CELEX: 62012CJ0011
Política agrícola común
Sistema integrado de gestión y de control
Reducción o exclusión del beneficio de los pagos en caso de incumplimiento de las normas de condicionalidad
Responsabilidad por hechos ajenos

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 23, apartado 1, del Reglamento (CE) n
o
73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n
o
1290/2005, (CE) n
o
247/2006, (CE) n
o
378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) n
o
1782/2003 (
DO L 30, p. 16
).
Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Maatschap L.A. en D.A.B. Langestraat en P. Langestraat-Troost (en lo sucesivo, «Maatschap») y el Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (en lo sucesivo, «Staatssecretaris»), en relación con la reducción de la ayuda que le fue concedida en virtud de la política agrícola común.
Marco jurídico
Reglamento (CE) n
o
1782/2003
El artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) n
o
1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n
o
2019/93, (CE) n
o
1452/2001, (CE) n
o
1453/2001, (CE) n
o
1454/2001, (CE) n
o
1868/94, (CE) n
o
1251/1999, (CE) n
o
1254/1999, (CE) n
o
1673/2000, (CEE) n
o
2358/71 y (CE) n
o
2529/2001 (
DO L 270, p. 1
), en su versión inicial, disponía:
«Cuando no se respeten los requisitos legales de gestión o las buenas condiciones agrarias y medioambientales como consecuencia de una acción u omisión directamente atribuible al agricultor, y previa aplicación de los artículos 10 y 11, el importe total de los pagos directos a abonar en el año natural en que se produzca el incumplimiento se reducirá o se anulará de conformidad con las disposiciones de aplicación establecidas en virtud del artículo 7.»
El artículo 6, apartado 1, del Reglamento n
o
1782/2003, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n
o
146/2008 del Consejo, de 14 de febrero de 2008 (
DO L 46, p. 1
), establecía lo siguiente a partir del 1 de abril de 2008:
«Cuando no se respeten los requisitos legales de gestión o las buenas condiciones agrarias y medioambientales en cualquier momento de un año natural dado (en lo sucesivo denominado “el año natural de que se trate”) y el incumplimiento en cuestión resulte de un acto u omisión directamente que se puedan atribuir al agricultor que presentó la solicitud de ayuda en el año natural de que se trate, el importe total de los pagos directos que [...] deban abonarse al agricultor, se reducirá o anulará de conformidad con las disposiciones de aplicación establecidas en virtud del artículo 7.
El párrafo primero será también aplicable cuando el incumplimiento en cuestión resulte de un acto u omisión que se puedan atribuir directamente a la persona a quien se transfirió la tierra de cultivo o que la transfirió.
[...]
A efectos de lo dispuesto en el presente apartado, se entenderá por “transferencia” todo tipo de transacción en virtud de la cual la tierra de cultivo deje de estar a disposición de quien la haya transferido.»
El Reglamento n
o
1782/2003 fue derogado a partir de 1 de enero de 2009 por el Reglamento n
o
73/2009.
Reglamento n
o
146/2008
Los considerandos segundo y tercero del Reglamento n
o
146/2008 tienen el siguiente tenor:
«(2)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, apartado 3, del Reglamento [n
o
1782/2003], los agricultores deben tener a su disposición las parcelas correspondientes a la superficie admisible durante un período mínimo de diez meses. La experiencia ha demostrado que este requisito puede entorpecer el funcionamiento del mercado de las tierras de cultivo y genera un trabajo administrativo considerable a los agricultores y a las administraciones afectadas. No obstante, para evitar que se presenten dos solicitudes para una misma parcela se debería fijar una fecha en la que las parcelas deben estar a disposición del agricultor. Sería conveniente que los Estados miembros determinasen que dicha fecha no fuera posterior a la fecha fijada para la modificación de la solicitud de ayuda. Esta misma norma debe aplicarse a los Estados miembros que aplican el régimen de pago único por superficie.
(3)
A consecuencia de la reducción a un solo día del período durante el cual el agricultor deberá mantener a su disposición las parcelas correspondientes a la superficie admisible tanto en el sistema de pago único como en el sistema de pago por superficie, deberían aclararse las normas sobre responsabilidad en el marco de la condicionalidad, en particular en caso de transferencia de tierras durante el año natural de que se trate. Debería quedar claro, por lo tanto, que el agricultor que presente una solicitud de ayuda se considerará responsable ante la autoridad competente de cualquier incumplimiento de los requisitos de condicionalidad durante el año natural de que se trate para toda la tierra de cultivo declarada en la solicitud de ayuda. Ello no impedirá la celebración de acuerdos de derecho privado entre el agricultor de que se trate y la persona a la que se transfiera o que transfiera la tierra de cultivo.»
Reglamento (CE) n
o
796/2004
El Reglamento (CE) n
o
796/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento n
o
1782/2003 y para la aplicación de la condicionalidad prevista en el Reglamento (CE) n
o
479/2008 del Consejo (
DO L 141, p. 18
), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n
o
1266/2008 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2008 (
DO L 338, p. 34
), establece disposiciones para la aplicación de sanciones en el caso de incumplimiento de las normas relativas a la condicionalidad.
Con arreglo a los considerandos 56 y 57 de este Reglamento:
«(56)
El sistema de reducciones y exclusiones contemplado en el Reglamento (CE) n
o
1782/2003 con respecto a las obligaciones en materia de condicionalidad tiene, sin embargo, un objetivo diferente: constituir un incentivo para que los agricultores respeten la normativa existente en los diferentes ámbitos de la condicionalidad.
(57)
Habida cuenta del principio de proporcionalidad y, en el caso de los criterios de admisibilidad, de los problemas especiales derivados de los casos de fuerza mayor y las circunstancias excepcionales y naturales, es preciso establecer reducciones y exclusiones. En el caso de las obligaciones en materia de condicionalidad, las reducciones y exclusiones sólo pueden aplicarse cuando el agricultor haya actuado de forma negligente o intencional. Las reducciones y exclusiones deben ser objeto de una gradación proporcional a la gravedad de la irregularidad cometida, debiendo llegar hasta la total exclusión de uno o varios regímenes de ayuda durante un periodo determinado. En lo que respecta a los criterios de admisibilidad, deben tener en cuenta las particularidades de los distintos regímenes de ayuda.»
Reglamento n
o
73/2009
El tercer considerando del Reglamento n
o
73/2009 enuncia:
«El Reglamento (CE) n
o
1782/2003 establecía el principio de que a los agricultores que no respetasen determinadas exigencias en materia de salud pública, sanidad animal y vegetal, medio ambiente y bienestar animal se les aplicarían reducciones de la ayuda directa o serían excluidos del beneficio de la misma. Este sistema de “condicionalidad” forma parte integrante de la ayuda comunitaria concedida en virtud de los pagos directos y, por lo tanto, debe mantenerse. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que una serie de exigencias incluidas en el ámbito de aplicación de la condicionalidad no están suficientemente relacionadas con la actividad agraria o las tierras agrarias o conciernen más a las autoridades nacionales que a los agricultores. Por lo tanto, resulta procedente adecuar el ámbito de aplicación de la condicionalidad.»
Bajo el título «Reducción o exclusión del beneficio de los pagos en caso de incumplimiento de las normas de condicionalidad», el artículo 23, apartado 1, del Reglamento n
o
73/2009 está redactado como sigue:
«Cuando no se respeten los requisitos legales de gestión o las buenas condiciones agrarias y medioambientales en cualquier momento de un año natural determinado (denominado en lo sucesivo “el año natural considerado”) y el incumplimiento en cuestión resulte de un acto u omisión que se puedan atribuir directamente al agricultor que presentó la solicitud de ayuda en el año natural considerado, el importe total de los pagos directos que [...] se haya abonado o deba abonarse al agricultor, se reducirá o anulará de conformidad con las normas de desarrollo establecidas en virtud del artículo 24.
El párrafo primero también será aplicable cuando el incumplimiento en cuestión resulte de una acción u omisión directamente imputable a la persona a quien se transfirió o que transfirió la tierra de cultivo.
A efectos de lo dispuesto en el presente apartado, se entenderá por “transferencia” cualquier tipo de transacción en virtud de la cual la tierra de cultivo deje de estar a disposición de quien la haya transferido.
No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo, a partir de 2010, cuando la persona a quien pueda atribuirse directamente el acto o la omisión haya presentado una solicitud de ayuda en el año natural considerado, la reducción o la exclusión se aplicará a la totalidad de los importes de los pagos directos concedidos o que se vayan a conceder a dicha persona.»
El artículo 24 de este mismo Reglamento, bajo el título «Normas de desarrollo de las reducciones y exclusiones en caso de incumplimiento de las normas de condicionalidad», dispone:
«1.   Las normas de desarrollo de las reducciones y exclusiones a que se refiere el artículo 23 se establecerán con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 141, apartado 2. A este respecto, se tendrán en cuenta la gravedad, el alcance, la persistencia y la repetición del incumplimiento observado, así como los criterios mencionados en los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo.
2.   En caso de negligencia, el porcentaje de reducción no podrá exceder del 5 % o, si el incumplimiento se repite, del 15 %.
[...]
3.   En caso de incumplimiento deliberado, el porcentaje de reducción no podrá en principio ser inferior al 20 % y podrá llegar a suponer la exclusión total de uno o varios regímenes de ayuda y aplicarse durante uno o varios años naturales.
[...]»
Litigio principal y cuestión prejudicial
La sociedad civil L. Oosthoek en J.P. Groen (en lo sucesivo, Oosthoek/Groen) arrendó una parcela de tierra de cultivo a Maatschap para que ésta pudiera cultivar cebollas en ella. El arrendamiento se acompañaba de una condición que permitía a Oosthoek/Groen seguir labrando la citada parcela y esparcir en ella algunos cargamentos de abono. Las partes acordaron que el arrendamiento se iniciaría el 1 de enero de 2009 pero que el arrendatario, Maatschap, no tendría el disfrute efectivo de dicha parcela hasta después de la labranza.
Oosthoek/Groen abonó efectivamente la parcela en cuestión, pero la labranza no se realizó de conformidad con la legislación nacional que establece un uso de abonos que genere un bajo nivel de emisiones. Oosthoek/Groen fue multada por este motivo.
Maatschap, que tomó posesión de dicha parcela a principios del mes de marzo de 2009, presentó una solicitud de pagos directos para el año 2009, en particular, para la parcela de que se trata. Según la resolución de remisión, no tuvo conocimiento de la infracción que había cometido Oosthoek/Groen hasta que recibió un escrito del Staatssecretaris de 23 de noviembre de 2009 que anunciaba una eventual reducción de los pagos directos por haber infringido la legislación nacional al no utilizar abonos de un modo que genere un bajo nivel de emisiones.
Mediante resolución de 3 de marzo de 2010, el Staatssecretaris aplicó a Maatschap, con motivo de dicha infracción, una reducción del 20 % de los pagos directos por incumplir los requisitos legales en materia agrícola. Mediante escrito de 8 de marzo de 2010, Maatschap presentó, contra esta resolución, una reclamación que el Staatssecretaris declaró infundada mediante resolución de 1 de abril de 2010. Maatschap recurrió entonces esta resolución ante el tribunal remitente.
El tribunal remitente considera que Oosthoek/Groen debe ser calificada de persona que transfirió la tierra de cultivo en el sentido del artículo 23, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n
o
73/2009. En consecuencia, sostiene que los pagos directos que se deben abonar a Maatschap deberían reducirse o anularse debido al incumplimiento de los requisitos legales en materia agrícola imputable a Oosthoek/Groen. Dicho tribunal estima que las declaraciones realizadas por los responsables de la citada sociedad al Servicio de Inspección General justifican que se deduzca un incumplimiento intencionado de estos requisitos por Oosthoek/Groen.
Pese a que el tribunal remitente no observó dolo alguno por parte de Maatschap en la infracción cometida por Oosthoek/Groen, alberga no obstante algunas dudas acerca de si cabe aplicar a Maatschap, de quien no procede la infracción, la reducción de los pagos directos por incumplimiento intencionado de los requisitos legales en materia agrícola.
En particular, pone de manifiesto que, según los considerandos 56 y 57 del Reglamento n
o
796/2004, el régimen de reducciones y exclusiones tiene por finalidad constituir un incentivo para que los agricultores respeten la normativa vigente en los diferentes ámbitos de la condicionalidad y que dicho régimen se estableció teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad. Así, por un lado, las reducciones y exclusiones sólo pueden aplicarse cuando el agricultor haya actuado de forma negligente o intencional y, por otro, deben ser objeto de una gradación proporcional a la gravedad de la irregularidad cometida.
Según el tribunal remitente, caben dos posibles interpretaciones del artículo 23 del Reglamento n
o
73/2009; a saber, o se debe imputar directamente a Maatschap el dolo de Oosthoek/Groek, o se le ha de imputar únicamente el incumplimiento de los requisitos legales en materia agrícola individualmente considerado.
En estas circunstancias, el College van Beroep voor het bedrijsleven decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 23, apartado 1, del Reglamento n
o
73/2009 [...] en el sentido de que se aplicará al agricultor que haya presentado una solicitud de ayuda una reducción o una anulación, como la que se impondría, en un supuesto de incumplimiento acreditado, al verdadero infractor al que se transfirió la tierra o que la transfirió, si este infractor hubiese presentado él mismo la solicitud? ¿O la disposición significa únicamente que el incumplimiento acreditado se imputa a quien haya presentado la solicitud de ayuda, pero que para pronunciarse sobre (el porcentaje de) la reducción o anulación se debe determinar también en qué medida existe negligencia, culpa o dolo del propio agricultor?»
Sobre la cuestión prejudicial
Mediante su cuestión, el tribunal remitente desea saber, en esencia, si el artículo 23, apartado 1, del Reglamento n
o
73/2009 debe interpretarse en el sentido de que el incumplimiento de las normas de condicionalidad por la persona a quien se transfirió o que transfirió la tierra de cultivo que implica la reducción o la anulación del importe total de los pagos directos debe ser imputado íntegramente al agricultor que haya presentado la solicitud de ayuda.
Con carácter preliminar, debe recordarse que el artículo 23, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n
o
73/2009 establece una reducción del importe total de los pagos directos que se haya abonado o deba abonarse al agricultor que presentó una solicitud de ayuda cuando no se respeten los requisitos legales de gestión o las buenas condiciones agrarias y medioambientales en cualquier momento del año natural respecto al cual se presentó la solicitud de ayuda.
En virtud del artículo 23, apartado 1, párrafo segundo, de dicho Reglamento, está prevista también la reducción del importe total de los pagos directos cuando el incumplimiento en cuestión resulte de una acción u omisión directamente imputable a la persona a quien se transfirió o que transfirió la tierra de cultivo.
El tenor de este precepto es claro en lo que se refiere a la imputación a un agricultor que haya presentado una solicitud de ayuda en un caso de incumplimiento de las normas de condicionalidad por la persona a quien se transfirió o que transfirió la tierra de cultivo. No obstante, el Reglamento n
o
73/2009 no precisa si las consecuencias de la constatación de la existencia de un elemento intencional imputable a la persona a quien se transfirió o que transfirió la tierra de cultivo deben imputarse también a dicho agricultor.
A este respecto, el Reglamento n
o
796/2004 precisa que el porcentaje de reducción aplicable en caso de negligencia del agricultor asciende del 1 % al 15 %. En cambio, en el supuesto de que se imponga la reducción a raíz de un acto intencionado del agricultor, este porcentaje ascenderá, en principio, del 20 % al 100 %.
En este contexto, procede señalar que el tenor del artículo 23, apartado 1, del Reglamento n
o
73/2009 no permite responder, por sí solo, a la cuestión planteada por el tribunal remitente.
De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para interpretar una disposición de Derecho de la Unión, debe tenerse en cuenta no sólo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (sentencia de 21 de julio de 2011, Beneo-Orafti,
C-150/10, Rec. p. I-6843
, apartado 41, y jurisprudencia citada).
Pues bien, en primer lugar, es preciso recordar que la «regla de los diez meses», contenida en el artículo 44, apartado 3, del Reglamento n
o
1782/2003 –según la cual, para poder presentar una solicitud de ayuda, los agricultores estaban obligados a mantener a su disposición las parcelas correspondientes a su superficie admisible durante un período mínimo de diez meses– fue reducida a un solo día por el Reglamento n
o
146/2008. Por tanto, basta con que el agricultor disponga de una parcela en la fecha de referencia para obtener el pago directo por el año en el que se presentó la solicitud de ayuda.
Como se desprende del segundo considerando del Reglamento n
o
146/2008, esta simplificación de las normas de admisibilidad pretendía aliviar la carga administrativa tanto para los agricultores como para las administraciones interesados.
De ello resulta también que una determinada parcela puede ser más fácilmente objeto de varias transferencias durante un año natural, lo que puede dar lugar a un incremento de la probabilidad de que el agricultor que haya presentado una solicitud de ayuda no haya labrado personalmente la tierra.
En segundo lugar, el abandono de la «regla de los diez meses» supuso una modificación del artículo 6, apartado 1, del Reglamento n
o
1782/2003 por el Reglamento n
o
146/2008, disposición que fue recogida en el artículo 23, apartado 1, del Reglamento n
o
73/2009, que consagra la responsabilidad del agricultor en caso de incumplimiento de las normas de condicionalidad y que añade que un agricultor que presente una solicitud de ayuda por una parcela sigue siendo responsable de dicha parcela, en el supuesto de que la transfiera, durante todo el año para el que se presentó la solicitud de ayuda.
Así pues, procede señalar que el artículo 23, apartado 1, del Reglamento n
o
73/2009 no distingue entre los supuestos de incumplimiento de las normas de condicionalidad debidos, por una parte, a la negligencia y, por otra, al acto intencionado de la persona a quien se transfirió o que transfirió la tierra de cultivo. Por tanto, no puede excluirse que se imputen a un agricultor que haya presentado una solicitud de ayuda las consecuencias de un acto cometido por la persona a quien se transfirió o que transfirió la tierra de cultivo.
Habida cuenta de lo anterior, la interpretación del artículo 23, apartado 1, del Reglamento n
o
73/2009 debe realizarse tomando en consideración la evolución de la legislación anteriormente mencionada.
Del segundo considerando del Reglamento n
o
146/2008 resulta que la simplificación del acceso a los pagos directos permite a los agricultores recurrir más fácilmente a las ayudas agrícolas. Además, el tercer considerando del Reglamento n
o
73/2009 recuerda que la concesión de la ayuda se supedita a la exigencia de que su beneficiario cumpla con las normas de condicionalidad.
En consecuencia, la sanción aplicable en caso de incumplimiento de dichas normas constituye un instrumento administrativo específico que forma parte del régimen de ayudas en materia agrícola y está destinado a promover el cumplimiento de esas mismas normas.
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha subrayado en repetidas ocasiones que las normas infringidas se dirigen únicamente a los agentes económicos que, con total libertad, optaron por recurrir a un régimen de ayudas en materia agrícola (véanse las sentencias de 18 de noviembre de 1987, Maizena y otros,
137/85, Rec. p. 4587
, apartado 13; de 27 de octubre de 1992, Alemania/Comisión,
C-240/90, Rec. p. I-5383
, apartado 26; de 11 de julio de 2002, Käserei Champignon Hofmeister,
C-210/00, Rec. p. I-6453
, apartado 41, y de 5 de junio de 2012, Bonda, C-489/10, apartado 30).
De ello se infiere que el agricultor que percibe la ayuda, aun cuando no tenga el disfrute efectivo de la parcela para la que solicitó el pago directo durante todo el año natural, debe soportar el riesgo de que se le impute un caso de incumplimiento de las normas de condicionalidad en dicha parcela debido tanto a la negligencia como al acto intencionado de la persona a quien se transfirió o que transfirió la tierra de cultivo, que puede conllevar una reducción del importe total de los pagos directos o una exclusión del beneficio de tales pagos. Así pues, este agricultor puede ser considerado responsable de la infracción cometida por la persona a quien se transfirió o que transfirió la tierra de cultivo de que se trata, también en lo relativo a las consecuencias de los actos intencionados.
No obstante, el considerando 57 del Reglamento n
o
796/2004 enuncia que las reducciones del importe total de los pagos directos y las exclusiones del beneficio de tales pagos deben establecerse teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad. Por tanto, debe comprobarse si la solución elegida en el apartado anterior respeta este principio.
Sobre este particular, debe recordarse que el principio de proporcionalidad, que forma parte de los principios generales del Derecho de la Unión, exige que los medios utilizados por una disposición del Derecho de la Unión sean aptos para alcanzar el objetivo pretendido y no vayan más allá de lo que es necesario para alcanzarlo (véase la sentencia de 12 de julio de 2012, Association Kokopelli, C-59/11, apartado 38, y jurisprudencia citada).
De los apartados 34 a 37 de la presente sentencia se desprende que la responsabilidad del agricultor que presenta una solicitud de ayuda en un caso de incumplimiento de las normas de condicionalidad debido tanto a la negligencia como al acto intencionado de la persona a quien se transfirió o que transfirió la tierra de cultivo permite alcanzar el objetivo que subyace en el régimen de reducciones del importe total de los pagos directos y de exclusiones del beneficio de tales pagos, recordado en el tercer considerando del Reglamento n
o
73/2009, a saber, la integración en las organizaciones comunes de mercado de las normas básicas en materia de medio ambiente, seguridad alimentaria, sanidad y bienestar animal y buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Por lo que respecta a si tal responsabilidad del agricultor que presentó una solicitud de ayuda va más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo, es preciso señalar que el agricultor que percibe la ayuda sigue siendo el único responsable frente a la Administración. No obstante, como alegan acertadamente el Gobierno neerlandés y la Comisión Europea, nada impide que las partes de un contrato de transferencia de tierras de cultivo acuerden entre sí disposiciones más precisas en cuanto a los riesgos económicos de tal contrato, incluido el riesgo de una eventual reducción o exclusión de las subvenciones agrícolas. Además, aun sin tal estipulación, no cabe descartar de entrada el recurso a los mecanismos del Derecho civil que permiten proteger los intereses del agricultor que haya presentado una solicitud de ayuda.
Por consiguiente, imputar íntegramente una infracción cometida por la persona a quien se transfirió o que transfirió la tierra de cultivo al agricultor que haya presentado una solicitud de ayuda para la parcela en la que se constató el incumplimiento de las normas de condicionalidad no va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo pretendido.
Por otra parte, es preciso manifestar que no se impondrá sanción alguna si el agricultor que cometió la infracción o el agricultor que estaba en posesión de la parcela en cuestión en la fecha de referencia no presentan ninguna solicitud de ayuda. En efecto, el régimen de las reducciones del importe total de los pagos directos y de las exclusiones del beneficio de tales pagos constituye una medida administrativa vinculada a los incentivos en forma de pagos directos.
En consecuencia, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 23, apartado 1, del Reglamento n
o
73/2009 debe interpretarse en el sentido de que el incumplimiento de las normas de condicionalidad por la persona a quien se transfirió o que transfirió la tierra de cultivo que implica la reducción o la anulación del importe total de los pagos directos debe ser imputado íntegramente al agricultor que haya presentado la solicitud de ayuda.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

El artículo 23, apartado 1, del Reglamento (CE) n
o
73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n
o
1290/2005, (CE) n
o
247/2006, (CE) n
o
378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) n
o
1782/2003, debe interpretarse en el sentido de que el incumplimiento de las normas de condicionalidad por la persona a quien se transfirió o que transfirió la tierra de cultivo que implica la reducción o la anulación del importe total de los pagos directos debe ser imputado íntegramente al agricultor que haya presentado la solicitud de ayuda.

Firmas
(
*1
)   Lengua de procedimiento: neerlandés.