CELEX: 62006TJ0196
Competencia
Prácticas colusorias
Peróxido de hidrógeno y perborato sódico
Decisión que declara una infracción del artículo 81 CE
Imputabilidad del comportamiento infractor
Obligación de motivación

Hechos que originaron el litigio
La demandante, Edison SpA (anteriormente Montedison SpA), es una sociedad italiana que, hasta el 20 de diciembre de 2000,
controló a través de Montecatini SpA el 100 % del capital de Ausimont SpA, fabricante de peróxido de hidrógeno (en lo sucesivo,
«PH») y de perborato sódico (en lo sucesivo, «PBS»).
Entre el mes de diciembre de 2000 y el mes de mayo de 2002, Ausimont estaba controlada mayoritariamente por la demandante.
En mayo de 2002 Ausimont fue vendida al grupo de Solvay SA y a partir del 1 de enero de 2003 pasó a ser Solvay Solexis SpA.
En noviembre de 2002, Degussa AG informó a la Comisión de las Comunidades Europeas de la existencia de un cártel en los mercados
del PH y del PBS y solicitó la aplicación de la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas
y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3).
Degussa presentó ante la Comisión pruebas materiales que permitieron a ésta llevar a cabo registros en los locales de algunas
empresas el 25 y el 26 de marzo de 2003.
El 26 de enero de 2005 la Comisión remitió un pliego de cargos a la demandante y a las demás empresas implicadas.
Tras la audiencia a las empresas implicadas, la Comisión adoptó la Decisión C(2006) 1766 final, de 3 de mayo de 2006, relativa
a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y con el artículo 53 del Acuerdo EEE contra Akzo Nobel NV, Akzo
Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa, la demandante, FMC Corp., FMC Foret SA, Kemira Oyj, L’Air liquide SA,
Chemoxal SA, SNIA SpA, Caffaro Srl, Solvay, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA y Arkema SA (asunto COMP/F/38.620
– Peróxido de hidrógeno y perborato) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), cuyo resumen fue publicado en el
Diario oficial de la Unión Europea
de 13 de diciembre de 2006 (DO L 353, p. 54). La mencionada Decisión fue notificada a la demandante mediante escrito de 8
de mayo de 2006.

Decisión impugnada
En la Decisión impugnada, la Comisión indicó que los destinatarios de ésta habían participado en una infracción única y continua
de los artículos 81 CE y 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), en relación con el PH y su producto derivado,
el PBS (considerando 2 de la Decisión impugnada).
La infracción declarada consistió principalmente en que los competidores intercambiaron información importante desde el punto
de vista comercial e información confidencial sobre los mercados y las empresas, limitaron y controlaron la producción y sus
capacidades potenciales y reales, asignaron cuotas de mercado y clientes y fijaron y supervisaron objetivos de precios.
La demandante fue considerada responsable de la infracción «conjunta y solidariamente» con Solvay Solexis (considerando 423
de la Decisión impugnada).
A efectos del cálculo de los importes de las multas, la Comisión aplicó la metodología expuesta en las Directrices para el
cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo
65 [CA] (DO 1998, C 9, p. 3).
La Comisión determinó el importe de base de las multas en función de la gravedad y de la duración de la infracción (considerando
452 de la Decisión impugnada), que había sido calificada de muy grave (considerando 457 de la Decisión impugnada).
En virtud del trato diferenciado, la demandante y Solvay Solexis fueron clasificadas en la tercera y penúltima categoría,
a la que corresponde un importe de partida de 20 millones de euros (considerandos 460 a 462 de la Decisión impugnada).
Con el fin de garantizar un efecto disuasorio suficiente, se aplicó un coeficiente multiplicador del 1,5 a dicho importe de
partida, habida cuenta del elevado volumen de negocios de la demandante. Al haber sido cedida Solvay Solexis a otra empresa,
el mencionado coeficiente no se aplicó a su multa (considerando 463 de la Decisión impugnada).
Dado que, según la Comisión, la demandante había participado en la infracción del 12 de mayo de 1995 al 31 de diciembre de
2000, es decir, durante un período de cinco años y siete meses, el importe de su multa se incrementó en un 55 % en atención
a la duración (considerando 467 de la Decisión impugnada).
En atención a las circunstancias agravantes, la Comisión incrementó en un 50 % el importe de la multa impuesta a la demandante,
habida cuenta de la reincidencia respecto de la infracción declarada en la Decisión 94/599/CE de la Comisión, de 27 de julio
de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo [81 CE] (asunto 31.865 – PVC) (DO L 239, p. 14) (considerandos
469 y 496 de la Decisión impugnada).
Con arreglo al artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a
la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1), la Comisión
redujo el importe de la multa impuesta solidariamente a Solvay Solexis a un importe que representaba el 10 % de su volumen
de negocios global en 2005 (considerando 498 de la Decisión impugnada).
El artículo 1, letras e) y n), de la Decisión impugnada dispone que la demandante y Solvay Solexis infringieron los artículos
81 CE, apartado 1 y 53 del Acuerdo EEE, al haber participado en la infracción de que se trata del 12 de mayo de 1995 al 31
de diciembre de 2000.
En el artículo 2, letra c), de la Decisión impugnada, la Comisión impuso a la demandante una multa por un importe de 58,125 millones
de euros, de la que Solvay Solexis es considerada «conjunta y solidariamente» responsable por un valor de 25,619 millones
de euros.

Procedimiento y pretensiones de las partes
La demandante interpuso el presente recurso mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 19 de julio de 2006.
Al modificarse la composición de las Salas del Tribunal, el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Sexta y, una vez oídas las
partes, el presente asunto fue atribuido a la Sala Sexta ampliada
Por impedimento de dos miembros de la Sala ampliada para participar en la vista y la deliberación, el Presidente del Tribunal
designó a otros dos jueces para completar la Sala, con arreglo al artículo 32, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento
del Tribunal.
Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal decidió iniciar la fase oral del procedimiento. En la vista celebrada el 2
de septiembre de 2010 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal.
La demandante solicita al Tribunal que:
–        Anule la resolución impugnada en la medida en que a ella le afecte.
–        Con carácter subsidiario, anule o reduzca el importe de la multa que se le impuso.
–        Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Observaciones preliminares
Dado que la alegación de la demandante en apoyo de sus pretensiones de anulación se dirige esencialmente contra la declaración
de su responsabilidad por el comportamiento infractor de su filial, procede recordar, con carácter preliminar, la jurisprudencia
pertinente al respecto.
Según reiterada jurisprudencia, el comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando,
aunque tenga personalidad jurídica separada, esa filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado sino que
aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta concretamente los vínculos
económicos organizativos y jurídicos que unan a esas dos entidades jurídicas (véanse la sentencia del Tribunal de Justicia
de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237, apartado 58, y la jurisprudencia citada).
En efecto, en esta situación, la sociedad matriz y su filial forman parte de una misma unidad económica y, por lo tanto, integran
una única empresa en el sentido del artículo 81 CE (sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 26
supra,
apartado 59).
En el caso particular de que una sociedad matriz participe en el 100 % del capital de su filial, autora de una infracción
de las normas de Derecho de la Unión en materia de competencia, por una parte, esa sociedad matriz puede ejercer una influencia
determinante en la conducta de su filial y, por otra, existe la presunción
iuris tantum
de que dicha sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia determinante sobre el comportamiento de su filial (véanse
la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 26
supra,
apartado 60, y la jurisprudencia citada).
En estas circunstancias, basta que la Comisión pruebe que la sociedad matriz de una filial posee la totalidad del capital
de ésta para presumir que aquélla ejerce una influencia determinante sobre la política comercial de esa filial. Consecuentemente,
la Comisión podrá considerar que la sociedad matriz es responsable de la infracción de que se trata, excepto si tal sociedad
matriz, a la que corresponde destruir dicha presunción, aporta suficientes elementos probatorios para demostrar que su filial
se conduce de manera autónoma en el mercado (véanse, en este sentido, la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en
el apartado 26
supra,
apartado 61, y la jurisprudencia citada).
Para determinar si una filial decide de manera autónoma su comportamiento en el mercado deben tomarse en consideración todos
los elementos pertinentes relativos a los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a esa filial con la sociedad
matriz, los cuales pueden variar según el caso y, por lo tanto, no pueden ser objeto de una enumeración exhaustiva (sentencia
Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 26
supra,
apartado 74; véase asimismo, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 12 de diciembre de 2007, Akzo Nobel y otros/Comisión,
T‑112/05, Rec. p. II‑5049, apartado 65).
En el caso de autos, en los considerandos 370 a 379 de la Decisión impugnada la Comisión recordó que una sociedad matriz puede
ser considerada responsable del comportamiento ilegal de una filial, siempre que ésta no determine de manera autónoma su comportamiento
en el mercado. La Comisión precisó que estaba autorizada a presumir que una filial controlada al 100 % aplica esencialmente
las instrucciones recibidas de su sociedad matriz, ya que esta última puede destruir la presunción aportando prueba en contrario.
En lo tocante a la imputación del comportamiento infractor de Ausimont a la demandante, la Comisión indicó, en primer lugar,
en el considerando 416 de la Decisión impugnada, que se trataba de una filial que estaba «controlada directamente» cuando
se produjo la infracción.
En el considerando 417 de la Decisión impugnada la Comisión hizo referencia a las alegaciones esgrimidas por la demandante
para rebatir esta imputación.
En el considerando 418 de la Decisión impugnada, la Comisión señaló que, en contra de la teoría mantenida por la demandante,
el control total de la filial bastaba para establecer la responsabilidad de una sociedad matriz, ante la inexistencia de un
argumento que destruyera la presunción derivada de ello.
Seguidamente, en lo que respecta a las alegaciones esgrimidas por la demandante en apoyo de la autonomía de Ausimont, la Comisión
destacó en los considerandos 419 a 421 de la Decisión impugnada que «otros elementos [indicaban] lo contrario», haciendo referencia,
por una parte, a las condiciones de la participación de los directivos de la demandante en la reunión celebrada en marzo de
1994 con los representantes de Degussa y, por otra parte, a la identidad de un miembro del consejo de administración de Ausimont
y de Montecatini, así como a las condiciones de la reestructuración del grupo en diciembre de 2000. En el considerando 422
de la Decisión impugnada, la Comisión estimó que «otros elementos» aportados por la demandante, concretamente el hecho de
que no tuviera conocimiento del cártel, no bastaban para destruir la presunción.
Por último, la Comisión estimó que la demandante era responsable habida cuenta de su «implicación […] en las operaciones comerciales
de Ausimont» y de su participación al 100 % en el capital de esta última empresa (considerando 423 de la Decisión impugnada).
Al impugnar esta apreciación, la demandante invoca, esencialmente, tres motivos, basados, respectivamente, en la vulneración
de su derecho de defensa, en el incumplimiento de la obligación de motivación y en la infracción del artículo 81 CE.
El Tribunal considera que procede examinar en primer lugar el segundo motivo.

Sobre el supuesto incumplimiento de la obligación de motivación
Alegaciones de las partes
Mediante el segundo motivo, la demandante sostiene, por una parte, que el hecho de que participara al 100 % en el capital
de Ausimont no constituye un motivo suficiente para explicar por qué podía imputársele la responsabilidad por la infracción
de que se trata, y que la motivación de la Decisión impugnada es contradictoria e insuficiente respecto de otros dos elementos
contemplados en los considerandos 419 a 421 de dicha Decisión.
En particular, la demandante sostiene que en su respuesta de 13 de abril de 2006 proporcionó a la Comisión varios elementos
que demostraban que las condiciones de la reunión de 16 de marzo de 1994 –citada en el considerando 420 de la Decisión impugnada–
no podían servir de fundamento a su responsabilidad por la infracción de que se trata, sino que, por el contrario, confirmaban
la autonomía de su filial.
Por otra parte, la demandante alega haber presentado pruebas de la autonomía de Ausimont en su respuesta al pliego de cargos.
Sostiene que la Comisión rechazó esas pruebas por considerarlas insuficientes, sin exponer los motivos de ese rechazo. La
demandante destaca que la Decisión impugnada adolece de una falta absoluta de motivación a este respecto. En efecto, según
la demandante, la Comisión no examinó ni siquiera una sola de las cuestiones de hecho y de Derecho planteadas por la demandante
para demostrar la autonomía de Ausimont.
La demandante asegura que ante dichas pruebas la Comisión no habría podido basar sus conclusiones en un «elemento puramente
formal», como la posesión indirecta de todo el capital de Ausimont, y únicamente sobre dos circunstancias fácticas –la reunión
de 16 de marzo de 1994 y la identidad de uno de los miembros de los consejos de administración de Ausimont y de Montecatini.
Añade que las alegaciones esgrimidas por la Comisión por primera vez durante el procedimiento no pueden ser tenidas en cuenta
a este respecto.
Según la demandante, dado que la Comisión le imputó la responsabilidad sobre la base de una presunción, debería haber examinado
con especial atención las pruebas aportadas por la demandante. Aduce que, como consecuencia de su rechazo injustificado, la
citada presunción
iuris tantum
se transforma en una presunción
iuris et de iure,
que implica la responsabilidad objetiva de la demandante.
La Comisión replica que el hecho de que la demandante tuviera un control total sobre Ausimont hace nacer la presunción del
ejercicio de una influencia determinante sobre el comportamiento de dicha filial. Añade que los elementos citados en los considerandos
420 y 421 de la Decisión impugnada sirvieron como indicios adicionales de dicha influencia, que ya resultaba de la presunción
controvertida.
En cuanto al primer elemento, la Comisión mantiene que de la información aportada por Degussa y por la demandante se desprende
que ambas organizaron conjuntamente la reunión de 16 de marzo de 1994, a la que el presidente de Ausimont fue invitado «de
improviso». Aclara que su objetivo principal era tratar la posible compra por parte de Degussa de las actividades de Ausimont
en el sector de que se trata, así como el proyecto de Ausimont de construir una nueva fábrica en Bitterfeld (Alemania). La
Comisión considera que el hecho de que esta reunión fuera organizada por la demandante constituye un indicio de su influencia
sobre las actividades de Ausimont.
En contra de cuanto alega la demandante, la Comisión sostiene que de la nota de Degussa se desprende que también se examinó
el tema del sector del PH y del PBS en general. Añade que este extremo fue corroborado por el presidente de Ausimont. A pesar
de que la reunión en cuestión tuviera lugar alrededor de un año antes del inicio de la infracción, no hay razones para considerar
que no sea reveladora de las relaciones existentes entre la demandante y Ausimont durante la infracción, dado que la estructura
del grupo no sufrió modificaciones entre tanto.
Respecto del segundo elemento, la Comisión aduce que el hecho de que el presidente de Ausimont fuera miembro del consejo de
administración de Montecatini constituye un indicio de la voluntad de la demandante de garantizar la estabilidad de la cadena
de control entre ella y Ausimont.
Según la Comisión, la alegación de la demandante basada en la inexistencia de vínculos personales entre ella y Ausimont resulta
contradicha por el hecho –derivado de la respuesta de Solvay Solexis a una petición de información– de que el presidente y
un miembro del consejo de administración de la demandante fueran miembros del consejo de administración de Ausimont durante
una parte del período infractor. A pesar de que se trate de un elemento no incluido en la Decisión impugnada, la Comisión
sostiene estar autorizada a invocarlo en respuesta a la alegación de la demandante.
En cuanto a los motivos del rechazo de la prueba en contrario, la Comisión indica que su obligación de motivación no supone
la obligación de examinar todas las cuestiones de hecho y de Derecho tratadas en el procedimiento administrativo. Sostiene
que ninguna de las pruebas aportadas por la demandante en su respuesta al pliego de cargos podía demostrar la autonomía de
Ausimont.
La Comisión afirma haber motivado su Decisión de modo jurídicamente suficiente y, en particular, haber explicado sobradamente
las razones por las que rechazó los argumentos de la demandante. En particular, señala que en los considerandos 419 a 421
de la Decisión impugnada respondió a las alegaciones de la demandante según las cuales Ausimont gozaba de autonomía subrayando
a este propósito la existencia de indicios en contra, como la reunión de 16 de marzo de 1994 y la función ejercida por el
presidente de Ausimont en el consejo de administración de Montecatini.
La Comisión asegura que las pruebas aportadas por la demandante eran insuficientes en cualquier caso. El hecho de que la actividad
de una filial no constituya la actividad principal del grupo no es un indicio pertinente. Destaca que el compromiso de la
demandante en el saneamiento del grupo suponía lógicamente su implicación en las elecciones estratégicas más importantes,
precisamente para evitar que dichas elecciones pudieran perjudicar ese saneamiento. Según la Comisión, el hecho de que la
sociedad matriz no se ocupe directa o indirectamente de la gestión cotidiana de las actividades de la filial no demuestra
la autonomía de esta última. Expone que para declarar la existencia de una influencia determinante, basta que la sociedad
matriz tenga peso en las elecciones estratégicas fundamentales de la filial.
La Comisión sostiene que el control del grupo descrito por la demandante, ejercido a través de tres comités, que se reunían
cada trimestre con la dirección de sus filiales, no puede asimilarse a la actividad de gestión de acciones por un holding
puramente financiero. Además, según la declaración del presidente de Ausimont, la demandante fue informada de los «planes
y del presupuesto del grupo Ausimont», de los «objetivos generales», y de los «principios generales en materia de recursos
humanos», y se ocupó de la «cobertura de las necesidades financieras» de Ausimont para la realización de sus proyectos estratégicos
más importantes.
En opinión de la Comisión, el hecho de que, en virtud de los estatutos de la sociedad, el consejo de administración de Ausimont
gozara de un amplio poder discrecional en materia de actividades comerciales no constituía una prueba de su autonomía, particularmente
en lo que respecta a las elecciones estratégicas fundamentales. Sostiene que la demandante intervino en decisiones estratégicas
sobre los proyectos de Ausimont de abrir una nueva fábrica en Bitterfeld o una joint-venture en los Estados Unidos.
La Comisión señala que la supuesta inexistencia de indicios de injerencia en las actas de las reuniones de los consejos de
administración de la demandante o de Ausimont –que, por otra parte, no se aportaron al expediente– no es suficiente, ya que
el ejercicio de dicha influencia no tiene por qué traslucirse necesariamente en dichas actas.
Así pues, según la Comisión, aun suponiendo que la Decisión impugnada adoleciera de falta de motivación respecto del rechazo
de las alegaciones esgrimidas por la demandante en su respuesta al pliego de cargos, no sería conveniente anularla, porque
esta anulación sólo daría lugar a la adopción de una nueva decisión idéntica en cuanto al fondo (sentencia del Tribunal de
13 de diciembre de 2006, FNCBV y otros/Comisión, T‑217/03 y T‑245/03, Rec. p. II‑4987, apartado 363).
Apreciación del Tribunal
Conforme a reiterada jurisprudencia, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto
de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de
manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer
su control. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida
en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias de del artículo 253 CE debe apreciarse no sólo en
relación con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia
de que se trate (véanse la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C‑367/95 P,
Rec. p. I‑1719, apartado 63, y la jurisprudencia citada).
La Comisión no está obligada a pronunciarse sobre todas las alegaciones que los interesados aduzcan, sino que le basta con
exponer los hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una importancia esencial en el sistema de la decisión. En
particular, la Comisión no está obligada a definir su postura sobre elementos que estén manifiestamente fuera de contexto,
carezcan de significado o sean claramente secundarios (sentencia del Tribunal de 15 de junio de 2005, Corsica Ferries France/Comisión,
T‑349/03, Rec. p. II‑2197, apartado 64; véase asimismo, en este sentido, la sentencia Comisión/Sytraval y Brink’s France,
citada en el apartado 56
supra,
apartado 64).
Cuando una decisión de aplicación del artículo 81 CE afecta a varios destinatarios y plantea un problema de imputabilidad
de la infracción, como ocurre en el presente asunto, dicha decisión debe estar suficientemente motivada en lo que respecta
a cada uno de sus destinatarios, y en especial a los que, según esa decisión, deben asumir tal infracción. Así pues, respecto
de una sociedad matriz considerada responsable del comportamiento infractor de su filial, dicha decisión debe contener una
exposición detallada de los fundamentos que pudieran justificar la imputabilidad de la infracción a esta sociedad (véase,
en este sentido, la sentencia del Tribunal de 14 de mayo de 1998, SCA Holding/Comisión, T‑327/94, Rec. p. II‑1373, apartados
78 a 80).
De los considerandos 416 a 423 de la Decisión impugnada se desprende que la imputación del comportamiento infractor a la demandante
se basa en la comprobación de que aquélla ejercía efectivamente una influencia determinante sobre Ausimont, derivada de una
presunción vinculada al hecho de que controlara por entero esta filial a través de una sociedad interpuesta, presunción que,
según la Comisión, no fue destruida por la demandante.
La demandante sostiene que la Comisión no expuso en la Decisión impugnada motivos suficientes sobre la declaración de su responsabilidad,
dado que, en particular, no explicó qué razones la llevaron a rechazar las pruebas aportadas con el fin de destruir la presunción.
Procede observar que de los autos se desprende que, en su respuesta al pliego de cargos, la demandante esgrimió una alegación
específica para demostrar la autonomía de Ausimont.
En primer lugar, sostuvo haber desempeñado, en el momento en que se cometió la infracción, el papel de un holding no operativo
de un grupo extremadamente diversificado, precisando que no reanudó su actividad de productor y suministrador de electricidad
hasta el año 2002. A este respecto, presentó un resumen de las declaraciones del IVA (impuesto sobre el valor añadido) relativas
a la actividad de su propia sociedad y a la de la sociedad a través de la cual controló a Ausimont –Montecatini– durante toda
la duración de la infracción.
La demandante indicó que la actividad de holding no comportaba implicación alguna en la gestión de las filiales, y que su
control se limitaba a verificar los resultados financieros mediante auditorías internas y externas. Al efecto se apoyó en
documentos de la época en que se cometió la infracción relativos a la organización de la auditoría interna, elaborados por
su administración.
Seguidamente, alegó las condiciones particulares de la crisis financiera del grupo, señalando que toda la directiva de éste
había sido reemplazada en 1993 y que la nueva directiva había puesto en práctica un plan de para desvincularse de las actividades
no estratégicas del grupo, que se aplicaría de 1993 a 2001 y estaba destinado a reducir el desequilibrio financiero y a evitar
la quiebra. La demandante indicó que dicho plan implicaba una autonomía de gestión total de las sociedades del grupo, especialmente
de Ausimont, que operaba en un ámbito que no fue considerado esencial y cuya desvinculación estaba en curso.
En apoyo de sus alegaciones la demandante expuso los elementos del funcionamiento de su grupo, que en 1995 estaba constituido
por 932 sociedades activas en diversos sectores de la economía que habían sufrido una importante reorganización, culminada
en 2002, cuyo objetivo era concentrar las actividades en el sector de la energía.
Además, la demandante aportó varias pruebas, como el escrito dirigido a terceros por uno de sus directivos en 1995, en el
que se indicaba en particular que la «política ya entonces consolidada [era] delegar todas la gestión operativa a [algunas]
sociedades [del grupo]»; la declaración del antiguo presidente de Ausimont, que atestiguaba su autonomía en materia de política
comercial; una copia de los estatutos de Ausimont, según los cuales su consejo de administración había sido investido «de
los más amplios poderes para la gestión ordinaria y extraordinaria de la sociedad» y de la «facultad para llevar a cabo todos
los actos que juzgara oportunos para la realización de su fin social», y el acta del consejo de administración de Ausimont
de 27 de mayo de 1996, que confería a su presidente «plenos poderes y la facultad de gestión ordinaria y extraordinaria de
la sociedad».
La demandante indicó asimismo que Ausimont disponía de todas las estructuras y de todos los servicios necesarios para una
gestión autónoma, que las actas de las reuniones de su consejo de administración no contenían ningún indicio de que se hubiera
tratado de las políticas comerciales de las filiales y que en las del consejo de administración de Ausimont no se incluía
ninguna referencia a instrucciones que ésta podría haber recibido en relación con las políticas comerciales, ofreciéndose
a aportar todos estos documentos a petición de la Comisión.
Por último, la demandante hizo referencia a las declaraciones de Solvay Solexis, reproducidas en su respuesta a una solicitud
de información dirigida por la Comisión que formaba parte del expediente administrativo, de las que se desprende que en la
época de la infracción el consejo de administración de Ausimont gozaba de un amplio poder discrecional en relación con las
actividades comerciales.
La Comisión expuso la alegación esgrimida por la demandante en el considerando 417 de la Decisión impugnada.
Seguidamente, en el considerando 419 de la Decisión impugnada, destacó que los elementos expuestos en los considerandos 420
y 421 de la Decisión impugnada contradecían «la alegación invocada por [la demandante] respecto de la autonomía de [su filial]».
Por último, en el considerando 422 de la Decisión impugnada la Comisión concluyó que «otros elementos» aportados por la demandante
no eran suficientes para destruir la citada presunción.
Ha de señalarse que este razonamiento no aborda la alegación invocada por la demandante, sino que se limita a remitirse a
los indicios adicionales expuestos en los considerandos 420 y 421 de la Decisión impugnada. Por consiguiente, los motivos
antes citados de la Decisión impugnada no exponen las razones por las que la Comisión consideró que las pruebas aportadas
por la demandante no eran suficientes para destruir la citada presunción.
Asimismo, debe considerarse que, si bien la Comisión no está obligada a pronunciarse sobre todas las alegaciones aducidas
por el interesado, en particular cuando éstas estén manifiestamente fuera de contexto, carezcan de significado o sean claramente
secundarias (véase el apartado 57 anterior), en el caso de autos, en contra de cuanto sostiene la Comisión, no puede considerarse
que los elementos invocados por la demandante carezcan de significado a efectos de la apreciación de la autonomía de Ausimont.
En efecto, obsérvese que la demandante no sólo alegó el hecho de que constituía un holding que gestionaba su filial como una
simple inversión financiera, a través de una sociedad de holding interpuesta, sino que también invocó un conjunto de circunstancias
particulares que caracterizaban los vínculos existentes entre las sociedades afectadas en la época en que se cometió la infracción
de que se trata.
En particular, la demandante alegó, de manera detallada, que la nueva directiva del holding, que asumió el liderazgo del grupo
tras la crisis financiera que atravesó en 1993, adoptó medidas reorganizativas que implicaban la elección de dejar a las sociedades
del grupo una autonomía de comportamiento, habida cuenta, por una parte, de los objetivos del holding frente a la crisis y,
por otra, de la gran diversidad de las actividades del grupo.
Por otra parte, los elementos aportados por la demandante no sólo eran alegaciones, sino que contenían información detallada
sobre el funcionamiento del holding, acompañada de declaraciones de los directivos de las sociedades afectadas, de intercambios
de correspondencia con terceros y de un determinado número de documentos internos de las sociedades afectadas, pertenecientes
al período en que se cometió la infracción.
En estas circunstancias, la Comisión estaba obligada a pronunciarse sobre la alegación en contrario de la demandante, examinando
si, habida cuenta del conjunto de los elementos pertinentes relativos a los vínculos económicos, organizativos y jurídicos
entre las sociedades afectadas, la demandante había demostrado que su filial se comportaba de manera autónoma en el mercado.
La obligación de la Comisión de motivar su Decisión en este punto resulta claramente del carácter
iuris tantum
de la citada presunción, cuya destrucción exigía que la demandante aportara una prueba en relación con el conjunto de los
vínculos económicos, organizativos y jurídicos existentes entre ella, la sociedad interpuesta y la filial.
Asimismo, la mencionada falta de motivación no puede subsanarse mediante la referencia que se hace a los indicios expuestos
en los considerandos 420 y 421 de la Decisión impugnada.
Por una parte, en lo tocante a las condiciones de la participación de los representantes de la demandante en la reunión de
16 de marzo de 1994, que dio lugar, en particular, a conversaciones sobre la continuidad de un proyecto de inversión por Ausimont,
así como sobre la posible cesión de sus actividades (considerando 420 de la Decisión impugnada), procede observar que no cabe
excluir que la interferencia de la sociedad matriz en las elecciones estratégicas de la filial sea indicativa del ejercicio
de una influencia determinante.
Sin embargo, al invocar la citada reunión como prueba del ejercicio de la influencia sobre Ausimont, la Comisión no se pronunció
sobre las alegaciones en contrario presentadas por la demandante en su respuesta de 13 de abril de 2006 a la solicitud de
información que se le había dirigido el 4 de abril de 2006, es decir, menos de un mes antes de la adopción de la Decisión
impugnada.
Obsérvese a este respecto que en la mencionada respuesta la demandante había señalado –haciendo referencia en particular a
la nota de Degussa sobre la citada reunión, a la declaración de uno de sus antiguos directivos y a la de un antiguo presidente
de Ausimont– que aquellos de sus responsables que participaron en la citada reunión acababan de incorporarse a la empresa
tras un grave desequilibrio financiero, que éstos habían considerado que se trataba de una reunión de cortesía y que no eran
capaces de negociar con conocimiento de causa. La demandante alegó que, en la época en que se produjeron los hechos, su sociedad
se hallaba bajo administración «controlada» por los bancos acreedores, que se habían convertido en sus principales accionistas
y que tenían que autorizar toda inversión superior a un determinado umbral, lo que justificaba, en cualquier caso, la presencia
de los directivos del holding en las conversaciones relativas al mencionado proyecto de inversión y,
a fortiori,
en las referentes a la posible cesión de las actividades de Ausimont. Por último, la demandante había puesto de manifiesto
que la citada reunión había tenido lugar más de un año antes de que comenzara la infracción, de modo que no podía servir como
indicio directo de una influencia ejercida durante el período en que se cometió la infracción.
La Comisión no respondió a esas alegaciones, limitándose a señalar que ciertamente la demandante había «confirmado que el
interés en Ausimont era puramente financiero, pero sólo [había] presentado una declaración [del antiguo presidente de Ausimont]
que no añade nada nuevo a las pruebas para cambiar [su] convicción» (considerando 420 y nota a pie de página nº 391 de la
Decisión impugnada).
Por otra parte, en lo que atañe al elemento invocado en el considerando 421 de la Decisión impugnada –la identidad de un miembro
del consejo de Ausimont y del de Montecatini– debe destacarse que, al tratarse, como admite la Comisión en el escrito de contestación
a la demanda, de un elemento no expuesto en el pliego de cargos y sobre el que la demandante no tuvo ocasión de dar a conocer
su punto de vista durante el procedimiento administrativo, debe considerarse que no puede ser usado contra la demandante (véanse,
en este sentido, la sentencia del Tribunal de 30 de septiembre de 2003, Atlantic Container Line y otros/Comisión, T‑191/98,
T‑212/98 a T‑214/98, Rec. p. II‑3275, apartado 162, y la jurisprudencia citada). Por consiguiente, la Comisión no puede invocarlo
como motivación de la Decisión impugnada.
Por otra parte, aunque en el considerando 421 de la Decisión impugnada la Comisión también hiciera referencia a determinadas
circunstancias de la reestructuración del grupo en diciembre de 2000, ha de observarse que esos hechos se refieren esencialmente
a la cesión de Ausimont al grupo Solvay que tuvo lugar una vez finalizada la infracción. La Comisión no precisa por qué las
circunstancias que rodean esta cesión pueden representar un indicio de la influencia ejercida por la demandante sobre el comportamiento
de Ausimont en la época de la infracción.
En estas circunstancias, la referencia que hace la Comisión a los elementos expuestos en los considerandos 420 y 421 de la
Decisión impugnada no puede cuestionar la pertinencia de la alegación de la demandante basada en la autonomía de Ausimont
y, por lo tanto, no puede constituir un motivo suficiente para desechar dicha alegación.
En lo tocante a la alegación de la Comisión basada en la existencia de otros indicios de la influencia ejercida por la demandante
sobre Ausimont –como el hecho de que el presidente y un miembro del consejo de administración de la demandante fueran miembros
del consejo de administración de Ausimont durante una parte del período en que se cometió la infracción y la implicación de
la demandante en un proyecto de Ausimont relativo a una joint‑venture en los Estados Unidos–, obsérvese que esos elementos
no se expusieron en la Decisión impugnada y, por lo tanto, no pueden subsanar la motivación insuficiente de esta última.
A la vista de cuanto precede, ha de considerarse que la Comisión no adoptó una postura detallada sobre las pruebas aportadas
por la demandante con el fin de destruir la presunción derivada de su participación en el capital de Ausimont y, por lo tanto,
no motivó de modo jurídicamente suficiente su conclusión sobre la imputación de la infracción de que se trata a la demandante.
En la medida en que la Comisión sostiene en el escrito de contestación a la demanda que las pruebas en contrario invocadas
por la demandante eran insuficientes en cualquier caso para demostrar la autonomía de Ausimont, procede señalar que en la
motivación de la Decisión impugnada no figura ningún elemento que ponga de manifiesto que la Comisión examinó las citadas
pruebas, extremo que obstaculiza el control del fundamento de la Decisión impugnada en este aspecto.
Recuérdese asimismo que, en principio, la motivación debe ser notificada al interesado al mismo tiempo que la decisión lesiva,
por lo que la falta de motivación no puede quedar subsanada por el hecho de que el interesado descubra los motivos de la decisión
en el procedimiento ante los jueces de la Unión Europea (sentencias del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2005, Dansk
Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, apartado 463,y
del Tribunal General de 12 de septiembre de 2007, González y Díez/Comisión, T‑25/04, Rec. p. II‑3121, apartado 220).
Por consiguiente, la falta de motivación no puede subsanarse durante el procedimiento.
La Comisión no puede invocar válidamente a este respecto la sentencia FNCBV/Comisión (citada en el apartado 55
supra,
apartados 362 a 363), en la que el Tribunal declaró el incumplimiento de la obligación de motivación cometido por la Comisión
al determinar las multas impuestas por las infracciones al artículo 81 CE, apartado 1, al tiempo que indicaba que, en la medida
en que la solución adoptada por la citada institución debía ser confirmada en cuanto el fondo, dicho incumplimiento no llevaría
aparejada la anulación de la Decisión impugnada ni la modificación del importe de las multas.
Obsérvese que esta última apreciación, que se enmarcaba en el ejercicio de la facultad jurisdiccional plena de la que dispone
el Tribunal en materia de sanciones pecuniarias, no puede trasladarse al caso de autos, que trata del control de la legalidad
de la Decisión impugnada, en la medida en que la Comisión declaró en ella la responsabilidad de la demandante por la infracción
de que se trata.
En efecto, aunque la apreciación del carácter apropiado de la cuantía de las multas –efectuada por el Tribunal en el marco
de la facultad jurisdiccional plena– puede justificar, en determinadas circunstancias, la toma en consideración de elementos
adicionales de información, esto no se aplicable en el marco del control de la observancia de la obligación de motivación
de la decisión mediante la que se declara la infracción, ya que ésta está sometida al control de legalidad (véase, en este
sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, SCA Holding/Comisión, C‑297/98 P, Rec. p. I‑10101,
apartados 54 y 55).
A la vista de cuanto precede, debe acogerse el motivo basado en el incumplimiento de la obligación de motivación y estimarse
la pretensión de anulación de la Decisión impugnada en la medida en que afecta a la demandante.
Por consiguiente, no procede pronunciarse sobre los motivos primero y tercero.

Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimados los motivos formulados por la Comisión, procede condenarla
en costas, de conformidad con las pretensiones de la demandante.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta ampliada)
decide:
1)
Anular la Decisión C(2006) 1766 final de la Comisión, de 3 de mayo de 2006, relativa a un procedimiento de conformidad con
el artículo 81 [CE] y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.620 – Peróxido de hidrógeno y perborato), en la
medida en que afecta a Edison SpA.
2)
Condenar en costas a la Comisión Europea.
Vadapalas
Prek
Dittrich
Truchot

O’Higgins
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 16 de junio de 2011.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: italiano.