# Órdenes internacionales de arresto contra Benjamín Netanyahu, Yoav Galant y Mohamed Deif

El 21 de noviembre de 2024, tras una investigación de posibles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, el Tribunal Penal Internacional (TPI) emitió órdenes de arresto contra dos altos funcionarios del Gobierno de Israel, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel y Yoav Galant, su exministro de Defensa, a quienes acusa de responsabilidad por el crimen de guerra de hambruna como método de guerra y los crímenes contra la humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos durante la guerra en Gaza. La orden contra Netanyahu es la primera contra el jefe de gobierno de un importante aliado de Estados Unidos.
Las órdenes de detención implican que 124 Estados miembros del tribunal deben arrestar a Netanyahu y Galant si ingresan a su territorio, entre ellos, Francia, Alemania y el Reino Unido. Por el contrario, Netanyahu sigue siendo bienvenido en Estados Unidos, ya que este país no es miembro del TPI. El alto tribunal también emitió una orden de arresto contra el líder del brazo armado de Hamás, Mohamed Deif, quien, según aseguró Israel, murió en un ataque aéreo israelí el 13 de julio de 2024. Un posible efecto adicional de estas órdenes de arresto es que se puedan emitir órdenes adicionales contra oficiales superiores de las Fuerzas de Defensa de Israel que luchan en Gaza.
En febrero de 2025, la CPI anuló la orden de detención contra Deif al considerar que su muerte había quedado suficientemente acreditada.

## Antecedentes

El TPI se creó en 2002 para juzgar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de agresión cuando los Estados miembros no están dispuestos o no pueden hacerlo. También puede juzgar crímenes cometidos por nacionales o en el territorio de cualquiera de sus 124 Estados miembros. Actualmente también investiga crímenes cometidos en Ucrania, Uganda y otros países. Palestina fue admitido como estado miembro en 2015, lo que permite la investigación a pesar de que Israel no es miembro y no reconoce su jurisdicción.
Los 124 Estados miembros de la TPI están obligados, por sus acuerdos con el estatuto fundacional de la Corte, a detener y entregar a cualquier individuo sobre el que exista una orden de arresto vigente del TPI, si es identificado en su territorio. Sin embargo, el tribunal no tiene medios para hacer cumplir una orden de arresto al no disponer de una fuerza policial, por lo que depende de los estados miembros para llevar a cabo cualquier detención, y sólo puede sancionar potencialmente a un estado miembro que no coopere.
El 20 de diciembre de 2019, la fiscal de la TPI, Fatou Bensouda, anunció una investigación sobre crímenes de guerra presuntamente cometidos en Palestina por miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel o Hamás y otros grupos armados palestinos desde el 13 de junio de 2014. Desde que se abrió la investigación en 2015, Israel utilizó sus agencias de inteligencia para vigilar, presionar y amenazar a personal superior del TPI.

### Guerra Israel-Gaza

El 12 de octubre de 2023, durante la guerra en Gaza, el fiscal jefe de la TPI, Karim Khan, declaró que tanto los crímenes de guerra cometidos por palestinos en territorio israelí como por israelíes en territorio palestino estarían dentro de la jurisdicción de la investigación de Palestina de la CPI.
El 16 de noviembre, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, anunció que había presentado ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) una petición para iniciar una investigación contra Israel por crímenes de guerra supuestamente cometidos en la Franja de Gaza. Al día siguiente, el TPI informó que cinco países: Sudáfrica, Bangladés, Bolivia, Comoras y Yibuti habían presentado una solicitud ante el organismo para pedir una investigación sobre los bombardeos llevados a cabo por Israel en la Franja de Gaza. El fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, señaló que, según el Estatuto de Roma, cualquier Estado miembro puede solicitar al organismo una investigación para determinar si una o más personas han cometido delitos.
El 29 de diciembre, Sudáfrica presentó un caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), acusando a Israel de incumplir sus obligaciones bajo la Convención sobre el Genocidio de 1948 en su ataque contra Gaza. Sudáfrica alegó que Israel estaba violando sus obligaciones bajo el tratado, redactado a raíz del Holocausto, que tipifica como delito intentar destruir a un pueblo en su totalidad o en parte. Además, Sudáfrica pidió a la CIJ que tomara medidas provisionales ordenando a Israel que detuviera su campaña militar en Gaza, pues eran «necesarias en este caso para proteger contra daños mayores, graves e irreparables a los derechos del pueblo palestino».
En abril de 2024, el gobierno de Israel expresó su preocupación de que el TPI pronto emitiera órdenes de arresto contra Netanyahu y otros altos funcionarios israelíes por presuntas violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el marco de la guerra en la Franja de Gaza. A finales de ese mismo mes aparecieron en Gaza fosas comunes con cientos de cadáveres de ancianos, mujeres y niños desnudos y con las manos atadas suscitando de nuevo la preocupación de la comisión de Naciones Unidas.
El 20 de mayo de 2024 el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional comunicó que había solicitado órdenes de detención contra el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu y contra su ministro de Defensa, Yoav Galant, acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los jueces de la corte deben aprobar la solicitud para que entre en vigor. En concreto, Karim Khan solicitó una orden de detención contra Netanyahu y Galant por los siguientes crímenes:
* Usar el hambre como arma de guerra, considerado un crimen de guerra según el artículo 8(2)(b)(xxv) del Estatuto de Roma
* Causar deliberadamente un enorme sufrimiento o graves lesiones para el cuerpo o la salud, contraviniendo el artículo 8(2)(a)(iii) del Estatuto, o trato cruel considerado crimen de guerra y contrario al artículo 8(2)(c)(i) del Estatuto.
* Llevar a cabo asesinatos deliberados contrarios al artículo 8(2)(a)(i) del Estatuto, o asesinato como crimen de guerra contrario al artículo 8(2)(c)(i) del Estatuto.
* Dirigir ataques de manera intencionada contra la población civil, considerado crimen de guerra según los artículos 8(2)(b)(i) o 8(2)(e)(i) del Estatuto.
* Exterminio y/o asesinato contrario a los artículos 7(1)(b) y 7(1)(a) del Estatuto, incluido en el contexto de las muertes causadas por inanición, que constituyen un crimen contra la humanidad.
* Persecución, considerada crimen contra la humanidad y contraria al artículo 7(1)(h) del Estatuto.
* Otros actos inhumanos considerados crímenes contra la humanidad, contrarios al artículo 7(1)(k) del Estatuto.
A finales de abril de 2024, el personal del TPI entrevistó a personal que trabajaban en hospitales palestinos de la Franja de Gaza sobre posibles crímenes de guerra.
El 27 de mayo, Amnistía Internacional pidió al fiscal del Tribunal Penal Internacional que incluyese en su acusación por crímenes de guerra tres ataques israelíes que mataron a un total de 44 civiles, incluidos 32 niños. En concreto, Amnistía Internacional señaló como crímenes de guerra el ataque del 16 de abril contra el campamento de refugiados de Maghazi, que mató a cinco hombres y quince niños de entre 4 y 15 años, y en el que «el proyectil cayó en mitad de un mercado callejero donde los niños estaban jugando con un futbolín»; el ataque del 19 de abril contra la casa de la familia Abu Radwan de Rafah, que mató a nueve miembros de la misma familia, incluidos seis niños; y el bombardeo del 20 de octubre contra la vivienda de la familia Abdelal, también en Rafah, que mató mientras dormían a veinte de sus miembros, 16 de los cuales eran niños.

## Órdenes de arresto

El 20 de mayo de 2024, Khan anunció que presentaría solicitudes de órdenes de arresto contra los líderes de Hamás Yahya Sinwar, Mohamed Deif e Ismail Haniya y los líderes israelíes, el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Galant. La solicitud de orden de captura contra Haniyeh fue retirada tras su asesinato el 31 de julio de 2024 por un ataque israelí. El fiscal afirmó que estaba tratando de confirmar el presunto asesinato de Deif el 13 de julio de 2024, en cuyo caso también retiraría la solicitud de orden judicial.
El 21 de noviembre de 2024, los jueces de la Sala Preliminar I del TPI, Nicolás Guillou (presidente, Francia), Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou (Benín) y Beti Hohler (Eslovenia) emitieron órdenes de arresto a petición del fiscal jefe Khan en relación con las «actividades de los órganos gubernamentales israelíes y las fuerzas armadas contra la población civil en Palestina, más específicamente los civiles en Gaza» contra Benjamín Netanyahu, Yoav Galant y Mohammed Deif. El tribunal rechazó además la «impugnación de Israel a la jurisdicción de la Corte».
La Sala de Cuestiones Preliminares I declaró que encontró motivos razonables para que desde «el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024» Netanyahu y Galant tengan responsabilidad penal como coautores de cometer los actos conjuntamente con otros: el crimen de guerra de inanición como método de guerra; y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos» y «como superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil»
El uso del hambre como arma de guerra está prohibido por las Naciones Unidas y se considera un crimen de guerra. A principios de octubre de 2023, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Galant, hizo un discurso público en el que decía que «no habrá más electricidad, ni más alimentos, ni más combustible… Estamos luchando contra los animales humanos y nos comportaremos en consecuencia». Unas semanas antes de que se emitieran las órdenes de arresto, también hubo informes de saqueos generalizados en áreas de la Franja de Gaza controladas por las FDI. Según el artículo 55 del convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra: «En toda la medida de sus recursos, la potencia ocupante tiene el deber de abastecer a la población en víveres y productos médicos; deberá, especialmente, importar víveres, medicamentos y cualquier otro artículo necesario cuando sean insuficientes los recursos del territorio ocupado».
En el caso de Mohamed Deif el TPI considera que tiene responsabilidad directa y de mando «por los crímenes contra la humanidad de asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual; así como por los crímenes de guerra de asesinato, trato cruel, tortura, toma de rehenes, ultrajes a la dignidad personal, violación y otras formas de violencia sexual». Encontró motivos razonables para afirmar que «los crímenes contra la humanidad formaban parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido por Hamás y otros grupos armados contra la población civil de Israel». El ejército israelí aseguró que Deif había muerto en un ataque en la zona humanitaria de Mawasi, en el sur de la Franja de Gaza, el 13 de julio de 2024, en el que también murieron 90 palestinos y otros 300 resultaron heridos. Sin embargo la CPI argumentó que «no estaba en condiciones de determinar si [Deif] había muerto o seguía con vida».
En febrero de 2025, el TPI anuló la orden de arresto emitida contra Mohamed Deif, después de que el grupo palestino confirmara en enero su muerte en un bombardeo ejecutado más de medio año antes por Israel contra la Franja de Gaza. Así, la Sala I de Cuestiones Preliminares de dicho tribunal emitió una orden terminando los procedimientos contra Deif, después de que la Fiscalía haya obtenido «información suficiente y fiable» sobre su muerte.

## Presiones de Estados Unidos e Israel contra miembros del TPI

El 3 de noviembre la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) condenó los intentos de «interferir, bloquear, intimidar o influir de forma inapropiada» en las labores de sus trabajadores y pidió frenar todas las amenazas que puedan socavar la «imparcialidad e independencia» de la corte.
El 6 de febrero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para imponer sanciones a altos cargos y trabajadores del Tribunal Penal Internacional (TPI), en represalia por la orden de detención contra Netanyahu y Galant, ya que, según afirmó «las recientes acciones del TPI» contra Washington y su socio israelí «sientan un peligroso precedente», ya que «ponen en peligro» al personal estadounidense tanto activo como inactivo y les expone a «hostigamiento, abuso y posibles detenciones». El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, aplaudió la decisión del presidente de Estados Unidos de imponer sanciones a miembros del TPI, cuyas acciones describió como «inmorales e ilegítimas». Por su parte el Tribunal Penal Internacional condenó está decisión de Trump al considerar que «daña un trabajo judicial independiente e imparcial» y que es un grave ataque al orden internacional y busca socavar su labor para impartir justicia a favor de las víctimas de «atrocidades» en todo el mundo.
En respuesta a las presiones estadounidenses e israelíes contra el TPI, 74 estados firmantes del Estatuto de Roma, se sumaron a la iniciativa impulsada por Eslovenia, Luxemburgo, México, Sierra Leona y Vanuatu, donde reafirmaban su «continuo e inquebrantable apoyo a la independencia, imparcialidad e integridad del TPI», al que definen como «un pilar vital del sistema de justicia internacional al garantizar la rendición de cuentas por los crímenes internacionales más graves y la justicia para las víctimas».
El 14 de febrero, Estados Unidos incluyó al fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan en su lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas, lo que supone el bloqueo de sus bienes y activos en Estados Unidos, así como la prohibición de entrar en dicho país, lo que incluye también a sus familiares inmediatos.

## Reacciones
### Internacional

El 31 de enero de 2025, representantes del llamado «Grupo de la Haya» formado por nueve países: Belice, Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica se reunió en La Haya para formar una coalición en defensa de las leyes internacionales, en particular la Carta de las Naciones Unidas, así como del mandato del TPI. En concreto, dichos países firmaron una declaración en la que se comprometían a «apoyar las solicitudes del TPI» y «cumplir con sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma con respecto a las órdenes emitidas el 21 de noviembre de 2024» contra Netanyahu y Galant. también acordaron «impedir el suministro o la transferencia de armas, municiones y equipos a Israel en todos aquellos casos que exista un riesgo claro de que dicho armamento» pueda llegar a utilizarse «para violaciones del Derecho Humanitario».
   | Primer ministro de Israel | Twitter |
   | @IsraeliPM |
   La decisión antisemita de la Corte Penal Internacional es un juicio moderno a Dreyfus y terminará de la misma manera.
   Israel rechaza rotundamente las acusaciones falsas y absurdas de la Corte Penal Internacional, un órgano político parcial y discriminatorio.
   21 de noviembre de 2024

### Israel

La oficina del primer ministro israelí calificó de «antisemitas» las órdenes de arresto contra Netanyahu y las comparó con el caso Dreyfus. El ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, afirmó que «la CPI ha perdido su legitimidad». El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa del Knesset, Yuli Edelstein, dijo que se trataba de «una decisión vergonzosa de un organismo político prisionero de los intereses islamistas» El líder de la oposición, Yair Lapid, condenó la decisión de la CPI. El presidente de Israel, Isaac Herzog, calificó de «escandalosa» la decisión y dijo que la CPI había «convertido la justicia universal en un hazmerreír universal».

### Palestina

El miembro del buró político de Hamás, Basem Naim, acogió con satisfacción la decisión de la CPI de emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y Galant y dijo que «constituyen un precedente histórico importante y una corrección a un largo camino de injusticia histórica contra nuestro pueblo» y pidió a la CPI que amplíe su alcance a otros funcionarios israelíes. Hamás no mencionó la orden de arresto contra Mohamed Deif. La Autoridad Nacional Palestina elogió la decisión de la CPI y dijo que «restaura la esperanza y la confianza en el derecho internacional y sus instituciones, y en la importancia de la justicia, la rendición de cuentas y el procesamiento de los criminales de guerra».
Tras las acusaciones israelíes sobre la neutralidad de la jueza Beti Hohler, la CPI respondió que no había participado previamente en investigaciones relacionadas con Palestina mientras estuvo en la Fiscalía. Hohler añadió que «no había tenido acceso a ningún documento, prueba o archivo secreto relacionado con el asunto».

### Comentarios legales

El profesor de derecho internacional Eliav Lieblich de la Universidad de Tel Aviv, calificó la decisión como «el acontecimiento jurídico más dramático en la historia de Israel», refiriéndose a su opinión de que los 124 Estados Partes del Estatuto de Roma, incluidos «la mayoría de los aliados más cercanos de Israel», estaban legalmente obligados a arrestar a Netanyahu y Gallant si se encuentran presentes en sus territorios. Los profesores de derecho internacional Matthias Goldmann y Kai, dijeron a Der Tagesspiegel que Alemania estaba legalmente obligada a ejecutar las órdenes de arresto.
Balkees Jarrah, especialista en derecho internacional de Human Rights Watch, dijo que dependerá de los Gobiernos que el tribunal pueda cumplir su mandato. «Estas órdenes de detención deberían llevar por fin a la comunidad internacional a acabar con la violencia criminal y asegurar justicia para todas las víctimas en Palestina e Israel».
Fernando Molina, catedrático de derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) dijo que «es comprensible la extrema indignación del propio Netanyahu y su Gobierno por este hecho: desnuda su pretensión de estar ejerciendo solo una defensa legítima frente a las inhumanas agresiones de Hamás» y sostiene que «todo apunta a que hace mucho que se ha excedido lo que permite la legítima defensa» para convertirse en «algo inadmisible, que entra de lleno en las competencias de la CPI».