CELEX: 62009CJ0050
Incumplimiento de Estado
Directiva 85/337/CEE
Obligación de la autoridad medioambiental competente de realizar una evaluación de impacto ambiental de los proyectos
Pluralidad de autoridades competentes
Necesidad de garantizar la evaluación de la interacción entre los factores que puedan resultar afectados directa o indirectamente
Aplicación de la Directiva a las obras de demolición

Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que:
–      al no adaptar el Derecho interno al artículo 3 de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a
la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40;
EE 15/06, p. 9), en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997 (DO L 73, p. 5), y
por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003 (DO L 156, p. 17) (en lo sucesivo,
«Directiva 85/337»),
–      al no garantizar que, cuando las autoridades irlandesas encargadas de la ordenación del territorio y la Agencia de protección
medioambiental (en lo sucesivo, «Agencia») ostentan facultades decisorias sobre un proyecto, se respeten plenamente los requisitos
previstos en los artículos 2 a 4 de esta Directiva, y
–      al excluir las obras de demolición del ámbito de aplicación de la normativa por la que se adapta el Derecho interno a la misma
Directiva,
Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dicha Directiva.

Marco jurídico

Normativa de la Unión
El artículo 1, apartados 2 y 3, de la Directiva 85/337 dispone:
«2.      Con arreglo a la presente Directiva, se entenderá por:
proyecto:
–        la realización de trabajos de construcción o de otras instalaciones u obras,
–        otras intervenciones en el medio natural o el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación de los recursos del suelo;
[...]
autorización:
la decisión de la autoridad o de las autoridades competentes que confiere al [promotor] el derecho a realizar el proyecto.
3.      La o las autoridades competentes serán las que los Estados miembros designen a fin de llevar a cabo las tareas que se derivan
de la presente Directiva.»
A tenor del artículo 2, apartados 1 a 2
bis,
de dicha Directiva:
«1.      Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan
tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización,
se sometan al requisito de autorización de su desarrollo y a una evaluación con respecto a sus efectos. Estos proyectos se
definen en el artículo 4.
2.      La evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente podrá integrarse en los procedimientos existentes de autorización
de los proyectos en los Estados miembros o, a falta de ello, en otros procedimientos o en los procedimientos que deberán establecerse
para satisfacer los objetivos de la presente Directiva.
bis.
Los Estados miembros podrán establecer un procedimiento único para cumplir los requisitos de la presente Directiva y los requisitos
de la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y el control integrados de la
contaminación [...].»
El artículo 3 de la misma Directiva establece:
«La evaluación del impacto ambiental identificará, describirá y evaluará de forma apropiada, en función de cada caso particular
y de conformidad con los artículos 4 a 11, los efectos directos e indirectos de un proyecto en los siguientes factores:
–        el ser humano, la fauna y la flora,
–        el suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje,
–        los bienes materiales y el patrimonio cultural,
–        la interacción entre los factores mencionados en los guiones primero, segundo y tercero.»
El artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 85/337 tiene el siguiente tenor:
«1.      Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2, los proyectos enumerados en el Anexo I serán objeto de una
evaluación de conformidad con lo establecido en los artículos 5 a 10.
2.      Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2, por lo que respecta a los proyectos enumerados en el Anexo II,
los Estados miembros determinarán:
a)      mediante un estudio caso por caso,
o
b)      mediante umbrales o criterios establecidos por el Estado miembro,
si el proyecto será objeto de una evaluación de conformidad con lo establecido en los artículos 5 a 10.
Los Estados miembros podrán decidir la aplicación de ambos procedimientos contemplados en las letras a) y b).»
Los artículos 5 a 7 de dicha Directiva se refieren a la información que se debe recoger y a las consultas que se deben realizar
en el procedimiento de evaluación. El artículo 5 trata de la información que debe facilitar el promotor, el artículo 6 de
la obligación de consultar a las autoridades con responsabilidades específicas en materia medioambiental, por una parte, y
al público, por otra, y el artículo 7 se refiere a la obligación, en caso de proyectos transfronterizos, de informar al otro
Estado miembro interesado. El artículo 8 de la misma Directiva precisa que los resultados de estas consultas y la información
recogida deberán tomarse en consideración en el procedimiento de autorización de desarrollo del proyecto.
Los artículos 9 a 11 de la misma Directiva, relativos a la decisión adoptada al término del procedimiento de autorización,
se refieren, respectivamente, a la información al público y a los Estados miembros interesados, al respeto de la confidencialidad
en materia comercial e industrial, al derecho del público a presentar un recurso ante un tribunal de justicia y al intercambio
de información entre los Estados miembros y la Comisión.
El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 85/337, en su versión originaria, obligaba a los Estados miembros a cumplir sus
disposiciones antes del 3 de julio de 1988. En cuanto a las modificaciones introducidas en esta Directiva por las Directivas
97/11 y 2003/35, los Estados miembros estaban obligados a aplicarlas antes del 14 de marzo de 1999 y del 25 de junio de 2005,
respectivamente.

Normativa nacional
La Ley de 2000 de ordenación del territorio y desarrollo
La Planning and Development Act 2000 (Ley de 2000 de ordenación del territorio y desarrollo), en la versión modificada por
la Strategic Infrastructure Act 2006 (Ley de 2006 de infraestructuras estratégicas; en lo sucesivo, «PDA»), define el marco
jurídico aplicable a la concesión de autorizaciones para la mayor parte de las categorías de proyectos enumeradas en los anexos I
y II de la Directiva 85/337. Para algunos proyectos, la autorización prevista en la PDA, denominada «autorización de ordenación
del territorio» y concedida, en principio, por una autoridad local, es la única autorización exigida para realizar el proyecto.
En este caso, la PDA establece que las decisiones adoptadas por las autoridades locales son susceptibles de recurso ante el
An Bord Pleanála [Consejo nacional de ordenación del territorio (en lo sucesivo, «Consejo»)].
La parte X de la PDA, que comprende los artículos 172 a 177, está dedicada a las evaluaciones de impacto ambiental. El artículo
176 establece que se definirán mediante reglamento los proyectos que requieran tal evaluación. El artículo 172 dispone que,
en los proyectos regulados por las disposiciones reglamentarias adoptadas en virtud del artículo 176, las solicitudes de autorización
deberán acompañarse de una declaración de impacto ambiental. De conformidad con el artículo 173, cuando una autoridad encargada
de la ordenación del territorio conozca de una solicitud de autorización que incluya una declaración de impacto ambiental,
dicha autoridad y, en vía de recurso, el Consejo, estarán obligados a tomar en consideración dicha declaración. El artículo
177 establece que se determinará mediante reglamento la información que se deberá incluir en tal declaración.
El Planning and Development Regulations 2001 (Reglamento de 2001 de ordenación del territorio y desarrollo), en la versión
modificada por el Planning and Development Regulations 2008 (Reglamento de 2008 de ordenación del territorio y desarrollo;
en lo sucesivo, «PDR»), adoptado en aplicación, en particular, de los artículos 176 y 177 de la PDA, define las modalidades
de aplicación de la PDA.
La parte segunda del PDR se refiere a los proyectos exentos de evaluación de impacto ambiental. El artículo 6 del mismo remite
a este respecto a la parte primera del anexo 2 de dicho Reglamento, la cual, en la categoría 50, contempla «la demolición
de un inmueble o de cualquier otra estructura». Los artículos 9 y 10 del PDR enuncian las condiciones en las que un proyecto,
en principio exento, debe ser, no obstante, objeto de un procedimiento de autorización.
La parte décima del PDR está dedicada a las evaluaciones de impacto ambiental. Su artículo 93, en relación con el anexo 5
de dicho Reglamento, define las categorías de proyectos para las que se exige tal evaluación. El artículo 94 del PDR, que
indica la información que debe figurar en las declaraciones de impacto ambiental, tiene el siguiente tenor:
«Las declaraciones de impacto ambiental deberán incluir:
a)      la información especificada en el punto 1 del anexo 6;
b)      la información especificada en el punto 2 del anexo 6, siempre que:
i)      esta información sea pertinente en una fase dada del procedimiento de autorización por las características concretas del proyecto
o del tipo de proyecto de que se trate, y por los elementos medioambientales que puedan resultar afectados, y que
ii)      la persona o personas que preparen la declaración puedan estar obligadas, en los límites de lo razonable, a reunir esta información,
teniendo en cuenta, en particular, los conocimientos y los métodos de evaluación existentes; y
c)      un resumen en lenguaje no técnico de la información exigida con arreglo a los puntos a) y b).»
El anexo 6 del PDR concreta la información que debe figurar en las declaraciones de impacto ambiental. El punto 2, letra b),
de este anexo establece que deberá incluir:
«Una descripción de los aspectos medioambientales que puedan resultar afectados significativamente por el proyecto presentado,
incluidos, en particular:
–        el ser humano, la fauna y la flora,
–        el suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje,
–        los bienes materiales, incluidos el patrimonio arquitectónico y arqueológico, y el patrimonio cultural,
–        la interacción entre los factores arriba mencionados.»
De conformidad con el artículo 108 del PDR, la autoridad competente en materia de ordenación del territorio estará obligada
a comprobar que la información incluida en la declaración de impacto ambiental cumple con los requisitos de dicho Reglamento.
La ley de 1992 de creación de la Agencia
La Environmental Protection Agency Act 1992 (Ley de 1992 de creación de la Agencia de protección medioambiental; en lo sucesivo,
«EPAA») introdujo, en particular, un nuevo sistema de reducción integrada de la contaminación que obliga a que numerosas actividades
industriales posean una autorización concedida por la Agencia. Cuando la actividad es nueva y/o afecta a una nueva construcción,
debe obtener también la autorización de ordenación prevista en la PDA.
El artículo 98 de la EPAA, que prohibía a las autoridades encargadas de la ordenación del territorio tomar en consideración
las cuestiones ligadas a los riesgos de contaminación cuando examinaban las solicitudes de autorización de ordenación del
territorio, fue modificado por el artículo 256 de la PDA en el sentido de que, aunque estas autoridades tienen prohibido establecer
en las autorizaciones que conceden para actividades que requieren además autorización de la Agencia requisitos que obliguen
a una reducción de las emisiones contaminantes, pueden, no obstante, en su caso, denegar la concesión de la autorización de
ordenación del territorio por razones medioambientales. Dicho artículo 98, en su versión modificada, prevé la posibilidad
de que estas autoridades insten a la Agencia a presentar observaciones, en particular, en lo relativo a la declaración de
impacto ambiental. Sin embargo, la Agencia no está obligada a acceder a esta petición.
El Environmental Protection Agency (Licensing) Regulations 1994 (Reglamento de 1994 de la Agencia de protección medioambiental;
en lo sucesivo, «EPAR») establece la posibilidad de que la Agencia comunique las solicitudes de autorización a las autoridades
encargadas de la ordenación del territorio. Sin embargo, la autoridad no estará obligada a responder a dicha comunicación.
La ley de 1930 de monumentos nacionales
La National Monuments Act 1930 (Ley de 1930 de monumentos nacionales; en lo sucesivo, «NMA») regula la protección de los vestigios
arqueológicos irlandeses más importantes desde el punto de vista cultural, que se califican como «monumentos nacionales».
Fue modificada por una ley de 2004 [National Monuments (Amendment) Act 2004], para flexibilizar las limitaciones impuestas
por la normativa anterior en el caso de propuestas de modificación o de eliminación de monumentos nacionales.
El artículo 14 de la NMA otorga al ministro de Medio Ambiente, Patrimonio y Administración Local irlandés (en lo sucesivo,
«ministro») la facultad de apreciación en la toma de decisiones que autoricen la destrucción de monumentos nacionales. Cuando,
con ocasión de la realización de un proyecto de carretera que ha sido objeto de evaluación de impacto ambiental, se descubre
un monumento nacional, el artículo 14
bis
de la NMA establece que estará prohibido, en principio, realizar cualquier obra en el monumento en espera de instrucciones
por parte del ministro. Estas instrucciones pueden referirse a distintas «intervenciones en el monumento», incluida su demolición.
En la adopción de estas instrucciones no se prevé ninguna evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, el artículo 14
ter
de la NMA establece que las instrucciones del ministro deberán ser comunicadas al Consejo. Si estas instrucciones disponen
que se modifique el proyecto de carretera aprobado, el Consejo estará obligado a examinar si dicha modificación puede tener
un impacto ambiental importante. Si aquél considera que sí, deberá exigir la presentación de una declaración de impacto ambiental.

Procedimiento administrativo previo
Tras examinar una denuncia relativa a la transposición por Irlanda de la Directiva 85/337, la Comisión consideró que este
Estado miembro no había adaptado íntegra y correctamente su Derecho interno a esta Directiva y, mediante escrito de 19 de
noviembre de 1998, le requirió para que presentara sus observaciones, de conformidad con el procedimiento por incumplimiento.
Un segundo escrito de requerimiento fue enviado a Irlanda el 9 de febrero de 2001.
Examinadas las observaciones recibidas en repuesta a estos escritos de requerimiento, la Comisión dirigió a Irlanda, el 6
de agosto de 2001, un dictamen motivado en el que concluía que este Estado miembro no había adaptado correctamente el Derecho
interno a los artículos 2 a 6, 8 y 9 de dicha Directiva. En su respuesta, Irlanda comunicó a la Comisión que se estaban adoptando
las modificaciones legislativas necesarias para adaptar el Derecho interno y solicitó una suspensión del procedimiento.
Tras nuevas denuncias, la Comisión dirigió a Irlanda, el 2 de mayo de 2006, un escrito de requerimiento complementario.
Disconforme con las respuestas recibidas, la Comisión elaboró, el 29 de junio de 2007, un dictamen motivado complementario,
en el que concluía que Irlanda seguía sin adaptar correctamente su Derecho interno a la Directiva 85/337, en particular a
los artículos 2 a 4 de la misma, e instaba a este Estado miembro a dar cumplimiento a este dictamen en un plazo de dos meses
a partir de su recepción. En su respuesta, Irlanda se ratificó en su postura de que la normativa irlandesa vigente ya constituye
una transposición adecuada de esta Directiva.
La Comisión interpuso entonces el presente recurso.

Sobre el recurso

Sobre la primera imputación, basada en la no adaptación del Derecho interno al artículo 3 de la Directiva
Alegaciones de las partes
A juicio de la Comisión, el artículo 3 de la Directiva 85/337 reviste una importancia fundamental, pues define en qué consiste
una evaluación de impacto ambiental, y, por tanto, el Derecho interno debe ser adaptado de manera explícita. Pues bien, las
disposiciones que, según Irlanda, realizan una adecuada adaptación del Derecho interno al artículo 3 de la Directiva no son
suficientes.
Así, el artículo 173 de la PDA, que exige que la autoridad encargada de la ordenación del territorio tome en consideración
la información incluida en la declaración de impacto ambiental presentada por el promotor, se refiere a la obligación, prevista
en el artículo 8 de la Directiva 85/337, de que se tome en consideración la información recogida de conformidad con los artículos
5 a 7 de la misma. En cambio, este artículo 173 no se corresponde con la obligación más amplia, que el artículo 3 de dicha
Directiva atribuye a la autoridad competente, de garantizar la realización de una evaluación de impacto ambiental que identifique,
describa y evalúe todos los factores contemplados en dicho artículo 3.
En lo relativo a los artículos 94, 108 y 111 del PDR y al anexo 6 de este Reglamento, la Comisión señala que se limitan, por
una parte, a enumerar los elementos sobre los que el promotor debe suministrar información en su declaración de impacto ambiental
y, por otra parte, a enunciar la obligación que tienen las autoridades competentes de comprobar la exhaustividad de dicha
información. Las obligaciones previstas en estas disposiciones se distinguen de la impuesta en el artículo 3 de la Directiva
a la autoridad competente de realizar una evaluación completa del impacto ambiental.
En cuanto a la procedencia de la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales irlandeses relativa a la aplicación de las
disposiciones controvertidas del Derecho nacional, la Comisión señala que, aunque estos órganos jurisdiccionales pueden interpretar
las disposiciones ambiguas de modo que sean compatibles con las directivas, no pueden colmar las lagunas jurídicas que existen
en la normativa nacional. Por lo demás, los extractos de las decisiones citados por Irlanda se refieren no a la interpretación
de esta normativa, sino a la de la propia Directiva 85/337.
Irlanda rebate la importancia que la Comisión otorga al artículo 3 de dicha Directiva. Éste, redactado en términos genéricos,
se limita a indicar que la evaluación de impacto ambiental debe hacerse de conformidad con los artículos 4 a 11 de dicha Directiva.
Cuando los Estados miembros adaptan el Derecho interno a dichos artículos 4 a 11, lo adaptan asimismo a este artículo 3.
Irlanda sostiene que los artículos 172, apartado 1, y 173 de la PDA y los artículos 94 y 108 del PDR y el anexo 6 del mismo
adaptan por completo el Derecho interno a las disposiciones del artículo 3 de la Directiva 85/337. Subraya que la Supreme
Court (Irlanda) confirmó, en dos sentencias de 2003 y 2007, a saber, respectivamente, O’Connell/ Environmental Protection
Agency y Martin/An Bord Pleanála, que el Derecho nacional obliga a las autoridades planificadoras y a la Agencia a evaluar
los factores contemplados en dicho artículo 3 y la interacción entre ellos. Estas sentencias, que se deben tener en cuenta
para apreciar el alcance de las disposiciones nacionales controvertidas, no colman una laguna jurídica, sino que se limitan
a observar que la normativa nacional aplicable impone a las autoridades competentes la obligación de evaluar los efectos de
los proyectos en el medio ambiente en relación con los criterios enunciados en el artículo 3 de la Directiva 85/337.
Subsidiariamente, Irlanda se refiere al concepto de «planificación adecuada y desarrollo sostenible» previsto en el artículo
34 de la PDA. Se trata del criterio principal que toda autoridad encargada de la ordenación del territorio debe tomar en consideración
cuando se pronuncia sobre una solicitud de autorización. Este concepto se suma a todos los criterios contemplados en dicho
artículo 34 y en otras disposiciones de la misma Ley, entre ellos el artículo 173 de la misma, cuya aplicación refuerza.
Por último, Irlanda alega que la Comisión no respeta la facultad de apreciación de que gozan los Estados miembros con arreglo
al artículo 249 CE en lo relativo a la forma y a los medios que permiten adaptar el Derecho interno a una directiva. Al exigir
que se adapte el Derecho interno literalmente al artículo 3 de la Directiva 85/337, la Comisión desconoce el cuerpo legislativo
y jurisprudencial que se ha creado en Irlanda durante 45 años en torno a los conceptos de «planificación adecuada» y de «desarrollo
sostenible».
Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar, procede señalar que la Comisión e Irlanda hacen una lectura divergente del artículo 3 de la Directiva
85/337 y analizan de distinto modo sus relaciones con los artículos 4 a 11 de la misma. La Comisión sostiene que dicho artículo
3 establece obligaciones que trascienden a las exigidas por dichos artículos 4 a 11, mientras que Irlanda considera que se
trata únicamente de una disposición redactada en términos genéricos y que el proceso detallado de evaluación del impacto ambiental
se precisa en dichos artículos 4 a 11.
A este respecto, procede señalar que, aunque el artículo 3 de la mencionada Directiva dispone que la evaluación del impacto
ambiental se realizará «de conformidad con los artículos 4 a 11» de la misma, las obligaciones contempladas en dichos artículos
son distintas de la prevista en el propio artículo 3.
El artículo 3 de la Directiva 85/337 atribuye a la autoridad medioambiental competente la obligación de realizar una evaluación
de impacto ambiental que debe comprender una descripción de los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre los factores
enumerados en los tres primeros guiones de ese artículo y la interacción entre ellos (sentencia de 16 de marzo de 2006, Comisión/España,
C‑332/04, apartado 33). Como indica el artículo 2, apartado 1, de la misma Directiva, esta evaluación se deberá realizar antes
de que se conceda la autorización solicitada para realizar el proyecto.
Para cumplir con la obligación que dicho artículo 3 le impone, la autoridad medioambiental competente no podrá limitarse a
identificar y a describir los efectos directos e indirectos del proyecto en determinados factores, sino que además deberá
evaluarlos de forma apropiada, en función de cada caso particular.
Esta obligación de evaluación se distingue de las obligaciones enunciadas en los artículos 4 a 7, 10 y 11 de la Directiva
85/337 que son, en lo esencial, obligaciones de recogida e intercambio de información, consulta, publicidad y garantía de
que exista un recurso judicial. Se trata de disposiciones de naturaleza procedimental, que se refieren únicamente a la ejecución
de la obligación sustancial prevista en el artículo 3 de esta Directiva.
Es preciso reconocer que el artículo 8 de la misma Directiva dispone que los resultados de las consultas y la información
recogida en virtud de los artículos 5 a 7 de la misma deberán tomarse en consideración en el procedimiento de autorización
de desarrollo del proyecto.
Sin embargo, no se puede confundir esta obligación de tomar en consideración, al final del proceso decisorio, los datos recogidos
por la autoridad medioambiental competente con la obligación de evaluación prescrita en el artículo 3 de la Directiva 85/337.
En efecto, esta evaluación, que se debe realizar al inicio del proceso decisorio (sentencia de 4 de mayo de 2006, Comisión/Reino
Unido, C‑508/03, Rec. p. I‑3969, apartado 103), conlleva un examen a fondo de la información recogida y una reflexión sobre
la oportunidad de completarla, en su caso, con datos adicionales. En consecuencia, esta autoridad medioambiental competente
debe entregarse a un trabajo tanto de investigación como de análisis para llegar a una apreciación lo más completa posible
de los efectos directos e indirectos del proyecto de que se trata en los factores enumerados en los tres primeros guiones
de dicho artículo 3 y de la interacción entre ellos.
Por consiguiente, se deduce tanto del tenor de las disposiciones controvertidas de dicha Directiva como de la estructura general
de la misma que su artículo 3 es una disposición fundamental. No se puede considerar que la mera adaptación del Derecho interno
a los artículos 4 a 11 de dicha Directiva suponga una adaptación automática del Derecho interno a dicho artículo 3.
A la luz de estas consideraciones procede analizar si las disposiciones nacionales invocadas por Irlanda constituyen una adaptación
correcta del Derecho interno al artículo 3 de la Directiva 85/337.
De la lectura del artículo 172 de la PDA, del artículo 94 del PDR y del anexo 6 del mismo resulta que estas disposiciones
se refieren a la obligación del promotor de presentar una declaración del impacto que el proyecto puede tener en el medio
ambiente, lo que se corresponde, como alega justificadamente la Comisión, con la obligación que el artículo 5 de la Directiva
85/337 impone al promotor. El artículo 108 del PDR sólo obliga a la autoridad encargada de la ordenación del territorio a
comprobar la exhaustividad de dicha información.
Por lo que respecta al artículo 173 de la PDA, según el cual la autoridad encargada de la ordenación del territorio, cuando
conozca de una solicitud de autorización que incluya una declaración de impacto ambiental, deberá tener en cuenta esta declaración
y cualquier información adicional que se le suministre, del propio tenor de este artículo se deduce que se limita a enunciar
una obligación de la misma naturaleza que la prevista en el artículo 8 de la Directiva 85/337, a saber, la de tomar en consideración
los resultados de las consultas y la información recogida en el procedimiento de autorización de desarrollo del proyecto.
Esta obligación no se corresponde con la más amplia, impuesta por el artículo 3 de dicha Directiva a la autoridad medioambiental
competente, de que la misma realice una evaluación de impacto ambiental que considere los factores enunciados en dicha disposición.
En estas circunstancias, procede declarar que las disposiciones nacionales invocadas por Irlanda no permiten alcanzar el resultado
perseguido por el artículo 3 de dicha Directiva.
Aunque es cierto que, según jurisprudencia reiterada, la adaptación del Derecho interno a una directiva no exige necesariamente
una adopción formal y literal de sus disposiciones en una norma legal o reglamentaria expresa y específica, y que puede ser
suficiente con un contexto jurídico general, siempre que éste garantice efectivamente la plena aplicación de la directiva
de un modo suficientemente claro y preciso (véase, en particular, la sentencia de 16 de julio de 2009, Comisión/Irlanda, C‑427/07,
Rec. p. I‑6277, apartado 54 y jurisprudencia citada), no lo es menos que, de conformidad con una jurisprudencia igualmente
reiterada, las disposiciones de una directiva deben ser ejecutadas con indiscutible fuerza imperativa, y con la especificidad,
precisión y claridad necesarias para cumplir la exigencia de seguridad jurídica, la cual requiere que, en el caso de que la
directiva tenga como fin crear derechos a favor de los particulares, los beneficiarios puedan conocer plenamente sus derechos
(véase, en particular, la sentencia Comisión/Irlanda, antes citada, apartado 55 y jurisprudencia citada).
A este respecto, procede señalar que la sentencia de la Supreme Court O’Connell/Environmental Protection Agency, antes citada,
interpreta, en efecto, en el pasaje invocado por Irlanda, unas disposiciones de Derecho interno en un sentido conforme a la
Directiva 85/337. Sin embargo, según jurisprudencia reiterada, tal interpretación conforme de las disposiciones de Derecho
interno no puede, por sí sola, tener la claridad y la precisión necesarias para cumplir la exigencia de seguridad jurídica
(véase, en particular, la sentencia de 10 de mayo de 2007, Comisión/Austria, C‑508/04, Rec. p. I‑3787, apartado 79 y jurisprudencia
citada). El pasaje de la sentencia del mismo órgano jurisdiccional nacional Martin/An Bord Pleanála, antes citada, al que
también se refiere Irlanda, trata, por su parte, la cuestión de si todos los factores contemplados en el artículo 3 de dicha
Directiva se mencionan en los procedimientos de autorización establecidos por la normativa irlandesa. En cambio, no aporta
ninguna precisión a la cuestión, decisiva para apreciar la primera imputación, de en qué debe consistir el examen que las
autoridades nacionales competentes deben realizar sobre estos factores.
En cuanto a los conceptos de «planificación adecuada» y de «desarrollo sostenible» a los que también se refiere Irlanda, procede
observar que, incluso suponiendo que estos conceptos englobasen los criterios contemplados en el artículo 3 de la Directiva
85/337, no se acredita que exijan que se deban tener en cuenta estos criterios siempre que sea necesaria una evaluación de
impacto ambiental.
De ello se deduce que no se pueden invocar ni la jurisprudencia nacional ni los conceptos de «planificación adecuada» y de
«desarrollo sostenible» para colmar la falta de adaptación del ordenamiento jurídico irlandés al artículo 3 de la Directiva 85/337.
En consecuencia, procede considerar fundada la primera imputación formulada por la Comisión en apoyo de su recurso.

Sobre la segunda imputación, basada en que no se garantiza el pleno respeto de los artículos 2 a 4 de la Directiva 85/337
cuando intervienen varias autoridades en el proceso decisorio
Alegaciones de las partes
La Comisión considera indispensable que la evaluación de impacto ambiental se realice en el marco de un procedimiento global.
Pues bien, en Irlanda, tras la creación de la Agencia, determinados proyectos que precisan de tal evaluación están sometidos
a dos procesos decisorios distintos: uno, en el que las autoridades encargadas de la ordenación del territorio resuelven cuestiones
relativas a la ocupación del suelo, y otro, en el que la Agencia resuelve cuestiones ligadas a la contaminación. La Comisión
admite que se puede considerar, como hace la jurisprudencia irlandesa (véase la sentencia de la Supreme Court Martin/An Bord
Pleanála, antes citada), que la autorización de ordenación y la autorización de la Agencia constituyen en conjunto una «autorización»
en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 85/337, y no ve objeción alguna a que esta autorización se dé en
dos fases sucesivas. Sin embargo, critica que la normativa irlandesa no obligue a las autoridades encargadas de la ordenación
del territorio y a la Agencia a coordinar sus actuaciones. A juicio de la Comisión, esta situación es contraria a los artículos
2 a 4 de dicha Directiva.
En cuanto al artículo 2 de la mencionada Directiva, la Comisión señala que exige la realización de una evaluación de impacto
ambiental para los proyectos contemplados en el artículo 4 de esta Directiva «antes de concederse la autorización». Pues bien,
la Comisión considera que existe la posibilidad, según la normativa irlandesa, de que una parte del proceso decisorio se desarrolle
sin cumplir este requisito. Por una parte, esta normativa no exige que se presente una solicitud de autorización ante las
autoridades encargadas de la ordenación del territorio antes de que se presente la solicitud de autorización a la Agencia,
la cual no está facultada para iniciar una evaluación de impacto ambiental. Por otra parte, las autoridades encargadas de
la ordenación del territorio no están obligadas, en su evaluación, a tomar en consideración el impacto en materia de contaminación,
que podría quedar sin evaluación.
Refiriéndose a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase, en particular, la sentencia de 20 de noviembre de 2008,
Comisión/Irlanda, C‑66/06, apartado 59), la Comisión subraya que no está obligada a esperar a que la aplicación de la ley
de adaptación del Derecho interno produzca efectos indemnizables ni a demostrar la existencia de éstos, cuando el propio texto
de dicha ley es insuficiente o deficiente.
En cuanto al artículo 3 de la Directiva 85/337, la Comisión considera que, cuando son competentes varias autoridades, los
procedimientos que sigue cada una de ellas deben garantizar, en su conjunto, la completa realización de la evaluación exigida
por dicho artículo 3. Pues bien, la delimitación estricta de las distintas competencias de las autoridades encargadas de la
ordenación del territorio, por una parte, y de la Agencia, por otra, tal como prevé la normativa irlandesa, no tiene formalmente
en cuenta el concepto de «medio ambiente» en la decisión. Ninguna de las autoridades implicadas en el procedimiento de autorización
está encargada de evaluar y tomar en consideración las interacciones entre los factores contemplados en los guiones primero
a tercero de dicho artículo 3, que entran, respectivamente, en las esferas de las distintas competencias de cada una de estas
autoridades.
A este respecto, la Comisión, refiriéndose al artículo 98 de la EPAA, en su versión modificada, y a la EPAR, observa que no
existe ninguna obligación formal de consulta entre las autoridades competentes durante el procedimiento seguido para la concesión
de la autorización por la autoridad encargada de la ordenación del territorio y el seguido para conceder la autorización por
la Agencia.
Para ilustrar su análisis, la Comisión menciona el caso de los proyectos de instalación de una incineradora en Duleek, en
el condado de Meath, y de la fábrica de tratamiento de madera en servicio en Leap, en el condado de O’ffaly.
Remitiéndose a la sentencia de 4 de mayo de 2006, Comisión/Reino Unido (C‑98/04, Rec. p. I‑4003), Irlanda rebate la admisibilidad
de la segunda imputación formulada por la Comisión en apoyo de su recurso, pues, a su juicio, la Comisión no acreditó con
detalle por qué motivo el que Irlanda designe dos autoridades competentes vulnera las exigencias de la Directiva 85/337. A
su juicio, esta omisión dificultó la preparación de su defensa.
En cuanto al fondo, Irlanda alega que la consecuencia de la implicación de varias autoridades competentes en el proceso decisorio,
proceso que los artículos 1, apartado 3, y 2, apartado 2, de la Directiva 85/337 permiten, es que la participación y las obligaciones
de éstas son distintas y que intervienen en fases distintas antes de que se «autorice el proyecto». Basándose en la sentencia
de la Supreme Court Martin/An Bord Plaenála, antes citada, Irlanda aduce que esta Directiva no sugiere en ningún sitio que
un único órgano competente deba realizar una «evaluación global» del impacto ambiental.
Irlanda niega que exista una delimitación estricta entre las competencias de ambos órganos decisorios y sostiene que, por
el contrario, existe un solapamiento de las mismas. Considera que el concepto de «planificación adecuada y desarrollo sostenible»
al que se refiere la PDA es un concepto muy amplio, que abarca, en particular, la contaminación ambiental. Las autoridades
encargadas de la ordenación del territorio están obligadas a evaluar tal contaminación al resolver las autorizaciones de ordenación.
Añade que diversas disposiciones confieren expresamente a estas autoridades la facultad de denegar las autorizaciones de ordenación
por motivos medioambientales.
En respuesta a la alegación de la Comisión de que cabe presentar en la Agencia una solicitud de autorización antes de que
se haya presentado una solicitud de autorización a la autoridad encargada de la ordenación del territorio y, por tanto, antes
de que se haya realizado una evaluación de impacto ambiental, Irlanda alega que la «autorización del proyecto» en Derecho
irlandés exige a la vez una autorización de la autoridad competente en materia de ordenación del territorio y una autorización
de la Agencia. En estas circunstancias, para los promotores no supondría ninguna ventaja práctica solicitar la autorización
a la Agencia sin presentar simultáneamente la solicitud de autorización a la autoridad competente en materia de ordenación
del territorio y, por eso, en la práctica, no se produce tal separación de solicitudes.
Por otra parte, contrariamente a lo que afirma la Comisión de que la Agencia no puede iniciar un procedimiento de evaluación
de impacto ambiental, en varios supuestos, en particular, en las solicitudes de autorización de recuperación o eliminación
de residuos y en las solicitudes de autorización de prevención y control integrados de la contaminación, existe la obligación
de presentar ante la Agencia una declaración de impacto ambiental, con independencia de que se haya presentado o no previamente
una solicitud de autorización ante la autoridad encargada de la ordenación del territorio. Además, en tales supuestos, la
Agencia está expresamente facultada para solicitar información complementaria al solicitante y, en consecuencia, puede pedir
información materialmente similar a la incluida en la declaración de impacto ambiental.
Irlanda considera inapropiada la obligación de que la autoridad competente en materia de ordenación del territorio y la Agencia
se consulten siempre. A su juicio, es más adecuado permitir tal consulta, dejando a los órganos decisorios la facultad de
apreciar la oportunidad de realizar esta consulta en cada caso concreto.
Por último, según Irlanda, la sentencia de 20 de noviembre de 2008, Comisión/Irlanda, antes citada, a la que se remite la
Comisión para eximirse de probar sus alegaciones, carece de pertinencia en el presente procedimiento. A juicio de Irlanda,
en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, la presunta infracción se refería al modo en que se había adaptado el Derecho
interno irlandés a la Directiva 85/337, mientras que el presente asunto se refiere a la aplicación de la normativa que adapta
el Derecho interno a dicha Directiva. Pese a que la normativa irlandesa de evaluación del impacto ambiental ha establecido
un sistema completo, la Comisión alega que puede que en la práctica esta normativa no se aplique siempre de modo adecuado.
A este respecto, Irlanda considera que la carga de la prueba recae en la Comisión, y ésta no ha probado sus alegaciones. Las
referencias a los proyectos de Duleek y de Leap en modo alguno corroboran las alegaciones de la Comisión.
Apreciación del Tribunal de Justicia
–      Sobre la admisibilidad de la segunda imputación
Según reiterada jurisprudencia, en el marco de un recurso interpuesto sobre la base del artículo 226 CE, tanto el dictamen
motivado como el escrito de recurso deben exponer las imputaciones de forma coherente y precisa a fin de que el Estado miembro
y el Tribunal de Justicia puedan comprender exactamente el alcance de la infracción del Derecho de la Unión alegada, requisito
éste necesario para que dicho Estado pueda invocar oportunamente los motivos en los que basa su defensa y para que el Tribunal
de Justicia pueda verificar la existencia del incumplimiento imputado (véanse, en particular, las sentencias, antes citadas,
de 4 de mayo de 2006, Comisión/Reino Unido, C‑98/04, apartado 18, y de 20 de noviembre de 2008, Comisión/Irlanda, apartado 31).
En el presente asunto, de los elementos obrantes en autos se deduce que, en el procedimiento administrativo previo, tanto
los puntos 3.2.2 a 3.2.5 del dictamen motivado de 6 de agosto de 2001 como los puntos 2.17 y 2.18 del dictamen motivado complementario
de 29 de junio de 2007 exponen por qué, a juicio de la Comisión, la delimitación estricta entre las distintas competencias
atribuidas a las autoridades encargadas de la ordenación del territorio, por una parte, y a la Agencia, por otra, incumple
las exigencias de la Directiva 85/337. En ellos se explica que este reparto competencial es incompatible con el hecho de que
el concepto de «medio ambiente», en los términos en que debe ser tenido en cuenta en el proceso decisorio previsto por dicha
Directiva, conlleve que se tome en consideración la interacción entre los factores que entran en los distintos ámbitos competenciales
de cada instancia decisoria.
Este motivo se expone en términos idénticos o similares en los puntos 55 y siguientes del escrito de interposición de recurso
que, por otra parte, contiene, en sus puntos 9 a 20, un resumen de las disposiciones pertinentes de la normativa irlandesa.
De estas apreciaciones resulta que las alegaciones que formuló la Comisión en el procedimiento administrativo previo y en
el procedimiento contencioso fueron lo suficientemente claras como para que Irlanda pudiera ejercer eficazmente su defensa.
En consecuencia, procede desestimar la excepción de inadmisibilidad planteada por dicho Estado miembro en relación con la
segunda imputación formulada por la Comisión.
–        Sobre el fondo
Con carácter preliminar, procede señalar que, mediante su segunda imputación, la Comisión critica la adaptación de la normativa
irlandesa controvertida a los artículos 2 a 4 de la Directiva 85/337 alegando que los procedimientos establecidos por esta
normativa no garantizan el pleno respeto de estos artículos cuando en el proceso decisorio intervienen varias autoridades
nacionales.
En consecuencia, se debe excluir de entrada la alegación de Irlanda de que la Comisión no acredita suficientemente el fundamento
fáctico de su recurso. En efecto, como alegó la Comisión, dado que el objeto del recurso por incumplimiento es el modo en
que fue adaptado el Derecho interno a la Directiva 85/337 y no el resultado concreto de la aplicación de la normativa nacional
correspondiente a esta adaptación, procede comprobar si, como afirma la Comisión, la propia normativa adapta el Derecho interno
a esta Directiva de modo insuficiente o incorrecto, sin que sea necesario acreditar los efectos reales de la normativa nacional
de adaptación con respecto a proyectos concretos (véase la sentencia de 20 de noviembre de 2008, Comisión/Irlanda, antes citada,
apartado 59).
El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 85/337 define el concepto de «autorización» como la decisión de la autoridad o
de las autoridades competentes que confiere al promotor el derecho a realizar el proyecto. El apartado 3 de dicho artículo
precisa que la o las autoridades competentes serán las que los Estados miembros designen a fin de llevar a cabo las tareas
que se derivan de esa Directiva.
En el marco de la libertad que, en consecuencia, se les ha conferido para determinar las instancias competentes para conceder
la autorización en el sentido de dicha Directiva, los Estados miembros pueden decidir confiar esta tarea a varias entidades,
lo que, por lo demás, la Comisión ha admitido expresamente.
El artículo 2, apartado 2, de la Directiva 85/337 añade que la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente podrá
integrarse en los procedimientos existentes de autorización de los proyectos o, a falta de ello, en otros procedimientos o
en los procedimientos que deberán establecerse para satisfacer los objetivos de esta Directiva.
Esta disposición conlleva que la libertad conferida a los Estados miembros se extienda a la determinación de las normas de
procedimiento y a los requisitos de concesión de la autorización en cuestión.
Sin embargo, esta libertad sólo puede ejercerse dentro de los límites impuestos por dicha Directiva y siempre que las opciones
de los Estados miembros garanticen el pleno respeto de los objetivos que la misma fija.
Así, el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 85/337 indica que la evaluación del impacto ambiental debe tener lugar «antes
de concederse la autorización». Esto conlleva que el examen de los efectos directos e indirectos de un proyecto en los factores
contemplados en el artículo 3 de la misma Directiva y en la interacción entre estos factores se realice íntegramente antes
de dicha concesión.
En estas circunstancias, aunque nada se opone a la opción de Irlanda de confiar la realización de los objetivos de dicha Directiva
a dos autoridades distintas, a saber, las autoridades encargadas de la ordenación del territorio, por una parte, y la Agencia,
por otra, dicha opción estará condicionada a que las competencias respectivas de estas autoridades y las normas que regulen
su ejecución garanticen que se realiza una evaluación del impacto ambiental completa y en plazo, a saber, antes de que se
conceda la autorización en el sentido de dicha Directiva.
A este respecto, la Comisión sostiene que detectó en la normativa irlandesa una laguna que resulta de combinar dos factores.
El primero es que la Agencia, cuando conoce de una solicitud de autorización de un proyecto, en relación con cuestiones ligadas
a la contaminación, no está facultada para iniciar una evaluación de impacto ambiental. El segundo es la posibilidad de que
la Agencia conozca y se pronuncie sobre las cuestiones de contaminación antes de que haya conocido la propia autoridad encargada
de la ordenación del territorio, única facultada para exigir del promotor una declaración de impacto ambiental.
En su defensa, Irlanda, que no niega que, con carácter general, la Agencia no esté facultada para exigir al promotor que presente
tal declaración, alega que para éste no supone ninguna ventaja práctica solicitar la autorización a la Agencia sin presentar
simultáneamente la solicitud de autorización a la autoridad encargada de la ordenación del territorio, pues necesita la autorización
de ambas autoridades. Sin embargo, Irlanda no ha acreditado, y ni siquiera ha alegado, que al promotor le sea jurídicamente
imposible obtener una resolución de la Agencia mientras no haya acudido a la autoridad encargada de la ordenación territorial.
Es preciso reconocer que la EPAR establece la posibilidad de que la Agencia comunique la solicitud de autorización a la autoridad
encargada de la ordenación del territorio. Sin embargo, las partes no discuten que no se trata de una obligación ni que, por
lo demás, la autoridad que haya recibido la comunicación no está obligada a darle respuesta.
En consecuencia, no se puede excluir que la Agencia, como autoridad encargada de pronunciarse sobre la autorización de un
proyecto en cuestiones ligadas a la contaminación, se pronuncie sin que se haya realizado una evaluación de impacto ambiental
de conformidad con los artículos 2 a 4 de la Directiva 85/337.
Irlanda alega que, en ciertos supuestos, relativos, en particular, a autorizaciones de recuperación y eliminación de residuos
y a autorizaciones de prevención y control integrados de la contaminación, la Agencia está facultada para exigir una declaración
de impacto ambiental, que debe tener en cuenta. Sin embargo, tales normas puntuales no pueden colmar la laguna de la normativa
irlandesa expuesta en el apartado anterior.
Irlanda también sostiene que las autoridades encargadas de la ordenación del territorio están facultadas, desde la modificación
de la EPAA por el artículo 256 de la PDA, para denegar, en su caso, la concesión de una autorización por motivos medioambientales
y que los conceptos de «planificación adecuada» y «desarrollo sostenible» confieren a estas autoridades, con carácter general,
tal facultad.
Esta extensión de las competencias de las autoridades encargadas de la ordenación del territorio puede crear en ciertos supuestos,
como alega Irlanda, un solapamiento de las competencias respectivas de las autoridades responsables en materia medioambiental.
Sin embargo, hay que observar que tal solapamiento no puede colmar la laguna señalada en el apartado 81 de la presente sentencia,
que deja abierta la posibilidad de que la Agencia se pronuncie sola y sin evaluación de impacto ambiental de conformidad con
los artículos 2 a 4 de la Directiva 85/337 sobre un proyecto en cuestiones ligadas a la contaminación.
En estas circunstancias, procede declarar fundada la segunda imputación formulada por la Comisión en apoyo de su recurso por
incumplimiento.

Sobre la tercera imputación, basada en la no aplicación de la Directiva 85/337 a las obras de demolición
Alegaciones de las partes
A juicio de la Comisión, las obras de demolición pueden constituir un «proyecto» en el sentido del artículo 1, apartado 2,
de la Directiva 85/337, puesto que entran en el concepto de «otras intervenciones en el medio natural o el paisaje». Pues
bien, en el PDR, Irlanda excluyó de la obligación de evaluar el impacto ambiental casi todas las obras de demolición. Una
vez expirado el plazo de dos meses señalado en el dictamen motivado complementario de 29 de junio de 2007, Irlanda ciertamente
comunicó a la Comisión un nuevo texto, que modificaba el PDR, que reduce sensiblemente el ámbito de aplicación de la exclusión
prevista para las obras de demolición. Sin embargo, este texto no puede ser tomado en consideración en el presente recurso
por incumplimiento.
La Comisión alega que la interpretación de Irlanda de que las obras de demolición no están comprendidas en el ámbito de aplicación
de dicha Directiva se encuentra en la NMA y remite a este respecto a los artículos 14, 14
bis
y 14
ter
de dicha Ley, relativos a la demolición de un monumento nacional.
Para ilustrar el modo en que, vulnerando la Directiva 85/337, la exclusión de las obras de demolición permitió, en aplicación
del artículo 14
bis
de la NMA, la demolición de un monumento nacional sin realizar una evaluación de impacto ambiental, la Comisión se remite
a la orden ministerial de 13 de junio de 2007 que ordena la destrucción de un monumento nacional para autorizar la realización
del proyecto de la autopista M3.
Con carácter preliminar, Irlanda objeta que la tercera imputación de la Comisión, en lo relativo al artículo 14 de la NMA,
es inadmisible, al no haberse mencionado dicha disposición en el dictamen motivado complementario de 29 de junio de 2007.
A juicio de Irlanda, las obras de demolición no están incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 85/337, porque
no se mencionan en los anexos I y II de la misma. Además, de la interpretación del artículo 10 de la PDA en relación con el
artículo 9 del PDR se deduce que las obras de demolición sólo están excluidas de la obligación de obtener la autorización
relativa a la ordenación del territorio si no cabe que el proyecto tenga efectos significativos en el medio ambiente.
En cuanto a la obligación de realizar evaluaciones complementarias, Irlanda alega que la esencia de la Directiva 85/337 conlleva
que la evaluación del impacto ambiental se realice lo antes posible, antes del inicio del proyecto. Considera que la única
ocasión en la que es necesario realizar una nueva evaluación es, de conformidad con el anexo II, punto 13, guión primero,
de dicha Directiva, cuando el proyecto ha sido modificado o ampliado.
Por lo que se refiere al alcance de las instrucciones ministeriales dictadas con arreglo al artículo 14
bis
de la NMA, Irlanda subraya que esta disposición sólo se aplica a proyectos de carreteras aprobados previamente por el Consejo,
basándose en una evaluación de impacto ambiental. El Consejo es el único que puede acordar una modificación del proyecto de
carretera y, en este caso, debe apreciar si tal modificación puede tener efectos negativos en el medio ambiente. En estas
circunstancias, la competencia del ministro para dictar instrucciones ministeriales no puede ser puesta en el mismo plano
que la concesión de una autorización para un proyecto de carretera. Tales instrucciones sólo se pueden dar, en su caso, una
vez iniciadas las obras del proyecto y descubierto un nuevo monumento nacional y sólo a efectos de regular el modo en que
éste será tratado. Además, Irlanda niega que se haya dictado una orden ministerial que obligue a la destrucción de un monumento
nacional para permitir que se realice el proyecto de la autopista M3.
Apreciación del Tribunal de Justicia
–      Sobre la admisibilidad de la tercera imputación
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el procedimiento administrativo previo previsto en el artículo 226 CE
delimita el objeto de un recurso interpuesto con arreglo a dicho artículo, el cual debe basarse en los mismos motivos y alegaciones
que los enunciados en el dictamen motivado (véase, en particular, la sentencia de 14 de octubre de 2004, Comisión/Francia,
C‑340/02, Rec. p. I‑9845, apartado 26 y jurisprudencia citada).
En el caso de autos, de la lectura del dictamen motivado complementario de 29 de junio de 2007 se deduce que la Comisión,
en los puntos 2.34 a 2.38 del mismo, imputó a Irlanda haber excluido las obras de demolición del ámbito de aplicación de la
normativa nacional que adapta el Derecho interno a la Directiva 85/337. En los puntos 2.39 y 2.40 del mismo dictamen, la Comisión
precisó que la interpretación que hacía Irlanda de esta Directiva se reflejaba no sólo en la PDA, sino también en otras normativas
más concretas, como la NMA, y tomó como ejemplo la realización del proyecto de la autopista M3.
De ello se deduce que, aunque la Comisión no se refirió expresamente al artículo 14 de la NMA en dicho dictamen motivado,
se remitió, no obstante, con claridad al mecanismo decisorio previsto en dicho artículo en su análisis de las deficiencias,
que, a su juicio, tiene dicha Ley.
En estas circunstancias, la excepción de inadmisibilidad frente a la tercera imputación o de la Comisión planteada por Irlanda
debe ser desestimada.
–      Sobre el fondo
En cuanto a si, como sostiene la Comisión en sus escritos, las obras de demolición están comprendidas en el ámbito de aplicación
de la Directiva 85/337 o si, como alega Irlanda, están excluidos del mismo, procede señalar de entrada que de la definición
del término «proyecto» que figura en el artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva no se puede deducir que las obras de demolición
no cumplan los requisitos de dicha definición. En efecto, tales obras pueden ser calificadas como «otras intervenciones en
el medio natural o el paisaje».
El hecho de que, si estuvieran excluidas del ámbito de aplicación de dicha Directiva las obras de demolición, quedarían sin
objeto las referencias al «patrimonio cultural» en el artículo 3, a los «paisajes con significación histórica, cultural y/o
arqueológica» en el anexo III, punto 2, letra h), y al «patrimonio arquitectural y arqueológico» en el anexo IV, punto 3 de
la Directiva, corrobora esta interpretación.
Es cierto que, de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 85/337, para que un proyecto requiera una evaluación de impacto
ambiental debe entrar en alguna de las categorías que figuran en los anexos I y II de dicha Directiva. Pues bien, como alega
Irlanda, éstas no se refieren de manera expresa a las obras de demolición, salvo, sin pertinencia en el presente recurso,
el desmantelamiento de centrales nucleares y otros reactores nucleares, contemplado en el punto 2 del anexo I.
Sin embargo, procede tener en cuenta el hecho de que estos anexos se refieren más bien a categorías sectoriales de proyectos,
sin describir la naturaleza concreta de las obras previstas. A título ilustrativo, cabe señalar, como hizo la Comisión, que
los «proyectos de urbanizaciones», contemplados en el punto 10, letra b), de dicho anexo II, incluyen muy a menudo la demolición
de las estructuras existentes.
De ello se deduce que las obras de demolición están incluidas en el ámbito de aplicación de dicha Directiva y, por ello, pueden
constituir un «proyecto» en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la misma.
Según reiterada jurisprudencia, la existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función de la situación del Estado miembro
tal como ésta se presentaba al final del plazo señalado en el dictamen motivado (véase, en particular, la sentencia de 16
de julio de 2009, Comisión/Irlanda, antes citada, apartado 64 y jurisprudencia citada).
Irlanda no niega que, de conformidad con la normativa nacional vigente en la fecha del dictamen motivado complementario, las
obras de demolición no estaban sometidas, por regla general, a la evaluación de impacto ambiental, sino que, por el contrario,
estaban excluidas por principio.
De las reglas previstas en los artículos 14 a 14
ter
de la NMA en lo relativo a la demolición de los monumentos nacionales se deduce que, como alega la Comisión, las mismas no
toman en consideración en absoluto la posibilidad de que tales obras de demolición puedan constituir en sí mismas un proyecto
en el sentido de los artículos 1 y 4 de la Directiva 85/337 y, por ello, puedan requerir una evaluación previa de su impacto
ambiental. Sin embargo, dado que se ha acreditado la insuficiente adaptación del ordenamiento jurídico irlandés a dicha Directiva,
no procede investigar cuáles son los efectos reales de dicha normativa en la realización de proyectos concretos, como el de
la autopista M3.
En cuanto a los cambios legislativos ocurridos tras la interposición del recurso por incumplimiento, no pueden ser tomados
en cuenta por este Tribunal de Justicia (véase, en particular, la sentencia de 16 de julio de 2009, Comisión/Irlanda, antes
citada, apartado 65 y jurisprudencia citada).
En estas circunstancias, procede declarar fundada la tercera imputación formulada por la Comisión en apoyo de su recurso.
En consecuencia, procede declarar que:
–      al no adaptar el Derecho interno al artículo 3 de la Directiva 85/337,
–      al no garantizar que, cuando las autoridades encargadas de la ordenación del territorio y la Agencia ostentan facultades decisorias
sobre un proyecto, se respeten plenamente los requisitos exigidos en los artículos 2 a 4 de esta Directiva, y
–      al excluir las obras de demolición del ámbito de aplicación de la normativa por la que se adapta el Derecho interno a la misma
Directiva,
Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dicha Directiva.

Costas
A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Puesto que la Comisión ha pedido que se condene en costas a Irlanda y al haber
sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:
1)
Declarar que Irlanda:
–
al no adaptar el Derecho interno al artículo 3 de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a
la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada
por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, y por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de mayo de 2003,
–
al no garantizar que, cuando las autoridades irlandesas encargadas de la ordenación del territorio y la Agencia de protección
medioambiental ostentan facultades decisorias sobre un proyecto, se respeten plenamente los requisitos exigidos en los artículos
2 a 4 de la Directiva 85/337, en su versión modificada por la Directiva 2003/35, y
–
al excluir las obras de demolición del ámbito de aplicación de la normativa por la que se adapta el Derecho interno a la Directiva
85/337, en su versión modificada por la Directiva 2003/35,
ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dicha Directiva.
2)
Condenar en costas a Irlanda.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: inglés.