# Los propósitos del Nuevo Estado Boliviano, 16 y 17 de agosto de 2002

<< Falange Socialista Boliviana
El carácter del capitalismo, en sí, consiste en colocar al Estado en servicio permanente del capital. Por esta razón, no debemos regirnos en los moldes de la economía de mercado, que fríamente sujeta a nuestras sociedades a las fluctuaciones especulativas, favorables al lucro financiero; haciéndose, por tanto, engendradora de injusticia social y de profundización del subdesarrollo y de la pobreza.
Por eso, como se dijo anteriormente, es imprescindible para la supervivencia del Estado y el pueblo, reemplazar el modelo neoliberal por el Nuevo Estado Boliviano; el mismo que sólo podrá desarrollarse con soberanía y libre de toda interferencia extranjera, mediante la implantación de un Nuevo Orden Económico Nacional; destinado a conseguir la autarquía económica de Bolivia.
Necesitamos desarrollar una economía integral para posibilitar la reconstrucción de nuestra Nación, con un gobierno central que dirija y ordene las actividades coordinadas entre las regiones, beneficiando a los departamentos del país, en armonía con el conjunto nacional. Se trata de relacionar la producción, precios, salarios, consumo, exportaciones e importaciones, en función de los intereses del Estado y las conveniencias sociales. Bajo el principio de que la economía no es un fin en sí misma; esta será el instrumento preponderante, que sólo cumple su papel si se dirige a promover el crecimiento del capital, para disponerlo en servicio de la comunidad boliviana. El factor económico debe ser dirigido a facilitar el cumplimiento de la misión humana, reservada por Dios, en lo espiritual y material.
Esta política debe ser dirigida a propiciar una reactivación económica estimulada por la reactivación productiva. Porque solamente la apertura de fuentes de producción, promovida por la utilización racional del potencial natural boliviano, puede representar el capital real, como reserva para la prosperidad venidera de nuestra economía. Para lograr esto, deben ser rescatadas las empresas públicas mal capitalizadas, devolverlas al Estado y proteger los recursos naturales, en su calidad de patrimonio nacional. Para hacerlas rentables tenemos que reorientar la inversión estatal, por la correcta utilización de los fondos económicos de que dispone el país. Con ello, hay que actuar enérgicamente, con una conducta de moral pública, para combatir la corrupción funcionaria y el prebendalismo político; que operan como importantes instrumentos empleados por la partidocracia para agotar nuestros recursos financieros.
Podemos realizar la formación de la Empresa Nacional, con el crecimiento de empresas estatales, el incentivo a la iniciativa privada y la conformación de empresas mixtas. Junto a esta política se debe fomentar, en la medida de las necesidades, la actividad micro industrial y el cooperativismo.
Lograríamos una revolución económica y productiva, promovida por un plan de desarrollo multipolar integrado, con el empleo diversificado del potencial natural, concentrando en nuevos polos estratégicos de producción energética, agrícola y minera, dispuesto en la variedad de regiones con que cuenta el territorio. Podemos llegar a la industrialización de recursos, generando un efecto multiplicador que ponga en actividad otros polos de desarrollo; para producir bienes de consumo, bienes de capital y dotarnos de servicios óptimos, obras públicas y comunicaciones en toda la República. Con la finalidad de llegar, como país multiproductor, al nivel de Nación industrializada, avanzando por etapas sucesivas de desarrollo.
Los recursos energéticos, como fuentes estratégicas fundamentales para el impulso de la producción industrial, minera, agrícola y la exportación de energía, deben estar bajo la tutela del Estado Nacional. Es urgente la defensa de las reservas de gas natural, con la finalidad de generar energía termoeléctrica de arranque, para consumo interno, en la petroquímica y en la utilización industrial y doméstica –urbana y rural-. Posteriormente, la correcta utilización del gas nos permitirá llegar a una etapa en la que se logre alcanzar la plenitud en el empleo de las demás fuentes de energía, aplicando el resto del gas para forjar la futura industria siderúrgica. Podemos llevar a cabo la exportación racional del gas, rigiéndonos de acuerdo con precios justos en el mercado internacional, según sea conveniente para la seguridad nacional.
Las reservas mineras deben ser explotadas por el Estado y otorgando concesiones a cooperativas mineras nacionales, de acuerdo con las mutuas conveniencias. Los recursos minerales no pueden ser concedidos a transnacionales, porque son indispensables para la obtención de productos elaborados que garanticen el potenciamiento industrial de la Nación.
Además, nuestra minería tampoco puede ser monoproductora, sino que debe desarrollarse sobre la base de la explotación amplia y diversificada de recursos minerales estratégicos, como el litio, cobre, estaño, hierro, oro, plata, cadmio, etc., necesarios para el sostén interno y la exportación de materiales industrializados en mejores condiciones de competitividad.
Se requiere una política agrícola dirigida a realizar una nueva reforma agraria, con medidas de colonización y dotación de tierras al campesinado, en el resto de la República. Es necesario impedir la proliferación de latifundios improductivos, amparada por la Ley INRA, para conjurar anticipadamente el peligro de ser concedidos a empresas extranjeras. Hay que establecer un acuerdo entre el Estado nacional y los ayllus, para emprender medidas de cultivo en conjunto, financiamiento y crédito, seguro de cosecha, asesoramiento profesional y técnico, dotación de instrumentos, tecnología, estudios de mercado, comercialización interna y externa, servicios básicos y transporte directo al consumidor. Asimismo, se requiere la ejecución de fomento de la industria agropecuaria, con asistencia a la producción privada.
Necesitamos la movilización unitaria de todos los sectores de la sociedad boliviana, para el desarrollo y la productividad. Las fuerzas obreras y campesinas deberán cumplir un mayor papel como base capacitada y calificada de la producción; se requerirá la acción de los profesionales y estudiantes, con seguridad de obtener ubicación en el mercado laboral y remuneración digna, para la aplicación de sus conocimientos en todas las disciplinas, con la finalidad de asegurar el progreso humanístico, científico y tecnológico del país. Asimismo, las Fuerzas Armadas y todas las instituciones deben participar, con sus organismos especializados, en el estudio y aplicación de nuevas políticas de seguridad nacional y fomento al desarrollo.
Esto debe abarcar todas las latitudes del territorio nacional y zonas fronterizas, promoviendo la urbanización, modernización, obras públicas, dotación de servicios básicos y comunicaciones, de zonas citadinas, rurales, mineras e industriales.
La apertura de fuentes de producción permitirá generar nuevas fuentes de trabajo, acompañadas de medidas sociolaborales que estipulen la participación de los trabajadores intelectuales y manuales en las utilidades de las empresas, de acuerdo con una equilibrada distribución. Esto debe realizarse protegiendo la inversión empresarial con justa ganancia. Tal política hará posible estimular una alta productividad con justicia laboral. El pueblo boliviano debe elevar su calidad de vida, satisfaciendo ampliamente sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda, abrigo, salud, educación y justicia; porque el potencial de su tierra puede abastecerle con holgura. Será la vigencia de un Estado Social, con una positiva relación entre capital y trabajo.
Una Nueva Política Económica hará posible contar con los instrumentos necesarios para efectuar una revolución cultural, destinada a superar intelectual y moralmente a nuestro pueblo.
Puede ser posible una verdadera reforma educativa, con infraestructura escolar en condiciones de dignidad para el estudiantado boliviano. Tendríamos la oportunidad de forjar nuevos hombres en colegios y universidades, mediante una educación integral, creativa, humana, moral y científica. Es decir, profesionales formados para la vida y la comunidad, en función de la realidad nacional. El hombre boliviano debe contar con servicios de salud completos, en cuanto a edificaciones, equipos, mejoramiento en la atención y especialidades; accesibles a todas las capas sociales, con facilidades de pago y seguro. Será posible, además de reformar y moralizar el Poder Judicial, dar accesibilidad al pueblo para recibir la administración de justicia, con adecuada infraestructura, en todos los puntos de la Nación.
El saneamiento de la economía debe permitirnos reforzar nuestras Fuerzas Armadas, como factor de defensa, protección y desarrollo de la Nación, en el interior del país y sus fronteras. De igual modo, resguardar el orden público con una Policía Nacional mejor equipada y pagada; para reprimir los actos delictivos y conseguir la erradicación del narcotráfico y sus sustentadores.
Solamente con una conciencia nacional de comunidad, el fortalecimiento de la moral colectiva y la independencia económica; será posible desenvolvernos dentro de una política exterior que resguarde la seguridad y respetabilidad de la Nación. Podremos llegar al grado de convertirnos en competidores de alto nivel en el mercado mundial, con los excedentes de producción de materias primas y productos acabados, sin ser víctimas de la globalización económica. Estaríamos en mejores condiciones materiales para aplicar las estrategias políticas y económicas, que posibiliten ejercer nuestro irrenunciable derecho a la reintegración marítima, sin concesiones que atenten contra la soberanía nacional. Seremos capaces, en fin, de proyectar el futuro, con miras a conseguir la fraternidad latinoamericana, para liberarnos continentalmente del condicionamiento imperial.
Sergio Portugal Joffre
Fuente: EL DIARIO, decano de la prensa nacional, 16 y 17 de agosto de 2002, La Paz, Bolivia