CELEX: 62012FJ0078
Función pública
Promoción
Ejercicio de promoción 2011
No inclusión en la lista de funcionarios candidatos a la promoción
Artículo 45 del Estatuto
Antigüedad de dos años en el grado
Falta de consideración del período de servicios prestados en calidad de agente temporal
Diferencia de trato debido a la diferente naturaleza jurídica de la relación de servicio de los trabajadores de que se trata
Directiva 1999/70/CE
[En su versión modificada mediante auto de 13 de mayo de 2015] Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada
Cláusula 4
Invocabilidad
Exclusión

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 25 de julio de 2012, la Sra. Todorova Androva interpuso un recurso que tenía por objeto, en esencia, por un lado, la anulación de la decisión del Consejo de la Unión Europea de no inscribirla en la lista de funcionarios candidatos a la promoción en el ejercicio de promoción 2011 y, por otro lado, la indemnización del daño material y moral presuntamente sufrido a causa de la ilegalidad de esta decisión.
Marco jurídico
El artículo 45 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, en su versión aplicable al presente litigio (en lo sucesivo, «Estatuto»), dispone:
«La promoción se concederá por decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, atendiendo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 6. Consistirá en el nombramiento del funcionario en el grado inmediatamente superior del grupo de funciones al que pertenezca. Las promociones se efectuarán únicamente mediante libre designación entre funcionarios con una antigüedad mínima en su grado de dos años y previo examen comparativo de los méritos de los candidatos. […]»
El 28 de junio de 1999, el Consejo adoptó la Directiva 1999/70/CE, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (
DO L 175, p. 43
).
Con arreglo a la cláusula 1 del Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70 (en lo sucesivo, «Acuerdo marco»), éste tiene por objeto:
«[…]
a)
mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al principio de no discriminación;
b)
establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada.»
La cláusula 4 del Acuerdo marco, titulada «Principio de no discriminación», establece:
«1.
Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.
[…]
4.
Los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo serán los mismos para los trabajadores con contrato de duración determinada que para los trabajadores fijos, salvo que criterios de antigüedad diferentes vengan justificados por razones objetivas.»
Hechos que dieron lugar al litigio
La demandante fue contratada por el Consejo desde el 1 de julio de 2006 como agente temporal, en el sentido del artículo 2, letra b), del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, en su versión entonces vigente (en lo sucesivo, «ROA»). Fue clasificada en el grado AD 5 y adscrita, como administradora lingüista, a la unidad de lengua búlgara en la Dirección «Traducción y producción de documentos» de la Dirección General (DG) «Personal y Administración» de la Secretaría General. Estaba previsto que el contrato, tal y como fue modificado por sus anexos sucesivos, finalizara el 31 de diciembre de 2010.
Entre tanto, al haber superado la oposición EPSO/AD/166/09, la demandante fue nombrada funcionaria en prácticas en el grado AD 5 mediante decisión de 23 de noviembre de 2010, con efectos a 1 de diciembre de 2010. En virtud del artículo 32, párrafo tercero, del Estatuto, la demandante conservó la antigüedad en el escalón adquirida cuando era agente temporal y en consecuencia fue clasificada en el escalón 4.
Es pacífico entre las partes que, tras su nombramiento como funcionaria en prácticas, la demandante siguió ejerciendo las mismas tareas que ya ejercía como agente temporal.
Mediante decisión de 12 de julio de 2011, con efectos a 1 de septiembre de 2011, la demandante fue nombrada con carácter definitivo.
Mediante la comunicación al personal n
o
87/11, de 12 de septiembre de 2011, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN»), publicó la lista de los funcionarios candidatos a la promoción en el ejercicio 2011. La demandante no figuraba en ella.
El 17 de octubre de 2011, la comunicación al personal n
o
100/11 publicó la lista de los funcionarios promovidos en el ejercicio 2011. La demandante no figuraba en ella.
El 9 de diciembre de 2011, la demandante presentó una reclamación contra la decisión de no incluirla en la lista de funcionarios candidatos a la promoción, tal como se desprendía de la comunicación al personal n
o
87/11.
Mediante decisión de 18 de abril de 2012, el Secretario General adjunto del Consejo, en su calidad de AFPN, desestimó la reclamación debido, en particular, a que la demandante no tenía dos años de antigüedad en el grado desde su nombramiento como funcionaria, como exige el artículo 45 del Estatuto para estar incluido entre los funcionarios candidatos a la promoción (en lo sucesivo, «decisión desestimatoria de la reclamación»).
Procedimiento y pretensiones de las partes
Habida cuenta de la dimisión del juez ponente al que el asunto había sido atribuido inicialmente y de la modificación de la composición de las salas, el 6 de mayo de 2013 el Presidente del Tribunal designó un nuevo juez ponente.
Mediante escrito de 24 de junio de 2013, el Tribunal de la Función Pública informó a las partes de su intención de invitar a intervenir en el procedimiento al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal de Cuentas de la Unión Europea y les solicitó que presentaran sus observaciones sobre este particular.
Al no haberse opuesto las partes a la invitación a intervenir, la Comisión y el Tribunal de Cuentas fueron admitidos a participar mediante auto del Presidente de la Sala Segunda del Tribunal de la Función Pública de 4 de diciembre de 2013 (Todorova Androva/Consejo, F‑78/12,
EU:F:2013:206
). El Parlamento y el Tribunal de Justicia declinaron participar en el presente asunto.
La Comisión y el Tribunal de Cuentas presentaron sus escritos de formalización de la intervención el 14 y el 15 de enero de 2014, respectivamente.
Mediante escrito de 13 de febrero de 2014, el Consejo informó al Tribunal de que no tenía observaciones sobre los escritos de formalización de la intervención de la Comisión y el Tribunal de Cuentas. El 10 de marzo de 2014, la demandante transmitió sus observaciones sobre los escritos de formalización de la intervención de la Comisión y el Tribunal de Cuentas.
La demandante solicita al Tribunal que:
—
Anule la decisión, tal y como se desprende de la comunicación al personal n
o
87/11, de 12 de septiembre de 2011, de no inscribirla en la lista de funcionarios candidatos a la promoción en el ejercicio 2011.
—
Anule la decisión desestimatoria de la reclamación.
—
Condene al Consejo a abonarle una indemnización por daños y perjuicios materiales y morales, evaluada con carácter provisional en un importe de 40000 euros y que se definirá más precisamente durante la instancia, y los intereses compensatorios y de demora al tipo del 6,75 %.
—
Condene en costas al Consejo.
El Consejo solicita al Tribunal que:
—
Desestime el recurso por infundado.
—
Condene en costas a la demandante.
La Comisión y el Tribunal de Cuentas solicitan al Tribunal que desestime el recurso y condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
Sobre las pretensiones dirigidas contra la decisión desestimatoria de la reclamación
Según la jurisprudencia, las pretensiones de anulación formalmente dirigidas contra la desestimación de una reclamación dan lugar a que se someta al Tribunal el acto contra el cual se presentó la reclamación, cuando están, como tales, desprovistas de contenido autónomo (sentencia Balionyte-Merle/Comisión, F‑113/12,
EU:F:2013:191
, apartado 24, y la jurisprudencia citada).
En el caso de autos, el Tribunal observa que la decisión desestimatoria de la reclamación confirma la decisión de no inscribir a la demandante en la lista de funcionarios candidatos a la promoción, aportando al mismo tiempo la motivación de ésta. En tal caso, la legalidad del acto lesivo inicial debe examinarse tomando en consideración la motivación que figura en la decisión desestimatoria de la reclamación, por considerarse que esta motivación coincide con dicho acto (véase, en este sentido, la sentencia Comisión/Birkhoff, T‑377/08 P,
EU:T:2009:485
, apartados 58 y 59, y la jurisprudencia citada).
Por consiguiente, las pretensiones de anulación dirigidas contra la decisión desestimatoria de la reclamación están desprovistas de contenido autónomo, debiendo considerarse que el recurso se dirige contra la decisión, tal y como se desprende de la comunicación al personal n
o
87/11, de 12 de septiembre de 2011, de no incluir a la demandante en la lista de funcionarios candidatos a la promoción en el ejercicio 2011 (en lo sucesivo, «decisión impugnada»), cuya motivación precisa la decisión desestimatoria de la reclamación (véanse, en este sentido, las sentencias Eveillard/Comisión, T‑258/01,
EU:T:2004:177
, apartados 31 y 32, y Buxton/Parlamento, F‑50/11,
EU:F:2012:51
, apartado 21).
Sobre las pretensiones de anulación de la decisión impugnada
En apoyo de sus pretensiones, la demandante formula formalmente tres motivos, basados, respectivamente:
—
El primero, en la infracción del artículo 45 del Estatuto y en un error manifiesto de apreciación.
—
El segundo, en la vulneración del principio de igualdad de trato.
—
El tercero, en el incumplimiento del deber de asistencia y protección.
No obstante, habida cuenta de la argumentación desarrollada por la demandante en apoyo de sus pretensiones y de las precisiones que aportó durante la vista, el primer motivo debe entenderse en el sentido de que está basado, con carácter principal, en una infracción del artículo 45 del Estatuto, y, con carácter subsidiario, por vía de excepción, en la ilegalidad del artículo 45 del Estatuto, en la medida en que vulnera el principio de no discriminación contenido en la cláusula 4 del Acuerdo marco.
Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 14 del Estatuto, y, por vía de excepción, en la ilegalidad de dicha disposición
– Alegaciones de las partes
La demandante alega, en esencia, haber sido víctima de una discriminación injustificada en relación con los funcionarios candidatos a la promoción por el hecho de haber desempeñado, como agente temporal, tareas idénticas a las de un funcionario, pero sin que, no obstante, los períodos de servicio prestados como tal hayan sido tenidos en cuenta para calcular los dos años de antigüedad en el grado necesarios para poder ser promovida, con arreglo al artículo 45 del Estatuto. En efecto, la demandante afirma que desde su entrada en servicio como agente temporal ha ejercido siempre las mismas funciones.
Mediante el primer motivo, precisado por la demandante en sus observaciones sobre los escritos de formalización de la intervención y en la vista, la demandante sostiene, con carácter principal, que la decisión impugnada se basa en una lectura errónea del artículo 45 del Estatuto. En efecto, a su juicio el Consejo interpretó este artículo en el sentido de que, para calcular los dos años de antigüedad en el grado que los funcionarios deben justificar para ser candidatos a la promoción, la antigüedad eventualmente adquirida por los funcionarios que, como la demandante, fueron agentes temporales antes de ser titularizados no había de tenerse en cuenta. Según la demandante, el tenor del artículo 45 del Estatuto permite tal toma en consideración y esta interpretación es la única conforme con la Directiva 1999/70.
La demandante considera que, si el artículo 45 del Estatuto no puede interpretarse en el sentido de que permite que se tenga en cuenta la antigüedad adquirida en calidad de agente temporal para el cálculo de los dos años de antigüedad en el grado necesarios para ser candidato a la promoción al grado superior, es contrario a la Directiva 1999/70 y al principio de igualdad de trato del que esta Directiva es expresión y, por tanto, debe declararse ilegal.
Según la demandante, en la sentencia Rosado Santana (C‑177/10,
EU:C:2011:557
), el Tribunal de Justicia declaró que el Acuerdo marco debía interpretarse en el sentido de que prohibía toda diferencia de trato entre «funcionarios de carrera» y «funcionarios interinos», a menos que esta diferencia se basase en una razón objetiva, y que, en consecuencia, no tener en cuenta, para determinar si una persona podía ser candidata a la promoción, un período de servicios prestado por esa persona en condición de «funcionaria interina» antes de convertirse en funcionaria era contrario al Acuerdo marco.
La demandante considera que la Directiva 1999/70 vincula a las instituciones de la Unión en las relaciones con sus agentes. La cláusula 4 del Acuerdo marco, sobre cuya base el Tribunal de Justicia declaró que los períodos de servicio prestados como funcionario interino debían tenerse en cuenta al mismo nivel que los períodos de servicios prestados como funcionario, es la expresión del principio general de igualdad de trato, que es un «principio fundamental».
Con carácter subsidiario, la demandante aduce que, aunque el Tribunal deba considerar que no puede invocar la existencia de un principio fundamental, las instituciones están obligadas a interpretar el artículo 45 del Estatuto a la luz de la Directiva 1999/70, en virtud del deber de cooperación leal establecido en el artículo 4 TUE, apartado 3.
La demandante sostiene que, en todo caso, ya que el artículo 45 del Estatuto puede ser objeto de varias interpretaciones, el Consejo habría debido tener en cuenta la Directiva 1999/70, y, en consecuencia, las disposiciones del Acuerdo marco para determinar qué interpretación procedía dar al concepto de «dos años de antigüedad en el grado», en el sentido del artículo 45 del Estatuto.
Por otro lado, la demandante considera que el hecho de que la sentencia Rosado Santana (
EU:C:2011:557
) se refiriera a un procedimiento selectivo por el sistema de promoción interna y no a un procedimiento de promoción no constituye un elemento que justifique que la solución aplicada por el Tribunal de Justicia no se aplique al presente asunto. En efecto, un procedimiento de promoción forma parte, al igual que un procedimiento selectivo por el sistema de promoción interna, del progreso en la carrera de los empleados públicos, y, en este concepto, está incluido en las condiciones de trabajo que menciona la cláusula 4 del Acuerdo marco.
Según la demandante, la existencia de una continuidad entre la antigüedad adquirida como agente temporal y la adquirida como funcionario no está excluida por el Estatuto, sino que incluso se desprende de algunas disposiciones de éste. Efectivamente, el artículo 45 del Estatuto no menciona expresamente que la antigüedad a la que se refiere ese artículo debe haberse adquirido únicamente en calidad de funcionario. Por otro lado, dicho artículo no excluye que puedan tenerse en cuenta otros informes de calificación distintos de los redactados después de que la persona de que se trata haya adquirido la condición de funcionario. Afirma que, al contrario, se desprende expresamente del artículo 32, párrafo tercero, del Estatuto que los agentes temporales que adquieren la condición de funcionarios pueden conservar el derecho a la antigüedad adquirida con anterioridad, aunque hayan estado prestando servicios bajo otro régimen jurídico.
El Consejo sostiene que la tesis de la demandante es contraria a la intención del legislador de tener únicamente en cuenta, para aplicar el artículo 45 del Estatuto, los períodos de servicios prestados en calidad de funcionario, intención que se deduce de la expresión «antigüedad en el grado» que figura en el propio texto del artículo 45 del Estatuto.
Además, según el Consejo, la tesis de la demandante implica la existencia de una continuidad jurídica entre la condición de agente temporal y la de funcionario. Ahora bien, un análisis del Estatuto y de la jurisprudencia, en particular, de los autos Kyriazi/Comisión (F‑66/06,
EU:F:2006:92
) y Pereira Sequeira/Comisión (F‑65/06,
EU:F:2006:124
) y de la sentencia Toronjo Benítez/Comisión (F‑33/07,
EU:F:2008:25
), debe llevar al Tribunal a excluir esta continuidad jurídica.
Por último, a juicio del Consejo, la invocación del principio general de igualdad de trato no puede cuestionar la elección del legislador, en el marco del artículo 45 del Estatuto, de tener únicamente en cuenta los períodos de servicios prestados en calidad de funcionario. En efecto, según la jurisprudencia y, en particular, las sentencias Chetcuti/Comisión (C‑16/07 P,
EU:C:2008:549
, apartado 40) y Wasmeier/Comisión (T‑381/00,
EU:T:2002:190
, apartado 122), no existe discriminación por tratar de modo distinto a los funcionarios y a los agentes temporales, ya que la definición de cada una de estas categorías corresponde a necesidades legítimas de la administración y a la naturaleza de las tareas, permanentes o temporales, que ésta tiene por misión cumplir.
Por otro lado, el Consejo considera que la solución adoptada en la sentencia Rosado Santana (
EU:C:2011:557
) no se puede aplicar al caso de autos.
Ante todo, el Consejo recuerda que la sentencia Rosado Santana (
EU:C:2011:557
) se refiere a la interpretación de una Directiva que debía aplicarse en un Estado miembro y que una Directiva sólo se puede invocar frente a una institución de modo indirecto, en los supuestos recogidos en la sentencia Aayhan y otros/Parlamento (F‑65/07,
EU:F:2009:43
, apartados 113 a 116). Ahora bien, la cláusula 4 del Acuerdo marco no está incluida en ninguno de estos supuestos. Concretamente, la cláusula 4 del Acuerdo marco, tal como la aplica la Directiva 1999/70, no constituye la expresión de un principio general del Derecho, y toda vez que el tenor del artículo 45 del Estatuto está claro, no procede remitirse a la Directiva para determinar el sentido de esta disposición.
A continuación, el Consejo pone de manifiesto que existe una diferencia fundamental entre la situación de la demandante y la del Sr. Rosado Santana, a saber, que éste siempre había estado regido por el mismo régimen jurídico de base, ya que fue «funcionario interino» antes de adquirir la condición de «funcionario de carrera», mientras que la demandante ha estado sometida sucesivamente a dos regímenes distintos, el ROA, como agente temporal, y el Estatuto, como funcionaria.
En su respuesta a las diligencias de ordenación del procedimiento, el Consejo ha precisado su posición basándose en el auto Rivas Montes (C‑178/12,
EU:C:2013:150
). Según el Consejo, se desprende de ese auto que la cláusula 4 del Acuerdo marco no puede invocarse para fundamentar una excepción de ilegalidad del artículo 45 del Estatuto. En efecto, esta cláusula se refiere a la discriminación en relación con los trabajadores con contrato de trabajo de duración determinada por el mero motivo de la duración de esta relación, mientras que, en el caso de autos, la diferencia de trato entre agentes temporales y funcionarios se basa en la naturaleza jurídica de su relación de servicio con las instituciones de la Unión.
Aun suponiendo que la solución adoptada con ocasión de la sentencia Rosado Santana (
EU:C:2011:557
) pudiera aplicarse a la función pública de la Unión Europea, el Consejo alega que las necesidades legítimas de la administración y la naturaleza de las tareas, permanentes o temporales, que tiene por misión cumplir constituyen razones objetivas que justifican que no se consideren, a los efectos del ejercicio de promoción, los períodos de servicios prestados por la demandante como agente temporal.
Según la Comisión, el Tribunal debería declarar la inadmisibilidad de la excepción de ilegalidad de oficio, porque no se formuló en la reclamación.
En cuanto al fondo, la Comisión apoya la totalidad de las alegaciones del Consejo, subrayando la naturaleza radicalmente diferente del estatuto de agente temporal del de funcionario.
En particular, la Comisión considera que el que la demandante haya desempeñado como agente temporal las mismas tareas que las que se le confiaron después de su nombramiento como funcionaria en prácticas carece de toda pertinencia. Según la Comisión, la tesis de la demandante concede demasiada importancia a elementos de hecho meramente aleatorios y una ventaja injustificada a los agentes que hayan desempeñado siempre las mismas tareas, en primer lugar como agentes temporales, y después como funcionarios, en relación con los empleados públicos polivalentes.
En su escrito de formalización de la intervención, aun sumándose a la argumentación del Consejo, el Tribunal de Cuentas afirma, en esencia, que el Acuerdo marco no se puede invocar frente a las instituciones de la Unión Europea en lo que atañe a la falta de consideración, a fines de la aplicación del artículo 45 del Estatuto, de la antigüedad adquirida por un funcionario cuando era agente temporal. Considera que esta situación no constituye ni una vulneración del principio de no discriminación ni un abuso resultante de la utilización de sucesivos contratos o relaciones de trabajo de duración determinada, y que, en todo caso, la demandante no ha alegado la existencia de tal abuso.
– Apreciación del Tribunal
El Tribunal examinará en primer lugar si el Consejo hizo caso omiso del alcance del artículo 45 del Estatuto al interpretarlo en el sentido de que no le permitía tener en cuenta la antigüedad adquirida por la demandante como agente temporal para calcular los dos años de antigüedad que debía justificar en su grado para poder ser candidata a la promoción. En efecto, la cuestión de la legalidad del artículo 45 del Estatuto, formulada por la demandante con carácter subsidiario, sólo es pertinente en el caso de autos si el Consejo no ha cometido un error en su interpretación de esta disposición.
Según reiterada jurisprudencia, en la interpretación de las disposiciones de Derecho de la Unión no sólo debe tenerse en cuenta su tenor, sino también los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte y su contexto (sentencia Hoštická y otros, C‑561/13,
EU:C:2014:2287
, apartado 29).
En el caso de autos, el artículo 45 del Estatuto establece que las promociones «se efectuarán únicamente mediante libre designación entre funcionarios con una antigüedad mínima en su grado de dos años». Pues bien, al emplear la expresión «antigüedad en el grado» y el pronombre posesivo «su», que remite a los «funcionarios», el tenor de esta disposición indica que la AFPN sólo ha de tener en cuenta la antigüedad adquirida en el grado como funcionario.
Corrobora esta interpretación literal del artículo 45 del Estatuto un análisis del Estatuto en su conjunto. En efecto, resulta que, según el legislador, no existe continuidad jurídica alguna en la carrera de un agente temporal que adquiere la condición de funcionario (véanse, en este sentido, las sentencias Bellantone/Tribunal de Cuentas, F‑85/06,
EU:F:2007:171
, apartado 51, y Toronjo Benítez/Comisión,
EU:F:2008:25
, apartado 87, y el auto Prieto/Parlamento, F‑42/07,
EU:F:2011:159
, apartado 61).
A este respecto, el Tribunal señala que, según el artículo 34 del Estatuto, «todo funcionario deberá efectuar un período de prácticas de nueve meses antes de poder ser nombrado con carácter definitivo». Esta disposición no establece ninguna diferencia entre los agentes que han sido nombrados funcionarios en prácticas tras haber trabajado como agentes temporales y el resto de empleados públicos, aunque hayan ejercido las mismas funciones en uno y otro régimen. Si la tesis de la continuidad jurídica que propone la demandante fuese fundada, tal disposición carecería de toda utilidad para los funcionarios que han tomado posesión que ya hayan prestado servicios como agentes temporales.
Además, cuando el legislador ha decidido tener en cuenta períodos de servicios prestados por un empleado público en calidad de agente temporal para extraer consecuencias de ello en su carrera funcionarial lo ha hecho explícitamente. Tal es el caso del artículo 32, párrafo tercero, del Estatuto, según el cual «el agente temporal cuya clasificación se haya fijado de acuerdo con los criterios de clasificación aprobados por la institución conservará la antigüedad de escalón adquirida como agente temporal cuando sea nombrado funcionario en el mismo grado e inmediatamente después de dicho período», como excepción a lo establecido en el artículo 32, párrafo primero, con arreglo al cual el funcionario seleccionado se clasifica en el primer escalón de su grado. En el mismo sentido, el artículo 40, párrafo segundo, del ROA dispone que «el tiempo de servicio como agente temporal [en] la Unión será tenido en cuenta para el cálculo de las anualidades de su pensión de jubilación, en las condiciones previstas en el Anexo VIII del Estatuto».
De ello se deduce que el Consejo no incurrió en ningún error al interpretar el artículo 45 del Estatuto en el sentido de que, en el procedimiento de promoción, sólo puede tenerse en cuenta la antigüedad en el grado adquirida como funcionario, máxime cuando el ROA no establece que dicho artículo, en cualquier caso, se aplique, de un modo u otro, a la situación de los agentes temporales.
En consecuencia, procede desestimar el motivo basado en un error en la interpretación del artículo 45 del Estatuto y examinar la excepción de ilegalidad formulada con carácter subsidiario por la demandante y basada en que, al impedir la consideración de los períodos de actividad que un funcionario ha prestado como agente temporal, el artículo 45 del Estatuto infringe la cláusula 4 del Acuerdo marco.
En las circunstancias del caso de autos y en aras de la economía procesal, es preciso examinar si la mencionada excepción de ilegalidad está fundada sin pronunciarse previamente sobre su admisibilidad, ya que dicha excepción, en cualquier caso y por las razones que se expondrán más adelante, carece de fundamentación jurídica (sentencia AT/EACEA, F‑113/10,
EU:F:2012:20
, apartado 49).
Antes de nada, ha de determinarse si la cláusula 4 del Acuerdo marco es aplicable al caso de autos, y, por lo tanto, si la infracción de lo dispuesto en dicha cláusula puede fundamentar una excepción de ilegalidad del artículo 45 del Estatuto.
El Tribunal recuerda que, según la jurisprudencia, no se puede considerar que las disposiciones de la Directiva 1999/70 y del Acuerdo marco anexo impongan como tales obligaciones a las instituciones en sus relaciones con su personal (sentencia Aayhan y otros/Parlamento,
EU:F:2009:43
, apartado 111).
No obstante, pueden, en particular, imponerse indirectamente a una institución si constituyen la expresión de un principio general del Derecho de la Unión, que le incumbe entonces aplicar como tal (sentencias Adjemian y otros/Comisión, T‑325/09 P,
EU:T:2011:506
, apartado 56; Aayhan y otros/Parlamento,
EU:F:2009:43
, apartado 113, y AI/Tribunal de Justicia, F‑85/10,
EU:F:2012:97
, apartado 134).
La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco incluye una prohibición de tratar, por lo que respecta a las condiciones de trabajo, a los trabajadores con un contrato de duración determinada de modo menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas. El apartado 4 de dicha cláusula enuncia la misma prohibición por lo que respecta a los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo (sentencias Rosado Santana,
EU:C:2011:557
, apartado 64, y Valenza y otros, C‑302/11 a C‑305/11,
EU:C:2012:646
, apartado 39).
Pues bien, los principios de no discriminación y de igualdad de trato, de los que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco constituye una aplicación, son principios generales del ordenamiento jurídico de la Unión (sentencia Aayhan y otros/Parlamento,
EU:F:2009:43
, apartado 101) a cuya luz debe apreciarse la legalidad del artículo 45 del Estatuto.
Sin embargo, es oportuno precisar que, al pronunciarse sobre la aplicación del Acuerdo marco en litigios que oponen a funcionarios con las administraciones nacionales, el Tribunal de Justicia ha declarado que las posibles diferencias de trato entre el personal funcionario y los agentes contractuales no están incluidas en el ámbito de aplicación del principio de no discriminación consagrado por el Acuerdo marco, ya que estas diferencias de trato no están fundadas en la duración determinada o indeterminada de la relación de servicio, sino en su carácter estatutario o contractual (auto Rivas Montes,
EU:C:2013:150
, apartados 44 y 45).
En el caso de autos, debe declararse que el artículo 45 del Estatuto no establece ninguna diferencia de trato entre trabajadores con contrato de trabajo de duración determinada y trabajadores fijos. En efecto, el único elemento que el artículo 45 del Estatuto toma en consideración es la naturaleza jurídica de la relación de servicio de los empleados públicos de que se trata, que establece realmente una diferencia de trato entre la antigüedad adquirida por los funcionarios y la antigüedad adquirida por los otros agentes. Pues bien, según la jurisprudencia, esta diferencia de trato no está incluida en el ámbito de aplicación del principio de no discriminación consagrado por el Acuerdo marco (véase el auto Rivas Montes,
EU:C:2013:150
, apartados 44 y 47).
De ello se deriva que la demandante no puede basar una excepción de ilegalidad del artículo 45 del Estatuto en la infracción de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco o en la vulneración del principio de igualdad de trato del que dicha cláusula es una aplicación.
En cualquier caso, la demandante no puede invocar los principios adoptados por el Tribunal de Justicia en su sentencia Rosado Santana (
EU:C:2011:557
). En efecto, en aquel asunto, el demandante pretendía, en esencia, impugnar una diferencia de trato a la hora de tener en cuenta, a fines de un procedimiento selectivo por el sistema de promoción interna, los períodos de servicios prestados como funcionario de carrera, y no los prestados en calidad de funcionario interino (sentencia Rosado Santana,
EU:C:2011:557
, apartado 42). En el presente asunto, la demandante discute la legalidad de la diferencia de trato entre funcionarios, cuya antigüedad se toma en consideración a fines de la aplicación del artículo 45 del Estatuto, y agentes temporales, sean contratados mediante un contrato de trabajo por tiempo indefinido o de duración determinada.
Procede por tanto desestimar el primer motivo en su totalidad, por ser infundado.
Sobre el segundo motivo, basado en la vulneración del principio de igualdad de trato
La demandante observa que en la lista de funcionarios promovidos están incluidos «varios funcionarios» que, como ella, habían sido agentes temporales traductores y tenían la misma antigüedad «en las funciones», pero fueron nombrados con carácter definitivo antes que ella. Por tanto, considera que, al establecer la lista de funcionarios promovidos en estas condiciones, la AFPN no llevó a cabo un examen comparativo, que, según la jurisprudencia, debe llevarse a cabo con diligencia e imparcialidad, en interés del servicio y con arreglo al principio de igualdad de trato, y, en particular, actuó infringiendo el principio de igualdad de trato.
Pues bien, es necesario señalar que la demandante no indicó en su demanda quiénes son los funcionarios que fueron promovidos como consecuencia de un examen comparativo que adolecía de una vulneración del principio de igualdad de trato y no aportó al Tribunal ningún elemento que pudiera permitirle verificar la exactitud de sus alegaciones. Ciertamente, la demandante propone «desvelar» la identidad de estos funcionarios si el Tribunal lo solicita. No obstante, tal oferta no basta para paliar la falta de precisión de la demanda.
De ello se desprende que debe declararse la inadmisibilidad del segundo motivo.
Sobre el tercer motivo, basado en el incumplimiento del deber de asistencia y protección
La demandante considera que, al adoptar la decisión impugnada, la AFPN no tuvo en cuenta su interés, y, al actuar de este modo, incumplió su deber de asistencia y protección.
El Tribunal observa que el tercer motivo no se invocó en la reclamación y no está vinculado a ninguno de los motivos y alegaciones que figuran en ella, la cual se limita a evocar un error manifiesto de apreciación y la vulneración del principio de no discriminación entre trabajadores con contrato de trabajo de duración determinada y trabajadores fijos.
Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad del tercer motivo, ya que ha sido formulado por primera vez en la demanda, incumpliendo la regla de concordancia entre la reclamación, en el sentido del artículo 91, apartado 2, del Estatuto, y el posterior recurso, que exige, so pena de inadmisibilidad, que los motivos dirigidos directamente contra el acto lesivo formulados ante el juez de la Unión ya lo hayan sido en el marco del procedimiento administrativo previo, para que la AFPN o la autoridad facultada para celebrar los contratos hayan podido conocer las críticas que el interesado formula contra la decisión impugnada (sentencia Comisión/Moschonaki, T‑476/11 P,
EU:T:2013:557
, apartado 71).
En consecuencia, procede desestimar las pretensiones de anulación de la decisión impugnada en su integridad.
Sobre las pretensiones de indemnización
Por un lado, la demandante sostiene que ha sufrido un daño material, dado que, si el Consejo la hubiera inscrito en la lista de funcionarios candidatos a la promoción, habida cuenta de la duración media en el grado mencionada en el Estatuto, de la antigüedad en las funciones de traductora en el Consejo, del carácter elogioso de sus informes de calificación y del hecho de que algunos funcionarios que desempeñaban las mismas funciones que ella habían sido promovidos, tendría un 90 % de probabilidades de haber sido promovida. A continuación, estima su perjuicio en un importe de 30000 euros, tomando en consideración el retraso que sufrirá su carrera y el impacto de dicho retraso en su salario y en sus derechos a pensión.
Por otro lado, la demandante afirma haber sufrido un daño moral, que no puede repararse por la mera anulación de la decisión impugnada, debido a que, aunque sea posible adoptar todas las medidas que permiten corregir la ilegalidad cometida, no se puede excluir que el Consejo se limite a incluirla en la lista de funcionarios candidatos a la promoción sin adoptar ninguna otra medida a consecuencia de la sentencia de anulación. La demandante evalúa este perjuicio moral en un importe de 10000 euros.
El Tribunal recuerda que, según reiterada jurisprudencia, cuando el perjuicio que alega un demandante tiene su origen en la adopción de una decisión objeto de pretensiones de anulación, la desestimación de las pretensiones de anulación entraña, en principio, la de las pretensiones de indemnización, ya que éstas están estrechamente vinculadas a aquéllas (sentencia Arguelles Arias/Consejo, F‑122/12,
EU:F:2013:185
, apartado 127, y la jurisprudencia citada).
En el caso de autos, debe señalarse que los perjuicios material y moral que alega la demandante tienen su origen en la decisión del Consejo de no incluirla en la lista de funcionarios candidatos a la promoción. Ahora bien, dado que las pretensiones de anulación de la decisión impugnada han sido desestimadas sin que el Tribunal haya constatado irregularidades en el comportamiento decisorio del Consejo, deben desestimarse las pretensiones de indemnización de la demandante.
Del conjunto de las consideraciones precedentes se deduce que procede desestimar el recurso en su totalidad.
Costas
A tenor del artículo 101 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, sin perjuicio de las demás disposiciones del capítulo octavo del título segundo de dicho Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones cargará con sus propias costas y será condenada a cargar con las costas en que haya incurrido la otra parte, si así lo hubiera solicitado esta última. En virtud del artículo 102, apartado 1, del mismo Reglamento, el Tribunal de la Función Pública podrá decidir, si así lo exige la equidad, que la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones cargará con sus propias costas, pero sólo será condenada a cargar parcialmente con las costas en que haya incurrido la otra parte, o incluso que no debe ser condenada en costas. Por último, según el artículo 103, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio soportarán sus propias costas.
Se desprende de los fundamentos de Derecho de la presente sentencia que la parte que ha perdido el proceso es la demandante. Por otro lado, en sus pretensiones el Consejo solicitó expresamente la condena en costas de la demandante. Dado que las circunstancias del asunto no justifican la aplicación de lo dispuesto en el artículo 102, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la demandante cargará con sus propias costas y se la condena a cargar con las del Consejo.
Por último, a tenor del artículo 103, apartado 4, primera frase, del Reglamento de Procedimiento, la Comisión y el Tribunal de Cuentas soportarán sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Segunda)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
La Sra. Todorova Androva cargará con sus propias costas y con las del Consejo de la Unión Europea.

3)
La Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea cargarán con sus propias costas.

Bradley
Kreppel
Rofes i Pujol
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 29 de abril de 2015.
El Secretario
W. Hakenberg
El Presidente
K. Bradley
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.