# Habeas corpus histórico en cárcel de mujeres de Uruguay

El Habeas corpus histórico en cárcel de mujeres de Uruguay fue un recurso legal presentado el 30 de agosto de 2023, cuando funcionarios de la Unidad N° 5 (cárcel de mujeres) presentaron un habeas corpus colectivo correctivo ante el Estado uruguayo, representado por el Ministerio del Interior. Esta acción legal constituyó la primera iniciativa de este tipo llevada a cabo por funcionarios penitenciarios en el país. El recurso se fundamentó en las condiciones de reclusión de las internas, caracterizadas por sobrepoblación y deterioro de la infraestructura, situaciones que, según los funcionarios, se habían agravado a partir de la implementación de políticas penitenciarias derivadas de la Ley de Urgente Consideración (LUC) durante el gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025). La Justicia falló a favor de los funcionarios, reconociendo la vulneración de derechos humanos y ordenando al Estado la adopción de medidas urgentes para mejorar las condiciones de detención. Estas medidas incluyeron la reducción de la sobrepoblación, el aumento del personal y la mejora de la infraestructura. Esta resolución judicial estableció un precedente en relación con los derechos de las personas privadas de libertad en Uruguay.

## Introducción

El habeas corpus es una institución jurídica destinada a la protección de la libertad individual contra detenciones arbitrarias. Su función principal radica en asegurar que la privación de libertad se realice mediante orden judicial y con respeto a los derechos fundamentales. El 30 de agosto de 2023, en Montevideo, funcionarios penitenciarios de la Unidad N° 5 (cárcel de mujeres) presentaron un habeas corpus colectivo correctivo ante el Ministerio del Interior. Esta acción legal representó un precedente en el país, al ser la primera vez que funcionarios penitenciarios recurrieron a esta herramienta judicial para la defensa de sus derechos laborales y de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. El habeas corpus tuvo como objetivo denunciar y buscar la corrección de las condiciones de reclusión en la Unidad N° 5, condiciones que, según los funcionarios, se vieron afectadas por las políticas penitenciarias implementadas durante el gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025). La situación en el centro de reclusión femenino se caracterizaba por sobrepoblación, deterioro de las instalaciones y déficit de personal, factores que, según los funcionarios, vulneraban los derechos fundamentales de las internas y comprometían la seguridad general.

## Antecedentes
### Historia de la Unidad Nº5

El edificio que alberga la Unidad N° 5 posee una historia previa como centro de salud mental, conocido como "Hospital Musto". Este hospital formó parte del sistema público de salud mental en Uruguay, junto con el Hospital Vilardebó y las Colonias Psiquiátricas. El Hospital Musto fue clausurado en 1996 y permaneció sin uso hasta 1999, cuando se estableció el Centro Nacional de Rehabilitación (CNR) en sus instalaciones.
El Centro Nacional de Rehabilitación (CNR) fue concebido como un proyecto orientado a la rehabilitación y reinserción social de jóvenes infractores. El centro se enfocaba en reducir la reincidencia, fortalecer los recursos personales de los internos y potenciar sus conocimientos. El ingreso al CNR era voluntario y los internos tenían acceso a educación formal y talleres. El CNR recibió evaluaciones positivas por parte del Poder Judicial y registró bajas tasas de reincidencia. A diferencia de otras instituciones penitenciarias en Uruguay, el CNR, dependiente del Ministerio del Interior, fue dirigido por personal técnico civil, lo que representó un cambio hacia la implementación de programas terapéuticos y de rehabilitación, buscando su reinserción social.
Durante el gobierno de José Mujica (2010-2015), y tras un informe del Relator Especial de la ONU sobre la tortura, Manfred Nowak, que describía la situación del sistema penitenciario uruguayo como crítica, se implementaron inversiones para reformar el sistema. En 2011, se procedió al cierre de la antigua cárcel de mujeres de Cabildo, que había funcionado bajo administración de la Iglesia Católica. Dicha institución fue gestionada por la orden de "Las Monjas del Buen Pastor" desde 1898 hasta 1989. El edificio presentaba un hacinamiento del 200% y condiciones de reclusión que no cumplían con los estándares de dignidad humana, afectando tanto a las reclusas como a sus hijos menores,que podían permanecer con ellas según la ley uruguaya. Las reclusas fueron trasladadas al CNR, que pasó a denominarse Unidad N° 5-femenino. Este traslado representó una mejora en las condiciones de reclusión en comparación con la antigua cárcel de Cabildo. La Unidad N° 5 forma parte de las 26 instituciones penitenciarias administradas por el Instituto Nacional de Rehabilitación.
En 2016, se inauguró la Unidad N° 9 "Mujeres con hijos" en un sector separado del edificio de la Unidad N° 5. Esta medida permitió la separación de las madres que convivían con sus hijos en prisión del resto de la población reclusa.

### Políticas Penitenciarias

A partir del año 2020 se implementaron políticas que incrementaron la población carcelaria a través de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y otras leyes. Estas políticas se caracterizaron por el aumento de penas para diversos delitos, la limitación de beneficios como la reducción de pena por trabajo y estudio, y la restricción de la libertad anticipada para ciertos delitos.
Estas medidas, junto con la inclusión de delitos de drogas y pornografía infantil en la Ley N° 19.924 que reformó el Código del Proceso Penal, tuvieron un impacto directo en el aumento de la población carcelaria en Uruguay, especialmente la femenina. Mientras que la población reclusa masculina creció a un ritmo del 9% anual, la femenina experimentó un incremento que llegó al 30% anual.
Organizaciones e instituciones de derechos humanos, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Comisionado Parlamentario para las Cárceles, expresaron preocupación por las posibles consecuencias de estas políticas, incluyendo el aumento de la ocupación, el deterioro de las condiciones de vida en las prisiones y la vulneración de derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

## El Habeas Corpus:
### Situación en la Unidad Nº5

* El incremento de la población carcelaria femenina, derivado de las políticas de la así llamada "inflación penal", generó un aumento en la ocupación de la Unidad N° 5. En 2020, el centro de reclusión presentaba un índice de ocupación del 106%, albergando a 446 mujeres. Para 2022, esta cifra aumentó a un 235%, situando a la Unidad N° 5 entre los centros de reclusión con mayor ocupación del país.
* El aumento de la ocupación, sumado al deterioro de la infraestructura del edificio, que originalmente no fue diseñado para funcionar como centro de reclusión, provocó fallas en las instalaciones sanitarias y eléctricas. Las internas enfrentaron condiciones de vida caracterizadas por la falta de higiene y la ocupación de espacios reducidos, con dificultades para acceder a servicios básicos.
* La escasez de personal penitenciario contribuyó a la situación. La falta de funcionarios dificultó la garantía de la seguridad de las internas y de los trabajadores, generando un ambiente de tensión.

### Presentación del Habeas Corpus

* Ante la percepción de inacción por parte del Estado uruguayo frente a la situación en la Unidad N° 5, funcionarios civiles y policiales de dicha unidad, liderados por el operador penitenciario Germán Gutiérrez, optaron por recurrir a la vía legal. El 30 de agosto de 2023, presentaron un habeas corpus colectivo correctivo ante el Juzgado Letrado en lo Penal de 4° Turno.
* Esta acción judicial representó un precedente, al constituir el primer habeas corpus presentado por funcionarios penitenciarios contra el Estado uruguayo. La abogada Mauren Núñez, profesora de la Universidad de la República, asumió la representación legal de los funcionarios de forma honoraria.

### Demandas del Habeas Corpus

* El habeas corpus presentado buscaba abordar tres problemáticas en la Unidad N° 5: el aumento de la ocupación, la escasez de personal y las condiciones de la infraestructura.
* Específicamente, se solicitó al juez que requiriera al Ministerio del Interior:
** Limitar el ingreso de nuevas internas a la Unidad N° 5 hasta que el índice de ocupación se redujera a un máximo del 120%.
** Incorporar 150 funcionarios penitenciarios adicionales para establecer una relación de personal adecuada por cada 10 internas, con el objetivo de mejorar la seguridad y la atención de las necesidades básicas de las internas.
** Realizar obras de mejora urgentes en la infraestructura sanitaria y eléctrica de la Unidad N° 5, especialmente en las áreas de alojamiento de las internas, y reparar los ascensores del establecimiento.

## Fallo
### Sentencia del Juzgado Letrado en lo Penal de 4º Turno

El 9 de octubre de 2023, el Juzgado Letrado en lo Penal de 4° Turno, a cargo del juez Matías Nicolás Porciúncula Vaucher, emitió sentencia en relación al habeas corpus presentado por los funcionarios penitenciarios. La sentencia reconoció la vulneración de derechos fundamentales de las internas de la Unidad N° 5.
El juez ordenó al Ministerio del Interior la presentación de un plan de acción en un plazo de 45 días y su ejecución en un plazo de 120 días, incluyendo las siguientes medidas:
* Reducción del índice de ocupación en los sectores del tercer piso de la Unidad N° 5 que superen el 120%, evitando el aumento de la ocupación en otros sectores del centro de reclusión.
* Implementación de medidas para abordar la escasez de personal, garantizando que las internas del quinto nivel tengan acceso diario a tiempo de espacio libre, actividades laborales, educativas y recreativas, con personal capacitado, y sin descuidar la seguridad de otros sectores de la Unidad N° 5.
* Disposición de personal suficiente para supervisar cualquier medida que implique aislamiento de las internas, cesando situaciones de aislamiento prolongado.
* Mejora de la infraestructura eléctrica y sanitaria de los sectores de alojamiento de las internas, evaluando y sustituyendo instalaciones riesgosas.
Adicionalmente, el juez exhortó al Ministerio del Interior a considerar en su plan de acción las recomendaciones del informe conjunto del Comisionado Parlamentario para las Cárceles y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, así como la información proporcionada por el Comisionado.

### Apelación

El Ministerio del Interior interpuso un recurso de apelación contra la sentencia, argumentando que el habeas corpus presentaba reivindicaciones laborales y no una defensa de derechos humanos. Esta postura fue interpretada por los funcionarios como una deslegitimación de su acción y una falta de reconocimiento de la situación en la Unidad N° 5.
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno confirmó los puntos centrales de la sentencia de primera instancia, ratificando la vulneración de derechos humanos en la Unidad N° 5 y la obligación del Estado uruguayo de implementar medidas para mejorar las condiciones de reclusión.

## Impacto y Consecuencias:
### Cumplimiento de la sentencia

El Estado uruguayo implementó medidas en cumplimiento de la sentencia judicial, incluyendo el aumento de personal y mejoras en la infraestructura de la Unidad N° 5. Aunque el alcance total de las mejoras implementadas no ha sido detallado, la sentencia marcó un precedente en la gestión penitenciaria y visibilizó la necesidad de abordar la situación carcelaria en Uruguay.

### Precedente Legal

La sentencia estableció un precedente en la jurisprudencia uruguaya, reconociendo la legitimidad de los funcionarios penitenciarios para presentar un habeas corpus en defensa de derechos humanos en el ámbito laboral penitenciario. Este hecho fortaleció la capacidad de los funcionarios para exigir el cumplimiento de sus derechos y los de las personas privadas de libertad.

### Divergencia Sindical

La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (OFUCIPE) emitió un comunicado expresando su desacuerdo con la acción judicial presentada por los funcionarios de la Unidad N° 5, adoptando una postura similar a la del Ministerio del Interior. Esta postura generó una división entre los funcionarios civiles de prisiones y OFUCIPE, quienes interpretaron esta actitud como una falta de compromiso con la defensa de los derechos de los funcionarios y las internas.
Este conflicto interno en el ámbito sindical penitenciario condujo a la creación del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (SITRAPEN), una organización independiente que se posicionó como defensora de los derechos laborales y humanos en las prisiones uruguayas.

## Reacciones
### Trabajadores

Los funcionarios de la Unidad N° 5 y otros funcionarios penitenciarios expresaron su satisfacción con la sentencia, considerándola un precedente en la defensa de sus derechos y los de las personas privadas de libertad. Se destacó la iniciativa de los funcionarios que promovieron el habeas corpus y la relevancia de la unidad en la búsqueda de mejoras en el sistema penitenciario.

### Autoridades

Inicialmente, las autoridades del Ministerio del Interior cuestionaron la validez del recurso y minimizaron la situación en la Unidad N° 5. Sin embargo, tras la sentencia judicial y su confirmación por el Tribunal de Apelaciones, las autoridades acataron la decisión y se comprometieron a implementar las medidas ordenadas.

### Organizaciones de Derechos Humanos:

Organizaciones e instituciones de derechos humanos, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Comisionado Parlamentario para las Cárceles, resaltaron la importancia de la sentencia en la visibilización de la situación carcelaria en Uruguay y la demanda de mejoras en las condiciones de reclusión.

### OFUCIPE

La postura de OFUCIPE, contraria al habeas corpus, generó críticas. Los funcionarios que promovieron la acción judicial y otras organizaciones sindicales cuestionaron la representatividad de OFUCIPE y su compromiso con los intereses de los funcionarios penitenciarios.