CELEX: 62007TJ0133
Competencia
Prácticas colusorias
Mercado de los proyectos relativos a conmutadores con aislamiento de gas
Decisión que declara una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE
Reparto del mercado
Derecho de defensa
Prueba de la infracción
Duración de la infracción
Multas
Importe inicial
Año de referencia
Igualdad de trato

Antecedentes del litigio
1.
Demandante
La demandante, Mitsubishi Electric Corp., es una sociedad japonesa activa en diferentes sectores, y en especial en el de los
conmutadores con aislamiento de gas (en lo sucesivo, «GIS»). Entre octubre de 2002 y abril de 2005, su actividad en materia
de GIS se ejercía por una sociedad conjunta, a saber TM T & D Corp., perteneciente a partes iguales a la demandante y a Toshiba
Corp. y disuelta en 2005.
2.
Productos
Los GIS sirven para controlar el flujo energético en las redes eléctricas. Se trata de material eléctrico pesado, utilizado
como componente principal en las subestaciones eléctricas. Los GIS se venden en todo el mundo como parte integrante de subestaciones
eléctricas llave en mano o como piezas separadas que tienen que integrarse en esas subestaciones.
3.
Procedimiento administrativo
El 3 de marzo de 2004 ABB Ltd informó a la Comisión de las Comunidades Europeas de la existencia de prácticas anticompetitivas
en el sector de los GIS y presentó una solicitud oral de dispensa de multas al amparo de la Comunicación de la Comisión de
19 de febrero de 2002 relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cartel (DO C 45,
p. 3; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»).
La solicitud de dispensa de las multas presentada por ABB se completó con observaciones orales y pruebas documentales. El
25 de abril de 2004 la Comisión concedió una dispensa condicionada a ABB.
Basándose en las declaraciones de ABB, la Comisión inició una investigación y practicó los días 11 y 12 de mayo de 2004 inspecciones
en los locales de varias sociedades activas en el sector de los GIS.
El 20 de abril de 2006 la Comisión formuló un pliego de cargos que se notificó a 20 sociedades, entre ellas la demandante.
Los días 18 y 19 de julio de 2006 la Comisión procedió a la audiencia de las sociedades a las que había enviado el pliego
de cargos.
4.
Decisión impugnada
El 24 de enero de 2007 la Comisión adoptó la Decisión C(2006) 6762 final, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo
81 [CE] y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.899 – Conmutadores con aislamiento de gas) (en lo sucesivo, «Decisión
impugnada»).
En los considerandos 113 a 123 de la Decisión impugnada la Comisión indicó que las diferentes empresas que habían participado
en el cartel coordinaron la atribución de proyectos de GIS a escala mundial, excepto en ciertos mercados, según reglas pactadas,
para mantener en especial cuotas que reflejaban en amplio grado sus cuotas de mercado históricas estimadas. Puntualizó que
la atribución de los proyectos de GIS se realizaba a partir de una cuota conjunta «japonesa» y una cuota conjunta «europea»
que después debían repartirse entre sí los productores japoneses y los europeos respectivamente. Un acuerdo firmado en Viena
el 15 de abril de 1988 (en lo sucesivo, «acuerdo GQ») establecía reglas que permitían atribuir los proyectos de GIS bien a
los productores japoneses, bien a los europeos, e imputar su valor a la cuota correspondiente. Por otra parte, en los considerandos
124 a 132 de la Decisión impugnada, la Comisión precisó que las diferentes empresas participantes en el cartel habían concluido
un pacto no escrito (en lo sucesivo, «pacto común»), en virtud del cual los proyectos de GIS en Japón, por un lado, y en los
países de los miembros europeos del cartel, por otro, designados conjuntamente como los «países constructores» de los proyectos
de GIS, se reservaban respectivamente a los miembros japoneses y a los miembros europeos del cartel. Los proyectos de GIS
en los «países constructores» no eran objeto de intercambio de información entre los dos grupos y no se imputaban a las respectivas
cuotas.
El acuerdo GQ contenía también reglas sobre el intercambio de la información necesaria para el funcionamiento del cartel entre
los dos grupos de productores, que estaba a cargo en particular de los secretarios de ambos grupos, para la manipulación de
las licitaciones correspondientes y para la fijación de precios de los proyectos de GIS que no podían ser atribuidos. A tenor
de su anexo 2 el acuerdo GQ se aplicaba en todo el mundo, excepto los Estados Unidos, Canadá, Japón y 17 países de Europa
occidental. Además, en virtud del pacto común los proyectos de GIS en los países europeos distintos de los «países constructores»
también se reservaban para el grupo europeo, ya que los productores japoneses se habían comprometido a no presentar ofertas
para los proyectos de GIS en Europa.
Según la Comisión el reparto de los proyectos de GIS entre productores europeos se regía por un acuerdo también firmado en
Viena el 15 de abril de 1988, titulado «E‑Group Operation Agreement for GQ‑Agreement» (en lo sucesivo, «acuerdo EQ»). La Comisión
indicó que la atribución de los proyectos de GIS en Europa se ajustaba a las mismas reglas y procedimientos que regulaban
la atribución de los proyectos de GIS en otros países. En particular los proyectos de GIS en Europa también tenían que ser
notificados, registrados, atribuidos, arreglados o se les había asignado un nivel de precio mínimo.
Basándose en los hechos constatados en la Decisión y en las apreciaciones jurídicas formuladas en ella, la Comisión declaró
que las empresas implicadas habían infringido el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
(en lo sucesivo, «Acuerdo EEE») y les impuso multas cuyo importe se calculó siguiendo el método expuesto en las Directrices
para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5
del artículo 65 del Tratado CECA (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices para el cálculo de las multas») y en la
Comunicación sobre la cooperación.
En el artículo 1 de la Decisión impugnada, la Comisión declaró que la demandante había participado en la infracción durante
el período que va del 15 de abril de 1988 al 11 de mayo de 2004.
Por la infracción declarada en el artículo 1 de la Decisión impugnada, se impuso a la demandante en el artículo 2 de la Decisión
impugnada una multa de 118.575.000 euros, de los que debía pagar solidariamente con Toshiba 4.650.000 euros, correspondientes
a la infracción cometida por TM T & D.

Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 18 de abril de 2007 la demandante interpuso el presente recurso.
El 6 de junio de 2007 la demandante solicitó la adopción de diligencias de ordenación del procedimiento referidas a la comunicación
por la Comisión de los volúmenes de negocios de los diferentes destinatarios de la Decisión impugnada.
El escrito de contestación fue presentado el 21 de agosto de 2007.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 1 de noviembre de 2007 la demandante solicitó que se dictara
sentencia estimatoria en rebeldía, en virtud del artículo 122 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal. Presentó el escrito
de réplica el 5 de noviembre de 2007.
Mediante decisión de la Sala Segunda del Tribunal de 29 de enero de 2008 se denegó la solicitud de que se dictara sentencia
estimatoria en rebeldía.
La fase escrita terminó con la presentación del escrito de dúplica el 18 de marzo de 2008.
Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Segunda) decidió el 22 de septiembre de 2009 abrir la fase oral. En el
marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas por el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del
Tribunal se instó a la Comisión a presentar ciertos documentos, y se solicitó a las partes que se manifestaran sobre la pertinencia
de esos mismos documentos en relación con las alegaciones basadas en la vulneración del derecho de acceso al expediente. El
Tribunal también formuló preguntas escritas a las partes, invitando a éstas a responderlas en la vista.
En respuesta a lo instado por el Tribunal la Comisión presentó los documentos requeridos el 26 de octubre de 2009. La demandante
presentó sus observaciones el 19 de noviembre de 2009. La Comisión presento un documento adicional el 2 de diciembre de 2009
y respondió a las observaciones de la demandante el 3 de diciembre de 2009.
Los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas escritas y orales formuladas por el Tribunal se oyeron
en la vista celebrada el 11 de diciembre de 2009.
La demandante solicita al Tribunal que:
–        Con carácter principal, anule la Decisión impugnada, en la medida en que se aplica a esa parte y a TM T & D.
–        Con carácter subsidiario, anule el artículo 2, letras g) y h), de la Decisión impugnada, en la medida en que se aplica a esa
parte.
–        Con carácter subsidiario de segundo grado, modifique el artículo 2 de la Decisión impugnada, en la medida en que se aplica
a esa parte, anulando o en su defecto reduciendo sustancialmente la multa que se le ha impuesto.
–        En cualquier caso, condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso por infundado.
–        Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho
Con carácter previo, la demandante impugna la admisibilidad del escrito de contestación, alegando que éste es incoherente
y no responde a los motivos aducidos en la demanda.
Hay que señalar al respecto que, conforme al artículo 46, apartado 1, letra b), del Reglamento de Procedimiento, el escrito
de contestación debe contener los hechos y fundamentos de derecho invocados por el demandado.
Pues bien, el escrito de contestación presentado en el presente asunto cumple esa exigencia, con independencia de la diferente
cuestión de la pertinencia o el fundamento de las alegaciones expuestas por la Comisión. Siendo así, la alegación de la demandante
fundada en la supuesta inadmisibilidad del escrito de contestación debe desestimarse.
Sobre el fondo, la demandante aduce quince motivos. El primero se basa en que la Comisión no ha demostrado que esa parte haya
infringido el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE al participar en un cartel que tuviera por objeto o como efecto
restringir la competencia en el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «EEE»). El segundo se funda en que la Comisión
no ha probado la existencia de un acuerdo que infringiera el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE en el que fuera
parte la demandante. El tercero se basa en que la Comisión ha cometido un error al no considerar los medios que explican su
ausencia del mercado europeo y la imposibilidad de penetrar en él. El cuarto se funda en que la Comisión ha infringido las
reglas reguladoras de la prueba al invertir la carga de la prueba y ha vulnerado así la presunción de inocencia. El quinto
se basa en que la Comisión ha infringido los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad al calcular el importe
inicial de su multa a partir del volumen de negocios del año 2001. El sexto se funda en que la Comisión ha incumplido la obligación
de motivación de su decisión de calcular la multa según el volumen de negocios del año 2001. El séptimo se basa en que la
Comisión ha cometido un error al definir el mercado mundial de los GIS y su cuota en este mercado y por consiguiente ha vulnerado
los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad. El octavo se funda en que la Comisión ha incumplido la obligación
de motivación de la apreciación según la que la demandante controlaba entre el 15 % y el 20 % del mercado mundial. El noveno
se basa en que la Comisión ha infringido el principio de buena administración al evaluar el valor del mercado mundial. El
décimo se funda en que la Comisión ha infringido los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad al calcular el
factor de disuasión aplicable a la demandante. El undécimo se basa en que la Comisión ha vulnerado el principio de proporcionalidad
al calcular de igual forma el importe de su multa y el importe de la multa de los productores europeos. El duodécimo se basa
en que la Comisión no ha considerado los factores económicos y técnicos pertinentes al calcular la multa. El decimotercero
se funda en que la Comisión ha cometido un error en el cálculo de la duración del cartel. El decimocuarto se basa en que la
Comisión ha vulnerado su derecho de defensa y su derecho a un proceso justo al no darle acceso a los medios de cargo y de
descargo. El decimoquinto se funda en que la Comisión ha vulnerado su derecho de defensa al no comunicarle las conclusiones
relativas a la teoría de la compensación inherente al pacto común.
La Comisión refuta el fundamento de los motivos aducidos por la demandante.
Debe observarse de entrada que la demandante no ha precisado cuáles de sus motivos se invocan para sustentar las diferentes
pretensiones que ha formulado. Sobre ello, ha de apreciarse en primer lugar que los motivos primero a cuarto y decimotercero
a decimoquinto se invocan por la demandante en apoyo de su pretensión principal. En efecto, si se estimara alguno de esos
motivos, deberían anularse al menos parcialmente tanto el artículo 1 como el artículo 2 de la Decisión impugnada en cuanto
afectan a la demandante. Seguidamente, se ha de considerar que los motivos quinto a duodécimo se refieren a la determinación
de la multa impuesta a la demandante y por tanto se han aducido por la demandante en apoyo de su pretensión subsidiaria de
anulación del artículo 2, letras g) y h), de la Decisión impugnada, en cuanto se aplica a esa parte. Por último, hay que señalar
que la demandante no ha invocado ningún motivo autónomo para fundamentar su pretensión subsidiaria de segundo grado.
1.
Sobre la pretensión principal de anulación de la Decisión impugnada en la medida en que se aplica a la demandante y a TM T & D
Como quiera que la anulación de la Decisión impugnada, a causa de la vulneración del derecho de defensa de la demandante,
haría superfluo el examen del fondo de esa Decisión, es preciso examinar en primer lugar los motivos decimocuarto y decimoquinto.
Deberán examinarse después conjuntamente los motivos primero, tercero y cuarto, referidos todos ellos a la prueba del pacto
común. En tercer lugar habrá de examinarse el segundo motivo, relacionado con la calificación del citado pacto como una infracción
del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE. En cuarto lugar se apreciará el decimotercer motivo, relativo a la duración
del cartel imputado.

Sobre el decimocuarto motivo, basado en que la Comisión vulneró el derecho de defensa de la demandante y su derecho a un proceso
justo al no darle acceso a los medios de cargo y de descargo
Alegaciones de las partes
La demandante afirma que no ha tenido acceso a ciertos medios de cargo y de descargo contenidos en el expediente de la Comisión,
con infracción del principio de respeto del derecho de defensa y del derecho a un proceso justo.
Acerca de los medios de cargo, la demandante mantiene que la Decisión impugnada pone de manifiesto pruebas de las que esa
parte no tenía conocimiento y sobre las que no pudo pronunciarse en consecuencia. Por un lado, la demandante alega que no
pudo consultar los medios aportados por Fuji el 21 de noviembre de 2006, de los que resulta que el acuerdo GQ no habría podido
funcionar sin el pacto común.
Por otro lado, la demandante afirma que los medios presentados en noviembre de 2006 de los que se deduce que Alstom y Areva
no negaron la existencia del pacto común tampoco le fueron comunicados.
En lo que atañe a los medios de descargo, la demandante alega en primer término que presentó a la Comisión el 8 de noviembre
de 2006 testimonios en descargo de otras empresas que sin embargo no se comunicaron a las demás partes.
En segundo lugar, la respuesta complementaria de Hitachi al pliego de cargos, en la que Hitachi se oponía a la interpretación
por la Comisión de las declaraciones contenidas en la respuesta inicial acerca del mecanismo de notificación y de cómputo,
no le fue comunicada.
En tercer lugar, la demandante alega que no tuvo acceso a los medios que negaban la existencia del pacto común y destacaban
la existencia de obstáculos a la penetración en el mercado de los proyectos de GIS en el EEE, procedentes de Siemens, de la
empresa perteneciente al grupo del que forma parte VA TECH Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG (en lo sucesivo, «VA
TECH»), de Hitachi y de Toshiba, y en especial a las declaraciones y a los informes económicos o técnicos presentados por
Hitachi y Toshiba, a los testimonios de los empleados de Siemens y de Hitachi y a la respuesta de VA TECH al pliego de cargos.
Afirma que la Comisión deformó sustancialmente la posición de VA TECH al constatar en el considerando 130 de la Decisión impugnada
que VA TECH no había refutado abiertamente la existencia del pacto común.
En cuarto lugar, la demandante mantiene que no tuvo acceso a las declaraciones del Sr. S., presentadas en nombre de Alstom
y referidas a la terminación del cartel en 1999.
La Comisión rebate el fundamento de las alegaciones de la demandante.
Apreciación del Tribunal
El respeto del derecho de defensa exige que la persona interesada haya tenido la oportunidad en el curso del procedimiento
administrativo de dar a conocer efectivamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias
alegados, así como sobre los documentos en que se basa la Comisión para alegar la existencia de una infracción del Tratado
(sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P,
C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartado 66).
En tanto que corolario del principio de respeto del derecho de defensa, el derecho a acceder al expediente implica que la
Comisión debe dar a la empresa afectada la posibilidad de examinar todos los documentos que figuran en el expediente de la
instrucción que puedan ser pertinentes para su defensa. Ello comprende tanto las pruebas de cargo como las de descargo, con
excepción de los secretos comerciales de otras empresas, de los documentos internos de la Comisión y de otras informaciones
confidenciales (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, apartado 39
supra,
apartado 68).
A este respecto, procede recordar que sólo al inicio de la fase contradictoria administrativa se informa a la empresa afectada,
mediante el pliego de cargos, de todos los elementos esenciales en los que se apoya la Comisión en esta fase del procedimiento,
y sólo entonces dicha empresa disfruta del derecho de acceso al expediente para garantizar el ejercicio efectivo de su derecho
de defensa. En consecuencia, la respuesta al pliego de cargos de las demás partes no está comprendida, en principio, en el
conjunto de documentos del expediente de instrucción que las partes pueden consultar (sentencia del Tribunal de 30 de septiembre
de 2009, Hoechst/Comisión, T‑161/05, Rec. p. I‑3555, apartado 163).
Sin embargo, si la Comisión se propone basarse en un pasaje de una contestación a un pliego de cargos o en un documento adjuntado
como anexo a dicha contestación para acreditar la existencia de una infracción en el contexto de un procedimiento de aplicación
del artículo 81 CE, apartado 1, debe darse a las demás empresas implicadas en dicho procedimiento la oportunidad de pronunciarse
sobre esta prueba. En estas circunstancias, el referido pasaje de una contestación al pliego de cargos o el documento unido
como anexo a dicha contestación constituye efectivamente una prueba de cargo frente a las diversas empresas que hayan participado
en la infracción (véase la sentencia Hoechst/Comisión, apartado 41
supra,
apartado 164, y la jurisprudencia citada). La jurisprudencia referida es aplicable por analogía al artículo 53, apartado
1, del Acuerdo EEE.
Por analogía, si un pasaje de una respuesta a un pliego de cargos o un documento adjunto a tal respuesta puede ser pertinente
para la defensa de una empresa, porque permite que ésta alegue aspectos que no concuerdan con las deducciones realizadas por
la Comisión en esa fase, constituye un medio de prueba de descargo. En ese supuesto debe permitirse que la empresa interesada
examine ese pasaje o el documento en cuestión y se manifieste sobre ellos.
No obstante, el mero hecho de que otras empresas invocaran los mismos argumentos que la empresa interesada y que en su caso
emplearan más recursos en su defensa no basta para considerar que tales argumentos constituyan medios de descargo (véase en
ese sentido la sentencia del Tribunal de 27 de septiembre de 2006, Jungbunzlauer/Comisión, T‑43/02, Rec. p. II‑3435, apartados
353 y 355).
En cuanto a las consecuencias de un acceso al expediente que no se haya ajustado a esas reglas, la falta de comunicación de
un documento en el que la Comisión se ha apoyado para fundamentar la imputación a una empresa sólo constituye una vulneración
del derecho de defensa cuando la empresa afectada demuestra que el resultado al que llegó la Comisión en su decisión habría
sido diferente si hubiera tenido que descartar como medio de prueba de cargo el documento no comunicado (sentencia Aalborg
Portland y otros/Comisión, apartado 39
supra,
apartados 71 y 73).
Por lo que se refiere a la falta de comunicación de un documento de descargo, la empresa afectada únicamente debe probar que
el hecho de no divulgarlo pudo influir, en perjuicio suyo, en el desarrollo del procedimiento y en el contenido de la decisión
de la Comisión. Basta con que la empresa demuestre que habría podido utilizar dichos documentos de descargo en su defensa,
en el sentido de que, si hubiera podido valerse de ellos durante el procedimiento administrativo, habría podido invocar elementos
que no concuerdan con las deducciones que efectuó la Comisión en esa fase y, por tanto, habría podido influir, de una manera
o de otra, en las apreciaciones formuladas por ésta en la decisión, al menos por lo que se refiere a la gravedad y a la duración
del comportamiento que se le imputaba y, en consecuencia, al importe de la multa (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión,
apartado 39
supra,
apartados 74 y 75).
La posibilidad de que un documento que no se ha comunicado pueda incidir en el desarrollo del procedimiento y en el contenido
de la decisión de la Comisión sólo puede determinarse tras un examen provisional de ciertos medios de prueba que revele que
los documentos no comunicados pudieron tener, en relación con dichos medios de prueba, una importancia que no se habría debido
menospreciar (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, apartado 39
supra,
apartado 76).
En el presente asunto, en lo que atañe a los medios de cargo, la Comisión reconoce que no podía apoyarse en las observaciones
de Fuji que no se comunicaron a la demandante para fundamentar las imputaciones contra esta última en la Decisión impugnada,
pero niega haberlas invocado efectivamente como medios de cargo, por una parte. No obstante, hay que observar que la Comisión
se refirió en los considerandos 125 y 255 de la Decisión impugnada a las observaciones suplementarias de Fuji, en particular
a las presentadas el 21 de noviembre de 2006, para confirmar la existencia del pacto común.
Por otra parte, la Comisión afirma que no se basó en la posición supuestamente neutra de Alstom y de Areva para deducir la
existencia del pacto común sino que se limitó a constatarla. Aunque esa interpretación se confirma por el texto del considerando
125 de la Decisión impugnada, en el que no se reconoce ningún valor de corroboración a la posición de Alstom, de Areva y de
VA TECH, en contra de las declaraciones de Fuji que confirmaban la existencia del pacto común, se desvirtúa en cambio por
el considerando 255 de dicha Decisión, en el que la Comisión se refiere al reconocimiento implícito de la existencia del pacto
común por algunos productores europeos.
En cualquier caso, la posición neutra de Alstom y de Areva no puede interpretarse como una prueba de la existencia del pacto
común. En efecto, considerando la carga de la prueba que incumbe a la Comisión en un procedimiento de aplicación del artículo
81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE, la falta de impugnación de un hecho por una empresa no demuestra ese hecho. Por tanto,
con independencia de la cuestión del respeto del derecho de defensa, la Comisión no podía invocar la posición de Alstom y
de Areva como medio de cargo.
En esas circunstancias, la suerte de las alegaciones de la demandante sobre los medios de cargo depende del resultado del
examen del primer motivo, referido a la prueba de la existencia del pacto común. En efecto, si se apreciara que la existencia
de dicho pacto fue acreditada de forma suficiente en Derecho, incluso tras haber prescindido de las mencionadas observaciones
de Fuji y de la posición supuestamente neutra de Alstom y de Areva en cuanto medios de cargo, habría que desestimar la presente
parte del motivo. En cambio, si se apreciara que dichos medios constituyen un apoyo necesario de las constataciones sobre
la existencia del pacto común formuladas en la Decisión impugnada sería preciso acoger la alegación de la demandante, y en
consecuencia anular la Decisión impugnada en cuanto afecta a ésta.
En cuanto a los medios de descargo, hay que desestimar de entrada la alegación de la demandante basada en que algunos medios
que ella presentó no fueron comunicados a los demás destinatarios del pliego de cargos. En efecto, de suponer incluso que
esos medios no se hubieran comunicado a los demás destinatarios, ello podría afectar a lo sumo a la defensa de éstos, pero
no a la de la demandante.
Por lo demás, el Tribunal ha solicitado a la Comisión la presentación de los documentos que la demandante ha identificado
con un mínimo de precisión.
Pues bien, debe observarse en primer término que, en contra de lo alegado por la demandante, la respuesta suplementaria de
Hitachi al pliego de cargos no desvirtúa el contenido fáctico de las declaraciones de esta última sobre el mecanismo de notificación
y de cómputo. En esa respuesta suplementaria Hitachi se limitó a refutar la interpretación de esas declaraciones por la Comisión,
en particular en lo que atañe a su pertinencia como prueba del pacto común y de la existencia de una infracción única que
comprendía este último así como el acuerdo GQ. Pues bien, esa misma alegación ya había sido expuesta por Hitachi en el extracto
de su primera respuesta al pliego de cargos, comunicado a la demandante por la Comisión. Por consiguiente, la respuesta suplementaria
de Hitachi al pliego de cargos no puede considerarse como un medio de descargo cuya comunicación hubiera podido influir en
el desarrollo del procedimiento y el contenido de la Decisión impugnada.
En segundo término, como alega la demandante, VA TECH negó expresamente en su respuesta al pliego de cargos la existencia
del pacto común. No obstante, sin perjuicio de que esa circunstancia debe tomarse en consideración al examinar el primer motivo
referido a la prueba de la existencia del pacto común, por sí misma no es reveladora de una vulneración del derecho de defensa
de la demandante, ya que ésta no precisa de qué manera la interpretación errónea de la posición de VA TECH hizo más difícil
su defensa.
Por lo demás, en sus declaraciones tanto VA TECH como Hitachi, Toshiba y Siemens negaron la existencia del pacto común y describieron
la existencia de barreras a la entrada en el mercado europeo. Por otro lado, Hitachi y Toshiba presentaron informes de expertos
que debían sustentar su posición sobre la última cuestión.
Pues bien, durante el procedimiento administrativo la propia demandante refutó la existencia del pacto común y de las discusiones
referidas a éste, invocó la existencia de barreras a la entrada «elevadas» en el mercado europeo y presentó informes de expertos
sobre la última cuestión, similares a los informes de Hitachi y Toshiba. En consecuencia, las declaraciones e informes procedentes
de los demás destinatarios del pliego de cargos no pueden considerase como medios de descargo.
En cuanto a los testimonios de los empleados de Hitachi y de Siemens, éstos declararon que el acuerdo GQ no se aplicaba a
los proyectos de GIS en Europa, negaron la existencia del pacto común y de las discusiones relativas a éste y mencionaron
la existencia de barreras de entrada «elevadas» en el mercado del EEE. Por otro lado, los testigos de Hitachi relataron los
detalles de una propuesta de Alstom acerca de un arreglo entre los productores europeos y japoneses presentada en julio de
2002, y del rechazo de esa propuesta por Hitachi.
Acerca de ello, se ha de observar que los testimonios escritos de los empleados de una sociedad, elaborados bajo el control
de ésa y presentados por ella para su defensa en el procedimiento administrativo tramitado por la Comisión no pueden calificarse
en principio como manifestaciones diferentes e independientes de las declaraciones de esa misma sociedad. En efecto, como
regla general, la posición de una sociedad sobre la realidad de los hechos que le imputa la Comisión se apoya en primer lugar
en los conocimientos y opiniones de sus empleados y directivos.
Por otro lado, como se ha señalado en el anterior apartado 57, durante el procedimiento administrativo la propia demandante
refutó la existencia del pacto común y de las discusiones referidas a éste e invocó la existencia de barreras a la entrada
«elevadas» en el mercado europeo. También mantuvo que el acuerdo GQ no abarcaba el territorio del EEE. En consecuencia, el
hecho de que otras empresas hayan formulado esas alegaciones no puede considerase como medio de descargo.
De igual forma, los detalles de la propuesta de Alstom presentada en julio de 2002 se revelaron en el pliego de cargos. Por
tanto, ese dato no constituye un medio de descargo.
En tercer término, tras haber obtenido acceso a las declaraciones del Sr. S., la demandante no identificó en éstas ningún
dato que pudiera ser de utilidad para su defensa. Por consiguiente, la alegación genérica de que esas declaraciones constituyen
un medio de descargo debe desestimarse por indemostrada.
Por cuanto precede, deben desestimarse las alegaciones de la demandante acerca del acceso a los medios de descargo. Sin embargo,
como resulta del anterior apartado 51, la suerte del presente motivo depende del resultado del examen del primer motivo.

Sobre el decimoquinto motivo, fundado en que la Comisión vulneró el derecho de defensa de la demandante al no comunicarle
sus conclusiones acerca de la teoría de la compensación inherente al pacto común
Alegaciones de las partes
La demandante alega que la Comisión no indicó en el pliego de cargos que la compensación concedida a los productores japoneses
por los productores europeos en el contexto del pacto común, gracias al mecanismo de notificación y de cómputo, constituía
una prueba de la existencia de dicho pacto. Según la demandante esa teoría se menciona por vez primera en la Decisión impugnada.
Así pues, la Comisión infringió la obligación de dar a las partes interesadas la posibilidad de exponer su opinión sobre los
medios en los que se apoya.
La Comisión refuta el fundamento de las alegaciones de la demandante.
Apreciación del Tribunal
Según la jurisprudencia, el pliego de cargos debe exponer con claridad todos los elementos esenciales en los que se apoya
la Comisión en esta fase del procedimiento. No obstante, esta indicación se puede hacer de manera resumida y no es necesario
que la decisión sea una copia del pliego de cargos ya que dicho pliego constituye un documento preparatorio cuyas apreciaciones
de hecho y de Derecho son de carácter meramente provisional (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, apartado 39
supra,
apartado 67). De esa forma, aunque la Comisión no puede imputar a los interesados infracciones diferentes a las mencionadas
en el pliego de cargos y sólo puede tener en cuenta los hechos sobre los que los interesados han tenido la posibilidad de
explicarse, debe no obstante tomar en consideración los elementos que resulten del procedimiento administrativo, bien para
abandonar los cargos que no estén fundados, bien para adaptar o completar, tanto fáctica como jurídicamente, su argumentación
en apoyo de los cargos que formule (véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1970, ACF
Chemiefarma/Comisión, 41/69, Rec. p. 661, apartados 92 a 94).
En el presente asunto hay que constatar que la Comisión no indicó expresamente en el pliego de cargos que el mecanismo de
notificación y de cómputo constituía una compensación ofrecida por los productores europeos a los productores japoneses, considerados
competidores potenciales serios, a cambio del respeto del pacto común.
Sin embargo, el pliego de cargos describe los datos de hecho en los que se basa esa teoría. En efecto, el pacto común y el
mecanismo de notificación y de cómputo se exponen sumariamente en los puntos 100, 106 y 110 del pliego de cargos y detalladamente
en la parte siguiente de ese documento. Del mismo modo, del punto 120 del pliego de cargos resulta que, según la Comisión,
los productores japoneses eran competidotes potenciales serios para los proyectos de GIS en el EEE.
Por otra parte, en el punto 59 de su respuesta al pliego de cargos la demandante constató que la Comisión invocaba el mecanismo
de notificación y de cómputo como prueba de la existencia del pacto común. Debe considerarse por tanto que la demandante había
comprendido en virtud de ese pliego la importancia que la Comisión atribuía al mecanismo de notificación y de cómputo en el
contexto de la prueba de la infracción imputada. De la misma manera, en los puntos 59 a 64 de su respuesta al pliego de cargos
la demandante expuso con detalle su punto de vista sobre la prueba de dicho mecanismo y su pertinencia en relación con el
pacto común alegado.
Por consiguiente, hay que constatar que el contenido del pliego de cargos permitió a la demandante manifestarse sobre los
datos de hecho en los que se sustentaba la imputación formulada por la Comisión en dicho pliego y en la Decisión impugnada.
En consecuencia, debe desestimarse el decimoquinto motivo.

Sobre los motivos primero, tercero y cuarto, fundados en que la Comisión no acreditó la participación de la demandante en
el cartel imputado, en que cometió un error al no considerar los medios que explicaban la ausencia de la demandante del mercado
europeo y la imposibilidad de penetrar en él y en que infringió las reglas reguladoras de la prueba al invertir la carga de
la prueba, infringiendo así la presunción de inocencia
Según la jurisprudencia, incumbe a la Comisión probar las infracciones que declare y determinar los elementos probatorios
aptos para demostrar de modo suficiente en Derecho la existencia de hechos constitutivos de una infracción (véase la sentencia
del Tribunal de 27 de septiembre de 2006, Dresdner Bank y otros/Comisión, T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP y
T‑61/02 OP, Rec. p. II‑3567, apartado 59, y la jurisprudencia citada).
En ese contexto, la existencia de una duda en el ánimo del juez debe favorecer a la empresa destinataria de la decisión mediante
la que se declara una infracción. Por lo tanto, el juez no puede decidir que la Comisión ha acreditado la existencia de la
infracción de que se trate de modo suficiente en Derecho si sigue albergando dudas sobre esta cuestión, en particular cuando
conoce de un recurso de anulación de una decisión mediante la que se impone una multa (sentencia Dresdner Bank y otros/Comisión,
apartado 72
supra,
apartado 60).
En efecto, en esta última situación, es necesario tener en cuenta el principio de la presunción de inocencia, tal como se
deriva, en particular, del artículo 6, apartado 2, del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, que forma parte de los derechos fundamentales que constituyen principios
generales del Derecho comunitario. Teniendo en cuenta la naturaleza de las infracciones de que se trata, así como la naturaleza
y el grado de rigor de las sanciones correspondientes, el principio de la presunción de inocencia se aplica, en particular,
a los procedimientos relativos a violaciones de las normas de competencia aplicables a las empresas que puedan conducir a
la imposición de multas o multas coercitivas (véase en ese sentido la sentencia Dresdner Bank y otros/Comisión, apartado 72
supra,
apartado 61, y la jurisprudencia citada).
De este modo, es necesario que la Comisión se refiera a pruebas precisas y concordantes para demostrar la existencia de la
infracción. Sin embargo, debe señalarse que no todas las pruebas aportadas por la Comisión deben necesariamente responder
a dichos criterios por lo que respecta a cada elemento de la infracción. Basta que la serie de indicios invocada por la institución,
apreciada globalmente, responda a dicha exigencia (véase la sentencia Dresdner Bank y otros/Comisión, apartado 72
supra,
apartados 62 y 63, y la jurisprudencia citada).
Además, habida cuenta del carácter notorio de la prohibición de los acuerdos contrarios a la libre competencia, no puede exigirse
a la Comisión que aporte documentos que justifiquen de manera explícita una toma de contacto entre los operadores afectados.
En cualquier caso, los elementos fragmentarios y dispersos de que pueda disponer la Comisión deberían poder completarse mediante
deducciones que permitan la reconstitución de las circunstancias pertinentes. Por consiguiente, la existencia de una práctica
o de un acuerdo contrario a la competencia puede inferirse de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su
conjunto, pueden constituir, a falta de otra explicación coherente, la prueba de una infracción de las normas sobre competencia
(véase la sentencia Dresdner Bank y otros/Comisión, apartado 72
supra,
apartados 64 y 65, y la jurisprudencia citada).
La demandante mantiene al respecto que no ha lugar actualmente a aplicar reglas más flexibles en materia de prueba, ligadas
a las dificultades a las que puede hacer frente la Comisión al intentar demostrar una infracción. Según esa parte, en primer
lugar, las multas impuestas en los asuntos de carteles han aumentado constantemente en los últimos años, lo que debe incidir
en la intensidad del control de las decisiones de la Comisión. En segundo lugar, dada la existencia de la Comunicación sobre
la cooperación, y la cooperación de las partes obtenida en virtud de ella, ya no ha lugar a reconocer a la Comisión un margen
en la apreciación de las pruebas. En tercer lugar, en el presente asunto la Comisión intenta invocar un documento acreditativo
de la existencia de un cartel fuera de la Unión Europea, a saber el acuerdo GQ, para apreciar una infracción del artículo
81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE.
Sin embargo, no pueden acogerse esas alegaciones de la demandante, En efecto, en primer lugar el aumento del importe de las
multas puede tener ciertamente consecuencias más graves para las partes a las que se imponen esas multas. No obstante, dado
que la iniciativa de la Comisión en ese sentido es conocida de forma general, tiene como consecuencia que, cuando las empresas
incurren en una infracción, procuran tanto más generar el menor número posible de pruebas utilizables, haciendo así más difícil
la tarea de la Comisión. En segundo lugar, para que puedan invocarse válidamente por la Comisión como pruebas de una infracción,
los medios aportados por las empresas interesadas deben cumplir en cualquier caso los criterios jurisprudenciales aplicables.
Así pues, la existencia de solicitudes de dispensa de multas no simplifica por sí misma necesariamente la función de la Comisión.
En tercer lugar, el hecho de que el acuerdo GQ no abarcaba el territorio de la Unión Europea es pertinente para apreciar el
valor probatorio de dicho acuerdo. En cambio, no puede influir en la apreciación de los demás medios invocados por la Comisión.
Por otro lado, cuando la Comisión afirma la existencia de una infracción basándose únicamente en la conducta en el mercado
de las empresas implicadas, basta que éstas demuestren la existencia de circunstancias que presentan desde una perspectiva
diferente los hechos que considera probados la Comisión y permiten así que otra explicación verosímil de los hechos sustituya
a la explicación defendida por la Comisión para afirmar la existencia de una infracción de las normas sobre competencia comunitarias
(véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, JFE Engineering y otros/Comisión, T‑67/00, T‑68/00,
T‑71/00 y T‑78/00, Rec. p. II‑2501, apartado 186, y la jurisprudencia citada).
En contra de lo alegado por las demandantes, esa regla no es aplicable a todos los supuestos en los que la infracción se acredita
sólo por pruebas no documentales.
En efecto, en lo referido a los medios de prueba que pueden invocarse para acreditar la infracción del artículo 81 CE, el
principio que prevalece en Derecho comunitario es el de la libre aportación de la prueba (sentencia del Tribunal de 8 de julio
de 2004, Dalmine/Comisión, T‑50/00, Rec. p. II‑2395, apartado 72). La jurisprudencia antes citada es aplicable por analogía
al artículo 53 del Acuerdo EEE.
Por consiguiente, aun si la falta de pruebas documentales puede ser pertinente al apreciar globalmente el conjunto de indicios
invocados por la Comisión, no tiene por sí sola la consecuencia de permitir que la empresa interesada impugne las alegaciones
de la Comisión presentando una explicación alternativa de los hechos. Ello es así sólo cuando las pruebas presentadas por
la Comisión no logran acreditar la existencia de la infracción de modo inequívoco y sin necesidad de interpretación (véase
en ese sentido la sentencia del Tribunal de 12 de septiembre de 2007, Coats Holdings y Coats/Comisión, T‑36/05, no publicada
en la Recopilación, apartado 74).
Además, ninguna disposición ni principio general del Derecho comunitario prohíbe que la Comisión invoque contra una empresa
las declaraciones de otras empresas a las que imputa haber participado en la infracción. De no ser así, la carga de la prueba
de comportamientos contrarios al artículo 81 CE, que recae en la Comisión, sería insostenible e incompatible con la misión
de vigilancia de la buena aplicación de estas disposiciones (sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, apartado 79
supra,
apartado 192). La jurisprudencia antes citada es aplicable por analogía al artículo 53 del Acuerdo EEE.
No obstante, en el caso de que una empresa a la que se imputa haber participado en una práctica colusoria formule una declaración
cuya exactitud niegan varias de las demás empresas imputadas, dicha declaración no puede considerarse una prueba suficiente
de la existencia de una infracción cometida por estas últimas si no está respaldada por otras pruebas, entendiéndose que el
grado de corroboración necesario puede ser menor por la fiabilidad de las declaraciones de que se trate (sentencia JFE Engineering
y otros/Comisión, apartado 79
supra,
apartados 219 y 220).
En cuanto al valor probatorio de los diferentes medios de prueba, el único criterio pertinente para apreciar las pruebas aportadas
reside en su credibilidad (sentencia Dalmine/Comisión, apartado 81
supra,
apartado 72).
Según las reglas generales en materia de prueba la credibilidad y por consiguiente el valor probatorio de un documento depende
de su origen, de las circunstancias de su elaboración, de su destinatario y de su contenido (sentencia del Tribunal de 15
de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 a T‑32/95, T‑34/95 a T‑39/95, T‑42/95 a T 46/95,
T‑48/95, T‑50/95 a T‑65/95, T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 y T‑104/95, Rec. p. II‑491, apartados 1053 y 1838).
Además, puede atribuirse un valor probatorio especialmente alto a las declaraciones que en primer lugar son dignas de confianza,
en segundo lugar se formulan en nombre de una empresa, en tercer lugar emanan de una persona profesionalmente obligado a actuar
en interés de dicha empresa, en cuarto lugar van contra los intereses del declarante, en quinto lugar provienen de un testigo
directo de los hechos expuestos y en sexto lugar se manifiestan por escrito, deliberadamente y tras una profunda reflexión
(véase en ese sentido la sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, apartado 79
supra,
apartados 205 a 210).
Por otro lado, aunque resulte oportuno albergar cierta desconfianza respecto a las declaraciones voluntarias de los principales
participantes en un cartel ilícito, dada la posibilidad de que tales participantes tiendan a minimizar la importancia de su
contribución a la infracción y a maximizar la de los demás, no es menos cierto que el hecho de solicitar beneficiarse de la
aplicación de la Comunicación sobre la cooperación para obtener una dispensa o reducción de la multa no crea necesariamente
un incentivo para presentar elementos de prueba deformados de la participación de los demás miembros del cartel. En efecto,
toda tentativa de inducir a error a la Comisión podría poner en tela de juicio la sinceridad y la plenitud de la cooperación
del solicitante y, por tanto, poner en peligro la posibilidad de que éste se beneficie completamente de la Comunicación sobre
la cooperación (véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de 16 de noviembre de 2006, Peróxidos Orgánicos/Comisión, T‑120/04,
Rec. p. II‑4441, apartado 70).
También conviene observar al respecto que las consecuencias potenciales de la comunicación de información deformada son tanto
más graves dado que la declaración de una empresa que sea rebatida tendrá que ser corroborada, como se deduce del anterior
apartado 84. En efecto, esa circunstancia eleva el riesgo de que las declaraciones inciertas sean identificadas tanto por
la Comisión como por las demás empresas implicadas.
En lo que atañe a la aplicación de esas reglas en el presente caso, con carácter previo es preciso recordar que, según las
constataciones expuestas en la Decisión impugnada, el pacto común era un pacto no escrito que comprendía en primer lugar el
compromiso de las empresas japonesas de no penetrar en el mercado de los proyectos de GIS en el EEE, en segundo lugar el compromiso
de las empresas europeas de no penetrar en el mercado japonés de los proyectos de GIS, y en tercer lugar el compromiso de
las empresas europeas de notificar a las empresas japonesas los proyectos de GIS en países europeos distintos de los países
constructores y de computar esos mismos proyectos en la cuota conjunta «europea» prevista en el acuerdo GQ. Según la Comisión
el objetivo del mecanismo de notificación y de cómputo era ofrecer una compensación a las empresas japonesas, consideradas
como competidores potenciales en el mercado del EEE por las empresas europeas.
Entre los diversos componentes del pacto común enumerados en el anterior apartado 90, el supuesto compromiso de las empresas
japonesas de no penetrar en el mercado del EEE constituye el fundamento de la imputación que la Comisión formula contra la
demandante. Por tanto, es la existencia de ese compromiso lo que debe probarse de forma suficiente en Derecho. No obstante,
los demás componentes del pacto común, si están acreditados, pueden resultar pertinentes como pruebas indirectas que permiten
deducir la existencia del compromiso correlativo de las empresas japonesas.
La demandante niega la existencia del pacto común y su participación en éste. Rebate la fuerza probatoria de los diferentes
medios invocados por la Comisión en la Decisión impugnada y menciona otros medios que según ella sugieren que dicho pacto
no existió. La demandante deduce de ello que la Comisión excedió los límites de su competencia al adoptar la Decisión impugnada.
En el tercer motivo añade que en esas condiciones la Comisión estaba obligada a acoger la explicación alternativa de la ausencia
de los productores japoneses del mercado de los proyectos de GIS en el EEE, ligada a la existencia de barreras jurídicas,
técnicas y comerciales a la entrada en ese mismo mercado. En el cuarto motivo afirma que, al no haber demostrado de forma
suficiente en Derecho la existencia del pacto común, la Comisión invirtió la carga de la prueba e infringió el principio de
presunción de inocencia.
La Comisión mantiene que la existencia del pacto común, y en particular el compromiso de las empresas japonesas de no penetrar
en el mercado del EEE, está demostrada de forma suficiente en Derecho por un conjunto de pruebas que comprende pruebas documentales,
declaraciones de empresas, testimonios y medios relativos al funcionamiento efectivo del cartel. Por tanto, la Comisión estima
que la explicación alternativa propuesta por la demandante carece de pertinencia, por un lado, y por otro que ella misma ha
asumido la carga de la prueba que le incumbe y por consiguiente ha respetado el principio de presunción de inocencia.
Es preciso, así pues, valorar la fiabilidad y el contenido de los diferentes medios de prueba referidos para verificar si,
considerados en conjunto, los medios invocados por la Comisión sustentan una convicción firme sobre la existencia del pacto
común, que no puedan desvirtuar los medios invocados por la demandante.
La alegación de la demandante fundada en que la Comisión ha excedido los límites de su competencia y los motivos tercero y
cuarto descansan en la premisa de que la Comisión no ha aportado la prueba de la existencia del pacto común y de la participación
en él de la demandante. En consecuencia, si las alegaciones de la demandante sobre la prueba de la existencia de la infracción
y de su participación en ella debieran desestimarse, ello implicaría necesariamente que la Comisión es competente para sancionar
la infracción declarada, ante todo, y además que la explicación alternativa propugnada por la demandante carece de pertinencia,
según lo expuesto en los anteriores apartados 79 a 82, y por último que la Comisión ha asumido la carga de la prueba que le
incumbe y ha respetado por tanto el principio de presunción de inocencia. En cambio, si se apreciara que la participación
de la demandante en la infracción imputada no se ha demostrado en la Decisión impugnada, esa apreciación justificaría por
sí sola la anulación de ésta en lo que afecta a la demandante.
Sobre los medios aportados por ABB
–       Alegaciones de las partes
La demandante sostiene que el testimonio del Sr. M., presentado en nombre de ABB, no es fiable y no permite deducir la existencia
del pacto común.
En primer lugar, como beneficiaria de la dispensa condicionada de multas ABB estaba inclinada a presentar medios de cargo.
Además, el Sr, M. era consciente de que ABB tenía interés en que él no refutara la tesis del pacto común. En cambio, no ignoraba
que no se exponía a acciones civiles en su contra a causa de sus declaraciones y tenía la certeza de que su testimonio no
sería objeto de interrogatorio contradictorio. También era evidente que las declaraciones del Sr. M. no producirían efectos
perjudiciales adicionales para ABB ya que la responsabilidad de esa empresa estaba acreditada por otros medios.
La voluntad de ABB de presentar medios de cargo se manifestó en la entrevista con el Sr. M: por las intervenciones del representante
de ABB, que intervino para corregir y precisar las declaraciones del Sr. M. e incluso respondió él mismo a las preguntas de
la Comisión en una ocasión.
En segundo lugar, el testimonio del Sr. M. se presentó más de 18 meses después de la solicitud de dispensa de multas de ABB.
En tercer lugar, el testimonio del Sr. M. es sólo un testimonio de un antiguo empleado de ABB, antes que una declaración presentada
por cuenta de ésta. Según la demandante, al tiempo de la entrevista referida ese testigo estaba jubilado, y sin obligación
de actuar en interés de ABB.
En cuarto lugar, el testimonio del Sr. M. no es el resultado de una reflexión profunda. Además, dado que el Sr. M. presentó
varias declaraciones durante el procedimiento administrativo, los datos aportados deben considerarse como un conjunto de declaraciones
constantemente desmentidas y no como un testimonio único revisado previa reflexión. Por otro lado, el hecho de que no se comunicaron
a la demandante las anteriores declaraciones de ese testigo implica que éstas no contenían pruebas del pacto común, lo que
debilita la fiabilidad de las posteriores declaraciones del mismo testigo.
En quinto lugar, aun si el Sr. M. hubiera sido testigo directo de algunos aspectos del cartel imputado, no participó en ninguna
discusión sobre el pacto común ni asistió en particular a su conclusión, lo que significa que no fue un testigo directo de ella.
En sexto lugar, el testimonio del Sr. M. es vago acerca de la formación, el contenido y la aplicación del pacto común y no
menciona ninguna reunión ni discusión. Según la demandante, las declaraciones del Sr. M. sobre ese pacto representan una opinión
personal antes que una exposición completa y coherente de los hechos relacionados con un acuerdo.
En séptimo lugar, el testimonio del Sr. M. no está confirmado por pruebas escritas coetáneas, sino que lo contradicen tanto
el acuerdo GQ y el acuerdo EQ como otros testimonios. Además, las declaraciones de ese testigo no concuerdan con las otras
declaraciones de ABB y están en contradicción con las pruebas aportadas por otros participantes en el cartel.
En particular, la demandante afirma que la solicitud de dispensa de multas de ABB de 11 de marzo de 2004 no contenía una descripción
del pacto común según se presenta en la Decisión impugnada, ya que las declaraciones de ABB no daban a entender que esa parte
se hubiera comprometido a no penetrar en el mercado europeo. De igual forma, el Sr. V.‑A., otro empleado de ABB, declaró que
había sido informado por el Sr. M. de que Europa y América del Norte estaban excluidas del alcance del cartel.
La Comisión rebate el fundamento de las alegaciones de la demandante.
–       Apreciación del Tribunal
En primer término, de los anteriores apartados 88 y 89 resulta que no es obligado tratar automáticamente con circunspección
los medios aportados por una empresa que ha solicitado una dispensa de multas. En lo que atañe en particular a los testimonios,
es ciertamente posible que los empleados de tal empresa, que están obligados a actuar en interés de ésta, compartan la voluntad
de presentar cuantos datos de cargo sea posible, dado que su cooperación en el contexto del procedimiento también puede tener
incidencia favorable en su futuro profesional. No obstante, aun siendo así los empleados de que se trata también han de ser
conscientes de las potenciales consecuencias negativas de la presentación de datos inciertos, que se hacen más probables por
la exigencia de corroboración.
Por otro lado, no cabe considerar que los medios aportados por ABB no pudieran producir efectos perjudiciales para ésta. En
efecto, dado que esos medios fueron aportados antes del envío del pliego de cargos, ni ABB ni sus empleados y su antiguo empleado
podían tener certeza sobre la amplitud y el contenido exacto de los cargos que se iban a imputar a ABB.
En cuanto al Sr. M., la demandante alega fundadamente que un antiguo empleado ya no está obligado en principio a actuar en
interés de su antigua empresa en lo que atañe a la cooperación voluntaria en un procedimiento administrativo. No obstante,
esa circunstancia también implica que no tiene en principio interés en manifestar datos inciertos en ese contexto, con independencia
de si se exponía a acciones civiles en su contra y si sabía que sus declaraciones no serían objeto de un interrogatorio contradictorio.
También es cierto que el asesor externo de ABB intervino en un momento preciso de la entrevista con el Sr. M. para sugerir
a éste que podía ser rentable para los productores japoneses penetrar en el mercado europeo, de lo que el Sr. M. no parecía
convencido. Por tanto, debe considerarse que el Sr. M. manifestaba dudas sobre el interés comercial de esa actuación, y tener
presente esa circunstancia al apreciar el contenido de su testimonio. No obstante, la demandante no explica en qué grado esa
intervención del asesor externo de ABB afecta a la credibilidad del testimonio del Sr. M. sobre otros aspectos.
En segundo término, el hecho de que hubiera transcurrido cierto tiempo entre la presentación de la solicitud de dispensa de
multas de ABB y la entrevista con el Sr. M. no desvirtúa por sí solo el valor probatorio del testimonio de éste. En efecto,
está justificado que la Comisión obtenga pruebas complementarias durante su investigación para disponer de todos los medios
pertinentes en la apreciación de la existencia de una infracción, en particular a la luz de las observaciones de las empresas
afectadas. En cambio, el tiempo transcurrido entre la presentación del testimonio y los hechos objeto de éste puede ser pertinente
en la apreciación de su credibilidad, dado que los testigos puede ofrecer como regla general un testimonio más detallado y
más fiable sobre hechos recientes. Ahora bien, en el presente caso el tiempo de tres años y tres meses transcurrido entre
la terminación de la implicación del Sr. M. en el cartel y la presentación de su testimonio no es lo suficientemente amplio
para influir en su credibilidad.
En tercer término, no se pone de manifiesto que el Sr. M. se expresara como representante oficial de ABB. En efecto, en primer
lugar, ese papel parece haber sido asumido en lo esencial por los asesores externos de ABB. En segundo lugar, como se ha indicado
en el anterior apartado 109, cuando el Sr. M. presentó su testimonio ya no estaba obligado
a priori
a actuar en interés de su antigua empresa, ni tampoco hay indicio alguno que permita pensar que él mismo u otro testigo se
prepararon sistemáticamente para la entrevista consultando a otros empleados de ABB o documentos en poder de esa empresa.
Finalmente, las preguntas formuladas por la Comisión en las entrevistas no se referían a la posición oficial de ABB sobre
los aspectos tratados sino antes bien a los conocimientos personales de los diferentes testigos.
En cuarto término, la demandante mantiene fundadamente que el testimonio del Sr. M. no parece ser el resultado de una profunda
reflexión y que tampoco fue revisado tras reflexión y verificación adicionales. En efecto, el testimonio se prestó oralmente
y no hay indicación alguna de que la Comisión hubiera formulado previamente preguntas escritas al Sr. M. ni de que las declaraciones
sobre el pacto común y las barreras a la entrada en el mercado del EEE hubieran sido verificadas y revisadas posteriormente
por su autor.
En cambio, el hecho de que el Sr. M. presentara varias declaraciones sucesivas, de las cuales no todas fueron invocadas por
la Comisión, no afecta a la credibilidad de su testimonio. En efecto, es normal que un testigo se manifieste sucesivamente
sobre diferentes aspectos y detalles de una cuestión, por un lado, y por otro que algunas de sus declaraciones no sean pertinentes
para el objeto de la investigación de la Comisión o guarden relación con hechos que están acreditados de forma más convincente
por otras pruebas.
En quinto término, la alegación de la demandante de que el Sr. M. no fue un testigo directo debe desestimarse. En efecto,
el Sr. M. fue uno de los representantes de ABB en el cartel entre 1988 y 2002, esto es durante casi todo el tiempo de su funcionamiento,
en tanto que la propia ABB era uno de los principales actores. Por tanto, el Sr. M. fue un testigo directo y privilegiado
de las circunstancias que relató.
Debe constatarse al respecto que el Sr. M. confirmó en su testimonio que no estaba presente cuando se concluyó el pacto común.
De igual forma, al ser interrogado sobre si la cuestión del pacto común se había suscitado en las reuniones a las que había
asistido, el Sr. M. respondió que no era necesario hacerlo ya que el pacto común se tenía por evidente. Sin embargo, esas
circunstancias no desvirtúan el valor probatorio del testimonio del Sr. M. En efecto, un testigo puede ciertamente aportar
la prueba de un hecho duradero aunque no haya asistido a su comienzo, por una parte. Por otra, si bien el Sr. M. declaró que
la cuestión del pacto común no se había discutido expresamente en las reuniones en las que había participado, de su testimonio
resulta que a su juicio ello fue así porque el contenido de ese pacto era comprendido, aceptado y puesto en práctica por los
participantes en el cartel sin que fuera precisa una discusión expresa.
En sexto término, en lo que atañe al contenido del testimonio del Sr. M., éste declaró que existía entre los productores europeos
y japoneses un pacto relativo a la protección mutua de los mercados domésticos, anterior al acuerdo GQ, que ese pacto era
una condición necesaria para la conclusión de los acuerdos relativos a otras regiones y que el respeto de sus reglas implicaba
que los productores japoneses no penetraran en el mercado doméstico de los productores europeos, aun cuando eran capaces de
hacerlo en el plano técnico. El Sr. M. también explicó en ese contexto el mecanismo de notificación y de cómputo así como
el hecho de que los proyectos de GIS en los países constructores no eran objeto de discusiones entre los dos grupos de productores
ni se imputaban en las cuotas previstas por el acuerdo GQ.
Así pues, las declaraciones del Sr. M. confirman la existencia del pacto común invocado por la Comisión y no pueden calificarse
como un medio de prueba vago que expresa opiniones personales ya que aportan precisiones sobre la duración de dicho pacto,
su contenido y sus participantes. La falta de precisiones sobre la puesta en práctica de ese pacto poco puede sorprender dado
que el compromiso esencial de las partes consistía en no operar en determinados mercados. Por lo demás, el Sr. M. describió
la parte del pacto común que necesitaba medidas de aplicación, a saber el mecanismo de notificación y de cómputo.
En séptimo término, la cuestión de si el testimonio del Sr. M. está confirmado, según la jurisprudencia expuesta en el anterior
apartado 84, y de si lo desvirtúan medios procedentes de otras empresas, o el acuerdo GQ o el acuerdo EQ, se apreciará en
los siguientes apartados 129 a 195.
En cuanto a las supuestas discordancias entre el testimonio del Sr. M. y los otros medios aportados por ABB, ésta mencionó
expresamente en sus observaciones de 11 de marzo de 2004 la existencia de un pacto común en virtud del cual las dos sociedades
japonesas no presentarían ofertas para los proyectos europeos, y las sociedades europeas no presentarían ofertas para los
proyectos japoneses.
En ese contexto, es normal que ABB se refiriese a dos sociedades japonesas, a saber Japan AE Power Systems Corp y TM T & D,
ya que cuando presentó sus declaraciones las actividades en materia de GIS de Fuji, de Hitachi, de la demandante y de Toshiba
se habían agrupado en esas dos sociedades conjuntas. No deja de ser cierto que la Comisión podía interpretar válidamente esa
declaración como indicativa de que las mismas empresas citadas participaban en el pacto común. En efecto, en la solicitud
inicial de dispensa de multas de 3 de marzo de 2004 ABB ya había precisado que a su saber el cartel existía desde hacía más
de diez años, lo que implica que su nacimiento precedió con mucho a la creación de Japan AE Power Systems y la de TM T & D.
En lo que se refiere a los testimonios de los empleados de ABB, el Sr. Wi. declaró que la ausencia de las empresas japonesas
del mercado europeo era la consecuencia de un sistema de protección de los mercados japonés y europeo, motivado por el hecho
de que cada uno de los dos grupos de productores no deseaba que el otro grupo operase en su mercado doméstico. De igual modo,
el Sr. P. se refirió a un acuerdo común con las empresas japonesas en virtud del cual estas últimas no iban a intervenir en
el mercado europeo y las empresas europeas no iban a actuar en el mercado japonés. Así pues, los testimonios de los Sres. Wi.
y P. confirman la existencia del pacto común.
La misma apreciación es aplicable al testimonio prestado por el Sr. V.‑A. Preguntado por la existencia de algún pacto entre
los productores europeos y japoneses, el Sr. V.‑A. mencionó la existencia de un acuerdo entre los productores japoneses y
europeos conforme al cual las empresas europeas no iban a «atacar» a las empresas japonesas en el mercado japonés, y viceversa.
Además, el Sr. V.‑A. manifestó haber participado en una discusión explícita entre las empresas europeas y el representante
de una empresa japonesa sobre el respeto de ese acuerdo, suscitada por tentativas de las empresas japonesas de penetrar en
el mercado europeo.
En cuanto a la supuesta exclusión de algunos territorios del ámbito de aplicación del cartel mundial, el Sr. V.‑A. declaró
que América del Norte estaba excluida por una razón específica, a saber el riesgo de las sanciones a las que daría lugar el
descubrimiento del cartel, por un lado. Por otro, explicó que la exclusión de los países de Europa occidental significaba
que los proyectos de GIS en cuestión no se discutían por los productores europeos en las reuniones en las que él estaba presente,
que eran las del cartel mundial regido anteriormente por el acuerdo GQ y el acuerdo EQ, sino en distinta ocasión. Pues bien,
esas declaraciones son plenamente compatibles con el testimonio del Sr. M.
No obstante, es preciso observar que, como se ha señalado en el anterior apartado 110, el Sr. M. no estaba convencido del
interés comercial de las empresas japonesas en penetrar en el mercado europeo de los proyectos de GIS. No obstante, la opinión
del Sr. M., compartida por el Sr. P., no desvirtúa el hecho de que, tanto según los cuatro testigos de ABB como la propia
ABB, las empresas japonesas se habían comprometido a no penetrar en el mercado del EEE pese a que eran capaces de hacerlo
en el plano técnico.
Como conclusión, debe apreciarse que los medios aportados por ABB constituyen medios aptos para demostrar la existencia del
pacto común, Por otro lado, son coherentes acerca de la existencia y el contenido sustancial de éste.
Además, las declaraciones de ABB se formularon en nombre de una empresa y de su contenido se deduce que se basaban en averiguaciones
internas y en discusiones con empleados de esa empresa. En consecuencia se les debe reconocer un cierto grado de valor probatorio.
Las declaraciones formuladas por los cuatro testigos considerados son creíbles, ya que provienen de testigos directos de los
hechos que relatan, y de las circunstancias del caso no se deduce que esos testigos hayan tenido motivación alguna para presentar
datos deformados. Así pues, se les debe reconocer un alto valor probatorio.
Sobre la corroboración de los medios aportados por ABB
–       Alegaciones de las partes
La demandante niega que en el presente asunto se haya presentado una corroboración apropiada de los medios aportados por ABB.
En primer lugar, las declaraciones de Fuji en respuesta al pliego de cargos no se oponen directamente a sus intereses y no
pueden servir, por tanto, para corroborar la existencia del pacto común. Por otro lado, Fuji indicó que su ausencia del mercado
europeo de los productos de GIS se debía a los obstáculos económicos y técnicos. Además, dado que Fuji no participó en todas
las reuniones del acuerdo GQ, podía tener una visión diferente de las otras partes que consideran que el citado pacto no existía.
En segundo lugar, el rechazo por Hitachi de la propuesta de Alstom presentada en julio de 2002 de concluir un arreglo sobre
los proyectos de GIS en Europa que abarcara Europa central y oriental no constituye una prueba de la existencia del pacto
común. Según la demandante, la Comisión omitió considerar la mención por Hitachi de los obstáculos comerciales que limitaban
la presencia de los productores japoneses del mercado europeo. Además, suponiendo que el pacto común hubiera sido esencial
para el funcionamiento del acuerdo GQ, la negativa a aislar el mercado europeo habría debido llevar al hundimiento del conjunto
del acuerdo, lo que no sucedió.
En tercer lugar, la falta de negación del pacto común por Areva y Alstom carece de pertinencia.
La Comisión rebate el fundamento de las alegaciones de la demandante.
–       Apreciación del Tribunal
En primer término, en su respuesta al pliego de cargos Fuji declaró que estaba al corriente del pacto común en virtud del
cual los productores japoneses no intentarían penetrar en el mercado europeo, precisando que la principal razón de la ausencia
de Fuji del mercado del EEE consistía en que no era un proveedor significativo probable de los GIS en Europa.
Dado que Fuji reconoció al menos indirectamente que su ausencia del mercado europeo se debía en parte al pacto común, reconoció
un hecho que la Comisión podía imputarle. Por consiguiente, en contra de lo alegado por la demandante, la declaración de Fuji
se opone a sus intereses ya que reconoce implícitamente haber participado en una infracción.
Es verdad que la declaración de Fuji es algo vaga ya que esa empresa se limita a mencionar el compromiso de los productores
japoneses de no penetrar en el mercado europeo. No obstante, Fuji corrobora así el aspecto esencial derivado de los datos
aportados por ABB e imputado por la Comisión a los productores japoneses. Por tanto, la declaración considerada no carece
de pertinencia en el presente caso.
También hay que señalar que Fuji jugaba un papel secundario en el cartel, como en sustancia afirma la demandante. En particular,
según resulta del considerando 150 de la Decisión impugnada, Fuji era la única empresa japonesas que no era miembro del comité
del grupo de los productores japoneses, responsable en especial de la concertación entre los dos grupos de productores en
el contexto del acuerdo GQ. Ahora bien, se ha de estimar que en principio una empresa que juega un papel secundario dentro
de un cartel está al corriente del contenido esencial de los acuerdos que ese cartel incluye aun si esa empresa no conoce
los detalles del funcionamiento de dicho cartel ni todos los intercambios de información realizados dentro de él.
Además, es verdad que en su declaración Fuji se refirió a la existencia de obstáculos técnicos y comerciales a la penetración
en el mercado del EEE. Sin embargo, esos obstáculos no se mencionaron como la única razón de la ausencia de Fuji de dicho
mercado sino únicamente como su razón principal. Por lo demás, cuando Fuji evocó los diferentes obstáculos en cuestión hizo
referencia a su pequeña cuota en el mercado mundial que la desfavorecía en relación con sus competidores más importantes tanto
europeos como japoneses. Por tanto, no se aprecia que su argumentación sobre ese aspecto pueda extenderse a la de los demás
productores japoneses.
Por cuanto queda expuesto, se debe concluir que la declaración de Fuji en su respuesta al pliego de cargos tiende a corroborar
los datos aportados por ABB acerca de la existencia del pacto común, aunque su valor probatorio es limitado.
Del considerando 127 de la Decisión impugnada resulta que en la reunión de 10 de julio de 2002 durante la que se discutió
la evolución de los métodos de funcionamiento del cartel después de que Siemens y la empresa Hitachi hubieran reanudado su
participación en ese cartel, Alstom presentó una propuesta según la cual los productores europeos debían permanecer en Europa
y los productores japoneses en Japón, sin intentar penetrar en el mercado europeo. Además, en ese considerando se puntualiza
que en la siguiente reunión el 15 de julio de 2002 el representante de la empresa Hitachi había indicado que esta última rechazaba
esa propuesta, que los productores europeos habían reaccionado manifestando que Europa, incluida Europa central y oriental,
era su mercado y que se proponían mantener los precios practicados en Europa occidental, y también habían anunciado que la
cuestión sería discutida de nuevo, aunque ello no ocurrió.
A primera vista, ese resumen de las reuniones de 10 y 15 de julio de 2002, basado en datos presentados por Hitachi, permite
pensar que Alstom propuso la conclusión de un nuevo arreglo que fue rechazado por Hitachi y no se discutió posteriormente,
lo que implicaría que, al menos desde julio de 2002, no existió arreglo alguno relativo al comportamiento de los productores
japoneses en el mercado del EEE.
No obstante, el resumen de la reunión de 15 de julio de 2002 revela por una parte que Hitachi no rechazó la idea misma de
un reparto de los mercados, sino sólo la propuesta concreta de Alstom. Por otra parte, en ese resumen se indica que Hitachi
había señalado que las pretensiones de los productores europeos incluían Europa central y oriental, lo que lleva a pensar
que su oposición se refería a ese aspecto singular pero no a la situación en Europa occidental.
También hay que observar que la presentación por Alstom de la propuesta referida desvirtúa la alegación de la demandante sobre
la situación competitiva en el mercado del EEE. En efecto, suponiendo que los productores japoneses no fueran considerados
competidores probables en el mercado del EEE debido a la existencia de barreras insuperables a la entrada, como alega la demandante,
un arreglo sobre ese mismo mercado habría sido efectivamente inútil. En ese supuesto, los productores europeos, conscientes
de esa circunstancia gracias a su privilegiada posición en Europa, no habrían tenido motivación alguna para proponer tal arreglo.
Pues bien, del resumen presentado por Hitachi resulta que la propuesta de Alstom se refería tanto al mercado del EEE como
al de Europa central y oriental.
Siendo así, debe acogerse la interpretación según la cual Alstom propuso en la reunión de 10 de julio de 2002 la ampliación
del pacto común a los países de Europa central y oriental, como alega la Comisión.
Por un lado, esa interpretación implica que la propuesta de Alstom constituye una prueba de que el pacto común existía cuando
aquélla se formuló. Por otro lado, su rechazo por la empresa Hitachi no equivale a un rechazo del pacto común como tal sino
que únicamente representa una negativa a su ampliación. Por consiguiente, la alegación de la demandante de que el acuerdo
GQ habría debido «derrumbarse» tras la reunión de 15 de julio de 2002 se funda en una premisa errónea.
Por cuanto precede, hay que estimar que la propuesta de Alstom en la reunión de 10 de julio de 2002 corrobora los datos aportados
por ABB.
En tercer lugar, según se ha apreciado en el anterior apartado 50, la posición supuestamente neutra de Alstom y de Areva no
puede interpretarse como una prueba de la existencia del pacto común. En consecuencia, esa circunstancia no puede confirmar
los datos aportados por ABB.
Sobre el mecanismo de notificación y cómputo
–       Alegaciones de las partes
La demandante afirma que la existencia del mecanismo de notificación y cómputo es improbable y no se ha acreditado.
En primer lugar, los productores japoneses no eran considerados como una amenaza competitiva en el mercado europeo, por lo
que no era necesario ofrecerles una compensación a través de ese mecanismo. Según la demandante, si la notificación hubiera
tenido el objetivo de permitir el cómputo, los productores europeos no habrían tenido interés en llevarla a cabo.
En segundo lugar, vista la naturaleza detallada del acuerdo GQ, es extraño que el propio acuerdo o posteriores documentos
no mencionen el mecanismo de notificación y cómputo.
En tercer lugar, la tesis de la Comisión se basa en una notificación obligatoria y sistemática ya que sólo un mecanismo que
comprendiera al menos una parte significativa de los proyectos de GIS en cuestión podía permitir que los productores japoneses
siguieran y comprobaran el mecanismo de cómputo. Pues bien, en el presente caso la Comisión no ha demostrado de modo suficiente
en Derecho la existencia del mecanismo de notificación y de cómputo ni su carácter sistemático.
Acerca de ello, los Sres. M. y P. indicaron en sus testimonios que las listas de los proyectos de GIS en Europa y la atribución
de éstos no se discutían con los productores japoneses. Además, esas listas no permiten acreditar la existencia de una notificación
sistemática.
Las declaraciones de Hitachi en su solicitud de dispensa de multas y en su respuesta al pliego de cargos sólo son una interpretación
de los hechos por parte de dicha empresa. En cualquier caso, esas declaraciones no se refieren al período posterior a la interrupción
por Hitachi de su participación en el cartel en 1999. Además, Hitachi presentó una respuesta complementaria del pliego de
cargos que tiende a rebajar el valor de las declaraciones formuladas en la respuesta inicial. Dado el grado de precisión de
la solicitud de dispensa de multas de Hitachi, las declaraciones en cuestión, que se presentaron posteriormente, carecen de
toda credibilidad.
Por otro lado, la misma Comisión reconoce en los considerandos 148 a 162 de la Decisión impugnada que la notificación no podía
realizarse de forma regular. Fuji confirmó ese aspecto en su respuesta al pliego de cargos e Hitachi no lo negó en sus declaraciones
sobre la notificación y el cómputo. En lo que atañe al contenido del acuerdo EQ, la demandante alega que ignoraba la existencia
de ese documento y que éste no es por tanto pertinente en lo que le afecta, por una parte. Por otra, según el anexo 2 de dicho
acuerdo la notificación de los proyectos de GIS en Europa a los productores japoneses era voluntaria y no obligatoria.
La Comisión refuta el fundamento de las alegaciones de la demandante.
–       Apreciación del Tribunal
En primer término, hay que observar que las alegaciones de la Comisión sobre el mecanismo de notificación y de cómputo no
se basan exclusivamente en la tesis de que los productores japoneses eran considerados competidores serios en el mercado del
EEE. En efecto, la Comisión considera haber obtenido pruebas positivas de la existencia de ese mecanismo. En esas condiciones,
debe examinarse la fuerza probatoria de los medios que la Comisión presenta, para verificar si acreditan de modo suficiente
en Derecho la existencia del mecanismo de notificación y de cómputo.
En ese contexto, la alegación de la demandante de que, si el mecanismo de notificación hubiera tenido como objetivo permitir
el cómputo, los productores europeos no habrían tenido interés en realizarla, carece de fundamento alguno. Descansa tan sólo
en la apreciación del mecanismo de notificación y cómputo como un aspecto aislado. Ahora bien, ese criterio no corresponde
a la posición de la Comisión, tal como se resume en el anterior apartado 90, según la que ese mecanismo se integraba en el
marco más amplio del pacto común.
En segundo término, si bien el mecanismo de notificación y de cómputo necesitaba algunas medidas de aplicación, éstas no eran
sin embargo especialmente complicadas, ya que consistían en esencia en la comunicación de ciertos datos por el grupo europeo
al grupo japonés, la cual era además paralela a la realizada en virtud del acuerdo GQ en lo que se refiere a los proyectos
de GIS fuera del EEE. En consecuencia, no se aprecia que tales medidas o el propio mecanismo de notificación y cómputo hubieran
tenido que expresarse necesariamente en un documento escrito, considerando también la voluntad de las partes en el cartel
de reducir el riesgo de su descubrimiento, acreditada por las precauciones organizativas y técnicas expuestas en los considerandos
170 a 176 de la Decisión impugnada.
En tercer término, el Sr. M. afirmó expresamente en su testimonio la existencia del mecanismo de notificación y de cómputo.
También manifestó que ese mecanismo no abarcaba los proyectos de GIS en los países constructores, a saber en Japón y en algunos
países europeos.
La existencia de un mecanismo consistente en imputar el valor de los proyectos de GIS en el EEE en la cuota mundial prevista
por el acuerdo GQ también fue afirmada en las declaraciones de ABB.
En cambio, como alega la demandante, de las listas de los proyectos aportadas por ABB no se deduce que se hubieran notificado
regularmente a los productores japoneses proyectos de GIS en el EEE. Por tanto, esas listas no constituyen una prueba del
mecanismo de notificación y de cómputo.
En lo que atañe a los medios procedentes de Hitachi, hay que observar que, leída en el contexto de las frases inmediatamente
precedentes, la declaración según la cual Siemens difundía periódicamente los cuadros que esquematizaban una parte de los
proyectos de GIS atribuidos a los diferentes miembros del cartel remite a proyectos de GIS fuera del EEE. En consecuencia,
esa declaración carece también de pertinencia para la prueba del mecanismo de notificación y de cómputo que alega la Comisión,
que guarda en su caso relación con proyectos de GIS en el EEE.
En cambio, en su respuesta al pliego de cargos Hitachi manifestó que, antes de que esa empresa interrumpiera su participación
en el cartel en 1999, los productores europeos comunicaban a los productores japoneses los detalles de los proyectos de GIS
que iban a suministrar en Europa, para permitir el cómputo de esos proyectos al determinar la cuota de los proyectos de GIS
fuera del EEE atribuidos a los dos grupos de productores conforme al acuerdo GQ.
Esa declaración confirma expresamente la existencia hasta 1999 del mecanismo de notificación y de cómputo que la Comisión
invoca. Además, su valor probatorio es alto por dos razones. Por una parte, esa declaración es contraria a los intereses de
Hitachi puesto que implica la existencia de un vínculo entre las actividades colusorias dentro del EEE y los productores japoneses,
y constituye por ello un medio de prueba de cargo. Por otra parte, por la lectura del referido pasaje de la respuesta al pliego
de cargos se aprecia que Hitachi no era consciente de las deducciones que podían derivar de esa declaración.
Por otro lado, como se ha observado en el anterior apartado 54, en su respuesta suplementaria al pliego de cargos Hitachi
no se retractó del contenido fáctico de sus declaraciones sobre el mecanismo de notificación y de cómputo.
Además, el hecho de que el mecanismo de notificación y cómputo no se mencionara en la solicitud de dispensa de multas de Hitachi,
anterior a la respuesta al pliego de cargos, no lleva a rebajar el valor probatorio de las declaraciones de esa empresa sobre
dicho mecanismo. En efecto, es normal que una empresa precise durante el procedimiento su posición sobre determinadas circunstancias,
en particular a raíz del envío del pliego de cargos que formaliza las imputaciones y medios invocados por la Comisión.
Fuji, por su parte, declaró en su respuesta al pliego de cargos que las informaciones sobre el reparto de proyectos de GIS
en los países europeos excluidos del ámbito de aplicación del acuerdo GQ no se comunicaban sistemáticamente a los productores
japoneses y que en consecuencia Fuji no estaba al corriente del funcionamiento del acuerdo EQ.
Hay que observar, sin embargo, que la posición de Fuji no es contraria a sus intereses ya que trata de refutar la existencia
de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE. Por tanto, tiene una fuerza probatoria inferior a
la de los medios pertinentes aportados por ABB y por Hitachi. Por otra parte, es oportuno señalar que el papel secundario
jugado por Fuji dentro del cartel, que se recuerda en el anterior apartado 137, puede explicar que Fuji no fuera parte en
todos los intercambios de informaciones procedentes del grupo de los productores europeos. Esa circunstancia también reduce
la credibilidad de las declaraciones de Fuji sobre ese aspecto en relación con los datos aportados por ABB e Hitachi, que
eran miembros de los comités de sus grupos respectivos y estaban por esa razón más estrechamente relacionadas con el funcionamiento
concreto del supuesto cartel.
Por otro lado, conforme al punto 4 de la parte «E (E‑Members)» del anexo 2 del acuerdo EQ, los productores europeos «decidirán
acerca de la notificación de los proyectos europeos al [grupo de productores japoneses]». Del contexto del anexo 2 se deduce
que la comunicación de las informaciones debía tener lugar antes de la atribución de los proyectos de GIS de que se trataba.
En cambio, esa cláusula no se refería al seguimiento de los proyectos ya atribuidos. Por tanto, aunque su contenido constituye
un indicio que permite pensar que los productores japoneses eran considerados competidores serios para el suministro de ciertos
proyectos de GIS en el EEE (véanse los posteriores apartados 184 a 191), las medidas que preveía no forman parte del mecanismo
de notificación y de cómputo que alega la Comisión. Por ello, el anexo 2 del acuerdo EQ así como las referencias al contenido
de éste en los considerandos 148 y 162 de la Decisión impugnada carecen de pertinencia para la prueba de ese mismo mecanismo.
Por cuanto queda expuesto, debe concluirse que la existencia del mecanismo de notificación y de cómputo se ha demostrado de
forma suficiente en Derecho por los medios aportados por ABB, según su confirmación por las declaraciones de Hitachi en su
respuesta al pliego de cargos.
En contra de lo alegado por la demandante, de los aspectos mencionados en el anterior apartado no se deduce que el mecanismo
de notificación y de cómputo se hubiera aplicado de forma ocasional y facultativa. En efecto, aunque las declaraciones de
ABB, de Hitachi y el testimonio del Sr. M. no abordan esa cuestión expresamente, se deduce claramente de las formulaciones
utilizadas en los documentos considerados que la notificación era un procedimiento practicado de forma regular y aplicable
a la totalidad de los participantes y de los proyectos afectados. Como se ha expuesto en el anterior apartado 168, las declaraciones
de Fuji sobre ese aspecto son menos fiables que los datos aportados por ABB e Hitachi. Además, ya se ha observado en el anterior
apartado 170 que el anexo 2 del acuerdo EQ no es pertinente al respecto.
En cuanto al período de aplicación del mecanismo de notificación y de cómputo, las declaraciones de ABB no se refieren a un
período específico, y por tanto pueden interpretarse
a priori
como referidas a la totalidad de la infracción. Las declaraciones del Sr. M. se relacionan con el período durante el que
él participó en las actividades del cartel, a saber entre 1988 y junio de 2002. No obstante, dado que en el anterior apartado
84 se ha observado que los datos aportados por ABB tenían que ser corroborados por otros medios, debe estimarse que las declaraciones
de Hitachi guardan relación con el período anterior al momento en el que esa empresa interrumpió su participación en el cartel
en 1999. En consecuencia, hay que considerar que se ha acreditado la existencia del mecanismo de notificación y de cómputo
en ese último período.
En lo que se refiere a la pertinencia del mecanismo referido, es preciso considerar que constituye un indicio serio de que
los productores japoneses eran vistos por los productores europeos como competidores potenciales serios en el mercado del
EEE. En efecto, suponiendo que el mercado europeo hubiera sido efectivamente impenetrable para los productores japoneses a
causa de la existencia de barreras de entrada, los productores europeos no habrían tenido motivo para notificar los resultados
de la atribución de ciertos proyectos de GIS en el EEE, ni
a fortiori
para computar esos mismos proyectos en la cuota conjunta «europea» prevista por el acuerdo GQ, ya que ese cómputo habría
representado privarles de una parte de los proyectos de GIS en las regiones previstas por el acuerdo GQ. Por tanto, la existencia
de ese mecanismo de notificación y de cómputo implica que las empresas japonesas habrían podido penetrar en el mercado europeo.
Si no lo hicieron así se debe a que se habían comprometido a no hacerlo, a cambio de una parte mayor de los proyectos de GIS
fuera del EEE. Así pues, el mecanismo de que se trata constituye un nexo entre las actividades colusorias dentro del EEE y
los productores japoneses, y por ello una prueba indirecta de la existencia del pacto común.
Por todo lo antes expuesto, debe concluirse que la existencia de la notificación periódica al grupo de productores japoneses
de ciertos proyectos de GIS en el EEE tras su atribución y del cómputo de esos mismos proyectos en la cuota conjunta «europea»
prevista por el acuerdo GQ se ha demostrado, en lo que se refiere al período transcurrido entre 1988 y la interrupción por
Hitachi de su participación en el cartel en 1999, por las declaraciones de ABB, las de Hitachi y el testimonio del Sr. M.
Además, el mecanismo considerado constituye una prueba indirecta de la existencia del pacto común alegado por la Comisión.
Sobre los medios que supuestamente contradicen la existencia del pacto común
–       Alegaciones de las partes
En primer término, la demandante afirma que los documentos que datan de la época de los hechos no remiten al pacto común.
Según ella, en tanto que el acuerdo GQ y el acuerdo EQ prevén las reglas detalladas del funcionamiento del cartel, excluyen
Europa de su ámbito de aplicación. Ahora bien, no es verosímil que los acuerdos referidos hagan total abstracción de uno de
los aspectos esenciales del cartel. Considera que si los productores de GIS hubieran tenido la intención de crear un cartel
mundial reservándose los mercados de los países constructores habrían previsto cláusulas de salvaguardia en su acuerdo escrito,
en lugar de excluir los territorios de que se trata del ámbito de aplicación de este último y basarse en un pacto no escrito.
Así pues, según la demandante el acuerdo GQ y el acuerdo EQ no pueden considerarse pruebas documentales de la existencia del
pacto común. Ello es tanto más cierto dado que los productores japoneses no participaban en el acuerdo EQ ni tenían conocimiento
de él.
Por otro lado, el acuerdo EQ confirma que los productores japoneses no representaban una amenaza seria en el mercado europeo
ya que preveía que sólo los productores europeos presentarían ofertas de apoyo para los proyectos europeos. Ello implica que
los clientes europeos no hubieran considerado creíble una oferta procedente de un productor japonés.
En segundo término, la demandante añade que sus empleados no tenían conocimiento del pacto común y que ninguno de ellos participó
en las actividades colusorias.
Además, la Comisión no tuvo en cuenta los medios de prueba, incluidos testimonios, presentados por la demandante, Hitachi,
Siemens, Toshiba y VA TECH, que indican que el pacto común nunca existió.
En ese contexto, el valor probatorio de los medios procedentes de Siemens y de VA TECH es tanto mayor dado que esas dos empresas
no tenían interés en refutar la existencia del pacto común, pues su participación en una infracción estaba demostrada por
otras pruebas.
La Comisión refuta el fundamento de las alegaciones de la demandante.
–       Apreciación del Tribunal
En primer lugar, las partes no discuten que el acuerdo GQ preveía la organización de un cartel relativo a los proyectos de
GIS a nivel mundial. Sin embargo, según alega la demandante, ese acuerdo no menciona el pacto común, por una parte, y por
otra, a tenor de su anexo 2, ese acuerdo excluye de su ámbito de aplicación Japón, los doce Estados miembros de la Comunidad
Europea en esa época y otros cinco países de Europa occidental.
Por otro lado, el acuerdo EQ es un acuerdo de ejecución del acuerdo GQ, referido en especial al reparto de la cuota conjunta
«europea» prevista por el último acuerdo. El acuerdo EQ se concluyó sólo entre las empresas europeas. Por tanto, la demandante
no era parte en él. Además, el acuerdo EQ no menciona expresamente el pacto común.
Siendo así, no cabe estimar que el acuerdo GQ y el acuerdo EQ constituyan pruebas documentales de la existencia del pacto
común.
Sin embargo, la falta de mención expresa de ese pacto en el texto del acuerdo GQ y del acuerdo EQ no implica que dicho pacto
no existió. En efecto, el compromiso de un grupo de productores de no penetrar en el mercado reservado al otro grupo, como
el compromiso imputado por la Comisión a los productores japoneses, descansa en un concepto sencillo que puede llevarse a
la práctica con facilidad. De igual modo, esa puesta en práctica no necesita en principio una interrelación de las empresas
interesadas. Por consiguiente, tal compromiso puede existir ciertamente como un pacto no escrito, lo que también permite reducir
el riesgo de que sea descubierto.
De igual forma, como quiera que los productores japoneses no eran parte en el acuerdo EQ, la obligación de presentar ofertas
de apoyo estipulada en su artículo 6, apartado 4, no podía afectarles. Por tanto, esa cláusula no implica que los productores
japoneses no fueran considerados competidores potenciales en el mercado del EEE.
Hay que señalar, como se ha observado en el anterior apartado 169, que conforme al punto 4 de la parte «E (E‑Members)» del
anexo 2 del acuerdo EQ los productores europeos podían decidir acerca de la notificación al grupo de productores japoneses
de algunos proyectos europeos de GIS antes de la atribución de éstos.
Ese aspecto permite refutar en cierto grado la alegación de la demandante, ya que sugiere que los productores europeos estimaban
que los productores japoneses podían estar interesados cuando menos en el proceso de atribución de algunos proyectos de GIS
en el EEE, y que por tanto eran competidores potenciales para dichos proyectos.
No obstante, nada en el acuerdo EQ ni en los demás medios de prueba invocados por la Comisión demuestra que el mecanismo considerado
se hubiera puesto en práctica por los productores europeos ni que los productores japoneses hubieran estado al corriente de
su existencia.
Por tanto, el acuerdo EQ sólo constituye un indicio que permite pensar que los productores japoneses eran considerados competidores
serios para el suministro de ciertos proyectos de GIS en el EEE, como alega la Comisión.
En segundo término, la Comisión no cometió un error al estimar que las declaraciones y testimonios de ABB, las declaraciones
de Fuji sobre la existencia del pacto común y las declaraciones de Hitachi acerca de la notificación y el cómputo tenían que
considerarse dotadas de una fuerza probatoria más alta que las negaciones de la existencia del pacto común por la demandante,
Hitachi, Siemens, Toshiba y VA TECH y los medios aportados por esas empresas.
En efecto, a diferencia del primer grupo de medios, las negaciones referidas no son contrarias a los intereses de las empresas
afectadas ya que tratan de desvirtuar la existencia de cualquier infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo
EEE. Esa apreciación también es aplicable a los testimonios de los empleados y los antiguos empleados dado que no se trata
de testimonios independientes, como se ha señalado en el anterior apartado 59, por una parte. Por otra, los testimonios presentados
no aportan datos nuevos sobre el pacto común en relación con los expuestos por los destinatarios del pliego de cargos.
Por otro lado, no puede considerase que las empresas europeas, incluida Siemens, no tuvieran interés en negar la existencia
del pacto común, ya que la Comisión interpretaba éste en el pliego de cargos como un acuerdo colusorio entre los productores
europeos y los japoneses relativo al mercado del EEE y constituía en consecuencia una infracción del artículo 81 CE y del
artículo 53 del Acuerdo EEE. Pues bien, esa apreciación era perjudicial, cuando menos potencialmente, para los intereses de
los productores europeos en caso de que las demás imputaciones que formulaba contra ellos la Comisión no se hubieran podido
acreditar de forma suficiente en Derecho.
Por cuanto queda expuesto, se ha de concluir que los medios presentados por la demandante no desvirtúan el valor de los medios
invocados por al Comisión para acreditar la existencia del pacto común.
Sobre la atribución de los proyectos de GIS en el EEE
–       Alegaciones de las partes
La demandante mantiene que los medios invocados no constituyen una prueba acreditativa de que esa parte participara en el
reparto de los proyectos de GIS en el EEE.
La demandante reconoce haber participado en reuniones con los productores europeos pero afirma que esas reuniones sólo guardaban
relación con el acuerdo GQ y no eran por tanto constitutivas de una infracción del artículo 81 CE o del artículo 53 del Acuerdo EEE.
La demandante refuta también la alegación de que los productores japoneses proyectaran en ocasiones intervenir en las licitaciones
para proyectos de GIS en el EEE. Puntualiza que, salvo alguna excepción, a lo largo de la duración del cartel esa empresa
nunca recibió de sociedades europeas una invitación para presentar una oferta.
Acerca de los diferentes datos invocados en la Decisión impugnada, la demandante manifiesta que nunca tuvo conocimiento de
las listas de proyectos presentadas por ABB y Fuji. Niega expresamente haber tenido conocimiento del proyecto español «MSP
via GC» que data de 1997, en el que supuestamente se manifestó interesada según una de las listas de los proyectos aportadas
por ABB.
De igual modo, los medios de prueba procedentes de VA TECH mencionados en el considerando 204 de la Decisión impugnada no
permiten demostrar un nexo entre proyectos de GIS en el EEE y la demandante u otro productor japonés.
La Comisión refuta el fundamento de las alegaciones de la demandante.
–       Apreciación del Tribunal
El expediente no contiene datos que permitan pensar que se hubieran discutido proyectos de GIS en el EEE en las reuniones
del acuerdo GQ en las que participaban los miembros japoneses del cartel.
Tampoco se deduce de las listas de los proyectos aportadas por ABB que se hubieran discutido proyectos de GIS en el EEE con
los productores japoneses, a excepción del supuesto interés de la demandante por el proyecto «MSP via GC» en España. Ahora
bien, no puede excluirse que el aludido interés de la demandante por ese último proyecto en la lista de los proyectos aportada
por ABB provenga de un error, dada la extensión de la lista de los proyectos de que se trata y el hecho de que la Comisión
no ha identificado otros casos en los que un productor japonés hubiera manifestado su interés por un proyecto de GIS en el
EEE. En cualquier caso, el contenido de la lista de los proyectos de ABB no se ha corroborado por otros medios, y en particular
por la lista de los proyectos Fuji, en lo que se refiere al proyecto «MSP via GC» y no puede por tanto tomarse en consideración
al respecto.
Además, cuando la Comisión indica en el considerando 125 de la Decisión impugnada que los productores japoneses se proponían
en ocasiones responder a las convocatorias de licitaciones europeas pero en general se abstenían de hacerlo y notificaban
los proyectos en cuestión a los productores europeos, se funda únicamente en las declaraciones de ABB y en los testimonios
de sus empleados. En consecuencia, en defecto de corroboración por otros medios, esa afirmación no puede tomarse en consideración.
Por último, las notas manuscritas de un representante de VA TECH, mencionadas en el considerando 204 de la Decisión impugnada,
contienen una referencia a un proyecto de GIS en el EEE, por una parte, y por otra la indicación de que convenía discutir
un «package» de proyectos de GIS con los productores japoneses. No obstante, los dos pasajes referidos están separados por
varias páginas que contienen notas sobre otros asuntos. Además, a la mención de las empresas japonesas preceden inmediatamente
unas notas sobre un proyecto de GIS fuera del EEE. Siendo así, esas notas no permiten deducir conclusiones sobre el interés
de las empresas japonesas en proyectos de GIS en Europa.
Por cuanto antecede, debe concluirse que no se ha demostrado que las empresas japonesas hubieran participado en la atribución
de los proyectos de GIS en el EEE.
Apreciación global
–       Alegaciones de las partes
Con carácter previo, la demandante afirma que, en contra de lo alegado por la Comisión, no era necesario proteger los mercados
domésticos de los dos grupos de productores. Según ella no había riesgo ni peligro de que los productores japoneses llegaran
a ser competidores en el mercado europeo, o viceversa. La demandante también expone que a lo largo de la supuesta duración
del cartel sólo excepcionalmente fue invitada a presentar una oferta para un proyecto de GIS en el EEE.
La demandante añade que el objeto y el contenido del pacto común no se han demostrado. Según ella los medios invocados por
la Comisión no identifican los miembros del pacto común ni la fecha de su conclusión ni su situación tras la interrupción
por Siemens e Hitachi de su participación en el cartel en 1999. Así pues, las pruebas presentadas por ABB no revelan un acuerdo
colusorio sino que representan una «expresión inconsciente» de que los productores japoneses no tenían la capacidad de penetrar
en el mercado europeo y viceversa.
Por otro lado, la Comisión no tuvo en cuenta las consecuencias de la interrupción por Siemens e Hitachi de su participación
en el cartel. Según la demandante, suponiendo que las partes representaran mutuamente una amenaza competitiva seria en los
mercados de los países constructores respectivos, el pacto común se habría puesto en cuestión a raíz de la retirada de dos
participantes esenciales en el acuerdo GQ. Además, en los dos años durante los que Siemens e Hitachi no participaron en el
acuerdo Hitachi realizó ventas en Europa y Siemens lo hizo en Japón.
Finalmente, la demandante afirma que no deben tomarse en consideración las alegaciones de la Comisión sobre los «países constructores»
y la pertinencia del mecanismo de notificación y cómputo. Según esa parte, dichas alegaciones, en especial la de que las empresas
japonesas tenían conocimiento de los «países constructores», no se sustentan en pruebas diferentes del testimonio del Sr. M.
Ahora bien, las declaraciones de éste, según las que la identidad y la pertenencia de los países constructores estaban bien
determinadas, no necesitaban discutirse y eran anteriores al acuerdo GQ, se contradicen por otras pruebas invocadas por la
Comisión, según las que esos factores evolucionaron con el tiempo. Por tanto, el testimonio del Sr. M. no es creíble en ese
aspecto.
La Comisión refuta el fundamento de las alegaciones de la demandante.
–       Apreciación del Tribunal
Del examen realizado en los anteriores apartados 107 a 175 se deduce, en primer lugar, que las declaraciones de ABB y los
testimonios de sus empleados y de su antiguo empleado ponen de manifiesto la existencia de un pacto en virtud del cual los
productores europeos y japoneses se comprometieron mutuamente a no penetrar en los mercados domésticos del otro grupo. Esos
medios también permiten identificar a las partes en el pacto y concluir que, si bien probablemente fue anterior al acuerdo
GQ, se concluyó a más tardar en el momento de celebrarse ese último acuerdo.
En segundo lugar, la existencia del pacto común antes mencionado se corrobora por la propuesta presentada por Alstom en la
reunión de 10 de julio de 2002. La existencia del compromiso de las empresas japonesas de no penetrar en el mercado europeo
también se corrobora por las declaraciones de Fuji.
En tercer lugar, de las declaraciones y del testimonio de ABB, corroborados por las declaraciones de Hitachi, se deduce que
los productores japoneses aceptaron, al menos durante el período de 1988 a 1999, la notificación periódica de los resultados
de la atribución de ciertos proyectos de GIS en el EEE y su cómputo en la cuota conjunta «europea» prevista en el acuerdo
GQ. De igual forma, en virtud del punto 4 de la parte «E (E‑Members)» del anexo 2 del acuerdo EQ, los productores europeos
habían previsto la posibilidad de comunicar a los productores japoneses los detalles de ciertos proyectos de GIS en el EEE
antes de su atribución. Ambas circunstancias sugieren, en contra de lo alegado por la demandante, que los productores japoneses
eran considerados competidores serios para el suministro de ciertos proyectos de GIS en el EEE pero que se comprometieron
a no penetrar en el mercado europeo a cambio de una parte mayor de proyectos de GIS en otras regiones. Constituyen por tanto
pruebas indirectas de la existencia del pacto común entre los productores europeos y los productores japoneses.
Así pues, los medios que la Comisión ha expuesto sustentan sus afirmaciones sobre la existencia del pacto común, según se
resumen en el anterior apartado 90. En cambio, los medios invocados por la demandante y apreciados en los anteriores apartados
183 a 195 no pueden desvirtuar dichas afirmaciones.
No se ha acreditado, sobre ese aspecto, que las empresas japonesas hubieran participado con los productores europeos en la
atribución de los proyectos de GIS en el EEE. No obstante, es preciso señalar que, dada la naturaleza de su supuesto compromiso
en virtud del pacto común, su participación en esa actuación no habría sido útil. En efecto, los productores japoneses no
tenían ningún interés en intervenir en la atribución misma de los proyectos de GIS en el EEE, que se habían comprometido a
no obtener. Su único interés consistía en conocer el valor de los proyectos afectados y la identidad de sus adjudicatarios
para poder comprobar el cómputo en la cuota conjunta «europea» prevista por el acuerdo GQ. Pues bien, al menos durante el
período comprendido entre 1988 y 1999, esas informaciones se comunicaban a los productores japoneses mediante el mecanismo
de notificación.
En lo que atañe a las consecuencias de la interrupción por Siemens e Hitachi de su participación en el cartel, hay que observar
que se deduce del considerando 187 de la Decisión impugnada y del testimonio del Sr. M. que ese hecho afectó negativamente
a la eficacia del cartel, sin que no obstante éste se hubiera «derrumbado». Por otro lado, el período de ausencia de ambas
empresas es insuficiente para que hubiera podido producirse una penetración significativa del mercado del EEE, ante todo por
la existencia de algunos obstáculos técnicos y comerciales que la Comisión no niega, en segundo lugar por el hecho de que
la posición privilegiada de los diferentes productores en sus mercados domésticos fue artificialmente reforzada como consecuencia
del cartel entre 1988 y 1999, y finalmente dada la circunstancia de que los otros productores pensaron en tomar medidas de
represalia contra Siemens e Hitachi, según resulta del testimonio del Sr. M.
Por último, no es necesario acreditar que el mecanismo de notificación y de cómputo no abarcaba los proyectos de GIS en los
países constructores europeos, por una parte, ni que Japón constituía un país constructor, por otra, para que dicho mecanismo
pueda considerarse como un indicio pertinente de la existencia del pacto común, en virtud del razonamiento expuesto en los
anteriores apartados 174 y 214. En consecuencia, la eventual falta de corroboración del testimonio del Sr. M. sobre ese aspecto
carece de consecuencias.
También se ha de señalar que no puede apreciarse ninguna incoherencia entre el testimonio del Sr. M. y los demás medios invocados
por la Comisión acerca del concepto de países constructores. En efecto, según el Sr. M. el concepto mismo del pacto común,
como compromiso mutuo de no penetrar en los mercados domésticos del otro grupo, estaba efectivamente bien establecido, no
necesitaba ser discutido y era anterior al acuerdo GQ. Sin perjuicio de ello, en la continuación de su testimonio el propio
Sr. M. manifestó que en algunos casos la pertenencia de un país constructor evolucionó a causa de las fusiones entre los diferentes
operadores interesados.
Por cuanto se ha expuesto antes, debe concluirse que la existencia del pacto común se ha acreditado de forma suficiente en
Derecho y que la Comisión no excedió los límites de su competencia al sancionar la participación de la demandante en ese mismo
pacto.
Procede por tanto desestimar el primer motivo.
Por otro lado, como se ha expuesto en el anterior apartado 95, dado que la Comisión no se ha apoyado sólo en el comportamiento
de las empresas afectadas en el mercado para deducir la existencia de la infracción imputada, no basta que la demandante propugne
una explicación plausible de los hechos diferente de la mantenida por la Comisión. Por consiguiente, debe desestimarse el
tercer motivo.
De igual forma, la conclusión de que la existencia del pacto común se ha demostrado de modo suficiente en Derecho significa
que la Comisión ha asumido la carga de la prueba que le incumbe y por tanto ha respetado el principio de presunción de inocencia.
En consecuencia, procede desestimar el cuarto motivo.
Por último, de lo que precede resulta que la Comisión podía apreciar la existencia del pacto común sin tomar en consideración
como medios de cargo las observaciones de Fuji que no se comunicaron a la demandante y la posición supuestamente neutra de
Alstom y de Areva. Por consiguiente, conforme a lo expuesto en el anterior apartado 51 debe desestimarse en definitiva el
decimocuarto motivo, basado en la supuesta vulneración del derecho de acceso al expediente.

Sobre el décimo motivo, fundado en que la Comisión no ha demostrado la existencia de un acuerdo que infringiera el artículo
81 CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE
–       Alegaciones de las partes
La demandante afirma que la Comisión no ha identificado un acuerdo que justifique la aplicación del artículo 81 CE y del artículo
53 del Acuerdo EEE. Según ella, la Comisión no ha indicado el momento en el que las partes manifestaron su voluntad común
de actuar en el mercado de una forma determinada, y no ha presentado pruebas sobre los contactos, las discusiones o los acuerdos
entre ellas. Pues bien, a falta de prueba, las disposiciones antes citadas no fundamentan la prohibición de que varias personas
lleguen a una misma conclusión sobre ciertas cuestiones.
La Comisión rebate el fundamento de las alegaciones de la demandante.
–       Apreciación del Tribunal
Según la jurisprudencia, incumbe a la Comisión recabar pruebas suficientemente precisas y concordantes para asentar la firme
convicción de que la infracción alegada constituye un acuerdo o una práctica concertada en el sentido del artículo 81 CE,
apartado 1 (sentencia del Tribunal de 21 de enero de 1999, Riviera Auto Service y otros/Comisión, T‑185/96, T‑189/96 y T‑190/96,
Rec. p. II‑93, apartado 47). La jurisprudencia antes citada es aplicable por analogía al artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE.
En el presente caso, en la Decisión impugnada la Comisión no se ha manifestado expresamente sobre la cuestión de si el comportamiento
imputado a las empresas japonesas constituía un acuerdo o una práctica concertada. En el considerando 248 de la Decisión impugnada
se limitó a afirmar que la infracción se componía de varias acciones que podían calificarse como acuerdos o prácticas concertadas.
Por consiguiente, hay que comprobar en primer lugar si el pacto común constituye un acuerdo entre empresas en el sentido del
artículo 81 CE, apartado 1, y del artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE.
Acerca de ello, para que exista acuerdo, a efectos de las disposiciones antes mencionadas basta con que las empresas de que
se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado (véase por analogía la sentencia
Cimenteries CBR y otros/Comisión, apartado 86
supra,
apartado 958, y la jurisprudencia citada). La toma en consideración de los efectos concretos de un acuerdo es superflua cuando
resulte que éste tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia (véase la sentencia Cimenteries
CBR y otros/Comisión, apartado 86
supra,
apartado 837, y la jurisprudencia citada).
Pues bien, en el presente caso se deduce de los diferentes medios invocados por la Comisión, y en particular de las declaraciones
de ABB y de Fuji y de los testimonios de los Sres. M. y V.‑A., que, a más tardar al concluir el acuerdo GQ, los productores
europeos y japoneses se habían comprometido mutuamente a no penetrar en los mercados domésticos del otro grupo. La existencia
de un compromiso mutuo implica necesariamente la existencia de una voluntad común, incluso a falta de medios que permitan
determinar con precisión el momento en el que esa voluntad se ha manifestado o que formalicen su expresión. Por otro lado,
del anterior apartado 116 resulta que el Sr. M. estimaba que no era necesario mencionar el pacto común en las reuniones en
las que él había participado porque el contenido de dicho pacto era comprendido, aceptado y puesto en práctica por todos los
participantes en el cartel sin que fuera necesaria una discusión expresa. Además, como se ha expuesto en el anterior apartado
123 el Sr. V.‑A. declaró haber participado en discusiones explícitas entre las empresas europeas y el representante de una
empresa japonesa acerca del respeto del pacto común.
De igual forma, el hecho acreditado por las declaraciones y el testimonio de ABB y por las declaraciones de Hitachi de que
los productores japoneses habían aceptado durante muchos años la notificación de los resultados de la atribución de ciertos
proyectos de GIS en el EEE y comprobaban su cómputo en la cuota conjunta «europea» prevista por el acuerdo GQ es incompatible
con un mero comportamiento paralelo de los competidores al margen de concurso alguno de voluntades.
Además, el pacto común tenía por objeto determinar el comportamiento de las empresas japonesas en relación con el mercado
del EEE, dado que ésas se comprometían a no penetrar en dicho mercado. Así pues, dicho pacto constituía efectivamente una
reserva del mercado del EEE en beneficio de los productores europeos.
Por consiguiente, la Comisión apreció válidamente que el pacto común constituía un acuerdo entre empresas en el sentido del
artículo 81 CE, apartado 1, y del artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE.
Siendo así, no es necesario examinar también si el pacto común constituía una práctica concertada según las mismas disposiciones.
Por cuanto antecede debe desestimarse el segundo motivo.

Sobre el decimotercer motivo, basado en que la Comisión cometió un error en el cálculo de la duración del cartel
–       Alegaciones de las partes
La demandante alega que, a raíz de la interrupción de la participación de Siemens en el cartel en septiembre de 1999, el grupo
restringido que integraban las otras empresas se transformó en un foro de discusiones más flexible sin objeto ni efecto anticompetitivo
en lo que afecta a la Unión Europea.
Por otro lado, la reanudación por Siemens de su participación en el cartel en 2002 no condujo a acuerdos que tuvieran por
objeto o como efecto restringir la competencia en Europa, ya que Hitachi rechazó la propuesta de Alstom de que los mercados
europeo y japonés se reservaran a los productores europeos y japoneses respectivamente.
Por tanto, la demandante estima que se la ha impuesto indebidamente una multa por el período que va del 1 de septiembre de
1999 al 11 de mayo de 2004, o cuando menos del 10 de julio de 2002 al 11 de mayo de 2004.
La Comisión refuta el fundamento de las alegaciones de la demandante.
–       Apreciación del Tribunal
Según la jurisprudencia, en caso de controversia sobre la existencia de la infracción la exigencia de seguridad jurídica,
de la que deben beneficiarse los agentes económicos, implica que la Comisión, sobre quien recae la carga de la prueba de las
infracciones que afirme haber descubierto, debe aportar pruebas adecuadas para demostrar suficientemente con arreglo a Derecho
la existencia de los hechos que constituyen la infracción. Por lo que respecta, más en particular, a la duración que se atribuye
a una infracción, el mismo principio de seguridad jurídica exige que, si no existen pruebas que permitan demostrar directamente
la duración de una infracción, la Comisión debe invocar, al menos, pruebas de hechos suficientemente próximos en el tiempo,
de modo que pueda admitirse razonablemente que la infracción prosiguió de manera ininterrumpida entre dos fechas concretas
(sentencias del Tribunal de 7 de julio de 1994, Dunlop Slazenger/Comisión, T‑43/92, Rec. p. II‑441, apartado 79; de 6 de julio
de 2000, Volkswagen/Comisión, T‑62/98, Rec. p. II‑2707, apartado 188, y Degussa/Comisión, T‑279/02, Rec. p. II‑897, apartados
114 y 153).
Además, el hecho de que no se haya aportado la prueba de la existencia de una infracción continuada para determinados períodos
concretos no impide considerar que la infracción se ha prolongado durante un período global más amplio que aquéllos siempre
que dicha constatación se base en indicios objetivos y concordantes. En el marco de una infracción que se prolonga a lo largo
de varios años, el hecho de que las manifestaciones del acuerdo se produzcan en períodos diferentes, que pueden estar separados
por lapsos de tiempo más o menos largos, no incide en la existencia de dicho acuerdo si las diferentes acciones que constituyen
la infracción persiguen un único fin y se encuadran en el marco de una infracción de carácter único y continuado (sentencia
del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 2006, Technische Unie/Comisión, C‑113/04 P, Rec. p. I‑8831, apartado 169).
En el presente caso debe observarse con carácter previo que, dado que el compromiso de las empresas japonesas en virtud del
pacto común no consistía en una acción positiva sino en una omisión, es intrínsecamente difícil probar que se dio cumplimiento
a ese pacto de forma continuada.
No obstante, en primer lugar, resulta del testimonio del Sr. M. que, hasta el término de su implicación en el cartel en junio
de 2002, tanto el acuerdo GQ como el pacto común siguieron aplicándose con la participación de las empresas japonesas distintas
de Hitachi, pese a que la ausencia de ésta y de Siemens hacía menos eficaz su funcionamiento. Los otros testimonios de los
empleados de ABB confirman que el pacto común prosiguió entre julio de 2002 y mayo de 2004. El contenido de los testimonios
considerados también se refleja en las declaraciones de ABB.
En segundo lugar, en su respuesta al pliego de cargos Fuji confirma que las empresas japonesas participaron en la infracción,
incluido el pacto común, hasta septiembre de 2000, cuando según alega abandonó el cartel.
En tercer lugar, se ha constatado en el anterior apartado 144 que en la reunión de 10 de julio de 2002 Alstom propuso la ampliación
del pacto común a los países de Europa central y oriental. Esa circunstancia implica que ese pacto existía tanto en la fecha
de la reunión como durante algún tiempo antes y después de ésta.
En cuarto lugar, la ausencia duradera de los productores japoneses del mercado europeo de los proyectos de GIS en el período
referido también constituye un indicio que permite pensar que el pacto común siguió siendo aplicado.
En quinto lugar, dado que la demandante no impugna expresamente el hecho de que la Comisión haya constatado la existencia
de una infracción única que comprende en particular el pacto común y el acuerdo GQ, por una parte, y por otra el examen de
los motivos primero a cuarto no ha llevado al Tribunal a apreciar un error de la Comisión al respecto, debe considerarse que
una prueba del funcionamiento continuado del acuerdo GQ constituye un indicio pertinente de que el pacto común también se
aplicaba durante dicho período. En efecto, dado el carácter único de la infracción, es plausible que la desaparición del pacto
común habría afectado al funcionamiento del acuerdo GQ.
Ahora bien, la demandante no refuta las apreciaciones realizadas en los considerandos 191 a 198 de la Decisión impugnada,
relacionadas con el intercambio de una serie de faxes sobre la atribución de los proyectos en virtud del acuerdo GQ en diciembre
de 2000 y en enero de 2001, con reuniones del acuerdo GQ que debían tener lugar en 2000 y en 2001 y con acuerdos referidos
a ciertos proyectos de GIS, concluidos en 1988 y en 1999 y eficaces hasta octubre de 2001.
La demandante tampoco expone alegaciones que desvirtúen específicamente las apreciaciones de la Comisión en los considerandos
199 a 216 de la Decisión impugnada relativas a la reanudación por Hitachi, Siemens y VA TECH de su participación en el cartel
y la continuación de éste entre julio de 2002 y 2004.
Atendiendo a esos factores, no puede acogerse la alegación de la demandante según la cual durante el período referido las
reuniones del acuerdo GQ pasaron a ser un foro de discusión sin objeto ni efecto anticompetitivo. Ello es tanto más así dado
que esa alegación no se confirma por medios diferentes de las declaraciones carentes de soporte de Toshiba.
Por tanto, se ha de estimar que los medios de prueba invocados por la Comisión sobre la puesta en práctica del pacto común
y del acuerdo GQ entre septiembre de 1999 y mayo de 2004 guardan relación con hechos lo bastante próximos en el tiempo, lo
que implica que se ha aportado la prueba de una infracción continuada en el período referido.
Por consiguiente, debe desestimarse el decimotercer motivo.
Como quiera que no puede prosperar ningún motivo aducido en apoyo de la pretensión principal, ésta debe ser desestimada.
2.
Sobre la pretensión subsidiaria de anulación de la Decisión impugnada y de su artículo 2, letra h), en la medida en que se
aplica a la demandante
Es oportuno examinar en primer lugar el quinto motivo, fundado en que la Comisión vulneró los principios de igualdad de trato
y de proporcionalidad al calcular el importe inicial de la multa impuesta a la demandante basándose en el volumen de negocios
del año 2001.

Alegaciones de las partes
La demandante afirma que la Comisión vulneró los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad al calcular los importes
iniciales de las multas de los productores japoneses basándose en sus ventas mundiales de GIS en el año 2001, en tanto que
se basó en el año 2003 en el caso de los productores europeos.
Por un lado, la Comisión no expuso una justificación objetiva del trato desigual atribuido a los productores japoneses. Según
la demandante, el hecho de que, conforme a una estrategia comercial lícita, esa parte eligió ejercer sus actividades en el
sector de los GIS a través de TM T & D carece de pertinencia en este aspecto, ya que las fluctuaciones ocurridas en el mercado
a partir de 2003 habrían afectado a su situación incluso si su elección hubiera sido diferente. En el presente caso la Comisión
habría debido considerar como importe inicial una parte del volumen de negocios de TM T & D, correspondiente a la parte de
su capital perteneciente a la demandante. Por otro lado, ese mismo método fue aplicado a Schneider en lo que se refiere a
su participación en la sociedad conjunta con VA TECH.
Por otro lado, según la demandante, el criterio de la Comisión tuvo como resultado que el importe inicial que se le aplicó
fue calculado con referencia a un año durante el que la situación en el mercado fue sustancialmente diferente a la del año
elegido para las empresas europeas, con el resultado de sobrevalorar el peso de su participación en la infracción. La demandante
alega al respecto que entre 2001 y 2003 tanto los mercados europeos y japonés de los GIS en general como su volumen de negocios
en ese sector declinaron significativamente.
La Comisión recuerda su facultad de apreciación en la elección de los factores que deben considerarse para determinar la multa,
circunstancia que influye en la intensidad del control jurisdiccional en la materia. De ello deduce que las alegaciones fundadas
en principios generales del Derecho sólo pueden llevar a limitar esa facultad de apreciación cuando ésta se haya ejercido
en contradicción flagrante con las circunstancias del caso concreto.
La Comisión añade que, cuando la infracción debe calificarse como muy grave, como en el presente caso, está facultada para
aplicar un trato diferenciado a fin de reflejar la capacidad efectiva de las empresas para causar un perjuicio importante
a la competencia y asegurar un efecto disuasorio suficiente.
Pues bien, en el presente caso el importe inicial fijado para la demandante se determinó conforme a los factores antes mencionados.
El año 2001 fue elegido porque se trataba del último año antes de la transferencia de la actividad en materia de GIS de la
demandante a TM T & D. Esa diferencia de trato está justificada según la Comisión por el hecho de que a lo largo de la mayor
parte de la duración de la infracción la demandante participó en ésta como empresa individual, lo que implica que las ventas
de 2003 no reflejarían fielmente la capacidad efectiva de la demandante para causar un perjuicio a la competencia.
Por otro lado, según la Comisión, el mero hecho de que 2001 fuera un mejor año que 2003 para la demandante no es suficiente
para mantener que el importe inicial es desproporcionado.
En último lugar, la Comisión observa que no fijó un importe inicial diferente para TM T & D a fin de no imponer una carga
indebida a la demandante.

Apreciación del Tribunal
Con carácter previo, conviene recordar que la Comisión dispone de un margen de apreciación al fijar el importe de las multas
a fin de lograr que las empresas ajusten su comportamiento a las normas sobre la competencia (véase la sentencia del Tribunal
de 29 de abril de 2004, Tokai Carbon y otros/Comisión, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 y T‑252/01, Rec.
p. II‑1181, apartado 216, y la jurisprudencia citada).
El importe de la multa se fija por la Comisión en función de la gravedad de la infracción y, si procede, de su duración La
gravedad de la infracción debe apreciarse en función de criterios como las circunstancias específicas del asunto, su contexto
y el alcance disuasorio de las multas Deben tenerse en cuenta elementos objetivos como el contenido y la duración de los comportamientos
contrarios a la competencia, su número y su intensidad, la extensión del mercado afectado y el deterioro sufrido por el orden
público económico. El examen ha de tomar en consideración igualmente la importancia relativa y la cuota de mercado de las
empresas responsables, así como una eventual reincidencia (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, apartado 39
supra,
apartados 89 a 91).
No obstante, en cada caso concreto en el que la Comisión decide imponer multas en virtud del Derecho sobre la competencia
está obligada a respetar los principios generales del Derecho, entre los que figura el principio de igualdad de trato, tal
como ha sido interpretado por los órganos jurisdiccionales comunitarios (sentencia del Tribunal de 27 de septiembre de 2006
Archer Daniels Midland/Comisión, T‑59/02, Rec. p. II‑3627, apartado 315).
Según reiterada jurisprudencia, el principio de igualdad de trato o de no discriminación exige que no se traten de manera
diferente situaciones que son comparables y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica, salvo que este
trato esté justificado objetivamente (véase la sentencia del Tribunal de 14 de mayo de 1998, BPB de Eendracht/Comisión, T‑311/94,
Rec. p. II‑1129, apartado 309, y la jurisprudencia citada).
Dado que procede basarse en el volumen de negocios de las empresas implicadas en una misma infracción para determinar las
relaciones entre las multas que han de imponerse, es preciso delimitar el período que debe considerarse, para que los volúmenes
obtenidos sean tan comparables como sea posible (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion
française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 122).
El principio de proporcionalidad requiere que los actos de las instituciones no rebasen los límites de lo que resulta apropiado
y necesario para el logro de los objetivos legítimos perseguidos por la normativa considerada, entendiéndose que, cuando se
ofrezca una elección entre varias medidas adecuadas, deberá recurrirse a la menos severa y que las desventajas ocasionadas
no deben ser desproporcionadas con respecto a los objetivos perseguidos (sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre
de 1990, Fedesa y otros, C‑331/88, Rec. p. I‑4023, apartado 13, y de 5 de mayo de 1998, Reino Unido/Comisión, C‑180/96, Rec.
p. I‑2265, apartado 96).
En el presente asunto, de los considerandos 480 a 490 de la Decisión impugnada se deduce que, al determinar los importes iniciales,
la Comisión decidió, conforme al punto 1 A de las Directrices para el cálculo de las multas, aplicar un trato diferenciado
a los participantes en el cartel en función de su capacidad para causar un perjuicio a la competencia. Con esa finalidad clasificó
a las diferentes empresas en cinco grupos según la importancia relativa de sus volúmenes de negocios mundiales obtenidos con
las ventas de los GIS. En ese contexto la Comisión estimó que los volúmenes de negocios relativos sólo al mercado del EEE
no constituían un criterio de apreciación fiable ya que el pacto común tenía por objeto garantizar la ausencia de los productores
japoneses del citado mercado.
En cuanto a la elección del año de referencia, de los considerandos 481, 482 y 484 de la Decisión impugnada se deduce que,
al determinar el valor de las ventas mundiales, la Comisión se basó en el año 2001 en el caso de la demandante, Fuji, Hitachi
y Toshiba, mientras que se basó en el año 2003, a saber el último año completo de la infracción, en el caso de los productores
europeos. De igual forma, el cálculo del importe inicial de las multas de la demandante, de Fuji, de Hitachi y de Toshiba
por el período de su participación en el cartel como empresas individuales se realizó según sus volúmenes de negocios en 2001,
en tanto que el cálculo del importe inicial de las multas de los productores europeos se realizó según sus volúmenes de negocios
en 2003.
Por consiguiente, debe constatarse que la Comisión no trató a los productores japoneses, entre ellos la demandante, y a los
productores europeos de igual modo en lo que se refiere a la elección del año de referencia. En consecuencia, en virtud de
la jurisprudencia citada en el anterior apartado 267 es preciso comprobar si hay una justificación objetiva de ese trato diferenciado.
Al respecto, en el considerando 482 de la Decisión impugnada la Comisión indicó que la utilización del año 2001 en lo que
atañe a la demandante se justificaba por el hecho de que, durante la mayor parte del período de la infracción, esa empresa
participaba en el cartel como empresa individual y no a través de la sociedad conjunta TM T & D que había continuado las actividades
en materia de GIS de la demandante y de Toshiba en 2002.
En la vista, la Comisión puntualizó que su objetivo era tomar en consideración la posición competitiva desigual de los dos
accionistas de TM T & D al tiempo de la constitución de ésta, debida al hecho de que la demandante tenía una cuota del mercado
mundial de los GIS bastante más importante que Toshiba. Según la Comisión, la referencia al último año completo de la participación
de la demandante y de Toshiba en el cartel como empresas individuales, es decir el año 2001, permitía reflejar esa disparidad
al determinar el importe de las multas, a diferencia del método consistente en dividir el volumen de negocios de TM T & D
realizado en 2003 entre los dos accionistas en función de su respectiva participación en la sociedad conjunta.
El objetivo invocado por la Comisión es legítimo ya que permite comparar la capacidad para causar un perjuicio a la competencia
de los accionistas de una sociedad conjunta durante el período precedente a la constitución de ésta. Resulta además del considerando
489 de la Decisión impugnada que se perseguía ese mismo objetivo en el caso de Schneider, aunque, a falta de los volúmenes
de negocio de ésta en 2001 o en 2003, la Comisión consideró como importe inicial la participación de Schneider en el capital
de la sociedad conjunta. En cambio, se conocen los volúmenes de negocio pertinentes de la demandante en 2001 y en 2003.
No obstante, se advierte que en el presente caso la Comisión habría podido emplear otros métodos para lograr el objetivo que
pretendía sin tratar a los productores japoneses, por una parte, y a los productores europeos, por otra, de forma desigual
en lo que se refiere a la elección del año de referencia. A modo de ejemplo, al determinar las multas de la demandante y de
Toshiba por el período anterior a la constitución de TM T & D, la Comisión habría podido basarse en el importe inicial de
la multa de esta última, calculado a partir de los volúmenes de negocios del año 2003 y dividido entre la demandante y Toshiba
según la proporción de las ventas de GIS que ambas habían realizado durante el último año precedente a la constitución de
la sociedad conjunta, es decir en 2001.
Por consiguiente, debe concluirse que en el presente caso la voluntad de la Comisión de reproducir fielmente la posición relativa
de la demandante y de Toshiba al determinar las multas no justifica el trato desigual que sufrió la demandante.
Por cuanto antecede, debe concluirse que la Comisión vulneró el principio de igualdad de trato al elegir el año 2001 como
año de referencia para la determinación del valor de las ventas mundiales de los productores japoneses y para el cálculo de
la multa impuesta a la demandante por su participación individual en el cartel.
Esa vulneración vicia directamente el cálculo de la multa impuesta a la demandante en el artículo 2, letra g), de la Decisión
impugnada por su participación en el cartel como empresa individual. Afecta indirectamente, a través de la determinación del
valor de las ventas mundiales y las cuotas de mercado, al cálculo de la multa impuesta a la demandante en el artículo 2, letra h),
de la Decisión impugnada, correspondiente al período de existencia de TM T & D.
Por tanto, se debe acoger el quinto motivo y anular en consecuencia el artículo 2, letras g) y h), de la Decisión impugnada.
Además, no procede examinar los motivos sexto a duodécimo aducidos por la demandante. En efecto, incluso si éstos fueran acogidos,
ello no podría dar lugar a una anulación de la Decisión impugnada de mayor alcance que la acordada en el anterior apartado.
En último lugar, habida cuenta de que se ha estimado la pretensión subsidiaria de la demandante, ya no procede pronunciarse
sobre su pretensión subsidiaria de segundo grado ni sobre la solicitud de diligencias de ordenación del procedimiento presentada
por esa parte.

Costas
En virtud del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de
una y otra parte, el Tribunal podrá repartir las costas o decidir que cada parte abone sus propias costas.
Al desestimarse la pretensión de anulación del artículo 1 de la Decisión impugnada, una parte significativa de las pretensiones
de la demandante no ha prosperado aun si otra parte de éstas se ha acogido.
Siendo así, procede acordar que la demandante cargue con tres cuartos de las costas de las partes ante el Tribunal y que la
Comisión cargue con un cuarto de las mismas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
decide:
1)
Anular, en cuanto afecta a Mitsubishi Electric Corp., el artículo 2, letras g) y h), de la Decisión de la Comisión C(2006) 6762 final,
de 24 de enero de 2007, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto
COMP/F/38.899 – Conmutadores con aislamiento de gas).
2)
Desestimar el recurso en todo lo demás.
3)
Mitsubishi Electric cargará con tres cuartos de las costas de las partes ante el Tribunal.
4)
La Comisión Europea cargará con un cuarto de las costas de las partes ante el Tribunal.
Pelikánová
Jürimäe
Soldevila Fragoso
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de julio de 2011.
Firmas
Índice
Antecedentes del litigio
1.     Demandante
2.     Productos
3.     Procedimiento administrativo
4.     Decisión impugnada
Procedimiento y pretensiones de las partes
Fundamentos de Derecho
1.     Sobre la pretensión principal de anulación de la Decisión impugnada en la medida en que se aplica a la demandante y a TM T & D
Sobre el decimocuarto motivo, basado en que la Comisión vulneró el derecho de defensa de la demandante y su derecho a un proceso
justo al no darle acceso a los medios de cargo y de descargo
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
Sobre el decimoquinto motivo, fundado en que la Comisión vulneró el derecho de defensa de la demandante al no comunicarle
sus conclusiones acerca de la teoría de la compensación inherente al pacto común
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
Sobre los motivos primero, tercero y cuarto, fundados en que la Comisión no acreditó la participación de la demandante en
el cartel imputado, en que cometió un error al no considerar los medios que explicaban la ausencia de la demandante del mercado
europeo y la imposibilidad de penetrar en él y en que infringió las reglas reguladoras de la prueba al invertir la carga de
la prueba, infringiendo así la presunción de inocencia
Sobre los medios aportados por ABB
– Alegaciones de las partes
– Apreciación del Tribunal
Sobre la corroboración de los medios aportados por ABB
– Alegaciones de las partes
– Apreciación del Tribunal
Sobre el mecanismo de notificación y cómputo
– Alegaciones de las partes
– Apreciación del Tribunal
Sobre los medios que supuestamente contradicen la existencia del pacto común
– Alegaciones de las partes
– Apreciación del Tribunal
Sobre la atribución de los proyectos de GIS en el EEE
– Alegaciones de las partes
– Apreciación del Tribunal
Apreciación global
– Alegaciones de las partes
– Apreciación del Tribunal
Sobre el décimo motivo, fundado en que la Comisión no ha demostrado la existencia de un acuerdo que infringiera el artículo
81 CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE
– Alegaciones de las partes
– Apreciación del Tribunal
Sobre el decimotercer motivo, basado en que la Comisión cometió un error en el cálculo de la duración del cartel
– Alegaciones de las partes
– Apreciación del Tribunal
2.     Sobre la pretensión subsidiaria de anulación de la Decisión impugnada y de su artículo 2, letra h), en la medida en que se
aplica a la demandante
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
Costas
*
Lengua de procedimiento: inglés.