CELEX: 62008TJ0117
Régimen lingüístico
Convocatoria de vacante para la selección del Secretario General del CESE
Publicación en tres lenguas oficiales
Información relativa a la convocatoria de vacante
Publicación en todas las lenguas oficiales
Recurso de anulación
Admisibilidad
Artículos 12 CE y 290 CE
Artículo 12 del ROA
Reglamento nº 1

Marco jurídico
Los artículos 12 CE y 290 CE disponen:
«Artículo 12
En el ámbito de aplicación del presente Tratado, y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en el mismo,
se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad.
[…]
Artículo 290
El régimen lingüístico de las instituciones de la Comunidad será fijado por el Consejo, por unanimidad, sin perjuicio de las
disposiciones previstas en el Estatuto del Tribunal de Justicia.»
El artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada el 7 de diciembre de 2000 en Niza
(DO C 364, p. 1; en lo sucesivo, «Carta») prevé:
«La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística.»
Los artículos 1, 4, 5 y 6 del Reglamento nº 1 del Consejo, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico
de la Comunidad Económica Europea (DO 1958, 17, p. 385; EE 01/01, p. 8), en su versión aplicable al presente asunto, disponen:
«Artículo 1
Las lenguas oficiales y las lenguas de trabajo de las instituciones de la Unión serán el alemán, el búlgaro, el castellano,
el checo, el danés, el eslovaco, el esloveno, el estonio, el finés, el francés, el griego, el húngaro, el inglés, el irlandés,
el italiano, el letón, el lituano, el maltés, el neerlandés, el polaco, el portugués, el rumano y el sueco.
[...]
Artículo 4
Los reglamentos y demás textos de alcance general se redactarán en las lenguas oficiales.
Artículo 5
El
Diario Oficial de la Unión Europea
se publicará en las lenguas oficiales.
Artículo 6
Las instituciones podrán determinar las modalidades de aplicación de este régimen lingüístico en sus reglamentos internos.»
El artículo 1, apartados 2 y 3, del anexo III del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo,
«Estatuto») establece:
«2.      La convocatoria de los concursos generales deberá publicarse en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
al menos un mes antes de la fecha límite prevista para la admisión de candidaturas y, en su caso, dos meses antes de la fecha
de celebración de las pruebas.
3.      Todos los concursos serán objeto de publicidad en las instituciones de las tres Comunidades Europeas, en los mismos plazos.»
El artículo 12 del Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «ROA») dispone:
«1.      La contratación de agentes temporales tendrá por objeto garantizar a la institución la colaboración de personas que posean
las más altas cualidades de competencia, rendimiento e integridad, reclutadas sobre una base geográfica lo más amplia posible,
entre los nacionales de los Estados miembros de las Comunidades.»

Antecedentes del litigio
El 28 de diciembre de 2007 se publicó, con arreglo al artículo 2, letra a), y al artículo 8 del RAA, la convocatoria para
proveer plaza vacante nº 73/07 relativa a un puesto de Secretario General en la Secretaría del Comité Económico y Social Europeo
(CESE) (en lo sucesivo, «convocatoria de vacante controvertida»), únicamente en las ediciones alemana, inglesa y francesa
del Diario Oficial (DO C 316 A, p. 1). La convocatoria de vacante controvertida precisa que el Secretario General quedará
adscrito como agente temporal al grado AD 16, tercer escalón.
Bajo la rúbrica «Cualificaciones exigidas», la convocatoria de vacante controvertida mencionaba en particular la exigencia
de «ser funcionario titular o agente temporal en servicio en una institución europea, un órgano, oficina o agencia» y tener
un «conocimiento profundo de una lengua oficial de la Unión Europea y [un] excelente conocimiento de al menos otras dos lenguas
oficiales de la Unión Europea», precisando que «[p]or razones de servicio, era muy deseable un buen conocimiento del inglés
y/o del francés». Bajo la rúbrica «Fecha límite de presentación de candidaturas», la convocatoria de vacante mencionaba el
«28 de enero de 2008».
Un anuncio (en lo sucesivo, «anuncio sucinto»), redactado y publicado en todas las lenguas oficiales, se publicó también en
el Diario Oficial de 28 de diciembre de 2007 (DO C 316, p. 61) e indicaba que «se ponía en conocimiento del personal de las
instituciones europeas que el anuncio de vacante [controvertido] [aparecía] publicado en el
Diario Oficial de la Unión Europea
en versión francesa, alemana e inglesa (DO C 316 A de 28.12.2007)».
El 30 de enero de 2008, se publicó una corrección de errores de la convocatoria de vacante controvertida (en lo sucesivo,
«corrección de errores») en el Diario Oficial únicamente en las versiones alemana, inglesa y francesa (DO C 25 A, p. 19).
En esta corrección de errores, el CESE indicaba una nueva fecha límite para la presentación de candidaturas para el puesto
de Secretario General, a saber, el 8 de febrero de 2008.
Un anuncio de corrección de errores de la convocatoria de vacante controvertida, redactado y publicado en todas las lenguas
oficiales, se publicó también en el Diario Oficial de 30 de enero de 2008 (DO C 25, p. 21) e indicaba que «se ponía en conocimiento
del personal de las instituciones europeas que la convocatoria de vacante [controvertida] publicada en el
Diario Oficial de la Unión Europea
en versión francesa, alemana e inglesa (DO C 316 A de 28.12.2007) [había] sido modificado (véase el DO C 25 A de 30.1.2008.)»

Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 11 de marzo de 2008, la República Italiana interpuso, contra
la Comisión de las Comunidades Europeas y el CESE, el presente recurso, que pretende la anulación de la convocatoria de vacante
controvertida y de su corrección de errores.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 29 de abril de 2008, la Comisión propuso una excepción de inadmisibilidad
con arreglo al artículo 114 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 5 de junio de 2008, el Reino de España presentó una demanda de
intervención en apoyo de las pretensiones de la República Italiana. Mediante auto de 11 de julio de 2008, el Presidente de
la Sala Sexta del Tribunal, admitió dicha intervención.
El 28 de agosto de 2008, el Reino de España presentó su escrito de formalización de la intervención.
Mediante auto de 16 de diciembre de 2008, el Tribunal (Sala Sexta) declaró la inadmisibilidad del recurso en la medida en
que éste iba dirigido contra la Comisión.
Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Sexta) decidió iniciar la fase oral del procedimiento y, en el marco
de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento, instó a las
partes para que respondiesen por escrito a una serie de preguntas. Las partes cumplimentaron dicho requerimiento.
Mediante escrito de 11 de febrero de 2010, el Reino de España indicó que no participaría en la vista.
En la vista de 14 de abril de 2010 se oyeron los informes orales de las partes, y sus respuestas a las preguntas del Tribunal.
Por impedimento del Juez Sr. Tchipev para participar en la deliberación tras la fase oral, el asunto fue asignado nuevamente
al Sr. Vadapalas en calidad de Juez ponente, y fue designada la Juez Sra. Jürimäe para completar la Sala, en aplicación del
artículo 32, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento.
Mediante auto de 8 de julio de 2010, el Tribunal (Sala Sexta), en su nueva composición, ordenó la reapertura de la fase oral
y se informó a las partes de que serían oídas en una nueva vista el 22 de septiembre de 2010.
Mediante sendos escritos de 16 y 19 de julio de 2010, la República Italiana y el CESE informaron, respectivamente, al Tribunal
de que renunciaban a ser oídos de nuevo.
En consecuencia, el Presidente de la Sala Sexta declaró terminada la fase oral.
La República Italiana, apoyada por el Reino de España, solicita al Tribunal que anule la convocatoria de vacante controvertida
y su corrección de errores.
Además, el Reino de España solicita al Tribunal que condene en costas al CESE.
El CESE solicita al Tribunal que:
–        Declare la inadmisibilidad del recurso y/o lo desestime por infundado.
–        Condene en costas a la República Italiana.

Fundamentos de Derecho
1.
Sobre la admisibilidad
Sin proponer una excepción de inadmisibilidad con arreglo al artículo 114 del Reglamento de Procedimiento, el CESE rechaza
la admisibilidad del presente recurso, interpuesto con arreglo al artículo 230 CE.

Alegaciones de las partes
El CESE alega que sus actos no proceden de ninguna de las instituciones mencionadas en el artículo 230 CE, párrafo primero,
e invoca la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 2005, España/Eurojust (C‑160/03, Rec. p. I‑2077, apartados
35 a 44). Según el CESE, de la motivación de dicha sentencia se desprende, en esencia, que no sólo se declaró la inadmisibilidad
del recurso porque Eurojust no figuraba entre las instituciones antes mencionadas, sino también debido a la propia naturaleza
de los actos impugnados, a saber, convocatorias de candidaturas, que no figuran entre los actos a los que se refiere el artículo
230 CE.
La República Italiana rechaza, en esencia, la falta de legitimación pasiva del CESE con arreglo al artículo 230 CE.

Apreciación del Tribunal
Con carácter preliminar, procede observar que el CESE no figura entre las instituciones contempladas por el artículo 230 CE,
párrafo primero. No obstante, esta constatación no se opone a que el Tribunal controle la legalidad de sus actos.
En efecto, tal como el Tribunal declaró, en particular, en sus sentencias de 8 de octubre de 2008, Sogelma/AER (T‑411/06,
Rec. p. II‑2771, apartado 36), y de 2 de marzo de 2010, Evropaïki Dynamiki/EMSA (T‑70/05, Rec. p. I‑0000, apartado 64), remitiéndose
a la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 1986, Les Verts/Parlamento, denominada «Les Verts» (294/83, Rec.
p. 1339), la Comunidad Europea es una comunidad de Derecho y el Tratado ha establecido un sistema completo de vías de recurso
y de procedimientos destinado a encomendar al Tribunal de Justicia el control de legalidad de los actos de las instituciones.
El sistema del Tratado consiste en abrir un recurso directo contra todas las disposiciones adoptadas por las instituciones
que produzcan efectos jurídicos. En consecuencia, sobre estas premisas, el Tribunal de Justicia concluyó, en la sentencia
Les Verts, antes citada, que el recurso de anulación podía dirigirse contra los actos del Parlamento Europeo llamados a producir
efectos jurídicos frente a terceros, a pesar de que la disposición del Tratado relativa al recurso de anulación, en su versión
entonces en vigor, sólo citaba los actos del Consejo y de la Comisión. En efecto, según el Tribunal de Justicia, una interpretación
de dicho artículo en el sentido de que los actos del Parlamento quedan excluidos de aquellos que pueden ser impugnados conduciría
a un resultado contrario al espíritu del Tratado, como expresado en el artículo 164 del Tratado CE (actualmente artículo 220 CE),
y a su lógica interna (véase, en este sentido, la sentencia Les Verts, antes citada, apartados 23 a 25).
De la referida sentencia cabe deducir el principio general de que es preciso que cualquier acto adoptado por un órgano de
la Unión, como el CESE, destinado a producir efectos jurídicos frente a terceros, pueda ser objeto de control judicial (véase,
por analogía, la sentencia Evropaïki Dynamiki/EMSA, antes citada, apartado 65).
Es cierto que la sentencia Les Verts, antes citada, sólo menciona las instituciones comunitarias y el CESE, tal como se ha
señalado en el apartado 29
supra,
no forma parte de las instituciones mencionadas en el artículo 230 CE. Sin embargo, procede señalar que un órgano como el CESE
dispone de competencia para adoptar convocatorias de vacantes como la controvertida en el caso de autos. Pues bien, tales
actos, al definir los requisitos para el acceso al puesto, determinan las candidaturas que pueden tenerse en cuenta, por lo
que constituyen actos lesivos para los potenciales candidatos que ven su candidatura excluida como consecuencia de dichos
requisitos (sentencias del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 1975, Küster/Parlamento, 79/74, Rec. p. 725, apartados 5
a 8, y de 11 de mayo de 1978, De Roubaix/Comisión, 25/77, Rec. p. 1081, apartados 7 a 9; sentencia del Tribunal de 20 de noviembre
de 2008, Italia/Comisión, T‑185/05, Rec. p. II‑3207, apartado 55). Por tanto, debe señalarse que la situación del CESE, órgano
legitimado para adoptar actos, como los controvertidos en el caso de autos, que producen efectos jurídicos frente a terceros,
es comparable a la del Parlamento en el asunto que dio lugar a la sentencia Les Verts, antes citada. En una comunidad de Derecho
resulta inaceptable que tales actos escapen a todo control jurisdiccional (véase, por analogía, la sentencia Evropaïki Dynamiki/EMSA,
antes citada, apartado 66, y la jurisprudencia citada).
De ello se deduce que la convocatoria de vacante controvertida adoptada por el CESE, y destinada a producir efectos jurídicos
frente a todos los candidatos cuya candidatura no resulte elegida con arreglo a los requisitos exigidos, constituye un acto
impugnable.
Esta conclusión no se ve desvirtuada por la sentencia España/Eurojust, antes citada, evocada por el CESE, en la que se declaró
la inadmisibilidad de un recurso de anulación basado en el artículo 230 CE frente a las convocatorias de puestos de agentes
temporales, dado que el Tribunal de Justicia señaló en dicha sentencia que el artículo 41 UE, aplicable al caso, no establece
que el artículo 230 CE sea aplicable a las disposiciones relativas a la cooperación policial y judicial en materia penal que
figuran en el título VI del Tratado sobre la Unión Europea, en el que se enmarca Eurojust, puesto que la competencia del Tribunal
de Justicia en este ámbito está mencionada expresamente en el artículo 35 UE, al que remite el artículo 46 UE, letra b) (sentencia
España/Eurojust, antes citada, apartado 38).
Por tanto, la admisibilidad del presente recurso se deduce del artículo 230 CE, párrafo primero, interpretado a la luz de
la sentencia Les Verts, antes citada (apartados 23 a 25), y de la sentencia Sogelma/AER, antes citada (apartados 36 y 37).
2.
Sobre el fondo
En apoyo del presente recurso, la República Italiana invoca, en esencia, la vulneración de los artículos 1, 4, 5 y 6 del Reglamento
nº 1, de los artículos 12 CE, 253 CE y 290 CE, del artículo 6 UE, del artículo 1, apartados 2 y 3, del anexo III del Estatuto,
del artículo 22 de la Carta, del artículo 12 del RAA, de los principios de no discriminación, de multilingüismo y de protección
de la confianza legítima, así como desviación de poder.
En primer lugar, el Tribunal examinará la cuestión de si el CESE tiene competencia para fijar el régimen lingüístico de la
convocatoria de vacante controvertida con arreglo al artículo 290 CE. En segundo lugar, se examinará la cuestión de si el CESE,
al establecer el citado régimen, infringió los artículos 1, 4, 5 y 6 del Reglamento nº 1. En tercer lugar, se examinará la
cuestión de si la publicación íntegra en el Diario Oficial de la convocatoria de vacante controvertida únicamente en tres
lenguas así como la indicación en la convocatoria de vacante controvertida de un buen conocimiento del inglés y/o del francés
entre las cualificaciones necesarias son contrarias a los principios de no discriminación y de multilingüismo. En caso de
respuesta negativa a esta cuestión se examinarán, en cuarto lugar, las alegaciones de vulneración del principio de protección
de la confianza legítima, de desviación de poder y de falta de motivación.

Sobre la infracción del artículo 290 CE
Alegaciones de las partes
La República Italiana estima que el CESE sustituyó al Consejo para fijar el régimen lingüístico de la convocatoria de vacante
controvertida, infringiendo el artículo 290 CE, pese a que debería haber seguido simplemente el régimen fijado por el Consejo
en el Reglamento nº 1. Por otro lado, ninguna de las normas que regulan el CESE le atribuye competencias en materia lingüística.
El Reino de España apoya las alegaciones de la República Italiana sobre la falta de competencia del CESE para modificar el
régimen lingüístico consagrado por el artículo 290 CE.
El CESE no discute el hecho de que sólo el Consejo puede adoptar los actos que definen el régimen lingüístico de la Comunidad,
de conformidad con el artículo 290 CE. No obstante, el CESE expone que el Consejo, con arreglo al artículo 6 del Reglamento
nº 1, ha dejado a las instituciones un margen para sus necesidades internas, del que el CESE ha hecho uso para la publicación
de la convocatoria de vacante controvertida.
Apreciación del Tribunal
El Reglamento nº 1, por el que se fija el régimen lingüístico de las instituciones, fue adoptado por el Consejo con arreglo
al artículo 290 CE. El artículo 6 del citado Reglamento permite expresamente a las instituciones determinar las modalidades
de aplicación del régimen lingüístico en sus reglamentos internos, competencia en cuyo ejercicio, por lo demás, debe reconocerles
cierta autonomía funcional para garantizar su buen funcionamiento (véanse las conclusiones del Abogado General Poiares Maduro
en el asunto en el que se dictó la sentencia España/Eurojust, antes citada, Rec. p. I‑2079, apartado 48 y la jurisprudencia
citada).
Habida cuenta de lo anterior, procede concluir que la convocatoria de vacante controvertida no infringe el artículo 290 CE,
sino que se adoptó conforme a la competencia reconocida a las instituciones y órganos comunitarios por el artículo 6 del Reglamento
nº 1.
De ello se deduce que procede desestimar el motivo basado en la infracción del artículo 290 CE.

Sobre la infracción de los artículos 1, 4, 5 y 6 del Reglamento nº 1
Alegaciones de las partes
En primer lugar, la República Italiana alega que la publicación en el Diario Oficial de la convocatoria de vacante controvertida
únicamente en alemán, en inglés y en francés es contrario a los artículos 4 y 5 del Reglamento nº 1. En efecto, los actos
de alcance general, como una convocatoria de vacante, deben redactarse en todas las lenguas oficiales, de conformidad con
el artículo 4 del Reglamento nº 1 y, por tanto, publicarse en el Diario Oficial en todas las lenguas oficiales, con arreglo
al artículo 5 del Reglamento nº 1.
La expresión «textos de alcance general» utilizada en el artículo 4 del Reglamento nº 1 excluye que esta disposición haga
referencia exclusivamente a los actos normativos. Por tanto, el Reglamento nº 1 establece que toda manifestación de voluntad
de las instituciones que pueda interesar a un conjunto de ciudadanos de la Unión se publique en el Diario Oficial en todas
las lenguas oficiales. Pues bien, una convocatoria de vacante es un acto con estas características.
Asimismo, la República Italiana observa que el artículo 1, apartados 2 y 3, del anexo III del Estatuto, que regula el lugar
de publicación del anuncio de concurso y el plazo para presentar candidaturas para un concurso, no aporta ningún dato sobre
las lenguas en que debe publicarse el anuncio. Por el contrario, el artículo 4 del Reglamento nº 1 establece que los Reglamentos
y demás textos de alcance general deben redactarse en todas las lenguas oficiales.
En segundo lugar, la República Italiana alega que la indicación en la convocatoria de vacante controvertida de únicamente
dos lenguas como lenguas de trabajo del CESE es contraria al artículo 1 del Reglamento nº 1, según el cual todas las lenguas
nacionales de los Estados miembros tienen la condición de lengua oficial y de lengua de trabajo. Además, esta limitación introduce
una jerarquía entre las lenguas de los Estados miembros contraria a este artículo.
Esta limitación tampoco está justificada por el artículo 6 del Reglamento nº 1. Es cierto que dicha disposición permite a
las instituciones determinar las modalidades de aplicación del régimen lingüístico en sus reglamentos internos. No obstante,
esta facultad sólo se refiere al funcionamiento interno de las instituciones y no al desarrollo de los concursos externos
dirigidos a seleccionar al personal que trabajará al servicio de las instituciones. Además, hasta la fecha, ninguna institución
ha adoptado reglamentos que prevean el uso de lenguas específicas en su interior, menos aún el uso del alemán, del inglés
o del francés, la única excepción está prevista para el Tribunal de Justicia que es objeto deliberadamente de una mención
especial en el artículo 7 del Reglamento nº 1.
El Reino de España considera que el artículo 6 del Reglamento nº 1 permite a las instituciones determinar las modalidades
de aplicación del régimen lingüístico comunitario en sus reglamentos internos. Pero, añade, en primer lugar, que no existen
normas escritas que indiquen que el alemán, el inglés y el francés sean las lenguas de trabajo internas. En segundo lugar,
la convocatoria de vacante controvertida no está destinada únicamente al personal de las instituciones. En tercer lugar, existe
una jurisprudencia del Tribunal de Justicia que prohíbe el establecimiento de prioridades entre las lenguas (sentencia del
Tribunal de Justicia de 2 de abril de 1998, EMU Tabac y otros, C‑296/95, Rec. p. I‑1605, apartado 36).
El CESE rebate las alegaciones de la República Italiana.
Apreciación del Tribunal
Los artículos 1, 4 y 5 del Reglamento nº 1, invocados por la demandante, no se aplican a las relaciones entre las instituciones
y sus funcionarios y agentes, dado que únicamente fijan el régimen lingüístico aplicable entre las instituciones y un Estado
miembro o una persona sujeta a la jurisdicción de algún Estado miembro (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal
de 5 de octubre de 2005, Rasmussen/Comisión, T‑203/03, RecFP pp. I‑A‑279 y II‑1287, apartado 60, e Italia/Comisión, antes
citada, apartado 117). Lo mismo es válido, por tanto, respecto a las relaciones entre los órganos, como el CESE, y los funcionarios
y otros agentes de las Comunidades.
En efecto, los funcionarios y los otros agentes de las Comunidades, así como los candidatos a tales puestos, se encuentran
únicamente sujetos a la jurisdicción de las Comunidades por lo que respecta a la aplicación de las disposiciones del Estatuto,
incluidas las relativas a la selección del personal en el seno de una institución (véanse, por analogía, las sentencias del
Tribunal de 7 de febrero de 2001, Bonaiti Brighina/Comisión, T‑118/99, RecFP pp. I‑A‑25 y II‑97, apartado 13, e Italia/Comisión,
antes citada, apartado 118).
La equiparación a los funcionarios y otros agentes de las Comunidades de los candidatos a tales puestos, en lo que respecta
al régimen lingüístico aplicable, se justifica por el hecho de que la relación de estos candidatos y la institución de que
se trate se inicia con el único fin de obtener un puesto de funcionario o agente, para el que se requieren determinados conocimientos
lingüísticos, que pueden exigirse en las disposiciones comunitarias aplicables para la provisión del puesto en cuestión (véase,
por analogía, la sentencia Italia/Comisión, antes citada, apartado 119).
De lo anterior se deduce que los artículos 1, 4 y 5 del Reglamento nº 1 no se aplican a la convocatoria de vacante controvertida.
El artículo 6 del Reglamento nº 1 permite expresamente a las instituciones determinar las modalidades de aplicación del régimen
lingüístico en sus reglamentos internos. Por tanto, es responsabilidad de las instituciones elegir la lengua de comunicación
interna, dado que cada institución tiene la facultad de imponerla a sus agentes y a aquellos que reivindican esta condición
(véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Poiares Maduro en el asunto en que se dictó la sentencia España/Eurojust,
antes citada, punto 46). La elección de la lengua de publicación externa de un anuncio de vacante es también responsabilidad
de las instituciones (véase, en este sentido, la sentencia Italia/Comisión, antes citada, apartado 122).
En consecuencia, debe desestimarse la alegación de que el CESE utilizó una facultad que no le reconoce el artículo 6 del Reglamento
nº 1.
De todo lo anterior se desprende que debe desestimarse el motivo basado en la infracción de los artículos 1, 4, 5 y 6 del
Reglamento nº 1.

Sobre la vulneración de los principios de no discriminación y de multilingüismo
Alegaciones de las partes
En primer lugar, la República Italiana estima que la publicación en el Diario Oficial de la convocatoria de vacante controvertida
en tres lenguas no permitió a todos los ciudadanos de la Unión tener conocimiento de su existencia en condiciones de igualdad,
según el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad sentado por el artículo 12 CE. En efecto, se confiere
una ventaja competitiva a los ciudadanos de lengua alemana, inglesa o francesa, en relación con todos los demás ciudadanos
de la Unión. Esta publicación constituye también una vulneración del principio de multilingüismo consagrado en el artículo
6 UE, apartado 3, y en el artículo 2 de la Carta, porque todo ciudadano de la Unión tiene derecho a ser informado, en su propia
lengua, de los actos comunitarios que afectan a sus derechos, máxime teniendo en cuenta que lee el Diario Oficial en su lengua
materna.
La República Italiana sostiene que importa poco que numerosos ciudadanos de la Unión no pertenecientes a los Estados miembros
de lengua alemana, inglesa o francesa, y, en particular, nacionales italianos, hayan postulado al puesto de Secretario General
del CESE teniendo conocimiento de la vacante de tal puesto mediante el anuncio sucinto publicado en el Diario Oficial el mismo
día que la convocatoria de vacante controvertida en las demás lenguas oficiales. Se trata de un concurso de circunstancias
completamente fortuita que no elimina la discriminación.
Asimismo, se discrimina por razón de la nacionalidad respecto al plazo de presentación de candidaturas al puesto de Secretario
General del CESE. En efecto, aun cuando los candidatos de lengua alemana, inglesa o francesa disponían de un plazo de un mes
a partir de la publicación en el Diario Oficial de la convocatoria de vacante controvertida, los demás candidatos disponían
de un plazo más corto, porque tuvieron conocimiento del anuncio tras haber leído el anuncio sucinto publicado en el Diario
Oficial en su lengua materna, que remite, para la lectura íntegra del texto de la convocatoria de vacante controvertida, a
las versiones alemana, inglesa y francesa del Diario Oficial.
La República Italiana añade que la publicación en el Diario Oficial de la convocatoria de vacante controvertida únicamente
en tres lenguas es contraria al propio tenor del artículo 1, apartados 2 y 3, del anexo III del Estatuto, del artículo 12
del RAA y del artículo 72, apartado 2, del Reglamento interno del CESE.
La República Italiana afirma que la necesidad de un buen conocimiento del inglés o del francés conduce así a una discriminación
flagrante frente a las otras lenguas, lo que es contrario a los principios de no discriminación y de multilingüismo. Asimismo,
esta exigencia discrimina también manifiestamente en perjuicio de todos los nacionales que conozcan, además de su propia lengua,
una segunda e incluso una tercera, una cuarta y una quinta lengua oficial entre las que no se encuentren ni el inglés ni el
francés.
Por otro lado, la República Italiana sostiene que un anuncio de concurso o un anuncio de vacante es un texto cuyo contenido
es exclusivamente jurídico, por lo que el candidato se hace una idea de sus propios derechos y obligaciones en relación con
un acto importante, como la participación en un concurso de selección en las instituciones. Por ello, los candidatos que tengan
un conocimiento profundo del alemán, del inglés o del francés tienen ventaja respecto a la lectura de un anuncio publicado
de manera íntegra en el Diario Oficial en estas tres lenguas, en relación con cualquier otro candidato que no tenga un excelente
conocimiento de una de estas tres lenguas.
El Reino de España se une a la alegación de la República Italiana según la cual la publicación en el Diario Oficial de la
convocatoria de vacante controvertida únicamente en tres lenguas infringe el artículo 12 CE y añade que este tipo de publicación
selectiva introduciría un precedente muy grave si se aplicase en otros ámbitos, porque provocaría que únicamente tres versiones
lingüísticas del Diario Oficial fuesen fiables y completas.
El CESE recuerda que corresponde a la República Italiana demostrar que la publicación en el Diario Oficial de la convocatoria
de vacante controvertida únicamente en tres lenguas haya impedido a todos los ciudadanos de la Unión tomar conocimiento de
la existencia del anuncio en condiciones de igualdad o de no discriminación y señala que no se ha aducido ningún elemento
fáctico respecto a ese supuesto obstáculo.
El hecho de que numerosos ciudadanos de la Unión que no pertenecen a los Estados miembros de lengua alemana, inglesa o francesa
hayan postulado al puesto de Secretario General del CESE no es el resultado del concurso de circunstancias, sino que se explica
por la publicación en el Diario Oficial en todas las lenguas oficiales del anuncio sucinto que hace mención de la publicación
de la convocatoria de vacante controvertida.
El CESE considera que no está fundada la alegación de la República Italiana según la cual los candidatos cuya «primera lengua»
no es el alemán, el inglés o el francés disponen de un plazo más corto de aquel del que disponen los candidatos germanófonos,
anglófonos o francófonos y son así objeto de una diferencia de trato injustificada. Cualquier candidato potencial que hubiera
tenido conocimiento de la convocatoria de vacante controvertida por medio del anuncio sucinto publicado en el Diario Oficial
en su lengua materna habría podido obtener rápidamente la versión íntegra de la convocatoria de vacante controvertida. Las
personas eventualmente interesadas son personas calificadas que han adquirido una experiencia de larga duración como funcionarios
o agentes en las instituciones y que, por ello, disponen de todos los instrumentos necesarios para obtener fácilmente una
versión lingüística determinada del Diario Oficial.
El CESE rechaza también la alegación de la República Italiana de que la limitación al inglés y al francés llevaría a una discriminación
respecto a las otras lenguas oficiales. En primer lugar, el inglés y el francés son, con el alemán, las lenguas de trabajo
más utilizadas en las instituciones desde hace más de 35 años. En segundo lugar, los candidatos a los que se dirige en particular
la convocatoria de vacante controvertida son funcionarios o agentes de las Comunidades que tengan una larga experiencia de
trabajo a un alto nivel dentro de las instituciones y de las agencias comunitarias y, por tanto, pueden perfectamente comprender
la convocatoria de vacante controvertida en sus mínimos detalles y, por consiguiente, estar plenamente informados de su contenido
preciso.
Apreciación del Tribunal
–       Observaciones preliminares
Procede observar que el presente motivo se divide en dos partes. En la primera parte, el Tribunal debe pronunciarse, en esencia,
sobre si la publicación en el Diario Oficial de la convocatoria de vacante controvertida únicamente en tres lenguas, a saber,
el alemán, el inglés y el francés, es conforme a los principios de no discriminación y de multilingüismo. En la segunda parte,
el Tribunal tiene que pronunciarse sobre la conformidad con los principios de no discriminación y de multilingüismo de la
indicación, en la convocatoria de vacante controvertida, de un buen conocimiento del inglés y/o del francés entre las cualificaciones
«muy deseables», y no, como invoca la demandante, entre las cualificaciones «exigidas».
–       Sobre la primera parte relativa a la publicación selectiva en el Diario Oficial de la convocatoria de vacante controvertida
En primer lugar, debe señalarse que no hay ninguna disposición ni ningún principio de Derecho comunitario que imponga que
anuncios de vacante, como el controvertido en el presente caso, se publiquen sistemáticamente en el Diario Oficial en todas
las lenguas oficiales (véase, por analogía, la sentencia Italia/Comisión, antes citada, apartado 115).
Es cierto que el puesto que debe cubrirse, al que se refiere la convocatoria de vacante controvertida, puede interesar a candidatos
procedentes de todos los Estados miembros. Sin embargo, según lo declarado por el Tribunal de Justicia, las numerosas referencias
del Tratado CE al uso de las lenguas no pueden considerarse la expresión de un principio general del Derecho comunitario que
garantice a todo ciudadano el derecho a que se redacte en su lengua todo lo que pueda afectar a sus intereses, sean cuales
fueren las circunstancias (sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 2003, Kik/OAMI, C‑361/01 P, Rec. p. I‑8283,
apartado 82, y sentencia Italia/Comisión, antes citada, apartado 116).
En segundo lugar, debe señalarse que, si bien la Administración está legitimada para adoptar las medidas que considere adecuadas
para regular los diversos aspectos del procedimiento de selección del personal, estas medidas no pueden suponer que se discrimine
entre los candidatos a un puesto determinado por razones basadas en la lengua (véase, por analogía, sentencia Italia/Comisión,
antes citada, apartado 127).
En efecto, el artículo 12, apartado 1, del RAA se opone a que la institución exija a los candidatos a un puesto de agente
temporal un conocimiento perfecto de una lengua oficial en concreto, cuando este requisito lingüístico tenga por efecto reservar
este puesto a personas de una nacionalidad determinada y no se justifique por razones relacionadas con el funcionamiento del
servicio (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de marzo de 1964, Lassalle/Parlamento, 15/63, Rec.
pp. 57 y ss., especialmente pp. 73 y 74, y sentencia Italia/Comisión, antes citada, apartado 129).
De ello se desprende que si el CESE decide publicar en el Diario Oficial el texto íntegro de un anuncio de vacante para un
puesto de Secretario General en ciertas lenguas, al objeto de evitar una discriminación basada en la lengua entre los candidatos
potencialmente interesados por dicho anuncio, debe adoptar medidas adecuadas para informar a todos ellos de la existencia
del anuncio de vacante de que se trate y de las ediciones en las que se publica su versión íntegra (véase, por analogía, la
sentencia Italia/Comisión, antes citada, apartado 130).
Siempre que se cumpla este requisito, la publicación en el Diario Oficial de un anuncio de vacante en un número restringido
de lenguas no puede suponer una discriminación entre los diferentes candidatos, si consta que éstos poseen un dominio suficiente
de al menos una de estas lenguas que les permita tomar conocimiento efectivo del contenido del anuncio (véase, por analogía,
la sentencia Italia/Comisión, antes citada, apartado 131).
A este respecto, debe recordarse la jurisprudencia conforme a la cual el hecho de que los documentos que la Administración
dirija a uno de sus funcionarios estén redactados en una lengua que no sea la lengua materna de dicho funcionario o la primera
lengua extranjera que éste haya escogido no supone una vulneración de sus derechos, si posee un dominio de la lengua utilizada
por la Administración que le permita efectiva y fácilmente tomar conocimiento del contenido de los documentos en cuestión.
Esta conclusión también es válida cuando se trata de la convocatoria de vacante controvertida (véase, por analogía, la sentencia
Italia/Comisión, antes citada, apartado 132 y la jurisprudencia citada).
De este modo, cuando las necesidades del servicio o del puesto lo exijan, la institución de que se trate puede legítimamente
especificar las lenguas para las que se requiere un conocimiento en profundidad o un conocimiento satisfactorio (véase, a
contrario, la sentencia Lassalle/Parlamento, antes citada, pp. 73 y 74; véanse también las conclusiones presentadas por el
Abogado General Lagrange en el asunto sobre el que recayó dicha sentencia, Rec. pp. 77 y ss., especialmente p. 94). En este
último caso, la circunstancia de que el texto del anuncio de vacante de que se trate esté disponible tan sólo en dichas lenguas
no produce una discriminación entre los candidatos, dado que todos ellos deben dominar al menos una de ellas.
Por el contrario, la publicación en el Diario Oficial del texto de la convocatoria de vacante controvertida únicamente en
ciertas lenguas oficiales, cuando se admita la presentación de candidaturas por personas que sólo tengan conocimientos de
otras lenguas oficiales, puede conducir a una discriminación en perjuicio de este último grupo de candidatos potenciales,
de no verse completada con otras medidas que les permitan tomar conocimiento efectivo del contenido de dicho anuncio (véase,
por analogía, la sentencia Italia/Comisión, antes citada, apartado 135).
En efecto, en este supuesto, los candidatos en cuestión se encuentran en una posición menos ventajosa en comparación con el
resto de los candidatos, puesto que no pueden tomar conocimiento efectivo de las cualificaciones exigidas en el anuncio de
vacante ni de los requisitos y reglas del procedimiento de selección. Este conocimiento es presupuesto necesario para la presentación
óptima de su candidatura, con el objeto de maximizar sus opciones a ser seleccionados para el puesto de que se trate (véase,
por analogía, la sentencia Italia/Comisión, antes citada, apartado 136).
En el presente caso, de las disposiciones del punto 3 de la convocatoria de vacante controvertida, tal como se citan en el
apartado 7 anterior, resulta que el conocimiento del inglés y/o del francés es únicamente «muy deseable», y no exigido. Candidatos
potenciales para el puesto de Secretario General del CESE, que dominen en profundidad una lengua oficial y de manera excelente
al menos otras dos lenguas oficiales, que no sean una de las tres lenguas de publicación, podían, por tanto, participar, y
de este modo habrían podido postular al citado puesto, si el anuncio de vacante se hubiera publicado en una lengua que ellos
conocieran y si hubieran conocido la existencia del puesto que debía cubrirse.
Además, los candidatos, aun cuando tengan un conocimiento satisfactorio del alemán, del inglés o del francés, no consultan
necesariamente las ediciones del Diario Oficial en una de estas tres lenguas, sino que lo consultan en su lengua materna (sentencia
Italia/Comisión, antes citada, apartado 148).
Por tanto, existe un considerable riesgo de que los candidatos potencialmente interesados por la convocatoria de vacante controvertida
hayan consultado sólo los anuncios publicados en todas las lenguas oficiales, es decir, el anuncio sucinto del 28 de diciembre
de 2007, que únicamente hace mención de la publicación en el Diario Oficial de la convocatoria de vacante controvertida, y
el anuncio de corrección de errores de la convocatoria de vacante controvertida de 30 de enero de 2008, que solamente indica
que se había modificado la convocatoria de vacante controvertida.
No puede considerarse que estos dos anuncios, que no contienen ninguna indicación importante, como la duración y la posibilidad
de renovar el mandato del puesto que debe cubrirse, los requisitos de admisión, las cualificaciones y la experiencia profesional
necesarias, la forma de selección y la fecha límite de presentación de candidaturas, sean suficientes para informar a los
posibles candidatos del contenido de la convocatoria de vacante controvertida. Pues bien, como se indicó en el apartado 79
anterior, este conocimiento es presupuesto necesario para la presentación óptima de su candidatura.

A fortiori,
los candidatos que no conocían ni el alemán, ni el inglés, ni el francés, pero que tenían no obstante los conocimientos lingüísticos
necesarios, nunca habrían podido tomar conocimiento del texto íntegro de la convocatoria de vacante controvertida.
De todo lo anterior resulta que la publicación de la convocatoria de vacante controvertida, únicamente en las ediciones alemana,
inglesa y francesa del Diario Oficial, constituye una discriminación basada en la lengua entre los candidatos potenciales,
contraria al artículo 12 CE.
Además, el CESE también infringió indirectamente el artículo 12 del RAA, por cuanto la publicación de la convocatoria de vacante
controvertida únicamente en las lenguas alemana, inglesa y francesa puede favorecer, en los procedimientos de selección como
agente temporal de un Secretario General, a los candidatos de ciertas nacionalidades, en concreto a los originarios de los
países donde se hablan dichas lenguas como lengua materna, y perjudicar, al menos, a una parte de los candidatos nacionales
de los demás Estados miembros (véase, por analogía, la sentencia Italia/Comisión, antes citada, apartado 150).
A la luz de estas consideraciones, procede estimar la primera parte del presente motivo.
Por consiguiente, debe anularse la convocatoria de vacante controvertida, publicado en el Diario Oficial únicamente en las
ediciones alemana, inglesa y francesa, sin que sea necesario analizar la segunda parte del presente motivo, ni los demás motivos
invocados por la República Italiana.

Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por otro lado, conforme al artículo 87, apartado 4, párrafo primero, de dicho
Reglamento, los Estados miembros que intervengan como coadyuvantes en el litigio soportarán sus propias costas.
En el presente asunto, han sido desestimados los motivos formulados por el CESE. Sin embargo, la República Italiana no ha
formulado pretensión alguna en relación con las costas. En tales circunstancias, procede resolver que cada parte cargue con
sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
decide:
1)
Anular la convocatoria para proveer la plaza vacante nº 73/07 relativa a un puesto de Secretario General en la Secretaría
del Comité Económico y Social Europeo (CESE), publicado el 28 de diciembre de 2007, en su versión rectificada el 30 de enero
de 2008.
2)
Cada parte cargará con sus propias costas.
Vadapalas
Jürimäe
Truchot
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 31 de marzo de 2011.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: italiano.