# Declaración de Bahía

La Cumbre de los Pueblos reunida en Bahía, el 14 de diciembre de 2008 ha emitido la siguiente declaración;
| "Reafirmando que los hombres y mujeres de América Latina y Caribe venimos construyendo la integración desde los pueblos, avanzando en la disputa por la profunda transformación del modelo productivo actual en una perspectiva soberana, sustentable y justa. Teniendo en cuenta los cambios que se están realizando en el escenario mundial a raíz del desencadenamiento de la crisis económica del sistema capitalista que es producto de las políticas neoliberales de la globalización que han sumido a la humanidad en una profunda crisis energética, alimentaria, climática y social y que ahora se expresan en la crisis económica y financiera. Observando que bajo la conducción del actual gobierno de Estados Unidos se busca dividir la región, reeditar la fracasada propuesta del ALCA y profundizar los esquemas de libre comercio, apertura a las inversiones, endeudamiento en varios países y militarización, y que la Unión Europea busca impulsar políticas similares en nuestra región. Reconociendo no obstante, que algunos gobiernos de la región han iniciado caminos alternativos de desarrollo planteando nuevas formas de organización económica, constatamos el mantenimiento de las políticas neoliberales que han conducido a muchos pueblos a escala global a la profundización de la pobreza, la discriminación y el abandono de la capacidad de los estados de promover el desarrollo económico y social. Declaramos: Asumir el compromiso de profundizar la integración desde los pueblos, en este momento histórico de lucha y movilización de América Latina y el Caribe, construyendo la soberanía popular. Por eso consideramos que la salida a la crisis económica global debe tener como respuesta estratégica la integración soberana de los países de la región y la construcción de un nuevo orden internacional económico, financiero, basado en la solidaridad, la justicia y el respeto a la naturaleza, que valorice el trabajo y que incentive el derecho al desarrollo sustentable de los Países del Sur. Las Américas que queremos construir en la perspectiva de los pueblos deben fundarse en los valores de solidaridad, superación del patriarcado, y ser necesariamente anti-racista, respetuosa de las culturas de los pueblos originarios y de la diversidad como un valor a ser defendido. En este sentido saludamos y nos solidarizamos con los procesos constitucionales en curso en Bolivia y en Ecuador. Así vemos con satisfacción que en la región se impulse la autonomía, el fortalecimiento de los mercados internos, el abandono del dólar como referente en los cambios internacionales, el dotarse de una capacidad financiera propia y el replanteo de los esquemas ilegítimos de endeudamiento, como lo ilustra el caso de la auditoría en Ecuador. Así como a fortalecer la democracia, y la autodeterminación, la no injerencia en los asuntos de otros estados y la búsqueda de una relación respetuosa y fraterna entre las naciones. Señalamos con agrado que han surgido propuestas de integración que reflejan el sentimiento popular de aumentar los lazos solidarios, la cooperación, el intercambio mutuamente beneficioso y la superación de las inequidades. Al mismo tiempo vemos con preocupación que en buena medida se mantienen los esquemas neoliberales y el modelo depredatorio, monoproductivo, orientado a la exportación de recursos naturales y basado en la construcción de megaproyectos dirigidos a la consolidación de este modelo el cual produce incalculables daños a los pueblos originarios, las mujeres, las comunidades campesinas, las fuentes de agua, el medio ambiente y el desarrollo social, así como se mantiene un modelo energético no sostenible. Señalamos que el mantenimiento de las políticas de libre comercio es obstáculo para la integración de los pueblos, la justicia social, la soberanía y la democracia y cualquier esfuerzo para retomar las negociaciones de liberalización en la OMC contribuirá a mantener el injusto orden internacional contribuyendo a profundizar la crisis alimentaria y climática, así como también los TLCs y el ASPAN que precisan ser rechazados para que la integración que queremos pueda avanzar. Por estas razones proponemos como alternativas desde los pueblos: Ligar el proceso de integración al cambio en el modelo productivo asegurando la soberanía alimentaria, que solo puede alcanzarse con la profundización de una Reforma Agraria, que permita planificar y controlar la producción de alimentos para atender a las necesidades de los pueblos, revalorizando la cultura agroalimentaria de los mismos, en una nueva organización de la vida y de las relaciones entre el campo y la ciudad. La integración debe incluir también la complementariedad de las economías y el fomento a la producción sustentable. La biodiversidad y el conocimiento tradicional son patrimonio de nuestros pueblos, por ello exigimos el cumplimiento del convenio 169 de OIT y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. Asegurar que el uso humano y la preservación de las fuentes y acuíferos vitales al abastecimiento público estén en primer lugar en el ordenamiento jurídico y administrativo de nuestros países; que sea efectivizado un Comité Latinoamericano y Caribeño para el monitoreo y enfrentamiento de las causas y consecuencias del calentamiento global; y que se garantice a los pueblos originarios y tradicionales respeto en los procesos de desarrollo y prioridad en la aplicación de los fondos para la reparación de las injusticias climáticas que afectan nuestros países. Garantizar la soberanía de los países sobre los bienes naturales y sus fuentes energéticas, que no podrá ser alcanzada en detrimento de la soberanía alimentaria y del medio ambiente, y que permita alcanzar el bienestar de sus pueblos. Llamamos a los gobiernos de la región a buscar soluciones dentro de marcos de justicia y solidaridad frente a la demanda del pueblo paraguayo en torno a la renegociación de los tratados de Itaipu y Yaciretá. Asegurar la primacía de los derechos humanos, la vigencia y exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, adoptando los instrumentos legales para ello. Exigimos garantizar los derechos de las y los migrantes y la libre circulación de personas y no solamente el flujo del capital y las mercancías. Demandamos el compromiso de los gobiernos en ratificar los Convenios 97 y 143 de la OIT y la Convención de la ONU sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Famílias. Considerando que los trabajadores y las trabajadoras son duramente afectados por la actual crisis del capitalismo, con despidos en masa, reducción de salarios y flexibilización de derechos, exigimos medidas que protejan los intereses del trabajo y hagan que los ricos paguen el precio de la crisis. Defendemos la reducción de la jornada de trabajo sin reducción de salarios, condicionar la liberación de recursos públicos para empresas con dificultades para mantener el nivel de empleo, ampliar el seguro de desempleo, ratificar y aplicar la Convención 158 de la OIT, y prohibir los despidos en masa. Denunciar la criminalización de las mujeres en su lucha por la autonomía y el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas en la lucha por la legalización del aborto. Por entender que el acceso a la salud pública de calidad es un derecho de todos y todas, reivindicamos que los medicamentos y la propiedad intelectual no sean incluidos en la agenda de la OMC. Deseamos que los países tengan la posibilidad de construir un modelo alternativo de patentes que sirva a sus pueblos, y mecanismos de transferencia de tecnología al servicio de la soberanía popular. El modelo capitalista actual no es capaz de ofrecer tierra urbana y vivienda en una localización segura a los trabajadores y trabajadoras; denunciamos que el financiamiento del Banco Mundial y del BID en las ciudades ataca el derecho de la población al medio ambiente. Necesitamos de la democratización de los espacios públicos de las ciudades, con políticas intersectoriales de saneamiento, deporte y recreación; además de la redefinición de las prioridades del gasto público orientado a políticas redistributivas. Es necesario el fortalecimiento de la educación como un bien público, social, un derecho universal y un deber del estado. Exigimos el retiro de la educación de los acuerdos de la OMC. Reafirmamos la necesidad de una cooperación e integración tecnológica y científica, basada en valores solidarios, justos y soberanos. Demandamos la democratización de los medios de comunicación de América Latina e Caribe. Se advierte sobre el peligro que entraña la IV Flota (imperial) de los Estados Unidos que amenaza la paz de la región, ante lo cual, expresamos nuestro más categórico rechazo a la presencia del Comando Sur en nuestro continente. Nos sumamos a la exigencia del pueblo haitiano para el inmediato proceso de retiro de todas las fuerzas armadas extranjeras. Celebramos la ratificación de Ecuador para el retiro definitivo de la Base de Manta y su auditoría, y demandamos que no se desloque la base de Ecuador a Perú. Denunciamos la creciente criminalización y judicialización de la protesta social, como así también la implementación de las llamadas leyes antiterroristas y advertimos al mismo tiempo una nueva ofensiva estadounidense para homologar nuestro marco jurídico regional con la Ley Patriota norteamericana. Las instituciones financieras multilaterales son las principales responsables de las actuales crisis económica, climática, alimentaria y energética. Los pueblos necesitamos de otras instituciones; su sola reforma significará la profundización de las crisis y resultará en una nueva etapa de endeudamiento ilegítimo para nuestros países. Reclamamos a los gobiernos de América Latina y el Caribe que se retiren de estas instituciones, incluyendo al CIADI; una simple reforma en el sistema de poder de decisión no va a superar su lógica. Las deudas ilegítimas que se reclaman a nuestros países ya fueron pagadas varias veces y representan un mecanismo de dominación. Exigimos el reconocimiento del derecho al no pago y el compromiso de los gobiernos de priorizar los derechos de los pueblos y la naturaleza sobre el pago de una deuda financiera ilegítima. Saludamos el no pago de la deuda decidido por el gobierno ecuatoriano, respaldado por un proceso integral de auditoría, y nos solidarizamos con la intención de iniciar nuevos procesos en Paraguay, Bolivia, Venezuela y la creación de la CPI de la deuda en Brasil. Conclamamos a los demás gobiernos de la región y del mundo a respaldar la acción soberana del gobierno ecuatoriano, a emprender iniciativas similares y avanzar en la creación de nuevas instituciones, como el Banco del Sur, que pueden contribuir en la construcción de una nueva arquitectura financiera regional y global. Demandamos que los gobiernos reconozcan la deuda ecológica y que destinen recursos para la necesaria reparación ambiental. Fortalecer y dotar de herramientas eficaces y equitativas a los procesos de integración en curso, buscando su convergencia y superando sus deficiencias, especialmente en lo que se refiere a dotarlos de una institucionalidad operante, garantías para la superación de las asimetrías, resolución de los conflictos por medio del diálogo y teniendo como mira permanente el beneficio de la población. Pedimos el pleno reintegro de Cuba a la comunidad latino americana y caribeña y la eliminación del bloqueo a la isla y la libertad para los cinco patriotas cubanos presos injustamente en las cárceles de EUA. Exigimos la libertad y el fin de la persecución de las feministas nicaragüenses presas por defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Exigimos el fin de la criminalización de los movimientos sociales en nuestra región. Llamamos a los pueblos de América Latina y el Caribe a la movilización para avanzar en la integración regional y la preservación de las conquistas realizadas y de la democracia, construyendo alternativas de cambio social que nos permitan la realización de una sociedad más justa, equitativa y soberana." | ' |