# Discusión del dictamen de las reformas constitucionales a los artículos 28, 73 y 123

El C. Presidente: Está a discusión el dictamen.
Se ruega a la Asamblea tome en cuenta el aviso de la Comisión para la discusión en lo general. Se abre el registro de oradores.
El C. Felipe Gutiérrez Zorrilla: Pido la palabra para referirme a este cambio.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Felipe Gutiérrez Zorrilla, que forma parte de la Comisión.
El C. Felipe Gutiérrez Zorrilla: señor Presidente; señores diputados:
No es esta intervención para entrar a la discusión de fondo de estas modificaciones Constitucionales, sino para que el procedimiento a seguir en un acto tan importante como es modificar la Ley Fundamental no se venga a distorsionar. El dictamen de la Comisión fue leído por primera vez la semana pasada. Se lee por segunda vez en esta ocasión; pero se le hace una modificación. Textualmente y usando los términos del diputado Maximiliano Silerio, y esa modificación es trascendental. Es una modificación que ya no habla de una excepción, sino que se señala que en tanto se establecen por la Ley Reglamentaria del párrafo V del Artículo 28 constitucional las modalidades a que se sujetarán, mantienen su actual situación jurídica los bancos que antes se llamaban "de excepción".
Además aquí hay una grave omisión, la banca mixta, que consta de aproximadamente de 50 instituciones y que no se mencionan ni en el proyecto del Ejecutivo ni en el dictamen de la Comisión.
Pero esta modificación al Artículo segundo transitorio, señores, es de primera lectura, no es de segunda lectura. Es de primera lectura y, por tanto, la Comisión que dictaminó debe sujetarse al reglamento. Y esta primera lectura, simple y llanamente es eso, no se puede someter a discusión lo que no se ha sujetado a trámites reglamentarios, menos en una modificación tan sustancial y tan importante como es cambiar la ley fundamental, la ley suprema de nuesto país. Muchas gracias."
El C. Presidente: Tiene la palabra por la Comisión el diputado Maximiliano Silerio Esparza.
El C. diputado Maximiliano Silerio Esparza: Señor Presidente; honorable asamblea: A nombre de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales hemos presentado ante esta Asamblea un documento que contiene el cambio de redacción del Artículo segundo transitorio de la iniciativa que envió el Ejecutivo.
Hemos estado analizando la importancia de esta iniciativa, todos estamos conscientes que es una reforma constitucional revolucionaria e histórica. A nombre de las mismas comisiones, y para no entrar en un debate bizantino, vengo a solicitar a esta Presidencia la dispensa de trámites de la segunda lectura, y una vez que esto suceda se entre a la discusión en lo general y en lo particular. Gracias.
El C. Presidente: Consulte la secretaría a la Asamblea.
El C. Secretario Everardo Gámiz Fernández: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si está de acuerdo con la proposición del diputado Maximiliano Silerio con base en el Artículo 59 del Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Se concede la dispensa.
El C. Presidente: Está a discusión en lo general el dictamen.
Se abre el registro de oradores.
Se han inscrito en contra del Dictamen los ciudadanos diputados: Bernardo Bátiz, Vital Jauregui, Gerardo Medina, Francisco Alvarez de la Fuente, Felipe Gutiérrez Zorrilla, José González Torres y Carlos Chavira Becerra.
Se han inscrito en pro por la Comisión los ciudadanos diputados: Juan José Osorio Palacios, Salvador Castañeda O'Connor, Ricardo Govela, Heriberto Batres Francisco Ortiz Mendoza, Manuel Osante López, Arnaldo Córdova, Manuel Solares Mendiola, Salvador Rocha Díaz, Mariano Piña Olaya, Rolando Cordera, José Luis Lamadrid, Miguel Ángel Morado Garrido y Raúl López.
Tiene la palabra en contra el diputado Bernardo Bátiz.
- El C. diputado Bernardo Bátiz Vázquez:
Honorable Asamblea:
Con el pragmatismo ajeno a toda ética que caracterizó a su época, Maquiavelo el florentino decía que el primer deber de los gobernantes es gobernar, quería significar que los príncipes del Renacimiento a quienes dedicaba sus enseñanzas de política cínica, tenían que conservar el poder a toda costa, lo mismo sacrificando el fin a los medios que usando y abusando de cualquier medio para conseguir un fin, el gobernante, según este pensamiento, debe mantenerse en el poder y con todo el poder a como dé lugar.
Su mensaje era dirigido a todos los monarcas de su tiempo, pero se ha abierto paso a través de las edades y llega a los gobernantes absolutos de nuestros días, que no tienen empacho en seguir el consejo maquiavélico, hayan o no leído a Maquiavelo, Para los gobernantes que aceptan que su primer deber es gobernar nada les interesa ni nada respetan ni ante nada se detienen si con ello conservan en sus manos las riendas del poder, representan un extremo de las posibilidades de gobierno.
Creen equivocadamente que el acto de autoridad se basta así mismo independientemente de su contenido social, sacrifican los fines con tal de conservar el instrumento.
Acción Nacional ha abrazado otra filosofía política diferente: Cree, y así, lo sostiene en sus principios de doctrina, que el poder sólo se justifica si es ejercido rectamente en la búsqueda del bien común y sólo puede provenir de la voluntad del pueblo, quien es su único titular. Creemos en la democracia como el mejor gobierno posible y pensamos que nada suple en el ejercicio democrático del poder a la voluntad de los ciudadanos, expresada en sufragios.
Y es con estos dos parámetros que juzgamos el proyecto de reformas Constitucionales enviado a esta Cámara por el presidente López Portillo. Es cierto que entre el extremo del poder por el poder mismo y el extremo de la decisión pensada en bien de todos puede haber, y de hecho hay, una gran variedad de matices y posibilidades, y eso hace más difícil un juicio sobre un caso específico. En abstracto y teoría no es difícil ponerse del lado del bien común y en contra de los actos de poder, pero es en la práctica y en la realidad de un caso concreto materializado en el tiempo en donde se ponen a prueba con su cotejo con la realidad los principios y las doctrinas.
Una ley, un precepto constitucional, un proyecto de reformas a la constitución debe de tener un fin, un objetivo, una motivación clara y expresa, y esa motivación será la piedra de toque que a nosotros, diputados de oposición, y a ustedes, diputados de la mayoría, a todos, nos debe de dar el fiel criterio para votar en contra o a favor de la propuesta. Si el proyecto que se nos envía busca el bien común, si pretende poner al alcance de todos un valor social, se justifica y el voto se impone favorable.
Si por el contrario el proyecto de ley tiende a una finalidad distinta, si es tan sólo un acto de autoridad que persigue mantener en el poder a un hombre o a un grupo, el voto no puede ser sino en contra.
Al analizar una propuesta como la que se nos pone hoy a discusión no hay otra opción que esa. O la reforma es socialmente válida o no lo es; o persigue algún fin específico digno de ser defendido como el orden, la justicia o la seguridad o es tan sólo el capricho de un gobernante que quiere hacer patente su autoridad y su fuerza.
Esa es la disyuntiva, y frente a ella, responsable y lealmente, tomamos posición, votaremos en contra porque no encontramos que las modificaciones a los Artículos 28, 73 y 123 de la Constitución se justifiquen con un contenido socialmente valioso, pensamos que son un acto inconexo con la realidad que le precedió y que sus motivos reales no son los que se expresan en los argumentos que pretenden sostenerlos.
Dentro de este esquema tenemos frente al proyecto objeciones basadas en principios doctrinarios y Constitucionales y objeciones prácticas.
La primera objeción, que de algún modo se conecta y es causa de todas las demás, se refiere precisamente a motivación de la ley; pensamos que el proyecto que se nos envía no tiene ni antecedentes ni fundamentos jurídicos ni económicos y que es tan sólo una maniobra de política partidista para desviar la atención del pueblo de dos hechos incontrovertibles: La quiebra económica del país y el descrédito creciente del régimen y de su partido.
El país está en quiebra fundamentalmente por dos causas: La primera es el déficit presupuestal cada año superior al anterior y financiado con créditos tomados sin medida y sin prudencia. La segunda es que esos créditos, en buena parte, volvían al extranjero o se diluían en el país en altísimas comisiones a intermediarios, en compras y viajes de grandes comitivas, en corrupción, en gastos suntuarios, en proyectos inconclusos. (Aplausos.)
No es cierto, por tanto, que la causa de nuestra crisis sea tan sólo la carencia de solidaridad de quienes exportaron recursos al extranjero; esa puede ser una de tantas causas que convergió al fenómeno final y que bien analizada tiene dos vertientes: La de los funcionarios públicos o sus allegados que supieron a tiempo de las devaluaciones y que especularon con inmensas fortunas propias o ajenas; y la de los mexicanos, que ante la desconfianza que el mismo gobierno generó por su incierta política económica y por sus errores administrativos, pusieron a salvo sus ahorros para asegurar el fruto de su trabajo, o la educación de sus hijos o simplemente su tranquila vejez, ambas actitudes son egoístas, pero indudablemente más culpable es quién sacó lo ajeno o mal habido y aprovechó un aviso a tiempo, que sacó lo propio y no precisamente a la vista de una devaluación inminente.
No aceptamos, por tanto, como válido el antecedente expuesto en el proyecto de reformas; tampoco aceptamos el razonamiento que le sigue; sostiene el señor Presidente que "si el Estado tiene la responsabilidad constitucional de regular y fomentar las actividades económicas debe de dotársele de todos los instrumentos para orientar y corregir la marcha de los fenómenos económicos".
Es cierto que el gobierno; en representación del pueblo y del Estado, es el rector de la economía, pero para regirla y orientarla, no necesariamente debe ser dueño de los bienes de producción y de crédito. Ella. El gobierno tenía en el caso de la banca que ahora toma en sus manos, todos los instrumentos para controlarla y dirigirla, para encausar sus actividades y aun para cancelarle sus concesiones si fuera necesario.
No es, por tanto, válido que ahora se diga que para orientar y corregir debe crecer el poder económico estatal. El sistema jurídico bajo el que funcionaba la banca mexicana dotaba al Estado, a través del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria, de todos los mecanismos para tomar decisiones y manejar, orientar y dirigir la economía financiera del país, sin necesidad de monopolizar la actividad bancaria como ahora se pretende; los bancos y los banqueros privados hicieron lo que se les autorizó y lo que se les ordenó, al igual que la banca mixta y la oficial.
Con el criterio expresado en el proyecto de reformas, por razones de congruencia, el Estado sería el único dueño de todos los instrumentos de producción, y eso va en contra de los principios políticos fundamentales aceptados por el pueblo mexicano.
El gobierno, sin ser dueño de los instrumentos de producción y sin ser dueño y monopolista de las instituciones financieras, con la ley y con los organismos gubernamentales tuvo y tiene el poder de proyectar y apoyar el proceso de desarrollo; si no lo ha hecho ha sido porque no ha querido o por que no ha sabido usar adecuadamente los instrumentos legales que tuvo en sus manos.
Esa incongruencia en la fundamentación hace que el proyecto sea contrario al modelo económico creado en la Constitución de 17 y contrario también al espíritu de la parte dogmática de la misma; que establece las garantías individuales. No se justifica que se atente en contra del derecho constitucional de dedicarse a la ocupación o profesión que se desee siendo lícita, tan solo porque en un caso concreto y en una época determinada quienes se dedicaron a la ocupación de banqueros no actuaron como lo esperaba el Presidente en turno. (Aplausos.) No creemos que los causantes de la fuga de capitales sean tan sólo los banqueros privados, muchos otros sectores participan de esa culpa y quizá en primer término los funcionarios públicos que cometieron la indiscreción de avisar a sus allegados de una devaluación, cercana. (Aplausos.) Pero aun suponiendo que los banqueros hubieran sido los únicos responsables de nuestra crisis económica, no es legítimo legislar para un caso concreto, sancionar sin oír, confundiendo culpables e inocentes y, lo peor de todo, no es legítimo cambiar toda la estructura económica de un país y cerrar para siempre un renglón de la actividad humana a todos los mexicanos del presente y del futuro por la causa real o supuesta de que un grupo muy concreto, atentó contra México; (aplausos) hacer de un caso concreto un principio general de derecho y volverlo irreversible nos parece un exceso y un abuso.
Se ha dicho también que no es el momento de buscar culpables, sino de unirnos todos para salvar al país. Es cierto en parte lo que se dice, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados y apoyar en su política aparentemente salvadora a quienes provocaron la crisis, a quienes la aceleran y la disfrutan en provecho propio. No es tiempo en efecto, de señalar culpables, pero si quienes son culpables, si quienes enfermaron al enfermo se quieren ahora arrogar la facultad de poner el remedio al mal que provocaron tenemos derecho de señalarlos como culpables y de impedir que sea su receta la que se tome el paciente. Quienes fueron causa principal de los males económicos del país no tienen autoridad moral para señalar remedios y mucho menos cuando esos remedios se deciden en secreto, de espaldas al pueblo y sin conocimiento siquiera de sus representantes. (Aplausos.)
La última de las objeciones doctrinales que hacemos a la medida es que es antidemocrática, antes y a tiempo Acción Nacional solicitó las listas de los sacadólares; el ingeniero Pablo Emilio Madero, candidato de Acción Nacional a la Presidencia de la República, durante su campaña presidencial, en varias ocasiones denunció, y fue quien primero lo hizo, que muchos, se aprovecharon del secreto que se coló y especularon con dólares días antes de la devaluación. Esos sí fueron malos mexicanos, quienes adelantaron el aviso de la devaluación y quienes se aprovecharon de él. El gobierno estaba entonces en campaña y puso oídos sordos a esas denuncias ahora y a nuestra solicitud.
Medida drástica de hacer constitucional la monopolización de la banca cuando se presenta ésta, solicitamos audiencias públicas para abrir un debate nacional sobre el tema y se nos respondió por medio del dictamen que una amplia respuesta favorable le da base popular franca a la decisión y que los respaldos satisfacen con exceso los fines democráticos de nuestra solicitud de audiencias.
No podemos tragar esa rueda de molino, ni nosotros ni ustedes, ni los medios de información ni el pueblo cree esa mentira, (aplausos) los respaldos populares son ficticios, los acarreos, las presiones, las amenazas de perder el empleo o el sueldo son reales y crean una apariencia de apoyo que no existe, no ha existido tampoco un por qué ha habido consigna. No hay libertad de discusión en donde una opinión cuenta con 15 minutos en la televisión, en un horario de segunda y la otra opinión cuenta con todo el tiempo que desee en todos los canales y a todas horas. No hay debate cuando se crean organizaciones profesionales de la noche a la mañana para manifestar apoyos y no hay respaldo cuando sin consultar a los interesados se descuentan partes de su sueldo a los nuevos causantes cautivos de un
impuesto que no está en la ley, sino que se deriva del deseo de los líderes de quedar bien con el señor Presidente. (Aplausos.) Yo los desafío a que no descuenten a los trabajadores de su sueldo en la nómina y en la quincena el donativo, y que dejen a su libre arbitrio el apoyo con donativos a la medida, y ya veremos si existe ese apoyo o no existe. (Aplausos.)
Todo el poder de la propaganda masiva se descarga sobre el poco informado pueblo mexicano y eso no es válido, no prueba nada y acerca al régimen a los sistemas totalitarios que basaron todo su poder en el engaño publicitario.
Pero no es eso todo ni lo mas grave; no podemos apoyar con nuestro voto, como representantes del pueblo, una medida que con su voto nuestros representados desecharon en las pasadas elecciones. El partido oficial, carente de ideología definida, tuvo que pedirla prestada a su membrete más insignificante y que menos votos consiguió el último 4 de julio. El fundamento teórico de la medida que se nos presenta de discusión.
El pueblo de México no votó a favor del monopolio de la banca y del crédito, no se puede fabricar a posteriori un respaldo que supla a voluntad expresada en los comicios; en donde el voto es secreto gracias a la persistencia del pueblo y de los partidos independientes el ciudadano no votó por la estatización de las instituciones financieras; el secreto del voto garantiza la libertad del que lo emite. Y precisa si hay o no apoyos populares.
Pero en los acarreos y en los descuentos por lista de nómina no hay libertad, hay coacción, imposición y forzamiento; no suplen la voluntad popular las manifestaciones conseguidas por la fuerza ni la apariencia sustituye a la verdad.
En cuanto a las razones prácticas enunciamos algunas que todos conocen y aceptan: El gobierno mexicano ha demostrado ser un organismo administrador, y en épocas cercanas ha manejado como nunca recursos cuantiosos y riquezas que bien administradas habrían podido sacar al país del subdesarrollo, pero no ha podido dar buenas cuentas de sus manejos. ¿Por qué habíamos de esperar que maneje bien los bancos? El gobierno usa todo su poder para controlar a los ciudadanos y para encuadrarlos en su partido, pensamos que el poderío que ahora le da el control de la banca pretenderá usarlo también para aumentar el número de sus afiliados forzosos a su instituto político. Cuando el sistema se democratice, cuando acepte y reconozca derrotas electorales y busque un apoyo popular verdadero y no ficticio, será posible entonces considerar un crecimiento razonable en el ámbito de la economía estatal. Entretanto, mientras robe votos y defraude elecciones, no podemos confiarle los bienes del pueblo.
Con los argumentos anteriores, tendríamos suficiente para votar nosotros, en contra del dictamen, pero tenemos la obligación de presentar otro más para dar a la mayoría de esta Cámara la opción de que también vote en contra del dictamen.
Se ha dicho que la llamada nacionalización de la banca reactivó a la revolución, que era un principio "Revolucionario" que estaba ahí latente en la Constitución de 1917 y que se ha actualizado con el proyecto que se nos envía y esto no es verdad. La idea de socializar la banca, mediante un monopolio de Estado, ha formado parte de la ideología de los partidos marxistas y no se encuentra dentro de los programas que manejó en la campaña electoral el partido en el poder. La tradición de los gobiernos llamados revolucionarios, tanto de los iniciales surgidos efectivamente de la Revolución como de los posteriores que han seguido usando el nombre de revolucionarios, ha sido partidaria de un sistema mixto de banca privada y banca oficial.
En el Constituyente de Querétaro se planteó el debate acerca de un banco central "controlado" por el gobierno, encargado único de la emisión de billetes y constituido como una sociedad anónima en la que el gobierno sería socio mayoritario y accionistas otros bancos y particulares. Uno de los constituyentes más radicales, así lo aceptó expresamente, y consta en el Diario de los Debates del día 12 de enero de 1917, el general Francisco Mújica, sostuvo en la discusión que suscitó que el banco central debería de ser una sociedad anónima en la que el gobierno tendría el control y la facultad de designar al consejo por ser el accionista con la mitad más una de las acciones, no el absoluto dueño del banco.
Posteriormente, esta concepción de una banca en que concurren Estado y particulares se plasmó en leyes de excelente factura técnica y avanzadas en cuanto que confirieron al gobierno instrumentos eficaces de control; fue precisamente bajo los gobiernos de Calles y de Cárdenas que se desenvolvió la legislación bancaria de México y fue precisamente Lázaro Cárdenas el creador del estatuto especial para los trabajadores de la banca, lo que indica su intención de mantener en ese ámbito de sistema de economía mixta a las instituciones de crédito. En épocas posteriores encontramos siempre un apoyo decidido de los altos funcionarios públicos a los bancos privados y un constante reconocimiento a su labor.
Que no se nos vaya a decir ahora que Acción Nacional defiende a los banqueros; muchas veces señalamos que los banqueros fueron acarreados de primera en las comitivas oficiales, y banqueros hubo que reconocieron ser miembros de la CNOP. Y los más
representativos y dueños de los bancos más poderosos fueron siempre amigos, compañeros y socios de políticos destacados del sistema.
Acción Nacional no defiende banqueros, sino un principio de libertad y democracia.
La actitud de complacencia del gobierno con los banqueros, que descalifica ahora las razones aducidas en favor del proyecto que discutimos se puede confirmar con citas innumerables. Daré tan sólo unas cuantas muestras: En 1976 el señor Ernesto Fernández Hurtado, en la obra editada por el Banco de México y el Fondo de Cultura Económico 50 años de banca central, reconoce que el Banco de México tiene todos los instrumentos jurídicos y económicos para dirigir y controlar a la banca privada; y más adelante, al hablar de la orientación del crédito dice lo siguiente: "La información crediticia demuestra que la banca - la banca privada - ha respondido a esta política al observar las proporciones de canalización de su crédito; la experiencia nos dice - continúa Fernández Hurtado - que participa crecientemente con su propio esfuerzo para que la canalización sea más eficaz."
En la misma obra otro economista oficial y destacado funcionario público, Gustavo Petricholi, reconoce también la participación de la banca privada en la política oficial de orientación selectiva del crédito.
Otra voz autorizada es sin duda la del señor David Ibarra Muñoz, quien siendo Secretario de Hacienda del presente gobierno y en un discurso pronunciado con motivo de la celebración de los primeros y posiblemente últimos 50 años de la Asociación de Banqueros, anunció una iniciativa del Ejecutivo para democratizar la banca mediante la participación mayor de medianos y pequeños inversionistas y aprovechó para decir que en tal campo ya han tomado la iniciativa importantes instituciones financieras privadas.
En el mismo discurso Ibarra Muñoz señala lo siguiente: "No parece de valor incuestionable fortalecer la iniciativa bancaria para alentar la formación de capital... con la Constitución Política de 1917 México adopto un modelo organizativo para su vida institucional. A su amparo hemos sabido crecer y superar obstáculos - dijo a los banqueros - dentro de un esquema de economía mista en el que se respetan y armonizan todas las libertades." Hasta aquí Ibarra Muñoz.
Todavía más cerca de este debate, en julio de este año de 1982, con motivo de la visita que hizo al consejo directivo de la Asociación de Banqueros de México, el señor presidente López Portillo, les dirigió a los miembros de esa asociación palabras de aliento y reconocimiento que de ningún modo indicaban que en los planes de su gobierno estaba la expropiación de los bancos. En dicha ocasión el señor Presidente les dijo textualmente a los banqueros: "Con esta actitud agradeciéndoles profundamente su solidaridad, el reconocimiento de lo que se ha cumplido y fundamentalmente el empeño expreso con responsabilidad de seguir impulsando al país en la consolidación y la superación actual situación por la que atravesamos, me despido de ustedes, señores, porque será seguramente la última vez que con mi carácter de Presidente de la República nos reunamos en un acto que no por ser protocolario deja de ser sincero como éste en el que ahora estamos. Lo hago agradeciéndoles lo que a través de sus instituciones y como agrupación gremial han hecho por el país, exhortándolos a que continúen con patriotismo y con nacionalismo planteando y resolviendo con conciencia y responsabilidad los problemas que nos aquejan". Hasta aquí el señor Presidente.
De estas citas y muchas otras más no podemos sino concluir que estaba fuera de los planes del gobierno la reforma que ahora discutimos, que de ninguna manera formaba parte del proyecto de 1917 y que la medida se tomó sorpresiva e inopinadamente copiándola de los proyectos de partidos socialistas que sí la habían sostenido. Que se nos presenta ahora como un hecho consumado que simplemente venimos a convalidar y confirmar a la carrera. Don Daniel Cosío Villegas decía que el presidente Echeverría confundía sexenio con semestre por la gran cantidad de proyectos de reformas a leyes y a la constitución que en un solo periodo de sesiones enviaba al Congreso de la Unión. Ahora podemos decir que se confunde sexenio con bimestre, dadas las prisas con la que se lleva a cabo una reforma tan trascendente, parece que se quiere borrar con un solo acto toda una larga historia de cinco años y ocho meses de gobierno.
Y ni nosotros, de la oposición democrática, que no aceptamos la medida porque aumenta la intervención de un Estado no democrático en la vida económica de México y disminuye el ámbito de la actividad ciudadana, ni los socialistas, a quienes se les arrebató una bandera, ni la mayoría, a la que se les impone una doctrina ajena, podemos votar a favor de un dictamen así.
Para la organización de la banca mexicana, dentro del sistema de economía mixta y libertad, podemos buscar otros derroteros hacia los que Acción Nacional ha apuntado; queremos una banca privada en la que participen todos los sectores, una banca democrática que no sea ni el monopolio del Estado ni el monopolio de unas cuantas familias, los empleados bancarios, los ahorradores, los comerciantes, los industriales y los agricultores, que usan la banca y con ello le dan vida, deben ser los accionistas y los dueños de ella, mediante un proceso razonable y sólido que suprima los saltos
bruscos, improvisaciones y populismos demagógicos.
La reforma constitucional que se nos presenta nos parece una medida sin contenido social valioso, externamente, formalmente, podrá llegar a ser una ley si la aprueban ustedes; en el fondo será un capricho del gobernante, que con ello quiere salvar su imagen, la de su régimen y pasar a la historia. (Aplausos.) La medida es un acto que busca gobernar con el único fin de conservar el gobierno. Con ella ni se resuelven nuestros problemas económicos ni se adelanta ni se define una política. Pensamos que la medida fue oportuna para un hombre, inoportuna para México. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra por la Comisión, el ciudadano diputado Juan José Osorio Palacios.
El C. diputado Juan José Osorio Palacios: Compañeros diputados.
El primero de septiembre de 1982 pasó a la historia, como a la historia pasó el 18 de marzo del 1938.
Una y otra fechas representan la culminación de algunos de los aspectos más relevantes de la lucha del pueblo de México, con el sector obrero organizado a la cabeza en busca de su independencia económica.
No se concibe ninguna otra independencia, incluida la política, sin la independencia económica, pero esta última en el proceso histórico de los pueblos permite mayores posibilidades para lograr una mayor justicia social. En México asegura el logro de los propósitos centrales de nuestra Revolución en el camino a la justicia igualitaria. A corto tiempo permite a la clase obrera del país mejores condiciones de vida y de trabajo, ya que confirman la rectoría del Estado en la vida económica.
En este marco se inscribe la acción de esta LII Legislatura, cuando apruebe, como estoy seguro que lo hará, el dictamen sobre la reforma a los Artículos 28, 73 y 123 Constitucionales, haciendo irreversible la nacionalización de la banca y asegurando en favor de la nación las operaciones públicas del crédito.
En el ámbito laboral abre, por primera vez, el campo de la libertad y derecho de agrupación sindical a los trabajadores bancarios, derecho que les fue negado y que irá a permitir la participación de este tan importante sector de trabajadores en la decisión de los más trascendentes acuerdos del desarrollo del país. Estoy cierto que el Congreso del Trabajo abre sus brazos para acoger y dar la mejor de las bienvenidas a este grupo de trabajadores que durante tantos años fueron discriminados, con represión en sus intentos de lograr el reconocimiento a su derecho para formar parte de la clase obrera de México.
En estos seis años de gobierno en los que el señor Presidente respondió al apoyo de la clase trabajadora y a la confianza en él depositada, cuatro fechas son memorables para nosotros, los trabajadores.
El 2 de agosto de 1977, en el Diario Oficial de la Federación aparece publicado el Decreto con el cual se da vida a una de las instituciones que con más interés deseó el movimiento laboral fueran creadas: el Banco Obrero. El 20 de abril de 1978 se discute en la Cámara de Diputados un proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo haciendo sea obligatorio para las empresas dar la capacitación necesaria a la clase trabajadora.
El 27 de septiembre del mismo año, en una sesión memorable como la de hoy, se eleva a rango constitucional el derecho al trabajo.
Los trabajadores enfatizamos entonces que la aprobación del dictamen que estábamos discutiendo abría una puerta más hacia el progreso de México.
El primero de septiembre de 1982 el Presidente, ante el Congreso de la Unión, reafirmó el puesto de vanguardia del gobierno de la República en la lucha permanente del pueblo de México por su independencia y autodeterminación.
Hace seis años tuve el honor, como presidente del Congreso de la Unión, de dar respuesta al primer informe de gobierno del señor presidente José López Portillo; en esa ocasión hice incapié en que un Presidente de México está investido de una gran fuerza y dignidad que nada ni nadie puede quebrantar, disminuir o usurpar, ya que esa investidura es la imagen y representación de la respetabilidad y la unidad de la nación mexicana; dije también que el señor Presidente de la República, con autoridad de la ley y el apoyo del pueblo, ejercía el mando sin excesos ni omisiones.
Ese mando ejercido plenamente fue el que llevó al licenciado José López Portillo a dictar los Decretos que rompieron, como él mismo lo dijo, con viejos tabúes, por eso al escucharse en este mismo recinto que la banca era nacionalizada, como un solo hombre, todos los representantes de las fuerzas progresistas del país aplaudimos a quien, por decisión propia, decisión valiente y patriótica con las atribuciones que la Constitución le otorga, entraba a la historia al marcar el inicio de una mayor independencia económica.
Nuestro país durante muchos años vivió una situación de estabilidad económica en el contexto internacional y que al parecer concitó la envidia de muchos, porque en un lapso de tiempo, coincidiendo con el cambio en el panorama económico mundial y aunado a presiones internas y externas e intereses económicos apátridas, provocaron el ensombrecimiento de la economía nacional: Inflación con recesión, dificultad para colocar el producto
nacional en el exterior, disminución del turismo hacia el país; fuga de divisas, rumores y críticas infundadas; sin embargo, el gobierno de José López Portillo, en lugar de adoptar medidas de restricción económica, sacrificando objetivos sociales como muchos otros países, se decidió por el camino del desarrollo económico dando pasos hacia adelante, basado en las posibilidades financieras que nos proporciona nuestro petróleo, importando insumos y maquinaria, consolidando la planta productiva nacional, base fundamental ésta para superar la crisis.
El Presidente de México, con patriotismo y valor, respondió a los graves problemas que vive el país al nacionalizar la banca y establecer el control de cambios, fortaleció la unidad nacional. Decisión tomada que responde a la sabiduría constitucional mexicana y al interés de la nación, donde prevalece el interés general sobre intereses particulares. Se les olvidó a los que nos traicionaron que más allá de partidismos, elitismos y rumores está el reencuentro con el nacionalismo revolucionario legítimo y constitucional.
Mienten y tratan de engañar al pueblo de México aquellos que hablan de que la nacionalización de la banca fue un hecho producto de la decisión de un solo hombre para demostrar su poder. Esta reforma económica y las que puedan venir, por las que ha luchado el movimiento obrero y que dan base para llegar a una sociedad más igualitaria y realizar el proyecto del país que todos aspiramos, fueron las que inspiraron a José López Portillo a tomar esa decisión, igual inspiración y comprensión de las necesidades del pueblo, que llevó a Lázaro Cárdenas a dictar la expropiación petrolera.
Se les olvida a los que atacan esta acción gubernamental que José López Portillo llegó a la Presidencia de la República por ser candidato del Partido Revolucionario Institucional, integrado éste por los sectores agrario, obrero y popular, y que, precisamente, como Presidente de México está embebido en los pensamientos de los trabajadores y la clase trabajadora. Desde sus inicios ha impulsado este tipo de reformas, que tienden a la transformación social, y ésta solamente puede llevarse a cabo creando una nueva vida en la justicia social y la libertad. Enarbolamos banderas y demandas de carácter económico vitales, levantamos con fuerza el ideal político máximo que es la lucha por una nueva sociedad, una sociedad con sentido humano.
La nacionalización de la banca permitirá ser encauzada hacia los programas sociales; las grandes ganancias de los antiguos dueños particulares de esas instituciones servirán ahora al pueblo, a esos millares de pequeños ahorradores, a los que la banca privada daba el cuatro por ciento, y ahora, manejada por el Estado Mexicano, le otorga el veinte por ciento.
"En México no se expropia por expropiar", señaló el Presidente de México, fue la falta de solidaridad ante la crisis, el grave riesgo que sufría la planta productiva, los empleos y los mismos ahorros de quienes tienen su dinero en nuestro país lo que decidió al presente régimen a tomar esta revolucionaria decisión, que termina de una vez por todas con especulaciones y fuga de divisas.
La nacionalización de la banca privada representa para el país el tomar en sus manos en forma soberana la dirección de los intereses nacionales y acrecienta las fuerzas productivas de la nación abatiendo la dependencia. Por ello los trabajadores enarbolamos la bandera del desarrollo económico de la nación.
La clase obrera lucha para cambiar las estructuras económicas, fortalecer los derechos de la clase obrera, no sólo para obtener aumentos de salario o reducir jornadas de trabajo, sino para promover la auténtica seguridad social, reparto de utilidades, viviendas, en fin, todo aquello que es para beneficio del pueblo en general.
Nuestras metas se dirigen a obtener una reforma económica que sea la base para dar viabilidad social y política al proyecto del país que la sociedad mexicana aspira a conformar.
El pueblo no se equivoca, señores de Acción Nacional, y el viernes tres de septiembre más de un millón de mexicanos, en manifestación espontánea, fueron hasta el zócalo de la Ciudad de México, a expresar su apoyo a las medidas que se acababan de tomar y demostrar así su fe en México. Ese mismo pueblo, que demostró el cuatro de julio su unidad con los principios de la Revolución.
Dentro de nuestro partido, integrado por hombres y mujeres con firme convicción revolucionaria, estamos decididos a no admitir pausas y buscamos consolidar el grado de desarrollo alcanzado para ser superado en el próximo sexenio, fieles a nuestro proceso histórico de lucha permanente por la independencia política y económica y por la preservación de todas las libertades que fueron objetivos de la Independencia; la Reforma y la Revolución. Es esa misma libertad que les da a los señores de Acción Nacional la posibilidad de venir aquí a hablar como quieren sin sufrir ninguna represalia. (Aplausos.)
El dictamen que nos ha presentado la Comisión analiza con toda amplitud el texto de las reformas, define claramente las razones que tuvo el Ejecutivo al proponerlas, tanto en lo que se refiere a la nacionalización de la banca como al otorgar a los trabajadores de dichas instituciones los derechos que se les habían negado, y resaltado en uno de los transitorios las excepciones del Banco Obrero, del Ejército y la Armada, porque éstos fueron creados con
fines específicos y de beneficio social, y además ni uno ni otro fueron conducto, como los otros bancos, nacionalizados ahora, para descapitalizar al país.
Somos conscientes del momento en que vivimos y seguiremos siempre luchando para que todas las demandas de la clase trabajadora sean realizaciones plenas de sentir y de bienestar verdadero y tangible; el movimiento obrero organizado del país, al apoyar este dictamen, reconoce que el Presidente López Portillo ha cumplido con sus más limpios compromisos con los trabajadores y con el pueblo de México.
Compañeros diputados:
Como manifestamos anteriormente, esta sesión que estamos celebrando es histórica. Vamos a aprobar, porque estoy seguro que los representantes de las fuerzas progresistas del país, en un solo haz de voluntades, así lo vamos a hacer, vamos a aprobar, repito, este dictamen que nos presenta la Comisión porque tenemos fe en México, porque sabemos lo que es nuestro país, porque los mexicanos estamos preparados para luchar por el camino de la historia, lo único que nos falta es mayor decisión, más trabajo, ¡El timón de la Revolución está firme! Sabemos cuál es la meta, nuestro partido la ha marcado durante estos seis años y el pueblo de México decididamente ha apoyado los principios y el programa de la Revolución; al votar para que nuestro próximo Presidente sea el licenciado Miguel de la Madrid, México marcha hacia adelante; hemos crecido y estamos preparados para el futuro, sabemos que ninguna lucha es fácil y que todo en la historia tiene un precio.
Los trabajadores de México hemos sabido pagar siempre el precio de nuestras conquistas; y, como lo dijo el Presidente, seguiremos luchando para dar a nuestros hijos, y a los hijos de nuestros hijos, una partria más fuerte, una patria más libre, una patria más justa, (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra para hablar en pro, el C. diputado Salvador Castañeda O'Connor.
El C. Salvador Castañeda O'Connor: Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Señor Presidente;
Señoras y señores diputados:
En esta, como en otras ocasiones, hemos podido comprobar cómo se cumple inexorablemente aquella vieja sentencia de Carlos Marx, que afirma que los cambios que dicta una necesidad social terminan abriéndose paso por encima de la filosofía, de la costumbre y del derecho dominantes, y yo diría que terminan por imponerse a los prejuicios de la clase en el poder.
En este sentido es particularmente aleccionadora, la decisión del Presidente de nacionalizar la banca, si recordamos que el propio licenciado López Portillo se había manifestado desde siempre contrario a esa medida.
Pero no cabe duda que la nacionalización de la banca, que hoy se eleva a rango constitucional, a fin de que no pueda ser anulada por actos administrativos o del legislador común, responde a las necesidades más imperiosas planteadas por la situación del país.
En especial estamos de acuerdo con la adición propuesta por la Comisión en el sentido de afirmar que los servicios de banca y crédito no serán objeto de concesión a los particulares, porque la esencia del problema consistía precisamente en que siendo estos servicios atribuciones del Estado, éste los venía concesionando, con los resultados negativos que todos conocemos.
La exportación masiva de los recursos que se generan en el país, el saqueo de nuestra riqueza obtenida por el esfuerzo de los mexicanos, la ausencia de la solidaridad nacional de parte de las capas privilegiadas de la población, el abuso que se hizo del régimen de libertad de cambios y la actitud especulativa de la banca, así como otros motivos que se expresan en la iniciativa presidencial, son razones más que suficientes para que se adoptaran las medidas de que hoy nos estamos ocupando, a fin de defender los intereses de la sociedad frente a la oligarquía financiera.
Estas medidas acreditan también que la plataforma programática del PSUM, de la izquierda y de las fuerzas democráticas, que desde hace muchos años vinieron pugnando por la nacionalización de la banca y el control de cambios, no solamente es justa y correcta, sino totalmente viable; es decir, aplicable a la realidad actual y concreta para hacer frente a los problemas del país.
La nacionalización de la banca y el control de cambios, como lo sostiene nuestro partido, no van a resolver por sí mismos los agudos y profundos problemas inherentes a la crisis que vive México. Más aún, si no se constituyen en la base de una inmediata reforma económica y política sólo se traducirán en una reestructuración burocrática y antipopular del capitalismo. Las medidas son valiosas en cuanto apuntan hacia una salida democrática de la crisis. El gobierno bien pudo haber hecho caso omiso de la situación, seguir permitiendo el saqueo de nuestra riqueza y el aumento de las tensiones sociales; reprimir la protesta del pueblo y sustituir el actual régimen de apariencia democrática, por el de la abierta reacción política, que es el camino del fascismo.
Las medidas que las fuerzas más conscientes del país hemos aplaudido dan ciertamente un respiro a la clase gobernante, pero también
dan una oportunidad a los revolucionarios para organizar, dentro de un clima democrático, los cambios históricos que este país necesita.
Es necesario profundizar en el proceso que abren las medidas adoptadas, y ello sólo cobra sentido mediante una reorientación de la política económica del gobierno, que es muy urgente ante la perspectiva de la agudización de la crisis. La nacionalización de la banca y el control de cambios deben complementarse con una elevación de los salarios, especialmente los mínimos establecidos y de aquellas categorías de trabajadores que reciben los ingresos más bajos, mediante el establecimiento de la escala móvil de salarios y precios y garantía para los productos agrícolas, el control de precios, la lucha contra el desempleo, creación y desarrollo de la industria estatal de bienes de capital; apoyo crediticio a la producción agrícola, política energética de contenido nacional, reforma fiscal a fondo, apoyo a la pequeña y mediana empresa destinada a la satisfacción de necesidades populares, y el crecimiento de la actividad productiva, como parte de una política económica, nacional y popular.
La dependencia financiera y tecnológica respecto del imperialismo, los profundos desequilibrios entre la industria y la agricultura, la desocupación creciente, la inflación, sólo podrán ser superados en base a una reestructuración democrática de la vida económica y política del país, que permita una utilización racional con sentido popular y nacional de los recursos financieros económicos y humanos de que México dispone. La política desarrollista aplicada por el grupo gobernante ha fracasado estrepitosamente y debe ser rectificada de raíz.
Nuestro partido apoya la decisión de nacionalizar la banca y de establecer el control de cambios, no sólo porque ello corresponde a una vieja demanda de la izquierda mexicana y de las organizaciones políticas y sociales de carácter democrático, sino porque el hecho da al país la posibilidad de buscar y encontrar una solución correcta a la crisis económica que padece, sobre todo si se la utiliza para destrabar las fuerzas productivas de la acción negativa de los monopolios privados y financieros La nacionalización de la banca y el control de cambios fueron planteados desde los primeros consejos de la CTM, allá por los años treinta; son puntos que han formado parte de los programas de acción del antiguo PCM, del actual PSUM y de otros partidos de izquierda. Sin embargo, nadie puede negar el mérito de José López Portillo, quien, como lo quería el poeta, el Iº. de septiembre alzó su voz a la mitad del foro para cortar a la epopeya un gajo.
Las nacionalizaciones son valiosas en sí mismas, más en un país que, como el nuestro, está fuertemente intervenido por el imperialismo norteamericano. Pero todo mundo sabe que las nacionalizaciones pueden ser manejadas para bien o para mal y que una cosa u otra depende de las fuerzas sociales que participan en las decisiones sobre la política económica.
La nacionalización de la banca pone en manos del Estado un instrumento colosal que lo fortalece frente a la sociedad mexicana y también frente al exterior, elevando poderosamente su carácter rector del desarrollo económico. Nosotros pensamos, sin embargo, que no habrá beneficios para la clase trabajadora, ni para las grandes masas desposeídas si con la nacionalización de la banca el Estado acentúa su papel de herramienta dócil del gran capital.
Para que la nacionalización de la banca sirva a los intereses de los sectores mayoritarios de la población es necesario que el Estado se convierta en defensor invulnerable de la soberanía nacional y en impulsor del desarrollo económico independiente, orientado siempre a la solución de los grandes problemas de México y de los mexicanos.
El secretario general de nuestro partido ha dicho, recientemente: "Si los bancos no cambian de política, si mantienen los mismos estilos y las mismas costumbres que mantuvieron hasta ahora, la nacionalización se va a desprestigiar... Nosotros estamos por las nacionalizaciones, pero no para que un grupo de burócratas desarrolle un poder más absolutista del que ya tiene. Ese no es nuestro objetivo. Nosotros ligamos las nacionalizaciones, también la de la banca, a la participación democrática del pueblo trabajador. La medida es en sí fundamental y trascendente, pero más trascendente sería si logramos un cambio político, si ligamos esta nueva situación, que se está generando a partir de la nacionalización de la banca, con la nueva apertura de un camino democrático. En síntesis, se trata de procurar una nueva reforma política que implique la participación popular más amplia posible en las decisiones de la planeación, en las decisiones económicas en el rumbo que ha de tomar este inmenso sector público, enormemente desarrollado, a partir de la nacionalización de la banca y del control de cambios..."
Siguiendo el criterio expresado por Pablo Gómez, nuestro secretario general, yo podría afirmar que lo que conviene al pueblo de México es profundizar la política de nacionalizaciones al mismo tiempo que se amplía el régimen democrático. Si todo esto pudiera expresarse en una fórmula, ésta sería: nacionalización más democracia.
En el afán de elevar la vida democrática del país es urgente, como ya lo he afirmado aquí, entre otras medidas, aumentar el peso del Congreso de la Unión en sus relaciones con el Poder Ejecutivo, porque en esta Cámara de
Diputados están representadas, aun cuando no en la proporción correcta, las fuerzas políticas fundamentales del país.
El Congreso debe participar en la formulación de los planes de desarrollo y naturalmente en la elaboración y el control del presupuesto; someter a su control los actos del Ejecutivo en materia económica y vigilar el manejo de las empresas del sector público para que no se desvirtúen los objetivos que le dieron origen.
Es necesario, asimismo, que los Congresos locales aumenten su peso e importancia frente a los gobernadores de los Estados y que los Ayuntamientos se erijan por encima de los actos de los presidentes municipales.
Y todos estos cuerpos colegiados debieran integrarse por el sistema de la representación proporcional.
Pero lo más importante de todo sería que los objetivos de la banca nacionalizada se subordinen a los planes de desarrollo económico del país, elaborados democráticamente con la participación de todas las fuerzas interesadas en preservar la soberanía de la nación y elevar las condiciones de vida de la clase trabajadora y el pueblo.
El Estado, en los países como el nuestro, puede jugar un papel de primer orden en la defensa de la soberanía nacional y en el desarrollo económico independiente a condición de que la clase obrera y las fuerzas más avanzadas del pueblo participen en la toma de las decisiones importantes para la vida política y económica del país. Hay que recordar que el Estado mexicano, que es, como todos, un Estado de clase, el aparato que manifiesta y defiende los intereses de la clase dominante, surgió entre otras razones, como respuesta a las contradicciones que se dieron entre la nación mexicana que emergía y la voracidad del extranjero.
Esa es la razón histórica por la cual se le han venido asignando al Estado tareas importantes relacionada con el desarrollo económico, pero estas tareas no siempre han sido cumplidas con honor. Por el contrario, es larga la relación de las abdicaciones y aun de las tradiciones que desde el poder público se han cometido en contra de nuestro desarrollo independiente. Debemos aprovechar a decisión de nacionalizar la banca para revisar toda la política de las nacionalizaciones a efecto de que las empresas del Estado dejen de ser las proveedoras de energía, materias primas y servicios baratos para los monopolios extranjeros y para que dejen de ser también los instrumentos que han hecho posible las enormes ganancias que obtiene el gran capital, los monopolios extranjeros y del país.
La lucha por que la banca nacionalizada sea puesta por el Estado al servicio del pueblo trabajador y de los verdaderos intereses nacionales se convierte en una tarea importantísima de nuestro partido, estamos por ello dispuestos a las más amplias convergencias y alianzas con todas aquellas fuerzas interesadas con el mismo objetivo.
El problema ahora consiste en traducir estas medidas en beneficios concretos para el pueblo, porque ni la nacionalización de la banca ni el control de cambios se comen y lo que nuestra gente necesita es comer. La mayor parte de los mexicanos ha caído en un estado de necesidad, que muchos podrían hacer valer como excluyente de responsabilidad penal cuando tengan que robar alimentos, medicinas y vestido para sus hijos.
Es indispensable tomar medidas de beneficio social antes de que la vida se vuelva más insoportable.
Podríamos nosotros expresar hacia el interior del país los mismos argumentos que empleó el presidente López Portillo en las Naciones Unidas al hablar de las injustas relaciones que se establecen entre los países ricos y los países pobres.
Es urgente aumentar los salarios de los trabajadores y los precios de garantía para nuestros campesinos, no sólo por razones de justicia, sino porque de otro modo corremos el riesgo de paralizar nuestra economía al estrechar peligrosamente el mercado interno para nuestros propios productos.
También los obreros y los campesinos necesitan, al igual que los países pobres de una mayor liquidez a fin de que puedan resolver sus ingentes necesidades y para que nuestro desarrollo económico recupere su dinamismo.
Pero sobre todo hace falta respetar las organizaciones de lucha de los trabajadores del campo y de la ciudad; garantizar su independencia respecto del poder público y de la clase explotadora, así como su vida democrática interna. Esa es la razón por la que estamos en contra de que se limiten los derechos sindicales de los trabajadores bancarios al someterse sus relaciones de trabajo a las disposiciones del apartado B, que impide la contratación colectiva y limita el derecho a la huelga.
Frente a los argumentos que al respecto formuló el Presidente de la República queremos simplemente afirmar que nunca en la historia de este país se ha mostrado la incompatibilidad entre los intereses de la clase obrera y los trabajadores todos y los intereses de la nación mexicana. Jamás en la vida los trabajadores han sido acusados de falta de solidaridad nacional. Por el contrario, son ellos los que han encabezado con su lucha las mejores causas de la nación y del pueblo.
El C. Presidente: Tiene la palabra, para hablar en contra, el C. diputado Ignacio Vital Jáuregui.
- El C. diputado Ignacio Vital Jáuregui:
Señor Presidente;
Compañeras y compañeros diputados:
El Partido Demócrata Mexicano, sarmiento de la gloriosa y heroica Unión Nacional Sinarquista, semillero ésta de héroes y de mártires caídos en la lucha por la independencia, por libertad y en la defensa de los valores esenciales de nuestra nacionalidad, haciendo uso de la libertad de expresión que otorga nuestra Constitución a todos los mexicanos y por mi humilde conducto, hace uso de esta alta tribuna para discutir la iniciativa y adicionar y reformar el Artículo 28 de nuestra Constitución.
Antes queremos insistir una vez más en esta alta tribuna que no venimos a convertirnos aquí en defensores oficiosos y gratuitos de la banca afectada en sus negocios y propiedades, ni nosotros lo queremos ni ellos nos necesitan, y a ellos han recurrido al juicio de amparo, en el cual los mexicanos esperamos con expectación, a ver si todavía vivimos en un Estado de derecho y respeto a las normas y garantías Constitucionales, o si hemos dado un paso más hacia la dictadura y a la pérdida de nuestras libertades.
Este juicio será la prueba de fuego en el Poder Judicial, que habrá de demostrar al país si éste es el tercer poder constitucional o es un apéndice más del Ejecutivo.
Nosotros, los del Partido Demócrata Mexicano, seremos más bien espectadores que actores en este drama, y es que nuestro mundo siempre ha sido diferente al de los banqueros; el negocio de ellos fue la actividad financiera, fiduciaria, crediticia, los ahorros, los descuentos y el acrecentamiento de sus operaciones bursátiles, todo lo cual era y es permitido y necesario; el de nosotros ha sido el trabajo diario por ganar el sustento para nosotros y para nuestras familias y a la vez sufrir y luchar todos los días por la transformación del país en una patria más justa y libertaria, y esto último nunca tuvimos, ni lo solicitamos, el auxilio de la banca. Y no es que estos señores fueran a políticos, lo que pasa es que, como dice el pueblo: "el dinero se va al dinero", y con pesadumbre observamos en nuestras campañas que además del desmedido apoyo económico con que gozaban y gozan los candidatos de la imposición gubernamental, además del irrestricto apoyo en el presupuesto nacional, todavía alcanzaban, en muchos casos, el otorgamiento de fuertes cantidades de algunos banqueros. Aquellos que así lo hicieron, con su pan que se lo coman, y en su pecado llevan la penitencia.
Y observamos cada año las convenciones bancarias en al paradisíaco Acapulco, entre highballs y medias de seda y entre glúteos meneos al ritmo de la zamba y danzón, los mexicanos observábamos anualmente aquel explicable acuerdo entre el poder económico y el poder político.
Pero no es únicamente en el entorno a los banqueros en el que debemos observar nuestros objetivos, porque a nosotros nos interesa el impacto de estas medidas en lo económico, en lo político, en lo social y en lo moral, para todos y cada uno de los mexicanos.
¿Cuál es el objetivo, cuál es el plan de estas y otras medidas que dicen se tomarán después? ¿Hacia dónde vamos los mexicanos? ¿Si la banca es o fue la villana de esta película, por qué hasta 1982 se comportó a satisfacción y enamoró su idilio con el poder público? (Aplausos.)
Si el gobierno se apropia de la banca, ¿será ésta la tan esperada panacea para salir de la espantosa crisis económica que está pasando nuestro país, o habrá otras circunstancias o personas que intervinieron e intervienen para llegar a esta situación que tienen maniatadas a las fuerzas productivas del país?
Estas y otras cuestiones a dilucidar saldrán en esta tribuna; cada partido político dará sus explicaciones de la crisis según el color del cristal con que se afoquen los problemas. Unos lo explicarán al rojo del marxismo - leninismo; los señores del PRI lo explicarán desde el cristal que todo lo ve color de rosa, del que aquí no pasa nada, que es un simple problema de caja.
Pero nosotros, que hemos adquirido desde 1937 el compromiso de luchar por una patria más justa, más libre y generosa para todos, tendremos que analizar las causas de esta crisis y proponer las medidas que tiendan a la solución. Siempre mirando al bien supremo del país, sin compromisos con persona alguna o con determinado grupo de personas, por más importantes que éstas sean.
Y va de anécdota. En 1945, después de la victoria de las Naciones Unidas sobre la potencia más organizada e industrializada del mundo, la Alemania nazi de Hitler, el mundo tenía el temor de una nueva guerra entre las dos grandes vencedoras de Alemania: La Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica.
El motivo principal era que le gobierno de la URSS se negaba a pagarle o a reconocerle a los Estados Unidos una cantidad que en aquel entonces se nos figuraba exorbitante: 15 mil millones de dólares. Dinero que los americanos habían prestado a la Unión Soviética en el famoso programa de préstamos y arrendamientos, para vencer al enemigo común.
Y el pueblo actualmente se pregunta, el pueblo mexicano, ¿qué guerra y contra qué potencia de este mundo o extraterrestre hemos librado y perdido para contraer en sólo dos sexenios la enorme deuda al extranjero de 85 mil millones de dólares.
Las siguientes causas que enumeramos y describimos a continuación, y que desde hace
muchos años venimos señalando como agentes de degradación de la economía nacional, son, entre otras, las principales que nos han llevado a la postración y al caos económico.
1. El creciente y desorbitado gasto público en el sostenimiento de una burocracia excesiva, inflada y muchas veces improductiva, que consume los esfuerzos de los ciudadanos productivos; campesinos, obreros, industriales, artesanos, profesionistas, comerciantes, etcétera.
De 1950 a 1980 el crecimiento de la burocracia se ha multiplicado por diez; en cambio la población nacional únicamente se ha multiplicado por dos.
El nepotismo exacerbado en las dos últimas administraciones ha producido la multiplicación de una alta burocracia con sueldos estratosféricos y prebendas aristocratizantes que sangran sin piedad la economía nacional.
Es muy loable desde todo punto de vista crear empleos. Pero si éstos son improductivos, de escritorio, de chambismo inventado, de recomendación, de amiguismo y compadrismo, sólo se estará generando una casta de zánganos que consumen hasta el último centavo del producto de los mexicanos que sí producen en el campo, en el taller, en la fábrica, en la enseñanza, en la mina, en las profesiones, y este ejército de recomendados zánganos es también una rémora que impide el mejoramiento salarial y de prestaciones sociales a los burócratas que sí son necesarios y sí están cumpliendo con sus obligaciones y horarios. Para ello nuestro respeto y reconocimiento.
2. El desbarajuste administrativo que impera en las empresas gubernamentales, ya sea estatales o paraestatales, descentralizadas o centralizadas, que operan con números rojos en sus balances anuales y que crean un déficit de cientos de miles de millones de pesos, y que se administran con un criterio más político que económico.
El gobierno de México aumentó de 86 empresas paraestatales que tenía en 1970 a 826 que tiene el la actualidad. Y así tenemos un Estado que monopoliza el servicio de los correos, de los telégrafos, de los teléfonos, de la transportación aérea, de la pesca, del café, del azúcar, del 70% de las tierras agrícolas, del petróleo, de la electricidad, de la enseñanza, del télex, de los libros de texto, de la sal, y hasta de la producción y distribución de las películas cinematográficas de ínfima calidad, que se significan por su vulgaridad, degradación y pornografía. (Aplausos.)
Estas empresas de gobierno constituyen un medio progresivo en el empobrecimiento de nuestra economía por que su funcionamiento de números rojos se mantiene a base de emisión de papel moneda y de empréstitos al extranjero; pero a la vez es una fuente también de enriquecimiento de una fauna cada día más numerosa de funcionarios casi todos economistas marxistas, incompetentes, fatuos, corruptos e insaciables en su insano afán de saqueo de los fondos públicos. (Aplausos)
El pueblo los conoce como los economistas denominados los "carlitos" porque piensan como Carlos Marx y viven como Carlos Hank" Aplausos. Nombres, no terminaríamos en todo lo que falta de esta comparecencia, pero está muy fácil dar con ellos por sus muchas y bien remuneradas chambas los conoceréis porque lo mismo sirven para un regado que para un trapeado. Tres. La corrupción imperante en todas y cada una de las actividades gubernamentales propiciadas por el unipartidismo en la administración pública por la constante incongruencia entre lo que se declara y lo que se hace, por la violación cínica de las leyes por los mismos que deberían se sus celosos guardianes y por la impunidad de que gozan en este país los constantes violadores de las normas constitucionales.
Consideramos, recordando a Aristóteles, que la ley es la razón despojada de la pasión y que debe de estar por encima de cualquier interés de facción alguna y al servicio de toda la colectividad. Es lastimoso ya que de la revolución hecha gobierno hayamos pasado a la corrupción hecha desgobierno.
La corrupción es la gangrena y el cáncer que está denotado el cuerpo enfermo de la patria y se muestra a la vista pública en ostentosas mansiones de los altos funcionarios públicos construidas en el país o adquiridas en el extranjero. Se muestra en la dimensión y costo de los automóviles gubernamentales, en los jets particulares de los gobernadores y de los Ministros y de los principales Administradores de las empresas gubernamentales, con costos de cientos y cientos de millones de pesos.
La corrupción aflora en las cuentas bancarias en moneda y bancos extranjeros, dinero arrancado al tesón de los mexicanos trabajadores y emprendedores, despojados por una casta que vegeta en la impunidad, en la componenda y en la improducción.
El fracaso de la llamada Reforma Agraria es otra de las principales causas de la crisis. Los campos de batalla de la Revolución se cubrieron con cadáveres de campesinos que reclamaban un pedazo de tierra en propiedad que los librara de la explotación y de la miseria.
Tierra y Libertad proclamaba, en síntesis, el Plan de Ayala de Emiliano Zapata; la Revolución se ganó, pero el campesino sigue sin tierras; hay una casta de logreros que se las está negando y se las sigue negando. La tierra es de los políticos del régimen, quienes la otorgan en préstamo - concesión al
campesino a cambio de una indignante sumisión política.
Un sui géneris, el latinazgo no es mío, es la Suprema Corte, sistema de organización de la propiedad de la tierra, llamado Ejido, mantiene al campesino sujeto a los caprichos y veleidades del líder agrario y del cacique ejidal. De esta manera el ejido está organizado, no para producir alimentos para el pueblo, sino para aportarle votos al PRI - Gobierno ; y esto no lo digo yo, lo dijo un ex-ministro de la Secretaría de la Reforma Agraria, y vaya si tenía razón en lo que decía.
Nosotros, desde 1937, hemos tenido el programa primordial de aumento a la producción en el campo, y también aumento a la dignidad del campesino, constituyendo esto por el acceso a la prioridad de la tierra, que la parcela pase a ser propiedad del ejidatario. Nuestro lema siempre es, siempre ha sido, todos propietarios, en lugar del lema extranjerizante y aplastante, todos proletarios.
El tiempo nos ha dado la razón; la escasa producción ejidal medio alcanzaba cuando éramos 20 ó 30 millones de habitantes, pero la población actual es ya de 70 millones, y se necesita la técnica máxima al servicio del sistema de los cultivos y se necesita además y sobre todo un clima de paz y de libertad en el campo para que se produzcan al máximo los insumos agrícolas que necesita el país. La emigración de más de 10 millones de mexicanos al vecino país del norte significa un plebiscito masivo de repulsa a la equivocada y demagógica solución dada al problema del campo por una mal llamada reforma agraria.
La importación masiva de millones de toneladas de granos traídos de aquellas naciones donde no hay demagogia y corrupción y donde la tierra es de los que la cultivan y no de los políticos es otra prueba palpable de la demagogia y antieconómica organización ejidal de la tierra.
5) Otra de las causas del decaimiento del país es el excesivo presidencialismo.
Observemos que el poder adquisitivo de nuestro peso disminuye conforme aumenta el poder dictatorial de nuestros gobernantes. Es natural que el aumento de las atribuciones gubernamentales del Ejecutivo se logre en detrimento de las libertades de los ciudadanos.
El Imperio Romano se acrecentó con la sobriedad y virtud de los cónsules bajo la tutela del Senado durante la era republicana, pero a la vez decayó y se derrumbó a partir de la soberbia del poder omnímodo y de la vida depravada de los césares.
Si queremos vivir en un país libre, democrático, republicano pugnemos porque los actos del Ejecutivo a nivel federal, estatal y municipal se ajusten a la Constitución y al tenor de la división de los 3 poderes que tan magistralmente nos legó Montesquieu.
Este país necesita un presidente de la República efectivamente democrático que sea república democrática, representativa, federal y libre; que sea éste sujeto a la soberanía nacional y respetuoso de sus normas constitucionales; que entable un constante diálogo con el pueblo y no un tedioso monólogo de largos 6 años de duración.
6. La inflación es una de las principales causas del proceso devaluatorio de la potencialidad económica de la Nación.
Todos sabemos que el exceso de moneda circulante sin el consiguiente respaldo en valores por la casa emisora de papel moneda, propicia la inflación con sus fenómenos adyacentes como son la carestía, la descapitalización de las empresas, la pérdida del valor de la moneda, el desempleo y el desánimo de las fuerzas productoras del país. No se necesita ser un aventajado discípulo de Friedman para entender que si en 1970 circulaban en el país un poco más de 100 mil millones de pesos y que en la actualidad circula moneda por algo cercano a los 700 mil millones, las cosas valdrán siete veces más que en 1970, esto en el entendido de que no se hubieran aumentado en la misma proporción la producción de bienes y servicios y la cantidad de población. Cualquiera persona medianamente entendida en la economía, se da ya cuenta de que cuando hay dos países que comercian entre sí, conservarán la paridad de sus monedas siempre y cuando el índice de la inflación de ambas economías sea aproximadamente igual. Pero en el caso de nuestra economía, la relación con la de Norteamérica con la cual hacemos aproximadamente un 90% de nuestro comercio internacional, observamos que teníamos un diferencial de índice inflacionario de a veces de más del 25% anual y que nunca se tomaron las medidas para ajustar la paridad de acuerdo a este diferencial para que nuestra economía y los productos siguieran siendo competitivos al extranjero.
Y en este contexto el ahorrador mexicano observaba que su peso perdía valor diariamente y en cambio el dólar se mantenía como una de las monedas más estables del mundo y así empezó el fenómeno de la dolarización, de la economía, atizada con las facilidades a los mexicanos para abrir en los bancos nacionales cuentas en dólares, los mexdólares. Pero esto se hacía en convivencia común de banqueros y gobierno, éste último para captar divisas mediante el encaje legal y cumplir los compromisos de pago a la deuda extranjera cada vez más acentuada.
Pero en este asunto de la dolarización tanto la banca privada como la oficial obraban de común acuerdo debido, a las circunstancias. La prueba de ello es que ambas para otorgar un crédito, exigían últimamente que se hiciera el compromiso en dólares.
Por otro lado se fué acentuando el fenómeno del alza en las tasas de interés a los créditos para estimular al ahorrador, al cual, lo que por una parte le daban de intereses por la otra se lo quitaban en la pérdida del valor adquisitivo del peso.
Culpar de todo esto a los banqueros es un acto de notaria injusticia, porque en todo caso la culpa la tuvo el gabinete económico Keynesiano que sobrecalentó la economía en la esperanza de una constante alza de los precios del petróleo Al fallar esto último, el globo se desinfló volando por los aires los sueños de grandeza y soberbia de los que decían tener a los poderosos del mundo arrodillados a sus pies.
Como se ve, fueron muchas las causas y los causantes del desastre de nuestra economía, y la fracción del Partido Demócrata Mexicano lo que desea vehementemente es que estas mismas causas no nos sigan empujando a un desastre mayor.
Nosotros apoyaremos al bien de donde viniere y combatiremos el mal donde estuviere.
Por eso, en lo que se refiere a la discusión de la Iniciativa de Ley que adiciona en el párrafo V al artículo 28 constitucional, exceptuando monopolio la prestación de servicios de banca y crédito en exclusividad por el estado, la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, en bien de las libertades del pueblo mexicano, conseguidas con tanta lucha a través del devenir histórico de nuestra patria, hemos decidido nuestra total repulsa, basándonos en los siguientes inconvenientes:
A) Las medidas son inflacionarias, porque no tiene el gobierno con que pagar el importe de los bienes afectados y si lo hace falsificando más monedas se acentuará la inflación con los consiguientes inconvenientes ya descritos con anterioridad.
B) El decreto no nacionaliza, estatiza, puesto que no se puede nacionalizar lo que ya lo era. Tan nacionales son los nacionalizados, como los nacionalizadores.
C) Es un paso más hacia el totalitarismo enmarcado en un capitalismo de Estado, al conferir a la alta burocracia en el poder, nuevas armas para seguir aplastando la voluntad y la libertad de los mexicanos.
D) Es un despojo injusto a mexicanos productivos que después de todo habían demostrado profesionalismo seriedad y efectividad en su oficio, despojo, hecho por mexicanos que han demostrado su incompetencia, irresponsabilidad y falta de probidad en el manejo de las empresas gubernamentales por ellos administradas.
E) Estas medidas van en contra de la voluntad de la Nación, manifestada en las últimas votaciones, en las cuales el pueblo dio la espalda a los voceros del totalitarismo comunista y dio su voto en favor de las libertades del pueblo de México.
F) No justifican este despojo las manifestaciones prefabricadas y pagadas con los fondos públicos, de apoyo al mencionado decreto, como lo asienta en el considerando la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales; el truco ya lo sabemos y ya no nos convence. Ya está muy gastado y es además muy contiguo. Y Suetonio en la historia de los 12 Césares describe que Nerón pagaba aplaudidores cuando concursaba en el canto y en el arte de tocar el arpa
G) No resuelve la crisis, puesto que trata de solucionar los efectos y deja intactas las causas de la misma.
H) Crea un nefasto antecedente que abre la válvula de escape a futuros despojos que nos precipitarán más a la dictadura, a la pérdida de nuestras libertades y al aumento de la corrupción.
Una última aclaración: si hemos hablado así es porque queremos vivir y seguir viviendo en la "suave patria" de López Velarde y no en la "pobre patria" que nos hereda López Portillo.
Muchas gracias por su atención.
El C. Presidente: Tiene la palabra para hablar en pro, el C. diputado Ricardo Govela Autrey.
- El C. diputado Ricardo Govela Autrey:
Señor presidente;
Compañeros diputados:
Morelos, en los "Sentimientos de la Nación",formuló el principio de que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, y este principio se convirtió en el motor de nuestra historia, de la lucha del pueblo por conquistar y construir su nación. Nuestra Constitución es el resultado de esta lucha, que ha quedado plasmada en el Artículo 39 constitucional, que a la letra dice: "La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno."
Como una consecuencia de este principio surge también la disposición de que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación. No podemos pensar en un pueblo soberano si su soberanía no abarca el territorio y la actividad de sus habitantes. Por eso el Artículo 27 de la Constitución establece: "La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicta el interés público, así como el de regular en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública. Cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana".
Sin embargo, la política económica de los gobiernos en las últimas décadas, destinada a propiciar una creciente y acelerada acumulación del capital, a costa del trabajo del pueblo, nos ha alejado de los ideales de nuestra Constitución. Los resultados están a la vista de todos. El surgimiento de una poderosa oligarquía financiera que ha descapitalizado al país y un pueblo en condiciones cada vez más precarias de vida.
El avance económico y político de la oligarquía, que había tendido un verdadero sitio al Estado mexicano, estaba ya minando la esencia misma del sistema establecido por la Constitución; en esta situación el Presidente López Portillo nacionalizó la banca en un acto de gobierno perfectamente legitimado, con el fin de devolver al Estado la capacidad de cumplir con el papel rector de la economía nacional que la propia Constitución le ha conferido. Para darle carácter definitivo a esta medida la Cámara de Diputados discute hoy el Decreto que propone adicionar al Artículo 28 de la Constitución para establecer que el servicio público de banca y crédito será prestado exclusivamente por el Estado y no podrá ser objeto de concesión a particulares.
El Decreto presidencial de la nacionalización de la banca y la aprobación en el Congreso de las modificaciones a la Constitución para elevarla a rango constitucional son actos de soberanía, un paso más en la profundización de nuestra identidad nacional y en el cumplimiento de los anhelos del pueblo, plasmados en la Constitución. En nuestras manos está el convertir estas medidas en un instrumento para poder alcanzar una patria más independiente, más libre y más justa. El grupo parlamentario fracción obrera del Partido Socialista de los Trabajadores tiene el mandato y la convicción de votar a favor de la adición propuesta por el Ejecutivo y dictaminada por la Comisión en relación con el Artículo 28 constitucional. Siendo la nacionalización de la banca una conquista histórica del pueblo de México, y en particular de la clase obrera de nuestro país, ésta debe quedar inscrita en la ley fundamental de nuestro país.
Pero la nacionalización de la banca y su elevación a rango constitucional son medidas de una gran trascendencia política y económica que no transformarán por sí misma la realidad del sistema económico que nos ha llevado a la presente crisis.
Las empresas más importantes del país siguen estando en manos privadas y sobre todo transnacionales que seguirán descapitalizando de diferentes maneras. Una planta industrial dedicada a la producción de artículos suntuarios, con una gran dependencia tecnológica del extranjero; las mejores tierras en manos de grandes latifundistas que producen para la exportación; un sistema de comercialización con una gran cantidad de intermediarios o controlado por grandes monopolios, esta es la primera gran dificultad que enfrentará la banca nacionalizada para darle un nuevo enfoque a sus actividades. Los grandes empresarios conocen su poder y ahora se preparan a luchar para poner la banca nacional a su servicio, lo que reproduciría aumentados en poco tiempo los problemas económicos que motivaron a la nacionalización.
¿A quiénes va a dar crédito la banca? ¿Qué tipo de producción va a impulsar?
Las reformas a la fracciones X y XVIII del artículo 73 de la Constitución "otorgarán al Congreso las facultades para legislar en materia de servicios de banca y crédito, así como regular el valor relativo de la moneda extranjera".
En el Congreso quedará ahora la responsabilidad de dictar todas aquellas medidas necesarias para dar un nuevo enfoque a la banca nacional.
No se trata simplemente de cambiar de dueños, se trata de financiar un nuevo modelo de desarrollo económico. Responsabilidad también de los partidos políticos que representan los interese de los trabajadores para poder convertir esta medida en una demanda real de los mismos, cumpliendo así con los derechos que la Constitución les otorga en su Artículo 41.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organización de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.
En torno a la formación de los sindicatos de los trabajadores bancarios se observan tres corrientes que buscan impulsar un diferente modelo de sindicato:
la oficial, que pretende imponer el sindicato desde arriba y normar sus relaciones laborales por el apartado A del 123 constitucional. La patronal, que se plantea crear sindicatos de empresa, imponer las direcciones desde arriba, y que éstos sean independientes. Dicho en otras palabras, sindicatos atomizados y divididos. Y la corriente que pugna por que el sindicato sea producto de la organización y la conciencia de la base de trabajadores, y que la dirección sindical surja desde las bases mismas para garantizar su democracia. Se propone también la creación de un Sindicato Unico Nacional de Trabajadores
Bancarios que rija sus relaciones laborales por el apartado A del Artículo 123.
La propuesta que el Ejecutivo ha enviado al Congreso para adicionar el Artículo 123 de la Constitución, y permitir que los bancarios se sindicalicen, propone que éstos vayan al apartado B.
Los diputados de los obreros, los diputados de la izquierda, deberán luchar a fondo en las discusiones de hoy por que se logre modificar la propuesta del Ejecutivo y de la Comisión Dictaminadora.
Es la clase obrera, en toda la historia de nuestro país, los trabajadores del campo y de la ciudad, los que han sabido defender con sus luchas la economía nacional. Es la clase obrera organizada la única que, ante un Estado fortalecido por la nacionalización de la banca podrá ser el equilibrio y la garantía de que esta banca no vuelva a ser puesta al servicio de los grandes monopolios.
Sin la CTM, sin el CT, sin la clase obrera, no dudamos en pensar que hoy seríamos gobernados por los banqueros. El movimiento obrero organizado requiere un reconocimiento y el movimiento obrero organizado debe ser fortalecido a través de que los trabajadores bancarios rijan sus relaciones laborales por el apartado A del Artículo 123. La clase obrera, organizada para la producción, formando empresas de propiedad social, es la base que permitirá el despegue de un nuevo desarrollo económico; la banca nacional, financiando e impulsando el desarrollo de un poderoso sector social de la economía, es la única vía para la transformación que nuestro sistema económico requiere. El grupo parlamentario del PST, en su unidad, y por acuerdo del partido, votará en contra de la adición de la fracción XIII bis al apartado B del Artículo 123. Hace algunos días el vicepresidente del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Sector Privado advirtió: "No nos quedaremos con los brazos cruzados frente a la creciente participación del Estado en la economía; actuaremos por medio de las organizaciones cívicas y políticas para alcanzar el equilibrio necesario que requiere el país".
La nacionalización de la banca ha sido un golpe a la estrecha relación entre el capital industrial y el capital bancario en manos privadas; debilitó sus planes para apoderarse del capital político y se ha convertido en el centro de una ofensiva que está utilizando los más variados métodos, desde el amparo y la amenaza del cierre de empresas hasta el chantaje sentimental. El cinismo no ha tenido límites. Hemos escuchado de todo. A prominentes desbancados que en alguna ocasión, como lo publicó un conocido diario nacional, propusieron a sus colegas el funcionamiento de una guerrilla para presionar al gobierno, decir a pecho abierto que la generación de la riqueza es corresponsabilidad social, para distribuirla con equidad humanista, que la banca privada actuó siempre con acentuado nacionalismo y en apoyo de los proyectos nacionales. Pero la realidad, jurado infalible, ha dictado su sentencia en este juicio histórico, los hechos son los siguientes:
Para 1965 el modelo de desarrollo económico del país había concentrado en menos del 1 % de las empresas las dos terceras partes de la producción nacional, con un porciento de capital invertido de 66.34. Esas empresas, propiedad de familias o núcleos de familias que se unieron para formar grupos industriales con tendencias monopólicas, se fusionaron con instituciones bancarias existentes o fundaron nuevas, con la finalidad de allegar recursos necesarios para financiar sus actividades. Lo anterior dio origen a la fusión del capital bancario con el industrial, fusión que se consolidó con la reforma a la Ley General de Instituciones de Crédito de la década de los años setenta, esto propició aún más la concentración de capitales en unas cuantas manos; así, para 1978 Banamex concentró recursos por 144 mil millones de pesos, obtuvo ganancias netas por 1,305 millones y compró acciones en numerosas empresas por un total de 4 mil millones de pesos; Bancomer obtuvo utilidades netas por 1,517 millones y comercializó 356 millones de acciones con valor de 30 mil millones de pesos.
El auge petrolero provocó un vertiginoso crecimiento capitalista, ese mismo año, 1978, los tres principales multibancos, Bancomer, Banamex y Serfín, manejaban recursos por 363 mil millones de pesos; y dos años después, en 1980, esas mismas instituciones financieras manejaban ya recursos por un total de 767 mil millones, y junto con Comermex controlaban el 75% de los activos de la banca en México.
La fusión del capital bancario con el industrial, antes de septiembre pasado, era la característica más sobresaliente de los grupos económicos más poderosos, como en Monterrey con Serfín, Chihuahua con Comermex, observándose el predominio del capital bancario. La gran concentración de capital abonó el terreno para la fuga de capitales y constituyó a los grupos económicos privados en formidables instrumentos de presión imperialista, proporcionándoles un gran poder político, al grado de que ya no sólo el Estado estaba dejando de ser el rector de la economía, sino que la gran burguesía proimperialista estaba a punto de convertirse en la rectora de la política nacional.
De ahí que su ofensiva utilice todos los recursos; y en la medida en que se acerca la toma de posesión por Miguel de la Madrid esta ofensiva se radicaliza aún más.
Pero los trabajadores debemos estar alerta.
El auge petrolero también multiplicó las posibilidades de que el Estado dé satisfacción a las necesidades de las masas trabajadoras. La nacionalización de la banca consolida estas posibilidades; no permitiremos que se desvíe el rumbo.
Compañeros diputados: No debe extrañarnos en ningún momento que los que veneran a Iturbide, y encapucharon a Juárez, asuman, frente a medidas de profundo carácter progresista y nacionalista como las que se discuten hoy y se resolverán el día de hoy, una posición francamente antipatriótica.
El Partido Acción Nacional y el Partido Demócrata Mexicano arriba aludidos no niegan la cruz de su parroquia. Surgidos del mismo tronco: el sinarquismo, como facción semimilitar, y el panismo, como facción cívico electoral de la base, ese grupo secreto, conspirativo que enarbolaba la bandera de la lucha frontal contra el Estado una vez que la rebelión cristera fue sofocada; ambos se han opuesto tradicionalmente no sólo a la Revolución Mexicana, a los cambios sociales que ésta anunciaba y en su etapa más avanzada que fue el cardenismo, sino que califican al movimiento de Independencia como un movimiento de signo negativo, y a Juárez y a la Reforma como antinacionales, demoledores del edificio espiritual y económico de México.
El PAN y el PDM, a estas alturas del desarrollo político, económico y social de la nación, viven sumidos en el más profundo resentimiento en contra de todos aquellos que contribuyeron a liberar a México del yugo colonial, de los imperios nativos y extranjeros que trataron de imponérsenos, desde Iturbide y Maximiliano hasta el dominio de las empresas petroleras y el dólar; ligados a la Iglesia y a la banca, alentados y patrocinados por el clero y el dinero, inscriben en sus programas la defensa de un orden que garantice, proteja y defienda la iniciativa y la propiedad privada.
No muerden la mano que les da de comer. Por eso, uno como el otro se oponen a que el Estado se fortalezca, a que haga suyos los instrumentos que podrán garantizar el desarrollo económico y social de México, al retirar las concesiones que había hecho a quienes lucraron y especularon sin límite y con ello condujeron al país a una situación crítica en materia de financiamiento interno. Se opondrán, lo han hecho ya, a la iniciativa de nacionalización de la banca decretada por el presidente López Portillo. Iniciativa que ha devuelto la esperanza a las mayorías populares, en que México tiene con que hacer frente a esta crisis y salir adelante.
Se opondrán a la voluntad mayoritaria del pueblo. Seguirán manipulando y prestándose a manupulación, para fomentar el odio que debilita a la nación, traicionando incluso, por maldad o por ignorancia, la doctrina que dicen defender. Ya que la misma Iglesia, en su última carta encíclica sobre el trabajo, señala que la propiedad privada no debe ponerse sobre el trabajo y menos ser utilizada para la explotación; que está sometida al interés público y que los medios de producción deberán ser socializados cuando así lo reclame el beneficio de las mayorías.
Las fuerzas patrióticas, hoy como ayer, no permitiremos que la mentira y la traición de las fuerzas reaccionarias pasen adelante.
Agotadas nuestras reservas monetarias debido al saqueo a que fuimos sometidos el país y los mexicanos por la oligarquía financiera, personera de hecho del imperialismo estadounidense, nuestras ingentes reservas de tradición, instituciones y leyes libertarias, fueron puestas en acción por el presidente López Portillo el 1o. de septiembre.
En el uso altamente patriótico de sus facultades legales, que dan su razón de ser a un país como el nuestro, al sistema presidencialista, de acuerdo a la mejor tradición popular y nacionalista de nuestra historia insurgente, haciendo uso de la fuerza que a la acción del Estado le confiere el hecho de su alianza con el movimiento obrero organizado, reafirmando el carácter rector del Estado sobre la economía y aplicando los preceptos que en bien de la justicia social y la soberanía marca la Constitución, el presidente decretó la nacionalización de la banca y el control de cambios y restituyó el derecho de los trabajadores bancarios a su sindicalización. Con ello José López Portillo afirmó su liderazgo político como centro catalizador de la voluntad popular. La unidad entre gobierno y pueblo, que por efecto de la crisis y por la falta de una respuesta adecuada a ella se había debilitado, quedó restablecida. Se liberó a la vez la capacidad revolucionaria de los trabajadores y de todos los sectores patrióticos para unirse y movilizarse en la defensa y en la consolidación de las medidas tomadas el primero de septiembre.
Hoy el pueblo trabajador mexicano encuentra revitalizadas sus fuentes ideológicas y políticas y entra en una etapa promisoria de cuestión orgánica, con todo y la situación crítica del país persiste. La lucha por el destino de México continúa a la orden del día; de un lado las fuerzas de la reacción y el dominio extranjero y, del otro, las del cambio y la liberación.
Hoy podemos caminar juntos gobierno, obreros, campesinos, soldados, trabajadores de la banca, pequeños y medianos industriales, comerciantes y el resto de los hombres y mujeres patrióticas de México, reivindicando el derecho de la nación sobre el
mando y el control de las finanzas del país. Tenemos por delante la tarea de reconstruir la economía en su conjunto, la sociedad y la cultura.
Hoy el pueblo tiene abiertas las puertas de su unidad, de su organización y movilización, a fin de hacer de la nacionalización de la banca y el control de cambios el punto de arranque para conquistar en el próximo período un gobierno democrático de reconstrucción nacional.
Frente a los políticos y funcionarios corruptos, demagogos, burocratizados, temerosos del pueblo y alejados de él. Frente a la burguesía reaccionaria y parasitaria, junto con sus arietes políticos como el PAN y el PDM.
Frente a una parte de la izquierda que no acaba de hacer cuentas con su pasado de oportunismo, de desaciertos ideológicos y políticos. Y frente a la arrogancia y las maniobras desestabilizadoras del gobierno y la oligarquía norteamericana la nacionalización de la banca y su elevación a rango constitucional muestran en el contexto histórico, jurídico, social y político, que las hacen posibles, que el pueblo trabajador de México forjó, con la Revolución Mexicana, las normas constitucionales y las instituciones necesarias para hacer efectivo su derecho soberano a gobernar el país y a lograr la justicia y la soberanía plenas. (Aplausos.)"
El C. Presidente: Tiene la palabra, por la Comisión, el ciudadano diputado Heriberto Batres.
El C. diputado Heriberto Batres García: Con permiso de la presidencia. Quiero en primer lugar, señalar al compañero Vital Jáuregui, que hizo uso de esta tribuna por el Partido Demócrata Mexicano, que este país, nuestro país, es un país democrático, representativo y popular y tiene también un Presidente democrático, nacionalista y revolucionario. Rechazamos, por lo tanto, enérgicamente, las expresiones calumniosas del diputado Vital Jáuregui, del PDM, rechazamos también a la contrarevolución, que hace uso de la democracia para negar a la democracia, rechazamos los argumentos de la contrarevolución, que viene a hacer uso de esta tribuna para defender a los banqueros, para atacar a la reforma agraria y para querer, por sobre todo, distorsionar una Constitución y un orden jurídico revolucionario a los fines de la contra revolución.
Hemos escuchado también del Partido Acción Nacional especular sobre la pérdida de credibilidad de nuestro partido y del gobierno, cuando todos sabemos que la medida expropiatoria y de nacionalización de la banca tiene el consenso de las grandes mayorías nacionalistas y revolucionarias de México.
Más bien creemos que la situación está al revés, hay una oposición panista que pierde credibilidad cuando sólo recurre al insulto indiscriminado al gobierno y a sus actos, cuando se opone por el simple hecho de oponerse sin presentar argumentos jurídicos ni políticos. Dijo el compañero diputado Bátiz que un proyecto de ley debe tener un fin, y que como la ley o las reformas a la Constitución que se discuten carecen de motivaciones jurídicas y políticas ellos se oponen. Y esto es simple ceguera o querer oponerse por oponerse.
Las motivaciones jurídicas y políticas del acto expropiatorio de la banca y de la Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Constitución para nacionalizar la banca están no sólo plenamente impresas en la Iniciativa del Ejecutivo, están plenamente impresas también en el Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales.
En México tres momentos históricos preceden al que hoy nos ocupa: el primero se da con la creación del Banco de Emisión Unico, en los términos de los artículos 73, fracción X, y 28 de la Constitución General de la República, que reservó al Estado de la facultad exclusiva para emitir billetes y acuñar monedas. El segundo momento histórico se da con lo que se conoció como la "mexicanización de la banca", contenida en la fracción II bis del Artículo 8 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, adición establecida en esta ley en 1965.
Con este paso el capital extranjero vio eliminada definitivamente su posibilidad de intervenir en el terreno de la banca y el crédito. A partir de esta fecha quedó a cargo del Estado y la banca nacional la responsabilidad de conducir el desarrollo económico de México. Las entidades financieras del exterior, las personas de nacionalidad extranjera, físicas o morales, dejaron de tener la posibilidad de intervenir en el capital social de la empresas que, conforme a la ley, podrían ser titulares de las concesiones para la prestación del servicio público de banca y crédito. El tercer momento histórico se da con la expropiación por causas de utilidad pública de las instalaciones y bienes de la banca privada, conforme al decreto de expropiación que expidió el C. Presidente López Portillo el 1o. de septiembre próximo pasado. En cada una de estas etapas históricas se percibe una voluntad nacionalista para que el Estado fuera estableciendo las bases de lo que ahora se propone al Constituyente permanente, o sea la reserva al Estado de la facultad exclusiva para la prestación del servicio público de banca y crédito a través de instituciones. Se inicia así fielmente el proceso de nacionalización que se consumará cuando al acto expropiatorio ya dado se una la decisión de
reserva exclusiva a favor del Estado del servicio público de banca y crédito a que se refiere el agregado constitucional que se discute. Con ello se producirá en bien de México la nacionalización de la banca y del crédito para fortalecer el desarrollo económico del país.
Carecen de objeción jurídica las medidas que nos ocupan. En efecto, por virtud del acto expropiatorio se ha cambiado a favor del Estado el orden de los sujetos legitimados en la titularidad del derecho de propiedad de los bienes de las empresas de la banca privada.
Así reconoce nuestra legislación y define la doctrina del derecho administrativo al acto expropiatorio.
Al darse, junto a la medida expropiatorio, la decisión de reserva que se está planteando en el dictamen para adicionar el Artículo 28 de la Constitución se producirá de manera plena la nacionalización de la banca y del crédito.
Así será posible que el Estado, que cumple trascendentales funciones en la economía de acuerdo a las facultades que le otorga nuestra Constitución, pueda optimizar sus funciones rectoras, ordenadoras y coordinadoras para el mejor logro de los objetivos del desarrollo económico del país.
La Constitución otorga a la propiedad privada una función social y asigna al Estado la facultad de imponer a ésta las modalidades que determine el interés público.
No hay en nuestro sistema constitucional manos libres en el campo de la economía, no permite nuestra Constitución y nuestra convicción de país revolucionario que las grandes mayorías nacionales puedan estar constreñidas a ser receptoras pasivas en las decisiones que en materia económica pretendían imponer al país las corporaciones que administraban el ahorro nacional y el crédito. Era necesario que el Estado ratificara el rumbo de la función esencialmente estratégica del ahorro y del crédito y confirmara el carácter público de este servicio básico, reservándolo exclusivamente al Estado y sustrayéndolo del régimen de concesión a los particulares.
La gran reforma económica de México, para ser congruentes con nuestra convicción de país revolucionario, demandaba que la acumulación del capital se orientara en favor del Estado, del sector productivo y del sector social de la economía. Ello es necesario para que el Estado pueda cumplir su función como rector y promotor del desarrollo económico y social, para fortalecer el papel de la empresa pública y privada, para vigorizar el papel decisivo de las empresas del Estado en la producción, en el aumento de la producción en los sectores estratégicos, incrementando el empleo al ritmo que lo demandan los objetivos nacionales, para vigorizar la capacidad de inversión del Estado que requiere nuestro proceso de desarrollo y para fortalecer y desarrollar el pluralismo participativo que en el ámbito de las decisiones generales demanda nuestro sistema de economía mixta, para reafirmar ese sistema económico de orden constitucional.
La exclusividad en los renglones estratégicos de la actividad económica es un derecho soberano del Estado, la consolidación de las empresas que actualmente pertenecen al sector público es una exigencia nacional para que el país consolide su soberanía económica, para que la nación fortalezca su desarrollo económico independiente y para que las necesidades del pueblo se satisfagan dentro de un orden económico nacional más justo, como requerimiento de la corriente popular y democrática que fortalecerá nuestro federalismo y reafirmará el carácter mixto de nuestra economía.
En un país en desarrollo las actividades puramente especulativas no tienen cabida; su imperativo es destinar todos sus recursos para la producción. Un país en construcción por la vía revolucionaria no puede permitir que los esfuerzos para arribar a la justicia se vean retrasados por las prácticas puramente especulativas y por las tendencias monopolistas. Para corregir estos males el país cuenta con el andamiaje jurídico necesario, y éste se utilizó acertadamente y con responsabilidad nacionalista.
La expropiación de la banca, por tanto, es una medida sólidamente apoyada en la Constitución. La nacionalización, como una medida que reserva en favor del Estado el servicio público de la banca y del crédito, se consumará y será irreversible cuando el Constituyente permanente apruebe las reformas constitucionales que hoy nos ocupan.
Otro aspecto del dictamen se refiere a la regulación de las relaciones jurídicas que se darán entre los trabajadores bancarios y el Estado con motivo de la operación del servicio público de la banca y crédito. No hay duda de que estas relaciones son de carácter distinto a las que se dan entre un empresario privado con sus trabajadores.
El empleador en este caso es el Estado, y el apartado B del Artículo 123 constitucional regula precisamente este tipo de relaciones laborales. De ahí que resulte operante que por este hecho; unido a la naturaleza específica de la actividad a realizar, estas relaciones queden reguladas por el apartado B del Artículo 123.
No hay duda de que la intervención del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que prevé la Ley de los trabajadores al Servicio del Estado, contribuirá de manera singular a crear condiciones que garanticen la permanencia de este servicio público sin menoscabo de los derechos de los trabajadores cuando eventualmente pudieran éstos plantear su legítimo derecho de huelga. Si los derechos de los
trabajadores quedan plenamente garantizados con el apartado B del Artículo 123 Si los intereses de los particulares y los superiores del Estado también quedan garantizados con esta adición, procede aprobarlo.
Los argumentos en contra son sólo deseos de distorsionar o pretender distorsionar un orden constitucional impreso por el Constituyente permanente en el apartado B del Artículo 123, que regula las relaciones del Estado y sus trabajadores, de manera eficaz.
Contempla el dictamen también, las adiciones que se proponen al Artículo 73 constitucional, en sus fracciones X y XVIII, mismos que otorgan facultades al Congreso para legislar en materia de banca y crédito y para determinar las reglas necesarias para fijar el valor relativo de la moneda extranjera. Con estas adiciones se vuelven expresas las facultades implícitas del Congreso para legislar en esta materia, que a virtud de lo dispuesto en la fracción XXX del Artículo 73 constitucional son inherentes al Congreso como órgano legislativo.
Compañeros diputados:
Se debate algo de enorme trascendencia histórica para México. Cuando el país se esfuerza por arribar a su etapa de consolidación es importante que reflexionemos sobre lo que cada uno de nosotros, cada uno de los mexicanos, quisiéramos para nuestro país. Si hiciéramos esta reflexión descubriríamos que en el fondo todos coincidimos. Queremos un país justo, más democrático, más independiente y, por sobre todo, un México unido siempre en lo fundamental.
Si reflexionamos como se los pido encontraremos que son muchos los propósitos que nos unen y poco lo que nos separa; que el fondo de lo que pudiera separarnos está inmerso en la pluralidad política que vivimos y que enriquecemos día con día; que esa pluralidad que vivimos en lo político podemos convertirla en unidad en lo económico y en lo social, con el acceso de todos los mexicanos al crédito y al ahorro nacional, al bienestar, a la educación, a la salud, a la alimentación y al trabajo. Que son estos los objetivos de la nacionalización de la banca y el crédito.
Esa pluralidad y unidad, que son esencialmente democráticas, ensancharán a no dudarlo, como ya lo hemos visto, nuestro régimen de libertad.
Abrir las compuertas de la pluralidad y mantener la unidad es hacer avanzar a nuestra democracia y fortalecer nuestra independencia política y económica.
No nos está permitido desunirnos con enfrentamientos, ni discordias; avanzar para consolidar y consolidar para seguir avanzando es el signo de nuestra época.
Hagamos de nuestra unidad y de nuestra pluralidad democrática el símbolo de los tiempos por venir, discutamos abiertamente, defendamos nuestras posiciones, pero hagámoslo siempre con la honestidad de quienes, por encima de posiciones personales, muy respetables, defienden, por sobre todo, los superiores intereses de México, de nuestro hogar y del hogar de nuestros hijos del que todos somos responsables y todos estamos obligados a hacer avanzar hacia estadios más democráticos, más soberanos, más independientes y más justos. Gracias."
El C. Presidente: Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión, la presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el acto correspondiente hasta la conclusión del Orden del Día.
Tiene la palabra en contra el ciudadano diputado Felipe Gutiérrez Zorrilla.
El C. diputado Felipe Gutiérrez Zorrilla: Señor Presidente; señores diputados. En este momento no somos simplemente Cámara de Diputados, somos parte integrante de un órgano constitucional distinto que se llama, o que se le ha llamado, el Constituyente Permanente, Órgano que tiene la facultad, conforme al Artículo 135 de la Constitución, de modificar la Constitución con adiciones y con reformas.
No pretendió el Constituyente que la Constitución se modificara fácilmente en forma impensada y menos aún que se pretenda reformar la Constitución para darle validez a decretos inconstitucionales. Más aún, no pensó jamás el Constituyente que actos realizados con el nombre de Decretos por el Poder Ejecutivo, y que tienen vicios constitucionales vinieran posteriormente a pedir a esta soberanía, y a la soberanía de la Legislatura de los estados y a la soberanía del Estado, que los convalide creando un monopolio, creando un monopolio estatal, creando exactamente en el Artículo 28 de la Constitución, que prohíbe los monopolios, la creación de un monopolio estatal.
La ley fundamental, la ley suprema, nuestra Constitución, no puede sufrir una adición, que es este caso, para convalidar o para decir que hoy en adelante esos decretos que no se ajustaban a la Constitución sí tienen contenido ajustado a la Constitución, porque el monopolio estatal se permite en el manejo de la banca y del crédito. Esta Asamblea tendrá que aprobar esta reforma constitucional por las dos terceras partes, tendrá que pasar al Senado y además a las Legislaturas de los estados
y hacerse el cómputo de las votaciones, proceso constitucional que enmarca el manejo de este órgano, que se llama Constituyente Permanente, pero aquí, señores, primero se decretó la llamada nacionalización de la banca o estatización de la banca y después se quiere, como con calzador, ajustar el texto constitucional; y lo dice el dictamen de la Comisión textualmente: "La voluntad política expresada en la medida presidencial de rescatar de los particulares la concesión para operar la banca en una consecuencia lógica y jurídica, necesaria, del acto expropiatorio, debe ahora ser complementada con el contenido regulativo de la iniciativa de reformas constitucionales que se analizan.
Hay que complementar lo que ya se hizo, hay que modificar la ley fundamental para ajustar leyes secundarias. No, señores. La ley fundamental es la norma que debe regir todos los actos del gobernante, somos un régimen de derecho, y ese régimen de derecho debe respetarse. Aquí no se cumplió con la Ley de Expropiación al expropiarse la banca privada, no se cumplió, ni se integró expediente, ni se notificó, ni se fundó, ni se motivó, se rompió el orden constitucional. (Aplausos.)
Es grave preocupación de cualquier mexicano que el orden constitucional se respete, que cada acto de gobernante se ajuste a la ley, a facultades expresas, y que no se venga a realizar un acto con contenido político pero fuera de la ley, fuera de la Constitución.
El monopolio, que poco se ha hablado aquí de monopolio, y que es el texto del Artículo 28 de la Constitución, el monopolio es un mal, el monopolio es una negación a la libertad, el monopolio es el rompimiento de algo muy natural, que es el equilibrio de las fuerzas, la libre concurrencia, como dice la Constitución, o la libre competencia, como se interpretó por los primero constitucionalista que redactaron la Constitución.
Cuando hay juego, cuando hay fuerzas y contrafuerzas, pesos y contrapesos, cuando hay un Congreso y un Poder Ejecutivo, y el Congreso tiene fuerza, cuando hay un Poder Judicial que limita los actos del Poder Ejecutivo y los propios actos de este Congreso, cuando son inconstitucionales: hay equilibrio cuando hay pluripartidismo; cuando hay monopolio no hay equilibrio, hay sólo poder absoluto, control total, exclusión de todos en esa actividad. Y estamos en contra de ese monopolio.
El Artículo 28 sólo señala unos cuantos monopolios: el monopolio de la acuñación de moneda, el monopolio de los correos, telégrafos y radiotelegrafía y el monopolio de emitir la moneda por conducto de un banco único o central. Son los únicos monopolios, porque los otros señalados en el Artículo 28 que estamos discutiendo no son en realidad monopolios porque son organizaciones de productores o de consumidores. El Artículo 28 sólo establece tres monopolios que son necesarios, buenos o que vienen a realizar una función social. Ahora se le quiere agregar - hay que hablar claramente-, se le quiere agregar al Estado, a favor del Estado, un monopolio más, pero no es un monopolio que venga a ser de una prestación de un llamado servicio público; es en realidad el ejercicio del comercio, de la banca, de una actividad humana, libre y que la Constitución protege este monopolio.
Los monopolios funcionan cuando son benéficos. El de la moneda es un monopolio, sí, pero se sustituye en la práctica en forma eficiente por los cheques, tarjetas de crédito, cheques de viajero, etcétera. El correo es un monopolio, pero cuando no es eficiente qué sucede. Hay paquetería y mensajería. Cuando el telégrafo no funciona usamos télex o usamos otro sistema de comunicación.
Son monopolios útiles, sí, pero el de la banca y crédito no es en realidad un servicio que se le pueda llamar servicio público, servicio que deba ser prestado en forma exclusiva y excluyente, como en una ocasión lo dijo la Comisión, en forma exclusiva y excluyente por el Estado. Y en realidad no es posible; el crédito va a seguir funcionando, se quiera o no, con la modificación constitucional o no. Claro que el servicio público de banca es posible que se limite a la función estatal, pero aun así tiene un pecado de origen esta modificación que se propone a este Congreso, que es ya constituyente en parte, tiene una grave falla, hay muchas excepciones, hay excepciones de la banca extranjera, hay excepciones del Banco Obrero y del Banco de la Armada, hay excepciones que no se mencionan de toda la banca mixta, esas excepciones se señalan además en un artículo transitorio, en un artículo transitorio que además fue cambiado y después aquí, con dispensa de trámite, ya entró a la discusión.
Es tan importante esta modificación a la Constitución, es tan trascendental, que estimamos viene a ser violatoria del Artículo 133 de la Constitución, que establece que esta es ley fundamental y que las autoridades deben someter sus actos y sus decisiones a la ley fundamental, y nosotros, señores, somos autoridades o poderes constituidos, no somos poderes que estemos fuera de lo que se llama y con mucha razón por los constitucionalistas "decisiones fundamentales del Constituyente".
Las decisiones fundamentales del Constituyente están plasmadas en muchos de los artículos constitucionales, son la base, la estructura y contenido de todala organización política y normativa del Estado mexicano, decisiones fundamentales que no pueden ser menospreciadas y menos vulneradas por ninguna de las autoridades constituidas, y, señores,
somos una autoridad constituida, y ni siquiera por este órgano revisor de la Constitución, que también tiene la naturaleza de autoridad constituida y estará siempre limitada por esas decisiones fundamentales del Constituyente.
Así, a nadie se le ha ocurrido pensar y sostener que el órgano revisor de la Constitución, previsto en el Artículo 135, pueda reformarla para introducir el régimen monárquico en lugar del republicano, ni suprimir la división de poderes para concentrarlos en un solo individuo.
Desde el punto de vista del derecho constitucional, las decisiones fundamentales en la Carta Magna de 1917 se reducen a la soberanía del pueblo, al sistema representativo federal, a los derechos humanos y sus garantías, a la división de poderes, al juicio de amparo, y estas decisiones incluyen los derechos humanos y sus garantías sobre propiedad privada, proscripción de los monopolios estatales, régimen de libre concurrencia y libertad de ejercicio al comercio, a la industria o a la actividad que a la persona humana le acomode, siendo lícitos.
Cuando estamos modificando nosotros, o tratando de hacerlo, esas decisiones fundamentales del Constituyente, creo que sería más acertado, como lo han pretendido otros, modificar la estructura total del sistema económico del Estado mexicano.
Mientras esta estructura sea y es de libre concurrencia y de propiedad privada, los actores del poder, los titulares del Ejecutivo y del poder administrativo, tendrán que sujetar sus actos a estas decisiones fundamentales; son decisiones del Constituyente que aquí se quieren cambiar y poner al revés, primero el Decreto violatorio de garantías, violatorio de la propia ley de expropiación, y después la modificación a la norma constitucional, como muy incorrectamente lo dice la Comisión, para complementar.
Viene a resultar que este órgano soberano venga a modificar la Constitución para cubrir errores y vicios constitucionales del Decreto del primero de septiembre.
En esa forma, con ese argumento, con ese pensamiento basado en la Constitución vigente, nuestro voto en contra del dictamen. Gracias." (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Salvador Rocha Díaz.
El C. diputado Salvador Rocha Díaz: Señor Presidente; honorable Asamblea:
Procuraré la mayor brevedad en esta intervención e intentaré proporcionar algunos datos que enriquezcan este debate democrático que nos debe hacer sentir profundamente orgulloso a todos.
No aludiré a las causas de la crisis que nuestro país vive; ni me referiré a temas que por razón de orden no debemos tratar en esta sesión para concentrar nuestra atención nacional, mexicana, en las reformas constitucionales que se nos proponen.
En esta mi primera intervención frente a ustedes no puedo omitir de inicio manifestarles mi profundo orgullo de militante del Partido Revolucionario Institucional. Mi profundo orgullo de haber nacido en esta patria que los gobiernos de la Revolución mejoran día con día y nos permiten llegar a días como éste.
Igualmente quiero manifestar mi respeto y mi admiración a los señores diputados de la oposición. Sé del valor civil, de la convicción ideológica que se requiere para ser miembro de una minoría. Algunos de ellos me distinguen con su amistad, que mucho me honra.
Quiero señalar algunos principios básicos en forma breve para no ser repetitivo. El partido y los gobiernos de la Revolución no han sostenido, ni sostienen, una ideología socialista. Ni han tenido, ni tienen, vocación expropiatoria. Ni han intentado, ni intentan, excluir a la iniciativa privada de la construcción de un México mejor.
El partido y los gobiernos de la Revolución sostienen los principios que se plasman en nuestra Cosntitución y emplean los instrumentos constitucionales con oportunidad. Instrumentos constitucionales que se encuentran establecidos para evitar que el interés de una persona o de un grupo prevalezcan sobre el interés de las grandes mayorías nacionales.
Nada ni nadie puede estar por encima de los intereses del pueblo mexicano. Estas afirmaciones se contienen en las declaraciones de nuestros líderes y se confirman con el recuerdo de nuestra historia, que no haré de viva voz, en homenaje al tiempo de ustedes, pero a los que brevemente aludiré al referirme al tema de esta sesión.
Los gobiernos de la Revolución, además, han prestado y prestan el máximo apoyo al sector privado y lo prestaron en el pasado, y en forma muy especial al sector bancario privado. Pero este apoyo no lo ha hecho renunciar, ni renunciará jamás a sus legales facultades para regular, controlar y asumir cualquier actividad cuando el particular la emplea en contra de las grandes mayorías nacionales.
La democracia en México, los revolucionarios la entendemos como el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Y los militantes del Partido Revolucionario Institucional somos democráticos y no permitiremos que ninguna persona o sector atente contra este mejoramiento, que es legítima aspiración de nuestro pueblo.
López Portillo lo dijo: "No podemos seguir arriesgando que estos recursos, los producidos por el trabajo del pueblo, sean canalizados por los mismos conductos que han contribuido de
un modo tan dinámico a la gravísima situación que vivimos".
La discusión actual sorprende porque la actividad de banca y crédito ha correspondido al Estado y así se ha reconocido en México desde 1917. Lo único que hemos testimoniado con entusiasmo desde el primero de septiembre de 1982 es que el Estado recupera lo que legítimamente le corresponde. La Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, desde el 31 de mayo de 1941 y hasta sus últimas reformas, nos dice en su Artículo 1º.:
"Competerá exclusivamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la adopción de todas las medidas relativas a la creación -y subrayo creación-como al funcionamiento de las instituciones nacionales y organismos auxiliares nacionales de crédito";en su Artículo 2º.: "Para dedicarse al ejercicio de la banca y del crédito, se requiere concesión del Gobierno Federal que compete otorgar discrecionalmente - y subrayo discrecionalmente -a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."
No se trata pues, señores, de algo novedoso en el orden jurídico nacional.
El orden jurídico nacional ha reconocido permanentemente que el servicio de banca y crédito corresponde al Estado mexicano. Sólo se concesiona lo que se tiene, no se puede quitar lo que es propio. Veremos cómo el debate debería centrarse exclusivamente en si la discrecionalidad está o no fundada en la realidad social y si existe interés público en que el Estado rescate esta actividad.
No buscamos, como dijo el licenciado López Portillo en su Informe de Gobierno, a los villanos, no queremos divisiones en nuestro México, pero en esta tribuna se hace indispensable analizar si esa discrecionalidad de que el gobierno mexicano ha disfrutado permanentemente estuvo o no estuvo bien empleada. El sector bancario privado en México, triste es reconocerlo, actuó con una falta de profesionalismo verdaderamente sorprendente; la banca privada no supo usar de la protección que le dio el gobierno mexicano. Su auge no se debe a su esfuerzo, su auge dominante se debió al apoyo que recibió del gobierno de la Revolución. Como bien lo señaló mi compañero Heriberto Batres, no fueron los bancos los que obtuvieron la mexicanización del sector bancario. Fue el gobierno mexicano el que promovió la reforma de la fracción 2 bis del Artículo 8 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. No fue el sector bancario privado el que mejoró su estructura através de organizarse en banca múltiple, sino fue el gobierno mexicano el que lo indujo y le prestó el apoyo para lograrlo. No fue el sector bancario mexicano el que logró que las sucursales de bancos extranjeros en México quedaran prohibidas; fueron los gobiernos de la Revolución que iniciaron la reforma del Artículo 6 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
¿Qué hizo la banca mexicana privada con estas protecciones que los gobiernos de la Revolución le dieron? En primer lugar se irresponsabilizaron por los riesgos de su función. Nunca ofrecieron resolver ni ayudaron a resolver los problemas creados por el propio sector bancario. El gobierno federal tuvo que constituir el fideicomiso liquidador de instituciones de crédito para cubrir los desfalcos del sector bancario privado y liquidar las instituciones mal administradas y quebradas. Y esto lo afrontó, con dinero del pueblo, para conservar la confianza en el sector bancario, confianza que se conservaba, obviamente, en beneficio del propio sector bancario. La banca privada dio muestras de irresponsabilidad al prestar solamente su apoyo a su propia asociación, que se convirtió en grupo de presión, y a un club de banqueros elitista y lujoso. La banca privada mexicana actuó con falta de ética profesional; desarrolló sus inversiones en los sectores industrial, comercial y de servicios, lo que es considerado una falta de ética profesional bancaria en el mundo occidental. En los Estados Unidos de Norteamérica está prohibido; en Alemania hace más de 8 años que el gobierno obligó a su sector bancario a que enajenara las acciones que conservaba del sector industrial, comercial y de servicios. Mientras esto pasaba en el mundo occidental, en México el proceso de participación que, repito, es inético, era creciente, y prueba de ello es la protesta presente y la petición de que se vendan al sector privado las acciones del sector industrial, comercial y de servicios que el sector bancario privado había acumulado.
Piden que les vendan lo que inéticamente tenían. Y desde la época de los romanos se decía, y se mantiene el principio hasta la fecha: Nemo auditur propian, turpitu di nemalegans. Nadie puede invocar como fundamento de su derecho una conducta indebida que él mismo ha realizado.
Además, el sector bancario actuó con una falta de espíritu de libre empresa, su competitividad fue superficial y dispendiosa, sólo limitada al lujo de las sucursales. Todos ustedes son testigos que ante el establecimiento de una sucursal, con pisos de mármol y cristales importados, de alguno de los grandes grupos bancarios, en la acera de enfrente se abría uno que costaba el doble.
Sólo con dispendio del dinero que el pueblo mexicano ahorraba en sus arcas, es que fincaban su competitividad.
Sólo en el área de publicidad, patrocinando los programas más onerosos, y quizá no los de mejor orientación social, es que se hacía sentir la competencia entre los grupos del sector bancario y privado. Una tendencia monopólica
que ha sido ya ampliamente resaltada durante este debate y a la cual ya no me voy a referir.
El salario de algunos de los funcionarios del sector privado bancario llegaba a la suma de 6 millones de pesos, son casi 600 veces más que el salario mínimo. En los países de economías libres, como los Estados Unidos de Norteamérica, Alemania o Inglaterra, difícilmente se llegan a apreciar diferencias entre el salario mínimo y el salario máximo de un ejecutivo que excedan de cien veces.
En México, país de carencias, el sector bancario privado nos enseñaba que podría llegar a 600 veces. Algunos de los funcionarios de nuestro sector bancario privado ganaba al mes más de lo que es el presupuesto anual de muchos de los municipios que integran nuestro México. Pero no paraba ahí. A la falta de ética y de sentido de responsabilidad se agregaba la falta de honestidad.
Banco Mexicano Somex, S.A., hoy controlado por el gobierno federal, no fue adquirido por el gobierno federal en un afán de excluir a la iniciativa privada del sector bancario. Fue una acción que, ustedes recordarán, se inició cuando Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, S.A., estaba a punto de quebrar en manos de particulares y el gobierno federal adquirió las acciones para evitar daños a los inversionistas y a los trabajadores, en una acción de profundo contenido social. No menciono ni mencionaré los nombres de los principales tenedores de las acciones de esas empresas del sector bancario privado por respeto a dichas personas y a ustedes, pero los tengo a la disposición del compañero diputado que quiera conocerlos recordarlos.
El Banco Internacional, S.A., controlado por el gobierno federal, llegó al sector paraestatal por la dación en pago de las acciones que entregó el accionista principal al no poder manejar adecuadamente esta institución de crédito. Pretendió ser adquirida por otro banquero privado, quien no lo logró por los hechos a que me refiero en el punto siguiente.
Financiera Minera. S.A., Financiera Mercantil de México, S.A., y Crédito Americano, S.A., eran propiedad de una persona física mexicana, quien terminó en la cárcel por los delitos cometidos en el manejo de estas instituciones de rédito. El gobierno federal pagó el quebranto de estos malos manejos y vendió las acciones al sector privado, puesto que estas tres instituciones hoy forman parte y formaban parte al día primero de septiembre de 1982 de lo que hoy conocemos como BANPAIS, lo que prueba igualmente que el gobierno federal intervenía para suplir las deficiencias de la iniciativa privada con un criterio social y no pretendiendo excluir a la propia iniciativa privada del sector bancario.
Banco de las Artes Gráficas, S.A., igualmente propiedad de un prominente banquero mexicano y cuyo director general y titular de las acciones terminó en la cárcel por delitos cometidos en el manejo de la banca.
El gobierno federal puso el banco en liquidación, pagó el quebranto y soportó la pérdida.
Financiera del Noroeste, S.A., corrió el mismo destino que el Banco de las Artes Gráficas, S.A., y no quisiera cansar a esta Asamblea con una narración interminable, seguirían Financiera Azteca, S.A., Financiera de Yucatán, .S.A, Banco Regional de Occidente, S.A. y así sucesivamente.
Ç Ahora se quejan los señores que no defienden a los banqueros privados, ahora se quejan, repito, mis compañeros del PAN y del PDM, que el Estado mexicano tenía la manera de controlar y no controló; las virtudes personales no requieren de control, el primer control es el que ejerce el propio sujeto que cree tenerlas, no puede alguien quejarse de no haber sido descubierto en sus malos manejos, las personas deben sentirse profundamente orgullosas de vivir sus virtudes por convicción sin necesidad de supervisión, pero tampoco falló el gobierno federal en la supervisión del sector bancario, prueba de ello es que el Fideicomiso Liquidador de Instituciones de Crédito ha funcionado impecablemente durante los últimos 15 o 18 años.
Afrontó el gobierno mexicano el mal menor, sacrificar algo de los dineros que son el resultado del esfuerzo del trabajador de México para cubrir las deficiencias de un sector bancario incompetente y en algunos casos deshonesto y rapaz. (Aplausos.) Lo hizo para evitarle a nuestra patria el daño que se le causaría si se perdiera la confianza en su sector bancario. Hoy la hemos recuperado, hoy la hemos recuperado porque hoy la tiene el Estado mexicano, que es en lo que todo el pueblo de México cree.
La Comisión Nacional Bancaria y de Seguros es una institución modelo en el mundo, es una institución que actúa con probidad y honestidad, es una institución que multiplica sus esfuerzos para controlar y apoyar al sector bancario.
Durante el periodo de 1978-1982 incrementó en forma considerable su tarea de inspección y vigilancia a las instituciones; se ampliaron los indicadores que analizan la solvencia, liquidez, desarrollo, riesgo, costos de la banca, que antes comprendía sólo 8 conceptos y que en la actualidad analiza 64 renglones que se han considerado los más importantes para determinar la posición financiera de las instituciones.
La frecuencia con que se aplican los indicadores, que en el pasado era de una vez al año, ahora se producen una vez al mes. Se ha podido aplicar un sistema de vigilancia preventiva que permite observar irregularidades operativas antes de que constituyan desviaciones graves.
La vigilancia preventiva dio lugar a 54 programas de regularización; 12 de cartera de crédito; 19 de áreas de organización , control interno, políticas de inversión y captación, productividad y desarrollo; 2 de problemas generales; 10 de irregularidades en operaciones activas y pasivas; 6 de irregularidades en operación y 4 en rehabilitación financiera.
De 40 instituciones bancarias que en este periodo tenían problemas, de 29 se logró se rehabilitación; se liquidaron 3, se revocó la concesión a tres, y 5 se encuentran en proceso avanzado de liquidación.
Se practican auditorías administrativas y operacionales, combinadas con los informes de los propios auditores externos de las instituciones de crédito.
Se elaboraron formas de balance más detallados, para llevar adelante las funciones, todas ellas con participación de la parte compradora y vendedora, los cuales requirieron de revisión de auditorías de prácticamente todas las instituciones del sistema bancario múltiple.
La inspección de las instituciones se amplió en forma considerable en el propio periodo que menciono. En 1978 las inspecciones realizadas al sistema financiero fueron 40, en tanto que en 1981 alcanzaron la cifra de 155 inspecciones.
Las visitas de tipo general fueron completadas con visitas de tipo especializado que incluyen visitas de alto nivel para analizar políticas institucionales, visitas especializadas sobre renglones concretos de operación o análisis de rubros específicos y visitas laborales.
Se llevaron a cabo visitas de tipo regional a diversas zonas divisionales o sucursales de los bancos para cruzar información y analizar grados de eficiencia en la provincia; de estos datos puede concluirse el fortalecimiento que en las acciones de inspección y vigilancia se han llevado a cabo por la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros el periodo que he mencionado.
Pero lo anterior no supone que existan determinados tipos de renglones que a pesar de la acción que en todas partes del mundo realizan los órganos de supervisión pueden resultar de difícil detección y que han dado lugar recientemente en diversos países a fracasos sorpresivos de algunos bancos, que son de ustedes bien conocidos.
Problemas como la concentración de determinadas operaciones, los créditos de complacencia, la formación de élites bancarias y el resurgimiento del feudalismo bancario, fueron denunciados por el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, en las más recientes convenciones bancarias, como peligros que debían ser abordados en conjunto y que inquietaban profundamente al organismo.
¿Cómo es posible que ante esas advertencias del propio presidente de la Comisión Nacional Bancaria el sector privado bancario pretendiese seguir imponiendo su actitud de prepotencia y vanidad? No es, pues, que el gobierno federal haya fallado en su labor de supervisión y control. La realizó perfeccionándola día con día. Pero nada se puede con quien solamente pretende burlar la supervisión y el control. Quien no la pretende no lo requiere. Pero quien tiene vocación por burlarlo siempre encontrará alguna fórmula y es por eso que hemos llegado a la situación presente. En estas breves palabras creo sintetizar las respuestas a las objeciones que presentaron el diputado Bernardo Bátiz y el diputado Vital Jáuregui, y quiero finalmente referirme a lo que dijo el compañero diputado Felipe Gutiérrez Zorrilla, porque me ha llenado auténticamente de consternación.
Afirmó de inicio que los decretos son anticonstitucionales. No dudo en modo alguno de la capacidad jurídica del compañero Gutiérrez Zorrilla, pero me preocupa que asuma por sí y ante sí las facultades del Poder Judicial Federal. Solamente el Poder Judicial Federal, podrá decidir si los decretos del 1o. de septiembre de 1982 son o no anticonstitucionales. Ni Ulpiano, con todo su saber, ni nuestros constituyentes aquí presentes podrían llegar a afirmarlo. Solamente el Poder Judicial.
Y esperamos que el Poder Judicial Federal llegue a pronunciarse en su oportunidad. (aplausos.)
Nos pretende llevar a la confusión entre las funciones del Poder Judicial, que aplica el derecho, la normatividad existente, el orden jurídico nacional, con el Poder Legislativo, que crea el derecho. Crea y lo modifica, basado en la soberanía del pueblo. Los decretos del primero de septiembre de 1982 están expedidos en facultades contenidas en el orden jurídico nacional para el señor Presidente de la República. Su constitucionalidad o su legalidad solamente podrá ser juzgada por el Poder judicial Federal. Pero esto en nada merma la capacidad de la soberanía del Constituyente Permanente, en nada la merma, puesto que no existe limitante ni en la Constitución, ni en forma alguna, para revisar las disposiciones contenidas en nuestra Carta Magna.
No quiero, en este momento, referirme a los argumentos relativos al Artículo 28 constitucional, puesto que esto espero sea objeto del debate en lo particular, pero solamente me pregunto: ¿qué las excepciones contenidas en el Artículo 28 constitucional no son constitucionales? ¿Acaso pretende alguien acuñar moneda, dar servicio de correos, dar servicio de telégrafos y emitir billetes? ¿Y no es, acaso, tan trascendental o más, para el bienestar de la nación, el manejo de la banca y el crédito?
Hemos confrontado en nuestra historia, ¿nuestra realidad social nos ha presentado acaso que el mal manejo del correo pudiera llevarnos a una crisis como la que enfrentamos en estos momentos? ¿Tantas razones existen y lo veremos en el debate en lo particular para agregar a las excepciones contenidas en el Artículo 28 constitucional los servicios de banca y crédito, como las que existen para reservar al Estado los monopolios de acuñar moneda, de emitir billetes, de prestar servicios de correos y telégrafos? En su momento lo veremos.
Debe, sin embargo, resaltarse un dato: no existe en la historia judicial de México un solo juicio de amparo en contra de la constitucionalidad de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, y en esta ley se reserva al Estado el servicio de la banca y crédito aun cuando lo faculta para concesionarlo a los particulares. Quiere decir que resulta inoportuno e improcedente que en este momento se plantee nuevamente si corresponde o no al Estado el servicio de la banca y del crédito.
Finalmente no se modifican las decisiones fundamentales de nuestro Constituyente original con la modificación constitucional que se propone a nuestra consideración. No, la iniciativa en nada afecta a nuestro sistema de organización sociopolítica , y se podría pretender hacer aparecer como que afecta a los derechos del hombre y su respeto y defensa. Pero entre los derechos del hombre, bien señalados por el señor diputado Gutiérrez Zorrilla, está el derecho a la propiedad privada, sí, a una propiedad privada con función social y con derecho del Estado para expropiar aquellos bienes de propiedad particular que sean necesarios por causa de utilidad pública, y este es un principio igualmente incorporado por nuestra Constitución, por nuestro Constituyente original.
En el Artículo 28 de la Constitución, igualmente, nuestro Constituyente originario nos dijo: "La ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia - y me salto - todo lo que constituya una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Si esto es así, si nuestro propio Constituyente originario nos ha dado el mandato de preservar los derechos del pueblo de México sobre los derechos de personas o de grupos, es por ello que me permito proponer a esta soberanía que aprobemos el Dictamen en los términos que ha sido formulado por la Comisión. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el ciudadano diputado Raúl López García.
- El C. diputado Raúl López García:
Señor Presidente;
Compañeros diputados:
Hace años un prestigiado dirigente de la clase obrera mexicana sintetizaba en una idea lo que significa medidas como las que aquí el primero de septiembre el Presidente de la República estableció para defender los intereses de nuestro país. Y me refiero al compañero Rafael Galván, que en una idea muy sencilla y concreta establece con mucha claridad política el significado de medidas económicas que son totalmente posible adoptar en el marco de nuestro régimen constitucional. Rafael Galván decía: nacionalizar es hacer patria.
Y en ese sentido quienes estamos profundamente comprometidos con el futuro histórico de nustro país comprendemos profundamente esta importante tesis.
Efectivamente, nacionalizar es hacer patria.
Indudablemente que quienes pretenden legitimar lo que no es posible, el interés particular de los banqueros, tienen que partir de una serie de señalamientos que definitivamente nosotros no podemos aceptar. La legalidad constitucional de la medida se fundamenta en lo que los Constituyentes del 17quisieron para nuestro país, en la capacidad de la nación para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Y así, como lo han mencionado otros diputados, también nuestra nación tiene, junto a esta facultad originaria, otros instrumentos legales, como la Ley de Expropiación y la Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal en materia económica, con los cuales también se ha fundamentado la determinación de reivindicar para el país el servicio público de la banca y del crédito.
En ese sentido creo que a estas alturas del debate, con toda franqueza, quedan completamente deslegitimados los grupos financieros privados que lesionaron durante muchos años los intereses generales de la clase obrera
y de todo el pueblo de México. Sus defensores, abiertos y emboscados, definitivamente aquí, en esta sesión, han evidenciado los intereses que defienden concretamente.
En este sentido, por esas razones, el Partido Socialista de los Trabajadores, el 20 de septiembre de este año, y después de un enorme sacrificio de miles de nuestros compañeros campesinos, llegamos a Los Pinos a establecer con el Presidente de la República la solidaridad combativa de miles de trabajadores del campo que también luchan por sus derechos agrarios, pero que al venir caminando a México se encontraron con esta medida patriótica y nacionalista.
En ese momento argumentamos ante el país, por qué el PST se pronuncia, y su fracción parlamentaria así lo planteó ese día, porque se elevasen a rango constitucional las medidas adoptadas el 1o. de septiembre.
En ese sentido y en este debate hemos podido observar que, definitivamente en el marco de nuestro régimen constitucional, las medidas adoptadas son jurídicamente impecables. Sin embargo, nosotros queremos referirnos a alguno de los aspectos que en lo general esta iniciativa de modificación y de adición a la Constitución significa para el fortalecimiento de las fuerzas nacionales, si es que actuamos con consecuencia política y ubicamos no en el terreno jurídico formal un problema fundamental que está inscrito en lo que le interesa a la clase obrera de esta país.
Se ha dicho por el compañero diputado Juan José Osorio cómo el movimiento obrero organizado ha valorado profundamente las medidas del 1o. de septiembre.
Y tenía que ser así, porque en este país, en esta nación, quienes han demostrado en todo momento, quienes nos han indicado con su fuerza histórica con su vigor y con su organización hacia dónde debe ir nuestro país es precisamente la clase obrera. La defensa de la nación ha encontrado en la actividad del movimiento obrero organizado a la clase más lúcida políticamente para sacar a este país, en alianza con los campesinos y las clases populares, de la situación en que se encuentra. Por esa razón nosotros no podemos dejar de alertar sobre la posibilidad política de que esta fuerza económica, que hoy se ha concentrado en el Estado mexicano y que lo erige como un Estado rector de la economía, que tiene capacidad plena para utilizar el ahorro nacional en un programa de reorientación del rumbo económico del país, pero también no podemos dejar de señalar que se puede propiciar la creación de un espantoso monstruo que pueda desnaturalizar la esencia de los decretos y la esencia de la nacionalización de la banca.
Qué mejor garantía pudiese tener la clase obrera de nuestro país que el que aquí actuásemos con consecuencia política. Si la clase obrera es la principal fuerza de la nación por qué entonces se le quiere privar de una fuerza social que durante muchos años estuvo en los marcos rígidos de la oligarquía bancaria y menoscabados sus derechos laborales y sindicales por la actividad de los empresarios banqueros que menoscabaron el derecho a la organización sindical de los trabajadores bancarios.
Por esa razón francamente es imperdonable que en este momento en que la principal fuerza de la nación requiere fortalecerse para que, como lo dijo el diputado Osorio, ese programa de reforma económica, que constituye un camino para reorientar el rumbo del país, se pretenda en uno de los aspectos del Decreto que hoy estamos analizando menoscabarle de esa fuerza social, política y material, que representarían los trabajadores bancarios organizados constitucionalmente en el 123, apartado A, de la Constitución. Nosotros no podemos olvidar lo que la historia de nuestro país nos ha indicado y nos ha enseñado. En la nacionalización de la industria petrolera los trabajadores jugaron un papel decisivo, y han sido, a través de los años, la mejor defensa de esa medida aplicada por el entonces Presidente Cárdenas, y sus relaciones laborales se rigen por el apartado A del Artículo 123 constitucional.
Por esa razón, y en virtud de que en los aspectos fundamentales de la modificación al 28 constitucional y al 73, hemos emitido una posición de apoyo, como se lo planteamos al Presidente de la República el 20 de septiembre en Los Pinos, nos parece francamente una pifia, un error político, quitarle a la clase obrera, a un sector político y social como el que representan los trabajadores bancarios.
Ese monstruo que se puede crear si no existen las posibilidades de participación y de ejercicio en base al 123, apartado A, para los trabajadores bancarios, puede, desde nuestro punto de vista, dejar sencillamente en manos del Estado una fuerza económica incontrolable que se puede guiar en un momento determinado, no por los intereses específicos de la nación y por todo lo que el fundamento, todo el planteamiento que se hace por la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales, y que se refiere a la iniciativa de Decreto.
Por esa razón nosotros nos pronunciamos definitivamente, y hacemos un llamado a los diputados progresistas, a los diputados obreros, a que consideramos con mucha seriedad y con mucha responsabilidad política la ubicación de los trabajadores bancarios.
En el momento en que discutamos en lo particular señalaremos más planteamientos por qué es una inconsecuencia política dejar a los bancarios en el apartado que aquí establece el Decreto.
Nosotros por eso queríamos referirnos, en lo fundamental, al apoyo que la fracción parlamentaria del PST dará al dictamen en lo relacionado al 28 y al 73 constitucionales, pero no dejamos de mencionar nuestra preocupación porque sencillamente se está privando al movimiento obrero organizado de una fuerza social que contribuiría definitivamente a que esta medida irreversible de la nacionalización de la banca fuese también irreversible en el sentido de que un sindicato único nacional de trabajadores bancarios pudiese contribuir, junto con la clase obrera por estar ahí junto con ellos, a la defensa de los intereses nacionales y populares, y por eso se pronuncia nuestra fracción parlamentaria, y eso sería consecuente con el programa de reforma económica del Congreso del Trabajo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra para hablar en contra el C. diputado Francisco Alvarez de la Fuente.
- El C. Francisco Alvarez de la Fuente:
Señor Presidente;
Compañeras y compañeros diputados;
Señoras y señores:
Ya en otras ocasiones hemos afirmado que el Partido Demócrata Mexicano no defiende a los banqueros cuya voracidad fue larga expresión del injusto sistema capitalista liberal en el que se explota al hombre por el hombre. Sin embargo, así como nos pronunciamos y luchamos contra la explotación del hombre contra el hombre, nos pronunciamos y luchamos contra la explotación del hombre por el Estado. Tal como sucede en los países víctimas del socialismo o comunismo y el militarismo.
Afirmamos y sostenemos que frente a la injusta concentración de la riqueza en manos de unos cuantos no ha de seguirse la falsa alternativa de capitalismo de Estado. Como sucedió con la estatización de la banca, que ahora se pretende elevar a rango constitucional.
Se menciona en los considerandos de la iniciativa que el Ejecutivo envió a esta Cámara de Diputados que los factores que obligaron a tomar la medida estatizante fueron de orden interno y externo.
Se señala entre los primeros el abuso de un régimen de libertad cambiaria, aunada a la actitud altamente especulativa de la banca privada. No se menciona, sin embargo, que tal abuso fue propiciado, entre otras cosas, por la falta de confianza en la política económica de ficción, ni que la especulación de la banca privada era avalada por el mismo gobierno, pues ella se dio a ciencia y paciencia del poder público.
Cuando se conoce un acto delictuoso y no se denuncie se hace cómplice del mismo. Todos conocemos la historia, la historia de los palos de ciego. El gobierno, dando palos de ciego, puso al libre juego de la oferta y -la demanda al peso mexicano, en desproporción con el dólar-, Tras dos fuertes devaluaciones que resintió el pueblo y que provocaron la desconfianza y la inseguridad de los ahorradores respecto a nuestra moneda, así como la especulación desenfrenada entre los poderosos empresarios y banqueros y funcionarios gubernamentales.
Los ahorradores, los pequeños ahorradores, buscaron la protección de su dinero, cada vez más devaluado, mientras que otros, unos cuantos, expatriaron sus capitales por negocios y deslealtad a la nación. Con el apoyo y el consejo de la banca privada según lo denunció el Presidente.
Pero aun cuando el Presidente López Portillo ofreció al pueblo una lista de aquellos a quienes se les denomina "sacadólares", aún estamos esperándola, por lo que el Partido Democráta Mexicano, aprovechando esta tribuna, exige en este momento al Ejecutivo que entregue esas multicitadas listas, en las que seguramente la mayor parte será de funcionarios públicos, ya que en la Comisión Especial que se constituyó par el estudio de las mismas y de la que formo parte, no ha enviado nada sustancial hasta el momento.
Es cierto que eso sucedió; empero, hay algo muy importante que conviene recordar y sobre lo que es necesario insistir ante deliberadas amnesias. Las instituciones bancarias, todas las instituciones bancarias estaban controladas por el gobierno, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, así como por la Secretaría de Hacienda. Todas las operaciones de nacionales se realizaban bajo la mirada escrutadora del Estado, la hoja del árbol no se movía como no se mueve hora sin la voluntad del Ejecutivo.
Por otra parte, como en la Constitución de la República no se permite el monopolio, salvo justificados casos de excepción, ahora, caprichosamente, se pretende adicionar un párrafo quinto al 28 constitucional para justificar el monopolio.
Por otro lado, mediante la reforma de la fracción XVIII del 73 constitucional, se pretende suprimir al poder legislativo, o sea, al Congreso de la Unión, las legítimas y convenientes facultades que le dio el Constituyente, expresas en el texto actual y que antes de disminuirse deben acrecentarse.
No existe, como señaló el diputado Osorio, paralelismo entre la nacionalización petrolera y la mal llamada nacionalización de la banca. Con la primera se rescató para México una riqueza explotada por extranjeros; la segunda constituye sólo un arrebato arbitrario del Estado. La primera sí tuvo apoyo financiero voluntario del pueblo; para la segunda se consigue a la fuerza.
Se nos habla de nacionalización de la banca que era de mexicanos, mientras que se deja a salvo a la mixta y a la extranjera, hecho que hace concluir a la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano que se trata de una estatización de la banca privada mexicana y no de una nacionalización.
Entendemos que se nacionaliza lo que no está en manos de nacionales y sí de extranjeros y que se estatiza la economía cuando se deja exclusivamente en manos del Estado expropiándola a nacionales o a extranjeros, como sucedió a medias en el caso que nos ocupa. Se confunde muchas veces nación con Estado, argumentando que son sinónimos, lo cual es un error, como se aclara a la luz de los supuestos sobre la materia por el maestro Mota Salazar diciendo: "La nación es una comunidad asocial unida por vículos de
tradición, sentimientos, etcétera, que nace de un estado de conciencia colectiva, es un conjunto de hombres que tienen en su origen común un pasadohistórico; que contribuyen a realizar la unidad nacional. El Estado aparece cuando la nación nace a la vida política y cuando aparece una diferenciación convirtiéndose unos en gobernantes y quedando el resto en calidad de gobernados. La autoridad es un elemento fundamental del Estado, a diferencia de la nación, en la que no es básico". La nación es una comunidad social unida por vínculos de tradición, sentimientos, etcéte,ra, y mientras que en la nación no exista una autoridad capaz de ejercer su soberanía, es decir, su propio poder, no puede hablarse de Estado, éste existe cuando se consolida la autoridad. Hablar de nación es hablar del conjunto de individuos que la componen, hablar de Estado es hablar de gobierno, autoridad, soberanía; por lo tanto, no es lo mismo hablar de nacionalización que de estatización. A la banca privada mexicana se le ha estatizado, no se le ha nacionalizado. (Aplausos.)
Respecto a la fracción XIII bis que se trata de agregar al apartado B del 123 constitucional, el Partido Demócrata Mexicano expresa su desacuerdo en razón que de aprobarla significaría ubicar a los trabajadores de la banca a la fuerza en un sindicato simbólico y meramente decorativo, en el que, por lo que se ve, el régimen quisiera colocar a todos los mexicanos.
Los empleados bancarios, independientemente de que se estatice o no, tienenderecho a la sindicalización, entendiendo al sindicato como un instrumento legítimo de defensa a los justo intereses de la clase trabajadora.
Por estas y otras razones los empleados bancarios, independientemente, insistimos, de que se estatice o no a la banca privada mexicana, deben sindicalizarse bajo los términos del apartado A. Esta es la convicción y lucha del Partido Demócrata Mexicano. Contra las evidencias el Presidente electo de México, el licenciado Miguel de la Madrid, afirma que México no va al socialismo. Pero frente a las evidencias los demócratas afirmamos que lucharemos por el cambio del rumbo, por el avance hacia la democratización política, cultural y económica de este México nuestro, en el que antes que proletarios, todos podamos ser propietarios; en el que los mexicanos podamos ser más, valer más y tener más.
Por eso el Partido Demócrata Mexicano aplaudiría la justa distribución de la riqueza y la democratización de la propiedad. Y si el Estado quisiera actuar con equilibrio, equitativamente y congruente a la justicia social, con patriotismo y democracia, debería establecer mecanismos que hagan posible que los empleados bancarios sean copropietarios de dichas instituciones y que el público pueda adquirir acciones que serían nominativas, estableciendo limitaciones para evitar el acaparamiento de las mismas.
En cuanto a los inexactos juicios, ofensas y calumnias que nos dijeron los del PST, los cuales negamos, les sugerimos que en esta ocasión nos avoquemos a cuestiones que efectivamente le interesan a México, y que nos dejemos de diatribas e insultos y actuemos con altura. Que por ahora no estemos tratando asuntos ideológicos de los diversos partidos, que ya tendremos oportunidad de ello; que por esta vez no traten de quedar bien con sus amos y no tiendan cortina de humo al respecto de los hechos que nos ocupan y que son de vital importancia para la vida política y económica de México.
Por esta profunda convicción demócrata los de la fracción parlamentaria demócrata nos pronunciamos en contra de la iniciativa de Decreto enviada por el Poder Ejecutivo ante esta soberanía, como esperamos lo estén aquellos que sí quieren la justicia, pero sin la más mínima merma de la libertad.
Gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Arnaldo Córdova, en pro.
El C. Arnaldo Córdova: Señor Presidente, Señores diputados: El Partido Socialista Unificado de México ha dejado claro en todos los foros de la opinión pública y, sobre todo, ante esta honorable representación nacional, cuál en su posición ante la nacionalización de la banca, que llevó a cabo el gobierno del presidente José López Portillo el primero de septiembre último y que culminará ahora con la elevación a rango constitucional de la facultad del Estado para prestar, de manera exclusiva, los servicios de banca y crédito.
Como lo ha señalado el Comité Central de nuestro partido, en su Cuarto Pleno, reunido recientemente, la nacionalización de la banca y el control generalizado de cambios respondían cabalmente a las necesidades más imperiosas planteadas por la situación del país. Con ello se cumplieron dos de las más importantes demandas de nuestro programa y una reivindicación que la izquierda revolucionaria y las fuerzas progresistas y democráticas de nuestro país venían planteando desde décadas atrás.
Con la nacionalización de la banca y el control efectivo de cambios se ha dado un duro golpe al sector más fuerte, consolidado y organizado de la clase dominante, el capital financiero privado, al eliminarse la concesión en su favor de los servicios de la banca y crédito, que le había permitido concentrar en sus manos los recursos financieros de la sociedad y el control de las principales empresas
productivas y comerciales del país. Ese grupo, que no sólo fue incapaz de proporcionar a nuestros sectores productivos el crédito de que estuvieron siempre urgidos, sino que fue además el elemento que propició y apoyó en primer término la fuga de divisas y la descapitalización de nuestra economía, como lo denunció acertadamente el Presidente de la República desde esta misma tribuna, por supuesto está lejos de haber sido liquidado; pero la recuperación para la nación del poder financiero abre a nuestro país nuevos derroteros no sólo en lo económico, sino también en lo político y lo social. El mayor poder económico burgués ha sido privado del mayor instrumento de poder económico: el sistema financiero en manos de particulares.
En una economía como la nuestra, capitalista y dependiente, en la que los sectores empresariales no han sabido cumplir con el cometido de dar al país una planta industrial independiente y sana, autónoma y eficaz; en el que, por añadidura, esos sectores, en lugar de satisfacer las necesidades más urgentes de los mexicanos en cuanto a bienes materiales se refiere, han despilfarrado los escasos recursos con que contamos por el camino de la especulación y el consumo suntuario de bienes inútiles, sigue siendo indispensable que el Estado se sustituya a los intereses privados y tome en sus manos los instrumentos de la economía y las finanzas que aseguren y garanticen un desarrollo menos desigual y más compartido por las amplias masas trabajadoras de México.
La nacionalización de la banca y el control de cambios modifican de manera muy importante la estructura económica de nuestro país al sumar el aparato financiero al sector estatal de la economía y al otorgar a la nación el más importante instrumento de conducción y control de las fuerzas productivas de que pueda disponerse en una sociedad capitalista. Desde luego, todo va a depender del uso que se haga de dicho instrumento, de qué tipo de política económica se siga, si se busca de manera efectiva un desarrollo independiente del país o los recursos financieros ahora en manos del Estado se emplearán en la promoción de una empresa privada que ha demostrado su total incapacidad para lograr el desarrollo de nuestra economía.
Todavía hoy, a un mes de haber sido nacionalizada la banca privada, resulta difícil saber el rumbo que nuestro sistema económico adoptará. Para nosotros, el que la medida se haya tomado desde las alturas del poder político no le resta importancia, pero introduce signos ominosos a los que todas las fuerzas progresistas, de dentro y de fuera del poder mismo, deberán prestar la mayor atención. Las masas trabajadoras han sido convocadas a apoyar sin reservas la nacionalización y éstas han respondido sin reservas, como se les pidió; pero ellas no han intervenido mínimamente en el proceso de nacionalización ni se han puesto en pie las medidas indispensables para que puedan hacer oir su voz y para que su apoyo pasivo se convierta en una gran fuerza propulsora del propio proceso nacionalizador.
En esta peligrosa coyuntura, en la que se juega el porvenir mismo del Estado, la suerte que pueda caber a los intereses privados que acaban de ser afectados y el futuro inmediato del pueblo trabajador, la postura del Partido Socialista Unificado de México resulta de una claridad meridiana. Hoy la importancia de la nacionalización no es ya lo que está a discusión, sino el camino que habrá de seguir. La iniciativa de reformas a la Constitución, que hace de los servicios de la banca y crédito facultades reservadas exclusivamente al Estado, y la Ley del Banco de México, que regulará su funcionamiento y reglamentará el control generalizado de cambios, vuelven irreversible la nacionalización de la banca; pero introducen desde el principio, de ser aprobada la propuesta presidencial, vicios de origen que acabarán deformando el sentido progresista y revolucionario de la nacionalización.
Nuestro partido concuerda con el argumento central en el que se apoya la iniciativa presidencial: "La nacionalización de la banca -dice el Presidente de la República en la exposición de motivos de su iniciativa de reformas a la Constitución- tiene trascendental importancia para que el país pueda proyectar y apoyar el proceso de desarrollo económico, social y cultural de la nación con más celeridad, con mayor sentido patriótico y democrático, con más equilibrio, de manera más equitativa racional y congruente y con mayor justicial social, por lo que el Ejecutivo a mi cargo considera que dicho principio debe ser elevado a rango constitucional, como una conquista irreversible del pueblo mexicano". Es verdad que la responsabilidad constitucional de regular y fomentar la actividad económica a cargo del Estado exige que se dote a éste de todos los instrumentos necesarios para orientar y corregir la marcha de los fenómenos económicos y que entre estos instrumentos se encuentran los servicios de banca y crédito, los que ya no pueden quedar al arbitrio de los particulares y deben salir de su órbita para entrar en la del Estado." con objeto de que el mismo pueda asegurar su funcionamiento de un modo continuo, regular y congruente con las necesidades de la colectividad" y no con las de un grupo minoritario elitista e injusto.
Exactamente por esas razones estamos de acuerdo con el contenido de la propuesta presidencial de reforma del Artículo 28 constitucional. El servicio de banca y crédito debe ser
prestado exclusivamente por el Estado a través de instituciones de carácter público y ese servicio no deberá volver a ser objeto de concesión a particulares. Las razones históricas y políticas, como se ha señalado con largueza y con abundancia de testimonios, son perfectamente claras: los privados hicieron un pésimo uso de ese servicio; saquearon los recursos financieros del país y dejaron al Estado y a la nación que representa en una situación de total indefensión financiera frente a los poderes económicos mundiales.
Se ha insistido aquí por parte de los señores diputados del PAN y del PDM que la nacionalización de la banca es anticonstitucional. No tengo idea de qué Constitución tendrán en mente. La que desde 1917 nos rige declara a la nación propietaria originaria de nuestro territorio y sus bienes, y de acuerdo con ello constituye, funda, origina la propiedad privada imponiéndole las modalidades que dicta el interés público. La nacionalización de la banca, por lo mismo, es perfectamente constitucional pues responde cumplidamente al interés de nuestra sociedad. Quienes hoy defienden a los banqueros expropiados, a decir verdad no sólo se equivocan de Constitución, se equivocan también de país y, lo que es peor, de época.
No estamos de acuerdo, empero, en la técnica jurídico-constitucional que se emplea para efectuar la reforma del texto de Artículo 28. El asunto principal, desde nuestro punto de vista, no se limita a otorgar al Estado la facultad de prestar los servicios de banca y crédito, como lo hace la iniciativa presidencial, sino que debe quedar claro, en el mismo texto constitucional, como lo dijo el señor Presidente en su informe del 1o. de septiembre último, que la banca "ha cambiado de dueño" y que ahora no son ya los particulares los propietarios del sistema bancario del país, sino que éste pasa al dominio directo de la nación, cuyo representante exclusivo es, en lo general, el Estado Federal.
La cuestión no queda saldada con hacer un agregado al Artículo 28 y menos aún en los términos en que lo hace la iniciativa presidencial. Esta propone, textualmente: "Se exceptúa también de lo previsto en la primera parte de este artículo la prestación del servicio de banca y crédito. Este servicio será prestado exclusivamente por el Estado a través de instituciones, en los términos que establezca la correspondiente ley reglamentaria".
Por su parte, el primer párrafo del Artículo 28 constitucional dice a la letra: "En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase: ni exención de impuestos; ni prohibiciones a título de protección a la industria, exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos, telégrafos y radiotelegrafía, a la emisión de billetes por medio de un solo banco, que contrololará el gobierno federal y a los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora".
Como puede observarse fácilmente, en el actual texto constitucional se habla sólo de un banco único "que controlará el gobierno federal", pero no de "un sistema bancario propiedad de la nación" con exclusión de los particulares.
¿Qué quiere decir la expresión "un solo banco, que controlará el gobierno federal"? Ello parece haber quedado claro a los Constituyentes del 17, aunque no sin dificultades, como suele suceder. A interpelaciones formuladas por los diputados González y Martínez de Escobar, éste último, incluso, aclarando que la palabra "controlar" es un galicismo que quiere decir "comprobar, examinar, revisar", el presidente de la Comisión Dictaminadora correspondiente, el general Francisco J. Múgica, apoyado en las definiciones del entonces Código de Comercio, contestó: "El control de una empresa significa poseer la mitad más una de las acciones que representan el capital efectivo y, naturalmente, de allí el decirse: el control de la administración, porque un individuo que posee la mitad más una de las acciones, tiene tanto derecho cuantas son las acciones que posee; hay alguna diferencia. En las sociedades anónimas como de la que se está tratando, porque un banco tiene que ser una sociedad anónima, el gobierno tendría control de las acciones.
En las sociedades anónimas, al constituirse el consejo de administración, la mesa directiva se elige por votación, de tal manera que si el gobierno tiene el control, él poseerá la mayoría de las acciones y podrá nombrar el consejo de administración, y parece que éste tiene que nombrar al gerente".
Múgica no declaró qué "diferencia" había, pero su explicación fue aceptada por el Constituyente.
Rafael Nieto, entonces subsecretario de Hacienda y diputado constituyente por el Estado de San Luis Potosí, sin desmentir a Múgica, por su parte afirmó que la expresión "un banco único controlado por el Estado... quiere decir que excluye... la posibilidad del Banco de Estado porque el Banco de Estado no estaría controlado por el gobierno, sino que sería sencillamente un banco del gobierno". En el mejor de los casos, como puede verse, y para ello tratándose sólo del banco único de emisión, el Artículo 28 autoriza al gobierno federal a tener en propiedad únicamente la mayoría de las acciones de la sociedad, através de las cuales se ejercerá el control de la misma.
En esa perpectiva se creó en 1925 y funcionó hasta el 31 de agosto último el Banco de
México. Esa perspectiva, sin embargo, ya no corresponde a la realidad, la que ahora nos muestra un sistema nacional bancario del que es propietaria la nación representada por los poderes federales.
No es difícil advertir que para que la reforma constitucional tenga sentido debe operarse en el texto mismo del primer párrafo, sustituyendo la expresión "un solo banco, que controlará el gobierno federal", por otra que refleje adecuadamente la nueva realidad. Fue por ello que nosotros propusimos a la H. Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales el siguiente texto, alternativo del vigente: "En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase; ni exención de impuestos; ni prohibiciones a título de protección a la industria; exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos, telégrafos y radiotelegrafía, a la emisión de billetes por medio de un solo banco, que será propiedad de la nación, representada por el gobierno federal, a la prestación del servicio público de banca y crédito que estará a cargo exclusivamente del Estado a través de las instituciones y en los términos que establezca la correspondiente ley reglamentaria, la que también determinará las garantías que protejan los intereses del público y el funcionamiento de aquéllas en apoyo de las políticas de desarrollo nacional, y a los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorgen a los inventores y perfecionadores de alguna mejora".
Como pueden ustedes comprobar por el texto del dictamen que la Comisión rinde, nuestra propuesta fue totalmente ignorada. Ahora corremos el riesgo de que la propiedad del sistema bancario nacionalizado quede definida, a favor de la nación, en la legislación derivada y no en nuestra Norma Fundamental, como es el caso de otros bienes de la nación.
Pasando a otro punto, en nombre del Grupo Parlamentario del PSUM, deseo ocuparme de una cuestión que tiene que ver con el carácter de exclusividad del nuevo sistema bancario y de los servicios de banca y crédito. En la propuesta del quinto párrafo del artículo 28 se afirma claramente que el servicio de banca y crédito "será prestado exclusivamente por el Estado",
mientras que en el texto de la exposición de motivos de la propia iniciativa presidencial, se postula "la previsión de que no se considera monopolio, por excepción, la operación de los Bancos, ya que su actividad constituye un servicio público regulado actualmente por la Federación".
A esta cuestión y con muy buenas razones los señores diputados del Partido de Acción Nacional han opuesto la idea de que el nuevo sistema bancario constituye un monopolio. éste ahora en manos del Estado. Quienes apoyamos la nacionalización de la banca y la constitución de un sistema bancario nacional propiedad de la nación haríamos un juego inútil si pretendiéramos demostrar que el nuevo sistema no es un monopolio; así lo han hecho muchos de nuestros constitucionalistas que interpretan las excepciones señaladas en el Artículo 28 para ciertas actividades como una dispensa de la naturaleza monopólica de las mismas. Sería absurdo evitar definir un monopolio sólo porque así se dijera en una ley escrita, así fuese nuestra Ley Fundamental. Pero el hecho es que nuestra Constitución no dice que una actividad no sea monopolio sólo porque ella así lo prescribe.
La banca nacionalizada, al igual que desde antes la industria petrolera o la industria eléctrica constituyen un monopolio, eso sí, en manos del Estado. El sentido del texto constitucional es que "los únicos monopolios que se permiten", por excepción, son los que se enumeran. La diferencia verdaderamente significativa, radica en que una cosa son los monopolios privados, cuyo objeto no es el "bien común", como pregonan escolásticamente sus defensores, y según el cual un día de no haberse nacionalizado la banca, todos los mexicanos habríamos podido ser banqueros, sino la ganancia y la especulación, como lo ha demostrado la historia; y muy otra son los monopolios públicos constituidos por razones de utilidad social.
En el párrafo segundo del mismo artículo 28 encontramos la precisión de lo que son las actividades monopólicas susceptibles de ser punidas y, a contrario, los elementos que deben definir una actividad exclusivamente en manos del Estado. Toda concentración o acaparamiento en pocas manos de artículos de consumo necesario que busque elevar los precios; toda actividad que tienda a evitar la libre concurrencia o la competencia para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicios del público en general o de alguna clase social, constituye un monopolio privado y, como tal, es anticonstitucional. La monopolización de una actividad, de un servicio o de un conjunto de bienes por parte del Estado busca exactamente los efectos contrarios; poner a disposición de la sociedad y, en particular, de los sectores más deprimidos económicamente esos bienes y servicios a los más bajos precios que la riqueza pública permita o, como es por lo general el caso, de manera gratuita; procurar que exista la posibilidad para todos de dedicarse a la actividad o industria que sus capacidades o su fortuna permitan y, en general, todo lo que
signifique una ventaja para las grandes mayorías sociales.
Señor Presidente,
Nuestro partido está convencido, por razones históricas, así lo ha declarado en sus documentos fundamentales y en sus medios de propaganda, y en ello parece coincidir el señor secretario de Gobernación, profesor Enrique Olivares Santana, en recientes declaraciones, que una reforma social y económica de la envergadura de la que ahora está en proceso no puede garantizarse ni podrá llevarse a cabal cumplimiento si no se convierte en objeto del interés de las masas trabajadoras y si éstas no participan activamente en su realización y en su defensa. No nos parece que esta sea la hora de mostrar desconfianza en los trabajadores, ni siquiera ante la posibilidad de que éstos puedan ejercer un derecho consagrado por nuestra Carta Magna a su favor, como lo es el derecho de huelga. Por el contrario, como históricamente está demostrado el Estado de la Revolución Mexicana, cada vez que ha adoptado medidas transformadoras de contenido democrático ha contado con el apoyo decidido de los trabajadores. Lo mismo ocurre en esta ocasión en que ha sido palpable el apoyo popular a la nacionalización de la banca.
Es por ello y fundados en las lecciones de la historia que nos parece inadecuado e inconveniente, política y constitucionalmente, la regimentación de las relaciones laborales de los trabajadores bancarios por las disposiciones del apartado B del artículo 123 constitucional, tal y como lo propone la iniciativa de reformas del Ejecutivo. Afirma la exposición de motivos de la propuesta presidencial que "para defender los intereses de la Nación en el proceso de desarrollo económico, social y cultural, es menester que el Estado cuente con los instrumentos idóneos que le permitan dar seguridad y estabilidad a la política financiera", y entre esos "instrumentos idóneos" se cuenta la inclusión de las relaciones laborales del nuevo sistema bancario en las disposiciones del apartado B artículo 123.
Nos parece totalmente gratuito y sin fundamento que los intereses laborales de los trabajadores bancarios, de regirse por el apartado A del 123
Constitucional, puedan y deban considerarse contrarios a "los intereses de la Nación en el proceso de desarrollo económico, social y cultural". Por lo demás, no resulta ocioso recordar aquí que la seguridad y la estabilidad de este régimen y de este país, han sido obra de los trabajadores y muy especialmente desde que éstos lograron la conquista de sus derechos de clase, entre ellos, el derecho de asociación y el derecho de huelga. No se justifica en un Estado que debe su existencia al apoyo de las masas trabajadoras el que vea en el derecho de huelga un instrumento subversión del orden establecido. La huelga es un derecho y no una prerrogativa arbitraria justamente porque está prevista y definida en las leyes. Resulta arbitrario e infundado decir, como lo expresó un diputado de la mayoría en el seno de la Comisión, que "si el derecho de huelga se extiende a los servicios públicos vitales se propiciaría el caos".
Eso mismo se dijo durante los años del Cardenismo, cuando se trató de la sindicación y del derecho de huelga de los trabajadores al servicio del Estado.
Lamentablemente y por lo que hemos podido ver después, esa fue la opinión que prevaleció. No fue la única, ni mucho menos la opinión de la mayoría de los revolucionarios y hombres progresistas de entonces y después. Y ahora será bueno recordar aquí el punto de vista de un revolucionario como Antonio Luna Arroyo, miembro del Sindicato de Abogados y dirigente del partido oficial:
"Merced a la asociación, el derecho de huelga -escribía en un folleto publicado en 1940-, evitaremos, como pensaron los Constituyentes, dos escollos temibles; de una parte la violencia de un sobresalto revolucionario (cuando los empleados públicos ya no puedan resistir la miseria, las injusticias y la opresión del Estado); y de otro, la omnipotencia del Estado, es decir, la tiranía agravada por el despotismo en sus múltiples formas (nepotismo, oligarquías y sistemas de paniaguados). De aquí que deba considerarse que el sindicalismo de los empleados públicos, tiene una acción pacificadora dentro de la justicia y protección eficaz de sus miembros frente a la arbitrariedad de sus gobernantes. La formación de sindicatos potentes que comprendan individuos de todas las clases sociales, ligados entre sí por convenciones colectivas, en las que se determinen sus relaciones de orden jurídico, constituirá una fuerte garantía, la única eficaz contra la omnipotencia del gobernante, o sea la omnipotencia del partido o de la mayoría contra el monopolio de lo Gobernantes que detentan indebidamente la fuerza".
Ni la historia ni la política de masas de nuestro país se compadecen de la existencia del llamado apartado B del artículo 123 constitucional y, por esas mismas razones que expresara Luna Arroyo, debería desaparecer como tal de nuestra Ley Fundamental.
Ahora bien, señor Presidente, señoras y señores diputados.
Ni aun estando a lo dispuesto por ese apartado se justifica el que las relaciones laborales de los trabajadores bancarios se rijan por el mismo. En primer lugar, su encabezado es perfectamente claro y definido en lo tocante al tipo de relaciones laborales que regirá: "El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán.
B. Entre los poderes de la unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores". Por contraposición, las leyes expedidas con arreglo al Apartado A, regirán" entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos, y de una manera general, todo contrato de trabajo"; en particular, la fracción XXXI de ese apartado A, en su inciso B, subinciso 1, dispone que la aplicación de las leyes del trabajo es de competencia exclusiva de las autoridades federales, en los asuntos relativos a aquellas empresas "que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal". De acuerdo con el Decreto de primero de septiembre en virtud del cual se expropia la banca privada, el Banco de México se constituye, precisamente, en un organismo público descentralizado, mientras que el decreto de fecha 6 del mismo mes de septiembre prevé la posibilidad de que las instituciones de crédito expropiadas, asimismo, devengan organismos públicos descentralizados. De acuerdo con ello, es contradictorio con el mismo texto constitucional incluir las relaciones laborales de los trabajadores bancarios en lo dispuesto por el apartado B. Los trabajadores de los bancos no trabajan para los Poderes de la Unión ni para el Gobierno del Distrito Federal, en el nuevo sistema bancario nacionalizado, sino en organismos públicos descentralizados que es lo que ahora son o están a punto de ser las instituciones de crédito y el Banco de México.
En segundo lugar, se violan los principios de la lógica jurídica al incluir condiciones particulares de trabajo que no son de excepción en un articulado que establece condiciones generales de trabajo. En efecto, las fracciones I a XII Y XIV del apartado B definen los términos generales con arreglo a los cuales se desarrollarán las relaciones de trabajo en las instituciones de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal. La fracción XIII del apartado B excluye de esas disposiciones generales a los miembros de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad pública, así como al personal del servicio exterior, que se regirán por sus propias leyes, en tanto el suyo es considerado un caso de excepción. La fracción XIII bis no se propone para excluir a los bancarios de las condiciones de trabajo propias del apartado B, sino para incluirlos en ellas cuando las suyas son las condiciones del apartado A, por la definición que las leyes hacen de sus centros de trabajo y de sus relaciones laborales. Mantenidos durante cerca de cincuenta años en un régimen laboral de excepción, los trabajadores bancarios hoy vuelven a ser sujetos de un nuevo régimen laboral de excepción.
Por lo anterior, señor Presidente, señoras y señores diputados.
El Grupo Parlamentario del Partido Socialista Unificado de México votará en favor de las reformas propuestas a los Artículos 28 y 73 y en contra de la reforma al apartado B del artículo 123 de la Constitución.
Y en atención a los problemas constitucionales que han surgido en este debate, mi partido propone se pongan a discusión de esta H. Representación Popular las iniciativas propuestas por diversas fracciones parlamentarias, entre ellas el sector obrero del partido oficial y el propio Partido Socialista Unificado de México, para que se adicione a la Constitución un capítulo económico en el cual se precisen los principios generales que deben regir el sistema nacional de relaciones de propiedad, el papel rector del desarrollo económico del país que nuestra Carta Magna reserva al Estado y las funciones que deben desempeñar los diferentes sectores de la economía nacional.
Muchas gracias, señor Presidente.
El C. Presidente: Tiene la palabra, por la Comisión, el C. diputado Manuel Solares Mendiola.
- El C. Manuel Solares Mendiola:
Con su venia, señor Presidente;
Compañeros diputados:
La decisión de nacionalizar la banca se ha tomado con evidente apoyo popular. Eso no se discute. Lo que aquí está a discusión es la elevación a rango constitucional de la misma, y no si los banqueros recuperarán o no su concesión. Que no se abrigue esperanza alguna en ese sentido porque la nacionalización de la banca es irreversible.
Un diputado del PDM ha venido a confundir los términos mexicanización y nacionalización, diciendo que no se puede nacionalizar lo que ya está en manos de nacionales, confundiendo un término político con uno de derecho internacional privado.
Nacionalizar, compañero diputado del PDM, no es como usted desveladamente afirma, que la banca se maneje por nacionales, sino que pase, en función del interés general, al control directo de la nación. Honorable Asamblea;
Recordemos hoy las palabras de José Natividad Macías en el Teatro de la República en Querétaro: "La Revolución no se hace únicamente para arrojar del poder a los dictadores y a los usurpadores, sino para cambiar un sistema político,...para implantar bajo todos conceptos una gran mejoría social".
En pleno Congreso Constituyente, al tiempo que los banqueros privados boicoteaban la política financiera del carrancismo, Heriberto Jara afirmaba en la tribuna que el capital es el enemigo de los movimientos revolucionarios, cuando éstos luchan por el equilibrio entre el capital y el trabajo, cuando éstos velan por la resolución de los grandes problemas sociales que están íntimamente vinculados a los privilegios de las clases adineradas.
Bajo este espíritu, compañeros diputados, nació la Constitución mexicana, como marco jurídico de nuestro pacto social; por ello, destrozó las posiciones jurídicas del mercantilismo y abrió el cauce a los derechos sociales de campesinos y obreros, depositando en la nación el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que reclame el interés popular para mantener y distribuir la riqueza, los bienes y servicios públicos, persiguiendo en todo tiempo el equilibrio democrático entre los factores que intervienen en el proceso de la producción.
En la Constitución inscribimos los valores fundamentales que nos definen como pueblo. Pero también las grandes aspiraciones, los desafíos, el proyecto nacional, el programa ideológico, los mecanismos sociales para concretar la práctica revolucionaria, los rasgos esenciales del sistema político, las bases de la convivencia, del consenso colectivo, de la Unión de la República.
Por ello no puede ser un documento para la inmovilidad, sino el texto dinámico para salvar los escollos y asegurar irreversiblemente las conquistas esenciales de la lucha popular.
Si el sistema jurídico canceló las libertades irrestrictas de contratación y competencia, no existe justificación alguna para que no impida el fortalecimiento de los grupos de resistencia al cambio.
Frente a quienes, desde la necedad y el egoísmo, presagian la estatización de la economía y la desaparición del sector privado. Frente a los coyunturistas que pretenden, desde la irresponsabilidad, elaborar un proyecto nacional alternativo para regular el comportamiento de los agentes económicos. Frente a los que, en la ingenuidad de su prepotencia, quisieran la iniciatividad del Estado, sin saber que serían ellos los primeros desplazados por el poder trasnacional, la mayoría responde que en el programa constitucional está el diseño del orden social al que aspira el pueblo y los medios para edificarlo. La Constitución posee los elementos normativos para proteger la lucha de clases, impedir el predominio de los privilegiados, asegurar a los mexicanos la función rectora de su economía, propiciar la justicia social, la equitativa distribución del esfuerzo y respetar, propiciar e impulsar la libertad no como una canongía, sino como sentido de responsabilidad, no como una patente para los grupos decadentes, ni como bandera para los autoritarios o los intolerantes, sino como un desafío a nuestra capacidad de respuesta en la lucha por la constante renovación de la sociedad.
La ley revolucionaria no la hicieron los ortodoxos abogados al servicio del dinero, ni los pudibundos juristas que se oponen a cada avance del interés colectivo, alegando supuestas violaciones a los sagrados recintos de la acumulación y el despojo, ni los académicos de mentalidad organicista, protectores del inmovilismo, alentadores de modelos jurídicos de dominación que justifican las desigualdades y pretenden perpetuar la servidumbre y la ignorancia. La ley revolucionaria tampoco ha sido producto del infantilismo irresponsable que señala alternativas postizas, carentes del apoyo popular y de una concepción estratégica del poder, que persigue canjear el sacrificio de los triunfos definitivos del pueblo, por el efímero imperio de la aventura, la irreflexión y el oportunismo, que históricamente ha dividido la unidad en las filas de las fuerzas progresistas y retrasando la organización democrática de los movimientos de masas.
El régimen constitucional asegura su vigencia en la medida en que quienes lo sostienen y aplican lo van conduciendo a nuevos derroteros, a fin de solucionar realidades emergentes en su seno o condiciones objetivas de atraso.
Es cierto. La crisis severa que venimos afrontando redujo nuestra capacidad exportadora de bienes y servicios; provocó disminución de ingresos por exportación de petróleo; salida de divisas por la importación de bienes de consumo, de capital, y turismo; aumento de las cargas financieras de la balanza de pagos; dependencia de los bancos privados norteamericanos como fuente de financiamiento; condicionamiento del crédito externo a criterios metropolitanos de rentabilidad y no de interés social; y finalmente, fuga de capitales hacia el extranjero, depósito, inversión financiera y gasto irresponsable fuera de nuestro país. Ante esa coyuntura desestabilizadora, el Estado reafirmó con la decisión del 1o. de septiembre, el pacto social que le dio origen y su naturaleza histórica que es la de un Estado revolucionario, democrático y popular. El Ejecutivo Federal envía a esta legislatura una iniciativa de reformas al artículo 28 para elevar al rango jurídico supremo de la Unión la nacionalización de la banca y hacer de este principio una conquista irreversible del pueblo mexicano.
La nacionalización de la banca representa la posibilidad de consolidar la rectoría del Estado para combatir la desigualdad y la marginación imperante y reorientar los recursos productivos hacia fines de interés popular.
Representa la oportunidad de promover inequivocamente la formación de una aparato productivo nacionalista para alejarnos de las falsedades publicitarias, de los señuelos desarrollistas que tienen arrinconada a la sociedad mexicana entre la pretensión y el empobrecimiento. Abre el camino para enfrentar la dependencia económica del exterior y las presiones que de ellas derivan, con mayor éxito y capacidad de negociación en beneficio de los más necesitados que son hoy por hoy, el sustento político y social del sistema.
La nacionalización de la banca significa reafirmar el pacto social, observando escrupulosamente el sentido de las modalidades a la propiedad que hoy reclama el interés público y que los representantes del pueblo queremos que definan el sendero irreversible de la Nación. No queremos que se repita el doloroso espectáculo de una banca privada mexicana prestando dinero en los grandes centros internacionales del agio, al lado de los bancos colonialistas, integrando carteles financieros de apoyo a proyectos de empresas transnacionales, mientras que en sus casas matrices, aquí, no había crédito ya no digamos para los campesinos, a los que se les ha negado de principio, sino para los empresarios mexicanos atados de manos por la falta de financiamiento oportuno y suficiente. Que no se vuelva a concesionar. Que no se vuelva a premiar a la traición.
La trascendencia de las medidas le imprimirá nuevas características a la acción del Estado en la sociedad. El objetivo, en lo interno, es la conformación de una economía prioritariamente orientada hacia la producción y el consumo de los bienes nacionalmente necesarios y hacia las metas de justicia social que demanda la Constitución. La tarea en lo externo , es que alcancemos los niveles de productividad y eficiencia que generen divisas, diversifiquen nuestros mercados y fortalezcan nuestra autonomía como pueblo dueño de su destino.
Es imprescindible que hagamos irreversible la conquista, estableciéndola en la norma fundamental. Es necesario coincidir en que por sí sola no es suficiente.
Se trata de una reforma de alcance histórico que debemos convertir en punto de arranque hacia nuevas victorias que el pueblo espera y de las que estamos seguros será el protagonista: eliminar el paternalismo industrial; lograr la autosuficiencia financiera, a través de mecanismos equitativos que se apliquen sin obstáculos, sin formalismos legaloides o mañosas estructuras mercantilistas que ya no corresponden a un Estado social de Derecho; hacer realidad la lucha histórica por asegurar la alimentación y la salud popular; racionalizar a la sociedad en su conjunto y poner un alto definitivo a chantajes de acaparadores, abusos de comerciantes e inequidades del aparato productivo.
Las circunstancias, compañeros diputados, reclaman de esta legislatura lucidez política para inscribir la iniciativa presidencial en un marco de acción que permita al Estado ejercer plenamente la rectoría de la economía nacional.
La Quincuagesimosegunda legislatura enfrenta una gran responsabilidad histórica. Tiene la gran oportunidad de cerrar definitivamente la puerta a la especulación financiera; tiene el privilegio de impedir el enriquecimiento de una casta que no ha sabido, en toda la historia de México, responder a los reclamos populares.
La nación nos demanda congruencia histórica y decisión revolucionaria.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Para hablar en contra, tiene la palabra el ciudadano diputado José González Torres:
- El C. José González Torres:
Señor Presidente;
Señores diputados:
De una vez por todas quiero decir no solo para el resto de este debate, sino para lo que nos pueda restar de legislatura, que todo lo que yo diga, quiero decirlo no sólo con respeto, sino con cordialidad, pero también con claridad.
No son insultos y aquí quiero referirme a lo que dijo el señor diputado Batres, los cargos que nosotros hacemos a algunas autoridades.
Si no fuera posible y legítimo decir esto, no tendría sentido la Cámara, ni que nosotros viniéramos aquí. No son palabras injuriosas las que nosotros empleamos, son cargos que hacemos que deberían ser contestados y que no lo son.
Ahora, entrando al fondo, el dictamen apoya las razones dadas por el Ejecutivo para el decreto de socialización de la banca, y luego, de la iniciativa que estamos discutiendo, para reformar la Constitución en tres de sus artículos y en el 73 por partida doble.
Considera buena la argumentación y da entre otras, dos razones a las que yo me quiero referir. La primera es que se trata de rescatar dice, integralmente para la nación, una actividad que es la banca y el crédito, de manos de los particulares, porque provocaron distorsiones en la vida social del país.
Mi comentario es éste: no se rescata para la nación, sino para el gobierno.
Entonces es el gobierno el que va a ejercer permanente y al parecer definitivamente esta actividad. Y entonces no se va a constituir en rector de la economía como se ha dicho aquí, equívocamente. Y luego me voy a referir a eso, sino el dueño.
Yo creo que son más antiguos, dicho esto con objetividad, son más antiguos los principios de doctrina del partido en 1939. Y desde esa fecha nosotros hemos proclamado esa tesis; el Estado es rector y no dueño de la economía nacional.
Pero yo veo que aquí se va cambiando el significado de los vocablos y de los conceptos, porque yo entiendo por rector y así se debe entender, el que dirige la actividad de los demás hacia un fin, de acuerdo con criterios superiores, pero él dirige. En cambio, el dueño se apropia de la cosa y la utiliza para sus fines legítimos o no, los fines personales de él.
Y lo que está pasando en este proceso de la economía de México es precisamente eso: el gobierno deja de ser rector, para convertirse en dueño de la economía y es lo que ha significado la banca. Era rector, la regulaba, la reglamentaba, vigilaba, inspeccionaba, sancionaba, en eso consiste la rectoría.
Pero ahora va a ser dueño, él es el propietario de las acciones y con las acciones de todos los bienes, derechos, etc., como ustedes saben.
La banca privada actuaba, ya se ha dicho mucho, como un instrumento de las autoridades hacendarias. No podía hacer absolutamente nada si no estaba acordado y a veces era ordenado, por ejemplo, el alza de las tasas de interés.
Se ordenaba y se decía claramente: "para estimular la inversión interna, para evitar la fuga de capitales".
Ahora consecuentemente las mismas autoridades hacendarias tenían que autorizar el que se cobrara más a los acreditados por los bancos naturalmente. No podía concebirse que hubiera pérdidas en el ejercicio de la banca. Eso era lógico, pero, repito, todo eso era regulado por las autoridades hacendarias, lo mismo digamos que Secretaría de Hacienda, que Banco de México, o que Comisión Nacional Bancaria y de Seguros.
Por tanto, lo que ha sucedido aquí es que el gobierno por otras razones que ya también se dieron y a las que ya aludiré después, al fracasar encontró en este trámite un instrumento muy expedito, con objeto de reivindicarse y de encontrar un culpable, ¿a quién?
El señor diputado Rocha hizo una serie de cargos a varios, a muchos Bancos, yo no sé, francamente, yo no voy a negar la exactitud de esos cargos, yo los ignoro, pero argumenta así, si es cierto lo que el señor diputado Rocha dice aquí y eso fue conocido por las autoridades hacendarias, yo digo ¿por qué no los fueron castigando de uno por uno? facultades tenían. (Aplausos.) Entonces si dejaron que se acumularan todas esas fallas, tantas y tan graves como se pintó aquí, pues yo creo que resulta una responsabilidad muy seria para el órgano de vigilancia que no supo ejercitar a tiempo las acciones y evitar que se siguieran cometiendo esas irregularidades. Yo creo que lo menos que se puede decir es que hubo lenidad, que hubo por lo menos una cierta tolerancia, si no es que alguna cierta connivencia, de manera que repito, yo no niego sus cargos, pero creo que resultan en contra de los organismos de Hacienda, en vez de resultar a favor. De manera que ahora se vienen a citar aquí esos cargos generalizándolos para justificar el Decreto de Expropiación. Yo creo que todo eso debió ser motivo de un proceso administrativo o penal contra el banco que cometiera tales faltas.
Nosotros no venimos a decir aquí que los bancos no han cometido ninguna falta, nosotros ya se ha dicho, venimos a defender el principio de respeto al principio de que la actividad económica debe ser predominantemente a cargo y como una actividad de los particulares. El gobierno como rector de toda la economía, eso sí, rector celoso, rector enérgico, pero rector.
En segundo lugar, y por más que se niegue aquí el Decreto de Expropiación es socializante. Se llamó de nacionalización, no hay tal nacionalización, es una socialización de la banca. Ahora, esos decretos se dice que han sido apoyados ampliamente por el pueblo, bueno, ya sabemos lo que significan esos apoyos, son forzados, se fuerza a los trabajadores, en cualquiera que sea la actividad económica en la que labore, se les fuerza y muchas veces no sólo se les fuerza, se les acarrea. Todos somos testigos de la cantidad de medios de transporte que están ahí esperando que transcurra el acto para llevar nuevamente a los acarreados a sus lugares de origen.
Todos hemos sido testigos de las presiones y se han publicado muchas veces las circulares, las notas que se envían a los sindicalizados, advirtiendo que tienen que estar en tal acto y advertidos de las sanciones, suspensión en derechos sindicales, privación de salario por tantos días, en caso de que no concurran; de manera que eso pues no prueba absolutamente nada.
Ahora, por contra, yo quiero decir esto. El Presidente de la República, poco después del decreto, no recuerdo si dos o tres o cuatro días después, en una rueda de prensa que tuvo, a la que él invitó a los representantes de los medios de comunicación social, les pidió su apoyo, les pidió que apoyaran al gobierno; naturalmente hablando bien de aquel decreto, justificándolo, etc. Y por allá algo se dijo de que cuando vean las barbas de tu vecino cortar, echa las tuyas a remojar. En buenas palabras, ésta era una amenaza a los representantes de los medios de comunicación social.
Segundo dato: varias empresas, aquí en México y en otras ciudades, quisieron hacer un acto parecido de protesta por el decreto. A esos no se les permitió.
A ellos los amenazaron con una serie de daños, de represalias y de castigos si la realizaban. Las autoridades avalaron de tal manera aquellas amenazas que los que pretendían hacer aquellos actos de protesta prefirieron desistir de eso.
Allí está el contraste: para el apoyo al gobierno, toda la presión oficial, toda la capacidad de castigo del gobierno; para las que quieren manifestar o expresar opinión en contra, todas las trabas, todas las amenazas para que el acto no se realizara. Todo eso está muy lejos de la libertad y muy lejos de la democracia.
Por otra parte, la reforma de que nos estamos ocupando en este debate es para convalidar un decreto anticonstitucional, aunque se niegue esta finalidad. Yo también voy a
quedar incluido en la categoría que ya se dijo aquí porque me estoy sustituyendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero yo quiero decir esto: si los diputados no pueden hablar para externar una opinión y un juicio sin esperar a que falle la Corte, pues no tendría razón de ser la Cámara de Diputados. Bastaría estar citando la jurisprudencia de la Corte. No. Nosotros tenemos derecho a opinar aun en contra de lo que opine la Suprema Corte de Justicia. Nosotros somos parte, aunque seamos uno de 400, de una de las dos Cámaras del Poder Legislativo. El consenso de todos nosotros es lo que forma la opinión, y la opinión de este poder legislativo. Tan poder como la Suprema Corte de Justicia. Ella, allá que interprete, pero en el caso concreto resulta que la Suprema Corte ha dado un espectáculo deprimente: en cuanto sale el decreto, el Presidente de la Suprema Corte intempestivamente lo declara constitucional, y al día siguiente o al tercer día van todos los Magistrados en pleno a manifestar su solidaridad al Ejecutivo de la República. Esa es la independencia que debe guardar el Poder Judicial de la Federación. Esa es una garantía para ahora que emita su juicio en relación a los amparos que se han interpuesto en esta materia, definitivamente que no. Pero, independientemente de todo esto, yo quiero dejar sentada la tesis que tenemos derecho a opinar sobre la constitucionalidad de una ley o de un decreto, independientemente de lo que opine la Suprema Corte. Claro está que, para los efectos prácticos, en el momento en que la Corte emita un criterio, en relación con ese asunto será el que prevalezca, y el que reciba el apoyo de la autoridad pública. Eso de acuerdo. Pero estamos en el debate, estamos tratando de ver si ese decreto es o no constitucional, y mi opinión es que es profunda y radicalmente constitucional.
Alguien en días pasados, me parece que el martes, deploró que el Presidente de la República tuviera tanta intervención en el proceso legislativo; el Presidente de la República es el primero que se menciona con la Iniciativa de Ley; el Presidente de la República tiene derecho a veto; el Presidente de la República promulga la ley; el Presidente de la República, por último, tiene la facultad reglamentaria.
Yo no deploro eso, señores diputados, yo creo que eso está bien, no podría ser de otro modo; que el Presidente de la República, el Ejecutivo, tenga iniciativa de ley, me parece correcto. Ahora, que si se le mencionó en primer lugar, que debió ser el legislativo el primero, bueno, podría discutirse, pero debe tener iniciativa de ley el Presidente de la República.
Que tenga derecho a veto, también me parece correcto, por una sola vez, porque él sí puede ver inconvenientes en la ejecución de una ley; que sea el que lo promulgue, me parece lógico, quién otro la va a promulgar, el Ejecutivo que la va a ejecutar; y que tenga facultad reglamentaria, también me parece correcto, porque el reglamento es el medio para hacer cumplir la ley. Nosotros, con lo que nos inconformamos es con que abuse de la facultad reglamentaria, y dicte un decreto o un reglamento, no para hacer cumplir una ley que él debe hacer cumplir como Ejecutivo, sino para violar esa ley o para quitarla del escenario jurídico. Esto es lo que nos inconformamos. Y yo considero que el decreto del Presidente de la República fue a eso, no sólo contrarió la ley, algunos artículos de la Ley General de Instituciones de Crédito, sino la Constitución misma de la República, porque ese decreto fue contra los principios democráticos y libertarios que consagra la Constitución. Eso no se puede cambiar por un decreto, es absurdo admitirle al Presidente de la República esa facultad, si se admite eso, pues, con otro decreto expropia la industria, con otro el comercio, con otro los medios de comunicación social, con otro la tierra, tanto la rústica como la urbana y acabamos con todo, y en 5 minutos el Ejecutivo habría cambiado radicalmente, radicalmente la Constitución misma de la República.
Eso, en lógica y en buen derecho no se puede admitir.
Aquí se dice que no, que no es esa la finalidad de estas reformas a la Constitución, que es sólo para evitar la
reversibilidad de esa medida y yo creo que no es verdad eso, y creo que no es verdad ni conduciría por lo siguiente: primero, que no es verdad. El Presidente de la República, en una entrevista que tuvo con algunas personas dijo esto: que él era abogado y que reconocía que su decreto tenía fisuras, pero que él también reconocía que en los jurídicos de los bancos había buenos abogados que podrían descubrirlas, pero que estaba dispuesto a cerrar esas fisuras con reformas a la Constitución o como sea. Yo me quedo nomás con la primera parte, la segunda la dejamos de momento. Con reformas a la Constitución. Y es lo que ha hecho.
Ahora nos manda una Iniciativa de Ley con reformas a la Constitución para tapar las fisuras de su decreto y para que su decreto aparezca como perfectamente constitucional.
Pero ahora viene la otra parte. Vamos a suponer que fuera cierto que no se trata de eso sino que se trata simplemente de evitar que en el futuro se pudiera otorgar de nuevo la concesión del ejercicio de la banca a los particulares; vamos a suponer que eso fuera cierto. No se lograría. Si en México tan fácil que es reformar la Constitución. Ya ven en qué ratito nos vamos a echar 4 reformas a la Constitución a petición del Presidente de la República. Si el futuro Presidente de la República u otro con posterioridad - nombre no importa - si el presidente de la república en el futuro
mandara otra iniciativa de ley para volver a reformar la constitución en orden a que se pudiera otorgar de nuevo la concesión del ejercicio de la banca a particulares se aprobaría la reforma.
Hace ya mucho tiempo yo estudiaba derecho constitucional con un gran maestro que ahora es senador, don Antonio Martínez Báez, muy estimado por todos nosotros. El nos hacía notar entonces -y creo que la afirmación siga siendo válida aunque no sé si el maestro la sostenga todavía - la facilidad de reformar la Constitución. Teóricamente es de tipo rígido, rígido, es muy difícil reformarla teóricamente, pero en la práctica facilísimo. Nos hacía notar, hasta se edita en hojas substituibles que ya había desde entonces, desde hace 40 años ediciones de la Constitución en hojas substituibles, porque cada año sufre muchas reformas; entonces, la rigidez de la Constitución Mexicana es teórica, en la práctica es de lo más maleable, de lo más dúctil, se reforma con extraordinaria facilidad, de manera que la irreversibilidad del Decreto dado por el Presidente de la República no es una cosa impresionante, durará tanto cuanto quiera el Presidente de la República, el actual, el que le suceda de inmediato o periodo de por medio, estará a criterio del propio Presidente de la República.
Ya también se dijo que esto no debería ser materia del constituyente ordinario como es el Congreso, el constituyente del que nosotros formamos parte, que debería ser materia de un congreso constituyente extraordinario convocado al efecto, para reformar la estructura de la Constitución Política de México, los principios fundamentales en los cuales, pues creo que todos estemos de acuerdo, los principios estructurales fundamentales, y si no estamos de acuerdo pues queremos que se modifiquen por un procedimiento legal, democrático, pacífico y lo lograremos así, pero ahora se nos presenta esta reforma estructural a la Constitución real y política de México, con una simple reforma a la Constitución realizada por el poder constituyente ordinario que ciertamente no tiene facultades para ello.
Además, la reforma tiene por supuesto un contenido y proyecciones económicas, se refiere a la banca, pero tuvo motivos y fines políticos. En primer lugar, la revaluación personal de la figura o imagen del Presidente, eso a mí me parece indubitable, él mismo habló antes de eso ante la televisión, todos lo vimos, lo oímos o pudimos verlo y oírlo, de que era un Presidente devaluado y entonces, también para explicar la bancarrota económica de su gobierno, entonces encontró un sujeto a quien culpar y fue a la banca; la banca, digo yo, pues nunca será popular, de manera que fue bien escogido el sujeto que iba a responder, a quien se iba a echar toda la culpa y consecuentemente toda la odiosidad del pueblo mexicano. Aquí, en esta tribuna, que es para que legisle el Congreso, el Presidente de la República, que debió venir a informar, algo informó, pero luego hizo una realmente exposición de motivos muy apasionada, de los decretos que iba a promulgar ahí, desplazándolos a todos.
Y no lo hizo como debe ser una ley; aquí también se recordaba esa característica. No, con ánimo sereno, ponderado, sino después de un discurso airado, agresivo, en el cual, como señaló el pié de una fotografía publicada en la prensa diaria, no recuerdo en cuál, con gesto feroz se promulgó los referidos Decretos, aquí que es la sede del Congreso de la Unión, del Poder Legislativo de la República.
Avanzar en la otra finalidad, es avanzar firmemente en el proceso de socialización de México, por eso lo ha celebrado tanto la izquierda. Si la bandera era de ellos, y la ejecuta y cumple el Presidente de la República.
Se le ha llamado "paso decisivo" por los señores diputados de la izquierda, instrumento colosal le llamaba esta misma mañana, pero atenta contra el régimen constitucional de reconocimiento a la propiedad privada y a la libre empresa reglamentada. El estado como rector de la economía puede reglamentarlo, nunca hemos negado nosotros que la propiedad privada aún reglamentada tenga una función social, y no negamos que es el gobierno el que tiene el derecho de hacer esta reglamentación pero de acuerdo con esos criterios que no sustituyan las realidades, sino que realmente integren la reglamentación del ejercicio de esos derechos.
Se ha comparado esta expropiación con la del petróleo y con la de la banca en Francia, con Mitterrand. Yo ya he dicho en algún otra tribuna, que el parecido que se señala entre esta expropiación y la del petróleo es muy vaga, son expropiaciones, se trata de cosa muy importante; el petróleo antes, la banca ahora, sin duda, pero que hay diferencias radicales que deben citarse ahora.
En la expropiación petrolera se trataba de unas compañías en manos extranjeras; ahora la banca estaba en manos de mexicanos. En el caso de las compañías petroleras se trataba de unas compañías extranjeras que se negaron a obedecer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea se rebelan contra las leyes y contra el gobierno. En el caso de la banca trabajaba con toda tranquilidad, sumisamente a las leyes, a los reglamentos y a las autoridades; no había ningún parecido entre todo eso.
Por otra parte, en la expropiación petrolera todavía a mayor abundamiento en la expropiación petrolera ciertamente México adquirió la propiedad de algo, no del petróleo. El petróleo ya era mexicano en virtud de la disposición del Artículo 27 de la Constitución de 1917. De manera que desde ese año el petróleo
era de México. Pero se adquirieron al menos las instalaciones, mediante las cuales se explotaba el petróleo. Y se evitó que salieran ganancias, regalías, etc., al extranjero.
En cambio ahora con la expropiación de la banca, México no va a ganar nada.
Va a cambiar de mano. Antes eran los particulares, ahora van a ser, va a ser el gobierno que va a ejercitar esto, naturalmente a través de funcionarios designados por él. Pero México no va a ganar nada. De manera que el supuesto parecido entre la expropiación de la banca y la del petróleo, no es real.
Definitivamente no es real. El parecido que se considera con la expropiación de la banca en Francia, ya también se ha dicho mucho, es también radicalmente distinto; en Francia el candidato socialista declara: "Yo de llegar a la Presidencia, expropiaré la banca". Hay una campaña, viene la votación, gana él. Quiere decir que el pueblo francés estuvo de acuerdo en eso. Ahí no hubo engaño; el pueblo aceptó y luego el Presidente con prudencia va tomando las medidas del caso para la estatización de la banca.
Aquí por el contrario, aquí es una cosa secreta. Nadie sabe nada. De los mismos altísimos funcionarios de la Federación fueron sorprendidos. Fue hecha de una manera agresiva, como ya lo dije, y precipitada. Aquí fue un golpe sorpresa. Allá fue el cumplimiento de un proyecto. Conocido y aceptado por la mayoría del pueblo.
En cambio aquí fue positivamente un golpe de sorpresa para todo el pueblo mexicano.
Ahora, por último, los efectos que se dice que se buscaban, se pudieron obtener sin el zarpazo en cuestión. El control, de cambios, probablemente hubiera sido útil en ese momento y siga siéndolo, digo, se podría discutir.
Pero eso se pudo haber decretado sin necesidad de la expropiación.
Se dice que fue también para la orientación de la actividad bancaria, que para beneficio del pueblo. Y arguyo de igual modo: hubiera bastado una circular de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria o del Banco de México, y se hubiera arreglado todo. Ellos tenían en sus manos todo el instrumental necesario para eso.
Por último, en cuanto a la sindicalización de los empleados bancarios, tampoco era necesario, pero a este respecto yo quiero recordar que el general Cárdenas, considerado por la mayoría y por la izquierda como uno de los revolucionarios más representativos, ni él se atrevió a implantarla. El consideró que la naturaleza de la actividad bancaria requería un tratamiento especial y no la decretó.
Pero en fin, independientemente de eso, también pudo lograrse sin necesidad de la estatización.
Ya para terminar, yo quiero decir una palabra también acerca de lo que dijo el señor diputado Batres, él dice que es poco lo que nos separa y que es mucho lo que nos une. Yo lo desearía vivamente, señor diputado, pero temo que sea mucho lo que nos separe, porque usted mismo dijo aquí y trató de probarlo, que el Estado tiene derecho a hacer lo que quiera y yo creo que eso, es el Estado totalitario y aquí es donde mis compañeros de partido y algunos otros diputados de esta Cámara, están de acuerdo en que no es así, en que el Estado está también limitado en sus atribuciones. Si el Estado no tiene límite, pues es el absolutismo- Estado, el Estado totalitario y no hay que hacer.
Si todo va a ser una concesión graciosa del Estado, yo creo que las libertades están condenadas a muerte. No, yo creo que tiene que haber límite, es un límite, a mi entender, triple: el límite de la razón, el límite de la libertad de las personas y el límite de la democracia.
Yo creo que en tesis tenemos que reconocer que el Estado tiene límites en su facultad legislativa y ejecutiva y que nosotros que integramos el Congreso de la Unión, también debemos tener esos límites. Los límites que impone la razón, los límites que impone el ejercicio de la libertad de todas las personas que integran la comunidad política, que se rige con las leyes que aquí se expiden y por último la democracia. ¿Qué no consiste en eso la democracia?
¿Qué no son las garantías constitucionales como las llaman los constitucionalistas, autolimitaciones que se impone el Estado, en beneficio de los particulares? Si va a quedar en manos del Estado quitarlas de una por una o todas de golpe, entonces no estamos ni remotamente en un estado democrático, estamos en un estado totalitario.
Yo no dudo que en México ya estemos en un estado totalitario como en las naciones del Este de Europa, no, gracias, a Dios, todavía no, pero sí afirmo que para allá vamos y que este paso dado arbitrariamente por el Ejecutivo Federal por la expropiación de la banca, es un paso muy peligroso para llegar a establecer un Estado totalitario en que desaparezca todo asomo de libertad y de democracia, pensémoslo mucho todos señores diputados. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra para hablar en pro el ciudadano diputado Francisco Ortiz Mendoza.
- El C. Francisco Ortiz Mendoza:
Señor Presidente;
Señores diputados:
Otro de los consejos cínicos que daba Maquiavelo para gobernar era "divide y vencerás, divide y reinarás".
Pero lo que no sabía Maquiavelo que a cientos de años de haberlo dicho, iba a haber diputados ingenuos que
creían que podían dividir a las fuerzas democráticas cuando han dado pruebas ahora de que están resueltas a hacer avanzar una medida política. Ni el PPS se va a molestar y por ello votar en contra porque le hayan arrebatado sus banderas, como dicen diputados de la derecha, ni las fuerzas de la mayoría se van a molestar por el incidioso planteamiento de que le están imponiendo banderas que no tenían. Esta es una victoria de las fuerzas democráticas, es una victoria de todo el pueblo, es una victoria de toda la nación. Por consecuencia el intento de dividirlas no va a avanzar. Lo que sucede es que les ha dolido la medida, muy profundamente les ha dolido, les quitaron la maquinita de hacer dinero, les quitaron todas las posibilidades de seguir saqueando al país, y están moviendo no sólo todos los medios de información del país, sino los medios internacionales.
Se dice que vamos al socialismo, y que éste es un paso más hacia el socialismo. Bendito sea Dios que todos los pueblos del mundo van al socialismo.
No habrá ningún pueblo que se quede rezagado. Tarde o temprano llegarán al socialismo. Pero no es así como lo señalan. Lo dicen de muy mala fe, para irle calentando la cabeza al imperialismo: tu vecino, tu vecino va al socialismo y te va a crear un problema. Y sí sería una ingenuidad de nuestra parte querer dividir aplicando los principios de Maquiavelo, a los 36 diputados más reaccionarios de Estados Unidos que le piden a Reagan que intervenga, que presione a De la Madrid, próximo Presidente de México, para que frene esta o la socialista, exactamente lo que dicen los de la derecha aquí, los diputados del PAN y del PDM. Esos adoradores de Iturbide, exactamente ellos aquí lo vinieron a exaltar. Quisieran que la Cámara de Diputados le rindiera pleitesía a Iturbide, y cuidado que si nos descuidamos, nos piden que lo pongamos allá en la pizarra con letras de oro. Pero no lo van a lograr. Lo que pasa es que a la derecha ni han acabado de asimilar la independencia nacional, encabezada por Hidalgo, por Morelos, por Guerrero, y tienen atorada en la garganta la reforma de Juárez, y se les hace muy difícil meterle el diente a la Revolución, y están hechos un lío. No entienden lo que pasa en este país.
Hablan del Estado para arriba y para abajo y son doctores en teoría del Estado, con toga y con todo.
Yo no soy abogado, soy ingeniero, pero yo sé que el Estado pues no ha existido siempre. Hubo una larga época de la humanidad -y ellos lo saben bien-, nada más que convenientemente se lo callan, que no hubo Estado no había naciones.
Pasaron muchos años hasta que empezó a surgir la propiedad privada, hasta que se empezaron a desarrollar las fuerzas productivas fue cuando hubo necesidad, para que no hubiera conflictos entre los grupos sociales entre sí, de que hubiera un organismo social que resolviera esos problemas, que laborara las normas de convivencia de los grupos sociales y de los intereses que ya había por la propiedad privada.
El Estado surge, incipientemente, con la propiedad privada; ¿a ese Estado de hace 12 mil años se referirán los diputados de la derecha? Yo no lo creo, han pasado muchos miles de años. Y claro el Estado fue avanzando en su concepción, en su integración. Esta propiedad privada tuvo conflictos porque dentro del Estado, manejado y dirigido como ha sucedido siempre, preeminentemente por un grupo social dominante, genera la lucha del dominado, y no es por gusto de nadie, es por las leyes del desarrollo social, simplemente es una ley natural del desarrollo social, que en el sistema capitalista o en el sistema donde existe la propiedad privada, surgieron con ese sistema las clases sociales en pugna, y una clase social dominante tiene el aparato del Estado en sus manos, y el Estado, parece que así se le llama al organismo, tiene su grupo que ejerce el poder, que es el gobierno. Es decir, el Estado le da esa facultad a ese grupo, y esa lucha entre la clase social dominante y la clase social dominada, pues es lo que se llama la lucha de clases, que los señores diputados del PAN y del PDM quisieran que desapareciera. Y así dicen cada rato: Que no haya lucha de clases, que haya armonía entre los hermanos, que deben quererse los unos a los otros, etcétera. Pero es como si en beneficio de la aviación, los señores decretaran, constructores de aviones: Nos cuesta mucho dinero elevar un avión... Que desaparezca la Ley de la Gravitación Universal y así será muy fácil elevar un avión. Pero no puede desaparecer esa Ley, como no desaparece la lucha de clases, mientras haya clases. Y el Estado no va a ser eterno, va a desaparecer. Engels decía: Llegará el día, cuando las fuerzas productivas se hayan desarrollado suficientemente, cuando todos queden satisfechos en sus necesidades, en que el Estado pasará al museo a ocupar un lugar con el telar de mano, etcétera; como una pieza de museo más.
Es decir, el Estado tuvo un origen, y el Estado terminará su existencia; nació con las clases y morirá cuando desaparezcan las clases. Ese es todo el problema. Pero en ese proceso, desde que empezó el Estado hasta que termine -quién sabe cuándo terminará- pues el Estado va tomando diferentes formas, diferentes maneras. En el proceso de la vida social ha habido, que se conozcan, cuatro regímenes: el régimen esclavista, el régimen feudal, el régimen capitalista y el régimen socialista. Y el Estado va tenindo formas especiales en cada uno de estos casos. Sería absurdo -yo así
lo creo, señores doctores de teoría del Estado- sería absurdo querer que el Estado en la etapa del feudalismo actuara igual que el Estado en la etapa de la esclavitud o en la etapa del capitalismo actuara igual que en la etapa del feudalismo, o en el sistema socialista, que el Estado actúe de la misma manera que en la etapa capitalista, feudal o esclavista. Entonces, debemos comprender que el Estado va adoptando formas distintas y que durante el proceso de integración del Estado y de definición de sus nuevas formas va creando sus superestructuras, entre ellas el derecho, el arte, otras formas de superestructuras influidas por esa lucha de clases, porque la clase social que está dominada quiere tomar el poder, quiere tomar el poder, pero no lo quiere tomar nada más por el poder en sí mismo, sino lo quiere tomar precisamente como producto de esa lucha de clases. Por eso pugna por tomarlo e imponer, en su momento, nuevas formas de concepción del mundo y de la vida y nuevas superestructuras. Entonces, por qué quieren que el Estado sea rígido, permanentemente rígido.
Resulta que el sistema capitalista que estaba, era homogéneo prácticamente en el mundo, ya tenía 200 años de homogeneidad, pero resulta que a la clase social dominada en el mundo se le ocurrió en mala hora para esos señores tomar el poder y la clase obrera tomó el poder en 1917, por primera vez en un país que fue la Rusia de los zares. Ahí la clase obrera, por primera vez, tomó el poder y surge una nueva forma del Estado, la forma socialista, y entonces conviven desde entonces, desde ese momento, dos formas esenciales de Estado: el Estado socialista y el Estado capitalista. No vamos a hablar del Estado socialista porque estamos muy lejos de eso por desgracia, por desgracia mucho muy lejos todavía de él, así que ni siquiera tenemos que plantear, si no es que lo hacemos de muy mala fe de que estamos en un sistema socialista, falta muchísimo para ello, pero en el capitalismo en donde estamos, pues ahí mismo hay diferentes formas de Estado; podría decirse así en grueso, que son dos: los países que tienen los medios de producción suficientes, los explotadores y los países explotados. Pero no, no es así, podemos advertir cuatro formas de este país del mundo capitalista están los países coloniales, tadavía hay colonias en este mundo; los países semicoloniales o en proceso de desarrollo, como se les llama, o subdesarrollados, como se les llama; los países en desarrollo ya industrializados pero que no llegan tadavía a la etapa de la exportación de capitales; y los países capitalistas altamente desarrollados que exportan capitales, que es el imperialismo. Son las cuatro formas del Estado a mi juicio, que hay en este momento, en este mundo capitalista en el que vivimos.
Serán las formas del Estado iguales, a pesar de que estamos ya para entrar al tercer milenio ¿será el mismo Estado en los cuatro? No, en los países coloniales ni siquiera hay Estado, les está vedado todo, tienen prohibida la producción, prohibida la agricultura, prohibida la industria, el Estado es la metrópoli, en esos países coloniales a veces se a apenas integrando la nación como tal, que es un grupo humano con una comunidad de lenguaje, así lo definió el diputado del PDM, de comunidad de territorio, comunidad económica, comunidad sicológica, es una nación definida, no se vaya a asustar el diputado del PDM, pero esta definición es de Stalin. En esos países coloniales no hay Estado, hay nación. ¿Y cuál es la lucha de esos países coloniales, de ese grupo humano integrado ya?, luchan por su independencia, junto a la clase obrera, los campesinos, la burguesía que existe ahí, etc., todos ellos están luchando por su independencia; ese es su objetivo, cortar los hilos con la metrópoli, y erguirse como Estado independiente. Ahí está la tarea del Estado incipiente.
En los países subdesarrollados o semicoloniales como es el nuestro, la tarea del Estado es otra diferente a la de los países coloniales. En los países semicoloniales de lo que se trata es de rebasar la producción agrícola que es la clásica en los países coloniales, entrar al desarrollo industrial, y liberarse de la penetración del extranjero. Por eso, en los países semicoloniales se forma el frente democrático de todas las fuerzas, y la consigna de un país semicolonial es funcionalizar, no con esa parte de semántica de que es la nacionalización y la estatización, no; todos los bienes al servicio de la nación es lo que importa; nacionalizar.
Por eso el maestro Lombardo Toledano desde hace muchos años, muchos años, desarrolló toda una teoría, una tesis de que para descolonizarse se necesita nacionalizar.
La ley descubierta por Vicente Lombardo Toledano para el desarrollo de los países semicoloniales, se expresa en tres palabras: Nacionalizar es descolonizar.
No es una frase nada más retórica, es toda una teoría y no verán ustedes un sólo país colonizado, un sólo país semicolonial que logre romper esa estructura sin nacionalizar; todos los países del mundo que traten de romper esa estructura tienen que pasar por la vía de las nacionalizaciones, y eso fue lo que descubrió Vicente Lombardo Toledano, y lo expresó en múltiples documentos; luego algunas gentes se lo copiaban y cambiaban las palabras creyendo que era nada más cosa de palabras, pero no, es una ley esencial del desarrollo.
Los países industrializados que no han llegado a la exportación de capitales, están en contradicción interna y en contradicción con los países imperialistas. Ahí está el caso
concreto, vivo, actual, del bloqueo que los Estados Unidos pretende que se haga al gasoducto de Siberia a Europa.
Todos los países que están luchando por desarrollarse con independencia, no le hacen caso al bloqueo. O los países imperialistas tampoco se lo hacen porque hay contradicciones interimperialistas. Pero cuál es el que a nosostros nos interesa de esos tipos de Estado, pues el de los países en desarrollo, los semicoloniales; esos son porque ahí estamos nosotros. Bueno, pues así como hay cuatro Estados todavía, en México, el Estado desde que somos país independientemente, ha sufrido cambios, muy importantes cambios. Ese era el pleito entre Guerrero, entre Morelos, entre Hidalgo, ya muertos, con la corriente de Iturbide.
Pues el otro día nos venían a explicar aquí que O'Donojú, que muy buena gente, que reconoció la independencia. No era ese el pleito, la razón por la que el pueblo rechaza a Iturbide, es porque Iturbide quería que siguiéramos con la misma estructura colonial. Era lo que quería Iturbide, con sus grupos en el poder. Y por eso se erigió en emperador. Que él de muy buena fe anduvo ofreciéndola a Fernando VII y a otros reyes que vinieron y que nadie hizo caso, pues nadie le iba a hacer caso. Si aquí no había tradición de reyes, lo más que conocían era el virrey. ¿Cuál herencia había aquí de reinados?
O a lo mejor creen eso de que el Rey Cuauhtémoc y el Rey Moctezuma. Eso no existía. Aquí en México nunca ha habido reyes. ¡Jamás! Y los emperadores han sido dos: y a los dos los fusilaron, a Iturbide y a Maximiliano. Uno, falso emperador y el otro que se quiso erigir.
Y larga fue la lucha por cambiar la estructura del Estado. Los revolucionarios de la Independencia, querían romper las prohibiciones de la colonia.
Hay que recordar otra vez: prohibido producir; prohibido comerciar; prohibido tener comercio exterior; prohibido tener su propio ejército; prohibido, prohibido, prohibido. Esa es la colonia. Cuando hay una colonia, todo está prohibido para el pueblo. Y cuando se logra la independencia, entonces todo es positivo. Se puede tener su comercio, se puede tener su gobierno, se puede tener sus fuerzas productoras desarrolladas, etcétera.
Entonces, los revolucionarios de la Independencia querían una nueva estructura acorde con el momento en que se vivía. Y por eso desamortizaron los bienes de la iglesia, que es otra cosa que tienen atravezada en la garganta. Por eso nunca perdonarán a Juárez. Ya perdonaron a Hidalgo que lo habían excomulgado Pero a Juárez no, eso no lo perdonan, lo encapuchan, porque él fue el que nacionalizó los bienes de la iglesia. Los bienes de manos muertas, porque la mayor parte de los bienes que tenía la iglesia no generaban nada, no había producción. Y como los luchadores de la independencia y los que vinieron después era liberales, entonces aplicaron todos los principios del liberalismo económico a la etapa de la independencia, para desarrollar las fuerzas productivas y el Estado tuvo otra conciencia, ya no compartió el poder con otro Estado, desapareció el Estado-iglesia que querían que hubiera así, otra cosa que también les duele ¿por qué quitaron al señor arzobispo de un lado del Presidente? ¡Tan bonito que se veían los dos juntos! Pero ya no había eso, el poder civil del Estado es el que manda en este país. Ni siquiera hay separación, no hay separación, no es cierto entre el Estado y la iglesia, ni juntos ni separados, aquí el único que manda es el Estado mexicano, el estado civil, la iglesia no tiene ningún derecho en México, entonces no hay separación.
Y así avanzó nuestro país, con una nueva concepción del Estado, pero luego hay viene Porfirio Díaz que para sostenerse en el poder pues empezó el latifundismo laico, a dejar en claro las fuerzas económicas del exterior y a fortalecer esa economía aparente, pero para mantenerse en el poder como dictador. Y empezó la represión contra el pueblo, la esclavitud, el feudalismo en la producción, etc.
Y por eso estalló la Revolución de 1910 para romper el régimen feudal y romper con la penetración del extranjero en este país, por eso fue la revolución antiimperialista, antifeudal, popular, democrática. Y las grandes masas populares se movilizaron y fue una revolución que costó un millón de muertos. Y dicen que no hay antecedentes, que fue de pronto que se le ocurrió al Presidente, que venía enojado porque estaba devaluado y en diez minutos que conmovieron al mundo, de Presidente desnacionalizado, que dicen Presidente devaluado, ahora es un Presidente nacionalizado. ¡Qué bueno! Todos los mexicanos salimos ganando con un Presidente de mucha estatura.
¿Por qué? Porque quiso tener la visión clara, la misma que tuvo Juárez en el 57 y en el 59 y en el 62 para defender al país. La misma visión clara, el mismo camino que tuvo Lázaro Cárdenas, ahora la tuvo el Presidente de la República en esta tribuna. Y qué bueno que lo hizo ante el pueblo y puestos de pie todos los representantes de pueblo fuera de este recinto aplaudieron la medida.
Pero, ¿qué pasó en el 17? En el 17 se dio al pueblo mexicano una Constitución, varios Artículos, El 3o., el 27, el 28, el 123, el 130, todos los Artículos revolucionarios de la Constitución, y ahí se sentaron las bases de todo lo que está pasando ahora: de las nacionalizaciones, del desarrollo económico de nuestra Independencia, de la educación popular, todo eso, les duele mucho que se nacionalizara la
banca, pues vendrán otras, van a venir otras, se nacionalizará la industria química farmacéutica, júrenlo, pero no por coyunturas, por que también está dejándose en el ambiente como que porque los señores banqueros se robaron mucho dinero, por eso se nacionalizó, no, ese fue el momento preciso en que el Presidente dijo: Ahora o nunca, pero la necesidad de la nacionalización no era porque se llevaran ellos el dinero, si ya sabemos que la propiedad privada, los negocios privados, tienen como característica esencial el tener utilidades, grandes, chicas o muy grandes, según la voracidad el empresario, pero todos son voraces, no hay empresario, y aquí lo dijo uno del PDM, esto no se hace con santos, sacaron el dinero porque tienen que cuidar sus centavitos, varios miles de millones de dólares, eran sus centavitos, para cuidarlos, así actúan los empresarios, con perdón de los del PAN y de los del PDM, no hay empresario que no sea corrupto, no hay uno, no hay un empresario que no sea corrupto (aplausos); ya no digamos la corrupción fundamental de tener gente a la que explotan, eso ya, bueno por eso está autorizado por la Constitución, ni modo, todavía no llegamos al socialismo, está autorizado eso, pero además de éso, defraudan a los trabajadores, no les pagan sus horas extras, no les pagan el Seguro Social, roban al fisco, tienen cuatro contabilidades, no dos; una para los socios, otra para ellos, otra para el fisco y otra para la señora, para que no le pida dinero. Sí son cuatro contabilidades. No hay empresario que no sea corrupto, y ellos corrompen, corrompen a los funcionarios y luego aquí vienen y los atacan, si ellos los corrompieron y cuando ese funcionario desleal se pasa del otro lado, pues desde el momento en que su cabeza empieza a cambiar por sus condiciones económicas nuevas y esos son el freno que hay en el gobierno, en el poder público, para tomar medidas más revolucionarias; ésos funcionarios corruptos que corrompieron los empresarios, por eso no se toman las otras medidas, no socialistas señores, simplemente para desarrollar un estado semicolonial, un país semicolonial en proceso de desarrollo. Se planteaba teóricamente que había necesidad de nacionalizar la banca porque era ilógico, nada más así planteaba el PPS las cosas, es ilógico que el ahorro del pueblo mexicano se está utilizando para el agio, se esté utilizando para beneficio de un grupo breve. Todo eso lo sabíamos. Dicen que la izquierda está feliz por eso. No. Es que eso los sabíamos, todos los mexicanos, por eso no es bien vista la banca, pues tienen cara de agiotistas todos; por eso el pueblo no los quiere, porque el que tocaba la puerta de un banco, casi, casi, como decía un industrial cuando le planteábamos esto, decía: no, si yo entiendo cuando ustedes piden la nacionalización de la banca.
Yo estoy con ustedes, porque cuando yo voy a pedir dinero al banco, casi, casi, como si entrara a la cueva de Alí Babá. Y nos confesó: lo desnudan a uno prácticamente. Es un industrial muy rico, nacionalista. Dice, va uno a pedir cien millones de pesos, a ver la contabilidad, a ver qué es lo que tienes.
Todo, todo, todo lo averiguan. Y claro, a mí me hacían los mandados, decía él.
Pero cuando el industrial es novato, pues enseña todo. Y ya que lo enseña, ya que lo vieron todo, le dicen pues no, no hay dinero. El otro que se va desconsolado, y en la puerta ahí está el agente. Y le dice: ¿jefe, pues no le prestaron? No, pues no tenían dinero. Yo le presto, con el 1% más. Es un agente del propio gerente del Banco que tiene su negocito a un lado. Eso si bien le va. Pero si le va mal, entonces le pasan el aviso de la situación económica de ese industrial a las compañías extranjeras.
Y llega el socio, y le dice: tú estás quebrado, te compro acciones. No, yo soy mexicano, yo soy nacionalista.
Te pongo un negocio enfrente, te quiebro.
Eso les pasó a todos, a esta gente que habla ahora de la gloriosa iniciativa privada. Ellos fracasaron, señores diputados. Tuvieron su gloriosa oportunidad después de la nacionalización del petróleo, se desarrollaron las fuerzas productivas en México increíblemente. Con la Guerra Mundial tuvieron la oportunidad; no había industrias norteamericanas ni europeas, y así creció la industria mexicana, de todo carácter, de comerciantes se convirtieron en envasadores y de envasadores a fabricantes. Pero como querían ganar y ganar y ganar, a pesar de que el maestro Lombardo se los advirtió en una histórica conferencia del 24 de septiembre de 1944 en el Bellas Artes, un nuevo programa para el sector revolucionario en México, y les advirtió a los industriales mexicanos, recuerden que él, muy criticado, firmó el pacto obrero-industrial para defenderse de la penetración del imperialismo, porque iban a venir las fuerzas industriales, ya terminada la guerra, a quebrar a las industrias.
¿Y qué pasó con todo lo que tenía el sector privado? El sector privado tenía la industrial química, tenía la industria del hule, tenía la industria textil, tenía montón de industrias. Y dónde están ahora? Todas en manos de extranjeros. La industria de los refrescos, todas las industrias que tenía el sector privado, fue entrando en compromisos con las inversiones extranjeras y todo se lo pasaron al capital extranjero, o como socios o vendidos definitivamente. Que yo sepa, una sola empresa no existe del Estado que haya pasado a manos extranjeras. Ese es el mérito de las nacionalizaciones y eso es lo que vale del Estado.
Señoras y señores diputados, esto es muy simple, esta es una decisión del pueblo mexicano. Nada más. Lo que tienen que hacer los
señores del PDM y del PAN es hacerse una limpia, es lo que tienen que hacer, les ha ido muy mal, y les va a ir peor, y si los señores del PAN, los señores de edad ya ni modo, no pueden cambiar su cabeza, pero si hay algún grupo de jóvenes que estén con ellos, por desgracia para ellos, dejénlos que rehagan su conciencia y que se incorporen al movimiento revolucionario, porque esta Revolución, señores, va a llegar a puerto y va a construir un México cada vez mejor para todos los mexicanos". (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el C diputado Manuel Osante López, por la Comisión.
- El C. Manuel Osante López:
Con su venía, señor Presidente; honorable Asamblea: Decía un ideólogo de nuestra Revolución que el mérito de la lucha histórica es el de plantear, de tramo en tramo, la claridad del panorama.
Fue Luis Cabrera el que, en una reflexión parlamentaria, lo estableció frente a una disyuntiva ante los reclamos de la hora. Traigo a colación esta mención del personaje, y más que nada de nuestra historia, porque tengo la impresión de que estamos hoy, la LII Legislatura al Congreso de la Unión, asistiendo a un momento estelar que guarda singular analogía con esos momentos torales de nuestra historia. Pero esto no ocurre de manera casual; las leyes de la historia, si bien tienen su propio cauce, requieren y seguirán requiriendo todavía del impulso de los hombres; si no hubiera existido, creo yo y creo interpretar el sentir de la mayoría, una herramienta apropiada para efectuar un acto de magna trascendencia no hubiera sido posible plantear, como lo estamos haciendo en este momento al nivel supremo de nuestras leyes, al nivel de la Constitución General de la República, la nacionalización de la banca. Esa herramienta se llama reforma política y es obra de un pueblo, que tiene en estos momentos como Presidente Constitucional, y creo que como leal caudillo de las fuerzas revolucionarias, a un hombre que no sabe de iras, que no se es obcecado en el sentido negativo del término, que es empeñoso pero conocedor de la historia, que es lógico y razonador y también apasionado con el claro sentido de la pasión que tiene la vocación democrática por defender lo mejor de la patria.
Ese es José López Portillo. (Aplausos.)
No hubiera sido posible que hoy, en este Parlamento en donde están presentes todas las corrientes derivadas de la reforma política, que son los interlocutores naturales ante el poder político, se planteara en estos términos un paso de tan magna trascendencia como es el de nacionalizar un servicio básico para la sociedad.
Por eso debemos desechar en primer término la aseveración malévola de los integrantes de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en el sentido de que esta es una medida que proviene de un fondo unilateral, monárquico absolutista. Nada más falso. No hubiera sido posible que el Estado mexicano y el jefe del Estado tomara una decisión de esta naturaleza si no tuviéramos un pasado de luchas democráticas y un presente igualmente esforzado por encontrar la vía en este momento difícil de la historia del mundo y de nuestro país.
No es, por lo tanto, el capricho de un individuo lo que en estos momentos ha hecho girar la rueda de la historia, ha sido la sensibilidad popular y ha sido la vocación revolucionaria del pueblo mexicano; esa reforma política ha tenido esa virtud que Luis Cabrera dijo en alguna ocasión: dar claridad a un debate. Hoy hemos encontrado con claridad ese parteaguas histórico, de un lado la fracción antihistórica encerrada en un atraso verdaderamente impresionante, y de otro la unidad con todos los matices y diferencias que puede haber, que para eso es unidad, de las fuerzas revolucionarias que van adelante con la historia de este país.
Es claro que aquí se está estableciendo con mucho el camino que en lo futuro seguirá el país, y ese futuro, para ventaja de los revolucionarios, está profundamente imbuido en el derecho frente a la falacia de los que nos quieren decir que hemos sido gentes que estamos completamente y cotidianamente violando la norma jurídica.
Ante una medida de esta magnitud no cabe la demagogia ideológica, no cabe la falsedad de inventar apellidos y de bautizar con falsedades a medidas que están siendo producto de la historia; por eso creo que también interpreto aquí la intención de la Comisión Dictaminadora al afirmar categóricamente que la nacionalización de la banca no es una medida socialista, es, antes que nada, una medida revolucionaria y una medida nacionalista en el sentido más auténtico y más mexicano del término.
Si bien el debate del Constituyente no tuvo niveles semejantes en todos sus momentos, sí podemos advertir en el caudillo de aquella época la intención de llegar en un momento dado de nuestra historia a esta medida.
Antes de las reuniones del Constituyente del 16-17 había sido Venustiano Carranza, un 24 de septiembre de 1913, en el Salón de Cabildos de Hermosillo, Son., cuando refería textualmente: "Crear una nueva Constitución cuya acción benéfica sobre las masas nada ni nadie pueda evitar, cambiaremos todo el actual sistema bancario evitando el inmoral monopolio de las empresas particulares que han absorbido por cientos de años todas las riquezas públicas y privadas de México. Ya de hecho hemos
evitado la emisión o el derecho de emisión de papel moneda por bancos particulares, que debe ser privilegio exclusivo de la nación. Al triunfo de la Revolución, ésta establecerá el Banco Unico, el Banco de Estado, lográndose, de ser posible, la desaparición de toda institución bancaria que no sea controlada por el gobierno".
He ahí al profeta que sabe adivinar, porque la realidad se lo muestra, cuál será el futuro de una nación.
¿Qué es la banca? Surgió en nuestro país con modalidades totalmente lesivas para el interés popular; nació en manos de los grupos y de los enviados del imperialismo. La banca nace con Maximiliano; la banca es heredada por la dictadura de Porfirio Díaz y crea tan terribles problemas y anarquía en la circulación de las riquezas y en el apropiamiento de los bienes que deberían ser patrimonio colectivo, que al propio sabio científico ministro de Hacienda Yves Limantur le parece peligroso.
Por eso Carranza estaba consciente de lo que habría de ocurrir en este país; por eso estaba planteando en el camino legítimo de este pueblo las herramientas que, de acuerdo con las circunstancias tenemos que usar los revolucionarios mexicanos. Esa fue la herramienta que heredó el presidente José López Portillo, de todo un pueblo, del alma colectiva, de la conciencia revolucionaria, y nunca por un capricho de carácter personal.
Afirmó en esta tribuna el respetado maestro del Partido Acción Nacional José González Torres que hubo de encontrarse un culpable a modo, para de alguna manera desahogar sentimientos de carácter personal o poder manejar en forma hábil una imagen política.
Yo creo que la culpabilidad de la banca en es momento había agudizado su presencia. Su culpabilidad es ciertamente muy antigua y su incapacidad de encontrar conductos de verdadero servicio social es proverbial y conocida. No debemos olvidar las dificultades que costó al país llegar a la creación del banco Unico de Emisión en 1925.
Desde los primeros planteamientos que se hicieron en el Constituyente, hasta este año, transcurrió casi una década. En la que no fue posible por las presiones recibidas del exterior, y por aquellos representantes de los intereses oligárquicos internos del país, llegar a ese primer paso vital para la economía de una nación.
Aquí dijo también el maestro González Torres, atacando desde luego, creo, en forma impropiada e indebida, a la dignidad de los ciudadanos diputados, que si se nos enviaría una iniciativa que dijera todo lo contrario, habríamos de aprobarla de manera inmediata. Nada más falso. Yo tengo la impresión y la sensación de que, más que en otras etapas de nuestro pasado, la LII Legislatura se caracteriza porque cada uno de sus integrantes es un ciudadano independiente, pero obviamente con intereses de partido.
Recuerdo en este momento un ejemplo histórico. Recuerdo cómo en la XXIX Legislatura, cuando estaba a debate el tema del Banco Unico de Emisión, fueron los intereses del momento los que presionaron a la representación popular para dar, ni más ni menos, que el toque de muerte a lo que había ya conquistado el Constituyente de 1917.
Y fueron los diputados que habían sufrido la inclemencia de la Revolución y que habían abrazado las banderas de ese movimiento social los que dijeron "no" al proyecto del Ejecutivo. Recuerdo aquí a Martínez de Escobar y Antonio Díaz Soto y Gama.
Luego entonces no se pueden hacer planteamientos de carácter lineal y vertical que ataquen a la dignidad de los representantes populares, que son hombres con criterio libre aunque desde luego miembros de una corriente partidista.
Se ha dicho también, aunque el maestro González Torres no lo piense así, una injuria al pueblo de México, se ha dicho que ese pueblo, acarreado, concurrió en una mañana de septiembre a la Plaza de la Constitución para vitorear la nacionalización de la banca. Estuve presente ahí, estuvieron presentes cientos de miles de mexicanos, si esos mexicanos fueron acarreados todos, en un sentido histórico, lo somos, porque el carro de la historia y de las transformaciones sociales no se detiene nunca.
Sugirió también González Torres que de alguna manera el titular del Poder Ejecutivo había hecho comentarios ante los representantes de los medios de comunicación para amenazar por otros procesos nacionalizadores. Esto, amén de que no tiene comprobación alguna, también es un efecto de provocación que usan los integrantes del Partido Acción Nacional para tratar de seguir confundiendo, ya no tanto a la opinión pública con que la medida es socializante, con que la medida nos lleva a un Estado totalitario.
Falsedad tan grande no puede existir, esta es una medida tomada en función de una vocación nacionalista, y la nacionalización, que está reconocida por los teóricos del fenómeno y del concepto como un fenómeno que se da de acuerdo a circunstancias particulares de cada nación, lo afirma así en su Teoría de la nacionalización Gatzarov, es algo que se da precisamente en función de las circunstancias; nos dice también el maestro de entonces por qué no la Secretaría de Hacienda procedió a implementar los mecanismos correctivos, por una muy honda y profunda razón en la cual yo estoy de acuerdo con el maestro, por el respeto
verdaderamente entrañable y a veces excesivo que ha tenido el Estado mexicano para la libertad de las personas.
Se estaba respetando una libertad, la libertad cambiaria, no se querían introducir medidas que nos hicieran aparecer de manera tan verdaderamente espantosa como socialista, y por eso había un dejar hacer y un dejar pasar que le había constituido ya en un verdadero peligro para la sociedad. Tuvo que llegar el momento enmarcado en realidades nacionales y en realidades externas para proceder en una forma que responde a los intereses de la mayoría, de esa mayoría que está plenamente retrasada en la banca, pero que está injustamente olvidada en función de que solamente es a la minoría a quien se le hace caso. Recordemos cómo en 1925, cuando se inaugura el Banco de México, S.A., surge inmediatamente la amenaza imperialista a través del banquero Tomás Lamont, presidente del Comité Internacional de Banqueros, que está obligando a través de la Embajada norteamericana para que se difiera tal acción del gobierno mexicano. Luego entonces esa defensa de la minoría que permanentemente fue una de las banderas de la banca mexicana y de la banca de todos los demás países en donde ha sido nacionalizada no podía admitir contemplaciones por parte del gobierno mexicano. Ahí estaban los intereses de la mayoría porque la mayoría somos hombres modestos económicamente; ahí estaban los pequeños ahorradores, ahí estaba el pueblo, que de manera franca y leal había llevado sus ahorros, ahí estaba el pequeño comerciante, que pedía créditos y se los daban pero en una forma totalmente irracional y leonina; ahí estaba también el pequeño empresario, el empresario nacionalista, que nunca encontraba el momento adecuado y oportuno para tener los beneficios de esa banca. La banca privada mexicana había no solamente olvidado a la mayoría, sino que estaba cometiendo un verdadero crimen social en contra del pueblo mexicano y del porvenir de la nación. Ahí está, creo, la gran justificación de la medida que adoptó el primero de septiembre José López Portillo.
La banca trabajaba sumisamente. La sumisión de los banqueros es algo verdaderamente peligroso y verdaderamente amenazante. No hay grupo de presión que sea sumiso más que a los intereses que le están en ese monto generando potencia. Luego entonces no hay tal sumisión al Estado; no había más que una estrategia coyuntural que en el fondo ocultaba toda una red de relaciones que estaban perfectamente implicadas con intereses contrarios al interés del pueblo de México. Por eso ellos no opinaban ni decían esta boca es mía, cuando estaban contemplando de manera cotidiana la sangría verdaderamente desmesurada de los dólares hacia la Unión Americana. Por eso ellos callaban, en ocasiones no tanto, porque veíamos también cómo los consejos a veces pasan del confesionario, también vienen de las ventanillas bancarias, en donde se invitaba a la clase media popular y a la clase media-media a que comprara los dólares y los tuviera como garantía en contra de lo que pudiera venir.
Hay, por lo tanto, toda una atmósfera verdaderamente negativa y peligrosa en torno de la medida del primero de septiembre. Dice también el maestro que los afectos se pudieron obtener sin el "zarpazo". No era, dadas las condiciones en que nos encontrábamos, que poniéndonos a comentar en forma comedida y en forma académica todas las teorías al respecto de la banca, su participación en los objetivos sociales de la comunidad, hubiéramos organizado simposios con embajadores, especialmente el embajador norteamericano, para comentarlo de manera coloquial y saber si era prudente que el Estado, con su soberanía, adoptara una actitud enérgica y patriótica; no fue un acto inconsulto, porque el 1o. de septiembre estuvo presente el pueblo de México; ahí estaba el pueblo, que estaba siendo fielmente interpretado por el Presidente de la República; ahí estaba la conciencia revolucionaria de México; ahí estaba en ese momento toda una corriente histórica que aplaudió en forma leal, en forma consciente, una medida que consideramos patriótica y revolucionaria.
Por eso yo invitó a esta Asamblea a que, conscientes de nuestra responsabilidad histórica, aprobemos el dictamen de la nacionalización de la banca, dada por el Presidente José López Portillo el 1o. de septiembre de 1982. Muchas gracias".
El C. Presidente: Tiene la palabra para hablar en contra el C. diputado Carlos Chavira Becerra.
El C. Carlos Chavira Becerra: Señor Presidente; compañeros diputados:
Hemos escuchado esa elocuente palabra del señor diputado Osante, esa palabra brillantes de pirotecnia, como los castillos pueblerinos que se ponen en las ferias, cuyas luces deslumbrantes a veces nos ciega; es la palabra del señor diputado Osante brillantes como esas luces, pero también como en esas luces de pirotecnia, detrás de ella no hay más que humo y carrizo. (Aplausos.)
Anterior a esto tuvimos una interesante conferencia acerca de todos los estados, de toda clase de estados. Fue una conferencia muy interesante, señor diputado Ortiz Mendoza; hubiera sido mucho más interesante si se hubiese usted referido al estado de Nayarit. Y antes de dar principio al tema permítaseme analizar
con todo respeto las palabras que en esta tribuna vino a pronunciar el señor diputado don Juan José Osorio.
No, señor diputado Osorio, los miembros de la oposición no estamos en esta tribuna por la gracia divina de la reforma política, por esa especie de gracia santificante que nos libera de las culpas. Estamos en esta tribuna por la voluntad del pueblo; estamos en esta tribuna a pesar de esa reforma política, y yo concretamente estoy ocupado esta tribuna en representación del millón 200 mil ciudadanos que votaron por mí en la segunda circunscripción electoral, y si quiere que se la ponga a remate más barata, por los 170 mil chihuahuenses que votaron por mi candidatura.
Aquí se ha hablado de la corrupción de la banca. No es el tema a discusión.
Yo no vengo a defender a los banqueros, sería paradójico, sería absurdo que yo los defendiera, porque nunca he sido cuentahabiente ni soy ni he sido sujeto de crédito en ninguno de ninguna parte de los bancos de la República he sido sujeto de crédito. No está discusión cuál banca es más corrupta, si la banca oficial o la banca privada. No sabemos. Sabemos que en la banca privada un señor funcionario se fue con 5 mil millones de pesos; no sabemos, pero suponemos que también habrá Lerma Candelarias en la banca privada. Como dijo alguien en esta tribuna, porque en cuestión de bancas pues la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones.
Nos decía el señor diputado Rocha que no se trata de algo novedoso el que se lance un decreto que viola tres artículos de la Constitución, el 28, el 73 y el 123, y tiene mucha razón el señor diputado Rocha, no se trata de algo novedoso, se trata de un atropello a la Constitución, que es cosa permanente, puesto que en la práctica ni el derecho al trabajo es una realidad, puesto que para ser taxista o vendedor de paletas u obrero de cualquier industria se requiere pertenecer a la CTM o, lo que es lo mismo, sacrificar su manera de pensar para uncirse al carro del PRI.
Yo no veo que hayamos entrado en realidad a discutir las cuestiones realmente que nos trajeron a esta sesión, ha sido cosa de lirismos, están todavía firmes las razones de González Torres y de mi otro compañero, Felipe Gutiérrez; se ha venido con lirismos que en un momento dado convierten los autobuses urbanos en carros de la historia. Decía también, y con mucha razón, tal vez con mucha razón, porque no conozco los sueldos estratosféricos de los funcionarios bancarios, que un funcionario bancario de las empresas privadas ganaba más dinero que lo que es o lo que puede ser lo que gasta un municipio, el presupuesto de un municipio, y tiene mucha razón, si el gobierno federal, con su centralismo, se lleva 85 centavos de cada peso y cena opíparamente y le deja al gobierno del estado 12 centavos para arrojarle después al municipio las migajas de la segunda mesa, sí creo, señor diputado Rocha, que los funcionarios bancarios de la empresa privada ganen más que la miseria a que están sujetos los municipios de nuestro país, desgraciadamente. (Aplausos.)
Pero yo quisiera, como no soy licenciado o abogado, por la gracia de Dios no lo soy, y no puedo discutir las cosas propiamente conforme a la ley, quisiera enfocar el problema desde un punto de vista diferente, desde el punto de vista de la dignidad de este Congreso, desde el punto de vista de la necesidad de que este cambio que prometió el próximo Presidente de la República, que tomará posesión el primero de diciembre, sea una realidad; que reasumamos la dignidad y los atributos que nos corresponden como un poder legítimo y soberano.
De no hacerlo, la nación no alcanzará la salvación que pretendemos.
Dejaba en la XXVI Legislatura, aquella de la época del mártir don Francisco I. Madero, se discutían aquí en esta Cámara los empréstitos que se hacían al extranjero, porque es facultad del Congreso. Hemos permitido que se nos quite esa facultad, y abusando de un presidencialismo absorbente, nos ha conducido a la situación crítica en que nos encontramos, en que los dos últimos gobiernos no han hipotecado el águila nacional seguramente porque no han encontrado montepío que se las tome. (Aplausos.)
Nosotros necesitamos recuperar esa soberanía, y no aceptar que sea el Ejecutivo el que dicte actos tan trascendentales por su cuenta, que construya el aparato y nos mande a nosotros como simples albañiles a tapar los agujeros que quedaron. Eso es faltar a la dignidad del Congreso, así lo estimo yo.
Es muy fácil crear un problema de la magnitud que se puede crear en un acto de soberbia, en los últimos días de un mandato, porque se está procediendo como en los días del Rey Sol, de Luis XIV. Con aquellas sus palabras de: "Después de mí el diluvio". No es el actual Presidente de la República el que va a sufrir las consecuencias y el que va a resolver los problemas. Es Miguel de la Madrid el que habrá de sufrir las consecuencias, y si esta medida es buena o mala él sufrirá la carga y el otro recibirá una gloria que no la merece, porque debió haberlo hecho al principio de su mandato para capear los resultados de tal medida.
Hemos renunciado a muchas de nuestras prerrogativas. Personalmente en la XLV Legislatura tuve la fortuna de presentar, a nombre de mi partido, la ley para el control de las empresas descentralizadas. Y, en un gesto de democracia que le enaltece, la XLV Legislatura la aprobó. Pero, ¿qué ha pasado en
la práctica?, que tenemos más de mil empresas descentralizadas y solamente tenemos el control en la Cámara de 27 de ellas, de las más pequeñas.
Señores diputados, una de las figuras más grandes de la historia griega, o de la mitología griega, como ustedes quieran llamarle, es Prometeo encadenado.
Prometeo, dios grande, fuerte y poderoso, se rebela contra Júpiter, y en castigo es atado a una roca solitaria y desierta. Yo imagino a Prometeo haciendo esfuerzos grandes para libertarse de sus ligaduras. Me lo imagino con los músculos en tensión, con la sangre afluyendo de sus arterias para poder romper aquellas cadenas que le atan, en un esfuerzo estéril.
Cuando recuerdo a Prometeo me acuerdo de mi patria, que también ha estado siempre atada a la roca estéril de la incomprensión y del egoísmo. Porque en este nuevo Olimpo mexicano un Júpiter decide para bien o para mal del país. Y nosotros, que somos los representantes del pueblo, que podemos no valer nada en nuestra persona, sí tenemos que presentar la exigencia de que nos respeten la investidura de auténticos representantes de ese pueblo.
Esta ley me parece a mí que tiene dos fallas fundamentales, fallas de titubeo.
¿Qué clase de Constitución remendada le vamos a entregar a nuestros hijos? En un artículo que se reforma, donde por un lado se expropia la banca privada y no se expropia a la extranjera. ¿Quiere decir que los extranjeros tienen más derecho en México que los mexicanos? Eso es completamente absurdo.
¿Qué clase de sindicalismo es éste que se pretende, de cobrar cuotas y no darles los derechos que todo sindicalismo trae aparejadas? O somos o no somos.
O nos decidimos a hacer las cosas hasta lo último, pero no nos quedemos nunca en los titubeos, las medias tintas nunca han servido para nada.
Se habla mucho de la presión extranjera, se habla mucho en los países extranjeros de muchas cosas muy bonitas, pero que en México no ocurren. Somos candiles de la calle y oscuridad en nuestra casa, o como lo dijera más concretamente el maestro Vasconcelos: somos vegetarianos en el extranjero y caníbales en nuestra propia patria.
Yo creo que una cosa que se ajustaría a la razón, a la realidad y a la lógica más elemental, sería que este dictamen regresara a la Comisión y que nuevamente se discutiera cuando ya estuviera en el poder quien va a llevar el timón de la patria y quien va a sufrir las consecuencias. Porque yo creo que no es justo que el saliente deje el paquete al entrante. Esa es mi manera de pensar.
Bien, señores diputados, el presidencialismo ha creado una especie de superioridad tan grande ante los demás poderes que se ve hasta físicamente.
Mientras hace unos cuantos días el diputado saliente por San Luis Potosí, fue atracado por policías judiciales que lo despojaron de 50 o 100 mil pesos que llevaba, mientras el actual diputado plurinominal por Aguascalientes fue despojado de su cartera en un camión urbano, en un autobús como ustedes quieran llamarle, vemos todos los días cómo funcionarios de cuarta, de quinta y de sexta categoría pasan con sus carros triunfales, no en la historia, sino con sus carros charoleados importados, con una vanguardia de motocicletas y mil guaruras atrás, y no estoy pidiendo aumento de sueldo, estoy simplemente señalando el hecho injusto (aplausos) se determina; por eso yo quiero proponer en esta Cámara que vayamos en pleno, a través de representaciones de todos los partidos, a entrevistarnos con el que será el Presidente de México, para exigirles que en lo sucesivo los ministros nos den derecho de picaporte, para que conozcan las quejas del pueblo. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el ciudadano diputado Rolando Cordera Campos: - El C. Rolando Cordera Campos: Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Quisiera iniciar mi intervención diciendo que más ahora que en otras ocasiones nosotros no tenemos la intención de referirnos a la mayoría ni tampoco de referirnos esta vez para atacar a una o unas de las minorías, nosotros nos queremos referir a todas las fuerzas y personas que conforman esta Cámara porque, y me interesa recalcarlo y por eso lo digo en primer término, de varias intervenciones lamentablemente y fundamentalmente de nuestros compañeros de Acción Nacional, se ha ido configurando un subproducto de este debate, que para nosotros es sumamente indeseable, y lo queremos manifestar aquí con toda franqueza, la aspiración a la conformación de un sistema bipartidista que, en nuestra opinión, puede ser nefasto en la perspectiva política del país.
Nosotros hemos insistido en lo que llevamos de participar en este recinto sobre la necesidad que tenemos, incluso para nuestra propia salud, de conjurar en lo posible cristalizaciones políticas definidas a priori, mayorías a priori, y minorías consecuentemente también a priori, y hoy, en un momento que para nosotros es particularmente relevante, alzamos nuestra voz y llamamos la atención a las mayorías, y a una que por lo visto quiere ser la minoría privilegiada, sobre el peligro de derivar en esa dirección, confirmando en la práctica una tendencia , repetiría, no deseable desde
una perspectiva democrática, simple y llanamente.
No me referiré a la necesidad de dignificar al Congreso, creo que debemos hacer un pacto aquí todos y no volver a hablar de eso, porque me parece que reclamar por la dignidad del Congreso y luego pedir derecho de "picaporte" no denota mucha congruencia. (Aplausos.)
Quisiera ir directamente a lo que suele llamarse el "grano" y dividir mi intervención en dos partes que desgraciadamente, lo lamento de antemano, serán en parte, espero que en parte nada más, reiterativas; pero creo, a la luz de lo que hemos escuchado, que es necesario insistir y reiterar algunas cuestiones generales, no porque dude de la capacidad de entendimiento y comprensión de esta Asamblea, ni mucho menos, sino porque creo que aún estamos todavía en la búsqueda de puntos comunes del lenguaje, porque pienso, por otro lado, que sería absolutamente negativo adoptar como criterio de acción en esta Cámara uno que nos proponía, si mal no recuerdo, un compañero diputado del PDM en el sentido de que todo depende del cristal con que uno mira las cosas. Si fuera así estaríamos condenados a pasarnos tres años de intercambio de monólogos que serán obviamente cada vez más somníferos, a medida que pase el tiempo.
Quisiera iniciar comentando de manera puntual algunas afirmaciones hechas a lo largo de esta sesión. Nos decía Bernardo Bátiz que una reforma es socialmente válida o no es socialmente válida y que hay que juzgarla de esa manera, y según él la reforma que hemos dado en llamar la nacionalización de la banca no lo es. Que, por otro lado, se trata de un acto inconexo con la realidad que la precedió; que se trata en realidad de una simple maniobra partidista hecha por un régimen en quiebra política y moral. Yo quisiera decir que para nosotros y sobre eso espero abundar un poco después- precisamente - y esto es lo importante a nuestro juicio- esta modificación abrupta que hoy discutimos en su nivel constitucional es socialmente válida y responde y expresa una exigencia de la situación por la que está pasando el país, aparte de contener en sí misma buena parte de la historia de México, que todos conocemos y todos compartimos, independientemente de si nos gusta o no Iturbide.
Puede significar, en efecto y para nosotros significa un viraje y una decisión que no guarda estrecha conexión con la política económica privante. Nosotros lo hemos sostenido anteriormente y lo volvemos a sostener ahora sin ningún temor. Pero ello no hace al acto nacionalizador inconexo con la realidad.
La realidad, es decir, las relaciones sociales y económicas que dan cuerpo a la realidad exigían este acto nacionalizador y lo impusieron y yo diría que más allá de eso claman por un nuevo rumbo económico y social, por un nuevo y diferente curso en la política económica estatal, y esta es la coyuntura en la cual estamos, dentro de la cual, en nuestra opinión, deberíamos centrar nuestros esfuerzos y aún nuestra capacidad pirotécnica.
Dice Bernardo Bátiz que con la reforma, y espero no traicionar la transcripción porque sólo tomé notas, se cierra para siempre esta actividad a todos los mexicanos. Yo aquí sí hago una pregunta sin afán retórico: ¿está hablando en serio a todos los mexicanos? Yo creo que antes de hacer una una afirmación de esta naturaleza habría que preguntarnos simplemente, sin recurrir a ninguna ideología ni a ningún cristal de color rojo o por el estilo, cuáles son los requisitos para ser banquero, y si en la realidad actual mexicana, no en esas ilusiones retrospectivas, sino en la realidad actual mexicana, basta ser mexicano y querer ser banquero para serlo antes de esta reforma constitucional. Esto yo creo que no es un problema de doctrinas ni de escuelas de pensamiento, es un problema de enfrentamiento con la realidad y de sinceridad ante lo que la realidad nos dice.
Insiste Bernardo, el PAN no defiende banqueros, yo estoy de acuerdo, el PAN no defiende banqueros, pero en el afán de defender en abstracto el principio de la libertad y la democracia, hoy está defendiendo banqueros, hoy está defendiendo banqueros, y esa es una tercera cuestión que yo quisiera plantear; no se puede defender principios en abstracto, los principios tenemos que ubicarlos concretamente y dentro de una perspectiva política, porque si no, aun con las palabras sencillas, sensatas, que caracterizan a Bátiz, seguiremos haciendo retórica vacua y no estaremos enfrentando esta realidad complicada y esta problemática que no nos promete nada bueno en sí misma, que se resume hoy, o debería resumirse hoy, en nuestro debate sobre la nacionalización de la banca.
Dice don Felipe Gutiérrez Zorilla que hay que decirle que no con toda firmeza a los monopolios. Muy bien creo que una proposición de tal naturaleza recogería un gran contingente de hombre y mujeres de este país, no a los monopolios, en su acepción o en su connotación jurídica, pero desde luego en lo que tienen de implicaciones políticas, económicas y sociales, no a los monopolios.
Pero la libre concurrencia de los hombres y de las mujeres en la producción, y sobre todo en los frutos de la producción, está cada vez más reñida con la propiedad privada sobre los instrumentos de la producción. Y eso que puede ser una hipótesis muy vieja y una reiteración doctrinaria de la que quiero alejarme, en México, y de esto no debería haber duda, encontró su mejor, más ominosa y negativa
demostración, precisamente la banca privada, en donde toda libre concurrencia quedaba vetada a partir de pequeños conciliábulos de un muy reducido grupo de hombres ricos o de representantes de hombres ricos, conciliábulos que, es cierto, no se hacían clandestinamente, sino a ciencia y sapiencia del poder público. Pero eso no elimina el hecho de que la banca privada mexicana, tal y como la conocíamos, configuraba una situación de concentración, de monopolio, que vetaba, que impedía, que negaba la libre concurrencia a la producción y a los frutos de la producción.
Yo creo que pocos países hay en el mundo que en la historia económica contemporánea dieron un ejemplo de concentración tan salvaje, tan libertina de poder económico como lo dio México con su tristemente célebre banca privada.
¿Cuál libre competencia. don Felipe, en la banca mexicana? ¿Libre competencia por la vía de los anuncios de la televisión, de poner una sucursal al lado de otra, cargándole estos costos al usuario, por otro lado privilegiado del crédito y afectando así el crecimiento de los precios? ¿Esta libre concurrencia que vemos los enemigos de los monopolios?
Se habla mucho de la Constitución, y esa siempre ha sido una palabra muy grande para quienes no tuvimos la fortuna de participar en la Facultad de Derecho.
Para nosotros, y aquí reitero algo que hemos dicho anteriormente, esta es una Constitución de debilidades, remiendos e insuficiencias aparte, representa todavía hoy una gran posibilidad histórica y jurídica para que el pueblo transforme al país y se autotransforme por la vía de la política. Es decir, de la organización, de la confrontación pacífica, de la búsqueda sistemática y civilizada del consenso, de la creación de nuevas relaciones sociales, de nuevas articulaciones populares que den lugar a nuevas y superiores formas de convivencia, de organización económica y de vinculación de los grupos sociales con el Estado.
Y es por eso, a partir de esta interpretación de la Constitución, que tendrán ustedes que reconocer que es tan respetable como las otras, que a nosotros nos parece congruente, aceptable y apoyable, la ampliación constitucional que hoy discutimos en lo que se refiere al Artículo 28.
De paso, (y aquí no es un afán de afirmar una singularidad partidaria, sino un afán de debatir): La Constitución, compañeros diputados del PRI, admite, y de esto no debería caber ya ninguna duda, porque hechos como la reforma política y la presencia de muchos de nosotros aquí lo prueban, y son pruebas eficientes, al menos para una gente con mínimo sentido común, probablemente no para un doctor de Derecho, la Constitución admite sin duda, más de un proyecto nacional. Más aún, un proyecto nacional alternativo a un esquema de desarrollo deteriorado como es el que hoy sufrimos, contrario a todo espíritu de justicia e independencia, y en cuyo sostenimiento y alargamiento, se ha gastado inútil aunque costosamente, parte importante de nuestros recursos y energías.
Nos dice don José González Torres, que el Estado fracasó como rector y encontró un procedimiento expedito para salvarse. Nosotros pensamos que en efecto fracasó una y yo diría varias, y si pensamos nada más en la banca, habría que pensar en tres intentonas estatales por darle un cauce mínimamente racional y provechoso a la banca: Aceptando que así haya sido, cosa que todavía está en discusión, estas serían la exclusividad para nacionales, promovida por el Presidente Díaz Ordaz, y las modificaciones a la ley respectiva, hace unos años, para, entre otras cosas, estimular tristemente célebre banca múltiple.
Tres, por lo menos, intentonas que, en efecto, fracasaron. Fracasaron, decimos nosotros, porque giraban en torno al apoyo, al auspicio y el respeto a la libertad de acción de la banca, precisamente por eso fracasaron. Y es por eso que aparte de cualquier afición programática o intento por presentarnos como promoventes iniciales, que no lo fuimos, de una medida como ésta, nos parece lógico y nos parece congruente el que se haya llegado a estas medidas, porque lo que está detrás es algo más que el fracaso del Estado para regir de una o varias maneras una actividad, lo que está detrás es el fracaso de una concepción de la organización de esta actividad, concretada en un auténtico libertinaje por parte de la banca privada.
Lo dice don José González Torres: todo puede pasar pero hay que afirmar el respeto al principio de que la actividad económica debe ser predominantemente privada. ¿Principio de quién?
Por lo demás, si pensamos bien las cosas, y eso lo tendremos que reconocer, éste ha sido el criterio predominante de la conducción económica estatal hasta la fecha y los hechos, muchos, dolorosos y evidentes, han demostrado el fracaso de este criterio.
Por eso nosotros decimos que hay que cambiar y buscar nuevos caminos. Esta evidencia, para nosotros una evidencia histórica, es demasiado poderosa y no pueden hacer nada frente a ella, ni los juegos de palabras, ni la libre imaginación jurídica, ni el ingenio colonial, (del cual para mi envidia, goza don José González Torres), ni por otro lado, puede ser soslayada esta evidencia histórica, no puede hacerse a un lado por autoafirmaciones patrióticas exclusivistas que nos vuelven a hablar hoy, en voces jóvenes por desgracia, de
aquellos tristes ecos opresivos y represivos del chauvinismo ramplón que privó en México y que se resumía en la absurda frase que decía: "un solo camino, México".
Dice don José González Torres que se trata de una reforma estructural que un constituyente normal no puede llevar a cabo. Confieso que no llegó al fondo del razonamiento, pero sí me salta una pregunta elemental: ¿Qué tan importante era la banca privada mexicana que se ha convertido en soporte, en piedras miliar del orden constitucional? ¿De veras se puede identificar a la banca privada mexicana con la libre concurrencia, con las promesas de la libre iniciativa? ¿con una especie de valladar contra el despotismo? Y se repite aquí, para mi sorpresa con desagrado, que he ahí la razón de por qué la izquierda aplaude esta medida. Bueno, ha habido algunos oficiosos defensores de la medida presidencial que han, como siempre, vagamente, sin precisar, con esa prosa totalitaria que tanto hemos padecido en este país, acusado a la izquierda en general o a ciertos grupos en abstracto, de que reclaman la paternidad o la maternidad, como se quiera, según el caso, de la medida, que quieran apropiarse de ella, etcétera; bueno eso es demagogia barata para nosotros, no quisiéramos ocuparnos mucho de ella, pero nostros diríamos que lo que nosotros buscamos y junto con nosotros otras fuerzas que se llaman de izquierda y otras que no se llaman de izquierda, es ubicarnos en la crisis, entender lo que ella significa para los más, y queremos buscar soluciones, caminos, formas de salida, y esto tiene que ir más allá de concretar nuestra acción política al quejido a la búsqueda de imperfecciones o pecados, o pecadillos jurídicos y tiene que centrarse en el fondo de la cuestión que hoy, lo queramos o no, reclama nuestra atención y nuestra angustia, que es esto que genéricamente llamamos la crisis del país.
Yo simplemente pediría aquí, sin ir más lejos, porque es un debate que francamente no tiene mucho sentido, que no se nos utilice a la izquierda como argumento tremendista, pero enormemente vulgar e indigno de cualquier democráta, contra la medida expropiatoria; no creemos que se necesite ni imaginación ni ingenio ni consistencia política doctrinaria o principista, para buscar aliados en los bajos fondos el anticomunismo norteamericano; basta con anunciarse en el Selecciones Reader's Digest.
Nosotros sostenemos, y aquí vienen las reiteraciones, que la nacionalización, acto del Ejecutivo que nadie le disputa, significa o tiene por lo menos dos grandes significados y a ellos quisiera referirme rápidamente. En primer lugar, la profundidad de la crisis. No es un acto que se hace en el vacío en una mañana transparente o después de pasar una mala noche. No es un acto original en ese sentido del Ejecutivo, sino un acto que expresa y que concreta la profundidad de la crisis por la que pasa México, crisis económica y financiera, pero también, esto lo recalcamos, crisis de organización económica y política; crisis de un modelo, de una forma de crecimiento, que descansó en el privilegio de unos cuantos, dentro de los cuales sobresalían los banqueros, y en una creciente subordinación del país al gran capital internacional, en especial el de Norteamérica. Lo que hemos vivido y hoy sirve para uno y otro discurso, la deuda, la inflación, el déficit fiscal, el déficit externo, la depresión económica, las tendencias al deterioro de la conducta social, (recordemos la revista Town and Country y la corrupción de funcionarios públicos y privados) son expresiones, síntomas, graves, pero síntomas al fin, de que hemos llegado al tope, mejor dicho, de que hemos llegado al fondo, y de que no se puede aspirar a seguir por ese camino, mucho menos como parecen soñarlo algunos, volver atrás.
Las responsabilidades políticas están claras, y no hay ni habrá nacionalización que las soslaye, las oscurezca o nos las haga olvidar; ni los banqueros, ni los grandes capitales irresponsables que hoy han demostrado su real tamaño y potencialidad liliputense acturaron solos ni al margen. Fueron ubicados con precisión por el Estado como los agentes privilegiados del desarrollo, como los encargados de conducir el proceso económico, como los responsables de llevar a cabo en concreto la asociación con el capital "modernizador" del exterior.
Para que lo hicieran bien se les dio todo: crédito, canongías, trato especial y todo el complejo estatal, sus empresas y su capacidad fiscal, se pusieron a su servicio, los hicieron poderosos y los llevaron a creer que su situación era natural, que por derecho propio eran acreedores a todo ello.
En los hechos, hasta hace poco, el Estado se dedicaba a confirmarlos en esa creencia irracional que no tenía ninguna correspondencia con la historia del país y mucho menos con la realidad económica y social.
Nosotros estamos viviendo hoy el momento del derrumbe de este absurdo y costoso edificio de ilusiones construido por una burocracia cada vez más lejana de una tradición revolucionaria creada por el pueblo en su lucha, y cada vez más cercana a los intereses ilegítimos, histórica y constitucionalmente ilegítimos, del privilegio y la concentración económica que encarnaban y siguen encarnando los banqueros.
Se acabaron los espejismos de la modernización que permitiría el petróleo y harían realidad los audaces barones de Monterrey y
socios. El país, sus fuerzas populares, están como nunca antes en su historia contemporánea frente a una encrucijada que no pueden evadir.
Pero la nacionalización de la banca no sólo condensa el fracaso de un modelo y las equivocaciones de una política y los costos increíbles de una ilusión y una estrategía; también implica -y esto es lo más importante para nosotros - una apertura histórica. Implica una posibilidad concreta de transitar la crisis por una ruta más justiciera, más sólida, más congruente con las exigencias de una verdadera, no retórica ni falsa, independencia nacional.
Se trata de una coyuntura que contiene más de una posibilidad, ciertamente, y hay que hablar de ello. Hay que hablar de ello porque por más que, por ejemplo, a nosotros nos alegre la medida, sería una irresponsabilidad enorme hacer caso omiso del contexto en que se da y de las perspectivas que ese contexto tiene y que la nacionalización, por más cantos de jilguero, no conjura.
Dos posibilidades nos gustaría señalar ahora, porque nos parece resumen las preocupaciones y también las esperanzas de muchos de nosotros. Una de estas posibilidades, en efecto, puede concretarse muy pronto en más autoritarismo, más burocracia y al final más subordinación externa, nuevos privilegios; podemos contribuir a crear, en efecto, una nueva, subdesarrollada pero imparable "burocracia celeste", que no haga caso de nadie más que de sus designios tal y como ella los interpreta. No estoy haciendo política-ficción terrorista, la insistencia en que no vamos al socialismo, la insistencia en que se acosa a la nacionzalización desde el lado de la reacción de siempre y de la provocación irresponsable que quiere expropiar todo, la nueva categoría política de coyunturista; ¿qué se quiere con todo esto? se quiere contribuir consciente e inconscientemente, no importa, a afirmar algo que no tiene ningún sostén, a afirmar la vieja ilusión, la vieja mitología de que sólo con la lealtad vertical y subordinada ante el Estado encarnado por la burocracia, se puede salir de la crisis nacional y avanzar en la construcción de México.
Nosotros aquí sí insistimos en que por más caricaturas que se intenten hacer, y aquí sí perdón, de un lado y del otro, el socialismo no es visto por nosostros como un modelo de importación o como una deducción abstracta que haga un grupo de iluminados y se la regale al país un 6 de enero; para nosotros el socialismo es un producto histórico popular, es una creación de este pueblo, que será el que se dé a las instituciones necesarias para ir resolviendo sus problemas, será un descubrimiento en la lucha y no tiene nada que ver con conjuras internacionales, con viajes a Moscú o con dinero de Washington, y en consecuencia, nos parece, sobre todo si en efecto estamos en el afán de construir una patria moderna, gastar demasiada pólvora en infiernitos, utilizar una retórica no nacionalista, sino chauvinista, exclusivista, y de palno totalitaria, ésa sí. Pero tenemos otra posibilidad que nosotros hemos dado en llamar de un nuevo curso nacional y popular que, insistiríamos, para serlos, tiene que ser un curso democrático y participativo.
No hay, compañeros de Acción Nacional, en un pueblo como el nuestro, conciliación posible, ni histórica ni doctrinaria ni estructural entre libertad y democracia por un lado, y privilegio y desigualdad económica y social por el otro. Y el fomento al interés privado en esta época de grandes constelaciones financieras y productivas, conlleva fatalmente el surgimiento y la reproducción del privilegio y la concentración, sobre todo en una sociedad como la nuestra, marcada por siglos de miseria, desigualdad inicua y prepotencia colonial e imperial. Los genuinos demócratas, los auténticos liberales mexicanos, los nacionalistas que defienden a la nación y no la nombran para sacar provecho personal o de grupo, encuentran en este contexto un inevitable e irrenunciable punto de encuentro con los socialistas.
Defender a la nación, demoler el castillo mostruoso de la desigualdad, cerrarle el paso al privilegio, construir en la libertad una patria democrática, he aquí la tarea grande, actual que nos puede hermanar a muchos siempre y cuando nos deshagamos de los fardos del prejuicio, del constante mirar hacia un pasado inventado, que nunca existió, el de la libertad identificada con la libre competencia y la libertad de comercio y, sobre todo, a condición de que la soberbia política basada por lo demás en una endeble y temblorosa trama económica y productiva, a pesar de las viejas y nuevas apariencias como el petróleo y la banca nacionalizada, repito, a condición de que esta soberbia política sea efectivamente vulnerada, sustituida, desterrada del quehacer político nacional, por una voluntad colectiva sustentada en el más firme y profundo compromiso democrático.
¿Cómo empezar a marchar de modo consistente en esta dirección? ¿Cómo aprovechar en beneficio de los más los recursos vastos con que hoy cuenta la nación y que hoy han sido acrecidos por la nacionalización de la banca?
¿Cómo impedir que estas potencialidades nacionales se mantengan desviadas para disfrute de unos cuantos? Este es el debate. Este es el empeño que la República pide de nosotros. Cómo enfrentar y resolver no mitificando ni satanizando, ni conjurando el problema de la
deuda. Cómo enfrentar racional pero provechosamente para el país las relaciones con el Fondo Monetario Internacional y la banca internacional. Cómo, realmente garantizar que las nuevas propiedades que hoy están en manos del Estado, van a servir no para los administradores de los Estados, sino para el provecho de las mayorías que forman la nación. Esta es la cuestión. Para esto debería servir en nuestra opinión nuestro incipiente e insatisfactorio pluralismo. No para intercambiar fantasmas, formalidades jurídicas vacuas, o invenciones doctrinarias desgastadas y retóricas. Sólo así pondremos por delante un futuro en verdad vinculado con lo mejor de nuestro pasado, que siempre ha sido creación popular no milagro minoritario.
Que siempre ha sido quehacer democrático masivo y plebeyo, no ocurrencia o benevolencia elitista, señorial o burocrática. Que siempre ha sido afirmación y engrandecimiento nacional y nunca dádiva externa a cambio de soberanía o independencia. Este ha sido, compañeras y compañeros diputados, y sigue siendo, el compromiso vital de los mexicanos patriotas, honestos, que conforman la mayoría popular de la República.
Con ellos formamos filas sin aspavientos ni reclamos exclusivistas, pero no genuino orgullo y legitimidad histórica los socialistas mexicanos. Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra por la Comisión el ciudadano diputado José Luis Lamadrid Sauza.
- El C. José Luis Lamadrid Sauza:
Ciudadano Presidente;
Ciudadanos diputados:
Hacer uso de la palabra al final del debate, cuando han transcurrido ya varias horas, obliga a tener presentes las reglas que han hecho posible en los países en donde existe asamblea legislativa, congreso o parlamento, han hecho posible el trabajo democrático de un conjunto de representantes con diferentes ideologías, con diferentes programas.
Si no se cuida, y esta es tarea de cada uno de los diputados, el respeto por esas reglas, que en su conjunto forman una herramienta imprescindible de la democracia, mucho de lo que se piensa, se habla y se expresa, resulta inútil.
El debate en lo general en nuestra tradición parlamentaria, ¿qué ha significado?, el debate en lo general, el debate de lo general, significa circunscribirnos a responder a esta pregunta: ¿Las normas, la decisión a debate, es oportuna?, esto es, ¿se está por la decisión de legislar, o no se está por la decisión de legislar en la materia a debate?
Segundo, ¿significa argumentar, razonar, sobre el principio que unifica a esa manera de presentar en las asambleas legislativas las decisiones de la Asamblea, estas partes, estos artículos? ¿debatir en lo general significa también argumentar y razonar sobre el espíritu, las grandes motivaciones del contenido del debate, del contenido del dictamen a discusión? A lo largo de estas horas predominantemente hemos observado la regla y hemos escuchado el argumento sobre el principio de la nacionalización, hemos escuchado argumentos en el pro, menos en el contra, acerca del espíritu de la nacionalización; por ello yo voy a terminar mi intervención refiriéndome a lo que cabe, de manera precisa, en lo que la tradición parlamentaria ha llamado la oportunidad de la decisión.
También corresponde a las reglas, a las reglas sanas del debate, y de manera optativa hacer referencia a los argumentos que se han expresado por los oradores en la tribuna; con una decisión de brevedad voy a referirme a ellos, y voy a referirme a los argumentos en contra, tratando también de hacerlo desde una perspectiva genérica, porque en el contenido, en el detalle, se ha dicho ya lo suficiente.
Sinceramente pienso que los argumentos en contra del dictamen no se corresponden con la importancia del contenido del debate, porque los ciudadanos diputados inscritos en el contra no han argumentado en contra; pero tomando en cuenta la importancia y la trascendencia de la nacionalización, a lo largo de estas horas ha sido mi interrogante, y me he interrogado, también sinceramente, con preocupación, con preocupación primero, porque los diputados que han hablado en contra, diputados del PAN, son los diputados de un partido que por razones muy conocidas tenía en sus núcleos dirigentes un grupo de personas expertas, conocedoras de los aspectos económicos, jurídicos más relacionados con la banca.
Y en mi afirmación, o mi afirmación está muy lejana de cualquier insinuación que tuviera el carácter peyorativo. Quizá es, para decirlo con franqueza, una explicación clara. El fundador del PAN fue un hombre que con inteligencia y cultura el destino de la vida lo colocó en la materia de la economía y de la banca.
Quizá esta es la principal razón de que ahí, en Acción Nacional, discrepando con el contenido de esas ideas, se reconociera la calidad, el fundamento de la argumentación en esta materia. Lamentablemente hoy, este día en que debatimos una materia, en que debatimos una determinación de gran trascendencia en el presente y futuro, los diputados de Acción Nacional que han estado en la tribuna no han sido consecuentes con esa tradición de su partido.
Qué diferente hubiera sido debatir pros y contras, en la perspectiva, para mí, perspectiva diferente a la mía, a la que sustento, a la que sustenta mi partido, pero perspectiva
enterada y fundada. En lugar del argumento sólido, del conocimiento detallado, hemos escuchado el argumento colérico, la ironía también colérica, la visión particular sustituyendo el argumento económico por la fácil aseveración de tipo político y de tipo político subjetivo; pareciera en los argumentos que hemos escuchado en el contra, como nacidos de una pasión, de un sectarismo que, con otros defectos, defectos que no le reconocía al Pardio Acción Nacional.
Con tal sectarismo y con tal de golpear no ha importado ni la contradicción jurídica ni la incoherencia lógica; esto en cuanto al contenido; qué decir de la forma, de la forma que se aleja mucho del decoro parlamentario.
Los deberes de formar parte de la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias me han hecho revisar viejos y queridos documentos, y no hay ley, reglamento o manual de procedimiento que no marque para cada uno de los integrantes el respeto al colega, el respeto a los magistrados del país, con diferentes nombres es una base esencial del debate, de la práctica y de la técnica parlamentaria, y pareciera, casi con obsesión patológica, que esto era lo que se quería decir en la tribuna.
Pienso, y con objetividad, que las referencias a los argumentos, sean del contra o sean de pro, es mi deber aludirlos también brevemente esta tarde.
He escuchado con atención, con interés, la argumentación del diputado que me antecedió en el uso de la palabra y que habló en el pro.
Dijo objetivamente cosas fundadas, razones objetivas, pero también expresó argumentos incompletos.
Aquí podría decirse, existe una práctica en que la visión subjetiva y partidista aleja al orador del tema central del debate. Me resulta ilógico que siempre, como sin despertar una regla o una norma se diga: "sí, pero...", o se diga: estoy en el pro, pero he aquí el programa de mi partido, o lo que yo pienso como programa en este tema.
Y yo pienso también que esto no contribuye a la claridad y a la consistencia del debate. En el caso de la argumentación o de los argumentos en contra yo he llegado provisionalmente a una conclusión: los diputados del contra no han hablado en esta tribuna como representantes de la nación. No han querido sentir el peso y el compromiso de ser representantes de la nación. En nuestra actuación de diputados, y de diputados cualquiera que haya sido el partido que nos postuló y seamos de mayoría o de diputados de lista, vivimos, sí, porque ésta es la teoría en las tensiones de tres perspectivas: la que nos refiere al votante del distrito que nos elige; la referencia al partido y a la disciplina consentidad del partido que nos postuló. Y la que nos llama, desde el nivel de la tución, a recordar nuestros deberes como representantes de la nación.(Aplausos.)
Claramente, cuando está a consideración de la Asamblea la discusión de un dictamen que autoriza llevar las condecoraciones, pienso que no hay necesidad de recordar los deberes de representante de la nación. Cuando en la tribuna se discute una ley ordinaria, quizá el impulso fundamental que se agita en nuestra conciencia y en nuestra inteligencia es el impulso del programa partidista. Cuando en la tribuna se debate el párrafo o el artículo de la parte de procedimiento de la Constitución, pienso que no impulsa el deber de la representación nacional; pero cuando se reforma, cuando se propone la reforma de la Constitución para nacionalizar el servicio bancario a todos los diputados nos pesa el deber de la representación nacional.
En los argumentos en pro, no puedo dejar de mencionar, y lo hago por segunda vez, por qué al referirse a la crisis nacional se prescinde de colocar la crisis nacional en la crisis que atraviesa o por la que atraviesa la economía internacional.
Y no es un afán de rigor académico o de referencia teórica. Si no tomamos, y aquí a los miembros de la Cámara, si no tomamos conciencia de la profundidad de la crisis de la economía internacional, como premisa de nuestra actuación como diputados, muchos de nuestros juicios se debilitan o no aciertan o se distorsionan. México y con México el mundo enfrenta una crisis cuya profundidad no tiene en la historia paralelo.
Estamos tocando los momentos en que el desencadenamiento de esa crisis conlleva los riesgos de sumir a la humanidad, sí, como lo dijo una gran pensadora socialista "al riesgo de la barbarie". Partiendo de esta premisa, y no por otra cosa, sino por las horas transcurridas y por la propiedad del debate, me circunscribo a referirme a lo que comprende el sentido del concepto de la oportunidad de la medida, la oportunidad de la nacionalización.
La crisis mundial referida a México nos tiene en una grave crisis, ella desarticulada nuestra economía en condiciones totalmente diferentes a las de las décadas pasadas, y de aquí, de esta premisa, se responde con el argumento que explica el fundamento y que no nos lleva a desconocer que la nacionalización de la banca es diferente de la política de control de la banca. Sí, efectivamente, la economía de las décadas anteriores hizo posible, y uso el término neutral y no valorativo, un esquema de política bancaria en la cual esta política era mixta, y se entendió que el control bastaba; lo que la crisis internacional y lo que la crisis nacional ha alterado la vida económica del país lleva a una nueva situación en la que queda agotada esa política en la que se
caracterizaba, en cuya esencia era el control por el Estado del servicio bancario. Hoy, y esta es la lucidez histórica del Presidente López Portillo, la magnitud de la crisis económica internacional y la magnitud de la crisis nacional obligada a una política bancaria cuya esencia es la nacionalización.
Muchos y acertados argumentos jurídicos, económicos, sociales, técnicos, hemos escuchado, y por ello no he querido ni reiterar o dar una versión en otras palabras de los argumentos expresados. Mi propósito fue dejar establecido que la nueva situación económica, social y política demanda la nacionalización, y expresar en palabras simples y claras que la nacionalización fortalece y vigoriza a la nación, y que cuando la nacionalización haya concluido el proceso de la reforma constitucional el Estado tendrá en sus manos un nuevo y fuerte instrumento que le permita trazar una nueva política económica, la nueva política económica que permita la sobrevivencia de la nación en un mundo en la crisis de profundidad en la que vivamos.
Es lo que tenía que decir, señor Presidente.
El C. Rafael Aguilar Talamantes: Pido la palabra para hechos.
El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Aguilar Talamantes, para hechos.
- El C. Rafael Aguilar Talamantes:
Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: Nuevo en estas lides, estoy francamente preocupado porque en un momento tan trascendente en que estamos discutiendo una reforma constitucional que nos trascenderá a todos los que aquí estamos, de alguna u otra manera todos o casi todos estemos perdiendo de vista que estamos enfrentándonos al problema, acertadamente señalado por el diputado Lamadrid, de olvidarnos por un momento que aquí representamos los intereses de la nación.
Algunos diputados en sus intervenciones parecería que han venido aquí a defender intereses muy particulares de grupos; otros diputados parecería que simplemente han venido aquí a defender los intereses del Estado.
Como que casi todos se han olvidado que vivimos en un país que está dividido en clases y que la clase mayoritaria de este país la integran los trabajadores y que si algo debería de preservarse en la reforma es precisamente el interés de las clases mayoristas.
Parece haber un consenso mayoritario en relación con las reformas y adiciones que se presentan por lo que ve al Artículo 28 y al 73 y parecería entonces que aquí no hay ningún problema, pero yo quiero hacer reflexionar a los señores diputados respecto a que de alguna manera estamos corriendo el riesgo de ser engatusados y de que nos den gato por liebre, y lo que ganemos, lo que la nación gane al inscribir en la Constitución elevando a rango constitucional la nacionalización de la banca e inscribiendo esa conquista histórica del pueblo, lo perdamos por la miopía política de olvidarnos de que somos representantes de la nación y hagamos el juego a quienes en un momento dado nos están entrampando seriamente para que seamos cómplices de un escamoteo grave que se pretende hacer al introducir de contrabando en el cuerpo de la iniciativa también la adición al Artículo 123 constitucional.
No perdamos de vista que es en esta adición donde en última instancia se resume y sintetiza la posibilidad de convertir la nacionalización de la banca en algo verdaderamente trascendente. Yo me pregunto ¿por qué se quiere?
escamotear al Congreso del Trabajo y a la CTM; por qué se quiere arrebatar al movimiento obrero un destacamento como el de los trabajadores bancarios? Me parece de elemental lógica entender que en estos momentos en que los revolucionarios debemos de prepararnos para navegar en la crisis como peces en el agua; estemos hundiendo uno de los soportes más importantes para que efectivamente la nacionalización de la banca nos ayude a sacar adelante a nuestro país, y ese soporte es precisamente la clase obrera.
¿Por qué se pretende debilitar a la clase obrera? Por esa razón he venido a esta tribuna para pedir a los señores diputados que no olviden la responsabilidad que tenemos en este debate; que localicen con precisión qué es exactamente en la adición propuesta para que los derechos de los trabajadores bancarios a la organización sindical sean compulsivamente colocados sin base jurídica ni histórica ni política ni moral en el apartado B, y que impidamos ese atraco al movimiento obrero y a la nación toda, debatiendo algo que parece ser un simple asunto particular y de detalle, y que sin embargo concentra toda la riqueza histórica, todo el valor político y moral de las propuestas hechas por el Ejecutivo Federal.
Consideramos que nos debemos de permitir que se cometa ese error, sería tanto como desarmar al destacamento más lúcido con que cuentan las fuerzas populares y nacionales, y es nuestra obligación, como representantes nacionales, garantizar que el movimiento obrero salga fortalecido con esta medida de nacionalización de la banca.
Señoras y señores: Yo estoy seguro de una cosa: cualquiera que sea la decisión de esta Cámara, los expropiadores de hoy, mañana serán expropiados por la clase obrera. (Aplausos.)
El C. Presidente: Consulte la Secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El C. secretario Everardo Gámiz: Por instrucciones de la presidencia, la secretaría, en votación económica, pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general, los que estén por la afirmativa sírvanse ponerse de pie.
Suficientemente discutido.
El C. diputado Gerardo Medina: Señor Presidente, pido la palabra para presentar una moción sobre esto, precisamente.
- El c. Presidente: Tiene la palabra el diputado Gerardo Medina Valdez.
El C. diputado Gerardo Medina Valdez: Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Escogimos este momento para presentar esta moción, precisamente antes de que sea agotada, por razones eminentemente de orden parlamentario y por el contenido de la propia moción que está planteada en los siguientes términos:
Con fundamento en el artículo 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, los diputados de Acción Nacional ponemos a la consideración de esta honorable Cámara la siguiente proposición:
Primero. Retírese del dictamen a discusión la parte relativa a la adición de una fracción XII bis, al apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos con el objeto de dar oportunidad a que los propios trabajadores bancarios decidan democráticamente su forma de sindicalización.
Segundo. Que a través de sus comisiones de Trabajo, Gobernación y Puntos Constitucionales, esta honorable Cámara convoque a un período de audiencias para escuchar y ponderar las opiniones de los trabajadores bancarios, de instituciones y de personas cuyo saber pueda ilustrar criterios.
Tercero. En tanto este proceso de consulta alcanza resultados, las relaciones laborales entre los trabajadores bancarios y las instituciones respectivas seguirán rigiéndose por el Reglamento de Trabajo de los empleados de las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares, expedido el 30 de diciembre por el presidente Adolfo Ruiz Cortines, reformado y adicionado por el decreto del presidente Luis Echeverría Alvarez, del 13 de junio de 1972.
Con su venia, señor presidente, me voy a permitir fundar la proposición.
Desde el 15 de noviembre de 1937, cuando el presidente Lázaro Cárdenas expidió la primera reglamentación para normar las relaciones de trabajo entre las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares y sus empleados, la situación jurídica de éstos se mantiene esencialmente igual, aún después de las adecuaciones dispuestas por el presidente Adolfo Ruiz Cortines en diciembre de 1953 y por el presidente Luis Echeverría Alvarez en julio de 1972.
La índole sui generis del trabajo bancario, recepción, custodia y administración, como ahorro, crédito e inversión de fondos confiados por particulares a las instituciones bancarias, llevó a los presidentes Cárdenas, Ruiz Cortines y Echeverría, a crear y mantener esas relaciones laborales bajo un régimen especial con estas características: cancelación del derecho a la sindicalización, entendida como el derecho a asociarse como medio de defensa frente a un patrón; cancelación, por tanto, del derecho de huelga, recurso extremo de esa defensa o en condiciones de trabajo, salarios y prestaciones sociales superiores a los mínimos.
Este último dato ha sido visto siempre como una especie de compensación a la mutilación de los derechos de los trabajadores bancarios, técnica por lo demás utilizada con variantes de forma lo mismo por Estados totalitarios que por patrones liberales y que en el fondo obedece al principio pragmático de que rinde más un trabajador bien comido y contento; para decirlo brutalmente, unos y otros consideran y tratan a los trabajadores como animales de producción, no como personas humanas con dignidad que trasciende a lo material.
Los llamados trabajadores de cuello blanco, todos o casi todos absolutamente contemplados como trabajadores de confianza, nunca intentaron siquiera, salvo movimientos muy aislados y esporádicos, acceder al status que también desde Lázaro Cárdenas guardaban los trabajadores al servicio del Estado, cuya situación era en mucho semejante a la de ellos, incluida la limitación al derecho de huelga, aunque los burócratas, de acuerdo a la vigente fracción X del apartado B del Artículo 123 constitucional, tiene el derecho a hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley respecto a una o varias dependencias de los poderes públicos cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra.
Al menos esa es la teoría, porque ya sabemos que en la práctica sigue siendo teoría. El argumento que se ha esgrimido para mantener esas restricciones a los derechos que como personas y como trabajadores tiene los trabajadores bancarios es que reconocerles el derecho a la huelga entrañaría el riesgo de que en un momento dado, por ejercerlo, paralizaran al país cerrando los bancos.
Nosotros nunca hemos creído que el servicio bancario fuera más estratégico ni más vital que el servicio eléctrico, por citar un ejemplo, y sin embargo en este y en otros servicios análogos prestados en exclusiva por el Estado jamás se pensó en incorporar a sus trabajadores y técnicos a la calidad de burócratas a través del Apartado B del 123 constitucional.
Es posible pensar más bien que las limitaciones impuestas a los derechos de los trabajadores bancarios a asociarse sindicalmente y a acudir a la huelga fue una concesión a los banqueros, a los particulares autorizados para prestar el servicio bancario, no parece haber otra explicación al hecho de que al ser expropiados los bancos privados mexicanos, y no todos los bancos mexicanos, todos los argumentos sostenidos durante 45 años para negar a los trabajadores bancarios se volvieron automáticamente inválidos al hacerse cargo del servicio bancario el gobierno, y a autorizarlos a que se sindicalicen, pero sólo como burócratas al servicio del Estado dentro del Apartado B del 123 constitucional, mediante la cláusula 13 bis que está contenida en el dictamen, abarcada en el dictamen.
Para los diputados del PAN esta decisión del Ejecutivo expresada en la reforma constitucional es arbitraria, contradictoria e injusta. Es arbitraria porque tras 45 años de derechos sindicales denegados a los trabajadores bancarios por el Estado, en ningún momento se consultó a los propios trabajadores sobre sus preferencias en materia de organización sindical; el Ejecutivo en este caso procede con el mismo desdén a la voluntad de los trabajadores, atribuible a los banqueros privados, como si aquéllos, los trabajadores bancarios, fuesen menores de edad, incapacitados para decidir por sí mismos. Es contradictoria porque el solo cambio de patrón, de particulares a gobierno, no altera la naturaleza de los servicios bancarios y por tanto la condición de sus trabajadores. Es injusta, porque si se trataba de justificar una injusticia de 45 años, lo menos que podía y debería haberse esperado era una rectificación completa, es decir, el pleno reconocimiento de los trabajadores bancarios a sindicalizarse sin cortapisas; y si tal juicio nos merece la opción escogida por el Ejecutivo para la sindicalización de los trabajadores bancarios, más descalificados nos parecen los procedimientos que se siguieron para instrumentar esa sindicalización porque son el signo ominoso de lo que les espera. Mediante una circular, la Secretaría de Hacienda a los jefes de recursos humanos de todas las instituciones bancarias expropiadas ordenó la creación de comités directivos sin absolutamente ninguna consulta a los empleados y trabajadores, y se regó dinero en abundancia para que los escogidos viajaran a las sucursales foráneas y consiguieran, a como diera lugar, las firmas de adhesión a los comités nombrados desde arriba, a efecto de que en un día determinado, el 13 de septiembre, se presentaran en bloque las solicitudes de registro de los supuestos, de los falsos sindicatos en la Secretaría del Trabajo. Todo estuvo prefabricado: actas de constitución falsas, machotes de solicitud de registro, formas para pedir ser considerados en el apartado B del 123 constitucional, para hacer tácitas renuncias a la administración de los contratos colectivos y para quedar incorporados a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Hasta estatutos ya impresos se entregarón a los comités organizadores, lo que quiere decir que fue toda una conspiración con patrocinio oficial para inscribir a los trabajadores bancarios en las filas del sindicalismo charro de la burocracia. Y tan claro fue este propósito que en todos los bancos en donde los trabajadores quisieran organizar democráticamente sus sindicatos los promotores y los propios trabajadores fueron hostilizados e incluso amenazados; se les impidió sesionar en los centro de trabajo y fue el propio Congreso del Trabajo el que proporcionó local para que realizaran sus asambleas, sólo que los enviados de los departamentos de personal les advirtieron que los únicos sindicatos que obtendrían el registro serían los previamente escogidos, que así estaba decidido y por eso a ellos se les habría dotado de todo lo necesario, y que si persistían en oponerse y en dividir a los trabajadores bancarios se atuvieran a las consecuencias porque el gobierno, de ninguna manera, iba a permitirlo.
Esta presión oficial prácticamente deshizo momentáneamente los intentos de los trabajadores bancarios por iniciar su vida sindical al amparo de la autenticidad, al amparo de la autenticidad y la democracia.
Ahora bien, qué perspectivas tendrían los trabajadores bancarios sindicalizados dentro del apartado A del Artículo 123 de nuestra Constitución.
Grandes si lograran mantenerse independientes de centrales y organismos que bajo distintos signos y pretextos han llevado al sindicalismo mexicano a convertirse en instrumento de control político y en minas de poder económico y político para reducidísimos grupos que son los que hacen y deshacen conforme a los intereses de sus respectivos caciques, como son, por ejemplo, el Grupo Unificador del Sindicato Petrolero, la Vanguardia Revolucionaria en el de los maestros y el Héroe de Nacozari en el de los ferrocarrileros, aunque ni siquiera ha habido la oportunidad de discutirlo públicamente, como sucedió con la sindicalización de los trabajadores universitarios durante meses, que han hecho dos objeciones principales a la incorporación de los trabajadores bancarios al Apartado A del 123 constitucional; una, que siendo los servicios bancarios función exclusiva del Estado, los trabajadores de las correspindientes instituciones son, por definición, trabajadores al servicio del Estado, cuyas relaciones laborales se hallan regidas por el Apartado B del mencionado Artículo 123. La otra, que no debe el Estado propiciar que por el ejercicio de huelga sean
paralizados servicios que se consideran vitales y se da por supuesto que entre éstos se incluye el de la banca y el crédito.
La primera objeción es improcedente como justificante para incorporar a los trabajadores bancarios al Apartado B porque, en primer lugar, no se esclarece de qué poder de la Unión serían trabajadores, puesto que en dicho Apartado B del 123 constitucional dice: Artículo 123. El Congreso de la Unión, sin contravenir las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán; Apartado B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. En el caso de los trabajadores bancarios las relaciones laborales ¿serán entre éstos y el Poder Ejecutivo?, ¿o entre éstos y el Poder Legislativo o el Judicial?, ya que no podrían serlo del Distrito Federal. En segundo lugar, si se trata de un servicio público a cargo del Estado, el bancario, ¿no lo son también?, ¿no tienen el mismo carácter el servicio eléctrico y el telefónico?, y sin embargo, los trabajadores de éstos sí están en el Apartado A, electricistas y telefonistas fueron antes trabajadores al servicio de empresas privadas y al pasar a ser del Estado mantuvieron sus plenos derechos laborales en el Apartado A. En cuanto a la otra objeción, la de que podrían los trabajadores bancarios paralizar al país si se les reconoce irrestrictamente el derecho de huelga, de ser válida debería serlo también en los casos de los otros servicios que en exclusiva presta el Estado y, sin embargo, no lo es.
En última instancia, al Estado le quedaría el recurso de la requisa, una figura jurídica que tarde o temprano deberá ser reexaminada por el Congreso de la Unión, pero cualquier forma de sindicalización adoptada por los trabajadores bancarios debe ser el resultado de sus propias decisiones. Si los trabajadores universitarios, cuya situación es muy especial en cuanto a relaciones laborales, tuvieron la oportunidad de estudiar, deliberar y decidir; los diputados de Acción Nacional a la LII Legislatura del Congreso de la Unión afirmamos que a los trabajadores bancarios se les debe dar la misma oportunidad.
Es antidemocrático negárselas; es antidemocrático obligarlos a una determinada forma de sindicalización, y es antidemocrático el procedimiento que se ha seguido para logar ese objetivo.
Esta es, señores diputados, la fundamentación de nuestra proposición que esperamos, confiamos en que sea aprobada por ustedes. Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Miguel Angel Morado Garrido.
El C. diputado Miguel Angel Morado Garrido: Señor Presidente; honorable Congreso de la Unión:
Después de escuchar la tercera parte del Exorcista, porque tal parece que a los trabajadores de la banca se les está condenando a un purgatorio, ya sea en el apartado A o en el apartado B, o continúen en la misma forma...
- El C. diputado Astolfo Vicencio Tovar:
¿Me permite, señor Presidente, una moción?
El C. Presidente: ¿Nos permite que termine el orador, señor diputado?
El C. diputado Astolfo Vicencio Tovar: Es una moción, precisamente de acuerdo con el reglamento: Cuando se hace una proposición, de acuerdo con el Reglamento, cuando existe una proporción después de su fundamentación se debe pasar a discusión con un orador en contra y uno en pro.
El C. Presidente: El Artículo 110, señor diputado, dice que puede estar un orador en contra, y así lo está haciendo el señor diputado, el señor Miguel Angel Morado. Es una moción suspensiva señor diputado. Lea el artículo 110 la Secretaría.
- El C. secretario diputado Everardo Gámiz Fernández:
Artículo 110. En el caso de moción suspensiva se leerá la proposición, y sin otro requisito que oír a su autor, si la quiere fundar y algún impugnador, si lo hubiere, se preguntará a la Cámara si se toma en consideración inmediatamente. En caso afirmativo se discutirá y votará en el acto, pudiendo hablar al efecto tres individuos en pro y tres en contra. Pero si la resolución de la Cámara fuese negativa la proposición se tendrá por desechada.
El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. diputado Miguel Angel Morado Garrido. Continúe por favor.
- El C. diputado Miguel Angel Morado Garrido:
Yo no estoy de acuerdo, señor diputado, con los términos, me refiero a don Gerardo Medina, con los términos que expresó usted acerca del sindicalismo que regula las relaciones entre los trabajadores al servicio del Estado y los titulares de la diferentes dependencias.
Pero hay una feliz coincidencia. Precisamente quienes hoy han estado defendiendo la posibilidad o el anhelo de que se vuelva a concesionar la banca se preocupan mucho por los trabajadores. Son coincidencias del momento.
La iniciativa propuso la inclusión de los trabajadores bancarios en el sistema general de
Los servidores públicos, consignado en el Apartado B del Artículo 123 constitucional, porque, como se afirma, señores diputados, en la exposición de motivos de la misma se hace necesario adecuar las disposiciones legales para que la nacionalización no resulte incompleta y deje sin regularización específica a los trabajadores bancarios; o bien persista la legislación de excepción en la que han estado siempre, con la consiguiente privación de los derechos de asociación y de huelga, es decir, la moción que ha hecho el señor diputado es de que mientras tanto sigan como están, para eso ganamos tiempo.
Su inclusión del régimen laboral de los servidores públicos es una desición que los favorece y les asimila, en un momento dado, en la dignidad de la prestación de los servicios a una entidad pública y, por lo tanto, consideramos nosotros debe persistir en la iniciativa que se discute el punto relativo al derecho de sindicalización de los trabajadores bancarios.
En ningún momento se va a pasar por alto, en ningún momento se afirma, en ningún momento se dice, que no se tomará en cuenta la opinión de los trabajadores. Y así como el señor diputado afirmó que hay muchas solicitudes ante la Secretaría del Trabajo nosotros también podríamos decir lo mismo, que hay muchas solicitudes ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Los trabajadores bancarios, como usted lo ha señalado, precisamente no estaban comprendidos ni dentro de lo que estipula el apartado A, ni dentro de lo que estipula el Apartado B. Yo considero y pido a esta Asamblea que para eso existirá la oportunidad en el debate en lo particular para que los señores diputados, para que todos los partidos, previa inscripción que la presidencia autorice, puedan exponer sus argumentos y que sí desde el principio el propio Presidente de la República, en esta Cámara de Diputados, reconoció como un viejo anhelo de los trabajadores bancarios su derecho a la sindicalización.
Yo pienso que esta legislatura no pierde nada; al contrario, gana en analizar todos y cada uno de los puntos que la iniciativa presidencial nos ha propuesto.
Muchas gracias.(Aplausos.)
El C. Presidente: Consulte la Secretaría, con base en el Artículo 110 del Reglamento, si se admite o se desecha la moción.
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta si se acepta o se desecha dicha moción, para lo cual se suplica a los ciudadanos diputados que estén por que se acepte se sirvan expresarlo...Muchas gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por que se deseche sírvanse expresarlo...
Por mayoría desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: Para efectos del Artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Si no se aparta alguno de los artículos se votará en lo general y en lo particular el artículo que no se aparte.
El C. Presidente: Están reservados los artículos 1o., 2o., 3o., 4. y 2o. transitorio. En virtud de que no se ha reservado el 1o. transitorio proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del artículo no impugnado, en un solo acto.
El C. secretario diputado Everardo Gámiz Fernández: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento. (VOTACIÓN.)
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: El resultado de la votación fue el siguiente: se emitieron 306 votos en pro y 57 en contra.
El C. Presidente: Aprobado en lo general y en lo particular el artículo no impugnado, por 306 votos. Esta presidencia informa que han sido reservados para su discusión los artículos 1, 2, 3, 4, y 2o. transitorio. Se abre el registro de oradores para la discusión del Artículo 1º.
Están inscritos en contra del Artículo 1º. los CC. diputados Juan López Martínez y David Orozco Romo. En pro los CC. diputados Ramírez Cuéllar, Mariano Piña Olaya, Salvador Rocha Díaz, José Carreño Cardón, y por la Comisión Salvador Valencia Carmona. El compañero Edmundo Jardón en pro.
En pro, González Magallón.
Tiene la palabra el C. diputado Juan López Martínez, en contra.
El C. diputado Juan López Martínez: Señor Presidente; compañeras y compañeros miembros de la LII Legislatura:
Al darle al Estado facultades más allá de las necesarias, supuestamente para promover el bienestar nacional, es acercarnos a un sistema totalitario, por eso el PDM se opone terminantemente a estas medidas, por considerar nefasto este tipo de régimen al que algunos nos quieren llevar.
El agregar al Artículo 28 constitucional el párrafo V de que tratamos y en donde se
pretende exceptuar de lo previsto en el primer párrafo la prestación del servicio público de banca y crédito, el cual será prestado exclusivamente por el Estado, se contraviene, por lo establecido en el Artículo 2º. transitorio de este mismo proyecto de Decreto, ya que dice literalmente: Se exceptúan de lo dispuesto por el párrafo V del Artículo 28 de nuestra Carta Magna: El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S. A., el Banco Obrero, S.A. y las sucursales de bancos extranjeros que cuenten con concesión del Gobierno Federal, así como a las organizaciones auxiliares de crédito y concesiones extranjeras. También son parte del Estado, ¿o por qué las está excluyendo de tal expropiación? Si en el decreto especifica claramente que este servicio será prestado exclusivamente por el Estado. ¿Hasta cuándo pasarán a ser parte del Estado estas instituciones? ¿Acaso será cuando el Presidente en turno lo decida?
Los monopolios están prohibidos en el Artículo 28 constitucional, y están bien prohibidos porque los monopolios son un fenómeno nefasto para la economía y la justicia social en un país. Si una persona física o moral desarrolla con exclusividad una actividad económica en la producción de bienes y servicios, al excluir a otros agentes se comete una gravisima injusticia: elimina la competencia, la competencia y la propia actividad cae en estancamiento, la indolencia y en el retraso.
El monopolista impone sus precios y sus condiciones a los consumidores usuarios y así se agrava la injusticia social. El que una actividad la monopolice el Estado no quita los anteriores efectos, fuera de las excepciones actualmente previstas que por su naturaleza se tratan de servicios públicos y actos gubernamentales cuando se trata de actividades económicas.
En el anterior sistema bancario entre sus sombras se puede notar que constituía un oligopolio, o sea una actividad de unos cuantos con exclusión de los demás pues hacía más de 30 años que no se conseguía ninguna nueva concesión para bancos de depósitos. Ahora el oligopolio se convierte en monopolio.
La intermediación en el crédito es una actividad marcadamente económica, no es un acto de gobierno ni un servicio público que por naturaleza el Estado deba de prestar. Se ha abusado del concepto de servicio público estatal. Hay muchos servicios que son para el público y que usa prácticamente toda la colectividad, como es el caso de los peluqueros para los varones y los salones de belleza para las damas. Es servicio, es al público y es a toda la población y no por eso lo va a desempeñar el gobierno. El crédito es una función natural entre particulares, extensión económica del diálogo constante que se establece entre los miembros de la sociedad en que, como su etimología lo sugiere, está implícita la credibilidad, la confianza, la fe.
El crédito que una persona le merece a otra la intermediación en el crédito, es la función natural que empezaron a desarrollar en la Europa medieval, cuando se recuperó la economía, el astuto banquero lombardo o el también astuto perseguido banquero judío.
Las cosas en la materia se complicaron y se hicieron grandes y hubo necesidad de regular la materia y establecer bancos centrales que la controlaran y estuvo bien regulado y bien controlado en cuanto a los documentos fundamentales.
Pero tales complicaciones y tales magnitudes no han hecho desaparecer el carácter de actividad económica del crédito ni su natural realización por los particulares, aun en economías de mayor magnitud y más complicadas que la nuestra, como son la de Estados Unidos, la de Alemania Federal o la de Japón.
El que el monopolio de una actividad económica como la del crédito quede en manos del Estado no le quita negatividad a los que siempre traen un monopolio, sino que los añaden, la razón es que los gobiernos están hechos para gobernar no para realizar actividades económicas que por su naturaleza deben realizar los que se afanan y se preocupan por llevar el pan a sus hogares cada día; en términos generales podemos decir que los que comen el pan, y ello como todo símbolo de todos los factores económicos, deben de producir su propio pan, y el gobierno fija las reglas de cómo producirlo, cómo distribuirlo, salvo los casos de excepción en los que el bien común requiere su participación directa.
Por lo anterior, es regla general, en todos los pueblos y en todos los tiempos, que las actividades económicas realizadas directamente por el Estado son antieconómicas, operan con pérdidas, agravan la injusticia social restringen las libertades y obstaculizan la democracia. No es una excepción nuestro país, sino una notoria confirmación de la regla, pues las paraestatales en su conjunto registran pérdidas de cientos de miles de millones de pesos, o sea, en la diferencia de sus ingresos propios y sus gastos que han sido cubiertos por financiamientos externos y subsidios o transferencias de la Federación, cuyo monto en esta anualidad puede llegar al billón de pesos, a un importante porcentaje de nuestro producto interno bruto.
El funcionamiento de las paraestatales ha producido el déficit presupuestal crónico, causante principal de nuestra inflación gigantesca; tales pérdidas también son causantes de nuestro endeudamiento externo, en el cual ocupamos el campeonato mundial indiscutido
e indiscutible, reconocido por todas las ligas y asociaciones.(Aplausos.) Con el establecimiento constitucional del monopolio estatal de la banca se trata de corregir nuestros males, pero aquí se aplica una homeopatía sumamente paradójica. Como todo el mundo sabe, la homeopatía parte del principio de que lo semejante cura lo semejante, expresada en el latinajo simila similibus curantur. Lo paradójico es que el sistema lo aplica en grandes dosis para curar un mal financiero ciertamente notorio; aplicarle mayores dosis de ese mal financiero al envenenado es darle más veneno, al alcohólico más vino y al diabético más azúcar.
Si en otros sectores de la economía las paraestatales normalmente funcionan mal en el crédito, como monopolio están avocadas a funcionar peor. Las razones son las siguientes:
En una operación de venta de bienes materiales el ajuste entre oferente y demandante se produce naturalmente en un precio adecuado; en una operación de crédito además del precio de los intereses intervienen con otros factores la confianza, la credibilidad , la situación financiera, y con ello la posibilidad de recuperación del crédito, que sólo puede ser decidido por quien arriesga su dinero, ya sea por sí o por los empleados que sigan sus indicaciones.
El administrador del aparato burocrático, por más consciente y responsable que sea, no efectúa los juicios de quien arriesga su propio dinero.
La demanda de crédito y su posible satisfacción por el oferente está íntimamente relacionada con las actividades económicas y con el mercado. De esa manera una actividad bancaria realizada por los particulares responde naturalmente a los requerimientos de la economía de un país; en cambio, una banca manejada monopólicamente por el Estado no puede captar los requerimientos reales de los productores y su política de asignación de créditos. A falta de la regulación del mercado sólo podremos guiarnos por criterios políticos, dizque fundados en el juego de malas economías y peores sociologías.
En todos los tiempos y en todos los lugares la constante de todos los gobiernos ha sido cubrir un gasto angustiante y deficitario. Si se reúne la calidad de gobernante con el depositario de los ahorros de un pueblo habrá siempre la tentación de prestarse esos ahorros para sus necesidades, que además están aureoladas por las demandas del bien común y de la justicia. En México no habría una excepción a la regla. La constante ha sido de que se autopreste el encaje legal depositado en el Banco de México, S. A., encaje que fue previsto para evitar los efectos inflacionarios del dinero financiero que crean los bancos particulares con los cheques y demás títulos de crédito. El déficit presupuestal también es una constante histórica, y para 1983 se calcula con optimismo que únicamente representará el 10% de nuestro Producto Interno Bruto. Así resulta que el monopolio estatal de la banca es algo parecido a poner una cabra a cuidar alfalfa.
La inercia, el peso histórico de la falta de una democracia efectiva, de los vicios intrínsecos de nuestro sistema, hacen deducir que de los recursos bancarios se dé prioridad a los gastos políticos y se dejen relegados los requerimientos del apartado productivo.
Además, la medida de estatizar a los bancos incurrirá necesariamente a las satisfacciones de los reclamos sociales de la población.
Se tendrá que pagar a los banqueros y aunque sea en diez años, durante el próximo sexenio y cuatro años del siguiente; ese pago significará, en cualquier medida que se quiera, menos gasto para la educación, para la salubridad, para los caminos, etcétera, a menos que se financie con nuevas emisiones de moneda, con lo cual estaríamos condenados a la inflación por los siglos de los siglos.
Que la estatización de la banca no resuelve ningún problema, que sí los agrava no lo comprueba el mes que ha transcurrido. No ha solucionado ningún problema, por que la fuga de capitales, según últimas informaciones, se sigue dando por caminos extrabancarios. Y sí los agrava, por que ya las empresas, medianas y pequeñas, han sufrido graves problemas en su financiamiento y la llegada de inversiones indirectas extranjeras, en forma de imposición de capitales en el sistema bancario, se ha detenido casi por completo.
En estas operaciones, que en la frontera Tijuana-San Isidro, según las noticias, tienen un monto de más de 750 millones de pesos diarios. México está perdiendo en esta sola frontera un promedio de 200 millones de pesos diarios, o sea, su equivalente al precio oficial de tres millones de dólares por día. Nuestra preocupación es, ¿cuánto más se estará perdiendo en el contrabando acumulando divisas en las demás aduanas fronterizas con nuestro vecino país del norte?
Aunque parezca repetitivo también se podrían considerar como factores fundamentales para esta medida totalitaria de la estatización de la banca fuerzas internas y externas. Lo segundo, o sea, el aspecto externo, se pueden especificar algunas cuestiones de orden en donde el endeudamiento externo de 85 mil millones de dólares y la debilidad orgánica de nuestra moneda en la comparsa internacional, principalmente frente al dólar.
Nuestra carencia de cumplimiento de normas de control de calidad para poder exportar en este renglón de la exportación, debemos hacer mención que el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, en coordinación con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puso a disposición del productor un paquete de estimulos fiscales.
Pero si se carece de lo elemental que la producción requiere, o sea, la competitividad en calidad y precio, de nada sirven esos paquetes fiscales.
En este renglón del Partido Demócrata Mexicano hace mención de la necesidad de devolver la confianza al Estado a los empresarios del país. En este renglón de desconfianza de parte de los empresarios hacia el Estado deseamos manifestar en esta tribuna parlamentaria que a la fecha varias factorías, entre una de ellas AGROMAC, como un ejemplo que funciona en la ciudad de Querétaro, únicamente trabaja tres días a la semana, de lunes a miércoles por falta de liquidez. Esta empresa exportaba a Brasil tractores; otro ejemplo, la suspensión o cancelación de órdenes de trabajo (pedidos) por parte de Pemex a la empresa Industria del Hierro, S.A. También en la ciudad de Querétaro, en esta misma empresa, la cancelación de pedidos de plataformas marítimas petroleras por parte de las Repúblicas de Venezuela y Panamá. Lo antes mencionado nos puede servir de reflexión en algunas causas externas e internas; en lo externo la desconfianza de los países en nuestro sistema de gobierno, y en lo interno la desconfianza, no nada más de los empresarios, sino de todas las clases populares, por que en este renglón los obreros y cientos y miles de familias de esos trabajadores viven en la incertidumbre por el temor de ser despedidos en cualquier momento.
Por lo anterior, no es por defender a los banqueros, que ellos se defienden solos, sino por evitar mayores males a México, a nuestra patria, que es de todos los partidos aquí representados, por el bien de nuestra colectividad, los diputados demócratas estamos en contra de la reforma del Artículo 28 constitucional, por que la empresa no nos satisface en manos de unos cuantos, como lo quiere el capitalismo liberal, ni creemos que la forma ideal para hacerla de utilidad social sea de ponerla en manos del Estado; sí, en cambio, consideramos camino viable la congestión y la coparticipación mediante el accionariado.
El régimen de economía por el que pugnamos estará lejos del egoísmo individualista, que va creando plutocracias, que presionan ante el poder en beneficio de sus intereses particulares.
Igualmente, nos oponemos al monopolio del Estado que ahoga toda iniciativa particular.
Nos declaramos por un sistema compartido; pero en el que la iniciativa de los particulares tenga siempre metas de beneficio colectivo. La ley sabiamente dictada y prudentemente ejercida, regulará estas labores para que no se caiga en las manos del más fuerte, ni la economía del país sirva de instrumento a unos cuantos.
Somos partidarios de la intervención estatal, subsidiaria, y en cuanto que se considere necesaria para superar la producción y para emprender tareas que, en suma, no pueda realizar algún particular.
Nos declaramos partidarios de la propiedad, entendiendo que el trabajo es el medio mejor para llegar a ella.
Pero deberá entenderse que la propiedad no tiene sólo una función individualista, sino que ha de cumplir a la vez con una función social.
En suma, en el Partido Demócrata Mexicano somos partidarios de un régimen de derecho, en donde la justicia se imparta equitativamente. Una comunidad con privilegios y desigualdades en este orden, tiende a la tiranía y a la constitución de castas que oprimen a los más débiles. Por lo anteriormente mencionado,
recalcamos los parlamentarios demócratas nuestra oposición al proyecto de decreto que nos ocupa. Muchas gracias".
El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el ciudadano diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
- El C. diputado Héctor Ramírez Cuéllar:
Señor Presidente; compañeros diputados:
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista desea en primer lugar expresar su inconformidad con la forma en que se han conducido los debates el día de hoy en que prácticamente nuestro reglamento no se ha aplicado. Nosotros somos partidarios de que en esta tribuna se permita la más amplia libertad de expresión, pero consideramos que ha habido una actitud excesivamente tolerante, excesivamente flexible, que hace que estemos trabajando con métodos parlamentarios anticuados, obsoletos y absurdos.
Hace unos minutos abortó una maniobra parlamentaria de la diputación del Partido Acción Nacional, al venir a plantear en un momento inoportuno, de acuerdo con nuestro Reglamento, la suspensión de un asunto que era en lo particular. Ocurrió un fenómeno sorprendente; la demagogia del fascismo llevada a su máxima expresión, es decir, todo el día de hoy escuchamos con infinita paciencia las prédicas acerca de la defensa de la propiedad privada, acerca de la propiedad de los banqueros, y de pronto aparecieron los diputados de la derecha enarbolando una bandera del movimiento obrero, las demandas de los trabajadores bancarios.
Desgraciadamente, y por el uso inadecuado del reglamento, algunos diputados progresistas se encontraron presionados y estuvieron a punto de hacerle el juego a esta maniobra de la derecha. Pero si estos métodos parlamentarios son anticuados y
absurdos debemos seguir hasta el final en este debate a estas alturas.
Nosotros no hemos impuesto las condiciones de trabajo parlamentario, pero las acatamos aun en contra del más elemental razonamiento político. Hemos escuchado las voces que vienen del pasado, del liberalismo clásico. Hemos escuchado voces que vienen de las etapas históricas ya superadas por el pueblo mexicano, las voces del más acentuado liberalismo e individualismo en materia económica. Debemos reconocer que en otras legislaturas hubo diputados de la derecha más avanzados, con mentalidad moderna que ya no manejaban las viejas tesis del Estado abstencionista, las viejas concepciones, superadas por la historia, de la intervención supletoria en la economía nacional.
Aquí, en la Cámara de Diputados, ha habido diputados de la derecha que han sido más conscientes, que han sido más inteligentes y que han aceptado y reconocido la superación del liberalismo económico, y que han aceptado distintos grados de intervención del Estado en la economía.
Por fortuna las leyes económicas no las puede detener el discurso de un parlamentario, ni siquiera un decreto de la Cámara de Diputados, las leyes económicas avanzan, progresan y muchas veces se imponen por encima de los intereses, de las inquietudes y de la voluntad de las personas, de los individuos que integran la sociedad.
Escuchábamos las voces del pasado y recordábamos a José María Luis Mora, a los liberales de la época de Juárez, cuyo pensamiento, justificado en aquel momento, hoy suena como un burdo anacronismo histórico que en ningún hombre inteligente puede sostener en la etapa moderna, ni siquiera Milton Friedman sostiene sus puntos de vista, ni siquiera la doctrina neoliberal de los mentaristas de hoy es capaz de defenderse abiertamente como aquí lo han echo algunos diputados que se quedaron anclados en el pasado económico y político de México. Por lo demás, la doctrina de Friedman no se aplica como él la plantea en ningún país capitalista; nosotros hemos examinado la reforma que el Presidente de la República propone al Artículo 28 de la Constitución y consideramos que aunque no nos satisface plenamente desde el punto de vista jurídico, sin embargo sí coincide con los planteamientos del Partido Popular Socialista.
El día 13 de septiembre nosotros presentamos a su consideración una Iniciativa para reformar el Artículo 27 constitucional, en la cual le otorgábamos al Estado la prestación exclusiva de los servicios crediticios y bancarios y otra reforma al Artículo 28, en la cual nosotros exceptuábamos de la caracterización de monopolio privado a la presentación de los servicios bancarios.
Vistas estas dos iniciativas, y comparadas con la del Presidente José López Portillo, llegamos a la conclusión de que hay una conclusión de esencia, de contenido, aunque desde nuestro punto de vista la reforma del Presidente tiene una ubicación constitucional más adecuada, no en el Artículo 28, sino en el Artículo 27.
El Artículo 27, como todos sabemos, contiene entre otros aspectos, las facultades del Estado, las áreas de propieded de la nación, ahí, en el Artículo 27, se encuentra legitimada la expropiación petrolera, y se encuentra sancionada también la mexicanización de la industria eléctrica, por lo tanto, nosotros consideramos que es, en estricto sentido político e histórico, en el 27 en donde las reformas del Presidente deben tener el lugar más adecuado desde el punto de vista de nuestra Constitución, pero como nosotros no vamos ha hacer aquí un alegato de carácter formal, simplemente señalamos toda la importancia histórica que tiene el Artículo 27, que por supuesto no se compara con la trayectoria histórica y jurídica del Artículo 28.
Para nosotros el hecho de que hoy aprobemos en lo general y en lo particular que se eleve a rango constitucional la nacionalización de la banca privada representa la culminación de un proceso histórico y político en el cual hemos estado empeñados las fuerzas populares fundamentales de la nación mexicana.
Para nosotros elevar al mayor rango jurídico posible del decreto del 1o. de septiembre le da un carácter irreversible desde el punto de vista jurídico y sienta las bases para impedir que en el futuro o en el presente pueda retrocederse en ese campo, para impedir que otros jefes de Estado, que otros presidentes de la República, que autoridades menores, pudieran, mediante leyes secundarias, mediante decretos del Ejecutivo, o mediante reglamentos, que por su naturaleza no son competencia del Congreso de la Unión, pudieran en el futuro, en condiciones coyunturales que serían adversas para el pueblo y para la nación, retroceder en materia de los decretos que hoy hemos examinado.
Pero esto lo decimos no porque seamos partidarios del fetichismo de la Constitución, no porque consideremos que por el sólo hecho de que una conquista popular se eleva al rango constitucional, ya por sí mismo, es una conquista definitivamente lograda.
Como nosotros no somos abogados formalistas, no somos partidarios del fetichismo jurídico, ni siquiera del fetichismo en la Constitución general de la República.
Sin embargo, la experiencia del pueblo mexicano indica que cuando en el año de 1993 las
compañías petroleras expropiadas hicieron grandes esfuerzos por que el presidente Lázaro Cárdenas diera marcha atrás en materia de expropiación de sus bienes y trataron de aprovechar el hecho de que no tenía el decreto el rango jurídico superior, con el objeto de presionar al presidente Manuel Avila Camacho para que devolviera los bienes de las compañías petroleras.
Más relevante el gobierno de Miguel Alemán, tratando de no proceder, entregó a las compañías privadas los llamados contratos "riesgo", que fue una violación al decreto del presidente Lázaro Cárdenas. Sin embargo, tanto durante el gobierno de Avila Camacho como durante el gobierno de Miguel Alemán el movimiento obrero, dirigido en aquella época, me refiero a los años de Avila Camacho, por Vicente Lombardo Toledano, se opusieron, se opuso enérgicamente a cualquier acción que implicara la devolución de bienes expropiados o un retroceso en esa materia. Lo mismo se hizo durante el gobierno de Miguel Alemán.
Y la principal arma del movimiento obrero para detener las acciones de Avila Camacho y de Alemán fue precisamente el valor histórico y jurídico de la Constitución General de la República, porque un presidente de México, por más audaz que fuera desde el punto de vista de los intereses de la derecha, no podría plantear él la reforma del 27 para volver al pasado.
Así como el Partido Acción Nacional no se atreve a plantear la eliminación completa del Artículo 3º. de la Constitución, así el Artículo 27 es un formidable valladar, un obstáculo y un escudo en contra de acciones o de desviaciones hacia la derecha de parte del poder público.
Pero, además, nosotros consideramos que el echo de que hoy se discutan estas reformas tiene un significado y una repercusión política muy importante; por eso nos opusimos a la suspensión del debate como lo quería el PAN, por que para nosotros es muy importante que este debate termine cuando el presidente Miguel de la Madrid se entreviste en San Diego con el presidente Ronald Reagan.
Para nosotros es muy importante que Miguel de la Madrid pueda firmar con el gobierno norte americano y con el Fondo Monetario Internacional que los decretos del 1o. de septiembre ya no puedan ser abolidos por otro decreto del Poder Ejecutivo, ya no pueden ser abolidos por un reglamento de carácter secundario que emita una autoridad menor, sino que ahora forman parte de la ley suprema de la nación y en esa medida, en esa dimensión, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y con el Presidente de los Estados Unidos le darán mayor fuerza, mayor consistencia jurídica a los decretos del 1o. de septiembre.
Pero no porque esos decretos no tengan suficiente fundamento histórico, jurídico y político, no porque esos decretos carezcan de base constitucional, sino porque reafirman y consolidan esos fundamentos.
Efectivamente, sólo los abogados que han vendido su conciencia a la iniciativa privada se atreven a decir que no hay bases jurídicas, que no hay antecedentes políticos, que no hay justificación económica para los decretos expropiatorios. Quisiera, simplemente, señalar que en base al Artículo 27, en México la propiedad no es un fenómeno absoluto, sino que es una concesión que el Estado otorga a los particuares, y el Estado está facultado para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público.
Además, en el caso de la banca privada es mucho más obvio este razonamiento, ya que la banca privada operaba, como todos sabemos, en base al sistema de concesiones administrativas, concesiones que se otorgan y se retiran a los particulares discrecionalmente por parte del Estado. Es decir, la banca privada no maneja ningún bien absoluto, sino operaba una simple concesión de carácter administrativo.
Por otro lado, en la Ley de Atribuciones del Estado en materia económica se faculta el Estado para intervenir en actividades de evidente utilidad pública.
Ya hay por ahí un diputado que se atrevió a decir que la banca no era un servicio de utilidad pública; se atrevió a comparar este servicio con los salones de belleza o con las peluquerías. La banca, tanto por el monto de recursos que manejaba como por la repercusión de sus acciones en la economía nacional, era una actividad de indiscutible, de evidente utilidad pública, manejar tres billones de pesos, convertirse en el instrumento financiero de la industria y el comercio, era y son causas de muy clara utilidad pública.
El Artículo 28 de la Constitución prohíbe la formación de monopolios económicos privados, aunque estamos conscientes de que el citado artículo, por sí mismo, no impide el proceso de concentración que se da en la sociedad capitalista; sin embargo, queda en ese precepto la prohibición expresa para que en México existan monopolios económicos privados, y la banca privada operaba no como un oligopolio, sino como un auténtico monopolio, en virtud de que los cuatro principales bancos controlaban el 75% de los activos totales de la banca privada. Es decir, había un acelerado proceso de concentración bancaria, y ese proceso está prohibido en el Artículo 28 de la Constitución.
Por otro lado, la propia Constitución señala que el Estado podrá expropiar, mediante indemnización, y hasta hoy, que nosotros sepamos, el gobierno federal no se ha negado a
pagar una cierta indemnización a los banqueros afectados. Otra cosa es nuestra opinión sobre la indemnización como partido de la clase obrera, otra cosa es nuestra concepción acerca de si debe pagarse o no indemnización a los banqueros, pero en la Constitución se establece el pago de la indemnización por causa de expropiación.
Por otro lado, y esto está en el amparo presentado por los banqueros, hasta hoy mienten por que no están siendo juzgados por ningún tribunal de excepción ni por ninguna ley de carácter privativo. Además, no hay ningún banquero detenido a causa de los decretos del 1o. de septiembre.
Pero lo fundamental no es el fondo legal del amparo de los banqueros, que ya el doctor Ignacio Burgoa ha condenado al fracaso -y efectivamente así es-, no porque el Poder Judicial dependa o esté subordinado al Poder Ejecutivo, no porque no tengan autonomía los magistrados y los jueces, sino porque, visto en términos generales, el amparo de los banqueros, presentado por cierto entre otros abogados por dos distinguidos miembros del PAN, el fondo de amparo es inconsistente e infundado desde el punto de vista de la legislación actual y lo será más a partir de que dentro de unos minutos aprobemos la elevación a rango constitucional de los decretos ya señalados.
La otra oportunidad es precisamente lo que esconde en el fondo de un recurso jurídico ya perdido, un recurso que está destinado a no prosperar es el hecho de que se están ejerciendo presiones con el objeto de que las empresas expropiadas por el decreto sean devueltas a los dueños anteriores al 1o. de septiembre y de que eventualmente se pague la indemnización más alta posible.
Por esta razón algunos bancos, con una visión más objetiva de la batalla que han perdido, se han retirado del recurso del amparo y han destinado sus fuerzas o esfuerzos hacia la negociación con el Estado sobre la indemnización eventual o sobre la propiedad de las empresas industriales y comerciales. Sin embargo, debemos reconocer un hecho preocupante; a un mes de haberse decretado las medidas históricas que apoyamos, la estructura administrativa de la banca continúa, en términos generales, inalterable; a un mes de distancia sólo se han cambiado a los altos ejecutivos de la banca ahora nacionalizada, pero los gerentes divisionales, otros ejecutivos de alto rango bancario y los gerentes de sucursales continúan siendo exactamente los mismos que en el pasado; esto ha provocado que en algunos bancos algunos gerentes intervengan descaradamente en la formación de los sindicatos y que incluso hayan despedido a algunos empleados por que no están de acuerdo con ellos en su injerencia como patrones en un asunto que sólo incumbe a los trabajadores.
Nosotros consideramos que si bien es cierto que la depuración de la estructura bancaria no podrá lograrse por arte de magia, súbitamente, de un día para otro, sí es necesario el desplazamiento, la depuración de los otros niveles de la estructura bancaria, a efecto de eliminar de los cargos decisorios a los elementos ligados a los partidos de la derecha que durante muchos años han ocupado cargos directamente en la banca o en empresas ligadas a ella; es decir, debemos expulsar de la estructura bancaria a todos aquellos elementos que continúan preconizando la misma filosofía capitalista del pasado, que fue derrotada en los decretos del 1o. de septiembre.
Nosotros consideramos también que es necesario más que someter a la crítica condicionada, porque a veces algunos diputados del sector democrático elaboran tantas críticas a la banca nacionalizada, que no sabemos si están a favor de las medidas del primero de septiembre o, están en contra de esas medidas, porque, efectivamente, los decretos del primero de septiembre no resuelven súbita o instantaneamente los problemas económicos del país y tan no los resuelven que continuamos experimentando una escala espiral incontenible en lo que se refiere a la carestía de la vida, porque todavía la banca nacionalizada no tiene su reflejo en el sistema productivo del país. A un mes de los decretos tadavía no observamos los resultados concretos, los frutos que en materia productiva tendrá la banca nacionalizada.
Sin embargo, ya advertimos dos progresos muy importantes: el estímulo a los pequeños ahorradores y la disminución de las tasas de interés bancario, con el objeto de bajar esas tasas para dar créditos baratos a los industriales y a los comerciantes.
Se afirma también que el Estado controlaba la banca, y con la mirada escrutadora dijo un diputado del Banco de México que la banca privada pudo actuar en todo tiempo.
Efectivamente, si nosotros vemos las facultades del Banco de México en materia bancaria, cualquiera que viera el fenómeno en forma superficial diría: el Estado en México controla la banca privada. Sin embargo, señoras y señores diputados, era falso que el Estado controlara la banca privada de una manera real y efectiva. En los últimos años, especialmente después de la transformación a banca múltiple, la función del Banco de México fue más formal que real; fue más simbólica que verdadera.
Y debemos poner dos ejemplos de esto. Se dice que el Estado controlaba el encaje legal, que llegaba ya al 75% y que esto ya era un nivel confiscatorio inadmisible. Sin embargo, la banca privada podía girar capitales en contra del encaje legal. Y en los últimos años el encaje
legal fue más que todo un mero control estrictamente monetario y no económico ni real.
En cuanto a las líneas de crédito, también el Banco de México ordenaba a la banca invertir, canalizar recursos, pero las líneas de crédito fueron selectivamente acaparadas y concentradas por un breve grupo de bancos, o bien, los bancos creaban las empresas a las cuales querían agregar sus capitales.
Es decir, el Estado hacía como que controlaba la banca y los banqueros hacían como que los controlaba el Banco de México. Pero en realidad no existía un control verdadero de parte del Banco de México.
-La C. diputada María Teresa Ortuño Gurza (desde su curul): Señor Presidente, ya es mucho tiempo, que se aplique el Reglamento.
El C. Presidente: Se notifica al orador que ha terminado su tiempo reglamentario. Le suplicamos terminar su exposición. Tiene dos minutos.
El C. diputado Héctor Ramírez Cuéllar: Por estas consideraciones, compañeros diputados aunque aquí en la tribuna han hablado más de una hora, sin embargo, aceptamos.
Por estas consideraciones, nosotros respaldamos la incorporación a rango constitucional del decreto del 1o. de septiembre, y al mismo tiempo, una vez más, dejamos sentada nuestra inconformidad con la forma como se manejan los debates en que a un diputado le dan hasta una hora, y a otro le quitan su tiempo.
El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el ciudadano diputado David Orozco Romo.
El C. diputado David Orozco Romo: Honorable Asamblea:
Estamos discutiendo un tema muy importante, trascendente, y sí nos ha llevado tiempo, tiempo bien llevado, para dilucidar todas las cuestiones. Aquí se han provocado cuestiones semánticas, que no deben provocar nuestro desprecio, porque semántico quiere decir el significado de las cosas y está relacionado de alguna manera con el otro paso lógico, que es la verdad.
Y se han manejado dos conceptos: estatización y nacionalización. Desde luego los que aprueban la medida optan por el término de nacionalización y no la sueltan, como si fuera la alhaja más preciada; sin embargo, los que se han opuesto a la medida han usado y usamos el término estatización. Y por una razón, de alguna manera en el Código Civil se la da personalidad moral a la nación,se le confunde con la Federación. Pero más allá de ello, cualquiera que sea la definición, que por cierto no ha dado por primera vez; José Stalin, que normalmente copió sus conceptos, es un todo en el que estamos incluidos particulares y gobernantes, miembros de un partido y miembros de otros partidos, y los ciudadanos mexicanos que no están agrupados en alguna agrupación partidaria comprenden nuestro territorio, es el todo.
Y entonces nos negamos a usar la palabra, por que aquí en el proyecto dice:
"se rescata para la nación en contra de los particulares", como si los particulares no formáramos parte de la nación, como si las células fueran algo distinto del cuerpo, aunque estén subordinadas a un cerebro que, siguiendo una metáfora orgánica, metáfora, no sigo ninguna teoría organicista, fuera representada por el gobierno y por el Estado.
Se ha dicho aquí, por los que han impugnado, que esta es una medida totalitaria el término suena fuerte, pero semánticamente, si lo seguimos, veremos que hay alguna razón en ello. Totalitario quiere decir en significación política lo que quiere que el Estado sea todo, que el Estado abarque todo, que al Estado se rindan todas las voluntades en el lugar de que el Estado sirva a los ciudadanos. Y en esa medida la estatización de la banca, al procurar que una actividad tan importante esté en manos del Estado lleva al totalitarismo, y en ello no hay simple espanto, hay la convicción de que es un mal nacional, por que a mayor control de la economía por parte del Estado, a mayor control no como rector, sino como dueño, hay un agostamiento natural de todas las libertades y hay un agostamiento de la democracia. Raymond Aarón, no quiero ser pedante pero en las intervenciones verbales no se pueden poner comillas, y no es mía la idea, afirma que la civilización occidental ha progresado gracias a que han existido aparte, compensándose, tres poderes: el poder económico, el poder político y el poder religioso, que cada uno de tales poderes como tales pueden llegar a abusos, y conculcaciones de las libertades ciudadanas, pero que entre sí se compensan; entonces cuando esos tres poderes se concentran en una sola mano se agosta la libertad y se agosta la democracia.
Aquí un diputado del PSUM decía que no puede haber democracia y libertad si no hay una mayor igualdad.
Estoy de acuerdo, pero el instrumento no es la estatización, no es que él esté monopolizando los medios de producción; al contrario, ese es un medio para ir contra la igualdad, por que hay un fenómeno social que la izquierda, si es que quiere defender a los pobres, no se ha percatado y que tal vez alguna de las corrientes del PSUM empiecen a darse cuenta, o del PRT de que en el Estado se conforman clases, castas, la nueva clase de que hablaba Emilio Bangilas y que es
parte de nuestro proceso, que no toda medida estatizadora favorece al pueblo, sino que favorece a la clase política, le da más poder, le da más posibilidad de recursos económicos; le da más posibilidad de ampliarse.
Y va contra la democracia. Aquí hay un miembro alterno de la mayoría, que expresaba: hay que correr de la banca a estos derechistas. Actualmente es adlátere, pero se puede contagiar; entonces, en una economía estatizada esos clamores empiezan a hacerse mayúsculos, y entonces, de las empresas del Estado, que están abarcando un amplio margen, habrá que correr a todos los disidentes, a todos los que se opongan, a todos los que no digan sí, incondicionalmente, y así no puede avanzar la democracia. Por eso nos oponemos y nos hemos opuesto. Ha habido cuestiones subjetivas de que los que nos hemos opuesto, el PDM o el PAN, somos esto y somos esto otro; lo mismo nos califican de fascistas que se liberales individuales, de agentes de las transnacionales, de estar en combinación con el clero armando conjuras, etcétera. Simplemente estamos expresando nuestra convicción de acuerdo con nuestros programas. En el PDM, expresamente en nuestro programa, teníamos el de privatizar a las empresas paraestatales que no cumplieran una función social. De acuerdo con nuestra convicción, la banca no es un servicio público, no cumple; cumple una función social, pero no necesariamente a través del Estado. Y se han planteado cuestiones de conveniencia; se han reprochado que los que han estado en contra no han dado razones sólidas. Cabría preguntar que si los que han estado en pro han dado esas razones, por que hay un paso importantísimo, hay un paso de un régimen de propiedad hacia el otro, y entonces se han expresado generalidades. Casi ví con agradecimiento al diputado Rocha cuando empezo a dar datos sobre la banca. Se dice, pero no se había hecho un diagnóstico de la situación de la banca aquí, en los que han intervenido en pro; simples destellos de casos en los cuales se provoca la natural irritación evocando la figura de Chilok, pero no en un estudio sociológico y económico para fundamentar este paso trascendente. Y así se habló mal de los banqueros en tiempo de Maximiliano; había bancos antes de Maximiliano, habilitación de avío, de Lucas Alamán, de la minería, pero no estamos discutiendo esto, como no estamos discutiendo a Iturbide, que habrá otra sesión sobre la libertad del juicio histórico independiente, que no debe de crear una disminución de los derechos. Y se dieron ejemplos de un banquero que ganaba seis millones de pesos, y de un edificio que tenían muy alto, lo cual, por parte del sector público, es mencionar la soga en casa del ahorcado, por los grandes edificios de PEMEX, etcétera, a los cuales se hicieron referencia en el Informe Presidencial. Pero no hay un diagnóstico, no hay una solidez que diga, por su parte, aquí hubo este desorden, ¿en qué consistió el desorden? Sí, es un sistema malo como todo lo humano, y si nos oponemos no fue porque fuera bueno, sino porque el que viene es peor. Manejamos el concepto del mal menor y del mal mayor; burocratizada no va a remediar ninguno de los problemas económicos en que está inmerso México, y no se atacan a sus causas económicas, que son graves y que no están en esta coyuntura. Es cierto que lo internacional nos rodea y es parte de nuestras dificultades, pero no es todo, tenemos culpas internas,tenemos factores que nos han llevado a esta coyuntura; es la misma situación internacional, pero no todos los países tienen el endeudamiento del nuestro, no todos los países han sufrido las mismas devaluaciones, no todos tienen el mismo déficit en el presupuesto, y entonces si el diagnóstico no presenta con objetividad, con verdad, cuál es la situación, y el remedio resulta peor que la enfermedad, porque, después de todo, glorificado o no, se trata de un monopolio, y la experiencia histórica, la de México y la de todos los países, especialmente la de México, es que las empresas paraestatales operan con pérdidas en su conjunto, que no producen y que el subsidio, las transferencias que le da la sociedad productiva en manos de los particulares quiere decir que ese es el sector productivo y todas estas cuestiones no se han respondido. Vienen más inconveniencias con la estatización de la banca que con la no estatización, y por eso estoy de acuerdo con el diputado José Luis Lamadrid en que los diputados, además de ser miembros de un partido, somos representantes de la nación, y que sobre las doctrinas de nuestros partidos o las consignas está el interés de la nación, y por eso hablamos, por eso tratamos de convencer, lo mismo la mayoría, lo mismo los del pro, tratan de convencernos, aunque algunos nada más tratan de irritarnos, de insultarnos, de presentarnos como la antítesis de todo México, pero muchos sí tratan de convencer, por que hay esa función. Y en virtud de eso, aunque sabemos cuál ha sido la historia de los debates parlamentarios, conservamos esa esperanza, porque la razón, el que nuestros actos se acomoden a la razón, es parte del proceso de ominización por lo cual nos hacemos hombres. Desde chiquillos, cuando al socializarnos tratábamos de seguir los preceptos que nos daban nuestros superiores en educación, etcétera. Y entonces, diputados de la mayoría, si ustedes no ven con la luz de su razón que la situación llevó a la medida, no al control de cambios, a la medida de monopolizar la banca, que no solucionó el problema que trataba de solucionar, pues la fuga de capitales seguía y la banca, en última instancia, nada más fue un conducto autorizado por el cual se mandaban giros, órdenes de pago,
etcétera, que lo mismo se pudieron haber llevado por correo o por mensajería sin que eso fuese objeto de expropiación, si ven que un monopolio, por más que se le adorne con bellas palabras es malo aunque no exista la concurrencia perfecta a la que se refería el diputado Cordera, porque para ser banquero primero hay que tener el derecho de poderlo ser, como para tener acceso al derecho al trabajo, que no se ha cumplido, hay que tener el derecho a trabajar, auque un porcentaje de nuestra población no lo logre, y si saben cómo operan las paraestatales, cuál es su mecánica estatal, en las formas que expuso el diputado de mi partido, López Martínez, y si quieren el bien de México deben votar en contra del proyecto. Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el ciudadano diputado Mariano Piña Olaya.
_El C. diputado Manuel Piña Olaya: Con permiso, señor Presidente;
Honorable Asamblea:
Nuevamente el azar me vincula, en una discusión parlamentaria, a quien reconozco distinguido profesor y dilecto amigo, el diputado David Orozco Romo.
Procuraré responder a los interrogantes que tan distinguido personaje de la cultura mexicana hace a esta Asamblea; para ello voy a aceptar una sugerencia que en su momento Luis Dantón, compañero nuestro de fracción parlamentaria, nos hacía al calor del debate en Comisiones.
Dijo Luis Dantón: "Seguramente que la participación de nuestros compañeros en la Cámara, en algunos casos, se volverá clásica y habrá clásicos de la Legislatura LII". Tomo ahora prestada una expresión enfática de uno de los clásicos de esta Legislatura. Saldaña Rosell ha dicho: "No, no, no, señores", y yo repito con el mismo énfasis: David, la diferencia no es semántica, la diferencia en la apreciación, en el punto de vista, en el estudio, en el análisis y en el resultado, es una diferencia de esencia.
Con sencillez trataré de fundamentar estas palabras.
Dijo el señor Presidente en la iniciativa: "La nacionalización de la banca tiene trascendental importancia para que el país pueda proyectar y apoyar el proceso de desarrollo económico, social y cultural de la nación con mayor sentido patriótico, con más equilibrio, de manera más equitativa, racional y congruente, y con mayor justicia social."
Habla la iniciativa de nacionalización.
Dice la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a cuyas sesiones fui convidado y asistí con la emoción social que despiertan estos actos: "La nacionalización _esta es la exposición de motivos_, la nacionalización de la banca constituye una decisión histórica que tiene su raíz en nuestro movimiento revolucionario y en la Constitución de 1917. La reforma constitucional participa de las decisiones políticas para vigorizar nuestro proyecto nacional; por ser la Constitución el instrumento del que emana el sistema de nuestro Estado social de derecho resulta consecuente que se establezca ahora como una decisión fundamental para el robustecimiento de dicho proyecto el rescate integral para la nación de una actividad que en manos de particulares demostró propiciar distorsiones serias en la economía y en la vida social del país."
Tomada la decisión trascendente del Ejecutivo Federal de retirar a los particulares la operación del servicio de la banca, corresponde a esta soberanía analizar ahora la iniciativa para adicionar el Artículo 28 de nuestra Carta Magna y conferir al Estado federal, de un modo exclusivo, la prestación de los servicios de banca y de crédito.
Continúa el dictamen: "Atribuir al Estado la facultad exclusiva en la prestación de los servicios de banca y crédito, cuando ya está asumida la decisión de excluir a los particulares de la posibilidad de operarlos, no es innecesario ni redundante pues de esta manera el propio Estado se obliga,por mandato constitucional, a no volver a concesionar dichos servicios a los particulares."
En consecuencia se trata de dos medidas paralelas que, aunque vinculadas en el mismo propósito, tienen un sentido jurídico distinto.
Mediante una, a través de un acto administrativo, se expropiaron los bienes de la banca privada, con lo cual se rescatan las concesiones respectivas.
En cambio, la reforma constitucional que nos ocupa significa la decisión del Estado mexicano de elevar, por conducto del poder constituyente permanente, al rango de supremacía constitucional una atribución exclusiva que tiene trascendencia para la orientación y rumbo del país, que consolida la rectoría del Estado sobre la economía de la nación y le permite, congruente y armónicamente, coordinar de un modo sano los fenómenos económicos.
Un acto de nacionalización no se da en el vacío histórico ni por capricho, ni como mero acto de poder. Es, por el contrario, la respuesta a una serie de condicionantes políticos, sociales y económicos que se van gestando en el curso del tiempo y que en el complejo juego de las fuerzas sociales adquieren la madurez suficiente. La gravedad y el apremio de la urgencia justifican su determinación y conjuran los peligros sociales que los aconsejaron, fin de la cita de la iniciativa.
A ello concurre la doctrina nacional e internacional, que la Comisión, que sus miembros
y que las fuentes a las que con espíritu revolucionario recurrimos, hicieron aconsejable.
Pero como esta histórica decisión ha sido convertida en esta Cámara y fuera de esta Cámara, a veces de buena fe y a veces de mala fe, pretendiendo degradar su significación política, jurídica, económica y social, los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional venimos razonadamente convencidos a elevar nuestra voz para apoyar con la fuerza de la razón y el derecho la nacionalización. Los detractores de la medida han pretendido confundir al pueblo de México y al foro internacional, argumentando la injustificación y la no necesidad de la nacionalización.
La confusión terminológica y conceptual entre estatización, expropiación, confiscación y nacionalización, propiciada interesadamente por los grupos oligopólicos, y en algunos casos gratuitamente por sus simpatizadores, seguidores o beneficiarios, nos impone la tarea de difundir desde esta tribuna el pensamiento revolucionario para el pueblo de México y en particular para todos aquellos que con su voto el 4 de julio pasado nos otorgaron su confianza y formaron el consenso nacional republicano que nos permite ser representantes populares en esta Legislatura.
Con el término nacionalización se expresa fundamentalmente el paso y la atribución de actividades y bienes privados a la propiedad colectiva y a la gestión pública; significa, en sentido amplio, el acto jurídico de la completa juspublicidad de uno o más sectores, que pasan del dominio de los sujetos privados al dominio del ente público.
Desde el punto de vista gramatical se hace referencia a cierto aspecto teleológico del fenómeno mismo en virtud del cual se pone a disposición inmediata de la nación, superando intereses particulares o de grupo, determinado sector o sectores económicos.
El acto puede denominarse impropiamente, ademas de nacionalización, estatización, estatización o expropiación, colectivización, todas estas denominaciones, prescindiendo de sus propios perfiles distintivos, se refieren al hecho de la apropiación por el ente del público de bienes o empresas privadas.
La nacionalización, en su sentido concreto y jurídico, consiste en la reserva de un sector, de una actividad o de una cierta clase de bienes que se concede al Estado con la consecuente exclusión de cualquier sujeto privado, nos dice nuestra doctrina y también la extranjera. Sólo tal reserva, con la prohibición general que a la misma se acompaña, imposibilitando la acción de los particulares, realiza la auténtica toma de posesión del sector público por parte del ente público. Se debe destacar a la reserva juspublicista, como elemento central insustituible del proceso nacionalizador; y, sin embargo, desde el punto de vista jurídico, no es solamente el único, ya que con la reserva se indica la situación o posición en que quedan los administradores desde el momento en que se acuerda, puesto que la prohibición impuesta a los particulares de continuar en la gestión de la empresa o a disfrutar de bienes de una determinada clase, nada nos dice al respecto a las reacciones que pueden darse con posterioridad.
Estos problemas han sido resueltos generalmente a través de la expropiación inmediata que está íntimamente ligada con el acto de reserva a juspublicista.
Los tratadistas afirman que la expropiación es el instrumento más eficaz para realizar el paso rápido de los bienes de los particulares al poder público, según los principios que normalmente presiden los actos de nacionalización. La expropiación, por sí sola, no acompañada de la reserva, no lograría la completa y definitiva publicidad de los sectores en cuestión. La nacionalización implica, por tanto, un cambio a favor del ente público, el orden de los sujetos legitimados en la titularidad del derecho de propiedad de los bienes o de las empresas. Y cuando se dan juntamente la expropiación y la medida de reserva a juspublicista, estaremos frente a una auténtica nacionalización de un sector económico.
A las reservas corresponde en el plano jurídico una mayor importancia en atención a los fines de una completa y definitiva juspublicidad de un determinado sector económico. Por eso, a la medida expropiatoria decretada por el titular del Ejecutivo, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en el dictamen que ha sido sometido a consideración de esta soberanía, adicionó textualmente el parrafo final, en el que se dice que el servicio público de banca y de crédito no será objeto de confesión a los particulares, a pesar de que en la iniciativa ya el Ejecutivo decía, como proposición al Congreso, que se exceptúa también de lo previsto en la primera parte del párrafo primero de este artículo la prestación del servicio público de banca y de crédito, el que será prestado exclusivamente por el Estado. Al acto expropiatorio siguió con clara y definitiva técnica jurídica el acto de reserva publicista que nos ocupa a los tratadistas nacionales y extranjeros para perfeccionar el acto de nacionalización como lo pretendió el Ejecutivo y como lo pretendemos también los diputados que formamos la fracción parlamentaria del PRI. (Aplausos.)
Señores, la expropiación no es un acto jurídico extraño a la tradición mexicana, la Constitución mexicana del 22 de octubre de 1814 la preceptúo en su Artículo 35; el Acta
Constitutiva del 31 de enero de 1824, en el Artículo 112, que se refería a las restrinciones de las facultades presidenciales, igualmente preceptúo la forma de la propiedad de un particular o de una corporación, si en algún caso fuese necesario para un objeto de conocida utilidad. Las siete leyes constitucionales del 29 de diciembre de 1836 preceptuaron que son derechos del mexicano no poder ser privado de su propiedad, ni del libre uso y aprovechamiento de ella, de todo o en parte, pero que podrá privarse de su propiedad a un mexicano cuando la exija así algún objeto de general y pública utilidad, pero previa la Indemnización a tasación de peritos.
En las bases orgánicas del 12 de julio de 1843 se dispuso, en la fracción XII del Artículo 9º., que cuando algún objeto de utilidad pública exigiere su ocupación se hará ésta, previa la competente indemnización en el modo de que disponga la ley. La constitución liberalista de 1857 estableció, en su Artículo 27, que la propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización.
"La ley -dice el texto legal- determinará la autoridad que debe hacer la expropiación y los requisitos con que ésta debe verificarse".
Conclusión, señoras y señores, el principio jurídico conocido técnicamente como expropiación por causa de utilidad pública ya tenia hondas raíces en el derecho mexicano y de todos los pueblos civilizados en el año en que fue promulgado el artículo constitucional vigente.
Señoras y señores: el Congreso Constituyente de Querétaro revolucionó la teoría constitucional clásica al revisar la doctrina de los derechos del hombre y las ideas vigentes sobre los fines del Estado. El Constituyente mexicano rompió la hipótesis de la igualdad real de los individuos proclamada por el liberalismo económico como supuesto del principio de igualdad jurídica.
Ello implicó una nueva doctrina de los derechos del hombre; y el Estado, al imponer estos deberes sociales, abandonó la concepción de un poder público pasivo ante los fenómenos económicos y sociales y adoptó la de un Estado pleno en la vida social que pronto mereció la imitación en las legislaciones de otros países.
No olvidemos esta lección histórica. Las revoluciones son fuentes de derecho, crean un orden económico y social distinto al del pasado, modificando el existente o partiendo de nuevas bases.
La Revolución Mexicana no ha cumplido, no ha cumplido su proceso de llevar a las masas, a las grandes masas nacionales, la justicia social; como un gran movimiento del pueblo sigue siendo, en consecuencia, fuente de derecho, por eso tiene la facultad y el deber, a través de sus representantes en los poderes de la Unión y de los partidos políticos, de enriquecer periódicamente su contenido y el contenido de la Constitución de nuevos principios e instituciones.
Por eso mismo, llamamos la atención de esta Asamblea sobre la trascendencia histórica del debate, sobre el alcance de nuestras reflexiones y sobre la dimensión de nuestras resoluciones. Por la sabiduría, por la visión de nuestros constituyentes, en ejercicio de la facultad consignada en el Artículo 135 de nuestra Carta Magna, corresponde ahora al Congreso de la Unión erigirse en constituyente permanente y a nosotros nos corresponde asumir la responsabilidad de proyectar la misión y el legado de los constituyentes de 1917, su obra histórica trascendió a su tiempo, nos corresponde, en suma, actuar con la grandeza y la perspectiva que debe dar la conciencia de participar en un paso histórico que también va a trascender nuestra generación como herencia que engrandezca al país que queremos para nuestros hijos; entendido como nación más fuerte, menos vulnerable a los asedios de fuera y dentro, como nación más justa, con instrumentos renovados para distribuir con equidad la riqueza nacional.
Señores diputados, cumplamos con esta responsabilidad histórica. Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el ciudadano diputado Humberto González Magallón.
El C. diputado César Humberto González Magallón: Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
Por legítimo mandato constitucional el Ejecutivo Federal procedió a sentar las bases materiales para que la nación y el pueblo procedan al rescate integral de la independencia económica por medio de la decisión patriótica que nacionalizó la banca, la cual se encontraba en grupos privados que al calor de la concesión habían acumulado un lucro insultante a costa de sumir a nuestro país en una peligrosa crisis, la cual pretendían que desembocara en el rompimiento de la legalidad constitucional.
Esta medida que nacionaliza la banca requiere ser fortalecida con acciones de carácter democrático, tanto en el terreno de la lucha política como en el aspecto jurídico. Es un acierto el que se eleve a rango constitucional la nacionalización de la banca, acierto que avalamos y apoyamos en la práctica política la fracción parlamentaria obrera del Partido Socialista de los Trabajadores.
El contenido jurídico que adiciona el Artículo 28 constitucional norma el carácter con el que deberá regirse el Estado mexicano para regular los servicios de la banca y crédito. La adición al Artículo 28 constitucional expresa con claridad el hecho de que el servicio de
banca y crédito ser prestado exclusivamente por el Estado a través de instituciones que serán establecidas por la correspondiente ley reglamentaria, para que este importante servicio público no sea objeto de concesión a particulares.
Esta adición al Artículo 28 constitucional la apoyamos y defenderemos porque acumula elementos jurídicos y políticos que coadyuvan a fortalecer un proyecto de nación soberana, libre y feliz, desde la óptica de la clase obrera y del pueblo.
La adición al Artículo 28 constitucional que estamos discutiendo, y que se aprobará en los términos antes mencionados, ya ha sido sancionada afirmativamente por amplias masas populares, las cuales se han manifestado solidaria y combativamente en la capital del país y estados federativos.
Quienes en los hechos, intenciones y palabras, se seguían por la ideología contrarrevolucionaria que amamanta el imperialismo norteamericano, y la gran burguesía interna, saben que cuando las conquistas democráticas y revolucionarias prenden en el pueblo organizado, éstas adquieren el carácter de irreversibles. Por ello juegan sus cartas en una legalidad que cuando ya no les sirve, tienden a destruirla con procedimientos típicamente fascistas.
La legalidad constitucional se ha fortalecido. Ahora dependerá de la forma en que las fuerzas nacionales y populares procedan para aislar, debilitar y derrotar las agresiones de dentro y fuera del país.
Asimismo dependerá de la congruencia de lo más lúcido del nacionalismo revolucionario y del movimiento obrero organizado que tiene aquí, diputados que lo representan. Muchas gracias."
- EL C. Presidente: Tiene la palabra para hablar en pro, el C. diputado Edmundo Jardón Arzate.
El C. Edmundo Jardón Arzate: Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Ciertamente, como señalaba el diputado Lamadrid, las causas por las que atraviesa nuestro país y sus consecuencias no son exclusivamente de orden interno; pesan en esta crisis factores de orden internacional que todos conocemos. La despiadada competencia de las potencias imperiales, no sólo entre sí, sino al unísono en contra de los países en desarrollo como el nuestro.
La baja en los precios de nuestros productos de exportación, básicamente materias primas, productos agrícolas y el alza en los precios de los artículos de importación.
La lucha llevada al terreno del monetarismo con el propósito de hacer más competitiva la colocación de mercancías en el mercado internacional.
Todos estos factores, y yo aquí sintetizo, han influido en el deterioro de la economía de nuestro país y nosotros los tenemos muy en cuenta, los sondeamos y consideramos cuál es su fuerza y su importancia. Y también juzgamos que contra los efectos negativos de estos factores externos, tenemos y debemos de luchar.
Pero junto con ellos, no hay duda, hay factores internos, que en el curso de esta discusión y en discusiones anteriores, se han esbozado o se han tratado de analizar a fondo. Se ha dicho que el gobierno o los gobiernos son los culpables, los responsables de la situación crítica que hay en la economía mexicana.
Esto parcialmente es cierto, nosotros hemos criticado desde hace mucho tiempo, lo que se dio en llamar la política del desarrollo con estabilidad y quizá en otra ocasión habrá oportunidad de analizar con más detenimiento los remotos orígenes de la situación en que nos encontramos ahora. Pero imputar sólo al gobierno la culpa de lo que sucede sería parcializar las cosas.
Yo digo, por ejemplo, a quienes diciendo no defender a los banqueros, en la práctica están haciendo la defensa del sistema bancario privado, no a un banquero en particular. Dónde estuvo la actitud de quienes hoy defienden esta posición de crítica a esa política equivocada de los gobiernos, de crítica y de oposición real, efectiva, todos los días y en todos los ámbitos de la vida nacional. Mientras esta política favoreció a intereses de una minoría, quienes hoy defienden a la banca privada callaron; no hicieron objeciones de ninguna naturaleza a lo que estaba sucediendo en el país y mal se puede venir a censurar ahora una medida como la que se ha tomado el 1o. de septiembre de este año. Es cierto, yo estoy de acuerdo en que no son sólo los banqueros los que han causado esta crisis, que entre otros aspectos tiene el de una crisis financiera. No son sólo los banqueros privados los culpables de la pérdida de las divisas de que disponía el país; todos sabemos que hay otros culpables. Sabemos por ahí de un habilitado embajador de rancia familia porfiriana, que incluso trató de conseguir que se establecieran aquí en México casas de juego, a semejanza de las que hay en Las Vegas. Sabemos que este señor embajador, aficionado a los juegos de azar, debe haber gastado bastantes dólares en Las Vegas, a lo mejor los sigue gastando.
Sabemos de un cierto comentarista de televisión que tiene esta misma debilidad y que a lo mejor ahora, a la chita callando, está rumiendo su coraje porque no puede seguir yendo a jugar a Las Vegas, como lo hacía cada fin de semana. Sabemos de un cierto dirigente
sindical que tenía o tiene esta misma costumbre, disfrutando de los gajes del auge petrolero, apoyado por cierto como candidato a senador, por cierto socialista.
Son ejemplo nada más, pero son ejemplos menores, porque yo digo que para hacer una sangría de recursos financieros, como aquellos de los que disponía el gobierno hasta el año pasado, se necesita algo más que ser un empedernido jugador de juegos de azar; se necesita de toda una estructura y de toda una organización. Y esto es precisamente lo que hizo la banca privada. Esta fue la estructura, esta fue la organización.
A través de la banca privada fue que nuestro país sufrió esta pérdida considerable de recursos, que agudizaron la crisis que ya teníamos. Que el gobierno no hizo lo que debió haber hecho en su momento oportuno, de acuerdo.
Fuimos nosotros, desde mucho tiempo atrás, los que venimos insistiendo en que debía haberse hecho; que quizá esta medida no va resolver todos los problemas que tenemos en el país es cierto también, depende de cómo se empleen los recursos que se han rescatado de este monopolio privado y qué destino se les dé, y qué manejo se haga de ellos, y que aun así va a ser difícil que podamos resolver los problemas de esta crisis que afrontamos es evidente. Tenemos ante nosotros tiempos difíciles, tiempos en los que sin duda la merma del poder adquisitivo de los trabajadores se agudizará, en los que sin duda aumentará la desocupación, en los que sin duda habrá cierre de empresas. Todo esto va a ocurrir, va a ocurrir porque ha habido una política económica equivocada, pero sus efectos pueden comenzar a corregirse, y yo digo han empezado a corregirse desde el momento mismo en que por fin el gobierno se decida a dar un paso en el que, a mi juicio, a mi entender, no hay nada que transgreda preceptos legales, y en cambio sí aparta y origina un reacomodo en la composición social de nuestro país.
En Sicilia, en el siglo pasado, hubo un hombre, Mazzini, que fundó una organización cuyo propósito original era combatir los atropellos de los grandes terratenientes de esa parte de Italia. Esta organización vino en proceso de degeneración y, finalmente, por circunstancias económicas, cuando la emigración italiana se acentuó hacia los Estados Unidos, esa organización sentó sus reales en el vecino país. Hoy la conocemos todos con el nombre de la mafia. La mafia en los Estados Unidos durante mucho tiempo fue el hampa organizada, pero organizada fuera de la ley, realizando actos todos ilícitos. Con el tiempo los dirigentes de la mafia, los capos, se dieron cuenta de que los ingresos que obtenían con sus actividades ilícitas podían destinarlos a actividades lícitas y empezaron a penetrar en las organizaciones sindicales, en el comercio, en la banca, en la industria de los Estados Unidos. Y hoy la mafia convive en este democrático país que tanto admiran muchos, convive con otra mafia, con la legal, con la que siempre ha hecho del robo y del latrocinio actos que están permitidos en este tipo de democracia.
En México -valga la comparación- nuestra mafia no tuvo que seguir este camino; entró directamente por las vías legales a la comisión de actos ilegales, ilegales desde el punto de vista de la justicia, no de la legalidad. Ejemplos puedo dar. Qué fue William Jenkins. Fue un delincuente, respetable señor del Banco de Comercio, creador de la Fundación Jenkins, hombre honorable, sí; contrabandista de alcoholes en sus inicios, cónsul de los Estados Unidos que se autosecuestra tratando de crear problemas al gobierno de Venustiano Carranza con el gobierno de los Estados Unidos, acumula dinero, se hace del ingenio de Atencingo y va creando un imperio, un imperio primero local en Puebla, que se va extendiendo, incursiona en las salas cinematográficas, después en la producción cinematográfica y finalmente en la banca, y como dueño del ingenio de Atencingo manda asesinar a Porfirio Jaramillo, hermano de Rubén Jaramillo, por que estaba organizando a los trabajadores de ese ingenio. Y no es ajeno a él como persona, no es ajeno este Jenkins, aunque el instrumentador material del crimen fue Gabriel Alarcón; no es ajeno a este asesinato, al asesinato de Alfonso Mascarúa, que trataba de organizar a los trabajadores cinematografistas. Y si nos fuéramos hacia atrás podríamos recordar a uno de los precursores de lo que hoy se llama Grupo Monterrey y precursor también de la banca en México, a Patricio Milmo, el apellido tal vez les resulte familiar; tiene relación con las cosas de la televisión y del cine; este Patricio Milmo natural de Irlanda, llegó a nuestro país en el siglo pasado y se radicó en Monterrey, y allí en plena guerra de secesión en los Estados Unidos vio la oportunidad de hacer negocio y lo hizo, a través de Bagdad y de Matamoros introducía armas inglesas para venderlas a los esclavistas sureños y compraba algodón a los esclavistas sureños y se los vendía a los mercaderes ingleses; gracias a esto y a que casó con la hija de Santiago Vidaurri y a que cada vez que el gobierno de Juárez pretendió meterle mano se amparaba en este parentesco político; Patricio Milmo se convirtió en uno de los precursores, hoy santo de la veneración de la iniciativa privada, de nuestra banca y de eso que hoy se llama Grupo Monterrey.
La banca privada en México, señoras y señores diputados, es eso, es delincuencia. Aquí se ha dicho que cualquier mexicano puede ser banquero, y, con perdón de quien lo haya
dicho, yo digo que no, no sólo porque como también se dijo hay que tener derechos para hacerlo; no, para ser banquero hay que, en primer lugar, no tener escrúpulos de ninguna naturaleza.
Hay que ser conscientes, si se quiere ser banquero, de que va uno a encajar el puñal en la espalda del semejante sin ninguna piedad; no hay que tener escrúpulos, y así si se puede ser banquero, banquero privado.
Nuestros banqueros han sido eso, hombres sin escrúpulos.
Yo aquí encuentro, tal vez esté equivocado, pero no sé, no sé que en la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional haya como hubo en otros tiempos un doctor Fausto, un Aquiles Elorduy; supongo que todos son creyentes sinceros y los respeto, pero encuentro una contradicción en su actitud: cómo defender el robo si el Decálogo lo prohibe: "No robarás"; cómo olvidarse de la frase de Jesucristo: "Más fácil es que pase el camello por el ojo de la aguja que el rico entre al reino de los cielos". Y ¿qué no fue Jesucristo el que expulsó a los mercaderes del templo? Tal incongruencia entre la defensa de quien roba e incluso asesina o manda asesinar, y lo que se tiene como convicción íntima de carácter moral.
Sonará extraño que en este materialista hablar de esta manera. Pero yo les digo a todos ustedes, señores diputados, que la moral de nosotros los comunistas es real. No es de palabra. Corresponde exactamente a nuestra conducta y a nuestros actos. No somos hipócritas. Y se los digo como ateo.
Porque termino aquí y por eso creo que el rescate, por parte del Estado, de los recursos en poder de la banca privada constituyen un acto de salud pública, porque, repito, Honorato de Balzac, en alguna de sus novelas, de la Comedia humana, hace decir a uno de sus personajes las siguientes palabras: "Detrás de toda gran fortuna, hay siempre un gran crimen".
Vean ustedes, señores diputados, y piensen si detrás de las fortunas amasadas por estos banqueros privados, que hoy claman justicia y se llaman a despojo, hay o no, ha habido o no, grandes crímenes que han dañado no a una persona, no a un grupo de personas, no a un sector social, sino a toda nación.
El C. Presidente: Tiene la palabra por la Comisión el C. diputado José Carreño Carlón.
El C. diputado José Carreño Carlón: Con permiso, señor Presidente. Esta honorable Asamblea y todo el pueblo de México conocen bien las circunstancias que determinaron la expropiación de los bienes de las instituciones de crédito privado y el proceso constitucional de nacionalización de la banca, de la que en la fase actual se ocupa esta soberanía.
Pero los cauces que ha tomado este debate obliga a dar respuestas concisas a algunas afirmaciones y a establecer, con la mayor objetividad, hechos y derechos. Empecemos muy brevemente al azar, con algunas absurdas y algunas negativas reiteradas.
No, otra vez no, la adición al Artículo 28 con el párrafo quinto no impide que alguien se dedique a la profesión que quiera. El de la banca y el crédito es un servicio público y, como tal, se había venido concesionario por parte del Ejecutivo Federal, a través de contratos administrativos, en persona morales constituidas en forma de sociedades anónimas, con el objeto de que colaboraran en la atención del servicio. Ahora toda persona física, con vocación de banquero, puede aspirar a tener derecho a seguir a la banca nacional. No se puede ahora sí que por antojo perpetuar una banca al gusto de los ex banqueros y de sus defensores. La concesión, por su propia naturaleza, es temporal, y en todo tiempo el Estado se puede hacer cargo del servicio.
Otro no, la situación de la banca no era ninguna garantía para la libre competencia. Los empresarios privados concesionarios abusaron de la concesión, de la intermediación financiera y se involucraron en procesos de expansión monopólica con el dinero del público. Atentaron contra el principio de libre competencia que decían defender, desplazando por la vía de la prestación selectiva y discriminatoria del crédito a otros empresarios de diversas ramas de la actividad económica. Se desentendieron de los criterios de interés general en que se debe sustentar todo servicio público y concentraron sus beneficios en las capas más favorecidas de la sociedad. La banca privada tampoco obedecía a lineamientos nacionales. La banca privada probó palmariamente su falta de solidaridad por los intereses del país y de su aparato productivo, pospuso el interés nacional y fomentó, propició, incluso mecanizó la especulación y la fuga de capitales. Ante estas situaciones no hay más que parafrasear al Presidente Lázaro Cárdenas en 1938 a propósito de otros hechos. Cualesquiera de estas circunstancias hubiera bastado por sí sola, y con mayor razón la concurrencia de todas ellas, para que el gobierno se encontrara en la imperiosa necesidad de decretar la expropiación con la premura que el caso demandaba e iniciar el proceso de nacionalización. Los ex banqueros y sus defensores en esta tribuna insisten en que el gobierno tenía los instrumentos para controlar la banca privada, y que así lo declaraban con frecuencia los funcionarios públicos. La autocrítica del presidente López Portillo no deja lugar a dudas; confesó que así lo creía su gobierno en el VI Informe, pero que no fue así, que una dolorosa historia así nos lo demostró a todos. A
los sostenedores de dogmas y de verdades inmanentes para enmascarar la inmovilidad y la perpetuidad de los intereses les puede extrañar, pero los revolucionarios saben que toda medida revolucionaria parte de una autocrítica radical. La idea de la libertad que aquí han manejado los defensores de los ex banqueros había permeado, hay que reconocerlo, importantes enclaves de la decisión pública, era y es una idea colonizada de la libertad, la libertad de un grupo minoritario para poner de rodillas a la nación y la negación de la libertad para defender al país y los intereses de la mayoría.
Roto el tabú, como lo reconoció el Presidente de la República, la Revolución se libera de temores y la nación está en mejor aptitud para su autodefensa. Sólo desde el más irresponsable simplismo o desde la mala conciencia proyectada en los demás se puede seguir atribuyendo a la supuesta necesidad de ocultar errores o desviaciones, una medida de la trascendencia y del valor histórico de la nacionalización de la banca.
Para quienes evitar la ruina del país no acredita la utilidad pública, allá, con su idea del país y del interés general. Pero otra vez, hoy como en 1938, podemos repetir el concepto acuñado por el presidente Cárdenas: La expropiación se efectuó en un estado de necesidad pública que requería la urgente intervención del gobierno.
Expropiados los bienes de las empresas, cuya actitud de tan grandes peligros entrañaba para la seguridad de la nación, el estado quedaba obligado, por las mismas causas de utilidad pública en que se basó la expropiación, a asumir directamente la prestación de los servicios, como lo hizo desde luego, con sustento en la ley y en el apoyo de la inmensa mayoría de nuestro pueblo.
La expropiación de los bienes de la banca y su proceso de nacionalización era ya una urgencia. No se puede insistir en la necesidad de que se trató de una medida inconsulta, secreta o caprichosa. Como ya se ha señalado en esta tribuna, desde los albores de nuestra vida constitucional y más tarde, desde la creación de las primeras instituciones nacionales de crédito en los años treinta, la conciencia crítica de amplios sectores de nuestro pueblo, así lo subraya el dictamen, empezó a manifestarse en favor de recuperar un servicio de manos de quienes no podían y no querían acudir con el ahorro social al desarrollo integral y armónico de la propia sociedad.
Sólo desde un ánimo dilatorio en favor de los intereses concretos de los ex banqueros privados se puede seguir insistiendo en la necesidad de audiencias públicas para culminar el proceso de nacionalización. Sólo desde la más absoluta sordera, desde el aislamiento total de las voces populares, se pueden ignorar las demandas contenidas a lo largo de más de medio siglo de la nacionalización de la banca. No hay que perderse en truculencias ni fantasías. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, como aquí lo señalaba el diputado Mariano Piña Olaya, da cuenta de las dificultades que antes aplazaron y hoy propiciaron esta medida, cuando establece que un acto de nacionalización no se da en el vacío histórico, ni por capricho, ni por mero acto de poder. Es, por el contrario, la respuesta a una serie de condicionamientos políticos, sociales y económicos que se van gestando en el curso del tiempo, y que en el complejo juego de las fuerzas sociales obtienen la madurez suficiente, la gravedad y el apremio de la urgencia que justifican su determinación y conjuran los peligros sociales que lo aconsejaron.
Hoy, en esta jornada, todavía se insiste en nuevas mociones dilatorias, pero en contraste con la prudencia que supone dicta tan deseada morosidad, los más resignados de los defensores de los ex banqueros privados emplazan ahora, de la prensa sobre todo, apresurar la definición de las indemnizaciones a partir del derecho de amparo; proponen la devolución inmediata a los intereses del mercado del servicio bancario y de crédito, como si esa no fuera vía segura para una nueva concentración, o ya por lo menos demandan acelerar la restitución a los particulares de los bienes expropiados que se habían acumulado en el proceso monopólico privado.
Deben saber estos señores que en México los derechos de la colectividad, preservados por la expropiación, deben prevalecer sobre los derechos particulares, y que no se puede subordinar la aplicación de la ley a las posibilidades del pago inmediato de las indemnizaciones.
La cuestión del derecho de propiedad como un derecho natural inmanente, anterior a la sociedad organizada en Estado, y simplemente reconocido por él, como aquí se ha señalado, puede ser un tópico de salón o un tema de filosofía idealista, pero carece de interés en un Estado de derecho, aparte del principio nacional, racional, laico, de que la Constitución es la fuente de todo derecho, y particularmente del de propiedad que originariamente lo conserva la nación.
Aquí no caben, como lo pretende el diputado del PDM Juan López Martínez, situaciones supuestamente derivadas de la naturaleza por más que las matice con imágenes zoológicas.
A partir de estos criterios, señores, tan arraigados como la movilización histórica de un pueblo entero que se dio la Constitución vigente y que sigue actualizándola conforme a los reclamos de los nuevos tiempos se actuará en el campo de los bienes expropiados. Pero en la nacionalización del servicio de banca y crédito no habrá ni un paso atrás.
Sólo la ingenuidad o una desinformada interpretación de la votación del 4 de julio o el montaje de una descarada intriga política con la vana pretensión de dividir las filas del nacionalismo revolucionario puede conducir a la insinuación de que este paso constituye una imposición para el próximo gobierno. El pueblo mexicano votó mayoritariamente el 4 de julio por el programa de la Revolución Mexicana, que incluye la expropiación por causa de interés público.
Pero, por si alguna duda quedara, leo textual la expresión del licenciado Miguel de la Madrid en este campo: "Reforzaremos -ha dicho- la facultad de rectoría económica del Estado concentrando recursos e instrumentos en las actividades que, además de contribuir al bienestar de las mayorías, consoliden nuestra independencia económica". El pensamiento expresado por Miguel de la Madrid parte de los mismos supuestos críticos que condujeron al presidente López Portillo a las medidas del 1o. de septiembre.
"Será indispensable -dijo- un mayor esfuerzo para aumentar el ahorro del sector privado y mantenerlo en México. El sistema financiero -ha concretado el propio De la Madrid- debe ser un verdadero promotor del desarrollo y no mero prestamista."
Al insistir en que el servicio bancario se debería orientar al financiamiento del desarrollo, bajo los dictados del Estado, advirtió apenas el 8 de mayo pasado:"... no olvidemos que es un servicio público concesionado". Pero la advertencia fue ese mismo día más lejos: "... quienes ante la dificultad se retraigan tendrán que ceder sus posiciones" -recalcó Miguel de la Madrid. Esto es para que sepan a qué atenerse los ingenuos, los mal informados o los intrigantes, el pensamiento de Miguel de la Madrid, el pensamiento del próximo Presidente nacionalista y revolucionario de México. Pero para que no pasen del falso entusiasmo al falso temor, reiteramos con el presidente López Portillo que el Estado mexicano nunca ha expropiado por expropiar, sino por utilidad pública.
La nacionalización que sigue a la expropiación de los bienes de la banca tiende a liberar a los mexicanos de la camisa de fuerza de un sistema parasitario, por eso es que contra la fulminante desautorización del trabajo legislativo que hace Acción Nacional con los diputados con que discrepa, los representantes de cuatro partidos en el seno de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, convinimos en atender la iniciativa presidencial de reformar la Constitución para reservar al Estado en forma exclusiva la prestación de los servicios de banca y crédito; y también contra esa desautorización pueril que quiere ver servilismo o seguidismo donde hay convicción, en la adición del párrafo quinto del Artículo 28 constitucional que nos ocupa, la Comisión determinó también agregar, para destacar el carácter irreversible y definitivo de esta determinación histórica, la disposición expresa de que el servicio público de banca y crédito no será objeto de concesión a particulares.
Ante la proposición hecha en la misma Comisión por el Partido Popular Socialista de que el contenido de esta decisión pasara a formar parte del cuerpo del Artículo 27 constitucional, la Comisión consideró que ese artículo fundamental quedara reservado para conservar el sustento básico de las reivindicaciones de la nación, como fuente originaria de la propiedad, con su facultad de imponerle las modalidades que dicte el interés público, mientras que el Artículo 28 constitucional se consideró que es el instrumento indicado para establecer las reglas de nuestra economía mixta bajo la rectoría del Estado. Este artículo, que en los términos de una propuesta que ya fue leída por el diputado Arnaldo Córdova, propuesta del PSUM, se ha propuesto que sea objeto de diversas reformas para hacerlo congruente con las nuevas realidades y es un tema que seguramente habremos de estudiar próximamente.
Por la adición que ahora se discute, nos proponemos superar una situación que se había agravado por la falta de control directo del sistema crediticio, lo que propició la ruptura de la armonía de las fuerzas de la producción, que venía lesionando los intereses de la comunidad en virtud de las tendencias monopólicas de la banca privada.
En su aspecto prospectivo, la reforma constitucional tiende a asegurar el desarrollo firme y sostenido que requiere el país, y que se debe basar en la planeación nacional democrática y participativa. Ello requiere que el financiamiento del desarrollo sea servido por el Estado, por ser de interés social y de orden público, para que se maneje en una estrategia de asignación y orientación de los recursos productivos del país, a favor de la justicia de las grandes mayorías.
Estamos de acuerdo ciertamente con el presidente López Portillo en que con la nacionalización de la banca privada, implicada en esta reforma esencial, se programará mejor lo que el trabajo y el ahorro de los mexicanos, las exportaciones y el financiamiento nos significa. Con esta medida se podrá combatir la especulación abierta y hasta institucionalizada, se le quitarán a la inflación los abundantes impactos especulativos que hemos venido padeciendo tan sólo, dijo López Portillo, porque los márgenes de intermediación bancaria trastocaron nuestra economía.
A partir de esta reforma todavía quizá se pueda lograr que ni los trabajadores ni las empresas productivas del país sean
Sacrificadas en mayor medida en este proceso de ajuste.
Tenemos que luchar por que el sentido de esta medida sea la de apoyarnos en estos difíciles momentos y salvar así nuestro esquema de justicia y nuestra estructura productiva.
En lo político, como se ha expresado en este debate, parece que al reivindicarse el papel equilibrador del poder económico por parte del diputado David Orozco, se estaría lamentando que el Estado deje de estar acorralado cada seis años por el grupo de presión que condicionaba las decisiones del poder legítimo con el disparador de la fuga de divisas, y subordinaba al resto de la economía con la concentración y la distribución selectiva del crédito, y cuidado, desde la más limpia preocupación semántica en el caso del diputado David Orozco, estoy seguro; en los demás no sé, no los conozco. Parece hacerse eco en esta Cámara a la voz sucia, paranoica, del diputado estadounidense Larry Mac Donald, que antier incitó al gobierno de Washington a no permanecer pasivo ante la nacionalización de la banca en México, bajo la acusación que en Estados Unidos es cavernaria, inquisitorial, de que ese acto soberano es socialista o totalitario.
Es la misma voz del diputado Mac Donald, conocido miembro del Ku - Kux - Klan, aficionado a escribir cartas contra México y otros países libres del continente, y defensor en el Capitolio de las desapariciones masivas en Argentina, considerándolas necesarias por mantener lo que él ha llamado la paz interna de ese país castigado por el fascismo. Pero no tenemos mucho de qué preocuparnos. También allá en Estados Unidos el diputado Mac Donald y sus 36 confirmantes son infinita, ridículamente minoritarios.
Sobre estas consejas sabe la mayoría de los mexicanos que la nacionalización de la banca constituye una decisión histórica que tiene su raíz en nuestro movimiento revolucionario y en la Constitución de 1917, y que esta reforma constitucional participa de las decisiones políticas para vigorizar nuestro proyecto nacional.
El desplazamiento del monopolio privado de la banca por la autoridad legítima, y ahora a través de los procesos constitucionales, no atenta contra el derecho ni contra la libertad. Formamos parte de un constituyente permanente en el que se han expresado con entera libertad todas las corrientes nacionales. Y la recuperación del servicio público de la banca y el crédito no cancela la libertad económica, libera la economía de quienes la asfixiaban en lo interno y propiciaban su saqueo al exterior.
Los problemas en la frontera norte siempre estuvieron expresamente previstos y creo que debemos ayudar todos a tratar de solucionarlos, en lugar de regodearnos con los quebrantos que sufren nuestros hermanos en esta época de transición y ajustes. No hay que hacer cuentas precipitadas ni se vulgarice a Maquiavelo para tener los efectos que este nuevo impulso nacionalizador tendrá en la relación del Estado revolucionario con las mayorías de la nación.
En México el poder se finca en el consenso popular, el Estado mantiene viva y activa la credibilidad del pueblo y vigoriza su capacidad para renovar ese consenso, fundado en la memoria de la Revolución, ante todo peligro y frente a cada nuevo paso hacia adelante, las mayorías cierran filas con el Estado de la Revolución. No hay que buscar ni segundas ni terceras intenciones en la intención fundamental de esta reivindicación histórica.
Como el régimen y el partido en el poder, a diferencia de lo que aquí se ha dicho, se desacredita sólo cuando adormece su impulso popular y nacional no cuando avanza en ese sentido. Como lo ha expresado don Jesús Reyes Heroles, el Estado mexicano es fuerte, por su legitimidad constitucional y sustento popular. Es un Estado fuerte que dirige, coordina y rige, y no un Estado corcho, que flota entre corrientes contradictorias y que acepta pasivamente las presiones disgregadoras.
Sabemos a dónde podemos ir y por dónde podemos ir. Podemos delinear una meta que conjuga libertad y justicia, democracia e independencia, y seguimos un camino que obliga a no emplear medios que vayan contra estos fines, un camino democrático de libertad, justicia social e independencia. Nadie oculta la persistencia de la crisis y sus asedios, sólo que no nos andamos por las ramas y nos reducimos a la satanización del gobierno o del gasto público. Establecemos fenómenos y corregimos tendencias en reformas legales con actos legítimos, con salidas solidarias.
No caemos en el maniqueísmo de que algún sector monopolice la ineficiencia y la corrupción, aunque planteamos que es la tendencia a la privatización de las decisiones públicas por los grupos de presión; la que propicia en mayor medida la colusión de particulares y funcionarios y los mayores grados de corrupción.
La reforma bancaria tiene más posibilidades de combatir ese vicio que de acrecentarlo, porque recupera los objetivos esenciales del servicio, y al volver al sector público aumentan las perspectivas de vigilancia de la sociedad. Además las conocidas instituciones de crédito que el sector público había salvado de la quiebra privada, acreditan que la administración pública cuenta con los elementos y experiencias suficientes para hacerse cargo de la prestación integral del servicio público de la banca y el crédito considerando que los fondos provienen del pueblo mexicano, inversionista y ahorrador a quien es preciso facilitar el acceso al crédito. Parece que el llamado de atención del diputado José Luis Lamadrid resultó
contraproducente, observó que no había referencias generales en el debate general y logró que las referencias generales pasaran al debate en lo particular. Ni modo, muy brevemente habrá que referirse a la generalización sobre la situación de las empresas públicas. En general pasa al revés, que, como nos decía el diputado David Orozco, cuando estas empresas no tienen utilidades es porque subsidian a otros sectores de la sociedad, y en cuanto a la situación mundial que nos planteaba el diputado Lamadrid como denominador común de la crisis que afecta a otros países en su contexto nacional, quizá pueda acreditarse con la situación de países con tan diferentes políticas económicas, como Alemania, Polonia, Brasil, que acompañan a México entre los de más elevada deuda externa.
Señor Presidente, porque la redacción del párrafo 5o. que se propone adicionar al Artículo 28 constitucional, responde fielmente a los objetivos de defensa social y nacional que reclaman las nuevas realidades, porque su actual presentación, con que se propone culminar el proceso iniciado el 1o. de septiembre, se ajusta plenamente a las normas del derecho administrativo y constitucional, porque la nacionalización de la banca constituye una salida revolucionaria de la crisis, porque además de sus implicaciones económicas y sociales constituye una respuesta política, democrática, que desarma a los grupos de presión y propicia la convergencia y la movilización de todas las fuerzas democráticas de la nación, porque la recuperación de nuestro nacionalismo histórico constituye el mejor baluarte para defender nuestra identidad y nuestra integridad a la hora de la concentración monopólica interna y transnacional, le pido, señor Presidente, con todo respeto, que ponga a la consideración de la Asamblea si el tema de la adición al Artículo 28 constitucional está suficientemente discutido para someterlo a la votación de esta honorable Asamblea.
El C. Presidente: Consulte la secretaría a la Asamblea si el Artículo primero se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: En votación económica se pregunta si está suficientemente discutido el Artículo primero del proyecto de Decreto.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.
Suficientemente discutido, señor Presidente.
Se va a proceder a recoger la votación nominal del Artículo 1º. del proyecto de decreto, en sus términos.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
- EL C. secretario Cantón Zetina Oscar: Señor Presidente:
Se emitieron 301 votos en pro y 48 en contra.
El C. Presidente: Aprobado el Artículo 1º. por 301 votos en favor, en sus términos.
Se abre el registro de oradores para la discusión del Artículo 2º.
Oradores en contra, no hay. En pro, no hay.
En virtud de no haber oradores en contra ni en pro se declara aprobado el Artículo 2º., en sus términos, con los artículos no impugnados.
Se abre el registro de oradores para la discusión del Artículo 3º.
En contra la diputada Ofelia Ramírez y el diputado León Ozuna.
Oradores en pro, Genaro Borrego Estrada, Manlio Fabio Beltrones, Heriberto Batres García, por la Comisión, y el diputado Viterbo Cortés Lobato.
Tiene la palabra la diputada Ofelia Ramírez.
- La C. Ofelia Ramírez Sánchez:
Señor Presidente;
Señores diputados:
En relación con el dictamen que se presenta a consideración de esta honorable Asamblea no debemos de perder de vista que tiene como causa una iniciativa del Poder Ejecutivo, que expone algunas proposiciones que se hacen para modificar nuestra Constitución.
Entre otros aspectos que es conveniente señalar, se encuentra el relativo a la reforma de la fracción XVIII del artículo 73 constitucional, en virtud de la cual el titular del Ejecutivo pretende que el Congreso de la Unión renuncie a determinadas facultades que han sido propias del mismo desde siempre, y en todos los antecedentes para pasarlas ahora al Ejecutivo.
Debemos recordar que lo que distingue a la República del cesarismo o del absolutismo es el hecho de que en la República los poderes distintos al Ejecutivo sí ejercitan las facultades que le son propias, y que en el cesarismo se renuncian estas facultades permanentemente y sin justificación para ello.
Se nos propone el cambio de la citada fracción XVIII para que en lugar de que sea el Legislativo el que fije y determine el valor de la moneda extranjera, sólo pueda dictar reglas para que sea el Ejecutivo el que determine dicho valor, renunciando así el Legislativo a una de sus facultades conquistadas y ya consagradas textual y específicamente.
Ya desde la Constitución Política de la monarquía española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, y que contiene el primer
antecedente de nuestro artículo 3º., se establece en la fracción XIX la facultad de las cortes para determinar el valor, ley y tipo de nominación de las monedas. Y el Artículo 116 del Decreto constitucional para la libertad de la América Latina, sancionada en Apatzingán el 22 de octubre de 1914, concede esta misma facultad, la cual se mantiene en todos los demás antecedentes, como el Artículo 50, fracción XV, de la Constitución de 1824. En el Artículo 76, fracción XIII, de las Bases Orgánicas de la República de 1842.
En todos estos y otros antecedentes se faculta al Congreso a determinar el valor de la moneda, y es la Constitución de 1857 en que el Artículo 72, fracción XXIII, precisa que el Congreso tiene facultad "... para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, determinar el valor de la extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas". Esta misma redacción textual fue trasladada al Artículo 73 en su fracción XVIII de la Constitución de 1917.
Ahora el Ejecutivo propone que el Congreso de la Unión renuncie a esta facultad, dando así un paso más en la reducción de las facultades de este Congreso y, por otra parte, en la ampliación de las facultades al Ejecutivo, es decir, al Presidente.
No valen aquí los argumentos que puedan hacerse en el sentido de la dificultad técnica que implica el ejercicio de tal facultad por parte del Legislativo, ya que se tienen los elementos técnicos para ello y, además, para algo deben servir las comisiones que prevé la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Por otra parte, si hasta ahora en forma reiterada el Ejecutivo ha venido fijando el valor de la moneda extranjera sin protesta alguna del Congreso, esto no justifica que por una violación permanente de la Constitución tenga el legislativo que avenirse a tales actos y traspasar al Ejecutivo la facultad que siendo del Congreso la ha estado ejercitando otro poder sin ningún fundamento legal.
La iniciativa de reformas incluye además otro término que no se contiene en la actual redacción, y es el valor relativo de la moneda extranjera, pero en la exposición de motivos no se aclara el alcance de tal término, considerando por mi parte que puede referirse al valor de la moneda extranjera en relación con la nacional, en cuyo caso aceptaría la inclusión de tal concepto.
Es por ello que he apartado el Artículo tercero del dictamen, proponiendo a esta honorable Asamblea la modificación al mismo, a efecto de que el Congreso no renuncie a la facultad que le ha concedido la Constitución en forma expresa desde la de 1857 y ratificada en la de 1917, por lo que propongo la siguiente redacción a la fracción XVIII del Artículo 73 constitucional, a nombre del Partido Demócrata Mexicano:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad, fracción 18, para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que éstas deban tener, determinar el valor del activo de la extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas.
Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el ciudadano diputado Viterbo Cortés:
- El C. Viterbo Cortés:
Señor Presidente;
Señoras y señores diputados:
El tema concreto que nos ocupa ahora se refiere a la fracción XVIII del Artículo 73 constitucional, que está tan ligado a todo el contexto de la iniciativa presidencial, que habrá necesidad de responder a algunas expresiones que se han dado desde esta tribuna con motivo del debate general cuando se hizo alusión, por parte del Partido Acción Nacional y del Partido Demócrata Mexicano, a este caso particular.
Por principio de cuentas, el Partido Popular Socialista declara: debe ser motivo de aprobación la modificación de la fracción XVIII del Artículo 73 constitucional a fin de que el Congreso tenga facultades, entre otras, para dictar reglas que determinen el valor relativo de la moneda extranjera.
Originalmente decía: determinar el valor de la moneda.
Sin entrar en cuestiones jurídicas -yo no soy abogado-, lo principal a nuestro juicio, son los objetivos que se buscan.
¿Cuáles son, pues, las razones por las cuales el Partido Popular Socialista ha decidido su voto a favor de esta iniciativa? En primer lugar, para el Partido Popular Socialista las iniciativas que respondan a las demandas más sentidas de nuestro pueblo deben ser motivo de aprobación franca y decidida, sin sectarismos y con decisión inquebrantable, no importa quién las formule, venga de donde vengan.
De la misma manera aquellas iniciativas que no correspondan y que no sean factor de avance social, económico, cultural y político del pueblo, deben ser motivo de rechazo, vengan de donde vengan, no importa quién las formule.
Estamos de acuerdo en dotar al Estado con los instrumentos legales para fortalecerlos. Tal es el caso de fracción XVIII del Artículo 73 constitucional, tal como lo presenta el dictamen, dándole facultades al Congreso de manera exprofesa. Porque así se fortalece el sector estatal de la economía. Y fortalecer al sector estatal de la economía y ampliarlo sistemáticamente es la tarea más importante de todos los mexicanos que aman entrañablemente a su país; es tarea de todos los partidos políticos
democráticos, revolucionarios y antiimperialistas que luchan por la independencia económica del exterior; que luchan por mejorar el nivel de vida de las mayorías que laboran y que luchan por hacer de México una nación no sólo soberana, sino también un factor de decisión en el escenario internacional para defender el derecho que tienen todos los pueblos de darse el gobierno que sólo a ellos compete.
El Partido Popular Socialista ha reiterado, en infinidad de ocasiones, que nacionalizar significa descolonizar. Y la fracción XVIII del Artículo 73, tal como lo presenta el dictamen, fortalece esta decisión. Porque en un país como el nuestro, descapitalizado por la acción de las empresas transnacionales y por los malos mexicanos que exportaron capitales al exterior, el papel decisivo para multiplicar las fuerzas productivas, el desarrollo de la industria básica con independencia del extranjero, el desarrollo de una producción agropecuaria con los avances de la ciencia y la técnica, y la prestación de los servicios adecuados, no pueden quedar en manos de los particulares, porque esto, y no es una cuestión de moral, es una ley objetiva de la producción capitalista, persigue siempre y en todas las circunstancias, las máximas ganancias.
Sólo los insensatos, ciegos inconscientes, guiados por ciegos conscientes o cínicos y descarados agentes del imperialismo extranjero, persisten en demandar al Estado para que se entreguen a los particulares las palancas de la economía de nuestro país, funesta, bárbara, criminal idea, que esconde el verdadero deseo de abrir las puertas al capital extranjero y que México quede desarmado para siempre bajo los dictados de las empresas transnacionales, para enriquecer sólo a unos cuantos en detrimento de la soberanía de la nación, puesto que al fin y al cabo el capital no tiene patria.
Luchar contra todo tipo de ideas reaccionarias es un deber y una obligación de los mexicanos progresistas y patriotas, porque cuando un país depende de fuerzas económicas extranjeras la clase trabajadora queda a merced de intereses extraños y su nivel de vida depende de quien controla su vida material.
Y siempre su nivel de vida se deteriora, como ha ocurrido cada vez que la moneda se devalúa. Han sido las masas trabajadoras las que han sufrido las consecuencias de este fenómeno económico, su poder de compra bajó de manera dramática, mientras que una breve minoría ha aprovechado la circunstancia para aumentar su fortuna de una manera escandalosa e insultante.
En buena hora que el Estado haya decidido la nacionalización de la banca y la legislación correspondiente para hacer irreversible tal medida. Para que los ahorros del pueblo sirvan para impulsar la producción y los servicios fundamentales, terminando con la especulación mercantil y con el agio, que en gran medida ha sido la forma más despiadada de explotación del trabajo social en nuestro país. En buena hora que con estas medidas se intente disminuir el desnivel tremendo que aún existe entre una breve minoría opulenta, feroz, prepotente, agresiva, cada vez más rica de una inmensa mayoría que carece de lo indispensable y cada vez se hace más pobre. Los que no ven al futuro y se aferran al pasado, los que se han beneficiado con la pobreza del pueblo, se rompen las cuerdas vocales cuando proclaman con gritos histéricos que la nacionalización de la banca y la legislación correlativa que hoy nos ocupa es una medida socialista que conduce a un Estado totalitario que conculca la libertad, el tesoro más preciado del ser humano. Otros ven la mano del comunismo internacional porque ahora se le atribuye a éste todo lo que de alguna manera limite los privilegios indebidos y busque el bienestar de las mayorías. Pero mientras a sabiendas, porque es falso de toda falsedad, que estas medidas sean socialistas porque éstas se dan dentro del marco de la propiedad privada de los instrumentos de la producción económica. Son, podría ser, si acaso una medida avanzada, progresista, patriótica, pero no medidas socialistas porque no cambian la esencia de las relaciones de producción existentes.
El hombre en nuestro país, durante algún tiempo, seguirá viviendo en el reino de la necesidad, a pesar de estas medidas progresistas; reino de la necesidad, el sistema donde el hombre sigue siendo ajeno a sí mismo como resultado de las relaciones de producción entre los hombres, dentro de un proceso histórico, división social del trabajo y propiedad privada de los instrumentos de la producción económica.
Pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad, que si es socialismo será un proceso muy largo, pero que no está aún a la orden del día. Quien no entienda esto se engaña a sí mismo. Las medidas constitucionales que aquí se proponen no conducen a un Estado totalitario que conculque la libertad. En todo caso son un peldaño para una sociedad mejor.
En primer lugar, la libertad que tanto pregonan no es un concepto abstracto producto del pensamiento puro del ser humano. Cuando se habla de libertad es preciso saber a qué se refiere, para quién es esa libertad y a quién sirve esa libertad. Baste recordar que cuando los pensadores griegos, geniales por cierto, de la clásica antigüedad, discurrían sobre el concepto de libertad, se referían a la libertad de la aristocracia para dirigir el Estado y a la libertad para explotar a los esclavos. Más tarde, al desaparecer el régimen esclavista, al discurrir sobre el concepto de libertad se referían a la libertad de los señores de disponer de la mayor parte de las cosechas de los siervos de la gleba,
e incluso disponer de la virginidad de sus hijas.
Y ahora en esta época, quienes defienden la libertad en abstracto, como hemos escuchado en esta tribuna, se refiere a la libertad que deben tener los propietarios para apoderarse del fruto del trabajo social. O acaso el largo discurrir sobre la libertad se refería primero a la libertad de los esclavos para ser esclavizados o a la libertad de los siervos para obedecer a sus amos, o a la libertad de los obreros para vender su fuerza de trabajo y dejarse explotar por los dueños de las máquinas y del dinero, ¿a cuál libertad se refieren? Para poder juzgar de una manera justa es preciso saber cuál es el fin que se persigue apelando a la libertad, si la libertad que se invoca es para defender los intereses de la mayoría, para contribuir al engrandecimiento de un pueblo, para hacer más justa una sociedad; entonces luchar por esa libertad es un acto legítimo. En cambio, si la libertad se invoca para mantener privilegios, la lucha por esa libertad no es legítima.
En el caso que nos ocupa, la lucha de las mayorías por consolidar la independencia de nuestro país es legítima, por ello esta mayoría es la única que tiene derecho a invocar la libertad que se construye siempre contra quienes la invocan para negarla.
Debo aclarar que en el Estado totalitario socialista, al que tanto pavor invocan, aluden con miedo; efectivamente declaro que no existe la libertad de morirse de hambre.
Que griten cuanto quieran los enemigos de estas medidas constitucionales, porque con esa actitud se desenmascaran, porque sirven objetivamente a intereses ajenos a nuestro país.
El pueblo mexicano jamás renunciará a luchar por su bienestar y por la completa independencia del país. El pueblo mexicano sabe distinguir de forma certera, por su larga experiencia histórica y por su instinto siempre vivo, de qué lado está la razón y la justicia. Sabe muy bien el pueblo mexicano que los tibios y los reaccionarios jamás han llevado a México adelante, que jamás han defendido la causa de los oprimidos. Las generaciones futuras proseguirán la lucha emprendida por nosotros para avanzar hacia formas superiores de la vida humana. Mientras tanto, las generaciones actuales tienen la tarea honrosa y legítima de dar alimento, techo, vestido, educación, cultura, derechos políticos al pueblo entero y progreso cabal a la nación mexicana.
Señores diputados: estas son las razones del voto particular en pro del dictamen con proyecto de decreto para diccionar o reformar la fracción 18 del Artículo 73 constitucional.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado León Ozuna.
- El C. Raymundo León Ozuna:
Ciudadanos diputados;
Señoras y señores:
Quiero iniciar mi intervención refiriéndome a algunos de los párrafos con los que inició su participación en esta tribuna el licenciado José Luis Lamadrid. Nos decía, que cuando se refería al principio de la nacionalización: "... hemos escuchado argumentos en el pro, menos en el contra". Yo quisiera revertirle esta frase al diputado Lamadrid y decirle que hemos escuchado en el PDM argumentos en el contra y no hemos escuchado argumentos en el pro. Se nos ha respondido a los argumentos que mis compañeros de partido me antecedieron con pirotecnia, con cortinas de humo, con maromas retóricas, como las que acabamos de escuchar del diputado Carreño Carlón. Y digo maromas retóricas porque yo no encuentro antecedente en la plataforma electoral, en los documentos del partido oficial nada que se refiera a la nacionalización de la banca; eso sí, reconozco en ellos su increíble versatilidad retórica para hablarnos hoy de la nacionalización de la banca y mañana hablarnos del primer hombre que llegó a la luna.
No ha habido, pues, argumentos en la mayoría parlamentaria en cuanto a la nacionalización de la banca y no ha habido argumentos porque no los tienen, porque esta mayoría parlamentaria, dócil y monolítica a la consigna del Poder Ejecutivo, no obedece a programa alguno, no obedece a plataforma ninguna, sino a una obediencia fiel a los dictados del Poder Ejecutivo, y yo quiero ser reiterativo en los argumentos que no se nos han contestado, además de impugnar la fracción 18 del Artículo 73 constitucional, referente a las facultades del Congreso.
En el VI informe de Gobierno que rindió ante esta soberanía el ciudadano José López Portillo nos explicó los motivos que en su opinión causaron los problemas financieros y monetarios por los que atraviesa nuestro país y que padecen, sobre todo, las clases pobres, las clases marginadas, a esas que únicamente hemos sido capaces de pedirles perdón; abunda en tales explicaciones en su Iniciativa de Decreto para reformar los Artículos 28, 73, fracción décima, 18 y el 123, apartado B; se nos da explicación justificante de la severa crisis económica nacional, la existencia de factores externos entre los que figura la baja de los precios en nuestras exportaciones petroleras, de las materias primas, los altos intereses de la banca mundial, el desorden económico internacional, la recesión en los países industriales y la disminución de la tasa de inflación en los Estado Unidos de Norteamérica y de otros países.
Entre los factores internos se mencionan el abuso que se hizo de un régimen de libertad de cambios, la carencia de un sentimiento de
solidaridad, la actitud altamente especulativa de la banca privada, situación que aprovecharon los faunos y satanizados sacadólares, al parecer ya absueltos y deliberadamente olvidados.
Se insiste en los considerandos del Decreto que estamos analizando, en que el país tuvo que optar por una política de rápido crecimiento para dar mayores oportunidades de empleo a los mexicanos, y para evitar males más graves como el desempleo, recesión económica, debilidad política, creciente marginación social, dependencia del exterior, injusticia, represión y otras patrañas.
Esa política de rápido crecimiento, así se nos dice, parecía que alcanzaba el éxito cuando se logró un crecimiento económico de un 8% y se buscaba llegar al 10, según el objetivo trazado a costa de lo que fuera en el ya prehistórico e inflacionario Plan Global de Desarrollo.
Ese fue el sueño de hadas, señores, el sueño del milagrito mexicano. Vino el despertar, el regreso a la pesadilla de la realidad. Las causas a las que se atribuye nuestra debacle, estas que acabo de mencionar quizá incidieron en el problema, en la crisis, pero no son las únicas. Las bases en las que se pretendió edificar este milagrito fueron falsas, engañosas, de papel.
Se pretendió financiar este proyecto por un gasto explosivo y expansivo financiado mediante la emisión de grandes volúmenes de circulante sin control y sin el debido respaldo, así como mediante la exportación irracional de grandes volúmenes de petróleo crudo y mediante un desbocado endeudamiento externo.
Todo ello hizo que la inflación interna fuera incontrolable y mucho mayor al índice que se registró en los Estado Unidos y en otros países. Colaterales a la inflación galopante, incontrolable, fueron las altas tasas impositivas, la carestía general, las minidevaluaciones, las macrodevaluaciones, corrupción en el gobierno y la total falta de credibilidad del pueblo.
Esta sigue siendo, pues, nuestra realidad, señores, nuestros amarga realidad a pesar de las maromas retóricas que hemos estado escuchando a través del debate por parte de la mayoría parlamentaria. ¿Acaso hubo crecimiento económico? ¿Acaso justifica este crecimiento económico aparente lo que acabo de exponer? No lo creemos, porque para este año de 1982 se prevé que nuestra tasa de crecimiento económicos será de cero. Una de las más bajas del mundo, si no es que la más baja.
La inflación avanza hacia la argentinización. La planta comercial, industrial, agrícola y turística, están semiparalizadas y un gran número de mexicanos, a los que se dice que se quiso dar empleo, pierden su trabajo, todo por crecer a como diera lugar, al "haber que sale".
Afirmamos que el afán es de intervenir cada día más en la economía y de controlar un mayor número de los medios de la producción, es este el principal motivo de la crisis que estamos viviendo, pues para que el gobierno llegara a más del 70%, como ahora ha llegado su participación en la economía nacional, tuvo que efectuar grandes inversiones inflacionarias para crear, comprar y expropiar empresas, y todas las grandes inversiones y compras salieron precisamente del bolsillo del pueblo, del que ahora se dice que se quiere salvar y rescatar.
Por lo que aquí queda comprobado, señores, que el actual desequilibrio económico del país no ha sido de la falta de intervención del Estado en la economía, como hemos escuchado toda esta mañana y toda esta tarde; o por la falta de socialismo, ya que si el 70% de los medios de la producción están en manos del Estado, la responsabilidad, pues, de la crisis es del dueño de los medios de la producción, que en este caso es el Estado mexicano, que es el partido oficial. Pero, en fin, palo dado ni Dios lo quita. Sin embargo, podemos evitar el golpe que se pretende dar al Poder Legislativo con la pretendida contrarreforma, que no reforma, del Artículo 73 constitucional, fracción XVIII.
Insistimos, se trae a esta soberanía no un proyecto de reforma, sino de contrarreforma antidemocrática y antirrevolucionaria.
Antidemocrática, porque de aprobarse se disminuiría todavía más su poder al Legislativo y con ello al pueblo. Antirrevolucionaria, porque ello constituiría un evidente y franco retroceso.
No lo permitamos, señores diputados; recordemos, entendamos que incluso una de las causas de nuestra crisis económica es precisamente la constante abdicación del Congreso frente al Poder Ejecutivo, al que se le ha dejado hacer todo y de todo, a pesar de que siempre lo hace mal.
Antes que reformar la fracción XVIII del 73 constitucional, la fracción parlamentaria demócrata reclama su respeto y su vigencia, porque es la que garantiza la facultad del Congreso en asuntos económicos y monetarios. Esta facultad actual del Congreso es congruente al origen histórico de los parlamentos que se crearon, entre otras cosas, para tratar cuestiones de control monetario y financiero, lo cual se constituyó en un importante contrapeso frente a la arbitrariedad y el desbordamiento del poder Ejecutivo.
El Congreso debe determinar actos concretos y no debe limitarse a dictar leyes generales. Se debe reconocer nuestra facultad soberana y esencial frente a los otros poderes. Permitir que se nos limite a dictar reglas generales significaría renunciar a nuestras atribuciones, para dejarlas peligrosamente en manos del
Poder Ejecutivo. La delegación permanente de una facultad del Congreso al Ejecutivo rompe el esquema republicano e implica una abdicación de sus facultades; ante la actual crisis económica coincidimos con quienes piensan que en lugar de limitar o dejar trunca esta facultad, según lo pretende la iniciativa que se discute, debemos ampliarla y robustecerla, de manera que junto a lo que expresa actualmente la fracción XVIII del 73 constitucional, este Congreso pueda determinar el volumen del circulante. De esta forma estaremos reasumiendo nuestro papel histórico como Poder Legislativo y estaremos dando vigencia real al federalismo, tal como lo expresa el Artículo 49 constitucional.
Por todo lo expuesto los invito a hacer la siguiente reflexión señores diputados, ¿qué acaso no es esta Cámara de Diputados el foro natural y constitucional para tratar los graves asuntos económicos de la nación? ¿Qué acaso no están representadas en esta Cámara de Diputados las diferentes corrientes ideológicas que están en el país? Creo que si debatiéramos los asuntos financieros y económicos en esta Cámara de Diputados estaríamos regresándole la dignidad y su función fundamental a esta Cámara de Diputados. Creo yo que habría un mejor razonamiento y consenso en las decisiones económicas que dejárselas a una sola persona, al Poder Ejecutivo, o a un gabinete económico o a grupos de presión, o a consejeros secretos del Presidente, todos éstos al margen de la ley. Es necesario, pues, que esta Legislatura se avoque al estudio, con carácter de urgente, de las facultades extraordinarias que en materia económica se le han conferido al Ejecutivo, contempladas en la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, la cual encuentra su antecedente justificado en las leyes generales de emergencia, que dieron facultades extraordinarias al C. general Manuel Ávila Camacho; justificadas en las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, totalmente superadas en nuestros días.
Debemos, señores, replantear las atribuciones que en asuntos económicos tiene el Poder Ejecutivo. No es posible que a 40 años de que se inició la Segunda Guerra Mundial esas atribuciones extraordinarias y transitorias sigan teniendo vigencia en nuestros días en la referida ley que se le aprobó a Miguel Alemán en 1950. Creo que, para beneficio y para la salud de la República, debemos de replantear este problema cuanto antes en esta LII Legislatura. No debemos caer, pues, en el error de uno de los parlamentos de más tradición, de más alta jerarquía como el francés, cuando abdicó de su naturaleza, de su función esencial, invistiendo de facultades extraordinarias al Presidente De Gaulle; qué pena, qué lástima que esto haya sucedido en el Poder Legislativo de un pueblo de gran cultura y politización tan avanzadas, como son, ciertamente, las del pueblo francés.
El Partido Demócrata Mexicano lucha y se esfuerza por el advenimiento de cambios rápidos y radicales, de lo malo a lo bueno y de lo bueno a lo mejor. Porque creemos en esto no podemos ni debemos aprobar reformas antidemocráticas y antirrevolucionarias, como sería el caso de restarle facultades a un Congreso ya de por sí minado. Gracias a las voces débiles, al grupo mayoritario, monolítico, que esto ha sucedido, a quienes se les obliga a observar una disciplina reñida en muchos casos con la razón y la justicia.
Confiamos en que, por lo menos esta vez, la razón sea atendida; confiamos en que la LII Legislatura no pase tristemente a la historia como una Legislatura que consolidó al Congreso como el patio trasero del Poder Ejecutivo. Gracias.
(Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra, por la Comisión, el C. diputado Genaro Borrego Estrada.
El C. Genaro Borrego Estrada: Señor Presidente; honorable Asamblea: Solicité el uso de la palabra para apoyar el dictamen elaborado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta Cámara, respecto a la iniciativa enviada a esta soberanía por el Ejecutivo Federal, para reformar y adicionar los artículos 28, 73 y 123 de la Constitución General de la República. Mi intervención es en pro del dictamen, por la Comisión, referido, dentro del debate en lo particular, acerca del Artículo 73, fracción XVIII, es decir, acerca del Artículo 3º. del proyecto de Decreto que la Comisión somete a la consideración de esta Asamblea.
Parte de la argumentación de que me ocuparé se apoya en los antecedentes constitucionales de dicho artículo, particularmente al debate sustentado sobre el mismo en el seno del Congreso Constituyente de 1916-1917, por lo que en primer término me referiré a ello de manera sintetizada.
El constituyente de 1916-1917 aprobó el mismo texto que el de la Constitución de 1857; sólo podemos destacar que en el debate el diputado Silva Herrera propuso se agregara en esta fracción el establecer en la República un banco único de emisión que controlara el gobierno federal. Dijo en esa misma ocasión: "en el sentir de toda la Asamblea está la conveniencia del monopolio de la emisión de billetes en favor de un solo banco que controle el gobierno federal". Esta última proposición no fue aceptada por considerar que quedaba mejor incorporada en la fracción X ya discutida, tal como aconteció.
La fracción 18 del Artículo 73 constitucional en vigor dice, al referirse a las facultades del congreso: "Tiene facultades el Congreso para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta debe tener, determinar el valor de la extranjera y adoptar un sistema general de pesos y medidas", El texto del Artículo 3º. del proyecto de Decreto que se discute dice: "Se modifica la fracción 18 del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como sigue: 18 para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta debe tener, dictar las reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesos y medidas." Es decir, la modificación consiste fundamentalmente en cambiar la facultad del Congreso de determinar el valor de la moneda extranjera por la de dictar las reglas para hacerlo. El criterio jurídico lo está señalando ya la propia Constitución cuando se refiere a la deuda pública, criterio que ya desde el constituyente de 1857 se precisó cuando en el debate el diputado constituyente Prieto propuso: "En vista de que es imposible que un Congreso contrate empréstitos propongo que el artículo se reforme diciendo que la facultad legislativa consiste en autorizar al gobierno para contratarlo".
La fracción 8 del Artículo 73 de nuestra Constitución comienza diciendo: "El Congreso tiene facultad; 8a. para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación..." y así continúa. La facultad legislativa consiste, entonces, en dar bases y fijar reglas y posteriormente controlar, no decidir en aspectos que son típicamente responsabilidad del Ejecutivo.
Creo percibir en la intención de la oradora en contra el deseo de que en aspectos tan trascendentes del desarrollo económico el Poder Legislativo controle al Ejecutivo, de acuerdo con los principios de la división de poderes inscritos en nuestra Constitución. Eso es válido, pero considero que ya nuestra legislación lo establece claramente refiriéndose específicamente a las facultades que la Constitución le señala a la Cámara de Diputados respecto al control de presupuesto de egresos de la Federación y al programa de sus ingresos anuales, lo cual es un importantísimo aspecto que en esta Legislatura debemos de empeñarnos para profundizar y avanzar real y efectivamente en nuestra función de control del Ejecutivo. Enfoquémonos a ello y no abrir otros frentes inoperantes, con mayor razón si al política monetaria está indefectiblemente comprendida dentro de los supuestos y variables tanto de la Ley de Ingresos como del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Debemos estar en principio todos de acuerdo que el Presupuesto de Egresos de la Federación es el detonante fundamental de todo el proceso económico general del país, la actividad de todos los sectores se ve influida por él debido a su alcance, monto, estructura, prioridades, financiamiento y destino: si debemos tener y tenemos control del Presupuesto y de la Ley de Ingresos, también evidentemente lo tenemos y lo deberemos tener acerca de la política monetaria.
Y aquí quisiera referirme a lo señalado por el orador en contra, para precisar que la política económica del presente régimen se apoya en toda una filosofía política, se apoya en una realidad de nuestra patria, en un México en el que hay desigualdad, en el que hay rezago social, y los principios fundamentales que orientaron la estrategia económica de este régimen fueron precisamente avanzar en una medida importante en el empleo y para eso era necesario crecer, y en aquellos momentos, en aquellas circunstancias, teníamos una palanca extraordinaria como era el petróleo, para que nos sirviera para alcanzar, avanzar en una política de crecimiento con empleo, porque este régimen en dos vertientes fundamentales encauzó su decisión, la reforma política y precisamente una política agresiva de empleo y de crecimiento; en suma, una política de democracia y de justicia social.
Los supuestos, el escenario que se veía entonces se modificó; entró en recesión el mundo internacional, se modificó el mercado petrolero, se elevaron las tasas de interés, pero todo ello no significa que en el fondo de una política económica estaba una decisión política una decisión ética, congruente con nuestra filosofía política de avanzar de manera decisiva en los rezagos sociales.
También quisiera solicitar, señor presidente, que la propuesta hecha por la oradora en contra Ofelia Ramírez, que propuso alguna modificación en la fracción que nos ocupa, sea rechazada porque queda mucho más completa la que está apuntada en el dictamen elaborado por la comisión.
La iniciativa enviada a esta Legislatura por el Ejecutivo, en su parte relativa a la fracción 18 del Artículo 73, considero que es así, que es de aprobarse por parte de esta honorable Asamblea. De lo dicho pudimos resumir los razonamientos en que apoyo mi consideración.
No corresponde al Poder Legislativo conforme a la teoría constitucional de la división de poderes, realizar actos que corresponden por su propia naturaleza al Poder Ejecutivo. El constituyente precisó su criterio al respecto al referirse a la deuda pública en la fracción VIII de este mismo artículo, al señalar para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos, etcétera. La determinación del valor relativo de la moneda extranjera no puede determinarse por un mero acto de
voluntad, ello depende de un sinnúmero de elementos cambiantes cotidianamente, cuya evaluación queda fuera del alcance del Congreso, entre otras cosas porque no se encuentra permanentemente reunido.
La discreción previa al anuncio de variantes en el valor relativo de la moneda extranjera es imprescindible y ésta no se garantizaría al tratarse y discutirse en el Congreso. El solo anuncio de la posibilidad de cambios en este aspecto, genera reacciones inmanejables, que afectan aún más las causas que motivan la adopción de estas medidas, creando distorsiones imprevisibles.
La facultad que se propone de dictar reglas para determinar el valor relativo de la moderna extranjera es acorde con la facultad general del Poder Legislativo y resulta imprescindible hacerlo.
La iniciativa -y esto es muy importante- forma parte del conjunto de medidas tomadas respecto a la nacionalización de la banca y el control generalizado de cambios, que han recibido un definitivo respaldo popular como testimonio indiscutible de la voluntad soberana del pueblo. Y aquí, tanto en el debate en lo general como en lo particular del Artículo 28, ha quedado suficientemente argumentada la validez de estas medidas.
Para finalizar, quiero referirme con la venia del señor presidente y de la Asamblea, a algunos párrafos que considero fundamentales de los considerandos del proyecto de decreto que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta honorable Cámara, somete a la consideración de la honorable Asamblea.
Transcribo:
"Frente al ejercicio abusivo de las libertades económicas que propician sólo el interés particular es deber insoslayable del Estado salir en defensa de los intereses de la sociedad, adoptando, con la energía y el rigor que sean necesarios, las medidas adecuadas para preservar dichos intereses. Tanto más cuanto el desorden en este campo, venía repercutiendo en perjuicio de la mayoría nacional, bajo cuyo mandato y sólo por él deben actuar los poderes instituidos y legitimados por la Constitución del país.
Un acto de nacionalización no se da en el vacío histórico, ni por capricho ni como mero acto de poder".
Ya se ha referido este párrafo en otras intervenciones.
Es por el contrario, la respuesta a una serie de condicionantes políticos, sociales y económicos que se van gestando en el curso del tiempo y que en el complejo juego de las fuerzas sociales adquieren la madurez suficiente, la gravedad y el apremio de la urgencia que justifican su determinación y conjuran los peligros sociales que lo aconsejaron.
Tuvieron que coincidir en México los factores de una crisis mundial sin precedente y las diversas causas internas que comprometieron la economía nacional. El abuso egoísta de los empresarios de la banca y la insensibilidad social de ciertos grupos de mexicanos que contribuyeron a la descapitalización del país, así como la conciencia crítica de amplios sectores del pueblo que exigían decisiones tan grandes como los riesgos, para que el Estado, haciendo pleno uso de sus atribuciones, asumiera una respuesta revolucionaria con apoyo en los lineamientos esenciales de nuestra Constitución Republicana.
Y aquí el orador en contra decía que no se daban argumentos y que no se habían dado. Quizás lo que ocurra es que no se quieran escuchar, que no se comprendan. Que no se comprenda quizá que medidas como ésta surgen de la esencia de nuestra Constitución, y como la Constitución es el fruto de un movimiento revolucionario, que en el Partido Demócrata Mexicano quizá no se entienda, porque los argumentos que aquí se han dado, los de fondo, esenciales, son de que es una medida profundamente nacionalista, profundamente revolucionaria, que se encuentra en la esencia de nuestra Constitución.
Porque la nacionalización de la banca constituye una decisión histórica que tiene su raíz en nuestro movimiento revolucionario y en la Constitución de 1917. Efectivamente, tales medidas están inspiradas en nuestra filosofía política, en la mejor tradición ideológica de la nación, en el proyecto histórico del pueblo de México, en nuestro proyecto nacional.
Proyecto nacional de desarrollar la democracia social por la vía del nacionalismo revolucionario. Proyecto nacional de que el poder político sea en todos los casos expresión genuina de la voluntad mayoritaria del pueblo y que ningún otro poder, económico o de cualquier otra naturaleza, intente sobreponerse a los poderes soberanos de la República. Proyecto nacional de erradicar los privilegios, sea que persistan por incumplimiento de orden jurídico establecido, o bien, por deficiencias o suficiencias de éste.
Proyecto nacional de desterrar la carencias, las desigualdades y los rezagos sociales y la ignorancia y la desocupación. Proyecto nacional de que el trabajo sea reconocido como el recurso fundamental de la economía y el factor determinante para la distribución del ingreso y la riqueza; de que el trabajo sea un derecho plenamente ejercido y una obligación libre y voluntariamente aceptada; fuente de la dignidad de todo individuo, origen y destino de todos los derechos sociales; proyecto nacional, de que coexistan la economía estatal, la social, y la privada en un sistema equilibrado de la economía mixta, orientada precisamente a la consecución de nuestros
Propósito; proyecto nacional de que el Estado sea el rector del desarrollo económico y social donde el capital privado cumpla sin excepción las funciones sociales establecidas en la Constitución y se subordine invariablemente al interés general del país, de que la propiedad tenga una función social y el Estado el derecho de imponerle las modalidades que dicté el interés público; proyecto nacional de que el Estado sea consecuente siempre al carácter de la Constitución que le dio la existencia orgánica y a su propio origen popular revolucionario; proyecto nacional de que la Constitución sea ley suprema y al mismo tiempo programa histórico, instrumento del cambio social, proyecto nacional de la libertad como valor esencial de la democracia social, no como baluarte artificial para legitimar el despojo de los débiles o como pretexto para justificar abusos o atentar contra el interés social; por el contrario, la libertad como arma contra los privilegios injustos y para la lucha por el bienestar y la seguridad de todos. En suma, proyecto nacional de libertad, de democracia, de independencia y de justicia; gobernar para todos, sí; pero en beneficio de las mayorías; ni odios ni luchas aniquilantes sí, pero nunca más alianzas mediatizantes; solidaridad entre solidarios; gobierno fuerte, sí, por la fuerza que impone el mandato popular; liderazgo democrático, sí, para encauzar democráticamente la confrontación dinámica de las fuerzas sociales hacia el avance independiente y justo de la nación.
Por todo lo anterior, señor Presidente, ruego a usted someta a consideración de la asamblea si está suficientemente discutido el dictamen, y en su oportunidad someterlo a votación.
Muchas Gracias.
El C. Presidente: Se ruega a la secretaría consulte a la Asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por la C. Ofelia Ramírez al Artículo 3º.
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén por que se acepte sírvanse ponerse de pie... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: Consulte la secretaría a la Asamblea si el Artículo 3º. se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: En votación económica, se pregunta si está suficientemente discutido el Artículo 3º. del proyecto del decreto. Suficientemente discutido, señor Presidente.
Se va a proceder a recoger la votación nominal del Artículo 3º. del proyecto del decreto en sus términos. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: Señor Presidente, se emitieron 303 votos en pro y 50 en contra.
El C. Presidente: Aprobado el Artículo 3º. en sus términos por 303 votos.
Se abre el registro de oradores para la discusión del Artículo 4º.
Están inscritos en contra, los ciudadanos diputados José García Lizama, Iván García Solís, Antonio Gershenson, Encarnación Pérez Gaytán, Rafael Aguilar Talamantes, Alfredo Reyes Contreras, Ignacio Moreno Garduño, Mariano López Ramos, René Rojas Ayala y Baltazar Ignacio Valadéz.
Oradores en pro: Miguel Ángel Morado, Gerardo Cavazos Cortez, Salvador Valencia Carmona, Irma Cúe de Duarte, Luis René Martínez Souverville, Armando Corona Boza y Salvador Valencia Carmona, por la comisión.
Tiene la palabra en contra el C. diputado José García Lizama...
El C. Presidente: Se informa que quedan registrados en contra, de acuerdo con el Reglamento, los siguientes seis compañeros diputados: García Lizama, López Ramos, Iván García, Antonio Gershenson, Encarnación Pérez y Rafael Aguilar Talamantes.
El C. Alfredo Reyes: Yo pedí en primer lugar en contra.
El C. Presidente: El reglamento dice seis. Varios diputados del PPS: Señor Presidente, el compañero Reyes solicitó primero la palabra.
El C. Rafael Aguilar Talamantes: Señor Presidente, cedo mi lugar al compañero Reyes.
El C. Presidente: El C. diputado Aguilar Talamantes cede su lugar al compañero Reyes Contreras.
Los oradores en pro son: Gerardo Cavazos Cortez, Salvador Valencia Carmona, Irma Cúe de Duarte, Miguel Ángel Morado Garrido, Luis René Martínez Souverville y Armando Corona, y Valencia por la Comisión.
Tiene la palabra el diputado García Lizama.
El C. José Augusto García Lizama: Muchas gracias, señor Presidente. H. Asamblea: Los empleados de las instituciones de crédito siempre han sido considerados como trabajadores de segunda, en comparación con los
demás, habida cuenta de que en el reglamento de trabajo de los empleados de las mismas se les sujeta a un tratamiento diferente y discriminatorio en sus relaciones laborales y se les impidió siempre el derecho a sindicalizarse.
El Presidente de la República, al leer su VI Informe de Gobierno, abrió una esperanza para estos trabajadores cuando dijo: "Los derechos de los trabajadores del sistema bancario serán respetados; el viejo anhelo de crear un sindicato bancario podrá fructificar, como ocurre en la mayor parte de los países del mundo.
Pero me pregunto, ¿quién autorizó el Reglamento que impide la sindicalización de los empleados de los bancos? ¿Acaso no es el mismo gobierno el que estableció este sistema de control? No es impedimento impuesto por los banqueros, sino por el mismo gobierno con el beneplácito y de común acuerdo con los banqueros.
El viejo anhelo de los empleados bancarios de sindicalizarse se abrió puertas en la expresión del Presidente, pero desgraciadamente es el propio Presidente el que en la Iniciativa de las Reformas y Adiciones que envió al Congreso, limita las posibilidades de organizarse en un sindicalismo pleno.
Es regla general el derecho de los trabajadores a sindicalizarse según lo expuesto en el apartado A del artículo 123, y el apartado B constituye una excepción en atención al servicio público que prestan los organismos a que se refiere el mismo, más de ninguna manera puede concluirse que en dicho régimen de excepción deban de incluirse los empleados en las entidades de la administración pública paraestatal.
Existen infinidad de argumentos para apoyar la idea de que los trabajadores de la banca nacionalizada quedan incluidos en el Apartado A y no en el B, pero yo solamente deseo referirme a algunos de ellos que, en mi concepto, son los más graves dada su trascendencia legal, social y política.
La razón de ser la excepción en que quedan colocados los trabajadores al servicio del Estado, para quienes se instituyó el apartado B que rige precisa y únicamente entre los poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, según está claramente especificado en esta Constitución; la razón, decía, radica en la seguridad de la función del gobierno que desarrollan las entidades de la administración pública del Estado, toda vez que el Estado no puede en ningún momento suspender sus actividades y funciones, más estas razones de Estado no pueden de ninguna manera aplicarse a los trabajadores de empresas que no implican la función propia del Estado, y así se han venido considerando como consta en innumerables empresas como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, Ferrocarriles Nacionales de México entre otras, que nadie puede negar representan recursos de importancia estratégica.
En otros países, en donde existe el derecho de sindicalización de los empleados bancarios, sus derechos no están limitados a los marcos de excepción de un trabajador de la administración pública estatal.
La exposición de motivos de la iniciativa de decreto del Presidente de la República, de fecha 17 de septiembre ppdo., para justificar la inclusión de los trabajadores bancarios en el apartado B argumenta: "Para defender los intereses de la nación en el proceso de desarrollo económico, social y cultural, es menester que el Estado cuente con instrumentos idóneos que le permitan dar seguridad y estabilidad a la política financiera. Por eso, en la medida en que el gobierno federal preste el servicio de banca y crédito, se hace necesario que las relaciones laborales en esta materia se rijan por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cuyo efecto en la presente iniciativa se propone agregar una fracción a dicho apartado.
Tal argumentación me parece inconsistente para justificar la proposición que se hace, ya que la defensa de los intereses de la nación en el proceso de desarrollo económico social y cultural, no queda a cargo ni bajo la responsabilidad de los empleados, sino de los funcionarios y dirigentes de confianza de la banca ahora estatizada, y la seguridad y estabilidad de la política financiera sólo la puede dar el propio Estado mediante políticas convenientes, democráticas y honestamente puestas en práctica.
Convendría por lo demás, ser congruentes con las palabras del presidente José López Portillo cuando dijo: "Lo he dicho muchas veces, el secreto del éxito nacional y su estabilidad, es un sindicalismo combativo que busque la justicia para quienes trabajen" Y un entendimiento con un gobierno que busca el interés general. Cuidemos no caer en el estatismo que tiene como fundamento la teoría de la seguridad nacional, que conforme se va consolidando nulifica al individuo y lo pone al servicio ilimitado del supuesto combate total contra los conflictos culturales, sociales, políticos y económicos. No caigamos en el error de que para defender los intereses de la nación, se limiten como en toda situación de emergencia, las libertades individuales. No confundamos la voluntad del Estado con la voluntad de la nación. No utilicemos instrumentos que supuestamente dan seguridad y estabilidad a la política financiera y que luego se convierten en un mecanismo absoluto sobre las personas y que cuando se institucionalizan, producen inseguridad entre los individuos y la sociedad.
El concepto de seguridad absoluta, malévolamente manipulado, propicia la tutela del pueblo por élite, de poder de toda índole y conduce a una desigualdad de participación y decisión en los resultados del desarrollo integral y humanista.
Hay actualmente gobiernos militares en Latinoamérica y en los países dominados por el comunismo, que invocan la idea de la seguridad nacional y de la seguridad de la sociedad. Y lo único que buscan es la seguridad de permanencia en el poder de los gobiernos que tienen sometidos a sus pueblos. Aquí en México, el término seguridad nacional, seguridad financiera, seguridad pública, es objeto de abuso y manipuleo para asegurar la fuerza y el poder del PRI.
Es inobjetable que siendo el apartado B un régimen de excepción, los derechos de los trabajadores restringidos a dicho apartado se encuentran limitados tanto en el orden laboral como en la libertad sindical.
Para conocer la situación en que quedarían los trabajadores bancarios, tenemos que remitirnos a la Ley Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, que regiría sus relaciones laborales, misma que fue hecha con diferente intención y aplicación concreta.
De su análisis concluimos que se eliminarían derechos ya adquiridos por los empleados bancarios, mismos que ya han gozado.
Al fin, hasta ahora, los trabajadores bancarios han tenido derecho a percibir utilidades en los repartos correspondientes. Y del contenido de la ley reglamentaria respectiva se desprende que no existe garantía de tal beneficio ya conquistado en la lucha de los trabajadores y expresado en nuestro derecho laboral. Todo en perjuicio de más de 140 mil empleados bancarios y sus familias.
La citada ley señala, por otra parte, el Artículo 31, que tanto en las horas de jornada legal los trabajadores tendrán obligación de desarrollar las actividades cívica y deportivas que fueran compatibles con sus aptitudes, edad y condición de salud, cuando así lo disponga el titular de la dependencia respectiva.
Lo que de acuerdo con la experiencia propiciaría e incrementaría los ofensivos e inminentes acarreos que hasta ahora se han venido haciendo con los empleados del gobierno en manifestaciones públicas y callejeras, de apoyo a autoridades y hasta mítines políticos en apoyo a candidatos de todo nivel del partido del gobierno. Aunque desde luego esto de los acarreos también sucede con los trabajadores organizados por líderes oficialistas, que venden los derechos de los empleados bancarios, a cambio de un plato de lentejas, que representa, en esta ocasión, el Banco Obrero.
Aún hay más, la libertad de independencia de los sindicatos que formen a los trabajadores de los bancos, en caso de que quedaran en el apartado B, se verían nulificados con el sistema de central única, perdiendo así la posibilidad de constituir sus propias federaciones o confederaciones, de acuerdo con sus intereses y conveniencias legítimas, ya que el Artículo 78 de la Ley Reglamentaria a que quedarían sujetos establece: "Artículo 78. Los sindicatos podrán adherirse a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado...", y aquí viene lo bueno: "única central reconocida por el Estado..." A lo que habrá que agregar "que los líderes de estos sindicatos son impuestos y por razones políticas partidistas y de intereses de grupos extrasindicales, lo que deriva en el control político de los trabajadores e implica el control de las voluntades de los mexicanos en apoyo al partido en el poder.
Por lo demás se crearían simultáneamente conflictos de intereses, derechos y obligaciones entre trabajadores, el INFONAVIT y el FOVISSSTE, entre trabajadores el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, por las tantas lagunas, imprecisiones, imprevisiones y prisas por sacar adelante a como dé lugar una iniciativa presidencial que por su trascendencia amerita mayor reflexión, y sobre todo confiar en los mexicanos empleados de los bancos.
Tradicionalmente el pueblo es el desconfiado, pero ahora en reciprocidad el gobierno es el que desconfía del pueblo y eso es sumamente peligroso. Nos da la impresión de que los asesores del Presidente en este caso quieren pasar también a la historia a como dé lugar, a cualquier precio, a lo que nosotros, el Poder Legislativo, no nos debemos prestar, pues debemos actuar como representantes de la nación y no sólo como miembros de un determinado partido político; para qué tanta prisa, para que luego nos salgan con que hay que aprobar también apresuradamente una ley que edite y que se ponga en vigor otra ley en la fecha establecida, como nos acaba de suceder con el Código Fiscal de la Federación, sólo porque así lo propuso el Ejecutivo. Recordemos que el trabajo es la clave esencial de toda la cuestión social, que el trabajo y su superior dignidad están lo mismo sobre el capital que sobre el Estado y, sobre todo, que la dignidad del trabajador es fundamental.
Como vamos, si el Poder Legislativo, que representa al pueblo más que cualquier otro poder, por poderoso que parezca, no toma el lugar que le corresponde, más pronto que tarde todos los mexicanos quedaremos en el apartado B, como sucede en los partidos militaristas o comunistas, en donde todos están en un sólo organismo controlado por el gobierno.
Obremos conscientemente, responsablemente, e invitemos a que las partes interesadas obren con cordura, para evitar que se originen más hechos lamentables como los despidos de
trabajadores que quisieron formar sindicatos libres en Reynosa, Tamaulipas, en el Banco Longoria, y en Guadalajara, Jalisco, en el Multibanco Comermex, así como la muerte de un empleado de Bancomer, según se viene comentando entre los empleados bancarios.
Señores diputados: la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue la única comisión que fue tomada en cuenta, ignorando, no sé si intencionalmente o por error, ignorando la competencia y responsabilidad de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Según el Artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso General, sobre todo porque la proposición de la iniciativa presidencial incluye la adición de una fracción al apartado B del Artículo 123, relativo al trabajo.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en los considerandos del dictamen que somete a la consideración de esta Asamblea, dice simple y escuetamente, que como todo fruto de todo estudio y análisis, dizque razonado: "Por la proposición que contiene la iniciativa del Ejecutivo Federal de adicionar el Artículo 123 de la Constitución General de la República, en su apartado B, los trabajadores bancarios obtendrán el reconocimiento de sus derechos". ¡Qué sesudo estudio y análisis!
Sé que me estoy dirigiendo a diputados de diferentes partidos políticos, y a una mayoría aquí formada por diputados electos en cada distrito uninominal, que, independientemente de su filiación, tienen un alto sentido de dignidad, como representantes populares, y que actuarán con independencia de criterio.
A esta independencia de criterio quiero invocar para que no se acepte la parte del dictamen que discutimos, impidiendo que los trabajadores bancarios queden incluidos en el apartado B del Artículo 123 constitucional; en consecuencia, y teniendo en consideración que a los casos no exceptuados, se les aplica el contenido del apartado A, me permito presentar a la consideración de ustedes una modificación al dictamen, en el sentido de que se excluya del mismo el Artículo 4º. Dejo en poder de la secretaría la proposición.
Voy a leer la modificación.
Modificación que al Artículo 4º. del dictamen sobre reformas y adiciones al Artículo 123 constitucional, presenta por mi conducto, la fracción parlamentaria demócrata.
Artículo 4º. Se excluye el dictamen.
El C. Presidente: Consulte la secretaría a la Asamblea si se admite o se rechaza la modificación propuesta por el C. diputado José García Lizama.
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse ponerse de pie...
Los que estén porque se deseche, sírvanse ponerse de pie... Desechada, Señor Presidente.
El C. Presidente: Tiene la palabra en pro el C. Diputado Gerardo Cavazos Cortez.
El C. Gerardo Cavazos Cortez: Compañeros diputados: Al arribar a esta tribuna popular, para representar los puntos de vista razonados del sector obrero del Partido Revolucionario Institucional, nos encontramos, claro está, de entrada, con la no grata sorpresa que ha presentado aquí el diputado Lizama del Partido Demócrata Mexicano; digo no grata y además rara, porque hace apenas unos momentos planteaba con toda energía la defensa de los exbanqueros, y hoy, en una actitud rara, se convierte en abogado y defensor gratuito de los trabajadores.
Cuestiona su posición al gran Banco Obrero, posición que los trabajadores rechazamos categóricamente pero, además, queremos dejar claro en esta Asamblea nacional para qué sirve el Banco Obrero y quiénes son los propietarios de esta institución. Me permito, por lo tanto, para dar luz a este debate, dar lectura a algunos puntos de las funciones de nuestro banco Obrero.
Es éste un campo muy importante en el cual el Banco Obrero S. A., está empeñado, pero siendo además una institución creada con el esfuerzo de los trabajadores a través de su ahorro sistemático busca cubrir objetivos sociales por medio de la creación e implantación de mecanismos que, sin descuidar los aspectos bancarios esenciales, hagan posible el acceso de los trabajadores a los servicios financieros que, de otra forma, estarían fuera de su alcance.
El banco Obrero sirve para la creación, conservación y desarrollo de fuentes de empleo, protección del salario del trabajador, sistemas y mecanismos de servicios bancarios que permitan otorgar atención masiva a los trabajadores, capacitación y elevación del nivel de vida socioeconómico del trabajador.
Además prestar asesoría técnica en la instalación y operación de tiendas sindicales y centros comerciales, asistencia a proveedores de productos básicos, facilidades para el establecimiento de red de ventanillas de servicios bancarios en centros comerciales, CONASUPO, organizar y financiar pequeña y mediana industria a los trabajadores y productores agropecuarios de bienes de consumo popular. Esto, entre una diversidad muy amplia de apoyo que presta el Banco Obrero. Pero, además, por encima de todas las cuestiones el Banco Obrero es de los trabajadores y para los trabajadores, el Banco Obrero ha venido a
transformar al trabajador en sujeto de crédito de acuerdo a su propia institución, de tal manera, señores diputados, que de ninguna manera aceptaremos la impugnación que en esta tribuna se ha hecho para nuestro banco en el Banco Obrero.
Quiero dejar presente la posición del movimiento obrero organizado de nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional; respecto al tema que nos ocupa, corresponde a esta asamblea nacional debatir la iniciativa del Ejecutivo Federal para elevar a rango constitucional la nacionalización de la banca; la propia iniciativa contiene las razones de orden social que impulsan al Presidente de la República a solicitar la inclusión constitucional de esta conquista irreversible del pueblo de México.
El pasado 1o. de septiembre, ante la soberanía de este Congreso, inspirado en el proyecto consignado a nuestra Constitución, impulsado por su firme convicción patriótica y vocación revolucionaria y respaldo por el apoyo popular, el presidente José López Portillo anunció la nacionalización de la banca y el establecimiento del control integral de cambios; esta medida vino a romper la hegemonía que el reducido grupo de banqueros privados pretendía imponer en la economía política de nuestro país, su deseo de enriquecimiento y poder había llegado ya a los límites de lo absurdo.
Dice la filosofía popular, venero la sabiduría, que a grandes males grandes remedios; ya el estado mexicano había implementado muy diversas estrategias para reencauzar el orden económico nacional por la vía del diálogo, del convencimiento incluso de las concesiones; era una lucha de todos los días por aminorar los efectos en la sociedad de la inflación, el desempleo y la carestía. En febrero de este año, frente al debilitamiento de las finanzas nacionales, propiciado por la acentuada salida de dólares, el estado optó por la devaluación, evadiendo la aplicación de controles más estrictos que lesionarían la confianza de los dirigentes bancarios. Con la devaluación la inflación se recrudeció, razón por la cual en el mes de abril se aplicó un programa de ajuste para combatirla. Esto significaba la contracción del gasto público y por lo tanto la retracción de la función rectora del estado en la economía.
Asimismo, provocaba la paralización de la vida nacional y la agudización del desempleo. Día a día las necesidades de recursos por parte del estado se hacían mayores. Para cumplir sus compromisos se elevó los precios y las tarifas de los bienes y los servicios públicos que proporciona, exponiéndose a que políticamente su imagen resultara lesionada.
No obstante, el pueblo solidariamente mantuvo la calma; procedía sin freno la descapitalización, el empobrecimiento de las masas frente a la ostentación irritante de las minorías enriquecidas, ya no podía seguir contando con la anuencia del estado; frente a nuevas tácticas del gobierno, para encontrar la fórmula de reorientación entre nuestra economía, la prepotencia y el antipatriotismo, debemos de aceptarlo, de los banqueros, se hacía evidente, se calcula que por la sola operación de comprar dólares en una ventanilla y venderlos en otra, la banca privada se embolsó 10 mil millones de pesos. El negocio era sumamente redituable; aunque lícito, de ninguna manera honesto.
El saqueo de las divisas se había convertido en cínico y descarado; no podía el país resistir más. De continuar la situación, la filtración cuantiosa de recursos hubiera procesado la desestabilización interna del sistema y hubiera puesto en peligro la soberanía nacional. Voces: Tema, tema.
El C. Presidente: Respeto, por favor, al orador; estamos dentro del tema.
- El C. Gerardo Cavazos Cortez
El sector obrero, con la nacionalización de la banca, se consumó para los trabajadores bancarios la legítima posibilidad de organizarse con apego al derecho que consagran nuestras leyes en defensa de sus intereses como trabajadores.
Así lo expresó el presidente López Portillo en su sexto informe de gobierno. El movimiento obrero organizado saluda con beneplácito la incorporación, por fin, a sus filas de los trabajadores bancarios, que habían permanecido marginados de los beneficios sociales que se derivan de la organización sindical.
La Confederación de Trabajadores de México y el sector obrero integrante del Partido Revolucionario Institucional cuestionamos de siempre la legalidad del régimen jurídico de excepción, por el que se regían las relaciones laborales de empleados bancarios y de las instituciones de crédito auxiliares. Y propugnamos la formación de un sindicalismo auténtico, sostenido en todos los foros sosteniendo en todos los foros, la inconstitucionalidad de la reglamentación bancaria y expresando nuestra solidaridad consecuente a los trabajadores particularmente en su lucha de clases.
Ahora, merced a un acto nacionalizador del gobierno, valoramos la consecuencia social que permite la regularización de los trabajadores bancarios, como clase social, al ubicarlos dentro de la Constitución, a donde, sin menoscabo de las prestaciones sociales y económicas que han venido disfrutando, les sea permitido practicar la solidaridad común, formar su propia organización para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses, analizar en el seno sindical su problemática y
encauzar la gestión de la solución de sus problemas, a través de la representación sindical que se den, respetando las formas democráticas y la responsabilidad histórica de los trabajadores, incuestionablemente revolucionaria, sin distorsionar su conducta por simples actitudes estridentistas.
El haber salido del régimen de excepción, en donde se les prohibía lo fundamental que es organizarse, ha sido gran avance de los trabajadores que prestan sus servicios en los bancos y el movimiento obrero organizado se siente satisfecho de haber contribuido con su lucha para el logro de este objetivo.
La sindicalización de trabajadores bancarios es una bandera enarbolada por mucho tiempo por la Confederación de los Trabajadores de México y el sector obrero del Partido Revolucionario Institucional. Y no podemos menos que aplaudir la instrumentación que iguala a los trabajadores bancarios con el resto de los trabajadores mexicanos. Estamos plenamente seguros de que con la solidaridad del movimiento obrero organizado del país, podrán alcanzar los compañeros bancarios, una mejor situación, que les permita la satisfacción de sus más elevadas pretensiones.
El Estado, al asumir el servicio de banca y crédito, se encuentra en la obligación de mejorar a sus trabajadores y paralelamente conservar la confianza de los ahorradores, respetando el principio que ha guiado nuestra vida nacional, de sustentar el interés personal al bien público, que el gran Morelos plasmara en los Sentimientos de la Nación.
Estamos con el presidente José López Portillo cuando afirma que los trabajadores bancarios no verán a su nuevo empleador, el Estado, como a un enemigo, sino como un aliado, al que hay que apoyar y con el que hay que diseñar y convenir fórmulas de trabajo que, sin menoscabo de sus derechos, garanticen la eficiente y honesta operación de la banca nacional, puesta ahora al servicio de los mexicanos.
El Estado no se opone a la sindicalización de los trabajadores sino por el contrario la estimula, la promueve y sobre todo la respeta. Esta apertura a la sindicalización de los trabajadores bancarios demuestra, una vez más, que nuestro país se rige por el derecho, y que éste garantiza y salvaguarda los intereses de las mayorías. Tenemos así garantizada la confianza de los ahorradores y del pueblo de México y al mismo tiempo, se hace justicia a los trabajadores bancarios que permanentemente habían luchado por salir del régimen de excepción, en que estuvieron encajonados.
Bienvenidos los trabajadores bancarios a las filas del movimiento laboral mexicano; sean bien recibidos en el Congreso del Trabajo por la vía de sus organizaciones fundamentales, la Federación Sindical de Trabajadores al Servicio del Estado; las luchas del sector obrero y el avance social y democrático de México habrán de permitir en el futuro que los trabajadores mexicanos nos encontremos unidos, sin distinción de apartados, en una sola organización sindical, protegidos por la Constitución en su más avanzada disposición, producto de nuestras luchas; por ahora nos vanagloriamos de estar encuadrados debidamente como trabajadores en el Artículo 123 de nuestra Constitución.
Estoy profundamente convencido, por vocación y responsabilidad revolucionaria, de que el dictamen merece y recibirá la aprobación de todos los integrantes de esta honorable Cámara de Diputados, pues está en la conciencia nacional considerado que la nacionalización de la banca y la sindicalización de los trabajadores es una determinación propuesta a nuestra soberanía, por el jefe de la nación, para proteger y asegurar los destinos de nuestro país y de un grupo considerable de trabajadores que vivieron, hasta antes de esta determinación, en una marginación impugnada por el movimiento obrero organizado en México; por lo que respecta a ellos se les entregan las posibilidades para que, dentro de la Revolución, con la Revolución y con el sector obrero de ese propio movimiento, puedan revisar su destino como auténticos trabajadores, que tienen ya el camino de la solidaridad y de la superación. Muchas Gracias."
El C. Presidente: Tiene la palabra en contra, el C. diputado Alfredo Reyes Contreras.
El C. Alfredo Reyes Contreras: Señor Presidente; Honorable Asamblea:
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, al discutirse en lo particular el dictamen que se refiere a la adición al apartado B del Artículo 123 de la Carta Magna, desea expresar francamente sus juicios sobre la proposición del propio dictamen.
Consideramos nosotros como un avance y un logro importante para los trabajadores de la banca nacionalizada el derecho que adquieren para sindicalizarse y el reconocimiento de sus derechos, que la prepotencia de los exbanqueros privados había negado de manera sistemática.
Sólo hay que recordar cuál ha sido la trayectoria de los trabajadores bancarios para comprender cómo se les han disminuido de manera permanente sus derechos.
Durante el régimen del general Lázaro Cárdenas se puso en vigor un decreto que consideraba a los trabajadores de la banca como empleados de confianza, sin los derechos, siquiera que tenían los trabajadores del Estado a partir de 1934.
Durante más de treinta años permaneció esta situación, hasta que se integró la Comisión Nacional Organizadora, a través de la cual los trabajadores bancarios combatieron por mejores condiciones de trabajo.
Ante esta situación el gobierno del licenciado Echeverría otorgó mejoras de carácter económico, pero manteniendo la vigencia del decreto que impedía la sindicalización de los trabajadores de la banca privada.
Frente al combate de los trabajadores, sin ningún derecho, los banqueros, a través de la Comisión Nacional Bancaria, persiguieron a los dirigentes más visibles que encabezaban la Comisión Nacional Organizadora, y fueron corridos de su trabajo, lo que los obligó a realizar una lucha en la clandestinidad, en condiciones muy adversas.
Es necesario recordar que el PPS y el Congreso del Trabajo, en la L y LI legislaturas, respectivamente, presentaron sendas iniciativas para derogar el decreto que impedía la organización de los trabajadores bancarios para que tuvieran acceso a la protección laborales que establecen las disposiciones respectivas.
El dictamen a discusión, en la parte conducente, sin ninguna referencia más, sostiene que: "por la proposición que contiene la iniciativa del Ejecutivo Federal de adicionar el Artículo 123 de la Constitución General de la República, en su apartado B, los trabajadores obtendrán el reconocimiento de sus derechos". Pero no abunda sobre la conveniencia o no de ubicar a los trabajadores en el apartado B del citado artículo.
El Partido Popular Socialista sostiene que al legislar en materia constitucional se deben tener en cuenta dos aspectos fundamentales:
Primero, la rica tradición histórica que en esta materia nos ha legado el pueblo mexicano, a través de los combates y los debates sostenidos desde el inicio de la Revolución de Independencia.
Segundo, las transformaciones, los cambios que ha experimentado la realidad en que vivimos, que como parte de la naturaleza se transforma permanentemente.
En este aspecto afirmamos que lo que ayer y aquí fue válido, por los cambios deja de serlo. Así ha sido siempre y así será.
Todos sabemos, porque es casi un lugar común decirlo, aunque haya quienes se aferran al pasado, que el derecho es un producto de la sociedad y que, como resultado de la vida social, cambia con ésta, y cuando el derecho se divorcia de la sociedad, cuando se separa de ella, pierde efectividad aun cuando conserve formalmente su vigencia.
El derecho, insistimos, es parte de la superestructura social, aunque al aplicarse influye en la propia estructura social. Por lo tanto, el derecho debe cambiar para no trabar el desarrollo de la sociedad.
En México, como en otras partes del mundo, la fuente directa del derecho ha sido la Revolución.
A la Revolución de Independencia correspondió la Constitución de 1824; a la Revolución de Ayutla, la Constitución de 1857 y la expresión jurídica de la Revolución de 1910 fue, sin duda, la Constitución de 1917, que se nutrió, además, de las conquistas legales que el pueblo mexicano había obtenido desde el inicio de su Revolución para liberarse del yugo español.
La Carta Magna que nos rige es un resumen constitucional, si la expresión vale, de las luchas del pueblo mexicano. No contiene una sola disposición que no tenga una profunda justificación histórica. No hay un mandato o una prohibición que no responda a la dramática historia del pueblo mexicano.
La decisión revolucionaria del Constituyente de 1916-1917 de incluir en el texto de la Constitución las garantías sociales provocó la ira de la reacción, que hoy todavía terca e infructuosamente las combate; pero ocasionó, también, el susto de los teóricos del derecho constitucional, alarmados porque la inclusión de los derechos sociales rompía con los moldes clásicos de la Constitución.
Algunos de esos teóricos que ofrecen sus servicios como el comerciante sus productos al mejor postor cada vez que se dan pasos trascendentales en la Constitución, a favor del pueblo, ponen el grito en el cielo y se desgarran las vestiduras, y con argumentos rebuscados tratan de anular la esencia de sus disposiciones.
El Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, junto con el 27 y el 3o., forma parte de las garantías sociales. El 123, que se refiere al tema que nos ocupa, fue, sin ninguna duda, una de las más firmes conquistas de la Revolución Mexicana, pero tenemos que conocer su trayectoria y el desarrollo de la clase obrera para no legislar de memoria.
Hasta antes de 1917 las relaciones entre los obreros y los patrones se regían por el derecho privado. Precisamente una de las críticas que se hicieron originalmente al artículo 123, por parte de los teóricos, fue que en la Constitución sólo debían establecerse principios de derecho público y no de derecho privado, porque seguían pensando esos teóricos que las relaciones laborales deberían regirse por el Código Civil.
Recuérdese que las normas de derecho privado consideraban la huelga como un delito y la relación laboral como un contrato, producto de la voluntad de las partes, pues se asimilaba al contrato de arrendamiento; no se reconocía el derecho de asociación a los
trabajadores; no gozaban éstos de ningún derecho ni protección.
El Artículo 123 constitucional cambió radicalmente esta situación.
Al elevar a rango constitucional los derechos de los trabajadores, las normas laborales se convirtieron en disposiciones de derecho público; se abandonó el criterio de la igualdad entre el trabajador y el patrón y se aceptó el derecho de los obreros para asociarse, presionar y defenderse.
El Artículo 123 constitucional, por su contenido, se convirtió en una disposición protectora de la clase trabajadora, obligando al Estado a intervenir en favor de los obreros.
Sin dejar de reconocer la existencia del capital como otro elemento que concurre a la producción, el Artículo 123 aceptó la existencia de la lucha de clases como un aspecto de la realidad.
La aplicación del Artículo 123 tuvo consecuencias que hasta hoy pocos han comprendido en su verdadera trascendencia. En la economía nacional, junto a la aplicación de la reforma agraria, facilitó la formación del mercado interno y el aumento de las fuerzas productivas; en el campo y en la industria promovió la unidad de los obreros dándoles conciencia de clase, y a su vez la aparición y desarrollo de esta conciencia hizo posible el surgimiento de los partidos de la clase obrera; provocó el desarrollo de la vida sindical.
Vicente Lombardo Toledano, lúcido combatiente de la clase obrera, expresó en 1967: "Si de algún modo se puede resumir la significación del Artículo 123 en el desarrollo progresivo de México, yo diría que gracias a sus principios y normas fue posible saltar de la etapa de las organizaciones mutualistas, a las agrupaciones de clase. De éstas, como organismos de frente único para la defensa de los intereses económicos de los trabajadores, a los partidos de clase, y de éstos a la perspectiva clara que tiene ya la clase obrera de promover nuevos cambios en la estructura económica y en el régimen democrático de México".
La unidad de la clase obrera, como consecuencia de la aplicación del Artículo 123, hizo posible, en la vida sindical, la organización de los trabajadores del Estado, considerando a ésta como patrón.
La tesis según la cual los empleados del gobierno eran considerados obreros, como los demás trabajadores que viven de un salario, y que el Estado era, en consecuencia, patrón, parecía antijurídica, pero el paso del tiempo le otorgó la razón.
Fue la clase obrera la que mantuvo, de una manera firme, la exigencia para que se protegiera a los trabajadores del Estado, y fue también la clase obrera la que organizó los primeros sindicatos de trabajadores del poder público; los trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y de la Secretaría de Obras Públicas.
Se organizó el Sindicato de Trabajadores de la Educación como fruto del esfuerzo de la clase obrera.
El Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, del 5 de diciembre de 1938, también fue resultado de la lucha de la clase obrera, y con él, por primera vez, se reconocieron derechos de los trabajadores del Estado, que habían vivido en la inseguridad, en la zozobra y sin protección alguna.
El Estatuto Jurídico de los trabajadores al Servicio del Estado significó una conquista importante de los trabajadores. No fue una medida reaccionaria, como algunos la calificaron; fue un logro importante de la clase obrera.
Antes de la expedición del Estatuto Jurídico de los servidores públicos podían ser despedidos en cualquier momento y en cualquier circunstancia por el mero capricho de los funcionarios; un cambio de autoridades significaba, en la práctica, la pérdida del trabajo para los empleados del gobierno; no tenían protección social.
La Ley Federal del Trabajo no consideró dentro de sus disposiciones a los trabajadores del Estado, dejando su regulación a una ley posterior, que se denominó Ley del Servicio Civil, de abril de 1934, antecedente inmediato del Estatuto.
La Suprema Corte de Justicia, como lo recuerda Gabino Fraga, "declaró en varias ocasiones que los empleados públicos no estaban ligados con el Estado por un contrato de trabajo y que, por lo tanto, no gozaban de las prerrogativas que para los trabajadores consignó el Artículo 123 de la Constitución."
El Establecimiento del Estatuto Jurídico provocó un debate a fondo entre las fuerzas que históricamente se han enfrentado en México. Como se señaló en el debate del Senado en diciembre de 1959, cuando se discutió la proposición de Adolfo López Mateos para adicionar el Artículo 123 con el apartado B, el Estatuto provocó agresiones contra los trabajadores del Estado y contra el movimiento obrero, que le dio origen. Se dijo que era un engendro legal desquiciante, peligroso, absurdo y anárquico.
La corriente reaccionaria, como se recordó en esa misma sesión, predijo un dilema: "o su derogación inmediata, o el caos para la vida de la República".
Los reaccionarios fallaron una vez más y se consolidaron las conquistas laborales de los trabajadores al servicio del Estado, adquiriendo éste el carácter de patrón.
Sin embargo, es necesario recordarlo, en esa sesión, en que se discutía elevar a rango
constitucional los derechos de los trabajadores del Estado, prevaleció la idea de que existía una diferencia básica entre el trabajador al servicio del Estado y el trabajador al servicio de una empresa privada, diferencia que hasta hoy ha prevalecido y se mantiene tanto en el Artículo 123, con sus dos apartados, como en las respectivas leyes reglamentarias: la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A, y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de diciembre de 1963, reglamentaria del apartado B del propio artículo.
Sin embargo nadie puede negar que el hecho de elevar a rango constitucional los derechos de los trabajadores del Estado, en el apartado B, fue una victoria, porque sus logros adquirieron el carácter de irreversibles.
Hay circunstancias que se dan en la realidad que nos deben inducir a la reflexión, para examinar si es conveniente que existan dos categorías de trabajadores: unos que se rigen por el apartado A y otros que se rigen por el apartado B del Artículo 123 constitucional.
A juicio del Partido Popular Socialista el apartado B del Artículo tantas veces citado ha cumplido su función histórica. Hoy existe plena conciencia del papel que el Estado desempeña como patrón. Nadie se atrevería a negar lo que la realidad demuestra.
El sector estatal de la economía se ha desarrollado de manera que la mitad de los trabajadores de México se rigen por el apartado B y la otra mitad por el apartado A.
Ha llegado el momento de establecer un solo tipo de principios y normas para aplicarse a los trabajadores, sin distinción y volviendo al espíritu y al mandato del Constituyente que entendió que la palabra obrero, en el texto de la Constitución, no se refiere únicamente a los trabajadores manuales, sino que, con mayor extensión, se aplica a otra persona que preste a otra un servicio, material e intelectual, en virtud de un contrato de trabajo, como lo interpretó fielmente la Cámara de Senadores, en 1938.
El Partido Popular Socialista presentará a vuestra soberanía, en breve tiempo, una iniciativa de ley para establecer principios y normas únicas en el Artículo 123 constitucional, desapareciendo la distinción que hasta hoy se mantiene.
Señoras y señores diputados, por las consideraciones invocadas, de tipo histórico, de carácter constitucional y porque la realidad ha cambiado, el Partido Popular Socialista sostiene que la relación entre el Banco de México y sus trabajadores debe regirse por el apartado A del Artículo 123 de la Constitución General de la República, y no por el apartado B, como lo propone el dictamen, porque si esta decisión se mantiene conservarán los trabajadores de la banca nacionalizada una situación incompleta en el goce de sus derechos laborales.
Además, debe considerarse que si el Banco de México se va a constituir en un organismo descentralizado del gobierno federal, con mayor razón se justifica la ubicación de los trabajadores bancarios en el apartado A del Artículo 123 constitucional. Ahí tenemos el ejemplo de varias empresas descentralizadas, cuyos trabajadores se rigen por el apartado A, tal es el caso de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y los de PEMEX, para citar sólo dos empresas de las más importantes del país.
El PPS sostiene que la ubicación de los trabajadores bancarios en el apartado A les dará la unidad que requieren, para combatir con éxito, ante asechanzas que sufren de sus permanentes enemigos, que hoy como ayer luchan contra la unidad y el mejoramiento de los trabajadores de la banca. Son ellos, los exbanqueros, los que están interviniendo abiertamente para impedir la total unidad de los trabajadores de la banca nacionalizada.
Consideramos que los trabajadores de la banca nacionalizada requieren de un solo organismo sindical, que les dé unidad, fuerza y vigor para salir de la situación en que los ubicaron los agiotistas que detentaban la banca y que requieren, por tanto, la solidaridad combativa de la clase obrera. Varias organizaciones sindicales sólo conducirán a la debilidad y a la división de los trabajadores de la banca nacionalizada.
Su fortaleza y unidad son la única garantía del éxito de sus luchas, y nosotros tenemos, como representantes del pueblo, que empeñarnos en que así sea, como debemos empeñarnos en la unidad de la clase obrera como un instrumento valioso para que México preserve su independencia política y acreciente su independencia económica; para que el pueblo mexicano mejore su vida material y cultural y para que, más temprano que tarde, arribemos a un régimen superior de la vida social, plenamente humano.
Señores diputados; señoras, en el curso de este largo debate el PAN y el PDM han manejado algunos argumentos que yo quisiera sintetizar de la siguiente manera: 1o. La nacionalización de la banca es una medida socializante. 2o. El Estado es un pésimo administrador. 3o. El Gobierno mexicano es corrupto y sus miembros se han enriquecido con los dineros del pueblo. 4o. La fuga del capital privado es una consecuencia, no una causa, de los problemas financieros de México. 5o. López Portillo nacionalizó la banca con el deseo de pasar a la historia y otros más del mismo tipo.
Quiero, para que esta Asamblea se forme un criterio, dar lectura a una carta que un grupo de parlamentarios norteamericanos le enviaron al Presidente de esa nación, para que los diputados de la corriente democrática, los
diputados de la corriente progresista, vean cómo hay una plena coincidencia entre estos argumentos que yo les he señalado y los argumentos que se señalan en esta carta. Dice así el texto de la carta:
"Honorable Ronald Reagan;
Presidente.
La Casa Blanca
Washington, D. C.
Querido señor Presidente:
Desde 1976, miembros del Congreso hemos acudido algunas veces a la carta abierta con el fin de llamar la atención sobre la forma en que se está deteriorando la situación en América Latina. El establishment de la política exterior casi siempre ha preferido ignorar, o aun ocultar esas condiciones que ahora han acusado una seria desestabilización en México.
Durante las dos administraciones pasadas en México, bajo los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo, ha habido una tendencia socialista continuada que implica la nacionalización de grandes negocios por parte del gobierno. Por lo tanto, la nacionalización de los bancos privados no debió haber sido una gran sorpresa, y la expropiación de todas las cuentas en dólares que tenían mexicanos y extranjeros en esos bancos, simplemente se fija dentro de ese mismo patrón.
La tendencia socialista en México se ha manifestado en el constante crecimiento, en tamaño y en número, de las empresas manejadas por el gobierno que son constantes perdedoras de dinero. Son esas que principalmente agregan a la nación problemas económicos más que resolverlos, como seguramente lo saben las instituciones financieras internacionales.
México se tambalea bajo el peso de una deuda externa que por 80 mil millones de dólares ha sido contratada casi enteramente durante las dos pasadas administraciones. Durante este mismo período, el país ha recibido cerca de 70 mil millones de dólares por sus exportaciones de petróleo y otros productos. Puesto que los ingresos internos cubren los gastos normales, esto debería significar que virtualmente todo este ingreso de cerca de 150 mil millones de dólares ha estado disponible para el desarrollo económico.
Puesto que no hay evidencia de que los 150 mil millones se hayan destinado a gastos para el desarrollo de México, ¿se ha desvanecido el dinero? Está quizá en los bolsillos y cajas de seguridad de los políticos en el poder.
Si el influjo de tal cantidad de dinero produjo casi una bancarrota, seguramente que uno puede preguntarse si el proporcionar otros cuantos miles de millones a quien ha sido escogido como sucesor de la administración, sin una correcta supervisión para vigilar que sean correctamente invertidos, pudiera solucionar el problema.
Las políticas de las dos administraciones que se han sucedido en México, han llevado una repetida devaluación del peso. Esto significa que se ha repetido la destrucción del valor de los ahorros de la luchadora clase media mexicana. La fuga del capital privado es una consecuencia, no una causa, de los problemas financieros de México, sin tomar en consideración las demagógicas declaraciones del Presidente López Portillo.
Este, no sólo ha tratado de acusar a otros, incluyendo a los Estados Unidos, por el hecho de que los mexicanos han tratado de salvar sus ahorros convirtiendo sus pesos en dólares, sino que espera que su partido cree para él una imagen heroica. Pero ese triunfo de propaganda seguramente no restaurará la confianza de una ciudadanía saqueada que ha visto los ahorros de toda su vida convertirse en papel sin valor.
Es más, la inseguridad y la inestabilidad han llevado, por primera vez en la época actual, a abrir la discusión sobre la posibilidad de una revolución en México, y no hay duda de que México se ha convertido en un más fácil y más atractivo objetivo del comunismo internacional, que en cualquier momento de los pasados cuarenta años.
La rebelión estudiantil dirigida por los comunistas en la ciudad de México en 1968, una bien documentada operación de la KGB soviética, fue suprimida por el presidente Gustavo Díaz Ordáz, sin embargo, muchos de los líderes de la rebelión, que fueron manipulados por la KGB, se han convertido en funcionarios del gobierno mexicano. Los nombres de esos funcionarios son bien conocidos por el pueblo de México. Además, los comunistas y otros partidos ultraizquierdistas, han sido alentados por la reciente "Reforma Política" del presidente López Portillo y, además cientos de miles de terroristas y marxistas procedentes de América Latina y de otros lugares, han sido admitidos en México.
Cualquier amenaza de golpe en México, viene, obviamente, de la extrema izquierda. Nosotros no podemos estar a un lado ni ante la amenaza dirigida de un golpe comunista ni ante el hecho de una transformación estilo Allende impuesta por el gobierno mexicano mismo. Fue el mismo presidente de Chile, Salvador Allende, quién alardeó su "auto golpe" contra Chile desde su posición de control del gobierno.
El Presidente López Portillo alardea de haber contribuido con cientos de millones de dólares para ayudar a Nicaragua comunista y su gobierno rehusa responder, cuando se le pregunta si México ha proporcionado a los sandinistas abastecimiento de petróleo gratis durante los últimos dos años.
Por buenas razones, ningún americano desea especular sobre las masivas y terribles
consecuencias de un golpe comunista en México. Todos los problemas anteriores serían insignificantes en comparación con éste.
Con todo, la creciente inestabilidad de México es un hecho y los comunistas son maestros profesionales en derribar gobiernos.
Nosotros, los abajo firmantes, no creemos que nuestro gobierno debe permanecer pasivo. Más bien, debemos tomar las acciones apropiadas para asegurar que un nuevo gobierno mexicano encabezado por el presidente electo Miguel de la Madrid Hurtado, no continúe (o llegue a completar) el programa llevado a cabo por las dos administraciones anteriores. Ese programa es, sin duda, desastroso para México, y potencialmente también para ambos, México y los Estados Unidos. Un México en caos o un México bajo el comunismo presentaría problemas extremadamente difícil es para los Estados Unidos. Nosotros estamos dentro de nuestro derecho al intentar prevenirnos de esa desastrosa situación. Esa es una de las cosas que ningún gobierno puede permitir que paguen sus ciudadanos.
Sinceramente
Firma Larry P. McDonald y otros 34 miembros de la casa de representantes.
Sabemos que Larry McDonald es un furibundo y antidiluviano comunista, el PPS creyó conveniente leer en esta sesión este documento para que conste en el Diario de los Debates la coincidencia tan grande entre los argumentos que aquí se manejan y los argumentos de la derecha, representada por el Partido Acción Nacional y el Partido Demócrata Mexicano. Muchas gracias. (Aplausos.)"
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Luis René Martínez Souverville, en pro.
El C. Luis René Martínez Souverville: Señor Presidente; señores diputados: La nacionalización de la banca obviamente es un hecho generador de coincidencias, pero también de divergencias, mismas que se desenvuelven en el contexto general que enmarca la reforma política, que se transforma en cauce de opiniones e instrumento de orientación.
La reforma política, producto de la inquietud democrática de José López Portillo, es, sin duda alguna, expresión de un México más nacionalista, más democrático y canal de opinión, tanto de la mayoría como de las minorías. En su contexto general la reforma política es garantía de la solidez de las instituciones de la República; en lo particular es usada para fines partidistas como instrumento de expresión, de tesis y de doctrinas.
La historia nos muestra que la pluralidad de ideas es esencia y característica del pueblo mexicano pero que para resolver nuestros problemas tenemos que actuar unidos. En este momento tenemos problemas y peligros del exterior y del interior y si queremos superar la actual crisis debemos trabajar con fe y entusiasmo y juntos aunar esfuerzos por una patria más justa y democrática.
Nuestra Constitución contempla en su articulado un capítulo referido a los derechos individuales como conquista de una lucha constante y perenne del pueblo mexicano. Debemos fortalecer, respetar y hacer respetar esos derechos individuales. Con estricto apego a la ley mantener, preservar y acrecentar la dignidad y respeto al hombre, ser ontológico de nuestra evolución social. Sin embargo, nuestra Constitución de 1917 fue la primera en el mundo en consagrar derechos sociales, mismos cuya existencia no podemos ignorar, pues son el resultado de la evolución de los pueblos, de sus luchas por enmarcar la preminencia del interés social sobre el interés particular.
Los derechos sociales consagrados en nuestro documento básico son producto de la adecuación de las exigencias del pueblo en un mundo que fuera sólo patrimonio de las personalidades y del interés siempre particular y egoísta. El gobierno tendrá siempre el compromiso insoslayable de tutelar esos derechos sociales, celoso vigilante de que sean respetados y rector de la actividad de una gran sociedad para adecuar y ubicar los derechos, tanto del hombre como de la sociedad a la cual éste pertenece.
Obviamente en materia económica la participación del Estado debe ser constante y permanente para atender que, dentro del progreso que se obtenga, los intereses prioritarios de la sociedad tiendan a una justicia social que permitan el desarrollo justo y equilibrado de sus miembros. El estado debe fortalecer los intereses sociales, que son los intereses del pueblo como factores de supervivencia y equilibrio social.
En ese conflicto de intereses, los integrantes de la LII Legislatura, como constituyente, tenemos el compromiso y una responsabilidad histórica a la cual responder; velar por los intereses del pueblo, otorgar estabilidad, generar confianza y mantener la seguridad jurídica .
Referido lo anterior a la nacionalización de la banca, esta Legislatura, como constituyente, debe orientar sus actos legislativos para proteger al usuario del sistema bancario y de crédito que es el pueblo ahorrador en general; debemos evitar vaivenes políticos e impedir situaciones que impidan el cometido social que entraña la nacionalización de la banca; necesitamos estar atentos los integrantes de esta Legislatura a los propósitos de los diferentes partidos de minoría que persiguen, cada cual con su interés y con una estrategia definida
respecto de estas modificaciones constitucionales; los gobiernos revolucionarios deben estar atentos a no tutelar intereses perjudiciales a los intereses de las mayorías; nuestro compromiso radica en los intereses de la mayoría, principalmente de aquellos económicamente desvalidos. Nunca como una actitud populista porque caeríamos en un error, sino como un compromiso real y de conciencia.
Son, por tanto, razones de interés social, de interés público, las que orientan el contenido de la iniciativa del Ejecutivo Federal para decretar la nacionalización de la banca, y así también, por las mismas razones, la solicitud de encuadramiento de las relaciones laborales de los empleados bancarios en el apartado B del Artículo 123 constitucional, encuadramiento que las circunstancias actuales del país y la actitud asumida por los ex banqueros así aconseja. Encuadramiento que, por lo demás, no es innovación, no es novedad, es requerimiento de las mismas circunstancias que se dieron en otros países como en México a soluciones similares.
En numerosos países del mundo capitalista que tienen el sistema bancario nacionalizado se sigue el criterio de un apartado especial para las empresas que prestan servicios de carácter público, encuadrando en esta clasificación a los trabajadores de su banca estatal. En los países socialistas, cuya banca es del Estado, también, aunque por causas diferentes, los trabajadores bancarios siguen un tratamiento de servicio a un interés superior.
El servicio de la banca nacionalizada debe considerarse como de interés público, cuyo funcionamiento tiene que ser permanente y constante en respuesta a la confianza que el mismo pueblo ahorrador le dispensa.
México, ante crisis como la que estamos viviendo, ve con optimismo el futuro por contar, como siempre, con el apoyo de mexicanos calificados como es el movimiento obrero organizado, cuyo concurso es necesario e indispensable en estos momentos, y cuya actitud patriota debe servir de ejemplo a los representantes del capital.
Por otra parte, nos congratulamos de que un grupo considerablemente numeroso de trabajadores, los empleados bancarios, logren un anhelo largamente acariciado: el derecho a poder sindicalizarse, autodefenderse, y por qué no decirlo, sacudirse el régimen vejatorio al que estaban sujetos con los banqueros privados.
El Partido Revolucionario Institucional, peleador inveterado por la justicia social y la redistribución de la riqueza, le responde al pueblo mayoritario con la nacionalización de la banca, y a los trabajadores con la incorporación de un muy importante núcleo hasta ahora marginado al movimiento sindical.
El partido de las mayorías, el PRI, está consciente de la realidad que se vive; está vigilante y atento de la aparente defensa de los intereses generales que dicen hacer algunos de los partidos de minoría cuando su objetivo real es querer o al menos tener la posibilidad de generar problemas.
El PRI tiene abiertas sus puertas a las opiniones del pueblo, aquellas que quieran construir, pero está presto a cerrar las vías a aquellos cuyo propósito es fortalecer su interés particular en detrimento de los objetivos nacionales.
Vivimos en un país de opciones y de libertades. Conocemos la responsabilidad histórica que el Partido Revolucionario Institucional tiene y las consecuencias de sus actos en la vida nacional. Entiéndase esto como el propósito firme y decidido de responder al compromiso que se tiene con las grandes mayorías y por cuya defensa no exigirá límite en tiempo, esfuerzo y entrega. Muchas gracias."
El C. Presidente: Tiene la palabra, para hablar en contra, el C. diputado Antonio Gershenson.
El C. diputado Antonio Gershenson: Ciudadano Presidente; compañeros diputados...
En medio del júbilo que había despertado entre los trabajadores de la industria petrolera la nacionalización de la misma en 1938, había sólo una reserva: el peligro de que se perdiera al menos una parte de los derechos conquistados con años de lucha contra las compañías extranjeras, debido a que los trabajadores al servicio del Estado tenían sus derechos mucho más limitados que los trabajadores industriales en general.
El gobierno de Cárdenas, sin embargo, sabía que el apoyo obrero era indispensable para sostener y consolidar la nacionalización petrolera y que ello no se lograría pasando por encima de sus derechos. Por lo tanto, no se restringiría a los petroleros a la legislación que se estaba aplicando a los trabajadores al servicio del Estado. Se encontró la fórmula adecuada, los petroleros, lo mismo que los ferrocarrileros, serían trabajadores de organismos públicos descentralizados del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, regidos, por lo tanto, por la Ley Federal del Trabajo y sin restricción a sus derechos, en comparación con la situación del conjunto de los trabajadores.
Ahora vivimos el proceso de la nacionalización de la banca frente a los intentos de banqueros expropiados de frenar el proceso, de echarlo hacia atrás y recobrar su antigua posición de privilegio; en el interior del sistema bancario sólo hay una fuerza capaz de operar al sistema, impedir que sea afectado o
saboteado, evitar que deliberadamente se dañe su funcionamiento y su imagen para desprestigiar la medida nacionalizadora.
Esta fuerza son los trabajadores bancarios. De ahí el acierto que representa el unir a la nacionalización el anuncio de que los trabajadores bancarios podrán sindicalizarse y de la próxima derogación del reglamento que lo prohibía, por encima de toda legalidad, anuncios aquí mismo el primero de septiembre.
Ahora, sin embargo, podemos ver una serie de limitaciones a los derechos sindicales y laborales de los trabajadores bancarios; por un lado, se les quiere confinar en el apartado B y su ley reglamentaria, que rige la relación laboral entre los poderes de la Federación y del Distrito Federal y sus trabajadores. Y por otro lado, con la intervención de los funcionarios de los bancos en la organización de sindicatos, con intención evidente de controlarlos desde arriba.
Quiero aquí señalar que lo relativo al apartado B, en mi caso particular no tengo que hablar de oídas, porque formo parte del contingente de trabajadores nucleares del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, y nos a tocado probar de las dos sopas.
En 1965, cuando nuestra primera organización sindical se formó, se le negó registro en el apartado A, y sólo se le dio registro en el apartado B.
En 1973 solicitamos y obtuvimos el ingreso al SUTERM, y en 1974 logramos el reconocimiento como trabajadores del apartado A, con plenitud de derecho. Sin embargo, en 1976, a raíz de una serie de agresiones, fuimos mandados castigados al apartado B, y hasta que se promulgó la Ley Nuclear, en enero de 1979, recuperamos nuestra plenitud de derechos en apartado A. Con todas estas aprobadas, nadie nos va poder decir qué derechos hay y cuales no en uno y otro apartado.
Pero además esta experiencia nos muestra que no hay principios sagrados e inmutables que dicen que a esos trabajadores les toca el apartado B, y a estos trabajadores les toca el apartado A; esta y otras experiencias nos muestran que la realidad es que el que puede salir del B al A lo hace, y el que no puede lo refunden en el B. Desde antes de que esto se llamara apartado A y apartado B, desde que la diferencia estaba en el nivel de las leyes y no en el nivel de la Constitución, por ejemplo, precisamente cuando estábamos en el SUTERM, nos narraba el entonces secretario general Francisco Pérez Ríos, la experiencia de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que lograron en 1948 superar la legislación de entonces de trabajadores del Estado y pasar a ser regidos por la Ley Federal del Trabajo.
Quisiera yo empezar por enumerar una serie de limitaciones que el apartado B y su ley reglamentaria incluyen en contra de los derechos básicos elementales de los trabajadores sujetos a esta legislación y quisiera que todos tomáramos en cuenta, para el momento de votar, a favor de qué y en contra de qué vamos a votar; si vamos a votar por quitar todos estos derechos a más de cien mil trabajadores bancarios, que es cierto que ahora los tienen todavía más restringidos, pero también es cierto que hay un ofrecimiento que aquí oímos el 1o. de septiembre de que esos derechos serán plenamente recuperados .
Voy a poner solamente algunos ejemplos de lo principal, porque si no nos quedamos aquí toda la noche.
En lo que se refiere a la definición de empleados de confianza, la Ley Federal del Trabajo establece un criterio general de quiénes son los empleados de confianza. En cambio la ley reglamentaria del apartado B establece largas listas que además son ampliables en una serie de otras leyes.
Sobre esta base, cuando a los trabajadores nucleares nos mandaron al apartado B en 1976, de los 1 300 sindicalizados que habíamos en ese momento 500 quedamos fuera inicialmente del proceso de sindicalización, porque según esto podíamos quedar como de confianza.
y en estas listas interminables, para poner sólo un ejemplo, están todos los jefes de departamento y de oficina del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, y esto en la ley reglamentaria del apartado B, para no hablar de todas las otras que luego se le han venido agregando. Y los trabajadores de confianza no son sujetos ni siquiera de los derechos más elementales de la propia Ley de Trabajadores al Servicio del Estado.
En cuanto a derechos de asociación sindical voy a mencionar dos ejemplos: el Artículo 79, fracción V, prohibe la afiliación de las organizaciones sindicales del apartado B a organizaciones o centrales obreras o campesinas. Aquí empezamos a ver un ingrediente que vamos a seguir viendo: esta legislación es de tal manera obsoleta que en muchos casos ni siquiera se está aplicando, porque el hecho es que, como se ha mencionado, como cualquiera sabe, la Federación Sindical de Trabajadores al Servicio del Estado del apartado B es parte del Congreso del Trabajo, que cualquiera sabe que es una organización obrera.
Otro caso es que el Artículo 67 señala que un sindicato sólo puede afiliar a trabajadores de una misma dependencia, a diferencia de la Ley Federal del Trabajo, que permite varias opciones, incluida la de sindicatos por rama de actividades económicas o rama industrial; el Presidente, en su informe, habló de
que por fin se lograría realizar el viejo anhelo del sindicato bancario. Si aprobamos que los bancarios queden en el apartado B no habrá realización de ese viejo anhelo del sindicato bancario, sino una multitud de pequeños sindicatos. Uno en cada banco. Incluso, en el sistema Banrural, está planteado un esquema de 13 sindicatos, porque son bancos regionales, más los fideicomisos de Banrural, que serían aparte. Eso es a lo que se refiere a derecho de asociación.
En lo que se refiere al derecho de contratación colectiva, ni siquiera está previsto en la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, que sólo prevé condiciones generales de trabajo, pero a diferencia del contrato colectivo de trabajo, que es firmado por las dos partes, trabajadores y empresa, a solicitud del sindicato, aquí las condiciones generales de trabajo, según el artículo 87, se fijarán por el titular de la dependencia respectiva, con la única condición de tomar en cuenta la opinión del sindicato correspondiente. Y la revisión que en el contrato colectivo, en el apartado A, es cada dos años, el salario cada año, la revisión de las condiciones generales de trabajo son sólo cada tres años. Estos son sólo algunos ejemplos.
Pero además aquí también vemos obsolescencias, porque hay toda una serie de casos, que por encima de estas limitaciones existe una relación laboral bilateral en sindicatos del apartado B, con sus respectivos titulares: y podría yo mencionar algunos ejemplos, el propio de los trabajadores nucleares: la segunda vez que estuvimos en el apartado B, el caso del Sindicato de la Secretaría de Pesca y de las delegaciones del CENTE, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por citar algunos ejemplos.
En lo que se refiere al derecho de huelga, ahí no son simplemente restricciones, podemos hablar de una verdadera anulación total del derecho. En primer lugar, vamos a ver las causales, a diferencia de las causas de la Ley Federal del Trabajo, que son bastante amplias; en el caso de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado se establece sólo una causa, en el Artículo 94 dice: Los trabajadores podrán hacer uso del derecho de huelga, respecto de una o varias dependencias de los poderes públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que consagra el apartado B del Artículo 123 constitucional. Es la única causal prevista. Yo nada más quiero hacer notar una cosa, de que para que se violen de manera general y sistemática los derechos mencionados se tiene que violar también, para que sea general, el derecho de huelga, entonces no hay nunca derecho de huelga, porque es requisito que se viole el derecho de huelga para que pueda haber derecho de huelga. Esto en lo que se refiere a causas, y eso por sí solo lo anula; pero no, no es todo. Se establece que la huelga debe, en caso de estallar, limitarse a la mera suspensión del trabajo -esto en el Artículo. 96-, y en el 97 se dice que "...los actos de coacción o de violencia física o moral sobre las personas o de fuerza sobre las cosas cometidos por los huelguistas tendrán como consecuencia, respecto de los responsables, la pérdida de su calidad de trabajador. Si no constituyen otro delito, cuya pena sea mayor, se sancionarán con prisión hasta de dos años y multa hasta de 10 mil pesos, más la reparación del daño". Aquí se revuelven actos graves con actos leves y se equiparan. Entonces no sólo se sancionan actos de violencia, sino de coacción y ésta no tiene que ser sólo física, sino también moral; en el mismo plano se están equiparando. Entonces, con coacción moral y podemos interpretar como coacción moral desde poner una bandera rojinegra, porque eso se puede entender como coacción moral para que se suspendan las labores. Con esto ya, aparte del despido, está la cárcel, la multa y la reparación de cualquier posible daño.
El resultado lo veremos también si vemos que en el procedimiento también las cosas son al revés que en el apartado A y su ley reglamentaria. En la Ley Federal del Trabajo estalla la huelga y después se juzga, en caso de que la empresa así lo reclame, sobre si hay validez legal. Aquí es al revés. Se emplaza a huelga, primero decide el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje si la huelga se vale o no se vale, y después si les dicen que sí, pueden estallarla después de un tiempo y cumpliendo todos los requisitos mencionados; si no, pues no.
En la práctica no existe un solo caso de huelga estallada legalmente en toda la historia bajo estas circunstancias. En cambio -y en esto también hay que ver la obsolescencia de esto- hemos presenciado muy numerosos paros de labores al margen de esta situación. Total, si los maestros suspenden labores o los trabajadores de la Salubridad, para citar sólo algunos ejemplos, que habría muchísimos más que mencionar de suspensiones de labores sin emplazamiento y sin nada, si simplemente suspenden las labores, al margen e ignorando toda legislación, lo más que les hacen es correrlos, y en cambio aquí pueden ir a dar a la cárcel; si hacen las cosas conforme a la ley y sale mal cualquier cosa, a la cárcel; entonces mejor ni se meten. Y esto ya empieza a ocurrir con los bancarios, como sucedió los días 23 y 24 de septiembre en Reynosa, en que a raíz del despido de un trabajador como represalia por su participación en la organización de un sindicato, a raíz de este despido, suspendieron sus labores durante estos dos días los trabajadores de las cuatro sucursales que hay en Reynosa,
de Banca Confía, lo cual nos está mostrando que esta legislación, de tal manera represiva y restrictiva, ni siquiera garantiza la tranquilidad que se insinúa un poco en las exposiciones de motivos, como justificación, como tampoco asegura tranquilidad en Nicaragua cuando Somoza a ahora en Guatemala o en El Salvador, una línea extremadamente restrictiva y represiva, no está asegurando ninguna tranquilidad.
Y, finalmente quiero mencionar también una experiencia propia de los trabajadores nucleares: cuando estuvimos la segunda vez en el apartado B tuvimos que recurrir a la suspensión de labores, de hecho, por la situación tan grave a la que se había llegado; en los cuatro años que llevamos desde la recuperación del apartado A, sí es cierto, hemos emplazado varias veces a huelga por diferentes causales establecidas en la ley, pero el hecho es que no hemos tenido necesidad de llegar a estallar ninguna de estas huelgas emplazadas. Claro, esto de ninguna manera lo hago con un ánimo de que se pudiera generalizar, sino al contrario, como una muestra de que lo contrario no es generalizable y de que no podemos pensar que apartado B significa que va a haber una buena relación laboral y apartado A significa que va haber huelgas, porque puede suceder perfectamente todo lo contrario.
En términos generales vemos que la Ley Reglamentaria y el apartado B no sólo son injustos, no sólo son restrictivos, sino que resultan inoperantes, y cada vez se les infla más, se les infla metiendo ahí a quien se deje.
De haber sido el apartado B previsto para los trabajadores de los poderes de la Federación y del gobierno del Distrito Federal. Se le empiezan a meter organismos públicos descentralizados, luego se mete ahí a los trabajadores de RAMSA, luego Ruta 100, y ahora los bancarios, y aquí hay que señalar, por algunas cosas que se mencionaron en la discusión en lo general, que no se puede dar así como argumento que los trabajadores bancarios acepten el apartado B. En primer lugar por que no es cierto, y por ejemplo hay un desplegado publicado en el periódico Excélsior el 24 de septiembre pasado, firmado por 13 sindicatos, por sus secretarios generales, claro, estos sindicatos no tienen todavía registro, como no lo tiene ningún sindicato bancario hasta el momento, a donde señalan lo siguiente: "Vemos con preocupación que la iniciativa de ley se propone una adición al apartado B del Artículo 123 constitucional que agrega la fracción XIII, en la que se incorpora a los trabajadores bancarios. Esta adición es una traba al ejercicio pleno de la libertad sindical, y estamos obligados a señalar que nuestras aspiraciones a obtener plenos derechos sindicales no han sido satisfechas cabalmente. Se nos han coartado garantías básicas, contratación colectiva, derecho al sindicato nacional y el derecho de huelga, consagrados en la Constitución y en los convenios firmados con la Organización Internacional del Trabajo"; y sigue una argumentación amplia.
Pero aun si no fuera este el caso, si no fuera este el caso de la posición de los trabajadores bancarios, los derechos son irrenunciables, y de ninguna manera podría aquí poner como pretexto que ya se acepta una restricción a los derechos, como justificación para coartarlos y para limitarlos.
A este aspecto legal se agrega y se combina la ya mencionada intromisión de funcionarios bancarios en el proceso de la organización sindical. Hay que tener presente que en el caso de los bancos expropiados los funcionarios que se encargan de las relaciones laborales, y a los cuales se ha encomendado la tarea de organizar desde arriba sindicatos, que por lo tanto son sindicatos blancos, son los mismos que fungían cuando los bancos eran privados; son personas de la confianza de los banqueros expropiados, y a ellos responderán.
En el momento en que se corta la posibilidad de Sindicato Nacional de Trabajadores Bancarios, en el cual los banqueros tendrían mucho menos posibilidad de pesar, porque además ahí estaría la banca, que ya era estatal desde antes, y ahí los banqueros no tendrían ese juego.
Y en el momento en que a los propios empleados de la confianza de esos ex banqueros se les pone en sus manos la organización de sindicatos se está poniendo en manos de los ex banqueros un arma para el empleo de sindicatos blancos contra la nacionalización.
La banca nacionalizada no tiene en sus trabajadores a un enemigo, sino a un aliado firme. Quienes quieren frenar el proceso nacionalizador y volverlo hacia atrás son precisamente los afectados por la expropiación.
Finalmente, queremos presentar una propuesta de agregado, en relación con este aspecto laboral que estamos discutiendo, de un artículo transitorio que dice así:
"Artículo transitorio. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto, incluido el Reglamento de Trabajo de los empleados de las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares".
Esto tiene validez en cualquier caso, si no aprobamos la inclusión en el apartado B, será la forma más directa de que gocen de la plenitud de sus derechos. La simple derogación, dado que el apartado A es de cobertura general. Aun si se aprueba la situación del apartado B es elemental derogar este decreto, porque además está afectando a trabajadores de aseguradoras y en general organizaciones, instituciones auxiliares de crédito que no están involucradas en la nacionalización. Que nadie ha pretendido que vayan a dar al B, que todo
mundo está de acuerdo en que tienen que quedar en el A, pero que mientras siga en vigor este decreto, perdón este reglamento de Trabajo, de los empleados de las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares, seguirán con sus derechos completamente restringidos y prácticamente, en muchos casos, anulados.
Quiero mencionar que esto lo estamos discutiendo ahora que viene un proyecto de decreto del Ejecutivo. Pero que hay antecedentes en esta materia. En 1980, la entonces Coalición de Izquierda presentó una iniciativa de modo que los trabajadores bancarios quedarán regidos por el apartado A. En ese mismo año la diputación obrera del PRI presentó también una iniciativa que prevé que los trabajadores bancarios sean regidos por el apartado A del Artículo 123 y de la Ley Federal del Trabajo. En esta última también se prevé, como los estamos proponiendo ahora, la derogación del reglamento bancario. Este proyecto de la diputación obrera del PRI fue turnado el 11 de julio de 1980 a comisiones, y ahí está durmiendo el sueño de los justos.
Consideramos que es de elemental consecuencia nuestra posición de votar en contra del punto cuarto del dictamen, que establece que los bancarios tendrán que ser confinados al apartado B del Artículo 123 constitucional y a su ley reglamentaria. Muchas gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Salvador Valencia Carmona, en pro.
El C. diputado Salvador Valencia Carmona: Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados. Decidí utilizar esta tribuna con un objeto fundamental de aportar algunos datos, algunos elementos de juicio, que creo son importantes en torno al problema que se analiza del apartado A y del apartado B del Artículo 123.
Creo sinceramente, así lo considero, que sobre el problema a veces el manejo ideológico, en ocaciones demagógico ha oscurecido las cosas. Sin embargo, conozco la buena fe de mis compañeros legisladores, sé que pertenezcan al partido que sea en la Cámara vienen aquí con el deseo efectivo de legislar para la nación. Por eso me he atrevido a exponer algunos elementos que creo contribuirán a esclarecer este tema, de suyo polémico.
A mi juicio el problema se origina en una pérdida de perspectiva del origen y sentido constitucional de los apartados A y B del Artículo 123. Creo que es muy importante completar el análisis que en este sentido había emprendido de alguna manera el compañero del Partido Popular Socialista. Efectivamente, el apartado A del Artículo 123, que fue el artículo que se aprobó en 1917, constituyó en su tiempo una decisión política fundamental, parte de la Constitución real de este país, el recoger en la norma constitucional esos factores reales de poder, que en Lasalle con toda claridad definiera el siglo pasado. Se recogieron allí principios avanzados de carácter social, y la Constitución de México se convirtió en una constitución de avanzada, en la primera Constitución política social del mundo, adelantándose a la de Weinmar de 19 y a la rusa de 1918. Así fue concebido en sus orígenes este Artículo 123, concebido para regular la relación capital-trabajo, para establecer normas justas entre el interés individual de lucro de los patrones contra el interés gremial de los trabajadores.
Se pretendía establecer, fijar, un equilibrio entre los factores reales de la producción. El propio encabezado y la propia regulación del apartado A del 123 así lo esclarece. Dice el encabezado, si mal no recuerdo, que este artículo está concebido fundamentalmente para obreros, jornaleros, domésticos, artesanos y en general todo contrato de trabajo.
Si ustedes revisan este Artículo 123 en su apartado A, fue pensado, fue estructurado para aquella parte empresarial, para aquellas relaciones estrictamente privadas en el ámbito laboral. Jamás se pensó por el Constituyente del 17 incluir aquí, en este apartado A, las relaciones del Estado y sus trabajadores. Y voy a permitirme explicar por qué:
Yo coincido en que es necesaria una revisión a fondo de nuestra legislación laboral, pero también pienso que no tiene por qué desdeñarse el origen y sentido mismo de la Constitución. Yo no creo, sinceramente, que el apartado B sea un precepto vergonzante. No creo tampoco que establezca, como demagógicamente se ha señalado, trabajadores de primera y de segunda. Creo que el apartado B, como justamente se señalo por algunos compañeros, y como lo señaló también la oposición, tuvo un origen revolucionario, un origen progresista.
Efectivamente, en 1960, cuando el apartado B se aprobó, fue saludado por todos los sectores sociales del país con júbilo; los laboralistas, sobre todo los laboralistas de izquierda, vieron en este precepto un avance notable. Así dijo De la Cueva, de cuya integridad nadie duda en este país, que era el apartado B, emitido por el presidente López Mateos, un bello efecto expansivo del derecho del trabajo. Y es que yo afirmo, yo creo que no puede tratarse de igual manera la relación económica privada que la relación que se presenta entre el Estado y sus trabajadores; el Estado, señores, no es una institución de lucro, no es una empresa industrial y comercial; el Estado se guía por el interés nacional; allí, empleados y empleadores, deben unir sus esfuerzos en un sentido común y constructivo. Por eso creo que este
apartado B tiene un sentido jurídico diferente, un propósito constitucional diverso.
Se había exclamado en alguna intervención que el organismo que va a regir, que se va a encargar de la banca y del crédito, sería un organismo descentralizado, y se citaba concretamente la fracción XXXI de apartado A del 123 constitucional, mismo que efectivamente habla de empresas descentralizadas, y mismo que efectivamente rige para Petróleos Mexicanos, el Seguro Social, Ferrocarriles, Comisión Federal de Electricidad y otras empresas. ¿Cuál es el origen de esta situación? Yo creo que es muy necesario meditar bien sobre las cosas constitucionales. Pensar bien las cosas, ponerles un estudio, un análisis estructural. Decía por allí algún escritor español que a la Constitución de 78 de su país, que se estuvo discutiendo allí por algunos años, le pasaba un poco lo que al Quijote, obra inmortal por todos mencionada y leída también por pocos.
No quiero que nos pase lo mismo ahora que discutimos este precepto. En primer lugar yo anotaría lo siguiente: el Seguro Social, Ferrocarriles, la Comisión, Petróleos, estaban ya creados y se regulaban ya por el apartado A del Artículo 123 cuando surgió precisamente el apartado B muchos años después, en 1960. Es lógico que si habían mantenido reguladas sus relaciones por el apartado A quisieran conservar su mismo status jurídico; pero todavía más. La mayoría de las empresas englobadas en este ámbito son incluso anteriores a la expedición del primer estatuto burocrático, de septiembre de 1938. Por eso creo que es importante examinar el sentido histórico de las normas, por eso creo que es importante examinar en perspectiva y con alteza de miras la norma constitucional.
Por otro lado, hay que acudir también en la propia interpretación del apartado B del 123. Dice allí que rige para los poderes de la Unión. El poder Ejecutivo obviamente es un poder de la Unión y titular de la administración pública federal, que es vastísima, que abarca el sector centralizado y descentralizado, y ahí está ese sector paraestatal que, entre paréntesis, es un dolor de cabeza no sólo para México, para cualquier país del mundo, porque constituye un verdadero reto para regularlo adecuadamente. Creo que ahí también tenemos una confusión importante. El Artículo 123, apartado A, fracción 31, habla de empresas descentralizadas y utiliza el concepto de empresa, que es muy claro, el concepto de empresa implica unidad de producción, de bienes o servicios; aquí, cuando hablamos de organismo descentralizado nos referimos fundamentalmente a servicios públicos, y así lo entiende con toda claridad el Artículo primero de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, donde enumera precisamente organismos descentralizados tales como el ISSSTE, el Instituto Nacional Indigenista, la Lotería Nacional; atención, las comisiones nacionales bancarias, de seguros y de valores. Fíjense ya en la tendencia constitucional a incluir en este apartado B ese aspecto central del servicio de la banca y del crédito.
Por si esto fuera poco, voy a permitirme leer textualmente lo que dice el propio Artículo primero, dice que esta Ley regirá también para otros organismos descentralizados similares a los anteriores que tengan a su cargo un servicio técnico. Aquí está otra vez ese concepto de servicio público que, a mi juicio, ha sido un acierto que el día de hoy, que será histórico, se haya aprobado por esta Cámara de Diputados, y creo que lo es así porque se destierra para siempre el concepto de monopolio y se le sujeta, se le confina, a sus justos límites, esto es, el acaparamiento industrial y comercial.
Quisiera concretar algunas razones que a mi juicio son importantes, de carácter técnico y constitucional, para que sea precisamente el apartado B del 123 el que regule los servicios de banca y crédito.
En primer lugar estamos ya ahora, o empezamos a estarlo, en la presencia de un servicio público exclusivo, y qué bueno que así lo sea, porque el Estado mexicano tiene ahora un instrumento importante de desarrollo, pero esto implica también una parte importante de obligación; esto implica también que este servicio, que es ahora esencial y no concurrente, funcione como debe funcionar un servicio público sujeto a los principios de continuidad, regularidad, igualdad y de manera ininterrumpida.
Yo diría que ahora que se apliquen las características del servicio público tendremos que estar muy pendientes todos, los mexicanos todos, porque en el funcionamiento eficiente de la banca y del crédito se juega también el futuro del país.
Algunas naciones, algunos comentaristas internacionales han hablado de la ineptitud de los mexicanos para dirigir la cosa pública. A ellos les vamos a demostrar con un servicio bancario, un servicio público eficiente, que esto es una falacia; por eso creo deben incluirse los trabajadores del servicio de la banca y del crédito en este apartado B.
Me referiré finalmente a la proposición de nuestro distinguido compañero de Cámara Antonio Gershenson hacía hace unos momentos. Creía él conveniente agregar algún artículo transitorio al proyecto de decreto.
Sin ánimo de entrar en mayores detalles yo sometería a la Asamblea la posibilidad de desechar tal proposición, fundado en los artículos 124 y 125 del Reglamento Interior, por varias razones: aprobadas que sean, como seguramente lo serán, las reformas constitucionales, creo que la simple autoridad formal y
material de la ley implica que toda ley posterior deroga a la anterior. Por si fuera poco, estamos actuando ahora como un poder constituyente permanente. Como un poder revisor de la Constitución. Esto es, el órgano legislativo en su más espléndida manifestación.
Agotado que sea ese procedimiento señalado por el 135 aquellas reformas formarán parte integrante de la Carta Magna. No será necesario que haya un artículo transitorio especial que califique su vigencia.
Por último, creo que la propia supremacía constitucional es muy clara al indicar que esta Constitución, las leyes del Congreso que de ella emanen, y los tratados, serán ley suprema en este país.
Por estas consideraciones de tipo constitucional yo solicito atentamente a la asamblea que deseche la adición propuesta. Muchas gracias.
El C. Presidente: Se ruega a la secretaría consulte a la Asamblea si se admite o se desecha la adición presentada por el señor diputado Gershenson.
El C. diputado secretario Everardo Gámiz: Por instrucciones de la presidencia esta secretaría pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén por que se acepte sírvanse ponerse de pie.
Los que estén por que se deseche se les ruega ponerse de pie. Desechada señor Presidente.
El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. diputado José Encarnación Pérez Gaytán.
El C. diputado José Encarnación Pérez Gaytán: Ciudadanos diputados. Ya desde la segunda sesión de análisis del Informe presidencial y ahora mismo, al abordar en lo general el tema que nos ocupa, los compañeros Rolando Cordera y Armando Córdova respectivamente, han fijado concreta y claramente la posición del Partido Socialista Unificado de México acerca del asunto de los bancarios y el apartado B.
Paso a referirme al tema en lo particular.
Señoras y señores, la iniciativa presidencial que considera la inclusión de las relaciones laborales entre las instituciones bancarias y sus trabajadores en el Apartado B del Artículo 123 de la Constitución de la República, como instrumento idóneo, para dar seguridad y estabilidad a la política financiera en función de la defensa de los intereses de la nación, pone al descubierto la naturaleza antidemocrática de las relaciones entre el poder del Estado y los trabajadores que es indispensable cambiar, para dar paso a uno de los aspectos fundamentales de la reforma política democrática que la nación requiere.
Motivar la reforma propuesta al apartado B del Artículo 123, en la supuesta contraposición de los derechos conquistados por los trabajadores con los intereses nacionales, de ninguna manera se justifica, pues histórica y políticamente está plenamente comprobado que la mayoría de la nación, constituida por el pueblo trabajador, ha sido el protagonista de los cambios sociales que han significado jalones en el progreso del país, son los trabajadores y sus organizaciones sindicales y políticas quienes disponen de la capacidad y de la voluntad necesarias para defender y conducir al buen éxito reformas progresistas como la nacionalización de la banca. Definitivamente los grandes monopolios, los integrantes de la oligarquía financiera, están incapacitados para actuar en favor de lo que a nuestra nación le interesa para su desarrollo independiente y para el bienestar de su pueblo, por la sencilla razón de que se guían por el afán de ganancia, es la máxima ganancia, el lucro en toda su expresión, el estímulo a su conducta. Si acaparar dólares e invertirlos en el extranjero proporciona grandes utilidades, no tienen empacho en hacerlo aunque con ello México quede al borde de una catástrofe de imprevisibles consecuencias.
Los trabajadores, en cambio, ponen al servicio del progreso nacional sus energías, su cerebro y sus manos para construir lo que México es y lo que puede llegar a ser. ¿Por qué regatearles los elementales derechos conquistados con tanto esfuerzo de libre organización, contratación colectiva y huelga a los trabajadores bancarios? Porque de esto se trata, al incorporar artificialmente sus relaciones de trabajo en el apartado B del Artículo 123 de la Carta Magna. En efecto, si comparamos los apartados A y B y las leyes reglamentarias de ambos, no solamente observamos diferencias sustanciales, sino que el apartado B, en relación al A, menoscaba algunos derechos y nulifica otros totalmente.
Veamos: en tanto que en el apartado A, en su fracción XVI, se concede el derecho de formar sindicatos, en la fracción X del apartado B únicamente se dice que los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Es verdad que los sindicatos de burócratas existen, pero sus funciones son más reducidas que las de los demás trabajadores. Mientras que el Artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo establece y define el contrato colectivo de trabajo, el Artículo 87 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado señala que las condiciones generales de trabajo se fijarán por el titular de la dependencia respectiva, tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente, y a solicitud de éste se revisarán cada tres años.
No hay convenio entre las partes, sino decisión autoritaria del empleador. Pero la Ley del Trabajo, en su Artículo 450, precisa las causales de huelga, a saber: "1o., conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital; 2o., obtener del patrón o patronos la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III del título VII; 3o., obtener de los patronos la celebración del contrato-ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 4o., del título VII; 4o., exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato-ley, en las empresas o establecimientos en que hubiese sido violado; 5o., exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades; 6o., apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores, y 7o., exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refieren los artículos 399 bis y 419 bis."
Se trata en este caso del salario diario en efectivo.
En cambio, la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, ¿qué dice al respecto?
Que la huelga procede cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que consigna el apartado B del artículo 94: Debe ser declarada no por la mayoría simple, como se ordena en la Ley Federal del Trabajo, sino por las dos terceras partes de los trabajadores de la dependencia afectada. (Artículo 98) Y si la huelga es declarada legal, el tribunal fijará el número de trabajadores que los huelguistas están obligados a mantener en el desempeño de sus labores. (Artículo 109) ¿Por qué? Por que así lo manda la autoridad y se acabó. Por lo que se refiere a la organización sindical, los trabajadores al servicio del Estado, por ley, no pueden renunciar al sindicato al que soliciten y obtengan su ingreso; los sindicatos de burócratas podrán adherirse a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, única central reconocida por el Estado, según dice el Artículo 79. Además, tienen prohibido adherirse a organizaciones centrales obreras o campesinas. Por el contrario, los demás sindicatos pueden constituir o pertenecer a diversas centrales. Por esto decimos que el apartado B del Artículo 123 constitucional coarta los derechos de contratación colectiva, de huelga y de organización sindical; pero a los trabajadores bancarios, cuyas relaciones laborales de modo natural corresponden al apartado A, se les quiere encajonar caprichosamente en el apartado B, y consecuentemente regir las mencionadas relaciones por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, aun estando plenamente demostrado que no son trabajadores de los poderes de la Unión ni del gobierno del Distrito Federal, a cuyas relaciones de trabajo se refiere el susodicho apartado B. El hecho de que la ley reglamentaria de este apartado establezca en su Artículo 1º; que "la presente ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los poderes de la Unión, del gobierno del Distrito Federal, de las instituciones que a continuación se enumeran", finalizando, después de hacer dicha enumeración, "así como de otros organismos descentralizados similares a los anteriores que tengan a su cargo función de servicio público". No puede prevalecer sobre el texto constitucional, pues por una parte esta ley arbitrariamente extiende el ámbito del apartado B, y por otra pretende abarcar a las empresas descentralizadas de servicios públicos que concreta y explícitamente están consideradas en sus relaciones laborales en el apartado A del Artículo 123 constitucional.
Así, en relación al derecho de huelga, la fracción XVIII del apartado A expresa que en "los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso con 10 días de anticipación a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la fecha señalada para la suspensión del trabajo, y en su fracción XXXI, relativa a la jurisdicción de las autoridades en materia de trabajo", señala que son de la competencia de los tribunales federales una serie de ramas industriales y también "las empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal".
Queda así claramente expuesto que las instituciones bancarias, como empresas descentralizadas y de servicio público, normarán las relaciones laborales con sus trabajadores por lo estipulado en el apartado A del Artículo 123. Porque la ley reglamentaria del apartado B, a mi juicio, es anticonstitucional, dado que este apartado señala con toda claridad que se refiere a las relaciones laborales entre los poderes de la Unión, que yo entiendo que son tres, y el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores y nada más; mañosamente en la Ley de Trabajadores del Estado inscribieron, después de poner una coma, "las instituciones que a continuación se enumeran".
Esto es algo que está fuera del texto constitucional, y yo entiendo -no se necesita ser jurista para saberlo-, que el texto constitucional tiene primacía sobre la ley reglamentaria o sobre la legislación secundaria.
Pero hay más: los bancos, nacionalizados o no, son empresas muy rentables, porque yo creo que la banca nacionalizada no va a dar crédito sin interés; supongamos que bajen las tasas de interés, pero es y será la banca nacionalizada una empresa, muy rentable, independientemente de que por la vía fiscal el Estado capte una gran parte de las utilidades bancarias, los trabajadores de estas
instituciones, de conformidad con la fracción IX del apartado A del Artículo 123, tienen derecho a una participación en las utilidades de las empresas, lo que por su parte no hace obligatorio la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por el hecho de que las secretarías de Estado y la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial y el Gobierno del Distrito Federal no obtienen ganancia, aunque algunos servicios no sean gratuitos sino mediante un cuota o tarifa que por lo general es módica; queda fuera de cualquier duda que las relaciones de trabajo entre las instituciones bancarias y sus trabajadores deben regirse por el apartado A del Artículo 123 de la Constitución, resulta muy forzado y caprichoso hacerlas materia del Apartado B, pero no es por razones relativas al derecho que estas relaciones se incluyen en dicho apartado, es por motivos políticos, antiobreros y antidemocráticos por los cuales el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, sin fundamentar en los más mínimo, incluye en el proyecto de Decreto, en su artículo cuarto, la adición de la fracción XIII bis al apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A la declaración de motivos del Ejecutivo Federal que la Comisión por omisión aprueba, por aquello de que "el que calla otorga", la Comisión agrega que los trabajadores bancarios obtendrán el reconocimiento de sus derechos.
La verdad es otra. Con la adición al apartado B los bancarios tendrán sus derechos mermados; por eso el Artículo cuarto del proyecto de Decreto, que modifica la Constitución, y que ahora se debate en esta Cámara de Diputados, no es de aprobarse si nos atenemos a la necesidad de proteger legalmente los intereses laborales de los empleados bancarios.
Quiero en seguida referirme a algunos argumentos que han sido expuestos en esta tribuna, para tratar de justificar el dictamen que aprueba la iniciativa presidencial, en relación a la modificación al Artículo 123 de la Constitución.
Dice uno de los oradores del Partido Revolucionario Institucional que algunas empresas como Petróleos Mexicanos, Ferrocarriles y otras, ya estaban en el apartado A para cuando se estableció el B. Sencillamente las relaciones laborales de estos trabajadores y sus empresas se regían únicamente por el Artículo 123 de la Constitución, porque el Artículo 123 no estaba subdividido o dividido en apartado A y en apartado B; pero aquí el compañero Antonio Gershenson nos ha demostrado de manera viva cómo las relaciones de trabajo entre el Instituto de Energía Nuclear y el SUTM, relaciones que surgieron después de que había sido estampada en la Constitución esa marca que se llama apartado B, se rigen ahora en sus relaciones de trabajo, repito, por el apartado A, del Artículo 123 de la Constitución.
Y yo no sé, pero tengo derecho a suponer, que el Instituto de Energía Nuclear es un organismo descentralizado que depende del gobierno federal, no depende de particulares, ni de gobiernos estatales, sino del gobierno federal. Con este hecho de la vida en nuestro país queda por tierra el famoso argumento de que solamente estaban en el apartado A, están aquellos que ya para cuando se estableció el B, venían rigiendo sus relaciones laborales por el apartado A.
Dice el orador del PRI que me antecedió que el apartado B debe regular el servicio público de banca y crédito. Esta es una innovación, porque lo hasta ahora debatido, a partir de la iniciativa presidencial y del dictamen de la Comisión, no se refiere a la regulación del servicio de banca y crédito que se llevará al cabo por medio de una ley reglamentaria de la materia, estamos hablando de las relaciones de trabajo entre las instituciones de banca y crédito y sus trabajadores. No de regular el servicio público de banca y crédito. Eso es otra materia.
Por lo tanto, yo no lo considero como un argumento que sostenga o que apuntale el criterio de que las relaciones laborales de los trabajadores bancarios con las instituciones bancarias deban regirse por el apartado B del Artículo 123 de la Constitución.
Se ha votado ya que no hay lugar para la derogación del reglamento anticonstitucional, antidemocrático, antiobrero, que viene rigiendo las relaciones de los trabajadores bancarios con las instituciones a las que prestan sus servicios; porque dice el orador que al establecerse una ley se deroga toda aquella ley o disposición que la contravenga. Aquí hay doctores en derecho y saben que esta es verdad o no, pero no es eso lo que me interesa. Es que este reglamento abarca a los trabajadores de las instituciones auxiliares de crédito, que están fuera de la constitucionalización de la nacionalización de la banca. Y esos trabajadores, según los oradores del PRI, deben seguir siendo, aunque no les guste oírlo, trabajadores de segunda categoría, trabajadores sin derechos laborales, legalmente establecidos.
Cabe preguntarnos: ¿por qué los diputados de la mayoría, miembros de una organización política que se proclama partido de trabajadores, no quieren que los trabajadores bancarios disfruten de los derechos de libre organización sindical, de contratación colectiva y de huelga, al aprobar la iniciativa del Ejecutivo Federal, en relación a la adición en cuestión al Artículo 123 de la Constitución? Tal vez no pocos de estos diputados, en su fuero interno,
coincidan con nosotros y con otros muchos mexicanos en que no solamente nos oponemos a que se incluyan las relaciones laborales de los bancarios bajo el régimen del apartado B, sino que, abierta y tajantemente, nos pronunciamos por la derogación de ese apartado, que es en realidad un parche antiobrero y antidemocrático que divide a los trabajadores, por lo que se refiere a sus derechos elementales, en trabajadores de primera y trabajadores de segunda, que confina a estos últimos como trabajadores de excepción y elimina la aplicación general de las normas fundamentales o las particulariza, haciendo que para unos trabajadores haya una Constitución y para otros la segunda Constitución o sea el apartado A, para unos y el apartado B para otros; esto tiene que terminar, la democracia real así lo exige; pero volviendo al partido oficial, que se proclama partido de los trabajadores, lo que queda al descubierto es ni más ni menos que se tumba la careta, deja en claro la negativa a defender los derechos de los trabajadores bancarios y de los trabajadores en general. (Aplausos.)
La nacionalización de los bancos debería adicionarse en este momento con el reconocimiento pleno de los derechos laborales de los trabajadores bancarios, ésta sería una de las mejores medidas para defenderla y para llevarla a buen éxito, pero ahora se impone la orden superior, la negativa a reconocer completamente sus derechos a los bancarios, pero así como llegó el día en que la realidad obligó a nacionalizar la banca, también le llegará su hora a los derechos de todos los trabajadores por igual, incluidos los bancarios, porque este "México turbulento, y sin duda alguna embarazado de porvenir", como lo dijera el regiomontano ilustre don Alfonso Reyes, "camina seguro a su transformación democrática".
¡Qué duda cabe, señoras y señores diputados! muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra para hablar en pro la ciudadana diputada Irma Cué de Duarte.
- La C. diputada Irma Cué de Duarte: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, como todos sabemos, es la base de nuestro andamiaje jurídico, documento en el que se plasman los logros de las luchas de nuestros diversos movimientos libertarios, ordenamiento político que creó nuestros derechos individuales y sociales, que plasmó igualmente la voluntad popular en nuestra forma de gobierno, es fundamentalmente identificadora de nuestro pasado, orgullo de nuestro presente y eslabón de nuestro futuro.
La Constitución que hoy nos rige, como todos también sabemos, no es idéntica a la que entró en vigor en febrero de 1917. Generaciones de mexicanos han escrito en ella nuestra historia, y ha sido modificada para adaptarse y prever su nuevo cauce.
Y, como supongo, todos la sentimos nuestra, más cercanos nos creemos los miembros del Partido Revolucionario Institucional, que hemos sido quienes en mayor medida hemos impreso los cambios que el pueblo expresa y refrenda en su diaria actividad, aun en contra, algunas veces, de la voluntad de grupos minoritarios.
Durante esta memorable sesión han hecho uso de esta tribuna compañeros de todos los partidos. Dos han declarado a priori su inconformidad con el dictamen en su totalidad; otros dos manifestaron que votarán en contra de la adición al apartado B del Artículo 123 constitucional, de manera que inicialmente y con tal antecedente parecería irrelevante tomar el tiempo de ustedes en relación con el tema que nos ocupa, ya que resultaría un ejercicio estéril. Sin embargo, conscientes de que modificar nuestra Carta Magna es la más alta responsabilidad de los poderes legislativos, comparezco ante ustedes, como miembro de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para exponer las razones jurídicas que motivaron a esta Comisión a dictaminar como necesaria la inclusión de los trabajadores de instituciones de crédito en el régimen laboral que regula el apartado B del Artículo 123 constitucional.
En primer término es menester recordar lo señalado por la iniciativa presidencial al respecto, cito: Para defender los intereses de la nación en el proceso de desarrollo económico, social y cultural, es menester que el Estado cuente con instrumentos idóneos que le permitan dar seguridad y estabilidad a la política financiera, por eso, en la medida en que el gobierno federal preste el servicio de banca y crédito, se hace necesario que las relaciones laborales en esta materia se rijan por el apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cuyo efecto en la presente iniciativa se propone agregar una fracción a dicho apartado.
Correlativamente, el dictamen de la Comisión expresa: Por la proposición que contiene la iniciativa del Ejecutivo Federal de adicionar el Artículo 123 de la Constitución General de la República, en su apartado B, los trabajadores bancarios obtendrán el reconocimiento de sus derechos.
Esta frase, el "reconocimiento de sus derechos", supone no sólo que se respetarán las garantías que los trabajadores bancarios ya poseen, sino que al incluirlos en el apartado B superarán la limitante que ahora tienen de ser contratados individualmente, y permitirá la protección colectiva de sus intereses mediante la sindicalización, derecho innegable de los trabajadores.
Después, incuestionable, que la inclusión no lesiona, sino beneficia a los trabajadores.
Respecto a lo que aquí se ha mencionado por cuanto a la capite del Artículo 123, fracción B, ruego a la Asamblea tener por reproducido los conceptos que brillantemente expresara el señor licenciado y diputado Salvador Valencia Carmona; y en apoyo a su dicho quiero expresar a ustedes que desde 1963, cuando entra en vigor la Ley Reglamentaria del apartado B del Artículo 123 constitucional, cuando en su Artículo 1º. se listan las instituciones que van a quedar comprendidas en este ordenamiento, cuando se dice que lo estarán igualmente las que presten servicio público, por lo que respecta a la banca, yo podría en este momento dar razones implícitas, por ejemplo, que la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares dice que actuarán mediante concesión; podría decir, por ejemplo, que estaban sujetas al control del Estado. Sin embargo, sólo voy a dar a ustedes la razón expresa de por qué debe ser considerado un servicio público. Han votado, hemos votado hoy el Artículo 28 y el 73, que expresamente así lo menciona. A partir de 1963 a la fecha las instituciones de servicio público son instituciones que pertenecen al apartado B. Recordemos el año pasado, con la municipalización del transporte, pertenecen al apartado B, y decir ahora que los trabajadores bancarios no fueron vistos siempre como parte de un servicio sería negar que en 1972 se les dio, al igual que a los que en esa época éramos trabajadores del gobierno, la semana laboral de 40 horas con 5 días a la semana.
Mencionar aquí dolosamente al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares como un organismo del apartado A, con posterioridad a 1963, puede ser ignorar que este es el organismo en el que se convirtió originalmente la Comisión de Energía Nuclear que ya estaba regida por el apartado A.
En cuanto a que aquí se ha dicho que en el Artículo 123, fracción XXXI, se menciona, como efectivamente se hace, que las leyes del trabajo se aplicarán por los estados, pero en materia federal serán a las empresas descentralizadas, es menester que la honorable Asamblea recuerde que esta fracción constitucional es de 1942, cuando la distinción entre organismos descentralizados y empresas de participación estatal no aparecía aun en textos tan claros como lo fue en 1947 la primera ley para el control de estos organismos y empresas.
Constitucionalmente en 1974 el Artículo 93 constitucional hace referencia expresa a organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en un segundo párrafo y en el tercero que fue modificado en 77, se guarda esta nomenclatura; sin embrago, en 1981 al modificarse el Artículo 90 constitucional, se refiere a entidades paraestatales, por lo que hablar de nomenclatura no sería suficiente y por ello estudiamos el espíritu, el texto de la fracción XXXI, del Artículo 123 constitucional, apartado A.
Fracción XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponden a las autoridades de los estados en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a -viene una serie de materias-, y b, empresas, aquí las ya señaladas. Es claro ahora para toda la Asamblea que el espíritu de esta disposición era el que se aplicasen leyes federales por tribunales federales.
Señores, la ley reglamentaria del apartado B es una ley federal, y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es un tribunal federal. Por lo tanto, a quienes preocupa que el espíritu de esta fracción no estuviese cumplido, está cumplido a satisfacción.
Se dice, o por lo menos así fui interpelada en mi camino a esta tribuna, que quien es breve y bueno es doblemente bueno; así pues, yo también quiero terminar mi intervención, dado lo avanzado de la hora.
Finalmente, es preciso recordar que legislar es competencia de este poder, así cumple el mandato por el cual el pueblo ejerce su soberanía; debemos ejercer las atribuciones que nos hacen formar parte del constituyente permanente actuando, primero, informando y, segundo, imbuidos del espíritu que imperó en Querétaro, que actuó en consecuencia. Votemos conscientemente, de manera responsable, con la vista en el futuro y la voluntad en el presente, en este momento histórico en que se han expresado los fines socialmente deseables y a través del derecho demos el medio, el instrumento, para que sean cumplidos a cabalidad. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra para hablar en contra el C. diputado Iván García Solís.
El C. Iván García Solís: Señor Presidente; compañeros diputados:
No sería necesario prolongar demasiado este debate si no mediara el hecho reconocido aquí por la compañera diputada que me antecedió en el uso de la palabra de que esta Legislatura debe proceder con entera responsabilidad en asuntos tan delicados y en momentos que ella calificó como históricos.
Por lo que se refiere a la nacionalización de la banca y su inclusión en la máxima ley del país este concepto sería válido, pero si no complementáramos esa decisión con una decisión congruente en lo que se refiere al estatuto laboral de los trabajadores bancarios, muy disminuida quedaría, o disminuida en parte quedaría, esa importante decisión.
Como han sido expuestos aquí de manera extensa argumentos de tipo legal en contestación a los escasos argumentos en que fundamentan esta inclusión de los trabajadores en el apartado B, yo quisiera comentar algunas de las opiniones aquí vertidas para confirmar, para reafirmar, la carencia de fundamentación de este tipo de razonamientos.
Debemos en primer lugar destacar la falta de convicción con que aquí se han presentado los diputados del partido mayoritario. En efecto, el primero que hizo uso de la palabra, si no hubiera aludido al Banco Obrero, del cual hizo una apología extensa, entendemos fuera de lugar, casi no nos habríamos dado cuenta de que representaba a esta clase social, ya que su definición respecto a los trabajadores, a los derechos de los trabajadores bancarios, fue opuesta no solamente a la posición que debe tener un representante obrero, sino también opuesta a la secuencia que se había observado en el apoyo del Congreso del Trabajo a la sindicalización de los trabajadores bancarios. Se observa, por consecuencia, que existe una decisión de emitir una votación automática que no tome en cuenta debates que nosotros por nuestra parte sí consideramos que debieran ser motivo de cambio en las opiniones y de reflexión profunda por todos y cada uno de quienes vamos a votar en breve.
En efecto, el razonamiento del diputado Cavazos, en su parte final, puede reducirse a la argumentación de que los trabajadores bancarios entrarán al Congreso del Trabajo. Y ese sería su máximo beneficio. Pero no lo harán por la puerta grande o por la puerta amplia del apartado A, sino por la puerta estrecha del apartado B.
Es decir, que se les permitirá el ingreso al Congreso del Trabajo, pero no por la vía directa del reconocimiento pleno de sus derechos, sino simplemente por la vía indirecta que han ingresado otras organizaciones. Muy mal está que esto se diga por parte de organizaciones cuyos afiliados en su mayoría pertenecen al apartado A.
La argumentación del diputado Martínez, atañe, y vamos a decir que se complementa o se añade, a la fundamentación que aquí no ha sido textualmente citada, pero que yo quisiera hacerlo, de esta decisión antidemocrática, así la calificamos nosotros, y que dice lo siguiente respecto al razonamiento principal por el que estos trabajadores son discriminados:
Dice la Exposición de Motivos:
Para defender los intereses de la nación, en el proceso de desarrollo económico social y cultural, es menester que el Estado cuente con instrumentos idóneos que le permitan dar seguridad y estabilidad a la política financiera. Véase cómo la referencia no es en relación a los trabajadores sino a la política financiera.
Y continúa, por eso, en la medida en que el gobierno federal preste el servicio de la banca y crédito: se hace necesario que las relaciones laborales en esta materia se rijan por el apartado B. Aquí está claramente expresado y no son razones jurídicas las que mueven a ubicar a estos trabajadores en el apartado B, son razones de desconfianza respecto de su conducta política y laboral.
Pero esto nos hace a nosotros reflexionar también en el siguiente sentido, se habla aquí de permitir dar seguridad y estabilidad a la política financiera, pero nosotros preguntamos: ¿no acaso esta política financiera se desestabilizó y perdió seguridad aun con los trabajadores sometidos a un estatuto completamente negativo, mucho peor que el apartado B, como es la reglamentación bancaria vigente?
Es decir, que la falta de estabilidad en la política financiera y la falta de seguridad no dependieron, los hechos así lo demuestran, de la situación laboral de los trabajadores, sino dependieron del manejo de la política financiera por parte de quienes la dirigían. En este caso se ha comentado aquí de manera extensa quiénes dirigían la banca, pero también corresponsablemente el Estado, que tenía mecanismos para corregir o para tomar medidas, antes de que el saqueo, que tanto se ha comentado aquí, se produjera.
De tal manera que si eliminamos este argumento, no válido, de la estabilidad de la política financiera y la seguridad de la misma, entonces tendremos que descubrir que el motivo real de esta decisión, de este proyecto de decisión, es limitar los derechos de los trabajadores ante el proceso social que se da en nuestro país y que consiste en la toma de conciencia de los trabajadores sindicalizados, creciente, y ya no conscienten fácilmente en renunciar a derechos elementales.
El proceso de sindicalización, especialmente de los nuevos trabajadores que entran en este sistema de organización, demuestra que va cobrando una independencia y una autonomía respecto del Estado y los patronos. Es decir, que la enajenación sindical, que por mucho tiempo permitió al oficialismo gobernar o controlar principalmente por el método del consenso, es decir, del consentimiento de los trabajadores, rápidamente se va desgastando y ahora se pasa a una situación de control en el cual está incluida esta Legislatura.
Debemos hablar entonces con la razón política, puesto que la razón jurídica no existe, no está clara, no ha sido suficientemente defendida por parte de quienes así han pretendido hacerlo. Decíamos que en los argumentos del diputado Martínez este tipo de razones pesan más porque habla ya incluso de los peligros de los trabajadores bancarios.
que acechan a la banca nacionalizada en el interior y en el exterior; agrega él en el exterior elemento que no está contenido en la exposición de motivos. Después de esto se argumentan otras posibles ventajas de este estatuto restrictivo, pero ninguna de ellas es válida; por ejemplo, se repite "otorgar estabilidad", coincidencia con la exposición de motivos; "proteger al usuario", nosotros tenemos entendido que los trabajadores no son solamente de la banca, sino los trabajadores de los servicios públicos han demostrado en este país y no solamente en éste, sino en otros, porque la experiencia de la lucha de la clase obrera y de los trabajadores es una experiencia internacional, ha sido demostrado que en las luchas de los trabajadores éstos no atentan contra servicios públicos que son importantes para la nación, es decir, sus luchas las llevan a cabo para mejorar su situación económica, profesional y social, pero en ningún momento contrapone estos intereses con los genuinos intereses de la nación, sin pretender que éstos correspondan con los intereses de los gobiernos que pretenden ser los depositarios de ellos. Y en esto hay ejemplos a granel, ejemplos del ejercicio del derecho de huelga, es uno de los que están interferidos por este proyecto de la legislación, y también del ejercicio de todo tipo de derechos ciudadanos en condiciones distintas, y me refiero a los servicios bancarios, tanto en países en donde ha habido restricciones severas a la libertad sindical, como ha sido por ejemplo el caso de Uruguay, cuyos trabajadores bancarios se han destacado por su combatividad y su patriotismo; recuérdese que estos trabajadores han jugado un papel muy importante para exhibir la telaraña y la red de relaciones financieras que han atado desde hace mucho la banca uruguaya al imperialismo norteamericano y a la oligarquía local. Estos trabajadores han, pues, combinado sus derechos laborales y su obligación patriótica y su obligación nacional. Y en casos de países desarrollados, en países donde la libertad sindical es una conquista estable y consolidada, es notoria también la función de estos trabajadores, esta doble función en defensa de sus derechos y en defensa de los intereses nacionales.
Por no citar muchos casos podríamos hablar de los trabajadores bancarios en Inglaterra, en Italia y en Francia, en donde gozan de derechos sindicales que incluyen el derecho de huelga y en donde juegan un papel activo en las tareas de reorientación democrática de la banca de sus respectivos países.
Esa contradicción entonces, que aparece en la fundamentación de esta reforma, y que quiere ser nublado a través de seudoargumentaciones jurídicas, debe ser develada, debe ser puesta sobre sus pies. Nosotros tenemos que encontrar la razón política, porque detrás de las normas están las relaciones sociales. Y esa es la fundamentación esencial que debe tomar en cuenta la Legislatura.
Hablemos también brevemente de los argumentos del diputado Valencia, que por cierto y afortunadamente retiró o no expuso ya en esta plenaria, la argumentación que oportunamente en su primera intervención fue criticada por nuestro compañero Arnaldo Córdova, en la que este diputado aludía a la posibilidad de un caos si es que los trabajadores bancarios fueran incluidos en el apartado A.
El argumento aquí de plenaria consiste en que reconociendo que hace falta una revisión en el apartado B, qué bueno que se comience a reconocer, no la revisión, yo diría la desaparición de ese apartado, que reconociéndose este hecho, esta necesidad, sin embargo, es justa, es correcta, es oportuna la inclusión de los trabajadores bancarios en este apartado que, como su nombre lo indica, aparte a los trabajadores. Y todavía existe una metáfora, entiendo que ya no es jurídica, de considerar al apartado B como un bello efecto expansivo del derecho del trabajo. Consideramos que este calificativo, con todos sus alientos retóricos, eso sí, no alcanza a disfrazar o a encubrir el carácter netamente negativo del apartado B.
Agrega, finalmente, que la defensa al apartado B, a la inclusión de los trabajadores al apartado B, y éste mismo no son vergonzantes.
Diríamos nosotros, para no entrar en polémicas sobre la palabra, yo repetiría, no hay convicción por parte de quienes defienden la inclusión de los trabajadores al apartado B de que esto sea lo justo, esto sea razonable.
Hay simple argumentación de trámite.
Quisiera yo agregar también algunos argumentos derivados de la experiencia concreta.
Aquí escuchamos por voz del compañero Antonio Gershenson, una secuencia muy ilustrativa acerca de las peripecias de los trabajadores nucleares en uno y otro apartado. Y finalmente el argumento muy contundente de que si por fin están en el apartado A, después de haber sido castigados, como él dijo, en el apartado B, entonces cabría la reflexión para esta Legislatura de no tener que castigar a los trabajadores bancarios ahora mandándolos al B, para que después, mediante una lucha que seguramente le darán, y la darán todas las fuerzas democráticas de este país, se reconquiste o su ingreso al A o su ingreso a una legislación nueva, única, por la que pienso que todos debemos luchar, y en esto coincidimos con una propuesta que ha hecho un compañero de otra fracción parlamentaria. Y a eso quisiera yo agregar entonces para fundamentar y coincidir con esa argumentación, quisiera agregar algunas experiencias concretas de otro sector importante de trabajadores, diferente al de los nucleares, y que es el sector, nada despreciable por su número de los trabajadores de la
educación, que a la fecha suman 6 o 700 mil. En el caso de los trabajadores de la educación se ha visto también, por experiencia propia, las desventajas del apartado B, este sindicato, por ejemplo el sindicato vigente, que data de 1943, a la fecha jamás ha realizado una sola huelga nacional. No solamente por el impedimento legal, es decir, por esta limitación a la libertad sindical establecida en la ley, sino también por causas internas que no es momento de comentar en detalle aquí, es decir, por el tipo de dirección del sindicato. Pero en los casos de huelgas locales, en el caso de huelgas por secciones, hay que decir que las pocas que se han hecho con el apoyo de la Dirección Nacional han tenido que realizarse como huelgas de hecho más no de derecho, porque el tipo de legalización de las mismas es prácticamente imposible. Aquí ya se dieron algunos elementos de diferenciación y de comparación entre los procedimientos y las dificultades para emplazar y realizar una huelga en el apartado B. Esto viene desde la propia fundamentación. Se habló aquí con razón de que para que esta huelga se fundamente debe existir, pero además comprobarse a través del Tribunal de Arbitraje, que es una entidad oficializada, no es una entidad neutral evidentemente, y nosotros lo hemos comprobado en la práctica, se tiene que comprobar la violación general y sistematizada de las condiciones de trabajo.
Entonces esto, aparte de la carga subjetiva que entraña y además el aspecto totalizante, su violación generalizada y sistemática, aparte de ello está sujeto a un tribunal, repito, de arbitraje, que sistemáticamente falla en contra cuando se hace este tipo de emplazamientos, y además, comparando con el apartado A podemos ver que el apartado A se refiere a una muy distinta condición, el apartado A, ya se vio aquí que existen seis causales diferentes para la huelga contra una en el apartado B, pero la causal inicial, bueno, las dos más importantes en el apartado A, la primera, desequilibrio, restablecer el equilibrio de los factores de la producción, y la segunda, la lucha por el contrato colectivo, estas dos no operan en el apartado B.
Vayamos al segundo caso: en el caso de la contratación, ésta no existe; como ya se mencionó, no hay la bilateralidad, existe solamente una disposición que se cumple o no dependiendo de la presión y la disposición del funcionario respectivo, respecto a los proyectos para la reglamentación de las condiciones de trabajo.
Y un ejemplo al canto, el reglamento de condiciones de trabajo de la Secretaría de Educación Pública, que afecta al número de trabajadores que ya mencioné, ese reglamento vigente, vigente es un decir, vigente entre comillas, data de 1946, y de entonces a la fecha no se ha podido realizar una sola revisión de ese reglamento. Sobra decir que no es vigente porque ha sido sustituido por reglamentaciones unilaterales emitidas por la Secretaría de Educación Pública, con la pasividad del sindicato que debió haberlas bloqueado.
Hay que decir que el sindicato tiene en elaboración un proyecto diferente de reglamento de condiciones de trabajo, discutido desde 1963, discutido desde entonces y negociado durante un lapso muy largo; sin embargo, no ha sido todavía la fecha en que haya un cambio en el reglamento general de condiciones de trabajo. Véase entonces por sus frutos lo que es el apartado B.
Entonces creo yo que todas las argumentaciones, tanto las políticas como las jurídicas, como las derivadas de la práctica concreta, nos indican que no hay razones, en realidad no hay razones para sostener la defensa de la inclusión de los trabajadores bancarios en el apartado B.
Yo quisiera decir, finalmente, que hay un hecho muy importante que no debiéramos disociar; la sesión de estos días, del día de ayer y la de hoy, que ya es otro día, esta sesión prolongada, importante, tiene un primer aspecto altamente positivo que tiene una trascendencia nacional importante, indudable, innegable y que nosotros somos los primeros en reconocer que es la constitucionalización de la banca, pero no está correspondida esta primera parte de la resolución que tomará la Legislatura actual con este demérito indudable que es la reclusión, así podríamos llamarle, de los trabajadores bancarios en el apartado B.
Coincidimos con los compañeros, no somos pesimistas; sabemos que los compañeros bancarios van a reconquistar el derecho de huelga con la huelga misma, porque el fenómeno que se produce efectivamente es ése; aunque la legislación siga siendo una camisa de fuerza, de todas maneras la voluntad de los trabajadores se va imponiendo, y de esta manera la huelga se va produciendo independientemente de que esté ahí ese pegote en que ya se ha convertido el apartado B.
Por eso, del mismo modo que los maestros hemos hecho huelga y continuaremos haciéndolas, independientemente de que exista o no el apartado B con sus impedimentos, así también estamos seguros que los trabajadores bancarios y otros, sometidos a ese injusto estatuto, también estarán en condiciones de dar la pelea.
Pero no es ese el problema, ese no es el problema de la Legislatura, esa es responsabilidad de los trabajadores. Aquí la responsabilidad es de los legisladores, que si votara en contra o mejor dicho en contra sí, de que estos trabajadores tengan plenos derechos, es decir si se votara como está propuesto que quede en el apartado B, esta Legislatura, no toda pero sí
quienes voten en ese sentido, estarán dando un voto no solamente injusto, inviable, sino también de espaldas a la realidad y de espaldas al proceso de lucha por la libertad y la democracia sindical.
Por eso nosotros no nos fatigamos en reiterar las razones políticas, nacionales e incluso jurídicas, en que basamos este punto de vista que sostenemos firmemente los miembros del Partido Socialista Unificado de México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra para hablar en pro el C. diputado Miguel Ángel Morado Garrido.
El C. diputado Miguel Ángel Morado Garrido: Señor Presidente; honorable Asamblea:
Hemos estado escuchando y trataremos, dentro de la brevedad que el tiempo nos permite, de analizar algunos conceptos que aquí se han expresado.
Corresponde a la LII Legislatura de esta Cámara introducir las modificaciones necesarias, al Artículo 123 constitucional para incorporar al sindicalismo a los trabajadores bancarios, quienes por hechos históricos que seguramente habremos de analizar, habían permanecido como aquí se ha dicho, en un régimen de excepción, al margen del movimiento obrero organizado.
La nacionalización de la banca, decretada por el señor presidente José López Portillo, rompe con esa situación excepcional y, de aquí en adelante, los trabajadores bancarios podrán sindicalizarse para la mejor defensa de sus intereses.
La cuestión a resolver por esta Asamblea se enuncia fácilmente: ¿En cuál de los espacios jurídicos previstos por el Artículo 123 deberán inscribirse los trabajadores bancarios?
Hemos escuchado opiniones en favor de que se les incluya conforme a los lineamientos del apartado A, pero también hay voces que proponen su incorporación bajo las premisas del apartado B.
Esta última corriente parece la menos decidida. Quizá porque considera o consideran que el movimiento obrero cuenta con dos alas. Una sería la dinámica, la progresista, y estaría representada por los trabajadores que se benefician de los postulados inscritos en el apartado A, y la otra, la oficial, correspondería a la integrada por los trabajadores al servicio del Estado, la que, según este enfoque, sería la menos combativa; complaciente, incluso, con los dictados del sector público, toda vez que no es posible aplicar el derecho de huelga en forma irrestricta, que aquí se ha mencionado. Esta asamblea, en pleno ejercicio de su soberanía, será la que finalmente decida, pero me gustaría formular algunas consideraciones que tratarán de demostrar que quienes militamos en las filas de los trabajadores al servicio del Estado nunca estuvimos a la zaga del movimiento revolucionario.
Desde nuestra irrupción en las filas del movimiento organizado marchamos en vanguardia, si bien nuestros métodos de lucha se apoyan más en la negociación y en la persuasión que en la ruptura temporal de las relaciones laborales.
Esto no significa que la huelga esté proscrita entre los servidores públicos. Quiere decir que la suspensión de labores es un derecho que, en nuestro caso, debe contemplar que servimos a una sociedad, no a un patrón, y que en caso de huelga los terceros perjudicados serían miembros de nuestra comunidad, a quienes, en estricto sentido de justicia, no podríamos responsabilizar directamente de nuestro problemas.
Sin embargo, cuando el camino del diálogo se bloquea o la incomprensión es la respuesta a nuestros planteamientos, hemos recurrido a ese derecho irrenunciable, conquistado a lo largo de décadas de luchas y enfrentamientos con el capital.
Baste recordar aquí las gestas heroicas protagonizadas en momentos históricos para el movimiento obrero nacional, ya se ha hablado por el Sindicato de Trabajadores Petroleros; por el Sindicato Mexicano de Electricistas; por el Sindicato Único de trabajadores Electricistas de la República Mexicana; por el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros; por el Sindicato de Maestros; en 1957 con Othón Salazar; por el Sindicato de Tranviarios durante los momentos críticos de nuestra Revolución.
Son muchos, son varios los ejemplos a este respecto. Algunos de estos sindicatos están amparados por el apartado A y otros por el apartado B. De donde deberá concluirse que el espíritu combativo no deriva del área jurídica a la que se pertenece, sino de la conciencia de clase. La negociación no es un substituto del derecho de huelga. En nuestras filas, como en las del resto del movimiento obrero, no hay indefiniciones compañeros diputados. Se es o no se es revolucionario, y quienes no lo sean, nada tienen qué hacer entre nosotros. Debieron pasar muchos años, desde la huelga de Cananea en 1906, hasta la aparición del Sindicato de Limpia y Transportes, en 1922, para que se reconociera a los trabajadores al servicio del Estado el derecho a la sindicalización.
Esta derecho, reconocido por el Estado, no fue una dádiva graciosa, fue una conquista.
Muchas horas de angustia, de peligros reales, de persecuciones, debieron sortear nuestros compañeros para lograrlo. Se actuó inclusive en el clandestinaje, al amparo de las sombras y muchas veces las reuniones se hacían en lugares apartados, sacrificando las horas destinadas al descanso.
Muchos de nuestros compañeros, en el mejor de los casos, perdieron el empleo, pero nunca cejaron en la lucha.
Nuestro advenimiento a la vida sindical coincidió con el Sindicato de Maestros del puerto de Veracruz, y fue, por supuesto, anterior a la fundación de lo que es hoy la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, en 1938.
Hay un breve espacio de tiempo entre la aparición del Programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, en que ya se planteaban como necesarias las reglamentaciones a la relación entre el capital y el trabajo (se proponía, entre otras cosas, la adopción de un salario mínimo, la reducción de la jornada a 8 horas de trabajo, la reglamentación del trabajo doméstico, el pago del salario en efectivo y la liquidación de las tiendas de raya) y la promulgación, en 1917, de la Constitución General de la República, donde un grupo de diputados progresistas dieron las bases de lo que es hoy el derecho al trabajo con todas sus implicaciones jurídicas.
La actuación de Venustiano Carranza fue discutida en su tiempo al calor de las pasiones. Nosotros no podríamos dejar de reconocer su vocación por el orden constitucional y su apego a las leyes. Nunca se declaró reformador social, pero construyó los cauces, abrió caminos por donde otros esforzados transitarían después.
El solo hecho de haber promovido la elaboración de nuestra Carta Magna y de haber respetado las modificaciones que el Congreso Constituyente introdujo a su proyecto de reformas a la Constitución de 1857 es suficiente para que reconozcamos en Carranza a un hombre visionario. En materia de derechos al trabajo, todo ha ido caminando gradualmente. El presidente Obregón fue el primero en atender a la implantación del salario mínimo. El que se acordó para la época era de setenta y cinco centavos diarios, veinticinco centavos menos de lo que había pedido el Partido Liberal Mexicano. Después el Presidente Calles auspiciaría la organización obrera, convencido de que lo mejor que podía hacer el gobierno era no estorbar su natural evolución.
Durante su interinato, Emilio Portes Gil prepara la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del Artículo 123 constitucional. Lázaro Cárdenas llevaría a su fase más alta la organización obrera y campesina, y con él obtuvimos los trabajadores del Estado la expedición del Estatuto Jurídico, que aseguraba nuestra estabilidad en el trabajo.
Sería hasta 1960 que el gobierno del presidente Adolfo López Mateos promovería la reforma constitucional correspondiente para incluir en el Artículo 123 constitucional un apartado especial que normara las relaciones laborales entre los trabajadores al servicio del Estado y los poderes de la Unión y el Departamento del Distrito Federal.
Para muchos, entonces como ahora, esta inclusión era innecesaria. Para nosotros está perfectamente justificado que se establezca una distinción entre los trabajadores que prestan sus servicios a empresas particulares, cuyo móvil es la ganancia para asegurar la rentabilidad individual, y los trabajadores al servicio de las instituciones públicas, cuyo objeto es asegurar el desenvolvimiento armónico del país con miras a garantizar la rentabilidad social.
Tanto más, que los acontecimientos recientes entre los que figura en lugar prominente la nacionalización de la banca y el control generalizado de cambios, están indicando que el país va a reorganizar en el plazo inmediato su estructura económica, y en esa reorganización ya no será posible el predominio incontrolado del interés individual, donde la ganancia excesiva actuaba como el motor inflacionario, al calor del cual se esfuma el salario del trabajador, se complica el presente y se cancela también el futuro.
Hasta antes de la nacionalización de la banca no habíamos podido encontrar fórmulas efectivas para combatir el agio, la usura abusiva que proveyó fuerzas descomunales al capital.
Para nosotros la nacionalización llega con un poco de retraso. Ya en 1906 los hermanos Flores Magón señalaban en el tantas veces citado programa del Partido Liberal Mexicano que había que combatir el agio por ser una práctica antisocial. Al momento de la nacionalización de los bancos era evidente que el deterioro de nuestra moneda y de la economía mexicana en general había llegado a extremos peligrosos para la buena marcha del país y que los esfuerzos hasta entonces realizados por el gobierno para evitar los estragos de una devaluación motivada por la devaluación interna y la fuga de capitales lejos de atenuar el impacto parecía avivarlo, entre otras razones porque nuestras autoridades no contaban con el necesario respaldo del sistema crediticio.
En los considerandos del decreto de nacionalización se advierte, primero, que el servicio de banca se había venido prestando al público a través de instituciones privadas que disfrutaban de una concesión hasta en tanto el gobierno pudiera prestar por sus propios medios el indispensable servicios, que los empresarios concesionados habían obtenido ganancias desmedidas en contra de los intereses sociales y que era necesario facilitar acceso al crédito para que el pueblo, que es quien aporta los fondos con que funcionan los bancos, pudiera beneficiarse del mismo y, como se señala en el decreto que establece el control generalizado de cambios, la nación se ha visto afectada negativamente con la reducción fuera de toda
medida razonable del valor de nuestra moneda en el mercado cambiario poniendo en riesgo la actividad económica del país y el poder adquisitivo de los ingresos de la mayoría de la población.
Hasta aquí podríamos decir el aspecto jurídico formal de la nacionalización. Lo trascendente viene de que no debe verse en la nacionalización bancario un simple cambio de dueños en el manejo del crédito público. Como advirtió el primer mandatario del país en la reunión multitudinaria que se llevó a cabo el 3 de septiembre próximo anterior en la Plaza de la Constitución, en apoyo de su política económica, los caminos se han bifurcado y el gobierno, como ha sucedido siempre en momentos de crisis, se pone del lado de las mayorías nacionales. Esto va a tener implicaciones profundas en la estructura económica del país en el plazo inmediato.
Para los trabajadores que nos hemos organizado bajo los principios rectores del apartado B del Artículo 123 constitucional, la nacionalización significa que en adelante serán los intereses de la nación los que se impongan permanentemente y que la rentabilidad social tendrá que predominar sobre la rentabilidad individual que se nutre de la ganancia; significa que en adelante la riqueza social provendrá de la productividad y no del juego abusivo de los precios. Los empresarios tienen una enorme responsabilidad en esta reestructuración económica; deberán moderar desde ahora por propia iniciativa sus apetencias utilitarias.
Señores industriales, moderen sus ganancias; señores comerciantes, moderen sus precios; señores casatenientes, moderen sus prácticas de encarecimiento de la vivienda popular; háganlo ahora sin presiones, para que cuando llegue la reglamentación respectiva no haya ni sorpresas ni lamentos.
Ninguna sociedad puede ser fuerte, sana, libre y progresista si se dan en su seno a un mismo tiempo la concentración ilimitada de la riqueza y la marginación extrema.
Compañeros diputados: hemos escuchado hace unos momentos varias exposiciones relativas a las desventajas que un respetable sector de trabajadores está padeciendo, pero las conquistas sindicales se obtienen a través del tiempo, no puede tener las mismas prestaciones, no puede tener las mismas circunstancias una organización con equis número de años de iniciada, de formada que una organización que ya lleva un mayor camino andado.
sí hemos entendido bien, el sentido profundo de los decretos históricos promulgados por el presidente José López Portillo, el agio y la especulación deben ser prácticas inadmisibles para el buen desarrollo del país, y será la banca nacionalizada el principal instrumento para llevar a cabo el saneamiento de nuestra economía. Voces: Tema, tema.
Yo entiendo que este tema le disgusta a usted, señor diputado, lo entiendo perfectamente. Estamos tocando el talón de Aquiles.
Señores diputados: Quienes militamos dentro de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, como quienes militan en cualquier otra organización, las siglas que sean, han tenido la consecuencia de un trabajo, la consecuencia de una labor. Si la banca nacionalizada va a cumplir eminentemente una labor de carácter social, si no va a servir a intereses particulares, nosotros no por ganar ninguna membresía ni por aumentar las filas de quienes están dentro de la propia Federación de Sindicatos, simple y sencillamente apegándonos a nuestro texto constitucional, solicitamos se ponga a votación y que, esto que nos ha llevado tantas horas de trabajo, de dedicación, quizá de cansancio, pueda ser la consecuencia de algo que durante tantos años estuvieron esperando los trabajadores que sirvieron a intereses Privados en la banca privada. Muchas gracias por habernos escuchado. (Aplausos.)
El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. diputado Rafael Aguilar Talamantes.
El C. Rafael Aguilar Talamantes: Agradezco al compañero Mariano López, que me haya cedido su lugar.
Señor Presidente; señoras y señores diputados: Ojalá nuestro partido pueda sentar aquí escuela parlamentaria, cuando menos por la brevedad de nuestras intervenciones. Procuraremos ajustarnos siempre al Reglamento, para no abusar y no dudar de la inteligencia de los señores diputados.
A estas alturas ha sido tal la repetición de argumentos que simplemente yo quisiera fijar nuestra posición en contra de esta adición al Artículo 123 constitucional, señalando algunos argumentos que tal vez no han sido aquí mencionados y que pudieran resultar de interés para los señores diputados.
La primera pregunta que quisiera inducir es esta: Parto de la base de haber escuchado ya, todas las argumentaciones en contra, la mayor parte de las argumentaciones a favor y de tener por lo tanto la posibilidad de revisar mi propia convicción para saber de qué lado está la razón.
Creo que si los dirigentes de los diputados priístas les dejaran absoluta libertad para que votaran libremente en este asunto, indudablemente el día de hoy no sería aprobado el Artículo 4º. de la iniciativa.
Pero por su propio peso han quedado evidenciadas las razones de tipo jurídico, político, moral, que dan fuerza a nuestra razón de estar en contra de esta adición al Artículo 123. Me preguntaba cuál es la razón o cuáles son las
razones por las que hemos coincidido para opinar en contra y estar en contra los diputados del Partido Acción Nacional, del Partido Demócrata Mexicano, del Partido Popular Socialista, del Partido Socialista Unificado de México y del Partido Socialista de los Trabajadores.
Indudablemente tenemos objetivos históricos muy diferentes los partidos obreros con los partidos que aquí han manifestado sus divergencias respecto a la trascendental medida que se ha adoptado hoy, de incorporar constitucionalmente la nacionalización de la banca. Y reflexionando cuál sería el punto en común que nos ha unificado en contra de esta adición, al escuchar las argumentaciones en pro de los priístas, esta razón fue apareciendo poco a poco y creo que es necesario mostrarla aquí a la Asamblea.
De inmediato aparece la iniciativa presidencial de adicionar el Artículo 123, aparece como una proposición arbitraria, que puede tener a corto, mediano y largo plazos, muy serias y muy graves consecuencias.
De inmediato provocará la aprobación de esta adición para que cerca de 140 mil trabajadores bancarios sean encajonados por la fuerza, sin consulta previa, y de plano no les dejan otro camino que sindicalizarse y pertenecer, lo quieran o no, a la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado.
Hace un rato el diputado Morado Garrido decía textualmente: "Se es o no se es revolucionario y quien no lo sea no tiene nada que hacer entre nosotros". A mí me parece que va a ser muy difícil encontrar revolucionarios entre los trabajadores bancarios, si acaso alguno de los militantes nuestros, militantes del PSUM tal vez, militantes o del PPS, que piensen en la revolución y que sean trabajadores bancarios. Pienso que entre la inmensa mayoría de los 140 mil trabajadores bancarios, se va a encontrar eso, trabajadores; incluso posiblemente haya muchos panistas entre los trabajadores bancarios, muchos pedemistas entre los trabajadores bancarios, los trabajadores bancarios se caracterizaron durante mucho tiempo por tener entre sus filas a muchos persignados, a muchos niños bien, los banqueros se cuidaban para seleccionar su personal; va a ser muy difícil que el diputado Morado Garrido encuentre revolucionarios en masas entre los trabajadores bancarios, y de ahí nuestra preocupación también; quiere decir que los trabajadores bancarios que no sean revolucionarios están condenados a ser corridos de sus empleos en cuanto éstos ingresen a la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado. Quiere decir que los trabajadores bancarios que pertenezcan al PAN están condenados a ser cesados o los que pertenezcan al PDM, y los que sean más revolucionarios que los propios priístas, ¿cuál es el futuro que les espera si la legislación los está conduciendo obligadamente a que se incorporen a la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado? ¿Tendrá que ser una condición para conservar el trabajo tener credencial de la CNOP o del PRI? Y allí está en buena parte, cuando menos una de las razones, por qué aquí el PAN, el PDM, el PPS, el PSUM, el PST estamos aquí hablando en contra de esta adición. Nos parece una falta absoluta de respeto a la voluntad no de unos cuantos, sino de 140 mil trabajadores que van a manejar un servicio público de grave importancia para la nación, y nos parece incongruente e inconsecuente que habiendo elevado a rango constitucional la nacionalización de la banca, se cometa la primera injusticia contra quienes van a manejar prioritaria y primordialmente la banca nacionalizada.
Realmente en lo personal, fuera tal vez de una brillante intervención del diputado Salvador Valencia, el resto de las argumentaciones en pro me han parecido de una pobreza teórica, ideológica y política impresionante.
La fundamentación jurídica constitucional que se ha pretendido dar a la iniciativa, en particular a esta adición, es poco convincente. Cómo que de repente los compañeros priístas se olvidan en qué tiempo estamos. Hace tan sólo mes y medio -lo vamos a reiterar-, los rumores sobre el golpe de Estado, sobre la muy probable abdicación del Presidente López Portillo, tantos y tantos rumores que se corrían por el país entero, tenían a muchos priístas casi a punto casi a punto, de abandonar muchas de las posiciones políticas que hoy aquí hemos escuchado en esta sesión. Sucedió la nacionalización de la banca, el anuncio de los decretos, el Presidente López Portillo remoraliza la conducta política de muchos de los miembros de su propio partido y parece que con el anuncio de esos decretos mágicamente hubieran desaparecido del escenario social y político del país los problemas críticos que nos habían llevado a todos a mostrar una gran incertidumbre frente al futuro inmediato del país. Y hoy parece que aquí no ha pasado nada. No apenas acaba el Presidente de la República de anunciar estos decretos, de remoralizar a las fuerzas políticas, y de vislumbrar un futuro un poco más alentador para el país, por lo que estas medidas significan, cuando los compañeros priístas vienen a esta tribuna habiendo olvidado el momento en que vivimos y las dificultades por las que hemos pasado. Y lo demuestra su actitud, porque están a punto de cometer un error muy similar a aquellos errores que han cometido y que a veces han llevado al país a callejones sin salida.
Estamos a punto de que se cometa una grave injusticia contra un número importantísimo de trabajadores, pero en todo caso nos
preocuparía menos la injusticia si no estuviera cometiendo aquí un grave error político.
No han desaparecido las condiciones de la crisis, no han desaparecido ni disminuido las graves amenazas contra la soberanía nacional.
Los Estados Unidos mantienen toda su presión sobre México, sobre el régimen que se va y sobre el régimen que viene, y en un momento en el que se requiere fortalecer políticamente a una de las fuerzas más significativas de la vida nacional, como es la clase obrera, se persiste en la equívoca política de dividirla y de desintegrarla.
Lo lógico, después de la nacionalización de la banca, lo patriótico, incluso lo histórico, es que la iniciativa que hoy está aquí a discusión propiciaría la unidad orgánica del movimiento obrero; base para también desarrollar la unidad ideológica y política, porque la nación mexicana requiere de una fuerza unida y organizada para defender y consolidar la nacionalización de la banca y muchas otras medidas.
Yo siento que incluso estamos desarmando y comprometiendo al próximo régimen al adoptar apresuradamente una medida como la inclusión en el apartado B, de las relaciones entre los trabajadores bancarios y las empresas que se han creado. Todavía no sabemos, incluso, nadie lo sabe, si lo que va a surgir de este movimiento sindical es un Sindicato Único de Trabajadores Bancarios o una Federación de Sindicatos Bancarios, y ya la estamos irresponsablemente, pienso yo, encuadrando en las filas de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado.
Pregunto: ¿No es más congruente, no es más lógico dejar que esos 140 mil trabajadores tengan la oportunidad de decidir democráticamente, por sí mismos, si forman sindicato independiente, si se van a la CROC, o se van a la CTM, o se incorporan como sindicato nacional al Congreso del Trabajo, o si deciden finalmente irse a la FSTSE? No sería a la falta de respeto que implica la proposición del Ejecutivo: Unir la falta de respeto de este poder, al aprobar aquí, no sé en aras de qué necesidad política, esta adición, me parece que se está cometiendo un grave error político, se está faltando al respeto a los trabajadores, pero aún más: Se está limitando gravemente la posibilidad de que quienes van a manejar miles y miles de millones del pueblo de México nazcan a la organización sindical con vicios de origen y con resentimientos producto de la imposición que se les quiere hacer y en la cual, desde luego, se nos quiere hacer participar.
Nosotros, que postulamos la vía constitucional al socialismo, y tal vez seamos los únicos que hayamos formulado esta vía, consideramos que el reforzamiento que esta vía ha tenido en esta sesión al elevar al rango constitucional la nacionalización de la banca, sufre, se disminuye por nuestra inconsecuencia de no defender todos de manera adecuada los intereses de los trabajadores bancarios. Consideramos que efectivamente el sector nacional revolucionario, al cual consideramos hegemónico el del aparato del Estado, ha tenido muchos aciertos, entre otros este, impulsado por la necesidad: nacionalizar la banca. Pero todavía por ahí, en algunos oscuros rincones del Estado hay criterios reaccionarios que introducen muchas veces iniciativas avanzadas este tipo de lunares y este tipo de trabas y de errores.
Es indudable que el querer encasquetar, encajonar, encamisar a los trabajadores bancarios en el apartado B significa un verdadero retroceso, cuando menos una incapacidad política para aprovechar un momento tan trascendente como éste para dar un paso adelante. Muchas y muy graves consecuencias ha tenido para el Estado mexicano, para el PRI y para el sector nacional revolucionario el tortuguismo político. A paso de tortuga camina, y en momentos en que hay la posibilidad de dar un salto y de destrabar el proceso revolucionario el paso de tortuga se los impide.
En este momento francamente se requiere dar puertas libres a la clase obrera de nuestro país, porque francamente es la única que tiene capacidad para poder enfrentar con mayor fuerza y lucidez los problemas de la lucha por defender la soberanía nacional y por sostener y desarrollar la legalidad constitucional.
No quiero mostrarme como profeta o como adivino, pero basta analizar los planteamientos de Miguel de la Madrid para entender que Miguel de la Madrid, Presidente electo hoy, Presidente constitucional el 1o. de septiembre, se va a enfrentar a la enorme tarea de reconstruir muchas áreas de la vida nacional, y también hay que decirlo, hay que decirlo con toda claridad para que los compañeros priístas no se equivoquen, lo cierto es que a la orden del día está recomponer el gobierno de nuestro país. Yo no digo que va a haber un ministro obrero, tal vez algún miembro del Congreso del Trabajo o de la CTM, después de muchos años en que no ocupaban tan importantes posiciones, ahora la ocupen y se va a requerir una fuerza obrera agigantada para poder enfrentar las tareas de reconstrucción del país, y aquí, en un acto apresurado, presentando la defensa de los intereses de los trabajadores bancarios, se pretende aprobar una adición que perjudica ese proceso de conformación y de integración de la fuerza obrera.
Nosotros hemos sostenido la tesis frente a los independentistas sindicales, de que el pacto entre el movimiento obrero y el Estado es una ventaja histórica, pero que esa relación entre el movimiento obrero y el Estado es una relación que debe cambiar de contenido para que el movimiento obrero organizado, en lugar de
jugar un papel de subordinación, juegue un papel determinante que influya en las políticas y en las decisiones del Estado. Este es un requisito indispensable hasta para hacer viable la vía constitucional al socialismo y para garantizar las propias posiciones hegemónicas del sector nacional revolucionario en el seno del Estado.
Y tal parece que los primeros beneficiados de estas realidades no las entienden y por errores políticos o por falta de capacidad teórica, a veces abandonan los señores priístas, trincheras importantísimas que han ocupado gracias al empuje histórico de la clase obrera .
Y eso es preocupante, es preocupante en un momento como este. Necesitamos ahora más que nunca, luchar con todas las fuerzas avanzadas de este país por elevar el papel político y social de la clase obrera si queremos consolidar la medida nacional de la banca, y si queremos que en el próximo régimen se aplique un programa de transformaciones profundas en la vida nacional.
Y cuando frente a nosotros están estas tareas, insisto, no me explico por qué, por qué los argumentos en pro no nos dan razones suficientes para convencernos de que el camino correcto está planteado por los compañeros priístas, cuando se requieren decisiones de una naturaleza revolucionaria, continuarlas, llevarlas hacia adelante, nos presentan aquí una adición que francamente hace nugatorios los derechos de los trabajadores bancarios.
Se escamotean esos derechos, es evidente, y nos parece más que nada un error político.
No quiero argumentar más; la argumentación del compañero Reyes del Partido Popular Socialista fue muy brillante; demostró histórica y jurídicamente las razones para estar en contra. Los argumentos de los compañeros del PSUM que me antecedieron a la palabra, igualmente; todos ellos hicieron una defensa brillante de la común posición que tenemos para estar en contra de esta adición.
Simplemente yo quisiera decirles, señores diputados del PRI, de los cuales dependería que no se completen las dos terceras partes, yo les diría compañeros diputados, no nieguen la cruz de su parroquia, no se equivoquen, y hasta me atrevería a pedir al diputado Lugo Gil, y no sé quiénes sean los más influyentes diputados priístas, que dejen libertad a los diputados obreros, que dejen en libertad a los diputados priístas para que voten según lo que consideren más conveniente para la clase obrera y para el futuro del país. No se los dice un partido del pasado, tampoco se los propone un partido del presente, se los pide un partido del porvenir. Gracias.
El C. Presidente: Tiene la palabra por la comisión, el C. diputado Salvador Valencia Carmona.
El C. Salvador Valencia Carmona: Con su venia, señor Presidente; Compañeros diputados:
Escuchamos con el profundo respeto que nos merece, una idea que puede ser diversa; pero que tiene todo el derecho de expresarse en un país como el nuestro. Sin embargo, no fue en manera alguna indecisión, falta de coincidencia o criterios divergentes en la mayoría priísta, la que llevaron a tomar la decisión y de proponer a esta Asamblea, la regulación de los trabajadores bancarios en el apartado B.
Yo creo que son razones muy claras, tanto de doctrina de derecho público, como de legislación que quedaron debidamente expuestas en las ideas que los compañeros de la mayoría formularon ante esta soberanía. Se dijo así que el hecho de que los servicios públicos sean exclusivos, particularmente la banca y el crédito, significa como en toda nacionalización, y esta es una teoría donde México tiene que enseñarle mucho al mundo, la nacionalización implica un régimen de derecho público estricto. Y por consecuencia, implica también el que la nación, no el Estado ni los gobernantes como pretenden algunos, sea la que tenga el dominio exclusivo y definitivo de este tipo de servicios.
Fue así como cuando se tomaron los bienes de la banca privada, se ocurrió a la expropiación. Y sabiamente desde el punto de vista constitucional y administrativo, dijo la iniciativa en rescate, porque efectivamente fue un rescate, el servicio público de la banca y el crédito, jamás salió del dominio del Estado mexicano y los concesionarios de la banca sólo tenían el uso temporal, no un derecho preexistente, porque no era esta una garantía individual en manera alguna.
Se dijo también que debe aplicarse el régimen del apartado B, porque nos encontramos ahí las características plenas del servicio público y se requiere aplicar en esta actividad técnica, que es de interés general y no de interés particular, todos aquellos principios que la doctrina aconseja de manera prudente, la regularidad, la igualdad y la manera de prestar ininterrumpidamente el servicio.
De otra manera, muy pronto los ahorradores, muy pronto ese ejército de la clase media y proletaria que sostiene este país, perdería la confianza en nuestras instituciones si no las garantizáramos debidamente.
Se dijo también que había suficientes elementos en el apartado B del 123, donde se habla de poderes de la Unión y Poder de la Unión es el Poder Ejecutivo que tiene un sector centralizado y otro descentralizado, donde se ubican precisamente los organismos como el Banco de México y similares.
Quiero, sin embargo, independientemente de recordar algunos de los argumentos que nos
hicieron llevar a la Comisión de Puntos Constitucionales esta proposición, expresar un punto al que no quise aludir por razones de urbanidad parlamentaria; de cortesía hacia la oposición. Efectivamente con ese pequeño correctivo no fue el señor diputado Arnaldo Córdova brillante escritor, el que objetó mi intervención, fue exactamente a la inversa, yo le hice algunas observaciones en aquella oportunidad, él me precedió cronológicamente. Lo que yo le dije fue lo siguiente: ningún país del mundo ha dejado de establecer una reglamentación especial para los servicios públicos, y me remito al derecho comparado y a cualquier legislación que ustedes quieran para comprobar mi acierto.
Revisen por ejemplo un país tan liberal como Canadá, donde la prohibición de huelga existe en principio, y tienen para el servicio público incluso limitaciones mucho más severas que las nuestras. Vean los Estados Unidos, donde el Presidente puede nombrar una junta especial de encuesta, y ésta puede pedir al Tribunal Federal que prohiba la huelga si la seguridad y el bienestar nacional están en peligro. En Alemania Federal desde hace muchos años está instituido el lock out, donde se pueden tomar medidas enérgicas que llevan incluso a despidos sin previo aviso e incluso sin readmisión general de trabajadores. O Francia, que se citó aquí, que por mucho tiempo prohibió de manera absoluta la huelga, y ahora tiene incluso la requisa para romperla. Inglaterra no lo es menos, y para qué hablar de los países socialistas donde la huelga está terminantemente prohibida y el arbitraje estatal es forzoso y compulsivo. Por eso creo yo que el derecho burocrático mexicano que nace de una confluencia de nuestro derecho laboral y administrativo, se asemeja en mucho, por ejemplo, a los de Bélgica y Suecia, que están bastante avanzados en la materia. Creemos que es un buen intento para conciliar por un lado el servicio público, y por otro lado el legítimo interés gremial de los trabajadores al servicio del Estado.
Cierto -y en esto yo coincido- que hace falta una revisión integral de la legislación laboral, y otra pequeña observación, no dije apartado B, dije legislación laboral, comprendida en ambos apartados. ¿Por qué? Porque la receta del Constituyente de 17, buena para su tiempo, requiere de la inventiva de la energía constitucional de la energía, de la audacia de las nuevas generaciones, y esto implica una revisión a fondo de nuestras normas constitucionales.
Diría también que los diputados que formamos parte de la mayoría priísta, vemos en la Constitución de 17 un documento que ciertamente nos ha permitido transitar dentro de una libertad y estabilidad excepcional en América Latina.
Pero tampoco podemos dejar de desconocer que bajo esta norma fundamental trabajan de manera incesante los factores reales de poder, que bajo esta norma fundamental se estructura un movimiento laboral, un movimiento obrero que es la columna vertebral de este país, en sus dos variantes: Burocrático y el generado en la CTM, y la CROC y organizaciones similares.
Es un orgullo para mí, emanado del sector popular, convivir y tener amigos a quienes respeto dentro del sector obrero, que ha sido clave para las transformaciones de este país.
Diría, por último, que el tema me parece a mí suficientemente discutido, y felicitaría a todos y cada uno de los diputados, sin distinción de signo ideológico; recuerdo muy bien al leer el Diario de los Debates, cuando se discutía, a eso de las 3 de la mañana, la fracción II del Artículo 115, en que el Presidente tuvo que llamar la atención porque todos estaban dormidos. Ahora no se produce ese fenómeno, y los felicito de todo corazón.
Propongo, con base en el Artículo 118 del Reglamento Interior, que se declare suficientemente discutido el tema y se proceda a votación. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Consulte la Secretaría a la Asamblea si el Artículo 4º. se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario Everardo Gámiz Fernández: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si está suficientemente discutido el Artículo 4º. de proyecto del Decreto.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, se les ruega ponerse de pie... Suficientemente discutido.
Se va a pasar a proceder a recoger la votación nominal del Artículo 4º. del proyecto de Decreto en sus términos.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
Señor Presidente, se emitieron 229 votos en pro y 79 en contra.
El C. Presidente: Aprobado el Artículo 4º. por 229 votos, en sus términos.
Se abre el registro de oradores para la discusión del Artículo 2º. transitorio. Oradores en contra David Ángel Sánchez Pérez; por la Comisión Maximiliano Silerio.
Están inscritos la Comisión; en contra Daniel Ángel Sánchez Pérez, en pro Sami David David y Enrique Soto Izquierdo.
Tiene la palabra la Comisión con el objeto de fundamentar el dictamen.
- EL C. Maximiliano Silerio Esparza: Señor Presidente, señores diputados: les ofrezco ser sumamente breve. A fin de poner el marco legislativo adecuado a la discusión en lo particular del Artículo 2º. transitorio, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por mi conducto ratifica el contenido del texto de la nueva redacción del mencionado Artículo 2º. del proyecto de Decreto que es de la siguiente manera:
Transitorio, Artículo 2º. En tanto se establecen por la ley reglamentaria del párrafo 5o. del Artículo 28 constitucional las modalidades a que se sujetarán mantienen su actual situación jurídica el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S. A., el Banco Obrero, S. A., las sucursales en México de bancos extranjeros que cuentan con concesión del gobierno federal y las organizaciones auxiliares de crédito. Concluyo haciendo una afirmación: Este histórico debate y las reformas que aquí hemos aprobado, serán para bien de todos los mexicanos. Muchas gracias.
El C. Presidente: Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite la modificación propuesta a la fracción segunda.
El C. secretario Everardo Gámiz: En votación económica se consulta a la Asamblea si es de aprobarse la propuesta hecha por la Comisión.
Los que estén de acuerdo, sírvanse ponerse de pie...Aprobada, señor Presidente.
El C. Presidente: Aceptada. Está a discusión el Artículo 2º. transitorio con las modificaciones aquí aprobadas...
El C. secretario Everardo Gámiz: Se va a proceder a recoger la votación nominal del Artículo Segundo Transitorio del proyecto de Decreto, con la modificación propuesta por la comisión y aceptada por la Asamblea.
Se emitieron 235 votos por la afirmativa, 43 en contra y tres abstenciones.
El C. Presidente: Aprobado el Artículo segundo transitorio con la modificación aprobada, por 235 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto para adicionar y reformar los Artículos 28, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Aplausos.)
- El secretario Everardo Gámiz: Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al Orden del Día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Oscar Cantón Zetina: "Primer periodo ordinario de sesiones. LII Legislatura.
Orden del Día
7 de octubre de 1982.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico, que con motivo del 158 aniversario de la jura de la Constitución de 1824, tendrá lugar el próximo 10 de octubre.
Invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico que con motivo del 490 aniversario del descubrimiento de América, tendrá lugar el 12 del actual.
El Congreso del Estado de Sonora, invita a la sesión solemne en la que el C. Dr. Samuel Ocaña, Gobernador del Estado, rendirá su tercer informe de gobierno, y tendrá lugar el próximo 13 de octubre.
Comunicaciones de los Congresos de los Estados de Guanajuato y Nayarit.
Minutas
Con proyectos de Decreto por los que se concede permiso a los CC. José Luis Martínez, Andrés Fernando Aguirre O. Sunza y Sergio Reyes Osorio, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de Decreto, por el que se concede permiso al C. Federico Guillermo Chacón y Rábago Voss, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federal de Alemania, en la ciudad de Veracruz, Veracruz.
Sesión secreta."
- El C. Presidente (a las 5:10 horas del miércoles 6): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar, el próximo día jueves 7 de octubre, a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y
DIARIO DE LOS DEBATES