CELEX: 62012CJ0399
Recurso de anulación
Acción exterior de la Unión Europea
Artículo 218 TFUE, apartado 9
Determinación de la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en un organismo creado por un acuerdo internacional
Acuerdo internacional del que no es parte la Unión Europea
Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)
Concepto de “actos que surten efectos jurídicos”
Recomendaciones de la OIV

Mediante su recurso, la República Federal de Alemania solicita que se anule la Decisión del Consejo de la Unión Europea, de 18 de junio de 2012, por la que se establece la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en lo que se refiere a determinadas resoluciones que deben ser objeto de votación en el ámbito de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
Marco jurídico
Normativa internacional
A tenor del artículo 1, apartado 2, del Acuerdo por el que se crea la Organización Internacional de la Viña y el Vino, celebrado el 3 de abril de 2001 (en lo sucesivo, «Acuerdo OIV»): «La O.I.V persigue sus objetivos y ejerce sus funciones tal como está previsto en el artículo 2 como organismo intergubernamental de carácter científico y técnico de competencia reconocida en el ámbito de la viña, del vino, de las bebidas a base de vino, de las uvas de mesa, de las uvas pasas y de los demás productos derivados de la vid.»
El artículo 2 del Acuerdo OIV dispone:
«1.   En el marco de sus competencias, los objetivos de la O.I.V son los siguientes:
a)
indicar a sus miembros las medidas que permitan tener en cuenta las preocupaciones de los productores, consumidores y demás actores del sector vitivinícola;
b)
asistir a las otras organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales, en particular a las que tienen actividades normativas;
c)
contribuir a la armonización internacional de las prácticas y normas existentes y, cuando sea necesario, a la elaboración de nuevas normas internacionales a fin de mejorar las condiciones de elaboración y comercialización de los productos vitivinícolas, tomando en cuenta los intereses de los consumidores.
2.   Para alcanzar dichos objetivos, la O.I.V ejerce las siguientes funciones:
[…]
b)
elabora, formula recomendaciones y hace un seguimiento de su aplicación de común acuerdo con sus miembros, sobre todo en las siguientes materias:
i)
condiciones de producción vitícola,
ii)
prácticas enológicas,
iii)
definición y/o descripción de productos, etiquetado y condiciones de puesta en el mercado,
iv)
métodos de análisis y apreciación de los productos derivados de la vid;
[…]»
El artículo 8 del Acuerdo OIV dispone que una organización internacional intergubernamental puede participar en los trabajos o ser miembro de la OIV y contribuir a la financiación de la Organización según las condiciones fijadas, caso por caso, por la Asamblea General a propuesta del Comité Ejecutivo.
En la Unión Europea, 21 de sus Estados miembros son miembros de la OIV. En cambio, la Unión no es miembro de ella. No obstante, disfruta de una condición de «invitada» en el sentido del artículo 5, apartado 2, del Reglamento Interno de la OIV. En esta condición, la Comisión Europea está autorizada a asistir a las reuniones de los grupos de expertos y de las comisiones de la OIV y a intervenir en ellas en las condiciones precisadas en el referido Reglamento Interior.
Derecho de la Unión
El Reglamento (CE) n
o
1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento «único para las OCM») (
DO L 299, p. 1
), en su versión del Reglamento (UE) n
o
1234/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010 (
DO L 346, p. 11
) (en lo sucesivo, «Reglamento n
o
1234/2007»), dispone en su artículo 120
septies
, titulado «Criterios de autorización»:
«Cuando autorice prácticas enológicas con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 195, apartado 4, la Comisión:
a)
se basará en las prácticas enológicas recomendadas y publicadas por la [OIV] y en los resultados del uso experimental de prácticas enológicas todavía no autorizadas;
[…]»
El artículo 120
octies
del Reglamento n
o
1234/2007, que lleva como epígrafe «Métodos de análisis», establece:
«Los métodos de análisis para determinar la composición de los productos del sector vitivinícola y las normas que permitan demostrar si esos productos se han sometido a procesos contrarios a las prácticas enológicas autorizadas serán los recomendados y publicados por la OIV.
En caso de que no haya métodos y normas recomendados y publicados por la OIV, la Comisión adoptará los métodos y normas correspondientes con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 195, apartado 4.
Hasta tanto se produzca la adopción de dichas normas, se utilizarán los métodos y normas autorizados por el Estado miembro de que se trate.»
El artículo 158
bis
del Reglamento n
o
1234/2007, relativo a los «Requisitos especiales para la importación de vino», establece en sus apartados 1 y 2:
«1.   Salvo disposición en contrario, en particular en acuerdos celebrados en virtud del [artículo 218 TFUE], las disposiciones sobre las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y el etiquetado establecidas en la subsección I de la sección I
bis
del capítulo I del título II de la parte II, y en el artículo 113
quinquies
, apartado 1, del presente Reglamento se aplicarán a los productos de los códigos NC 200961, 200969 y 2204 que se importen en la Comunidad.
2.   Salvo disposición en contrario de acuerdos celebrados en virtud del [artículo 218 TFUE], los productos contemplados en el apartado 1 de este artículo se producirán de acuerdo con las prácticas enológicas recomendadas y publicadas por la OIV o autorizadas por la Comunidad con arreglo al presente Reglamento y a sus medidas de ejecución.»
El Reglamento (CE) n
o
606/2009 de la Comisión, de 10 de julio de 2009, que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n
o
479/2008 del Consejo en lo relativo a las categorías de productos vitícolas, las prácticas enológicas y las restricciones aplicables (
DO L 193, p. 1
), en su versión del Reglamento de Ejecución (UE) n
o
315/2012 de la Comisión, de 12 de abril de 2012 (
DO L 103, p. 38
) (en lo sucesivo, «Reglamento n
o
606/2009»), dispone en su artículo 9, apartado 1, párrafo primero:
«Cuando no las establezca la Directiva 2008/84/CE de la Comisión […], las características de pureza e identidad de las sustancias que se utilicen en las prácticas enológicas a que se refiere el artículo 32, párrafo segundo, letra e), del Reglamento (CE) n
o
479/2008 serán las establecidas y publicadas en el Codex enológico internacional de la [OIV].»
A tenor del artículo 15, apartado 2, del Reglamento n
o
606/2009:
«La Comisión publicará en el
Diario Oficial de la Unión Europea
, serie C, la lista y la descripción de los métodos de análisis contemplados en el artículo [120
octies
, párrafo primero, del Reglamento n
o
1234/2007] y descritos en la Recopilación de métodos internacionales de análisis de vinos y mostos de la OIV aplicables a efectos del control de los límites y los requisitos establecidos por la normativa comunitaria para la producción de productos vitivinícolas.»
Antecedentes del litigio y Decisión impugnada
Hasta el mes de junio de 2010, los Estados miembros coordinaban, por su propia iniciativa, sus posiciones en el seno del grupo de trabajo sobre los vinos y el alcohol de la OIV.
El 16 de mayo de 2011, la Comisión presentó, sobre la base del artículo 218 TFUE, apartado 9, una Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establecía la posición que debía adoptarse en nombre la Unión con respecto a determinadas recomendaciones que debían votarse en la OIV. Sin embargo, esta Propuesta no fue aprobada.
En las reuniones de coordinación que se celebraron en Oporto (Portugal) los días 22 y 24 de junio de 2011, los Estados miembros que son también miembros de la OIV concordaron sus posiciones respecto de las recomendaciones que figuraban en el orden del día de la Asamblea General de dicha organización. La Comisión hizo saber que dichos Estados miembros no podían adoptar una posición que afectara al acervo de la Unión y que, por consiguiente, debían oponerse a toda recomendación de dicha organización que pudiera modificar dicho acervo. Asimismo, presentó una lista ilustrativa de catorce proyectos de recomendaciones cuya adopción por la referida asamblea sería contraria, en su opinión, al acervo de la Unión.
En la Asamblea General de la OIV de 24 de junio de 2011 se aprobaron numerosas recomendaciones mediante el procedimiento consensuado del artículo 5, apartado 3, letra a), del Acuerdo OIV, en particular, por las delegaciones de los Estados miembros.
La Comisión presentó una Propuesta de Decisión del Consejo basada en el artículo 218 TFUE, apartado 9, con miras a la Asamblea General extraordinaria de la OIV, de 28 de octubre de 2011, en Montpellier (Francia). Sin embargo, esta Propuesta tampoco fue aprobada.
Con miras a la Asamblea General de la OIV de 22 de junio de 2012 en Izmir (Turquía), el 27 de abril de 2012, la Comisión remitió al Consejo una Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establecía la posición que debía adoptarse en nombre de la Unión Europea con respecto a determinadas resoluciones que se votarían en la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) [COM(2012) 192 final].
Dado que la referida Propuesta de Decisión no alcanzó mayoría, la presidencia de la Unión presentó dos Propuestas de compromiso sucesivas. La segunda, de 6 de junio de 2012, se adoptó por mayoría cualificada en la reunión del Consejo «Agricultura y Pesca» de 18 de junio de 2012 y constituye la Decisión impugnada.
Determinados Estados miembros, entre los que figura la República Federal de Alemania, votaron en contra de la referida Propuesta.
A tenor de los considerandos 5 a 7 de la Decisión impugnada:
«(5)
Los proyectos de resoluciones OENO-TECHNO 08-394A, 08‑394B, 10-442, 10-443, 10-450A, 10-450B, 11-483 y 11-484 establecen nuevas prácticas enológicas. De conformidad con los artículos 120
septies
y 158
bis
del Reglamento (CE) n
o
1234/2007, estas resoluciones afectarán al acervo.
(6)
Los proyectos de resoluciones OENO-SCMA 08-385, 09-419B, 10-436, 10-437, 10-461, 10-465 y 10-466 establecen métodos de análisis. De conformidad con el artículo 120
octies
del Reglamento (CE) n
o
1234/2007, estas resoluciones afectarán al acervo.
(7)
Los proyectos de resoluciones OENO-SPECIF 08-363, 08-364, 09-412, 10-451, 10-452, 10-459, 11-485, 11-486B, 11-489, 11-490, 11-491 y 11-494 establecen características de pureza e identidad de las sustancias que se utilicen en las prácticas enológicas. De conformidad con el artículo 9 del Reglamento (CE) n
o
606/2009, estas resoluciones afectarán al acervo.»
La Decisión impugnada es del siguiente tenor:
«El Consejo de la Unión Europea,
Visto el [Tratado FUE], y, en particular, su artículo 43, leído en relación con su artículo 218, apartado 9,
[…]
Artículo 1
La posición de la Unión en la Asamblea General de la OIV que debe celebrarse el 22 de junio de 2012 se ajustará a lo dispuesto en el anexo de la presente Decisión y será expresada por los Estados miembros pertenecientes a la OIV, actuando conjuntamente en interés de la Unión.
Artículo 2
1.   Cuando la posición a la que se refiere el artículo 1 pueda verse afectada por nueva información científica o técnica presentada antes de las reuniones de la OIV o durante ellas, los Estados miembros de la UE pertenecientes a la OIV solicitarán que la votación de la Asamblea General de la OIV se aplace hasta que se haya establecido la posición de la Unión atendiendo a los nuevos elementos.
2.   Tras la coordinación, especialmente
in situ
, y sin otra decisión del Consejo que establezca la posición de la Unión, los Estados miembros que sean miembros de la OIV, actuando conjuntamente en interés de la Unión, podrán acordar, respecto de los proyectos de resolución mencionados en el anexo de la presente Decisión, modificaciones que no alteren sus aspectos de fondo.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.»
El anexo a la referida Decisión identifica los proyectos de resoluciones afectados por la posición de la Unión enunciada en el artículo 1 de la referida Decisión.
Pretensiones de las partes y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
La República Federal de Alemania solicita al Tribunal de Justicia que anule la Decisión impugnada y que condene en costas a la Comisión.
El Consejo solicita que se desestime el recurso y que se condene en costas a la República Federal de Alemania. Con carácter subsidiario, en caso de que se anule la Decisión impugnada, solicita al Tribunal de Justicia que mantenga sus efectos.
Se admitió la intervención de la República Checa, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Eslovaca y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en apoyo de las pretensiones de la República Federal de Alemania, mientras que se admitió la intervención de la Comisión en apoyo de las pretensiones del Consejo.
Sobre el recurso
El recurso se basa en un motivo de casación único, que consiste en la inaplicabilidad del artículo 218 TFUE, apartado 9 al caso de autos.
En sus escritos de intervención, Hungría y el Reino de los Países Bajos llaman la atención, además, sobre los motivos basados en la infracción de disposiciones del Tratado FUE distintos de la vulneración invocada en el marco del motivo único señalado en el anterior apartado.
Sin embargo, una parte cuya intervención en un litigio ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se admite con arreglo al artículo 40 del Estatuto de éste, no puede modificar el objeto del litigio tal como se haya circunscrito en las pretensiones y los motivos de las partes principales. Por lo tanto, únicamente son admisibles las alegaciones de un interviniente que se inscriben dentro del marco definido por dichas pretensiones y motivos.
Por consiguiente, los motivos de Hungría y el Reino de los Países Bajos mencionados en el apartado 26 de la presente sentencia deben desestimarse desde un principio por ser inadmisibles.
Alegaciones de las partes
En el motivo único de su recurso, la República Federal de Alemania, apoyada por la República Checa, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Eslovaca y el Reino Unido, alega, en primer lugar, que el artículo 218 TFUE, apartado 9, no es aplicable en el contexto de un acuerdo internacional que, como el Acuerdo OIV, ha sido concluido por Estados miembros y no por la Unión como tal.
En efecto, se desprende del tenor del artículo 218 TFUE, apartado 9, que dicha disposición se refiere únicamente a las posiciones que deban adoptarse «en nombre de la Unión», lo que presupone que esta última disponga, en el organismo internacional de que se trate, de un derecho de representación o de voto.
La lógica interna del artículo 218 TFUE confirma que su apartado 9 se aplica únicamente en el contexto de los acuerdos celebrados por la Unión.
Corroboran esta interpretación la génesis y la función del artículo 218 TFUE, apartado 9. La referida disposición, que reproduce de manera prácticamente literal el artículo 300 CE, apartado 2, prevé un procedimiento específico que permite una reacción rápida de la Unión en caso de que otras partes contratantes infrinjan un acuerdo internacional del que la Unión también sea parte.
El principio de atribución que rige la delimitación de las competencias de la Unión, establecido en el artículo 5 TUE, apartados 1 y 2, prohíbe extender por analogía el procedimiento previsto en el artículo 218 TFUE, apartado 9 a la aplicación de acuerdos internacionales celebrados por Estados miembros.
Además, las prácticas y las normas a que se refieren las recomendaciones de la OIV no están comprendidas dentro de un ámbito de competencia exclusiva de la Unión, sino en el ámbito de la agricultura, conforme al artículo 4 TFUE, apartado 2, letra d), que constituye un ámbito de competencia compartido entre la Unión y sus Estados miembros.
En segundo lugar, la República Federal de Alemania y los Estados miembros que han intervenido en su apoyo alegan que únicamente constituyen «actos que surten efectos jurídicos», en el sentido del artículo 218 TFUE, apartado 9, los actos de Derecho internacional que sean vinculantes para la Unión. Esta interpretación se deriva del propio tenor de la citada disposición y se ve corroborado por la lógica interna de las disposiciones en las que se inserta dicho artículo 218 TFUE, apartado 9.
En el caso de autos, las recomendaciones de la OIV no están comprendidas dentro de la categoría de los actos previstos en el artículo 218 TFUE, apartado 9. En efecto, por una parte, tales recomendaciones carecen, a su juicio, de carácter obligatorio en Derecho internacional. Por otra, las referencias a las recomendaciones de la OIV que figuran en los artículos 120
septies
, letra a), 120
octies
y 158
bis
, apartados 1 y 2, del Reglamento n
o
1234/2007, así como en el artículo 9 del Reglamento n
o
606/2009, proceden de un acto unilateral del legislador de la Unión que no confiere a dichas recomendaciones la condición de acto de Derecho internacional obligatorio, en particular frente a Estados terceros.
En tercer lugar, el Reino de los Países Bajos alega que el carácter inaplicable del artículo 218 TFUE, apartado 9 al caso de autos se ve confirmado por el hecho de que, en la fecha de adopción de la Decisión impugnada, no existía certeza absoluta sobre las recomendaciones que efectivamente se someterían a votación en la Asamblea General de la OIV de 22 de junio de 2012.
El Consejo, apoyado por la Comisión, alega, en primer lugar, que el artículo 218 TFUE, apartado 9, es aplicable a la determinación de las posiciones que han de adoptarse en nombre de la Unión en una organización como la OIV, creada mediante acuerdo internacional concluido por los Estados miembros y destinada a adoptar actos que surtan efectos jurídicos, puesto que el ámbito de que se trata es competencia de la Unión.
La interpretación literal del artículo 218 TFUE, apartado 9, permite considerar que, a falta de precisión en sentido contrario, la referida disposición es aplicable también en el contexto de acuerdos de los que la Unión no es parte cuando se trate de ámbitos que son de la competencia de ésta.
En lo que respecta al contexto en el que se inscribe el artículo 218 TFUE, apartado 9, el Consejo sostiene que no cabe extraer conclusión alguna de los artículos 216 TFUE y 218 TFUE, apartado 1, habida cuenta de que dichas disposiciones se refieren a la celebración de acuerdos internacionales por la Unión, mientras que el propio artículo 218 TFUE, apartado 9, no tiene por objeto el proceso de negociación o de celebración de tales acuerdos, sino la aplicación de un acuerdo que puede surtir efectos jurídicos dentro de la Unión.
Desde un punto de vista teleológico, el artículo 218 TFUE, apartado 9, está dirigido a establecer un marco procedimental que permita determinar la posición de la Unión en las organizaciones internacionales, inclusive en el contexto de acuerdos internacionales de los que no sea parte, cuando los actos que han de adoptarse deben incorporarse ulteriormente al Derecho de la Unión.
La Unión no invade competencias reservadas a los Estados miembros cuando ejerce, a escala internacional, las competencias que tiene atribuidas sobre la base del artículo 43 TFUE en ámbitos como las prácticas enológicas y los métodos de análisis de productos del sector vitivinícola.
Además, en virtud del artículo 3 TFUE, apartado 2, la Unión dispone de competencia exterior exclusiva en los ámbitos cubiertos por los proyectos de recomendaciones establecidos en el anexo de la Decisión impugnada, habida cuenta de que pueden afectar a normas comunes de la Unión. En efecto, dichos proyectos se refieren a las prácticas enológicas y a los métodos de análisis que, de conformidad con los artículos 120
septies
, letra a), 120
octies
y 158
bis
, apartado 2, del Reglamento n
o
1234/2007, y con el Reglamento n
o
606/2009, sirven de base para la elaboración de la normativa de la Unión o dicha normativa los convertirá en aplicables.
En segundo lugar, el Consejo, apoyado por la Comisión, alega que el artículo 218 TFUE, apartado 9, exige únicamente que los actos que ha de adoptar el organismo internacional produzcan efectos en el ordenamiento jurídico de la Unión, sin que sea necesario que dichos actos produzcan efectos en el ordenamiento jurídico internacional.
La referida disposición cubre, por consiguiente, la situación en la que las recomendaciones internacionales, aunque estén desprovistas de carácter vinculante, produzcan efectos jurídicos en la Unión en virtud de disposiciones imperativas de ésta.
En el presente asunto, las recomendaciones adoptadas en una Asamblea General de la OIV sobre las prácticas enológicas y los métodos de análisis tienen efectos jurídicos en la Unión debido a la decisión del legislador de la Unión de incorporarlas a la normativa de ésta.
En tercer lugar, el Consejo señala que la alegación del Reino de los Países Bajos, reproducida en el apartado 37 de la presente sentencia, no tiene en cuenta el tenor y el objetivo del artículo 218 TFUE, apartado 9.
Apreciación del Tribunal de Justicia
A tenor del artículo 218 TFUE, apartado 9, «el Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión […], una decisión por la que […] se establezcan las posiciones que deban adoptarse en nombre de la Unión en un organismo creado por un acuerdo, cuando dicho organismo deba adoptar actos que surtan efectos jurídicos, con excepción de los actos que completen o modifiquen el marco institucional del acuerdo».
Ante todo, ha de señalarse que, por una parte, dicha disposición hace referencia a un organismo creado por «un acuerdo», sin precisar que la Unión deba ser parte de dicho acuerdo. Asimismo, la referencia que en dicha disposición se hace a las posiciones que han de adoptarse «en nombre de la Unión» no presupone que ésta deba ser parte del acuerdo que haya creado el organismo internacional de que se trate.
Por consiguiente, el tenor del artículo 218 TFUE, apartado 9, no se opone a que la Unión adopte una decisión por la que se determina una posición que haya de adoptarse en su nombre en un organismo creado por un acuerdo internacional del que no es parte.
Por otro lado, ha de señalarse que el presente asunto se refiere al ámbito de la política agrícola común y, más concretamente, a la organización común de los mercados vitivinícolas, un ámbito muy reglamentado por el legislador de la Unión de conformidad con su competencia basada en el artículo 43 TFUE.
Cuando el ámbito afectado esté comprendido en una competencia de la Unión como la descrita en el apartado anterior, el hecho de que la Unión no sea parte en el acuerdo internacional de que se trata no impide ejercer dicha competencia determinando, en el marco de sus instituciones, una posición que ha de adoptarse en su nombre en el organismo creado por dicho acuerdo, en particular, a través de los Estados miembros parte en dicho acuerdo que actúan solidariamente en su interés (véase la sentencia Comisión/Grecia, C‑45/07,
EU:C:2009:81
, apartados 30 y 31; véase asimismo, en este sentido, el dictamen 2/91,
EU:C:1993:106
, apartado 5).
No obstan a las consideraciones anteriores las alegaciones de la República Federal de Alemania consistentes en afirmar, en primer lugar, que las disposiciones anteriores al artículo 218 TFUE, apartado 9, que figuran en el título V de la quinta parte del Tratado FUE se refieren únicamente a los acuerdos entre la Unión y uno o varios Estados terceros o entre la Unión y organizaciones internacionales y, en segundo lugar, que la adopción por parte de la Unión de una resolución relativa a la suspensión de la aplicación de un acuerdo, también contemplada en el artículo 218 TFUE, apartado 9, únicamente es posible en el contexto de un acuerdo internacional concluido por la Unión.
En efecto, ha de señalarse a este respecto que las disposiciones enunciadas en el apartado anterior distintas del artículo 218 TFUE, apartado 9, tienen por objeto la negociación y la celebración de acuerdos por la Unión. En cambio, el artículo 218 TFUE, apartado 9 se refiere a la determinación de posiciones que han de adoptarse en nombre de la Unión en un organismo internacional creado por un acuerdo, que, a diferencia de una decisión de la Unión relativa a la suspensión de la aplicación de un acuerdo en el supuesto enunciado en el apartado 52 de esta sentencia, pueden adoptarse también en el contexto de un acuerdo del que la Unión no es parte.
Por consiguiente, el hecho de que la Unión no sea parte en el Acuerdo OIV no le impide aplicar el artículo 218 TFUE, apartado 9.
A continuación, ha de comprobarse si las recomendaciones que ha de adoptar la OIV, controvertidas en el presente asunto, constituyen «actos que surten efectos jurídicos» en el sentido de la referida disposición.
A este respecto, se desprende de los considerandos 5 a 7 de la Decisión impugnada, así como de su anexo, que las recomendaciones de la OIV que se someten a voto en la Asamblea General de dicha organización, indicadas en la referida resolución, se refieren a nuevas prácticas enológicas, a métodos de análisis que permiten determinar la composición de los productos del sector vitivinícola o a las especificaciones de pureza e identidad de las sustancias utilizadas para tales prácticas.
Las referidas recomendaciones pertenecen, por lo tanto, a los ámbitos identificados en el artículo 2, apartado 2, letra b), del Acuerdo OIV, extremo que, por lo demás, no discute ninguna de las partes del presente litigio.
Pues bien, a tenor del artículo 2, apartados 1, letras b) y c), y 2, del Acuerdo OIV, las recomendaciones adoptadas por la OIV en los referidos ámbitos tienen por objeto contribuir a que se alcancen los objetivos de dicha organización consistentes, particularmente, en asistir a las demás organizaciones internacionales, en particular a las que realizan actividades normativas, así como en contribuir a la armonización internacional de las prácticas y normas existentes, y, siempre que sea necesario, a la elaboración de nuevas normas internacionales.
Además, ha de observarse que, a tenor del artículo 2, apartado 2, letra b), del Acuerdo OIV, la OIV está encargada de hacer un seguimiento de la aplicación de dichas recomendaciones en coordinación con sus miembros.
En el marco de la organización común de los mercados vitivinícolas, el legislador de la Unión incorpora las referidas recomendaciones a la normativa adoptada a este respecto. En efecto, se desprende de los artículos 120
octies
y 158
bis
, apartados 1 y 2, del Reglamento n
o
1234/2007, y del artículo 9, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n
o
606/2009, que las recomendaciones de la OIV se asimilan expresamente a las normas de la Unión en lo referente a los métodos de análisis que permitan determinar la composición de los productos del sector vitivinícola, los requisitos particulares aplicables —en términos de prácticas enológicas— a la importación de vino procedente de países terceros y las especificaciones de pureza e identidad de las sustancias utilizadas para tales prácticas.
El artículo 120
septies
, letra a), del Reglamento n
o
1234/2007, al disponer que la Comisión «se basará» en las recomendaciones de la OIV en lo relativo a la autorización de prácticas enológicas, implica necesariamente que dichas recomendaciones deben adoptarse teniendo en cuenta los fines de la elaboración de las normas del Derecho de la Unión en la materia.
Por consiguiente, las recomendaciones controvertidas en el caso de autos que, como se ha señalado en el apartado 57 de la presente sentencia, se refieren a nuevas prácticas enológicas, a métodos de análisis que permiten determinar la composición de los productos del sector vitivinícola o a las especificaciones de pureza e identidad de las sustancias utilizadas para tales prácticas, influyen de manera determinante el contenido de la normativa adoptada por el legislador de la Unión en el ámbito de la organización común de los mercados vitivinícolas.
De las consideraciones hechas en los apartados 57 a 63 de la presente sentencia se desprende que tales recomendaciones, particularmente debido a su incorporación al Derecho de la Unión en virtud de los artículos 120
septies
, letra a), 120
octies
y 158
bis
, apartados 1 y 2, del Reglamento n
o
1234/2007, así como del artículo 9, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n
o
606/2009, surten efectos jurídicos, en el sentido del artículo 218 TFUE, apartado 9, en el referido ámbito y que la Unión, pese a no ser parte del Acuerdo OIV, está facultada para determinar una posición que ha de adoptarse en su nombre en lo referente a dichas recomendaciones, habida cuenta de la incidencia directa que tienen sobre el acervo de la Unión en dicho ámbito.
En lo que respecta a la alegación del Reino de los Países Bajos, reproducida en el apartado 37 de la presente sentencia, no tiene en cuenta el tenor ni el objetivo del artículo 218 TFUE, apartado 9, dirigido a permitir que, en un organismo internacional «que deba» adoptar actos que surtan efectos jurídicos, se exprese una posición previamente determinada en nombre de la Unión, independientemente de si, en definitiva, los actos afectados por la posición determinada de este modo se someterán efectivamente a votación en el organismo competente.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, ha de entenderse que el Consejo se basó acertadamente en el artículo 218 TFUE, apartado 9, para adoptar la Decisión impugnada.
Por consiguiente, el motivo único invocado por la República Federal de Alemania en apoyo de su recurso no puede prosperar.
En consecuencia, procede desestimar el recurso.
Costas
A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado el Consejo la condena en costas de la República Federal de Alemania y haberse desestimado el motivo único de ésta, procede condenarla en costas. De conformidad con el artículo 140, apartado 1, del mismo Reglamento, en cuya virtud los Estados miembros y las instituciones que hayan intervenido en el litigio cargarán con sus propias costas, procede declarar que la República Checa, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Eslovaca, el Reino Unido y la Comisión cargarán con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas a la República Federal de Alemania.

3)
La República Checa, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Eslovaca, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.