CELEX: 62009CJ0090
Recurso de casación
Competencia
Prácticas colusorias
Sector de las sustancias químicas para la industria del caucho
Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE
Grupo de empresas
Responsabilidad solidaria de una sociedad matriz por las infracciones de las normas en materia de competencia cometidas por sus filiales
Imputación a la última sociedad matriz del grupo

Mediante su recurso de casación, General Química, S.A. (en lo sucesivo, «GQ»), Repsol Química, S.A. (en lo sucesivo, «RQ»),
y Repsol YPF, S.A. (en lo sucesivo, «RYPF»), solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas de 18 de diciembre de 2008, General Química y otros/Comisión (T‑85/06; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»),
por la que dicho Tribunal desestimó su recurso contra la Decisión 2006/902/CE de la Comisión, de 21 de diciembre de 2005,
relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 del Tratado CE y con el artículo 53 del Acuerdo EEE contra Flexsys
NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (antes Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation
(antes Crompton Corporation), General Química, S.A., Repsol Química, S.A., y Repsol YPF, S.A. (asunto COMP/F/C.38.443 – Sustancias
químicas para la industria del caucho) (DO 2006, L 353, p. 50; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), con arreglo a la
cual se condenó conjuntamente a dichas sociedades al pago de una multa por participar en un conjunto de acuerdos y prácticas
concertadas.

Hechos que originaron el litigio
GQ es una sociedad española que produce sustancias químicas para la industria del caucho. Se trata de una filial enteramente
participada por RQ, la cual está, a su vez, enteramente participada por RYPF.
El 12 de abril de 2005, la Comisión de las Comunidades Europeas notificó a las recurrentes un pliego de cargos relativo a
un procedimiento de conformidad con el artículo 81 CE y con el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,
de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3).
En la Decisión controvertida, la Comisión consideró a RQ y RYPF, designadas conjuntamente como «Repsol», responsables solidarias
de la infracción cometida por GQ.
En este sentido, la Comisión sostuvo en dicha Decisión que una sociedad matriz puede ser considerada
a priori
responsable de la conducta contraria a Derecho de sus filiales controladas al 100 %, si bien le es posible desvirtuar la
presunción de ejercicio efectivo de una influencia decisiva sobre éstas.
La Comisión precisó que esta presunción no queda desvirtuada por la alegación de que la sociedad matriz no ha participado
directamente en el cártel o no tenía conocimiento del mismo o de que no ha incitado a sus filiales a adoptar un comportamiento
ilegal. La Comisión consideró, asimismo, que la afirmación de que RQ y RYPF no asumían la responsabilidad de la actividad
ordinaria de GQ ni se hacían cargo de su gestión operativa no era suficiente para desvirtuar dicha presunción.
Además, la Comisión observó que en el presente caso el administrador único de GQ, a pesar de que había delegado sus facultades
relativas a la gestión operativa de esta sociedad, seguía actuando de «enlace» entre GQ y RQ para la transmisión a la sociedad
matriz de información sobre ventas, producción y resultados financieros. Por otra parte, los resultados financieros de GQ
estaban consolidados con los de «Repsol», de forma que las pérdidas y ganancias de GQ se reflejaban en las pérdidas y ganancias
del grupo.
En estas circunstancias, la Comisión declaró, en el artículo 1, letras f) a h), de la Decisión controvertida, que las recurrentes
habían participado, desde el 31 de octubre de 1999 hasta el 30 de junio de 2000, en un conjunto de acuerdos y prácticas concertadas
que consistían en la fijación de precios y el intercambio de información confidencial sobre determinados productos químicos
empleados en la industria del caucho en el ámbito del Espacio Económico Europeo, contraviniendo lo dispuesto en el artículo
81 CE y en el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992.
En consecuencia, en el artículo 2, letra d), de dicha Decisión, la Comisión declaró a GQ, RQ y RYPF responsables solidarias
del pago de una multa de 3,38 millones de euros.

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de marzo de 2006, las recurrentes interpusieron
un recurso con arreglo al artículo 230 CE solicitando la anulación parcial de la Decisión controvertida.
En apoyo de este recurso, las recurrentes alegaron tres motivos. El primero de ellos se basaba en un error manifiesto de apreciación
y en un defecto de motivación en relación con la declaración de la responsabilidad solidaria de las recurrentes. Los motivos
segundo y tercero, que no serán analizados en la presente sentencia por no guardar relación con el recurso de casación, se
referían, respectivamente, a diferentes errores de Derecho en los que, a juicio de estas sociedades, había incurrido la Comisión
al calcular la multa y a una apreciación errónea, un defecto de motivación y una violación del principio de igualdad de trato
en la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación.
Por lo que se refiere al primer motivo, el Tribunal de Primera Instancia recordó en primer lugar, en el apartado 58 de la
sentencia recurrida, el criterio jurisprudencial establecido por el Tribunal de Justicia en sus sentencias de 25 de octubre
de 1983, AEG-Telefunken/Comisión (107/82, Rec. p. 3151), apartado 49, y de 16 de noviembre de 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión
(C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925), apartado 26, según el cual la circunstancia de que la filial tenga personalidad jurídica separada
no basta para excluir la posibilidad de que su comportamiento se impute a la sociedad matriz, en particular cuando la filial
no determina de manera autónoma su conducta en el mercado, sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte
la sociedad matriz.
Seguidamente, en el apartado 59 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia señaló que, también según reiterada
jurisprudencia, en el caso particular de que una sociedad matriz controle al 100 % la filial que haya incurrido en un comportamiento
infractor, existe la presunción
iuris tantum
de que dicha sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia decisiva sobre el comportamiento de su filial (sentencia
del Tribunal de Primera Instancia de 27 de septiembre de 2006, Avebe/Comisión, T‑314/01, Rec. p. II‑3085, apartado 136 y jurisprudencia
citada), de forma que estas dos sociedades constituyen una sola empresa en el sentido del artículo 81 CE (sentencia del Tribunal
de Primera Instancia de 15 de junio de 2005, Tokai Carbon y otros/Comisión, «Tokai II», T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 y T‑91/03,
apartado 59). Por tanto, corresponde a la sociedad matriz que impugna ante el juez comunitario una decisión de la Comisión
por la que ésta le impone una multa por una infracción cometida por su filial desvirtuar esta presunción aportando elementos
de prueba que acrediten la autonomía de esta última, refiriéndose a este respecto el Tribunal de Primera Instancia, en particular,
a la sentencia Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión, antes citada, apartado 29.
Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia precisó en el apartado 60 de la sentencia recurrida que, si bien es cierto que
el Tribunal de Justicia mencionó en la sentencia Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión otras circunstancias diferentes de la
posesión del 100 % del capital de la filial, esta mención fue realizada con el único fin de exponer todos los elementos en
que el Tribunal de Primera Instancia había basado el razonamiento que había seguido en la sentencia recurrida en el marco
de ese asunto y no para supeditar dicha presunción a la existencia de indicios adicionales.
Así pues, el Tribunal de Primera Instancia concluyó, en el apartado 62 de la sentencia recurrida, que basta que la Comisión
demuestre que la totalidad del capital de una filial pertenece a su sociedad matriz para presumir que ésta ejerce una influencia
decisiva sobre el comportamiento de la filial en el mercado. El Tribunal de Primera Instancia derivó de lo anterior que la
Comisión puede declarar la responsabilidad solidaria de la sociedad matriz –salvo si ésta prueba que su filial actúa de forma
autónoma en el mercado– en el pago de la multa impuesta a su filial por los acuerdos ilegales en los que esta filial haya
intervenido, aunque se constate que dicha sociedad matriz no ha participado directamente en estos acuerdos.
En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró en el apartado 63 de la sentencia recurrida que, en el caso de autos,
«la Comisión no ignoró la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia cuando se limitó a hacer
referencia a la posesión del 100 % del capital de GQ por sus sociedades matrices […] para imputar a dichas sociedades matrices
las actuaciones contrarias a la competencia de GQ».
Seguidamente, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en el apartado 65 de la sentencia recurrida, que ni RYPF ni RQ le habían
aportado ningún elemento relativo a los vínculos organizativos, económicos y jurídicos existentes entre estas sociedades y
GQ que permitiera demostrar la autonomía comercial y operativa de esta filial.
El Tribunal de Primera Instancia constató, por el contrario, en el apartado 66 de la sentencia recurrida que abogaban a favor
de la existencia de una única entidad los elementos que la Comisión había puesto de relieve en el considerando 262 de la Decisión
controvertida, esto es, que el administrador único de GQ seguía actuando como «vínculo» conector entre GQ y RQ, que RYPF consolidaba
las cuentas de GQ y RQ a nivel de grupo y, por último, que RQ y RYPF habían contestado conjuntamente al pliego de cargos.
Por otra parte, en los apartados 68 y 69 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia apreció que el hecho
de que, el 22 de octubre de 2002 y a raíz de una inspección realizada en las instalaciones de GQ el 27 de septiembre de 2002,
RQ ordenara a GQ que cesara cualquier práctica que pudiera constituir una infracción de las normas de la competencia bastaba
por sí solo para probar que RYPF y RQ ejercían una influencia decisiva sobre la política de GQ, no sólo en el mercado, sino
también en lo que se refiere a la conducta infractora objeto de la Decisión controvertida.
En los apartados 71 a 76 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia examinó, a mayor abundamiento, si en
la Decisión controvertida la Comisión había incurrido en un error de apreciación en cuanto a las pruebas aportadas por las
demandantes o si las había ignorado indebidamente. El Tribunal de Primera Instancia declaró en este sentido lo siguiente:
«71      A este respecto, es preciso declarar que el hecho de que la actividad de la filial difiera, incluso por completo, de la del
grupo o la circunstancia de que la sociedad matriz haya intentado revender, por cierto sin éxito, su filial, no pueden desvirtuar
la presunción de responsabilidad que pesa sobre RQ y RYPF. En efecto, aunque los grupos de empresas y los holdings tienen
a menudo diversas actividades y ceden a veces algunas de sus filiales, ya se ha considerado que constituyen una empresa única
en el sentido del artículo 81 CE (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de septiembre
de 2006, Akzo Nobel/Comisión, T‑330/01, Rec. p. II‑3389, apartados 78 y 82).
72      Además, en respuesta a la solicitud de las demandantes de que la Comisión aportara determinados documentos, ésta presentó
al Tribunal de Primera Instancia un documento que contenía las actas del consejo de administración de RQ de 1998 a 2000, en
las cuales aparecen los resultados financieros de GQ así como una deliberación sobre la venta de la participación de GQ en
la sociedad Silquímica, S.A., y sobre la venta de inmuebles de GQ. Este documento corrobora esencialmente las constataciones
efectuadas por la Comisión en la Decisión [controvertida]. En efecto, si el consejo de administración de RQ interviene de
manera significativa en varios aspectos esenciales de la estrategia de GQ, como la venta de inmuebles o de una participación,
reservándose la decisión última al respecto, debe concluirse que RQ ejerce una influencia decisiva sobre el comportamiento
de GQ.
73      En cuanto a la alegación de ausencia de solapamientos en la composición de los órganos de las demandantes, procede declarar
que del escrito de 5 de abril de 2004 dirigido por GQ a la Comisión y aportado por las demandantes durante el procedimiento
administrativo previo se desprende que el Sr.
[confidencial]
ejerció a la vez la función de presidente del consejo de administración de GQ entre 1996 y 2000 y la de vocal del consejo
de administración de RQ entre 1998 y 1999. Además, es preciso observar que las demandantes, interrogadas sobre este punto
en la vista, admitieron, al menos implícitamente, la existencia de tal solapamiento.
74      Asimismo, a la luz de la jurisprudencia citada anteriormente, tampoco puede prosperar la argumentación de que la Comisión
no examinó en la Decisión [controvertida] las pruebas materiales que demuestran que eran solamente los directivos de GQ los
que decidían y ejecutaban la política comercial de la sociedad, sin conocimiento previo o autorización por parte de RQ. Lo
mismo ocurre con las alegaciones de que la información remitida a RQ por GQ no tenía nada que ver con la política comercial,
sino con los resultados financieros de la filial.
75      En cuanto a las relaciones entre GQ y Repsol Italia, procede declarar que, en la Decisión [controvertida], la Comisión refuta
acertadamente la alegación de las demandantes basada en un supuesto conflicto de intereses entre GQ y sus sociedades matrices
al observar que RYPF consolida las cuentas del grupo, constituido por varias filiales, entre otras GQ y Repsol Italia. Además,
la Comisión considera también correctamente que estas relaciones permiten reforzar la presunción de que existe una empresa
única.
76      En estas circunstancias procede concluir, como hizo la Comisión en el considerando 264 de la Decisión [controvertida], que
las demandantes no han logrado refutar la presunción de responsabilidad de las sociedades matrices.»
Por último, en el apartado 77 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia precisó que ninguna de las alegaciones
formuladas por las sociedades recurrentes con carácter subsidiario podía poner en tela de juicio la Decisión controvertida.
En particular, en los apartados 78 a 83 de dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia apreció que, tal como cabía deducir
de la jurisprudencia pertinente en la materia, la presunción de responsabilidad basada en la posesión del capital no sólo
se aplica en los supuestos en que existe una relación directa entre la sociedad matriz y su filial, sino también cuando esta
relación es indirecta, a través de una filial interpuesta, como ocurre en el caso de autos.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primera Instancia declaró en el apartado 84 de la sentencia
recurrida que procedía desestimar el primer motivo formulado en apoyo del recurso de anulación.
Al haber considerado que carecían también de fundamento los demás motivos, el Tribunal de Primera Instancia resolvió en el
apartado 157 de la sentencia recurrida que debía desestimarse íntegramente dicho recurso.

Pretensiones de las partes
Mediante su recurso de casación, las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:
–        Anule la sentencia recurrida en la medida en que desestima el motivo de anulación basado en el error manifiesto de apreciación
y en la falta de motivación respecto de la responsabilidad solidaria de las recurrentes.
–        Anule los artículos 1, letras g) y h), y 2, letra d), de la Decisión controvertida en la medida en que se dirige contra RYPF
y RQ como conjunta y solidariamente responsables de una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, cometida por GQ y, subsidiariamente,
en la medida en que la Decisión se dirige contra RYPF.
–        En ambos casos reduzca de manera apropiada la sanción impuesta.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime el recurso de casación.
–        Condene en costas a las recurrentes.

Sobre el recurso de casación
En apoyo de su recurso de casación, las recurrentes invocan dos motivos basados en errores de Derecho relativos a la imputación
a RQ y a RYPF, respectivamente, de responsabilidad por una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, cometida por GQ.

Sobre el primer motivo, basado en errores de Derecho relativos a la imputación a RQ de responsabilidad por una infracción
del artículo 81 CE, apartado 1, cometida por GQ
El primer motivo invocado por las recurrentes consta, fundamentalmente, de tres partes.
Sobre la primera parte del primer motivo, basada en la alegación de que el Tribunal de Primera Instancia ha aplicado indebidamente
la presunción de que una sociedad matriz que posee el 100 % del capital de una filial ejerce una influencia decisiva sobre ésta
–       Alegaciones de las partes
Según las recurrentes, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al considerar que, para imputar a
una sociedad matriz la responsabilidad derivada de un comportamiento ilícito de una filial cuyo capital posee al 100 %, la
Comisión podía tomar en consideración un criterio que no guarda ninguna relación con la infracción cometida por esta filial.
Ciertamente, la sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión (C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237), confirma,
a juicio de las recurrentes, la legitimidad de la aplicación de la presunción en tal caso. No obstante, las recurrentes consideran
que la Comisión debe aportar indicios adicionales para poder imputar a esta sociedad matriz el comportamiento de su filial.
Por consiguiente, tal como, según su criterio, se desprende de las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 15 de septiembre
de 2005, DaimlerChrysler/Comisión (T‑325/01, Rec. p. II‑3319), apartado 218, y de 26 de abril de 2007, Bolloré/Comisión (T‑109/02,
T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 y T‑136/02, Rec. p. II‑947), apartado 132, y, en cierto
modo, de la sentencia del Tribunal de Justicia Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión, antes citada, la Comisión no puede sustraerse
de la obligación de comprobar, en cada uno de los casos, si la sociedad matriz ha ejercido un poder efectivo de dirección
sobre su filial y si ésta ha seguido, fundamentalmente, las instrucciones recibidas.
Según la Comisión, esta tesis es contraria a una reiterada jurisprudencia. En efecto, en opinión de la Comisión, en las sentencias
AEG Telefunken/Comisión, Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión y Akzo Nobel y otros/Comisión, antes citadas, el Tribunal de
Justicia confirmó la existencia de una presunción en virtud de la cual una filial controlada al 100 % por su sociedad matriz
sigue la política trazada por los mismos órganos estatutarios que fijan la política de esta última. Ello permite imputar a
la sociedad matriz la responsabilidad de una infracción cometida por su filial, aun cuando no existan indicios de la implicación
de dicha sociedad matriz en los hechos que dieron lugar a la infracción cometida.
Contrariamente a lo sostenido por las recurrentes, la aplicación de dicha presunción no supone una inversión de la carga de
la prueba, sino que meramente delimita el grado de prueba que resulta necesario para poder imputar a una sociedad matriz la
responsabilidad derivada de las prácticas colusorias en las que haya participado su filial.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
Es necesario señalar, en primer lugar, que según reiterada jurisprudencia el concepto de empresa comprende cualquier entidad
que ejerza una actividad económica, con independencia de la naturaleza jurídica de dicha entidad y de su modo de financiación
(véanse, en particular, las sentencias de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P,
C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, apartado 112; de 10 de enero de 2006, Cassa di Risparmio di Firenze
y otros, C‑222/04, Rec. p. I‑289, apartado 107, y de 11 de julio de 2006, FENIN/Comisión, C‑205/03 P, Rec. p. I‑6295, apartado 25).
El Tribunal de Justicia ha precisado asimismo que, en este mismo contexto debe entenderse que el concepto de empresa designa
una unidad económica aunque, desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas
físicas o jurídicas (sentencias de 14 de diciembre de 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio,
C‑217/05, Rec. p. I‑11987, apartado 40; Akzo Nobel y otros/Comisión, antes citada, apartado 55, y de 1 de julio de 2010, Knauf
Gips/Comisión, C‑407/08 P, Rec. p. I‑0000, apartado 64).
Cuando una entidad económica de este tipo infringe las normas sobre competencia, le incumbe, conforme al principio de responsabilidad
personal, responder por esa infracción (sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, antes citada, apartado 56 y jurisprudencia
citada).
Por lo que se refiere a la cuestión de identificar en qué circunstancias una persona jurídica que no es la autora de la infracción
puede, no obstante, ser sancionada, se deriva de una reiterada jurisprudencia que el comportamiento de una filial puede imputarse
a la sociedad matriz, en particular cuando, aunque tenga personalidad jurídica separada, esa filial no determina de manera
autónoma su conducta en el mercado sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, teniendo
en cuenta concretamente los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a esas dos entidades jurídicas (sentencia
Akzo Nobel y otros/Comisión, antes citada, apartado 58 y jurisprudencia citada).
En efecto, en tal situación, al formar parte la sociedad matriz y su filial de una misma unidad económica y constituir, por
lo tanto, una única empresa en el sentido del artículo 81 CE, la Comisión puede, a través de una decisión, imponer multas
a la sociedad matriz, sin que sea necesario demostrar la implicación personal de ésta en la infracción (véase, en este sentido,
la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, antes citada, apartado 59).
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que, en el caso particular de que una sociedad matriz participe en el
100 % del capital de su filial que ha infringido las normas del Derecho de la Unión en materia de competencia, cabe afirmar,
por una parte, que esa sociedad matriz puede ejercer una influencia decisiva en la conducta de su filial y, por otra, que
existe la presunción
iuris tantum
de que dicha sociedad matriz ejerce efectivamente tal influencia (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, antes citada,
apartado 60 y jurisprudencia citada).
En estas circunstancias, basta que la Comisión pruebe que la sociedad matriz de una filial posee la totalidad del capital
de ésta para presumir que aquélla ejerce una influencia decisiva sobre la política comercial de esa filial. Consecuentemente,
la Comisión puede considerar que la sociedad matriz es responsable solidaria del pago de la multa impuesta a su filial, a
no ser que dicha sociedad matriz, a la que incumbe desvirtuar dicha presunción, aporte suficientes elementos probatorios que
demuestren que su filial se conduce de manera autónoma en el mercado (véanse las sentencias, antes citadas, Stora Kopparbergs
Bergslags/Comisión, apartado 29, y Akzo Nobel y otros/Comisión, apartado 61).
De este modo, en contra de la tesis de las recurrentes, el Tribunal de Primera Instancia señaló acertadamente, en el apartado
60 de la sentencia recurrida, que si bien es cierto que en los apartados 28 y 29 de la sentencia Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión,
antes citada, el Tribunal de Justicia se refirió a otras circunstancias diferentes de la posesión del 100 % del capital de
la filial, como la no refutación del hecho de que la sociedad matriz ejerce influencia en la política comercial de su filial
y la representación común de ambas sociedades durante el procedimiento administrativo, no es menos cierto que dichas circunstancias
únicamente fueron mencionadas por el Tribunal de Justicia con objeto de exponer el conjunto de los elementos en que el Tribunal
de Primera Instancia había fundado su razonamiento y no para supeditar la aplicación de la presunción antes mencionada a la
aportación de indicios adicionales relativos al ejercicio efectivo de una influencia de la sociedad matriz sobre su filial
(véase, en este sentido, la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, antes citada, apartado 62).
De las anteriores consideraciones se desprende que el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en ningún error de Derecho
al considerar, en los apartados 59 a 63 de la sentencia recurrida, que, cuando una sociedad matriz participa en el 100 % del
capital de su filial, existe una presunción
iuris tantum
de que esa sociedad matriz ejerce una influencia decisiva en el comportamiento de su filial.
Por consiguiente, debe desestimarse por infundada la primera parte del primer motivo.
Sobre la segunda parte del primer motivo, basada en la comisión de errores en la apreciación de la existencia de una influencia
decisiva de una sociedad matriz en el comportamiento de una filial enteramente participada
–       Alegaciones de las partes
Las recurrentes alegan, en primer lugar, que, aunque la Comisión pudiera presumir que la sociedad matriz ejercía efectivamente
una influencia decisiva en la conducta de una filial cuyo capital posee al 100 %, el Tribunal de Primera Instancia incurrió
en un error de Derecho en relación con las normas aplicables en materia de prueba al limitar en exceso las posibilidades de
desvirtuar esta presunción, estableciendo, de este modo, un sistema de responsabilidad automática que las recurrentes consideran
contrario al principio de responsabilidad personal.
En segundo lugar y por lo que se refiere a la valoración de los elementos probatorios aportados para desvirtuar dicha presunción,
las recurrentes alegan que los elementos analizados por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 66 de la sentencia
recurrida no permiten llegar a la conclusión de que existe una única entidad económica.
En tercer lugar, las recurrentes sostienen que, en los apartados 68 y 69 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera
Instancia ha desnaturalizado la comunicación por la que RQ, a raíz de la inspección realizada por la Comisión, ordenó a todas
las sociedades de su grupo, entre las que se cuenta GQ, que cesaran cualquier práctica que pudiera constituir una infracción,
ya que esta comunicación no demostraba que RQ tuviera conocimiento de la conducta imputada a GQ.
En cuarto lugar, las recurrentes consideran que los mismos apartados de la sentencia recurrida también adolecen de un error
en cuanto a la calificación jurídica y la motivación, ya que dicha comunicación no bastaba para demostrar la existencia de
una unidad económica entre RQ y GQ.
La Comisión, por su parte, alega que, por lo que se refiere a la posibilidad de que la sociedad matriz desvirtúe la presunción
de que se ha ejercido una influencia decisiva sobre su filial, la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, antes citada, contiene
diferentes indicaciones que confirman que el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia se ajusta a Derecho. En efecto,
a juicio de la Comisión, en esta sentencia el Tribunal de Justicia declaró que, para apreciar si una filial determina de manera
autónoma su conducta en el mercado, es necesario analizar el conjunto de los elementos pertinentes relativos a los vínculos
económicos, organizativos y jurídicos que unen a esa filial con la sociedad matriz.
Pues bien, según la Comisión, las recurrentes no han demostrado que el Tribunal de Primera Instancia incurriera en error al
apreciar esos elementos.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
Por lo que se refiere a la primera imputación, basada en el error de Derecho en que, según las recurrentes, incurrió el Tribunal
de Primera Instancia al limitar las posibilidades de que una sociedad matriz desvirtúe la presunción de que ejerce una influencia
decisiva en la conducta de una filial cuyo capital posee al 100 %, es necesario señalar que, en el apartado 65 de la sentencia
recurrida, el Tribunal de Primera Instancia apreció acertadamente que incumbía a la sociedad matriz someter a su apreciación
todo elemento relativo a los vínculos organizativos, económicos y jurídicos existentes entre ella y su filial que pudieran
demostrar que no integran una única entidad económica.
En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, para desvirtuar la presunción de que una sociedad
matriz que posee el 100 % del capital de su filial ejerce efectivamente una influencia decisiva en la conducta de ésta, incumbe
a dicha sociedad matriz someter a la apreciación del juez de la Unión todo elemento relativo a los vínculos organizativos,
económicos y jurídicos existentes entre ella y su filial que puedan demostrar que no integran una única entidad económica
(véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, antes citada, apartado 65).
Es necesario, asimismo, precisar que, contrariamente a lo alegado por las recurrentes, habida cuenta de que se trata de una
presunción
iuris tantum
que puede desvirtuarse en cada caso concreto a través del conjunto de los elementos mencionados por el Tribunal de Primera
Instancia, esta presunción no se traduce en una atribución automática de responsabilidad a la sociedad matriz que posee la
totalidad del capital social de su filial, lo cual sería contrario al principio de responsabilidad personal sobre el que se
asienta el Derecho de la competencia de la Unión.
Por tanto, debe desestimarse esta imputación.
Por lo que se refiere a las imputaciones segunda y tercera, basadas, respectivamente, en un error del Tribunal de Primera
Instancia, por no permitir los elementos analizados en el apartado 66 de la sentencia recurrida, a juicio de las recurrentes,
apreciar la existencia de una única entidad económica, y en la desnaturalización, en los apartados 68 y 69 de la misma sentencia,
de la instrucción comunicada a GQ por RQ, que no demuestra, siempre según las recurrentes, que RQ tuviera conocimiento de
la conducta imputada a GQ, debe señalarse que tales imputaciones se basan en una interpretación errónea de los correspondientes
pasajes de dicha sentencia.
Por una parte, en contra de lo sostenido por las recurrentes, el Tribunal de Primera Instancia no declaró que existía una
entidad económica basándose en los elementos analizados en el apartado 66 de la sentencia recurrida. Simplemente se limitó
a constatar que estos elementos, que ya tuvo en cuenta la Comisión en el considerando 262 de la Decisión controvertida, abogaban
a favor de la existencia de una única entidad y no permitían, en consecuencia, desvirtuar la presunción que operaba en contra
de RQ.
Por otra parte, en los apartados 68 y 69 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia no dedujo de la instrucción
comunicada a GQ por RQ que esta última tuviera conocimiento cierto de la conducta infractora imputada a GQ, sino que consideró
que la confirmación por parte de las recurrentes de que se había dado tal instrucción a GQ bastaba, por sí sola, para demostrar
que RQ ejercía una influencia decisiva sobre la política de GQ.
En estas circunstancias, procede igualmente desestimar las imputaciones segunda y tercera por ser infundadas.
Mediante su cuarta imputación, las recurrentes atribuyen, fundamentalmente, al Tribunal de Primera Instancia un defecto de
motivación por no exponer de manera suficiente las razones por las cuales consideró, en el apartado 69 de la sentencia recurrida,
que dicha confirmación de las recurrentes en relación con la instrucción comunicada a GQ por RQ bastaba, por sí sola, para
demostrar que RQ ejercía una influencia decisiva sobre la política de GQ.
A este respecto, es necesario recordar que, según reiterada jurisprudencia, la motivación de una sentencia debe mostrar de
manera clara e inequívoca el razonamiento del Tribunal General, de manera que los interesados puedan conocer las razones de
la decisión adoptada y el Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional (véase la sentencia de 2 de abril de 2009,
France Télécom/Comisión, C‑202/07 P, Rec. p. I‑2369, apartado 29 y jurisprudencia citada).
En el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia se limitó a considerar, en el apartado 69 de la sentencia recurrida,
que la comunicación, producida a raíz de la inspección en las instalaciones de GQ que tuvo lugar el 27 de septiembre de 2002,
mediante la que RQ ordenó a GQ que cesara cualquier práctica que pudiera constituir una infracción de las normas de la competencia
bastaba, por sí sola, para demostrar que RQ ejercía una influencia decisiva sobre la política de GQ, no sólo en el mercado,
sino también en lo que se refiere a la conducta infractora objeto de la Decisión controvertida.
Al actuar de este modo, el Tribunal de Primera Instancia se limitó a formular una mera afirmación de principio sin exponer
de manera clara e inequívoca los motivos que le hicieron llegar a tal conclusión.
De ello se desprende que la sentencia recurrida adolece de un defecto de motivación ya que el Tribunal de Primera Instancia
no ha expuesto las razones en las que se basa dicha conclusión.
En consecuencia, esta imputación es fundada, debiendo desestimarse en todo lo demás la segunda parte del primer motivo.
Sobre la tercera parte del primer motivo, basada en errores de Derecho y de motivación en el análisis de los elementos aportados
por las recurrentes con el fin de desvirtuar la presunción de influencia decisiva de RQ en la conducta de GQ
–       Alegaciones de las partes
Las recurrentes formulan diferentes imputaciones en relación con las apreciaciones realizadas a mayor abundamiento por el
Tribunal de Primera Instancia en los apartados 71 a 75 de la sentencia recurrida.
En primer lugar, según las recurrentes, el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó, en el apartado 71 de dicha sentencia,
la circunstancia de que GQ realizara actividades diferentes de aquellas a las que RQ se dedicaba y, por otra parte, se equivocó
al no conceder ninguna relevancia a los diferentes intentos de RQ de vender GQ a terceros entre 1993 y 2004. En efecto, a
juicio de las recurrentes, estos elementos constituyen una prueba evidente de la falta de interés de RQ en la actividad desarrollada
por GQ.
En segundo lugar, contrariamente a lo sostenido por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 72 de la sentencia recurrida,
el hecho de que las actas de las reuniones del consejo de administración de RQ únicamente se refieran a GQ en dos ocasiones
en el período de ocho años comprendido entre 1998 y 2005 demuestra, según las recurrentes, el nulo grado de influencia e intervención
de RQ en la actividad de GQ.
En tercer lugar, las recurrentes alegan que el solapamiento existente entre los órganos de administración de RQ y de GQ, señalado
por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 73 de la sentencia recurrida, únicamente se refería a una persona y, en
consecuencia, debe considerarse marginal.
En cuarto lugar, las recurrentes reprochan al Tribunal de Primera Instancia haber desestimado sin analizarlos, en el apartado
74 de la sentencia recurrida, por una parte, los elementos que demostraban que sólo los directivos de GQ definían y ejecutaban
la política comercial de esta sociedad y, por otra parte, las alegaciones de que la información que GQ remitía a RQ se refería
únicamente a los resultados financieros de GQ.
En quinto lugar y por lo que se refiere a las relaciones entre GQ y la sociedad Repsol Italia, las recurrentes imputan al
Tribunal de Primera Instancia haber cometido un error al considerar, en el apartado 75 de la sentencia recurrida, que el hecho
de que RYPF consolide las cuentas del grupo confirma la tesis de la Comisión, siendo así que la relación de agencia no exclusiva
entre GQ y esta sociedad demuestra, siempre según las recurrentes, la autonomía comercial de GQ.
La Comisión sostiene por su parte que las recurrentes no han demostrado que concurran circunstancias excepcionales que desvirtúen
la presunción de que la sociedad matriz ejerce una influencia decisiva sobre su filial y que el Tribunal de Primera Instancia
se haya abstenido indebidamente de analizar o haya desnaturalizado. Las alegaciones formuladas por las recurrentes a este
respecto son, a juicio de la Comisión, de carácter muy general y carecen de fundamento.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
Es preciso recordar, de entrada, que, según reiterada jurisprudencia, de los artículos 225 CE y 58, párrafo primero, del Estatuto
del Tribunal de Justicia resulta que el Tribunal General es el único competente, por una parte, para determinar los hechos,
salvo en los casos en que la inexactitud material de sus comprobaciones se desprenda de los documentos que obran en autos,
y, por otra parte, para apreciar estos hechos. Una vez que el Tribunal General ha comprobado o apreciado los hechos, el Tribunal
de Justicia es competente para ejercer, con arreglo al artículo 225 CE, un control sobre la calificación jurídica de esos
hechos y las consecuencias jurídicas que el Tribunal General haya deducido de los mismos (véanse, en particular, las sentencias
de 6 de abril de 2006, General Motors/Comisión, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, apartado 51; de 22 de mayo de 2008, Evonik Degussa/Comisión,
C‑266/06 P, apartado 72, y de 3 de septiembre de 2009, Moser Baer India/Consejo, C‑535/06 P, Rec. p. I‑7051, apartado 31).
Por lo tanto, el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre los hechos ni, en principio, para examinar
las pruebas que el Tribunal General haya admitido en apoyo de éstos. En efecto, siempre que las pruebas se hayan obtenido
de forma regular y se hayan observado los principios generales del Derecho y las normas procesales aplicables en materia de
carga y de valoración de la prueba, corresponde únicamente al Tribunal General apreciar el valor que debe atribuirse a las
pruebas que le hayan sido presentadas. Así pues, esta valoración no constituye, salvo en caso de desnaturalización de dichas
pruebas, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia (sentencias General Motors/Comisión,
antes citada, apartado 52; de 21 de septiembre de 2006, Technische Unie/Comisión, C‑113/04 P, Rec. p. I‑8831, apartado 83,
y de 31 de enero de 2008, Angelidis/Parlamento, C‑103/07 P, apartado 46).
En el presente caso y por lo que se refiere, en primer lugar, a las imputaciones basadas, por una parte, en una supuesta desnaturalización,
en el apartado 71 de la sentencia recurrida, del ejercicio por parte de GQ, antes de pasar a formar parte del grupo de RQ,
de actividades diferentes de aquellas a las que se dedicaba RQ y de los intentos de RQ de vender GQ entre 1993 y 2004, y,
por otra parte, en los supuestos errores en la calificación jurídica de los hechos analizados en los apartados 72, 73 y 75
de dicha sentencia, es necesario señalar que, mediante estas imputaciones, las recurrentes únicamente pretenden cuestionar
la valoración de los elementos de prueba realizada por el Tribunal de Primera Instancia negando el valor que éste concedió
a las pruebas que tomó en consideración al realizar su análisis.
En estas circunstancias, puesto que las recurrentes no alegan realmente ni una desnaturalización de los hechos en los que
el Tribunal de Primera Instancia basó su apreciación ni un error en la calificación jurídica de los mismos, procede, a la
luz de la jurisprudencia citada en los apartados 71 y 72 de la presente sentencia, desestimar dichas imputaciones por ser
inadmisibles.
Por lo que respecta, en segundo lugar, a la imputación mediante la que las recurrentes pretenden demostrar que el razonamiento
seguido por el Tribunal de Primera Instancia es insuficiente –cuando no contradictorio– y que éste ha incurrido en un error
de Derecho en la parte de la motivación de la sentencia recurrida relativa a la desestimación de los elementos probatorios
aportados por las recurrentes con el fin de demostrar la autonomía comercial y operativa de GQ respecto de RQ, es necesario
señalar que, en el apartado 74 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia no ha examinado en profundidad
dichos elementos probatorios y ha rechazado las alegaciones de las recurrentes haciendo meramente referencia a la jurisprudencia
citada en anteriores apartados de la sentencia recurrida.
No obstante, debe señalarse que, lejos de aportar elementos que permitan rechazar tales alegaciones sin realizar un análisis
específico de las mismas, la jurisprudencia mencionada en los apartados 58 a 60 de la sentencia recurrida obligaba en realidad
al Tribunal de Primera Instancia, como él mismo reconoció en el apartado 65 de dicha sentencia, a proceder a la valoración
de cualquier elemento relativo a los vínculos organizativos, económicos y jurídicos existentes entre RQ y GQ que pudiera demostrar
que GQ actuaba con autonomía respecto de su sociedad matriz y que, en consecuencia, estas dos sociedades no integraban una
única entidad económica.
Esta comprobación era especialmente necesaria si se tiene en cuenta que la autonomía de GQ a la hora de aplicar su política
comercial, tal como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, es uno de los elementos de los que pueden
valerse las recurrentes para desvirtuar la presunción de que RQ ejerce una influencia decisiva en la conducta de GQ, y cuyo
carácter e importancia pueden variar dependiendo de las características que presente cada caso concreto (véase, en este sentido,
la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, antes citada, apartados 73 y 74).
Así pues, el Tribunal de Primera Instancia estaba obligado a tomar en consideración y analizar concretamente los elementos
aportados por las recurrentes para probar que GQ aplicaba de forma autónoma su política comercial con el fin de comprobar
si la Comisión había incurrido en un error de apreciación al considerar que estas pruebas no servían para demostrar que, en
este caso concreto, esta filial no formaba con RQ una única unidad económica.
Se desprende de lo anterior que, tal como señaló el Abogado General en el punto 51 de sus conclusiones, el Tribunal de Primera
Instancia incurrió en un error de Derecho al afirmar, en el apartado 74 de la sentencia recurrida, que las alegaciones formuladas
con el fin de demostrar la existencia de esta autonomía no podían prosperar «a la luz de la jurisprudencia citada», sin realizar
un análisis concreto de los elementos aportados por las recurrentes.
En consecuencia, procede estimar la presente imputación, debiendo desestimarse en todo lo demás la tercera parte del primer
motivo.

Sobre el segundo motivo, basado en un error de Derecho relativo a la imputación a RYPF de responsabilidad por una infracción
del artículo 81 CE, apartado 1, cometida por GQ
Alegaciones de las partes
En su segundo motivo las recurrentes sostienen que el Tribunal de Primera Instancia ha incurrido en un error de Derecho al
extender de forma automática la responsabilidad de la filial que cometió la infracción a la sociedad que está al frente del
grupo al que esta filial pertenece.
Las recurrentes consideran que, al pronunciarse en este sentido, el Tribunal de Primera Instancia ha hecho a RYPF responsable
del hecho de que RQ no haya sido capaz de demostrar que no es responsable por el comportamiento de GQ. De este modo, siempre
según las recurrentes, se llega a la conclusión de que la responsabilidad por las infracciones cometidas por una filial se
imputa sistemáticamente a la última sociedad matriz del grupo al que pertenece esta filial con independencia de las circunstancias
que concurran en cada caso concreto, en particular, el número de sociedades interpuestas, la naturaleza o las actividades
de éstas y los vínculos jurídicos y económicos existentes entre las mismas.
Según la Comisión, la jurisprudencia reciente del Tribunal de Primera Instancia confirma que la presunción de que se ejerce
una influencia decisiva sobre una filial es aplicable a la sociedad que está al frente de un grupo, aunque su control sobre
esta filial sea de carácter «distante» y «no directo».
Apreciación del Tribunal de Justicia
La respuesta al presente motivo implica determinar si, y en su caso en qué condiciones, la Comisión puede considerar a la
sociedad que está al frente de un grupo (en lo sucesivo, «sociedad holding»), RYPF en este caso, solidariamente responsable
de una infracción del Derecho de la Unión en materia de competencia cometida por una sociedad, GQ en este caso, cuyo capital
está íntegramente en manos de una sociedad intermedia del mismo grupo, RQ en este caso, controlada a su vez al 100 % por la
sociedad holding.
A este respecto, es necesario señalar que, según la reiterada jurisprudencia citada en los apartados 34 a 38 de la presente
sentencia, la Comisión puede, en determinados supuestos, adoptar una decisión por la que se imponga a una sociedad una multa
como consecuencia de una infracción del Derecho de la Unión en materia de competencia sin necesidad de demostrar su implicación
directa en tal infracción, en particular cuando una filial, aun teniendo una personalidad jurídica separada, no determina
de manera autónoma su conducta en el mercado, sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte su sociedad
matriz.
Así pues, habida cuenta de estas consideraciones, no puede excluirse la posibilidad de que una sociedad holding sea considerada
solidariamente responsable por las infracciones del Derecho de la Unión en materia de competencia cometidas por una filial
de su grupo cuyo capital social no posee directamente, siempre que esta sociedad holding ejerza una influencia decisiva sobre
dicha filial, aunque sea de forma indirecta mediante una sociedad interpuesta. Así ocurre, en particular, cuando la filial
no determina de manera autónoma su conducta en el mercado respecto de dicha sociedad interpuesta, la cual tampoco actúa autónomamente
en el mercado sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad holding.
En efecto, en tal situación la sociedad holding, la sociedad interpuesta y la última filial del grupo forman parte de una
misma unidad económica y, en consecuencia, constituyen una única empresa a efectos del Derecho de la Unión en materia de competencia.
De ello se desprende que, como señaló el Abogado General en los puntos 62 y 63 de sus conclusiones, en el caso concreto de
que una sociedad holding posea el 100 % del capital de una sociedad interpuesta que posee, a su vez, la totalidad del capital
de una filial de su grupo que ha cometido una infracción de las normas de la Unión en materia de competencia, existe una presunción
iuris tantum
de que dicha sociedad holding ejerce una influencia decisiva sobre el comportamiento de la sociedad interpuesta e indirectamente,
a través de esta última, también sobre el comportamiento de dicha filial.
Por lo tanto, en esta situación específica, la Comisión está facultada para considerar a la sociedad holding solidariamente
responsable del pago de la multa impuesta a la última filial del grupo, salvo que dicha sociedad holding desvirtúe esta presunción
probando que la sociedad interpuesta o dicha filial actúan de forma autónoma en el mercado (véanse, por analogía, las sentencias,
antes citadas, Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión, apartado 29, y Akzo Nobel y otros/Comisión, apartado 61).
De las anteriores consideraciones se desprende que el Tribunal de Primera Instancia no ha incurrido en un error de Derecho
al resolver, en el apartado 81 de la sentencia recurrida, que la presunción de responsabilidad basada en la posesión, por
parte de una sociedad, de la totalidad del capital de otra sociedad no sólo se aplica en los supuestos en que existe una relación
directa entre la sociedad matriz y su filial, sino también, como ocurre en el caso de autos, cuando esta relación es indirecta
por quedar establecida a través de otra sociedad interpuesta. En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia apreció acertadamente,
en los apartados 64 y 80 de dicha sentencia, que la Comisión podía considerar a las recurrentes solidariamente responsables
en atención, en particular, a la circunstancia de que RQ tuviera una participación del 100 % en GQ y RYPF una participación
del 100 % en RQ.
Por consiguiente, procede desestimar por infundado el segundo motivo del recurso de casación.
De todo lo anterior se desprende que debe anularse la sentencia recurrida por cuanto desestima el recurso de las recurrentes
mediante el que éstas solicitan la anulación de la Decisión controvertida ya que, por una parte, el Tribunal de Primera Instancia
no ha expuesto las razones en las que se basó para llegar a la conclusión de que la comunicación por la que RQ ordenaba a
GQ que cesara cualquier práctica que pudiera constituir una infracción de las normas de la competencia bastaba por sí sola
para probar que RQ ejercía una influencia decisiva sobre la política de GQ, no sólo en el mercado, sino también en lo que
se refiere a la conducta infractora objeto de la Decisión impugnada, y, por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia no
ha realizado un análisis concreto de los elementos aportados por las recurrentes con el fin de demostrar la autonomía de GQ
a la hora de diseñar y aplicar su política comercial.
Procede desestimar el recurso de casación en todo lo demás.

Sobre el recurso ante el Tribunal de Primera Instancia
Conforme al artículo 61, párrafo primero, segunda frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia, en el caso de que se anule
la resolución del Tribunal General, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su
estado así lo permita. Éste es el caso en el presente asunto.

Alegaciones de las partes
En primer lugar, las recurrentes sostienen que, a raíz de la inspección en las instalaciones de GQ que tuvo lugar el 27 de
septiembre de 2002, RQ ordenó, el 22 de octubre de 2002, a todas las sociedades de su grupo, GQ incluida, que cesaran cualquier
práctica que pudiera constituir una infracción de las normas de la Unión en materia de competencia.
Según las recurrentes, esta circunstancia sirve para demostrar que ni RQ ni RYPF tomaron parte en la conducta infractora imputada
a GQ, que no tuvieron contacto con ninguna de las empresas involucradas en el cártel en cuestión, que no participaron ni en
la toma de decisiones de éste, ni en su aplicación, ni en la supervisión de su ejecución, que no fueron informadas por otras
empresas de los hechos en cuestión y que, por último, tampoco GQ puso en su conocimiento la realización de estas conductas.
En segundo lugar, las recurrentes alegan que RYPF y RQ habían hecho llegar a la Comisión, en el marco del procedimiento administrativo
previo, una serie de documentos dirigidos a desvirtuar la presunción de que eran responsables por las conductas mencionadas
aportando la prueba de que GQ disfrutaba de autonomía comercial y operativa. Siempre según las recurrentes, estos elementos
probatorios fueron, no obstante, valorados erróneamente ?e incluso ignorados? por la Comisión.
A juicio de las recurrentes, la Comisión, en particular, incurrió en un error manifiesto de valoración de las pruebas materiales
ya que GQ disfrutaba de plena autonomía para actuar en el mercado y los directivos de esta sociedad tenían atribuida una delegación
total y estaban apoderados para el ejercicio de todas las facultades de dirección, gestión y administración. Por otra parte,
las recurrentes entienden que la Comisión tampoco indicó la circunstancia de que la información facilitada por GQ a RQ se
limitaba a dar cuenta de los resultados conforme a los presupuestos y a los planes estratégicos o comerciales decididos por
los directivos de GQ.
La Comisión, por su parte, sostiene que las recurrentes no han sido capaces de desvirtuar la presunción de responsabilidad
que recae sobre RQ.

Apreciación del Tribunal de Justicia
Antes de proceder al análisis de las presentes imputaciones, es necesario determinar si la Comisión ha incurrido en un error
de apreciación al no haber estimado, por una parte, que la instrucción impartida a GQ por RQ demuestra que RQ ni había tenido
conocimiento de la infracción en cuestión, ni había participado en la misma, ni había incitado a su filial a cometerla y,
por otra parte, que los elementos probatorios aportados en relación con la autonomía de que gozaban los directivos de GQ para
definir y ejecutar la política comercial de esta sociedad demuestran que ésta decidía de manera autónoma su comportamiento
en el mercado.
A este respecto y por lo que se refiere, en primer lugar, a la instrucción impartida por RQ a GQ, debe señalarse que, tal
como se desprende de los autos, esta instrucción tenía carácter general y no se dirigía exclusivamente a GQ sino al conjunto
de las sociedades del grupo, y que fue comunicada dos años y medio después de que cesara la conducta contraria a la competencia
imputada a GQ.
Ciertamente, estos elementos parecen constituir indicios de que ni se tenía conocimiento de la infracción imputada a GQ, ni
se participó en la misma, ni se incitó a cometerla. No obstante, y en contra de lo sostenido por las recurrentes, la circunstancia
que permite que la Comisión imponga una multa a una sociedad matriz no consiste ni en el hecho de que esta matriz haya incitado
a su filial a cometer una infracción de las normas de la Unión en materia de competencia ni en el hecho de que la matriz tenga
una implicación directa en la infracción cometida por su filial, sino en el hecho de que estas dos sociedades constituyan
una misma unidad económica y, en consecuencia, formen una única empresa en el sentido del artículo 81 CE (véase, en este sentido,
la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, antes citada, apartados 59 y 77).
Por consiguiente, procede señalar que, en el presente caso, la mera circunstancia de que RQ, por una parte, sólo tuviera conocimiento
de la infracción tras la inspección realizada en las instalaciones de GQ el 27 de septiembre de 2002 y, por otra parte, no
hubiera participado directamente en esta infracción ni hubiera incitado a cometerla no permite demostrar que estas dos sociedades
no constituyen una misma unidad económica. En consecuencia, tal circunstancia no es suficiente para desvirtuar la presunción
de que RQ ejerce efectivamente una influencia decisiva en el comportamiento de GQ.
Por lo que se refiere, en segundo lugar, a las alegaciones relativas a la supuesta autonomía de los directivos de GQ a la
hora de definir y ejecutar la política comercial de esta sociedad, debe señalarse que los elementos aportados por las recurrentes
en este sentido no prueban que GQ determinaba de manera autónoma su conducta en el mercado y que, en consecuencia, no constituía
junto a RQ una unidad económica. En efecto, si bien es cierto que determinados documentos presentados por las recurrentes
demuestran que se habían delegado a favor de los directivos de GQ múltiples facultades de gestión, dirección y administración
de esta sociedad, no es menos cierto que otros elementos que obran en autos ponen de manifiesto la existencia de una intervención
significativa de RQ en diferentes aspectos de la estrategia y la política comercial de GQ.
Procede, en este sentido, hacer referencia, en primer lugar, a la certificación del secretario del consejo de administración
de RQ de 7 de junio de 2005 que contiene los extractos de las múltiples actas del consejo de administración de esta sociedad
elaboradas entre 1998 y 2005. De este documento se desprende que el consejo de administración de RQ tuvo una intervención
significativa, entre 1998 y 2000, en determinados aspectos esenciales de la política de GQ, en particular para autorizar,
el 17 de abril de 1998, la venta de la participación de GQ en la sociedad Silquímica, S.A., y, el 28 de enero de 1999, la
venta de inmuebles de GQ.
Es preciso señalar igualmente que, en el presente caso y tal como indicó la Comisión en el considerando 262 de la Decisión
controvertida sin que este aspecto haya quedado refutado por las recurrentes, el administrador único de GQ nombrado por RQ
constituía, en atención a su comportamiento habitual, un vínculo entre estas dos sociedades mediante el que se comunicaba
a RQ información sobre ventas, producción y resultados financieros.
Por último y también en relación con los intercambios entre los directivos de GQ y RQ, la circunstancia, confirmada por las
propias recurrentes, de que se facilitara información sobre el grado de ejecución de los planes estratégicos y comerciales
constituye un indicio adicional de la existencia del control que RQ ejercía sobre las decisiones adoptadas y ejecutadas por
los directivos de GQ.
En este contexto, carece por el contrario de toda relevancia la circunstancia de que parte de esta información se refiriera
a los resultados financieros en relación con los presupuestos anuales de GQ, ya que toda sociedad matriz está obligada a consolidar
cuentas a nivel de su grupo.
Habida cuenta de estas consideraciones, debe concluirse que la Comisión no incurrió en un error de apreciación al estimar
que los elementos aportados por las recurrentes relativos, por una parte, al hecho de que RQ ni había tenido conocimiento
de la infracción en cuestión, ni había participado en la misma, ni había incitado a su filial a cometerla y, por otra parte,
a las condiciones en las que se definía y ejecutaba la política comercial de GQ, considerados conjuntamente con el resto de
elementos relevantes que obran en autos, no demuestran que GQ determinaba de manera autónoma su conducta en el mercado y,
en consecuencia, no permiten desvirtuar la presunción de que RQ ejercía una influencia decisiva en el comportamiento de GQ.
Por consiguiente, deben desestimarse las alegaciones formuladas a este respecto por las recurrentes para fundamentar el recurso
de anulación.
En consecuencia, procede desestimar el recurso de anulación.

Costas
Con arreglo al artículo 122, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, éste decidirá sobre
las costas cuando, siendo fundado el recurso de casación, dicho Tribunal resuelva definitivamente sobre el litigio.
En virtud del artículo 69, apartado 2, de dicho Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo
118, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. No obstante, conforme
al artículo 69, apartado 3, párrafo primero, del mismo Reglamento, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una
y otra parte, el Tribunal de Justicia podrá decidir que cada parte abone sus propias costas.
En el caso de autos, dado que se han acogido en lo esencial las pretensiones de las recurrentes en el recurso de casación
pero se han desestimado las que presentaron en relación con el recurso de anulación, procede declarar que cada una de las
partes cargue con sus propias costas en la presente instancia y que las recurrentes carguen con la totalidad de las costas
correspondientes al procedimiento en primera instancia.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:
1)
Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 18 de diciembre de 2008, General Química
y otros/Comisión (T‑85/06), en la medida en que desestima el recurso por el que General Química, S.A., Repsol Química, S.A.,
y Repsol YPF, S.A., solicitan la anulación de la Decisión 2006/902/CE de la Comisión, de 21 de diciembre de 2005, relativa
a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 del Tratado CE y con el artículo 53 del Acuerdo EEE contra Flexsys NV,
Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (antes Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation
(antes Crompton Corporation), General Química, S.A., Repsol Química, S.A., y Repsol YPF, S.A. (asunto COMP/F/C.38.443 – Sustancias
químicas para la industria del caucho), ya que, por una parte, el Tribunal de Primera Instancia no ha expuesto las razones
en las que se basó para llegar a la conclusión de que la comunicación por la que Repsol Química, S.A., ordenaba a General
Química, S.A., que cesara cualquier práctica que pudiera constituir una infracción de las normas de la competencia bastaba
por sí sola para probar que Repsol Química, S.A., ejercía una influencia decisiva sobre la política de General Química, S.A.,
no sólo en el mercado, sino también en lo que se refiere a la conducta infractora objeto de la Decisión 2006/902, y, por otra
parte, el Tribunal de Primera Instancia no ha realizado un análisis concreto de los elementos aportados por General Química,
S.A., Repsol Química, S.A., y Repsol YPF, S.A., con el fin de demostrar la autonomía de General Química, S.A., a la hora de
diseñar y aplicar su política comercial.
2)
Desestimar el recurso de casación en todo lo demás.
3)
Desestimar el recurso interpuesto por General Química, S.A., Repsol Química, S.A., y Repsol YPF, S.A., ante el Tribunal de
Primera Instancia de las Comunidades Europeas.
4)
Cada parte cargará con sus propias costas relativas a la presente instancia, y General Química, S.A., Repsol Química, S.A.,
y Repsol YPF, S.A., cargarán con la totalidad de las costas correspondientes al procedimiento en primera instancia.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: español.