CELEX: 62011FJ0103
Función pública
Personal del BEI
Acoso psicológico
Procedimiento de investigación
Resolución del Presidente de no continuar el procedimiento administrativo relativo a una denuncia
Dictamen de la comisión de investigación
Definición errónea del acoso psicológico
Carácter intencional de los comportamientos
Constatación de la existencia de los comportamientos y de los síntomas de acoso psicológico
Búsqueda de la relación de causalidad
Inexistencia
Incoherencia del dictamen de la comisión de investigación
Error manifiesto de apreciación
Funcionamiento anormal del servicio
Deber de confidencialidad
Protección de datos personales
Recurso de indemnización

Mediante demanda recibida en la Secretaría del Tribunal el 11 de octubre de 2011, CG solicita, fundamentalmente, al Tribunal
que anule la resolución de 27 de julio de 2011 del Presidente del Banco Europeo de Inversiones (en lo sucesivo, «BEI» o «Banco»)
por la que decidió no continuar el procedimiento administrativo relativo a su denuncia por acoso psicológico y que condene
al Banco a reparar los daños materiales y morales que afirma haber sufrido como consecuencia de la ilegalidad de la resolución
de 27 de julio de 2011, del acoso supuestamente sufrido y del funcionamiento anormal del servicio imputable al Banco.

Marco jurídico
Según el artículo 308 TFUE, los Estatutos del Banco figuran en un protocolo anexo a este Tratado y al Tratado UE, del cual
forma parte.
El artículo 7, apartado 3, letra h), del Protocolo nº 5 sobre los Estatutos del Banco prevé que el Consejo de Gobernadores
apruebe el Reglamento interno del Banco. Dicho Reglamento fue aprobado el 4 de diciembre de 1958 y ha experimentado posteriormente
varias modificaciones. Esta norma dispone que los reglamentos relativos al personal del Banco serán aprobados por el Consejo
de Administración.
El 20 de abril de 1960, el Consejo de Administración aprobó el Reglamento del personal del Banco. En su versión aplicable
al litigio, el artículo 14 del Reglamento del personal establece que el personal del Banco estará dividido en tres categorías
de agentes según la función que ejerzan: la primera categoría agrupa al personal de dirección y comprende dos funciones: la
función «mando de dirección» y la «función C»; la segunda categoría agrupa al personal de concepción y comprende tres funciones,
la «función D», la «función E» y la «función F»; la tercera categoría agrupa al personal de ejecución y comprende cuatro funciones.
El artículo 41 del Reglamento del personal dispone:
«Las controversias individuales de todo tipo entre el Banco y los miembros de su personal serán dirimidas ante el Tribunal
de Justicia [de la Unión Europea].
[…]»
El Código de conducta de los miembros del personal del Banco, aprobado el 1 de agosto de 2006 por el Consejo de Administración
del Banco (en lo sucesivo, «Código de conducta»), en su artículo 3.6, con la rúbrica «Dignidad en el trabajo», dispone lo
siguiente:
«No se admitirá ninguna forma de acoso o de intimidación. Cualquier víctima de acoso o de intimidación podrá, con arreglo
a la política del Banco en materia de dignidad en el trabajo, poner esta circunstancia en conocimiento del Director [del Departamento
de Recursos Humanos], sin que ello pueda serle reprochado. El Banco estará obligado a prestar asistencia a la persona afectada
y ofrecerle su apoyo.
3.6.1 Acoso psicológico
Consiste en la repetición, durante un período prolongado de tiempo, de declaraciones, actitudes o conductas hostiles o inconvenientes,
expresadas o manifestadas por uno o varios de los miembros del personal hacia otro miembro del personal. Un comentario descortés,
una discusión en la que se pronuncian palabras desagradables que obedecen a un arrebato no constituyen acoso psicológico.
Por el contrario, accesos de cólera habituales, vejaciones, comentarios descorteses o alusiones hirientes, repetidas regularmente,
durante semanas o meses, revelan sin lugar a dudas la existencia de un acoso en el trabajo.
[…]»
En 2003, el Banco se dotó de la Política en materia de dignidad en el trabajo a la que se refiere el artículo 3.6 del Código
de conducta (en lo sucesivo, «Política»). El artículo 2.1 de la Política, con la rúbrica «Definiciones: intimidación y acoso:
¿en qué consiste?», dispone:
«El [Código de conducta], en el artículo 3.6, dispone que el acoso es inadmisible y contiene algunas definiciones de acoso.
No existe una única definición de acoso, ya que tanto el acoso como la intimidación pueden revestir múltiples formas. Físicas
o verbales, sus manifestaciones se producen a menudo a lo largo del tiempo, aunque pueden tener lugar incidentes ocasionales
serios. Carece de relevancia que el comportamiento en cuestión sea intencionado o no. El principio determinante es que el
acoso y la intimidación son comportamientos indeseables e inaceptables que menoscaban la autoestima y la autoconfianza de
quien los sufre.
[…]»
La Política establece dos procedimientos internos con el fin de tramitar los casos de intimidación y de acoso; por una parte,
un procedimiento informal a través del cual el miembro del personal afectado busca una solución amistosa al problema y, por
otra parte, el procedimiento formal de investigación, que se inicia mediante la presentación oficial de una denuncia que es
tramitada por una comisión de investigación compuesta por tres personas. Esta comisión de investigación tiene encomendado
llevar a cabo una investigación objetiva e independiente y emitir un dictamen con una recomendación motivada para el Presidente
del Banco, quien decide en última instancia las medidas que deban adoptarse.
Por lo que se refiere al procedimiento de investigación, la Política dispone:
«El agente pondrá el asunto en conocimiento, verbalmente o por escrito, del [Director del Departamento de Recursos Humanos].
Si éste estimara que no se trata de un caso en el que proceda de forma inmediata y clara imponer sanciones disciplinarias
y que, en atención a las circunstancias que concurren, el asunto puede calificarse como un caso de acoso, el agente en cuestión
podrá impulsar el inicio del procedimiento de investigación del modo siguiente:
1.      Solicitará oficialmente por escrito al [Director del Departamento de Recursos Humanos] el inicio de un procedimiento de investigación,
indicando el objeto de la denuncia y la identidad del presunto acosador o de los presuntos acosadores.
2.      El [Director del Departamento de Recursos Humanos], de acuerdo con los representantes del personal, propondrá al Presidente
[del Banco] la composición de la comisión y fijará una fecha para que se inicie, a más tardar 30 días naturales después de
la recepción de la denuncia, la investigación.
3.      El [Director del Departamento de Recursos Humanos] acusará inmediatamente recibo de la nota del agente en cuestión, confirmándole,
de este modo, el inicio de un procedimiento de investigación. Además:
a.      solicitará al agente en cuestión que exponga su denuncia en un memorando […],
[…]
c.       advertirá de que, tras la recepción del mencionado memorando, el presunto acosador será informado del objeto de la denuncia
y obtendrá la información necesaria en este sentido, si bien no recibirá una copia del memorando,
[…]
e.      informará a [la parte denunciante] de que se recordará al presunto acosador que en ningún momento podrá tomar represalias
contra ella y de que la denuncia deberá ser tratada de forma estrictamente confidencial por una y otra parte (nota que será
fechada y reenviada al [Director del Departamento de Recursos Humanos] con acuse de recibo),
[…]
4.      Una vez recibido el memorando [de la parte denunciante], el [Director del Departamento de Recursos Humanos]:
a.      enviará a la mayor brevedad posible una nota al presunto acosador, precisando el objeto de la denuncia y toda la información
necesaria, y le solicitará que le envíe, dentro de los diez días siguientes, en pliego confidencial, una respuesta escrita
acompañada, si así lo desea, de documentos justificativos o de elementos de prueba,
[…]
c.      recordará al presunto acosador que en ningún momento podrá tomar represalias contra la parte denunciante y que la denuncia
deberá ser tratada de forma estrictamente confidencial por una y otra parte (nota que será fechada y remitida al [Director
del Departamento de Recursos Humanos] con acuse de recibo).
[…]»
En relación con la audiencia, la Política dispone lo siguiente:
«La audiencia tendrá por finalidad determinar con precisión lo sucedido y recabar los elementos de hecho que permitan redactar
una recomendación motivada. […]
[…] La comisión podrá adoptar la forma de proceder que considere oportuna. Como regla general, la audiencia consistirá en
una serie de entrevistas separadas realizadas en este orden:
–        en primer lugar [la parte denunciante;]
–        los testigos que haya podido citar [la parte denunciante;]
–        el presunto acosador[;]
–        los testigos que haya podido citar el presunto acosador[;]
[…]»
Por lo que se refiere al resultado de la investigación, según la Política:
«Una vez que todas las partes hayan sido oídas y que, en su caso, se hayan realizado todas las demás investigaciones apropiadas,
la comisión debería estar en condiciones de deliberar y proponer una recomendación motivada. La comisión carecerá de facultades
decisorias.
La comisión puede proponer diferentes recomendaciones en el sentido de que:
[…]
–        se incoe un procedimiento disciplinario [contra el presunto acosador].
[…]»
Por lo que respecta a la resolución final adoptada por el Presidente del Banco, la Política dispone:
«La resolución del Presidente [del Banco] deberá precisar las medidas que, en su caso, deban adoptarse y el calendario relativo
a las mismas; tales medidas podrán consistir, por ejemplo:
–        en la incoación de un procedimiento disciplinario [contra el presunto acosador],
[…]»
Con arreglo al anexo 1 de la Política, ésta deberá interpretarse conjuntamente con el Código de conducta y el Reglamento del
personal del Banco.

Hechos que originaron el litigio
La demandante fue contratada por el Banco el 16 de julio de 1998 en la función E de la categoría del personal de concepción.
El 1 de abril de 2001, la demandante fue promovida a la función D, escalón 1, de la categoría del personal de concepción.
Del 1 de julio de 2001 al 1 de enero de 2008, la demandante estuvo bajo la supervisión jerárquica del Sr. Y, inicialmente
en el marco de un proyecto y posteriormente en el seno de la Dirección General (DG) de Gestión de riesgos (en lo sucesivo,
«DG “Gestión de riesgos”»), mientras ella ocupaba el puesto de jefe de la unidad «Riesgos de cambio» del Departamento de riesgo
financiero, del que el Sr. Y era Director. En el ámbito de estas funciones, la demandante también trabajaba en estrecha colaboración
con el Sr. X, Director del Departamento de riesgo crediticio de la DG «Gestión de riesgos».
El 1 de enero de 2008, la demandante fue nombrada jefa de la división «Coordinación» (en lo sucesivo, «División de coordinación»),
perteneciente a la DG «Gestión de riesgos», y fue promovida a la función C de la categoría del personal de dirección. En ese
momento, tanto los Sres. X e Y, Director del Departamento de riesgo crediticio y Director del Departamento de riesgo financiero,
respectivamente, como la demandante se encontraban bajo la supervisión directa del Director General de la DG «Gestión de riesgos».
En la fecha en que se presentó el recurso, la demandante seguía ocupando ese puesto.
Del 23 de enero al 8 de marzo de 2008, la demandante estuvo de baja por enfermedad y del 9 de marzo al 28 de julio de 2008
de baja por maternidad; posteriormente, disfrutó de vacaciones anuales hasta el 12 de septiembre de 2008.
En el informe de evaluación de la demandante relativo al año 2008, el evaluador estimó que su rendimiento había satisfecho
el conjunto de las expectativas y se concedió una prima a la demandante.
En el informe de evaluación de la demandante relativo al primer semestre del año 2009, el evaluador concluyó que el rendimiento
de la demandante había sido muy bueno. La demandante obtuvo un aumento de sueldo de tres miniescalones y fue recompensada
con primas.
El 1 de mayo de 2010, el Director General de la DG «Gestión de riesgos» fue nombrado para ocupar otro puesto dentro del Banco.
El Sr. X fue nombrado Director General en funciones de la DG «Gestión de riesgos» para el resto del año 2010 y hasta el 30
de marzo de 2011. Durante ese período, su antiguo puesto de Director del Departamento de riesgo crediticio fue ocupado temporalmente
por el Sr. Z.
La demandante y los Sres. X e Y optaron al puesto de Director General de la DG «Gestión de riesgos» y la demandante, por su
parte, también presentó su candidatura al puesto de Director del Departamento de riesgo crediticio. Ni los Sres. X e Y ni
la demandante obtuvieron ninguno de los puestos para los que habían presentado sus candidaturas.
A partir del 4 de mayo de 2010, la demandante pasó a situación de baja por enfermedad de larga duración. Como consecuencia
de su ausencia, algunas de sus responsabilidades como jefa de la División de coordinación fueron reasignadas, en particular
a los Sres. X, Y y Z.
El 28 de junio de 2010, el médico que trataba a la demandante certificó, a solicitud de ésta, que su estado de salud requería
reposo en posición tumbada, si bien la demandante estaba en condiciones de trabajar en su domicilio si mantenía la posición
tumbada o semisentada, todo ello por un período de tiempo indeterminado en la fecha en que se expidió el certificado médico.
Basándose en este certificado, la demandante solicitó autorización para trabajar en su domicilio en régimen de teletrabajo.
El Banco aceptó esta solicitud de teletrabajo precisando al mismo tiempo que la situación de la demandante seguía siendo la
de una persona de baja por enfermedad.
A principios de septiembre de 2010, la demandante solicitó autorización al médico de trabajo del Banco para acudir a trabajar
una media jornada por semana a la sede del Banco y continuar trabajando en régimen de teletrabajo. Esta solicitud fue aceptada.
El 15 de diciembre de 2010, se nombró un nuevo Director General de la DG «Gestión de riesgos», que entró en funciones el 1
de abril de 2011.
Durante el período comprendido entre el 8 de febrero y el 3 de abril de 2011, la demandante fue autorizada a trabajar a media
jornada por motivos médicos.
El 18 de febrero de 2011, la demandante presentó con arreglo a la Política una solicitud de inicio de un procedimiento de
investigación referida a los Sres. X e Y, tras recurrir al procedimiento informal. En esta solicitud, la demandante afirmaba
que, desde junio de 2010 por lo que respecta al Sr. X y desde septiembre de 2008 por lo que se refiere al Sr. Y, éstos habían
llevado a cabo actos de intimidación y acoso en su contra consistentes, principalmente, en primer lugar, en una desinformación
y un bloqueo de información con el fin de reducir la eficacia de su trabajo; en segundo lugar, en «dejarla al margen» diluyendo
o rebajando sus funciones y responsabilidades; en tercer lugar, en denigrarla en público y humillarla en público o en privado,
y, en cuarto lugar, en apartarla del círculo de sus colegas excluyéndola de los intercambios de información relativa al trabajo.
Mediante correo de 22 de febrero de 2011, el Banco contestó la carta de la demandante fechada el 18 de febrero anterior.
Mediante correo del Director del Departamento de Recursos Humanos de 28 de febrero de 2011, la demandante fue informada del
inicio del procedimiento de investigación y fue invitada a exponer su denuncia en un memorando. En el correo se indicaba que,
tras la recepción de ese memorando, los presuntos acosadores serían informados del objeto de la denuncia, que recibirían copia
del memorando para garantizar el derecho de defensa y que, de forma recíproca y en virtud del mismo principio, la demandante
recibiría copia de las respuestas de los dos supuestos acosadores. El correo precisaba igualmente que se recordaría a estos
últimos que la demandante no debía ser objeto de represalias en ningún momento y que la denuncia debía ser tratada de forma
estrictamente confidencial por una y otra parte.
En su memorando de 14 de marzo de 2011, la demandante expuso los actos de acoso y de intimidación a los que, según ella, había
sido sometida por los dos presuntos acosadores. Se adjuntaban en anexos a ese memorando documentos dirigidos a demostrar el
fundamento de su denuncia. Varios de esos anexos contenían información sobre la salud de la demandante, incluidos certificados
médicos referidos, en particular, a su incapacidad laboral e intercambios de correos electrónicos.
Mediante correo de 16 de marzo de 2011, el Director del Departamento de Recursos Humanos acusó recibo del memorando de 14
de marzo de 2011 e informó a la demandante de que, ese mismo día, el memorando había sido comunicado a los Sres. X e Y. Las
partes reconocen que también se comunicaron los documentos justificativos que se adjuntaron al memorando de 14 de marzo de 2011.
Mediante sendos memorandos de 28 de marzo de 2011, los Sres. X e Y presentaron sus respuestas al de la demandante. La demandante
recibió copia de esos memorandos.
La demandante estuvo de baja por enfermedad desde el 4 de abril hasta el 8 de julio de 2011. Posteriormente, volvió a trabajar
en régimen de media jornada por razones médicas y se reintegró a su puesto de trabajo a tiempo completo el 1 de septiembre
de 2011.
Mediante correo de 6 de abril de 2011 dirigido al Director del Departamento de Recursos Humanos, la demandante mostró su disconformidad
con el hecho de que se comunicaran a los presuntos acosadores su memorando de 14 de marzo de 2011 y la totalidad de sus anexos,
ya que estos últimos contenían abundante información personal confidencial relativa, en particular, a su salud.
Por correo de 11 de abril de 2011, el Director del Departamento de Recursos Humanos le respondió informándole de que las disposiciones
de la Política relativas al procedimiento de investigación estaban siendo revisadas por lo que se refiere a la transmisión
de documentos entre las partes con el fin de garantizar el derecho de defensa y adaptarlas a las nuevas directrices del Supervisor
Europeo de Protección de Datos (SEPD).
Mediante sendos correos electrónicos de 28 de abril de 2011, el Departamento de Recursos Humanos llamó la atención de cada
uno de los presuntos acosadores sobre el hecho de que, entre los documentos enviados el 16 de marzo de 2011, figuraban documentos
médicos que la demandante había remitido en el marco del procedimiento de investigación y les solicitó que trataran esa información
médica con la más estricta confidencialidad.
El 2 de mayo de 2011, la comisión de investigación designada por el Presidente del Banco dio audiencia a la demandante y a
los Sres. X e Y.
Los testigos que la demandante solicitó que fueran convocados ante la comisión de investigación se negaron a presentarse ante
la misma, con la excepción de una persona. La comisión de investigación, tras oír a los testigos propuestos por el Sr. X y
a las personas que, por su propia iniciativa, deseó interrogar, decidió no insistir para oír a los testigos propuestos por
la demandante.
El 11 de julio de 2011, la comisión de investigación emitió su dictamen (en lo sucesivo, «dictamen de la comisión de investigación»).
En relación con el Sr. X, la comisión de investigación concluyó que no había podido «constatar una actitud abusiva e intencionada
susceptible de ser calificada de acoso por su parte», y, por lo que se refiere al Sr. Y, tras constatar que se habían acreditado
determinados comportamientos denunciados por la demandante, la comisión de investigación no se pronunció sobre la cuestión
de si tales comportamientos eran constitutivos de acoso psicológico. En el mencionado dictamen, la comisión de investigación
formuló una serie de recomendaciones dirigidas al Banco.
Mediante correo de 27 de julio de 2011, el Presidente del Banco informó a la demandante de que, habida cuenta del dictamen
de la comisión de investigación, había decidido no continuar con el procedimiento administrativo en relación con su denuncia
(en lo sucesivo, «resolución de 27 de julio de 2011»). En ese correo, el Presidente del Banco precisó que el Director del
Departamento de Recursos Humanos quedaba a disposición de la demandante para tratar su posible traslado al servicio del interventor
del Banco.
En el mes de agosto de 2011, en una fecha que no ha quedado precisada, la demandante presentó ante el SEPD una reclamación
relativa al tratamiento de sus datos personales por los servicios del Banco en el marco del procedimiento de investigación.
El SEPD inició una investigación, si bien la suspendió el 2 de febrero de 2012 en espera de una resolución definitiva del
juez de la Unión en el presente asunto.
Mediante correo de 25 de agosto de 2011, la demandante dirigió al Banco una solicitud de indemnización del perjuicio causado
por la ilegalidad en que incurre la resolución de 27 de julio de 2011 y por los comportamientos ilegales cometidos con ella
desde septiembre de 2008, constitutivos de un funcionamiento anormal del servicio.
Mediante correo de 1 de septiembre de 2011, el Presidente del Banco rechazó la solicitud de indemnización (en lo sucesivo,
«resolución de 1 de septiembre de 2011»).
Por correo de 21 de diciembre de 2011, el Presidente del Banco solicitó al antiguo Director General de la DG «Gestión de riesgos»
que estudiara la posibilidad de transferir a la demandante a otra Dirección.
Mediante correo de 2 de febrero de 2012 dirigido al SEPD, el Banco dio respuesta a determinadas preguntas efectuadas por el SEPD.

Pretensiones de las partes y procedimiento
En su demanda, la demandante solicita al Tribunal que:
–        Anule la conclusión final del dictamen de la comisión de investigación, en la medida en que declara que no existen hechos
que puedan calificarse de acoso hacia ella.
–        Anule la resolución de 27 de julio de 2011.
–        Declare que ha sido y es víctima de hechos constitutivos de acoso.
–        Ordene al Banco que ponga fin a dicho acoso.
–        Anule la resolución de 1 de septiembre de 2011.
–        Declare la existencia de un funcionamiento anormal del servicio imputable al Banco.
–        Tenga al Banco por responsable de la ilegalidad de la resolución de 27 de julio de 2011, de los hechos constitutivos de acoso
de los que ha sido víctima y del funcionamiento anormal del servicio imputable al Banco.
–        Condene al Banco a indemnizar, mediante las siguientes cantidades, los daños físicos, morales y materiales, pasados y futuros,
derivados de la ilegalidad de la resolución de 27 de julio de 2011, del acoso psicológico del que ha sido víctima y del funcionamiento
anormal del servicio imputable al Banco, más los correspondientes intereses de demora:
–        en relación con la ilegalidad de la resolución de 27 de julio de 2011:
–        en concepto de daños materiales por la pérdida de retribuciones: 113 100 euros;
–        en concepto de daños morales: 50 000 euros;
–        en relación con el acoso psicológico del que ha sido víctima:
–        en concepto de daños materiales por la pérdida de retribuciones y el perjuicio para la carrera profesional: 132 100 euros;
–        en concepto de daños morales: 50 000 euros;
–        por los gastos incurridos: 13 361,93 euros;
–        en relación con el funcionamiento anormal del servicio imputable al Banco:
–        en lo relativo al incumplimiento por el Banco de su deber de confidencialidad y de protección de datos: 10 000 euros;
–        en cuanto al incidente relativo a la declaración de los testigos: 40 000 euros.
–        En concepto de diligencia de prueba, ordene y proceda al examen de los testigos tal como se precisaba en la proposición de
prueba anexa a la demanda.
–        En concepto de diligencia de prueba, ordene llevar a cabo un peritaje para determinar la magnitud de sus daños materiales
y morales derivados de la ilegalidad de la resolución de 27 de julio de 2011, del acoso psicológico del que ha sido víctima
y del funcionamiento anormal del servicio imputable al Banco, y cuyo objeto se expuso más detalladamente en la proposición
de prueba anexa a la demanda.
–        Condene al Banco al pago de las costas del procedimiento.
En su escrito de contestación, el Banco solicita al Tribunal que:
–        Declare la inadmisibilidad del recurso o lo desestime por infundado.
–        Condene en costas a la demandante.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 31 de enero de 2012, el SEPD solicitó intervenir en apoyo de
las pretensiones de la demandante.
Mediante auto del Presidente de la Sala Segunda del Tribunal de la Función Pública de 24 de abril de 2012, se admitió la intervención
del SEPD. El escrito de formalización de la intervención del SEPD se presentó en la Secretaría del Tribunal el 1 de junio
de 2012. El SEPD precisa en este escrito que únicamente interviene en apoyo de las pretensiones de la demandante que implican
el análisis de las normas de protección de datos establecidas en el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO 2001, L 8,
p. 1). Mediante sus escritos fechados, respectivamente, los días 22 de junio de 2012 y 2 de julio de 2012, la demandante y
el Banco presentaron sus observaciones sobre la intervención del SEPD. El Banco solicitó que se desestimaran las pretensiones
formuladas por el SEPD y se condenara al SEPD al pago de las costas que su intervención le ocasionara.
Mediante correo de 30 de marzo de 2012 dirigido al Tribunal, la demandante denunció que uno de los agentes que representaban
al Banco en el presente asunto se había puesto en contacto telefónico con una de las personas que la demandante había propuesto
como testigos en la proposición de prueba anexa a su demanda para conocer si esa persona tenía la intención de testificar
ante el Tribunal a favor de la demandante. A raíz de esta toma de contacto, la persona en cuestión había indicado a un colega
de la demandante, según afirma ésta, que no quería testificar por temor a represalias.
Mediante correo de 4 de mayo de 2012, el Banco presentó observaciones sobre el correo de la demandante de 30 de marzo de 2012.
Mediante cartas del Secretario de 17 de enero de 2014, se requirió a las partes para que dieran respuesta a determinadas diligencias
de ordenación del procedimiento. Éstas atendieron debidamente dicho requerimiento. En su respuesta, la demandante realizó
una nueva evaluación de los daños materiales que considera haber sufrido y sostuvo que éstos ascienden ahora a 218 800 euros.
En la vista, la demandante desistió de sus pretensiones primera y cuarta. Solicitó además al Tribunal que abordara conjuntamente
las pretensiones séptima y octava.

Sobre la admisibilidad
I.
Sobre la tercera pretensión, consistente en que se declare la existencia de acoso
La demandante solicita al Tribunal que declare que ha sido y es víctima de acoso psicológico.
No obstante, según reiterada jurisprudencia, el juez de la Unión no puede hacer  constataciones de principio (sentencias De
Nicola/BEI, T‑120/01 y T‑300/01, EU:T:2004:367, apartado 136, y De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, apartado 63).
En consecuencia, las pretensiones de que se declare la existencia del acoso son inadmisibles y deben ser desestimadas. Dado
que la demandante solicitó al Tribunal que adoptase medidas de instrucción consistentes en tomar declaración a testigos con
el fin de que pudiese apreciar la existencia de ese acoso, no es necesario adoptar tales medidas ni pronunciarse sobre el
incidente de procedimiento denunciado por la demandante en su correo de 30 de marzo de 2012.
II.
Sobre la quinta pretensión, consistente en que se anule la resolución de 1 de septiembre de 2011
Mediante la resolución de 1 de septiembre de 2011, el Presidente del Banco rechazó la solicitud de indemnización que le dirigió
la demandante el 25 de agosto de 2011 para reparar los daños que ella estimaba haber sufrido como consecuencia de la ilegalidad
de la resolución de 27 de julio de 2011 y de los comportamientos ilegales cometidos por el Banco con ella desde septiembre
de 2008, constitutivos de un funcionamiento anormal del servicio.
Ahora bien, el Tribunal constata que, en el presente recurso, la demandante formula pretensiones de indemnización dirigidas
a obtener reparación de los mismos daños.
Por esta razón, no cabe pronunciarse de manera autónoma sobre las pretensiones de anulación de la resolución de 1 de septiembre
de 2011 (véase la sentencia Verheyden/Comisión, F‑72/06, EU:F:2009:40, apartado 30).
III.
Sobre la sexta pretensión, consistente en que se declare la existencia de un funcionamiento anormal del servicio imputable
al Banco
La demandante solicita al Tribunal que declare que en varias ocasiones se ha producido un funcionamiento anormal del servicio
por parte del Banco en perjuicio suyo.
No obstante, el Tribunal observa que, en relación con sus pretensiones de indemnización, la demandante solicita, en particular,
que el Tribunal condene al Banco a reparar los daños que afirma haber sufrido como consecuencia de ese funcionamiento anormal
del servicio. Por consiguiente, las pretensiones de que se constate el funcionamiento anormal del servicio constituyen pretensiones
autónomas por las que se pretende en realidad que el Tribunal reconozca que están fundados determinados argumentos invocados
para fundamentar su recurso de indemnización. Pues bien, según reiterada jurisprudencia, debe declararse la inadmisibilidad
de tales pretensiones, ya que no corresponde al Tribunal hacer declaraciones jurídicas (sentencia A/Comisión, F‑12/09, EU:F:2011:136,
apartado 83; auto Marcuccio/Comisión, F‑87/07, EU:F:2008:135, apartado 36).
Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad de las pretensiones dirigidas a que se declare la existencia de un funcionamiento
anormal del servicio imputable al Banco.

Sobre las pretensiones de anulación y las pretensiones de indemnización
I.
Sobre las pretensiones de anulación de la resolución de 27 de julio de 2011
A.
Alegaciones de las partes
La demandante sostiene que la resolución de 27 de julio de 2011 incurre en un error manifiesto de apreciación y debería ser
anulada. A este respecto, afirma que el dictamen de la comisión de investigación contiene, por una parte, constataciones alarmantes
que requerían que el Presidente del Banco tomara medidas, en particular para hacer que cesara el acoso, en lugar de decidir
archivar su denuncia. De este modo, alega que el dictamen de la comisión de investigación puso en evidencia la existencia
de actos de denigración y humillación en público para con la demandante, así como su aislamiento y exclusión del círculo de
sus colegas. Por otra parte, afirma que, según dicho dictamen, el Sr. Y la apartó deliberadamente de su puesto. Alega asimismo
que el dictamen de la comisión de investigación incluye la recomendación de cambiarla de destino en su propio interés y de
destinarla a un puesto de jefe de división que le ofrezca perspectivas reales de promoción. Por consiguiente, la demandante
estima que el Presidente del Banco incurrió en un error manifiesto de apreciación al adoptar, sobre la base del dictamen de
la comisión de investigación, la resolución de 27 de julio de 2011 y al rehusar de ese modo  continuar el procedimiento administrativo
en relación con su denuncia, adoptar las medidas necesarias para poner fin al acoso del que era víctima, reintegrarla en sus
funciones o destinarla a un puesto equivalente.
El Banco replica que la resolución de 27 de julio de 2011 no entra en contradicción con el dictamen de la comisión de investigación,
ya que tanto la una como el otro constatan la inexistencia de actos de acoso psicológico contra la demandante. Por otra parte,
el Presidente del Banco, siguiendo las recomendaciones de la comisión de investigación, invitó a la demandante, en la resolución
de 27 de julio de 2011, a que considerara la posibilidad de ser trasladada a otra dirección del Banco.
B.
Apreciación del Tribunal
La cuestión que se plantea ante el Tribunal consiste en determinar si el Presidente del Banco incurrió en un error manifiesto
de apreciación cuando, a la luz del dictamen de la comisión de investigación, adoptó la resolución de 27 de julio de 2011.
El Tribunal ha precisado a este respecto que, sin dejar de respetar la eficacia que debe atribuirse al margen de apreciación
del Presidente del Banco, un error puede considerarse manifiesto cuando es fácilmente perceptible y puede detectarse de manera
evidente, utilizando como referencia los criterios a los que está sometido el poder de decisión en cuestión (sentencia Canga
Fano/Consejo, F‑104/09, EU:F:2011:29, apartado 35, confirmada en casación por la sentencia Canga Fano/Consejo, T‑281/11 P,
EU:T:2013:252, apartado 127).
El Tribunal observa que, en el dictamen de la comisión de investigación, se precisa que dicha comisión debe «indagar si [la
demandante] ha sido objeto de acoso e intimidación por parte de [los Sres. X e Y], partiendo de la base de que [la comisión
de investigación] considera acoso psicológico cualquier conducta abusiva que se manifieste de manera prolongada en el tiempo,
reiterada o sistemática mediante comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos intencionados y que menoscaban la personalidad,
la dignidad o la integridad física o psíquica de una persona». La comisión de investigación continúa afirmando que «el elemento
clave para determinar si existe o no acoso psicológico es la actitud abusiva e intencionada de las personas identificadas
por el denunciante» y que «en consecuencia, ha procurado analizar las acusaciones de [la demandante] a la luz de estos criterios».
A este respecto, el Tribunal constata que el artículo 3.6.1 del Código de conducta define el acoso psicológico como «la repetición,
durante un período prolongado de tiempo, de declaraciones, actitudes o conductas hostiles o inconvenientes, expresadas o manifestadas
por uno o varios de los miembros del personal hacia otro miembro del personal». Esta disposición del Código de conducta debe
interpretarse conjuntamente con la disposición de la Política, concretamente su artículo 2.1, que contiene la definición de
acoso y con arreglo al cual, «carece de relevancia [el hecho de] que el comportamiento en cuestión sea intencionado o no.
El principio determinante es que el acoso y la intimidación son comportamientos indeseables e inaceptables que menoscaban
la autoestima y la autoconfianza de quien los sufre».
Puede extraerse una doble conclusión de la redacción del artículo 2.1 de la Política interpretado conjuntamente con el artículo
3.6.1 del Código de conducta. Por una parte, las declaraciones, actitudes o conductas a las que se refiere el artículo 3.6.1
del Código de conducta deben producir el efecto de menoscabar la autoestima y la autoconfianza de la víctima. Por otra parte,
en la medida en que no se exige que los comportamientos en cuestión sean intencionados, no resulta necesario demostrar que
esas declaraciones, actitudes o conductas se han cometido con la intención de menoscabar la dignidad de una persona. Dicho
de otro modo, puede existir acoso psicológico sin que sea necesario demostrar que el acosador pretendiera, mediante sus declaraciones,
actitudes o conductas, perjudicar deliberadamente a la víctima. En consecuencia, existe acoso psicológico en el sentido del
artículo 2.1 de la Política, interpretado conjuntamente con el artículo 3.6.1 del Código de conducta, cuando las declaraciones,
actitudes o conductas han causado objetivamente un menoscabo de la autoestima y la autoconfianza de una persona al ser realizadas
o adoptadas.
Preguntado en la vista acerca de la definición de acoso psicológico, el Banco confirmó que, para poder considerar un comportamiento
como constitutivo de acoso psicológico en el sentido del artículo 2.1 de la Política, interpretado conjuntamente con el artículo
3.6.1 del Código de conducta, éste debe ser de naturaleza «abusiva e intencionada», tal como expresó la comisión de investigación
en su dictamen.
No obstante, no cabe considerar fundada esta afirmación ya que, como resulta del apartado 69 de la presente sentencia, y de
conformidad con el artículo 2.1 de la Política, no es necesario que el comportamiento en cuestión se haya realizado de forma
intencionada.
El Banco también sostuvo en la vista que debía distinguirse entre la intencionalidad «objetiva» y la intencionalidad «subjetiva»
del presunto acosador y que, al disponer que carece de relevancia el hecho de que el comportamiento en cuestión sea o no intencional,
la Política pretende señalar que únicamente se exige la intencionalidad objetiva del presunto acosador, no siendo necesario
que concurra la intencionalidad subjetiva en su conducta. Ahora bien, no cabe acoger esta tesis, ya que la redacción del artículo
2.1 de la Política no permite establecer esta distinción.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, debe concluirse que el concepto de acoso psicológico tomado en consideración
en el dictamen de la comisión de investigación, y reproducido en el apartado 67 de la presente sentencia, es más restrictivo
que el establecido en el artículo 2.1 de la Política, interpretado conjuntamente con el artículo 3.6.1 del Código de conducta,
y que, en consecuencia, no es conforme con la normativa aplicable a los agentes del Banco.
En aras de la exhaustividad, el Tribunal analizará si, a pesar de haberse basado en un concepto equivocado de acoso psicológico,
la comisión de investigación indagó, no obstante, si los Sres. X e Y habían adoptado efectivamente el comportamiento del que
les acusa la demandante para, en caso afirmativo, evaluar seguidamente si estos comportamientos han menoscabado objetivamente
la personalidad psíquica de la demandante, en cuyo caso tales comportamientos serían constitutivos de acoso.
A este respecto, el Tribunal observa que múltiples pasajes del dictamen de la comisión de investigación revelan que ésta se
limitó a indagar si los presuntos acosadores habían adoptado una actitud «abusiva e intencionada» frente a la demandante.
De este modo, la comisión de investigación afirma que el Sr. Y «es […] tenido por un hombre ambicioso que tiene determinadas
expectativas sobre su futuro profesional y al que algunas personas describen como una apisonadora que avanza sin preocuparse
en exceso por los daños colaterales que pueda ocasionar» y no considera que «[la demandante] haya estado específicamente en
el punto de mira [del Sr. Y], ya que [el Sr. Y] se hubiera comportado muy probablemente del mismo modo si cualquier otra persona
se hubiera encontrado en el mismo momento en la misma situación que [la demandante]: ella estaba allí, suponía un obstáculo
para sus aspiraciones y su ausencia […] por enfermedad impedía en parte una buena ejecución del trabajo, ella debía ser apartada».
Seguidamente, en el marco de sus conclusiones y por lo que respecta a la acusación de la demandante en relación con la desinformación
y el bloqueo de información, la comisión de investigación afirma que «aprecia ciertas deficiencias en la información dirigida
[a la demandante]», si bien «ello obedece […] más a una ligereza y una cierta negligencia que a la intención abusiva de apartar
a [la demandante] del flujo de información».
Asimismo y en relación con la acusación de la demandante de que los presuntos acosadores la habían «dejado al margen» diluyendo
o rebajando sus funciones y responsabilidades, la comisión de investigación, tras constatar la realidad de este reproche,
afirma que «no estima que [el Sr. X] haya contribuido intencionada y abusivamente a desmantelar la situación de [la demandante]»
y considera, por el contrario, que el Sr. Y «cubrió de forma consciente los vacíos dejados por [la demandante] durante su
ausencia y aceptó como un “daño colateral” que fuera apartada de sus funciones para conseguir en última instancia estar mejor
posicionado».
Igualmente, cuando la comisión de investigación hace referencia a la acusación de la demandante de haber sido denigrada en
público, señala que la «situación humillante y degradante en la que [la demandante] pudo haberse encontrado es más bien el
resultado de la situación general que de una intención deliberada en este sentido [del Sr. X] y/o [del Sr. Y]».
Por otra parte y en relación con la acusación por la que la demandante denunció haber sido apartada del círculo de sus colegas,
la comisión de investigación afirma que esta exclusión «que le parece real […] no es la consecuencia de una acción intencionada
y abusiva específica dirigida a excluir a [la demandante]».
Por último, un pasaje relacionado con el Sr. X corrobora el hecho de que la comisión de investigación concluyó que no había
existido acoso porque, a su juicio, no había quedado acreditado que el Sr. X persiguiera deliberadamente perjudicar a la demandante.
En efecto, tras examinar el comportamiento del Sr. X con la demandante, la comisión de investigación concluyó que «por consiguiente,
la [comisión de investigación] no ha podido constatar una actitud abusiva e intencionada susceptible de ser calificada de
acoso por [parte del Sr. X]».
No obstante, pese a que la comisión de investigación, como consecuencia del concepto erróneo de acoso psicológico que aplicó,
limitó sus indagaciones, como se señala en los apartados 75 a 81 de la presente sentencia, el Tribunal observa que dicha comisión
constató que los Sres. X e Y adoptaron efectivamente algunos de los comportamientos de los que les acusaba la demandante.
De este modo, la comisión de investigación afirma que el Sr. X «no […] intervino con la firmeza que probablemente hubiera
resultado procedente para hacer entender al Sr. Y que las funciones que asumía provisionalmente debían seguir siendo provisionales».
Por lo que respecta al Sr. Y, la comisión de investigación constata que «paulatinamente ha apartado a [la demandante] de su
puesto al hacer suyos todos los aspectos estratégicos que comporta el servicio de coordinación. Actualmente, no resulta controvertido
[…] que el organigrama de la [DG “Gestión de riesgos”] está configurado de tal modo que [el Sr. Y] concentra en su persona
todas las funciones claves, estratégicas, que confieren una elevada visibilidad respecto de la jerarquía del Banco y que [la
demandante] ha sido confinada a funciones administrativas. Así pues, se ha producido lo que preveía [la demandante]». La comisión
de investigación añade que, a su juicio, el Sr. Y «se ha aprovechado de la situación general en que se encontraba la [DG “Gestión
de riesgos”] en ese momento para posicionarse y progresar en su carrera profesional, aceptando de este modo el consiguiente
deterioro de la posición de [la demandante]».
Seguidamente, la comisión de investigación afirma que «aprecia ciertas deficiencias en la información [de la demandante]»,
que «la función y las responsabilidades de [la demandante] han quedado efectivamente vaciadas de la mayor parte de sus elementos
clave y estratégicos que permiten adquirir visibilidad respecto de la jerarquía del Banco y, en consecuencia, abonar el terreno
para una carrera profesional ulterior», y que «considera real» el hecho de que la demandante quedara apartada del círculo
de sus colegas.
Además, la comisión de investigación «está convencida de que [la demandante] presenta todos los síntomas que habitualmente
se aprecian en una persona que sufre acoso psicológico: estado depresivo, humor triste, sentimiento de angustia, sentimiento
de desvalorización de sí misma, sentimiento de soledad y aislamiento, cuestionamiento del sentido de la vida y del proyecto
profesional, marcados obstáculos en las relaciones desarrolladas en su lugar de trabajo» y constató que la demandante «padece
un gran sufrimiento psíquico y presenta todos los síntomas de un acoso psicológico».
Pues bien, el Tribunal no puede sino constatar que, tras haber concluido, por una parte, que existían algunos de los comportamientos
reprochados por la demandante a los presuntos acosadores y, por otra parte, que ésta presentaba síntomas de acoso psicológico,
la comisión de investigación no intentó dilucidar si los comportamientos antes mencionados eran los causantes de los síntomas
de acoso psicológico, en particular del menoscabo de la autoestima y de la autoconfianza, que presentaba la demandante. En
relación con el Sr. X, la comisión de investigación concluyó que no había podido «constatar una actitud abusiva e intencionada
susceptible de ser calificada de acoso por su parte», y, por lo que se refiere al Sr. Y, tras constatar que se habían acreditado
determinados comportamientos denunciados por la demandante, dicha comisión no se pronunció sobre la cuestión de si tales comportamientos
eran constitutivos de acoso psicológico.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede declarar que el dictamen de la comisión de investigación, por una
parte, fue adoptado tras una investigación en la que la conducta de los presuntos acosadores no fue examinada a la luz de
la definición del acoso psicológico establecida en el artículo 2.1 de la Política, interpretado conjuntamente con el artículo
3.6.1 del Código de conducta, y, por otra parte, es incoherente en la medida en que constata al mismo tiempo el hecho de que
los presuntos acosadores llevaron a cabo algunos de los comportamientos denunciados por la demandante y la circunstancia de
que la demandante presenta síntomas de acoso psicológico, sin indagar si tales síntomas habían sido provocados por esos comportamientos.
Por consiguiente, el dictamen de la comisión de investigación adolece de irregularidades.
Por lo tanto, el Presidente del Banco incurrió en un error manifiesto de apreciación al adoptar, sobre la base de ese dictamen,
la resolución de 27 de julio de 2011. Dado que el Presidente del Banco cometió una ilegalidad, debe anularse la resolución
de 27 de julio de 2011.
En consecuencia, debe acogerse la pretensión de anulación de la resolución de 27 de julio de 2011.
II.
Sobre las pretensiones indemnizatorias de la demandante
La demandante divide su pretensión de indemnización en tres partes. Mediante la primera, solicita la reparación de los daños
que sostiene haber sufrido como consecuencia de la ilegalidad de la resolución de 27 de julio de 2011. Mediante la segunda,
solicita la reparación de los daños que alega haber sufrido como consecuencia del acoso psicológico y del incumplimiento por
parte del Banco de su deber de asistencia y protección. Mediante la tercera parte, solicita la reparación de los daños que
afirma haber sufrido como consecuencia del funcionamiento anormal del servicio.
A.
Sobre la reparación de los daños provocados por la ilegalidad de la resolución de 27 de julio de 2011
1.      Alegaciones de las partes
La demandante sostiene que la resolución de 27 de julio de 2011 le ha causado un daño material evaluado en 218 800 euros.
En efecto, dado que el Presidente del Banco se negó a adoptar medidas en relación con su caso, reintegrándola en sus funciones
o destinándola a un puesto equivalente que le ofreciera perspectivas reales de carrera, la demandante considera que se encuentra
con un empleo vacío de responsabilidades y sin perspectivas de carrera. Sostiene que, en consecuencia, la resolución de 27
de julio de 2011 tuvo y continuará teniendo incidencia en su remuneración, y en particular en sus primas, que se fijan en
función de los objetivos y responsabilidades del agente. La demandante afirma igualmente que la resolución de 27 de julio
de 2011 le causó un estado de incertidumbre e inquietud que le provocó un importante daño psicológico que no puede ser reparado
por la anulación de dicha decisión y que evalúa
ex aequo et bono
en un importe de 50 000 euros.
El Banco replica que esta pretensión indemnizatoria no está fundada, ya que no se le puede imputar ningún comportamiento ilegal.
2.      Apreciación del Tribunal
Según reiterada jurisprudencia, para que nazca la responsabilidad extracontractual de la administración es necesario que concurran
tres requisitos acumulativos, a saber, la ilicitud del acto administrativo o comportamiento imputado a las instituciones,
la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento imputado y el perjuicio alegado
(sentencia Skoulidi/Comisión, F‑4/07, EU:F:2008:22, apartado 43, y auto Marcuccio/Comisión, F‑69/10, EU:F:2011:128, apartado
22). De ello se deduce que basta con que falte alguno de estos tres requisitos para que se desestime el recurso de indemnización
(sentencia Lucaccioni/Comisión, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, apartados 11 y 14, y la jurisprudencia citada).
En el presente asunto debe señalarse que los daños materiales y morales que la demandante alega haber sufrido están provocados
por la resolución de 27 de julio de 2011, cuya ilegalidad ha sido declarada por este Tribunal en el apartado 89 de la presente
sentencia.
Constatada esta ilegalidad de una resolución del Banco, procede ahora examinar si esta resolución ilegal ha provocado un perjuicio
a la demandante.
Por lo que se refiere, en primer lugar, a la pretensión de la demandante de que el Banco sea condenado a reparar el daño material
que le causó la resolución de 27 de julio de 2011, en la medida en que el Banco, al archivar su denuncia sin continuar el
procedimiento administrativo, se negó a adoptar medidas a su favor, lo cual tuvo como resultado que la demandante se encuentre
en un puesto vacío de responsabilidades, debe recordarse que la anulación de un acto por el juez tiene el efecto de eliminar
retroactivamente dicho acto del orden jurídico y, cuando el acto anulado ya se hubiese ejecutado, la anulación de sus efectos
exige restablecer la situación jurídica en la que la parte demandante se encontraba antes de adoptarse dicho acto (sentencia
Kalmár/Europol, F‑83/09, EU:F:2011:66, apartado 88). Por otra parte, según el artículo 266 TFUE, la institución de la que
emane el acto anulado estará obligada a «adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de
Justicia […]».
En el marco de las medidas que debe adoptar el Banco para la ejecución de la presente sentencia, el Tribunal, dado que no
le corresponde prejuzgar las conclusiones de un eventual nuevo procedimiento de investigación, no puede, en esta fase, condenar
al Banco a indemnizar a la demandante por el perjuicio material que ésta habría sufrido, incluso a partir del 27 de julio
de 2011. En consecuencia, no cabe acoger las pretensiones de la demandante en este sentido por ser, en cualquier caso, prematuras.
Por lo que respecta, en segundo lugar, al daño moral que la demandante estima haber sufrido, es necesario recordar que, según
reiterada jurisprudencia, la anulación de un acto ilegal puede constituir por sí misma una reparación adecuada y, en principio,
suficiente de todo daño moral que pueda haber causado dicho acto, a menos que la parte demandante demuestre haber sufrido
un daño moral separable de la ilegalidad en la que se basa la anulación y que no puede ser reparado totalmente por dicha anulación
(sentencia CH/Parlamento, F‑129/12, EU:F:2013:203, apartado 64). El Tribunal recuerda igualmente que es doctrina consolidada
que el sentimiento de injusticia y los padecimientos que para una persona ocasiona el hecho de que deba iniciar un procedimiento
judicial para que se le reconozcan sus derechos puede constituir un daño que puede deducirse del mero hecho de que la administración
haya cometido ilegalidades. Estos daños son objeto de reparación cuando no quedan compensados por la satisfacción resultante
de la anulación del acto en cuestión (véase, en este sentido, la sentencia CC/Parlamento, F‑9/12, EU:F:2013:116, apartado
128, recurrida en casación ante el Tribunal General, asunto T‑457/13 P).
Ya se ha declarado en el apartado 89 de la presente sentencia que el Presidente del Banco cometió una ilegalidad que ha determinado
la anulación de la resolución de 27 de julio de 2011. En el caso de autos, el Tribunal constata que el hecho de que el Presidente
del Banco no continuara el procedimiento administrativo tras la denuncia de la demandante colocó a ésta en un estado de incertidumbre
e inquietud que constituye un daño moral separable de la ilegalidad que justifica la anulación de la resolución de 27 de julio
de 2011 y que no puede ser reparado totalmente por la mera anulación de esta resolución.
El Tribunal estima que, en la medida en que el dictamen de la comisión de investigación tenía por objeto una denuncia por
acoso psicológico, el Presidente del Banco habría debido examinar atentamente dicho dictamen para comprobar que la investigación
se había llevado a cabo correctamente y actuar en consecuencia en caso de apreciar errores.
Habida cuenta de las circunstancias en que se adoptó la resolución de 27 de julio de 2011, el Tribunal estima que una justa
apreciación del daño moral sufrido por la demandante, en las circunstancias específicas del presente asunto, permite fijar
ex aequo et bono
en 30 000 euros la reparación de este daño.
B.
Sobre la reparación de los daños supuestamente sufridos por la demandante como consecuencia del acoso psicológico y del incumplimiento
por parte del Banco de su deber de asistencia y protección
1.      Alegaciones de las partes
La demandante sostiene que el Banco incumplió su deber de asistencia y protección ya que, a pesar de ponerlo en conocimiento
de su superior jerárquico, del Departamento de Recursos Humanos y del Presidente del Banco, no se adoptó ninguna medida para
que cesaran los comportamientos de acoso e intimidación de los Sres. X e Y para con ella. De este modo, a juicio de la demandante,
el Banco consintió en que estos comportamientos se prolongaran durante muchos meses. Considera que, en particular, el Banco
incumplió su deber de asistencia y protección al no tomar en consideración la solicitud de un médico especialista de transferirla
a otro servicio.
Según la demandante, este incumplimiento del deber de asistencia y protección, unido al acoso sufrido, aceleraron el empeoramiento
de su estado de salud física y mental, provocándole un daño moral que evalúa en 50 000 euros. Afirma que ello también le generó
un daño material que ella evalúa en 218 800 euros, cifra que equivale, por una parte, a la pérdida de primas respecto de los
años 2010 a 2015 y, por otra parte, a la pérdida de sus oportunidades de avanzar en su carrera. Asimismo, la demandante afirma
que el acoso psicológico sufrido la obligó a recurrir a la asistencia de un abogado que la defendiera en el procedimiento
de investigación y cuyos honorarios fueron de 13 361,93 euros.
El Banco solicita que se desestime esta pretensión de indemnización.
2.      Apreciación del Tribunal
En primer lugar, el Tribunal debe examinar si, como sostiene la demandante, el Banco incumplió su deber de asistencia y protección
al negarle su apoyo cuando ésta denunció ser víctima de acoso.
Debe recordarse a este respecto que, con el fin de tramitar los casos de acoso y de intimidación, la Política establece dos
procedimientos, uno informal a través del cual el agente afectado busca una solución amistosa y otro formal que le permite
presentar una denuncia oficial para que sea tramitada posteriormente por una comisión de investigación.
Aunque mediante su alegación la demandante reprocha al Banco no haber tomado las medidas que ella consideraba necesarias para
poner fin al acoso antes de que presentara su solicitud de apertura de un procedimiento de investigación, el 18 de febrero
de 2011, es preciso observar que esta actitud del Banco se produjo en el marco del procedimiento informal dirigido a la consecución
de un acuerdo amistoso entre la demandante y los presuntos acosadores y que, en consecuencia, a falta de otras indicaciones
de la demandante, esta actitud no puede calificarse como constitutiva de una infracción del deber de asistencia y protección
del Banco.
Asimismo, de los autos se desprende que, mediante correo de 22 de febrero de 2011, el Banco respondió a la solicitud de la
demandante del 18 de ese mismo mes de febrero y que, a través del correo del Director del Departamento de Recursos Humanos
de 28 de febrero de 2011, ésta fue informada del inicio del procedimiento de investigación. Posteriormente, las diferentes
fases del procedimiento de investigación se desarrollaron en períodos de tiempo reducidos. En efecto, mediante el memorando
de 14 de marzo de 2010, la demandante expuso su denuncia, a la cual los presuntos acosadores dieron respuesta mediante los
memorandos del 28 de marzo siguiente. La comisión de investigación dio audiencia tanto a la demandante como a los Sres. X
e Y el 2 de mayo de 2011 y emitió su dictamen el 11 de julio de 2011. En estas circunstancias, la demandante no puede sostener
fundadamente que el Banco incumplió su deber de asistencia y protección durante el procedimiento de investigación.
Por lo que respecta más en particular a la alegación de la demandante según la cual el Banco ignoró la recomendación de un
médico especialista, el Dr. A, de transferirla a otro servicio, el Tribunal observa primeramente que, según los autos, esta
recomendación está fechada el 10 de marzo de 2011. Seguidamente, la demandante afirma, en su respuesta a las diligencias de
ordenación del procedimiento, que en noviembre de 2010 ya se habían iniciado las conversaciones acerca de su posible traslado
al servicio del interventor. Por último, resulta de la resolución de 27 de julio de 2011 que, en el momento en que se adoptó
esa resolución, las conversaciones seguían en curso. En consecuencia, debe constatarse que las conversaciones acerca de un
posible traslado de la demandante tuvieron lugar después del 10 de marzo de 2011. Por consiguiente, la demandante carece de
fundamento para sostener que el Banco no tomó en consideración la mencionada solicitud de traslado.
Debe añadirse que, si mediante su alegación la demandante pretende sostener que las conversaciones mantenidas con el Banco
con vistas a su traslado al servicio del interventor, o incluso otras conversaciones relativas a un traslado a otro servicio,
no tenían por objeto un traslado a un puesto equivalente que le ofreciera perspectivas reales de carrera, debe constatarse
que no puede prosperar esta alegación, ya que la demandante no ha aportado pruebas de que el Banco no actuara de buena fe.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede desestimar la pretensión de indemnización por incumplimiento del
deber de asistencia y protección.
En segundo lugar, el Tribunal debe examinar si el acoso psicológico presuntamente sufrido por la demandante le ha causado,
como ella sostiene, daños materiales y morales.
Ha de recordarse a este respecto que incumbe a la comisión de investigación apreciar si ha existido o no acoso y que, en el
presente asunto y por lo que se refiere al Sr. X, la comisión de investigación se limitó a concluir que no había podido «constatar
una actitud abusiva e intencionada susceptible de ser calificada de acoso por su parte», y, por lo que respecta al Sr. Y,
no se pronunció sobre la cuestión de si los comportamientos denunciados por la demandante y que dicha comisión observó eran
constitutivos de acoso psicológico.
Dado que al Tribunal no le corresponde prejuzgar ni las conclusiones de una eventual nueva investigación o de un eventual
nuevo dictamen ni la resolución futura del Presidente del Banco, la pretensión de indemnización debe ser desestimada por ser
prematura.
En último lugar, procede analizar la pretensión por la que la demandante solicita el rembolso de los gastos y honorarios del
abogado al que, según afirma, se vio obligada a recurrir para que la defendiera durante el procedimiento de investigación.
A este respecto, el Tribunal observa que los gastos de abogado en que se incurre durante el procedimiento judicial constituyen
costas recuperables en los términos previstos en los artículos 86 y siguientes del Reglamento de Procedimiento del Tribunal
y que deben ser tratados en ese contexto. Por lo que se refiere a los gastos de abogado efectuados durante el procedimiento
de investigación por acoso, el artículo 91 del mismo Reglamento únicamente contempla, entre las costas recuperables, los gastos
efectuados con motivo del procedimiento ante el Tribunal, quedando excluidos los relativos a la fase anterior. Por tanto,
reconocer a los gastos correspondientes al procedimiento de investigación, anterior al procedimiento judicial, la condición
de daño indemnizable a través de un recurso de indemnización se contradice con el carácter no recuperable de los gastos realizados
durante esa fase anterior. Por consiguiente, la demandante no puede obtener en el marco de su recurso de indemnización el
reembolso de los gastos y honorarios de su abogado correspondientes al procedimiento de investigación.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, deben desestimarse las pretensiones por las que la demandante solicita la
reparación de los daños que sostiene haber sufrido como consecuencia del acoso psicológico y del incumplimiento por parte
del Banco de su deber de asistencia y protección.
C.
Sobre la reparación de los daños supuestamente sufridos como consecuencia del funcionamiento anormal del servicio imputable
al Banco
Para fundamentar su pretensión de indemnización, la demandante invoca dos manifestaciones del funcionamiento anormal del servicio
que, a juicio de ésta, el Banco tuvo durante el procedimiento de investigación; la primera consiste en el incumplimiento de
su deber de confidencialidad y la infracción de las normas relativas a la protección de los datos personales conferida por
la Política, y la segunda en los obstáculos a la declaración de testigos.
1.      Sobre el incumplimiento por parte del Banco de su deber de confidencialidad y la infracción por éste de las normas relativas
a la protección de los datos personales conferida por la Política
a)      Alegaciones de las partes
La demandante sostiene que el Banco incumplió su deber de confidencialidad e infringió las normas relativas a la protección
de los datos personales conferida por la Política, tal como el SEPD la aprobó en 2005. A juicio de la demandante, el Banco
obstaculizó el correcto desarrollo del procedimiento de investigación, provocó rumores negativos a propósito de la demandante
y menoscabó su reputación y su credibilidad, causándole un daño moral que ésta evalúa en 10 000 euros.
En apoyo de su argumentación, la demandante formula dos imputaciones.
En relación con su primera imputación, la demandante critica al Banco por haber comunicado al nuevo Director General de la
DG «Gestión de riesgos», persona ajena al procedimiento de investigación, el memorando elaborado por el Sr. X en respuesta
a su memorando de 14 de marzo de 2011. Asimismo, protesta por el hecho de que «algunos miembros del personal administrativo»
de la División de coordinación hubieran tenido también acceso al expediente formado en el procedimiento de investigación.
En sus observaciones sobre el escrito de formalización de la intervención del SEPD, la demandante aportó un intercambio de
correos electrónicos en apoyo de su tesis, según la cual uno de los documentos redactados en el marco del procedimiento de
investigación en contra de los Sres. X e Y fue comunicado a terceros ajenos al procedimiento.
El Banco niega haber dado acceso al nuevo Director General de la DG «Gestión de riesgos», o a cualquier otra persona ajena
al procedimiento de investigación, al memorando elaborado por el Sr. X en el marco de dicho procedimiento. El Banco destaca
que informó a la demandante y a los presuntos acosadores del carácter estrictamente confidencial que debía atribuirse a los
documentos intercambiados en el contexto del procedimiento de investigación.
Mediante su segunda imputación la demandante sostiene que, durante el procedimiento de investigación, el Banco dio traslado
a los presuntos acosadores de la totalidad de su memorando de 14 de marzo de 2011, incluidos los anexos, a pesar de que esos
documentos «contenían abundante información personal confidencial relativa, en particular, a [su] salud», y que la Política
dispone que el presunto acosador no deberá recibir copia del memorando que contiene la denuncia.
El Banco sostiene que la norma prevista en la Política con arreglo a la cual el presunto acosador no debe recibir copia del
memorando que contiene la denuncia no respeta plenamente el derecho de defensa, el cual debe ser garantizado en todo procedimiento
que pueda culminar en un acto lesivo. Dado que el procedimiento de investigación hubiera podido culminar con el despido de
los Sres. X e Y, el Banco decidió, según sus afirmaciones, con el fin de respetar el derecho de defensa de los presuntos acosadores
y tras evaluar la necesidad de comunicar el expediente en su totalidad o sólo en parte, darles traslado del memorando de la
demandante de 14 de marzo de 2011 en su integridad, incluidos los anexos. En particular, dado que la demandante acusó a los
Sres. X e Y de ser la causa de sus trastornos de salud, el Banco consideró necesario facilitar el certificado médico del psiquiatra,
el Dr. A, de 10 de marzo de 2011, según el cual los trastornos psíquicos de la demandante habían comenzado bajo la dirección
del antiguo Director General de la DG «Gestión de riesgos» como consecuencia de la presión generada por este último, y según
el cual era aconsejable trasladar a la demandante a otro servicio.
El Banco añade que la comunicación de la totalidad del memorando de 14 de marzo de 2011, incluidos los anexos, no es desproporcionada,
especialmente si se tiene en cuenta que, mediante el correo del Director del Departamento de Recursos Humanos de 28 de febrero
de 2011, se recordó expresamente a la demandante que su memorando sería comunicado en su totalidad a los presuntos acosadores.
Dado que la demandante decidió no obstante presentar su memorando con todos sus anexos, incluidos los certificados médicos,
sin solicitar que estos documentos recibieran tratamiento confidencial, la demandante, a juicio del Banco, dio implícitamente
su consentimiento para que éstos se comunicaran a los Sres. X e Y.
Pese a haber solicitado intervenir en apoyo de las pretensiones de indemnización por el incumplimiento del deber de confidencialidad
y la infracción de las normas en materia de protección de datos personales, en su escrito de formalización de su intervención
el SEPD únicamente se pronuncia sobre la segunda imputación, basada en la comunicación de la totalidad del memorando de 14
de marzo de 2011 a los presuntos acosadores. El SEPD solicita, al igual que la demandante, que el Tribunal constate que esta
comunicación constituye un funcionamiento anormal del servicio imputable al Banco y que condene al Banco a reparar los perjuicios
que este funcionamiento anormal del servicio causó a la demandante.
En apoyo de sus pretensiones, el SEPD formula dos motivos basados, respectivamente, en la infracción de la Política y del
Reglamento nº 45/2001.
En sus observaciones sobre el escrito de formalización de la intervención, la demandante alega asimismo que el Banco no mantiene
una interpretación uniforme de la obligación de respetar el derecho de defensa ya que, en otro procedimiento de investigación
llevado a cabo en 2010, se negó a dar traslado de la denuncia y de los documentos anexos a la misma a la persona sobre la
que versaba el procedimiento de investigación.
El Banco, en sus observaciones sobre el escrito de formalización de la intervención del SEPD, alega que el segundo motivo
invocado por el SEPD, basado en la infracción del Reglamento nº 45/2001, es inadmisible por no haberlo formulado la demandante
en la demanda.
En cuanto al fondo, el Banco destaca en primer lugar que nunca afirmó que la comunicación íntegra del memorando de 14 de marzo
de 2011, incluidos los anexos, fuera contraria a su procedimiento interno, sino que justificó que se diera este traslado íntegro
porque las normas de procedimiento interno deben respetar las disposiciones generales en materia de protección del derecho
de defensa.
A continuación, el Banco alega que, en contra de lo sostenido por el SEPD, la comunicación de la totalidad del memorando de
14 de marzo de 2011, incluidos los anexos, no infringe el Reglamento nº 45/2001. En efecto, considera que, según la solución
expresada en la sentencia X/BCE (T‑333/99, EU:T:2001:251), la protección del derecho de defensa exige que se salvaguarde este
derecho en todo procedimiento que pueda culminar en un acto lesivo, y no solamente en los procedimientos judiciales. Pues
bien, en el presente caso, el procedimiento de investigación podía culminar con el despido de los Sres. X e Y, es decir, con
un acto lesivo para los mismos, antes de que se iniciara un procedimiento judicial. Dado que el Banco debía respetar su derecho
de defensa, procedió a la comunicación antes mencionada de conformidad con el artículo 5, letra b), del Reglamento nº 45/2001.
El Banco rebate asimismo la afirmación del SEPD de que no examinó suficientemente la necesidad de comunicar el memorando de
14 de marzo de 2011 en su integridad o solamente en parte antes de dar traslado del mismo a los presuntos acosadores. El Banco
sostiene que éstas no son sino especulaciones del SEPD y que sí que realizó un examen en profundidad.
En sus escritos en respuesta a las diligencias de ordenación del procedimiento, la demandante y el SEPD se pronunciaron sobre
la excepción de inadmisibilidad planteada por el Banco en sus observaciones sobre el escrito de formalización de la intervención.
b)      Apreciación del Tribunal
El Tribunal comenzará analizando si, como afirma la demandante, se produjeron efectivamente las dos manifestaciones del funcionamiento
anormal del servicio imputable al Banco antes mencionadas. En caso afirmativo, el Tribunal examinará la relación de causalidad
entre el perjuicio eventualmente ocasionado y el comportamiento imputado. Por último, el Tribunal se pronunciará sobre el
importe de la indemnización que, en su caso, deba abonarse.
Sobre el acceso al expediente de la investigación concedido a terceros
Para fundamentar su imputación basada en el hecho de que el nuevo Director General de la DG «Gestión de riesgos» y ciertos
miembros del personal administrativo de la División de coordinación tuvieron acceso al expediente elaborado en el procedimiento
de investigación, la demandante aporta, por una parte, como anexo a su demanda, un extracto del memorando redactado por el
Sr. X en respuesta a su memorando de 14 de marzo de 2011 y un extracto de un documento redactado por el nuevo Director General
de la DG «Gestión de riesgos» en el contexto de un procedimiento formal de recurso iniciado por la demandante contra su informe
de evaluación del año 2010, ya que estima que el segundo extracto se inspira en gran medida en el primero. Por otra parte,
aporta como anexo a su escrito de observaciones sobre el escrito de formalización de la intervención del SEPD dos correos
electrónicos intercambiados entre ella misma y otro agente del Banco.
Por lo que se refiere en primer lugar a los dos extractos de documentos adjuntados en anexo a la demanda, el Tribunal constata
que ambos contienen una frase redactada de manera prácticamente idéntica.
A este respecto, el Tribunal observa que, en el correo de 2 de febrero de 2012 dirigido al SEPD, el Banco alega que el documento
del nuevo Director General de la DG «Gestión de riesgos», un extracto del cual se adjunta como anexo a la demanda, fue redactado
por éste en respuesta a un recurso formal que la demandante presentó, algunos días después de que el Sr. X se jubilara, ante
el comité de recursos que debía pronunciarse sobre su informe de evaluación del año 2010. Pues bien, debido a que todo el
procedimiento de recurso se inició bajo la responsabilidad del Sr. X, éste envió, antes de jubilarse, una copia de uno de
sus memorandos a su sucesor, el nuevo Director General de la DG «Gestión de riesgos». Estos hechos, no cuestionados por la
demandante en la vista, podrían, pues, explicar la semejanza que se aprecia en una frase de estos dos extractos. En efecto,
para el Tribunal resulta razonable que el Sr. X transmitiera a su sucesor toda la información que estimara pertinente con
el fin de ayudarle a resolver el recurso formal mencionado. En cualquier caso, los dos extractos aportados por la demandante
no permiten demostrar de modo suficiente en Derecho que el Banco diera traslado al nuevo Director de la DG «Gestión de riesgos»
del memorando que el Sr. X redactó en respuesta a la denuncia de la demandante.
En segundo lugar y por lo que se refiere al intercambio de correos electrónicos entre la demandante y otro agente del Banco,
el Tribunal observa que el primer correo electrónico en el que se hace mención del hecho de que el nuevo Director General
de la DG «Gestión de riesgos» habría afirmado, ante el comité de recursos que debía pronunciarse sobre su informe de evaluación
del año 2010, que había recibido una copia del memorando que el Sr. X había elaborado en el marco del procedimiento de investigación
iniciado por su denuncia de acoso y que la había transmitido a una subordinada de la demandante, fue redactado por la demandante
el 21 de marzo de 2012. En ese correo electrónico, la demandante preguntaba a la persona destinataria del mismo si el texto
que había redactado reflejaba efectivamente lo que había dicho el nuevo Director General de la DG «Gestión de riesgos» en
su audiencia ante el comité de recursos, a la que ella misma y la persona destinataria del correo electrónico habían asistido.
En su correo electrónico de respuesta del día siguiente, el agente en cuestión confirmó la redacción del texto escrito por
la demandante.
A este respecto el Tribunal constata que el agente del Banco que participó en el intercambio de correos electrónicos que esgrime
la demandante no prestó un testimonio directo, sino que se limitó a confirmar las declaraciones redactadas por la propia demandante,
debiendo tenerse en cuenta que esa redacción no tuvo lugar hasta el 21 de marzo de 2012, mientras que la audiencia ante el
comité de recursos se celebró en 2011. Asimismo, el correo electrónico de la demandante hace referencia a la transmisión del
memorando del Sr. X a un único agente del Banco y no, como sostiene en su demanda, a «ciertos miembros del personal». En consecuencia,
el intercambio de correos electrónicos esgrimido por la demandante no tiene en el presente asunto valor probatorio suficiente
para demostrar que el Banco transmitió al nuevo Director de la DG «Gestión de riesgos», y a diferentes miembros del personal
de la División de coordinación, el memorando elaborado por el Sr. X en respuesta a la denuncia de la demandante.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, debe concluirse que, al no haber aportado la demandante pruebas que sustenten
su tesis, no ha quedado demostrado que el Banco concediera acceso a terceros al expediente de la investigación.
Sobre la comunicación de la totalidad del memorando de 14 de marzo de 2011, incluidos los anexos, a los presuntos acosadores
–             Sobre la existencia del funcionamiento anormal del servicio
Para fundamentar su argumentación, mediante la que denuncia un funcionamiento anormal del servicio imputable al Banco y consistente
en comunicar el memorando de 14 de marzo de 2011 con sus anexos a los presuntos acosadores, la demandante formula un motivo
único basado en la infracción del deber de confidencialidad y de las normas relativas a la protección de datos conferida por
la Política.
El Tribunal constata que, en su escrito de formalización de la intervención, el SEPD formula un segundo motivo basado en la
infracción del Reglamento nº 45/2001. Interrogado a este respecto en la vista, el SEPD subrayó que no se trataba de un segundo
motivo sino de un argumento dirigido a sostener el motivo alegado por la demandante.
Debe recordarse a este respecto que, aunque los artículos 40, párrafo cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable
al procedimiento ante el Tribunal de la Función Pública en virtud del artículo 7, apartado 1, del anexo I de dicho Estatuto,
y 110, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública no se oponen a que una parte coadyuvante
formule alegaciones nuevas o diferentes de las de la parte a la que apoya, pues de lo contrario su intervención quedaría limitada
a repetir los argumentos formulados en la demanda, no puede admitirse que dichas disposiciones le permitan modificar o alterar
el marco del litigio definido en la demanda mediante la formulación de motivos nuevos (véanse, en este sentido, las sentencias
BaByliss/Comisión, T‑114/02, EU:T:2003:100, apartado 417, y SELEX Sistemi Integrati/Comisión, T‑155/04, EU:T:2006:387, apartado
42). En consecuencia, no cabe acoger la tesis del SEPD, ya que al afirmar que el Banco ha infringido determinadas disposiciones
del Reglamento nº 45/2001 ha formulado efectivamente un motivo distinto del formulado por la demandante, basado en la infracción
de la Política.
Dado que el SEPD no está legitimado para formular un motivo en el que no se fundamenta la demanda, debe declararse la inadmisibilidad
de este segundo motivo.
Sentado lo anterior, el Tribunal no puede sino constatar que la Política prevé expresamente que el presunto acosador sea informado
del objeto de la denuncia y reciba la información necesaria a este respecto, si bien no recibirá copia del memorando de la
parte denunciante.
Se desprende de la redacción de la Política que el Banco la infringió al dar traslado de la totalidad del memorando de la
demandante de 14 de marzo de 2011, incluidos los anexos, a los Sres. X e Y. En consecuencia, el Banco incurrió en un incumplimiento
por el que puede ser declarada su responsabilidad extracontractual.
No obsta a esta conclusión ni el hecho de que el Banco estuviera obligado a respetar el derecho de defensa ni la sentencia
X/BCE (EU:T:2001:251) invocada por éste. En efecto, en contra de lo que sostiene el Banco, el procedimiento de investigación
no puede culminar directamente con una sanción del presunto acosador, ya que esa sanción sólo puede decidirse tras un procedimiento
disciplinario. En consecuencia, dado que el procedimiento de investigación no podía concluir con un acto lesivo para los presuntos
acosadores, el Banco no estaba facultado para comunicarles todos los datos personales de la demandante con el fin de respetar
el derecho de defensa de éstos.
Tampoco puede prosperar el argumento del Banco según el cual la demandante había sido informada previamente de que el memorando
que contenía su denuncia sería comunicado a los presuntos acosadores. En efecto, la circunstancia de que la demandante no
se opusiera expresamente a que se comunicara su memorando, incluso suponiendo que el Banco pudiera deducir de ella la expresión
de un consentimiento tácito, no autorizaba al Banco a infringir sus propias normas internas, en ese caso la disposición de
la Política que prohibía expresamente la comunicación al presunto acosador del memorando de la parte denunciante.
–             Sobre el daño moral y la relación de causalidad
El Tribunal aprecia que la demandante no explica de qué modo la comunicación de la totalidad del memorando de 14 de marzo
de 2011, anexos incluidos, a los presuntos acosadores obstaculizó el correcto desarrollo del procedimiento de investigación,
provocándole el consiguiente daño moral. En consecuencia, no queda acreditada la realidad de este daño moral.
Por lo que se refiere a la alegación de la demandante según la cual la comunicación de la totalidad del memorando de 14 de
marzo de 2011 con sus anexos a los presuntos acosadores tuvo repercusiones en su entorno de trabajo, ya por entonces hostil,
en la medida en que esta comunicación provocó rumores negativos a propósito de la demandante y menoscabó su reputación y su
credibilidad, el Tribunal observa que el memorando de 14 de marzo de 2011, anexos incluidos, contiene diferente información
personal de la demandante, en especial información relativa a su estado de salud. El Tribunal considera que la transmisión
de esta información personal de la demandante a los presuntos acosadores le causó un daño moral.
–             Sobre la reparación del daño
Es preciso señalar que la demanda no profundiza en la cuestión de la evaluación del daño moral sufrido por la demandante como
consecuencia de la transmisión por parte del Banco del memorando de 14 de marzo de 2011 en su integridad a los presuntos acosadores.
En estas circunstancias, procede realizar una evaluación
ex aequo et bono
del daño moral sufrido por la demandante, que puede fijarse en 5 000 euros, y condenar al Banco a pagar a la demandante este
importe por este concepto.
2.      Sobre los obstáculos a la declaración de testigos
a)      Alegaciones de las partes
La demandante reprocha al Banco, por una parte, haber facilitado a diferentes personas que ella indicó como personas que podían
ser oídas por la comisión de investigación información errónea acerca de su eventual testimonio, provocando con ello que éstas
se negaran a testificar. Por otra parte, algunos de estos potenciales testigos ni siquiera fueron informados de que ella los
había propuesto como testigos y no fueron convocados para una audiencia. A juicio de la demandante, el Banco obstaculizó de
este modo el correcto desarrollo del procedimiento de investigación y vulneró el principio de buena administración. Según
la demandante, esta falta del Banco provocó a la demandante un daño moral que ésta evalúa
ex aequo et bono
en 40 000 euros.
El Banco rebate la fundamentación de las acusaciones de obstaculización de la declaración de testigos.
b)      Apreciación del Tribunal
Por lo que se refiere a la primera imputación, resulta efectivamente de los autos que determinadas personas que la demandante
indicó que podían ser oídas por la comisión de investigación se negaron a testificar. No obstante, la demandante no ha aportado
pruebas, o al menos indicios, que sustenten su tesis según la cual esa negativa fue consecuencia de que el Banco facilitara
información errónea. Por otra parte, la propia demandante no se muestra convencida de su afirmación, ya que indica en su demanda
que «parece que […] algunas [personas] solicitaron información […] al Departamento de Recursos Humanos del Banco a propósito
de este procedimiento» y que se les «habría dado» una respuesta. Por tanto, esta imputación debe desestimarse.
Por lo que respecta a la segunda imputación, basada en que la comisión de investigación no invitó a testificar a todas las
personas que la demandante había identificado como potenciales testigos, baste señalar que la Política dispone que la comisión
de investigación está facultada para adoptar la forma de proceder que considere oportuna. Si bien es cierto que la Política
también prevé que la comisión de investigación mantendrá entrevistas con «los testigos que haya podido citar [la parte denunciante]»,
nada permite interpretar esta disposición en el sentido de que la comisión de investigación esté obligada a invitar a una
audiencia a todos los posibles testigos que cite la parte denunciante. Por el contrario y tal como apunta acertadamente el
Banco, corresponde a la comisión de investigación decidir cuáles son las personas, de entre las indicadas por las partes,
que deben ser oídas. En consecuencia, debe desestimarse igualmente la segunda imputación.
Puesto que las dos imputaciones han sido desestimadas, procede concluir que no ha quedado demostrado que el Banco obstaculizara
la declaración de los testigos propuestos por la demandante.
De las anteriores consideraciones se desprende, y sin que resulte necesario adoptar las diligencias de prueba solicitadas
por la demandante, que debe condenarse al Banco a abonar a la demandante la cantidad de 35 000 euros como reparación de los
perjuicios causados por la ilegalidad de la resolución de 27 de julio de 2011 y por la infracción de la Política por parte
del Banco.

Costas
A tenor del artículo 87, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, sin perjuicio de las demás disposiciones del capítulo
octavo del título segundo de dicho Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera
solicitado la otra parte. Conforme al apartado 2 del mismo artículo, el Tribunal de la Función Pública, si así lo exige la
equidad, podrá limitarse a imponer una condena parcial en costas a la parte que pierda el proceso o incluso no condenarla
en costas.
De la motivación de la presente sentencia resulta que, habida cuenta de que el recurso ha sido esencialmente estimado, el
Banco es la parte que ha perdido el proceso. Por otro lado, la demandante solicitó expresamente en sus pretensiones que se
condenara en costas al Banco. Dado que las circunstancias del presente asunto no justifican que se aplique lo dispuesto en
el artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, procede decidir que el Banco debe cargar con sus propias costas
y con las de la demandante, incluidos los gastos que la intervención del SEPD haya causado tanto al Banco como a la demandante.
Con arreglo al artículo 89, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, la parte coadyuvante soportará sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Segunda)
decide:
1)
Anular la resolución del Presidente del Banco Europeo de Inversiones de 27 de julio de 2011.
2)
Condenar al Banco Europeo de Inversiones a pagar a CG la cantidad de 35 000 euros.
3)
Desestimar el recurso en todo lo demás.
4)
El Banco Europeo de Inversiones cargará con sus propias costas y con las de CG.
5)
El Supervisor Europeo de Protección de Datos, parte coadyuvante, cargará con sus propias costas.
Rofes i Pujol
Bradley
Svenningsen
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de julio de 2014.
El Secretario

La Presidenta
W. Hakenberg

M.I. Rofes i Pujol
Índice
Marco jurídico
Hechos que originaron el litigio
Pretensiones de las partes y procedimiento
Sobre la admisibilidad
I.     Sobre la tercera pretensión, consistente en que se declare la existencia de acoso
II.   Sobre la quinta pretensión, consistente en que se anule la resolución de 1 de septiembre de 2011
III. Sobre la sexta pretensión, consistente en que se declare la existencia de un funcionamiento anormal del servicio imputable
al Banco
Sobre las pretensiones de anulación y las pretensiones de indemnización
I.     Sobre las pretensiones de anulación de la resolución de 27 de julio de 2011
A.     Alegaciones de las partes
B.     Apreciación del Tribunal
II.   Sobre las pretensiones indemnizatorias de la demandante
A.     Sobre la reparación de los daños provocados por la ilegalidad de la resolución de 27 de julio de 2011
1.     Alegaciones de las partes
2.     Apreciación del Tribunal
B.     Sobre la reparación de los daños supuestamente sufridos por la demandante como consecuencia del acoso psicológico y del incumplimiento
por parte del Banco de su deber de asistencia y protección
1.     Alegaciones de las partes
2.     Apreciación del Tribunal
C.     Sobre la reparación de los daños supuestamente sufridos como consecuencia del funcionamiento anormal del servicio imputable
al Banco
1.     Sobre el incumplimiento por parte del Banco de su deber de confidencialidad y la infracción por éste de las normas relativas
a la protección de los datos personales conferida por la Política
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
Sobre el acceso al expediente de la investigación concedido a terceros
Sobre la comunicación de la totalidad del memorando de 14 de marzo de 2011, incluidos los anexos, a los presuntos acosadores
–  Sobre la existencia del funcionamiento anormal del servicio
–  Sobre el daño moral y la relación de causalidad
–  Sobre la reparación del daño
2.     Sobre los obstáculos a la declaración de testigos
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
Costas
*
Lengua de procedimiento: francés.