CELEX: 62009CJ0201
Recurso de casación
Competencia
Prácticas colusorias
Mercado comunitario de vigas de acero
Decisión por la que se declara una infracción del artículo 65 CA, tras la expiración del Tratado CECA, sobre la base del Reglamento (CE) nº 1/2003
Competencia de la Comisión
Imputabilidad del comportamiento infractor
Fuerza de cosa juzgada
Derecho de defensa
Prescripción
Concepto de "suspensión" de la prescripción
Efectos erga omnes o inter partes
Falta de motivación

Mediante sus recursos de casación, ArcelorMittal Luxembourg SA, anteriormente Arcelor Luxembourg SA (C‑201/09 P), la Comisión
Europea (C‑216/09 P) así como, mediante adhesión al recurso de casación, ArcelorMittal Belval & Differdange SA, anteriormente
Arcelor Profil Luxembourg SA y ArcelorMittal International SA, anteriormente Arcelor International SA (C‑216/09 P), solicitan
al Tribunal de Justicia la anulación parcial de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
de 31 de marzo de 2009, ArcelorMittal Luxembourg y otros/Comisión (T‑405/06, Rec. p. II‑771; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»),
por la que éste anuló parcialmente la Decisión C(2006) 5342 final de la Comisión, de 8 de noviembre de 2006, relativa a un
procedimiento de aplicación del artículo 65 del Tratado CECA con respecto a los acuerdos y prácticas concertadas de varios
fabricantes europeos de vigas (Asunto COMP/F/38.907 – Vigas de acero), de la que se publicó un resumen en el
Diario Oficial de la Unión Europea
de 13 de septiembre de 2008 (DO C 235, p. 4; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).
Mediante la Decisión controvertida, la Comisión consideró que la empresa compuesta por ArcelorMittal Luxembourg SA, ArcelorMittal
Belval & Differdange SA y ArcelorMittal International SA había participado, entre el 1 de julio de 1988 y el 16 de enero de
1991, en una serie de acuerdos y prácticas concertadas que tuvieron por objeto o como efecto fijar los precios, atribuir cuotas
e intercambiar, a gran escala, informaciones sobre el mercado comunitario de las vigas de acero, infringiendo el artículo
65 CA, apartado 1, e impuso a estas sociedades, por tales infracciones, una multa solidaria de 10 millones de euros.
I.
Marco jurídico
A.
Disposiciones del Tratado CECA
El artículo 65 CA disponía lo siguiente:
«1.      Quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas
que tiendan, directa o indirectamente, a impedir, restringir o falsear el juego normal de la competencia dentro del mercado
común y, en particular, los que consistan en:
a)      fijar o determinar los precios;
b)      limitar o controlar la producción, el desarrollo técnico o las inversiones;
c)      repartirse los mercados, los productos, los clientes o las fuentes de abastecimiento.
[...]
4.      Los acuerdos o decisiones prohibidos en virtud del apartado 1 del presente artículo serán nulos de pleno derecho y no podrán
ser invocados ante ningún órgano jurisdiccional de los Estados miembros.
La Comisión tendrá competencia exclusiva, sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse ante el Tribunal, para pronunciarse
sobre la conformidad de dichos acuerdos o decisiones con las disposiciones del presente artículo.
5.      La Comisión podrá imponer a las empresas que hubieren celebrado un acuerdo nulo de pleno derecho, hubieren aplicado o intentado
aplicar, por vía arbitral, cláusula penal, boicot o cualquier otro medio, un acuerdo o una decisión nulos de pleno derecho
o un acuerdo cuya aprobación hubiere sido denegada o revocada, o que hubieren obtenido una autorización por medio de informaciones
deliberadamente falsas o deformadas, o que se hubieren dedicado a prácticas contrarias a las disposiciones del apartado 1,
multas y multas coercitivas que equivalgan como máximo al doble del volumen de negocios realizado con los productos objeto
del acuerdo, de la decisión o de la práctica contrarios a las disposiciones del presente artículo, sin perjuicio, si este
objeto era restringir la producción, el desarrollo técnico o las inversiones, de un aumento del máximo así determinado hasta
el 10 % del volumen de negocios anual de las empresas de que se trate, por lo que respecta a las multas, y del 20 % del volumen
de negocios diario, en el caso de las multas coercitivas.»
Conforme al artículo 97 CA, el Tratado CECA expiró el 23 de julio de 2002.
B.
Disposiciones del Tratado CE
El artículo 305 CE, apartado 1, establecía:
«Las disposiciones del presente Tratado no modificarán las del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero, en particular por lo que respecta a los derechos y obligaciones de los Estados miembros, las competencias de las instituciones
de dicha Comunidad y las normas establecidas en dicho Tratado para el funcionamiento del mercado común del carbón y del acero.»
C.
Reglamento (CE) nº 1/2003
A tenor del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de
las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado [CE] (DO 2003, L 1, p. 1), a efectos de «la aplicación
de los artículos 81 [CE] y 82 [CE], la Comisión dispondrá de las competencias previstas en el presente Reglamento».
El artículo 7 del Reglamento nº 1/2003, titulado «Constatación y cese de la infracción», dispone:
«1.      Cuando la Comisión, de oficio o previa denuncia de parte, constate la existencia de una infracción de los artículos 81 [CE]
o 82 [CE], podrá ordenar mediante decisión a las empresas y asociaciones de empresas involucradas que pongan fin a la infracción
constatada. […] Cuando la Comisión tenga un interés legítimo para hacerlo, podrá igualmente constatar la pasada comisión de
una infracción.
[…]»
Conforme al artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003, la Comisión podrá, mediante decisión, imponer multas
a las empresas y asociaciones de empresas cuando, de forma deliberada o por negligencia, infrinjan las disposiciones del artículo
81 CE o del artículo 82 CE.
D.
Normas relativas a la prescripción en materia de actuaciones
El artículo 1, apartado 1, de la Decisión nº 715/78/CECA de la Comisión, de 6 de abril de 1978, relativa a la prescripción
en materia de actuaciones y de ejecución en el ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón
y del Acero (DO L 94, p. 22; EE 08/02, p. 58), y el artículo 25, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003, someten la facultad
de la Comisión de imponer multas por infracciones del Derecho de la competencia, en principio, a un plazo de prescripción
de cinco años.
El artículo 1, apartado 2, de la Decisión nº 715/78 y el artículo 25, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 establecen que
el plazo de prescripción comenzará a contar a partir del día en que se haya cometido la infracción. No obstante, respecto
de las infracciones continuas o continuadas, la prescripción sólo empezará a contar a partir del día en que haya finalizado
la infracción.
El artículo 2, apartado 1, de la Decisión nº 715/78 y el artículo 25, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003 precisan que la
prescripción quedará interrumpida por cualquier acto de la Comisión destinado a la instrucción o la investigación de la infracción.
La prescripción quedará interrumpida a partir de la fecha en que el acto se notifique al menos a una empresa o asociación
de empresas que haya participado en la infracción. Entre otros, constituirán actos que interrumpen la prescripción:
–      las peticiones de información escritas procedentes de la Comisión, así como las decisiones de la Comisión por las que se exigen
las informaciones solicitadas;
–      los mandamientos escritos de control expedidos a sus agentes por la Comisión, así como las decisiones de la Comisión por las
que se ordenen verificaciones;
–      la incoación de un procedimiento por la Comisión;
–      la comunicación de las reclamaciones estimadas por la Comisión.
El artículo 2, apartado 2, de la Decisión nº 715/78 y el artículo 25, apartado 4, del Reglamento nº 1/2003 establecen que
la interrupción de la prescripción tendrá validez con respecto a todas las empresas que hayan participado en la infracción.
Conforme al artículo 2, apartado 3, de la Decisión nº 715/78 y al artículo 25, apartado 5, del Reglamento nº 1/2003 el plazo
de la prescripción volverá a contar a partir de cada interrupción. No obstante lo cual, la prescripción se reputará alcanzada
a más tardar el día en que se cumpla un plazo igual al doble del de la prescripción, sin que la Comisión haya impuesto ninguna
multa sancionadora ni coercitiva. Este plazo se prorrogará por el tiempo que dure el período durante el cual se suspenda la
prescripción.
A tenor del artículo 3 de la Decisión nº 715/78 y del artículo 25, apartado 6, del Reglamento nº 1/2003 la prescripción en
materia de persecuciones quedará suspendida mientras la decisión de la Comisión sea objeto de un procedimiento ante el Tribunal
de Justicia.
Del artículo 4 de la Decisión nº 715/78 y del artículo 26, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 1/2003 se desprende que el poder
de la Comisión de ejecutar las decisiones por las que se imponen multas con arreglo a las disposiciones del Tratado CECA o
al artículo 23 del Reglamento nº 1/2003 estará sometido a un plazo de prescripción de cinco años, que comenzará a contar a
partir del día en que la decisión sea firme.
II.
Antecedentes del litigio
Los hechos que dieron lugar al presente litigio, tal como se exponen en los apartados 16 a 37 de la sentencia recurrida, pueden
resumirse del siguiente modo:
ARBED SA, que cambió su razón social para denominarse primero Arcelor Luxembourg SA y, a continuación, ArcelorMittal Luxembourg
SA (en lo sucesivo, «ARBED») se dedicaba a la fabricación de productos siderúrgicos.
TradeARBED SA, que cambió de razón social para denominarse primero Arcelor International SA y, a continuación, ArcelorMittal
International SA (en lo sucesivo, «TradeARBED»), estaba constituida en un 100 % como filial de ARBED y se dedicaba a la distribución
de los productos siderúrgicos fabricados por ARBED.
ProfilARBED SA, que cambió de razón social para denominarse primero Arcelor Profil Luxembourg SA y, a continuación, ArcelorMittal
Belval & Differdange SA (en lo sucesivo, «ProfilARBED»), fue constituida el 27 de noviembre de 1992 como filial en un 100 %
de ARBED, con el fin de asumir a partir de ese momento las actividades económicas e industriales de ARBED en el sector de
las vigas.
La Comisión, durante 1991, basándose en decisiones adoptadas con arreglo al artículo 47 CA, llevó a cabo inspecciones en las
oficinas de varias empresas, entre las que se encontraba TradeARBED. El 6 de mayo de 1992 dirigió un pliego de cargos a las
empresas afectadas, entre las que figuraba TradeARBED, pero no ARBED ni ProfilARBED. TradeARBED participó en una audiencia
que tuvo lugar del 11 al 14 de enero de 1993.
Mediante la Decisión 94/215/CECA, de 16 de febrero de 1994, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 65 del Tratado CECA
con respecto a los acuerdos y prácticas concertadas de varios fabricantes europeos de vigas (DO L 116, p. 1; en lo sucesivo,
«Decisión inicial»), la Comisión declaró que diecisiete empresas siderúrgicas europeas, entre las que se encontraba TradeARBED,
habían participado en una serie de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas de fijación de precios, reparto de mercados
e intercambio de información confidencial sobre el mercado comunitario de vigas, contraviniendo el apartado 1 del artículo
65 CA, e impuso multas a catorce empresas de ese sector, entre ellas a ARBED (11.200.000 ecus), por infracciones cometidas
entre el 1 de julio de 1988 y el 31 de diciembre de 1990.
Mediante su sentencia de 11 de marzo de 1999, ARBED/Comisión (T‑137/94, Rec. p. II‑303), el Tribunal de Primera Instancia
desestimó en gran parte el recurso de anulación interpuesto por ARBED contra la Decisión inicial, a la vez que redujo a 10 millones
de euros el importe de la multa impuesta a ésta.
Mediante sentencia de 2 de octubre de 2003, ARBED/Comisión (C‑176/99 P, Rec. p. I‑10687), el Tribunal de Justicia anuló tanto
dicha sentencia como la Decisión inicial en todo lo que afectaba a ARBED, por violación del derecho de defensa.
A raíz de esta anulación, la Comisión decidió iniciar un nuevo procedimiento contra las actuaciones contrarias a la competencia
que habían sido objeto de la Decisión inicial. El 8 de marzo de 2006, dirigió a ARBED, TradeARBED y ProfilARBED un pliego
de cargos en que les informaba de su intención de adoptar una decisión que las declarara responsables solidarias de las infracciones
de que se trata, al que estas sociedades respondieron el 20 de abril de 2006.
El 8 de noviembre de 2006, la Comisión adoptó la Decisión controvertida, que establece en sus artículos 1 y 2:
«Artículo 1
La empresa compuesta por [ARBED, TradeARBED y ProfilARBED], infringiendo el artículo 65 [CA], apartado 1, participó en una
serie de acuerdos y prácticas concertadas que tuvieron por objeto o como efecto fijar los precios, atribuir cuotas e intercambiar,
a gran escala, informaciones sobre el mercado comunitario de las vigas. Se ha demostrado la participación de la empresa así
compuesta en dichas infracciones entre el 1 de julio de 1988 y el 16 de enero de 1991.
Artículo 2
Se impone una multa solidaria de 10 millones de euros a [ARBED, TradeARBED y ProfilARBED] por las infracciones contempladas
en el artículo 1».
III.
Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 27 de diciembre de 2006, ARBED, TradeARBED
y ProfilARBED interpusieron un recurso contra la Decisión controvertida sobre la base de los artículos 33 CA y 36 CA y de
los artículos 229 CE y 230 CE.
ARBED, TradeARBED y ProfilARBED sostenían, mediante su primer motivo, que la Decisión controvertida carecía de base jurídica
y que la Comisión había incurrido en desviación de poder. El segundo motivo se basaba en la infracción de las normas relativas
a la imputación de infracciones, el tercer motivo en la infracción de las normas en materia de prescripción de actuaciones
y el cuarto motivo en la infracción del derecho de defensa.
Considerando, en particular, que los Tratados comunitarios crearon un ordenamiento jurídico único, que los Tratados CECA y CE
persiguen el objetivo común del mantenimiento de un régimen de libre competencia y que un principio común a los sistemas jurídicos
de los Estados miembros pretende garantizar, en caso de cambios en la legislación y salvo manifiesta voluntad contraria del
legislador, la continuidad de las estructuras jurídicas, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el primer motivo al considerar
que los artículos 7, apartado 1, y 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 deben interpretarse en el sentido de que permiten
a la Comisión comprobar y sancionar, después del 23 de julio de 2002, las prácticas concertadas entre empresas producidas
en los sectores comprendidos en el ámbito de aplicación del Tratado CECA
ratione materiae
y
ratione temporis
.
El Tribunal de Primera Instancia también desestimó el segundo motivo, al considerar, por una parte, que TradeARBED no invocaba
tal motivo y, por otra parte, que las consideraciones de la Comisión no adolecían de errores de Derecho en la medida en que
imputaban la infracción cometida por TradeARBED a ARBED y, como «sucesor económico» de esta última, a ProfilARBED, basándose
en que ARBED era titular del 100 % del capital de TradeARBED y en que elementos de prueba confirmaban tanto la influencia
determinante de ésta en el comportamiento de TradeARBED como el uso efectivo de este poder.
En cuanto al tercer motivo, el Tribunal de Primera Instancia excluyó la supuesta infracción de las normas en materia de prescripción
de actuaciones por lo que respecta a ARBED, al considerar que, por la suspensión de los plazos durante el primer procedimiento
ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia, la Decisión controvertida había sido adoptada dentro de los
plazos de prescripción tanto quinquenal como decenal. En cambio, al considerar que dicha suspensión tenía efecto
inter partes
y no
erga omnes,
el Tribunal de Primera Instancia declaró, respecto de ProfilARBED y TradeARBED, que el plazo de prescripción decenal había
expirado y, en consecuencia, anuló la Decisión controvertida en lo que afectaba a éstas.
El Tribunal de Primera Instancia desestimó el cuarto motivo en la medida en que ARBED lo invocaba, al considerar que, por
limitarse a alegar que habían desaparecido los elementos de prueba que podían haber estado a su disposición durante el año
1990, dado el lapso de tiempo transcurrido, ARBED no había demostrado cómo la duración del procedimiento administrativo podía
haber perjudicado al ejercicio del derecho de defensa.
En consecuencia, mediante la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia anuló la Decisión controvertida en lo que
afectaba a ProfilARBED y TradeARBED y desestimó el recurso por infundado en todo lo demás.
IV.
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
Mediante auto de 10 de septiembre de 2009, el Presidente del Tribunal de Justicia decidió acumular los asuntos C‑201/09 P
y C‑216/09 P a efectos de la fase oral y de la sentencia.
V.
Pretensiones de las partes
Mediante su recurso de casación (asunto C‑201/09 P), ARBED solicita al Tribunal de Justicia que:
–      Anule la sentencia recurrida en la medida en que confirma, respecto de ARBED, la Decisión controvertida.
–      Condene a la Comisión al pago de las costas del presente procedimiento, así como de las causadas en primera instancia.
En su escrito de contestación a dicho recurso de casación, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–      Desestime el recurso de casación.
–      Condene en costas a ARBED.
Mediante su recurso de casación (asunto C‑216/09 P), la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–      Anule la sentencia recurrida en la medida en que anula las multas impuestas por la Decisión controvertida a ProfilARBED y
TradeARBED.
–      Desestime el recurso de ProfilARBED y TradeARBED.
–      Condene en costas a ProfilARBED y TradeARBED.
En su escrito de contestación a dicho recurso de casación, ProfilARBED y TradeARBED se adhirieron a la casación y solicitan
al Tribunal de Justicia que:
–      Confirme la sentencia recurrida en la medida en que anula las multas que les fueron impuestas mediante la Decisión controvertida,
por aplicación del efecto relativo de la suspensión de la prescripción.
–      Con carácter subsidiario y reconvencional, anule la sentencia recurrida en la medida en que:
–      aplica el Tratado CECA y el Reglamento nº 1/2003 en su contra;
–      imputa el comportamiento de TradeARBED a ProfilARBED;
–      no reconoce la prescripción de las actuaciones respecto de ProfilARBED por aplicación de las normas relativas a la interrupción
de la prescripción;
–      no reconoce la violación del derecho de defensa que puede invocar ProfilARBED a la vista de la duración particularmente larga
del procedimiento.
–      Condene a la Comisión al pago de las costas de ambas instancias.
En su escrito de réplica a dicha adhesión a la casación, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–      Desestime la adhesión a la casación.
–      Condene en costas a ProfilARBED y TradeARBED.
VI.
Sobre la solicitud de reapertura de la fase oral
Mediante escrito recibido en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 27 de octubre de 2010, la Comisión solicitó a éste
que ordenara la reapertura de la fase oral, conforme al artículo 61 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia,
en el supuesto de que debiera abordar la cuestión de la responsabilidad de ProfilARBED derivada de la continuación de las
actividades económicas de ARBED por ProfilARBED. Según ella, esta cuestión fue examinada por el Abogado General en los puntos
224 a 235 de sus conclusiones, pero no es objeto del litigio ni ha sido debatida entre las partes.
Con arreglo a dicha disposición, se oyó al Abogado General en relación con esta solicitud.
El Tribunal de Justicia puede ordenar de oficio, a propuesta del Abogado General o a instancia de las partes, la reapertura
de la fase oral, conforme al artículo 61 de su Reglamento de Procedimiento, si considera que no está suficientemente informado
o que el asunto debe dirimirse basándose en una alegación que no ha sido debatida entre las partes (véase la sentencia de
8 de septiembre de 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional y Bwin International, C‑42/07, Rec. p. I‑7633, apartado 31
y jurisprudencia allí citada).
El Tribunal de Justicia considera que en el presente caso dispone de todos los elementos necesarios para resolver el litigio
y que el asunto no debe examinarse a la luz de alegaciones que no han sido debatidas ante él.
Por consiguiente, no procede acordar la reapertura de la fase oral del procedimiento.
VII.
Sobre los recursos de casación
En su recurso de casación (asunto C‑201/09 P), ARBED invoca cuatro motivos. Mediante su primer motivo, ARBED alega infracciones
del artículo 97 CA y del Reglamento nº 1/2003, desviación de poder, error de Derecho y falta de motivación.
El segundo motivo se basa en una violación de los principios de la personalidad jurídica de las sociedades y de la individualización
de las penas y sanciones, en faltas de motivación, en una interpretación y aplicación erróneas de la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia sobre la imputabilidad del comportamiento de una filial al 100 % a la sociedad matriz así como en una violación
del principio de la fuerza de cosa juzgada y de la jerarquía de las normas.
El tercer motivo se basa en infracciones de las normas de prescripción y del principio de la fuerza de cosa juzgada ligada
a la Decisión inicial, así como en una falta de motivación. Mediante su cuarto motivo, ARBED reprocha al Tribunal de Primera
Instancia una falta de motivación y violaciones del derecho de defensa y del principio de la fuerza de cosa juzgada de la
sentencia de 2 de octubre de 2003, ARBED/Comisión, antes citada.
Mediante su recurso de casación (asunto C‑216/09 P), la Comisión invoca un único motivo basado en errores de Derecho en la
interpretación de la Decisión nº 715/78.
A.
Sobre el recurso de casación de ARBED (asunto C‑201/09 P)
1.      Sobre el primer motivo, basado en infracciones del artículo 97 CA y del Reglamento nº 1/2003, en desviación de poder, error
de Derecho y falta de motivación
a)      Alegaciones de las partes
En primer lugar, ARBED señala que el artículo 97 CA disponía que el Tratado CECA expiraba el 23 de julio de 2002 y la Decisión
controvertida, basada en el artículo 65 CA, fue adoptada el 8 de noviembre de 2006. Al considerar que las prácticas de que
se trata fueron perseguidas legítimamente, sobre la base del artículo 65 CA, el Tribunal de Primera Instancia infringió el
artículo 97 CA y no respondió a sus alegaciones basadas en la falta de fundamento jurídico de dicha Decisión.
Según ARBED, el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al considerar que los tratados comunitarios crearon
un ordenamiento jurídico único. Según el artículo 305 CE, apartado 1, el Tratado CECA constituye un régimen específico que
establece excepciones a las normas de carácter general del Tratado CE y la sucesión del marco jurídico del Tratado CE al del
Tratado CECA implicó, a partir del 24 de julio de 2002, una modificación de las bases jurídicas, de los procedimientos y de
las normas materiales aplicables. La obligación de las instituciones de interpretar los distintos Tratados de modo coherente
sólo puede cumplirse respetando los límites que los propios Tratados establecen y no puede, por tanto, llevar a las instituciones
a mantener en vigor una disposición de un Tratado cuya extinción está prevista para el 23 de julio de 2002 más allá de esta
fecha.
Las sentencias de 25 de febrero de 1969, Klomp (23/68, Rec. p. 43), y de 18 de julio de 2007, Lucchini (C‑119/05, Rec. p. I‑6199),
citadas por el Tribunal de Primera Instancia en apoyo de su postura no pueden invocarse legítimamente para llegar a una conclusión
distinta. La primera sentencia contemplaba una modificación del Derecho comunitario originario como consecuencia del Tratado
de fusión, y no la expiración de un tratado, mientras que la segunda se refería a una decisión adoptada con arreglo al Tratado CECA
antes, y no después, de que éste expirara.
En segundo lugar, ARBED considera que, al basar la competencia de la Comisión en el Reglamento nº 1/2003, el Tribunal de Primera
Instancia incurrió en desviación de poder y no respondió a sus alegaciones. Señala que el Reglamento nº 1/2003 fue adoptado
tras la expiración del Tratado CECA y considera que, habida cuenta de su artículo 4 y, a falta de toda mención del Tratado CECA,
éste sólo faculta a la Comisión para perseguir las infracciones de los artículos 81 CE y 82 CE.
Aun suponiendo que el Reglamento nº 1/2003 confiriera a la Comisión la competencia para sancionar infracciones del artículo
65 CA, apartado 1, dicho Reglamento vulneraría el Tratado CECA, puesto que, adoptado únicamente con arreglo al Tratado CE,
modificaría el Tratado CECA. Según la jurisprudencia, la interpretación coherente de las disposiciones de Derecho sustantivo
de los diferentes Tratados no tiene ninguna incidencia en las competencias atribuidas a las diferentes instituciones por los
distintos Tratados, dado que las instituciones son competentes, en el marco de cada Tratado, únicamente para ejercer las facultades
que dicho Tratado les atribuye.
Según ARBED, el enfoque del Tribunal de Primera Instancia conduce, por una parte, a conferir al Consejo de la Unión Europea
la facultad de decidir cuáles son las autoridades competentes para aplicar el artículo 65 CA, cuando los autores del Tratado CECA
fueron quienes ejercieron esta competencia, y, por otra parte, a modificar la naturaleza de la competencia reconocida a la
Comisión por el Tratado CECA, dado que, a tenor del artículo 65 CA, ésta es exclusiva, cuando, en el Reglamento nº 1/2003
concurre con la de las autoridades nacionales en materia de competencia y con la de los órganos jurisdiccionales nacionales.
ARBED añade que la interpretación realizada por el Tribunal de Primera Instancia en relación con la aplicación de la ley en
el tiempo menoscaba la identidad jurídica propia de cada Tratado y la jerarquía normativa. Además, el Tribunal de Primera
Instancia incurrió en una confusión entre norma de procedimiento, norma sustantiva y atribución de competencia. De la jurisprudencia
se desprende, por una parte, que la cuestión de la competencia de una institución es previa a la de cuáles son las normas
sustantivas y procedimentales aplicables, y, por otra, que la base jurídica que habilita a la institución de la Unión para
adoptar un acto debe estar en vigor en el momento de su adopción.
b)      Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar, procede señalar, en primer lugar, que todo acuerdo que corresponda a la situación de hecho prevista
en el artículo 65 CA, apartado 1, celebrado o ejecutado antes de la expiración, el 23 de julio de 2002, del Tratado CECA,
podía dar lugar, hasta esa misma fecha, a una decisión de la Comisión por la que se impusieran multas a las empresas que hubieran
celebrado o ejecutado dicho acuerdo, basada en el artículo 65 CA, apartado 5.
A continuación, debe señalarse que todo acuerdo que corresponda a la situación de hecho prevista en el artículo 65 CA, apartado
1, celebrado o ejecutado entre el 24 de julio de 2002 y el 30 de noviembre de 2009, podía dar lugar a tal decisión de la Comisión,
basada en el artículo 81 CE y en los artículos 15, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero
de 1962, Primer reglamento de aplicación de los artículos [81] y [82] del Tratado [CE] (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22),
o 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003.
Por último, es manifiesto asimismo que todo acuerdo que corresponda a la situación de hecho prevista en el artículo 65 CA,
apartado 1, celebrado o ejecutado a partir del 1 de diciembre de 2009, puede dar lugar a tal decisión de la Comisión, basada
en los artículos 101 TFUE y 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003.
Pues bien, en el presente asunto, ARBED rebate esencialmente la afirmación del Tribunal de Primera Instancia de que la Comisión
podía imponerle una multa mediante la Decisión controvertida, adoptada después del 23 de julio de 2002, sobre la base del
artículo 65 CA, apartados 1 y 5, en relación con los artículos 7, apartado 1, y 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003,
por haber participado antes del 23 de julio de 2002 en la celebración y ejecución de un acuerdo que correspondía a la situación
de hecho prevista en el artículo 65 CA, apartado 1.
En primer lugar, por lo que respecta a la competencia de la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en los apartados
57 y 58 de la sentencia recurrida, que el Tratado CECA constituía, en virtud del artículo 305 CE, apartado 1, una
lex specialis
que suponía una excepción a la
lex generalis
que era el Tratado CE y que, debido a la expiración del Tratado CECA el 23 de julio de 2002, el ámbito de aplicación del
régimen general del Tratado CE se extendió, el 24 de julio de 2002, a los sectores regulados inicialmente por el Tratado CECA.
En los apartados 59 a 61 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia precisó que la sucesión del marco jurídico
del Tratado CE al del Tratado CECA se inscribía en el contexto de la continuidad del ordenamiento jurídico de la Unión y de
sus objetivos, y que el establecimiento y el mantenimiento de un régimen de libre competencia constituye uno de los objetivos
esenciales tanto del Tratado CE como del Tratado CECA. Señaló, a este respecto, que los conceptos de acuerdo y de prácticas
con arreglo al artículo 65 CA, apartado 1, responden a los de acuerdo y prácticas concertadas en el sentido del artículo 81 CE
y que el juez de la Unión interpreta esas dos disposiciones de la misma manera.
En el apartado 62 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia consideró, según un principio común a los ordenamientos
jurídicos de los Estados miembros, que en caso de cambio en la legislación procede garantizar, salvo manifiesta voluntad contraria
del legislador, la continuidad de las estructuras jurídicas y estimó que este principio se aplica a las modificaciones del
Derecho originario de la Unión.
En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia concluyó, en los apartados 63 y 64 de la sentencia recurrida, que la continuidad
del ordenamiento jurídico de la Unión exige que la Comisión garantice, con respecto a las situaciones nacidas durante la vigencia
del Tratado CECA, el respeto de los derechos y de las obligaciones impuestas
eo tempore
tanto a los Estados miembros como a los particulares en virtud del Tratado CECA y, por tanto, que el artículo 23, apartado
2, del Reglamento nº 1/2003 debe interpretarse en el sentido de que permite a la Comisión sancionar, después del 23 de julio
de 2002, las prácticas concertadas en los sectores comprendidos en el ámbito de aplicación del Tratado CECA
ratione materiae
y
ratione temporis
.
Estas consideraciones no adolecen de ningún error de Derecho. En efecto, según la jurisprudencia, por una parte, con arreglo
a un principio común a los sistemas jurídicos de los Estados miembros, cuyo origen se remonta al Derecho romano, la continuidad
de las estructuras jurídicas debe quedar garantizada en caso de cambio de normativa, salvo que el legislador disponga lo contrario
y, por otra parte, que tal principio se aplica a las modificaciones del Derecho primario de la Unión (véase, en este sentido,
la sentencia Klomp, antes citada, apartado 13).
Pues bien, como señaló acertadamente la Comisión, no hay indicio alguno de que el legislador de la Unión haya tenido intención
de que las prácticas colusorias prohibidas por el Tratado CECA puedan eludir la imposición de toda sanción tras la expiración
de éste.
Además, de lo expuesto en los apartados 55 a 57 de la presente sentencia se desprende que la sucesión de los Tratados CECA, CE
y FUE permite, a fin de garantizar la libre competencia, que todo comportamiento que corresponda a la situación de hecho prevista
en el artículo 65 CA, apartado 1, tuviera lugar antes o después del 23 de julio de 2002, haya podido ser sancionado por la
Comisión y pueda seguir siéndolo.
En estas circunstancias, sería contrario a la finalidad y a la coherencia de los Tratados e inconciliable con la continuidad
del ordenamiento jurídico de la Unión que la Comisión no estuviera facultada para garantizar una aplicación uniforme de las
normas relativas al Tratado CECA que continúan produciendo efectos incluso después de la expiración de éste (véase, en este
sentido, la sentencia Lucchini, antes citada, apartado 41).
En segundo lugar, a este respecto, el Tribunal de Primera Instancia declaró fundadamente, en los apartados 65, 66 y 68 de
la sentencia recurrida, que el respeto de los principios que rigen la aplicación de la ley en el tiempo y las exigencias de
los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima obligan a aplicar las disposiciones materiales
del artículo 65 CA, apartados 1 y 5, a los hechos del caso de autos comprendidos en su ámbito de aplicación
ratione materiae
y
ratione temporis.
En particular, procede recordar que el principio de seguridad jurídica exige que una normativa de la Unión permita a los interesados
conocer con exactitud el alcance de las obligaciones que les impone y que éstos puedan conocer, sin ambigüedad, sus derechos
y obligaciones, y adoptar las medidas oportunas en consecuencia (sentencia de 10 de marzo de 2009, Heinrich, C‑345/06, Rec.
p. I‑1659, apartado 44 y jurisprudencia citada).
A este respecto, procede señalar que en el momento de los hechos el artículo 65 CA, apartados 1 y 5, establecía una base legal
clara para la sanción impuesta en el caso de autos, de manera que TradeARBED no podía ignorar las consecuencias de su comportamiento.
Por otra parte, de lo expuesto en los apartados 55 a 57 de la presente sentencia resulta que la Comisión habría podido igualmente
imponer tal sanción a ese mismo comportamiento en cualquier momento posterior.
Pues bien, en la medida en que los Tratados definían claramente, con anterioridad a la fecha de los hechos, tanto las infracciones
como la naturaleza y la cuantía de las sanciones con que podían castigarse, dichos principios no tienen por objeto permitir
a las empresas eludir toda sanción relativa a su comportamiento infractor en el pasado debido a modificaciones posteriores
de las bases jurídicas y de las disposiciones de procedimiento.
Procede añadir que la Comisión señaló, antes de que expirara el Tratado CECA, la imposibilidad de eludir tal sanción, precisando,
en el apartado 31 de su Comunicación relativa a determinados aspectos del tratamiento de los asuntos de competencia resultantes
de la expiración del Tratado CECA, adoptada el 18 de junio de 2002 (DO C 152, p. 5), que si descubre una infracción en un
ámbito cubierto por el Tratado CECA, el Derecho sustantivo aplicable será, independientemente de la fecha de aplicación de
la normativa, el Derecho vigente en el momento de producirse los hechos constitutivos de infracción y el Derecho aplicable
al procedimiento será, tras la expiración del Tratado CECA, el Derecho del Tratado CE.
Por lo demás, el principio de la ley más favorable no se opone, en el caso de autos, a la aplicación del artículo 65 CA, apartado
5, puesto que la multa impuesta por la Decisión controvertida en cualquier caso es inferior al límite máximo previsto en el
artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 para la imposición de una multa por infracción de las normas de competencia
de la Unión.
De todas estas circunstancias se deduce que una empresa diligente en la situación de ARBED en ningún momento podía ignorar
las consecuencias de su comportamiento, ni contar con que la sucesión del marco jurídico del Tratado CE al del Tratado CECA
daría lugar a que pudiera eludir toda sanción por las infracciones del artículo 65 CA cometidas en el pasado.
Por lo que respecta a la base jurídica y a las disposiciones de procedimiento aplicables, el Tribunal de Primera Instancia
consideró asimismo, en los apartados 64 y 67 de la sentencia recurrida, que la competencia de la Comisión para imponer, mediante
la Decisión controvertida, la multa emanaba del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 y que el procedimiento debía
llevarse conforme a ese Reglamento.
En efecto, de la jurisprudencia se desprende que la disposición que constituye la base jurídica de un acto y que faculta a
la institución de la Unión para adoptarlo debe estar en vigor en el momento de la adopción del acto (véase, en este sentido,
la sentencia de 4 de abril de 2000, Comisión/Consejo, C‑269/97, Rec. p. I‑2257, apartado 45) y que, en general, se considera
que las normas de procedimiento se aplican en el momento de su entrada en vigor (véanse, en este sentido, las sentencias de
12 de noviembre de 1981, Meridionale Industria Salumi y otros, 212/80 a 217/80, Rec. p. 2735, apartado 9, y de 23 de febrero
de 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, Rec. p. I‑2049, apartado 31).
Ha de añadirse que la aplicación por la Comisión del Reglamento nº 1/2003 no ha restringido, sino más bien ha extendido, las
garantías de procedimiento ofrecidas por el marco jurídico del Tratado CECA a las empresas contra las que se ha iniciado un
procedimiento, extremo que, por otra parte, no cuestiona ARBED.
De ello se deduce que, en los apartados 67 y 68 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia pudo concluir,
sin incurrir en error de Derecho, por una parte, que la competencia de la Comisión para imponer, mediante la Decisión controvertida,
la multa de que se trata resultaba del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 y que el procedimiento debía llevarse
a cabo de conformidad con dicho Reglamento y, por otra parte, que el Derecho material que establecía la sanción aplicable
era el artículo 65 CA, apartados 1 y 5.
En tercer lugar, en la medida en que ARBED alega que el Tribunal de Primera Instancia no respondió explícitamente a todas
sus alegaciones, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la obligación de motivar las sentencias que incumbe
al Tribunal de Primera Instancia en virtud de los artículos 36 y 53, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia,
no le obliga a elaborar una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes
del litigio. La motivación puede ser, pues, implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que
se adoptaron las medidas controvertidas y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control
jurisdiccional (sentencia de 2 de abril de 2009, Bouygues y Bouygues Télécom/Comisión, C‑431/07 P, Rec. p. I‑2665, apartado
42, y auto de 21 de enero de 2010, Iride e Iride Energia/Comisión, C‑150/09 P, apartado 42).
El razonamiento seguido por el Tribunal de Primera Instancia es claro y comprensible y permite tanto a ARBED conocer las razones
por las que el Tribunal desestimó el motivo de que se trata como al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes
para ejercer su control jurisdiccional. De ello se deduce que la sentencia recurrida no adolece de falta de motivación.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el primer motivo debe desestimarse.
2.      Sobre el segundo motivo, basado en una violación de los principios de la personalidad jurídica de las sociedades y de la individualización
de las sanciones, en una falta de motivación, en una interpretación y aplicación erróneas de la jurisprudencia sobre la imputabilidad
del comportamiento de una filial al 100 % a la sociedad matriz así como en una violación del principio de la fuerza de cosa
juzgada
a)      Sobre la admisibilidad y la eficacia del motivo
i)      Alegaciones de las partes
En su escrito de contestación al recurso de casación en el asunto C‑201/09 P, la Comisión alega que este motivo es inadmisible
en la medida en que se opone a la imputación, en los apartados 106 a 119 de la sentencia recurrida, del comportamiento de
TradeARBED a ProfilARBED, ya que la demanda no puede contener un motivo que afecte a otra parte en el procedimiento.
Por otro lado, la Comisión considera que el segundo motivo es ineficaz por dirigirse sólo contra la aplicación de la presunción
de ejercicio de un control efectivo derivado de la titularidad al 100 % del capital de una filial, y no contra la afirmación
por el Tribunal de Primera Instancia de que la Comisión demostró el ejercicio efectivo de una influencia determinante de ARBED
sobre TradeARBED, que justifica la conclusión de que esas sociedades constituían una única entidad económica.
ii)    Apreciación del Tribunal de Justicia
Por lo que respecta a la admisibilidad de la parte del motivo referente a la imputación del comportamiento de TradeARBED a
ProfilARBED, procede señalar que este motivo no ataca a la sentencia recurrida en lo que afecta a la situación jurídica de
ARBED. Tal como la Comisión alega legítimamente, una recurrente en casación no puede invocar un motivo en provecho de otra
parte en el procedimiento. En consecuencia, el presente motivo debe declararse inadmisible en la medida en que ataca a la
imputación del comportamiento de TradeARBED a ProfilARBED.
En cuanto a la eficacia del segundo motivo, del apartado 99 de la sentencia recurrida se desprende que, para concluir que
existía una unidad económica entre ARBED y TradeARBED, el Tribunal de Primera Instancia se apoyó en todas las consideraciones
que preceden a ese apartado, incluida, en consecuencia, la presunción
iuris tantum
de que una sociedad matriz que controla al 100 % a su filial ejerce efectivamente una influencia determinante sobre el comportamiento
de esta última.
En estas circunstancias, procede examinar el fondo del segundo motivo.
b)      Sobre el fondo
i)      Alegaciones de las partes
En primer lugar, ARBED señala que el Tribunal de Primera Instancia declaró la imputabilidad del comportamiento de TradeARBED
a ARBED sobre la base del concepto, desarrollado en el Derecho de la competencia, según el cual empresas jurídicamente distintas
pueden constituir una misma entidad económica. Hasta el momento este concepto sólo ha sido utilizado para eximir a las empresas
de las consecuencias de la existencia de personas jurídicamente distintas, al prever que la prohibición, en el artículo 81 CE,
de los acuerdos entre empresas no puede aplicarse a las empresas de un mismo grupo y al excluir de la aplicación del régimen
de las concentraciones a las adquisiciones de empresas dentro de un mismo grupo.
Al declarar una responsabilidad colectiva de las empresas de un grupo por el comportamiento de una de ellas, el Tribunal de
Primera Instancia negó a los individuos los derechos reconocidos de ejercer sus actividades económicas por medio de entidades
jurídicas distintas, dotadas, cada una de ellas, como personas jurídicas, de personalidad jurídica propia, y a las que se
vincula una responsabilidad individual.
ARBED añade que el enfoque adoptado por el Tribunal de Primera Instancia llevaría a un resultado incoherente. En efecto, el
doble hecho de que el comportamiento infractor de una sociedad perteneciente a un grupo sea imputable tanto a la sociedad
matriz como a la sociedad hermana y que sólo la sociedad matriz tenga la posibilidad de destruir la presunción de influencia
determinante llevaría a imponer un régimen más severo respecto de la sociedad hermana.
Por tanto, según ARBED, la sentencia recurrida viola los principios de la personalidad jurídica y de la individualización
de las penas y sanciones y desarrolla un razonamiento interno incoherente que equivale a una falta de motivación.
En segundo lugar, ARBED considera que, al declarar que una presunción
iuris tantum
según la cual una sociedad matriz ejerce una influencia determinante en el comportamiento de su filial al 100 % justifica
la imputabilidad del comportamiento de la filial a la sociedad matriz, el Tribunal de Primera Instancia violó los principios
generales del Derecho y se apartó tanto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia como de la del propio Tribunal de Primera
Instancia. Tales jurisprudencias requieren que la Comisión demuestre que pueden dirigirse imputaciones específicas a cada
una de las empresas afectadas por una decisión que impone multas.
Las sentencias de 25 de octubre de 1983, AEG-Telefunken/Comisión (107/82, Rec. p. 3151), y de 16 de noviembre de 2000, Stora
Kopparbergs Bergslags/Comisión (C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925), no pueden justificar la postura del Tribunal de Primera Instancia,
al carecer de pertinencia la primera y al haber sido interpretada de modo erróneo la segunda.
En efecto, en el asunto en que se dictó la sentencia AEG-Telefunken/Comisión, antes citada, según ARBED, el Tribunal de Justicia
no debía pronunciarse sobre la posibilidad de imputar a una sociedad matriz una infracción cometida por su filial, sino sobre
la prueba de la participación de dicha sociedad matriz en una infracción. Además, a diferencia de la situación de que se trataba
en dicho asunto, el Derecho nacional aplicable en el caso de autos no prevé que los órganos estatutarios de una filial al
100 % sean idénticos a los de la sociedad matriz.
Por lo que respecta al asunto en que se dictó la sentencia Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión, antes citada, ARBED alega
que el Tribunal de Justicia nunca confirmó que el control al 100 % de una sociedad bastase para que la sociedad matriz fuera
considerada responsable del comportamiento de su filial. En ese asunto, la sociedad matriz, a diferencia de ARBED, durante
el procedimiento administrativo había aceptado asumir la responsabilidad del comportamiento de su filial. Además, en la Decisión
de la Comisión sobre la que se dictó dicha sentencia, esta última adoptó un enfoque consistente en imponer una sanción a la
sociedad matriz cuando existían pruebas explícitas de la participación de esa sociedad matriz en la infracción.
En tercer lugar, ARBED sostiene que, al constatar la Decisión controvertida y la Decisión inicial tanto la existencia de una
influencia determinante de ARBED sobre TradeARBED como el ejercicio de esa influencia, cuando, simultáneamente, reconocían
que ARBED no participó en la infracción ejerciendo dicha influencia, el Tribunal de Primera Instancia violó el principio de
la fuerza de cosa juzgada de la Decisión inicial, sustituyó, excediéndose en su competencia, la apreciación de la Comisión
por la suya propia y aplicó de modo erróneo la jurisprudencia derivada de las sentencias antes citadas AEG-Telefunken/Comisión
y Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión.
ii)    Apreciación del Tribunal de Justicia
Según reiterada jurisprudencia, el concepto de empresa comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con
independencia de la naturaleza jurídica de dicha entidad y de su modo de financiación. A este respecto, el Tribunal de Justicia
precisó, por una parte, que el concepto de empresa, situado en este contexto, designa una unidad económica aunque, desde el
punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas y, por otra parte,
que cuando una entidad económica de este tipo infringe las normas sobre competencia, le incumbe, conforme al principio de
responsabilidad personal, responder por esa infracción (sentencia de 20 de enero de 2011, General Química y otros/Comisión,
C‑90/09 P, Rec. p. I‑0000, apartados 34 a 36 y jurisprudencia citada).
El comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando, aunque tenga personalidad jurídica
separada, esa filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado sino que aplica, esencialmente, las instrucciones
que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta concretamente los vínculos económicos organizativos y jurídicos que
unen a esas dos entidades jurídicas (sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237,
apartado 58 y jurisprudencia citada).
En el caso específico de que una sociedad matriz posea el 100 % del capital de su filial que ha cometido una infracción de
las normas de competencia de la Unión, esa sociedad matriz puede ejercer una influencia decisiva en el comportamiento de esa
filial, por una parte y, por otra parte, existe una presunción
iuris tantum
de que dicha sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia decisiva en el comportamiento de su filial (sentencia Akzo
Nobel y otros/Comisión, antes citada, apartado 60 y jurisprudencia citada).
En esas circunstancias, basta que la Comisión pruebe que la totalidad del capital de una filial pertenece a su sociedad matriz
para presumir que esta última ejerce una influencia decisiva en la política comercial de su filial. La Comisión podrá, en
consecuencia, considerar a la sociedad matriz solidariamente responsable del pago de la multa impuesta a su filial, a menos
que la citada sociedad matriz, a la que incumbe desvirtuar esta presunción, aporte elementos de prueba suficientes para demostrar
que su filial actúa de forma autónoma en el mercado (sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, antes citada, apartado 61 y jurisprudencia
citada).
Si bien es cierto que en los apartados 28 y 29 de la sentencia Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión, antes citada, el Tribunal
de Justicia evocó otras circunstancias, aparte de la tenencia del 100 % del capital de la filial, como el hecho de no haber
negado la influencia ejercida por la sociedad matriz en la política comercial de su filial, y la representación común de ambas
sociedades durante el procedimiento administrativo, no es menos cierto que el Tribunal de Justicia mencionó únicamente estas
circunstancias a efectos de exponer todos los elementos en los que el Tribunal de Primera Instancia había basado su razonamiento,
y no para subordinar la aplicación de la presunción mencionada en el apartado 97 de la presente sentencia a la aportación
de indicios complementarios sobre el ejercicio efectivo de una influencia por parte de la sociedad matriz (sentencia Akzo
Nobel y otros/Comisión, antes citada, apartado 62).
De estas consideraciones se desprende, por una parte, que el Tribunal de Primera Instancia no cometió ningún error de Derecho
al considerar que cuando una sociedad matriz participa en el 100 % del capital de su filial existe una presunción
iuris tantum
de que esa sociedad matriz ejerce una influencia decisiva en el comportamiento de su filial y, por otra parte, que ni el pretendido
principio de la personalidad jurídica de las sociedades ni el de la individualización de las sanciones se oponen, en contra
de lo que sostiene ARBED, a que la Comisión pueda imponer a una sociedad matriz una multa por una infracción cometida por
su filial al 100 %.
En efecto, cuando la sociedad matriz ejerce una influencia determinante en el comportamiento de su filial y, en particular,
en el comportamiento contrario a la competencia de ésta, la responsable de la infracción de las normas de competencia previstas
por los Tratados CECA y CE causada por dicho comportamiento es la empresa constituida por la sociedad matriz y su filial,
según la jurisprudencia recordada en el apartado 95 de la presente sentencia.
Además, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en los apartados 94 y 96 a 98 de la sentencia recurrida, que la Comisión
había constatado, en la Decisión controvertida, que no se había demostrado, ni siquiera alegado, que TradeARBED determinara
su política comercial de forma autónoma respecto de ARBED y que había elementos de prueba adicionales que confirmaban la influencia
decisiva de ARBED en el comportamiento de TradeARBED y el ejercicio efectivo de ese poder.
En estas circunstancias, deben desestimarse las alegaciones de ARBED basadas en una aplicación errónea de la jurisprudencia
relativa a la imputabilidad del comportamiento de una filial al 100 % a la sociedad matriz y en una sustitución, por el Tribunal
de Primera Instancia, de la apreciación de la Comisión por la suya propia.
En cuanto a la alegación de ARBED de que sería incoherente la imputación del comportamiento infractor a una sociedad hermana
en virtud del concepto de entidad económica, ya que llevaría a imponer respecto de esta sociedad un régimen de responsabilidad
más severo que el que se aplica a la sociedad matriz, basta recordar que, en el caso de autos, la Comisión imputó dicho comportamiento
a la sociedad hermana por haber asumido las actividades económicas de la sociedad matriz y, por tanto, al depender la responsabilidad
de la sociedad hermana de la de la sociedad matriz, el régimen de responsabilidad impuesto a la sociedad hermana no es en
modo alguno más severo que el que se aplica a la sociedad matriz.
Por lo que respecta a la alegación basada en una violación del principio de la fuerza de cosa juzgada, basta señalar que,
en todo caso, esta última no puede estar ligada a una decisión de la Comisión que, además, ha sido anulada, como la Decisión
inicial en la medida en que afectaba a ARBED.
En cuanto a la falta de motivación derivada supuestamente de la incoherencia de que adolece el razonamiento del Tribunal de
Primera Instancia, de las consideraciones anteriores se deduce que esa incoherencia alegada proviene de una interpretación
errónea por ARBED de la jurisprudencia relativa a la imputabilidad del comportamiento de una filial al 100 % a la sociedad
matriz. Por tanto, esta alegación debe, en todo caso, desestimarse.
De ello se deduce que el segundo motivo debe desestimarse.
3.      Sobre el tercer motivo, basado en la infracción de las normas de prescripción y del principio de la fuerza de cosa juzgada
y en la falta de motivación
a)      Alegaciones de las partes
ARBED estima que, al considerar que había participado en la infracción por serle imputable la cometida por TradeARBED, el
Tribunal de Primera Instancia, en primer lugar, se contradijo, puesto que distinguió, en el apartado 100 de la sentencia recurrida,
la responsabilidad por imputación de la responsabilidad por participación, en segundo lugar, no demostró que ARBED cumpliera
los requisitos para oponerle los actos que interrumpían o suspendían la prescripción, en tercer lugar, aplicó de modo erróneo
las normas de prescripción y, en cuarto lugar, violó el principio de la fuerza de cosa juzgada.
b)      Apreciación del Tribunal de Justicia
Por lo que respecta a la alegación basada en el razonamiento supuestamente contradictorio que siguió el Tribunal de Primera
Instancia, ya se ha señalado, en el apartado 106 de la presente sentencia, que las incoherencias alegadas provenían de una
interpretación errónea, por ARBED, de la jurisprudencia relativa a la imputabilidad del comportamiento de una filial al 100 %
a la sociedad matriz. Por tanto, esta alegación debe desestimarse.
De ello también se deduce, en contra de lo sostenido por ARBED, que por razón de esa imputabilidad y de la existencia de una
unidad económica entre TradeARBED y ARBED, los actos que interrumpen la prescripción podían oponerse a ARBED.
Por último, por lo que respecta a la alegación basada en una violación del principio de la fuerza de cosa juzgada, en el apartado
105 de la presente sentencia ya se ha señalado que, en todo caso, tal fuerza no puede estar ligada a una decisión de la Comisión
que, además, ha sido anulada, como la Decisión inicial en la medida en que afectaba a ARBED.
De ello se deduce que el tercer motivo debe desestimarse.
4.      Sobre el cuarto motivo, basado en una falta de motivación y en violaciones del derecho de defensa y del principio de la fuerza
de cosa juzgada
a)      Alegaciones de las partes
ARBED afirma haber alegado, ante el Tribunal de Primera Instancia, que los elementos de prueba pertinentes para destruir la
presunción de imputabilidad de la infracción cometida por TradeARBED, que pudieron haber estado a disposición de ARBED durante
el año 1990, habían desaparecido tras un período de tiempo de dieciséis años y que durante el procedimiento ella no había
podido apreciar la pertinencia de las informaciones potencialmente útiles. En consecuencia, la alegación formulada por ARBED
versaba sobre la imposibilidad de reunir las pruebas necesarias para destruir esa presunción.
Al declarar que correspondía a ARBED demostrar la desaparición de las pruebas relativas a la verdadera naturaleza de las relaciones
mantenidas con su filial, el Tribunal de Primera Instancia exigió la prueba de un hecho negativo, por definición imposible
de aportar, por lo que la sentencia recurrida adolece de una falta de motivación constitutiva de una violación del derecho
de defensa.
En la medida en que el Tribunal de Primera Instancia añadió, en el apartado 169 de la sentencia recurrida, que la presunción
de responsabilidad ya figuraba en la Decisión inicial, ARBED replica que esa Decisión no contiene ningún razonamiento sobre
la imputabilidad de una infracción de una sociedad a otra, sino que se limita a afirmar que TradeARBED distribuía vigas para
ARBED y que, para garantizar la igualdad de trato, la Decisión inicial se dirigía a ARBED.
En cuanto a las consideraciones que figuran en el apartado 171 de la sentencia recurrida, según las cuales la presunción de
responsabilidad fue corroborada por elementos de prueba en la Decisión inicial, ARBED señala que el apartado 96 de la sentencia
del Tribunal de Primera Instancia, de 11 de marzo de 1999, ARBED/Comisión, antes citada, se refiere al comportamiento de ARBED
posterior a la infracción, y que, en el apartado 98 de esta última sentencia, el Tribunal de Primera Instancia hizo referencia
a una incertidumbre sobre las responsabilidades de ARBED y de TradeARBED.
Además, al haber anulado el Tribunal de Justicia la Decisión inicial en la medida en que acusaba a ARBED, la fuerza de cosa
juzgada convertía en ineficaz la alegación admitida por el Tribunal de Primera Instancia. Según ARBED, el razonamiento del
Tribunal de Primera Instancia no respeta la fuerza de cosa juzgada derivada de la sentencia de 2 de octubre de 2003, ARBED/Comisión,
antes citada, y se basa en una interpretación errónea tanto de la Decisión inicial como de la sentencia de 11 de marzo de
1999, ARBED/Comisión, antes citada, lo que constituye una falta de motivación.
b)      Apreciación del Tribunal de Justicia
Por lo que respecta a la alegación basada en la imposibilidad de reunir las pruebas necesarias para destruir la presunción
de imputabilidad del comportamiento de TradeARBED a ARBED y en que se haya exigido la prueba de un hecho negativo, de la jurisprudencia
se desprende que corresponde a la empresa que sostiene que la duración excesiva del procedimiento administrativo tuvo una
repercusión sobre el ejercicio del derecho de defensa demostrar que, por dicha duración excesiva, encontró dificultades para
defenderse de las alegaciones de la Comisión (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de septiembre de 2006, Technische
Unie/Comisión, C‑113/04 P, Rec. p. I‑8831, apartados 60 y 61).
En el apartado 168 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia consideró que, en el caso de autos, ARBED no
había demostrado en qué podía haber perjudicado la duración del procedimiento administrativo al ejercicio del derecho de defensa,
al haberse limitado a alegar que los elementos de prueba de los que podía haber dispuesto durante 1990 habían desaparecido
tras un período de tiempo tan prolongado.
Esta apreciación no adolece de ningún error de Derecho. En efecto, procede recordar que ARBED era la destinataria de la Decisión
inicial y tenía la condición de parte en un primer procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia.
Tal como la Comisión alega legítimamente, tales circunstancias deben llevar a toda sociedad diligente a conservar los documentos
necesarios para su defensa.
De ello se deduce que una empresa que se encuentra en la situación de ARBED debe indicar de forma circunstanciada, si no los
elementos de prueba concretos desaparecidos, sí al menos los incidentes, acontecimientos o circunstancias que le impidieron,
durante el período considerado, cumplir con su obligación de diligencia y que conllevaron la supuesta desaparición de los
elementos de prueba a los que alude.
En efecto, sólo examinando tales indicaciones concretas pueden el Tribunal General y el Tribunal de Justicia apreciar si la
empresa demostró suficientemente que, debido a la duración excesiva del procedimiento administrativo, experimentó las dificultades
invocadas para defenderse de las imputaciones de la Comisión o si, por el contrario, dichas dificultades resultan de un incumplimiento
de sus obligaciones de diligencia.
Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia pudo declarar acertadamente que una afirmación tan general como la de ARBED no
bastaba para demostrar suficientemente una incidencia de la duración del procedimiento en el ejercicio del derecho de defensa.
Habida cuenta de ello, las alegaciones formuladas por ARBED contra las consideraciones adicionales enunciadas por el Tribunal
de Primera Instancia en los apartados 169 a 171 de la sentencia recurrida son ineficaces.
En consecuencia, procede desestimar el cuarto motivo.
De todo lo anterior resulta que debe desestimarse el recurso de casación de ARBED en el asunto C‑201/09 P.
B.
Sobre el recurso de casación de la Comisión (asunto C‑216/09 P), cuyo motivo único se basa en errores de Derecho en la interpretación
de la Decisión nº 715/78
1.      Alegaciones de las partes
La Comisión considera que el Tribunal de Primera Instancia se basa en una interpretación literal errónea y excesivamente restrictiva
de los artículos 2, apartado 3, y 3 de la Decisión nº 715/78 al remitirse, para justificar una distinción entre el efecto
de la interrupción y el de la suspensión de la prescripción, a la diferencia que existe entre el tenor de dichas disposiciones
en cuanto al efecto
erga omnes.
La falta de mención expresa de un efecto
erga omnes
en el artículo 3 de la Decisión nº 715/78 no excluye que esta disposición acuerde tal efecto a la suspensión, ya que el objetivo
común de la interrupción y de la suspensión de la prescripción es parar el transcurso del tiempo para todas las empresas afectadas.
En la sentencia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P,
C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, apartado 144), el Tribunal de Justicia rechazó una interpretación
literal y restrictiva de las disposiciones relativas a los plazos de prescripción, teniendo en cuenta, además del tenor de
la disposición relativa a la suspensión de la prescripción, el objetivo perseguido por esa disposición para confirmar una
interpretación amplia del concepto de «Decisión de la Comisión» que figura en el artículo 3 de la Decisión nº 715/78.
La Comisión añade que en esa sentencia, el Tribunal de Justicia señaló que la suspensión protege a la Comisión del efecto
de la prescripción en las situaciones en las que ha de esperar la resolución de un órgano jurisdiccional de la Unión. De este
modo, tanto la interrupción de la prescripción como su suspensión le permiten perseguir y sancionar eficazmente las infracciones
de las normas de competencia.
Asimismo, según la Comisión, de la jurisprudencia citada por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 154 de la sentencia
recurrida no puede deducirse una interpretación restrictiva de los efectos de la suspensión de la prescripción. En particular,
en la sentencia de 24 de junio de 2004, Handlbauer (C‑278/02, Rec. p. I‑6171, apartado 40), el Tribunal de Justicia basó su
interpretación en el objetivo perseguido por las normas de prescripción.
Por lo que respecta a la referencia hecha por el Tribunal de Primera Instancia a la sentencia de 14 de septiembre de 1999,
Comisión/AssiDomän Kraft Products y otros (C‑310/97 P, Rec. p. I‑5363), la Comisión considera que la lógica de esa sentencia
no es aplicable a medidas de investigación como las verificaciones y las inspecciones, cuya impugnación interrumpe o suspende
la prescripción.
En efecto, a diferencia de lo que sucede con la interposición de recursos contra decisiones finales, para la que no puede
excluirse que la solución adoptada por el Tribunal de Primera Instancia sea válida, la impugnación de tales medidas podría
afectar a la capacidad de la Comisión para continuar el procedimiento contra todas las empresas implicadas en la infracción,
aun cuando, formalmente, sólo se dirijan a una única empresa. Por lo tanto, la aplicación de dicha jurisprudencia a la suspensión
de la prescripción perjudicaría a la correcta ejecución del Derecho de la competencia, mientras que una interpretación que
acepte el efecto
erga omnes
podría garantizar la efectividad de ese Derecho.
La Comisión precisa que la sentencia recurrida la obligaría, cuando una sociedad impugnara una medida de investigación dirigida
contra ella, a continuar su investigación respecto de las demás empresas implicadas y a emplear, en su decisión final, documentos
cuya utilización legal sería dudosa, con riesgo de anulación de dicha decisión. Al correr el plazo de prescripción respecto
de las demás empresas, no podría esperar a que finalizara el procedimiento judicial relativo a dicha medida de investigación.
En consecuencia, por una parte, a la vez que esperaran que el órgano jurisdiccional de la Unión resolviera la cuestión de
la legalidad de la investigación, la Comisión y las empresas de que se trata deberían seguir dedicando recursos a continuar
esa investigación y, por otra parte, las empresas que no impugnaron la medida de investigación deberían recurrir la Decisión
final planteando la ilegalidad de esa medida en varios recursos judiciales sobre una cuestión idéntica. Dichas empresas, al
estar legalmente afectadas por esa medida de investigación, aun cuando se dirija a una empresa distinta, deberían poder plantear
la supuesta ilegalidad de tal medida ante dicho órgano jurisdiccional.
La Comisión tampoco considera comparable esta situación a la de las medidas de investigación que no pueden impugnarse puesto
que, por una parte, ella puede suplir, en el procedimiento posterior, posibles problemas formales y, por otra parte, no habría
ningún asunto pendiente ante el órgano jurisdiccional de la Unión.
La Comisión añade que la sentencia recurrida favorece la elusión del pago de la multa. En la medida en que la suspensión sólo
afecta a la sociedad que interpuso un recurso, ésta podría ser reestructurada, o sus bienes traspasados a otra sociedad que
no estuviera afectada por la suspensión diez años después de que finalizara la infracción, de modo que tal circunstancia permitiría
al grupo eludir la imposición de una multa.
Por otra parte, la imbricación de los artículos 2 y 3 de la Decisión nº 715/78, resultante, por una parte, de que dicho artículo
2, apartado 3, remite, en cuanto a la continuación del plazo de prescripción tras una interrupción, al citado artículo 3 y,
por otra parte, de que este último se refiere a la decisión de la Comisión que figura en dicho artículo 2, apartado 3, se
opone a la distinción aceptada por el Tribunal de Primera Instancia.
La Comisión considera que los trabajos preparatorios del Reglamento (CEE) nº 2988/74 del Consejo, de 26 de noviembre de 1974,
relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en los ámbitos del derecho de transportes y de la competencia
de la Comunidad Económica Europea (DO L 319, p. 1; EE 08/02, p. 41), confirman su interpretación de la Decisión nº 715/78.
Señala que la proposición inicial ya preveía que la interrupción de la prescripción tuviera un efecto
erga omnes,
que reflejaba un enfoque
in rem
de la prescripción, en contra del enfoque
in personam,
defendido por algunas delegaciones. Finalmente un acuerdo permitió adoptar el primero de estos enfoques. La disposición relativa
a la suspensión de la prescripción no se introdujo hasta la segunda proposición revisada, a propuesta de una delegación.
La Comisión deduce de ello que el Consejo adoptó el enfoque
in rem
de la prescripción para todas las normas relativas a ésta, incluidas las relativas a la suspensión. El Consejo no proporcionó
más precisiones al respecto ya que, una vez que se había decidido por esta opción en cuanto a la naturaleza de la prescripción,
no era necesario especificarlo también para la suspensión de esta última.
Según la Comisión, al ser la prescripción una excepción que sólo existe si está prevista, también tiende a confirmar su postura
el principio de que las excepciones deben ser interpretadas de modo restrictivo. Por tanto, no procede interpretar las normas
sobre la prescripción de modo amplio, favorable a las empresas. Añade que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia nunca
sostuvo una interpretación restrictiva de las normas en materia de suspensión de la prescripción.
2.      Apreciación del Tribunal de Justicia
De la jurisprudencia se desprende que lo que justifica la suspensión de la prescripción es el propio hecho de que un recurso
esté pendiente ante el Tribunal General o el Tribunal de Justicia (sentencia Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión,
antes citada, apartado 153).
El Tribunal de Justicia también ha declarado que, si el destinatario de una decisión decide interponer recurso de anulación,
al juez de la Unión sólo se le somete la parte de la decisión que afecta a dicho destinatario. En cambio, las partes relativas
a otros destinatarios, que no han sido impugnadas, no integran el objeto del litigio que el juez comunitario ha de resolver
(sentencia Comisión/AssiDomän Kraft Products y otros, antes citada, apartado 53).
Por otra parte, según el artículo 4, apartado 2, de la Decisión nº 715/78 y el artículo 26, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003,
la prescripción en materia de ejecución de sanciones comenzará a contar a partir del día en que la decisión sea firme. El
Tribunal de Justicia ha precisado que, por tanto, este plazo correrá a partir de la expiración del plazo de interposición
del recurso contra la decisión que se haya pronunciado sobre la infracción y la multa, cuando no se haya interpuesto ningún
recurso (véase, por analogía, la sentencia Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, antes citada, apartado 137).
De lo anterior se desprende, por una parte, que para las empresas que no interpusieron recurso contra una decisión final de
la Comisión que les impone una multa con arreglo al artículo 65 CA o al artículo 23 del Reglamento nº 1/2003, tal decisión
adquiere firmeza y, por otra parte, que el carácter firme inicia para ellas el plazo de ejecución de dicha decisión, previsto
en el artículo 4 de la Decisión nº 715/78 y en el artículo 26 del Reglamento nº 1/2003.
De ello se deduce que, respecto de esas empresas, el recurso de otra empresa contra la misma decisión final no puede tener
efecto suspensivo alguno.
Además, tanto el tenor del artículo 3 de la Decisión nº 715/78 y el del artículo 25, apartado 6, del Reglamento nº 1/2003
como los objetivos perseguidos por estos artículos cubren no sólo los recursos interpuestos contra los actos contemplados
en el artículo 2 de la Decisión nº 715/78 y en el artículo 25, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003 que son impugnables sino
también los recursos contra la decisión final de la Comisión (véase, por analogía, la sentencia Limburgse Vinyl Maatschappij
y otros/Comisión, antes citada, apartado 146).
Por tanto, al no distinguir el artículo 3 de la Decisión nº 715/78 y el artículo 25, apartado 6, del Reglamento nº 1/2003
entre las decisiones de las que se deriva un efecto suspensivo, no procede, en contra de lo sostenido por la Comisión, vincular
un efecto
erga omnes
a los recursos interpuestos contra los actos contemplados en el artículo 2 de la Decisión nº 715/78 y en el artículo 25, apartado
3, del Reglamento nº 1/2003 que son impugnables.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede señalar que el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error
de Derecho al declarar que el efecto suspensivo de la prescripción que el artículo 3 de la Decisión nº 715/78 y el artículo
25, apartado 6, del Reglamento nº 1/2003 vinculan a los procedimientos judiciales sólo tiene efecto
inter partes.
En el caso de autos, tal como alegan acertadamente ProfilARBED y TradeARBED, la Decisión inicial se dirigía exclusivamente
a ARBED y el procedimiento judicial que dio lugar a la anulación de dicha Decisión en lo que afectaba a ARBED sólo enfrentaba
a ARBED y a la Comisión. De ello se deduce que de dicho procedimiento no puede derivarse ningún efecto suspensivo respecto
de ProfilARBED o de TradeARBED.
En estas circunstancias, debe desestimarse el recurso de casación de la Comisión en el asunto C‑216/09 P.
Por último, al haberse adherido ProfilARBED y TradeARBED al recurso de casación en el asunto C‑216/09 P con carácter subsidiario,
para el caso de que el Tribunal de Justicia estimara el recurso de la Comisión, no procede examinar dicha adhesión a la casación.
VIII.
Costas
En virtud del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de
su artículo 118, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Conforme
al artículo 69, apartado 3, del mismo Reglamento, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte o en
circunstancias excepcionales, el Tribunal de Justicia podrá decidir que cada parte abone sus propias costas.
Dado que la Comisión solicitó que se condenara en costas a ARBED y que se han desestimado los motivos invocados por ésta en
el marco del recurso de casación en el asunto C‑201/09 P, procede condenarla a cargar con las costas de éste.
Por lo que respecta al recurso de casación en el asunto C‑216/09 P, el Tribunal de Justicia considera que, habida cuenta de
las circunstancias concretas del asunto, procede condenar a la Comisión y a TradeARBED y ProfilARBED a cargar con sus propias
costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide:
1)
Desestimar los recursos de casación.
2)
ArcelorMittal Luxembourg SA cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea en el procedimiento de casación
del asunto C‑201/09 P.
3)
La Comisión Europea, ArcelorMittal Belval & Differdange SA y ArcelorMittal International SA cargarán con sus propias costas
en el procedimiento de casación del asunto C‑216/09 P.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: francés.