CELEX: 62006TJ0192
Competencia
Prácticas colusorias
Peróxido de hidrógeno y perborato sódico
Decisión que declara una infracción del artículo 81 CE
Multas
Prescripción
Trato diferenciado
Duración de la infracción
Circunstancias atenuantes

Hechos que originaron el litigio
La demandante, Caffaro Srl, anteriormente Industrie Chimiche Caffaro SpA, posteriormente Caffaro SpA, es una sociedad italiana
que hasta 1999 comercializaba perborato sódico (en lo sucesivo, «PBS»). En la época en que se produjeron los hechos era una
filial al 100 % de Caffaro SpA, que en 2000 pasó a ser SNIA SpA.
En noviembre de 2002, Degussa AG informó a la Comisión de las Comunidades Europeas de la existencia de un cártel en los mercados
del peróxido de hidrógeno (en lo sucesivo, «PH») y del PBS, y solicitó la aplicación de la Comunicación de la Comisión relativa
a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3).
Degussa presentó ante la Comisión pruebas materiales que permitieron a ésta llevar a cabo registros en los locales de tres
empresas el 25 y el 26 de marzo de 2003.
El 26 de enero de 2005 la Comisión remitió un pliego de cargos a la demandante y a las demás empresas implicadas.
Tras la audiencia a las empresas implicadas, la Comisión adoptó la Decisión C(2006) 1766 final, de 3 de mayo de 2006, relativa
a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y con el artículo 53 del Acuerdo EEE contra Akzo Nobel NV, Akzo
Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa, Edison, FMC Corp., FMC Foret SA, Kemira Oyj, L’Air Liquide SA, Chemoxal
SA, SNIA, la demandante, Solvay SA, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA y Arkema SA (asunto COMP/F/38.620 – Peróxido
de hidrógeno y perborato) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), cuyo resumen fue publicado en el
Diario oficial de la Unión Europea
de 13 de diciembre de 2006 (DO L 353, p. 54). La mencionada Decisión fue notificada a la demandante mediante escrito de 8
de mayo de 2006.

Decisión impugnada
En la Decisión impugnada, la Comisión indicó que los destinatarios de ésta habían participado en una infracción única y continua
de los artículos 81 CE y 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), en relación con el PH y su producto derivado,
el PBS (considerando 2 de la Decisión impugnada).
La infracción, declarada respecto del período comprendido entre el 31 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 2000, consistió
principalmente en que los competidores intercambiaron información importante desde el punto de vista comercial e información
confidencial sobre los mercados y las empresas, limitaron y controlaron la producción y sus capacidades potenciales y reales,
asignaron cuotas de mercado y clientes y fijaron y supervisaron objetivos de precios.
La demandante fue considerada responsable de la infracción «conjunta y solidariamente» con SNIA (considerandos 407 a 412 de
la Decisión impugnada).
A efectos del cálculo de los importes de las multas, la Comisión aplicó la metodología expuesta en las Directrices para el
cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo
65 [CA] (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices»).
La Comisión determinó el importe de base de las multas en función de la gravedad y de la duración de la infracción (considerando
452 de la Decisión impugnada), que había sido calificada de muy grave (considerando 457 de la Decisión impugnada).
En virtud del trato diferenciado, la demandante fue clasificada en la cuarta y última categoría, a la que corresponde un importe
de partida de la multa de 1,875 millones de euros. Al determinar dicho importe, la Comisión también aplicó una reducción del
25 %, habida cuenta de que no se había demostrado que la demandante tuviera conocimiento o hubiera debido tener necesariamente
conocimiento del proyecto global de acuerdos contrarios a la competencia (considerandos 460 a 462 de la Decisión impugnada).
Dado que, según la Comisión, la demandante había participado en la infracción del 29 de mayo de 1997 al 31 de diciembre de
1998, es decir, durante un período de un año y siete meses, el importe de partida de su multa se incrementó en un 15 % (considerando
467 de la Decisión impugnada).
La Comisión señaló que la demandante había desempeñado un papel pasivo y de menor importancia en la infracción y, en virtud
de esta circunstancia atenuante, redujo en un 50 % el importe de la multa (considerandos 476 y 477 de la Decisión impugnada).
El artículo 1, letra l), de la Decisión impugnada dispone que la demandante infringió los artículos 81 CE, apartado 1, y 53
del Acuerdo EEE, al haber participado en la infracción desde el 29 de mayo de 1997 al 31 de diciembre de 1998.
En el artículo 2, letra g), de la Decisión impugnada, la Comisión impuso a la demandante, «conjunta y solidariamente» con
SNIA, una multa por un importe de 1,078 millones de euros.

Procedimiento y pretensiones de las partes
La demandante interpuso el presente recurso mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 18 de julio de 2006.
Al modificarse la composición de las Salas del Tribunal, el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Sexta y, una vez oídas las
partes, el presente asunto fue atribuido a la Sala Sexta ampliada.
En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, de 22 de diciembre de 2009, el Tribunal formuló una pregunta
por escrito a la demandante, a la que ésta respondió en el plazo establecido.
Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal decidió abrir la fase oral del procedimiento. En la vista celebrada el 4 de
marzo de 2010 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, al no poder participar en las deliberaciones
del Tribunal dos miembros de la Sala, éstas prosiguieron a cargo de los tres jueces cuya firma lleva la presente sentencia.
La demandante solicita al Tribunal que:
–        Anule la Decisión impugnada en la medida en que la Comisión le impuso una multa solidariamente junto con SNIA.
–        Con carácter subsidiario, reduzca el importe de la multa a una suma simbólica.
–        Con carácter subsidiario de segundo grado, reduzca dicho importe «de manera sustancial», habida cuenta de la corta duración
de su participación en la infracción y de la existencia de circunstancias atenuantes.
–        Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho
En apoyo de su recurso, mediante el que solicita la anulación de la Decisión impugnada en la medida en que la Comisión le
impuso en ella una multa solidariamente junto con SNIA, o bien la reducción del importe de la multa, la demandante invoca
cinco motivos, basados en errores de Derecho y de apreciación de los hechos concernientes, en primer lugar, a que supuestamente
es «víctima y no miembro del cártel del [PH]»; en segundo lugar, a la elección, supuestamente errónea, del año de referencia
en el marco del trato diferenciado; en tercer lugar, a la apreciación de la duración de su participación en la infracción;
en cuarto lugar, a la aplicación de la prescripción establecida en el artículo 25, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1/2003
del Consejo, del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en
los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO 2003, L 1, p. 1), y, en quinto lugar, a la apreciación de circunstancias atenuantes.

Sobre la supuesta condición de «víctima y no [de] miembro del cártel del PH» invocado por la demandante
Alegaciones de las partes
La demandante alega que es «víctima del cártel» porque abandonó el mercado del PBS en 1999, debido precisamente a los acuerdos
ilícitos que tuvieron lugar en el mercado del PH. Sostiene que fue obligada a abastecerse de PH, única materia prima necesaria
para la fabricación de PBS, en los productores implicados en el cártel, sus competidores directos en el mercado del PBS. Añade
que la subida de los precios del PH, decidida por los participantes en el cártel, la empujó fuera del mercado.
La demandante expone que se encontraba en una situación de dependencia económica absoluta frene a los productores de PH, al
no haber podido adaptar su propia estrategia comercial en el mercado del PBS en función de las subidas de precios programadas
en el mercado del PH. Afirma que la propia Comisión afirmó que «no se [había] demostrado que [la demandante] tuviera conocimiento
o [debería] haber tenido necesariamente conocimiento del proyecto global de acuerdos contrarios a la competencia» (considerando
461 de la Decisión impugnada).
La demandante aduce que, en varias decisiones anteriores, la Comisión decidió no imponer una multa a los participantes de
esos acuerdos ilícitos porque habían actuado contra sus intereses o habían sido económicamente dependientes de otras empresas
partes en dicho acuerdo. Señala que en otros casos similares la Comisión únicamente impuso una multa simbólica. Además, la
posibilidad de que la Comisión imponga una multa simbólica está prevista expresamente en el apartado 5, letra d), de las Directrices.
La demandante sostiene que la Comisión está vinculada por sus Decisiones anteriores, ya que éstas son numerosas y los asuntos
de que tratan similares al caso de autos. Explica que su denominador común es el hecho de que, al igual que la demandante,
las empresas afectadas estuvieron implicadas en un acuerdo celebrado contra sus intereses o, en cualquier caso, eran económicamente
dependientes de otras partes en el acuerdo. La demandante añade que su situación podría asimilarse a la de un distribuidor
en el caso de un acuerdo vertical concluido con un productor, porque en ambos casos se trata de una empresa económicamente
dependiente.
En particular, la demandante alega que su situación presenta grandes similitudes con la de la Compagnie maritime zaïroise
(CMZ) a la que se refiere la Decisión 93/82/CEE, de 23 de diciembre de 1992, relativa a un procedimiento de aplicación de
los artículos [81 CE] (IV/32.448 – IV/32.450 – Cewal, Cowac, Ukwal) y [82 CE] (IV/32.448 y IV/32.450 – Cewal) (DO 1993, L 34,
p. 20), sociedad a la que la Comisión decidió no imponer una multa porque no obtuvo ninguna ventaja de la infracción declarada.
La demandante alega que, dado que la Comisión no tuvo en cuenta las mismas circunstancias respecto a ella, infringió los artículos
81 CE, apartado 1, 23, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 1/2003, las Directrices, e incumplió su obligación de motivación.
Según la demandante, dicha apreciación adolece de un error manifiesto de apreciación y de desviación de poder. Además, considera
que la Comisión se equivocó al confundir el estatuto de la demandante y el de Atochem SA, Kemira y Chemoxal, productores de
PH [considerando 332, letra b), de la Decisión impugnada].
En particular, la demandante señala que la Comisión no tuvo en cuenta que los productores de PH habían articulado un sistema
que se había traducido en una duplicación de los precios en menos de un año y medio, que la demandante no producía PH y se
hallaba en situación de total dependencia económica frente a esas empresas, que no estaba al corriente del proyecto global
del cártel, que había tenido que sufrir una subida sustancial del precio del PH, aspecto que determinó su abandono del mercado
del PBS durante el cártel, que no había obtenido ninguna ventaja ni siquiera cambiando de proveedor, porque la alineación
de los precios concernía a todos los productores de PH, y que no había podido adaptar su propia estrategia comercial en el
mercado del PBS porque nunca había participado en las reuniones sobre el PH. Aduce que, al no haber sido tenidas en cuenta
estas consideraciones y no haber sido motivada esta elección, la imposición de una multa a la demandante es ilegal.
Por último, mantiene que la multa que se le impuso no tiene efecto útil ni en lo que respecta al objetivo represivo ni al
disuasorio, porque la demandante ya había abandonado el mercado del que se trata precisamente a raíz del mencionado cártel;
que por ello ya había sido sancionada y que ya no estaba en condiciones de cometer de nuevo la infracción.
La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.
Apreciación del Tribunal
Obsérvese, con carácter preliminar que, como se desprende de la alegación desarrollada en el escrito de demanda, la demandante,
al tiempo que hacía referencia a su supuesta condición de «víctima y no [de] miembro del cártel del [PH]», en realidad no
desmiente ni su participación en la infracción de que se trata ni el carácter único de ésta.
En particular, la demandante no cuestiona su participación en las reuniones del cártel que tuvieron lugar en Sevilla los días
28 o 29 de mayo de 1997 y en Évian‑les‑Bains el 14 de mayo de 1998, ni niega el contenido ilícito de dichas reuniones, tal
y como fue expuesto por la Comisión, concretamente, en los considerandos 162 a 164 y 226 a 229 de la Decisión impugnada, sino
que se limita a impugnar, mediante el tercer motivo, examinado a continuación, la duración de su participación en la infracción
de que se trata.
En estas circunstancias, debe entenderse que el presente motivo, basado en el hecho de que la demandante «es víctima y no
miembro del cártel del [PH]», en realidad trata de impugnar la legalidad y el nivel de la multa habida cuenta de la particular
situación de la demandante en el seno del cártel.
En efecto, la demandante se limita a invocar un determinado número de circunstancias que, en su opinión, debían haber llevado
a que no se le hubiera impuesto la multa o, como mucho, a que se le hubiera impuesto la multa simbólica de 1.000 euros prevista
en el apartado 5, letra d), de las Directrices. Alega concretamente su situación única como fabricante de PBS, producto derivado
del PH, sosteniendo que era económicamente dependiente de otras partes en el acuerdo, fabricantes de PH o de ambos productos,
así como el hecho de que participó en los acuerdos colusorios contra sus propios intereses, dado que no obtuvo de ello ninguna
ventaja, ya que se vio obligada a abandonar el mercado del PBS a mediados de 1999.
Recuérdese a este respecto que la facultad de la Comisión de imponer multas a las empresas que, deliberadamente o por negligencia,
cometan una infracción de las disposiciones del artículo 81 CE, apartado 1, constituye uno de los medios atribuidos a la Comisión
con el fin de permitirle cumplir la misión de vigilancia que le otorga el Derecho de la Unión. Esta misión comprende ciertamente
el deber de proseguir una política general dirigida a aplicar en materia de competencia los principios fijados por el Tratado
y a orientar en este sentido el comportamiento de las empresas (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1983,
Musique Diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 105).
La Comisión dispone de un margen de apreciación al fijar el importe de las multas a fin de lograr que las empresas ajusten
su comportamiento a las normas sobre la competencia. En particular, el hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado
multas de determinado nivel por ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar dicho nivel
en cualquier momento para garantizar la aplicación de la política sobre la competencia de la Unión (sentencia Musique Diffusion
française y otros/Comisión, citada en el apartado 37
supra,
apartado 109).
Este margen de apreciación existe, con mayor razón, en el marco de la posibilidad de imponer, en determinados casos, una multa
considerada «simbólica», que la Comisión se reservó en el apartado 5, letra d), de las Directrices, o de no imponer una multa.
En el caso de autos, para impugnar la legalidad de la multa que se le impuso, la demandante invoca en primer lugar su situación
de dependencia frente a otros participantes en el cártel.
Procede destacar que el hecho de haber actuado en una situación de dependencia económica no constituye, en cuanto a tal, una
circunstancia que pueda excluir la responsabilidad de una parte en el cártel. Esta circunstancia tampoco debe ser tenida necesariamente
en cuenta al determinar el importe de la multa.
Es jurisprudencia consolidada que una empresa que participa en reuniones que tienen un objeto contrario a la competencia,
aunque sea presionada por otros participantes de mayor poder económico, tiene siempre la posibilidad de presentar a la Comisión
una denuncia sobre las actividades contrarias a la competencia de que se trate, en vez de seguir participando en dichas reuniones
(sentencias del Tribunal de 20 de marzo de 2002, HFB y otros/Comisión, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, apartado 178, y de 25 de octubre
de 2005, Groupe Danone/Comisión, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, apartado 423). En efecto, aun suponiendo que una empresa haya sufrido
presiones para adherirse al cártel, siempre habría tenido la posibilidad de informar de ello a las autoridades competentes,
en vez de unirse al cártel (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 29 de abril de 2004, Tokai Carbon y otros/Comisión,
T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 y T‑252/01, Rec. p. II‑1181, apartado 344).
Habida cuenta de estas consideraciones, ni la supuesta situación de dependencia frente a otro participante en el cártel ni
la posición amenazadora supuestamente adoptada por éste pueden dar lugar a una situación que la Comisión pueda apreciar como
circunstancia atenuante (sentencia Groupe Danone/Comisión, citada en el apartado 42
supra,
apartado 424).
Por consiguiente,
a fortiori,
la Comisión no puede estar obligada a tener en cuenta esos mismos elementos para decidir no imponer una multa o imponer únicamente
una multa simbólica.
A la vista de cuanto precede, no puede prosperar la alegación de la demandante basada en el hecho de que no se tuviera en
cuenta su situación de dependencia económica frente a otros participantes en el cártel.
Seguidamente, en lo que respecta a la referencia que hace la demandante a las decisiones anteriores de la Comisión, en las
que no impuso multas o sólo impuso una multa simbólica, recuérdese que una práctica decisoria de la Comisión no puede servir
de marco jurídico a las multas en materia de competencia y que decisiones relativas a otros asuntos únicamente tienen carácter
indicativo en lo referente a la posible existencia de una violación del principio de igualdad de trato, dado que es poco probable
que las circunstancias concretas de esos asuntos, como los mercados, los productos, las empresas y los períodos considerados,
sean idénticas (sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 2006, JCB Service/Comisión, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935,
apartados 201 y 205, y de 7 de junio de 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión, C‑76/06 P, Rec. p. I‑4405, apartado 60).
No es menos cierto que en este contexto la Comisión está obligada a respetar el principio de igualdad de trato y no puede
tratar situaciones comparables de manera diferente o situaciones diferentes de manera idéntica, salvo que este trato esté
justificado objetivamente.
Ha de destacarse que las situaciones examinadas en los asuntos que dieron lugar a las decisiones anteriores de la Comisión
invocadas por la demandante revisten diferencias significativas comparadas a la que es objeto del presente asunto.
Por una parte, la demandante invoca numerosas decisiones relativas a acuerdos y prácticas concertadas entre un productor y
distribuidores que incluían medidas que impedían las importaciones o las exportaciones paralelas.
De estas decisiones se desprende que en el marco de algunos asuntos sobre restricciones verticales, la Comisión tuvo en cuenta
el hecho de que los distribuidores, empresas sustancialmente más débiles desde el punto de vista económico, actuaban forzados
por un productor y contra sus propios intereses económicos, por temor a perder el derecho de distribución exclusiva. Por ello
la Comisión decidió caso por caso no considerar responsables a los distribuidores, no imponerles multas o imponerles una de
un importe muy moderado.
Debe destacarse que estas consideraciones no son trasladables directamente a los casos de restricciones horizontales, como
el cártel de precios y de reparto de los mercados objeto del presente asunto, infracciones muy graves por naturaleza, que
generalmente tienen lugar entre empresas que desempeñan un papel económico comparable, pues son todas productores del producto
o de los productos de que se trata.
En el caso de autos la demandante participó en la infracción única que afectó a los mercados del PH y del PBS. El hecho de
que únicamente produjera PBS, de que estuviera obligada a abastecerse de PH en las otras participantes en el cártel y, por
tanto, de que estuviera sometida a presiones tarifarias en origen en el mercado del PH no demuestra que se viera forzada a
actuar de manera ilegal en el mercado del PBS. En cualquier caso, la demandante no invoca ningún indicio concreto para probar
que los demás participantes en el cártel la hubieran sometido a presiones, por ejemplo, amenazándola con negarle el abastecimiento
de PH si no se sometía a la disciplina colusoria impuesta en el mercado del PBS.
Por otra parte, en lo tocante a las restricciones horizontales, la demandante invoca la Decisión 94/210/CE de la Comisión,
de 29 de marzo de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE] (asunto 33.941 – HOV‑SVZ/MCN)
(DO L 104, p. 34), y la Decisión C(2004) 4030 de la Comisión, de 20 de octubre de 2004, relativa a un procedimiento de aplicación
del artículo 81 [CE], apartado 1, (asunto 38.238 – Tabaco crudo – España), un resumen de la cual se publicó en el
Diario oficial de la Unión Europea
de 19 de abril de 2007 (DO L 102, p. 14).
Ha de observarse que la Decisión 94/210 se refería a empresas ferroviarias partes en un «cártel defensivo» destinado a hacer
frente a los efectos de las prácticas tarifarias de una empresa dominante, examinadas desde la perspectiva del artículo 82 CE
en el marco de la misma Decisión. En los considerandos 109 a 112 de dicha Decisión, la Comisión destacó, en particular, que
«en general […] un acuerdo de carácter defensivo no [podía] impedir la imposición de multas a las empresas» antes de decidir
que, «habida cuenta […] de la particularidad del presente caso, […] no [cabía] imponer multas por la infracción del artículo [81 CE]».
En cuanto a la Decisión C(2004) 4030, relativa a dos cárteles, uno entre las empresas de transformación de tabaco y otro entre
los representantes de productores, respectivamente, la Comisión había llegado a la conclusión respecto al segundo de ellos
de que sólo procedía imponer una multa simbólica de 1.000 euros a cada uno de los representantes de los productores, puesto
que el marco reglamentario nacional había provocado un considerable grado de incertidumbre sobre la legalidad de su comportamiento.
La Comisión señaló que las autoridades españolas habían, cuando menos, animado a los representantes de los productores a mantener
negociaciones sobre los precios, e incluso el Ministerio de Agricultura había autorizado los cuadros de precios negociados,
que figuraban como anexo al contrato tipo publicado en el Boletín Oficial del Estado español [considerandos 425 a 431 de la
Decisión C(2004) 4030].
De estas consideraciones se desprende que las dos Decisiones invocadas por la demandante constituyen decisiones aisladas basadas
en circunstancias específicas, que no son en absoluto comparables a las invocadas por la demandante en el caso de autos.
Por consiguiente, no puede prosperar la alegación de la demandante basada en una supuesta «discriminación» a la luz de la
práctica decisoria de la Comisión sobre la toma en consideración de una situación de dependencia económica frente a otros
participantes en el cártel.
En segundo lugar, la demandante invoca el hecho de no haber obtenido ningún beneficio del cártel, incluso de haber sufrido
un perjuicio.
Recuérdese que, según reiterada jurisprudencia, el hecho de que una empresa no haya obtenido ningún beneficio de la infracción
no puede impedir que se le imponga una multa, so pena de privar a ésta de su carácter disuasorio. De ello se deduce que, para
fijar la cuantía de las multas, la Comisión no está obligada a demostrar que la infracción ha procurado una ventaja ilícita
a las empresas implicadas, ni a tomar en consideración, en su caso, la inexistencia de beneficios derivados de la infracción
de que se trate (sentencias del Tribunal de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95
a T‑32/95, T‑34/95 a T‑39/95, T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 a T‑65/95, T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95
y T‑104/95, Rec. p. II‑491, apartado 4881, y de 26 de abril de 2007, Bolloré y otros/Comisión, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02,
T‑125/02 y T‑126/02, T‑128/02 y T‑129/02, T‑132/02 y T‑136/02, Rec. p. II‑947, apartado 671).
No cabe considerar que la inexistencia de dicha ventaja sea una circunstancia atenuante que pueda ser incluida en el marco
de la determinación del importe de la multa (sentencias del Tribunal de 29 de noviembre de 2005, SNCZ/Comisión, T‑52/02, Rec.
p. II‑5005, apartado 91, y de 8 de julio de 2008, BPB/Comisión, T‑53/03, Rec. p. II‑1333, apartado 442), y, por tanto, no
constituye un motivo que justifique la imposición de una multa simbólica.
Las mismas consideraciones se aplican, en principio, en el caso de que la demandante haya participado en una práctica colusoria
con sus competidores en contra de sus propios intereses económicos y, en consecuencia, haya sufrido los efectos negativos
de dicha práctica, circunstancia que, aun cuando se demostrara, tampoco constituye un elemento que deba ser tenido necesariamente
en cuenta como circunstancia atenuante y,
a fortiori,
como circunstancia que justifique la imposición de una multa simbólica.
Según la jurisprudencia, no cabe considerar que una empresa que, pese al supuesto perjuicio sufrido, continúa concertando
los precios con sus competidores, haya cometido una infracción menos grave que la de las demás empresas igualmente implicadas
en la práctica colusoria (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 14 de mayo de 1998, Europa Carton/Comisión,
T‑304/94, Rec. p. II‑869, apartado 141).
En este contexto, en lo tocante a la alegación de la demandante basada en la situación de la CMZ, contemplada en la Decisión
93/82, debe observarse que de los considerandos 111 y 112 de esa Decisión, que figuran bajo el título «Grado de participación»,
se desprende que la Comisión decidió no imponer una multa a la CMZ por consideraciones vinculadas esencialmente a su participación
en la infracción y, en particular, al hecho de que no tuviera una presencia activa en el mercado de que se trataba, y que
sólo mencionó a mayor abundamiento que no había obtenido ventajas de la infracción. Asimismo, debe observarse que el Tribunal
confirmó que la Comisión estaba autorizada a no imponer una multa a esa sociedad, puesto que su situación comercial y financiera
era diferente a la de los otros participantes en la infracción en esa época (sentencia del Tribunal de 1 de julio de 2008,
Compagnie maritime belge/Comisión, T‑276/04, Rec. p. II‑1277, apartado 96).
Por consiguiente, una Decisión aislada adoptada sobre un asunto que no presenta además similitudes con el caso de autos no
puede servir de apoyo a la alegación de la demandante basada en la necesidad de tener en cuenta el hecho de que no se obtuvieran
ventajas de la infracción.
Por lo tanto, la demandante no puede sostener válidamente que la Comisión estaba obligada a abstenerse de imponerle una multa
o a imponerle una multa simbólica atendiendo al hecho de que no había obtenido ninguna ventaja del cártel, sino que incluso
había sufrido consecuencias negativas a causa de éste.
En tercer y último lugar, en cuanto a la alegación de la demandante basada en la supuesta falta de efecto útil de la multa,
tanto en lo que respecta al objetivo represivo como al disuasorio, recuérdese que el factor disuasorio se evalúa teniendo
en cuenta una multitud de factores, y no sólo la situación particular de la empresa de que se trate (sentencias del Tribunal
de Justicia de 29 de junio de 2006, Showa Denko/Comisión, C‑289/04 P, Rec. p. I‑5859, apartado 23, y del Tribunal General
de 30 de abril de 2009, Nintendo y Nintendo of Europe/Comisión, T‑13/03, Rec. p. II‑975, apartado 71).
Además, esta evaluación no incluye la apreciación de la probabilidad de que la empresa de que se trate reincida. La búsqueda
del efecto disuasorio no va dirigida únicamente a las empresas expresamente mencionadas en la decisión por la que se imponen
las multas, pues también es necesario incitar a las empresas de tamaño similar y con recursos análogos a que se abstengan
de participar en infracciones semejantes de las normas sobre competencia (véase, en este sentido, la sentencia Nintendo y
Nintendo of Europe/Comisión, citada en el apartado 66
supra,
apartados 72 y 73).
En cualquier caso, dado que la demandante no cesó toda actividad económica, el hecho de que ya no opere en el mercado afectado
no pone en absoluto en cuestión la necesidad de garantizar el carácter disuasorio de la sanción que se le impuso.
En cuanto al objetivo de represión, basta destacar que sería contrario a dicho objetivo que el cese de las actividades comerciales
sobre el mercado afectado llevara aparejada la consecuencia de que la empresa de que se trate escape a la imposición de una
multa por la infracción cometida.
Por consiguiente, no cabe considerar que la multa impuesta a la demandante carece de efecto útil.
Por último, debe señalarse que las circunstancias invocadas, globalmente consideradas, no demuestran que la Comisión hubiera
ido más allá de su margen de apreciación al ejercer su poder sancionador frente a la demandante.
A este respecto debe destacarse que la Comisión tuvo en cuenta elementos que caracterizan la participación de la demandante
en la infracción, aplicando una reducción del 25 % al importe de partida de su multa, puesto que no se había demostrado que
la demandante hubiera tenido conocimiento del proyecto global de acuerdos contrarios a la competencia (considerando 461 de
la Decisión impugnada), y aplicando asimismo una reducción del 50 % del importe de la multa en virtud de una circunstancias
atenuante derivada de su papel pasivo y de menor importancia, ya que su participación en el cártel no era comparable a la
de otros miembros activos (considerandos 476 y 477 de la Decisión impugnada).
Asimismo, mediante su alegación basada en la supuesta comparación efectuada por la Comisión entre su situación y la de los
productores de PH, la demandante se limita a remitirse al considerando 332, letra b), de la Decisión impugnada, según el cual
el hecho de que algunas empresas no fabricaran más que uno u otro de los productos de que se trata no invalida la afirmación
sobre el carácter único de la infracción. En la medida en que la demandante no impugna el carácter único de la infracción
controvertida, su alegación es inoperante.
Habida cuenta de estas consideraciones, debe desestimarse la alegación de la demandante basada en la desviación de poder.
Como resulta concretamente de los apartados 66 a 70 anteriores, la sanción que se le impuso no se desvía en absoluto de su
finalidad, ni en lo que respecta al objetivo represivo ni al disuasorio.
Además, debe desestimarse la imputación de la demandante basada en el supuesto incumplimiento de la obligación de motivación,
que sólo figura en el título del presente motivo del escrito de demanda, pero que no fue desarrollado en sus escritos ni en
las observaciones orales presentadas en la vista.
Aun suponiendo que mediante dicha imputación la demandante reprochara a la Comisión que no se hubiera pronunciado sobre su
situación particular en el seno del cártel, nótese, por una parte, que en los considerandos 461 y 474 a 477 de la Decisión
impugnada la Comisión expuso las consideraciones que justificaban la reducción del importe de la multa habida cuenta de la
particular situación de la demandante, y, por otra parte, que no estaba obligada a pronunciarse sobre la posible imposición
de una multa simbólica, por tratarse de una mera posibilidad, contemplada, con carácter excepcional, en el apartado 5), letra d),
de las Directrices.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar el primer motivo por infundado.

Sobre el año de referencia que se tuvo en cuenta en el marco del trato diferenciado
Alegaciones de las partes
La demandante sostiene que la Comisión incurrió en un error al utilizar, en el marco del trato diferenciado, su cuota de mercado
correspondiente al año 1998, mientras que respecto de todos los demás destinatarios de la Decisión impugnada tuvo en cuenta
las cuotas de mercado en 1999, último año completo de infracción. En este sentido, afirma que la Comisión también violó el
principio de igualdad de trato, infringió el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 y las Directrices.
La demandante sostiene que la Comisión estaba obligada a emplear como año de referencia el último año completo del período
de infracción. Además, aduce que de la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de octubre de 2003, Aristrain/Comisión (C‑196/99 P,
Rec. p. I‑11005, apartado 129) se desprende que sólo la utilización de un año de referencia común a todas las empresas que
hayan participado en la misma infracción garantiza la igualdad de trato. Según la demandante, en sus decisiones anteriores
la Comisión utilizó un año de referencia único, a pesar de que las distintas empresas hubieran participado en la infracción
en diferentes períodos.
La demandante alega que al emplear en su caso el año 1998 la Comisión trataba de aumentar el importe de su multa. El volumen
de negocios obtenido por la demandante en 1999 y la cuota de mercado correspondiente eran netamente inferiores a los de 1998,
ya que su volumen de negocios mundial de PBS pasó de 12,9 millones de euros en 1998 a 9,1 millones de euros en 1999.
La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.
Apreciación del Tribunal
Según el punto 1 A, párrafo sexto, de las Directrices, en el caso de infracciones que impliquen a varias empresas, puede ser
conveniente ponderar el importe de partida para tomar en consideración el peso específico y, por tanto, las repercusiones
reales del comportamiento ilícito de cada empresa sobre la competencia, sobre todo cuando exista una disparidad considerable
en cuanto a la dimensión de las empresas responsables de una infracción de la misma naturaleza, y adaptar en consecuencia
el punto de partida del importe de base en función de la naturaleza específica de cada empresa.
Según reiterada jurisprudencia, la distribución de los miembros de un cártel en categorías con el fin de dispensar un trato
diferenciado en la fase de fijación de los importes de partida de las multas debe respetar el principio de igualdad de trato,
según el cual está prohibido tratar situaciones comparables de manera diferente y situaciones diferentes de manera idéntica,
a menos que tal trato esté justificado objetivamente. Por otra parte, el importe de las multas debe, al menos, ser proporcionado
en relación con los elementos tenidos en cuenta para apreciar la gravedad de la infracción (véase la sentencia Tokai Carbon
y otros/Comisión, citada en el apartado 42
supra,
apartado 219, y la jurisprudencia citada).
Para comprobar si la distribución en categorías de los miembros de un cártel respeta los principios de igualdad de trato y
de proporcionalidad, el Tribunal, en el marco de su control sobre el ejercicio de la facultad de apreciación de que dispone
la Comisión en la materia, debe limitarse, no obstante, a verificar que dicha distribución sea coherente y objetivamente justificada
(sentencias del Tribunal de 19 de marzo de 2003, CMA CGM y otros/Comisión, T‑213/00, Rec. p. II‑913, apartado 416, y Tokai
Carbon y otros/Comisión, citada en el apartado 42
supra,
apartado 220).
En el caso de autos, para determinar el peso individual de cada participante en la infracción, a excepción de la demandante,
la Comisión tomó en consideración las cuotas de mercado derivadas de las ventas combinadas de los dos productos de que se
trata en el mercado mundial en 1999, último año completo durante el que la infracción afectó a ambos productos. En relación
con la demandante la Comisión tuvo en cuenta su cuota de mercado de 1998, último año de su participación en la infracción
(considerando 460 de la Decisión impugnada).
Asimismo, la Comisión redujo en un 25 % el importe de partida de la multa impuesta a la demandante, habida cuenta de que no
se había demostrado que ésta tuviera conocimiento o hubiera debido necesariamente tener conocimiento del proyecto global de
acuerdos contrarios a la competencia (considerando 461 de la Decisión impugnada).
En este sentido debe destacarse que el hecho de considerar, en el marco de un trato diferenciado, un año de referencia diferente
respecto de un miembro del cártel no conduce por sí mismo a una violación del principio de igualdad de trato.
Es cierto que el Tribunal de Justicia ha declarado, por una parte, que la utilización de un año de referencia común para todas
las empresas que han participado en la misma infracción garantiza a cada empresa el mismo trato que reciben las demás, puesto
que las sanciones se determinan de manera uniforme y, por otra parte, que el empleo de un año de referencia que forme parte
del período de infracción permite apreciar la magnitud de la infracción cometida en función de la realidad económica vigente
en aquel momento (sentencia Aristrain/Comisión, citada en el apartado 79
supra,
apartado 129).
Sin embargo, en contra de cuanto sostiene la demandante, de ello no resulta que la elección del año común constituya el único
medio de determinar las sanciones de modo conforme con el principio de igualdad de trato.
En particular, la Comisión también puede tener legalmente en cuenta el hecho de que, respecto de una empresa determinada,
el año de referencia común se sitúe fuera del período de infracción que se le imputa y, por lo tanto, no constituya una indicación
útil de su peso individual en la infracción, motivo por el que decida tomar en consideración el volumen de negocios de dicha
empresa correspondiente a un año diferente al año de referencia común, siempre que la distribución de los miembros de un cártel
en categorías siga siendo coherente y esté justificada objetivamente.
En el caso de una empresa que ya no estaba activa en el mercado durante el ejercicio social empleado respecto de los demás
participantes en el cártel –que por tanto no constituye una indicación fiable de su verdadera situación económica– la elección
de un ejercicio social de referencia diferente, en el marco de la aplicación del límite del 10 % del volumen de negocios,
previsto en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, debe hacerse a la luz de consideraciones análogas a las
que acaban de exponerse (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 2007, Britannia Alloys
& Chemicals/Comisión, citada en el apartado 46
supra,
apartados 28 a 30 y 43, y la sentencia del Tribunal General de 29 de noviembre de 2005, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión,
T‑33/02, Rec. p. II‑4973, apartado 74).
Por consiguiente, en el caso de autos, tras comprobar que las ventas realizadas por la demandante durante el año de referencia
común considerado respecto de las demás empresas que participaron en el cártel no constituía una indicación fiable de su verdadera
situación económica durante el período de infracción, dado que, en particular, su participación en la infracción ya había
cesado, la Comisión pudo emplear legalmente como referencia las ventas de 1998, último año de su participación en el cártel.
Procede señalar además que este criterio se ha aplicado de manera objetiva respecto de todos los miembros del cártel, puesto
que todas las empresas implicadas, salvo la demandante, participaron en el cártel en 1999, año que constituye de ese modo
el último año de su participación en la infracción sobre los dos productos de que se trata.
Además, la demandante no ha demostrado que la elección de un año de referencia diferente respecto a ella hubiera provocado
una falta de coherencia en la distribución en categorías.
Efectivamente, obsérvese que la demandante es la única empresa clasificada en la cuarta y última categoría, con un importe
de partida de la multa que se eleva a 1,875 millones de euros (es decir, 2,5 millones de euros antes de la reducción aplicada
en el considerando 461 de la Decisión impugnada), que por tanto es significativamente inferior al correspondiente a la tercera
categoría, 20 millones de euros. Además, la diferencia entre las cuotas de mercado de la demandante en 1998 y en 1999 es relativamente
poco importante, especialmente comparada con la distancia que separa las cuotas de mercado de las diferentes empresas que
fueron clasificadas juntas en la tercera categoría, distancia que queda plenamente explicada por la nivelación de los importes
tenidos en cuenta.
Recuérdese a este respecto que no puede censurarse el hecho de que los importes de partida correspondientes a cada una de
las categorías no sean estrictamente proporcionales a las cuotas de mercado respectivas, ya que ello no es más que el resultado
de la nivelación de los importes (sentencia CMA CGM y otros/Comisión, citada en el apartado 84
supra,
apartado 411).
La distancia que la demandante señala entre sus cuotas de mercado en 1998 y en 1999 no es de tal entidad que el método adoptado
por la Comisión pudiera haber dado como resultado una imagen burdamente deformada de los mercados de que se trata (véanse,
en este sentido, las sentencias del Tribunal de 15 de marzo de 2006, BASF/Comisión, T‑15/02, Rec. p. II‑497, apartado 159,
y de 8 de octubre de 2008, SGL Carbon/Comisión, T‑68/04, Rec. p. II‑2511, apartado 70).
A la luz del conjunto de estas consideraciones, el presente motivo debe desestimarse por infundado.

Sobre la apreciación de la duración de la participación de la demandante en la infracción
Alegaciones de las partes
La demandante impugna la duración de su participación en la infracción señalada por la Comisión al calcular el importe de
la multa. A este respecto, invoca la deformación de los hechos, desviación de poder, la vulneración del derecho de defensa,
una motivación insuficiente y la infracción del artículo 23, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 1/2003 y de las Directrices.
Esencialmente niega haber participado en la reunión de 26 de noviembre de 1998, que se celebró en Bruselas al margen de la
asamblea del Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC) (considerando 258 de la Decisión impugnada), y alega que su representante
sólo participó en las negociaciones legales en dicha asamblea. La demandante sostiene que al considerar su participación en
los contactos ilícitos mantenidos durante las pausas de la asamblea, la Comisión se basó en la declaración de Degussa, que
según ella no contenía más que una lista de los participantes en la asamblea del CEFIC. Añade que la afirmación de la Comisión
según la cual todas las personas que participaron en la asamblea del CEFIC, «sin excepción», tomaron parte en los contactos
ilícitos no podía deducirse de dicha declaración. La demandante alega que el hecho de que, en su respuesta al pliego de cargos
Degussa no «se retractara» de sus declaraciones y tampoco las modificara (considerando 258 de la Decisión impugnada) no prueba
nada, puesto que la declaración inicial de Degussa ya era insuficientemente detallada.
Además, según la demandante, en el considerando 258 de la Decisión impugnada, para respaldar una imputación relativa a la
presencia de la demandante en la reunión de Bruselas, la Comisión empleó elementos obtenidos de la respuesta de Degussa al
pliego de cargos, a la que la demandante alega no haber tenido acceso. En su opinión, ello constituye una vulneración de su
derecho de defensa.
La demandante sostiene que, en cualquier caso, la declaración de Degussa no debería haber sido utilizada como prueba de cargo,
ya que no es aceptada por la demandante y no resulta corroborada por otras pruebas. Añade que por otra parte la Comisión reconoció
implícitamente la ausencia de la demandante en la reunión de Bruselas, porque afirmó que su participación en la infracción
se había limitado a dos reuniones (considerando 476 de la Decisión impugnada) que no podían ser más que las de Sevilla y Évian‑les‑Bains.
Según la demandante, al no haberse demostrado su participación en la reunión de Bruselas, la Comisión debería haber considerado
que el 14 de mayo de 1998, fecha de la reunión de Évian‑les‑Bains, era la fecha final de su participación en la infracción.
La demandante niega haber aplicado los acuerdos sobre los precios del PBS fijados durante la reunión de Évian‑les‑Bains. Sostiene
que este extremo resulta corroborado por su ausencia en las cinco reuniones siguientes de 1998, cuyo objeto era ejecutar el
acuerdo celebrado en Évian‑les‑Bains, y por su decisión de abandonar el mercado del PBS, tomada durante los últimos meses
de 1998.
Por lo tanto, aduce que la Comisión incurrió en un error al fijar la duración de la participación de la demandante en la infracción
en un año y siete meses en lugar de un año, del 29 de mayo de 1997 al 14 de mayo de 1998, y al aplicar un aumento indebido
del importe de la multa debido a esta duración.
La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.
Apreciación del Tribunal
De los autos se desprende que la Comisión reprochó a la demandante en el pliego de cargos que hubiera participado en los comportamientos
ilícitos entre el 24 de mayo de 1996 y el 30 de junio de 1999. Este período de infracción se redujo sustancialmente en la
Decisión impugnada, en la que la Comisión declaró que la demandante había participado en la infracción entre el 29 de mayo
de 1997 y el 31 de diciembre de 1998 [artículo 1, letra l), de la Decisión impugnada].
En el marco del presente motivo, la demandante niega haber participado en la infracción durante una parte del tiempo en el
que ésta se cometió –durante el período comprendido entre el 14 de mayo y el 31 de diciembre de 1998– ya que el hecho de que
se tuviera en cuenta dicho período supuso un aumento del importe de su multa.
Con carácter preliminar, obsérvese que, como indica la Comisión, en su respuesta al pliego de cargos la demandante afirmó
haber mantenido contactos ilegales, como mucho, durante el período comprendido entre el 29 de mayo de 1997 y el 31 de diciembre
de 1998.
A este respecto, el Tribunal ha declarado ciertamente que, cuando la empresa de que se trate haya reconocido de manera expresa,
clara y precisa los hechos que le reprochaba la Comisión en el pliego de cargos, tales hechos deben considerarse probados,
sin que la empresa pueda ya, en principio, impugnarlos en el procedimiento ante el Tribunal (véanse la sentencia del Tribunal
de 8 de octubre de 2008, Schunk y Schunk Kohlenstoff‑Technik/Comisión, T‑69/04, Rec. p. II‑2567, apartado 84, y la jurisprudencia
citada).
Sin embargo, a pesar de que en el caso de autos, en la respuesta a los cargos imputados por la Comisión, relativos al período
comprendido entre el 24 de mayo de 1996 y el 30 de junio de 1999, la demandante indicara efectivamente que «la duración de
la infracción que [le era] imputable [correspondía], como mucho, al período [comprendido entre] el 29 de mayo de 1997 [y]
el 31 de diciembre de 1998», en la misma respuesta negó su participación en los contactos ilícitos mantenidos durante ese
período, es decir, las reuniones de 16 de septiembre y de 26 de noviembre de 1998.
Por consiguiente, dado el contexto en que se proporcionó esta indicación, no puede considerarse que la demandante haya reconocido
de manera expresa, clara y precisa, su participación en la infracción durante el período controvertido.
Por lo tanto, debe admitirse dicho motivo.
En cuanto al fundamento de dicho motivo, obsérvese, para empezar, que la demandante no niega haber participado en la reunión
sobre el PBS celebrada en Évian‑les‑Bains el 14 de mayo de 1998 ni discute que las conversaciones mantenidas en el marco de
dicha reunión tuvieran contenido ilícito, según se expuso en los considerandos 226 a 230 de la Decisión impugnada.
Asimismo consta que la demandante no participó en otras cuatro reuniones del cártel sobre el PBS, que tuvieron lugar entre
las asambleas del CEFIC de mayo y de noviembre de 1998, a saber, dos reuniones trilaterales sobre el cierre de una fábrica
de Atochem (considerandos 233 y 243 de la Decisión impugnada), una reunión multilateral de «alto nivel» y una reunión bilateral
entre Solvay y Degussa (considerandos 237 y 239 de la Decisión impugnada).
No obstante, la demandante niega haber tomado parte en los contactos ilícitos mantenidos al margen de la asamblea del CEFIC
celebrada el 26 de noviembre de 1998 en Bruselas, alegando así que su implicación en el cártel terminó en la fecha de la reunión
de 14 de mayo de 1998 celebrada en Évian‑les‑Bains. Sostiene que, a la vista de esos contactos, la Comisión incurrió en un
error al apoyarse solamente en la declaración de Degussa, imprecisa y no corroborada por otras pruebas.
Recuérdese a este respecto que, según jurisprudencia consolidada, no cabe considerar que la declaración de una empresa inculpada,
cuya exactitud es cuestionada por varias empresas, constituye una prueba suficiente de la existencia de una infracción cometida
por estas últimas si no es respaldada por otros elementos probatorios (véase la sentencia Groupe Danone/Comisión, citada en
el apartado 42
supra,
apartado 285, y la jurisprudencia citada).
En cuanto a la participación de la demandante en los contactos ilícitos el 26 de noviembre de 1998, del considerando 257 de
la Decisión impugnada se desprende que los «productores de PBS (según Degussa, [los] representantes de Ausimont, de [la demandante],
de Degussa, de Atochem, de FMC Foret y de Solvay estaban presentes) mantuvieron entre ellos contactos bilaterales y multilaterales
durante la pausa de la asamblea del CEFIC con el fin de intercambiar sus puntos de vista sobre la aplicación de la subida
del precio del PBS decidida en mayo durante la reunión de Évian».
Además, la Comisión no admitió la negativa de la demandante sobre esos contactos, señalando lo siguiente (considerando 258
de la Decisión impugnada):
«Degussa dijo claramente que algunos representantes habían participado en la reunión oficial sobre el PBS y que, durante dicha
reunión, esas personas habían mantenido contactos ilícitos (sin excluir a nadie; en su respuesta al pliego de cargos Degussa
no se retractó de estas declaraciones ni las modificó). Atofina situó esos contactos ilícitos en el mismo contexto sin haber
tenido conocimiento previo de las declaraciones de Degussa, de modo que la Comisión opina que dichas conversaciones tuvieron
lugar efectivamente y que las personas citadas por Degussa participaron realmente en ellas.»
De estos motivos resulta que, para declarar la participación de la demandante en los mencionados contactos ilícitos, la Comisión
se basó exclusivamente en la información procedente de la declaración de Degussa, prestada en el marco de la cooperación con
la Comisión.
Si bien la Comisión también destacó que Degussa «no se [había] retractado» de lo que había dicho y que su declaración coincidía
con determinada información de Atofina, esas indicaciones no aportan ninguna prueba adicional sobre la participación de la
demandante. En particular, como se desprende de los autos, la información de Atofina únicamente alude a la reunión sobre el
PH que tuvo lugar el 25 de noviembre de 1998 y no hace ninguna referencia a la demandante.
Debe destacarse igualmente que la declaración de Degussa no hace referencia de manera explícita a la participación de la demandante
en contactos colusorios, sino que se limita a proporcionar la lista de los participantes en la asamblea oficial del CEFIC,
entre quienes se contaba un representante de la demandante, y a afirmar, con carácter general, la existencia de contactos
bilaterales ilícitos al margen de las reuniones oficiales.
Por lo tanto, procede considerar que los elementos resultantes de la declaración de Degussa no demuestran de manera cierta
la participación de la demandante en los contactos ilícitos mantenidos en Bruselas y, al no haber sido corroborados, no constituyen
una prueba suficiente para demostrar que la demandante participó en esos contactos.
Por consiguiente, la Comisión se equivocó al considerar que la demandante había participado en los contactos ilícitos de 26
de noviembre de 1998.
En lo que atañe a las consecuencias de este error, recuérdese que, según jurisprudencia consolidada, en la medida en que algunos
fundamentos de una decisión pueden, por sí solos, justificarla de modo suficiente con arreglo a Derecho, los vicios de los
que pudieran adolecer otros fundamentos del acto carecen, en cualquier caso, de influencia en su parte dispositiva (sentencias
del Tribunal de 21 de septiembre de 2005, EDP/Comisión, T‑87/05, Rec. p. II‑3745, apartado 144, y de 14 de diciembre de 2005,
General Electric/Comisión, T‑210/01, Rec. p. II‑5575, apartado 42; véase asimismo, en este sentido, la sentencia del Tribunal
de Justicia de 12 de julio de 2001, Comisión y France/TF1, C‑302/99 P y C‑308/99 P, Rec. p. I‑5603, apartados 26 a 29).
En el caso de autos, como se desprende del considerando 362 de la Decisión impugnada, la declaración de que la demandante
participó en la infracción hasta el 31 de diciembre de 1998 no reposa únicamente en la prueba basada en su participación en
los contactos ilícitos de 26 de noviembre de 1998, sino que también se funda en que la demandante «actuó de modo conforme
a los acuerdos colusorios al menos hasta el 31 de diciembre de 1998», fecha hasta la que eran válidos los acuerdos colusorios
decididos en la reunión celebrada el 14 de mayo de 1998 en Évian‑les‑Bains.
Dado que la demandante no niega ni su presencia en la reunión de Évian‑les‑Bains ni el contenido de los acuerdos concluidos
en esa reunión (considerandos 226 a 230 de la Decisión impugnada), la declaración de su participación en los acuerdos decididos
en Évian‑les‑Bains respecto del período que se extendía hasta el 31 de diciembre de 1998 no resulta desvirtuada por su alegación
basada en que supuestamente no aplicó los acuerdos en cuestión, que a su vez estaría supuestamente corroborada por su ausencia
de las otras reuniones colusorias celebradas en 1998 y por su decisión de abandonar el mercado del PBS, tomada a finales de 1998.
El hecho de que una empresa no aplique los resultados de una reunión cuyo objeto es contrario a la competencia no puede eliminar
la responsabilidad, a menos que se distancie públicamente del contenido ilícito de las conversaciones (véanse la sentencia
del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P,
C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartado 85, y la jurisprudencia citada).
Por otra parte, es correcto estimar que el cártel continuó produciendo efectos hasta la fecha límite prevista explícitamente
en los acuerdos colusorios, al margen de sus repercusiones concretas en el mercado (véase, en este sentido, la sentencia Bolloré
y otros/Comisión, citada en el apartado 59
supra,
apartado 186).
En el caso de autos, en la medida en que ha quedado acreditado que la demandante se adhirió a los acuerdos decididos en Évian‑les‑Bains,
que incluían, en particular, la fijación de los precios del PBS aplicables durante el segundo semestre de 1998 (considerandos
229 y 362 de la Decisión impugnada), aun suponiendo que se demostrara que se abstuvo de aplicarlos, este mero hecho carece
de incidencia sobre su responsabilidad por la participación en el cártel durante el mencionado período.
A este respecto procede señalar que la alegación de la demandante basada en el hecho de que no participó en las reuniones
celebradas durante el segundo semestre de 1998 no demuestra que se distanciara públicamente del contenido de los acuerdos
ilícitos concluidos en Évian‑les‑Bains el 14 de mayo de 1998. Además, consta que la demandante permaneció activa en el mercado
del PBS hasta mediados de 1999.
En consecuencia, ha de considerarse que la declaración de la Comisión sobre la participación de la demandante en la infracción
hasta el 31 de diciembre de 1998 se basa, de modo jurídicamente suficiente, en el hecho de que la demandante se adhirió a
los acuerdos colusorios aplicables durante el segundo semestre de 1998 decididos en la reunión mantenida el 14 de mayo de
1998 en Évian‑les‑Bains.
Por consiguiente, el hecho de que la Comisión no demostrara la participación de la demandante en los contactos ilícitos de
26 de noviembre de 1998 no influye en la duración de la infracción que se le imputa.
En lo tocante al supuesto incumplimiento de la obligación de motivación, debe señalarse que, como resulta de los apartados
125 y 129 anteriores, la Comisión expuso en los considerandos 226 a 230 y 362 de la Decisión impugnada las consideraciones
de Derecho y de hecho en las que fundamentaba la declaración relativa a la fecha en que finalizó la participación de la demandante
en la infracción.
En efecto, la Comisión expuso en los considerandos 226 a 230 de la Decisión impugnada el razonamiento en el que basa su declaración
según la cual la demandante se adhirió a los acuerdos colusorios decididos en la reunión mantenida en Évian‑les‑Bains el 14
de mayo de 1998. Además, en el considerando 362 de la Decisión impugnada, indicó que «los precios convenidos en [Évian‑les‑Bains]
se aplicaron hasta el 31 de diciembre de 1998» y que, «dado que [la demandante] había actuado de conformidad con los acuerdos
colusorios al menos hasta el 31 de diciembre de 1998, la Comisión mantendría [esa fecha] como la fecha final que debía tenerse
en cuenta para determinar la duración de la infracción en [su] caso».
Por último, puesto que la declaración de la Comisión relativa a la participación de la demandante en los contactos ilícitos
del 26 de noviembre de 1998 ha quedado invalidada, no es necesario pronunciarse sobre la alegación de la demandante basada
en una supuesta vulneración del derecho de defensa relativa a esa declaración, derivada del hecho de que, para probar su participación
en la reunión de Bruselas, la Comisión se basó en un dato no divulgado obtenido de la respuesta de Degussa al pliego de cargos.
En cualquier caso, mediante dicha alegación la demandante se limita a indicar que, en el considerando 258 de la Decisión impugnada,
la Comisión hizo referencia a que, «en su respuesta al pliego de cargos, Degussa no se [había] retractado de sus declaraciones
[sobre los contactos ilícitos que tuvieron lugar en Bruselas el 26 de noviembre de 1998] ni las había modificado». De esta
referencia no resulta en modo alguno que la Comisión empleara una prueba adicional no comunicada a la demandante que pudiera
provocar una vulneración de su derecho de defensa.
A la vista de las consideraciones anteriores, procede desestimar el presente motivo por infundado.

Sobre la prescripción quinquenal
Alegaciones de las partes
La demandante sostiene que, al negarse a declarar que su participación en la infracción había prescrito, la Comisión infringió
el artículo 25, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, vulneró su derecho de defensa e incumplió la obligación de motivación.
La demandante alega que habían pasado cinco años entre la fecha en que puso fin a su participación en la infracción –el 31
de diciembre de 1998– y la fecha de la solicitud de información, que le fue dirigida el 18 de marzo de 2004.
La demandante admite que, con arreglo al artículo 25, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003, la prescripción queda interrumpida
a partir de la fecha en que el acto se notifique al menos a una empresa que haya participado en la infracción. No obstante,
señala que, en el caso de autos, se ve forzada a «pagar las consecuencias de la inercia de la Comisión». Sostiene que hasta
el mes de marzo de 2004 ignoraba la existencia de la investigación y que no había podido tener conocimiento de ella porque
se había visto obligada a abandonar el mercado cinco años antes.
Según la demandante, que cita al respecto la sentencia CMA CGM y otros/Comisión, citada en el apartado 84
supra
(apartado 484), la interrupción de la prescripción constituye una excepción al principio de la prescripción quinquenal que
debe interpretarse de manera restrictiva. La demandante alega que en el caso de autos la Comisión se limitó a dar una «interpretación
formalista» del artículo 25 del Reglamento nº 1/2003 y no explicó las razones por las que no había enviado a la demandante
la solicitud de información al principio de la investigación. Sostiene que la Comisión hizo caso omiso de la razón que subyace
a la interrupción de la prescripción –la eficacia de la actuación administrativa– y obró sin observar las exigencias de celeridad
del procedimiento ni los intereses de la demandante.
Por lo tanto, la demandante aduce que la Decisión impugnada es ilegal porque la Comisión le impuso en ella una multa a pesar
de que hubiera puesto fin a su participación en el cártel más de cinco años antes de que comenzara a investigarse sobre ella.
Añade que esta teoría resulta confirmada por el enfoque seguido por la Comisión en el caso de autos respecto de Chemoxal y
de Air liquide (considerando 448 de la Decisión impugnada) y en decisiones anteriores, en las que la Comisión no impuso multas
a los productores que habían dejado de participar en el cártel más de cinco años antes del comienzo de la investigación [Decisión
2005/566/CE de la Comisión, de 9 de diciembre de 2004, relativa un procedimiento con arreglo al artículo [81 CE] y al artículo
53 del Acuerdo EEE (asunto C.37.533 – Cloruro de colina) (DO 2005, L 190, p. 22)].
La demandante alega que la actitud de la Comisión es ilegal ya que, valiéndose del artículo 25 del Reglamento nº 1/2003, dejó
pasar más de un año antes de comunicarle la existencia de una investigación y no motivó esa omisión. Añade que la investigación
de la Comisión adolece de un «exceso de poder», consistente en una desviación de la finalidad de esta disposición y en una
falta de motivación. Según la demandante, este vicio procedimental lleva aparejada la ilegalidad de la Decisión impugnada,
en la medida en que la Comisión impuso en ella una multa a la demandante.
La demandante sostiene que la inercia de la Comisión frente a ella, es decir, el hecho de que le enviara extemporáneamente
la solicitud de información, imputable a una negligencia de la institución, lleva aparejada la ilegalidad de la Decisión impugnada
como consecuencia de la violación de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima.
La demandante arguye que la Comisión incumplió su obligación de motivación al no haber expuesto los motivos por los que la
comunicación a la demandante se efectuó extemporáneamente. Según la demandante, además, el carácter extemporáneo de la actuación
de la Comisión restringió indebidamente su derecho de defensa, ya que dispuso de menos tiempo para preparar su defensa y para
conocer los hechos litigiosos.
La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.
Apreciación del Tribunal
Según el artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1/2003, los poderes sancionadores atribuidos a la Comisión en
los artículos 23 y 24 del citado Reglamento están sometidos al plazo de prescripción de cinco años.
En virtud del artículo 25, apartado 2, de dicho Reglamento, el plazo de prescripción comienza a contar a partir del día en
que se haya cometido la infracción o, respecto de las infracciones continuas o continuadas, a partir del día en que haya finalizado
la infracción.
Con arreglo al artículo 25, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003, la prescripción queda interrumpida por cualquier acto de
la Comisión destinado a la instrucción o la investigación de la infracción. La prescripción queda interrumpida a partir de
la fecha en que el acto se notifique al menos a una empresa o asociación de empresas que haya participado en la infracción
y, en virtud del artículo 25, apartado 4, de dicho Reglamento, tiene validez con respecto a todas las empresas y asociaciones
de empresas que hayan participado en la infracción.
Las mismas reglas resultan de los artículos 1 y 2 del Reglamento (CEE) nº 2988/74 del Consejo, de 26 de noviembre de 1974,
relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en los ámbitos del derecho de transportes y de la competencia
de la Comunidad Económica Europea (DO L 319, p. 1).
Como se desprende del examen del tercer motivo (véase el apartado 131 anterior), en el caso de autos la Comisión declaró acertadamente
con arreglo a Derecho que la demandante había participado en la infracción hasta el 31 de diciembre de 1998.
Ha quedado acreditado que la primera medida adoptada por la Comisión para instruir la infracción de que se trata consistió
en inspeccionar los locales de algunas empresas, inspecciones que tuvieron lugar los días 25 y 26 de marzo de 2003 (véase
el apartado 3 anterior), es decir, antes de que expirara el plazo de prescripción quinquenal respecto de la demandante, de
modo que la prescripción no se había adquirido en la fecha en que fue adoptada la Decisión impugnada.
De ello resulta que la investigación de la infracción respecto de la demandante no había prescrito.
En este sentido, la alegación de la demandante basada en el hecho de que habían transcurrido cinco años entre la fecha en
que finalizó la infracción y la fecha en que la Comisión le remitió la solicitud de información deriva de una interpretación
errónea de las disposiciones del artículo 25, apartados 3 y 4, del Reglamento nº 1/2003, y del artículo 2, apartados 1 y 2,
del Reglamento nº 2988/74, de las que resulta claramente que la interrupción de la prescripción surte efectos el día en que
el acto se notifique al menos a una empresa que haya participado en la infracción y tiene validez con respecto a todas las
empresas que hayan participado en la infracción.
Por otra parte, estas consideraciones, que figuran explícitamente en las disposiciones citadas, no resultan invalidadas por
la alegación de la demandante basada en la necesidad de una interpretación estricta de las reglas de la interrupción de la
prescripción, en un «exceso de poder» consistente en una desviación de la finalidad de dicha disposición y en la falta de
motivación.
Asimismo, la demandante también se equivoca al invocar una supuesta «discriminación», haciendo referencia a que en las decisiones
anteriores no se impuso una multa a algunas empresas, porque dichas empresas se hallaban en situaciones manifiestamente diferentes
a la suya, ya que la prescripción de cinco años se había adquirido en la fecha de las primeras actuaciones de la Comisión
relacionadas con la instrucción de la infracción (considerando 448 de la Decisión impugnada y considerando 184 de la Decisión 2005/566).
En lo tocante a la alegación de la demandante basada en la jurisprudencia según la cual, para interrumpir válidamente la prescripción
quinquenal debe poder considerarse legítimamente que una solicitud de información guarda relación con la presunta infracción
(sentencia CMA CGM y otros/Comisión, citada en el apartado 84
supra,
apartados 484 a 488), basta observar que la demandante no esgrime ninguna alegación que demuestre que los mencionados actos
que interrumpieron la prescripción, es decir, las inspecciones de los días 25 y 26 de marzo de 2003 (véase el apartado 3 anterior)
no estuvieran justificados a la vista de los objetivos de la investigación o que su único objetivo fuera prolongar artificialmente
el plazo de prescripción.
Por lo tanto, la alegación de la demandante basada en la aplicación supuestamente errónea de las reglas de prescripción carece
de fundamento.
En el marco del presente motivo, la demandante sostiene asimismo que la supuesta negligencia de la Comisión, que envió la
solicitud de información a la demandante casi un año después del comienzo de la investigación, constituye una violación de
los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima y una vulneración de su derecho de defensa.
La demandante indica en particular que no fue puesta al corriente de la existencia de la investigación en tiempo oportuno
y que no pudo tener conocimiento de ella porque ya no estaba presente en el mercado de que se trata.
En cuanto a la supuesta violación de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, aunque
la demandante invoca la jurisprudencia según la cual, a falta de una norma que establezca un plazo de prescripción, la exigencia
fundamental de seguridad jurídica se opone a que la Comisión retrase indefinidamente el ejercicio de sus facultades (sentencia
del Tribunal de 6 de octubre de 2005, Sumitomo Chemical y Sumika Fine Chemicals/Comisión, T‑22/02 y T‑23/02, Rec. p. II‑4065,
apartados 87 a 89), basta observar que la hipótesis contemplada por esta jurisprudencia no es pertinente en el caso de autos,
ya que la facultad sancionadora de la Comisión ejercida frente a la demandante estaba sometida al plazo de prescripción establecido
en el artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1/2003 y en el artículo 1, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 2988/74.
Dado que en el caso de autos se respetó el citado plazo de prescripción, la imposición de la multa a la demandante no violó
los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima.
En lo que respecta a la supuesta vulneración del derecho de defensa de la demandante, derivada de la información supuestamente
extemporánea de la existencia de la investigación, recuérdese que, aunque la Comisión esté obligada a proporcionar a la empresa
afectada determinados elementos de información ya en la fase de investigación preliminar, esta obligación se refiere a la
información facilitada a la empresa afectada al tiempo de la primera medida adoptada respecto a ella (véase, en este sentido,
la sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2008, AC‑Treuhand/Comisión, T‑99/04, Rec. p. II‑1501, apartados 52 a 56).
En el caso de autos, la demandante no niega haber sido informada de la investigación en curso de manera adecuada al tiempo
de la primera medida adoptada respecto a ella, es decir, la solicitud de información de 18 de marzo de 2004.
Asimismo, aun suponiendo que el hecho de que la demandante no hubiera sido informada de la investigación desde las primeras
diligencias de investigación pudiera, como tal, ser tenido en cuenta al examinar una supuesta vulneración de su derecho de
defensa, debe señalarse que, en cualquier caso, la demandante no invoca ningún elemento concreto para fundamentar su teoría
de que el carácter supuestamente extemporáneo de esta información menoscabó la eficacia de su defensa.
A vista de las consideraciones anteriores, procede desestimar el presente motivo.

Sobre la apreciación de las circunstancias atenuantes
Alegaciones de las partes
La demandante sostiene que la Comisión realizó una aplicación incorrecta de las Directrices, deformó los hechos e incumplió
la obligación de motivación, al negarse a concederle el beneficio de las circunstancias atenuantes por no haber aplicado los
acuerdos y no haber obtenido ninguna ventaja económica o financiera de la infracción.
En primer lugar, la demandante sostiene que no aplicó los acuerdos concluidos en las reuniones que se citan en relación con
ella en la Decisión impugnada. Dado que en las reuniones celebradas en Sevilla en mayo de 1997 no se había llegado a ningún
acuerdo (considerando 164 de la Decisión impugnada), se trata únicamente de la aplicación de los acuerdos sobre el PBS concluidos
durante la reunión mantenida en Évian‑les‑Bains en mayo de 1998, que suponían una subida de los precios durante el segundo
semestre de 1998 (considerandos 229 y 230 de la Decisión impugnada).
La demandante sostiene que durante ese período redujo de manera general sus precios de venta del PBS, con la excepción de
un ligero aumento en el mes de agosto de 1998, debido a la subida de los precios de la principal materia prima, el PH. Añade
que hasta marzo de 1999 sus precios del PBS se mantuvieron netamente inferiores a los niveles de los precios de mayo de 1998.
Por ello, sostiene que es evidente que no aplicó las subidas de precios previstas en Évian‑les‑Bains.
Aduce que, dada la distancia que separaba los precios practicados por la demandante y los precios convenidos, así como su
decisión de abandonar el mercado del PBS, tomada en otoño de 1998, es imposible que hubiera intentado utilizar el cártel en
su propio beneficio, como sostiene la Comisión.
En segundo lugar, la demandante indica que su supuesta participación en el cártel no le procuró ninguna ventaja económica
o financiera, sino que, por el contrario, la llevó a abandonar el mercado del PBS. Según la demandante, la Comisión debería
haber tenido en cuenta este extremo como circunstancia atenuante.
La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.
Apreciación del Tribunal
Recuérdese que, al apreciar las circunstancias atenuantes en la Decisión impugnada, la Comisión redujo el importe de la multa
impuesta a la demandante en un 50 % en virtud de su papel pasivo y de menor importancia en la infracción. Efectivamente, la
Comisión comprobó que el papel de la demandante en el cártel no era comparable al de los otros miembros activos y que su participación
en los contactos colusorios era sensiblemente más esporádica, limitada únicamente a dos reuniones sobre el PBS, lo que demostraba
su reducida participación en el conjunto de los acuerdos ilícitos (considerandos 476 y 477 de la Decisión impugnada).
A este respecto procede destacar que de las Directrices no se desprende que la Comisión deba siempre tomar en consideración
por separado cada una de las circunstancias atenuantes enumeradas en el punto 3 de éstas. Si bien es cierto que las circunstancias
enumeradas en dicha disposición se encuentran indudablemente entre aquellas que pueden tener en cuenta la Comisión en un caso
concreto, la mencionada institución no está obligada a conceder automáticamente una reducción adicional siempre que una empresa
aporte indicios de la existencia de una de esas circunstancias.
Así pues, como las Directrices no establecen imperativamente las circunstancias atenuantes que deben ser tenidas en cuenta,
la Comisión conserva un cierto margen de apreciación para valorar de forma global la magnitud de una eventual reducción del
importe de las multas en atención al conjunto de circunstancias atenuantes que caracterizan el caso concreto (sentencias del
Tribunal de 8 de julio de 2004, Mannesmannröhren‑Werke/Comisión, T‑44/00, Rec. p. II‑2223, apartados 274 y 275, y Dalmine/Comisión,
T‑50/00, Rec. p. II‑2395, apartados 325 y 326; véase asimismo, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 12 de septiembre
de 2007, Prym y Prym Consumer/Comisión, T‑30/05, no publicada en la Recopilación, apartado 204).
En el caso de autos, habida cuenta del importante nivel de la reducción del importe de la multa aplicada en la Decisión impugnada,
aun suponiendo que estuviera fundada la alegación de la demandante basada en la existencia de otras circunstancias atenuantes,
no estimadas por la Comisión, dicha alegación no podría llevar a admitir el carácter inadecuado de la reducción concedida
por la Comisión en virtud de la apreciación de las circunstancias atenuantes.
A mayor abundamiento debe señalarse que las alegaciones esgrimidas por la demandante no demuestran, en ningún caso, la existencia
de circunstancias atenuantes distintas de las estimadas por la Comisión.
En lo tocante, por una parte, a la supuesta inexistencia de una ventaja obtenida de la infracción de que se trata, recuérdese
que, para fijar la cuantía de la multa, la Comisión no está obligada a demostrar que la infracción ha procurado una ventaja
ilícita a las empresas afectadas, ni a tomar en consideración, en su caso, la inexistencia de beneficios derivados de la infracción
(véase la sentencia Bolloré y otros/Comisión, citada en el apartado 59
supra,
apartado 671, y la jurisprudencia citada). En particular, no cabe considerar que la inexistencia de una ventaja financiera
derivada de la infracción sea una circunstancia atenuante (véase la sentencia BPB/Comisión, citada en el apartado 60
supra,
apartado 442, y la jurisprudencia citada).
En lo que respecta, por otra parte, a que la demandante supuestamente no aplicara de modo efectivo los acuerdos, circunstancia
contemplada en el apartado 3, segundo guión, de las Directrices, debe comprobarse si la demandante ha esgrimido alegaciones
que puedan demostrar que, durante el período en el que tomó parte en los acuerdos ilícitos, se abstuvo efectivamente de aplicarlos,
adoptando un comportamiento competitivo en el mercado o, cuando menos, que incumplió clara y sustancialmente las obligaciones
encaminadas a poner en práctica dicho cártel, hasta el punto de perturbar el propio funcionamiento de éste (sentencias del
Tribunal de 15 de marzo de 2006, Daiichi Pharmaceutical/Comisión, T‑26/02, Rec. p. II‑713, apartado 113, y de 8 de octubre
de 2008, Carbone‑Lorraine/Comisión, T‑73/04, Rec. p. II‑2661, apartado 196).
Recuérdese a este respecto que la infracción imputada a la demandante resulta de su participación, por una parte, en las reuniones
ilícitas que tuvieron lugar en Sevilla el 29 de mayo de 1997, que finalizaron sin que se llegara a un acuerdo sobre las negociaciones
colusorias (considerandos 162 a 164 de la Decisión impugnada), y, por otra parte, en la celebrada en Évian‑les‑Bains el 14
de mayo de 1998, que concluyeron con los acuerdos ilícitos sobre las cuotas de mercado y los precios del PBS aplicables durante
el segundo semestre de 1998 (considerandos 226 a 230 de la Decisión impugnada).
La demandante sostiene, esencialmente, que los precios que practicó durante el período de que se trata no sufrieron los aumentos
previstos en los acuerdos ilícitos celebrados en Évian‑les‑Bains el 14 de mayo de 1998. A este respecto cita los elementos
que adjuntó en su respuesta al pliego de cargos y al escrito de demanda, así como las pruebas adicionales presentadas en la
fase de réplica.
En primer lugar, debe destacarse que no cabe considerar que los mencionados elementos constituyan una prueba fiable del comportamiento
de la demandante en el mercado. En efecto, se trata de un gráfico y de cuadros elaborados por la demandante en 2005, en los
que no figura ninguna explicación de los datos sobre cuya base se hizo dicha compilación y que no van acompañados de una prueba
que los corrobore. Por otra parte, aunque la demandante adjunta un determinado número de facturas de 1998 emitidas por la
venta del producto en cuestión como anexo al escrito de réplica, dichos elementos deben descartarse al haber sido invocados
por primera vez ante el Tribunal (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 27 de septiembre de 2006, Akzo Nobel/Comisión,
T‑330/01, Rec. p. II‑3389, apartado 89).
En segundo lugar, procede señalar que, como se desprende de los considerandos 226 a 230 de la Decisión impugnada, los acuerdos
ilegales concluidos en Évian‑les‑Bains no sólo se referían a los precios, sino también al reparto del mercado, y que la demandante
había participado en el establecimiento del modelo de control de las cuotas de mercado proporcionando sus datos.
En estas circunstancias, la alegación y las pruebas presentadas por la demandante no bastan para demostrar que se abstuvo
de aplicar el conjunto de esos acuerdos colusorios adoptando un comportamiento competitivo en el mercado o, cuando menos,
que incumplió clara y sustancialmente las obligaciones encaminadas a poner en práctica dicho cártel, hasta el punto de perturbar
el propio funcionamiento de éste.
Del conjunto de consideraciones expuestas se deduce que procede desestimar el presente motivo.
Por consiguiente, procede desestimar el presente recurso en su totalidad, sin que sea preciso pronunciarse sobre la excepción
de inadmisibilidad opuesta por la Comisión, basada en la inadmisibilidad de las pretensiones de la demandante mediante las
que solicita la anulación de la Decisión impugnada en la medida en que la Comisión impuso en ella una multa a su sociedad
matriz SNIA.

Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla
en costas, de conformidad con las pretensiones de la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta ampliada)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar en costas a Caffaro Srl.
Vadapalas
Dittrich
Truchot
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 16 de junio de 2011.
Firmas
Índice
Hechos que originaron el litigio
Decisión impugnada
Procedimiento y pretensiones de las partes
Fundamentos de Derecho
Sobre la supuesta condición de «víctima y no [de] miembro del cártel del PH» invocado por la demandante
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
Sobre el año de referencia que se tuvo en cuenta en el marco del trato diferenciado
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
Sobre la apreciación de la duración de la participación de la demandante en la infracción
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
Sobre la prescripción quinquenal
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
Sobre la apreciación de las circunstancias atenuantes
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
Costas
*
Lengua de procedimiento: italiano.