# Discurso de Elisa Carrió por el rechazo de integrar la Cámara del diputado electo Luis Patti

Elisa Carrió: Señor presidente: nadie puede dudar de que nosotros somos claros, permanentes y coherentes opositores del gobierno nacional. Además, nada nos une al oficialismo de esta Cámara.
Por otro lado, debo manifestar que lo que voy a exponer en nombre de mi bloque no es la posición que tenemos como oposición; es exactamente –diputado Martini- la misma posición que sostuve en esta Cámara en el caso “Bussi”, siendo en ese momento presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales e integrante del partido radical, que hoy desconoce ese precedente.
De modo tal que se podrá cuestionar o no nuestra posición, pero lo que no se nos podrá decir es que hemos cambiado de cuando éramos mayoría a ahora, cuando somos una ínfima minoría en esta Cámara de Diputados.
Tampoco voy a hablar del caso de Patti como persona, porque considero que se debe objetivar. Entiendo que existe una enorme confusión conceptual y jurídica. Para salir de esta Argentina donde el pasado vuelve a título de simulacro y desencuentro, voy a ir a Alemania.
Efectivamente, en Alemania existió la desaparición forzada de personas. Ahí se construye el concepto: hubo tortura, cámara de gas y el enfrentamiento de una sociedad. Esa tortura y esas cámaras de gas no estaban prohibidas por la ley, sino permitidas.
De modo tal que al finalizar la guerra Alemania y el mundo se encontraron con el hecho de que a la luz del derecho positivo que regía en ese país, los que habían dirigido las grandes concentraciones en el holocausto no eran punibles, porque por el principio liberal, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe.
O sea que al amparo de los principios liberales del derecho penal, los que habían matado a seis millones de judíos eran inocentes. Es ahí donde se tiene que construir el tribunal de Nürenberg y donde se construye la doctrina de los derechos humanos a la luz del viejo ius gentium.
Nürenberg juzga, pero lo hace tarde, y se abre nuevamente el Estado democrático en Alemania durante todo ese proceso. En ese momento, los que no fueron juzgados pero participaron en los hechos ocurridos podían llegar a presentarse en el Estado democrático para ser diputados del Reichtag.
En consecuencia, la pregunta que uno debe formularse para poder resolverla jurídicamente es si, aunque no existiera Constitución o ley, a la luz del ius gentium y de los tratados internacionales que tienen su base en la vieja sabiduría del Decálogo y en toda la herencia occidental a partir de Grecia –como lo dijeron tantos magistrados en los juicios de la verdad-, una persona imputada, sospechada o requerida, pero no condenada, por delitos de desaparición forzada o de lesa humanidad, puede ser funcionaria de un Estado de Derecho e incorporarse a una Cámara legislativa de la Nación.
Esta es la pregunta de “Bussi”. Bussi no estaba condenado. Es cierto que también la Cámara estaba dividida; no es verdad que en ese momento todo mi bloque radical estaba de acuerdo. Tampoco es cierto que todo el justicialismo estaba de acuerdo con que Bussi no ingresara a la Cámara. Es mentira.
Tengo que contar esa historia. Acá están los periodistas que estaban en aquel entonces y saben la verdad. La gracia fue que paradojalmente quien presidió la sesión preparatoria –por ser el de mayor edad fue el ex diputado Juri, ex gobernador de Tucumán, ya muy viejo, quien había sido la persona más perseguida por Bussi. Por eso se pudo llegar a un acuerdo, y si ustedes leen la versión taquigráfica observarán que esa sesión fue conducida por Juri, con la presión de su bloque, y por nosotros, es decir, yo como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, con algunos diputados que decían: “Se va a arruinar la sesión, van a arruinar la asunción de la Alianza”.
Consideré importante este testimonio. Esa pregunta sólo puede tener una respuesta. Es cierto que no estamos habilitados para juzgar la habilidad moral in extenso, y también es cierto que como en la Alemania de la posguerra, lo que nos sucedió no fue un delito menor. En la Argentina hemos pasado por un genocidio, por un mini-holocausto, y la resolución jurídica de esto tiene que ver, a la luz histórica, con ese derecho internacional.
En consecuencia, ¿qué hicimos? Gracias a Dios fui testigo y corredactora. Se redactaron primero las cláusulas del artículo 75, inciso 22, y como había mucha discusión respecto de la inclusión de algunos tratados internacionales -también con dura pelea, con los bloques divididos y casi caída la Convención- logramos incluir en el último párrafo de ese inciso que este Congreso, por los dos tercios de la totalidad de los votos, podía incorporar a otros tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Eso fue lo que hicimos. Quien habla, el diputado Federico Storani, la diputada Carca y el diputado Cafiero presentamos un proyecto de mi autoría que consiste en otorgar jerarquía constitucional al tratado sobre desaparición forzada de personas.
Ese proyecto expresamente señala que el tratado tiene jerarquía constitucional, integra la Constitución. No hay que olvidarse de que el Estado argentino ni ningún otro pueden proveer ni conceder privilegios ni inmunidades a ninguna persona razonablemente sospechada de cometer delitos de lesa humanidad. No es que tengamos opción. Es un imperativo. A partir de allí se construyó el caso “Bussi”. No es que podemos. Creo sinceramente que hay una omisión, que a partir de la doctrina “Bussi”, que es el primer caso, y de los tratados, debieron incorporarse en la ley electoral. En este sentido existe un proyecto de varios señores diputados.
Quiero hacerme cargo de ese argumento, del que se escucha en las gradas. Ese argumento dice que la mayoría popular no puede ser alterada. Es precisamente eso lo que se debatió en Alemania.
En Alemania, el teórico constitucional más importante de la primera mitad de siglo, Carl Schmitt, dijo: “Decide quien puede, cuando puede. Y si esa decisión es la de la mayoría, está por encima de todo.” Esa es la teoría decisionista mayoritaria que funda ese Estado, pero también es la teoría decisionista mayoritaria que campea en la Argentina y que tiene consecuencias dramáticas.
Señor presidente: hay otra concepción de la democracia y otra teoría constitucional que señalan que los derechos humanos, el derecho de gentes están por encima de las normas escritas internas y de la regla de la mayoría, existiendo la obligación de los Estados y tribunales independientes de hacer preservar esos derechos humanos. Nosotros adscribimos desde siempre a esta posición. Sé que esto no va a resolver el problema del pasado, pero voy a contestar con una enorme paz a la última pregunta: ¿cómo se sale del equipaje del pasado?
Yo escribí en el libro Hacia un nuevo contrato moral que ante la violencia que nos cruza, nos manda y nos enfrenta desde hace muchísimos años, sólo se sale con verdad, con justicia y con condena. Por eso también fuimos autores de la iniciativa sobre nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
Después de eso debe seguir el más profundo arrepentimiento de todos al uso de la violencia y a formas de complicidad u omisión vinculadas con quienes no hemos usado las armas, pero hemos consentido con nuestro silencio o tuvimos otras actitudes.
Yo me arrepiento. Ojalá que cada uno de nosotros –lo digo yo, que nunca levanté un arma- pueda arrepentirse de lo que omitió hacer o de lo que hizo, aunque ello no puede sustituir la necesaria justicia.
Ojalá que nuestros hijos no tengan que vivir con el equipaje del pasado y podamos construir otro país sin odio.