# Chile y Latinoamérica en el siglo XX/El informe Rettig

El tema a tratar en el siguiente ensayo será sobre el informe Rettig. Nombre con que se conoce en Chile al informe entregado, el 9 de febrero de 1991 al entonces Presidente de la República Patricio Aylwin Azocar, por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación sobre las violaciones a los derechos humanos acaecidos en Chile durante la dictadura militar de Augusto Pinochet Ugarte. Fue creada el 25 de abril de 1990 por el Decreto supremo,número 355. El problema a plantear será entonces saber si una vez restaurada la democracia en 1990, se concedió especial importancia al esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos. Para poder desarrollar este tema se plantearán tres elementos o ideas centrales. En primer lugar nos enfocaremos a la creación y significación del Informe Rettig; en segundo término hablaremos desde el momento en que se dá a conocer en Chile, el contenido y todo lo que significó a las autoridades y al pueblo chileno, y en tercer lugar abarcaremos el punto relativo a lo que fue las consecuencias que trajo este informe consigo.
Respecto de la primera idea podemos decir que para el gobierno resultaba, pues, moral y políticamente indispensable compensar esta decisión (creación del informe) junto con otras iniciativas orientadas a lograr la mayor justicia posible, para conciliar sustentación ética con responsabilidad política. La definición conceptual de esa política así como la viga maestra de su implantación, creación personal del presidente Aylwin, con la valiosa asesoría de su ministro de justicia, Francisco Cumplido. Así como el mismo Presidente de la República lo resume : "...que en cuanto al delicado asunto de las violaciones a los derechos humanos, consecuente con su reiterada afirmación de que la consecuencia moral de la nación exige que se esclarezca la verdad, se haga justicia en la medida de lo posible". Conciliando la virtud de la justicia con la virtud de la prudencia y después la hora del perdón, el presidente constituyó la Comisión de Verdad y Reconciliación para avanzar hacia esas metas en forma seria, pacífica y con las necesarias garantías.
Si bien es cierto que no se trata de hacer un análisis histórico sobre la violencia en Chile, sino que seria para esclarecer la verdad sobre violaciones de derechos humanos. Por consiguiente la garantía de objetividad del trabajo de la comisión la dieron sus integrantes. Presidida por el respetado abogado y ex senador radical Raúl Rettig, contaba entre sus miembros versados en los derechos humanos como lo son José Zalaquett, Jaime Castillo Velasco y Mónica Jiménez. Y por consiguiente con personas de filiación conservadora lazos con el gobierno militar como lo son varios ex ministros del régimen militar o gobierno militar.
Paralelamente a la creación de la comisión Rettig el gobierno fue delineado curso de acción para enfrentar otras facetas del problema global de derechos humanos. No obstante la comisión fue complementada por una intensa presión política y de los juristas del mundo de la concertación que hizo suya el presidente, en el sentido de que la ley de amnistía no impedía investigar los hechos hasta llegar a la identificación de los culpables, sino que por el contrario la investigación era condición previa para la aplicación de la citada ley, por cuanto de no existir culpables no había a quien aplicarle la amnistía. Una carta formal del presidente de la corte suprema invocando esta tesis jurídica dio lugar a que fuera conocida como la doctrina Alwyn la que ejerció considerable influencia sobre los tribunales que fueron revisando su criterio original del que al quedar excluida la sanción, la investigación no tenía razón de ser, debiendo aplicarse de inmediato la amnistía a los casos cubiertos por ella. También podemos decir que en los años siguientes el criterio judicial sobre la materia fue oscilando, en alguna medida en función de la evolución de las sensibilidades políticas al respecto. La política de derechos humanos puesta en práctica por el gobierno fue aceptada por la concertación, pero nunca logro la conformidad de las agrupaciones de familiares de las víctimas. Por otra parte las fuerzas armadas recelaban la Comisión Rettig pero no tuvieron argumento para esgrimir en su contra, en cambio RN reaccionó positivamente, los militares evidentemente disgustaron las propuestas en favor de presos políticos, exiliados y exonerados.Esto no afecto directamente, se limitaron a expresar objeciones respecto a la reducción de competencia de la justicia militar.
Por consiguiente la comisión contó con valiosos antecedentes ya acumulados en años de abnegada labor de la Vicaría de la Solidaridad del arzobispado de Santiago, creada por el cardenal Silva Henríquez, que había logrado con éxito sobrevivir a largos años de acoso militar, perseverando en la defensa de los perseguido desaparecidos y reuniendo documentados y presunciones en relación a un gran un gran número de crímenes cometidos por los sevicios de seguridad, Los miembros de la comisión pese a su pluralidad política, lograron emitir un informe unánime, precedido de capítulos introductorios en que se expresan las diversas sensibilidades de sus integrantes.
En relación a la segunda idea podemos decir que este informe (informe rettig) fue entregado al presidente el 9 de febrero de 1991 se disolvió en ese mismo acto en conformidad a la disposición del decreto que la creó. La comisión, también conocida popularmente como la comisión rettig, debido a quien fuera designado como presidente de la misma, el jurista Raúl Rettig, sesionó durante nueve meses y su informe cubrió el periodo que va desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990.
Entonces que el presidente dio a conocer el informe al país el 4 de marzo, después de una ronda de información con los partidos políticos, los familiares de las victimas personeros de la iglesia católica y con los comandantes en jefe de tres ramas de las fuerzas armadas y el director general de carabineros (Rafael Octano), en su elocución televisiva Alwyn expreso: “Asumo la representación de la nación entera para en su nombre, pedir perdón a los familiares de las victimas y también pidió solemnemente a las fuerzas armadas y de orden, y a todos los que participaron en los excesos cometidos, que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para aminorarlo. Cabe decir que el acucioso informe fue lapidario. Aportó evidencia indiscutible acerca de los crímenes cometidos, su atrocidad y en especial, la comprobación definitiva de que los detenidos desaparecidos en número casi 2.000 correspondían efectivamente a secuestrados con obvio resultado de muerte (aunque esto no apareciera probado por haberse detectado el acto de detención pero no el destino final de las victimas).
El denominado informe rettig estuvo constituido por dos volúmenes, el primero de las cuales, de 1094 paginas, dio cuenta de marco conceptual, político histórico y judicial dentro del cual se desarrollaron los hechos investigados, presentando en orden cronológico y con los antecedentes correspondientes todos los casos de violación de derechos humanos con resultado de muerte o desaparición. En el capítulo primero de su segunda parte, el Informe contiene una descripción del desarrollo que, en concepto de la Comisión, siguió la crisis vivida por el país y que culminó con el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, analizando de paso algunos de los factores que incidieron en dicho quiebre institucional. Del análisis de los antecedentes que constan en dicho Informe, se advierte, que ellos en lo fundamental, tienden a esclarecer solo aquellos sucesos acaecidos con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, lo que no permite apreciar en su íntegra y verdadera magnitud la entidad de la crisis que en todos los planos del que hacer nacional experimento el país al extremo de requerir la intervención de sus instituciones armadas. La afirmación que precede, se funda en las circunstancias de que un análisis de fondo y pormenorizado, de al menos, las principales violaciones sufridas por el ordenamiento jurídico institucional –específicamente las que afectaron a las funciones y prerrogativas de las mas altas autoridades y a los derechos de las personas consagrados en la Carta Fundamental- habría permitido configurar una descripción objetiva de la situación de violencia institucionalizada que afectaba al país y de la pérdida de su identidad y de los valores nacionales. La excepcionalidad de los graves acontecimientos que se sucedieron en el período 1970-1973, sólo puede ser comprendida a través del examen de los hechos más relevantes entonces ocurridos.
El segundo volumen presento una reseña bibliografiíta de cada una de las cuales hubo convicción de muerte o desaparición como consecuencia de la violación de los derechos humanos o como victimas de violación política, identificándose con ellas a 132 integrantes de las fuerzas armadas y de orden y seguridad. Por lo tanto la contundencia del informe rettig permitió al presidente señalar que: “la divulgación de ese informe conmovió la conciencia nacional su seriedad y ponderación fue valorizada en acuerdos unánimes por ambas cámaras del congreso nacional que expresaron su reconocimiento a los miembros de la comisión por el aporte que hicieron en pro de la verdad y del rencuentro nacional.
Respecto a la tercera idea señalada se puede decir que profundizaremos el punto relativo a lo que fue las consecuencias que trajo este informe consigo. Podemos decir que lo dicho en el informe y en el mensaje presidencial (21 de mayo de 1991) que con esto naturalmente las fuerzas armadas se sintieron inculpadas por el informe, pese a la cuidadosa distinción respetada por casi todos los actores políticos, en el sentido que los culpables de los crímenes cometidos recaían en sus autores específicos y no en las instituciones. El juicio popular no hizo ese distingo. Por lo demás la DINA, la CNI, La Dicomcar, el comando conjunto y demás organismos de seguridad eran entes del Estado, integrados por oficiales de las fuerzas armadas y sometidos a su jerarquía y disciplina, de ahí el veredicto general de que se había tratado de terrorismo del Estado. Paralelamente en el marco de su estrategia conciliadora Alwyn dio una oportunidad formal a las instituciones armadas y de orden, para expresar sus puntos de vista en relación la Informe Rettig, convocando a una reunión del consejo de seguridad nacional con ese exclusivo objeto. Por consecuente los cuatro comandantes en jefe leyeron breves declaraciones expulsatorias referidos a las situaciones de guerra interna que según ellos habían vivido el país y entregaron extensos documentos fijando su posición. De este modo, se encauzó de modo ritual y solemne la disconformidad militar.
A diferencia, para la concertación el informe rettig significo el establecimiento sin duda ni replica de lo que paso a dominar la verdad histórica y global sobre lo ocurrido, sus demandas se dirigieron fundamentalmente ala investigación con identificación de culpables.
Enfrentadas a estas dramáticas conclusiones, el conflicto para el Ejército y la Armada es cuál será su respuesta. Para la Fuerza Aérea y Carabineros lo será en menor grado, por lo que ha sido su pasar en los últimos años respecto de estos asuntos. Las alternativas son escasas. O admiten que así ocurrió y aprovechan la gran oportunidad que tendrán para pedir perdón, o lo niegan, rechazan y descalifican como lo hicieron con el Informe Rettig.
Podemos decir que el problema es que hoy el tiempo es distinto al de 1991, con la figura de Augusto Pinochet todavía como comandante en jefe del Ejército, y con el continuador de la implacable línea Merino al mando de la Armada, el almirante Jorge Martínez Busch. Podemos decir que la preocupación del Ejército y la Armada van más allá. Porque si admiten que efectivamente la tortura fue una política de Estado y por lo tanto un método institucional aplicado por las Fuerzas Armadas, apenas medio metro más allá tendrán que reconocer que el exterminio de opositores con más de 3 mil víctimas, también fue una política de Estado. Lo que no aceptaron en la Mesa de Dialogo sobre Derechos Humanos de 2000, donde tuvieron otra valiosa oportunidad de hacerlo para pedir perdón por los crímenes.
Finalmente para concluir podemos afirmar que el decreto que creo la comisión de verdad y reconciliación lo fijo como objetivo contribuir al esclarecimiento global de la Verdad sobre las mas graves violaciones a los derechos humanos cometidos en los últimos años. El decreto Alwyn como las mas graves violaciones” la situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte. El estado se responsabiliza por los actos de sus agentes o de personas de sus servicios, como asumir los casos de secuestrados atentados cometidos por particulares bajo pretextos políticos. Frente a tales hechos el gobierno creó en abril de 1991 la oficina coordinadora de seguridad pública, destinada a neutralizar la acción de los grupos terroristas escindidos principalmente del frente patriótico Manuel Rodríguez y del movimiento juvenil Lautaro. Para ello los principales mecanismos utilizados fueron la creación de una vasta red de informantes y la “delación compensada”, figura legal por cuyo intermedio se comprometía una rebaja en las penas por los denominados “delitos terroristas”, a cambio de información que ayudara al desmantelamiento de tales organizaciones. Por otra parte, desestimando voces que solicitaban una segunda comisión rettig, se creo la corporación nacional de reparación y reconciliación, aprobándose una ley sobre reparación a los familiares de las víctimas. Del mismo modo, la oficina nacional del retorno creado para atender a los problemas de reinserción de los exiliados políticos, gestionó soluciones para una gran diversidad de problemas jurídicos, asistenciales, laborales, provisionales, de salud y educación. Podemos decir que por último, tras largas discusiones y negociaciones y prolongada tramitación parlamentaria, se aprobó un conjunto de compensaciones para los exonerados políticos que pudieran fehacientemente probar su condición de tales .En definitiva se fue legitimando y encontrando creciente aceptación política y respaldo ciudadano a la estrategia del “camino del medio” de la justicia en la medida de lo posible. Entonces nuestra más clara conclusión del informe fue que su objetivo fue aclarar las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar, y, particularmente, conocer la verdadera situación de los detenidos desaparecidos. “el informe propuso una serie de medidas compensatorias para los familiares de las victimas, muchos de los cuales fueron implementados en los años siguientes, como: la corporación nacional de reparación y reconciliación (1992-1997).