Descentralización territorial en Colombia

La descentralización en Colombia se establece en el artículo primero de la constitución política de 1991, en el cual se menciona que la nación colombiana además de ser unitaria, es también "descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales".​ La descentralización territorial, entendida como el otorgamiento de competencias o funciones administrativas a las entidades territoriales regionales o locales, las cuales se ejecutan en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad. Mientras, la autonomía de las entidades territoriales hace referencia a la libertad que les es otorgada para ejercer las funciones que les son asignadas en virtud de la descentralización, de modo que tienen un alto grado de independencia en la administración y manejo de sus intereses. Descentralización y autonomía de entidades territorales El carácter de entidad territorial implica pues, el derecho a gobernarse por autoridades propias, a ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y, por último, participar en las rentas nacionales. Además, de la autonomía administrativa, es decir, la facultad de manejar los asuntos de su jurisdicción, tales como la organización de los servicios públicos, la administración de sus bienes y la solución de todos los problemas que surjan en desarrollo de sus actividades y, finalmente, autonomía fiscal, que implica la potestad para fijar tributos, participar en las rentas nacionales y administrar sus recursos. Competencias sujetas a principios Se trata entonces de una situación en la que se le confiere cierta autonomía a las colectividades para el manejo de sus propios asuntos; autonomía que debe ser comprendida desde un aspecto administrativo y financiero, lo cual no significa que las autoridades locales se aparten del control ejercido por el poder central. En este sentido, el artículo 288 de la Constitución establece que las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, atendiendo a los lineamientos constitucionales y legales.​ Principio de coordinación El principio de coordinación, indica que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, coordinación que debe darse, tanto entre las entidades territoriales, como entre éstas y la Nación. Principio de concurrencia El principio de concurrencia, implica un proceso de participación entre la Nación y las entidades territoriales, de modo que ellas intervengan en el "diseño y desarrollo de programas y proyectos dirigidos a garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, pues sólo así será posible avanzar en la realización efectiva de principios también de rango constitucional, como por ejemplo el de descentralización y autonomía territorial." Principio de subsidiaridad El principio de subsidiaridad consiste en que sólo cuando la entidad territorial no pueda ejercer determinadas funciones en forma independiente, puede apelar a niveles superiores (el departamento o la Nación), para que éstos asuman el ejercicio de esas competencias. Establecido en el artículo 288 de la constitución politica de 1991. Sistema General de Participaciones El Sistema General de Participaciones (SGP) es el mecanismo mediante el cual el gobierno nacional colombiano transfiere recursos públicos a las entidades territoriales (departamentos, municipios y distritos) con el fin de financiar servicios esenciales como salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Estas transferencias están establecidas constitucionalmente y reguladas por leyes como la Ley 715 de 2001 y la Ley 1176 de 2007.​ Del total del SGP, la Ley 715 de 2001 (modificada por la Ley 1176 de 2007) distribuye un 58,5 % para educación, un 24,5 % para salud, un 5,4 % para agua potable y saneamiento básico, y un 11,6 % para la participación de propósito general.​ Desde una perspectiva jurídica y funcional, el SGP constituye una manifestación de la descentralización administrativa en Colombia, al permitir que los entes subnacionales ejerzan competencias públicas asignadas por la ley mediante el uso de recursos que les son transferidos desde el nivel central. Además, el SGP también se clasifica como un instrumento de descentralización fiscal, ya que redistribuye los ingresos nacionales en función de criterios poblacionales, sociales y de capacidad fiscal. No obstante, el manejo de estos recursos está sujeto a condiciones normativas establecidas por el gobierno nacional, lo que limita la autonomía plena de las entidades territoriales.​ En años recientes, diversas reformas han buscado reconfigurar el diseño del SGP, con el objetivo de fortalecer la autonomía territorial, mejorar la equidad en la distribución de los recursos y cerrar brechas entre regiones. Estas discusiones se enmarcan en el debate sobre una descentralización más asimétrica y eficaz en el contexto del ordenamiento territorial colombiano. Ley de competencias y recursos La Ley de competencias en Colombia se refiere al marco normativo mediante el cual se definen las responsabilidades y funciones que deben asumir los distintos niveles de gobierno dentro del sistema territorial. Su objetivo es organizar la prestación de servicios públicos, garantizar derechos fundamentales y asignar de manera clara las funciones administrativas entre la Nación, los departamentos, distritos y municipios. La legislación más representativa en este ámbito es la Ley 715 de 2001, que establece las competencias en sectores clave como: Educación, cuya administración directa corresponde a los municipios y distritos certificados; los no certificados dependen del respectivo departamento. Salud. Agua potable y saneamiento básico. Los demás sectores a cargo de las entidades territoriales (deporte, cultura, vivienda, desarrollo agropecuario, entre otros) se financian mediante una figura del SGP denominada "participación de propósito general", cuyos beneficiarios son los municipios y distritos, y no los departamentos (con la excepción del departamento archipiélago de San Andrés y Providencia, que tiene un régimen especial).​ Los departamentos, en cambio, financian sus competencias en estos mismos sectores principalmente con rentas propias (impuestos al consumo de licores, cervezas y cigarrillos, e impuesto vehicular) y con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), un mecanismo de transferencias distinto al SGP.​ Dicha ley también regula la asignación de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), asegurando que las entidades territoriales cuenten con los medios para cumplir con sus funciones. Esta normativa sienta las bases del modelo de descentralización administrativa, al definir qué debe hacer cada entidad territorial y cómo se articula con el nivel central. Categorización de entidades territoriales La categorización de entidades territoriales es el sistema mediante el cual se clasifica al primer y segundo nivel administrativo actual en Colombia (municipios, distritos y departamentos) según criterios como población, ingresos corrientes de libre destinación, eficiencia fiscal y administrativa. Esta clasificación permite establecer obligaciones diferenciadas y grados de autonomía administrativa acordes con las capacidades reales de cada territorio. La categorización está regulada principalmente por la Ley 136 de 1994 y la Ley 617 de 2000. Esta última introduce siete categorías para distritos y municipios (especial, primera a sexta) y cinco para los departamentos (especial, primera a cuarta), en ambos casos yendo de mayor a menor capacidad administrativa y financiera. Esta herramienta busca garantizar una implementación progresiva y equitativa de las competencias públicas, reconociendo que no todos los territorios cuentan con los mismos recursos humanos, institucionales o económicos para ejercer funciones similares.​ La categorización complementa la ley de competencias, al ajustar la aplicación de estas funciones según la realidad territorial, contribuyendo así al principio de descentralización diferenciada. Régimen especial Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina constituye uno de los casos más destacados de descentralización asimétrica en Colombia. Este territorio posee un régimen especial y distinto al del resto de departamentos, consagrado expresamente en la Constitución Política de 1991 (principalmente en los artículos 309 y 310).​ De acuerdo con el artículo 310, el archipiélago «se regirá, además de las normas previstas en la Constitución y las leyes para los otros departamentos, por las normas especiales que en materia administrativa, de inmigración, fiscal, de comercio exterior, de cambios, financiera y de fomento económico establezca el legislador».​ Entre sus características principales se encuentran: La posibilidad de limitar el ejercicio de los derechos de circulación y residencia, con el fin de proteger la identidad cultural de las comunidades raizales, el ambiente y los recursos naturales. Un régimen aduanero, cambiario y fiscal especial. Protección explícita a las comunidades raizales. Su capital se encuentra en una área no municipalizada: San Andrés Isla. Su clasificación adicional como Zona de Frontera y Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo.​ Este régimen especial responde a las particularidades geográficas (insularidad), culturales (presencia raizal y lengua criolla) y ambientales del archipiélago, y representa uno de los ejemplos más claros de descentralización asimétrica en el ordenamiento territorial colombiano.​ Región como entidad territorial La Ley 1962 de 2019 dicta las normas orgánicas para el fortalecimiento de las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) y establece las condiciones y el procedimiento para su conversión en Región Entidad Territorial (RET), en desarrollo de los artículos 306 y 307 de la Constitución Política de Colombia.​ Entre las condiciones que exige la ley para esta conversión se encuentran que la respectiva RAP haya funcionado como tal durante al menos cinco años, y el concepto previo de la Comisión de Ordenamiento Territorial, en línea con lo previsto por el artículo 307 de la Constitución. Además, la decisión tomada por el Congreso se somete en cada caso a referendo de los ciudadanos de los departamentos interesados.​ El Departamento Nacional de Planeación efectúa el acompañamiento y asesoría a la conformación y funcionamiento de las RET, y regula las relaciones entre estas y las demás entidades territoriales existentes. Los hechos regionales son declarados por la respectiva Junta Regional de las RET. Véase también Organización territorial de Colombia Contraloría General de la República Regionalismo y separatismo en Colombia Referencias