CELEX: 62009CJ0509
Reglamento (CE) nº 44/2001
Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
Competencia “en materia delictual o cuasidelictual”
Directiva 2000/31/CE
Publicación de información en Internet
Lesión de los derechos de la personalidad
Lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso
Derecho aplicable a los servicios de la sociedad de la información

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 5, número 3, del Reglamento (CE) nº 44/2001
del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento») y del artículo 3, apartados 1
y 2, de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos
jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior
(Directiva sobre el comercio electrónico) (DO L 178, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).
Dichas peticiones se plantearon en el marco de sendos litigios entre, por una parte, X y la sociedad eDate Advertising GmbH
(en lo sucesivo, «eDate Advertising») y, por otra, los Sres. Olivier y Robert Martinez y la Sociedad MGN Limited (en lo sucesivo,
«MGN»), en relación con la responsabilidad civil de esas demandadas por cierta información y unas fotografías publicadas en
Internet.

Marco jurídico

El Reglamento
El undécimo considerando del Reglamento enuncia:
«Las reglas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio
de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado y esta competencia debe regir siempre, excepto
en algunos casos muy concretos en los que la materia en litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de vinculación.
Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las
reglas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción.»
A tenor del artículo 2, apartado 1, del Reglamento, incluido en el capítulo II («Competencia») de éste, sección 1, titulada
«Disposiciones generales»:
«Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual
fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.»
El artículo 3, apartado 1, del mismo Reglamento dispone:
«Las personas domiciliadas en un Estado miembro sólo podrán ser demandadas ante los tribunales de otro Estado miembro en virtud
de las reglas establecidas en las secciones 2 a 7 del presente capítulo.»
El artículo 5, número 3, incluido en el capítulo II, sección 2, titulada «Competencias especiales», tiene el siguiente tenor:
«Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro:
[…]
3.      En materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho
dañoso.»

Directiva
La cuarta frase del vigésimo segundo considerando de la Directiva tiene la siguiente redacción:
«además y con el fin de garantizar de forma eficaz la libre circulación de servicios y la seguridad jurídica para los prestadores
de servicios y sus destinatarios, en principio estos servicios deben estar sujetos al régimen jurídico del Estado miembro
en que está establecido el prestador de servicios».
El vigésimo tercer considerando de la Directiva enuncia:
«No es objetivo de la presente Directiva fijar normas adicionales de Derecho internacional privado relativas a conflictos
entre legislaciones y no afecta a la jurisdicción de los tribunales de justicia. Las disposiciones de la legislación aplicable
determinada por las normas del Derecho internacional privado no podrán restringir la libre prestación de servicios de la sociedad
de la información tal como se enuncia en la presente Directiva».
El vigésimo quinto considerando de la Directiva precisa:
«Los tribunales nacionales, incluidos los tribunales civiles, que conocen de controversias de Derecho privado pueden adoptar
medidas que establecen excepciones a la libertad de prestar servicios en el marco de la sociedad de la información de conformidad
con las condiciones establecidas en la presente Directiva.»
Con arreglo a su artículo 1, apartado 1, el objetivo de la Directiva es «contribuir al correcto funcionamiento del mercado
interior garantizando la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información entre los Estados miembros».
El artículo 1, apartado 4, de la Directiva tiene el siguiente tenor:
«La presente Directiva no establece normas adicionales de Derecho internacional privado ni afecta a la jurisdicción de los
tribunales de justicia.»
En virtud del artículo 2, letra h), inciso i), de la Directiva:
«El ámbito coordinado se refiere a los requisitos que debe cumplir el prestador de servicios en relación con:
–        el inicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la información, como los requisitos relativos a cualificaciones,
autorizaciones o notificaciones,
–        el ejercicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la información, como los requisitos relativos al comportamiento
del prestador de servicios, los requisitos en relación con la calidad o el contenido del servicio, incluidos los aplicables
a publicidad y contratos, o los requisitos relativos a la responsabilidad del prestador de servicios.»
El artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva dispone:
«1.      Todo Estado miembro velará por que los servicios de la sociedad de la información facilitados por un prestador de servicios
establecido en su territorio respeten las disposiciones nacionales aplicables en dicho Estado miembro que formen parte del
ámbito coordinado.
2.      Los Estados miembros no podrán restringir la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la información de otro
Estado miembro por razones inherentes al ámbito coordinado.»
El artículo 3, apartado 4, de la Directiva precisa las condiciones que deben cumplirse para que los Estados miembros puedan
tomar medidas que constituyan excepciones al apartado 2 respecto de un determinado servicio de la sociedad de la información.

Litigios principales y cuestiones prejudiciales

Asunto C‑509/09
X, que reside en Alemania, fue condenado junto con su hermano en 1993 por un órgano jurisdiccional alemán a cadena perpetua
por el asesinato de un conocido actor. En enero de 2008 obtuvo la libertad condicional.
La sociedad eDate Advertising, radicada en Austria, gestiona un portal de Internet disponible en la dirección www.rainbow.at.
Bajo la rúbrica Info-News, la demandada mantuvo accesible hasta el 18 de junio de 2007, para su consulta, una información
con fecha de 23 de agosto de 1999. Haciendo mención de los nombres de X y de su hermano, esta página informaba sobre el recurso
de amparo interpuesto por ambos ante el Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional Federal) en Karlsruhe (Alemania)
contra la sentencia condenatoria. Además de una breve descripción de los hechos delictivos acaecidos en 1990, se citaba al
abogado designado por los condenados, que había declarado que querían probar que varios testigos principales de la acusación
habían cometido falso testimonio durante el proceso.
X exigió a eDate Advertising que dejase de publicar la información mencionada y emitiese una declaración comprometiéndose
a no publicarla en el futuro. eDate Advertising no contestó al escrito pero retiró de su sitio de Internet la información
controvertida el 18 de junio de 2007.
Mediante su demanda ante los tribunales alemanes, X interpuso una acción de cesación contra eDate Advertising con el fin de
que ésta dejara de informar sobre los hechos cometidos mencionando su persona con el nombre completo. Por su parte, ésta negó
principalmente la competencia judicial internacional de los órganos jurisdiccionales alemanes. Al haber sido estimada la demanda
en las dos instancias inferiores, eDate Advertising reiteró ante el Bundesgerichtshof su pretensión de desestimación de la
demanda.
El Bundesgerichtshof señala que la solución de ese recurso está supeditada a la cuestión de si las instancias inferiores admitieron,
acertadamente, su competencia internacional para pronunciarse sobre el litigio con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5,
número 3, del Reglamento.
Si se demuestra que los órganos jurisdiccionales alemanes son competentes, entonces se plantea la cuestión de si es aplicable
el Derecho alemán o el Derecho austriaco. Ello dependerá de la interpretación que se haga del artículo 3, apartados 1 y 2,
de la Directiva.
Por una parte, el principio del país de origen puede constituir un correctivo a las normas materiales. El resultado de fondo,
previsto por el Derecho declarado aplicable según las normas de conflicto de leyes del Estado del foro, puede resultar, en
el caso concreto, modificado en su tenor y quedar sujeto a los requisitos menos rigurosos del Derecho del país de origen.
Según esta interpretación, el principio del país de origen no afecta a las normas nacionales de conflicto de leyes del Estado
del foro y únicamente entraría en juego, al igual que en el caso de las libertades fundamentales enunciadas en el Tratado CE,
tras llevarse a cabo un balance comparativo concreto costes/beneficios desde el punto de vista del Derecho material.
Por otra parte, el artículo 3 de la Directiva puede instituir un principio general en materia de normas de conflicto de leyes
que implica que se aplique únicamente el Derecho en vigor en el país de origen, excluyendo las normas nacionales de conflicto
de leyes.
El Bundesgerichtshof indica que si se considerara el principio del país de origen como un obstáculo a la aplicación del Derecho
desde el punto de vista material, sería aplicable el Derecho internacional privado alemán y debería anularse la resolución
judicial impugnada y desestimar definitivamente el recurso, ya que no sería admisible un derecho de cesación basado en el
Derecho alemán. En cambio, si se atribuyera al principio del país de origen el carácter de una norma de conflicto de leyes,
sería necesario apreciar el derecho de cesación de X según el Derecho austriaco.
En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes
cuestiones prejudiciales:
«1)      En caso de (riesgo de) vulneración de los derechos de la personalidad a través del contenido de un sitio de Internet, ¿debe
interpretarse la expresión “lugar […] donde pudiere producirse el hecho dañoso” contenida en el artículo 5, número 3, del
Reglamento […], en el sentido de que
el afectado puede entablar una acción inhibitoria contra el gestor del sitio de Internet también ante los órganos jurisdiccionales
de cada Estado miembro desde el que puede accederse al sitio de Internet, cualquiera que sea el Estado miembro de establecimiento
del gestor,
o
la competencia de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro en el que el gestor del sitio de Internet no tenga su
establecimiento está supeditada a la existencia de una vinculación especial del contenido controvertido o del sitio de Internet
con el Estado del foro que vaya más allá de la mera posibilidad técnica de acceso al sitio de Internet?
2)      En caso de que se exija dicha vinculación con el Estado del foro,
¿Qué criterios determinan dicha vinculación?
¿Depende ésta de que el sitio de Internet al que se refiere la acción inhibitoria esté dirigido, por haberlo querido así el
gestor del mismo, (también) a los usuarios de Internet en el Estado del foro, o es suficiente que la información accesible
en el sitio de Internet presente una vinculación objetiva con el Estado del foro, en el sentido de que, a la luz de las circunstancias
del caso concreto, en especial del contenido del sitio de Internet controvertido, se haya producido o pueda producirse en
el Estado del foro una colisión de los intereses concurrentes, a saber, el interés del demandante en el respeto de sus derechos
de la personalidad y el interés del gestor en el diseño de su sitio de Internet y en la cobertura informativa?
¿Es decisivo para determinar la vinculación con el Estado del foro el número de consultas realizadas desde dicho Estado al
sitio de Internet controvertido?
3)      Si la atribución de la competencia no requiere un vínculo especial con el Estado del foro o si dicho vínculo se presume cuando
la información controvertida presenta una vinculación objetiva con el Estado del foro, en el sentido de que, a la luz de las
circunstancias del caso concreto, en especial del contenido del sitio de Internet controvertido, se ha producido o puede producirse
en dicho Estado una colisión de los intereses concurrentes, y la presunción de dicha vinculación no exija la constancia de
un número mínimo de consultas realizadas desde el Estado del foro al sitio de Internet controvertido,
¿debe interpretarse el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva […] en el sentido de que:
debe atribuirse a las disposiciones mencionadas el carácter de normas de conflicto que prevalecen sobre las normas nacionales
de conflicto también en el ámbito del Derecho civil que determinan la aplicación exclusiva del Derecho del país de origen,
o,
dichas disposiciones constituyen un correctivo del Derecho material aplicable a través del cual se modifica el contenido del
Derecho aplicable designado por las normas nacionales de conflicto y se reduce a las exigencias del Derecho del Estado de
origen?
Si el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva sobre el comercio electrónico tienen el carácter de normas de conflicto:
¿Determinan dichas disposiciones únicamente la aplicación exclusiva de la ley material del Derecho del país de origen o también
la aplicación de sus normas nacionales de conflicto por lo que no se excluye un posible reenvío del Derecho del Estado de
origen al Derecho del Estado del foro?»

Asunto C‑161/10
Ante el tribunal de grande instance de Paris, el actor francés Olivier Martinez y su padre, Robert Martinez, denuncian intromisiones
en su vida privada y violaciones del derecho a la propia imagen de Olivier Martinez caracterizadas por la publicación en el
sitio de Internet al que puede accederse en la dirección «www.sundaymirror.co.uk» de un texto redactado en lengua inglesa,
con fecha de 3 de febrero de 2008 y titulado, según la traducción francesa no discutida en la vista, «Kylie Minogue est de
nouveau avec Olivier Martinez» [«Kylie Minogue está otra vez con Olivier Martinez»], con detalles sobre su encuentro.
Sobre la base del artículo 9 del code civil francés, que establece que «todos tienen derecho a que se respete su vida privada»,
la acción se entabla contra la sociedad inglesa MGN, editora del sitio de Internet del periódico británico
Sunday Mirror
. Esta sociedad plantea la excepción de falta de competencia del tribunal de grande instance de Paris al no haber una vinculación
suficiente entre la publicación en Internet controvertida y el daño alegado en territorio francés, mientras que los actores
sostienen, por el contrario, que no es necesario que exista tal vinculación y que, en cualquier caso, existe.
El órgano jurisdiccional remitente señala que sólo puede considerarse que un hecho dañoso que se origina en Internet se ha
producido en el territorio de un Estado miembro si existe una vinculación suficiente, sustancial o significativa que le une
a dicho territorio.
El órgano jurisdiccional remitente considera que la solución de la cuestión de la competencia del tribunal de un Estado miembro
para conocer de una violación de los derechos de la personalidad cometida en Internet, desde un sitio gestionado por una persona
domiciliada en otro Estado miembro y destinado fundamentalmente al público de ese otro Estado, no resulta con claridad del
tenor de los artículos 2 y 5, número 3, del Reglamento.
En estas circunstancias, el tribunal de grande instance de Paris decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal
de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Deben interpretarse los artículos 2 y 5[, número 3,] del Reglamento […] en el sentido de que otorgan a un órgano jurisdiccional
de un Estado miembro competencia para conocer de una acción ejercitada invocando una lesión de los derechos de la personalidad
que puede haber sido cometida al publicar información y fotografías en un sitio de Internet editado en otro Estado miembro
por una sociedad domiciliada en ese segundo Estado o en otro Estado miembro, en cualquier caso distinto del primero:
–        sin otro requisito que el de que dicho sitio de Internet pueda consultarse desde el primer Estado, o bien
–        únicamente cuando exista una vinculación suficiente, sustancial o significativa entre el hecho dañoso y el territorio del
primer Estado? En este segundo caso, ¿puede deducirse dicha vinculación:
–        de la importancia de las conexiones a la página controvertida desde el primer Estado miembro, medida en valor absoluto o en
proporción al total de conexiones a dicha página,
–        de la residencia, o incluso de la nacionalidad, de la persona que denuncia la lesión de sus derechos de la personalidad o,
en términos más generales, de las personas afectadas,
–        de la lengua en que se difunde la información controvertida o de cualquier otra circunstancia que pueda demostrar la voluntad
del editor del sitio de Internet de dirigirse específicamente al público del primer Estado,
–        del lugar en el que se desarrollaron los hechos mencionados y en el que se tomaron las fotos eventualmente publicadas,
–        de otros criterios?»
Mediante auto de 29 de octubre de 2010, el Presidente del Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 43 del Reglamento
de Procedimiento del Tribunal de Justicia, decidió acumular los asuntos C‑509/09 y C‑161/10 a efectos de la fase oral y de
la sentencia.

Sobre la admisibilidad
El Gobierno italiano considera que debe declararse la inadmisibilidad de las cuestiones planteadas en el asunto C‑509/09 por
carecer de pertinencia para el litigio principal. La acción de cesación constituye un instrumento jurisdiccional de urgencia
y, por lo tanto, presupone la actualidad del comportamiento dañoso. Sin embargo, de la presentación de los hechos del caso
de autos resulta que el comportamiento considerado dañoso ya no tenía carácter actual en el momento en que se entabló la acción
de cesación, dado que el administrador del sitio ya había retirado la información controvertida antes de iniciarse el procedimiento.
Procede recordar a este respecto que, según jurisprudencia reiterada, en el marco de un procedimiento con arreglo al artículo
267 TFUE, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión
jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión
prejudicial para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente,
cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en
principio, obligado a pronunciarse (véase la sentencia de 17 de febrero de 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09, Rec. p. I‑0000,
apartado 15 y jurisprudencia citada).
La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional
nacional sólo es posible, en efecto, cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene
relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, en particular cuando el problema es de naturaleza hipotética
(véase la sentencia TeliaSonera Sverige, antes citada, apartado 16).
Pues bien, no parece que, en el litigio principal, la acción de cesación haya quedado sin objeto por el hecho de que el administrador
del sitio ya había retirado la información controvertida antes de que se iniciara el procedimiento. En efecto, como se recuerda
en el apartado 18 de la presente sentencia, el recurso interpuesto a través de la acción de cesación fue estimado en las dos
instancias inferiores.
En cualquier caso, el Tribunal de Justicia ya ha señalado que, en vista de su tenor, el artículo 5, número 3, del Reglamento
no presupone la existencia actual de un perjuicio (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de octubre de 2002, Henkel, C‑167/00,
Rec. p. I‑8111, apartados 48 y 49). De lo antedicho resulta que una acción dirigida a evitar que se reproduzca un comportamiento
considerado ilícito se halla comprendida en el ámbito de dicha disposición.
En tales circunstancias, ha de considerarse que la petición de decisión prejudicial es admisible.

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre la interpretación del artículo 5, número 3, del Reglamento
Mediante las dos primeras cuestiones en el asunto C‑509/09 y la cuestión única en el asunto C‑161/10, que deben ser examinadas
conjuntamente, los órganos jurisdiccionales remitentes preguntan, en esencia, al Tribunal de Justicia cómo debe interpretarse
la expresión «lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso», utilizada en el artículo 5, número 3,
del Reglamento, en el caso de que se alegue una lesión de los derechos de la personalidad mediante los contenidos publicados
en un sitio de Internet.
Para responder a estas cuestiones debe recordarse, por una parte, que, según reiterada jurisprudencia, las disposiciones del
Reglamento deben interpretarse de manera autónoma, remitiéndose a su sistema y a sus objetivos (véase, en particular, la sentencia
de 16 de julio de 2009, Zuid-Chemie, C‑189/08, Rec. p. I‑6917, apartado 17 y jurisprudencia citada).
Por otra parte, en la medida en que el Reglamento sustituyó, en las relaciones entre los Estados miembros, al Convenio de
27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y
mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), en su versión modificada por
los posteriores convenios de adhesión de los nuevos Estados miembros a este convenio (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»),
la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en relación con las disposiciones de dicho convenio es igualmente válida
para las del citado Reglamento, cuando las normas de estos instrumentos comunitarios puedan calificarse de equivalentes (sentencia
Zuid-Chemie, antes citada, apartado 18).
Según reiterada jurisprudencia, la regla de competencia especial establecida, como excepción al principio de la competencia
de los órganos jurisdiccionales del domicilio del demandado, en el artículo 5, número 3, del Reglamento se basa en la existencia
de una conexión particularmente estrecha entre la controversia y el órgano jurisdiccional del lugar en que se ha producido
el hecho dañoso, que justifica una atribución de competencia a dicho órgano jurisdiccional por razones de buena administración
de la justicia y de una sustanciación adecuada del proceso (véase la sentencia Zuid-Chemie, antes citada, apartado 24 y jurisprudencia
citada).
Debe recordarse que la expresión «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» se refiere al mismo tiempo al lugar del
hecho causal y al lugar donde se ha producido el daño. Esos dos lugares pueden constituir una conexión relevante desde el
punto de vista de la competencia judicial, dado que cada uno de ellos puede, según las circunstancias, proporcionar una indicación
particularmente útil desde el punto de vista de la prueba y de la sustanciación del proceso (sentencia de 7 de marzo de 1995,
Shevill y otros, C‑68/93, Rec. p. I‑415, apartados 20 y 21).
En cuanto a la aplicación de esos dos criterios de conexión a acciones dirigidas a reparar el daño inmaterial supuestamente
causado por una publicación difamatoria, el Tribunal de Justicia consideró que, en caso de difamación a través de un artículo
de prensa difundido en varios Estados contratantes, la víctima puede entablar contra el editor una acción de reparación, bien
ante los órganos jurisdiccionales del Estado contratante del lugar de establecimiento del editor de la publicación difamatoria,
competentes para reparar la integridad de los daños derivados de la difamación, bien ante los órganos jurisdiccionales de
cada Estado contratante en que la publicación haya sido difundida y en que la víctima alegue haber sufrido un ataque contra
su reputación, competentes para conocer únicamente de los daños causados en el Estado del órgano jurisdiccional al que se
haya acudido (sentencia Shevill y otros, antes citada, apartado 33).
A este respecto, el Tribunal de Justicia precisó igualmente que, si bien es cierto que la limitación de la competencia de
los órganos jurisdiccionales del Estado de difusión únicamente a los daños causados en el Estado del foro presenta inconvenientes,
no obstante, el demandante siempre puede plantear todas sus pretensiones bien ante el órgano jurisdiccional del domicilio
del demandado, bien ante el del lugar del establecimiento del editor de la publicación difamatoria (sentencia Shevill y otros,
antes citada, apartado 32).
Como recuerda el Abogado General en el punto 39 de sus conclusiones, esas consideraciones pueden aplicarse asimismo a otros
medios y soportes de comunicación y cubrir una amplia gama de violaciones de los derechos de la personalidad conocidas por
los diferentes sistemas jurídicos, como las alegadas por los demandantes en el litigio principal.
Sin embargo, como alegaron tanto los órganos jurisdiccionales remitentes como la mayoría de las partes y de los interesados
que presentaron observaciones ante el Tribunal de Justicia, la publicación de contenidos en un sitio de Internet se distingue
de la difusión territorial a través de un medio de comunicación impreso en que aquélla persigue, en principio, la ubicuidad
de los citados contenidos. Éstos pueden ser consultados instantáneamente por un número indefinido de usuarios de Internet
en todo el mundo, con independencia de cualquier intención de su emisor relativa a su consulta más allá de su Estado miembro
de residencia y fuera de su control.
Por lo tanto, parece que Internet reduce la utilidad del criterio relativo a la difusión, en la medida en que el alcance de
la difusión de contenidos publicados en ella es, en principio, universal. Además, no siempre es posible, desde el punto de
vista técnico, cuantificar esa difusión con certeza y fiabilidad en relación con un Estado miembro particular ni, por lo tanto,
evaluar el daño exclusivamente causado en ese Estado miembro.
Las dificultades de la aplicación, en el contexto de Internet, del citado criterio del lugar donde se ha producido el daño,
consagrado en la sentencia Shevill y otros, antes citada, contrasta, como el Abogado General señaló en el punto 56 de sus
conclusiones, con la gravedad de la lesión que puede sufrir el titular de un derecho de la personalidad que observa que un
contenido que lesiona ese derecho está disponible en cualquier punto del planeta.
Por lo tanto, procede adaptar los criterios de conexión recordados en el apartado 42 de la presente sentencia en el sentido
de que la víctima de una lesión de un derecho de la personalidad a través de Internet puede acudir, en función del lugar en
el que haya producido el daño causado en la Unión Europea por dicha lesión, a un fuero por la totalidad de ese daño. Habida
cuenta de que la repercusión de un contenido publicado en Internet sobre los derechos de la personalidad de una persona puede
ser apreciada mejor por el órgano jurisdiccional del lugar en el que la supuesta víctima tiene su centro de intereses, la
atribución de competencia a dicha órgano jurisdiccional corresponde al objetivo de una buena administración de la justicia,
recordado en el apartado 40 de la presente sentencia.
Por lo general, el lugar en el que una persona tiene su centro de intereses corresponde a su residencia habitual. Sin embargo,
una persona puede tener su centro de intereses también en un Estado miembro en el que no resida habitualmente, en la medida
en que otros indicios, como el ejercicio de una actividad profesional, permitan establecer la existencia de un vínculo particularmente
estrecho con ese Estado miembro.
La competencia del órgano jurisdiccional del lugar en el que la presunta víctima tiene su centro de intereses es conforme
con el objetivo de la previsibilidad de las normas de competencia (véase la sentencia de 12 de mayo de 2011, BVG, C‑144/10,
Rec. p. I‑0000, apartado 33) también con respecto al demandado, dado que el emisor de un contenido lesivo puede, en el momento
de la publicación en Internet de ese contenido, conocer los centros de intereses de las personas que son objeto de éste. Por
lo tanto, procede considerar que el criterio del centro de intereses permite, al mismo tiempo, al demandante determinar fácilmente
el órgano jurisdiccional ante el cual puede ejercitar una acción y al demandado prever razonablemente ante qué órgano jurisdiccional
puede ser demandado (véase la sentencia de 23 de abril de 2009, Falco Privatstiftung y Rabitsch, C‑533/07, Rec. p. I‑3327,
apartado 22 y jurisprudencia citada).
Por otra parte, en vez de una acción basada en la responsabilidad por la totalidad del daño, el criterio del lugar donde se
ha producido éste, consagrado en la sentencia Shevill y otros, antes citada, otorga competencia a los órganos jurisdiccionales
de cada Estado miembro en cuyo territorio un contenido publicado en Internet sea, o haya sido, accesible. Dichos órganos son
competentes para conocer únicamente del daño causado en el territorio del Estado miembro de la jurisdicción a la que se haya
acudido.
Por consiguiente, procede responder a las dos primeras cuestiones en el asunto C‑509/09 y a la cuestión única en el asunto
C‑161/10 que el artículo 5, número 3, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que, en caso de que se alegue una
lesión de los derechos de la personalidad mediante el contenido publicado en un sitio de Internet, la persona que se considera
lesionada puede ejercitar una acción de responsabilidad por la totalidad del daño causado, bien ante los órganos jurisdiccionales
del Estado miembro del lugar de establecimiento del emisor de esos contenidos, bien ante los órganos jurisdiccionales del
Estado miembro en el que se encuentra su centro de intereses. Esa persona puede también, en vez de ejercitar una acción de
responsabilidad por la totalidad del daño causado, ejercitar su acción ante los tribunales de cada Estado miembro en cuyo
territorio el contenido publicado en Internet sea, o haya sido, accesible. Dichos órganos son competentes únicamente para
conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro del órgano jurisdiccional al que se haya acudido.

Sobre la interpretación del artículo 3 de la Directiva
Mediante su tercera cuestión en el asunto C‑509/09, el Bundesgerichtshof pregunta si las disposiciones del artículo 3, apartados
1 y 2, de la Directiva tienen el carácter de normas de conflicto de leyes en el sentido de que prescriben también en el ámbito
del Derecho civil la aplicación exclusiva para los servicios de la sociedad de la información del Derecho en vigor en el país
de origen, excluyendo las normas nacionales de conflicto de leyes, o si constituyen un correctivo al Derecho declarado aplicable
según las normas nacionales de conflicto de leyes para modificar su tenor con arreglo a las exigencias del país de origen.
Es preciso analizar esas disposiciones teniendo en cuenta no sólo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos
por la normativa de la que forman parte (véanse las sentencias de 19 de septiembre de 2000, Alemania/Comisión, C‑156/98, Rec.
p. I‑6857, apartado 50; de 7 de diciembre de 2006, SGAE, C‑306/05, Rec. p. I‑1519, apartado 34, y de 7 de octubre de 2010,
Lassal, C‑162/09, Rec. p. I‑0000, apartado 49).
En este sentido, la parte dispositiva de un acto de la Unión no puede disociarse de su motivación, por lo que, si es necesario,
debe interpretarse teniendo en cuenta los motivos que han llevado a su adopción (sentencias de 29 de abril de 2004, Italia/Comisión,
C‑298/00 P, Rec. p. I‑4087, apartado 97 y jurisprudencia citada, y Lassal, antes citada, apartado 50).
La Directiva, adoptada sobre la base de los artículos 47 CE, apartado 2, 55 CE y 95 CE, tiene por objeto, según su artículo
1, apartado 1, contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior garantizando la libre circulación de los servicios
de la sociedad de la información entre los Estados miembros. Su quinto considerando enumera, como obstáculos jurídicos al
buen funcionamiento del mercado interior en ese ámbito, la disparidad de legislaciones, así como la inseguridad jurídica de
los regímenes nacionales aplicables a estos servicios.
Ahora bien, en relación con la mayoría de los aspectos del comercio electrónico, la Directiva no se propone la armonización
de las normas materiales, sino que define un «ámbito coordinado» en cuyo marco el mecanismo del artículo 3 debe permitir,
según el considerando vigésimo segundo de dicha Directiva, someter los servicios de la sociedad de la información en principio
al régimen jurídico del Estado miembro en el que está establecido el prestador del servicio.
A este respecto, procede señalar, por un lado, que el régimen jurídico del Estado miembro de establecimiento del prestador
de servicios comprende el ámbito del Derecho civil, lo que resulta, en particular, del considerando vigésimo quinto de la
Directiva así como del hecho de que el anexo de ésta enumere los derechos y las obligaciones de carácter civil a los que el
mecanismo del artículo 3 no se aplica. Por otro lado, la aplicación de éste a los prestadores de servicios está prevista expresamente
en el artículo 2, letra h), inciso i), segundo guión, de la Directiva.
La lectura del artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva a la luz de las disposiciones y de los objetivos antes mencionados
demuestra que el mecanismo previsto por la Directiva prescribe, también en Derecho civil, el respeto de las exigencias del
Derecho material en vigor en el país de establecimiento del prestador del servicio. En efecto, a falta de disposiciones vinculantes
de armonización adoptadas a escala de la Unión Europea, únicamente el reconocimiento del carácter vinculante del régimen nacional
al que el legislador decidió que quedaran sujetos los prestadores y sus servicios puede garantizar el pleno efecto de la libre
prestación de dichos servicios. El artículo 3, apartado 4, de la Directiva viene a corroborar esa interpretación toda vez
que precisa las condiciones en las que los Estados miembros pueden establecer excepciones al apartado 2 de ese artículo, condiciones
que deben considerarse exhaustivas.
Pues bien, la interpretación del artículo 3 de la Directiva debe igualmente tener en cuenta su artículo 1, apartado 4, según
el cual ésta no establece normas adicionales de Derecho internacional privado relativas a los conflictos de leyes.
A este respecto, es preciso señalar, por una parte, que una interpretación de la norma del mercado interior consagrada por
el artículo 3, apartado 1, de la Directiva, en el sentido de que lleva a la aplicación del Derecho material en vigor en el
Estado miembro de establecimiento, no determina su calificación de norma de Derecho internacional privado. En efecto, ese
apartado impone principalmente a los Estados miembros la obligación de velar por que los servicios de la sociedad de la información
suministrados por un prestador de servicios establecido en su territorio respeten las disposiciones nacionales aplicables
en dichos Estados miembros y que formen parte del ámbito coordinado. La imposición de esa obligación no presenta las características
de una norma de conflicto de leyes, destinada a zanjar un conflicto específico entre varios Derechos que deben ser aplicados.
Por otra parte, el artículo 3, apartado 2, de la Directiva contiene una prohibición para los Estados miembros de restringir
la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la información de otro Estado miembro por razones inherentes al ámbito
coordinado. En cambio, del artículo 1, apartado 4, de la Directiva, en relación con el considerando vigésimo tercero de ésta,
se desprende que los Estados miembros de acogida son en principio libres para designar, con arreglo a su Derecho internacional
privado, las normas materiales aplicables siempre que no resulte una restricción de la libre prestación de los servicios del
comercio electrónico.
De lo antedicho se deduce que el artículo 3, apartado 2, de la Directiva no impone una transposición que revista la forma
de norma específica de conflicto de leyes.
No obstante, lo dispuesto en el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva debe interpretarse de modo que se garantice que
el enfoque de coordinación seguido por el legislador de la Unión permita efectivamente asegurar la libre circulación de los
servicios de la sociedad de la información entre los Estados miembros.
En este sentido, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha señalado que las disposiciones imperativas de una directiva
necesarias para alcanzar los objetivos del mercado interior deben poder aplicarse aun cuando se haya elegido una ley divergente
(véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de noviembre de 2000, Ingmar, C‑381/98, Rec. p. I‑9305, apartado 25, y de 23
de marzo de 2006, Honyvem Informazioni Commerciali, C‑465/04, Rec. p. I‑2879, apartado 23).
Pues bien, por lo que se refiere al mecanismo previsto en el artículo 3 de la Directiva, procede considerar que la sujeción
de los servicios del comercio electrónico al régimen jurídico del Estado miembro de establecimiento de sus prestadores con
arreglo al artículo 3, apartado 1, no permitiría garantizar plenamente la libre circulación de esos servicios si los prestadores
debieran, en definitiva, cumplir, en el Estado miembro de acogida, requisitos más estrictos que los que les son aplicables
en su Estado miembro de establecimiento.
De las consideraciones antes expuestas resulta que el artículo 3 se opone, sin perjuicio de las excepciones permitidas con
arreglo a los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva, a que el prestador de un servicio de
comercio electrónico esté sujeto a requisitos más estrictos que los previstos por el Derecho material en vigor en el Estado
miembro de establecimiento de dicho prestador.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión en el asunto C‑509/09 que el artículo
3 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que no impone una transposición que revista la forma de norma específica
de conflicto de leyes. Sin embargo, por lo que se refiere al ámbito coordinado, los Estados miembros deben garantizar que,
sin perjuicio de las excepciones permitidas con arreglo a los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 4, de la
Directiva, el prestador de un servicio de comercio electrónico no esté sujeto a requisitos más estrictos que los previstos
por el Derecho material en vigor en el Estado miembro de establecimiento de dicho prestador.

Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
1)
El artículo 5, número 3, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en
el sentido de que, en caso de que se alegue una lesión de los derechos de la personalidad mediante el contenido publicado
en un sitio de Internet, la persona que se considera lesionada puede ejercitar una acción de responsabilidad por la totalidad
del daño causado, bien ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del lugar de establecimiento del emisor de esos
contenidos, bien ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se encuentra su centro de intereses. Esa persona
puede también, en vez de ejercitar una acción de responsabilidad por la totalidad del daño causado, ejercitar su acción ante
los tribunales de cada Estado miembro en cuyo territorio el contenido publicado en Internet sea, o haya sido, accesible. Dichos
órganos son competentes únicamente para conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro del órgano jurisdiccional
al que se haya acudido.
2)
El artículo 3 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados
aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado
interior (Directiva sobre el comercio electrónico), debe interpretarse en el sentido de que no impone una transposición que
revista la forma de norma específica de conflicto de leyes. Sin embargo, por lo que se refiere al ámbito coordinado, los Estados
miembros deben garantizar que, sin perjuicio de las excepciones permitidas con arreglo a los requisitos establecidos en el
artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2000/31, el prestador de un servicio de comercio electrónico no esté sujeto a requisitos
más estrictos que los previstos por el Derecho material en vigor en el Estado miembro de establecimiento de dicho prestador.
Firmas
*
Lenguas de procedimiento: alemán y francés.