# El estado plurinacional y las autonomías en Bolivia, 4 de junio de 2010. Parte I

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ENTREVISTA EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA
Sergio Portugal Joffre
¿Qué entiende por territorialidad?
La territorialidad es el límite geográfico sobre el cual el Estado ejerce soberanía. Este es un concepto que debemos tener muy en cuenta, al considerar los temas que hoy ocupan a los actores políticos extranjeros y nacionales, en relación con nuestro país, e, incluso, con las naciones del mundo; por cuanto afectan a la soberanía, existencia y seguridad nacionales. Me refiero a los temas como el neoliberalismo, la globalización, la conformación de bloques internacionales e intervencionismo extranjero; los cuales se traducen en corrientes ideológicas y acciones políticas externas e internas sobre un país, que buscan violar las soberanías nacionales, así como suscitar tendencias hacia la disgregación interna de una sociedad.
Este problema es el que está sucediendo con Bolivia, a través de las autonomías regionales, departamentales e indígenas, que están interactuando con el recientemente instaurado estado plurinacional. Agentes nacionales, empujados por elementos extranjeros, son quienes están atentando contra la existencia de Bolivia, modificando inclusive, el significado de territorialidad; de manera que este sea aplicado en el exclusivo sentido de la soberanía que una etnia o las gobernaciones locales ejerzan sobre la región que habitan, como si ya se tratase de una territorialidad con soberanía propia, que pueda discutir la autoridad del Estado nacional.
¿Cuáles cree que son los principales problemas y obstáculos para las autonomías regionales y departamentales?
Los problemas que presentan las autonomías regionales y departamentales son tres. El primero, es de índole política; el segundo, es de tipo socioeconómico; y, el tercero, es de origen jurídico.
El obstáculo político se presenta mediante el actual gobierno de Evo Morales, el cual trata de absorber las gobernaciones departamentales y erradicar a los gobernadores opositores, centralizando, de todos modos, el poder. La Ley transitoria de las autonomías es un ejemplo de ello, en consonancia con los juicios anunciados contra los gobernadores electos de Beni, Pando y Santa Cruz. Esto está acompañado de un equilibrio político que se ha presentado entre oficialismo y oposición, al contraponerse mutuamente en las gobernaciones y alcaldías, con las autoridades que las encabezan y las asambleas departamentales y los concejos municipales.
El segundo problema, que es de naturaleza socioeconómica, se presenta con la inconmovible realidad de que el estado plurinacional y los gobiernos autonómicos no son capaces, ni lo serán en el futuro; de solucionar los urgentes problemas de pobreza, desempleo, salarios bajos, vivienda, las mejoras en educación, servicios, justicia y toda la situación de debacle económica y social en Bolivia. Las autonomías regionales y departamentales no son las panaceas para solucionar problema alguno en Bolivia; sino por el contrario, ya los están profundizando. En realidad, todo el despliegue demagógico de realizar referéndums, constituyente, elecciones de todo y por nada, no ha sido más que una cortina de humo que, además de buscar la autodestrucción nacional, sólo quiere encubrir la ruinosa situación material en la cual todavía se encuentra nuestra Nación. Por supuesto, pese a ello, las autonomías regionalistas seguirán siendo instrumentos destructivos en manos de los intereses políticos de sus operadores.
El tercer problema se plantea con la cuestión de la legalidad de las autonomías; pues, no debemos perder de vista que todo el proceso de las autonomías locales, la Asamblea Constituyente, los referéndums y los estatutos departamentales; se ha llevado a cabo en medio de actos delictivos, masacres, fraudes electorales sin resolver, sin un Tribunal Constitucional que vele por la legalidad del proceso 2005-2010, violando el gobierno la misma convocatoria presidencial a la Constituyente, actos atentatorios contra la CPE vigente desde el año 2004, rebelión de las Cortes Departamentales Electorales contra la Corte Nacional Electoral y que el año 2009 el Congreso Nacional hubiera tomado las atribuciones constitucionales que le correspondían a la Asamblea Constituyente para aprobar la nueva Constitución Política del Estado; sólo por citar los más relevantes, en un somero recuento general.
Si en Bolivia existiera un verdadero Estado de Derecho, el cual no existe desde hace muchas décadas; estos hechos deberían ser investigados, nombrarse comisiones fiscalizadoras y reclamar por todos los actos delictivos que se cometieron, por parte del gobierno y de la oposición; pero, no existe un auténtico régimen de justicia, ni las instituciones encargadas por Ley que estuvieran dispuestas a hacerlo. En su lugar, lo que existe es un régimen de impunidad, complicidad, encubrimiento mutuo y de corrupción; tanto en el actual gobierno como en los anteriores, sean estos democráticos o dictatoriales, civiles o militares.
En consecuencia, el llamado estado plurinacional, su constitución y las autonomías localistas, deberían ser nulos de pleno derecho y sujetarse los culpables a juicios de responsabilidades y penales. Los protagonistas de estos hechos, son, entre estas cosas, culpables de haber cometido actos anticonstitucionales que comprometen a los componentes de los tres poderes del Estado.
¿Es conveniente o no que en el país existan autonomías regionales y departamentales? ¿Por qué? ¿Para qué?
Este punto, por su importancia, requiere que lo exponga con alguna amplitud, que nos permita comprender con mayor precisión, el contexto de hacia dónde se dirigen las autonomías regionales y departamentales en Bolivia.
Para responder a esta pregunta, consideremos si se conocen o no los objetivos hacia los cuales nos deberían dirigir las autonomías regionales y departamentales, y veremos que son desconocidos para la población boliviana; por la sencilla razón que no se orientan a rumbo alguno, como no sea el de propiciar la disgregación nacional. Sobre esta apreciación y la respuesta que presenté a las dos preguntas anteriores, quiero decir que existen tres aspectos fundamentales que debemos considerar, para analizar el tema de las autonomías.
Estos tres aspectos son: el factor geopolítico nacional, la realidad socioeconómica de Bolivia y el problema de la desarticulación nacional.
El aspecto geopolítico. Al aclarar conceptos, diré que la geopolítica es una ciencia nueva que estudia el rol histórico de la Nación y el Estado, en relación con la influencia del factor geográfico, para diseñar una política de poder nacional y una política internacional. Bolivia es una Nación Estado que ocupa el centro geoestratégico sudamericano; la cual es una posición geográfica que, como núcleo de una masa subcontinental, le ha posibilitado concentrar una integralidad de diversos recursos naturales, en el orden agrícola, mineral, energético e hidrográfico y una gran variedad climática y étnica. Las autonomías pasan por alto esta cualidad geopolítica de centro geoestratégico, concentración de riquezas e integralidad geográfica del territorio boliviano; provocando la dispersión, en lugar de la integración territorial.
Por razones eminentemente geopolíticas, Bolivia requiere de un Estado integrador para dominar este territorio nuclear, diverso y rico; con el fin de promover la producción, industrialización de recursos, generación de fuentes laborales y consiguiente política de comercio exterior. Esa misma condición de núcleo central geográfico, le ha proporcionado a Bolivia la triple condición hidrográfica de pertenecer a las cuencas altiplánica, amazónica y rioplatense; una situación que no tienen las naciones que nos circundan. Asimismo, nuestro territorio nuclear geoestratégico se encuentra en una posición de acceder a los océanos Atlántico y Pacífico, por aquellos brazos hidrográficos. Esto caracteriza a nuestra Nación como andina, amazónica y rioplatense.
Sobre estas bases geopolíticas, nuestro país tiene las condiciones naturales para realizar su rol histórico de núcleo geoestratégico subcontinental, para dirigirse a representar un importante centro de influencia y equilibrio de poder sudamericano. Pero, las autonomías regionales y departamentales se dirigen a frustrar el cumplimiento de este rol histórico central y equilibrador; al representar la dispersión de esfuerzos y dinero, desperdiciados en los localismos, y promoviendo la disgregación y consiguiente desmembramiento territorial de Bolivia. Como Nación, necesitamos, más bien, que existiese un trabajo de integración entre el Estado y las regiones; para emprender unitariamente nuevos proyectos de desarrollo nacional, en armonía con el desarrollo regional y departamental.
La realidad socioeconómica de Bolivia. En lo referente al segundo aspecto, toda nueva forma de organización política del sistema que se implante en un país, debe ser dirigida para mejorar sus condiciones socioeconómicas. Bolivia no está en condiciones de asumir formas de organización política y administrativas insustanciales, que a nada eficaz se dirijan. Entonces, preguntémonos si la implantación de las autonomías regionales y departamentales, tendrán como efecto la transformación social y económica de la Nación; es decir, que se oriente hacia algún objetivo trascendental. Preguntemos a los que se encargaron de promover las autonomías, junto con el estado plurinacional, si estas dos medidas políticas van a solucionar el problema de la productividad, el desempleo, la pobreza, los bajos salarios, la corrupción, la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, el éxodo de los bolivianos hacia otros países buscando cómo subsistir, etc. Porque, un régimen que se titula como plurinacional, junto con las autonomías, no son útiles en modo alguno si no van a impactar en la solución de nuestro retraso económico.
Por lo tanto, plurinacionalidad y autonomías pueden sonar muy bien en el vocabulario político, pero son absolutamente inútiles; porque no generarán empleo, no erradicarán la pobreza social, no nos sacarán del subdesarrollo, ni solucionarán otro gran problema nacional como es el de generar un mercado laboral para los profesionales en sus diferentes disciplinas; y, en consecuencia, no llevarán a la Nación boliviana al cumplimiento de su rol histórico. Por lo pronto, el resultado social y económico de todo el proceso plurinacional de la izquierda masista y autonómico de la derecha opositora; es que se desenvolvieron en medio de una situación, cuyo resultado fue que la pobreza aumentó en Bolivia en un 50% y el mercado laboral quedó paralizado en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; como lo publicaron los medios de difusión y los analistas económicos, el 3 de marzo de 2010. Es decir, que, en lugar de avanzar hemos retrocedido; esto es lo que jamás reconocerán los portavoces de oficialismo y oposición; quienes no son otra cosa que los continuadores del modelo neoliberal, el cual causó tanto daño económico a nuestra Nación. Preguntémonos algo más; como por ejemplo ¿para quienes mejoraron las condiciones económicas de vida, en estos cuatro años de fiesta autonómica; si para los dirigentes cívicos y los políticos autonomistas o para la población? Por eso, sostengo que jamás será conveniente la existencia de las autonomías regionales y departamentales para Bolivia.
Cuando fue inaugurado el modelo neoliberal en 1985, bajo los auspicios de la partidocracia compuesta en aquél entonces, por MNR, ADN, MIR y sus demás asociados; lo hicieron con un gran despliegue de alardes triunfalistas. Los administradores del poder, en aquel tiempo, dirigidos por el economista norteamericano Jeffrey Sachs, experto del Fondo Monetario Internacional (FMI), nos dijeron que los resultados de sus enormes beneficios hipotéticos para todos los bolivianos, serían evidentes en veinte o veinticinco años. Sin embargo, el resultado que arrojó este modelo, que, aún con Evo Morales y el MAS en el poder, continúa vigente; fue el crecimiento de la pobreza, el desempleo, cierre de empresas públicas y privadas; además de hundirnos en el subdesarrollo, junto con movilizaciones sociales cotidianas y el saqueo de nuestro patrimonio nacional. Por añadidura, los mismos perpetradores del modelo neoliberal, como Gonzalo Sánchez de Lozada, tuvieron que huir del país, ante el descontento social cada vez más creciente, con las movilizaciones sociales que se efectuaron en octubre del año 2003. Tal es la farsa de siempre en Bolivia, que nos presentan sistemas políticos con ilusorios resultados a plazo impreciso; para que la población no vea las consecuencias presentes, a mediano y largo plazo; que siempre son desastrosas para nuestro país; porque son dirigidas desde el extranjero, exclusivamente para satisfacer los intereses foráneos y el de sus agentes nacionales.
Manteniendo aquella continuidad, los mismos partidos políticos, hoy reciclados y actuando con diversos disfraces; promueven el modelo de las autonomías con un impresionante despliegue de dinero y gran fanfarria; sin embargo, ya nos están entregando un país dividido, con inseguridad ciudadana y en mayor dependencia y subdesarrollo. Han convertido a las autonomías en el nuevo tipo de anzuelo para pescar incautos que los respalden, sin importarles las consecuencias de lo que hoy están haciendo contra Bolivia.
El modelo neoliberal plurinacional y autonómico en Bolivia, como disgregador. Lo que estamos viviendo hoy, con las autonomías y el estado plurinacional, no es otra cosa que una secuencia que forma parte del proceso destructivo nacional iniciado en 1952, por el MNR; el mismo partido, que, junto con sus derivados, como MIR, ADN y la partidocracia reinante de izquierda y derecha, son los autores del modelo neoliberal. Ahora, este proceso continúa con la implantación del modelo autonómico, realizado por los mismos instrumentos políticos. Y, no es casualidad, que también, ayer como hoy, el Departamento de Estado norteamericano, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Unión Europea (UE), el Banco Interamericano de Desarrollo, y otros poderes internacionales; sean quienes promuevan y apoyen la instauración de su reciente modelo neoliberal plurinacional y autonómico en Bolivia.
Las autonomías regionales y departamentales son un instrumento de divisionismo y consiguiente desarticulación de Bolivia, según la doctrina chilena de la “polonización de Bolivia”, ya preconizada por el poder plutocrático y político de Chile, en el siglo XIX. Es un trabajo de confrontación interna que se está desarrollando dentro de nuestro país, para parcelarnos regionalmente y entregar paulatinamente porciones de nuestro territorio, en manos de las potencias sudamericanas que nos rodean, así como para las potencias centrales del planeta, sus empresas transnacionales y los organismos internacionales creados por estas. Este es un trabajo que se viene realizando en diferentes etapas históricas de nuestra República, incluso antes de nuestra propia existencia fundacional en 1825. No es por eso, casualidad, que, al promover las autonomías, los grupos de agitación empleasen las consignas de conseguir la independencia de los departamentos; como si se tratase de lograr la independencia de naciones separadas de Bolivia. Asimismo, estos promotores albergan en las prefecturas y los movimientos cívicos a personajes que, desde hace varios años, lanzan consignas separatistas públicas, escriben libros sobre pretendidas emancipaciones de Tarija y los departamentos del oriente boliviano, y, contra la existencia misma de Bolivia como Nación.
Es por ello, que las autonomías están siendo ejecutadas junto con la implantación del estado plurinacional. En el proceso actual, se está llevando a cabo una labor de desbolivianización de nuestra nacionalidad, empleando diversas estratagemas; como la de estancarnos en el subdesarrollo, generar mayor caos social interno, someternos a la pobreza, la dependencia extranjera y la deuda externa; y, vivir en la incertidumbre, junto con la confrontación regional, entre ciudades como La Paz y Sucre, de facciones políticas y de odio racial, cualquiera que fuera su origen.
El estado plurinacional y sus autonomías han sido edificados sobre la ilegalidad, la anarquía y los cadáveres de sus víctimas en Sucre, El Porvenir y otros lugares de nuestro país.
No es tampoco fortuito, que esta desbolivianización sea operada, buscando reemplazar, incluso, a la bandera tricolor boliviana, con banderas locales y la llamada “wiphala”; la cual no es otra cosa que una bandera ajedrezada, empleada por los tercios reales españoles, durante la colonia. Es decir, una bandera colonialista, a la que se hace pasar por autóctona; para desplazar a nuestro auténtico símbolo ancestral y nacional, como es la tricolor boliviana, cuyos colores fueron inspirados en las flores autóctonas, la kantuta y el patujú; que representan, cada una, al occidente y el oriente respectivamente, y son, por consiguiente, nuestros emblemas originarios de la unidad nacional.
Como se puede ver, existen amenazas extranjeras alrededor de nuestro país, que buscan aquella captura de nuestros recursos naturales, como son el hierro, litio, cobre, estaño, gas, riquezas agrícolas, recursos hídricos y energéticos y toda la diversidad de riquezas que caracterizan a Bolivia. Por estas razones, no conviene tener un Estado dividido en regiones autonomizadas, porque ello nos lleva hacia la dispersión de esfuerzos políticos y sociales y de recursos materiales. Debemos, más bien, considerar que necesitamos regirnos por un Sistema Integral, que transforme toda la vida nacional, con su economía, la productividad y sus efectos en la construcción de una sociedad boliviana regenerada y unida.
Según su parecer ¿en qué se diferencia una descentralización política administrativa de una autonomía?
Debemos comprender que la descentralización política administrativa se refiere al sistema político y económico que opera la transferencia de la autoridad del Estado sobre diversas entidades públicas, servicios, recursos naturales y bienes gubernamentales; para disponerlos en manos de entidades privadas y administraciones locales.
En el caso de una autonomía, se trata de que diversas regiones del país, que varían según como se organice una Nación, tales como departamentos, provincias, municipios u otras subdivisiones territoriales; adquieran un nuevo tipo de gobierno local, con estatutos y administración propios, que elige sus propias autoridades y se encarga de administrar las entidades públicas, servicios y recursos que antes se encontraban en manos de un gobierno central.
Indudablemente, la descentralización política administrativa del Estado puede desarrollarse de acuerdo con las autonomías locales y encaminarse a establecer un sistema federal de gobierno. Por lo tanto, una descentralización, autonomías y federalización pueden variar en el sistema aplicado a un país de otro; estableciendo los mismos las condiciones en que deben funcionar; que pueden ser variantes entre mayor o menor grado de descentralización, autonomías o federalismo.
Según su criterio ¿podría implementarse en el país algún otro modelo que sea compatible con las autonomías regionales y departamentales, tomando en cuenta la diversidad étnica y cultural de sus habitantes?
En realidad, veo que cualquier modelo que pudiera instaurarse en Bolivia, como podría ser el caso del federalismo; al cual los detentadores del poder internacional procurarían llevarnos, después de la actual implantación de las autonomías regionales y departamentales; no es compatible con la delicada situación en la que se encuentra nuestra Nación, con los peligros internos y externos que se ciernen sobre ella.
Por el contrario, la diversidad étnica y cultural de Bolivia es una ventaja que se nos presenta como pueblo, con el fin de integrar a todos los habitantes de nuestro territorio, en todas sus razas, regiones y clases sociales; con el fin de dirigirnos hacia los objetivos nacionales que debemos diseñar, para actuar unitariamente en pos de un propósito común, que es el de regenerarnos, superarnos y fortalecernos nacionalmente.
Esta pluralidad étnica y cultural tiene que ser el germen de la integración nacional, actuando sobre nuestra variada geografía y climatología; en la que los hombres de Bolivia construyan una sociedad cohesionada, que actúe en cada región del país, para producir una revolución política, económica, social, cultural, educativa y moral, que nos proyecte incluso, internacionalmente.
Es decir, frente al actual estado plurinacional y autonómico disgregador, debemos edificar un Nuevo Estado Integral y cohesionador de nuestra nacionalidad.