CELEX: 62009CJ0503
Seguridad social
Reglamento (CEE) nº 1408/71
Artículos 4, 10 y 10 bis
Prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes discapacitados
Prestación de enfermedad o prestación de invalidez
Requisitos de residencia, de presencia en el momento de presentar la solicitud y de presencia anterior
Ciudadanía de la Unión
Proporcionalidad

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 4, apartado 1, letras a) y b), 10,
apartado 1, 19 y 28 del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes
de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias
que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) nº 118/97 del Consejo,
de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 647/2005 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005 (DO L 117, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 1408/71»).
Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre la Sra. Stewart, nacional británica residente en España, y el Secretary
of State for Work and Pensions, en relación con la negativa de éste a concederle una prestación de corta duración por incapacidad
para jóvenes discapacitados.

Marco jurídico

Normativa de la Unión
El artículo 2 del Reglamento nº 1408/71, titulado «Campo de aplicación personal», establece en su apartado 1:
«El presente Reglamento se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia y a los estudiantes que estén
o hayan estado sometidos a la legislación de uno o de varios Estados miembros y que sean nacionales de uno de los Estados
miembros, o apátridas o refugiados que residan en el territorio de uno de los Estados miembros, así como a los miembros de
su familia y a sus supervivientes.»
El artículo 4 de dicho Reglamento, titulado «Campo de aplicación material», tiene la siguiente redacción:
«1.      El presente Reglamento se aplicará a todas las legislaciones relativas a las ramas de seguridad social relacionadas con:
a)      las prestaciones de enfermedad y de maternidad;
b)      las prestaciones de invalidez, comprendidas las que están destinadas a mantener o a mejorar la capacidad de ganancia;
[...]
2.      El presente Reglamento se aplicará a los regímenes de seguridad social generales y especiales, contributivos y no contributivos [...]
[...]»
El artículo 10 de dicho Reglamento, titulado «Supresión de las cláusulas de residencia. Incidencia del seguro obligatorio
en el reembolso de las cotizaciones», establece en su apartado 1, párrafo primero:
«A menos que el presente Reglamento disponga otra cosa, las prestaciones en metálico de invalidez, de vejez o de supervivencia,
las rentas de accidente de trabajo o de enfermedad profesional y los subsidios de defunción adquiridos en virtud de la legislación
de uno o de varios Estados miembros, no podrán ser objeto de ninguna reducción, modificación, suspensión, supresión o confiscación
por el hecho de que el beneficiario resida en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en que se encuentra la
institución deudora.»
Con arreglo al artículo 10
bis
del Reglamento nº 1408/71, que lleva por título «Prestaciones especiales de carácter no contributivo», lo dispuesto en el
artículo 10 y en el título III del citado Reglamento no es aplicable a las prestaciones especiales en metálico de carácter
no contributivo mencionadas en el artículo 4, apartado 2
bis,
de dicho Reglamento. Las personas a las que se aplica el Reglamento nº 1408/71 se beneficiarán de dichas prestaciones exclusivamente
en el territorio del Estado miembro en el que residan y con arreglo a la legislación de dicho Estado, siempre que esas prestaciones
se mencionen en el anexo II
bis
del referido Reglamento.
La prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes discapacitados controvertida en el litigio principal no figura
en dicho anexo II
bis.
En la sección 2 –«Trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia y miembros de sus familias»– del capítulo 1 –que lleva
por título «Enfermedad y maternidad»– del título III del Reglamento nº 1408/71 se incluye el artículo 19 de dicho Reglamento,
«Residencia en un Estado miembro distinto del Estado competente – Normas generales», que tiene la siguiente redacción:
«1.      El trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia que resida en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado competente
y que satisfaga las condiciones exigidas por la legislación del Estado competente para tener derecho a las prestaciones, teniendo
en cuenta, en su caso, las disposiciones del artículo 18, disfrutará en el Estado de su residencia:
[…]
b)      de las prestaciones en metálico servidas por la institución competente según las disposiciones de la legislación que aplique. […]
2.      Las disposiciones del apartado 1 serán aplicables por analogía a los miembros de la familia que residan en el territorio de
un Estado miembro distinto del Estado competente, siempre que no tengan derecho a estas prestaciones en virtud de la legislación
del Estado en cuyo territorio residen.
[...]»
Dentro de la sección 5, «Titulares de pensiones o de rentas y miembros de sus familias», del capítulo 1 del título III del
Reglamento nº 1408/71, el artículo 28, titulado «Pensiones o rentas debidas en virtud de la legislación de un solo Estado,
o de varios, cuando no existe derecho a las prestaciones en el país de residencia», establece, en su apartado 1:
«El titular de una pensión o de una renta debida en virtud de la legislación de un Estado miembro, o de pensiones o de rentas
debidas en virtud de las legislaciones de dos o varios Estados miembros, que no tenga derecho a las prestaciones en virtud
de la legislación del Estado miembro en cuyo territorio reside, disfrutará, no obstante, de estas prestaciones, para él y
para los miembros de su familia, siempre que pudiera tener derecho a las mismas en virtud de la legislación del Estado miembro,
o al menos de uno de los Estados miembros competentes en materia de pensiones, habida cuenta, cuando proceda, de los dispuesto
en el artículo 18 y en el Anexo VI, si residiese en el territorio del Estado de que se trate […]
[…]»

Normativa nacional
A tenor del artículo 20, apartado 1, letra b), de la Ley sobre cotizaciones y prestaciones de la seguridad social de 1992
(Social Security Contributions and Benefits Act 1992; en lo sucesivo, «SSCBA»), la prestación de incapacidad es una prestación
de carácter contributivo.
Conforme al artículo 163, apartado 1, letra a), de la Ley de la Administración de la seguridad social de 1992 (Social Security
Administration Act 1992), las prestaciones de carácter contributivo las abona el Fondo nacional de seguros. El presupuesto
de dicho Fondo necesario para realizar los pagos controvertidos se nutre, en virtud del artículo 1, apartado 1, de la SSCBA,
de las cotizaciones pagadas por los perceptores de ingresos y los empresarios.
El artículo 30A, apartados 4 y 5, de la SSCBA dispone:
«4.      Por cada período de incapacidad laboral, el beneficiario podrá percibir la prestación de corta duración por incapacidad durante
un máximo de 364 días.
5.      Cuando, con arreglo a este apartado 4, el beneficiario de una prestación de corta duración por incapacidad deje de tener derecho
a percibirla, tendrá derecho a una prestación de larga duración por incapacidad por cada día ulterior del mismo período de
incapacidad laboral en el que no haya alcanzado la edad legal de jubilación.»
En virtud del artículo 30B, apartado 2, y del anexo 4, parte I, de la SSCBA, la prestación de corta duración por incapacidad
se abona con arreglo a dos tipos a tanto alzado. Durante los 196 primeros días, se paga a un tipo más bajo que aquel al que
se paga durante el resto del período de 364 días. El tipo básico de la prestación de larga duración por incapacidad es más
elevado que el tipo superior de la prestación de corta duración por incapacidad.
El anexo 12, apartado 1, de la SSCBA excluye de la prestación por incapacidad a las personas que tengan derecho a una prestación
legal de su empresario por causa de enfermedad.
El derecho a una prestación de incapacidad depende esencialmente de que el solicitante cumpla determinados requisitos de cotización.
Ahora bien, a tenor del artículo 30A, apartado 2A, de la SSCBA, los jóvenes incapacitados para trabajar tienen derecho a una
prestación de incapacidad sin haber cotizado, a condición de que el interesado:
«a)      tenga dieciséis años o más en la fecha pertinente;
b)      no haya alcanzado la edad de veinte años o, en los casos previstos, veinticinco años, en cualquier día que forme parte del
período de incapacidad laboral;
c)      haya estado incapacitado para trabajar durante un período de 196 días consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha pertinente
o en una fecha anterior durante el período de incapacidad en el que haya cumplido dieciséis años o más;
d)      reúna en la fecha pertinente los requisitos establecidos en materia de residencia en Gran Bretaña o de presencia en este país; y
e)      no curse en tal fecha una formación a tiempo completo».
El artículo 16, apartado 1, del Reglamento de seguridad social (prestación de incapacidad) de 1994 [Social Security (Incapacity
Benefit) Regulations 1994; en lo sucesivo, «SSIBR»] está redactado en estos términos:
«Los requisitos establecidos para cualquier persona a efectos del artículo 30A, apartado 2A, letra d), [de la SSCBA] en materia
de residencia o de presencia en Gran Bretaña en la fecha pertinente consisten en que, en tal fecha, dicha persona:
a)      resida habitualmente en Gran Bretaña;
b)      no se trate de una persona sometida al control de inmigración, en el sentido del artículo 115, apartado 9, de la Ley de inmigración
y asilo de 1999 (Immigration and Asylum Act 1999) o se trate de una persona comprendida en el ámbito de aplicación del apartado 5;
c)      se encuentre en Gran Bretaña; y
d)      haya permanecido en Gran Bretaña durante un período de al menos veintiséis semanas, o durante períodos que totalicen al menos
veintiséis semanas, en las cincuenta y dos semanas inmediatamente anteriores a dicha fecha.»
A tenor del apartado 6 de dicho artículo 16, estos requisitos deben satisfacerse en el momento de presentar la solicitud.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales
La Sra. Stewart, nacional británica nacida en noviembre de 1989, padece síndrome de Down. En agosto de 2000 se instaló con
sus padres en España, donde viven desde entonces. Se le concedió, con carácter retroactivo, un subsidio de subsistencia para
discapacitados («Disability Living Allowance») desde la creación de dicho subsidio en abril de 1992, que se le paga en España
con arreglo al artículo 95
ter
del Reglamento nº 1408/71.
El padre de la Sra. Stewart, que trabajó por última vez en el Reino Unido durante el ejercicio fiscal 2000/2001, percibe,
desde octubre de 2009, una pensión de jubilación, después de haber cobrado una pensión de empresa. La madre de la demandante
en el litigio principal percibe desde el 25 de julio de 2005 una pensión de jubilación; anteriormente recibía una prestación
de incapacidad.
La demandante en el litigio principal nunca ha trabajado y, con toda probabilidad, nunca podrá desempeñar una actividad profesional.
La madre de la Sra. Stewart, en su condición de representante legal de su hija, presentó una solicitud para que se le concediese
a ésta una prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes discapacitados a partir de su decimosexto cumpleaños,
fecha en la que por primera vez tenía derecho a percibirla. El 24 de noviembre de 2005, el Secretary of State for Work and
Pensions denegó dicha solicitud debido a que la Sra. Stewart no cumplía el requisito de presencia en Gran Bretaña. Al mismo
tiempo se informó a la demandante en el litigio principal de que se le reconocerían cotizaciones al seguro nacional durante
todo el tiempo en el que se mantuviese su incapacidad para trabajar.
La madre de la demandante en el litigio principal interpuso recurso, en nombre de su hija, contra la resolución del Secretary
of State for Work and Pensions. Al no prosperar dicho recurso, recurrió en apelación al órgano jurisdiccional remitente, alegando
que la negativa de las autoridades británicas a conceder a su hija la referida prestación de incapacidad es incompatible con
el Derecho de la Unión.
El órgano jurisdiccional remitente puntualiza que la prestación de incapacidad controvertida se presenta con frecuencia como
una «prestación de incapacidad para jóvenes discapacitados», debido a todas las circunstancias en las que se aplica.
Además, de la resolución de remisión se desprende que la demandante en el litigio principal reúne todos los requisitos necesarios
para la concesión de la prestación de corta duración para jóvenes discapacitados, excepto las relacionadas con la exigencia
de la residencia habitual, la presencia anterior y la presencia en el momento de presentar la solicitud en Gran Bretaña, establecidas
en el artículo 16, apartado 1, del SSIBR. El órgano jurisdiccional remitente señala que, si bien el Secretary of State for
Work and Pensions denegó la solicitud de la demandante en el litigio principal debido a que ésta no se encontraba en Gran
Bretaña al presentar la solicitud, la solicitud podría haber sido denegada también por el hecho de no cumplir los otros dos
requisitos anteriormente mencionados.
El órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en primer lugar, si la prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes
discapacitados constituye una prestación de enfermedad en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento
nº 1408/71 o una prestación de invalidez en el sentido del referido artículo 4, apartado 1, letra b). Dicho órgano jurisdiccional
estima que la prestación controvertida no puede considerarse una prestación de enfermedad porque no sustituye a ningún ingreso
y no opera durante una interrupción en la percepción de ingresos, puesto que la demandante en el litigio principal, al igual
que la mayoría de los solicitantes que se encuentran en su situación, no ha trabajado nunca. Además –siempre según el órgano
jurisdiccional remitente–, la incapacidad que padece la demandante en el litigio principal no es temporal.
Al citado órgano jurisdiccional se le plantean asimismo dudas acerca de la calificación de la prestación de corta duración
para jóvenes discapacitados de prestación de invalidez en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento
nº 1408/71, debido a que esta prestación se paga durante un máximo de 364 días. Ahora bien, pasado ese período, la demandante
en el litigio principal debería percibir, según dicho órgano jurisdiccional, una prestación de larga duración por incapacidad,
como muchos otros que se encuentran en su misma situación. Por tanto, la prestación de corta y de larga duración por incapacidad
es una prestación única, a pesar de su estructura interna.
En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si los tres requisitos que se mencionan en el apartado 24
de la presente sentencia son compatibles con el Derecho de la Unión.
En estas circunstancias, el Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) decidió suspender el procedimiento y plantear
al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      Una prestación de las características de la prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes discapacitados, ¿constituye
una prestación de enfermedad o una prestación de invalidez a efectos del [Reglamento nº 1408/71]?
2)      En el supuesto de que se responda a la primera cuestión en el sentido de que debe considerarse que tal prestación es una prestación
de enfermedad:
a)      ¿Es una persona como la madre de la recurrente, que, como consecuencia de su jubilación, ha cesado definitivamente toda actividad
laboral por cuenta ajena o por cuenta propia, no obstante un “trabajador por cuenta ajena” a efectos del artículo 19 [del
citado Reglamento] a causa de su anterior actividad por cuenta ajena o por cuenta propia, o contienen los artículos 27 a 34
[de dicho Reglamento] (titulares de pensiones o de rentas) las normas aplicables?
b)      ¿Es una persona como el padre de la recurrente, que no ha desempeñado actividad laboral alguna por cuenta ajena o por cuenta
propia desde 2001, no obstante un “trabajador por cuenta ajena” a efectos del artículo 19 [del mismo Reglamento] a causa de
su anterior actividad por cuenta ajena o por cuenta propia?
c)      ¿Debe considerarse que un solicitante es “titular [de una pensión o de una renta]” a efectos del artículo 28 [del Reglamento
nº 1408/71] debido a la concesión de una prestación adquirida conforme al artículo 95
ter
[de dicho Reglamento], a pesar de que: i) el solicitante del que se trata nunca haya desempeñado una actividad laboral en
el sentido del artículo 1, letra a), del Reglamento nº 1408/71; ii) no haya alcanzado la edad legal de jubilación; y iii) esté
comprendido en el ámbito de aplicación personal del Reglamento nº 1408/71 únicamente en su condición de miembro de la familia?
d)      En el supuesto de que el titular [de una pensión o de una renta] esté comprendido en el ámbito de aplicación del artículo
28 del Reglamento nº 1408/71, ¿puede un miembro de su familia que haya residido siempre con él en el mismo Estado solicitar,
con arreglo al artículo 28, apartado 1, [del citado Reglamento] en relación con el artículo 29 [de dicho Reglamento], una
prestación por enfermedad en metálico al organismo competente determinado por el artículo 28, apartado 2, [de ese mismo Reglamento]
en caso de que tal prestación (si se adeuda) deba pagarse al miembro de la familia (y no al titular de la pensión o de la
renta)?
e)      En su caso [en función de las respuestas a los puntos a) a d) de esta cuestión], la aplicación de un requisito de Derecho
nacional de la seguridad social que limita la adquisición inicial del derecho a una prestación de enfermedad a aquellas personas
que hayan completado un período exigido de presencia anterior en el Estado miembro competente dentro de un período anterior
determinado ¿resulta compatible con lo dispuesto en los artículos 19 y/o 28 del Reglamento nº 1408/71?
3)      En el supuesto de que se responda a la primera cuestión en el sentido de que debe considerarse que tal prestación es una prestación
de invalidez, ¿significa el texto del artículo 10 del Reglamento nº 1408/71, referente a las prestaciones “adquiridas en virtud
de la legislación de uno o de varios Estados miembros”, que, con arreglo al Reglamento nº 1408/71, los Estados miembros siguen
estando facultados para establecer requisitos para la adquisición inicial del derecho a prestaciones de invalidez como ésa
que se basen en la residencia en el Estado miembro o en la prueba de que se han completado los períodos exigidos de presencia
anterior en el Estado miembro, de manera que un solicitante no puede pretender de entrada tener derecho a tal prestación frente
a otro Estado miembro?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Primera cuestión
Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si una prestación de corta duración
por incapacidad para jóvenes discapacitados, como la controvertida en el litigio principal, constituye una prestación de enfermedad
o una prestación de invalidez en el sentido del Reglamento nº 1408/71.
Es preciso señalar, con carácter preliminar, que esta cuestión no se refiere al régimen general de las prestaciones de incapacidad
concedidas en virtud de la normativa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sino que atañe específicamente a
la prestación de incapacidad para jóvenes discapacitados, cuya naturaleza y requisitos de concesión son distintos, como se
desprende de los apartados 10 a 17 de la presente sentencia.
Conforme al artículo 4, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 1408/71, éste se aplica a las legislaciones relativas
a las ramas de la seguridad social relacionadas, respectivamente, con las prestaciones de enfermedad y las prestaciones de
invalidez, comprendidas las destinadas a mantener o a mejorar la capacidad de ganancia.
Según jurisprudencia reiterada, una prestación podrá ser considerada una prestación de seguridad social en la medida en que
se conceda a sus beneficiarios al margen de cualquier apreciación individual y discrecional de las necesidades personales,
en función de una situación legalmente definida y en la medida en que la prestación se refiera a alguno de los riesgos expresamente
enumerados en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 1408/71 (véanse, en particular, las sentencias de 21 de febrero
de 2006, Hosse, C‑286/03, Rec. p. I‑1771, apartado 37; de 18 de diciembre de 2007, Habelt y otros, C‑396/05, C‑419/05 y C‑450/05,
Rec. p. I‑11895, apartado 63, y de 11 de septiembre de 2008, Petersen, C‑228/07, Rec. p. I‑6989, apartado 19).
En el presente asunto, no se discute que así ocurre en el caso de la prestación objeto del procedimiento principal, puesto
que su concesión depende de criterios objetivos legalmente definidos en el artículo 30A, apartado 2A, de la SSCBA, al no disponer
las autoridades competentes de una facultad de apreciación individual de las necesidades del solicitante, y puesto que dicha
prestación va destinada a cubrir, según los casos, el riesgo de enfermedad o el de invalidez, que figuran en el artículo 4,
apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 1408/71.
Además, no se discute que la demandante en el litigio principal está comprendida en el ámbito de aplicación personal del Reglamento
nº 1408/71, tal como se define en el artículo 2, apartado 1, de éste.
Por lo que se refiere a la determinación precisa de la naturaleza de la prestación objeto del procedimiento principal, de
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la exigencia de una aplicación uniforme del Derecho de la Unión
implica que los conceptos a los que se refiere este Derecho no varíen en función de las particularidades de cada Derecho nacional,
sino que se basen en criterios objetivos, definidos en un marco propio del Derecho de la Unión. Conforme a este principio,
los conceptos de prestaciones de enfermedad y de invalidez, en el sentido del artículo 4, apartado 1, letras a) y b), del
Reglamento nº 1408/71, deben determinarse, a efectos de la aplicación de este Reglamento, en función no del tipo de legislación
nacional en que figuran las disposiciones internas que establecen las referidas prestaciones, sino de las normas propias de
Derecho de la Unión que determinan los elementos constitutivos de dichas prestaciones (véase, en este sentido, la sentencia
de 10 de enero de 1980, Jordens‑Vosters, 69/79, Rec. p. 75, apartado 6).
A este respecto, para distinguir entre las diferentes categorías de prestaciones de seguridad social, es preciso tomar en
consideración el riesgo cubierto por cada una de ellas (sentencia de 18 de julio de 2006, De Cuyper, C‑406/04, Rec. p. I‑6947,
apartado 27).
Como señalan acertadamente el Reino Unido y la Comisión Europea, una prestación de enfermedad, en el sentido del artículo
4, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 1408/71, cubre el riesgo asociado a un estado patológico que acarrea una suspensión
temporal de las actividades del interesado.
En cambio, una prestación de invalidez, en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, está destinada,
por lo general, a cubrir el riesgo de una incapacidad del grado que se establezca, cuando sea probable que dicha incapacidad
tendrá carácter permanente o duradero (véase, por analogía, la sentencia de 11 de julio de 2006, Chacón Navas, C‑13/05, Rec.
p. I‑6467, apartado 45).
Las dudas que se le plantean al órgano jurisdiccional remitente respecto a la clasificación de la prestación de corta duración
por incapacidad para jóvenes discapacitados como prestación de enfermedad o de invalidez en el sentido del artículo 4, apartado
1, letras a) y b), del Reglamento nº 1408/71 se derivan del hecho de que esta prestación se rige por una normativa nacional
que establece un pago en dos fases, la primera, bajo el nombre de «prestación de corta duración por incapacidad», durante
un máximo de 364 días, y la segunda, bajo el nombre de «prestación de larga duración por incapacidad», con carácter indefinido,
hasta que el solicitante alcance la edad legal de jubilación.
A este respecto, procede señalar, como declara el órgano jurisdiccional remitente, que la demandante en el litigio principal,
como la mayoría de los que solicitan acogerse a la prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes discapacitados,
es incapaz de trabajar y no ha desempeñado nunca actividad profesional alguna. Según dicho órgano jurisdiccional, se trata
de una característica habitual de los solicitantes que tienen derecho a esta prestación.
Además, el órgano jurisdiccional remitente destaca que, al concluir el período de pago de la prestación de corta duración
por incapacidad para jóvenes discapacitados, la demandante en el litigio principal, al igual que la mayoría de los que tienen
derecho a esta prestación, disfrutará en cualquier caso de la prestación de larga duración por incapacidad, debido al carácter
permanente de su discapacidad.
En efecto, de los autos remitidos al Tribunal de Justicia se desprende que, si se concede la prestación de corta duración
por incapacidad para jóvenes discapacitados, al expirar el período de pago ésta se transforma en una prestación de larga duración
por incapacidad, con la única condición de que persista la discapacidad que padece el solicitante. No obstante, el solicitante
no tiene derecho a percibir la prestación de larga duración por incapacidad desde el principio, aunque haya quedado acreditado
que podría ser beneficiario de tal prestación en vista del carácter permanente o duradero de su discapacidad. De este modo,
para el solicitante afectado de tal discapacidad, la prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes discapacitados
sólo constituye una etapa previa a efectos de poder tener derecho, al concluir el período de pago de dicha prestación, a una
prestación de larga duración por incapacidad.
Por consiguiente, en un supuesto como el controvertido en el litigio principal, en el que el solicitante padece una discapacidad
permanente o duradera, las prestaciones de corta y de larga duración por incapacidad para jóvenes discapacitados se insertan
necesariamente en un contexto de continuidad.
En efecto, el órgano jurisdiccional remitente destaca que las prestaciones de corta y de larga duración por incapacidad constituyen
una prestación única, pese a sus disposiciones de aplicación.
En consecuencia, en una hipótesis como la controvertida en el litigio principal, en el que ha quedado acreditado que, desde
la presentación de la solicitud, el solicitante está afectado de una discapacidad permanente o duradera, la prestación de
corta duración por incapacidad para jóvenes discapacitados presenta, en vista del nexo de continuidad entre ésta y la prestación
de larga duración por incapacidad, las características de una prestación de invalidez en el sentido del artículo 4, apartado
1, letra b), del Reglamento nº 1408/71.
Corroboran esta conclusión tanto el objeto y la finalidad de la prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes
discapacitados como su base de cálculo y los requisitos para su concesión (véanse, por analogía, las sentencias de 5 de julio
de 1983, Valentini, 171/82, Rec. p. 2157, apartado 13; De Cuyper, antes citada, apartado 25, y Petersen, antes citada, apartado 21).
Por lo que respecta, en primer lugar, al objeto y a la finalidad de la prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes
discapacitados, debe señalarse que ésta ha sustituido al subsidio por discapacidad grave. Los beneficiarios de esta prestación
son las personas de edades comprendidas entre los dieciséis y los veinticinco años incapaces de trabajar debido a una enfermedad
o a una discapacidad.
Ahora bien, en virtud del anexo 12, apartado 1, de la SSCBA, están excluidas de dicha prestación las personas que tengan derecho
a una prestación legal por causa de enfermedad. Así, las personas incapaces de trabajar debido a un empeoramiento temporal
de su salud y que reúnan simultáneamente los requisitos de concesión tanto de la prestación legal por causa de enfermedad
como de la prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes discapacitados percibirán, como regla general, la primera
y no la segunda.
Además, de los autos remitidos al Tribunal de Justicia se desprende que dicha prestación tiene por objeto proporcionar al
solicitante medios económicos que le permitan hacer frente a sus necesidades. El órgano jurisdiccional remitente puntualiza
a este respecto que, a diferencia de una prestación de enfermedad, la prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes
discapacitados no tiene por objeto sustituir a ningún ingreso durante una interrupción en la percepción del mismo, ya que
la mayoría de los beneficiarios de esta prestación, al igual que la demandante en el litigio principal, nunca han trabajado.
Por tanto, no hay, según dicho órgano jurisdiccional, ni ingreso que haya que sustituir ni interrupción en la percepción del
mismo.
Por lo que respecta, en segundo lugar, a los requisitos para la concesión de dicha prestación, según el artículo 30A, apartado
2A, de la SSCBA, éstos hacen referencia, esencialmente, a la edad del solicitante, a su incapacidad para trabajar, al hecho
de que no curse una formación a tiempo completo, y a exigencias en materia de residencia y de presencia en Gran Bretaña. Debe
señalarse a este respecto que estos requisitos no varían según se trate de la prestación de corta o de larga duración por
incapacidad para jóvenes discapacitados. La prestación de larga duración por incapacidad supone la continuación de la prestación
de corta duración por incapacidad, sin que haya necesidad de demostrar de nuevo que se cumplen dichos requisitos, en la medida
en que perdure la incapacidad para trabajar.
Finalmente, en cuanto a la base de cálculo de la prestación por incapacidad para jóvenes discapacitados tanto de corta como
de larga duración, procede señalar que se trata de una prestación semanal cuyo importe no depende ni de los recursos del beneficiario
ni de sus cotizaciones. Dicho importe se fija con arreglo a tres tipos diferentes aplicables, respectivamente, durante la
primera mitad del período de pago de la prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes discapacitados, durante
la segunda mitad de ésta y durante el período de pago de la prestación de larga duración por incapacidad.
El hecho de que se apliquen tipos diferentes a las prestaciones de corta y de larga duración por incapacidad para jóvenes
discapacitados no basta para concluir que la naturaleza de la prestación cambia en función del tipo aplicable, en la medida
en que, en el presente asunto, existen dos tipos diferentes dentro de la prestación de corta duración por incapacidad para
jóvenes discapacitados, como se desprende del apartado precedente. En cualquier caso, es preciso destacar, como resulta del
apartado 44 de la presente sentencia, que las prestaciones de corta y de larga duración por incapacidad constituyen, pese
a su estructura interna, una prestación única.
Así pues, debe declararse que tanto del objeto y la finalidad de la prestación de corta o de larga duración por incapacidad
como de los requisitos para su concesión resulta que, en una situación como la del litigio principal, en el que ha quedado
acreditado que, desde la presentación de la solicitud, el solicitante está afectado de una discapacidad permanente o duradera,
y a pesar del hecho de que dicha prestación se pague en dos etapas sucesivas, ésta se relaciona directamente con el riesgo
de invalidez al que se refiere el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1408/71.
En vista de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión que una prestación de corta duración por
incapacidad para jóvenes discapacitados, como la controvertida en el litigio principal, constituye una prestación de invalidez
en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1408/71 si se acredita que, en el momento de presentar
la solicitud, el solicitante padece una discapacidad permanente o duradera.

Sobre la segunda cuestión
Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión, no procede responder a la segunda.

Sobre la tercera cuestión
Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si, en el supuesto de que deba considerarse
que una prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes discapacitados, como la controvertida en el litigio principal,
es una prestación de invalidez, el artículo 10, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 1408/71 debe interpretarse
en el sentido de que se opone a que un Estado miembro supedite la concesión de dicha prestación a requisitos de residencia
habitual y de presencia anterior del solicitante en su territorio.
De la resolución de remisión resulta que la concesión de la prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes discapacitados
se supedita, en concreto, a tres requisitos cumulativos, a saber:
–        que el solicitante resida de manera habitual en Gran Bretaña;
–        que haya permanecido en Gran Bretaña durante un período de al menos veintiséis semanas, o durante períodos que totalicen al
menos veintiséis semanas, en las cincuenta y dos semanas inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud
dirigida a obtener la prestación controvertida; y
–        que se encuentre en Gran Bretaña en esa fecha.
Debe precisarse que estas condiciones se exigen para adquirir la prestación controvertida y no para conservarla.
Sobre el requisito de la residencia habitual
Como se desprende de la respuesta dada a la primera cuestión, en circunstancias como las del litigio principal, debe considerarse
que la prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes discapacitados es una prestación de invalidez, a efectos
de la aplicación del Reglamento nº 1408/71. Como tal, está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 10 de este
Reglamento. Según el apartado 1, párrafo primero, de dicha disposición, «a menos que el presente Reglamento disponga otra
cosa, las prestaciones en metálico de invalidez […] [adquiridas] en virtud de la legislación de uno o de varios Estados miembros,
no podrán ser objeto de ninguna reducción, modificación, suspensión, supresión o confiscación por el hecho de que el beneficiario
resida en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en que se encuentra la institución deudora».
A este respecto, el Gobierno del Reino Unido señala que el Reglamento nº 1408/71 instaura un sistema de coordinación, según
el cual los Estados miembros siguen siendo competentes para definir los requisitos necesarios para la concesión de las prestaciones
de seguridad social, siempre que los requisitos establecidos no impliquen ninguna discriminación manifiesta o encubierta entre
los trabajadores de la Unión. Así, este Reglamento permite establecer una distinción entre la adquisición de una prestación,
por una parte, y el mantenimiento de una prestación ya adquirida, por otra. El tenor literal del artículo 10, apartado 1,
párrafo primero, de dicho Reglamento confirma que esta disposición no incide de forma alguna en los requisitos de adquisición
del derecho a una prestación de invalidez.
No cabe estimar esta alegación. Efectivamente, como ya ha señalado el Tribunal de Justicia, el objeto de la norma del artículo
10 del Reglamento nº 1408/71 es proteger a los interesados de los perjuicios que pudieran derivarse del cambio de su residencia
de un Estado miembro a otro. De este principio no sólo se deriva que el interesado conserva el derecho a disfrutar de las
prestaciones a las que se refiere esta disposición, adquiridas de conformidad con la legislación de uno o de varios Estados
miembros, aun después de haber fijado su residencia en otro Estado miembro, sino también que la adquisición de tal derecho
no puede denegársele por el único motivo de que no resida en el territorio del Estado miembro en el que se encuentra la institución
deudora. (véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de noviembre de 1973, Smieja, 51/73, Rec. p. 1213, apartados 20 a 22;
de 10 de junio de 1982, Camera, 92/81, Rec. p. 2213, apartado 14, y de 24 de febrero de 1987, Giletti y otros, 379/85 a 381/85
y 93/86, Rec. p. 955, apartado 15).
El Tribunal de Justicia ha tenido asimismo oportunidad de declarar, que, en contra de lo afirmado por el Gobierno del Reino
Unido, dicho artículo 10 se opone a que tanto la adquisición corno la conservación del derecho a las prestaciones contempladas
por dicha disposición puedan denegarse por la sola razón de que el interesado no resida en el territorio del Estado miembro
en el que se encuentra la institución deudora (sentencia de 20 de junio de 1991, Newton, C‑356/89, Rec. p. I‑3017, apartado 23).
Además, hacer depender la aplicación del principio de supresión de las cláusulas de residencia, recogido en el artículo 10,
apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 1408/71, de la cuestión de si tales cláusulas vienen impuestas en la normativa
nacional como requisito de adquisición de las prestaciones enumeradas en dicha disposición o como requisito para su conservación,
equivaldría a permitir a los Estados miembros desbaratar el efecto útil de este principio, optando, para excluir una prestación
determinada del ámbito de aplicación de dicho principio, por calificar las cláusulas de residencia que imponen de requisito
para la concesión de tales prestaciones, y no como requisito para la conservación de éstas.
El hecho de que la prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes discapacitados sea una prestación de carácter
no contributivo, dado que se concede con independencia de las cotizaciones de los solicitantes, no pone en entredicho el análisis
precedente.
Efectivamente, del artículo 4, apartado 2, del Reglamento nº 1408/71 se desprende que este Reglamento se aplica, en principio,
tanto a los regímenes de seguridad social contributivos como a los no contributivos.
Además, el artículo 10, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 1408/71 prohíbe a las instituciones competentes, en
términos generales, la reducción, modificación, suspensión, supresión o confiscación de prestaciones de invalidez debido a
que el beneficiario reside en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en el que se encuentra la institución deudora.
Las únicas excepciones a esta prohibición son las contempladas expresamente en la normativa de la Unión (véase, en este sentido,
la sentencia Giletti y otros, antes citada, apartado 16).
Una de tales excepciones se establece en el artículo 10
bis
del Reglamento nº 1408/71. Esta norma dispone que las personas a las que se aplica el referido Reglamento podrán beneficiarse
de las prestaciones especiales en metálico de carácter no contributivo mencionadas en el artículo 4, apartado 2
bis,
de dicho Reglamento exclusivamente en el territorio del Estado miembro en el que residan y con arreglo a la legislación de
dicho Estado, siempre que estas prestaciones se mencionen en el anexo II
bis
del propio Reglamento. Pues bien, la prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes discapacitados no se menciona
en dicho anexo. Por consiguiente, el principio formulado en el artículo 10
bis
del Reglamento nº 1408/71, según el cual las prestaciones especiales de carácter no contributivo no son exportables, no se
aplica a la prestación controvertida en el litigio principal.
Al no permitir ninguna otra disposición del referido Reglamento establecer una excepción al principio de supresión de las
cláusulas de residencia recogido en el artículo 10, apartado 1, párrafo primero, del mismo Reglamento en una situación como
la de la Sra. Stewart, se deduce que las prestaciones de invalidez siguen siendo, en principio, exportables a otro Estado
miembro distinto de aquel en el que se encuentra la institución deudora (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de noviembre
de 1997, Snares, C‑20/96, Rec. p. I‑6057, apartado 40, y Petersen, antes citada, apartado 38).
Así pues, la prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes discapacitados no constituye una excepción al principio
de supresión de las cláusulas de residencia formulado en el artículo 10, apartado 1, párrafo primero, que se opone, como se
deduce de los apartados 61 y 62 de la presente sentencia, a que se denieguen tanto la adquisición como la conservación del
derecho a las prestaciones a las que se refiere dicha norma por la sola razón de que el solicitante resida en otro Estado
miembro distinto del Estado miembro competente.
En consecuencia, el artículo 10, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 1408/71 se opone a que la adquisición del
derecho a la prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes discapacitados se supedite a un requisito de residencia
habitual en el territorio del Estado miembro competente.
Sobre el requisito de la presencia anterior
La demandante en el litigio principal y la Comisión estiman que el artículo 10, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento
nº 1408/71 no sólo se opone a un requisito de residencia habitual en el territorio del Estado miembro competente, sino también
a un requisito de presencia anterior en dicho territorio. Según ellas, no procede distinguir entre estos dos requisitos, debiendo
considerar el requisito de la presencia anterior un requisito de residencia temporal, en la medida en que exige que el solicitante
haya estado presente en Gran Bretaña durante un determinado período de tiempo.
Procede señalar a este respecto que el artículo 10, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 1408/71 se refiere a las
cláusulas de residencia, como se desprende en particular de su título. Ahora bien, a efectos de aplicar dicho Reglamento,
el término «residencia» significa, según su artículo 1, letra h), la «estancia habitual».
Es cierto que, en determinados supuestos, un requisito de presencia anterior podría equivaler, en la práctica, a una cláusula
de residencia habitual, cuando, en particular, dicho requisito exige largos períodos de presencia en el territorio del Estado
miembro en cuestión y/o cuando dicho requisito debe cumplirse durante todo el período de pago de la prestación controvertida.
Pues bien, en tales supuestos, el artículo 10, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 1408/71 se opone asimismo a
un requisito de presencia anterior en la medida en que éste pueda asimilarse a una cláusula de residencia en el sentido de
dicha disposición.
En el presente asunto, como se desprende de los apartados 17 y 57 de la presente sentencia, se trata de un requisito de presencia
en Gran Bretaña durante un período de al menos veintiséis semanas, o durante períodos que totalicen al menos veintiséis semanas,
en las cincuenta y dos semanas inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud dirigida a obtener la
prestación controvertida, debiendo cumplirse este requisito únicamente en el momento de dicha solicitud. Así pues, al no ser
el requisito de la presencia anterior necesariamente una «cláusula de residencia» en el sentido del artículo 10, apartado
1, párrafo primero, del Reglamento nº 1408/71, es preciso examinar su conformidad con las otras disposiciones pertinentes
de Derecho de la Unión.
A este respecto, procede recordar que el Reglamento nº 1408/71 no instituye un régimen común de seguridad social, sino que
deja subsistir regímenes nacionales distintos y su único objeto es garantizar que exista un nivel de coordinación entre estos
últimos (sentencias de 5 de julio de 1988, Borowitz, 21/87, Rec. p. 3715, apartado 23; de 3 de abril de 2008, Chuck, C‑331/06,
Rec. p. I‑1957, apartado 27, y Petersen, antes citada, apartado 41). Así, según jurisprudencia reiterada, los Estados miembros
conservan su competencia para organizar sus sistemas de seguridad social (véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de
febrero de 1984, Duphar y otros, 232/82, Rec. p. 523, apartado 16; de 17 de junio de 1997, Sodemare y otros, C‑70/95, Rec.
p. I‑3395, apartado 27, y de 1 de abril de 2008, Gouvernement de la Communauté française y gouvernement wallon, C‑212/06,
Rec. p. I‑1683, apartado 43).
Por consiguiente, a falta de una armonización en el ámbito de la Unión, corresponde a la legislación de cada Estado miembro
determinar, por una parte, los requisitos del derecho o de la obligación de afiliarse a un régimen de seguridad social y,
por otra, los requisitos que confieren derecho a las prestaciones (sentencia de 28 de abril de 1998, Kohll, C‑158/96, Rec.
p. I‑1931, apartado 18 y jurisprudencia citada).
Ahora bien, en el ejercicio de dicha competencia los Estados miembros deberán respetar el Derecho de la Unión y, en concreto,
las disposiciones del Tratado FUE sobre la libertad, que se reconoce a todo ciudadano de la Unión, de circular y residir en
el territorio de los Estados miembros (véanse, por analogía, las sentencias de 29 de abril de 2004, Pusa, C‑224/02, Rec. p. I‑5763,
apartado 19, y de 26 de octubre de 2006, Tas‑Hagen y Tas, C‑192/05, Rec. p. I‑10451, apartado 22).
Es preciso recordar a este respecto que el artículo 20 TFUE confiere el estatuto de ciudadano de la Unión a toda persona que
tenga la nacionalidad de un Estado miembro (véanse, en particular, las sentencias de 11 de julio de 2002, D’Hoop, C‑224/98,
Rec. p. I‑6191, apartado 27, y de 8 de marzo de 2011, Ruiz Zambrano, C‑34/09, Rec. p. I‑0000, apartado 40). La demandante
en el litigio principal, que posee la nacionalidad de un Estado miembro, disfruta de dicho estatuto.
Procede señalar que, aunque el órgano jurisdiccional remitente haya limitado su cuestión a la interpretación del Reglamento
nº 1408/71, tal circunstancia no impide que el Tribunal de Justicia facilite al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos
de interpretación del Derecho de la Unión que puedan serle útiles para enjuiciar el asunto de que conoce, con independencia
de que ese órgano jurisdiccional haya hecho o no referencia a ellos en el enunciado de su cuestión (véanse, en este sentido,
las sentencias de 12 de diciembre de 1990, SARPP, C‑241/89, Rec. p. I‑4695, apartado 8; de 21 de febrero de 2006, Ritter‑Coulais,
C‑152/03, Rec. p. I‑1711, apartado 29, y de 26 de abril de 2007, Alevizos, C‑392/05, Rec. p. I‑3505, apartado 64).
El estatuto de ciudadano de la Unión está destinado a convertirse en el estatuto fundamental de los nacionales de los Estados
miembros, permitiendo a aquellos de dichos ciudadanos que se encuentran en la misma situación obtener en el ámbito de aplicación
ratione materiae
del Tratado, independientemente de su nacionalidad y sin perjuicio de las excepciones expresamente previstas a este respecto,
el mismo trato jurídico (véanse, en este sentido, las sentencias de 20 de septiembre de 2001, Grzelczyk, C‑184/99, Rec. p. I‑6193,
apartado 31; D’Hoop, antes citada, apartado 28, y de 23 de abril de 2009, Rüffler, C‑544/07, Rec. p. I‑3389, apartado 62).
Entre las situaciones comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión se incluyen las relativas al ejercicio
de las libertades fundamentales garantizadas por los Tratados, en particular las relativas a la libertad de circular y de
residir en el territorio de los Estados miembros, tal y como se halla reconocida en el artículo 21 TFUE (véanse, en este sentido,
las sentencias, antes citadas, Grzelczyk, apartado 33; D’Hoop, apartado 29, y Rüffler, apartado 63 y jurisprudencia citada).
En el asunto principal ha quedado acreditado que la Sra. Stewart, en su condición de ciudadana de la Unión, ha hecho uso de
su libertad de circular y residir en un Estado miembro distinto de su Estado miembro de origen.
En la medida en que un ciudadano de la Unión tiene derecho a recibir, en todos los Estados miembros, el mismo trato jurídico
que se otorga a los nacionales de dichos Estados miembros que se encuentran en la misma situación, sería incompatible con
el derecho de libre circulación que pudiese aplicársele, en el Estado miembro del que es nacional, un trato menos favorable
que aquel del que disfrutaría si no hubiera hecho uso de las facilidades concedidas por el Tratado en materia de circulación
(sentencias, antes citadas, D’Hoop, apartado 30, y Pusa, apartado 18).
Dichas facilidades no podrían producir plenos efectos si se pudiera disuadir a un nacional de un Estado miembro de hacer uso
de ellas por los obstáculos a su libertad de circular y residir en otro Estado miembro creados por una normativa nacional
que penaliza el hecho de que las haya ejercido (véanse, en este sentido, las sentencias D’Hoop, apartado 31; Pusa, apartado
19; Tas‑Hagen y Tas, apartado 30; de 4 de diciembre de 2008, Zablocka‑Weyhermüller, C‑221/07, Rec. p. I‑9029, apartado 34,
y Rüffler, antes citada, apartado 65).
Una normativa como la controvertida en el litigio principal, que supedita la adquisición del derecho a la prestación de corta
duración por incapacidad para jóvenes discapacitados al requisito de la presencia anterior puede, por su propia naturaleza,
disuadir a los solicitantes, como la demandante en el litigio principal, de ejercitar su libertad de circulación y de residencia,
abandonando el Estado miembro del que son nacionales para instalarse en otro Estado miembro. Efectivamente, si los solicitantes
que no han hecho uso de las facilidades concedidas por el Tratado en materia de circulación y de residencia pueden cumplir
sencillamente el requisito referido, no ocurre así en el caso de los solicitantes que han hecho uso de ellas. En efecto, la
probabilidad de que estos últimos no cumplan dicho requisito debido al hecho de haberse instalado en otro Estado miembro es
muy elevada.
Semejante normativa nacional, que perjudica a algunos nacionales de un Estado miembro por el mero hecho de haber ejercitado
su libertad de circular y de residir en otro Estado miembro, constituye una restricción de las libertades que el artículo
21 TFUE, apartado 1, reconoce a todo ciudadano de la Unión (véanse las sentencias, antes citadas, D’Hoop, apartado 35; Pusa,
apartado 20; De Cuyper, apartado 39, y Rüffler, apartado 73).
Desde el punto de vista del Derecho de la Unión, tal restricción sólo puede justificarse si se basa en consideraciones objetivas
independientes de la nacionalidad de las personas afectadas y resulta proporcionada al objetivo legítimamente perseguido por
el Derecho nacional (véanse las sentencias, antes citadas, De Cuyper, apartado 40; Tas‑Hagen y Tas, apartado 33; Zablocka‑Weyhermüller,
apartado 37, y Rüffler, apartado 74).
A este respecto, el Gobierno del Reino Unido estima que existen razones objetivas que permiten supeditar la adquisición del
derecho a la prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes discapacitados al requisito de la presencia anterior
en el Estado miembro competente. En efecto, la normativa nacional tiene como objetivo, según el referido Gobierno, garantizar,
por una parte, la existencia de una vinculación continuada y efectiva entre dicho Estado miembro y el beneficiario de la prestación
y, por otra, el equilibrio financiero del sistema nacional de seguridad social.
El Tribunal de Justicia ya ha declarado que resulta legítimo que el legislador nacional desee asegurarse de la existencia
de un vínculo real entre el solicitante de una prestación y el Estado miembro competente (véanse, en este sentido, las sentencias
D’Hoop, antes citada, apartado 38, y de 23 de marzo de 2004, Collins, C‑138/02, Rec. p. I‑2703, apartado 67) y garantizar
el equilibrio financiero del sistema nacional de seguridad social (véanse, en este sentido, las sentencias, antes citadas,
Kohll, apartado 41, y Petersen, apartado 57).
De ello se deriva que los objetivos perseguidos por una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal,
dirigida a comprobar un vínculo real entre el solicitante de la prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes
discapacitados y el Estado miembro competente, así como a preservar el equilibrio financiero del sistema nacional de seguridad
social, constituyen, en principio, objetivos legítimos que pueden justificar restricciones de los derechos a circular y residir
libremente previstos en el artículo 21 TFUE.
Además, el Gobierno del Reino Unido alega que el requisito de la presencia anterior en el territorio del Estado miembro competente
resulta proporcionado en vista del objetivo perseguido, en la medida en que sólo exige un corto período de presencia de veintiséis
semanas en total. Por lo demás, el solicitante sólo debe cumplir este requisito en el momento de presentar la solicitud. Por
otra parte, según el referido Gobierno, no existe otro medio que permita a la vez demostrar la existencia de un vínculo suficiente
con el Reino Unido y proteger la integridad del sistema de seguridad social.
En circunstancias como las del litigio principal, en el que la adquisición del derecho a una prestación que tiene carácter
de prestación no contributiva no se supedita a requisitos de cotización, puede considerarse legítimo que un Estado miembro
sólo conceda tal prestación una vez que haya podido demostrarse la existencia de un vínculo real del solicitante con el Estado
competente.
Pues bien, la existencia de tal vínculo podría verificarse, en particular, demostrando que la persona en cuestión estuvo realmente
presente en el territorio de ese Estado miembro durante un período de tiempo de una duración razonable.
En el presente asunto, el requisito de la presencia anterior en el territorio del Estado miembro competente supone, según
la normativa nacional, que para poder recibir la prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes discapacitados,
el solicitante debe haber permanecido en Gran Bretaña durante un período de al menos veintiséis semanas, o durante períodos
que totalicen al menos veintiséis semanas, en las cincuenta y dos semanas inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.
Además, según el artículo 16, apartado 6, del SSIBR, como señala el Gobierno del Reino Unido, basta con que este requisito
de presencia anterior se cumpla en el momento de presentar la solicitud.
Si bien es cierto que las disposiciones de aplicación de dicho requisito no parecen en sí mismas irrazonables, es preciso
destacar que este requisito tiene un carácter demasiado exclusivo. En efecto, al imponer períodos específicos de presencia
anterior en el territorio del Estado miembro competente, el requisito de la presencia anterior sobrestima indebidamente un
elemento que no es necesariamente representativo del grado real y efectivo de vinculación entre el solicitante de una prestación
de corta duración por incapacidad para jóvenes discapacitados y dicho Estado miembro, excluyendo cualquier otro elemento representativo.
Así, el referido requisito va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido (véase, por analogía, la sentencia
D’Hoop, antes citada, apartado 39).
En efecto, no puede excluirse que la existencia de tal vínculo pueda demostrarse a partir de otros elementos representativos.
Tales elementos deben buscarse, en primer lugar, en las relaciones existentes entre el solicitante y el sistema de seguridad
social del Estado miembro competente. A este respecto, de la resolución de remisión se desprende que la demandante en el litigio
principal recibe ya un subsidio de subsistencia para discapacitados en virtud de la normativa del Reino Unido.
Además, de dicha resolución resulta que a la demandante en el litigio principal se le reconocen cotizaciones al seguro nacional
británico que se agregan cada semana a su cuenta del seguro nacional.
De todo ello se deduce que la Sra. Stewart está ya vinculada en cierto modo al sistema nacional de seguridad social en cuestión.
En segundo lugar, otros elementos que pueden demostrar la existencia de un vínculo real entre el solicitante y el Estado miembro
pueden derivarse del contexto familiar en el que se encuentre el solicitante. En el asunto principal, ha quedado acreditado
que la Sra. Stewart, incapaz de actuar por ella misma debido a su discapacidad, depende de sus padres, que la cuidan y la
representan en sus relaciones con el exterior. Pues bien, tanto la madre como el padre de la Sra. Stewart perciben una pensión
de jubilación en virtud de la normativa del Reino Unido. Además, el padre de la Sra. Stewart desempeñaba una actividad profesional
en dicho Estado miembro antes de jubilarse, mientras que su madre recibió anteriormente una prestación de incapacidad, siempre
en virtud de la normativa del mismo Estado miembro.
Por último, ha quedado acreditado que la demandante en el litigio principal, nacional británica, ha pasado una parte significativa
de su vida en el Reino Unido.
Así pues, parece que los datos mencionados en los apartados 97 a 101 de la presente sentencia pueden demostrar la existencia
de un vínculo real y suficiente entre la demandante en el litigio principal y el Estado miembro competente.
Las consideraciones anteriores son trasladables también por lo que respecta al objetivo de garantizar el equilibrio financiero
del sistema nacional de seguridad social. Efectivamente, la necesidad de demostrar un vínculo real y suficiente entre el solicitante
y el Estado miembro competente permite a dicho Estado asegurarse de que la carga económica asociada al pago de la prestación
controvertida en el litigio principal no se convierte en excesiva.
Por consiguiente, una normativa como la controvertida en el litigio principal, que supedita la adquisición del derecho a la
prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes discapacitados al requisito de la presencia anterior en el territorio
del Estado miembro competente, excluyendo cualquier otro elemento que permita demostrar la existencia de un vínculo real entre
el solicitante y dicho Estado miembro, excede de lo necesario para lograr el objetivo perseguido y constituye una restricción
de las libertades que el artículo 21 TFUE, apartado 1, reconoce a todo ciudadano de la Unión.
Sobre el requisito de presencia en el momento de presentar la solicitud
De la resolución de remisión se desprende que la solicitud de la demandante en el litigio principal, dirigida a obtener la
prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes discapacitados, fue denegada porque no se encontraba en territorio
nacional en el momento de presentar su solicitud. En estas circunstancias, aun cuando el tenor de la tercera cuestión no menciona
expresamente este requisito de presencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales
nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a éste examinar dicho requisito a fin
de proporcionar al órgano jurisdiccional remitente una respuesta útil que le permita dirimir el litigio que se le ha planteado
(véanse, en particular, las sentencias de 17 de julio de 1997, Krüger, C‑334/95, Rec. p. I‑4517, apartado 22; de 28 de noviembre
de 2000, Roquette Frères, C‑88/99, Rec. p. I‑10465, apartado 18, y de 11 de julio de 2002, Marks & Spencer, C‑62/00, Rec.
p. I‑6325, apartado 32).
Es preciso señalar a este respecto que el requisito de la presencia en el territorio del Estado miembro competente en el momento
de presentar la solicitud constituye, por los motivos expuestos en los apartados 80 a 87 de la presente sentencia, una restricción
de las libertades que el artículo 21 TFUE, apartado 1, reconoce a todo ciudadano de la Unión.
Únicamente puede justificarse tal restricción, desde el punto de vista del Derecho de la Unión, si resulta, en particular,
adecuada para alcanzar el objetivo legítimamente perseguido por el Derecho nacional.
Ahora bien, dicho requisito no puede calificarse de medio adecuado para alcanzar los objetivos a los que se refiere el apartado
89 de la presente sentencia. Efectivamente, el hecho de que el solicitante se encuentre en el territorio del Estado miembro
competente al presentar su solicitud dirigida a que se le conceda la prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes
discapacitados no permite ni demostrar un vínculo real entre dicho solicitante y el Estado miembro competente ni preservar
el equilibrio financiero del sistema nacional de seguridad social.
De ello se deriva que el requisito de la presencia en el territorio del Estado miembro competente en el momento de presentar
la solicitud al que se supedita la adquisición de la prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes discapacitados
constituye una restricción no justificada a las libertades que el artículo 21 TFUE, apartado 1, reconoce a todo ciudadano
de la Unión.
A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión del modo siguiente:
–        El artículo 10, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 1408/71 se opone a que un Estado miembro supedite la concesión
de una prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes discapacitados, como la controvertida en el litigio principal,
a un requisito de residencia habitual del solicitante en su territorio.
–        El artículo 21 TFUE, apartado 1, se opone a que un Estado miembro supedite la concesión de tal prestación:
–        a un requisito de presencia anterior del solicitante en su territorio, con exclusión de cualquier otro elemento que permita
demostrar la existencia de un vínculo real entre el solicitante y dicho Estado miembro, y
–        a un requisito de presencia del solicitante en su territorio en el momento de presentar la solicitud.

Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
1)
Una prestación de corta duración por incapacidad para jóvenes discapacitados, como la controvertida en el litigio principal,
constituye una prestación de invalidez en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (CEE) nº 1408/71
del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por
cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad,
en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) nº 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, en su versión
modificada por el Reglamento (CE) nº 647/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005, si se acredita
que, en el momento de presentar la solicitud, el solicitante padece una discapacidad permanente o duradera.
2)
El artículo 10, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 1408/71, en la citada versión, modificada por el Reglamento
nº 647/2005, se opone a que un Estado miembro supedite la concesión de una prestación de corta duración por incapacidad para
jóvenes discapacitados, como la controvertida en el litigio principal, a un requisito de residencia habitual del solicitante
en su territorio.
El artículo 21 TFUE, apartado 1, se opone a que un Estado miembro supedite la concesión de tal prestación:
–
a un requisito de presencia anterior del solicitante en su territorio, con exclusión de cualquier otro elemento que permita
demostrar la existencia de un vínculo real entre el solicitante y dicho Estado miembro, y
–
a un requisito de presencia del solicitante en su territorio en el momento de presentar la solicitud.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: inglés.