CELEX: 62009CJ0212
Incumplimiento de Estado
Artículos 43 CE y 56 CE
Libre circulación de capitales
Acciones privilegiadas ("golden shares") poseídas por el Estado portugués en GALP Energia, SGPS SA
Intervención en la gestión de una sociedad privatizada

Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República
Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 43 CE y 56 CE, al mantener en GALP Energia,
SGPS SA (en lo sucesivo, «GALP»), derechos especiales del Estado portugués y de otras entidades públicas o del sector público
portugués, atribuidos en relación con acciones privilegiadas («golden shares») poseídas por dicho Estado.

Marco jurídico

Normativa nacional
El artículo 15, apartado 1, de la Lei nº 11/90, Lei Quadro das Privatizaçoes (Ley marco de las privatizaciones), de 5 de abril
de 1990
(Diário da República
I, serie A, nº 80, de 5 de abril de 1990; en lo sucesivo, «LQP»), establece lo siguiente:
«Con carácter excepcional y cuando así lo exijan razones de interés nacional, el instrumento mediante el que se aprueben los
estatutos de la empresa que se vaya a privatizar podrá establecer, para salvaguardar el interés público, que los acuerdos
sociales relativos a determinadas materias deban supeditarse a la ratificación de un administrador nombrado por el Estado.»
El artículo 15, apartado 3, de la LQP prevé la posibilidad de crear acciones privilegiadas en los siguientes términos:
«El instrumento [mediante el que se aprueben los estatutos de la empresa que se va a privatizar o transformar en sociedad
anónima] que se menciona en el artículo 4, apartado 1, podrá asimismo establecer, con carácter excepcional y cuando así lo
exijan razones de interés nacional, la existencia de acciones privilegiadas destinadas a seguir perteneciendo al Estado y
que, independientemente de su número, le conferirán un derecho de veto por lo que se refiere a las modificaciones estatutarias
y otros acuerdos relativos a un ámbito determinado, debidamente delimitado en los estatutos.»
Con arreglo al artículo 15 de la LQP, el Decreto‑Lei nº 261‑A/99 aprova a 1.ª fase do processo de privatização do capital
social da GALP – Petróleos e Gás de Portugal, SGPS SA (Decreto‑ley nº 261‑A/99, por el que se aprueba la primera fase del
proceso de privatización del capital social de GALP – Petróleos e Gás de Portugal, SGPS SA), de 7 de julio de 1999
(Diário da República
I, serie A, nº 156, de 7 de julio de 1999; en lo sucesivo, «Decreto‑ley nº 261‑A/99»), prevé en su artículo 4, apartado 1,
la posibilidad de «crear acciones privilegiadas mediante conversión de acciones ordinarias.»
En virtud del artículo 4, apartado 2, de dicho Decreto‑ley, las acciones privilegiadas no podrán representar más del 10 %
del capital social de GALP antes del aumento de capital y deberán ser mayoritariamente propiedad de las entidades públicas.
A tenor del artículo 4, apartado 3, de dicho Decreto‑ley, las acciones privilegiadas confieren un derecho de veto con respecto
al nombramiento de un número de administradores como máximo igual a una tercera parte del total. Confieren ese mismo derecho
con respecto a los acuerdos de modificación de los estatutos de la sociedad, los destinados a autorizar la celebración de
contratos «de grupo paritário» o de «subordinação» y los que puedan comprometer de algún modo el abastecimiento del país de
petróleo, gas o productos derivados.
El artículo 391, apartado 2, del Código de las Sociedades Mercantiles (en lo sucesivo, «CSM») establece:
«El contrato de sociedad podrá estipular que la elección de los administradores deberá ser aprobada por un número de votos
correspondiente a una fracción determinada del capital o que la elección de algunos de ellos, cuyo número no podrá exceder
de un tercio del total, deberá ser también aprobada por la mayoría de los votos conferidos por determinadas acciones, si bien
el derecho de nombrar administradores no podrá atribuirse a determinadas categorías de acciones.»

Los estatutos de GALP
El Decreto‑ley nº 137‑A/99, de 22 de abril de 1999
(Diário da República
I, serie A, nº 94, de 22 de abril de 1999), por el que GALP se creó, contiene, en su anexo, los estatutos de dicha sociedad.
A tenor del artículo 4, apartado 1, de los estatutos de GALP, el capital social de esta sociedad está compuesto por 40 millones
de acciones de clase A y en torno a 789 millones de acciones de clase B.
El artículo 4, apartado 3, de los estatutos de GALP establece que las acciones de clase A llevarán aparejados determinados
derechos especiales:
«a)      la elección del Presidente del Consejo de Administración sólo podrá ser aprobada por la mayoría de los votos inherentes a
las acciones de clase A;
b)      todos los acuerdos que autoricen la celebración de contratos “de grupo paritário” o de “subordinação”, así como los que puedan
comprometer de alguna manera el abastecimiento del país de petróleo, gas, electricidad o productos derivados, deberán obtener
la mayoría de los votos inherentes a las acciones de clase A para ser aprobados.
[...]»
Además, en virtud del artículo 18, apartado 1, letra b), de los estatutos de GALP, los acuerdos del Consejo de Administración
de GALP en determinadas materias deberán ser aprobados por mayoría cualificada de dos tercios de los administradores, incluido
necesariamente el voto favorable del Presidente del Consejo de Administración, entre ellas las desinversiones estratégicas,
la adquisición de participaciones en sectores no comprendidos en las actividades principales de la sociedad, la elección de
socios estratégicos, la adopción y la modificación de las líneas estratégicas, del plan estratégico y de los ámbitos de actividad
correspondientes, la definición de la estructura de gestión y organizativa de base, la definición del margen de autonomía
de gestión de las sociedades controladas por GALP, las operaciones de escisión, de fusión o de disolución de sociedades controladas
por GALP y el reparto de dividendos por las sociedades controladas por GALP.

El pacto de accionistas de GALP
El 4 de octubre de 2006, se celebró un pacto de accionistas entre varios accionistas de GALP, a saber, Amorim Energia, ENI
y Caixa Geral de Depósitos SA (en lo sucesivo, «CGD»), que es un banco estatal. Ese pacto fue posteriormente objeto de varias
adaptaciones.
En virtud de dicho pacto, en particular, CGD designará a un administrador que será obligatoriamente el Presidente del Consejo
de Administración.

Antecedentes del litigio y procedimiento administrativo previo
Desde 1999, el sector de la energía portugués, especialmente el del petróleo y el gas natural, ha sido objeto de un amplio
proceso de reestructuración, que culminó, mediante la adopción del Decreto‑ley nº 137‑A/99, de 22 de abril de 1999, en la
constitución de GALP, una sociedad de capital público que agrupa las participaciones directas poseídas por el Estado en determinadas
empresas públicas.
El proceso de privatización de GALP se inició desde su creación y se desarrolló en cinco fases sucesivas, en el marco del
régimen establecido por la LQP. Actualmente, el Estado es titular del 8 % del capital social de GALP, en un 7 % a través de
Parpública y un 1 % a través de CGD.
De los autos se desprende que GALP es en la actualidad el principal grupo integrado de productos petrolíferos y de gas natural
en Portugal.
El 18 de octubre de 2006, la Comisión envió a la República Portuguesa un escrito de requerimiento en el que le reprochaba
el incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 43 CE y 56 CE, por haber creado, en el marco
de la privatización de GALP, acciones privilegiadas con derechos especiales poseídas por el Estado portugués, en particular
con el derecho de designar al Presidente del Consejo de Administración de esa sociedad y el derecho de veto con respecto a
determinadas decisiones importantes de la misma.
Al no considerar satisfactoria la respuesta dada el 18 de diciembre de 2006 por la República Portuguesa, el 29 de junio de
2007 la Comisión emitió un dictamen motivado en el que reiteraba lo manifestado en el escrito de requerimiento e instaba a
ese Estado miembro a adoptar las medidas necesarias para atenerse al dictamen motivado en un plazo de dos meses a partir de
su recepción.
Las autoridades portuguesas respondieron al dictamen motivado mediante escrito de 30 de octubre de 2007. Al no considerar
adecuada la respuesta, la Comisión decidió interponer el presente recurso.

Sobre la admisibilidad del recurso

Alegaciones de las partes
En sus observaciones, la República Portuguesa se opone a la admisibilidad del recurso y afirma que éste es parcialmente inadmisible
en la medida en que la Comisión introdujo en su demanda nuevas alegaciones que no figuraban en el dictamen motivado, de manera
que ha ampliado el objeto del litigio definido en la fase administrativa previa del procedimiento.
A este respecto, la República Portuguesa alude, por una parte, al derecho del Estado de obligar a someter los acuerdos del
Consejo de Administración relativos a la gestión de GALP a la aprobación del Presidente de dicho Consejo, que es nombrado
por el propio Estado, y al derecho de dicho Presidente a vetar determinados acuerdos del Consejo de Administración recogidos
en el artículo 18, apartado 1, letra b), de los estatutos de GALP, que deben aprobarse por mayoría cualificada de dos tercios
de los administradores. Por otra parte, alega que la Comisión le reprocha el incumplimiento del principio de no discriminación
por razón de la nacionalidad, consagrado por el artículo 12 CE, en la medida en que actuó de manera discriminatoria en el
marco de las diferentes fases de privatización de GALP y de la negociación del pacto de accionistas celebrado en 2006.
A juicio de dicho Estado miembro, deben declararse inadmisibles los motivos nuevos con respecto a los que figuran en el dictamen
motivado.
La Comisión rebate la totalidad de estas alegaciones y sostiene que el presente recurso tiene por objeto el derecho de designar
al Presidente del Consejo de Administración de GALP y el derecho de veto referente a las modificaciones del pacto social y
de otras decisiones relativas a determinadas materias definidas en los estatutos. Estas facultades especiales se derivan de
la legislación portuguesa, a saber, de la LQP, en particular de sus artículos 3 y 15, y del Decreto‑ley nº 261‑A/99, concretamente
de su artículo 4, apartado 3.
Según la Comisión, las nuevas alegaciones formuladas en la demanda y consideradas inadmisibles por la República Portuguesa
son, por una parte, aclaraciones sobre la competencia del administrador designado por el Estado, que son pertinentes para
calificar la situación que constituye dicha designación como medida adoptada por el Estado que no se deriva de una aplicación
normal del Derecho de sociedades. Por otra parte, la Comisión afirma que del escrito de recurso resulta claramente que, al
limitarse a describir una maniobra de la República Portuguesa, no invocó el artículo 12 CE, sino que criticó la creación de
derechos especiales del Estado mediante disposiciones generales indistintamente aplicables y la aplicación de estas últimas
de manera discriminatoria mediante instrumentos de Derecho privado. Además, la Comisión explicó en su escrito de réplica que
no deseaba insistir en ese enfoque, que sólo pretendía situar el objeto del procedimiento en su contexto.
Por consiguiente, según esa institución, dichas consideraciones no constituyen motivos nuevos con respecto a los contenidos
en el dictamen motivado.

Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, el objeto del recurso por incumplimiento con arreglo
al artículo 258 TFUE queda delimitado por el dictamen motivado de la Comisión, de forma que el recurso debe basarse en los
mismos motivos y alegaciones que el citado dictamen (véanse las sentencias de 8 de diciembre de 2005, Comisión/Luxemburgo,
C‑33/04, Rec. p. I‑10629, apartado 36; de 9 de noviembre de 2006, Comisión/Reino Unido, C‑236/05, Rec. p. I‑10819, apartado
10, y de 8 de julio de 2010, Comisión/Portugal, C‑171/08, Rec. p. I‑0000, apartado 25).
No obstante, esta exigencia no puede llegar a imponer en todos los supuestos una coincidencia perfecta entre las imputaciones
de la parte dispositiva del dictamen motivado y las pretensiones del recurso, siempre que el objeto del litigio, tal como
se define en el dictamen motivado, no se haya ampliado ni modificado (véanse las sentencias de 14 de julio de 2005, Comisión/Alemania,
C‑433/03, Rec. p. I‑6985, apartado 28; Comisión/Reino Unido, antes citada, apartado 11; Comisión/Portugal, antes citada, apartado
26, y de 18 de noviembre de 2010, Comisión/Portugal, C‑458/08, Rec. p. I‑0000, apartado 44).
Pues bien, en el presente asunto, debe reconocerse que la Comisión no ha ampliado ni modificado el objeto del litigio tal
como se define en el dictamen motivado.
A este respecto, basta señalar que, tanto en la parte dispositiva del dictamen motivado como en las pretensiones del escrito
de interposición del recurso, la Comisión indicó claramente que reprochaba a la República Portuguesa la posesión por el Estado
portugués y otros accionistas públicos de acciones privilegiadas con derechos especiales en el capital social de GALP, concretamente
el derecho de nombrar al Presidente del Consejo de Administración con la facultad de ratificar los acuerdos de los órganos
sociales en materia de gestión y el derecho de veto respecto de las decisiones importantes de dicha sociedad. Al invocar también
las obligaciones de los Estados miembros resultantes de los artículos 43 CE y 56 CE, que la República Portuguesa no ha cumplido
según la Comisión, ésta definió de manera suficientemente precisa el objeto del litigio.
Es cierto que no fue hasta la demanda cuando la Comisión, por una parte, reprochó a la República Portuguesa haber actuado
de manera discriminatoria en el marco de las diferentes fases de privatización de GALP y de la negociación del pacto de accionistas
y, por otra parte, se basó por primera vez en determinadas disposiciones nacionales, en particular el artículo 18 de los estatutos
de GALP y los derechos previstos en esa disposición. Sin embargo, de los autos se desprende que, a diferencia de lo que afirma
la República Portuguesa, la Comisión no consideró en su escrito de recurso que el Estado portugués poseía nuevas facultades
especiales, sino que se refirió, como alegaciones adicionales dirigidas a ilustrar el fundamento de sus imputaciones, no sólo
a otras disposiciones nacionales que desarrollan la LQP y el Decreto‑ley nº 261‑A/99, que son el fundamento de las facultades
especiales poseídas por el Estado, sino también a la génesis del pacto de accionistas.
Por consiguiente, el hecho de que la Comisión haya detallado las imputaciones que había formulado de manera más general en
el dictamen motivado no ha modificado el objeto del incumplimiento imputado ni, por lo tanto, ha tenido incidencia en el alcance
del litigio (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de noviembre de 2003, Comisión/Finlandia, C‑185/00, Rec. p. I‑14189,
apartados 84 a 87; de 8 de julio de 2010, Comisión /Portugal, antes citada, apartado 29, y de 11 de noviembre de 2010, Comisión/Portugal,
C‑543/08, Rec. p. I‑0000, apartado 23).
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar la excepción de inadmisibilidad propuesta por la República
Portuguesa.

Sobre el fondo

Sobre la existencia de restricciones
Alegaciones de las partes
La Comisión alega, en particular, que la posesión por el Estado portugués de derechos especiales en GALP, a saber, el derecho
de nombrar al Presidente del Consejo de Administración con la facultad de ratificar los acuerdos de los órganos sociales en
materia de gestión, confirmado por las cláusulas del pacto de accionistas negociado por el Estado portugués a través de CGD,
y el derecho de veto respecto de las decisiones importantes de dicha sociedad, obstaculiza tanto la inversión directa como
las inversiones de cartera en el capital social de esa sociedad y, por ese motivo, constituye una restricción a la libre circulación
de capitales y a la libertad de establecimiento.
En efecto, esa institución considera que tales derechos especiales, por una parte, restringen la posibilidad de que los accionistas
participen efectivamente en la gestión y el control de la sociedad de que se trata de manera proporcional al valor de las
acciones cuya titularidad ostentan y, por otra parte, disuaden a los inversores de otros Estados miembros de adquirir acciones
de dicha sociedad.
La Comisión señala a este respecto que la creación de derechos especiales aparejados a acciones privilegiadas no resulta de
la aplicación normal del Derecho de sociedades, sino que constituye una medida estatal comprendida en el ámbito de aplicación
de los artículos 43 CE y 56 CE, apartado 1. En efecto, la Comisión aduce que los estatutos de GALP, que estipulan los derechos
especiales controvertidos, fueron creados por ley en una época en la que el Estado portugués era titular de la totalidad del
capital social de esa sociedad y no pueden modificarse sin el consentimiento del Estado.
En primer lugar, la República Portuguesa alega, remitiéndose a la sentencia de 26 de marzo de 2009, Comisión/Italia (C‑326/07,
Rec. p. I‑2291, apartado 39), que las disposiciones nacionales cuestionadas por la Comisión deben examinarse exclusivamente
a la luz del artículo 43 CE, dado que, como en el asunto que dio lugar a esa sentencia, tanto el derecho de veto como el de
nombrar al Presidente del Consejo de Administración de GALP se refieren a decisiones relativas a la gestión de la sociedad
y, por lo tanto, sólo afectan a los accionistas que pueden ejercer una influencia efectiva en la sociedad.
Ese Estado miembro sostiene, además, que, en cualquier caso, las disposiciones nacionales que establecen derechos especiales
del Estado no están comprendidas en el ámbito de aplicación de los artículos 43 CE y 56 CE, en la medida en que no constituyen
ninguna restricción de las libertades fundamentales de que se trata. En efecto, a su juicio, los efectos sobre el acceso al
mercado de las medidas nacionales controvertidas son, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia
de libertad de establecimiento, puramente hipotéticos y, en cualquier caso, totalmente aleatorios e indirectos (sentencia
de 20 de junio de 1996, Semeraro Casa Uno y otros, C‑418/93 a C‑421/93, C‑460/93 a C‑462/93, C‑464/93, C‑9/94 a C‑11/94, C‑14/94,
C‑15/94, C‑23/94, C‑24/94 y C‑332/94, Rec. p. I‑2975, apartado 32). En su opinión, dichas medidas nacionales sólo pueden constituir
medidas restrictivas en el sentido de los artículos 43 CE y 56 CE si condicionan directa y sustancialmente el acceso al mercado
de los inversores. La República Portuguesa sugiere a este respecto al Tribunal de Justicia que interprete el concepto de «restricción»
de la libre circulación de capitales y del derecho de establecimiento a la luz de la sentencia de 24 de noviembre de 1993,
Keck y Mithouard (C‑267/91 y C‑268/91, Rec. p. I‑6097), que trata de las modalidades de venta en relación con la libertad
de circulación de mercancías.
Además, teniendo en cuenta la estructura del accionariado de GALP y su evolución desde el año 1999, dicho Estado considera
que es evidente que la existencia de derechos especiales del Estado en esa sociedad no ha producido ningún efecto negativo
ni en las inversiones directas ni en las inversiones de cartera en su capital.
En cuanto al carácter de medida estatal del derecho de nombrar al Presidente del Consejo de Administración de GALP, disposición
que figura tanto en los estatutos de ésta como en el pacto de accionistas, la República Portuguesa sostiene, por último, que
ese derecho constituye no una medida estatal, sino un acto de Derecho privado que no está comprendido en el ámbito de aplicación
de los artículos 43 CE y 56 CE.
En respuesta a estas alegaciones, la Comisión arguye, en lo que respecta a la referencia efectuada por la República Portuguesa
a la sentencia Comisión/Italia, antes citada, que tanto el derecho de veto como el derecho de nombrar al Presidente del Consejo
de Administración confieren al Estado facultades especiales sobre determinados acuerdos de la junta general que afectan a
todos los accionistas e inversores potenciales, y no sólo a los que ejercen una influencia efectiva en las decisiones de la
sociedad en cuestión. Por consiguiente, la Comisión considera que dicho Estado miembro no puede oponerse a la aplicación del
artículo 56 CE en el presente asunto.
Apreciación del Tribunal de Justicia
–       Sobre la aplicabilidad de los artículos 43 CE y 56 CE
En cuanto a la cuestión de si una normativa nacional se inscribe en el ámbito de una u otra de estas libertades fundamentales,
de una jurisprudencia muy consolidada se desprende que procede tomar en consideración el objeto de la normativa de que se
trate (véanse, en particular, las sentencias de 24 de mayo de 2007, Holböck, C‑157/05, Rec. p. I‑4051, apartado 22; Comisión/Italia,
antes citada, apartado 33, y de 11 de noviembre de 2010, Comisión/Portugal, antes citada, apartado 40).
Están comprendidas dentro del ámbito de aplicación material de las disposiciones del artículo 43 CE, relativo a la libertad
de establecimiento, las disposiciones nacionales que son de aplicación a la posesión por un nacional de un Estado miembro
de una participación en el capital de una sociedad establecida en otro Estado miembro que le permita ejercer una influencia
real en las decisiones de dicha sociedad y determinar sus actividades (véanse, en particular, las sentencias de 13 de abril
de 2000, Baars, C‑251/98, Rec. p. I‑2787, apartado 22, y de 11 de noviembre de 2010, Comisión/Portugal, antes citada, apartado 41).
Están comprendidas en el ámbito de las disposiciones del artículo 56 CE, relativo a la libre circulación de capitales, en
particular, las inversiones directas, esto es, cualquier tipo de inversión efectuada por personas físicas o jurídicas y que
sirva para crear o mantener relaciones duraderas y directas entre el proveedor de fondos y la sociedad a la que se destinan
dichos fondos para el ejercicio de una actividad económica. Este objetivo presupone que las acciones que posee el accionista
le ofrecen la posibilidad de participar de manera efectiva en la gestión o el control de dicha sociedad (véanse, en particular,
las sentencias de 23 de octubre de 2007, Comisión/Alemania, C‑112/05, Rec. p. I‑8995, apartado 18 y jurisprudencia citada;
Comisión/Italia, antes citada, apartado 35, y de 11 de noviembre de 2010, Comisión/Portugal, antes citada, apartado 42).
Una normativa nacional que no debe aplicarse únicamente a las participaciones que permitan ejercer una influencia efectiva
en las decisiones de una sociedad y determinar las actividades de ésta, pero que se aplica independientemente de la magnitud
de la participación que posea el accionista en una sociedad, puede estar comprendida tanto en el ámbito de aplicación del
artículo 43 CE como del artículo 56 CE (sentencias, antes citadas, Comisión/Italia, apartado 36, y de 11 de noviembre de 2010,
Comisión/Portugal, apartado 43).
Es preciso señalar que, en el presente recurso por incumplimiento, no se descarta que las disposiciones nacionales controvertidas
puedan afectar a todos los accionistas e inversores potenciales y no solamente a los accionistas capaces de influir de manera
efectiva en la gestión y el control de GALP. Por tanto, procede examinar las disposiciones controvertidas desde el punto de
vista de los artículos 43 CE y 56 CE.
–       Sobre el incumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 56 CE
Con carácter previo, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, el artículo 56 CE, apartado 1, prohíbe en términos
generales las restricciones de los movimientos de capitales entre los Estados miembros (véanse, en particular, las sentencias
de 28 de septiembre de 2006, Comisión/Países Bajos, C‑282/04 y C‑283/04, Rec. p. I‑9141, apartado 18 y jurisprudencia citada;
de 23 de octubre de 2007, Comisión/Alemania, antes citada, apartado 17; de 8 de julio de 2010, Comisión/Portugal, antes citada,
apartado 48, y de 11 de noviembre de 2010, Comisión/Portugal, antes citada, apartado 45).
Al no existir en el Tratado CE una definición del concepto de «movimientos de capitales» en el sentido del artículo 56 CE,
apartado 1, el Tribunal de Justicia ha reconocido un valor indicativo a la nomenclatura de los movimientos de capitales que
figura en el anexo I de la Directiva 88/361/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1988, para la aplicación del artículo [67]
del Tratado [artículo derogado por el Tratado de Ámsterdam] (DO L 178, p. 5). Así pues, el Tribunal de Justicia ha declarado
que constituyen movimientos de capitales en el sentido del artículo 56 CE, apartado 1, en particular, las inversiones denominadas
«directas», esto es, las inversiones en forma de participación en una empresa mediante la posesión de acciones que confiera
la posibilidad de participar de manera efectiva en su gestión y control, así como las inversiones denominadas «de cartera»,
es decir, las inversiones en forma de adquisición de títulos en el mercado de capitales efectuada con la única intención de
realizar una inversión, pero sin intención de influir en la gestión y el control de la empresa (véanse las sentencias, antes
citadas, Comisión/Países Bajos, apartado 19 y jurisprudencia citada; de 23 de octubre de 2007, Comisión/Alemania, apartado
18; de 8 de julio de 2010, Comisión/Portugal, apartado 49, y de 11 de noviembre de 2010, Comisión/Portugal, apartado 46).
En relación con estas dos formas de inversión, el Tribunal de Justicia ha señalado que deben calificarse de «restricciones»
en el sentido del artículo 56 CE, apartado 1, las medidas nacionales que pueden impedir o limitar la adquisición de acciones
en las empresas afectadas o disuadir a los inversores de otros Estados miembros de invertir en el capital de éstas (véase
la sentencia de 11 de noviembre de 2010, Comisión/Portugal, antes citada, apartado 47 y la jurisprudencia citada).
La República Portuguesa niega el carácter de medida nacional del artículo 4, apartado 3, de los estatutos de GALP y de las
cláusulas pertinentes del pacto de accionistas. Además, alega, en particular, que, según dicho pacto, el derecho del Estado
de nombrar al Presidente del Consejo de Administración de GALP es ejercido por CGD y no por el Estado portugués, por lo que
la disposición controvertida no constituye una medida estatal y, en consecuencia, no está comprendida en el ámbito de aplicación
de los artículos 43 CE y 56 CE.
A este respecto, ha de señalarse que, por una parte, como se desprende de los autos, los estatutos de GALP fueron adoptados
antes de finalizar la primera fase de la privatización de GALP, es decir, en un momento en que el Estado portugués poseía
la mayor parte de su capital social. Al mismo tiempo, se estableció por ley un derecho específico de veto en beneficio de
ese Estado, que se ejerce en particular respecto de los acuerdos de modificación de los estatutos de la referida sociedad.
Así pues, desde entonces la cláusula relativa al derecho de nombrar al Presidente del Consejo de Administración de GALP no
puede ser anulada por los socios sin el consentimiento del Estado.
Por otra parte, en lo que atañe a la alegación formulada por la República Portuguesa en este contexto con respecto al nombramiento
del Presidente del Consejo de Administración por CGD, basta señalar que, dado que esta última es un banco participado íntegramente
por el Estado, éste ejerce sus derechos a través de CGD. Por consiguiente, en lo que respecta al carácter privado del pacto
de accionistas, el Estado portugués se pone de acuerdo, a través de CGD, con los accionistas de referencia que ha elegido
para mantener su influencia en la composición y la gestión de GALP.
En tales circunstancias, procede considerar que la propia República Portuguesa ha autorizado, de un lado, por medio del legislador
nacional, la creación de acciones privilegiadas en el capital social de GALP y, de otro, en su condición de autoridad pública,
ha decidido –en aplicación del artículo 15, apartado 3, de la LQP– introducir acciones privilegiadas en dicho capital, atribuirlas
al Estado y definir los derechos especiales que confieren.
Además, es preciso señalar también que la creación del derecho del Estado de nombrar al Presidente del Consejo de Administración
de GALP no resulta de una aplicación normal del Derecho de sociedades. Mientras que el CSC prohíbe expresamente asociar a
ciertas categorías de acciones el derecho de nombrar a determinados administradores, el Decreto‑ley nº 261‑A/99 y los estatutos
de GALP establecen, por el contrario, que la aprobación de la elección del Presidente del Consejo de Administración es un
derecho inherente a las acciones específicas del Estado. Se trata, por tanto, de un derecho específico, que constituye una
excepción al Derecho común de sociedades y que ha sido establecido por una medida legislativa nacional en beneficio únicamente
de los actores públicos (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de octubre de 2007, Comisión/Alemania, antes citada, apartados
59 a 61).
En consecuencia, el derecho del Estado de nombrar al Presidente del Consejo de Administración debe considerarse imputable
a la República Portuguesa, por lo que está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 56 CE, apartado 1.
En lo que atañe al carácter restrictivo de la posesión por el Estado portugués de acciones privilegiadas con derechos especiales
en el capital social de GALP, prevista en la legislación nacional y, parcialmente, en relación con los estatutos de dicha
sociedad, debe reconocerse que tales acciones pueden disuadir a los operadores de otros Estados miembros de invertir en el
capital de esta última.
En efecto, por lo que al derecho de veto se refiere, del artículo 4, apartado 3, del Decreto‑ley nº 261‑A/99 resulta que la
adopción de muchos acuerdos importantes relativos a GALP está supeditada al consentimiento del Estado portugués. A este respecto,
se debe precisar que se requiere el voto favorable de dicho Estado especialmente en el caso de los acuerdos que modifiquen
los estatutos de GALP, de modo que la influencia de ese Estado sobre la citada sociedad solamente puede verse disminuida con
el consentimiento del propio Estado.
Por lo tanto, en la medida en que el derecho de veto confiere al referido Estado una influencia sobre la gestión y el control
de GALP que no está justificada por la magnitud de la participación que mantiene en dicha sociedad, puede disuadir a los operadores
de otros Estados miembros de efectuar inversiones directas en el capital social de esta última al no poder participar en la
gestión y el control de dicha sociedad de modo proporcional al valor de sus acciones (véanse concretamente las sentencias,
antes citadas, de 23 de octubre de 2007, Comisión/Alemania, apartados 50 a 52; de 8 de julio de 2010, Comisión/Portugal, apartado 60,
y de 11 de noviembre de 2010, Comisión/Portugal, apartado 56).
Asimismo, el derecho de veto controvertido puede generar un efecto disuasorio sobre las inversiones de cartera en el capital
social de GALP en la medida en que la eventual negativa del Estado portugués a la aprobación de un acuerdo importante, que
los órganos de la sociedad hayan presentado como beneficiosa para los intereses de ésta, puede, en efecto, pesar sobre el
valor de las acciones de dicha sociedad y, por lo tanto, sobre el aliciente de una inversión en tales acciones (véanse en
este sentido las sentencias, antes citadas, Comisión/Países Bajos, apartado 27; de 8 de julio de 2010, Comisión/Portugal,
apartado 61, y de 11 de noviembre de 2010, Comisión/Portugal, apartado 57).
En lo que respecta al derecho de nombrar al Presidente del Consejo de Administración, éste constituye una restricción a la
libre circulación de capitales en la medida en que semejante derecho específico es una excepción al Derecho común de sociedades
y ha sido establecido por una medida legislativa nacional únicamente en beneficio de los actores públicos (véanse las sentencias,
antes citadas, de 23 de octubre de 2007, Comisión/Alemania, apartado 61, y de 11 de noviembre de 2010, Comisión/Portugal,
apartado 62). Si bien es cierto que esta facultad puede ser atribuida por ley como derecho de una minoría cualificada, es
preciso indicar que, en tal caso, debe ser accesible a todos los accionistas y no reservarse exclusivamente al Estado.
En efecto, al limitar la posibilidad de que los accionistas distintos del Estado portugués participen en el capital social
de GALP para crear o mantener vínculos económicos duraderos y directos con ésta, que permitan participar de forma efectiva
en su gestión o en su control, el derecho de nombrar a un administrador, previsto en los artículos 15, apartado 1, de la LQP
y 4, apartado 3, del Decreto‑ley nº 261‑A/99, puede disuadir a los inversores directos de otros Estados miembros de invertir
en el capital de esa sociedad.
De ello se deduce que el derecho de veto respecto de determinados acuerdos de la junta general de GALP y el derecho de nombrar
al Presidente del Consejo de Administración constituyen restricciones a la libre circulación de capitales en el sentido del
artículo 56 CE, apartado 1.
Además, esta conclusión no se desvirtúa por las alegaciones de la República Portuguesa basadas en la aplicabilidad de la supuesta
lógica subyacente a la sentencia Keck y Mithouard, antes citada.
A este respecto, procede señalar que las medidas nacionales controvertidas no son análogas a las normas relativas a las modalidades
de venta que el Tribunal de Justicia, en la sentencia Keck y Mithouard, antes citada, consideró no incluidas en el ámbito
de aplicación del artículo 28 CE.
En efecto, según dicha sentencia, no puede obstaculizar el comercio entre los Estados miembros la aplicación a productos procedentes
de otros Estados miembros de disposiciones nacionales que limiten o prohíban, en el territorio del Estado miembro de importación,
ciertas modalidades de venta, siempre que, en primer lugar, se apliquen a todos los operadores afectados que ejerzan su actividad
en el territorio nacional y, en segundo lugar, que afecten del mismo modo, de hecho y de Derecho, a la comercialización de
los productos nacionales y de los procedentes de otros Estados miembros. El motivo es que dicha aplicación no puede impedir
el acceso de estos últimos al mercado del Estado miembro de importación o dificultarlo más que el acceso de los productos
nacionales (sentencia de 10 de mayo de 1995, Alpine Investments, C‑384/93, Rec. p. I‑1141, apartado 37).
Ahora bien, en el presente asunto, si bien es cierto que las disposiciones nacionales controvertidas son indistintamente aplicables
tanto a los residentes como a los no residentes, es necesario señalar que afectan a la situación del adquirente de una participación
como tal, de modo que pueden disuadir a los inversores de otros Estados miembros de efectuar tales inversiones y, en consecuencia,
condicionar el acceso al mercado (véanse las sentencias de 13 de mayo de 2003, Comisión/España, C‑463/00, Rec. p. I‑4581,
apartado 61 y jurisprudencia citada; de 8 de julio de 2010, Comisión/Portugal, antes citada, apartado 67, y de 11 de noviembre
de 2010, Comisión/Portugal, antes citada, apartado 68).
Además, la afirmación de que dichas disposiciones nacionales constituyen restricciones de la libre circulación de capitales
no puede verse cuestionada por la alegación de la República Portuguesa de que los derechos especiales controvertidos no afectan
en modo alguno a las inversiones directas ni a las inversiones de cartera en el capital social de GALP, dado que un gran número
de acciones de esta sociedad está en manos de inversores de otros Estados miembros.
Es preciso señalar, como se ha mencionado en los apartados 58 y 61 de la presente sentencia, que las disposiciones nacionales
controvertidas reducen el interés en adquirir una participación en el capital social de GALP, en la medida en que crean instrumentos
que pueden limitar la posibilidad de los inversores de participar en dicho capital para crear o mantener vínculos económicos
duraderos y directos con ésta, que permitan participar de forma efectiva en la gestión o en el control de tal sociedad (véanse,
en este sentido, las sentencias, antes citadas, de 23 de octubre de 2007, Comisión/Alemania, apartado 54, y de 11 de noviembre
de 2010, Comisión/Portugal, apartado 70).
Esta consideración no se ve afectada por la presencia de inversores directos en el accionariado de GALP. En efecto, en el
marco del presente recurso, esta circunstancia no puede desvirtuar la conclusión de que, debido a las disposiciones nacionales
controvertidas, inversores directos de otros Estados miembros, actuales o potenciales, han podido verse disuadidos de adquirir
una participación en el capital de esta sociedad para crear o mantener vínculos económicos duraderos y directos con ésta,
que permitan participar de forma efectiva en su gestión o en su control, a pesar de que el principio de la libre circulación
de capitales y la protección que éste les confiere debían ampararles (véanse, en este sentido, las sentencias, antes citadas,
de 23 de octubre de 2007, Comisión/Alemania, apartado 55, y de 11 de noviembre de 2010, Comisión/Portugal, apartado 71).
Habida cuenta de cuanto antecede, procede declarar que la posesión por el Estado portugués de acciones privilegiadas, en relación
con los derechos especiales que tales acciones confieren a su titular, constituye una restricción de la libre circulación
de capitales en el sentido del artículo 56 CE, apartado 1.

Sobre la justificación de las restricciones
Alegaciones de las partes
La Comisión señala que las restricciones que se derivan de los derechos especiales poseídos por el Estado portugués en GALP
no se justifican por ninguno de los objetivos invocados por la República Portuguesa y, en cualquier caso, violan el principio
de proporcionalidad.
La Comisión afirma que los derechos especiales del Estado en GALP no se justifican por razones de seguridad pública, en el
presente asunto la seguridad del abastecimiento energético de Portugal. En efecto, como se desprende del Decreto‑ley nº 31/2006,
por el que se establecen las bases generales de la organización y del funcionamiento del sistema petrolífero nacional
(Diário da República
I, serie A, nº 33, de 15 de febrero de 2006), y del Decreto‑ley nº 30/2006, por el que se establecen las bases generales de
la organización y del funcionamiento del sistema del gas natural
(Diário da República
I, serie A, nº 33, de 15 de febrero de 2006), corresponde al Estado, y no a GALP, garantizar la seguridad del abastecimiento
de petróleo y gas natural.
En lo que respecta al principio de proporcionalidad, la Comisión alega que los derechos especiales que el Estado posee en
GALP no son adecuados para garantizar el buen funcionamiento de la red de distribución de gas y la actividad de venta minorista
de los productos petrolíferos de GALP. Dicha institución considera que, en realidad, esos derechos constituyen instrumentos
destinados a perseguir el interés privado de la sociedad y no el interés nacional. Además, en contra de lo que exige la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia en la materia (véase, en particular, la sentencia de 4 de junio de 2002, Comisión/Francia, C‑483/99,
Rec. p. I‑4781, apartados 50 a 53), al no haberse establecido ningún criterio objetivo y preciso que regule el ejercicio de
dichos derechos, su aplicación es, en la práctica, totalmente discrecional.
La Comisión sostiene, además, que el Derecho derivado de la Unión tampoco justifica la existencia de derechos especiales del
Estado en GALP.
En efecto, en virtud de la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas
comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE (DO L 176, p. 57), la responsabilidad
pública de garantizar la seguridad del suministro de gas natural podría exigir una intervención externa del Estado en su calidad
de regulador y no una intervención del Estado desde el interior, en calidad de accionista privilegiado de las empresas que
operan en el mercado.
En lo que se refiere al sector del petróleo, la Comisión aduce que, con arreglo a la Directiva 2006/67/CE del Consejo, de
24 de julio de 2006, por la que se obliga a los Estados miembros a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo
y/o productos petrolíferos (DO L 217, p. 8), corresponde también al Estado, y no a empresas privadas, la responsabilidad pública
de garantizar la seguridad del abastecimiento de productos petrolíferos.
Por último, la Comisión se opone a la alegación de la República Portuguesa de que el artículo 86 CE se aplica a las medidas
controvertidas, dado que, por una parte, esa disposición se dirige a una determinada categoría de empresas y no a los Estados
miembros y, por otra, el presente procedimiento tiene por objeto no derechos especiales que el Estado concedió a GALP, sino
derechos especiales del Estado en dicha sociedad.
La República Portuguesa alega que, aunque se admitiera que las medidas nacionales controvertidas constituyen restricciones
de la libertad de establecimiento y de la libre circulación de capitales, estarían, no obstante, justificadas en virtud de
los artículos 46 CE y 58 CE, por cuanto son necesarias para garantizar la seguridad del abastecimiento de gas natural y petróleo
del país y permiten garantizarlo de una manera adecuada, dada la falta de instrumentos adecuados para ello en el ámbito de
la Unión.
Dicho Estado miembro aduce también que el ejercicio de los derechos especiales de que se trata puede ser objeto de un control
judicial efectivo. De este modo, si el Estado ejerciera dichos derechos sin basarse en una amenaza real y grave para la seguridad
del abastecimiento, cometería una infracción que cualquier accionista de GALP podría invocar ante los tribunales nacionales,
tanto administrativos como civiles.
Además, la República Portuguesa afirma que las disposiciones controvertidas respetan el principio de proporcionalidad y sostiene
que, en cualquier caso, la Comisión no aportó prueba de la existencia de medidas menos restrictivas que confieran al Estado
la posibilidad de reaccionar de manera rápida y eficaz en caso de amenaza real y grave de la seguridad del abastecimiento.
Por último, dicho Estado miembro sostiene que las disposiciones nacionales controvertidas son en cualquier caso compatibles
con el Derecho de la Unión en virtud del artículo 86 CE, apartado 2, ya que son necesarias para que GALP desempeñe de manera
adecuada las misiones de gestión de los servicios de interés económico general que el Estado le ha encomendado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Es jurisprudencia consolidada que las medidas nacionales que restringen la libre circulación de capitales pueden verse justificadas
por las razones mencionadas en el artículo 58 CE o por razones imperiosas de interés general, siempre que sean adecuadas para
garantizar la realización del objetivo que pretenden lograr y no vayan más allá de lo necesario para alcanzarlo (véanse las
sentencias, antes citadas, de 23 de octubre de 2007, Comisión/Alemania, apartados 72 y 73 y la jurisprudencia citada; de 8
de julio de 2010, Comisión/Portugal, apartado 69, y de 11 de noviembre de 2010, Comisión/Portugal, apartado 83).
Por lo que respecta a las excepciones permitidas por el artículo 58 CE, no puede negarse que el objetivo invocado por la República
Portuguesa de garantizar la seguridad del abastecimiento energético de dicho Estado miembro en caso de crisis, guerra o terrorismo
puede constituir una razón de seguridad pública (véanse las sentencias de 14 de febrero de 2008, Comisión/España, C‑274/06,
apartado 38; de 8 de julio de 2010, Comisión/Portugal, antes citada, apartado 72, y de 11 de noviembre de 2010, Comisión/Portugal,
antes citada, apartado 84) y justificar, eventualmente, un obstáculo a la libre circulación de capitales. La importancia que
los Estados miembros y la Unión Europea conceden a la protección de la seguridad del abastecimiento energético se pone de
manifiesto especialmente, en lo que respecta al petróleo, en la Directiva 2006/67 y, en lo referente al sector del gas natural,
en la Directiva 2003/55.
No obstante, las exigencias de seguridad pública, en particular, como excepción al principio fundamental de libre circulación
de capitales, deben interpretarse en sentido estricto, de manera que cada Estado miembro no pueda determinar unilateralmente
su alcance sin control por parte de las instituciones de la Unión. Por tanto, la seguridad pública sólo puede invocarse en
caso de que exista una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad (véanse, en
particular, las sentencias de 14 de marzo de 2000, Église de scientologie, C‑54/99, Rec. p. I‑1335, apartado 17; de 8 de julio
de 2010, Comisión/Portugal, antes citada, apartado 73, y de 11 noviembre de 2010, Comisión/Portugal, antes citada, apartado 85).
A este respecto, la República Portuguesa alega, en particular, que existen actualmente preocupaciones relativas a determinadas
inversiones realizadas especialmente por los fondos soberanos o aquellos eventualmente vinculados a organizaciones terroristas
en empresas de los sectores estratégicos, que constituyen una amenaza para el abastecimiento energético. Afirma que, dada
la obligación de todo Estado miembro de garantizar la seguridad de un abastecimiento regular y continuo de petróleo y gas
natural, es legítimo que el Estado se dote de los medios necesarios para garantizar el interés fundamental de la seguridad
del abastecimiento en caso de crisis y que corresponde a éste velar por que se establezcan instrumentos adecuados que permitan
reaccionar rápida y eficazmente a fin de garantizar la seguridad y continuidad del abastecimiento.
Sin embargo, al haberse limitado la República Portuguesa a invocar el motivo relativo a la seguridad del abastecimiento energético,
sin precisar las razones exactas por las que considera que cada uno de los derechos especiales controvertidos o todos ellos
permiten evitar tal menoscabo a un interés fundamental como el abastecimiento energético, no puede admitirse en este caso
una justificación basada en la seguridad pública.
Además, no cabe estimar la alegación de la República Portuguesa de que el Derecho de la Unión –en su estado actual– no garantiza
suficientemente la seguridad del abastecimiento energético de los Estados miembros, lo que a su juicio le obliga a adoptar
las medidas nacionales pertinentes para garantizar la protección de dicho interés fundamental para la sociedad.
Aun admitiendo que, con arreglo a las normas del Derecho derivado de la Unión, los Estados miembros están obligados a garantizar
el abastecimiento energético en su territorio nacional, como alega la República Portuguesa, no puede invocarse el cumplimiento
de tal obligación para justificar cualquier medida en principio contraria a una libertad fundamental (véase la sentencia de
11 de noviembre de 2010, Comisión/Portugal, antes citada, apartado 89).
En aras de una mayor exhaustividad, en lo que respecta a la proporcionalidad de las disposiciones nacionales controvertidas,
debe destacarse, como sostiene acertadamente la Comisión, que el ejercicio de los derechos especiales que confiere al Estado
portugués la posesión de acciones privilegiadas del capital social de GALP no está sujeto a ningún requisito ni circunstancia
específica y objetiva, en contra de lo que afirma el Estado miembro demandado.
En efecto, aun cuando el artículo 15, apartado 3, de la LQP dispone que la creación de acciones privilegiadas en el capital
social de GALP, que confieren derechos especiales al Estado portugués, está supeditada al requisito –formulado de manera muy
general e imprecisa– de que lo exijan razones de interés nacional, procede señalar no obstante que ni dicha Ley ni los estatutos
de GALP establecen criterios relativos a las circunstancias específicas en las que deben ejercerse esos derechos especiales
(véanse las sentencias, antes citadas, Comisión/Italia, apartado 51, y de 11 de noviembre de 2010, Comisión/Portugal, apartado
91). Lo mismo se aplica al mencionado artículo 15, apartado 1, por cuanto esta disposición somete el nombramiento de un administrador
por el Estado portugués a un requisito –formulado también de manera muy general e imprecisa– relativo a la protección del
interés general.
Así pues, esta incertidumbre constituye un menoscabo considerable de la libre circulación de capitales en la medida en que
confiere a las autoridades nacionales, respecto del ejercicio de los referidos derechos, un margen de apreciación con tal
carácter discrecional que no puede considerarse proporcionado en relación con los objetivos perseguidos (véanse, en este sentido,
las sentencias, antes citadas, Comisión/Italia, apartado 52, y de 11 noviembre de 2010, Comisión/Portugal, apartado 92).
Por último, respecto a la justificación basada en el artículo 86 CE, apartado 2, procede señalar que esta disposición, interpretada
en relación con el apartado 1 del mismo artículo, puede invocarse para justificar la concesión, por parte de un Estado miembro,
a una empresa encargada de la gestión de servicios de interés económico general, de derechos especiales o exclusivos contrarios
a las normas del Tratado, en la medida en que el cumplimiento de la misión específica a ella confiada no pueda garantizarse
sino mediante la concesión de tales derechos y siempre que el desarrollo de los intercambios comerciales no resulte afectado
de una forma contraria al interés de la Unión (sentencias de 17 de mayo de 2001, TNT Traco, C‑340/99, Rec. p. I‑4109, apartado
52; de 18 de diciembre de 2007, Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia, C‑220/06, Rec.
p. I‑12175, apartado 78, y de 1 de octubre de 2009, Woningstichting Sint Servatius, C‑567/07, Rec. p. I‑9021, apartado 44).
En este caso, no obstante, debe señalarse que ése no es el objeto de las disposiciones de la normativa nacional controvertida
en el presente recurso por incumplimiento interpuesto contra la República Portuguesa.
En efecto, como sostiene con razón la Comisión, dichas disposiciones no se refieren a la concesión de derechos especiales
o exclusivos a GALP ni a la calificación de las actividades de ésta como servicios de interés económico general, sino a la
legalidad de la atribución al Estado portugués, en su calidad de accionista de esa sociedad, de derechos especiales en relación
con las acciones privilegiadas que éste posee en el capital social de GALP.
En cualquier caso, teniendo en cuenta que un Estado miembro debe exponer de manera detallada las razones que le inducen a
considerar que, en caso de suprimirse las medidas cuestionadas, se pondría en peligro el cumplimiento, en condiciones económicamente
aceptables, de las misiones de interés económico general que ha encomendado a una empresa (sentencia de 13 de mayo de 2003,
Comisión/España, antes citada, apartado 82), la República Portuguesa no ha explicado en modo alguno por qué sucede así en
el presente asunto.
De ello se infiere que el artículo 86 CE, apartado 2, no es aplicable a una situación como la del caso de autos y, por tanto,
no puede ser invocado por la República Portuguesa para justificar las disposiciones nacionales controvertidas en la medida
en que éstas constituyen restricciones de la libre circulación de capitales consagrada por el Tratado.
En consecuencia, procede desestimar también la alegación basada en el artículo 86 CE, apartado 2.
Por consiguiente, debe declararse que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del
artículo 56 CE, al mantener en GALP derechos especiales como los previstos en el presente asunto por la LQP, el Decreto‑ley
nº 261‑A/99 y los estatutos de esa sociedad en favor del Estado portugués y de otras entidades públicas, atribuidos en relación
con acciones privilegiadas poseídas por dicho Estado en el capital social de la referida sociedad.

Sobre el incumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 43 CE
En cuanto a la solicitud de la Comisión de que se declare un incumplimiento de las obligaciones que incumben a la República
Portuguesa en virtud del artículo 43 CE, basta señalar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en la
medida en que las medidas nacionales controvertidas entrañen restricciones a la libertad de establecimiento, tales restricciones
son consecuencia directa de los obstáculos a la libre circulación de capitales examinados más arriba a los que se encuentran
indisociablemente ligadas. En consecuencia, una vez demostrada la vulneración del artículo 56 CE, apartado 1, no es necesario
analizar separadamente dichas medidas a la luz de las normas del Tratado relativas a la libertad de establecimiento (véanse,
en particular, las sentencias, antes citadas, de 13 de mayo de 2003, Comisión/España, apartado 86; Comisión/Países Bajos,
apartado 43; de 8 de julio de 2010, Comisión/Portugal, apartado 80, y de 11 de noviembre de 2010, Comisión/Portugal, apartado 99).

Costas
A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Puesto que la Comisión ha pedido que se condene a la República Portuguesa y han
sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:
1)
Declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 56 CE, al mantener
en GALP Energia, SGPS SA, derechos especiales como los previstos en el presente asunto por la Lei nº 11/90, Lei Quadro das
Privatizações (Ley marco de las privatizaciones), de 5 de abril de 1990, el Decreto‑Lei nº 261‑A/99 aprova a 1.ª fase do processo
de privatização do capital social da GALP – Petróleos e Gás de Portugal, SGPS SA (Decreto‑ley nº 261‑A/99, por el que se aprueba
la primera fase del proceso de privatización del capital social de GALP – Petróleos e Gás de Portugal, SGPS SA), de 7 de julio
de 1999, y los estatutos de esa sociedad en favor del Estado portugués y de otras entidades públicas, atribuidos en relación
con acciones privilegiadas («golden shares») poseídas por dicho Estado en el capital social de la referida sociedad.
2)
Condenar en costas a la República Portuguesa.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: portugués.