CELEX: 62007TJ0151
Competencia
Prácticas colusorias
Mercado de la instalación y del mantenimiento de ascensores y de escaleras mecánicas
Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE
Manipulación de licitaciones
Reparto de mercados
Fijación de los precios

El presente asunto tiene por objeto una pretensión de anulación de la Decisión C(2007) 512 final de la Comisión, de 21 de
febrero de 2007, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] (Asunto COMP/E-1/38.823 – Ascensores y
escaleras mecánicas) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), de la que se publicó un resumen en el
Diario Oficial de la Unión Europea
de 26 de marzo de 2008 (DO C 75, p. 19), o, con carácter subsidiario, de reducción del importe de las multas impuestas a las
demandantes.
En la Decisión impugnada, la Comisión de las Comunidades Europeas consideró que las siguientes sociedades infringieron el
artículo 81 CE:
–        Kone Belgium SA, Kone GmbH (en lo sucesivo, «Kone Alemania»), Kone Luxembourg Sàrl, Kone BV Liften en Roltrappen (en lo sucesivo,
«Kone Países Bajos») y Kone Oyj (en lo sucesivo, «KC») (en lo sucesivo, consideradas conjunta o separadamente, «Kone»);
–        Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG (en lo sucesivo, «Otis Alemania»), General Technic-Otis Sàrl, General Technic Sàrl, Otis BV (en
lo sucesivo, «Otis Países Bajos»), Otis Elevator Company (en lo sucesivo, «OEC») y United Technologies Corporation (en lo
sucesivo, «UTC») (en lo sucesivo, consideradas conjunta o separadamente, «OTIS»);
–        Schindler SA, Schindler Deutschland Holding GmbH (en lo sucesivo, «Schindler Alemania»), Schindler Sàrl, Schindler Liften
BV (en lo sucesivo, «Schindler Países Bajos») y Schindler Holding Ltd (en lo sucesivo, «Schindler Holding») (en lo sucesivo,
consideradas conjunta o separadamente, «Schindler»);
–        ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (en lo sucesivo, «TKA»), ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (en lo
sucesivo, «TKF»), ThyssenKrupp Elevator AG (en lo sucesivo, «TKE»), ThyssenKrupp AG (en lo sucesivo, «TKAG»), ThyssenKrupp
Ascenseurs Luxembourg Sàrl y ThyssenKrupp Liften BV (en lo sucesivo, «TKL») (en lo sucesivo, consideradas conjunta o separadamente,
«ThyssenKrupp»); y
–        Mitsubishi Elevator Europe BV (en lo sucesivo, «MEE»).
KC, una de las demandantes en el presente asunto, es una empresa global de mantenimiento y de construcción mecánica, con sede
en Finlandia, que vende, fabrica, instala y moderniza ascensores, escaleras mecánicas y puertas de edificios automáticas.
KC desarrolla su actividad en el sector de las escaleras mecánicas y los ascensores a través de filiales nacionales. Concretamente,
dichas filiales son, en Alemania, Kone Alemania, y en los Países Bajos, Kone Países Bajos.

Procedimiento administrativo

Investigación de la Comisión
Durante el verano de 2003, la Comisión recibió información relativa a la posible existencia de un cártel entre los cuatro
principales fabricantes europeos de ascensores y de escaleras mecánicas que ejercen actividades comerciales en la Unión, a
saber, Kone, Otis, Schindler y ThyssenKrupp (considerandos 3 y 91 de la Decisión impugnada).
Alemania
A partir del 28 de enero de 2004 y en el transcurso del mes de marzo de 2004, la Comisión, en aplicación del artículo 14,
apartado 3, del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, primer Reglamento de aplicación de los artículos [81 CE]
y [82 CE] (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), realizó verificaciones, en particular, en los locales de las filiales de
Otis y de ThyssenKrupp en Alemania (considerados 104 y 106 de la Decisión impugnada).
El 12 y el 18 de febrero de 2004, Kone completó su solicitud de 2 de febrero de 2004 al amparo de la Comunicación de la Comisión
relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3; en lo
sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación de 2002»), referente a Bélgica, mediante información referente a Alemania. Asimismo,
entre marzo de 2004 y febrero de 2005, Otis completó su solicitud referente a Bélgica mediante información referente a Alemania.
Schindler presentó el 25 de noviembre de 2004 una solicitud al amparo de la antedicha Comunicación que contenía información
relativa a Alemania, solicitud que fue completada entre diciembre de 2004 y febrero de 2005. Finalmente, en diciembre de 2005,
ThyssenKrupp remitió a la Comisión una solicitud relativa a Alemania, también al amparo de la referida Comunicación (considerandos
105, 107, 112 y 114 de la Decisión impugnada).
Entre septiembre y noviembre de 2004, la Comisión también remitió solicitudes de información, en aplicación del artículo 18
del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia
previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1), a las empresas que participaron en la infracción en Alemania,
a varios clientes en dicho Estado miembro y a las asociaciones VDMA, VFA y VMA (considerandos 110, 111 y 113 de la Decisión
impugnada).
Países Bajos
En marzo de 2004, Otis formuló una solicitud al amparo de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 relativa a los Países
Bajos, que fue posteriormente completada. En abril de 2004, ThyssenKrupp formuló una solicitud en virtud de la antedicha Comunicación,
solicitud que también fue posteriormente completada varias veces. Finalmente, el 19 de julio de 2004, Kone completó su solicitud
de 2 de febrero de 2004, relativa a Bélgica, mediante información referente a los Países Bajos (considerandos 127, 129 y 130
de la Decisión impugnada).
El 27 de julio de 2004, se le concedió una dispensa condicionada a Otis en aplicación del punto 8, letra a), de la antedicha
Comunicación (considerando 131 de la Decisión impugnada).
A partir del 28 de abril de 2004, la Comisión, en aplicación del artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17, realizó verificaciones,
en particular, en los locales de las filiales de Kone, de Schindler, de ThyssenKrupp y de MEE en los Países Bajos, así como
en los locales de la asociación Boschduin (considerando 128 de la Decisión impugnada).
En septiembre de 2004, la Comisión remitió solicitudes de información en aplicación del artículo 18 del Reglamento nº 1/2003
a las empresas que participaron en la infracción en los Países Bajos, a varios clientes en dicho Estado miembro y a las asociaciones
VLR y Boschduin (considerandos 133 y 134 de la Decisión impugnada).

Pliego de cargos
El 7 de octubre de 2005, la Comisión adoptó un pliego de cargos que iba dirigido, en particular, a las sociedades mencionadas
en el apartado 2 de la presente sentencia
.
Todos los destinatarios del pliego de cargos transmitieron observaciones escritas en respuesta a los cargos imputados por
la Comisión (considerandos 135 y 137 de la Decisión impugnada).
No se celebró audiencia alguna, ya que ningún destinatario del pliego de cargos había formulado ninguna solicitud en ese sentido
(considerando 138 de la Decisión impugnada).

Decisión impugnada
El 21 de febrero de 2007, la Comisión adoptó la Decisión impugnada, en la que declaró que las sociedades destinatarias de
la misma habían participado en cuatro infracciones únicas, complejas y continuas del artículo 81 CE, apartado 1, en cuatro
Estados miembros, al haberse repartido los mercados poniéndose de acuerdo o concertándose para la adjudicación de licitaciones
y de contratos vinculados a la venta, instalación, mantenimiento y modernización de ascensores y de escaleras mecánicas (considerando
2 de la Decisión impugnada).
Por lo que respecta a las destinatarias de la Decisión impugnada, la Comisión consideró que, además de las filiales de las
empresas implicadas en Bélgica, Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos, las sociedades matrices de dichas filiales debían
considerarse solidariamente responsables de las infracciones del artículo 81 CE cometidas por sus respectivas filiales, debido
a que dichas sociedades matrices habían podido ejercer una influencia decisiva sobre su política comercial mientras la infracción
tenía lugar y a que podía presumirse que habían hecho uso de dicho poder (considerandos 608, 615, 622, 627 y 634 a 641 de
la Decisión impugnada). A las sociedades matrices de MEE no se les consideró solidariamente responsables del comportamiento
de su filial, dado que no pudo demostrarse que hubiesen ejercido una influencia decisiva sobre el comportamiento de su filial
(considerando 643 de la Decisión impugnada).
A efectos del cálculo del importe de las multas, la Comisión ha aplicado, en la Decisión impugnada, la metodología expuesta
en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17
y del apartado 5 del artículo 65 [CA] (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices de 1998»). Asimismo, la Comisión examinó
si, y en qué medida, las empresas implicadas satisfacían las exigencias establecidas en la Comunicación sobre la cooperación
de 2002.
La Comisión calificó las infracciones de «muy graves» habida cuenta de su naturaleza y del hecho de que cada una de ellas
abarcaba todo el territorio de un Estado miembro (Bélgica, Alemania, Luxemburgo o Países Bajos), incluso si sus repercusiones
reales no podían determinarse (considerando 671 de la Decisión impugnada).
Con el fin de tener en cuenta la capacidad económica efectiva de las empresas implicadas para causar un perjuicio significativo
a la competencia, la Comisión, por lo que atañía a cada país, distribuyó a éstas en varias categorías en función del volumen
de negocios realizado en el mercado de los ascensores y/o de las escaleras mecánicas, incluyendo, en su caso, los servicios
de mantenimiento y de modernización (considerandos 672 y 673 de la Decisión impugnada).
Por lo que respecta al cártel en Alemania, se colocó a Kone, Otis y ThyssenKrupp en la primera categoría, con un importe de
partida de la multa de 70.000.0000 de euros. Se colocó a Schindler en la segunda categoría, con un importe de partida de la
multa de 17.000.000 de euros (considerandos 676 a 679 de la Decisión impugnada). Se aplicó un factor multiplicador de 1,7
al importe de partida de la multa que había de imponerse a Otis y un factor multiplicador de 2 al importe de partida de la
multa de ThyssenKrupp, para tener en cuenta su tamaño y sus recursos globales, de modo que los importes de partida de sus
multas se elevaron a 119.000.000 de euros y 140.000.000 de euros respectivamente (considerandos 690 y 691 de la Decisión impugnada).
Al haber durado ocho años y cuatro meses la infracción cometida por Kone, Otis y ThyssenKrupp (desde el 1 de agosto de 1995
hasta el 5 de diciembre de 2003), la Comisión incrementó el importe de partida de la multa en un 80 % por lo que respecta
a estas empresas. Al haber durado cinco años y cuatro meses la infracción cometida por Schindler (desde el 1 de agosto de
1995 hasta el 6 de diciembre de 2000), la Comisión incrementó en un 50 % el importe de partida de la multa por lo que respecta
a esta empresa. De este modo, el importe de base de la multa ascendió a 126.000.000 de euros por lo que atañe a Kone, a 214.200.000 euros
por lo que respecta a Otis, a 25.500.000 euros por lo que se refiere a Schindler y a 252.000.000 de euros en lo que concierne
a ThyssenKrupp (considerandos 693 y 696 de la Decisión impugnada). La Comisión estimó que ThyssenKrupp debía ser considerada
reincidente e incrementó el importe de su multa en un 50 % en virtud de esta circunstancia agravante (considerandos 697 a
707 de la Decisión impugnada). No se tomó en consideración ninguna circunstancia atenuante en favor de las empresas implicadas
(considerandos 727 a 729, 735, 736, 742 a 744, 749, 750 y 753 a 755 de la Decisión impugnada). Por una parte, Kone obtuvo,
la reducción máxima del 50 % del importe de la multa prevista en el punto 23, letra b), párrafo primero, primer guión, de
la Comunicación sobre la cooperación de 2002 y, por otra parte, una reducción del 1 % del importe de la multa por no cuestionar
los hechos. Por una parte, Otis obtuvo una reducción del 25 % del importe de la multa dentro de la horquilla prevista en el
punto 23, letra b), párrafo primero, segundo guión, de la antedicha Comunicación y, por otra parte, una reducción del 1 %
del importe de la multa por no cuestionar los hechos. Por una parte, Schindler obtuvo una reducción del 15 % del importe de
la multa dentro de la horquilla prevista en el punto 23, letra b), párrafo primero, tercer guión, de la referida Comunicación
y, por otra parte, una reducción del 1 % del importe de la multa por no cuestionar los hechos. ThyssenKrupp obtuvo una reducción
del 1 % del importe de la multa por no cuestionar los hechos (considerandos 778 a 813 de la Decisión impugnada).
Por lo que respecta al cártel en los Países Bajos, se colocó a Kone en la primera categoría, con un importe de partida de
la multa de 55.000.000 de euros. Se colocó a Otis en la segunda categoría, con un importe de partida de la multa de 41.000.000
de euros. Se colocó a Schindler en la tercera categoría, con un importe de partida de la multa de 24.500.000 euros. Se colocó
a ThyssenKrupp y MEE en la cuarta categoría, con un importe de partida de la multa de 8.500.000 euros (considerandos 684 y
685 de la Decisión impugnada). Se aplicó un factor multiplicador de 1,7 al importe de partida de la multa que había de imponerse
a Otis y un factor multiplicador de 2 al importe de partida de la multa de ThyssenKrupp, para tener en cuenta su tamaño y
sus recursos globales, de modo que los importes de partida de sus multas se elevaron a 69.700.000 euros y 17.000.000 de euros
respectivamente (considerandos 690 y 691 de la Decisión impugnada). Al haber durado cinco años y diez meses la infracción
cometida por Otis y ThyssenKrupp (desde el 15 de abril de 1998 hasta el 5 de marzo de 2004), la Comisión incrementó el importe
de partida de la multa en un 55 % por lo que respecta a estas empresas. Al haber durado cuatro años y nueve meses la infracción
cometida por Kone y Schindler (desde el 1 de junio de 1999 hasta el 5 de marzo de 2004), la Comisión incrementó en un 45 %
el importe de partida de la multa por lo que respecta a estas empresas. Al haber durado cuatro años y un mes la infracción
cometida por MEE (desde el 11 de enero de 2000 hasta el 5 de mayo de 2004), la Comisión incrementó en un 40 % el importe de
partida de la multa por lo que respecta a esta empresa. De este modo, el importe de base de la multa ascendió a 79.750.000 euros
por lo que atañe a Kone, a 108.035.000 euros por lo que respecta a Otis, a 35.525.000 euros por lo que se refiere a Schindler,
a 26.350.000 euros por lo que concierne a ThyssenKrupp y a 11.900.000 euros por lo que atañe a MEE (considerandos 695 y 696
de la Decisión impugnada). La Comisión estimó que ThyssenKrupp debía ser considerada reincidente e incrementó el importe de
su multa en un 50 % en virtud de esta circunstancia agravante (considerandos 697, 698, y 715 a 720 de la Decisión impugnada).
No se tomó en consideración ninguna circunstancia atenuante en favor de las empresas implicadas (considerandos 724 a 726,
731, 732, 737, 739 a 741, 745 a 748 y 751 a 755 de la Decisión impugnada). En aplicación de la Comunicación sobre la cooperación
de 2002, Otis obtuvo una dispensa total de la multa. ThyssenKrup obtuvo, por una parte, una reducción del 40 % del importe
de la multa dentro de la horquilla prevista en el punto 23, letra b), párrafo primero, primer guión, de la antedicha Comunicación
y, por otra parte, una reducción del 1 % del importe de la multa por no cuestionar los hechos. Schindler y MEE obtuvieron
una reducción del 1 % del importe de la multa por no cuestionar los hechos (considerandos 836 a 855 de la Decisión impugnada).
La parte dispositiva de la Decisión impugnada tiene el siguiente tenor:
«Artículo 1
[…]
2.      Por lo que respecta a Alemania, las empresas que figuran a continuación han cometido una infracción del artículo 81 [CE],
al haberse puesto de acuerdo regular y colectivamente, durante los períodos indicados, en el marco de acuerdos y de prácticas
concertadas a nivel nacional relativos a los ascensores y a las escaleras mecánicas, para repartirse los mercados y asignarse
licitaciones públicas y privadas y otros contratos con arreglo a cuotas previamente convenidas por lo que atañe a la venta
y la instalación:
–        Kone: [KC] y [Kone Alemania]: del 1 de agosto de 1995 al 5 de diciembre de 2003;
–        Otis: [UTC], [OEC] y [Otis Alemania]: del 1 de agosto de 1995 al 5 de diciembre de 2003;
–        Schindler: Schindler Holding [...] y [Schindler Alemania]: del 1 de agosto de 1995 al 6 de diciembre de 2000; y
–        ThyssenKrupp: [TKAG], [TKE], [TKA] y [TKF]: del 1 de agosto de 1995 al 5 de diciembre de 2003.
[…]
4.      Por lo que respecta a los Países Bajos, las empresas que figuran a continuación han cometido una infracción del artículo 81 [CE],
al haberse puesto de acuerdo regular y colectivamente, durante los períodos indicados, en el marco de acuerdos y de prácticas
concertadas a nivel nacional relativos a los ascensores y a las escaleras mecánicas, para repartirse los mercados, asignarse
licitaciones públicas y privadas y otros contratos con arreglo a cuotas previamente convenidas por lo que atañe a la venta
y la instalación y haberse abstenido de hacerse la competencia por lo que atañe a los contratos de mantenimiento y de modernización:
–        Kone: [KC] y [Kone Países Bajos]: del 1 de junio de 1999 al 5 de marzo de 2004;
–        Otis: [UTC], [OEC] y [Otis Países Bajos]: del 15 de abril de 1998 al 5 de marzo de 2004;
–        Schindler: Schindler Holding [...] y [Schindler Países Bajos]: del 1 de junio de 1999 al 5 de marzo de 2004;
–        ThyssenKrupp: [TKAG] y [TKL]: del 15 de abril de 1998 al 5 de marzo de 2004; y
–        [MEE]: del 11 de enero de 2000 al 5 de marzo de 2004.
Artículo 2
[…]
2.      Por las infracciones en Alemania contempladas en el artículo 1, apartado 2, se imponen las siguientes multas:
–        Kone: [KC] y [Kone Alemania], solidariamente: 62.370.000 euros;
–        Otis: [UTC], [OEC] y [Otis Alemania], solidariamente: 159.043.500 euros;
–        Schindler: Schindler Holding [...] y [Schindler Alemania], solidariamente: 21.458.250 euros; y
–        ThyssenKrupp: [TKAG], [TKE], [TKA] y [TKF], solidariamente: 374.220.000 euros.
[…]
4.      Por las infracciones en los Países Bajos contempladas en el artículo 1, apartado 4, se imponen las siguientes multas:
–        Kone: [KC] y [Kone Países Bajos], solidariamente: 79.750.000 euros;
–        Otis: [UTC], [OEC] y [Otis Países Bajos], solidariamente: 0 euros;
–        Schindler: Schindler Holding [...] y [Schindler Países Bajos], solidariamente: 35.169.750 euros;
–        ThyssenKrup: [TKAG] y [TKL], solidariamente: 23.477.850 euros; y
–        [MEE]: 1.841.400 euros.
[...]»

Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 8 de mayo de 2007, las demandantes, KC, Kone Alemania y Kone
Países Bajos interpusieron el presente recurso.
Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Octava) decidió abrir la fase oral y, en el marco de las diligencias
de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 de su Reglamento de Procedimiento, formuló una pregunta escrita
a las partes y les pidió que presentasen determinados documentos. Las demandantes no respondieron a la pregunta del Tribunal
dentro del plazo señalado. Sin embargo, lo hicieron mediante escrito de 10 de septiembre de 2009. En dicho escrito y en otro
de 28 de septiembre de 2009, las demandantes subrayaron el carácter confidencial de determinados datos y solicitaron su omisión
en las publicaciones del Tribunal. Las partes dieron cumplimiento a la petición de presentación de documentos dentro del plazo
señalado.
En la vista celebrada el 16 de octubre de 2009 se oyeron los informes de las partes y sus respuestas a las preguntas orales
del Tribunal.
Mediante auto de 14 de octubre de 2009, el Tribunal ordenó a la Comisión, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 65,
letra b), 66, apartado 1, y 67, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento, que presentase determinados
documentos cuyo carácter confidencial había invocado ésta. La Comisión cumplimentó lo ordenado dentro del plazo señalado.
El Tribunal consideró que dichos documentos no eran necesarios para la solución del litigio, por lo que se restituyeron a
la Comisión sin dar traslado de ellos a las demandantes y se declaró concluida la fase oral.
Las demandantes solicitan al Tribunal que:
–        Anule el artículo 2, apartado 2, de la Decisión impugnada en la medida en que impone una multa a KC y a Kone Alemania, y no
imponga multa o imponga una multa de importe inferior al señalado en la Decisión impugnada.
–        Anule el artículo 2, apartado 4, de la Decisión impugnada en la medida en que impone una multa a KC y a Kone Países Bajos,
y fije una multa de importe inferior al señalado en la Decisión impugnada.
–        Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a las demandantes.

Fundamentos de Derecho
Las demandantes cuestionan, por una parte, la legalidad del artículo 2, apartado 2, de la Decisión impugnada, que impone a
las empresas afectadas multas por las infracciones cometidas en Alemania, y, por otra parte, la legalidad del artículo 2,
apartado 4, de la Decisión impugnada, que impone a las empresas afectadas multas por las infracciones cometidas en los Países
Bajos.
A tal efecto, invocan tres motivos. El primer motivo se basa en la infracción de las Directrices de 1998 y en la violación
del principio de proporcionalidad al fijar el importe de partida de las multas. El segundo motivo se basa en la infracción
de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, en la violación de los principios de protección de la confianza legítima
y de igualdad de trato, y en la vulneración del derecho de defensa. El tercer motivo se basa en la violación de los principios
de protección de la confianza legítima y de igualdad de trato al determinar el importe de la reducción de las multas concedida
por la cooperación fuera del marco de la Comunicación sobre la cooperación de 2002.

Sobre el motivo basado en la infracción de las Directrices de 1998 y en la violación del principio de proporcionalidad al
fijar el importe de partida de las multas
Las demandantes sostienen que la Comisión hizo una aplicación errónea de las Directrices de 1998 y violó el principio de proporcionalidad
al fijar el importe de partida de las multas impuestas por las infracciones en Alemania y en los Países Bajos.
Con carácter preliminar, debe recordarse que, según se desprende de una reiterada jurisprudencia, la Comisión disfruta de
una amplia facultad de apreciación por lo que respecta al método de cálculo de las multas. Este método, delimitado por las
Directrices de 1998, contiene varios rasgos de flexibilidad que permiten que la Comisión ejerza su facultad de apreciación
respetando las disposiciones del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 (véase, en este sentido, la sentencia del
Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2009, Papierfabrik August Koehler y otros/Comisión, C‑322/07 P, C‑327/07 P y C‑338/07 P,
Rec. p. I‑7191, apartado 112, y la jurisprudencia citada).
La gravedad de las infracciones del Derecho de la competencia de la Unión debe determinarse en función de numerosos factores,
como las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, sin que se haya establecido
una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente (sentencias del Tribunal de Justicia
de 19 de marzo de 2009, Archer Daniels Midland/Comisión, C‑510/06, Rec. p. I‑1843, apartado 72, y de 3 de septiembre de 2009,
Prym y Prym Consumer/Comisión, C‑534/07 P, Rec. p. I‑7415, apartado 54).
Como se ha expuesto en el apartado 16 de la presente sentencia, en el caso de autos la Comisión determinó el importe de las
multas aplicando el método definido en las Directrices de 1998.
Si bien las Directrices de 1998 no pueden calificarse de norma jurídica a cuya observancia está obligada en cualquier caso
la administración, establecen sin embargo una regla de conducta indicativa de la práctica que debe seguirse y de la cual la
administración no puede apartarse, en un determinado caso, sin dar razones que sean compatibles con el principio de igualdad
de trato (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P,
C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, apartado 209, y la jurisprudencia citada, y del Tribunal
General de 8 de octubre de 2008, Carbone Lorraine/Comisión, T‑73/04, Rec. p. II‑2661, apartado 70).
Al adoptar estas reglas de conducta y anunciar mediante su publicación que las aplicará en lo sucesivo a los casos contemplados
en ellas, la Comisión se autolimita en el ejercicio de su facultad de apreciación y no puede ya apartarse de tales reglas,
so pena de verse sancionada, en su caso, por violación de los principios generales del Derecho, tales como la igualdad de
trato o la protección de la confianza legítima (véanse las sentencias, citadas en el apartado 34
supra,
Dansk Rørindustri y otros/Comisión, apartado 211, y la jurisprudencia citada, y Carbone-Lorraine/Comisión, apartado 71).
Además, las Directrices de 1998 determinan de un modo general y abstracto la metodología que la Comisión se ha obligado a
seguir para determinar el importe de las multas y garantizan, por consiguiente, la seguridad jurídica de las empresas (sentencia
Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 34
supra,
apartados 211 y 213).
Finalmente, debe recordarse que las Directrices de 1998 prevén, en primer lugar, la apreciación de la gravedad de la infracción
en cuanto tal, en virtud de la cual puede fijarse un importe de partida general (punto 1 A, párrafo segundo). En segundo lugar,
la gravedad se analiza en relación con la naturaleza de las infracciones cometidas y las características de la empresa afectada,
en particular su dimensión y su posición en el mercado pertinente, lo que puede dar lugar a la ponderación del importe de
partida, a la clasificación de las empresas en categorías y a la fijación de un importe de partida específico (punto 1 A,
párrafos tercero a séptimo).
En el caso de autos, por lo que respecta a la evaluación de la gravedad de la infracción en la Decisión impugnada, la Comisión
examina paralelamente las cuatro infracciones constatadas en su artículo 1, basándose en que «t[ienen] algunos elementos en
común» (considerando 657 de la Decisión impugnada).
Para empezar, en cuanto a la naturaleza de las infracciones, la Comisión, en los considerandos 658 y 659 de la Decisión impugnada,
explica lo siguiente:
«(658)      Las infracciones objeto de la presente Decisión consistían principalmente en una colusión secreta entre competidores para
repartirse los mercados o congelar las cuotas de mercado repartiéndose los proyectos de venta y de instalación de ascensores
y/o de escaleras mecánicas nuevos, y para no hacerse la competencia por lo que respecta al mantenimiento y a la modernización
de ascensores y de escaleras mecánicas (salvo en Alemania, donde la actividades de mantenimiento y de modernización no fueron
objeto de discusiones entre los miembros del cártel). Tales restricciones horizontales se encuentran, por su propia naturaleza,
entre las infracciones más graves del artículo 81 [CE]. Las infracciones cometidas en este asunto han privado artificialmente
a los clientes de las ventajas que habrían podido esperar obtener si hubiese tenido lugar un proceso de oferta competitivo.
Asimismo, es interesante señalar que algunos de los proyectos amañados eran licitaciones públicas financiadas por los impuestos
y realizadas precisamente con el fin de recibir ofertas competitivas y que, en particular, tuviesen una buena relación calidad/precio.
(659)      A la hora de evaluar la gravedad de una infracción, los elementos relativos a su objeto son generalmente más significativos
que los relativos a sus efectos, en particular, cuando los acuerdos, como en el presente asunto, suponen infracciones muy
graves, como la fijación de los precios y el reparto del mercado. Los efectos de un acuerdo son generalmente un criterio no
concluyente a la hora de evaluar la gravedad de la infracción.»
La Comisión afirma que «no ha intentado demostrar los efectos precisos de la infracción, ya que [era] imposible determinar
con suficiente certeza los parámetros aplicables en materia de competencia (precio, condiciones comerciales, calidad, innovación
y otros) si no hubiesen tenido lugar las infracciones» (considerando 660 de la Decisión impugnada). No obstante, estima que
«resulta […] evidente que las infracciones tuvieron repercusiones reales» y explica a este efecto que «el hecho de que las
diversas prácticas contrarias a la competencia hayan sido llevadas a cabo por los miembros del cártel, sugiere, en si mismo,
la existencia de repercusiones sobre el mercado, aunque el efecto real sea difícil de determinar, ya que, en particular, no
se sabe si otros proyectos han sido objeto de ofertas amañadas, ni la cantidad de dichos proyectos, ni cuantos de esos proyectos
han podido ser objeto de un reparto entre los miembros del cártel sin que fuese necesario que hubiera contactos entre ellos»
(considerando 660 de la Decisión impugnada). En el mismo considerando, la Comisión añade que «las cuotas de mercado acumuladas
elevadas de los competidores indican la existencia de probables efectos contrarios a la competencia y [que] la relativa estabilidad
de estas cuotas de mercado durante el período en que se produjeron las infracciones confirmaría esos efectos».
Seguidamente, en los considerandos 661 a 669 de la Decisión impugnada, la Comisión responde a las alegaciones formuladas por
las demandantes durante el procedimiento administrativo dirigidas a demostrar las reducidas repercusiones de las infracciones
sobre el mercado.
En cuanto a la extensión del mercado geográfico de que se trata, la Comisión sostiene en el considerando 670 de la Decisión
impugnada, que «los cárteles objeto de [la] Decisión [impugnada] abarcaban, respectivamente, el conjunto de los territorios
de Bélgica, Alemania, Luxemburgo o los Países Bajos», y que «de la jurisprudencia se desprende claramente que un mercado geográfico
nacional que abarque el conjunto de un Estado miembro representa ya, por si mismo, una parte sustancial del mercado común».
Por último, la Comisión indica, en el considerando 671 de la Decisión impugnada, que «cada destinatario ha cometido una o
varias infracciones muy graves del artículo 81 CE, habida cuenta de la naturaleza de las infracciones y del hecho de que cada
una de ellas abarcaba todo el territorio de un Estado miembro (Bélgica, Alemania, Luxemburgo o Países Bajos)». La Comisión
llega a la conclusión de que «esos factores son tales que las infracciones deben considerarse muy graves, aunque sus repercusiones
reales no puedan determinarse».
En primer lugar, por lo que respecta a la infracción en Alemania, las demandantes sostienen que la Decisión impugnada no tiene
en cuenta las propias observaciones de la Comisión según las cuales el acuerdo en Alemania no afectó a todos los proyectos
de ascensores. Así, según ellas, el mercado afectado está constituido únicamente por los proyectos de ascensores de valor
superior a un millón de euros, esto es, aproximadamente entre el 20 y el 30 % del mercado total, extremo que confirmaron Kone,
Otis y ThyssenKrupp en sus solicitudes de dispensa del pago de las multas (considerandos 281 y 664 de la Decisión impugnada).
En su réplica, las demandantes señalan asimismo que la comparación entre el importe de partida general establecido para la
infracción en Alemania, por una parte, y los establecidos para las infracciones en Bélgica y los Países Bajos, por otra parte,
confirman la desproporción del importe establecido para la infracción en Alemania, ya que, a diferencia del acuerdo en Alemania,
los acuerdos en Bélgica y en los Países Bajos afectaron al mercado de los ascensores en su totalidad.
A este respecto, debe señalarse que las demandantes no cuestionan la legalidad de la metodología expuesta en el punto 1 A
de las Directrices de 1998 en relación con la determinación del importe de partida general de la multa. Pues bien, la antedicha
metodología responde a una lógica de tanto alzado según la cual el importe de partida general de la multa, determinado por
la gravedad de la infracción, se calcula en función de la naturaleza y de la dimensión geográfica de la infracción, así como
del impacto concreto de la infracción en el mercado cuando pueda medirse (sentencias del Tribunal de 15 de marzo de 2006,
BASF/Comisión, T‑15/02, Rec. p. II‑497, apartado 134, y de 6 de mayo de 2009, Wieland-Werke/Comisión, T‑116/04, Rec. p. II‑1087,
apartado 62).
Además, el tamaño del mercado afectado no es en principio un elemento obligatorio, sino que sólo es un factor más a tener
en cuenta entre otros para apreciar la gravedad de la infracción, dado que, por otra parte, según la jurisprudencia, la Comisión
no está obligada a llevar a cabo una delimitación del mercado afectado o una apreciación del tamaño de éste, siempre y cuando
la infracción de que se trate tenga un objeto contrario a la competencia (véanse, en este sentido, la sentencia Prym y Prym
Consumer/Comisión, citada en el apartado 32
supra,
apartados 55 y 64, y la sentencia del Tribunal General de 30 de septiembre de 2009, Hoechst/Comisión, T‑161/05, Rec. p. II‑3555,
apartado 109). Así, a efectos de determinar el importe de partida de la multa, la Comisión puede, sin estar obligada a ello,
tomar en consideración el valor del mercado objeto de la infracción (véanse, en este sentido, las sentencias BASF/Comisión,
citada en el apartado 45
supra,
apartado 134, y Wieland-Werke/Comisión, citada en el apartado 45
supra,
apartado 63, y la jurisprudencia citada). En efecto, las Directrices de 1998 no prevén que el importe de las multas se calcule
en función del volumen de negocios global o del volumen de negocios de las empresas en el mercado de que se trate. Sin embargo,
tampoco se oponen a que dichos volúmenes de negocios se tengan en cuenta al determinar el importe de la multa, a fin de respetar
los principios generales del Derecho de la Unión y cuando las circunstancias así lo exijan (sentencia del Tribunal de 9 de
julio de 2003, Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión, T‑224/00, Rec. p. II‑2597, apartado 187).
Por lo tanto, la alegación de las demandantes según la cual el importe de partida general fijado para la infracción en Alemania
debía reflejar la dimensión supuestamente limitada del mercado afectado se basa en una premisa errónea y debe ser desestimada.
En el caso de autos, como se ha señalado en los apartados 38 a 43 de la presente sentencia, la Comisión, al determinar la
gravedad de la infracción, tuvo en cuenta la naturaleza de ésta y la extensión geográfica del mercado afectado.
Contrariamente a lo que afirman las demandantes, se desprende del considerando 664 de la Decisión impugnada, en el que la
Comisión responde además a la alegación de Kone y de Otis relativa al impacto supuestamente limitado de la infracción, que
los acuerdos en Alemania no afectaron únicamente a las escaleras mecánicas y los proyectos de ascensores de valor superior
a un millón de euros, puesto que la Comisión consideró probable «que las actividades del cártel sobre los proyectos de ascensores
de más de un millón de euros, que incluyen los ascensores de alta velocidad y de gran valor hayan influido en el funcionamiento
del resto del mercado de los ascensores». En dicho considerando, la Comisión pone asimismo de relieve que el valor total de
un proyecto primaba sobre el número y tipo de ascensores, que resultaba imposible demostrar los efectos concretos de la infracción
y que los hechos habían demostrado claramente que la intención de las partes no era excluir determinados tipos de productos,
sino ponerse de acuerdo sobre aquellos proyectos en que la competencia podía ser eliminada con mayor facilidad.
Ha de recordarse igualmente que, en su solicitud al amparo de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 en relación con
Alemania, la propia Kone declaró específicamente que
[confidencial]
(
) (véase asimismo el considerando 256 de la Decisión impugnada), lo que más bien parece dar a entender que el acuerdo tenía
como objetivo la congelación de las cuotas de mercado en el conjunto del mercado de los ascensores. Como subraya la Comisión,
una colusión explícita en los proyectos superiores a un millón de euros resulta incompatible con una competencia agresiva
en los proyectos de inferior valor. Además, como se desprende del considerando 241 de la Decisión impugnada, que no ha sido
rebatido por las demandantes, ThyssenKrupp declaró también que excepcionalmente se examinaban proyectos de menor envergadura.
Así pues, procede desestimar la alegación de las demandantes de que, por lo que respecta a los ascensores, únicamente se vio
afectado entre el 20 y el 30 % del mercado alemán.
Por otra parte, en relación con el cártel en Alemania, debe observarse que, si bien la Comisión no intentó demostrar los efectos
concretos de la infracción (considerando 660 de la Decisión impugnada), fijó, no obstante, un importe de partida reducido
para considerar, en favor de las empresas afectadas, la posibilidad de que las prácticas colusorias no hubiesen afectado directamente
a la totalidad del mercado de los ascensores. Así, tal como señala la Comisión en el considerando 664 de la Decisión impugnada
en respuesta a las alegaciones de algunos de los participantes en el acuerdo según las cuales, respecto a las ascensores,
éste únicamente afectó a los ascensores de alta velocidad, ella tuvo efectivamente en cuenta «el hecho de que era posible
que las actividades del cártel no hubiesen afectado directamente a la totalidad del mercado de los ascensores» al determinar
el importe de partida de la multa. En efecto, en términos de porcentaje del mercado considerado en su totalidad, el importe
de partida de la multa impuesta por el cártel en Alemania se fijó a un nivel inferior al que se aplicó en los demás cárteles
objeto de la Decisión impugnada (véase el apartado 55 de la presente sentencia).
Además, aun suponiendo que, en lo que respecta a los ascensores, el acuerdo en Alemania únicamente afectase a los proyectos
de ascensores de importe superior a un millón de euros, extremo que no ha sido demostrado por las demandantes y se contradice
con determinadas declaraciones de ThyssenKrupp (véase el apartado 50 de la presente sentencia), el importe de partida de la
multa seguiría estando justificado aunque se comparase con los importes fijados para los otros acuerdos. En este sentido,
interesa señalar que el mercado geográfico afectado por el acuerdo en Alemania era claramente mayor que los mercados geográficos
afectados por los otros acuerdos.
Por otra parte, es preciso subrayar que el tamaño relativamente reducido del mercado de productos de que se trata, aun suponiendo
que se hubiese demostrado, tiene una importancia menor frente a los demás elementos acreditativos de la gravedad de la infracción,
que figuran en los considerandos 657 a 671 de la Decisión impugnada y han sido mencionados en los apartados 38 a 43 de la
presente sentencia (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 27 de septiembre de 2006, Roquette Frères/Comisión,
T‑322/01, Rec. p. II‑3137, apartado 151).
Por último, aun suponiendo que la Comisión deba observar una cierta coherencia, cuando declare la existencia de varias infracciones
muy graves en una sola decisión, entre los importes de partida generales y el tamaño de los diferentes mercados afectados,
nada indica que en el caso de autos los importes de partida fijados por las infracciones en Bélgica, Alemania, Luxemburgo
y los Países Bajos carezcan de coherencia.
En efecto, el examen de los datos pertinentes muestra que la Comisión, habida cuenta del tamaño de los mercados afectados,
fijó los importes de partida por las infracciones en los Estados miembros correspondientes de una forma razonable y coherente,
aunque no recurriese a una fórmula matemática precisa, a lo cual no estaba, de todas formas obligada (véanse los apartados
45 a 47 de la presente sentencia). Por una parte, en cuanto al mercado claramente más importante, Alemania, que representa
576 millones de euros, el importe de partida general se fijó en 70 millones de euros. Por otra parte, respecto a los dos mercados
siguientes por orden de importancia, el de los Países Bajos y el de Bélgica, que representan respectivamente 363 y 254 millones
de euros, el importe de partida general se fijó, respectivamente, en 55 y 40 millones de euros.
En tales circunstancias, y habida cuenta de la lógica de tanto alzado subyacente en la metodología expuesta en el punto 1 A
de las Directrices de 1998, que no obliga a la Comisión a tener en cuenta el tamaño del mercado afectado al fijar el importe
de partida general de la multa, y aun menos a fijar dicho importe según un porcentaje fijo del volumen de negocio conjunto
del mercado (véase, en este sentido, la sentencia BASF/Comisión, citada en el apartado 45
supra,
apartado 134), el importe de partida general fijado para la infracción en Alemania no puede considerarse desproporcionado
con respecto a los importes de partida fijados para las infracciones en Bélgica y en los Países Bajos.
En segundo lugar, por lo que respecta a la gravedad de la infracción en los Países Bajos, Kone recuerda que la Comisión debe
tomar en consideración la naturaleza de la infracción, sus repercusiones concretas sobre el mercado –siempre y cuando se puedan
determinar– y la dimensión del mercado geográfico afectado.
Las demandantes afirman que la Comisión concluyó erróneamente que la infracción en los Países Bajos era de la misma naturaleza
que las cometidas en Bélgica, en Alemania y en Luxemburgo, lo que según ellas constituye un error manifiesto de apreciación
y una violación del principio de igualdad de trato. En este sentido, exponen, en primer lugar, que en dichos Estados miembros
los acuerdos se adoptaron por lo general al más alto nivel directivo. En segundo lugar, que la distribución de proyectos se
basó en un reparto previamente acordado del mercado entre los participantes y tuvo como objetivo congelar esas cuotas de mercado.
En tercer lugar, que se llevaron listas de proyectos, a lo que añaden que los participantes adoptaron medidas extremas para
disimular su comportamiento ilegal. En cuarto lugar, que en Bélgica y en Luxemburgo las infracciones afectaron a todos los
proyectos o contratos y en Alemania a todos los proyectos de un valor superior a determinado importe. Y en quinto lugar, que
en Bélgica hubo un mecanismo de compensación para la rama «servicios». Alegan que ninguna de estas circunstancias concurre
en la infracción en los Países Bajos.
Resulta obligado observar que estas circunstancias, aun suponiendo que hubiesen quedado acreditadas, no bastan para desvirtuar
la apreciación de la Comisión relativa a la naturaleza de la infracción constatada en los Países Bajos, que figura en el considerando
658 de la Decisión impugnada. En efecto, la infracción cometida en los Países Bajos, al igual que las cometidas en Bélgica,
en Alemania y en Luxemburgo, consistía fundamentalmente en una colusión secreta entre competidores para repartirse los mercados
o congelar las cuotas de mercado repartiéndose los proyectos de venta y de instalación de ascensores o escaleras mecánicas
nuevos, y para no entrar en competencia en lo que respecta al mantenimiento y la modernización de ascensores y escaleras mecánicas
(salvo en Alemania, donde la actividad de mantenimiento y modernización no fue objeto de discusión entre los miembros del
cártel). Tales restricciones horizontales se encuentran, por su propia naturaleza, entre las infracciones más graves del artículo
81 CE (considerando 658 de la Decisión impugnada), como se desprende expresamente del punto 1 A de las Directrices de 1998,
que califica este tipo de infracciones como «muy graves».
Según las demandantes, la infracción en los Países Bajos tuvo además menor repercusión en el mercado que los acuerdos en Bélgica,
en Alemania y en Luxemburgo. Alegan que, contrariamente a lo que afirma la Comisión, puede medirse el impacto en el mercado
en términos generales, comparando el valor de los proyectos en cuestión con el valor global del mercado. Por otra parte –añaden–
Otis, ThyssenKrupp y Kone estiman todas ellas en menos del 10 % la cuota de mercado que pudo verse afectada por la infracción.
Con carácter subsidiario, Kone sostiene que, a la vista de las pruebas y de la naturaleza de la infracción y sus repercusiones,
la Comisión debería haber calificado la infracción en los Países Bajos como «grave» y no como «muy grave», y que, por consiguiente,
debería haber reducido el importe de base de la multa impuesta por la infracción en los Países Bajos.
Con arreglo al punto 1 A, párrafo primero, de las Directrices de 1998, la Comisión debe, en el marco de la apreciación de
la gravedad de la infracción, proceder a un examen de la repercusiones concretas sobre el mercado únicamente cuando dichas
repercusiones puedan determinarse (véanse la sentencia Prym y Prym Consumer/Comisión, citada en el apartado 32
supra,
apartado 74, y la jurisprudencia citada, y las sentencias del Tribunal General Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland
Ingredients/Comisión, citada en el apartado 46
supra,
apartado 143, y de 5 de abril de 2006, Degussa/Comisión, T‑297/02, Rec. p. II‑897, apartado 216).
Según reiterada jurisprudencia, para valorar las repercusiones concretas de una infracción en el mercado, la Comisión está
obligada a tomar como referencia la competencia que habría existido normalmente si no se hubiera producido la infracción (véase
la sentencia Carbone-Lorraine/Comisión, citada en el apartado 34
supra,
apartado 83, y la jurisprudencia citada).
En el caso de autos, la Comisión afirma, en el considerando 660 de la Decisión impugnada, que «no ha intentado demostrar los
efectos precisos de la infracción, ya que [era] imposible determinar con suficiente certeza los parámetros aplicables en materia
de competencia (precio, condiciones comerciales, calidad, innovación y otros) si no hubiesen tenido lugar las infracciones».
Aunque la Comisión estima, en el considerando 660 de la Decisión impugnada, que resulta evidente que las prácticas colusorias
tuvieron repercusiones reales, ya que fueron llevadas a cabo, lo que sugiere, en sí mismo, la existencia de repercusiones
sobre el mercado, y aunque la Comisión haya rechazado, en los considerandos 661 a 669, las alegaciones de las empresas de
que se trata dirigidas a demostrar los reducidos efectos de los cárteles, debe señalarse que, en la Decisión impugnada, la
apreciación de la gravedad de las infracciones no tuvo en cuenta sus eventuales repercusiones sobre el mercado.
De este modo, la Comisión, en el considerando 671 de la Decisión impugnada, basa su conclusión sobre la apreciación de la
gravedad de las infracciones teniendo en cuenta únicamente la naturaleza de las antedichas infracciones y su dimensión geográfica.
En efecto, en dicho considerando la Comisión llega a la conclusión de que «habida cuenta de la naturaleza de las infracciones
y del hecho de que cada una de ellas abarcaba todo el territorio de un Estado miembro (Bélgica, Alemania, Luxemburgo o Países
Bajos) […] [debe considerarse que] cada destinatario ha cometido una o varias infracciones muy graves del artículo 81 CE».
Por lo que respecta a la alegación de que es posible medir el impacto en el mercado en términos generales, comparando el valor
de los proyectos de que se trata con el valor global del mercado, resulta obligado observar que las demandantes no aportan
precisión alguna sobre la forma en que, según ellas, debería calcularse el impacto en el mercado. A este respecto, se remiten
en su réplica a las explicaciones de Kone en su respuesta al pliego de cargos. Sin que proceda pronunciarse sobre la admisibilidad
de esta alegación, que figura como anexo de la demanda, ha de señalarse que las demandantes se limitan a invocar el limitado
impacto del acuerdo en el mercado en los Países Bajos y se refieren, para ello, en lo sustancial, a las declaraciones de las
empresas interesadas, según las cuales sólo un reducido número de proyectos fue objeto del acuerdo. Pues bien, como señala
la Comisión, tales declaraciones no implican que el impacto de la infracción fuese determinable, puesto que se desconoce la
magnitud del acuerdo. Así, por ejemplo, la Comisión indicó en el considerando 384 de la Decisión impugnada, que no ha sido
rebatido por las demandantes, que «no había ninguna necesidad de repartirse todos los proyectos en los Países Bajos, ya que
las empresas implicadas sólo tenían que discutir sobre los proyectos que no hubiesen sido automáticamente asignados a alguna
de ellas por haberse establecido una relación con un cliente existente». Además, las alegaciones de las demandantes no desmienten
la conclusión de la Comisión enunciada en el considerando 660 de la Decisión impugnada, de que resultaba imposible determinar
con la suficiente certeza los parámetros de competencia aplicables (precio, condiciones comerciales, calidad, innovaciones
y otros) de no haberse cometido las infracciones (véanse los apartados 62 y 63 de la presente sentencia).
En cualquier caso, hay que declarar que las alegaciones de las demandantes no desvirtúan la calificación de la infracción
en los Países Bajos como «muy grave».
Así, ha de señalarse que, por su propia naturaleza, las infracciones constatadas en la Decisión impugnada figuran entre las
infracciones más graves del artículo 81 CE, ya que tenían por objeto «una colusión secreta entre competidores para repartirse
los mercados o congelar las cuotas de mercado repartiéndose los proyectos de venta y de instalación de ascensores o de escaleras
mecánicas nuevos, y para no hacerse la competencia por lo que respecta al mantenimiento y a la modernización de ascensores
y de escaleras mecánicas (salvo en Alemania, donde las actividades de mantenimiento y de modernización no fueron objeto de
discusiones entre los miembros del cártel)» (considerando 658 de la Decisión impugnada). A este respecto, las Directrices
de 1998 disponen que las infracciones «muy graves» consisten esencialmente en restricciones horizontales como cárteles de
precios y en cuotas de reparto de mercados u otras prácticas que menoscaben el correcto funcionamiento del mercado interior.
Dichas infracciones figuran igualmente entre los ejemplos de prácticas colusorias expresamente consideradas incompatibles
con el mercado común en el artículo 81 CE, apartado 1, letra c). Además de la grave alteración del juego de la competencia
que suponen, estas prácticas colusorias, al obligar a las partes a respetar mercados distintos, a menudo delimitados por las
fronteras nacionales, provocan el aislamiento de estos mercados, neutralizando así el objetivo principal del Tratado CE de
integración del mercado comunitario. También la jurisprudencia califica las infracciones de este tipo, en particular, cuando
se trata de prácticas colusorias horizontales de «particularmente graves» o de «infracciones evidentes» (sentencias del Tribunal
de 6 de abril de 1995, Tréfilunion/Comisión, T‑148/89, Rec. p. II‑1063, apartado 109; de 15 de septiembre de 1998, European
Night Services y otros/Comisión, T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 y T‑388/94, Rec. p. II‑3141, apartado 136, y de 18 de julio
de 2005, Scandinavian Airline System/Comisión, T‑241/01, Rec. p. II‑2917, apartado 85).
Además, de una reiterada jurisprudencia se desprende que el efecto de una práctica contraria a la competencia no es un criterio
determinante a la hora de apreciar la gravedad de una infracción. Elementos que forman parte del aspecto intencional pueden
tener más importancia que los relativos a dichos efectos, sobre todo cuando se trata de infracciones intrínsecamente graves,
como el reparto de mercados (sentencias del Tribunal de Justicia de 2 de octubre de 2003, Thyssen Stahl/Comisión, C‑194/99 P,
Rec. p. I‑10821, apartado 118, y Prym y Prym Consumer/Comisión, citada en el apartado 32
supra,
apartado 96; sentencias del Tribunal General de 13 de diciembre de 2001, Krupp Thyssen Stainless y Acciai speciali Terni/Comisión,
T‑45/98 y T‑47/98, Rec. p. II‑3757, apartado 199, y Degussa/Comisión, citada en el apartado 61
supra,
apartado 251).
De este modo, la naturaleza de la infracción desempeña un papel primordial, en particular, para caracterizar las infracciones
como «muy graves». De la descripción de las infracciones muy graves que hacen las Directrices de 1998 se desprende que los
acuerdos o prácticas concertadas que, como en el presente asunto, persiguen, en particular, el reparto de los mercados, pueden
ser calificados de «muy graves» basándose únicamente en su propia naturaleza, sin que sea necesario que tales comportamientos
estén caracterizados por una repercusión o una dimensión geográfica determinadas (véanse, en este sentido, las sentencias
del Tribunal de Justicia Prym y Prym Consumer/Comisión, citada en el apartado 32
supra,
apartado 75, y de 24 de septiembre de 2009, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/Comisión, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P
y C‑137/07 P, Rec. p. I‑8681, apartado 103). Esta conclusión queda confirmada por el hecho de que, si bien la descripción
de las infracciones graves menciona expresamente las repercusiones sobre el mercado y que puedan surtir sus efectos en amplias
zonas del mercado común, la de las infracciones muy graves, en cambio, no menciona ninguna exigencia de repercusión concreta
sobre el mercado ni de producción de efectos en una zona geográfica determinada (véase, en este sentido, la sentencia del
Tribunal General de 8 de octubre de 2008, Schunk y Schunk Kohlenstoff-Technik/Comisión, T‑69/04, Rec. p. II‑2567, apartado
171, y la jurisprudencia citada).
Por lo tanto, la Comisión se ajustó a Derecho al considerar que, habida cuenta de su objeto, la infracción en los Países Bajos,
era, por su propia naturaleza, muy grave.
A la vista de las anteriores consideraciones, procede desestimar el presente motivo.

Sobre el motivo basado en la infracción de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, en la violación de los principios
de protección de la confianza legítima y de igualdad de trato, y en la vulneración del derecho de defensa
Las demandantes recuerdan que, de conformidad con la Comunicación sobre la cooperación de 2002, presentaron solicitudes con
el fin de obtener una dispensa del pago de las multas o una reducción del importe de éstas. Sin embargo, a su entender, la
Comisión infringió las disposiciones de la referida Comunicación al valorar la calidad y la utilidad de su cooperación. Según
las demandantes, la Comisión defraudó sus expectativas legítimas y vulneró su derecho de defensa. Por último, las demandantes
sostienen que la Comisión violó el principio de igualdad de trato cuando llevó a cabo la apreciación de la reducción de la
multa aplicable en virtud de la antedicha Comunicación.
Sobre la Comunicación sobre la cooperación de 2002
Es preciso señalar que, en la Comunicación sobre la cooperación de 2002, la Comisión definió las condiciones en que las empresas
que cooperen con ella para probar la existencia de un cártel pueden quedar exentas del pago de la multa o beneficiarse de
una reducción de la multa que, en principio, habrían tenido que pagar.
Para empezar, la Comunicación sobre la cooperación de 2002 dispone en el punto 8, dentro de la sección A, que:
«La Comisión dispensará a una empresa del pago de cualquier multa que de otro modo hubiera podido imponérsele cuando:
a)      la empresa sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Comisión, le permitan adoptar una decisión por
la que se ordene una verificación en virtud del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento nº 17, en relación con un presunto
cártel que afecte a la Comunidad, o
b)      la empresa sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Comisión, le permitan comprobar una infracción
del artículo 81 [CE] en relación con un presunto cártel que afecte a la Comunidad.»
A continuación, la Comunicación sobre la cooperación de 2002 prevé en el punto 20, dentro de la sección B, que «las empresas
que no cumplan las condiciones [de exención de la multa] contempladas en la sección A podrán no obstante beneficiarse de una
reducción del importe de la multa que de otro modo les habría sido impuesta» y, en el punto 21, que, «para ello, la empresa
deberá facilitar a la Comisión elementos de prueba de la presunta infracción que aporten un valor añadido significativo con
respecto a los elementos de prueba de que ya disponía la Comisión, así como poner fin a su participación en la presunta infracción
a más tardar en el momento en que facilite los elementos de prueba».
Por lo que respecta al concepto de valor añadido, en el punto 22 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 se explica que:
«El concepto de “valor añadido” alude a la medida en que los elementos de prueba aportados aumentan la capacidad de la Comisión
de probar los hechos de que se trata, ya sea por su propia naturaleza, ya por su nivel de detalle o por ambos conceptos. En
esta evaluación, la Comisión concederá generalmente más valor a las pruebas escritas que daten del período en que se produjeron
los hechos que a las posteriormente establecidas. Del mismo modo, los elementos de prueba directamente relacionadas con los
hechos en cuestión se considerarán, en general, de mayor valor que las que sólo guarden relación indirecta con los mismos.»
El apartado 23, letra b), párrafo primero, de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 prevé para las reducciones de multas
una clasificación en tres categorías:
«–      la primera empresa que cumpla lo dispuesto en el apartado 21: una reducción del 30 %‑50 %,
–      la segunda empresa que cumpla lo dispuesto en el apartado 21: una reducción del 20 %‑30 %,
–      las siguientes empresas que cumplan lo dispuesto en el apartado 21: una reducción de hasta el 20 %.
La Comunicación sobre la cooperación de 2002 dispone en el apartado 23, letra b), párrafo segundo, que:
«Para fijar el porcentaje de reducción dentro de esos márgenes, la Comisión tendrá en cuenta la fecha en que fueron comunicados
los elementos de prueba que hayan satisfecho la condición establecida en el punto 21, así como el grado de valor añadido que
hayan comportado. Del mismo modo, la Comisión podrá tomar en consideración la magnitud y la continuidad de la cooperación
prestada por la empresa a partir de la fecha de su aportación original.»
Finalmente, el punto 23, letra b), último párrafo, de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 dispone que:
«Cuando una empresa aporte elementos de prueba relacionados con hechos de los cuales la Comisión no tenga conocimiento previo
y que repercutan directamente en la gravedad o duración del presunto cártel, la Comisión no tomará tales datos en consideración
al fijar el importe de la multa que deba imponerse a la empresa que los haya aportado.»
Sobre el margen de apreciación de la Comisión y el control de juez de la Unión
Procede recordar que el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, que constituye la base jurídica de la imposición
de multas por infracción de las normas de la competencia de la Unión, confiere a la Comisión un margen de apreciación en la
determinación de las multas (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal General de 21 de octubre de 1997, Deutsche
Bahn/Comisión, T‑229/94, Rec. p. II‑1689, apartado 127) que está en función, principalmente, de su política general en materia
de competencia (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión, 100/80
a 103/80, Rec. p. 1825, apartados 105 y 109). Éste es el contexto en el que la Comisión adoptó y publicó la Comunicación sobre
la cooperación de 2002, para garantizar la transparencia y la objetividad de sus decisiones en materia de multas. Dicha Comunicación
es un instrumento destinado a precisar los criterios que la Comisión piensa aplicar en el ejercicio de su facultad de apreciación,
respetando el Derecho de rango superior, y entraña como consecuencia una autolimitación de dicha facultad (véase, por analogía,
la sentencia del Tribunal de 30 de abril de 1998, Vlaams Gewest/Comisión, T‑214/95, Rec. p. II‑717, apartado 89), en la medida
en que la Comisión debe ajustarse a las normas indicativas que ella misma se ha impuesto (véase, por analogía, la sentencia
del Tribunal de 12 de diciembre de 1996, AIUFFASS y AKT/Comisión, T‑380/94, Rec. p. II‑2169, apartado 57).
La autolimitación de la facultad de apreciación de la Comisión que resulta de la adopción de la Comunicación sobre la cooperación
de 2002 no es, sin embargo, incompatible con que la Comisión conserve un margen sustancial de apreciación (véase, por analogía,
la sentencia del Tribunal de 14 de diciembre de 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, T‑259/02 a T‑264/02
y T‑271/02, Rec. p. II‑5169, apartado 224).
La Comunicación sobre la cooperación de 2002, en efecto, contiene varios rasgos de flexibilidad que permiten que la Comisión
ejerza su facultad discrecional respetando las disposiciones del artículo 23 del Reglamento nº 1/2003, tal como han sido interpretadas
por el Tribunal de Justicia (véase, por analogía, la sentencia Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, citada
en el apartado 81
supra,
apartado 224).
Así, debe señalarse que la Comisión goza de una amplia facultad de apreciación cuando tiene que valorar si los elementos de
prueba aportados por una empresa que manifestó su deseo de beneficiarse de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 aportan
un valor añadido significativo en el sentido del punto 21 de la referida Comunicación (véanse, en este sentido, la sentencia
del Tribunal de Justicia de 10 de mayo de 2007, SGL Carbon/Comisión, C‑328/05 P, Rec. p. I‑3921, apartado 88, y la sentencia
del Tribunal General de 18 de junio de 2008, Hoechst/Comisión, T‑410/03, Rec. p. II‑881, apartado 555). Por lo que respecta
al apartado 8, letras a) y b), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, es preciso observar que ese margen de apreciación
sustancial se deriva del propio tenor de esa disposición, que se refiere expresamente a la aportación de elementos de prueba
que, «a juicio de la Comisión» respectivamente le permitan adoptar una decisión por la que se ordene una verificación o comprobar
una infracción. En efecto, la apreciación de la relevancia y utilidad de la cooperación prestada por una empresa implica apreciaciones
fácticas complejas (véanse, en este sentido, las sentencias SGL Carbon/Comisión, antes citada, apartado 81, y Carbone Lorraine/Comisión,
citada en el apartado 34
supra,
apartado 271).
Asimismo, la Comisión, tras haber constatado que los elementos de prueba presentan un valor añadido significativo en el sentido
del punto 21 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, dispone de un margen de apreciación cuando tiene que determinar
el nivel exacto de la reducción del importe de la multa que ha de conceder a la empresa de que se trate. En efecto, el apartado
23, letra b), párrafo primero, de dicha Comunicación prevé una serie de márgenes en la reducción del importe de la multa para
las diferentes categorías de empresas contempladas, mientras que el párrafo segundo del antedicho punto fija los criterios
que la Comisión debe tener en cuenta a la hora de definir el porcentaje de reducción dentro de esos márgenes.
Habida cuenta del margen de apreciación de que dispone la Comisión para evaluar la cooperación de una empresa en virtud de
la Comunicación sobre la cooperación de 2002, el Tribunal únicamente podrá censurar un exceso manifiesto de dicho margen (véanse,
en este sentido, las sentencias, citadas en el apartado 83
supra,
SGL Carbon/Comisión, apartados 81, 88 y 89, y de 18 de junio de 2008, Hoechst/Comisión, citada en el apartado 83
supra,
apartado 555).
Sobre la cooperación de Kone a efectos de la prueba de la infracción en Alemania
A Kone, que fue la primera empresa en presentar, el 12 de febrero de 2004, una solicitud al amparo de la Comunicación sobre
la cooperación de 2002 en relación con el cártel en Alemania (considerando 105 de la Decisión impugnada), no se le concedió
una dispensa del pago de las multas en virtud del punto 8 de dicha Comunicación (considerando 790 de la Decisión impugnada).
La Comisión estimó en los considerandos 783 a 786 de la Decisión impugnada que el punto 8, letra a), de la Comunicación sobre
la cooperación de 2002 no era de aplicación, toda vez que la información facilitada por un tercero le había permitido ya efectuar
una verificación en Alemania el 28 de enero de 2004.
Igualmente se excluyó la aplicación del punto 8, letra b), de dicha Comunicación por los siguientes motivos, expuestos en
los considerandos 787 a 789 de la Decisión impugnada:
«(787)      Con arreglo a lo dispuesto en el punto 8, letra b, de la Comunicación sobre la cooperación [de 2002], la Comisión dispensará
a una empresa del pago de cualquier multa cuando la empresa sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de
la Comisión, le permitan comprobar una infracción al artículo 81 [CE] en relación con un presunto cártel, lo que implica que
la Comisión no disponga previamente de pruebas suficientes para comprobar una infracción del artículo 81 [CE] y que a ninguna
empresa se le haya concedido una dispensa condicional del pago de las multas en virtud del punto 8, letra a).
(788)      Las observaciones de Kone en el marco de su solicitud [al amparo de la Comunicación sobre la cooperación de 2002] son ambiguas
y no tienen respaldo probatorio alguno que no sean sus propias declaraciones escritas expuestas de memoria. Reconoce que
[confidencial].
En el caso de autos, la Comisión ya disponía de información acerca de la presunta infracción obtenida de otras fuentes, como
observaciones de terceros e inspecciones. Esta información determinó la orientación principal del asunto en el marco de un
procedimiento administrativo incoado a iniciativa de la propia Comisión. Así pues, en tales circunstancias, una empresa que
desee obtener una dispensa en aplicación del punto 8, letra b), de la Comunicación sobre la cooperación [de 2002] debe aportar
a la Comisión datos que le permitan acortar significativamente su investigación.
(789)      Las observaciones de Kone relativas a Alemania contienen descripciones menos precisas de las actividades del cártel que sus
observaciones relativas a Bélgica y Luxemburgo y no están respaldadas por pruebas documentales inculpatorias (distintas de
sus propias declaraciones). Por consiguiente, Kone no puede afirmar que sus observaciones relativas a Bélgica y Luxemburgo,
por una parte, y a Alemania, por otra parte, eran “de la misma calidad”.»
No obstante, a Kone se le concedió una reducción del 50 % del importe de su multa en virtud del punto 23, letra b), párrafo
primero, primer guión, de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 por su cooperación relativa al cártel en Alemania (considerando
793 de la Decisión impugnada).
Las demandantes sostienen, en primer lugar, que Kone reunía los requisitos para obtener la dispensa del pago de la multa con
arreglo al punto 8, letra b), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, por lo que respecta a la infracción en Alemania,
puesto que en la Decisión impugnada la Comisión se basó en las observaciones de Kone de 12 y 18 de febrero de 2004 para probar
el conjunto de los elementos constitutivos de esa infracción. Insisten en que la Comisión no disponía aún de pruebas suficientes
para demostrar la infracción en Alemania en el momento en que Kone formuló su solicitud al amparo de la referida Comunicación
y que ésta fue la primera empresa en aportar información sobre dicha infracción.
Procede recordar que uno de los requisitos para obtener la dispensa del pago de la multa al amparo del punto 8, letra b),
de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 es que la empresa sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio
de la Comisión, le permitan comprobar una infracción del artículo 81 CE en relación con un presunto cártel que afecte a la
Comunidad.
Ha de señalarse que, en el momento en que Kone formuló su solicitud referente a Alemania, el 12 de febrero de 2004, la Comisión
presumía ya la existencia de un cártel en Alemania en el sector de los ascensores y las escaleras mecánicas basándose en la
información de que entonces disponía. En efecto, a raíz de la información que le había sido comunicada por un tercero, la
Comisión ya había efectuado inspecciones, el 28 de enero de 2004, en los locales de ThyssenKrupp y de algunas de sus filiales
en Alemania (considerando 104 de la Decisión impugnada).
Es cierto que no se discute que la Comisión no disponía aún de pruebas suficientes para declarar la existencia de la infracción
en Alemania en el momento en que Kone formuló su solicitud al amparo de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, ni que
ésta fue la primera empresa en formular tal solicitud con respecto a dicha infracción (considerando 105 de la Decisión impugnada).
Sin embargo, contrariamente a lo que afirman las demandantes, tales circunstancias no bastan por sí solas para aspirar a una
dispensa al amparo de lo dispuesto en el punto 8, letra b), de la Comunicación sobre la cooperación. Es la calidad de la cooperación
de una empresa como Kone la que determina si puede concedérsele una dispensa del pago de las multas en virtud de dicha disposición.
En efecto, no basta que Kone haya aportado información y pruebas que permitan perseguir eficazmente la infracción. Aunque
es cierto que las pruebas aportadas no han de ser necesariamente suficientes para probar la infracción en su totalidad o en
sus mínimos detalles, deben ser no obstante, por su naturaleza, precisión y fuerza probatoria, suficientes para que la Comisión
pueda comprobar la existencia de una infracción del artículo 81 CE.
Habida cuenta del margen de apreciación de que dispone la Comisión para evaluar la cooperación de una empresa con arreglo
a la Comunicación sobre la cooperación de 2002, debe examinarse, en el caso de autos, si la Comisión rebasó manifiestamente
ese margen de apreciación al considerar que las pruebas aportadas por Kone, por su naturaleza, no le permitían comprobar la
existencia de una infracción del artículo 81 CE en relación con el cártel en Alemania (véase, en este sentido, la sentencia
de 18 de junio de 2008 Hoechst/Comisión, citada en el apartado 83
supra,
apartado 555).
En primer lugar, debe recordarse que las pruebas aportadas por Kone en el marco de su solicitud al amparo de la Comunicación
sobre la cooperación de 2002 referente a Alemania están comprendidas en sus observaciones de 12 de febrero de 2004, completadas
y corregidas por sus observaciones de 18 de febrero de 2004. A las observaciones de 12 de febrero de 2004 se adjuntan dos
declaraciones de directivos de Kone, una de ellas con una descripción del cártel en el mercado de los ascensores en Alemania
[confidencial]
y la otra con una descripción del cártel en el mercado de las escaleras mecánicas en Alemania
[confidencial].
Las observaciones de Kone de 12 y 18 de febrero de 2004 incluyen como anexo algunas pruebas documentales. Aparte de documentos
redactados de memoria por directivos de Kone a efectos de su solicitud al amparo de la referida Comunicación, que indican
las fechas y lugares de determinadas reuniones celebradas en el marco del cártel
[confidencial],
Kone adjuntó a sus observaciones de 12 de febrero de 2004 un fax de Schindler
[confidencial]
y listas de proyectos sin fecha
[confidencial].
A las observaciones de 18 de febrero de 2004 se adjuntaron, además, facturas de hotel
[confidencial].
En segundo lugar, en cuanto al valor de las pruebas aportadas, cabe señalar, en relación con las observaciones de 12 de febrero
de 2004, que las declaraciones de Kone fueron redactadas de memoria por sus directivos. Por lo tanto, no puede excluirse que
contengan inexactitudes. Por otra parte, la propia Kone señala en sus observaciones de 18 de febrero de 2004 que la exactitud
de algunas de esas observaciones no puede garantizarse por completo.
En cualquier caso, las declaraciones unilaterales de una empresa, no bastan para comprobar una infracción si no se apoyan
en pruebas documentales precisas y concordantes. En efecto, es necesario que la Comisión aporte en su Decisión pruebas precisas
y concordantes para asentar la firme convicción de que se ha cometido la infracción (sentencia del Tribunal de Justicia de
28 de marzo de 1984, Compagnie royale asturienne des mines y Rheinzink/Comisión, 29/83 y 30/83, Rec. p. 1679, apartado 20;
sentencias del Tribunal General de 12 de septiembre de 2007, Coats Holdings y Coats/Comisión, T‑36/05, no publicada en la
Recopilación, apartado 71, y de 9 de julio de 2009, Peugeot y Peugeot Nederland/Comisión, T‑450/05, Rec. p. II‑2533, apartado 175).
Por lo que respecta a las pruebas adjuntas a las observaciones de 12 y 18 de febrero de 2004, procede declarar que su valor
probatorio es limitado, ya que, o bien fueron redactadas por Kone a efectos de su solicitud al amparo de la Comunicación sobre
la cooperación de 2002 y no son coetáneas a la infracción
[confidencial],
o bien no bastan, por sí solas, para que la Comisión pueda comprobar la existencia de una infracción del artículo 81 CE
[confidencial].
Las listas de proyectos que se adjuntaron a las observaciones de 12 de febrero de 2004
[confidencial],
que además no están fechadas, carecen por completo de valor intrínseco para demostrar la existencia del cártel en Alemania
sin las explicaciones facilitadas por Kone en sus observaciones, puesto que no contienen indicio alguno de un reparto ilícito
de los proyectos mencionados entre competidores. Otro tanto puede decirse de las facturas de hotel adjuntas a las observaciones
de 18 de febrero de 2004
[confidencial],
que únicamente confirman la presencia de directivos de Kone en un hotel en un momento determinado y la reserva de una sala
de reuniones, pero no contienen indicios de un comportamiento contrario a la competencia en el sector de los ascensores y
las escaleras mecánicas.
La única prueba adjunta a las observaciones de Kone que contiene un indicio de un comportamiento contrario a la competencia
es el fax de Schindler
[confidencial].
No obstante, aunque la Comisión se refirió a dicho fax en el apartado 283 del pliego de cargos, como no se discute que en
aquel momento Schindler ya no formaba parte del cártel en Alemania (véase el artículo 1, apartado 2, de la Decisión impugnada),
el valor de este elemento para probar la infracción en Alemania es marginal.
Se desprende del análisis anterior que las declaraciones unilaterales de Kone incluidas en sus observaciones de 12 y 18 de
febrero de 2004 no se respaldaron con pruebas documentales precisas y concordantes.
En tales circunstancias, y aun suponiendo que, contrariamente a lo que afirma la Comisión en el considerando 788 de la Decisión
impugnada, las observaciones de Kone no fuesen ambiguas y estuviesen respaldadas por pruebas, la Comisión no rebasó de forma
manifiesta su margen de apreciación al decidir que tales observaciones no bastaban para comprobar la existencia de una infracción
del artículo 81 CE en Alemania. Por lo tanto, la Comisión se ajustó a Derecho al denegar a Kone una dispensa del pago de las
multas al amparo del punto 8, letra b), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002.
No desvirtúan esta conclusión ni el hecho de que la Decisión impugnada contenga abundantes referencias a las observaciones
de Kone ni el hecho de que los datos facilitados por los demás participantes u obtenidos durante las inspecciones de marzo
de 2004 y que también se citaron en la Decisión confirmen el contenido de las observaciones anteriormente formuladas por Kone.
En efecto, por una parte, las referencias en la Decisión impugnada a las observaciones de Kone no implican en absoluto que
éstas fuesen, por su naturaleza, precisión y fuerza probatoria, suficientes para que la Comisión pudiese comprobar la existencia
de la infracción en Alemania. Por otra parte, la referencia en los considerandos 209 a 288 de la Decisión impugnada a otras
pruebas «confirmatorias» tampoco implica que las observaciones de Kone de 12 y 18 de febrero de 2004 fuesen de tal naturaleza,
precisión y fuerza probatoria. Al contrario, la mención de otras pruebas en la Decisión impugnada era obligada para la Comisión,
puesto que no podía basarse exclusivamente en las declaraciones unilaterales de Kone, que no estaban respaldadas por pruebas
documentales precisas y concordantes, para comprobar dicha infracción (véase el apartado 99 de la presente sentencia).
Las demandantes alegan además que las pruebas aportadas por Kone en relación con el cártel en Alemania tenían igual valor
que la información gracias a la cual se le concedió una dispensa del pago de las multas en virtud del punto 8, letra b), de
la Comunicación sobre la cooperación de 2002 por la infracción en Bélgica y Luxemburgo.
Sin que proceda pronunciarse sobre la admisibilidad de esta alegación de las demandantes, que se remite en lo sustancial a
los documentos adjuntos a la demanda, debe observarse que, como se ha indicado en el apartado 103 de la presente sentencia,
la Comisión se ajustó a Derecho al denegar a Kone una dispensa del pago de las multas al amparo del punto 8, letra b), de
la Comunicación sobre la cooperación de 2002. Además, las demandantes no demuestran que la Comisión rebasase de forma manifiesta
su margen de apreciación al conceder a Kone una dispensa por lo que respecta a Bélgica y Luxemburgo y denegársela por lo que
respecta a Alemania.
En efecto, la comparación de las solicitudes de Kone con respecto a Bélgica y Luxemburgo, por una parte, y con respecto a
Alemania, por otra parte, pone de manifiesto que la naturaleza y la precisión de la información facilitada eran diferentes.
En primer lugar, las solicitudes de Kone al amparo de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 relativas a Bélgica y Luxemburgo
tenían un contenido más detallado que la relativa a Alemania en lo que se refiere a los datos sobre las reuniones celebradas
en el marco del cártel (nombres de los participantes, fechas horarios, objeto, orden del día). En segundo lugar, Kone sustentó
sus declaraciones relativas a los cárteles en Bélgica y Luxemburgo con pruebas documentales precisas y concordantes. Así,
en relación con Bélgica y Luxemburgo, Kone aportó listas completas y detalladas de proyectos que se habían distribuido a los
miembros del cártel y que abarcaban todo el período de la infracción en dichos países, y documentos coetáneas que constituían
pruebas de una conducta colusoria.
De lo anterior se desprende que deben desestimarse la totalidad de las imputaciones de las demandantes relativas a la negativa
de la Comisión a conceder a Kone una dispensa del pago de las multas al amparo del punto 8, letra b), de la Comunicación sobre
la cooperación.
En segundo lugar, las demandantes estiman que, en cualquier caso, Kone aportó pruebas que permitieron a la Comisión adoptar
una decisión por la que se ordenaba una verificación, por lo que debería habérsele concedido una dispensa del pago de las
multas al amparo de lo dispuesto en el punto 8, letra a), de la Comunicación sobre la cooperación.
A este respecto, procede recordar que, con arreglo al punto 8, letra a), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002,
la Comisión dispensará a una empresa del pago de cualquier multa cuando sea la primera en aportar elementos de prueba que,
a juicio de la Comisión, le permitan adoptar una decisión por la que se ordene una verificación en relación con un presunto
cártel que afecte a la Comunidad. Tal como señala la Comisión y se desprende del punto 6 de dicha Comunicación, el objetivo
de esta disposición consiste en facilitar la detección de infracciones desconocidas por la Comisión que habrían permanecido
en secreto de no haber presentado pruebas la empresa interesada. Así pues, «el punto 8, letra a), de la Comunicación sobre
la cooperación [de 2002] tiene como finalidad recompensar las contribuciones que permitan descubrir la existencia de un cártel
y no recompensar el apoyo a las medidas adicionales de una investigación en curso que adopten la forma de una segunda inspección
más definida» (considerando 786 de la Decisión impugnada).
En el caso de autos debe señalarse, primeramente, que en el momento en que Kone transmitió a la Comisión su solicitud relativa
a Alemania, el 12 de febrero de 2004, la Comisión ya había efectuado inspecciones, el 28 de enero de 2004, en particular en
Alemania, en relación con un acuerdo sobre reparto de los mercados en el sector de los ascensores y las escaleras mecánicas,
tras haber sido informada por un tercero de la existencia de un cártel en dicho sector (considerandos 91, 104, 105 y 783 de
la Decisión impugnada).
Comoquiera que Kone no permitió a la Comisión descubrir el cártel en Alemania, no puede pretender que se le conceda una dispensa
del pago de las multas al amparo del punto 8, letra a), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002. En este contexto,
carece de pertinencia la alegación de Kone de que tiene derecho a una dispensa porque su solicitud permitió a la Comisión
organizar con éxito nuevas inspecciones en Alemania en marzo de 2004. En efecto, como ha señalado la Comisión (véase el apartado
111 de la presente sentencia), el punto 8, letra a), de la citada Comunicación no tiene como finalidad «recompensar el apoyo
a las medidas adicionales de una investigación en curso que adopten la forma de una segunda inspección más definida».
En cualquier caso, debe subrayarse que Kone nunca solicitó una dispensa en virtud del citado punto, puesto que la solicitud
de Kone relativa a Alemania era un suplemento de su solicitud al amparo de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 relativa
a Bélgica y Luxemburgo que forma íntegramente parte de ésta y que se basa expresamente en el punto 8, letra b), de dicha Comunicación.
Por otra parte, Kone no niega que no reclamó una dispensa en virtud del punto 8, letra a), de la mencionada Comunicación,
en encuentros con la Comisión, hasta más de un año después de haber presentado su solicitud y alrededor de nueve meses después
de haber sido informada por la Comisión, mediante escrito de 29 de junio de 2004, de que su solicitud no reunía los requisitos
del punto 8, letra b).
En segundo lugar, debe desestimarse la alegación de las demandantes de que las observaciones de Kone de 12 y 18 de febrero
de 2004 aportaron a la Comisión información sobre otra infracción, distinta de la que motivó las inspecciones de enero de
2004, a saber, un cártel en Alemania en el sector de los ascensores y las escaleras mecánicas que afectaba a los proyectos
evaluados en más de un millón de euros y no, como se desprende de las decisiones de inspección, un cártel de ámbito como mínimo
europeo que afectaba al mercado de los ascensores y las escaleras mecánicas en su conjunto.
Es cierto que, según se desprende de las decisiones de inspección, en el momento de adoptarlas, la Comisión consideraba que
el acuerdo sobre reparto de los mercados en el sector de los ascensores y las escaleras mecánicas se extendía como mínimo
a todos los Estados miembros de la Unión. Además, resulta de la jurisprudencia que, al adoptar decisiones por las que se ordena
efectuar verificaciones, la Comisión debe indicar con claridad los indicios que pretende comprobar (véase, en este sentido,
la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 1989, Hoechst/Comisión, 46/87 y 227/88, Rec. p. 2859, apartado
41). No obstante, no es necesario que en una decisión de verificación figuren la delimitación precisa del mercado relevante,
la calificación jurídica exacta de las supuestas infracciones y la indicación del período durante el que se habrían cometido
las mismas (véase en este sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 1989, Dow Benelux/Comisión, 85/87,
Rec. p. 3137, apartado 10).
Resulta obligado observar que, cuando Kone transmitió su solicitud a la Comisión, en febrero de 2004, ésta ya había recibido
información relativa a un acuerdo sobre reparto de los mercados en el sector de los ascensores y las escaleras mecánicas «que
afect[aba] a la Comunidad» en el sentido del punto 8, letra a), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002. Además, las
decisiones de inspección indican claramente que las verificaciones se refieren específicamente a las actividades de las empresas
en cuestión en el mercado potencial de la venta e instalación de ascensores y escaleras mecánicas y en el mercado potencial
de los servicios post-venta y el mantenimiento de dichos productos, y que la Comisión había sido informada de que directivos
de los cuatro miembros del presunto cártel se reunían anualmente para determinar las cuotas de cada miembro al menos en cada
uno de los Estados miembros de la Unión. Basándose en la información que obraba en su poder, la Comisión ya había considerado
en enero de 2004 que dicho acuerdo afectaba al mercado alemán, lo que la impulsó a organizar inspecciones en Alemania el 28
de enero de 2004. A este respecto, la afirmación de Kone de que los locales de ThyssenKrupp en Alemania habían sido inspeccionados
únicamente porque allí se encontraba el domicilio social de dicha sociedad se contradice con el hecho de que, el 29 de enero
de 2004, la Comisión también practicó inspecciones en los locales de filiales del grupo ThyssenKrupp que operaban en el mercado
alemán (considerando 104 de la Decisión impugnada).
En tales circunstancias, las demandantes no pueden sostener que la infracción que motivó las verificaciones en Alemania en
marzo de 2004 en el mismo sector es una infracción distinta de la que motivó las verificaciones en enero de 2004.
De todo lo anterior se desprende que, en el momento en que Kone hizo llegar a la Comisión su solicitud al amparo de la Comunicación
sobre la cooperación de 2002, no podía ya aspirar a obtener una dispensa del pago de las multas en virtud del punto 8, letra a),
de dicha Comunicación por su participación en el cártel en Alemania.
En tercer lugar, las demandantes sostienen que la Comisión debería haber concedido a Kone una reducción total del importe
de la multa al amparo de lo dispuesto en el punto 23, letra b), último párrafo, de la Comunicación sobre la cooperación de
2002, puesto que, según ellas, la Comisión no tenía conocimiento de ningún hecho relativo al cártel en Alemania antes de que
Kone formulase su solicitud de clemencia.
La disposición en cuestión establece que «cuando una empresa aporte elementos de prueba relacionados con hechos de los cuales
la Comisión no tenga conocimiento previo y que repercutan directamente en la gravedad o duración del presunto cártel, la Comisión
no tomará tales datos en consideración al fijar el importe de la multa que deba imponerse a la empresa que los haya aportado».
En el caso de autos consta que, en el momento en que Kone transmitió su solicitud relativa a Alemania a la Comisión, el 12
de febrero de 2004, ésta ya había recibido información relativa a un acuerdo sobre reparto de los mercados en el sector de
los ascensores y las escaleras mecánicas dentro de la Unión, y que dicho acuerdo afectaba al mercado alemán. Por ello, la
Comisión, basándose en la información de que ya disponía, había organizado inspecciones en Alemania aproximadamente dos semanas
antes de recibir la solicitud de Kone.
Aunque la cooperación prestada por Kone aportó un valor añadido significativo con respecto a las pruebas de que ya disponía
la Comisión, lo que impulsó a ésta a concederle la reducción máxima del 50 % del importe de la multa prevista en el punto
23, letra b), párrafo primero, primer guión, de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 (considerandos 792 y 793 de la
Decisión impugnada), la Comisión se ajustó a Derecho al estimar, en el considerando 791 de la Decisión impugnada, que dicha
empresa no podía pretender que se le concediese una reducción adicional del importe de la multa al amparo del punto 23, letra b),
último párrafo, de la mencionada Comunicación.
Debe recordarse, en este sentido, que la solicitud de Kone estaba constituida por declaraciones unilaterales redactadas de
memoria y que no iban acompañadas de pruebas documentales precisas y concordantes de la infracción (véanse los apartados 96
a 109 de la presente sentencia). Por lo tanto, la solicitud de Kone relativa a Alemania no contenía pruebas que tuviesen una
repercusión directa sobre algún elemento determinante de la gravedad o la duración de la infracción, sino fundamentalmente
declaraciones que hubieron de ser corroboradas mediante otras pruebas que la Comisión obtuvo posteriormente en el transcurso
de su investigación.
Por lo tanto, la imputación basada en la no aplicación del punto 23, letra b), último párrafo, de la Comunicación sobre la
cooperación de 2002 debe igualmente desestimarse.
En cuarto lugar, las demandantes alegan que, al denegar a Kone la dispensa del pago de las multas al amparo del punto 8 de
la Comunicación sobre la cooperación de 2002, sin informarla rápidamente de que ya no podía concedérsele tal dispensa, la
Comisión vulneró la confianza legítima de Kone. Según ellas, el derecho a ser informado constituye una protección procesal
fundamental del derecho a no declarar contra sí mismo, extremo que resulta confirmado por el derecho que tiene el solicitante,
en virtud del punto 17 de la citada Comunicación, a retirar una solicitud y las pruebas presentadas en apoyo de la misma cuando
ha sido informado por la Comisión de que no puede concedérsele una dispensa.
Procede recordar que, como se indica en el punto 29 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, ésta crea expectativas
legítimas en las que confían las empresas a la hora de revelar a la Comisión la existencia de un cártel. Habida cuenta de
la confianza legítima que las empresas interesadas en cooperar con la Comisión pudieron depositar en dicha Comunicación, la
Comisión estaba obligada a atenerse a ella al apreciar la cooperación de Kone a efectos de determinar el importe de la multa
que debía imponérsele (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 20 de marzo de 2002, HFB y otros/Comisión,
T‑9/99, Rec. p. II‑1487, apartado 608, y de 15 de marzo de 2006, Daiichi Pharmaceutical/Comisión, T‑26/02, Rec. p. II‑713,
apartado 147).
En el caso de autos, debe observarse que, en lo que se refiere a la infracción en Alemania, el 12 de febrero de 2004 Kone
hizo llegar a la Comisión una solicitud, que fue completada el 18 de febrero de 2004. Consta también que el 29 de junio de
2004 la Comisión denegó la solicitud de dispensa de Kone, indicándole que no concurrían los requisitos establecidos en el
punto 8, letra b), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002.
Aun cuando, a tenor del punto 12 de dicha Comunicación, «se informará inmediatamente a la empresa de que no puede beneficiarse
de una dispensa del pago de las multas en relación con la presunta infracción», si resulta que los requisitos para la concesión
de tal dispensa no concurren, Kone no pudo albergar, debido al plazo transcurrido entre su solicitud y la decisión denegatoria
de 29 de junio de 2004, una confianza legítima en que se la eximiese de toda multa.
En efecto, por una parte, se desprende del punto 15 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 que si concurren los requisitos
del punto 8, letras a) o b), la Comisión «concederá por escrito a la empresa [interesada] la dispensa condicional del pago
de las multas». Por consiguiente, un operador económico no puede en principio basarse exclusivamente en el silencio de la
Comisión para fundar una confianza legítima en que se le conceda una dispensa del pago de las multas.
Por otra parte, y en cualquier caso, se desprende del análisis efectuado en los apartados 96 a 119 de la presente sentencia
que Kone no podía confiar en que se le concediese en el caso de autos una dispensa del pago de las multas al amparo de la
Comunicación sobre la cooperación de 2002, puesto que debería haber sabido que no concurrían ni los requisitos del punto 8,
letra a), ni los del punto 8, letra b), de dicha Comunicación, especialmente teniendo en cuenta que, como se ha señalado en
el apartado 114 de la presente sentencia, Kone no desmiente que no reclamó la dispensa en virtud del punto 8, letra a), de
la referida Comunicación hasta alrededor de nueve meses después de haber sido desestimada su solicitud de dispensa en virtud
del punto 8, letra b), de la misma.
Por último, las demandantes no pueden alegar que la actitud de la Comisión afectó a los derechos que para Kone se derivan
del punto 17 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002. En efecto, nada impedía a Kone retirar su solicitud basada en
dicha Comunicación o las pruebas que había presentado en el momento en que la Comisión le comunicó la decisión de no concederle
una dispensa del pago de las multas.
Por lo tanto, la imputación basada en la vulneración del principio de protección de la confianza legítima debe igualmente
desestimarse.
En quinto lugar, las demandantes alegan que la negativa de la Comisión a conceder a Kone una dispensa del pago de las multas
al amparo del punto 8, letra a), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 es discriminatoria. Según ellas, la Comisión
no disponía de más indicios de una práctica colusoria en Alemania antes de la solicitud de dispensa formulada por Kone, que
de una práctica colusoria en los Países Bajos antes de la solicitud de dispensa formulada por Otis. Las inspecciones de enero
de 2004 en los locales de ThyssenKrupp se practicaron, según las demandantes, porque ThyssenKrupp tenía su domicilio social
en Alemania y no porque la Comisión hubiese investigado sobre un cártel en Alemania. De modo que si el domicilio social de
ThyssenKrupp hubiese estado situado en cualquier otro Estado miembro, el punto 8, letra a), de dicha Comunicación podría haberse
aplicado a Kone, porque en el momento de formular su solicitud de dispensa todavía no se habría llevado a cabo ninguna inspección
en Alemania.
Debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, la Comisión no puede, en el marco de su apreciación de la cooperación
prestada por los miembros de un cártel, desconocer el principio de igualdad de trato (véanse las sentencias del Tribunal Krupp
Thyssen Stainless y Acciai speciali Terni/Comisión, citada en el apartado 68
supra,
apartado 237, y de 20 de marzo de 2002, ABB Asea Brown Boveri/Comisión, T‑31/99, Rec. p. II‑1881, apartado 240, y la jurisprudencia
citada).
No obstante, la situación de Otis en los Países Bajos, cuando formuló su solicitud de clemencia, en marzo de 2004 (considerando
127 de la Decisión impugnada), no era comparable a la de Kone en Alemania en el momento en que ésta formuló su solicitud de
clemencia, el 12 de febrero de 2004 (considerando 105 de la Decisión impugnada).
En efecto, la Comisión no había incluido a los Países Bajos ni en su primera serie de inspecciones de enero de 2004 ni en
su segunda serie de inspecciones de marzo de 2004. Las primeras inspecciones en los Países Bajos no se practicaron hasta el
28 de abril de 2004 y fueron provocadas por la solicitud de dispensa del pago de las multas presentada por Otis en marzo de
2004 (considerando 837 de la Decisión impugnada).
En cambio, en el momento en que Kone formuló su solicitud relativa a Alemania, el 12 de febrero de 2004, la Comisión ya había
efectuado inspecciones en dicho Estado miembro, el 28 de enero de 2004, en relación con un acuerdo sobre reparto de los mercados
en el sector de los ascensores y las escaleras mecánicas (considerando 837 de la Decisión impugnada).
Por último, tal como se ha recordado en el apartado 117 de la presente sentencia y se desprende de los autos, las inspecciones
que la Comisión practicó en Alemania el 28 de enero de 2004 no sólo se desarrollaron en el domicilio social de TKAG y de TKE,
en Düsseldorf, sino también en dos filiales alemanas, TKA, en Stuttgart, y ThyssenKrupp Aufzug AG, en Essen (considerando
104 de la Decisión impugnada). Habida cuenta de esta última circunstancia, las demandantes no pueden alegar que únicamente
se realizaron verificaciones en Alemania porque el domicilio social de ThyssenKrupp se encuentra en dicho Estado miembro.
Así pues, dado que las situaciones de Kone y de Otis no son comparables, la Comisión no incurrió en una violación del principio
de igualdad de trato al denegar a Kone una dispensa del pago de las multas al amparo del punto 8, letra a), de la Comunicación
sobre la cooperación de 2002 por su cooperación en la prueba de la infracción en Alemania.
Resulta de las anteriores consideraciones que deben desestimarse la totalidad de las imputaciones de Kone relativas a la aplicación
de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 a su cooperación a efectos de la prueba de la infracción en Alemania.
En sexto lugar, las demandantes alegan que la Comisión vulneró el derecho de defensa de Kone al no comunicarle durante el
procedimiento administrativo diversos documentos que le hubieran resultado útiles para su defensa.
Se desprende de una reiterada jurisprudencia que el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento que pueda llevar
a la imposición de sanciones, especialmente de multas o de multas coercitivas, constituye un principio fundamental del Derecho
de la Unión que debe ser observado aun cuando se trate de un procedimiento de carácter administrativo (véanse las sentencias
del Tribunal de Justicia Papierfabrik August Koehler/Comisión, citada en el apartado 31
supra,
apartado 34, y Prym y Prym Consumer/Comisión, citada en el apartado 32
supra,
apartado 26, y la jurisprudencia citada).
Según la jurisprudencia, el acceso al expediente en los asuntos sobre competencia tiene por objeto, señaladamente, permitir
a los destinatarios de un pliego de cargos tener conocimiento de las pruebas que figuran en el expediente de la Comisión,
a fin de que puedan pronunciarse adecuadamente sobre las conclusiones a las que ésta haya llegado en su pliego de cargos,
basándose en tales documentos. El acceso al expediente forma parte de las garantías del procedimiento destinadas a proteger
el derecho de defensa y a asegurar, en particular, el ejercicio efectivo del derecho a ser oído (véase, en este sentido, la
sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P,
C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartado 68; véase asimismo la sentencia del Tribunal General de 25 de
octubre de 2005, Groupe Danone/Comisión, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, apartado 33, y la jurisprudencia citada).
Por lo tanto, la Comisión está obligada a poner a disposición de las empresas implicadas en un procedimiento de aplicación
del artículo 81 CE, apartado 1, el conjunto de documentos inculpatorios o exculpatorios que recogió durante su investigación,
con excepción de los secretos comerciales de otras empresas, de los documentos internos de la institución y de otras informaciones
confidenciales (véanse, en este sentido, la sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 144
supra,
apartado 68 y la sentencia Groupe Danone/Comisión, citada en el apartado 144
supra,
apartado 34).
Ha de recordarse, por otra parte, que la mera falta de comunicación de un documento inculpatorio sólo constituye una vulneración
del derecho de defensa cuando la empresa afectada puede demostrar que la Comisión se basó en dicho documento para fundamentar
su imputación relativa a la existencia de una infracción y que dicha imputación únicamente podía acreditarse mediante el citado
documento (sentencias del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 1983, AEG‑Telefunken/Comisión, 107/82, Rec. p. 3151, apartados
24 a 30; de 9 de noviembre de 1983, Nederlandsche Banden‑Industrie‑Michelin/Comisión, 322/81, Rec. p. 3461, apartados 7 a
9, y SGL Carbon/Comisión, citada en el apartado 83
supra,
apartado 97).
En cambio, por lo que se refiere a la falta de comunicación de un documento exculpatorio, según reiterada jurisprudencia,
la empresa afectada únicamente debe probar que el hecho de no divulgarlo pudo influir, en perjuicio suyo, en el desarrollo
del procedimiento y en el contenido de la Decisión de la Comisión. Así pues, basta con que la empresa demuestre que habría
podido utilizar dichos documentos exculpatorios en su defensa, en el sentido de que, si hubiera podido valerse de ellos durante
el procedimiento administrativo, habría podido invocar elementos que no concuerdan con las deducciones que efectuó la Comisión
en esa fase y, por tanto, habría podido influir, de una manera o de otra, en las apreciaciones formuladas por ésta en la eventual
decisión, al menos por lo que se refiere a la gravedad y a la duración del comportamiento que se le imputaba y, en consecuencia,
al importe de la multa (véase la sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 144
supra,
apartados 74 y 75, y la jurisprudencia citada).
En primer lugar, las demandantes señalan que, en la Decisión impugnada, la Comisión se basó en determinados documentos sin
haber dado a Kone la oportunidad de examinarlos ni de ser oída sobre su contenido y sin que esos documentos se mencionasen
en el pliego de cargos. Las demandantes se refieren a los documentos mencionados en la nota a pie de página 927, correspondiente
al considerando 783 de la Decisión impugnada.
Resulta obligado observar que los documentos a que se refieren las demandantes, que son documentos incautados en Alemania
a ThyssenKrupp durante las inspecciones de 28 de enero de 2004, no fueron utilizados por la Comisión para constatar la existencia
de una infracción en Alemania. Únicamente se mencionaron en la nota a pie de página 927, correspondiente al considerando 783
de la Decisión impugnada, que se refiere, dentro de la parte dedicada a la multa, a la negativa de la Comisión a conceder
a Kone una dispensa del pago de las multas al amparo de lo dispuesto en el punto 8, letra a), de la Comunicación sobre la
cooperación de 2002.
Ahora bien, en la Decisión impugnada, esta negativa se basa principalmente, no en los documentos citados en la nota a pie
de página 927, sino en la constatación de que la Comisión, basándose en la información que le había sido facilitada por un
tercero con anterioridad a la solicitud de Kone de 12 de febrero de 2004, ya había organizado inspecciones en Alemania el
28 de enero de 2004 (considerando 783 de la Decisión impugnada). Por tanto, debe desestimarse esta imputación.
En segundo lugar, las demandantes ponen de manifiesto que se vulneró el derecho de defensa de Kone, puesto que durante el
procedimiento administrativo ésta no tuvo acceso a diversos documentos o partes de documentos que la Comisión consideró confidenciales,
y que habrían podido ayudarla a demostrar que su solicitud de 12 de febrero de 2004 reunía los requisitos del punto 8, letra a),
de la Comunicación sobre la cooperación de 2002. Se trata, según ellas, de una versión no confidencial más completa de las
declaraciones del informador, de un reducido número de documentos encontrados en los locales de ThyssenKrupp durante las inspecciones
de 28 de enero de 2004 en Alemania y de una nota de instrucción de las inspecciones de marzo de 2004.
Según las demandantes, de haber tenido acceso a esos documentos, Kone habría podido demostrar, durante el procedimiento administrativo,
que la Comisión, sin su solicitud de 12 de febrero de 2004, no disponía de indicios suficientes de la existencia de una infracción
en Alemania para poder ordenar una segunda serie de inspecciones en dicho Estado miembro en marzo de 2004. Kone habría podido
así demostrar que las inspecciones organizadas en Alemania en marzo de 2004 se basaron en su solicitud de 12 de febrero de
2004, de suerte que habría podido obtener una dispensa del pago de las multas en virtud del punto 8, letra a), de la Comunicación
sobre la cooperación de 2002. Kone habría podido así demostrar igualmente que los motivos invocados por la Comisión para denegarle
el acceso a los referidos documentos eran injustificados.
Por lo tanto, procede examinar si, habida cuenta de la jurisprudencia citada en los apartados 143 a 147 de la presente sentencia,
las demandantes han demostrado que la no divulgación de dichos documentos pudo influir, en perjuicio suyo, en el desarrollo
del procedimiento administrativo y en el contenido de la Decisión impugnada.
Se desprende del análisis efectuado en los apartados 110 a 119 de la presente sentencia que la Comisión se ajustó a Derecho
al declarar, en los considerandos 783 a 786 de la Decisión impugnada que, en el momento en que Kone formuló su solicitud relativa
a Alemania, el 12 de febrero de 2004, y en la medida en que dicha solicitud pudiese considerarse basada en el punto 8, letra a),
de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, Kone no podía ya aspirar a obtener una dispensa del pago de las multas al
amparo de dicha disposición por su participación en el cártel en Alemania. En efecto, en el momento en que Kone hizo llegar
su solicitud de clemencia a la Comisión, ésta ya había efectuado inspecciones en Alemania, el 28 de enero de 2004, en relación
con un acuerdo sobre reparto de los mercados en el sector de los ascensores y las escaleras mecánicas (considerandos 104,
105 y 783 de la Decisión impugnada), tras haber sido informada por un tercero de la existencia de un cártel en dicho sector.
De ello se desprende que la imputación de las demandantes basada en la vulneración de su derecho de defensa por no haber podido
acceder durante el procedimiento administrativo a los documentos indicados en el apartado 151 de la presente sentencia no
puede estimarse. Comoquiera que Kone no era la primera empresa en facilitar a la Comisión pruebas que le permitiesen adoptar
una decisión por la que se ordenase practicar verificaciones en virtud del artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17,
ninguna argumentación adicional que hubiese podido desarrollar durante el procedimiento administrativo, de haber tenido acceso
a los documentos indicados en el apartado 151 de la presente sentencia, habría podido llevar a la Comisión a adoptar una postura
diferente con respecto a su solicitud de clemencia. Además, aun suponiendo que las demandantes hubiesen podido demostrar que
los documentos mencionados en el apartado 151 de la presente sentencia, a los que según ellas se les denegó el acceso, les
habrían ayudado a demostrar que su solicitud de 12 de febrero de 2004 basada en la Comunicación sobre la cooperación de 2002
reunía los requisitos del punto 8, letra a), de dicha Comunicación, resulta obligado observar que las demandantes ni siquiera
solicitaron a la Comisión acceder a la totalidad de los documentos incautados durante las inspecciones de 28 de enero en los
locales de ThyssenKrupp, circunstancia que aquéllas reconocieron expresamente en la vista en respuesta a una pregunta del
Tribunal, explicando que en aquel momento Kone no tenía intención de reivindicar una dispensa al amparo del punto 8, letra a),
de la Comunicación sobre la cooperación de 2002.
Por lo tanto, aun suponiendo que la Comisión hubiese cometido una irregularidad al no comunicar a Kone los documentos indicados
en el apartado 151 de la presente sentencia, extremo que no ha quedado acreditado habida cuenta de la alegación de la Comisión
de que tales documentos son confidenciales o son documentos internos de esta institución (véase el apartado 145 de la presente
sentencia), y que, por lo tanto, a Kone se le hubiese concedido el acceso a la totalidad de los documentos solicitados, dicha
empresa no habría podido demostrar que, antes de su solicitud de clemencia, la Comisión no disponía de indicios suficientes
de la existencia de una infracción en Alemania para poder ordenar una segunda serie de inspecciones en dicho Estado miembro
en marzo de 2004. En efecto, dado que Kone no solicitó el acceso a la totalidad de los documentos incautados durante las inspecciones
de 28 de enero de 2004 en los locales de ThyssenKrupp, no habría podido demostrar, en cualquier caso, que la Comisión no disponía
de indicios suficientes para efectuar una segunda serie de inspecciones en Alemania. Por consiguiente, la alegación de las
demandantes no puede prosperar.
En tales circunstancias, tampoco procede estimar la solicitud de diligencias de ordenación del procedimiento formulada por
las demandantes con el fin de obligar a la Comisión a comunicar los documentos indicados en el apartado 151 de la presente
sentencia.
Por lo tanto, el motivo basado en una vulneración del derecho de defensa debe desestimarse.
Se desprende de las anteriores consideraciones que la totalidad de las imputaciones de Kone relativas a la aplicación de la
Comunicación sobre la cooperación de 2002 a su cooperación a efectos de la prueba de la infracción en Alemania deben desestimarse.
Sobre la cooperación de Kone a efectos de la prueba de la infracción en los Países Bajos
A Kone, que fue la tercera empresa en presentar una solicitud al amparo de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 en
relación con el cártel en los Países Bajos (considerandos 130 y 846 de la Decisión impugnada), no se le concedió reducción
alguna del importe de la multa en virtud de dicha Comunicación por lo que respecta a ese cártel (considerando 850 de la Decisión
impugnada). A ese respecto, la Comisión explica en los considerandos 848 y 849 de la Decisión impugnada lo siguiente:
«(848)      Observaciones de Kone en relación con los Países Bajos
[confidencial].
(849)      Las observaciones formuladas por Kone en su solicitud [al amparo de la Comunicación sobre la cooperación de 2002] siguen siendo
ambiguas en lo que atañe al alcance de su participación en las actividades del cártel y al objeto contrario a la competencia
de las discusiones.
[confidencial].
Kone insiste a continuación en que determinadas decisiones estaban justificadas por legítimos motivos económicos. Habida
cuenta de esta ambigüedad y del hecho de que, en el momento en que Kone formuló sus observaciones, la Comisión poseía ya un
sólido conjunto de pruebas
[confidencial],
las observaciones de Kone con respecto a los Países Bajos no proporcionaron a la Comisión nuevas pruebas de importancia significativa,
mayores detalles ni datos que, de forma general, reforzasen la capacidad de ésta para probar la infracción. Por consiguiente,
no se cumplen los requisitos del punto 21 de la Comunicación sobre la cooperación [de 2002].»
En primer lugar, las demandantes alegan que la Comisión infringió el punto 21 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002
al valorar la cooperación de Kone. Según ellas, Kone puso fin a su participación en la infracción cuando formuló su solicitud
de dispensa del pago de las multas, y presentó a la Comisión pruebas de la presunta infracción que aportaron un valor añadido
significativo con respecto a las pruebas que ya obraban en poder de la Comisión.
Procede recordar que, habida cuenta del margen de apreciación de que dispone la Comisión para evaluar la cooperación de una
empresa con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación de 2002, y en particular para evaluar si las pruebas presentan
un valor añadido significativo en el sentido del punto 21 de dicha Comunicación, sólo el hecho de sobrepasar manifiestamente
dicho margen de apreciación puede ser censurado por el Tribunal (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de junio de 2008,
Hoechst/Comisión, citada en el apartado 83
supra,
apartado 555).
Por lo tanto, debe examinarse si la Comisión sobrepasó manifiestamente su margen de apreciación al declarar que las pruebas
aportadas por Kone no presentaban un valor añadido significativo con respecto a las que ya obraban en su poder en el momento
en que dicha empresa formuló su solicitud de clemencia.
A este respecto, debe recordarse que, según el punto 7 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, «la cooperación de
una o varias empresas puede justificar una reducción del importe de la multa por parte de la Comisión» y que «toda reducción
de una multa debe reflejar la contribución real de la empresa, por su calidad y por el momento en que se produce, al establecimiento
de la existencia de la infracción por parte de la Comisión». Además, a tenor del punto 22 de dicha Comunicación, «el concepto
de “valor añadido” alude a la medida en que los elementos de prueba aportados aumentan la capacidad de la Comisión de probar
los hechos de que se trata, ya sea por su propia naturaleza, ya por su nivel de detalle o por ambos conceptos». Asimismo,
se indica que «en esta evaluación, la Comisión concederá generalmente más valor a las pruebas escritas que daten del período
en que se produjeron los hechos que a las posteriormente establecidas» y que «del mismo modo, los elementos de prueba directamente
relacionad[o]s con los hechos en cuestión se considerarán, en general, de mayor valor que las que sólo guarden relación indirecta
con los mismos». Por último, el punto 24 de dicha Comunicación dispone que «la empresa que desee acogerse al beneficio de
una reducción del importe de la multa deberá proporcionar a la Comisión elementos de prueba del cártel en cuestión».
Por lo que respecta, en primer lugar, a la propia naturaleza de las pruebas presentadas, resulta obligado observar que Kone
no ha aportado a la Comisión pruebas coetáneas. En su solicitud relativa a los Países Bajos, se limitó a dar explicaciones
y a formular observaciones acerca de los contactos y discusiones que tuvieron lugar entre Kone, Schindler, Otis, ThyssenKrupp
y MEE en los Países Bajos (en lo sucesivo, designadas conjuntamente, «el grupo de los cinco»), al mismo tiempo que negaba
su carácter contrario a la competencia.
[confidencial]
En segundo lugar, en cuanto al grado de precisión de las pruebas aportadas, debe observarse que las demandantes afirman que
Kone facilitó información detallada
[confidencial].
En este sentido, señalan que Kone transmitió información sobre el proyecto
[confidencial],
que se utilizó para determinar la fecha de inicio de su propia participación y la de Schindler en el cártel en los Países
Bajos. Según ellas, Kone también facilitó datos que la Comisión no utilizó en la Decisión impugnada.
Por lo que se refiere
[confidencial],
las demandantes afirman haber transmitido a la Comisión información que tenía un valor añadido significativo
[confidencial].
A este respecto, debe señalarse que la información transmitida por Kone en su solicitud formulada al amparo de la Comunicación
sobre la cooperación de 2002 negaba el objeto contrario a la competencia de las discusiones que tuvieron lugar dentro del
grupo de los cinco. En efecto, Kone sostuvo en su solicitud, en particular, que
[confidencial].
Además, Kone afirmó en su solicitud que, durante las reuniones a que asistió el grupo de los cinco, los participantes
[confidencial].
En estas circunstancias, la Comisión se ajustó a Derecho al declarar en el considerando 849 de la Decisión impugnada que la
información mencionada en el apartado 167 de la presente sentencia, transmitida por Kone en su solicitud, era ambigua o, dicho
de otro modo, carecía de la precisión suficiente para poderle atribuir un valor añadido significativo en el sentido del punto
21 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002. En efecto, cuando una empresa que, en el marco de su solicitud de clemencia,
no transmite a la Comisión pruebas coetáneas comunica a ésta determinados datos que anteriormente desconocía, únicamente cabe
considerar que tales datos refuerzan de forma significativa la capacidad de la Comisión para probar una práctica colusoria
si la empresa de que se trata pone esos datos en relación con la existencia de dicha práctica colusoria, ya que la contribución
de la empresa debe reforzar efectivamente la capacidad de la Comisión para probar la infracción. Ahora bien, en el caso de
autos, como ha subrayado la Comisión, la solicitud de Kone relativa a los Países Bajos más bien mermó la fuerza probatoria
de las pruebas de que ésta ya disponía, puesto que, entre otras cosas, Kone negó el objeto contrario a la competencia de las
discusiones entre competidores.
Además, en lo que respecta en primer lugar a la información que Kone afirma haber facilitado
[confidencial],
debe observarse que ésta no explica en su solicitud de clemencia cómo se identificaban los proyectos que eran objeto del
acuerdo ni tampoco proporciona información sobre el mecanismo de reparto supuestamente acordado entre los participantes en
el cártel en los Países Bajos.
[confidencial].
En tales circunstancias, no puede considerarse que la información que Kone afirma haber facilitado
[confidencial]
reúna los requisitos del punto 21 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002. El hecho de que la Comisión haya citado,
en el considerando 430 de la Decisión impugnada, un extracto de la solicitud de Kone para sustentar su afirmación de que el
grupo de los cinco pretendía mantener la estabilidad de los precios en el mercado es irrelevante a estos efectos.
Por lo que se refiere, en segundo lugar, al Comité General (considerandos 391 y 398 de la Decisión impugnada), la solicitud
de Kone contenía información
[confidencial].
No obstante, como se ha señalado en el apartado 168 de la presente sentencia, Kone negó su objeto contrario a la competencia,
indicando que
[confidencial].
Por lo tanto, no puede atribuirse ningún valor añadido significativo a las observaciones sobre el Comité General formuladas
por Kone en su solicitud de clemencia. En cualquier caso, debe subrayarse asimismo que la Comisión ya sabía de la existencia
de las reuniones del Comité General en el momento en que Kone formuló su solicitud de clemencia, el 19 de julio de 2004, puesto
que figuraba en la solicitud de ThyssenKrupp de abril de 2004 y en su complemento de 11 de mayo de 2004, y se deducía directamente
de los documentos incautados durante la inspección en los locales de ThyssenKrupp, el 28 de abril de 2004 (considerando 398
de la Decisión impugnada y documentos citados en las notas a pie de página 577 y 578).
Por último, en cuanto a los contratos de grupo, interesa subrayar que se mencionaron en la Decisión impugnada (considerandos
457 a 463) porque exigieron el establecimiento de otro sistema de reparto de los proyectos. Ahora bien, en su solicitud al
amparo de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, Kone únicamente informó a la Comisión
[confidencial].
Por lo tanto, no puede atribuirse ningún valor añadido significativo a las observaciones formuladas por Kone en su solicitud
de clemencia a propósito de los contratos de grupo.
Respecto a la información supuestamente facilitada por Kone en relación con la ejecución del acuerdo,
[confidencial]
procede señalar que la solicitud de Kone, de 19 de julio de 2004, incluye, ciertamente, información
[confidencial].
No obstante, como ya se ha indicado en el apartado 168 de la presente sentencia, Kone intentó demostrar que esos acontecimientos
se explicaban por legítimos motivos económicos.
Pues bien, como ya se ha señalado en el apartado 169 de la presente sentencia, cuando una empresa que, en el marco de su solicitud
de clemencia, no transmite a la Comisión pruebas coetáneas comunica a ésta determinados datos que anteriormente desconocía,
únicamente cabe considerar que tales datos refuerzan de forma significativa la capacidad de la Comisión para probar una infracción
si la empresa de que se trata pone dichos datos en relación con la existencia de esa práctica colusoria.
En el caso de autos, debido a su ambigüedad, los datos facilitados por Kone en su solicitud relativa a los Países Bajos únicamente
sirvieron para confirmar las fechas de las reuniones y los proyectos que en ellas se discutieron, proyectos que únicamente
podían considerarse parte de la infracción gracias a las declaraciones y pruebas aportadas por Otis y ThyssenKrupp u obtenidas
por la Comisión de forma independiente mediante una exhaustiva investigación. En tales circunstancias, la Comisión se ajustó
a Derecho al considerar que la información relativa a los proyectos discutidos entre competidores y a las reuniones entre
competidores contenida en la solicitud de Kone no presentaba un valor añadido significativo en el sentido de la Comunicación
sobre la cooperación de 2002.
A este respecto, las demandantes han subrayado que en la Decisión impugnada se utilizaron determinados datos relativos al
proyecto
[confidencial]
que Kone aportó a la Comisión (considerandos 519 y 523 de la Decisión impugnada) para fijar el 1 de junio de 1999 como fecha
de inicio de la implicación de Kone y de Schindler en las actividades colusorias en los Países Bajos. No obstante, según se
ha señalado en el apartado 175 de la presente sentencia, resulta obligado observar que tales datos únicamente sirvieron para
confirmar la fecha de la reunión y el proyecto que en ella se debatió, sin que Kone reconociese sin embargo el carácter contrario
a la competencia de la reunión relativa a ese proyecto. Como se ha recordado en el apartado 164 de la presente sentencia,
toda reducción del importe de la multa impuesta por la Comisión debe reflejar la contribución real de la empresa a la prueba,
por parte de la Comisión, de la existencia de la infracción. Por lo tanto, no puede considerarse que los datos relativos al
proyecto
[confidencial]
a que aluden las demandantes y que figuraban en la solicitud de Kone presenten un valor añadido significativo en el sentido
del punto 21 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002.
Por lo que respecta a la información que Kone facilitó a la Comisión pero no se mencionó en la Decisión impugnada, el hecho
de no haber sido utilizada a efectos de probar la existencia del cártel en los Países Bajos indica que dicha información no
reforzó la capacidad de la Comisión para probar la infracción y, por lo tanto, no tenía un valor añadido significativo, en
el sentido de la Comunicación sobre la cooperación de 2002. A este respecto, en cuanto al proyecto
[confidencial],
específicamente invocado por Kone, que, según ella, se mencionó en el pliego de cargos pero cuya descripción se omitió en
la Decisión impugnada, además de que la información facilitada por Kone acerca de ese proyecto no presentaba en cualquier
caso un valor añadido significativo (véase el apartado 176 de la presente sentencia), procede señalar, al igual que la Comisión,
que si bien los datos en poder de ésta indicaban claramente la existencia de una colusión, no permitían sacar conclusiones
fiables en cuanto al contenido de dicha colusión, razón por la cual la Comisión no mencionó ese proyecto en la lista ejemplificativa
de proyectos asignados, que figura en la subsección 12.2.4 de la Decisión impugnada.
En tercer lugar, las demandantes no pueden esgrimir como argumento el número de referencias en la Decisión impugnada a la
solicitud de Kone al amparo de la Comunicación sobre la cooperación de 2002. En efecto, el hecho de que la Comisión utilizase
en la Decisión impugnada la totalidad de las pruebas de que disponía, y, por lo tanto, también la información facilitada por
Kone en su solicitud, no demuestra que tal información presentase un valor añadido significativo con respecto a las pruebas
de que ya disponía en ese momento.
En cuarto lugar, aun cuando, como afirman las demandantes, no pueda excluirse
a priori
que la información facilitada por un tercer o cuarto solicitante al amparo de la Comunicación sobre la cooperación de 2002
aporte un valor añadido significativo, debe observarse que en el caso de autos, habida cuenta de la naturaleza y el grado
de precisión de las pruebas aportadas por Kone, la Comisión no excedió de forma manifiesta su margen de apreciación al considerar
que tales pruebas no presentaban un valor añadido significativo en el sentido del punto 21 de la citada Comunicación. Se desprende,
en efecto, del análisis anterior que, aun suponiendo que algunos de los datos facilitados en la solicitud de Kone pudiesen
presentar cierto valor añadido por haber puesto en conocimiento de la Comisión elementos hasta entonces desconocidos, no puede
considerarse que éstos reforzasen de forma significativa la capacidad de la Comisión para probar la infracción, dadas las
inexactitudes contenidas en dicha solicitud en relación con la naturaleza contraria a la competencia de las discusiones entre
competidores.
De todo lo anterior se desprende que la imputación basada en la infracción del punto 21 de la Comunicación sobre la cooperación
de 2002 debe desestimarse.
En segundo lugar, las demandantes ponen de manifiesto que Kone prestó a la Comisión una cooperación total y permanente, facilitándole,
durante toda la investigación, la totalidad de la información de que dispuso. Así, según ellas, Kone reconoció su participación
en el cártel en los Países Bajos nada más tener conocimiento, a raíz de sus investigaciones internas, de la participación
de su filial neerlandesa.
No obstante, del análisis anterior resulta que las pruebas presentadas por Kone no aportaban un valor añadido significativo
en el sentido del punto 21 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002. En tales circunstancias, con arreglo a dicha disposición,
la Comisión consideró fundadamente que Kone no podía beneficiarse de una reducción del importe de la multa al amparo de dicha
Comunicación.
Si bien es cierto que, con arreglo al punto 23, letra b), párrafo segundo, de la Comunicación sobre la cooperación de 2002,
la Comisión puede tomar en consideración la magnitud y la continuidad de la cooperación prestada al fijar, dentro de la horquilla
aplicable, la reducción del importe de la multa que deba concederse a una empresa que haya presentado pruebas que aporten
un valor añadido significativo en el sentido del punto 21 de dicha Comunicación, la referencia hecha por las demandantes en
el caso de autos a la magnitud y continuidad de la cooperación de Kone carece de pertinencia, puesto que, en cualquier caso,
no concurrían los requisitos del punto 21 de la Comunicación.
Por lo tanto, debe desestimarse la imputación basada en la magnitud y la continuidad de la cooperación de Kone.
En tercer lugar, las demandantes afirman que, al negar a Kone el beneficio de la sección B de la Comunicación sobre la cooperación
de 2002, la Comisión vulneró el principio de protección de la confianza legítima. En efecto –señalan–, los solicitantes de
una dispensa del pago de las multas al amparo de dicha Comunicación pueden esperar que el cumplimiento de los requisitos establecidos
en ella lleve aparejada la dispensa o una reducción del importe de la multa. Pues bien, según ellas, la solicitud de Kone
relativa a los Países Bajos reunía los requisitos de dicha Comunicación.
Como se indica en el punto 29 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, ésta crea expectativas legítimas en las que
confían las empresas a la hora de revelar a la Comisión la existencia de un cártel. Habida cuenta de la confianza legítima
que las empresas interesadas en cooperar con la Comisión pudieron depositar en dicha Comunicación, la Comisión estaba obligada
a atenerse a ella al apreciar la cooperación de Kone a efectos de determinar el importe de la multa que debía imponérsele
(véanse en este sentido las sentencias, citadas en el apartado 127
supra,
HFB y otros/Comisión, apartado 608, y Daiichi Pharmaceutical/Comisión, apartado 147).
No obstante, dado que las demandantes no han demostrado que la Comisión infringiese las disposiciones de la Comunicación sobre
la cooperación de 2002 al apreciar la cooperación de Kone, la imputación basada en la vulneración del principio de protección
de la confianza legítima debe igualmente desestimarse.
En cuarto lugar, las demandantes sostienen que la negativa de la Comisión a conceder clemencia a Kone en virtud de la Comunicación
sobre la cooperación de 2002 vulnera el principio de igualdad de trato.
Por una parte, alegan que la solicitud de Kone no es más ambigua que las de Otis o ThyssenKrupp. Según ellas, primeramente,
Otis negó la existencia de un cártel estructural y sostuvo que la infracción había prescrito. En segundo lugar, ThyssenKrupp
afirmó en su solicitud de clemencia que las reuniones se habían celebrado de forma irregular y que durante largos períodos
no se había celebrado ninguna reunión. Seguidamente, ThyssenKrupp declaró que la infracción había afectado a un reducido número
de proyectos. En tercer lugar, la solicitud de Kone se presentó dos meses y medio después de las inspecciones de la Comisión
en los Países Bajos, es decir, relativamente pronto dentro del procedimiento. En cualquier caso –señalan–, el momento en que
se formule la solicitud de dispensa resulta irrelevante, con tal de que aporte un valor añadido significativo. Además, en
el marco del cártel en Alemania, Schindler obtuvo, según ellas, una reducción del 15 % por una solicitud presentada cerca
de ocho meses después de las inspecciones en Alemania y tres meses después de haber enviado la Comisión solicitudes de información
a los participantes en la infracción en dicho Estado miembro (considerandos 110, 112 y 856 de la Decisión impugnada).
Por otra parte, las demandantes alegan que la posición de Kone debería compararse a la de ThyssenKrupp en Bélgica. En efecto,
según ellas, ThyssenKrupp obtuvo una reducción del 20 % del importe de la multa en virtud de la Comunicación sobre la cooperación
de 2002 (considerandos 769 a 773 de la Decisión impugnada). Sin embargo, ThyssenKrupp fue la tercera empresa en presentar
una solicitud de dispensa del pago de las multas relativa a Bélgica y su solicitud se limitó a declaraciones, y no a pruebas
documentales, que corroboraban las pruebas ya en poder de la Comisión. Añaden que, en el momento en que se formuló dicha solicitud,
la Comisión disponía ya de muchas más pruebas relativas al cártel en Bélgica de las que disponía en relación con el cártel
en los Países Bajos cuando Kone presentó su solicitud de dispensa. Por lo tanto, según ellas, la negativa a conceder una reducción
a Kone por lo que respecta al cártel en los Países Bajos es discriminatoria.
Como se ha recordado en el apartado 135, según reiterada jurisprudencia, la Comisión no puede, en el marco de su apreciación
de la cooperación prestada por los miembros de un cártel, desconocer el principio de igualdad de trato.
Por lo que se refiere, en primer lugar, a la supuesta violación del principio de igualdad de trato al apreciar la cooperación
prestada por los miembros del cártel en los Países Bajos, procede observar que a Otis se le concedió una dispensa del pago
de las multas porque era, conforme a lo dispuesto en el punto 8, letra a), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002,
la primera empresa en aportar a la Comisión elementos de prueba que le permitían adoptar una decisión de verificación (considerando
837 de la Decisión impugnada). Por lo tanto, la situación de Otis no puede compararse a la de Kone, que formuló su solicitud
relativa a los Países Bajos al amparo de dicha Comunicación en un momento en que la Comisión ya había llevado a cabo inspecciones
en dicho Estado miembro (considerando 846 de la Decisión impugnada).
Por su parte, ThyssenKrupp fue la segunda empresa en formular una solicitud al amparo de la Comunicación sobre la cooperación
de 2002 en relación con los Países Bajos, presentada el día en que la Comisión practicó las inspecciones en dicho Estado miembro,
el 28 de abril de 2004 (considerandos 128, 129 y 840 de la Decisión impugnada). Obtuvo una reducción del 40 % del importe
de la multa en virtud del punto 23, letra b), párrafo primero, de dicha Comunicación por ser la primera empresa en reunir
los requisitos enunciados en el punto 21 de la misma, al haber presentado a la Comisión pruebas que aportaban un valor añadido
significativo (considerando 844 de la Decisión impugnada). Resulta obligado observar que, con arreglo al punto 23, letra b),
párrafo primero, primer guión, de la citada Comunicación, Kone no habría podido beneficiarse de una reducción de la multa
en virtud de esa disposición, puesto que la reducción del importe de la multa que en ella se contempla se reserva a una sola
empresa, en este caso, ThyssenKrupp, cuya cooperación es anterior a la de Kone.
Con independencia de la observación hecha en el apartado anterior, la cooperación de Kone no puede considerarse comparable
a la de ThyssenKrupp. En efecto, es pacífico que ThyssenKrupp presentó una prueba nueva coetánea con su solicitud de clemencia,
que ayudó a la Comisión a probar la ejecución de la colusión (considerando 842 de la Decisión impugnada). En cambio, Kone
no presentó ninguna prueba coetánea. Además, se desprende de las declaraciones de ThyssenKrupp de abril, mayo y octubre de
2004 que, al contrario que Kone, ThyssenKrupp no intentó en ningún momento negar la existencia de un cártel en los Países
Bajos o sembrar la duda sobre la existencia de dicho cártel. Por último, Kone no presentó su solicitud hasta el 19 de julio
de 2004 (considerando 130 de la Decisión impugnada), mientras que ThyssenKrupp ya había presentado la suya en abril de 2004
(considerando 129 de la Decisión impugnada). Pues bien, la fecha en que se presenta una solicitud al amparo de la Comunicación
sobre la cooperación de 2002 es relevante a efectos de apreciar el valor añadido de las pruebas aportadas, puesto que esa
apreciación se efectúa en función de las pruebas de que ya dispone la Comisión (apartados 7 y 21 de la Comunicación sobre
la cooperación de 2002).
Así pues, al no ser comparable la situación de Kone, por una parte, con las de Otis y ThyssenKrupp, por otra parte, la Comisión
no vulneró el principio de igualdad de trato al denegar a Kone una reducción del importe de la multa por su cooperación a
efectos de la prueba de la infracción en los Países Bajos.
En segundo lugar, en lo que respecta al trato de ThyssenKrupp por su cooperación a efectos de la prueba del cártel en Bélgica,
resulta obligado observar que la apreciación de lo que constituye un valor añadido significativo implica por definición un
análisis contextual de todas las pruebas de que dispone la Comisión en relación con una infracción determinada, de suerte
que la información relativa a infracciones distintas, en este caso, las infracciones en Bélgica y en los Países Bajos, no
son comparables.
En cualquier caso, procede señalar que, en cuanto a la infracción en Bélgica, Kone no discute que la solicitud de clemencia
de ThyssenKrupp corroboró las pruebas que ya obraban en poder de la Comisión. En cambio, en lo que respecta a la infracción
en los Países Bajos, se desprende de los apartados 165 a 180 de la presente sentencia que la solicitud de clemencia de Kone
no presentaba un valor añadido significativo en el sentido del punto 21 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002. Comoquiera
que las situaciones de las distintas empresas no son comparables, la Comisión no vulneró el principio de igualdad de trato
al denegar a Kone una reducción de su multa por su cooperación a efectos de la prueba del cártel en los Países Bajos.
Se desprende de todo lo anterior que deben desestimarse la totalidad de las imputaciones de Kone relativas a la aplicación
de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 a su cooperación a efectos de la prueba de la infracción en los Países Bajos.

Sobre el motivo basado en la violación de los principios de protección de la confianza legítima y de igualdad de trato al
determinar el importe de la reducción de las multas concedida por la cooperación de Kone durante el procedimiento administrativo
Observaciones preliminares
En el apartado 614 del pliego de cargos, la Comisión había anunciado que «contempla[ba] conceder una reducción [de las multas]
por la cooperación al margen de la Comunicación sobre la cooperación [de 2002], en particular, cuando una sociedad no cuestiona[ba]
los hechos o aporta[ba] una ayuda suplementaria que permitía clarificar o completar los hechos constatados por la Comisión».
En el considerando 758 de la Decisión impugnada, la Comisión explica que, «en la medida en que el apartado 614 del pliego
de cargos creaba expectativas, [había] decidido interpretar dicho apartado en favor de las empresas que, basándose en él,
contribuyeron a la constatación de los hechos de la infracción expuesta en [la] Decisión [impugnada], no cuestionando esos
hechos o aportando otra información o precisiones complementarias».
Así, la Comisión concedió a todos los participantes en las cuatro infracciones, con excepción, por una parte, de las empresas
que obtuvieron una dispensa del pago de las multas (considerandos 762, 817 y 839 de la Decisión impugnada) y, por otra parte,
de Kone en el marco del cártel en los Países Bajos (considerando 851 de la Decisión impugnada), una reducción del importe
de la multa del 1 % por su cooperación al margen de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, por no haber cuestionado
los hechos expuestos en el pliego de cargos (considerandos 768, 774, 777, 794, 801, 806, 813, 824, 829, 835, 845, 854, 855
y 856 de la Decisión impugnada).
Procede examinar sucesivamente, en primer lugar, las imputaciones de Kone relativas a la supuesta ilegalidad de la cuantía
de la reducción del importe de la multa por no cuestionamiento de los hechos en lo que se refiere a la infracción en Alemania;
a continuación, las imputaciones de Kone relativas a la negativa de la Comisión a conceder una reducción adicional del importe
de la multa por la aportación de información o de precisiones complementarias en relación con la infracción en Alemania, y,
por último, las imputaciones relativas a la negativa de la Comisión a conceder una reducción del importe de la multa a Kone
por su supuesta cooperación al margen de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 a efectos de la prueba de la infracción
en los Países Bajos.
Sobre la cuantía de la reducción del importe de la multa por no cuestionamiento de los hechos en lo que se refiere a la infracción
en Alemania
Las demandantes estiman que pueden aspirar a obtener una reducción del importe de la multa del 10 % al menos por su cooperación
al margen de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 a efectos de la prueba del cártel en Alemania. Según ellas, la Comisión
creó expectativas legítimas en ese sentido en el apartado 614 del pliego de cargos. Al apartarse de su práctica anterior,
en virtud de la cual una empresa que no cuestiona la realidad de los hechos que se reprochan en el pliego de cargos obtendría
una reducción del 10 % del importe de la multa que se le hubiese impuesto, de conformidad con la Comunicación de la Comisión
relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas
(DO 1996, C 207, p. 4) (en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación de 1996»), la Comisión defraudó las expectativas
legítimas de las demandantes.
Con carácter preliminar, procede recordar que una reducción del importe de una multa por cooperación durante el procedimiento
administrativo sólo está justificada si el comportamiento de la empresa en cuestión permitió a la Comisión apreciar una infracción
con menor dificultad y, en su caso, ponerle fin (sentencias del Tribunal de 14 de mayo de 1998, SCA Holding/Comisión, T‑327/94,
Rec. p. II‑1373, apartado 156; Krupp Thyssen Stainless y Acciai speciali Terni/Comisión, citada en el apartado 68
supra,
apartado 270, y Groupe Danone/Comisión, citada en el apartado 144
supra,
apartado 449). Asimismo, de la jurisprudencia se desprende que una empresa que declara expresamente que no niega las alegaciones
de hecho en las que la Comisión basa sus imputaciones ha contribuido a facilitar la labor de la Comisión consistente en la
comprobación y represión de las infracciones a las normas de la Unión en materia de competencia (sentencias del Tribunal de
14 de mayo de 1998, MO och Domsjö/Comisión, T‑352/94, Rec. p. II‑1989, apartado 395, y SCA Holding/Comisión, citada anteriormente,
apartado 157).
Es cierto que, al contrario de lo que ocurre con la Comunicación sobre la cooperación de 1996, la Comunicación sobre la cooperación
de 2002 no prevé ninguna reducción del importe de las multas en favor de las empresas que no cuestionan la realidad de los
hechos en los que la Comisión basa sus acusaciones en el pliego de cargos. Sin embargo, la Comisión reconoce en el considerando
758 de la Decisión impugnada que el apartado 614 del pliego de cargos creó, en la empresas, la expectativa legítima de que
la falta de cuestionamiento de los hechos acarrearía una reducción del importe de las multas al margen de la Comunicación
sobre la cooperación de 2002, de forma que decidió interpretar ese apartado a favor de las empresas. En el mismo considerando,
la Comisión también señaló que «la cuantía de la reducción deberá tener en cuenta que la cooperación prestada tras el pliego
de cargos, cuando la Comisión ya ha determinado todos los elementos de la infracción, y en un momento en que la empresa ya
ha tenido conocimiento de todos los elementos de la investigación y tenido acceso al expediente de ésta, sólo puede, en el
mejor de los casos, ayudar marginalmente a la Comisión en su investigación». Asimismo, la Comisión precisó que, «en general,
el reconocimiento de los hechos en estas circunstancias constituye como mucho una prueba que corrobora hechos que la Comisión
consideraría normalmente suficientemente demostrados por otras pruebas incorporadas al expediente».
El derecho a invocar la protección de la confianza legítima se extiende a todo particular que se encuentre en una situación
de la que se desprenda que la Administración de la Unión, al darle garantías concretas, le hizo concebir esperanzas fundadas
[sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 2004, Di Lenardo y Dilexport, C‑37/02 y C‑38/02, Rec. p. I‑6911, apartado
70; sentencias del Tribunal General de 17 de diciembre de 1998, Embassy Limousines & Services/Parlamento, T‑203/96, Rec. p. II‑4239,
apartado 74, y de 15 de noviembre de 2007, Enercon/OAMI (Conversor de energía eólica), T‑71/06, no publicada en la Recopilación,
apartado 36].
Por el contrario, no se puede invocar una violación del principio de protección de la confianza legítima si la administración
no ha dado unas garantías concretas (sentencias del Tribunal de 14 de septiembre de 1995, Lefebvre y otros/Comisión, T‑571/93,
Rec. p. II‑2379, apartado 72, y de 29 de enero de 1998, Dubois et Fils/Consejo y Comisión, T‑113/96, Rec. p. II‑125, apartado
68). Constituyen garantías de esa índole los datos precisos, incondicionales y concordantes que emanan de fuentes autorizadas
y fiables (sentencia del Tribunal de 21 de julio de 1998, Mellett/Tribunal de Justicia, T‑66/96 y T‑221/97, RecFP pp. I‑A‑449
y II‑1305, apartados 104 y 107).
En el caso de autos, como se ha indicado en el apartado 199 de la presente sentencia, la Comisión había anunciado en el apartado
614 del pliego de cargos, que «contempla[ba] conceder una reducción [de las multas] por la cooperación al margen de la Comunicación
sobre la cooperación [de 2002], en particular, cuando una sociedad no cuestiona[ba] los hechos o aporta[ba] una ayuda suplementaria
que permitía clarificar o completar los hechos constatados por la Comisión». No puede considerarse que tal afirmación constituya
una garantía concreta que haya podido hacer concebir a Kone esperanzas fundadas de que se le concedería una reducción del
importe de las multas superior al 1 %. En efecto, el apartado 614 del pliego de cargos no indica la cuantía o el porcentaje
de la reducción que, en su caso, se concedería a las empresas interesadas, de modo que en ningún caso pudo haber originado
confianza legítima alguna en ese sentido.
A este respecto, debe rechazarse la alegación de las demandantes de que la Comisión se apartó de su práctica anterior, en
virtud de la cual una empresa que no cuestiona la realidad de los hechos que se le reprochan en el pliego de cargos obtendría
una reducción del 10 % del importe de la multa impuesta, de conformidad con la Comunicación sobre la cooperación de 1996.
Procede recordar, de entrada, que si bien es cierto que la Comunicación sobre la cooperación de 1996 establecía en la sección D,
número 2, segundo guión, que una empresa podía gozar «de una reducción del 10 al 50 % del importe de la multa que se le habría
impuesto a falta de cooperación […] cuando […] tras recibir el pliego de cargos, […] inform[ara] a la Comisión de que no pon[ía]
en duda la veracidad de los hechos sobre los que la Comisión funda[ba] sus acusaciones», la Comunicación sobre la cooperación
de 2002 ya no prevé reducción alguna por ese motivo. Pues bien, las demandantes no niegan que la Comunicación sobre la cooperación
de 2002 es la única que resulta aplicable a su solicitud de clemencia, la cual, por otro lado, se formuló expresamente en
virtud de dicha Comunicación. Por lo tanto, una práctica decisoria de la Comisión relativa a la aplicación de la sección D,
número 2, segundo guión, de la Comunicación sobre la cooperación de 1996 no puede en modo alguno generar una confianza legítima
de las demandantes en cuanto a la cuantía de la reducción de la multa de Kone por no negar los hechos relativos al cártel
en Alemania, basada en el apartado 614 del pliego de cargos (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia
de 21 de septiembre de 2006, JCB Service/Comisión, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, apartados 201 y 205, y de 7 de junio de 2007,
Britannia Alloys & Chemicals/Comisión, C‑76/06 P, Rec. p. I‑4405, apartado 60; y la sentencia Carbone‑Lorraine/Comisión, citada
en el apartado 34
supra,
apartado 92).
Seguidamente, debe señalarse que ninguna prueba corrobora la afirmación de las demandantes, negada por la Comisión, según
la cual ésta indicó a Kone, en una reunión que tuvo lugar el 26 de enero de 2005, que el apartado 614 del pliego de cargos
se aplicaría del mismo modo que en el marco de la regulación anterior. Al contrario, el acta de dicha reunión redactada por
la Comisión no menciona, en relación con las discusiones mantenidas a propósito del punto 614 del pliego de cargos, que la
Comisión diese garantía alguna a Kone a ese respecto.
Por último, se desprende de la jurisprudencia que los operadores económicos no pueden confiar legítimamente en el mantenimiento
de una situación que puede ser modificada por las instituciones en el marco de su facultad de apreciación (sentencias del
Tribunal de Justicia de 5 de octubre de 1994, Alemania/Consejo, C‑280/93, Rec. p. I‑4973, apartado 80, y de 30 de junio de
2005, Alessandrini y otros/Comisión, C‑295/03 P, Rec. p. I‑5673, apartado 89; véase, asimismo, la sentencia Archer Daniels
Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión, citada en el apartado 46
supra,
apartado 64, y la jurisprudencia citada). Así pues, la aplicación eficaz de las normas de la Unión en materia de competencia
exige que la Comisión pueda en todo momento adaptar el nivel de las multas a las necesidades de esa política (véanse, en este
sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia Musique Diffusion française y otros/Comisión, citada en el apartado 80
supra,
apartado 109; de 2 de octubre de 2003, Aristrain/Comisión, C‑196/99 P, Rec. p. I‑11005, apartado 81, y Dansk Rørindustri y
otros/Comisión, citada en el apartado 34
supra,
apartado 227; y las sentencias del Tribunal General de 10 de marzo de 1992, Solvay/Comisión, T‑12/89, Rec. p. II‑907, apartado
309, y de 14 de mayo de 1998, Europa Carton/Comisión, T‑304/94, Rec. p. II‑869, apartado 89).
Por consiguiente, carece de fundamento la imputación de las demandantes basada en la insuficiente reducción del importe de
la multa por no haber cuestionado los hechos en lo que respecta a la infracción en Alemania.
Sobre la negativa de la Comisión a conceder una reducción adicional del importe de la multa por la aportación de información
y de precisiones complementarias en relación con la infracción en Alemania
Las demandantes alegan que, en lo que respecta a la infracción en Alemania, Kone tiene derecho a una reducción adicional del
importe de la multa por su cooperación al margen de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, puesto que, contrariamente
a lo que afirma la Comisión en la Decisión impugnada (considerando 794 de la Decisión impugnada), permitió precisar o completar
los hechos expuestos en el pliego de cargos. Según ellas, la sección 7 de la respuesta de Kone al pliego de cargos corrige
y precisa una serie de hechos relativos al papel desempeñado por la asociación profesional alemana VDMA. Además, Kone advirtió
a la Comisión que ésta había computado equivocadamente, en el pliego de cargos, los ingresos del conjunto de las secciones
«equipamientos nuevos», «servicios» y «modernización». En la Decisión impugnada, la Comisión reconoció –añaden–, que el cártel
únicamente afectaba a los ingresos de la sección «equipamientos nuevos».
A este respecto, procede señalar que las demandantes no indican de qué manera las precisiones supuestamente dadas por Kone
en cuanto al papel de la asociación profesional VDMA ayudaron a la Comisión en su investigación. En cualquier caso, las supuestas
indicaciones de Kone a ese respecto no iban dirigidas a precisar o completar los hechos expuestos en el pliego de cargos,
sino a contradecirlos, puesto que pretendían restar credibilidad a las afirmaciones de Schindler relativas a la creación de
un grupo de trabajo para las escaleras mecánicas. Por otra parte, Kone subrayó, en el ejercicio de su derecho de defensa,
la no pertinencia de mencionar ese proyecto en el pliego de cargos. En cuanto al hecho de que la Comisión tuviese equivocadamente
en cuenta, en el pliego de cargos, los ingresos del conjunto de las secciones mencionadas en el apartado 214 de la presente
sentencia, procede señalar que la respuesta de Kone al pliego de cargos pretendía demostrar que la Comisión no había definido
adecuadamente los mercados de los ascensores y de las escaleras mecánicas afectados por el cártel al calcular el importe de
la multa. Al obrar así, Kone no hizo sino ejercer, con éxito, su derecho de defensa, puesto que la Comisión tuvo en cuenta
en la Decisión impugnada la definición propuesta por Kone en su respuesta al pliego de cargos. Por lo tanto, la presente imputación
debe ser desestimada.
Sobre la negativa de la Comisión a conceder a Kone una reducción del importe de la multa por su supuesta cooperación al margen
de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 a efectos de la prueba de la infracción en los Países Bajos
En relación con la supuesta cooperación de Kone al margen de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, la Comisión explica
en el considerando 851 de la Decisión impugnada:
«En su respuesta al pliego de cargos, Kone declaró que no negaba los hechos relativos a los Países Bajos. En lugar de aportar
una ayuda adicional que permitiese precisar o completar los hechos del pliego de cargos, Kone intentó sistemáticamente minimizar
la trascendencia de los hechos expuestos en él. Por lo tanto, la no impugnación de los hechos debe reputarse meramente formal
y ambigua, y no tiene efecto positivo alguno en orden a la prueba de los hechos. No basta declarar, de forma general, que
no se cuestionan los hechos si dicha declaración no es de ninguna utilidad para la Comisión por ir acompañada de múltiples
reservas, como sucede en el caso de autos. En consecuencia, no debe concederse reducción alguna de la multa a Kone.»
En primer lugar, las demandantes sostienen que la Comisión debería haber concedido a Kone una reducción del importe de la
multa, con arreglo al punto 3, sexto guión, de las Directrices de 1998, por su colaboración efectiva en el procedimiento en
orden a la prueba del cártel en los Países Bajos y que, al omitir hacerlo, cometió un error manifiesto de apreciación. Afirman
asimismo que, basándose en el apartado 614 del pliego de cargos y en el considerando 758 de la Decisión impugnada, tenían
una confianza legítima en que dicha cooperación sería recompensada con una reducción del importe de su multa.
Debe observarse que, con arreglo al punto 3, sexto guión, de las Directrices de 1998, la cooperación fuera del ámbito de aplicación
de la Comunicación sobre la cooperación de 1996 puede considerarse una circunstancia atenuante. A este respecto, interesa
subrayar que en el apartado 614 del pliego de cargos la Comisión había anunciado que «contempla[ba] conceder una reducción
[de las multas] por la cooperación al margen de la Comunicación sobre la cooperación [de 2002], en particular, cuando una
sociedad no cuestiona[ba] los hechos o aporta[ba] una ayuda suplementaria que permitía clarificar o completar los hechos constatados
por la Comisión». Dentro de este contexto, en el considerando 758 de la Decisión impugnada, la Comisión explica que, «en la
medida en que el apartado 614 del pliego de cargos creaba expectativas, [había] decidido interpretar dicho apartado en favor
de las empresas que, basándose en él, contribuyeron a la constatación de los hechos de la infracción expuesta en [la] Decisión
[impugnada], no cuestionando esos hechos o aportando otra información o precisiones complementarias».
Primeramente, según las demandantes, la cooperación de Kone en el marco del procedimiento administrativo debía considerarse
una circunstancia atenuante con arreglo a la disposición mencionada en el apartado anterior, dándole derecho a una reducción
del importe de la multa.
A este respecto, basta declarar que, habida cuenta de la ambigüedad de las declaraciones de Kone en su solicitud al amparo
de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 (véase el apartado 175 de la presente sentencia), que, por lo demás, no justificaron
reducción alguna del importe de la multa impuesta a Kone por la infracción en los Países Bajos en el marco de dicha Comunicación,
la cooperación de esta empresa no puede en cualquier caso considerarse una circunstancia atenuante. En consecuencia, las demandantes
tampoco pueden afirmar que tenían la menor confianza legítima en que se les concedería una reducción de la multa por tal motivo.
Seguidamente, las demandantes consideran que Kone colaboró plenamente con la Comisión a lo largo de todo el procedimiento,
más allá de lo que exigía la Comunicación sobre la cooperación de 2002. Según ellas, para empezar, Kone no puso ningún obstáculo
a la Comisión durante la inspección de sus locales en los Países Bajos e hizo todo lo que estaba en su mano para facilitar
la recogida de información por los agentes de la Comisión. Además, respondió rápida y exhaustivamente a la solicitud de información
de la Comisión en relación con los Países Bajos, recibida el 13 de septiembre de 2004. Por último, Kone se mostró muy flexible
en lo que respecta a las exigencias de confidencialidad de los datos facilitados, lo que agilizó los trámites administrativos
de la Comisión en orden a constituir la versión no confidencial de su expediente para su traslado a las partes.
Tales alegaciones no pueden aceptarse. En efecto, con arreglo a los artículos 18, apartado 1, y 20, apartado 3, del Reglamento
nº 1/2003, las empresas tienen la obligación de responder a las solicitudes de información y de someterse a las inspecciones.
Pues bien, una colaboración con la investigación que no sobrepase el nivel derivado de las obligaciones que incumben a las
empresas en virtud de dichas disposiciones no justifica una reducción del importe de la multa (véanse, en este sentido, las
sentencias del Tribunal de 14 de mayo de 1998, Weig/Comisión, T‑317/94, Rec. p. II‑1235, apartado 283, y Scandinavian Airlines
System/Comisión, citada en el apartado 67
supra,
apartado 218). Además, no puede considerarse que la postura supuestamente flexible de una empresa respecto a las solicitudes
de tratamiento confidencial de la información que comunique a la Comisión facilite la tarea de ésta, consistente en la comprobación
y la represión de las infracciones de las normas de la Unión en materia de competencia (sentencia Mo och Domsjö/Comisión,
citada en el apartado 204
supra,
apartados 395 y 396). En este sentido, como señala la Comisión, las solicitudes de confidencialidad razonables no obstaculizan
una investigación y, en cualquier caso, correspondía a Kone solicitar el tratamiento confidencial de los datos que, según
ella, no debían divulgarse a terceros. Por lo tanto, las circunstancias evocadas en el apartado 221 de la presente sentencia
no pueden haber suscitado en Kone confianza legítima alguna en que se le concedería una reducción del importe de la multa.
Por último, las demandantes afirman que la decisión de la Comisión de no conceder a Kone reducción alguna del importe de su
multa vulnera el principio de igualdad de trato, ya que ninguna otra de las empresas a las que se impusieron multas facilitó,
por su propia iniciativa y al margen de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, información que permitiese a la Comisión
probar la infracción más fácilmente. A este respecto, resulta obligado observar que la alegación de las demandantes se basa
en una premisa errónea. En efecto, como se desprende de los considerandos 845, 854 y 855 de la Decisión impugnada, a ThyssenKrupp,
a Schindler y a MEE se les concedió una reducción del importe de su multa, no porque hubiesen facilitado información adicional
por su propia iniciativa y al margen de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, sino porque declararon que no negaban
los hechos expuestos en el pliego de cargos. Por lo tanto, la situación de Kone, por una parte, y la de las demás empresas
a las que se impusieron multas a consecuencia del cártel en los Países Bajos, por otra parte, no pueden considerarse comparables,
de modo que la negativa de la Comisión a reducir el importe de la multa de Kone no vulnera el principio de igualdad de trato.
En segundo lugar, las demandantes sostienen que la Comisión debería haber concedido a Kone una reducción del importe de la
multa por no haber negado en ningún momento del procedimiento los principales hechos constatados por dicha institución. Así,
tachan de manifiestamente errónea la afirmación contenida en el considerado 851 y en la nota a pie de página 949 de la Decisión
impugnada, según la cual el no cuestionamiento de los hechos en la respuesta al pliego de cargos es meramente formal y ambiguo.
A este respecto, debe recordarse que, en su solicitud al amparo de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 relativa a
los Países Bajos, Kone negó el objeto contrario a la competencia de las reuniones entre competidores
[confidencial].
Debe igualmente señalarse, a este respecto, que Kone nunca retiró esas declaraciones, sino que intentó justificarlas en su
respuesta al pliego de cargos.
Es cierto que en su respuesta al pliego de cargos Kone afirma que «no cuestiona los hechos expuestos en el pliego de cargos»,
que «estuvo implicada en un comportamiento colusorio [en el sector] de los ascensores y las escaleras mecánicas […] en los
Países Bajos desde junio de 1999 hasta el 5 de marzo de 2004» y que «no niega que la colusión, en la medida en que está sustentada
por los hechos contenidos en el expediente de la Comisión […] se refería a una infracción única y continuada». No obstante,
ha de señalarse que la respuesta de Kone al pliego de cargos se caracteriza por la misma ambigüedad que su solicitud al amparo
de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 relativa a los Países Bajos.
Así, primeramente, mientras que en lo que respecta a las infracciones en Bélgica, en Alemania y en Luxemburgo, la respuesta
de Kone al pliego de cargos incluye en cada ocasión la afirmación de que «no cuestiona los hechos expuestos en el pliego de
cargos de la Comisión», en la parte de su respuesta al pliego de cargos dedicada a la infracción en los Países Bajos no figura
ninguna declaración similar. Ahora bien, para acogerse a una reducción del importe de la multa por no poner en duda los hechos,
una empresa debe informar expresamente a la Comisión de que no pretende cuestionar la realidad de los hechos, después de haber
tenido conocimiento del pliego de cargos (véase, en este sentido, la sentencia Groupe Danone/Comisión, citada en el apartado
supra,
apartado 504). No puede considerarse que una declaración a cuyo tenor Kone «no niega que la colusión, en la medida en que
está sustentada por los hechos contenidos en el expediente de la Comisión […] se refería a una infracción única y continuada»,
facilite, como las declaraciones efectuadas en relación los otros tres Estados miembros afectados, la labor de la Comisión
consistente en la comprobación y la represión de las infracciones de las normas de la Unión en materia de competencia (sentencia
Mo och Domsjö/Comisión, citada en el apartado 204
supra,
apartados 395 y 396).
Seguidamente, hay que observar que, en su respuesta al pliego de cargos, Kone recordó que sus empleados en los Países Bajos
«no participaron en una actividad contraria a la competencia, en cualquier caso no en una medida sustancial». Aun cuando Kone
admite que «podría haber rebasado la línea de lo que era legítimo», afirma no obstante, refiriéndose a su solicitud al amparo
de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 relativa a los Países Bajos, que el hecho de no presentar una oferta para
un proyecto o de proponer un presupuesto que no es competitivo puede derivarse de un comportamiento comercial unilateral y
no implica necesariamente la existencia de una práctica colusoria. Por lo que respecta a los contratos de mantenimiento y
modernización, Kone afirma en su respuesta al pliego de cargos que su política en la materia se basó en «razones comerciales»
y que su estrategia «no pudo tener un objeto o un efecto contrario a la competencia». En cuanto a las nuevas instalaciones,
Kone se refiere igualmente, dentro de la descripción de los proyectos que supuestamente formaban parte del acuerdo, a los
motivos comerciales subyacentes en su comportamiento e indica que «se desprende de los proyectos mencionados no sólo que el
alcance de la infracción era muy limitado, sino también que la naturaleza de la colusión únicamente iba de una discusión del
proyecto sin intercambio de precios […] al intercambio de precios sin asignación de un proyecto […] y únicamente en contadas
ocasiones incluía la asignación del proyecto […]». Kone precisa además que «aun cuando las partes asignasen un proyecto, ello
no podía tener efectos sobre el mercado» y que «a menudo, el resultado habría sido el mismo de no haber mediado contacto entre
las partes […]». Asimismo, en relación con determinados proyectos individuales,
[confidencial],
Kone afirmó que el expediente de la Comisión no contenía pruebas suficientes para llegar a la conclusión de que existía un
comportamiento contrario a la competencia.
Por último, en su respuesta al pliego de cargos, Kone intentó también minimizar la fuerza probatoria de las declaraciones
de ThyssenKrupp y de Otis que, como se desprende de los considerandos 370 a 530 de la Decisión impugnada, fueron de vital
importancia para la comprobación de la infracción en los Países Bajos. La Comisión se vio obligada a responder por extenso
a esta alegación de Kone en los considerandos 531 a 541 de la Decisión impugnada.
Por lo tanto, procede considerar, al igual que la Comisión (considerando 851 de la Decisión impugnada), que el no cuestionamiento
de los hechos por parte de Kone en lo que respecta a la infracción en los Países Bajos era meramente formal y ambiguo, y no
tuvo efecto positivo alguno en orden a la prueba de los hechos.
Resulta de lo anterior que, en su respuesta al pliego de cargos, Kone describe su participación en la infracción en los Países
Bajos bien en términos puramente hipotéticos, bien minimizando los efectos contrarios a la competencia de los acuerdos. Comoquiera
que Kone rechaza además las declaraciones que hicieron ThyssenKrupp y Otis en el marco de su solicitud al amparo de la Comunicación
sobre la cooperación de 2002 relativa a los Países Bajos, procede declarar que, en las circunstancias del caso de autos, las
afirmaciones de Kone reproducidas en el apartado 227 de la presente sentencia no presentaron la menor utilidad para la Comisión
(véanse en este sentido las sentencias del Tribunal de 8 de julio de 2004, Corus UK/Comisión, T‑48/00, Rec. p. II‑2325, apartado
193, y Groupe Danone/Comisión, citada en el apartado 144
supra,
apartado 505). Al negar en su respuesta al pliego de cargos lo esencial de los hechos alegados por la Comisión, Kone no contribuyó
a facilitar la labor de la Comisión consistente en la comprobación y represión de las infracciones a las normas de la Unión
en materia de competencia (véase, en este sentido, la sentencia Mo och Domsjö/Comisión, citada en el apartado 204
supra,
apartado 396). Si bien es cierto que, al hacerlo, Kone ejercitó legítimamente su derecho de defensa, no puede reprocharse
a la Comisión que no le concediese, por tal motivo, una reducción del importe de la multa en atención al no cuestionamiento
de los hechos.
Por lo tanto, la Comisión se ajustó a Derecho al decidir, en el considerando 851 de la Decisión impugnada, en relación con
la infracción en los Países Bajos, no conceder a Kone una reducción del importe de la multa por su cooperación al margen de
la Comunicación sobre la cooperación de 2002.
En tercer lugar, las demandantes sostienen que la Comisión vulneró el principio de igualdad de trato al conceder una reducción
del importe de las multas por no negar los hechos a ThyssenKrupp, Schindler y MEE mientras que denegó tal reducción a Kone.
En efecto, según las demandantes –que, por lo demás, no cuestionan las constataciones de la Comisión según las cuales ThyssenKrupp,
Schindler y MEE declararon expresamente en sus respuestas al pliego de cargos, que no negaban los hechos expuestos (considerandos
845, 854 y 855 de la Decisión impugnada)–, resulta de la Decisión impugnada que las tres primeras empresas pusieron en duda,
en las referidas respuestas, determinadas constataciones de la Comisión en relación con los Países Bajos.
A este respecto, se ha recordado que, según jurisprudencia reiterada, la Comisión no puede, en el marco de su apreciación
de la cooperación prestada por los miembros de un cártel, desconocer el principio de igualdad de trato (véase el apartado
135 de la presente sentencia). No obstante, el respeto del principio de igualdad de trato debe conciliarse con el respeto
del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar en su provecho una ilegalidad cometida en favor de otro (véanse,
en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de julio de 1985, Williams/Tribunal de Cuentas, 134/84, Rec. p. 2225,
apartado 14, y las sentencias del Tribunal SCA Holding/Comisión, citada en el apartado 204
supra,
apartado 160; de 20 de marzo de 2002, LR AF 1998/Comisión, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, apartado 263, y Mo och Domsjö/Comisión,
citada en el apartado 204
supra,
apartado 398).
Además, según la jurisprudencia, puede considerarse que una empresa que declara expresamente que no niega las alegaciones
de hecho en las que la Comisión basa sus imputaciones ha contribuido a facilitar la labor de la Comisión consistente en la
comprobación y represión de las infracciones a las normas de la Unión en materia de competencia. En sus decisiones declarativas
de una infracción de estas normas, la Comisión puede considerar que tal comportamiento constituye un reconocimiento de las
alegaciones de hecho y, por consiguiente, un elemento de prueba del fundamento de las correspondientes alegaciones. Por lo
tanto, tal comportamiento puede justificar una reducción de la multa. No ocurre así cuando una empresa niega en su respuesta
la parte esencial de dichas alegaciones. En efecto, al adoptar tal actitud durante el procedimiento administrativo, la empresa
no contribuye a facilitar la labor de la Comisión consistente en la comprobación y represión de las infracciones de las normas
de la Unión en materia de competencia (sentencia Mo och Domsjö/Comisión, citada en el apartado 204
supra,
apartados 395 y 396).
A este respecto, resulta obligado observar que, cuando la Comisión concede, en los considerandos 845, 854 y 855 de la Decisión
impugnada, una reducción del 1 % de la multa a ThyssenKrupp, Schindler y MEE por no negar los hechos, tales reducciones únicamente
pueden considerarse lícitas en la medida en que esas empresas hubieran declarado expresamente que no cuestionaban dichos hechos
(véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 14 de mayo de 1998, Mayr-Melnhof/Comisión, T‑347/94, Rec. p. II‑1751,
apartado 333, y Mo och Domsjö/Comisión, citada en el apartado 204
supra,
apartado 397) y no hubieran negado, en sus respuestas al pliego de cargos, la parte esencial de las alegaciones de la Comisión
(véase, en este sentido, la sentencia Mo och Domsjö/Comisión, citada en el apartado 204
supra,
apartado 396).
Comoquiera que el motivo de las demandantes se basa en la premisa de que a otros participantes en el cártel se les concedieron
reducciones de las multas ilegales, ya que, a su juicio, de los considerandos de la Decisión impugnada invocados por ellas
se desprende concretamente que dichos participantes negaron efectivamente los hechos mencionados en el pliego de cargos, procede
desestimarlo por infundado.
Por lo demás, en cuanto a las pruebas presentadas por las demandantes que, según ellas, demuestran que a otras empresas se
les concedió una reducción del importe de su multa por no negar los hechos pese a que en sus respuestas al pliego de cargos
pusieron en duda los hechos relativos a los Países Bajos, se desprende del pliego de cargos y de la Decisión impugnada que
carecen de fundamento.
Primeramente, en lo que respecta a Schindler, las demandantes afirman que de los considerandos 593 y 594 de la Decisión impugnada
resulta que dicha empresa negó la existencia de una infracción del artículo 81 CE. Además, según ellas, del considerando 667
de la Decisión impugnada se desprende que Schindler afirmó que los contactos ilegales entre competidores no habían provocado
subidas de precios en el mercado y que sólo una pequeña parte de los proyectos fue repartida, mientras que se mantenía la
competencia entre los miembros del cártel. Por último, las demandantes añaden que, según el considerando 751 de la Decisión
impugnada, Schindler afirmó que los competidores no habían pactado medidas de retorsión recíprocas para garantizar la debida
aplicación de los acuerdos.
A este respecto, procede subrayar que si bien es cierto que, como se desprende de los considerandos 593 y 594 de la Decisión
impugnada, Schindler sostuvo que el artículo 81 CE no podía aplicarse a los acuerdos en cuestión debido a la inexistencia
de efectos sensibles sobre el comercio entre Estados miembros por su dimensión nacional, hay que observar que, al hacerlo,
no negó los hechos que fundamentaron la apreciación de la Comisión relativa a los efectos sensibles de las infracciones de
que se trata sobre dicho comercio, que figuran en el pliego de cargos. Por otra parte, las afirmaciones relativas a la inexistencia
de subidas de precio y al reducido número de proyectos repartidos no pueden considerarse constitutivas de una negación de
los hechos por parte de Schindler, puesto que tales extremos se desprenden, en particular, de los puntos 412, 415, 437 y 442
del pliego de cargos. Por último, la alegación de Schindler dirigida a que se le reconociese una circunstancia atenuante por
la supuesta inexistencia de medidas de retorsión no constituye una negación de los hechos por su parte, dado que esa inexistencia
de medidas de retorsión ya se hizo constar en el punto 432 del pliego de cargos. Por lo tanto, Schindler únicamente se sirvió
de esta constatación para demostrar que debía reconocérsele una circunstancia atenuante.
En cualquier caso, se desprende de la versión no confidencial de la respuesta de Schindler al pliego de cargos, presentada
a instancias del Tribunal, que Schindler, que expresamente declaró en dicha respuesta que no negaba los hechos subyacentes
en las imputaciones de la Comisión, no negó en ella los hechos expuestos por ésta.
En segundo lugar, por lo que respecta a ThyssenKrupp, las demandantes sostienen que de los considerandos 593, 594 y 724 de
la Decisión impugnada resulta que dicha empresa negó la existencia de una infracción del artículo 81 CE y afirmó que no había
tomado parte en todos los elementos constitutivos de la infracción. Según ellas, resulta asimismo de los considerandos 508,
513 y 515 de la Decisión impugnada que ThyssenKrupp negó determinados hechos relativos a la duración de su participación en
el cártel.
A este respecto, por una parte, si bien es cierto que, como se desprende de los considerandos 593 y 594 de la Decisión impugnada,
Schindler sostuvo que el artículo 81 CE no podía aplicarse a los acuerdos en cuestión debido a la inexistencia de efectos
sensibles sobre el comercio entre Estados miembros por su dimensión nacional, hay que observar que, al hacerlo, no negó los
hechos que fundamentaron la apreciación de la Comisión relativa a los efectos sensibles de las infracciones de que se trata
sobre dicho comercio, que figuran en el pliego de cargos. Por otra parte, la posibilidad de que ThyssenKrupp no participase
en todas las reuniones resulta del punto 575 del pliego de cargos. Lejos de contradecir este hecho, ThyssenKrupp únicamente
se sirvió de él con el fin de demostrar la existencia de una circunstancia atenuante en su favor (considerando 726 de la Decisión
impugnada). Por último, en lo que se refiere a la supuesta negación de los hechos relativos a la duración de su participación
en el cártel, que según las demandantes resulta de los considerandos 508 a 513 y 515 de la Decisión impugnada, procede señalar
que la afirmación de ThyssenKrupp según la cual no participó en ninguna reunión desde mediados de 2002 hasta abril-mayo de
2003 figuraba ya expresamente en el punto 506 del pliego de cargos. Además, en el considerando 515 de la Decisión impugnada,
la Comisión estimó, fundamentalmente, que era posible que ThyssenKrupp no hubiese estado presente en las reuniones que se
celebraron durante el segundo semestre de 2002, pero que este hecho, suponiendo que fuese cierto, no indicaría que ThyssenKrupp
había dejado el cártel.
En tercer lugar, en lo que se refiere a MEE, las demandantes afirman, en primer término, que del considerando 751 de la Decisión
impugnada se desprende que dicha empresa sostuvo que no existía ningún mecanismo de compensación o de seguimiento. Seguidamente,
señalan que de las notas a pie de página 644, 676, 693, 697, 709, 713 y 714 de la Decisión impugnada se desprende que MEE
afirmó que no había sido invitada a participar en la licitación relativa a siete proyectos mencionados en el pliego de cargos
y, en consecuencia, no había presentado oferta alguna para esos proyectos. Por otra parte, resulta según ellas del considerando
481 y de la nota a pie de página 715 de la Decisión impugnada que MEE desmintió la afirmación de que había participado en
otras reuniones sobre nuevas instalaciones de equipamiento con posterioridad a septiembre de 2001. Por último, alegan que
según el considerando 724 de la Decisión impugnada, MEE afirmó en su respuesta al pliego de cargos que no había participado
en todos los elementos constitutivos de la infracción.
A este respecto, debe señalarse que tales afirmaciones tampoco constituyen una negación de los hechos expuestos en el pliego
de cargos.
En cuanto a la alegación de que no existió un mecanismo de compensación o de seguimiento, resulta obligado observar que este
extremo se deduce del punto 431 del pliego de cargos. Así pues, más que contradecir este hecho, MEE intentó sacar partido
de él para obtener una reducción del importe de la multa en concepto de circunstancia atenuante (considerando 751 de la Decisión
impugnada).
Por lo que respecta a la afirmación de que MEE sostuvo no haber sido invitada a participar en la licitación relativa a siete
proyectos mencionados en el pliego de cargos y no haber presentado, en consecuencia, oferta alguna para esos proyectos, procede
señalar que se desprende del punto 441 del pliego de cargos que los clientes no invitaban siempre a todos los participantes
en el cártel en los Países Bajos a presentar una oferta para un determinado proyecto. En cualquier caso, como se desprende
de los considerandos y notas a pie de página citados por las demandantes, MEE no negó que había podido asistir a las reuniones
en cuestión y que había sido informada de las discusiones (notas a pie de página 644, 676, 693, 697, 713 y 714 de la Decisión
impugnada).
Se desprende además de la nota a pie de página 709 de la Decisión impugnada que MEE no niega una constatación fáctica de la
Comisión, sino únicamente una afirmación hecha por un solo participante en el cártel, Kone, que se menciona en el punto 497
del pliego de cargos y que, por lo demás, no confirmaban los demás participantes.
En cuanto al hecho de que MEE negase su participación en otras reuniones sobre nuevas instalaciones de equipamiento con posterioridad
a septiembre de 2001, basta señalar que las demandantes no identifican con precisión ningún proyecto específico relativo a
nuevas instalaciones de equipamiento en el que hubiese participado MEE con posterioridad a septiembre de 2001.
Por lo que respecta a la circunstancia de que MEE no participase en todas las reuniones, la Comisión la hizo constar ella
misma en el punto 575 del pliego de cargos y MEE intentó explotarla a efectos de obtener una reducción del importe de su multa
en concepto de circunstancia atenuante (considerando 724 de la Decisión impugnada).
Por lo tanto, debe declararse que la imputación basada en la vulneración del principio de igualdad de trato parte, en cualquier
caso, de la premisa errónea de que de los considerandos de la Decisión impugnada invocados por las demandantes se desprende
que Schindler, ThyssenKrupp y MEE negaron los hechos en lo que respecta al cártel en los Países Bajos.
De cuanto antecede se desprende que deben desestimarse la totalidad de las imputaciones relativas a la apreciación de la cooperación
de Kone al margen del ámbito de aplicación de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 a efectos de la prueba de la infracción
en Alemania y en los Países Bajos.
Por consiguiente, procede desestimar el recurso en su totalidad.

Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de las demandantes, procede condenarlas
en costas, conforme a lo solicitado por la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar en costas a Kone Oyj, Kone GmbH y Kone BV.
Martins Ribeiro
Wahl
Dittrich
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de julio de 2011.
Firmas
Índice
Procedimiento administrativo
Investigación de la Comisión
Alemania
Países Bajos
Pliego de cargos
Decisión impugnada
Procedimiento y pretensiones de las partes
Fundamentos de Derecho
Sobre el motivo basado en la infracción de las Directrices de 1998 y en la violación del principio de proporcionalidad al
fijar el importe de partida de las multas
Sobre el motivo basado en la infracción de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, en la violación de los principios
de protección de la confianza legítima y de igualdad de trato, y en la vulneración del derecho de defensa
Sobre la Comunicación sobre la cooperación de 2002
Sobre el margen de apreciación de la Comisión y el control de juez de la Unión
Sobre la cooperación de Kone a efectos de la prueba de la infracción en Alemania
Sobre la cooperación de Kone a efectos de la prueba de la infracción en los Países Bajos
Sobre el motivo basado en la violación de los principios de protección de la confianza legítima y de igualdad de trato al
determinar el importe de la reducción de las multas concedida por la cooperación de Kone durante el procedimiento administrativo
Observaciones preliminares
Sobre la cuantía de la reducción del importe de la multa por no cuestionamiento de los hechos en lo que se refiere a la infracción
en Alemania
Sobre la negativa de la Comisión a conceder una reducción adicional del importe de la multa por la aportación de información
y de precisiones complementarias en relación con la infracción en Alemania
Sobre la negativa de la Comisión a conceder a Kone una reducción del importe de la multa por su supuesta cooperación al margen
de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 a efectos de la prueba de la infracción en los Países Bajos
Costas
*
Lengua de procedimiento: inglés.
– Datos confidenciales ocultados.