obtener un resultado eficaz, debe hacerse vivir a los alumnos en un ambiente agrícola alejado de los grandes centros de población.
Mientras las condiciones del país lo permiten y sea posible adquirir terrenos en buenas condiciones para su fundación, se han terminado los estudios teóricos para el establecimiento de la nueva Escuela de Agricultura.
Por decreto de la Primera Jefatura, con fecha 11 de abril de 1916, fue creada la Escuela Nacional de Veterinaria que se encuentra funcionando con toda regularidad y se ha acordado que cada uno de los gobiernos de los Estados envíe dos alumnos pensionados a este útil plantel.
Las Estaciones Agrícolas Experimentales de Río Verde en San Luis Potosí, Oaxaca y Villa Hermosa, han sido reorganizadas y continúan sus trabajos con toda regularidad; y además el Gobierno ha acordado la creación de cuatro nuevas Estaciones Agrícolas ubicadas en Torreón, Córdoba, Irapuato y Colima, centros característicos de zonas agrícolas importantes cuyo desarrollo conviene impulsar.
Para fomentar la arboricultura frutal, se han establecido varios campos experimentales y viveros en Veracruz y en Córdoba.
En Tehuacán, Estado de Puebla, se ha establecido un vivero para el estudio y experimentación del cultivo del guayule y de otras plantas que conviene propagar en la República.
Como todos los ramos de la riqueza nacional, el Gobierno Constitucionalista encontró el ramo de la pesca en condiciones de absoluta decadencia, porque el estancamiento de la producción era completo debido a que las pesquerías fueron puestas en manos de unos cuantos favorecidos que las dejaron improductivas, porque los concesionarios o poseedores sin invertir capital ni efectuar ningunos trabajos, se concretaban a exigir de los pescadores en pequeño, el pago de gravosos tributos que acrecían su peculio particular con mengua de los intereses generales y en detrimento de los del Erario.
Todo esto hizo que cada día disminuyeran las actividades de explotación a punto tal, que en los últimos años han venido a ser inapreciables.
La Secretaría de Fomento ha hecho un estudio de los contratos de concesión para pesca, y aquellos que resultaron onerosos para el país, fueron declarados caducos, tomando como fundamento para efectuarlo, las graves faltas de los concesionarios respecto al cumplimiento de sus obligaciones.
De esta manera han quedado insubsistentes las concesiones otorgadas a "La Pescadora", S. A., que abarcaba casi todos los productos de pesca en las aguas territoriales del Océano Pacífico y Golfo de California; la de "La Pesca", S. A., obtenida primitivamente por Víctor Manuel Castillo, sobre productos comestibles en los mismos mares; la de los señores Gastón J. Vives y Antonio Ruffo, para la explotación de cetáceos y carey en el Océano Pacífico y Golfo de California; la de la "Compañía Pescadora de Tampico", S. A., que fue adquirida por el ex general Rómulo Cuéllar para explotar productos de pesca comestible en el Estado de Tamaulipas.
Los resultados de las determinaciones del Gobierno comienzan a palparse. Gran número de particulares y empresas han ocurrido a la Secretaría de Fomento y se les han concedido autorización para pesca y el establecimiento de casas empacadoras, pero siempre bajo la base de que no disfrutarán de ningunos derechos exclusivos y que dentro de cada zona, tendrán cabida todos cuantos pescadores e industriales convenga admitir conforme a la ley, para la pesca y la elaboración de los productos.
Se han expedido importantes disposiciones de carácter reglamentario y se está dando especial atención a la vigilancia de la pesca de la conchaperla y demás productos marinos no comestibles.
En el territorio de la Baja California donde esta industria y las ricas pesquerías que allí existen, son de suma importancia, el Gobierno ha redoblado su atención y labora con todo empeño por el progreso de la península en ese sentido.
La Dirección de Aguas que antiguamente sólo se encargaba de la tramitación y resolución de concesiones y confirmaciones de derechos sobre el uso de aguas de jurisdicción federal, ha asumido un carácter de actividad y en su evolución se cuenta con el Departamento de Irrigación para el desenvolvimiento de las obras hidráulicas del país.
Actualmente tiene en tramitación algo más de 500 expedientes y se han celebrado ya algunos contratos concesionales para el aprovechamiento de aguas, en diversos objetos, tanto para irrigación como para la producción de fuerza motriz.
No obstante las difíciles circunstancias por que ha atravesado el país, se hace notar que ni el trabajo de tramitación presenta depresión sensible en relación con las épocas normales, ni los trabajos de irrigación y otras obras hidráulicas emprendidas por cuenta del Estado, han encontrado grandes dificultades en su desarrollo, lo que hace prever para los trabajos hidráulicos del país y para el progreso de la agricultura por medio de la irrigación, un magnífico futuro.
Entre los estudios y proyectos formados para el aprovechamiento de las aguas, pueden contarse los siguientes de mayor importancia; el del río del Tunal, para la irrigación del Valle de Durango; el del vaso del Lago de Chapala, para la irrigación de 50,000 hectáreas de terreno en el. Estado de Jalisco; el de los ríos de Nadó y San Juan del Río, para la irrigación del vasto plan de San Juan; el del río de Atoyac para irrigar 25,000 hectáreas en el Estado de Puebla y la más importante de todas estas obras, es la que se está llevando cabo para la irrigación del Valle de Juárez en el norte de Chihuahua, cuyos trabajos se encaminan a aprovechar las aguas del río Bravo, que corresponden a la República Mexicana, en el almacenamiento que de ellas se ha hecho.
El Departamento de Minas, de la Dirección de Minas y Petróleo, para cumplir con el acuerdo de la Primera Jefatura de 29 de agosto de 1914 citado ya, declaró la nulidad de 930 títulos de concesión minera expedidos durante la usurpación del Gobierno; y tanto para reglamentar la reposición de los expedientes que volvieron al estado en que se encontraban el 18 de febrero de 1913, como los procedimientos a que deberían sujetarse los interesados para obtener la revalidación y los agentes de minería para atender y tramitar las solicitudes respectivas, expidió las circulares correspondientes.
En la actualidad se encuentran funcionando. ya 1.14 agencias de minería en la República, faltando solamente 30 debido a la dificultad temporal de las comunicaciones o por clausura accidental.
Desde fines de agosto de 1.914 hasta esta fecha, se han expedido 578 títulos de concesión minera, que amparan una superficie de 8,762 hectáreas y fracción distribuidas en los diferentes Estados de la República; pero el movimiento registrado en las agencias del ramo, manifiesta que en este período se han presentado 4,528 solicitudes, de las cuales se titularán las que legalmente concluyan su tramitación.
Con fecha 14 de septiembre del año próximo pasado, la Primera Jefatura expidió un decreto en virtud del cual se modificó la legislación minera, imponiendo a todos los concesionarios de minas, la obligación de explotarlas para conservar su posesión.
Esta ha sido una de las reformas de mayor trascendencia en bien de una de las principales industrias del país, que a consecuencia del gran acaparamiento y del monopolio efectuado por haberse substituido esa obligación para convertirla exclusivamente en el pago de un pequeño impuesto minero, paralizaron casi por completo su explotación, poniéndola en poder de unas cuantas manos capitalistas y privilegiadas.
El benéfico resultado de ese decreto, comienza a experimentarse, tanto porque ha estimulado a las antiguas negociaciones para que reanuden sus trabajos, como porque concede facilidades a todos los ciudadanos para que puedan dedicarse a la explotación de las vetas metalíferas de la República, sin tropezar con la enorme dificultad que les imponía el sistema de monopolios.
Otra de las reformas de gran trascendencia, es la que establece el decreto expedido por la Primera Jefatura con fecha 31 de marzo último, en el que se previene que los fundos mineros cuyas concesiones hayan sido declaradas caducas por falta de pago del impuesto minero, o por despueble y que por sus condiciones especiales representen un valor comercial considerable, ya no se conceda por denuncio, sino mediante un contrato que se celebrará previa subasta pública.
Hechos los estudios respectivos, se han declarado caducos varios contratos onerosos para la Nación; y en virtud de un convenio que se celebró en 22 de junio del año próximo pasado con el señor Marcel Barré de Saint Leu, representante de la compañía de Inguarán, S. A., se rescindieron cuatro contratos celebrados con dicha compañía por los Gobiernos anteriores, y que eran gravosos para el Erario porque eximían a dicha empresa del pago de impuestos mineros en determinada forma, y del pago de los derechos de exportación de todo el cobre que extrajera durante un periodo de cuarenta años.
También se han otorgado otros contratos para explotar placeres auríferos, y se ha concedido el establecimiento de una planta metalúrgica y de beneficio de minerales en el Estado de Guanajuato.
El ramo del petróleo que tan gran importancia ha adquirido por la enorme riqueza de los yacimientos descubiertos, estaba enteramente abandonado en las administraciones pasadas, y sólo se habían tramitado en la Secretaría de Fomento los contratos ruinosos que todavía pesan sobre la Nación.
Uno de los primeros trabajos del Gobierno Constitucionalista, fue la organización administrativa del departamento, y en virtud del acuerdo de 29 de agosto de 1914, se procedió desde luego a revisar los expedientes declarando nulos todos los contratos, concesiones, etc., tramitados durante la usurpación, en los
cuales se encontró absoluta carencia de previsión y moralidad, pues se otorgaron autorizaciones para hacer exploraciones y explotaciones del petróleo en terrenos de la Nación, atentando contra los principios más elementales del respeto debido a sus intereses, sin tomar en cuenta las leyes, entorpeciendo el tráfico terrestre y fluvial y estableciendo escandalosos monopolios que cegaban por completo una de las principales fuentes de producción de la riqueza nacional, porque se ponía al arbitrio de unos cuantos especuladores.
Desde luego la Secretaría de Fomento creó las inspecciones del petróleo en Tampico y Tuxpan, y más tarde la de Minatitlán; y desde luego en el mes de septiembre del mismo ario, se formuló el primer reglamento a que deberían sujetarse los inspectores para vigilar los trabajos de las compañías petroleras, evitando que continuara la explotación de esa riqueza, sin ningún beneficio para el país y ocasionando graves perjuicios a la agricultura, a la pesca y a la navegación.
En Veracruz, la Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista con fecha 7 de enero de 1915, expidió un decreto cuya importancia y trascendencia fueron de tal magnitud, que dieron positivamente al Gobierno el control de la exploración y explotación industrial del petróleo.
En virtud de ese decreto, quedaron suspendidas todas las obras que se estaban ejecutando, tanto de perforación de pozos como de construcción de oleoductos y tanques de almacenamiento, cuyas obras desde esa fecha, no pueden ser ejecutadas, si no es mediante una licencia que, con el carácter de provisional otorga la Secretaría de Fomento a los interesados, con la condición de que se sujetarán a lo que las nuevas leyes que se expidan, dispongan definitivamente sobre la materia.
De esta manera, al mismo tiempo que el Gobierno ha ejercido una inspección y vigilancia constantes, sobre las exploraciones y explotaciones petroleras ha permitido y estimulado el desarrollo de la industria corrigiendo los abusos que se cometían, evitando los perjuicios que se ocasionaban y compilando todos los datos necesarios, con el objeto de expedir en su oportunidad, las leyes más adecuadas para fomentar en provecho nacional una industria de tanta importancia.
Con este fin se instituyó la Comisión Técnica del petróleo, cuyos miembros emprendieron una excursión a los principales centros de los Estados Unidos, en donde además de recoger valiosísimos datos tanto tecnológicos como legislativos, adquirieron los instrumentos, útiles, libros y substancias necesarias para el establecimiento de un laboratorio químico especial, que acaba de instalarse en el edificio que ocupa el Instituto Geológico Nacional.
La Comisión Técnica del petróleo ha hecho un gran acopio de datos de todo género, relacionados con esa industria; y desde la ignorancia absoluta en que se encontraban sobre el particular las esferas oficiales y el público en general, hasta el conocimiento que ya se tiene sobre dicho asunto, media una gran distancia.
La misma comisión instruye al público por medio del Boletín del Petróleo, que publica mensualmente.
Después de estudios concienzudos se declararon caducas las concesiones otorgadas a los señores Robleda Coss y Brito que tenían la exclusiva para la explotación del petróleo en cuatro zonas de cien kilómetros de radio cada una, en los Estados de Tamaulipas y Veracruz; la de los señores de la Barra y Bringas en el Estado de Chiapas, habiéndoseles recogido por estipularlo así el contrato respectivo, la maquinaria y útiles empleados; y el otorgado a la Compañía mexicana de petróleo "El Aguila", S. A., para explotar el subsuelo de una porción en la laguna de Tamiahua, y se le ha notificado ya el estado de caducidad de sus contratos de Campeche y Chiapas.
Se estudiaron las bases convenientes para otorgar concesiones con el objeto de establecer oleoductos y se han otorgado cinco para oleoductos de uso público, y tres para oleoductos de uso particular.
También se han otorgado concesiones para la construcción de plantas, de refinación de petróleo crudo, y se ha permitido ampliar las refinerías ya establecidas, a la "Huasteca Petroleum Company" y a la Compañía mexicana de petróleo "El Agalla", S. A.
Siendo ya alarmante la especulación que sufría el público con motivo de la creación constante de nuevas compañías petroleras que no ofrecían garantía ni seguridad alguna, se expidieron las circulares necesarias para que todas las compañías o particulares, que se dediquen a la explotación del petróleo en cualquiera de sus ramas, se registren en la Secretaría de Fomento para reconocerles personalidad; y se les impuso una cuota bimestral de trescientos pesos oro nacional por concepto de gastos de inspección.
El resultado de esta medida se hizo sentir desde luego, pues han desaparecido ya más de cien compañías de esta clase. Además, se han emitido las circulares necesarias para reglamentar hasta donde ha sido posible la marcha de esta industria.
Las agencias de la Secretaría han concedido los siguientes permisos: la de Tampico, 126 para la perforación de pozos, tres para torpedearlos con explosivos y 49 para la construcción de tanques de acero; la de Túxpam, 29 para la perforación de pozos, 32 para la construcción de tanques de acero y 4 para presas de tierra y almacenamiento.
Además, una para construir una planta de refinación; y por la de Minatitlán, 20 para perforar pozos, 1 para construcción de tanques de acero y una para el establecimiento de una estación terminal en Puerto México.
Habiéndose visto la imperiosa necesidad de que el Gobierno tenga petróleo propio, se ha acomodado la perforación de dos pozos en la zona petrolera de Pánuco, cuyos productos se destinarán a proveer de combustible a algunas de las líneas de los ferrocarriles nacionales.
El edificio que ocupaba la importante dependencia de la Secretaría intitulada Instituto Geológico Nacional, se encontraba en muy malas condiciones que amenazaban llevarlo a su completa ruina.
Desde luego se tomaron las medidas necesarias para evitar su destrucción y se ha reconstruido en su mayor parte, acondicionándolo para que pueda desempeñar mejor las importantes labores que le están encomendadas.
Se está practicando una inyección con el objeto de fortificar sus cimientos, lo cual hará que ese útil edificio se consolide.
A pesar de que los trabajos de reparación invadieron varios de los Departamentos, la labor científica del Instituto no se ha detenido; y ya se han practicado inspecciones a los lechos de algunos ríos para reconocer las capas subterráneas, y trazar importantes presas para el almacenamiento de sus aguas.
También ha continuado la publicación de su Boletín y comienza a publicar uno nuevo con el nombre de "Anales del Instituto Geológico", que substituyó al que se publicaba anteriormente con el nombre de "Parergones".
No obstante la crisis porque ha atravesado el país, el Gobierno no ha desatendido el ramo forestal, ya que de la conservación y aumento de nuestros bosques, depende en gran parte el porvenir de la agricultura.
Deseando formar un personal técnico e idóneo en tan importante ramo, se ha, juzgado conveniente la conservación de la Escuela N. Forestal que estuvo establecida en el pueblo de Santa Fe y que fue trasladada a Coyoacán del Distrito Federal.
La referida escuela se clausuró en 1915, al ser evacuada la ciudad de México por las fuerzas Constitucionalistas, debiendo hacer notar con satisfacción, que la mayor parte de los alumnos siguieron al Gobierno legítimo a Veracruz, sentando plaza con el carácter de soldados en defensa de la causa del pueblo, habiendo sido después incorporados a la brigada de Supremos Poderes, donde permanecieron hasta enero de 1916, en que al abrirse de nuevo los cursos, la mayoría regresó a proseguir sus estudios.
La Escuela se ha reorganizado, habiéndose aprobado para el presente año, un nuevo plan de estudios conforme al cual la carrera se hará en seis semestres; y se invitó a los Gobernadores de los Estados para que envíen alumnos pensionados, habiendo aceptado la idea los de Puebla, Sinaloa, Hidalgo y Colima; esperándose que en no lejano tiempo, vendrán alumnos de otras Entidades de la Unión.
Los viveros forestales del Distrito Federal: han sido atendidos debidamente, habiendo en la actualidad un millón de plantas forestales, frutales y de ornato, en estado de utilizarse.
En los años de 1915 y 1916 se distribuyeron 87,897 plantas entre distintas autoridades, hacendados y particulares.
Al trasladarse los Poderes de esta capital al puerto de Veracruz, se encontró el vivero allí existente en lamentable estado, debido a la ocupación por las fuerzas americanas; pero luego se dictaron las órdenes para repararlo, y posteriormente fue instalado en la laguna de los Cocos, donde se han plantado varias especies indígenas, drenándose al mismo tiempo el terreno, lo que dará por resultado que en un futuro próximo aquel lugar antes pantanoso, quede convertido en un verdadero bosque, que al mismo tiempo que mejore las condiciones higiénicas al lugar, sirva de punto de recreo a los habitantes de Veracruz.
En la ciudad de Querétaro, se ha instalado otro vivero con una extensión superficial de diez hectáreas, el que se encuentra bastante adelantado.
Los diversos contratos que para la explotación de bosques habían sido celebrados por Gobiernos anteriores, fueron cuidadosamente revisados, habiéndose declarado caducos la mayor parte de ellos por graves infracciones.
Otros muchos fueron declarados nulos, por haber sido otorgados durante la época de la usurpación, resultando de esto que todo el territorio de Quintana Roo y gran parte de los Estados de Campeche y Tabasco quedaran libres, y así, fuera fácil explotarlo sobre nuevas bases de conservación y que rendirán mejores provechos al país.
También se declararon caducas las concesiones otorgadas para explotar el ganado cabrío en las islas de Guadalupe y de Cedros.
Con motivo del estado revolucionario del país, el servicio de vigilancia de los bosques municipales y particulares del Distrito Federal sufrió una completa interrupción; pero al regresar a esta ciudad el Gobierno Constitucionalista, se establecieron varias guarderías forestales que han procurado hasta donde las operaciones militares lo han permitido, la conservación y propagación del arbolado, que los elementos rebeldes estaban explotando de una manera inmoderada, con el objeto de allegarse recursos para continuar en su nefasta labor contra las fuerzas Constitucionalistas; pero se dieron varias disposiciones reglamentarias sobre la restricción del comercio de productos forestales en la zona ocupada por el enemigo, para acabar con ese mal.
Durante los años de 1915 y 1916 no se celebraron ningunos contratos a largo plazo para la explotación de bosques, y solamente se han otorgado permisos anuales a explotadores en pequeño.
Las islas de nuestros mares eran explotadas inmoderadamente por diversos concesionarios que no se cuidaban de cumplir las cláusulas de sus contratos; y como al mismo tiempo no reportaban ningún beneficio a la Nación, fue declarada la caducidad de los siguientes: para la explotación de guano en las islas Clipperton, Isabelas, Tres Marías, San Juanito, Marielas, Los Angeles, Islas de Afuera y del Medio del Océano Pacífico.
En lo sucesivo no se concederá la explotación de nuestras islas marítimas, sino solamente a los mexicanos o a empresas mexicanas que se obliguen a establecer en aquellas, colonias permanentes de mexicanos para conservar la soberanía nacional.
El Museo Tecnológico Industrial, donde se exhiben productos de la industria mexicana, así como materias primas originarias del país, ha sido convenientemente reorganizado, estableciéndose anexa a él una biblioteca sobre industrias, monografías y estudios dé materias primas, así como una colección de catálogos de las principales fábricas.
Está en formación la estadística general de la industria del país y el directorio, así como del lugar de producción y de aplicación industrial, etc.
En octubre del ario próximo pasado se verificó en la ciudad de El Paso, Texas, una exposición internacional de productos naturales a la que fue invitado nuestro Gobierno, que aceptó con gusto.
La Secretaría de Fomento organizó debidamente la concurrencia y el éxito obtenido en el certamen fue altamente satisfactorio.
La, expedición científica mandada a Quintana Roo tuvo por objeto la exploración de aquel rico y lejano territorio, y las ideas por ella sugeridas servirán de base para la explotación de sus riquezas, así como para corregir el gravísimo mal de cierre de la bahía de Chetumal por el lindero de la colonia británica que nos hace de cierta manera sus tributarios, estando obligados a navegar por aguas inglesas para llegar al mar Caribe.
La expedición fijó varias posiciones astronómicas que se utilizarán en la geografía del país; trazó y empezó a abrir una brecha de cinco metros de ancho y que tendrá una longitud de cien kilómetros, por medio de la cual se comunicará la ciudad de Payo Obispo con la Bahía del Espíritu Santo, en cuyo lugar va a estudiarse la apertura de un puerto, el más importante del mar Caribe por las condiciones de la bahía y que servirá para, la exportación de productos tropicales y de mercancías que darán vida, al Territorio.
Se estudió además, la conveniencia de comunicar por medio de un ferrocarril las principales poblaciones del Territorio, con la ciudad de Peto, Yucatán, pasando a través de los bosques vírgenes de esa región, que de esa manera podrán ser explotados convenientemente.
Quedaron señalados los ejidos de Payo Obispo y se escogió el punto en donde se establecerá un pequeño vivero que también servirá como estación agrícola de experimentación.
Se empezó, además, el levantamiento de la bahía de Chetumal y del Río Hondo,. que forman nuestro lindero sur con la colonia inglesa, con el objeto de proceder en breve al fraccionamiento en pequeños lotes de los terrenos adyacentes.
La nueva organización de la Secretaría de Fomento agrupando las distintas instituciones técnicas que laboraban aisladas y sin obedecer a un plan común, hizo sentir desde luego la ventaja de su agrupación, por los trabajos que han podido realizarse, siendo antes muchos de ellos de imposible verificación.
Se acondicionó rápida y económicamente el antiguo edificio del ex arzobispado de Tacubaya, para establecer en él la Dirección de Estudios Geográficos y Climatológicos dividida en los departamentos siguientes: Comisión Geográfica, de la República, Observatorio Astronómico y Observatorios Meteorológicos.
El primer departamento, que se formó por la fusión de la Comisión Geodésica y de la Comisión Geográfico Exploradora, ha efectuado los trabajos siguientes: Liga de los trabajos geodésicos mexicanos con los de los Estados Unidos, a lo largo del meridiano 98 grados oeste de Greenwich, labor ejecutada en la frontera norte, en el Río Bravo, por geodestas mexicanos y americanos, trabajando simultáneamente, siendo de notar que dicha operación se ejecutó en momentos bien difíciles para la República; habiendo quedado terminada la medida del arco mexicano en una amplitud de once grados; gracias a la unión de los trabajos mencionados, las coordenadas geodésicas de los vértices quedaron ya reducidas al origen de coordenadas aceptado por los Estados Unidos, de acuerdo con la decisión de la Asociación Geodésica Internacional.
En el Estado de Yucatán se está ejecutando una triangulación geodésica que servirá tanto para los trabajos de la carta de la República, como para la ejecución del catastro de aquella Entidad Federativa.
Por último se han mandado comisiones para que ejecuten exploraciones geográficas a la Baja California y a Quintana Roo, logrando enriquecer de esta manera los datos que actualmente se tienen.
No se ha descuidado el importante ramo de cartografía.
Escrupulosamente se conservan los materiales acumulados en muchos años de labor, y se trabaja con actividad en la construcción de nuevas cartas geográficas.
Por la demanda tan grande que ha habido de las cartas generales de los Estados de Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, publicadas a diversas escalas por la Comisión Geográfico Exploradora sólo queda un número muy reducido de ejemplares, por lo que ya se procede a su reimpresión.
El trabajo que se ha hecho con el círculo meridiano se ha continuado sin interrupción.
No se han descuidado las observaciones de latitud, sino que periódicamente se determinan; y las observaciones de manchas, fáculas y protuberancias solares se continúan diariamente. Los cálculos de las observaciones se tienen al día, así como los de la latitud y del tiempo.
Durante el lapso de tiempo que comprende esta nota, el Observatorio Astronómico ha publicado el anuario de 1916 y de 1917 que vio la luz pública en noviembre del año pasado.
Este anuario ha sido muy solicitado no sólo por los ingenieros de la República; sino también por los de las Américas Central y del Sur; se ha publicado, además, un número del boletín y apareció el primer tomo del catálogo astrofotográfico.
A mediados del mes de septiembre de 1915 en que el Observatorio Meteorológico Central reanudó sus labores, que habían sido suspendidas por algún tiempo, se procuró de manera preferente reorganizar el servicio en todo el país, y la Secretaría de Fomento se dirigió a los Gobernadores de los Estados, pidiéndoles su cooperación con tal objeto.
Debido a gestiones que se han venido haciendo, se puede contar ahora también con datos del Observatorio de la Habana y con los de veinte estaciones de la red de los Estados Unidos, además de las treinta de nuestra República.
A fines de julio próximo pasado, se trasladaron a Tacubaya las oficinas del Observatorio Meteorológico Central que se hallaban sobre las azoteas del Palacio Nacional, habiendo dejado en su lugar una estación meteorológica, lo que constituye una mejora de gran importancia, pues el antiguo local era enteramente inadecuado para el estudio de la meteorología.
Reuniendo el extinguido Instituto Médico Nacional con los Museos de la Secretaría de Fomento y el de Tacubaya, se formó una nueva Dirección de estudios biológicos, que al mismo tiempo que se dedica al cultivo de la ciencia en estudios especulativos, se ha procurado conducirla por un camino conveniente, a fin de que produzca utilidad práctica dando a conocer ampliamente la flora y la fauna mexicanas.
La Dirección de Estudios Biológicos ha funcionado normalmente, practicando las exploraciones del Territorio de Quintana Roo y de las costas de Oaxaca y de la Baja California.
Ha conseguido el aislamiento de la levadura del pulque y la fabricación científica de esa bebida.
Ha hecho estudios sobre la radiografía por medio del fósforo y tiene en experimentación un coloide orgánico que se está aplicando con éxito en las enfermedades infecciosas y que ha salvado ya muchas vidas.
Instalado el Museo de Historia Natural en el edificio conocido por el de El Chopo, ha obtenido un éxito completo por el favor del público, pues que de cinco mil visitantes que mensualmente ocurrían a dicho museo a fines de 1915, la asistencia ha ascendido a más de cincuenta mil en cada uno de los meses de febrero y marzo próximo pasado.
Se ha procurado hacer una labor de vulgarización científica, acondicionando los objetos en exhibición y dando descripciones compendiadas e inteligibles para el pueblo, por medio de cuadros y etiquetas.
Esta Dirección está ahora en aptitud de emprender una labor positivamente útil a la Nación, dando a conocer muchas de las riquezas de nuestra patria, que traerán la explotación de industrias nuevas obtenidas de los frutos • vegetales y animales del Territorio nacional.
También impulsa la instrucción de la niñez haciendo distribución gratuitamente y en gran cantidad de colecciones de Historia Natural libros, folletos, levaduras, plantas y productos medicinales para las escuelas. Además, analiza plantas y productos industriales, exhibiéndolos en el museo de Historia Natural.
Y no solamente se ha buscado por la Secretaría de Fomento el mejoramiento natural y el desarrollo de las riquezas; supuesto que con el objeto de estimular el adelanto de los altos estudios científicos y especulativos, se establecieron concursos periódicos, ofreciendo premios bianuales a los autores de los mejores trabajos científicos que se presenten al jurado calificador, relativos a los conocimientos del saber humanó en los ramos cuyo fomento corresponde a dicha Secretaría.
No fué posible que la Dirección de Estadística funcionara normalmente durante la época, de la residencia de los poderes legítimos en Veracruz, debido a la falta. de comunicaciones; pero al establecerse nuevamente la Secretaría en esta ciudad, se procedió a la reorganización de dicha dirección, que quedó constituida con los departamentos Demográfico Social, Industrial, Comercial, y Geográfico.
Entre los trabajos más interesantes ejecutados puede contarse la terminación de los datos de la división territorial y del censo de 1910 que ya se encuentran en prensa, habiéndose publicado el folleto correspondiente a la división territorial de Jalisco.
Además, se están preparando todos los trabajos necesarios para efectuar un futuro censo de la República.
Con arreglo a las disposiciones de la Primera Jefatura, la Dirección de Patentes y Marcas ha revalidado 612 patentes de las que fueron expedidas en la época de la usurpación, y ha otorgado mil trescientas setenta y ocho patentes nuevas de invención, habiendo registrado 134 cesiones de patentes.
Durante los periodos de funcionamiento del año de 1914 al actual, ha registrado 1082 marcas y ha concedido la revalidación de 579; ha clasificado 63,271 patentes extranjeras y 961 nacionales.
El Departamento de Trabajo, creado durante a administración del señor Presidente Madero, dependió de la Secretaría de Fomento hasta la traslación de los Poderes a Veracruz, donde por acuerdo de la Primera Jefatura pasó a formar parte de la Secretaría de Gobernación, y al trasladarse a la ciudad de Querétaro la capital de la República, volvió a incorporarse a la Secretaría de Fomento, ya con el carácter de Dirección; y llevando a debido efecto los fines que le están señalados por la ley, reuniendo, ordenando y clasificando todos los datos que se relacionan con el trabajo en la República; procurando la conciliación de las dificultades surgidas entre los intereses del capital y el trabajo y facilitando las colocaciones y los transportes de los trabajadores que demandan tal protección; ha dedicado, además, preferente atención al estadio de las reformas sociales implantadas en los países más adelantados, para adaptarlas, con las modificaciones necesarias, a las condiciones de nuestra nacionalidad, y poder presentar en su oportunidad y por los conductos debidos, las iniciativas de leyes que este Congreso debe considerar en el ejercicio de sus altas funciones, para buscar el mejoramiento social de los trabajadores y el desarrollo de la industria, en consonancia con las bases acordadas por la última Constitución General de la República, en el capítulo relativo al Trabajo y a la Previsión Social.
No obstante las difíciles circunstancias por que ha atravesado la Nación, se observa claramente un incremento poderoso en todos los ramos que dependen de la Secretaría de Fomento, a la cual está encomendada la ardua labor del desarrollo conveniente de las principales fuentes de riqueza nacional.
Y aunque podría creerse que el capital extranjero se ha retraído para emprender negocios en México, lo cierto es que por el número de asuntos que en dicha Secretaría se tramitan, se observa con exactitud el desenvolvimiento general de las empresas de toda índole.
A pesar del desarrollo que se ha dado a todos los asuntos de que toca conocer a la Secretaría de Fomento y no obstante la creación de nuevas Direcciones y Dependencias con que antes no contaba, y de que, para el régimen económico, se encuentra incorporada a dicha Secretaría la Comisión Nacional Agraria de nueva creación; los gastos se han efectuado con una notable economía; pues entre el presupuesto de 1912 a 1913 y el que actualmente tiene asignado para sus gastos esta Secretaría, hay una diferencia de más de un millón trescientos mil pesos anuales, debiendo considerar que para el desarrollo e impulso de todos los ramos que le corresponden ha sido indispensable efectuar erogaciones que se han hecho mediante una distribución conveniente, a fin de que resulten beneficiosas al Erario Nacional.
En atención a que las labores de la Secretaría de Fomento han alcanzado tal grado de magnitud e intensidad y que en breve llegarán todavía a un desarrollo mucho más vigoroso, y considerando que dichas labores deben ser atendidas en la forma amplia que demandan las necesidades nacionales de la nueva época, la Primera jefatura, con fecha 30 de marzo próximo pasado, expidió mi decreto en cuya virtud se extinguió la antigua Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, dando nacimiento a dos Secretarías, cuyas denominadores son: una, Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, y la otra Secretaría de Estado y del Despacho de Comercio e Industria, estando ambas llamadas a contribuir poderosamente en todos los órdenes de la actividad, a la reconstrucción nacional.
Antes de terminar mi informe sobre este ramo de la Administración Pública, debo daros cuenta de la orden que el Gobierno de mi cargo tuvo que librar con fecha 2 del corriente mes a varios Gobernadores de los Estados de la República.
Es el caso que la Secretaría de Fomento convocó a una Convención Obrera que debía tener lugar en esta capital, Convención en la que tomarían participación comisiones o representaciones de obreros e industriales, con el objeto de convenir el monto de los salarios y todo lo demás necesario para el mejoramiento de la clase obrera; pero dicha Convención no pudo celebrarse por la falta de concurrencia de representantes de los industriales.
En vista de esto y, ya que propietarios de fábricas no han mostrado la mejor voluntad para cumplir con las terminantes prescripciones de la Constitución Federal sobre el trabajo, el Gobierno de mi cargo, en cumplimiento de su deber, no ha permanecido inactivo, y al efecto expidió la circular citada en la que se dispone que se cite a los representantes de todas las instituciones fabriles para que, poniéndose de acuerdo con los o los gremios de trabajadores sobre los puntos antes indicados, se resuelva lo conveniente; advirtiendo á los dueños o gerentes de las fábricas que si no dan cumplimiento a esta disposición, serán intervenidas sus negociaciones y administradas por cuenta del Gobierno, para evitar que los obreros queden sin trabajo y resienta perjuicios la sociedad.
INSTRUCCION PÚBLICA Y BELLAS ARTES
En la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes se ha realizado una labor amplia e intensa en pro de la educación nacional.
Las secciones en que estaba dividido este departamento se transformaron en Direcciones Generales, apartándose del antiguo carácter que aquellas tenían de simples oficinas de tramitación de acuerdos, verdaderos cuerpos consultivos de los que dependen establecimientos que por su índole común se identifican.
Teniendo además, en cuenta que la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes desaparecería en un futuro próximo, y con objeto de dar unidad de criterio y. de acción a los diferentes ramos dependientes de ella, preparándolos a la nueva existencia administrativa que tendrían en breve, quedó dividida en los departamentos siguientes: Secretaría, Departamento Administrativo, Dirección General de Educación Pública, Dirección General de las Bellas Artes, Dirección General de la Enseñanza Técnica y:Universidad Nacional, pasando a depender de la Secretaría de Fomento el Museo de Historia Natural y el Instituto Médico Nacional, de la de Gobernación el Instituto Bacteriológico; y el Archivo General de la Nación quedó adherido a la Dirección General de las Bellas Artes.
Las contingencias de la guerra dieron margen a que los profesores que siguieron al Gobierno Constitucionalista a Veracruz fueran a prestar valiosos servicios en los Estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Tabasco, Guanajuato y Querétaro, obedeciendo órdenes de la Primera Jefatura.
De estos maestros ameritados se hizo una selección y se integraron tres comisiones de profesores que estuvieron pensionados en los Estados Unidos.
Durante la permanencia del Gobierno Constitucionalista en Veracruz, como dependencia, de la Secretaría, de Instrucción Pública Bellas Artes, estuvo funcionando una sección de legislación que prestó trascendentales servicios, pues dicho departamento contribuye con eficacia a la elaboración de las leyes expedidas en aquella época.
La Dirección General de Educación Pública está destinada a promover la reforma y difusión de la educación popular en el Distrito. Federal.
Dependían anteriormente de esta oficina las escuelas públicas de los Territorios; pero con el objeto de preparar el funcionamiento del municipio libre se ordenó que pasaran esas escuelas a depender de los Gobernadores militares de los mismos Territorios con la intervención debida de la Secretaría de Gobernación.
Por decreto de 29 de enero de 1915 expedido en la heroica Veracruz, forman parte de la Dirección General antes dicha, entre otras de menor importancia, las siguientes instituciones: Jardines de Niños, Escuelas Primarias Elementales, Escuelas Primarias Superiores, Escuela Nacional Preparatoria, Internado Nacional y Escuelas Normales para Maestros.
Los trabajos se han llevado a cabe Conforme a los principios pedagógicos más adelantados, entre los que figuran los siguientes:
1. La escuela primaria y preparatoria deben preparar debidamente al niño y al joven para ocupar el lugar que les corresponde en la sociedad;
2. La instrucción debe ser considerada como medio para obtener la educación;
3. Los estudios deben ser fundamentalmente educativos;
4. La enseñanza será laica, demostrable y práctica;
5. La formación del carácter en el que ha de figurar como factor importante el dominio propio y la conciencia íntima del cumplimiento del deber, será el objeto supremo de la educación.
A pesar de los trastornos que naturalmente se originan de un período tan largo de guerra como el que hemos sufrido, se ha tomado el mayor empeño en conservar abiertos y dedicados al servicio público el mayor número de establecimientos oficiales que ha sido posible, creando cuantos más establecimientos nuevos se ha podido para ofrecer mejores oportunidades educativas a toda la población escolar.
No se han omitido gastos para conservar en las mejores condiciones posibles los edificios destinados a escuelas, ya sea de propiedad del Gobierno o de propiedad particular, aunque, dadas las pésimas condiciones en que se hallaban algunos de estos edificios, no hemos podido conseguir aún el adaptarlos del todo a las necesidades de la escuela moderna.
Se ha adquirido todo el menaje escolar que se ha necesitado para dotar cada escuela de lo más indispensable, ofreciendo así a los educandos condiciones apropiadas para el trabajo escolar.
En la adquisición de este mobiliario se han patrocinado los talleres y fábricas nacionales en donde ha sido posible construir menaje igual al importado.
Ha tenido el Gobierno cuidado especial de suministrar a las escuelas libros y material de enseñanza en cantidades y calidad apropiadas, de modo que el profesorado tuviera a su alcance los elementos necesarios para el mejor desempeño de sus labores.
Habiéndose notado que la, mayor parte de los establecimientos de educación y casi todas las oficinas correspondientes carecían de los inventarios respectivos que dieran a conocer las existencias de menaje, material, útiles de enseñanza y demás cosas pertenecientes al Gobierno, se ordenó que se practicaran dichos inventarios con la mayor escrupulosidad a fin de conservar cuenta exacta de todos los bienes pertenecientes a la Nación.
Considerando que la educación física es la base de toda clase de cultura y que por el descuido en que se encontraba entre nosotros era de urgente necesidad para promover la regeneración de la raza, se ha emprendido en su favor una campaña vigorosa, estimulando los ejercicios físicos de diversas clases, estableciendo campos de juegos al aire libre, ejercicios deportivos y estéticos y todos los demás que contribuyen a vigorizar y dar agilidad al cuerpo.
Hemos añadido a esta cultura la instrucción militar estableciendo al efecto una Dirección especial de esta enseñanza que se encargue de difundirla no sólo en el Distrito Federal sino en toda la República.
El entusiasmo con que la niñez y la juventud han acogido esta enseñanza, nos hace asegurar que en breve tiempo se conseguirá que la juventud mexicana reciba la enseñanza militar indispensable para que esté siempre dispuesta, a prestarse al cumplimiento de sus deberes, cuando por alguna circunstancia fuera llamada a defender su autonomía o sus instituciones más preciadas.
Para cubrir las plazas de inspectores técnicos, encargados de la dirección técnica y administrativa de la enseñanza, se han escogido profesores cultos y prácticos en materias pedagógicas así como personas de carácter y de ideas sanas y convenientes.
Fueron nombrados también inspectores para las escuelas normales y preparatorias.
Se dio nuevo programa y nuevas orientaciones a la Inspección Médica Escolar, la que ha funcionado normalmente hasta la fecha, cooperando con el profesorado en la importante labor de difundir la higiene y preservar a los niños de enfermedades o prácticas viciadas que entorpezcan sus trabajos escolares o arruinen su salud.
Se ha creado también el Consejo Técnico de Educación compuesto de inspectores técnicos de zona, del jefe del Servicio Médico Escolar y de dos representantes de cada una de las escuelas normales y preparatorias.
Las funciones de este cuerpo son de carácter técnico y administrativo y constituye el principio de las prácticas democráticas escolares, pues a él se someten todas las cuestiones importantes de índole técnica y administrativa para la mejor marcha de las escuelas.
En las escuelas preparatorias y normales la gestión del gobierno propendió a hacer efectiva la observancia del principio de la educación, para lo cual se dictaron medidas tendientes a extirpar algunas prácticas que lo desvirtuaban.
Considerando al magisterio como el más noble apostolado y la eficacia del ejemplo en la formación del carácter, se han encomendado las clases en las escuelas normales exclusivamente, a profesores normalistas, los mejor capacitados para formar ambiente pedagógico en esas escuelas y los que están en mejores aptitudes para formar buenos maestros.
Habiéndose notado que había un gran número de profesores que han gastado su vida en la Escuela, esta Primera Jefatura autorizó la formación de bases equitativas y prácticas para conceder jubilaciones, las que han sido ya otorgadas a un gran número de personas que por los servicios que han prestado en las escuelas han sido acreedoras a esta gracia.
Se creó un Museo Pedagógico que últimamente se agregó al Tecnológico de la Secretaría de Fomento, para que sus enseñanzas fueran aprovechadas por mayor número de personas.
Se expidieron importantes circulares con objeto de mejorar las diversas enseñanzas que se imparten en las escuelas públicas; se unificó la enseñanza de la lengua nacional, y se imprimieron. y distribuyeron varios folletos de propaganda cultural y revolucionaria.
Durante el pasado año funcionaron 15 jardines de niños, 28 escuelas elementales, 49 escuelas superiores y 39 escuelas nocturnas que forman un conjunto de 388 escuelas.
Es justo consignar aquí, el hecho de que las escuelas de algunas de las zonas foráneas no han podido funcionar debido a la inseguridad que ha prevalecido en esas regiones.
Se inscribieron en las escuelas antes mencionadas 74,556 niños habiendo permanecido hasta fines del año 46,414 alumnos.
Por las difíciles condiciones económicas no fue posible exigir la asistencia puntual y persistente de todos los alumnos que se inscribieron a principio de año.
Sin embargo de esto ya se creó un cuerpo especial de Policía Escolar que tiene por objeto hacer efectiva la asistencia a las escuelas.
Los planteles antes mencionados estuvieron a cargo de 12,589 profesores y empleados administrativos.
Comprendiendo el Gobierno la necesidad urgente de mejorar la condición social y económica de las clases obreras ha dedicado a éstas especial atención.
Con este fin creó la Dirección General de la Enseñanza Técnica que funcionó desde agosto del año antepasado hasta el 28 de febrero del presente.
Esta Dirección tuvo a su cargo todas las escuelas cuyo objeto es preparar técnica y prácticamente a los futuros industriales, artesanos, comerciantes, obreros y obreras en general.
Al iniciar sus labores esta Dirección General había en la ciudad de México tres escuelas comerciales y seis industriales y de artes y oficios, pero la organización de estos establecimientos no respondía a las necesidades presentes, por consiguiente fue necesario reorganizarlas de una manera completa y crear dos nuevas escuelas y ocho academias nocturnas; la Escuela de Química y la de Enseñanza Doméstica, dos Academias Nocturnas Comerciales, una para señoritas en el edificio que ocupa la Escuela Primaria "Ignacio M. Altamirano" y otra mixta en la Escuela Superior de Comercio, dos Academias Nocturnas de Arte Industrial para obreras anexas a las Escuelas de Arte Industrial "La Corregidora de Querétaro" y a la de Artes y Oficios para Señoritas, dos Academias de Arte Industrial para obreros anexas a las Escuelas Nacional de Artes Gráficas y de Arte Industrial "Vasco de Quiroga," una Academia Nocturna de Artes Domésticas anexa a la nueva Escuela de Enseñanza Doméstica y los cursos nocturnos para ingenieros mecánicos y electricistas en la Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas.
Todas estas nuevas instituciones han venido a llenar un gran vacío que existía en nuestro sistema educacional.
Con objeto de ofrecer el mayor número posible de oportunidades a todos los que deseen adquirir una conveniente preparación comercial e industrial, cualquiera que sean los estudios anteriores que se tengan, se establecieron en las escuelas técnicas cursos preparatorios que comprenden la enseñanza elemental y las equivalentes a la educación primaria superior a fin de facilitarles la manera de poder recibir, con verdadero provecho su educación técnica.
Me es altamente satisfactorio informar, además, que el gran escollo con que ha tropezado casi siempre la clase social menesterosa para adquirir en los primeros años de su vida una educación industrial, y que consiste en la falta de elementos para subsistir mientras estudia, ha empezado a salvarse de una manera ventajosa en las escuelas industriales, mediante el sistema puesto en práctica de que los niños tan pronto como sus conocimientos y aptitudes se lo permiten, ejecuten en los talleres de la propia escuela, y bajo la dirección de sus maestros, trabajos para el público, sin menoscabo de su educación, para que puedan llevar a sus hogares pobres un pequeño salario, producto de su propio trabajo que sirva de ayuda a los padres y que estimule a los niños y fomente su dignidad.
La antigua Escuela de Artes y Oficios para hombres sufrió una transformación completa, pues en vista de que contaba con buenos talleres mecánicos y laboratorios, se convirtió en Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas que tanta falta hacía, sin dejar de seguir preparando como antes, maestros y obreros de taller.
En este establecimiento han aumentado las inscripciones de una manera considerable desde que se establecieron los nuevos cursos de Ingeniería.
La Dirección General de las Bellas Artes tiene a su cargo el fomento y divulgación del arte en todas sus manifestaciones; la vigilancia y desarrollo de los establecimientos de Bellas Artes, la conservación de los monumentos de interés arqueológico, histórico y artístico y el perfeccionamiento e impulso de las industrias artísticas nacionales.
A su establecimiento correspondió la creación de la Escuela de Bibliotecarios y Archiveros, del Departamento Editorial de Bellas Artes, del Museo de Arte Colonial y de la Inspección General de Monumentos Artísticos, nuevas instituciones que vinieron a satisfacer necesidades originadas por la natural evolución de nuestro medio.
En la Escuela Nacional de Bellas Artes se han llevado a cabo exposiciones periódicas de los trabajos de profesores y alumnos, y conferencias de divulgación dedicadas a los visitantes de las galerías, últimamente enriquecidas por cuadros recogidos o canjeados a los templos.
Los Gobiernos de los Estados de la Unión a iniciativa de esta Dirección General, han enviado unos pensionados que estudiarán la carrera de arquitectura.
Ha sido creada en esta Escuela la clase de Escenografía.
Para el establecimiento del Museo de Arte Colonial se ha procedido a la reconstrucción y adaptación del exconvento de la Merced de esta ciudad; en él hallarán cabida todos los objetos de arte colonial; así como los fragmentos arquitectónicos y demás instrumentos indispensables para el estudio de la historia de aquella época.
La Inspección General de Monumentos Artísticos garantizará la conservación de nuestros monumentos de arte, tanto religiosos como civiles de propiedad nacional o privada, y cuidará también las bellezas naturales del país; ha impedido, en su activa gestión, la salida de las reliquias artísticas y objetos de propiedad nacional, substraídos a los templos y la profanación y destrucción de los edificios de interés estético.
El Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología estuvo debidamente representado en el último Congreso de Americanistas celebrado en Washington.
La incorporación del Museo Nacional de Artillería y de la copiosa colección "Akázar", ha venido a aumentar notablemente el caudal de los objetos conservados en este Museo, en el que se han celebrado series de conferencias dedicadas a los maestros de educación primaria, para poner a los escolares en contacto con los vestigios históricos.
La Biblioteca Nacional ha sufrido una verdadera transformación, así en sus métodos: de organización, como en los procedimientos para atender a las necesidades de nuestros grupos intelectuales que a ella concurren en busca de fuentes de estudio e ilustración, creando departamentos especiales de clasificación, catalogación, canje e información, y abrió con todo éxito un concurso de bibliografía nacional en el que se presentaron notables trabajos.
La Escuela Nacional de Música y Arte Teatral organizada con bases científicas, pero de práctica aplicación, y que en el último año diera resultado halagador, así en los departamentos de música como en el de arte teatral, proporcionando un contingente crecido de alumnos bien preparados, ha manifestado públicamente su activa vida con la organización, por primera vez en la historia de la música, de conciertos históricos, así como por representaciones teatrales y por la reciente creación de la cátedra de cinematografía.
Igualmente, la Orquesta Sinfónica Nacional y los Orfeones Populares, han hecho extensivo su radio de acción a los centros fabriles y a los grupos populares en general, iniciando el cultivo del gusto estético por medio de conciertos clásicos y populares.
El Archivo General de la Nación ha desempeñado en la resolución del problema agrario un principalísimo papel, y se trabaja activamente en la recopilación, ordenación y publicación de documentos muy importantes para la historia nacional.
La Inspección General de Monumentos Arqueológicos ha realizado interesantes exploraciones y descubrimientos, entre los cuales pueden mencionarse los de Santa Teresa, Tabasco, Cholula, etc., etc., y que han permitido consumar con toda precisión, la formación de la Carta Arqueológica de la República.
Han merecido la aprobación de la Primera Jefatura los nuevos planes de estudios y reglamentos que .se han elaborado últimamente en la Universidad Nacional, para cada una de las Facultades, y que se han hecho de acuerdo con las necesidades de las mismas y la experiencia adquirida en la labor docente realizada.
Con objeto de contar con catedráticos universitarios verdaderamente idóneos, se ha dedicado preferente atención a seleccionar el personal docente.
Han pasado a formar parte de la Universidad, previas las reformas y adiciones requeridas para merecer el grado de Facultades, dos importantes establecimientos: la Escuela Nacional de Química y la Escuela Superior de Comercio que pertenecieron a la extinta Dirección de la Enseñanza Técnica.
En la Escuela Nacional de Medicina ha aumentado extraordinariamente el número de inscripciones en el presente año, hasta el punto de haber sido necesario organizar nuevas clases y aumentar profesores.
En la Escuela Nacional de Ingenieros se ha dividido el estudio en ciclos y se ha procurado que la enseñanza que ahí se imparte sea a la vez que teórica esencialmente práctica.
La Escuela Nacional de Altos Estudios ha sido objeto de modificaciones importantes.
En un principio sólo se hicieron en ella cursos aislados de asignaturas poco cultivadas, que solamente podían ser seguidas por corto número de personas.
En la actualidad la institución de referencia tiene por principal objeto preparar el personal docente para la enseñanza preparatoria o secundaria y profesional de ciertas cátedras de las facultades universitarias.
Se han establecido pues, grados académicos y universitarios que definen en forma concreta el objeto de los cursos que en ella se hacen.
Mediante esta transformación ventajosa pueden ahora hacerse estudios para la obtención de los grados, en forma de carreras de especialización que equivalen a pequeños cur.sos profesionales que sólo requieren dos, tres, cinco o seis años de estudios, estando en ellos comprendidos los de perfeccionamiento facultativo de ramos de las ciencias médicas y jurídicas, y los referentes a estudios antropológicos e históricos nacionales.
Por último, y en forma de pequeños cursos libres populares, y en la de conferencias metódicas, se da la debida atención a la ilustración de auditorios que no han menester para esa clase de educación, ningunos requisitos de preparación previa.
El año pasado fue planteada esa reforma en la Escuela y aunque no es tiempo para que el nuevo plan haya podido todavía desarrollarse, sus efectos inmediatos se han hecho notorios en el aumento de inscripción y en los resultados obtenidos.
La inscripción ha ascendido a 506 alumnos de uno y otro sexo, en tanto que en los años anteriores había sido muy corta o casi nula.
Se inauguró el sistema de conferencias libres.
La mayor afluencia de cursantes así como el alimento de asignaturas que se establecieron, hizo menester que se instalaran tres aulas nuevas para dar las cátedras.
La inscripción en las Escuelas Universitarias ha ascendido a 1,545 alumnos numerarios y 813 oyentes que hacen un total de 2,358, no obstante que las matrículas no se han cerrado todavía.
Los exámenes de fin de curso del año próximo pasado en la Universidad Nacional dieron un resultado muy satisfactorio.
Con objeto de impartir la instrucción militar a los niños se ha creado una Dirección General de Enseñanza Militar que ha quedado dependiendo de la Secretaría de Instrucción Pública, y actualmente se está impartiendo la enseñanza militar en todas las escuelas oficiales de la capital, con un resultado enteramente satisfactorio.
Al mismo tiempo se están dando clases de servicio elemental sanitario de campaña en las escuelas oficiales de niñas, con objeto de que éstas adquieran los conocimientos necesarios para la curación de heridos y puedan prestar sus servicios de una manera efectiva en caso necesario.
Se ha creado también una Academia de Instructores con los oficiales del ejército que están en Depósito o Disponibilidad y muchos de ellos, después de la preparación conveniente que han adquirido, salieron ya a diversos Estados de la República, para difundir en la mayor escala posible la enseñanza militar.
Con la creación de la Dirección General de Enseñanza Militar, se ha dado el primer paso para el establecimiento del servicio militar obligatorio que previene la nueva Constitución General de la República.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
Las labores de la Primera Jefatura en materia de Hacienda son, después de las de la campaña militar, las que tuvieron que absorber mayor suma de atención, por tratarse de los medios de arbitrarse fondos para la campaña.
Para mayor facilidad en este informe en materia de Hacienda, podemos distinguir un primer período de lucha armada contra Huerta, que abarca desde el principio de la Revolución hasta la ocupación de la parte sur de la República Mexicana, en agosto y septiembre de 1914.
Un segundo período, que podrá llamarse del Gobierno en Veracruz, que comprende la época transcurrida desde la Convención de Aguascalientes hasta el regreso del Gobierno Constitucionalista a la ciudad de México y que abarca toda la época de lucha contra Villa y Zapata y demás jefes infidentes; y un tercer período que es el de la época de reconstrucción, que se extiende desde el reconocimiento internacional de nuestro Gobierno hasta el restablecimiento del orden constitucional.
En materia de Hacienda, como en casi todos los demás ramos de la Administración Pública, deben distinguirse dos clases de labores: las que tuvieron por objeto hacer frente a las necesidades inmediatas de la Revolución y las encaminadas a reformar los sistemas adoptados por el antiguo régimen.
Durante el primero y segundo períodos de la Revolución, las labores de la Primera Jefatura de Hacienda se redujeron casi exclusivamente a la arbitración de fondos para la campaña.
Durante el tercer período se procuró remediar en parte los males causados en la riqueza pública del país y en la materia hacendaria por la guerra misma, y comenzar las reformas que imponía la Revolución.
Arbitrios
Al iniciarse la Revolución contra el régimen de Huerta, no pudo seguirse propiamente ningún sistema de finanzas, pues cada jefe militar independientemente tenía que arbitrarse recursos de donde podía obtenerlos.
Estos recursos consistían, en la mayor parte de los casos, en requisiciones de monturas, provisiones y artículos indispensables para la campaña en los lugares que ocupaban nuestras fuerzas, y por lo que hace a atenciones que exigían desembolsos de dinero, los jefes revolucionarios no podían hacer otra cosa que tomar préstamos forzosos y utilizar los recursos ganaderos de la frontera del país, donde la revolución se había iniciado, a fin de arbitrarse los fondos necesarios para compras de armas, municiones y equipo militar.
Es natural que los recursos obtenidos así no bastaran para las necesidades de una campaña que se desarrollaba en la región fronteriza del país, y que requería aprovisionarse pagando al contado y en metálico.
Desde que quedó ya unificada la Revolución por virtud del plan de Guadalupe, consideré necesario acudir al sistema de emisiones de papel moneda, las cuales, no obstante las desventajas que en lo futuro pudieran traer, presentaban sin embargo, como procedimiento revolucionario, la ventaja de ser la más justa distribución de préstamos entre los habitantes de las regiones ocupadas por los ejércitos revolucionarios, al mismo tiempo que nos permitían no estar atendidos en ningún caso a préstamos particulares, que habrían influido desfavorablemente en la marcha de la Revolución.
Fue siempre una política de la que nunca se apartó la Primera Jefatura, el rehusarse en todo caso a solicitar o admitir empréstitos de particulares para ayuda de la Revolución, pues comprendí desde un principio que estos préstamos, limitados naturalmente a pequeñas cantidades, no harían más que entorpecer el movimiento, poniendo la suerte de la Revolución a merced de los prestamistas.
Tal es el origen de las emisiones de papel moneda de que adelante se hablará y que constituyeron una de las fuentes de ingresos para hacer frente a los gastos de la Revolución.
Organización de Hacienda
Fuera de los fondos que se arbitraba la Revolución por medio de emisiones de papel moneda y conforme se extendía el territorio ocupado, podía comenzarse un principio de organización hacendaria que permitía obtener algunos ingresos, que en un principio consistieron casi exclusivamente en los productos de los derechos de importación y exportación de las aduanas que se encontraban en nuestro poder.
Durante el primero y segundo períodos del Gobierno Revolucionario, en muchos casos hubo necesidad de dejar enteramente las oficinas recaudadoras de Hacienda a disposición de los jefes militares, con el fin de que éstos pudieran proveerse inmediatamente de fondos, y en la mayor parte de los casos los Comandantes Militares asumían, obligados por la necesidad, facultades hacendarias que llegaban hasta imponer contribuciones especiales.
Más tarde y conforme fue regularizándose el Gobierno y venciéndose al enemigo, ha podido la Primera Jefatura ir recogiendo poco a poco todas las oficinas recaudadoras y poniéndolas bajo la dirección de la Secretaría de Hacienda.
Los detalles de la organización de las oficinas hacendarias serían sumamente extensos, y tienen mejor cabida en el informe general de la Secretaría de Hacienda que se encuentra en preparación, en el cual podrá hacerse referencia a la reorganización de la Tesorería y de la Dirección de Contabilidad y Glosa, restablecimiento de la Dirección General de Aduanas, creación de la Comisión Monetaria, nueva Legislación sobre bancos, etc., etc.
Respecto de esta materia baste decir que siendo la Hacienda un órgano de funcionamiento diario, la Revolución tuvo necesidad de continuar usando los procedimientos hacendarios ya establecidos para no carecer de dinero, al mismo tiempo que introducir las reformas en la organización de esa Secretaría, y la organización de la Secretaría de Hacienda se ha llevado a cabo sin dejar de atender diariamente a las necesidades de la campaña.
La tendencia principal que ha guiado a la Primera Jefatura en las reformas de organización hacendaria, ha sido hacer de la Secretaría de Hacienda, un órgano independiente, librándolo de la subordinación a determinadas instituciones de crédito, en que siempre se había encontrado en las administraciones anteriores.
Derechos al Comercio Interior
El Gobierno Constitucionalista, aun durante las épocas más difíciles de la campaña militar, no pudo limitarse exclusivamente a vivir del producto de sus emisiones del papel moneda, sino que procuró por todos los medios reorganizar sus ingresos, tanto los que se causaban en papel como los que se consideró necesario exigir en metálico para poder hacer frente a nuestras necesidades en oro, sobre todo a la provisión de armas, municiones, provisiones y equipo, que muchas veces había necesidad de comprar en el extranjero.
El Gobierno desde un principio siguió la costumbre de cobrar algunos de sus ingresos en metálico, y éstos eran principalmente los que recaían sobre el comercio exterior, mientras que la mayor parte de las contribuciones de carácter interior eran pagaderas en papel moneda.
En el principio de la campaña no fue posible tener otros ingresos en metálico que los que nos proporcionaban las exportaciones de ganado y metales, que se hacían por las aduanas que se encontraban en nuestro poder.
Más tarde, al tomar posesión de la región petrolífera del Estado de Tamaulipas y del de Veracruz, el Gobierno tuvo ya oportunidad de recaudar un nuevo impuesto en metálico, derivándolo del petróleo.
De esta manera el Gobierno Revolucionario no solamente pudo arbitrarse fondos, sino que comenzó a resolver un problema que desde hacía mucho tiempo estaba pendiente, y que consistía en hacer contribuir a compañías petrolíferas que se consideraban exentas del pago de impuesto.
La política del Gobierno Constitucionalista en materia de exportaciones, fue la de hacer pagar impuestos a todos los pr9ductos que se enviaban al extranjero sin transformación alguna, en forma de materia prima, apartándose radicalmente de la política que se había seguido en el antiguo régimen, de exceptuar de impuestos las exportaciones, sin distinguir si esas exportaciones eran de productos manufacturados o de materias en bruto.
El Gobierno encontró también necesario y práctico levantar los derechos del timbre a los metales y minerales, y lo ha hecho hasta donde la natural protección a la minería se lo ha permitido.
El Gobierno continuó constantemente ensanchando la tarifa de exportación, para incluir en ella todas aquellas materias primas que se exportan sin dejar ningún provecho a la industria mexicana.
En este sentido impuso por primera vez, un derecho de exportación al henequén, que durante mucho tiempo había salido libre y que en la actualidad se paga ya sin dificultad, no obstante que en un principio este impuesto estuvo a punto de causar serios trastornos en nuestro país, y de hecho fue la causa del intento de sublevación en la península de Yucatán, en febrero de 1915.
Bienes Intervenidos
Una fuente de ingresos, más nominal que efectiva, consistió en la ocupación de bienes de enemigos.
Esta ocupación de bienes fue en un principio un movimiento de carácter enteramente espontáneo de parte de las fuerzas militares que ocupaban regiones enemigas y que, al tomar posesión de esas regiones, se incautaban de los bienes considerados de enemigos, tanto para evitar que sus productos pudieran ser utilizados contra la Revolución, cuanto para arbitrarse fondos.
En el fondo había también la idea de una responsabilidad contraída por los enemigos de la Revolución, por hechos ejecutados contra el régimen legal, y en muchos casos un principio de justicia que aconsejaba a los jefes militares deshacer usurpaciones notoriamente injustas, que habían existido durante el antiguo régimen.
La Primera Jefatura consideró que, ya sea por las razones de defensa militar, ya como fuente de ingresos, ya como medida de hacer efectivas responsabilidades, las incautaciones de bienes de enemigos podían subsistir, sujetas, sin embargo, a lo que más tarde el Gobierno Constitucional resolviera respecto de ellas.
Las ocupaciones de bienes intervenidos que se han hecho hasta ahora, han sido hechas casi siempre por las autoridades locales de los Estados, o por las autoridades militares y solamente cuando quedó restablecido en México el Gobierno Constitucionalista, en fines de 1915, la Primera Jefatura tuvo que dar alguna organización y dictar algunas reglas para el manejo de esos bienes, para hacer nuevas incautaciones, o para el levantamiento de incautaciones hechas.
Por lo que hace a los proyectos obtenidos de esos bienes, puede decirse que han sido muy pocos, debido al natural desorden en la Administración de propiedades cuya posesión era irregular.
La administración de los bienes intervenidos estuvo por algún tiempo en manos de los Comandantes Militares de los Estados, y durante esa administración se obtuvo algo más de productos, que en la mayor parte de los casos eran utilizados por los Gobiernos locales mismos.
Al restablecerse el Gobierno Constitucionalista en la ciudad de México, y durante el tercer periodo de la Revolución que propiamente fue ya período de organización, se ordenó que todos los bienes intervenidos fuesen administrados por la Secretaría de Hacienda.
Los jefes de Hacienda en los diversos Estados comenzaron a tomar posesión de ellos, y aun cuando en la actualidad todavía no podrá decirse que la Secretaría de Hacienda se encuentra en posesión de todos los bienes que se hayan intervenidos, sin embargo, existe ya una organización encargada de la administración de los bienes que aún quedan en poder del Gobierno.
La administración de los bienes intervenidos por la Secretaría de Hacienda ha producido ya mejores resultados, aun cuando naturalmente no todos los que sería de desearse.
La Primera Jefatura ha seguido en esta materia el criterio de devolver la mayor parte de las propiedades intervenidas a excepción de aquellas cuyos dueños pudieran ser responsables civilmente, como autores o como cómplices manifiestos, del derrocamiento del Gobierno Constitucional.
La Primera Jefatura ha preferido dejar a la resolución del Congreso, la suerte que deban correr esos bienes y la forma de dilucidar las responsabilidades civiles de los enemigos de la Revolución.
Emisiones de Papel Moneda
La primera emisión de papel moneda fue ordenada por decreto de 26 de abril de 1913 únicamente por la suma de cinco millones de pesos, pues al principio de la Revolución no se tenía idea de las necesidades efectivas de la campaña, ni podría preverse la duración de la guerra ni se tenía experiencia respecto del valor efectivo que pudiera llegar a alcanzar el papel.
Por virtud de esta autorización, se imprimieron cinco millones de pesos que más tarde fueron conocidos con el nombre de Emisión de Monclova.
En diciembre de 1913 se mandó ampliar esa emisión hasta la cantidad de veinte millones de pesos y en febrero de 1914 hilo necesidad de aumentarla a treinta millones.
Las emisiones que se efectuaron para completar esta cifra y que importaron la suma de veinticinco millones de pesos, es lo que se conoce con el nombre de Emisión del Ejército Constitucionalista,
Habiendo llegado el Ejército Constitucionalista a la ciudad de México, en agosto de 1914, se sintió desde luego la necesidad de hacer una conversión de las emisiones anteriores, al mismo tiempo que de ampliar considerablemente su monto para atender a las múltiples necesidades que se presentaron desde luego al ocupar la parte sur del país.
Al efecto, en 19 de noviembre de 1914, se creó una deuda interior por ciento treinta millones de pesos para amortizar los billetes conocidos con el nombre de Emisión de Monclova y Ejército Constitucionalista y hacer frente a los gastos que siguiera requiriendo la Revolución, pues en esa época ya había comenzado la lucha contra el villismo.
La impresión de los billetes correspondientes a esta emisión, se comenzó en la ciudad de México en donde se imprimieron cerca de cuarenta y tres millones de pesos que fueron los que más tarde se conocieron con el nombre de Emisión del Gobierno Provisional de México.
La impresión de billetes se continuó en Veracruz ampliándose la emisión a otros setenta millones de pesos hasta hacer un total de autorización de doscientos millones. Más tarde fue necesario ampliar esta emisión a doscientos cincuenta millones.
La emisión de billetes hecha en Veracruz en virtud de estas autorizaciones, es la que más tarde se conoció con el nombre de Papel de Veracruz.
La cifra efectiva emitida de papel de Veracruz, excedió considerablemente de lo que acusaban las autorizaciones por haberse tenido que comenzar a recoger los billetes de la Emisión de México cuya circulación se hizo difícil a consecuencia de la falsificación hecha en México por el Gobierno de la Convención, y que se conoce con el nombre de Revalidados.
El total de las emisiones hechas por el Gobierno Constitucionalista durante el primero y segundo períodos de la Revolución, es el siguiente:
Papel de Monclova $ 5.000,000.00
Ejército Constitucionalista 25.000,000.00
Gobierno Provisional de México 42.625,000.00
Gobierno Provisional de Veracruz 599.329,221.00
Total $ 671.954,221.00
Como puede verse el monto de la emisión de Veracruz excedió con mucho al fijado en las autorizaciones.
Esto se debió a las apremiantes necesidades de la campaña militar, pero no puede perjudicar el buen nombre del Gobierno Constitucionalista, porque las emisiones estaban estrictamente vigiladas y en todo caso el papel moneda impreso ingresaba a la Tesorería para su distribución, y se llevó cuenta exacta de su aplicación.
El papel moneda del Gobierno Constitucionalista nunca fue vendido para arbitrarse fondos en el extranjero.
Emisiones de Jefes Militares
El alejamiento y la independencia con que obraban muchas veces los jefes militares, sobre todo al principio de la Revolución, hacía imposible que estos pudieran ser provistos de fondos por la Primera Jefatura.
A esto se debió la necesidad en que me vi en un principio de autorizar a varios jefes militares para que hicieran emisiones de carácter local para arbitrarse fondos para la campaña.
Los principales jefes autorizados para hacer esas emisiones fueron naturalmente los que tenían mayor cantidad de fuerzas a su mando, entre ellos el general Villa, el general Obregón y el general González.
Más tarde, en el segundo período de la campa.fia militar, hubo necesidad de dar autorización a otros jefes para arbitrarse fondos emitiendo papel transitorio mientras no recibían el que pudiera proporcionarles la Primera Jefatura.
Tal fue el origen de otras autorizaciones, como por ejemplo, las dadas a Arrieta, Diéguez, Caballero, Murguía y Morales y Molina.
No hay datos suficientes para poder decir el monto exacto de las emisiones hechas por virtud de autorizaciones a jefes militares.
En algunos casos el monto de las autorizaciones estaba determinado, y en otros el jefe militar quedaba autorizado para obrar conforme a las necesidades de la campaña.
La mayor parte de los jefes militares se sujetaron a sus instrucciones, pero en otros casos se excedieron a las autorizaciones.
El general Villa, por ejemplo, fue autorizado a emitir diez millones de pesos para las necesidades de su campaña en el Estado de Chihuahua, y sin embargo, desde antes de su infidencia había ya comenzado a excederse en sus emisiones en cantidades considerables, pudiendo decirse que las emisiones de papel del Estado de Chihuahua montan a varios cientos de millones de pesos y se confunden con las emisiones de papel falso y de enemigos.
Puede, sin embargo, decirse que el monto total de las emisiones hechas por los jefes militares con autorización de la Primera Jefatura, no excedió de treinta millones de pesos.
Estas emisiones fueron retiradas más tarde, algunas canjeadas y en la actualidad no quedan más que cerca de dos millones de pesos depositados en la comisión monetaria, pendientes de conversión.
Papel Moneda de los Enemigos
Cada uno de los enemigos de la Revolución procuró hacer emisiones de papel en la misma forma que lo había hecho el Gobierno Constitucionalista, ya sea de propia autoridad, ya sea tratando de hacer pasar su papel como salido del Gobierno Constitucionalista mismo.
Villa hizo dos emisiones, ambas en cantidad considerable: las conocidas con el nombre de Dos Caras y de Sábanas.
Al desocupar la ciudad de México el Gobierno Constitucionalista en noviembre de 1914, el llamado Gobierno de la Convención encontró en la imprenta del gobierno elementos tipográficos que le permitieron continuar la impresión de billetes hecha por el Gobierno Constitucionalista en la ciudad de México, solamente que alegando un sello de revalidación, con el fin de hacer creer al público que se trataba del papel mismo de la Primera Jefatura.
Este fue el papel que se llamó Revalidado.
El Gobierno Constitucionalista no se dio cuenta oportuna de esta falsificación de sus emisiones lanzada por sus propios enemigos sino hasta la ocupación de la ciudad de México en febrero de 1915, que fue cuando se aclaró que se trataba de una emisión falsa que por fortuna pudo identificarse, pero que obligó sin embargo al Gobierno Constitucionalista a retirar la emisión del Gobierno Provisional de México.
En iguales condiciones otros enemigos de la Revolución hicieron emisiones de papel, como las de Yucatán y Sonora.
El Gobierno Constitucionalista, sin vacilación, obrando en justicia, y como por medida política y militar, desconoció el papel emitido por los enemigos y prohibió su circulación en cada lugar que ocupábamos.
Esto causó algunos trastornos a las clases menesterosas, que procuraron atenuarse ayudándolas con provisiones en los grandes centros de población, pero en cambio debilitó considerablemente a los enemigos, cuya moneda cayó rápidamente.
Vino por último a perturbar seriamente la circulación de nuestra moneda fiduciaria, el gran número de falsificaciones efectuadas tanto para lucrar como con propósitos políticos.
Infalsificable
La expresada circunstancia de las falsificaciones, las emisiones espurias del papel del Gobierno Provisional hechas por la Convención y conocidas con el nombre de Revalidados y las naturales perturbaciones en la situación monetaria causadas por la existencia de diversas clases de papel moneda, hicieron necesario pensar en la conversión de toda aquella deuda a un solo papel que al mismo tiempo que presentara la ventaja de la unidad, tuviera la de hacer imposible la falsificación.
El propósito de esta emisión fue substituir el papel viejo por un papel infalsificable; limitar la cantidad de papel circulante a la suma de quinientos millones de pesos y dar a esta emisión un valor fijo por medio de una garantía en metálico, sin emitir más que las cantidades que pudieran garantizarse.
La impresión de este papel infalsificable se hizo en Estados Unidos por una de las casas grabadoras de más reputación y montó a la suma de cuatrocientos cincuenta millones de pesos.
Hubo sin embargo necesidad de imprimir en México moneda fiduciaria de dos pesos, 1171 peso, cinco, diez y veinte centavos con todo lo cual llegó la emisión a cerca de quinientos cuarenta millones de pesos, que no llegaron todos a lanzarse a la circulación.
Se encuentran actualmente en poder del Gobierno como ciento cuarenta millones de pesos, quedando por lo tanto en poder del público como cuatrocientos millones que sin atender al valor comercial, si se computaran a veinte centavos por peso representarían una deuda de ochenta millones de pesos.
Para manejar y garantizar este papel se creó una comisión monetaria que debiera encargarse del manejo del fondo de garantía.
Retiro del Papel Antiguo
El programa que el gobierno se propuso seguir para retirar el papel antiguo y poner en circulación el nuevo, consistía en admitir el papel de Veracruz y Ejército Constitucionalista en pago de la mayor parte de los impuestos tanto de la Federación como de los Estados, en pago de fletes y pasajes ferrocarrileros, portes de correos, telegramas y en general en pago de todas las obligaciones para con el Gobierno que no fueran de naturaleza especialmente metálica.
En cambio el Gobierno se proponía cubrir sus presupuestos, tanto los federales como los locales, con papel infalsificable a partir del primero de mayo de 1916, emitiéndolo a medida que tuviera metálico para garantizar veinte centavos oro por cada peso papel.
Al ponerse en circulación el papel infalsificable en esa fecha, se hizo sentir naturalmente una baja en el valor del papel de Veracruz, lo cual obligó al Gobierno a acelerar su retiro de la circulación para evitar los perjuicios a que daba lugar la coexistencia de dos papeles de distinto valor..
A ese efecto, a partir del cinco de junio quedaron retirados de la circulación los billetes de veinte, cincuenta y cien pesos del Ejército Constitucionalista, y el 30 de junio quedaron retirados los billetes de diez, cinco, dos y un pesos y la moneda fiduciaria.
Se dispuso que el papel moneda de Veracruz y Ejército Constitucionalista que no quisieran o que no pudieran sus tenedores utilizar en pago de impuestos, fuese depositado en las oficinas del Gobierno y de la Comisión Monetaria, para que en su oportunidad se canjeara a razón de diez centavos oro o un peso papel, por certificados en oro nacional, pagaderos en cinco anualidades.
El papel de Veracruz se retiró de la circulación como se había proyectado, recibiéndolo en impuestos y aceptándolo en pago de fletes y pasajes, pero además se hizo necesario en los momentos de la mayor depreciación de ese papel, comprar grandes cantidades, y por último, se vio el Gobierno obligado a canjear a las clases menesterosas el papel de Veracruz que quedaba en sus manos.
De esta manera se recogieron aproximadamente quinientos millones de pesos en papel de Veracruz.
En cuanto a los depósitos de este papel para su canje por certificados oro, solamente ascendieron a cincuenta millones de pesos que es lo que aproximadamente ha recibido la Comisión Monetaria para canjear por certificados oro.
Estos cincuenta millones al tipo de diez centavos oro nacional, significan una deuda de cinco millones de pesos oro como saldo vivo de las emisiones de Veracruz y Ejército Constitucionalista.
Las diversas emisiones de papel hechas por jefes militares, fueron igualmente retiradas, algunas en forma de canje como se hizo en Sinaloa, Tepic y Jalisco, y algunas en forma de depósito.
De éstas solamente hay depositadas en poder de la Comisión Monetaria; cerca de dos millones de pesos papel.
Circulación Metálica
Al comenzar la circulación del papel infalsificable, el Gobierno se propuso garantizar un valor de veinte centavos oro nacional por cada Peso.
No tuvo sin embargo el Gobierno suficientes reservas de oro ni suficientes ingresos en metálico, para poder sostener el precio de este papel cambiándolo libremente al precio de garantía.
Los egreses del Gobierno en metálico continuaron cada vez más apremiantes y la elevación de los precios de los materiales; municiones; equipos y provisiones de fuerzas, que el Gobierno tenía que adquirir en metálico, lo hacían disponer constantemente de sus ingresos en oro.
El Gobierno hizo lo posible por sostener el papel infalsificable, pero paulatinamente y por razón natural, el valor del papel continuó descendiendo.
En los momentos de lucha intestina, la circulación del papel moneda estaba enteramente indicada, pero aún concluida la revolución, las condiciones del resto del mundo aconsejaban continuar transitoriamente un régimen de papel moneda, y el gobierno lo habría continuado si hubiese podido conseguir fondos suficientes para garantizar su circulación.
Los bancos fueron un factor eficaz para procurar la caída del papel, y muchas personas, aun de las que podrían suponerse amigas de la Revolución, no sólo no ayudaban al Gobierno a sostener el papel, sino que aceleraron su caída.
El comercio de las principales ciudades del país elevó considerablemente sus precios en papel moneda, y de allí que las clases trabajadoras, después de agotar sus esfuerzos para obtener la baja del precio de las mercancías, se vieran obligadas a exigir el pago de sus salarios en metálico, contribuyendo con esto a la mayor depreciación del papel moneda y forzando en cierto modo la circulación metálica.
En noviembre del año de 1916, el precio del papel infalsificable era tan bajo, que fue ya imposible utilizarlo como moneda y la Primera Jefatura se vio obligada a dictar la disposición reasumiendo la circulación metálica, que se encuentra ya restablecida desde el primero de diciembre del año pasado.
El problema monetario continúa, sin embargo sin resolverse, pues no existiendo billetes de banco, ni otras formas de crédito que substituyan la circulación metálica, ésta ha tenido que hacerse casi enteramente sobre la base de circulación de monedas de oro, plata y cobre.
Al restablecerse la circulación metálica una complicación se presentó, y fue el alto valor de la plata en los mercados extranjeros, que ha hecho que nuestro peso se encuentre por encima de la calidad legal, y que, por tanto; se haya retirado de la circulación últimamente.
El Gobierno está acudiendo a la acuñación constante de tostones, y que por su ley más baja se han conservado en circulación hasta la fecha, aunque es de temerse que si continúa ascendiendo el valor de la plata, la eliminación de estas especies pondrá otra vez la circulación metálica en peligro.
Una comparación entre el régimen del papel moneda y el régimen de circulación metálica, resulta desfavorable a esta por lo que hace a las necesidades de las clases consumidoras, pues el precio de los artículos de primera necesidad, sobre todo los de producción nacional, aparentemente mucho más elevado en papel moneda, era sin embargo considerablemente más bajo que el precio de los mismos artículos bajo el régimen de la circulación metálica.
El Gobierno tiene la conciencia de haber hecho todo lo posible por sostener el papel infalsificable como moneda circulante, pero desgraciadamente hubo un gran número de factores, y entre ellos muchos intencionales, que contribuyeron también a hacerlo descender y obligaron al Gobierno a volver al régimen de circulación metálica.
Recientemente se ha decretado un recargo a los impuestos que gravan el comercio exterior, pagadero en papel infalsificable, para ver de comenzar a recoger esta emisión en la forma menos gravosa para el Gobierno y para sus tenedores.
Presupuestos
Teniendo en cuenta la organización precipitada de una revolución, no debe extrañar que no haya sido posible calcular egresos para. la campaña del Ejército Constitucionalista durante los dos primeros períodos de la lucha.
Cada vez que ha sido posible, sin embargo, se ha procurado ajustar los desembolsos a algún presupuesto, y especialmente por lo que hace a sueldos, constantemente se ha tomado el de 191213, último que puede considerarse legalmente existente, como guía para organización de oficinas y para calcular sueldos de empleados.
Es natural, sin embargo, que la organización que ha tenido que darse a las diversas Secretarías de la Primera Jefatura no corresponda con la organización del Gobierno Constitucional de 1912, y a eso se debe que de hecho haya sido imposible la aplicación del presupuesto de 191213.
Al instalarse nuevamente el Gobierno en la Mesa Central se hicieron constantes esfuerzos, tanto en México como en Querétaro, para someter a presupuesto los gastos de los diversos Departamentos del Gobierno Constitucionalista.
Pudieron aun calcularse con aproximación los presupuestos de los empleados civiles de las diversas Secretarías, pero nada de extraño tiene que aun cuando pudieran hacerse cálculos aproximados en las diversas ramas, fuera sin embargo totalmente imposible calcular egresos en el ramo de Guerra, dada la natura incertidumbre de las necesidades de la campaña.
Gastos de la Revolución
Al principio de la Revolución, los gastos que la campaña exigía se hacían casi siempre por los jefes militares, procurándose al mismo tiempo los fondos de donde podían hallarlos, y las contingencias de la lucha y algunas veces la ignorancia o el natural desorden, hacían imposible que pudiera llevarse una cuenta aproximada de lo que se gastaba.
Al concluir el primer período de la revolución, es decir, cuando el Gobierno Constitucionalista tomó posesión de la ciudad de México, fue cuando realmente se pudo comenzar a llevar una contabilidad ordenada de los desembolsos hechos.
No puede sin embargo decirse que existan cuentas exactas de egresos, sino de las cantidades que han salido directamente de la Tesorería General de la Nación o de las oficinas dependientes de ella.
La dificultad principal no consiste en conocer las cantidades que han salido de la Tesorería para ser empleadas en las diversas atenciones del Gobierno, sino en justificar la inversión de los gastos hechos, de parte de los pagadores y agentes encargados de su distribución.
En materia de Guerra, sobre todo, ha sido enteramente imposible obtener los datos necesarios para justificar las inversiones hechas.
En muchos casos las cantidades proporcionadas para las atenciones de campaña se hacían en forma global, entregándolas a los jefes militares o a los pagadores habilitados que los acompañaban, y muchas veces no existe otro dato respecto de dichos egresos que la entrega hecha.
La Dirección de Contabilidad y Glosa de la Secretaría de Hacienda continúa sin embargo haciendo la concentración de todos los gastos de que se tenga conocimiento y es muy posible que antes de comenzar el nuevo año fiscal pueda saberse, de una manera aproximada, a cuanto montan los ingresos y egresos de la Revolución.
Los datos que arrojan los trabajos de concentración y glosa de la Dirección General de Contabilidad y Glosa, no pueden ser sin embargo exactos respecto de los egresos, supuesto que ha habido un gran número de gastos que se han hecho y de los cuales no se tiene conocimiento.
Las cifras que arroja la Tesorería General de la Nación son necesariamente incompletas, debido a las dificultades de concentración de datos que aún no se concluye.
Para que se tenga, sin embargo, una idea del movimiento de caudales de la Revolución sobre el cual ha podido llevarse cuenta, debo manifestar que los ingresos totales por impuestos que acusa la Tesorería General de la Nación, son en oro $ 75.000,000.00 y en papel $ 236.000,000.00.
Los egresos de la Revolución, hasta donde han podido ser concentrados por la Dirección de Contabilidad y Glosa, acusan un total de $96.000,000.00 oro y $855.000,000.00 papel.
La mejor comparación que puede hacerse entre los ingresos y los egresos de la Revolución tiene que obtenerse por medios indirectos, calculando el déficit de la Revolución, o sea la deuda pública imputable al período revolucionario.
Los egresos que acusan los libros de la Tesorería General, por cada uno de los Departamentos del Gobierno, son los siguientes:
Primera Jefatura $ 230,565.00 $ 7.726,583.00
Congreso Constituyente 271,203.00 10,156.00
Secretaría de Relaciones 1.268,577.00 3.088,188.00
Secretaría de Gobernación 5.754,302.00 43.220,765.00
Secretaría de Justicia 192,826.00 2.927,916.00
Secretaría de Instrucción Pública 1.131,853.00 20.787,246.00
Secretaría de Fomento 345,144.00 4.606,880.00
Secretaría de Comunicaciones 2.586,049.00 43.942,951.00
Secretaría de Hacienda 13.082,748.00 72.699,276.00
Secretaría de Guerra 61.554,096.00 656.800,958.00
Los egresos anteriores hacen un total de $95.417,400.00 en oro nacional y $ 855.818,900.00 en papel.
Déficit
Es natural suponer que ha existido constantemente y existe en la actualidad un considerable déficit entre los ingresos y egresos de la Revolución.
Durante mucho tiempo ese déficit no pudo conocerse, ni mucho menos preverse; pero en la actualidad en que ha comenzado a pagarse todo a base metálica desde el principio del corriente año, puede ya decirse que durante los cuatro primeros meses que van transcurridos, el déficit no baja de cinco millones mensuales por término medio, lo cual dará para un año sesenta millones de déficit.
Este déficit de sesenta millones anuales no es sin embargo tan considerable como pudiera creerse, si se tiene en cuenta que el presupuesto de 191213, calculado para tiempos comparativamente normales ascendía ya a la cantidad de ciento veinte millones de pesos al año.
Mientras el déficit de nuestros gastos pudo cubrirse en papel no se hacía sentir tan considerablemente; pero al restablecerse el régimen de circulación metálica, el Gobierno se encontró en situación de tener que vivir enteramente de sus ingresos en metálico.
Un gran número de impuestos que se habían venido pagando en papel moneda, no fue posible desde luego convertirlos a metálico y exigir inmediatamente a los causantes su pago en esa especie sin provocar grandes trastornos.
El Gobierno tenía necesariamente que vivir a pesar de lo que desearan sus enemigos, y obligado por la necesidad se vio en el caso de tomar dinero de las reservas metálicas de los bancos para continuar subsistiendo.
Las cantidades hasta ahora tomadas de los bancos, ascienden aproximadamente a veinte millones de pesos.
El Gobierno ha procurado llevar a cabo una política de estricta economía, intentando considerables reducciones en el número 'de sus empleados, y al restablecerse la circulación monetaria se vio en el caso de no poder pagar más que un cincuenta por ciento de los sueldos nominales de sus empleados civiles, reservando con el carácter de deuda flotante el saldo de los sueldos.
En muchos casos, sin embargo, y sobre todo en el ramo militar, no le había sido posible obtener servicios eficientes si hubiera tenido que pagar únicamente la mitad de los sueldos. Se ha visto por lo tanto en el caso de tener que pagar a la tropa por haberes íntegros y a muchos de sus empleados, el 75% o el total de sus sueldos.
En otros muchos casos ha habido necesidad de conceder, discrecionalmente, gratificaciones o ayudas pecuniarias a los empleados, para que puedan subsistir.
Esto por lo que hace a los gastos que ha demandado la campaña militar en el interior, que es donde el Gobierno ha tenido un constante déficit, que sumado durante los últimos cuatro años puede decirse que constituye la deuda pública interior de la Revolución.
Por lo que hace a los crecidos gastos que la Revolución ha tenido que hacer en el extranjero, todos se han cubierto con escrupulosidad, y a ese respecto me cabe la satisfacción de anunciar que México ha cubierto sus servicios consulares y diplomáticos con regularidad, y ha pagado hasta la última de las facturas de municiones, pertrechos de guerra, provisiones y equipos que ha tenido que comprar fuera del país, y que, por consiguiente, no se debe nada en el extranjero por causa de la Revolución.
Bancos
Desde el Gobierno del general Díaz, el sistema de bancos existente en México a base de concesión, implicaba un sistema de privilegios cuyos inconvenientes se habían hecho notar desde hacía mucho tiempo.
Los bancos de emisión de México prestaron al Gobierno de Huerta, para que luchara contra la Revolución Constitucionalista, aproximadamente la cantidad de cuarenta y seis millones y medio de pesos.
El Gobierno de Huerta autorizó en cambio el régimen de circulación forzosa de sus billetes, que el Gobierno Constitucionalista encontró a su llegada.
El Gobierno Constitucionalista, ocupado en otras atenciones de la campaña, no pudo desde luego atender la materia bancaria, por más que los bancos de hecho constituían poderosos enemigos financieros de la Revolución.
Los propios bancos, por otra parte, se encontraban en condiciones de no poder restablecer la circulación voluntaria de su papel, pues aun cuando algunos pudieron tener casi completas sus reservas, si se les hubiera obligado a pagar sus billetes a la par, habrían tenido que ponerse en liquidación.
No deseando por otra parte el Gobierno, que el acervo metálico acumulado en los bancos desapareciese, prefirió tomar medidas para evitar que se dispusiera de dicho acervo.
Dictó, al efecto, disposiciones para obligar a las instituciones de crédito a completar sus reservas, y no habiéndose logrado ese objeto, hubo necesidad de decretar la incautación de los bancos, medida que se llevó a cabo, prácticamente, sin necesidad de tomar posesión de los bancos mismos, sino pasando la administración de éstos a manos de un consejo de incautación.
El problema bancario se encuentra pendiente de resolución, pues habiendo decretado el Congreso Constituyente que debe haber un banco único de emisión, no ha podido resolverse la situación definitiva de los bancos hasta tanto no pueda procederse a fundar el banco único que deba substituir a las instituciones bancarias actuales.
El Gobierno Constitucionalista, apremiado por las circunstancias, ha tenido necesidad de tomar para las atenciones del Gobierno, de todos los bancos, muy cerca de veinte millones de pesos.
Esto constituye una deuda del Gobierno para las instituciones bancarias, que este reconoce como un préstamo a corto plazo y para el cual está dispuesto a proporcionar garantías suficientes.
Deseo llamar la atención del Congreso sobre que el Gobierno Constitucionalista no acudió a tomar dinero de las reservas de los bancos sino cuando el papel moneda había sido enteramente vencido.
Debe hacerse notar, sin embargo, que solamente entre el Banco Nacional y el Banco de Londres prestaron al Gobierno de la usurpación veinte millones de pesos.
Deuda Pública
Desde el principio de la Revolución el Gobierno Constitucionalista resolvió desconocer los empréstitos que pudiera contraer Huerta en el extranjero, y al efecto hizo pública su determinación de no reconocer fuerza legal a cualquier préstamo que a este se le hiciera. Más tarde han quedado legalmente desconocidos todos los actos emanados de la administración huertista.
El Gobierno Constitucionalista, sin embargo, nunca se ha negado a reconocer las obligaciones legítimas anteriores a la Revolución, y por consiguiente considera vivas las deudas que fueron cubiertas por la administración de Huerta con bonos o fondos obtenidos por virtud de préstamos ilegales.
A pesar de su buena voluntad el Gobierno Revolucionario no podía hacer frente a los servicios de réditos y amortización de la deuda pública vencidos desde 1913; pero en lugar de procurar aplazamientos constantes que hubieran sido origen de repetidas dificultades, prefirió aplazar indefinidamente el servicio de su deuda pública.
La cantidad que importaba la deuda pública en principios de 1913 era aproximadamente de cuatrocientos veintisiete millones de pesos, y los réditos caídos y pendientes de pago desde esa fecha hasta ahora, importarán aproximadamente setenta y cinco millones de pesos al vencerse el presente semestre.
Ferrocarriles
La Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México adeuda por vencimientos de capital e intereses, hasta el primero de julio del corriente año, la cantidad de $ 71,388,794.26.
El Gobierno Mexicano es responsable por parte de esa suma que es la formada por los intereses causados sobre los bonos garantizados de hipoteca general del 4% emitidos por la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México, conforme al plan de organización de la citada compañía y al decreto de 6 de julio de 1907, y que debe ascender a la cantidad de 6.089,829.00 de dólares hasta el citado día primero de julio del corriente ario.
Esa obligación tiene su origen de la imposibilidad en que se encuentra la citada compañía de hacer frente a tal compromiso por virtud de la incautación de las líneas, efectuada conforme a las prescripciones de la Ley de Ferrocarriles y se deriva legalmente de las obligaciones asumidas por el Gobierno Mexicano ante los fideicomisarios de los tenedores de los bonos, de la referida hipoteca general.
Deuda de la Revolución
Descartando las cantidades adeudadas por la Nación por virtud de compromisos anteriores al movimiento revolucionario, puede decirse que el monto de las cantidades nuevamente adeudadas, apenas llegará a la cantidad de ciento veinticinco millones de pesos oro nacional, que es la suma que el país queda a deber después de cuatro años de lucha y que constituye el resultado de la gestión hacendaria de la Primera Jefatura.
Dicha deuda es como sigue:
Por papel infalsificable en circulación si llegare a redimirse a razón de $ 0.20 oro $ 80.000,000.00
Por papel de Veracruz 5.000,000.00
Préstamos de los bancos 20.000,000.00
Diversos adeudos pendientes y adeudos a los empleados aproximadamente hasta el 30 de abril 20.000,000.00
Suma $ 125.000,000.00
Debe considerarse como una deuda que tarde o temprano surgirá contra la Revolución, el monto de las indemnizaciones por perjuicios causados durante la guerra.
Entre esos perjuicios deben considerarse las sumas destinadas a la reparación de las líneas ferrocarrileras del sistema de las Líneas Nacionales y las indemnizaciones que deben pagarse a la empresa incautada conforme a la Ley de Ferrocarriles.
Aunque la Primera Jefatura por decreto de 10 de mayo de 1913, reconoció desde un principio las deudas por indemnizaciones y dio las bases generales para la formación de las comisiones que deberían conocer de reclamaciones, por perjuicios, hasta la fecha, sin embargo, no ha sido ni posible ni conveniente proceder a formar estas comisiones sabiendo de antemano que el Gobierno no se encuentra en situación de poder cubrir estos adeudos.
Para concluir la parte relativa a la gestión hacendaria, de la Revolución, puedo decir como resumen, que la Revolución se ha hecho con elementos exclusivamente nacionales, que no obstante la considerable reducción de los ingresos, hemos podido luchar contra el régimen de Huerta, triunfar de él, vencer en seguida la infidencia villista, triunfar de ella y comenzar la reorganización del Gobierno sin que hasta la fecha haya costado el movimiento revolucionario más que la cantidad de ciento veinticinco millones de pesos, que pueden considerarse como la deuda pública imputable a esta Revolución que México ha ejecutado sin necesidad de tomar en el extranjero un solo centavo.
SECRETARÍA DE GUERRA Y MARINA
Por virtud del decreto número 10 expedido en Nogales, Sonora, el 17 de octubre de 1913, creando las Secretarías de Estado que servirían para el despacho de los negocios en los diversos ramos de la Administración Pública, se organizó la Secretaría de Guerra y Marina, pero fue la Primera Jefatura la que atendió personal y directamente todos los servicios de organización de fuerzas, aprovisionamiento de las mismas y formación de los Cuerpos de Ejército y de las divisiones que operaban en el Territorio Nacional, combatiendo contra el Ejército Federal que apoyaba al Gobierno de la usurpación.
Se encomendó el mando del Cuerpo de Ejército del Noroeste al C. general Álvaro Obregón, quien en una serie de brillantes campañas avanzó desde Sonora hasta la capital de la República, por todo el litoral del Pacífico ; y se encargó el mando del Cuerpo de Ejército del Noroeste, al C. general Pablo González, quien operó en los Estados del norte, avanzando por las costas del Golfo hasta ocupar el puerto de Tampico, moviéndose después hacia el centro del país para llegar también en unión de la Primera Jefatura a la ciudad de México, habiéndose ocupado ésta por las fuerzas del general Obregón el 15 de agosto de 1914, después de haber exigido por instrucciones de la Primera Jefatura, la rendición incondicional de los restos del Ejército Federal, según quedó convenido en las estipulaciones firmadas en Teoloyucan.
Ocupada la capital de la República, la Primera Jefatura de mi cargo, nombró Oficial Mayor Interino de la Secretaría de Guerra y Marina al C. general Eduardo Hay, procediendo desde entonces a la organización de la expresada Secretaría.
El C. general Hay renunció y provisionalmente despachó durante algunos días los asuntos del ramo de Guerra el general Jacinto B. Treviño, habiéndolo substituido con el carácter de Subsecretario Encargado del Despacho, el C. general Ignacio L. Pesqueira.
Cuando se produjo la defección de una parte del Ejército Constitucionalista en la llamada Convención de Aguascalientes, la Secretaría de Guerra se trasladó con la Primera Jefatura al puerto de Veracruz, en donde fue fijada la capital provisional de la República, el 25 de noviembre de 1914, habiendo permanecido en dicho puerto hasta el 11 de octubre de 1915, en que habiendo sido ocupada nuevamente la ciudad de México por fuerzas al mando del C. general de división Pablo González, y después de haber sido aniquilado el ejército de la reacción que mandaba el general Francisco Villa, por el Ejército de Operaciones del que fue jefe el general de división Álvaro Obregón, volvió la Secretaría de Guerra a instalarse en esta ciudad, para seguir despachando los asuntos encomendados a ese ramo.
En el puerto de Veracruz, la Primera Jefatura de mi cargo acordó la creación del Cuerpo de Ejército del Sureste, encomendando la jefatura del mismo al general de división Salvador Alvarado, quien se dirigió a la península de Yucatán, cuando se rebeló contra el Gobierno Constitucionalista el coronel Abel Ortiz Argumedo, habiendo sofocado dicho movimiento.
El general de división Pablo González fue designado para asumir la jefatura del Cuerpo de Ejército de Oriente, que hubo de crearse para la campaña contra los zapatistas y quedó al frente del Cuerpo de Ejército del Noreste el general Jacinto B. Treviño.
Batidas por completo en diversos combates las fuerzas de la reacción, y quedando únicamente restos dispersos del villismo en el Estado de Chihuahua, y del zapatismo en los Estados de Morelos, Puebla y Guerrero, la Primera Jefatura consideró conveniente disolver los Cuerpos de Ejército del Noroeste, del Noroeste y de Oriente, y se ha procedido a un nuevo plan de campaña.
En el Estado de Chiapas, por la situación especial de aquella región que limita con la República de Guatemala, ha sido necesario sostener una activa campaña contra los elementos reaccionarios que se organizan fuera del Territorio Nacional, y que constantemente hacen incursiones al referido Estado; pero hasta hoy han sido destruidos los núcleos que han invadido a Chiapas, y es de esperarse que avance la pacificación tan pronto como el Gobierno Constitucional esté en aptitud de concentrar mayores elementos para concluir con la reacción en aquella parte del país.
El 13 de marzo de 1916, la Primera Jefatura de mi cargo, nombró Secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina al C. general de división Álvaro Obregón, procediendo desde entonces a la reorganización definitiva de los departamentos que dependen de la Secretaría, con el personal necesario para atender al despacho de los negocios sujetos a las decisiones de la misma.
Hecha esta breve explicación, paso a informar a este Honorable Congreso, de las labores desarrolladas por la Secretaría de Estado a que vengo haciendo referencia.
Se ha procedido a la organización del Detall General del Ejército, que tan difícil problema presentaba por las circunstancias anormales que atravesamos, y casi toca a su fin, haciéndose todos los esfuerzos posibles por recabar de los jefes con mando de fuerza el mayor acopio de datos para su mejor funcionamiento.
El Ejército se compone: de 11 generales de división, 58 generales de brigada, 138 generales brigadieres, 2,638 jefes, 18,452 oficiales y 125,823 individuos de tropa.
Se encuentra repartido en toda la República moviéndose las unidades por diversos lugares, según las exigencias del servicio.
Ya se estudia la definitiva organización que habrá de dársele y la división territorial militar que haya de practicarse en el país.
Del total de fuerza que integra el Ejército, corresponden a la arma de Artillería: 133 jefes, 966 oficiales y 5,890 de tropa; de Caballería: 1,128 jefes, 6,020 oficiales y 50,125 de tropa; a Infantería: 1,200 jefes, 8,500 oficiales y 58,424 de tropa; a los Servicios Especiales: 177 jefes, 2,066 oficiales y 11,384 de tropa.
A fin de perfeccionar la organización y la administración interior de las diferentes corporaciones que forman el Ejército, se han nombrado hasta la fecha 10 Comisiones Inspectoras, que con toda actividad proceden a llenar su cometido.
Se han girado, además, con el mismo objeto, 111 circulares.
Se han registrado 250 batallones correspondientes a distintas unidades del Ejército; ha mejorado notablemente el Depósito de Jefes y Oficiales Constitucionalistas y Amnistiados, respecto de su funcionamiento.
Se han concedido 2,138 pensiones a deudos de soldados muertos en campaña, y 1,304 pensiones a los inválidos.
Con fundamento del artículo 59 de la ley de 7 de junio de 1916, expedida por la Primera Jefatura de mi cargo sobre la creación de Estados Mayores en la República, que previene el establecimiento de una Academia que tenga por objeto impartir la enseñanza correspondiente, tanto a los Jefes y Oficiales del Ejército Constitucionalista, como a los jóvenes de buenos antecedentes que deseen abrazar la carrera de las armas, se fundó una institución que se denomina Academia de Estado Mayor, mientras se establecen los planteles necesarios para que la educación militar sea más amplia y efectiva.
De esta Academia, previo el examen respectivo, saldrán los Jefes y Oficiales con despacho de su grado en el futuro Estado Mayor General del Ejército, en el concepto de que a los jóvenes que no hayan pertenecido a él, se les expedirán despachos de Subtenientes.
Dicha escuela está ubicada en San Jacinto, Tacuba, y puesta bajo la dirección del C. ingeniero Angel Vallejo.
En seis meses que lleva de estar funcionando, se ha podido observar una actividad bastante satisfactoria en el personal directivo y buen aprovechamiento en los alumnos.
El Departamento de Establecimientos Fabriles e Industriales Militares, fue creado en septiembre del año próximo pasado para atender a las exigencias que se presentaban, y con la finalidad también, de colocar bajo su dirección todos los establecimientos de esta índole que pudieran proporcionar al Ejército, los unos, material de guerra en cantidad suficiente para el servicio, y los otros, vestuario y calzado para los jefes, oficiales y tropa.
De esta manera han quedado debidamente instalados: la Maestranza, la Fábrica de Armas, la de Cartuchos y la de Pólvora; la Fundición, un Laboratorio de Municiones y Artificios de Artillería; una Escuela de Aviación, con sus correspondientes talleres ; talleres militares en Guadalajara y en Tacubaya.
Además, en la nueva Fábrica de Cartuchos, situada en el Molino del Rey, se está adaptando el edificio para sus fines e instalándose la maquinaria importada recientemente del Japón. Igualmente se ha comprado en el Japón una Fábrica de Pólvora, y se está estudiando el lugar donde debe ser instalada.
Se tiene en estudio un proyecto sobre la designación del personal técnico para los establecimientos en la parte directiva de los mismos, así como un reglamento, al que deberán sujetarse los obreros de dichos establecimientos, que ya se consideran militarizados conforme a la nueva Constitución.
En los Talleres de Aviación se han construido aeroplanos de un acabado perfecto con la hélice "Anáhuac", de invención mexicana, que ha dado magníficos resultados en las alturas de nuestro país y en las de la república de El Salvador, a la que se hizo obsequio de algunos de estos aeroplanos.
Considerando que es de gran importancia tener una oficina con personal idóneo que se encargue de reconocer los productos de cada uno de los establecimientos fabriles, con fecha 2 de agosto del ario próximo pasado, se creó una institución dependiente del Departamento de Artillería, que se denomina Oficina de Recepción de Materiales de Guerra, la que tiene en la fecha un personal compuesto de un ingeniero jefe de la recepción y de cinco controladores, que son suficientes para las labores actuales.
Considerando también la necesidad del mejoramiento de la oficialidad de artillería, se ha creado una escuela elemental de esta arma, en donde los oficiales adquieren los conocimientos esencialmente prácticos y referentes al conocimiento general de su arma.
Se ha estudiado también la organización de las fuerzas de artillería, de acuerdo con las necesidades observadas en la campaña, y modificando en parte la antigua organización, se ha llegado a una nueva, de la que se esperan resultados satisfactorios.
Los Almacenes Generales de Artillería, encargados de guardar y conservar el material de guerra, han Llegado ya a un funcionamiento regular y cuentan actualmente con un personal competente e idóneo para cubrir las necesidades del servicio.
En la Maestranza Nacional de Artillería se han reparado con toda actividad diversas piezas de respeto, para la reconstrucción del material respectivo; se han reparado en la Fábrica Nacional de Armas, buena cantidad de fusiles y carabinas de diversos sistemas y calibres ; se han sacado 26,988 kilogramos de discos de latón para cascos de calibre 30.30, 7,578 kilogramos de barilla de cobre para bala maciza, 37,233 kilogramos de diversas obras de fundición, 14,748 kilogramos de metales lingoteados, un. número considerable de granadas para cañones de diferentes sistemas, 11,201 piezas de diversos materiales de guerra; se ha creado en la Fábrica Nacional de Pólvora un taller para la producción de pólvoras, algodones nitrados y ácidos sulfúrico y nítrico; se ha ensanchado el laboratorio de municiones y artificios, instalándose los talleres necesarios para la construcción de botes de metralla, bombas diversas, cajas, empaques y envases diferentes, en el concepto de haberse logrado perfeccionar la fabricación de cartuchos para cañón de diferentes calibres y sistemas.
Se cuenta actualmente para el servicio del ejército con un número competente de aeroplanos de varios sistemas, y los talleres necesarios para la reparación y construcción de estos aparatos.
En los talleres militares de Guadalajara, se está llevando a cabo una labor semejante a la desarrollada en los talleres similares de esta capital.
Para atender a las necesidades del Ejército se han establecido varios talleres en los que se manufacturan actualmente vestuario, correaje y equipo, habiéndose adaptado uno de los cuarteles de Tacubaya para la instalación de uno de esos establecimientos.
Se está llevando a cabo con toda actividad la reparación de los cuarteles y edificios dependientes de esta Secretaría, los que en su mayoría se encontraban en deplorable estado, y ya se han logrado terminar algunos que reúnen ahora las condiciones indispensables para el fin a que están destinados.
Con este mismo objeto se han establecido cinco Comandancias de Ingenieros en diferentes plazas de la República, las que con un personal reducido funcionan regularmente, de acuerdo con las necesidades del servicio.
El Cuerpo de Ingenieros consta en la actualidad de 8 coroneles, 14 tenientes coroneles, 15 mayores, 2 capitanes primeros y 8 capitanes segundos.
El Parque de Ingenieros, que radica en esta capital, cuenta con el personal suficiente para las diversas atenciones que le corresponden.
Nuestra Marina de Guerra, contando con elementos hasta cierto punto deficientes, ha prestado servicios de importancia desde fines del año de 1914, demostrando actividad en el transporte de tropas, en la vigilancia de las costas y la pacificación de la Baja California, y en el dominio completo de las costas del Pacífico.
En febrero de 1915 fue hundido el transporte "Progreso" en el puerto de su nombre, por los enemigos de la Causa Constitucionalista; pero sin omitir gastos, fue puesto a flote y se mandó a New Orleans para su carena general, y contando con los elementos modernos, será en el servicio del litoral del Golfo la unidad de más importancia por ahora.
Fueron adquiridos para auxiliares del servicio de guerra, el vapor "Olimpia", que acondicionado para el efecto, sirvió como transporte con el nombre de "Plan de Guadalupe", hasta que fue vendido en New Orleans ; el "Alameda", el "Maclovio Herrera" y el "Atlanta" que fue también enajenado después; el navío de guerra "Sonora", que cuenta con aparatos radiotelegráficos.
La antigua corbeta-escuela "Yucatán" que había sido retirada del servicio por inútil, fue arreglada de manera de poderla destinar, como se ha hecho, a Escuela de Grumetes.
Para la tramitación de todos los asuntos relacionados con la marina de guerra y la mercante en todo el litoral del Atlántico, se creó la Comandancia General de Marina del Golfo.
En el reducido personal de jefes, oficiales y maquinistas de la Armada, hubo dos promociones de ascensos en el año de 1915, y se proyecta otra que servirá de estímulo para los que se hallan en servicio.
Se encuentra en estudio el establecimiento de un plantel que substituirá con ventaja a la antigua Escuela Naval, y no obstante la clausura de ésta, han sido comisionados varios exalumnos a bordo de los buques de guerra, con objeto de hacer sus estudios teórico-prácticos, habiéndose examinado ya algunos de ellos para aspirantes de primera y terceros maquinistas de la Armada.
Se consideró necesario el restablecimiento de las capitanías de puertos, pues se ha visto que por diversos servicios, principalmente el de practicajes, el Erario ha recaudado en pocos meses cantidades bastante considerables.
Ya se han corregido y próximamente se pondrán a la consideración del H. Congreso, el Código de la Marina Mercante y la Ley Orgánica de las Capitanías de Puerto, y está para publicarse el Reglamento de exámenes de capitantes, maquinistas y patrones de la misma marina.
Desde el restablecimiento de las Capitanías se ha abanderado buen número de embarcaciones, tanto en el Golfo como en el Pacífico, destinadas al tráfico de altura y cabotaje, observándose que paulatinamente se está regularizando el servicio de la Marina Mercante en nuestro país.
Para corresponder al efectivo del ejército y a las atenciones de la campaña, se han instalado 24 hospitales militares y 15 puestos de socorros, además de los subsistentes en épocas anteriores; se ha nombrado el personal necesario y se han proporcionado los elementos respectivos, resultando así un total de 40 hospitales y 20 puestos de socorros, aparte de las secciones sanitarias que acompañan a las columnas en campaña.
De acuerdo con el decreto expedido el primero de enero próximo pasado por la Primera Jefatura de mi cargo, se estableció la Escuela Constitucionalista Médico Militar, adscripta al Hospital Militar de Instrucción de esta plaza, integrada por 40 profesores honorarios, nombrados del personal facultativo del mismo establecimiento.
Se ha prestado especial atención a la Administración de Justicia Militar, con el firme propósito de moralizar al Ejército, y a ese efecto se han establecido en toda la República 43 Juzgados de Instrucción Militar y 23 Consejos de Guerra Permanentes, que han estado funcionando con toda regularidad, además de los Juzgados y servicio de prebostaje que se adscribieron a cada unidad estratégica del ejército.
Igualmente se restableció la Procuraduría General Militar, al principio con dobles funciones, las propias y las que corresponden a la Procuraduría General de la República, hasta que fue instalada nuevamente esta última oficina, en cuya época se dividieron las atribuciones respectivas que a cada una les corresponde conforme a las leyes. Se creó para el mejor servicio del público la Jefatura de los Defensores de Oficio.
El primero de junio del año próximo pasado se creó un departamento especial que se denomina Agencia General de Compras, con el fin de proveer al Ejército y dependencias de esta Secretaría, de útiles, muebles, enseres, instrumentos científicos, etc.
Esta Agencia ha estado funcionando con toda regularidad, y mediante reformas que se han ido implantando en el sistema de compras y celebración de contratos con los fabricantes, productores y almacenistas, se ha obtenido una reducción de precios que en relación con los del mercado y los primitivos al abrirse la Agencia, significan una economía de un 30%.
Para atender a los pagos de haberes, gratificaciones, forrajes, valor de maquinaria para las diferentes fábricas, fletes y pasajes por mar y tierra, así como para satisfacer lo relativo a varias demandas de requisiciones de víveres y otros elementos proporcionados a personas adictas a la Causa Constitucionalista, se han invertido desde el mes de marzo próximo anterior hasta marzo último, las siguientes cantidades: en papel moneda trescientos sesenta y tres millones, quinientos veintisiete mil cincuenta y ocho pesos, once centavos ; en oro nacional treinta y seis millones, cuatrocientos un mil seiscientos sesenta y ocho pesos ochenta y ocho centavos ; en dólares dos millones, trescientos ochenta y nueve mil setecientos cuarenta y ocho dólares treinta y cuatro centavos; en moneda japonesa trescientos sesenta y seis mil yens.
En virtud de la depreciación del papel moneda últimamente emitido, se ordenó que a partir del 19 de noviembre de 1916 se abonaran a los miembros del ejército sus haberes en metálico y en papel moneda en la siguiente proporción:
Un general de división, diez pesos oro nacional y treinta pesos papel moneda; general de brigada, ocho pesos oro nacional y veinticinco pesos papel moneda; general brigadier, seis pesos cincuenta centavos oro nacional y veinte pesos papel moneda; coronel, cinco pesos oro nacional y doce pesos cincuenta centavos papel moneda; teniente coronel, cuatro pesos oro nacional y diez pesos papel moneda; mayor, tres pesos oro nacional y siete pesos cincuenta centavos papel moneda; capitán primero, dos pesos cincuenta centavos oro nacional y cinco pesos papel moneda; capitán segundo, dos pesos oro nacional y cuatro pesos cincuenta centavos papel moneda; teniente, un peso setenta y cinco centavos oro nacional y cuatro pesos papel moneda; subteniente, un peso cincuenta centavos oro nacional y tres pesos cincuenta centavos papel moneda; sargento primero, ochenta centavos oro nacional y un peso cincuenta centavos papel moneda; sargento segundo ochenta centavos oro nacional y un peso veinticinco centavos papel moneda; cabo, sesenta centavos papel moneda; soldados, cincuenta centavos oro nacional y un peso papel moneda.
A los asimilados empleados de esta Secretaría, se les asignaron sueldos especiales en proporción a los de los militares en servicio activo.
A partir del primero de diciembre del año próximo pasado se asignó a los generales, jefes y oficiales un haber diario equivalente a la mitad de las cuotas consignadas en el Presupuesto del año fiscal de 1912 a 1913.
A las fuerzas que operan en los Estados de la frontera norte del país y en el Territorio de Quintana Roo, se aumentaron en veinte por cien.to las cuotas citadas.
El 5 de febrero último se elevaron los haberes del personal de tropa a un peso veinte centavos para los sargentos primeros, a un peso diez centavos para los sargentos segundos, y a un peso para los cabos y soldados.
Se han girado circulares a los jefes con mando de fuerza, previniéndoles que presten a los pagadores nombrados por la Secretaría de Hacienda, toda clase de facilidades para la toma de posesión de sus puestos, y para el mejor desempeño de sus funciones.
La Secretaría de Guerra ha consagrado sus actividades y energías al mejoramiento del Ejército y de la Marina Nacionales para bien de la Patria, no habiendo omitido esfuerzo alguno para obtener benéficos frutos en su asidua labor, a pesar de los escollos que ha encontrado dadas las condiciones delicadas por que atraviesa el país en la época actual.
Señores Diputados:
Señores Senadores:
La magna tarea que puso sobre mis hombros la protesta que como Gobernador de Coahuila hiciera de guardar y hacer guardar la Constitución Federal, el voto imperativo de la Legislatura de aquel Estado y el grito de protesta de la juventud heroica, reunida en la Hacienda de Guadalupe, el 26 de marzo de 1913, está concluida.
La historia justiciera vendrá a pronunciar su fallo inapelable y ella dirá si cumplí con mi deber y si la obra realizada corresponde a lo que de mí se esperaba y debía racionalmente exigírseme en las circunstancias del medio y del momento en que mi labor se ha desarrollado.
Lo único de que yo puedo daros seguridad, es de la sinceridad y firmeza de mis propósitos y del desinterés con que me he conducido: no he buscado más que la redención del pueblo mexicano, su engrandecimiento por una educación sólida y su libertad por la práctica sincera de las instituciones democráticas que él ve, y con razón, como la garantía de sus libertades.
La suerte de la República que desde mediados de febrero de 1913 hasta hoy ha exigido todos mis esfuerzos y sido el objeto único de mis desvelos, y que me ha causado tantas inquietudes en medio de tantos peligros como ha habido que conjurar, queda desde estos momentos confiada a vuestro celo y yo espero que con vuestras luces y patriotismo, sabréis guiarla por el camino que conduce a la prosperidad y al imperio de la ley y de la justicia.
No debéis olvidar, ni por un momento, que representáis a un pueblo que quiere ser libre y que ha hecho enormes sacrificios por conquistar instituciones que le permitan realizar tan bello ideal; y por ello habréis de tener siempre presente que la democracia, resolviendo las cuestiones por la mayoría de votos, no se reduce simplemente a la mayoría del número formada por la codicia o la ambición de agitadores que arrastran a la multitud, que no discierne ni tiene juicio propio, al peor partido, ya halagando sus pasiones bajas, ya engañándola con promesas que nunca se cumplen y que siempre resultan quiméricas, para satisfacer intereses personales, sacrificando el bien de la comunidad en los mismos altares en que debía rendirse culto a la verdad y nada más que a la verdad.
La democracia, la única que puede establecer la concordia en todas las clases sociales, por la armonía de todos los intereses, sobre la base de la independencia de todos los hombres y especialmente de los miembros de un mismo cuerpo político, y de la perfecta igualdad entre ellos, no es, no puede ser otra. cosa, en esencia y en verdad, que el gobierno de la razón alta, profunda y serena, que palpando las pulsaciones de la vida de la Nación y observando atentamente su historia y sus necesidades y tendencias, busca fórmulas adecuadas para establecer y conservar el equilibrio en sus fuerzas vitales, medidas salvadoras para remediar males que amenazan su existencia o la hacen difícil y desgraciada, y reformas útiles para levantar su espíritu y ennoblecer su voluntad, despertando y fortificando sentimiento de piedad para los desvalidos, de liberación para los que sufren por las injusticias sociales y de fraternidad y simpatía para todos.
Por esta razón, la democracia sincera y rectamente vista y honradamente practicada, no debe buscar la mayoría en compromisos de partidarismo, cualquiera que sea su origen y el nombre con que se le ampare, si no en la representación de todas las clases y de todos los intereses legítimos.
Vosotros sois, no los representantes de un partido, sino del pueblo todo: subordinar, por lo mismo, los intereses de una clase o de un grupo a los de otro, sería no solo injusto sino peligroso.
Está en vuestras manos la implantación de las instituciones democráticas, y tenéis que demostrar que la Revolución no ha sido estéril; de lo contrario no se habría conseguido otra cosa que substituir la voluntad arbitraria de uno con la caprichosa y opresiva de muchos.
Si estáis hoy libres de la presión y consigna de los de arriba, vuestro decoro y la dignidad del Congreso requieren que también seáis enteramente independientes de los demás; cualquiera causa que comprometa vuestra libertad, comprometerá la suerte de la República.
En el frontispicio de la academia del genial Platón, había esta leyenda: "Aquí sólo entra el que sabe geometría."
A este recinto augusto no debe llegar jamás el ruido de las pasiones bastardas, cuyo oleaje tempestuoso no debe trasponer sus umbrales, para que en él sólo se escuche la voz serena de la razón, que busca la verdad, y los sonoros acentos del patriotismo que exige que la Nación sea grande; por eso, para cumplir con vuestra misión, debéis siempre tener presente que aquí sólo debe entrar el que no tenga más que una idea: la del bien público; una sola preocupación: hacer al pueblo libre; una sola pasión: el amor a la patria.
Respuesta del Diputado Eduardo Hay, Presidente del Congreso.
Ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión:
Con piedra blanca quedará señalada en los fastos de la historia mexicana, la gloriosa fecha de hoy en que, la Representación Nacional vuelve a abrir el alcázar de la ley, para iniciar sus labores legislativas, después de un paréntesis de trágicas convulsiones provocadas por el atentado más ignominioso que registran nuestros anales, cometido por los jurados enemigos de las instituciones democráticas.
En el breve y atinado exordio de vuestro informe, habéis esbozado a grandes líneas la génesis del movimiento reinvindicador que desde el primer momento, enunció las dos grandes finalidades que tras cruentos sacrificios, ha tenido la dicha de ver coronadas con el éxito más halagador: el castigo del crimen político de febrero de 1913 y la restauración del orden constitucional.
Tal fue la divisa de la pugna trágica que tuvisteis la honra de encabezar, sintetizada en el memorable Plan de Guadalupe.
Pero, aparte de estas finalidades, que ya de suyo son bastantes para justificar una lucha de cuatro años, durante ese lapso de tiempo tuvisteis la atingencia de saber interpretar las aspiraciones del pueblo mexicano, sediento de justicia, de bienestar y de libertades de toda especie, y así pudisteis encarnarlas fidelísimamente en el memorable decreto de 12 de diciembre de 1914 que es, sin duda alguna, el magnífico complemento del gallardo reto de Guadalupe.
Dicho decreto fue el programa político, económico y social de la Revolución y ha servido de pauta a las reformas hechas a la Constitución de 1857 en la última expedida en la ciudad de Querétaro, en la cual descuellan entre otros capítulos fundamentales: el problema de la educación popular, el problema obrero y el problema agrario.
Así es como las promesas de la Revolución, basadas en su programa de 12 de diciembre de 1914, se han convertido en principios constitucionales por medio de los cuales se llegará a la realización de las necesidades del pueblo mexicano.
Así es cómo la Revolución ha comenzado a satisfacer los anhelos populares.
La interesante reseña a que habéis dado lectura contiene en su primera parte, en magnífica síntesis, material fecundo que los historiógrafos sabrán aprovechar cuando se ocupen de burilar los episodios de esta magna lucha en que se han destacado tantos heroísmos, removido tantos obstáculos, conjurado tantos peligros, y en que tantas veces, por criminales maquinaciones de los vencidos, se vio gravemente amenazada la autonomía nacional.
Cuando los pensadores y los sociólogos se detengan a analizar la última epopeya mexicana, a ponderar sus causas determinantes, justas y nobles, su desarrollo progresivo, su crecimiento constante, sus penurias sin cuento, sus sacrificios, sus martirios, su fe profunda que la condujo, a victorias increíbles, todo ello sorprendente, incontrastable, homérico; cuando en los lienzos de la historia se hagan desfilar las legiones del pueblo disputando del uno al otro confín de la República los lauros del triunfo a las huestes liberticidas ; cuando se aquilaten las resistencias que ha tenido que abatir este enorme movimiento libertario; cuando a todos estos factores se sumen las dificultades internacionales amontonadas ante el carro triunfante de la Revolución para hacerla abortar para ilusionar sus conquistas, para hacer estéril tanta sangre derramada; y cuando de ese análisis, de esa ponderación, en el fondo del lienzo trágico se destaque vuestra ilustre personalidad como el símbolo de la ley, como la encarnación de la justicia, y como el impasible abanderado de la dignidad nacional, entonces, acallados los odios, serenados los espíritus, de todos los labios brotarán himnos de alabanza, de todos los corazones raudales de gratitud.
Será entonces cuando al lado de Vuestra Señoría se destaquen también con refulgencias inextinguibles, tantos ciudadanos beneméritos, abrumados de lauros, a quienes ya desde hoy, la opinión pública, con instinto finísimo de justicia, ha discernido puesto de honor entre vuestros sobresalientes colaboradores; y será también cuando con sereno y desapasionado juicio, se descuenten los cargos que sistemáticamente han formulado contra nuestra gloriosa Revolución sus jurados enemigos, al divulgar, en mil diversas formas, para desvirtuarla y escarnecerla, sus crudezas, sus atentados, sus violencias, sus represalias, todas ellas lógicas, disculpables, ineludibles, pues desde que la humanidad ha venido luchando a través de los siglos y en todas las zonas del planeta por los grandes ideales de justicia y de libertad, ha procedido con la furia ciega de los elementos desencadenados de la naturaleza, arrollando, arrasando, demoliendo, que al Tabor de todas las redenciones se ha llegado siempre por un viacrucis erizado de abrojos y de miserias.
No menos embargará la atención de los juzgadores de esta tormentosa etapa histórica el hecho de suyo enaltecedor, de que enmedio de las fatigas de la cruenta lucha se hubiera preocupado la Revolución de poner los cimientos de la reconstrucción nacional en todas las diversas ramas del servicio público, de acuerdo con sus finalidades y propósitos reivindicadores.
Justipreciarán, sin duda, los pósteros, la resella administrativa contenida en los diversos capítulos de vuestro mensaje en los que habéis puntualizado con sobriedad, pero con exactitud, toda la labor desarrollada en los diversos departamentos de Estado.
Y una Revolución que al mismo tiempo que destruye y rompe los viejos moldes, se preocupa desde sus orígenes en mejorar el servicio público, trazando orientaciones nuevas tendentes a satisfacer
las necesidades públicas, en consonancia con el clamor de los oprimidos, con las deprecaciones de los humildes, parias todos ayer, elevados hoy a la dignidad imponderable de la ciudadanía; una Revolución que aniquila y crea al mismo tiempo, que redime y dignifica, tendrá derecho siempre a ser enaltecida, a ser ensalzada y a ser glorificada por la posteridad.
Cuando habéis consignado en lo que atañe a la labor efectiva, desarrollada durante los cuatro arios de lucha, en el orden administrativo, acredita de modo irrecusable la sinceridad con que ha procedido en todos sus actos de nuestro Gobierno Preconstitucional, el Gobierno de la Revolución.
Y hoy que se inicia la etapa constitucional, con la instalación solemne del Poder Legislativo, emanado del sufragio público; hoy que la efectiva representación del pueblo, que se armó para derrocar a la usurpación y para reconquistar el imperio de la ley, abre las puertas de este santuario convertido ayer en palenque en que ardorosamente se han discutido las credenciales de los representantes del pueblo, podéis estar seguro de que, unificados todos en convicciones y en propósitos dentro del dogma revolucionario, no liarán, no podrán hacer, no sabrán hacer otra cosa, que cumplir con su deber, robusteciendo la acción del Ejecutivo que hubiere surgido de las urnas electorales, secundando políticamente cuanto el futuro Presidente Constitucional de la República promueva en consonancia con las necesidades públicas que se manifestaron durante el período de la contienda armada. Y es natural.
Si tanto el futuro Mandatario Supremo del país, como este Congreso de la Unión son la cristalización de la voluntad popular, si uno y otro Poder estarán integrados por los que en esta época de prueba han contribuido en diversas formas y en diferentes grados al triunfo de la Revolución, los componentes del Congreso de la Unión serán los genuinos e inmediatos colaboradores del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo un coadyuvante de la Representación Popular.
Unos y otros tendrán que marchar por decoro, por honor, por patriotismo, en la misma senda, siguiendo el mismo derrotero, persiguiendo la misma finalidad: el bien del pueblo, la grandeza de la patria, la prosperidad común, la efectividad de las promesas revolucionarias, por medio de leyes que garanticen el imperio sereno de la justicia; el reinado absoluto de la libertad.
No pueden, no deben, por esto, existir más partidos políticos que los que tradicionalmente se han debatido a través de la historia, desde la Independencia acá, el liberal, que es hoy el partido de la Revolución y el conservador que es hoy el enemigo de la Revolución.
El Poder Legislativo integrado por ciudadanos revolucionarios, y por consiguiente liberales, luchará únicamente contra su enemigo histórico.
Pondrá todo su entusiasmo, toda su conciencia, todo su corazón al servicio de la patria y colaborará honradamente, dentro de los principios revolucionarios, can el Gobierno Constitucional, emanado de la Revolución.
Nunca podrá ser inconsecuente consigo mismo.
Nunca podrá traicionar a su propia conciencia.
Esta gloriosa Revolución, entre otros beneficios para la patria, ha tenido la dicha de aportar una enseñanza fecunda para la actual y las futuras generaciones: la de que los atentados contra la Ley, las asonadas, los motines, los cuartelazos, los crímenes contra la majestad de la ley, contra el orden constitucional, despiertan la ira del pueblo, arman el brazo popular y marcan con el hierro candente de la infamia la frente de los Iscariotes.
Podéis estar seguro, señor, de que el glorioso, el abnegado Ejército Constitucionalista, ha logrado estirpar para siempre en nuestra patria la simiente fatídica de la traición.
Ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión:
Me siento feliz por haberme deparado mi fortuna la dicha de haber colaborado con el Presidente Mártir para derrocar en 1910 la dictadura ominosa de siete lustros; me siento feliz de haber tenido la gloria de coadyuvar al lado de Vuestra Soberanía en el derrocamiento del Gobierno usurpador que levantó su solio sobre la traición y el crimen: y más feliz aún me siento por esta rara coincidencia: el 16 de septiembre de 1912, como Presidente del Congreso de la Unión, tuve yo el honor de contestar el mensaje del Presidente apóstol, del mártir de la libertad mexicana.
Y hoy 15 de abril de 1917, cuando el Jefe Supremo de la victoriosa Revolución penetra por primera vez en el recinto augusto de las leyes, para informar a la Representación del pueblo, siquiera sea esquemáticamente, sobre sus actos como caudillo y como mandatario, también me ha tocado en suerte el honor de contestar el informe del Jefe de la Revolución.
Séame permitido, por esa feliz coincidencia, que me coloca a través del tiempo en condiciones análogas, cerrar esta respuesta con las mismas frases con que lo hice el 16 de septiembre de 1912:
Transformada la Revolución en Gobierno, aunque sólo sea parcialmente, el país espera ver su obra para fallar en definitiva.
Nadie ignora los grandes obstáculos con que tropieza la satisfacción de las aspiraciones generales, y por eso el país está, satisfecho de lo que se ha logrado, no tanto por lo que va hecho, como por lo que augura que no es, en síntesis, sino la realización tangible de los tres supremos anhelos que expresan las palabras "Tierra, Justicia y Libertad". Fuente:
Los presidentes de México ante la Nación : informes, manifiestos y documentos de 1821 a 1966. Editado por la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados. 5 tomos. México, Cámara de Diputados, 1966. Tomo 3. Informes y respuestas desde el 1 de abril de 1912 hasta el 1 de septiembre de 1934.
Los cinco tomos fueron digitalizados por la Universidad de Texas: http://lanic.utexas.edu/larrp/pm/sample2/mexican/history/index.html