CELEX: 62008CJ0560
Incumplimiento de Estado
Directiva 85/337/CEE
Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente
Directiva 92/43/CEE
Conservación de los hábitats naturales
Proyectos de duplicación y/o acondicionamiento de la carretera M-501 en España
ZEPA ES 0000056 "Encinares del río Alberche y río Cofio"
LIC propuesto ES 3110005 "Cuenca del río Guadarrama" y LIC propuesto ES 3110007 "Cuencas de los ríos Alberche y Cofio"

Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de
España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de diferentes disposiciones de la Directiva 85/337/CEE del
Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40; EE 15/06, p. 9), en su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003 (DO L 156, p. 17) (en lo sucesivo, «Directiva 85/337»), y de la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
(DO L 206, p. 7), en relación con la aplicación del proyecto de duplicación y/o de acondicionamiento de la carretera M‑501
que une los alrededores de Madrid con el suroeste de la Comunidad de Madrid.

Marco jurídico

Directiva 85/337
El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 85/337 establece que ésta «se aplica a la evaluación de las repercusiones sobre
el medio ambiente de los proyectos públicos y privados que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente».
Según el apartado 2 del citado artículo, se entenderá por «proyecto» «la realización de trabajos de construcción o de otras
instalaciones u obras» y «otras intervenciones en el medio natural o el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación
de los recursos del suelo».
El artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva dispone:
«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan
tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización,
se sometan al requisito de autorización de su desarrollo y a una evaluación con respecto a sus efectos. Estos proyectos se
definen en el artículo 4.»
El apartado 3 de ese mismo artículo establece en qué condiciones y mediando qué exigencias, en casos excepcionales, los Estados
miembros pueden exceptuar todo o parte de un proyecto específico de las disposiciones previstas en la Directiva 85/337.
El artículo 3 de la misma Directiva tiene el siguiente tenor:
«La evaluación del impacto ambiental identificará, describirá y evaluará de forma apropiada, en función de cada caso particular
y de conformidad con los artículos 4 a 11, los efectos directos e indirectos de un proyecto en los siguientes factores:
–        el ser humano, la fauna y la flora;
–        el suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje;
–        los bienes materiales y el patrimonio cultural;
–        la interacción entre los factores mencionados en los guiones primero, segundo y tercero.»
El artículo 4 de la Directiva 85/337 determina:
«1.      Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2, los proyectos enumerados en el Anexo I serán objeto de una
evaluación de conformidad con lo establecido en los artículos 5 a 10.
2.      Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2, por lo que respecta a los proyectos enumerados en el Anexo II,
los Estados miembros determinarán:
a)      mediante un estudio caso por caso, o
b)      mediante umbrales o criterios establecidos por el Estado miembro,
si el proyecto será objeto de una evaluación de conformidad con lo establecido en los artículos 5 a 10.
[…]»
El anexo III de la Directiva 85/337 establece los criterios de selección que deben tomar en consideración los Estados miembros
cuando examinen los proyectos caso por caso o cuando fijen umbrales o criterios. Dichos criterios se refieren a las características
de los proyectos –como su tamaño o la acumulación con otros proyectos–, la ubicación de los proyectos –que concierne especialmente
a la sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas que puedan verse afectadas por el proyecto, teniendo en cuenta las
zonas de especial protección para las aves (en lo sucesivo, «ZEPA») designadas por los Estados miembros en aplicación de las
Directivas 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO L 103, p. 1;
EE 15/02, p. 125), y 92/43–, y las características del potencial impacto.
El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 85/337 enuncia:
«En el caso de proyectos que, en aplicación del artículo 4, deban ser objeto de una evaluación de impacto ambiental de conformidad
con lo establecido en los artículos 5 a 10, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que el promotor suministre
en la forma adecuada la información especificada en el Anexo IV, en la medida en que:
a)      los Estados miembros consideren que dichas informaciones son apropiadas en una determinada fase del procedimiento de autorización
y según las características específicas de un proyecto determinado o de un tipo de proyecto y de los elementos del medio ambiente
que puedan ser afectados;
b)      los Estados miembros consideren que es razonable exigir al promotor que reúna esta información, habida cuenta, entre otras
cosas, de los conocimientos y métodos de evaluación existentes.»
Conforme al apartado 3 del citado artículo 5:
«La información a proporcionar por el promotor de conformidad con el apartado 1 contendrá, al menos:
–        una descripción del proyecto que incluya información sobre su emplazamiento, diseño y tamaño,
–        una descripción de las medidas previstas para evitar, reducir, y, si fuera posible, compensar, los efectos adversos significativos,
–        los datos requeridos para identificar y evaluar los principales efectos que el proyecto pueda tener en el medio ambiente,
–        una exposición de las principales alternativas estudiadas por el promotor y una indicación de las principales razones de su
elección, teniendo en cuenta los efectos medioambientales,
–        un resumen no técnico de la información mencionada en los guiones anteriores.»
Entre la información mencionada en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 85/337, el anexo IV de dicha norma incluye una
descripción de los efectos importantes del proyecto propuesto sobre el medio ambiente. Dicho anexo precisa, en una nota a
pie de página referida a su punto 4, que esta descripción deberá incluir los efectos directos y, eventualmente, los efectos
indirectos secundarios, acumulativos, a corto, medio y largo plazo, permanentes o temporales, positivos y negativos del proyecto.
En virtud del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 85/337, se informará al público de la solicitud de autorización del
proyecto y los Estados miembros deberán velar por que la información recogida con arreglo al artículo 5 de la citada Directiva
se ponga a disposición del público.
El artículo 8 de la citada Directiva establece que «[los] resultados de las consultas y la información recogida en virtud
de los artículos 5, 6 y 7 deberán tomarse en consideración en el procedimiento de autorización de desarrollo del proyecto».
Según el artículo 9, apartado 1, de dicha Directiva, cuando se adopte una decisión de conceder o denegar una autorización,
las autoridades competentes informarán de ello al público y pondrán a su disposición el contenido de la decisión y las condiciones
que eventualmente la acompañen.
El anexo I, punto 7, letras b) y c), de la Directiva 85/337 dispone que los proyectos a los que se refiere su artículo 4,
apartado 1, tienen por objeto, respectivamente, la «construcción de autopistas y vías rápidas» y la «construcción de una nueva
carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento y/o ensanche de una carretera existente de dos carriles o menos con objeto
de conseguir cuatro carriles o más, cuando tal nueva carretera o el tramo de carretera realineado y/o ensanchado alcance o
supere los 10 kilómetros en una longitud continua».
El punto 10 del anexo II de dicha Directiva menciona en su letra e), entre los proyectos contemplados en su artículo 4, apartado
2, los proyectos de «construcción de carreteras [...] (proyectos no incluidos en el Anexo I)».
Por último, el primer guión del punto 13 del citado anexo II trata de «cualquier cambio o ampliación de los proyectos que
figuran en el Anexo I o en el Anexo II, ya autorizados, ejecutados, o en proceso de ejecución, que puedan tener efectos adversos
significativos sobre el medio ambiente».

Directiva 79/409
Con arreglo a su artículo 1, apartado 1, la Directiva 79/409 tiene como objetivo la protección, la administración y la regulación
de todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio europeo de los Estados miembros en
los que es aplicable el Tratado CE y regula su explotación.
En virtud del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, los Estados miembros deben tomar todas las medidas necesarias para
preservar, mantener o restablecer una diversidad y una superficie suficientes de hábitats para todas las especies de aves
contempladas en su artículo 1. El apartado 2, letra a), del citado artículo dispone que la preservación, el mantenimiento
y el restablecimiento de los biotopos y de los hábitats impondrán en primer lugar la creación de zonas de protección.
El artículo 4, apartado 1, de esta misma Directiva establece:
«Las especies mencionadas en el Anexo I serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el
fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución.
En este sentido se tendrán en cuenta:
a)      las especies amenazadas de extinción;
b)      las especies vulnerables a determinadas modificaciones de sus hábitats;
c)      las especies consideradas como raras porque sus poblaciones son escasas o porque su distribución local es limitada;
d)      otras especies que requieran una atención particular debido al carácter específico de su hábitat.
Para proceder a las evaluaciones se tendrán en cuenta las tendencias y las variaciones en los niveles de población.
Los Estados miembros clasificarán en particular como [ZEPA] los territorios más adecuados en número y en superficie para la
conservación en estas últimas dentro de la zona geográfica marítima y terrestre en que es aplicable la presente Directiva.»
El apartado 4, primera frase, del citado artículo 4 impone a los Estados miembros la obligación de adoptar «las medidas adecuadas
para evitar dentro de las zonas de protección mencionadas en los apartados 1 y 2 la contaminación o el deterioro de los hábitats
así como las perturbaciones que afecten a las aves, en la medida que tengan un efecto significativo respecto a los objetivos
del presente artículo».

Directiva 92/43 y jurisprudencia del Tribunal de Justicia
El artículo 2 de la Directiva 92/43 tiene el siguiente tenor:
«1.      La presente Directiva tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el Tratado.
2.      Las medidas que se adopten en virtud de la presente Directiva tendrán como finalidad el mantenimiento o el restablecimiento,
en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de
interés comunitario.»
A este fin, según el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 92/43, se crea una red ecológica europea coherente
de zonas especiales de conservación, denominada «Natura 2000», compuesta por los lugares que alberguen tipos de hábitats naturales
que figuran en el anexo I y de hábitats de especies que figuran en el anexo II de dicha Directiva. Esta red debe «garantizar
el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales
y de los hábitats de las especies de que se trate en su área de distribución natural».
El mencionado artículo 3 precisa asimismo en su apartado 1, segundo párrafo, que las ZEPA designadas por los Estados miembros
con arreglo a las disposiciones de la Directiva 79/409 están asimismo incluidas en la red Natura 2000.
El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 92/43 dispone que «tomando como base los criterios que se enuncian en el Anexo III
(etapa 1) y la información científica pertinente, cada Estado miembro propondrá una lista de lugares con indicación de los
tipos de hábitats naturales de los enumerados en el Anexo I y de las especies autóctonas de las enumeradas en el Anexo II
existentes en dichos lugares». El apartado 2 de ese mismo artículo 4 establece que, tomando como base los criterios que se
enuncian en el anexo III (etapa 2), la Comisión, de común acuerdo con cada uno de los Estados miembros, redactará un proyecto
de lista de lugares de importancia comunitaria, basándose en las listas de los Estados miembros, que incluya los lugares que
alberguen uno o varios tipos de hábitats naturales prioritarios o una o varias especies prioritarias, y posteriormente aprobará
la lista definitiva mediante el procedimiento expuesto en el artículo 21 de dicha Directiva.
A tenor del anexo III, etapa 2, punto 1, de la citada Directiva, «todos los lugares definidos por los Estados miembros en
la etapa 1 en que existan tipos de hábitats naturales y/o especies prioritarias se considerarán lugares de importancia comunitaria».
El artículo 6 de la Directiva 92/43 está redactado en los siguientes términos:
«2.      Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de conservación, el deterioro de
los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado
la designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta
a los objetivos de la presente Directiva.
3.      Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda
afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se
someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho
lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el
apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado
de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.
4.      Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas,
debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole
social o económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia
global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias que haya
adoptado.
En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios, únicamente se podrán
alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial
importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de
primer orden.»
El artículo 7 de dicha Directiva dispone:
«Las obligaciones impuestas en virtud de los apartados 2, 3 y 4 del artículo 6 de la presente Directiva sustituirán a cualesquiera
obligaciones derivadas de la primera frase del apartado 4 del artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE en lo que se refiere a
las zonas clasificadas con arreglo al apartado 1 del artículo 4 [...] a partir de la fecha de puesta en aplicación de la presente
Directiva, o de la fecha de clasificación o de reconocimiento por parte de un Estado miembro en virtud de la Directiva 79/409/CEE
si esta última fecha fuere posterior.»
Por último, a tenor del artículo 12, apartado 1, de la citada Directiva:
«Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para instaurar un sistema de protección rigurosa de las especies animales
que figuran en la letra a) del Anexo IV, en sus áreas de distribución natural, prohibiendo:
a)      cualquier forma de captura o sacrificio deliberados de especímenes de dichas especies en la naturaleza;
b)      la perturbación deliberada de dichas especies, especialmente durante los períodos de reproducción, cría, hibernación y migración;
c)      la destrucción o la recogida intencionales de huevos en la naturaleza;
d)      el deterioro o destrucción de los lugares de reproducción o de las zonas de descanso.»
La sentencia Dragaggi y otros, de 13 de enero de 2005 (C‑117/03, Rec. p. I‑167), precisó el régimen jurídico aplicable a los
lugares a partir del momento en que las autoridades nacionales proponen a la Comisión que éstos figuren en la lista de lugares
de importancia comunitaria y mientras dicha institución no haya aprobado la citada lista. En los apartados 27 a 29 de esta
sentencia, el Tribunal de Justicia declaró lo siguiente:
«27      […] sin una protección adecuada de dichos lugares a partir de ese momento, se pondría en peligro la consecución de los objetivos
de conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, tal como se indican en especial en el sexto considerando
de la Directiva [92/43] y en su artículo 3, apartado 1. Tal situación sería aún más grave dado que se verían afectados tipos
de hábitats naturales prioritarios o especies prioritarias que, por razón de las amenazas que pesan sobre ellos, están destinados
a beneficiarse, como se preconiza en el quinto considerando de la Directiva, de una rápida puesta en marcha de medidas tendentes
a su conservación.
28      En el presente caso hay que recordar que en las listas nacionales de lugares que pueden clasificarse como lugares de importancia
comunitaria deben figurar lugares que tengan, a nivel nacional, un interés ecológico pertinente en relación con el objetivo
de conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres perseguido por la Directiva [92/43] (véase la sentencia
de 7 de noviembre de 2000, First Corporate Shipping, C‑371/98, Rec. p. I‑9235, apartado 22).
29      Se evidencia, por tanto, que, en cuanto a los lugares que pueden clasificarse como lugares de importancia comunitaria, mencionados
en las listas nacionales remitidas a la Comisión, entre los que pueden figurar, en particular, lugares en los que existen
tipos de hábitats naturales prioritarios o especies prioritarias, los Estados miembros están obligados a adoptar, en virtud
de la Directiva, medidas de protección apropiadas para salvaguardar el citado interés ecológico.»
La sentencia de 14 de septiembre de 2006, Bund Naturschutz in Bayern y otros (C‑244/05, Rec. p. I‑8445), determinó en su apartado
46 que el régimen de protección adecuado de los lugares propuestos por los Estados miembros exige que éstos no autoricen intervenciones
que puedan alterar significativamente las características ecológicas de un lugar tal como lo definen los criterios de evaluación
enunciados en el anexo III, etapa 1, de la Directiva 92/43, y que así ocurre, en particular, cuando una intervención conlleva
el riesgo de que se reduzca de forma significativa la superficie del lugar, o de que desaparezcan especies prioritarias existentes
en él, o, por último, de que se destruya el lugar o se eliminen sus características representativas.
En el apartado 51 de la citada sentencia Bund Naturschutz in Bayern y otros, el Tribunal de Justicia declaró asimismo que
el régimen de protección implica también que los Estados miembros tienen la obligación de adoptar, de conformidad con las
disposiciones del Derecho nacional, todas las medidas necesarias para evitar intervenciones que puedan alterar significativamente
las características ecológicas de los lugares incluidos en la lista nacional remitida a la Comisión.

Antecedentes del litigio
La M‑501 es una carretera comarcal que en sus orígenes sólo contaba con un carril para cada sentido de circulación. Esta carretera
parte de Alcorcón y discurre hacia el oeste atravesando las poblaciones de Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte, Chapinería,
Navas del Rey, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias, en la Comunidad de Madrid, conectando los alrededores de
Madrid con el suroeste de dicha Comunidad.
En el año 2005 la Comisión recibió dos denuncias sobre el incumplimiento por parte del Reino de España de las Directivas 79/409,
85/337 y 92/43 en relación con el proyecto de duplicación de la carretera M‑501 entre las poblaciones de Alcorcón y de San
Martín de Valdeiglesias. La Comisión celebró una reunión al respecto con las autoridades españolas el 14 de diciembre de 2005.
Este proyecto, que cubre una distancia de unos 56 km, divididos en cinco tramos, se sometió al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental en junio de 1996.
Tras la consulta a los organismos y entidades que pudieran verse afectados por las obras, el mencionado proyecto, que ya no
cubría más que los tramos 1 y 2 del proyecto inicial, fue objeto de una declaración de impacto ambiental el 2 de abril del
1998, declaración favorable para el tramo 1, siempre que se cumplieran determinadas condiciones, y desfavorable para el tramo 2.
El proyecto del tramo 1 fue ejecutado. En lo que respecta al tramo 2, dado que los estudios concluyeron que la carretera afectaría
gravemente a las especies que motivaron la declaración de la zona como ZEPA y su propuesta como lugar de importancia comunitaria
(lugar de importancia comunitaria propuesto; en lo sucesivo, «pLIC»), en un primer momento –noviembre de 2000– el Gobierno
de la Comunidad de Madrid desistió de ejecutar el proyecto.
El 21 de julio de 2005, el Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió ejecutar el proyecto del tramo 2 por razones imperiosas
de seguridad vial, sin someterlo al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Esta decisión fue objeto de un recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que fue estimado mediante sentencia de 14 de febrero
de 2008.
El proyecto del tramo 4 fue objeto de una declaración de impacto ambiental el 22 de junio de 2000 –que se hizo pública mediante
decisión de 5 de julio de 2000– y fue ejecutado posteriormente.
Los tramos 3 y 5 de la carretera M‑501 aún no han sido realizados.
La ZEPA ES 0000056, denominada «Encinares del río Alberche y río Cofio» (en lo sucesivo, «ZEPA “Encinares del río Alberche
y río Cofio”»), fue designada en enero de 1990. Los proyectos separados relativos a los tramos 2 y 4 de la carretera M‑501
afectan directamente a este lugar en una longitud de algo más de 20 km. Adicionalmente, el proyecto separado relativo al tramo
1 afecta a esta ZEPA de manera indirecta, en particular al aumentar la accesibilidad de vehículos particulares a esta zona.
La citada ZEPA alberga las siguientes especies, incluidas en el anexo I de la Directiva 79/409:
Aquila adalberti, Aquila chrysaetos, Aegypius monachus, Ciconia nigra, Ciconia ciconia, Hieraaetus fasciatus, Hieraaetus pennatus,
Circaetus gallicus, Falco peregrinus, Milvus milvus, Bubo bubo, Gyps fulvus, Caprimulgus europaeus y Alcedo atthis.
Estas especies están catalogadas como especies «en peligro de extinción» o como especies «de interés especial» en el Real
Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el cual se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (BOE nº 82, de 5 de abril
de 1990, p. 9468).
El pLIC ES 3110007, denominado «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio» (en lo sucesivo, «pLIC “Cuencas de los ríos Alberche
y Cofio”»), propuesto en abril de 1999, coincide con los límites de la ZEPA «Encinares del río Alberche y río Cofio». Por
ello también se ve afectado directamente por los proyectos separados relativos a los tramos 2 y 4 e indirectamente por el
proyecto separado relativo al tramo 1.
Según el correspondiente formulario oficial de la red Natura 2000, el pLIC «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio» alberga
además las siguientes especies de anfibios, mamíferos, reptiles o insectos, incluidas en los anexos II y IV de la Directiva
92/43:
Discoglossus galganoi, Lutra lutra, Lynx pardinus, Microtus cabrerae, Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis myotis,
Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Lacerta schreiberi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis y Cerambyx cerdo.
El pLIC ES 3110005, denominado «Cuenca del río Guadarrama» (en lo sucesivo, «pLIC “Cuenca del río Guadarrama”»), propuesto
en abril de 1999, se ve afectado directamente por unos 3,5 km del proyecto separado relativo al tramo 1. Según el formulario
oficial correspondiente de la red Natura 2000, alberga además las siguientes especies de insectos, reptiles o mamíferos incluidas
en los anexos II y IV de la Directiva 92/43:
Cerambyx cerdo, Apteromantis aptera, Lacerta schreiberi, Lacerta monticola, Mauremys leprosa, Barbastella barbastellus, Myotis
blythii, Myotis myotis, Myotis emarginatus, Rhinolophus euryale, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Canis lupus
y Galemys pyrenaicus.
Los pLIC «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio» y «Cuenca del río Guadarrama» fueron seleccionados como lugares de importancia
comunitaria por la Decisión 2006/613/CE de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de conformidad con la
Directiva 92/43, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DO L 259, p. 1).

Procedimiento administrativo previo y recurso ante el Tribunal de Justicia
Al considerar que el Reino de España incumplía las obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas 85/337 y 92/43,
esta última tal y como fue interpretada por las sentencias antes citadas Dragaggi y otros y Bund Naturschutz in Bayern y otros,
en relación con los proyectos separados de duplicación y/o acondicionamiento de la carretera M‑501, la Comisión envió a dicho
Estado miembro, de conformidad con el artículo 226 CE, un escrito de requerimiento de 18 de octubre de 2006.
En su respuesta, dicho Estado miembro negó haber infringido la Directiva 85/337 y la normativa de la Unión en relación con
los pLIC «Cuenca del río Guadarrama» y «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio» y la ZEPA «Encinares del río Alberche y río
Cofio», y declaró haber adoptado numerosas medidas para evitar el deterioro de los hábitats.
Al no considerar satisfactoria la respuesta del Reino de España a dicho escrito de requerimiento, la Comisión envió al mencionado
Estado miembro un dictamen motivado el 23 de marzo de 2007, instándolo a que adoptara las medidas necesarias para atenerse
al dictamen en el plazo de dos meses contados desde su recepción.
Mediante escrito de 29 de mayo de 2007, las autoridades españolas reiteraron las alegaciones que habían expuesto en su contestación
al escrito de requerimiento.
Al considerar que el Reino de España no había puesto fin a los incumplimientos que se le imputaban, el 18 de julio de 2007
la Comisión decidió interponer recurso ante el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 226 CE.
En un escrito de 29 de octubre de 2007, las autoridades españolas remitieron a la Comisión una propuesta para realizar la
evaluación de impacto ambiental de los tramos que no habían sido sometidos a este procedimiento, con el fin de que se tomaran
las medidas mitigadoras o compensatorias necesarias.
En su respuesta de 12 de diciembre de 2007, la Comisión expresó su acuerdo para que se llevara a cabo dicha propuesta (en
lo sucesivo, «acuerdo»), pues a su juicio ésta podía poner fin a los incumplimientos imputados, al tiempo que señalaba que
esta opinión favorable no prejuzgaba las decisiones que la Comisión pudiera adoptar sobre el procedimiento por incumplimiento.
Dado que las autoridades españolas habían reiterado su compromiso mediante escrito de 18 de enero de 2008, notificado mediante
correo de 29 de enero de 2008, la Comisión decidió suspender temporalmente la ejecución de la decisión de presentar un recurso
por incumplimiento el 31 de enero de 2008, supeditando dicha suspensión al cumplimiento íntegro de la propuesta realizada
por las autoridades españolas el 29 de octubre de 2007.
No obstante, habida cuenta de la decisión de las autoridades españolas de recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid de 14 de febrero de 2008 y de continuar las obras relativas al tramo 2, notificada mediante escrito de 5 de marzo
de 2008, la Comisión, estimando que esas medidas eran incompatibles con el reconocimiento de la situación de infracción y
con el compromiso de las autoridades españolas de atenerse a sus obligaciones para minimizar los daños ya ocasionados, decidió
levantar la suspensión el 26 de junio de 2008 e interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia con el fin de que se declare
que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben:
–        con arreglo al apartado 1 del artículo 2, al artículo 3, a los apartados 1 o 2, según proceda, del artículo 4 y al artículo
5 de la Directiva 85/337 en relación con los proyectos separados de duplicación y/o acondicionamiento de la carretera M‑501
correspondientes a los tramos 1, 2 y 4; con arreglo al apartado 2 del artículo 6 y al artículo 8 de la misma Directiva en
relación con los proyectos separados de duplicación y/o acondicionamiento de la misma carretera correspondientes a los tramos
2 y 4 y con arreglo al artículo 9 de la citada Directiva en relación con los proyectos separados de duplicación y/o acondicionamiento
de la citada carretera correspondientes a los tramos 1, 2 y 4;
–        con arreglo a los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva 92/43, leído en conexión con el artículo 7 de dicha Directiva,
en relación con los proyectos separados de duplicación y/o de acondicionamiento de la carretera M‑501 correspondientes a los
tramos 1, 2 y 4 respecto de la ZEPA «Encinares del río Alberche y río Cofio»;
–        y con arreglo a la Directiva 92/43, interpretada por las sentencias Dragaggi y otros y Bund Naturschutz in Bayern y otros,
antes citadas, así como a las obligaciones emanadas de las letras b) y d) del apartado 1 del artículo 12 de la citada Directiva,
en relación con los proyectos separados de duplicación y/o de acondicionamiento de dicha carretera correspondientes al tramo
1 respecto del pLIC «Cuenca del río Guadarrama» y a los tramos 2 y 4 respecto del pLIC «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio».
El Reino de España propuso una excepción de inadmisibilidad al amparo del artículo 91, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento
de Procedimiento del Tribunal de Justicia mediante escrito de 5 de marzo de 2009. El 10 de noviembre de 2009 el Tribunal de
Justicia decidió unir la excepción de inadmisibilidad al examen del fondo en virtud del apartado 4 de dicho artículo.
Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 19 de mayo de 2009 se admitió la intervención en el procedimiento
de la República de Polonia en apoyo de las pretensiones del Reino de España.

Sobre el recurso

Sobre la excepción de inadmisibilidad
Alegaciones de las partes
El Reino de España alega que el recurso ante el Tribunal de Justicia interpuesto por la Comisión no tiene en cuenta los términos
del acuerdo. Sostiene que éstos se establecieron en la propuesta de las autoridades españolas de 29 de octubre de 2007 y en
la respuesta de la Comisión de 12 de diciembre siguiente y que dicho acuerdo fue ratificado mediante la decisión adoptada
el 31 de enero de 2008 por el Colegio de Comisarios de suspender temporalmente la ejecución de la decisión de interponer un
recurso ante el Tribunal de Justicia (en lo sucesivo, «decisión de suspensión»), supeditando dicha suspensión al cumplimiento
íntegro de la citada propuesta. Según dicho Estado miembro, se entiende que los términos de dicho acuerdo no implicaban en
modo alguno la inmediata paralización de las obras de la carretera M‑501.
El Reino de España destaca que, posteriormente, informó en varias ocasiones a la Comisión de las iniciativas adoptadas para
ajustarse a los términos de dicho acuerdo, así como de su intención de interponer recurso contra la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid antes citada y de los motivos de dicha intención, sin que ello suscitara ninguna reacción por
parte de la Comisión hasta la recepción del escrito de demanda mediante el que se interpuso el presente recurso.
Sobre la base de estas afirmaciones, el Reino de España invoca tres motivos.
Mediante su primer motivo, el Reino de España sostiene que el acuerdo hizo surgir una confianza legítima en que, si se ejecutaba
correctamente, la Comisión no demandaría al Reino de España, confianza legítima que la Comisión vulneró al interponer el recurso
por incumplimiento. Aduce que puede admitirse con aún mayor motivo una violación del principio de confianza legítima porque,
por una parte, al no haber reaccionado la Comisión a los reiterados escritos que le habían dirigido las autoridades españolas,
éstas estaban autorizadas a pensar que las iniciativas adoptadas garantizaban una ejecución correcta del acuerdo y, por otra
parte, la Comisión no expuso con precisión los motivos que la llevaron realmente a poner fin a la decisión de suspensión.
El mencionado Estado miembro añade que los motivos alegados por la Comisión para poner fin a dicho acuerdo son inexactos,
ya que, por una parte, no podía considerarse que el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, antes citada, pusiera indirectamente en tela de juicio la existencia de un incumplimiento y, por otra parte, el
acuerdo nunca impuso la inmediata paralización de las obras. Por último, sostiene que la inesperada decisión de interponer
el recurso vulnera la confianza legítima de dicho Estado miembro en que la eventual denuncia del acuerdo se produjera siguiendo
un procedimiento análogo al seguido para su adopción, es decir, con al menos un intercambio de cartas que permitiese a las
autoridades españolas exponer su punto de vista ante la Comisión y tratar de rebatir las alegaciones esgrimidas por dicha
institución para considerar que el acuerdo había sido vulnerado.
Mediante su segundo motivo, el Reino de España aduce la violación del principio de cooperación leal previsto en el artículo
10 CE. Sostiene que, al no haber respondido a ninguna de las comunicaciones que le dirigieron las autoridades españolas, la
Comisión violó el citado principio, que le imponía la obligación de dar a las citadas autoridades la oportunidad de formular
alegaciones o, al menos, de transmitirles las observaciones que la propia Comisión hubiera estimado oportunas en relación
con esas comunicaciones.
El tercer motivo invocado por el Reino de España en apoyo de la excepción de inadmisibilidad que propone se basa en la infracción
del procedimiento previsto en el artículo 226 CE. En su opinión, la Comisión modificó el objeto del incumplimiento que se
imputa a dicho Estado entre el dictamen motivado y el escrito de interposición del recurso, ya que, como reconoció la propia
Comisión en su demanda, el incumplimiento de los compromisos suscritos mediante el acuerdo constituía la causa determinante
de la interposición del recurso. Por lo tanto, aduce que la Comisión no estaba autorizada a interponer el recurso por incumplimiento
ante el Tribunal de Justicia sin haber completado convenientemente la sustanciación del procedimiento administrativo previo,
remitiendo a las autoridades españolas un escrito de requerimiento complementario y, en su caso, un dictamen motivado complementario,
relativos al incumplimiento del citado acuerdo. Además, según dicho Estado miembro, la conclusión del acuerdo fue una etapa
esencial del procedimiento administrativo previo, ya que respondía a uno de sus objetivos fundamentales: dar solución a las
imputaciones formuladas y permitir que el Estado miembro de que se trate se ajuste voluntariamente y lo antes posible al Derecho
de la Unión. Indica que, aunque las autoridades españolas competentes ejecutaron puntualmente todas las medidas acordadas
con la Comisión, ésta decidió dar curso al procedimiento e interponer recurso ante el Tribunal de Justicia, sin permitir que
el Reino de España formulase ninguna observación sobre la teórica infracción del acuerdo. Afirma que esta actitud constituye
una infracción del procedimiento administrativo previo, cuyo objetivo es dar al Estado miembro interesado la ocasión de cumplir
sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión o de formular adecuadamente las alegaciones que, en su defensa, estime
pertinentes frente a las imputaciones de la Comisión (véase, en particular, la sentencia de 13 de diciembre de 2001, Comisión/Francia,
C‑1/00, Rec. p. I‑9989, apartado 53), máxime porque la posibilidad de que el Estado miembro afectado presente sus observaciones
constituye, aun cuando éste considere que no debe utilizarla, una garantía esencial establecida por el Tratado y su observancia
es un requisito sustancial de forma de la regularidad del procedimiento por el que se declara un incumplimiento de un Estado
miembro (sentencia de 29 de septiembre de 1998, Comisión/Alemania, C‑191/95, Rec. p. I‑5449, apartado 55). Por consiguiente,
afirma que el respeto del procedimiento previsto en el artículo 226 CE exigía que, antes de acudir al Tribunal de Justicia,
la Comisión hubiera remitido un escrito de requerimiento y un dictamen motivado complementarios.
La República de Polonia, cuya intervención sólo tiene por objetivo apoyar la excepción de inadmisibilidad propuesta por el
Reino de España, se adhiere a las alegaciones esgrimidas al respecto por este último.
La Comisión niega la existencia del acuerdo. Sostiene que la decisión de suspensión, adoptada a raíz del compromiso por parte
de las autoridades españolas de resolver la situación de incumplimiento, no supuso sino una oportunidad más para que el Reino
de España pusiera fin a la situación de incumplimiento, conforme al objetivo del procedimiento administrativo previo, que
es dar al Estado miembro interesado la ocasión de cumplir sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión.
La Comisión alega que, no obstante, no puede considerarse en modo alguno que la decisión de suspensión supusiera una renuncia
a sus prerrogativas en el marco del procedimiento basado en el artículo 226 CE, en particular a la facultad de que dispone
para recurrir ante el Tribunal de Justicia cuando entiende que un Estado miembro sigue sin dar cumplimiento a las obligaciones
que le impone el Derecho de la Unión. Añade que, cuando el Estado miembro destinatario de un dictamen motivado no ha dado
cumplimiento a sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión dentro del plazo fijado en dicho dictamen, la Comisión dispone
de la facultad de interponer recurso ante el Tribunal de Justicia y puede elegir libremente el momento para hacerlo, sin que
las consideraciones que determinen dicha elección puedan afectar a la admisibilidad del recurso.
La Comisión afirma asimismo haber expuesto debidamente los motivos que la llevaron a retirar la decisión de suspensión, a
pesar de que no tenía ninguna obligación de hacerlo, puesto que la facultad de apreciación que le confiere el artículo 226 CE
la autoriza a retomar el procedimiento administrativo previo en la fase en que se dejó, en este caso presentando sin más formalidades
un recurso ante el Tribunal de Justicia.
Por otra parte, ante la alegación del Reino de España según la cual dicho Estado se atuvo a los términos del acuerdo, la Comisión
opone la reiterada jurisprudencia conforme a la cual la existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función de la situación
del Estado miembro tal como ésta se presentaba al final del plazo señalado en el dictamen motivado y los cambios ocurridos
posteriormente no pueden ser tenidos en cuenta por el Tribunal de Justicia (sentencias de 13 de abril de 2000, Comisión/Luxemburgo,
C‑348/99, Rec. p. I‑2917, apartado 8; de 7 de febrero de 2002, Comisión/Italia, C‑279/00, Rec. p. I‑1425, apartado 10, y de
20 de noviembre de 2003, Comisión/Francia, C‑296/01, Rec. p. I‑13909, apartado 43).
Basándose en estas observaciones preliminares, la Comisión niega que existiera confianza legítima por parte del Reino de España
en que dicha institución le consultaría de nuevo antes de resolverse a retirar la decisión de suspensión. Añade que la autoridades
españolas no podían ignorar que, en virtud de las prerrogativas que le confiere el artículo 226 CE, la Comisión podía decidir
levantar la suspensión e interponer recurso ante el Tribunal de Justicia en cualquier momento, una vez expirado el plazo fijado
en el dictamen motivado, sin tener que darles una vez más la posibilidad de presentar sus observaciones. Con carácter subsidiario,
la Comisión afirma haber mantenido diversos contactos con dichas autoridades durante los cuales se discutieron los motivos
por los que se resolvió retirar la decisión de suspensión.
La Comisión niega asimismo que se haya violado el principio de cooperación leal. Sostiene que las alegaciones esgrimidas por
el Reino de España en apoyo de este motivo son las mismas que las invocadas para fundamentar el motivo basado en la violación
del principio de protección de la confianza legítima, de modo que debe desestimarse por las mismas razones.
Por último, la Comisión alega que el Reino de España sostiene infudadamente que el incumplimiento objeto del recurso interpuesto
ante el Tribunal de Justicia se refiere al incumplimiento por parte de las autoridades españolas del compromiso que habían
adquirido, es decir, un incumplimiento diferente al que había dado lugar al escrito de requerimiento y al dictamen motivado.
La Comisión sostiene que, mediante su recurso, solicita al Tribunal de Justicia que declare el incumplimiento que se había
imputado al citado Estado miembro tanto en el escrito de requerimiento como en el dictamen motivado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Recuérdese que, como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no puede considerarse que la decisión de
suspensión del planteamiento de un recurso ante el Tribunal de Justicia suponga una renuncia a la facultad discrecional de
la que dispone la Comisión de recurrir ante dicho Tribunal cuando lo crea oportuno, si estima que un Estado miembro sigue
incumpliendo las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de
1 de junio de 1994, Comisión/Alemania, C‑317/92, Rec. p. I‑2039, apartado 4; de 25 de noviembre de 1999, Comisión/Irlanda,
C‑212/98, Rec. p. I‑8571, apartado 12, y de 8 de diciembre de 2005, Comisión/Luxemburgo, C‑33/04, Rec. p. I‑10629, apartado 66).
Por consiguiente, procede declarar que, como ha destacado la Comisión, sólo cabe considerar dicha decisión como una oportunidad
adicional concedida al Reino de España para poner fin a la infracción, conforme al objetivo del procedimiento administrativo
previo, que es dar al Estado miembro de que se trate la ocasión de cumplir sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión
(véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de marzo de 1986, Comisión/Bélgica, 85/85, Rec. p. 1149, apartado 11, y de
21 de septiembre de 1999, Comisión/Irlanda, C‑392/96, Rec. p. I‑5901, apartado 51).
De ello resulta que no puede prosperar el motivo basado en la existencia de una confianza legítima del Reino de España en
que no se iniciaría el procedimiento judicial.
Además, dado que en el presente asunto el recurso ante el Tribunal de Justicia no es más que la continuación del procedimiento
de declaración del incumplimiento tal y como éste se define en el dictamen motivado de 23 de marzo de 2007, es evidente que
tampoco están fundados los motivos relativos a la violación tanto del principio de cooperación leal como del procedimiento
previsto en el artículo 226 CE, basados esencialmente en la alegación según la cual, antes de interponer el recurso, la Comisión
debería haber dado a las autoridades españolas la oportunidad de presentar sus observaciones mediante el envío de un escrito
de requerimiento y de un dictamen motivado complementarios.
De las consideraciones que preceden resulta que debe desestimarse por infundada la excepción de inadmisibilidad propuesta
por el Reino de España.

Sobre el fondo
Sobre la infracción de la Directiva 85/337
–             Alegaciones de las partes
En primer lugar, la Comisión indica que las autoridades españolas no alegaron en ningún momento que en el caso de autos concurrieran
los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 3, de la Directiva 85/337.
Considera que, en virtud de los artículos 2, apartado 1, y 4, apartados 1 o 2, de dicha Directiva, todos los proyectos separados
relativos a los tramos 1, 2 y 4 de la carretera M‑501 deberían haber sido objeto de una evaluación de sus efectos sobre el
medio ambiente antes de que se expidieran las autorizaciones correspondientes.
Recordando que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Directiva 85/337 prevé la evaluación de impacto ambiental
de los proyectos contemplados en el anexo I o en el anexo II de ésta que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente,
en virtud de su naturaleza, de sus dimensiones o de su localización y, en su caso, habida cuenta de su interacción con otros
proyectos (sentencia de 25 de julio de 2008, Ecologistas en Acción-CODA, C‑142/07, Rec. p. I‑6097, apartado 46), la Comisión
estima que los proyectos controvertidos en el presente asunto pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente,
ya que cubren buena parte del trazado de la carretera M‑501 y suponen la duplicación de esta carretera, al menos en ciertos
tramos, así como el aumento del tráfico y de la presión que sufren las zonas medioambientalmente sensibles que se ven afectadas.
Por ello afirma que es preciso evaluar los efectos de estos proyectos sobre el medio ambiente, habida cuenta, en particular,
de su interacción.
La Comisión entiende que las autoridades españolas o bien no llevaron a cabo ninguna evaluación de impacto ambiental de dichos
proyectos, o bien no evaluaron ni los efectos acumulativos en cada tramo, ni los efectos inducidos a corto, medio y largo
plazo, permanentes o temporales, positivos y negativos del proyecto, en contra de lo dispuesto en los artículos 3 y 5 de la
Directiva 85/337 en relación con el anexo IV de ésta.
Según la Comisión, entre los efectos directos e indirectos de las carreteras sobre el medio ambiente procede mencionar el
riesgo de atropello de animales, la pérdida directa de hábitats, la creación de barreras para el movimiento de las poblaciones
animales y las molestias derivadas del trasiego de coches en la calzada y de personas en las inmediaciones de la vía. Por
lo que se refiere a los efectos perjudiciales para el hábitat, éstos pueden deberse al ruido, a la contaminación, a las nuevas
infraestructuras asociadas a la carretera o a la mayor presión de las actividades humanas en el entorno de ésta.
A este respecto, en particular, la Comisión alega que la declaración de impacto ambiental de 2 de abril de 1998 no examinó
los efectos indirectos de la duplicación del tramo 1 de la M‑501 sobre los valores medioambientales presentes. En cuanto al
tramo 2, sostiene que no fue objeto de ninguna evaluación después de su modificación. Por último, aduce que el trazado finalmente
autorizado del tramo 4 no se corresponde totalmente con el que fue objeto de la declaración de impacto. Por consiguiente,
en su opinión, debería haber sido objeto de una nueva evaluación conforme al artículo 4, apartado 2, de la Directiva 85/337
en relación con el punto 13 del anexo II de ésta. En cualquier caso, añade que la evaluación del proyecto separado relativo
al tramo 4 debería haber tenido en cuenta los efectos acumulativos de dicho proyecto y de los otros proyectos que afectan
a la carretera M‑501.
En consecuencia, la Comisión sostiene que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los
artículos 2, apartado 1, 3, 4, apartados 1 o 2, y 5 de dicha Directiva, al no haber llevado a cabo la necesaria evaluación
de impacto ambiental –por lo que se refiere a los proyectos separados relativos a los tramos 2 y 4 de la carretera M‑501–
o al haberlo hecho de manera incompleta –por lo que se refiere al proyecto separado relativo al tramo 1 de la citada carretera–.
Asimismo, según la Comisión, como los proyectos relativos a los tramos 2 y 4 de la carretera M‑501 debían ser objeto de una
nueva evaluación de impacto ambiental, las autoridades españolas competentes también han infringido el artículo 6, apartado
2, de la Directiva 85/337, en la medida en que no publicaron ni la solicitud de autorización ni la información proporcionada
por el promotor en relación con los proyectos nuevos o modificados. Añade que dichas autoridades tampoco tomaron en consideración
los resultados de las consultas y la información recogida con arreglo a los artículos 5 y 6 de la citada Directiva en el procedimiento
de autorización de los proyectos nuevos o modificados relativos a los tramos 2 y 4, con la consiguiente infracción del artículo
8 de la Directiva.
Por último, la Comisión sostiene que las autoridades españolas han infringido el artículo 9 de la Directiva 85/337 al no haber
publicado las decisiones de autorización de los proyectos separados correspondientes a los tramos 1, 2 y 4 ni informado al
público de su adopción.
El Reino de España rebate la alegación según la cual no se evaluaron los efectos acumulativos en cada tramo ni los efectos
inducidos a corto, medio y largo plazo, permanentes o temporales, positivos y negativos de los proyectos.
Sostiene que, como se desprende de la declaración de impacto ambiental de 2 de abril de 1998, en la que se exige que se tomen
las medidas necesarias para prevenir o minimizar los impactos ambientales que puedan derivarse de las obras de duplicación
de la carretera M‑501, ya sean directos o inducidos, no sólo se evaluaron los efectos directos de los proyectos de los tramos
1 y 2, sino también sus efectos secundarios. Añade que el hecho de que estas evaluaciones no incluyan la valoración de los
efectos sinérgicos y acumulativos de una completa duplicación de la carretera se debe, por una parte, a que la misma no estaba
prevista y, por otra parte, a que la Directiva 85/337 no exige el estudio de todos «los efectos indirectos secundarios, acumulativos,
a corto, medio y largo plazo, permanentes o temporales, positivos y negativos del proyecto», dejando en manos del Estado miembro
la tarea de decidir en cada caso si el promotor tiene «eventualmente» que aportar información sobre dichos efectos.
La Comisión replica que las autoridades españolas no proporcionaron ningún elemento o referencia concretos sobre los criterios
de evaluación empleados en la citada declaración de impacto ambiental, en particular respecto de los efectos indirectos de
la duplicación del tramo 1 sobre los valores medioambientales presentes.
Asimismo, según el Reino de España, no resulta razonable que cada vez que se intervenga en una infraestructura deban analizarse
todos los efectos hipotéticos de la modificación integral de la misma, incluso de los tramos en los que no haya previstas
actuaciones.
En cualquier caso, aduce que, en virtud del acuerdo, las autoridades españolas se comprometieron a realizar un estudio ambiental
que incluyera todos los tramos de la carretera y evaluara los posibles efectos acumulativos y sinérgicos de la totalidad de
la vía. Añade que este estudio de impacto ambiental se realizó en diciembre de 2008. Mediante resolución de 11 de diciembre
de 2009, la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid adoptó una declaración conjunta sobre dicho
estudio ambiental.
La Comisión objeta que ese mismo estudio de impacto ambiental se llevó a cabo no sólo después de concederse la autorización
relativa a los proyectos sobre los tramos 1, 2 y 4 de la carretera M‑501, sino incluso después de su ejecución, infringiéndose
de ese modo el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 85/337.
Por último, según el Reino de España, los proyectos de los tramos 2 y 4 se corresponden con los que fueron objeto de una declaración
de impacto, por lo que no tenían que someterse a una nueva evaluación.
Sobre este extremo la Comisión replica que el Reino de España reconoce que el trazado relativo al tramo 4 finalmente aprobado
corresponde a «un trazado que coincidía sustancialmente con la alternativa tres, excepto en un 22 % que concordaba casi plenamente
con un tramo de la alternativa seis» y que, por consiguiente, dicho trazado no corresponde en su totalidad a ninguna de las
alternativas evaluadas o, en todo caso, a la alternativa seleccionada durante la evaluación de impacto. En consecuencia, considera
que el citado trazado corresponde a un nuevo proyecto o a un proyecto modificado que no ha sido evaluado.
Por otra parte, el Reino de España rechaza las alegaciones de la Comisión según las cuales no se publicaron las decisiones
de autorización de los proyectos separados correspondientes a los tramos 1, 2 y 4 y no se informó de ellas al público. Alega
que el estudio y la declaración de impacto ambiental fueron sometidos al trámite de información pública y que las decisiones
de convocar una licitación para la conclusión de contratos con vistas a la elaboración de proyectos sobre la carretera M‑501
y a la adjudicación de los correspondientes contratos de obra, al igual que las relaciones de los bienes y derechos afectados
por las expropiaciones necesarias para la construcción de la mencionada carretera, se hicieron públicas en los Boletines Oficiales
correspondientes.
–             Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, la Comisión imputa a las autoridades españolas la infracción de los artículos 2, apartado 1, 3, 4, apartados
1 o 2, y 5 de la Directiva 85/337 al haber autorizado y dado continuidad a la realización de los proyectos de duplicación
de los tramos 1, 2 y 4 de la carretera M‑501.
A este respecto debe destacarse, para empezar, que el Reino de España no discute que, en virtud de los artículos 2, apartado
1, y 4, apartados 1 o 2, de dicha Directiva, dichos proyectos debían ser objeto de una evaluación de impacto ambiental con
carácter previo a su autorización, pero alega que la evaluación exigida se llevó a cabo efectivamente.
No obstante, en lo que atañe, en primer lugar, a los proyectos de duplicación de los tramos 1 y 4 de la carretera M‑501, la
Comisión imputa a las autoridades españolas no haber evaluado los efectos indirectos y acumulativos.
El artículo 3 de la Directiva 85/337 precisa en relación con el contenido de la evaluación del impacto ambiental que ésta
debe comprender una descripción de los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre el medio ambiente (véanse las sentencias
de 16 de marzo de 2006, Comisión/España, C‑332/04, apartado 33; de 28 de febrero de 2008, Abraham y otros, C‑2/07, Rec. p. I‑1197,
apartados 43 a 45, y Ecologistas en Acción-CODA, antes citada, apartado 39). Por otra parte, el anexo IV de la mencionada
Directiva incluye entre la información que debe proporcionar el promotor con arreglo al artículo 5, apartado 1, de dicha norma,
una descripción de los efectos acumulativos del proyecto sobre el medio ambiente. Asimismo, para determinar si un Estado miembro
está obligado en virtud del artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva a someter a evaluación un proyecto enumerado en su
anexo II porque éste puede tener efectos significativos en el medio ambiente en el sentido del artículo 2, apartado 1, de
la citada Directiva, el anexo III de la misma menciona entre los criterios de selección la acumulación con otros proyectos
(véase la sentencia de 21 de septiembre de 1999, Comisión/Irlanda, antes citada, apartados 73 a 76).
A este respecto, la alegación de la Comisión de que en la declaración de impacto ambiental de 2 de abril de 1998 no figuran
datos concretos sobre los criterios empleados para la evaluación de los efectos indirectos de la duplicación del tramo 1 no
ha sido debidamente rebatida por el Reino de España, que se ha limitado a afirmar sobre este extremo que la mencionada declaración
de impacto exige que se adopten las medidas necesarias para prevenir los posibles impactos medioambientales, incluso los inducidos.
Es evidente que no puede prosperar la objeción de dicho Estado miembro basada en que no es razonable tomar en consideración
el efecto acumulativo de un proyecto con otros proyectos, incluidos aquéllos en los que no haya previstas actuaciones. En
efecto, de las citadas disposiciones de la Directiva 85/337 se desprende que es necesaria una evaluación del efecto acumulativo
de todos los proyectos existentes.
Seguidamente, en lo que atañe a los proyectos de duplicación de los tramos 2 y 4 de la carretera M‑501, la Comisión imputa
en esencia al Reino de España que los proyectos finalmente autorizados fueron sensiblemente diferentes de los que habían sido
objeto del procedimiento de evaluación en junio de 1996, de modo que constituyen nuevos proyectos o proyectos modificados
que no han sido evaluados.
En relación con el proyecto de duplicación del tramo 4, de los apartados 97 a 100 de la presente sentencia resulta que, en
cualquier caso, las autoridades españolas sólo llevaron a cabo una evaluación incompleta de sus efectos sobre el medio ambiente.
Por consiguiente, no es preciso pronunciarse sobre la cuestión de si el proyecto de duplicación del tramo 4 finalmente autorizado
constituye un proyecto modificado respecto del que había sido objeto del procedimiento de evaluación y que, por lo tanto,
debería haber dado lugar a un nuevo procedimiento de evaluación.
En cuanto al proyecto de duplicación del tramo 2, procede recordar que el anexo II, punto 13, de la Directiva 85/337 incluye
en el ámbito de la evaluación prescrita en su artículo 4, apartado 2, «cualquier cambio o ampliación de los proyectos que
figuran en el Anexo I o en el Anexo II» y que el Tribunal de Justicia ha señalado reiteradamente que el ámbito de aplicación
de dicha Directiva es extenso y su objetivo muy amplio (véanse las sentencias de 16 de septiembre de 2004, Comisión/España,
C‑227/01, Rec. p. I‑8253, apartado 46, y Ecologistas en Acción-CODA, antes citada, apartado 28 y jurisprudencia citada). Por
consiguiente, el concepto de modificación del proyecto debe entenderse en sentido amplio (véase la sentencia de 24 de octubre
de 1996, Kraaijeveld y otros, C‑72/95, Rec. p. I‑5403, apartado 39).
En consecuencia, el Reino de España no puede oponerse válidamente a que el proyecto del tramo 2 autorizado en 2005 sea calificado
de «modificación de proyecto» respecto del que había sido objeto de la declaración de impacto ambiental de 2 de abril de 1998,
cuando se limita a objetar al respecto que el proyecto final de construcción supone una definición más detallada del proyecto
de trazado previo que fue evaluado y debe incluirse en la evaluación de los efectos realizada anteriormente.
Por último, en lo que atañe a la alegación del citado Estado miembro según la cual el estudio de impacto ambiental elaborado
en diciembre de 2008 llevó a cabo una evaluación global de los efectos indirectos acumulativos de todos los proyectos de duplicación
de los tramos de la carretera M‑501, del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 85/337 se desprende que la evaluación de
los proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza,
dimensiones o localización, debe realizarse antes de que se concedan las autorizaciones correspondientes (véanse las sentencias
de 16 de septiembre de 2004, Comisión/España, antes citada, apartado 47, y Ecologistas en Acción-CODA, antes citada, apartado 33).
Del conjunto de las consideraciones que preceden se desprende que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le
incumben en virtud de los artículos 2, apartado 1, 3, 4, apartados 1 o 2, y 5 de la Directiva 85/337 al no haber efectuado
una evaluación previa o al haber efectuado una evaluación previa incompleta de los efectos sobre el medio ambiente de los
proyectos de duplicación de los tramos 1, 2 y 4 de la carretera M‑501.
En segundo lugar, la Comisión imputa al Reino de España la infracción de los artículos 6, apartado 2, y 8 de la Directiva
85/337 en relación con los proyectos de duplicación de los tramos 2 y 4 de la carretera M‑501.
Recuérdese que el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 85/337 impone a los Estados miembros que informen al público de
la solicitud de autorización de un proyecto y que pongan a disposición de éste la información recogida con arreglo al artículo
5 de la citada Directiva, entre la que figura una descripción de los efectos indirectos y acumulativos del proyecto sobre
el medio ambiente. El artículo 8 de la misma Directiva exige que los resultados de las consultas y la información recogida
en virtud de sus artículos 5, 6 y 7 sean tomados en consideración en el procedimiento de autorización.
Dado que las autoridades españolas no llevaron a cabo una evaluación previa de los efectos de los proyectos de duplicación
de los tramos 2 y 4 sobre el medio ambiente o, en cualquier caso, no evaluaron sus efectos indirectos y acumulativos, incumplieron
necesariamente las prescripciones de los artículos 6, apartado 2, y 8 de la citada Directiva.
De ello se desprende que también debe considerarse fundada la imputación basada en la infracción de los artículos 6, apartado
2, y 8 de la Directiva 85/337.
Por último, la Comisión imputa la infracción del artículo 9 de la Directiva 85/337 en relación con los proyectos de duplicación
de los tramos 1, 2 y 4 de la carretera M‑501.
No pueden estimarse los motivos de defensa alegados por el Reino de España, relativos a la puesta a disposición del público
de las declaraciones de impacto ambiental y a la publicación de las decisiones de convocar una licitación para la conclusión
de contratos con vistas a la elaboración de proyectos sobre la carretera M‑501 y a la adjudicación de los contratos de obra
para la construcción de ésta. En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el hecho de que un Estado miembro publique
la declaración de impacto ambiental no sustituye a la obligación establecida en el artículo 9 de la Directiva 85/337 de comunicar
al público la autorización o la denegación para ejecutar el proyecto (véase la sentencia de 16 de marzo de 2006, Comisión/España,
antes citada, apartado 56).
Por consiguiente, debe considerarse fundada la imputación de infracción del artículo 9 de la Directiva 85/337.
En consecuencia, procede declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las siguientes
disposiciones al no satisfacer las exigencias previstas:
–        en los artículos 2, apartado 1, 3, 4, apartados 1 o 2, según proceda, y 5 de la Directiva 85/337 en relación con los proyectos
separados de duplicación y/o acondicionamiento de los tramos 1, 2 y 4 de la carretera M‑501;
–        en los artículos 6, apartado 2, y 8 de la misma Directiva en relación con los proyectos separados de duplicación y/o acondicionamiento
de los tramos 2 y 4 de dicha carretera, y
–        en el artículo 9 de la citada Directiva en relación con los proyectos separados de duplicación y/o acondicionamiento de los
tramos 1, 2 y 4 de la mencionada carretera.
Sobre la infracción de la Directiva 92/43
–             Alegaciones de las partes
La Comisión recuerda que, con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43, las autoridades españolas tenían la
obligación de evaluar las repercusiones de todo proyecto que, sin tener relación directa con la gestión de la ZEPA «Encinares
del río Alberche y río Cofio», o sin ser necesario para la misma, pudiera afectar a dicho lugar de forma apreciable, individualmente
o en combinación con otros proyectos.
Por lo que se refiere a los proyectos separados relativos a los tramos 1, 2 y 4 de la carretera M‑501, la Comisión considera
que o bien no hubo una evaluación de las repercusiones del proyecto sobre la ZEPA «Encinares del río Alberche y río Cofio»,
o bien la evaluación no tuvo en cuenta de manera apropiada los efectos de los distintos proyectos sobre dicho lugar.
En lo que respecta concretamente al tramo 1 de la carretera M‑501, la Comisión señala que en la declaración de impacto ambiental
de 2 de abril de 1998 no se evaluaron los efectos indirectos de la duplicación en dicha carretera sobre la ZEPA «Encinares
del río Alberche y río Cofio». Esta declaración concluye indicando que «se informa favorablemente el tramo comprendido entre
los puntos kilométricos 9+800 y 21+800, esto es, hasta el límite del espacio declarado [ZEPA]», sin que se estudiaran en ningún
momento los efectos indirectos que la duplicación de dicho tramo pudiera tener sobre el lugar, en particular por lo que se
refiere al incremento de la afluencia de tráfico hacia dicha zona y al probable aumento de la presión urbanística.
En relación con el tramo 2, la Comisión expone que en 2005 se autorizó un nuevo proyecto que no fue sometido a una evaluación
de repercusiones sobre dicha ZEPA. Así pues, no es posible analizar la observancia por las autoridades españolas de las demás
condiciones que se derivan del artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva 92/43.
La Comisión sostiene que, en lo que respecta al tramo 4, debe considerarse que no se evaluó el impacto medioambiental del
trazado finalmente autorizado, ya que éste no corresponde en su totalidad a la alternativa seleccionada durante la evaluación
contenida en la declaración de impacto de 22 de junio de 2000. En cualquier caso, esta declaración de impacto no evalúa las
repercusiones que pueden tener sobre la mencionada ZEPA el proyecto relativo al tramo 4 en combinación con el proyecto relativo
a los tramos 1 y 2.
Finalmente, según la Comisión, que se apoya en un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) elaborado
en septiembre y noviembre de 2000, en ausencia de medidas protectoras adecuadas, la ejecución de los proyectos separados referidos
a la duplicación y/o acondicionamiento de los tramos 1, por un lado, y de los tramos 2 y 4, por otro lado, de la carretera
M‑501 constituye una amenaza para el interés ecológico de los pLIC «Cuenca del río Guadarrama» y «Cuencas de los ríos Alberche
y Cofio», en particular para la integridad de las especies presentes en esos lugares, identificadas en los correspondientes
formularios oficiales de la red Natura 2000, y de sus hábitats.
Según el Reino de España, la ejecución de los diferentes proyectos de obras de remodelación y mejora de algunos tramos de
la carretera M‑501 se llevó a cabo adoptando las oportunas medidas correctoras y reparadoras que garantizaron la conservación
de los lugares en las condiciones exigidas en la Directiva 92/43, aunque las declaraciones de impacto ambiental o los proyectos
se aprobaran con anterioridad a su designación como lugares de importancia comunitaria. Añade que la Comisión no puede limitarse
a alegar lo contrario y que, si persiste en su posición, debe probar que sus alegaciones están fundadas.
Por otra parte, aduce que, en lo que respecta a la expresión «adecuada evaluación de sus repercusiones», establecida en el
artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43, el Tribunal de Justicia precisó en los apartados 49 y 50 de su sentencia Ecologistas
en Acción-CODA, antes citada, que una evaluación formal puede sustituirse por medidas equivalentes que cumplan las exigencias
mínimas del artículo 3 y de los artículos 5 a 10 de la Directiva 85/337, y que corresponde al juez nacional apreciar en cada
caso si los estudios, audiencias e informes practicados por las autoridades nacionales constituyen, respecto de los proyectos
controvertidos, una evaluación de impacto ambiental en el sentido de dicha Directiva. En consecuencia, no se puede alegar
un incumplimiento de la Directiva 92/43 debido a la mera inexistencia de una evaluación formal previa de las repercusiones
de los proyectos, cuando lo cierto es que esta evaluación ha sido tenida en cuenta en todos y cada uno de ellos, bien a través
de las correspondientes declaraciones de impacto ambiental, conforme la legislación nacional, bien a través de la consideración
de la inclusión de las correspondientes medidas correctoras y compensatorias de los valores medioambientales en presencia.
El Reino de España aduce que las citadas declaraciones de impacto ambiental de los tramos construidos de la carretera M‑501
fueron adoptadas cuando estaba en vigor la medida nacional de transposición de la Directiva 92/43, es decir, el Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE nº 310, de 28 de diciembre de 1995, p. 37310). Sostiene que,
por lo tanto, las citadas declaraciones establecieron las medidas dirigidas a garantizar la conservación de los lugares de
interés comunitario afectados y a evitar el deterioro de los hábitats naturales y hábitats de especies, dando cumplimiento
al artículo 6 de la mencionada Directiva.
El Reino de España alega que la implantación real de las medidas previstas en las distintas operaciones fue evaluada en el
estudio ambiental de la duplicación de la carretera M‑501, elaborado en 2008 en virtud del acuerdo, y que dicho estudio demuestra
que se ejecutaron o se están ejecutando medidas que no sólo garantizan el mantenimiento de los lugares protegidos, sino que
favorecen y mejoran los hábitats naturales y de especies.
Asimismo, el Reino de España añade que existían «razones imperiosas de interés público de primer orden» para la construcción
del tramo 2. Alega que los estudios de tráfico realizados evidenciaban que la intensidad de tráfico en ese tramo no desdoblado
se había incrementado notablemente, lo que provocaba una congestión de la vía y un aumento de los accidentes. Afirma que por
ello, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 6, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva 92/43, el órgano administrativo
competente, esto es, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, entendió que debía realizarse el proyecto «a pesar
de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas».
Sostiene que, no obstante, se respetaron las exigencias de la citada Directiva, por cuanto se aplicaron «cuantas medidas compensatorias
[fueron] necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 [quedase] protegida». En particular, se elaboró
un plan de integración ambiental que incluye numerosas medidas correctoras y compensatorias para impedir la alteración significativa
de las zonas afectadas. Asegura que estas medidas satisfacen las exigencias formuladas por el Tribunal de Justicia (véase
la sentencia Bund Naturschutz in Bayern y otros, antes citada, apartados 44 y 45).
Según la Comisión, por el contrario, no existe ninguna evaluación de las repercusiones ambientales de los proyectos como la
prevista en el artículo 6 de la Directiva 92/43 anterior a la autorización de los proyectos relativos a los tramos 1, 2 y
4. Añade que por ello no es posible analizar la observancia por las autoridades españolas de las condiciones que se derivan
del apartado 4 del citado artículo.
Asimismo, la Comisión afirma, por una parte, que el estudio de impacto ambiental elaborado en diciembre de 2008 no hace sino
confirmar las repercusiones significativas que las obras ejecutadas en los tramos 1, 2 y 4 tuvieron en los valores medioambientales
presentes en los pLIC «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio» y «Cuenca del río Guadarrama» y, por otra parte, que las «medidas
correctoras» o las «medidas preventivas» adoptadas no sirvieron para evitar esas repercusiones. Además, señala que dichas
medidas tenían una eficacia relativa para paliarlas.
El Reino de España responde que las repercusiones detectadas no son trascendentales y no alteran de forma irreversible la
integridad medioambiental de los lugares afectados. Afirma que estos efectos han quedado neutralizados por las distintas intervenciones
reparadoras y compensatorias ya realizadas, total o parcialmente. Aduce que la situación ecológica y medioambiental incluso
mejoró en algunos casos. Asimismo, indica que existen documentos y estudios posteriores, concretamente la declaración ambiental
conjunta del Proyecto de «Duplicación de la carretera M‑501, tramo M‑40 al límite de la Comunidad de Madrid», realizada en
diciembre de 2009, que demuestran la aplicación efectiva de las medidas compensatorias y reparadoras y sus buenos resultados
en la mayoría de los casos. Por último, destaca que los efectos mencionados por la Comisión en el estudio de impacto ambiental
de diciembre de 2008 son efectos que podrían producirse eventualmente en caso de que se llevara a cabo la hipotética duplicación
de la totalidad de la carretera M‑501.
–             Apreciación del Tribunal de Justicia
La Comisión alega, en primer lugar, la infracción de las disposiciones del artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva 92/43,
en relación con su artículo 7, respecto de los proyectos de duplicación de los tramos 1, 2 y 4 de la carretera M‑501 en lo
concerniente a la ZEPA «Encinares del río Alberche y río Cofio».
La Comisión aduce, por una parte, que la autorización de los proyectos de duplicación de los tramos 1 y 4 no está basada en
una evaluación adecuada de sus repercusiones sobre la citada ZEPA.
Recuérdese que el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43 establece un procedimiento de evaluación destinado a garantizar
que únicamente se autorice un plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario
para la misma, pueda afectar de forma apreciable a este último, en la medida en que no cause perjuicio a la integridad de
dicho lugar (véanse las sentencias de 7 de septiembre de 2004, Waddenvereniging y Vogelbeschermingsvereniging, C‑127/02, Rec.
p. I‑7405, apartado 34, y de 26 de octubre de 2006, Comisión/Portugal, C‑239/04, Rec. p. I‑10183, apartado 19).
En cuanto al concepto de «adecuada evaluación» en el sentido del artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43, el Tribunal
de Justicia ha declarado que dicha evaluación debe entenderse de modo que las autoridades competentes puedan tener la certeza
de que un plan o proyecto no producirá efectos perjudiciales para la integridad del lugar de que se trate, ya que, cuando
haya incertidumbre sobre la inexistencia de tales efectos, dichas autoridades deberán denegar la autorización solicitada (véase
la sentencia de 20 de septiembre de 2007, Comisión/Italia, C‑304/05, Rec. p. I‑7495, apartado 58).
Pues bien, de los apartados 99 a 103 de la presente sentencia se desprende que las autoridades españolas no evaluaron los
efectos indirectos y acumulativos sobre el medio ambiente de los proyectos de duplicación de los tramos 1 y 4 de la carretera M‑501.
De ello se deriva que no puede considerarse que las mencionadas autoridades evaluaran las repercusiones que los citados proyectos
podían tener sobre la ZEPA «Encinares del río Alberche y río Cofio» de modo que les permitiera tener la certeza de que no
causarían, individualmente o en combinación con otros proyectos, perjuicios a la integridad de dicha ZEPA.
Por otra parte, la Comisión estima que el proyecto de duplicación del tramo 2 fue autorizado finalmente sin haber sido objeto
de una evaluación adecuada de sus repercusiones sobre la ZEPA «Encinares del río Alberche y río Cofio».
Según el Reino de España, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre la citada ZEPA
contenidas en la declaración de impacto ambiental de 2 de abril de 1998, el proyecto de duplicación del tramo 2 fue autorizado
por «razones imperiosas de interés público de primer orden» derivadas del notable incremento del tráfico y, por tanto, de
los riesgos de accidentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 92/43.
Sin embargo, de los apartados 103 y 104 de la presente sentencia se desprende que el proyecto de duplicación del tramo 2 autorizado
en 2005 difiere sensiblemente del que fue objeto de la evaluación negativa cuyas conclusiones figuran en la citada declaración
de impacto ambiental y, por lo tanto, debería haber sido objeto de una nueva evaluación.
Pues bien, el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 92/43 únicamente resulta aplicable una vez se hayan analizado las repercusiones
de un plan o de un proyecto de conformidad con el apartado 3 de dicho artículo. En efecto, la determinación de estas repercusiones
a la luz de los objetivos de conservación del lugar en cuestión constituye un requisito previo indispensable para la aplicación
de dicho artículo 6, apartado 4, ya que, a falta de esta información, no cabe apreciar si se cumplen los requisitos para aplicar
esta excepción. El examen de si concurren eventualmente razones imperiosas de interés público de primer orden y de si existen
alternativas menos perjudiciales para el medio ambiente requiere una ponderación de esas razones imperiosas y de los perjuicios
que el plan o proyecto considerado causen al lugar. Además, con objeto de determinar la naturaleza de eventuales medidas compensatorias,
los perjuicios causados a este lugar deben ser identificados con precisión (véase la sentencia de 20 de septiembre de 2007,
Comisión/Italia, antes citada, apartado 83).
En consecuencia, procede considerar fundada la imputación basada en la infracción de las disposiciones del artículo 6, apartados
3 y 4, de la Directiva 92/43, en relación con su artículo 7, respecto de los proyectos de duplicación de los tramos 1, 2 y
4 de la carretera M‑501 en lo concerniente a la ZEPA «Encinares del río Alberche y río Cofio».
En segundo lugar, la Comisión alega que el Reino de España llevó a cabo los proyectos de duplicación de los tramos 1, 2 y
4 de la carretera M‑501 sin haber adoptado las medidas necesarias para evitar la perturbación deliberada de las especies animales
protegidas que viven en los lugares de importancia comunitaria, infringiendo de ese modo las disposiciones de la Directiva
92/43, en particular su artículo 12, apartado 1, letras b) y d).
En efecto, de las sentencias Dragaggi y otros y Bund Naturschutz in Bayern y otros, antes citadas, se desprende que a partir
del momento en que se envía a la Comisión la lista de lugares propuestos como lugares de importancia comunitaria, los Estados
miembros deben adoptar las medidas de protección apropiadas para salvaguardar su interés ecológico y, por lo tanto, no pueden
autorizar intervenciones que puedan alterar significativamente sus características ecológicas.
Pues bien, los pLIC «Cuenca del río Guadarrama» y «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio», que la Comisión seleccionó como
lugares de importancia comunitaria el 19 de julio de 2006, habían sido propuestos por el Reino de España en abril de 1999
y la Comisión, basándose en el estudio de impacto ambiental elaborado en diciembre de 2008, destaca la existencia de repercusiones
significativas provocadas por las obras ejecutadas en los tramos 1, 2 y 4 en los valores medioambientales presentes en dichos pLIC.
Los motivos de defensa alegados por el Reino de España no son válidos para refutar los argumentos de la Comisión. El propio
hecho de que el citado Estado miembro mencione que se adoptaron medidas reparadoras confirma que la ejecución de los proyectos
de duplicación de los tramos 1, 2 y 4 de la carretera M‑501 dañó el interés ecológico de dichos pLIC.
Por consiguiente, debe considerarse fundada la imputación basada en la infracción de las disposiciones de la Directiva 92/43,
en particular de su artículo 12, apartado 1, letras b) y d), debido a que las autoridades españolas no adoptaron las medidas
de protección apropiadas para salvaguardar el interés ecológico de los pLIC «Cuenca del río Guadarrama» y «Cuencas de los
ríos Alberche y Cofio».
En consecuencia, procede declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las siguientes
disposiciones al no satisfacer las exigencias previstas:
–        en el artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva 92/43, en relación con el artículo 7 de dicha Directiva, respecto de los
proyectos separados de duplicación y/o de acondicionamiento de los tramos 1, 2 y 4 de la carretera M‑501, en lo concerniente
a la ZEPA «Encinares del río Alberche y río Cofio», y
–        en el artículo 12, apartado 1, letras b) y d), de la citada Directiva, en relación con los proyectos separados de duplicación
y/o de acondicionamiento del tramo 1 de dicha carretera, en lo que respecta al pLIC «Cuenca del río Guadarrama», y de los
tramos 2 y 4, en lo concerniente al pLIC «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio».

Costas
A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiere solicitado la otra parte. Por haber solicitado la Comisión que se condene en costas al Reino de España y
haber sido desestimados los motivos formulados por éste, procede condenarlo en costas.
Con arreglo al apartado 4, párrafo primero, del mismo artículo, la República de Polonia, que ha intervenido como coadyuvante
en el litigio, cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide:
1)
Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las siguientes disposiciones al
no satisfacer las exigencias previstas:
–
en los artículos 2, apartado 1, 3, 4, apartados 1 o 2, según proceda, y 5 de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de
junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente, en su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003,
en relación con los proyectos separados de duplicación y/o acondicionamiento de los tramos 1, 2 y 4 de la carretera M‑501;
–
en los artículos 6, apartado 2, y 8 de la Directiva 85/337, en su versión modificada por la Directiva 2003/35, en relación
con los proyectos separados de duplicación y/o acondicionamiento de los tramos 2 y 4 de dicha carretera;
–
en el artículo 9 de la Directiva 85/337, en su versión modificada por la Directiva 2003/35, en relación con los proyectos
separados de duplicación y/o acondicionamiento de los tramos 1, 2 y 4 de la mencionada carretera;
–
en el artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, en relación con el artículo 7 de dicha Directiva, respecto de
los proyectos separados de duplicación y/o acondicionamiento de los tramos 1, 2 y 4 de la carretera M‑501, en lo concerniente
a la zona de especial protección para las aves ES 0000056 «Encinares del río Alberche y río Cofio», y
–
en el artículo 12, apartado 1, letras b) y d), de dicha Directiva, en relación con los proyectos separados de duplicación
y/o acondicionamiento del tramo 1 de la carretera M‑501, en lo que respecta al lugar de importancia comunitaria propuesto
ES 3110005 «Cuenca del río Guadarrama», y de los tramos 2 y 4 de la misma carretera, en lo concerniente al lugar de importancia
comunitaria propuesto ES 3110007 «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio».
2)
Condenar en costas al Reino de España.
3)
La República de Polonia cargará con sus propias costas.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: español.