CELEX: 62010CJ0310
Derechos salariales de los magistrados
Discriminación en función de la pertenencia a una categoría socioprofesional o del lugar de trabajo
Condiciones de indemnización del perjuicio sufrido
Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE
Inaplicabilidad
Inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 15 de la Directiva 2000/43/CE del
Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente
de su origen racial o étnico (DO L 180, p. 22), y de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa
al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303, p. 16), así como,
en caso de conflicto entre dichas disposiciones y una normativa nacional o una decisión de la Curtea Constituțională (Tribunal
Constitucional), sobre las consecuencias que pueden derivarse de la primacía del Derecho de la Unión.

Marco jurídico

Normativa de la Unión
El artículo 1 de la Directiva 2000/43 dispone:
«La presente Directiva tiene por objeto establecer un marco para luchar contra la discriminación por motivos de origen racial
o étnico, con el fin de que se aplique en los Estados miembros el principio de igualdad de trato.»
El artículo 2, apartado 1 de dicha Directiva enuncia:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por "principio de igualdad de trato" la ausencia de toda discriminación,
tanto directa como indirecta, basada en el origen racial o étnico.»
El artículo 1 de la Directiva 2000/78 prevé:
«La presente Directiva tiene por objeto establecer un marco general para luchar contra la discriminación por motivos de religión
o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación, con el fin de que
en los Estados miembros se aplique el principio de igualdad de trato.»
El artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva dispone:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por principio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminación directa
o indirecta basada en cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1.»
Los artículos 3 de las Directivas 2000/43 y 2000/78, denominados «ámbito de aplicación», disponen en su apartados 1, letra c), que
dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Comunidad dichas Directivas se aplican a todas las personas, por
lo que respecta tanto al sector público como al privado, incluidos los organismos públicos, en relación con las condiciones
de empleo y trabajo, incluidas las de despido y remuneración.
Los artículos 14, letra a), de la Directiva 2000/43, y 16, letra a), de la Directiva 2000/78 establecen lo siguiente:
«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para velar por que:
a)      se deroguen las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contrarias al principio de igualdad de trato».
El artículo 15 de la Directiva 2000/43 enuncia:
«Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales
adoptadas en aplicación de la presente Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.
Dichas sanciones, que podrán incluir la indemnización a la víctima, serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. [...]»
El artículo 17 de la Directiva 2000/78 dispone:
«Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales
adoptadas en aplicación de la presente Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.
Dichas sanciones, que podrán incluir la indemnización a la víctima, serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. [...]»

Normativa nacional
El Decreto del Gobierno nº 137/2000, sobre la prevención y represión de todas las formas de discriminación
(Monitorul Oficial al României
, parte I, nº 431, de 2 de septiembre de 2000), tiene por objeto garantizar la transposición al derecho interno de las Directivas
2000/43 y 2000/78.
Con arreglo al artículo 1, apartado 2, letra e), inciso i), del Decreto nº 137/2000:
«El principio de igualdad entre los ciudadanos y el principio de ausencia de privilegios y de discriminación están garantizados
en el ejercicios de los siguientes derechos:
[...]
e)      los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:
i)      el derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones laborales equitativas y satisfactorias, a la protección
contra el desempleo, a la igualdad de retribución por un mismo trabajo, a una retribución equitativa y satisfactoria.»
El artículo 2, apartado 1, de dicho Decreto prevé:
«A efectos del presente Decreto, se entiende por discriminación cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia
por razón de raza, nacionalidad, etnia, lengua, religión, clase social, creencias, sexo, orientación sexual, edad, minusvalía,
enfermedad crónica no contagiosa, que tenga como finalidad o efecto restringir o excluir el reconocimiento, uso o ejercicio,
en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales o de los Derechos reconocidos por la
Ley en el ámbito político, económico, social y cultural o en cualquier otro ámbito de la vida pública.»
El artículo 27, apartado 1, del Decreto n º 137/2000 dispone:
«Toda persona que se considere víctima de una discriminación puede solicitar ante el juez una indemnización y la vuelta a
la situación previa a la discriminación o la anulación de la situación resultante de la discriminación, con arreglo al Derecho
común. [...]»
Mediante las sentencias n
os
818 a 820, de 3 de julio de 2008, nº 1325, de 4 de diciembre de 2008, y nº 146, de 25 de febrero de 2010, la Curtea Constituțională
declaró que varias disposiciones del Decreto nº 137/2000, entre las que figuran el artículo 27, debían considerarse inconstitucionales
en la medida en que se desprende de dichas normas que los tribunales son competentes para anular o rechazar la aplicación
de actos normativos con fuerza de ley cuando los consideren discriminatorios y para remplazarlos por normas elaboradas por
vía judicial o por normas recogidas en otros actos normativos.
Con arreglo al artículo 11, apartado 1, y al anexo 1, A, apartados 6 a 13, del Decreto de urgencia nº 27/2006 del Gobierno
(Ordonanța de Urgență a Guvernului), en su versión modificada y completada por la Ley nº 45/2007 (en lo sucesivo, «OUG nº 27/2006»),
los fiscales de la Direcția Națională Anticorupție (Dirección Nacional Anticorrupción, en lo sucesivo, «DNA») y de la Direcția
de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (Dirección de investigación sobre las infracciones
en el ámbito del crimen organizado y del terrorismo; en lo sucesivo, «DIICOT») reciben una retribución equivalente a la de
los miembros del Ministerio Público de la Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo de Casación y Justicia).
Se deduce de las explicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional que el acceso a los puestos de fiscal de la Înalta
Curte de Casație și Justiție y, por tanto, la percepción de la retribución derivada esta función exigen, en particular, que
el interesado cumpla un requisito de antigüedad de ocho años en la magistratura, requisito que no se exige para los puestos
de fiscales de la DNA y de la DIICOT.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales
En el procedimiento de instancia, los recurrentes, que son magistrados, presentaron ante el Tribunalul Bacău un recurso contra
dicho órgano jurisdiccional, la Curtea de Apel Bacău y el Ministerul Justiţiei și Libertăţilor Cetăţenești, para obtener la
reparación del perjuicio que consideraban haber sufrido debido al trato discriminatorio del que supuestamente habían sido
objeto en materia de retribución como consecuencia del estatuto reservado, en este sentido, a los fiscales de la DNA y de
la DIICOT.
Mediante sentencia civil de 4 de abril de 2008, el Tribunalul Bacău declaro que estos recurrentes fueron víctimas de una discriminación
por razón de la categoría socioprofesional y del lugar de trabajo, criterios correspondientes a la «categoría social», recogida
en el artículo 2, apartado 1, del Decreto nº 137/2000, y que ello constituía una infracción al principio establecido en el
artículo 6, apartado 2, del Código del Trabajo (codul muncii), según el cual la retribución por un mismo trabajo debe ser
la misma.
En consecuencia, el Tribunalul Bacău estimó el recurso que se le había planteado y, sobre la base del artículo 27, apartado
1, del Decreto nº 137/2000, obligó a los demandados a conceder a dichos demandantes los derechos salariales correspondientes
a la diferencia entre el salario percibido por éstos y el previsto por el OUG nº 27/2006 para los fiscales de la DNA y de
la DIICOT, a partir de la fecha de la entrada en vigor de esta última regulación.
En apoyo del recurso de casación que interpuso ante la Curtea de Apel Bacău contra esta resolución, el Ministerul Justiţiei
și Libertăţilor Cetăţenești alegó que el Tribunalul Bacău se había excedido en sus competencias judiciales al atribuirse competencias
legislativas al desconocer las sentencias antes citadas n
os
818 a 820, nº 1325 y nº 146 de la Curtea Constituțională.
En esas circunstancias, la Curtea de Apel Bacău decidió suspender el procedimiento sobre el recurso de casación y plantear
al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«¿Se oponen el artículo 15 de la Directiva [2000/43] y el artículo 17 de la Directiva [2000/78], introducidas en el Derecho
rumano mediante [el Decreto nº 137/2000], en su versión republicada y modificada, a una normativa interna o a una sentencia
de la Curtea Constituțională que prohíbe que los órganos jurisdiccionales nacionales concedan a demandantes discriminados
las indemnizaciones materiales y/o morales que estimen adecuadas cuando la reparación del daño causado por los hechos discriminatorios
afecte a derechos salariales previstos por la ley y reconocidos a otra categoría socioprofesional distinta de la de los demandantes?
(véanse, en este sentido, las sentencias de la Curtea Constituțională nº 1325 de 4 de diciembre de 2008 y nº 146 de 25 de
febrero de 2010)?
2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿debe el órgano jurisdiccional nacional esperar la derogación o la
modificación de la normativa interna y/o el cambio en la jurisprudencia de la Curtea Constituțională, que sean, por definición,
contrarias a las normas [del Derecho comunitario], o debe aplicar al litigio del que conoce, de modo directo o inmediato,
la normativa [del Derecho comunitario] tal como fue interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no aplicando
cualquier norma interna o sentencia de la Curtea Constituțională que sea contraria al Derecho [de la Unión]?»

Sobre el objeto de las cuestiones prejudiciales
Interpretadas a la luz de las indicaciones que figuran en el auto de remisión, las cuestiones prejudiciales se refieren, por
una parte, a si, una vez asegurada la ejecución en el Derecho rumano de los artículos 15 de la Directiva 2000/43 y 17 de la
Directiva 2000/78, en particular, a través de una disposición como la del artículo 27 del Decreto nº 137/2000, dichos artículos
15 y 17 deben ser interpretados en el sentido de que se oponen a que las resoluciones de la Curtea Constituțională excluyan
que dicha disposición de Derecho interno pueda reconocer, en favor de personas que hayan sufrido una discriminación salarial
por razón de la categoría socioprofesional o del lugar del trabajo, un derecho a obtener una reparación consistente en derechos
salariales previstos por la ley a favor de otra categoría socioprofesional. Suponiendo que éste sea el caso, dichas cuestiones
tienen por objeto, por otra parte, determinar si una jurisdicción nacional está obligada a no aplicar tal norma de Derecho
interno o si la jurisprudencia constitucional en cuestión sin tener, a este respecto, que esperar que dicha disposición sea
objeto de una modificación por vía legislativa o que dé lugar a una nueva interpretación de parte de la jurisdicción constitucional
adecuados para asegurar su conformidad con el Derecho de la Unión.

Sobre la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales
La admisibilidad de las cuestiones prejudiciales ha sido puesta en duda por el Gobierno rumano y por Irlanda en sus observaciones
escritas, en particular debido a que la situación controvertida en el litigio principal no está, a su juicio, incluida en
el ámbito de aplicación de las Directivas 2000/43 y 2000/78, ni en el ámbito del Derecho de la Unión.
Con carácter previo, debe recordarse al respecto que, con arreglo al artículo 267 TFUE, el Tribunal de Justicia es competente
para pronunciarse con carácter prejudicial, sobre la interpretación de los Tratados así como sobre los actos adoptados por
las instituciones.
Según reiterada jurisprudencia, el procedimiento establecido por el artículo 267 TFUE es un instrumento de cooperación entre
el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales. De ello se deduce que los órganos jurisdiccionales nacionales
que conocen el litigio y deben asumir la responsabilidad de la resolución judicial que se va a emitir son los únicos a quienes
corresponde apreciar, en función de las particularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para
poder pronunciarse como la pertinencia de las cuestiones que plantean al Tribunal de Justicia (véanse, especialmente, las
sentencias de 18 de octubre de 1990, Dzodzi, C‑297/88 y C‑197/89, Rec. p. I‑3763, apartados 33 y 34, de 17 de julio de 1997,
Leur-Bloem, C‑28/95, Rec. p. I‑4161, apartado 24, así como la sentencia de 8 de septiembre de 2010, Winner Wetten, C‑409/06,
Rec. p. I‑0000, apartado 36 y jurisprudencia citada).
Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas por los órganos jurisdiccionales nacionales se refieren a la interpretación
de una disposición del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia, en principio, debe pronunciarse (véanse, en este sentido,
las sentencias anteriormente citadas Dzodzi, apartado 35; Leur-Bloem, apartado 25, así como la sentencia Winner Wetten, apartado
36 y jurisprudencia citada).
Sin embargo, el Tribunal de Justicia también ha declarado que, en supuestos excepcionales, le corresponde examinar las circunstancias
en las que el juez nacional se dirige a él, con objeto de verificar su propia competencia (véase, en este sentido, la sentencia
de 11 de julio de 2006, Chacón Navas, C‑13/05, Rec. p. I‑6467, apartado 33 y jurisprudencia citada). La negativa a pronunciarse
sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que
la interpretación del Derecho comunitario solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio
principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de
hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (véanse, en particular, las sentencias
antes citadas Chacón Navas, apartado 33, y Winner Wetten, apartado 37 y jurisprudencia citada).
Así, se desprende de reiterada jurisprudencia que el rechazo de una petición formulada por un órgano jurisdiccional nacional
puede justificarse si resulta evidente que el Derecho de la Unión no puede aplicarse, ni directa ni indirectamente, a los
hechos del procedimiento principal (véase, en particular, la sentencia Leur-Bloem, antes citada, apartado 26 y la jurisprudencia
citada).
En el caso de autos, debe señalarse de antemano que el órgano jurisdiccional remitente no pide al Tribunal de Justicia que
dilucide si una situación como la controvertida en el litigio principal está comprendida en el ámbito de aplicación de las
Directivas 2000/43 y 2000/78 y, en particular, de sus respectivos artículos 15 y 17, a los que se refieren las cuestiones
prejudiciales.
A este respecto, debe señalarse que, tal como han alegado el Gobierno rumano, Irlanda y la Comisión Europea, no es éste el caso.
En efecto, el artículo 1 de la Directiva 2000/78 señala que tiene por objeto establecer un marco general para luchar contra
la discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual. Por su parte,
la Directiva 2000/43 tiene por objeto, tal como se desprende de su artículo 1, establecer un marco para luchar contra la discriminación
por motivos de raza u origen étnico.
No obstante, del auto de remisión se desprende que la discriminación controvertida en el litigio principal no está basada
en ninguno de los motivos enumerados en dichas Directivas, sino que, por el contrario, se basa en la categoría socioprofesional,
con arreglo a la legislación rumana, a la que pertenecen los interesados o en su lugar de trabajo.
Resulta de ello que una situación como la controvertida en el litigio principal no forma parte de los marcos generales establecidos
respectivamente por las Directivas 2000/43 y 2000/78 en materia de lucha contra ciertas discriminaciones.
En efecto, como se desprende, en particular, del artículo 2, apartado 2, de estas Directivas, el principio de igualdad de
trato que éstas consagran se aplica en función de los motivos exhaustivamente enumerados en su artículo 1 (véase, en este
sentido, la sentencia de 17 de julio de 2008, Coleman, C‑303/06, Rec. p. I‑5603, apartados 38 y 46).
Procede además recordar a este respecto que el artículo 13 CE, actualmente artículo 19 TFUE, que sólo contiene una regulación
de las competencias de la Comunidad y que constituye la base sobre la que se adoptaron dichas Directivas, tampoco tiene por
objeto las discriminaciones por razón de la categoría socioprofesional o del lugar de trabajo, de forma que dichos artículos
13CE o 19 TFUE, no pueden constituir el fundamento jurídico de medidas del Consejo destinadas a combatir ese tipo de discriminación
(véase, en este sentido, las sentencias antes citadas Chacón Navas, apartado 55, y Coleman, apartado 46).
De las consideraciones anteriores se deduce una situación como la controvertida en el asunto principal no está comprendida
en el marco de las medidas adoptadas en virtud del artículo 13 CE y, en particular, las Directivas 2000/43 y 2000/78, de modo
que los respectivos artículos 15 y 17 de estas Directivas, a los que se refiere la petición de decisión prejudicial, no tienen
por objeto una situación como ésta (véase, por analogía, el auto de 17 de marzo de 2009, Mariano, C‑217/08, apartado 27).
Dado que la Curtea de Apel Bacău puso de relieve, no obstante, tanto en la motivación del auto de remisión como en su primera
cuestión prejudicial que el Decreto nº 137/2000 transpone al Derecho interno las Directivas 2000/43 y 2000/78, también ha
de examinarse si podría estar justificado que el Tribunal de Justicia interpretara dichos artículos 15 y 17, como afirma la
Comisión, debido a que el Derecho nacional hizo aplicables dichos artículos a circunstancias como las controvertidas en el
litigio principal, a través de la remisión a dichos artículos llevada a cabo por éste.
A este respecto, basta con recordar que el Tribunal de Justicia se ha declarado en repetidas ocasiones competente para pronunciarse
sobre cuestiones prejudiciales relativas a disposiciones del Derecho de la Unión en situaciones en las que los hechos del
procedimiento principal se situaban fuera del ámbito de aplicación de éste y eran de la competencia de los Estados miembros,
pero en las que dichas disposiciones del Derecho de la Unión habían sido declaradas aplicables por el Derecho nacional en
virtud de una remisión al contenido de aquéllas (véase, en particular, las sentencias Leur-Bloem, anteriormente citada, apartados
25 y 27 y jurisprudencia citada, así como la sentencia de 3 de diciembre de 1998, Schoonbroodt, C‑247/97, Rec. p. I‑8095,
apartados 14 y 15).
El Tribunal de Justicia ha señalado a este respecto que, cuando una normativa nacional se atiene, para resolver una situación
interna, a las soluciones aplicadas en el Derecho de la Unión con objeto, por ejemplo, de evitar que se produzcan discriminaciones
en contra de los propios nacionales o eventuales distorsiones de la competencia, o de asegurar un procedimiento único en situaciones
comparables, existe un interés manifiesto en que, con el fin de evitar futuras divergencias de interpretación, las disposiciones
o los conceptos tomados del Derecho de la Unión reciban una interpretación uniforme, cualesquiera que sean las condiciones
en que tengan que aplicarse (véase, en este sentido, las sentencias Leur-Bloem, antes citada, apartado 32 y jurisprudencia
citada, así como la sentencia de 17 de julio de 1997, Giloy, C‑130/95, Rec. p. I 4291, apartado 28).
No ocurre así en el caso de autos
Se desprende del auto de remisión, como se ha señalado, que el Decreto nº 137/2000 tiene por objeto principal transponer al
Derecho rumano las Directivas 2000/43 y 2000/78 y que el artículo 27 de dicho Decreto establece que las discriminaciones que
prohíbe generan la responsabilidad de sus autores y dan a quienes son víctimas de ellas derecho a obtener una reparación,
ejecuta a este respecto los artículos 15 de la Directiva 2000/43 y 17 de la Directiva 2000/78. No obstante, de ello no se
deriva que la interpretación de dicho artículo 27 deba, cuando se aplica a las discriminaciones prohibidas con arreglo del
Derecho rumano y no comprendidas en el ámbito de aplicación de dichas Directivas, estar condicionada por las disposiciones
de éstas o, más en general, por las disposiciones del Derecho de la Unión.
En efecto, no se ha acreditado que exista un verdadero interés en preservar una interpretación uniforme de disposiciones o
conceptos tomados del Derecho comunitario, cualesquiera que sean las condiciones en que tengan que aplicarse, de tal forma
que el Tribunal de Justicia esté facultado para responder a las cuestiones prejudiciales que le ha planteado el órgano jurisdiccional
remitente.
En primer lugar, el auto de remisión carece de indicaciones suficientemente precisas de las que pudiera deducirse que, al
someter a un mismo régimen de reparación las infracciones de las normas de no discriminación establecidas por las Directivas
2000/43 y 2000/78 y las infracciones de las normas de no discriminación de la legislación nacional, el legislador haya pretendido,
en el caso de estas últimas infracciones, establecer una remisión limitada al contenido de las disposiciones del Derecho de
la Unión o conformarse a las soluciones propuestas por éste.
A continuación, hay que observar, por una parte, que un régimen como el que los Estados miembros están obligados a aplicar
con arreglo a los artículos 15 de la Directiva 2000/43 y 17 de la Directiva 2000/78, es accesorio de las normas materiales
de no discriminación que establecen dichas Directivas, cuya efectividad debe garantizar. Ahora bien, como se ha señalado en
los apartados 31 a 36 de la presente sentencia, dichas Directivas no contienen ninguna norma de no discriminación que esté
basada, como la controvertida en el litigio principal, en la categoría profesional.
Por otra parte, los artículos 15 de la Directiva 2000/43 y 17 de la Directiva 2000/78 se limitan a obligar a los Estados miembros
a establecer un régimen de sanciones aplicables a las violaciones de las normas nacionales adoptadas al aplicar estas Directivas,
indicando a este respecto que dichas sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasivas, y que pueden comprender el
pago de una indemnización. De ello se deduce que las diversas medidas concretas que requiere la ejecución de las disposiciones
del Derecho de la Unión difícilmente pueden percibirse, cuando han de aplicarse a situaciones que no están comprendidas en
el ámbito de aplicación de estas últimas normas, en el sentido de que se refieren a los conceptos contenidos en las mismas
normas o se conforman a las soluciones adoptadas en éstas, cuya interpretación ha de mantenerse cualquiera que sean las circunstancias
en las que deban aplicarse.
Finalmente, debe subrayarse que en el caso de autos las cuestiones prejudiciales están dirigidas esencialmente no tanto a
obtener una interpretación del contenido material de los artículos 15 de la Directiva 2000/43 y 17 de la Directiva 2000/78,
como a que se determine si el principio de primacía del Derecho de la Unión se opone a una norma de Derecho interno de rango
constitucional, tal como la interpreta el tribunal constitucional de dicho Estado miembro, que en una situación no comprendida
en el ámbito de aplicación de las normas del Derecho de la Unión dispone que no se ha de aplicar la norma de Derecho interno
que transpone las disposiciones del Derecho de la Unión o que dicha norma interna debe interpretarse de una manera contraria
a esas disposiciones si la situación está comprendida en su ámbito de aplicación.
A este respecto, si bien la necesidad de asegurar la interpretación uniforme de las normas de Derecho de la Unión puede, como
se ha señalado previamente, justificar que la competencia del Tribunal de Justicia en materia de interpretación se extienda
al contenido de tales normas, aun en el supuesto de que éstas sólo sean aplicables indirectamente a una situación dada en
virtud de una remisión llevada a cabo por una norma de Derecho nacional, esta consideración no puede, en cambio, sin vulnerar
el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros, llevar a conferir a dicha norma de Derecho de la Unión primacía
sobre las normas internas de rango superior en cuya virtud, en tal situación, debe descartarse la aplicación de dicha norma
de Derecho nacional o la interpretación que se le ha dado.
De las consideraciones que anteceden se desprende que debe declararse la inadmisibilidad de las cuestiones planteadas por
la Curtea de Apel Bacău, que no tienen por objeto verificar si una situación como la controvertida en el litigio principal
está comprendida en el ámbito de aplicación de los artículos 15 de la Directiva 2000/43 y 17 de la Directiva 2000/78, sino
que parten del presupuesto de que tal es el caso para solicitar una interpretación del Tribunal de Justicia, pese a que dichas
normas de Derecho de la Unión no pueden aplicarse, ni directa ni indirectamente, a las circunstancias del presente asunto.

Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
La petición de decisión prejudicial presentada por la Curtea de Apel Bacău (Rumanía) es inadmisible.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: rumano.