CELEX: 62011CJ0181
Recurso de casación
Competencia
Prácticas colusorias
Mercado español de compra y primera transformación del tabaco crudo
Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE
Fijación de los precios y reparto del mercado
Multas
Igualdad de trato
Límite máximo del 10 % del volumen de negocios
Cooperación
Desnaturalización de las pruebas
Error manifiesto de apreciación
Falta de motivación

Mediante su recurso de casación, la Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A. (en lo sucesivo, «Cetarsa»), solicita, con carácter
principal, en primer lugar, la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 3 de febrero de 2011,
Cetarsa/Comisión (T‑33/05; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la que dicho Tribunal desestimó su recurso de
anulación de la Decisión C(2004) 4030 final de la Comisión, de 20 de octubre de 2004, relativa a un procedimiento de aplicación
del apartado 1 del artículo 81 [CE] (asunto COMP/C.38.238/B.2 – Tabaco crudo – España) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»),
en segundo lugar, la anulación de esa Decisión en cuanto la concierne y, por último, la reducción a 1.000 euros de la multa
que se le impuso en dicha Decisión. Con carácter subsidiario, solicita que la referida multa se reduzca a la cuantía de 2.905.200 euros.
La Comisión Europea se ha adherido a la casación solicitando, por una parte, la anulación del primer punto del fallo de la
sentencia recurrida en la medida en que reduce el importe de la multa impuesta a Cetarsa y, por otra parte, la modificación
del reparto de las costas determinado por el Tribunal General en el cuarto punto de dicho fallo.

Antecedentes del litigio
A efectos del presente recurso de casación, los antecedentes del litigio, expuestos en los apartados 1 a 57 de la sentencia
recurrida, pueden resumirse del siguiente modo.
Cetarsa, World Wide Tobacco España, S.A. (en lo sucesivo, «WWTE»), Tabacos Españoles, S.L. (en lo sucesivo, «Taes»), y Agroexpansión,
S.A. (en lo sucesivo, «Agroexpansión»), son las cuatro empresas de primera transformación de tabaco crudo en España. Además,
Deltafina SpA, que transforma asimismo tabaco crudo y que es una sociedad italiana hermana de Taes, era el principal comprador
de ese producto en el mercado español (en lo sucesivo, conjuntamente, «transformadores»).
Los días 3 y 4 de octubre de 2001, la Comisión llevó a cabo verificaciones con arreglo al artículo 14 del Reglamento nº 17
del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO 1962, 13, p. 204;
EE 08/01, p. 22), en los locales de Cetarsa, Agroexpansión y WWTE.
Mediante escrito de 16 de enero de 2002, los transformadores, invocando la Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición
de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (DO 1996, C 207, p. 4; en
lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»), comunicaron a esa institución su voluntad de cooperar con ella.
Mediante escrito de 21 de enero de 2002, los transformadores proporcionaron determinada información a la Comisión. Cetarsa,
Agroexpansión y WWTE, mediante escritos de 15 de febrero de 2002, y Taes, mediante escrito de 18 de febrero de 2002, proporcionaron
determinada información adicional a dicha institución.
Seguidamente, la Comisión dirigió varias solicitudes de información a los transformadores. Asimismo, solicitó información
al Ministerio español de Agricultura, Pesca y Alimentación (en lo sucesivo, «Ministerio de Agricultura») acerca de la normativa
española en materia de productos agrícolas.
El 11 de diciembre de 2003, la Comisión adoptó un pliego de cargos dirigido a 20 empresas o asociaciones, entre las que se
encontraban los transformadores.
El 20 de octubre de 2004, la Comisión adoptó la Decisión controvertida, que se refiere a dos infracciones horizontales llevadas
a cabo en el mercado español del tabaco crudo. Un resumen de esta Decisión fue publicado en el
Diario Oficial de la Unión Europea
de 19 de abril de 2007 (DO L 102, p. 14).
El primer cártel (en lo sucesivo, «cártel de los transformadores») tenía por objeto fijar cada año durante el período de 1996
a 2001 el precio medio (máximo) de entrega por cada variedad de tabaco crudo, sin distinción de calidades, y repartir las
cantidades de cada variedad de tabaco crudo que cada transformador podía comprar a los productores.
De 1999 a 2001, los transformadores también habían acordado horquillas de precios por las diversas calidades de cada variedad
de tabaco crudo, que figuraban en las tablas de precios adjuntas a los «contratos de cultivo», así como «condiciones complementarias»,
a saber, el precio mínimo medio por productor y el precio mínimo medio por agrupación de productores.
El segundo cártel (en lo sucesivo, «cártel de los representantes de los productores») implicaba a los tres sindicatos agrícolas
españoles (en lo sucesivo, conjuntamente, «representantes de los productores»). Este cártel tenía por objeto fijar cada año
durante el período de 1996 a 2001 las horquillas de precios por las diversas calidades de cada variedad de tabaco crudo, que
figuraban en las tablas de precios adjuntas a los «contratos de cultivo», así como las «condiciones complementarias».
En la Decisión controvertida, la Comisión consideró que cada una de esas prácticas colusorias constituía una infracción única
y continua del artículo 81 CE, apartado 1. En el artículo 1 de dicha Decisión, la Comisión imputó la responsabilidad del cártel
de los transformadores a nueve empresas, entre las que se encontraban éstos, y la del cártel de los representantes de los
productores a estos últimos. En el artículo 2 de esa Decisión, la Comisión ordenó a dichas empresas y a los representantes
de los productores que pusiesen fin inmediatamente, si aún no lo habían hecho, a las infracciones señaladas en el artículo
1 y que se abstuviesen en lo sucesivo de cualquier práctica restrictiva que tuviese un objeto o efecto idéntico o equivalente.
En el artículo 3 de la mencionada Decisión, la Comisión impuso multas a las empresas referidas en el apartado 4 de la presente
sentencia, así como a los representantes de los productores.
El importe de las multas se determinó con arreglo al método definido en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas
en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 [CA] (DO 1998, C 9, p. 3)
y a la Comunicación sobre la cooperación.
Por lo que respecta a la evaluación de la gravedad de las infracciones de que se trata, la Comisión tuvo en cuenta la propia
naturaleza de éstas, sus repercusiones concretas sobre el mercado, la dimensión del mercado geográfico de referencia y el
tamaño del mercado.
En cuanto al cártel de los representantes de los productores, la Comisión señaló que éstos participaron en acuerdos y prácticas
concertadas referentes a la fijación de horquillas de precios por calidad de cada variedad de tabaco crudo (dentro de las
cuales los productores negociarían posteriormente el precio final del tabaco crudo en el momento de la entrega) y del precio
medio mínimo por productor y por agrupación de productores.
Añadió que, si bien los márgenes de las horquillas de precios eran muy amplios y podían oscilar de una diferencia del 100 %
al 380 % entre el valor mínimo y máximo para cada calidad de una variedad de tabaco crudo, no obstante, al acordar el nivel
mínimo del precio medio (por productor y por agrupación de productores), los representantes de los productores pretendían
aumentar el precio de venta final de su tabaco crudo por encima del nivel que sería fruto del libre juego de la competencia.
Por lo que se refiere al cártel de los transformadores, la Comisión subrayó que éstos, además de que también acordaron las
horquillas de precios por calidades y las condiciones complementarias, pactaron secretamente varios otros aspectos relativos
al precio y a cantidades que debían venderse, concretamente el precio medio (máximo) de entrega para cada variedad de tabaco
crudo (sin distinción de calidades) y los volúmenes de tabaco crudo que debía comprar cada transformador. Añadió que, a partir
de 1998, también instauraron mecanismos sofisticados de compensación y cesión con objeto de garantizar el cumplimiento de
su cártel secreto sobre precios y cantidades.
La Comisión llegó a la conclusión de que las dos infracciones debían calificarse de «muy graves», puntualizando que tendría
en cuenta el tamaño relativamente limitado del mercado del producto.
Seguidamente, la Comisión consideró que era preciso tener en cuenta el peso específico de cada empresa y, en consecuencia,
el efecto real de su comportamiento ilegal sobre la competencia, de modo que el efecto disuasorio de la multa impuesta a cada
empresa fuera proporcional a su contribución a la conducta ilegal objeto de sanción.
En cuanto al cártel de los transformadores, la Comisión consideró que las multas debían reducirse proporcionalmente en función
de la contribución a la conducta ilegal de cada parte implicada y a su posición de mercado. De este modo, la Comisión colocó
a Cetarsa en una primera categoría, a la que calificó como categoría «propia», debido a que era «con gran diferencia el principal
primer transformador español» y, por ello, se le debía imponer el importe inicial de la multa más elevado, fijado en 8.000.000 de
euros.
Por lo que respecta al cártel de los representantes de los productores, la Comisión consideró que sólo procedía imponer a
cada uno de ellos una multa simbólica de 1.000 euros. Justificó su postura en que el marco jurídico de la negociación colectiva
de los contratos tipo podía generar un grado de incertidumbre considerable en cuanto a la legalidad de la conducta de los
representantes de los productores y de los transformadores en el contexto específico de su negociación colectiva de los contratos tipo.
La Comisión señaló igualmente que la existencia y los resultados de las negociaciones de los contratos tipo eran generalmente
de dominio público y que ninguna autoridad había cuestionado nunca su compatibilidad con la legislación de la Unión o con
la legislación española antes del inicio de este procedimiento.
Seguidamente, la Comisión fijó la duración de la infracción en cinco años y cuatro meses, lo que corresponde a una infracción
de larga duración. En consecuencia, incrementó en un 50 % el importe de partida de la multa impuesta a cada uno de los transformadores.
Por tanto, al aplicar este método se fijó el importe de la multa que había de imponerse a Cetarsa en 12.000.000 de euros.
En lo que atañe a las circunstancias atenuantes, la Comisión señaló que los mismos factores resumidos en los apartados 23
y 24 de la presente sentencia se podían aplicar a la conducta de los transformadores solamente en cuanto a su negociación
pública de horquillas de precios y condiciones complementarias, así como a la conclusión de contratos tipo con los representantes
de los productores.
La Comisión añadió que, en lo que atañe a los acuerdos «secretos» relativos a los precios medios (máximos) de entrega y al
reparto de cantidades de cada variedad de tabaco crudo concluidos por los transformadores, la conducta de estos últimos fue
considerablemente más allá del alcance del marco jurídico pertinente y del alcance de las negociaciones públicas y de los
acuerdos con los representantes de los productores.
La Comisión reconoció, sin embargo, que las negociaciones públicas entre los representantes de los productores y los transformadores
determinaron, por lo menos hasta cierto punto, el marco material en el que los transformadores podían desarrollar, independientemente
de la posición común que adoptarían en el contexto de las negociaciones públicas, su estrategia secreta en materia de precios
medios (máximos) de entrega y cantidades.
Habida cuenta de estos elementos, la Comisión decidió reducir en un 40 % los importes de base de las multas impuestas a los
transformadores. El importe de base de la multa impuesta a Cetarsa quedó de este modo fijado en 7.200.000 euros.
A continuación, la Comisión tuvo en cuenta el límite del 10 % del volumen de negocios previsto por el artículo 23, apartado
2, párrafo segundo, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las
normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1). La Comisión estimó que dicho ajuste
sólo era necesario en el caso de Cetarsa. Así, el importe de su multa quedó reducido a 4.842.000 euros.
Al aplicar la Comunicación sobre la cooperación, la Comisión consideró que la información facilitada por Cetarsa, aun siendo
significativa, no había sido tan útil para su investigación como la aportada por Taes.
La Comisión añadió que, en su respuesta al pliego de cargos, Cetarsa había afirmado que el cártel de los transformadores referente
a los precios medios (máximos) de entrega, por una parte, y los acuerdos que tanto los productores como los transformadores
habían concluido referentes a un precio medio por agrupación de productores, por otra, eran idénticos y que, por lo tanto,
los efectos potencialmente anticompetitivos del comportamiento de los transformadores y de los productores se neutralizaban
recíprocamente, y señaló acto seguido que esta afirmación no correspondía a la realidad de los hechos.
En vista de estas circunstancias, la Comisión decidió conceder a Cetarsa una reducción de la multa del 25 % de conformidad
con la sección D, apartado 2, primer guión, de la Comunicación sobre la cooperación. Así, el importe final de la multa impuesta
a Cetarsa ascendió a 3.631.500 euros.

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 21 de enero de 2005, Cetarsa interpuso un
recurso con objeto de que se anulase la Decisión controvertida en la medida en que le afectaba y, con carácter subsidiario,
se redujese el importe de la multa que le había sido impuesta.
En apoyo de su recurso, Cetarsa invocó seis motivos. A efectos del presente procedimiento, basta con señalar que el primer
motivo se basaba en la violación del principio de igualdad de trato en lo que atañe a la imposición de una multa simbólica.
Mediante su segundo motivo, la demandante aducía que la Comisión había violado el principio de proporcionalidad en cuanto
a la apreciación de la gravedad de la infracción. El quinto motivo se basaba en una violación de los principios de proporcionalidad
y de igualdad de trato en lo que atañe a la fijación del importe de partida de la multa. Mediante su sexto motivo, Cetarsa
alegaba que dicha institución había aplicado de forma errónea la Comunicación sobre la cooperación.
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó todos los motivos invocados por Cetarsa, a excepción del sexto
motivo, que estimó parcialmente. En el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, concedió por tanto a Cetarsa una
reducción adicional del 10 % de la multa que la Comisión le había impuesto y fijó el importe definitivo de la multa en 3.147.300 euros.

Pretensiones de las partes
Cetarsa solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Con carácter principal, anule la sentencia recurrida y la Decisión controvertida, y reduzca a 1.000 euros el importe de la
multa que se le impuso.
–        Con carácter subsidiario, reduzca ese importe a 2.905.200 euros.
–        Desestime la adhesión a la casación de la Comisión.
–        Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime el recurso de casación interpuesto por Cetarsa.
–        Anule el primer punto del fallo de la sentencia recurrida en la medida en que reduce el importe de la multa impuesta a Cetarsa
y modifique en consecuencia el reparto de las costas del cuarto punto de dicho fallo.
–        Condene en costas a Cetarsa.

Sobre el recurso de casación y la adhesión a la casación

Sobre el recurso de casación
Cetarsa formula, en esencia, dos motivos en apoyo de su recurso de casación, basados, el primero, en una violación del principio
de igualdad de trato cometida por el Tribunal General en su examen de los motivos primero y segundo del recurso en primera
instancia y, el segundo, en una violación de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad cometida en su examen
del quinto motivo de dicho recurso.
Sobre el primer motivo
–       Alegaciones de las partes
Cetarsa reprocha al Tribunal General haber estimado que los transformadores y los representantes de los productores no se
hallaban en una situación comparable y que esta diferencia justificaba que la Comisión únicamente hubiera impuesto una multa
simbólica a estos últimos. Según Cetarsa, los elementos en los que el Tribunal General basó su apreciación no justifican ni
la diferenciación de la gravedad de los comportamientos examinados ni el cálculo de las sanciones con arreglo a un método
diferente.
Cetarsa subraya que, según las apreciaciones del propio Tribunal General, los siguientes comportamientos eran comunes a los
dos cárteles:
–        reuniones anuales colectivas entre los representantes de los productores y los transformadores para fijar las tablas de precios
y las condiciones complementarias;
–        conocimiento y fomento de tales reuniones por parte del Ministerio de Agricultura;
–        reuniones previas entre, por un lado, los representantes de los productores y, por otro, los transformadores, con objeto de
fijar las respectivas posiciones comunes para las negociaciones anuales colectivas;
–        la incertidumbre creada por el marco normativo nacional y la actitud de las autoridades públicas en cuanto a la ilegalidad
de las conductas de los participantes en ambos cárteles.
A pesar de estos elementos comunes, el Tribunal General justificó la diferencia de trato entre los representantes de los productores
y los transformadores por las siguientes circunstancias:
–        los transformadores habían pactado «precios medios (máximos)», es decir, la media de los precios finales de la transacción
pagados por el transformador al productor, y no, como habían acordado los representantes de los productores, «precios medios
mínimos», a saber, el umbral mínimo por encima del cual debía situarse el precio medio obtenido por cada productor;
–        los transformadores habían acordado las cantidades que cada transformador compraría a los productores;
–        los acuerdos concluidos por los transformadores para fijar los precios medios máximos iban más allá de lo que preveía la legislación
nacional;
–        el carácter «secreto» de los acuerdos entre los transformadores.
Pues bien, según Cetarsa, esta postura del Tribunal General es errónea, puesto que se contradice con el marco jurídico nacional
aplicable y con la lógica económica de los comportamientos analizados.
En primer lugar, Cetarsa estima que el precio medio mínimo acordado por los representantes de los productores es el espejo
del precio fijado por los transformadores. En efecto, el precio medio máximo establecido por estos últimos reducía el beneficio
de los productores y el precio medio mínimo fijado por los productores reducía el de los transformadores.
Además, a su entender, la Decisión controvertida corrobora que el precio medio máximo no determinaba el precio final pagado
por cada variedad de tabaco, sino que existía una negociación real en el momento de la adquisición. Cetarsa precisa que las
horquillas de precios por grados cualitativos sólo constituían el marco general para la determinación del precio que había
de percibir el productor y que, en determinadas ocasiones, el precio final de entrega era superior al que los transformadores
habían fijado como máximo.
Cetarsa estima que los efectos sobre la competencia de estas conductas son idénticos, que su lógica económica responde al
mismo objetivo de modificar artificialmente los precios y que, para ello, ambas partes siguieron métodos comparables. Señala
que de la doctrina se desprende que los cárteles sobre los precios de venta son más perjudiciales para la competencia, puesto
que se dirigen a subir precios, mientras que los cárteles de compra hacen bajar los precios para los operadores de las fases
ulteriores y para los consumidores.
En segundo lugar, Cetarsa afirma que los productores no tenían la necesidad de fijar las cantidades destinadas a la venta,
ya que éstas venían impuestas por el resultado de las cosechas y el interés de los productores en vender toda su producción.
Además, sostiene que la legislación nacional exigía a los transformadores informar, individual o colectivamente, al Ministerio
de Agricultura del volumen de contratación previsible para cada cosecha.
En tercer lugar, Cetarsa alega que, conforme a la normativa nacional aplicable, que figuraba en la Decisión controvertida
y que Cetarsa invocó en la vista ante el Tribunal de Primera Instancia, los contratos de venta entre los productores y los
transformadores podían ser negociados colectivamente, si bien habían de ser notificados al Ministerio de Agricultura e incluir
el volumen de contratación previsible estimado por estos últimos. Sin embargo, el Tribunal General no se pronunció a este
respecto.
Según Cetarsa, de estos factores se sigue, por un lado, que era necesario mantener reuniones previas para determinar posiciones
comunes a efectos de la negociación y, por otro lado, que los representantes de los productores y los transformadores se hallaban
en una situación equivalente. En efecto, estima que la normativa nacional y la actitud del Ministerio de Agricultura daban
a entender a los transformadores que eran libres de reunirse y fijar su precio medio máximo.
En estas circunstancias, Cetarsa considera que la ausencia en los contratos tipo de los términos «precio medio máximo» y la
inclusión de los términos «precio medio mínimo» no puede justificar la diferencia en las multas impuestas a las dos categorías
de operadores afectados.
Cetarsa subraya que, en la medida en que permitía a las partes negociar colectivamente el contrato de compraventa, la normativa
nacional aplicable permitía la determinación no sólo de los precios que propondría cada parte en las negociaciones, sino también
del precio final de la transacción.
Por consiguiente, Cetarsa estima que la fijación de los precios medios máximos no tenía un efecto más perjudicial para la
competencia que la de los precios medios mínimos establecidos por los representantes de los productores, que el cártel de
estos últimos no fue menos lejos que el de los transformadores y que la legislación nacional no generaba menos incertidumbre
para los transformadores que para los representantes de los productores en cuanto a la ilegalidad de sus respectivos comportamientos.
En cuarto lugar, según Cetarsa, el hecho de que el contenido de las reuniones previas no se hiciera público no significa que
los participantes en ellas fueran conscientes de su carácter ilegal. Estima que, en efecto, es algo implícito en cualquier
negociación colectiva que las partes deseen que sus respectivas posturas no sean conocidas antes del inicio de las negociaciones
y ello no causó un perjuicio adicional.
En la vista ante el Tribunal de Justicia, Cetarsa señaló que, a su juicio, el Tribunal General desnaturalizó con su análisis
las normas pertinentes del marco jurídico nacional.
La Comisión considera que este motivo es inadmisible, por cuanto Cetarsa se limita a cuestionar, mediante alegaciones que
no formuló en primera instancia y que no aducen ninguna desnaturalización, apreciaciones de hecho efectuadas por el Tribunal
General, en particular en cuanto al Derecho nacional aplicable. Sin embargo, debe considerarse que este último constituye
igualmente un hecho en el contexto de la casación.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
A este respecto, procede recordar que de los artículos 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, y 58, párrafo primero, del Estatuto
del Tribunal de Justicia de la Unión Europa se deriva que el Tribunal General, por una parte, es el único competente para
determinar los hechos, salvo en los casos en que la inexactitud material de sus comprobaciones se desprenda de los documentos
que obran en autos, y, por otra parte, es el único competente para apreciar estos hechos. Cuando el Tribunal General ha comprobado
o apreciado los hechos, el Tribunal de Justicia es competente para ejercer, con arreglo a dicho artículo 256 TFUE, un control
sobre la calificación jurídica de éstos y las consecuencias en Derecho que de ella haya deducido el Tribunal General (sentencias
de 6 de abril de 2006, General Motors/Comisión, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, apartado 51, y de 29 de marzo de 2011, ThyssenKrupp
Nirosta/Comisión, C‑352/09 P, Rec. p. I-0000, apartado 179).
El Tribunal de Justicia ha precisado igualmente que, salvo en caso de desnaturalización de las pruebas aportadas ante el Tribunal
General, la apreciación de los hechos no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia
(sentencias de 18 de mayo de 2006, Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión, C‑397/03 P, Rec.
p. I‑4429, apartado 85, y ThyssenKrupp Nirosta/Comisión, antes citada, apartado 180).
En el presente asunto, ha de señalarse que, mediante las alegaciones resumidas en los apartados 44, 45 y 47 a 51 de la presente
sentencia, Cetarsa pretende cuestionar comprobaciones y apreciaciones de carácter fáctico efectuadas por el Tribunal General.
Lo mismo sucede en lo que respecta a las alegaciones resumidas en el apartado 52 de esta sentencia, relativas al alcance del
acuerdo de los transformadores y a la incertidumbre en la que éstos se encontraban en cuanto a la normativa nacional, y a
las resumidas en el apartado 53, referentes a la consciencia de la ilegalidad del acuerdo en lo que atañe al carácter secreto
de los participantes.
En la medida en que estas alegaciones se refieren a la interpretación que el Tribunal General realizó de la normativa nacional
controvertida, es preciso recordar que las alegaciones basadas en la interpretación errónea del Derecho nacional son admisibles
cuando se reprocha al Tribunal General haber desnaturalizado dicho Derecho (véanse, en este sentido, la sentencia de 24 de
octubre de 2002, Aéroports de Paris/Comisión, C‑82/01 P, Rec. p. I‑9297, apartado 63; el auto de 6 de octubre de 2011, ThyssenKrupp
Acciai Speciali Terni y otros/Comisión, C‑448/10 P a C‑450/10 P, apartado 33, y la sentencia de 21 de diciembre de 2011, A2A/Comisión,
C‑320/09 P, apartado 125).
Sin embargo, en su escrito de interposición del recurso de casación, Cetarsa no alegó que el Tribunal General hubiera cometido
ninguna desnaturalización de las pruebas. En la medida en que invocó dicha desnaturalización por primera vez en la vista ante
el Tribunal de Justicia, debe recordarse que, en virtud del artículo 42, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento
de este último, en el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de
Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.
Dado que la supuesta desnaturalización no se basa en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento,
dicho motivo, que se invocó por primera vez en la vista ante el Tribunal de Justicia, debe considerarse extemporáneo y, en
consecuencia, inadmisible.
Además, en lo que atañe a las alegaciones resumidas en el apartado 46 de la presente sentencia, en la medida en que se refieren
a la gravedad de los efectos sobre la competencia de los precios máximos fijados por los transformadores, procede recordar
que, como se desprende del artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia, los motivos del recurso de casación deberán
basarse en alegaciones relativas al procedimiento ante el Tribunal General. Asimismo, según el artículo 113, apartado 2, del
Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el recurso de casación no podrá modificar el objeto del litigio planteado
ante el Tribunal General. De este modo, la competencia del Tribunal de Justicia, en el marco del recurso de casación, está
limitada a la apreciación de la solución jurídica que se haya dado a los motivos objeto de debate ante los jueces de primera
instancia. Por tanto, una parte no puede modificar el objeto del litigio invocando por primera vez ante el Tribunal de Justicia
un motivo que habría podido formular ante el Tribunal General pero no lo hizo, ya que ello equivaldría a permitirle plantear
al Tribunal de Justicia un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal General. Un motivo de ese tipo debe considerarse
inadmisible en la fase del recurso de casación (sentencias de 29 de septiembre de 2011, Arkema/Comisión, C‑520/09 P, Rec.
p. I-0000, apartado 64, y de 3 de mayo de 2012, Comap/Comisión, C‑290/11 P, apartado 42).
Por lo que se refiere a las alegaciones resumidas en el apartado 46 de la presente sentencia, que se basan en los efectos
supuestamente idénticos sobre la competencia del comportamiento de los representantes de los productores y del de los transformadores,
e incluso en un efecto más beneficioso del comportamiento de estos últimos, procede señalar que de la lectura de la demanda
en primera instancia no se deduce ningún dato que pueda acreditar que en ella se invocaron estas alegaciones.
Pues bien, de lo dispuesto en el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General,
puesto en relación con el artículo 48, apartado 2, de dicho Reglamento, se deduce que la demanda que abre el procedimiento
debe contener, en particular, una exposición sumaria de los motivos invocados y que en el curso del proceso no podrán invocarse
motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento (sentencia
de 28 de julio de 2011, Mediaset/Comisión, C‑403/10 P, apartado 42).
Por consiguiente, aun suponiendo que Cetarsa hubiera formulado dichas alegaciones en la vista ante el Tribunal General, lo
habría hecho, en cualquier caso, de forma extemporánea y, en consecuencia, inadmisible, a tenor de lo dispuesto en el artículo
48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
De ello resulta que, teniendo en cuenta la jurisprudencia recordada en el apartado 62 de la presente sentencia, estas alegaciones
deben considerarse inadmisibles en la fase de casación.
Lo mismo ocurre con la alegación resumida al inicio del apartado 52 de la presente sentencia, relativa a la gravedad de las
repercusiones sobre la competencia de la fijación de los precios medios máximos por los transformadores, ya que no se encuentra
ningún indicio de ese motivo en la formulación de la demanda en primera instancia.
En lo que respecta a la alegación resumida en el apartado 53 de la presente sentencia, mediante la que Cetarsa reprocha, en
esencia, al Tribunal General haber cometido un error de Derecho en relación con la apreciación del carácter secreto del contenido
de las reuniones de los transformadores, puesto que éste no causó, según ella, ningún perjuicio adicional, basta con señalar
que esta alegación tiene su origen en una interpretación errónea de la sentencia recurrida.
En efecto, en contra de lo que sugiere Cetarsa, el Tribunal General no consideró, en los apartados 76 a 80 de la sentencia
recurrida, que el carácter secreto del «segundo aspecto» del cártel de los transformadores aumentaba la gravedad de la infracción
cometida, sino que sólo se refirió al carácter secreto de una parte del acuerdo para distinguir ese aspecto del aspecto «público»
de éste.
De ello se deduce que procede desestimar esta alegación por ser, en cualquier caso, inoperante.
Por último, en lo que atañe a la supuesta infracción de la obligación de motivación que Cetarsa reprocha al Tribunal General
mediante la alegación resumida en el apartado 48 de la presente sentencia, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia,
la obligación de motivar las sentencias que incumbe al Tribunal General en virtud de los artículos 36 y 53, párrafo primero,
del Estatuto del Tribunal de Justicia, no le obliga a elaborar una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos
los razonamientos expuestos por las partes del litigio. La motivación puede ser, pues, implícita, siempre que permita a los
interesados conocer las razones en las que se basa el Tribunal General y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos
suficientes para ejercer su control en el marco de un recurso de casación (véase, en particular, la sentencia A2A/Comisión,
antes citada, apartado 97).
En el presente asunto, de los apartados 77 a 79 y 145 a 147 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General
estimó que la incertidumbre ocasionada por el marco jurídico nacional no afectaba del mismo modo al aspecto secreto del cártel
de los transformadores y a su aspecto público que al cártel de los representantes de los productores. En consecuencia, procede
considerar que, en cualquier caso, el Tribunal General desestimó implícitamente la alegación resumida en el apartado 48 de
la presente sentencia.
Además, dicho razonamiento del Tribunal General puede permitir tanto a Cetarsa conocer las razones por las que dicho Tribunal
desestimó esta alegación como al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control jurisdiccional.
En vista de cuanto antecede, procede desestimar el primer motivo invocado por Cetarsa en apoyo de su recurso de casación por
ser parcialmente inadmisible y parcialmente infundado.
Sobre el segundo motivo
–       Alegaciones de las partes
Mediante el segundo motivo invocado por Cetarsa en apoyo de su recurso de casación, ésta sostiene que, contrariamente a lo
estimado por el Tribunal General, la incertidumbre en cuanto a la ilegalidad del comportamiento de los transformadores generada
por el marco jurídico nacional y por la actitud del Ministerio de Agricultura no fue debidamente considerada mediante la reducción
del 40 % del importe de base de la multa en concepto de circunstancias atenuantes. De ello Cetarsa deduce una vulneración
de los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato en su perjuicio.
Cetarsa subraya que ha sido la única empresa que no ha podido beneficiarse de esa circunstancia atenuante. Aduce que, en efecto,
su caso es el único en el que el importe de base de la multa estaba tan por encima del límite del 10 % de su volumen de negocios
que ningún elemento posterior del cálculo de dicho importe pudo tener ningún reflejo en la multa que finalmente se le impuso.
Cetarsa alega que, por tanto, el método de cálculo de la Comisión, basado en importes de partida a tanto alzado que son independientes
del tamaño y capacidad económica de las empresas afectadas, sanciona a las empresas de pequeño o mediano tamaño de forma más
severa que a las grandes empresas. Sostiene que, en el presente caso, la multa que se le impuso es equivalente a las reservadas
para los poco frecuentes cárteles de severa gravedad y alcance geográfico muy extenso.
Cetarsa afirma que esta penalización de las pequeñas empresas ha sido reconocida por varias autoridades en la materia y, desde
entonces, la Comisión ha adaptado en consecuencia sus Directrices para el cálculo de las multas adoptadas en 1998. Además,
la jurisprudencia a la que el Tribunal General se remitió para sustentar su desestimación de las pretensiones de Cetarsa en
primera instancia se refería a circunstancias distintas de las del presente asunto. En particular, en lo que respecta al límite
del 10 % del volumen de negocios de las empresas afectadas, que tiene por objeto impedir la imposición de sanciones excesivas,
de dicha jurisprudencia se desprende que ese límite no implica la exclusión de la aplicación de circunstancias atenuantes,
cuyos objetivos son distintos.
La Comisión solicita que se desestime el presente motivo.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
Es jurisprudencia reiterada que sólo el importe final de la multa impuesta debe respetar el límite máximo del 10 % del volumen
de negocios previsto en el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 1/2003 y que esa disposición no prohíbe
que la Comisión llegue, durante las distintas etapas del cálculo de la multa, a un importe intermedio superior a dicho límite,
siempre que el importe final de la multa no lo supere (véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de junio de 2005, Dansk
Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, apartados 277
y 278, y de 29 de junio de 2006, SGL Carbon/Comisión, C‑308/04 P, Rec. p. I‑5977, apartado 82).
Por lo tanto, si resultara que, al finalizar los cálculos, el importe final de la multa debe reducirse a un nivel que no sobrepase
el mencionado límite superior, el hecho de que ciertos factores, tales como la gravedad y la duración de la infracción, no
repercutan de manera efectiva en el importe de la multa impuesta es una mera consecuencia de la aplicación de dicho límite
superior al importe final (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, antes citada, apartado 279).
En efecto, dicho límite superior pretende evitar que se impongan multas que seguramente no podrán pagar las empresas, dadas
sus dimensiones, dimensiones que se determinan, aunque sea de un modo aproximado e imperfecto, por su volumen de negocios
global (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, antes citada, apartado 280).
Se trata por tanto de un límite, aplicable uniformemente a todas las empresas y ajustado a la dimensión de cada una, que pretende
evitar las multas cuyo importe sea excesivo y desproporcionado. Dicho límite superior tiene pues un objetivo distinto y autónomo
del que persiguen los criterios de gravedad y duración de la infracción (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, antes
citada, apartados 281 y 282).
La única consecuencia posible de ese límite es reducir hasta el nivel máximo autorizado el importe de la multa calculado en
función de dichos criterios. La aplicación de este límite permite que la empresa implicada no pague la multa que en principio
le correspondería abonar en virtud de una estimación basada en tales criterios (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión,
antes citada, apartado 283).
En el presente caso, ha de señalarse que la consideración de circunstancias atenuantes forma parte de las etapas del cálculo
del importe final de una multa y que, por ello, en contra de lo que alega Cetarsa, no debe dispensarse a esas circunstancias
un trato diferente al concedido a las otras etapas del cálculo.
Además, la Comisión señaló correctamente que Cetarsa es la única empresa del cártel de los transformadores que se benefició
de una reducción de la multa debido al límite máximo establecido en el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento
nº 1/2003 y que esa reducción es mucho más importante que la que se le habría aplicado en concepto de dichas circunstancias
atenuantes si no existiera ese límite.
Por lo demás, de los apartados 272 a 283 de la sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, antes citada, resulta que el
Tribunal de Justicia ha desestimado ya una alegación esencialmente similar a la expuesta en los apartados 76 y 77 de la presente
sentencia.
Por consiguiente, no cabe acoger el segundo motivo invocado por Cetarsa en apoyo de su recurso de casación y, en consecuencia,
procede desestimarlo por infundado.

Sobre la adhesión a la casación
La Comisión invoca, en esencia, dos motivos basados, el primero, en una desnaturalización de las pruebas, un error de Derecho
y una falta de motivación y, el segundo, en un error de Derecho y una falta de motivación. Los dos motivos se refieren a la
apreciación efectuada por el Tribunal General del sexto motivo formulado en apoyo del recurso en primera instancia.
Sobre el primer motivo
–       Alegaciones de las partes
En primer lugar, la Comisión alega que, al concluir, en los apartados 269 a 271 de la sentencia recurrida, que la Comisión
cometió un error manifiesto de apreciación, el Tribunal General desnaturalizó la respuesta de Cetarsa al pliego de cargos.
En efecto, según la Comisión, se desprende claramente de las conclusiones contenidas en las páginas 7 a 10 de dicha respuesta
que, contrariamente a lo estimado por el Tribunal General, Cetarsa sostenía que los dos cárteles eran idénticos.
La Comisión considera que su análisis queda corroborado por el hecho de que Cetarsa invoca esa tesis en el marco del procedimiento
de casación, lo que no hizo en primera instancia. En consecuencia, contrariamente a lo que estimó el Tribunal General en el
apartado 270 de la sentencia recurrida, en dichas páginas Cetarsa no se limita a hacer algunas precisiones sobre el precio
mínimo medio por agrupación de productores, sino que cuestiona los hechos constatados por la Comisión.
En segundo lugar, en vista de lo anterior, la Comisión sostiene que el razonamiento del Tribunal General es incomprensible.
En efecto, la apreciación realizada por éste en el apartado 270 no se sustenta mediante ningún análisis ni mediante ningún
razonamiento y, por tanto, no puede motivar la conclusión de que la Comisión cometió un error manifiesto.
En tercer lugar, la Comisión considera que el Tribunal General aplicó de manera errónea el criterio del error manifiesto.
A su juicio, para que exista un error manifiesto, la interpretación que hizo la Comisión del pliego de cargos debía ser manifiestamente
incorrecta, y no ocurre así.
Cetarsa solicita que se desestime este motivo.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar, ha de indicarse que, en respuesta al motivo invocado por Cetarsa en primera instancia, basado en
que la Comisión vulneró la Comunicación sobre la cooperación al concederle una reducción de la multa inferior a la que se
concedió a Taes, el Tribunal General declaró lo siguiente en los apartados 269 y 270 de la sentencia recurrida:
«269      En el considerando 453 de la Decisión [controvertida], la Comisión señaló que, en su respuesta al pliego de cargos, la demandante
había declarado que no ponía en duda los hechos sobre los que la Comisión basaba sus acusaciones. No obstante, la Comisión
negó a la demandante la aplicación de la sección D, apartado 2, segundo guión, de la Comunicación sobre la cooperación, alegando
que ésta había afirmado que el cártel de los transformadores referente a los precios medios (máximos) de entrega, por una
parte, y los diferentes acuerdos celebrados por los productores y los transformadores referentes a un precio medio por agrupación
de productores, por otra, eran idénticos y que, por lo tanto, los efectos potencialmente anticompetitivos del comportamiento
de los transformadores y de los productores se neutralizarían recíprocamente. A este respecto, se remitía a las páginas 7
a 10 de la respuesta de la demandante al pliego de cargos.
270      Es preciso señalar que las páginas en cuestión no contienen ninguna afirmación como la que la Comisión atribuye a la demandante.
Tampoco cabe considerar que tal afirmación sea inherente a la argumentación contenida en esas páginas, contrariamente a lo
sostenido por la Comisión en la vista. En realidad, en dichas páginas, la demandante se limitó a hacer algunas precisiones
sobre el precio mínimo medio por agrupación de productores que era objeto de las negociaciones entre los transformadores,
por un lado, y los representantes de los productores, por otro.»
En primer lugar, por lo que se refiere a la supuesta desnaturalización de la respuesta de Cetarsa al pliego de cargos presuntamente
cometida por el Tribunal General, procede recordar que, cuando un recurrente alega la desnaturalización de pruebas por parte
del Tribunal General, debe, en aplicación de los artículos 256 TFUE, 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia
y 112, apartado 1, párrafo primero, letra c), del Reglamento de Procedimiento de éste, indicar de manera precisa los elementos
que en su opinión han sido desnaturalizados y demostrar los errores de análisis que, en su apreciación, han llevado al Tribunal
General a dicha desnaturalización (sentencia de 17 de junio de 2010, Lafarge/Comisión, C‑413/08 P, Rec. p. I‑5361, apartado
16 y jurisprudencia citada).
A este respecto, es jurisprudencia reiterada que una desnaturalización debe deducirse manifiestamente de los documentos que
obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas (sentencia de 27 de octubre
de 2011, Austria/Scheucher-Fleisch y otros, C‑47/10 P, Rec. p. I-0000, apartado 59 y jurisprudencia citada).
En el presente asunto, en contra de lo que alega la Comisión, no se desprende claramente de las conclusiones contenidas en
las páginas 7 a 10 de la respuesta de Cetarsa al pliego de cargos que dicha sociedad sostuviera que el cártel de los transformadores
y el de los representantes de los productores eran idénticos. Como señaló acertadamente el Tribunal General, en dichas conclusiones
Cetarsa se limitó a hacer precisiones sobre los precios medios que eran objeto de las negociaciones entre los transformadores,
por un lado, y los representantes de los productores, por otro.
De ello se sigue que el análisis efectuado por el Tribunal General del pasaje controvertido de la respuesta de Cetarsa al
pliego de cargos no adolece de ninguna desnaturalización.
Además, contrariamente a lo que afirma la Comisión, el razonamiento del Tribunal General en los apartados 269 y 270 de la
sentencia recurrida cumple plenamente los requisitos de motivación establecidos en la jurisprudencia.
En efecto, se ha recordado ya en el apartado 71 de la presente sentencia que la obligación de motivar las sentencias que incumbe
al Tribunal General no le obliga a elaborar una exposición que siga exhaustivamente los razonamientos expuestos por las partes
del litigio. La motivación puede ser, pues, implícita, siempre que permita a los interesados conocer las razones en las que
se basa el Tribunal General y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control en el
marco de un recurso de casación.
Pues bien, en el presente asunto, el razonamiento expuesto por el Tribunal General en dichos apartados 269 y 270 permite a
los interesados conocer las razones en las que se basó el Tribunal General y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos
suficientes para ejercer su control en el marco de un recurso de casación.
Por último, de cuanto antecede resulta que el Tribunal General podía, teniendo en cuenta las consideraciones que había realizado
en dichos apartados 269 y 270, declarar un error manifiesto de apreciación de la Comisión sin incurrir por ello en un error
de Derecho.
En consecuencia, debe desestimarse por infundado el primer motivo invocado por la Comisión en apoyo de su adhesión a la casación.
Sobre el segundo motivo
–       Alegaciones de las partes
La Comisión considera que el Tribunal General basó su razonamiento en la premisa implícita de que la supuesta no contestación
de los hechos da lugar automáticamente a una reducción del 10 % del importe de la multa.
Sin embargo, según la Comisión, de la jurisprudencia se desprende que la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación
no da lugar a una reducción automática de la multa cuando la empresa afectada no cuestiona los hechos, ya que dicha institución
dispone de un amplio margen de apreciación para examinar si la ausencia de contestación la ha ayudado o no a establecer la
infracción. En efecto, la Comisión afirma que una reducción de la multa por cooperación se justifica sólo si ésta permite
efectivamente a la Comisión apreciar la existencia de una infracción y ponerle fin. En consecuencia, cuando la falta de contestación
de los hechos no facilita en nada el trabajo de esa institución, la Comisión considera que no resulta aplicable ninguna deducción.
Pues bien, la Comisión afirma que el Tribunal General no examinó si la falta de contestación de los hechos por parte de Cetarsa
permitió efectivamente a la Comisión apreciar la existencia de una infracción y ponerle fin.
La Comisión estima que, cuando menos, el apartado 272 de la sentencia recurrida incurre en una falta de motivación porque
el Tribunal General no examinó este punto. En efecto, dado que el Tribunal de Justicia ha declarado, después de la adopción
de la Comunicación sobre la cooperación, que la no contestación de los hechos en el procedimiento administrativo no impide
a las partes cuestionar ante el Tribunal General los hechos constitutivos de la infracción, éste está obligado con mayor razón
a examinar y motivar una reducción de la multa basada en la falta de dicha contestación.
Por último, la Comisión considera que, puesto que Cetarsa ha invocado en su recurso de casación la falta de diferencias significativas
entre el cártel de los transformadores y el de los representantes de los productores, dicha sociedad no merece una reducción
del importe de la multa de acuerdo con dicha Comunicación.
Cetarsa solicita que se desestime este motivo.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
Es preciso señalar que, en respuesta al motivo formulado por Cetarsa en primer instancia, basado en que la Comisión vulneró
la Comunicación sobre la cooperación al concederle una reducción de la multa inferior a la que se otorgó a Taes, el Tribunal
General se pronunció del siguiente modo en los apartados 271 y 272 de la sentencia recurrida:
«271      De ello se sigue que la Comisión cometió un error manifiesto de apreciación al estimar que la demandante había puesto en duda
la veracidad de los hechos en el sentido de la sección D, apartado 2, segundo guión, de la Comunicación sobre la cooperación.
En consecuencia, debe acogerse parcialmente el sexto motivo.
272      En estas circunstancias, compete al Tribunal fijar un porcentaje de reducción apropiado. En el ejercicio de su competencia
jurisdiccional plena, el Tribunal considera que procede conceder a la demandante una reducción adicional del 10 % que se añade
a la del 25 % ya concedida. Así, procede aplicar una reducción del 35 % al importe de la multa tras la aplicación de la regla
del límite del 10 % del volumen de negocios, es decir, 4.842.000 euros, lo que lleva a fijar la cuantía final de la multa
impuesta en 3.147.300 euros.»
A este respecto, por una parte, debe indicarse que, en contra de lo que alega la Comisión, el Tribunal General no consideró
en absoluto que la ausencia de cuestionamiento de los hechos diera lugar automáticamente a una reducción del 10 % del importe
de la multa.
En efecto, el Tribunal General afirmó que, en vista del error manifiesto de apreciación constatado, le correspondía ejercer
su competencia jurisdiccional plena para fijar un porcentaje de reducción apropiado. En el ejercicio de dicha competencia,
el Tribunal General apreció el valor de la cooperación de Cetarsa y le concedió una reducción adicional de la multa que se
le había impuesto.
Por otra parte, si bien es cierto que la motivación de la sentencia recurrida sobre este extremo es especialmente sucinta,
no lo es menos que se inscribe en el contexto de los apartados 265 a 268 de la misma, que tratan de la cooperación de Cetarsa
con la Comisión y su valor para ésta. De ello se deduce, en particular, que es cierto que dicha cooperación fue útil para
la Comisión, pero no tanto como la de Taes, razón por la que ésta obtuvo una reducción del 40 % de la multa que se le impuso.
Pues bien, en este contexto, el razonamiento del Tribunal General, resumido en el apartado 111 de la presente sentencia, puede
permitir tanto a la Comisión conocer las razones por las que dicho Tribunal concedió una reducción adicional de la multa a
Cetarsa, como al Tribunal de Justicia disponer de elementos suficientes para ejercer su control jurisdiccional.
Por consiguiente, en vista de la jurisprudencia recordada en el apartado 71 de la presente sentencia, de cuanto antecede resulta
que la sentencia recurrida está suficientemente motivada en lo que respecta a dicha reducción.
En estas circunstancias, no puede acogerse el segundo motivo invocado por la Comisión en apoyo de su adhesión a la casación
y, por tanto, ésta debe desestimarse.

Costas
A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento
de casación en virtud de su artículo 118, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado
la otra parte.
En lo que respecta al recurso de casación principal, la Comisión ha pedido que se condene en costas a Cetarsa y, al haber
sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.
Por lo que se refiere a la adhesión a la casación, Cetarsa ha pedido que se condene en costas a la Comisión y, al haber sido
desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) decide:
1)
Desestimar el recurso de casación principal y la adhesión a la casación.
2)
Condenar a Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A. (Cetarsa), al pago de las costas correspondientes al recurso de casación
principal.
3)
Condenar a la Comisión Europea al pago de las costas correspondientes a la adhesión a la casación.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: español.