# Discurso de Luis Echeverría Álvarez en su Quinto Informe de Gobierno

1 de septiembre de 1975.
Discurso del Lic. Luis Echeverría Álvarez, al abrir el Congreso sus sesiones ordinarias, el 1 de septiembre de 1975. Honorable Congreso de la Unión:
Ha transcurrido un año más de intensa actividad nacional.
En lo interno, hemos trabajado por acelerar la marcha hacia una sociedad igualitaria, consolidar la democracia política y nuestro régimen de libertades, extender las garantías sociales y ampliar nuestro horizonte cultural y económico.
Para ello, continuamos alentando, como lo haremos hasta el último día de nuestro mandato, la participación de los ciudadanos en las decisiones gubernamentales.
En lo externo, hemos luchado porque nuestro país no sea espectador pasivo en el análisis y resolución de los problemas internacionales; por dejar muy clara la postura de México al lado de los países débiles sojuzgados y explotados, y con ello, mantenernos fieles a los principios fundamentales de nuestra política internacional; por realizar actos concretos y no sólo declarativos para la unión de los países del Tercer Mundo y lograr, así, mejores condiciones en su relación con lo países más poderosos; por fortalecer nuestro poder de negociación y abrir nuevos horizontes a nuestro comercio exterior, para elevar el nivel de vida de las clases mayoritarias de nuestro pueblo.
Todo ello consolida el prestigio de la nación en el ámbito internacional y amplía el contenido de su independencia.
En nuestros contactos con otros países hemos actuado con respeto absoluto a sus formas de vida, pero seguros de la capacidad de nuestro sistema político, económico y social, para consolidar y acelerar el progreso de México.
Solamente por ignorancia o por falta de patriotismo, se puede postular la copia simplista de formas de convivencia concebidas por otras naciones para sus específicos problemas y circunstancias.
Las verdaderas respuestas surgen de la historia nacional y de la entraña popular; responden al peculiar modo de ser de cada país.
No negamos que existan fenómenos semejantes en todos los pueblos del orbe; pero recordamos que uno de ellos ha sido, precisamente, el rechazo a la imposición y la defensa de los valores propios.
Tan infundado sería suponer que la política exterior resolviera automáticamente los problemas nacionales, como creer que para superarlos bastan las acciones internas realizadas en el aislamiento.
La lucha hay que librarla en ambos frentes.
Con valentía y voluntad solidaria en el ámbito internacional y con autocrítica y consistencia dentro de nuestras fronteras.
No bastaría combatir el neocolonialismo mundial si al propio tiempo no lo hiciéramos contra el colonialismo.
Pero también sería insuficiente esforzarnos por erradicar nuestras desigualdades sin combatir la injusticia internacional que las propicia.
La política exterior es parte fundamental de la política interna y atiende, como ésta, a la necesidad de mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas.
La acción del Gobierno es unitaria y responde, en uno y otro caso, a los intereses fundamentales del país, y subrayadamente, a los de los sectores obreros, campesinos y demás clases populares en que se finca su progreso.
De la forma en que hemos trabajado a favor de estos intereses damos hoy cuenta al pueblo, por quinta ocasión, desde la tribuna más elevada de México.
POLITICA INTERIOR
Conmemoramos el Sesquicentenario de la República Federal, de la Constitución de 1824 y el de la instalación de la Corte Suprema de Justicia, así como el Centenario de la Restauración del Senado.
Celebramos estos acontecimientos no como simples recuerdos de un pasado limpio y vigoroso, sino como origen de nuestras instituciones contemporáneas y, por eso mismo, como una forma de adhesión actual a los valores que representan y de estímulo para perseverar en la lucha por el mejoramiento de nuestra sociedad.
Del pretérito extraemos experiencia y fortaleza moral para conquistar el porvenir.
En 1974 anuncié que enviaría una iniciativa de reformas a la Constitución para que fueran creados los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo, y culminar, así, el proceso de integración federal iniciado en 1824.
Hoy, la Federación se congratula de contar con dos nuevos Estados Libres y Soberanos.
Después de que el Constituyente Permanente decretó la reforma del caso, la ciudadanía de ambas Entidades eligió Congresos Constituyentes, de cuyas deliberaciones surgieron dos Constituciones modernas que, apegadas a nuestra norma fundamental, amplían el campo de las garantías sociales conforme a la revitalización revolucionaria que vive el país y estructuran órganos de gobierno funcionales, adecuados para continuar el desenvolvimiento integral de los nuevos Estados.
Promulgadas estas Constituciones fueron elegidos los Poderes Legislativo y Ejecutivo locales en procesos comiciales plenos de entusiasmo y espíritu democrático.
De la misma manera, fueron electos por vez primera, un diputado federal más y dos senadores de la República por cada una de las dos Entidades; distinguidos legisladores que hoy sesionan en este recinto.
Además de las anteriores, se celebraron elecciones ordinarias de Gobernadores en los Estados de Veracruz, Tlaxcala, Sinaloa, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Hidalgo, Quintana Roo, Baja California Sur, México y Coahuila, y extraordinarias en Hidalgo.
Se eligieron diputados locales en Veracruz, Tlaxcala, Sinaloa, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Hidalgo, México, San Luis Potosí, Baja California Sur y Quintana Roo y, por elecciones extraordinarias, en Hidalgo.
Quedaron integrados ayuntamientos en Sinaloa, Baja California Sur, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Quintana Roo.
Hubo elecciones extraordinarias de autoridades municipales en San Pablo del Monte, Estado de Tlaxcala; Santa Bárbara y Matamoros, Estado de Chihuahua, y en diez Municipios del Estado de Oaxaca.
En los Estados de Guerrero e Hidalgo ocurrieron hechos graves que condenó el pueblo.
El desenvolvimiento cívico e institucional de la República, reclama respeto al orden jurídico nacional y al particular de cada Estado.
El régimen federal no ha de servir para el encubrimiento político, ni para proteger cacicazgos, ambiciones de poder o intereses ilícitos.
La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión declaró, que habiendo desaparecido los poderes constitucionales de estos Estados, era llegado el caso de nombrar Gobernador Provisional en cada uno de ellos.
El restablecimiento del orden constitucional en estas Entidades, permite la continuidad de su progreso y una más estrecha vinculación entre pueblo y gobierno.
Aunque desde el principio de nuestro mandato hemos mantenido una estrecha y respetuosa colaboración con los señores Gobernadores, ésta es susceptible de ampliarse y fortalecerse.
A partir de este año, es norma del Titular del Ejecutivo Federal asistir a las ceremonias de transmisión del Poder Ejecutivo en los Estados.
Nuestra presencia en esos actos no se restringe a los aspectos meramente formales; es ocasión para efectuar juntas de trabajo que permiten emprender acciones provechosas.
México ha vertido su revolución en el orden jurídico.
El movimiento armado culminó plasmando sus principios y sistemas en la Constitución.
Mediante leyes y decretos, se empezó a moldear y regular la vida colectiva.
En una relación lógica los preceptos jurídicos generan nuevas formas de relaciones humanas y éstas, a su vez, demandan nuevas normas para continuar la dinámica del progreso.
Un Estado revolucionario debe mantener su estructura jurídica siempre acorde a las etapas por las que transita.
Congelar el derecho es siempre tendencia conservadora; revisarlo permanentemente a la luz de los principios de justicia social, es un imperativo revolucionario consagrado en nuestra Carta Magna.
Desde el inicio de mi mandato, se ha venido realizando un vasto proceso de renovación legislativa.
En esta tarea encontré siempre en el honorable Congreso de la Unión la voluntad de cambio que la sociedad demandaba.
Las iniciativas del Ejecutivo no sólo fueron acogidas, sino analizadas, revisadas y perfeccionadas por legisladores empeñosamente entregados a sus elevadas funciones.
Podemos afirmar que se ha revisado el andamiaje jurídico de la nación, y que éste modernizado y revitalizado, constituye una sólida estructura para enmarcar el trabajo común en los años venideros.
De diciembre de 1970, a la fecha, se han promulgado y entraron en vigor 224 disposiciones legislativas.
Del primero de septiembre de 1974 a la fecha se enviaron 55 iniciativas de leyes y decretos; de las principales de ellas, se da cuenta a lo largo de este Informe.
Continuaremos la obra de transformación jurídica para la renovación y el progreso de las instituciones del país.
Durante el Período Ordinario de Sesiones que se inicia el día de hoy, haré llegar a este Honorable Congreso de la Unión diversas iniciativas de nuevos ordenamientos o de reformas legales entre las que destacan las siguientes: Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; Ley Federal de Protección al Consumidor; Ley del Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica; Ley que crea el Consejo Nacional de las Artes; Ley Federal de Formación Profesional; Ley de Extradición Internacional; Ley de la Propiedad Industrial; Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Explotación y Aprovechamiento de Recursos Minerales; Ley de Crédito Agrícola y Ley Orgánica de la Financiera Nacional Ejidal; así como iniciativas de reformas a la Constitución General de la República para crear una zona económica exclusiva de 200 millas náuticas a partir de nuestras costas, a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea mexicana, a la Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios en el Ejército Nacional, a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales, a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y a la Ley de Asociaciones Agrícolas.
El país progresa en la medida en que su paz dinámica se sustenta en las reformas que, en todos los órdenes, promueve el régimen de la Revolución para satisfacer las demandas populares.
Esto es posible gracias a la activa participación de nuestras Fuerzas Armadas, garantes de la paz y salvaguardia de las instituciones republicanas.
El Ejército Mexicano nació en defensa de la democracia y del régimen constitucional.
Desde entonces, sus filas han estado integradas por hombres surgidos de la entraña popular.
Por ello, respaldan un orden político y social al servicio de las mayorías, en el que se mantiene la vigilancia de las garantías individuales y se amplían los derechos sociales.
El mejoramiento de nuestra democracia social, la defensa invariable de los derechos de campesinos y trabajadores, la expansión del sistema educativo, los esfuerzos para redistribuir el ingreso, el fortalecimiento de las empresas de interés público, el perfeccionamiento de nuestro sistema legal y el cumplimiento de una política exterior encaminada a multiplicar nuestros lazos con la gran mayoría de los países de la Tierra, como forma de fortalecer nuestra independencia política y económica y de contribuir a la paz universal, son hechos, todos ellos, que el Gobierno de la República puede llevar adelante gracias a la vigilancia del orden constitucional y a la sólida conciencia cívica de las Fuerzas Armadas.
Estas, además, cooperan leal y desinteresadamente en auxilio de la población civil cuando ésta lo necesita.
Luchan contra el analfabetismo, combaten el tráfico de estupefacientes, colaboran en tareas de promoción agropecuaria, de reforestación, saneamiento ambiental, en la construcción de caminos, puentes, casas de salud, obras de agua potable y electrificación, el pueblo, como siempre, les reitera su más profundo reconocimiento.
Merece destacarse aquí el Servicio Nacional Femenino de acción social que realizan las señoras esposas de lo Generales, Jefes y Oficiales del Ejercito del personal de tropa y fundamentalmente de sus familias.
Ello pone de manifiesto que el sentido de solidaridad y el patriotismo que caracterizan a los miembros de la Fuerzas Armadas, es compartido por sus esposas y evidencia, una vez más, la incorporación de las mujeres mexicanas a las grandes tareas nacionales.
Pendientes de la formación de los miembros de las Fuerzas Armadas se revisaron los programas de estudio de sus planteles, a fin de adecuarlos a los de la educación nacional y a las necesidades del país.
Se incremento el número de alumnos de los Planteles de Formación de Oficiales, también aumentó el alumnado femenino en las escuelas, Médico Militar, y de Educación Física y Deportes, y se autorizó su ingreso a la Escuela de Transmisiones; planteles que con anterioridad eran exclusivos para varones.
La construcción de unidades habitacionales por el Fondo de la Vivienda del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, así como por la Dirección de Pensiones Militares, sumadas a las medidas aprobadas para aumentar los ingresos de los miembros de las Fuerzas Armadas, y sus prestaciones sociales, son aspectos medulares de nuestra preocupación por elevar las condiciones de vida de quienes prestan servicios fundamentales a nuestro país.
El crecimiento de nuestra economía, reclama una política marítima que permita la explotación de los recursos provenientes del mar y un perseverante resguardo del patrimonio marítimo.
Para fortalecer esta tarea la Armada de México recibió siete nuevos buques patrulla, que han sido ya abanderados, y cinco más se pondrán en servicio en los próximos meses.
El 4 de julio del año próximo, la nación renovará los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federales; lo hará en el marco de una reforma política que garantiza una genuina manifestación democrática.
Una nueva Ley Federal Electoral que confiere a los partidos políticos nacionales voz y voto en todos los organismos comiciales, asegura la imparcialidad del proceso.
Los partidos políticos dispondrán nuevamente de tiempo gratuito en radio y televisión para hacer llegar sus tesis y programas al electorado, y de las franquicias postales y telegráficas que les han sido otorgadas.
El padrón electoral, pieza cardinal para asegurar la pureza de la elección, ha sido perfeccionado.
Un nuevo archivo nacional alfabético facilita su depuración.
La mayoría de las listas estatales han sido ya mecanizadas con sistemas de computación electrónica, lo que hace posible que los partidos políticos cuenten con copias que facilitan el pleno ejercicio de su corresponsabilidad legal.
Se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Electores 25 millones 429 mil 238 personas.
Queremos sinceramente, señores legisladores, fortalecer el sistema pluripartidista de México; pero para ello es necesario que todos los partidos políticos se modernicen.
No bastará ya en el próximo proceso electoral -es lo que piden los ciudadanos- con la simple enunciación de los principios básicos de cada partido, sino que es necesario que los partidos presenten programas de gobierno articulados, previa consulta a todos los sectores sociales, que constituyan, después, un compromiso no sólo para sus candidatos presidenciales, sino para sus candidatos a todos los puestos de elección popular.
Hemos venido alentando -me refiero al régimen de la Revolución- la existencia de los partidos políticos por distintos caminos.
La creación de la institución de los diputados de partido; reformas constitucionales y legales para disminuir el número de miembros necesarios para la creación de los partidos; el uso de la radió y la televisión puestos al alcance de dichas organizaciones y de sus candidatos; desde hace varios años, la solicitud a los medios de difusión para que reflejen todas las tendencias políticas, sin intereses ni favoritismos; y la disminución de la edad como requisito constitucional para ingresar a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores.
Los partidos políticos que, a pesar de gozar de estos adelantos democráticos, no hagan programas de gobierno que comprometan a sus candidatos a todos los puestos de elección popular, serán arrollados no sólo en las elecciones, sino también por la marcha ascendente del país.
La medida del crecimiento de los partidos políticos será la medida del esfuerzo y de la imaginación de sus dirigentes.
Este régimen ha trabajado día tras día, en la medida de lo posible, en la elaboración de programas de gobierno.
La integración de los Comités Estatales de Desarrollo, de las Unidades de Programación en cada dependencia oficial, la creación de la Comisión Nacional Tripartida y la exhortación a técnicos, intelectuales, pensadores y profesionales de todo tipo para que aporten sus ideas, son hechos, entre otros, que responden a este propósito.
No concebimos ya una sociedad mexicana sin programación; pero debemos de programar en y para la libertad.
Ha sido fácil en los países con libertades sociales y políticas restringidas hacer programas que se cumplan sin discusión.
Por eso vemos, sin duda alguna, fenómenos de cierto desarrollo -diría de cierto desarrollismo- en detrimento de libertades políticas en algunos rumbos de la Tierra.
Nosotros, estamos obligados por nuestra historia en la construcción de nuestra democracia social, a un íntimo y sincero respeto a todos los derechos individuales y sociales; a tener la suficiente imaginación para buscar soluciones sin la comodidad que significa no tener oposición política enfrente; a desarrollar con imaginación creadora, programas de gobierno - obligatorios para las dependencias oficiales e indicativos para la imaginación de los empresarios privados - que aceleren la marcha armónica del país.
En todos los países, en todos, en realidad, hay libertad de pensamiento; lo que no hay en muchos es libertad para expresar el pensamiento.
En nuestros viajes hemos hecho contactos con muchos grupos sociales de diversos países.
En todos se disiente, en todos se murmura, en todos hay oposición; pero ahora en muy pocas partes del mundo hay la libertad necesaria para expresar, como en México, el disentimiento, la oposición o la inconformidad.
El pensamiento no se puede encadenar.
Cuando no hay partidos políticos u organizaciones ciudadanas o libertad para los medios de información, se llega a reprimir hasta a los psicoanalistas, para controlar la oposición política.
Aquí hay libertad incluso en estos terrenos de la acción; la alentamos en todos los círculos.
Los psicoanalistas, por ejemplo, pueden preguntar de todo lo que quieran a sus pacientes.
En otras partes a los disidentes políticos -se dediquen a literatura política, o a la acción política clandestina (de otra manera no se puede), o a cualquier forma de crítica, sean novelistas o poetas-, se les somete a la acción de los psiquiatras, y éstos acaban por considerarlos como sujetos anormales.
A los intelectuales, a los artistas se les indica cómo deben crear, cómo deben pintar, cómo deben componer música.
Se les restringe.
Así, es fácil planear.
Lo que yo propongo a los partidos políticos mexicanos es que planeen dentro de la libertad, con absoluto respeto a la dignidad humana.
Vivir en lo humano es tener vocación por la libertad.
Los grandes centros de poder, los que están gastando la plusvalía de los trabajadores en multiplicar las bombas nucleares y otros instrumentos de destrucción, en una u otra forma, y desde uno u otro extremo ideológico y político, restringen las libertades, como parte de su preparación bélica.
Necesitamos crear, en una campaña contra el armamentismo -como México lo ha hecho con muchos países del Tercer Mundo, en el seno de las Naciones Unidas- condiciones objetivas y subjetivas, para acabar con el espectro de la guerra.
Ojalá esos cuantiosos recursos que las grandes potencias invierten en armamento los gastaran en el desarrollo de los pueblos del Tercer Mundo, formado por las tres cuartas partes de la humanidad, dentro de un plan general de solidaridad para la paz.
Los gastos armamentistas constituyen un error de esas potencias.
Por eso se restringen las libertades y en muchas partes se pisotea la dignidad humana, que tratamos de preservar en México.
Si el decirles a las potencias que forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas -en nombre de un pueblo en proceso de desarrollo y débil- que están cometiendo un serio error al pisotear la dignidad humana y al poner en peligro la paz, significa el dictado de un posible veto para una imaginaria candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, están en libertad de hacerlo.
México fue distinguido por la Organización de las Naciones Unidas, como sede de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer.
Llegamos a ese evento con una de las legislaciones más modernas y equitativas en la materia.
Recientes reformas hechas a nuestra Constitución consignan la igualdad del varón y la mujer ante ley; garantizan la potestad libre, responsable e informada, a la procreación y establecen el derecho de la familia a las garantías necesarias para su desenvolvimiento.
Tanto en materia laboral como en el caso de atribución de la nacionalidad, fueron borrados de nuestros ordenamientos los residuos de discriminación femenina en tanto no demos forma.
En el seno de la Conferencia subrayamos que defender los derechos de la mujer conduce a replantear los problemas generales de la humanidad y que será posible poner fin a la discriminación femenina en tanto no demos forma a un nuevo sistema económico internacional.
Hicimos ver que si bien en todos los sitios del planeta la mujer sufre una situación desigual, es en los pueblos del Tercer Mundo, donde este tipo de injusticia adquiere su dimensión más grave, pues no hay peor forma de explotación y de discriminación femenina, que la de aquellas mujeres que no tienen pan, escuela o medicinas para sus hijos.
Las luchas de liberación de la mujer se enmarcan, así dentro de las luchas por la liberación del hombre en su integridad, y por lo mismo, en las encaminadas a cancelar los patrones de conducta fincados en el derecho del más fuerte, como fuente histórica real de la desigualdad.
La Conferencia produjo como resultados fundamentales un documento llamado "Declaración de México 1975 sobre la igualdad de la mujer y su contribución al desarrollo y la paz y un "Plan de Acción Mundial" que nuestro país cumple puntualmente.
El evento constituyo un foro útil para la discusión de los problemas femeninos y al mismo tiempo los enmarcó en un horizonte humanista más amplio.
La gran mayoría de los delegados rechazaron enfoques parciales y manipuladores y adoptaron resoluciones generales en favor de un nuevo orden económico internacional y dieron apoyo a la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados.
Somos ya 60 millones de mexicanos y 2 millones más aumentan cada año nuestro volumen demográfico.
Multiplicamos los esfuerzos para satisfacer las necesidades de alimentación, trabajo, vivienda, educación y salud pública que implica este incremento.
Afrontamos con serenidad los problemas derivados del crecimiento demográfico, mediante una política inspirada en lo postulados de nuestro movimiento social y ceñida a las garantías individuales que establece la Ley Fundamental.
La II Conferencia Latinoamericana sobre Población, efectuada en la capital de la República, fue foro para reiterar que la política demográfica de cada país depende de su voluntad soberana, que debe integrarse a la estrategia general sobre el desarrollo y respetar al ser humano y a la pareja, única responsable de elegir de manera informada y libre, el número y espaciamiento de los hijos.
Así lo establece la nueva garantía consagrada en el artículo 4º. de nuestra Constitución.
Hemos puesto en marcha programas nacionales de información y orientación.
En el periodo pasado 400 mil mujeres se registraron para ser orientadas sobre la planeación de su familias en las clínicas estatales y privadas; hoy informamos que se han beneficiado con esos servicios un millón de ellas.
La Industria Cinematográfica la recibido un fuerte impulso en la actual administración para mejorar la calidad del cine nacional, dispusimos que el crédito oficial sea concedido para las películas que se produzcan asociadamente, entre el Gobierno y la fuerza fundamental de la industria: sus trabajadores.
En aplicación del nuevo derecho protector de los menores, se puso en servicio el primer Centro de Recepción del Consejo Tutelar del Distrito Federal.
El ingreso a la institución aparta al menor de las conductas antisociales y lo prepara para su incorporación a la comunidad.
Se reformó el artículo 107 Constitucional y la Ley de Amparo para suplir la deficiencia de la queja en lo juicios de garantías contra actos que afecten derechos de menores y otros incapaces jurídicos.
Celebramos convenios, de asesoría y aportación económica, para edificar modernos centros de readaptación social en 14 Estados de la República.
La Ley Orgánica del Ministerio Público Federal fue sustituida por la Ley de la Procuraduría General de la República.
Con ella se mejora el desempeño de sus funciones y se agilizan los procedimientos en beneficios de la protección de la sociedad.
Independientemente de que durante todo el año los resultados de la campaña contra los estupefacientes y sicotrópicos han sido superiores a todos los precedentes, en los últimos meses se lograron los más grandes decomisos, así como la captura de varias bandas de traficantes internacionales.
Es absolutamente indispensable que los gobiernos locales, en donde tradicionalmente se han cultivado materias primas, para los estupefacientes, colaboren amplia y eficazmente tanto con el Ejército Nacional como con la Procuraduría General de la República. La reforma administrativa busca garantizar la realización de los programas que llevamos a cabo, mediante la coordinación de esfuerzos y el uso racional de los recursos humanos y materiales.
Se levantó en su primera etapa, el Censo de Recursos Humanos del Sector Público Federal.
El conocimiento de los datos obtenidos, permitirá al Gobierno adoptar medidas tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y la productividad de sus servidores.
Está en ejecución la segunda etapa de este censo, que comprende a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.
De nada servirían los esfuerzos por mejorar la administración pública, sin la superación de sus servidores, de ahí que en todas las instituciones se continúe la labor de capacitar mejor a su personal, habiéndose impartido a la fecha 4 mil 821 cursos, 40 por ciento más que en el período anterior.
Se realiza una evaluación permanente de los avances y obstáculos en materia de reforma administrativa, para impulsar o corregir estas tareas con oportunidad.
A la fecha, se han revisado las actividades de 33 dependencias, lo que ha permitido introducir correctivos, en algunos casos, y confirmar los beneficios de estas acciones, en otros.
Para combatir el centralismo administrativo se ha fortalecido el programa de delegación y desconcentración de facultades, fundamentalmente a la provincia, de la mayor parte de las dependencias federales, organismos descentralizados y empresas de participación estatal.
A ellas se aunará la reubicación de las instituciones del sector público que, por la naturaleza de sus funciones, convenga radiquen en el interior de la República.
De esta manera se propicia la eficacia y rapidez en la prestación de servicios públicos y se coadyuva al desarrollo armónico del país.
POLITICA EDUCATIVA
La educación nacional recibe la más esmerada atención de nuestra parte; es área prioritaria de inversión y el monto de sus recursos va más allá que el de cualquier otro ramo.
Se destinaron este año 30 mil millones de pesos.
En sólo cinco años hemos cuadruplicado su presupuesto.
El desafío educativo de México, fue encarado por mi Gobierno de manera resuelta; con una precisa y definida orientación teórica y con aceleradas realizaciones prácticas.
Nunca problemas de tal magnitud como el que afrontamos se había planteado a la educación nacional: resolver el incremento de la demanda producida por el acelerado crecimiento de la población y por la dinámica inexorable del desarrollo económico que requiere, cada vez con mayor urgencia, mano de obra calificada y altamente especializada en la producción y la investigación.
Asumimos la responsabilidad de generar cambios en el sistema educativo, que respondan a las condiciones reales del país.
Modificamos su estructura en todos los niveles y propiciamos salidas laterales en la enseñanza secundaria, el bachillerato y las licenciaturas con el fin de aprovechar plenamente los esfuerzos de las nuevas generaciones, que se sienten frustradas por las condiciones que impone una organización social injusta y que se traduce, paradójicamente, en la producción de técnicos para el desempleo, el subempleo y la enajenación.
El denodado afán de superar la dependencia nos ha llevado a intensificar la tarea educativa.
Podemos afirmar, con plena conciencia, que el crecimiento de la educación, en los últimos años, no ha tenido precedente en la historia.
La población total atendida pasó de once millones y medio de alumnos en todos los niveles, en el ciclo escolar 1970 - 1971 a 16 millones en el ciclo 1975 - 1976.
Más de la cuarta parte de la población total de México, es atendida por el sistema educativo nacional.
A pesar de la tendencia al incremento acelerado de la matrícula, el problema del analfabetismo persiste porque no es una variable independiente que pueda resolverse de manera aislada.
La poca eficacia de las campañas de alfabetización que se implementaron en el pasado, se debió a la íntima relación que guarda el fenómeno con el desarrollo económico.
A pesar de que las campañas motivaron a la población y le dieron conciencia de la envergadura del problema, sólo tuvieron resultados satisfactorios en los polos industriales y en los centros urbanos.
El régimen enfrentó decididamente esta problemática situación.
En primer término, multiplicó el número de aulas y maestros para absorber la totalidad de la demanda, donde ésta es susceptible de ser atendida.
En seguida, propició la mejoría de las condiciones económicas en el país para que éstas incidan en el descenso de la deserción escolar y, finalmente, organizó un plan nacional de educación para adultos, que entrega material didáctico y ofrece asesoría técnica a los centros de educación básica y a los círculos de estudio que espontáneamente se forman, para ofrecer la primera - de un modo intensivo - con la colaboración de autoridades, maestros y particulares.
¿Cuáles son las causas de incremento en la demanda y cuáles las de la crisis a que está sometido el sistema educativo mundial?
Una sola resume todas; la búsqueda del cambio.
¿Qué tipo de cambio?
El que implica el tránsito hacia nuevas formas de vida; la modificación radical de las relaciones del hombre y la naturaleza, y del hombre con sus semejantes bajo normas de equidad; el que conlleva el fin de la dependencia y la enajenación y postula, en cambio, la democracia económica y social.
Estos fueron los elevados propósitos que nos impusimos al emprender la reforma educativa y al dotarla de instrumentos que sólo sirven a la verdad.
Hago referencia a los nuevos libros de texto.
Los principios a que obedecen los libros de texto gratuitos son claros.
Se proponen transformar una educación con residuos elitistas, en una educación verdaderamente popular, que comprenda en su universo a todas las clases sociales, para configurar una cultura realmente nacional.
Desde el siglo pasado los educadores positivistas y en el presente siglo los maestros que pensaron y realizaron la escuela rural mexicana, tuvieron clara conciencia de que el progreso del país no podía fundarse en la educación de una minoría ilustrada, sino en la educación del pueblo en su totalidad.
Las condiciones materiales que determinan esta posibilidad no se dieron entonces, pero hoy lo reclama el desarrollo social y económico de México.
Los libros de texto están destinados a formar en el educando una conciencia analítica, que le permita decidir de manera precisa las alternativas que convienen a la acción; reconocer, valorar y jerarquizar las creaciones humanas y adoptar una posición definida ante situaciones sociales contradictorias.
En ellos el educando aprende los lenguajes que le relacionan con la naturaleza y la humanidad; desarrolla la capacidad de raciocinio y aprende el método científico.
El conocimiento de los hechos naturales y sociales y el descubrimiento de las propias raíces históricas, configuran una identidad vinculada a nuestra realidad nacional.
Los libros de texto persiguen como propósito contribuir a la unidad nacional mediante la distribución del conocimiento básico entre todos los mexicanos, cualquiera que sea su estrato social, el grupo étnico al que pertenezcan, la ideología que postulen, o el lugar del país donde finquen su residencia.
Los libros son tanto formativos como informativos; su contenido puede ser adaptado por los maestros a las necesidades específicas de sus discípulos.
Se les ha impugnado con el afán de obstaculizar el sentido progresista de nuestra educación.
únicamente quienes están inmersos en estructuras mentales anacrónicas y quienes se benefician de ellas, pueden pretender el ocultamiento o la deformación de los progresos científicos y de los hechos históricos.
La actitud de los maestros ha sido fundamental para el éxito de la reforma educativa.
Ellos han respondido a las exigencias del cambio con el patriotismo que les caracteriza, llevando las transformaciones en el método y la técnica de la enseñanza - aprendizaje por todo el país.
Al transmitir la cultura son portadores de anhelos mayoritarios y decididos impulsores de nuestro progreso.
Los exhortamos a que continúen con renovado afán, la obra puesta en marcha y la conduzcan a buen término.
En debida correspondencia, hemos mejorado la política de estímulos que abren al magisterio las posibilidades de una superación permanente y de un aumento constante en sus percepciones salariales.
Se han impartido cursos para perfeccionar los conocimientos y habilidades del magisterio.
Durante el año próximo pasado concurrieron a ellos 120 mil maestros de educación pre - escolar y primaria y 60 mil de educación media.
En marzo último 21 mil 200 maestros en servicio, con afán de superación, iniciaron cursos abiertos de licenciatura y a partir de este mes comenzaron a tomarlos 25 mil más.
El actual Gobierno de la República ha edificado más de 82 mil locales educativos.
Esta obra es superior a la realizada en los 25 años anteriores.
El día de mañana inician sus labores en la educación elemental 12 millones 700 mil niños; tres millones más que en el período 1970 - 1971.
Serán atendidos por 282 mil maestros, cifra que se alcanzó mediante la política de contratar 15 mil 500 nuevos profesores cada año, de los cuales 2 mil 500 son promotores y maestros bilingües.
La matrícula en la educación media básica y media superior asciende a 2 millones 800 mil alumnos, cifra que duplica la inscripción durante el período escolar 1970 - 1971.
Al inicio de nuestra gestión había 240 escuelas técnicas, de distintos niveles.
Hoy contamos con 1,042 planteles de este tipo que al mismo tiempo que ofrecen más oportunidades a los jóvenes que desean continuar sus estudios, fomentan el desenvolvimiento económico general.
Durante la presente administración las escuelas del sistema de educación técnica se han quintuplicado.
Las secundarias tecnológicas agropecuarias han recibido un amplio estímulo.
De 70 que había al inicio de la administración, hoy contamos con 551.
A ellas se agregan 58 centros de estudios tecnológicos agropecuarios de nivel medio superior y 8 institutos de nivel superior.
Multiplicamos las escuelas tecnológicas agropecuarias en las entidades de menor desarrollo relativo para estimular la mejoría de las zonas rurales deprimidas.
Al hacerlo, pusimos de manifiesto una de las más importantes finalidades que tienen asignadas estas escuelas: realizar una enseñanza agrícola y pecuaria popular que capacite directamente a los campesinos.
Esta acción se completa con el apoyo decidido que hemos dado a las escuelas superiores de agricultura y a las de veterinaria y zootecnia dependientes de las universidades.
Complementariamente a los programas anteriores, hemos impulsado la educación encaminada al aprovechamiento de los recursos del mar.
Las 30 escuelas secundarias tecnológicas pesqueras, creadas desde los primeros años de esta administración, fueron complementadas por 4 centros de ciencia y tecnología marinas y el primer Instituto Tecnológico de Pesca.
Nuestras costas, lagos y ríos representan una importante fuente alimenticia y de nuevos empleos que continuará incrementándose según dominemos los conocimientos y la tecnología específicos.
Se ha fomentado el desarrollo de las escuelas tecnológicas industriales, que facilitan el necesario crecimiento de la industria nacional.
Hoy contamos con 282 escuelas de nivel medio básico y superior, suma que duplica el número de las existentes al inicio de la presente administración.
La educación media proporciona a los alumnos conocimientos suficientes para proseguir sus estudios y los capacita para que puedan incorporarse, productivamente, a la fuerza de trabajo.
Al cumplir este doble propósito, la población que no continúa sus estudios, obtiene una capacitación tecnológica que le permite dedicarse a tareas productivas.
Han recibido un apoyo substancial los sistemas de enseñanza abierta.
Estos responden a una moderna concepción que conoce la capacidad de los individuos para aprender fuera de las aulas.
De esta manera se amplían las posibilidades de oferta educativa; se ofrece a los mexicanos de todas las edades, independientemente de su situación económica, un horizonte más amplio de desarrollo cultural y espiritual; se promueven las potencialidades autodidactas del individuo y se combate un concepto elitista de la educación, como un ciclo cerrado inaccesible a quienes no tuvieron, a su tiempo, la oportunidad de acudir a las aulas.
Se estimula, además, la vocación por el estudio como una actitud permanente.
Hemos impulsado la enseñanza universitaria, técnica y profesional en toda la República.
Las facilidades otorgadas han elevado la población escolar a 450 mil alumnos, 200 mil más que en el ciclo escolar 1970 - 1971.
En estos 5 años cuadruplicamos los recursos destinados a la educación superior, incluyendo las necesidades de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional.
El gasto por alumno atendido aumentó en 80 por ciento en cinco años.
En 1971 el Gobierno Federal absorbía sólo el 20 por ciento del costo de las universidades de provincia, en tanto que ahora cubre el 50 por ciento.
En esta forma se auxilia a los gobiernos de los Estados.
Este apoyo permite la creación de carreteras más ligadas a las necesidades locales, en favor de su desarrollo técnico, económico y social.
Hasta 1971 había 19 institutos tecnológicos regionales.
La presente administración ha creado 23 institutos tecnológicos regionales, y además, 8 institutos tecnológicos agropecuarios y el primer Instituto Tecnológico de Pesca.
Hoy contamos con el triple de instituciones de este tipo respecto al día en que iniciamos nuestra gestión.
Se construyen nuevas escuelas superiores que permiten descongestionar las existencias y comenzaron a funcionar las unidades de Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Se apoyó la creación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Agraria de Coahuila y además se han creado el Colegio Superior de Agricultura Tropical y el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste y se propició la construcción de varias ciudades universitarias en la provincia.
Reitero el indeclinable propósito de respetar y preservar la autonomía universitaria y la confianza de mi Gobierno en la juventud comprometida en acciones positivas para México.
Hoy, como siempre, rechazamos la violencia y reafirmamos nuestra permanente disposición al diálogo.
Pero de la misma manera en que hemos destacado la función trascendente que corresponde a los centros de educación superior, pugnamos porque éstos, con autocrítica, se adapten a la realidad nacional y desechen anacrónicos criterios que no responden a los intereses mayoritarios de nuestra población.
Reminiscencias del pasado han persistido en muchas de nuestras instituciones sin que se adapten ya a las condiciones de nuestra época.
A pesar de los signos que anuncian la urgencia de transformaciones socioeconómicas importantes, muchos universitarios siguen estudiando carreras liberales tradicionales.
El sistema educativo, como parte del sistema social, responde a las demandas de éste de modo diferido.
Por la inadecuación de los programas educativos a las necesidades regionales, las entidades federativas han financiado la educación de muchos profesionales que terminan por abandonar sus comunidades.
De esta manera, los centros de estudio no han retribuido, como es deseable, el esfuerzo de la población que los sostiene, ni los egresados han quedado capacitados para satisfacer las necesidades del desarrollo nacional, ni sus propias aspiraciones de progreso personal.
El país no puede aceptar, impasiblemente, una estructura educativa que pauperize a la provincia, promueva la centralización y congestione a las grandes ciudades.
Es preciso que se promueva una vinculación más estrecha entre las instituciones de educación superior y las necesidades de las zonas en que están enclavadas, y que se estimule en los estudiantes la voluntad creativa, la imaginación y el espíritu de empresa para desempeñar su trabajo en la provincia.
Este es el sentido del servicio social que hemos exhortado a cumplir y estimulado, vigorosamente, en aquellas instituciones educativas que se han decidido a llevarlo al cabo.
Es necesario que quienes cursan estudios superiores dejen de pensar en la vida urbana como finalidad de sus esfuerzos.
El campo está lleno de recursos aún inexplotados, sus habitantes están en espera de los jóvenes técnicos y profesionales que lleguen para sumar su trabajo al de los campesinos y lograr, unidos, el desenvolvimiento de las comunidades rurales.
Es ahí donde los nuevos profesionales habrán de construir el futuro de la Patria y el suyo propio.
El colonialismo cultural, la imposición de patrones científicos y tecnológicos ajenos a nuestra realidad, es uno de los factores que obstaculizan el desarrollo independiente el país.
Corresponde a nuestras instituciones de investigación combatir este problema e integrar, cuadros científicos y técnicos que den respuestas concretas y eficaces a los problemas nacionales.
Próximamente remitiré a este Honorable Congreso de la Unión una iniciativa de Ley que crea el Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica.
Los recursos que el Gobierno Federal destina a las labores de investigación científica durante el presente año, superan siete veces a lo que se gastaba en ellas al iniciarse el régimen.
De 635 maestros y doctores que en diversas especialidades había en 1970, hoy se cuenta con 2 mil 800. Además 2 mil 300 estudian para la obtención de esos grados.
Se han incrementado y diversificado los institutos de investigación, y se han reforzado los ya existentes.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha podido establecer también, nuevos servicios científicos e informativos que alientan el desenvolvimiento de una tecnología adecuada a las necesidades de nuestro país.
A este respecto, la educación tiene una vital función que cumplir: crear tipos de instituciones en las que la docencia, la investigación y la extensión se encuentren al servicio de los verdaderos requerimientos sociales.
Acogimos y estimulamos con entusiasmo la idea del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para realizar en México el Primer Congreso Internacional de Educadores del Tercer Mundo, que tuvo lugar en el mes de agosto último, con representación de 72 naciones.
Lo consideramos como un instrumento más de acercamiento entre pueblos tradicionalmente aislados, y de búsqueda común de fórmulas para un desarrollo independiente, en lo científico, en lo técnico y en lo cultural.
El propósito de reunirse periódicamente habrá de dar permanencia a este esfuerzo capital.
Los beneficios de la cooperación internacional, sin embargo, no deben hacernos olvidar el fondo del problema.
La dependencia científica, tecnológica y cultural que padecen los países del Tercer Mundo no puede ser superada a través de planes y programas de ayuda interesada que tienden, por una mecánica inevitable, a mantenerlos subordinados a modelos de desarrollo ajeno a su realidad.
Debemos crear condiciones para la investigación y la creación de instrumentos científicos, tecnológicos y culturales propios.
La Universidad Abierta y el Instituto de Estudios Económicos y sociales, ambos del Tercer Mundo, y en proceso de organización, en México, responden a estos objetivos.
El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, fundado como una institución destinada a la promoción y difusión del arte en México, fue rebasado por la dinámica social.
Después de escuchar con amplitud y simpatía los planteamientos de los diversos grupos de artistas y de los funcionarios involucrados en el problema, someteremos a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, una iniciativa de Ley que propondrá la creación de un organismo descentralizado: el Consejo Nacional de las Artes.
De ser aprobado, contará con un presupuesto suficiente para fomentar la creatividad y la difusión artística entre los diversos sectores e individuos, sin intervenir en su ejecución o en su orientación.
Aquí no vamos a decirles a los artistas cómo deben pensar y cómo deben crear.
Los seguiremos dejando en absoluta libertad de expresarse frente al gobierno, en favor o en contra, sin estimular el culto a la personalidad.
Este es un testimonio más de nuestra libertad.
No queremos artistas al servicio de grupos burocráticos.
De tal modo se abrirán las puertas para que los artistas se puedan manifestar con mayores recursos y dentro de un ámbito de irrestricta libertad.
El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura quedará limitado a la función docente, a la investigación y a la administración del Patrimonio Artístico de la Nación.
El esfuerzo para atender a la población indígena es cada vez mayor.
El número de bilingües que asistieron este año a la primaria ascendió a 198 mil alumnos.
En 1975 concluyeron la enseñanza fundamental cien veces más alumnos indígenas que los que lo hicieron en 1971.
El establecimiento de albergues escolares, que hoy suman 577, explica la mayor permanencia en la escuela.
En ellos, durante el ciclo escolar, los niños reciben alojamiento y alimentación todos los días hábiles de la semana.
Para atender otras necesidades de la población indígena contamos con 67 centros coordinadores, seis veces más que los existentes en 1970.
El Instituto Nacional Indigenista, con otras instituciones cuyo propósito es la integración de todos los grupos étnicos en la sociedad global, tienen como tarea cardinal la preservación de culturas y formas de organización social que enriquecen el acervo de los mexicanos, al tiempo que ofrecen servicios e innovaciones a los grupos que participan de esas culturas para que se engranen en la sociedad nacional y, por intermedio de ella, en la universal, sin que por ello pierdan el idioma y las formas de vida que les caracterizan.
El paternalismo con que comúnmente fueron atendidos los asuntos de las comunidades indígenas, encierra un complejo de superioridad que rechazamos.
Estas comunidades poseen valores propios que merecen el mayor respeto y apoyo para su desenvolvimiento.
Frente al despojo de sus recursos y la sistemática destrucción de sus formas de vida - practicados frecuentemente al amparo de una supuesta modernización - el Gobierno ha asumido la responsabilidad de reconocer y confirmar los derechos patrimoniales de estas comunidades como base de su mejoramiento.
En estas acciones, destaca la restitución de 13 mil 128 hectáreas en favor de los tzotziles y la rectificación de los derechos de la tribu seri sobre la Isla de Tiburón.
Estas medidas se complementan con programas educativos y de asistencia técnica, así como con el fomento de actividades productivas.
La difusión de nuestro patrimonio histórico, es un medio para fomentar el sentimiento y la conciencia de identidad nacional.
Con este objeto hemos multiplicado museos escolares, que a la fecha suman más de 400.
La educación nacional está abierta a las corrientes contemporáneas del pensamiento.
Se nutre de los valores universales y promueve al mismo tiempo la afirmación de nuestra propia personalidad cultural.
Es democrática porque persigue la formación de un pensamiento sin fanatismos y está al servicio, no de minorías selectas sino de los estratos mayoritarios de la población.
En suma, el Estado mexicano ve en las potencialidades de cambio histórico que subyacen a una educación revolucionaria, la mejor garantía de su fortaleza y continuidad.
POLITICA SOCIAL
México ha podido superar los desajustes del mundo contemporáneo por la afirmación de sus normas constitucionales que promueven la democracia social y por actitudes coherentes de cambio que garantizan, en la justicia, la supervivencia de la nación.
La política social es hoy el centro de toda visión inteligente y previsora sobre los problemas del desarrollo.
No se trata sólo de reducir las desigualdades del crecimiento, sino de invertir radicalmente el orden de prioridades que ha dirigido, en la práctica, nuestra vida comunitaria.
Durante muchos años se creyó que bastaba incrementar la producción para alcanzar la prosperidad.
Ello nos condujo a la prolongación de la dependencia, a la concentración de la riqueza y a la incapacidad manifiesta del sistema para satisfacer las necesidades de la población.
Desviaciones del proceso revolucionario originaron una sucesión de espejismos que hoy revelan su inoperancia.
Dieron lugar a un creciente desempleo, a una economía escasamente productiva, a desequilibrios de todo género, a la despolitización popular y a un abandono creciente del compromiso social.
Animados por una voluntad transformadora, hemos atacado viejos problemas.
Tomamos firmes determinaciones, en plena crisis inflacionaria mundial.
En contra de inercias, intereses y prejuicios, comenzamos a reorientar el rumbo del país.
Están a la vista las medidas tendientes a promover el ejercicio pleno de los derechos colectivos, a defender el poder adquisitivo de los trabajadores, a fomentar el desenvolvimiento de sus capacidades, a extender los sistemas de seguridad social, los servicios de salud y de vivienda; a mejorar, en fin, la calidad de la vida en las ciudades y en las comunidades rurales.
Asignamos recursos considerables a la inversión social.
Nuestro empeño primordial ha sido, empero, de índole política y moral: avivar la actitud analítica para encarar honestamente nuestros problemas; comprender al pueblo y organizar sus fuerzas; alentar la solidaridad nacional e internacional como única fórmula de convivencia.
No hemos, sin embargo, superado todos los antagonismos ni vencido cabalmente las resistencias.
Grupos minoritarios suscitan todavía anacrónicas querellas e intentan socavar la autoridad de las instituciones.
Aspiran a predominar atenidos a su poder económico.
Suponen aún que las transacciones en la cúspide pueden reemplazar las verdaderas soluciones y perpetuar, para ellos, una era de facilidad y de abundancia. Ignoran el curso de la historia y pretenden, estérilmente, detenerla.
Se entusiasmaron muchos esos grupos cuando ocurrió el golpe de estado en la república hermana de Chile.
Son grupos económicos, pocos por fortuna, cada vez menos.
Invocar derechos supuestamente naturales, anteriores o superiores al Estado, equivale a desafiar la soberanía del pueblo.
Capitalizar la incertidumbre en vez de impulsar el desarrollo, aprovechar las angustias de nuestro tiempo para esparcir la calumnia, auspiciar el temor irracional el cambio y postular la debilidad de la República frente al interés particular, es violar el pacto en que se sustenta nuestro régimen constitucional.
Recordemos la lección del pasado: nada contra la Constitución, nadie sobre ella.
Sólo de nuestra Carta fundamental dimanan los derechos de los mexicanos.
También los que corresponden a la nación para la defensa del patrimonio común y la realización de un proyecto de vida igualitario.
Unos y otros han sido ejercidos durante estos años con la mayor amplitud y libertad.
Lo que el Gobierno propicia es la modificación de actitudes y estructuras mentales que hagan posible sustituir, con el esfuerzo de todos, una sociedad de privilegio para pocos y sumisión para muchos por otra fundada en la justicia y en la dignidad humana.
Respetamos todos los intereses cuando son compatibles con los del país.
Buscamos coordinarlos en torno a un programa nacional, pero no estamos sujetos a la arrogancia ultramontana ni al capricho de los grupos minoritarios.
Con ideas del pasado, estrategias de ruptura y tácticas de estancamiento no es posible afrontar, unidos, el porvenir de México.
De un fondo económico que crearon, han dado un pagar ahora a periodistas extranjeros, a los cuales inspiran para denigrar a nuestro país.
Periodistas que ya con sus artículos escritos, vienen a complementarlos a México.
A esto se han dedicado y ante la negativa a reproducirlos por parte de medios docentes de información de México, los hacen circular anónimamente.
Para eso sirven esos fondos económicos de las minorías ultramontanas a que me refiere.
Son prioritarios los derechos de las mayorías y es deber del Gobierno proteger al débil frente al poderoso.
No es la confianza de los pocos, sino la voluntad general el verdadero motor del progreso.
El pueblo no puede esperar a que unos cuantos decidan, arbitrariamente, cuándo existe un clima favorable para trabajar.
La nación dispone de los atributos y de los medios para estimular y regular la economía.
Es potestad constitucional de la que el régimen revolucionario no abdicará.
El empleo es el problema capital de nuestro tiempo.
El patrimonio del hombre y de la sociedad es el trabajo.
De la capacidad para generar empleos, productivos y justamente remunerados, dependen las posibilidades de realización individual, de bienestar compartido y de prosperidad nacional en un mundo competitivo.
La marginación, el subempleo y la explotación de la mano de obra, son la síntesis misma del subdesarrollo.
Ninguna organización política no económica podrá prevalecer si no asegura, por el trabajo, el poder creativo de los hombres y la equidad de las relaciones sociales.
De ahí la importancia concedida por el Gobierno a la implantación de una auténtica política laborar.
Pensamos en los próximos decenios.
Queremos afirmar el derecho al empleo de todos los mexicanos; asegurar, por la educación permanente, la capacitación y la humanización del trabajo, una elevada productividad social; garantizar un ingreso justo y proteger el consumo del obrero; vigorizar el carácter popular de las instituciones por las luchas de los trabajadores.
No hemos acallado, en ningún momento, las demandas de la clase obrera.
Por el contrario, hemos hecho cuanto está a nuestro alcance para mejorar la condición del trabajador.
En las relaciones de producción está la clave de las reformas sociales.
Sólo el empeño en redimir el esfuerzo humano tiene dimensión revolucionario.
Nuevamente, la batalla de los salarios puso a prueba la solidaridad nacional.
La persistencia de fuertes presiones inflacionarias durante 1974, nos obliga a salvaguardar el poder adquisitivo de los trabajadores.
Desde esta tribuna exhorté a empresas y sindicatos para que conviniesen, de modo general, los incrementos salariales.
A pesar de indebidas presiones de ciertos grupos, se alcanzó una solución democrática.
Después de prolongadas negociaciones, los factores de la producción decidieron libremente
aumentar en un 22 por ciento las remuneraciones pactadas en más de 50 mil contratos colectivos.
La lucha emprendida por los sindicatos tuvo un carácter estrictamente laboral.
Fue una demanda de justicia en ejercicio de derechos consagrados por la Constitución.
Se resolvió con equidad: los aumentos obtenidos coincidieron con el incremento de los precios ocurridos durante el mismo período.
Los salarios mínimos se elevaron también en un 22 por ciento.
Por nuestra parte, aumentamos los ingresos de los trabajadores del Estado y de las Fuerzas Armadas en el mismo porcentaje conquistado por los obreros.
Subrayamos, de este modo, la identidad de clases y objetivos entre los mexicanos que viven y progresan merced al trabajo.
Trabajadores son tanto los obreros como los empleados públicos y los integrantes del Ejército y la Armada; lo son también los campesinos y los miembros de las sociedades cooperativas, los técnicos y los intelectuales, los maestros y los profesionales.
Todos formamos las mayorías laborantes de México: la fuerza y la conciencia de la Revolución.
Las decisiones adoptadas en materia salarial son, por consiguiente, la clave de una moderna política de ingresos y de una concepción progresista de las fuerzas sociales.
Sus enemigos las calificaron como favoritismo hacia supuestas "aristocracias obreras".
La verdad, es que el 62 por ciento de los mexicanos dependen económicamente de los salarios y que todos se beneficiaron con las reformas.
También los campesinos, cuyo salario es el precio de los productos agrícolas.
Proteger a las clases de ingresos fijos ante toda fluctuación económica es condición para un desarrollo dinámico y equitativo.
Era menester encontrar un sistema permanente de ajustes salariales dentro de una convivencia estable.
Esta Honorable Representación aprobó modificaciones trascendentales a nuestra Legislación de Trabajo, por las cuales, tanto los salarios mínimos como aquellos fijados en los contratos colectivos, se revisan, ahora, anualmente.
Por lo que hace a los salarios contractuales se preservó el principio de la libertad de negociación, a fin de estimular la organización sindical.
No obstante, se facultó a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para determinar, técnicamente, el deterioro del poder adquisitivo.
Es voluntad del legislador que las elevaciones de salarios compensen, cuando menos, lo que el trabajador ha perdido por el aumento de los precios; pero que se procure, además, la mejoría económica de la clase obrera.
A partir del 1 de mayo anterior, los contratos colectivos comenzaron a revisarse al término de un año de su vigencia.
Más de 12 mil 500 huelgas han sido emplazadas desde entonces por ese motivo.
En sólo 39 casos ha estallado el conflicto.
Los factores de la producción han encontrado un equilibrio más justo.
La paz social, así alcanzada, es fruto de mayor madurez en las relaciones obrero - patronales.
La modificación anual de salarios y el fortalecimiento de la lucha obrera, han multiplicado la actividad conciliatoria de las autoridades del trabajo.
No obstante, aun las más arduas negociaciones han culminado de modo satisfactorio.
Quedaron revisados, con nuevas prestaciones y conquistas, los principales contratos colectivos y los contratos - ley de la industria azucarera, de la industria textil de la lana y de la industria transformadora del hule.
El Gobierno Federal elevó nuevamente, el mes pasado, las remuneraciones de los servidores públicos; ahora en un 16 por ciento.
La sensible disminución en la tasa de incremento de los precios demuestra, de modo irrefutable, que no son los salarios la causa de la inflación.
Sí, en cambio, promueven la expansión de la economía y de la ocupación productiva.
De los salarios mínimos depende el acceso de varios millones de mexicanos a los satisfactores indispensables para una existencia decorosa.
No pagarlos es agredir severamente el orden jurídico y la moral social.
Así lo estimó este Honorable Congreso al votar la iniciativa de la diputación obrera que tipifica como delito federal su incumplimiento.
También aprobó las reformas que permitirán fijar salarios mínimos profesionales en todas las ocupaciones.
Ante conductas que ahora son delictivas no cabe ya exhorto alguno.
A los trabajadores y a las autoridades laborales corresponde la denuncia de los hechos, al Ministerio Público su consignación.
Nada reemplaza, sin embargo, la acción vigilante de los sindicatos.
La libertad de asociación profesional y la autonomía de los sindicatos son garantías constitucionales del más alto rango.
La sindicalización, la contratación colectiva y la participación democrática de los trabajadores son derechos de clase; en ellos se finca el equilibrio de la sociedad.
De ahí que el Gobierno haya respetado y hecho respetar, de modo irrestricto, el derecho de huelga.
De ahí también, la importancia que otorgamos al mejor conocimiento de las raíces y el significado de nuestro movimiento obrero.
Con la cooperación de la Oficina Internacional del Trabajo organizamos el Primer Congreso Internacional sobre Historia del Movimiento Obrero.
Al concluir esa reunión se convino en establecer, con sede en nuestro país, una Asociación Internacional que vinculará a todos los institutos dedicados al estudio de las luchas obreras.
Después de más de diez años de vigilancia fue expedida, en octubre pasado, una nueva Resolución sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.
La anterior había sido derogada por la Ley Federal del Trabajo en virtud de que propiciaba inequidad y engaño.
La Resolución adoptada se fundó en cuidadosos estudios.
Determinó que correspondía efectuar el reparto antes del pago de impuestos y lo fijo en un 8 por ciento de las utilidades netas.
Este sistema significa, en 1975, un incremento aproximado de mil millones de pesos respecto de lo que hubieran recibido los trabajadores según la Resolución anterior.
La fórmula actual elimina ambigüedades y facilita el ejercicio del derecho.
El Ejecutivo a mi cargo decidió, además, reglamentar los artículos correspondientes de la Ley, a fin de establecer un procedimiento que permite a los obreros verificar las declaraciones fiscales del patrón y exigir, cuando procede, un reparto adicional.
Dispusimos igualmente, la creación de una Comisión Intersecretarial responsable del cumplimiento de dichas normas.
Sabemos que no basta incrementar los ingresos del asalariado si no frenamos los aumentos arbitrarios de los precios.
Ancestrales deformaciones del aparato comercial, excesos publicitarios que fomentan el consumo dispendioso. extrema necesidad y escasa conciencia cívica, propician el encarecimiento indebido de los bienes y lesionan gravemente, el patrimonio del trabajador.
Someteré a esta Honorable Representación una iniciativa de Ley Federal de Protección al Consumidor, que recoge las inquietudes planteadas por las organizaciones obreras ante el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario.
El proyecto de Ley es de naturaleza tutelar. Rechaza, por irreal, el principio de igualdad entre las partes y coloca bajo el amparo del derecho social, relaciones hasta ahora reguladas por el derecho privado.
Garantiza al Consumidor un trato fundado en la veracidad y en la efectiva calidad de los productos.
Regula las tasas de interés mercantil y crea procedimientos para defender a los compradores contra todo género de abusos.
El Comité Mixto de Protección al Salario, proporciona ya a los trabajadores orientación para el mejor aprovechamiento del gasto familiar.
Ha organizado un sistema Nacional de quejas para luchar contra la especulación y el acaparamiento de los productos básicos.
Promueve la creación de tiendas obrero - patronales y sistemas sindicales de distribución.
En coordinación con la CONASUPO, ha organizado una red de grandes almacenes populares en las principales ciudades del país y establecido dos en el área metropolitana.
Una vida mejor para los trabajadores es el objetivo del Fondo Nacional de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT).
Democratiza el crédito y unifica el poder de compra de las mayorías.
Pone al alcance del obrero el ahorro de la sociedad y le ofrece, a precios e intereses notablemente reducidos, bienes indispensables.
Transfiere recursos de quienes encarecen la producción.
Hacia los sectores que efectivamente contribuyen a crearla.
El eficaz funcionamiento del Fondo y el beneplácito con que es recibió evidencia el obscuro interés de sus detractores.
En diez meses de operación ha otorgado créditos por 670 millones de pesos en favor de 106 mil trabajadores y de sus familiares, que suman cerca de medio millón de mexicanos.
FONACOT ha extendido ya sus operaciones a siete Estados de la República.
A medida que fortalece el mercado, estimula y reorienta la actividad industrial.
Su expansión será decisiva en los próximos años.
Al finalizar éste habrá otorgado ya más de 1.500 millones de pesos y hemos dispuesto que las autoridades financieras aseguren su crecimiento para que favorezca, pronto, a todos los trabajadores de México.
Se han concluido los estudios tendientes a la creación de un Banco Obrero, antigua demanda de los trabajadores.
Esta institución captará, primordialmente, los propios recursos de la clase obrera, de sus sindicatos y mutualidades; que ya se encuentran depositados en la Banca y a los cuales sus legítimos dueños difícilmente tienen acceso como sujetos de crédito.
El Banco Obrero habrá de contribuir, por una amplia variedad de operaciones, a incrementar el empleo y mejorar el bienestar de los trabajadores.
Atendiendo una reiterada inquietud obrera, se introdujeron reformas a la Constitución de la República y a la Ley Federal del Trabajo, a fin de trasladar al ámbito federal diversas ramas industriales: la de fabricación y ensamble de vehículos automotrices, la de productos químicos farmacéuticos y medicamentos, la de celulosa y papel, la de aceite y grasas vegetales, la empacadora y enlatadora de alimentos y la embotelladora de refrescos, aguas naturales y gaseosas.
Todas estas actividades son de evidente interés nacional, tanto por su distribución en el territorio como por la amplitud de sus mercados.
El origen de su capital y de la tecnología que emplean es casi siempre extranjero.
Conviene pues, por razones de soberanía y de justicia, que sean las autoridades federales las que aseguren el equilibrio de los factores de la producción y exacto cumplimiento de la Ley en beneficio de más de 350 mil trabajadores de industria.
A pesar de los beneficios que los contratos - ley han aportado a los trabajadores y a las industrias, hace casi cuarenta años que no se pacta ningún convenio de esa naturaleza.
Hace unos días se expidió la convocatoria para la celebración del Contrato - Ley de la Industria de la Radio y la Televisión.
Las disposiciones legales determinan, claramente, que se trata de una sola industria.
Acordes como están las partes en elevar sus relaciones a nivel de contrato - ley, la convención respectiva tendrá lugar el próximo mes de octubre.
Se han iniciado pláticas encaminadas a la concertación de Contrato - Ley en la Industria del Cemento y Similares.
Conforme concluyan los estudios correspondientes, habrá de convocarse también a la industria petroquímica y a la de bebidas envasadas.
Atenderemos, igualmente, la solicitud de las organizaciones obreras para que los diversos contratos - ley de la industria textil se fusionen en uno solo.
Este comprendería, además la rama de la confección, cuyos trabajadores - mujeres la mayoría - han sido tradicionalmente explotados.
Por primera vez, desde la creación de los tribunales laborales en 1917, se efectuó en julio anterior una Reunión Nacional de Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Tanto los representantes gubernamentales como los del capital y del trabajo de todo el país acudieron para intercambiar experiencias y unificar criterios de aplicación de la Ley.
Adquirieron el compromiso de velar porque la justicia a su cargo sea ágil y expedita, al margen de influencias e indebidas concesiones.
La realidad ha demostrado que no siempre se actúa con probidad ni se resuelve con equidad, y que aun aparentando acatar la Ley no se salvaguarda el derecho del trabajador.
Quienes así proceden traicionan el espíritu del Artículo 123 y el origen popular de su mandato.
Diversos mecanismos previstos por la Ley para proteger a los obreros contra la violación de las normas laborales no han tenido la eficacia requerida.
Expedimos en consecuencia un Decreto que establece la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo como organismo desconcentrado y reglamenta su funcionamiento.
Los trabajadores, primordialmente los no sindicalizados, contarán con un servicio de asesoría y defensa para hacer valer sus derechos, no sólo frente a los patrones sino también frente a las autoridades que falten a sus deberes.
De modo semejante se ha determinado desconcentrar, a través de un servicio Nacional de Inspección del Trabajo, la tarea de vigilar el cumplimiento de la Ley.
Este servicio habrá de coordinarse con los de las autoridades locales; al respecto se ha iniciado la creación de 10 Delegaciones y 24 Subdelegaciones en las principales ciudades de la República.
Los funcionarios y técnicos de estos nuevos organismos surgen del Instituto Nacional de Estudios del Trabajo, que ha formado ya dos generaciones de postgraduados.
Estamos empeñados en llevar adelante, con hechos concretos, un verdadero programa de humanización del trabajo.
Es indispensable transformar el medio laboral a fin de que el trabajador no sea exclusivamente generador de productos, sino sujeto de bienestar y agente de creatividad.
Es menester, igualmente modificar el ambiente social que lo rodea y otorgar un sentido igualitario a las relaciones que prevalecen entre patrones y obreros.
Los avances tecnológicos no van acompañados de una evolución paralela en la organización del trabajo.
Las condiciones en que labora el obrero y la escasa atención que otorgamos a su desarrollo individual y profesional, contrastan con las costosas inversiones en maquinaria y equipo.
He aquí la causa primordial de nuestra baja productividad.
Es nuestro deber procurar la salud física y mental del trabajador.
El estudio de las principales causas que la merman condujo a la elaboración de disposiciones reglamentarias de la Ley destinadas a preservar la seguridad e higiene en el trabajo.
Con la cooperación del instituto Politécnico Nacional se creó el Centro de Toxicología Industrial.
A través de Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene.
Ahora coordinadas por ramas de industria, alentamos la plena participación de empresas y sindicatos en estas tareas.
Se celebró en nuestro país el Primer Congreso Internacional de Psicología del Trabajo.
Expertos en diversas naciones coincidieron en la necesidad de mejorar la calidad de la vida en los centros de trabajo y de promover una mayor participación de los obreros en las decisiones industriales.
La ampliación del tiempo libre es conquista irreversible de la clase obrera.
Poco sentido tendría, sin embargo, aumentar las horas de descanso si el trabajador es absorbido por el ocio inútil y enajenante de la sociedad de consumo.
La integración espiritual del país exige que la cultura no quede reservada a los grupos que han tenido el privilegio de ingresar a la educación superior, costeada por el pueblo.
Fomentar las posibilidades de esparcimiento y las prácticas artísticas y recreativas, la educación y la capacitación del trabajador equivale, sin duda a fincar el progreso en la realización del hombre.
El Ejecutivo Federal expidió dos Decretos que crean el Consejo Nacional para promover la Cultura y Recreación de los Trabajadores y la Editorial Popular para los Trabajadores.
Se trata de organismos descentralizados que tienen por objeto coordinar recursos y atribuciones de dependencias públicas e instituciones educativas, con los esfuerzos de los sindicatos y las obligaciones de las empresas, a fin de permitir a los trabajadores y sus familias el acceso a niveles más altos de civismo y bienestar.
Entre las primeras actividades del Consejo se encuentra la promoción de los sistemas de educación abierta en las empresas, a fin de que los trabajadores puedan acreditar grados de educación primaria y secundaria como complemento de sus labores.
También el establecimiento de una Organización de Turismo para los Trabajadores, que los estimule hacia el mejor conocimiento de su país y propicie -con la ayuda del sector campesino- la creación de centros de recreo en todo el territorio nacional.
Es imprescindible alentar la capacidad de innovación y la aptitud para el trabajo de los mexicanos.
Hemos resuelto poner a consideración de esta Soberanía la Ley Federal de Formación Profesional, que establecería sistemas de adiestramiento por ramas de industria mediante convenios obrero - patronales, organizaría la cooperación entre empresas de distintas dimensiones y vincularía la investigación tecnológica a la capacitación de recursos humanos.
En el mes de abril se inauguró, como proyecto piloto, el Instituto de Capacitación de la Industria Azucarera, fruto del esfuerzo conjunto de los sindicatos, las empresas y el Gobierno, para la formación integral del trabajador.
Este Instituto aprovecha la capacidad instalada de todos los Ingenios del país y combina sus actividades con las del sistema educativo.
Hemos iniciado la transformación del actual Servicio Público del Empleo.
Es nuestro propósito convertirlo en un auténtico Servicio Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos, dotado de los medios suficientes para operar mecanismos de información entre la oferta y la demanda de trabajo, impulsar la capacitación de la población subocupada y establecer bases técnicas para una política de migraciones internas y externas de mano de obra.
Participamos activamente en los foros internacionales que elaboran normas para proteger a los trabajadores migratorios.
Sostenemos que este fenómeno tiene su origen en la estructura de desigualdad que prevalece a escala mundial.
Insistimos, no obstante en la Defensa de los derechos humanos y laborales de quienes emplean su fuerza de trabajo en un país extranjero.
Durante la Décima Conferencia de los Estados Americanos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, que tuvo lugar en México, logramos la adopción de normas en beneficio de quienes atraviesan ilegalmente las fronteras en busca de trabajo.
Estos trabajadores son habitualmente los más explotados.
Por el solo hecho de ejercer una actividad ilícita en el territorio de otro Estado, merecen, sin embargo, el amparo de la Ley, bajo la denominación de Trabajadores migrantes no documentados.
Lo contrario, sería violatorio de garantías fundamentales de la persona humana.
Todas estas cuestiones se relacionan con el problema más severo a que hace frente nuestro país; el empleo.
De poco valdría armonizar las relaciones entre el capital y el trabajo e incrementar la productividad de las empresas, si el progreso, así obtenido sólo encubriera la persistencia de grandes legiones de marginados.
México aspira a ser un país de trabajadores.
Sólo mediante la actividad productiva es posible la incorporación cabal a la obra de la comunidad.
La Ley establece que el trabajo es un derecho y un deber social.
Es demanda del movimiento obrero que se consagre a nivel constitucional el derecho al empleo, a la capacitación y a la educación permanente.
Ello entraña un compromiso histórico de la Sociedad y el Estado Mexicano para otorgar, a una política justa de empleo, la prioridad más alta.
Propondré a Vuestra Soberanía la iniciativa de reformas legales correspondiente.
Es la decisión de anticipar el futuro y las ideas revolucionarias lo que asegura provenir de las naciones.
En la tarea de aumentar el ritmo de construcción de viviendas de interés social se han vencido obstáculos y factores adversos.
Las instituciones gubernamentales, en el período de este Informe, han concluido cerca de 60 mil viviendas en beneficio de 377 mil personas.
Esto significa que se ha elevado en casi tres veces el volumen anual, en comparación con las que se construían hacia 1970.
Los planes de vivienda obrera derriban el falso dilema entre inversión habitacional improductiva e inversión productiva de fomento al desarrollo.
La creación de empleo, el estímulo a la pequeña y mediana empresa, la descentralización regional, el impulso a la investigación tecnológica y el reordenamiento urbano son propósitos adicionales que persiguen las acciones en este campo.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores -INFONAVIT- es el instrumento para asegurar el cumplimiento del imperativo constitucional, hoy actualizado, de que el trabajador cuente con una morada digna.
A 40 meses de creado, la población derechohabiente del Instituto asciende a cerca de 4 millones de trabajadores.
En el lapso que comprende este informe, se asignaron más de 18 mil créditos con un monto superior a 1,302 millones de pesos que benefician a 129 mil personas.
Se entregaron 90 conjuntos habitacionales con un total de 36 mil 150 viviendas; lo doble de lo que realizaron en 1970 todos los organismos públicos y privados.
Sin embargo, siendo el INFONAVIT una institución tripartita -señores funcionarios, señores líderes obreros, señores líderes empresariales- yo quiero que compartamos mi criterio de total inconformidad con el ritmo de trabajo del INFONAVIT, de cuyo funcionamiento son igualmente responsables los obreros, los empresarios y los funcionarios que representan al Poder Ejecutivo Federal.
Ya pasó la época inicial.
Lo mismo pasó con el Seguro Social en sus principios.
Lo mismo ha pasado con otras instituciones.
Es preciso que algunos técnicos se despojen de la actitud elitista que los hace insensibles ante las necesidades de la idiosincrasia de la familia mexicana respecto a muchos de los conjuntos habitacionales.
Es necesario que se entienda más a fondo el problema ocupacional de los niños y los adolescentes.
Es necesario que se revise cuidadosamente el diseño de las viviendas.
Ya hay algo de eso, pero quisiera llegar más a fondo, con profundo sentido humano, a efecto de que las actividades comunitarias tengan en cada unidad habitacional una amplia posibilidad de desarrollarse.
Además, es necesario que no haya intermediarios en la compra de terrenos.
Sin embargo, honestamente hablando, los funcionarios, técnicos y administrativos del INFONAVIT que son meros mandatarios de obreros, de empresarios y de gobierno, no pueden lograrlo por sí solos.
Yo encarezco a los tres sectores a que incrementen el ritmo de trabajo, de vigilancia, de participación en nuestras acciones legales para que, a fines del año entrante se alcance un ritmo anual de 90 ó 100 mil habitaciones para los trabajadores, como nos lo habíamos propuesto originalmente.
El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -FOVISTE- concluyó la edificación de 7 mil 815 viviendas.
El beneficio alcanzó a 44 mil derechohabientes.
Los programas del Instituto Nacional de Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular - INDECO - comprendieron este año la conclusión de 16 conjuntos que suman un total de 7 mil viviendas.
Con una inversión de 230 millones de pesos, fueron reparadas
20 mil viviendas en zonas afectadas por fenómenos meteorológicos.
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos concluyó 5 conjuntos con 1,050 viviendas en beneficio de 6 mil habitantes.
El Departamento del Distrito Federal edificó 2 unidades con un total de 1,825 viviendas.
Dentro del Programa Nacional de vacunación simultánea contra la poliomielitis, el sarampión, la tosferina, la difteria, el tétanos y la tuberculosis se aplicaron 17 y medio millones de dosis que inmunizaron a 6 millones de niños.
Condenamos enérgicamente las voces criminales que fueron propaladas al inicio de este año contra la ejecución del programa.
Estos rumores antisociales hubieran provocado que un millón y medio de niños no fueran protegidos contra graves males, y quedaran expuestos a la muerte o a la invalidez.
Para contrarrestar estas acciones se realizaron campañas intensivas de vacunación, con lo que se logró proteger a la mayor parte de los menores no inmunizados en la primera etapa.
Estos hechos mostraron la calidad moral de quienes se oponen a nuestros esfuerzos de liberación en lo externo y de justicia social en lo interno.
Este episodio contribuyó a elevar la conciencia del pueblo y a asegurar que en el futuro la intriga contrarrevolucionaria no sorprenda a la sociedad.
Entre los factores de la salud pública desempeña un importante papel el agua potable.
Se concluyeron, en este año, 249 sistemas de abastecimiento y fueron terminadas 831 obras en el medio rural. Con ellos se proporciona servicio de agua, por vez primera, a 735 mil habitantes y se mejoran los que ya disfrutaban 857 mil personas.
En la zona metropolitana del Valle de México se puso en servicio el acueducto Ecatepec en beneficio de 450 mil habitantes.
Se construyen 4 más que permitirán suministrar agua potable a 2 millones 200 mil de habitantes.
Durante el período que comprende este Informe, las Instituciones de seguridad social y de salud pública terminaron la construcción de 4 centros hospitalarios, 11 clínicas - hospital, 31 centros de salud y 32 clínicas diversas, con capacidad de 1.900 camas; se rehabilitaron, además, 17 hospitales y 32 clínicas - hospital, 30 centros de salud y 8 clínicas diversas con un total de 2 mil 200 camas.
La población amparada por las instituciones de seguridad social aumentó este año en más de dos millones y medio de habitantes, con lo cual asciende a 18 millones 644 mil el número de derechohabientes.
A la fecha, la población protegida dentro del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social es de 15 millones 471 mil derechohabientes.
Como parte importante de la política del presente régimen en beneficio de los hombres del campo, el Seguro Social había incorporado hasta el año pasado a los tabacaleros del Estado de Nayarit, a los henequeneros del Estado de Yucatán, a los ejidatarios del Plan Chontalpa y de la Comarca Lagunera, a los tejedores de fibra de la región mixteca de los Estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero.
En el presente año a nuevos grupos sociales se ha extendido el seguro social obligatorio; a los productores de café de los Estados de Chiapas, Nayarit y Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz y a 146 mil derechohabientes de las regiones productoras de cera de candelilla en Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas, así como a los vendedores ambulantes de billetes de lotería nacional.
La mayor parte de estos últimos reciben ya los beneficios de la seguridad social, y se trabaja aceleradamente en la extensión e incorporación de agricultores, cacaoteros, copreros, tabacaleros, trabajadores forestales, resineros y mineros de los Estados de Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
El Ejecutivo Federal promovió reformas y adiciones a la Ley del Seguro Social.
La aplicación de las nuevas disposiciones ha permitido beneficiar a la casi totalidad de los 300 mil pensionados por el Instituto, mediante el incremento de sus percepciones mensuales y el otorgamiento de un aguinaldo anual.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -ISSSTE- ampara a la fecha a 3 millones 173 mil derechohabientes, lo cual representa un incremento del 44 por ciento respecto al ejercicio anterior y de 136 por ciento en relación a la población protegida en 1971.
Durante este año, fueron incorporados al régimen 112 mil trabajadores de lista de raya y 320 mil familiares de los mismos.
Para amparar a las madres trabajadoras y dar sustento material a las disposiciones que establecen la igualdad de la mujer en el aspecto laboral, se ha impulsado la creación de guarderías infantiles, tanto por parte de las instituciones de seguridad social como por todos los organismos públicos.
A la fecha se encuentran en operación 170 guarderías con capacidad para atender a 35 mil niños; otras 18 están por concluirse con lo cual se podrá atender a 4 mil infantes más.
En la noble tarea de asegurar a la niñez mexicana, condiciones físicas y ambientales cada vez más favorables, el Instituto Nacional de Protección a la Infancia y la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez han acrecentado sus esfuerzos.
El INPI cuenta con una nueva estructura jurídica y administrativa que le permite atender, con mayor eficacia, las delicadas funciones que atañen a la promoción del bienestar infantil, familiar y comunitario, especialmente en el medio campesino.
Funcionan a la fecha 19 centros de Desarrollo de la Comunidad en el Distrito Federal, que unidos a los 871 establecidos en coordinación con los Institutos de los Estados, dan un total de 890 centros que despliegan su actividad por todo el país.
Se continúa la construcción de estos centros en distintas regiones de la República.
Este año fueron distribuidas 176 millones de raciones alimenticias que benefician a 587 mil niños diariamente.
Las raciones distribuidas a mujeres gestantes y lactantes ascendieron a 15 millones en beneficio de 53 mil 324 madres cada día.
Al programa Campesino de Orientación Familiar se incorporaron 196 mil mujeres en el cuadro nacional de enseñanzas prácticas y nutrición.
Además se capacitaron 11 mil parteras empíricas.
A la fecha se cuenta con 408 mil promotoras campesinas y se han elaborado planes para capacitar a 360 mil nuevas promotoras voluntarias rurales.
A lo anterior, se suma el esfuerzo de muchas otras mujeres que se han organizado en todas las instituciones públicas y en algunos sectores privados, para aportar espontáneamente, su valiosos concurso en tareas de servicio social.
Por las actividades de orientación familiar, promoción de la salud y educación higiénica, mejoramiento de las comunidades, protección del medio ambiente, y fomento de actividades productivas, expreso aquí el más efusivo reconocimiento al patriótico trabajo que realiza más de medio millón de mujeres a través de los Comités de promotoras sociales voluntarias.
únicamente quienes están anclados en una mentalidad egoísta a ultranza pueden ignorar o menospreciar la inmensa potencialidad que existe en el trabajo voluntario, que sustituye la pérdida de tiempo en actividades o entretenimientos banales, por un esfuerzo solidario y útil a los demás.
Yo pienso que si muchas horas que se dedican a la canasta uruguaya, a los desfiles de modas y a murmurar contra el prójimo se dedicaran un poco a servir al prójimo, avanzaría mucho México.
El equilibrio ecológico y el mejoramiento del medio ambiente no dependen exclusivamente de la acción gubernamental.
Los ciudadanos deben participar con mayor intensidad para el logro de estos inaplazables objetivos.
Como resultado de las visitas de inspección se lleva el control de 37 mil establecimientos contaminantes, entre ellos de 2 mil 927 empresas consideradas de alta contaminación.
La red automática para determinar la calidad del aire en el área metropolitana del Valle de México consta ya de 15 estaciones fijas y 2 móviles y están en proceso de instalación 5 más en el Distrito Federal, y las correspondientes a medición de polvos en Monterrey y Guadalajara.
POLITICA DE DESARROLLO
A. POLITICA AGRARIA
Para lograr el cabal cumplimiento de la nueva etapa de la Reforma Agraria, que se refiere, fundamentalmente, a la organización de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, es necesario adaptar los instrumentos gubernamentales a las nuevas circunstancias del país.
Lo anterior, aunado a la insistente demanda de las organizaciones campesinas, nos condujo a transformar el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización en Secretaría de la Reforma Agraria.
En el fondo de los problemas del campo se encuentra una deficiente organización productiva.
El esfuerzo aislado de los campesinos encarece los costos, dificulta el acceso a la moderna tecnología, mediatiza el apoyo de los servicios de extensión y asistencia agrícola y propicia intermediación voraz.
La explotación colectiva de los bienes de los ejidos y las comunidades encuentra, en México, una jurisdicción no solamente técnica y económica, sino también social, histórica y política.
Las luchas agrarias por la restitución o dotación de tierras, aguas y bosques han sido, invariablemente colectivas.
Por ello en la conciencia campesina está siempre presente el germen de la solidaridad, la voluntad de cooperación y el esfuerzo conjunto para alcanzar las metas propuestas.
Es en esta conciencia en la que puede fincarse, sólidamente, una acción gubernamental que traslade esta voluntad solidaria al ámbito de la producción.
El trabajo colectivo fue agredido en la época de la colonia; en el período posterior a nuestra independencia, por el latifundismo porfirista; y, por los enemigos de las clases populares y de un México soberano y libre, en la época posrevolucionaria.
La explotación colectiva de la tierra, adoptada voluntariamente y apoyada por mi Gobierno con resolución ha demostrado ser positiva al incrementar la productividad, reducir los costos y redistribuir, con justicia, el producto del trabajo.
Quienes sostienen que el campesino no puede o no debe organizarse, no lo hacen por ignorancia; lo hacen por interés.
Son los agiotistas, los intermediarios innecesarios, los que a través del rentismo reconstituyen -simuladamente- verdaderos latifundios, son las rémoras sociales de siempre, los enemigos de la Reforma Agraria.
De nada servirán sus prédicas reaccionarias.
Los campesinos y el Gobierno conocen bien cuál es el nuevo tipo de lucha que hay que librar en el campo y, unidos, cada vez más unidos, la están ganando.
El Gobierno de la República con respecto a la libertad de asociación ofrece su más decidido apoyo para continuar extendiendo la explotación colectiva de la tierra.
Conforme a estos propósitos, se encuentra en marcha el Plan Maestro de Organización y Capacitación Campesina.
Se trabaja, con un avance considerable en 3 mil 400 ejidos y se inician tareas semejantes en mil más.
Siguen adelante los programas de industrialización rural de ejidos y comunidades.
Hasta el mes de agosto pasado, con el financiamiento directo del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, se encontraban en operación 264 empresas ejidales que generan una producción anual de 1,172 millones de pesos y dan ocupación a 10 mil 771 campesinos.
Asimismo, se encuentran en integración 125 proyectos, con una inversión programada de 404 millones de pesos, que generarán una producción anual de 563 millones de pesos y 3 mil 811 empleos.
La explosión demográfica propicia la invasión de tierras ejidales por grupos precaristas.
Con el fin de atender con mayor eficacia esos conflictos, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, fue transformada en organismo descentralizado.
Se decretaron 134 expropiaciones destinadas a procesos de regularización, que desincorporaron del régimen ejidal 16 mil hectáreas, por las que se pagó a los campesinos una indemnización de 329 millones de pesos.
Se regularizaron 157 mil 700 lotes en beneficio de 946 mil personas, lo que permitió captar 615 millones de pesos que se canalizan a empresas productivas para beneficio de 8 mil 600 ejidatarios.
Del 1 de septiembre de 1974 a la fecha, he firmado 344 resoluciones, que por las vías de dotación y ampliación de ejidos, de creación de nuevos centros de población ejidal y de reconocimiento y titulación de bienes comunales, benefician a 41 mil 925 familias campesinas con 2 millones 173 mil 174 hectáreas.
Sumadas estas resoluciones a las que anteriormente he expedido hacen un total de 1,605 que, por las vías señaladas benefician a 156 mil 956 familias campesinas con 10 millones 300 mil hectáreas.
En el mismo período he firmado 745 acuerdos individuales de inafectabilidad agrícola, 450 de inafectabilidad ganadera, uno de inafectabilidad agropecuaria y 24 de conjuntos de inafectabilidad agrícola, conforme a los cuales se expidieron 4 mil 162 certificados para igual número de predios, por una superficie total de 261 mil 928 hectáreas.
Con objeto de regularizar la tenencia de la tierra en las colonias agrícolas, se investigaron 832 mil hectáreas en 11 Estados.
De ese total se entregaron 387 mil 495 hectáreas amparadas por 3 mil 652 títulos de propiedad.
El progreso de la Reforma Agraria tenía un serio obstáculo en la división de la clase campesina.
Su desintegración dificultaba las acciones del Gobierno Federal y alentaba fuerzas adversas al movimiento agrarista.
Para superar esta situación fue suscrito el "Pacto de Ocampo" por las cuatro principales agrupaciones existentes.
Este es el primer paso para su total unificación y la posibilidad de luchar, con mayor efectividad, por una causa común; propósito ratificado en Anenecuilco el 8 de agosto último, como un homenaje activo y práctico en el nonagésimo sexto aniversario del natalicio de Emiliano Zapata.
Felicitamos a cada una de estas organizaciones por su solidaria actitud.
La unidad campesina garantiza el triunfo de la Reforma Agraria.
La Ley Federal de Reforma Agraria fue formulada por representantes de los campesinos del país y discutida en el seno del Congreso de la Unión.
Sus preceptos son fruto de la experiencia de muchos años y atienden a los intereses prioritarios de la nación.
Puso término a imprecisiones y lagunas legales que propiciaban incertidumbre entre los productores del campo y permitían legitimar operaciones que, en la práctica, constituyeron verdaderos despojos y un fraude al espíritu del constituyente.
Como todo paso adelante que afecta privilegios la nueva legislación ha sido blanco de ataques con el viejo pretexto de la inseguridad y el descenso de la productividad, que es el argumento de siempre -monótono y desgastado- que esgrimen los intereses retardatarios en el campo.
En México la seguridad en la tenencia de la tierra se funda en la Ley.
Los únicos que pueden sentirse intranquilos, son aquellos que, al margen de sus preceptos, pretendieron que el solo paso del tiempo legitimaría sus arbitrarias posesiones.
Olvidan que los derechos ejidales son inalienables e imprescriptibles.
Olvidan también que el Estado mexicano es fruto de una revolución popular realizada esencialmente por los campesinos y que el actual Gobierno se sustenta, en gran parte, en el respaldo mayoritario de los hombres del campo.
Sólo pueden sentir inseguridad quienes se hicieron de tierras al margen del Derecho; sus temores son fundados, porque la ley cada día se aplicará más rigurosamente.
En cambio, la auténtica pequeña propiedad seguirá siendo respaldada.
No obstante la preocupación de los gobiernos de la Revolución Mexicana por los problemas del campo, estos tuvieron que concentrarse, en un principio, en la compleja e inaplazable tarea de la distribución de la tierra.
La falta de elementos materiales para hacer frente en su totalidad a la gran magnitud de las necesidades de la economía y una sobrevaloración de las virtudes de una política de industrialización, distrajeron recursos indispensables, durante varios decenios, para el desarrollo económico de la vida rural.
Desde el principio de mi Gobierno hemos hecho frente a las graves consecuencias de un largo período de desinversión y, aún más, de subsidio del campo a la vida urbana e industrial de México.
El crecimiento demográfico concentrado esencialmente en las áreas rurales, cosechas desfavorables por factores imprevisibles y una inestable situación agrícola en el mundo, complicaron aún más los caminos de solución rápida a esta situación.
El actual régimen ha encarado decididamente este problema y desplegado un esfuerzo sin antecedentes, por llevar recursos económicos, inversión pública y servicios a los habitantes del campo.
Ejemplo indiscutible de este empeño es que los recursos gubernamentales destinados a la producción agropecuaria, sin contar el crédito alcanzan la cifra de 17 mil 680 millones de pesos, lo que representa el 19 por ciento de la inversión pública total comparada con el 12 por ciento que alcanzaba en 1970.
A esta cifra se suma la canalización preferente al campo de las obras públicas, la transformación y agilización de los mecanismos de crédito, una decidida intervención en los sistemas de distribución y comercialización de los productos agropecuarios y la asistencia para la organización de los productores.
Además, el aumento de los precios de garantía y la amplia extensión de servicios asistenciales y educativos a zonas desprotegidas de la vida rural, que hemos llevado a cabo, han contribuido al mejoramiento de la población.
En todos los rubros de la actividad gubernamental puede apreciarse la preocupación básica de reorientar nuestra acción y enfocarla al desarrollo de la vida rural.
Solamente la ingenuidad o la mala fe puede hacer esperar que en el transcurso de un lustro, no obstante la magnitud de nuestro esfuerzo, puedan eliminarse radicalmente deformaciones acumuladas por cuatro siglos de historia de nuestro país.
Sin embargo, los resultados comienzan a apreciarse y éstos quedan como un precedente, para los futuros dirigentes de nuestro país: es solamente en el equilibrio entre todos los habitantes de México, los del campo y los de la ciudad, en que puede fundarse el verdadero progreso de la nación.
A los esfuerzos concretos que en lo interno estamos desplegando por elevar las condiciones de vida de los campesinos y la producción de alimentos, se suman acciones concretas que hemos realizado en el exterior.
La injusta distribución interna del trabajo que el neocolonialismo se empeña en instrumentar a través del dominio financiero y de las transacciones comerciales, ha impedido diversificar y modernizar el aparato productivo de muchos pueblos del Tercer Mundo, que continúan atados al monocultivo exportador y no pueden producir frecuentemente, ni siquiera los alimentos que demanda su propia población.
Para superar este problema hemos insistido en la urgencia de crear un Banco Mundial de Alimentos o cuando menos un fondo que auxilie a los países en situaciones críticas.
Esta proposición la hicimos, señores legisladores, en dos ocasiones: durante la visita de Estado a Italia, cuando en Roma concurrimos a la sede de la FAO para proponer ese banco y ese fondo de alimentos.
Después, también en Roma, en noviembre del año próximo pasado, cuando se realizó la Conferencia Mundial de Alimentos y Agricultura.
Ante la crisis alimentaria que sufrieron muchos países por las sequías, las inundaciones y las heladas de 1971, 1972 y 1973, insistimos en la creación de un banco o fondo -como se quiera llamarle- de alimentos.
Ha quedado constancia de la proposición mexicana en las Naciones Unidas.
El asunto se comenzará a discutir hoy en ese organismo internacional, donde han proliferado ideas en armonía con la proposición mexicana.
Si las grandes potencias se deciden a no utilizar el asunto de los alimentos como instrumento de presión política internacional, sino a resolverlo mediante la creación de un fondo eficientemente organizado y manejado; si las grandes naciones disponen en este momento -y en un futuro próximo dispondrán también- de reservas de alimentos necesarios para otros países, se deciden a brindar su ayuda con un espíritu verdadero de solidaridad, la situación del hambre en muchos países de América Latina, de áfrica y de Asia, podrá ser aliviada.
Si, por el contrario, se insiste, no obstante la creación de un fondo por las Naciones Unidas, en que los alimentos se sigan usando como instrumento de presión política, se continuará en un viejo e inhumano error.
Estas acciones desplegadas en el exterior, corresponden al impulso que en lo interno damos a la producción de alimentos básicos.
Se multiplican las medidas para satisfacer las necesidades alimenticias de una población en constante aumento y que, por otra parte, reclama nuestra industrialización.
Los requerimientos crecientes de alimentos y materias primas para satisfacer las necesidades del mercado interno y aumentar nuestras exportaciones, demandan la continua incorporación de áreas al cultivo bajo riego.
Con este propósito, durante el período que informamos, se beneficiaron 203 mil hectáreas, de las cuales 104 mil se incorporaron por primera vez al cultivo; fueron mejoradas las condiciones de 25 mil que operaban particulares en forma deficiente; se rehabilitaron 50 mil hectáreas; y, mediante concesiones y permisos para explotar aguas superficiales y subterráneas, se han abierto al riego 24 mil más.
Las obras de riego realizadas en la presente administración benefician ya 766 mil hectáreas, que sumadas a 127 mil concesionadas a particulares, totalizan 893 mil hectáreas, que nos acercan a la meta de un millón que nos hemos propuesto alcanzar en 1976.
Fue concluido el Plan Nacional Hidráulico, que considera las necesidades y las alternativas de solución para el mediano plazo, 1980, y para el largo plazo, el año 2000.
En su elaboración participaron calificados especialistas a fin de establecer las bases generales de los aprovechamientos hidráulicos.
Contiene también estrictas medidas para controlar la contaminación y evitar así problemas que serán más relevantes.
Con la elaboración de este Plan, el país es pionero en la programación integral de sus recursos acuíferos.
A fin de armonizar los programas que varias dependencias, organismos y empresas realizan en beneficio del campo, se constituyó la Comisión Nacional Coordinadora del Sector Agropecuario, que conjuga, además de los esfuerzos de las dependencias del Gobierno Federal, el de los gobiernos de los Estados.
Para 1975 se estima cosechar una superficie de 15 millones 700 mil hectáreas.
El valor de la producción agrícola de los 75 principales cultivos y frutales se calcula, a precios rurales, en 74 mil 500 millones de pesos, lo que significa un incremento de 12 mil 60 millones, respecto al ciclo anterior.
Estos resultados resumen los logros iniciales del Plan Agrícola Nacional.
Los esfuerzos realizados en favor del campo empiezan a rendir frutos.
A partir de este año volveremos a ser autosuficientes en frijol, arroz, trigo, cártamo y otras oleaginosas.
En maíz habremos dado un importante paso ya que la importación que se ha hecho es la cantidad necesaria para aumentar la reserva y garantizar alimentación para los mexicanos a precios accesibles.
Para incrementar los rendimientos de los principales cultivos se produjeron 152 mil toneladas de semillas certificadas de alto rendimiento, que permiten la siembra de 3 millones de hectáreas.
En beneficio directo de agricultores y campesinos se vendieron 2 millones 470 mil toneladas de fertilizantes, a precios inferiores a los del mercado internacional.
Esa cantidad significa un incremento del 13 por ciento respecto al período anterior.
La superficie beneficiada con la aplicación de fertilizantes alcanza ya 8 millones de hectáreas, cifra que representa casi un 50 por ciento de aumento respecto a la beneficiada en 1970 y la mitad de la superficie que se cultiva en el país.
En el pasado ciclo agrícola de invierno se dedicaron a la siembra de maíz, frijol y trigo un millón 528 mil hectáreas en las que se obtuvieron en conjunto, 3 millones 898 mil toneladas.
En el ciclo primavera - verano 1975 se destinan al cultivo de maíz y frijol 8 millones 734 mil hectáreas, que se estima rendirán una cosecha de 10 millones 600 mil toneladas.
La cosecha de café fue de 3 millones 900 mil sacos con valor de 3 mil 500 millones de pesos.
Se efectuaron operaciones de exportación por 2 mil millones de pesos, al colocarse en el mercado internacional 2 millones 131 mil sacos.
El resto se destinó al consumo interno.
El adecuado manejo de las existencias de este producto nos coloca en una posición ventajosa en el mercado mundial de café.
Desde los primeros días de mi mandato, se marcaron para la industria azucarera nuevas metas de productividad y objetivos sociales.
Iniciamos un amplio programa de reestructuración de esta actividad tan importante para nuestra economía y para la alimentación de nuestro pueblo manteniendo invariable en estos cinco años un precio del azúcar muy inferior al internacional.
El azúcar que paga el pueblo de México tiene un precio muy inferior al de casi todo el mundo.
No obstante los cañeros reciben hoy 120 por ciento más del valor promedio de su caña que en 1970; el sector obrero ha visto aumentado su salario en un 124 por ciento; la capacidad financiera de la industria se incrementó en un 105 por ciento.
Los nuevos sistemas administrativos propiciaron que sin acudir a subsidios se incrementara la producción de este energético humano en 1 millón 385 mil toneladas más sobre las cifras del quinquenio anterior.
Así, se ha podido satisfacer la creciente demanda interna de este producto que superó al quinquenio anterior en 2 millones 210 mil toneladas.
En el último año se cultivaron 427 mil hectáreas de las que se obtuvieron 29 millones y medio de toneladas de caña, que rindieron 2 millones 550 mil toneladas de azúcar.
Se destinaron 206 mil toneladas a la exportación, que aportaron divisas por 1,645 millones de pesos.
Estos recursos fueron dirigidos a incrementar los ingresos de campesinos y obreros, así como a solventar los incrementos de costos industriales.
El Estado aporta ya el 60 por ciento de la producción nacional de azúcar.
Administra 31 ingenios, 15 más que en 1970, 3 de ellos puestos en marcha en este mismo año.
El actual Gobierno dejará a la próxima administración una capacidad instalada para la producción de azúcar superior en un 30 por ciento a la que recibimos en 1970 mediante la construcción, ya iniciada, de 7 nuevos ingenios que aumentarán en un millón de toneladas la producción actual y que garantizará la satisfacción del consumo interno hasta 1982.
La experiencia de estos años en la reestructuración de la industria azucarera permitirá que en la próxima zafra se ponga en práctica un mejor y más simple sistema de liquidación a los cañeros con base en los rendimientos.
Este sistema se apoyará en un fideicomiso que fomentará la colectivización en el campo y hará que la maquinaria y todos los elementos agronómicos sean manejados por parte de los propios cañeros.
Sin embargo, se ha reducido la producción de caña en algunos Estados, sobre todo en Sinaloa, en Jalisco y en Veracruz.
Necesitamos, señores, a partir de este mecanismo lograr que la caña de azúcar no signifique pobreza para quienes la cultivan.
Si bien el azúcar es barata y la exportación seguirá subsidiando al consumo interno por ser un energético popular esencial; por la otra, el Gobierno es el primero en reconocer que ha sido muy desigual el mejoramiento de los obreros de los ingenios azucareros, en contraste con el lento progreso, e incluso, con aspectos regresivos, por lo que hace a los cultivadores de la caña de azúcar.
La Comisión Nacional de la Industria Azucarera, que dirige una junta de gobierno en la que participan tres secretarios de Estado, así como la representación campesina, obrera y los técnicos que trabajan en la industria tienen el, compromiso de encontrar, antes de que el sexenio concluya, la forma de elevar la producción, la productividad y, junto con ello, la condición económica de los trabajadores del campo, de los campesinos que cultivan caña de azúcar.
Las fluctuaciones internacionales afectaron la exportación de algodón.
A este cultivo se destinaron 252 mil hectáreas cosechándose 952 mil pacas, de las que vendieron al exterior 800 mil con valor de 1,840 millones de pesos.
Para evitar quebrantos a los algodoneros, en este ciclo se programó el cultivo de sólo 228 mil hectáreas, suficientes para satisfacer la demanda interna y exportar si ello es conveniente.
La cosecha de tabaco fue de 55 millones de kilogramos, con valor de 680 millones de pesos, a precio rural.
Los agricultores recibieron, por concepto de utilidad, 220 millones de pesos.
El inventario ganadero del país lo coloca en el 6o. lugar mundial.
Sin embargo, sólo un 20 por ciento de nuestra ganadería es aceptable por su calidad y el 80 por ciento restante es poco productiva.
Por ello, el Gobierno de la República ha puesto en marcha el Plan Nacional Ganadero, y ha renovado los cuadros de la Subsecretaría de Ganadería.
Las bases generales de este Plan responden a la necesidad de atender prioritariamente a los requerimientos humanos de alimentos, vestido y materias primas de origen animal a precios accesibles para la población.
Para lograrlo se incorporaron nuevas extensiones a la exportación ganadera, utilizando procedimientos que no rompan el sistema ecológico existente, y se fomenta la organización de unidades colectivas en tierras ejidales, comunales y pequeñas propiedades que permitan el mejoramiento de las familias campesinas.
Se procura aprovechar óptimamente los pastos nativos y las plantas forrajeras, así como subproductos de otros recursos, como la caña de azúcar.
En diciembre último se aprobó la Ley de Sanidad Fitopecuaria, que facilita mayor coordinación de las autoridades sanitarias para controlar las plagas que dañan la producción.
Un avance de un millón 600 mil hectáreas registra el inventario nacional forestal en este año.
Se prevé que para 1977 quedará totalmente concluida esta tarea, lo que facilitará el aprovechamiento de los bosques y proporcionará bases para luchar contra su tala inmoderada.
Las inversiones del sector público destinadas al aprovechamiento de los recursos forestales permiten la producción anual de un millón 300 mil metros cúbicos de madera en rollo.
Los bosques del país pertenecen en un 75 por ciento a ejidatarios y comuneros, en un 23 por ciento a pequeños propietarios auténticos y el 2 por ciento restante a parques nacionales.
Nos hemos propuesto, durante el actual Gobierno, dar una mayor participación a los dueños del bosque en los beneficios de la riqueza forestal.
De ahí la formación de organismos descentralizados, con ámbitos distintos de acción, en que los titulares de las tierras boscosas participan.
La mayor parte de las importaciones de productos de origen forestal son celulosa y papel, y substituirlas representa cuantiosas inversiones y un largo plazo para que rindan frutos.
A pesar de ello, están en marcha ocho proyectos que permitirán seguir reduciendo las compras al exterior de estos productos.
La política forestal se ha orientado hacia el aprovechamiento racional del bosque por sus dueños, con la participación y asesoramiento de los Gobiernos Federal y locales, superando las etapas del establecimiento de vedas, que en muchos casos fueron contraproducentes.
En beneficio de los campesinos ixtleros, se pusieron en servicio obras de interés social y productivo con importe global de 1,300 millones de pesos.
Con el propósito de hacer más eficiente su trabajo, operan ya 100 máquinas talladoras de palma y lechugilla.
Asimismo, se ha constituido la "Impulsadora Ixtlera La Forestal", a fin de poder, en lo sucesivo, comercializar directamente la lechugilla, suprimiendo a los intermediarios.
Para aprovechar mejor los gastos de operación y el trabajo del personal encargado de manejar el crédito al campo, evitar el desorden administrativo, en plena correspondencia a los esfuerzos de integración de las organizaciones campesinas y para satisfacer una de sus reiteradas demandas, se decretó la integración de los Bancos de Crédito Ejidal, Agrícola y Agropecuario en una sola institución: el Banco Nacional de Crédito Rural.
Las dos terceras partes del crédito fueron destinadas a la agricultura y fundamentalmente a la producción de alimentos básicos.
La banca oficial agropecuaria canalizó créditos al campo por 21 mil 480 millones de pesos durante el periodo que informamos; cifra superior en 48 por ciento a la del periodo precedente y cuatro veces mayor a la de 1970.
El sector público participa en la distribución y comercialización de productos de consumo popular para evitar la intermediación y la especulación de falsos comerciantes que lucran injustificadamente.
Durante los últimos doce meses, CONASUPO ha realizado operaciones por 32 mil millones de pesos.
Ha movilizado 20 mil toneladas diarias de diversos productos y realizado ventas por 60 millones de pesos, cada día.
CONASUPO se había dedicado fundamentalmente al comercio, ahora también produce en gran escala alimentos populares industrializados.
A principios de 1970 se contaba con una sola planta de harina de maíz; a fines de este año estarán funcionando un total de cuatro.
Además se aumentó y diversificó la producción de lácteos y de pan e inició la producción de harinas de trigo, aceites comestibles, pastas para sopas y alimentos balanceados.
Hace un año afirmamos que se aumentarían los precios de garantía cuantas veces fuera necesario, para retribuir justamente el esfuerzo campesino.
Para maíz, frijol, trigo, arroz y semillas oleaginosas se autorizaron, oportunamente, nuevos precios de garantía.
Además, se iniciaron las compras de copra, al precio de 5 mil 500 pesos la tonelada, para coadyuvar a la solución de los problemas sociales que afrontan los campesinos que viven de la palma de coco.
Debido a grandes sequías e inundaciones ocurridas todavía el año pasado se perdieron muchas cosechas que ocasionaron escasez de frijol y arroz.
No fue posible ampliar las importaciones porque la falta de ambos productos se generalizó en todos los países consumidores.
No obstante, se abastecieron con oportunidad las necesidades del consumo nacional.
La revisión de los precios de garantía y los nuevos sistemas de comercialización en que intervienen los propios campesinos, han sido factores determinantes para que México haya recuperado la autosuficiencia en estos dos alimentos y que ya se cuente con excedentes exportables.
Por todo lo anterior tenemos la satisfacción de afirmar que en México están garantizados, para este año y el próximo, los alimentos básicos de la población.
En promociones especiales, CONASUPO distribuye y vende abajo de sus costos netos, frijol arroz y otros consumos indispensables en apoyo directo de la economía popular, cuidando que no se presenten fenómenos de disminuciones relativas y temporales de la demanda por el pago de mejores precios a los campesinos.
Esta es una práctica que fortalece el mercado interno y la justicia distributiva del ingreso.
Para reforzar la compra y almacenamiento de productos agrícolas y la distribución de alimentos populares, se integraron los Almacenes Nacionales de Depósito y Bodegas Rurales CONASUPO.
Reconstituidas las reservas de alimentos básicos, los mayores esfuerzos se concentran en la consolidación de nuevas formas de distribución y comercialización combatiendo a los intermediarios que, al multiplicarse excesivamente y al actuar con un propósito de lucro desmedido, lesionan a los productores pagándoles precios bajos y a los consumidores vendiéndoles con diferencias que están muy por encima de la justa utilidad comercial.
Este año se aumentó la acción del Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural, que procura una más justa distribución del producto social, mayor equidad en el crecimiento y el arraigo de la población en el campo, mediante el progreso efectivo de las comunidades campesinas.
El programa que tiene una inversión de 2 mil 500 millones de pesos, opera ya en 75 regiones de los 31 Estados.
Sus acciones cubren el 32 por ciento del territorio nacional y benefician en forma directa e indirecta a 27 mil localidades, en las que vive el 45 por ciento de la población rural.
La pesca constituye un potencial económico que requiere aprovechamiento integral para beneficio de productores y consumidores.
Se trabaja en la habilitación de distritos de acuacultura para incrementar la captura de aguas interiores.
Dentro del programa presidencial de embarcaciones pesqueras se entregaron 160 barcos camaroneros a diversas sociedades cooperativas de producción, con lo que suman 349 las entregadas en nuestro programa de 500 barcos.
Se adquieren, además, 190 embarcaciones para la pesca de diversas especies en alta mar; y 22 más que se utilizarán con fines científicos y educativos.
Para diversificar las actividades económicas de los ejidatarios se constituyeron 45 cooperativas pesqueras ejidales, que agrupan a 3 mil socios.
Para apoyar la actividad de los pescadores se concedieron créditos por 217 millones de pesos.
Además se instalan 37 nuevos centros distribuidores de productos del mar.
El crecimiento del país demanda no hacer una pesca meramente costanera que, a veces, casi es de playa.
Demanda, asimismo -y estamos trabajando en ello- conciliar los intereses de los cooperativistas tradicionales y de los campesinos que de acuerdo con la Ley Federal de Reforma Agraria han integrado cooperativas pesqueras.
Estos problemas serán solucionados porque ambos son trabajadores.
Yo los exhorto a que diluyan toda disputa al respecto.
C. INFRAESTRUCTURA
El Gobierno ha impulsado los programas de infraestructura de transportes y comunicaciones.
En 1974 se erogaron por estos conceptos 15 mil 540 millones de pesos.
Para 1975 se autorizaron 20 mil 823 millones que representan un aumento del 34 por ciento respecto al año precedente.
A la ampliación y conservación de la red nacional de carreteras, que constituye el principal medio terrestre de integración se destinan 7 mil 309 millones de pesos.
Durante el período del cual se informa se terminaron 11 carreteras federales, con una longitud de 680 kilómetros, y se han iniciado 13 más que, al concluirse sumarán 2 mil 240 kilómetros.
En 1970, sumando la longitud de todo tipo de caminos, existían 71 mil 520 kilómetros construidos.
En 1975, la red total alcanza 185 mil kilómetros, lo que significa más que duplicar, en sólo cinco años, la extensión de la red construida en los cuarenta y cinco años anteriores.
El sistema ferroviario, que durante muchos años fue el único medio de transporte terrestre eficiente y seguro, continúa siendo pieza fundamental del sistema de comunicación.
Se calcula que el sistema transportará este año 67 millones de toneladas de insumos básicos para la industria y la alimentación popular, lo que representa un aumento de 7.5 por ciento, respecto al año anterior.
Las inversiones autorizadas al sistema en 1975 ascienden a 4 mil 860 millones de pesos.
Con esa suma continúan los programas de construcción y rehabilitación de vías y estructuras en una longitud de 805 kilómetros.
También se adquirirán 91 locomotoras y 5 mil 866 carros, para agilizar el movimiento de carga.
La expansión del comercio exterior por vía marítima, y el impulso a las actividades turísticas y pesqueras requieren el fortalecimiento de la infraestructura portuaria del país.
A fin de colocar a nuestros puertos en condiciones de cumplir adecuadamente sus funciones, se autorizaron 1,023 millones de pesos en el presente año.
Fue concluida la primera etapa de Puerto Madero, Chiapas, que servirá para impulsar la actividad en una zona que cuenta con grandes recursos naturales.
Se terminaron los puertos pesqueros de San Blas, Nayarit y Peñasco, Sonora y continúa el mejoramiento y ampliación de los de altura de Tampico, Veracruz y Lázaro Cárdenas, entre otros.
La Comisión Nacional Coordinadora de Puertos prosiguió su tarea de agilizar y abaratar las maniobras de nuestras terminales marítimas.
Presta ya servicio la empresa de participación estatal de Puerto Madero; con éste son 12 los puertos que cuentan con zona franca y que han reformado su estructura de operación.
Durante el período que abarca este Informe se efectuó un movimiento de 54 millones de toneladas de carga, 8 por ciento más que en el lapso anterior.
En Veracruz existían, al principio del presente Gobierno, cinco importantes organizaciones de trabajadores portuarios.
A partir de 23 de agosto último, al unificarse la Unión de Maniobras y Carretilleros y el Sindicato de Cargadores de la Zona Marítima, que en conjunto agrupan aproximadamente el 80 por ciento del personal que labora en el puerto, quedaron solamente dos: una que realiza sus funciones en tierra y otra a bordo de los barcos.
La unificación de los trabajadores los fortalece y mejora la operación portuaria, ya que racionaliza las maniobras y representa considerables ahorros a los usuarios del puerto de Veracruz.
La reforma portuaria , iniciada desde el principio de esta administración, sigue avanzando, incluso en puertos como éste, que afrontó los más antiguos y difíciles problemas.
Fue aumentada la flota de transbordadores con la adquisición de las naves "Laguna de Términos", que cubre la ruta Puerto Real - Isla Aguada y "Azteca", que presta servicio entre Mazatlán y La Paz.
Recibe gran impulso el sistema aeroportuario con la inversión de 1,071 millones de pesos, que permitió concluir los aeropuertos internacionales de Zihuatanejo, Estado de Guerrero y el de Cancún, Estado de Quintana Roo, e iniciar los aeropuertos del Norte de Sinaloa, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Coatzacoalcos - Minatitlán y Poza Rica - Tuxpan.
Asimismo se rehabilita y moderniza el aeropuerto internacional de la ciudad de México y se establecen mecanismos para un más eficiente control de tráfico aéreo en los aeropuertos de Guadalajara, Acapulco y Monterrey.
Para facilitar el crecimiento del sistema de comunicaciones se han autorizado inversiones por 5 mil 811 millones de pesos en este año, con lo que se amplía la capacidad de la red de microondas y el sistema de radiocomunicaciones marítimas.
Prosiguen los trabajos para extender los servicios de telecomunicación a las comunidades rurales, atendiéndose con prioridad las zonas Huicot, Tarahumara, Sierra de Sinaloa, Altos de Chiapas, Río Candelaria y Zona Ixtlera.
Por otra parte, la inversión en plantas telefónicas permitirá ampliar el servicio a 3 mil 200 poblaciones, incrementar hasta 8 millones 300 mil kilómetros los circuitos de larga distancia y operar 2 millones 825 mil aparatos en todo el país.
Continúa la modernización del servicio telegráfico con la instalación de equipos automáticos en la centrales de ocho ciudades importantes y prosigue el programa de mecanización postal en los centros Aeropuerto, Buenavista y Pantaco, de esta ciudad.
D. DESARROLLO INDUSTRIAL
Ampliar la planta industrial del país y distribuirla con criterios de desarrollo regional exige enfrentar, con decisión, los problemas que el propio crecimiento genera.
Cancelada la etapa del excesivo proteccionismo y de los subsidios indiscriminados se ponen en juego medidas para remover otros obstáculos a la expansión industrial.
En función de los objetivos nacionales, se promueven incrementos en el empleo, el avance de zonas marginadas, el desarrollo de tecnologías propias y se apoyan, con la mayor decisión, los sectores claves para nuestro desenvolvimiento futuro.
El objetivo de la intervención del Estado mexicano ha sido impulsar y dirigir nuestro desarrollo económico y social con un propósito definido e indeclinable de eficiencia, equidad y fortalecimiento de la soberanía nacional.
El imperativo de proporcionar mejores niveles de vida a una población creciente y las presiones externas derivadas de la inestabilidad del sistema económico internacional, hicieron necesario que en los últimos años el Estado asumiera en forma plena, racional y consciente su responsabilidad histórica, como agente primordial de la transformación económica y social de México.
El progreso técnico y los cuantiosos volúmenes de recursos necesarios en la industria moderna y la proyección que con frecuencia se requiere dar a empresas nuevas en el interior del país, conducen a una organización monopólica de los mercados que concentra el ingreso e impide que se aprovechen todas las posibilidades de crecimiento de la economía nacional.
El sistema de empresas del Estado interviene para asegurar que se usen adecuadamente los recursos naturales del país, que los consumidores no sean afectados por precios excesivos de los productos y que no registre el enriquecimiento de grupos minoritarios con la explotación de recursos que pertenecen originalmente a la nación.
Para alcanzar estos objetivos se impulsa el desarrollo de un sector paraestatal vigoroso y eficiente, reforzando los instrumentos de coordinación y control de organismos y empresas que lo constituyen.
Los activos totales de los organismos y empresas de participación estatal mayoritaria sumaron en 1974, 262 mil 73 millones de pesos, cifra superior en 19 por ciento al ejercicio anterior, debido principalmente a las importantes inversiones realizadas en los sectores energético y siderúrgico.
Durante el mismo ejercicio tuvieron ingresos por ventas de bienes y servicios por 129 mil 658 millones, con un aumento de 42 por ciento.
Los impuestos pagados directamente por los organismos y empresas estatales ascendieron a 6 mil 671 millones de pesos, superiores en 79 por ciento a los de 1973.
La exportación del sector paraestatal aumentó en 72 por ciento, alcanzando la cifra de 9 mil 111 millones de pesos, que representan el 27 por ciento de las exportaciones totales del país.
La importancia cuantitativa y cualitativa del sector paraestatal en la nueva estrategia del desarrollo requiere de una profunda coherencia no sólo ideológica, sino también operativa.
Los criterios con que se mide la acción de las empresas públicas no siempre pueden identificarse con el monto de las utilidades en términos financieros.
Los objetivos de estas empresas no son de carácter meramente mercantil; responden también a metas sociales que les asignan en orden a la promoción de desarrollo y la prestación de servicios para el mejoramiento de las condiciones de los habitantes.
El grado de eficiencia con que operan ha de medirse, por tanto, en relación al alcance de esos objetivos y metas.
Para garantizar la eficiencia de las empresas de participación estatal se requiere que los sistemas conforme a los cuales se rijan hagan factible su funcionamiento coordinado y dinámico.
La política de la presente administración tiende a evitar los vicios de origen desde el punto de vista administrativo, financiero y técnico.
Para la implementación de los anteriores propósitos, se creó la Comisión Coordinadora de Política Industrial del Sector Público, que fortalecerá el control de los recursos puestos en manos del Estado y su eficiente asignación a las actividades económicas del país.
México requiere de un más racional empleo de la inversión pública y privada para que atienda prioritariamente las necesidades de la fabricación de artículos fundamentales y bienes de capital, que a la manufactura de bienes de consumo y artículos superfluos.
El sector primario deberá constituir un objetivo económico central, para la producción de equipos e insumos vitales para el campo, la pesca y la minería y para las industrias estrechamente ligadas a ello.
Es una tarea que debemos acometer fundamentalmente.
Asimismo, se han puesto en marcha diversos mecanismos para fomentar el desarrollo de recursos humanos de alta capacidad para la conducción y operación de las empresas del Estado.
En abril del presente año, el Ejecutivo Federal expidió un acuerdo para normar la frecuencia y contenido de la información que los directivos de organismos y empresas del Estado deben rendir a sus consejos de administración y órganos de gobierno.
Esto permitirá dictar con mayor oportunidad y eficiencia las medidas necesarias para que se cumplan los objetivos trazados.
Durante el ejercicio, se sometieron a auditoría externa cerca de 500 entidades paraestatales.
Se dictaron las instrucciones necesarias para dar amplia difusión a los estados financieros y demás informes sobre las actividades de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal.
De esta manera, cada uno de los mexicanos puede apreciar cómo se gasta el ahorro social y los beneficios que se generan.
Con esta acción quedan al descubierto quienes atacan la economía mixta y quisieran regresar a un tiempo definitivamente superado.
Todas las medidas anteriores tienden a garantizar el mejor funcionamiento del sector paraestatal.
Se responde así a la inquietud legítima de quienes se interesan por el progreso del país, así como al de aquellos otros que, con versiones interesadas, rumores mal intencionados o juicios sin fundamento, acusan, vanamente, al Estado de ser un mal administrador.
Los esfuerzos realizados en la industria petrolera nos permiten afirmar que la capacidad productiva de petróleo crudo y de líquidos de absorción será para fines del sexenio el doble de la que existía en 1970.
Durante el presente año, la extracción del petróleo crudo pasará de 681 mil barriles por día a 830 mil.
Para lograr ese aumento fueron perforados 311 pozos de desarrollo en toda la República, 197 de ellos en la zona sur, principalmente en Cactus y Sitio Grande del Estado de Chiapas y Samaria del Estado de Tabasco.
El aprovechamiento de las reservas nacionales ha permitido la autosuficiencia y disponer de los volúmenes necesarios para suprimir la importación de petróleo crudo.
En este importante aspecto México ha pasado a la condición de país exportador.
Las ventas al exterior se traducen en ingresos indispensables para el desarrollo interno de muchas actividades y están dentro de límites racionales que armonizan con los requerimientos del desenvolvimiento industrial.
Las exportaciones de productos petroleros ascendieron a 2 mil 235 millones de pesos durante los primeros 6 meses de 1975, siendo 8 veces superiores a las del mismo período del año anterior.
En cambio, las importaciones se redujeron en 42 por ciento y fueron sólo de 1,758 millones de pesos.
La política de exportación de productos petroleros que se ha seguido hasta la fecha es congruente con el mantenimiento, e inclusive con el incremento de las reservas, dentro de las normas técnicas de explotación que guían el trabajo en los yacimientos descubiertos.
Este año canalizamos a la integración de la industria petrolera más de 11 mil millones de pesos.
Prosiguen al ritmo previsto, las ampliaciones en las refinarías de Salamanca en el Estado de Guanajuato, Minatitlán en el Estado de Veracruz y Ciudad Madero en el de Tamaulipas; así como el establecimiento de la importante refinaría de Tula, en el Estado de Hidalgo.
Se construyen las despuntadoras de Salina Cruz en el Estado de Oaxaca y Cadereyta en el Estado de Nuevo León.
Paralelamente se amplía, hasta 17 millones de metros cúbicos por día, la capacidad de proceso de gas amargo en Cactus, del Estado de Chiapas.
Refuerzan estas tareas, la producción de materias básicas para la expansión de la petroquímica, que habrá de permitir el surgimiento de un importante complejo en la Cangrejera, Estado de Veracruz.
La conclusión de estas refinarías, y su ampliación, nos capacitará para no importar derivados del petróleo desde el año entrante.
Se han intensificado los trabajos de exploración con el fin de localizar nuevas reservas de petróleo.
El programa, que cubre varios Estados de la República, ha conducido al descubrimiento de importantes campos en áreas totalmente nuevas o poco conocidas.
Se encuentran en este caso las zonas de Cotaxtla, Estado de Veracruz y Chac, Estado de Campeche.
En este último sitio, el día 4 de agosto pasado, se hicieron pruebas que tuvieron como resultado un flujo de aceite en cantidad comercialmente explotable.
Esto significa la existencia de una nueva zona cuyo potencial incrementa, considerablemente nuestras reservas y permite elevar los volúmenes de la producción.
En Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas, se descubrieron varios pozos de gas natural, lo que aliviará la oferta insuficiente de este hidrocarburo en la zona.
Se están construyendo se terminarán en este mismo año las líneas de recolección y tubería para inyectarlo al gasoducto Reynosa - Monterrey.
También en Soto la Marina se cuenta ya con pozos productores de gas natural en campos que empezaron a explotarse recientemente.
Para mejorar y ampliar los sistemas de distribución fue terminado el combustoleoducto Ciudad Madero a Cadereyta y antes de finalizar este año se concluirá en Minatitlán a Salina Cruz.
Funciona una nueva línea conductora de crudo entre Poza Rica y Salamanca y se tiene en proceso un oleoducto de Pajaritos a Poza Rica, que empezará a operar en 1976.
Se amplía el gasoducto Ciudad Pemex - México, Salamanca - Guadalajara, que alcanzará una capacidad de transporte de 30 millones de metros cúbicos al día.
Los recursos no renovables del mundo adquieren cada vez mayor importancia estratégica.
Entre éstos, el petróleo tiene posición preeminente.
La atención que de manera invariable hemos dado a este renglón vital ha dado por resultado que México, a la hora de la crisis energética mundial disponga de recursos suficientes para llevar adelante su desarrollo nacional independiente.
Algunas agencias informativas del extranjero pretendieron exagerar la magnitud de nuestros yacimientos recientemente descubiertos, con el afán de quebrantar la unidad de los países exportadores de petróleo y socavar la base de su economía.
Nuestra posición es inequívoca.
México, que ha reiterado la necesidad de defender solidariamente las materias primas, no se prestará bajo ninguna circunstancia, a este tipo de manipulaciones.
Reiteramos hoy, que México no venderá ni un solo barril abajo del precio establecido por el mercado internacional.
Se ha promovido aceleradamente el crecimiento de la industria petroquímica, de conformidad con la política general de basar en la mayor medida posible el desarrollo industrial del país en la transformación de los recursos naturales de que dispone.
Se otorgaron 24 permisos que implican incrementos en la capacidad productiva de la industria petroquímica secundaria, con una inversión total de 1,567 millones de pesos.
Para petroquímica básica las inversiones autorizadas durante lo que ha transcurrido de la presente administración llegan a 5 mil 67 millones de pesos, cifra superior al total autorizado desde 1961 hasta 1970.
Se ha puesto especial énfasis en la adecuada distribución regional de esta rama, por lo que las inversiones autorizadas se realizan en 14 ciudades de provincia.
Con la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y Asociados dimos un paso más hacia la unificación de la industria eléctrica mexicana.
Exhorto a los trabajadores a que, con el mayor patriotismo, colaboren decididamente, para alcanzar su total integración.
Al impulso de este renglón básico se asignan recursos, durante 1975, por 10 mil millones de pesos.
Con las obras que se realizan se incrementará la capacidad de generación del sistema en 2 millones y medio de kilowatts para fines de este año.
Al finalizar el actual Gobierno la capacidad instalada será de 14 millones de kilowatts, más del doble de lo que existía en 1970.
Se incrementa la longitud de líneas de transmisión en 1,500 kilómetros y la red de subtransmisión y distribución en 8 mil 670 kilómetros.
La electrificación rural sigue siendo motivo de gran interés para el Gobierno de la República.
En los últimos doce meses se dotó de fluido eléctrico a 1,730 pequeñas poblaciones rurales y a 209 más en el área adyacente al Distrito Federal.
En este renglón se concluye un equivalente de 5 redes de distribución y se beneficia a 2 mil 400 habitantes cada día.
Se terminó la conversión de la frecuencia de 50 a 60 ciclos en la periferia del sistema central, y se continúa en la ciudad de México.
A la fecha se estima un avance de casi el 50 por ciento en todo el sistema, y podemos afirmar que el año próximo el cambio quedará terminado.
Fueron modificadas las tarifas eléctricas.
La Comisión Federal de Electricidad, cuya influencia en el desarrollo del país es determinante, debe operar y desarrollarse en sanos términos financieros.
No haber autorizado esta medida hubiera implicado detener el crecimiento de la industria eléctrica y, con ello, comprometer seriamente nuestra expansión industrial así como dejar insatisfechas las necesidades de vastos núcleos de población.
Los subsidios son pagados siempre por todo el pueblo.
En cambio, las nuevas tarifas serán cubiertas, exclusivamente, por quienes se benefician del servicio.
Por lo tanto, esta disposición no sólo responde a las necesidades industriales del país, sino también, a una nueva filosofía de justicia social en el manejo de las empresas públicas.
He dado instrucciones para que la administración de los nuevos recursos, se ajuste a los más estrictos términos de honestidad, eficacia y productividad.
La energía eléctrica es uno de los instrumentos esenciales de nuestro desarrollo.
Generar electricidad es general progreso.
En este renglón, como en todos los demás, mi Gobierno ha rechazado la cómoda pero irresponsable actitud de aplicar paliativos que no hacen sino trasladar los problemas, amplificados, al futuro.
Se han buscado soluciones tan radicales como radicales han sido las cuestiones enfrentadas.
En materia económica, como en materia política buscamos afianzar al país con el peso específico de la verdad.
Es falso que el sector eléctrico atraviese por una situación de quiebra.
En este rubro hemos superado inclusive el ritmo del crecimiento económico general del país.
La nueva política de precios tiene por objeto lograr que este progreso no se detenga.
A fin de que la industria eléctrica esté en aptitud de satisfacer plenamente las ingentes necesidades del mañana, el Gobierno de la República ha dispuesto su profunda reestructuración, la que comprende: una nueva concepción financiera que nos permita disponer de ahorro interno para fines de inversión; la planeación de lo que hacia fines de 1976 será el gran sistema interconectado nacional; el funcionamiento del despacho nacional de carga, apto para atender necesidades actuales y futuras; el detalle de las actividades hasta fines del siglo; el cabal aprovechamiento de nuestros recursos hidroeléctricos y geotérmicos; la generación a partir del carbón; el desarrollo de los programas nucleoeléctricos que consoliden nuestra futura independencia energética; la normalización de maquinaria y equipo; el plan de substitución de importaciones; la depuración de los procedimientos de capacitación de funcionarios y trabajadores; el nuevo diseño interno de funciones, incluyendo el que permita una mejor distribución y comercialización de la energía; los mecanismos institucionales para acelerar el ritmo de las obras eléctricas para abatir costos y obtener rendimientos a la máxima brevedad; y, finalmente, la erradicación de todos los vicios administrativos que aquejaron, durante muchos años la buena marcha de su funcionamiento.
Las inversiones se hallan sometidas a un minucioso programa de actividades que tienen en cuenta las exigencias energéticas del país para los próximos veinticinco años y, que se ejercen con un fundamento eminentemente racional que impide dilapidar esfuerzos e incurrir en despilfarros.
Centavo a centavo, kilowatt a kilowatt, el sector eléctrico no gasta ni construye sino lo que el país requiere verdaderamente.
La electricidad, como fuente de progreso y bienestar, se sustenta sobre dos responsabilidades indisolubles: la del Gobierno, que ejerce la administración, y la de los trabajadores, que proporcionan el servicio.
No estamos pues, ante el viejo modelo económico donde trabajadores y patrones luchaban entre sí por intereses radicalmente distintos.
Mexicanos todos, los trabajadores que producen la energía y el Gobierno que la administra, deben enfrentar, en forma solidaria, la responsabilidad de cumplir con puntualidad con este servicio fundamental.
Las diferencias económicas entre el Estado y los trabajadores al servicio del Estado se arreglan dentro del Estado.
Es decir, dentro de una concepción ética que les es común.
La concordia y el buen entendimiento entre los dos protagonistas fundamentales del servicio público deja de ser un objetivo parcial, para convertirse en un imperativo nacional.
Se trata de una responsabilidad bilateral, de un proyecto común, de un destino paralelo.
Ninguna querella, ninguna demanda, ninguna imposición por encima o a espaldas de México.
Los propios conflictos intergremiales deben ser objeto de un tratamiento institucional.
Están abiertos los cauces administrativos y judiciales para dirimir todas las controversias que tengan lugar en el ejercicio de sus derechos y que el Ejecutivo considera intocables.
Los mexicanos que concurran a la prestación de un servicio público pueden y deben defender sus derechos ante los tribunales competentes, vigilar por la preservación de sus conquistas y entregarse a cualquier esfuerzo reivindicatorio que no se halle en contradicción manifiesta con los valores superiores que el Estado tiene el deber de resguardar.
El Gobierno de la República seguirá luchando sin descanso, para crear las condiciones indispensables a la expansión de la industria eléctrica que habrá de garantizarnos, en los años que vienen, la consolidación de un México más sano, más fuerte y más justo.
He dado instrucciones a la Comisión Nacional de Energéticos para que antes de que concluya el año, se presente a la consideración del Ejecutivo un programa tendiente a desarrollar nuevas fuentes de energía que alivien la excesiva presión que actualmente se ejerce sobre los hidrocarburos, que son los combustibles más caros y escasos que hay en la actualidad y que aportan todavía más del 90 por ciento del abastecimiento nacional.
De no modificarse la estructura de este consumo, la creciente demanda nos expondría dentro de algunos años, al peligro de agotar nuestras reservas.
El carbón ofrece buenas posibilidades de sustitución del petróleo.
De ahí que la Comisión Nacional de Energéticos coordine ya las actividades del Consejo de Recursos Naturales no Renovables, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos a fin de multiplicar las exploraciones geológicas y la explotación minera de carbón y su uso en plantas térmicas.
En breve, se iniciará la construcción de la primera planta de este tipo en el Estado de Coahuila que tendrá una capacidad instalada de 900 megavatios.
Por otra parte, México cuenta con amplias posibilidades teóricas de mineral de uranio que nos colocan en una posición favorable para el desarrollo de la industria nuclear y, en atención a ello, he dado instrucciones a fin de agilizar los trabajos de explotación geológica, explotación minera y beneficio industrial de este recurso.
Se estima que a fin de reducir sustancialmente el consumo de petróleo para producir electricidad, será necesario instalar en los próximos 15 años plantas termonucleares capaces de producir, en total, 15,000 megavatios.
Se trabaja en la elaboración de un programa de desarrollo nuclear que tiene por objeto lograr la generación eficaz y económica de energía eléctrica, hacer participar a la industria nacional en la fabricación de equipos necesarios para las centrales nucleares y proporcionar la mayor seguridad posible al país por lo que hace al abastecimiento de este combustible.
El programa global de energéticos a que hago referencia, tiene por objeto sentar las bases de un desenvolvimiento industrial y económico más firme que contribuirá a la integración industrial del país.
Con los programas de expansión de la industria siderúrgica, el país podrá satisfacer, autónomamente, todas las necesidades de acero a partir de 1976.
Para lograr esta meta, se trabaja activamente en el Consorcio Minero Benito Juárez - Peña Colorada, en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas y en la ampliación de Altos Hornos de México.
Estos tres grandes proyectos, al estar concluidos, permitirán al finalizar esta administración, duplicar la producción de acero que existía en 1970, lo que significa culminar, en un período de 6 años, un esfuerzo equivalente al realizado en los 70 años anteriores.
Altos Hornos de México realiza, con un costo de 7 mil 33 millones de pesos, su etapa de expansión para el trienio 1974 - 1976, que elevará su capacidad anual de producción a 3 millones 750 mil toneladas de acero.
La empresa promueve la expansión de proveedores y de usuarios, integrando verticalmente el desarrollo de la industria.
Con este criterio entraron en operación la Fábrica Nacional de Máquinas Herramientas, la Industrial Recuperadora y la planta peletizadora "Constitución" en Chihuahua, misma que permite un mejor aprovechamiento de los recursos ferríferos de la zona.
Es satisfactorio informar de los avances en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, complejo en el que se invierten 9 mil 756 millones de pesos.
La realización de este proyecto impulsa el crecimiento y diversifica las actividades económicas en una vasta región. La Planta entrará en operación en 1976.
Se encuentra ya en producción la primera planta del Consorcio Minero Benito Juárez - Peña Colorada, que tuvo un costo de 700 millones de pesos.
Con esta labor conjunta de sector público e iniciativa privada se logra un mayor aprovechamiento del potencial siderúrgico.
Se puso en marcha la reestructuración administrativa y financiera de las empresas integrantes del Combinado Industrial Sahagún y la modernización y ampliación de sus instalaciones.
Con los programas de expansión de este Complejo Industrial se incrementa, en este año, la capacidad de fabricación de automóviles de 18 mil a 28 mil unidades, la de camiones de 7 mil a 12 mil y la de motores de 7 mil a 13 mil.
Se instala, además, una planta de motores de aluminio que, en mayo próximo, empezará a producir 40 mil unidades por año.
Opera ya la nueva planta de tractores agrícolas ligeros.
La Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril entregará, a partir de diciembre próximo, los primeros 345 carros del Metro.
Esta es una muestra más del avance tecnológico que hemos logrado y confirma que tenemos capacidad para satisfacer, con nuestros propios recursos, las crecientes necesidades de bienes de capital del país.
La mexicanización de la minería ha cumplido sus objetivos en la etapa de producción.
Sin embargo, la nueva política minera se orienta a continuarla en la fase de la industrialización de los minerales, así como en la comercialización internacional que constituye la parte más rentable de las actividades mineras.
Con el propósito de asegurar que en el futuro la explotación de los recursos minerales, básicos para la producción industrial y estratégicos en los distintos mercados internacionales, se realice conforme a los intereses generales del país y atendiendo a un creciente desarrollo industrial con características de equidad, en breve enviaré a este Honorable Congreso de la Unión un proyecto de nueva Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de Explotación y Aprovechamiento de Recursos Minerales, que tiene como premisa fundamental evitar la acumulación de yacimientos minerales en manos muertas.
Las nuevas concesiones mineras ya no se otorgarán, de aprobarse esta iniciativa, al "primero en tiempo" sino con base en programas de explotación y beneficio, sobre la base de que se reserva a la nación la prioridad que le corresponde.
El Estado ha aumentado su participación en las actividades minero - metalúrgicas, impulsando numerosos proyectos entre los que destacan los de cobre en la Caridad y Santa Rosa - Pilares en el Estado de Sonora, y La Verde en el Estado de Michoacán, que junto con los de Real de ángeles en Zacatecas, Cedros en Guanajuato, Lampazos en Sonora, Química Flúor en Matamoros, Roca Fosfórica en Baja California y otros, representan inversiones de más de 19 mil millones de pesos.
E. DESARROLLO REGIONAL
Los proyectos de desarrollo regional no producirían todos los resultados que se espera de ellos si no estuvieran sustentados en una organización adecuada que posibilite su continuidad y que al mismo tiempo lo lesione, antes consolide, la armonía del sistema federal.
Todos los Estados cuentan ya con Comité Promotor del Desarrollo Socioeconómico.
En cada uno de ellos, bajo la presidencia del Gobernador de cada entidad, los funcionarios federales radicados en la misma, los estatales y municipales, así como los representantes de los sectores activos de la población, realizan, en un diálogo abierto y democrático, tareas fundamentales de coordinación y programación.
Para perfeccionar la congruencia de estas acciones se creó la Comisión Nacional de Desarrollo Regional, que agrupa a funcionarios de las dependencias federales, organismos y empresas de participación estatal.
La Comisión de Estudios del Territorio Nacional amplió, en este año, la fotografía aérea de un millón 300 mil hectáreas.
Fueron estudiadas, con todo detalle, 2 millones de hectáreas más, a fin de precisar sus características y el aprovechamiento que de esta superficie realizan sus ocupantes.
También se determinaron las posibilidades de mejorar el uso del suelo y se generaron anteproyectos para abrir nuevas fuentes de trabajo.
El avance, a la fecha, en materia de fotografía aérea es de un 80 por ciento del total de la superficie nacional.
Concluiremos esta tarea antes de terminar el sexenio.
En el programa de parques y ciudades industriales fueron terminadas en su primera etapa, las obras de la infraestructura urbana de Aguascalientes; Celaya, Guanajuato; Los Belenes, Jalisco; Tijuana, Baja California; Tepic, Nayarit; Tizayuca, Hidalgo y Villahermosa, Tabasco.
Continúan los trabajos en las de Domingo Arenas y Xicotencatl, Tlaxcala; León, Guanajuato; Linares, Nuevo León; Matamoros, Tamaulipas; y Morelia, Michoacán.
También se encuentra en servicio el nuevo centro comercial de Mexicali, Baja California.
En estas ciudades industriales, se instalan ya 267 empresas que habrán de generar 9 mil empleos.
Las Juntas Federales de Mejoras Materiales realizaron durante el último ejercicio obras por más de 440 millones de pesos.
Se procura que sus actividades promuevan el desarrollo urbano con un sentido integral y no mediante la simple realización de obras aisladas.
Entre sus trabajos destaca la canalización del Río Tijuana y la urbanización de los terrenos que fueron rescatados a su cauce.
Esta obra se inició en el presente régimen en respuesta a peticiones que durante 25 años expresó la población de Tijuana.
Hasta la fecha se han invertido en este programa alrededor de 750 millones de pesos que representan más de la mitad del costo total del proyecto.
Lo hecho hasta ahora beneficia en forma directa a más de 50 mil personas e, indirectamente, a todos los habitantes del país, al presentar una imagen más digna de nuestra frontera.
El Plan Acapulco, en el que participan en forma coordinada varias dependencias del Ejecutivo Federal, ha invertido hasta la fecha 1,480 millones de pesos desde que las obras fueron iniciadas en 1971.
Se han resuelto deficiencias de servicios urbanos con medidas de profundo sentido social que corrigen un fenómeno de marginación interna provocado, durante muchos años, por inversionistas sin escrúpulos cuya acción irresponsable no pudo seguir adelante, merced a la firme acción del Gobierno.
Nuestros esfuerzos en materia de desarrollo regional están encaminados a descongestionar a las grandes ciudades, cuyos servicios absorben crecientes volúmenes de recursos que demanda el país entero y que deben sufragar, ante todo, los propios pobladores de los centros urbanos.
El 1 de enero del presente año entraron en vigor diversas reformas y adiciones a la Ley de Hacienda del Distrito Federal, por las que se estableció un sistema de tasas progresivas para el pago del impuesto predial a fin de distribuir equitativa y proporcionalmente la carga fiscal de acuerdo a la capacidad económica de los habitantes e impedir la especulación de los predios urbanos.
Por otra parte, nuevas cuotas por servicios de agua, combaten desperdicios irracionales.
Es indispensable que todos los habitantes contribuyan equitativamente al sostenimiento y a la ampliación de los servicios que se prestan en la ciudad, muchos de los cuales todavía se hallan subsidiados y no siempre a favor de quienes más los necesitan.
El mes de junio del presente año culminaron los trabajos de una de las obras más importantes del siglo. Inauguramos el Sistema de Drenaje Profundo que mantendrá a la ciudad de México a salvo de grandes peligros y la dotará de un eficiente sistema de expulsión de las aguas negras y pluviales.
La realización de esta obra requirió la excavación de un túnel de 60 kilómetros de longitud -la mayor en el mundo- y es motivo de legítima satisfacción para los ingenieros, técnicos y obreros mexicanos, a quienes hoy reiteramos nuestra felicitación.
Se aceleran los trabajos en las vías radiales y en el circuito interior del que fueron terminados y puestos en servicio doce pasos a desnivel.
Se terminó la construcción del edificio administrativo y de acción cívico social de la Delegación Venustiano Carranza y actualmente se encuentra en proceso de construcción los destinados a las delegaciones de Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Xochimilco.
POLITICA ECONOMICA
El desequilibrio de la economía mundial se ha caracterizado, en sus formas exteriores más relevantes, por la presencia de dos grandes fenómenos de incidencia universal: la inflación y la depresión.
No obstante, esos dos factores no sirven para explicar, salvo muy lejanamente, un problema mucho mayor: el fin de la etapa económica y monetaria iniciada al finalizar la Segunda Guerra Mundial.
La urgencia de un nuevo orden económico internacional, como hemos dicho ha pasado ya del nivel de la hipótesis al plano de una necesidad real inaplazable.
La inflación traspasa las fronteras y sacude las economías nacionales dependientes de la importación de bienes de capital y de alimentos.
La depresión de los grandes países industriales se transporta al comercio mundial de una doble manera: como restricción de las actividades económicas y como la desaceleración de los procesos de desarrollo en marcha.
México ha sufrido las consecuencias generales de este proceso.
La inflación, con las graves repercusiones que implica para las clases populares, fue uno de los problemas que tuvimos que afrontar.
No queremos engañarnos sobre su significación total y de ahí la importancia política de la etapa de desajustes y ajustes que hemos vivido.
En efecto, una parte de la elevación de los precios se ha debido a la inflación importada, pero otra parte, no muy inferior, se debe a la inflación generada por deficiencias internas que, con toda determinación encaramos y trabajamos por resolver.
En caso contrario, soslayaríamos el problema y eliminaríamos de él la responsabilidad nacional que a todos los sectores nos corresponde.
Apelo, en este punto, a la capacidad de análisis y a la conciencia nacional.
Definir esa realidad es precisar un problema que afectará al porvenir de las grandes mayorías populares.
Esa es nuestra única guía y la mayor responsabilidad que asumimos como gobernantes.
La inflación importada y la inflación motivada por causa internas ha puesto en pie, de manera evidente, dos fenómenos: que el mayor porcentaje de la crisis incide en las grandes mayorías sociales y que la inflación acelera la concentración del ingreso, la especulación y el desequilibrio social.
Desequilibrio que se quiere utilizar intermitentemente, además, por los grupos privilegiados, como una supuesta arma de presión, cuando renacen, equivocadamente, aspiraciones de poder político por parte de algunos de sus exponentes que carecen de méritos cívicos y de antecedentes de la lucha social.
De ninguna manera estamos dispuestos a aceptar una situación semejante, porque no pensamos sólo en este año ni en este período de gobierno, sino en el futuro de México y en el porvenir de las mayorías nacionales que son las únicas que pueden y deben exigirnos el cumplimiento de un compromiso histórico que hemos asumido en plenitud: la organización justa de la vida económica y social del país.
Para ello, diseñamos y pusimos en marcha un conjunto de medidas que forman un todo orgánico que comprenden una nueva política de financiamiento del desarrollo; una eficaz planeación y control del gasto público; una adecuada política monetaria y crediticia; el establecimiento de nuevos mecanismos para la fijación y revisión de precios; un sistema para promover vigorosamente nuestra corriente de exportaciones y dictar medidas para aprovechar de la mejor manera nuestro mercado interno; la revisión anual de los salarios mínimos y contractuales; y, el incremento de los precios de garantía para los productos del campo.
Ese conjunto de medidas ha operado, en líneas generales, positivamente.
No desconoceremos que su carácter, es en muchos casos, circunstancial.
Por esa misma causa queremos dar una propuesta sustantiva a los problemas de fondo que la crisis mundial ha deparado a las economías nacionales y, en nuestro caso, a la economía mexicana.
En efecto, se ha logrado moderar las presiones inflacionarias y reducir la tasa de crecimiento de los precios.
De diciembre de 1973 a junio de 1974 el índice nacional de precios al consumidor señala que su incremento fue de 10.1 por ciento, o sea, una tasa media mensual de 1.6 por ciento, mientras que en diciembre de 1974 a junio del presente año el crecimiento fue de 6.5 por ciento, lo que significa una tasa media mensual de 1.1 por ciento.
Si se examina el comportamiento de nuestro producto interno bruto se advierte que éste aumentó en alrededor del 6 por ciento en 1974, lo que corresponde aproximadamente a nuestra tasa histórica de las dos últimas décadas.
En 1975 nuestra economía sigue creciendo.
No es posible olvidar que incluso las más grandes naciones industriales tuvieron decrecimientos drásticos el año anterior y en este primer semestre, después de un breve período de optimismo, muchas vuelven a recaer en la inflación el desempleo y el pesimismo.
Por esa razón hemos insistido, en los más distantes meridianos del planeta que no se encontrará ninguna solución definitiva si no se dan pasos concretos para establecer un nuevo sistema económico internacional.
Para lograr este objetivo, es preciso diseñar y concretar un sistema de relaciones internacionales que posibilite a los países pequeños y medianos la plena utilización de sus recursos y potencialidades en el marco de una estrategia conjunta.
En esas circunstancias, propuse la creación de un sistema para el desarrollo del Tercer Mundo que permita la defensa permanente de los precios y las formas de comercialización de sus productos de exportación, que defina los mecanismo de apoyo mutuo en todos los sectores y que garantice regional o colectivamente niveles óptimos de importación de bienes, capital y tecnologías.
De esta manera los países en proceso de desarrollo estarían en condiciones de participar en el control real de los intercambios mundiales.
Intercambios que ahora están determinados por la manipulación de la oferta y la demanda desde centros de poder internacional.
Sin embargo, la realidad mundial no nos exime, sino al contrario, nos obliga, a realizar un análisis riguroso de la situación mexicana.
Las medidas adoptadas no han estado separadas de un programa o de un propósito permanente.
Así, ha sido la reorientación y control del gasto público para activar el desenvolvimiento económico, promover el empleo y, todo ello, sin generar, de nuevo, presiones sustanciales en el nivel general de los precios.
La inversión pública es, indiscutiblemente, el factor esencial del desarrollo.
Se comprende que sea así porque ha funcionado como un dispositivo estratégico en los puntos esenciales de la economía.
De esa manera se ha cometido la transferencia de recursos a sectores decisivos como el agropecuario, el petróleo, la petroquímica, los fertilizantes, la siderurgia, la energía eléctrica y los transportes, cuyas deficiencias estaban comprometiendo gravemente nuestra economía.
Se trata no sólo de compensar la reducción de la inversión privada, sino también de mantener en un plano adecuado la demanda de bienes y servicios de la colectividad.
Así se da una respuesta concreta a los problemas de origen interno generadores de inflación por falta de la producción básica.
No hay que desestimar tampoco, en esta área, un aspecto fundamental: que las inversiones en la infraestructura tienen un plazo de rentabilidad largo y que, en consecuencia, no pueden esperarse resultados plenos de manera inmediata.
No obstante, los esfuerzos realizados en los sectores clave de la economía nacional ya dan resultados prácticos cuyo alcance último se verá, en toda su magnitud, en los próximos años.
Decir que hemos hecho frente a la recesión más sería que ha sufrido la actividad económica mundial después de la de 1930 y a los problemas de crisis del sistema monetario y financiero internacional, que hicieron más grave el problema para los países medianos y pequeños y que, a pesar de ello, a fines de este sexenio se habrá duplicado nuestra producción petrolera, eléctrica y siderúrgica en relación a 1970, y que en este 1975 se ha mejorado sustancialmente la producción de alimentos, puede parecer sencillo; pero estar en condiciones de lograrlo, ha requerido una planeación rigurosa y un denodado esfuerzo nacional.
Para financiar ese plan de prioridades inaplazables, requeríamos de recursos adicionales capaces de pagar los aumentos externos e internos de costos.
De ahí la necesidad de adecuar el fisco y nuestra bien ganada capacidad de crédito a las nuevas exigencias y de establecer precios y tarifas realistas para enfrentar urgencias de producción que suplieran nuestras deficiencias que, de no corregirse, hubieran generado graves problemas.
La decisión fue firme.
Admitir la proposición contraria suponía que por alzas de costos, se abandonaran proyectos que aseguran el futuro del país y de programas que a corto, mediano y largo plazo, proporcionan empleos, seguridad colectiva y prosperidad general.
No podíamos abandonar los objetivos de la nación arrastrados por la desfavorable situación internacional.
Teníamos que actuar y lo hicimos con serenidad y plena conciencia.
Es satisfactorio informar que el monto del ingreso fiscal efectivo ascenderá a 105 mil millones de pesos, 48 por ciento mayor al del año anterior.
Por lo que respecta a su relación con el producto interno bruto, la recaudación de 1975 llegará al 11 por ciento del mismo, 2 puntos más que en 1974.
Lo anterior es resultado de las adecuaciones fiscales.
En relación con los organismos y empresas controlados presupuestalmente, los ingresos de los últimos doce meses llegaron a 93 mil millones de pesos, o que representa un incremento del 26 por ciento respecto al período anterior.
Ello obedece, principalmente, a la revisión de los precios y tarifas de los bienes y servicios que proporciona el Estado.
La captación de mayores recursos internos para hacer frente a las necesidades del país, ha significado un gran esfuerzo que reclamó una nueva política de ingresos.
A pesar de ello, y hay que subrayarlo, los aumentos en los precios internos y externos, hicieron que esos recursos no fueran suficientes para financiar la inversión necesaria para crecer, por lo que ha sido preciso recurrir al crédito del exterior.
Hemos tenido que enfrentar una realidad cambiante que exige el sacrificio de modelos y esquemas aparentemente deseables, por soluciones factibles.
Las medidas adoptadas permiten superar los problemas inmediatos y preparan el camino para alcanzar nuestros objetivos de mediano y largo plazo.
El conformismo pasivo y estéril tal vez hubiera propiciado el aplauso efímero de teóricos y medrosos pero no hubiese alejado de los cambios esenciales que exige el desarrollo armónico del país.
Descartamos en definitiva, cualquier opción de estancamiento.
No reconocemos pretendidas ortodoxias, ni actitudes estereotipadas, cuando está en juego el porvenir de México.
Las necesidades a cubrir deben ser atendidas sin vacilaciones y sin titubeos.
Más de la mitad de nuestra población está constituida por jóvenes que demandan acceso a la educación e igualdad de oportunidades.
Tenemos que prepararnos para satisfacer sus demandas, que se harán impostergables en los años inmediatos.
Manejamos con cautela las válvulas de gasto, para atender esas demandas y combatir los efectos de la recesión externa sin que ello incida en más inflación o en el desequilibrio de nuestras relaciones económicas con el exterior.
El gasto contenido en el Presupuesto de 1975 presentado a la Honorable Cámara de Diputados asciende a 298 mil millones de pesos, cifra que supera en 25 por ciento al ejercido el año anterior.
Es preciso destacar aquí el decidido propósito del Gobierno de eliminar las notables diferencias entre el presupuesto original y el realmente ejercido, diferencias que obedecían a los gastos imprevistos y a las partidas de ampliación automática.
La presente administración ha logrado reducir al máximo posible esta diferencia como lo muestra el hecho de que fue de 23 por ciento en 1973 y de 12 por ciento en 1974, frente a magnitudes del orden del 51, 68, 76, 71 y 47 por ciento, respectivamente entre 1967 y 1971.
El volumen de recursos destinados a la inversión ha aumentado en un 30 por ciento y los gastos de administración y operación tan sólo en 20 por ciento.
El programa de inversiones públicas asciende a 92 mil millones de pesos, cantidad que triplica el total invertido en 1970.
Estos recursos se orientan, fundamentalmente, a solucionar problemas de insuficiencia el la producción interna, desequilibrios sectoriales y desniveles regionales.
A fines de 1974, se inició la preparación de un primer programa de actividades del sector público para 1975, tendiente a institucionalizar, al terminar el sexenio, la práctica del presupuesto por programas.
Me es muy grato informar a ustedes que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1976, que presentaremos el próximo mes de diciembre, tendrá un principio de programación por objetivos, con lo cual, habremos dado un importante paso en materia presupuestal.
Por otra parte, se ha realizado un gran esfuerzo para mejorar la organización y funcionamiento de la administración tributaria, entre los que destaca el programa, ya concluido, de desconcentración, a través de la creación de administraciones fiscales regionales.
Como afirmé anteriormente, para luchar contra el colonialismo interno se sigue un plan de conjunto, que tiene como propósito central mejorar el nivel de vida de las comunidades rurales.
El énfasis en el campo no sólo procura la satisfacción de las necesidades alimenticias del país, sino que tiene como objetivo paralelo acrecentar el ingreso de los campesinos.
No obstante, el desarrollo agropecuario y la autosuficiencia alimenticia deben ser acompañados, de un crecimiento industrial debidamente integrado.
De ahí que el 35 por ciento del total de la inversión pública se destine a la industria.
En apoyo de este renglón, se dictaron disposiciones para evitar el excesivo proteccionismo y gravar los productos conforme a su grado de elaboración.
La industrialización se promueve ahora con base, en principios uniforme que atienden los propósitos de un desarrollo regional equilibrado y la defensa del consumidor.
Junto con el sistema que norma los precios de los artículos alimenticios y otros de amplio consumo popular, se implantó el mecanismo de fijación de precios por variación de costos, en vigor desde 3 de octubre, que autoriza un incremento proporcional cuando las empresas comprueban que sus costos han aumentado en 5 por ciento o más.
En el campo del comercio internacional, se presentaron situaciones exteriores adversas, que llegaron a interrumpir, en cierto momento, el ritmo ascendente de nuestras exportaciones y aumentaron el valor de nuestras importaciones.
En efecto, las presiones inflacionarias que continuaron en todo el mundo, aunadas a la recesión de las economías de las naciones industrializadas, alcanzaron su mayor intensidad y frenaron la actividad de importantes sectores, provocando la reducción de la demanda para muchos de los productos de exportación de nuestro país.
En los tres primeros meses de 1975, nuestras ventas al exterior decayeron, por estos motivos, en un 7 por ciento, respecto al mismo periodo del año anterior.
Al mismo tiempo, la propia inflación internacional encareció notoriamente el precio que tuvimos que pagar por los productos, equipos y piezas que seguimos importando a fin de no detener el ritmo de crecimiento de la economía nacional, para aumentar su capacidad productiva y de creación de empleos.
Igualmente artículos de alimentación popular que por razones climatológicas adversas tuvimos que importar, fueron adquiridos a precios de inflación.
Esto representó que tuvimos que pagar un 25 por ciento más, en promedio, por nuestras compras, sin que el precio de nuestras exportaciones hubiese aumentado en igual proporción.
El reflejo en la balanza de pagos del aumento en el gasto de importación y la relativa disminución del ingreso de exportación, constituye uno de los problemas circunstanciales que con mayor urgencia debemos resolver.
En un sistema democrático el manejo de la economía no puede ser compulsivo.
Requiere el respeto de todo un sistema legal en el que se apoyen las decisiones de interés general.
Antes de emprender mi última gira internacional, dicté una serie de medidas para jerarquizar y racionalizar nuestras compras al exterior y para impulsar la actividad productiva del país, con el objeto de corregir el déficit de nuestra balanza comercial, mediante una estrategia coherente de decisiones fiscales y administrativas, que en el aspecto general de importaciones, tienden a ajustar, reducir, substituir o eliminar, aquellas que no sean inmediatamente indispensables.
En lo que toca a las entidades públicas, el Plan de Acción del Comité de Importaciones que autoriza o rechaza sus compras, cuenta ya con nuevo reglamento en el que la programación de las adquisiciones es un elemento central ara racionalizar éstas y apoyar a la industria nacional.
El estímulo a las exportaciones que en el mercado internacional altamente competido realizan todos los países productores, cualquiera que sea su signo político, debe originarse no sólo la capacidad de producción, sino también en la capacidad competitiva del país, en su conjunto, como vendedor, apoyado, en nuestro caso, en el sistema de economía mixta.
El Gobierno ha establecido una creciente gama de apoyos y estímulos fiscales y administrativos para cumplir la parte que le corresponde.
Ello entraña, a veces, devoluciones fiscales que, al estimular al productor, concurren al beneficio general pues no hay que olvidar que, sin capacidad de competencia no se vende al exterior y, si ello es así, ni ingresan recursos al fisco, lo que es grave; ni divisas, que es peor, por lo que significa para el empleo y la riqueza del país.
La capacidad productiva del Estado, sus organismos y empresas está orientada a darnos suficiencia en materia de energéticos, petroquímicos, fertilizantes y acero; su capacidad promotora y de fomento, a la producción de alimentos y a darle capacidad competitiva a la iniciativa privada para que produzca y exporte.
Así se apoya la promoción de nuevas empresas.
A este efecto, la exposición permanente "En México la Mejor Inversión", ha contribuido a la creación de empresas cuyos productos sustituirán importaciones por más de 692 millones de pesos anuales y generarán exportaciones.
Se encuentran en estudio, para su realización, 430 proyectos más.
Cuando el productor nacional juzga conveniente asociarse con un empresario extranjero que aporte tecnología mercados, o capital, la ley de inversiones extranjeras fija las bases para los arreglos correspondientes, atendiendo a los interese prioritarios del país.
La organización de productores en unidades que se orientan a la exportación se lleva a cabo a través de las Comisiones Estatales de Fomento al Comercio Exterior.
En este último año, en coordinación con las dependencias correspondientes se han constituido 90 nuevas entidades en la forma de uniones cooperativas, sociedades de crédito, asociaciones de productores o empresas comercializadoras.
Ha continuado una promoción de nuestros productos y tecnología a nuevos mercados, a través de un programa de ferias y exposiciones que llevo a 1,671 productores a participar en 24 eventos en el último año, entre los que destacan la Segunda Feria de Septiembre de 1974 en San Antonio Texas, Estados Unidos, y la Feria Industrial y Comercial de la Habana, Cuba, en marzo del presente año.
La acción coordinada de productores y autoridades logró ya en el mes de mayo reiniciar la tendencia al crecimiento de las exportaciones.
En efecto, por primera vez en tres años, en el trimestre de mayo a julio de este año, disminuyó el déficit de la balanza comercial en 5 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior.
No obstante la importancia que tiene la promoción de nuestras ventas al exterior, seguimos apoyándonos en nuestro mercado interno.
La política de sustitución de importaciones obedece a nuevos lineamientos y a una directriz básica: no estimular la ineficiencia.
La protección que hoy se otorga a las industrias se condiciona a que los productos sean de buena calidad y que sus costos sean competitivos a nivel internacional.
La industria nacional debe cubrir las necesidades del país y ser, al mismo tiempo, factor importante para alcanzar el equilibrio de la balanza comercial.
Es propicia esta ocasión para exhortar nuevamente a industriales y comerciantes a fin de que, con determinación y audacia, acudan a la conquista de nuevos mercados.
El Estado cumple ya con la parte que le corresponde.
Establecimos una nueva estructura jurídica, dictamos políticas administrativas y creamos mecanismos para alentar la labor del empresario nacionalista.
Prevalece en México un clima de tranquilidad social que favorece las labores constructivas.
El sector público tiene plena confianza en el futuro de la nación y por ello continúa realizando inversiones con gran intensidad.
Muchas de éstas se han hecho en asociación con miembros de la iniciativa privada, que, a pesar de los desequilibrios de la economía internacional, confían en la potencialidad del país y saben que México tiene soluciones ya puestas en marcha.
La incertidumbre no cabe en una nación que lucha por consolidar su soberanía y por la implantación de un ambiente social de equidad.
El Estado puede suplir, a quienes emboscados en la limitación social y moral de su egoísmo o escudados en arcaicos principios, regatean a la colectividad el uso productivo de una riqueza que han acumulado merced al esfuerzo de todos los mexicanos.
Aprovechar plenamente nuestro rico potencial turístico y promover con la mayor eficacia la expansión y al diversificación de esta actividad; lograr que el turismo exterior e interno alcance sus metas de convivencia humana y obtener, en el primer caso, un ingreso mayor de divisas que contribuya al equilibrio de nuestra balanza de pagos, se hallan entre las razones principales que motivaron la transformación del Departamento de Turismo en Secretaría.
En el último año ingresaron al país, entre turistas visitantes fronterizos, un total de 72 millones de extranjeros que nos representaron divisas por 28 mil millones de pesos.
La estrategia del desarrollo compartido se apoya también en la política crediticia.
Los ahorros adicionales han permitido a la banca atender mejor las solicitudes de crédito orientado estrictamente al aumento de capacidad de producción en los sectores básicos y prioritarios de la economía y al fomento de las exportaciones y no a apoyar actividades especulativas o dispendiosas, que sigue siendo controladas.
A la vez, por medio del encaje legal y otros mecanismos, se ha facilitado el financiamiento del gasto público en condiciones convenientes.
Se modificó la Ley General de Instituciones de Crédito para impulsar la actividad del sistema bancario y aligerar sus cargas administrativas permitiendo su operación como banca múltiple.
La reforma favorece la constitución de grupos financieros y alienta la descentralización de las actividades bancarias en beneficio de nuevas inversiones y estímulos para los pequeños ahorradores.
Fue reformada la Ley del Mercado de Valores para facilitar el establecimiento del sistema de información que precisa las características de las acciones de renta variable; lograr la coordinación de las operaciones entre diversos mercados o agentes y favorecer la acción efectiva de las instituciones y organizaciones auxiliares de crédito.
Con estas reformas buscamos una conveniente canalización de los recursos internos que, en la medida de su cuantía, reduzcan los requerimientos de capital del exterior.
Ya hemos subrayado que la dependencia tecnológica es una forma moderna de colonialismo.
El desarrollo independiente de México exige de una política definida y su estricto cumplimiento.
A esta finalidad responde la ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, aprobada por este honorable Congreso.
El año próximo pasado informé a esta Honorable Representación, que al revisar las regalías pactadas en los contratos que fueron sometidos a registro, habíamos obtenido un ahorro de mil millones de pesos, y contraje el compromiso de dar a conocer los ahorros que se obtuvieran anualmente.
En este período, se evitaron gastos por 1,800 millones de pesos.
Se ha conseguido, además, eliminar de los contratos de transferencia de tecnología cláusulas que limitaban las exportaciones; que obligaban a adquirir la maquinaria o insumos de un productor determinado; que permitían injerencias extranjeras en la administración de las empresas mexicanas receptoras de tecnologías; que limitaban el volumen de la producción y, otras de índole semejante, formas, todas ellas de enajenación y obstrucción a nuestro progreso.
La política económica se ha adaptado con flexibilidad a la coyuntura internacional, sin abandonar los objetivos de largo plazo.
Así lo seguiremos haciendo siempre que nos lo exijan los intereses superiores de México.
Insisto: la estructura económica se ha fortalecido con perseverancia constructiva y dirección definida.
En breve estaremos mejor capacitados para superar el desequilibrio internacional.
Hemos resuelto fortalecer la estructura productiva nacional, como propósito permanente y único esfuerzo realista para escapar a la espiral inflacionaria mundial.
Ello demuestra la perseverancia y coherencia de la política de desarrollo independiente que nos hemos trazado.
La tendremos que financiar con los recursos que sean necesarios, racionalizando su fuente, interna o externa.
La mayor producción permitirá cubrir el costo de crédito, generará más empleos, más ingresos, mejores salarios y más utilidades.
El éxito alcanzado en materia petrolera, eléctrica y siderúrgica, entre otras, es un buen ejemplo de lo que podemos lograr si hacemos sin titubeos, lo que es debido.
Al mismo tiempo hemos aumentado los recursos de apoyo con que cuenta el Banco de México para hacer frente a cualquier presión que por nuestra balanza de mercancías y servicios o por salidas de capital, se nos pueda presentar.
Mantener la plena convertibilidad con el presente tipo de cambio de $12.50 por un dólar, sigue siendo pieza vital del manejo de nuestra política económica.
La reserva bruta de oro, plata y divisas del Banco de México sobre el exterior, alcanzó al día 29 de agosto, 1,475 millones de dólares, lo que representa 154 millones de dólares adicionales a los que mencioné en el informe del año pasado.
Además, en virtud del aumento en el volumen de las relaciones financieras entre México y los Estados Unidos, se incrementó recientemente de 180 a 360 millones de dólares, el convenio de apoyo mutuo del Banco de México con el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
Con este aumento nuestros apoyos secundarios no utilizados, libremente disponibles con que contamos en el Fondo Monetario Internacional, la Tesorería Norteamericana y con el Banco antes mencionado, alcanzan la cifra de 1,285 millones de dólares y nuestra masa total de recursos internacionales disponibles para el sostenimiento del peso mexicano, llega a la cifra de 2 mil 760 millones de dólares; todo ello sin considerar más de 400 millones de dólares adicionales, de que puede disponer el Banco de México, mediante la valuación o venta de su oro al precio del mercado internacional.
Hace unos días, el 25 de agosto último, celebramos los 50 años de vida del Banco de México, fundando por el Presidente Plutarco Elías Calles.
El nacimiento de esta institución, con algunas otras fundamentales creadas en ese mismo período, señalan el punto de partida d la etapa constructiva de la Revolución Mexicana.
Las medidas internas, los nuevos mecanismos y las acciones puestas en juego para cambiar el signo de las operaciones con el exterior se ajustan a las exigencias actuales y acrecientan la flexibilidad del sistema.
La difícil evolución histórica de nuestro país nos ha enseñado a no doblegar a nuestra voluntad ante los obstáculos.
Con las realizaciones de hoy, fincamos un futuro mejor.
Desde un principio, elegimos el camino más justo, y no nos hemos apartado de él; crecer y distribuir al mismo tiempo los beneficios de este crecimiento.
Acelerar la marcha de nuestra economía, generar fuentes de trabajo suficientes y distribuir mejor el ingreso, defender nuestra independencia del exterior y asegurar la autonomía plena en el manejo de los recursos naturales son los objetivos que nos han guiado, y los mantendremos hasta el final del mandato que el pueblo nos confirió.
POLITICA EXTERIOR
México busca en el ejercicio de su política exterior la realización de las siguientes metas: la consolidación de la independencia nacional, la búsqueda de elementos externos para apoyar su progreso interior y la estructuración de un orden mundial justo que conduzca a la paz.
La conducta internacional de nuestro país es el fruto de su experiencia histórica y de una concepción profunda de la actual etapa por la que atraviesa la Humanidad.
México actúa frente a la realidad de un mundo que entra, cada día más, al hecho irrebatible de la interdependencia entre las naciones.
En ninguna época los problemas de los pueblos se han entrelazado como en ésta, para convertirse en los problemas del género humano.
El hambre, los focos de violencia, el desequilibrio económico, el deterioro del medio ambiente, la crisis de valores morales y de las instituciones, demandan una interpretación global de esos problemas, que afectan ahora a la Humanidad.
Asistimos al choque de dos grandes fuerzas: por una parte, las que persiguen una organización internacional autocrática apoyada en la concentración del poder económico y militar y, por otra, las que aspiran a la estructura de una convivencia democrática, que se sustente en la redistribución de la riqueza y del trabajo.
Las primeras sostienen una posición parcial y manipuladora, de los problemas que vivimos.
Las segundas, buscan impulsar el cambio propiciando una toma de conciencia sobre la verdadera raíz de los desajustes y conflictos contemporáneos.
Las primeras, son las grandes potencias nucleares en su lucha por conquistar zonas de influencia en el mundo, y por oprimir o invadir pueblos, tienen muchos puntos de coincidencia; la otra parte, son los pueblos no industrializados, los pueblos pobres, el Tercer Mundo.
En este panorama los países del Tercer Mundo tiene frente a sí una misión histórica que cumplir; el cambio de la correlación de fuerzas internacionales para construir un orden justo y equitativo.
La militancia de estos países, como la de todas las fuerzas revolucionarias, nace del crisol común que forman la injusticia y la explotación. el Tercer Mundo lo integran naciones que se halla en diversos grados de desarrollo, con ideologías e idiosincrasias distintas y con intereses de corto y mediano plazo diferentes.
Sin embargo, la magnitud de los problemas a que hacen frente y su propia condición de marginados, los conducen, irreversiblemente, a un proceso de integración y solidaridad.
Construir sobre esta diversidad un ideario coherente y una estrategia eficaz que comprenda los intereses legítimos de todas las naciones, incluso los de las más desarrolladas, constituye una meta prioritaria e inaplazable.
Junto con el vigor moral que deriva de luchar al lado de la razón histórica y representar a las tres cuartas partes de la población del planeta, el Tercer Mundo cuenta con instrumentos eficaces para alcanzar sus fines: la acción solidaria y el fortalecimiento de los organismos, internacionales, entendidos no como entidades colonizadas, sino como foros en que se exprese y acate la voluntad mayoritaria de los países.
Es la fuerza de la acción conjunta, apoyada en el poder del derecho, lo que habrá de conducirnos a obtener mejores condiciones de vida para nuestros pueblos.
México asume, en esta hora decisiva, sus compromisos históricos.
Ha fortalecido su participación en la escena internacional, ha contribuido al esclarecimiento de la actual crisis y enriquecido, con acciones concretas, el ideario de las fuerzas progresistas en el mundo.
Fiel a su origen histórico, el Estado mexicano persigue la instauración de una convivencia internacional fundada en la democracia política y en la equidad económica.
Con base en esta filosofía México propuso, desde abril de 1972, en la Reunión Plenaria del Tercer Período de Sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la adopción de un instrumento que sirviera de base a la estructuración de un nuevo orden económico mundial sustentado en la justicia.
En el proceso de su elaboración se opusieron las concepciones del mundo de la opulencia a las de los países pobres.
Cuatro períodos de negociación fueron insuficientes para superar los antagonismos.
Podría haberse obtenido la aprobación unánime para una Carta mediatizada, que pasara a formar parte del largo inventario de declaraciones inoperantes, pero ese nunca fue nuestro interés.
En todo momento nos opusimos a claudicar en puntos de vital importancia y defendimos la necesidad de elaborar un documento vigoroso, valiente y digno.
El 12 de diciembre del año próximo pasado, en el vigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas los representantes de más de 3 mil 200 millones de seres, unificaron su voluntad.
Ese día, por la abrumadora mayoría de 120 votos a favor frente a 10 abstenciones y 6 votos en contra, se aprobó el documento en que debe sustentarse una economía mundial para la paz; la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados.
Este triunfo señala apenas el principio de una larga lucha en la que no habremos de claudicar.
Es imprescindible hacer que en la práctica sean cumplidos todos y cada uno de sus preceptos.
Esta es la divisa de todas las acciones que México despliega en la actual etapa de su política exterior.
Seguiremos participando en todos los foros internacionales que sea necesario, a fin de unir esfuerzos en a creación de mecanismos que contribuyan, efectivamente, a resolver los problemas que agobian a la mayor parte de la humanidad.
La injusta división del trabajo que en el pasado fue impuesta a muchos pueblos, los llevó a producir unas cuantas primas destinadas al exterior.
Los condujo, asimismo, a sobreexplotar a la tierra y al hombre en tanto las metrópolis se industrializaban y tecnificaban su producción agropecuaria.
La escasa producción alimenticia de muchos países no es, por tanto, resultado de una supuesta ineptitud; es herencia directa del viejo sistema colonial y sólo puede remediarse en el marco de la cooperación internacional.
Nada sería más condenable que utilizar el hambre como un nuevo instrumento de dominación.
En noviembre próximo pasado, asistí a la Conferencia Mundial de Alimentación y Agricultura efectuada en Roma.
Ahí copatrocinamos el establecimiento del Consejo Mundial de la Alimentación y el surgimiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, en los que se recogió la propuesta mexicana de crear un Banco Mundial de Alimentos y un Fondo para el Desarrollo de la Agricultura.
Independientemente de consideraciones de índole política o ideológica, México ha ampliado sus relaciones de carácter económico y diversificado las posibilidades de su comercio exterior.
En julio del presente año, se suscribió un convenio de cooperación con la Comisión Económica Europea, de la que forman parte la República Federal de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos.
Asimismo, el 13 de agosto próximo pasado se confirmó un convenio de cooperación con el Consejo de Ayuda Mutua Económica, en el que participan la República Democrática Alemana, Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Hungría, Mongolia, Polonia, Rumania, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Si los pueblos respetan mutuamente sus ideas y sus formas de vida, es posible coexistir pacíficamente y lograr transacciones de provecho recíproco.
Nada sería más contraproducente que una diplomacia insegura y esquiva, y nada más comprometedor para nuestra soberanía que confundir la independencia con el aislamiento.
En consecuencia, durante el lapso que cubre este Informe, decidimos establecer relaciones con los siguientes países: República Popular de Albania, Granada, República Democrática de Vietnam, República del Sur de Vietnam, República Islámica de Mauritania, Emirato de Qatar, República Popular de Bangladesh, Reino Hachemita de Jordania, Islas Fiji, Kuwait, República de Zaire, Sultanato de Omán, Estado de Bahrein, República Popular del Yemen, República Democrática Somalí, República árabe de Libia, República de Gambia, Reino de Tailandia y República de Irlanda.
Con la inclusión de estos países ascienden a 97 las naciones con las que México mantiene relaciones diplomáticas.
Al finalizar la presente administración, las habremos extendido a todas las naciones del mundo, salvo aquellas que contradicen los principios básicos de nuestra doctrina internacional.
Ojalá antes de concluir este período presidencial, México pueda establecer relaciones con una España democrática, con un Chile democrático, con una Sudáfrica democrática.
Por razones de carácter humanitario mantuvimos, transitoriamente, abierta nuestra Embajada en Chile, después de que fuera derrocado el gobierno constitucional.
México otorgó asilo diplomático a 197 chilenos.
Además, 36 extranjeros de otros países de América, perseguidos políticos, solicitaron y encontraron asilo y hospitalaria acogida en nuestro territorio.
Refrendamos, así, una limpia tradición nacional.
Durante el período del que informo, recibimos la visita de la Reina Isabel II de Gran Bretaña; del Presidente Carlos Andrés Pérez de la República de Venezuela.
Hemos tenido, señoras y señores, una gran satisfacción al leer, el discurso que pronunció el viernes último un amigo de México, un amigo de todos ustedes: el Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez.
El proceso que acaba de culminar en Venezuela, en la patria de Bolívar, es el mismo que culminó en México el 18 de marzo de 1938.
Esto lo vemos con gran satisfacción.
Es la aplicación de una doctrina de países del Tercer Mundo y de países latinoamericanos que luchan por consolidar la base económica de su soberanía política.
Desde aquí enviamos al pueblo hermano de Venezuela el saludo fraternal, la simpatía y la felicitación de todos los mexicanos.
Nos visitaron también el Presidente Julius Nyerere, de la República Unida de Tanzania; el Presidente Leopoldo S. Senghor, de la República de Senegal; el Sha de Irán, y el Presidente Nicolae Ceausescu, de la República Socialista de Rumania.
También nos honraron con su visita los primeros ministros: del Japón, señor Kalkuei Tanaka; de Suecia, señor Olof Palme; de la República de Sri Lanka, señora Sirimavo Bandaranaike; de Jamaica, señor Michael Manley; y el Viceprimer Ministro para Asuntos Agrícolas de la República Popular China, señor Chen Yung - Kui.
En el diálogo franco que sostuvimos con estos distinguidos mandatarios, coincidimos en la necesidad de fortalecer la paz mundial y encontramos fórmulas para ampliar el marco de nuestra cooperación científica, tecnológica y cultural.
A principios del pasado mes de julio, con motivo de la visita del señor General Omar Torrijos, Jefe de Gobierno de la República de Panamá, reiteramos el apoyo de México a la justa lucha que libra su pueblo para recobrar la plena soberanía sobre la totalidad de su territorio.
En el mismo mes, emprendimos un viaje por tres continentes, que comprendió visitas a los siguientes países: República Cooperativa de Guyana, República de Senegal, República Argelina Democrática y Popular, Irán, República de la India, República de Sri, República Unida de Tanzania, Kuwait, Arabia Saudita, República árabe de Egipto, Estado de Israel, Reino Hachemita de Jordania, Trinidad y Tobago y República de Cuba.
A lo largo de nuestro recorrido, suscribimos 27 convenios binacionales en materia económica, cultural, educativa, científica y tecnológica.
A fin de hacer operativos estos instrumentos, promovimos la visita a México de diversas misiones gubernamentales y de hombres de negocios, procedentes de la mayoría de los países incluidos en la gira.
Trece de las naciones visitadas ratificaron su solidaridad y su voluntad de coordinación con el resto de las naciones del Tercer Mundo y de contribuir a la solución de los problemas políticos y económicos que afectan a la comunidad internacional.
Para lograr este objetivo, es preciso dar nacimiento a un sistema de relaciones internacionales que posibilite a los países pequeños y medianos la plena utilización de sus recursos y potencialidades en el marco de una acción común.
Conforme a este imperativo, propusimos la creación del "Sistema para el Desarrollo del Tercer Mundo", que fije y coordine políticas para la defensa de los precios de las materias primas, mejore los términos del intercambio comercial y ponga en marcha mecanismos que garanticen condiciones óptimos para la importación de bienes, capital y tecnología.
El fracaso de experiencias anteriores, debido a su inadecuación a la realidad o a su falta de visión estratégica, obliga a la apertura de nuevos caminos.
Un proyecto como el que proponemos modificará, a la postre, la correlación de fuerzas en el mundo y fortalecerá las posibilidades de instaurar el nuevo orden económico internacional que postulamos.
El Secretario de Relaciones Exteriores sale en pocas horas a Nueva York para asistir al período extraordinario de sesiones de las Naciones Unidas, a ratificar esta proposición que hicimos durante nuestro viaje, en Egipto y que acabamos de confirmar en Lima, Perú, durante la Conferencia de los No Alineados, a la que concurrimos como observadores.
Esperamos, ahora, que en Nueva York haya muchas opiniones coincidentes.
Los que exportan los grandes países industriales se sigue encareciendo, tanto las plantas industriales y piezas de repuesto, como las materias primas.
Al mismo tiempo, sus problemas económicos, como hemos expresado, de inflación y depresión económica, hacen que consuman menos nuestros productos y que la manipulación con los precios agrave más la situación de los países del Tercer Mundo.
En este punto se comprende claramente que la política internacional es una parte de la política interna; que habrá solución a muchos de los problemas de los productores de café, de algodón, de fresa, de hule, de cobre, de hierro, etcétera, sólo en acuerdos internacionales que concertemos con países que tienen problemas semejantes a los nuestros.
Insisto, la política internacional es -ahora lo entendemos más que nunca- parte de la política económica interna.
Los gobiernos de los países en desarrollo, ofrecieron su colaboración al Instituto de Estudios Económicos y Sociales y a la Universidad Abierta del Tercer Mundo, que a partir del primer trimestre de 1976 comenzarán a funcionar en México.
Estas instituciones permitirán intercambiar experiencias entre los países en desarrollo y generar tecnologías apropiadas a nuestras necesidades sin que ello implique ningún género de atadura.
Nuevamente postulamos el desarme general y completo, el establecimiento de zonas regionales libres de armas nucleares, la descolonización política y económica, la adopción de un nuevo régimen jurídico para los mares, y el mejoramiento del medio ambiente, tareas que habrán de cumplirse con el apoyo solidario de todos los pueblos de la Tierra.
Se recogió la adhesión de la totalidad de los países visitados a los principios fundamentales del derecho internacional, inclusive el del pluralismo ideológico, así como la decisión de sumar esfuerzos en la empresa superior de la paz.
Manifestamos la preocupación de México por el hecho de que los países exportadores de petróleo no contribuyen en la medida deseable al desarrollo de los países pobres.
De nada serviría a la causa del Tercer Mundo que los excedentes monetarios, sean invertidos en las naciones poderosas.
Deben, por el contrario, contribuir a superar el atraso y la miseria que aún existe en la mayor parte del mundo.
Ayer nos enteramos que el Presidente del Banco Mundial, señor Robert S. MacNamara, señaló al mundo industrial como el "principal responsable de la crisis financiera internacional" y que la cantidad aportada para el desarrollo del Tercer Mundo por parte de los países exportadores de petróleo "es mucho más de lo que los países industrializados aportaron jamás en cualquier período comparable".
A los dirigentes de los países del Medio Oriente, manifestamos que debe ser en el seno de las Naciones Unidas en donde habrán de encontrarse los caminos que conduzcan a una solución de fondo de este grave conflicto que pone en peligro la paz mundial.
México que perdió más de la mitad de su territorio, comprende bien el sufrimiento de los palestinos.
Por ello, al tiempo que sostuvimos la necesidad de reconocer al Estado de Israel, postulamos su obligación de acatar las disposiciones de las Naciones Unidas para resolver los territorios ocupados y la necesidad de dar solución a las justas demandas del pueblo palestino.
Entre los principales propósitos de nuestro viaje figuró el de acelerar el proceso de integración latinoamericana y el de ampliar la presencia de México en el Mar Caribe, que baña cerca de 800 kilómetros de nuestras costas.
A este fin respondieron las visitas a la República Cooperativa de Guyana, a Trinidad y Tobago y a la República de Cuba, donde culminamos uno de los capítulos más dignos de la política exterior de nuestra patria.
En este último país, reiteramos el derecho de todas las naciones a darse el sistema político y social que libremente escojan y condenamos toda acción de corporaciones o gobiernos extranjeros que trate de impedirlo.
México nunca se sumó a la expulsión de Cuba de organismos internacionales, ni estará dispuesto jamás a dar por concluidas sus relaciones con pueblo alguno en menoscabo de su soberanía.
El actual gobierno no sólo puso fin al letargo de nuestras relaciones con Cuba, sino que luchó empeñosamente por lograr que las injustas sanciones que le habían sido impuestas llegaran a su fin.
En San José de Costa Rica, se ratificaron los principios de la autodeterminación y la no intervención en los asuntos internos de los Estados y se refrendó, también, el principio del pluralismo ideológico y político como presupuesto indispensable para una colaboración auténtica y para la paz.
El Sistema Económico Latinoamericano, cuya creación propusimos en 1974 durante nuestro viaje por diversos países de América Latina, fue aprobado recientemente en Panamá con el voto unánime de los 25 países latinoamericanos.
Con este esfuerzo se da un paso más hacia adelante en la tarea de llevar a la práctica los principios de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados.
Si en el siglo pasado los intentos por lograr nuestra integración se vieron frustrados, hoy, nutridos de aquella experiencia, habremos de alcanzarla a partir de una creciente cooperación económica y de una cada vez más sólida conciencia de destino común.
Hechos concretos muestran que la cooperación multilateral en nuestra América mestiza es una empresa viable.
En mayo pasado, las Repúblicas de Colombia, Costa Rica, Cuba, Jamaica, Nicaragua, Panamá y Venezuela suscribieron a iniciativa de nuestro país, el acuerdo constitutivo de la Empresa Naviera Multinacional del Caribe y se comprometieron a que en diciembre de este año estarían surcando el Mar de las Antillas los primeros barcos de propiedad común.
Esta empresa contribuirá a nuestra plena independencia comercial y a obtener un ahorro substancial de divisas que hoy pagamos a pabellones extranjeros.
Para subrayar el sentimiento fraternal que nos une a las naciones caribeñas y nuestro afán de estrechar la amistad, a través de la cultura, a principios de este año visitó Cuba, Jamaica, Costa Rica y Venezuela una misión artística y cultural mexicana, encabezada por mi esposa.
Persiste el problema lacerante de los campesinos que trasponen la frontera norte en busca de trabajo por falta de oportunidades en el campo.
La gran mayoría se ve expuesta, sin embargo, a la explotación y a la incertidumbre y recibe un salario discriminatorio.
Este fenómeno, como muchos otros de los problemas por que atraviesa nuestro país, obedece fundamentalmente al abandono en que se tuvo a nuestra vida rural, lo que, como hemos manifestado anteriormente, nos empeñamos en corregir como parte medular de la acción del régimen.
La solución al problema de los braceros depende, pues, de nuestros propios esfuerzos.
Los campesinos deben tener acceso a una vida digna en su propio país.
En la medida en que lo realicemos irá disminuyendo el espejismo de la emigración.
Pero mientras este fenómeno subsista, seguiremos luchando por impedir que nuestros compatriotas sean objeto de vejaciones que contradicen los más elementales derechos humanos.
No celebramos un nuevo convenio de trabajadores migratorios con el gobierno de los Estados Unidos, porque las condiciones propuestas no convenían a los intereses de México.
Así lo manifesté al Presidente de esa gran nación vecina, señor Gerald Ford, con motivo de la entrevista que sostuvimos, en territorio mexicano y en territorio norteamericano, durante el pasado mes de octubre.
La cordialidad y la franqueza presidieron nuestras conversaciones, en las que ratificamos la convicción de resolver las cuestiones que nos afectan conforme a normas de derecho y de respeto recíproco.
Con base en estos principios nuestras relaciones serán, cada vez, más fecundas.
En marzo del presente año nos reunimos en Cancún con los legisladores mexicanos y norteamericanos, asistentes a la XV Reunión Interparlamentaria.
Comprobamos, nuevamente, la utilidad palpable de estos intercambios por los que, en el marco de un diálogo franco y amistoso, los diputados y senadores mexicanos, han explicado, elocuentemente, a los miembros del Congreso Norteamericano, los principios internacionales y las posiciones que en asuntos bilaterales sostiene México.
Tuvimos una entrevista con el Presidente de la República de Guatemala, general Kjell Eugenio Laugerud García el pasado mes de mayo.
En este encuentro, inauguramos el puente internacional sobre el Río Suchiate, que constituye un esfuerzo compartido para acercar aún más a nuestros pueblos.
Expresamos la necesidad de elaborar un tratado para delimitar nuestra frontera marítima en el Pacífico y celebramos un Convenio de Protección y Restitución de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Las relaciones personales que hemos iniciado con el señor general Laugerud García, después de la entrevista que tuvimos, han multiplicado las posibilidades de colaboración en todos sentidos.
Deseamos con Guatemala y con todo Centroamérica, como con el Caribe y con Sudamérica, pero sobre todo con los vecinos más próximos, multiplicar, con la mayor cordialidad, todo género de relaciones en provecho común.
Este ejemplo de Guatemala es un caso ejemplar.
México se pronuncia por un mar patrimonial o zona económica exclusiva hasta de 200 millas, sin que esto implique menoscabo a la libertad de navegación, sobrevuelo y tendido de cables.
En fecha próxima enviaré al honorable Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional creando una zona económica exclusiva hasta una distancia de 200 millas náuticas de nuestras costas, donde la nación ejercerá derechos soberanos sobre todos los recursos naturales, renovables o no renovables, de los fondos marinos, incluido su subsuelo, y de las aguas suprayacentes.
Al adoptar esta decisión, hemos tomado en cuenta el progreso que se ha logrado hasta este momento en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
De aprobar este honorable Congreso esta Iniciativa a que me refiero, la nación afirmará su soberanía sobre los recursos naturales de una superficie marina calculada en 2 millones 400 kilómetros cuadrados, o sea una superficie ligeramente mayor a la del actual territorio nacional.
Con esta medida se logrará, además, dejar establecidos los derechos de soberanía de la nación sobre los recursos naturales renovables y no renovables, en toda la extensión del Golfo de California.
Todos nuestros actos en el exterior responden invariablemente a los intereses de las clases populares de México.
En cada viaje, en cada entrevista, en cada convenio y en cada pronunciamiento, hemos tenido presente la necesidad de elevar la condición de vida de nuestro pueblo y, fundamentalmente, la de los campesinos y la clase trabajadora, en que se sustenta el origen histórico y la legitimidad actual del régimen revolucionario.
Debido a nuestra intensa actividad internacional, en algunos círculos se ha comentado que el actual Titular del Poder Ejecutivo Mexicano podría ser designado por la comunidad Internacional Secretario General de las Naciones Unidas.
Igualmente, se ha especulado acerca de la posibilidad de que le sea conferido el Premio Nobel de la Paz.
Ambas hipótesis han hecho figurar su nombre junto con otros muchos de personas de diversas nacionalidades.
Ante todos los mexicanos declaro, de manera inequívoca, que ninguno de mis actos responde al afán de conquistar aquel elevado cargo internacional, ni de merecer ese honroso señalamiento.
Quienes así lo afirman no tienen otro móvil que el de desprestigiar la política exterior mexicana y lo hacen porque la verticalidad de nuestras posiciones afecta injustos intereses creados; porque al margen de la diplomacia huidiza, hemos señalado las verdaderas causas de la crisis contemporánea y propuesto instrumentos prácticos que conducen, efectivamente, a un nuevo orden económico mundial.
Por otra parte, nunca en mi vida, consideré, ni considero, que pueda recibir jamás una distinción más alta que la de haber sido elegido, por voluntad popular, Presidente de México.
MENSAJE
Honorable Congreso de la Unión:
Nuestra democracia social hinca sus raíces en la historia y avanza merced al sólido respaldo de las clases mayoritarias.
Hoy más que nunca afirmamos los principios en que se sustenta nuestra vida política, social y económica.
El sistema republicano, los derechos sociales, las garantías individuales, la economía mixta y la renovación de los hombres en los cargos públicos, constituyen la esencia de nuestra vida colectiva y representan el producto más acabado de la evolución de nuestro pueblo.
Hay quienes sólo conciben el progreso a base de suprimir las libertades; y hay quienes, aunque aparentan defenderlas, en realidad las obstruyen al negar a las mayorías el sustento material que las hace posibles.
Unos y otros, en México, están errados.
Nuestra Ley Suprema, que nos dieron ustedes, señores Constituyentes, a quienes nunca nos cansaremos de rendir homenaje.
Repito, nuestro Ley Suprema y la historia los rebasan.
Ningún interés individual o de grupo, ningún modelo tecnocrático y ningún falso progresismo, podrán detener a un pueblo acostumbrado a dialogar abiertamente con sus gobernantes y a ejercer sus derechos sin restricción alguna.
El pueblo es depositario de la soberanía nacional; como mandante, sabrá exigir de sus mandatarios el acatamiento efectivo y no meramente ceremonial y declamatorio de los preceptos constitucionales.
Hoy, al aproximarse la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la nación, reafirmo ante el pueblo que el poder no se identifica con el autoritarismo arbitrario.
Es, ante todo, un acto supremo de obediencia y de lealtad.
Obediencia a los principios y no a las pasiones; lealtad al pueblo y no a las minorías privilegiadas.
El Gobierno Federal ofrece a los ciudadanos, a los partidos políticos y a los candidatos que sean postulados, que gozarán de las garantías establecidas en la Ley para que el voto se omita con entera libertad y que cuidará, celosamente, que la voluntad popular sea cabalmente respetada.
Asimismo, exhorto a las autoridades estatales y municipales, para que, con el mayor esmero, colaboren al logro de estos objetivos.
Sin embargo, la certidumbre de tener unas elecciones limpias está garantizada por el pueblo mismo, pues es él quien organiza, supervisa y computa el proceso eleccionario.
Para que este trascendental acontecimiento cívico se cumpla satisfactoriamente, no basta que las autoridades del país respeten y hagan valer las libertades democráticas.
Se requiere, también, que los partidos políticos, los candidatos, los dirigentes sociales y cada ciudadano en particular, se esfuercen por elevar la calidad de las campañas políticas, rechazando los ataques personas y las cuestiones insubstanciales -que desvían la atención de los problemas que verdaderamente interesan al país- para analizar, en cambio, las ideas, los argumentos, y los programas que se propongan, así como las virtudes ciudadanas de quienes los sostengan.
Hemos promovido el diálogo público y visto crecer el espíritu cívico del pueblo.
Su conciencia se ha pronunciado libremente.
Juntos hemos superado viejas prácticas de pasividad, de mutismo y de desinterés.
Esta voluntad de participación, fortalecida, asegura que las próximas elecciones serán fidedignas.
Son importantes los programas y los hombres.
Los primeros, porque el pueblo, para ejercer cabalmente el derecho al sufragio, ha de estar en aptitud de conocer cuáles son las corrientes ideológicas que representan y las alternativas que ofrecen los distintos partidos políticos.
Y los hombres, porque se requieren ciudadanos que garanticen el fiel cumplimiento de los programas propuestos.
México necesita planes progresistas y hombres que por sus antecedentes y propósitos manifiestos hayan demostrado estar comprometidos con las causas populares, y ser capaces de asumir, con plenitud, un pacto social con las mayorías.
La renovación de los Poderes no será resuelta por grupos de ambiciosos, por falsos redentores sociales, por camarillas burocráticas, ni mucho menos por las minorías económicamente poderosas, sino por la gran mayoría del pueblo.
La lucha electoral tiene lugar entre los partidos políticos legalmente constituidos y es decidida directamente por los ciudadanos que expresan su opción y es decidida directamente por los ciudadanos que expresan su opción de manera individual y secreta.
Esta es la esencia de la democracia representativa, que en México se respeta de manera irrestricta.
Nada justifica, por tanto, que con opiniones superficiales, se pretenda confundir el proceso de elección general con el de selección interna de los partidos.
Quienes así lo hacen, postulan una tesis reaccionaria y abjuran de la democracia porque eluden el fondo de la cuestión: organizarse para conquistas la voluntad popular y contender democráticamente.
Estamos seguros de que las grandes mayorías nacionales persiguiendo sus propios intereses que son los de México, actuarán unificadamente en la próxima contienda electoral, conducidas por el ideario de la Revolución Mexicana.
Si hemos dicho que al final de nuestro mandato el país será un poco más libre y un poco más justo, hoy expresamos nuestro ferviente deseo por que al término del próximo gobierno, el país sea mucho más libre y mucho más justo.
Deseo que su acción supere en todo al actual; que sea más revolucionario, mejor capacitado y más eficaz.
Que no se dé un solo paso atrás en lo que modestamente hemos logrado; que se ahonde en las reformas realizadas y en los procesos iniciados; y que se acelere la marcha.
El nuestro es, lo digo con toda franqueza y certidumbre, un gobierno de transición.
No son suficientes seis años -ni bastarán otros tantos- para resolver muchos de nuestros antiguos y nuevos problemas.
Pero con la misma convicción afirmo que están puestas las bases para que las futuras administraciones se desenvuelvan sobre un programa más democrático y popular.
Es un gobierno de transición hacia una nueva moral revolucionaria que concibe al hombre vinculado a la sociedad y que sin amputar los valores individuales, lo compromete en la tarea de transformarla.
Una moral que se apoya en la dignidad humana pero que postula, al mismo tiempo, que es en el servicio a la colectividad y en la lucha contra la injusticia, como ésta cobra realidad.
Una nueva moral que rechaza la visión de México como botín de alianzas y grupos cerrados, que se opone a los fatigados, a los caciques, a los enemigos abiertos o emboscados de nuestra independencia, a todos ellos: los emisarios de un pasado que debemos definitivamente, sepultar.
Una nueva moral revolucionaria que concibe a la política, no como juego de interese y pasiones personales, sino como el más elevado compromiso para entregar, desinteresadamente, todas nuestras energías al servicio de la nación.
Una moral que recoge y respeta los valores de la mujer, en el seno de la familia y del hogar, para verterlos en el quehacer social; una nueva actitud que demanda de todos los ciudadanos: de los hombres públicos, de los dirigentes obreros, campesinos y empresariales; de los maestros y de los estudiantes, auténtico patriotismo, acción solidaria y verdadera militancia en beneficio de nuestro país.
Este es un gobierno de transición hacia una sociedad en la que el planifique dentro de la libertad y con el concurso de los diversos sectores sociales; hacia una democracia social, que se apoya tanto en la reforma de las instituciones como en la transformación de la conducta, que recoge la herencia de nuestra historia y concibe a la libertad no como prebenda de un grupo dominante, sino como patrimonio de todos los mexicanos.
La nación requiere que el próximo Gobierno posea una indeclinable vocación por la justicia social; que esté abierto a las quejas y las peticiones del pueblo, que trabaje intensamente, que tenga un contacto estrecho y constante con todos los grupos progresistas del país.
Cualquiera que sea el resultado de las próximas elecciones, declaro ante el pueblo, y lo subrayo ante mis colaboradores, que no alentará la más mínima pretensión de continuismo.
Pero igualmente afirmo que ni el debate previo, ni la realización de la justa electoral tienen por qué disminuir el ritmo de la actividad nacional y menos aún la del Gobierno.
En este último año se trabajará con la misma intensidad de los anteriores; y aún con mayor esfuerzo.
Al asumir el mandato juré cumplir la Constitución.
Ello obliga a trabajar seis años en la tarea de engrandecer a México.
De este supremo compromiso no habremos de restar un solo día.
Reafirmamos nuestra fe en el futuro de México y en la potencialidad creadora de nuestro sistema político, económico y social.
Por este camino, nuestro pueblo, con las banderas de la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917, seguirá ¡Arriba y Adelante!
Contestación del Dip. Carlos Sansores Pérez, Presidente del Congreso.
Señor Presidente de la República:
Gobernar un país como México es una de las empresas más difíciles que puede asumir un hombre.
Y no porque los mexicanos seamos ingobernables, como en un tiempo quisieron hacer creer los enemigos de la soberanía nacional, usando este argumento para implorar la intervención de un imperio extranjero que pusiera orden en lo que llamaron caos interno. No.
Entonces como ahora, nuestro pueblo ha sabido desmentir a los vendepatrias y a los renegados, revelando no sólo su capacidad para autodeterminarse y para escoger a sus verdaderos conductores, sino proyectando, además, en la grandeza de sus líderes -entonces Juárez y hoy Echeverría- lecciones de dimensión universal que el mundo entero recogió ayer y reconoce ahora.
Es enorme tarea gobernar este país, porque la naturaleza no ha sido pródiga con quienes lo habitamos, porque fuimos atrapados en la trampa del desarrollo desigual y porque la geopolítica nos impuso factores adversos que sería un desatino tratar de ocultar.
Respecto de lo primero, baste repasar mentalmente la configuración de nuestro territorio: sus grandes cadenas montañosas, sus dilatados desiertos, sus selvas inhóspitas, sus pantanos insalubres, no sólo reducen considerablemente las zonas habitables, sino que constituyen obstáculos que se antojan insuperables para la comunicación física y el intercambio económico y para la plena integración nacional.
El agua -ese elemento indispensable para la vida- se distribuye de manera desproporcionada: abunda en las zonas de menor densidad demográfica y esa abundancia llega a ser, eventualmente, causa de desastres; pero escasea en las regiones más pobladas y esa insuficiencia puede llegar a extremos de carencia total.
Estos hechos, de sobra conocidos, justifican la idea de que gobernar a México entraña un esfuerzo gigantesco por modificar la geografía y dominar, las fuerzas de la naturaleza, para ponerlas al servicio del hombre.
Sin embargo, no es esa la tarea más compleja ni la más ardua que ha de asumir el jefe de esta nación.
Así como es menester cambiar la naturaleza, es requerimiento inaplazable transformar la sociedad.
La nuestra, la que se ha venido configurando a través de los siglos, nació y creció bajo el peso de la opresión.
Su ingénita vitalidad se vio frustrada por un sistema de dominación que fue acumulando un enorme lastre histórico que frena todavía nuestra marcha hacia la plena liberación nacional.
Lo que hoy llamamos subdesarrollo no es sino el estado social de conjunto que se presenta necesariamente en una sociedad como fue la nuestra: deformada por la desigualdad y aplastada por la ignorancia, la servidumbre y la expoliación.
Durante siglos, los recursos naturales del país fueron explotados de manera irracional y siempre en beneficio de intereses ajenos a los del pueblo mexicano.
Por siglos también, una reducida casta dominante se adueño de las tierras, los bosques, las minas y, en general, de todos los medios de producción; sumó a ese monopolio, el de la cultura; y cimentó su predominio de un modo tan seguro, que ningún cambio en los ámbitos del poder político, fuese de personas o de partidos, pudo hacer vacilar la estructura de dominación que había levantado.
No es que la comunidad nacional se haya visto obligada a aceptar transitoriamente la desigualdad como un mal necesario; en México la desigualdad fue impuesta por la fuerza, como el único sistema posible y como el destinado a perpetuarse.
Transformar ese sistema, construir una nueva sociedad, es la tarea más trascendente -pero al mismo tiempo la más intrincada- que están llamados a cumplir los guías de la nación.
Para avanzar en ese doble empeño contra la naturaleza hostil y contra siglos enteros de atraso, desigualdad y enajenación, hemos de superar -más que ningún otro pueblo- un conjunto de factores geopolíticos que limitaron en el pasado y condicionan en el presente nuestra capacidad de liberación.
Nada de lo que México ha intentado a lo largo de su vida independiente y nada de lo que se proponga realizar en lo futuro, ha podido ni podrá dejar de tomar en cuenta la constelación de las fuerzas e intereses exteriores y, de entre ellos, los que más inmediatamente nos afectan por razón de nuestra ubicación geográfico.
La primera y la más grande responsabilidad de un gobernante mexicano es preservar y consolidar nuestra soberanía, no sólo como atributo inseparable de nuestra independencia, sino además como basamento de un poder de negociación, de movilización y de maniobra, que libere de obstáculos el camino de nuestro desarrollo autónomo.
El hombre que haya cumplido con estas tres grandes responsabilidades puede estar seguro de haber sido, en México y para México, un buen gobernante.
Pero quien, además de realizar esas tareas fundamentales, las vigoriza ideológicamente, las engrandece moralmente y las impulsa más allá de lo inmediato y transitorio, puede abrigar la certidumbre de que ha sido y será, en la Historia Patria, un gran Presidente y un estadista universal a la altura de su pueblo y de su tiempo.
¿Cómo ha cumplido Luis Echeverría con sus responsabilidades como Presidente de México?
Han sido muchas las acciones gubernativas encaminadas a convertir los factores naturales adversos en elementos favorables; así como a aprovechar al máximo los que originalmente nos han sido propicios.
En lo que va del presente sexenio se ha construido una longitud de caminos que duplica los que se habían puesto en servicio en varias décadas anteriores.
La capacidad generadora de energía eléctrica se ha incrementado casi al doble.
Presas y sistemas de riego dan testimonio del eficaz esfuerzo por mejorar la productividad de la tierra y está muy cerca ya la meta señalada de un millón de hectáreas beneficiadas.
Estos son sólo algunos de los ejemplos más visibles de una obra material sin precedentes cuya significación social aumenta cada día.
Nunca se había hecho tanto en tan poco tiempo por atender las necesidades del pueblo mexicano.
Nuestro territorio no es sólo el asiento físico de la nación: es la base misma de su patrimonio.
Una naturaleza improductiva o aprovechada deficientemente es riqueza mal empleada, inutilizada y, al fin y al cabo, perdida.
Detectar la realidad territorial del país, hacer el inventario de sus recursos naturales, precisar los índices del uso potencial del suelo han sido tareas primordiales de su administración, destinadas a lograr un aprovechamiento más racional de los bienes de la naturaleza, a fin de obtener los alimentos indispensables para el sustento de la población y las materias primas imprescindibles para la producción industrial.
Usted ha señalado, señor Presidente, que el progreso del país sería ilusorio, aparente y utópico, si no se apoya en el desarrollo de las fuentes productivas primarias.
Una de las grandes decisiones de su gobierno, que la historia recoge como un hito indicador del momento en que el país enderezó el rumbo, ha sido la de cargar el acento económico sobre la producción agropecuaria.
Cuando México vuelve la cara al campo, la Revolución reencuentra su camino.
En el complejo mundo en que vivimos, la soberanía de los Estados se ve debilitada en sus bases mismas cuando un pueblo no puede bastarse por sí solo para la satisfacción de sus necesidades primordiales.
Por todo ello, como usted lo ha proclamado, de la autosuficiencia alimentaria -que su gobierno se ha empeñado en alcanzar- depende básicamente la preservación de nuestra soberanía.
En la medida en que logremos esa autosuficiencia, se alejará el peligro de presiones manipuladas desde los centros del poder económico.
El hambre de las masas no podrá ser instrumento para poner a nuestro pueblo de rodillas.
La exploración de mantos petrolíferos ha creado un sólido basamento económico para el desarrollo futuro del país.
Hay quienes, con una mentalidad simplificadora que se aproxima a la mezquindad, comentan que este gobierno ha contado con un auxilio providencial, pues tuvo la "buena suerte" de hallar ricos yacimientos del valioso energético que le han permitido compensar desequilibrios comerciales y financieros.
Eso que llaman "buena suerte" no es sino el resultado de un empeño indeclinable y un esfuerzo sostenido; es el fruto de la decisión inquebrantable de vencer las circunstancias adversas y de preservar contra todos los pronósticos pesimistas.
En el caso del petróleo, lo providencial no es sino el tesón y la voluntad ejemplares de Luis Echeverría.
La apropiación de los recursos de esa porción de la naturaleza que llamamos territorio está regulada por nuestras leyes constitucionales y regida por principios internacionales.
Pero las potestades soberanas tienden a ensancharse al mismo tiempo que los intereses externos pugnan por imponer su preeminencia apoyados en los instrumentos del poder económico.
Los recursos del mar son ahora el campo de esa sorda disputa entre el pragmatismo de los poderosos, que sostienen una tesis de libre explotación sin más límite que la capacidad de cada quien para llevarla a cabo, y el derecho moral de los débiles que exigen el reconocimiento de un principio de exclusividad que no es sino una nueva frontera contra la expoliación.
La confrontación de intereses y el choque de puntos de vista discordantes no sólo no ha terminado, sino que se exacerba gradualmente y endurece oposiciones irreductibles.
De hecho, el transcurso del tiempo obra en favor de las grandes potencias marítimas que siguen explotando sin ninguna restricción real, una riqueza que debiera pertenecer a los Estados ribereños.
Así pues, es consenso claramente definido en esta representación nacional que, tal como usted lo ha anticipado, debe declararse sin ninguna dilación, que México extiende, por decisión soberana, sus derechos sobre una zona económica exclusiva de 200 millas.
Estamos persuadidos de que, si esperáramos a que en las reuniones mundiales se llegue a un acuerdo de aceptación universal, estaríamos declinando en favor de las grandes potencias la potestad de determinar el momento en que debemos asumir el pleno dominio sobre nuestros recursos.
Por eso, la patriótica iniciativa del Presidente Echeverría cuenta ya con el apoyo de esta representación popular.
El desarrollo del país ha sido patente también en renglones de la importancia que en la vida moderna tiene la industria siderúrgica, pues en el último quinquenio el volumen de su producción ha llegado al doble, aproximadamente, de la que se obtenía en años anteriores.
Dejemos, pues, constancia histórica de la capacidad creadora de este gobierno y de que el Presidente Echeverría ha cumplido con creces la función de poner al servicio del pueblo los bienes, los frutos y las energías de la naturaleza, transformando nuestra geografía y amplificando el dominio jurídico y material de la nación sobre sus recursos territoriales.
Nuestra sociedad -ya lo dijimos- creció con las deformaciones propias del desarrollo desigual.
No es sólo el hecho global de que las fuerzas productivas de este país se hallan todavía al inicio de un proceso de crecimiento y liberación, que nos sitúa en un punto de rezago histórico respecto de otros pueblos del mundo.
Es, además, que dentro de nuestra misma sociedad hay profundas disparidades que distorsionan hasta la propia integración nacional.
La marginación de grandes masas de población no es un hecho nuevo.
Es, por el contrario, la secuela de las estructuras socioeconómicas que nos fueron impuestas a lo largo de siglos.
Lo que en un tiempo se llamó "colonias interiores" y que ahora se califica como subdesarrollo dentro del subdesarrollo, determina la existencia de islas de prosperidad en un gran océano de miseria, pequeños oasis de opulencia en el desierto enorme de la penuria y la indigencia.
En el cuadro de las relaciones económicas internas, se reproducen las condiciones de desigualdad que imperan entre las naciones.
Cuando México ha pugnado por el establecimiento de nuevas relaciones económicas internacionales que abran perspectivas de justicia para los pueblos del Tercer Mundo, hemos tenido muy presente que hay un "tercer mundo" subyacente en la estructura de nuestra propia sociedad.
Transformar esa sociedad, creando las condiciones indispensables para un desarrollo menos desigual, ha sido uno de los empeños más denodados y constantes del Presidente Echeverría.
Desde el principio de su mandato se propuso romper la inercia de formas y sistemas que, lejos de contribuir a cerrar la brecha que separa a las mayorías desposeídas de las clases y estratos privilegiados, propiciaban una mayor concentración de las prerrogativas económicas y de los bienes materiales y culturales generados por el esfuerzo nacional.
Había que cambiar una parte muy importante de las bases jurídicas sobre las que se levanta nuestro régimen social.
Y a esa tarea dedicó y sigue dedicando una energía, capacidad renovadora y determinación revolucionaria, que difícilmente encuentran paralelo en la historia reciente de México.
No sólo por el número, sino por la profundidad de las reformas constitucionales y legales que el Presidente Echeverría ha promovido, merece ser reconocido como el primer legislador del cambio social en México.
Con el objetivo de una mejor integración de la sociedad mexicana, este gobierno ha pugnado por brindar protección y seguridades a las clases mayoritarias, tradicionalmente marginadas.
Su política, señor Presidente, en materia de seguridad social está impregnada de una filosofía profundamente humanista, pues no hay peor angustia frente al porvenir que la que padecen las familias carentes de recursos económicos para afrontar las eventualidades siempre posibles de una enfermedad.
La ampliación de los servicios y la incorporación de algunos estratos campesinos es, sin duda, uno de los actos de mayor significación en la lucha contra la injusticia social, pues los ricos pueden darse el lujo de contratar médicos con fama de eminentes e incluso curarse en el extranjero; pero los pobres no cuentan, sino con la solidaridad nacional que está implícita en el régimen de seguridad social.
Nadie ignora que educar es redimir.
Pero una educación desvinculada de los objetivos nacionales se convierte en obstáculo para que éstos se realicen.
La preparación para la vida social que los adultos imparten a las nuevas generaciones debe estar impregnada de una filosofía de liberación colectiva y no sólo de emancipación individual.
La afirmación de los valores propios, la divulgación de una cultura que nos preserve de influencias externas enajenantes y la formación de una fuerza intelectual capaz de impulsar al país hacia su desarrollo independiente, son objetivos indeclinables de una educación nacional que, como la ha concebido Luis Echeverría, sea el más vigoroso instrumento del cambio social.
Por eso, la Reforma Educativa emprendida y realizada por el presente régimen ha sido el eje de una dinámica de transformación que habrá de prolongarse más allá de la temporalidad de este sexenio.
Su impulso no debe valorarse sólo en el aspecto cuantitativo del número de aulas construidas o de maestros contratados por la presente administración.
Siendo ese número considerablemente superior al de cualquiera otra gran etapa de gobierno anterior, no radica en esto el supremo valor del esfuerzo educativo del presidente Echeverría, sino en haber dotado al país de un sistema para la educación nacional, concebido y organizado teniendo a la vista las necesidades y las previsiones del nuevo siglo que ya se acerca.
Una educación que prepare a las generaciones jóvenes conforme a la mentalidad de la sociedad que tratamos de cambiar, sería una rémora.
Por eso, la reforma educativa de Luis Echeverría pugna por crear hombres y mujeres nuevos, capaces de construir una nueva sociedad y aptos para vivir en ella.
Así pues, repudiamos la ceguera y la insensatez de los pequeños grupos que se oponen a los avances educativos y quisieran frenar las reformas emprendidas y anular sus objetivos.
Es obvio que en esa actitud oscurantista subyacen intereses profundamente conservadores y, de muchas formas, antinacionales.
Lo que en el fondo importa a los impugnadores del sistema educativo y de sus instrumentos didácticos, es impedir que se levante una nueva sociedad, donde antes florecieron la ofuscación y los prejuicios.
Pero la nación, representada por el Estado, no puede declinar el supremo derecho de establecer los fines de la educación, los cuales están implícitos en la filosofía social definida por la Constitución.
Cualquier pretensión de subordinar el interés nacional a las preferencias -ciertas o artificiales- de las minorías, debe ser rechazada pues entraña el falaz intento de impedir que las nuevas generaciones empiecen a ser el motor de un cambio social que consolide nuestra independencia y haga realidad la justicia.
Cambiar las viejas estructuras es tarea que tropieza con muchas y muy fuertes resistencias.
Hay ocasiones en que la oposición surge por mezquindad o por miopía, pues los intereses de los impugnadores se verían, a la larga, favorecidos junto con los de todo el cuerpo social.
Cuando en México hablamos del cambio social no estamos anunciando la supresión inminente de la propiedad privada de los medios de producción ni la completa estatización de la economía.
Nuestro sistema de economía mixta, dentro del cual la iniciativa privada es un elemento básico y una contribución imprescindible, fue creado y fortalecido deliberadamente por el poder de la Revolución.
Así pues, habremos de sostener ese sistema porque estamos persuadidos de que es el que mejor se ajusta a las peculiaridades de nuestra conformación social.
Lo que no podemos permitir, es que la economía mixta desvirtúe su naturaleza original, trastoque su función rectificadora de las disparidades que son propias de las estructuras exclusivamente capitalista y degenere en un instrumento para perpetuar la injusticia.
El sector privado que evidentemente se ha beneficiado con la protección que el Estado de la Revolución Mexicana brinda al sistema de economía mixta, debe comprender que quienes extreman sus ambiciones de lucro y dan rienda suelta a su codicia, pueden provocar la necesidad de rectificaciones más profundas.
El sector privado de nuestra economía debe cobrar conciencia de que el cambio social es una exigencia histórica, válida por sí misma pero, simultáneamente, la única garantía de que el sistema podrá prolongarse y desarrollarse.
De otro modo, en el pecado llevarán la penitencia, porque el Estado cuenta con los instrumentos necesarios para realizar -sin más aquiescencia que la de las masas del pueblo- los cambios que las necesidades del país reclaman.
Si se tuviera que optar por esta alternativa, la justificación histórica sería incontestable: la economía mixta no debe convertirse en instrumento de la contrarrevolución.
Hago esta consideraciones, porque algunas de las decisiones gubernativas del Presidente Echeverría han tropezado con cierta oposición sectaria de los círculos conservadores del sector privado de la economía.
Naturalmente, no por ello la acción transformadora se ha detenido.
La dialéctica de las acciones y reacciones históricas ha operado indefectiblemente.
A las resistencias de los que sueñan con la contrarrevolución ha correspondido un mayor impulso innovador del Gobierno de la República; y a los contubernios subterráneos de los enemigos internos y externos del cambio social, se ha sobrepuesto la permanente y renovada alianza del pueblo de México con el Gobierno de Luis Echeverría.
Por lo demás, los cambios están en marcha.
Nuestra sociedad ya no es la misma que hace cinco años.
La mentalidad colectiva se ha ido modificando gradualmente, respondiendo a los incentivos renovadores del guía de la nación.
Ni los individuos ni los grupos sociales volverán jamás a resignarse a ser sujetos pasivos de la historia, pues en este sexenio han percibido el valor de su participación en la dinámica social.
El pueblo conoce ya las ventajas del diálogo directo con sus mandatarios y no querrá retroceder al inmovilismo y a la incomunicación que se enmascaran con solemnidades formales.
La opinión pública ha practicado -en la medida en que ha sabido y ha querido hacerlo- la plena libertad, y no estará dispuesta a admitir que se le vuelva a amordazar.
Los obreros han advertido la fuerza real de sus derechos y no aceptarán que nadie los limite ni en su dimensión legal ni en su ejercicio cotidiano.
No podrán permitir que principios por primera vez materializados en soluciones concretas, como el de la vivienda obrera, se retrotraigan otra vez al ámbito de los postulados teóricos: querrán mejorar su eficacia pero nunca volver atrás.
Ni accederán tampoco los trabajadores de México a que beneficios tangibles como la institucionalización del crédito comercial de las clases laborantes, sean anulados porque los intereses regresivos de un sector minoritario se sientan afectados, INFONAVIT y FONACOT son dos avances irreversibles que el Presidente Echeverría ha impulsado en el camino de las conquistas obreras.
Los campesinos han recibido por primera vez un estímulo proporcionado al esfuerzo que realizan.
Jamás volverán a aceptar que la prosperidad de otros sectores tenga que erigirse sobre el patético sacrificio de los cultivadores de la tierra; no estarán dispuestos a que la inmovilidad de los precios de garantía los encadene a una forma de salario disfrazado y por muchas razones insuficientes.
La revisión y elevación de los precios de garantía de los productos del campo no sólo ha sido una práctica justiciera del presente régimen: es el acicate que un gran conductor como Luis Echeverría ha puesto en movimiento para que los campesinos mexicanos encuentren en su propio trabajo y en su condición de clase, el medio natural de su emancipación y bienestar, y para impedir así que el trabajador agrícola, cuando tiene voluntad de progreso, opte por abandonar la tierra y por evadirse de su clase social.
Los jóvenes ya no retrocederán hacia formas de tutelaje político que este gobierno demolió.
Frenar las inquietudes de las nuevas generaciones sería el peor de los errores: los jóvenes podrán equivocarse muchas veces, pero al final acertarán porque son portadores de la energía vital que mueve la rueda de la historia.
Nadie -entiéndase bien- nadie se había incorporado, desde las esferas del poder, a la lucha de los jóvenes como lo ha hecho Luis Echeverría.
Mientras la táctica tradicional fue dividir, debilitar y desviar, el gran mexicano que hoy gobierna este país se ha puesto adelante de los jóvenes para mostrarles un camino, que habrá de ser tan recto y tan amplio como los jóvenes quieran que sea, hacia la construcción de una nueva sociedad más justa, más libre y más independiente.
Las mujeres no querrán retornar al vasallaje legal que por tanto tiempo se mantuvo.
La total revisión del orden jurídico mexicano para desterrar toda discriminación disfrazada de proteccionismo, podrá no ser el toque milagroso que, de una sola vez, equipare en un plano de absoluta igualdad social a los hombres con las mujeres; pero es sin duda un nuevo y vigoroso jalón histórico para romper la inercia y liberar un cúmulo de fuerzas potenciales que el país necesita para su transformación y desarrollo.
Pero más todavía: hay una íntima correlación entre la actualización jurídica de la condición social de la mujer y los principios incorporados a la nueva política demográfica, puesta en marcha por el presente régimen.
La integración de la mujer depende en gran parte de que ella misma se libere, por decisión concertada con su pareja, de los sacrificios de la maternidad perpetua.
Esta función nobilísima, cuando se prolonga indefinidamente a través de su constante renovación, es la que sustrae a la mujer -muchas veces de por vida- al trabajo productivo, reduciendo al mínimo sus posibilidades de emancipación económica.
La reorganización de nuestro sistema jurídico en torno a la igualdad de la mujer y la filosofía de integración social implícita en la nueva Ley General de Población, se complementan recíprocamente y son el basamento de la promoción histórica de las mujeres mexicanas hacia niveles de libertad y participación que ellas no querrán abandonar en el futuro.
Es un acto de justicia subrayar que esta correlación entre las nuevas garantías de la igualdad jurídica y los esfuerzos por incorporar plenamente al sexo femenino a las tareas del desarrollo social, así como su íntima conexión con la tesis de la planeación familiar, han sido expuestas nítidamente por una mujer ejemplar y admirable, que a sus muchos esfuerzos y realizaciones en favor de la niñez, suma su actividad de vanguardia en pro de la integración de las mujeres mexicanas a la sociedad moderna y al pleno disfrute de sus derechos: la señora María Esther Zuno de Echeverría.
Y hay otros muchos componentes de esta sociedad que ha empezado a cambiar en estos años, que tampoco admitirán la vuelta al pasado.
Uno de los sectores más pujantes y más ligados a las luchas del pueblo por su emancipación y bienestar -los miembros de las fuerzas armadas, de aire, mar y tierra- han confirmado su noble tradición como un ejército de paz, entregado con devoción patriótica a labores de acción social, sin perjuicio de que, cuando la seguridad pública se vea amenazada, reasuman su función noble y elevada de preservar la paz social y asegurar el funcionamiento normal de nuestras instituciones democráticas.
Los soldados de México son un sector inseparable del pueblo, porque son una parte vigorosa del pueblo mismo.
Han encontrado en el actual gobierno no sólo comprensión y aliento para la función patriótica que desempeñan, sino al gestor de un cambio social que, beneficiando al pueblo, beneficia al ejército del pueblo.
Por eso, al igual que obreros campesinos, jóvenes y mujeres, los soldados de México no querrán que se detenga el proceso de transformación de nuestra sociedad, que Echeverría ha puesto en marcha.
La soberanía es un atributo indeclinable de los pueblos.
El encargado de ejercer las potestades inherentes a esa soberanía, es el gobierno.
Hay gobiernos que llegan a someter, por impotencia, la autoridad que su pueblo les ha conferido, al poder de otros Estados.
Surge así la figura contemporánea - inadmisible si esto se juzga conforme a los principios - de los Estados de soberanía limitada.
Lo que ocurre es que en el campo de las convenciones internacionales, los Estados se reconocen recíprocamente como iguales en soberanía, pero en el terreno de las realidades económicas y militares, imperan las desigualdades y prevalece la ley del más fuerte.
Lo que hace iguales a los pueblos es el Derecho, lo que los hace desiguales es el poder.
Por eso los débiles somos partidarios del Derecho como medio para evitar los abusos de los fuertes y pugnamos por construir un poder económico y militar.
A través de su intensa y esforzada actividad como dirigente de la política exterior de México, hemos aprendido, señor presidente, profundas lecciones.
Nuestro país tiene una larga tradición como propugnador de los principios de igualdad jurídica de los Estados, solución pacífica de los conflictos, no intervención en los asuntos internos y libre autodeterminación de los pueblos.
Pero ni aún en los momentos cumbres de nuestra historia, estos principios dejaron de ser sólo arma defensiva que esgrimimos contra retenciones hegemónicas o contra agresiones ciertas.
Nos refugiamos en la defensa del Derecho, pero no habíamos intentado modificar las relaciones del poder.
Usted, ha tenido la admirable visión de apuntalar los valores jurídicos con realidades políticas.
Si el orden internacional nos es adverso, hay que cambiar ese orden, esgrimiendo -sí- las armas del Derecho, pero pugnando por crear frente a las grandes potencias, un poder compensatorio formado por un número tal de países débiles, que impida a aquéllas decidir el destino del mundo sin tomar en cuenta la enorme fuerza moral de quienes conformamos la mayor parte de la humanidad.
Es verdad que ese poder compensatorio ya existía potencialmente y que, incluso, era conocido mucho antes con la denominación global de Tercer Mundo.
Pero resulta innegable que su influencia en la correlación de fuerzas era débil y fluctuante, en vista de la dispersión de sus acciones, su inestabilidad estratégica y sus posiciones oscilantes.
Cuando México abandona su pasividad y se declara uno más entre los pueblos de ese Tercer Mundo; cuando el presidente Luis Echeverría propone objetivos concretos y moviliza a la diplomacia mexicana para obtener un consenso estable; cuando nuestra política exterior refuerza su juridicidad con una concepción política y se identifica con la figura enhiesta de un hombre que recorre el mundo entero, dialogando con todos los líderes del orbe; en ese momento, recomienza la dinámica tercermundista y empieza a obtener avances irreversibles.
Nunca la solidaridad de los pueblos tuvo una expresión más completa ni una fuerza más decisiva, como el día en que 120 países aprobaron la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados.
Ese hecho jamás podrá ser borrado de las páginas de la historia universal y quedará por siempre ligado al nombre de México y al de Luis Echeverría.
Su iniciativa, señor Presidente, fue el eje doctrinario de una de las más ruidosas derrotas morales que se ha infligido jamás a la soberbia de los poderosos.
Pero hay más, mucho más en las acciones de política exterior que usted ha emprendido: la solidaridad con el presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, y la protección decidida a los combatientes y perseguidos de aquel pueblo hermano; el abierto repudio a un fascismo renaciente pero condenado a morir, al romper relaciones diplomáticas con el régimen militar de Pinochet; la movilización a escala hemisférica, de las corrientes latinoamericanas más progresistas para promover una integración económica que sea el primer peldaño hacia una unidad de mayores alcances; y la victoria diplomática de San José de Costa Rica que -como usted lo ha señalado- permitió recobrar a los pueblos de América Latina la parte de soberanía que once años atrás habían enajenado.
No escuchemos, pues, a las pequeñas voces mercantiles que desearían encontrar en cada paso de nuestra política exterior, un beneficio utilitario cuantificable en cifras de productos vendidos o de créditos obtenidos o de otras ventajas materiales.
Los logros de una política internacional como la nuestra están concebidos en otra dimensión histórica y deben medirse por el fortalecimiento de nuestra soberanía.
Lo que México se ha propuesto es que el orden prevaleciente entre los débiles y los poderosos se rija por principios de mayor equidad.
En este sentido, todos los esfuerzos realizados por el Presidente Echeverría para equilibrar la balanza de la justicia, procurando sumar la capacidad de autodeterminación y de transformación de todos los que poseen vitalidad revolucionaria y resolución reivindicadora, representan, sin duda, un avance en las posibilidades de liberación absoluta y un retroceso de las fuerzas comprometidas con la dependencia exterior.
Señor Presidente de la República:
Estos juicios, me han sido dictados, no sólo por la lectura de su Quinto Informe de Gobierno, sino además, por las constancias cotidianas de su obra y su incansable esfuerzo de gobernante y de mexicano.
No obstante, el apego afectivo e ideológico que a usted me unen -y que no tengo por qué callar- he procurado formular un documento cuya veracidad sea capaz de resistir no sólo el examen de los espíritus más exigentes y apasionados de ahora, sino también el de investigadores de mente fría que -tal vez- quieran analizarlo en tiempos venideros.
Tengo conciencia de que Luis Echeverría está en la Historia y de que todos los que actuamos a su lado, seremos sujeto de disecciones críticas más o menos rigurosas.
Por ello, asumo la responsabilidad de exponer estas ideas, con la convicción de que el tiempo será nuestro mejor aliado, pues habrá de confirmar lo que este día hemos dicho acerca de un gobernador y líder moral que no se ha limitado al cumplimiento formal de su mandato, sino que entendió y está cumpliendo la más compleja, la más ardua y la más enorgullecedora de las empresas que puede asumir un hombre: transformar la geografía, cambiar la sociedad y modificar la correlación entre las naciones, todo para obtener bienestar, libertad y justicia para su pueblo."
Muchas gracias.