CELEX: 62013CJ0161
Contratos públicos
Sector del agua
Directiva 92/13/CEE
Procedimientos de recurso eficaces y rápidos
Plazos para recurrir
Fecha de inicio del cómputo de tales plazos

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 1, 2
bis
, 2
quater
y 2
septies
de la Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de los disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (
DO L 76, p. 14
), en su versión modificada por la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007 (
DO L 335, p. 31
) (en lo sucesivo, «Directiva 92/13»).
Dicha petición fue presentada en el marco de un litigio entre, por un lado, Idrodinamica Spurgo Velox srl (en lo sucesivo, «Idrodinamica») y otras cuatro demandantes y, por otro lado, Acquedotto Pugliese SpA (en lo sucesivo, «Acquedotto Pugliese»), entidad adjudicadora, en relación con la conformidad a Derecho del procedimiento de adjudicación de un contrato adjudicado por dicha entidad a la unión temporal de empresas, a cuyo frente figuraba Giovanni XXIII Soc. coop. arl (en lo sucesivo, «Cooperativa Giovanni XXIII»).
Marco jurídico
Derecho de la Unión
El contrato objeto del litigio principal, relativo a las actividades en el sector del agua, está regulado por las disposiciones de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales (
DO L 134, p. 1
), comúnmente denominada «Directiva sectorial».
Los considerandos tercero, quinto y sexto de la Directiva 92/13 establecen:
«[...] la ausencia de medios de recurso eficaces o la insuficiencia de los medios existentes puede tener un efecto disuasorio sobre las empresas comunitarias a la hora de presentar ofertas; [...] por consiguiente, conviene que los Estados miembros remedien esta situación;
[...]
[...] la apertura a la competencia comunitaria de los contratos públicos en los sectores en cuestión implica la adopción de disposiciones para que los suministradores y los contratistas dispongan de procedimientos de recurso adecuados en caso de violación del Derecho comunitario en la materia o de las normas nacionales que transpongan este Derecho;
[...] es necesario establecer un refuerzo sustancial de las garantías de transparencia y de no discriminación y [...] resulta importante, para que tenga efectos concretos, disponer de medios de recurso eficaces y rápidos».
El artículo 1 de dicha Directiva, que lleva por título «Ámbito de aplicación y procedimientos de recurso», dispone en sus apartados 1 y 3:
«1.   La presente Directiva se aplica a los contratos a que se refiere la Directiva [2004/17] [...]
[...]
En lo relativo a los contratos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva [2004/17], los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades contratantes puedan ser recurridas de manera eficaz y, en particular, lo más rápidamente posible, en las condiciones establecidas en los artículos 2 a 2
septies
de la presente Directiva, cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratación pública o las normas nacionales de incorporación de dicha normativa.
[...]
3.   Los Estados miembros velarán por que, con arreglo a modalidades detalladas que ellos mismos podrán determinar, los procedimientos de recurso sean accesibles, como mínimo, a cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un determinado contrato y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta infracción.»
El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 92/13 establece:
«Los Estados miembros velarán para que la medidas adoptadas en relación con los procedimientos de recurso contemplados en el artículo 1 dispongan los poderes necesarios para:
o bien
a)
adoptar, lo antes posible y mediante procedimiento de urgencia, medidas provisionales para corregir la presunta violación o para impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados, incluidas medidas destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de formalización de contrato en cuestión o la ejecución de cualquier decisión adoptada por la entidad contratante; y
b)
anular o hacer que se anulen las decisiones ilegales, incluida la supresión de las características técnicas, económicas o financieras discriminatorias contenidas en el anuncio de licitación, el anuncio periódico indicativo, el anuncio sobre la existencia de un sistema de calificación, la convocatoria de licitación, los pliegos de condiciones o en cualquier otro documento relacionado con el procedimiento de formalización de contrato en cuestión;
o bien
c)
adoptar, a la mayor brevedad, a ser posible mediante procedimiento de urgencia o, si fuese necesario, mediante procedimiento definitivo en cuanto al fondo, medidas distintas a las consideradas en las letras a) y b) que tengan por objeto corregir la violación comprobada e impedir que se causen perjuicios a los intereses afectados; en particular, emitir una orden de pago de una cantidad determinada en caso de que la infracción no sea corregida o evitada.
Los Estados miembros podrán efectuar dicha elección bien para el conjunto de las entidades contratantes, o bien para categorías de entidades definidas a partir de criterios objetivos, salvaguardando en todo caso la eficacia de las medidas establecidas con el fin de impedir que se cause un perjuicio a los intereses afectados;
d)
y, en los dos casos antes mencionados, conceder una indemnización por daños y perjuicios a las personas perjudicadas por la violación.
Cuando se reclamen indemnizaciones por daños y perjuicios debido a que se haya adoptado una decisión de forma ilegal, los Estados miembros podrán establecer que, cuando su sistema de Derecho interno lo requiera y disponga de las instancias con competencia necesaria a estos efectos, la decisión cuestionada debe anularse en primer lugar o declararse ilegal.»
Con arreglo al artículo 2
bis
, apartado 2, último párrafo, de esa Directiva:
«La comunicación, a cada licitador y candidato afectados, de la decisión de adjudicación irá acompañada de:
—
la exposición resumida de las razones pertinentes, contempladas en el artículo 49, apartado 2, de la Directiva [2004/17], y de
—
una indicación precisa del plazo suspensivo exacto aplicable con arreglo a las disposiciones de Derecho interno que incorporen el presente apartado.»
El artículo 49 de la Directiva 2004/17, titulado «Información a los solicitantes de clasificación, los candidatos y los licitadores», establece en sus apartados 1 y 2:
«1.   Las entidades adjudicadoras informarán a los operadores económicos participantes en el menor plazo posible de las decisiones tomadas en relación con la celebración de un acuerdo marco, con la adjudicación del contrato o con la admisión a un sistema dinámico de adquisición, incluidos los motivos por los que hayan decidido no celebrar un acuerdo marco, no adjudicar un contrato para el que se hayan efectuado una convocatoria de licitación o volver a iniciar el procedimiento, o no aplicar un sistema dinámico de adquisición; esta información se facilitará por escrito en caso de que así se solicite a las entidades adjudicadoras.
2.   A petición de la parte interesada, la entidad adjudicadora comunicará cuanto antes:
—
a todos los candidatos descartados, las razones por las que se haya desestimado su candidatura;
—
a todos los licitadores descartados, las razones por las que se haya desestimado su oferta, incluidos, en los casos contemplados en los apartados 4 y 5 del artículo 34, los motivos de su decisión de no equivalencia o de su decisión de que las obras, suministros o servicios no se ajustan a las prescripciones de rendimiento o a las exigencias funcionales requeridas;
—
a todo licitador que haya hecho una oferta admisible, las características y ventajas relativas de la oferta seleccionada, así como el nombre del adjudicatario o las partes en el acuerdo marco.
El plazo para llevar a cabo esta comunicación no podrá en ningún caso sobrepasar los quince días a partir de la recepción de una solicitud escrita.
No obstante, las entidades adjudicadoras podrán decidir no dar a conocer determinada información relativa a la adjudicación del contrato, la celebración del acuerdo marco o la admisión a un sistema dinámico de adquisición de los mencionados en el apartado 1, cuando su divulgación dificulte la aplicación de la ley, sea contraria al interés público, perjudique los intereses comerciales legítimos de determinados operadores económicos, públicos o privados, incluidos los intereses del operador económico al que se haya adjudicado el contrato, o pueda perjudicar la competencia leal entre operadores económicos.»
Derecho italiano
El Decreto Legislativo n
o
163/2006, de 12 de abril de 2006 (suplemento ordinario a la GURI n
o
100, de 2 de mayo de 2006), codifica las normas en materia de contratos públicos.
El artículo 11 de dicho Decreto Legislativo, titulado «Etapas de los procedimientos para la adjudicación de contratos», dispone:
«1.   Los procedimientos para la adjudicación de contratos públicos se desarrollarán dentro del respeto de los actos de programación de las entidades adjudicadoras, en la medida en que estén previstos por el presente Código o por la normativa en vigor.
[...]
4.   En los procedimientos de adjudicación se seleccionará la mejor oferta, según uno de los criterios previstos por el presente Código. Al finalizar el procedimiento, se adjudicará de forma provisional el contrato a la mejor oferta.
5.   Tras comprobar la adjudicación provisional en el sentido del artículo 12, apartado 1, la entidad adjudicadora llevará a cabo la adjudicación definitiva.
[...]
8.   La adjudicación definitiva sólo producirá efectos tras comprobarse que se han cumplido los requisitos establecidos.
9.   Una vez adquiera dicha adjudicación carácter definitivo y sin perjuicio de la aplicación de las normas relativas a la facultad de la Administración en los supuestos contemplados por la Ley [a saber la facultad de la Administración de revocar, suspender o modificar sus propios actos], se celebrará el contrato público o el contrato de concesión en un plazo de 60 días, salvo que en el anuncio o en la invitación a presentar ofertas se prevea un plazo distinto, como en el supuesto de aplazamiento expresamente convenido con el adjudicatario. [...]
10.   En ningún caso podrá celebrarse el contrato antes de 35 días computados a partir del envío de la última comunicación de la decisión de adjudicación definitiva en el sentido del artículo 79.
[...]».
El órgano jurisdiccional remitente resume del modo siguiente las disposiciones pertinentes del artículo 79 del mismo Decreto Legislativo:
—
Con arreglo al apartado 5, la entidad adjudicadora deberá comunicar de oficio a todos los licitadores admitidos, en un plazo no superior a cinco días, la decisión de adjudicación definitiva y la fecha de celebración del contrato con el adjudicatario.
—
De conformidad con el apartado 5 bis, deberá adjuntarse a la comunicación la decisión de adjudicación y la exposición de motivos de ésta, indicando al menos las características y las ventajas de la oferta seleccionada así como el nombre de la empresa adjudicataria, pudiendo la entidad adjudicadora cumplir tal obligación con la transmisión a los citados licitadores de las actas de la licitación.
—
Con arreglo al apartado 5 quater, los licitadores, sin que sea necesario que lo soliciten por escrito, tendrán acceso inmediato a la documentación relativa a la licitación, mediante consulta in situ o mediante entrega de una copia, en un plazo de diez días a partir del envío de la citada comunicación sobre el resultado de la licitación, sin perjuicio del ejercicio, por parte de la entidad adjudicadora, de su facultad de denegar o aplazar dicho acceso en los casos previstos por la Ley.
El artículo 120 del Decreto Legislativo n
o
104/2010, de 2 de julio de 2010, por el que se establece el Código de Procedimiento Administrativo (suplemento ordinario a la GURI n
o
156, de 7 de julio de 2010) dispone que los recursos contra los actos de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos deberán interponerse dentro del plazo de 30 días siguientes a la recepción de la comunicación prevista en el artículo 79 del Decreto Legislativo n
o
163/2006.
El artículo 43 del Decreto legislativo n
o
104/2010 establece que las decisiones de la entidad adjudicadora adoptadas después de que un licitador haya interpuesto un recurso contra la adjudicación definitiva del contrato podrán ser impugnadas, en el marco del mismo procedimiento, mediante la interposición de un recurso calificado de «recurso por presentación de nuevos motivos», que deberá ejercerse en el plazo de 30 días previsto en el artículo 120 de dicho Decreto Legislativo.
Según reiterada jurisprudencia, los tribunales contencioso-administrativos italianos consideran que la comunicación de la decisión de adjudicación prevista en el artículo 79, apartado 5, del Decreto Legislativo n
o
163/2006 constituye un requisito suficiente para garantizar el perfecto conocimiento del acto lesivo y que sirve para dar comienzo al plazo de caducidad, sin que sea relevante el hecho de que la empresa implicada ignore toda o parte de la documentación interna del procedimiento de adjudicación. Dicha comunicación obliga a la empresa en cuestión a impugnar inmediatamente el resultado de la licitación en un plazo de 30 días, sin perjuicio de que tal empresa pueda invocar motivos adicionales en relación con supuestas irregularidades que puedan conocerse a continuación. La jurisprudencia llegó a la misma conclusión por lo que respecta al caso en que la entidad adjudicadora adopte una decisión de adjudicación definitiva que supedite sus efectos a la condición suspensiva de comprobar que la empresa adjudicataria cumple los requisitos generales y especiales del anuncio de licitación, sin perjuicio de que también pueden invocarse motivos adicionales en apoyo de su recurso que debe interponerse en el plazo de 30 días.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
Acquedotto Pugliese es una empresa pública cuyo único accionista es la Regione Puglia. Se encarga de la gestión de la red de abastecimiento de agua y alcantarillado y de la gestión integrada de los recursos hídricos de la Regione Puglia y de algunos municipios de regiones limítrofes. Con arreglo al anexo VI‑C del Decreto Legislativo n
o
163/2006, Acquedotto Pugliese es una entidad adjudicadora que opera en el sector de la producción, transporte y distribución de agua potable, obligada a cumplir la normativa nacional de transposición de la Directiva 2004/17.
Mediante anuncio publicado en el
Diario Oficial de la Unión Europea
el 15 de marzo de 2011, Acquedotto Pugliese convocó un procedimiento abierto de licitación para la adjudicación cuatrienal del servicio de tratamiento de las aguas residuales, de las obras de mantenimiento ordinario y extraordinario de la red de abastecimiento de agua y alcantarillado y de la realización de acometidas individuales y colocación de tramos de tuberías en las zonas de su ámbito territorial, por un importe de base de 17615739,07 euros, que se adjudicaría a la oferta menos onerosa.
Tras las sesiones públicas celebradas el 17 y el 30 de mayo de 2011, quedó clasificada en primer lugar por haber presentado la mejor oferta la unión temporal de empresas a cuyo frente figuraba Cooperativa Giovanni XXIII. La unión temporal de empresas a cuyo frente figuraba Tundo srl (en lo sucesivo, «Tundo») quedo clasificada en segundo lugar y la unión temporal de empresas a cuyo frente figuraba Idrodinamica quedó clasificada en tercer lugar. Por consiguiente, mediante decisión de 7 de junio de 2011, la entidad adjudicadora acordó adjudicar el contrato con carácter definitivo a la unión temporal de empresas dirigida por Cooperativa Giovanni XXIII. Dicha decisión fue comunicada el 6 de julio de 2011.
En la citada decisión, se establecía también que, hasta que se celebrase el contrato, se autorizaba la ejecución anticipada del servicio, que la adjudicación definitiva únicamente surtiría efectos tras la comprobación de que cada una de las empresas asociadas al grupo adjudicatario y las de la unión clasificada en segundo lugar cumplían los requisitos generales y específicos, y que procedía notificar la adjudicación del contrato a todos los licitadores.
Antes de que se celebrara el contrato, la unión adjudicataria, que entretanto se había constituido mediante escritura pública otorgada el 4 de octubre de 2011, comunicó al órgano de contratación, mediante escrito de 28 de febrero de 2012, la separación de una de las empresas que formaban parte de dicha unión, manifestando que tenía la intención de asumir igualmente el contrato y que, pese a su composición restringida, la unión constituida a partir de ese momento por la empresa principal y otras dos empresas era capaz de cumplir los requisitos técnicos y económicos exigidos en el anuncio de licitación.
Mediante decisión de 28 de marzo de 2012, Acquedotto Pugliese autorizó la separación mencionada. El contrato fue celebrado, el 17 de abril de 2012, con la unión temporal de empresas dirigida por Cooperativa Giovanni XXIII en su nueva composición restringida.
Idrodinamica interpuso un recurso, notificado el 17 de mayo de 2012, contra los actos del procedimiento de adjudicación del contrato de que se trata, solicitando, específicamente, la anulación de la decisión de 28 de marzo de 2012, que autorizaba la modificación de la composición del grupo adjudicatario, la anulación del contrato celebrado el 17 de abril de 2012 y la anulación de la decisión de 7 de junio de 2011 de adjudicación definitiva del contrato. Alega que dicho procedimiento es ilegal ya que, por un lado, la entidad adjudicadora autorizó la modificación de la composición de la asociación temporal de empresas adjudicataria y, por otro lado, que dicha entidad no había excluido del procedimiento a la asociación temporal de empresas dirigida por Tundo, clasificada en segundo lugar, en la medida en que el representante legal de una empresa que forma parte de tal asociación presentó una declaración falsa de que carecía de antecedentes penales.
El órgano jurisdiccional remitente señala que, con arreglo a las normas y a la jurisprudencia nacionales, debería declararse inadmisible el recurso de Idrodinamica al haber sido interpuesto después del vencimiento del plazo de caducidad de 30 días siguientes a la comunicación de la decisión de adjudicación del contrato objeto del litigio principal. No obstante, el Tribunal de Justicia determinó en el apartado 40 de la sentencia Uniplex (UK) (C‑406/08,
EU:C:2010:45
) que el objetivo de celeridad perseguido por las normas sobre el recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos no permite a los Estados miembros prescindir del principio de efectividad de la protección jurisdiccional, de acuerdo con el cual las normas de aplicación de los plazos de caducidad nacionales no deben hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos de los interesados al amparo del Derecho de la Unión.
El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si las normas nacionales de que se trata son compatibles con dicho principio de efectividad en la medida en que los elementos contenidos en la comunicación de la decisión de adjudicación definitiva del contrato continúan siendo insuficientes para que los candidatos y los licitadores excluidos conozcan los documentos y las circunstancias de hecho pertinentes para decidir si interponer un recurso, en particular, cuando una eventual irregularidad de procedimiento haya acaecido tras la adopción formal de una decisión de adjudicación definitiva.
Además, la norma procesal que obliga a los interesados a interponer un recurso dentro del plazo de caducidad de 30 días contra la decisión de adjudicación del contrato, sin perjuicio de poder invocar motivos adicionales basados en actos y circunstancias producidos con posterioridad, parece incompatible con el principio de efectividad de la protección jurisdiccional, dado que el recurrente debe anticipar el pago de los honorarios del abogado y de los peritos nombrados por las partes, y de la tasa procesal, tanto al interponer el recurso inicial como al presentar motivos adicionales.
El órgano jurisdiccional remitente se pregunta por tanto si las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión pueden interpretarse en el sentido de que el plazo de caducidad para interponer recursos previsto por las normas nacionales empieza a correr a partir del momento en que el interesado conoce realmente o tiene la posibilidad de conocer, actuando con una diligencia normal, la existencia de una irregularidad, y no a partir de la fecha en la que se comunica la decisión de adjudicación definitiva del contrato.
Habida cuenta de estas consideraciones, el Tribunale amministrativo regionale per la Puglia decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Deben interpretarse los artículos 1, 2
bis
, 2
quater
y 2
septies
de la Directiva [92/13] en el sentido de que el plazo para interponer un recurso para que se declare la existencia de una infracción a la normativa en materia de adjudicación de contratos públicos, empieza a correr desde la fecha en la que el recurrente ha conocido o debería haber conocido, actuando con una diligencia normal, la existencia de la citada infracción?
2)
¿Se oponen los artículos 1, 2
bis
, 2
quater
y 2
septies
de la Directiva [92/13] a disposiciones procesales nacionales o a interpretaciones, como las enunciadas en el asunto principal, que permiten al juez declarar inadmisible un recurso para que se declare la existencia de una infracción a la normativa en materia de adjudicación de contratos públicos, cuando, por una conducta imputable a la entidad adjudicadora, el recurrente tuvo conocimiento de la infracción después de la comunicación formal de los elementos esenciales de la resolución de adjudicación definitiva?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre la admisibilidad
Cooperativa Giovanni XXIII y el Gobierno italiano albergan dudas acerca de la admisibilidad de las cuestiones al considerar, en particular, que los reproches formulados por Idrodinamica se dirigen contra el acto de la entidad adjudicadora por el que se autoriza la modificación de la composición de la unión adjudicataria y que no se formula ningún reproche contra la decisión de adjudicación definitiva del contrato.
En consecuencia, la eventual anulación de dicho acto tendría como único efecto la desaparición del contrato celebrado con la unión adjudicataria en su formación reducida sin que ésta pierda su condición de adjudicataria. Por tanto, las cuestiones planteadas por el juez remitente carecen de relación concreta con el objeto del litigio principal.
Procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta patente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder eficazmente a las cuestiones planteadas (sentencia Fish Legal y Shirley, C‑279/12,
EU:C:2013:853
, apartado 30 y jurisprudencia citada).
No sucede así en el presente asunto, y las dudas formuladas por Cooperativa Giovanni XXIII y el Gobierno italiano acerca de la admisibilidad de las cuestiones son infundadas. En efecto, el juez remitente pide que se interpreten las disposiciones pertinentes de la Directiva 92/13 para apreciar la admisibilidad del recurso interpuesto por Idrodinamica. Como se desprende del expediente puesto a la disposición del Tribunal de Justicia, dicho recurso tiene por objeto, en esencia, por un lado, la anulación de la decisión de la entidad adjudicadora por el que se autoriza la modificación de la composición de la unión adjudicataria y, por otro lado, el hecho de que dicha entidad no excluyó del procedimiento de adjudicación a un licitador clasificado antes que Idrodinamica.
Debe señalarse que, si se estimara la primera alegación formulada por Idrodinamica en el marco del litigio principal basada, en esencia, en el hecho de que la entidad adjudicadora actuó de modo contrario a Derecho al autorizar la reducción del número de empresas que formaban la unión temporal de empresas adjudicataria, podría en ese caso anularse la decisión de celebrar el contrato con la unión adjudicataria. Si se estimara también la segunda alegación, según la cual la entidad adjudicadora debería haber excluido a la unión temporal de empresas Tundo, clasificada en segundo lugar, por haber presentado el representante legal de uno de sus miembros una declaración falsa, aumentarían significativamente las posibilidades de que se adjudicara a Idrodinamica el contrato objeto del litigio principal. De ese modo, puede considerarse fundadamente que Idrodinamica es una persona «que tenga o haya tenido interés en obtener un determinado contrato y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta violación», en el sentido del artículo 1, apartado 3, de la Directiva 92/13.
Las cuestiones planteadas son, por tanto, admisibles.
Sobre el fondo
Mediante esas cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el plazo para interponer un recurso de anulación contra la decisión de adjudicación de un contrato debe empezar a correr de nuevo cuando la entidad adjudicadora ha adoptado, tras el vencimiento del plazo para interponer recurso, una decisión que puede incidir en la legalidad de esa decisión de adjudicación. También pregunta si, en el mismo supuesto, un licitador puede interponer un recurso de anulación contra la decisión de adjudicación de un contrato cuando ha tenido conocimiento de circunstancias anteriores a la misma decisión de adjudicación que pueden incidir en la legalidad del procedimiento de adjudicación del contrato de que se trata.
La modificación aportada a la Directiva 92/13 por la Directiva 2007/66 y el artículo 49 de la Directiva 2004/17 han contribuido en gran manera a que un licitador al que no se ha adjudicado un contrato reciba información del resultado del procedimiento de adjudicación y de los motivos que lo fundamentan. Sobre la base del artículo 49, apartado 2, de la Directiva 2004/17, el licitador puede solicitar que se le dé información detallada.
El principio de seguridad jurídica exige que la información obtenida de ese modo y la que pueda obtenerse no sirvan de fundamento para la interposición de un recurso por parte del licitador tras el vencimiento del plazo previsto por el Derecho nacional.
Por el contrario, en el litigio principal, la decisión por la que se autoriza la modificación de la composición del grupo adjudicatario se refiere a hechos que se produjeron tras la adjudicación del contrato y después del vencimiento del plazo de recurso de 30 días establecido por la normativa nacional. En consecuencia, ni la comunicación de la decisión de adjudicación del contrato y de los motivos relativos a dicha decisión ni la respuesta dada a una solicitud eventual del licitador a la entidad adjudicadora de información adicional permitían conocer tales hechos.
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, sólo pueden garantizarse recursos eficaces contra las infracciones de las disposiciones en materia de adjudicación de los contratos públicos si los plazos establecidos para interponer estos recursos comienzan a correr únicamente a partir de la fecha en que el demandante tuvo o debiera haber tenido conocimiento de la alegada infracción de dichas disposiciones [véase, en ese sentido, la sentencia Uniplex (UK),
EU:C:2010:45
, apartado 32 y jurisprudencia citada].
Por otra parte, de la resolución de remisión se desprende que la decisión por la que se autoriza la modificación de la composición de la unión adjudicataria, que puede incidir en la legalidad de la decisión de adjudicación del contrato, fue adoptada antes de que se celebrara el contrato entre la entidad adjudicadora y dicha unión. En esas circunstancias, no puede considerarse que el principio de seguridad jurídica se oponga a que el plazo de 30 días para interponer recurso se reabra por lo que respecta a un recurso de anulación de la decisión de adjudicación del contrato.
A este respecto, debe considerarse que la decisión por la que se autoriza la modificación de la composición de la unión adjudicataria entraña una modificación de la decisión de adjudicación que puede considerarse sustancial si, habida cuenta de las particularidades del procedimiento del contrato de que se trata, se refiere a uno de los elementos esenciales que determinaron la adopción de la decisión de adjudicación. En dicho supuesto, habrían de aplicarse las medidas pertinentes previstas por el Derecho nacional para remediar tal situación irregular, que pueden llegar hasta la organización de un nuevo procedimiento de adjudicación (véase, por analogía, la sentencia Wall, C‑91/08,
EU:C:2010:182
, apartados 38, 39, 42 y 43).
Además, procede señalar que una posibilidad, como la prevista en el artículo 43 del Decreto Legislativo n
o
104/2010, de plantear «nuevos motivos» en el marco de un recurso inicial interpuesto dentro de los plazos contra la decisión de adjudicación del contrato, no constituye siempre una alternativa válida de protección jurisdiccional efectiva. En efecto, en una situación como la del asunto principal, los licitadores estarían obligados a impugnar
in abstracto
la decisión de adjudicación del contrato, sin conocer en dicha fase, los motivos que justifican dicho recurso.
En consecuencia, el plazo de 30 días establecido por la normativa nacional para interponer recurso contra la decisión de adjudicación del contrato debe correr de nuevo para permitir comprobar la legalidad de la decisión de la entidad adjudicadora por la que se autorizó la modificación de la composición de la unión adjudicataria, que puede incidir en la legalidad de la decisión de adjudicación del contrato. Dicho plazo empieza a correr a partir de la fecha en la que el licitador recibió la notificación de la decisión por la que se autorizaba la modificación de la composición de la unión adjudicataria o en la que tuvo conocimiento de la misma.
Por lo que respecta a la alegación formulada por Idrodinamica basada en la no exclusión del procedimiento de adjudicación de la unión clasificada en segundo lugar por la declaración falsa del representante legal de una de las sociedades que forman parte de dicha unión, hay que señalar que esa supuesta irregularidad tuvo que producirse antes de la decisión de adjudicación del contrato.
En esas circunstancias, procede señalar que el licitador, sobre la base de la información que se le comunicó con arreglo a los artículos 2
bis
de la Directiva 92/13 y 49 de la Directiva 2004/17 y sobre la base de la que habría podido obtener actuando con una diligencia normal, estaba en condiciones de interponer un recurso contra las eventuales infracciones del Derecho de la Unión en materia de contratos públicos y que, en consecuencia, no procede volver a abrir el plazo para interponer recurso previsto por la normativa nacional.
Ha de señalarse que, en la situación del litigio principal, en caso de anulación de la decisión por la que se adjudica el contrato a la unión clasificada en primer lugar en el procedimiento de adjudicación, una nueva decisión de adjudicación del contrato a otro licitador puede ser objeto de un nuevo recurso de anulación dentro del plazo establecido por la normativa nacional.
En consecuencia, procede declarar que, en aplicación del principio de seguridad jurídica, en caso de irregularidades supuestamente cometidas antes de la decisión de adjudicación del contrato, un licitador únicamente puede interponer un recurso de anulación de la decisión de adjudicación dentro del plazo específico previsto a tal efecto por el Derecho nacional, salvo disposición expresa del Derecho nacional que garantice dicho derecho de recurso con arreglo a la normativa de la Unión.
Por el contrario, un licitador puede interponer un recurso por indemnización de daños y perjuicios dentro del plazo general de prescripción previsto a tal efecto por el Derecho nacional.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que los artículos 1, apartados 1 y 3, y 2
bis
, apartado 2, último párrafo, de la Directiva 92/13 deben interpretarse en el sentido de que el plazo para la interposición de un recurso de anulación contra la decisión de adjudicación de un contrato debe empezar a correr de nuevo cuando la entidad adjudicadora adopta una nueva decisión, con posterioridad a esa decisión de adjudicación pero antes de la firma del contrato, que pueda afectar a la legalidad de dicha decisión de adjudicación. El plazo empieza a correr a partir de la comunicación a los licitadores de la decisión posterior o, en su defecto, a partir del momento en que éstos tienen conocimiento de la misma.
Cuando un licitador llega a conocer, tras el vencimiento del plazo establecido por la normativa nacional para interponer recurso, una irregularidad supuestamente cometida antes de la decisión de adjudicación de un contrato, sólo puede recurrir contra dicha decisión dentro ese plazo, salvo disposición expresa del Derecho nacional que garantice tal derecho con arreglo a la normativa de la Unión.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados al presentar observaciones ante el Tribunal de Justicia, distintos de aquellos en que hayan incurrido dichas partes, no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:

Los artículos 1, apartados 1 y 3, y 2
bis,
apartado 2, último párrafo, de la Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de los disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, en su versión modificada por la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, deben interpretarse en el sentido de que el plazo para la interposición de un recurso de anulación contra la decisión de adjudicación de un contrato debe empezar a correr de nuevo cuando la entidad adjudicadora adopta una nueva decisión, con posterioridad a esa decisión de adjudicación pero antes de la firma del contrato, que pueda afectar a la legalidad de dicha decisión de adjudicación. Ese plazo empieza a correr a partir de la comunicación a los licitadores de la decisión posterior o, en su defecto, a partir del momento en que éstos tienen conocimiento de la misma.

Cuando un licitador llega a conocer, tras el vencimiento del plazo establecido por la normativa nacional para interponer recurso, una irregularidad supuestamente cometida antes de la decisión de adjudicación de un contrato, sólo puede recurrir contra dicha decisión dentro ese plazo, salvo disposición expresa del Derecho nacional que garantice tal derecho con arreglo a la normativa de la Unión.

Firmas
(
*1
)   Lengua de procedimiento: italiano.