CELEX: 62011CJ0157
Política social
Acuerdo marco CES, UNICE, CEEP sobre el trabajo de duración determinada
Directiva 1999/70/CE
Cláusula 2
Concepto de "contrato o relación laboral definido por la legislación, los convenios colectivos o las prácticas vigentes en cada Estado miembro"
Ámbito de aplicación del Acuerdo marco
Cláusula 4, apartado 1
Principio de no discriminación
Personas que llevan a cabo "trabajos socialmente útiles" en las Administraciones públicas
Normativa nacional que excluye la existencia de una relación de trabajo
Normativa nacional que establece una diferencia entre la asignación pagada a los trabajadores socialmente útiles y la remuneración percibida por los trabajadores con un contrato de duración determinada y/o por tiempo indefinido contratados por las mismas Administraciones y que desempeñan las mismas atribuciones

Petición de decisión prejudicial — Tribunale di Napoli — Interpretación de las cláusulas 2, 3, 4 y 5 del anexo de la Directiva
1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de
duración determinada (DO L 175, p. 43) — Principio de no discriminación — Personas en paro inscritas en las listas de movilidad
o de colocación, contratadas por las administraciones públicas durante un período determinado para realizar trabajos socialmente
útiles/trabajos de utilidad pública (denominados trabajadores socialmente útiles/trabajadores de utilidad pública) — Normativa
nacional que establece una diferencia de trato en materia de retribución entre los trabajadores socialmente útiles/trabajadores
de utilidad pública y los contratados por un tiempo determinado por las mismas administraciones públicas para desempeñar las
mismas atribuciones.
Fallo
La cláusula 2 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en
anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP
sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como
la examinada en el litigio principal, que dispone que la relación establecida entre los trabajadores socialmente útiles y
las administraciones públicas para las que desempeñan sus atribuciones no está comprendida en el ámbito de aplicación de dicho
Acuerdo marco, cuando —extremo que corresponde determinar al órgano jurisdiccional remitente— esos trabajadores no se benefician
de una relación laboral como la definida por la legislación, los convenios colectivos o las prácticas vigentes, o los Estados
miembros y/o los interlocutores sociales han ejercido la facultad que se les reconoce en el apartado 2 de dicha cláusula.