CELEX: 62007TJ0132
Competencia
Prácticas colusorias
Mercado de los proyectos relativos a conmutadores con aislamiento de gas
Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE
Reparto del mercado
Prueba de la infracción
Imputabilidad del comportamiento infractor
Duración de la infracción
Multas
Circunstancias atenuantes
Cooperación

Antecedentes del litigio
Los antecedentes del litigio, que resultan en esencia de las apreciaciones realizadas por la Comisión en la Decisión C(2006) 6762
final, de 24 de enero de 2007, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo
EEE (asunto COMP/F/38.899 – Conmutadores con aislamiento de gas) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), son los siguientes.
1.
Producto afectado
Los conmutadores con aislamiento de gas (en lo sucesivo, «GIS») sirven para controlar el flujo energético en las redes eléctricas.
Se trata de material eléctrico pesado, utilizado como componente principal en las subestaciones eléctricas llave en mano.
Las subestaciones son centrales eléctricas auxiliares que convierten la corriente eléctrica. Además del transformador, los
elementos integrantes de las subestaciones son los sistemas de control, los relés, las baterías, los cargadores y el instrumental
de conmutación. La función de un instrumental de conmutación es proteger al transformador de una sobrecarga y/o aislar el
circuito y un transformador defectuoso.
Los conmutadores pueden ser de aislamiento de gas, de aislamiento de aire o de aislamiento híbrido, cuando combinan las dos
técnicas precedentes. Los GIS se venden en todo el mundo como parte integrante de subestaciones eléctricas llave en mano o
como piezas separadas que tienen que integrarse en esas subestaciones. Representan entre el 30 % y el 60 % del precio total
de éstas.
La Decisión impugnada se refiere a los proyectos de GIS de tensión superior o igual a 72,5 kV (en lo sucesivo, «proyectos
de GIS»), lo que comprende los GIS como productos específicos, incluidos todos los servicios inherentes (transporte, instalación,
ensayos, aislamiento, etc.), y las subestaciones eléctricas llave en mano en las que se integran los GIS y los demás componentes
de la subestación, como los transformadores y todos los servicios inherentes (transporte, cableado, instalación, aislamiento, etc.).
2.
Empresas interesadas
Fuji Electric Holdings Co. Ltd (en lo sucesivo, «FEH»), es la sociedad matriz del grupo Fuji, que dirige cuatro filiales operativas,
entre ellas en particular Fuji Electric Systems Co. Ltd (en lo sucesivo, «FES»). El grupo Fuji fabrica y comercializa una
amplia gama de productos, incluidos proyectos de GIS. Las actividades del grupo Fuji en materia de GIS se desarrollaban en
especial por FEH y FES.
El 1 de octubre de 2002 el grupo Fuji transfirió sus actividades en materia de GIS a Japan AE Power Systems Corp. (en lo sucesivo,
«JAEPS»), una sociedad conjunta en la que ese grupo tiene el 30 % del capital social, perteneciendo el resto, a saber el 50 %
y el 20 % a Hitachi Ltd y Meidensha Corp. respectivamente.
3.
Procedimiento administrativo
El 3 de marzo de 2004, ABB Ltd informó a la Comisión de la existencia de prácticas anticompetitivas en el sector de los GIS
y presentó una solicitud oral de dispensa de multas al amparo de la Comunicación de la Comisión de 19 de febrero de 2002 relativa
a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cartel (DO C 45, p. 3; en lo sucesivo, «Comunicación
sobre la cooperación»).
Las prácticas denunciadas por ABB consistían en la coordinación a escala mundial de la venta de proyectos de GIS, que comprendía
el reparto de mercados, la atribución de cuotas y el mantenimiento de las cuotas de mercado, la atribución de proyectos de
GIS a productores designados al efecto y la manipulación del procedimiento de licitación (ofertas trucadas) para que los contratos
se adjudicaran a esos productores, la fijación de precios mediante pactos complejos sobre los precios de los proyectos de
GIS que no se atribuían, la resolución de los contratos de licencia con sociedades no pertenecientes al cartel y el intercambio
de información sensible sobre el mercado.
La solicitud oral de dispensa de las multas presentada por ABB se completó, en particular el 7 de mayo de 2004, con observaciones
orales y pruebas documentales. El 25 de abril de 2004 la Comisión concedió una dispensa condicionada a ABB.
Basándose en las declaraciones de ABB, la Comisión inició una investigación y practicó los días 11 y 12 de mayo de 2004 inspecciones
en los locales de varias sociedades activas en el sector de los GIS.
Entre el 14 y el 25 de mayo de 2004 el grupo Areva cooperó con la Comisión, y le proporcionó, con arreglo a la Comunicación
sobre la cooperación, diversas pruebas documentales e informaciones.
El 30 de julio de 2004 el grupo cuya sociedad matriz era VA Technologie AG (en lo sucesivo, «grupo VA Tech») cooperó con la
Comisión, y le proporcionó, con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación, diversas pruebas documentales e informaciones.
A partir del 9 de septiembre de 2004 los representantes del grupo Hitachi o de JAEPS también cooperaron con la Comisión y
le proporcionaron diversas pruebas documentales e informaciones con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación.
El 4 de octubre de 2004 FEH y FES respondieron a una solicitud de información que les había dirigido la Comisión en virtud
del artículo 18 del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas
sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO L 1, p. 1) (en lo sucesivo, «respuesta de 4 de octubre
de 2004 a la solicitud de información»). El mismo día ABB respondió también a una solicitud de información de la Comisión.
El 4 de noviembre de 2004 Mitsubishi Electric System Corp. (en lo sucesivo, «Melco») presentó a la Comisión una solicitud
con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación, relacionada con su «informe sobre su participación en ciertos pactos relativos
al mercado de los [proyectos] de GIS».
El 5 de noviembre de 2004 el grupo Areva respondió a la solicitud de información de la Comisión.
El 20 de abril de 2006, la Comisión emitió un pliego de cargos que dirigió, además de a FEH y FES, a ABB, a Alstom, société
anonyme, a Areva, société anonyme, a Areva T & D AG, a Areva T & D Holding SA y a Areva T & D SA (en lo sucesivo, designadas
conjuntamente, «sociedades del grupo Areva»), a Hitachi y a Hitachi Europe Ltd (en lo sucesivo, designadas conjuntamente,
«sociedades del grupo Hitachi»), a JAEPS, a Melco, a Nuova Magrini Galileo SpA, a Schneider Electric SA (en lo sucesivo, «Schneider»),
a Siemens AG, a Toshiba Corp. y a cinco sociedades del grupo VA Tech, entre ellas VA Technologie.
El 30 de junio de 2006 FEH y FES enviaron a la Comisión sus observaciones en respuesta al pliego de cargos, dentro de los
plazos prescritos. Como anexo a su respuesta al pliego de cargos, presentaron diversas declaraciones o documentos para los
que se pedía un tratamiento confidencial. De igual modo, ABB, Alstom, las sociedades del grupo Areva, las sociedades del grupo
Hitachi o JAEPS, Melco, Schneider, Siemens AG Österreich, Siemens y Toshiba respondieron por escrito al pliego de cargos dentro
de los plazos prescritos.
Mediante escrito de 12 de julio de 2006 FEH y FES cooperaron con la Comisión y le proporcionaron diversas pruebas documentales
e informaciones conforme a la Comunicación sobre la cooperación.
El 14 de julio de 2006 ABB envió a la Comisión un «complemento de respuesta al pliego de cargos».
Los días 18 y 19 de julio de 2006 la Comisión procedió a la audiencia de las sociedades a las que había enviado el pliego
de cargos.
El 25 de agosto de 2006 la Comisión puso a disposición de las partes en el procedimiento, para que formularan sus comentarios,
extractos de la versión no confidencial de la respuesta de FEH y de FES al pliego de cargos, la solicitud de FEH y de FES
de 12 de julio de 2006 con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación, el complemento de respuesta de ABB al pliego de
cargos y documentos complementarios.
El 11 de septiembre de 2006 FEH y FES presentaron sus observaciones sobre el complemento de respuesta de ABB al pliego de
cargos.
Mediante escrito de 29 de septiembre de 2006 FEH y FES aportaron a la Comisión un nuevo testimonio emanante de uno de sus
antiguos empleados, el Sr. M.H.
Mediante escrito de 10 de noviembre de 2006 FEH y FES comunicaron a la Comisión sus observaciones sobre los comentarios acerca
del poder de dirección en el seno de JAEPS que las sociedades del grupo Hitachi o JAEPS habían expuesto a la Comisión en un
escrito de 29 de septiembre de 2006.
Mediante escrito de 14 de noviembre de 2006 la Comisión solicitó a FEH y FES comentarios adicionales sobre varios medios de
prueba que éstas consideraban pertinentes para la decisión final. FEH y FES respondieron con un escrito de 21 de noviembre
de 2006.
4.
Decisión impugnada
El 24 de enero de 2007 la Comisión adoptó la Decisión impugnada, de la que se publicó un resumen en el Diario Oficial de 10
de enero de 2008 (DO C 5, p. 7). Ésta fue notificada a FEH y FES el 9 de febrero de 2007.
Además de FEH y FES, la Decisión impugnada se dirigió a ABB, a Alstom, a las sociedades del grupo Areva, a las sociedades
del grupo Hitachi, a JAEPS, a Melco, a Nuova Magrini Galileo, a Schneider, a Siemens, a Siemens AG Österreich, a Siemens Transmission
& Distribution Ltd (en lo sucesivo, «Reyrolle»), a Siemens Transmission & Distribution SA, a Toshiba y a VA Tech Transmission
& Distribution GmbH & Co. KEG.
En los considerandos 113 a 123 de la Decisión impugnada la Comisión indicó que las diferentes empresas que habían participado
en el cartel coordinaron la atribución de proyectos de GIS a escala mundial, excepto en ciertos mercados, según reglas pactadas,
para mantener en especial cuotas que reflejaban en amplio grado sus cuotas de mercado históricas estimadas. Puntualizó que
la atribución de los proyectos de GIS se realizaba a partir de una cuota conjunta «japonesa» y una cuota conjunta «europea»
que después debían repartirse entre sí los productores japoneses y los europeos respectivamente. Un acuerdo firmado en Viena
el 15 de abril de 1988 (en lo sucesivo, «acuerdo GQ») establecía reglas que permitían atribuir los proyectos de GIS bien a
los productores japoneses, bien a los europeos, e imputar su valor a la cuota correspondiente. Por otra parte, en los considerandos
124 a 132 de la Decisión impugnada la Comisión precisó que las diferentes empresas participantes en el cartel habían concluido
un pacto no escrito (en lo sucesivo, «pacto común»), en virtud del cual los proyectos de GIS en Japón, por un lado, y en los
países de los miembros europeos del cartel, por otro, designados conjuntamente como los «países constructores» de los proyectos
de GIS, se reservaban respectivamente a los miembros japoneses y a los miembros europeos del cartel. Los proyectos de GIS
en los «países constructores» no eran objeto de intercambio de información entre los dos grupos y no se imputaban a las respectivas
cuotas.
El acuerdo GQ contenía también reglas sobre el intercambio de la información necesaria para el funcionamiento del cartel entre
los dos grupos de productores, que estaba a cargo en particular de los secretarios de ambos grupos, para la manipulación de
las licitaciones correspondientes y para la fijación de precios de los proyectos de GIS que no podían ser atribuidos. A tenor
de su anexo 2 el acuerdo GQ se aplicaba en todo el mundo, excepto los Estados Unidos, Canadá, Japón y 17 países de Europa
occidental. Además, en virtud del pacto común los proyectos de GIS en los países europeos distintos de los «países constructores»
también se reservaban para el grupo europeo, ya que los productores japoneses se habían comprometido a no presentar ofertas
para los proyectos de GIS en Europa.
Según la Comisión el reparto de los proyectos de GIS entre productores europeos se regía por un acuerdo también firmado en
Viena el 15 de abril de 1988, titulado «E-Group Operation Agreement for GQ-Agreement» (en lo sucesivo, «acuerdo EQ»). La Comisión
indicó que la atribución de los proyectos de GIS en Europa se ajustaba a las mismas reglas y procedimientos que regulaban
la atribución de los proyectos de GIS en otros países. En particular los proyectos de GIS en Europa también tenían que ser
notificados, registrados, atribuidos, arreglados o se les había asignado un nivel de precio mínimo.
En el considerando 142 de la Decisión impugnada, la Comisión constató que en el acuerdo GQ y en el acuerdo EQ, así como a
efectos de la organización y el funcionamiento del cartel, los diferentes miembros de éste se identificaban con un código,
compuesto de cifras para los miembros europeos del cartel y de letras para los miembros japoneses. Los códigos iniciales se
sustituyeron por números a partir de julio de 2002.
En el artículo 1, letra g), de la Decisión impugnada la Comisión declaró que FEH había infringido el artículo 81 CE y el artículo
53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»), al participar en un conjunto de acuerdos
y prácticas concertadas en el sector de los proyectos de GIS en el EEE durante el período que va del 15 de abril de 1988 al
8 de mayo de 2004, y en el artículo 1, letra h), de la Decisión impugnada declaró que FES había participado en la infracción
durante el mismo período. Por otra parte, en el artículo 1, letra k), de la Decisión impugnada la Comisión declaró que JAEPS
había participado en la misma infracción durante el período que va del 1 de octubre de 2002 al 11 de mayo de 2004.
Por las infracciones declaradas en el artículo 1 de la Decisión impugnada, se impuso a FEH y a FES en el artículo 2, letra d),
de la Decisión impugnada una multa de 2.400.000 euros, que debían pagar solidariamente, y en el artículo 2, letra f), de la
Decisión impugnada una multa de 1.350.000 euros que debían pagar solidariamente con JAEPS e Hitachi.

Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 19 de abril de 2007, FEH y FES interpusieron el presente recurso.
En ella indicaron en especial que la propia demanda, sus anexos y los documentos presentados en la Secretaría contenían informaciones
confidenciales a las que debía atribuirse un tratamiento confidencial frente a terceros.
Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Segunda) decidió iniciar la fase oral del procedimiento y, en el marco
de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal,
formuló diversas preguntas a las partes y les pidió que aportaran determinados documentos. Éstas respondieron en los plazos
señalados.
Mediante escrito registrado en la Secretaría del Tribunal el 26 de enero de 2010 FEH y FES expusieron varias observaciones
sobre el informe para la vista que se les había comunicado el 11 de enero de 2010, acerca del momento en el que habían transferido
sus actividades en materia de GIS a JAEPS y del momento en el que habían adquirido una participación en JAEPS.
En la vista de 9 de febrero de 2010 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas
por el Tribunal. FEH y FES puntualizaron en especial que con sus observaciones sobre el informe para la vista no pretendían
plantear al Tribunal de forma incidental un motivo fundado en errores de hecho en los que incurría la Decisión impugnada al
imputar a FES, en su calidad de sociedad matriz de JAEPS, la participación de esta última en la infracción, a través de las
actividades en materia de GIS, durante el período que va del 1 de octubre de 2002 al 30 de septiembre de 2003. En la vista
el Tribunal acordó una nueva diligencia de ordenación del procedimiento, instando a FEH y FES a precisar el objeto de la solicitud
de confidencialidad formulada en la demanda (véase el anterior apartado 36). Se hicieron constar en el acta de la vista las
observaciones de FEH y FES y la diligencia de ordenación del procedimiento, antes referidas. FEH y FES precisaron el objeto
de su solicitud de confidencialidad en un escrito de 23 de febrero de 2010, dentro del plazo fijado.
La fase oral del procedimiento concluyó el 3 de marzo de 2010.
Mediante auto de 25 de noviembre de 2010 el Tribunal acordó reabrir la fase oral y formuló nuevas preguntas a las partes en
el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del
Tribunal. Se instó en particular a las partes a indicar las consecuencias para el presente asunto que deducían de los apartados
87 a 92 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de julio de 2010, Knauf Gips/Comisión (C‑407/08 P, Rec. p. I‑0000).
Las partes respondieron a las preguntas del Tribunal en el plazo prescrito.
La fase oral del procedimiento concluyó el 10 de enero de 2011.
Mediante escrito de 22 de junio de 2011 el representante de FEH y FES informó al Tribunal, aportando documentos acreditativos,
de que FES había dejado de existir desde el 1 de abril de 2011, a raíz de su absorción por FEH, la cual había cambiado su
denominación social, que pasaba a ser Fuji Electric Co. Ltd (en lo sucesivo, «demandante»). Por decisión del Presidente de
la Sala Segunda del Tribunal de 29 de junio de 2011 ese escrito se unió a los autos, de lo que se informó a la Comisión
La demandante, anteriormente denominada FEH y sucesora en Derecho de FES, solicita al Tribunal que:
–        Anule el artículo 1, letra g), de la Decisión impugnada, en cuanto indica que la infracción imputada a FEH prosiguió después
del 1 de septiembre de 2000.
–        Anule el artículo 1, letra h), de la Decisión impugnada.
–        Anule el artículo 2, letra d), de la Decisión impugnada, en cuanto considera a FES solidariamente responsable del pago de
la multa impuesta.
–        Anule el artículo 2, letra f), de la Decisión impugnada, en cuanto considera a FEH y a FES solidariamente responsables del
pago de la multa impuesta.
–        Reduzca la cuantía de la multa impuesta a FEH y a FES.
–        Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso por infundado.
–        Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho
Aunque FEH y FES habían interpuesto conjuntamente el presente recurso, sus intereses en el marco de éste no eran idénticos
y sólo coincidían en parte, como resulta de los puntos de la demanda que resumen el objeto del presente litigio. No obstante,
desde el 1 de abril de 2001 los intereses de FEH y FES se unen en la persona de la demandante.
En el presente asunto la demandante solicita en sustancia la anulación del artículo 1, letra g), de la Decisión impugnada,
en cuanto la Comisión considera a FEH personalmente responsable de la infracción durante el período que va del mes de septiembre
de 2000 al 30 de septiembre de 2002, y del artículo 2, letra d), de la Decisión impugnada, en cuanto la Comisión impone a
FEH por esa razón una multa de 2.400.000 euros, que debe pagar solidariamente con FES. En apoyo de esa pretensión aduce tres
primeros motivos, fundados respectivamente en errores manifiestos de apreciación y en la vulneración del derecho a un proceso
justo y del principio de presunción de inocencia, en la infracción de las reglas en materia de reparto de la carga de la prueba
y en la vulneración del principio de igualdad de trato.
Por otro lado, la demandante solicita la anulación del artículo 1, letra h), de la Decisión impugnada, en cuanto la Comisión
considera a FES personalmente responsable de la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 11 de mayo
de 2004, y del artículo 2, letras d) y f), de la Decisión impugnada, en cuanto la Comisión impone a FES por esa razón una
multa de 1.350.000 euros, que debe pagar solidariamente con FEH, JAEPS e Hitachi. En apoyo de esa pretensión la demandante
alega un error manifiesto de apreciación mediante un cuarto motivo.
La demandante solicita, además, la anulación del artículo 2, letra f), de la Decisión impugnada, en cuanto la Comisión se
basó en la apreciación de que FEH y FES podían ser consideradas personalmente responsables por la participación de JAEPS en
la infracción durante el período que va del 1 de de octubre de 2002 al 11 de mayo de 2004, y en cuanto la Comisión les impuso
por esa razón una multa de 1.350.000 euros que deben pagar solidariamente con JAEPS e Hitachi. En apoyo de esa pretensión
la demandante alega errores manifiestos de apreciación mediante un cuarto y un quinto motivo.
La demandante solicita finalmente la reducción del importe de las multas que se impusieron a FEH y FES en el artículo 2, letras d)
y f), de la Decisión impugnada. En apoyo de esa pretensión la demandante expone su argumentación mediante un sexto motivo.
1.
Sobre las pretensiones de anulación parcial de la Decisión impugnada
En apoyo de sus pretensiones de anulación parcial de la Decisión impugnada, la demandante aduce cinco motivos.
En sus tres primeros motivos la demandante alega en sustancia que el artículo 1, letra g), y el artículo 2, letra d), de la
Decisión impugnada deben anularse ya que la Comisión ha constatado o se ha basado en la constatación de que FES infringió
el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE durante el período que va del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre
de 2002, fecha en la que el grupo Fuji transfirió sus actividades en materia de GIS a JAEPS. El primer motivo se funda en
que la Comisión cometió errores manifiestos de apreciación y vulneró el derecho a un proceso justo, el principio de presunción
de inocencia y el principio
in dubio pro reo
, al estimar en la Decisión impugnada que FEH había seguido participando en el cartel resultante del acuerdo GQ tras la reunión
de los miembros japoneses que tuvo lugar «en o alrededor» del mes de septiembre de 2000. El segundo motivo se basa en que
la Comisión infringió las reglas en materia de reparto de la carga de la prueba. El tercer motivo se basa en que la Comisión
vulneró el principio de igualdad de trato.
En su cuarto motivo la demandante sostiene que el artículo 1, letra h), y el artículo 2, letras d) y f), de la Decisión impugnada
deben anularse, en cuanto la Comisión considera a FES solidariamente responsable del pago de las multas impuestas, ya que
se fundan en una apreciación manifiestamente errónea de los hechos del presente asunto, según la cual FES puede ser considerada
personalmente responsable de la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 11 de mayo de 2004.
En su quinto motivo la demandante afirma que el artículo 2, letra f), de la Decisión impugnada debe anularse en cuando descansa
en una apreciación manifiestamente errónea de los hechos del presente asunto, según la cual FEH y FES, en su condición de
sociedades matrices de JAEPS, pueden ser consideradas personal y solidariamente responsables, junto con Hitachi y JAEPS, de
la infracción durante el período que va del 1 de octubre de 2002 al 11 de mayo de 2004.

Observaciones previas sobre las empresas relacionadas con la infracción constatada en el artículo 1, letras g) y h), de la
Decisión impugnada y sobre la responsabilidad incurrida por FEH y FES por esa causa
Antes de examinar los cinco primeros motivos de la demandante es necesario precisar cuáles son las empresas cuya participación
en la infracción se ha imputado a FEH y FES en el artículo 1, letras g) y h), de la Decisión impugnada.
Sobre esa cuestión, hay que recordar que el Derecho de la competencia se dirige a las «empresas», y que en ese contexto debe
entenderse que el concepto de empresa designa una unidad económica desde el punto de vista del objeto de la infracción de
que se trate (véanse en ese sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1984, Hydrotherm Gerätebau, 170/83,
Rec. p. 2999, apartado 11; las sentencias del Tribunal General de 29 de junio de 2000, DSG/Comisión, T‑234/95, Rec. p. II‑2603,
apartado 124, y de 15 de septiembre de 2005, DaimlerChrysler/Comisión, T‑325/01, Rec. p. II‑3319, apartado 85). Al prohibir
a las empresas, en particular, la celebración de acuerdos o la participación en prácticas concertadas que puedan afectar al
comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia
dentro del mercado interior, el apartado 1 del artículo 81 CE se dirige a unas entidades económicas cada una de las cuales
consiste en una organización unitaria de elementos personales, materiales e inmateriales que persigue de manera duradera un
fin económico determinado, organización capaz de participar en la comisión de una infracción de las que contempla dicha norma
(véanse las sentencias del Tribunal de 17 de diciembre de 1991, Enichem Anic/Comisión, T‑6/89, Rec. p. II‑1623, apartado 235,
y de 10 de marzo de 1992, Shell/Comisión, T‑11/89, Rec. p. II‑757, apartado 311).
A efectos de la aplicación y de la ejecución de las decisiones adoptadas en aplicación del artículo 81 CE es necesario sin
embargo dirigirlas a una entidad dotada de personalidad jurídica (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de
20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, denominada «PVC II», T‑305/94 a T‑307/94, T‑313/94 a T‑316/94,
T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 y T‑335/94, Rec. p. II‑931, apartado 978, y de 12 de diciembre de 2007, Akzo Nobel
y otros/Comisión, T‑112/05, Rec. p. II‑5049, apartado 59). Así pues, cuando la Comisión adopta una decisión en aplicación
del artículo 81 CE, apartado 1, debe identificar a la o las personas físicas o jurídicas que puedan ser consideradas responsables
del comportamiento de la empresa de que se trate y que puedan ser sancionadas en ese concepto, a las que se dirigirá la decisión
(véase en ese sentido la sentencia Hydrotherm Gerätebau, apartado 56
supra,
apartado 11).
Conforme al principio de la responsabilidad personal (sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1972, ICI/Comisión,
48/69, Rec. p. 619, apartados 131 a 141; de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, apartado
78, y de 11 de diciembre de 2007, ETI y otros, C‑280/06, Rec. p. I‑10893, apartado 39; véanse también las conclusiones de
la Abogado General Kokott en el asunto en el que recayó la sentencia ETI y otros, antes citada, puntos 71 y siguientes), según
el cual no puede considerarse responsable a cada sociedad más que de sus propios actos (conclusiones del Abogado General Cosmas
en el asunto que dio lugar a la sentencia Comisión/Anic Partecipazioni, antes citada, Rec. p. I‑4130, punto 74), en principio
incumbe a la persona que dirigía a la empresa en el momento en que se cometió la infracción responder por ella, aun cuando
en el momento de adoptarse la decisión por la que se declara la existencia de la infracción la explotación de la empresa estuviera
bajo la responsabilidad o la dirección de otra persona (sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, SCA
Holding/Comisión, C‑297/98 P, Rec. p. I‑10101, apartado 27; Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión, C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925,
apartado 37, y Cascades/Comisión, C‑279/98 P, Rec. p. I‑9693, apartado 79).
Según la jurisprudencia, cuando varias personas pueden ser consideradas personalmente responsables por la participación en
una infracción de una misma y única empresa, en el sentido del Derecho de la competencia, deben ser consideradas solidariamente
responsables de dicha infracción (véanse en ese sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 6 de marzo de 1974, Istituto
Chemioterapico Italiano y Commercial Solvents/Comisión, 6/73 y 7/73, Rec. p. 223, apartado 41, y de 16 de noviembre de 2000,
Metsä-Serla y otros/Comisión, C‑294/98 P, Rec. p. I‑10065, apartados 33 y 34; las sentencias del Tribunal General de 20 de
marzo de 2002, HFB y otros/Comisión, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, apartados 54, 524 y 525; de 15 de junio de 2005, Tokai Carbon
y otros/Comisión, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 y T‑91/03, no publicada en la Recopilación, apartado 62, y Akzo Nobel y otros/Comisión,
apartado 57
supra,
apartados 57 a 62). De esas sentencias resulta además que puede considerarse personal y solidariamente responsables por la
participación de una única y misma empresa en una infracción a la persona bajo cuya responsabilidad o dirección se hallaba
directamente la empresa cuando se cometió la infracción así como a la persona que dirigía indirectamente esa misma empresa
al tiempo de la comisión de la infracción dado que ejercía efectivamente un poder de control sobre la primera persona referida
(véase también en ese sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2009, Papierfabrik August Koehler
y otros/Comisión, C‑322/07 P, C‑327/07 P y C‑338/07 P, Rec. p. I‑7191, apartados 40, 43 y 44). De ello se deduce que la jurisprudencia
citada en el anterior apartado 58 debe entenderse en el sentido de que se refiere a la responsabilidad personal tanto de la
persona que dirigía directamente la empresa al tiempo de la infracción como de quien dirigía indirectamente esa empresa durante
el mismo tiempo.
La jurisprudencia expuesta en los anteriores apartados 56 a 59 es aplicable por analogía al artículo 53 del Acuerdo EEE y
a las decisiones de la Comisión adoptadas en aplicación de éste.
De la Decisión impugnada, y en especial de la descripción del «sector objeto del procedimiento» en los considerandos 5 a 87,
y de las «empresas afectadas por el procedimiento» o del «trato diferenciado» atribuido a estas últimas en los considerandos
28 a 44 y 482, resulta que la Comisión identificó, entre las empresas que habían participado en la infracción constatada en
el artículo 1 de la Decisión impugnada, a la organización unitaria de los elementos personales, materiales e inmateriales
que explotaba las actividades en materia de GIS del grupo Fuji durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 30 de
septiembre de 2002 (en lo sucesivo, «primera empresa afectada»), por una parte, y por otra a la organización unitaria de los
elementos personales, materiales e inmateriales que explotaba las actividades en materia de GIS del grupo Fuji, de Hitachi
y de Meidensha que se habían transferido a JAEPS durante el período que va del 1 de octubre de 2002 al 11 de mayo de 2004
(en lo sucesivo, «segunda empresa afectada»).
Además, resulta del considerando 379 de la Decisión impugnada que FEH y FES fueron consideradas personal y solidariamente
responsables por la participación de la primera empresa afectada en la infracción durante el período que va del 15 de abril
de 1988 al 30 de septiembre de 2002. Se deduce de los considerandos 32, 33 y 373 de la Decisión impugnada que la responsabilidad
en que incurrieron por esa razón por FEH y FES nace de que éstas «conducían» o dirigían, «entre otras», a la primera empresa
afectada durante ese mismo período y que por consiguiente estaban directamente implicadas en la participación de esa empresa
en la infracción.
Por otra parte, se deduce del considerando 380 de la Decisión impugnada que FEH y FES fueron consideradas personal y solidariamente
responsables, junto con Hitachi y JAEPS, por la participación de la segunda empresa afectada en la infracción durante el período
que va del 1 de octubre de 2002 al 11 de mayo de 2004. Además, resulta de los considerandos 380, 385 y 402 de la Decisión
impugnada que la responsabilidad en que incurrieron FEH y FES, por esa causa, nace únicamente de que, junto con Hitachi, habían
determinado el comportamiento en el mercado de JAEPS, su filial común bajo cuya responsabilidad se hallaba directamente la
segunda empresa afectada, y que por tanto estaban indirectamente implicadas en la participación de esa empresa en la infracción,
en su calidad de sociedades matrices de JAEPS.
Atendiendo a las apreciaciones anteriores deben examinarse los cinco primeros motivos de la demandante. Por razones de oportunidad
y de economía procesal es conveniente abordar a la vez los dos primeros motivos, basados en errores manifiestos de apreciación
y en la vulneración del derecho a un proceso justo, del principio de presunción de inocencia y del principio in
dubio pro reo
y en la infracción de las reglas en materia de reparto de la carga de la prueba.

Sur los motivos primero y segundo, basados en errores manifiestos de apreciación y en la vulneración del derecho a un proceso
justo, del principio de presunción de inocencia y del principio
in dubio pro reo
y en la infracción de las reglas en materia de reparto de la carga de la prueba
Alegaciones de las partes
En sus motivos primero y segundo la demandante reprocha en sustancia a la Comisión haber cometido varios errores manifiestos
de apreciación y haber vulnerado las reglas en materia de reparto de la carga de la prueba, porque en el artículo 1, letra g),
de la Decisión impugnada consideró a FEH personalmente responsable por la participación de la primera empresa afectada en
la infracción durante el período que va desde la reunión de los miembros japoneses del cartel que tuvo lugar «en o alrededor»
del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002, fecha en la que el grupo Fuji transfirió sus actividades en materia
de GIS a JAEPS, y porque en el artículo 2, letra d), de la Decisión impugnada impuso por esa razón a FEH una multa de 2.400.000 euros,
que debe pagar solidariamente con FES. La Comisión no ha aportado de forma suficiente en Derecho la prueba que le incumbe
de que la primera empresa afectada continuara participando en el «cartel derivado del acuerdo GQ», que prosiguió tras la reunión
de los miembros japoneses que tuvo lugar «en o alrededor» del mes de septiembre de 2000. Además, el razonamiento de la Comisión
sobre ese aspecto incurre en varios errores manifiestos de apreciación de los medios de prueba.
La Comisión refuta las alegaciones de la demandante y solicita la desestimación de los motivos primero y segundo.
Apreciación del Tribunal
Antes de analizar el fondo de los motivos primero y segundo es importante identificar el objeto exacto de la impugnación que
sustenta esos dos motivos y los considerandos de la Decisión impugnada objeto de esa impugnación, así como recordar las reglas
aplicables a la prueba de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE y a la prueba de la participación
de una empresa en tal infracción.
–       Sobre el objeto exacto de la impugnación que sustenta los motivos primero y segundo
En el presente asunto la demandante no rebate la participación de la primera empresa afectada en la infracción durante el
período que va del 15 de abril de 1988 al mes de septiembre de 2000, ni la responsabilidad en la que incurre personalmente
FEH por dicha participación. Por otro lado, no refuta que FEH dirigió junto con otras sociedades la primera empresa afectada
durante el período que va del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002.
Además, aunque la demandante se esfuerza en diferenciar el «cartel derivado del acuerdo GQ», que afirma finalizó a raíz de
la salida de Siemens y de Hitachi, y el «cartel derivado del nuevo plan», que según alega comenzó a mediados del año 2002,
no expone sin embargo motivos ni alegaciones específicos contra las apreciaciones de la Comisión, que figuran en los considerandos
2, 3, 248 y 270 a 299 de la Decisión impugnada, según las cuales los diferentes acuerdos y prácticas concertadas que se sucedieron
del 15 de abril de 1988 al 11 de mayo de 2004, no eran otra cosa que diferentes manifestaciones de un plan único y común.
En consecuencia, no puede estimarse que haya impugnado válidamente dichas apreciaciones y por tanto el carácter único y continuado
de la infracción mediante sus motivos primero y segundo.
Por último, la demandante no niega que la segunda empresa afectada participó en la infracción durante el período que va del
1 de octubre de 2002 al 11 de mayo de 2004. Únicamente refuta que FEH haya podido incurrir en responsabilidad alguna, e impugna
en consecuencia la imposición de una multa por esa razón, dado que FEH no había determinado el comportamiento de JAEPS en
el mercado y por tanto no estaba implicada en su calidad de sociedad matriz de JAEPS en la participación de la segunda empresa
afectada en la infracción (véanse los apartados 173 y siguientes
supra)
.
En cambio, la demandante reprocha a la Comisión haber apreciado de forma errónea los medios de prueba que se le presentaron
y haber vulnerado el derecho a un proceso justo, el principio de presunción de inocencia y el principio
in dubio pro reo,
así como haber infringido la reglas en materia de reparto de la carga de la prueba, al estimar que la infracción declarada
en el artículo 1 de la Decisión impugnada prosiguió durante el período que va del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre
de 2002 y que la primera empresa afectada continuó participando en ella, de lo que podía considerarse personalmente responsable
a FEH en virtud de la dirección que ejercía sobre esa empresa cuando se cometió la infracción. Según la demandante, la Comisión
no aportó en la Decisión impugnada, de forma suficiente en Derecho y sin errores manifiestos de apreciación de los medios
de prueba, la demostración de que la primera empresa afectada hubiera seguido participando, bajo la dirección de FEH, en la
infracción declarada en el artículo 1 de la Decisión impugnada, que prosiguió durante el período que va del 1 de octubre de
2002 al 11 de mayo de 2004.
La Comisión afirma que en las circunstancias del presente asunto correspondía a las sociedades del grupo Fuji acreditar que
la primera empresa afectada había dejado de participar en la infracción durante el período referido.
Atendiendo a las alegaciones de las partes es necesario apreciar si en la Decisión impugnada la Comisión demostró de forma
suficiente en Derecho que la infracción había continuado, con la participación de la primera empresa afectada, durante el
período que va del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002.
–       Sobre los considerandos de la Decisión impugnada objeto de la impugnación que sustenta los motivos primero y segundo
Las apreciaciones de la Comisión referidas a la continuación de la infracción declarada en el artículo 1 de la Decisión impugnada
durante el período que va de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002, por una parte, y por otra a la participación
de la primera empresa afectada en dicha infracción durante el mismo período, son las siguientes.
En el considerando 323 de la Decisión impugnada la Comisión concluyó que los acuerdos y/o prácticas concertadas entre los
productores de proyectos de GIS se prolongaron desde el 15 de abril de 1988, al menos, hasta el 11 de mayo de 2004. En efecto,
en el contexto de la Decisión impugnada la mención en ese considerando del año «1998», en lugar del año «1988», resulta manifiestamente
de un error puramente material que conviene rectificar.
En los considerandos 324, 326 y 373 de la Decisión impugnada la Comisión indicó que FEH y FES habían participado en la infracción
durante el período que va del 15 de abril de 1988, fecha de adopción y de entrada en vigor de los acuerdos GQ y EQ, al 11
de mayo de 2004, fecha de la última reunión de trabajo de los miembros del cartel, que fue bruscamente interrumpida por las
inspecciones de la Comisión. En efecto, en el considerando 324 de la Decisión impugnada la mención del año «1998», en lugar
del año «1988», resulta manifiestamente de un error puramente material que se debe rectificar.
En los considerandos 177 a 216 de la Decisión impugnada la Comisión presentó «una perspectiva cronológica global de la evolución
del cartel». En ese contexto constató en los considerandos 178 y 179 de la Decisión impugnada lo siguiente:
«(178)      Siemens puso fin a su participación en las reuniones del cartel en septiembre de 1999, y le siguieron Hitachi y Schneider/VA
Tech en 2000. La ausencia de Siemens era especialmente desestabilizadora desde el punto de vista europeo, ya que esa sociedad
había sido el secretario del grupo «Europa» desde 1988 y era un operador principal del mercado tanto fuera como dentro de
Europa. No obstante, las actividades del cartel continuaron y Alstom se encargó de la función de secretario del grupo Europa.
Con un número de miembros reducido respecto a 1988, la logística se simplificó dado que ya no se justificaba una estructura
compleja.
(179)      En 2002 Siemens, Hitachi y VA Tech se reincorporaron al cartel […]»
En los considerandos 270 a 299 de la Decisión impugnada la Comisión indicó las razones por las que estimaba que «el conjunto
de los pactos en el presente caso present[aba] las características de una infracción única y continuada». En el considerando
279 de la Decisión impugnada señaló en especial que «algunos miembros del cartel afirmaron que, por su evolución, el cartel
cambió de naturaleza a partir de 2002, y que por tanto ha[bía] que diferenciar dos infracciones distintas, en lugar de una
infracción única y continuada». No obstante, en los considerandos 279 a 299 de la Decisión impugnada la Comisión expuso los
datos que a su parecer acreditaban que los diferentes acuerdos y prácticas concertadas que se habían sucedido del 15 de abril
de 1988 al 11 de mayo de 2004 no eran sino diferentes manifestaciones de un plan único y común y precisó que habría sido artificial
escindir un comportamiento tan continuo, caracterizado por un objetivo único, en varias infracciones distintas.
En el considerando 284 de la Decisión impugnada la Comisión indicó lo que sigue:
«ABB presentó una explicación de las prácticas descritas que es coherente con los hechos y los documentos del expediente,
incluidos los acuerdos escritos. Las declaraciones de esas empresas según las cuales hubo dos infracciones sucesivas divergen
de forma considerable sobre la fecha de terminación de la primera [véase el siguiente considerando 290]. Esas declaraciones
contradictorias difieren también de las pruebas documentales obtenidas en las inspecciones. Un análisis más riguroso revela
que esas declaraciones contradictorias corresponden en realidad a meras afirmaciones (de las que ninguna es coetánea de los
hechos), que no se sustentan en ninguna prueba coetánea de los hechos, o que sea determinante, que demuestre que el cartel
sobre los [proyectos de] GIS finalizó en alguna de las fechas indicadas. No constituyen pruebas de hechos sino apreciaciones
de los hechos propugnadas por las partes o deducciones de testigos que figuran en documentos elaborados a instancia de los
abogados para la defensa de las sociedades afectadas por el presente procedimiento. Las partes tienden a presentar las fechas
en las que consideran que el cartel funcionó con menos eficacia como las fechas en las que presuntamente el cartel finalizó
de facto.»
El considerando 290 de la Decisión impugnada precisa además lo siguiente:
«La Comisión no puede basarse en las declaraciones [de las sociedades del grupo] Areva, [de] Melco, [de las sociedades del
grupo] Hitachi [o de] JAEPS y [de] Toshiba en lo que atañe a sus respectivas afirmaciones de que el cartel finalizó por vez
primera, bien durante 1997 ([sociedades del grupo] Areva [en su solicitud en virtud de la Comunicación sobre la cooperación,
véase el siguiente punto 12], bien en septiembre de 1999 (Melco [en su respuesta al pliego de cargos] y Toshiba [en su respuesta
al pliego de cargos]) o durante 1999 tras la salida de Siemens ([sociedades del grupo] Hitachi [o] JAEPS [en su respuesta
al pliego de cargos]), bien incluso alrededor de septiembre de 2000 ([FEH y FES en su respuesta al pliego de cargos]). Las
declaraciones sobre ese aspecto no son fiables ya que se contradicen mutuamente, y como ya se ha indicado están en contradicción
con las pruebas obrantes en el expediente. Melco, Toshiba, Fuji, ABB, Alstom, Reyrolle/VA Tech y Magrini/Schneider (que pasaron
a ser después VAS y por tanto VA Tech), siguieron participando en reuniones multilaterales en 2000 y/o 2001 [véanse los anteriores
considerandos 191 a 198]. Además, son ambiguas y poco concluyentes.»
En los considerandos 191 a 198 de la Decisión impugnada la Comisión expuso los medios de prueba, aportados por ABB o las sociedades
del grupo Fuji, que demostraban, según ella, que el cartel había continuado tras la marcha de Siemens en septiembre de 1999,
a la que siguieron Hitachi y «Schneider/VA Tech», en 2000, y antes de su retorno progresivo a partir de marzo de 2002. Ante
todo, en los considerandos 191 a 196 de la Decisión impugnada la Comisión se refirió a documentos comunicados por ABB en su
solicitud de dispensa de multas (véase el anterior apartado 8), que corresponden a una serie de faxes intercambiados entre
el 18 de diciembre de 2000 y el 22 de enero de 2001 entre ABB, Melco y Alstom acerca de reuniones y de atribuciones de proyectos
de GIS. A continuación, en el considerando 197 de la Decisión impugnada la Comisión se refirió a un documento comunicado por
ABB en su solicitud de dispensa de multas que contenía una lista de «reuniones de comité» que abarcaban una parte del período
2000-2001 y llevaba la fecha de 12 de mayo de 2000. Señaló que se deducía de esa lista que los participantes en dichas reuniones
eran Reyrolle, Alstom, Schneider, ABB, Melco y Toshiba, pero no Siemens y «JAEPS (Hitachi)», lo que concordaba con la declaración
de ABB en su respuesta el 4 de octubre de 2004 a una solicitud de información de la Comisión (véase el anterior apartado 15)
«según la cual esas dos últimas sociedades no formaban parte del cartel en ese momento».Por último, en el considerando 198
de la Decisión impugnada la Comisión invocó un conjunto de documentos aportados por FEH y FES en su solicitud en virtud de
la Comunicación sobre la cooperación, y por ABB en un complemento de 7 de mayo de 2004 de su solicitud de dispensa de multas
(véase el anterior apartado 10), que se referían a acuerdos concluidos entre los miembros del cartel sobre ocho proyectos
de GIS que llevaban dentro del cartel los números de referencia
[confidencial],
(
) y que demostraban que el cartel había sido activo durante ese período.
La Comisión también estimó en los considerandos 372 y siguientes de la Decisión impugnada que la primera empresa afectada
había seguido participando en el cartel tras la reunión de los miembros japoneses que tuvo lugar «en o alrededor» de septiembre
de 2000. La Decisión impugnada manifiesta lo siguiente al respecto:
«(372)      Para imputar la responsabilidad a las entidades jurídicas apropiadas dentro [del grupo] Fuji, conviene distinguir dos períodos:
antes y después de la transferencia de las actividades [en materia de] GIS [del grupo] Fuji a JAEPS el 1 de octubre de 2002.
(373)      [FEH] y [FES] participaron en el comportamiento colusorio descrito en la presente Decisión a partir del 15 de abril de 1988,
cuando menos (fecha en la que Fuji se adhirió al acuerdo GQ) hasta el 30 de septiembre de 2002 (las actividades [en materia
de] GIS [del grupo] Fuji se transfirieron a JAEPS el 1 de octubre de 2002). [FEH] posee el 100 % del capital de [FES].
Alegaciones presentadas por Fuji
(374)      Fuji reconoce haber participado en el cartel descrito en el pliego de cargos entre 1988 y septiembre de 2000, pero no después.
La participación de Fuji en el cartel finalizó según alega “a más tardar en o alrededor de septiembre de 2000. Fuji nunca
tomó parte en el nuevo plan” ya que Fuji no participó posteriormente en las reuniones conjuntas con los proveedores europeos
y tampoco siguió intercambiando informaciones.
(375)      Fuji sostiene que, aunque algunos proyectos de acuerdos que [ella misma] ha presentado (véase el considerando 198) “según
su redacción son válidos más allá de esa fecha (septiembre de 2000), Fuji no era capaz de actuar basándose en ellos después
de septiembre de 2000, ya que todas las ‘fechas de terminación de la convocatoria de licitación habían vencido varios meses
antes’. Además, Fuji entendió que los acuerdos precedentes relacionados con el acuerdo GQ ya no tenían fuerza obligatoria
entre los miembros del cartel; Fuji no obtuvo ninguna de las licitaciones enumeradas y por tanto no se benefició de ninguno
de los pactos”.
Apreciación de la Comisión
(376)      Dado que Fuji no era miembro del comité “Europa/Japón”, no cabía suponer que se reuniera con los fabricantes europeos al nivel
directivo ni al nivel de los grupos de trabajo, sino sólo en las reuniones anuales. Por otra parte, éstas no jugaban un papel
esencial en la puesta en práctica del cartel, como ha confirmado expresamente Fuji al reconocer que también había participado
en el cartel en 2000 (año en el que no tuvo lugar ninguna reunión anual).
(377)      La declaración de Fuji de que abandonó el cartel alrededor de septiembre de 2000 no ha sido confirmada por ninguna de las
otras partes afectadas por el procedimiento, pese a que esa información les fue comunicada para que la pudieran comentar.
Por otro lado, la declaración de Fuji es poco clara dado que en ocasiones alega que su salida del cartel tuvo lugar “en o
alrededor de septiembre de 2000”, y en otro lugar en el mismo documento, “a más tardar en septiembre de 2000”. Fuji también
declara que “la última ficha de arreglo recibida por [el Sr. Oz.] databa de 28 de septiembre de 2000” y que “Fuji no siguió
en comunicación con el cartel del acuerdo GQ después de esa fecha”. Ello significa que se presumía que Fuji presentaría una
oferta “amañada” a un cliente para crear la impresión de cierta competencia sobre el proyecto, pero no aporta ninguna prueba
de que hubiera desistido del proyecto o bien de que hubiera ofertado en condiciones competitivas. Además, según afirma [el
Sr. I.H.] Fuji abandonó el cartel “poco después de Siemens” pero se ha acreditado por otro lado que Siemens se retiró en septiembre
de 1999. Esa declaración tampoco se confirma por indicación o prueba alguna en el expediente que permita afirmar que tomó
distancias públicamente con el cartel en septiembre de 2000.
(378)      Finalmente, incluso si la Comisión tuviera que reconocer la falta de todo nuevo intercambio del cartel con Fuji hasta la creación
de JAEPS, también debe tener en cuenta que en sus actividades comerciales Fuji no podía desconocer las informaciones ya intercambiadas,
y que los pactos ya concluidos seguían en vigor. Según las pruebas obrantes en el expediente, y en especial las informaciones
aportadas por Fuji, ésta era parte en ciertos pactos indicados en el considerando 198, cuya validez se extendía más allá de
septiembre de 2000 y cuyo incumplimiento era sancionable. Aunque la Comisión ha concedido a Fuji la posibilidad de formular
alegaciones y de presentar pruebas adicionales para rebatir esas conclusiones, Fuji no ha aportado prueba alguna que demuestre
que se había retirado de los pactos, que se había opuesto efectivamente a ellos o que no los había respetado. Por el contrario,
el hecho de que todas las “fechas de terminación de las licitaciones habían vencido varios meses antes”, como alega Fuji,
no hace más que reforzar la conclusión de que los pactos ya se habían adoptado y estaban en vigor. Además, el hecho de que
Fuji no obtuviera finalmente los contratos licitados (dato también alegado sin prueba que lo sustente), no afecta a las conclusiones
antes referidas. En primer término, porque Fuji participó en todos los pactos enumerados, pero no era el organizador de ellos
ni necesariamente su beneficiario. Su mención en la lista significaba que tenía que presentar ofertas pero no necesariamente
ser el candidato seleccionado. En segundo término, ya que, incluso si hubiera sido el candidato seleccionado por los miembros
del cartel (lo que Fuji no ha afirmado ni probado), no habría sido seguro aún así que obtuviera finalmente el contrato, dado
que otros licitadores que no formaban parte del cartel habrían podido lograrlo en lugar de Fuji.
(379)      Por las razones expuestas en los considerandos 334 y 373, [FEH] y [FES] deben ser consideradas solidariamente responsables
por la participación de Fuji en la infracción entre el 15 de abril de 1988 y el 30 de septiembre de 2002.»
–       Sobre las reglas aplicables a la prueba de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del acuerdo EEE y a la prueba
de la participación de una empresa en tal infracción
Como quiera que las partes discrepan acerca del reparto de la carga de la prueba, y más en general sobre la observancia o
no en el presente caso de las reglas aplicables a la prueba de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del acuerdo
EEE y a la prueba de la participación de una empresa en tal infracción, hay que recordar con carácter previo el Derecho aplicable
en la materia.
Según reiterada jurisprudencia en materia de carga de la prueba, por un lado, incumbe a la parte o autoridad que alegue una
infracción de las normas sobre competencia aportar las pruebas que acrediten de modo suficiente en Derecho la existencia de
hechos constitutivos de una infracción, y, por otro lado, incumbe a la empresa que invoque el amparo de una excepción frente
a la constatación de una infracción probar que se reúnen las condiciones necesarias para acogerse a dicha defensa, de modo
que la citada autoridad deba recurrir entonces a otros elementos de prueba (sentencia del Tribunal General de 16 de noviembre
de 2006, Peróxidos Orgánicos/Comisión, T‑120/04, Rec. p. II‑4441, apartado 50; véanse también en ese sentido las sentencias
del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 1998, Baustahlgewebe/Comisión, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, apartado 58, y de
7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P,
Rec. p. I‑123, apartado 78). La duración de la infracción es un elemento constitutivo del concepto de infracción a efectos
del artículo 81 CE, apartado 1, elemento cuya prueba incumbe, con carácter principal, a la Comisión. (sentencias del Tribunal
de 7 de julio de 1994, Dunlop Slazenger/Comisión, T‑43/92, Rec. p. II‑441, apartado 79, y Peróxidos Orgánicos/Comisión, antes
citada, apartado 51).
Este reparto de la carga de la prueba puede variar, no obstante, en la medida en que los elementos de hecho que invoca una
parte pueden obligar a la otra a dar una explicación o una justificación sin la cual es posible concluir que se ha aportado
la prueba (véanse en ese sentido las sentencias Aalborg Portland y otros/Comisión, apartado 84
supra,
apartado 79, y Peróxidos Orgánicos/Comisión, apartado 84
supra,
apartado 53).
En cuanto a los medios de prueba en los que se puede apoyar la Comisión, el principio que prevalece en el Derecho comunitario
es el de la libre aportación de las pruebas (sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007, Dalmine/Comisión,
C‑407/04 P, Rec. p. I‑829, apartado 63; sentencia del Tribunal General de 8 de julio de 2004, JFE Engineering y otros/Comisión,
T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 y T‑78/00, Rec. p. II‑2501, apartado 273). Al ser notorias tanto la prohibición de participar en
estos acuerdos y prácticas contrarios a la competencia como las sanciones a las que pueden exponerse los infractores, es habitual
que dichos acuerdos y prácticas se desarrollen clandestinamente, que las reuniones se celebren en secreto, a menudo en un
país tercero y que la documentación al respecto se reduzca a lo mínimo. Aunque la Comisión descubra documentos que acrediten
explícitamente un contacto ilícito entre los operadores, como las actas de una reunión, usualmente dichos documentos sólo
tendrán carácter fragmentario y disperso, de modo que con frecuencia resulta necesario reconstruir algunos detalles por deducción.
En la mayoría de los casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia se infiere de ciertas
coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de otra explicación coherente, la
prueba de una infracción de las normas sobre competencia (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, apartado 84
supra,
apartados 55 a 57). Tales indicios y coincidencias no sólo pueden arrojar luz sobre la existencia de prácticas o acuerdos
contrarios a la competencia, sino también sobre la duración de un comportamiento anticompetitivo continuado y sobre el período
de aplicación de un acuerdo que vulnera las normas en materia de competencia (sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de
septiembre de 2006, Technische Unie/Comisión, C‑113/04 P, Rec. p. I‑8831, apartado 166).
En cualquier caso, es necesario que la Comisión aporte pruebas precisas y concordantes para asentar la firme convicción de
que se ha cometido la infracción (véanse las sentencias del Tribunal de 6 de julio de 2000, Volkswagen/Comisión, T‑62/98,
Rec. p. II‑2707, apartados 43 y 72, y la jurisprudencia citada, JFE Engineering/Comisión, apartado 86
supra,
apartado 179, y la jurisprudencia citada, y de 25 de octubre de 2005, Groupe Danone/Comisión, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, apartado
217). Sin embargo, no todas las pruebas aportadas por la Comisión deben necesariamente responder a dichos criterios por lo
que respecta a cada elemento de la infracción. Basta que la serie de indicios invocada por la institución, apreciada globalmente,
responda a dicha exigencia (sentencias JFE Engineering/Comisión, apartado 86
supra,
apartado 180, y Groupe Danone/Comisión, antes citada, apartado 218; véase también en ese sentido la sentencia «PVC II», apartado
57
supra,
apartados 768 a 778 y en especial el apartado 777). Respecto a la duración, la jurisprudencia establece que, si no existen
pruebas que permitan demostrar directamente la duración de una infracción, la Comisión debe invocar al menos pruebas de hechos
suficientemente próximos en el tiempo, de modo que pueda admitirse razonablemente que la infracción prosiguió de manera ininterrumpida
entre dos fechas concretas (sentencias Technische Unie/Comisión, apartado 86
supra,
apartado 169; Dunlop Slazenger/Comisión, apartado 84
supra,
apartado 79, y Peróxidos Orgánicos/Comisión, apartado 84
supra,
apartado 51).
En cuanto al valor probatorio que debe reconocerse a los diferentes medios de prueba, hay que destacar que el único criterio
pertinente para apreciar las pruebas aportadas reside en su credibilidad (sentencia Dalmine/Comisión, apartado 86
supra,
apartado 63; véanse las sentencias del Tribunal de 5 de julio de 2004, Mannesmannröhren-Werke/Comisión, T‑44/00, Rec. p. II‑2223,
apartado 84, y la jurisprudencia citada; y JFE Engineering y otros/Comisión, apartado 86
supra,
apartado 273). Según las reglas generalmente aplicables en materia de prueba, la credibilidad y por consiguiente el valor
probatorio de un documento dependen de su origen, de las circunstancias de su elaboración, de su destinatario, y de su contenido
(sentencia del Tribunal de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 a T‑32/95, T‑34/95
a T‑39/95, T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 a T‑65/95, T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 y T‑104/95, Rec. p. II‑491,
apartado 1053; conclusiones del Juez Sr. Vesterdorf en funciones de Abogado General en el asunto que dio lugar a la sentencia
del Tribunal de 24 de octubre de 1991, Rhône-Poulenc/Comisión, T‑1/89, Rec. pp. II‑867, II‑869 y II‑956). Debe concederse
gran importancia en especial al hecho de que un documento se haya elaborado en relación inmediata con los hechos (sentencia
del Tribunal de 11 de marzo de 1999, Ensidesa/Comisión, T‑157/94, Rec. p. II‑707, apartado 312,) o por un testigo directo
de esos hechos (véase en ese sentido la sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, apartado 86
supra,
apartado 207). Los documentos de los que se desprende que hubo contactos entre varias empresas y que éstas persiguieron precisamente
la finalidad de eliminar de antemano la incertidumbre referente al comportamiento futuro de sus competidores demuestran de
forma suficiente en Derecho la existencia de una práctica concertada (véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de Justicia
de 16 de diciembre de 1975, Suiker Unie y otros/Comisión, 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, Rec.
p. 1663, apartados 175 y 179). Además, las declaraciones contrarias a los intereses del declarante deben considerarse, en
principio, pruebas especialmente fiables (véase en ese sentido la sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, apartado 86
supra,
apartados 207, 211 y 212).
Por último, hay que recordar que en un recurso de anulación interpuesto en virtud del artículo 230 CE (actualmente artículo
263 TFUE) contra una decisión de la Comisión que constata la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia
e impone multas a sus destinatarios, el papel del juez que conoce del asunto consiste en valorar si las pruebas y demás circunstancias
invocadas por la Comisión en su decisión bastan para acreditar la existencia de la infracción (sentencia JFE Engineering/Comisión,
apartado 86
supra,
apartados 174 y 175; véase también en ese sentido la sentencia «PVC II», apartado 57
supra,
apartado 891). Las dudas que pueda albergar el juez deben beneficiar a la empresa destinataria de la decisión, por lo que
el juez no puede concluir que la Comisión ha acreditado con arreglo a Derecho la existencia de la infracción de que se trate
si aún alberga dudas sobre esta cuestión (sentencias JFE Engineering/Comisión, apartado 86
supra,
apartado 177, y Groupe Danone/Comisión, apartado 87
supra,
apartado 215). En efecto, en esta última situación es preciso tener en cuenta el principio de la presunción de inocencia,
tal y como se halla recogido en el apartado 2 del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), que forma parte de los
derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia,
confirmada, por otra parte, por el Preámbulo del Acta Única Europea y por el artículo 6, apartado 2, del Tratado de la Unión
Europea, así como por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza el
7 de diciembre de 2000 (DO C 364, p. 1). Teniendo en cuenta la naturaleza de las infracciones contempladas, así como la naturaleza
y grado de severidad de las sanciones correspondientes, el principio de la presunción de inocencia se aplica a los procedimientos
relativos a violaciones de las normas de competencia aplicables a las empresas susceptibles de conducir a la imposición de
multas o multas coercitivas (sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1999, Hüls/Comisión, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287,
apartados 149 y 150, y Montecatini/Comisión, C‑235/92 P, Rec. p. I‑4539, apartados 175 y 176; sentencia Groupe Danone/Comisión,
apartado 87
supra,
apartado 216).
La existencia de una infracción debe apreciarse únicamente en función de los elementos de prueba reunidos por la Comisión
en la decisión que declara dicha infracción y la única cuestión pertinente es la de saber en el fondo si se aportó o no la
prueba de la infracción a la vista de esos elementos (sentencia Cimenteries CBR y otros/Comisión, apartado 88
supra,
apartado 726).
La jurisprudencia antes citada es aplicable por analogía al artículo 53 del Acuerdo EEE y a las decisiones de la Comisión
adoptadas en aplicación de ese artículo.
Atendiendo a las reglas expuestas en los anteriores apartados 84 a 91 se debe comprobar si en la Decisión impugnada la Comisión
ha puesto de manifiesto medios suficientemente creíbles, precisos y concordantes para sustentar, en el contexto de una apreciación
global y tras examinar las explicaciones o justificaciones alternativas presentadas por la demandante, la firme convicción
de que la infracción declarada en el artículo 1 de la Decisión impugnada continuó, con la participación de la primera empresa
afectada, durante el período que va del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002, de lo que FEH podía ser considerada
personalmente responsable a causa de la dirección que ejercía sobre esa empresa al tiempo de la comisión de la infracción.
–       Sobre el análisis de los medios de prueba en los que se funda la Decisión impugnada
Con carácter previo es preciso recordar los aspectos de hecho esenciales sobre los que la Comisión fundó en la Decisión impugnada
su apreciación de que la infracción declarada en el artículo 1 de ésta continuó, con la participación de la primera empresa
afectada, durante el período que va del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002.
En el considerando 290 de la Decisión impugnada la Comisión indicó que no tomaba en consideración las declaraciones emanantes
de FEH y de FES, de las sociedades del grupo Areva, de Melco, de las sociedades del grupo Hitachi o de JAEPS y de Toshiba,
según las cuales el cartel finalizó por primera vez bien durante 1997, bien en septiembre de 1999 o durante 1999, tras la
salida de Siemens, bien incluso alrededor de septiembre de 2000, debido a que esas declaraciones no eran fiables, o bien porque
eran ambiguas y poco concluyentes, ya que se contradecían mutuamente y estaban en contradicción con las pruebas obrantes en
el expediente (véase el anterior apartado 80). La Comisión puso de manifiesto en ese mismo considerando 290 de la Decisión
impugnada, puesto en relación con los considerandos 191 a 198, que la primera empresa afectada y otras empresas habían seguido
participando en reuniones multilaterales en 2000 y/o en 2001. Los medios en los que se apoya la Comisión para mostrar que
el cartel siguió funcionando, con la participación de la primera empresa afectada, tras la salida de «Schneider/VA Tech» el
13 de diciembre de 2000, son los mencionados en el apartado 81
supra
.
Ante todo, en lo que atañe a los faxes intercambiados por algunos miembros del cartel entre el 18 de diciembre de 2000 y el
22 de enero de 2001, acerca de reuniones y de atribución de proyectos de GIS, se ha de señalar que, como reconoce la Comisión,
las empresas que intervienen en esos intercambios son únicamente Alstom (posteriormente Areva), Melco y ABB. Así pues, como
alega fundadamente la demandante, si bien ese intercambio, que se remonta a la época de los hechos, acredita de forma creíble
y precisa actividades del cartel alrededor del mes de diciembre de 2000 y de enero de 2001, en cambio no aporta ningún indicio
de que la primera empresa afectada hubiera participado en ellas.
A continuación, en lo que se refiere a la lista de 12 de mayo de 2000, en ella figuran efectivamente trece «reuniones de comité»
programadas entre el 18 de mayo de 2000 y el 17 de mayo de 2001. El objeto anticompetitivo de esas «reuniones de comité» puede
deducirse de que la lista designa a cada una de las empresas interesadas con referencia al código que le correspondía dentro
del cartel, según se reproduce en los considerandos 142 y 197 de la Decisión impugnada, y de que, como confirmaron varios
miembros del cartel, algunas reuniones de los órganos –el comité conjunto Europa/Japón y el comité Europa– que participaban
en el funcionamiento operativo del cartel estaban planificadas, como también resulta de los considerandos 150 y 151 de la
Decisión impugnada. Además, dado que la celebración efectiva de seis de esas reuniones de comité ha sido confirmada por algunos
participantes en el cartel o bien está corroborada por otros datos del expediente, como notas de gastos de viaje o anotaciones
en agendas personales, las actividades del cartel durante el período que va del 18 de mayo de 2000 al 18 de enero de 2001
pueden considerarse acreditadas. No obstante, como reconoce la Comisión, las empresas que participaron en esas reuniones son
únicamente Reyrolle, Alstom, Schneider, ABB, Melco y Toshiba. De ello se deduce que, como alega fundadamente la demandante,
aunque esa lista acredita de forma creíble y precisa actividades del cartel entre el 18 de mayo de 2000 y el 17 de mayo de
2001, en cambio no aporta ningún indicio de que la primera empresa afectada hubiera participado en ellas.
Por último, en cuanto a los documentos relacionados con hechos que eran coetáneos de su elaboración, acerca de ocho proyectos
de GIS que llevaban los números de referencia
[confidencial],
ésos ponen de manifiesto acuerdos concluidos entre los miembros del cartel para la atribución de los proyectos de GIS antes
citados, y cuyo período de validez era variable. Así pues, esos documentos indican que la primera empresa afectada participó
junto con otros miembros del cartel en pactos con vistas a la atribución de ocho proyectos de GIS, que organizaron otros miembros
participantes en el cartel, que se concluyeron o entraron en vigor entre el
[confidencial]
y el
[confidencial],
y que eran válidos durante cerca de
[confidencial]
a partir de la fecha de su conclusión, o bien, en el caso del último proyecto, que llevaba el número de referencia
[confidencial],
hasta el
[confidencial].
Acerca de ello, es necesario recordar que, para que exista acuerdo, a efectos del artículo 81 CE, apartado 1, basta con que
las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado (sentencias
del Tribunal General de 24 de octubre de 1991, Petrofina/Comisión, T‑2/89, Rec. p. II‑1087, apartado 211, y de 10 de marzo
de 1992, ICI/Comisión, T‑13/89, Rec. p. II‑1021, apartado 253; véase también en ese sentido la sentencia del Tribunal de Justicia
de 15 de julio de 1970, ACF Chemiefarma/Comisión, 41/69, Rec. p. 661, apartado 112). Además, el artículo 81 CE es aplicable
cuando los efectos de un cartel han perdurado sin que formalmente se haya puesto fin a éste (véanse en ese sentido la sentencia
ICI/Comisión, antes citada, apartado 254, y la sentencia del Tribunal de 13 de diciembre de 2001, Acerinox/Comisión, T‑48/98,
Rec. p. II‑3859, apartado 63). La jurisprudencia antes citada es aplicable por analogía al artículo 53 del Acuerdo EEE.
En el presente caso la demandante no ha rebatido que, en aplicación de las reglas del cartel, FEH había concluido acuerdos
para la atribución dentro de éste de los ocho proyectos de GIS que llevaban los números de referencia
[confidencial].
Además, no ha refutado que, vistas sus estipulaciones, esos acuerdos estaban destinados a producir sus efectos entre el
[confidencial],
fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre el proyecto que llevaba el número de referencia [
confidencial
], y el
[confidencial],
fecha de terminación de la validez del acuerdo sobre el proyecto que llevaba el número de referencia
[confidencial].
Por otro lado, ningún dato obrante en el expediente permite constatar que la primera empresa afectada se hubiera distanciado
públicamente del cartel y de los acuerdos concluidos en su contexto. Ahora bien, una empresa que no se distancia de los resultados
de una reunión a la que ha asistido o de un acuerdo en el que ha sido parte sigue siendo en principio plenamente responsable
de su participación en el cartel. Sería demasiado fácil para las empresas minimizar el riesgo de verse obligadas a pagar una
cuantiosa multa si pudiesen beneficiarse de una concertación ilícita y a continuación conseguir una reducción de la multa
alegando que sólo desempeñaron un papel limitado en la ejecución de la infracción, a pesar de que su actitud incitó a otras
empresas a comportarse de una forma más perjudicial para la competencia (véase en ese sentido la sentencia Mannesmannröhren-Werke/Comisión,
apartado 88
supra,
apartado 278). De ello resulta que, suponiendo incluso que la primera empresa afectada no hubiera respetado el conjunto de
los acuerdos concluidos en el contexto del cartel, esa circunstancia no bastaría, a falta de prueba de un distanciamiento
público por su parte frente a los demás miembros del cartel, para exonerarle de la responsabilidad en la que incurre a causa
de su participación en esos acuerdos, y a través de ellos en la infracción declarada en el artículo 1 de la Decisión impugnada.
En consecuencia, debe considerarse que los faxes intercambiados entre algunos miembros del cartel entre el 18 de diciembre
de 2000 y el 22 de enero de 2001, la lista de las «reuniones de comité» de 12 de mayo de 2000 y los documentos referidos a
ocho proyectos de GIS, mencionados en los considerandos 191 a 198 de la Decisión impugnada, a los que remite el considerando
290, acreditan de forma creíble, precisa y concordante que la infracción declarada en el artículo 1 de la Decisión impugnada
prosiguió durante el período que va del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002. Además, habida cuenta de la
muy larga duración de la infracción constatada en el artículo 1 de la Decisión impugnada, cuya existencia durante el período
que va del 15 de abril de 1988 al mes de septiembre de 2000 no niega la demandante, y de las complejas medidas de precaución
tomadas por los miembros del cartel para disimular u ocultar su existencia, como las mencionadas en el considerando 170 de
la Decisión impugnada, puede considerarse que esos medios de prueba guardan relación con hechos suficientemente próximos en
el tiempo, en el sentido de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 87, para que pueda razonablemente apreciarse
que esa infracción continuó de forma ininterrumpida durante el mencionado período.
Además, los medios de prueba en los que se apoya en ese aspecto la Decisión impugnada son suficientemente creíbles, precisos
y concordantes. No pueden desvirtuarlos las declaraciones de FEH y FES en su escrito a la Comisión de 21 de noviembre de 2006
y en su respuesta al pliego de cargos (véanse los anteriores apartados 19 y 27), ni las declaraciones de Melco, de las sociedades
del grupo Hitachi o de JAEPS y del grupo VA Tech, en sus solicitudes conforme a la Comunicación sobre la cooperación (véanse
loa anteriores apartados 13, 14 y 16), según las cuales el cartel ya había terminado por primera vez con anterioridad al período
que va del mes de de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002. En efecto, esas declaraciones, según las cuales el cartel
había terminado anteriormente, no se sustentan en medios de prueba creíbles y precisos. Además, dichas declaraciones son contradictorias,
ya que sus autores afirman que el cartel finalizó bien durante 1997 (Melco), bien durante 1999 (sociedades del grupo Hitachi
o JAEPS y grupo VA Tech), bien incluso «en o alrededor» de septiembre de 2000 (FEH y FES). Por tanto, como observó fundadamente
la Comisión en los considerandos 284, 285 y 290 de la Decisión impugnada, esas declaraciones no pueden desvirtuar pruebas
documentales relacionadas con hechos coetáneos a su elaboración y emanantes de empresas que participaron en la infracción
constatada en el artículo 1 de la Decisión impugnada, de lo que resulta que esa infracción continuó durante el período que
va del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002.
La demandante alega que debe reconocerse a las declaraciones contenidas en el escrito de FEH y FES de 21 de noviembre de 2006
dirigido a la Comisión y en su respuesta al pliego de cargos un valor probatorio o una credibilidad especial debido a su naturaleza
«autoinculpatoria» (véanse el anterior apartado 88 y el posterior apartado 107). Sin embargo, dichas declaraciones, en las
que FEH y FES exponen que la primera empresa afectada dejó de participar en el cartel tras la reunión de los miembros japoneses
que tuvo lugar «en o en alrededor» del mes de septiembre de 2000, no pueden considerarse contrarias a sus intereses. En efecto,
esas declaraciones tienden antes bien a minimizar la importancia de la contribución de la primera empresa afectada a la infracción
y por tanto a limitar la responsabilidad personal en que incurrió FEH a causa de la dirección que ejercía sobre esa empresa
al tiempo de la comisión de la infracción. En consecuencia, las referidas declaraciones no pueden desvirtuar los medios de
prueba en los que se apoya la Comisión en la Decisión impugnada.
Por tanto, no es fundado el reproche de la demandante a la Comisión por no haber reconocido el valor probatorio de las declaraciones
contenidas en el escrito de FEH y FES de 21 de noviembre de 2006 dirigido a la Comisión y en su respuesta al pliego de cargos,
y haber concluido que la primera empresa afectada había participado en la infracción durante el período que va del mes de
septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002, de lo que FEH podía ser considerada personalmente responsable a causa de la
dirección que ejercía sobre esa empresa al tiempo de la comisión de la infracción.
Por otro lado, los documentos referidos a acuerdos concluidos en el contexto del cartel, de los que se hace mención en los
considerandos 191 y 198 de la Decisión impugnada, sustentan de forma creíble y precisa la apreciación de la Comisión de que
la primera empresa afectada continuó participando en la infracción durante el período que va del mes de septiembre de 2000
al 30 de septiembre de 2002, dado que en ellos se indica que «Fuji» era parte en acuerdos concluidos en el contexto del cartel
que estaban destinados a producir efectos entre el 27 de agosto de 1998 y el 28 de octubre de 2001.
Queda por comprobar, así pues, si las explicaciones o justificaciones alternativas presentadas por la demandante pueden desvirtuar
los medios de prueba creíbles y precisos en los que se apoya la Decisión impugnada. En defecto de tal desvirtuación será posible
concluir que la Comisión ha aportado la prueba que le incumbía de que la primera empresa afectada había continuado su participación
en la infracción durante el período que va del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002 (véanse en ese sentido
la sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, apartado 84
supra,
apartado 79, y la sentencia Peróxidos Orgánicos/Comisión, apartado 84
supra,
apartados 63 y 71), de lo que FEH podía ser considerada personalmente responsable a causa de la dirección que ejercía sobre
esa empresa al tiempo de la comisión de la infracción.
–       Sobre el análisis de los medios de prueba alternativos presentados por la demandante
La demandante reprocha ante todo a la Comisión no haber atendido a ciertos argumentos o aspectos fácticos que confirmaban
la credibilidad de las declaraciones contenidas en la respuesta de FEH y FES al pliego de cargos, según las cuales la primera
empresa afectada dejó de participar en el cartel «en o alrededor» del mes de septiembre de 2000. En primer lugar alega que
la primera empresa afectada dejó de participar en las reuniones del cartel a partir de septiembre de 2000, mientras que anteriormente
asistía a las reuniones de los miembros del comité Europa y del comité Japón conforme al acuerdo GQ. En segundo lugar afirma
que las declaraciones de FEH y de FES están confirmadas por ciertas declaraciones de ABB, de Melco, de las sociedades del
grupo Hitachi o de JAEPS y del grupo VA Tech. En tercer lugar aduce la falta de mención de la primera empresa afectada en
documentos posteriores al mes de septiembre de 2000. En cuarto lugar sostiene que la Comisión omitió considerar la naturaleza
«autoinculpatoria» de las declaraciones de FEH y de FES según las cuales la infracción y la participación de la primera empresa
afectada en ésta habían finalizado en septiembre de 2000. En quinto lugar observa que los documentos referidos a dos licitaciones
en
[confidencial],
elaborados en
[confidencial]
y en
[confidencial],
que FEH y FES presentaron como anexo de la demanda y en respuesta a las preguntas y a la petición de presentación de documentos
del Tribunal (véase el anterior apartado 37), acreditan que la primera empresa afectada dejó de atenerse a los pactos concluidos
dentro del cartel, y finalmente de participar en las actividades de éste después del mes de septiembre de 2000, ya que en
esas licitaciones bajó considerablemente sus precios en relación con los «niveles inferiores de precios» fijados en los pactos
concluidos en el contexto del cartel. De esos documentos se deduce, en relación con el proyecto de GIS para el contrato
[confidencial],
en
[confidencial],
que las estimaciones de precios presentadas por la primera empresa afectada a la otra parte contratante fueron inferiores
en un porcentaje de
[confidencial]
% hasta
[confidencial] %
al «nivel inferior de precios» fijado en la ficha de arreglo, y que, en relación con los dos proyectos de GIS para el contrato
[confidencial],
en
[confidencial],
el precio facturado a la otra parte contratante fue inferior en un porcentaje de
[confidencial] %
al «nivel inferior de precios» fijado en la ficha de arreglo.
La demandante reprocha además a la Comisión haber cometido un error manifiesto de apreciación de los medios de prueba que
se le habían presentado y haber vulnerado el derecho a un proceso justo, el principio de presunción de inocencia y el principio
in dubio pro reo,
al no reconocer valor probatorio a las declaraciones de FEH y FES según las cuales la primera empresa afectada había dejado
de participar en la infracción «en o alrededor» del mes de septiembre de 2000, porque en ellas no se indicaba con claridad
la fecha en la que esa empresa salió del cartel, y ésta no se había distanciado públicamente del mismo.
Sin embargo, no se deduce de la Decisión impugnada que, para acreditar la participación de la primera empresa afectada en
la infracción durante el período que va del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002, la Comisión se hubiera
apoyado en la declaración de ABB, en su respuesta de 4 de octubre de 2004 a una solicitud de información (véanse los anteriores
apartados 15 y 81), según la cual «durante el período en el que Siemens e Hitachi no formaban parte del cartel, el cartel
relativo a los [proyectos de] GIS siguió existiendo con la participación de […] ABB, Alstom, Areva, VA Tech, Schneider […],
[Melco], Toshiba y Fuji». Por tanto, no es preciso comprobar si, como sugiere la demandante, esa declaración podía sustentar
las conclusiones de la Comisión sobre la participación de la primera empresa afectada en la infracción durante el período
que va del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002.
Acerca de las demás alegaciones de la demandante hay que señalar en primer lugar que, como esa parte observa fundadamente,
ninguno de los medios de prueba en los que se apoya la Decisión impugnada permite acreditar que la primera empresa afectada
hubiera tomado parte en una reunión de las empresas que participaron en el cartel, y en particular en una reunión de los miembros
japoneses, durante el período que va del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002. Sin embargo, en contra de
lo que afirma la demandante, esa circunstancia no basta para desvirtuar los medios de prueba, creíbles y precisos, según los
cuales la primera empresa afectada siguió participando en la infracción durante ese último período.
El hecho de que no resulte de la lista de las «reuniones de comité» de 12 de mayo de 2000 (véase el anterior apartado 96)
que la primera empresa afectada hubiera participado o hubiera debido asistir a esas reuniones carece de pertinencia al respecto.
En efecto, esa lista sólo se refiere a reuniones del comité conjunto Europa/Japón y a las reuniones preparatorias conexas
del comité Europa. Pues bien, de los considerandos 150, 151 y 376 de la Decisión impugnada, y de la nota a pie de página nº 320
de su considerando 255, se deduce que la primera empresa afectada no era miembro del comité Japón ni por tanto del comité
conjunto Europa/Japón. Esa empresa no tomaba parte directamente en las reuniones de trabajo ni en las reuniones llamadas «gerenciales»,
para la gestión del cartel, que agrupaban a empresas japonesas y europeas.
En cuanto a la circunstancia de que no se deduzca de los faxes intercambiados por algunos miembros del cartel entre el 18
de diciembre de 2000 y el 22 de enero de 2001, ni de la lista de las «reuniones de comité» de 12 de mayo de 2000, que la primera
empresa afectada hubiera participado durante los meses de diciembre de 2000 y de enero de 2001 en las reuniones y discusiones
del cartel, y en especial en las relacionadas con la atribución de los proyectos de GIS mencionados en el anterior apartado
95, ello no permite acreditar que esa empresa hubiera dejado de participar en la infracción durante el período que va del
mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002. En efecto, de las pruebas documentales mencionadas en el considerando
198 de la Decisión impugnada se deduce que durante ese último período la primera empresa afectada participaba en la aplicación
de los acuerdos concluidos entre los miembros del cartel sobre ocho proyectos de GIS que llevaban los números de referencia
[confidencial],
en virtud de los cuales tenía que favorecer las ofertas presentadas por otras empresas miembros del cartel, bajo las sanciones
usuales en caso de no hacerlo, y en definitiva la propia atribución de los proyectos de GIS en cuestión a esas empresas, y
ello durante todo el período de validez de esos pactos. Visto el período de validez de esos acuerdos, estipulado en ellos
(véanse los anteriores apartados 99 y 105), no es fundada la afirmación por la demandante de que todos esos pactos dejaron
de tener eficacia en enero de 2000, al término del plazo de las licitaciones de los proyectos de GIS correspondientes a esos
acuerdos, mencionado en éstos. Además, se ha de observar, como indica la Comisión en el considerando 377 de la Decisión impugnada
(véase el anterior apartado 82), que, a raíz de la recepción de una ficha de arreglo de fecha 28 de septiembre de 2000, se
presumía que la primera empresa afectada presentaría una oferta «amañada» a un cliente para crear la impresión de cierta competencia
por el proyecto de GIS del que se trataba.
En segundo lugar, en contra de lo afirmado por la demandante, no se ha acreditado que la primera empresa afectada hubiera
renunciado a aplicar los pactos sobre los ocho proyectos de GIS que llevaban los números de referencia
[confidencial],
durante el período que va del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002, y que no se hubiera ajustado en modo
alguno a la ficha de arreglo que recibió el 28 de septiembre de 2000, según resulta de su respuesta al pliego de cargos, debido
a que esos pactos hubieran perdido su eficacia a raíz del cese de su participación en el cartel después de la reunión de los
miembros japoneses que tuvo lugar «en o alrededor» del mes de septiembre de 2000.
La demandante alega que las declaraciones de FEH y FES se confirman en ese aspecto por las declaraciones de ABB en su complemento
de respuesta al pliego de cargos (véase el anterior apartado 21) y las de Melco en su solicitud en virtud de la Comunicación
sobre la cooperación (véase el anterior apartado 16).
Ante todo, las declaraciones de ABB contenidas en su complemento de respuesta al pliego de cargos no permiten concluir que
la primera empresa afectada dejara de participar en el cartel y de poner en práctica los pactos concluidos en el contexto
del cartel «en o alrededor» del mes de septiembre de 2000. Es verdad que esas declaraciones confirman que ABB, Alstom, Melco
y Toshiba comunicaron públicamente a los demás miembros del cartel en una reunión que tuvo lugar en septiembre u octubre de
2000 su intención de poner término a las actividades del cartel. Además, no se menciona a la primera empresa afectada entre
las empresas que participaban en el cartel en la fecha de esa comunicación. No obstante, se indica que la información de que
debía ponerse fin a las actividades del cartel era falsa y que la comunicación de esa información dentro del cartel tenía
como único objetivo obtener el cese de la participación de «Schneider/VA Tech» en esas actividades. Además, se puntualiza
que los miembros del cartel se reunieron también una o dos veces antes de que se organizara la reunión que aparentemente ponía
fin a las actividades del cartel, en diciembre de 2000. Por otro lado, se señala que los miembros del cartel presentes en
esa última reunión eran «ABB, Alstom, Schneider/VA Tech, Melco y Toshiba», y que Hitachi y Siemens no estaban presentes puesto
que en esa fecha ya no participaban en las actividades del cartel. Esas declaraciones no atribuyen pues ninguna credibilidad
especial a las declaraciones de FEH y FES, según las cuales la primera empresa afectada pudo creer fundadamente que el cartel
había finalizado «en o alrededor» del mes de septiembre de 2000, y en consecuencia había dejado de participar en él, y en
particular de poner en práctica los pactos concluidos en el contexto de ese cartel. En primer lugar, de esas declaraciones
resulta que la falsa información comunicada por ABB, Alstom, Melco y Toshiba no se dirigía a obtener la salida de la primera
empresa afectada del cartel. Por tanto, como observa fundadamente la Comisión, es poco creíble que esa maniobra hubiera podido
llevar a un resultado no pretendido por sus autores sin que estos últimos reaccionaran. En segundo lugar, resulta de esas
declaraciones que la reunión que aparentemente puso fin a las actividades del cartel no tuvo lugar hasta el mes de diciembre
de 2000, por lo que la maniobra ejecutada por ABB, Alstom, Melco y Toshiba no puede explicar que la primera empresa afectada
dejara de participar en el cartel a partir del mes de septiembre de 2000. En tercer lugar, el hecho de que las declaraciones
no citen a «Fuji» entre las empresas que participaban en el cartel cuando se llevó a cabo la maniobra antes mencionada no
es especialmente acreditativo, dado que esa maniobra se ejecutó dentro del comité conjunto Europa/Japón, del que no formaba
parte la primera empresa afectada, y por otro lado tampoco se cita a «Fuji» entre las empresas que ya no formaban parte del
cartel al tiempo de llevarse a cabo esa maniobra. En cualquier caso, el hecho de que la primera empresa afectada se hubiera
abstenido de participar en nuevas reuniones o discusiones dentro del cartel durante el período que va del mes de septiembre
de 2000 al 30 de septiembre de 2002 no implica que hubiera dejado de poner en práctica los pactos que se habían concluido
en el contexto del cartel, ni por tanto que no hubiera participado en éste durante ese período. De ello se deduce que las
declaraciones de ABB en su complemento de respuesta al pliego de cargos no desvirtúan las pruebas documentales mencionadas
en la Decisión impugnada, de la cual resulta que la primera empresa afectada siguió participando en la infracción durante
el período que va del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002.
De igual modo, el hecho de que, en su declaración en virtud de la Comunicación sobre la cooperación, Melco no citara a «Fuji»
entre las empresas que siguieron manteniendo discusiones limitadas en el contexto del cartel entre el momento en el que Siemens
e Hitachi interrumpieron su participación y el momento en el que Siemens la reanudó no es concluyente en lo que se refiere
a la participación de la primera empresa afectada en la infracción durante el período que va del mes de septiembre de 2000
al 30 de septiembre de 2002, puesto que Melco tampoco indicó que la primera empresa afectada hubiera salido del cartel después
de la interrupción por Siemens de su participación en esa infracción en septiembre de 1999 y antes de la reanudación por esta
última de su participación en dicha infracción en julio de 2002, y que por tanto esa empresa hubiera dejado de actuar conforme
a los pactos que se habían concluido en el contexto del cartel.
Por otra parte, la Comisión ha apreciado válidamente las declaraciones contenidas en la respuesta de FEH y FES al pliego de
cargos, según las cuales la primera empresa afectada había dejado de participar en el cartel tras la reunión de los miembros
japoneses que tuvo lugar «en o alrededor» del mes de septiembre de 2000, al estimar que esas declaraciones no eran especialmente
fiables y que por tanto no podían desvirtuar las pruebas documentales mencionadas en la Decisión impugnada, de las que resulta
que la primera empresa afectada siguió participando en la infracción durante el período que va del mes de septiembre de 2000
al 30 de septiembre de 2002.
En primer término, por las razones expuestas en el anterior apartado 103 no puede estimarse que las declaraciones contenidas
en la respuesta de FEH y FES al pliego de cargos, al exponer que la empresa afectada dejó de participar en el cartel tras
la reunión de los miembros japoneses que tuvo lugar «en o alrededor» del mes de septiembre de 2000, sean contrarias a los
intereses de los declarantes, en este caso de FEH, y que por tanto esas declaraciones habrían debido considerarse particularmente
fiables.
En segundo término, la Comisión apreció válidamente las declaraciones contenidas en la respuesta de FEH y FES al pliego de
cargos, al constatar que algunas incoherencias afectaban a su fiabilidad, en especial acerca de la fecha en la que la primera
empresa afectada dejó de participar en la infracción. FEH y FES, en su respuesta al pliego de cargos, y en su escrito a la
Comisión de 21 de noviembre de 2006 (véanse los anteriores apartados 19 y 27), y uno de los empleados del grupo Fuji, el Sr. Oz.,
en una declaración adjunta como anexo a la respuesta de FEH y FES al pliego de cargos, afirmaron que la primera empresa afectada
había dejado de participar en el cartel tras la reunión de los miembros japoneses que tuvo lugar «en o alrededor» del mes
de septiembre de 2000, mientras que otro empleado del grupo Fuji, el Sr. I. H., en una declaración adjunta como anexo a esa
misma respuesta, expuso que las reuniones entre los miembros japoneses habían cesado poco después de la salida de Siemens,
en 1999. En sus escritos procesales FEH y FES también han reconocido que la declaración del Sr. I.H. sobre la posible participación
de la primera empresa afectada en la infracción después de 1999 debía valorarse con reservas, dado que en esa época el Sr. I.
H. había dejado de representarla en las reuniones de los miembros japoneses y por tanto no era un testigo directo de los hechos.
En tercer término, como ha señalado fundadamente la Comisión (véanse los anteriores apartados 115 y 116) se debe tener en
cuenta que ninguna de las partes afectadas por el procedimiento a las que se comunicaron las declaraciones de FEH y FES para
que pudieran presentar sus comentarios ha confirmado que la primera empresa afectada hubiera dejado de participar efectivamente
en la infracción y de poner en práctica los pactos concluidos en el contexto de ésta tras la interrupción por Siemens de su
participación en el cartel, en 1999, o «en o alrededor» del mes de septiembre de 2000.
En cuarto término, como quiera que en las circunstancias del presente caso las alegaciones de la demandante según las que
la primera empresa afectada creyó fundadamente que el cartel había finalizado en septiembre de 2000 son poco creíbles y no
se muestran por tanto suficientes para desvirtuar las pruebas documentales mencionadas en la Decisión impugnada (véase el
anterior apartado 115), se ha de constatar, como indica la Comisión, que la demandante no ha logrado citar o presentar una
declaración de tercero o un medio de prueba documental del que resultara que la primera empresa afectada se distanció públicamente
en septiembre de 2000 del cartel y de los pactos vigentes que se habían concluido en el contexto de éste.
En cuanto a los documentos referidos a dos licitaciones para [
confidencial
], elaborados en
[confidencial] y en [confidencial],
la Comisión mantiene en sustancia que no se le pueden oponer válidamente en el presente recurso ya que no fueren presentados
por FEH o FES en el procedimiento administrativo.
Debe examinarse pues en primer lugar la cuestión de si puede denegarse la admisión de documentos controvertidos, por ser inoponibles
a la Comisión debido a que no se pusieron en su conocimiento durante el procedimiento administrativo y se presentaron por
vez primera ante el juez.
Es importante recordar al respecto que el Derecho de la competencia no puede interpretarse en el sentido de que obliga a la
persona interesada en el procedimiento administrativo a responder al pliego de cargos que le envíe la Comisión. En efecto,
ni las reglas que enuncian los derechos y los deberes de las empresas en el procedimiento administrativo previsto por el Derecho
de la competencia ni ningún principio general del Derecho obliga a las empresas interesadas a otra cosa que a facilitar a
la Comisión la información que ésta les solicite en virtud del artículo 18 del Reglamento nº 1/2003. Además, en defecto de
base jurídica sería difícil conciliar tal obligación con el principio de respeto del derecho de defensa, ya que dificultaría
la presentación de un recurso ante el juez por parte de una persona que no hubiera respondido a un pliego de cargos por la
razón que fuere (véase por analogía la sentencia del Tribunal de 12 de diciembre de 1991, Hilti/Comisión, T‑30/89, Rec. p. II‑1439,
apartados 37 y 38). Así pues, aunque la legalidad de una decisión de la Comisión que declara que una persona ha infringido
el Derecho de la competencia y que le impone por ello una multa sólo debe apreciarse en función de los elementos de hecho
y de Derecho existentes en la fecha en la que se adoptó (sentencia del Tribunal de 18 de julio de 2005, Scandinavian Airlines
System/Comisión, T‑241/01, Rec. p. II‑2917, apartado 225), de ello no se sigue que la persona interesada esté obligada a presentar
a la Comisión ya durante el procedimiento administrativo todos los datos que esa persona desearía poder alegar en apoyo de
un recurso de anulación interpuesto ante el juez de la Unión contra la decisión adoptada al término del procedimiento administrativo.
De ello se deduce que, en contra de lo que sostiene la Comisión, FEH y FES no estaban obligadas a presentar ya en el procedimiento
administrativo los documentos controvertidos para que les sea posible invocarlos en el presente recurso.
En consecuencia, se ha de examinar en el fondo si, como alega la demandante, los documentos referidos a dos licitaciones en
[confidencial],
elaborados en
[confidencial]
y en
[confidencial]
demuestran que la primera empresa afectada dejó de participar en el cartel «en o alrededor del mes de septiembre de 2000»,
porque demuestran que posteriormente dicha empresa practicó precios directamente determinados por sus costes de producción
y muy inferiores a los derivados de los pactos concluidos en el contexto del cartel.
Acerca de ello se debe observar que los documentos presentados por FEH y FES al Tribunal, al igual que las explicaciones complementarias
expuestas por ellas en respuesta a las preguntas del Tribunal, siguen siendo fragmentarias, incompletas y de interpretación
difícil en cierto grado. En cualquier caso, no permiten hacerse una idea exacta de las condiciones en las que los proyectos
de GIS y más en general los contratos en cuestión se negociaron o atribuyeron, por un lado, y por otro de las razones precisas
por las que se realizaron ajustes en las estimaciones de precios o en el precio de esos varios proyectos de GIS, en
[confidencial],
después del mes de septiembre de 2000. Nada en esos documentos, ni siquiera en los que son puramente internos, indica que
esos ajustes fueran efectivamente posibles porque la primera empresa afectada hubiera estimado que ya no tenía que aplicar
las reglas del cartel ni atenerse a los arreglos de precios convenidos en el contexto de éste.
Muy al contrario, en el caso del proyecto de GIS para el contrato
[confidencial],
en
[confidencial],
en el que la primera empresa afectada intervenía sólo en calidad de subcontratista de varias empresas licitadoras, de las
que algunas, como
[confidencial]
y
[confidencial],
eran miembros del cartel, los faxes de
[confidencial],
intercambiados entre FEH y una de las partes contratantes en ese lugar dan a entender que la nueva estimación de precios fue
el resultado de «aclaraciones técnicas» y de nuevas discusiones con el cliente, que tuvieron lugar el
[confidencial].
Para que el cumplimiento de las nuevas exigencias del cliente no diera lugar a un aumento del precio de la oferta que debía
presentar, en particular,
[confidencial],
la empresa asociada a la primera empresa afectada indica que redujo los costes para rebajar en todo lo posible el precio del
proyecto de GIS. Esa reducción podría estar ligada a la modificación de los componentes del proyecto de GIS del que se trata,
como los conectores del sistema de distribución. La demandante reconoce que los conectores del sistema de distribución son
equipamientos de producción bastante costosa y que tienen repercusión en el precio final. Su uso así como la medida de éste
se determinan habitualmente por el cliente y no por el proveedor. Ahora bien, una mención manuscrita puesta en un fax interno
del grupo Fuji, de
[confidencial],
menciona lo siguiente acerca del proyecto de GIS del que se trata:
«Parece que la reducción es sustancial. ¿Se debe a que no tenemos GIB [o conectores del sistema de distribución]? […]»
Es cierto que la demandante afirma que el uso y la medida de uso de conectores del sistema de distribución en ese proyecto
de GIS no se modificaron entre la estimación de precios presentada el
[confidencial]
y la presentada el
[confidencial].
Sin embargo, los medios que invoca al respecto, en particular el dibujo técnico elaborado el
[confidencial],
es decir, antes de las negociaciones técnicas con el cliente de
[confidencial],
no permiten comprobarlo.
En cualquier caso, a no ser que se reconociera la existencia de una conspiración entre ciertos miembros del cartel contra
otros miembros de éste, es poco creíble que la primera empresa afectada hubiera podido presentar a su asociado, que según
la Decisión impugnada no era miembro del cartel, una estimación de precios que vulnerase manifiestamente un arreglo de precios
concluido en el contexto de éste y que seguía en vigor, sin que reaccionaran las demás empresas miembros del cartel a las
que está demostrado que se comunicó esa estimación, a saber
[confidencial]
y
[confidencial],
para indicar a la primera empresa afectada que el cartel seguía en vigor y que debían respetarse sus reglas.
Desde este punto de vista parece más probable que en el caso del proyecto de GIS para el contrato
[confidencial],
en
[confidencial],
el «nivel inferior de precios», fijado en el pacto, fue modificado a la baja para tener en cuenta o bien las modificaciones
técnicas deseadas por el cliente o bien la presión competitiva ejercida en su caso por empresas que no eran miembros del cartel.
De los documentos obrantes en autos se deduce que los arreglos de precios podían revisarse para tener en cuenta modificaciones
de carácter técnico sobrevenidas a petición del cliente, como ocurrió en
[confidencial],
en relación con el proyecto de GIS que llevaba el número de referencia
[confidencial].
Además, la acción conjunta de los miembros del cartel contra la competencia externa llegaba hasta el punto de prever que,
si un proyecto de GIS para el que habían manifestado su interés miembros del cartel y que era objeto de un arreglo sobre el
«nivel inferior de precios» peligraba por una fuerte competencia en los precios al margen del cartel, los miembros de éste
debían oponerse conjuntamente al competidor externo y acordar excepcionalmente una baja de precios para eliminar la competencia.
De los documentos obrantes en autos resulta que se acordó de esa forma una reducción sustancial en relación con el «nivel
de precios» en
[confidencial],
en el caso de los proyectos de GIS que llevaban el número de referencia
[confidencial],
y en
[confidencial],
en el caso del proyecto de GIS que llevaba el número de referencia
[confidencial],
relacionado también con contratos en
[confidencial].
Resulta de igual modo de los documentos obrantes en autos que el arreglo de precios se reconsideró al parecer a la vista de
la presión ejercida por la competencia en
[confidencial],
en el caso del proyecto de GIS que llevaba el número de referencia
[confidencial]
relacionado también con un contrato en
[confidencial]
. Por último, del considerando 169 de la Decisión impugnada resulta que el expediente de la Comisión contiene pruebas de que
cuando Siemens interrumpió temporalmente su participación, a saber durante el período referido, «el cartel intentó durante
algún tiempo castigarla por su retirada, compitiendo con ella por proyectos específicos de [GIS] en todo el mundo».
Así pues, ese mecanismo de defensa del cartel frente a la competencia externa puede ciertamente haber sido utilizado tanto
en el caso del proyecto de GIS para el contrato
[confidencial],
en
[confidencial],
en el que por lo demás la primera empresa afectada y por tanto
[confidencial]
y
[confidencial]
no tuvieron éxito al parecer, como en el caso del contrato
[confidencial],
en
[confidencial]
, en el que la demandante manifiesta que la primera empresa afectada ofreció los dos proyectos de GIS a un precio correspondiente
al
[confidencial]
% del «nivel de precios» derivado del pacto concluido el
[confidencial],
en el contexto del cartel, y que obtuvo finalmente ese contrato.
También es posible, como ha sugerido la Comisión, que en el caso de varios proyectos de GIS algunos miembros del cartel, y
en este supuesto la primera empresa afectada, hubieran actuado de manera oculta según sus intereses personales, contra los
intereses de los demás miembros del cartel y el interés común.
En cualquier caso, los documentos presentados por FEH y FES no contienen ninguna indicación ni están acompañados de ningún
otro dato que permita deducir que las bajas de precios de los proyectos de GIS aceptadas por la primera empresa afectada en
[confidencial]
y en
[confidencial],
en el caso de dos licitaciones en
[confidencial],
hubieran sido la señal o el resultado de un distanciamiento público en septiembre de 2000 de esa empresa en relación con el
cartel y los pactos concluidos en el contexto de éste. Por tanto, suponiendo incluso que esos documentos pudieran entenderse
en el sentido de que la primera empresa afectada había ofertado varias veces en licitaciones, después de septiembre de 2000,
sin atenerse a los pactos concluidos en el contexto del cartel, ello no permitiría concluir que en esa misma época dejó de
participar en ese cartel.
Se deduce de ello que los documentos referidos a dos licitaciones en
[confidencial],
elaborados en
[confidencial]
y en
[confidencial],
no son por sí mismos suficientemente acreditativos para apreciar que la primera empresa afectada interrumpió toda participación
en las actividades del cartel después de septiembre de 2000.
De los análisis precedentes resulta que la demandante no ha presentado medios suficientemente acreditativos ni explicación
alternativa convincente para desvirtuar las pruebas documentales mencionadas en la Decisión impugnada, de las que se deduce
que la primera empresa afectada seguía participando en la infracción durante el período que va del mes de septiembre de 2000
al 30 de septiembre de 2002.
En consecuencia, se ha de considerar que en la Decisión impugnada la Comisión demostró, conforme a las reglas aplicables a
la prueba de la participación de una empresa en una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE que se
recuerdan en los anteriores apartados 84 a 91, y sin cometer los errores manifiestos de apreciación que se le imputan en el
presente recurso, que la primera empresa afectada siguió participando en la infracción, la cual prosiguió, durante el período
que va del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002. Siendo así, no es fundada la alegación de la demandante
de que la Comisión vulneró principios generales del Derecho, como el derecho a un proceso justo, el principio de presunción
de inocencia y el principio
in dubio pro reo
, al apreciar que la primera empresa afectada había seguido participando en la infracción durante el período que va del mes
de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002.
Por todas las consideraciones expuestas deben desestimarse los motivos primero y segundo.

Sobre el tercer motivo, basado en la vulneración del principio de igualdad de trato en la que incurre la conclusión de la
Comisión de que FEH siguió participando en la infracción tras la reunión de los miembros japoneses que tuvo lugar «en o alrededor»
del mes de septiembre de 2000
Alegaciones de las partes
En el tercer motivo la demandante aduce en sustancia que la Comisión vulneró en varios aspectos el principio de igualdad de
trato al concluir que la primera empresa afectada había seguido participando en la infracción tras la reunión de los miembros
japoneses que tuvo lugar «en o alrededor» del mes de septiembre de 2000. En primer lugar, la Comisión trató a la primera empresa
afectada de forma diferente a Siemens, Hitachi, VA Tech o Schneider, al suponer que esa empresa había seguido participando
en dicha infracción, dado que no le fue posible indicar de manera firme la fecha en la que había dejado de participar en ella,
y ello pese a que un conjunto convincente de medios de prueba indirectos obrantes en el expediente sustentaban sus manifestaciones.
En segundo lugar, la Comisión trató a la primera empresa afectada de forma diferente a Siemens, Hitachi, VA Tech o Schneider,
al suponer en el considerando 378 de la Decisión impugnada que dicha empresa había seguido participando en la infracción puesto
que era parte en acuerdos sobre proyectos de GIS que prosiguieron después de septiembre de 2000. En tercer lugar, la Comisión
trató a la primera empresa afectada de forma diferente a VA Tech y Schneider, al suponer en el considerando 377 de la Decisión
impugnada que dicha empresa había seguido participando en la infracción dado que no se había distanciado públicamente del
cartel después de septiembre de 2000.
La Comisión refuta la vulneración del principio de igualdad de trato imputada y solicita la desestimación por infundado del
tercer motivo.
Apreciación del Tribunal
Según reiterada jurisprudencia, el principio general de igualdad de trato sólo se viola cuando se tratan de manera diferente
situaciones que son comparables o cuando situaciones diferentes se tratan de manera idéntica, a menos que este trato esté
objetivamente justificado (sentencias del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión,
C‑76/06 P, Rec. p. I‑4405, apartado 40, y del Tribunal General de 14 de mayo de 1998, BPB de Eendracht/Comisión, T‑311/94,
Rec. p. II‑1129, apartado 309).
Según la Comisión hay una diferencia entre la situación de la primera empresa afectada y la de Siemens, Hitachi, VA Tech o
Schneider ya que, a diferencia de las diversas declaraciones de Siemens, de las sociedades del grupo Hitachi, del grupo VA
Tech o de Schneider según las cuales abandonaron el cartel durante un período concreto, la declaración de FEH y FES de que
la primera empresa afectada dejó de participar en el cartel «en o alrededor» del mes de septiembre de 2000 no está apoyada
por medios de prueba creíbles, como serían declaraciones concordantes de otros miembros del cartel o pruebas documentales.
En el presente caso, como ya se ha observado en los anteriores apartados 113 a 137, no se ha acreditado que la primera empresa
afectada hubiera renunciado a aplicar los acuerdos sobre ocho proyectos de GIS que llevaban los números de
[confidencial],
después del mes de septiembre de 2000, ni tampoco que FEH y FES no hubieran actuado conforme a la ficha de arreglo que ellas
mismas declaraban en su respuesta al pliego de cargos haber recibido el 28 de septiembre de 2000, debido a que dichos acuerdos
habrían perdido su eficacia frente a la primera empresa afectada tras el cese de su participación en el cartel después de
la reunión de los miembros japoneses que tuvo lugar «en o alrededor» del mes de septiembre de 2000. No sucede así en el caso
de las declaraciones de Siemens, de las sociedades del grupo Hitachi, de las sociedades del grupo VA Tech o de Schneider,
que estaban todas ellas apoyadas por medios de prueba creíbles, como resulta de los considerandos 186 a 189 de la Decisión
impugnada. Así pues, en el caso de esas empresas la Comisión pudo apreciar que en una fecha específica habían salido del cartel,
lo que significa que a continuación dejaron de aplicar los pactos en vigor o de actuar conforme a las fichas de arreglo que
habían recibido. Del considerando 169 de la Decisión impugnada se deduce que cuando Siemens interrumpió temporalmente su participación
en el cartel los miembros de éste empezaron a competir con ella por proyectos de GIS en todo el mundo (véase el anterior apartado 132).
Además, en tanto que de las declaraciones de los demás miembros del cartel resulta que éstos eran conscientes de que Siemens,
Hitachi, VA Tech o Schneider habían abandonado el cartel en una fecha y durante un período determinados, de esas mismas declaraciones
no se deduce en absoluto que los demás miembros del cartel también hubieran creído que la primera empresa afectada había dejado
de participar en la infracción tras la reunión de los miembros japoneses que tuvo lugar «en o alrededor» del mes de septiembre
de 2000.
La diferencia entre la situación de Siemens, de Hitachi, de VA Tech o de Schneider por una parte y la de la primera empresa
afectada por otra, tal como la puso de manifiesto la Comisión en la Decisión impugnada, permite justificar la diferencia de
trato observada entre esas empresas en lo que atañe a la fecha de la eventual terminación de su participación en la infracción.
De ello se deduce que también debe desestimarse el tercer motivo.

Sobre el cuarto motivo, fundado en un error manifiesto de apreciación en el que incurre la conclusión de la Comisión de que
FES había participado en la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 11 de mayo de 2004
Alegaciones de las partes
En el cuarto motivo la demandante señala que el artículo 1, letra h), de la Decisión impugnada, y su artículo 2, letras d)
y f), en los que se considera a FES solidariamente responsable del pago de las multas impuestas, deben ser anulados ya que
descansan en una apreciación manifiestamente errónea de los hechos del presente asunto según la cual FES participó en la infracción
durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 11 de mayo de 2004. Por una parte, la demandante alega que la primera
empresa afectada no participó en la infracción durante el período que va del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre
de 2002, y que FES sólo dirigió esa empresa entre el 1 de julio de 2001 y el 30 de septiembre de 2002, a saber un período
durante el que la referida empresa no participaba en la infracción. Por otra parte, refuta que FES hubiera dirigido indirectamente
a través de JAEPS la segunda empresa afectada entre el 1 de octubre de 2002 y el 11 de mayo de 2004. En definitiva, únicamente
FEH o JAEPS, que dirigieron la primera empresa afectada y/o la segunda empresa afectada durante todo o parte del período que
va del 15 de abril de 1988 al 11 de mayo de 2004, podrían incurrir en responsabilidad a causa de la participación de esas
empresas en la infracción.
La Comisión solicita la inadmisión del cuarto motivo dado que se apoya en una alegación que FEH y FES no expusieron en el
procedimiento administrativo, según la cual FES no estaba implicada antes del 1 de julio de 2001 en las actividades en materia
de GIS del grupo Fuji. Por lo demás, como quiera que FEH y FES han reconocido expresamente en su respuesta al pliego de cargos
la responsabilidad personal en que incurrió FES por la participación de la primera empresa afectada en la infracción durante
el período que va del 15 de abril de 1988 a septiembre de 2000, no pueden retractarse de ese reconocimiento en el presente
recurso. En cualquier caso, el motivo carece de fundamento de hecho y de Derecho.
La demandante solicita que se desestime la excepción de inadmisibilidad planteada por la Comisión ya que FEH y FES han demostrado
con claridad que FES no estaba implicada antes del 1 de julio de 2001 en las actividades en materia de GIS del grupo Fuji,
ello si no en su respuesta al pliego de cargos, cuando menos en su respuesta de 4 de octubre de 2004 a la solicitud de información
(véase el anterior apartado 15), y en especial en varios medios de prueba adjuntados a esa respuesta.
Apreciación del Tribunal
Del artículo 1, letra h), de la Decisión impugnada resulta que FES fue considerada personalmente responsable por la participación
de las empresas afectadas en la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 11 de mayo de 2004. Por esa
razón, en el artículo 2, letras d) y f), de la Decisión impugnada la Comisión le impuso, solidariamente con FEH, una multa
de 2.400.000 euros, y solidariamente con FEH, JAEPS e Hitachi una multa de 1.350.000 euros.
También se deduce de los considerandos 379 y 380 de la Decisión impugnada, que remiten a sus considerandos 334, 373 y 385
a 402 que la Comisión consideró a FEH y FES solidariamente responsables por la participación de la primera empresa afectada
en la infracción entre el 15 de abril de 1988 y el 30 de septiembre de 2002, y que consideró a FES, FEH, JAEPS e Hitachi solidariamente
responsables por la participación de la segunda empresa afectada en la infracción durante el período que va del 1 de octubre
de 2002 al 11 de mayo de 2004.
Según la jurisprudencia citada en el anterior apartado 59, deben responder solidariamente de la participación de una misma
y única empresa en una infracción las personas a las que la Comisión considere personalmente responsables de dicha participación,
porque cuando se cometió la infracción dirigían directamente esa empresa o bien ejercían efectivamente un poder de control
sobre las personas que dirigían dicha empresa y de esa forma determinaban su comportamiento en el mercado.
De los considerandos 334, 373 y 385 a 402 de la Decisión impugnada, en relación con sus considerandos 32 y 33, resulta que
la Comisión estimó que la primera empresa afectada, que había participado en la infracción durante todo el período que va
del 15 de abril de 1988 al 11 de mayo de 2004, estaba directamente dirigida por FEH y FES entre el 15 de abril de 1988 y el
30 de septiembre de 2002, por una parte, y por otra que la segunda empresa afectada, que había participado en la infracción
entre el 1 de octubre de 2002 y el 11 de mayo de 2004, durante ese mismo período estaba directamente dirigida por JAEPS e
indirectamente, a través de esta última sociedad conjunta, por FES, FEH e Hitachi.
Dado que la segunda alegación aducida por la demandante dentro del cuarto motivo se confunde con el quinto motivo, basado
en sustancia en errores manifiestos de apreciación o errores de Derecho en los que incurre la conclusión de la Comisión de
que FEH y FES deben ser consideradas personal y solidariamente responsables, en su calidad de sociedades matrices de JAEPS,
por la participación de la segunda empresa afectada en la infracción, es oportuno examinarlos conjuntamente y en consecuencia
remitir el examen de esa segunda alegación al examen del quinto motivo (véanse los posteriores apartados 175 y siguientes).
En cuanto a la primera alegación de la demandante dentro del presente motivo, hay que determinar si el artículo 1, letra h),
y el artículo 2, letra d), de la Decisión impugnada descansan en una apreciación manifiestamente errónea de los hechos del
asunto según la cual FES puede ser considerada personalmente responsable por la participación de la primera empresa afectada
en la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 30 de septiembre de 2002 –fecha en la que a tenor de
la Decisión impugnada las actividades en materia de GIS del grupo Fuji se transfirieron a JAEPS (véase el anterior apartado
7)–, ya que FES dirigió dicha empresa durante ese período.
Se ha de examinar en primer lugar si, como alega la Comisión, es inadmisible la impugnación por la demandante, por primera
vez ante el Tribunal, de la responsabilidad personal atribuida a FES en la Decisión impugnada, a causa de la participación
de la primera empresa afectada en la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 30 de septiembre de 2002,
y la cual se había imputado en el pliego de cargos dirigido a FEH y a FES, o incluso que esa parte refute al respecto ante
el Tribunal extremos que esas últimas habían reconocido expresamente en el procedimiento administrativo.
Como ya se ha recordado en el anterior apartado 124, las reglas que enuncian los derechos y los deberes de las empresas en
el procedimiento administrativo previsto por el Derecho de la competencia no pueden interpretarse en el sentido de que obligan
a una persona física o jurídica a cooperar en el marco del procedimiento administrativo, y, en respuesta al pliego de cargos
que le envíe la Comisión, a presentar ya durante el procedimiento administrativo todas las alegaciones que esa persona desearía
poder invocar en apoyo de un recurso de anulación interpuesto ante el juez contra la decisión adoptada al término de dicho
procedimiento. La jurisprudencia citada por la Comisión no desvirtúa en absoluto la anterior solución. En efecto, en el asunto
que dio lugar a la sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, apartado 84
supra,
se aceptó controlar el fundamento de la imputación en la Decisión impugnada de una infracción a una sociedad que no había
impugnado esa imputación en la fase administrativa, circunstancia esa última que sólo se tuvo en cuenta para apreciar el alcance
de la obligación de motivación que en ese caso incumbía a la Comisión (sentencias Aalborg Portland y otros/Comisión, apartado
84
supra,
apartados 346 a 361, y Cimenteries CBR y otros/Comisión, apartado 87
supra,
apartados 1335 y 1336).
Cuando la persona afectada decide voluntariamente cooperar y en el curso del procedimiento administrativo reconoce expresa
o implícitamente los elementos fácticos o jurídicos que justifican que se le impute la infracción, ello no limita el ejercicio
mismo del derecho a recurrir del que dispone al amparo del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto (véase en ese sentido la sentencia
Knauf Gips/Comisión, apartado 41
supra,
apartados 89 y 90). A falta de base legal expresamente prevista a tal efecto, esa limitación sería contraria a los principios
fundamentales de legalidad y de respeto del derecho de defensa (sentencia Knauf Gips/Comisión, apartado 41
supra,
apartado 91). Conviene señalar además que el derecho a un recurso efectivo y el acceso a un tribunal imparcial está garantizado
en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y que según el artículo 52, apartado 1, de
dicha Carta, cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades que ésta reconoce debe estar previsto en la ley
(véase la sentencia Knauf Gips/Comisión, apartado 41
supra,
apartado 91).
Atendiendo a las reglas jurídicas expuestas en los anteriores apartados 158 y 159 debe desestimarse en consecuencia la excepción
de inadmisibilidad aducida por la Comisión.
En el presente recurso la demandante no refuta la participación de la primera empresa afectada en la infracción durante el
período que va del 15 de abril de 1988 al mes de septiembre de 2000. Además, como ya se ha apreciado en el anterior apartado
138 la Comisión podía apreciar válidamente en la Decisión impugnada que la primera empresa afectada había participado en la
infracción durante todo el período que va del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002. De ello se deduce que,
en el contexto de la primera alegación formulada dentro del cuarto motivo, no es fundada la imputación por la demandante de
un error manifiesto de apreciación sobre ese aspecto en la Decisión impugnada.
En cuanto a la impugnación por la demandante de la apreciación de la Comisión de que FES podía ser considerada personalmente
responsable por la participación de la primera empresa afectada en la infracción durante el período que va del 15 de abril
de 1988 al 30 de junio de 2001, porque había dirigido esa empresa durante ese mismo período, es importante recordar con carácter
previo que la motivación de una Decisión que contiene una imputación debe permitir el ejercicio efectivo del control de su
legalidad y proporcionar al interesado las indicaciones necesarias para saber si la Decisión está fundada o no lo está y,
por otra parte, que la suficiencia de esa motivación debe apreciarse en función de las circunstancias del caso concreto, especialmente
del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que los destinatarios puedan tener en recibir
explicaciones (sentencia del Tribunal de 28 de abril de 1994, AWS Benelux/Comisión, T‑38/92, Rec. p. II‑211, apartado 26,
y la jurisprudencia citada). Para cumplir las funciones mencionadas, una motivación suficiente debe mostrar, de modo claro
e inequívoco, el razonamiento de la autoridad de la Unión de quien procede el acto impugnado (sentencia AWS Benelux/Comisión,
antes citada, apartado 26, y jurisprudencia citada). Cuando, como ocurre en el presente caso, una decisión de aplicación de
los artículos 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE afecta a varios destinatarios y plantea un problema de imputabilidad
de la infracción, dicha decisión debe estar suficientemente motivada en lo que respecta a cada uno de sus destinatarios, especialmente
a los que, según esa decisión, deben asumir la responsabilidad de tal infracción (véase, en especial, la sentencia AWS Benelux/Comisión,
antes citada, apartado 26).
El hecho de que la demandante haya aducido en el presente asunto un motivo de fondo basado en un error manifiesto de apreciación,
y no una falta o insuficiencia de motivación, es decir un motivo referido a un vicio sustancial de forma en el sentido del
artículo 230 CE (actualmente artículo 263 TFUE), no priva al juez de la facultad de apreciar de oficio tal motivo ya que éste
constituye un motivo de orden público que puede o incluso debe suscitarse de oficio (sentencia del Tribunal de Justicia de
2 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros, C‑89/08 P, Rec. p. I‑11245, apartado 54), siempre que se respete el principio
de contradicción (sentencia Comisión/Irlanda y otros, antes citada, apartado 54).
En el presente asunto, en el considerando 32 de la Decisión impugnada la Comisión se limitó a indicar sin más precisión que
las actividades del grupo Fuji en materia de GIS se llevaban a cabo, entre otros operadores, por FES, razón por la que, según
se deduce de los considerandos 373 y 379 de la misma Decisión, en el artículo 1, letra h), de ésta se imputó a esa última
sociedad la infracción, en particular durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 30 de septiembre de 2002. La Decisión
impugnada no permite a la demandante ni al Tribunal conocer los factores de hecho o de Derecho en los que se apoyó la Comisión
para decidir que FES, entre otros operadores, había desarrollado actividades del grupo Fuji en materia de GIS entre el 15
de abril de 1988 y el 30 de junio de 2001 y que por esa razón se le podía imputar la infracción durante ese mismo período.
En respuesta a una pregunta del Tribunal (apartado 41
supra),
la Comisión ha explicado la falta de precisión de la Decisión impugnada al respecto por el hecho de que FEH y FES reconocieron
expresamente la responsabilidad de la infracción que incumbía a FES en su respuesta al pliego de cargos. No se puede acoger
sin embargo esa explicación. Es cierto que en el considerando 374 de la Decisión impugnada la Comisión, al exponer las «alegaciones
presentadas por Fuji», mencionó que «Fuji reconocía haber participado en el cartel descrito en el pliego de cargos entre 1988
y septiembre de 2000, pero no más allá». Sin embargo, esa sola mención no permite concluir de forma clara e inequívoca que
la Comisión se propusiera sustentar sus apreciaciones de que FES había dirigido actividades del grupo Fuji en materia de GIS
entre 1988 y el 30 de junio de 2001, y por esa razón podía ser considerada responsable de la infracción, únicamente en las
alegaciones presentadas por FEH y FES durante el procedimiento administrativo. En particular, los considerandos 32, 373 y
379 de la Decisión impugnada no contienen ninguna referencia a las alegaciones de FEH y FES mencionadas en el considerando
374 de la misma Decisión.
A fortiori,
no contienen indicación alguna que permita a la demandante y al Tribunal comprender las razones que hayan llevado a la Comisión
a interpretar las alegaciones de FEH y FES en el sentido de que FES había reconocido que desarrolló actividades del grupo
Fuji en materia de GIS entre el 15 de abril de 1988 y el 30 de junio de 2001, y por esa razón podía ser considerada responsable
de la infracción durante ese mismo período. Tal indicación era tanto más necesaria en el presente caso dado que la interpretación
mantenida por la Comisión estaba en contradicción con las informaciones que FEH y FES le habían comunicado en su respuesta
de 4 de octubre de 2004 a su solicitud de información (véase el anterior apartado 15). En efecto, de la lectura atenta de
ésta y en particular de su anexo D, que se proponía específicamente responder a las cuestiones de la Comisión sobre las entidades
jurídicas que habían dirigido las actividades del grupo Fuji en materia de GIS, se deduce que antes del 1 de julio de 2001
las únicas entidades jurídicas que ejercían tales actividades eran FEH y dos filiales pertenecientes a ésta al 100 %, a saber
Fuji Electric Corp. of America (FECOA) y Fuji Electric International Corp. (FEIC).
Además, eran exigibles más amplias explicaciones en la Decisión impugnada ya que la interpretación de las alegaciones de FEH
y de FES que la Comisión realizó no era apta para explicar la imputación a FES de la infracción durante todo el período que
va del 15 de abril de 1988 al 30 de junio de 2001. En efecto, el reconocimiento de responsabilidad que alega la Comisión no
abarca el período que va «más allá» de septiembre de 2000.
Por otra parte, en lo que atañe a la alegación por la Comisión de que la Decisión impugnada está justificada en cualquier
caso atendiendo al hecho reconocido por la demandante de que algunas actividades del grupo Fuji en materia de GIS se transfirieron
a FES el 1 de julio de 2001 y de que, como FES sucedió así económicamente a FEH o a sus filiales que le pertenecían al 100 %,
también se le transfirió, conforme a la jurisprudencia en la materia (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, apartado
84
supra,
apartados 346 a 360), la responsabilidad que incumbía a éstas por la participación de la primera empresa afectada en la infracción
durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 30 de junio de 2001, es necesario recordar que, en virtud del artículo
263 TFUE (anteriormente artículo 230 CE), el Tribunal debe limitarse a controlar la legalidad de la decisión impugnada basándose
en los motivos contenidos en dicho acto (sentencia del Tribunal de 6 de marzo de 2001, IPK-München/Comisión, T‑331/94, Rec.
p. II‑779, apartado 91). En el presente asunto se ha se señalar que no pueden considerarse manifestados en la Decisión impugnada
los motivos alegados por la Comisión. En efecto, ni en ésta ni siquiera en el pliego de cargos indicó la Comisión que se propusiera
considerar a FES responsable por la participación de la primera empresa afectada en la infracción durante el período del que
se trata en su condición de sucesora económica de FEH o de sus filiales pertenecientes al 100 %. Para imputar la infracción
a FES la Comisión siempre manifestó en cambio que ésta, «entre otras», había desarrollado las actividades del grupo Fuji en
materia de GIS y por tanto había dirigido directamente la primera empresa afectada durante ese período. Ahora bien, esas dos
clases de responsabilidad difieren sustancialmente ya que una persona que dirigía una empresa al tiempo de su participación
en la infracción debe en principio responder por dicha infracción conforme al principio de responsabilidad personal (véase
la jurisprudencia citada en el anterior apartado 58), mientras que la transferencia de responsabilidad que deriva de la aplicación
del criterio denominado «de la continuidad económica» representa una excepción a ese mismo principio (véase en ese sentido
la sentencia ETI y otros, apartado 58
supra,
apartados 39, 40 y 46).
De ello se deduce que los nuevos motivos, basados en la aplicación del principio llamado de la «continuidad económica», aducidos
por la Comisión en el presente procedimiento no pueden tomarse en consideración al controlar la legalidad de la Decisión impugnada,
y que por tanto deben inadmitirse las alegaciones de la Comisión apoyadas en ellos.
Por cuanto precede y consideradas las observaciones de las partes se debe apreciar de oficio que la Decisión impugnada, al
imputar a FES la participación de la primera empresa afectada en la infracción durante el período que va del 15 de abril de
1988 al 30 de junio de 2001, incurre en una insuficiencia de motivación que ha lesionado el derecho de defensa y el derecho
a un recurso judicial efectivo de la demandante e impide que el Tribunal controle el fundamento de los puntos de la Decisión
impugnada contra los que se formula la presente alegación.
Procede por tanto anular el artículo 1, letra h), y el artículo 2, letra d), de la Decisión impugnada, en cuanto se basan
en la apreciación no motivada de que FES, «entre otras», dirigió la primera empresa afectada durante el período que va del
15 de abril de 1988 al 30 de junio de 2001.
Por otro lado, en lo que atañe a la refutación por la demandante de que FES pueda ser considerada personalmente responsable
por la participación de la primera empresa afectada en la infracción durante el período que va del 1 de julio de 2001 al 30
de septiembre de 2002, hay que precisar que esa parte no niega que a partir del 1 de julio de 2001 FES desarrolló ciertas
actividades del grupo Fuji en materia de GIS, en especial a raíz de la absorción de FEIC, una de las filiales pertenecientes
al 100 % a FEH, sino únicamente que esas actividades, en particular las que antes ejercía FEIC, fueran propias de la primera
empresa afectada en ese tiempo. Acerca de ello, debe puntualizarse que, como reconoce la demandante y se deduce además del
anexo D de la respuesta de 4 de octubre de 2004 a la solicitud de información, FEIC ejercía, en especial durante el período
que va del 15 de abril de 1988 al 30 de junio de 2001, las actividades de comercialización de los proyectos de GIS entre los
clientes internacionales, excepto servicios públicos y América del Norte –dado que el mercado norteamericano, no afectado
por la infracción, estaba reservado a FECOA–, y que era así en principio directamente responsable de la aplicación del pacto
común y de la abstención de prospección de nuevos clientes en el conjunto del mercado interior y posteriormente del territorio
del EEE. De ello se deduce que, en contra de lo alegado por la demandante, las actividades en materia de GIS ejercidas por
FEIC se incluyen necesariamente en las «actividades [de proyectos de] GIS de Fuji [que] desarrollaban entre otras, [FEH] y
[FES]», a las que se refiere el considerando 32 de la Decisión impugnada. Esas actividades eran propias por tanto de la primera
empresa afectada por la Decisión impugnada, según se describe en el anterior apartado 61. En consecuencia, sin incurrir en
el error que se le imputa, en la Decisión impugnada la Comisión consideró a FES personalmente responsable por la participación
de la primera empresa afectada en la infracción durante el período que va del 1 de julio de 2001 al 30 de septiembre de 2002.
Por todas las precedentes consideraciones se debe acoger parcialmente la primera alegación del cuarto motivo y anular el artículo
1, letra h), y el artículo 2, letra d), de la Decisión impugnada, en cuanto la Comisión aprecia o se apoya en la apreciación
de que FES, de la que es sucesora en Derecho la demandante, puede ser considerada personalmente responsable de la infracción
durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 30 de junio de 2001, dado que dirigió directamente, «entre otras», dicha
empresa durante el mismo período. Por lo demás, debe desestimarse la primera alegación del cuarto motivo.

Sobre el quinto motivo, basado en errores manifiestos de apreciación o errores de Derecho en los que incurre la conclusión
de la Comisión de que FEH y FES deben ser consideradas personal y solidariamente responsables por la participación de JAEPS
en la infracción
Alegaciones de las partes
La demandante alega en sustancia que el artículo 2, letra f), de la Decisión impugnada debe ser anulado porque se sustenta
en una apreciación manifiestamente errónea de los hechos según la cual FEH y FES pueden ser consideradas personal y solidariamente
responsables por la participación en la infracción de JAEPS, o con más precisión, de la segunda empresa afectada, a la que
entonces dirigía JAEPS, durante el período que va del 1 de octubre de 2002 al 11 de mayo de 2004. Según la demandante, la
Comisión no ha aportado la prueba que le incumbía de que FEH y FES hubieran estado en condiciones de ejercer una influencia
decisiva en JAEPS, que justificara considerarlas personal y solidariamente responsables, junto con JAEPS e Hitachi, del pago
de la multa impuesta a causa de la participación de la segunda empresa afectada en la infracción durante el período que va
del 1 de octubre de 2002 al 11 de mayo de 2004.
La Comisión mantiene que hay numerosos indicios que, considerados en su totalidad, apoyan la apreciación en la Decisión impugnada
de que FEH y FES ejercieron una influencia decisiva en JAEPS, permitiendo que la infracción continuara después de la transferencia
a JAEPS el 1 de octubre de 2002 de las actividades del grupo Fuji en materia de GIS. En consecuencia, solicita la desestimación
del quinto motivo por infundado.
Apreciación del Tribunal
Antes de analizar el fondo del presente motivo, junto con la segunda alegación del cuarto motivo, por las razones expuestas
en el anterior apartado 155, es necesario identificar el objeto exacto de la impugnación que sustenta este motivo y los considerandos
de la Decisión impugnada objeto de esa impugnación, así como recordar las reglas aplicables a la imputación de una infracción
del Derecho de la competencia en las relaciones entre una filial y su sociedad matriz.
–       Sobre el objeto de la impugnación que sustenta el quinto motivo
La demandante no refuta que la segunda empresa afectada participó en la infracción entre el 1 de octubre de 2002 y el 11 de
mayo de 2004. Tampoco niega que durante ese período dicha empresa se hallaba directamente bajo la responsabilidad o la dirección
de JAEPS. En cambio, niega que FEH y FES, a través de una participación directa o indirecta del 30 % en el capital social
de JAEPS, hubieran ejercido ellas mismas un poder de dirección en la segunda empresa afectada y en consecuencia hubieran dirigido
indirectamente ésta entre el 1 de octubre de 2002 y el 11 de mayo de 2004.
–       Sobre los considerandos de la Decisión impugnada objeto del quinto motivo
En los considerandos 383 a 403 de la Decisión impugnada la Comisión expone la responsabilidad personal en la que incurrieron
FEH y FES, como sociedad matriz de JAEPS, bajo cuya responsabilidad directa estaba la segunda empresa afectada, por la participación
de ésta en la infracción durante el período que va del 1 de octubre de 2002 al 11 de mayo de 2004. La Comisión señaló en particular
lo siguiente:
«(383)      [JAEPS] fue constituida en julio de 2001 y participó en el comportamiento colusorio descrito en la presente Decisión entre
el 1 de octubre de 2002 (cuando las actividades [en materia de] GIS de Hitachi y [de] Fuji se transfirieron a JAEPS) y el
11 de mayo de 2004 (fecha de la última reunión del cartel, a causa de la notificación de las inspecciones de la Comisión).
(384)      JAEPS fue constituida para agrupar las actividades de [transmisión y distribución de electricidad] de las sociedades matrices
con vistas al suministro de los clientes de ese sector [nota a pié de página nº 399: p. 23134 (Respuesta de [las sociedades
del grupo] Hitachi al pliego de cargos)]. [Hitachi] y [FES] (filial al 100 % de [FEH]) poseen respectivamente el 50 % y el
30 % del capital de la empresa conjunta JAEPS (el tercer socio es [Meidensha]).
[…]
(389)      Las participaciones respectivas de las sociedades matrices en JAEPS no permiten por sí solas que la Comisión presuma que esas
sociedades ejercieron una influencia decisiva en el comportamiento de JAEPS en el mercado, en general, o en sus actividades
en el contexto del cartel, en particular. No obstante, los datos de hecho muestran con claridad que Hitachi y Fuji pudieron
ejercer y ejercieron efectivamente una influencia decisiva en la participación de JAEPS en las actividades del cartel descritas
en la presente Decisión desde el 1 de octubre de 2002 al 11 de mayo de 2004. La Comisión considera que JAEPS no determinó
con autonomía su comportamiento en el mercado sino que siguió las prácticas y el comportamiento comerciales fijados por Hitachi
y Fuji.
(390)      Al transferir sus actividades [en materia de] GIS a JAEPS (sin transmitir no obstante sus filiales respectivas activas en
otro tiempo en ese sector), Hitachi y Fuji utilizaron de hecho a JAEPS como vehículo para continuar su participación de larga
duración en el cartel [nota a pié de página nº 400: el expediente de la Comisión no contiene pruebas en contra de Meidensha]
de los fabricantes [de proyectos de] GIS (Hitachi y Fuji seguían vendiendo ambas [GIS] con su propia marca, pero subcontrataban
su producción con JAEPS).
(391)      Estas conclusiones se basan en factores objetivos como […] el papel de vigilancia y de dirección de las actividades de JAEPS
desempeñado por Hitachi y Fuji[,] la anterior participación de Hitachi y de Fuji en las actividades del cartel antes de la
constitución de JAEPS[,] el hecho de que las filiales de Hitachi y de Fuji anteriormente implicadas en las actividades [en
materia de] GIS se habían retirado para que les sucediera JAEPS, aun prestando después su asistencia a ésta, y conservaran
su interés en los productos como distribuidoras de éstos[,] la presencia en las reuniones del cartel de representantes de
JAEPS simultánea o posteriormente empleados por Hitachi y/o Fuji y […] el hecho de que numerosos directivos de JAEPS fueron
simultánea o posteriormente directivos de Hitachi y Fuji.
[…]
(402)      La decisión de Hitachi y de Fuji de continuar su participación en el cartel a través de una empresa conjunta no les permite
eludir su responsabilidad por esa participación.
(403)      Por consiguiente, [JAEPS], [Hitachi], [FEH] y [FES] deben ser consideradas solidariamente responsables por la participación
de JAEPS en la infracción del 1 de octubre de 2002 al 11 de mayo de 2004.»
Se deduce así de la Decisión impugnada que la Comisión no apreció la responsabilidad personal de FEH y FES a partir del 1
de octubre de 2002 a causa de su calidad de dirigente directo de la primera empresa afectada, sino por su condición de sociedad
matriz de JAEPS, bajo cuya responsabilidad directa estaba la segunda empresa afectada.
–       Sobre las reglas aplicables a la imputación de una infracción del Derecho de la competencia en las relaciones entre una filial
y su sociedad matriz
A efectos de la aplicación de las normas sobre competencia, la separación formal entre dos sociedades, resultante de su personalidad
jurídica distinta, no es determinante y lo importante es la unidad o no de su comportamiento en el mercado. Por consiguiente,
puede resultar necesario determinar si dos sociedades que tienen personalidades jurídicas separadas constituyen o forman parte
de una misma y única empresa o entidad económica que desarrolla un comportamiento único en el mercado (sentencia DaimlerChrysler/Comisión,
apartado 56
supra,
apartado 85; véase también en ese sentido la sentencia Imperial Chemical Industries/Comisión, apartado 58
supra,
apartado 140).
Así pues, según reiterada jurisprudencia, la circunstancia de que la filial tenga personalidad jurídica separada no basta
para excluir que su comportamiento se impute a la sociedad matriz, en particular cuando la filial no determina de manera autónoma
su conducta en el mercado, sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz (sentencias
Imperial Chemical Industries/Comisión, apartado 58
supra,
apartados 132 y 133, y PVC II, apartado 57
supra,
apartado 960). Cuando la filial no dispone de autonomía real para determinar su línea de actuación en el mercado, las prohibiciones
impuestas por el artículo 81 CE, apartado 1, pueden considerarse inaplicables a las relaciones entre aquélla y la sociedad
matriz, con la cual forma una unidad económica (sentencia Imperial Chemical Industries/Comisión, apartado 58
supra,
apartado 134; sentencia del Tribunal de 12 de enero de 1995, Viho/Comisión, T‑102/92, Rec. p. II‑17, apartado 51). La jurisprudencia
antes citada es aplicable por analogía al artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE.
En ese contexto, incumbe, en principio, a la Comisión demostrar que la sociedad o las sociedades matrices han ejercido efectivamente
una influencia decisiva en el comportamiento en el mercado de su filial, sobre la base de un conjunto de elementos de hecho,
entre ellos, en particular, el poder de dirección ejercido por la sociedad o las sociedades matrices sobre su filial (véase
en ese sentido la sentencia del Tribunal de 27 de septiembre de 2006, Avebe/Comisión, T‑314/01, Rec. p. II‑3085, apartado
136, y jurisprudencia citada).
En general, la tenencia de una mayoría del capital social de la filial puede permitir que la sociedad matriz ejerza efectivamente
una influencia decisiva en su filial, y en particular en el comportamiento de ésta en el mercado. De tal forma, se ha estimado
que, cuando el control efectivamente ejercido por una sociedad matriz sobre su filial, en la que posee el 25,001 % del capital
social, corresponde a una participación minoritaria, muy distante de la mayoría, no puede considerarse que la sociedad matriz
y su filial pertenecieran a un grupo dentro del cual constituían una unidad económica (véase en ese sentido la sentencia del
Tribunal de 6 de abril de 1995, Tréfileurope/Comisión, T‑141/89, Rec. p. II‑791, apartado 129).
No obstante, una participación minoritaria puede permitir que una sociedad matriz ejerza efectivamente una influencia decisiva
en el comportamiento de su filial en el mercado, si va acompañada de derechos que exceden de los que normalmente se atribuyen
a los accionistas minoritarios para proteger sus intereses financieros y que, examinados según el método del conjunto de indicios
convergentes, de naturaleza jurídica o económica, son aptos para demostrar que se ejerce una influencia decisiva en el comportamiento
de la filial en el mercado. La prueba del ejercicio efectivo de una influencia decisiva puede ser aportada así por la Comisión
gracias a un conjunto de indicios, aun si cada uno de ellos apreciado de forma aislada no tiene una fuerza probatoria suficiente.
El ejercicio efectivo de un poder de dirección por la sociedad o las sociedades matrices sobre su filial puede derivar directamente
de la aplicación de las disposiciones legales vigentes, o de un acuerdo entre las sociedades matrices sobre la gestión de
su filial común, concluido conforme a esas mismas disposiciones legales (véase en ese sentido la sentencia Avebe/Comisión,
apartado 181
supra,
apartados 137 a 139). La importancia de la intervención de la sociedad matriz en la gestión de su filial puede también acreditarse
por la presencia, a la cabeza de la filial, de numerosas personas que ocupan funciones de dirección en la sociedad matriz.
Esa acumulación de funciones ofrece necesariamente a la sociedad matriz la posibilidad de influir de forma decisiva en el
comportamiento de su filial en el mercado dado que permite que los miembros de la dirección de la sociedad matriz, en el ejercicio
de sus funciones directivas en la filial, procuren que la línea de acción de ésta en el mercado se ajuste a las orientaciones
definidas por los órganos directivos de la sociedad matriz. Ese objetivo puede lograrse incluso sin que el o los miembros
de la sociedad matriz que asumen las funciones de dirección en la filial tengan la condición de representante de la sociedad
matriz. Por último, la intervención de la sociedad o las sociedades matrices en la gestión de su filial puede derivar de las
relaciones comerciales que las primeras mantienen con la segunda. De esa forma, cuando una sociedad matriz es también proveedor
o cliente de su filial, tiene un interés muy especial en dirigir las actividades de producción o de distribución de esta última,
para beneficiarse plenamente de la plusvalías generadas por la integración vertical así realizada (véanse en ese sentido las
conclusiones del Abogado General Mischo en el asunto que dio lugar a la sentencia Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión, apartado
57
supra,
Rec. p. I‑9928, puntos 50 y 51).
Habida cuenta de que, en virtud del artículo 263 TFUE (anteriormente artículo 230 CE) el Tribunal debe limitarse a controlar
la legalidad de la Decisión impugnada basándose en los motivos contenidos en dicho acto (sentencia IPK-München/Comisión, apartado
supra,
apartado 91), el ejercicio efectivo de un poder de dirección de la sociedad matriz sobre la filial debe apreciarse únicamente
en función de los medios de prueba reunidos por la Comisión en la decisión que imputa la responsabilidad de la infracción
a la sociedad matriz. La única cuestión pertinente es la de saber en el fondo si se aportó o no la prueba de la infracción
a la vista de esos medios de prueba (sentencia Cimenteries CBR y otros/Comisión, apartado 88
supra,
apartado 726).
–       Sobre los medios de prueba del ejercicio efectivo por FEH y FES de un poder de dirección en JAEPS, reunidos por la Comisión
en la Decisión impugnada
Atendiendo a la jurisprudencia que se recuerda en los anteriores apartados 179 a 185, es preciso examinar en primer lugar
los indicios reunidos en la Decisión impugnada, referidos a las estipulaciones del acuerdo marco de creación de la filial
común, JAEPS (en lo sucesivo, «acuerdo marco»), concluido el
[confidencial]
entre Hitachi, FEH y Meidensha (en lo sucesivo, «sociedades fundadoras»).
Para acreditar el papel de vigilancia y de dirección desempeñado por FEH y FES en JAEPS, la Comisión menciona en el considerando
395 de la Decisión impugnada, en particular, lo siguiente:
«[confidencial]».
En sus escritos procesales o en su respuesta escrita a las preguntas del Tribunal, FEH y FES sólo han alegado en relación
con esas apreciaciones de hecho que de éstas no podía deducirse que hubieran ejercido una influencia decisiva en el comportamiento
de JAEPS en el mercado, dado que
[confidencial]
.
El artículo [
confidencial
] del acuerdo marco, presentado por FEH y FES como anexo de su respuesta al pliego de cargos, estipula que
[confidencial]
.
El artículo
[confidencial]
del acuerdo marco prevé
[confidencial].
A tenor del artículo
[confidencial]
del acuerdo marco,
[confidencial].
El artículo
[confidencial]
del acuerdo marco estipula al respecto que
[confidencial].
Finalmente, el artículo [
confidencial
] del acuerdo marco dispone que
[confidencial]
.
El artículo
[confidencial]
del acuerdo marco prevé también que
[confidencial]
.
Por último, según el artículo
[confidencial]
del acuerdo marco,
[
c
onfidencial]
.
Resulta por tanto del artículo
[confidencial]
del acuerdo marco, a la luz de las demás estipulaciones del mismo acuerdo, que cada una de las sociedades fundadoras tenía
el poder
[confidencial],
de ejercer una influencia decisiva en el comportamiento de JAEPS. En efecto,
[confidencial]
. De ello se deduce que las sociedades fundadoras tenían que entenderse necesariamente para las decisiones importantes sobre
el comportamiento de su filial común en el mercado.
La demandante no ha aportado ningún medio de prueba en apoyo de sus alegaciones
[confidencial]
. En ese contexto, el hecho no rebatido por la demandante de que
[confidencial]
demuestra que
[confidencial]
las sociedades fundadoras tuvieron que entenderse en la práctica sobre las decisiones importantes relativas a la dirección
y a las actividades económicas de JAEPS.
En cuanto a la alegación por la demandante de que
[confidencial],
suponiendo incluso que fuera fundada, ello no es en sí determinante ya que
[confidencial]
. En el punto 4.3 de su respuesta al pliego de cargos FEH y FES reconocieron en efecto que
«[confidencial]»
y que
«[confidencial]».
En cualquier caso, como señala la Comisión, de los puntos 5.7 y 5.8 de la respuesta de FEH y FES al pliego de cargos resulta
que
[confidencial]
. Finalmente, en su escrito a la Comisión de 10 de noviembre de 2006, FEH y FES reconocen que
«[confidencial]». [confidencial]
Habida cuenta de las estipulaciones del artículo
[confidencial]
del acuerdo marco, se revela en cualquier caso errónea la alegación, como la demandante afirma, de que
«[confidencial]».
En lo que se refiere al hecho de que la participación de la segunda empresa afectada, en ese momento bajo la dirección directa
de JAEPS, no se discutió en las reuniones entre los presidentes y/o los directivos de las sociedades fundadoras, ése carece
de incidencia dado que, para imputar a una sociedad matriz los actos cometidos por su filial, no es en absoluto necesario
probar que la sociedad matriz participó directamente en los comportamientos imputados a su filial o tuvo conocimiento de ellos.
En efecto, la circunstancia que permite que la Comisión considere a la sociedad matriz de un grupo de sociedades destinataria
de la decisión por la que se imponen multas no es el hecho de que la matriz haya instigado a su filial a participar en la
infracción ni tampoco,
a fortiori,
la participación de la propia matriz en dicha infracción, sino el hecho de que cuando se cometió la infracción la sociedad
matriz y su filial seguían un comportamiento único en el mercado, que facultaba a la Comisión para dirigir la decisión de
imposición de sanciones a la sociedad matriz de un grupo de sociedades (sentencias del Tribunal Akzo Nobel y otros/Comisión,
apartado 56
supra,
apartado 58, y de 30 de abril de 2009, Itochu/Comisión, T‑12/03, Rec. p. II‑909, apartado 58). Por tanto, en el presente caso
no incumbía a la Comisión demostrar que FEH y FES estaban directamente implicadas o que habían tenido conocimiento de la participación
en la infracción de la segunda empresa afectada, que entonces estaba bajo la dirección directa de JAEPS, sino únicamente acreditar
que al tiempo de esa participación dichas sociedades ejercían efectivamente una influencia decisiva en el comportamiento de
su filial en el mercado, en especial como miembros de la conferencia operativa (véanse los anteriores apartados 180 y 181).
En segundo lugar, es preciso examinar los indicios reunidos en la Decisión impugnada acerca del hecho de que numerosos directivos
de JAEPS fueron simultánea o posteriormente directivos de FEH y FES.
En el considerando 400 de la Decisión impugnada, la Comisión señaló:
«Son relevantes al respecto los ejemplos siguientes sobre la acumulación de cargos de dirección en Fuji […]:
a)      [El Sr. Os.] era
[confidencial]
de JAEPS desde el 1 de julio de 2001 hasta octubre de 2003 y al mismo tiempo
[confidencial]
de [FES]. Posteriormente pasó a ser
[confidencial]
de esa última sociedad el
[confidencial].
b)      [El Sr. H. H.],
[confidencial]
de JAEPS desde
[confidencial]
a
[confidencial],
también era
[confidencial]
de [FEH]. Posteriormente pasó a ser
[confidencial]
de [FES].
c)      [El Sr. Ok.] sucedió al [Sr. I.] en calidad de
[confidencial]
de JAEPS hasta
[confidencial].
Al mismo tiempo era
[confidencial]
de [FES].
d)      [El Sr. Y.],
[confidencial]
de JAEPS a partir de
[confidencial],
era al mismo tiempo
[confidencial]
y después
[confidencial]
de [FES].
e)      [El Sr. A.],
[confidencial]
de JAEPS hasta
[confidencial],
era también
[confidencial]
de [FEH].
f)      [El Sr. K.] sucedió al [Sr. A.] en calidad de
[confidencial]
de JAEPS a partir de
[confidencial].
Era también
[confidencial]
de [FES].»
La acumulación de cargos de dirección en FEH y en FES y de cargos de
[confidencial]
en JAEPS ofrecía necesariamente a FEH y FES la posibilidad de influir efectivamente de forma decisiva en el comportamiento
en el mercado de JAEPS, dado que permitía que los miembros de la dirección de esas sociedades se aseguraran de que la línea
de actuación en el mercado de esa última se ajustara a la que resultaba de
[confidencial],
conforme a las estipulaciones del artículo
[confidencial]
del acuerdo marco. Del considerando 393 de la Decisión impugnada, confirmado sobre ese aspecto por la parte H de la respuesta
de las sociedades del grupo Hitachi al pliego de cargos, y por los puntos 5.10 y 5.11 de la respuesta de FEH y FES al pliego
de cargos, se deduce que
[confidencial].
Pues bien, FEH y FES no han discutido ni siquiera alegado que sus directivos, que también eran
[confidencial]
de JAEPS, en calidad de
[confidencial],
no hubieran recibido toda la información necesaria para asumir sus responsabilidades. Incluso suponiendo que estos últimos
no hubieran recibido las informaciones referidas a
[confidencial],
resulta del punto 5.10 de la respuesta de FEH y FES al pliego de cargos que para las sociedades fundadoras ellos eran un vehículo
de información sobre las cuestiones discutidas en
[confidencial]
de JAEPS, a saber, las relativas a
[confidencial]
de JAEPS.
En tercer lugar, se han de examinar los indicios reunidos en la Decisión impugnada acerca del hecho de que FEH y FES mantuvieron
su interés por los proyectos de GIS producidos por JAEPS, como distribuidoras de éstos.
El hecho de que, como indica el considerando 398 de la Decisión impugnada, al constituirse JAEPS, FEH y FES siguieron vendiendo
proyectos de GIS producidos por JAEPS «a sus propios clientes ya existentes, salvo los servicios públicos», lo que según la
Comisión representaba
[confidencial]
a
[confidencial]
% de las actividades del grupo Fuji en materia de GIS antes de la creación de JAEPS, y que se convirtieron así en importantes
clientes de JAEPS, demuestra que conservaron un interés comercial especial en ejercer efectivamente una influencia decisiva
en el comportamiento de su filial en el mercado
[confidencial],
conforme a las estipulaciones del artículo
[confidencial]
del acuerdo marco.
De esa manera, sin necesidad, por las anteriores consideraciones, de examinar los otros indicios reunidos al respecto en la
Decisión impugnada, cuya pertinencia también ha refutado la demandante, hay que concluir que la Comisión ha presentado la
prueba suficiente en Derecho del ejercicio efectivo por FEH y FES de una influencia decisiva en la línea de actuación de JAEPS
en el mercado, atendiendo únicamente al conjunto de indicios reunidos en la Decisión impugnada, derivados de las estipulaciones
del acuerdo marco, de la acumulación de cargos de dirección en FEH y FES y en JAEPS y del interés que FEH y FES seguían teniendo
en los proyectos de GIS producidos por JAEPS, como distribuidoras de éstos.
En consecuencia, dadas las circunstancias del presente asunto, la Comisión consideró fundadamente a FEH y FES responsables
personal y solidariamente, junto con Hitachi y JAEPS, por la participación de la segunda empresa afectada en la infracción
durante el período que va del 1 de octubre de 2002 al 11 de mayo de 2004.
Por tanto, el quinto motivo y la segunda alegación del cuarto motivo deben desestimarse por infundados.
2.
Sobre las pretensiones de modificación parcial de la Decisión impugnada
En esencia, la demandante solicita al Tribunal que, en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena en virtud del artículo
261 TFUE (anteriormente artículo 229 CE), reduzca sustancialmente el importe de las multas impuestas a FEH y FES en el artículo
2, letras d) y f), de la Decisión impugnada, en razón de la imposibilidad de imputar jurídicamente a FEH la infracción declarada
en el artículo 1 de la Decisión impugnada durante el período que va de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002, de
la imposibilidad de imputar jurídicamente a FES esa misma infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al
30 de septiembre de 2002, de la imposibilidad de imputar jurídicamente a FEH y a FES, en su condición de sociedades matrices
de JAEPS, la infracción durante el período que va del 1 de octubre de 2002 al 11 de mayo de 2004, y por último por la necesidad
de reducir las multas impuestas a FEH y a FES, atendiendo al valor añadido significativo de las informaciones proporcionadas
por éstas durante el procedimiento administrativo, en el sentido del apartado 23, letra b), de la Comunicación sobre la cooperación,
o en su defecto atendiendo a la circunstancia atenuante de que esas informaciones permitieron a la Comisión comprobar la existencia
de la infracción con menor dificultad, en el sentido del punto 3, sexto guión, de las Directrices para el cálculo de las multas
impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado [CA]
(DO 1998, C 9, p. 3, en lo sucesivo, «Directrices»).

Observaciones previas sobre la competencia jurisdiccional plena del juez de la Unión
Sobre la base del artículo 261 TFUE (anteriormente artículo 229 CE), diversos reglamentos han atribuido a los órganos jurisdiccionales
de la Unión una competencia jurisdiccional plena en materia de sanciones. En particular, el artículo 17 del Reglamento nº 17
y el artículo 31 del Reglamento nº 1/2003 prevén que el Tribunal gozará de competencia jurisdiccional plena para resolver
los recursos interpuestos contra las decisiones por las cuales la Comisión haya fijado una multa.
Sin embargo, los órganos jurisdiccionales de la Unión sólo pueden ejercer esta competencia jurisdiccional plena en el marco
del control de legalidad de los actos de las instituciones y, más concretamente, del recurso de anulación. En efecto, el artículo
261 TFUE (anteriormente artículo 229 CE) no constituye un medio de recurso autónomo sino que tiene el único efecto de ampliar
el alcance de la potestad de que dispone el juez comunitario en el marco del recurso contemplado en el artículo 263 TFUE (anteriormente
artículo 230 CE). Por lo tanto, un recurso que tenga por objeto que el juez comunitario ejerza su competencia jurisdiccional
plena en contra de una decisión sancionadora incluye o implica necesariamente una pretensión de anulación, total o parcial,
de dicha decisión (auto del Tribunal de 9 de noviembre de 2004, FNICGV/Comisión, T‑252/03, Rec. p. II‑3795, apartado 25).
Más allá del mero control de legalidad en el marco de un recurso de anulación conforme al artículo 263 TFUE (anteriormente
artículo 230 CE), que sólo permite desestimar el recurso de anulación o anular el acto impugnado, según prevé el artículo
264 TFUE (anteriormente artículo 231 CE), la competencia jurisdiccional plena de la que dispone permite al juez de la Unión
reformar el acto impugnado, incluso sin su anulación, teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho, para modificar,
por ejemplo, el importe de la multa impuesta (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl
Maatschappij y otros/Comisión, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, Rec.
p. I‑8375, apartado 692). De ello se deduce que en las materias en las que la Comisión conserva un margen de apreciación,
como la fijación del porcentaje de incremento de la multa en virtud de la duración de la infracción o de la necesidad de atribuirle
un alcance disuasorio, o como la valoración de la calidad y la utilidad de la cooperación prestada por una empresa en el procedimiento
administrativo, en especial en relación con la contribución de otras empresas, el hecho de que el control de legalidad ejercido
en el marco del recurso de anulación en virtud del artículo 263 TFUE (anteriormente artículo 230 CE) se limita a comprobar
la ausencia de error manifiesto de apreciación no prejuzga, en principio, el ejercicio de la competencia jurisdiccional plena
del juez de la Unión (véanse en ese sentido las sentencias del Tribunal de 15 de junio de 2005, Tokai Carbon y otros/comisión,
apartado 59
supra,
apartado 164, y la jurisprudencia citada, y de 6 de mayo de 2009, Wieland-Werke/Comisión, T‑116/04, Rec. p. II‑1087, apartados
32, 33 y 124).
En el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena el juez de la Unión está facultado para apreciar el carácter apropiado
del importe de las multas en relación con los criterios enunciados, según el caso, en el artículo 15, apartado 4, del Reglamento
nº 17 o en el artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003 (sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre
de 2000, KNP BT/Comisión, C‑248/98 P, Rec. p. I‑9641, apartado 40; Weig/Comisión, C‑280/98 P, Rec. p. I‑9757, apartado 41,
y Cascades/Comisión, apartado 58
supra,
apartado 41). Esa última apreciación puede justificar que se aporten y se tomen en consideración elementos complementarios
de información no mencionados en la Decisión de la Comisión que impone la multa (véase la sentencia del Tribunal de 29 de
abril de 2004, Tokai Carbon y otros/Comisión, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 y T‑252/01, Rec. p. II‑1181,
apartado 165, y la jurisprudencia citada, y la sentencia de 15 de junio de 2005, Tokai Carbon y otros/Comisión, apartado 59
supra,
apartados 164 y 190).
En el presente asunto, según el conjunto de las pretensiones de reforma parcial de la Decisión impugnada, es preciso que el
Tribunal resuelva en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena si se ha de reformar el artículo 2, letras d) y f),
de la Decisión impugnada, aun sin su anulación, para modificar el importe de las multas impuestas a FEH y FES. En ese contexto,
se habrán de tener en cuenta, además de los vicios alegados en apoyo de las pretensiones de anulación del artículo 1, letras g)
y h), y del artículo 2, letras d) y f), de la Decisión impugnada, que ya se hubieran observado al llevar a cabo el control
de legalidad, otros vicios que sólo se hayan alegado en apoyo de las pretensiones de reforma del artículo 2, letras d) y f),
de la Decisión impugnada, y cuantos medios de información, presentados por las partes en el presente litigio, se consideren
pertinentes para apreciar el importe de las multas impuestas.

Sobre la imposibilidad de imputar jurídicamente a FEH la infracción durante el período que va del mes de septiembre de 2000
al 30 de septiembre de 2002
Alegaciones de las partes
Con sus motivos primero, segundo y tercero la demandante solicita que el Tribunal ejerza la competencia jurisdiccional plena
atribuida por el artículo 261 TFUE (anteriormente artículo 229 CE) y reduzca sustancialmente el importe de la multa impuesta
a FEH, en razón de la imposibilidad de imputarle jurídicamente la infracción durante el período que va desde finales del mes
de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002.
La Comisión mantiene que los motivos primero, segundo y tercero deben ser desestimados y que por tanto también deben serlo
las presentes pretensiones de la demandante.
Apreciación del Tribunal
Dado que en la Decisión impugnada la Comisión imputó válidamente a FEH la participación de la primera empresa afectada en
la infracción, que prosiguió de forma ininterrumpida durante el período que va desde finales del mes de septiembre de 2000
al 30 de septiembre de 2002, y que por consiguiente deben desestimarse los motivos primero, segundo y tercero (véanse los
anteriores apartados 139 y 147), no ha lugar a que el Tribunal modifique en ese aspecto el artículo 2, letra d), de la Decisión
impugnada en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena.
En consecuencia, deben desestimarse las presentes pretensiones de reforma parcial de la Decisión impugnada.

Sobre la imposibilidad de imputar jurídicamente a FES la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 30
de septiembre de 2002
Alegaciones de las partes
La demandante solicita con su cuarto motivo que el Tribunal ejerza la competencia jurisdiccional plena que le atribuye el
artículo 261 TFUE (anteriormente artículo 229 CE), y reduzca sustancialmente el importe de la multa impuesta a FES, en razón
de la imposibilidad de imputarle jurídicamente la participación de la primera empresa afectada en la infracción durante el
período que va del 15 de abril de 1988 al 30 de septiembre de 2002.
La Comisión considera que el cuarto motivo debe desestimarse, y también por tanto las presentes pretensiones de la demandante.
Apreciación del Tribunal
Dado que en la Decisión impugnada la Comisión imputó válidamente a FES la participación de la primera empresa afectada en
la infracción durante el período que va del 1 de julio de 2001 al 30 de septiembre de 2002 (véase el anterior apartado 171),
no ha lugar a que el Tribunal modifique en ese aspecto el artículo 2, letra d), de la Decisión impugnada en ejercicio de su
competencia jurisdiccional plena. Siendo así, se han de desestimar las presentes pretensiones de reforma parcial de la Decisión
impugnada.
En cambio, en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena procede que el Tribunal reforme parcialmente la Decisión impugnada,
a raíz de la anulación del artículo 2, letra d), de ésta, en cuanto se apoya en la apreciación no motivada de que FES puede
ser considerada personalmente responsable por la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 30 de junio
de 2001 (véanse los anteriores apartados 170 y 172).
En lo que se refiere al alcance preciso de la reforma del artículo 2, letra d), de la Decisión impugnada, hay que señalar
ante todo que en el caso de FES la imputación de la participación de la primera empresa afectada en la infracción durante
el período que va del 15 de abril de 1988 al 30 de junio de 2001 se tuvo en cuenta al determinar el importe de las multas
que se habían de imponer y que ello tuvo como consecuencia la agravación del importe de esas multas, como resulta del considerando
498 de la Decisión impugnada.
Por otro lado, para decidir el aumento del importe inicial de la multa que debe imponerse a FES en función de la duración
de la infracción que le es imputable, no ha lugar a separarse del método seguido por la Comisión en el considerando 492 de
la Decisión impugnada, conforme al que, para las infracciones de duración superior a un año, los importes iniciales de las
multas se elevan en un 10 % por cada año completo de infracción y en un 5 % por cualquier período adicional igual o superior
a seis meses pero inferior a un año. Aun siendo cierto que ese método difiere algo del descrito en las Directrices, que prevé
en el caso de las infracciones de duración media (en general de uno a cinco años), un importe que puede llegar al 50 % del
importe fijado por la gravedad de la infracción, es no obstante conforme con la práctica habitual de la Comisión en la aplicación
de esas Directrices. Además, hay que observar que la Comisión aplicó dicho método a todas las empresas que participaron en
la infracción constatada en el artículo 1 de la Decisión impugnada, y que no se ha impugnado por la demandante en el presente
recurso.
Por último, habida cuenta de la anulación del artículo 2, letra d), de la Decisión impugnada, en cuanto se apoya en la apreciación
errónea de que FES puede ser considerada personalmente responsable por la participación de la primera empresa afectada en
la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 30 de junio de 2001, ya no es posible apreciar en el caso
de FES, como hace el considerando 492 de la misma Decisión, una infracción de larga duración, de catorce años y cuatro meses,
que justifique, según los principios enunciados en el considerando 492 de la Decisión impugnada, un aumento del 140 % del
importe inicial de su multa, sino que sólo cabe apreciar una infracción de duración media, de un año y tres meses, que justifica
un aumento del 10 % del importe inicial de su multa, fijado en 1.000.000 de euros, según resulta del considerando 490 de la
Decisión impugnada, y por tanto debe fijarse en 1.100.000 euros del importe de base de la multa debida por FES, solidariamente
con FEH, a causa de la participación de la primera empresa afectada en la infracción durante el período que va del 1 de julio
de 2001 al 30 de septiembre de 2002, sin perjuicio de las reducciones que en su caso tuvieran que aplicarse a ese importe
para atender adecuadamente a las circunstancias atenuantes alegadas por la demandante (véanse los posteriores apartados 226
a 268).

Sobre la imposibilidad de imputar jurídicamente a FEH y a FES, en su condición de sociedades matrices de JAEPS, la participación
de la segunda empresa afectada en el cartel durante el período que va del 1 de octubre de 2002 al 11 de mayo de 2004
Alegaciones de las partes
Con su quinto motivo y la segunda alegación de su cuarto motivo la demandante solicita que el Tribunal ejerza su competencia
jurisdiccional plena basada en el artículo 261 TFUE (anteriormente artículo 229 CE) y reduzca sustancialmente el importe de
la multa impuesta a FEH y FES, en razón de la imposibilidad de imputarles jurídicamente, en su condición de sociedades matrices
de JAEPS, la participación de la segunda empresa afectada en el cartel durante el período que va del 1 de octubre de 2002
al 11 de mayo de 2004.
La Comisión estima que el cuarto motivo y la segunda alegación del quinto motivo deben desestimarse, y por tanto también las
presentes pretensiones de la demandante.
Apreciación del Tribunal
En la Decisión impugnada la Comisión imputó válidamente a FEH y a FES, en su condición de sociedades matrices de JAEPS, la
participación de la segunda empresa afectada en la infracción durante el período que va del 1 de octubre de 2002 al 11 de
mayo de 2004 (véanse los anteriores apartados 203 y 204). No ha lugar a que el Tribunal ejerza su competencia de plena jurisdicción
y reforme en ese aspecto el artículo 2, letra f), de la Decisión impugnada.
En consecuencia, procede desestimar las presentes pretensiones de reforma parcial de la Decisión impugnada.

Sobre la necesidad de conceder a FEH y a FES una reducción del importe de sus multas, atendiendo al valor añadido significativo
de las informaciones proporcionadas durante el procedimiento administrativo, en virtud de la Comunicación sobre la cooperación,
o subsidiariamente en razón de una circunstancia atenuante, conforme a las Directrices
Alegaciones de las partes
La demandante solicita al Tribunal que ejerza la competencia jurisdiccional plena que le atribuye el artículo 261 TFUE (anteriormente
artículo 229 CE), y conceda a FEH y a FES una reducción del 50 % del importe de las multas que se les han impuesto, atendiendo
a los apartados 21, 22 y 23, letra b), de la Comunicación sobre la cooperación, habida cuenta del valor añadido significativo
de las informaciones que presentaron a la Comisión durante el procedimiento administrativo, en su declaración en virtud de
la Comunicación sobre la cooperación, en su respuesta al pliego de cargos y en su escrito de 29 de septiembre de 2006 (véanse
los anteriores apartados 19, 20 y 25), que le permitieron demostrar la presunta infracción. El hecho de que esas informaciones
se presentaron después de la notificación del pliego de cargos no excluye que pueda cumplirse el criterio del valor añadido
significativo en el sentido de la Comunicación sobre la cooperación.
Con carácter subsidiario, la demandante solicita al Tribunal que reduzca el importe de la multa impuesta a FEH y a FES, ya
que, al haber permitido su colaboración efectiva en el procedimiento administrativo que la Comisión comprobara con mayor facilidad
la existencia de la infracción, tal colaboración puede calificarse, conforme a la jurisprudencia, como una circunstancia atenuante
en virtud del punto 3, sexto guión, de la Directrices.
La Comisión solicita que se desestimen estas pretensiones.
Apreciación del Tribunal
Antes de analizar el fondo de las presentes pretensiones, es oportuno identificar los considerandos de la Decisión impugnada
a los que se refieren, y recordar las reglas aplicables a la reducción de las multas en relación con los medios de prueba
aportados por la empresa que ha participado en la infracción y con su colaboración efectiva en el procedimiento administrativo.
–       Sobre los considerandos de la Decisión impugnada a los que se refieren las presentes pretensiones de reforma
En los considerandos 548 a 550 de la Decisión impugnada, la Comisión señaló lo que sigue acerca de la cooperación de FEH y
FES en el procedimiento administrativo:
«(548)      Tras la notificación del pliego de cargos a las partes Fuji solicitó una reducción de las multas en virtud de la Comunicación
sobre la [cooperación] (el 12 de julio de 2006), a la vez que pedía que su respuesta al pliego de cargos se tuviera en cuenta
a tal efecto. El 28 de septiembre de 2006 completó sus declaraciones precedentes con un testimonio posterior de un antiguo
empleado.
(549)      En sus declaraciones Fuji describió el cartel y reconoció que éste existía en la forma expuesta en el pliego de cargos. Reconoció
haber participado en él desde abril de 1988 “hasta, o alrededor de septiembre de 2000”. Fuhi describió los procedimientos
internos del cartel, en particular acerca de los contactos entre las empresas japonesas, y aportó algunas pruebas, en especial
una lista de documentos, que incluía proyectos que conforme a las reglas del cartel se había acordado poner en práctica después
de septiembre de 2000 [véase el considerando 198]. No obstante, Fuji niega su participación después de septiembre de 2000
así como su responsabilidad por la infracción cometida por JAEPS.
(550)      Como quiera que la solicitud de Fuji es posterior a la notificación del pliego de cargos, y habida cuenta del contenido de
esas declaraciones, la Comisión estima que las declaraciones de Fuji no han reforzado significativamente la capacidad de la
Comisión para demostrar los hechos de que se trata, ya que Fuji ha confirmado aspectos de hecho que la Comisión ya había acreditado
de forma suficiente en Derecho a partir de otros medios de prueba, y no ha aportado datos aptos para sustentar nuevas imputaciones.
En consecuencia, su contribución no ha aportado un valor añadido significativo en relación con los medios de prueba de los
que la Comisión ya disponía en la fecha en que fueron facilitados, y no justifica la concesión de una reducción de la multa
en aplicación de la Comunicación sobre la [cooperación].»
–       Sobre las reglas aplicables a la reducción de las multas en relación con los medios de prueba aportados por la empresa que
ha participado en la infracción y con su colaboración efectiva en el procedimiento administrativo
Según la jurisprudencia, la reducción del importe de las multas que deben imponerse a causa de una infracción del Derecho
de la competencia en caso de cooperación de las empresas que han participado en la infracción tiene su fundamento en la consideración
de que esa cooperación permite a la Comisión apreciar una infracción con menor dificultad y, en su caso, ponerle fin (sentencia
del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a
C‑208/02 P y C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, apartado 399; sentencias del Tribunal General BPB de Eendracht/Comisión, apartado
supra,
apartado 325, y de 14 de mayo de 1998, Finnboard/Comisión, T‑338/94, Rec. p. II‑1617, apartado 363).
Los apartados 20 a 23 de la Comunicación sobre la cooperación exponen lo que sigue:
«20.      Las empresas que no cumplan las condiciones contempladas en [el punto A, “Dispensa del pago de las multas”] podrán no obstante
beneficiarse de una reducción del importe de la multa que de otro modo les habría sido impuesta.
21.      Para ello, la empresa deberá facilitar a la Comisión elementos de prueba de la presunta infracción que aporten un valor añadido
significativo con respecto a los elementos de prueba de que ya disponía la Comisión, así como poner fin a su participación
en la presunta infracción a más tardar en el momento en que facilite los elementos de prueba.
22.      El concepto de “valor añadido” alude a la medida en que los elementos de prueba aportados aumentan la capacidad de la Comisión
de probar los hechos de que se trata, ya sea por su propia naturaleza, ya por su nivel de detalle o por ambos conceptos. En
esta evaluación, la Comisión concederá generalmente más valor a las pruebas escritas que daten del período en que se produjeron
los hechos que a las posteriormente establecidas. Del mismo modo, los elementos de prueba directamente relacionadas con los
hechos en cuestión se considerarán, en general, de mayor valor que las que sólo guarden relación indirecta con los mismos.
23.      En toda decisión adoptada al término del procedimiento administrativo, la Comisión determinará:
a)      si los elementos de prueba facilitados por una empresa en un momento dado supusieron un valor añadido significativo con respecto
a las pruebas que ya obraban en poder de la Comisión en aquel momento;
b)      el nivel de reducción del que se beneficiará una empresa […].
Para fijar el porcentaje de reducción […], la Comisión tendrá en cuenta la fecha en que fueron comunicados los elementos de
prueba que hayan satisfecho la condición establecida en el [apartado 21], así como el grado de valor añadido que hayan comportado.
Del mismo modo, la Comisión podrá tomar en consideración la magnitud y la continuidad de la cooperación prestada por la empresa
a partir de la fecha de su aportación original.
Asimismo, cuando una empresa aporte elementos de prueba relacionados con hechos de los cuales la Comisión no tenga conocimiento
previo y que repercutan directamente en la gravedad o duración del presunto cártel, la Comisión no tomará tales datos en consideración
al fijar el importe de la multa que deba imponerse a la empresa que los haya aportado.»
Las Directrices prevén que el nuevo método aplicable apara calcular el importe de la multa se basa en un esquema que consiste
en la fijación de un importe de base al que se aplican incrementos, para tomar en consideración las circunstancias agravantes,
y reducciones, para tener en cuenta las circunstancias atenuantes.
El punto 3, sexto guión, de las Directrices prevé que una colaboración efectiva de la empresa en el procedimiento, fuera del
ámbito de aplicación de la Comunicación sobre la cooperación, puede, por ejemplo, constituir una circunstancia atenuante que
justifica una reducción del importe de base de la multa.
Si bien la Comunicación sobre la cooperación y las Directrices, que nacen de una autolimitación por la Comisión de su facultad
de apreciación (véase el anterior apartado 208), no constituyen normas jurídicas cuyo cumplimiento se imponga en todo caso
a la Administración, establecen sin embargo una regla de conducta que indica la práctica que debe seguirse y de la cual la
Administración, en el ejercicio de su potestad de imponer una multa a causa de una infracción del artículo 81 CE y del artículo
53 del Acuerdo EEE, no puede apartarse, en casos concretos, sin dar razones que sean compatibles con el principio de igualdad
de trato (véase en ese sentido y por analogía la sentencia Itochu/Comisión, apartado 196
supra,
apartado 63, y la jurisprudencia citada).
–       Sobre el análisis de las informaciones y los datos proporcionados por FEH y FES que representaran un «valor añadido significativo»
en relación con los datos de los que ya disponía la Comisión y que correspondieran a una «colaboración efectiva» en el procedimiento
administrativo
La demandante se refiere en el presente caso a varias informaciones que FEH y FES presentaron a la Comisión durante el procedimiento
administrativo, acerca de la existencia del pacto común desde 1988 y su naturaleza recíproca, que se mencionan en el considerando
255 de la Decisión impugnada, y a una selección de documentos, en particular acuerdos concluidos en el contexto del cartel
y relativos a trece proyectos diferentes de GIS, que se mencionan en el considerando 198 de la Decisión impugnada.
La Comisión mantiene, en términos generales, que esas informaciones y documentos difícilmente podían presentar un «valor añadido
significativo» y corresponder a una «colaboración efectiva» de FEH y FES en la investigación, ya que se comunicaron después
de la notificación del pliego de cargos, y por tanto en una fase en la que la Comisión ya había expuesto con claridad los
hechos en los que se basaba en el presente caso y su calificación jurídica, como también resulta del apartado 26 de la Comunicación
sobre la cooperación.
Es cierto que el pliego de cargos debe permitir a los interesados conocer efectivamente qué comportamientos les reprocha la
Comisión, requisito que se cumple cuando la decisión final no imputa a los interesados infracciones diferentes de las mencionadas
en el pliego de cargos y cuando sólo tiene en cuenta hechos sobre los que los interesados han tenido la posibilidad de manifestarse
(sentencias del Tribunal de 30 de septiembre de 2003, Atlantic Container Line y otros/Comisión, T‑191/98, T‑212/98 a T‑214/98,
Rec. p. II‑3275, apartado 138, y de 29 de abril de 2004, Tokai Carbon y otros/Comisión, apartado 209
supra,
apartado 47); véase también en ese sentido la sentencia ACF Chemiefarma/Comisión, apartado 98
supra,
apartado 94). No obstante, aunque las infracciones imputadas a una empresa en una decisión no pueden ser diferentes de las
enunciadas en el pliego de cargos, no es así respecto a los hechos imputados, pues en relación con éstos basta que las empresas
afectadas hayan tenido la posibilidad de manifestarse sobre todos los hechos que se les reprochan. Así ha sido expresamente
afirmado por los órganos jurisdiccionales de la Unión, que han estimado que ninguna disposición prohíbe que la Comisión comunique
a las partes, después de enviar el pliego de cargos, nuevos documentos que considere apoyan su tesis, siempre que dé a las
empresas el tiempo necesario para expresar su opinión al respecto (sentencia del Tribunal General de 20 de marzo de 2002,
LR AF 1998/Comisión, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, apartado 190; véase también en ese sentido la sentencia del Tribunal de Justicia
de 25 de octubre de 1983, AEG-Telefunken/Comisión, 107/82, Rec. p. 3151, apartado 29).
Si bien es verdad que la fecha en la que esos medios de prueba se presentan a la Comisión influye en la calificación de su
valor añadido significativo, dado que ésta depende de los medios de prueba que ya obren en el expediente de la Comisión en
la fecha de su presentación, el mero hecho de que se hayan presentado después de la notificación del pliego de cargos no excluye
que aún puedan presentar un valor añadido significativo no obstante la fase avanzada del procedimiento administrativo. En
especial, en una solicitud en virtud de la Comunicación sobre la cooperación presentada después del envío del pliego de cargos,
una empresa puede centrase en los hechos que a su parecer no se han acreditado de manera suficiente en Derecho, a fin de aportar
un valor añadido significativo en relación con los medios de prueba de los que ya dispone la Comisión.
Además, el apartado 26 de la Comunicación sobre la cooperación sólo enuncia una obligación procedimental a cargo de la Comisión.
No prevé que toda cooperación de una empresa en la constitución de la prueba de una infracción carezca necesariamente de valor
alguno si se ha producido después de la notificación del pliego de cargos. Conviene señalar además que tal cooperación puede
ser muy útil cuando los medios aportados eran anteriormente desconocidos por la Comisión y tienen una incidencia directa en
la gravedad o la duración del presunto cartel.
–       Sobre el análisis de las informaciones aportadas por FEH y FES acerca de la existencia del pacto común desde 1988 y su naturaleza
recíproca
Con carácter previo es oportuno recordar que en el considerando 125 de la Decisión impugnada la Comisión estimó que el «pacto
común» era un acuerdo no escrito concluido entre las empresas japonesas y europeas según el cual «los japoneses no debían
presentar ofertas para los proyectos [de GIS] europeos y a la inversa, los europeos no debían presentarlas para los proyectos
[de GIS] japoneses» y «Japón y los países europeos en los que los miembros europeos del cartel disfrutaban de posiciones privilegiadas
estaban reservados para los miembros interesados del cartel y no debían ser objeto de ninguna intervención por parte de los
demás miembros». En el considerando 261 de la Decisión impugnada la Comisión constató además que «conforme a la lógica del
cartel […], está demostrado por las declaraciones de los [miembros del cartel] y otras pruebas documentales que el acuerdo
anticompetitivo existió y conllevaba el respeto mutuo de la mayor parte del mercado del EEE por los japoneses y del mercado
japonés por los europeos», que «también [estaba] demostrado que, en el contexto de la vigilancia de las cuotas globales, las
ventas realizadas en el EEE, excepto en los países constructores, se computaban en las cuotas globales» y que «este mecanismo,
por su sencilla definición y aplicación, revela[ba] la existencia de un objeto restrictivo […]».
El pacto común es el único factor que permite considerar que las empresas japonesas, según la expresión formulada en el considerando
261 de la Decisión impugnada, «tomaron parte efectivamente en la infracción» constatada en el artículo 1 de la Decisión impugnada.
En efecto, según resulta de los considerandos 119, 126, 244 y 246 de la Decisión impugnada, el acuerdo GQ, en el que eran
parte las empresas japonesas, no se aplicaba a los países de Europa occidental, por un lado. Por otro, como se deduce por
ejemplo del considerando 247 de la Decisión impugnada, en ésta la Comisión no apreció que las empresas japonesas hubieran
sido parte en los arreglos, como el acuerdo EQ, que tenían repercusiones directas en el mercado europeo. Siendo así, es ciertamente
el pacto común, según se describe en los considerandos 125 y 261 de la Decisión impugnada, lo que permite establecer un nexo
entre las empresas japonesas y el mercado del EEE, y es por tanto el fundamento eventual de la competencia de la Comisión
en relación con esas últimas.
De los considerandos 125 a 132 y 255 a 264 de la Decisión impugnada se deduce que, para acreditar la existencia del pacto
común, según se describe en los considerandos 125 y 261 de la Decisión impugnada, la Comisión no se apoyó únicamente, como
erróneamente afirma la demandante, en la conducta de las empresas en el mercado, sino en «un conjunto coherente de pruebas
de cargo» integrado por los siguientes componentes:
–        Las declaraciones de las sociedades del grupo Areva (véanse las notas a pie de página n
os
70 y 71 de la Decisión impugnada) y las de ABB (véase la nota a pie de página nº 72 de la Decisión impugnada) de las que
resultaba que el cartel se había concebido para mantener el
statu quo,
teniendo en cuenta las cuotas de mercado históricas y las posiciones privilegiadas tradicionales de las partes (véase el considerando
124 de la Decisión impugnada).
–        Las declaraciones de ABB y en especial de uno de sus antiguos empleados, el Sr. M., testigo directo de los hechos (véanse
las notas a pié de página n
os
73 a 75 de la Decisión impugnada), y las declaraciones de FEH y de FES (véase la nota a pié de página nº 76 de la Decisión
impugnada), según las cuales el reparto a escala mundial de los proyectos se sustentaba en el pacto común (véanse los considerandos
125, 255, 262 y 263 de la Decisión impugnada).
–        El hecho de que ni Alstom, ni las sociedades del grupo Areva, ni el grupo VA Tech habían negado abiertamente la existencia
del pacto común (véanse los considerandos 124, 127 y 253 de la Decisión impugnada).
–        El acuerdo GQ y su anexo 2, comunicados por ABB, en cuanto preveían inicialmente una lista de países excluidos, integrada
en particular por Japón y la mayoría de los países de Europa occidental, que después se extendió al mercado de «Europa», la
cual permitía tratar a esas regiones según reglas de atribución específicas conforme al espíritu del pacto común (considerando
126 y nota a pié de página nº 62 de la Decisión impugnada).
–        Las pruebas documentales procedentes del tiempo de la infracción comunicadas por ABB o por las sociedades del grupo Hitachi
o JAEPS, que acreditaban que la atribución a las empresas japonesas de proyectos de GIS en Islandia, en Lichtenstein, y durante
largo tiempo en Europa del este no estaba excluida, que, con ocasión del ajuste del cartel en 2002, tuvieron lugar discusiones
entre empresas japonesas y europeas acerca de si Europa central y oriental era un mercado de los europeos, y que de hecho
las empresas europeas se habían repartido los proyectos correspondientes de GIS en Europa, comprendidos a partir de 2002 los
proyectos de GIS en Europa oriental (considerandos 127, 128 y 256 de la Decisión impugnada).
–        La respuesta de FEH y FES al pliego de cargos, las declaraciones de las sociedades del grupo Hitachi o de JAEPS [notas a pié
de página nº 85 y 86 de la Decisión impugnada] y varias pruebas documentales procedentes del tiempo de la infracción comunicadas
por ABB, acreditativas de que las empresas japonesas también tenían conocimiento de la existencia de arreglos al nivel europeo
(sin conocer necesariamente sus detalles o modalidades), relativos a los proyectos de GIS y de que igualmente estaban al corriente
de los proyectos de GIS, en particular de algunos proyectos de GIS en Europa, repartidos entre las empresas europeas; además
eran informadas previamente de algunos proyectos de GIS EN Europa, no sólo en Islandia sino también en ciertos países excluidos
del anexo 2 del acuerdo GQ, y ello conforme a la posibilidad de notificación prevista en el anexo 2 del acuerdo EQ, comunicado
por ABB (considerandos 119 y 129 a 132 de la Decisión impugnada).
La demandante alega que las declaraciones de FEH y de FES sobre la existencia del pacto común desde 1988 y su naturaleza recíproca,
según se mencionan en el considerando 255 de la Decisión impugnada, tienen un valor añadido significativo para la Comisión,
ya que le permitieron probar la existencia y el alcance del pacto común de forma suficiente en Derecho, habida cuenta de las
exigencias de la jurisprudencia y de la explicación alternativa creíble, fundada en la existencia de importantes barreras
de entrada en el mercado europeo de los proyectos de GIS que disuadían a los proveedores japoneses de esos productos, afirmada
o confirmada por las sociedades del grupo Hitachi o JAEPS, Toshiba, Melco, ellas mismas, las sociedades del grupo Areva y
el grupo VA Tech.
Consta que en el procedimiento administrativo y por primera vez en su respuesta al pliego de cargos FEH y FES reconocieron
la existencia del pacto común, manifestando lo siguiente:
«Aunque Fuji fuera consciente del pacto común según el cual los productores japoneses no intentarían penetrar en el mercado
europeo, esa no era la razón principal de que no vendiera proyectos de GIS en el EEE. Fuji no era un proveedor importante
y creíble de proyectos de GIS para Europa por las siguientes razones […]»
Sin que sea siquiera preciso referirse a las posteriores declaraciones de FEH y de FES, puede constatarse que, como se señala
en los considerandos 125 y 255 de la Decisión impugnada, FEH y FES confirmaron así efectivamente, aunque en términos relativamente
vagos, la existencia del pacto común y de una parte esencial de su contenido, a saber que los productores japoneses se habían
comprometido a no penetrar en el mercado europeo. Además, en esa misma respuesta al pliego de cargos FEH y FES indicaron en
una nota a pié de de página que «los productores japoneses no eran parte en el acuerdo [EQ] », que «como tales, los representantes
de Fuji no sabían si el [acuerdo EQ] se había concluido o no en Viena», que «tampoco conocían el contenido del [acuerdo EQ]»
y que «[por otro lado […] la información sobre la atribución de los proyectos [de GIS] en los países europeos excluidos por
el anexo 2 del acuerdo GQ no se comunicaba sistemáticamente a los productores japoneses». Esa declaración puede considerarse
como una confirmación del conocimiento por las empresas japonesas de los proyectos de GIS repartidos entre las empresas europeas,
también en algunos países excluidos del anexo 2 del acuerdo GQ. No obstante, en contra de lo que la Comisión indicó en el
considerando 129 de la Decisión impugnada, no se puede estimar a la luz de esos factores que las empresas japonesas conocieran
también la existencia de los arreglos al nivel europeo.
Sin embargo, de los considerandos de la Decisión impugnada citados en el anterior apartado 243, en relación con los considerandos
88, 91 y 95, se deduce que en el momento en el que la Comisión tuvo conocimiento de esas declaraciones, formuladas por primera
vez en la respuesta de FEH y de FES al pliego de cargos de fecha 30 de junio de 2006, disponía de los medios de prueba mencionados
en el anterior apartado 243, a saber pruebas documentales, comunicadas por ABB y por las sociedades del grupo Hitachi o JAEPS,
y las declaraciones expresas de las sociedades del grupo Areva, de ABB y de las sociedades del grupo Hitachi o JAEPS, de las
que la Comisión estimaba que podía deducirse la existencia de un «pacto común», como el descrito en el considerando 125 de
la Decisión impugnada.
En efecto, en los considerandos 258 y 261 de la Decisión impugnada la Comisión manifestó en esencia que la existencia de un
«pacto común», como el descrito en el considerando 125 de ésta, podía deducirse de las declaraciones de miembros del cartel
y de las otras pruebas documentales obrantes en el expediente, dado que a la vista de dichas pruebas ésa era una explicación
coherente y conforme a la lógica del cartel. De tal forma, como indicó la Comisión en los considerandos 258 a 260 de la Decisión
impugnada, la existencia de un «pacto común», como el descrito en el considerando 125 de ésta, permitía explicar de manera
coherente:
–        las razones por las que las ventas en algunos países del EEE (los que no eran considerados «países constructores») se computaban
en las cuotas del cartel y se controlaban por las partes en esos acuerdos, mientras que por el contrario las ventas en Japón
y en los demás países del EEE (los «países constructores») no se «imputaban» (considerando 258 de la Decisión impugnada);
–        las razones por las que las cuotas mundiales incluían ventas en la mayoría de los países de Europa, por una parte y por otra
por las que la diferencia de trato de las ventas en el EEE no se manifestaba como tal en los textos, dado que todos los países
del EEE se clasificaban meramente como territorios excluidos en el acuerdo GQ (considerando 258 de la Decisión impugnada), y
–        las razones por las que las empresas japonesas no presentaban ofertas en Europa con más frecuencia, y aparentemente ni siquiera
habían pensado en penetrar en el mercado europeo durante dieciséis años a través de medios similares a los utilizados para
otros mercados en el resto del mundo (considerandos 259 y 260 de la Decisión impugnada).
La demandante alega no obstante que las declaraciones de miembros del cartel y las demás pruebas documentales que apoyan la
explicación de la Comisión sobre la existencia de un «pacto común» carecían de pertinencia ya que estaba redactadas de forma
ambigua y no bastaban para refutar la explicación alternativa creíble invocada, mantenida por varias de las empresas que participaron
en el cartel, según la cual la existencia de importantes barreras a la entrada hacía comercialmente inatractiva para los proveedores
japoneses de proyectos de GIS la entrada en el mercado europeo de esos productos.
Hay que señalar sin embargo que la explicación alternativa a la que se refiere la demandante no es compatible con las declaraciones
de miembros del cartel y las demás pruebas documentales, mencionadas en especial en el considerando 243, de las que se deduce
que, con ocasión del ajuste del cartel en 2002, tuvieron lugar discusiones entre empresas japonesas y europeas acerca de si
los mercados de Europa central y oriental estaban reservados a las empresas europeas, que las empresas japonesas también estaban
informadas en el contexto del cartel de la atribución de algunos proyectos de GIS en Europa, y ello a pesar de que todos los
países del EEE se habían clasificado en principio como territorios excluidos en el acuerdo GQ, de forma que no debían computarse
a priori
en la cuota conjunta europea, y que las empresas japonesas también eran informadas previamente de algunos proyectos de GIS
en Europa, no sólo en Islandia sino también en algunos países excluidos del anexo 2 del acuerdo GQ. Como la Comisión señaló
fundadamente en los considerandos 256 y 257 de la Decisión impugnada, la existencia de esas discusiones es en cambio compatible
con el hecho de que las empresas japonesas eran consideradas por sus homólogos europeos como competidores potenciales creíbles
en los mercados europeos, el hecho de que, antes de 2002 en particular, habían presentado ofertas en licitaciones en Europa
central y oriental o habían vendido proyectos de GIS para su utilización en esa zona y el hecho de que las empresas europeas,
en el contexto de un cartel que trataba de mantener las cuotas de mercado históricas de sus miembros, habían aceptado «sacrificar»
proyectos de GIS fuera de Europa, computando los proyectos de GIS europeos (excepto en «países constructores») en su cuota
global prevista en el acuerdo GQ, a cambio de la posibilidad de controlar su propio nivel de precios en Europa.
Además, es preciso apreciar que la Comisión ya disponía de las declaraciones de ABB, mencionadas en el anterior apartado 243,
que confirmaban sus conclusiones sobre la existencia y el contenido del pacto común, tal como éstas «[podían] deducirse objetivamente
del mecanismo global del cartel», según la expresión empleada en el considerando 262 de la Decisión impugnada, y ello a partir
de las declaraciones de miembros del cartel y de las demás pruebas documentales mencionadas en el anterior apartado 243. Además,
de los documentos presentados por la Comisión, a instancia del Tribunal (véase el anterior apartado 37) se deduce que el 30
de junio de 2006, y al mismo tiempo que la respuesta de FEH y FES al pliego de cargos, la Comisión dispuso de la respuesta
de las sociedades del grupo Hitachi o JAEPS a ese mismo pliego de cargos, que confirmaba el cómputo de algunos proyectos de
GIS en Europa (excepto en «países constructores») en la cuota global europea prevista por el acuerdo GQ.
De esa forma, aunque en el contexto del «conjunto coherente de pruebas de cargo», en el que se basó la Comisión en la Decisión
impugnada, las declaraciones de FEH y de FES hayan tenido cierta utilidad, ésas sólo han confirmado, de manera menos precisa
y explícita que las declaraciones anteriores de ABB, la existencia y el contenido de un pacto común, que ya podían deducirse
de las declaraciones de miembros del cartel y de las demás pruebas documentales aportadas a la Comisión y mencionadas en el
anterior apartado 243.
En ese contexto, hay que considerar que las declaraciones relativamente vagas de FEH y de FES, aunque tuvieran cierta fuerza
probatoria, no representaron un valor añadido significativo en relación con los medios de los que entonces disponía la Comisión,
y no justificaban que la Comisión les concediera una reducción de la multa en virtud de los apartados 21, 22 y 23 de la Comunicación
sobre la cooperación.
En lo que atañe a la argumentación de la demandante según la que la cooperación de FEH y de FES justifica no obstante una
reducción del importe de la multa conforme al punto 3, sexto guión, de las Directrices, debe recordarse que, como quiera que
esa regla prevé como circunstancia atenuante la «colaboración efectiva de la empresa en el procedimiento, fuera del ámbito
de aplicación de la Comunicación [sobre la cooperación]», alude necesariamente, al menos en lo que respecta a las prácticas
colusorias horizontales a las que se refiere dicha Comunicación, a una cooperación que es insuficiente para justificar una
reducción con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación (véase en ese sentido y por analogía la sentencia Mannesmannröhren-Werke/Comisión,
apartado 88
supra,
apartado 307).
No obstante, se ha de recordar también que, para justificar que se reduzca la multa en atención a la cooperación, el comportamiento
de la empresa debe haber facilitado la labor de la Comisión consistente en comprobar y reprimir las infracciones de las normas
en materia de competencia (véase por analogía la sentencia Mannesmannröhren-Werke/Comisión, apartado 88
supra,
apartado 308, y la jurisprudencia citada). Siendo así, se ha de considerar que el supuesto contemplado en el punto 3, sexto
guión, de las Directrices es una situación excepcional en lo que respecta a las prácticas colusorias horizontales a que se
refieren dichas Directrices, puesto que debe tratarse de una cooperación «efectiva» que haya facilitado la labor de la Comisión,
pero que quede fuera del ámbito de aplicación de la Comunicación sobre la cooperación (véase por analogía la sentencia Mannesmannröhren-Werke/Comisión,
apartado 88
supra,
apartado 308).
En el presente asunto no puede apreciarse que las declaraciones de FEH y de FES hayan facilitado la tarea de la Comisión consistente
en comprobar y reprimir las infracciones, puesto que, como se ha expuesto en el anterior apartado 252, aquéllas sólo confirmaron,
en segundo término y de manera menos precisa y explícita que las declaraciones anteriores de ABB, la existencia y el contenido
de un pacto común, que ya podían deducirse de las declaraciones de miembros del cartel y de las demás pruebas documentales
aportadas a la Comisión, y en especial de algunas mencionadas en el anterior apartado 243.
Así pues, se ha de estimar que las declaraciones de FEH y de FES no justificaban concederles una reducción del importe de
las multas que se les habían impuesto, por su colaboración efectiva en el procedimiento, en el sentido del punto 3, sexto
guión, de las Directrices. Por tanto, no ha lugar a que el Tribunal, en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena,
reforme en ese aspecto el artículo 2, letra d), de la Decisión impugnada.
En consecuencia, procede desestimar en su totalidad las presentes pretensiones de la demandante.
–       Sobre el análisis de la selección de documentos, en especial de fichas de arreglo, elaborados al tiempo de los hechos y referidos
a trece diferentes proyectos de GIS sujetos a los arreglos del cartel
La demandante alega por otro lado que la selección de documentos, en especial de fichas de arreglos, elaborados al tiempo
de los hechos y referidos a trece diferentes proyectos de GIS sujetos a los arreglos del cartel, que presentó a la Comisión
durante el procedimiento administrativo, tuvo un valor añadido significativo para ésta al reforzar su capacidad para acreditar
que el cartel no había dejado de existir tras la reunión que tuvo lugar en
[confidencial]
el
[confidencial].
Se ha de observar que los documentos citados por la demandante no se mencionaron en el pliego de cargos sino tan sólo por
primera vez en el considerando 198 de la Decisión impugnada.
Además, de la Decisión impugnada, y de la información obrante en autos se deduce que los datos referidos a los proyectos de
GIS que llevaban los números de referencia
[confidencial]
proceden de las fichas de arreglo y de otros documentos específicos que figuran en el anexo 2 de la declaración de FEH y de
FES en virtud de la Comunicación sobre la cooperación. Aunque la Comisión no precisó de dónde procedían los datos sobre el
proyecto de GIS que llevaba el número de referencia
[confidencial],
de los autos se deduce que FEH y FES también aportaron la ficha de arreglo referida a ese proyecto como anexo 2 de su declaración
en virtud de la Comunicación sobre la cooperación.
Es cierto que en el considerando 198 de la Decisión impugnada la Comisión señala que algunos datos relativos a los proyectos
de GIS antes mencionados fueron comunicados por ABB, y de la respuesta de la Comisión a las preguntas y a la solicitud de
presentación de documentos del Tribunal (véase el anterior apartado 37), resulta que esa comunicación tuvo lugar el 7 de mayo
de 2004 (véase el anterior apartado 10), en forma de una lista de proyectos de GIS. No obstante, la lista presentada por la
Comisión, a instancia del Tribunal, sólo contiene algunos de los datos relativos a los proyectos de GIS que llevaban los números
de referencia
[confidencial]
y
[confidencial]
y ésos no corresponden en absoluto a los recogidos en el considerando 198 de la Decisión impugnada. Por consiguiente, hay
que estimar que los datos pertinentes relativos a dichos proyectos de GIS son únicamente los que comunicaron FEH y FES como
anexo 2 de su declaración en virtud de la Comunicación sobre la cooperación.
Debe observarse que los datos relativos a los proyectos de GIS que llevaban los números de referencia
[confidencial],
aportados por FEH y FES, y en especial los relativos al acuerdo sobre el proyecto de GIS que llevaba el número de referencia
[confidencial],
en el que estaba implicada la primera empresa afectada y cuyo plazo de validez se extendía del
[confidencial]
al
[confidencial],
tuvieron incidencia directa en la duración del supuesto cartel en relación con FEH y FES, al permitir que la Comisión comprobara
que la primera empresa afectada había seguido participando en la infracción entre el mes de septiembre de 2000 y el 1 de octubre
de 2002.
Además, del considerando 290 de la Decisión impugnada y de los anteriores apartados 79, 93 y 96 a 100 se deduce que los acuerdos
concluidos entre los miembros del cartel sobre ocho proyectos de GIS que llevaban los números de referencia
[confidencial]
fueron útiles para que la Comisión comprobara que la primera empresa afectada y otras empresas habían seguido participando
en el cartel durante el período 2000-2001. Pues bien, entre los documentos a disposición de la Comisión sólo los acuerdos
concluidos entre los miembros del cartel sobre los ocho proyectos antes citados permitían acreditar que, al menos hasta septiembre
u octubre de 2001, los miembros del cartel antes mencionados aún estaban obligados por acuerdos concluidos en el contexto
del cartel, lo que reforzó la capacidad de la Comisión para demostrar la continuación del cartel durante ese período.
Dado que está acreditado que FEH y FES proporcionaron todos los datos esenciales sobre esos acuerdos, que anteriormente ignoraba
la Comisión, el importe de base de su multa debía reducirse conforme al apartado 23 de la Comunicación sobre la cooperación,
a fin de no tener en cuenta esos hechos al fijar el importe de las multas que se les impusieron en el artículo 2, letra d),
de la Decisión impugnada.
De ello resulta que la Comisión habría debido reducir el importe de la multa que impuso a FEH y a FES, a fin de no tener en
cuenta su participación en la infracción entre el mes de septiembre de 2000 y el 30 de septiembre de 2002. Siendo así, es
inútil determinar si, como mantiene la demandante, debe concederse a FEH y a FES una reducción del importe de sus multas,
debido a que, al aportar la lista de los acuerdos, colaboraron efectivamente en el procedimiento en el sentido del punto 3,
sexto guión, de las Directrices.
Conforme al método seguido en la Decisión impugnada (véase el anterior apartado 220), el cálculo del importe de las multas
impuestas a FEH y a FES debe modificarse, para tener en cuenta que no puede imponerse a FEH ni a FES un aumento del importe
inicial de su multa a causa de la participación de la primera empresa afectada en la infracción durante todo el período que
va desde finales del mes de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2002. Conforme a los principios enunciados en el considerando
492 de la Decisión impugnada no puede imponerse a FES un aumento del 10 % del importe inicial de su multa a causa de la participación
de la primera empresa afectada en la infracción durante el período que va del 1 de julio de 2001 al 30 de septiembre de 2002,
como se expone en el anterior apartado 221, y únicamente cabe apreciar una infracción de una duración de doce años y tres
meses, que justifica un aumento del 120 % del importe inicial de la multa, en el caso de FEH, y por tanto la fijación en 2.200.000 euros
de la multa debida por esta última a causa de la participación de la primera empresa afectada en la infracción durante el
período que va del 15 de abril de 1988 al 30 de septiembre de 2002.
Por las apreciaciones antes expuestas, el importe de la multa de 2.400.000 euros a cargo de FEH, según se calcula en los considerandos
522 y 552 de la Decisión impugnada (notas a pié de página n
os
457 y 465 de la Decisión impugnada), ha de reducirse finalmente a 2.200.000 euros, de los que 1.000.000 de euros deben ser
pagados solidariamente por FEH y FES.
No obstante, se ha de tener en cuenta en el fallo de la presente sentencia que, como se ha mencionado en el anterior apartado
43, desde el 1 de abril de 2011 Fuji Electric Co. Ltd, que es la nueva denominación de FEH, ha sucedido en Derecho a FES,
y que se subroga jurídicamente en los derechos de esta última, quedando en lo sucesivo reunidos los intereses de FEH y de
FES en ésta. Por consiguiente, procede reformar el artículo 2, letra d), de la Decisión impugnada en el sentido de que el
importe de la multa impuesta a la demandante, anteriormente denominada FEH y sucesora en Derecho de FES, se fija en 2.200.000 euros

Costas
A tenor del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una
y otra parte, el Tribunal podrá repartir las costas, o decidir que cada parte abone sus propias costas.
Por haberse estimado parcialmente el recurso, el Tribunal considera que se efectúa una justa apreciación de las circunstancias
del asunto al decidir que la Comisión cargue con una cuarta parte de las costas de la demandante y con una cuarta parte de
sus propias costas,. La demandante cargará con tres cuartas partes de sus propias costas y con tres cuartas partes de las
costas de la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
decide:
1)
Anular el artículo 1, letra h), y el artículo 2, letra d), de la Decisión de la Comisión C(2006) 6762 final, de 24 de enero
de 2007, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.899
– Conmutadores con aislamiento de gas), en cuanto aprecian o se apoyan en la apreciación de que Fuji Electric Systems Co.
Ltd, de la que es sucesora en Derecho Fuji Electric Co. Ltd, puede ser considerada personalmente responsable de la infracción
durante el período que va del mes de septiembre de 2000 al 30 de junio de 2001.
2)
El importe de la multa impuesta a Fuji Electric, anteriormente denominada Fuji Electric Holdings Co. Ltd y sucesora en Derecho
de Fuji Electric Systems, en el artículo 2, letra d), de la Decisión C(2006) 6762 final se fija en 2.200.000 euros.
3)
La Comisión Europea cargará con una cuarta parte de las costas de Fuji Electric y con una cuarta parte de sus propias costas.
4)
Fuji Electric cargará con tres cuartas partes de sus propias costas y con tres cuartas partes de las costas de la Comisión.
Pelikánová
Jürimäe
Soldevila Fragoso
Firmas
Índice
Antecedentes del litigio
1.     Producto afectado
2.     Empresas interesadas
3.     Procedimiento administrativo
4.     Decisión impugnada
Procedimiento y pretensiones de las partes
Fundamentos de Derecho
1.     Sobre las pretensiones de anulación parcial de la Decisión impugnada
Observaciones previas sobre las empresas relacionadas con la infracción constatada en el artículo 1, letras g) y h), de la
Decisión impugnada y sobre la responsabilidad incurrida por FEH y FES por esa causa
Sur los motivos primero y segundo, basados en errores manifiestos de apreciación y en la vulneración del derecho a un proceso
justo, del principio de presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo y en la infracción de las reglas en materia
de reparto de la carga de la prueba
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
– Sobre el objeto exacto de la impugnación que sustenta los motivos primero y segundo
– Sobre los considerandos de la Decisión impugnada objeto de la impugnación que sustenta los motivos primero y segundo
– Sobre las reglas aplicables a la prueba de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del acuerdo EEE y a la prueba
de la participación de una empresa en tal infracción
– Sobre el análisis de los medios de prueba en los que se funda la Decisión impugnada
– Sobre el análisis de los medios de prueba alternativos presentados por la demandante
Sobre el tercer motivo, basado en la vulneración del principio de igualdad de trato en la que incurre la conclusión de la
Comisión de que FEH siguió participando en la infracción tras la reunión de los miembros japoneses que tuvo lugar «en o alrededor»
del mes de septiembre de 2000
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
Sobre el cuarto motivo, fundado en un error manifiesto de apreciación en el que incurre la conclusión de la Comisión de que
FES había participado en la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 11 de mayo de 2004
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
Sobre el quinto motivo, basado en errores manifiestos de apreciación o errores de Derecho en los que incurre la conclusión
de la Comisión de que FEH y FES deben ser consideradas personal y solidariamente responsables por la participación de JAEPS
en la infracción
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
– Sobre el objeto de la impugnación que sustenta el quinto motivo
– Sobre los considerandos de la Decisión impugnada objeto del quinto motivo
– Sobre las reglas aplicables a la imputación de una infracción del Derecho de la competencia en las relaciones entre una
filial y su sociedad matriz
– Sobre los medios de prueba del ejercicio efectivo por FEH y FES de un poder de dirección en JAEPS, reunidos por la Comisión
en la Decisión impugnada
2.     Sobre las pretensiones de modificación parcial de la Decisión impugnada
Observaciones previas sobre la competencia jurisdiccional plena del juez de la Unión
Sobre la imposibilidad de imputar jurídicamente a FEH la infracción durante el período que va del mes de septiembre de 2000
al 30 de septiembre de 2002
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
Sobre la imposibilidad de imputar jurídicamente a FES la infracción durante el período que va del 15 de abril de 1988 al 30
de septiembre de 2002
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
Sobre la imposibilidad de imputar jurídicamente a FEH y a FES, en su condición de sociedades matrices de JAEPS, la participación
de la segunda empresa afectada en el cartel durante el período que va del 1 de octubre de 2002 al 11 de mayo de 2004
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
Sobre la necesidad de conceder a FEH y a FES una reducción del importe de sus multas, atendiendo al valor añadido significativo
de las informaciones proporcionadas durante el procedimiento administrativo, en virtud de la Comunicación sobre la cooperación,
o subsidiariamente en razón de una circunstancia atenuante, conforme a las Directrices
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
– Sobre los considerandos de la Decisión impugnada a los que se refieren las presentes pretensiones de reforma
– Sobre las reglas aplicables a la reducción de las multas en relación con los medios de prueba aportados por la empresa que
ha participado en la infracción y con su colaboración efectiva en el procedimiento administrativo
– Sobre el análisis de las informaciones y los datos proporcionados por FEH y FES que representaran un «valor añadido significativo»
en relación con los datos de los que ya disponía la Comisión y que correspondieran a una «colaboración efectiva» en el procedimiento
administrativo
– Sobre el análisis de las informaciones aportadas por FEH y FES acerca de la existencia del pacto común desde 1988 y su naturaleza
recíproca
– Sobre el análisis de la selección de documentos, en especial de fichas de arreglo, elaborados al tiempo de los hechos y
referidos a trece diferentes proyectos de GIS sujetos a los arreglos del cartel
Costas
*
Lengua de procedimiento: inglés.
–      Datos confidenciales ocultados.