CELEX: 62010CJ0180
Fiscalidad
Impuesto sobre el valor añadido
Directiva 2006/112/CE
Concepto de sujeto pasivo
Venta de terrenos edificables
Artículos 9, 12 y 16
No deducción de la cuota del IVA pagada

Estas peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva
77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados
Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base
imponible uniforme (DO L 145, p.1; EE 09/01, p. 54), modificada por la Directiva 2006/98/CE del Consejo, de 20 de noviembre
de 2006 (DO L 363, p. 129; en lo sucesivo, «Sexta Directiva») y de los artículos 9, apartado 1, 16 y 295, apartado 1, punto
3, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor
añadido (DO L 347, p. 1), modificada por la Directiva 2006/138/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2006 (DO L 384, p. 92;
en lo sucesivo, «Directiva IVA»).
Dichas cuestiones se plantearon en el marco de dos litigios entre, por una parte, el Sr. Słaby y el Minister Finansów (Ministro
de Hacienda) (asunto C‑180/10), y, por otra parte, el Sr. Kuć y la Sra. Jeziorska-Kuć (en lo sucesivo, «matrimonio Kuć») y
el Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (Director de la administración tributaria de Varsovia) (asunto C‑181/10) sobre si las
cesiones de varios terrenos edificables deben estar sometidas al impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «IVA»).

Marco jurídico

Derecho de la Unión
La Directiva IVA ha derogado la normativa anterior de la Unión en materia de IVA, en particular la Sexta Directiva, y la ha
sustituido a partir del 1 de enero de 2007, conforme a lo dispuesto en sus artículos 411 y 413. Según los considerandos primero
y tercero de la Directiva 2006/112, era necesario refundir la Sexta Directiva a fin de presentar las disposiciones en materia
de armonización de las legislaciones sobre el IVA de los Estados miembros de forma clara y racional en una estructura y una
redacción modificadas, pero, en principio, sin aportar cambios de fondo. Así pues, las disposiciones de la Directiva IVA son
sustancialmente idénticas a las disposiciones correspondientes de la Sexta Directiva.
A tenor del artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva IVA, que reproduce esencialmente los términos del artículo 2,
apartado 1, de la Sexta Directiva, «están sujetas al IVA las entregas de bienes realizadas a título oneroso en el territorio
de un Estado miembro por un sujeto pasivo que actúe como tal».
El artículo 9, apartado 1, de la Directiva IVA, que está redactado en términos esencialmente análogos a los del artículo 4,
apartados 1 y 2, de la Sexta Directiva, establece:
«Serán considerados “sujetos pasivos” quienes realicen con carácter independiente, y cualquiera que sea el lugar de realización,
alguna actividad económica, cualesquiera que sean los fines o los resultados de esa actividad.
Serán consideradas “actividades económicas” todas las actividades de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas
las actividades extractivas, las agrícolas y el ejercicio de profesiones liberales o asimiladas. En particular será considerada
actividad económica la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo.»
El artículo 12, apartados 1 y 3, de la Directiva IVA, que retoma esencialmente los términos del artículo 4, apartado 3, de
la Sexta Directiva, contiene las disposiciones siguientes:
«1.      Los Estados miembros podrán considerar sujetos pasivos a quienes realicen de modo ocasional una operación relacionada con
las actividades mencionadas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 9 y en especial alguna de las operaciones siguientes:
[…]
b)      la entrega de un terreno edificable.
[…]
3.      A efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1, serán considerados como terrenos “edificables” los terrenos urbanizados
o no, que se definan como tales por los Estados miembros.»
El artículo 16, párrafo primero, de la Directiva IVA, que se corresponde esencialmente con el artículo 5, apartado 6, de la
Sexta Directiva, está redactado en los siguientes términos:
«Se asimilará a una entrega de bienes a título oneroso el destino por un sujeto pasivo de un bien de su empresa a sus necesidades
privadas o a las del personal de la propia empresa, su transmisión a terceros a título gratuito o, más generalmente, su afectación
a fines ajenos a los de la propia empresa, siempre que tal bien o los elementos que lo componen hubieran generado el derecho
a la deducción total o parcial del IVA».
El artículo 295, apartado 1, puntos 1 y 3, de la Directiva IVA define, al igual que el artículo 25, apartado 2, guiones primero
y tercero, de la Sexta Directiva, al «productor agrícola», a efectos del capítulo 2 del título XII, como «el sujeto pasivo
que ejerce su actividad en el marco de una explotación agrícola, forestal o pesquera» y al «agricultor en régimen de tanto
alzado» como «el productor agrícola al que se aplica el régimen de tanto alzado descrito en [dicho] capítulo».
El artículo 296, apartado 1, de la Directiva IVA, que se corresponde con el artículo 25, apartado 1, de la Sexta Directiva,
dispone:
«Los Estados miembros podrán otorgar a los productores agrícolas, cuando la aplicación a los mismos del régimen general del
IVA o, en su caso, del régimen especial previsto en el capítulo 1 implicase dificultades, un régimen de tanto alzado que tienda
a compensar la carga del IVA pagada por las compras de bienes y servicios de los agricultores sometidos al régimen de tanto
alzado, de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo».

Normativa nacional
El artículo 15, apartados 1, 2, 4 y 5, de la Ley de 11 de marzo de 2004 relativa al impuesto sobre los bienes y servicios
(en lo sucesivo, «Ley del IVA»), establece:
«1.      Serán considerados sujetos pasivos las personas jurídicas, entidades organizadas desprovistas de personalidad jurídica y personas
físicas que realicen con carácter independiente una actividad económica en el sentido del apartado 2, cualesquiera que sean
los fines o los resultados de esa actividad.
2.      Serán consideradas actividades económicas todas las actividades de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas
las actividades de extracción de recursos naturales, las actividades agrícolas y el ejercicio de profesiones liberales o asimiladas,
aun en el caso de que se trate de una operación única realizada en circunstancias que muestren una intención de realizar la
operación con frecuencia. También serán consideradas actividades económicas las operaciones consistentes en la explotación
de bienes materiales o inmateriales con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo.
[…]
4.      En el caso de las personas físicas que ejerzan exclusivamente una actividad agrícola, forestal o pesquera, se considerarán
sujetos pasivos las personas que hayan cumplimentado una declaración de registro como la contemplada en el artículo 96, apartado 1.
5.      Lo dispuesto en el apartado 4 se aplicará
mutatis mutandis
a las personas físicas que ejerzan exclusivamente una actividad agrícola en circunstancias distintas de las mencionadas en
dicho apartado.»
El artículo 43, apartado 1, puntos 3 y 9, de la Ley del IVA dispone:
«1.      Estarán exentos del impuesto:
[…]
3)      la entrega de productos de su propia actividad agrícola y la prestación de servicios agrícolas efectuadas por un agricultor
en régimen de tanto alzado;
[…]
9)      la entrega de terrenos no edificados, a excepción de terrenos edificables y terrenos urbanizables».

Litigios principales y cuestiones prejudiciales

Asunto C‑180/10
M. Słaby adquirió en 1996, como persona física que no ejercía actividad económica alguna, un terreno calificado de rústico
conforme al plan urbanístico vigente a la sazón. Entre 1996 y 1998 utilizó dicho terreno con fines agrícolas, poniendo fin
a esta actividad en 1999.
En 1997 se modificó el plan urbanístico y el terreno de que se trata fue recalificado, pasando a ser destinado a la construcción
de viviendas de vacaciones. Tras la recalificación, el Sr. Słaby dividió el terreno en 64 parcelas, que, a partir de 2000,
fue vendiendo a personas físicas.
El 17 de septiembre de 2007 el Sr. Słaby solicitó una interpretación individual ante el Minister Finansów con objeto de averiguar
si, conforme al artículo 15, apartado 1, de la Ley del IVA, la división de un terreno en parcelas y la subsiguiente cesión
de estas parcelas a distintos adquirente deben ser consideradas operaciones sometidas al IVA.
En su interpretación individual de 13 de diciembre de 2007, el Minister Finansów indicó que dichas operaciones constituían
una actividad económica puesto que, a los efectos de la Ley del IVA, quien gestiona una explotación agrícola es un sujeto
pasivo que ejerce una actividad económica y la magnitud y el alcance de las operaciones en cuestión así como el hecho de dividir
el terreno en parcelas revelaban la intención del Sr. Słaby de realizar múltiples ventas.
El Sr. Słaby interpuso un recurso contra dicha interpretación individual. El Wojewódzki Sąd Administracyjny Warszawie anuló
dicha interpretación del Minister Finansów por considerar que de los hechos de dicho asunto no se desprendía que el Sr. Słaby
ejerciera o proyectara ejercer una actividad económica en el ámbito de las transacciones inmobiliarias, sino que ejercía una
actividad agrícola, que, a la sazón, no estaba sometida al IVA. Según dicho tribunal, ningún elemento permitía afirmar que
el terreno había sido adquirido con el fin de revenderlo, puesto que había sido adquirido para destinarlo a una actividad
agrícola y así había sido explotado. La parcelación y la venta de parcelas habían sido consecuencia de una modificación del
plan urbanístico no imputable al Sr. Słaby. Por consiguiente, concluía este tribunal, el demandante en el procedimiento principal
no había actuado como comerciante al adquirir el terreno de que se trata.
El Minister Finansów interpuso un recurso de casación contra esta sentencia ante el tribunal remitente. Alega que, aunque
el terreno de que se trata se adquirió para fines agrícolas, no se utilizó exclusivamente para las necesidades privadas del
Sr. Słaby, sino que quedó afectado a su explotación agrícola y, por consiguiente, servía para el ejercicio de una actividad
económica.
En estas circunstancias, el Naczelny Sąd Administracyjny decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
la siguiente cuestión prejudicial:
«Una persona física que ha ejercido una actividad agrícola en un inmueble y que, posteriormente, debido a una modificación
de los planes urbanísticos, que se produjo por motivos independientes de su voluntad, ha cesado en dicha actividad, ha recalificado
ese patrimonio como patrimonio privado, lo ha dividido en partes más pequeñas (parcelas edificables con viviendas de vacaciones),
y ha comenzado su venta, ¿es por este motivo un sujeto pasivo del IVA en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la Directiva
IVA y del artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 77/388/CEE, Sexta Directiva sobre el IVA, que está obligado al pago
del IVA debido a una actividad de comercio?»

Asunto C‑181/10
El matrimonio Kuć es propietario desde 1996 de una explotación agrícola adquirida como terreno agrícola no edificable. Hasta
fines de 2006 utilizaron dicho terreno con fines agrícolas, en concreto, la cría de caballos, y posteriormente el cultivo
de forraje para sus animales.
Después de haber recibido, en 2004, una interpretación individual de la administración tributaria, el matrimonio Kuć se registró
como sujeto pasivo del IVA, aunque opina que su explotación forma parte de su patrimonio personal.
A raíz de una modificación del plan urbanístico a consecuencia de la cual el terreno controvertido pasó a estar destinado
a la construcción de viviendas y servicios, comenzaron a vender, de manera ocasional y no planificada, algunas partes de su
explotación. Estas entregas estaban sometidas al IVA.
Según el matrimonio Kuć, dichas entregas no debían estar sometidas al IVA puesto que tenían por objeto su patrimonio personal.
Solicitaron al director de la administración tributaria de Wołomin una interpretación sobre este particular. En su interpretación
individual de 13 de junio de 2008, dicho director consideró que la venta de los terrenos constituía una entrega de bienes
a título oneroso sometida al IVA. Esta interpretación fue confirmada por el Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.
El matrimonio Kuć interpuso un recurso contra esta interpretación ante el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Éste
consideró que las entregas de los terrenos edificables de que se trata debían estar sometidos al IVA porque, por una parte,
dichos terrenos forman parte de la empresa agrícola del matrimonio Kuć y, por otra parte, éstos han efectuado dichas entregas
como comerciantes. En su opinión, estas dos circunstancias justifican cada una por sí sola la sujeción de dichas transacciones
al IVA.
El Naczelny Sąd Administracyjny, ante el que recurrió en casación el matrimonio Kuć, señaló en primer lugar, que éstos, en
su condición de agricultores, estaban sometidos al régimen a tanto alzado de gravamen del IVA. Por consiguiente, este órgano
jurisdiccional se pregunta si la venta de los terrenos de que se trata puede ser considerada cesión de bienes procedentes
de su patrimonio personal cuando la adquisición de dichos terrenos no dio lugar a una deducción del IVA. Señala, por otra
parte, que los terrenos de que se trata no sólo se utilizaron para obtener productos agrícolas, sino también para las necesidades
privadas del agricultor y de los miembros de su familia.
En estas circunstancias, el Naczelny Sąd Administracyjny decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1.      ¿El artículo 16 de la Directiva [IVA], conforme al cual la afectación de activos de una empresa a necesidades privadas del
sujeto pasivo u otros fines ajenos a los de la propia empresa sólo se asimila a una entrega de bienes a título oneroso en
caso de que dichos activos hubieran generado el derecho a la deducción total o parcial del IVA, resulta aplicable a un agricultor
en régimen de tanto alzado, en el sentido del artículo 295, apartado 1, punto 3, de la misma Directiva, que vende terrenos
previamente utilizados para su actividad agrícola, los cuales están calificados en el plan urbanístico municipal como suelo
urbanizable destinado a la construcción de viviendas y servicios pero fueron adquiridos como terrenos agrícolas (exentos del IVA)?
2.      [En caso de respuesta afirmativa] ¿Un agricultor en régimen de tanto alzado, en el sentido del artículo 295, apartado 1, punto
3, de la Directiva [IVA], que vende terrenos utilizados para su actividad agrícola, los cuales están calificados en el plan
urbanístico municipal como suelo urbanizable destinado a la construcción de viviendas y servicios pero fueron adquiridos como
terrenos agrícolas (exentos del IVA), ha de considerarse un sujeto pasivo obligado a declarar el IVA por dicha enajenación
conforme al régimen general?»

Sobre las cuestiones prejudiciales
Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional nacional pregunta al Tribunal
de Justicia, fundamentalmente, si una persona física que haya ejercido una actividad agrícola sobre un terreno adquirido con
exención del IVA y recalificado como terreno edificable, a raíz de una modificación de los planes urbanísticos llevada a cabo
por motivos independientes de su voluntad, ha de considerarse sujeto pasivo del IVA cuando dicha persona lleva a cabo la venta
de dichos terrenos. Además, el órgano jurisdiccional nacional pregunta si, en tales circunstancias, un «agricultor en régimen
de tanto alzado» en el sentido del artículo 295, apartado 1, punto 3, de la Directiva IVA, debe ser considerado sujeto pasivo
del IVA conforme al régimen general y si le es aplicable el artículo 16 de esta Directiva.
Procede precisar, con carácter preliminar, que de los asuntos controvertidos en los procedimientos principales se desprende
que parte de las ventas se llevó a cabo en un período anterior a la adhesión de la República de Polonia a la Unión Europea.
Pues bien, el Tribunal de Justicia es competente para interpretar el Derecho de la Unión únicamente respecto a su aplicación
en un nuevo Estado miembro a partir de la fecha de su adhesión a la Unión (véase, en particular, el auto de 6 de marzo de
2007, Ceramika Paradyż, C‑168/06, apartado 22). Por tanto, las consideraciones siguientes únicamente se refieren a las operaciones
efectuadas con posterioridad a la fecha de adhesión de la República de Polonia a la Unión.
También es preciso señalar que los procedimientos principales se refieren a un período en el que se aplicaron sucesivamente
la Sexta Directiva y la Directiva IVA. Sin embargo, a efectos de las respuestas a las cuestiones prejudiciales, no procede
realizar una distinción entre las disposiciones de ambas Directivas, puesto que ambas tienen un alcance esencialmente idéntico
a efectos de la interpretación que el Tribunal de Justicia haya de proporcionar en el marco del presente procedimiento.
En cuanto al fondo, de las resoluciones de remisión se desprende que el terreno de que se trata en el procedimiento principal
fue recalificado como terreno edificable, a raíz de una modificación del plan urbanístico llevada a cabo por razones independientes
de la voluntad del Sr. Słaby y del matrimonio Kuć.
El artículo 12, apartado 1, de la Directiva IVA permite a los Estados miembros considerar sujeto pasivo a quien realice de
modo ocasional una operación relacionada con las actividades mencionadas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo
9 de la Directiva IVA y en especial la entrega de un terreno edificable.
El Gobierno polaco afirma haber hecho uso de la posibilidad que le ofrece dicha disposición, introduciendo, en su normativa
nacional, el artículo 15, apartado 2, de la Ley del IVA, conforme al cual «serán consideradas actividades económicas todas
las actividades de fabricación, comercio o prestación de servicios […] aun en el caso de que se trate de una operación única
realizada en circunstancias que muestren una intención de realizar la operación con frecuencia […]».
Sin embargo, ni de las resoluciones de remisión ni del tenor de dicho artículo 15, apartado 2, de la Ley del IVA se deduce
si la República de Polonia ha hecho efectivamente uso del artículo 12, apartado 1, de la Directiva IVA, extremo éste que incumbe
comprobar al órgano jurisdiccional nacional.
A este respecto procede señalar que esta disposición establece una facultad, y no una obligación de los Estados miembros.
De ello se desprende que, para disfrutar de la facultad establecida en dicha disposición, los Estados miembros deben optar
por ejercerla (véase, por analogía, la sentencia de 4 de junio de 2009, SALIX Grundstükcs-Vermietungsgesellschaft, C‑102/08,
Rec. p. I‑4629, apartados 51 y 52).
Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, la adaptación del Derecho interno a una Directiva no exige necesariamente
que sus disposiciones se reproduzcan formal y textualmente en otra disposición legal expresa y específica, y que, en función
de su contenido, puede ser suficiente con un contexto jurídico general, siempre que éste asegure efectivamente la plena aplicación
de la Directiva de un modo bastante claro y preciso (véase, por analogía, la sentencia SALIX Grundstükcs-Vermietungsgesellschaft,
antes citada, apartado 40).
Si el tribunal nacional comprueba que el Estado miembro ha hecho uso de la facultad que le confiere el artículo 12, apartado
1, de la Directiva IVA, habrá que considerar que la entrega de un terreno edificable está sometida al IVA en virtud de la
legislación nacional, independientemente del carácter permanente de la operación o de la cuestión de si la persona que ha
realizado la entrega ejerce una actividad de fabricación, comercio o prestación de servicios, siempre y cuando esta operación
no constituya el simple ejercicio del derecho de propiedad por su titular.
A este especto, de la jurisprudencia se deduce que el mero ejercicio del derecho de propiedad por parte de su titular no puede,
por sí solo, ser considerado constitutivo de una actividad económica (véase la sentencia de 20 de junio de 1996, Wellcome
Trust, C‑155/94. Rec. p. I‑3013, apartado 32).
Procede precisar que el número y la magnitud de las ventas realizadas en el presente asunto no son determinantes por sí solas.
Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, la magnitud de las ventas no puede constituir un criterio para establecer la
distinción entre las actividades de un operador que actúa con carácter privado y las de un operador cuyas operaciones constituyen
una actividad económica. El Tribunal de Justicia ha señalado que ventas importantes también pueden ser efectuadas por operadores
que actúan con carácter privado (en este sentido, véase la sentencia Wellcome Trust, antes citada, apartado 37).
Asimismo, el hecho de que antes de la cesión el interesado hubiera parcelado el terreno con el fin de obtener un mejor precio
global tampoco resulta determinante por sí solo, como tampoco el tiempo por el que se prolongaron las operaciones o la magnitud
de los ingresos que proporcionaron. En efecto, el conjunto de estas circunstancias podría inscribirse en el marco de la gestión
del patrimonio personal del interesado.
Sin embargo, no sucede así cuando el interesado realiza gestiones activas de comercialización de inmuebles recurriendo a medios
similares a los empleados por un fabricante, un comerciante o un prestador de servicios en el sentido del artículo 9, apartado
1, párrafo segundo, de la Directiva IVA.
Tales gestiones activas pueden consistir, en particular, en la realización en dichos terrenos de trabajos de viario y en el
empleo de medios de comercialización habituales.
Dado que estas iniciativas no forman parte del marco normal de gestión de un patrimonio personal, no cabe considerar que,
en tal supuesto, la entrega de un terreno edificable constituya el simple ejercicio del derecho de propiedad por su titular.
En el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente constatara que la República de Polonia no ha hecho uso de la facultad
prevista en el artículo 12, apartado 1, de la Directiva IVA, habría que examinar si la operación controvertida en el procedimiento
principal está sujeta a impuesto con arreglo al artículo 9, apartado 1, de la Directiva IVA.
Según el tenor de esta disposición el concepto de sujeto pasivo está vinculado al de actividad económica. En efecto, es la
existencia de dicha actividad lo que justifica la calificación de sujeto pasivo (véase la sentencia de 3 de marzo de 2005,
Fini H, C‑32/03, Rec. p. I‑1599, apartado 19).
A este respecto procede recordar que el concepto de «actividad económica» se define en dicho artículo 9, apartado 1, párrafo
segundo, de la Directiva IVA como todas las actividades de fabricación, comercio o prestación de servicios y, en particular,
la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo.
Según jurisprudencia reiterada, la mera adquisición y la mera venta de otros valores negociables no pueden constituir una
explotación de un bien con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo en el sentido del artículo 9, apartado 1, de
la Directiva IVA, puesto que la única retribución de esas operaciones es un eventual beneficio en el momento de la venta de
dicho bien. En efecto, tales operaciones no pueden, en principio, constituir por sí mismas actividades económicas en el sentido
de la Sexta Directiva (véanse las sentencias de 29 de abril de 2004, EDM, C‑77/01, Rec. p. I‑4295, apartado 58, y de 21 de
octubre de 2004, BBL, C‑8/03, Rec. p. I‑10157, apartado 39).
Deben aplicarse los criterios enunciados en los apartados 37 a 41 de la presente sentencia.
En cuanto al artículo 16 de la Directiva IVA, procede precisar que, como se desprende de su tenor, éste se aplica cuando el
bien de que se trata o los elementos que lo componen hubieran generado el derecho a la deducción total o parcial del IVA.
A este respecto, de las resoluciones de remisión se desprende que los demandantes en los procedimientos principales adquirieron
los terrenos de que se trata con exención del IVA. Por tanto, la adquisición de tales terrenos no pudo dar lugar a ninguna
deducción del IVA. De ello se deduce que dicho artículo 16 no es aplicable en una situación como la de los asuntos principales.
Además, el hecho de que los demandantes en el procedimiento principal en el asunto C‑181/10 se registraran como sujetos pasivos
del IVA sometidos al régimen a tanto alzado por razón de su actividad agrícola carece de pertinencia habida cuenta de las
consideraciones precedentes, pues, como alegan acertadamente el Gobierno polaco y la Comisión Europea, las operaciones distintas
a la entrega de productos agrícolas y la prestación de servicios agrícolas, en el sentido del artículo 295, apartado 1, de
la Directiva IVA, efectuadas por el agricultor a tanto alzado en el marco de la explotación agrícola siguen estando sometidas
al régimen normal de esta Directiva (véase la sentencia de 15 de julio de 2004, Harbs, C‑321/02, Rec. p. I‑7101, apartados
31 y 36, y de 26 de mayo de 2005, Stadt Sundern, C‑43/04, Rec. p. I‑4491, apartado 20).
Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responder a las cuestiones planteadas que la entrega de un terreno
edificable debe ser considerada sujeta al IVA en virtud de la normativa nacional de un Estado miembro si este Estado miembro
ha hecho uso de la facultad prevista en el artículo 12, apartado 1, de la Directiva IVA, independientemente del carácter continuado
en el tiempo de la operación o de si la persona que haya efectuado la entrega ejerce una actividad de fabricante, de comerciante
o de prestador de servicios, siempre y cuando esta operación no constituya el simple ejercicio del derecho de propiedad por
su titular.
Una persona física que haya ejercido una actividad agrícola en un terreno adquirido con exención del IVA y recalificado como
terreno edificable, a raíz de una modificación de los planes urbanísticos llevada a cabo por motivos independientes de su
voluntad, no ha de ser considerada sujeto pasivo del IVA en el sentido de los artículos 9, apartado 1, y 12, apartado 1, de
la Directiva IVA cuando lleva a cabo la venta de dichos terrenos si estas ventas se inscriben en el marco de la gestión de
su patrimonio privado.
Por el contrario, si esta persona realiza gestiones activas de comercialización de inmuebles recurriendo a medios similares
a los empleados por un fabricante, un comerciante o un prestador de servicios en el sentido del artículo 9, apartado 1, párrafo
segundo, de la Directiva IVA, debe considerarse que ejerce una «actividad económica» en el sentido de dicho artículo y, consiguientemente,
debe ser considerada sujeto pasivo del IVA.
El hecho de que esta persona sea un «agricultor en régimen de tanto alzado» en el sentido del artículo 295, apartado 1, punto
3, de la Directiva IVA, carece de relevancia a este respecto.

Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
La entrega de un terreno edificable debe ser considerada sujeta al impuesto sobre el valor añadido en virtud de la normativa
nacional de un Estado miembro si este Estado ha hecho uso de la facultad prevista en el artículo 12, apartado 1, de la Directiva
2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, modificada
por la Directiva 2006/138/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2006, independientemente del carácter continuado en el tiempo
de la operación o de si la persona que haya efectuado la entrega ejerce una actividad de fabricante, de comerciante o de prestador
de servicios, siempre y cuando esta operación no constituya el simple ejercicio del derecho de propiedad por su titular.
Una persona física que haya ejercido una actividad agrícola en un terreno recalificado como terreno edificable a raíz de una
modificación de los planes urbanísticos llevada a cabo por motivos independientes de su voluntad no ha de ser considerada
sujeto pasivo del IVA en el sentido de los artículos 9, apartado 1, y 12, apartado 1, de la Directiva 2006/112, modificada
por la Directiva 2006/138, cuando lleva a cabo la venta de dichos terrenos si estas ventas se inscriben en el marco de la
gestión de su patrimonio privado.
Por el contrario, si, para llevar a cabo dichas ventas, esta persona realiza gestiones activas de comercialización de inmuebles
recurriendo a medios similares a los empleados por un fabricante, un comerciante o un prestador de servicios en el sentido
del artículo 9, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2006/112, modificada por la Directiva 2006/138, debe considerarse
que ejerce una «actividad económica» en el sentido de dicho artículo y, consiguientemente, debe ser considerada sujeto pasivo
del impuesto sobre el valor añadido.
El hecho de que esta persona sea un «agricultor en régimen de tanto alzado» en el sentido del artículo 295, apartado 1, punto
3, de la Directiva 2006/112, modificada por la Directiva 2006/138 carece de relevancia a este respecto.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: polaco.