CELEX: 62010CJ0090
Incumplimiento de Estado
Directiva sobre los hábitats
Conservación de los hábitats naturales
Fauna y flora silvestres
Artículo 4, apartado 4, y artículo 6, apartados 1 y 2
Establecimiento de prioridades para las zonas especiales de conservación y de una protección apropiada para las mismas
Falta de garantía de una protección jurídica adecuada para las zonas especiales de conservación situadas en el archipiélago de Canarias

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de España ha incumplido
las obligaciones que le incumben en virtud de las disposiciones mencionadas a continuación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo,
de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, (DO L 206, p. 7;
en lo sucesivo, «Directiva sobre los hábitats»),
–        al no haber establecido prioridades de conservación respecto de las zonas especiales de conservación correspondientes a los
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica macaronésica situados en el territorio español e identificados
por la Decisión 2002/11/CE de la Comisión, de 28 de diciembre de 2001, por la que se aprueba la lista de lugares de importancia
comunitaria con respecto a la región biogeográfica macaronésica, en aplicación de la Directiva 92/43 (DO 2002, L 5, p. 16),
de conformidad con el artículo 4, apartado 4, de la Directiva sobre los hábitats, y
–        al no haber adoptado ni aplicado las medidas apropiadas de conservación, así como un régimen de protección que evite el deterioro
de los hábitats y las perturbaciones significativas de las especies, garantizando la protección legal de las zonas especiales
de conservación correspondientes a los lugares mencionados en la Decisión 2002/11 situados en el territorio español, de conformidad
con el artículo 6, apartados 1 y 2, de la Directiva sobre los hábitats.
I.
Marco jurídico
El artículo 3, apartado 1, de la Directiva sobre los hábitats dispone que se creará una red ecológica europea coherente de
zonas especiales de conservación, denominada «Natura 2000».
El artículo 4, apartado 4, de la Directiva sobre los hábitats establece lo siguiente:
«Una vez elegido un lugar de importancia comunitaria con arreglo al procedimiento dispuesto en el apartado 2, el Estado miembro
de que se trate dará a dicho lugar la designación de zona especial de conservación lo antes posible y como máximo en un plazo
de seis años, fijando las prioridades en función de la importancia de los lugares [para] el mantenimiento o el restablecimiento,
en un estado de conservación favorable, de un tipo de hábitat natural de los del Anexo I o de una especie de las del Anexo II
y para la coherencia de Natura 2000, así como en función de las amenazas de deterioro y destrucción que pesen sobre ellos.»
El artículo 6, apartados 1 y 2, de la Directiva sobre los hábitats está redactado así:
«1.      Con respecto a las zonas especiales de conservación, los Estados miembros fijarán las medidas de conservación necesarias que
implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo,
y las apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de los
tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los lugares.
2.      Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de conservación, el deterioro de
los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado
la designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta
a los objetivos de la presente Directiva.»
II.
Hechos que dieron origen al litigio y procedimiento administrativo previo
En la Decisión 2002/11 se aprobó la lista de lugares de importancia comunitaria en la región biogeográfica macaronésica, elaborada
con arreglo a la Directiva sobre los hábitats y que figura en el anexo de dicha Decisión.
La mencionada lista incluye 174 lugares situados en territorio español, concretamente en el archipiélago de las Islas Canarias.
Estos 174 lugares aparecen de nuevo en el anexo de la Decisión 2008/95/CE de la Comisión, de 25 de enero de 2008, por la que
se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43, una primera actualización de la lista de lugares de importancia comunitaria
de la región biogeográfica macaronésica (DO L 31, p. 39). En lo que respecta al Reino de España, esta lista actualizada contiene
tres lugares más de los que figuraban en la lista aprobada por la Decisión 2002/11.
Mediante escritos de 4 de marzo y de 17 de junio de 2008, la Comisión solicitó a las autoridades españolas información sobre
el proceso de designación de zonas especiales de conservación en la región biogeográfica macaronésica y sobre el estado de
preparación de las medidas de conservación apropiadas.
Mediante escrito de 31 de julio de 2008, las autoridades españolas respondieron a la Comisión remitiéndole un informe elaborado
por el Gobierno de Canarias. En dicho informe se reconocía que, hasta la fecha, ninguno de los lugares de importancia comunitaria
incluidos en dicha región había sido declarado aún zona especial de conservación.
Por lo tanto, el 24 de febrero de 2009 la Comisión envió un escrito del requerimiento al Reino de España, en el que sostenía
que este último había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del artículo 4, apartados 4 y 5, y del artículo
6, apartados 1 y 2, de la Directiva sobre los hábitats, al no haber designado como zona especial de conservación los lugares
de importancia comunitaria mencionados en la Decisión 2002/11, al no haber establecido prioridades de conservación en función
de los criterios establecidos en dicho apartado 4 y al no haber adoptado ni aplicado medidas apropiadas de protección, así
como tampoco un régimen de conservación que asegurase la protección jurídica de dichos lugares.
Las autoridades españolas respondieron al escrito de requerimiento transmitiendo, el 27 de abril y el 2 de junio de 2009 respectivamente,
un informe elaborado por la Comunidad Autónoma de Canarias sobre el proceso de designación de las zonas especiales de conservación,
por una parte, y una nota informativa y un CD‑ROM con la cartografía de las futuras zonas especiales de conservación, procedentes
igualmente de esa Comunidad Autónoma, por otra.
A la vista de los datos así presentados por el Reino de España a la Comisión, esta última emitió el 26 de junio de 2009 un
dictamen motivado que reproducía las conclusiones del escrito de requerimiento y en el que instaba a dicho Estado miembro
a adoptar las medidas necesarias para atenerse al dictamen en un plazo de dos meses a partir de la recepción del mismo.
En respuesta al dictamen motivado, las autoridades españolas remitieron a la Comisión el 29 de septiembre de 2009 un informe
y cierta documentación, procedentes de la Comunidad Autónoma de Canarias y del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino, sobre la situación de los lugares de importancia comunitaria mencionados en la Decisión 2002/11. Mediante escritos
de 18 y de 25 de enero de 2010 se transmitió a la Comisión información complementaria, en particular una copia de la Orden
Ministerial de 23 de diciembre de 2009 (BOE nº 315, de 31 de diciembre de 2009, p. 112208) y del Decreto del Gobierno de Canarias
de 29 de diciembre de 2009 (BOC nº 7, de 13 de enero de 2010, p. 592), por los que se designaban zonas especiales de conservación
los lugares de importancia comunitaria españoles de la región biogeográfica macaronésica que figuran en las Decisiones 2002/11
y 2008/95.
Estimando que la situación seguía siendo insatisfactoria, la Comisión interpuso el presente recurso.
Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 4 de agosto de 2010 se admitió la intervención en el procedimiento
de la República de Finlandia, en apoyo de las pretensiones del Reino de España.
III.
Sobre el recurso
La Comisión pone de relieve que es la Administración General del Estado español (en lo sucesivo, «Administración Central»)
la competente para designar zonas especiales de conservación en áreas marinas cuando no exista continuidad ecológica del ecosistema
marino con el espacio natural terrestre. Así, la Orden Ministerial de 23 de diciembre de 2009 ha declarado zonas especiales
de conservación 25 lugares marinos y marítimo‑terrestres que figuran en la Decisión 2002/11. Estos mismos 25 lugares se recogen
en los anexos del Decreto del Gobierno de Canarias de 29 de diciembre de 2009, en el que se designan zonas especiales de conservación
los 174 lugares de importancia comunitaria que figuran en dicha Decisión.
En su escrito de interposición del recurso, la Comisión examina sucesivamente la situación existente en las zonas especiales
de conservación designadas por la Administración Central y en las designadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, reprochando
al Reino de España, por una parte, el que no haya fijado prioridades de conservación, en el sentido del artículo 4, apartado
4, de la Directiva sobre los hábitats, y, por otra parte, el que no haya adoptado un régimen de protección apropiado, en el
sentido del artículo 6, apartados 1 y 2, de la misma Directiva.
A.
Sobre las zonas especiales de conservación designadas por la Administración Central
1.      Sobre la imputación relativa a la falta de fijación de las prioridades de conservación
a)      Alegaciones de las partes
La Comisión alega que, en lo que respecta a las zonas especiales de conservación designadas por la Administración Central,
no se han fijado prioridades en función de la importancia de los lugares para el mantenimiento o el restablecimiento, en un
estado de conservación favorable, de un tipo de hábitat natural de los del anexo I o de una especie de las del anexo II de
la Directiva sobre los hábitats y para la coherencia de Natura 2000, así como en función de las amenazas de deterioro y destrucción
que pesen sobre ellos. Por lo tanto, a su juicio, el Reino de España no ha cumplido las obligaciones que en materia de fijación
de prioridades de conservación le impone el artículo 4, apartado 4, de aquella Directiva.
Dicho Estado miembro responde al respecto que el artículo 2, apartado c), de la Orden Ministerial de 23 de diciembre de 2009,
al definir los objetivos de conservación para cada uno de los hábitats y especies, implica el establecimiento de tales prioridades,
que se concretarán a través de las disposiciones de desarrollo. Sostiene además que se ha fijado un plazo máximo para la aprobación
de los planes de actuación, que nunca podrá sobrepasar los 12 meses contados a partir de la fecha de entrada en vigor de la
Orden por la que se designan las zonas especiales de conservación.
En su escrito de formalización de la intervención, la República de Finlandia sostiene que el artículo 4, apartado 4, de la
Directiva sobre los hábitats no establece la obligación de fijar prioridades de conservación en las zonas especiales de conservación.
A su juicio, de dicha disposición se deduce que los Estados miembros deben calificar de zonas especiales de conservación los
lugares enumerados en la Decisión 2002/11, de modo que el orden en que esos lugares son designados zonas especiales de conservación
se determina en función de la importancia de los mismos para el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación
favorable, de un tipo de hábitat natural de los del anexo I o de una especie de las del anexo II de dicha Directiva y para
la coherencia de Natura 2000, así como en función de las amenazas de deterioro y destrucción que pesen sobre ellos.
Según esta parte, el artículo 4, apartado 4, de la Directiva sobre los hábitats pretende en realidad establecer una clasificación
entre las zonas especiales de conservación. Así, en contra de lo que alega la Comisión esta disposición no impone, junto a
la obligación de designar zonas especiales de conservación, una obligación distinta consistente en fijar prioridades de conservación
para cada zona.
La República de Finlandia considera pues que, desde el momento en que el Reino de España ha declarado zonas especiales de
conservación los lugares enumerados en la Decisión 2002/11, ha cumplido en lo que respecta a dichos lugares las obligaciones
que le incumben en virtud del artículo 4 de la Directiva sobre los hábitats, incluyendo las que se derivan del apartado 4
de dicho artículo.
El Reino de España comparte la interpretación de la República de Finlandia, alegando al respecto que a los Estados miembros
se les otorga el plazo máximo de seis años a fin de que determinen las prioridades para la designación de zonas especiales
de conservación en función de la importancia de los lugares y de las necesidades de conservación de cada una de ellos. Así,
una vez que los Estados miembros han establecido estas prioridades, proceden a declarar zonas especiales de conservación tales
lugares en uno o varios actos sucesivos.
La Comisión sostiene que la obligación de establecer prioridades de conformidad con las disposiciones del artículo 4, apartado
4, de la Directiva sobre los hábitats abarca, no sólo la designación de los lugares de importancia comunitaria como zonas
especiales de conservación, sino también la consecuencia necesaria de tal designación, es decir, la adopción y aplicación
de las medidas de conservación necesarias con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva. Por
consiguiente, conforme a lo dispuesto en la Directiva, los Estados miembros deben dar prioridad tanto a la designación como
zonas especiales de conservación de los lugares de importancia comunitaria como al establecimiento de los regímenes de conservación
necesarios respecto de aquellos de esos lugares que presenten un mayor valor para los hábitats o especies de que se trate
y que se encuentren más amenazados. A juicio de la Comisión, este enfoque se ajusta al objetivo de mantener o restablecer
en un estado de conservación favorable los hábitats naturales y las especies de interés comunitario.
b)      Apreciación del Tribunal de Justicia
Conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 4, de la Directiva sobre los hábitats, una vez elegido un lugar de importancia
comunitaria con arreglo al procedimiento regulado en el apartado 2 de dicho artículo, el Estado miembro de que se trate dará
a dicho lugar la designación de zona especial de conservación lo antes posible y como máximo en un plazo de seis años, fijando
las prioridades en función de la importancia de los lugares para el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación
favorable, de un tipo de hábitat natural de los del anexo I o de una especie de las del anexo II de dicha Directiva y para
la coherencia de Natura 2000, así como en función de las amenazas de deterioro y destrucción que pesen sobre ellos.
Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la existencia de un incumplimiento debe determinarse en función de la
situación del Estado miembro tal como se presentaba al final del plazo fijado en el dictamen motivado, sin que el Tribunal
de Justicia pueda tomar en consideración los cambios ocurridos posteriormente (véanse, en particular, las sentencias de 11
de enero de 2007, Comisión/Irlanda, C‑183/05, Rec. p. I‑137, apartado 17, y de 11 de noviembre de 2010, Comisión/Italia, C‑164/09,
apartado 19).
A este respecto, el artículo 2, letra c), de la Orden Ministerial de 23 de diciembre de 2009 por la que se designan las zonas
especiales de conservación, que según el Reino de España determina las prioridades contempladas en el artículo 4, apartado 4,
de la Directiva sobre los hábitats, es posterior al plazo fijado por la Comisión en su dictamen motivado de 26 de junio de
2009, por lo que el Tribunal de Justicia no puede tomarlo en consideración en el presente litigio. Así pues, en cualquier
caso, no procede pronunciarse sobre la cuestión de la eventual obligación de los Estados miembros de fijar prioridades en
cuanto al establecimiento de los regímenes de conservación necesarios en cada zona especial de conservación.
Por consiguiente, procede hacer constar que en cualquier caso, al término del plazo establecido en dicho dictamen motivado,
el Reino de España no había fijado prioridades, para las zonas especiales de conservación designadas por la Administración
Central, en función de la importancia de los lugares para el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación
favorable, de un tipo de hábitat natural de los del anexo I o de una especie de las del anexo II de la Directiva sobre los
hábitats y para la coherencia de Natura 2000, así como en función de las amenazas de deterioro y destrucción que pesaran sobre
ellos, y que dicho Estado miembro ha incumplido así las obligaciones que le impone el artículo 4, apartado 4, de la Directiva
sobre los hábitats.
Por consiguiente, procede declarar fundado el recurso en este punto.
2.      Sobre la imputación relativa a la inexistencia de un régimen de protección apropiado
a)      Alegaciones de las partes
Según la Comisión, para las 25 zonas especiales de conservación que son competencia de la Administración Central, no se han
adoptado las medidas de conservación necesarias ni las medidas reglamentarias, administrativas o contractuales apropiadas
que respondan a las exigencias ecológicas de los hábitats naturales del tipo de los del anexo I y de las especies del anexo II
de la Directiva sobre los hábitats que estén presentes en esos lugares. Por consiguiente, el Reino de España no ha cumplido,
en su opinión, las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva sobre los hábitats.
Habida cuenta de la inexistencia de un régimen legal de conservación adecuado y de la situación desfavorable en que se encuentran
en general los hábitats y especies marinos de interés comunitario de la región macaronésica, la Comisión entiende que el Reino
de España infringe igualmente el articulo 6, apartado 2, de la Directiva en relación con las 25 zonas especiales de conservación
de que se trata.
A este respecto, el Reino de España se limita a indicar que se ha encomendado a una empresa pública, Tragsatec, la elaboración
de los planes o instrumentos de gestión de las zonas especiales de conservación.
b)      Apreciación del Tribunal de Justicia
Como el Reino de España no discute que, en lo que respecta a las zonas especiales de conservación designadas por la Administración
Central, no había establecido las medidas de conservación necesarias en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva
sobre los hábitats, ni adoptado las medidas de protección apropiadas en el sentido del apartado 2 del mismo artículo, procede
acoger el recurso a este respecto.
B.
Sobre las zonas especiales de conservación designadas por la Comunidad Autónoma de Canarias
La Comisión distingue, entre las zonas especiales de conservación designadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, las que
coinciden con espacios naturales protegidos de la red canaria y las que no coinciden con espacios naturales protegidos de
dicha red.
1.      Sobre la imputación relativa a la falta de fijación de las prioridades de conservación
a)      Alegaciones de las partes
En lo relativo a las zonas especiales de conservación designadas por la Comunidad Autónoma de Canarias que coinciden con espacios
naturales protegidos de la red canaria, la Comisión sostiene que, en la medida en que el establecimiento de prioridades de
conservación para las zonas especiales de conservación venga dado por el orden de aprobación de los correspondientes instrumentos
de gestión, no cabe considerar que se hayan respetado los criterios que el artículo 4, apartado 4, de la Directiva sobre los
hábitats fija para el establecimiento de prioridades de conservación. En lo que respecta a las zonas especiales de conservación
designadas por la Comunidad Autónoma de Canarias pero que no coinciden con espacios naturales protegidos de la red canaria,
la Comisión alega que, si bien en la respuesta del Reino de España al dictamen motivado se indica que el establecimiento de
prioridades de conservación forma parte del proceso de elaboración de las disposiciones específicas de conservación de las
zonas especiales de conservación de que se trata, lo cierto es que tales prioridades de conservación aún no se han definido.
El Reino de España se limita a recordar a este respecto que, con arreglo al Decreto del Gobierno de Canarias de 29 de diciembre
de 2009, las disposiciones específicas de conservación deberán elaborarse, antes del 31 de diciembre de 2010, siguiendo un
orden de prioridad que corresponde, en particular, a los criterios formulados en el artículo 4, apartado 4, de la Directiva
sobre los hábitats.
b)      Apreciación del Tribunal de Justicia
Al ser el Decreto del Gobierno de Canarias de 29 de diciembre de 2009 posterior al término del plazo establecido en el dictamen
motivado, no procede, tal como se ha declarado en el apartado 26 de la presente sentencia, examinar dicho Decreto para apreciar
la existencia del incumplimiento que se reprocha al Reino de España.
Por otra parte, en lo que respecta al establecimiento de prioridades para las zonas especiales de conservación designadas
por la Comunidad Autónoma de Canarias que coinciden con espacios naturales protegidos de la red canaria, el Reino de España
se limita a alegar que el establecimiento de prioridades de conservación para las zonas especiales de conservación viene dado
por el orden de aprobación de los correspondientes instrumentos de gestión. Ahora bien, como alega acertadamente la Comisión,
la mera referencia a ese orden de aprobación no acredita que, para esas zonas especiales de conservación, las prioridades
se hayan determinado con arreglo a los criterios formulados en el artículo 4, apartado 4, de la Directiva sobre los hábitats.
Por lo tanto, procede hacer constar que en cualquier caso, al término del plazo establecido en el dictamen motivado, el Reino
de España no había fijado prioridades, para las zonas especiales de conservación designadas por la Comunidad Autónoma de Canarias,
en función de la importancia de los lugares para el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable,
de un tipo de hábitat natural de los del anexo I o de una especie de las del anexo II de la Directiva sobre los hábitats y
para la coherencia de Natura 2000, así como en función de las amenazas de deterioro y destrucción que pesaran sobre ellos,
y que dicho Estado miembro ha incumplido así las obligaciones que le impone el artículo 4, apartado 4, de la Directiva sobre
los hábitats.
Por consiguiente, procede acoger el recurso en este punto.
2.      Sobre la imputación relativa a la inexistencia de un régimen de protección apropiado
a)      Zonas especiales de conservación designadas por la Comunidad Autónoma de Canarias que coinciden con espacios naturales protegidos
de la red canaria
i)      Alegaciones de las partes
La Comisión indica, por un lado, que el grado de coincidencia geográfica entre las zonas especiales de conservación de que
se trata y los espacios protegidos a nivel regional es muy variado. Así, cuando las zonas especiales de conservación no coinciden
totalmente con tales espacios, el instrumento de ordenación establecido para proteger dichos espacios no puede considerarse
apropiado, ya que no se aplica a una parte de la zona especial de conservación en cuestión.
Por otro lado, a su juicio, los instrumentos de ordenación existentes no pueden equipararse a un régimen de conservación adecuado
para las zonas especiales de conservación de que se trata, dado que no contienen medidas apropiadas que respondan a las exigencias
ecológicas de los tipos de hábitats naturales del anexo I y de las especies del anexo II de la Directiva sobre los hábitats
que estén presentes en los lugares, en el sentido del artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva.
En lo que respecta al artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats, la Comisión alega que un importante porcentaje
de hábitats y de especies terrestres de interés comunitario presentes en el territorio de que se trata se encuentra en un
estado de conservación insatisfactorio.
Por otra parte, según la Comisión, los regímenes jurídicos vigentes no corresponden a los objetivos formulados en el artículo
6, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats. Para las zonas especiales de conservación se establece así fundamentalmente
un régimen de zonificación del suelo, que no garantiza que se impida a los particulares desarrollar actividades especialmente
perjudiciales para los hábitats y las especies presentes en el territorio en cuestión.
El Reino de España, pese a considerar infundada la imputación de la Comisión, reconoce que aún se están tramitando varios
planes y medidas de conservación para esos espacios naturales protegidos que coinciden con zonas especiales de conservación
terrestres.
Dicho Estado miembro señala que, por lo que respecta a la aplicación del artículo 6, apartado 1, de la Directiva sobre los
hábitats, el Gobierno de Canarias ha comenzado a realizar los planes y normas de ordenación de los espacios naturales donde
se hallan los hábitats y las especies mencionados por la Directiva, respetando las exigencias ecológicas y los objetivos fijados
para estas áreas. Esto ha implicado subdividir cada zona en distintos sectores, en función de los usos y actividades posibles
o necesarios. Los sectores que requieren un alto grado de protección están comprendidos en las zonas para las que se ha establecido
un régimen más restrictivo. Así, según el Reino de España, en la mayoría de los planes aprobados se han utilizado estas categorías
más restrictivas de zonas para dar cabida a los sectores donde están presentes los hábitats y las especies de interés comunitario
que han ocasionado su designación como lugares de importancia comunitaria.
Por lo que se refiere al establecimiento de objetivos, el Reino de España afirma que los planes de espacios establecen entre
sus objetivos el de contribuir a garantizar la biodiversidad en el territorio de la red Natura 2000 a través de la adopción
de medidas para asegurar la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. En particular, contienen
normas suficientes para garantizar la conservación de los recursos y de los valores naturales, al tiempo que permiten igualmente
favorecer la mejora del estado de los mismos y asegurar su protección frente a posibles riesgos y alteraciones. Además, dichos
planes establecen el régimen de usos, prohibiendo todo uso incompatible con la conservación y el mantenimiento de los elementos
fundamentales de protección, entre los que figuran los hábitats y las especies mencionados por la Directiva sobre los hábitats,
y sometiendo a autorización todo uso que deba respetar determinadas condiciones para ser compatible con las exigencias de
esta Directiva.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, en el marco de un procedimiento por incumplimiento
corresponde a la Comisión probar la existencia del incumplimiento alegado y aportar al Tribunal de Justicia los datos necesarios
para que éste pueda verificar la existencia de tal incumplimiento, sin que la Comisión pueda basarse en una presunción, sea
la que fuere (véase, en particular, la sentencia Comisión/Irlanda, antes citada, apartado 39, y la de 19 de mayo de 2011,
Comisión/Malta, C‑376/09, Rec. p. I‑0000, apartado 32).
En lo relativo al artículo 6, apartado 1, de la Directiva sobre los hábitats, el Reino de España reconoce que existen espacios
naturales protegidos coincidentes con zonas especiales de conservación para los cuales aún se están elaborando planes y medidas
de conservación.
De ello se deduce que no se han fijado las medidas de conservación necesarias, en el sentido del artículo 6, apartado 1, de
la Directiva sobre los hábitats, para todas las zonas especiales de conservación de que se trata.
En cambio, dicho Estado miembro refuta la alegación de la Comisión según la cual los mecanismos de ordenación actuales no
constituyen un régimen de conservación adecuado para las zonas especiales de conservación de que se trata.
Como la Comisión no ha respaldado sus afirmaciones con pruebas apropiadas, procede desestimar tal alegación.
Por consiguiente, resulta fundada, dentro de los límites marcados en los apartados 49 y 51 de la presente sentencia, la imputación
relativa a la infracción del artículo 6, apartado 1, de la Directiva sobre los hábitats en lo que respecta a las zonas especiales
de conservación de que se trata.
En cuanto al artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats, la información presentada por el Reino de España
e invocada por la Comisión muestra que un número importante de hábitats y de especies presentes en las zonas especiales de
conservación de que se trata se hallan en un estado de conservación malo o inadecuado.
Procede hacer constar, pues, que en contra de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats,
el Reino de España no ha adoptado las medidas apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y las alteraciones
significativas de las especies en las zonas especiales de conservación de que se trata.
Sin embargo, el Reino de España rebate la alegación de la Comisión de que los regímenes jurídicos vigentes no corresponden
a los objetivos formulados en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats.
Ante la absoluta falta de pruebas al respecto, dicha alegación no puede prosperar.
Por consiguiente, resulta fundada, dentro de los límites marcados en los apartados 54 y 56 de la presente sentencia, la imputación
relativa a la infracción del artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats en lo que respecta a las zonas especiales
de conservación de que se trata.
b)      Zonas especiales de conservación designadas por la Comunidad Autónoma de Canarias que no coinciden con espacios naturales
protegidos de la red canaria
i)      Alegaciones de las partes
Según la Comisión, las disposiciones específicas de conservación destinadas a completar las medidas para el mantenimiento
en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales se encuentran aún en fase de elaboración. Por lo tanto,
a su juicio, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 1, de la
Directiva sobre los hábitats en lo que respecta a las zonas especiales de conservación designadas por la Comunidad Autónoma
de Canarias que no coinciden con espacios naturales protegidos de la red canaria.
La Comisión considera igualmente que, teniendo en cuenta la inexistencia de un régimen legal de conservación adecuado y la
situación de deterioro en que se encuentran en general los hábitats y las especies de interés comunitario en la región biogeográfica
macaronésica, el Reino de España ha incumplido el artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats en lo que respecta
a dichas zonas especiales de conservación.
El Reino de España alega que las disposiciones específicas de conservación deben adoptarse antes del 31 de diciembre de 2010.
Sin embargo, las zonas especiales de conservación de que se trata no están totalmente desprotegidas, puesto que el Gobierno
de Canarias ha encargado a la empresa pública Gesplan, S.A., la elaboración del «Plan de vigilancia Natura 2000». Por otra
parte, a su juicio, la protección de estos espacios se manifiesta también, con carácter preventivo, en los casos de proyectos
o actividades que directa o indirectamente puedan afectar a los espacios de la red Natura 2000 situados en Canarias, que están
sometidos, con arreglo a las leyes vigentes, al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Por lo tanto, según el Reino de España, tales zonas especiales de conservación no carecen de protección, pero esta protección
debe completarse aún para adecuarla a la Directiva sobre los hábitats.
ii)    Apreciación del Tribunal de Justicia
Dado que el Reino de España reconoce no haber adoptado, en lo que respecta a las zonas especiales de conservación designadas
por la Comunidad Autónoma de Canarias que no coinciden con espacios naturales protegidos de la red canaria, todas las medidas
necesarias para cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 6, apartado 1 y 2, de la Directiva sobre los hábitats,
resulta obligado acoger el recurso de la Comisión en este punto.
A la vista del conjunto de consideraciones expuestas, procede estimar el recurso de la Comisión, sin perjuicio de lo indicado
en los apartados 52 y 57 de la presente sentencia.
Por consiguiente, procede declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las
disposiciones mencionadas a continuación de la Directiva sobre los hábitats
–        al no haber establecido prioridades, con arreglo al artículo 4, apartado 4, de la Directiva sobre los hábitats, para las zonas
especiales de conservación correspondientes a los lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica macaronésica
situados en territorio español e identificados por la Decisión 2002/11, y
–        al no haber adoptado ni aplicado, con arreglo al artículo 6, apartados 1 y 2, de la Directiva sobre los hábitats, las medidas
apropiadas de conservación y un régimen de protección que evite el deterioro de los hábitats y las alteraciones significativas
de las especies, garantizando así la protección jurídica de las zonas especiales de conservación que incluyen los lugares
mencionados en la Decisión 2002/11 situados en territorio español.
IV.
Costas
A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Como la Comisión ha pedido que se condene en costas al Reino de España y lo esencial
de los motivos formulados por este último han sido desestimados, procede condenarlo en costas.
Con arreglo al artículo 69, apartado 4, párrafo primero, de dicho Reglamento, la República de Finlandia, que ha intervenido
como coadyuvante en el presente litigio, soportará sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) decide:
1)
Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las disposiciones mencionadas
a continuación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres,
–
al no haber establecido prioridades, de conformidad con el artículo 4, apartado 4, de la Directiva 92/43, para las zonas especiales
de conservación correspondientes a los lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica macaronésica situados
en territorio español e identificados por la Decisión 2002/11/CE de la Comisión, de 28 de diciembre de 2001, por la que se
aprueba la lista de lugares de importancia comunitaria con respecto a la región biogeográfica macaronésica en aplicación de
la Directiva 92/43, y
–
al no haber adoptado ni aplicado, de conformidad con el artículo 6, apartados 1 y 2, de la Directiva 92/43, las medidas apropiadas
de conservación y un régimen de protección que evite el deterioro de los hábitats y las alteraciones significativas de las
especies, garantizando así la protección jurídica de las zonas especiales de conservación que incluyen los lugares mencionados
en la Decisión 2002/11 situados en territorio español.
2)
Condenar en costas al Reino de España.
3)
La República de Finlandia soportará sus propias costas.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: español.