# Paro de octubre de 1972

El paro de octubre de 1972, también conocido como el «paro de los patrones» o el «paro de los camioneros», fue un paro patronal realizado en Chile durante el mes de octubre de 1972, en contra del gobierno de la Unidad Popular encabezado por el presidente de la República Salvador Allende, a causa de la crisis económica en el país. Este paro contó con el apoyo y financiamiento de gremios empresariales de Chile y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que buscaba desestabilizar al gobierno socialista.

## Antecedentes

En 1972, la economía de Chile pasaba por una grave situación; a pesar de que en el primer año del gobierno de la Unidad Popular (UP) se había logrado bajar la inflación, hacia 1971-1972 las medidas del «plan Vuskovic» produjeron una devaluación del escudo, la moneda nacional, provocando una contracción del país de un -1,21 %, y una hiperinflación del 225 %.
La fijación oficial de precios trajo consigo la escasez y el «mercado negro», lo que significaba la venta de muchos bienes a precios superiores a los oficiales. Por ello, el gobierno creó la Empresa Nacional de Distribución y Comercialización y las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios (JAP).
Sin embargo, dichas medidas no lograron revertir la situación, provocando descontento y el surgimiento de protestas en contra del gobierno, principalmente con la participación y dirigencia de las clases medias y altas. El 1 de diciembre de 1971 se realizó la llamada «marcha de las ollas vacías», que daría origen a la agrupación Poder Femenino, y que fue respaldada por los partidos opositores —fundamentalmente los partidos Demócrata Cristiano, Democracia Radical y Nacional—. El 21 de agosto de 1972 el comercio realizó un «paro de advertencia» debido al "asesinato", según el diputado del Partido Nacional Fernando Ochagavía Valdés, del comerciante Manuel Aguilar García a manos de carabineros; la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (FESES) se unió a dicho paró.

## Desarrollo
### Inicio del paro

La grave situación económica, y los rumores de estatización de empresas de transporte proyectado por la Corfo en la provincia de Aysén —que provocaron un paro indefinido en dicha provincia desde el 1 de octubre— llevaron a la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), liderada por León Vilarín, con el apoyo de otros gremios, a convocar un paro nacional indefinido el 9 de octubre de ese año, agravándose los problemas de distribución de mercaderías. El paro contó con el apoyo monetario de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), que conspiraba para hacer caer el gobierno de la UP, entregando también recursos a diarios opositores, principalmente a El Mercurio. Lo anterior se encuentra dentro del archivo desclasificado posteriormente por la CIA, llamado «plan Septiembre» en el cual se promueven «movimientos gremialistas de patrones y la resistencia civil de la burguesía».
El gobierno resolvió tomar acciones legales contra los organizadores del paro, el cual fue calificado por el ministro del Interior Jaime Suárez Bastidas como «político, ilegal y sedicioso»; por ello, León Vilarín y otros dirigentes del transportes fueron detenidos y trasladados a la Cárcel Pública de Santiago en la noche del 10 de octubre. Los camioneros replicaron a esas medidas con el bloqueo de las principales carreteras del país el 12 de octubre, provocando el desabastecimiento de combustible y de otras mercaderías de carácter esencial, ante lo cual el presidente Salvador Allende declaró Estado de emergencia en 18 provincias del país. El 13 de octubre 300 personas fueron detenidas en todo el país. El Frente Nacionalista Patria y Libertad y el Comando Rolando Matus realizaron acciones de sabotaje en las carreteras, esparciendo miguelitos para entorpecer el paso de vehículos.
Paulatinamente, la oposición y otros gremios profesionales se plegaron a la movilización, como los transportistas urbanos, la Confederación del Comercio Detallista (Confedech) —liderada por Rafael Cumsille—, la Confederación de la Pequeña Industria y Artesanado (Conupia), la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) —presidida por Jorge Fontaine— y la Asociación de Dueños de Microbuses y Taxibuses de la Locomoción Colectiva Particular. El 17 de octubre adhirieron el Colegio Médico de Chile y la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago. Lo mismo hicieron gremios de ingenieros, abogados, odontólogos, profesores, trabajadores portuarios, pilotos de LAN Chile y la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC), quedando el país virtualmente paralizado. El 18 de octubre Rafael Cumsille también es encarcelado.
Producto de la clausura de la Radio Nuevo Mundo debido a infracciones de los bandos de la Jefatura de Zona de Emergencia, la Oficina de Informaciones y Radiodifusión (OIR) encabezó una cadena radial obligatoria que se ordenó como parte de la declaratoria de Zona de Emergencia y que se extendió ininterrumpidamente del 15 al 27 del mismo mes. En el intertanto, las radios Yungay, Agricultura y Presidente Balmaceda —junto a la filial de Agricultura en Valparaíso y la Radio Recreo de Viña del Mar— se desconectaron de dicha cadena obligatoria el 23 de octubre, por lo que sus emisiones fueron suspendidas por orden de las autoridades. El 25 de octubre Radio Minería abandonó la cadena obligatoria, siendo clausurada; misma situación ocurrió con las emisoras Minería de Viña del Mar, Valparaíso de Valparaíso, Centenario de San Javier, Biobío y Simón Bolívar de Concepción, El Carbón de Lota, Pilmaiquén y Cooperativa de Valdivia, y Los Héroes de Chillán. Al día siguiente las radios Interamericana y Cooperativa de Concepción, Sago de Osorno, Talcahuano de Talcahuano y la onda corta de Radio Presidente Balmaceda se descolgaron de la mencionada cadena, y el día 27 fueron sancionadas las radios Minería de Antofagasta y Chilena de Santiago; esa misma jornada la Corte de Apelaciones de Santiago declaró la ilegalidad de la cadena obligatoria y ordenó al gobierno suspenderla, lo cual ocurrió cerca de la medianoche a la vez que levantó las clausuras recaídas sobre las emisoras sancionadas.

### El pliego de Chile y respuesta del gobierno

El 19 de octubre León Vilarín anunció la preparación de un pliego de peticiones al gobierno; en palabras de Sergio Bitar, ello «[reveló] que, tras una imagen gremial, existía una vasta operación política». Al día siguiente se constituyó el Comando Nacional de Defensa Gremial, que agrupó a gran parte de las confederaciones gremiales y empresariales y a los colegios profesionales.
El Comando Nacional publicó sus demandas en un documento que se conoció como El pliego de Chile, publicado originalmente como inserción en el diario El Mercurio el 22 de octubre, y replicado por el resto de los medios de comunicación opositores a Allende. En el pliego se exigía el fin de las clausuras radiales, la banca única, el ahogamiento de la papelera, la prohibición de expropiaciones, devolución de los bienes nacionalizados a sus dueños, reforma constitucional que limitaría los poderes del presidente, y finalizar la cadena nacional obligatoria establecida por la OIR y que afectaba a 155 radios privadas, establecida por las autoridades militares tras la declaración del estado de excepción. Se convocó a una paralización de actividades general para el 24 de octubre, a la cual se tituló «Día del silencio». Durante el transcurso del paro los camioneros Orlando Silva y Sergio Olivares, el militar Fernando Carrera y el obrero José Urra, mueren a balazos en diversos incidentes y distintos puntos del país.
El paro finalizó el 5 de noviembre de 1972, tras el nombramiento de miembros de las Fuerzas Armadas como ministros de Estado: el comandante en jefe del ejército, Carlos Prats, asumió en Interior; el contralmirante Ismael Huerta en Obras Públicas; y el general de Brigada Claudio Sepúlveda Donoso en Minería. Este gabinete duró hasta las elecciones parlamentarias de marzo de 1973.
El gobierno aprovechó la paralización de los camioneros opositores para utilizar parte del sistema Synco. Mediante las máquinas de télex que formaban parte del proyecto cibernético, el gobierno fue capaz de coordinar el transporte de alimentos a la ciudad con los cerca de 200 camiones leales a Allende y que no se encontraban en paro.