# Sentencia del TOF 3 dictada en el caso del atentado contra la AMIA el 29 de octubre de 2004 (14)

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En la oportunidad prevista en el art. 393 del Código Procesal Penal de la Nación la defensa de Carlos Alberto Telleldín solicitó su libre absolución de culpa y cargo.
En primer orden, argumentó que el atentado objeto de investigación se inscribió en un contexto de guerra internacional, a raíz del conflicto suscitado en el Medio Oriente entre el llamado mundo islámico extremista y el Estado de Israel. Mencionó que tanto la utilización de un cochebomba, como el profesionalismo, la infraestructura y el soporte económico y de agentes fanáticos verificados en el hecho motivo de juicio son elementos demostrativos de los ataques producidos por los grupos apoyados por la República Islámica de Irán (Hezbollah, Jihad Islámico, Ansarallah, Hamas, entre otros).
En ese sentido, con mención del testimonio de Abolghasem Mesbahi, desertor del Ministerio de Información de Irán, destacó que el accionar de los grupos fundamentalistas descartaba la necesidad de apoyo local de los nacionales del territorio objetivo del ataque, agregando que para el éxito de las operaciones no es compatible la utilización de terceros ajenos al conflicto y, mucho menos, según lo aseguró la acusación, de personas que sólo tengan motivaciones económicas.
Mesbahi -apuntó la defensa- sindicó al Estado de Irán como el responsable del atentado perpetrado contra la A.M.I.A.. Así, según sus dichos, el agregado cultural Moshen Rabbani fue el encargado de realizar la investigación e inteligencia previa en nuestro país y el grupo ejecutor ingresó apenas unos días antes, para luego retirarse. Señaló que cada grupo tenía a su cargo distintos sujetos y ninguno – salvo los altos niveles que organizaron la operación- sabía de los movimientos, ni de los actos, ni de los planes a cumplir, ni de la totalidad de la operación pergeñada. Eran perfectos compartimentos estancos y cerrados.
El éxito de la operación –según dichos del citado testigo- dependía del secreto entre los propios componentes de los grupos terroristas. En igual sentido, señaló los informes de fs. 2176/2177 y fs. 109.424/109.428, las opiniones de Bruce Hoffman, Phillips Wilcox, del Dr. Halm, Udo Stinbach, Kenneth Timmerman, Yvs Bonnet y del testigo “A”, todos estos, reseñados en la resolución del juez instructor del 5 de marzo de 2003, obrante a partir de fs. 113.468.
Sobre esa base, los letrados enfatizaron que el resguardo del secreto se cumplía, con mucha mayor razón, respecto de terceros ajenos al plan a ejecutar; circunstancia que demuestra la desvinculación de Carlos Alberto Telleldín del hecho imputado.
Por otra parte, la defensa consideró que se intentó, desde los propios órganos del estado, desviar la investigación alejándose de los verdaderos culpables, para evitar el riesgo de otros atentados.
En el caso particular de autos, la defensa afirmó que hubo un conocimiento previo de que el atentado habría de ocurrir tanto por parte de los dirigentes comunitarios como de los poderes públicos y, en ese sentido, se encubrió a los verdaderos culpables.
En esa línea argumental, la defensa sostuvo que previo al atentado se venía siguiendo a los terroristas hasta que, en un determinado momento, se perdieron de vista.
Para demostrar el conocimiento previo y el encubrimiento alegado, la defensa indicó que la prueba producida en el debate acreditó la presencia de un helicóptero sobre la A.M.I.A. durante la noche previa al ataque; que la embajada de nuestro país en el Líbano alertó acerca de la posible comisión de un atentado en Buenos Aires, según comunicaciones obrantes en la “carpeta de cables” (en particular, las del 21 de mayo de 1994, cable nº 010.207/94 y del 4 de julio de 1994, cable nº 010.307) y la reticencia con que se produjeron los funcionarios de la Secretaría de Inteligencia y del Poder Ejecutivo Nacional a fin de evitar dar respuesta en el debate acerca de las actividades que realizaron en virtud de las alertas. Afirmó que la S.I.D.E., antes de que aconteciera el atentado, estaba tras la pista de los verdades culpables, conforme lo revelaban, a su juicio, las siguientes circunstancias: la detención del ciudadano iraní Khalil Ghatea el 4 de abril de 1994 por el intento de salida del país con pasaporte falso y su vinculación con Ali Reza Halvaei y con el diplomático iraní Moshen Rabbani; las escuchas “clandestinas” por sospechas de actividades fundamentalistas tanto de los nombrados como de la Embajada de la República de Irán en la Argentina y de Kian Ghorbani, motivadas en las causas nº 1395 y 1627 del Juzgado de Lomas de Zamora; el dato de que la embajada de mención había modificado su forma de correos diplomáticos desde el año 1991 y que desde el mes de junio del 1994 ingresaron gran cantidad de funcionarios del régimen iraní vinculados con el Hezbollah, como ser Abbas Khorasani, Mahvash Gholamreza, Ahmed Reza Asghari y Falsafi Allameh Ahmed; la infiltración de informantes de la S.I.D.E. y la investigación emprendida respecto de Moshen Rabbani, tales como su concurrencia a la Mezquita de Flores, sus vínculos con la jefatura del Hezbollah, sus comunicaciones con la Mezquita Shíita de Foz de Iguazú y con la oficina del líder religioso del Hezbollah, Fadlallah, en el cuartel general de esa agrupación en el Líbano.
Además, mencionó que el organismo de inteligencia tenía conocimiento de que Rabbani estaba en la búsqueda de camionetas desde 1993, conforme las fotografías donde se lo observa en distintas agencias de autos y que había estado en las inmediaciones de la playa de estacionamiento “Jet Parking”, el 15 de julio de 1994, fecha en que se estacionó el cochebomba.
Los datos expuestos, destacó la defensa, obran en los distintos legajos anexos a la causa, se contaban con ellos antes del ataque y fueron ocultados a las defensas por el juez instructor. Agregó, en igual sentido, que ningún agente de la S.I.D.E. explicó en el debate cuáles eran concretamente las tareas de seguimiento, cuáles las casas seguras, qué actividad se realizaba en ellas, quienes las realizaban, ni qué información brindó Rashmany u otros infiltrados, con la evidente finalidad de ocultar las acciones emprendidas por la secretaría en procura de evitar el atentado, el cual –recalcó- sabían que habría de ocurrir.
La defensa alegó que prueba el encubrimiento, además, la destrucción de las grabaciones de las escuchas telefónicas a la Embajada de Irán, justificada, según el agente Horacio Stiuso, en que no existía un traductor del idioma farsi; circunstancia falsa si se tiene en cuenta la traducción que, en esa misma lengua, efectuó el organismo de inteligencia de la entrevista mantenida con Moatamer Manoucher (citó fs. 2352/vta.), cuya filmación, añadió, también fue destruida.
La defensa conjeturó que en la reunión llevada a cabo el 25 de julio de 1994 en la residencia presidencial de Olivos entre el juez instructor, su secretaria, los fiscales, los miembros del Poder Ejecutivo Nacional y las fuerzas de seguridad e inteligencia se habló de los verdaderos responsables del ataque, en base a las tareas que habían realizado los servicios de inteligencia nacionales y colaterales y que, a pesar de eso, el ataque no se pudo evitar.
Dedujo ello a partir de las manifestaciones, que calificó de reticentes, de los testigos Hugo Anzorreguy, Andrés Antonietti y Susana Spina que participaron en el encuentro, con el propósito de ocultar el verdadero contenido de la entrevista, como así también en la omisión del juez de volcarlo en el acta.
Desde ese instante, afirmó la defensa, el juez instructor cedió a la pretensiones del Poder Ejecutivo Nacional.
Otro dato revelador del ocultamiento de la investigación fue, según el parecer de la defensa, la omisión por parte del juez Santa Marina y del servicio de inteligencia de informar oficialmente acerca de la detención de Khalil Ghatea el 25 de julio de 1994 al juez instructor, a pesar de la evidente vinculación de éste con Alí Reza Halvaei y Moshen Rabbani.
En el mismo orden de ideas, los letrados enumeraron una serie de actos de ocultamiento a cargo del agente Stiuso; a saber, la prueba recogida por esa secretaría en el lugar del hecho, la documentación que desapareció del Hotel de las Américas, la omisión de explicar los reales motivos que determinaron la observación de su asistido, la exhibición a Elena Schargorodsky y José Antonio Díaz, empleados de “Jet Parking”, de fotografías de personas para su reconocimiento y el secuestro y posterior desaparición del disco rígido del locutorio de la ciudad de Posadas, desde donde su asistido había llamado por teléfono antes de su detención.
La defensa calificó los hechos mencionados como incursos en el delito de destrucción de pruebas, de los cuales, dijo, el juez no era ajeno y los fiscales Mullen y Barbaccia omitieron denunciar en forma dolosa.
Mencionó que la querella de D.A.I.A. también tenía conocimiento del ocultamiento porque su titular, el Dr. Rubén Beraja, participó de la mencionada reunión de Olivos y, además, porque tanto esa institución como A.M.I.A. estuvieron desde el inicio “encima del expediente”.
De haberse investigado oportunamente tales actos delictivos, sostuvo, otras serían las personas juzgadas y otro el curso de la pesquisa. Agregó, además, que tal accionar perjudicó a la defensa porque más allá de la absoluta inocencia de Telleldín es evidente que existía más información que la que surge de las constancias de la causa y de sus innumerables legajos. Quizás, argumentó la defensa, esa información demostraba la verdadera responsabilidad de los autores del atentado y el motivo del encubrimiento.
Continuó manifestando que la prueba palmaria del encubrimiento la constituye la resolución del 5 de marzo de 2003 del juez instructor, quien a modo de sinceramiento -o quizás como método para adelantar una defensa a la responsabilidad del desvío que le cabe en la investigación- dejó expresado quienes son, a su entender, los verdaderos responsables del terrible atentado, esto es, los integrantes del Hezbollah, diplomáticos residentes en la Argentina y funcionarios de la embajada de Irán. Sin embargo, omitió vincular a dichos individuos –sobre quienes pesa un pedido de captura- con su asistido, cuestión que tampoco pudieron hacerlo los acusadores.
En ese decisorio, observó la defensa, el juez intentó regularizar la investigación y “blanquear” los datos que se tenían desde tiempo antes del 18 de julio de 1994, como así también los que se ocultaron con posterioridad en la formación de legajos inaccesibles (mencionó los nros. 313, 204, 267, 261 y las causas nros. 1627 y 1323).
En esa oportunidad, el juez señaló que “todos los elementos que componen las distintas fases de un atentado terrorista no necesariamente deben ser conocidos por quienes intervienen en uno de los tramos indispensables para la ocurrencia del evento”. Con esta afirmación, después de 10 años, el magistrado reconoció el verdadero modus operandi de los actos terroristas, basado en el desconocimiento de los eslabones y planes terroristas y en el máximo secreto en su desarrollo para evitar que se frustren.
En la resolución el juez presumió que los autores de la masacre eligieron a Carlos Telleldín para comprar la camioneta, sin ningún conocimiento adicional a una simple venta, para que una vez hallado el motor, la investigación se distrajera en la persecución de delitos comunes antes de llegar a los verdaderos y únicos autores.
En realidad -continuó la defensa- el instructor pretendió justificar con esa argumentación el desvío que hizo de la investigación, en tanto que desde el inicio dejó de investigar a los verdaderos responsables, para preferir los delitos de doblado de automotores, estafas a las compañías de seguro y un sinnúmero de pesquisas ajenas al hecho terrorista.
Por ello, la defensa solicitó que se extraigan testimonios de las partes pertinentes a fin de investigar los hechos reseñados, constitutivos del delito de encubrimiento doloso de la pesquisa. Requirió, por otra parte, que “se declare la nulidad de todos los secuestros efectuados en esta causa, tanto de repuestos de mecánica como de chapas, en virtud de lo normado en los arts. 138, 139, 140, 166, y 168 C.P.P.N.” (sic), como así también la del secuestro de “un elástico de automotor”, pieza identificada con el nº 34. Realizó, además, una serie de cuestionamientos relativos a la modalidad emprendida por el personal de bomberos para la recolección de evidencias en el lugar del hecho, concluyendo que “los procedimientos utilizados no fueron simplemente negligentes, sino que por alguna razón han sido dolosamente irregulares”.
Sobre la base de las discordancias advertidas en los distintos peritajes practicados en la etapa instructoria acerca de la mecánica de la explosión, como ser el enviado por el Estado de Israel, el realizado por Charles Hunter, el estudio del perito de parte Osvaldo Laborda y el presentado por el personal de bomberos de la P.F.A., la defensa puso en crisis los siguientes puntos: la existencia de un cráter dejado por la explosión; la ubicación del supuesto coche bomba; la cantidad de explosivo utilizado; su composición química y el direccionamiento del explosivo.
Tampoco pudieron sostener cómo ingresó la camioneta al edificio de la A.M.I.A., teniendo en cuenta la posición de los automóviles estacionados, el volquete, la dimensión de la vereda, el ancho y largo de la Trafic, la ubicación de las columnas que sostenían la puerta del edificio y el ancho de la puerta de acceso.
La defensa se preguntó, entonces, por qué no buscar otra explicación, más que forzar la existencia de un coche bomba que, por otra parte, ningún testigo pudo verla. Sólo se cuentan con los dichos de Nicolasa Romero y Carlos Heindenreich, cuyos testimonios quedaron desdibujados por las declaraciones de Daniel Joffe, Juan Carlos Álvarez, Adriana Mena, Rosa Montano de Barreiro y muchos otros que estuvieron en el mismo instante de la explosión mirando hacia la mutual y no observaron el paso de ninguna camioneta.
En ese orden de ideas, dijo que no se analizaron otras hipótesis, como ser la posibilidad de que la carga explosiva haya sido ingresada en la institución disfrazada de materiales de construcción, en bolsas de cal, cemento o yeso.
Cuestionó, además, que una vez que su asistido y otras personas se encontraban detenidas e indagadas como autores del atentado “nunca se los notificó de la realización de las pericias, ni se los puso en conocimiento que tenían el derecho de designar un perito de parte, tal como lo había hecho la querella” y que “la falta de notificación de la realización de las pericias lleva a solicitar la nulidad de las mismas, en virtud de lo normado en el artículo 258 del C.P.P.N.”.
La defensa también impetró la nulidad del acta de fs. 224 del informe preliminar del Departamento Explosivos y Riesgos Especiales de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina que documentó el hallazgo, el 25 de julio de 1994, del motor nº 2.831.467, llevado a cabo por Horacio Lopardo, en presencia de los testigos Pablo Garris y Gustavo Moragues.
Por las cuestiones de hecho y de derecho que explicitó, consideró que el instrumento es ideológicamente falso y denunció a quienes participaron del acto por la comisión del delito de falsificación de documento público y falso testimonio.
Asimismo, entendió que el personal del juzgado de instrucción tenía pleno conocimiento de la falsedad del acta y de las declaración de los testigos señalados y, probablemente, como se hizo en otras ocasiones, se haya armado con su consentimiento. Por esa razón, solicitó que se investigue la posible comisión del delito de falsificación de documento público e instigación al falso testimonio en que podría haber incurrido los integrantes del juzgado instructor, en particular, quienes suscribieron las declaraciones testimoniales puestas en crisis.
En subsidio, la defensa adujo que de la valoración de los testimonios de quienes se pronunciaron en la audiencias acerca del secuestro del motor no es posible acreditar el extremo, en razón que se verificaron cuantiosas contradicciones entre los dichos de Horacio Lopardo, Daniel Seara, Guillermo Scartascini, Alberto Szwarc, Zeev Livne, Dani Dror y Nahum Frenkel, respecto a diversas cuestiones tales como la cantidad de personas que observaron el motor entre los escombros, el tamaño de la supuesta viga que lo aprisionaba, el modo en que éste fue extraído del lugar o la existencia o no de entusiasmo, gritos o entredichos por su hallazgo, entre otras. Tales imprecisiones, sostuvo, demostraron que los nombrados quisieron justificar un falso hallazgo.
Además, arguyó que los dichos de Iván Ziminov Kramanov, Néstor Corsetti, Héctor Rago y Luis Alberto Alvarez generaron mayor desconcierto en tanto afirmaron que el motor se encontró en circunstancias de tiempo, modo y lugar totalmente diferentes a las señaladas por los testigos antes mencionados.
Dejó entrever, además, que Frenkel era un agente del Mossad y afirmó que observó el motor en las ruinas de la A.M.I.A. para generar una vía alternativa con el fin de probar la circunstancia del hallazgo por si se descubría la falsedad del acta que lo documentaba. Sólo así se explicaría que haya sido convocado desde Israel como testigo para declarar en la causa cuando, en verdad, no figuraba en ninguna constancia relacionada con el secuestro del motor.
Se falseó dicho hallazgo, sostuvo, para blanquear la investigación previa que llevaba adelante la S.I.D.E. y otros servicios de inteligencia, sobre personas sospechosas de planificar el atentado, como ser Khalil Ghatea, Kanoore Edul o Rabbani.
Señaló que antes del atentado estaban sobre la pista concreta de los terroristas, pero como no tuvieron éxito, se decidió ocultar esas investigaciones. Mencionó, al respecto, que las intervenciones clandestinas las llevó a cabo el sector de contrainteligencia, mediante el juzgado a cargo del Dr. Santa Marina, conforme lo sostuvo en el debate Lifschitz y Stiuso.
Indicó que el 25 de julio de 1994, fecha en que Khalil Ghatea intentó salir del país con destino a Irán, hecho que fue impedido por la Cámara Federal de La Plata a pesar de que éste contaba con la autorización del juez de la causa, ocurrieron muchos hechos que sólo tienen explicación en la hipótesis antes señalada.
Entre esos acontecimientos, señaló la solicitud del jefe del Departamento Protección del Orden Constitucional de la P.F.A. (D.P.O.C.) para intervenir 32 abonados telefónicos que ninguna vinculación tenían con la causa (fs. 114). Los titulares de esas líneas eran, por un lado, Carlos y Eduardo Telleldín y la agencia “Alejandro Automotores” y, por el otro, un grupo de iraníes, entre los que se contaban a Rabbani, Reza Harati, Rashmany, como así también los abonados de la embajada de Irán.
Los integrantes del D.P.O.C., además de no poder explicar el motivo por el cual la solicitud carecía de fecha -aunque atribuible al 25 de julio de 1994 por la cronología en que la actuación fue agregada al expediente-, dijeron que de ninguna forma sabían a quienes pertenecían esas líneas telefónicas y que el pedido se realizó a requerimiento de la S.I.D.E.; circunstancia que, a juicio de la defensa, demuestra que el servicio de informaciones tenía interés de judicializar la medida.
A fs. 2818 surge que los teléfonos fueron efectivamente intervenidos y el 22 de agosto de 1994 se solicitó la desintervención. El producido de esas escuchas, dijo, se destruyó para ocultar la prueba con la excusa de que estaban en farsi.
Explicó, además, que el 25 de julio de 1994, a fs. 865, la Secretaría de Inteligencia requirió las intervenciones de algunos de los titulares de esos abonados –los hermanos Telleldín y la agencia de automotores-, sin hacer ninguna mención de los “iraníes”.
A esa altura de la investigación, puntualizó la defensa, no existía información, al menos que surgiera de la causa, que permitiera conocer la vinculación de esas personas con el atentado. El pedido de intervención, también incluía un requerimiento a las empresas prestatarias del servicio de telefonía móvil sobre las llamadas entrantes al abonado 768-0902 de Carlos Telleldín, entre los días 9 y 11 de julio de 1994, en particular, el día 10 de julio, entre las 9.00 y las 14.00 horas.
La defensa se preguntó, entonces, cómo fue posible que la S.I.D.E. antes de que haya aparecido el motor cuya numeración conducía a Telleldín, supiera que ese día se había desprendido de la camioneta, por cuanto la primera información que surge en la causa con relación a lo ocurrido en esa fecha la brindó Ana María Boragni en su declaración de la madrugada del 27 de julio de 1994.
Aún admitiendo la posibilidad de contar con información previa a través de interrogatorios a Boragni cuando la contactaron en su casa, la defensa explicó que sólo podrían haber obtenido el dato el día 26 de julio en horas de la tarde.
Ni siquiera aún cuando el requerimiento fuera recibido el 26 de julio –a estar a la rectificación que del auto hizo el juez federal- porque si se contó con esa información a la tarde, difícilmente se haya podido confeccionar el oficio, llevarlo al juzgado, despacharlo y confeccionar los oficios para las empresas telefónicas.
Conjeturó la defensa, en aras de dar una explicación a esas situaciones, que la S.I.D.E. venía siguiendo las operaciones terroristas y, probablemente, sus agentes concurrieron a la casa de Telleldín el 10 de julio de 1994, oportunidad en que presenciaron la venta de la camioneta a Ramón Martínez. Posiblemente, también hayan visto también a los policías de la provincia de Buenos Aires en las inmediaciones de República 107.
Aunque la hipótesis parezca demasiado arriesgada, señaló que también la sostuvo en alguna medida el testigo Claudio Lifschitz y se compadece con algunas situaciones que, de otro modo, no tendrían explicación.
En apoyo de ello, indicó que en la denuncia que Telleldín ratificó en el debate, se expresó que el día en que se desprendió de la camioneta había dos automóviles marca Galaxy en las inmediaciones de su domicilio; uno, de color azul y el otro, de color claro. Este último, no identificado, podría haber pertenecido a la S.I.D.E., no sólo porque en esa época se usaban ese tipo de automóviles en el organismo, sino porque además el gruero Alberto Chueco dijo haber sido detenido ilegalmente por orden del juez instructor, oportunidad en la cual lo “secuestraron” en un automóvil modelo Galaxy.
La desaparición del disco rígido que registró las llamadas efectuadas desde el locutorio de Posadas, entendió la defensa, constituye otro indicio de que el organismo de inteligencia siguió los pasos de su asistido antes del hallazgo del motor. Probablemente, argumentaron, siendo el único locutorio de esa ciudad, quienes siguieron a Telleldín habían realizado llamadas a algún contacto o a la propia base y, con ese accionar, pretendieron no ser descubiertos.
También hizo mérito del escrito del organismo de inteligencia de fs. 870, de fecha 26 de julio de 1994. Allí se observa, dijo, sin nada que lo justifique, que se solicitó al juez instructor la intervención telefónica de los abonados de Jacinto Kanoore Edul y las llamadas verificadas a través de esas líneas.
A pesar de que para esa fecha no se advertía ninguna vinculación de Kanoore Edul con el hecho investigado, señaló que, evidentemente, por el conocimiento previo, la información tenía alguna relevancia.
La relación que Horacio Stiuso y Néstor Hernández dijeron que Kanoore Edul tenía con Telleldín, a partir de una comunicación telefónica efectuada el 10 de julio de 1994, se determinó casi cuatro días después del pedido de intervención, esto es, con el envío de los listados de llamadas del celular de Edul que obra a fs. 1345. Afirmó que la llamada de Kanoore no ha sido contestada por su asistido en razón que éste no estaba en su domicilio y quedó un mensaje grabado en el contestador telefónico, conforme los dichos de Telleldín y las transcripciones del abonado 768-0902, donde Boragni se expidió en igual sentido en una conversación que mantuvo con su abogado.
Probablemente, supuso la defensa, Kanoore envió a Ramón Martínez a comprar la camioneta y llamó para averiguar si la operación se realizó correctamente o, tal vez, fuera un infiltrado de la S.I.D.E. Lamentablemente, dijo, el casete del contestador automático que registraba el contenido de la llamada desapareció de la casa de Telleldín antes del allanamiento.
La defensa sostuvo que se necesitaba “blanquear” el hallazgo del motor para poder introducir entre teléfonos que sí tenían justificación, otros que no la tenían. Es por eso que entre los teléfonos de Telleldín, Monjo y su entorno, se mezclaron los de los “iraníes” investigados en la causa paralela nº 1223, en trámite ante el juzgado a cargo del Dr. Santa Marina. El juez instructor omitió solicitar dicha pesquisa o indagar acerca de los abonados plasmados en la fs. 114 y corrigió la fecha del auto de fs. 866 porque desde ese momento, a juicio de la defensa, decidió no investigar nada de lo que, en verdad, ocurrió.
El 25 de julio de 1994, a partir de la detención Khalil Ghatea -persona investigada con anterioridad al atentado- se introdujo información en forma subrepticia para borrar todo elemento que involucre al Estado y se pretendió introducir en el expediente una investigación extraoficial.
Por la falta de claridad de cómo surgen los teléfonos plasmados en las fojas 114, 865 y 870 la defensa solicitó su nulidad y la de las medidas que se tomaron en consecuencia. Afirmó que esas fojas constituyen falsedades ideológicas porque no obstante existir información relativa a esas líneas telefónicas, ésta no fue volcada a la causa.
Solicitó, además, que se investigue la presunta comisión del delito de falsedad ideológica de tales actuaciones, como así también la responsabilidad que le cupo al juez instructor, sus secretarios Carlos Velasco, Susana Spina y Javier De Gamas Soler, el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado y del Departamento Protección del Orden Constitucional.
La investigación acerca de la ubicación del domicilio y de la línea telefónica de su asistido resultó sospechosa en tanto, argumentó, las agencias de investigación contaba con esa información desde antes de que apareciera el motor.
En ese sentido, indicó que Fabián Strancar, Aldo Álvarez y Ricardo Morano concurrieron a la vivienda de su asistido a las 10.00 de la mañana del 27 de julio de 1994, mientras que los agentes de inteligencia Néstor Hernández y Horacio Stiuso recordaron que la información se obtuvo en horas del mediodía.
Tampoco se explicó el llamado de Hernández a las 10.43 de la mañana, ni que en la causa no se produjo ninguna diligencia en la calle Jonas Salk, cuándo éste era, en realidad, el domicilio de Telleldín plasmado en la factura de compra de la Trafic, secuestrada en el allanamiento de la agencia “Monjo Automotores”.
También alegó la defensa que resultaron inexplicables las medidas de investigaciones adoptadas por las fuerzas de seguridad y de inteligencia en relación al domicilio de República 107. Señaló que en vez de allanar la vivienda y detener al presunto terrorista, permanecieron casi seis horas en el exterior para luego ingresar y conversar amigablemente con los policía Barreda y Bareiro.
Destacó que, siendo amigos de la familia buscada, debieron haberlos demorado o interrogado con mayor seriedad. La única explicación posible es que los investigadores sabían que los habitantes de esa casa no tenían nada que ver con el atentado.
La vigilancia del domicilio, en realidad, tenía por finalidad verificar si se acercaban los verdaderos terroristas, sabiendo que Telleldín era el único que tenía datos palpables sobre el comprador de la camioneta y eliminar la prueba.
Pero lo más inexplicable, sostuvo, es que permanecieran dentro en la casa dos personas del D.P.O.C. y dos agentes de la S.I.D.E. durante toda la noche, acompañados por Diego Barreda y Mario Bareiro, bajo el pretexto de que debían cuidar a los hijos de Boragni.
En el medio de la noche, relató la defensa, se presentó Eduardo Telleldín y, en vez de abandonar el lugar y dejar a los chicos al cuidado de su tío, se quedaron como dueños de casa y permitieron que éste se vaya sin interrogarlo; máxime cuando la vigilancia –a estar a los dichos de los policías y agentes de inteligencia-tenía por objeto constatar los movimientos producidos en la casa. Es decir, afirmó, entró el hermano del supuesto terrorista y no hicieron nada.
A pesar de haber interrogado a Ana Boragni y tener en el mismo momento el boleto de compraventa con el nombre y el domicilio del comprador de la camioneta y probable terrorista, no realizaron ninguna medida en la calle San José, ni se investigó en el Registro Nacional de las Personas el documento de identidad de Ramón Martínez, ni se realizaron combinaciones numéricas para averiguar a quién le pertenecía, ni fueron a los aeropuertos, ni a Migraciones, ni a los hoteles para buscarlo.
Nada hicieron, dedujo la defensa, porque se sabía desde un inicio -por la metodología utiliza por el terrorismo internacional- que todos los atentados se cometen utilizando una camioneta comprada con documento falso a revendedores, conforme lo reconoció el juez instructor en su primera resolución del 9 de agosto de 1994 y en la última, del 5 de marzo de 2003.
La circunstancia de que no se haya allanado la vivienda ni el 26, ni el 27 de julio demostró, según el parecer de la letrada, que la inocencia de Telleldín y de su familia era sabida desde un principio. También evidenció el extremo apuntado, expresó, el proceder de las fuerzas de inteligencia y de seguridad en la detención de su asistido.
Por otra parte y en razón de las consideraciones que explicitó, la defensa solicitó la nulidad de la detención de su asistido; del allanamiento practicado el 28 de julio de 1994 en el domicilio de Carlos Alberto Telleldín y de la incorporación al proceso de un papel que contenía la inscripción “Embajada Islámica de Irán”, un domicilio y dos números de teléfonos, supuestamente hallados en oportunidad de dicho allanamiento. También consideró que su asistido fue interrogado ilegítimamente por agentes de la S.I.D.E. y por la Policía Federal el día que fue detenido.
Impetró, además, la nulidad de las declaraciones indagatorias de su asistido prestadas a fs. 34.397 y 37.491 “en tanto se ha vulnerado el derecho de defensa en juicio, toda vez que fue inducida su declaración, indicando el juez qué es lo que se pone y qué es lo que no debe figurar”, en violación al art. 296 del C.P.P.N. y 18 de la Constitución Nacional. Ello, por cuanto afirmó que se omitió volcar las expresiones de Telleldín vinculadas a los hechos extorsivos que sufrió por parte de las brigadas de investigaciones de Lanús y Vicente López, como así también la presunta participación del abogado Gustavo Semorile en la compra de la camioneta Trafic el 10 de julio de 1994.
Agregó que “las conductas del juez y de sus secretarios Spina, De Gamas y Velasco deben ser investigadas por ser constitutivas de los delitos de encubrimiento de la posible participación de Semorile en el atentado, incumplimiento de los deberes de funcionario público por la omisión de denunciar los delitos de extorsión cometidos por la policía bonaerense y probable desvío de la investigación, a través del manejo doloso e irresponsable de los elementos de prueba que se acercaron a la investigación”.
La maniobra de encubrimiento de todo aquello que se acercara al comprador de la camioneta se repitió, a juicio de la defensa, con el proceder del juez instructor respecto del reconocimiento que realizó Telleldín sobre un alto funcionario de la embajada de Irán, Reza Ashgari. En definitiva, mencionó que su asistido desde el primer momento dijo toda la verdad de los hechos y de sus hipótesis.
En otro orden de cosas, afirmó que su asistido recibió un agravamiento en las condiciones de detención con el objeto de presionarlo de modo de que no dijera lo que sabía y “para que accediera a los pedidos que le iban a hacer”. Explicó que tenían que inventar un culpable porque “necesitaban alguien que cerrara aunque sea un poco más la investigación”.
Alegó que se lo coaccionó mediante los allanamientos de los domicilio de sus familiares, como así también con la detención de su madre, Lidia Seeb, y de su hermano Eduardo durante el mes de diciembre de 1994. Esas medidas, adujo, no tenían ninguna justificación en el contexto del atentado y fueron preparadas con anterioridad entre la S.I.D.E.
En ese sentido, mencionó que Mario Bareiro, quien para esa época trabajaba para el organismo de inteligencia y mantenía una relación amistosa con la familia del imputado, ofreció a Eduardo Telleldín un arma de fuego para que la policía requisara su domicilio antes de que éste registrara la compra. En respaldo de ello indicó la conversación mantenida entre Eduardo Telleldín y Mario Bareiro en oportunidad del allanamiento, y la de éste último con el oficial Lociego, a quien le comentó que “yo no estoy ajeno a la investigación que estás haciendo... estoy aportando un granito, y estoy trabajando con un organismo, que está trabajando con Uds. A eso se debe la continuidad de la confraternización con esta gente...” y “quedate tranquilo, que esto es así, e inclusive yo llamé donde tenía que llamar para explicar cuál era la situación y me dijeron que me quedara tranquilo, que Galeano está al tanto del acercamiento con esta gente, y todo...”.
Además, indicó que Bareiro y Eduardo Telleldín fueron condenados por motivo de la tenencia de ese arma de fuego.
Sostuvo que el resto de los allanamientos dispuestos el 26 de diciembre de 1994 (fs. 6831), no tenían ningún fundamento válido, razón por la cual solicitó la nulidad de las diligencias efectuadas. Recalcó que con dichas medidas se pretendía, en realidad, presionar a su defendido. Mencionó como “un nuevo método de presión” el traslado de su asistido a la unidad carcelaria nº 1 del Servicio Penitenciario Fedderal, ocurrido en enero de 1995. En ese lugar, dijo, se concretó la primera extorsión a Telleldín para solucionar la investigación.
Al respecto, afirmó que según la certificación de fs. 8206 se presentó el capitán Vergéz ante el juez instructor para solicitar una entrevista con Telleldín, aduciendo que era pariente del nombrado. Añadió que el juez facilitó las instalaciones del juzgado para que la entrevista se llevara a cabo.
Tampoco existe ninguna constancia de que se haya acreditado el parentesco aludido por Vergéz, ni que se haya pedido la aprobación de Telleldín, a pesar de que éste no tenía ningún interés en mantener la entrevista.
La constancia de la solicitud de esa entrevista fue suscripta por el secretario Velasco quien, al ser interrogado en el debate, no supo explicar por qué motivo consignó que Vergéz era pariente de Telleldín. Asimismo, el referido capitán tampoco confirmó que se haya presentado como un pariente, sino como un conocido del padre.
Refirió que en la entrevista que mantuvieron en el juzgado, en conocimiento del magistrado instructor, Vergéz tenía colocado micrófonos y, lamentablemente, expresó la defensa, la cinta que registró la escucha no fue aportada a la causa. Tuvo por cierto, además, que el juzgado participó en la operación al autorizar a Vergéz, Romero y una persona de apellido Luna para que grabaran la conversación con Telleldín en la cárcel de Caseros.
En realidad, afirmó la defensa, los nombrados intentaron entrar en confianza con su defendido para después extorsionarlo. Asumieron que mantuvieron alrededor de cuatro o cinco entrevistas con Telleldín pero de ninguna forma admitieron, por resultar autoincriminatorio, el ofrecimiento extorsivo que hicieron al imputado, consistente en que reconociera a tres personas de nacionalidad libanesa que habían sido detenidos en la República del Paraguay por tráfico de drogas como aquellos que se habían llevado la camioneta de su domicilio, a cambio de USD 1.000.000.
Como su asistido no aceptó el ofrecimiento, Vergéz lo amenazó con complicarle la situación en la causa y colocar droga en el domicilio de su esposa, recordando que Boragni, al declarar en la audiencia, refirió que Vergéz quiso colocar micrófonos en su vivienda, visitándola en más de una oportunidad.
Telleldín denunció la extorsión en el mes de abril del 1995 ante el juez Bergesio y lo hizo públicamente en junio del mismo año para evitar que la maniobra del juzgado y de la S.I.D.E. se concretara. Dijo que esa noticia inquietó al nombrado Vergéz, tal como surge en la escucha que mantuvieron éste y Boragni, reproducida en la audiencia de debate. Ante ello, Vergéz negó su intervención en las grabaciones puesto que no podía dar ninguna explicación sin comprometerse.
Explicó la defensa que la causa iniciada con motivo de esa denuncia fue enviada para su investigación al juzgado a cargo del Dr. Galeano, en virtud de la conexidad con la causa A.M.I.A.. El juez no dio ningún trámite a esa causa, omitió investigar a Vergéz y a Romero ni tampoco realizó medidas de prueba para determinar quién estaba detrás del ofrecimiento.
Ello evidencia, a juicio de la defensa, que el juez tenían pleno conocimiento de la maniobra y que fue partícipe en el delito. Además, se introdujeron datos falsos en la certificación de fs. 8206, en lo relativo a que Vergéz era familiar de Telleldín cuando, en realidad, sabían que no era cierto; es más, los empleados del juzgado reconocieron en el debate que el nombrado no se había presentado aludiendo tal parentesco y que se debió a un error.
La defensa expresó que, según las declaraciones de Vergéz y de Romero, quien estaba detrás de todas estas maniobras era la propia Secretaría de Inteligencia de Estado que, no sólo pagó al primero, sino que a través de él se dio a la familia Telleldín una suma mensual para su manutención de alrededor de $ 5.000, como así también el monto necesario para pagar una fianza de Boragni en una causa criminal.
Así lo declaró Telleldín, desmintiendo al agente Stiuso, quien adjudicó el pago al sector de “Sala Patria”, de modo de desligarse de su responsabilidad en tanto en esa época estaba a cargo de la investigación. Destacó que la fiscalía dio por probado el salario de Vergéz.
Por todo ello, solicitó que se extraigan testimonios y se remitan a la cámara del fuero a fin de que se investigue la comisión de los delitos de amenazas coactivas, por parte de Vergéz, Daniel Romero, una persona de apellido Luna y los Dres. Galeano, Velasco, Spina y De Gamas, como partícipes necesarios del hecho descripto y autores de los delitos de falsedad ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También requirió que se investigue el funcionario de la S.I.D.E. que ordenó o tenía conocimiento del ofrecimiento, así como también el que efectuó los pagos.
Exigió, además, que se investigue la conducta de los fiscales Mullen y Barbaccia por cuanto tenían conocimiento de la maniobra y encubrieron el hecho. Por último, manifestó que el Dr. Nisman reconoció la extorsión de Vergéz y realizó las denuncias correspondientes.
La defensa sostuvo que en el mes de marzo de 1995 su asistido, bajo el pretexto de un reconocimiento por parte del Cuerpo Médico Forense (según fs. 10.321), fue trasladado al juzgado federal a fin de ser interrogarlo más de una vez sobre los mismos temas, para recabar prueba clandestina y recibir información que terminaban conociendo sólo el juez, sus secretarios, los fiscales y, probablemente, los representantes de las querellas Rubén Beraja y Luis Dobniewski.
También, expresó, lo convocaban al juzgado para mantener entrevistas con todo aquél que lo solicitara, “tal como si fuera un testigo de la causa”, como sucedió con el procurador general de Israel, conforme surge de la constancia de fs. 10.357.
Entendió la defensa que el código procesal autoriza solamente al juez y a los fiscales presenciar las declaraciones indagatorias y que no regula otra forma para entrevistar a un imputado. En el caso, apuntó, tampoco se solicitó la autorización del imputado, ni se convocó al abogado defensor para que presenciara el acto.
Señaló que esa situación puso en evidencia que el juez instructor cedió a las presiones del Estado de Israel y era contemplativo con todos y cada uno de los requerimientos que se le formulaban.
Expresó la letrada que el juez aprovechó todas las hipótesis que Telleldín le había comentado y muchas de esas personas fueron usadas para armar prueba por el propio juzgado en contra de Telleldín a través de Gustavo Semorile, Miriam Salinas, Pablo Ibáñez, Hebert Núñez y el coimputado Ariel Nitzcaner.
Al respecto, refirió que misteriosamente aparecieron Salinas e Ibáñez como imputados en esta causa y que el juez instructor -aún cuando no consta en la causa- mantuvo una entrevista “clandestina” con el abogado Semorile, conforme lo declaró Claudio Lifschitz en el juicio. Por lo demás, señaló que las maniobras del juez con Semorile fueron reconocidas por el Ministerio Público Fiscal en su alegato.
Expresó que en una primera entrevista el juez interrogó a Semorile sobre la extorsión que había sufrido Telleldín en la Brigada de Investigaciones de Lanús. El abogado le refirió que lo “entregó” a esa división policial para que lo extorsionaran porque sabía que en ese momento contaba con dinero por la venta de un lavadero en la localidad de Olivos.
Si bien no se cuenta con el video de esa entrevista porque el juez ordenó su incineración, la defensa dijo que los detalles que Semorile expresó al juez fueron recreados en el debate a partir de las declaraciones Claudio Lifschitz, Alberto Spagnuolo y Carlos Telleldín; éste último, por los comentarios que le efectuó el secretario De Gamas. Por otra parte, se probó que Semorile retuvo la motocicleta Kawasaki que Telleldín entregó a la brigada policial.
Lifschitz reconoció que el juez exhibió el video a Semorile de modo de lograr que cediera a todas sus peticiones, esto es, dijo la defensa, una nueva extorsión en la causa efectuada directamente por el magistrado instructor. Es por eso que en tono sarcástico y típico de la mafia, el secretario De Gamas expresó a su asistido que “el estúpido de Bottegal no quiso declarar bajo identidad reservada y quedó preso. Si hubiera aceptado, estaría como Semorile”. Aclaró que Bottegal había oficiado de abogado de Telleldín frente a la Brigada de Vicente López por la extorsión sufrida el día 14 de julio de 1994.
De este modo, adujo la defensa, Semorile colaboró con el juzgado en armar prueba en contra de Telleldín, Ribelli y Rago. Contra el primero, acercó a sus entonces clientes Miriam Salinas, Pablo Ibáñez y Hebert Núñez -que eran del entorno de su mujer y que tenían una enemistad manifiesta en su contra- para que declaren falsamente en contra de Telleldín.
Consideró que Semorile colaboró en esta causa a cambio de no ser imputado como partícipe necesario en el hecho extorsivo cometido por la Brigada de Lanús y, probablemente, para no ser investigado en todas las sospechas que tenía Telleldín sobre él en relación con el atentado. Además, dijo que trabajó como informante del agente de la S.I.D.E. Luis González, alias Pinocho, que a partir de 1995 fue la mano derecha del juez instructor.
Por otra parte, la defensa entendió que se presionó a los testigos aludidos para que accedan a las peticiones del juez. Por esa razón, dedujo, Ibáñez todavía continúa imputado por el atentado, con falta de mérito.
En ese orden de ideas, consideró que se allanó el domicilio de Ibáñez y Salinas, encargándose la diligencia al comisario Salguero, quién ingresó a la investigación de mano de los fiscales. En el cateo se secuestraron 483 gramos de cocaína (según el acta de fs. 18.569), lo que significaba una considerable cantidad de dosis y constituía un motivo para presionar a Ibáñez y a su mujer para que declaren como el juez instructor les requería.
Refirió que el allanamiento se había realizado con la finalidad de buscar elementos de prueba relacionados con el hecho motivo de juzgamiento y, a pesar de no encontrar ningún elemento de interés, a ambos se les imputó la participación necesaria en el atentado; interpretación que, a juicio de la defensa, fue utilizado por el magistrado como un método de presión.
Indicó que ambos se negaron a declarar (fs. 16.861 y fs. 16.863); oportunidad en la que fueron asistidos por el abogado Gustavo Semorile. No obstante, sin haber cambiado en nada la imputación que se le efectuó y sin ninguna prueba que demostrara su inocencia, Miriam Salinas fue automáticamente sobreseída, previo permanecer encerrada en las dependencias de la fiscalía por más de 24 horas.
En el juicio, Salinas declaró que no le fue permitido ver a su marido, ni llamar por teléfono para comunicar su situación a algún familiar y que la interrogaron incesantemente sobre cosas que no tenía ni idea; es más, añadió, en el juzgado la atormentaron con las conversaciones que había mantenido con Boragni acerca de sus relaciones sexuales. Por su parte, el abogado Semorile estuvo presente y nada hizo para detener esa situación de tormento psicológico, constitutiva de apremios ilegales.
Continuó mencionando la defensa que antes de encontrarse firme el sobreseimiento se transformó en testigo de identidad reservada y que su declaración también se filmó, según los dichos de Lifschitz y del fiscal Barbaccia a fs. 5488 vta. de la causa 9789, que reconoció que se efectuó en dependencias de la fiscalía. El extremo, dijo la defensa, demostró que también Mullen y Barbaccia estaban en conocimiento de las maniobras de privación ilegal de la libertad, apremios ilegales y torturas psicológicas ejercidas contra Salinas y, en lugar de denunciarlo, fueron parte y encubridores de la situación.
Dijo que las presiones tenían como finalidad lograr una declaración de Salinas en contra de Ana Boragni, Telleldín y Alejandro Monjo, intentando relacionar a estas personas con el atentado e inventando un viaje al Paraguay que después, en el juicio, la testigo rectificó. Además, se la convenció para que grabara en forma subrepticia a su entonces amiga Boragni y a Hugo Pérez.
Consideró la letrada que Salinas accedió a los requerimientos en virtud de la terrible situación que padeció en el juzgado y, además, porque su marido se encontraba detenido, razón que la determinó a “entregar a su amiga y acceder a cualquier petición”, aún a costa de incurrir en un falso testimonio.
Mencionó que Ibáñez, por su parte, aún estando imputado por el atentado, declaró en el mismo legajo también como testigo de identidad reservada. Dijo que, en su caso, más encubierto aún, atento que se le asignó para identificarlo la misma letra que su mujer -la “K”- siendo su declaración casi un calco de la de su esposa.
La defensa entendió que existían más elementos que autorizan a declarar la nulidad de la declaración testimonial de Salinas porque fue torturada por el propio juez, los secretarios y fiscales. También requirió la nulidad de la declaración que la nombrada prestó en el debate en tanto no fue informada que la primera había sido anulada, lo que hubiera significado la ausencia de temor de incurrir en falso testimonio. Explicó, además, que si Salinas no declaraba en similares términos que en la etapa anterior, incurría en falso testimonio y si confesaba la presión que ejercieron el juez y su abogado, corría riesgo de que aquél le agravara la situación procesal a su marido, imputándolo como partícipe necesario en el atentado. En esas condiciones, la testigo no declaró con total libertad y, por esa circunstancia, debía ser anulada su declaración.
También solicitó que se descarten las valoraciones que efectuaron tanto las querellas A.M.I.A. y D.A.I.A. como la fiscalía de los dichos de Salinas en la instrucción porque a pesar de encontrarse anulada, las partes se remitieron a esa prueba inválida que, de ninguna forma, puede ser utilizada para fundar el alegato.
Mencionó que otra colaboración de Semorile, a cambio de su impunidad, fue la presentación de Hebert Núñez, un amigo de Salinas e Ibáñez y cliente de aquél. Sostuvo que el nombrado también fue utilizado en el armado de la prueba en contra de Telleldín.
Dijo que Hebert Núñez, de escaso nivel intelectual, ni siquiera pudo declarar en el juicio porque acostumbrado a las promesas y a los tratos en el juzgado de instrucción, solicitó previa a su deposición que se le hiciera una constancia para que se le reduzca la pena o que se le otorgue salidas transitorias en otra causa. Al denegársele la petición y en virtud de la reticencia del testigo, se lo arrestó a fin de que recapacitara en su actitud. Citado nuevamente, expresó la defensa, volvió a repetir sus peticiones y solicitó una entrevista con la fiscalía.
Si bien el testigo no explicó el motivo de su pedido, probablemente, conjeturó la defensa, hayan sido los fiscales quienes hicieron los arreglos en la instrucción junto con el juzgado y, por ello, quería reclamar alguna promesa incumplida. Frente a la persistente reticencia, dijo, el tribunal dejó sin efecto su declaración.
Expresó que las escuchas telefónicas practicadas a Hebert Núñez en el marco de otra causa y que fueron agregadas a la causa, evidenciaron el armado de la maniobra. Así, Hebert Núñez hablando con su madre, pidió que Pablo, en obvia referencia a Pablo Ibáñez, le diga a Gustavo, por Gustavo Semorile, que se presenten en la prisión porque había sido convocado a declarar como testigo en el juicio oral y que, de no hacerlo, se iba a descubrir todo (según fs. 113.369/113.393).
Por esa razón, dedujo la defensa, el testigo no se animó a prestar declaración testimonial -pese a las claras advertencias del tribunal acerca de las consecuencias que su actitud- puesto que “era mejor negarse a declarar que confesar que había declarado falsamente en contra de un imputado”.
La defensa señaló que “después de dar toda esta delincuente colaboración, entregando a sus propios clientes para los tratos más sucios” e instigarlos a cometer falso testimonio, fue el propio Semorile quien se prestó a la maniobra, declarando bajo reserva de identidad en contra de Ribelli. Así, el juez, debiendo imputar a Semorile la extorsión de la Brigada de Lanús, le tomó declaración testimonial en la que se arreglaron y convinieron los términos.
Al ser peguntado Semorile en el debate acerca de la motocicleta Kawasaki que recibió “como parte del botín” y frente a todo lo que Telleldín había hablado en la prensa sobre el tema, éste admitió que tuvo la motocicleta en su poder como parte de pago de los honorarios profesionales. Tal circunstancia, expresó la defensa, no es cierta en tanto en el expediente que tramitó ante la justicia de Gualeguaychú el nombrado no actuó como abogado de Telleldín (conforme las constancia agregadas a la causa 9789).
Por lo expuesto, la defensa solicitó que se extraigan testimonios y se remitan a la cámara del fuero a fin de que se investigue la comisión de los delitos de encubrimiento, amenaza coactiva, privación ilegítima de la libertad, tortura, instigación al falso testimonio agravado, manipulación de la prueba y asociación ilícita contra Juan José Galeano, los secretarios Susana Spina, Carlos Velasco y Javier De Gamas, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, y Gustavo Semorile.
La defensa sostuvo, en otro orden de cosas, que los fiscales de mención inventaron una nueva prueba en contra de su asistido, presionando a Ariel Nitzcaner para que modificara su declaración indagatoria.
Esta vez, dijo, utilizaron promesas y generaron confianza en el imputado para que diga que la camioneta que había reparado no tenía el motor quemado de “Messin”.
Expresó que Nitzcaner, una vez detenido, fue torturado en la Brigada de San Martín, conforme lo declaró en la audiencia de debate, citando como prueba de ello las escuchas del teléfono 768-0902 donde su hermano y abogado le explicó a Ana Boragni los detalles de la tortura.
Por otra parte, sostuvo que los fiscales sabían que podían presionarlo de cualquier forma por cuanto conocían su personalidad a partir de las propias escuchas. Así, mencionó que a fs. 108 de las transcripciones del D.P.O.C., en una conversación entre Boragni y Nitzcaner, mientras relata las torturas, dijo: “... Vos sabés lo que es que te boxeen, me dice él, y le digo hermano que querés que te firme, vos escribís la declaración y yo te la firmo, me dicen no, quiero que la describas vos y que la firmes vos, y le contesto traeme un papel que te la escribo y te la firmo ya
... yo le dije, mirá te pido un favor loco, yo me hago cargo de todo, pero largame al chapista, me hago cargo de lo que quieras, estos duermen en todo lo que te imaginás, yo te firmo lo que vos quieras, hago lo que vos quieras, pero lárgamelo es un tipo jovato... colombiano que no tiene radicación, le arruinás la vida me entendés...”.
La defensa señaló que en enero de 1995 los fiscales Mullen y Barbaccia llamaron por teléfono a Ariel Nitzcaner, avisando que irían a su casa. Sin la presencia de su abogado defensor hicieron, según la defensa, un fino trabajo psicológico, generándole confianza para que declarara falsamente en contra de Telleldín.
La visita de los fiscales a su casa, relató, fue denunciada por Nitzcaner en el juicio y para acreditarlo se convocó como testigo a la madre del imputado, quien refirió los detalles de la visita, comentando que comieron empanadas en su casa. En esa entrevista, que duró aproximadamente una hora, los representantes del Ministerio Público Fiscal explicaron a Nitzcaner que ampliara su declaración indagatoria y conversaron acerca del motor y de la camioneta; esto es, del hecho por el que está imputado.
Por su parte, Ariel Nitzcaner en el juicio expresó que los fiscales se presentaron para armar lo que iba a ser la ampliación de la indagatoria.
Al día siguiente, según mencionó la defensa, Mullen y Barbaccia enviaron un automóvil con un chofer en su busca. En dependencias de la fiscalía, le exhibieron las fotografías del motor de “Messin” para convencerlo que ése no era el que se colocó en la carrocería de la camioneta cuyo titular había sido Pedro Sarapura. Para ello –prosiguió citando sus dichos- se utilizó una lupa y le explicaron que allí se veía “la tapa de cilindros y todo el material plástico quemado y derretido como un helado y que el motor que él vio no estaba en esas condiciones”. Nitzcaner, en la audiencia, dijo que Mullen hizo alarde de la buena idea que había tenido en comprar la lente; luego de ello, se dirigieron al juzgado para ampliar la declaración indagatoria.
Dijo que el imputado Nitzcaner declaró en el juicio mirando a la cara a los fiscales Mullen y Barbaccia, recordándoles que en la visita a su casa ellos le habían prometido que si colaboraba no iba a estar en el juicio; concretamente dijo, ¿Y, doctor, no era que no iba a estar acá?.
Quedó en claro, pues, que esa reunión se materializó para armar la declaración que, en definitiva, se llevó a cabo el día siguiente.
En esa oportunidad, indicó la defensa, Nitzcaner se refirió al estado del motor que le fue entregado por su asistido y a un supuesto ofrecimiento de un automóvil Renault 12 que le habría efectuado Telleldín para que declare falsamente en su primer declaración. No obstante, la defensa arguyó que dichas manifestaciones no fueron vertidas por Nitzcaner, puesto que se utilizó un vocabulario impropio del imputado, a juzgar por su declaración en el debate, y que demuestra, a su juicio, que la declaración fue armada a pedido de los fiscales de la etapa anterior.
Sostuvo la defensa que si los fiscales no hubieran visitado a Nitzcaner y si no lo hubieran trasladado para que ampliara su declaración, el acto no se hubiera llevado a cabo. Dijo que “nada tenían que hacer los fiscales en la casa de un imputado, entrevistándose con él sin la presencia de sus abogados defensores”.
Por todo ello, entendió que se violaron las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, verificándose la “absoluta parcialidad y el armado de prueba falsa en contra de un imputado”. En esas condiciones, la defensa impetró la nulidad de la declaración indagatoria de Ariel Nitzcaner prestada el 17 de enero de 1995 por contravenir los términos del art. 296 del C.P.P.N. Además, entendió que el imputado declaró bajo la promesa de no llegar a juicio.
Expresó que el acto acarrea un perjuicio directo para la defensa de su asistido, en tanto los dichos de Nitzcaner fueron utilizado en su contra tanto en el procesamiento, como en el auto de elevación de juicio y en las acusaciones finales.
Sin perjuicio de ello, la defensa solicitó que se extraigan testimonios a fin de que se investiguen las conductas de los mencionados fiscales y del juez instructor e incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber omitido denunciar las torturas sufridas por Ariel Nitzcaner en la Brigada de San Martín.
La defensa, por otra parte, sostuvo que la pretensión de la fiscalía de ampliar el procesamiento de Telleldín y Pérez, como así también de detener a Ana María Boragni, formulada en el mes de junio de 1995, constituyó otra presión a su asistido motivada en el acercamiento del primer aniversario del atentado para demostrar a la sociedad avances en la pesquisa.
Dijo que el pedido se realizó “con valoraciones francamente irrisorias y aún constancias falsas”, como por ejemplo que Telleldín no había concurrido a la calle San José, cuando dicho extremo estaba acreditado. Muchas de sus valoraciones no podían probarse y, por esa razón, recurrieron en más de seis oportunidades a la frase “sin palabras” para no explicar absolutamente nada.
Afirmó que la “preocupación por el aniversario” se repitió durante todos los años de la instrucción y para cada una de esas fechas se construyó una historia falsa. Así fue que para el 18 de julio de 1996 se intentó involucrar a la Policía Bonaerense; maniobra que, a juicio de la defensa, fue realizada con la aquiescencia del Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y la Secretaria de Inteligencia de Estado.
De esa manera se construyó lo que la defensa denominó “la historia oficial”, utilizando lo único que tenían en ese momento; a saber “un único detenido que a todas luces insultaba la inteligencia internacional al querer sostener que un doblador de autos era el terrorista que había puesto la bomba en la A.M.I.A.”.
Reflexionó que se precisaba inventar culpables con más peso que, además, sirvieran a los intereses políticos de aquellos que armaron la historia, echando mano a las hipótesis iniciales de Telleldín -de ninguna forma confirmadas- y que habían mantenido “clandestinamente” entre ellos mismos.
En ese entendimiento, afirmó, hasta se pensó en secuestrar a Nahuel Telleldín, el hijo de su asistido. El extremo fue reconocido por el juez instructor en la presentación que formuló ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Atentados de la Embajada de Israel y de la A.M.I.A. que obra en el expediente, adjudicando la idea a su entonces prosecretario Claudio Lifschitz. Tal propósito, esgrimió la defensa, demostró que entre los planes del juzgado se podía llegar a cualquier cosa y que todo era válido; máxime cuando el juez ni siquiera denunció o, al menos, apartó del tribunal al funcionario en cuestión.
Sostuvo que el armado de la “historia oficial” comenzó aproximadamente en el mes de mayo de 1995. Rubén Beraja reconoció que se reunió con la Dra. María Luisa Riva Aramayo para hablar del tema “Brigadas” y la posible participación de policías bonaerenses en el atentado. Apuntó que hasta ese momento no surgía en la causa ninguna hipótesis acerca de la relación entre Telleldín y esa fuerza policial, ni tampoco la noticia había sido publicada en los medios de comunicación.
La reunión mencionada, expresó la defensa, exteriorizó el conocimiento de los representantes de las querellas de todo lo que ocurría dentro del juzgado.
Refirió que el 6 de junio de 1995 el juez ordenó el traslado de Telleldín a la cárcel de Devoto con la intención de presionar con un nuevo agravamiento de las condiciones de detención, que calificó como “casi una tortura”. Para justificar el cambio de unidad, se construyó una denuncia que formuló un interno de la Unidad nº 16 del Servicio Penitenciario Federal ante el juez instructor alertando que la vida de Telleldín corría peligro.
El detenido, de nombre Barragán, casualmente estaba a disposición del juez Juan José Galeano, secretaría de la Dra. Susana Spina. Seguramente, especuló la defensa, en el caso se le prometió mejorar su situación, razón por la cual solicitó que se extraigan testimonios para su investigación.
Ese mismo día su asistido recusó al magistrado instructor por prejuzgamiento, siendo rechazada la pretensión. Empero, expresó que la Dra. Riva Aramayo solicitó a Telleldín una reunión privada antes de tener lugar la audiencia formal de recusación. En el encuentro, dijo, la camarista requirió que desista de la recusación, convenciéndolo con el argumento de que en caso de prosperar el apartamiento, se perdería todo el avance de la causa y se demoraría su libertad que, le prometió, era inminente.
Indicó que su asistido, acostumbrado a que se manejen sus declaraciones y su defensa al libre arbitrio de los jueces, accedió a desistir de la recusación.
No obstante, prosiguió la defensa, las condiciones de detención de Telleldín eran terribles; permanecía encerrado prácticamente las veinticuatro horas, sin siquiera poder salir al patio, extremo que, según afirmó, fue confirmado por el testigo Jorge Damonte. Además, dijo, Telleldín había presentado un habeas corpus, como consta en estas actuaciones, el cual no fue tramitado por orden del juez, conforme lo expuso su asistido en la denuncia que formuló.
Indicó que la jueza Riva Aramayo se presentó en la unidad carcelaria y, en una reunión en la que Telleldín estuvo presente -tal como lo denunció- el director del establecimiento explicó que el juez Galeano dio la orden telefónica de no dar curso a los habeas corpus presentados por Telleldín y mantener esas condiciones de encierro. Finalmente, se inició una causa judicial, modificándose las condiciones de detención.
Con esas acciones, más otra visita que efectuó en la unidad carcelaria donde se encontraba su asistido, la jueza en cuestión se ganó la confianza de Telleldín. Para entonces, agregó, el juez Galeano “no tenía ninguna llegada como para hacerle ninguna presión, ni amenaza nueva”.
La ruptura de la relación entre Telleldín y el juez, indicó, fue explicada por Rubén Beraja en oportunidad de prestar testimonio en el debate, diciendo que “se generó por las presiones que había ejercido el juez respecto del imputado”; relación que habría de reconstruirse -de acuerdo a las palabras de Beraja-después de la intervención de la camarista. El nombrado también hizo hincapié en la confianza que ésta infundiría a Telleldín.
En rigor, se preguntó la defensa, ¿por qué una jueza tenía que ir a visitar a un detenido para generar confianza?; ¿qué necesidad de tener una relación de esa naturaleza con un detenido?, apuntando que ninguna relación cabe entre jueces e imputados más allá de la que establece el código procesal; esto es, el juez llama al detenido en indagatoria y este declara o no, según su voluntad. “Probar la hipótesis acusatoria es tarea del juez y de los fiscales, independientemente de los derechos que ejerza el imputado”, expresó la defensa en su alegato.
Consideró que “cualquier conducta fuera de estos parámetros es absolutamente nula, pero si tiene una finalidad detrás, como en este caso, es delictiva”.
Alegó la letrada que la confianza que la Dra. Riva Aramayo quería infundir en Telleldín tenía por objeto que éste expresara la imputaciones que, a la postre, efectuó el 5 de julio de 1996 contra los policías bonaerenses.
Es por esa razón la jueza dijo a Telleldín –según lo reconoció Beraja- que “estaba tomando un riesgo que no le correspondía pero que lo hacía porque comprendía la importancia de la causa y porque creía que ella tenía, por experiencia, capacidades como para encontrar nuevos caminos en lo que se refiere a las declaraciones de Telleldín”.
Refirió la defensa que la Dra. Riva Aramayo volvió a entrevistar a su asistido y comenzó a interiorizarse de la causa, en particular, de las extorsiones de la policía bonaerense de las cuales había sido víctima. Le dijo, además, que quería su colaboración y que sabía de su inocencia. Por su parte, su asistido le relató todos los episodios vividos.
Afirmó la abogada defensora que en ese momento comenzó la coacción. Las palabras textuales proferidas por la camarista en la oportunidad, según consta en la denuncia de Telleldín, fueron: “...tenemos que armar una historia creíble, no queremos más ladrones de autos ni de estéreos, conmigo no se jode, te traigo la palabra del presidente Menem y de Corach, pedí el funcionario que vos quieras que lo traigo para que te confirme lo que te digo...”. El vocabulario utilizado, indicó, era el típico de la Dra. María Luisa Riva Aramayo.
Éste, señaló la defensa, era el nuevo camino que tomarían las declaraciones de Telleldín; un camino absolutamente ilegal y que consistía en armar, a través del único imputado, una historia que “cierre tanto la causa como la responsabilidad sobre encontrar un culpable. Que cierre todas las sospechas que había sobre el presidente Menem. Que cierre absolutamente todo”.
A entender de la defensa, fue la jueza de la cámara federal quien en verdad “intentó utilizar episodios de la realidad para convertirlos en una historia creíble, junto con las mentiras que se fueron armando”.
En esa época, explicó, había transcurrido el primer aniversario del atentado y, ante toda la comunidad judía, Rubén Beraja dio una respuesta que sólo la podía conocer si era parte de la maniobra que se estaba gestando. Así, el 18 de julio de 1995 el nombrado dijo que “la Policía Bonaerense está involucrada en el atentado, que Telleldín diga lo que tiene que decir y que se vaya a su casa”.
Es claro, argumentó, que el nombrado tenía conocimiento directo de la imputación por parte de la mencionada camarista y el juez instructor, razón que explica que, un año antes de la declaración indagatoria del 5 de julio de 1996 y sin que mediara ninguna constancia en la causa, el entonces representante de la querella involucrara a los policías bonaerenses.
La frase antedicha, expresó la defensa, era en realidad un mensaje a Telleldín en el sentido que los representantes de la comunidad judía sabían claramente de su inocencia –como tantas veces se lo dijo personalmente-, pero que tenía que cumplir con lo que le pedía la Dra. Riva Aramayo; a saber, alinearse a la historia creíble de la que hablaba.
Su asistido, continúo relatando, decidió entonces escribir un manuscrito con la ayuda de Damonte, tal como se lo pidió Riva Aramayo. Sin embargo, Telleldín volcó en ese documento toda la verdad de lo ocurrido, la misma que contó desde el primer día. Esto es, “la venta de la camioneta a Ramón Martínez y la presencia sospechosa de la Policía Bonaerense el mismo 10 de julio de 1994 en las inmediaciones del lugar y de otros automóviles no identificables”. La única verdad, señaló, eran sus simples sospechas. Afirmó que la Dra. Riva Aramayo concretamente pidió a Telleldín que declare que Ramón Martínez no existe; que sostenga que el firmante del boleto fue Eduardo Telleldín; que mantenga las extorsiones de la brigadas de Lanús y Vicente López declaradas ante la cámara; que niegue definitivamente la venta del 10 de julio de 1994 y que sostenga que los policías bonaerenses le sacaron la camioneta por medio de una extorsión.
Dijo que “la historia que a ella le parecía creíble, era el famoso efecto dominó: los policías te extorsionaron acá, te extorsionaron acá, entonces es creíble que te extorsionaron acá”, aludiendo al día 10 de julio de 1994.
Una vez armada la “historia”, se confeccionó un croquis con todo lo acontecido el 10 de julio de 1994. Además, expresó, exigieron a su asistido que aportara un testigo que pudiera confirmar sus dichos para que sea más creíble. Como prueba de ello, la defensa expresó que en el video del 1º de julio de 1996 Telleldín comentó al secretario Javier De Gamas “tengo el testigo clave que me pidió la Dra. Riva Aramayo”.
La defensa sostuvo que su asistido “estaba acorralado” porque “le estaban inventando prueba en su contra y los fiscales y querellas amenazaban con poner presa a su esposa Ana Boragni”. La letrada indicó que, esta vez, la presión provenía -según los dichos de la camarista- del “presidente de la Nación, el ministro más poderoso del momento –Carlos Corach-, la presidente de la cámara que, además, pertenecía a la sala superior de Galeano, el juez y los representantes de A.M.I.A. y D.A.I.A.”.
Para completar la maniobra, expresó, se gestó una operación de prensa exponiendo los dichos que, supuestamente, Telleldín dijo a la Dra. Riva Aramayo cuando, en realidad, se plasmaban las propias exigencias del poder. Ante ello, el juez instructor se comunicó con la jueza de referencia y dejó constancia de que ésta había mantenido reuniones con Telleldín. A fs. 37.376, el 15 de agosto de 1994, el magistrado instructor asentó que ésta le hizo saber que mantuvo entrevistas con Telleldín, a requerimiento de la defensa, informando que “el nombrado le dijo que no existía Ramón Martínez, y que el boleto de compraventa era falso, que el nombrado le había trazado un plano a mano alzada en una hoja de la agenda de la magistrada que se comprometió a entregarme a la brevedad, pues Telleldín le indicó que si Galeano y su equipo lo veían se darían cuenta de todo”.
Expresó la abogada defensora de Telleldín que fue el “broche de oro” puesto que Riva Aramayo supuestamente transmitía al juez a cargo de la causa lo que le había manifestado su asistido, a pesar de que “nada de esto era cierto”. En realidad, dijo, eran las bases de lo que la jueza había solicitado a Telleldín.
De ninguna forma, enfatizó la letrada, el Dr. Stinfale solicitó la entrevista a la jueza Riva Aramayo. Sostuvo que, tal como lo declaró Rubén Beraja, fue una idea de la nombrada para buscar un nuevo camino porque “ella sabía como tratarlo”. Además, observó la defensora, la jueza no podía justificar que visitaba al imputado sin dejar constancia en la causa, ni contar con la autorización del magistrado instructor.
De todos modos, añadió, la entrevista en esas condiciones no estaba permitida por las disposiciones procesales.
Explicó la letrada que para entonces “no estaba armada toda la historia” y por eso transcurrieron unos veinte días más para que Riva Aramayo acercara el mentado croquis. Resultó llamativo que el juez instructor no hubiera solicitado en forma urgente la entrega del plano; máxime cuando, supuestamente, era la clave de la causa. Lo que es pero aún, expresó, “pusieron en su boca palabras que eran de la camarista y blanquearon el invento como si hubiera sido idea de Telleldín”.
Indicó que el 5 de septiembre de 1995 (fs. 37.382), el juez instructor dejó constancia del supuesto relato que Telleldín habría efectuado a Riva Aramayo e, incluso, aportó el plano que, según la constancia antes indicada, su asistido habría confeccionado en la agenda de la magistrada.
Sin embargo, expresó, los peritajes caligráficos realizados sobre el croquis descartaron la autoría de Telleldín en su confección. Siendo ello así, concluyó la letrada, no queda otra alternativa que afirmar que lo realizó la Dra. Riva Aramayo de su puño y letra, tal como lo denunció su asistido.
En el croquis se describió la supuesta extorsión del 10 de julio de 1994 por medio de la cual su asistido entregó la camioneta a los policías bonaerenses imputados en la causa.
El extremo, afirmó la defensa, constituye “prueba palmaria que la historia fue inventada por el propio Poder Judicial”, sobre todo, dijo, porque en la constancia judicial que certifica los dichos de la camarista, ésta habría manifestado que el plano fue confeccionado por Telleldín a mano alzada.
Entonces, concluyó, quien mintió fue la Dra. Riva Aramayo con la complicidad del juez Galeano y, dedujo, que no se le tomó declaración testimonial a la jueza aludida para no involucrarla en un falso testimonio o, en su caso, evitar exponerla a un posible careo con el imputado.
Expuso la defensa que, supuestamente, en septiembre de 1995 Telleldín había explicado el destino que tuvo la camioneta involucrada en el atentado y el magistrado instructor aguardó hasta el mes de julio del año siguiente, es decir casi un año, para ampliar su declaración indagatoria.
Por otra parte, sostuvo que la maniobra de dejar constancia de las falsedades expuestas por la Dra. Riva Aramayo respondía a la necesidad de “acorralar a Telleldín” puesto que, cualquier otra cosa que dijera tratando de desmentir los dichos de una camarista del prestigio que tenía la nombrada en aquella época, nadie lo creería y otra vez, se diría que Telleldín es un mentiroso.
En esas condiciones, la defensa sostuvo que su pupilo no tenía más alternativa que alinearse a la “historia oficial”; de lo contrario, arguyó, toda su familia sería detenida por un hecho que, en realidad, no había cometido.
En la última declaración indagatoria de Telleldín en el debate hizo referencia a todas las presiones que sufrió en la causa y entregó un Código Penal suscripto por el magistrado instructor, que se lo había dado para que estudie las penas que le serían impuestas en caso de no alinearse.
El 9 de abril de 1996, manifestó la defensa, el juez junto con el prosecretario Pereyra, se presentó en el lugar de detención de su asistido, oportunidad en que Telleldín asintió a colaborar con sus peticiones.
Señaló que el juez, mediante falsedades ideológicas, dejó constancia en la causa de todas sus maniobras; así, en ocasión de realizar la entrevista de mención, explicó a fs. 23.085 que “cuando concurrió a la visita de cárceles en la unidad 2 del S.P.F., donde se encuentran alojados los detenidos Telleldín y Saldaña. En diálogo mantenido con Telleldín éste le solicitó si era factible que concurriera al día siguiente al tribunal con el fin de entrevistarse con su señoría y le manifestó que tenía inconvenientes con el agua caliente”.
Su asistido, prosiguió, explicó que el contenido de la constancia era falso puesto que “el agua caliente la había colocado Caserta, que había estado detenido anteriormente en ese pabellón”. Además, argumentó, que era absurdo que el imputado solicitara una entrevista cuando, en realidad, el juez se encontraba en persona en ese mismo momento; máxime si se tiene en cuenta lo incómodo que son los traslados judiciales para los detenidos.
En definitiva, expresó la defensa, el juez le recalcó al imputado las mismas amenazas proferidas por la Dra. Riva Aramayo, diciéndole que “se acercaba un nuevo aniversario y que si él no tenía su colaboración para producir detenciones en la causa, entonces procedería a dar curso al pedido de los fiscales, de detener a su mujer y a su amigo Hugo Pérez”.
Frente a esa circunstancia y tal como su asistido lo explicó en su declaración indagatoria en el mes de mayo de 2002, Telleldín evaluó que “si tenía que quedar presa gente inocente por este atentado, prefirió que sean los policías que lo habían extorsionado y le habían sacado dinero y bienes, antes que quedara presa su familia, su mujer y su hermano”.
Por lo expuesto, solicitó que se investigue la comisión del delito de falsedad ideológica de documento público en relación a las constancias que lucen a fs. 37.376, 37.382 y 23.085.
A fs. 5450 de la causa 9789 –expre- só la defensa- la secretaria Susana Spina justificó la maniobra sosteniendo que cuando Telleldín fue convocado el 10 de abril de 1996, no se efectuó acta de comparecencia por cuanto los pedidos ya habían sido canalizados y la intención del imputado era hablar sobre las constancias del sumario, tal como surge del video filmado en la oportunidad.
La letrada calificó a la explicación como ilógica y autoincriminatoria puesto que, si el imputado pretendía hablar de la causa, al revestir ese carácter, debió haberse volcado todo lo actuado en un acta de declaración indagatoria. Con esa explicación, dijo la abogada, se dejó en claro que lo normal era hablar de la causa sin dejar constancia alguna.
En el video en cuestión se advierte lo que la defensa calificó como un “ensayo de la indagatoria”; Telleldín, dijo, relató todo lo que había hablado con la jueza Riva Aramayo.
Señaló la defensa que la cinta no reflejaba la totalidad de la entrevista porque - según se observó en el video- la conversación entre el juez y Telleldín estaba adelantada y, obviamente, especuló que previo a esa escena debió haberse visto, al menos, el ingreso de Telleldín al despacho y el saludo del juez. Por su parte, su asistido explicó que, incluso, al inicio “se había hablado de todo el tema policial” y se le habían exhibido fotografías.
Sostuvo que el video fue editado y que quien lo hizo, colocó un copete de inicio y de final. Quiere decir, pues, que alguien se tomó el trabajo de dejar las imágenes desde un determinado momento y, para hacerlo más prolijo, hizo una edición completa. En ese sentido, entendió que el juez instructor era quien tenía intención de cortar las imágenes previas. Además, dijo, no se debe olvidar que el video fue aportado con posterioridad a la elevación de la causa y que el magistrado instructor lo remitió cuando le convino.
Indicó que tanto las querellas como los fiscales Mullen y Barbaccia hicieron alarde de la espontaneidad de Telleldín en esas imágenes. Incluso, el juez invocó esa circunstancia para guardar la prueba, conforme surge de la constancia de fs. 1551 de la causa 9789, del 7 de Noviembre de 2001.
En verdad, sostuvo la defensa, de las imágenes se desprende que el juez “le está tomando lección”; éste comienza la frase o el tema y el imputado sigue explicando al respecto.
En esa oportunidad, Telleldín declaró acerca de las extorsiones de las brigadas de investigaciones de Lanús y Vicente López. Es más, el imputado expresó al juez que Gustavo Semorile “tiene que quedar preso por la participación que tuvo en la extorsión de Lanús”, a lo que el magistrado asiente que fue el nombrado quien se llevó la motocicleta.
Luego, continuó la defensa, se observó cuando le exhibe el álbum de fotografías de la policía bonaerense y Telleldín no reconoce a ninguno, con excepción de Casas. El video, afirmó, demostró una inducción clara y palmaria por parte del juez al imputado. Tanto la filmación como la entrevista han sido “clandestinas”; se trasladó al imputado para conversar con el juez acerca de hechos relativos a la causa sin notificar al abogado defensor ni dejar constancia alguna en el expediente. No se otorgó, en definitiva, la única forma posible a cualquier entrevista entre el juez y el imputado, que es la indagatoria.
Señaló que la entrevista tenía por objeto la preparación de una declaración que, a la postre, el imputado brindó el 5 de julio de 1996; por esa razón, argumentó, se omitió realizarla en ese mismo momento, teniendo en cuenta que Telleldín estaba dispuesto a explicar todo lo que “tenía para decir”.
Expresó la defensa que en el mes de junio de 1996 hubo otra reunión “clandestina”, según surge del certificado de fs. 23.957, donde se dejó constancia que el Dr. Stinfale solicitó una entrevista entre el juez y su asistido el 7 de junio de 1996.
Sostuvo que en ella, que también fue filmada conforme lo reconocieron algunos secretarios, se preparó definitivamente la declaración de Telleldín. Sin embargo, adujo, el video fue quemado sin ninguna explicación. Es claro, a entender de la defensa, que la entrevista era más comprometedora.
En la reunión del 1º de julio de 1996, dijo, el juez y el imputado no hablaron más de los hechos sino de la forma de pago, conforme surge del video que la refleja. Refirió que el secretario Javier De Gamas Soler, un poco más ansioso, se mostró interesado en repasar la versión de Telleldín aparentando, por sus comentarios, que tenía en claro toda la situación. Hizo alusión al testigo clave, al empresario y otras cosas más que, después, fueron mencionadas en la declaración indagatoria por su asistido.
Por su parte, la defensa señaló que el instructor comentó al imputado que tenía “la gente que quiere comprar los derechos del libro; que esa gente quiere certezas, no quiere hipótesis”, entregándole además una hoja que sólo puede verse el reverso en blanco. Le explicó a Telleldín “que la gente que pone el dinero quiere saber si puede contestar esas preguntas”, a lo que éste le respondió que “sobre la mayoría de las preguntas no tiene certezas”, que la mayoría de las cosas no las puede contestar con la verdad y que hay algunas cosas que están en la causa, como por ejemplo todo lo referido a Ramón Martínez.
En la entrevista se advierte que el juez pretendía que el pago se realizara en varias cuotas bajo el subterfugio de que “lo mejor es pagar por capítulos”. Sin embargo, adujo, la indagatoria no tuvo ningún capítulo, sólo declaró el 5 de julio de 1996.
Afirmó que la intención del magistrado consistía en pagar una vez que todos los testigos hayan confirmado la versión del imputado, porque sabía quiénes eran éstos y conocía la función que se había encomendado a Telleldín. En ese sentido, resaltó que la Dra. Riva Aramayo había pedido al imputado el testigo clave.
Comentó que su asistido “tuvo que preparar a los testigos porque no tenía opción”. Se le requirió que su versión fuera confirmada pero había gente que declaró como testigo otra cosa distinta. Necesariamente, dijo, debían desdecirse de sus propias palabras. Además, conforme lo explicó Telleldín y surge en la filmación, los testigos no querían saber nada ni confiaban en el juez que los había presionado con detenciones injustas o imputaciones que subsistían con falta de mérito.
En definitiva, expresó la defensa, quienes declararon como testigo acerca de lo acontecido el 10 de julio de 1996 en el mismo sentido que Telleldín fueron, nada más y nada menos, que Ana Boragni, Eduardo Telleldín y Guillermo Cotoras, personas del entorno de Telleldín. Eran los únicos individuos que, a juicio de la defensa, podían confirmar falsamente la versión armada por el juez de la extorsión que se volcaría en la declaración del 5 de julio de 1996.
Sostuvo que su asistido fue trasladado para hablar previamente en cada una de las declaraciones de dichos testigos –conforme éste lo reconoció en el debate-, para que transmitiera lo que juez instructor le pedía; esto es, “o declaran esto y reconocen la foto nº 6, o quedan detenidos por el atentado, los testigos tenían que tener certezas”.
Agregó que las personas que terminaron de cerrar la “historia oficial” sobre lo acontecido el 10 de julio de 1994 estaban relacionadas con las extorsiones verdaderamente sufridas por Telleldín en marzo y en julio de ese año. Además, Boragni tenía un pedido de detención de los fiscales y se le exigía que cambiara la versión acerca de la venta para que concordara con lo que había afirmado su esposo; su hermano Eduardo Telleldín, estaba imputado por el atentado con falta de mérito y Guillermo Cotoras, en esa misma situación procesal, había sido coaccionado por Mullen y Barbaccia para “robar” información a su amiga Boragni en su propia casa. Esa circunstancia se desprende de las escuchas del teléfono de Boragni y existe una causa en trámite en las que se encuentran imputados los fiscales de mención.
A todos ellos, agregó la defensa, aún siendo imputados por esos mismos hechos, se les recibió declaración testimonial acerca del destino de la camioneta utilizada en el atentado. Tales declaraciones fueron anuladas pero se las utilizaron para obtener pruebas más contundentes y, fundamentalmente, tenían por finalidad callar a todos esos testigos para que omitan referirse a la metodología emprendida para armar sus dichos porque, de hacerlo, se incriminarían por falso testimonio.
Por esa razón, arguyó la defensa, el juez mantiene actualmente la falta de mérito por su responsabilidad en el atentado de Eduardo Telleldín y Cotoras, mecanismo utilizado para coaccionar a lo nombrados de modo de evitar que fueran testigos en el juicio oral y público.
En punto a la filmación del 1º de julio de 1996, la defensa señaló que ninguno de los secretarios del juzgado quiso decir en la audiencia de debate qué preguntas contenía el papel que le fue exhibido al imputado en esa oportunidad; tampoco explicaron a qué se refería el juez cuando hablaba de los derechos del libro y negaron tener conocimiento de que a Telleldín se le haya efectuado un pago por su declaración indagatoria.
Al respecto, los secretarios explicaron que era “una puesta en escena” en razón que en las escuchas el imputado hablaba de vender un libro, “se le seguía la corriente como a los locos”. La defensa calificó a la explicación brindada de infantil y mentira absurda; fue a su entender, “definitivamente una falta de respeto a la justicia, a la investidura de V.E. y de todos los presentes en la sala”.
Los secretarios, prosiguió la defensa, pretendieron hacer creer que Telleldín hablaba “como los locos” y que no tenían idea que, luego, a los cuatro días, ampliaría su declaración indagatoria. En realidad, dijo, “no pudieron dar ninguna explicación porque se autoincriminaban”.
Sostuvo la defensa que las conversaciones interceptadas de su asistido estaban referidas al manuscrito que escribió en la prisión con la ayuda de Damonte. Entonces, no se explica, por qué omitieron realizar alguna diligencia en procura de secuestrar esas anotaciones o citar al nombrado para que explicara su contenido.
La defensa esgrimió que a pesar del “intento desesperado de las querellas de A.M.I.A. y D.A.I.A.” que requirieron la incorporación del manuscrito “para ver si podían agarrares de algo que hubiera allí escrito para seguir manteniendo la historia oficial”, el documento en cuestión desmentía definitivamente que Telleldín haya entregado por su voluntad o mediante extorsión la camioneta a los policías bonaerenses.
También intentaron hacer creer que Telleldín en su última declaración indagatoria había ratificado la extorsión del 10 de julio de 1994 cuando, claramente, el imputado denunció la coacción ejercida en su contra por el juez Galeano, expresando que fue extorsionado para declarar falsamente.
Así, adujo que en las conclusiones del capítulo “Bronceado en Julio” del referido manuscrito, Telleldín se preguntó, con relación al hecho investigado “si la habitualidad de esta gente de las fuerzas de seguridad era prepararme camas para cobrarme peajes. Por qué no procedieron a abortar la venta y quedarse con el dinero? O es que el comprador era enviado por ellos y comenzaron a inquietarse por la tardanza del mismo?...”. De lo expuesto se infiere, según la defensa, que la posibilidad de que la camioneta se la hubieran llevado policías bonaerenses era una simple hipótesis que, desde 1994, nadie se molestó en investigar.
Expresó que a fs. 24.184 se dejó constancia de las peticiones que realizó Telleldín al final de la entrevista que mantuvo el 1º de julio de 1996, como ser la autorización para ingresar comestibles al lugar de su detención, entre otras cuestiones. Pero de la conversación con el juez, no se volcó nada.
Cuatro días después, señaló la letrada, Telleldín amplió su indagatoria. El acto también fue filmado, según lo reconocieron los empleados del juzgado, y la cinta fue incinerada con el justificativo de que “era como papel de trabajo”. Además, los testigos adujeron que el juez tenía temor a que fuera sustraído; explicación que la defensa juzgó de absurda si se tiene en consideración que el magistrado contaba con todas las herramientas a su disposición para mantener esos objetos con la debida custodia.
Además, alegó que si se dejaba constancia en el acta de indagatoria el reflejo fiel de lo ocurrido, no existía motivo alguno para tener más papeles de trabajo que el acta misma. Tampoco existían razones para temer una posible sustracción del video, si resultaba ser el acta, según dijeron, el fiel reflejo de lo filmado.
En realidad, sostuvo la abogada, el video se destruyó porque no podía ser visto por ninguna persona ajena a la “historia oficial” y, menos aún, correr el riesgo de que se hiciera público. Argumentó, en tal sentido, que en caso de haber sido regular el acto, frente a la declaración más importante de toda la causa, el video debería haber sido celosamente guardado por el juez como prueba palmaria de que los dichos del imputado eran auténticos.
Añadió que la filmación demostraba que toda la declaración fue armada y consensuada por el juez y los que estuvieron presentes. Telleldín, por su parte, explicó que el Dr. Galeano estaba en otro despacho y lo hacía salir “para darle letra de lo que tenía que quedar en su declaración”.
En la indagatoria -prosiguió la defensa- el juez hizo desmentir a Telleldín la nota periodística que publicó “Página 12” en el mes de julio de 1995, donde su asistido aseguraba que los policías no se habían llevado la camioneta. Además, añadió, la filmación reflejaba los reconocimientos fotográficos inducidos que fueron anulados por falta de control de la defensa.
En otro orden de cosas, la letrada mencionó que de la lectura de la declaración indagatoria no surge que Telleldín hubiera recibido un llamado telefónico, interrumpiéndose la incomunicación obligatoria del acto. El extremo, dijo, evidencia que el acta no es fiel reflejo de lo ocurrido.
El fiscal Barbaccia que firmó la declaración indagatoria omitió denunciar su falsedad, la quema del video y el llamado telefónico, circunstancias que a juicio de la defensa demostró de que “estaba al tanto de todo, incluso del pago”.
Relató la abogada defensora que luego de la indagatoria del 5 de julio de 1996, Telleldín hizo lo que el juez le requirió, esto es, aportó las declaraciones de los testigos. Y días después, se detuvo a los policías bonaerenses, coincidiendo con el segundo aniversario del atentado.
Relató la defensa que su asistido fue nuevamente coaccionado cuando el juez instructor tomó conocimiento de la desaparición del video que reflejaba la entrevista realizada el 1º de julio de 1996.
Señaló que el magistrado inició una causa por el robo del video y, con el objeto de que no tomara estado público su conducta reflejada en las imágenes, convocó a una reunión urgente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Atentados de la Embajada de Israel y de la A.M.I.A.. La convocatoria fue selectiva, habida cuenta de que no se llamó a todos sus miembros y que, en la oportunidad, se reprodujo una parte de la grabación.
Mencionó que todos los miembros de esa comisión negaron haber conocido el hecho del pago, no obstante que la mayoría afirmó que, con posterioridad, en algún medio habían escuchado a Telleldín decir que había recibido $ 400.000. En particular, exigió que se investigue el falso testimonio del entonces legislador Carlos Soria, porque además de negar cualquier conocimiento acerca del pago, afirmó que ni siquiera en los medios de comunicación escuchó hablar a Telleldín acerca de la entrega de dinero. Desde su punto de vista, el aducido desconocimiento era inadmisible si se considera que el nombrado fue Secretario de Inteligencia de Estado y, dada su situación, debió conocer sus pormenores.
La defensa entendió que del propio video surgía una conducta por demás irregular y, al ser los miembros de la comisión bicameral quienes estaban asignados al seguimiento de la causa, debieron haber requerido explicaciones al juez sobre su proceder. Aún denunciado el comportamiento del juez por parte de su entonces prosecretario Lifschitz, omitieron investigar y mantuvieron una actitud contemplativa, a excepción de la senadora Cristina Fernández de Kirchner y, en alguna medida, el entonces diputado Juan Pablo Cafiero.
En ese sentido, entendió la defensa, los legisladores que tuvieron conocimiento del video y suscribieron el dictamen en mayoría fueron encubridores del delito del juez instructor, al igual que los representantes de las querellas y los fiscales, en razón que en lugar de solicitar que se investigue la conducta irregular del juez, “salieron a cubrirlo”. Públicamente hicieron una campaña de apoyo al magistrado, desprestigiando la conducta de Ribelli que no era lo importante; lo fundamental, dijo la abogada defensora, debió ser la conducta del instructor.
Sostuvo la defensa que los representantes de las querellas de A.M.I.A. y D.A.I.A. y el juez Galeano presionaron tanto a Telleldín como a su abogado, para que declararan bajo juramento en la causa que se inició con motivo de la supuesta sustracción del video de mención.
Así, narró, Rubén Beraja pidió a ambos que negaran el pago, mencionando como prueba el entrecruzamiento telefónico entre Rogelio Cichowolsky y Víctor Stinfale el mismo día en que éste declaró en la causa que tramitó ante el juzgado del Dr. Cavallo, conforme surge de la causa 9789. Dijo que ambos declararon bajo presión; el imputado, por encontrarse amenazado, y el abogado, porque no podía oponerse a la estrategia de su cliente.
La defensa sostuvo que luego del tercer aniversario por el atentado, Rubén Beraja y Luis Dobniewski pidieron una entrevista con Telleldín. Si bien en la constancia de fs. 26.641 se indicó que ésta fue a requerimiento de la defensa, en realidad, expresó, Beraja reconoció en el juicio lo contrario. No así, el Dr. Dobniewski, razón por la cual solicitó se investigue la comisión del delito de falso testimonio. Asimismo, afirmó que los querellantes requirieron que no estuviera presente “Memoria Activa” porque “no siempre compartían las mismas estrategias”, según dijo Beraja en la audiencia.
Sostuvo que la reunión se llevó a cabo en las dependencias del juzgado y tuvo como finalidad presionar nuevamente a Telleldín para que ampliara su declaración indagatoria e involucrara a Piotti en el atentado. Al salir de la reunión, Rubén Beraja convocó a toda la prensa para insistir en que Telleldín no tenía responsabilidad en el atentado y anunció que ampliaría su declaración indagatoria. Si bien Telleldín el 22 de agosto de 1997 hizo lo propio, no accedió a la petición formulada.
Mencionó la defensa que el 31 de octubre de 1997 Telleldín presentó su excarcelación y el juez instructor, a pesar de haber dado su palabra, resolvió denegarla. Frente a la actitud del magistrado, Telleldín reaccionó a los gritos, diciendo que haría público que “le habían pagado para mentir en la declaración contra los policías y que había mentido en el juzgado de Cavallo porque estaba presionado por el propio juez”.
El Dr. Galeano, por su parte, decidió dejar constancia de sus manifestaciones en un acta, obligando al abogado a pedir disculpas por el exabrupto de su defendido. No obstante, dijo la defensa, en lugar de hacerlo en el expediente principal y de remitir la constancia al juez Cavallo como correspondía, se incorporó en el incidente de excarcelación para que nadie pudiera tomar conocimiento.
Además, afirmó que el acta se labró el 31 de octubre de 1997, mientras que la fiscalía, a través del Dr. Barbaccia, se notificó tres días más tarde, razón por la cual necesariamente tuvieron en sus manos las denuncias de Telleldín. Nada hicieron en consecuencia, ni ordenaron una investigación, ni solicitaron la comunicación al Dr. Cavallo, ni recusaron al juez.
Para simular el conocimiento, dedujo la defensa, se intercalaron las fojas; la notificación se agregó a fs. 49 y el acta, si bien anterior, figura a fs. 53.
Por otra parte, la defensa afirmó que se cometió el delito de falsedad ideológica en el auto de elevación a juicio. Así, sostuvo que para seguir encubriendo al Dr. Semorile, la resolución describió la motocicleta que Telleldín había entregado a la Brigada de Lanús como modelo “APX” cuando éste era, en realidad, el número de patente. Además, el juez sostuvo que no se pudo determinar el primer poseedor de la moto porque “se llegó a un tal Ledesma que a su vez identificó a un tal Ibáñez que no pudo ubicarse”.
En esa oportunidad, expresó, Telleldín realizó la pertinente denuncia de falsedad ante el juez Mariano Bergés, quien tras declinar la competencia, la remitió a la justicia federal. Una vez designado el juez Urso, éste entendió que Telleldín “estaba preconstituyendo prueba para el juicio oral y archivó las actuaciones”.
Sin embargo, expresó la defensa, en el juicio se probó la mencionada falsedad en tanto el juez instructor sabía que “el tal Ibáñez” no era otro que Pablo Ibáñez, testigo de identidad reservada. Y, según explicó, en la oportunidad Ledesma lo acompañó al juzgado, omitiéndose recibirle testimonio.
En síntesis, el juez sabía que la motocicleta fue entregada al abogado Semorile y cumplió su promesa de encubrir el hecho.
Resaltó la defensa que se cometieron otros delitos que de alguna manera afectaron a Telleldín, como ser el secuestro y tortura que se utilizó para detener a César Fernández, quien vendió a Telleldín la camioneta robada a Pedro Sarapura. Según su apreciación, tal circunstancia se probó con las declaraciones testimoniales del agente de la S.I.D.E. Horacio Stiuso, que reconoció tareas de inteligencia realizadas en la provincia de Entre Ríos con relación al nombrado; de Luis Horacio Manzanares, que afirmó que Hugo Anzorreguy ordenó su seguimiento; del comisario Salguero, que dijo que el juez Galeano avisó que César Fernández estaba tirado en la calle en su jurisdicción y que lo había detenido el personal de la Secretaría de Inteligencia; de Carlos Yrigoitía, que declaró que el nombrado fue secuestrado en la ciudad de Gualeguaychú y las denuncias de torturas referidas por César Fernández.
Señaló que para dejar asentado en la causa el procedimiento ilegal, el juez inventó un llamado anónimo y lo plasmó en una constancia falsa. Por otro lado, mencionó que el nombrado Fernández no fue procesado por el robo de la camioneta de Pedro Sarapura, recibiendo un tratamiento diferente al de Telleldín, Nitzcaner y Pérez que soportaron la imputación de encubrimiento por ese mismo hecho.
Adujo que el instructor temía que Fernández se explayara en el debate oral acerca de las torturas y el secuestro que sufrió en esa oportunidad. En consecuencia, solicitó que se investigue la participación de Horacio Stiuso, Ángel Salguero, Juan José Galeano y Hugo Anzorreguy en los ilícitos aludidos.
La defensa sostuvo que de igual forma se procedió con el gruero Alberto Chueco, quién explicó que se le requirió un traslado de un vehículo y en el camino se cruzó un automóvil Galaxi, pensando que se trataban de ladrones. Continuó diciendo que lo “metieron dentro de un auto, lo llevaron a la Brigada de San Martín y después de torturarlo mediante golpes y patadas, lo pusieron a disposición de Galeano”. En forma absurda, calificó la defensa, se imputó al nombrado la participación en el atentado a la A.M.I.A.
Otro de los delitos cometidos por el juez instructor y sus secretarios, aludió, constituyó el ocultamiento de la adulteración del motor del automóvil Renault 19. Mencionó que en la entrevista del 1º de julio de 1996 que reflejó el video exhibido en el debate, su asistido asumió ante el juez y sus secretarios que dicho rodado era “trucho”. El ilícito, dijo, no fue motivo de investigación por parte de dichos funcionarios públicos y, en oportunidad de elevar la causa a juicio, el juez sostuvo que el automóvil era legítimo.
Explicó que a pesar de que los peritajes de revenido químico practicados por la Policía Federal, los técnicos de C.I.A.D.E.A. S.A. y de Gendarmería Nacional habían determinado que las numeraciones eran auténticas, en un nuevo peritaje ordenado en la etapa del juicio -contando con las explicaciones de Telleldín y las fotografías del automóvil siniestrado- los peritos concluyeron que la numeración del chasis estaba adulterada.
Explicó que la finalidad del juez instructor para sostener la legitimidad del chasis consistía en producir prueba en contra de los policías bonaerenses.
Por otra parte, afirmó, que el denominado “desvío Solari” fue utilizado por la querella en contra de su asistido. Así, pretendió sostener que Ribelli había desviado la investigación a través de Ramón Emilio Solari para beneficiar a Telleldín y lograr su libertad, evitando que éste los involucrara en el atentado.
Dijo que la hipótesis “es otra de las construcciones efectuadas sin sustento probatorio” y demostró que por la “absoluta orfandad probatoria” los acusadores debieron recurrir a la imaginación. Primero, señaló, la querella sostuvo que Mario Bareiro preparó a Solari; después, dijeron que Juan José Ribelli a través de Bareiro, armó la coartada con la intención de evitar la imputación de los policías bonaerenses, mientras que en la acusación final sostuvieron que con ello se procuró obtener la libertad de Telleldín.
Entendió la letrada que se acreditó en el debate que su defendido denunció el desvío, circunstancia que reconoció también la Dra. Riva Aramayo. Incluso, afirmó, su asistido convenció a los testigos Brizuela para que sostengan la verdad de lo que sabían sobre la cuestión debatida.
Señaló, en otro orden, que la Secretaría de Inteligencia de Estado contrató a Mario Bareiro para que colaborara en la investigación y, después, el juez instructor elevó la causa a juicio a su respecto por considerarlo partícipe necesario del atentado, utilizando como elemento de cargo el armado de la hipótesis del desvío.
Mencionó la defensa que una vez que se comprobó la entrega de dinero a Telleldín por su declaración, los acusadores sostuvieron que, en realidad, se le pagó para decir la verdad, aún cuando Telleldín había denunciado al juez instructor por haberlo obligado a firmar una declaración falsa.
Expresó que a su asistido no le interesaba el dinero, sino que se realizara el pago ilegal para demostrar que el único que tenía interés en una declaración falsa era el juez instructor, la S.I.D.E. y el poder político. Señaló, en esa inteligencia, que ni el magistrado, ni los secretarios, ni las querellas, ni los fiscales pudieron explicar el motivo por el cual la entrega de dinero no se canalizó por la vía legal contemplada en el decreto que autorizaba una recompensa a quién brindara información para la causa.
Prueba de que la causa fue un desvío y que a cualquier precio se imputaba a personas inocentes fue la mentira de todos los involucrados, negando el pago; a saber, Rubén Beraja, el juez Galeano, los fiscales, los secretarios y los prosecretarios que testimoniaron en el juicio. Quizás, dedujo, por esa razón la querella de D.A.I.A. protegió al juez instructor negándose al levantamiento del secreto de Estado porque muchos dirigentes “colaboraron activamente para que todo este desvío pudiera realizarse”.
La defensora solicitó que se investigue también la conducta del entonces prosecretario Claudio Lifschitz por haber sido partícipe y encubridor de muchos delitos. Al respecto, mencionó que el funcionario le tomó declaración por duplicado a Luis Horacio Manzanares, como se lo pidió la S.I.D.E., consignando en cada una de ellas cosas distintas; que confeccionó un constancia falsa, a pedido del juez, con relación a la denuncia efectuada por Rodolfo Rigamonti y que tuvo conocimiento de la filmación y extorsión a Semorile, Salinas e Ibáñez, del pago y de la falsedad de la declaración indagatoria del 5 de julio de 1996, de la existencia de legajos secretos para alguna de las partes, de las maniobras de la S.I.D.E. en las causas que tramitaron ante el juzgado del Dr. Santa Marina y, por último, la propuesta al juez instructor de secuestrar a Nahuel Telleldín y de negociar con Navarre, según consta en su declaración ante la comisión bicameral.
Sabía todo lo que sucedía en la instrucción y, si bien le adjudicó el mérito de formular la denuncia, la defensa señaló que tuvo una finalidad desincriminatoria, haciendo la veces de un arrepentido.
La letrada señaló que la querella de D.A.I.A. y el fiscal José Barbaccia se valieron en su acusación de publicaciones periodísticas para probar los hechos, exhibiendo sólo algunas de las notas en forma incompleta y extrayendo frases fuera de su contexto. Así, expresó que las publicaciones demostraron, en realidad, que la fiscalía de instrucción participó en el armado de la “historia oficial” a través del periodista Raúl Kollmann.
Mencionó que en la publicación del periódico “Página 12”, del 8 de junio del 95, bajo el título “Dos Policías en la Mira”, referidos a Barreda y Bareiro, el periodista señaló que la colaboración de los nombrados “se habría extendido al hecho mismo del atentado y ya existe una hipótesis de máxima que han diseñado el juez federal Juan José Galeano y los fiscales José Barbaccia y Eamon Mullen...” y que “para estos funcionarios judiciales, los dos policías conocen mucha información sobre el atentado y en algún punto habrían utilizado su cargo y experiencia para facilitar la preparación del coche bomba...”.
Argumentó la abogada que en la fecha en que apareció la nota no existía en la causa ninguna constancia acerca de la intervención de policías bonaerenses en el atentado. Expresó que sólo eran simples hipótesis de Telleldín que el juez instructor omitió plasmar y que no incluían ni a Barreda ni a Bareiro.
Al día siguiente -9 de junio del 1995-, dijo la defensa, se agregó otra nota a fs. 37.812 en la que también se insistió en una posible participación de ambos policías bonaerenses sin dar ninguna explicación. Con ello, afirmó, se comenzó a instalar la “historia oficial”.
Precisó que el 15 de junio de 1995 se publicó otra nota en el mismo medio de comunicación, esclarecedora, a su juicio, de los manejos espurios que se realizaron en contra de su asistido y que no fue mencionada en el alegato del fiscal.
Bajo el título “Galeano quiere a Telleldin adentro – Tironeos por el único preso” se expresó que “...si la justicia no obtiene evidencias que permitan vincularlo al ataque terrorista Telleldín debería abandonar Devoto en cuatro meses, una alternativa que el Juez Federal Galeano conoce y por eso trata de evitar... Mientras la defensa del único detenido pretende cerrar todos los expedientes que investigan delitos con autos truchos, el juez federal mueve sus influencias para resucitar viejas causas que ya juntaban polvo en el archivo” y que “La estrategia de los abogados de Telleldín, es conocida en Balcarce 50 y por eso desde allí empujan distintas alternativas para evitar que la investigación quede sin su único detenido. Para un ministro y un secretario de la administración menemista, el camino probable sería que Galeano respaldara la posición de los fiscales José Barbaccia y Eamon Mullen, una posibilidad que el juez no terminó de masticar...”.
La defensa sostuvo que el contenido de la nota puso de manifiesto que el juez y los fiscales “cumplieron su función de encontrar supuestos culpables en esta causa”. Entonces, dijo, se advertía que no había ningún elemento contra Telleldín y que era imposible encontrar pruebas sobre su participación en el atentado. Por eso, expresó, la Dra. Riva Aramayo dijo que no quería más dobladores de autos y se buscó policías bonaerenses como el comisario Juan José Ribelli que a la vez que tenían más peso, armaban una historia creíble, según la expresión de la camarista.
Expresó la defensa que días antes del aniversario se publicó un reportaje a Telleldín en la unidad penitenciaria bajo el título “Esta involucrada”, con relación a la Policía Bonaerense (fs. 37.815).
La nota, sostuvo, fue exhibida parcialmente por el fiscal Barbaccia en procura de acreditar que Telleldín, para ese entonces, involucraba a la policía bonaerense y que tanto él como su colega Eamon Mullen se enteraban de la causa por los medios.
Aclaró que en esa ocasión su asistido se refirió a las extorsiones de la Policía Bonaerense. Así, Telleldín respondió a los periodistas que no era cierto que hubiera indicios en la causa que indicaran que entregó la Trafic a oficiales de la policía bonaerense, “Si fuera verdad, lo hubiera declarado”, dijo. Al finalizar dicha entrevista que, recalcó, el fiscal utilizó parcialmente, Telleldín dijo: “una vez los fiscales me llamaron y me propusieron un acuerdo, si yo marcaba a un oficial de la policía o a un carapintada del Ejército, salía en libertad. Pero yo no soy un buchón”.
Además, la nota alude a que había más información en la causa y se comenzó a hablar del pago de una deuda al entregar la camioneta, a pesar que para entonces no había ninguna información en ese sentido en el expediente; extremo, dijo, que demostró que los datos fueron aportados por los fiscales de la etapa anterior.
Señaló que la fiscalía valoró la publicación periodística del 27 de septiembre de 1995, obrante a fs. 16.044; empero, dijo, no hizo alusión a la columna derecha titulada “La interna de tribunales”, donde los informadores públicos expresaron lo que sigue: “La inesperada mediación de Luisa Riva Aramayo puso al descubierto la hasta ahora escasa capacidad demostrada por Juan José Galeano para obtener información relevante de Carlos Alberto Telleldín, único detenido por el atentado de la A.M.I.A.. El déficit del juez federal ya era conocido en Balcarce 50 y por eso la S.I.D.E. activó la participación del ex torturador Héctor Vergés, que fracasó en su intento de que Telleldín señale a dos libaneses detenidos en Paraguay y como responsables del ataque. La casa rosada decidió entonces apoyar el nuevo intento promovido desde tribunales. Riva Aramayo tiene 25 años de carrera judicial y una sólida amistad con Lorenzo Miguel y Carlos Corach...” y que “sabe cómo moverse detrás del cortinado. Antes que Telleldín comenzara su confesión, Riva Aramayo explicó en su porteño básico, que si la giraba –la engañaba- soñaría con ella de por vida. Telleldín conoce los códigos, y muy confiado con su interlocutora, habló de todo lo que se había negado a hablar frente al juez Galeano. El imputado reveló nombres, situaciones, y dio a entender que tenía testigos que podían avalar sus declaraciones. Las reuniones entre Telleldín y Riva Aramayo irritaron a Galeano, quien decidió mantener su posición, restar toda veracidad a los testimonios del único detenido en la causa. Esta intransigencia coloca en un brete a Riva Aramayo y a Telleldín, porque sin Galeano no se puede blanquear la confesión que por lo tanto seguirá sin ser incorporada a la causa. El vendedor de autos, pretende que la comunidad judía interceda entre el juez Galeano... y Riva Aramayo quiere jugar una de sus cartas en el Poder Ejecutivo para esperar la estrategia de su inesperado confidente. Si Galeano cambia de posición Telleldín declararía la próxima semana y la investigación tendría un nuevo rumbo...”.
Señaló la defensa que la nota es reveladora de la manera en que se armó la “historia oficial”, de la participación que cupo al Poder Ejecutivo, del apoyo de Beraja y de la D.A.I.A. y, por sobre todas las cosas, del enojo del Dr. Galeano porque se había filtrado en la prensa la estrategia que después terminó dando forma a la declaración indagatoria para plasmar en la causa “la historia con los datos finales, reconocimientos, nombres de policías”.
Refirió la defensa que tiempo después -mes de octubre de 1995- se ofreció a su asistido la entrega de una suma de dinero y éste exigió como condición de su declaración que el juez hiciera directamente el pago. Las notas de ese entonces, esgrimió, también son reveladoras de tal extremo.
Así, dijo que el 6 de octubre se publicó en “Página 12” que Rubén Beraja se ofreció a ser el garante de Telleldín, con relación a la exigencia del pago y que el juez nuevamente había agravado sus condiciones de detención; el 11 de ese mes, bajo el título “Beraja enfrió la negociación con Telleldín”, el periódico hizo público que el juez se negó a prestar su despacho a la querella para reunirse con el abogado de Telleldín; ese mismo día, en otra nota, se informó que “para Galeano y sus referentes en la Casa Rosada no es conveniente aceptar las condiciones de Telleldín porque igual se va a quebrar después de la Navidad”.
La defensa expresó que las noticias que se señalaron en el periódico “Página 12” señalaban que “la trama macabra” se perpetró desde los más elevados sectores del poder, con la participación de Rubén Beraja, el gobierno y la Secretaría de Inteligencia de Estado. Indicó que surgió la idea de la compra de los derechos de un libro por la persistente reticencia de Telleldín en aceptar el pago en manos de otra persona que no fuera el juez; es por eso que en el video exhibido en el debate, el juez Galeano hizo referencia a esa cuestión como forma de cubrirse frente a la propia prueba que estaba generando.
La razón de producir esas filmaciones –dijo- consistía en exhibir los avances de su gestión al Poder Ejecutivo Nacional, a la querella, a la Dra. Riva Aramayo y a la Secretaría de Inteligencia de Estado, organismo encargado de efectuar la entrega del dinero.
Por lo expuesto, solicitó que se profundice la investigación de la denuncia de su asistido contra el juez instructor y se amplíe respecto de los fiscales que intervinieron en la etapa anterior y de todos los partícipes, solicitando que se extraigan testimonios -incluyendo las notas periodísticas referidas- y se remitan a la justicia federal, al organismo de enjuiciamiento del Ministerio Público y al Consejo de la Magistratura.
La defensa de Carlos Alberto Telleldín también denunció que desde el primer momento de la investigación Ana María Boragni fue visitada e interrogada ilegalmente por los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros. Citó, al respecto, las escuchas obtenidas de su teléfono, donde se advierte la insistente presencia del Mossad en su casa y los interrogatorios que efectuaron a sus hijos menores de edad, sin su presencia. Además, señaló que el F.B.I. y la S.I.D.E. también interrogaron a la nombrada en forma incansable.
Tiempo después, afirmó, apareció el capitán Vergéz con la intención de colocarla en riesgo, como método de presionar a su marido para que aceptara las propuestas delictivas que le formulaban.
Sostuvo que el organismo de inteligencia, infiltró a Virginia Morri, esposa de Mario Bareiro, conforme lo declaró en el debate; a la nombrada se le encargó que revisara la casa y que abriera un maletín.
Miriam Salinas, dijo la defensa, también fue útil para todas las maniobras y, siendo amiga de Boragni, fue impulsada a traicionarla con el propósito de “salvar a su marido Ibáñez” de las presiones del juez Galeano. Esta cedió, inclusive, a filmar a Boragni y a entregar las grabaciones al juzgado.
Mientras tanto la nombrada era asediada por los agentes del servicio de inteligencia que merodeaban su domicilio, vulnerando su seguridad, para hacerle creer que había personas que la vigilaban y que su vida podía ser puesta en riesgo.
Todas esas maniobras, alegó, fueron realizadas en procura que su esposo se alinee a los requerimiento de la Dra. Riva Aramayo en razón que su familia podía estar en peligro y, así, justificar falsamente que el dinero que se entregaría a Telleldín tenía por objeto su seguridad.
Consideró que se procuró que Boragni no tuviera otra alternativa que “alinearse”, de modo que se desdijera de la versión de la venta de la camioneta el día 10 de julio, aportada en sus primeras declaraciones testimoniales, a la vez que corroborara los nuevos dichos de su marido, en punto a que la camioneta fue entregada en razón de las extorsiones de los policías bonaerenses.
De la misma forma, expresó, procedieron con Eduardo Telleldín y Guillermo Cotoras, a quienes, pese a estar imputados por su presunta participación en el atentado, el juez instructor les recibió declaración testimonial.
Se procuró que el relato que había inventado el juez junto con los fiscales y el resto del poder político, no fuera avalado solamente por dichos del único imputado, con relativo valor probatorio. En ese entendimiento, afirmó que Carlos y Eduardo Telleldín, Boragni y Cotoras fueron coaccionados para declarar en julio de 1996.
Dijo que los fiscales no solicitaron al juez ninguna medida ni en favor ni en contra de ellos y, a pesar de no existir ninguna diligencia que realizar, Eduardo Telleldín y Cotoras llevan diez años con falta de mérito con relación al atentado y no obstante que el tribunal instó al magistrado instructor para que resolviera la cuestión, éste no lo hizo.
Explicó que ni el juez, ni los fiscales, ni tampoco las querellas querían que Guillermo Cotoras y Eduardo Telleldín fueran testigos en el juicio porque ellos de ninguna forma mantendrían “la mentira” y había grandes probabilidades que ambos se quebraran y explicaran la verdad.
Las presiones, señaló, continúan aún hoy porque “nadie puede sentirse libre de declarar si está imputado durante diez años en la causa más estigmatizante que pueda existir en el mundo”.
Aclaró, por otra parte, que a juzgar por el alegato de la fiscalía, la única mentira que dijo su asistido fue que vendió la camioneta. Para el resto de las situaciones acreditadas para la fiscalía, por ejemplo las cuestiones referidas acerca de Vergés, Semorile, el pago o las extorsiones, Telleldín fue el mejor testigo.
Al utilizar a Ana Boragni en calidad de testigo, con relación a los hechos acontecidos el 10 de julio de 1994 y valorar sus discordancias con el relato de su concubino, es decir la venta, no cabe otra conclusión de que los dichos de ésta fueron utilizados en perjuicio del imputado, vulnerando la norma del art. 243 del C.P.P.N., cuya aplicación fue establecida por el tribunal y que, por lo tanto, no pueden ser valorados para fundar la acusación.
Sin perjuicio de ello, señaló que tanto su declaración en la etapa instructoria como la que prestó en el juicio son nulas, en virtud que en ambas ocasiones fue presionada para declarar en contra de su voluntad, bajo juramento de decir verdad, “instigada al falso testimonio y lo hizo bajo coacción”. Además, argumentó que en el debate sabía positivamente que si decía la verdad quedaría imputada por falso testimonio agravado y su situación se vería complicada en la causa.
Agregó que la fiscalía y las querellas, luego de valorar los dichos de Ana Boragni como testigo, solicitaron que se ordenara su declaración indagatoria como partícipe del atentado. Tal postura, sostuvo, es inadmisible de quienes tienen la obligación de controlar la legalidad del proceso.
Por todo ello, impetró la nulidad de las declaraciones testimoniales de Ana María Boragni prestadas ante la instrucción en julio de 1996 y en el debate y que se extraigan testimonios de las partes pertinentes a fin de que se investigue los delitos de coacción denunciados contra la nombrada. También requirió que se declare improcedente el pedido de las querellas y de la fiscalía, en punto a que Boragni sea imputada como partícipe del atentado.
Por otra parte, la defensa solicitó la nulidad de los videos que registran sendas entrevistas entre el juez y su asistido producidas en abril y julio de 1996.
Argumentó que a pesar de que durante el juicio los empleados del juzgado, el juez -por escrito- y los fiscales en sus declaraciones en la causa 9789 afirmaron que las filmaciones no constituían prueba, las partes acusadoras echaron mano de ellas para intentar probar la responsabilidad de Telleldín.
No obstante, expresó, ninguno de esos videos perjudicaron a Telleldín; al contrario, sostuvo, son pruebas de los delitos del juez en tanto demostraron que se vulneraron todos los derechos del imputado. Telleldín nunca supo que era filmado, tampoco se convocó a su defensor y se lo hacían hablar de los hechos de los cuales estaba imputado. Son pruebas, señaló, de la coacción y del armado de la declaración indagatoria del 5 de julio de 1996.
Consideró que al haber sido utilizados los videos en contra de su asistido, no sólo le dieron entidad de prueba, sino que además aportaron el elemento que faltaba para efectuar el planteo nulificante; esto es, el perjuicio.
En ese sentido, entendió que la existencia de tales videos demuestran que se violó el debido proceso y el derecho de defensa en juicio material y técnica. Ni siquiera, dijo, se tiene certeza de que la filmación de abril sea completa.
Solicitó, entonces, la nulidad de la incorporación de dichas filmaciones como prueba legítima al proceso en virtud de haberse violado lo prescripto en los arts. 18 de la Constitución Nacional y 296, 297, 298, 299, 300, 301, 304, del C.P.P.N., como así también las garantías contenidas en los pactos internacionales.
La defensa también planteó la nulidad de la declaración indagatoria de su asistido del 5 de julio de 1996 y, consecuentemente, la del procesamiento de Telleldín y de los requerimientos y auto de elevación a juicio.
Expresó que la nulidad de la indagatoria fue reconocida implícitamente por las partes querellantes -aunque ninguna de ellas la planteó- y por la fiscalía que así lo solicitó, tras admitir que Telleldín fue obligado a declarar en contra de su voluntad a cambio de un pago clandestino e ilegal.
Alegó que si bien en la declaración inducida no había manifestaciones autoincriminatorias, lo cierto es que, una vez volcados los dichos, fueron valorados en contra del imputado tanto en el procesamiento del 2 de noviembre de 1998 como en el requerimiento de elevación a juicio y en el auto de elevación a juicio, ocasionando un perjuicio a la defensa del imputado.
En la resolución que resolvió el procesamiento de Telleldín como partícipe del atentado el juez utilizó la indagatoria como elemento de convicción en su contra al sostener que “...en su declaración indagatoria del 5 de julio de 1996, el nombrado refirió su intención de sincerarse con el Tribunal, oportunidad en la que si bien admitió determinadas circunstancias en relación a los hechos investigados, muchos de estos ya se encontraban judicialmente comprobados. A ello limitó su pretendida colaboración, no obstante haber manifestado su intención de expedirse con la verdad aún cuando debiera confesar actividades ilícitas”.
En síntesis, la conducta del magistrado, además de ilícita, quedó atrapada por las normas procesales antes aludidas, transformando en nula no solamente la declaración indagatoria sino también su valoración en el procesamiento y, por tanto, todo el acto procesal.
Sostuvo que las mismas valoraciones se efectuaron en los requerimientos de elevación a juicio y en el auto respectivo, debiéndose adunar que se tuvo en cuenta una “sociedad con roces” entre Telleldín y los policías bonaerenses que supuestamente lo extorsionaron llevándose la camioneta; sociedad que reconocieron razón en los dichos de Telleldín.
Entonces, expresó la defensa, el Ministerio Público Fiscal reconoció a medias las consecuencias del proceder ilícito del juez instructor, por cuanto deben extenderse, necesariamente, al procesamiento y a las acusaciones. Argumentó la abogada que sin procesamiento y sin acusación válida que abra la etapa del debate, cualquier sentencia condenatoria será también nula por falta de sus requisitos esenciales.
A pesar de que las acusadores expresaron que no considerarían la cuestionada declaración indagatoria, sostuvieron de una u otra manera que la camioneta fue entregada por Telleldín a los policías bonaerenses y mencionaron la existencia de una supuesta deuda –saldo pendiente a la Brigada de Lanús- que sólo surgen de los dichos de su asistido puestos en crisis. Además, dichas circunstancias se utilizaron en contra de Telleldín en tanto afirmaron que entregó voluntaria o forzadamente la camioneta para saldar la deuda.
Por otra parte, la defensa solicitó la nulidad de lo actuado en la causa en función de la violación de las garantías de imparcialidad e independencia del juzgador. Fundó su petición sobre la base de la recusación interpuesta por la querella “Memoria Activa” que apartó al juez de la investigación.
En ese entendimiento, sostuvo que a partir del pago efectuado por el juez, todos los actos relacionados con Telleldín son nulos en tanto que utilizó la investigación en su propia defensa para preconstituir prueba y procurar encubrir sus propios delitos.
También mencionó que el magistrado actuó con falta de independencia del Poder Ejecutivo Nacional y de las querellas, destacando en particular la sumisión respecto de Rubén Beraja, Luis Dobniewski y Rogelio Cichowolski, según los dichos de Claudio Lifschitz.
Sostuvo que se vulneró la aludida garantía a partir del 25 de julio de 1994, día en que se llevó a cabo una reunión entre el juez y el poder político en la residencia presidencial de Olivos. Por ese motivo, impetró la nulidad de todos los actos producidos a partir de esa fecha.
Las nulidades planteadas, expresó, son absolutas e insubsanables por violar garantías constitucionales de su defendido (art. 168 del C.P.P.N.) y, al no existir una vía alternativa e independiente que justifique la validez del procedimiento, solicitó la absolución de Carlos Alberto Telleldín.
Por otra parte, la defensa señaló que en las acusaciones formuladas en contra de su asistido no indicaron cuál es la conducta que mereció reproche penal ni el hecho que habría cometido. En ese sentido, explicó que no cumplieron con la exigencia legal de efectuar una relación clara, precisa y circunstanciada de la conducta atribuida a su defendido.
Antes del debate, se sostuvo en las requisitorias de elevación de la causa a juicio que Telleldín había sido víctima de una extorsión por parte de los policías de las brigadas de investigaciones de Vicente López y de Lanús de la Policía Bonaerense, mediante la cual lo obligaron a entregar la camioneta que explotó en la mutual israelita. Por no existir en el hecho descripto una conducta voluntaria que merezca reproche penal, dijo, se añadió el aditamento de que su asistido mantenía con sus extorsionadores una sociedad con roces.
En la acusación final, sin embargo, suprimieron la mentada sociedad y, como si los relatos imputativos fueran descartables, sostuvieron otras historias. En particular, dijo que la querella “Memoria Activa” en el requerimiento de elevación de la causa a juicio sostuvo la entrega de la camioneta mediando extorsión por parte de los policías bonaerenses y que no estaba probado el conocimiento de Telleldín acerca de su destino final, confiando que el debate descartaría o acreditaría la cuestión.
En cambio, en su alegato, la mencionada querella omitió referir la extorsión y sólo afirmó que Telleldín armó dos camionetas, una de ellas en el taller de Ariel Nitzcaner, que no es la que se utilizó para llevar a cabo el atentado. A pesar de ello, acerca de la otra camioneta que supuestamente se utilizó en el suceso no dijo ni dónde ni quién la armó, ni qué carrocería contenía. Intentó, además, sostener que el vehículo que contenía el explosivo tenía los elásticos reforzados; empero, rebatió la defensa, no dijo quién los reforzó, ni dónde se hizo la reparación, ni quién y dónde adquirió los repuestos.
Sostuvo que además de no haber expresado nada de la hipótesis que intentó dar por acreditada, la querella “Memoria Activa” ni siquiera dijo si la camioneta fue vendida, regalada, cedida, alquilada ni cómo es que terminó siendo utilizada en el atentado. Tampoco aportó ningún dato para identificarla, como ser el número de patente, motor o chasis. Menos aún, afirmó, recreó las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ni los datos personales de quien obtuvo la camioneta que, según su acusación, Telleldín debió suponer que se utilizaría para atentar contra la mutual.
En esas condiciones, expresó, no se puede saber el hecho imputado en la acusación de “Memoria Activa”; es imposible, afirmó, determinar siquiera, no ya si está probado el hecho, sino cuál es el hecho que se le reprocha.
Por su parte, la querella A.M.I.A. y D.A.I.A. descartó la sociedad con roces que tuvieron por acreditado al momento de la elevación de la causa a juicio y la “ficticia extorsión del 10 de julio”. En la acusación final, dijo, con “una increíble imaginación y fuera del más mínimo recaudo legal” inventó una historia distinta consistente en que entre Telleldín y Ribelli había un contrato que, según dejó deslizar, provenía de una deuda por extorsiones anteriores. Además, señaló que la garantía de pago consistía en la causa de homicidio que falsamente imputaron a Telleldín los integrantes de la Brigada de Investigaciones de Lanús.
Entendió la defensa que la hipótesis “choca con cualquier actitud proveniente de un contrato en el que ambas partes actúan en forma voluntaria”; en tal caso, expresó, Telleldín habría obrado bajo la misma coacción que al entregar los bienes a la brigada de Lanús en abril de 1994. En definitiva, argumentó, ese tipo de contratos no cumple los recaudos del derecho penal para constituir una conducta delictiva.
Argumentó que si se trató de un contrato especial entre Ribelli y Telleldín, en el cual dejaron de lado todos los “aprietes” para esta ocasión, no se expresó ni cuándo se hizo, ni dónde se perfeccionó, ni quiénes participaron y, ni siquiera, en qué consistió; fundamentalmente, no se expresó cuál era la contraprestación que correspondió a Ribelli para con la otra parte.
Sostuvo que la querella “yendo más lejos aún en la imaginación”, indicó que había un contrato previo entre Juan José Ribelli y Moshen Rabbani, por entonces agregado cultural de la Embajada de la República de Irán en nuestro país, sin señalar en qué basaron esa relación, ni presentar indicio alguno en ese sentido.
Sostuvieron, además, que el contrato de Telleldín con Ribelli tenía como antecedente el de éste con Rabbani y, según dejó deslizar la querella, su asistido conocía el destino final de la camioneta.
El relato de la querella en cuestión –prosiguió reseñando la defensa- aludió a que Rabbani, a través de alguien, encargó a Ribelli una camioneta y, supuestamente, le dijo que era para atentar contra la A.M.I.A.; que Ribelli encargó a Telleldín dos camionetas, una para Rabbani y otra que, a pesar de no ser muy en claro, supuestamente era para despistar. El armado de dos camionetas fue para la querella la supuesta preparación “especial” que tenía el encargo; ya no el elástico como sostuviera “Memoria Activa”.
La defensa señaló –en relación a la imputación que formuló la querella unificada-que supuestamente Telleldín armó dos camionetas y que la fueron a buscar Anastasio Leal e Raúl Ibarra; que, supuestamente, Mario Bareiro controló junto con Diego Barreda el armado de las dos camionetas y que, además, se simuló una venta.
Afirmó que la hipótesis sostenida en ese sentido resultó “tan imaginativa como incompleta” porque hay una serie de secuencias que ni siquiera las explicaron. En tal caso, dijo, nuevamente se afirmó que se armaron dos camionetas sin haber explicado –al igual que “Memoria Activa”- y, por tanto no se puede saber, de qué camioneta se trataba.
Tampoco explicaron cuál es la carrocería de la camioneta que fue utilizada para cometer el atentado; qué motor se colocó en la carrocería de Pedro Sarapura ni en qué condiciones se entregó la camioneta a Leal, sea que abonó el precio o fue un regalo o el producto de la deuda. En este último caso, coligió la defensa, por qué motivo Telleldín no requirió destruir las pruebas de la causa del homicidio una vez que cumplió su prestación teniendo en cuenta que esa falsa imputación hacía las veces de garantía del cumplimiento de la actividad de Telleldín.
No se supo, desde la hipótesis planteada por la querella unificada, cómo es que Telleldín sabía que tenía que dar la camioneta a Anastasio Leal, considerando que éste pertenecía a una brigada distinta a la de Lanús, y se ignora cuándo, cómo y dónde se combinó la supuesta entrega del rodado. Dijo que la acusación no explicitó si el utilitario que, según se probó, estuvo en el domicilio de Telleldín fue el utilizado en el hecho motivo de juicio o se trató de la otra camioneta mencionada en su alegato.
Expresó que la acusación omitió aclarar si Juan José Ribelli dijo a su asistido que una de esas camionetas era para realizar el atentado.
Por otra parte, la querella unificada sostuvo que Ribelli cobró, no se sabe de quién, $ 2.500.000 por aportar la Renault Trafic. Siendo así, se preguntó la defensa: ¿Telleldín, que supuestamente tenía conocimiento del destino final, habrá cobrado por entregar dos camionetas?; ¿la segunda camioneta, la tendrá Ribelli o también fue para Rabbani? Afirmó que se ignoran las respuestas porque “ni siquiera sabemos cuál fue la operación para la historia de A.M.I.A. D.A.I.A.”.
En este punto, dijo la defensa, la querella “Memoria Activa” señaló que su asistido participó en el atentado por un desmedido ánimo de lucro pero no mencionó si cobró algún dinero a cambio de su supuesta participación.
En suma, explicó que todas las cuestiones enunciadas no tienen respuesta porque nada de lo afirmado ocurrió, razón por la cual ni siquiera el más mínimo de los hechos que conforman las acusaciones encuentra sustento probatorio en la causa.
Sostuvo que “fueron diez años de investigar a Telleldín y a todo su entorno; fueron diez años de revisarle hasta el más mínimo papel a toda su familia; no se ha encontrado ningún elemento que lo relacione con el hecho, a excepción claro está, del motor hallado en las ruinas”. A partir de ese hallazgo, sostuvo, se han inventado todas las historias que conforman las acusaciones.
Enfatizó que “no existe elemento alguno que acredite semejantes relatos de ninguna de las tres acusaciones, no tenemos una conducta, tenemos suposiciones varias, tenemos variadas historias y ninguna de ellas siquiera circunstanciadas en tiempo, modo y lugar”.
Coligió que “debieron idear estas historias, por llamarlas de alguna manera, que cierren al menos una forma comisiva de los hechos” por que su asistido no ha participado en el atentado; razón por la cual, además, “no tienen ni siquiera una mínima prueba, ni indicio que acredite su vinculación”. Sin un relato imputativo, no es posible formular acusación y de ninguna forma, consideró, se ha destruido el estado de inocencia de Telleldín.
Sostuvo que “la ausencia de certeza positiva que exige la sentencia, surge del simple cotejo de las diversas acusaciones... que son entre sí, diferentes, lo que desde ya descarta la posibilidad de que los hechos hayan ocurrido de una sola manera”.
“No existe la posibilidad que los hechos se hayan producido de tres maneras diferentes...” lo que demuestra “que no hay certezas y, no la hay, porque los hechos están forzados, sólo para pedir condenas”; esto es, argumentó, “si el requerimiento de elevación es diferente a la acusación final de “Memoria Activa” y si para A.M.I.A. y D.A.I.A. los hechos ocurrieron de otra manera y para la fiscalía de otra forma diferente, es que no existe certeza... no sólo acerca de la responsabilidad; falta certeza de cómo se sucedieron los hechos”.
Sostuvo que “la falta absoluta de certeza, ha hecho que la querella A.M.I.A. sostuviera que aquí existen casualidades que llevan a formar una causalidad”; rebatió la argumentación expresando que “las casualidades son justamente casualidades, hechos que de ninguna forma pueden explicarse por la causalidad y por eso son casuales... la casualidad no tiene explicación en un hecho que le sirve de antecedente y, justamente por ser casual, es un hecho que no genera una consecuencia encadenada por las leyes de la lógica y de la naturaleza.... la suma de casualidades puede generar sólo una gran casualidad pero de ninguna forma puede generar una causalidad... la causalidad es una suma de sucesos que entre sí son antecedente y consecuencia, razón por la cual de ninguna forma puede, mediante una casualidad, explicarse una causalidad”.
Finalizó diciendo que “la causalidad generada entre distintos hechos tiene explicación en las reglas de la lógica o de la naturaleza, mediante estas leyes se llega a un encadenamiento de hechos que necesariamente uno es consecuencia de otro. Esto no ocurre con hechos casuales que, como el término lo indica, se dan sin que exista una explicación lógica”.
Dijo que frente a la imposibilidad de adecuar los hechos comunes de la vida de Telleldín, los acusadores transformaron los episodios vividos -que resultan absolutamente verdaderos y comunes-, en indicios inexistentes, intentando crear una hipótesis criminal.
Los recursos utilizados por las querellas y los fiscales, sumado al invento de indicios, al uso de prueba prohibida y a su exhibición (como la nota de “Página 12” del 16 de julio de 1995), demostraron, según la defensa, que “a cualquier costo necesitan acusar a estas personas para seguir dando respuestas mentirosas”.
Consideró, por otra parte, que todo aquello que su asistido explicó en su declaración indagatoria y que fue acreditado con pruebas concretas, las acusaciones lo transformaron en indicios, alegando que Telleldín preconstituyó prueba, en tanto que por las otras circunstancias que refirió y que “no quisieron probar porque ni siquiera se molestaron en hacer las medidas”, dijeron que Telleldín era un mentiroso. A ello agregaron las querellas y fiscales las frases “Telleldín sabe mas de lo que dice”, “Telleldín va y viene” y “Telleldín no quiere decir a quien le dio la camioneta”.
Afirmó que su defendido dijo a quién vendió la camioneta de manera incansable; en cada una de sus indagatorias y hasta en los medios de prensa Telleldín afirmó que fue vendida a Ramón Martínez, circunstancia que reconoció hasta en la indagatoria que le hicieron firmar mediante coacción. Sostuvo que la existencia de esta persona no fue un invento ni una mentira de su asistido, pues existe un individuo –con nombre verdadero o falso- que suscribió el boleto de compraventa, que tiene una cara, un cuerpo y una fisonomía que Telleldín describió al detalle. Posee, además, una caligrafía propia, razón por la cual se han efectuados cuerpos de escritura durante diez años a casi todos los que pasaron por el juzgado.
En suma, aún elevada la causa a juicio y en la actualidad, el juez de instrucción prosigue buscando a dicha persona con el identikit que confeccionó su asistido, extremo que demuestra que Telleldín en este aspecto fue veraz.
Indicó que las acusaciones formuladas no expresaron con claridad qué es lo que supuestamente sabe Telleldín y cómo es que los acusadores saben que éste conoce algo más de aquello que declaró; tampoco señalaron en qué mintió su asistido y las pruebas que demostrarían ese extremo.
Refirió que, paradójicamente, la única vez que Telleldín mintió fue en la oportunidad en que se ejerció coacción por parte del propio magistrado y los fiscales, “con el conocimiento y consentimiento de todo el poder y de los representantes de las querellas”. Aún así, expresó, “ellos sostienen esta mentira, sostienen que Telleldín aseguró que le entregó la camioneta a los policías, cuando esto era sólo una hipótesis”. A pesar de que “Telleldín es un mentiroso”, la acusación se basó en sus declaraciones periodísticas ante el diario “Página 12” porque descartaron sus dichos del 5 de julio de 1996.
Por otra parte, sostuvo, que si la querella A.M.I.A., D.A.I.A. y “Grupo de Familiares” consideró probado que Juan José Ribelli solicitó la camioneta a Telleldín, debieron existir, entonces, comunicaciones telefónicas o, al menos, testigos presenciales de esa relación. Además, si Moshen Rabbani y Carlos Alberto Telleldín planearon el atentado, al menos debieron existir comunicaciones telefónicas y personales entre ambos. En ese sentido, se preguntó la defensa ¿cómo es que Rabbani y Ribelli se conocieron?, ¿en qué lugares se encontraban?, ¿en qué fecha le pidió la camioneta?, ¿cómo es que le dijo que era para un atentado? y ¿cómo es que se lo dijo Ribelli a Telleldín?
Dijo que ninguno de esos interrogantes fueron explicados en el alegato acusatorio. Aún más, expresó que si Moshen Rabbani era objeto de investigaciones por parte de la S.I.D.E. desde el año 1992, ¿cómo es que ningún agente de inteligencia lo vio reunido con Ribelli o con Telleldín?.
Dijo que las vinculaciones mencionadas en la acusación de la querella unificada no son ciertas y “son pura imaginación que de ninguna forma pueden generar responsabilidades penales”. Resaltó que en el alegato de la mencionada acusación dijeron “que en estos hechos no es posible tener una fotografía como prueba, como señalando la imposibilidad de la prueba directa”; no obstante, exhibió la fotografía de Moshen Rabbani en algunas agencias de venta de vehículos consultando por camionetas. Así, argumentó, “como se tenía esta foto de la misma manera se podía tener la de Rabbani con Ribelli y la de Ribelli con Telleldín”.
Explicó que la única explicación de que la querella D.A.I.A., A.M.I.A. y “Grupo de Familiares” insistan en tales vinculaciones estuvo dada en que afirmaron que Rabbani era el autor ideológico del atentado y no podían dejar insoluble el problema de la relación de éste con la conexión local. La hipótesis, dijo, es como “insertar un cubo en un cuadrado” y “escapa a todas las leyes de la lógica”.
Expresó que no se probó ni “una sola mentira de Telleldín”; por el contrario, todo aquello que declaró fue acreditado en el debate. En definitiva, dijo, el derecho de defensa en juicio de Telleldín de declarar y explicar cómo ocurrieron los hechos fue utilizado en su contra, bajo el pretexto formulado por la acusación en el sentido de que “si lo probamos es porque preconstituyó prueba, si no lo probamos, es mentira”.
En virtud de las razones esgrimidas en la oportunidad de alegar, la defensa de Carlos Alberto Telleldín objetó los indicios señalados por las acusaciones para acreditar la responsabilidad penal de éste en el hecho imputado; a saber: el supuesto armado de dos camionetas, el refuerzo de los elásticos para soportar el peso de la carga explosiva, la falsedad referida por su asistido en punto a que vendió la camioneta y que concurrió a la calle San José 972 para entregar la documentación del vehículo a su comprador, la supuesta fuga que emprendió su pupilo, el nerviosismo que denotó antes y después del atentado, la expresión “estos hijos de puta me cagaron la vida” adjudicada a Telleldín, su cambio de residencia con posterioridad al hecho investigado y el desvío de la investigación mediante la compra de la camioneta a Alejandro Monjo con la falsa identidad de “Teccedín”.
Consideró que la acusación no logró destruir el estado de inocencia de su asistido, citando en apoyo de ello, las palabras del Dr. Cortelezzi, juez de la cámara del fuero, plasmadas en su disidencia en la resolución del 28 de diciembre de 1994, en cuanto expresó que “a la carencia de prueba que pudiera mínimamente acreditar la participación de Telleldín en el atentado, se suma la referencia a tres circunstancias que en rigor lo distanciarían, en principio al menos, de la sospecha de su colaboración, a saber: 1) es inexplicable que quien participa de un atentado de esta naturaleza mediante la provisión del vehículo adecuado para ser utilizado como coche-bomba, haya puesto a la venta ese mismo automotor, anunciándolo como habitualmente se hace y requiriendo por él el valor real según la plaza, ofreciendo con esto una pista más para ser habido; 2) es inexplicable, también, que quien comprometa su actuación en un episodio de esta magnitud, no haya procurado siquiera eliminar toda posibilidad de identificación del vehículo, suprimiendo, por ejemplo, el número de motor; adviértase, según ya se dijo, que hasta el momento, el logro de mayor trascendencia de la investigación ha sido la determinación del automotor utilizado, a la que se llega, precisamente, por este número; 3) es también poco razonable pensar que un partícipe, enterado de la sospecha que sobre él recaía, haya retornado desde Misiones a la Capital Federal por su propia y libre decisión”.
También sostuvo dicho magistrado que “el imputado Telleldín, actuó precisamente de este modo, no se ocupó de procurar borrar toda huella que condujera a la identificación del vehículo, sino que suma a esta actitud su retorno, conciente del riesgo de detención que ello importaba...”, para finalizar que “no es tolerable sostener un auto de procesamiento, mucho menos de detención cautelar de un imputado, mediando sólo una íntima sospecha, carente de toda prueba valedera de la participación de Telleldín en el atentado, por cuanto ello importaría una verdadera apuesta a la culpabilidad. Al respecto, y si de expectativas se trata, bueno es tener en cuenta que, desde el auto de procesamiento al presente, han transcurrido más de 4 meses, y se han agregado más de 4000 folios, sin que la situación de los imputados se haya visto alterada”.
En conclusión, señaló que “no existen indicios, ni aislados, ni en conjunto, ni de cargo, ni concordantes, ni unívocos, ni precisos contra Carlos Telleldín como partícipe de este atentado terrorista”, razón por la cual solicitó su libre absolución de culpa y cargo.
Respecto de la imputación efectuada como partícipe necesario de la falsificación de un Documento Nacional de Identidad, la defensa solicitó la libre absolución de su asistido.
Fundó su pretensión sobre la base de los cuatro peritajes producidos en la causa y de las declaraciones de los empleados del Registro Nacional de las Personas que demostraron que el documento fue emitido por ese organismo en forma errónea. Precisó que, aún cuando no existieran las barras superiores que conforman la letra “C”, el apellido estaba mal escrito porque se leería “Telledin”.
La defensa negó la supuesta sustitución de fotografía achacada a su asistido, explicando que por el transcurso del tiempo se borraron de su película la huella y la firma del funcionario del registro. Aún así, los defensores argumentaron que no se advierte ninguna conducta ilícita por parte de su asistido en tanto la fotografía inserta en el documento retrataba al verdadero titular del documento. Por otra parte, alegó que el número de documento inserto en la cartilla pertenece a Carlos Alberto Telleldín, demostrando que el documento cumplía las finalidades para las que fue creado por cuanto permitía la identificación de su portador.
Por último, la asistencia técnica de Telleldín planteó la extinción de la acción penal por prescripción respecto del delito de encubrimiento de la camioneta sustraída a Pedro Sarapura, sosteniendo que tras el procesamiento de su asistido no existió ningún acto interruptivo hasta febrero de 2000, oportunidad en que la causa fue elevada a juicio, superando ampliamente el plazo previsto en el art. 62, inc. 2º, del Código Penal. En consecuencia, solicitó la libre absolución de Carlos Alberto Telleldín.
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