# Discurso en que Arturo Alessandri explica por qué no convocará a sesiones del congreso nacional en 1925

Discurso en que Arturo Alessandri explica por qué no convocará a sesiones del congreso nacional en 1925
La manifestación de algunas opiniones producidas últimamente, en orden a la conveniencia de permitir el funcionamiento del Congreso elegido en marzo de 1924, me impone el deber de expresar al país mi punto de vista y mi resolución al respecto.
La Junta Revolucionaria, que tomó de hecho el Gobierno de la República el 11 de Septiembre de 1924, declaró disuelto el Congreso Nacional por decreto de la misma fecha.
En sus últimos considerandos y en su parte resolutiva, este derecho dijo: “Que en las presentes circunstancias se impone como una necesidad imperiosa la consulta a la voluntad popular:
Que, por otra parte, es de pública notoriedad que las inscripciones de noviembre próximo pasado y las elecciones verificadas en marzo último se realizaron en forma que no se puede considerar que reflejaran la verdadera expresión de la voluntad popular y de ello dan suficiente testimonio las resoluciones de la Comisión Revisora de Poderes; Que es propósito decidido del Gobierno realizar esta consulta de la voluntad popular de la nación tan pronto como pueda garantirse el correcto ejercicio del derecho de elegir:
Que en vista de estas graves consideraciones y a objeto de realizar los propósitos enunciados no queda otro camino que la disolución del Congreso Nacional. Por estas consideraciones hemos acordado y decretamos:
1.º Declárase disuelto el Congreso Nacional.
2.º El Ministerio del Interior procederá al estudio de las medidas que procedan para convocar a los pueblos a nuevas elecciones.”
El Congreso declarado disuelto no protestó ni reclamó de tal resolución. La opinión pública silenció también y la medida se impuso en todo el país en un ambiente favorable a ella, pues, se le consideró destinada a concluir con un régimen que se había hecho imposible, que impedía el progreso de la Nación y que la dañaba gravemente en sus energías vitales.
No se la estimó por la opinión como ataque necesario para concluir definitivamente con un régimen repudiado. El silencio de la opinión y los actos y declaraciones positivas, surgidos de diversos campos políticos, justifican esta apreciación.
El 19 de Septiembre, es decir, apenas seis días después del acontecimiento, el "Comité Ejecutivo" que asumió por resolución de la Junta General la dirección superior del Partido Radical, dijo: “En cuanto al Parlamento y haciendo abstracción del atropello al derecho público, que importa su disolución, hay que confesar que esta medida era de salvación nacional, al destruirlo se ha cambiado, a nuestro juicio, un régimen funesto y se ha desbrozado el campo para implantar en su lugar un mejor orden de cosas” .
El presidente del Partido Conservador, don Arturo Lyon, a su vez, interpretando el sentir de sus correligionarios y de los partidos de la combinación política de que ellos formaban parte, en la sesión del Directorio del Partido Conservador, de fecha 18 de Noviembre de 1924, dijo: “El movimiento militar se produjo fuera de nuestra órbita de acción, pero los propósitos que lo instigaron coinciden perfectamente con las finalidades de nuestro programa, con sus anhelos de regeneración administrativa, de corrección política, de perfeccionamiento moral y de progreso material.
En efecto, ¿quién podría negar que el movimiento revolucionario ha venido a legitimar la campaña que el Partido Conservador ha sostenido por más de tres años en el Congreso y en la prensa, que ha venido a prestigiar a sus hombres más eminentes y que ha comprobado la excelencia de los principios fundamentales de su programa.?”
Más adelante agrega: “Debe saberse que nos hacemos solidarios del movimiento militar.
Lamentamos que este movimiento haya sido necesario, pero reconocemos su necesidad y vemos que su labor ha sido una obra de salvación nacional. El país debe saber que seremos los más decididos cooperadores de esta nueva era de regeneración moral y progreso material, manteniéndonos, como siempre lo hemos hecho, ajenos a todos los manejos de la politiquería.” El señor Lyon finalizó su discurso en la siguiente forma: “Para terminar, queremos recordar a todos nuestros correligionarios, al propietario, al industrial, al comerciante, al empleado y al obrero, que del acto electoral que debe realizarse dentro de algunos meses, dependerá, por muchos años, la suerte de la República. El movimiento militar ha venido a salvar a la Nación cuando estaba al borde del abismo. Por un beneficio inconmensurable de la Providencia, esta revolución se ha realizado sin una perturbación, sin que fuera necesario derramar una sola gota de sangre. Un hecho semejante no volverá a repetirse en nuestra historia.
Si el Partido Conservador y sus aliados obtienen el triunfo, salvarán al país y se habrá legitimado la revolución que realizaron las fuerzas armadas de la República. Si el Partido Conservador y sus aliados son derrotados, volverán al Gobierno los mismos elementos espúreos que fueron expulsados del Congreso el 5 de Septiembre, los mismos cuyos nombres figuraron en la Convención Radical última ...”
Así las cosas, vino el pronunciamiento del 23 de Enero que derrocó la primera Junta de Gobierno y, en el Manifiesto lanzado al país por los autores del movimiento restaurador del 23, se dijo: “Los responsables del movimiento del 5 de Septiembre, acabamos de reconquistar el sentido inicial de aquel acto. La desviación maliciosa de nuestro programa, expuesto en el manifiesto del 11 de Septiembre, ha hecho necesario deponer a los jefes que traicionaron la confianza depositada en ellos.” Y agrega: “Nos hallamos, pues, de nuevo en el punto inicial de nuestro impulso patriótico. Esta vez no queremos dictar normas por cuenta propia, sino convocar a la mayoría libre del país, para que, velada por nuestras espadas y dirigida por su Presidente Constitucional, reorganice a Chile, realizando las promesas de nuestro manifiesto del 11 de Septiembre.” En consecuencia, el movimiento del 23 de enero fue para reconquistar el sentido inicial del 5 de septiembre, o sea para dar al país una Carta Fundamental que corresponda a las aspiraciones nacionales.
“Creada la nueva Contitución, dice el manifiesto de 11 de septiembre, ha de procederse a la elección de poderes públicos, sobre registros hechos por inscripción amplia y libre. Constituidos estos poderes, habrá terminado nuestra misión.”
Se llamó el 23 de Enero al Presidente Constitucional de Chile precisamente para esto, es decir, “para dar al país una Carta Fundamental que corresponda a las aspiraciones nacionales” y para que, una vez dictado ese Código Fundamental, se proceda, en conformidad a las fórmulas que él dicte, a la elección de poderes públicos sobre registros hechos por inscripción amplia y libre. Los militares declaran que terminará su misión una vez que tales finalidades se alcancen.
Como consecuencia de la revolución del 5 de Septiembre, se aceptó la renuncia del Presidente Constitucional de Chile y se disolvió el Congreso.
La revolución del 23 de Enero reconsideró el primer punto y mantuvo en todas sus partes el segundo. Llamó al Presidente Constitucional para que terminara su período y para confiar a él la realización de la finalidad revolucionaria que, como repito, es la dictación de una nueva Carta Fundamental que corresponda a las aspiraciones nacionales y para que proceda en seguida a la elección de poderes públicos sobre registros hechos por inscripción amplia y libre.
Por consiguiente, se llamó al Presidente Constitucional de Chile para que volviera al país a su normalidad institucional, indicándole el camino preciso y único para alcanzar ese objetivo. La revolución del 23 de Enero no entendió que se podía volver a la normalidad constitucional mediante la apertura del Congreso disuelto, sino que llamó al Presidente para que lograra ese propósito en la forma anteriormente trazada y no en otra.
El 24 de Enero recibí en Venecia un telegrama de la nueva Junta de Gobierno provisionalmente constituida, en que me llamaba al país para los objetivos y propósitos anteriormente manifestados.
Mi primer impulso, de acuerdo con una resolución firme de mi espíritu, fue declinar el ofrecimiento que se me hacía y no volver a asumir el Gobierno, del cual me consideraba alejado definitivamente. Una serie de consideraciones de interés nacional que se me formularon por cable, entre ellas el telegrama firmado por los presidentes de los partidos de la Alianza Liberal, me hizo cambiar de resolución en el sentido de imponerme el más grande de los sacrificios que se le podía exigir a un hombre, cual era reasumir el mando para realizar el pensamiento de la misma revolución que lo había colocado en situación de abandonar el poder y el país. El telegrama de los presidentes de los partidos que formaban la Alianza Liberal, recibido el 26 de Enero, estaba concebido en los términos siguientes:
“Nuevo movimiento militar fue efectuado sobre base de su regreso para terminar su período constitucional y realizar manifiesto once Septiembre, cuyas condiciones son aceptadas por instituciones militares, partidos políticos y opinión popular. Nombre partidos que apoyaron su Gobierno, rogamosle manifestar aceptación y anunciar inmediato regreso. Situación enteramente favorable.-(Firmados).- ELIODORO YAÑEZ. Presidente Liberal.-ENRIQUE OYARZUN, Presidente Radical.- CLAUDIO VICUÑA, Presidente Balmacedista.- NOLASCO CARDENAS, Presidente Demócrata.”
El mismo día 26 de Enero recibí, además, el siguiente telegrama de las agrupaciones obreras:
Con estos y otros antecedentes, expedí desde Roma el telegrama de 27 de Enero, ya conocido, y en el cual acepté volver al país a terminar mi período constitucional y obtener la dictación de la nueva Carta Política exigida por la revolución triunfante sobre la base de que las fuerzas armadas retornaran, desde luego, al giro ordinario de sus funciones profesionales.
Mi indicación fue favorablemente acogida y de los antecedentes expuestos, resulta que aquella era la opinión unánime del país.
Las fuerzas armadas aceptaron también mi sugestión y, con un patriotismo que les hace alto honor, han vuelto definitivamente a sus labores profesionales, y no se mezclan ni intervienen en forma alguna en los actos del Gobierno. Los revolucionarios, pues, han cumplido sus promesas; corresponde al Presidente de la República cumplir lealmente la situación aceptada por él en el citado telegrama de Roma.
En consecuencia, la misión que me incumbe, determinada por los hechos y por el compromiso de honor contraído a la faz del país, es obtener la nueva Carta Fundamental que concuerde con las aspiraciones nacionales y, en conformidad a ella, proceder a convocar a elecciones de poderes públicos sobre registros hechos por inscripción amplia y libre. Es este mi compromiso y lo cumpliré con lealtad inquebrantable, porque esa fue la finalidad perseguida por la revolución y aceptada por la unanimidad del país. Apartarse de este camino trazado por los acontecimientos y por los hechos, importaría traicionar la fe jurada y exponer al país a una nueva alteración del orden público.
No está demás recordar que desde los primeros días de mi Gobierno, prediqué constantemente en los Mensajes presidenciales, en discursos y reportajes, que nuestro régimen político y administrativo se hacia imposible, que él llevaba al país al desastre y al caos.
Pedí las reformas con toda la energía de que era capaz: afirmé constantemente que una ley histórica, tan antigua como la humanidad, nos enseña que la reforma retardada y resistida trae siempre como consecuencia la revolución y la hecatombe. No tuve la fortuna de ser oído.
Cuando surgió el movimiento del 5 de Septiembre, comprendí que, cualesquiera que fuesen sus causas inmediatas, en el fondo él era la realización de mis afirmaciones reiteradas durante cuatro años y por eso me resigné ante los hechos. A raíz de los acontecimientos, me expresé en numerosa correspondencia particular en la misma forma que ahora lo hago y juzgué, como hoy, que la revolución era un mal necesario.
No obstante este convencimiento, no quise echarme encima la responsabilidad de perturbar y romper el orden constitucional, porque cuando se entra por ese camino se conoce el principio, pero se ignora la profundidad de las consecuencias que puede presentar en el porvenir y hasta donde puede rodar un país que se precipita en él. Preferí, por lo tanto, dimitir el mando para no echar sobre mis hombros tal responsabilidad y abandoné la Patria.
Pero resignada la opinión pública ante los hechos consumados y producido el acuerdo unánime en orden a realizar la finalidad del movimiento revolucionario, tal como aparece de los antecedentes a que me he venido refiriendo y aceptado también por mí, en el telegrama de Roma, el temperamento impuesto por los hechos y por los acontecimientos, me corresponde sólo cumplir con los objetivos perseguidos y que determinaron mi vuelta al país para reasumir el mando y desempeñarlo hasta el final del período por el cual fui elegido.
No me apartaré de esa línea de conducta trazada por el cumplimiento de mi deber, como necesidad suprema para evitar cualquiera alteración del orden público, que sería explicable y justificada si el Presidente de la República, llamado al país con una finalidad determinada, se apartara de ella y traicionara los objetivos para cuya realización fue llamado.
Por estas consideraciones, el Presidente de la República no puede ni aceptará que vuelva a reunirse o a funcionar el Congreso disuelto por decreto de la Junta de Gobierno de fecha 11 de Septiembre de 1924.
Dada la situación de hecho producida y los antecedentes invocados, esa reunión constituiría un acto revolucionario y la invitación a ejecutarlo en estos momentos importa una amenaza de perturbación del orden público. Siendo la primera y primordial obligación del Gobierno mantener este principio, se ve en la premiosa necesidad de impedir tales actos. El país comprenderá que, al impedir el funcionamiento del Congreso disuelto, no se procede por capricho ni por hostilidad contra nadie, sino que se trata de una medida impuesta por los acontecimientos, por las circunstancias y por los hechos y que responde al sentimiento unánime de la opinión. Quiero agregar algunas palabras para hacer llegar a conocimiento de mis conciudadanos el camino que el Presidente de la República sigue y seguirá para realizar la tarea de inmensa responsabilidad que en estos momentos le corresponde y que le ha sido impuesta por un doble deber de patriotismo y de honor.
En el deseo de conocer todas las opiniones y de buscar la cooperación de todos los chilenos para ejecutar en la mejor forma posible la obra de salvación nacional en que estamos empeñados y para cimentar el país sobre bases institucionales inconmovibles, se nombró, por decreto supremo de fecha 7 de Abril, una Comisión Consultiva de 56 miembros, en la cual están representadas todas las tendencias y todos los intereses nacionales. Esta Comisión, elegida a raíz de una reunión a que concurrieron 139 personas de todos los partidos políticos y fuerzas vivas del país, celebró una sesión, presidida por el Presidente de la República, el 16 de Abril.
En dicha reunión se designaron dos sub-comisiones, una para que estudiara el proyecto de Constitución que deberá patrocinar el Gobierno y la otra para estudiar la forma y modo en que deberá manifestarse la voluntad nacional, en ejercicio de su soberanía, para sancionar la nueva Carta Fundamental.
Las dos subcomisiones han trabajado patriótica, activa y tesoneramente. En la que estudia el proyecto que patrocinará y defenderá el Gobierno, se han producido acuerdos de inmensa transcendencia sobre los tópicos más importantes y difíciles de las reformas, en un ambiente de franca cooperación y dentro de un espíritu de armonía y concordia.
El Presidente de la República observa, con satisfacción patriótica, que el trabajo de esa Sub-Comisión dará como resultado un proyecto que, si merece los honores de ser ratificado por la voluntad nacional, constituirá un timbre de orgullo y asegurará la estabilidad del orden público y progreso del país.
En la Sub-Comisión que estudia la forma cómo debe ser expresada la voluntad nacional, en ejercicio de su soberanía, ha habido discrepancia de criterios: algunos de sus miembros sostienen que el Código Fundamental debe ser dictado por una Asamblea Constituyente de elección popular; otros, en representación de corrientes poderosas de opinión, que la Constituyente debe organizarse a base gremial; y, finalmente quienes sostienen que la Constitución debe aprobarse por un plebiscito en que, conservando cada hombre el ejercicio pleno de la parte de soberanía que le corresponde, manifieste directamente su voluntad sin recurrir a la delegación del ejercicio de su derecho en representantes mandados por el pueblo a una Asamblea.
Los sostenedores de esta última idea afirman que la manifestación directa de opinión, sin que el pueblo delegue sus facultades en personas que la representen en una Asamblea o Corporación, es la suprema y última expresión de la democracia, por cuanto el sistema representativo obedece a la imposibilidad de que en cada momento y circunstancia el pueblo pueda manifestar su manera de pensar sobre los problemas de interés colectivo, como ocurría en las democracias de la antigua Grecia y de Roma, y estiman que en un acto tan transcendental, cual es la dictación del Estatuto Fundamental de la República, hay conveniencia en que la soberanía popular no delegue sus facultades, sino que las ejercite directamente, mediante el voto también directo.
Ante esta divergencia de opiniones producida en la segunda Sub-Comisión, el Presidente de la República ha conceptuado conveniente activar los trabajos de la que estudia el proyecto de Carta Fundamental que patrocinará el Gobierno. Si en esa Sub-Comisión hay acuerdo al respecto, será fácil encontrar la ecuación para que la voluntad nacional, en ejercicio de su soberanía, dicte la Carta Fundamental que tiene el derecho de darse.
No debe existir el temor en orden a que el Presidente de la República pretenda dictar, por sí y ante sí, la nueva Constitución Política de Estado.
No; el Presidente de la República sabe que la más alta y soberana de las funciones privativas de la voluntad nacional, es darse el Código que ha de regir los destinos de la República.
Podrá haber discrepancia de opiniones sobre la forma y modo como debe hacerse la manifestación soberana del pueblo, pero esa manifestación es necesaria, indispensable y no se prescindirá de ella. Sin embargo, ya sea que la nueva Constitución se sancione mediante una Asamblea Constituyente de elección popular, o a base gremial; ya sea que se apruebe por un plebiscito en que cada ciudadano exprese directamente su opinión y su voluntad, ahorrando el peligro, del cual no faltan ejemplos en nuestra historia política, de que los representantes traicionen y no cumplan el mandato, apartándose de la voluntad de los electores, el hecho es que se requiere un paso previo, y ese paso es la generación del poder electoral, puro y sin mancha. Esa es, precisamente, la tarea que hasta este momento ha preocupado al Gobierno.
Repito que una de las finalidades de la revolución fue la de que la elección de los poderes públicos que se haga en conformidad a la nueva Carta Fundamental, debe verificarse sobre la base de registros formados por inscripción amplia y libre.
El Gobierno ha realizado ya esta primera finalidad de la revolución. Ha dictado una Ley Electoral que ha producido como consecuencia la inscripción más amplia y más libre que jamás se verificara en la República. Se han inscrito y continúan inscribiéndose todos los ciudadanos que tienen derecho para ello. El fraude se ha hecho absolutamente impracticable. Los que han intentado cometerlo han sido descubiertos, en virtud de los procedimientos establecidos en la Ley y recibirán la sanción correspondiente de la justicia, quedando los registros completamente limpios y purificados. Las inscripciones no han terminado aún, y el período fijado por la Ley, concluye a principio del mes entrante. Los procedimientos judiciales terminarán en la primera quincena del mes de Julio, en cuya fecha el país dispondrá del Poder Electoral, puro, limpio y libre, reclamado por la revolución, que se hizo eco del sentimiento nacional a este respecto.
Cuando el Poder Electoral quede definitivamente generado, tendremos los instrumentos necesarios para elegir una Constituyente de elección popular, o a base gremial, o para consultar directamente al pueblo en cuanto al Código Político que quiera darse y que responda a las aspiraciones nacionales de nuestro momento histórico.
El Gobierno hubiera deseado proceder con más actividad en la realización del pensamiento nacional, en orden a tener una Constitución que organice los nuevos poderes públicos y proceder cuanto antes a su elección, en conformidad a las nuevas reglas que el país se dé; pero los hechos son superiores a la voluntad de los hombres. La organización del Poder Electoral, base previa y fundamental de todo, es indispensable y tan pronto como esta cuestión quede finiquitada, oyendo a las dos Sub-Comisiones y a la Comisión Consultiva, nombrada por decreto supremo de fecha 7 de Abril, el Gobierno tomará las medidas necesarias para la dictación de la Carta Fundamental, consultando la voluntad nacional en ejercicio de su soberanía.
Me halago con la esperanza de que el sol de Septiembre nos alumbrará con una nueva Constitución Política y nos presentará un camino expedito para elegir los poderes públicos que ella determine.
Cábeme pedir tranquilidad a la opinión pública. Es preciso no olvidar que la revolución no ha concluído todavía. El orden se mantiene y se mantendrá imperturbable; pero el ciclo histórico del período revolucionario habrá terminado solamente una vez que se haya dictado la nueva Carta Fundamental y se hayan elegido los poderes públicos que ella establezca, siguiendo así el único camino, el único medio trazado por los hechos y por los acontecimientos, para volver definitivamente a este país a la normalidad constitucional.
Los antecedentes expuestos me autorizan para pedir al patriotismo de mis conciudadanos que no se inquiete, y que se mantenga tranquilo, porque el Gobierno cumplirá lealmente los propósitos manifestados. Es necesario también que la opinión no se deje sorprender, porque, como es natural, hay intereses creados que se defienden, que levantan banderas y doctrinas de aparente interés público, pero que, en el fondo, llevan sólo el propósito de defender privilegios y situaciones que el país no acepta, que rechaza y que fueron la causa generadora de los movimientos de Septiembre y de 23 de Enero.
El Gobierno persigue sólo el interés público, la salvación del país, y, despojado de toda consideración, de todo sentimiento deleznable, procura sólo propender a que el país se dé una Constitución que responda a las exigencias de la hora presente y que haga imposible los males del régimen que ha querido extirpar la revolución, de ese régimen que tantos males ha producido y que podría llevar al país al desastre final, si no fuera barrido con mano de fierro y sin contemplaciones.
Tan pronto como esté terminado el proyecto de Constitución que patrocinará el Gobierno, se publicará profusamente y será sometido al juicio justiciero e imparcial de la opinión pública, que vela más que nadie por los intereses nacionales. Me encargaré personalmente de explicarlo al país en su bases fundamentales, en sus finalidades y en sus propósitos, y éste juzgará por sí mismo lo que le conviene, cuáles son sus intereses en la hora presente y será su opinión la que se imponga, en todo caso la que prevalecerá, cualesquiera que sean los intereses de círculo o de bandera que se sientan lesionados por la manifestación suprema de la voluntad nacional, en ejercicio de su soberanía.
Arturo Alessandri.