CELEX: 62009CJ0194
Recurso de casación
Ayudas de Estado
Tarifa preferencial de electricidad
Declaración de la inexistencia de ayuda
Modificación y prórroga de la medida
Decisión de incoar el procedimiento del artículo 88 CE, apartado 2
Ayuda existente o ayuda nueva
Reglamento (CE) nº 659/1999
Artículo 1, letra b), inciso v)
Obligación de motivación
Principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima

Mediante su recurso de casación, Alcoa Trasformazioni Srl (en lo sucesivo, «Alcoa») solicita la anulación de la sentencia
del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 25 de marzo de 2009, Alcoa Trasformazioni/Comisión (T‑332/06;
en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), en la que éste desestimó su recurso de anulación parcial de la Decisión 2006/C 214/03
de la Comisión, notificada a la República Italiana mediante escrito de 19 de julio de 2006, por la que se incoó el procedimiento
previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, en relación con la ayuda de Estado C 36/06 (ex NN 38/06) – Tarifa preferencial
de electricidad concedida a algunas industrias de gran consumo energético en Italia (DO C 214, p. 5; en lo sucesivo, «Decisión
controvertida»), en lo que respecta a las tarifas eléctricas aplicables a las fábricas de aluminio pertenecientes a Alcoa.

Marco jurídico
El artículo 1 del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del artículo [88 CE] (DO L 83, p. 1), titulado «Definiciones», dispone:
«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
a)      “ayuda”: toda medida que reúna todos los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo [87 CE];
b)      “ayuda existente”:
i)      [...] toda ayuda que existiese antes de la entrada en vigor del Tratado en el Estado miembro respectivo, es decir, los regímenes
de ayuda que fueran aplicables y las ayudas individuales que se hayan llevado a efecto con anterioridad a la entrada en vigor
del Tratado y que sigan siendo aplicables con posterioridad a la misma;
ii)      la ayuda autorizada, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales autorizados por la Comisión o por el Consejo;
[...]
v)      la ayuda considerada como ayuda existente al poder acreditarse que en el momento en que se llevó a efecto no constituía una
ayuda, y que posteriormente pasó a ser una ayuda debido a la evolución del mercado común y sin haber sido modificada por el
Estado miembro. Cuando determinadas medidas pasen a ser ayudas tras la liberalización de una determinada actividad por la
legislación comunitaria, dichas medidas no se considerarán como ayudas existentes tras la fecha fijada para la liberalización;
c)      “nueva ayuda”: toda ayuda, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales, que no sea ayuda existente, incluidas
las modificaciones de ayudas existentes;
[...]
f)      “ayuda ilegal”: cualquier nueva ayuda que se lleve a efecto contraviniendo lo dispuesto en el apartado 3 del artículo [88 CE];
[...]»
Según el artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999, «el Estado miembro interesado deberá notificar a la Comisión
con la suficiente antelación cualquier proyecto de concesión de nueva ayuda». El artículo 3 del mencionado Reglamento dispone
que una ayuda nueva «no podrá llevarse a efecto antes de que la Comisión adopte o deba considerarse que ha adoptado una decisión
autorizando dicha ayuda».
El artículo 4, apartados 1 a 4, de dicho Reglamento establece:
«1.      La Comisión procederá al examen de la notificación desde el momento de su recepción. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
8, la Comisión adoptará una decisión con arreglo a lo establecido en los apartados 2, 3 o 4.
2.      Cuando, tras un examen previo, la Comisión compruebe que la medida notificada no constituye una ayuda, lo declarará mediante
decisión.
3.      Si, tras un examen previo, la Comisión comprueba que la medida notificada, en tanto en cuanto esté comprendida en el ámbito
de aplicación del apartado 1 del artículo [87 CE], no plantea dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común, decidirá
que la medida es compatible con el mercado común [...]. La decisión especificará la excepción del Tratado que haya sido aplicada.
4.      Si, tras un examen previo, la Comisión comprueba que la medida notificada plantea dudas sobre su compatibilidad con el mercado
común, decidirá incoar el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo [88 CE] (denominada en lo sucesivo “decisión
de incoar el procedimiento de investigación formal”).»
El artículo 6, apartado 1, del mismo Reglamento dispone:
«La decisión de incoar el procedimiento de investigación formal deberá resumir las principales cuestiones de hecho y de derecho,
incluir una valoración inicial de la Comisión en cuanto al carácter de ayuda de la medida propuesta y exponer las dudas sobre
su compatibilidad con el mercado común. En dicha decisión se invitará al Estado miembro interesado y a las demás partes interesadas
a presentar sus observaciones en un plazo determinado que por lo general no será superior a un mes. En casos debidamente justificados,
la Comisión podrá prorrogar dicho plazo.»
Con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999, «el procedimiento de investigación formal se dará por concluido
mediante una decisión de conformidad con los apartados 2 a 5 del presente artículo». Los mencionados apartados establecen
que la Comisión puede decidir que la medida notificada no constituye una ayuda, que la ayuda es compatible con el mercado
común, que la ayuda notificada puede considerarse compatible con el mercado común si se cumplen determinados requisitos, o
que la ayuda notificada no es compatible con el mercado común.
En cuanto a las medidas no notificadas, el artículo 10, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999 dispone que «cuando obre en
poder de la Comisión cualquier información, sea cual sea su origen, referente a una presunta ayuda ilegal, deberá proceder
a su examen sin demora». En el artículo 13, apartado 1, de dicho Reglamento se prevé que dicho examen deberá terminar, en
su caso, con una decisión de incoar el procedimiento de investigación formal.
El procedimiento sobre los regímenes de ayudas existentes figura en los artículos 17 a 19 del Reglamento nº 659/1999. Conforme
al artículo 18 de este Reglamento, si la Comisión «llegara a la conclusión de que un régimen de ayudas existente no es o ha
dejado de ser compatible con el mercado común, emitirá una recomendación en la que propondrá al Estado miembro interesado
medidas apropiadas». Cuando el Estado miembro interesado no acepte las medidas propuestas, la Comisión puede proceder, en
virtud del artículo 19, apartado 2, de dicho Reglamento, a incoar el procedimiento de investigación formal.

Antecedentes del litigio
Los hechos que originaron el litigo, tal y como se desprenden de la sentencia recurrida y de las observaciones de las partes
ante el Tribunal de Justicia, pueden resumirse como sigue a efectos de la presente sentencia.
La recurrente, Alcoa, es una sociedad italiana, propietaria en Italia de dos fábricas productoras de aluminio primario implantadas
en Portovesme (Cerdeña), y en Fusina (Véneto). Dichas fábricas fueron cedidas a la recurrente por Alumix SpA en el marco de
la privatización de esta última.
En su Decisión 96/C 288/04, notificada a la República Italiana y publicada el 1 de octubre de 1996 (DO C 288, p. 4; en lo
sucesivo, «Decisión Alumix»), la Comisión puso fin al procedimiento que había incoado el 23 de diciembre de 1992 y ampliado
el 16 de noviembre de 1994, en relación con la tarifa de suministro eléctrico facturada por ENEL, proveedor histórico de electricidad
en Italia, a esas dos empresas. Dicha tarifa había sido fijada mediante la Decisión nº 13, de 24 de julio de 1992, del Comitato
interministeriale dei prezzi (en lo sucesivo, «Decisión nº 13/92 del CIP»). La Comisión concluyó que la mencionada tarifa,
que era aplicable hasta el 31 de diciembre de 2005, según el artículo 2 del Decreto-ley de 19 de diciembre de 1995 (GURI nº 39,
de 16 de febrero de 1996, p. 8; en lo sucesivo, «Decreto-ley de 1995»), no constituía una ayuda de Estado a efectos de lo
dispuesto en el artículo 87 CE, apartado 1.
Esta tarifa de electricidad se basaba en el coste marginal de producción y una parte de los costes fijos de ENEL.
La Comisión concluyó que, al aplicar a las fábricas de Portovesme y de Fusina esa tarifa para la producción de aluminio, ENEL
obró como un operador que actúa en condiciones normales de mercado, toda vez que esta tarifa le permitía seguir suministrando
electricidad a empresas que eran sus principales clientes en unas regiones caracterizadas por un agudo exceso de capacidad
de producción de electricidad.
Mediante la Decisión nº 204/99 de la Autorità per l’energia elettrica e il gas, de 29 de diciembre de 1999, la gestión de
la tarifa de electricidad fue transferida a los distribuidores locales de electricidad. A partir de ese momento el suministro
de electricidad a Alcoa fue facturado por ENEL, su distribuidor local de electricidad, con arreglo a la tarifa estándar y
no, como hasta entonces, con arreglo a la tarifa contemplada en el Decreto-ley de 1995. ENEL le concedía un reembolso, mencionado
en su factura de electricidad, financiado por medio de una exacción parafiscal impuesta al conjunto de los consumidores de
electricidad en Italia, equivalente a la diferencia entre la tarifa facturada y la tarifa contenida en el Decreto-ley de 1995.
Mediante la Decisión nº 148/04 de la Autorità per l’energia elettrica e il gas, de 9 de agosto de 2004, se encargó al organismo
público Cassa Conguaglio per il settore elettrico (Fondo de Compensación para el Sector Eléctrico, en lo sucesivo, «Fondo
de Compensación») la gestión de la tarifa de electricidad, en sustitución de los distribuidores locales. Por este concepto,
el Fondo de Compensación reembolsaba directamente a Alcoa la diferencia entre el importe de la tarifa que ENEL facturaba a
ésta y la tarifa contenida en el Decreto-ley de 1995, por medio de la misma exacción parafiscal.
En 2005, las autoridades italianas adoptaron el Decreto-ley nº 35, de 14 de marzo de 2005 (GURI nº 111, de 14 de mayo de 2005,
p. 4), convalidado, tras su modificación, mediante la Ley nº 80, de 14 de mayo de 2005 (suplemento ordinario de la GURI nº 91,
de 14 de mayo de 2005; en lo sucesivo, «Decreto-ley de 2005»). A tenor de su artículo 11, apartado 11, la tarifa preferencial
aplicada a las dos fábricas de Alcoa se prorrogaba hasta el 31 de diciembre de 2010. Esta disposición no fue notificada a
la Comisión.
El Decreto-ley de 2005 prevé asimismo que la Autorità per l’energia elettrica e il gas revise anualmente la tarifa preferencial.
Conforme a la Decisión nº 217/05 de esta última, de 13 de octubre de 2005, dicha tarifa debería aumentar cada año en función
de los posibles incrementos de los precios registrados en las Bolsas europeas de Ámsterdam y de Frankfurt (Alemania), hasta
un máximo del 4 % anual.
En la Decisión controvertida la Comisión se preguntaba si la tarifa concedida a Alcoa podía constituir una ayuda de Estado
y dudaba de su compatibilidad con el mercado común, con arreglo al artículo 87 CE, apartado 1. La Comisión mencionó que había
tenido conocimiento del artículo 11, apartado 11, del Decreto-ley de 2005 en el curso de otro procedimiento: el que llevó
a la adopción de la Decisión 2005/C 30/06, notificada a la República Italiana mediante escrito de 16 de noviembre de 2004,
que inició el procedimiento previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, en relación con la Ayuda estatal C 38/2004 (ex NN 58/04)
– Ayudas en favor de la sociedad Portovesme Srl (DO 2005, C 30, p. 7; en lo sucesivo, «Decisión Portovesme»).
En los apartados 40 a 46 de la motivación de la Decisión controvertida, la Comisión indicó que debía comprobar si la tarifa
de que se trata constituía una ayuda de Estado. Según la Comisión, la reducción del precio de la electricidad supuso una ventaja
económica considerable para una empresa productora de aluminio. Esta reducción se financiaba a través de recursos estatales
–por medio de una exacción parafiscal abonada por el conjunto de los consumidores de electricidad en Italia al Fondo de Compensación.
Añadía que esa reducción podía distorsionar la competencia y afectar al comercio intracomunitario. Por ello consideró que
estaba comprendida en el artículo 87 CE, apartado 1.
En el punto 47 de la motivación de la Decisión controvertida, la Comisión indicó que, al no haberle sido notificado el artículo
11, apartado 11, del Decreto-ley de 2005, debía considerarse que la medida de que se trata era ilegal con arreglo al artículo
1, letra f), del Reglamento nº 659/1999 y que sus conclusiones anteriores recogidas en la Decisión Alumix, según las cuales
la tarifa preferencial concedida a Alcoa no constituían una ayuda existente, impedían que dicha medida fuera considerada como tal.
A continuación la Comisión expresó sus dudas sobre la compatibilidad de la medida de que se trata con el mercado común en
los puntos 49 y 78 de la motivación de la Decisión controvertida, que se referían, respectivamente, a la ayuda concedida a
la fábrica de Fusina y la otorgada a la fábrica de Portovesme.
Por último, en los puntos 80 y 81 de la motivación de la Decisión controvertida, la Comisión invitó a la República Italiana
a presentar sus eventuales observaciones y a aportar toda la información que pudiera ser útil para evaluar la ayuda de que
se trata en el plazo de un mes a partir de la recepción de la Decisión controvertida. Recordó que el artículo 88 CE, apartado
3, tiene efectos suspensivos y que, en virtud del artículo 14 del Reglamento nº 659/1999, está facultada para exigir al Estado
miembro que obtenga del beneficiario la recuperación de la ayuda percibida ilegalmente.

Recurso ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida
El 29 de noviembre de 2006, Alcoa interpuso ante el Tribunal de Primera Instancia un recurso en el que solicitaba la anulación
de la Decisión controvertida en relación con la tarifa de suministro eléctrico facturada a sus fábricas situadas en Fusina
y en Portovesme o, con carácter subsidiario, la anulación de la citada Decisión, porque calificaba dicha tarifa de ayuda nueva
ilegal.
Alcoa invocó tres motivos en apoyo de su recurso. En primer lugar, alegó que la Comisión había errado en la Decisión controvertida
al calificar de ayuda de Estado la tarifa eléctrica aplicable a sus fábricas pese a que dicha tarifa, que equivalía a una
tarifa de mercado, no les confería ninguna ventaja. En segundo lugar, reprochó a la Comisión haber violado los principios
de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica, por cuanto dicha Decisión contradecía la Decisión Alumix.
Por último, en tercer lugar, alegó, con carácter subsidiario, que la Comisión se equivocó al examinar la medida de que se
trata en el marco del procedimiento aplicable a las ayudas nuevas y no en el marco del procedimiento aplicable a las ayudas
existentes.
El Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso mediante la sentencia recurrida.
En lo que respecta al primer motivo, señaló en primer lugar que, en la decisión de incoar el procedimiento de investigación
formal, la calificación de una medida de ayuda de Estado no tiene carácter definitivo y que el control de legalidad de una
decisión ejercido por el Tribunal debe limitarse a comprobar si la Comisión no ha cometido errores manifiestos de apreciación
al considerar que no podía superar todas las dificultades sobre ese punto durante el primer examen de la medida de que se
trate.
Tras destacar que Alcoa no impugna la apreciación de la Comisión según la cual los recursos que permitían financiar la tarifa
de que se trata son fondos estatales, el Tribunal de Primera Instancia precisó que la Comisión no incurrió en un error manifiesto
de apreciación al considerar, con carácter provisional, que la tarifa preferencial confería una ventaja a las empresas de
Alcoa. A este respecto, declaró asimismo que deben desestimarse por inoperantes las alegaciones esgrimidas por Alcoa que señalan
que la Comisión debería haber determinado si la tarifa en examen era equivalente a una tarifa de mercado y si seguían siendo
válidos los criterios sobre cuya base se había apoyado la Comisión en la Decisión Alumix para concluir que no existía una
ventaja. El Tribunal de Primera Instancia rechazó la alegación de Alcoa de que la Comisión había incumplido su obligación
de motivación, en particular, al no examinar esos criterios, y recordó que la cuestión de si la tarifa concedida a las fábricas
en cuestión era o no una tarifa de mercado requería una apreciación económica compleja que la Comisión debía llevar a cabo
en el marco del procedimiento de investigación formal.
En lo que atañe al segundo motivo, el Tribunal de Primera Instancia examinó si, al calificar la tarifa preferencial de ayuda
nueva, la Comisión había violado los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica que Alcoa podía
invocar a raíz de la Decisión Alumix.
El Tribunal de Primera Instancia puso de relieve que tanto del escrito de demanda como de la Decisión Alumix se desprende
que esta Decisión sólo se refería al Decreto-ley de 1995, que tenía una validez temporal limitada a diez años. Añadió que,
en la Decisión controvertida, la Comisión menciona que la prórroga de la tarifa concedida hasta 2010, que no le había sido
notificada, podría constituir una ayuda de Estado. El Tribunal de Primera Instancia destacó que la Comisión no cuestionó su
apreciación de la medida examinada en la Decisión Alumix y concluyó que Alcoa no podía tener ninguna certeza respecto de que
la Comisión fuera a decidir que la tarifa que se le había concedido no constituyera una ayuda de Estado.
En cuanto al tercer motivo, el Tribunal de Primera Instancia recordó que, según reiterada jurisprudencia, si una ayuda existente
tiene que ser objeto de una modificación sustancial o de una prórroga, debería ser considerada una ayuda nueva. De ello dedujo
que cuando una medida que la Comisión consideró no constitutiva de una ayuda de Estado es objeto de prórroga o de una modificación
sustancial, sólo puede ser examinada por la Comisión en el marco de las reglas del procedimiento aplicables a las ayudas nuevas.
El Tribunal de Primera Instancia estimó que en el caso de autos no puede considerarse que la medida de que se trata sea una
ayuda existente, no sólo por el hecho de que cubre un período distinto al de la examinada en la Decisión Alumix, sino también
porque el modo de financiación de dicha medida había sufrido modificaciones respecto al de la medida examinada en la citada
Decisión.

Pretensiones de las partes
Mediante su recurso de casación, Alcoa solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Anule la sentencia recurrida.
–        Anule la Decisión controvertida, en la medida en que se refiere a las tarifas eléctricas aplicables a las empresas de aluminio
que le pertenecen.
Con carácter subsidiario,
–        Devuelva el asunto ante el Tribunal General para que sea examinado de nuevo conforme a la sentencia del Tribunal de Justicia,
y, en ambos casos,
–        Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita que se desestime el recurso de casación y que se condene en costas a Alcoa.

Sobre el recurso de casación
En apoyo de su recurso de casación, Alcoa invoca dos motivos. Mediante el primer motivo pretende que se declare que el Tribunal
de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al considerar que la Comisión podía incoar un procedimiento de investigación
formal sin haber determinado si las conclusiones contenidas en la Decisión Alumix habían quedado obsoletas. El segundo motivo
se basa en la aplicación incorrecta del procedimiento sobre ayudas nuevas.
Ambos motivos están estrechamente ligados al alcance temporal y material de la Decisión Alumix, que según la recurrente no
fueron tenidos en cuenta por el Tribunal de Primera Instancia. Alcoa se refiere al alcance temporal de dicha Decisión en la
cuarta parte del primer motivo y en la segunda parte del segundo motivo, y a su alcance material en una alegación sobre el
hecho de que no hubiera habido modificaciones sustanciales en la tarifa eléctrica, desarrollada en la cuarta parte del primer
motivo y en la tercera parte del segundo motivo.
Procede examinar el recurso de casación comenzando por la apreciación de dichas partes y de la citada alegación.

Sobre la cuarta parte del primer motivo y la segunda parte del segundo motivo, relativas al alcance temporal de la Decisión
Alumix
Alegaciones de las partes
Mediante la cuarta parte del primer motivo y la segunda parte del segundo motivo, Alcoa reprocha al Tribunal de Primera Instancia
que considerara en los apartados 105 a 107 de la sentencia recurrida que la Decisión Alumix tenía efectos limitados en el
tiempo. Añade que, al hacerlo, el Tribunal de Primera Instancia interpretó incorrectamente dicha Decisión e incurrió en un
error de Derecho. Alcoa sostiene, por una parte, que la Decisión Alumix no se refiere expresamente al Decreto-ley de 1995
–que sometía la tarifa de electricidad contemplada en dicho Decreto-ley a una duración de diez años– y no comporta ninguna
limitación explícita o implícita a la duración de su validez. Por otra parte, Alcoa aduce que, aun suponiendo que la Decisión
Alumix hubiera tenido efectos limitados en el tiempo, la declaración de la inexistencia de ayuda que figura en ella tiene
una validez general, que no está limitada en el tiempo.
La Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia interpretó de modo correcto la Decisión Alumix a la luz del Decreto-ley
de 1995, que limitó expresamente a diez años la vigencia de la mencionada tarifa.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Recuérdese que, en el marco de un recurso de casación, con arreglo a los artículos 225 CE y 58 del Estatuto del Tribunal de
Justicia, este último no es competente para comprobar ni apreciar los hechos pertinentes, salvo en el supuesto de desnaturalización
de éstos (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de junio de 1994, Comisión/Brazzelli Lualdi y otros, C‑136/92 P, Rec.
p. I‑1981, apartados 49 y 66, y de 7 de noviembre de 2002, Glencore y Compagnie Continentale/Comisión, C‑24/01 P y C‑25/01 P,
Rec. p. I‑10119, apartado 65).
A este respecto, la apreciación del Tribunal de Primera Instancia sobre el carácter limitado en el tiempo de la Decisión Alumix
–contenida en el apartado 107 de la sentencia recurrida– se basa en determinadas verificaciones. En primer lugar, en el apartado
105 de dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró que en la Decisión Alumix la Comisión se había pronunciado
sobre la tarifa del suministro eléctrico que ENEL había facturado a las fábricas de Alcoa de 1996 a 2005. Seguidamente, en
ese mismo apartado, el Tribunal de Primera Instancia destacó que, aunque la Decisión Alumix no mencionaba el Decreto-ley de
1995, cuyo artículo 2 establecía la duración de la tarifa prevista en la Decisión nº 13/92 del CIP, Alcoa se había referido
expresamente a este Decreto-ley en su escrito de demanda, por lo que el Tribunal de Primera Instancia estimó oportuno citar
un pasaje de éste que reflejaba las observaciones de esta última. Según el tenor de dicho pasaje, la privatización de Alumix
SpA requería el apoyo del Gobierno italiano para que éste definiera junto con ENEL una tarifa de energía eléctrica respecto
de las dos fábricas en cuestión, definiendo eventualmente para el futuro un contrato a largo plazo (diez años) a precios competitivos
a nivel europeo. El Tribunal de Primera Instancia prosigue la cita añadiendo que el tratamiento de las sobrecargas previstas
en la Decisión nº 13/92 del CIP quedaba suprimida a partir del 31 de diciembre de 2005 y que, después de esa fecha, el tratamiento
se pondría al mismo nivel que el del conjunto de los usuarios. Por último, en los apartados 14 y 65 de la sentencia recurrida,
el Tribunal de Primera Instancia destacó que el Decreto-ley de 2005 prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2010 la tarifa eléctrica
facturada a las dos fábricas de Alcoa.
Alcoa no cuestiona esas afirmaciones y no sostiene que el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizara los hechos.
Debe señalarse que, al no haber desnaturalizado los hechos el Tribunal de Primera Instancia, éste tenía plena competencia
para apreciarlos. De este modo, pudo declarar en el apartado 106 de la sentencia recurrida, sin incurrir en un error de Derecho,
que la apreciación de la Comisión sobre la citada tarifa eléctrica relativa al período comprendido entre 1996 y 2005 se había
formulado teniendo en cuenta las condiciones del mercado tal y como podía preverlas la Comisión respecto de dicho período.
Tampoco cometió un error de Derecho el Tribunal de Primera Instancia al ratificar el punto de vista de la Comisión en el apartado
107 de la mencionada sentencia, empleando los términos utilizados por ésta en la Decisión controvertida –es decir, que su
aprobación de dicha tarifa en la Decisión Alumix estaba limitada en el tiempo precisamente porque se basaba en una apreciación
económica de las circunstancias existentes en un momento determinado y que, por consiguiente, no podía invocarse para cubrir
la ampliación de la medida prevista en el Decreto-ley de 2005–.
Por consiguiente, procede desestimar la cuarta parte del primer motivo y la segunda parte del segundo motivo.

Sobre la alegación relativa a la inexistencia de modificaciones sustanciales de la tarifa de electricidad examinada en la
Decisión Alumix, desarrollada en la cuarta parte del primer motivo y en la tercera parte del segundo motivo
Alegaciones de las partes
Alcoa sostiene que el Tribunal de Primera Instancia se equivocó al desestimar por infundada su alegación según la cual las
modificaciones sufridas por la gestión de la tarifa eléctrica en 1999 y en 2004 no eran sustanciales, sino meramente técnicas.
Considera que el reembolso efectuado por ENEL y la transferencia de la gestión de la tarifa al Fondo de Compensación no alteraban
el análisis desarrollado en la Decisión Alumix, conforme al cual la citada tarifa no constituía una ayuda. Señala que estas
modificaciones sólo se refieren al modo en que se concede la tarifa y por quién, mientras que el nivel de la tarifa, que en
su opinión constituye el punto crucial, nunca fue modificado.
La Comisión sostiene que el paso de una situación en la que Alcoa pagaba a su proveedor con arreglo a la tarifa preferencial
aprobada mediante la Decisión Alumix a una situación en la que Alcoa paga un precio libremente fijado por su proveedor para
ser reembolsada posteriormente por el Fondo de Compensación con el fin de reducir sus costes netos hasta el nivel de la citada
tarifa preferencial, no puede calificarse simplemente de modificaciones técnicas.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En los apartados 64 y 65 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia puso de relieve que, para declarar provisionalmente
la existencia de una ventaja en favor de Alcoa, la Comisión se basó, por una parte, en la prórroga hasta 2010 de la tarifa
contenida en el Decreto-ley de 1995, sin perjuicio de un posible aumento hasta el 4 % como máximo y, por otra parte, sobre
la transferencia de la gestión de dicha tarifa al Fondo de Compensación, que reembolsaba directamente a Alcoa la diferencia
entre la tarifa eléctrica facturada a sus fábricas y la tarifa contenida en el mencionado Decreto-ley. Alcoa no cuestiona
ninguno de los dos extremos fácticos, relativos a las modificaciones introducidas por el artículo 11, apartado 11, del Decreto-ley
de 2005 y por las decisiones de la Autorità per l’energia elettrica e il gas n
os
148/04, de 9 de agosto de 2004, y 217/05, de 13 de octubre de 2005.
En el apartado 68 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia destacó que este mecanismo de reembolso era
inherente a la propia naturaleza de la tarifa preferencial de la que se beneficiaba Alcoa y que, por lo tanto, la Comisión
había actuado correctamente al no descartar que suponía la concesión de una ventaja, que es uno de los requisitos que definen
una ayuda en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1.
Esta apreciación del Tribunal de Primera Instancia refleja el enfoque del Tribunal de Justicia según el cual el modo de financiación
de una ayuda puede suponer que la totalidad del régimen de ayuda sea incompatible con el mercado común, lo que en ese caso
exigiría el examen de la ayuda tomando en consideración los efectos de su financiación (véase la sentencia de 21 de octubre
de 2003, van Calster y otros, C‑261/01 y C‑262/01, Rec. p. I‑12249, apartado 49).
En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia señaló en los apartados 107 y 131 de la sentencia recurrida que de la
Decisión controvertida se desprendía que el mecanismo de financiación de la tarifa contenida en el Decreto-ley de 2005, comparado
con el de la tarifa contemplada en el Decreto-ley de 1995, implicaba el paso de una tarifa de mercado a una tarifa objeto
de una reducción financiada a través de recursos estatales.
Habida cuenta de las eventuales consecuencias de las modificaciones del mecanismo de financiación a la luz de las normas sobre
las reglas relativas a las ayudas de Estado, consecuencias destacadas en la Decisión controvertida, debe señalarse que el
Tribunal de Primera Instancia no incurrió en un error de Derecho al considerar en el apartado 130 de la sentencia recurrida
que la medida examinada en la Decisión controvertida era distinta de la examinada en la Decisión Alumix y al desestimar por
infundada, en el apartado 134 de dicha sentencia, la alegación de Alcoa según la cual esas modificaciones no eran sustanciales.
Por lo tanto, debe desestimarse por infundada la alegación de Alcoa desarrollada en la cuarta parte del primer motivo y en
la tercera parte del segundo motivo, relativa a la falta de carácter sustancial de las referidas modificaciones.
Los motivos primero y segundo deben examinarse a la luz de estas modificaciones.

Sobre el primer motivo, basado en el hecho de que no se tuviera suficientemente en cuenta la Decisión Alumix
Mediante su primer motivo, Alcoa pretende que se declare que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho
al considerar que la Comisión podía incoar un procedimiento de investigación formal sin determinar si las conclusiones contenidas
en la Decisión Alumix habían quedado obsoletas. Este motivo se divide en seis partes. En la primera parte, Alcoa reprocha
al Tribunal de Primera Instancia que limitara su control al error manifiesto en relación con la calificación de la medida
de que se trata como ayuda de Estado. La segunda parte se basa en la inobservancia de la jurisprudencia y de los principios
de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima. Mediante la tercera parte se solicita que se declaren insuficientes
los dos principales elementos en los que se basó el Tribunal de Primera Instancia para declarar que la Comisión estaba facultada
para incoar un procedimiento de investigación formal. La cuarta parte, relativa al alcance temporal de la Decisión Alumix,
ha sido desestimada por infundada en el apartado 43 de la presente sentencia. La quinta parte está basada en una violación
de los principios de buena administración y en la vulneración del derecho a ser oído. Por último, la sexta parte se basa en
el desconocimiento del alcance de la obligación de motivación.
Sobre la primera parte del primer motivo, basada en el control del Tribunal de Primera Instancia limitado, erróneamente, al
error manifiesto
–             Alegaciones de las partes
En la primera parte del primer motivo, Alcoa alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho, concretamente
en el apartado 61 de la sentencia recurrida, al limitar su control de la Decisión controvertida al error manifiesto en la
calificación de la medida de que se trata como ayuda de Estado. Sostiene que, al hacerlo, el Tribunal de Primera Instancia
renunció a ejercer un control jurisdiccional en una situación en la que la tutela judicial es esencial para proteger a las
empresas frente a procedimientos de investigación formal abusivos.
Alcoa destaca la diferencia entre el hecho de incoar un procedimiento de investigación formal sobre medidas respecto de las
que se ha concluido específicamente que no constituían una ayuda de Estado y el relativo a medidas que no hayan sido objeto
de esta conclusión. Aduce que, en el primer caso, la Comisión está sujeta a obligaciones reforzadas en materia de examen previo
y de motivación con el fin de justificar la incoación de un procedimiento de investigación formal.
La Comisión afirma que, en su opinión, el Tribunal de Primera Instancia aplicó el nivel de control adecuado, es decir, el
que se aplica a una decisión provisional.
–             Apreciación del Tribunal de Justicia
Recuérdese que la fase previa de examen de las ayudas, establecida en el artículo 88 CE, apartado 3, y regulada por los artículos
4 y 5 del Reglamento nº 659/1999, tiene por objeto permitir a la Comisión formarse una primera opinión sobre la compatibilidad
parcial o total de la ayuda de que se trate con el mercado común. Esta fase es distinta de la fase de examen contemplada en
el artículo 88 CE, apartado 2, regulada por los artículos 6 y 7 de dicho Reglamento, cuya finalidad es permitir a la Comisión
obtener una información completa sobre el conjunto de los datos del asunto (véase la sentencia de 15 de abril de 2008, Nuova
Agricast, C‑390/06, Rec. p. I‑2577, apartado 57).
Como se desprende del artículo 6 del Reglamento nº 659/1999, la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal
debe incluir una valoración inicial de la Comisión en cuanto al carácter de ayuda de la medida propuesta y exponer las dudas
sobre su compatibilidad con el mercado común.
A este respecto procede declarar que el Tribunal de Primera Instancia obró correctamente al recordar el papel de la fase previa
en los apartados 58 a 60 de la sentencia recurrida, señalando que se distinguía del procedimiento de investigación formal.
El Tribunal de Primera Instancia recordó acertadamente, en particular, en el apartado 58 de la sentencia recurrida, que la
Comisión está obligada a incoar el procedimiento de investigación formal si, tras el primer examen, no le ha sido posible
llegar a la convicción de que la medida de que se trate es compatible con el mercado común.
El Tribunal de Primera Instancia dedujo de ello correctamente, en el apartado 61 de la sentencia recurrida, que el control
de legalidad ejercido por el Tribunal de Primera Instancia sobre una decisión de incoar el procedimiento de investigación
formal debe estar limitado necesariamente y concluyó, conforme a Derecho, en el apartado 62 de la citada sentencia, que cuando
las partes recurrentes impugnen la apreciación de la Comisión sobre la calificación de la medida de que se trata de ayuda
de Estado en el marco de un recurso interpuesto contra una decisión de este tipo, el control del juez de la Unión debe limitarse
a comprobar si la Comisión no ha cometido errores manifiestos de apreciación.
La alegación de Alcoa según la cual, en el presente asunto el Tribunal de Primera Instancia debería haber llevado a cabo un
análisis más profundo y no limitar su control al error manifiesto de apreciación, dada la existencia de la Decisión anterior
de la Comisión sobre Alcoa –es decir, la Decisión Alumix– no puede prosperar, puesto que, como se ha destacado en el apartado
50 de la presente sentencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró correctamente que la medida de que se trata en la Decisión
controvertida constituía una medida distinta a la examinada en la Decisión Alumix.
En consecuencia, debe desestimarse por infundada la primera parte del primer motivo.
Sobre la segunda parte del primer motivo, basada en la inobservancia de la jurisprudencia y de los principios de seguridad
jurídica y de protección de la confianza legítima
–             Alegaciones de las partes
Con independencia de la norma de control aplicable, Alcoa alega en la segunda parte del primer motivo que el Tribunal de Primera
Instancia incurrió en un error de Derecho al no observar la jurisprudencia y los principios de seguridad jurídica y de protección
de la confianza legítima, que exigían que se tomaran en consideración sus decisiones anteriores en el mismo asunto.
Según Alcoa, de la sentencia de 5 de octubre de 1994, Italia/Comisión (C‑47/91, Rec. p. I‑4635) se desprende que la Comisión
debía tener en cuenta la Decisión Alumix y reexaminar si habían cambiado o no los factores en los que se basaba dicha Decisión.
Señala que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho en el apartado 70 de la sentencia recurrida, al
estimar que la Comisión no estaba obligada a determinar «si los criterios en los que se había basado en la Decisión Alumix
para llegar a la conclusión de que no existía una ventaja seguían siendo válidos». Basándose en la sentencia de 22 de junio
de 2006, Bélgica y Forum 187/Comisión (C‑182/03 y C‑217/03, Rec. p. I‑5479), Alcoa añade que estaba autorizada a confiar en
la presunción de que las conclusiones de la Comisión en la Decisión Alumix no cambiarían mientras siguieran siendo válidos
los hechos en los que se había basado.
La Comisión sostiene que no había obligación de tener en cuenta la Decisión Alumix.
–             Apreciación del Tribunal de Justicia
En el apartado 24 de la sentencia Italia/Comisión, antes citada, el Tribunal declaró que, cuando considera una ayuda individual
de la cual se afirma que fue concedida en ejecución de un régimen previamente autorizado, la Comisión no puede de entrada
examinarla directamente en relación con el Tratado. Antes de iniciar cualquier procedimiento, debe limitarse a comprobar,
en primer lugar, si la ayuda se halla cubierta por el régimen general y respeta los requisitos impuestos en la Decisión por
la que se aprueba éste. Si no actuara de esta forma, al examinar cada ayuda individual la Comisión podría revocar su Decisión
de aprobar el régimen de ayudas y violar los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica.
No obstante, debe señalarse que en el presente asunto, a diferencia de la medida contemplada en la sentencia Italia/Comisión,
antes citada, la medida de que se trata no es una ayuda individual enmarcada en un régimen general de ayudas. Como se ha destacado
en el apartado 50 de la presente sentencia, la medida de que se trata es distinta de la examinada en la decisión anterior
de la Comisión, es decir, la Decisión Alumix.
De ello resulta que no son pertinentes las consideraciones que figuran en la sentencia Italia/Comisión, antes citada, relativas
a las ayudas individuales concedidas en el marco de un régimen general de ayudas.
Seguidamente Alcoa se apoya en la sentencia Bélgica y Forum 187/Comisión, antes citada, para sostener que, en virtud de los
principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, podía esperar que la Comisión mantuviera las conclusiones
contenidas en la Decisión Alumix.
Según reiterada jurisprudencia, el principio de seguridad jurídica implica que la legislación de la Unión sea precisa y su
aplicación previsible para los justiciables (véanse, en particular, las sentencias Bélgica y Forum 187/Comisión, antes citada,
apartado 69, y de 14 de octubre de 2010, Nuova Agricast y Cofra/Comisión, C‑67/09 P, Rec. p. I‑0000, apartado 77). En cuanto
al derecho a invocar el principio de protección de la confianza legítima, éste se extiende a todo justiciable al que una institución
de la Unión Europea le hizo concebir esperanzas fundadas basadas en las garantías concretas que le dio. Sin embargo, cuando
un operador económico prudente y diligente está en condiciones de prever la adopción de una medida de la Unión que pueda afectar
a sus intereses, no puede invocar el beneficio de ese principio si se adopta dicha medida (véanse las sentencias Bélgica y
Forum 187/Comisión, antes citada, apartado 147; de 17 de septiembre de 2009, Comisión/Koninklijke FrieslandCampina, C‑519/07 P,
Rec. p. I‑8495, apartado 84, y de 16 de diciembre de 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Comisión, C‑537/08 P, Rec. p. I‑0000,
apartado 63).
Del apartado 71 de la sentencia Bélgica y Forum 187/Comisión, antes citada, se desprende que la medida controvertida en esa
sentencia había sido objeto de un cambio de apreciación por parte de la Comisión, que se escudó para ello únicamente en una
aplicación más rigurosa de las reglas del Tratado en materia de ayudas de Estado. En los apartados 161 y 167 de dicha sentencia
el Tribunal de Justicia consideró que las recurrentes podían esperar que una decisión de la Comisión que rectificase su apreciación
anterior les concediese el tiempo necesario para tener efectivamente en cuenta ese cambio de apreciación y concluyó que estaba
fundado el motivo basado en la violación del principio de protección de las confianza legítima.
Sin embargo, esta jurisprudencia no es aplicable al caso de autos, ya que, como declaró acertadamente el Tribunal de Primera
Instancia en el apartado 107 de la sentencia recurrida, la Comisión no cuestiona en la Decisión controvertida su apreciación
de la medida examinada en la Decisión Alumix. El Tribunal de Primera Instancia puso de relieve acertadamente, en ese mismo
apartado, que la Comisión albergaba dudas sobre la tarifa de electricidad contenida en el Decreto‑ley de 2005 debido, por
una parte, a la limitación temporal de las conclusiones a las que había llegado en la Decisión Alumix, por estar éstas vinculadas
a las circunstancias existentes en un momento determinado y, por otra parte, a las modificaciones sufridas por la tarifa contemplada
en dicha Decisión.
Por consiguiente, la Decisión Alumix no pudo dar lugar a una confianza legítima en que las conclusiones de la Comisión contenidas
en la citada Decisión fueran a ampliarse a la tarifa prevista en el Decreto-ley de 2005.
Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia no vulneró la confianza legítima de Alcoa al considerar, en el apartado 70
de la sentencia recurrida, que la Comisión no tenía que comprobar si seguían siendo válidos los criterios en los que se había
basado para llegar a la conclusión de que no existía una ventaja en la Decisión Alumix.
En cuanto a la alegación sobre la existencia de una violación del principio de seguridad jurídica, ha de señalarse que Alcoa
se limitó a invocar dicho principio sin identificar los motivos de la sentencia recurrida o el análisis del Tribunal de Primera
Instancia que supuestamente lo violaban. En consecuencia, debe desestimarse esta alegación.
Por consiguiente, procede desestimar la segunda parte del primer motivo.
Sobre la tercera parte del primer motivo, relativa a la insuficiencia de los elementos tenidos en cuenta para justificar la
incoación de un procedimiento de investigación formal
–             Alegaciones de las partes
Mediante la tercera parte del primer motivo, Alcoa alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho
en los apartados 67 y 68 de la sentencia recurrida al basarse esencialmente en dos elementos para concluir que la Comisión
estaba facultada para incoar un procedimiento de investigación formal contra las tarifas de suministro eléctrico que se le
habían concedido. Estos dos elementos son, por una parte, la financiación de dichas tarifas mediante fondos estatales y, por
otra, el reembolso a Alcoa a través del mecanismo aplicado por el Fondo de Compensación, lo que supuso una reducción de la
tarifa final de suministro eléctrico que Alcoa debería pagar si no se beneficiara del citado mecanismo. Alcoa sostiene que
ambos elementos son insuficientes porque ya existían cuando se adoptó la Decisión Alumix y no habían impedido a la Comisión
concluir que no existía ninguna ayuda. A este respecto subraya, en primer lugar, que las tarifas preferenciales de las que
se beneficiaba en esa época eran impuestas a ENEL por el Estado, que controlaba dicha empresa al 100 % y, por lo tanto, estaban
financiadas por éste y, en segundo lugar, que esas tarifas implicaban, de forma puramente formal, una «reducción» de las tarifas
aplicables con carácter general.
La Comisión estima que en esta tercera parte Alcoa se limita a reiterar otras alegaciones.
–             Apreciación del Tribunal de Justicia
Procede señalar que en su presentación de los aspectos que considera comunes a las tarifas basadas en el Decreto-ley de 1995
y a las derivadas del Decreto-ley de 2005, Alcoa omite mencionar las modificaciones, no controvertidas, que sufrieron las
primeras en 1999 y en 2004.
De este modo, no indica que, como se desprende de los apartados 15, 65 y 66 de la sentencia recurrida, la tarifa que se le
facturaba con arreglo al Decreto-ley de 1995 fue sustituida por una tarifa cuyo importe se redujo a través de un reembolso
financiado por una tasa parafiscal gestionada por el Fondo de Compensación.
Como se ha recordado en el apartado 50 de esta sentencia, habida cuenta de la pertinencia de esas características en la calificación
de una ayuda, el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en un error de Derecho al poner de relieve dichas características.
En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia estimó correctamente en el apartado 68 de la sentencia recurrida que la
mera existencia de un mecanismo de reembolso controvertido justifica que la Comisión no pudiera excluir en la fase previa
que Alcoa se beneficiaba de una ventaja en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1.
Además, el Tribunal de Primera Instancia señaló acertadamente en el apartado 58 de la sentencia recurrida que si un primer
examen no permite a la Comisión superar todas las dificultades planteadas por la cuestión de si la medida examinada constituye
una ayuda en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, dicha institución tiene el deber de iniciar el procedimiento de investigación
formal, al menos cuando, tras ese primer examen, no le ha sido posible llegar a la convicción de que la medida de que se trate,
a pesar de constituir una ayuda, es compatible en cualquier caso con el mercado común (véanse, asimismo, por analogía, las
sentencias de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, apartado 39 y jurisprudencia
citada, y de 2 de abril de 2009, Bouygues y Bouygues Télécom/Comisión, C‑431/07 P, Rec. p. I‑2665, apartado 61). En estas
circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia pudo concluir válidamente en el apartado 70 de la sentencia recurrida, en
esencia, remitiéndose concretamente al citado apartado 58, que para determinar si la tarifa concedida a las fábricas constituía
o no una tarifa de mercado era precisa una apreciación económica compleja que planteaba dudas que podrían analizarse con mayor
eficacia en el procedimiento de investigación formal.
Por lo tanto, procede desestimar la tercera parte del primer motivo por infundada.
Sobre la quinta parte del primer motivo, basada en la violación del principio de buena administración y en la vulneración
del derecho a ser oído
–             Alegaciones de las partes
Alcoa alega que la República Italiana no tuvo la posibilidad de presentar sus observaciones sobre la calificación de la medida
de que se trata como ayuda nueva durante la fase previa de examen y que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error
de Derecho al no reconocer que la Comisión había violado de ese modo el principio de buena administración y vulnerado el derecho
a ser oído.
La Comisión sostiene que Alcoa está formulando un motivo nuevo que no invocó ante el Tribunal de Primera Instancia y que,
por lo tanto, es inadmisible. Además, aduce que, en cualquier caso, la República Italiana fue oída sobre la calificación de
la medida de que se trata como ayuda nueva, como se desprende del apartado 40 de la sentencia recurrida.
–             Apreciación del Tribunal de Justicia
Recuérdese que, en el marco de un recurso de casación, la competencia del Tribunal de Justicia está en principio limitada
a la apreciación de la solución jurídica que se ha dado a los motivos objeto de debate ante los jueces que conocen sobre el
fondo (véase, en particular, la sentencia de 1 de febrero de 2007, Sison/Consejo, C‑266/05 P, Rec. p. I‑1233, apartado 95
y jurisprudencia citada). Por consiguiente, una parte no puede invocar en principio por primera vez ante el Tribunal de Justicia
un motivo que no ha invocado ante el Tribunal General, en la medida en que ello equivaldría a permitir al Tribunal de Justicia
controlar la legalidad de la solución adoptada por el Tribunal General en relación con motivos de los que éste no ha conocido.
A este respecto, de la sentencia recurrida se desprende que la problemática planteada por Alcoa en la quinta parte del primer
motivo no fue examinada por el Tribunal de Primera Instancia a raíz de una alegación que dicha sociedad esgrimió ante él.
Ciertamente, en los apartados 39 y 40 de la sentencia impugnada, el Tribunal de Primera Instancia examinó si la República
Italiana había tomado posición sobre la calificación de la medida de que se trata como ayuda nueva, pero realizó este examen
en el marco del análisis de una alegación de la Comisión que pretendía que se reconociera la inadmisibilidad del recurso en
primera instancia porque la República Italiana no se había opuesto de manera suficientemente clara a dicha calificación.
Por consiguiente, procede declarar inadmisible la quinta parte del primer motivo.
Sobre la sexta parte del primer motivo, basada en el desconocimiento de alcance de la obligación de motivación
–             Alegaciones de las partes
Mediante la sexta parte del primer motivo, Alcoa sostiene que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta el alcance
de la obligación de motivación que incumbía a la Comisión. Según la recurrente, habida cuenta de las consecuencias irreversibles
de la incoación del procedimiento de investigación formal y de la existencia, en el caso de autos, de una Decisión anterior
de la Comisión –la Decisión Alumix– el Tribunal de Primera Instancia se equivocó al afirmar que no era necesario motivar el
hecho de distinguir entre esta Decisión y la Decisión controvertida. Alcoa añade que esta insuficiencia de motivación dificultó
el análisis jurídico y el control de la Decisión controvertida. Alcoa sostiene que la Decisión controvertida debería haber
contenido una evaluación significativa previa de los eventuales cambios económicos respecto de la Decisión Alumix.
La Comisión considera que esta parte debe desestimarse por infundada.
–             Apreciación del Tribunal de Justicia
En contra de cuanto sostiene Alcoa, el Tribunal de Primera Instancia no afirmó en la sentencia recurrida que no fuera necesario
motivar el hecho de distinguir entre la Decisión Alumix y la Decisión controvertida.
En cuanto al reproche de que no se tuviera en cuenta el alcance de la obligación de motivación, da la impresión de que Alcoa
lo emplea para atacar los apartados 78 a 89 de la sentencia recurrida. De entre ellos parece que Alcoa se refiere más concretamente
–como señaló el Abogado General en el punto 127 de sus conclusiones– al apartado 88 de la sentencia, en el que el Tribunal
de Primera Instancia no acogió su alegación según la cual la Comisión faltó a su obligación de motivar la Decisión controvertida
a la luz de los criterios aplicados en la Decisión Alumix.
Según jurisprudencia reiterada, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que
se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera
que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su
control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido
del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa
e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones (véase, en particular, la sentencia de 2 de diciembre
de 2009, Comisión/Irlanda y otros, C‑89/08 P, Rec. p. I‑11245, apartado 77 y jurisprudencia citada).
Debe destacarse, como reconoce la propia Alcoa, que en el apartado 78 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia
se refirió correctamente a la obligación de motivación del artículo 253 CE y a las exigencias que ésta implica.
Alcoa reprocha no obstante al Tribunal de Primera Instancia que no reconociera la insuficiencia de motivación de la Decisión
controvertida respecto de la Decisión Alumix. Según Alcoa, la Comisión debería haber explicado en qué medida era distinta
la Decisión controvertida de la Decisión Alumix.
Procede señalar que este reproche parte de la premisa de que la Decisión controvertida tenía por objeto la misma tarifa que
la examinada en la Decisión Alumix, lo que hacía necesario un examen detallado de los elementos que llevaban a una conclusión
diferente.
Ahora bien, como se ha declarado en el apartado 50 de la presente sentencia, el Tribunal de Primera Instancia no incurrió
en un error al considerar, en el apartado 130 de la sentencia recurrida, que la medida examinada en la Decisión controvertida
era distinta a la examinada en la Decisión Alumix.
En consecuencia, como se desprende del apartado 88 de la sentencia recurrida, no era necesario un examen detallado de las
apreciaciones económicas de la Comisión contenidas en la Decisión Alumix ni de las razones por las que ya no era aplicable
esta Decisión.
Al tratarse de una fase previa de examen de una medida que no había sido objeto de un examen anterior, el Tribunal de Primera
Instancia estimó correctamente en el apartado 79 de la sentencia recurrida que la Comisión podía limitarse a resumir las principales
cuestiones de hecho y de Derecho, a incluir una valoración inicial de la medida estatal de que se trate dirigida a determinar
si ésta tiene carácter de ayuda y a exponer las razones que la llevan a dudar sobre su compatibilidad con el mercado común.
Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en un error de Derecho al estimar, en los apartados 81 y 82
de la sentencia recurrida, que la Comisión había motivado de modo suficiente la Decisión controvertida exponiendo claramente
los motivos por los que había concluido, con carácter provisional, que la medida de que se trata constituía una ayuda y que
albergaba serias dudas sobre su compatibilidad con el mercado común.
Por lo tanto, procede desestimar la sexta parte del primer motivo por infundada.
Al no haber sido estimada ninguna de las alegaciones esgrimidas por Alcoa en el marco de su primer motivo, procede desestimar
éste en su conjunto.

Sobre el segundo motivo, basado en la aplicación incorrecta del procedimiento sobre ayudas nuevas
El segundo motivo se divide en cuatro partes. La primera parte se basa en la aplicación incorrecta de la jurisprudencia sobre
la prórroga de una ayuda compatible con el mercado común. Mediante la segunda parte, examinada en los apartados 37 a 43 de
la presente sentencia, Alcoa reprocha al Tribunal de Primera Instancia que interpretara incorrectamente el alcance temporal
de la Decisión Alumix. Mediante la tercera parte la recurrente solicita que se declare que el Tribunal de Primera Instancia
incurrió en un error de Derecho al basarse en las modificaciones técnicas introducidas en 1999 y en 2004 para confirmar la
aplicación del procedimiento sobre ayudas nuevas. La cuarta parte se basa en la violación de los principios de seguridad jurídica
y de protección de la confianza legítima.
Sobre la primera parte del segundo motivo, basada en la aplicación incorrecta de la jurisprudencia sobre la prórroga de una
ayuda compatible con el mercado común
–             Alegaciones de las partes
Alcoa sostiene que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al considerar, en el apartado 128 de la
sentencia recurrida, que era aplicable su sentencia de 6 de marzo de 2002, Diputación Foral de Álava y otros/Comisión (T‑127/99,
T‑129/99 y T‑148/99, Rec. p. II‑1275), la cual permitía considerar que una prórroga podía transformar por sí misma una medida
en ayuda nueva. Alcoa subraya que dicha sentencia se refería a una ayuda considerada compatible con el mercado común. En su
opinión, existe una diferencia fundamental entre una medida que ha sido calificada de ayuda compatible con el mercado común
y una medida que ha sido considerada no constitutiva de ayuda. En el caso de una ayuda compatible con el mercado común, la
limitación temporal es una de las razones por las que es posible aceptar la compatibilidad de dicha ayuda. Por consiguiente,
su prórroga sólo puede transformar la medida de que se trate en ayuda nueva. En cambio, aduce que, cuando se ha llegado a
la conclusión de que no existe ayuda, la modificación de las condiciones del mercado puede transformar la medida en ayuda,
pero la prórroga de la medida, en cuanto tal, no puede producir ese efecto. Según Alcoa, en estas circunstancias, el artículo
1, letra b), inciso v), del Reglamento nº 659/1999 exige que se trate la medida como ayuda existente, más que como una ayuda
nueva.
La Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en un error al reconocer que la prórroga de la tarifa del
Decreto-ley de 1995 justificaba que la medida de que se trata fuera considerada una ayuda nueva.
–             Apreciación del Tribunal de Justicia
Procede señalar que la sentencia Diputación Foral de Álava y otros/Comisión, antes citada, se refería a una ayuda instituida
antes de la entrada en el mercado común del Estado miembro en cuestión, de modo que constituía, por tanto, una ayuda existente.
El Tribunal de Primera Instancia estimó en esa sentencia que, debido a la modificación de la duración de dicha ayuda, que
había sido prorrogada, debía considerarse que se trataba de una ayuda nueva.
Sin embargo, de esta jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia, relativa a la prórroga de una medida constitutiva de
ayuda existente, no se desprende que dicha jurisprudencia pueda ampliarse a una medida que, en cambio, haya sido considerada
no constitutiva de ayuda. El mero hecho de que siga aplicándose dicha medida, en su caso tras la prórroga del acto jurídico
por la que fue establecida, no la transforma en ayuda de Estado.
No obstante, el Tribunal de Primera Instancia no afirma que la mera prórroga de una medida que la Comisión ha considerado
no constitutiva de ayuda transforme ésta en ayuda nueva. Simplemente indica, en el apartado 129 de la sentencia recurrida,
que el examen por la Comisión de la medida prorrogada sólo podría tener lugar en el caso de ayudas nuevas.
Debe señalarse que, en el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia no se basó únicamente en la prórroga de la tarifa
preferencial concedida a Alcoa, operada mediante el Decreto-ley de 2005, para considerar, en el apartado 133 de la sentencia
recurrida, que la Comisión no había incurrido en un error manifiesto de apreciación al examinar la medida de que se trata
desde el ángulo de las reglas aplicables a las ayudas nuevas, sino que también puso de relieve, en los apartados 131 y 132
de dicha sentencia, las modificaciones aportadas a la sustancia misma de esa medida por la República Italiana.
De ello se deriva que no es aplicable el artículo 1, letra b), inciso v), del Reglamento nº 659/1999, según el cual constituye
una ayuda existente toda ayuda considerada como ayuda existente al poder acreditarse que en el momento en que se llevó a efecto
no constituía una ayuda, y que posteriormente pasó a ser una ayuda debido a la evolución del mercado común y sin haber sido
modificada por el Estado miembro.
En estas circunstancias, y conforme al artículo 1, letra c), del Reglamento nº 659/1999, dado que la Comisión sospechaba que
la tarifa del Decreto-ley de 2005 constituía una ayuda, debía examinarla desde el ángulo del procedimiento aplicable a las
ayudas nuevas.
Por consiguiente, procede considerar que el Tribunal de Primera Instancia estimó correctamente, en el apartado 133 de la sentencia
recurrida, que la Comisión no había incurrido en un error manifiesto de apreciación al examinar la medida de que se trata
en el marco del procedimiento aplicable a las ayudas nuevas y no en el marco del aplicable a las ayudas existentes.
Por lo tanto, debe desestimarse por infundada la primera parte del segundo motivo.
Sobre la tercera parte del segundo motivo, mediante la que se pretende que se declare que el Tribunal de Primera Instancia
incurrió en un error de Derecho al basarse en las modificaciones técnicas introducidas en 1999 y 2004 para confirmar la aplicación
del procedimiento sobre ayudas nuevas
–             Alegaciones de las partes
Alcoa sostiene que el Tribunal de Primera Instancia se equivocó al confirmar que la Comisión actuó correctamente al aplicar
el procedimiento aplicable sobre ayudas nuevas alegando que las tarifas concedidas a Alcoa ya no consistían en la aplicación
por ENEL de la tarida prevista en el Decreto-ley de 1995, sino en el pago de un reembolso por el Fondo de Compensación. Aduce
que, de ese modo, el Tribunal de Primera Instancia amplió el alcance de la Decisión controvertida, que estaba dirigida únicamente
contra la prórroga de la duración de las tarifas concedidas a Alcoa, en aplicación del Decreto-ley de 2005, y no contra las
modificaciones meramente técnicas introducidas en 1999 y 2004.
Alcoa añade que la Comisión estaba al tanto de esas modificaciones y no se opuso a ellas. Así, la Comisión no mencionó en
la Decisión controvertida que las modificaciones técnicas introducidas en 1999 y 2004 justificaran un nuevo examen. Tampoco
lo mencionó en otra decisión en la que constaba la tarifa preferencial concedida a Alcoa –la Decisión Portovesme–. Además,
según ella, en la Decisión de 1 de diciembre de 2004 relativa a la ayuda de Estado N/490/2000 – Italia, costes de transición
a la competencia (CTC) del sector de la electricidad (DO 2005, C 250, p. 9; en lo sucesivo, «Decisión sobre los costes de
transición a la competencia»), la Comisión consideró que tarifas como aquellas de las que se beneficia Alcoa son cargas generales,
ya cubiertas por un régimen de ayudas existentes. Alcoa reprocha al Tribunal de Primera Instancia que desechara la Decisión
sobre los costes de transición a la competencia por carecer de pertinencia y que se basara en las mencionadas modificaciones
técnicas para justificar que la Comisión aplicara el procedimiento sobre ayudas nuevas.
La Comisión alega que Alcoa rechaza el propio contenido de la Decisión controvertida por considerar que se refiere únicamente
a la prórroga de la tarifa prevista en el Decreto-ley de 1995. Sostiene que el Tribunal de Primera Instancia no amplió el
alcance de la Decisión controvertida juzgando que el paso a una tarifa real –tarifa en la que se basa la Decisión Alumix–
a una tarifa teórica –examinada en la Decisión controvertida– constituía una modificación sustancial. Por otra parte, y en
contra de las alegaciones de Alcoa, la Comisión subraya que ya se había opuesto a las modificaciones técnicas de 1999 y 2004
en la Decisión Portovesme, incoando precisamente un procedimiento de investigación formal en el asunto en torno al que gira
dicha Decisión. En cuanto a la Decisión sobre los costes de transición a la competencia, la Comisión alega que ésta se refiere
a los costes de transición a la competencia soportados por ENEL, y que no es pertinente respecto de las ventajas conferidas
a Alcoa en materia de tarifas eléctricas.
–             Apreciación del Tribunal de Justicia
Alcoa no ha impugnado en su recurso de casación los hechos del asunto y la presentación de la Decisión controvertida en la
sentencia recurrida. Simplemente aportó una precisión, no rebatida por la Comisión y recordada en el apartado 14 de la presente
sentencia, según la cual las modificaciones aportadas a la tarifa del Decreto-ley de 1995 se introdujeron en 1999, es decir,
antes de que se adoptara el Decreto-ley de 2005.
De la presentación de la Decisión controvertida en la sentencia recurrida que Alcoa menciona no sólo se desprende la prórroga
de la tarifa contemplada en el Decreto-ley de 1995, sino también los cambios producidos en la gestión de dicha tarifa, es
decir, el reembolso parcial de la tarifa facturada a través de una exacción parafiscal y la gestión de la citada tarifa por
el Fondo de Compensación.
El Tribunal de Primera Instancia destacó en el apartado 17 de la sentencia recurrida que esos cambios llevaron a la Comisión
a considerar, en los puntos 40 a 46 de la motivación de la Decisión controvertida, que debía comprobar si la tarifa preferencial
concedida a Alcoa constituía una ayuda de Estado, habida cuenta de la reducción de la tarifa que implicaba, de la ventaja
económica que representaba para Alcoa, de la financiación de esta reducción a través de recursos estatales y de los efectos
de dicha tarifa sobre la competencia y sobre los intercambios intracomunitarios.
De ello se deriva que, al evaluar a la luz del concepto de ventaja las consecuencias que la Comisión atribuyó al reembolso
de la diferencia entre la tarifa facturada a ENEL y la tarifa prorrogada mediante el Decreto-ley de 2005 en el apartado 68
de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia no amplió el alcance de la Decisión controvertida.
Tampoco amplió el alcance de dicha Decisión al declarar, en el apartado 132 de la sentencia recurrida, que la medida de que
se trata ya no consistía en la aplicación por ENEL de la tarifa establecida en el Decreto-ley de 1995, equivalente a una tarifa
de mercado, sino en la concesión de un reembolso por el Fondo de Compensación a partir de recursos públicos con el fin de
compensar la diferencia entre la tarifa facturada por ENEL y la fijada en el Decreto-ley de 1995, prorrogada por el Decreto-ley
de 2005.
Las alegaciones de Alcoa según las cuales, en primer lugar, las mencionadas modificaciones se produjeron antes de que se adoptara
el Decreto-ley de 2005 y, en segundo lugar, la Comisión estaba al tanto de las mismas y no se había opuesto a ellas, no pueden
suponer un obstáculo para que dicha institución las examine como ayudas nuevas, tal y como éstas se definen en el artículo
1, letra c), del Reglamento nº 659/1999. En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado anteriormente que el concepto de
ayuda de Estado, existente o nueva, responde a una situación objetiva y no puede depender del comportamiento o de las declaraciones
de las instituciones (véase la sentencia Comisión/Irlanda y otros, antes citada, apartado 72).
En lo que respecta a la pertinencia de la Decisión sobre los costes de transición a la competencia, debe señalarse que el
Tribunal de Primera Instancia destacó acertadamente, en el apartado 113 de la sentencia recurrida, que dicha Decisión no se
refería al reembolso a favor de las fábricas de Alcoa, sino al régimen mediante el cual se reembolsaban a ENEL los costes
de transición a la competencia resultantes de la liberalización del mercado de la electricidad.
Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia también obró correctamente al añadir, en esencia, en el apartado 114 de la
sentencia recurrida que, aun suponiendo que la Comisión hubiera sido informada, en el marco del procedimiento sobre la Decisión
sobre los costes de transición a la competencia, del régimen del que se beneficiaban las fábricas de Alcoa, esta última no
habría podido obtener certidumbre alguna de que la prórroga de la tarifa preferencial no constituyera una ayuda nueva, al
no haberle proporcionado la Comisión garantías precisas a ese respecto.
En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en un error al evaluar el impacto de la Decisión sobre los costes
de transición a la competencia en la Decisión controvertida en los apartados 112 a 114 de la sentencia recurrida, y al considerar
inoperante la alegación de Alcoa en el apartado 112 de dicha sentencia.
Por consiguiente, procede desestimar por infundada la tercera parte del segundo motivo.
Sobre la cuarta parte del segundo motivo, basada en la violación de los principios de seguridad jurídica y de protección de
la confianza legítima
–             Alegaciones de las partes
Mediante la cuarta parte del segundo motivo, Alcoa sostiene que el Tribunal de Primera Instancia violó los principios de seguridad
jurídica y de protección de la confianza legítima al confirmar la aplicación del procedimiento sobre ayudas nuevas realizada
por la Comisión. En su opinión, habida cuenta de la anterior afirmación de la Comisión según la cual la tarifa de la que se
beneficiaba Alcoa no constituía una ayuda, la Comisión debería haber aplicado, al menos, el procedimiento sobre ayudas existentes.
Alcoa cita a este respecto varias decisiones de la Comisión y se apoya en la jurisprudencia resultante de la sentencia Bélgica
y Forum 187/Comisión, antes citada.
La Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia no violó los principios generales del Derecho y que Alcoa se basa nuevamente
en la suposición errónea de que el artículo 11, apartado 11, del Decreto-ley de 2005 no es más que la prórroga de la medida
examinada en la Decisión Alumix. Añade que las decisiones de la Comisión a las que se refiere Alcoa no son pertinentes, bien
porque tratan de la imposibilidad de recuperar una ayuda –cuestión que no se ha planteado en el presente litigio– bien porque
versan sobre la continuidad de regímenes que responden a las mismas modalidades fijadas en el momento de su aprobación, cosa
que no ocurre en el caso de autos.
–             Apreciación del Tribunal de Justicia
Ha de señalarse que en la cuarta parte del segundo motivo Alcoa repite esencialmente las alegaciones desarrolladas en el marco
de la segunda parte del primer motivo, aplicándolas al procedimiento sobre ayudas nuevas.
Debe destacarse, por una parte, que el Tribunal de Primera Instancia citó correctamente, en los apartados 102 y 103 de la
sentencia recurrida, la jurisprudencia pertinente recordada en el apartado 71 de la presente sentencia.
Por otra parte, por los motivos expuestos en los apartados 71 a 75 de la presente sentencia, las declaraciones de la Comisión
en la Decisión Alumix no podían inducir a Alcoa a pensar legítimamente que las conclusiones de dicha Decisión se ampliarían
a la tarifa examinada en la Decisión controvertida.
Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia estimó de modo conforme a Derecho en el apartado 108 de la sentencia recurrida
que la Decisión Alumix no había podido hacer surgir en Alcoa una confianza legítima en la perennidad de las conclusiones contenidas
en la citada Decisión. El Tribunal de Primera Instancia dedujo de ello acertadamente, en el apartado 109 de dicha sentencia,
que la Comisión no había violado el principio de protección de la confianza legítima al adoptar la Decisión controvertida,
que se basa en el procedimiento sobre ayudas nuevas.
En cuanto a la alegación de una violación del principio de seguridad jurídica, ésta debe descartarse por la misma razón señalada
en el apartado 76 de la presente sentencia.
Habida cuenta de las consideraciones que preceden, debe desestimarse la cuarta parte del segundo motivo y el segundo motivo
en su totalidad.
Procede desestimar el recurso de casación, ya que no se ha acogido ninguno de sus motivos.

Costas
En virtud del artículo 122, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas
cuando el recurso de casación sea infundado. A tenor del artículo 69, apartado 2, del citado Reglamento, aplicable al procedimiento
de casación según su artículo 118, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la
otra parte. Por haber solicitado la Comisión que se condene en costas a Alcoa y haber sido desestimadas las pretensiones formuladas
por esta última, procede condenarla al pago de las costas de la presente instancia.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:
1)
Desestimar el recurso de casación.
2)
Condenar en costas a Alcoa Trasformazioni Srl.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: inglés.