CELEX: 62008TJ0192
Dumping
Importaciones de ferrosilicio originario de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, China, Egipto, Kazajstán, y Rusia
Relación de causalidad
Interés de la Comunidad
Falta de cooperación
Datos disponibles
Estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado
Derecho de defensa
Obligación de motivación

Antecedentes del litigio
Las demandantes, Transnational Company Kazchrome AO (en lo sucesivo, «Kazchrome») y ENRC Marketing AG, se dedican a la producción
y venta de ferrosilicio, una de las materias primas utilizadas en la fabricación del acero y del hierro. Kazchrome, con domicilio
social en Kazajstán, vende toda su producción a ENRC Marketing, con domicilio social en Suiza. Esta última revende la producción
de Kazchrome en todo el mundo.
A raíz de una denuncia presentada el 16 de octubre de 2006 por Euroalliages (Comité de enlace del sector de la ferroaleación),
la Comisión de las Comunidades Europeas inició un procedimiento antidumping en relación con las importaciones de ferrosilicio
originarias de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, China, Egipto, Kazajstán, y Rusia, con arreglo al Reglamento (CE)
nº 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping
por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1), en su versión modificada (en lo sucesivo, «Reglamento
de base») [reemplazado por el Reglamento (CE) nº 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa
contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 343, p. 51,
corrección de errores en el DO 2010, L 7, p. 22)], y en particular con arreglo al artículo 5 del Reglamento de base (actualmente
artículo 5 del Reglamento nº 1225/2009). El anuncio de inicio del procedimiento se publicó en el
Diario Oficial de la Unión Europea
de 30 de noviembre de 2006 (DO C 291, p. 34). La investigación sobre el dumping y el perjuicio abarcó el período comprendido
entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2006 (en lo sucesivo «período de investigación»). El análisis de las
tendencias pertinentes para la evaluación del perjuicio abarcó desde enero de 2003 hasta el final del período de investigación
(en lo sucesivo, «período considerado»).
En el marco de este procedimiento, el 15 de diciembre de 2006, las demandantes presentaron una petición de reconocimiento
del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado (en lo sucesivo, «EEM») ante los servicios de la Comisión,
en virtud del artículo 2, apartado 7, letras b) y c), del Reglamento de base [actualmente artículo 2, apartado 7, letras b)
y c), del Reglamento nº 1225/2009].
El 12 de enero de 2007, las demandantes presentaron sus respuestas al cuestionario antidumping de la Comisión así como un
documento relativo al perjuicio. El 25 de enero de 2007, las demandantes transmitieron a la Comisión observaciones complementarias
relativas al perjuicio.
Mediante escrito de 14 de febrero de 2007, las demandantes informaron a la Comisión de que renunciaban a participar en la
investigación, pero que estaban dispuestas a aportar explicaciones relativas a los datos que ya le habían facilitado. Mediante
fax de ese mismo día, la Comisión informó a las demandantes de que anulaba la inspección
in situ
que tenía previsto realizar entre el 22 de febrero y el 2 de marzo de 2007. Señaló que esta anulación significaba que, a
falta de comprobación, los datos facilitados por las demandantes a sus servicios no podían aceptarse, y que, con arreglo al
artículo 18 del Reglamento de base (actualmente artículo 18 del Reglamento nº 1225/2009), era probable que fuese necesario
formular las conclusiones de la investigación sobre la base de los datos disponibles. Mediante escrito de 20 de febrero de
2007, las demandantes informaron a la Comisión de que si bien no podían cooperar plenamente en la investigación, deseaban,
en la medida de lo posible, aportar su asistencia en el marco de dicha investigación.
El 5 de julio de 2007, la Comisión informó a las demandantes de que puesto que no había podido comprobar en sus locales los
datos que éstas le habían facilitado, no se les concedería el EEM. El 16 de julio de 2007 las demandantes presentaron sus
observaciones ante la Comisión relativas particularmente a la denegación del EEM.
El 29 de agosto de 2007, la Comisión publicó el Reglamento (CE) nº 994/2007, de 28 de agosto de 2007, por el que se establece
un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de ferrosilicio originario de la República Popular China, Egipto,
Kazajstán, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Rusia (DO L 223, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento provisional»).
En particular, el Reglamento provisional estableció un derecho antidumping provisional con un tipo del 33,9 % para las importaciones
de ferrosilicio originarias de Kazajstán. En el vigésimo quinto considerando del Reglamento provisional, la Comisión precisó
que la petición de reconocimiento del EEM formulada por las demandantes no se había tomado en consideración en la medida en
que éstas no habían permitido que se llevase a cabo la inspección
in situ.
Mediante escrito de 30 de agosto de 2007, la Comisión informó a las demandantes de los hechos y consideraciones esenciales
en base a las cuales se habían adoptado las medidas antidumping provisionales (en lo sucesivo, «documento de información provisional»).
Mediante escrito de 15 de septiembre de 2007, la Comisión remitió a las demandantes un complemento al documento de información
provisional. El 5 de octubre 2007, las demandantes presentaron ante la Comisión sus observaciones relativas al documento de
información provisional.
El 18 de diciembre de 2007, la Comisión remitió a las demandantes un escrito en el que recogía los hechos y consideraciones
esenciales en función de los cuales pensaba recomendar la imposición de medidas antidumping definitivas (en lo sucesivo, «documento
de información final»). Las demandantes presentaron sus observaciones sobre el documento de información final mediante un
escrito dirigido a la Comisión el 3 de enero de 2008.
El 25 de febrero de 2008, el Consejo de la Unión Europea adoptó el Reglamento (CE) nº 172/2008, de 25 de febrero de 2008,
por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido
sobre las importaciones de ferrosilicio originario de la República Popular China, Egipto, Kazajstán, la Antigua República
Yugoslava de Macedonia y Rusia (DO L 55, p. 6; en lo sucesivo «Reglamento impugnado»). En virtud de este Reglamento, el tipo
del derecho antidumping definitivo aplicable al precio neto franco frontera de la Comunidad, no despachado de aduana, se estableció
en 33,9 % para los productos procedentes de Kazajstán.

Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 21 de mayo de 2008, las demandantes interpusieron el presente
recurso.
Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal, respectivamente, el 1 y el 3 de septiembre de 2008, Euroalliages
y la Comisión solicitaron intervenir en el presente procedimiento en apoyo de las pretensiones del Consejo.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 28 de octubre de 2008, las demandantes solicitaron que, con arreglo
al artículo 116, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, se excluyan del traslado a Euroalliages ciertos
datos confidenciales contenidos en los autos. A los efectos de dicho traslado, las demandantes presentaron una versión no
confidencial de los escritos y documentos de que se trata.
Mediante autos de 2 de diciembre de 2008 y de 16 de febrero de 2009, el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal admitió
respectivamente las demandas de intervención de la Comisión y de Euroalliages.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 10 de marzo de 2009, Euroalliages declaró que no tenía nada que
objetar en cuanto a la solicitud de trato confidencial formulada por las demandantes.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 26 de junio de 2009, la Comisión informó al Tribunal de que renunciaba
a presentar un escrito de formalización de la intervención, pero que participaría en la vista.
Las demandantes solicitan el Tribunal que:
–        Declare la admisibilidad del recurso.
–        Anule el Reglamento impugnado, en la medida en que se les aplica.
–        Condene en costas al Consejo.
El Consejo, apoyado por la Comisión, solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a las demandantes.
Euroalliages solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene a las demandantes a cargar con las costas, incluidas aquellas en que ella haya incurrido debido a su intervención.

Fundamentos de Derecho
En apoyo de su recurso de anulación las demandantes invocan cuatro motivos. En el marco del primer motivo, rebaten la apreciación
de la existencia de una relación de causalidad entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio. En el marco del segundo
motivo, cuestionan el análisis del interés comunitario. En el marco del tercer motivo, critican la apreciación que hicieron
las instituciones de su cooperación en la investigación, la aplicación del artículo 18 del Reglamento de base y el trato dado
a la petición de reconocimiento del EEM. En el marco del cuarto motivo, invocan la vulneración de su derecho de defensa.
A.
Sobre el primer motivo, relativo a la relación de causalidad entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio
Las alegaciones formuladas por las demandantes en el marco del primer motivo pueden agruparse en tres categorías:
–        En primer lugar, las alegaciones relativas a la interpretación de los principios jurídicos que rigen el análisis del nexo
causal entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio sufrido por la industria comunitaria. Las demandantes invocan,
en la primera parte, la existencia de errores de Derecho en lo que atañe a la interpretación del artículo 3, apartados 6 y
7, del Reglamento de base (actualmente artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento nº 1225/2009).
–        En segundo lugar, las alegaciones relativas al análisis individual realizado por las instituciones de varios factores distintos
de las importaciones objeto de dumping y que pudieron causar o contribuir al perjuicio sufrido por la industria comunitaria.
A este respecto, las demandantes invocan, en las partes segunda a octava, errores manifiestos de apreciación y diversas infracciones
cometidas por las instituciones en el marco del análisis individual de algunos factores del perjuicio.
–        En tercer lugar, las alegaciones relativas a la falta de un análisis conjunto de los diversos factores del perjuicio distintos
de las importaciones objeto de dumping. Las demandantes invocan, más concretamente, en las partes primera y octava, la comisión
de un error manifiesto de apreciación por parte de las instituciones al no llevar a cabo un análisis conjunto de dichos factores.
Estas tres categorías de alegaciones se examinarán sucesivamente.
1.
Sobre la interpretación de los principios jurídicos aplicables al análisis de la relación de causalidad (primera parte del
primer motivo)
a)      Alegaciones de las partes
En el marco de la primera parte del primer motivo las demandantes sostienen que la metodología empleada por el Consejo para
determinar la relación de causalidad existente entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio adolece de dos errores
de Derecho.
En primer lugar, las demandantes afirman que el enfoque del Consejo supone una división artificial del análisis de atribución
y de no atribución del perjuicio. A tenor del artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base, un análisis adecuado de la relación
de causalidad exige que se tengan en cuenta otros factores de los cuales se tenía conocimiento desde el principio, con el
fin de evitar que las repercusiones de las importaciones objeto de la investigación se confundan con las de los otros factores.
Así pues, consideran que las instituciones no podían concluir que el perjuicio había sido causado por las importaciones objeto
de la investigación sin examinar previamente si éste había sido ocasionado realmente por otros factores.
En segundo lugar, las demandantes alegan que de los informes del Órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General resulta que la incidencia de los factores causales
ha de examinarse conjuntamente.
El Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, responde, por un lado, que para determinar si las importaciones objeto de
dumping causaron un perjuicio considerable ha de examinarse en primer lugar si el perjuicio fue causado por dichas importaciones,
teniendo en cuenta, en particular, el volumen y el precio de las importaciones objeto de dumping y el cálculo de la subcotización.
A su juicio, sólo una vez se haya establecido la existencia de dicha relación de causalidad, habrá de examinarse si otros
factores pudieron haber contribuido al perjuicio de manera que hayan roto el nexo causal. Por otro lado, el Consejo estima
que desde un punto de vista jurídico no existe obligación alguna de llevar a cabo un examen conjunto de los otros factores,
que tal examen no se aplica en la práctica y que no constituye un principio consagrado por los órganos jurisdiccionales de
la Unión.
b)      Apreciación del Tribunal
La primera parte del primer motivo se refiere, en esencia, a los requisitos de aplicación del artículo 3, apartados 6 y 7,
del Reglamento de base. En virtud de esta disposición, el Consejo y la Comisión tienen la obligación de examinar si el perjuicio
que pretenden precisar se debe efectivamente a importaciones que hayan sido objeto de dumping y de excluir cualquier perjuicio
que se deba a otros factores (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 1992, Extramet Industrie/Consejo, C‑358/89,
Rec. p. I‑3813, apartado 16, y sentencia del Tribunal General de 14 de marzo de 2007, Aluminium Silicon Mill Products/Consejo,
T‑107/04, Rec. p. II‑669, apartado 72).
En primer lugar, procede determinar si, como afirman las demandantes, esta disposición exige que las instituciones examinen,
en primer lugar, la incidencia sobre el perjuicio sufrido por la industria comunitaria de las importaciones objeto de dumping
y de otros factores conocidos antes de determinar, en un momento posterior, si existe una relación de causalidad entre dichas
importaciones y el dumping, o si, como afirma el Consejo, es necesario examinar en un primer momento si el perjuicio fue causado
por dichas importaciones para, a continuación, una vez se haya establecido la existencia de dicho nexo causal, apreciar si
otros factores pudieron haber contribuido al perjuicio de manera que se haya roto dicho nexo causal.
Para responder a esta cuestión es preciso analizar los términos, el objeto y el contexto del artículo 3, apartados 6 y 7,
del Reglamento de base.
Primeramente, en lo que respecta a los términos de esta disposición, del artículo 3, apartado 6, del Reglamento de base se
desprende que las instituciones deben demostrar que las importaciones objeto de dumping causan un perjuicio importante a la
industria comunitaria, habida cuenta de su volumen y de su precio. Se trata del análisis denominado de atribución. A continuación,
del artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base resulta que las instituciones deben, por un lado, examinar los demás factores
conocidos que al mismo tiempo que las importaciones objeto de dumping perjudiquen a la producción de la industria de la Comunidad,
y, por otro lado, evitar que el perjuicio causado por estos otros factores se atribuya a dichas importaciones. Se trata del
análisis denominado de no atribución.
A continuación, tal como señalaron tanto las demandantes como el Consejo en sus escritos, la finalidad del artículo 3, apartados
6 y 7, del Reglamento de base es lograr que las instituciones disocien y distingan los efectos perjudiciales de las importaciones
objeto de dumping de los de los otros factores. Si las instituciones no disocian ni distinguen el impacto de los distintos
factores del perjuicio, no podrán concluir válidamente que las importaciones objeto de dumping causaron un perjuicio a la
industria comunitaria.
Seguidamente, en lo que respecta al contexto de esta disposición, en la medida en que, en virtud del quinto considerando del
Reglamento de base (actualmente tercer considerando del Reglamento nº 1225/2009), al artículo 3, apartados 6 y 7, de dicho
Reglamento transpone, en Derecho de la Unión, el artículo 3.5 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT) (DO L 336, p. 103; en lo sucesivo, «Acuerdo antidumping»), que
figura en el anexo 1 A del Acuerdo por el que se establece la OMC (DO 1994, L 336, p. 3), procede referirse a esta disposición
y a la interpretación que hace de la misma el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC.
A este respecto, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, teniendo en cuenta su naturaleza y su espíritu, los
Acuerdos de la OMC no forman parte en principio de las normas respecto a las cuales el juez de la Unión controla la legalidad
de los actos de las instituciones de la Unión con arreglo al artículo 230 CE, párrafo primero (sentencias del Tribunal de
Justicia de 23 de noviembre de 1999, Portugal/Consejo, C‑149/96, Rec. p. I‑8395, apartado 47, y de 9 de enero de 2003, Petrotub
y Republica/Consejo, C–76/00 P, Rec. p. I‑79, apartado 53). Sin embargo, en el supuesto de que la Comunidad tenga el propósito
de cumplir una obligación particular asumida en el marco de la OMC o cuando el acto de la Unión se remita expresamente a disposiciones
precisas de los Acuerdos de la OMC, corresponderá al juez de la Unión controlar la legalidad del acto de la Unión de que se
trate en relación con las normas de la OMC (sentencias del Tribunal de Justicia Portugal/Consejo, antes citada, apartado 49;
Petrotub y Republica/Consejo, antes citada, apartado 54, y de 27 de septiembre de 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, Rec. p. I‑7723,
apartado 30).
Pues bien, del quinto considerando del Reglamento de base se desprende que dicho Reglamento tienen por objeto específicamente
transponer en el Derecho de la Unión, en la mayor medida posible, las normas del Acuerdo antidumping de 1994, entre las que
se incluyen, en particular, las relativas a la determinación de la existencia de un perjuicio y de un nexo causal entre las
importaciones objeto de dumping y el perjuicio (véase, en este sentido, la sentencia Petrotub y Republica/Consejo, citada
en el apartado 33
supra,
apartado 55).
De ello se desprende que las disposiciones del Reglamento de base deben interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz
de las disposiciones correspondientes del Acuerdo antidumping (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia
de 14 de julio de 1998, Bettati, C‑341/95, Rec. p. I‑4355, apartado 20, y Petrotub y Republica/Consejo, citada en el apartado
supra,
apartado 57).
Además, si bien las interpretaciones del Acuerdo antidumping adoptadas por Órgano de Solución de Diferencias de la OMC no
pueden vincular al Tribunal cuando éste aprecia la validez del Reglamento impugnado (véase, en este sentido, la sentencia
del Tribunal de Justicia de 1 de marzo de 2005, Van Parys, C‑377/02, Rec. p. I‑1465, apartado 54), nada impide que el Tribunal
haga referencia a las mismas cuando, como en el caso de autos, ha de interpretar una disposición del Reglamento de base (véase,
en este sentido, la sentencia del Tribunal General de 24 de septiembre de 2008, Reliance Industries/Consejo y Comisión, T‑45/06,
Rec. p. II‑2399, apartado 107).
En este contexto, procede señalar que el Órgano de Apelación de la OMC declaró, en su informe relativo al asunto «Estados
Unidos – Acero laminado en caliente», adoptado el 23 de agosto de 2001 (WT/DS184AB/R, apartado 226), que, para cumplir lo
dispuesto por el artículo 3.5 del Acuerdo antidumping respecto de la no atribución, las autoridades encargadas de realizar
la investigación debían llevar a cabo una evaluación adecuada del perjuicio causado a la industria nacional por los demás
factores conocidos y disociar y distinguir los efectos perjudiciales de las importaciones objeto de dumping y los efectos
perjudiciales de esos otros factores.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede concluir que el artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base
no impone a las instituciones obligación alguna en cuanto a la forma o al orden en que han de llevar a cabo los análisis de
atribución y de no atribución que han de realizar. Sin embargo, este artículo dispone que dichos análisis deberán realizarse
de manera que permitan disociar y distinguir los efectos perjudiciales de las importaciones objeto de dumping de aquellos
causados por otros factores.
En estas circunstancias procede señalar que el litigio que enfrenta a las partes en el caso de autos es de carácter semántico
y no sustancial. En efecto, la manera en que el Consejo describe en sus escritos la metodología aplicada por las instituciones
para llevar a cabo los análisis de atribución y de no atribución carece de importancia, puesto que la metodología aplicada
afectivamente por el Consejo y la Comisión, en el caso de autos, les permitió garantizar que no se imputara a las importaciones
objeto de dumping el perjuicio causado por otros factores. Así, las instituciones examinaron, en primer lugar, el efecto de
las importaciones objeto de dumping en los considerandos 112 a 114 del Reglamento provisional y en los considerandos 85 y
86 del Reglamento impugnado. En segundo lugar, en los considerandos 115 à 136 del Reglamento provisional y en los considerandos
87 a 101 del Reglamento impugnado, analizaron los efectos de los otros factores. En tercer lugar, en los considerandos 137
a 140 del Reglamento provisional y en los considerandos 102 a 104 del Reglamento impugnado, llevaron a cabo una breve síntesis
de los análisis de atribución y de no atribución y sacaron sus propias conclusiones respecto del nexo causal. Si bien es cierto
que los factores del perjuicio distintos de las importaciones objeto de dumping sólo se tuvieron en cuenta en la segunda etapa,
las instituciones no formularon su conclusión definitiva relativa a la atribución del perjuicio hasta la finalización de esta
segunda etapa, de manera que los efectos perjudiciales de las importaciones objeto de dumping pudieron disociarse y distinguirse
de los causados por otros factores.
De ello se desprende que, en el caso de autos, el análisis del nexo causal que figura en los considerandos 111 a 140 del Reglamento
provisional y en los considerandos 83 a 104 del Reglamento impugnado no adolece de error de Derecho, en la medida en que las
instituciones realizaron primero el análisis de atribución y posteriormente el de no atribución.
En segundo lugar, procede determinar si, tal como sostienen las demandantes, los factores del perjuicio distintos de las importaciones
objeto de dumping deben examinarse conjuntamente o si, tal como sostiene el Consejo, deben examinarse individualmente. Al
igual que la anterior cuestión, ésta debe examinarse a la luz de los términos, el objeto y el contexto del artículo 3, apartados
6 y 7, del Reglamento de base.
Primeramente, en lo que respecta al tenor del artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base, según se recogen en el
apartado 30 anterior, procede señalar que esta disposición no precisa si los factores del perjuicio distintos de las importaciones
objeto de dumping deben analizarse conjunta o individualmente.
A continuación, tal como se mencionó en el apartado 31 anterior, la finalidad del artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento
de base es disociar y distinguir los efectos perjudiciales de las importaciones objeto de dumping de los de los otros factores,
de manera que el perjuicio causado por estos otros factores no se atribuya a dichas importaciones. En algunas circunstancias,
para alcanzar este objetivo es preciso realizar un análisis conjunto de los demás factores. Así sucede, en particular, cuando
las instituciones llegan a la conclusión, tras el análisis individual, de que cada uno de estos factores tuvo un efecto negativo
sobre la situación de la industria comunitaria, sin que esta incidencia pueda considerarse significativa. Tal como señalaron
las demandantes en sus escritos, si una decena de factores distintos de las importaciones objeto de dumping causaron conjuntamente
el 99 % del perjuicio pero ninguno de estos factores tuvo un impacto significativo sobre el perjuicio sufrido por la industria
comunitaria, las instituciones seguirán considerando que dichas importaciones causaron el perjuicio material, puesto que ninguno
de los diez factores, considerados separadamente, será considerado causante del perjuicio. Este análisis no puede considerarse
conforme al objetivo del artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base.
Seguidamente, el análisis contextual de esta disposición confirma que, en algunas circunstancias, es preciso realizar un análisis
conjunto de los otros factores. Tal como se ha señalado anteriormente, el artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base,
tiene como finalidad transponer en el Derecho de la Unión al artículo 3.5 del Acuerdo antidumping. Pues bien, en su informe
relativo al asunto «Comunidades Europeas – Accesorios de tuberías», adoptado el 18 de agosto de 2003 (WT/DS219/AB/R, apartados
190 y 192), el Órgano de Apelación de la OMC consideró que si bien el artículo 3.5 del Acuerdo antidumping no impone en todos
los casos la realización de una evaluación de los efectos conjuntos de los demás factores causales, es posible que haya casos
en los que, debido a circunstancias fácticas específicas de los mismos, el hecho de no realizar un examen de la incidencia
conjunta de los demás factores causales tenga como consecuencia que la autoridad encargada de la investigación atribuya erróneamente
a las importaciones objeto de dumping los efectos de otros factores causales. Según el Órgano de Apelación de la OMC, una
autoridad encargada de la investigación no tiene la obligación de examinar las repercusiones conjuntas de los demás factores
causales, siempre que, habida cuenta de las circunstancias fácticas específicas del asunto, cumpla con su obligación de no
imputar a las importaciones objeto de dumping los perjuicios causados por los demás factores causales.
De ello se desprende que procede considerar, tal como sugieren las demandantes, que es posible que en determinadas circunstancias
sea necesario realizar un análisis conjunto de los efectos de los factores del perjuicio distintos de las importaciones objeto
de dumping. Tal es el caso, en particular, cuando las instituciones consideran, para un gran número de factores del perjuicio
distintos de las importaciones objeto de dumping, que pudieron contribuir al perjuicio, pero que, individualmente, su impacto
no puede considerarse significativo.
En consecuencia, procede considerar que la interpretación del artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base propuesta
por el Consejo, no en el Reglamento impugnado, sino exclusivamente en sus escritos, es errónea. Sin embargo, ello no significa
que el Reglamento impugnado adolezca de un error de Derecho que pueda justificar la anulación del Reglamento impugnado. En
efecto, en el Reglamento impugnado, el Consejo se limitó a realizar un análisis individual de los distintos factores del perjuicio
sin mencionar en modo alguno que consideraba innecesario un análisis conjunto de dichos factores. En consecuencia, en el caso
de autos sólo podrá considerarse que el Reglamento impugnado incurre en error de Derecho si se considera igualmente que dicho
análisis conjunto era necesario.
Pues bien, del apartado 45 anterior resulta que procede examinar las alegaciones formuladas por las demandantes respecto del
análisis individual de cada uno de los otros factores conocidos del perjuicio, antes de poder determinar si en el caso de
autos era necesario realizar un análisis conjunto. Por lo tanto, sólo podrá determinarse si el Consejo incurrió en error de
Derecho al limitarse a un análisis individual de los factores del perjuicio tras el examen realizado en los apartados 49 a
215 posteriores, destinado a verificar, por un lado, si el análisis individual de cada uno de los otros factores conocidos
del perjuicio adolece de ilegalidad y, por otro lado, si las circunstancias del caso de autos exigen un análisis conjunto
de los otros factores del perjuicio.
Sin embargo, ya en este instante procede desestimar la primera parte del primer motivo, en la medida en que se basa en un
error de Derecho relativo a la metodología de las instituciones en cuanto al análisis de la relación de causalidad.
2.
Sobre el análisis individual de los factores del perjuicio distintos de las importaciones objeto de dumping (partes segunda
a octava del primer motivo)
Con carácter preliminar, es preciso recordar los principios jurisprudenciales a la luz de los cuales procede examinar las
distintas alegaciones formuladas por las demandantes respecto del análisis individual de los diversos factores del perjuicio
distintos de las importaciones objeto de dumping.
Con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 27 anterior, el Consejo y la Comisión tienen la obligación de examinar
si el perjuicio que pretenden precisar se debe efectivamente a importaciones que hayan sido objeto de dumping y de excluir
cualquier perjuicio que se deba a otros factores.
Además, según reiterada jurisprudencia, la cuestión de si la industria de la Comunidad ha sufrido un perjuicio y si éste es
imputable a las importaciones objeto de dumping así como la de si otros factores conocidos han contribuido al perjuicio sufrido
por la industria comunitaria, exigen la evaluación de situaciones económicas complejas, para la cual las instituciones disponen
de una amplia facultad de apreciación. De ello se desprende que el control del órgano jurisdiccional de la Unión sobre las
apreciaciones de las instituciones debe limitarse a la comprobación del respeto de las normas de procedimiento, de la exactitud
material de los hechos tenidos en cuenta para adoptar la resolución impugnada, de la falta de error manifiesto en la apreciación
de estos hechos o de la falta de desviación de poder (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal Aluminium Silicon
Mill Products/Consejo, citada en el apartado 27
supra,
apartado 71, y de 17 de diciembre de 2008, HEG y Graphite India/Consejo, T‑462/04, Rec. p. II‑3685, apartado 120).
a)      Sobre la segunda parte del primer motivo, relativa a la evolución de la demanda de acero y de los precios en los mercados
comunitario y mundial
Alegaciones de las partes
Las demandantes sostienen que el considerando 85 del Reglamento impugnado incurre en error manifiesto de apreciación y vulnera
el artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base, puesto que, a su juicio, la presión sobre los precios comunitarios
no puede imputarse a las importaciones objeto de dumping, sino que debe atribuirse a la evolución de los precios en el mercado
mundial y a la de la demanda del acero.
En efecto, en primer lugar sostienen que los precios del ferrosilicio evolucionaron del mismo modo en cada uno de los grandes
mercados mundiales y la evolución del precio comunitario refleja, según ellas, la dinámica del mercado mundial. Según las
demandantes, dado que los precios en todos los mercados estaban a la baja, en particular, entre 2005 y el fin del período
de investigación, carece de toda lógica sostener que, de no haberse producido las importaciones objeto de dumping, los precios
en la Comunidad habrían aumentado para cubrir los costes crecientes de la industria comunitaria y generado además un margen
de beneficio razonable.
En segundo lugar, afirman que el bajo nivel de precios del ferrosilicio viene determinado por la evolución de la demanda y
no por las importaciones objeto de dumping. Sostienen que el propio Consejo reconoció, en el Reglamento impugnado, que los
precios del ferrosilicio responden a las fluctuaciones de la demanda. Sin embargo, consideran que éste analizó erróneamente
la evolución de los precios del ferrosilicio en la Comunidad respecto de la evolución de la producción mundial de acero bruto,
siendo así que es la producción de acero de la Comunidad la que, según ellas, determina los precios. Según las demandantes,
la evolución de los precios del ferrosilicio en la Comunidad refleja precisamente la de la demanda del acero y dichos precios
disminuyeron proporcionalmente al estancamiento y al descenso de la demanda en la Comunidad. En consecuencia, las demandantes
opinan que, aunque no se hubiese producido una subcotización por las importaciones objeto de dumping, la industria comunitaria
habría sufrido pérdidas debido al incremento de los costes y al descenso simultáneo de la demanda.
En tercer lugar, las demandantes señalan que, durante el período de investigación, el ferrosilicio se vendió a un precio superior
en la Comunidad que en los otros mercados. Pues bien, a su juicio, en un mercado mundial en el que los precios tienden a equilibrarse,
no puede sostenerse que se han subcotizado o depreciado injustamente los precios del mercado en el que éstos son más elevados.
El Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, rebate las alegaciones de las demandantes.
Apreciación del Tribunal
La segunda parte del primer motivo se refiere, en esencia, a la evaluación por las instituciones del papel de la evolución
mundial de los precios del ferrosilicio y de la demanda del sector siderúrgico, en tanto otros factores conocidos que pudieron
causar el perjuicio sufrido por la industria comunitaria o contribuir al mismo.
A este respecto, procede señalar, por un lado, que el Consejo estimó, en el considerando 85 del Reglamento impugnado, que,
debido a las importaciones objeto de dumping la industria de la Comunidad no logró aumentar sus precios de venta hasta el
nivel necesario para cubrir sus costes totales. Por otro lado, en los considerandos 87 a 90 del Reglamento impugnado, el Consejo
expuso los motivos por los que decidió desestimar la alegación de que el bajo nivel del precio del ferrosilicio se debía a
la dinámica del mercado mundial, el cual evolucionaba en función de la fluctuación de la demanda del sector siderúrgico y
no a las importaciones objeto de dumping. En primer lugar, el Consejo explicó que en las economías de mercado los precios
se fijan por lo general en función de la demanda y la oferta, pero es posible que haya otros factores que hayan contribuido,
tales como la presencia de importaciones objeto de dumping. En segundo lugar, precisó que si bien es cierto que la demanda
mundial de ferrosilicio, en concreto la procedente de la industria del acero, influyó en la fijación del precio en algunos
momentos del período considerado, hubo períodos en los que los precios del ferrosilicio descendieron a pesar de la creciente
demanda. En tercer lugar declaró que, incluso a escala de la Comunidad, los precios del ferrosilicio descendieron en algunos
períodos pese a la creciente demanda de la industria del acero.
Las demandantes rebaten esta conclusión sobre la base de tres alegaciones. Primeramente, sostienen que puesto que los precios
en el mercado mundial habían descendido, en particular entre 2005 y el fin del período de investigación, los precios comunitarios
no habrían podido aumentar aunque no se hubieran producido las importaciones objeto de dumping. A continuación, afirman que
los precios comunitarios del ferrosilicio siguieron la fluctuación de la producción comunitaria de acero y se deterioraron
de manera simultánea al estancamiento o disminución de la demanda de la industria siderúrgica comunitaria. En tercer lugar,
alegan que los precios del mercado comunitario son los más altos del mundo, lo que a su juicio excluye la posibilidad de subcotización
o de depreciación.
Pues bien, ninguna de estas tres alegaciones demuestra que el Consejo haya incurrido en error manifiesto de apreciación e
infringido el artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base.
Así, en primer lugar, en lo que respecta a la alegación basada en la evolución de los precios en el mercado mundial, procede
señalar que la demandantes hacen referencia, en apoyo de esta alegación, a un cuadro reproducido en el escrito de demanda
que muestra, según ellas, que los precios del ferrosilicio evolucionan del mismo modo en todos los mercados relevantes del
mundo y que la evolución de los precios comunitarios se limita a reflejar la dinámica del mercado mundial. Si bien es cierto
que este cuadro muestra que el precio comunitario del ferrosilicio evoluciona globalmente del mismo modo que el precio de
los Estados Unidos y de Japón, dicho cuadro no confirma en modo alguno que los precios del mercado mundial descendiesen durante
todo el período considerado, a saber, entre el 1 de enero de 2003 y el 30 de septiembre de 2006, o, al menos, entre enero
de 2005 y el final de período de investigación, esto es, el 30 de septiembre de 2006. Al contrario, de dicho cuadro se desprende
que los precios se incrementaron entre 2003 y 2004 y durante el período de investigación. Los datos relativos a los precios
medios de la Comunidad que figuran en el considerandos 96 del Reglamento provisional, datos que no fueron rebatidos por las
demandantes, confirman estas tendencias. En consecuencia, las demandantes no pueden afirmar que, debido al descenso generalizado
de los precios del ferrosilicio, no era razonable sostener que, de no haberse producido las importaciones objeto de dumping,
los precios comunitarios habrían aumentado a un nivel que permitiese a la industria comunitaria cubrir los costes crecientes
y obtener un margen de beneficio razonable.
En segundo lugar, en lo que respecta a la alegación basada en las fluctuaciones de la demanda del sector siderúrgico y en
el análisis de los precios del ferrosilicio en la Comunidad respecto de la producción mundial de acero bruto, procede señalar
que las demandantes no aceptan el gráfico aportado por las instituciones en el documento de información final, que ilustra
la evolución de los precios del ferrosilicio en la Comunidad a la luz de la evolución de la producción mundial de acero en
bruto y remiten, en apoyo de su alegación, a un gráfico que se reproduce en un anexo del escrito de demanda, que ilustra la
evolución de los precios comunitarios del ferrosilicio respecto de la evolución de la producción comunitaria del acero. Pues
bien, a diferencia de lo que sostienen las demandantes, dicho gráfico no permite demostrar que los precios comunitarios del
ferrosilicio reflejaran la fluctuación de la producción comunitaria del acero ni que se deterioraran de manera simultánea
al estancamiento o disminución de la demanda de la industria siderúrgica comunitaria.
Así, primeramente, es preciso señalar, como hizo el Consejo, que dicho gráfico muestra que los precios comunitarios no siempre
reflejaron la fluctuación de la producción comunitaria del acero. Por ejemplo, el gráfico indica que, en 2004, en un momento
en que la producción comunitaria del acero aumentó, los precios continuaron su descenso. Igualmente, en 2006, según el gráfico,
la producción de acero disminuyó mientras que los precios aumentaron. Estos ejemplos confirman que el gráfico aportado por
las demandantes no basta para corroborar su alegación según la cual el descenso de la demanda causó la disminución de los
precios.
A continuación, procede señalar que el gráfico no muestra una deterioración de la demanda durante todo el período considerado.
Así, describe un incremento de la producción del acero, desde el tercer trimestre de 2003 hasta el segundo trimestre de 2004,
desde el cuarto trimestre de 2004 hasta el segundo trimestre de 2005 y durante los tres primeros trimestres del período de
investigación, que abarca desde el 1 de octubre de 2005 hasta el 30 de septiembre de 2006. El gráfico muestra igualmente que
en la Comunidad los precios del ferrosilicio aumentaron desde el tercer trimestre de 2003 hasta el segundo trimestre de 2004
y durante todo el período de investigación. Habida cuenta de estas evoluciones positivas, no basta con afirmar que los precios
comunitarios se deterioraron de manera simultanea al estancamiento o disminución de la demanda de la industria siderúrgica
comunitaria para probar que el Consejo incurrió en error manifiesto de apreciación al sostener que, debido a las importaciones
objeto de dumping, la industria comunitaria no pudo aumentar sus precios de venta hasta el nivel necesario para cubrir sus
costes. Las demandantes deberían haber demostrado que el incremento de la producción del acero durante los períodos citados
anteriormente había sido demasiado bajo para dar lugar a un incremento del precio que permitiese a los productores comunitarios
de ferrosilicio repercutir el incremento de los costes de producción a los consumidores, lo que no hicieron.
En tercer lugar, en lo que respecta a la alegación relativa a los precios en la Comunidad, cuyo nivel, según las demandantes,
es tal que no puede sostenerse que fueron subcotizados o reducidos injustamente, procede recordar que la subcotización y la
disminución de precios son conceptos jurídicos a los que se hace referencia en el artículo 3, apartado 3, del Reglamento de
base (actualmente artículo 3, apartado 3, del Reglamento nº 1225/2009). Esquemáticamente, en el marco de la determinación
de la subcotización en el sentido de esta disposición, las instituciones llevan a cabo una comparación de los precios comunitarios
con los precios ajustados de las importaciones, de manera que se obtiene un margen de subcotización que se expresa en forma
de porcentaje. Asimismo, cuando se constata que los precios comunitarios han disminuido o que no han aumentado de manera suficiente,
las instituciones llevan a cabo, siempre de manera esquemática, una comparación de los precios de importación respecto de
un precio objetivo comunitario, es decir, el precio que se habría alcanzado de no haberse producido las importaciones objeto
de dumping, de manera que se obtiene un margen de eliminación del perjuicio que también se expresa en forma de porcentaje.
En el caso de autos, de los considerandos 87 a 89 y 112 del Reglamento provisional resulta que las instituciones determinaron
la subcotización de los precios con arreglo al artículo 3, apartado 3, del Reglamento de base. Así, en el considerando 89
del Reglamento provisional, la Comisión afirmó que había calculado unos márgenes de subcotización comprendidos entre el 4
y el 11 % según los productores exportadores, a excepción de tres productores exportadores para los cuales no se comprobó
que hubiera subcotización. Pues bien, las demandantes no exponen ningún argumento que ponga en entredicho el cálculo de los
márgenes de subcotización realizado por las instituciones. La mera constatación de que los precios comunitarios son los más
altos del mundo no desvirtúa dicho cálculo.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede concluir que ninguna de las alegaciones formuladas por las demandantes
demuestra que el Consejo haya incurrido en error manifiesto de apreciación al afirmar que la industria comunitaria no pudo
aumentar sus precios de venta al nivel necesario para cubrir sus costes totales debido a las importaciones objeto de dumping,
y no a la dinámica del mercado mundial y a la fluctuación de la demanda del sector siderúrgico.
En consecuencia, procede desestimar por infundada la segunda parte del primer motivo.
b)      Sobre la tercera parte del primer motivo, relativa a los efectos del perjuicio que, según las demandantes, la industria comunitaria
se infligió a sí misma
Sobre la primera imputación, relativa a los cambios de producción llevados a cabo por algunos productores comunitarios
–       Alegaciones de las partes
Las demandantes afirman que el Consejo no tuvo en cuenta adecuadamente el impacto sobre el perjuicio sufrido por la industria
comunitaria de los cambios voluntarios de producción llevados a cabo por Huta Laziska S.A., OFZ a.s. y Vargön Alloys AB, en
2004, año calificado de «excepcionalmente próspero» en el Reglamento impugnado.
En primer lugar, sostienen que las instituciones incurrieron en un error craso de hecho que repercutió considerablemente sobre
el análisis de la relación de causalidad, en la medida en que, siendo así que del considerando 135 del Reglamento provisional
resultaba que, en 2004, dos productores comunitarios de ferrosilicio cambiaron su producción a la producción de aleaciones
de manganeso, del considerando 93 de ese mismo Reglamento se desprendía que esta reducción de la producción de ferrosilicio
no se tuvo en cuenta hasta el año 2005. Pues bien, según las demandantes, la decisión de reducir la producción de ferrosilicio,
en un momento en el que las condiciones del mercado eran favorables, llevó a un incremento de los costes de producción unitaria
de ferrosilicio, a una disminución de la producción y de las ventas así como a una mayor escasez en el mercado. Por otro lado,
afirman que la falta de toma en consideración de los cambios de producción respecto del año 2004 generó una imagen engañosa
de la evolución de la capacidad de producción, la producción y la rentabilidad de la industria comunitaria.
En segundo lugar, sostienen que las instituciones incurrieron en error manifiesto de apreciación al afirmar que los cambios
de producción eran una reacción a las importaciones objeto de dumping. En efecto afirman, por un lado, que el 2004 fue un
año excepcional en el que la rentabilidad de la industria comunitaria aumentó al nivel más alto del período considerado y,
según las demandantes, el nivel de rendimiento de la inversión alcanzó cerca del 20 %, y, por otro lado, que Huta Laziska
decidió cambiar su producción al silicomanganeso, un producto que exige un menor consumo energético y que tiene una mejor
rentabilidad. En consecuencia, según las demandantes, el perjuicio sufrido por la industria comunitaria en 2005 y durante
el período de investigación se explica por estos cambios voluntarios de la producción que dieron lugar a un incremento de
los costes de producción, el cual provocó una disminución adicional de la producción.
El Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, rebate las alegaciones de las demandantes.
–       Apreciación del Tribunal
La presente imputación se refiere, en esencia, al modo en que las instituciones analizaron el impacto para la industria comunitaria
del cambio de destino de los hornos antiguamente dedicados a la fabricación del ferrosilicio para destinarlos a la producción
de silicomanganeso que algunos productores comunitarios llevaron a cabo en 2004.
A este respecto, procede señalar que la Comisión analizó el impacto de este cambio de producción en los considerandos 135
y 136 del Reglamento provisional. En dichos considerandos afirmó que, a pesar de los costes provocados por un cambio de la
producción, una parte de la producción fue objeto de tal cambio en 2004, momento en el que escaseaban en el mercado comunitario
las aleaciones de manganeso mientras que la oferta de ferrosilicio era suficiente. Concluyó que la decisión que tomaron algunos
productores de la industria de la Comunidad de reducir la producción no se adoptó de forma voluntaria sino que se debió a
las importaciones objeto de dumping que impidieron que la industria de la Comunidad pudiera lograr ventas rentables con el
ferrosilicio. Además, en el considerando 93 del Reglamento provisional, ajustó, a partir del año 2005, los datos relativos
a las capacidades de producción que figuraban en el cuadro relativo a las capacidades de producción y a la utilización de
la capacidad para tener en cuenta el cambio de destino de los hornos.
Las demandantes impugnan tanto el considerando 93 como los considerandos 135 y 136 del Reglamento provisional.
En primer lugar, en lo que respecta a la alegación de las demandantes basada en el error de hecho de que, a su juicio, adolecía
el considerando 93 del Reglamento provisional, el Consejo explicó, en respuesta a una pregunta escrita planteada mediante
una diligencia de ordenación del procedimiento, que el cambio de la producción se había producido a principios de diciembre
de 2004. En la vista reconoció igualmente que las capacidades objeto de este cambio no pudieron ser utilizadas para la producción
de ferrosilicio durante el mes de diciembre de 2004. En consecuencia, procede declarar que las cifras relativas a las capacidades
de producción deberían haber sido ajustadas a partir de 2004 y no a partir de 2005. De ello se desprende que el considerando
93 del Reglamento provisional adolece de inexactitud material.
No obstante, el Tribunal no comparte la postura de las demandantes en lo que respecta a las consecuencias que han de extraerse
de esta inexactitud. En efecto, por un lado, procede señalar, como hizo el Consejo en la vista, que, habida cuenta del hecho
de que las capacidades de producción sólo disminuyeron en el mes de diciembre de 2004, el ajuste global de dichas capacidades
para el conjunto del año 2004, habría supuesto un volumen mínimo, equivalente a una doceava parte del ajuste realizado para
el año 2005. Por un lado, suponiendo que el ajuste de las capacidades de producción se hubiese realizado igualmente para el
año 2004, la situación económica del mercado comunitario del ferrosilicio para el 2004 habría sido la siguiente: un aumento
de la demanda, un incremento del volumen de las importaciones objeto de dumping, una disminución de la producción, una pequeña
disminución de las capacidades de producción, una disminución de las ventas y de las cuotas de mercado de la industria comunitaria
y un aumento de sus precios, de su margen de beneficio y del rendimiento de sus inversiones. En otros términos, a excepción
de las capacidades de producción, de la producción, de las ventas y de las cuotas de mercado, todos los indicadores económicos
mostraron una evolución favorable. Ciertamente, en tales circunstancias, es posible que la decisión de algunos productores
comunitarios de cambiar su producción sea el resultado de una elección comercial con el fin de lograr una mayor rentabilidad
en el mercado del silicomanganeso y no la consecuencia de la presencia de importaciones objeto de dumping en el mercado del
ferrosilicio, lo que habría hecho peligrar la rentabilidad de la industria comunitaria. Sin embargo, también es posible que
la decisión de algunos productores comunitarios de cambiar su producción se basase, no sólo en las perspectivas de una mejor
rentabilidad en el mercado del silicomanganeso, sino también en la presencia de importaciones a bajo precio cuyo volumen había
aumentado considerablemente en 2004 y que hacían menos atractivas las perspectivas de rentabilidad en el mercado del ferrosilicio
que en el mercado del silicomanganeso.
En consecuencia, el error de hecho de que adolece el considerando 93 del Reglamento provisional no pudo distorsionar el análisis
de la relación de causalidad.
En segundo lugar, en lo que respecta a la alegación de las demandantes basada en el error manifiesto de apreciación en que,
según ellas, incurrieron las instituciones al afirmar, en el considerando 136 del Reglamento provisional que los cambios de
producción eran una reacción a las importaciones objeto de dumping, ha quedado demostrado, en el apartado 76 anterior, que
si bien es posible que los cambios de producción fuesen el resultado de una decisión comercial destinada a lograr una mayor
rentabilidad en el mercado del silicomanganeso, y no la consecuencia de la presencia de importaciones objeto de dumping en
el mercado del ferrosilicio, lo que habría hecho peligrar la rentabilidad de la industria comunitaria, también es posible
que las decisiones de cambiar la producción hubiesen sido motivadas no sólo por las perspectivas de una mejor rentabilidad
en el mercado del silicomanganeso, sino también por la presencia de importaciones a bajo precio en el mercado del ferrosilicio.
En consecuencia, procede declarar que ninguna de las alegaciones formuladas por las demandantes demuestra que las instituciones
hayan incurrido en error manifiesto de apreciación.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede desestimar la presente imputación por carecer de fundamento.
Sobre la segunda imputación, relativa a las interrupciones de la producción de algunos productores comunitarios
–       Alegaciones de las partes
Las demandantes sostienen que el Consejo no tuvo en cuenta los efectos sobre el perjuicio sufrido por la industria comunitaria
de las interrupciones voluntarias de producción llevadas a cabo por algunos productores comunitarios y que los atribuyó, erróneamente,
a las importaciones controvertidas.
En primer lugar, sostienen que el Consejo incurrió en error manifiesto de apreciación al negarse a tener en cuenta, en el
considerando 101 del Reglamento impugnado, los efectos de las interrupciones de la producción de Huta Laziska, por considerar
que la apreciación de la existencia de un nexo causal debía realizarse a escala de la industria comunitaria en su conjunto,
y ello a pesar de que dicho factor había repercutido sobre el rendimiento de la industria comunitaria en su conjunto. A este
respecto, las demandantes señalan, primeramente, que Huta Laziska cesó su producción en varias ocasiones durante el período
considerado debido las dificultades a las que tuvo que hacer frente en la relación con su suministrador de energía, a continuación,
que ésta se vio obligada a cambiar su producción a otros productos, como el silicomanganeso, que consumían menos energía y
resultaban mas rentables, y seguidamente que, en el marco del Reglamento (CE) nº 1420/2007 del Consejo, de 4 de diciembre
de 2007, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de silicomanganeso originarias
de la República Popular China y de Kazajstán y se da por concluido el procedimiento sobre las importaciones de silicomanganeso
originarias de Ucrania (DO L 317, p. 5), las instituciones analizaron la evolución de la situación de Huta Laziska separadamente.
En segundo lugar, según las demandantes, las instituciones incurrieron en error manifiesto de apreciación al no tomar en consideración
los efectos de las interrupciones de producción, por un lado, de FerroAtlántica SL, durante períodos de alto consumo energético
en los cuales dicho productor maximizó sus beneficios vendiendo energía, y, por otro lado, de Vargön Alloys, que puso fin
a su producción de ferrosilicio durante el período de investigación. En lo que respecta a FerroAtlántica, las demandantes
señalan en la réplica, que el Consejo afirmó por primera vez en el escrito de contestación a la demanda que el cese de la
producción de ferrosilicio durante las horas punta de consumo de electricidad siempre había figurado en el modelo comercial
de la sociedad. Además, consideran que esta afirmación se contradice en el considerando 81 del Reglamento impugnado, en el
que el Consejo afirmó que las reducciones de producción a raíz de los cortes de electricidad no se producían de forma habitual.
El Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, rebate las alegaciones de las demandantes.
–       Apreciación del Tribunal
La presente imputación se refiere al modo en que las instituciones analizaron el impacto para la industria comunitaria de
las interrupciones de producción de tres productores comunitarios, Huta Laziska, FerroAtlántica y Vargön Alloys.
En esencia, las demandantes reprochan al Consejo, por un lado, no haber analizado correctamente, en el considerando 101 del
Reglamento impugnado, los efectos de las interrupciones de producción de Huta Laziska y, por otro lado, no haber tomado en
consideración las de FerroAtlántica y Vargön Alloys.
En primer lugar, en lo que respecta al error manifiesto de apreciación en el que supuestamente incurrió el Consejo al analizar
la situación de Huta Laziska, procede recordar que, en el considerando 101 del Reglamento impugnado, éste afirmó que la causa
del perjuicio sufrido debía analizarse a escala de la industria comunitaria en su conjunto y que, incluso si los datos relativos
a este productor pudieran excluirse de la evaluación del perjuicio, las tendencias observadas en el resto de la industria
de la Comunidad seguirían siendo muy negativas y mostrando un perjuicio importante.
A este respecto, en primer lugar, procede señalar, al igual que hacen las demandantes, que el análisis de la existencia de
una relación de causalidad no debe realizarse necesariamente a la escala de la industria comunitaria en su conjunto, lo que
implicaría que no podría tomarse en consideración ningún perjuicio causado a un único productor comunitario por un factor
distinto de las importaciones objeto de dumping. En efecto, ya se ha señalado en el apartado 30 anterior que, en el marco
del análisis de no atribución a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base, las instituciones
deben, por un lado, examinar todos los demás factores conocidos que causen un perjuicio a la industria comunitaria al mismo
tiempo que las importaciones objeto de dumping, y, por otro lado, evitar que el perjuicio causado por estos otros factores
se impute a dichas importaciones. El artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base no precisa que este examen sólo deba tener
en cuenta el perjuicio causado por otros factores a la industria comunitaria en su conjunto. Habida cuenta del objetivo de
esta disposición que, como se ha mencionado en el apartado 31 anterior, es lograr que las instituciones disocien y distingan
los efectos perjudiciales de las importaciones objeto de dumping de los de otros factores, es posible que, en algunas circunstancias,
un perjuicio causado individualmente a un productor comunitario por un factor distinto de las importaciones objeto de dumping
deba tomarse en consideración siempre que éste haya contribuido al perjuicio observado para la industria comunitaria en su
conjunto.
A continuación, es cierto que, en el considerando 101 del Reglamento impugnado, el Consejo afirmó, sin grandes matices, que
la causa del perjuicio debía analizarse a escala de la industria comunitaria en su conjunto, lo que puede hacer pensar que
un factor de perjuicio que afecte individualmente a un productor comunitario jamás podrá tomarse en consideración. Sin embargo,
en contra de lo que sostienen las demandantes, el perjuicio que la interrupción de la producción pudo causar a Huta Laziska
se tuvo debidamente en cuenta. Así, tal como se ha puesto de manifiesto en el apartado 87 anterior, el Consejo explicó en
el Reglamento impugnado que, incluso si los datos relativos a este productor se excluyesen de la evaluación del perjuicio,
las tendencias observadas en la industria de la Comunidad seguirían mostrando un perjuicio. Pues bien, las demandantes no
pretenden demostrar que esta última consideración adolezca de un error manifiesto de apreciación. Se limitan a afirmar que
las dificultades a las que tuvo que hacer frente Huta Laziska con su suministrador de electricidad fueron la causa de las
interrupciones de producción, lo que el Consejo accedió a tener en cuenta en el considerando 101 del Reglamento impugnado.
Por último, en lo que respecta al Reglamento nº 1420/2007, tal como se ha recordado en los apartados 50 y 51 anteriores, corresponde
a las instituciones, en el marco de su facultad de apreciación, examinar si la industria comunitaria sufrió un perjuicio y
si éste es imputable a las importaciones objeto de dumping, o si otros factores conocidos contribuyeron a causar el perjuicio.
Esta facultad de apreciación debe ejercerse en cada caso en función de todos los hechos concurrentes (véase, en este sentido,
la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de marzo de 1990, Gestetner Holdings/Consejo y Comisión, C‑156/87, Rec. p. I‑781,
apartado 43). En todo caso, en contra de lo que sostienen las demandantes, el trato dado a la situación de Huta Laziska en
el Reglamento impugnado, no difiere de manera significativa del trato que se le dio en el Reglamento nº 1420/2007. Al igual
que en el Reglamento impugnado, en el Reglamento nº 1420/2007, no existe una subdivisión dedicada a Huta Laziska. Además,
en dicho Reglamento, al igual que en el Reglamento impugnado, la situación de Huta Laziska se analiza en el marco de la subdivisión
dedicada al impacto de la evolución de los costes de producción sobre el perjuicio. Tan sólo puede identificarse una diferencia
entre el Reglamento nº 1420/2007 y el Reglamento impugnado. Mientras que en el Reglamento impugnado el Consejo admitió, hipotéticamente
y sólo para excluir cualquier impacto sobre la evaluación del perjuicio sufrido por la industria comunitaria en su conjunto,
que el perjuicio de Huta Laziska pudo resultar de la disputa que la enfrentaba a su proveedor de electricidad, en el Reglamento
nº 1420/2007, admitió que esta disputa y el incremento de los costes de la electricidad pudieron repercutir sobre el rendimiento
de Huta Laziska, pero que, en su conjunto, la evolución de los costes de producción no contribuyó al perjuicio sufrido por
la industria comunitaria.
De ello se desprende que ninguna de las alegaciones formuladas por las demandantes demuestran que el considerando 101 del
Reglamento impugnado adolezca de error manifiesto de apreciación.
En segundo lugar, en lo que respecta al error manifiesto de apreciación que supuestamente se cometió en el trato dado a las
interrupciones de la producción de FerroAtlántica y Vargön Alloys, procede señalar, primeramente, en lo que atañe a FerroAtlántica,
que las demandantes precisaron en la vista que consideraban que las interrupciones de la producción de dicha sociedad fueron
la causa de un perjuicio «auto infligido», en la medida en que el aumento del precio de la electricidad llevó a FerroAtlántica
a dar preferencia a las ventas de energía respecto de las de ferrosilicio. Pues bien, es preciso señalar que el único documento
en el que se basan las demandantes para alegar este supuesto error manifiesto de apreciación de las instituciones, es un escrito
dirigido por FerroAtlántica a Euroalliages de fecha 26 de febrero de 2007. En este escrito, FerroAtlántica explicó que, debido
a su sistema de tarifas, la producción de ferrosilicio había sido interrumpida durante las horas punta de consumo de electricidad
y que la electricidad que ella producía durante esas horas, se revendía. Este escrito no prueba en modo alguno que FerroAtlántica
interrumpa su producción cuando los precios de la electricidad aumenten. En consecuencia, las demandantes no han aportado
ningún elemento que permita demostrar que la disminución de la producción de FerroAtlántica durante las horas punta de consumo
de electricidad haya contribuido al perjuicio sufrido por la industria comunitaria en su conjunto y que el Consejo hubiese
debido tomarla en consideración.
A continuación, en lo que respecta a Vargön Alloys, las demandantes se limitan a afirmar que esta sociedad cesó la producción
en el período de investigación. Si bien afirman, en un documento anexo al escrito de demanda, que esta interrupción es la
consecuencia del nivel de los precios de la electricidad, no aportan ninguna prueba en apoyo de esta afirmación. Por tanto,
no demuestran en modo alguno que esta sociedad haya contribuido a su propio perjuicio y que no haya interrumpido su producción
en reacción a las importaciones objeto de dumping. En consecuencia, no puede afirmarse que el Consejo incurrió en error manifiesto
de apreciación al no dedicar un análisis específico a la situación de Vargön Alloys.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede desestimar la presente imputación de la tercera parte del primer
motivo por infundada.
Sobre la tercera imputación, relativa a la utilización de la capacidad de producción nominal teórica
–       Alegaciones de las partes
Las demandantes sostienen que al negarse a utilizar la capacidad de producción real en lugar de la capacidad de producción
nominal teórica el Consejo incurrió en errores manifiestos de apreciación e infringió el artículo 3, apartado 7, del Reglamento
de base y vulneró su Derecho de defensa.
En primer lugar, aducen que el Consejo incurrió en error manifiesto de apreciación puesto que, primeramente, hizo caso omiso
de elementos tales como los cambios de producción y las interrupciones del suministro de electricidad, que tuvieron un impacto
significativo sobre importantes factores del perjuicio, como son, a su juicio, la capacidad de producción y la utilización
de la capacidad de producción.
A continuación, las demandantes sostienen que es erróneo afirmar, como hace el Consejo, que, incluso si se hubiese utilizado
la capacidad de producción real, las tendencias observadas en lo que respecta a la evolución de las capacidades de producción
y a la utilización de las capacidades, así como las conclusiones relativas a la existencia de un perjuicio, seguirían siendo
las mismas. En efecto, alegan que, suponiendo que las tendencias observadas respecto de las capacidades de producción y de
la utilización de las capacidades hubiesen permanecido iguales, el hecho de que, por ejemplo, la utilización de las capacidades
pasase del 50 al 95 % resultaría significativo, puesto que, según ellas, un incremento tal significaría que la industria comunitaria
no podría satisfacer la demanda.
Seguidamente, según las demandantes, la afirmación del Consejo de que puede utilizarse la capacidad de utilización nominal
teórica, porque el cese o la reducción de la producción no se produjeron de manera habitual, procede, a su juicio, de un error
de hecho craso y de un error manifiesto de apreciación. Las demandantes señalan, por un lado, que los paros y las reducciones
de producción se produjeron de manera habitual y deberían haber sido tomados en consideración. Según ellas, tal es el caso
de los paros de producción de FerroAtlántica, durante las horas punta de consumo de electricidad, que son inherentes a su
modelo comercial y que, en consecuencia, se producían de manera habitual. Asimismo, aducen que los hornos de ferrosilicio
son objeto de un mantenimiento anual, durante el cual no pueden ser utilizados. Por otro lado, las demandantes sostienen que
el hecho de calcular la capacidad de producción teniendo únicamente en cuenta los sucesos que ocurren habitualmente constituye
un error manifiesto de apreciación. Así, afirman que cuando se redujo su suministro de electricidad, Huta Laziska sufrió varias
reducciones considerables de capacidad que le impidieron producir ferrosilicio, independientemente de las condiciones del
mercado.
En segundo lugar, según las demandantes, basar el análisis de la relación de causalidad sobre la capacidad de utilización
nominal teórica y no sobre la capacidad de utilización real, es una clara vulneración de la regla de la no atribución establecida
en el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base, en la medida en que ello llevaría a disimular la verdadera causa de
los cambios que afectan a las cifras relativas a la producción.
En tercer lugar, las demandantes sostienen que el Reglamento impugnado vulnera su derecho de defensa puesto que no se ha demostrado
la afirmación según la cual incluso si se hubiese tomado en consideración la capacidad de utilización real, las tendencias
seguirían siendo las mismas.
El Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, rebate las alegaciones de las demandantes.
–       Apreciación del Tribunal
En el marco de la presente imputación, las demandantes sostienen, en esencia, que, al hacer uso de la capacidad de producción
nominal teórica y no de la capacidad de producción real, las instituciones, primero, incurrieron en errores manifiestos de
apreciación y en un error de hecho, segundo, infringieron el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base, y, tercero, vulneraron
su derecho de defensa.
En primer lugar, en lo que respecta a los errores manifiestos de apreciación y al error de hecho en que supuestamente incurrieron
las instituciones, procede recordar que en los considerandos 92 y 93 del Reglamento provisional la Comisión explicó que estableció
la capacidad de producción sobre la base de la capacidad nominal teórica de las unidades de producción de la industria de
la Comunidad, ajustándola no obstante para tener en cuenta el hecho de que dos productores de la Comunidad cambiaron parte
de su producción de ferrosilicio a otras ferroaleaciones durante el período considerado. Además, en el considerando 81 del
Reglamento impugnado, el Consejo respondió a las críticas de que había sido objeto la metodología aplicada en el considerando
93 del Reglamento provisional y, más concretamente, a las sugerencias hechas por algunas partes interesadas en el marco del
procedimiento administrativo, de que se utilizara una cifra que reflejase los paros de producción debidos a los cortes de
electricidad y al mantenimiento. A este respecto remitió a la investigación que, según el Consejo, había mostrado que las
interrupciones de la producción debidas a labores de mantenimiento o cortes de electricidad fueron temporales y no se produjeron
de forma regular en el período considerado. Explicó igualmente que, aun si debiera ajustarse la capacidad de producción, las
tendencias de la capacidad de producción y de la utilización de la capacidad, así como las conclusiones alcanzadas en lo relativo
al perjuicio importante no variarían.
Las demandantes estiman que estas consideraciones adolecen de error manifiesto de apreciación, en particular, porque no tienen
en cuenta las interrupciones ni los cambios de producción. Es preciso señalar que la alegación de las demandantes no es suficientemente
precisa, puesto que éstas no especifican a qué interrupciones o cambios de producción se refieren. No obstante, suponiendo
que se refieran a los hechos a los que se hace referencia en el examen de las dos imputaciones anteriores, es decir, el cambio
y la interrupción de producción de Huta Laziska y las interrupciones de producción de FerroAtlántica y Vargön Alloys, ha de
observarse, en primer lugar, que las demandantes no niegan que la decisión adoptada por Huta Laziska en 2004 de cambiar su
producción de ferrosilicio a la producción de silicomanganeso se tuvo en cuenta en el cuadro de la capacidad de producción
y de utilización de la capacidad que figura en el considerando 93 del Reglamento provisional, mediante un ajuste de dicha
capacidad para el año 2005 y el período de investigación.
A continuación, en lo que respecta a las interrupciones de la producción de Huta Laziska, que tuvieron lugar en 2005 y en
2006 debido a un conflicto con su proveedor de electricidad, y de Vargön Alloys, que tuvieron lugar en 2006 debido, según
las demandantes, al incremento del coste de la electricidad, el trato dado a las mismas por las instituciones no sólo es de
sentido común, sino que además, tampoco adolece de error manifiesto de apreciación. En efecto, del considerando 81 del Reglamento
impugnado resulta que las instituciones decidieron no ajustar las cifras relativas a la capacidad de producción porque dichas
interrupciones eran de carácter temporal. El enfoque de las instituciones es correcto toda vez que, por un lado, en contra
de lo que sostienen las demandantes, de los autos se desprende que dichas interrupciones fueron realmente temporales. Por
otro lado, si las cifras relativas a la capacidad de producción hubiesen de reflejar los paros temporales de las instalaciones
como aquellos a los que se hace referencia en el caso de autos se desviarían de su función, que es aportar indicaciones sobre
la capacidad de producción de la industria comunitaria y no señalar las variaciones de la producción que se reflejan en las
cifras relativas a la producción. No obstante, para que el enfoque de las instituciones no incurra en error manifiesto de
apreciación, tales paros temporales de las instalaciones han de tomarse en consideración en el marco del análisis de no atribución
a que se refiere el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base.
Pues bien, en el caso de autos las instituciones afirmaron, en el considerando 81 del Reglamento impugnado que, aun si debiera
ajustarse la capacidad de producción, las conclusiones alcanzadas en lo relativo al perjuicio importante sufrido por la industria
de la Comunidad no variarían. Si bien las demandantes sostienen que esta afirmación es errónea, no aportan ninguna prueba
al respecto. Se limitan a afirmar que, incluso en el supuesto de que las tendencias observadas en lo que respecta a la capacidad
de producción y a la utilización de la capacidad permaneciesen iguales, el hecho de que, por ejemplo, la utilización de la
capacidad pasase del 50 al 95 % resultaría importante, puesto que un incremento tal significaría que la industria comunitaria
no podría satisfacer la demanda. Además del hecho de que el caso expuesto por las demandantes es meramente teórico, el hecho
de que la industria comunitaria no pueda satisfacer la demanda en una situación como la del caso de autos, en la que varios
indicadores económicos reflejan un perjuicio sufrido por la industria comunitaria, no aporta indicación alguna en cuanto al
origen de dicho perjuicio y, en consecuencia, no demuestra por sí sólo que dicho perjuicio no hubiese sido causado por las
importaciones objeto de dumping.
Por último, en lo que respecta a las interrupciones de producción de FerroAtlántica, ya se ha demostrado, en el apartado 92
anterior, que las demandantes no habían aportado ningún elemento que demostrase que dichas disminuciones de la producción,
que se producían habitualmente, hubiesen contribuido al perjuicio sufrido por la industria comunitaria en su conjunto. Si
bien, como afirman las demandantes, es posible que un ajuste de la capacidad de producción para tener en cuenta dichas interrupciones
hubiese podido modificar el porcentaje de utilización de la capacidad de la industria comunitaria, lo que habría puesto de
manifiesto que era menos probable que ésta lograra satisfacer la demanda, ya se ha señalado en el apartado 106 anterior que,
cuando varios indicadores económicos reflejan un perjuicio sufrido por la industria comunitaria, este hecho no demuestra por
sí sólo que el perjuicio no hubiese sido causado por las importaciones objeto de dumping.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones procede concluir que ninguna de las alegaciones formuladas por las demandantes
demuestra que se hubiesen producido errores manifiestos de apreciación en lo que atañe a la utilización de la capacidad nominal
teórica.
En segundo lugar, en lo que respecta a la infracción del artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base, no puede afirmarse,
como hacen las demandantes, que basar el análisis de la relación de causalidad en la capacidad de utilización nominal teórica
y no en la capacidad de utilización real vulnere necesariamente la regla de la no atribución. En efecto, procede señalar que,
si bien no cabe duda alguna de que un cambio de destino de los factores de producción a otro mercado, como ocurrió en el caso
de autos, debe dar lugar a un ajuste de los datos relativos a la capacidad de producción, ya se ha señalado en el apartado
105 anterior que dichos datos no debían reflejar todos los paros temporales de las instalaciones de producción, puesto que
dicho paros aparecían en las cifras relativas a la producción. Sin embargo, en tales circunstancias, las instituciones deben
garantizar el cumplimiento de las obligaciones enunciadas en el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base y llevar a
cabo en buena y debida forma un análisis de no atribución, que debe disociar y distinguir el perjuicio causado, en su caso,
por dichos paros temporales de producción, del causado por las importaciones objeto de dumping.
En tercer lugar, en lo que respecta a la vulneración del derecho de defensa de las demandantes, procede recordar que de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que las exigencias derivadas del respeto del derecho de defensa se imponen
no sólo en el marco de procedimientos que pueden llevar a sanciones, sino también en los de los procesos de investigación
anteriores a la promulgación de Reglamentos antidumping, que pueden afectar a las empresas interesadas de manera directa e
individual y suponer para ellas consecuencias desfavorables (sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de junio de 1991, Al‑Jubail
Fertilizer/Consejo, C‑49/88, Rec. p. I‑3187, apartado 15). En particular, debe haberse dado a las empresas, en el curso del
procedimiento administrativo previo, la posibilidad de manifestar de forma apropiada su punto de vista sobre la realidad y
la pertinencia de los hechos y circunstancias alegados y sobre los elementos de prueba admitidos por la Comisión en apoyo
de su alegación de la existencia de una práctica de dumping y del perjuicio que de ello se derivaría (sentencia Al‑Jubail
Fertilizer/Consejo, antes citada, apartado 17).
A este respecto, es preciso señalar, al igual que hizo el Consejo, que el apartado 80 del documento de información final era
idéntico, en esencia, al considerando 81 del Reglamento impugnado, en virtud del cual aun en el supuesto de que se hubiera
ajustado la capacidad de producción las tendencias no habrían variado. Pues bien, en sus observaciones sobre el documento
de información final, las demandantes no solicitaron que se les comunicaran los datos que apoyasen dicha afirmación. En consecuencia,
no pueden sostener que se ha vulnerado su derecho de defensa.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede desestimar la presente imputación por carecer de fundamento.
Sobre la cuarta imputación, relativa a las inversiones realizadas por la industria comunitaria en 2005 y durante el período
de investigación
–       Alegaciones de las partes
Las demandantes sostienen que el Consejo infringió la regla de la no atribución, tal y como la recoge el artículo 3, apartado
7, del Reglamento de base, en la medida en que no tuvo en cuenta, en el Reglamento impugnado, los efectos considerables de
las inversiones realizadas por la industria comunitaria en 2005 y durante el período de investigación, que representaron,
durante el período de investigación, más de un tercio de las pérdidas totales de la industria comunitaria. A este respecto,
las demandantes destacan que en el considerando 99 del Reglamento provisional las instituciones constataron que la industria
comunitaria había invertido cerca de 10 millones de euros en 2005 y cerca de 6 millones de euros durante el período de investigación,
inversiones destinadas a la modernización de los equipos de producción. Según las demandantes, habida cuenta, en particular,
de la magnitud de dichas inversiones respecto de la rentabilidad de la industria, los efectos de dichas inversiones deberían
haber sido examinados a pesar de que se hubiesen depreciado a largo plazo y sin importar la respuesta a la cuestión de si
el hecho de dar cumplimiento a la normativa medioambiental obligatoria constituía un perjuicio que la industria comunitaria
se había infligido a sí misma.
En primer lugar, el Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, responde que las demandantes exageran la magnitud de las
inversiones y sus efectos sobre la rentabilidad. Afirma que las inversiones totales realizadas durante el período de investigación
no podían compararse con las perdidas totales sufridas durante dicho período. Según el Consejo, puesto que las inversiones
de que se trata eran inversiones relativas a los equipos de producción que fueron amortizadas durante muchos años, tan sólo
una pequeña parte de las inversiones realizadas en 2005 y durante el período de investigación repercutieron sobre el beneficio.
En segundo lugar, afirma que, dado que las inversiones se realizaron para dar cumplimiento a una normativa medioambiental
obligatoria, no podían considerarse un «perjuicio auto infligido». En tercer lugar, sostiene que se tuvo en cuenta el efecto
de dichas inversiones en los indicadores del perjuicio en los considerandos 99, 100 y 109 del Reglamento provisional así como
en el considerando 82 del Reglamento impugnado. En cuarto lugar, a su juicio, las demandantes no presentaron ninguna prueba
que demostrase que las instituciones habían incurrido en error manifiesto de apreciación por considerar que las inversiones
de que se trata no constituían un perjuicio «auto infligido».
–       Apreciación del Tribunal
Las demandantes sostienen, en esencia, que las instituciones vulneraron el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base,
por no tener en cuenta los efectos considerables de las inversiones realizadas por la industria comunitaria en 2005 y durante
el período de investigación, que representaron, durante dicho período, más de un tercio de las pérdidas totales de la industria
comunitaria.
A este respecto, procede señalar, al igual que hacen las demandantes, que del considerando 99 del Reglamento provisional resulta
que se realizaron inversiones considerables en 2005 y durante el período de investigación. Sin embargo, ni la Comisión, en
el Reglamento provisional, ni el Consejo, en el Reglamento impugnado, sometieron dichas inversiones al análisis de no atribución.
Así, a diferencia de lo que sostiene el Consejo, dichos Reglamentos no contienen consideración alguna en cuanto a la cuestión
de si dichas inversiones constituyen o no un perjuicio «auto infligido». Pues bien, habida cuenta de los importes que representan,
esto es, cerca de 10 millones de euros en 2005 y cerca de 6 millones de euros durante el período de investigación, dichas
inversiones pueden haber contribuido al perjuicio sufrido por la industria comunitaria. Así pues, procede declarar que las
instituciones infringieron el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base, al no disociar ni distinguir los efectos de
dichas inversiones de los de las importaciones objeto de dumping.
Las alegaciones del Consejo no desvirtúan esta conclusión. Primeramente, a diferencia de lo que sostiene dicha institución,
el hecho de que las inversiones se hubiesen realizado para dar cumplimiento a una normativa medioambiental obligatoria no
permite a las instituciones incumplir la obligación de llevar a cabo un análisis de no atribución. La calificación del perjuicio
como «auto infligido» carece de importancia, puesto que las inversiones podían haber afectado a la industria comunitaria y
el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base prohíbe a las instituciones imputar a las importaciones objeto de dumping
un perjuicio que no deba atribuírseles.
A continuación, es cierto, como pone de manifiesto el Consejo, que las inversiones totales realizadas durante el período de
investigación no pueden compararse con las pérdidas que se habían registrado durante ese mismo periodo. Sin embargo, no es
menos cierto que las instituciones no llevaron a cabo un análisis adecuado de no atribución en lo que respecta a las inversiones.
Si bien es cierto que el Consejo infringió la regla de la no atribución que figura en el artículo 3, apartado 7, del Reglamento
de base, tal infracción sólo podrá justificar la anulación del Reglamento impugnado si permite cuestionar su legalidad, por
invalidar la totalidad del análisis de las instituciones relativo a la relación de causalidad (véase, en este sentido, la
sentencia del Tribunal de 28 de octubre de 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Consejo, T‑35/01, Rec. p. II‑3663, apartado 167).
Pues bien, las demandantes no presentaron ninguna alegación en este sentido.
El Tribunal considera que esta infracción no afecta la legalidad del Reglamento impugnado. En efecto, tal como pone de manifiesto
el Consejo, las inversiones de que se trata eran inversiones relativas al equipo de producción que fueron amortizadas a lo
largo de muchos años y de las cuales, tan sólo una parte repercutió sobre la rentabilidad de la industria comunitaria en 2005
y durante el período de investigación. A este respecto, en respuesta a una pregunta escrita que le planteó el Tribunal mediante
una diligencia de ordenación del procedimiento, el Consejo precisó, sobre la base de cifras y de explicaciones precisas, que
las inversiones realizadas en 2005 eran responsables, como máximo, de un 4,7 % de la pérdida de rentabilidad de la industria
comunitaria observada en 2005. En consecuencia, no puede considerarse que dichas inversiones contribuyeran de manera significativa
al perjuicio sufrido por la industria comunitaria en 2005 y durante el período de investigación.
De ello se desprende que la infracción constatada no pone en entredicho la legalidad del Reglamento impugnado y que deben
desestimarse la presente imputación y la tercera parte del primer motivo en su totalidad.
c)      Sobre la cuarta parte del primer motivo, relativa a las repercusiones del incremento del coste de las materias primas
Alegaciones de las partes
Las demandantes afirman que las instituciones no tuvieron en cuenta adecuadamente las repercusiones del incremento del coste
de las materias primas sobre el perjuicio sufrido por la industria comunitaria, e incurrieron, por ello, en errores manifiestos
de apreciación.
En primer lugar, sostienen que el Consejo incurrió en error manifiesto de apreciación al afirmar, en el considerando 99 del
Reglamento impugnado, que los incrementos de los costes de producción observados en la industria de las aleaciones se habían
producido a escala mundial, y habían afectado en la misma medida a la industria de todo el mundo. En opinión de las demandantes,
si bien los costes de producción pueden aumentar a escala mundial, tal incremento no tiene las mismas repercusiones en todo
el mundo.
En efecto, sostienen, primeramente, que el Consejo no tuvo en cuenta el hecho de que los productores comunitarios soportaban
a la base costes de producción más elevados que el resto de los productores mundiales. Según las demandantes, incluso en el
supuesto de que todos los productores hagan frente a un incremento análogo de los costes de producción, aquellos que soportan
los costes de base más elevados sufren un perjuicio mayor y más rápido que los demás. En consecuencia, a juicio de las demandantes,
en contra de lo que afirma el Consejo en el Reglamento impugnado, un productor de un país tercero no se verá necesariamente
obligado a incrementar sus precios en la misma medida que un productor comunitario que debe hacer frente al mismo incremento
de los costes, dado que, para un precio de venta determinado, el productor del país tercero goza de una mayor rentabilidad
inicial.
Pues bien, en primer lugar, según las demandantes, las instituciones disponían de informaciones que demostraban que los productores
comunitarios tenían costes estructurales de producción de ferrosilicio más elevados que los de los productores de los países
afectados por el procedimiento antidumping. Las demandantes solicitan al Tribunal que ordene se aporte dicha información.
A continuación, sostienen que presentaron durante el procedimiento administrativo elementos que demostraban que en 2005 y
durante el período de investigación los precios del ferrosilicio comunitario eran los más elevados del mundo y que los costes
de producción soportados por la industria comunitaria superaban cada vez más dichos precios. Por último, las demandantes afirman
que, en 2005 y durante el período de investigación, momento en que los costes de la industria comunitaria aumentaron espectacularmente,
los precios en el conjunto del mercado mundial disminuyeron debido al descenso del consumo. Aducen que a pesar de que la industria
comunitaria aplicó los precios más elevados del mundo, ésta sufrió pérdidas en 2005 y durante el período de investigación
debido al incremento de sus costes de producción.
A continuación, las demandantes sostienen que las instituciones no tuvieron en cuenta el hecho de que, aunque los precios
aplicados en todos los mercados eran equivalentes desde un punto de vista macroeconómico, habida cuenta de las disparidades
macroeconómicas, el incremento de los costes de los insumos seguía afectando en mayor medida a los productores comunitarios
que a los productores de los países afectados por la investigación antidumping. En efecto, afirman, por un lado, que la mayoría
de los productores establecidos en dichos países están integrados verticalmente, lo que, a juicio de las demandantes, les
protege de la inestabilidad de los precios en los mercados mundiales, y ningún productor comunitario está integrado verticalmente
de manera comparable. Por otro lado, sostienen que los productores comunitarios no gozan de las mismas economías de escala
que los productores que se encuentran en los países afectados por la investigación antidumping. Por ejemplo, según las demandantes,
Erdos Xijin Kuangye Co., Ltd, uno de los productores de ferrosilicio chinos, dispone de una capacidad de producción casi dos
veces superior a la de la totalidad de los productores comunitarios. Aducen que el coste de producción por unidad también
es generalmente inferior en los países terceros.
En segundo lugar, sostienen que las instituciones incurrieron en error manifiesto de apreciación al afirmar, en el considerando
132 del Reglamento provisional, en respuesta a la alegación de que el incremento de los costes de producción causó un perjuicio,
que los costes de la energía habían aumentado en todo el mundo, y a veces en un grado mucho más alto que en Europa. En efecto,
aducen que el respeto de la exigencia de no atribución no queda garantizado por la mera comparación de los precios de la electricidad
en el mundo entero o en los países afectados por la investigación antidumping con aquellos que se aplican en Europa. En opinión
de las demandantes, las instituciones tenían la obligación de identificar las repercusiones del incremento de los precios
de la electricidad sobre la industria comunitaria y distinguirla de la incidencia de las importaciones de ferrosilicio. Más
concretamente, afirman, primeramente, que las instituciones no tomaron en consideración ni los datos de Eurostat ni sus propias
investigaciones relativas al mercado de la electricidad comunitario, los cuales demostraban, según ellas, un incremento sustancial
de los costes de la energía en los Estados miembros de los productores comunitarios de ferrosilicio. A continuación, aducen
que puesto que los precios de la electricidad varían considerablemente en el interior de la Unión, las instituciones deberían
haber comparado las cifras reales de los productores comunitarios con las de los productores de los países objeto de la investigación
antidumping. Seguidamente, alegan que el nivel de los precios de la electricidad a nivel mundial carece de pertinencia, ya
que, a su juicio, sólo resulta pertinente el incremento de los precios de la electricidad en los países de los productores
de ferrosilicio respecto del de la industria comunitaria. Posteriormente, según la demandantes, aunque es posible que los
precios de la energía de los terceros países hayan aumentado, éstos siguen siendo, no obstante, inferiores a los que soporta
la industria comunitaria, lo que permitió a los productores de ferrosilicio de los terceros países seguir realizando beneficios,
mientras que la industria comunicaría sufría pérdidas.
En tercer lugar, sostienen que en el considerando 92 del Reglamento impugnado el Consejo incurrió en error manifiesto en su
interpretación del documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Analysis of economic indicators of the EU
metals industry: the impact of raw materials and energy supply on competitiveness» (Análisis de los indicadores económicos
de la industria metalúrgica de la UE: incidencia sobre la competitividad del aprovisionamiento en materia primas y en energía;
en lo sucesivo «documento de trabajo de la Comisión»), sobre el que se basó para desestimar la alegación de que la industria
comunitaria sufría de una falta de competitividad debido a la estructura de los costes. Pues bien, según las demandantes,
dicho documento indica claramente que la industria metalúrgica comunitaria se encuentra sometida a una presión creciente por
parte de competidores con una estructura de costes de producción diferente. Más concretamente, afirman que el documento pone
de manifiesto que las ventas realizadas por los productores comunitarios de ferroaleaciones, cuya producción requiere más
energía que las demás, a saber, el metal de silicio y el ferrosilicio, son vulnerables debido a su falta de competitividad
en lo que respecta a los costes.
El Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, rebate las alegaciones de las demandantes.
Apreciación del Tribunal
Esta parte del primer motivo se refiere al modo en que las instituciones analizaron las repercusiones del incremento del coste
de las materias primas en el perjuicio sufrido por la industria comunitaria. En esencia, las demandantes sostienen que se
produjeron tres errores manifiestos de apreciación. Según ellas, estos vician los considerandos 92 y 99 del Reglamento impugnado
y el considerando 132 del Reglamento provisional.
En primer lugar, en lo que respecta al considerando 99 del Reglamento impugnado, procede recordar que éste está redactado
en los siguientes términos:
«En cuanto al aumento de los costes, la industria comunitaria alegó que los incrementos de costes observados en la industria
de las aleaciones suelen producirse a escala mundial, afectando en la misma medida a la industria de todo el mundo. Un análisis
de la evolución de los precios de los principales factores de coste durante el período considerado muestra que los costes
aumentaron (electricidad, cuarcita y pasta de electrodos). No obstante, la investigación ha revelado que, si bien estos aumentos
se compensaron en cierta medida por una subida de los precios de venta, la presencia de importaciones a bajo precio y objeto
de dumping no permitió a la industria de la Comunidad repercutir el pleno efecto de estos aumentos de costes en sus precios
de venta.»
Las demandantes sostienen que el Consejo incurrió en error manifiesto de apreciación al afirmar que los incrementos de costes
de producción observados en la industria de las aleaciones se producían a escala mundial y, por lo tanto, afectaban en la
misma medida a la industria de todo el mundo.
A este respecto, procede observar que, en contra de lo que sostienen las demandantes, el Consejo no afirmó en modo alguno
en el considerando 99 del Reglamento impugnado que los incrementos de costes de producción observados en la industria de las
aleaciones se producían a escala mundial y, por lo tanto, afectaban en la misma medida a la industria de todo el mundo. De
los términos de dicho considerando resulta claramente que el Consejo se limitó a reproducir esta afirmación tal como había
sido realizada por la industria comunitaria.
Además, el Consejo no se basó en modo alguno sobre esta afirmación de la industria comunitaria para justificar la conclusión,
ya realizada en el considerando 133 del Reglamento provisional, de que el incremento de los costes de producción no había
podido romper el nexo causal entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio. Así, en el considerando 99 del Reglamento
impugnado, el Consejo constató el incremento de algunos costes de producción, pero llegó a la conclusión de que dicho incremento
sólo pudo compensarse parcialmente mediante un incremento de los precios debido a la presencia de importaciones objeto de
dumping. En otros términos, según el Consejo, si bien es cierto que se produjo un incremento de los costes de producción,
el perjuicio sufrido por la industria comunitaria fue el resultado de la imposibilidad de repercutir totalmente dicho incremento
sobre los precios de venta debido a la presencia de las importaciones controvertidas y no el incremento en si.
Pues bien, las demandantes no formulan ninguna alegación que demuestre que al actuar de este modo el Consejo incurrió en error
manifiesto de apreciación, ya que se limitan a tratar de demostrar que fue erróneo afirmar que los incrementos de costes habían
tenido los mismos efectos a escala mundial. En consecuencia, procede desestimar la alegación de las demandantes relativa al
considerando 99 del Reglamento impugnado sin que sea necesario solicitar que se aporte documento alguno.
En segundo lugar, en lo que respecta a la alegación relativa al considerando 132 del Reglamento provisional, procede recordar
que la Comisión declaró en dicho considerando, por un lado, que los costes de la electricidad constituían un porcentaje importante
de los costes de producción del producto afectado, y por otra parte, que la investigación había revelado que los costes de
la energía habían aumentado en todo el mundo, incluso en los países afectados, y a veces en un grado mucho más alto que en
la Unión. En el considerando 133 del Reglamento provisional, la Comisión afirmó que, en este contexto, la cuestión energética
no podía romper el nexo causal entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio importante sufrido por la industria
de la Comunidad.
Las demandantes rebaten estos considerandos alegando que, para dar cumplimiento a la regla de la no atribución establecida
en el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base, la Comisión no podía limitarse a afirmar, de manera general y sin aportar
justificación alguna, que los costes de la energía habían aumentado en todo el mundo, y a veces en un grado mucho más alto
que en la Unión. No obstante, los dos motivos invocados por las demandantes en apoyo de esta afirmación no resultan convincentes.
En efecto, por un lado, las demandantes sostienen que la Comisión debería haber analizado los datos de Eurostat y los resultados
de sus propias investigaciones relativas al mercado de la electricidad que demostraban, según ellas, que los precios de la
electricidad habían aumentado de manera considerable en los Estados miembros de los productores comunitarios. No obstante,
las demandantes no aportan ninguna prueba que apoye esta afirmación.
Por otro lado, las demandantes sostienen que la Comisión debería haber llevado a cabo una comparación de las cifras relativas
a los productores comunitarios y a los productores exportadores a que se refiere el procedimiento de investigación. Sin embargo,
las demandantes no aportan ningún elemento que demuestre que tal comparación cuantitativa habría permitido demostrar que el
incremento del coste de la energía en la Comunidad había sido tal que había causado el perjuicio sufrido por la industria
comunitaria. Por lo tanto, procede desestimar la alegación de las demandantes relativa al considerando 132 del Reglamento
provisional.
En tercer lugar, en lo que respecta a la alegación relativa al considerando 92 del Reglamento impugnado, procede señalar que
en éste el Consejo examinó la cuestión de la competitividad de la industria comunitaria y del documento de trabajo de la Comisión
que, según las demandantes, era prueba de la falta de competitividad de la industria comunitaria debido a los altos costes
que ésta debía soportar. En este considerando, el Consejo estimó que en dicho texto la Comisión no extrajo ninguna conclusión
en cuanto a la eventual falta de competitividad de la industria europea de las ferroaleaciones. Al contrario, según el Consejo,
en este documento de trabajo se indica que los productores de ferroaleaciones están expuestos a crecientes importaciones de
terceros países como la China, Rusia, Ucrania, Brasil y Kazajstán, y que esta situación podría convertirse en una amenaza
a la sostenibilidad a largo plazo de la industria europea de las ferroaleaciones si no se garantiza rápidamente la igualdad
de condiciones con los competidores de terceros países.
Las demandantes estiman que el Consejo interpretó erróneamente dicho documento de trabajo. En particular, consideran que en
dicho documento la Comisión confirmó específicamente que las ventas comunitarias de ferrosilicio eran vulnerables habida cuenta
de su falta de competitividad en lo que respecta a los costes.
A este respecto, procede señalar, como hacen las demandantes, que el documento de trabajo de la Comisión pone de manifiesto
que la industria metalúrgica comunitaria se encuentra sometida a una presión creciente por parte de competidores con una estructura
de costes de producción diferente y que gozan de un acceso menos oneroso a las materias primas y/o a la energía.
Sin embargo, el Tribunal no comparte la lectura de las demandantes en lo que respecta a la vulnerabilidad de los productores
comunitarios de ferrosilicio debido a su estructura de costes. Así, las demandantes hacen referencia a un pasaje del documento
de trabajo según el cual «los productores comunitarios de ferroaleaciones, en particular de metal de silicio y de ferrosilicio,
hacen frente a un aumento de las importaciones de terceros países como China, Rusia, Ucrania, Brasil y Kazajstán» y precisa
que «la sostenibilidad a largo plazo de la capacidad de la industria comunitaria de las ferroaleaciones podría verse amenazada
si no se establece rápidamente una igualdad de condiciones con los competidores de terceros países». Pues bien, ni del tenor
literal ni del contexto de estas frases se desprende que las ventas comunitarias de ferrosilicio sean vulnerables debido a
la falta de competitividad de los productores comunitarios en lo que a los costes se refiere. Por un lado, carece de lógica
interpretar la referencia al establecimiento de una igualdad de condiciones con los competidores de terceros países en el
sentido de que los productores comunitarios son vulnerables debido a la estructura de los costes a que deben hacer frente.
Resulta mucho más lógico suponer que la Comisión pretendía referirse a los precios anormalmente bajos aplicados por los productores
exportadores de terceros países. Por otro lado, la Comisión hizo mención, al final del párrafo en el que se recoge dicha referencia,
de las medidas antidumping relativas al ferromolibdeno, lo que sugiere que con la mención del establecimiento de una igualdad
de condiciones con los competidores de terceros países, la Comisión se refería a la posible adopción de medidas antidumping.
En consecuencia, procede considerar que ninguna de las alegaciones invocadas por las demandantes demuestran que el Consejo
hubiese interpretado erróneamente el documento de trabajo de la Comisión en el considerando 92 del Reglamento impugnado, ni
incurrido en error manifiesto de apreciación en lo que atañe a las repercusiones de la estructura de costes de producción
soportados por la industria comunitaria sobre el perjuicio sufrido por ésta.
A la vista del conjunto de las consideraciones precedentes, procede desestimar la cuarta parte del primer motivo por carecer
de fundamento.
d)      Sobre la quinta parte del primer motivo, relativa a los efectos de la contracción de la demanda en 2005
Alegaciones de las partes
Las demandantes afirman que el considerando 81 del Reglamento provisional adolece de error manifiesto de apreciación en la
medida en que dispone que el consumo comunitario de ferrosilicio permaneció bastante estable durante el período considerado,
con excepción de 2003 y 2004, en que aumentó un 6 % debido a la gran demanda excepcional de la industria del acero. Sostienen
que al pronunciarse en éstos términos, el Consejo incurrió en error al apreciar las repercusiones de la evolución de la demanda
y atribuyó erróneamente a las importaciones controvertidas la bajada de los precios, vulnerando así el artículo 3, apartado
7, del Reglamento de base.
En efecto, según las demandantes, el consumo comunitario no permaneció estable durante el período considerado. Así, las demandantes
sostienen que entre 2004 y 2005 el consumo comunitario bajó en un 4,4 %. Según ellas, esta contracción de la demanda es el
reflejo del estancamiento y posterior desplomo de la demanda que, a su juicio, tuvo un impacto negativo considerable sobre
los precios aplicados en la Comunidad. A este respecto, las demandantes sostienen que, en un mercado transparente y competitivo
como es el del ferrosilicio, los precios se determinan, en primer lugar, en función de las fluctuaciones de la oferta y la
demanda mundiales y, en cierta medida, de los costes de producción. Sostienen que, durante períodos de incremento de la demanda
y/o disminución de la oferta, los precios aumentan, mientras que, durante períodos de contracción de la demanda y/o aumento
de la oferta, los precios disminuyen, lo que, según las demandantes, reconoció expresamente el Tribunal en su sentencia Aluminium
Silicon Mill Products/Consejo, citada en el apartado 27
supra,
en lo que respecta a otra ferroaleación, el metal de silicio. Así, consideran que el precio del ferrosilicio en la Comunidad
disminuyó mientras que los costes de producción soportados por los productores comunitarios superaron los precios del mercado,
lo que dio lugar, en consecuencia, a pérdidas significativas para la industria comunitaria.
El Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, rebate las alegaciones de las demandantes.
Apreciación del Tribunal
Mediante esta parte del primer motivo, las demandantes refutan, en esencia, la evaluación realizada por las instituciones
de las repercusiones de la evolución de la demanda durante el período considerado. Sostienen, en particular, que el considerando
81 del Reglamento provisional adolece de error manifiesto de apreciación.
Es preciso recordar que en el considerando 81 del Reglamento provisional figura un cuadro que contiene las cifras relativas
al consumo comunitario para el período considerado, así como el siguiente comentario de la Comisión: «el consumo comunitario
de ferrosilicio permaneció bastante estable durante el período considerado, con excepción de 2003 y 2004, en que aumentó un
6 % debido a la gran demanda excepcional de la industria del acero». Procede señalar igualmente que, en el considerando 124
del Reglamento provisional, la Comisión realizó las siguientes consideraciones en el marco del análisis de no atribución:
«[…] el consumo aparente de ferrosilicio en el mercado comunitario, salvo en 2004, se mantuvo bastante estable durante el
período considerado. Por tanto, el importante perjuicio sufrido por la industria de la Comunidad no puede atribuirse a una
contracción de la demanda en el mercado comunitario.»
Las demandantes consideran que estas afirmaciones son erróneas puesto que el consumo comunitario no permaneció estable durante
el período considerado sino que descendió en un 4,4 % entre 2004 y 2005.
A este respecto procede señalar, en primer lugar, al igual que hizo el Consejo, que las demandantes no rebaten la exactitud
de las cifras que figuran en el considerando 81 del Reglamento provisional. Tal como puso de manifiesto el Consejo, el conflicto
entre las partes se refiere únicamente a la interpretación de estos datos.
A continuación, es preciso señalar que las demandantes desnaturalizan las afirmaciones de la Comisión recogidas en el considerando
81 del Reglamento provisional. Así, a diferencia de lo que sostienen las demandantes, la Comisión no se limitó a afirmar que
el consumo comunitario había permanecido estable, sino que señaló que se había incrementado entre 2003 y 2004 debido al aumento
de la demanda del sector siderúrgico. Además, del considerando 124 del Reglamento provisional resulta que tuvo en cuenta la
variación del consumo en 2004 en el marco del análisis de no atribución, pero que consideró que a pesar de esta variación
el consumo debía considerarse globalmente estable, lo que implicaba que el perjuicio sufrido por la industria de la Comunidad
no podía atribuirse a una contracción de la demanda comunitaria. Así pues, procede considerar que la Comisión cumplió la obligación
que le incumbe en virtud del artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base, a saber, la de disociar y distinguir el perjuicio
causado específicamente por la contracción de la demanda o las modificaciones de la estructura del consumo.
Por último, ninguna de las alegaciones formuladas por las demandantes demuestra que la conclusión de la Comisión que figura
en el considerando 124 del Reglamento provisional constituya un error manifiesto de apreciación. En efecto, las demandantes
se limitan a proponer su interpretación de las cifras que figuran en el considerando 81 del Reglamento provisional, sin explicar
en modo alguno de qué manera la interpretación de dichas cifras propuesta por las instituciones constituye un error manifiesto
de apreciación. A este respecto, procede señalar que es posible, como afirman las demandantes, que la disminución del consumo
comunitario en un 4,4 %, observada entre 2004 y 2005, hubiese repercutido negativamente sobre los precios aplicados en la
Comunidad. Sin embargo, también es posible interpretar los datos que figuran en el considerando 81 del Reglamento provisional
como lo hacen las instituciones, es decir, en el sentido de que indican una demanda relativamente estable durante todo el
período de investigación, en cuyo caso, las variaciones observadas en 2004 y en 2005 pueden interpretarse como el reflejo
de la demanda excepcional del sector siderúrgico en 2004, seguida de la vuelta a la normalidad en 2005. En esta última hipótesis,
es legítimo considerar que el perjuicio sufrido por la industria comunitaria, examinado a la luz de los datos relativos a
todo el período considerado, no puede imputarse a las variaciones del consumo entre 2004 y 2005. En estas circunstancias,
procede considerar que las demandantes no demuestran que las instituciones hayan incurrido en error manifiesto de apreciación.
En consecuencia, procede desestimar la quinta parte del primer motivo por carecer de fundamento.
e)      Sobre la sexta parte del primer motivo, relativa a los efectos de las importaciones procedentes de otros terceros países
Alegaciones de las partes
Las demandantes sostienen que las instituciones infringieron la regla de la no atribución al no tener en cuenta de manera
adecuada los efectos de las importaciones procedentes de terceros países distintos de aquellos a los que se refiere el procedimiento
de investigación (en lo sucesivo, «otros terceros países»). Las demandantes sostienen que la Comisión se limitó a afirmar
en el Reglamento provisional que, como se confirmó en el Reglamento impugnado, la incidencia de las importaciones procedentes
de otros terceros países no podía considerarse significativa habida cuenta del volumen y de los precios de las importaciones
objeto de dumping, lo que, según ellas, no garantiza de manera suficiente el respeto del principio de no atribución.
En efecto, según las demandantes, a pesar de que en los considerandos 116, 118 y 120 del Reglamento provisional, las instituciones
identificaron algunos de los efectos de las importaciones procedentes de otros terceros países, no las aislaron para llevar
a cabo una correcta atribución de las causas del perjuicio. Primeramente, aducen que en el considerando 116 del Reglamento
provisional la Comisión afirmó que los precios de las importaciones procedentes de dichos terceros países eran inferiores
en un 2,3 a 5,7 % respecto de los precios aplicados por la industria comunitaria. Pues bien, a su juicio, en el Reglamento
nº 1420/2007 un margen de subcotización comparable justificó la imposición de derechos antidumping. A continuación, sostienen
que, en los considerandos 118 y 120 del Reglamento provisional, los cuales se refieren más concretamente a las importaciones
procedentes de Islandia y de Venezuela, la Comisión confirmó que dichas importaciones tuvieron un efecto negativo sobre la
situación de la industria comunitaria. Pues bien, según las demandantes, las instituciones tenían la obligación de tomar en
consideración los efectos acumulados de todas las importaciones perjudiciales procedentes de terceros países, así como todos
los demás factores conocidos del perjuicio, y no atribuir dichos efectos a las importaciones controvertidas.
En su escrito de réplica, las demandantes añaden que el Consejo hizo caso omiso del hecho de que gran parte del incremento
del volumen de las importaciones objeto de dumping estaba destinada a compensar el «vacío» que dejó en el mercado la retirada
de algunos productores de terceros países durante el período examinado.
El Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, rebate las alegaciones de las demandantes.
Apreciación del Tribunal
Mediante esta parte del primer motivo, las demandantes impugnan, en esencia, la evaluación realizada por las instituciones
de la incidencia de las importaciones procedes de otros terceros países sobre el perjuicio sufrido por la industria comunitaria.
Consideran, en particular, que los considerandos 116, 118 y 120 del Reglamento provisional adolecen de error manifiesto de
apreciación, en la medida en que en dichos considerandos la Comisión identificó algunos efectos de dichas importaciones, pero
no los aisló correctamente.
Procede recordar que, en el considerando 116 del Reglamento provisional, la Comisión declaró, respecto de las importaciones
globales procedentes de los demás terceros países que habían disminuido alrededor de un 45 % durante el período considerado,
y que la cuota de mercado correspondiente había disminuido del 54,8 % al 30 %, que, durante el mismo período, los precios
de estas importaciones habían aumentado un 7 % y que el precio medio de estas importaciones fue superior al de las importaciones
objeto de dumping durante el período considerado y entre un 2,3 % a 5,7 % inferior al de la industria de la Comunidad durante
el mismo período. En los considerandos 117 a 120 del mismo Reglamento, la Comisión analizó las repercusiones sobre el perjuicio
de las importaciones procedentes, respectivamente, de Noruega, Islandia, Brasil y Venezuela. Consideró que ni las importaciones
procedentes de Brasil ni las procedentes de Noruega habían contribuido al perjuicio sufrido por la industria comunitaria.
Sin embargo, concluyó que las importaciones procedentes de Islandia y de Venezuela pudieron afectar negativamente a la situación
de la industria comunitaria, pero que no obstante, esta incidencia no podía considerarse significativa habida cuanta del volumen
y del precio de las importaciones objeto de dumping. En el considerando 121 del Reglamento provisional, la Comisión dedujo
de los elementos recogidos en los considerandos 116 a 120 de dicho texto que las importaciones procedentes de otros terceros
países no habían contribuido realmente al perjuicio sufrido por la industria comunitaria.
Las alegaciones formuladas por las demandantes no demuestran que dicho razonamiento constituya un error manifiesto de apreciación.
En primer lugar, en lo que respecta a la alegación de las demandantes relativa al considerando 116 del Reglamento provisional,
es preciso señalar que éstas se limitan a afirmar que en el Reglamento nº 1420/2007, un margen de subcotización comprendido
entre el 2,3 y el 5,7 % justificó la imposición de derechos antidumping, lo que, según ellas, demostraba que la Comisión no
podía considerar que las importaciones procedentes de otros terceros países no habían contribuido al perjuicio.
A este respecto, primeramente, procede recordar que, tal como se ha señalado en el apartado 90 anterior, por un lado, corresponde
a las instituciones, en el marco de su facultad de apreciación, examinar si la industria comunitaria sufrió un perjuicio y
si éste es imputable a las importaciones objeto de dumping, o si otros factores conocidos contribuyeron a causar el perjuicio,
y, por otro lado, que esta facultad de apreciación debe ejercerse en cada caso en función de todos los hechos concurrentes.
En todo caso, es preciso señalar que, en el Reglamento nº 1420/2007, el margen de subcotización sobre la base del que se establecieron
las medidas antidumping era de 4,5 %. En este Reglamento, el Consejo no hizo referencia a la horquilla a la que se refieren
las demandantes. Además, de manera más significativa, en el Reglamento nº 1420/2007, el Consejo se basó en varias consideraciones
para concluir que era necesario adoptar dichas medidas. En consecuencia, no puede extraerse ninguna conclusión del hecho de
que en el Reglamento nº 1420/2007, el Consejo, por un lado, calculó el margen de subcotización del 4,5 % y, por otro lado,
estableció medidas antidumping.
A continuación ha de observarse, al igual que hizo el Consejo, que en el considerando 116 del Reglamento provisional la Comisión
no se refirió al margen de subcotización de la importaciones procedentes de otros países terceros, sino que manifestó que
el precio de dichas importaciones era inferior al de la industria comunitaria durante el período considerado. Pues bien, ya
se ha indicado en el apartado 65 anterior, que la subcotización es un concepto jurídico al que se hace referencia en el artículo
3, apartado 3, del Reglamento de base, en virtud del cual las instituciones llevan a cabo una comparación de los precios comunitarios
con los precios ajustados de las importaciones, de manera que se obtiene un margen de subcotización que se expresa en forma
de porcentaje. En consecuencia, no puede establecerse ninguna analogía entre un margen de subcotización y una mera comparación
de precios.
Seguidamente, la constatación de la Comisión relativa al nivel de los precios es tan sólo uno de los elementos de un razonamiento
más amplio desarrollado en el considerando 116 del Reglamento provisional. Si bien el nivel de los precios de las importaciones
procedentes de otros terceros países respecto del nivel de los precios comunitarios puede constituir un elemento que permita
demostrar que dichas importaciones contribuyeron al perjuicio sufrido por la industria comunitaria, no es posible sin embargo
obviar otros elementos del razonamiento de la Comisión que le llevaron a descartar tal contribución. Así, la Comisión constató
que las cuotas de mercado de dichas importaciones habían disminuido durante el período considerado y que durante dicho período,
sus precios habían aumentado y siempre habían sido superiores a los precios de las importaciones objeto de dumping. Tal como
señaló el Consejo, de ello se desprende que, a diferencia de las importaciones objeto de dumping, suponiendo que el consumo
no haya aumentado, es imposible que las importaciones de otros países terceros hayan podido colectivamente arrebatarle cuotas
de mercado a la industria comunitaria.
De lo anterior resulta que ninguna de las alegaciones formuladas por las demandantes demuestra que el considerando 116 del
Reglamento provisional adolezca de error manifiesto de apreciación.
En segundo lugar, en lo que respecta a la alegación relativa a los considerandos 118 y 120 del Reglamento provisional, procede
señalar que las demandantes no niegan la constatación de la Comisión según la cual, si bien la importaciones procedentes de
Islandia y de Venezuela pudieron tener una incidencia negativa sobre la situación de la industria comunitaria, esta incidencia
no puede considerarse significativa, habida cuenta del volumen y del precio de las importaciones objeto de dumping. Se limitan
a afirmar que las instituciones deberían haber llevado a cabo un análisis de los efectos acumulados de las importaciones procedentes
de otros terceros países así como un análisis conjunto de los demás factores conocidos del perjuicio.
Primeramente, en lo que respecta al análisis de los efectos acumulados de las importaciones procedentes de otros terceros
países, procede señalar que, a diferencia de lo que sostienen las demandantes, la Comisión llevó a cabo dicho análisis. Este
análisis es la primera de las tres etapas del examen de la incidencia de las importaciones procedentes de otros terceros países.
Así, en primer lugar, la Comisión expuso en el considerando 116 del Reglamento provisional la evolución de los indicadores
económicos relativos al conjunto de las importaciones procedentes de otros terceros países. Tal como se ha señalado en al
apartado 166 anterior, habida cuenta de esta evolución no puede considerarse que las importaciones de otros terceros países
hayan podido arrebatarle colectivamente cuotas de mercado a la industria comunitaria. En segundo lugar, la Comisión examinó
en los considerandos 117 a 120 del Reglamento provisional, si los efectos individuales de las importaciones procedentes respectivamente
de Noruega, Islandia, Brasil y Venezuela podían haber causado el perjuicio. Tal como se ha explicado en el apartado 161 anterior,
la Comisión llegó a la conclusión de que, individualmente, las importaciones procedentes de Islandia y de Venezuela pudieron
afectar negativamente a la situación de la industria comunitaria, pero que, sin embargo, dicha incidencia no podía considerarse
significativa habida cuenta del volumen y de los precios de las importaciones objeto de dumping. En tercer lugar, la Comisión
extrajo las conclusiones de las dos primeras etapas de su razonamiento y declaró, lógicamente, en el considerando 121 del
Reglamento provisional, que las importaciones procedentes de otros terceros países no habían contribuido al perjuicio.
A continuación, en lo que respecta al análisis conjunto de los demás factores conocidos del perjuicio, ya se ha explicado,
en el apartado 47 anterior, que era necesario finalizar el análisis de las alegaciones de las demandantes relativas al análisis
individual de cada uno de los otros factores conocidos antes de poder determinar si era necesario realizar dicho análisis
conjunto. Esta cuestión se examinará en los apartados 204 à 215 siguientes.
En consecuencia, ninguna de las alegaciones formuladas por las demandantes demuestra que los considerandos 118 y 120 del Reglamento
provisional adolezcan de error manifiesto de apreciación.
En tercer lugar, en lo que atañe a la alegación relativa al «vacío» que dejó en el mercado la retirada de algunos productores
de otros terceros países, formulada por primera vez en la réplica, es preciso señalar que ésta no pretende demostrar que las
instituciones evaluaron incorrectamente el perjuicio causado por las importaciones procedentes de otros terceros países, sino
demostrar que las importaciones objeto de dumping no causaron un perjuicio a la industria comunitaria ya que reemplazaron
las importaciones procedentes de otros terceros países. En consecuencia, no presenta un vínculo estrecho con el motivo inicialmente
invocado en el escrito de demanda y no constituye una ampliación de ésta. De ello se desprende que, en la medida en que no
está basada en hechos o fundamentos de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento, dicha alegación debe considerarse
un motivo nuevo en el sentido del artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento (véase, en este sentido, la sentencia
del Tribunal de 5 de febrero de 1997, Petit‑Laurent/Comisión, T‑211/95, Rec. p. II‑57, apartados 43 a 45). Por tanto, debe
declararse su inadmisibilidad.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede desestimar la sexta parte del primer motivo por ser parcialmente
infundada y parcialmente inadmisible.
f)      Sobre la séptima parte del primer motivo, relativa a la falta de competitividad de los productores comunitarios antes de que
se produjese cualquier dumping perjudicial
Alegaciones de las partes
Las demandantes sostienen que el Consejo incurrió en error manifiesto de apreciación y vulneró la regla de la no atribución,
según la establece el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base, en la medida en que, en los considerandos 93 y 94 del
Reglamento impugnado desestimó la alegación de que la mayoría de los productores comunitarios no eran rentables antes de que
se hubiese producido el dumping perjudicial, por considerar que en 2004 la industria comunitaria era globalmente rentable.
A este respecto, las demandantes sostienen que tres de los seis productores comunitarios ya eran deficitarios en 2003 y que
todos, salvo FerroAtlántica, eran deficitarios en 2004; «año excepcionalmente próspero» para la industria de las ferroaleaciones.
Según ellas, la rentabilidad global del 3 % de la industria comunitaria para 2004 debía atribuirse íntegramente a FerroAtlántica.
Añaden que, si bien en 2004 el rendimiento global de la industria comunitaria fue mejor que en 2003 y que ésta incrementó
sus precios en un 10 %, la situación de cinco de los seis productores empeoró debido a circunstancias que nada tenían que
ver con las importaciones objeto de dumping. Consideran que, como mínimo, las instituciones deberían haber tenido en cuenta
este hecho, puesto que, a su entender, resulta importante para explicar la evolución del perjuicio de los productores comunitarios
y pone claramente en evidencia la falta de competitividad de la industria comunitaria, en particular en lo que respecta a
su estructura de costes. Aducen que los cambios y las reducciones de la producción realizados por la industria comunitaria
desde 2004 a pesar del crecimiento del consumo y de la rentabilidad de las ventas de ferrosilicio confirman esta alegación.
En esencia, el Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, sostiene que, si bien las demandantes aducen que las instituciones
incurrieron en error manifiesto de apreciación al declarar que la industria comunitaria era rentable en 2003 y en 2004, no
rebaten las cifras de los márgenes de beneficio antes de impuestos citadas en el considerando 94 del Reglamento impugnado.
Además, el Consejo sostiene que la referencia de las demandantes a la situación de los distintos productores comunitarios
en 2003 y en 2004 no permite demostrar la existencia de un error manifiesto. Primeramente, aduce que la evaluación del perjuicio
y de la relación de causalidad debería haberse realizado examinando la situación de la industria comunitaria en general, y
no la de los distintos productores de la Comunidad. A continuación, sostiene que el hecho de que tres productores comunitarios,
que representan conjuntamente entre el 24 y el 28 % de la producción comunitaria total, estuviesen en una situación deficitaria
en 2003 no significa que toda la industria comunitaria presentase una falta de competitividad. Seguidamente, el Consejo señala
que el año 2004 se caracterizó por una contracción de la cuota de mercado de la industria comunitaria, una bajada del 2 %
de las ventas de ésta respecto del 2003, un incremento de las importaciones objeto de dumping así como de su cuota de mercado
y una disminución de sus precios, lo que, a su juicio, significa que en 2004 algunos productores comunitarios ya sufrían los
efectos negativos de las importaciones objeto de dumping, a pesar de que, globalmente, la industria comunitaria pudo aumentar
sus beneficios.
Apreciación del Tribunal
Mediante esta parte del primer motivo, las demandantes critican el hecho de que, en los considerandos 93 y 94 del Reglamento
impugnado, el Consejo desestimó la alegación según la cual la industria comunitaria había dejado de ser rentable antes de
que se produjese un dumping perjudicial.
Procede recordar que en el considerando 94 del Reglamento impugnado el Consejo explicó como contestación a dicha alegación
que, tal como se demostró en el considerando 97 del Reglamento provisional, en 2003 la industria comunitaria fue rentable;
su margen de beneficio antes de impuestos se situó en el 2,3 % y aumentó al 2,7 % en 2004, y que se registraron pérdidas en
2005 y durante el período de investigación.
Si bien es cierto que, tal y como afirma el Consejo, las demandantes no rebaten las cifras que figuran en el considerando
97 del Reglamento provisional, las cuales indican que la industria comunitaria había sido globalmente rentable en 2003 y en
2004, éstas reprochan, sin embargo, a las instituciones no haber tomado en consideración la situación individual de tres de
los seis productores comunitarios en 2003 y de cinco de los seis productores comunitarios en 2004.
A este respecto, es preciso señalar que las demandantes basan su alegación en cifras que muestran que cinco de los seis productores
comunitarios sufrieron pérdidas en 2004. El Consejo no rebate estas cifras. Además, las demandantes afirman que tres de los
seis productores comunitarios no eran rentables en 2003. A pesar de que no presentaron ninguna prueba que apoye esta afirmación,
el Consejo confirma en sus escritos que así era.
En este contexto, es preciso recordar, tal como se menciona en el apartado 88 anterior, que, a diferencia de lo que afirma
el Consejo, el análisis de la existencia de una relación de causalidad no debe realizarse necesariamente a la escala de la
industria comunitaria en su conjunto, lo que implicaría que no podría tomarse en consideración ningún perjuicio causado individualmente
a un productor comunitario por un factor distinto de las importaciones objeto de dumping. Habrá de tomarse en consideración
un perjuicio causado individualmente a un productor comunitario por un factor distinto de las importaciones objeto de dumping
cuando éste haya contribuido al perjuicio observado para el conjunto de la industria comunitaria.
En la medida en que los datos presentados por las demandantes indican efectivamente que algunos productores no eran rentables
en 2003 y en 2004, las instituciones tenían la obligación de evaluar el impacto de esta situación sobre el perjuicio sufrido
por el conjunto de la industria comunitaria, cosa que no hicieron. De ello resulta que las instituciones incumplieron su obligación
de llevar a cabo un análisis de no atribución y, por tanto, vulneraron el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base.
Sin embargo, tal y como se ha puesto de manifiesto en el apartado 119 anterior, es preciso demostrar que esta vulneración
puede afectar a la legalidad del Reglamento impugnado, invalidando la totalidad del análisis de las instituciones relativo
a la relación de causalidad. Así pues, en el caso de autos, las demandantes deben probar que la situación particular de una
parte de los productores comunitarios en 2003 y en 2004 causó el perjuicio sufrido por el conjunto de la industria comunitaria,
o que contribuyó a dicho perjuicio. Deben demostrar igualmente que las pérdidas sufridas por cinco de los seis productores
comunitarios no fueron la consecuencia de las importaciones objeto de dumping.
A efectos de esta demostración, las demandantes afirman que la falta de rentabilidad de cinco de los seis productores comunitarios
en 2004 fue la consecuencia de su falta de competitividad, lo que, según ellas, confirman los cambios y las reducciones de
producción llevados a cabo por la industria comunitaria a partir de 2004, a pesar del aumento del consumo y de la rentabilidad
de las ventas de ferrosilicio. Sin embargo, el Tribunal considera que los datos relativos al 2004 pueden interpretarse de
otra manera. Así, tres productores comunitarios, que representaban conjuntamente entre el 24 y el 28 % de la producción comunitaria
total, eran deficitarios en 2003 y cinco productores sufrían pérdidas en 2004. Pues bien, es preciso señalar, al igual que
hizo el Consejo, que, a pesar del incremento del consumo, el año 2004 se caracterizó por una contracción de la cuota de mercado
de la industria comunitaria, una bajada del 2 % de las ventas de ésta respecto del 2003, un incremento de las importaciones
objeto de dumping así como de su cuota de mercado y una disminución de sus precios, lo que puede significar que algunos productores
comunitarios ya sufrían los efectos negativos de las importaciones objeto de dumping en 2004, a pesar de que, globalmente,
la industria comunitaria pudo aumentar sus beneficios.
Dado que las importaciones objeto de dumping pudieron causar el déficit sufrido por algunos productores comunitarios en 2003
y en 2004, la infracción constatada en el apartado 181 anterior no invalida la legalidad del Reglamento impugnado.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede desestimar la séptima parte del primer motivo.
g)      Sobre la octava parte del primer motivo, en la medida en que se refiere a las circunstancias específicas de los productores
Alegaciones de las partes
Las demandantes sostienen que las instituciones incurrieron en error manifiesto de apreciación e infringieron el artículo
3, apartado 7, del Reglamento de base al negarse a llevar a cabo un examen de los factores que habían causado individualmente
un perjuicio a los productores comunitarios y que habían repercutido a su vez sobre el conjunto de la industria comunitaria,
siendo así que había pocos productores y que su situación económica presentaba muchos contrastes.
Así, primeramente, las demandantes sostienen, en lo que atañe a Huta Laziska, que, en 2004, ésta cambió una parte de su producción
de ferrosilicio a la producción de silicomanganeso para aumentar su rentabilidad. Afirman que posteriormente se produjo un
descenso de la producción de ferrosilicio de esta sociedad y una reducción de las ventas de ferrosilicio a clientes independientes.
Sostienen que, habida cuenta del descenso de la producción y del hecho de que los costes fijos permanecieron iguales, en 2004
sus costes de producción por tonelada aumentaron cerca de un 17 % y sus pérdidas aumentaron en más del triple, sin que ello
tuviese relación alguna con las importaciones. Sin embargo, según las demandantes, el volumen de negocios realizado en relación
con clientes independientes aumentó. Afirman que en 2005 Huta Laziska empezó a reducir su producción, antes de poner fin a
ésta durante el período de investigación a raíz de un contencioso que mantenía con su suministrador de electricidad. En consecuencia,
sostienen que sus ventas bajaron y sus costes de producción unitaria aumentaron sustancialmente, lo que dio lugar a una disminución
de la rentabilidad y de la cuota de mercado.
A continuación, en lo que respecta a OFZ, las demandantes sostienen, en primer lugar, que, en 2004, ésta mutó o despidió al
47 % de su plantilla, lo que, según ellas, significa que era incapaz de hacer frente a la creciente demanda. Aducen que OFZ
cambió una parte de su producción de ferrosilicio a la producción de silicomanganeso con el fin de aumentar su rentabilidad.
Añaden que, por ello, sus ventas a clientes independientes descendieron en un 19 %. Sin embargo, consideran que dado que mercado
era rentable, lograron limitar la bajada de su volumen de negocios a un 11 %, y ello a pesar del incremento de los costes
de producción en un 14 % que fue causado en parte por la existencia de costes fijos a pesar de la reducción de la producción.
A continuación, las demandantes afirman que en 2005 OFZ fue reestructurada, lo que le permitió reducir sus costes de producción
y aumentar su rentabilidad. Sostienen que, para lograrlo, hubo de reducir provisionalmente sus ventas y su cuota de mercado.
Seguidamente, en lo que atañe a TDR – Metalurgija d.d., las demandantes sostienen que en 2004, ésta aumentó su volumen de
ventas a los clientes independientes en un porcentaje superior al de la demanda, aumentó su producción y se benefició de precios
más elevados al aumentar el volumen de negocios realizado en relación con los clientes independientes. Sin embargo, aducen
que debido a un incremento general de los costes de producción del 12 %, no logró volver a obtener beneficios. Afirman que
cuando el mercado se deterioró en 2005, TDR fue incapaz de reponerse de los malos resultados obtenidos durante el año 2004,
un «año excepcionalmente favorable».
Posteriormente, en lo que respecta a Vargön Alloys, las demandantes sostienen que en 2004 aumentó su volumen de ventas a los
clientes independientes en un porcentaje superior al de la demanda, aumentó su producción y se benefició de precios más elevados
al aumentar el volumen de negocios realizado en relación con los clientes independientes. No obstante, según las demandantes,
sus costes de producción incrementaron en un 15 %. Las demandantes señalan que, según las instituciones Vargön Alloys sufrió
pérdidas adicionales del 45 %. A su juicio, a pesar de que las instituciones no presentaron explicación alguna a este respecto,
resulta evidente que esta evolución debía imputarse a problemas inherentes a dicha sociedad y no a las importaciones controvertidas.
Añaden que entre 2004 y 2005, Vargön Alloys redujo en la mitad su producción de ferrosilicio debido al aumento del precio
de la electricidad. Además, sostienen que durante el período de investigación cambió una parte de su producción de ferrosilicio
con el fin aumentar su rentabilidad, lo que produjo una disminución de las ventas de ferrosilicio y de su cuota de mercado.
Ulteriormente, en lo que atañe a FerroPem SAS y FerroAtlántica, las demandantes sostienen que, de 2003 a 2004, FerroPem redujo
sus ventas de ferrosilicio a los clientes independientes, pero aumentó su producción y dio salida a sus existencias, lo que
sugiere que aumentó su uso cautivo. Según las demandantes, de ello se desprende que el volumen de negocios realizado por FerroPem
en relación con los clientes independientes había disminuido. Además, estiman que dado que los costes de producción habían
aumentado al mismo tiempo en un 24 %, es lógico que la rentabilidad de FerroPem hubiese disminuido sustancialmente. A raíz
del incremento de los precios de la electricidad, FerroAtlántica dejó de producir durante las horas en las que el consumo
alcanzaba el mayor nivel, lo que según ellas permitió a su división encargada de la electricidad realizar mejores beneficios.
Además, afirman que su adquisición de FerroPem dio lugar a gastos de reestructuración para ambas sociedades. Añaden que estas
últimas lograron sin embargo obtener los mejores resultados del mercado al aumentar sus ventas entre 2004 y 2005, siendo así
que el consumo global en la Comunidad había disminuido. En cuanto al año 2005 y al período de investigación, las demandantes
afirman que la división venezolana de FerroAtlántica aumentó sus exportaciones a la Comunidad. Aducen que el conjunto del
grupo FerroAtlántica obtuvo muy buenos resultados y que no parece haber sufrido perjuicio alguno. En todo caso, según las
demandantes, tal perjuicio no puede atribuirse a las importaciones objeto de dumping.
El Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, rebate las alegaciones de las demandantes.
Apreciación del Tribunal
En el marco de la octava parte del primer motivo las demandantes critican, en particular, el hecho de que las instituciones
no tuvieran en cuenta los factores que causaron individualmente un perjuicio a los productores comunitarios, los cuales, a
su juicio, incidieron a su vez sobre la industria comunitaria en su conjunto.
Se ha establecido en el apartado 88 anterior que, a diferencia de lo que afirma el Consejo, el análisis de la existencia de
una relación de causalidad no debe realizarse necesariamente a la escala de la industria comunitaria en su conjunto, lo que
implicaría que no podría tomarse en consideración ningún perjuicio causado individualmente a un productor comunitario por
un factor distinto de las importaciones objeto de dumping. Habrá de tomarse en consideración un perjuicio causado individualmente
a un productor comunitario por un factor distinto de las importaciones objeto de dumping cuando éste haya contribuido al perjuicio
observado para el conjunto de la industria comunitaria.
No obstante, ha de precisarse que la necesidad de tener en cuenta los factores que hayan causado individualmente un perjuicio
a un productor cuando hayan contribuido al perjuicio de la industria comunitaria en su conjunto no significa, en el caso de
autos, que las instituciones tuviesen la obligación de analizar sistemáticamente la situación individual de cada productor
comunitario.
A este respecto, procede afirmar que las alegaciones formuladas por las demandantes no demuestran que la situación individual
de los productores comunitarios fuese la causa del perjuicio sufrido por el conjunto de la industria comunitaria o, cuando
menos, que hubiese contribuido a ella.
Así, primeramente, en lo que respecta a las alegaciones relativas a la situación de Huta Laziska, son en esencia idénticas
a algunas de las formuladas en el marco de la tercera parte del presente motivo. Pues bien, se ha declarado que dichas alegaciones
carecían de fundamento. De ello se desprende que estas alegaciones deben igualmente desestimarse por infundadas en el marco
del examen de esta parte.
A continuación, en lo que respecta a la situación de OFZ, los hechos descritos por las demandantes sugieren que dicha sociedad
fue objeto de una reestructuración, lo que, según ellas, contribuyó al perjuicio sufrido por la industria comunitaria. Pues
bien, en el marco del examen de la tercera parte del presente motivo se declaró que las instituciones habían tomado en consideración
los cambios de la producción, incluido el llevado a cabo por OFZ. Además, si bien es posible que la situación descrita por
las demandantes para 2004 y 2005 hubiese contribuido efectivamente al perjuicio, también es posible, como afirma el Consejo,
que tal situación fuese el resultado de la presencia en el mercado comunitario de importaciones a bajo precio. En consecuencia,
no puede considerarse que las demandantes hayan demostrado que la situación de OFZ hubiese contribuido al perjuicio sufrido
por la industria comunitaria.
Seguidamente, en lo que respecta a la situación de TDR, los hechos descritos por las demandantes sugieren que el perjuicio
sufrido por dicha sociedad está relacionado con el incremento de sus costes de producción. En la medida en que esta alegación
ya fue desestimada en el marco del examen de la cuarta parte del presente motivo, procede desestimar igualmente las alegaciones
relativas a la situación de TDR invocadas en esta parte por carecer de fundamento.
Posteriormente, en lo que respecta a la situación de Vargön Alloys, las demandantes hacen referencia a un cambio de producción
llevado a cabo por dicha sociedad y al incremento de sus costes de producción. Puesto que las alegaciones relativas a la incidencia
de dichos factores sobre el perjuicio sufrido por la industria comunitaria fueron desestimadas en el marco del examen de las
partes tercera y cuarta del presente motivo, procede igualmente desestimar las alegaciones relativas a la situación de Vargön
Alloys invocadas en esta parte.
Ulteriormente, en lo que respecta a la situación de FerroPem y de FerroAtlántica, procede señalar que las demandantes describen
una situación económica globalmente positiva de dichas sociedades y no demuestran de qué modo dicha situación podría haber
contribuido al perjuicio sufrido por la industria comunitaria. En consecuencia, las alegaciones relativas a la situación de
estas dos sociedades no pueden prosperar.
De ello resulta que procede desestimar la octava parte del primer motivo en lo que respecta a las circunstancias específicas
de los productores por carecer de fundamento.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar las partes primera, segunda, cuarta y quinta del primer
motivo, las tres primeras imputaciones de la tercera parte del primer motivo así como la octava parte del primer motivo, en
cuanto concierne al análisis individual de los factores del perjuicio, por carecer de fundamento. Ha de desestimarse igualmente
la sexta parte del primer motivo por ser parcialmente infundada y parcialmente inadmisible. Por último, es preciso señalar
que las infracciones constatadas en el marco del examen de la cuarta imputación de la tercera parte del primer motivo así
como en el marco de la séptima parte de dicho motivo no justifican la anulación del Reglamento impugnado.
3.
Sobre la no realización de un análisis conjunto de los factores del perjuicio (partes primera y octava del primer motivo)
a)      Alegaciones de las partes
En el marco de la primera parte del primer motivo, las demandantes sostienen que el planteamiento del Consejo es manifiestamente
inadecuado puesto que éste analizó si otros factores considerados individualmente eran la causa del perjuicio sufrido por
la industria comunitaria, siendo así que, a su juicio, en el caso de autos era necesario analizar la incidencia conjunta de
los otros factores. En efecto, según las demandantes, primeramente, un gran número de otros factores incidieron sobre la industria
comunitaria y ésta sólo sufrió un leve perjuicio. A continuación, afirman que los productores comunitarios considerados individualmente
se encontraban en situaciones muy diferentes. Seguidamente, aducen que varias partes del procedimiento antidumping señalaron
durante dicho procedimiento que otros factores, considerados conjuntamente, explicaban el perjuicio material sufrido por la
industria comunitaria.
En el marco de la octava parte del primer motivo, las demandantes sostienen que las instituciones deberían haber evaluado
conjuntamente el impacto de los factores conocidos distintos de las importaciones objeto de dumping. En efecto, según las
demandantes, si bien uno de estos factores, considerado aisladamente, puede resultar insuficiente para romper el nexo causal
entre las importaciones a que se refiere el procedimiento de investigación y el perjuicio, es posible que el conjunto de dichos
factores pueda hacerlo. Pues bien, a su parecer, si en el caso de autos se hubiese realizado tal análisis éste habría confirmado
que el perjuicio sufrido por la industria comunitaria fue el resultado de la evolución de los costes y del mercado y no de
las importaciones a que se refiere el procedimiento de investigación.
Así, primeramente, las demandantes explican que no era lícito imputar la evolución de los precios en 2005 y durante el período
de investigación –a saber, precios del 15 %, en 2005, y del 6 %, durante el período de investigación, más bajos que en 2004–
a las importaciones a que se refiere el procedimiento de investigación, puesto que, a su parecer, dicho evolución correspondía
al reequilibrio general de los precios del mercado respecto de 2004. En efecto, según las demandantes, la bajada de los precios
es la consecuencia lógica del descenso mundial de la demanda de 2005. Pues bien, a su parecer, durante el período de contracción
de la demanda era previsible que los productores comunitarios sufriesen una pérdida de beneficios, lo que significa, según
ellas, que la existencia de beneficios reducidos no basta, por sí sola, para demostrar el perjuicio.
A continuación, las demandantes destacan la estrecha correlación que según ellas existe entre el incremento de los costes
de producción y la pérdida de la rentabilidad. Así, aducen que el incremento de los costes, factor que ya había afectado seriamente
la rentabilidad de los productores comunitarios en 2004, agravó la disminución de los beneficios en 2005 resultante de la
contracción del mercado. Afirman que ello produjo un efecto de bola de nieve en lo que respecta al incremento de los costes
de producción y a la pérdida de beneficios, efecto que se mantuvo por la disminución de la producción. Las demandantes añaden
que en 2005 y durante el período de investigación los costes de producción de la industria comunitaria superaron los precios
del mercado, siendo así que los dichos precios eran en 2005 los más altos del mundo. Además, las demandantes sostienen que
el incremento de los costes de producción fue el resultado, en primer lugar, de los costes más elevados de los insumos, en
segundo lugar, de la pérdida de las economías de escala resultante de las reducciones y de los cambios de la producción, y,
por último, de otros factores sin relación alguna con las importaciones controvertidas.
El Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, rebate las alegaciones de las demandantes.
b)      Apreciación del Tribunal
En primer lugar, procede recordar que ya se ha establecido en el apartado 43 anterior que en determinadas circunstancias podía
resultar necesario realizar un análisis conjunto de los factores del perjuicio, particularmente cuando las instituciones hayan
considerado respecto de un gran número de factores del perjuicio distintos de las importaciones objeto de dumping, que podían
haber contribuido al perjuicio, pero que individualmente dicha incidencia no podía considerarse significativa.
En el caso de autos, en los considerandos 115 a 136 del Reglamento provisional y en los considerandos 87 a 101 del Reglamento
impugnado, las instituciones analizaron individualmente doce factores del perjuicio distintos de las importaciones objeto
de dumping, a saber, las importaciones procedentes, respectivamente, de Noruega, Islandia, Brasil y Venezuela, la competencia
de otro productor comunitario, la evolución de la demanda, los resultados de la exportación de la industria comunitaria, las
fluctuaciones del tipo de cambio, los costes de producción, los cambios de la producción, la manera en que se fijaban los
precios del ferrosilicio y la competitividad de la industria comunitaria. Declararon que ninguno de estos factores había contribuido
individualmente al perjuicio sufrido por la industria comunitaria, excepto las importaciones procedentes de Islandia y de
Venezuela, cuya incidencia fue no obstante considerada insignificante.
Pues bien, el análisis realizado en los apartados 49 a 203 anteriores, ha permitido determinar que el análisis individual
de los factores del perjuicio no adolecía de error manifiesto, excepto en lo que respecta a dos factores, a los que se hace
referencia en el marco del examen de la cuarta imputación de la tercera parte y de la séptima parte del primer motivo, que
las instituciones no habían analizado, pero respecto de los cuales las demandantes no aportan la prueba de que, en el caso
de autos, hubiesen contribuido al perjuicio sufrido por la industria comunitaria. En consecuencia, procede concluir de las
anteriores consideraciones que las instituciones no incurrieron en error manifiesto de apreciación por no llevar a cabo un
análisis conjunto de los factores del perjuicio distintos de las importaciones objeto de dumping.
Las alegaciones formuladas por las demandantes en el marco de la primera parte del primer motivo no desvirtúan esta conclusión.
Primeramente, en lo que respecta a la alegación basada en las observaciones formuladas por otras partes en el procedimiento
antidumping durante el procedimiento de investigación, procede desestimarla por ser inadmisible, ya que en esencia las demandantes
no formulan argumentación alguna, sino que se limitan a remitir a las observaciones de otras partes en el procedimiento antidumping
que adjuntan a su escrito de demanda. A este respecto, procede recordar que, conforme al artículo 21, párrafo primero, del
Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al Tribunal General con arreglo al artículo 53, párrafo primero, de dicho Estatuto,
y al artículo 44, apartado 1, letras c) y d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, toda demanda debe indicar
el objeto del litigio, las pretensiones del demandante y la exposición sumaria de los motivos invocados. Esta indicación ha
de ser suficientemente clara y precisa para permitir que la parte demandada prepare su defensa y el Tribunal resuelva el recurso.
Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la buena administración de la Justicia, para declarar la admisibilidad de
un recurso es preciso que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que esté basado consten, al menos sucintamente,
pero de manera coherente y comprensible, en el propio tenor de la demanda (sentencias del Tribunal de 6 de mayo de 1997, Guérin
automobiles/Comisión, T‑195/95, Rec. p. II‑679, apartado 20, y de 3 de febrero de 2005, Chiquita Brands y otros/Comisión,
T‑19/01, Rec. p. II‑315, apartado 64). Si bien ciertos extremos específicos del cuerpo de la demanda pueden apoyarse y completarse
mediante remisiones a pasajes de documentos adjuntos, una remisión global a otros escritos, aunque figuren como anexo a la
demanda, no puede paliar la falta de los elementos esenciales de la argumentación jurídica, que deben figurar en la demanda
(auto del Tribunal de 21 de mayo de 1999, Asia Motors y otros/Comisión, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, apartado 49).
A continuación, en lo que respecta a la alegación basada en el hecho de que individualmente los productores se hallaban en
situaciones muy diferentes, procede señalar que esta alegación es, en esencia, idéntica a las alegaciones formuladas en el
marco de la octava parte, por cuanto se refiere a las circunstancias específicas de los productores. Dado que se ha decidido
que procedía desestimar esa parte por infundada, esta alegación no sirve para demostrar que en el caso de autos resultase
necesario realizar un análisis conjunto de los factores del perjuicio distintos de las importaciones objeto de dumping.
Asimismo, esta conclusión no queda desvirtuada por las alegaciones formuladas por las demandantes en el marco de la octava
parte del primer motivo. En efecto, estas alegaciones son esencialmente idénticas a algunas de las alegaciones formuladas
en el marco de las partes tercera y quinta del primer motivo. Dado que se ha decidido, en el marco del examen de dichas partes,
que tales alegaciones carecían de fundamento, éstas no sirven para demostrar que en el caso de de autos resultase necesario
realizar un análisis conjunto de los factores del perjuicio distintos de las importaciones objeto de dumping.
En consecuencia, procede desestimar las partes primera y octava del primer motivo, en la medida en que se basan en la no realización
de un análisis conjunto de los factores del perjuicio por carecer de fundamento. Además, habida cuenta de esta conclusión,
procede igualmente desestimar la primera parte del primer motivo, en la medida en que basa en un error de Derecho en lo que
atañe a la obligación de llevar a cabo un análisis conjunto de los distintos factores del perjuicio.
B.
Sobre el segundo motivo, relativo a la existencia de un interés comunitario
1.
Sobre la primera parte del segundo motivo, relativa a la evolución del incremento del precio del ferrosilicio tras el período
de investigación
a)      Alegaciones de las partes
En primer lugar, las demandantes sostienen que el Consejo incurrió en error manifiesto en su interpretación del artículo 6,
apartado 1, del Reglamento de base (actualmente artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 1225/2009). Así, aducen que en el
considerando 106 del Reglamento impugnado el Consejo invocó erróneamente esta disposición para defender que en el marco de
la apreciación del interés comunitario no tenía la obligación de tener en cuenta la evolución posterior al período de investigación.
Pues bien, a su juicio, el artículo 6, apartado 1, del Reglamento de base sólo se aplica a la apreciación del dumping y del
perjuicio. Según ellas, el artículo 21 del Reglamento de base (actualmente artículo 21 del Reglamento nº 1225/2009) relativo
al interés comunitario, no contiene ninguna restricción temporal. Así, afirman que el criterio del interés de la Comunidad
es un criterio prospectivo, de manera que por definición su aplicación no puede limitarse a datos referidos a un periodo que
haya finalizado antes del inicio de la investigación. Añaden que habitualmente las instituciones toman en consideración informaciones
posteriores al período de investigación, cosa que hicieron, por ejemplo, en el Reglamento nº 1420/2007. Además, según las
demandantes, el Tribunal explicó en la sentencia de 14 de noviembre de 2006, Nanjing Metalink/Consejo (T‑138/02, Rec. p. II‑4347,
apartado 59), que la prohibición de tener en cuenta elementos posteriores al período de investigación pretendía asegurar que
los datos en que se basa la determinación del dumping y del perjuicio no sean influidos por el comportamiento de los productores
interesados después de la apertura del procedimiento antidumping. Sin embargo, consideran que este razonamiento no resulta
aplicable a la apreciación del interés comunitario, puesto que éste no puede ser manipulado por las partes de la investigación.
En segundo lugar, las demandantes aducen que el Consejo incurrió en error manifiesto de apreciación al afirmar, en el considerando
106 del Reglamento impugnado que, dado que los costes de producción habían aumentado en los meses siguientes al período de
investigación, la industria a de la Comunidad no se había recuperado hasta el punto de no justificarse la imposición de medidas
antidumping a pesar de la tendencia al alza de los precios del ferrosilicio. Según las demandantes, si bien es cierto que
los principales costes de producción del ferrosilicio continuaron a aumentar tras el período de investigación, la magnitud
del incremento de dichos costes fue inferior a la subida del precio del ferrosilicio. Así, sostienen que a pesar de que el
precio del ferrosilicio había aumentado en un 50 % entre el período de investigación y la adopción del Reglamento impugnado,
el precio de la electricidad, que es el principal coste de producción, había subido alrededor de un 4 % durante el segundo
semestre de 2007. Afirman que ello permitió a los productores comunitarios sobrepasar el umbral del 5 % de margen de beneficio,
lo que el Reglamento impugnado considera razonable. Alegan que, como consecuencia, los productores comunitarios volvieron
a producir ferrosilicio.
En tercer lugar, las demandantes afirman en la réplica que el Consejo no motivó adecuadamente su desestimación de las alegaciones
y de las pruebas que habían aportado en el marco de la investigación antidumping con objeto de demostrar que el aumento de
los precios del ferrosilicio posterior al período de investigación había sido superior al incremento de los costes.
El Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, rebate las alegaciones de las demandantes.
b)      Apreciación del Tribunal
En el marco del examen de esta parte del segundo motivo, en primer lugar, procede determinar si el Consejo incurrió en error
de Derecho al estimar, en el considerando 106 del Reglamento impugnado que el artículo 6, apartado 1, del Reglamento de base
es aplicable a la comprobación de la existencia de un interés de la Comunidad en la imposición de medidas antidumping, lo
que implicaría que normalmente no podrían utilizarse informaciones posteriores al período de investigación para dicha comprobación.
Una lectura literal y teleológica del artículo 6, apartado 1, y del artículo 21, apartado 1, del Reglamento de base (actualmente
artículo 21, apartado 1, del Reglamento nº 1225/2009) permite concluir que, a diferencia de lo que afirma el Consejo en el
considerando 106 del Reglamento impugnado, el artículo 6, apartado 1, del Reglamento de base no es aplicable a la comprobación
de la existencia de un interés de la Comunidad, según se establece en el artículo 21, apartado 1, del Reglamento de base,
lo que significa que los datos relativos a un periodo más reciente que el período de investigación pueden tomarse en consideración
en el marco de dicha comprobación.
En efecto, procede recordar que el artículo 6 del Reglamento de base se titula «Investigación». El artículo 6, apartado 1,
del Reglamento de base dispone que la investigación «se centrará tanto en el dumping como en el perjuicio, que serán examinados
simultáneamente». Precisa igualmente que, «a efectos de llegar a unas conclusiones representativas, se elegirá un período
de investigación» y que «normalmente no se tendrá en cuenta la información relativa a un período posterior al de investigación».
En la medida en que el artículo 6, apartado 1, del Reglamento de base precisa que la investigación se centra únicamente en
la determinación del dumping y del perjuicio, la última frase de dicha disposición, en virtud de la cual normalmente no podrá
tenerse en cuenta la evolución posterior al período de investigación, también se aplica únicamente a la apreciación del dumping
y del perjuicio.
El análisis de la finalidad del artículo 6, apartado 1, del Reglamento de base confirma esta interpretación. Según la jurisprudencia,
la fijación de un período de investigación y la prohibición de tener en cuenta elementos posteriores a dicho período tienen
por objeto garantizar que los resultados de la investigación sean representativos y fiables (sentencia del Tribunal de 20
de junio de 2001, Euroalliages/Comisión, T‑188/99, Rec. p. II‑1757, apartado 74). El período de investigación previsto en
el artículo 6, apartado 1, del Reglamento de base pretende, en particular, asegurar que los datos en que se basa la determinación
del dumping y del perjuicio no sean influidos por el comportamiento de los productores interesados después de la apertura
del procedimiento antidumping y, por tanto, que el derecho definitivo impuesto al final del procedimiento sea apto para remediar
efectivamente el perjuicio resultante del dumping (sentencia Nanjing Metalink/Consejo, citada en el apartado 216
supra,
apartado 59). Pues bien, procede señalar, al igual que hicieron las demandantes, que, si bien las partes interesadas pueden
influir sobre la determinación del dumping y del perjuicio modificando su política comercial, esta posibilidad no existe en
lo que respecta a la determinación de la existencia de un interés comunitario en la imposición de las medidas. En consecuencia,
el objetivo perseguido por la definición de un período de investigación más allá del cual los datos no se tendrán en cuenta
carece de pertinencia en el contexto del artículo 21 del Reglamento de base.
Asimismo, es preciso destacar que, por un lado, el artículo 21 del Reglamento de base no contiene ninguna restricción temporal
en cuanto a los datos que las instituciones pueden tener en cuenta para constatar la existencia de un interés comunitario.
Por otro lado, según la jurisprudencia, el examen del interés comunitario exige una valoración de las consecuencias probables,
tanto de la aplicación como de la inaplicación de las medidas proyectadas, para el interés de la industria comunitaria y para
los demás intereses afectados. Esa valoración implica un pronóstico fundado en hipótesis sobre hechos futuros que exige valorar
situaciones económicas complejas (sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2003, Euroalliages y otros/Comisión, T‑132/01, Rec.
p. II‑2359, apartado 47). Dado que el análisis a que se hace referencia en el artículo 21 del Reglamento de base es de carácter
prospectivo, las instituciones pueden verse obligadas a tomar en consideración información que no se refiera al período de
investigación sino que sea posterior a éste.
En consecuencia, procede declarar, como afirman las demandantes, que el Consejo incurrió en error de Derecho en el considerando
106 del Reglamento impugnado, al aplicar el artículo 6, apartado 1, del Reglamento de base a la determinación de la existencia
de un interés comunitario.
No obstante, si bien las instituciones consideraron que el artículo 6, apartado 1, del Reglamento de base era aplicable a
la determinación de la existencia de un interés comunitario, analizaron, en el considerando 106 del Reglamento impugnado,
la información disponible posterior al período de investigación. Por lo tanto, el error de Derecho no puede, como tal, afectar
a la legalidad del Reglamento impugnado.
En segundo lugar, es preciso determinar si el examen de la información posterior al período de investigación realizado por
las instituciones en el considerando 106 del Reglamento impugnado adolece de error manifiesto de apreciación. A este respecto,
es preciso recordar que al evaluar una situación económica compleja la Comisión dispone de una amplia facultad de apreciación
para determinar el interés comunitario. El juez de la Unión debe, por tanto, limitar su control a verificar el cumplimiento
de las normas de procedimiento, la exactitud material de los hechos considerados para elegir la opción impugnada, la falta
de error manifiesto en la apreciación de estos hechos y la inexistencia de desviación de poder (sentencia Euroalliages y otros/Comisión,
citada en el apartado 224
supra,
apartado 67).
Procede recordar que, en el considerando 106 del Reglamento impugnado, el Consejo afirmó que no podía considerarse que la
industria comunitaria se hubiese recuperado hasta el punto de no justificarse la imposición de medidas puesto que, si bien
los precios del ferrosilicio registraron una tendencia al alza en los meses siguientes al período de investigación, los precios
de los principales factores de coste también aumentaron en el mismo período.
La alegación de las demandantes según la cual el considerando 106 del Reglamento impugnado adolece de error manifiesto de
apreciación se basa en dos alegaciones. Por un lado, sostienen que los precios aumentaron en un 50 % entre el período de investigación
y la adopción del Reglamento impugnado. Por otro lado, afirman que los costes de producción no aumentaron en la misma medida
que el precio del ferrosilicio.
Sin embargo procede señalar que los documentos aportados por las demandantes en apoyo de estas alegaciones, tanto en el marco
del procedimiento ante el Tribunal como en el marco del procedimiento antidumping, adolecen de un defecto fundamental. Si
bien prueban que los precios del ferrosilicio aumentaron en los meses siguientes al fin del período de investigación, no demuestran
en modo alguno que el incremento de la totalidad de los costes fuese muy inferior. A este respecto, las demandantes se limitan
a aportar un documento que muestra un aumento del precio de la electricidad en un 4 %, pero no menciona la evolución de los
precios de los demás insumos.
Pues bien, en virtud del artículo 21, apartado 7, del Reglamento de base (actualmente artículo 21, apartado 7, del Reglamento
nº 1225/2009), la información aportada a las instituciones sólo será tenida en cuenta cuando esté respaldada por pruebas reales
que demuestren su validez. Dado que tales elementos de prueba no estaban disponibles, no puede reprocharse al Consejo que
haya incurrido en un error manifiesto de apreciación.
Habida cuenta del carácter insuficiente de las pruebas aportadas por las demandantes, sus alegaciones están tanto menos justificadas
por cuanto que el Reglamento de base establece mecanismos específicos con el fin de tratar ciertas evoluciones posteriores
al período de investigación (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de mayo de 1987, Nippon Seiko/Consejo,
258/84, Rec. p. 1923, apartado 53). Así, el artículo 11, apartado 3, del Reglamento de base (actualmente artículo 11, apartado
3, del Reglamento nº 1225/2009) dispone que podrá abrirse una reconsideración provisional en tres supuestos: cuando ya no
sea necesario seguir imponiendo la medida para contrarrestar el dumping, cuando no parezca probable que el perjuicio continúe
o reaparezca en caso de supresión o modificación de las medidas y en el supuesto de que la medida existente ya no sea suficiente
para contrarrestar el dumping. El artículo 11, apartado 8, del Reglamento de base (actualmente artículo 11, apartado 8, del
Reglamento nº 1225/2009) establece la devolución de los derechos antidumping cuando se demuestre que el margen de dumping
sobre cuya base se pagaron los derechos ha sido eliminado o reducido hasta un nivel inferior al nivel del derecho vigente.
Por último, en virtud del artículo 14, apartado 4, del Reglamento de base (actualmente artículo 14, apartado 4, del Reglamento
nº 1225/2009) las medidas antidumping podrán ser suspendidas si las condiciones del mercado han experimentado un cambio temporal
en grado tal que el perjuicio tenga escasas posibilidades de volverse a producir como consecuencia de la suspensión.
Habida cuenta de lo anterior no procede considerar que el considerando 106 del Reglamento impugnado adolezca de error manifiesto
de apreciación.
En tercer lugar, carece de fundamento la alegación de las demandantes relativa al rechazo injustificado de las pruebas que
presentaron. En efecto, en el apartado 230 anterior se ha constatado que los documentos aportados a las instituciones por
las demandantes demostraban que los precios del ferrosilicio habían aumentado en los meses siguientes al fin del período de
investigación, pero no probaban en modo alguno que el incremento de la totalidad de los costes hubiese sido muy inferior.
Por lo tanto, la motivación que se recoge en el considerando 106 del Reglamento impugnado es suficiente para descartar dichos
documentos.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede desestimar la primera parte del segundo motivo en su totalidad. En
efecto, es preciso señalar que el error de Derecho constatado en el examen de esta parte no justifica la anulación del Reglamento
impugnado.
2.
Sobre la segunda parte del segundo motivo, relativa a la experiencia adquirida que demuestra que las medidas antidumping no
ayudan a la industria comunitaria
a)      Alegaciones de las partes
Las demandantes sostienen que el Consejo incurrió en error manifiesto de apreciación puesto que en los considerandos 117 y
118 del Reglamento impugnado se negó a tener en cuenta la experiencia adquirida siendo así que, según ellas, ésta ponía de
manifiesto, por un lado, que las medidas antidumping en el sector del ferrosilicio no permiten lograr el efecto corrector
deseado, y, por otra parte, que dichas medidas imponen una carga inútil a la industria comunitaria. Según las demandantes,
si bien es cierto que la decisión de imponer medidas antidumping debe basarse en informaciones recabadas y analizadas durante
la investigación en cuestión, las repercusiones de las medidas anteriores son un factor importante y pertinente que ha de
tenerse en cuenta en el marco de la aplicación del artículo 21 del Reglamento de base. Pues bien, sostienen que en la Decisión
2001/230/CE, de 21 de febrero de 2001, por la que se da por concluido el procedimiento antidumping relativo a las importaciones
de ferrosilicio originario de Brasil, la República Popular China, Kazajistán, Rusia, Ucrania y Venezuela (DO L 84, p. 36),
la Comisión puso fin a las medidas antidumping que se aplicaban a las importaciones de ferrosilicio desde 1987 debido a que
no habían permitido lograr el efecto corrector esperado a pesar que la carga significativa que había supuesto para los usuarios
comunitarios. Afirman que el Tribunal confirmó la Decisión de la Comisión. Habida cuenta de este precedente, las demandantes
estiman que las instituciones deberían haber determinado en qué medida el caso de autos difería de éste, para justificar las
diferencias en cuanto al análisis realizado.
El Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, rebate las alegaciones de las demandantes.
b)      Apreciación del Tribunal
En el marco de esta parte del segundo motivo, las demandantes sostienen, en esencia, que en los considerandos 117 y 118 del
Reglamento impugnado, las instituciones deberían haber tenido en cuenta la Decisión 2001/230 la cual puso fin a las medidas
antidumping impuestas a las importaciones de ferrosilicio por considerar que no tenían el efecto corrector esperado. Esta
imputación debe analizarse a la luz de la jurisprudencia citada en el apartado 227 anterior.
Procede señalar que en los considerandos 117 y 118 del Reglamento impugnado el Consejo se negó a tomar en consideración la
Decisión 2001/230 en la medida en que el Reglamento de base dispone que las decisiones han de adoptarse sobre la base de información
recabada y analizada durante la investigación en cuestión y no sobre la base de investigaciones anteriores.
A este respecto, es preciso recordar que el artículo 21, apartado 1, del Reglamento de base dispone que a efectos de determinar
si el interés de la Comunidad exige la adopción de medidas, deberá procederse a una valoración conjunta de los diferentes
intereses en juego, incluyendo los de la industria de la Comunidad y los de usuarios y consumidores. Según la jurisprudencia,
la valoración del interés comunitario requiere ponderar los intereses de las diferentes partes afectadas y el interés general
(sentencia Euroalliages y otros/Comisión, citada en el apartado 224
supra,
apartado 48).
Procede señalar una vez más, tal como se puso de manifiesto en el apartado 227 anterior, que la Comisión dispone de una amplia
facultad de apreciación para determinar el interés comunitario. Esta facultad de apreciación debe ejercerse en cada caso en
función de todos los hechos concurrentes (véase, en este sentido, la sentencia Gestetner Holdings/Consejo y Comisión, citada
en el apartado 227
supra,
apartado 43). Sin embargo, una decisión anterior en la que se considera que las medidas antidumping impuestas en el pasado
a las importaciones de un producto idéntico procedente de los mismos países que aquellos a los que se refiere el procedimiento
de investigación carecen de carácter corrector puede resultar pertinente en el marco de la aplicación del artículo 21, apartado
1, del Reglamento de base, siempre que contribuya a demostrar que el interés general no exige la adopción de medidas antidumping.
En tal caso, corresponde no obstante a la parte que invoque dicha decisión explicar en qué medida las circunstancias en las
que se adoptó dicha decisión son comparables a las del procedimiento antidumping en curso y porqué las conclusiones alcanzadas
en dicha decisión deben extrapolarse a este procedimiento.
En el caso de autos, las demandantes no demostraron en qué medida las circunstancias en las que se adoptó la Decisión 2001/230
eran comparables y justificaban la aplicación de sus conclusiones a los hechos del caso de autos. Además, tal como señala
el Consejo, las circunstancias en las que se adoptó la Decisión 2001/230 eran diferentes de las del caso de autos. Así, esta
decisión se adoptó a raíz de la reconsideración de medidas que iban a expirar y de medidas que estaban en vigor en contra
de distintos países desde hacía muchos años, lo que implica que la industria comunitaria gozaba de una protección en el mercado
desde hacía mucho tiempo. No sucedía lo mismo en el caso de autos. Además, en la Decisión 2001/230 la Comisión se basó en
el hecho de que a pesar de la protección prolongada la situación de la industria comunitaria no había mejorado para concluir
que no procedía adoptar medidas antidumping. Así pues, las condiciones que imperaban en el mercado comunitario del ferrosilicio
examinado en la Decisión 2001/230, eran esencialmente diferentes de las del caso de autos.
En consecuencia, en la medida en que ninguna de las alegaciones formuladas por las demandantes demuestra que los considerandos
117 y 118 del Reglamento impugnado adolezcan de error manifiesto de apreciación, procede desestimar la segunda parte del segundo
motivo por infundada.
3.
Sobre la tercera parte del segundo motivo, relativa al análisis del impacto de las medidas antidumping sobre los usuarios
a)      Alegaciones de las partes
En primer lugar, las demandantes sostienen que el Consejo incurrió en error manifiesto de apreciación por considerar insignificante
el impacto que las medidas antidumping tendrían sobre los usuarios. Primeramente, alegan que el Consejo se limitó a mencionar
en el considerando 115 del Reglamento impugnado el impacto sobre el beneficio expresado en tanto por ciento. A su juicio,
esto resulta engañoso ya que con un tipo impositivo medio del 23,4 %, las industrias usuarias deben soportar un incremento
directo del coste de alrededor de 104 millones de euros anuales. Añaden que las medidas antidumping generan costes indirectos
adicionales para los usuarios comunitarios en relación con el desabastecimiento y el incremento de los precios del ferrosilicio
a corto y medio plazo.
A continuación, las demandantes señalan que el Consejo no tuvo en cuenta el hecho de que durante el período considerado los
usuarios comunitarios seguían dependiendo de las importaciones para satisfacer sus necesidades de ferrosilicio, dado que los
productores comunitarios no tenían la capacidad ni el deseo de satisfacerlas. Añaden que las dificultades de abastecimiento
siguieron agravándose tras el período considerado, puesto que Vargön Alloys decidió poner fin a su producción de ferrosilicio,
OFZ decidió concentrarse sobre la producción cautiva destinada a ArcelorMittal, TDR decidió cambiar su producción al silicio
y Huta Laziska debió continuar su explotación bajo control judicial, sin tener certidumbre alguna en cuanto a su abastecimiento
de electricidad.
En segundo lugar, las demandantes estiman que para dar cumplimiento al principio de proporcionalidad los altos costes soportados
por los usuarios deben sopesarse junto con el beneficio que procuran a la industria comunitaria. Pues bien, habida cuenta
de los procedimientos antidumping anteriores y de la evolución de las condiciones del mercado, el interés de la Comunidad
exigía, a su juicio, que no se impusiese ningún derecho.
En tercer lugar, las demandantes afirman en la réplica que el Consejo no motivó adecuadamente la decisión de no tener en cuenta
las cargas resultantes de los paros de producción que debían soportar los usuarios comunitarios.
El Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, rebate las alegaciones de las demandantes.
b)      Apreciación del Tribunal
En el marco de esta parte del segundo motivo las demandantes refutan, en esencia, la afirmación de que el impacto de las medidas
antidumping sobre los usuarios es insignificante. Al igual que las dos partes anteriores, esta parte debe analizarse a la
luz de la jurisprudencia citada en el apartado 227 anterior.
En primer lugar, las demandantes sostienen que el considerando 115 del Reglamento impugnado adolece de error manifiesto de
apreciación. A este respecto, ha de precisarse que el Consejo afirmó en dicho considerando que, tomando en consideración que
el promedio del tipo de derecho definitivo era del 23,4 %, no se esperaba que el impacto de las medidas sobre los productores
de acero y las fundiciones fuese significativo, ya que alteraría sus resultados financieros como máximo en un 0,16 % y un 0,33 %.
Primeramente, las demandantes afirman que dicho considerando resulta engañoso puesto que, según ellas, los usuarios del ferrosilicio
deben soportar un incremento directo del coste de cerca de 104 millones de euros anuales. No obstante, procede señalar que
las demandantes no alegan que las cifras mencionadas por el Consejo en dicho considerando respecto del efecto sobre los resultados
financieros de los usuarios sean erróneas. Se limitan a mencionar una cifra correspondiente al incremento del coste absoluto
soportado por los usuarios sin explicar porqué esa cifra es más fiable o más significativa que las cifras mencionadas por
el Consejo.
A continuación, en lo que respecta a los costes indirectos que han de soportar los usuarios, las demandantes no aportan prueba
alguna en apoyo de la alegación de que los usuarios del ferrosilicio debían hacer frente a interrupciones del abastecimiento.
Además, ha de ponerse de manifiesto, tal como hizo del Consejo, que se trata de una alegación meramente especulativa ya que
la imposición de medidas antidumping no impediría comercializar ferrosilicio procedente de los países afectados por el procedimiento
de investigación, sino que únicamente impediría a los exportadores hacerlo a precios que sean objeto de dumping.
Seguidamente, en lo que respecta a la alegación de las demandantes de que los productores comunitarios no tenían ni la capacidad
ni el deseo de satisfacer la necesidades de los usuarios durante el período considerado, procede señalar que las demandantes
se basan en apoyo de dicha alegación en dos documentos aportados por la European Confederation of Iron and Steel Industries
(Eurofer, Confederación europea de las industrias del hierro y del acero) a la Comisión en el marco del procedimiento de investigación.
Dado que dichos documentos contienen únicamente meras alegaciones de una parte interesada carecen de valor probatorio. Las
demandantes se basan igualmente en un artículo aparecido en la prensa especializada en el que se mencionaba que Vargön Alloys
había decidido cambiar su producción de ferrosilicio a la producción de ferrocromo. Este documento no basta para demostrar
que los productores comunitarios en general no tenían la capacidad ni el deseo de proveer de ferrosilicio a los usuarios comunitarios.
De ello se desprende que ninguna de las alegaciones formuladas por las demandantes demuestra que el Consejo haya incurrido
en error manifiesto de apreciación al considerar, particularmente en el considerando 115 del Reglamento impugnado, que las
medidas antidumping tenían un impacto poco significativo sobre los usuarios.
En segundo lugar, en lo que respecta a la imputación basada en la violación del principio de proporcionalidad, basta señalar
que ésta repite, en esencia, las alegaciones formuladas en apoyo de las partes primera y segunda del segundo motivo. Puesto
que dichas alegaciones se consideran infundadas, procede igualmente desestimar la presente imputación por carecer de fundamento.
En tercer lugar, en lo que respecta al incumplimiento de la obligación de motivación respecto de las interrupciones de abastecimiento,
procede recordar que según la jurisprudencia, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe mostrar, de manera clara e
inequívoca, el razonamiento de la autoridad de la Unión de la que emane el acto impugnado, de manera que los interesados puedan
conocer las razones de la medida adoptada, con el fin de defender sus derechos, y que el juez de la Unión pueda ejercer su
control (sentencia del Tribunal de 12 de octubre de 1999, Acme/Consejo, T‑48/96, Rec. p. II‑3089, apartado 141). En cambio,
las instituciones no están obligadas a responder, en la motivación del Reglamento provisional o definitivo, a todos los puntos
de hecho y de Derecho invocados por los interesados durante el procedimiento administrativo (véase, en este sentido, la sentencia
del Tribunal de 25 de junio de 1998, British Airways y otros/Comisión, T‑371/94 y T‑394/94, Rec. p. II‑2405, apartado 94).
En este contexto, procede señalar que la Comisión llevó a cabo, en los considerandos 159 y 166 del Reglamento provisional,
un análisis claro e inequívoco de las consecuencias de las medidas antidumping para los usuarios comunitarios del ferrosilicio.
Asimismo, el Consejo llevó a cabo en los considerandos 113 a 116 del Reglamento impugnado un examen ciertamente más conciso,
pero no menos claro, del impacto de la imposición de derechos antidumping sobre dichos usuarios. En consecuencia, dado que
las instituciones no tienen la obligación de responder a todos los puntos de hecho y de Derecho invocados por los interesados
durante el procedimiento administrativo, las demandantes no pueden reprochar a las instituciones ningún incumplimiento de
la obligación de motivación.
Por lo tanto, procede desestimar la tercera parte del segundo motivo por carecer de fundamento.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede desestimar el segundo motivo.
C.
Sobre el tercer motivo, relativo a la falta de cooperación, a la utilización de los datos disponibles y a la concesión del EEM
1.
Sobre la primera parte del tercer motivo relativa a la falta de cooperación
a)      Alegaciones de las partes
Las demandantes sostienen que el Consejo incurrió en error manifiesto de apreciación e infringió el artículo 18, apartados
1 y 3, del Reglamento de base (actualmente artículo 18, apartados 1 y 3, del Reglamento nº 1225/2009), el artículo 6.8 del
Acuerdo antidumping así como los apartados 3 y 5 del anexo II de dicho Acuerdo, al considerar que éstas se habían negado a
cooperar, denegarles, por ello, su petición de reconocimiento del EEM y basarse en los datos disponibles para calcular los
márgenes de dumping y el perjuicio.
En primer lugar, las demandantes afirman que cooperaron en la investigación antidumping. Según ellas, las observaciones que
presentaron en el marco del procedimiento antidumping demuestran su cooperación. Afirman que la cantidad de documentos que
contenían dichas observaciones era muy superior a la que se exige normalmente en el marco de dicho procedimiento.
En segundo lugar, las demandantes aducen que, si bien es cierto que no pudo realizarse una inspección
in situ
debido a circunstancias excepcionales e independientes de su voluntad, esta situación no constituye una negativa a cooperar
en el sentido del Reglamento de base, puesto que, con excepción de la inspección, pusieron todo de su parte para cooperar
plenamente en la investigación. A este respecto, las demandantes precisan que habían previsto la realización de la inspección
in situ,
pero que ésta debió ser anulada tan sólo seis días antes de que comenzase. Explican que no disponían del personal necesario
para dicha inspección, ya que éste estaba trabajando en una salida a la Bolsa de Londres de varios millones de euros así como
en la investigación antidumping relativa al silicomanganeso. Afirman que, habida cuenta de la cantidad de trabajo extraordinaria
que supone cooperar plenamente en una sola investigación antidumping y el despliegue masivo de personal que requiere la preparación
de una salida a Bolsa, se vieron obligadas a elegir entre cooperar plenamente en la investigación relativa al silicomanganeso,
que se encontraba en una fase avanzada, o en la investigación relativa al ferrosilicio. Pues bien, según las demandantes,
la investigación relativa al silicomanganeso requería menos esfuerzos, ya que la inspección
in situ
ya se había producido, y suponía una mayor salida comercial, puesto que las demandantes habían reducido su producción de ferrosilicio
y no la de silicomanganeso. Alegan que éste es el motivo por el que informaron a la Comisión de que seguirían cooperando en
la investigación relativa al ferrosilicio pero no participarían tan activamente como en la investigación relativa al silicomanganeso.
En tercer lugar, las demandantes sostienen que no era necesario realizar una inspección
in situ.
Primeramente, afirman que varios grupos especiales de la OMC han precisado la interpretación que ha de darse al artículo
6.8 del Acuerdo antidumping y a los apartados 3 y 5 del anexo II de dicho Acuerdo, a los que da cumplimiento el artículo 18,
apartados 1 y 3, del Reglamento de base, en virtud del considerando 5 de dicho Reglamento. Así, sostienen que en el asunto
«Estado Unidos – Chapas de acero» (WT/DS206/R), el Grupo especial indicó que la información debía ser verificable, pero que
las autoridades encargadas de la investigación no podían descartar la información aportada por el mero hecho de que no se
hubiera podido corroborar
in situ.
Según ellas, el Grupo especial confirmó esta afirmación en el asunto «CE – Salmón (Noruega)» (WT/DS337/R), en el que añadió
que en el Acuerdo antidumping se afirmaba que las inspecciones
in situ
no eran la única manera de constatar que la información era verificable. A continuación, según las demandantes, si las partes
que cooperan aportan información que no puede verificarse
in situ,
la Comisión puede descartar dicha información si otras fuentes ponen en duda su veracidad. Aducen que es por ello que sugirieron
a la Comisión que verificase los datos aportados mediante otra información disponible. En efecto, las demandantes explican
que tenían la certeza de que la información aportada no quedaría desvirtuada y que, por tanto, según ellas, nada justificaba
que las instituciones de la Unión no se basasen en dicha información para formular sus conclusiones.
El Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, rebate las alegaciones de las demandantes.
b)      Apreciación del Tribunal
En el marco de esta parte del tercer motivo, procede determinar si las instituciones infringieron el Reglamento de base y
el Acuerdo antidumping al basar sus conclusiones sobre los datos disponibles debido a la decisión de las demandantes de no
prestarse a la inspección
in situ
prevista por los servicios de la Comisión, siendo así que habían participado activamente en el resto del procedimiento de
investigación y que los datos aportados por las demandantes podían verificarse sin recurrir a una inspección
in situ.
El desacuerdo entre las partes se refiere, en esencia, a la interpretación del artículo 18, apartados 1 y 3, del Reglamento
de base que transpone en el Derecho de la Unión el artículo 6.8 del Acuerdo antidumping, así como los apartados 3 y 5 del
anexo II de dicho Acuerdo. En particular, procede determinar si, en virtud de dicha disposición, el hecho de no prestarse
a llevar a cabo una inspección
in situ
justifica la utilización de los datos disponibles. Para responder a esta cuestión, procede tener en cuenta, por un lado, el
tenor del artículo 18, apartados 1 y 3, del Reglamento de base, así como su finalidad, y por otro lado, la estructura de dicho
Reglamento.
En primer lugar, procede señalar que según la redacción del artículo 18, apartados 1 y 3, del Reglamento de base, las instituciones
podrán utilizar los datos disponibles cuando una parte interesada obstaculice una inspección
in situ
organizada por los servicios de la Comisión.
En efecto, el artículo 18, apartados 1 y 3, del Reglamento de base, se refiere a la utilización por las instituciones de los
datos disponibles en lugar de los datos aportados por una o varias partes interesadas. Si bien el artículo 18, apartado 1,
del Reglamento de base define los casos en los que pueden utilizarse los datos disponibles, el artículo 18, apartado 3, de
dicho Reglamento describe los casos en los que no han de utilizarse necesariamente los datos disponibles. En virtud del artículo
18, apartado 1, del Reglamento de base, la posibilidad de utilizar los datos disponibles existe en cuatro supuestos: cuando
una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria, cuando no la facilite en los plazos establecidos, cuando
obstaculice de forma significativa la investigación, o cuando suministre información falsa o engañosa. El artículo 18, apartado
3, del Reglamento de base, dispone que aunque la información facilitada por una parte interesada no sea óptima en todos los
aspectos, no deberá descartarse, siempre que las deficiencias no sean tales que dificulten sobremanera llegar a conclusiones
razonablemente precisas y siempre que la información sea convenientemente presentada en los plazos previstos, sea cotejable
y que la parte interesada la haya elaborado lo mejor posible.
De ello se desprende que el artículo 18 del Reglamento de base hace referencia, en sus apartados 1 y 3, a situaciones diferentes.
Así, mientras que el artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base describe, de manera general, los supuestos en los que
no se ha aportado la información que las instituciones consideran necesaria para la investigación, el artículo 18, apartado
3, del Reglamento de base contempla los supuestos en los que se han aportado los datos necesarios para la investigación pero
éstos no son óptimos en todos los aspectos.
El Tribunal considera que la anulación de una inspección
in situ
por una parte interesada debe examinarse a la luz del apartado 1 del artículo 18, del Reglamento de base y no de su apartado
3. En efecto, por un lado, procede considerar que tal anulación entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 18, apartado
1, de dicho Reglamento. Ciertamente, no puede considerarse que los tres últimos casos contemplados por dichas disposición,
tal como se han descrito en el apartado 268 anterior, incluyan dicha anulación. Así, resulta evidente que mediante una anulación
como la que se produjo en el caso de autos, una parte interesada no se niega a facilitar la información en los plazos establecidos
ni suministra información falsa o engañosa. Asimismo, a la luz de las circunstancias que rodean la anulación de la inspección
in situ,
no puede afirmarse que en el caso de autos las demandantes hayan obstaculizado de forma significativa la investigación. Sin
embargo, si bien la anulación de una inspección
in situ
como la del caso de autos no se incluye en los tres últimos supuestos del artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base,
ésta debe considerarse, excepto en los casos de fuerza mayor, una denegación de acceso a la información considerada necesaria
por la Comisión, en el sentido del primer supuesto descrito por dicha disposición. En el caso de autos, los motivos expuestos
por las demandantes para justificar la anulación de la inspección
in situ
no constituyen un caso de fuerza mayor.
Por otro lado, en contra de lo que sugieren las demandantes, el artículo 18, apartado 3, del Reglamento de base no puede utilizarse
para eludir la obligación de permitir la realización de una inspección
in situ
si los servicios de la Comisión la consideran necesaria. Ciertamente, la inspección
in situ
tiene como objetivo corroborar los datos aportados por una parte interesada en el marco del procedimiento de investigación
y es posible que dichos datos puedan verificarse por otros medios que no sean la visita a los locales de la parte interesada.
Sin embargo, procede recordar que, en virtud del artículo 18, apartado 3, del Reglamento de base, cuando se haya facilitado
información que no sea óptima en todos los aspectos, la utilización de los datos disponibles sólo podrá descartarse si la
parte interesada actuó de la mejor manera posible. Pues bien, en el supuesto de que una parte se haya negado a prestarse a
una inspección
in situ,
no puede considerarse que ésta haya actuado de ese modo.
En segundo lugar, la finalidad del artículo 18, apartados 1 y 3, del Reglamento de base es tal que confirma que la negativa
a prestarse a una inspección
in situ
justifica la utilización de los datos disponibles. Así, en lo que respecta al objetivo del artículo 18, apartado 1, del Reglamento
de base, procede recordar que, según la jurisprudencia, dado que el Reglamento de base no confiere a la Comisión ninguna facultad
de investigación que le permita obligar a los productores o exportadores objeto de una denuncia a participar en la investigación
o a facilitar información, el Consejo y la Comisión dependen de la cooperación voluntaria de las partes para obtener la información
necesaria en los plazos fijados. En este contexto, las respuestas de las citadas partes al cuestionario previsto en el artículo 6,
apartado 2, del Reglamento de base (actualmente artículo 6, apartado 2, del Reglamento nº 1225/2009), y la posterior inspección
in situ
a la que puede proceder la Comisión, prevista en el artículo 16 del mismo Reglamento (actualmente artículo 16 del Reglamento
nº 1225/2009), son esenciales para el desarrollo del procedimiento antidumping. La posibilidad de que las instituciones, en
caso de falta de cooperación de las empresas afectadas por la investigación, tengan en cuenta datos distintos de los proporcionados
en la respuesta al cuestionario es inherente al procedimiento antidumping, y persigue fomentar la cooperación leal y diligente
de dichas empresas afectadas por la investigación (sentencia del Tribunal de 13 de julio de 2006, Shandong Reipu Biochemicals/Consejo,
T‑413/03, Rec. p. II‑2243, apartado 65). Por su parte, el artículo 18, apartado 3, del Reglamento de base pretende evitar
que las instituciones descarten de manera abusiva datos que, si bien no son perfectos, pueden ser utilizados y verificados.
La utilización de los datos disponibles cuando una parte interesada se niega a prestarse a la inspección
in situ
es conforme a estos objetivos. En efecto, tal negativa va en contra del objetivo de cooperación leal y diligente cuyo respeto
pretende garantizar el artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base. Mas aún, en estas circunstancias, no puede reprochase
a las instituciones haber descartado datos de manera abusiva, lo que significa que no es necesario verificar mediante otros
medios los datos que no pudieron ser verificados mediante una inspección
in situ,
sino que puede hacerse caso omiso de ellos.
En tercer lugar, un análisis de la estructura del Reglamento de base confirma la posibilidad de utilizar los datos disponibles
cuando una parte interesada se niega a prestarse a la inspección
in situ.
A este respecto, procede señalar que, en virtud del artículo 6, apartado 8, del Reglamento de base (actualmente artículo
6, apartado 8, del Reglamento nº 1225/2009), en el marco de la investigación sobre el dumping y el perjuicio que debe realizar,
la Comisión debe comprobar, en la medida de lo posible, la exactitud de la información suministrada por las partes interesadas
en la que se basen las conclusiones, salvo en las circunstancias previstas en el artículo 18 de dicho Reglamento. Además,
con arreglo al artículo 16, apartado 1, del Reglamento de base (actualmente artículo 16, apartado 1, del Reglamento nº 1225/2009),
la Comisión recabará cualquier información que considere necesaria y, cuando lo juzgue apropiado, examinará y verificará los
libros de los importadores, exportadores, operadores comerciales, agentes, productores, asociaciones y organizaciones mercantiles
para verificar la información facilitada sobre el dumping y el perjuicio.
De ello se desprende, por un lado, que a lo efectos de la comprobación de la información aportada por una parte interesada,
corresponde a las instituciones decidir si consideran necesario corroborar dicha información mediante una inspección
in situ
realizada en los locales de esa parte y, por otro lado, que en el supuesto de que una parte interesada obstaculice la verificación
de los datos que ha aportado, ha de aplicarse el artículo 18 del Reglamento de base y pueden utilizarse los datos disponibles.
Habida cuenta de lo anterior, procede concluir que el artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base autoriza a las instituciones
a utilizar los datos disponibles cuando una parte interesada obstaculiza la realización de la inspección
in situ
y que el artículo 18, apartado 3, de dicho Reglamento no impone ninguna obligación a las instituciones de comprobar los datos
aportados por una parte interesada que no hayan sido verificados
in situ
acudiendo a otras fuentes de información disponibles.
Esta conclusión no queda desvirtuada ni por el informe del Grupo especial de la OMC, adoptado el 29 de julio de 2002, en el
asunto «Estados Unidos – Chapas de acero» (WT/DS206/R), ni por el adoptado el 15 de enero de 2008 en el asunto «CE – Salmón
(Noruega)».
En efecto, en ninguno de estos informes se aborda la cuestión del trato que dan las instituciones a la negativa de una parte
interesada a prestarse a una inspección
in situ.
Así, en el pasaje del informe relativo al asunto «Estados Unidos – Chapas de acero», citado por las demandantes en sus escritos,
el Grupo especial refutó la afirmación de los Estados Unidos según la cual algunas informaciones habían sido descartadas en
el marco del procedimiento de investigación por no satisfacer los criterios del apartado 3 del anexo II del Acuerdo antidumping.
En este contexto definió el concepto de información verificable. Asimismo, el pasaje del informe del Grupo especial en el
asunto «CE – Salmón (Noruega)» en el que se basan las demandantes en sus escritos, se refiere a la cuestión de si la información
aportada tras la inspección
in situ
podía considerarse verificable.
A la luz de las anteriores consideraciones procede concluir que, habida cuenta de la decisión de las demandantes de no prestarse
a la realización de la inspección
in situ
prevista por los servicios de la Comisión, el Consejo pudo servirse legítimamente y sin incurrir en error manifiesto de apreciación
de los datos disponibles.
En consecuencia, procede desestimar la primera parte del tercer motivo por carecer de fundamento.
2.
Sobre la segunda parte del tercer motivo, relativa a la utilización de los datos disponibles sin tener en cuenta los datos
verificables
a)      Alegaciones de las partes
Las demandantes sostienen que el Consejo infringió el artículo 18, apartado 5, del Reglamento de base (actualmente artículo
18, apartado 5, del Reglamento nº 1225/2009), el artículo 6.8 y los apartados 3 y 5 del anexo II del Acuerdo antidumping,
por no examinar de manera exhaustiva y dentro del plazo la información verificable aportada por ellas. En efecto, sostienen
que las instituciones tenían la obligación de verificar sus conclusiones a partir de la información aportada por las demandantes,
en su condición de parte interesada, comparándola con el resto de la información disponible. Según ellas, el informe del Grupo
especial de la OMC, adoptado el 20 de diciembre de 2005, en el asunto «México – Medidas antidumping sobre el arroz» (WT/DS295/R)
confirma este extremo.
El Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, rebate las alegaciones de las demandantes.
b)      Apreciación del Tribunal
Las demandantes afirman, en el marco de la segunda parte del tercer motivo, que las instituciones deberían haber verificado
sus conclusiones a partir de la información aportada por ellas.
A este respecto, procede señalar que a la luz del artículo 18, apartado 5, del Reglamento de base, es cierto que cuando las
instituciones hacen uso de los datos disponibles tienen la obligación, en la medida de lo posible, de comprobarlos a partir
de otras fuentes independientes o de la información facilitada durante la investigación por otras partes interesadas.
Sin embargo, en el caso de autos, es preciso señalar, al igual que hizo el Consejo, que las demandantes no precisan qué conclusiones
habrían quedado desvirtuadas si los datos disponibles hubiesen sido verificados a partir de la información aportada por ellas.
Tampoco precisan qué información habría permitido desvirtuar dichas conclusiones.
De ello se desprende, habida cuenta de la jurisprudencia citada en el apartado 212 anterior, que procede desestimar esta parte
del tercer motivo por ser inadmisible.
3.
Sobre la tercera parte del tercer motivo, relativa a la denegación de la petición de reconocimiento del EEM
a)      Alegaciones de las partes
En primer lugar, las demandantes sostienen que las instituciones incurrieron en error manifiesto de apreciación e infringieron
el artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento de base, por haber impuesto un requisito adicional no establecido por
dicha disposición y haber hecho caso omiso de información importante por el mero hecho de que circunstancias ajenas a la voluntad
de las demandantes impidieron a éstas prestarse a la inspección
in situ.
Así, primeramente, en contra de lo que sugieren las instituciones en los considerandos 10 y 25 del Reglamento provisional,
sostienen que el artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento de base no impone que las peticiones de reconocimiento del
EEM se acompañen de una inspección
in situ.
A su juicio, ello se desprende igualmente de la práctica de las instituciones, quienes, cuando no es posible verificar algunas
informaciones
in situ,
se basan en un análisis documental
.
Aducen que así sucedió en el marco de las investigaciones antidumping que dieron lugar al Reglamento (CE) nº 1212/2005 del
Consejo, de 25 de julio de 2005, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinadas
piezas moldeadas originarias de la República Popular China (DO L 199, p. 1) así como al Reglamento (CE) nº 426/2005 de la
Comisión, de 15 de marzo de 2005, por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de determinados
tejidos de confección acabados en filamentos de poliéster originarias de la República Popular China (DO L 69, p. 6).
A continuación, según las demandantes, las instituciones disponían de información sustancial sobre su funcionamiento, puesto
que en el marco de la investigación antidumping relativa al silicomanganeso la Comisión confirmó que operaban en condiciones
de economía de mercado y que podía concedérseles el EEM.
En segundo lugar, las demandantes afirman que las instituciones infringieron el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento
de base, al no informarles de la denegación del EEM hasta el 5 de julio de 2007, esto es, siete meses después del comienzo
de la investigación. En opinión de las demandantes, el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base exige que
la determinación se produzca en los tres meses siguientes al inicio de la investigación, lo que, según ellas, ha confirmado
el Tribunal. Las demandantes añaden que, si la Comisión hubiese actuado dentro del plazo establecido de tres meses, habrían
podido prestarse a la inspección
in situ
, en la medida en que ésta no habría coincido con la salida a Bolsa.
El Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, rebate las alegaciones de las demandantes.
b)      Apreciación del Tribunal
En primer lugar, las demandantes afirman que, al negarse a reconocerles el EEM por no haber llevado a cabo ninguna inspección
in situ
, las instituciones incurrieron en error manifiesto de apreciación e infringieron el artículo 2, apartado 7, letra b), del
Reglamento de base, puesto que, por un lado, con arreglo a dicha disposición no resulta necesario llevar a cabo una inspección
in situ,
y, por otro lado, las instituciones disponían de información sustancial relativa a su funcionamiento que habían obtenido
en el marco del procedimiento antidumping relativo al silicomanganeso.
Primeramente, en lo que respecta a la alegación basada en que el artículo 2, apartado 7, letra b) del Reglamento de base no
exige que se lleve a cabo una inspección
in situ,
ya se remitió en el apartado 274 anterior, al artículo 6, apartado 8, y al artículo 16, apartado 1, del Reglamento de base.
En virtud del artículo 6, apartado 8, del Reglamento de base, la Comisión tiene la obligación de comprobar, en la medida de
lo posible, la exactitud de la información suministrada por las partes interesadas en la que se basen las conclusiones. Dado
que el artículo 6, apartado 8, del Reglamento de base no contiene limitación alguna del alcance de la obligación de verificación
de los datos en que se basen las conclusiones de las instituciones, dicha obligación incluye la información aportada por una
parte interesada en el marco de una petición de reconocimiento del EEM.
Además, en virtud de artículo 16, apartado 1, del Reglamento de base, a efectos de la obligación de verificación la Comisión
puede, cuando lo juzgue apropiado, realizar inspecciones
in situ
en los locales de las partes interesadas. Esta disposición no limita en modo alguno la posibilidad de llevar a cabo tales
inspecciones en función de la información que la Comisión desee corroborar. De ello se desprende que el artículo 16, apartado 1,
del Reglamento de base autoriza a la Comisión a llevar a cabo una inspección
in situ
en los locales de un productor exportador con el fin examinar su solicitud de EEM y asegurarse de la exactitud de la información
aportada en dicha solicitud cuando lo juzgue apropiado.
En consecuencia, el hecho de que el artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento de base no exija la realización de una
inspección
in situ
en los locales del productor exportador que ha solicitado el EEM no significa que dicha inspección no pueda llevarse a cabo.
Asimismo, no puede considerarse que la organización de una inspección
in situ
en el marco del examen de una petición de reconocimiento del EEM imponga un requisito adicional al artículo 2, apartado 7,
letra b), del Reglamento de base.
Esta conclusión no queda desvirtuada por los precedentes citados por las demandantes, en el marco de los cuales la Comisión,
al examinar solicitudes de concesión de EEM, no llevó a cabo una inspección
in situ
y se limitó a un análisis documental.
En efecto, en primer lugar, tal como se ha señalado en el apartado 295 anterior, corresponde a las instituciones apreciar
el carácter apropiado de la inspección
in situ.
Así pues, si bien es cierto que en una investigación antidumping una inspección puede resultar inapropiada, ello no significa
que no sea necesaria en otra.
A continuación, los precedentes citados por las demandantes no son comparables a la situación del caso de autos. Tanto en
el Reglamento nº 1212/2005 como en el Reglamento nº 426/2005, las instituciones utilizaron la técnica del muestreo, en el
sentido del artículo 17 del Reglamento de base (actualmente artículo 17 del Reglamento nº 1225/2009), habida cuenta del gran
número de productores exportadores afectados y que habían presentado una petición de reconocimiento del EEM. En este contexto,
las instituciones llevaron a cabo una inspección
in situ
únicamente en los locales de los productores exportadores incluidos en el muestreo. En lo que atañe a los demás productores
exportadores, las instituciones se limitaron a realizar un análisis documental.
A continuación, en lo que respecta a la alegación basada en el hecho de que las instituciones disponían de información relativa
a la situación de las demandantes obtenidas en el marco del procedimiento antidumping relativo al silicomanganeso, procede
recordar que, a tenor del artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento de base, para el reconocimiento del EEM, es preciso
demostrar de acuerdo con las alegaciones correctamente probadas de un productor sujeto a investigación, que para este productor
prevalecen unas condiciones de economía de mercado en relación con la fabricación y venta del producto similar afectado. De
ello se desprende que las conclusiones alcanzadas por las instituciones en el marco de una investigación relativa a un producto
particular no pueden extrapolarse a otro producto. A este respecto, procede señalar, tal como sugiere el Consejo, que si una
investigación permite confirmar que una sociedad cumple los criterios exigidos para obtener el EEM para un producto determinado,
ello no significa automáticamente que también cumpla dichos criterios respecto de otro producto en la medida en que, por ejemplo,
es posible que el Estado posea un interés estratégico en un producto e intervenga en las decisiones relativas a sus precios,
costes e insumos.
En consecuencia, los datos obtenidos en el marco del examen de las peticiones de reconocimiento del EEM presentadas en la
investigación relativa al silicomanganeso no pueden utilizarse para examinar las mismas solicitudes presentadas en la investigación
relativa al ferrosilicio.
En segundo lugar, en lo que atañe a la imputación basada en la infracción del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento
de base, esta disposición establece, tal como señalan las demandantes, que la cuestión de si para un productor prevalecen
las condiciones de economía de mercado debe dirimirse en los tres meses siguientes al inicio de la investigación. En el caso
de autos, el 30 de noviembre de 2006 se publicó en el
Diario Oficial de la Unión Europea
el anuncio de inicio del procedimiento de investigación. Por lo tanto, el plazo de tres meses expiró el 28 de febrero de
2007. Pues bien, las demandantes recibieron una respuesta a su petición de reconocimiento del EEM el 5 de julio de 2007, es
decir, más de seis meses después del inicio de la investigación. En consecuencia, procede señalar, tal como hicieron las demandantes,
que se sobrepasó el plazo fijado por el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base.
No obstante, esta irregularidad sólo podrá afectar a la legalidad del Reglamento impugnado si las demandantes demuestran que,
si se hubiese producido dentro del plazo, la repuesta a la petición de reconocimiento del EEM habría podido ser distinta.
Pues bien, ninguna prueba justifica la afirmación de las demandantes según la cual, si la Comisión hubiese actuado de manera
adecuada para garantizar el respeto del plazo de tres meses, habría podido prestarse a la inspección
in situ.
Así, en la vista, las demandantes afirmaron que se habría podido llevar a cado la inspección
in situ
–que estaba prevista entre el 21 de febrero y el 2 de marzo de 2007– si se hubiese organizado en enero de 2007, puesto que
la salida a Bolsa sólo requirió trabajo adicional a partir de finales de febrero de 2007. Las demandantes no aportaron ningún
documento en apoyo de dicha afirmación. Al contrario, en su escrito de 14 de febrero de 2007 y en sus escritos, explicaron
que, en febrero de 2007 los preparativos para la salida a Bolsa habían comenzado hacía ya varios meses.
Además, dado que tanto la salida a Bolsa como la investigación relativa al silicomanganeso parecen haber movilizado al personal
de las demandantes durante un período relativamente largo, es poco probable que éstas hubiesen podido prestarse a la realización
de la inspección
in situ
aunque ésta se hubiese llevado a cabo antes, toda vez que la petición de reconocimiento del EEM no se presentó hasta el 15
de diciembre de 2006.
En estas circunstancias, procede señalar que las demandantes no demuestran que la irregularidad constatada respecto del artículo
2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base permita justificar la anulación del Reglamento impugnado.
En consecuencia, procede desestimar la tercera parte del tercer motivo.
D.
Sobre el cuarto motivo, relativo al derecho de defensa de las demandantes
1.
Sobre la primera parte del cuarto motivo, basada en la vulneración del derecho de defensa de las demandantes en la medida
en que las instituciones no les facilitaron un resumen significativo, coherente y dentro del plazo del expediente confidencial
a)      Alegaciones de las partes
Las demandantes sostienen que se vulneró su derecho de defensa porque la calidad de la información no confidencial que se
puso a su disposición y el momento en que se les comunicó dicha información afectaron considerablemente su capacidad para
rebatir la alegación según la cual las importaciones controvertidas habían causado un perjuicio considerable.
Así, en primer lugar, sostienen que los datos no confidenciales comunicados por los productores comunitarios en forma de índices
de referencia resultaban insuficientes. Primeramente, éstos no eran suficientemente detallados para permitirles comprender
la esencia de la información comunicada con carácter confidencial. A este respecto, las demandantes precisan que, en su gran
mayoría, los índices de referencia no confidenciales no estaban acompañados por ningún texto explicativo, de manera que, según
ellas, se les impidió ejercitar adecuadamente su derecho de defensa. A continuación, según las demandantes, dichos datos no
contenían información alguna relativa a todos los indicadores del perjuicio. Así, por ejemplo, no figuraba información alguna
relativa a las exportaciones ni a las ventas a las empresas vinculadas.
En segundo lugar, las demandantes estiman que los resúmenes de los índices de referencia deberían haber figurado en el expediente
no confidencial desde enero de 2007 dado que se habían aportado a dicho expediente el día de la publicación del Reglamento
provisional, a saber, el 28 de agosto de 2007. En concreto, sostienen que ello significa que las demandantes perdieron nueve
meses durante los cuales podrían haber examinado dichos datos y, en consecuencia, no pudieron volver a examinar una parte
esencial de lo que ya habían aportado hasta una fase muy avanzada del procedimiento. Mas concretamente, no pudieron resolver
cuestiones pendientes ni obtener ciertas informaciones pertinentes antes de la fecha límite para la presentación de las observaciones
sobre el documento de información provisional.
En tercer lugar, las demandantes explican que los resúmenes de los índices de referencia, incluidos en el expediente no confidencial
el 28 de agosto de 2007, contradicen datos no confidenciales anteriores, lo que, a su entender, significa que tras la pertinente
verificación se comprobó que los datos aportados eran inexactos. Además, las demandantes afirman en la réplica que dichos
datos presentaban numerosas anomalías, en particular en lo que atañe de los datos relativos a FerroAtlántica y a FerroPem.
El Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, rebate las alegaciones de las demandantes.
b)      Apreciación del Tribunal
Procede determinar a la luz del artículo 19, apartados 1 y 2, del Reglamento de base (artículo 19, apartados 1 y 2, del Reglamento
nº 1225/2009) así como de la jurisprudencia citada en el apartado 110 anterior, si se ha vulnerado efectivamente el derecho
de defensa de las demandantes debido a la mala calidad de la versión no confidencial de los resúmenes de los datos aportados
individualmente por los productores comunitarios relativos a la evolución de su situación económica y al momento en el que
ésta se aportó al expediente no confidencial.
En primer lugar, en lo que respecta a la alegación basada en el carácter insuficiente de la versión no confidencial de dichos
resúmenes debido, primeramente, a la falta de un texto explicativo, procede señalar que dichos resúmenes consisten en cuadros
en los que se detalla, productor comunitario por productor comunitario y año por año, entre el 2003 y el período de investigación,
la evolución de 19 factores de perjuicio distintos. Si bien es cierto que los datos que figuran dichos cuadros se presentan
en forma de índices, éstos permiten comprender razonablemente la evolución de la situación de los distintos productores. No
resulta necesario ningún texto explicativo para comprender dicha evolución y las demandantes tuvieron la posibilidad de manifestar
oportunamente su punto de vista sobre ésta.
Por otro lado, si bien las demandantes sostienen en sus escritos que, a falta de un texto explicativo, se vieron obligadas
a intentar dilucidar la situación real de los productores comunitarios, de manera que no pudieron ejercitar útilmente su derecho
de defensa, de sus observaciones sobre el documento de información provisional se desprende que en realidad critican la falta
de explicaciones relativas a las causas de las tendencias observadas para cada productor comunitario. Pues bien, las instituciones
no tenían la obligación de pedir a los productores comunitarios que aportasen tales explicaciones, puesto que con arreglo
al artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base (actualmente artículo 3, apartado 7, del Reglamento nº 1225/2009) no corresponde
a dichos productores realizar un análisis de no atribución. Sin embargo, las instituciones debían realizar dicho análisis
a los efectos de la determinación provisional y definitiva. En otros términos, no había de buscarse tal explicación en la
versión no confidencial de los datos aportados por los productores comunitarios, sino en el análisis realizado por las instituciones.
Pues bien, según se desprende de los apartados 193 a 203 anteriores, las instituciones analizaron los motivos que subyacían
a ciertas tendencias particulares de los productores comunitarios. Puesto que dicho análisis figuraba tanto en el reglamento
provisional como en los documentos relativos a la información provisional y a la información final, las demandantes tenían
la posibilidad de formular sus observaciones al respecto, lo que, por otro lado, no dudaron en hacer. Así, por ejemplo, en
la subdivisión de sus observaciones sobre el documento de información provisional en la que las demandantes exponen la necesidad
de acompañar la versión no confidencial de los datos relativos a la evolución de la situación económica individual de los
productores comunitarios de notas explicativas, éstas formularon una serie de alegaciones relativas a los motivos de las tendencias
observadas para cada productor comunitario.
En consecuencia, procede señalar que las demandantes ejercitaron su derecho de defensa y que no puede reprocharse a las instituciones
haber vulnerado dicho derecho debido a la falta de notas explicativas que acompañasen a los índices de referencia de los productores
comunitarios en la versión no confidencial del expediente del procedimiento.
A continuación, en lo que respecta a la alegación referente a la falta de datos relativos a algunos indicadores del perjuicio,
procede señalar que las demandantes se refieren a los datos relativos a las exportaciones así como a las ventas a las empresas
vinculadas. Pues bien, por un lado, en contra de lo que afirman las demandantes, los cuadros que resumen los datos de los
productores comunitarios contienen datos relativos a las exportaciones. Por otro lado, en lo que atañe a los datos relativos
a las ventas a las empresas vinculadas, el Consejo explica en sus escritos que si bien dichos datos no figuraban en los cuadros
que resumen los indicadores del perjuicio relativos a los productores comunitarios, figuran, sin embargo, en otra parte del
expediente no confidencial que fue consultada por las demandantes en varias ocasiones. En respuesta a una solicitud de presentación
de documentos del Tribunal formulada en el marco de una diligencia de ordenación del procedimiento, el Consejo aportó dichos
datos tal como figuran en el expediente no confidencial del procedimiento.
Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar la alegación sobre la falta de datos relativos a algunos indicadores del
perjuicio por carecer de fundamento.
En segundo lugar, en lo que respecta al momento en que se comunicaron a las demandantes los datos no confidenciales relativos
a los productores comunitarios, es preciso señalar que éstos se aportaron al expediente no confidencial del procedimiento
el 28 de agosto de 2007 y que el Reglamento impugnado no se adoptó hasta el 25 de febrero de 2008. Es cierto que las demandantes
no pudieron dar a conocer su punto de vista sobre dichos datos antes de la adopción del Reglamento provisional. Sin embargo,
según la jurisprudencia, aun suponiendo que, el principio del respeto de los derechos de defensa exija comunicar a los productores
exportadores los principales hechos y consideraciones por los que se proyecta establecer derechos provisionales, la vulneración
de estos derechos no puede, como tal, tener por efecto viciar el Reglamento por el que se establecen los derechos definitivos
siempre que, durante el procedimiento de adopción de este último Reglamento, se haya subsanado el vicio de que adoleció el
procedimiento de adopción del Reglamento correspondiente por el que se establecieron los derechos provisionales (sentencia
del Tribunal de Justicia de 3 de mayo de 2001, Ajinomoto y NutraSweet/Consejo y Comisión, C‑76/98 P y C‑77/98 P, Rec. p. I‑3223,
apartado 67).
Puesto que las demandantes dispusieron de varios meses previos a la adopción del Reglamento impugnado para manifestar su punto
de vista sobre dichos datos, no puede considerarse que se haya vulnerado su derecho de defensa como consecuencia de la inclusión
tardía de dichos datos en los autos de procedimiento.
En tercer lugar, en lo que respecta a las incoherencias y anomalías que afectan a dicho datos, las demandantes no deben confundir
la vulneración de su derecho de defensa con la existencia de errores materiales que puedan afectar la legalidad del Reglamento
impugnado. En efecto, el hecho de que las demandantes consideren que los datos relativos a los productores comunitarios son
incoherentes y que adolecen de anomalías no demuestra sin embargo que la Comisión haya vulnerado su derecho de defensa.
De ello se desprende que ha de desestimarse la primera parte del cuarto motivo por carecer de fundamento.
2.
Sobre la segunda parte del cuarto motivo, basada en la vulneración del derecho de defensa de las demandantes en la medida
en que, según ellas, las instituciones no actuaron ante las anomalías que figuran en el expediente no confidencial
a)      Alegaciones de las partes
Las demandantes afirman que la presencia de anomalías en el expediente no confidencial, que no suscitaron reacción alguna
de las instituciones a pesar de las peticiones en este sentido, disminuyó considerablemente el valor de la información disponible
en dicho expediente, disminuyendo así considerablemente su capacidad de ejercitar su derecho de defensa. Así, afirman primeramente,
que ni el expediente no confidencial ni el documento de información final indican los motivos por lo que OFZ redujo a la mitad
su masa salarial entre 2003 y 2004. A continuación sostienen que ni el expediente no confidencial ni el documento de información
final explican las modalidades de reparto de los costes tras la adquisición de FerroPem por FerroAtlántica, en 2005. Pues
bien, a su juicio, ello repercutió de manera considerable sobre la rentabilidad de dichas empresas. Seguidamente, aducen que
no se aportó ningún texto explicativo en relación con los datos relativos a las inversiones. Posteriormente, las demandantes
se preguntan cómo FerroAtlántica pudo aumentar sus ventas siendo así que las de Huta Laziska disminuyeron en dos tercios.
Ulteriormente, las demandantes llaman la atención sobre las disparidades existentes entre la información aportada inicialmente
y la que se aportó al expediente posteriormente.
El Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes, rebate las alegaciones de las demandantes.
b)      Apreciación del Tribunal
La alegación formulada en esta parte del cuarto motivo es una variante de la formulada por las demandantes en el marco de
la primera parte de este motivo, según la cual los datos que figuraban en el expediente no confidencial adolecían de varias
anomalías. Las demandantes llaman la atención sobre la presencia de anomalías en los datos que figuran en el expediente no
confidencial y sostienen que informaron de ellas a las instituciones durante el procedimiento, pero que éstas hicieron caso
omiso.
A este respecto, tal como se ha explicado en el apartado 321 anterior, las demandantes no deben confundir la vulneración de
su derecho de defensa con la existencia de errores materiales que puedan afectar la legalidad del Reglamento impugnado. Además,
el hecho de que las demandantes consideren que los datos relativos a los productores comunitarios son incoherentes y que adolecen
de anomalías no demuestra sin embargo que la Comisión haya vulnerado su derecho de defensa.
En todo caso, en la medida en que las demandantes afirman que informaron a las instituciones de la presencia de anomalías,
ello demuestra que dieron a conocer eficazmente su punto de vista sobre dichas anomalías. En consecuencia, no pueden invocar
la vulneración de su derecho de defensa. A este respecto, es preciso recordar que, con arreglo a la jurisprudencia citada
en el apartado 110 anterior, el respeto del derecho de defensa no exige en modo alguno que las instituciones respondan a todas
y cada una de las alegaciones formuladas por un productor exportador en el procedimiento, sino que requiere únicamente que
den a las partes la posibilidad de defender eficazmente sus intereses.
De ello se desprende que procede desestimar la segunda parte del cuarto motivo por carecer de fundamento.
3.
Sobre la tercera parte del cuarto motivo basada en la infracción del derecho de defensa de las demandantes en la medida en
que, según ellas, las instituciones no respondieron a sus observaciones
a)      Alegaciones de las partes
Las demandantes afirman que las instituciones vulneraron su derecho de defensa al ignorar varias de sus alegaciones formuladas
durante el procedimiento y no motivar su desestimación. Así, las demandantes explican, por ejemplo, que las instituciones
no respondieron a las alegaciones según las cuales, en primer lugar, las demandantes se vieron en la imposibilidad de permitir
que se llevase a cabo la inspección
in situ
y que habían puesto todo de su parte para cooperar, en segundo lugar, el precio del ferrosilicio en el mercado comunitario
era el más alto del mundo, en tercer lugar, la reducción de los efectivos precedió el descenso de la producción de la industria
comunitaria, en cuarto lugar, Huta Laziska declaró que durante el período de investigación su producción sólo alcanzó el 29 %
de su producción de 2003, siendo así que había empleado el mismo número de empleados que durante ese último año, en quinto
lugar, el precio del ferrosilicio sigue la misma evolución en todos los principales mercados del mundo y, en sexto lugar,
si se toman en consideración los procedimientos antidumping anteriores relativos al sector del ferrosilicio, es posible que
las medidas antidumping no resulten especialmente beneficiosas para la industria comunitaria.
El Consejo, apoyado por las partes coadyuvantes rebate las alegaciones de las demandantes.
b)      Apreciación del Tribunal
Del título de esta parte del cuarto motivo se desprende que las demandantes invocan la vulneración de su derecho de defensa.
Sin embargo, procede señalar que, en esencia, invocan igualmente el incumplimiento de la obligación de motivación. Pues bien,
según la jurisprudencia, procede interpretar los motivos de la parte demandante por su sustancia y no por su calificación
(sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de diciembre de 1961, Fives Lille Cail y otros/Alta Autoridad, 19/60, 21/60, 2/61
y 3/61, Rec. p. 559). En consecuencia, procede examinar no sólo la alegación relativa a la vulneración del derecho de defensa
de las demandantes sino también la alegación basada en el incumplimiento de la obligación de motivación.
En primer lugar, en lo que respecta a la imputación basada en la vulneración del derecho de defensa de las demandantes es
preciso recordar que, con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 110 anterior, el respeto del derecho de defensa
no exige en modo alguno que las instituciones respondan a todas y cada una de las alegaciones formuladas por un productor
exportador en el procedimiento, sino que requiere únicamente que den a las partes interesadas la posibilidad de defender eficazmente
sus intereses. Además, en la medida en que las demandantes afirman que formularon varias alegaciones durante el procedimiento
antidumping, ello demuestra que tuvieron la ocasión de dar a conocer eficazmente su punto de vista. En consecuencia, no pueden
invocar la vulneración de su derecho de defensa.
En segundo lugar, en lo que respecta a la imputación basada en el incumplimiento de la obligación de motivación, es preciso
señalar que el Reglamento impugnado y el Reglamento provisional ponen de manifiesto, de manera clara e inequívoca, el razonamiento
que llevó a las instituciones a imponer derechos antidumping provisionales y posteriormente definitivos. En particular, las
instituciones llevaron a cabo un análisis de no atribución con arreglo al artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base.
Dado que las conclusiones de dicho análisis se exponen en los considerandos 115 a 136 del Reglamento provisional y en los
considerandos 96 a 101 del Reglamento impugnado y habida cuenta de la jurisprudencia citada en el apartado 256 anterior, las
instituciones no tenían la obligación de contestar, además, a las alegaciones formuladas por las demandantes relativas al
nivel y a la evolución de los precios del ferrosilicio en la Comunidad y en el resto del mundo, la relación entre la disminución
del empleo en la industria comunitaria y la reducción de su producción, la situación particular de Huta Laziska ni los procedimientos
antidumping anteriores. Asimismo, puesto que la Comisión explicó, en los considerandos 10 y 25 del Reglamento provisional,
que estimaba que el hecho de que los demandantes hubiesen obstaculizado la realización de la inspección
in situ
justificaba que se descartasen los datos que habían presentado, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento
de base, las instituciones no tenían la obligación de contestar a las alegaciones detalladas de los demandantes relativas
a las consecuencias de la no realización de la inspección.
En todo caso, procede señalar que las instituciones dieron respuesta a todas estas alegaciones. Así, en primer lugar, en lo
que respecta a las alegaciones invocadas por las demandantes en lo que atañe a la inspección
in situ,
la Comisión respondió parcialmente a dichos argumentos en el considerando 25 del Reglamento provisional. En efecto, explicó
en dicho considerando los motivos por los que no podía extrapolar las conclusiones de la investigación sobre el silicomanganeso
a la investigación sobre el ferrosilicio. En segundo lugar, las alegaciones relativas a nivel y a la evolución de los precios
del ferrosilicio en la Comunidad y en el resto del mundo se tomaron en consideración en los considerandos 87 a 90 del Reglamento
impugnado. En tercer lugar, las instituciones analizaron la evolución del empleo y de la producción comunitarios en los considerandos
91, 102 y 103 del Reglamento provisional. En cuarto lugar, las instituciones tuvieron en cuenta la situación particular de
Huta Laziska, en particular en el considerando 93 del Reglamento provisional y en los considerandos 100 y 101 del Reglamento
impugnado. En quinto lugar, el Consejo explicó, en los considerandos 117 y 118 del Reglamento impugnado, los motivos por los
que consideraba que no era posible basarse en los procedimientos antidumping anteriores.
De ello se desprende que las demandantes no demuestran que se haya incumplido la obligación de motivación. En consecuencia,
procede desestimar la tercera parte del cuarto motivo por carecer de fundamento así como el cuarto motivo en su totalidad.
De cuanto antecede resulta que el recurso debe ser desestimado en su totalidad.

Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de las demandantes, procede condenarlas
en costas, conforme a lo solicitado por el Consejo y Euroalliages.
Asimismo, con arreglo al artículo 87, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, los Estados miembros y
las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio soportarán sus propias costas. Así pues, la Comisión cargará
con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Transnational Company «Kazchrome» AO y ENRC Marketing AG cargarán con sus propias costas así como con aquellas en que hayan
incurrido el Consejo de la Unión Europea y Euroalliages.
3)
La Comisión Europea cargará con sus propias costas.
Pelikánová
Jürimäe
Soldevila Fragoso
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 25 de octubre de 2011.
Índice
Antecedentes del litigio
Procedimiento y pretensiones de las partes
Fundamentos de Derecho
A.     Sobre el primer motivo, relativo a la relación de causalidad entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio
1.     Sobre la interpretación de los principios jurídicos aplicables al análisis de la relación de causalidad (primera parte del
primer motivo)
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
2.     Sobre el análisis individual de los factores del perjuicio distintos de las importaciones objeto de dumping (partes segunda
a octava del primer motivo)
a)     Sobre la segunda parte del primer motivo, relativa a la evolución de la demanda de acero y de los precios en los mercados
comunitario y mundial
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
b)     Sobre la tercera parte del primer motivo, relativa a los efectos del perjuicio que, según las demandantes, la industria comunitaria
se infligió a sí misma
Sobre la primera imputación, relativa a los cambios de producción llevados a cabo por algunos productores comunitarios
– Alegaciones de las partes
– Apreciación del Tribunal
Sobre la segunda imputación, relativa a las interrupciones de la producción de algunos productores comunitarios
– Alegaciones de las partes
– Apreciación del Tribunal
Sobre la tercera imputación, relativa a la utilización de la capacidad de producción nominal teórica
– Alegaciones de las partes
– Apreciación del Tribunal
Sobre la cuarta imputación, relativa a las inversiones realizadas por la industria comunitaria en 2005 y durante el período
de investigación
– Alegaciones de las partes
– Apreciación del Tribunal
c)     Sobre la cuarta parte del primer motivo, relativa a las repercusiones del incremento del coste de las materias primas
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
d)     Sobre la quinta parte del primer motivo, relativa a los efectos de la contracción de la demanda en 2005
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
e)     Sobre la sexta parte del primer motivo, relativa a los efectos de las importaciones procedentes de otros terceros países
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
f)     Sobre la séptima parte del primer motivo, relativa a la falta de competitividad de los productores comunitarios antes de que
se produjese cualquier dumping perjudicial
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
g)     Sobre la octava parte del primer motivo, en la medida en que se refiere a las circunstancias específicas de los productores
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
3.     Sobre la no realización de un análisis conjunto de los factores del perjuicio (partes primera y octava del primer motivo)
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
B.     Sobre el segundo motivo, relativo a la existencia de un interés comunitario
1.     Sobre la primera parte del segundo motivo, relativa a la evolución del incremento del precio del ferrosilicio tras el período
de investigación
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
2.     Sobre la segunda parte del segundo motivo, relativa a la experiencia adquirida que demuestra que las medidas antidumping no
ayudan a la industria comunitaria
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
3.     Sobre la tercera parte del segundo motivo, relativa al análisis del impacto de las medidas antidumping sobre los usuarios
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
C.     Sobre el tercer motivo, relativo a la falta de cooperación, a la utilización de los datos disponibles y a la concesión del EEM
1.     Sobre la primera parte del tercer motivo relativa a la falta de cooperación
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
2.     Sobre la segunda parte del tercer motivo, relativa a la utilización de los datos disponibles sin tener en cuenta los datos
verificables
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
3.     Sobre la tercera parte del tercer motivo, relativa a la denegación de la petición de reconocimiento del EEM
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
D.     Sobre el cuarto motivo, relativo al derecho de defensa de las demandantes
1.     Sobre la primera parte del cuarto motivo, basada en la vulneración del derecho de defensa de las demandantes en la medida
en que las instituciones no les facilitaron un resumen significativo, coherente y dentro del plazo del expediente confidencial
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
2.     Sobre la segunda parte del cuarto motivo, basada en la vulneración del derecho de defensa de las demandantes en la medida
en que, según ellas, las instituciones no actuaron ante las anomalías que figuran en el expediente no confidencial
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
3.     Sobre la tercera parte del cuarto motivo basada en la infracción del derecho de defensa de las demandantes en la medida en
que, según ellas, las instituciones no respondieron a sus observaciones
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
Costas
*
Lengua de procedimiento: inglés.