CELEX: 62014CJ0001
Procedimiento prejudicial
Redes y servicios de comunicaciones electrónicas
Directiva 2002/22/CE
Artículos 4, 9, 13 y 32
Obligaciones de servicio universal y obligaciones sociales
Suministro de acceso desde una ubicación fija y prestación de servicios telefónicos
Asequibilidad de la tarificación
Opciones tarifarias especiales
Financiación de las obligaciones de servicio universal
Servicios obligatorios adicionales
Servicios de comunicación móvil y de abono a Internet

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 9 y 32 de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (
DO L 108, p. 51
), modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (
DO L 337, p. 11
) (en lo sucesivo, «Directiva servicio universal»), y la validez de la Directiva servicio universal en relación con el principio de igualdad, tal como está enunciado en el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Base Company NV (en lo sucesivo, «Base Company») y Mobistar NV (en lo sucesivo, «Mobistar»), por una parte, y el Ministerraad (Consejo de Ministros), por otra, relativo a un recurso de anulación de disposiciones del Derecho nacional que obligan a los operadores que proporcionan a los consumidores servicios de comunicación móvil o de abono a Internet a contribuir en la financiación del coste neto de dichos servicios.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
A tenor de los considerandos 4, 8, 25 y 46 de la Directiva servicio universal:
«(4)
Garantizar el servicio universal (es decir, la prestación de un determinado conjunto mínimo de servicios a todos los usuarios finales a un precio asequible) puede implicar la prestación de algunos servicios a algunos usuarios finales a precios que difieran de los resultantes de unas condiciones de mercado normales. [...]
[...]
(8)
La exigencia básica del servicio universal es proporcionar a los usuarios que lo soliciten una conexión a la red telefónica pública desde una ubicación fija y a un precio asequible. [...]
[...]
(25)
[...] Los Estados miembros no están autorizados a imponer a los agentes del mercado contribuciones financieras referentes a medidas que no formen parte de las obligaciones de servicio universal. Cada Estado miembro es libre de imponer medidas especiales (ajenas al alcance de las obligaciones de servicio universal) y de financiarlas de conformidad con el Derecho comunitario, si bien no puede hacerlo mediante contribuciones procedentes de los agentes del mercado.
[...]
(46)
Cuando un Estado miembro pretenda garantizar la prestación de otros servicios específicos en la totalidad de su territorio nacional, las obligaciones impuestas a tal efecto deben satisfacer el criterio de rentabilidad y ser ajenas a las obligaciones de servicio universal. [...]»
El artículo 1, apartado 2, de esta Directiva dispone lo siguiente:
«La presente Directiva establece los derechos de los usuarios finales y las correspondientes obligaciones de las empresas que proporcionan redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. Con vistas a garantizar que se preste un servicio universal dentro de un entorno de mercado abierto y competitivo, la presente Directiva define el conjunto mínimo de servicios de calidad especificada al que todos los usuarios finales tienen acceso habida cuenta de condiciones nacionales específicas, a un precio asequible, sin distorsión de la competencia. La presente Directiva también fija obligaciones con vistas a la prestación de ciertos servicios obligatorios.»
En el capítulo II de dicha Directiva, titulado «Obligaciones de servicio universal, incluidas las obligaciones sociales», figuran los artículos 3 a 9 de la Directiva, que versan, respectivamente, sobre la disponibilidad del servicio universal (artículo 3), el suministro de acceso desde una ubicación fija y la prestación de servicios telefónicos (artículo 4), los servicios de información sobre números de abonados y guías (artículo 5), los teléfonos públicos de pago (artículo 6), las medidas para usuarios con discapacidad (artículo 7), los procedimientos de designación de las empresas encargadas de las obligaciones de servicio universal (artículo 8) y la posibilidad de obligar a las empresas designadas a que ofrezcan a los consumidores opciones o paquetes de tarifas especiales que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial, con objeto de garantizar, en particular, que las personas con rentas bajas o con necesidades sociales especiales puedan tener acceso a los servicios a los que alude el propio capítulo II de la Directiva (artículo 9).
A tenor del artículo 3, apartado 1, de la Directiva servicio universal, titulado «Disponibilidad del servicio universal»:
«Los Estados miembros velarán por que los servicios que se enumeran en el presente capítulo se pongan, con una calidad especificada, a disposición de todos los usuarios finales en su territorio, con independencia de la situación geográfica y, en función de las circunstancias nacionales específicas, a un precio asequible.»
El artículo 4 de la Directiva, titulado «Suministro de acceso desde una ubicación fija y prestación de servicios telefónicos», dispone lo siguiente:
«1.   Los Estados miembros velarán por que al menos una empresa satisfaga todas las solicitudes razonables de conexión desde una ubicación fija a la red pública de comunicaciones.
2.   La conexión proporcionada deberá permitir realizar comunicaciones de datos, fax y voz a velocidades suficientes para acceder de forma funcional a Internet, teniendo en cuenta las tecnologías dominantes utilizadas por la mayoría de los abonados y la viabilidad tecnológica.
3.   Los Estados miembros velarán por que al menos una empresa satisfaga todas las solicitudes razonables de prestación de un servicio telefónico disponible al público a través de la conexión a red a que se refiere el apartado 1 que permita efectuar y recibir llamadas nacionales e internacionales.»
El artículo 9, apartados 1 a 3, de dicha Directiva, titulado «Asequibilidad de la tarificación», está redactado en los siguientes términos:
«1.   Las autoridades nacionales de reglamentación supervisarán la evolución y el nivel de la tarificación al público aplicable a los servicios identificados en los artículos 4 a 7 como pertenecientes a las obligaciones de servicio universal y que bien sean prestados por empresas designadas o se encuentren disponibles en el mercado, en caso de que no se hayan designado empresas en relación con estos servicios, en particular en relación con los niveles nacionales de precios al consumo y de rentas.
2.   Teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, los Estados miembros podrán obligar a las empresas designadas a que ofrezcan a los consumidores opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial, con objeto de garantizar, en particular, que las personas con rentas bajas o con necesidades sociales especiales puedan tener acceso a la red a que se refiere el artículo 4, apartado 1, o utilizar los servicios referidos en el artículo 4, apartado 3, y en los artículos 5, 6 y 7 como pertenecientes a las obligaciones de servicio universal y que sean prestados por empresas designadas.
3.   Además de las disposiciones para que las empresas designadas apliquen opciones tarifarias especiales o limitaciones de precios, equiparación geográfica u otros regímenes similares, los Estados miembros podrán garantizar que se preste ayuda a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales.»
El artículo 12 de la Directiva establece las modalidades relativas al cálculo del coste neto de las obligaciones de servicio universal que las autoridades nacionales de reglamentación deberán determinar en el supuesto de que consideren que la prestación del servicio universal constituye una carga injusta para las empresas designadas para suministrar dicho servicio.
Según el artículo 13, apartado 1, de la Directiva servicio universal, titulado «Financiación de las obligaciones de servicio universal»:
«Cuando, sobre la base del cálculo de costes netos indicado en el artículo 12, las autoridades nacionales de reglamentación consideren que una empresa está sometida a una carga injusta, los Estados miembros, a petición de una empresa designada, decidirán:
[...]
b)
repartir el coste neto de las obligaciones de servicio universal entre los proveedores de servicios y redes de comunicaciones electrónicas.»
El artículo 32 de esta Directiva, que lleva por título «Servicios obligatorios adicionales», enuncia lo siguiente:
«Los Estados miembros podrán imponer en su propio territorio la disponibilidad al público de otros servicios adicionales, al margen de los servicios correspondientes a las obligaciones de servicio universal definidas en el Capítulo II; en tal caso, sin embargo, no podrán aplicar ningún mecanismo de compensación dirigido a empresas concretas.»
A tenor del artículo 2, letra j), de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (
DO L 108, p. 33
), modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (
DO L 337, p. 37
) (en lo sucesivo, «Directiva marco»), se entiende por:
«servicio universal: un conjunto mínimo de servicios, definido en la Directiva [servicio universal], de una calidad determinada y que esté disponible para todo usuario con independencia de su localización geográfica y, a la vista de las condiciones nacionales específicas, a un precio asequible».
Derecho belga
El artículo 74 de la Ley de 13 de junio de 2005, relativa a las comunicaciones electrónicas (Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie;
Belgisch Staatsblad
, 20 de junio de 2005, p. 28070) (en lo sucesivo, «Ley de 13 de junio de 2005»), modificada por el artículo 50 de la Ley de 10 de julio de 2012 que contiene diversas disposiciones en materia de comunicaciones electrónicas (Wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie;
Belgisch Staatsblad
, 25 de julio de 2012, p. 40969) (en lo sucesivo, «Ley de 10 de julio de 2012»), está redactado en los siguientes términos:
«1.   El componente social del servicio universal consiste en la aplicación de condiciones tarifarias particulares para determinadas categorías de beneficiarios por parte de los operadores mencionados en los apartados 2 y 3 que ofrezcan a los consumidores un servicio público de comunicaciones electrónicas.
[...]
2.   Cada uno de los operadores que ofrezca a los consumidores un servicio público de comunicaciones electrónicas y cuyo volumen de negocios relacionado con los servicios públicos de comunicaciones electrónicas sea superior a cincuenta millones de euros proporcionará el componente social del servicio universal mencionado en el apartado 1.
[...]
3.   Cada uno de los operadores que ofrezca a los consumidores un servicio público de comunicaciones electrónicas, cuyo volumen de negocios relacionado con los servicios públicos de comunicaciones electrónicas sea igual o inferior a cincuenta millones de euros y que haya comunicado al [Belgisch Instituut voor postdiensten en Telecommunicatie] (Instituto Belga de Servicios Postales y Telecomunicaciones; en lo sucesivo, «Instituto») su propósito de prestar el componente social del servicio universal mencionado en el apartado 1 por una red terrestre fija o móvil o bien por ambas, proporcionará dicho componente durante un período de cinco años.
[...]»
El artículo 74/1 de la Ley de 13 de junio de 2005, introducido en dicha Ley mediante el artículo 51 de la Ley de 10 de julio de 2012, dispone lo siguiente:
«1.   Cuando el Instituto considere que la prestación del componente social pueda representar una carga injusta para un proveedor, solicitará a los proveedores que ofrezcan tarifas sociales que le proporcionen la información mencionada en el apartado 2 y realizará el cálculo de los costes netos.
2.   Los proveedores que ofrezcan tarifas sociales comunicarán al Instituto, conforme a las normas de desarrollo adoptadas en virtud del artículo 137, apartado 2, no más tarde del 1 de agosto del año civil que siga al año en consideración, el importe indexado de la estimación de costes para el ejercicio de que se trate, calculado conforme al método de cálculo establecido en el anexo.
[...]
3.   El Instituto corroborará, respecto a cada proveedor afectado, que recae sobre él una carga injusta si la prestación del componente social del servicio universal reviste un carácter excesivo según su capacidad para soportarla, habida cuenta del conjunto de las características que le son propias, en particular, el nivel de sus equipos, su situación económica y financiera y su cuota en el mercado de servicios de comunicación electrónica disponibles al público.
4.   Se constituirá un fondo para el servicio universal en materia de tarifas sociales, destinado a compensar a los proveedores que ofrezcan tarifas sociales para los que la prestación del componente social del servicio universal constituya una carga injusta y que hayan presentado una solicitud a tal fin al Instituto. El importe de la compensación coincidirá con los costes netos soportados por el operador para el que la prestación del componente social del servicio universal represente una carga injusta. Se atribuirá personalidad jurídica a dicho fondo, y éste será gestionado por el Instituto.
El fondo se dotará con aportaciones desembolsadas por los operadores que ofrezcan el componente social del servicio universal.
Las aportaciones se determinarán en proporción al volumen de negocios correspondiente a los servicios públicos de comunicaciones electrónicas.
El volumen de negocios tomado como referencia será el volumen de negocios obtenido antes de impuestos en relación con la prestación de servicios públicos de comunicaciones electrónicas en el territorio nacional, con arreglo al artículo 95, apartado 2.
Los gastos de gestión del fondo comprenden todos los gastos relacionados con el funcionamiento de éste, entre ellos los gastos inherentes a la definición de un modelo de costes basado en un operador teórico eficaz según el tipo de red de comunicaciones electrónicas a través de la cual se preste el componente social del servicio universal. Mediante Real Decreto adoptado en Consejo de Ministros se fijará el importe máximo de los gastos de gestión del fondo.
Los operadores mencionados en el apartado 2 financiarán los gastos de gestión del fondo en proporción a su volumen de negocios tal como se prevé en el apartado 3.
5.   Previo dictamen del Instituto, mediante Real Decreto adoptado en Consejo de Ministros se adoptarán las normas de desarrollo relativas al funcionamiento de ese mecanismo».
En virtud del artículo 146, párrafo segundo, de la Ley de 10 de julio de 2012, el artículo 51 de la Ley de 13 de junio de 2005 surte efectos «a partir del 30 de junio de 2005».
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
De la resolución de remisión se desprende que, a raíz de las sentencias Comisión/Bélgica (C‑222/08,
EU:C:2010:583
) y Base y otros (C‑389/08,
EU:C:2010:584
), el legislador belga aprobó la Ley de 10 de julio de 2012 con el fin de modificar el mecanismo de financiación de la prestación del servicio universal, en particular, en relación con las tarifas telefónicas sociales recogidas en la Ley de 25 de abril de 2007 sobre diversas disposiciones (IV) [Wet houdende diverse bepalingen (IV);
Belgisch Staatsblad
, 8 de mayo de 2007, p. 25103], por la que se modificó e interpretó la Ley de 13 de junio de 2005.
El 28 de enero de 2013, Base Company y Mobistar, dos proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas en Bélgica, interpusieron ante el tribunal remitente un recurso de anulación de los artículos 50, 51 y 146 de la Ley de 10 de julio de 2012, que establecen un mecanismo de financiación sectorial mediante el que se impone a los operadores cuyo volumen de negocios alcance o supere los umbrales fijados por dicha Ley que contribuyan a financiar el coste neto de la oferta de servicios de comunicación móvil y/o de abono a Internet como parte del «componente social del servicio universal», componente que, en el sentido de esa Ley, consiste en aplicar condiciones tarifarias particulares para ciertas categorías de beneficiarios.
En apoyo de su recurso, Base Company y Mobistar alegan concretamente que esas disposiciones no son conformes con los artículos 10 y 11 de la Constitución (Grondwet), en relación con los artículos 170 y 172 de ésta, ni con los artículos 9 y 32 de la Directiva servicio universal.
Base Company y Mobistar estiman que la obligación de contribuir a la financiación del coste neto derivado de la prestación de servicios de comunicación móvil y/o de abono a Internet que les incumbe desde las modificaciones introducidas por la Ley de 10 de julio de 2012 es contraria al Derecho de la Unión. Estas empresas consideran que son objeto de un trato discriminatorio respecto al que se depara a aquellos contribuyentes que no se hallan sujetos a contribuciones fundadas en disposiciones del Derecho nacional contrarias al Derecho de la Unión.
El tribunal remitente expone que, mediante el artículo 74/1 de la Ley de 13 de junio de 2005, introducido por el artículo 51 de la Ley de 10 de julio de 2012, se ha constituido un «fondo para el servicio universal en materia de tarifas sociales», destinado a compensar a los operadores que ofrezcan tarifas sociales para los que la prestación del componente social del servicio universal suponga una carga injusta. Este fondo está alimentado por los operadores que proporcionan ese componente social y por aquellos que prestan servicios de comunicación móvil y/o de abono a Internet. El tribunal remitente precisa que, al instaurar ese mecanismo de financiación, el legislador belga ha hecho uso de la posibilidad contemplada en el artículo 13, apartado 1, letra b), de la Directiva servicio universal.
El tribunal remitente se cuestiona la conformidad de las disposiciones de la Ley de 10 de julio de 2012 con la Directiva servicio universal, dado que le parece que de ésta se infiere, en particular de su artículo 9, que las «comunicaciones de datos, fax y voz a velocidades suficientes para acceder de forma funcional a Internet», a las que se refiere el artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva, quedan excluidas del componente social del servicio universal. Este mismo órgano jurisdiccional señala que el artículo 32 de esta misma Directiva establece que los Estados miembros podrán imponer la disponibilidad al público de otros servicios adicionales, al margen de los servicios correspondientes a las obligaciones de servicio universal, pero que, en tal caso, no podrán aplicar ningún mecanismo de compensación que implique la participación de los operadores.
Por otra parte, el tribunal remitente indica que, en el marco del procedimiento pendiente ante él, el Ministerraad precisó que el conjunto de servicios universales instaurados por la Ley de 10 de julio de 2012 se diseñó teniendo en cuenta que el artículo 9, apartado 3, de la Directiva servicio universal permite que se ayude a los consumidores en relación con servicios distintos de los indicados en los artículos 4 a 7 de dicha Directiva, incluidos los servicios de comunicación móvil y/o de abono a Internet.
En estas circunstancias, el Grondwettelijk Hof (Tribunal Constitucional) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse la [Directiva servicio universal], y en particular sus artículos 9 y 32, en el sentido de que la tarifa social del servicio universal y el mecanismo de compensación previsto en el artículo 13, apartado 1, letra b), de dicha Directiva son aplicables no sólo a las comunicaciones electrónicas por medio de una conexión telefónica desde una ubicación fija en una red de comunicaciones disponible al público, sino también a los servicios de telefonía móvil y/o de abono a Internet?
2)
¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 3, de la Directiva servicio universal en el sentido de que permite a los Estados miembros añadir al servicio universal opciones de tarifas específicas para servicios distintos de los descritos en el artículo 9, apartado 2, de la Directiva servicio universal?
3)
En caso de respuesta negativa a las cuestiones primera y segunda, ¿son compatibles las correspondientes disposiciones de la Directiva servicio universal con el principio de igualdad reconocido, entre otros, en el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda
Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el tribunal remitente pide sustancialmente que se dilucide si la Directiva servicio universal debe interpretarse en el sentido de que las tarifas especiales y el mecanismo de financiación establecidos, respectivamente, en el artículo 9 y el artículo 13, apartado 1, letra b), de esta Directiva se aplican a los servicios de comunicación móvil y/o de abono a Internet.
Debe destacarse que, según el artículo 1, apartado 2, de la Directiva servicio universal, ésta tiene por objeto definir, como lo recoge el artículo 2, letra j), de la Directiva marco, el conjunto mínimo de servicios de calidad especificada al que todos los usuarios finales tienen acceso, habida cuenta de condiciones nacionales específicas, a un precio asequible, sin distorsión de la competencia. Este conjunto mínimo de servicios universales se halla definido en el capítulo II de la Directiva servicio universal.
En virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva servicio universal, los Estados miembros deberán velar por que los servicios enumerados en el capítulo II de la Directiva se pongan, con una calidad especificada, a disposición de todos los usuarios finales en su territorio, con independencia de la situación geográfica y, en función de las circunstancias nacionales específicas, a un precio asequible.
El considerando 4 de la Directiva dispone que garantizar el servicio universal puede implicar la prestación de algunos servicios a algunos usuarios finales a precios que difieran de los resultantes de unas condiciones de mercado normales.
De ahí que, con arreglo al artículo 9, apartados 1 y 2, de la citada Directiva, los Estados miembros puedan obligar a las empresas designadas para garantizar la prestación del servicio universal a que ofrezcan a los consumidores opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial, con objeto de garantizar, en particular, que las personas con rentas bajas o con necesidades sociales especiales no se vean privadas de acceso al conjunto mínimo del servicio universal definido en los artículos 4 a 7 de la Directiva.
Del artículo 9, apartado 3, de la Directiva servicio universal se infiere que, además de las disposiciones destinadas a que las empresas designadas para garantizar la prestación del servicio universal apliquen opciones tarifarias especiales o limitaciones de precios, equiparación geográfica u otros regímenes similares, los Estados miembros podrán garantizar que se preste ayuda a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales.
En cuanto al artículo 13, apartado 1, letra b), de la Directiva servicio universal, éste dispone que, cuando sobre la base del cálculo de costes netos indicado en el artículo 12 de la Directiva, las autoridades nacionales de reglamentación consideren que las empresas designadas para asumir las obligaciones de servicio universal, tal como se enumeran en los artículos 3 a 10 de la misma Directiva, estén sometidas a una carga injusta, los Estados miembros, a petición de una de esas empresas, podrán decidir repartir el coste neto de esas obligaciones entre los proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
Del conjunto de disposiciones anteriores se desprende que las tarifas especiales y el mecanismo de financiación contemplados en el artículo 9 y en el artículo 13, apartado 1, letra b), de la Directiva servicio universal sólo se aplican a los servicios universales enumerados en el capítulo II de la Directiva.
En estas circunstancias, procede comprobar si los servicios de comunicación móvil y/o de abono a Internet pertenecen a las obligaciones de servicio universal a las que hace referencia dicho capítulo.
A este respecto, debe recordarse que el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva servicio universal, titulado «Suministro de acceso desde una ubicación fija y prestación de servicios telefónicos», establece que la conexión desde una ubicación fija a una red pública de comunicaciones debe permitir realizar comunicaciones de datos, fax y voz a velocidades suficientes para acceder de forma funcional a Internet. El apartado 3 de este artículo precisa que los Estados miembros deberán velar por que al menos una empresa satisfaga todas las solicitudes razonables de prestación de un servicio telefónico disponible al público, a través de la conexión desde una ubicación fija a una red pública de comunicaciones, que permita efectuar y recibir llamadas nacionales e internacionales.
Por lo tanto, tanto el título como el enunciado del artículo 4 de la Directiva servicio universal establecen de modo explícito la obligación para los Estados miembros de garantizar la conexión desde una ubicación fija a una red pública de comunicaciones.
Esta obligación resulta igualmente del considerando 8 de la Directiva, que dispone que una exigencia básica del servicio universal es proporcionar a los usuarios finales que lo soliciten una conexión a la red telefónica pública desde una ubicación fija y a un precio asequible.
Ahora bien, es necesario observar que la expresión «desde una ubicación fija» se opone al adjetivo «móvil».
Por ello, debe considerarse que los servicios de comunicación móvil quedan excluidos, por definición, como señaló el Abogado General en el punto 46 de sus conclusiones, del conjunto mínimo de servicios universales definido en el capítulo II de la Directiva servicio universal, porque su prestación no supone un acceso y una conexión desde una ubicación fija a una red pública de comunicaciones. De igual modo, debe considerarse que los servicios de abono a Internet proporcionados por medio de servicios de comunicación móvil no caben tampoco en este conjunto mínimo. En cambio, los servicios de abono a Internet quedarán incluidos en dicho conjunto si su prestación implica una conexión a Internet desde una ubicación fija.
Además, debe recordarse que, con arreglo al artículo 32 de la Directiva servicio universal, los Estados miembros podrán imponer en su propio territorio la disponibilidad al público de servicios obligatorios adicionales, al margen de los servicios correspondientes a las obligaciones de servicio universal definidas en el capítulo II de la Directiva.
A este respecto, los considerandos 25 y 46 de la Directiva servicio universal disponen que los Estados miembros son libres de imponer medidas especiales que deben satisfacer el criterio de rentabilidad y ser ajenas a las obligaciones de servicio universal.
En consecuencia, los Estados miembros son libres de considerar que los servicios de comunicación móvil, incluidos los servicios de abono a Internet proporcionados mediante servicios de comunicación móvil, son servicios obligatorios adicionales, en el sentido del artículo 32 de la Directiva servicio universal.
Sin embargo, en virtud de ese mismo artículo, si los Estados miembros deciden imponer en su propio territorio la disponibilidad al público de servicios obligatorios adicionales, no podrán aplicar ningún mecanismo de financiación dirigido a empresas concretas. Por consiguiente, el mecanismo de financiación establecido en el artículo 13, apartado 1, letra b), de la Directiva servicio universal no puede extenderse a tales servicios.
Y es que, como expone el considerando 25 de la Directiva servicio universal, los Estados miembros no están autorizados a imponer a los agentes del mercado contribuciones financieras referentes a medidas que no formen parte de las obligaciones de servicio universal. Es decir, si bien los Estados miembros son libres de financiar medidas especiales de conformidad con el Derecho de la Unión, no les está permitido hacerlo mediante contribuciones procedentes de los agentes del mercado.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que la Directiva servicio universal debe interpretarse en el sentido de que las tarifas especiales y el mecanismo de financiación establecidos, respectivamente, en el artículo 9 y en el artículo 13, apartado 1, letra b), de dicha Directiva se aplican a los servicios de abono a Internet que precisen de una conexión a Internet desde una ubicación fija, pero no a los servicios de comunicación móvil, incluidos los servicios de abono a Internet proporcionados mediante los referidos servicios de comunicación móvil. Si estos últimos servicios se ponen a disposición pública en el territorio nacional como «servicios obligatorios adicionales», en el sentido del artículo 32 de la Directiva servicio universal, su financiación no podrá llevarse a cabo, en el ordenamiento jurídico nacional, mediante un mecanismo dirigido a empresas concretas.
Sobre la tercera cuestión prejudicial
Mediante su tercera cuestión prejudicial, el tribunal remitente pide sustancialmente que se dilucide si, en caso de respuesta negativa a las cuestiones prejudiciales primera y segunda, el artículo 9 y el artículo 13, apartado 1, letra b), de la Directiva servicio universal son válidos en relación con el principio de igualdad reconocido en el artículo 20 de la Carta.
A este respecto, conviene recordar que, cuando ante un órgano jurisdiccional nacional se suscita una cuestión sobre la validez de un acto adoptado por las instituciones de la Unión Europea, corresponde a dicho órgano jurisdiccional determinar si es necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo y, por consiguiente, solicitar al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre dicha cuestión. De este modo, cuando las cuestiones planteadas por el juez nacional versan sobre la validez de una disposición del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia, en principio, tiene la obligación de pronunciarse (auto Adiamix, C‑368/12,
EU:C:2013:257
, apartado 16 y jurisprudencia citada).
Sin embargo, del espíritu de cooperación que debe presidir la remisión prejudicial se desprende que es indispensable que el órgano jurisdiccional nacional explique, en su resolución de remisión, las razones precisas por las que considera que una respuesta a sus cuestiones sobre la interpretación o la validez de ciertas disposiciones del Derecho de la Unión resulta necesaria para resolver el litigio (auto Adiamix, C‑368/12,
EU:C:2013:257
, apartado 21 y jurisprudencia citada).
En este contexto, es importante que el órgano jurisdiccional indique, en particular, las razones precisas que lo han llevado a cuestionarse la validez de ciertas disposiciones del Derecho de la Unión y que exponga los motivos de invalidez que, en consecuencia, le parece cabe aducir (auto Adiamix, C‑368/12,
EU:C:2013:257
, apartado 22 y jurisprudencia citada).
A este respecto, debe subrayarse igualmente que, como se desprende de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la información que proporcionan las resoluciones de remisión sirve no sólo para que el Tribunal de Justicia pueda dar respuestas útiles, sino también para que los Gobiernos de los Estados miembros y las demás partes interesadas puedan tener la posibilidad de presentar observaciones conforme al artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Incumbe al Tribunal de Justicia velar por la preservación de esa posibilidad, teniendo en cuenta que, en virtud de esa disposición, sólo se notifican a las partes interesadas las resoluciones de remisión, acompañadas de una traducción a la lengua oficial de cada Estado miembro, con exclusión de los autos nacionales que el tribunal remitente haya enviado en su caso al Tribunal de Justicia (auto Adiamix, C‑368/12,
EU:C:2013:257
, apartado 24 y jurisprudencia citada).
Pues bien, se debe apuntar que el tribunal remitente no ha proporcionado, en su resolución de remisión, ninguna indicación o explicación relativa a los elementos fácticos o jurídicos que puedan caracterizar una vulneración del principio de igualdad reconocido en el artículo 20 de la Carta ni a las razones que lo han llevado a cuestionarse la validez de los artículos 9 y 13, apartado 1, letra b), de la Directiva «servicio universal».
En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder de manera útil a la cuestión prejudicial planteada.
De ello se deduce que la tercera cuestión prejudicial es inadmisible.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

La Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal), modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de que las tarifas especiales y el mecanismo de financiación establecidos, respectivamente, en el artículo 9 y en el artículo 13, apartado 1, letra b), de dicha Directiva se aplican a los servicios de abono a Internet que precisen de una conexión a Internet desde una ubicación fija, pero no a los servicios de comunicación móvil, incluidos los servicios de abono a Internet proporcionados mediante los referidos servicios de comunicación móvil. Si estos últimos servicios se ponen a disposición pública en el territorio nacional como «servicios obligatorios adicionales», en el sentido del artículo 32 de la Directiva 2002/22, modificada por la Directiva 2009/136, su financiación no podrá llevarse a cabo, en el ordenamiento jurídico nacional, mediante un mecanismo dirigido a empresas concretas.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.