CELEX: 62008CJ0565
Incumplimiento de Estado
Artículos 43 CE y 49 CE
Abogados
Obligación de observar las tarifas máximas en materia de honorarios
Obstaculización del acceso al mercado
Inexistencia

Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República
Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 43 CE y 49 CE al establecer disposiciones
que obligan a los abogados a observar tarifas máximas.

Marco jurídico nacional
La profesión de abogado se rige en Italia por el regio decreto legge nº 1578 – ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore legale (Real Decreto-ley nº 1578, por el que se regulan las profesiones de abogado y de procurador de los tribunales),
de 27 de noviembre de 1933 (GURI nº 281, de 5 de diciembre de 1933, p. 5521), convertido en ley, tras su modificación, por
la Ley nº 36, de 22 de enero de 1934 (GURI nº 24, de 30 de enero de 1934), en su versión modificada con posterioridad (en
lo sucesivo, «Real Decreto-ley»). En virtud de los artículos 52 a 55 del Decreto-ley, el Consiglio nazionale forense (Consejo
nacional de la abogacía; en lo sucesivo, «CNF») se constituye ante el Ministro de Justicia y está formado por abogados elegidos
por sus colegas, a razón de un representante por cada distrito judicial.
El artículo 57 del Real Decreto-ley prevé que los criterios que sirven para determinar los honorarios y las compensaciones
económicas de los abogados y los procuradores en materia civil, penal y extrajudicial se establecen cada dos años mediante
acuerdo del CNF. A continuación el Ministro de Justicia debe aprobar tales criterios, previo dictamen del Comitato interministeriale
dei prezzi, tras consultar al Consiglio di Stato.
A tenor del artículo 58 del Real Decreto-ley, los criterios que se indican en el artículo 57 de éste se establecen en función
del valor de los litigios y el grado del órgano judicial que conoce de ellos y, en los procesos penales, en función de su
duración. Para cada acto o serie de actos deben fijarse un límite máximo y otro mínimo de la cuantía de los honorarios. En
materia extrajudicial debe tenerse en cuenta la importancia del asunto.
El artículo 60 del Real Decreto-ley dispone que el órgano judicial realiza la liquidación de los honorarios sobre la base
de dichos criterios, teniendo en cuenta la gravedad y el número de cuestiones examinadas. Esta liquidación debe respetar los
límites máximos y mínimos previamente fijados. No obstante, en los casos de importancia excepcional, habida cuenta del carácter
especial de los litigios y cuando el valor intrínseco de la prestación lo justifique, el juez puede sobrepasar el límite máximo.
Y a la inversa, cuando el asunto resulta fácil de tramitar, puede fijar honorarios inferiores al límite mínimo. En ambos casos,
el juez debe motivar su decisión.
Según el artículo 61, apartado 1, del Real Decreto-ley, los honorarios que cobran los abogados a sus clientes, en materia
tanto judicial como extrajudicial, deben determinarse, salvo acuerdo especial, sobre la base de los criterios establecidos
en el artículo 57, teniendo en cuenta la gravedad y el número de cuestiones examinadas. Con arreglo al apartado 2 del mismo
artículo, dichos honorarios pueden ser más elevados que los calculados a cargo de la parte condenada en costas en el supuesto
de que el carácter especial del litigio o el valor de la prestación lo justifiquen.
El artículo 24 de la legge nº 794 – honorari di avvocato per prestazioni judiciali in materia civile (Ley nº 794 relativa
a los honorarios de los abogados en relación con las prestaciones judiciales en materia civil), de 13 de junio de 1942 (GURI
nº 172, de 23 de julio de 1942), establece que no puede minutarse por debajo de los honorarios mínimos fijados para las prestaciones
de los abogados, so pena de nulidad de todo pacto en contrario.
El artículo 13 de la legge nº 31 – libera prestacioni di servici da parte degli avvocati citadini di altri Estati membri della
Communita Europea (Ley nº 31 relativa a la libre prestación de los servicios prestados por los abogados nacionales de otros
Estados miembros de la Comunidad Europea), de 9 de febrero de 1982 (GURI nº 32, de 12 de febrero de 1982, p. 1030), por la
que se transpone la Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de
la libre prestación de servicios por los abogados (DO L 78, p. 17; EE 06/01, p. 224), amplía la obligación de respetar las
tarifas profesionales en vigor a los abogados de otros Estados miembros que lleven a cabo actividades de carácter judicial
y extrajudicial en Italia.
Los derechos y los honorarios de los abogados se han regulado de manera consecutiva por varios decretos ministeriales, siendo
los tres últimos los Decretos nº 392, de 24 de noviembre de 1990, nº 585, de 5 de octubre de 1994, y nº 127, de 8 de abril
de 2004.
Con arreglo al acuerdo del CNF que lleva anexo el Decreto Ministerial nº 127, de 8 de abril de 2004 (GURI nº 115, de 18 de
mayo de 2004; en lo sucesivo, «Acuerdo del CNF»), las tarifas aplicables a los honorarios de los abogados se dividen en tres
capítulos, a saber, el capítulo I relativo a las prestaciones de carácter judicial en materia civil, administrativa y fiscal,
el capítulo II relativo a las prestaciones de carácter judicial en materia penal y el capítulo III relativo a las prestaciones
extrajudiciales.
Respecto al capítulo I, el artículo 4, apartado 1, del acuerdo del CNF prohíbe toda inaplicación de las reglas relativas a
los honorarios y a los derechos fijados para los servicios de los abogados.
En relación con el capítulo II, el artículo 1, apartados 1 y 2, de dicho acuerdo dispone que, para calcular los honorarios
previstos en la escala debe tenerse en cuenta la naturaleza, la complejidad y la gravedad del asunto, de las acusaciones y
de los hechos imputados, el número y la importancia de las cuestiones examinadas y de su impacto patrimonial, la duración
del procedimiento y del proceso, el valor del servicio prestado, el número de abogados que han colaborado y compartido la
responsabilidad por la defensa, el resultado obtenido, considerando asimismo las consecuencias civiles, así como la situación
económica del cliente. Respecto a los asuntos que requieren una implicación especial, debido a la complejidad de los hechos
o de las cuestiones jurídicas examinadas, los honorarios pueden alcanzar el cuádruple de los importes máximos establecidos.
Por lo que respecta al capítulo III, el artículo 1, apartado 3, del acuerdo del CNF establece que, en los asuntos que revisten
una cierta importancia, complejidad o especial dificultad, el límite máximo de los honorarios puede llegar hasta el doble
y el de los asuntos que revistan una importancia excepcional hasta el cuádruple, previo dictamen del Colegio de abogados competente.
El artículo 9 de dicho acuerdo precisa que, en caso de desproporción manifiesta, por razones propias del asunto, entre la
prestación y los honorarios previstos en la escala, se podrán incrementar los máximos, previo dictamen del colegio de abogados
competente, por encima de los establecidos en el artículo 1, apartado 3, de dicho acuerdo, y los mínimos podrán reducirse.
El Decreto-ley nº 223, de 4 de julio de 2006 (GURI nº 153, de 4 de julio de 2006), convalidado en virtud de la Ley nº 248,
de 4 de agosto de 2006 (GURI nº 186, de 11 de agosto de 2006; en lo sucesivo, «Decreto Bersani»), ha afectado a las disposiciones
en materia de honorarios de abogado. El artículo 2 de dicho Decreto, con la rúbrica «Disposiciones urgentes para la protección
de la competencia en el sector de los servicios profesionales», establece lo siguiente en sus apartados 1 y 2:
«1.       De conformidad con el principio de Derecho comunitario de libre competencia y con el de libre circulación de personas y de
servicios, y con el fin de garantizar a los usuarios la facultad efectiva de elección en el ejercicio de sus derechos y la
facultad de comparación de los servicios ofertados en el mercado, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto,
se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que, con respecto a las profesiones liberales y a las actividades intelectuales,
establecen:
a)      tarifas fijas o mínimos obligatorios y, por lo tanto, la prohibición de estipular contractualmente la contraprestación en
función de la consecución de los objetivos que se pretenden alcanzar;
[...]
2.      Se estará a lo previsto anteriormente con la salvedad de […] posibles tarifas mínimas previamente establecidas con carácter
general en aras de la protección de los usuarios. El juez procederá a la tasación de las costas y de los honorarios, en caso
de liquidación judicial y de asistencia jurídica, sobre la base del baremo profesional. […]»
Según el artículo 2233 del codice civile (Código civil italiano), con carácter general, en el supuesto de que las partes no
hubieran fijado contraprestación alguna en méritos de un contrato de arrendamiento de servicios, y ésta no pudiera determinarse
según las tarifas o los usos en vigor, la fijará el juez, tras oír el dictamen de la asociación profesional a la que pertenece
el prestador. En todo caso, el importe de la contraprestación deberá ser acorde con la importancia del trabajo y la dignidad
de la profesión. Todo acuerdo celebrado entre los abogados o los licenciados en Derecho en prácticas habilitados con sus clientes
que establezca las retribuciones profesionales será nulo si no se celebra por escrito.

Procedimiento administrativo previo
Mediante escrito de requerimiento de 13 de julio de 2005, la Comisión llamó la atención de las autoridades italianas sobre
la posible incompatibilidad de algunas disposiciones nacionales relativas a las actividades extrajudiciales de los abogados
con el artículo 49 CE. Las autoridades italianas respondieron mediante escrito de 19 de septiembre de 2005.
Posteriormente, la Comisión completó en dos ocasiones el análisis realizado en el escrito de requerimiento. En un primer escrito
de requerimiento complementario, de 23 de diciembre de 2005, la Comisión consideró incompatibles con los artículos 43 CE y
49 CE las disposiciones italianas que establecen la obligación de respetar las tarifas establecidas respecto a las actividades
judiciales y extrajudiciales de los abogados.
La República Italiana respondió mediante escritos de 9 de marzo, 10 de julio y 17 de octubre de 2006, informando a la Comisión
de la nueva normativa italiana aplicable en materia de honorarios de abogado, es decir, el Decreto Bersani.
En un segundo escrito de requerimiento complementario de 23 de marzo de 2007, teniendo en cuenta esta nueva normativa, la
Comisión adoptó una postura más cabal. La República Italiana respondió mediante escrito de 21 de mayo de 2007.
Mediante escrito de 3 de agosto de 2007, la Comisión solicitó a las autoridades italianas información acerca de los métodos
de reembolso de los gastos efectuados por los abogados. La República Italiana respondió mediante escrito de 28 de septiembre
de 2007.
Al no estar satisfecha con esta respuesta, la Comisión remitió un dictamen motivado a la República Italiana el 4 de abril
de 2008, en el que manifestó que las disposiciones nacionales que obligan a los abogados a respetar las tarifas máximas son
incompatibles con los artículos 43 CE y 49 CE. Señaló que dicha obligación se deriva, en particular, de los artículos 57 y
58 del Real Decreto-ley, del artículo 24 de la Ley nº 794, de 13 de junio de 1942, del artículo 13 de la Ley nº 31, de 9 de
febrero de 1982, de las disposiciones pertinentes de los Decretos Ministeriales nº 392, de 24 de noviembre de 1990, nº 585,
de 5 de octubre de 1994 y nº 127, de 8 de abril de 2004, así como de lo dispuesto en el decreto Bersani (en lo sucesivo, conjuntamente,
«disposiciones controvertidas»). Exhortó a dicho Estado miembro para que, dentro del plazo de dos meses a partir de la recepción
de ese dictamen, adoptara las medidas necesarias para ajustarse a él. La República Italiana respondió mediante escrito de
9 de octubre de 2008.
Al considerar que la República Italiana no había subsanado la infracción recriminada, la Comisión decidió interponer el presente
recurso.

Sobre el recurso
Alegaciones de las partes
Mediante su recurso la Comisión imputa a la República Italiana haber establecido, con infracción de los artículos 43 CE y
49 CE, disposiciones que obligan a los abogados a respetar las tarifas máximas para la determinación de sus honorarios.
Según la Comisión, dicha obligación resulta del Decreto Bersani que, al derogar las tarifas fijas o mínimas aplicables a los
honorarios de los abogados, mantuvo explícitamente la obligación de respetar las tarifas máximas en aras de la protección
de los consumidores. Alega que, por lo demás, esta interpretación el CNF, el colegio de Abogados de Turín, así como la Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato en sus documentos oficiales.
Sostiene la Comisión que el hecho de que ese mismo Decreto aboliera la prohibición de estipular contractualmente retribuciones
en función de la consecución de los objetivos perseguidos, conocido como «pacto de
quota litis»,
no puede desvirtuar la conclusión de que obligatoriamente deben siempre respetarse dichas tarifas mínimas en todos los casos
en que no se haya formalizado ese pacto. La Comisión señala, por otra parte, que durante el procedimiento administrativo previo,
las autoridades italianas nunca negaron el carácter obligatorio de dichas tarifas máximas.
Del mismo modo, la Comisión observa que las excepciones establecidas a las tarifas máximas aplicables a los honorarios de
abogado no excluyen sino que, por el contrario, confirman que por regla general se aplican las tarifas máximas de los honorarios.
La Comisión afirma que el efecto de las disposiciones controvertidas es desanimar a los abogados establecidos en otros Estados
miembros de establecerse en Italia o de prestar en este país temporalmente sus servicios y, por consiguiente, restringen la
libertad de establecimiento en el sentido del artículo 43 CE, así como la libre prestación de servicios en el sentido del
artículo 49 CE.
En efecto, considera que una tarifa máxima obligatoria, que se aplica independientemente de la calidad del servicio, del trabajo
necesario para prestarlo y de los costes soportados para realizarlo, puede hacer que el mercado italiano de los servicios
jurídicos carezca de atractivo para los profesionales establecidos en otros Estados miembros.
Según la Comisión, dichas restricciones resultan, en primer lugar, de la obligación impuesta a los abogados de calcular sus
honorarios sobre la base de un baremo extremadamente complejo que genera un coste adicional, en particular para los abogados
establecidos fuera de Italia. En el caso de que estos abogados hubieran utilizado hasta entonces otro sistema para calcular
sus honorarios, se verían obligados a abandonarlo para adaptarse al sistema italiano.
Sostiene, en segundo lugar, que la existencia de tarifas máximas aplicables a los honorarios de abogado impide que los servicios
de los abogados establecidos en Estados miembros distintos de la República Italiana se retribuyan correctamente, disuadiendo
a algunos abogados que facturan honorarios más elevados que los fijados en las disposiciones controvertidas de prestar temporalmente
sus servicios en Italia o de establecerse en este Estado miembro. En efecto, según la Comisión, el margen de beneficios máximo
debe fijarse independientemente de la calidad del servicio prestado, de la experiencia del abogado, de su especialización,
del tiempo que dedica al asunto, de la situación económica del cliente y, por lo demás, de la posibilidad de que el abogado
se vea obligado a desplazarse largas distancias.
La Comisión considera, en tercer lugar, que el sistema de tarificación italiano es contrario a la libertad contractual del
abogado impidiéndole hacer ofertas
ad hoc
en circunstancias concretas y/o a determinados clientes. Estima que, por lo tanto, las disposiciones controvertidas pueden
suponer una pérdida de competitividad para los abogados establecidos en otros Estados miembros por cuanto les priva de técnicas
de penetración eficaces en el mercado jurídico italiano. Por consiguiente, a juicio de la Comisión, las disposiciones controvertidas
obstaculizan el acceso al mercado italiano de los servicios jurídicos a los abogados establecidos en otros Estados miembros.
Con carácter principal, la República Italiana niega no tanto la existencia, en el ordenamiento jurídico italiano, de dichas
tarifas máximas, sino el carácter vinculante de éstas, al sostener que existen numerosas excepciones gracias a las que pueden
traspasar los límites pertinentes, ya por voluntad de los abogados y sus clientes, ya por la intervención del juez.
Según dicho Estado, el criterio principal que permite fijar los honorarios de abogado reside, en virtud del artículo 2233
del codice civile, en el contrato celebrado entre el abogado y su cliente, mientras que el recurso a las tarifas aplicables
a los honorarios de abogado sólo constituye un criterio subsidiario, utilizable a falta de retribución libremente pactada
por las partes en el contrato en el ejercicio de su libertad contractual.
Señala que, además, los honorarios calculados sobre una base horaria se hallan expresamente previstos en el punto 10 del capítulo III
del acuerdo del CNF como método alternativo de cálculo de los honorarios en materia extrajudicial.
Puntualiza asimismo que, posteriormente a la adopción del Decreto Bersani, se abolió definitivamente la prohibición de celebrar
un acuerdo entre cliente y abogado por el que se establezca una retribución dependiente del resultado del litigio en el ordenamiento
jurídico italiano.
En relación con la inaplicación de las tarifas máximas correspondientes a los honorarios de abogado, la República Italiana
observa que, en todos los asuntos que revisten una importancia, complejidad o dificultad especial debido a las cuestiones
jurídicas tratadas, los abogados y sus clientes pueden, sin que sea preciso ningún dictamen del colegio de abogados competente,
pactar que los honorarios asciendan hasta el doble de los máximos de dichas tarifas, o incluso hasta el cuádruple de tales
máximos en materia penal.
Manifiesta que, por el contrario, será necesario el dictamen previo del colegio de abogados competente en materia tanto civil
como extrajudicial cuando los asuntos revistan una importancia extraordinaria, con el fin de aumentar los honorarios hasta
el cuádruple de los máximos previstos, y cuando exista una desproporción manifiesta entre la prestación profesional y los
honorarios previstos por las tarifas a ellos aplicables, con el fin de aumentar igualmente esos honorarios más allá de dichos
máximos.
Con carácter subsidiario, la República Italiana sostiene que las disposiciones controvertidas no suponen ninguna medida que
restrinja la libertad de establecimiento o la libre prestación de servicios y que las imputaciones de la Comisión son infundadas.
Matiza que, en efecto, en relación con los costes adicionales, la existencia de una doble normativa, es decir, la del Estado
miembro de origen y la del Estado miembro de acogida, no puede, de por sí, constituir un motivo que permita sostener que las
disposiciones controvertidas son restrictivas en la medida en que las normas profesionales en vigor en el Estado miembro de
acogida son, según señala, aplicables a los abogados procedentes de otros Estados miembros en virtud de las Directivas 77/249
y 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de
la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título (JO L 77, p. 36), independientemente
de las normas aplicables en el Estado miembro de origen.
Pone de relieve que, en cuanto a la supuesta reducción de los márgenes de beneficios, las disposiciones controvertidas prevén
pormenorizadamente el reembolso íntegro de todas las dietas previa presentación de los justificantes y otorgan, además, una
indemnización de desplazamiento por las horas de trabajo perdidas durante éste. Precisa que tales gastos se añaden a los derechos,
a los honorarios y a los gastos generales de los abogados y que, con arreglo al principio de no discriminación, se reembolsan
tanto a los abogados establecidos en Italia que deben desplazarse por el territorio nacional como a los abogados establecidos
en otros Estados miembros que deban desplazarse a Italia.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar, debe señalarse que de todas las disposiciones controvertidas se desprende que las tarifas máximas
aplicables a los honorarios de los abogados constituyen reglas jurídicamente vinculantes en la medida en que están previstas
en una norma legal.
Aun suponiendo que, en la práctica, los abogados y sus clientes puedan pactar libremente la retribución de los abogados sobre
una base horaria o dependiente del resultado del litigio, como alega la República Italiana, no es menos cierto que las tarifas
máximas serán obligatorias en el supuesto de que no exista acuerdo entre los abogados y sus clientes.
Por otra parte, la Comisión consideró acertadamente que la existencia de excepciones que permiten superar, en determinadas
condiciones, los límites máximos del importe de los honorarios hasta alcanzar el doble o el cuádruple, o incluso un importe
más elevado, confirma que las tarifas máximas de los honorarios se aplican con carácter general.
Por consiguiente, no puede acogerse la alegación de la República Italiana de que, en su ordenamiento jurídico, no existe obligación
alguna de que los abogados observen las tarifas máximas para la determinación de sus honorarios.
En relación, además, con la existencia de restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios
previstas en los artículos 43 CE y 49 CE, respectivamente, de reiterada jurisprudencia se desprende que tales restricciones
consisten en medidas que prohíban, obstaculicen o hagan menos interesante el ejercicio de dichas libertades (véanse, en ese
sentido, las sentencias de 15 de enero de 2002, Comisión/Italia, C‑439/99, Rec. p. I‑305, apartado 22; de 5 de octubre de
2004, CaixaBank France, C‑442/02, Rec. p. I‑8961, apartado 11; de 30 de marzo de 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti,
C‑451/03, Rec. p. I‑2941, apartado 31, y de 4 de diciembre de 2008, Jobra, C‑330/07, Rec. p. I‑9099, apartado 19).
En particular, el concepto de restricción abarca las medidas adoptadas por un Estado miembro que, aunque sean indistintamente
aplicables, afectan al acceso al mercado de las empresas de otros Estados miembros (véase, en particular, las sentencias CaixaBank
France, antes citada, apartado 12, y de 28 de abril de 2009, Comisión/Italia, C‑518/06, Rec. p. I‑3491, apartado 64).
En el caso de autos, es pacífico que las disposiciones controvertidas se aplican indistintamente a todos los abogados que
prestan servicios en el territorio italiano.
La Comisión considera, no obstante, que dichas disposiciones suponen una restricción en el sentido de los artículos mencionados
por cuanto pueden infligir a los abogados establecidos en Estados miembros que no sean la República Italiana y presten servicios
en este último Estado, costes adicionales originados por la aplicación del sistema italiano de honorarios, así como una reducción
de los márgenes de beneficio y, por lo tanto, una pérdida de competitividad.
A este respecto, debe recordarse ante todo que una normativa de un Estado miembro no constituye una restricción en el sentido
del Tratado CE por el mero hecho de que otros Estados miembros apliquen normas menos rigurosas y más interesantes desde el
punto de vista económico a los prestadores de servicios similares establecidos en su territorio (véase la sentencia de 28
de abril de 2009, Comisión/Italia, antes citada, apartado 63 y la jurisprudencia allí citada).
Por consiguiente, la existencia de una restricción en el sentido del Tratado no puede deducirse del mero hecho de que, para
calcular sus honorarios por servicios prestados en Italia, los abogados establecidos en Estados miembros que no sean la República
Italiana deban acostumbrarse a las normas aplicables en dicho Estado miembro.
En cambio, existe tal restricción, en particular, si se priva a dichos abogados de la posibilidad de penetrar en el mercado
del Estado miembro de acogida en condiciones de competencia normales y eficaces (véanse, en este sentido, las sentencias CaixaBank
France, antes citada, apartados 13 y 14; de 5 de diciembre de 2006, Cipolla y otros, C‑94/04 y C‑202/04, Rec. p. I‑11421,
apartado 59, así como de 11 de marzo de 2010, Attanasio Group, C‑384/08, Rec. p. I‑0000, apartado 45).
Ahora bien, debe observarse que la Comisión no ha demostrado que las disposiciones controvertidas tengan tal objeto o efecto.
En efecto, no ha logrado probar que el régimen de que se trata esté concebido de tal manera que restrinja el acceso, en condiciones
de competencia normales y eficaces, al mercado italiano de los servicios pertinentes. Procede señalar, a este respecto, que
el régimen italiano sobre los honorarios se caracteriza por una flexibilidad que parece permitir la remuneración correcta
de todo tipo de servicio prestado por abogados. Así, es posible aumentar los honorarios hasta el doble de las tarifas máximas
aplicables por defecto en los asuntos que revisten una importancia, complejidad o dificultad especiales, o hasta el cuádruple
de dichas tarifas respecto a aquellos que tengan una importancia excepcional o incluso hasta un importe superior en caso de
desproporción manifiesta, a la luz de las circunstancias del caso de autos, entre los servicios del abogado y las tarifas
máximas establecidas. Del mismo modo, en algunos casos, es posible que los abogados celebren un acuerdo especial con su cliente
para fijar el importe de los honorarios.
En consecuencia, al no haber probado que las disposiciones controvertidas obstaculizan el acceso al mercado italiano de referencia
de los abogados procedentes de los demás Estados miembros, no puede acogerse la argumentación de la Comisión mediante la que
se pretende que se declare que existe una restricción en el sentido de los artículos 43 CE y 49 CE.
Por consiguiente, debe desestimarse el recurso.

Costas
A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la República Italiana no ha solicitado que se condene en costas a la
Comisión, procede acordar que cada parte cargue con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
La Comisión Europea y la República Italiana cargarán con sus propias costas.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: italiano.