CELEX: 62007TJ0138
Competencia
Prácticas colusorias
Mercado de la instalación y del mantenimiento de ascensores y de escaleras mecánicas
Decisión que declara una infracción del artículo 81 CE
Manipulación de licitaciones
Reparto de mercados
Fijación de precios

El presente asunto tiene por objeto una pretensión de anulación de la Decisión C(2007) 512 final de la Comisión, de 21 de
febrero de 2007, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] (Asunto COMP/E-1/38.823 – Ascensores y
escaleras mecánicas) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), de la cual fue publicado un resumen en el
Diario Oficial de la Unión Europea
de 26 de marzo de 2008 (DO C 75, p. 19), o, con carácter subsidiario, de reducción del importe de las multas impuestas a las
demandantes.
En la Decisión impugnada, la Comisión de las Comunidades Europeas consideró que las siguientes sociedades infringieron el
artículo 81 CE:
–        Kone Belgium SA (en lo sucesivo, «Kone Bélgica»), Kone GmbH (en lo sucesivo, «Kone Alemania»), Kone Luxembourg Sàrl (en lo
sucesivo, «Kone Luxemburgo»), Kone BV Liften en Roltrappen (en lo sucesivo, «Kone Países Bajos») y Kone Oyj (en lo sucesivo,
«KC») (en lo sucesivo, consideradas conjunta o separadamente, «Kone»);
–        Otis SA (en lo sucesivo, «Otis Bélgica», Otis GmbH & Co. OHG (en lo sucesivo, «Otis Alemania»), General Technic-Otis Sàrl
(en lo sucesivo, «GTO»), General Technic Sàrl (en lo sucesivo, «GT»), Otis BV (en lo sucesivo, «Otis Países Bajos»), Otis
Elevator Company (en lo sucesivo, «OEC») y United Technologies Corporation (en lo sucesivo, «UTC») (en lo sucesivo, consideradas
conjunta o separadamente, «OTIS»);
–        Schindler SA (en lo sucesivo, «Schindler Bélgica»), Schindler Deutschland Holding GmbH (en lo sucesivo, «Schindler Alemania»),
Schindler Sàrl (en lo sucesivo, «Schindler Luxemburgo»), Schindler Liften BV (en lo sucesivo, «Schindler Países Bajos») y
Schindler Holding Ltd (en lo sucesivo, consideradas conjunta o separadamente, «Schindler»);
–        ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV (en lo sucesivo, «TKLA»), ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (en lo sucesivo, «TKA»), ThyssenKrupp
Fahrtreppen GmbH (en lo sucesivo, «TKF»), ThyssenKrupp Elevator AG (en lo sucesivo, «TKE»), ThyssenKrupp AG (en lo sucesivo,
«TKAG»), ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (en lo sucesivo, «TKAL») y ThyssenKrupp Liften BV (en lo sucesivo, «TKL»)
(en lo sucesivo, consideradas conjunta o separadamente, «ThyssenKrupp»); y
–        Mitsubishi Elevator Europe BV (en lo sucesivo, «MEE»).
Schindler es uno de los primeros grupos mundiales proveedores de ascensores y de escaleras mecánicas. Su sociedad matriz es
Schindler Holding, con domicilio social en Suiza (considerando 27 de la Decisión impugnada). Schindler ejerce sus actividades
en el sector de los ascensores y de las escaleras mecánicas por medio de filiales nacionales. Estas son, concretamente, en
Bélgica, Schindler Bélgica, en Alemania, Schindler Alemania, en Luxemburgo, Schindler Luxemburgo y, en los Países Bajos, Schindler
Países Bajos (considerandos 28 a 32 de la Decisión impugnada).

Procedimiento administrativo
1.
Investigación de la Comisión
Durante el verano de 2003, se transmitió a la Comisión información relativa a la posible existencia de un cártel entre los
cuatro principales fabricantes europeos de ascensores y de escaleras mecánicas que ejercen actividades comerciales en la Unión,
a saber, Kone, Otis, Schindler y ThyssenKrupp (considerandos 3 y 91 de la Decisión impugnada).

Bélgica
A partir del 28 de enero de 2004 y en el transcurso del mes de marzo de 2004, la Comisión, en aplicación del artículo 14,
apartados 2 y 3, del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, primer Reglamento de aplicación de los artículos
[81 CE] y [82 CE] (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), realizó verificaciones, en particular, en los locales de las filiales
de Kone, de Otis, de Schindler y de ThyssenKrupp en Bélgica (considerandos 92, 93, 95 y 97 de la Decisión impugnada).
Kone, Otis, ThyssenKrupp y Schindler formularon sucesivamente solicitudes en virtud de la Comunicación de la Comisión relativa
a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3) (en lo sucesivo,
«Comunicación sobre la cooperación de 2002»). Esas solicitudes fueron completadas por las empresas implicadas (considerandos
94, 96, 98 y 103 de la Decisión impugnada).
El 29 de junio de 2004, se le concedió una dispensa condicionada a Kone en aplicación del apartado 8, letra b), de la referida
Comunicación (considerando 99 de la Decisión impugnada).
Entre septiembre y diciembre de 2004, la Comisión también remitió solicitudes de información, en aplicación del artículo 18
del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia
previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1), a las empresas que participaron en la infracción en Bélgica,
a varios clientes en dicho Estado miembro y a la asociación belga Agoria (considerandos 101 y 102 de la Decisión impugnada).

Alemania
A partir del 28 de enero de 2004 y en el transcurso del mes de marzo de 2004, la Comisión, en aplicación del artículo 14,
apartado 3, del Reglamento nº 17, realizó verificaciones, en particular, en los locales de las filiales de Otis y de ThyssenKrupp
en Alemania (considerandos 104 y 106 de la Decisión impugnada).
El 12 y 18 de febrero de 2004, Kone completó su solicitud en virtud de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, de 2
de febrero de 2004, relativa a Bélgica, mediante información referente a Alemania. Asimismo, entre marzo de 2004 y febrero
de 2005, Otis completó su solicitud relativa a Bélgica mediante información referente a Alemania. Schindler presentó el 25
de noviembre de 2004 una solicitud en virtud de la antedicha Comunicación que contenía información relativa a Alemania, solicitud
que fue completada entre diciembre de 2004 y febrero de 2005. Finalmente, en diciembre de 2005, ThyssenKrupp remitió a la
Comisión una solicitud relativa a Alemania, también en virtud de la referida Comunicación (considerandos 105, 107, 112 y 114
de la Decisión impugnada).
Entre septiembre y noviembre de 2004, la Comisión también remitió solicitudes de información, en aplicación del artículo 18
del Reglamento nº 1/2003 a las empresas que participaron en la infracción en Bélgica, a varios clientes en dicho Estado miembro
y a las asociaciones VDMA, VFA y VMA (considerandos 110, 111 y 113 de la Decisión impugnada).

Luxemburgo
El 5 de febrero de 2004, Kone completó su solicitud de 2 de febrero de 2004, relativa a Bélgica, mediante información referente
a Luxemburgo. Otis y ThyssenKrupp formularon oralmente una solicitud en virtud de la Comunicación sobre la cooperación de
2002, relativa a Luxemburgo. Schindler formuló una solicitud en virtud de la misma Comunicación en relación con Luxemburgo
(considerandos 115, 118, 119 y 124 de la Decisión impugnada).
A partir del 9 de marzo de 2004, la Comisión, en aplicación del artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17, realizó verificaciones,
en particular, en los locales de las filiales de Schindler y de ThyssenKrupp en Luxemburgo (considerando 116 de la Decisión
impugnada).
El 29 de junio de 2004, se le concedió una dispensa condicionada a Kone en aplicación del apartado 8, letra b), de la Comunicación
sobre la cooperación de 2002 por lo que respecta a la parte de su solicitud relativa a Luxemburgo (considerando 120 de la
Decisión impugnada).
En septiembre y en octubre de 2004, la Comisión remitió solicitudes de información en aplicación del artículo 18 del Reglamento
nº 1/2003 a las empresas que participaron en la infracción en Luxemburgo, a varios clientes en dicho Estado miembro y a la
Fédération luxembourgeoise des ascensoristes (considerandos 122 y 123 de la Decisión impugnada).

Países Bajos
En marzo de 2004, Otis formuló una solicitud en virtud de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 relativa a los Países
Bajos, que fue posteriormente completada. En abril de 2004, ThyssenKrupp formuló una solicitud en virtud de la antedicha Comunicación,
solicitud que también fue posteriormente completada varias veces. Finalmente, el 19 de julio de 2004, Kone completó su solicitud
de 2 de febrero de 2004, relativa a Bélgica, mediante información referente a los Países Bajos (considerandos 127, 129 y 130
de la Decisión impugnada).
El 27 de julio de 2004, se le concedió una dispensa condicionada a Otis en aplicación del apartado 8, letra a), de la antedicha
Comunicación (considerando 131 de la Decisión impugnada).
A partir del 28 de abril de 2004, la Comisión, en aplicación del artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17, realizó verificaciones,
en particular, en los locales de las filiales de Kone, de Schindler, de ThyssenKrupp y de MEE en los Países Bajos, así como
en los locales de la asociación Boschduin (considerando 128 de la Decisión impugnada).
En septiembre de 2004, la Comisión remitió solicitudes de información en aplicación del artículo 18 del Reglamento nº 1/2003
a las empresas que participaron en la infracción en los Países Bajos, a varios clientes en dicho Estado miembro y a las asociaciones
VLR y Boschduin (considerandos 133 y 134 de la Decisión impugnada).
2.
Pliego de cargos
El 7 de octubre de 2005, la Comunicación adoptó un pliego de cargos que, en particular, iba dirigido a las sociedades mencionadas
en el apartado 2
supra.
Todos los destinatarios del pliego de cargos transmitieron observaciones escritas en respuesta a los cargos imputados por
la Comisión (considerandos 135 y 137 de la Decisión impugnada).
No se celebró vista oral alguna, ya que ningún destinatario del pliego de cargos había formulado ninguna solicitud en ese
sentido (considerando 138 de la Decisión impugnada).
2.
Decisión impugnada
El 21 de febrero de 2007, la Comisión adoptó la Decisión impugnada, en la que declaró que las sociedades destinatarias de
dicha Decisión habían participado en cuatro infracciones únicas, complejas y continuas del artículo 81 CE, apartado 1, en
cuatro Estados miembros, al haberse repartido los mercados poniéndose de acuerdo o concertándose por lo que respecta a la
adjudicación de licitaciones y de contratos vinculados a la venta, instalación, mantenimiento y modernización de ascensores
y de escaleras mecánicas (considerando 2 de la Decisión impugnada).
Por lo que respecta a las destinatarias de la Decisión impugnada, la Comisión consideró que, además de las filiales de las
empresas implicadas en Bélgica, Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos, las sociedades matrices de dichas filiales debían
considerarse solidariamente responsables de las infracciones del artículo 81 CE cometidas por sus filiales respectivas, debido
a que dichas sociedades matrices habían podido ejercer una influencia decisiva sobre su política comercial mientras la infracción
tenía lugar y a que podía presumirse que habían hecho uso de dicho poder (considerandos 608, 615, 622, 627 y 634 a 641 de
la Decisión impugnada). A las sociedades matrices de MEE no se les consideró solidariamente responsables del comportamiento
de su filial, dado que no pudo demostrarse que hubiesen ejercido una influencia decisiva sobre el comportamiento de su filial
(considerando 643 de la Decisión impugnada).
A efectos del cálculo del importe de las multas, la Comisión ha aplicado, en la Decisión impugnada, la metodología expuesta
en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17
y del apartado 5 del artículo 65 [CA] (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices de 1998»). Asimismo, la Comisión examinó
si, y en qué medida, las empresas implicadas satisfacían las exigencias establecidas en la Comunicación sobre la cooperación
de 2002.
La Comisión calificó las infracciones de «muy graves» habida cuenta de su naturaleza y del hecho de que cada una de ellas
abarcaba todo el territorio de un Estado miembro (Bélgica, Alemania, Luxemburgo o Países Bajos), incluso si sus repercusiones
reales no podían determinarse (considerando 671 de la Decisión impugnada).
Para tener en cuenta la capacidad económica efectiva de las empresas implicadas para causar un perjuicio significativo a la
competencia, la Comisión, por lo que atañía a cada país, distribuyó a éstas en varias categorías en función del volumen de
negocios realizado en el mercado de los ascensores y/o de las escaleras mecánicas, incluyendo, en su caso, los servicios de
mantenimiento y de modernización (considerandos 672 y 673 de la Decisión impugnada).
Por lo que respecta al cártel en Bélgica, se colocó a Kone y a Schindler en la primera categoría, con un importe de partida
de la multa, determinado en función de la gravedad de la infracción, de 40.000.000 de euros. Se colocó a Otis en la segunda
categoría, con un importe de partida de la multa de 27.000.000 de euros. A ThyssenKrupp se le colocó en la tercera categoría,
con un importe de partida de la multa de 16.500.000 euros (considerandos 674 y 675 de la Decisión impugnada). Se aplicó un
factor multiplicador de 1,7 al importe de partida de la multa que había de imponerse a Otis y un factor multiplicador de 2
al importe de partida de la multa de ThyssenKrupp, para tener en cuenta su tamaño y sus recursos globales, de modo que los
importes de partida de sus multas se elevaron a 45.900.000 euros y 33.000.000 de euros respectivamente (considerandos 690
y 691 de la Decisión impugnada). Al haber durado la infracción siete años y ocho meses (desde el 9 de mayo de 1996 hasta el
29 de enero de 2004), la Comisión incrementó el importe de partida de la multa con respecto a las empresas implicadas en un
75 %. De este modo, el importe de base de la multa se fijó en 70.000.000 de euros por lo que atañe a Kone, en 80.325.000 euros,
por lo que respecta a Otis, en 70.000.000 de euros por lo que se refiere a Schindler y en 57.750.000 euros en lo que concierne
a ThyssenKrupp (considerandos 692 y 696 de la Decisión impugnada). La Comisión estimó que ThyssenKrupp debía ser considerada
como reincidente e incrementó el importe de su multa en un 50 % en virtud de esta circunstancia agravante (considerandos 697,
698 y 708 a 710 de la Decisión impugnada). No se tomó en consideración ninguna circunstancia atenuante en favor de las empresas
implicadas (considerandos 733, 734, 749, 750 y 753 a 755 de la Decisión impugnada). En aplicación de la Comunicación sobre
la cooperación de 2002, Kone obtuvo una dispensa total de la multa. Otis obtuvo, por una parte, una reducción del 40 % del
importe de la multa dentro de la horquilla prevista en el apartado 23, letra b), párrafo primero, primer guión, de la antedicha
Comunicación y, por otra parte, una reducción del 1 % del importe de la multa por no cuestionar los hechos. ThyssenKrupp obtuvo,
por una parte, una reducción del 20 % del importe de la multa dentro de la horquilla prevista en el apartado 23, letra b),
segundo guión, de la referida Comunicación y, por otra parte, una reducción del 1 % del importe de la multa por no cuestionar
los hechos. Schindler obtuvo una reducción del 1 % del importe de la multa por no cuestionar los hechos (considerandos 760
a 777 de la Decisión impugnada).
Por lo que respecta al cártel en Alemania, se colocó a Kone, Otis y ThyssenKrupp en la primera categoría, con un importe de
partida de la multa de 70.000.0000 de euros. Se colocó a Schindler en la segunda categoría, con un importe de partida de la
multa de 17.000.000 de euros (considerandos 676 a 679 de la Decisión impugnada). Se aplicó un factor multiplicador de 1,7
al importe de partida de la multa que había de imponerse a Otis y un factor multiplicador de 2 al importe de partida de la
multa de ThyssenKrupp, para tener en cuenta su tamaño y sus recursos globales, de modo que los importes de partida de sus
multas se elevaron a 119.000.000 de euros y 140.000.000 de euros respectivamente (considerandos 690 y 691 de la Decisión impugnada).
Al haber durado ocho años y cuatro meses la infracción cometida por Kone, Otis y ThyssenKrupp (desde el 1 de agosto de 1995
hasta el 5 de diciembre de 2003), la Comisión incrementó el importe de partida de la multa en un 80 % por lo que respecta
a estas empresas. Al haber durado cinco años y cuatro meses la infracción cometida por Schindler (desde el 1 de agosto de
1995 hasta el 6 de diciembre de 2000), la Comisión incrementó en un 50 % el importe de partida de la multa por lo que respecta
a esta empresa. De este modo, el importe de base de la multa ascendió a 126.000.000 de euros por lo que atañe a Kone, a 214.200.000 euros
por lo que respecta a Otis, a 25.500.000 euros por lo que se refiere a Schindler y a 252.000.000 de euros en lo que concierne
a ThyssenKrupp (considerandos 693 y 696 de la Decisión impugnada). La Comisión estimó que ThyssenKrupp debía ser considerada
como reincidente e incrementó el importe de su multa en un 50 % en virtud de esta circunstancia agravante (considerandos 697
a 707 de la Decisión impugnada). No se tomó en consideración ninguna circunstancia atenuante en favor de las empresas implicadas
(considerandos 727 a 729, 735, 736, 742 a 744, 749, 750 y 753 a 755 de la Decisión impugnada). Por una parte, Kone obtuvo,
la reducción máxima del 50 % del importe de la multa prevista en el apartado 23, letra b), párrafo primero, primer guión,
de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 y, por otra parte, una reducción del 1 % del importe de la multa por no cuestionar
los hechos. Por una parte, Otis obtuvo una reducción del 25 % del importe de la multa dentro de la horquilla prevista en el
apartado 23, letra b), párrafo primero, segundo guión, de la antedicha Comunicación y, por otra parte, una reducción del 1 %
del importe de la multa por no cuestionar los hechos. Por una parte, Schindler obtuvo una reducción del 15 % del importe de
la multa dentro de la horquilla prevista en el apartado 23, letra b), párrafo primero, tercer guión, de la referida Comunicación
y, por otra parte, una reducción del 1 % del importe de la multa por no cuestionar los hechos. ThyssenKrupp obtuvo una reducción
del 1 % del importe de la multa por no cuestionar los hechos (considerandos 778 a 813 de la Decisión impugnada).
Por lo que respecta al cártel en Luxemburgo, se colocó a Otis y Schindler en la primera categoría, con un importe de partida
de la multa de 10.000.000 de euros. Se colocó a Kone y ThyssenKrupp en la segunda categoría, con un importe de partida de
la multa de 2.500.000 euros (considerandos 680 a 683 de la Decisión impugnada). Se aplicó un factor multiplicador de 1,7 al
importe de partida de la multa que había de imponerse a Otis y un factor multiplicador de 2 al importe de partida de la multa
de ThyssenKrupp, para tener en cuenta su tamaño y sus recursos globales, de modo que los importes de partida de sus multas
se elevaron a 17.000.000 de euros y a 5.000.000 de euros respectivamente (considerandos 690 y 691 de la Decisión impugnada).
Al haber durado la infracción ocho años y tres meses (desde el 7 de diciembre de 1995 hasta el 9 de marzo de 2004), la Comisión
incrementó el importe de partida de la multa con respecto a las empresas implicadas en un 80 %. De este modo, el importe de
base de la multa ascendió a 4.500.000 euros por lo que atañe a Kone, a 30.600.000 euros por lo que respecta a Otis, a 18.000.000
de euros por lo que se refiere a Schindler y a 9.000.000 de euros por lo que concierne a ThyssenKrupp (considerandos 694 y
696 de la Decisión impugnada). La Comisión estimó que ThyssenKrupp debía ser considerada como reincidente e incrementó el
importe de su multa en un 50 % en virtud de esta circunstancia agravante (considerandos 697, 698 y 711 a 714 de la Decisión
impugnada). No se tomó en consideración ninguna circunstancia atenuante en favor de las empresas implicadas (considerandos
730, 749, 750 y 753 a 755 de la Decisión impugnada). En aplicación de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, Kone obtuvo
una dispensa total de la multa. Otis obtuvo, por una parte, una reducción del 40 % del importe de la multa dentro de la horquilla
prevista en el apartado 23, letra b), párrafo primero, primer guión, de la antedicha Comunicación y, por otra parte, una reducción
del 1 % del importe de la multa por no cuestionar los hechos. Schindler y ThyssenKrupp obtuvieron únicamente una reducción
del 1 % del importe de la multa por no cuestionar los hechos (considerandos 814 a 835 de la Decisión impugnada).
Por lo que respecta al cártel en los Países Bajos, se colocó a Kone en la primera categoría, con un importe de partida de
la multa de 55.000.000 de euros. Se colocó a Otis en la segunda categoría, con un importe de partida de la multa de 41.000.000
de euros. Se colocó a Schindler en la tercera categoría, con un importe de partida de la multa de 24.500.000 euros. Se colocó
a ThyssenKrupp y MEE en la cuarta categoría, con un importe de partida de la multa de 8.500.000 euros (considerandos 684 y
685 de la Decisión impugnada). Se aplicó un factor multiplicador de 1,7 al importe de partida de la multa que había de imponerse
a Otis y un factor multiplicador de 2 al importe de partida de la multa de ThyssenKrupp, para tener en cuenta su tamaño y
sus recursos globales, de modo que los importes de partida de sus multas se elevaron a 69.700.000 euros y 17.000.000 de euros
respectivamente (considerandos 690 y 691 de la Decisión impugnada). Al haber durado cinco años y diez meses la infracción
cometida por Otis y ThyssenKrupp (desde el 15 de abril de 1998 hasta el 5 de marzo de 2004), la Comisión incrementó el importe
de partida de la multa en un 55 % por lo que respecta a estas empresas. Al haber durado cuatro años y nueve meses la infracción
cometida por Kone y Schindler (desde el 1 de junio de 1999 hasta el 5 de marzo de 2004), la Comisión incrementó en un 45 %
el importe de partida de la multa por lo que respecta a estas empresas. Al haber durado cuatro años y un mes la infracción
cometida por MEE (desde el 11 de enero de 2000 hasta el 5 de mayo de 2004), la Comisión incrementó en un 40 % el importe de
partida de la multa por lo que respecta a esta empresa. De este modo, el importe de base de la multa ascendió a 79.750.000 euros
por lo que atañe a Kone, a 108.035.000 euros por lo que respecta a Otis, a 35.525.000 euros por lo que se refiere a Schindler,
a 26.350.000 euros por lo que concierne a ThyssenKrupp y a 11.900.000 euros por lo que atañe a MEE (considerandos 695 y 696
de la Decisión impugnada). La Comisión estimó que ThyssenKrupp debía ser considerada como reincidente e incrementó el importe
de su multa en un 50 % en virtud de esta circunstancia agravante (considerandos 697, 698, y 715 a 720 de la Decisión impugnada).
No se tomó en consideración ninguna circunstancia atenuante en favor de las empresas implicadas (considerandos 724 a 726,
731, 732, 737, 739 a 741, 745 a 748 y 751 a 755 de la Decisión impugnada). En aplicación de la Comunicación sobre la cooperación
de 2002, Otis obtuvo una dispensa total de la multa. ThyssenKrup obtuvo, por una parte, una reducción del 40 % del importe
de la multa dentro de la horquilla prevista en el apartado 23, letra b), párrafo primero, primer guión, de la antedicha Comunicación
y, por otra parte, una reducción del 1 % del importe de la multa por no cuestionar los hechos. Schindler y MEE obtuvieron
una reducción del 1 % del importe de la multa por no cuestionar los hechos (considerandos 836 a 855 de la Decisión impugnada).
La parte dispositiva de la Decisión impugnada tiene el siguiente tenor:
«Artículo 1
1.      Por lo que respecta a Bélgica, las empresas que figuran a continuación han cometido una infracción del artículo 81 [CE], al
haberse puesto de acuerdo regular y colectivamente, durante los períodos indicados, en el marco de acuerdos y de prácticas
concertadas a nivel nacional relativos a los ascensores y a las escaleras mecánicas, para repartirse los mercados, asignarse
licitaciones públicas y privadas y otros contratos con arreglo a cuotas previamente convenidas por lo que atañe a la venta
y la instalación y haberse abstenido de hacerse la competencia por lo que atañe a los contratos de mantenimiento y de modernización:
–        Kone: [KC] y [Kone Bélgica]: de 9 de mayo de 1996 a 29 de enero de 2004;
–        Otis: [UTC], [OEC] y [Otis Bélgica]: de 9 de mayo de 1996 a 29 de enero de 2004;
–        Schindler: Schindler Holding [...] y [Schindler Bélgica]: de 9 de mayo de 1996 a 29 de enero de 2004; y
–        ThyssenKrupp: [TKAG], [TKE] y [TKLA]: de 9 de mayo de 1996 a 29 de enero de 2004.
2.      Por lo que respecta a Alemania, las empresas que figuran a continuación han cometido una infracción del artículo 81 [CE],
al haberse puesto de acuerdo regular y colectivamente, durante los períodos indicados, en el marco de acuerdos y de prácticas
concertadas a nivel nacional relativos a los ascensores y a las escaleras mecánicas, para repartirse los mercados y asignarse
licitaciones públicas y privadas y otros contratos con arreglo a cuotas previamente convenidas por lo que atañe a la venta
y la instalación:
–        Kone: [KC] y [Kone Alemania]: de 1 de agosto de 1995 a 5 de diciembre de 2003;
–        Otis: [UTC], [OEC] y [Otis Alemania]: del 1 de agosto de 1995 a 5 de diciembre de 2003;
–        Schindler: Schindler Holding [...] y [Schindler Alemania]: de 1 de agosto de 1995 a 6 de diciembre de 2000; y
–        ThyssenKrupp: [TKAG], [TKE], [TKA] y [TKF]: de 1 de agosto de 1995 a 5 de diciembre de 2003.
3.      Por lo que respecta a Luxemburgo, las empresas que figuran a continuación han cometido una infracción del artículo 81 [CE],
al haberse puesto de acuerdo regular y colectivamente, durante los períodos indicados, en el marco de acuerdos y de prácticas
concertadas a nivel nacional relativos a los ascensores y a las escaleras mecánicas, para repartirse los mercados, asignarse
licitaciones públicas y privadas y otros contratos con arreglo a cuotas previamente convenidas por lo que atañe a la venta
y la instalación y haberse abstenido de hacerse la competencia por lo que atañe a los contratos de mantenimiento y de modernización:
–        Kone: [KC] y [Kone Luxemburgo]: de 7 de diciembre de 1995 a 29 de enero de 2004;
–        Otis: [UTC], [OEC], [Otis Bélgica], [GTO] y [GT]: de 7 de diciembre de 1995 a 9 de marzo de 2004;
–        Schindler: Schindler Holding [...] y [Schindler Luxembourg]: de 7 de diciembre de 1995 a 9 de marzo de 2004; y
–        ThyssenKrupp: [TKAG], [TKE] y [TKAL]: de 7 de diciembre de 1995 a 9 de marzo de 2004.
4.      Por lo que respecta a los Países Bajos, las empresas que figuran a continuación han cometido una infracción del artículo 81 [CE],
al haberse puesto de acuerdo regular y colectivamente, durante los períodos indicados, en el marco de acuerdos y de prácticas
concertadas a nivel nacional relativos a los ascensores y a las escaleras mecánicas, para repartirse los mercados, asignarse
licitaciones públicas y privadas y otros contratos con arreglo a cuotas previamente convenidas por lo que atañe a la venta
y la instalación y haberse abstenido de hacerse la competencia por lo que atañe a los contratos de mantenimiento y de modernización:
–        Kone: [KC] y [Kone Países Bajos]: de 1 de junio de 1999 a 5 de marzo de 2004;
–        Otis: [UTC], [OEC] y [Otis Países Bajos]: de 15 de abril de 1998 a 5 de marzo de 2004;
–        Schindler: Schindler Holding [...] y [Schindler Países Bajos]: de 1 de junio de 1999 a 5 de marzo de 2004;
–        ThyssenKrupp: [TKAG] y [TKL]: de 15 de abril de 1998 a 5 de marzo de 2004; y
–        [MEE]: de 11 de enero de 2000 a 5 de marzo de 2004.
Artículo 2
1.      Por las infracciones en Bélgica contempladas en el artículo 1, apartado 1, se imponen las siguientes multas:
–        Kone: [KC] y [Kone Bélgica], solidariamente: 0 euros;
–        Otis: [UTC], [OEC] y [Otis Bélgica], solidariamente: 47.713.050 euros;
–        Schindler: Schindler Holding [...] y [Schindler Bélgica], solidariamente: 69.300.000 euros; y
–        ThyssenKrupp: [TKAG], [TKE] y [TKLA], solidariamente: 68.607.000 euros.
2.      Por las infracciones en Alemania contempladas en el artículo 1, apartado 2, se imponen las siguientes multas:
–        Kone: [KC] y [Kone Alemania], solidariamente: 62.370.000 euros;
–        Otis: [UTC], [OEC] y [Otis Alemania], solidariamente: 159.043.500 euros;
–        Schindler: Schindler Holding [...] y [Schindler Alemania], solidariamente: 21.458.250 euros; y
–        ThyssenKrupp: [TKAG], [TKE], [TKA] y [TKF], solidariamente: 374.220.000 euros.
3.      Por las infracciones en Luxemburgo contempladas en el artículo 1, apartado 3, se imponen las siguientes multas:
–        Kone: [KC] y [Kone Luxemburgo], solidariamente: 0 euros;
–        Otis: [UTC], [OEC], [Otis Bélgica], [GTO] y [GT], solidariamente: 18.176.400 euros;
–        Schindler: Schindler Holding [...] y [Schindler Luxemburgo], solidariamente: 17.820.000 euros; y
–        ThyssenKrupp: [TKAG], [TKE] y [TKAL], solidariamente: 1.365.000 euros.
4.      Por las infracciones en los Países Bajos contempladas en el artículo 1, apartado 4, se imponen las siguientes multas:
–        Kone: [KC] y [Kone Países Bajos], solidariamente: 79.750.000 euros;
–        Otis: [UTC], [OEC] y [Otis Países Bajos], solidariamente: 0 euros;
–        Schindler: Schindler Holding [...] y [Schindler Países Bajos], solidariamente: 35.169.750 euros;
–        ThyssenKrup: [TKAG] y [TKL], solidariamente: 23.477.850 euros; y
–        [MEE]: 1.841.400 euros.
[...]»

Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 4 de mayo de 2007, las demandantes, Schindler Holding, Schindler
Management AG, Schindler Bélgica, Schindler Alemania, Schindler Luxemburgo y Schindler Países Bajos, interpusieron el presente
recurso.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 25 de julio de 2007, el Consejo de la Unión solicitó intervenir
en apoyo de las pretensiones de la Comisión. Mediante auto de 8 de octubre de 2007, el Presidente de la Sala Octava del Tribunal
aceptó dicha solicitud de intervención.
El 26 de noviembre de 2007, el Consejo presentó su escrito de intervención. Las partes principales presentaron sus observaciones
sobre dicho escrito.
Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Octava) decidió iniciar la fase oral y, en el marco de las diligencias
de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 de su Reglamento de Procedimiento, formuló por escrito una serie
de cuestiones a las demandantes y requirió a la Comisión que presentase un documento. Las partes dieron cumplimiento a dichas
diligencias dentro del plazo señalado.
En la vista celebrada el 17 de septiembre de 2009 se oyeron los informes de las partes y sus respuestas a las preguntas orales
del Tribunal.
Las demandantes solicitan al Tribunal que:
–        Anule la Decisión impugnada.
–        Con carácter subsidiario, reduzca el importe de las multas impuestas.
–        Declare, con arreglo al artículo 113 del Reglamento de Procedimiento, el sobreseimiento del recurso en la medida en que afecta
a Schindler Management.
–        Condene en costas a la Comisión, incluidas las resultantes del sobreseimiento por lo que respecta al recurso interpuesto por
Schindler Management.
La Comisión solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a las demandantes.
El Consejo solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Resuelva como proceda acerca de las costas.

Sobre la pretensión de sobreseimiento por lo que respecta a Schindler Management
En su versión anterior a la interposición del recurso, el artículo 4 de la Decisión impugnada mencionaba a Schindler Management
como uno de los destinatarios de dicha Decisión.
Mediante Decisión de 4 de septiembre de 2007, comunicada al Tribunal el 30 de junio de 2009, la Comisión rectificó el artículo
4 de la Decisión impugnada y notificó esa rectificación a Schindler Holding y a Schindler Management. El artículo 4 rectificado
de la Decisión impugnada ya no menciona a Schindler Management.
Según las demandantes, la rectificación de la Decisión impugnada dejó al recurso sin objeto en la medida en que fue interpuesto
por Schindler Management.
Procede observar, de conformidad con las pretensiones de las demandantes que el presente recurso, tras la rectificación de
la Decisión impugnada, ha quedado sin objeto en la medida en que atañe a Schindler Management.
Por tanto, ya no procede pronunciarse sobre el recurso en la medida en que fue interpuesto por Schindler Management.

Sobre el fondo
1.
Observaciones preliminares
En apoyo de su recurso, las demandantes, en sus escritos, han formulado sus alegaciones en el marco de trece motivos, que
han presentado del siguiente modo. El primer motivo se basa en la vulneración del principio de legalidad de las penas, debido
a que, a su entender, el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 concede a la Comisión un margen de apreciación
ilimitado a la hora de calcular las multas. El segundo motivo se basa en una vulneración del principio de irretroactividad
al aplicar las Directrices de 1998 y la Comunicación sobre la cooperación de 2002. El tercer motivo se basa en la vulneración
del principio de legalidad de las penas y en la falta de competencia de la Comisión para adoptar las Directrices de 1998.
El cuarto motivo se basa en la ilegalidad de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 debido a la vulneración de los principios
nemo tenetur se ipsum accusare, nemo tenetur se ipsum prodere
(en lo sucesivo, conjuntamente, «principio
nemo tenetur»), in dubio pro reo
y de proporcionalidad. El quinto motivo se basa en la vulneración del principio de separación de poderes y del derecho a un
procedimiento basado en el respeto del Estado de Derecho. El sexto motivo se basa en el carácter confiscatorio de las multas
impuestas a las demandantes. Los motivos séptimo y octavo se basan en una infracción de las Directrices de 1998 a la hora
de fijar el importe de partida de las multas y de apreciar las circunstancias atenuantes. El noveno motivo se basa en una
infracción de las Directrices de 1998 y de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 por lo que respecta a la determinación
del importe de las multas por las infracciones en Bélgica, Alemania y Luxemburgo. El décimo motivo se basa en el carácter
desproporcionado del importe de las multas. El undécimo motivo se basa en que no se notificó válidamente la Decisión impugnada
a Schindler Holding. El duodécimo motivo se basa en la inexistencia de responsabilidad por parte de Schindler Holding. Finalmente,
el decimotercer motivo se basa en la infracción del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003.
Si bien el recurso interpuesto por las demandantes tiene un doble objeto, a saber, con carácter principal, una pretensión
de anulación de la Decisión impugnada, y, con carácter subsidiario, una pretensión de reducción del importe de la multas,
las diferentes imputaciones formuladas por las demandantes en sus escritos procesales han sido expuestas sin que las pretensiones
que dichas imputaciones fundamentan hayan sido precisadas. En la vista, las demandantes, en respuesta a una cuestión del Tribunal,
indicaron, en esencia, que los diez primeros motivos y el motivo decimotercero tienen por objeto la anulación del artículo
2 de la Decisión impugnada, que el motivo undécimo tiene por objeto la anulación de la Decisión impugnada en su conjunto en
la medida en que tiene a Schindler Holding por destinataria y que el duodécimo motivo tiene por objeto la anulación de los
artículos 1, 2 y 3 de la Decisión impugnada en la medida en que tiene a Schindler Holding por destinataria.
A este respecto, procede considerar que varias de las imputaciones de las demandantes atañen a la legalidad de la Decisión
impugnada en su conjunto y, por tanto, serán examinadas en primer lugar. Así ocurre con la imputación de las demandantes formulada
en el marco de su quinto motivo, que, en esencia, se basa en una infracción del artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en
lo sucesivo, «CEDH»). Entre las imputaciones que se refieren a la legalidad de la Decisión impugnada en su conjunto se encuentran
también las formuladas en el marco de los motivos undécimo y duodécimo, basados, respectivamente, en la ilegalidad de la Decisión
impugnada en la medida en que tiene a Schindler Holding por destinataria debido a la falta de notificación válida y en la
ilegalidad de la Decisión impugnada en la medida en que compromete la responsabilidad solidaria de Schindler Holding.
Las imputaciones relativas a la legalidad del artículo 2 de la Decisión impugnada, formuladas en el marco de los otros motivos
del recurso, serán examinadas en segundo lugar. A este respecto, el Tribunal considera oportuno examinar las imputaciones
de las demandantes del siguiente modo. Para empezar, se analizarán los motivos primero, segundo, tercero y cuarto, en el marco
de los cuales las demandantes proponen varias excepciones de ilegalidad relativas al artículo 23, apartado 2, del Reglamento
nº 1/2003, a las Directrices de 1998 y a la Comunicación sobre la cooperación de 2002. A continuación, el Tribunal examinará
el sexto motivo, según el cual la Decisión impugnada tiene carácter confiscatorio. Finalmente, el Tribunal examinará los motivos
séptimo, octavo, noveno, décimo y decimotercero, en el marco de los cuales las demandantes han invocado varias imputaciones
relativas a la determinación del importe de sus multas.
2.
Sobre la pretensión de anulación de la Decisión impugnada en su conjunto

Sobre el motivo basado en la infracción del artículo 6, apartado 1, del CEDH
Las demandantes alegan que, dado que la infracción de las disposiciones del Tratado CE en materia de Derecho de la competencia
compete al Derecho penal, el procedimiento ante la Comisión debe cumplir los requisitos del artículo 6, apartado 1, del CEDH.
Ahora bien, a su entender, las autoridades administrativas sólo pueden imponer sanciones penales si es posible llevar a cabo
un control jurisdiccional, lo cual no ocurre en el caso de autos. En efecto, según las demandantes, un recurso de anulación
ante el juez de la Unión sólo es un procedimiento de casación administrativo, que se limita a los motivos concretamente formulados
por el demandante y no cumple los requisitos definidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «Tribunal
EDH»), en particular, en el marco del asunto Öztürk c. Alemania de 21 de febrero de 1984 (serie A nº 73). Además, en opinión
de las demandantes, el procedimiento ante la Comisión no puede considerarse un procedimiento ante un tribunal independiente
e imparcial, dado que la valoración de la prueba por la Comisión en el marco de la Comunicación sobre la cooperación de 2002,
que se basa en descripciones de hechos obtenidas en el marco de una «autoinculpación», incumple los requisitos de un procedimiento
en un Estado de Derecho porque las empresas no tienen ninguna posibilidad de verificar la pertinencia de las imputaciones
planteando, por ejemplo, cuestiones a los testigos que declaren contra ellas.
El artículo 6, apartado 1, del CEDH dispone:
«Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal
independiente e imparcial, establecido por la Ley, que decidirá […] sobre el fundamento de cualquier acusación en materia
penal dirigida contra ella. […]».
Debe recordarse que el Tribunal de Justicia ha reconocido el principio general del Derecho de la Unión según el cual toda
persona tiene derecho a un juicio justo (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007, Salzgitter Mannesmann/Comisión,
C‑411/04 P, Rec. p. I‑959, apartado 40, y la jurisprudencia citada). Este principio, por otra parte reafirmado en el artículo
47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada el 7 de diciembre de 2000 en Niza (DO C 364,
p. 1) (en lo sucesivo, «Carta»), se inspira en los derechos fundamentales que forman parte de los principios generales del
Derecho de la Unión, cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia inspirándose en las tradiciones constitucionales comunes
a los Estados miembros, así como en las indicaciones proporcionadas, entre otros, por el Tribunal EDH (sentencia Salzgitter
Mannesmann/Comisión, antes citada, apartado 41).
En primer lugar, por lo que respecta a la alegación según la cual el procedimiento ante la Comisión no cumple los requisitos
del artículo 6, apartado 1, del CEDH, debe señalarse que, según la jurisprudencia del Tribunal EDH, para que el artículo 6
del CEDH se aplique, basta con que la infracción de que se trate sea por naturaleza penal o haya expuesto al interesado a
una sanción que, por su naturaleza y su grado de gravedad, forme parte, en general, de la materia penal (véase Tribunal EDH,
sentencia Jussila c. Finlandia de 23 de noviembre de 2006,
Recueil des arrêts et décisions,
2006-XIII, apartado 31, y la jurisprudencia citada). A este respecto, tal como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal
EDH, al adoptar una interpretación autónoma del concepto de «acusación en materia penal», los órganos del CEDH han sentado
los fundamentos de una progresiva extensión del ámbito penal del artículo 6 a sectores no comprendidos formalmente en las
categorías tradicionales del Derecho penal, tales como las sanciones pecuniarias impuestas por vulneración del Derecho de
la competencia. Sin embargo, por lo que respecta a las categorías que no forman parte del núcleo duro del Derecho penal, el
Tribunal EDH ha precisado que las garantías ofrecidas por el ámbito penal del artículo 6 no deben aplicarse necesariamente
con todo su rigor (véase, en este sentido, Tribunal EDH, sentencia Jussila c. Finlandia, antes citada, apartado 43, y la jurisprudencia
citada).
Asimismo, según la jurisprudencia de los tribunales de la Unión, y tal como se afirma explícitamente en el artículo 23, apartado
5, del Reglamento nº 1/2003, las decisiones de la Comisión en las que se imponen multas por infracción del Derecho de la competencia
no tienen carácter penal (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 6 de octubre de 1994, Tetra Pak/Comisión,
T‑83/91, Rec. p. II‑755, apartado 235; de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95
a T‑32/95, T‑34/95 a T‑39/95, T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 a T‑65/95, T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95
y T‑104/95, Rec. p. II‑491, apartado 717, y de 20 de marzo de 2002, HFB y otros/Comisión, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, apartado 390).
Contrariamente a lo que sostienen las demandantes, debe considerarse que un procedimiento en el marco del cual la Comisión
adopta una decisión por la que se declara una infracción y se impone una multa y que posteriormente puede someterse al control
de los tribunales de la Unión cumple los requisitos del artículo 6, apartado 1, del CEDH. Es cierto que la Comisión no es
un tribunal a efectos del artículo 6 del CEDH (véanse, en ese sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de octubre
de 1980, van Landewyck y otros/Comisión, 209/78 a 215/78 y 218/78, Rec. p. 3125, apartado 81, y de 7 de junio de 1983, Musique
Diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 7). Sin embargo, la Comisión está obligada a
respetar los principios generales del Derecho de la Unión durante el procedimiento administrativo (sentencias del Tribunal
General de 10 de marzo de 1992, Shell/Comisión, T‑11/89, Rec. p. II‑757, apartado 39; Cimenteries CBR y otros/Comisión, citada
en el apartado 53
supra,
apartado 718, y HFB y otros/Comisión, citada en el apartado 53
supra,
apartado 391).
Por otra parte, el control ejercido por los tribunales de la Unión sobre las decisiones de la Comisión garantiza que se cumplan
los requisitos de un proceso justo, tal como se establece en el artículo 6, apartado 1, del CEDH (véase el apartado 50
supra).
A este respecto, según el Tribunal EDH, es necesario que la empresa afectada pueda recurrir toda decisión que se adopte con
respecto a ella ante un órgano jurisdiccional dotado de plena jurisdicción, que tenga en particular la facultad de reformar
en cualquier punto, tanto de hecho como de Derecho, la decisión recurrida (véase, por analogía, Tribunal EDH, sentencia Janosevic
c. Suecia de 23 de julio de 2002,
Recueil des arrêts et décisions,
2002-VII, apartado 81, y la jurisprudencia citada). Pues bien, cuando el Tribunal controla la legalidad de una decisión por
la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE, las demandantes pueden pedirle que efectúe un examen
exhaustivo tanto de la determinación de la materialidad de los hechos como de su valoración jurídica por parte de la Comisión.
Además, por lo que respecta a las multas, dispone de una competencia jurisdiccional plena conforme al artículo 229 CE y al
artículo 31 del Reglamento nº 1/2003 (véase, en este sentido, la sentencia Cimenteries CBR y otros/Comisión, citada en el
apartado 53
supra,
apartado 719).
En segundo lugar, procede desestimar la alegación de las demandantes, según la cual las empresas implicadas no tuvieron la
posibilidad de verificar la pertinencia de las imputaciones formuladas por la Comisión, por ejemplo, mediante la interrogación
de los eventuales testigos que hubiesen declarado contra ellas. En efecto, según la jurisprudencia, ninguna disposición ni
principio general del Derecho de la Unión prohíbe que la Comisión invoque contra una empresa declaraciones de otras empresas.
De no ser así, la carga de la prueba de los comportamientos contrarios a los artículos 81 CE y 82 CE, que incumbe a la Comisión,
sería insostenible e incompatible con la misión de vigilancia de la buena aplicación de dichas disposiciones que le atribuye
el Tratado CE. Sin embargo, no cabe considerar que la declaración de una empresa inculpada por haber participado en una práctica
colusoria, cuya exactitud es cuestionada por varias empresas inculpadas, constituye una prueba suficiente de los hechos controvertidos
si no es respaldada por otros elementos probatorios (véase la sentencia del Tribunal de 25 de octubre de 2005, Groupe Danone/Comisión,
T‑38/02, Rec. p. II‑4407, apartado 285, y la jurisprudencia citada). Por otra parte, en cualquier caso, es preciso señalar
que en el caso de autos las demandantes han reconocido expresamente los hechos tal como se exponían en el pliego de cargos.
En tercer lugar, por lo que respecta al resto del motivo, cabe decir que en lo que atañe a la valoración de la prueba por
la Comisión en el marco de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, la imputación de las demandantes se confunde con
su imputación basada en la ilegalidad de dicha Comunicación debido a la vulneración de los principios
nemo tenetur
e
in dubio pro reo,
que debe desestimarse por las razones que se exponen en los apartados 146 a 164
infra.
De lo anterior se deduce que procede desestimar el motivo basado en la infracción del artículo 6, apartado 1, del CEDH.

Sobre el motivo basado en la ilegalidad de la Decisión impugnada, en la medida en que tiene a Schindler Holding por destinataria,
debido a la falta de notificación válida
Las demandantes reconocen que la Decisión impugnada le fue comunicada a Schindler Holding, con domicilio social en Suiza.
Sin embargo, a su entender dicha Decisión no fue notificada de conformidad con el artículo 254 CE, apartado 3. En opinión
de las demandantes, la manera de actuar de la Comisión vulnera el Derecho penal suizo y es contraria al Derecho internacional.
En efecto, a su juicio, la notificación en Suiza supone la existencia de un convenio de Derecho internacional con Suiza, convenio
que no existe, de modo que, al no haber notificación, la Decisión impugnada, en la medida en que tiene a Schindler Holding
por destinataria, no es válida y, por consiguiente, es jurídicamente inexistente.
A este respecto, debe recordarse que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que las irregularidades en el procedimiento de
notificación de una decisión son ajenas al acto y, en consecuencia, no pueden viciarlo (sentencia del Tribunal de Justicia
de 14 de julio de 1972, Imperial Chemical Industries/Comisión, 48/69, Rec. p. 619, apartado 39). Las irregularidades de ese
tipo únicamente pueden impedir, cuando concurren determinadas circunstancias, que empiece a correr el plazo establecido en
el artículo 230 CE, párrafo quinto, para la interposición de un recurso. En el caso de autos, Schindler Holding tuvo indudablemente
conocimiento del contenido de la Decisión impugnada e hizo uso de su derecho de recurso dentro del plazo establecido en el
artículo 230 CE, párrafo quinto.
Por consiguiente, procede desestimar el presente motivo.

Sobre el motivo basado en la ilegalidad de la Decisión impugnada, en la medida en que compromete la responsabilidad solidaria
de Schindler Holding
Mediante este motivo, las demandantes cuestionan la responsabilidad solidaria de Schindler Holding, sociedad matriz del grupo
Schindler, por los comportamientos contrarios a la competencia de sus filiales en Bélgica, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos.
Por lo que respecta a la responsabilidad solidaria de una sociedad matriz por el comportamiento de su filial, es preciso recordar
que el hecho de que una filial tenga personalidad jurídica distinta no basta para descartar la posibilidad de imputar su comportamiento
a la sociedad matriz (sentencia Imperial Chemical Industries/Comisión, citada en el apartado 61
supra,
apartado 132).
En efecto, el Derecho de la competencia de la Unión tiene por objeto las actividades de las empresas, y el concepto de empresa
comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de esa entidad y de
su modo de financiación (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión,
C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237, apartado 54, y la jurisprudencia citada).
Los tribunales de la Unión también han precisado que, en este mismo contexto, debe entenderse que el concepto de empresa designa
una unidad económica aunque, desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas
físicas o jurídicas (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1984, Hydrotherm Gerätebau, 170/83,
Rec. p. 2999, apartado 11, y Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 65
supra,
apartado 55, y la jurisprudencia citada; véase, asimismo, en este sentido, la sentencia del Tribunal General de 29 de junio
de 2000, DSG/Comisión, T‑234/95, Rec. p. II‑2603, apartado 124). De este modo han destacado que, a efectos de la aplicación
de las normas sobre competencia, la separación formal entre dos sociedades, resultante de su personalidad jurídica distinta,
no es determinante y lo importante es la unidad o no de su comportamiento en el mercado. Por consiguiente, puede resultar
necesario determinar si dos sociedades que tienen personalidades jurídicas separadas constituyen o forman parte de una misma
y única empresa o entidad económica que presenta un comportamiento único en el mercado (sentencia Imperial Chemical Industries/Comisión,
citada en el apartado 61
supra,
apartado 140, y sentencia del Tribunal General de 15 de septiembre de 2005, DaimlerChrysler/Comisión, T‑325/01, Rec. p. II‑3319,
apartado 85).
Cuando una entidad económica de este tipo infringe las normas sobre competencia, le incumbe a ella, conforme al principio
de responsabilidad personal, responder por esa infracción (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado
supra,
apartado 56, y la jurisprudencia citada).
La infracción del Derecho de la competencia de la Unión debe imputarse sin equívocos a una persona jurídica a la que se pueda
imponer multas y el pliego de cargos debe dirigirse a esta última. Asimismo, es necesario que el pliego de cargos indique
en que condición se recriminan a una persona jurídica los hechos alegados (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión,
citada en el apartado 65
supra,
apartado 57, y la jurisprudencia citada).
Según reiterada jurisprudencia, el comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando,
aunque tenga personalidad jurídica separada, esa filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado sino que
aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta concretamente los vínculos
económicos, organizativos y jurídicos que unen a esas dos entidades jurídicas (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión,
citada en el apartado 65
supra,
apartado 58, y la jurisprudencia citada).
En efecto, en tal situación, la sociedad matriz y su filial forman parte de una misma unidad económica y, por lo tanto, integran
una única empresa, en el sentido de la jurisprudencia mencionada en los apartados 65 y 66
supra.
Por lo tanto, el hecho de que una sociedad matriz y su filial formen una única empresa en el sentido del artículo 81 CE permite
que la Comisión remita una decisión que imponga multas a la sociedad matriz, sin que sea necesario establecer la implicación
personal de ésta en la infracción (sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 65
supra,
apartado 59).
En el caso particular de que una sociedad matriz participe en el 100 % del capital de su filial que ha infringido las normas
en materia de competencia de la Unión, por una parte, esa sociedad matriz puede ejercer una influencia determinante en la
conducta de su filial, y, por otra, existe la presunción
iuris tantum
de que dicha sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia decisiva sobre el comportamiento de su filial (véase la sentencia
Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 65
supra,
apartado 60, y la jurisprudencia citada).
En estas circunstancias, basta que la Comisión pruebe que la sociedad matriz de una filial posee la totalidad del capital
de ésta para presumir que aquélla ejerce una influencia decisiva sobre la política comercial de esa filial. Consecuentemente,
la Comisión podrá considerar que la sociedad matriz es responsable solidariamente del pago de la multa impuesta a su filial,
excepto si tal sociedad matriz, a la que corresponde desvirtuar dicha presunción, aporta suficientes elementos probatorios
para demostrar que su filial se conduce de manera autónoma en el mercado (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión,
citada en el apartado 65
supra,
apartado 61, y la jurisprudencia citada).
Asimismo, si bien es cierto que en los apartados 28 y 29 de su sentencia de 16 de noviembre de 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión
(C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925), el Tribunal de Justicia evocó otras circunstancias, aparte de la posesión del 100 % del capital
de la filial, como la no negación de la influencia ejercida por la sociedad matriz en la política comercial de su filial y
la representación común de ambas sociedades durante el procedimiento administrativo, no es menos cierto que dichas circunstancias
únicamente fueron mencionadas por el Tribunal de Justicia con objeto de exponer el conjunto de los elementos en que el Tribunal
General había fundado su razonamiento y no para supeditar la aplicación de la presunción mencionada en el apartado 71
supra
a la aportación de indicios adicionales relativos al ejercicio efectivo de una influencia de la sociedad matriz (sentencia
Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 65
supra,
apartado 62).
Procede examinar el presente motivo a la luz de los principios recordados anteriormente.
En el considerando 627 de la Decisión impugnada, la Comisión estimó que debía considerarse que Schindler Holding era solidariamente
responsable del comportamiento ilícito de sus filiales Schindler Bélgica, Schindler Alemania, Schindler Luxemburgo y Schindler
Países Bajos, dado que, «como única propietaria y última sociedad matriz había podido ejercer una influencia decisiva en la
política comercial de cada una de sus filiales mientras duraba la infracción y podía presumirse que había hecho uso de esa
facultad».
En los considerandos 628 y 629 de la Decisión impugnada, la Comisión consideró que la alegación de Schindler Holding según
la cual las antedichas filiales ejercen su actividad en el mercado como entidades jurídicas autónomas que determinan por sí
mismas la parte esencial de su política comercial, así como la alegación de que no ejercía ninguna influencia sobre las actividades
corrientes de las referidas filiales no eran «suficiente[s] para desvirtuar la presunción de que las filiales de Schindler
Holding no determinaban con total autonomía su comportamiento en el mercado».
Asimismo, en el considerando 630 de la Decisión impugnada, la Comisión señaló que, «durante el procedimiento administrativo,
[Schindler Holding] habría podido aportar pruebas que demostrasen que no había ejercido ninguna influencia decisiva sobre
sus filiales […]». Según la Comisión, «no obstante, ni [Schindler Holding] ni sus filiales [le] había aportado elemento de
prueba alguno que clarificase sus relaciones sociales, la estructura jerárquica y las obligaciones en materia de información
con el fin de desvirtuar [la] presunción [de que] […] [Schindler Holding], como propietaria única de sus filiales, destinatarias
de [la] Decisión [impugnada], ejerció su derecho de control y utilizó el resto de los medios de que disponía para ejercer
la influencia decisiva que se le suponía».
En el considerando 631 de la Decisión impugnada, la Comisión consideró que «la mera existencia de un programa de cumplimiento
de las normas de competencia en el seno de Schindler no permit[ía] determinar si [Schindler Holding] ha[bía] dado o no instrucciones
en relación con la infracción». Por tanto, según la Comisión, «sigue manteniéndose en pie la presunción de que la filial controlada
al 100 % por [Schindler Holding] no determinaba de forma autónoma su política comercial en el mercado».
Habida cuenta de lo anterior, la Comisión, en el considerando 632 de la Decisión impugnada, concluyó que «[Schindler Holding]
y sus filiales controladas al 100 % no [habían] desvirtuado la presunción de responsabilidad por lo que atañe a las infracciones
cometidas en Bélgica, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos [y que,] [p]or consiguiente, [Schinler Holding] [debía] ser considerada
solidariamente responsable junto con sus filiales implicadas de las infracciones del artículo 81 CE que constituyen el objeto
de [la] Decisión [impugnada]».
En primer lugar, ha quedado acreditado que, durante el período que duró la infracción, Schindler Holding controlaba directamente
el 100 % del capital de Schindler Bélgica, de Schindler Alemania y de Schindler Países Bajos e, indirectamente, a través de
Schindler Bélgica, el 100 % del capital de Schindler Luxemburgo. Por tanto, existía la presunción de que Schindler Holding
ejercía una influencia decisiva en la conducta de sus filiales (véase el apartado 72
supra).
Schindler no puede sostener que la Comisión debería haber probado que las actividades operativas de las antedichas filiales,
por lo que respecta a su comportamiento contrario al artículo 81 CE, fueron realmente influenciadas por Schindler Holding
y que esta última causó o apoyó la infracción.
En efecto, la imputación de la conducta ilícita de una filial a su sociedad matriz no exige que se pruebe la influencia de
la sociedad matriz sobre la política de su filial en el ámbito específico que fue objeto de la infracción. En cambio, los
vínculos organizativos, económicos y jurídicos existentes entre la sociedad matriz y su filial pueden demostrar la existencia
de una influencia de la primera sobre la estrategia de la segunda y, por lo tanto, justificar que se conciban como una sola
unidad económica (sentencia del Tribunal de 12 de diciembre de 2007, Akzo Nobel y otros/Comisión, T‑112/05, Rec. p. II‑5049,
apartado 83). De este modo, si la Comisión prueba que la sociedad matriz de una filial posee la totalidad del capital de ésta,
podrá considerar que la sociedad matriz es responsable solidariamente del pago de la multa impuesta a su filial, excepto si
la sociedad matriz prueba que su filial se conduce de manera autónoma en el mercado (véase el apartado 72
supra).
Asimismo, es preciso señalar que no es una relación de instigación relativa a la infracción entre la sociedad matriz y su
filial ni, con mayor motivo, una implicación de la primera en dicha infracción, sino el hecho de que constituyan una sola
empresa en el sentido del artículo 81 CE, lo que habilita a la Comisión para dirigir la decisión por la que se imponen multas
a la sociedad matriz de un grupo de sociedades (sentencia de 12 de diciembre de 2007, Akzo Nobel y otros/Comisión, antes citada,
apartado 58).
Las demandantes tampoco pueden apoyarse en una supuesta vulneración del principio de culpabilidad (Schuldprinzip) ni en la
exclusión del principio del cuestionamiento de la responsabilidad del accionista de una sociedad de responsabilidad limitada
o de una sociedad anónima por las deudas de la sociedad y los actos de sus órganos de dirección. Basta señalar, a este respecto,
que un razonamiento como éste se basa en la premisa errónea, según la cual no se habría demostrado que la sociedad matriz
hubiera cometido infracción alguna, que no es lo que sucede en el caso de autos, ya que del considerando 632 y de los artículos
1 y 2 de la Decisión impugnada se desprende que Schindler Holding fue condenada personalmente por infracciones que se suponía
cometidas por ella por razón de los estrechos vínculos económicos y jurídicos que la unían a sus filiales (véanse, en este
sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, Metsä-Serla y otros/Comisión, C‑294/98 P, Rec.
p. I‑10065, apartados 28 y 34, y sentencia del Tribunal General de 8 de octubre de 2008, Schunk y Schunk Kohlenstoff‑Technik/Comisión,
T‑69/04, Rec. p. II‑2567, apartado 74).
En segundo lugar, deben examinarse las alegaciones formuladas por las demandantes, dirigidas a refutar la presunción expuesta
en el apartado 71
supra,
según la cual las filiales de Schindler Holding habrían determinado su política comercial de manera autónoma.
Para empezar, el hecho, invocado por las demandantes, de que Schindler Holding no hubiese dado a sus filiales instrucciones
que, en el caso de autos, habrían permitido o promovido contactos contrarios al artículo 81 CE ni tuviese conocimiento de
tales contactos, suponiendo que ese hecho estuviera probado, no constituye un elemento que permita demostrar la autonomía
de estas últimas. Como se recuerda en el apartado 82
supra,
la imputación de la conducta ilícita de una filial a su sociedad matriz, en efecto, no exige que se pruebe la influencia de
la sociedad matriz sobre la política de su filial en el ámbito específico que fue objeto de la infracción.
A continuación, cabe decir que la alegación de que las filiales de Schindler Holding operan siempre de manera autónoma en
sus países respectivos, sin estar sujetas a influencia alguna de Schindler Holding sobre sus actividades corrientes, las «obtenciones
de contratos públicos», las celebraciones de contratos o la política de precios, dado que Schindler Holding sólo estaba informado
de los contratos que pudiesen provocar pérdidas, debe también rechazarse. En efecto, por una parte, las demandantes de que
se trata no han presentado elementos de prueba en apoyo de estas afirmaciones y, por otra parte, en cualquier caso, tales
afirmaciones, incluso suponiendo que estuviesen demostradas, no bastarían para refutar la presunción expuesta en el apartado
supra,
puesto que de la jurisprudencia se desprende que otros elementos distintos de los mencionados por las demandantes también
forman parte del concepto de política comercial de una filial a efectos de la aplicación del artículo 81 CE frente a su sociedad
matriz. A propósito de esta cuestión, debe señalarse que, en el marco del análisis de la existencia de una entidad económica
única entre varias sociedades que forman parte de un grupo, los tribunales de la Unión han, en concreto, examinado si la sociedad
matriz podía influir en la política de precios, las actividades de producción y distribución, los objetivos de venta, los
márgenes brutos, los costes de venta, la tesorería, las existencias y el marketing. Sin embargo, no puede deducirse de ello
que éstos sean los únicos aspectos comprendidos dentro del concepto de política comercial de una filial a los efectos de la
aplicación de los artículos 81 CE y 82 CE frente a su sociedad matriz (véase la sentencia de 12 de diciembre de 2007, Akzo
Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 82
supra,
apartado 64, y la jurisprudencia citada).
Seguidamente, debe señalarse que el hecho de que las filiales de Schindler Holding hubiesen participado, en los cuatro países
afectados por la infracción, en infracciones distintas, de carácter diferente, lo cual sería contrario a la existencia de
una influencia efectiva de ésta sobre las actividades operativas de sus filiales, tampoco puede desvirtuar la presunción de
responsabilidad. En efecto, de los considerandos 627 a 632 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión no se basó
en un eventual paralelismo entre las infracciones constatadas en los cuatro países afectados a la hora de imputar a Schindler
Holding la responsabilidad del comportamiento de sus filiales. Además, la afirmación de las demandantes según la cual las
infracciones tenían un carácter diferente es errónea, ya que las filiales de Schindler Holding participaron, en los cuatro
países afectados, durante períodos que en gran medida coinciden (desde el 9 de mayo de 1996 hasta el 29 de enero de 2004 en
Bélgica, desde el 1 de agosto de 1995 hasta el 6 de diciembre de 2000 en Alemania, desde el 7 de diciembre de 1995 hasta el
9 de marzo de 2004 en Luxemburgo y desde el 1 de junio de 1999 hasta el 5 de marzo de 2004 en los Países Bajos), en infracciones
que tenían un objeto similar, consistente en «una colusión secreta entre competidores para repartirse los mercados o congelar
las cuotas de mercado repartiéndose los proyectos de venta y de instalación de ascensores y/o de escaleras mecánicas nuevos,
y para no hacerse la competencia por lo que respecta al mantenimiento y la modernización de ascensores y de escaleras mecánicas
(salvo en Alemania, donde las actividades de mantenimiento y de modernización no fueron objeto de discusiones entre los miembros
del cártel» (considerando 658 de la Decisión impugnada).
Después, es preciso observar que el hecho de que Schindler Holding haya podido hacer todo lo posible para impedir los comportamientos
de sus filiales contrarios al artículo 81 CE, en particular, mediante la adopción de un código de conducta destinado a impedir
las infracciones por parte de éstas del Derecho de la competencia y de las Directrices relativas a éste, por una parte, en
nada cambia la realidad de la infracción probada por lo que a ella respecta (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal
de Justicia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y
C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, apartado 373) y, por otra parte, no permite demostrar que las referidas filiales determinasen
de manera autónoma su política comercial. Al contrario, la aplicación, en el seno de las filiales de Schindler Holding, del
antedicho código de conducta sugiere más bien un control efectivo por parte de la sociedad matriz de la política comercial
de sus filiales, de tal modo que las propias demandantes han afirmado que el respeto del código de conducta se controlaba
por medio de auditorías periódicas y de otras medidas adoptadas por un empleado de Schindler Holding encargado del cumplimiento
del referido código (compliance officer).
Finalmente, por lo que respecta a las relaciones dentro del grupo, la estructura de gestión y las directrices relativas a
los informes que debían transmitirse en el seno de Schindler Holding, la Comisión, en el considerando 630 de la Decisión impugnada,
afirmó que ni Schindler Holding ni sus filiales le habían aportado ninguna información que clarificase sus relaciones sociales.
Es cierto que de los autos se desprende que, durante el procedimiento administrativo, las demandantes efectivamente aportaron
alguna información a la Comisión sobre las relaciones dentro del grupo, la estructura de gestión y las directrices relativas
a los informes que debían transmitirse (reporting lines).
Sin embargo, la referida información no permite concluir que las filiales de Schindler sean autónomas. En efecto, la información
aportada, que, además no iba acompañada de elementos de prueba, presenta lagunas, ya que, esencialmente, se refieren a las
responsabilidades y a las obligaciones de presentación de informes (reporting obligations) de algunos directivos de Schindler
Luxemburgo y de Schindler Bélgica, así como a las responsabilidades de un empleado de Schindler Alemania, sin que se dé una
clarificación más amplia de las relaciones sociales entre Schindler Holding y sus filiales activas en los países afectados
o de la influencia de Schindler Holding sobre estas últimas.
Habida cuenta de la presunción de responsabilidad expuesta en el apartado 72
supra
y del hecho de que, tal como se desprende de los apartados 84 a 90
supra,
dicha presunción no ha sido refutada por las demandantes, la Comisión imputó legítimamente las infracciones cometidas por
las filiales de Schindler Holding a esta última.
Por consiguiente, procede desestimar el presente motivo.
3.
Sobre la pretensión de anulación del artículo 2 de la Decisión impugnada

Sobre la excepción de ilegalidad relativa al artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, basada en la vulneración del
principio de legalidad de las penas
Las demandantes sostienen que el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 confiere a la Comisión un margen de apreciación
casi ilimitado en lo relativo a la fijación del importe de las multas, lo que, a su entender, es contrario al principio de
legalidad de las penas, definido en el artículo 7, apartado 1, del CEDH, principio que también se deriva de los principios
generales del Derecho en que se basan las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros.
Procede recordar el tenor del artículo 7, apartado 1, del CEDH:
«Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción
según el Derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento
en que la infracción haya sido cometida.»
De la jurisprudencia se desprende que el principio de legalidad de las penas es un corolario del principio de seguridad jurídica,
que constituye un principio general del Derecho de la Unión y que exige, particularmente, que toda normativa de la Unión,
especialmente cuando imponga o permita imponer sanciones, sea clara y precisa, con el fin de que las personas afectadas puedan
conocer sin ambigüedad los derechos y obligaciones que derivan de ésta y adoptar las medidas oportunas en consecuencia (véanse
las sentencias del Tribunal de 5 de abril de 2006, Degussa/Comisión, T‑279/02, Rec. p. II‑897, apartado 66, y de 27 de septiembre
de 2006, Jungbunzlauer/Comisión, T‑43/02, Rec. p. II‑3435, apartado 71, y la jurisprudencia citada).
El principio de legalidad de las penas, que forma parte de los principios generales del Derecho de la Unión en que se basan
las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, ha sido consagrado asimismo en diferentes Tratados internacionales
y, en particular, en el artículo 7 del CEDH. Este principio exige que la ley defina claramente las infracciones y las penas
que las castigan. Este requisito se cumple cuando el justiciable puede saber, a partir del texto de la disposición pertinente
y, si fuera necesario, con ayuda de la interpretación que de ella hacen los tribunales, qué actos y omisiones desencadenan
su responsabilidad penal. Además, según la jurisprudencia del Tribunal EDH, la claridad de la ley debe apreciarse no sólo
teniendo en cuenta el tenor de la disposición en cuestión, sino también las precisiones aportadas por una jurisprudencia existente
y publicada (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de mayo de 2008, Evonik Degussa/Comisión y Consejo, C‑266/06 P,
no publicada en la Recopilación, apartados 38 a 40, y la jurisprudencia citada).
Este principio se aplica tanto a las normas de carácter penal como a los instrumentos administrativos específicos que imponen
o permiten imponer sanciones administrativas (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de noviembre
de 1987, Maizena y otros, 137/85, Rec. p. 4587, apartado 15, y la jurisprudencia citada). Dicho principio se aplica no sólo
a las normas que establecen los elementos constitutivos de una infracción, sino también a las que definen las consecuencias
derivadas de una infracción de las primeras (véanse las sentencias Degussa/Comisión, citada en el apartado 95
supra,
apartado 67, y Schunk y Schunk Kohlenstoff-Technik/Comisión, citada en el apartado 83
supra,
apartado 29, y la jurisprudencia citada).
Por otra parte, es jurisprudencia consolidada que los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del
Derecho cuyo respeto garantizan los tribunales de la Unión (dictamen del Tribunal de Justicia 2/94, de 28 de marzo de 1996,
Rec. p. I‑1759, apartado 33, y sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de mayo de 1997, Kremzow, C‑299/95, Rec. p. I‑2629,
apartado 14). A este respecto, el Tribunal de Justicia y el Tribunal General se inspiran en las tradiciones constitucionales
comunes a los Estados miembros, así como en las indicaciones proporcionadas por los instrumentos internacionales relativos
a la protección de los derechos humanos en los que los Estados miembros han cooperado o a los que se han adherido. El CEDH
reviste en este contexto un significado particular (sentencias del Tribunal de Justicia de 22 de octubre de 2002, Roquette
Frères, C‑94/00, Rec. p. I‑9011, apartado 23, y Kremzow, antes citada, apartado 14). Por otra parte, según el artículo 6 UE,
apartado 2, «la Unión respetará los derechos fundamentales tal como se garantizan en el [CEDH], y tal y como resultan de las
tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho [de la Unión]».
Tal como el Tribunal ya ha recordado (sentencia Degussa/Comisión, citada en el apartado 95
supra,
apartado 71), el artículo 7, apartado 1, del CEDH no requiere que los términos de las disposiciones con arreglo a las cuales
se imponen esas sanciones sean tan precisos como para que quepa prever con certeza absoluta las consecuencias que puedan derivarse
de una infracción de dichas disposiciones. En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal EDH, el hecho de que una Ley confiera
una facultad de apreciación no contradice en sí mismo la exigencia de previsibilidad, siempre que el alcance y los modos de
ejercer dicha facultad se definan con la suficiente claridad, a la vista del fin legítimo en cuestión, para proporcionar al
individuo una protección adecuada contra la arbitrariedad (véase la sentencia del Tribunal EDH, Margareta y Roger Andersson
c. Suecia, de 25 de febrero de 1992, serie A, nº 226, apartado 75). A este respecto, el Tribunal EDH tiene en cuenta, aparte
del propio texto de la Ley, la cuestión de si los conceptos indeterminados utilizados han sido precisados por una jurisprudencia
reiterada y publicada (véase la sentencia del Tribunal EDH, G. c. Francia, de 27 de septiembre de 1995, serie A nº 325‑B,
apartado 25).
La consideración de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros no aboca a una interpretación diferente
del principio de legalidad de las penas, que es un principio general del Derecho de la Unión, de la resultante de lo anteriormente
expuesto (sentencia Degussa/Comisión, citada en el apartado 95
supra,
apartado 73). Por tanto, debe desestimarse la alegación de las demandantes según la cual, en el ámbito nacional, no existe
ninguna habilitación comparable que permita a una autoridad imponer multas de modo «casi ilimitado».
En el caso de autos, por lo que respecta a la legalidad del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 a la luz del
principio de legalidad de las penas, procede afirmar, en primer lugar, que, en contra de lo alegado por las demandantes, el
legislador de la Unión no ha atribuido a la Comisión un margen de apreciación excesivo o arbitrario para fijar las multas
por la infracción de las normas de la competencia (sentencia Degussa/Comisión, citada en el apartado 95
supra,
apartado 74).
En efecto, para empezar, es preciso señalar que, si bien el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 otorga a la
Comisión un amplio margen de apreciación, no por ello deja de limitar su ejercicio estableciendo criterios objetivos que la
Comisión debe respetar. A este respecto, por una parte, debe recordarse que el importe de la multa que puede imponerse está
sujeto a un límite cuantificable y absoluto, calculado en función de cada empresa, para cada infracción, de modo que puede
establecerse de antemano el importe máximo de la multa que puede imponerse a una empresa determinada. Por otra parte, esta
disposición obliga a la Comisión a fijar las multas en cada caso concreto tomando en consideración, además de la gravedad
de la infracción, la duración de ésta (sentencia Evonik Degussa/Comisión y Consejo, citada en el apartado 96
supra,
apartado 50, y sentencia Degussa/Comisión, citada en el apartado 95
supra,
apartado 75).
Las demandantes no pueden sostener que la sentencia Degussa/Comisión, citada en el apartado 95
supra
(apartados 66 a 88), o la sentencia Jungbunzlauer/Comisión, citada en el apartado 95
supra
(apartados 69 a 92), en la cual la interpretación del principio de legalidad de las penas adoptada corresponde a la dada en
la sentencia Degussa/Comisión (citada en el apartado 95
supra),
se basan en una «tesis jurídica errónea». En efecto, en su sentencia Evonik Degussa/Comisión y Consejo, citada en el apartado
supra
(apartados 36 a 63), el Tribunal de Justicia confirmó en casación la interpretación dada por el Tribunal General al principio
de legalidad de las penas en la sentencia Degussa/Comisión, citada en el apartado 95
supra.
Es cierto que las sentencias mencionadas en el apartado precedente se refieren al artículo 15, apartado 2, del Reglamento
nº 17 mientras que las multas impuestas por la Decisión impugnada se basan en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003.
Sin embargo, dado que los criterios y el límite establecidos por lo que respecta a la imposición de las multas son idénticos
en esas dos disposiciones, la jurisprudencia citada en el apartado precedente es aplicable al artículo 23, apartado 2, del
Reglamento nº 1/2003.
A continuación, hay que señalar que en el ejercicio de su facultad de apreciación por lo que respecta a las multas impuestas
en virtud del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, la Comisión debe respetar los principios generales del Derecho
y, en particular, los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad, tal y como han sido desarrollados por la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia y del Tribunal General (sentencia Evonik Degussa/Comisión y Consejo, citada en el apartado 96
supra,
apartado 51, y sentencia Degussa/Comisión, citada en el apartado 95
supra,
apartado 77).
Después, hay que añadir que con el fin de asegurar la previsibilidad y la transparencia de su acción, el ejercicio por parte
de la Comisión de su facultad de apreciación también se ve limitado por las normas de conducta que ella misma se ha dado en
la Comunicación sobre la cooperación de 2002 y en las Directrices de 1998. A este efecto, debe señalarse que la referida Comunicación
y las antedichas Directrices, por una parte, establecen normas de conducta de las que la Comisión no puede desviarse so pena
de ser sancionada por violar los principios generales del Derecho, tales como la igualdad de trato y la protección de la confianza
legítima, y, por otra parte, garantizan la seguridad jurídica de las empresas implicadas al determinar la metodología que
la Comisión se ha impuesto para fijar el importe de las multas impuestas en virtud del artículo 23, apartado 2, del Reglamento
nº 1/2003 (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia Evonik Degussa/Comisión y Consejo, citada en el
apartado 96
supra,
apartados 52 y 53, y de 19 de marzo de 2009, Archer Daniels Midland/Comisión, C‑510/06 P, Rec. p. I‑1843, apartado 60; sentencia
Degussa/Comisión, citada en el apartado 95
supra,
apartados 78 y 82). Asimismo, contrariamente a lo que sostienen las demandantes, la adopción por parte de la Comisión de las
Directrices de 1998 y, luego, en 2006 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo
23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003 (DO C 210, p. 2), en la medida en que se halla circunscrita al marco legal
definido en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, simplemente
ha contribuido a precisar los límites del ejercicio de la facultad de apreciación de la Comisión que resulta de estas disposiciones,
sin que pueda deducirse una insuficiencia inicial en la determinación por el legislador de la Unión de los límites de la competencia
de la Comisión en el ámbito de que se trata (véase, en este sentido, la sentencia Schunk y Schunk Kohlenstoff-Technik/Comisión,
citada en el apartado 83
supra,
apartado 44).
Seguidamente debe añadirse que, en virtud del artículo 229 CE y del artículo 31 del Reglamento nº 1/2003, el Tribunal de Justicia
y el Tribunal General gozan de una competencia jurisdiccional plena para pronunciarse sobre los recursos presentados contra
las decisiones mediante las que la Comisión fija una multa y que dichos órganos jurisdiccionales pueden tanto anular estas
últimas como suprimir, reducir o aumentar la multa impuesta. Por consiguiente, la práctica administrativa conocida y accesible
de la Comisión está sometida al pleno control de los tribunales de la Unión. Dicho control ha permitido, a través de una jurisprudencia
reiterada y publicada, precisar los conceptos indeterminados que pudiera contener el artículo 15, apartado 2, del Reglamento
nº 17 y, posteriormente, el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 (véanse, en este sentido, la sentencia Evonik
Degussa/Comisión y Consejo, citada en el apartado 96
supra,
apartado 54, y la sentencia Degussa/Comisión, citada en el apartado 95
supra,
apartado 79).
Así pues, a la vista de los diferentes elementos que se acaban de exponer, un agente económico diligente puede, recurriendo
si fuera preciso a asesoramiento jurídico, prever de modo suficientemente preciso el método de cálculo y la envergadura de
las multas a que se expone por actuar de un modo determinado. El hecho de que este agente económico no pueda conocer de antemano
con precisión el nivel de las multas que la Comisión impondrá en cada caso no constituye una vulneración del principio de
legalidad de las penas (sentencia Evonik Degussa/Comisión y Consejo, citada en el apartado 96
supra,
apartado 55, y sentencia Degussa/Comisión, citada en el apartado 95
supra,
apartado 83).
Por tanto, las demandantes no pueden sostener que el tenor del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 no garantiza
el grado de previsibilidad requerido por los principios fundamentales del Derecho penal y del Estado de Derecho. En efecto,
la referida disposición permite prever, de modo suficientemente preciso, el método de cálculo y el nivel de las multas impuestas
(véase, en este sentido, la sentencia Evonik Degussa/Comisión y Consejo, citada en el apartado 96
supra,
apartado 58).
En segundo lugar, contrariamente a lo que sostienen las demandantes, la práctica decisoria de la Comisión en materia de multas
no ha evolucionado de forma imprevisible o aleatoria.
Para empezar, durante los períodos con respecto a los cuales se constataron las cuatro infracciones en la Decisión impugnada,
sólo tuvo lugar una reorganización del método de determinación de las multas, a través de la publicación de las Directrices
de 1998, reorganización que el Tribunal de Justicia ha considerado razonablemente previsible (sentencia Dansk Rørindustri
y otros/Comisión, citada en el apartado 88
supra,
apartado 231).
A continuación, por lo que atañe al aumento del nivel de las multas a raíz de la adopción de las Directrices de 1998, debe
señalarse que según reiterada jurisprudencia, la Comisión puede adaptar en cualquier momento el nivel de las multas si así
lo exigiera la aplicación eficaz de las normas de la competencia de la Unión (sentencia Musique Diffusion française y otros/Comisión,
citada en el apartado 54
supra
, apartado 109, y sentencia del Tribunal de 20 de marzo de 2002, LR AF 1998/Comisión, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, apartado 237),
pudiendo considerarse entonces que esta alteración de una práctica administrativa está justificada objetivamente por la finalidad
de prevención general de las infracciones a las normas de la competencia de la Unión. El reciente aumento del nivel de las
multas alegado y atacado por las demandantes no puede considerarse ilegal en sí mismo a la luz del principio de legalidad
de las penas, puesto que se mantiene dentro del marco legal definido en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y
en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, según la interpretación que de ellos han hecho los órganos jurisdiccionales
de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias Degussa/Comisión, citada en el apartado 95
supra,
apartado 81, y Schunk y Schunk Kohlenstoff-Technik/Comisión, citada en el apartado 83
supra,
apartado 43).
En tercer lugar, debe considerarse que carece de fundamento la alegación según el cual el Consejo, al adoptar el artículo
15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, incumplió su obligación de indicar
claramente los límites de la competencia otorgada a la Comisión y, de este modo, le transfirió una competencia que le pertenecía
en virtud del Tratado CE, infringiendo el artículo 83 CE.
Por una parte, como se ha expuesto anteriormente, si bien el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y el artículo 23,
apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 dejan a la Comisión un amplio margen de apreciación, limitan no obstante su ejercicio
al establecer criterios objetivos a los que la Comisión debe atenerse. Por otra parte, procede recordar que el Reglamento
nº 17 y el Reglamento nº 1/2003 fueron adoptados sobre la base del artículo 83 CE, apartado 1, el cual dispone que «el Consejo
[…] a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará los reglamentos o directivas apropiados para
la aplicación de los principios enunciados en los artículos 81 [CE] y 82 [CE]». Estos Reglamentos o Directivas tienen por
objeto, en concreto, según el artículo 83 CE, apartado 2, letras a) y d), «garantizar la observancia de las prohibiciones
mencionadas en el apartado 1 del artículo 81 [CE] y en el artículo 82 [CE], mediante el establecimiento de multas y multas
coercitivas», y «definir las respectivas funciones de la Comisión y del Tribunal de Justicia en la aplicación de las disposiciones
establecidas en el presente apartado». Por otra parte, debe recordarse que, de acuerdo con el artículo 211 CE, primer guión,
la Comisión «velará por la aplicación de las disposiciones del presente Tratado, así como de las disposiciones adoptadas por
las instituciones en virtud de este mismo Tratado» y que ésta dispone, en virtud del tercer guión del mismo artículo, de un
«poder de decisión propio» (sentencias Degussa/Comisión, citada en el apartado 95
supra,
apartado 86, y Schunk y Schunk Kohlenstoff-Technik/Comisión, citada en el apartado 83
supra,
apartado 48).
De ello se deriva que no puede considerarse que la facultad de imponer multas en caso de infracción de los artículos 81 CE
y 82 CE perteneciera originariamente al Consejo, el cual la atribuyó o delegó su ejecución a la Comisión, conforme a lo dispuesto
en el artículo 202 CE, tercer guión. De acuerdo con las disposiciones del Tratado CE antes citadas, esta facultad está comprendida
en la función propia de la Comisión de velar por la aplicación del Derecho de la Unión, función que ha sido precisada, delimitada
y formalizada por los Reglamentos n
os
17 y 1/2003 en lo que atañe a la aplicación de los artículos 81 CE y 82 CE. Por consiguiente, la facultad de imponer multas
que estos Reglamentos atribuyen a la Comisión se deriva de lo previsto en el propio Tratado CE y su objetivo es permitir la
aplicación efectiva de las prohibiciones establecidas en dichos artículos (sentencias Degussa/Comisión, citada en el apartado
supra,
apartado 87, y Schunk y Schunk Kohlenstoff-Technik/Comisión, citada en el apartado 83
supra,
apartado 49).
De las anteriores consideraciones se desprende que debe rechazarse la excepción de ilegalidad formulada contra el artículo
23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, basada en una vulneración del principio de legalidad de las penas.

Sobre la excepción de ilegalidad de las Directrices de 1998, basada en la vulneración del principio de irretroactividad
Las demandantes recuerdan que un acto de la Unión no puede comenzar a aplicarse antes de su publicación y que el artículo
49, apartado 1, frase segunda de la Carta prevé que no podrá imponerse una pena más grave que la aplicable en el momento en
que la infracción haya sido cometida. En el caso de autos, en opinión de las demandantes, las Directrices de 1998 vulneran
el principio de irretroactividad, ya que, a su entender, sobrepasan los límites de la previsibilidad. A este efecto, las demandantes
subrayan que el endurecimiento de la práctica decisoria en materia de multas es obra de la Comisión y no del legislador.
De la jurisprudencia se desprende que el principio de irretroactividad de las normas penales, consagrado en el artículo 7
del CEDH, constituye un principio general del Derecho de la Unión que debe respetarse al imponer multas por infracción de
las normas sobre competencia, y que dicho principio exige que las sanciones impuestas sean las vigentes en el momento en que
se cometió la infracción (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 88
supra,
apartado 202; sentencias del Tribunal LR AF 1998/Comisión, citada en el apartado 112
supra,
apartados 218 a 221, y de 9 de julio de 2003, Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión, T‑224/00,
Rec. p. II‑2597, apartados 39 a 41).
Asimismo, ya se ha declarado que la adopción de unas directrices que modifiquen la política general de la competencia de la
Comisión en materia de multas puede estar sometida al principio de irretroactividad (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión,
citada en el apartado 88
supra,
apartado 222).
En efecto, por una parte, las Directrices de 1998 pueden desplegar efectos jurídicos. Tales efectos jurídicos se derivan,
no del carácter normativo propio de las Directrices de 1998, sino de su adopción y publicación por la Comisión. La adopción
y la publicación de las Directrices de 1998 suponen así una autolimitación de la facultad de apreciación de la Comisión, que
no puede ya apartarse de las mismas so pena de verse sancionada, en su caso, por violación de principios generales del Derecho
tales como el de igualdad de trato, el de protección de la confianza legítima y el de seguridad jurídica (véase en este sentido
la sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 88
supra,
apartados 209 a 212).
Por otra parte, según la jurisprudencia del Tribunal EDH relativa al artículo 7, apartado 1, del CEDH, esta disposición se
opone a la aplicación retroactiva, en detrimento del acusado, de una nueva interpretación de una norma que define una infracción
(véanse en este sentido, las sentencias del Tribunal EDH S.W. c. Reino Unido de 22 de noviembre de 1995, serie A nº 335-B,
apartados 34 a 36; C.R. c. Reino Unido de 22 de noviembre de 1995, serie A nº 335-C, apartados 32 a 34; Cantoni c. Francia
de 15 de noviembre de 1996,
Recueil des arrêts et décisions,
1996-V, apartados 29 a 32, y Coëme y otros c. Bélgica de 22 de junio de 2000,
Recueil des arrêts et décisions,
2000-VII, apartado 145). Según esta jurisprudencia, este es en especial el caso cuando se trata de una interpretación jurisprudencial
cuyo resultado no era razonablemente previsible en el momento en que se cometió la infracción, habida cuenta en particular
de la interpretación que la jurisprudencia daba en aquel momento a la disposición legal en cuestión. Sin embargo, debe precisarse
que esta misma jurisprudencia indica que el alcance del concepto de previsibilidad depende en gran medida del contenido del
texto de que se trate, del ámbito que cubra y del número y condición de sus destinatarios. Por tanto, la previsibilidad de
la ley no es incompatible con el hecho de que la persona afectada se vea obligada a recurrir a un asesoramiento jurídico apropiado
para valorar las eventuales consecuencias de un determinado acto en una medida razonable, dadas las circunstancias del caso.
Más concretamente, en virtud de la sentencia Cantoni c. Francia, antes citada (apartado 35), ello resulta especialmente cierto
en el caso de los profesionales, habituados a la necesidad de mostrar una gran prudencia en el ejercicio de sus actividades.
Cabe por tanto esperar de éstos que presten especial atención a la valoración de los riesgos que entraña el ejercicio de sus
actividades.
Habida cuenta de lo anterior, a fin de determinar si el principio de irretroactividad fue respetado es preciso comprobar si
la modificación en cuestión, constituida por la adopción de las Directrices de 1998, era razonablemente previsible en el momento
en que se cometieron las infracciones de que se trata (véase, en este sentido, la sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión,
citada en el apartado 88
supra,
apartado 224).
A este respecto, para empezar, debe señalarse que el supuesto aumento del nivel de las multas como consecuencia de la aplicación
de las Directrices de 1998 sigue encontrándose dentro del marco legal fijado por el artículo 15, apartado 2, del Reglamento
nº 17 y el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 en la medida en que las Directrices prevén expresamente, en su
apartado 5, letra a), que las multas impuestas en ningún caso podrán rebasar el límite del 10 % del volumen de negocios previsto
por dichas disposiciones.
A continuación debe observarse que la principal innovación de las Directrices de 1998 consiste en tomar como punto de partida
para el cálculo de la multa un importe de base, determinado dentro de los intervalos de valores que establecen las Directrices,
intervalos de valores que reflejan los diferentes niveles de gravedad de las infracciones pero que no guardan relación, como
tales, con el volumen de negocios pertinente. Dicho método se basa, pues, esencialmente en una tarificación de las multas,
aunque relativa y flexible (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 88
supra,
apartado 225, y de 19 de marzo de 2009, Archer Daniels Midland/Comisión, citada en el apartado 106
supra,
apartado 61).
Finalmente, debe recordarse que el hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado unas multas de determinado nivel por
ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar dicho nivel dentro de los límites indicados
en los Reglamentos n
os
17 y 1/2003, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política sobre la competencia de la Unión, sino
que, al contrario, la aplicación eficaz de las normas de la competencia de la Unión exige que la Comisión pueda en todo momento
adaptar el nivel de las multas a las necesidades de la antedicha política (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal
de Justicia Musique Diffusion française y otros/Comisión, citada en el apartado 54
supra,
apartado 119; de 2 de octubre de 2003, Aristrain/Comisión, C‑196/99 P, Rec. p. I‑11005, apartado 81, y Dansk Rørindustri y
otros/Comisión, citada en el apartado 88
supra,
apartado 227; sentencias del Tribunal General de 10 de marzo de 1992, Solvay/Comisión, T‑12/89, Rec. p. II‑907, apartado 309,
y de 14 de mayo de 1998, Europa Carton/Comisión, T‑304/94, Rec. p. II‑869, apartado 89).
De ello se deduce que las empresas participantes en un procedimiento administrativo que pueda dar lugar a la imposición de
una multa no pueden confiar legítimamente en que la Comisión no sobrepasará el nivel de las multas impuestas anteriormente
ni en que seguirá aplicando un determinado método de cálculo de las multas (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión,
citada en el apartado 88
supra,
apartado 228).
Por consiguiente, las referidas empresas deben tener en cuenta la posibilidad de que, en cualquier momento, la Comisión decida
aumentar el nivel del importe de las multas respecto del aplicado en el pasado. Ello no es únicamente válido cuando la Comisión
aumenta el importe de las multas al imponerlas en decisiones individuales, sino también cuando dicho aumento se produce al
aplicar en supuestos concretos unas reglas de conducta de carácter general tales como las Directrices de 1998 (sentencias
Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 88
supra,
apartados 229 y 230, y Archer Daniels Midland/Comisión, citada en el apartado 106
supra,
apartado 59).
De lo anterior se desprende que las demandantes se equivocan al estimar que las Directrices de 1998 vulneran el principio
de irretroactividad en la medida en que, a su entender, condujeron a la imposición de multas más elevadas que las impuestas
en el pasado o en que, en el caso de autos, se rebasaron los límites de la previsibilidad. Las Directrices y, en particular,
el nuevo método de cálculo del importe de las multas establecido en ellas, en el supuesto de que este último haya producido
el efecto de aumentar el nivel de las multas impuestas, resultaban, en efecto, razonablemente previsibles para unas empresas
de las características de las demandantes en el momento en que se cometieron las infracciones de que se trata (véase, en este
sentido, la sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 88
supra,
apartado 231). Por las mismas razones, la Comisión no estaba tampoco obligada a explicar en las Directrices de 1998 que el
aumento del nivel de las multas resultaba necesario para garantizar la aplicación de la política comunitaria sobre la competencia.
Por lo que respecta a la alegación según la cual el endurecimiento de la práctica decisoria en materia de multas es obra de
la Comisión y no del legislador, hay que señalar que esta alegación se confunde con la alegación invocada en el marco de la
excepción de ilegalidad basada en la falta de competencia de la Comisión y que será examinada en los apartados 131 a 137
infra.
De todo lo anterior se desprende que la presente excepción de ilegalidad también debe desestimarse.

Sobre la excepción de ilegalidad de las Directrices de 1998, basada en la falta de competencia de la Comisión y, con carácter
subsidiario, en su falta de transparencia y de previsibilidad
Las demandantes sostienen que la importante facultad de apreciación que le otorga a la Comisión el artículo 23, apartado 2,
del Reglamento nº 1/2003 exige que se concretice de una forma abstracta y general, es decir, por medio de una norma de Derecho
sustantivo. Pues bien, en opinión de las demandantes, contrariamente a lo que ocurre con el Consejo, la Comisión no tiene
competencia para adoptar tal norma. Además, a su entender, aunque la concretización del «marco de la multa» por parte de la
Comisión fuese legal, de todas formas las Directrices de 1998 carecerían de eficacia, ya que no podrían garantizar el grado
mínimo de transparencia y previsibilidad necesario a la hora de fijar el importe de la multa.
En primer lugar, debe señalarse que en sus escritos, las demandantes no precisaron qué disposición infringió la Comisión al
adoptar las Directrices de 1998. Al preguntárseles acerca de esta cuestión en la vista, las demandantes indicaron que, según
el principio de legalidad de las penas, habría correspondido al Consejo adoptar las reglas abstractas para el cálculo de las
multas.
Pues bien, la adopción de las Directrices de 1998, en la medida en que se halla circunscrita al marco legal definido en el
artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y posteriormente en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, simplemente
ha contribuido a precisar los límites del ejercicio de la facultad de apreciación de la Comisión que resultan de estas disposiciones
(véase, en este sentido, la sentencia Schunk y Schunk Kohlenstoff-Technik/Comisión, citada en el apartado 83
supra,
apartado 44). En estas circunstancias, la alegación basada en la incompetencia de la Comisión para adoptar las Directrices
debe rechazarse.
En segundo lugar, las alegaciones basadas en una falta de transparencia y de previsibilidad de las Directrices de 1998 también
deben rechazarse.
En efecto, por una parte, en aras de la transparencia y con el fin de aumentar la seguridad jurídica de las empresas interesadas,
la Comisión ha publicado las referidas Directrices, exponiendo en ellas el método de cálculo que emplea en cada caso concreto.
A este respecto, el Tribunal de Justicia también ha considerado que la Comisión, al adoptar estas reglas de conducta y anunciar
mediante su publicación que las aplicará en lo sucesivo a los casos contemplados en ellas, se autolimita en el ejercicio de
su facultad de apreciación y no puede ya apartarse de tales reglas, so pena de verse sancionada, en su caso, por violación
de los principios generales del Derecho, tales como la igualdad de trato y la protección de la confianza legítima. Asimismo,
el Tribunal de Justicia ha declarado que las Directrices determinan, de un modo general y abstracto, la metodología que la
Comisión se obligó a seguir para determinar el importe de las multas y garantizan, por consiguiente, la seguridad jurídica
de las empresas (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 88
supra,
apartados 211 y 213; véase, asimismo, la sentencia de 19 de marzo de 2009, Archer Daniels Midland/Comisión, citada en el apartado
supra,
apartado 60).
Por otra parte, un agente económico diligente puede, recurriendo si fuera preciso a asesoramiento jurídico, prever de modo
suficientemente preciso el método de cálculo y la envergadura de las multas a que se expone por actuar de un modo determinado
(sentencia Evonik Degussa/Comisión y Consejo, citada en el apartado 96
supra,
apartado 55). Es cierto que un agente económico no puede prever, a la luz de las Directrices de 1998, el importe preciso de
la multa que la Comisión impondrá en cada caso. Sin embargo, dada la gravedad de las infracciones que la Comisión ha de sancionar,
los objetivos represivos y disuasivos justifican que se evite que las empresas puedan evaluar los beneficios que les reportaría
su participación en una infracción teniendo en cuenta de antemano el importe de la multa que les sería impuesta como consecuencia
de este comportamiento ilícito (sentencia Degussa/Comisión, citada en el apartado 95
supra,
apartado 83).
De todo lo anterior se desprende que la excepción de ilegalidad de las Directrices de 1998, basada en la falta de competencia
de la Comisión y, con carácter subsidiario, en su falta de transparencia y de previsibilidad, carece de fundamento.

Sobre la excepción de ilegalidad de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, basada en la vulneración del principio de
irretroactividad y del principio de protección de la confianza legítima
Las demandantes sostienen que la aplicación, en el caso de autos, de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, cuando
la mayoría de los hechos a los que se refiere la Decisión impugnada eran anteriores a su entrada en vigor, vulnera el principio
de irretroactividad. Según las demandantes, la Comisión debería haber aplicado su Comunicación relativa a la no imposición
de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (DO 1996, C 207, p. 4) (en
lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación de 1996»), lo cual les habría permitido obtener una reducción de multa de
entre un 10 a un 50 % en atención al reconocimiento de los hechos en lugar de la reducción simbólica del 1 % que obtuvieron
en la Decisión impugnada (considerandos 777, 806, 835 y 854 de la Decisión impugnada). En opinión de las demandantes, al aplicar
la Comunicación sobre la cooperación de 2002, la Comisión también vulneró el principio de confianza legítima.
Procede recordar que la Comunicación sobre la cooperación de 1996 establecía en la sección D que una empresa podía gozar «de
una reducción del 10 al 50 % del importe de la multa que se le habría impuesto a falta de cooperación […] cuando […] tras
recibir el pliego de cargos, […] inform[ara] a la Comisión de que no pon[ía] en duda la veracidad de los hechos sobre los
que la Comisión funda[ba] sus acusaciones». Por su parte, la Comunicación sobre la cooperación de 2002 ya no prevé reducción
alguna por ese motivo.
Por lo que respecta a la supuesta retroactividad de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, debe señalarse que el apartado
28 de dicha Comunicación dispone que, «la presente Comunicación sustituye a la Comunicación [sobre la cooperación] de 1996
a partir de 14 de febrero de 2002 en aquellos asuntos en los que ninguna empresa se haya puesto en contacto con la Comisión
para acogerse al trato favorable en ella contemplado». Habida cuenta de que la Comunicación sobre la cooperación de 2002 se
publicó el 19 de febrero de 2002, resulta evidente que dicha Comunicación prevé, por tanto, una aplicación retroactiva de
sus disposiciones, aplicación que, no obstante, se limita al período comprendido entre el 14 de febrero de 2002 y el 18 de
febrero de 2002, ambos días inclusive. Puesto que ninguno de los participantes en el cártel presentó solicitud alguna en virtud
de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 antes del 2 de febrero de 2004 (considerandos 94, 105, 115 y 127 de la Decisión
impugnada), la eventual ilegalidad resultante de la referida retroactividad de la Comunicación sobre la cooperación de 2002
no ha podido afectar a la legalidad de la Decisión impugnada.
No obstante, en el caso de autos, las demandantes cuestionan la aplicación inmediata de la Comunicación sobre la cooperación
de 2002 a efectos del cálculo de las multas por hechos, en parte, anteriores a 2002.
Para empezar, debe señalarse que, tal como se desprende de los autos, durante el procedimiento administrativo, las demandantes
solicitaron expresamente, al menos en seis ocasiones, la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación de 2002.
A continuación, hay que decir que, en cualquier caso, de la jurisprudencia se desprende que el principio de irretroactividad
no se opone a la aplicación de directrices que, hipotéticamente, tengan un efecto agravador en cuanto a la cuantía de las
multas impuestas por infracciones cometidas antes de su adopción, siempre que la política que apliquen sea razonablemente
previsible en el momento en que se cometieron las infracciones de que se trate (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión,
citada en el apartado 88
supra,
apartados 202 a 232; sentencia del Tribunal de 12 de diciembre de 2007, BASF y UCB/Comisión, T‑101/05 y T‑111/05, Rec. p. II‑4949,
apartado 233; véase, asimismo, la sentencia de 19 de marzo de 2009, Archer Daniels Midland/Comisión, citada en el apartado
supra,
apartado 66). Pues bien, las demandantes no pretenden que el cambio que se produjo a raíz de la adopción de la Comunicación
sobre la cooperación de 2002 no fuera previsible.
En cuanto a la supuesta vulneración de la confianza legítima de las demandantes que se derivaría de la aplicación de la Comunicación
sobre la cooperación de 2002 a infracciones parcialmente cometidas antes de su entrada en vigor, basta señalar que, según
reiterada jurisprudencia, los operadores económicos no pueden confiar legítimamente en el mantenimiento de una situación existente
que puede verse modificada por las instituciones en el marco de su facultad de apreciación (véanse las sentencias del Tribunal
de Justicia de 5 de octubre de 1994, Alemania/Consejo, C‑280/93, Rec. p. I‑4973, apartado 80, y de 30 de junio de 2005, Alessandrini
y otros/Comisión, C‑295/03 P, Rec. p. I‑5673, apartado 89, y la jurisprudencia citada). Además, en cualquier caso, la aplicación
de la Comunicación sobre la cooperación de 1996 hubiera podido ser puesta en marcha en todo momento por las demandantes, mediante
la presentación de una solicitud en virtud de dicha Comunicación a la Comisión antes de la entrada en vigor de la Comunicación
sobre la cooperación de 2002. De lo anterior se deduce que esta imputación debe rechazarse.
Por consiguiente, la excepción de ilegalidad de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, basada en la vulneración del
principio de irretroactividad, y la imputación basada en una vulneración del principio de confianza legítima deben desestimarse.

Sobre la excepción de ilegalidad de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, basada en la vulneración de los principios
generales del Derecho
nemo tenetur, in dubio pro reo
y de proporcionalidad, así como en un abuso de la facultad de apreciación
Las demandantes sostienen que la Comunicación sobre la cooperación de 2002 es ilegal debido a que vulnera los principios generales
del Derecho y excede la facultad de apreciación conferida a la Comisión. De este modo, a su entender, la Comunicación sobre
la cooperación de 2002 vulnera el principio
nemo tenetur,
el principio
in dubio pro reo
y el principio de proporcionalidad. En opinión de las demandantes, su adopción constituye un abuso de la facultad de apreciación
de la Comisión y no puede, por tanto, aplicarse al presente asunto, de modo que los elementos de prueba aportados en el marco
de la Comunicación de 2002 no pueden utilizarse, dado que la utilización de pruebas obtenidas de manera ilegal está prohibida.
Deben examinarse por separado las diferentes imputaciones formuladas en el marco de la presente excepción.
Sobre la primera imputación, basada en la vulneración del principio
nemo tenetur
Las demandantes recuerdan que, de conformidad con el principio
nemo tenetur,
nadie puede ser obligado a autoinculparse o a declarar contra sí mismo. En opinión de las demandantes, la Comunicación sobre
la cooperación de 2002 vulnera ese principio, ya que, en la práctica, fuerza a las empresas a cooperar con la Comisión y a
confesar que han cometido infracciones. En efecto, a su juicio, únicamente la primera empresa que presente pruebas que cumplan
los requisitos del apartado 8, letras a) o b), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 puede pretender que no se le
imponga una multa, de modo que todas las empresas, «corriendo por ocupar el primer puesto», harán confesiones completas (y
a veces exageradas) a la Comisión, sin que se pueda comparar la utilidad de una cooperación que reviste la forma de una disminución
de la multa esperada con las desventajas que tal cooperación implica. Por otra parte, según las demandantes, al cooperar en
el marco de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, una empresa se ve privada de la posibilidad de cuestionar los hechos,
aun cuando sean erróneos, presentados por otras empresas, ya que la Comisión considera todo cuestionamiento de los hechos
como una falta de cooperación en el sentido de los apartados 11 y 23 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, lo que
implica un serio riesgo de no poder obtener una disminución de la multa en virtud de dicha Comunicación.
De la jurisprudencia se desprende, por una parte, que, con arreglo a los principios generales del Derecho de la Unión, de
los que los derechos fundamentales forman parte integrante y a cuya luz han de interpretarse todas las normas del Derecho
de la Unión, las empresas tienen derecho a no ser forzadas por la Comisión a confesar su participación en una infracción (véanse,
en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 18 de octubre de 1989, Orkem/Comisión, 374/87, Rec. p. 3283, apartado
35, y de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P,
C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, apartado 273).
Por otra parte, si bien la Comisión no puede obligar a una empresa a reconocer su participación en una infracción, no por
ello se le impide que, al fijar el importe de la multa, tenga en cuenta la ayuda que esta empresa le haya prestado voluntariamente
para probar la existencia de la infracción (sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 2005, Acerinox/Comisión,
C‑57/02 P, Rec. p. I‑6689, apartado 87, y ThyssenKrupp/Comisión, C‑65/02 P y C‑73/02 P, Rec. p. I‑6773, apartado 50).
Las demandantes no pueden sostener que la jurisprudencia citada en los apartados 149 y 150
supra
está «superada». Al contrario, el Tribunal de Justicia la ha confirmado expresamente después de haber tenido conocimiento
de la evolución de la jurisprudencia del Tribunal EDH y, en particular, de la sentencia Funke c. Francia de 25 de febrero
de 1993 (serie A nº 256 A) y de la sentencia Saunders c. Reino Unido de 17 de diciembre de 1996
(Recueil des arrêts et décisions,
1996‑VI), a las que las demandantes hacen referencia (sentencia Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, citada en el
apartado 149
supra,
apartados 273 a 280).
Por tanto, debe examinarse la legalidad de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 en relación con el principio
nemo tenetur
a la luz de los principios establecidos en la jurisprudencia citada en los apartados 149 y 150
supra.
A este respecto, debe señalarse que la cooperación en virtud de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 tiene carácter
puramente voluntario para la empresa afectada. En efecto, ésta no está en modo alguno obligada a aportar elementos de prueba
relativos a la supuesta práctica colusoria. Por tanto, el grado de cooperación que la empresa quiera ofrecer durante el procedimiento
administrativo depende exclusivamente de su libre elección y, en ningún caso, viene impuesto por la Comunicación sobre la
cooperación de 2002 (véase, en este sentido, la sentencia ThyssenKrupp/Comisión, citada en el apartado 150
supra,
apartado 52, y las conclusiones del Abogado General Léger en dicho asunto, Rec. p. I‑6777, apartado 140).
La alegación según la cual, al cooperar, una empresa se vería privada de la posibilidad de cuestionar los hechos presentados
por otras empresas, aun cuando éstos sean falsos, se basa en una interpretación errónea de la Comunicación sobre la cooperación
de 2002.
Por una parte, contrariamente a los que sostienen las demandantes, ni el apartado 11 de la referida Comunicación, que exige
que la empresa afectada «cooper[e] plena, continua y diligentemente a lo largo de todo el procedimiento administrativo», ni
el apartado 23 de ésta, que prevé que la Comisión «podrá tomar en consideración la magnitud y la continuidad de la cooperación
prestada por la empresa a partir de la fecha de su aportación original», exigen que la empresa afectada se abstenga de cuestionar
o de corregir los hechos erróneos presentados por otra empresa. Además, la afirmación de las demandantes se basa en la premisa
errónea de que las declaraciones unilaterales erróneas de una única empresa que haya participado en una práctica colusoria,
no corroboradas por elementos de prueba, bastan para demostrar una infracción.
Por otra parte, contrariamente a la Comunicación sobre la cooperación de 1996, la Comunicación de 2002 no prevé ninguna reducción
de multa en atención al reconocimiento de los hechos. Por tanto, no puede considerarse que la Comunicación sobre la cooperación
de 2002 «obligue» a las empresas que quieran que ésta se les aplique a no cuestionar los hechos presentados por otras empresas.
En cualquier caso, la supuesta obligación que una empresa tendría de no cuestionar hechos de los que no es autora se basa
en la hipótesis puramente teórica de una empresa que se acusa de una infracción que no ha cometido, con la esperanza de que
se le aplique una reducción de la multa que, según teme, se le va a imponer. Esta suposición no puede servir de base para
un razonamiento basado en la vulneración del principio
nemo tenetur
(véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, Finnboard/Comisión, C‑298/98 P,
Rec. p. I‑10157, apartado 58).
De lo anterior se desprende que la primera imputación formulada en el marco de la excepción de ilegalidad de la Comunicación
sobre la cooperación de 2002 debe desestimarse.
Sobre la segunda imputación, basada en la vulneración del principio
in dubio pro reo
Las demandantes alegan que, con arreglo al principio
in dubio pro reo
o al principio de la presunción de inocencia, corresponde a la Comisión la carga de la prueba del comportamiento ilícito y
de la culpabilidad de una empresa. A su entender, la Comunicación sobre la cooperación de 2002 vulnera el principio de la
presunción de inocencia, en la medida en que, en la práctica, conduce a que sean las empresas las que aporten la prueba de
su propia infracción y de su propia culpabilidad, así como de las infracciones y de la culpabilidad de las otras empresas.
Procede recordar que el principio de presunción de inocencia, tal y como se halla recogido en el artículo 6, apartado 2, del CEDH,
forma parte de los derechos fundamentales que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, –confirmada, por otra parte,
por el artículo 6 UE, apartado 2, así como por el artículo 48 de la Carta– están reconocidos por el ordenamiento jurídico
de la Unión. En atención a la naturaleza de las infracciones contempladas, así como a la naturaleza y grado de severidad de
las sanciones correspondientes, el principio de la presunción de inocencia se aplica especialmente a los procedimientos relativos
a violaciones de las normas de la competencia aplicables a las empresas susceptibles de conducir a la imposición de multas
o multas coercitivas (véase la sentencia Degussa/Comisión, citada en el apartado 95
supra,
apartado 115, y la jurisprudencia citada).
Contrariamente a lo que sostienen las demandantes, la Comunicación sobre la cooperación de 2002 no vulnera el principio de
la presunción de inocencia.
Para empezar, tal como se ha recordado en el apartado 153
supra,
la cooperación en virtud de la referida Comunicación tiene carácter puramente voluntario para la empresa afectada. Ésta no
implica ninguna obligación por parte de la empresa de aportar elementos de prueba de la infracción en la que haya podido participar.
A continuación, debe señalarse que la Comunicación sobre la cooperación de 2002 no afecta a la obligación que incumbe a la
Comisión, sobre quien recae la carga de la prueba de las infracciones que afirme haber descubierto, de aportar pruebas adecuadas
para demostrar suficientemente con arreglo a Derecho la existencia de los hechos que constituyen la infracción. No obstante,
con el fin de demostrar la existencia de una infracción, la Comisión puede basarse en cualquier elemento útil de que disponga.
Por tanto, puede basarse, sin vulnerar el principio de la presunción de inocencia, no sólo en los documentos que haya recogido
con ocasión de inspecciones realizadas en virtud de los Reglamentos n
os
17 y 1/2003 o que haya recibido en respuesta a las solicitudes de información realizadas en virtud de dichos Reglamentos,
sino también en elementos de prueba que una empresa le haya voluntariamente presentado en virtud de la referida Comunicación.
De todo lo anterior se desprende que la imputación basada en la ilegalidad de la Comunicación sobre la cooperación de 2002
en la medida en que supuestamente vulnera el principio de la presunción de inocencia tampoco puede acogerse.
Sobre la tercera imputación, basada en la vulneración del principio de proporcionalidad
Las demandantes sostienen que la Comunicación sobre la cooperación no es ni necesaria ni apropiada y, por tanto, vulnera el
principio de proporcionalidad. A su entender, no es necesaria, ya que el Reglamento nº 1/2003 y, en particular, sus artículos
18 a 21, proporciona a la Comisión medios suficientes para llevar a cabo investigaciones sobre las prácticas colusorias. En
su opinión, tampoco es apropiada ni proporcionada. En efecto, a su juicio, aunque la antedicha Comunicación permitiese demostrar
mejor la existencia de prácticas colusorias, lo cual promovería el interés comunitario, esa Comunicación recompensa a las
empresas que infringen el artículo 81 y es desventajosa para las empresas honestas, ya que impide que a empresas que hayan
participado en una práctica colusoria y hayan obtenido con ello un beneficio se les imponga una multa. Según las demandantes,
la Comunicación sobre la cooperación de 2002 también afecta al interés comunitario consistente en la sanción de las infracciones
del Derecho de la competencia.
Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, el principio de proporcionalidad, que forma parte de los principios
generales del Derecho de la Unión, exige que los actos de las instituciones de la Unión no rebasen los límites de lo que resulta
apropiado y necesario para el logro de los objetivos legítimos perseguidos por la normativa controvertida, entendiéndose que,
cuando se ofrezca una elección entre varias medidas adecuadas, debe recurrirse a la menos onerosa, y que las desventajas ocasionadas
no deben ser desproporcionadas con respecto a los objetivos perseguidos (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 12
de julio de 2001, Jippes y otros, C‑189/01, Rec. p. I‑5689, apartado 81, y la jurisprudencia citada).
Asimismo, debe recordarse que la Comisión dispone, en el marco del Reglamento nº 1/2003, de un margen de apreciación al fijar
el importe de las multas, a fin de lograr que las empresas ajusten su comportamiento a las normas sobre competencia (véase,
en este sentido, la sentencia Groupe Danone/Comisión, citada en el apartado 57
supra,
apartado 134, y la jurisprudencia citada). Dado que la Comunicación sobre la cooperación de 2002 forma parte de la política
de la Comisión relativa a la fijación de multas contra los acuerdos horizontales que infrinjan el artículo 81 CE, debe tenerse
en cuenta ese margen de apreciación a la hora de examinar la imputación basada en el principio de proporcionalidad.
Pues bien, es preciso señalar que la Comunicación sobre la cooperación de 2002 parece ser un instrumento apropiado e indispensable
para demostrar la existencia de prácticas colusorias horizontales secretas y, por tanto, para ajustar el comportamiento de
las empresas a las normas sobre competencia.
En efecto, si bien los instrumentos previstos en los artículos 18 a 21 del Reglamento nº 1/2003, a saber, las solicitudes
de información y las inspecciones, constituyen medidas indispensables en el marco de la represión de infracciones del Derecho
de la competencia, debe señalarse que las prácticas colusorias secretas son a menudo difíciles de detectar y de instruir sin
la cooperación de las empresas implicadas. Aunque una parte que participa en una práctica colusoria siempre tiene el riesgo
de que un día dicha práctica se descubra, en particular a raíz de la presentación de una denuncia ante la Comisión o ante
una autoridad nacional, si esa parte quiere poner fin a su participación puede ser disuadida de informar de ello a la Comisión
debido al riesgo de que se le imponga una multa elevada. Al prever la concesión de una dispensa del pago de las multas o una
reducción significativa de las multas para las empresas que aporten a la Comisión elementos de prueba de la existencia de
una práctica colusoria horizontal, la Comunicación sobre la cooperación de 2002 pretende evitar que un participante en la
práctica renuncie a informar a la Comisión de la existencia de esa práctica.
La alegación según la cual la Comunicación sobre la cooperación de 2002 permite recompensar a algunas empresas que han participado
en prácticas prohibidas por el artículo 81 CE debe rechazarse. En efecto, tal como subraya la Comisión en el apartado 4 de
la antedicha Comunicación, «para los consumidores y los ciudadanos prima el interés por que se descubran y prohíban los cárteles
secretos sobre el interés en que se multe a las empresas cuya colaboración haya permitido a la Comisión detectar y prohibir
tales prácticas».
Por tanto, la Comunicación sobre la cooperación de 2002 no rebasa de modo manifiesto los límites de lo que resulta apropiado
y necesario para el logro del objetivo legítimo por ella perseguido.
De lo anterior se desprende que la imputación basada en la ilegalidad de la Comunicación sobre la cooperación en la medida
en que supuestamente vulnera el principio de proporcionalidad carece de fundamento.
Sobre la cuarta imputación, basada en un abuso de la facultad de apreciación
Según las demandantes, al adoptar la Comunicación sobre la cooperación de 2002, la Comisión excedió la facultad de apreciación
que le confiere el artículo 23, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 1/2003. En su opinión, dicha disposición impone a la Comisión
que, en el marco de la fijación del importe de la multa, tome en consideración la gravedad y la duración de la infracción,
lo cual resultaría imposible en el marco de una «reducción total de la pena». Por tanto, a su entender, el título A de la
Comunicación sobre la cooperación de 2002 es ilegal, lo cual entraña la ilegalidad del conjunto de la Comunicación.
Procede recordar que, con arreglo al artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, «[m]ediante decisión, la Comisión
podrá imponer multas a las empresas […] cuando, de forma deliberada o por negligencia[,] […] infrinjan las disposiciones del
artículo 81 o del artículo 82 [CE]». De ello se deduce que del propio tenor de dicha disposición se desprende que la Comisión
tiene la facultad, pero no la obligación, de imponer una multa a una empresa que haya cometido una infracción del artículo
81 CE.
Además, el artículo 23, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 1/2003 no enumera de forma limitativa los criterios que puede tener
en cuenta la Comisión para fijar la cuantía de la multa. Por lo tanto, el comportamiento de la empresa durante el procedimiento
administrativo puede formar parte de los elementos que han de tenerse en cuenta para hacerlo (véase, en este sentido, la sentencia
Finnboard/Comisión, citada en el apartado 157
supra,
apartado 56, y la jurisprudencia citada).
Por consiguiente, la Comisión se ha dotado de las normas de conducta de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 destinadas
a servirle de guía en el ejercicio de su facultad de apreciación en materia de fijación de las multas, a efectos de tener
en cuenta, en particular, el comportamiento de las empresas durante el procedimiento administrativo, y a garantizar, de esta
manera, en mayor medida la igualdad de trato entre las empresas afectadas, sin exceder la facultades que le otorga el Reglamento
nº 1/2003 (véase, en este sentido, la sentencia Finnboard/Comisión, citada en el apartado 157
supra,
apartado 57).
De ello se deduce que esta última imputación también carece de fundamento.
De todo cuanto precede se desprende que la excepción de ilegalidad de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 debe desestimarse
en su totalidad.

Sobre el motivo basado en el carácter confiscatorio, contrario al Derecho internacional, de la Decisión impugnada
Sobre la admisibilidad
La Comisión subraya que el motivo basado en el carácter confiscatorio, contrario al Derecho internacional, de la Decisión
impugnada no cumple los requisitos del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento y es, por consiguiente,
inadmisible. A su entender, desde el punto de vista fáctico, la demanda no expone de qué modo las multas impuestas han efectivamente
tenido repercusiones dramáticas en la capacidad de supervivencia económica de las filiales de Schindler Holding. Desde el
punto de vista jurídico, a su juicio, las demandantes no identifican los tratados que serían aplicables ni las normas que
se habrían infringido.
Es preciso recordar que, a tenor del artículo 21, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento
ante el Tribunal General con arreglo al artículo 53, párrafo primero, del mismo Estatuto, así como a tenor del artículo 44,
apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento, toda demanda deberá contener, en particular, una exposición sumaria
de los motivos invocados. Esas indicaciones han de ser suficientemente claras y precisas para permitir que la parte demandada
prepare su defensa o que el Tribunal resuelva el recurso, en su caso, sin apoyarse en otra información. Con el fin de garantizar
la seguridad jurídica y la buena administración de la Justicia, para declarar la admisibilidad de un recurso es preciso que
los elementos esenciales de hecho y de Derecho sobre los que esté basado consten, al menos sucintamente, pero de manera coherente
y comprensible, en el propio tenor de la demanda (sentencias del Tribunal de 6 de mayo de 1997, Guérin automobiles/Comisión,
T‑195/95, Rec. p. II‑679, apartado 20; de 25 de mayo de 2004, Distilleria Palma/Comisión, T‑154/01, Rec. p. II‑1493, apartado
58, y de 12 de marzo de 2008, European Service Network/Comisión, T‑332/03, no publicada en la Recopilación, apartado 229).
En el caso de autos, las demandantes han expuesto en su demanda de manera suficientemente clara y precisa que la imposición
de las multas a Schindler mediante la Decisión impugnada es confiscatoria y vulnera el Derecho internacional.
La Comisión no puede criticar el hecho de que la demanda no identifique los tratados que serían aplicables. En efecto, las
demandantes no han invocado en su demanda ninguna vulneración de un acuerdo bilateral o multilateral relativo a la protección
de la inversión. Únicamente hacen referencia a la existencia de tales acuerdos para demostrar la existencia de una norma de
Derecho consuetudinario internacional que, a su entender, se ha infringido en el caso de autos. Así, en su demanda, las demandantes
explican que, aunque no exista ningún convenio general de protección de la inversión entre la Comunidad Europea y Suiza, no
puede seriamente ponerse en entredicho la prohibición de expropiación sin indemnización de los inversores extranjeros reconocida
en el Derecho consuetudinario internacional. Por tanto, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, la norma infringida,
a saber, una norma de Derecho consuetudinario internacional, está claramente indicada en la demanda.
Asimismo, las demandantes explican que el carácter confiscatorio de las multas impuestas se refiere a la importante desvalorización
de las inversiones de Schindler en Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. Según las demandantes, la gravedad del perjuicio
a los valores patrimoniales de Schindler Holding queda puesta de manifiesto al comparar las multas con los fondos propios,
el volumen de negocios anual y el resultado del ejercicio de Schindler Bélgica, de Schindler Luxemburgo y de Schindler Países
Bajos.
De todo lo anterior se desprende que el presente motivo cumple los requisitos de las disposiciones citadas en el apartado
supra.
Por tanto, debe declararse la admisibilidad del presente motivo.
Sobre el fondo
Las demandantes señalan que la protección de inversores extranjeros se reconoce en numerosos acuerdos bilaterales y multilaterales
de protección de la inversión. A su entender, en virtud de esos convenios, la posesión transfronteriza de participaciones
en una empresa de otro Estado está comprendida dentro del concepto de inversión y disfruta de una protección que, por una
parte, sólo permite la expropiación si se cumplen requisitos muy estrictos y, por otra parte, exige que los inversores extranjeros
sean tratados de manera leal y equitativa en el Estado en el que realizan inversiones. Según las demandantes, tal protección
también se reconoce en el Derecho consuetudinario internacional.
Según las demandantes, las multas impuestas a Schindler Holding, sociedad suiza, equivalen, desde el punto de vista de su
efecto económico, a una expropiación, contraria al Derecho internacional, de las inversiones de Schindler Holding en Bélgica,
Luxemburgo y Países Bajos. A su entender, si bien la condena a una multa no constituye una expropiación formal, constituye,
sin embargo, una expropiación material, en la medida en que las inversiones de Schindler Holding en Bélgica, Luxemburgo y
Países Bajos han sufrido una desvalorización importante. En opinión de las demandantes, la gravedad del perjuicio a los valores
patrimoniales de Schindler Holding queda, sobre todo, puesta de manifiesto al comparar las multas con los fondos propios,
el volumen de negocios anual y el resultado del ejercicio de Schindler Bélgica, de Schindler Luxemburgo y de Schindler Países
Bajos.
Procede recordar que las competencias de la Comunidad deben ser ejercidas respetando el Derecho internacional (véase la sentencia
del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2008, Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, C‑402/05 P
y C‑415/05 P, Rec. p. I‑6351, apartado 291, y la jurisprudencia citada).
El derecho de propiedad no sólo está protegido por el Derecho internacional, sino que también forma parte de los principios
generales del Derecho de la Unión (véase la sentencia Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, citada
en el apartado 187
supra,
apartado 355, y la jurisprudencia citada). Sin embargo, dado que la primacía del Derecho internacional sobre el Derecho de
la Unión no se extiende al Derecho primario ni, en particular, a sus principios generales, entre los que figura el respeto
de los derechos fundamentales (sentencia Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, citada en el apartado
supra,
apartado 308), es preciso examinar en el marco del presente motivo si las multas impuestas a Schindler Holding vulneran el
derecho fundamental al respeto de la propiedad.
A este respecto, debe recordarse que el derecho de propiedad no constituye una prerrogativa absoluta, sino que debe tomarse
en consideración en relación con su función en la sociedad. Por consiguiente, pueden imponerse restricciones al ejercicio
del derecho de propiedad, siempre y cuando estas restricciones respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos
por la Comunidad y no constituyan, habida cuenta del objetivo perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte
a la propia esencia del derecho así garantizado (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1989, Schräder HS Kraftfutter,
265/87, Rec. p. 2237, apartado 15; Alemania/Consejo, citada en el apartado 144
supra,
apartado 78, y Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, citada en el apartado 187
supra,
apartado 355).
El artículo 3 CE, apartado 1, letra g), prevé que, para alcanzar los fines de la Comunidad, la acción de ésta implicará «un
régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado interior». De ello se deduce que la aplicación de
los artículos 81 CE y 82 CE constituye uno de los aspectos del interés público comunitario. Por consiguiente, con arreglo
a los referidos artículos, pueden imponerse restricciones al ejercicio del derecho de propiedad, siempre y cuando estas restricciones
no sean desmesuradas y no afecten a la propia esencia de dicho derecho (sentencia del Tribunal de 23 de octubre de 2003, Van
den Bergh Foods/Comisión, T‑65/98, Rec. p. II‑4653, apartado 170).
Por tanto, debe examinarse si las multas impuestas a Schindler Holding constituyen una intervención desmesurada e intolerable
que afecta a la propia esencia del derecho fundamental al respeto de la propiedad.
Para empezar, hay que señalar que la Decisión impugnada no afecta a la estructura de propiedad dentro de Schindler.
A continuación, cabe decir que si bien es cierto que el pago de la multa afecta al valor patrimonial de la sociedad que la
adeuda, no puede considerarse que, en el caso de autos, las multas impuestas a Schindler Holding y a sus filiales hayan agotado
la totalidad del valor de dichas sociedades. En efecto, de los autos se desprende que el conjunto de las multas impuestas
a las sociedades del grupo Schindler en la Decisión impugnada no alcanza el límite del 10 % del volumen de negocios consolidado
de Schindler Holding durante el ejercicio social anterior a la fecha de la Decisión impugnada. Pues bien, el límite del 10 %
previsto en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 pretende, en particular, proteger a las empresas de multas
de un nivel excesivo que pudieran destruir su sustancia económica (sentencia del Tribunal de 15 de junio de 2005, Tokai Carbon
y otros/Comisión, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 y T‑91/03, no publicada en la Recopilación, apartado 389).
Seguidamente, en la medida en que las demandantes critican la imposición de una multa excesiva a las filiales en los cuatro
países de que se trata, debe señalarse que, en la Decisión impugnada, Schindler Holding ha sido condenada, por cada infracción,
solidariamente con la filial implicada al pago de la multa (véanse también los apartados 63 a 91
supra).
Como subraya la Comisión, la determinación de las contribuciones respectivas de sociedades pertenecientes al mismo grupo,
solidariamente obligadas al pago de una misma multa, incumbe a estas últimas. Por tanto, la Decisión impugnada no afecta necesariamente
al valor de las inversiones que Schindler Holding posee en sus filiales.
Finalmente, en la medida en que las demandantes denuncian la imposición de multas por infracciones que, a su juicio, son excesivas
cuando se ponen en relación con el volumen de negocios y el beneficio anual de las filiales de que se trata, cabe decir que
tal argumentación se confunde con el motivo basado en la ilegalidad de la Decisión impugnada en la medida en que compromete
la responsabilidad solidaria de Schindler Holding. En efecto, sólo si se demostrase que las filiales nacionales no constituyen,
conjuntamente con Schindler Holding, una empresa, en el sentido de entidad económica responsable de las infracciones sancionadas,
las multas impuestas en el caso de autos podrían vulnerar el derecho de propiedad. Tales multas serían, en cualquier caso
ilegales dado que infringirían el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003. Ahora bien, de los apartados 63 a 91
supra
se desprende que la Comisión imputó acertadamente a Schindler Holding las infracciones de las filiales nacionales de que se
trata.
De lo anterior se desprende que procede desestimar el presente motivo.

Sobre el motivo basado en una infracción de las Directrices de 1998 y en la obligación de motivación a la hora de fijar el
importe de partida de las multas
Observaciones preliminares
Con carácter preliminar, debe recordarse que como se deriva de reiterada jurisprudencia, la Comisión disfruta de una amplia
facultad de apreciación por lo que respecta al método de cálculo de las multas. Este método, delimitado por las Directrices
de 1998, contiene varios rasgos de flexibilidad que permiten que la Comisión ejerza su facultad de apreciación respetando
las disposiciones del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal
de Justicia de 3 de septiembre de 2009, Papierfabrik August Koehler y otros/Comisión, C‑322/07 P, C‑327/07 P y C‑338/07 P,
Rec. p. I‑7191, apartado 112, y la jurisprudencia citada).
La gravedad de las infracciones del Derecho de la competencia de la Unión debe determinarse en función de numerosos factores,
como las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, sin que se haya establecido
una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente (sentencias del Tribunal de Justicia
de 19 de marzo de 2009, Archer Daniels Midland/Comisión, apartado 106
supra,
apartado 72, y de 3 de septiembre de 2009, Prym y Prym Consumer/Comisión, C‑534/07 P, Rec. p. I‑7415, apartado 54).
Como se ha expuesto en el apartado 24
supra,
en el presente caso, la Comisión determinó el importe de las multas aplicando el método definido en las Directrices de 1998.
Si bien las Directrices de 1998 no pueden calificarse de norma jurídica a cuya observancia está obligada en cualquier caso
la administración, establecen sin embargo una regla de conducta indicativa de la práctica que debe seguirse y de la cual la
administración no puede apartarse, en un determinado caso, sin dar razones que sean compatibles con el principio de igualdad
de trato (véase la sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado
88 supra,
apartado 209, y la jurisprudencia citada; sentencia del Tribunal de 8 de octubre de 2008, Carbone Lorraine/Comisión, T‑73/04,
Rec. p. II‑2661, apartado 70).
Como se ha indicado en el apartado 135
supra,
al adoptar estas reglas de conducta y anunciar mediante su publicación que las aplicará en lo sucesivo a los casos contemplados
en ellas, la Comisión se autolimita en el ejercicio de su facultad de apreciación y no puede ya apartarse de tales reglas,
so pena de verse sancionada, en su caso, por violación de los principios generales del Derecho, tales como la igualdad de
trato o la protección de la confianza legítima (véase la sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado
supra,
apartado 211, y la jurisprudencia citada; sentencia Carbone-Lorraine/Comisión, citada en el apartado 200
supra,
apartado 71).
Además, las Directrices de 1998 determinan de un modo general y abstracto la metodología que la Comisión se ha obligado a
seguir para determinar el importe de las multas y garantizan, por consiguiente, la seguridad jurídica de las empresas (sentencia
Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 88
supra,
apartados 211 y 213).
Finalmente, debe recordarse que las Directrices de 1998 prevén, en primer lugar, la apreciación de la gravedad de la infracción
en cuanto tal, en virtud de la cual puede fijarse un importe de partida general (punto 1 A, párrafo segundo). En segundo lugar,
la gravedad se analiza en relación con la naturaleza de las infracciones cometidas y las características de la empresa afectada,
en particular su dimensión y su posición en el mercado pertinente, lo que puede dar lugar a la ponderación del importe de
partida, a la clasificación de las empresas en categorías y a la fijación de un importe de partida específico (punto 1 A,
párrafos tercero a séptimo).
Decisión impugnada
En primer lugar, en la sección de la Decisión impugnada dedicada a la gravedad de las infracciones (sección 13.6.1), la Comisión
examina paralelamente las cuatro infracciones constatadas en su artículo 1, basándose en que «t[ienen] algunos elementos en
común» (considerando 657 de la Decisión impugnada). Esta sección se divide en tres subsecciones, la primera titulada «Naturaleza
de las infracciones» (subsección 13.6.1.1), la segunda titulada «Dimensión del mercado geográfico de que se trata» (subsección
13.6.1.2) y la tercera titulada «Conclusión sobre la gravedad de la infracción» (subsección 13.6.1.3).
En la subsección titulada «Naturaleza de las infracciones», la Comisión, en los considerandos 658 y 659 de la Decisión impugnada,
explica lo siguiente:
«(658)      Las infracciones objeto de la presente Decisión consistían principalmente en una colusión secreta entre competidores para
repartirse los mercados o congelar las cuotas de mercado repartiéndose los proyectos de venta y de instalación de ascensores
y/o de escaleras mecánicas nuevos, y para no hacerse la competencia por lo que respecta al mantenimiento y a la modernización
de ascensores y de escaleras mecánicas (salvo en Alemania, donde la actividades de mantenimiento y de modernización no fueron
objeto de discusiones entre los miembros del cártel). Tales restricciones horizontales se encuentran, por su propia naturaleza,
entre las infracciones más graves del artículo 81 [CE]. Las infracciones cometidas en este asunto han privado artificialmente
a los clientes de las ventajas que habrían podido esperar obtener si hubiese tenido lugar un proceso de oferta competitivo.
Asimismo, es interesante señalar que algunos de los proyectos amañados eran licitaciones públicas financiadas por los impuestos
y realizadas precisamente con el fin de recibir ofertas competitivas y que, en particular, tuviesen una buena relación calidad/precio.
(659)      A la hora de evaluar la gravedad de una infracción, los elementos relativos a su objeto son generalmente más significativos
que los relativos a sus efectos, en particular, cuando los acuerdos, como en el presente asunto, suponen infracciones muy
graves, como la fijación de los precios y el reparto del mercado. Los efectos de un acuerdo son generalmente un criterio no
concluyente a la hora de evaluar la gravedad de la infracción.»
La Comisión afirma que «no ha intentado demostrar los efectos precisos de la infracción, ya que [era] imposible determinar
con suficiente certeza los parámetros aplicables en materia de competencia (precio, condiciones comerciales, calidad, innovación
y otros) si no hubiesen tenido lugar las infracciones» (considerando 660 de la Decisión impugnada). No obstante, estima que
«resulta […] evidente que las infracciones tuvieron repercusiones reales» y explica a este efecto que «el hecho de que las
diversas prácticas contrarias a la competencia hayan sido llevadas a cabo por los miembros del cártel, sugiere, en si mismo,
la existencia de repercusiones sobre el mercado, aunque el efecto real sea difícil de determinar, ya que, en particular, no
se sabe si otros proyectos han sido objeto de ofertas amañadas, ni la cantidad de dichos proyectos, ni cuantos de esos proyectos
han podido ser objeto de un reparto entre los miembros del cártel sin que fuese necesario que hubiera contactos entre ellos»
(considerando 660 de la Decisión impugnada). En el mismo considerando, la Comisión añade que «las cuotas de mercado acumuladas
elevadas de los competidores indican la existencia de probables efectos contrarios a la competencia y [que] la relativa estabilidad
de estas cuotas de mercado durante el período en que se produjeron las infracciones confirmaría esos efectos».
En los considerandos 661 a 669 de la Decisión impugnada, la Comisión responde a las alegaciones formuladas por las demandantes
durante el procedimiento administrativo dirigidas a demostrar las reducidas repercusiones de las infracciones sobre el mercado.
En la subsección titulada «Dimensión del mercado geográfico de que se trata», la Comisión sostiene en el considerando 670
de la Decisión impugnada, que «los cárteles objeto de [la] Decisión [impugnada] abarcaban, respectivamente, el conjunto de
los territorios de Bélgica, Alemania, Luxemburgo o los Países Bajos», y que «de la jurisprudencia se desprende claramente
que un mercado geográfico nacional que abarque el conjunto de un Estado miembro representa ya, por si mismo, una parte sustancial
del mercado común».
En la subsección titulada «Conclusión sobre la gravedad de la infracción», la Comisión indica, en el considerando 671 de la
Decisión impugnada, que cada destinatario ha cometido una o varias infracciones muy graves del artículo 81 CE, «habida cuenta
de la naturaleza de las infracciones y del hecho de que cada una de ellas abarcaba todo el territorio de un Estado miembro
(Bélgica, Alemania, Luxemburgo o Países Bajos)». La Comisión llega a la conclusión de que «esos factores son tales que las
infracciones deben considerarse muy graves, aunque sus repercusiones reales no puedan determinarse».
En segundo lugar, en la sección de la Decisión impugnada titulada «Trato diferenciado» (sección 13.6.2), la Comisión fija
un importe de partida de la multa para cada una de las empresas que participó en los diferentes cárteles (véanse los apartados
27 a 30
supra)
que tiene en cuenta, según el considerando 672 de la Decisión impugnada, «la capacidad económica efectiva de los contravinientes
para causar un perjuicio significativo a la competencia». La Comisión explica, en el considerando 673 de la Decisión impugnada,
que, «[a] tal efecto, las empresas [fueron] distribuidas en varias categorías en función del volumen de negocios realizado
en el mercado de los ascensores y/o de las escaleras mecánicas, incluyendo, en su caso, los servicios de mantenimiento y de
modernización».
Sobre la calificación de las infracciones como «muy graves»
En primer lugar, las demandantes alegan que la apreciación por la Comisión de la gravedad de las infracciones es errónea.
Según las demandantes, la Comisión adoptó un enfoque globalizador por lo que respecta a la calificación de las infracciones
como «muy graves», sin tener en cuenta, por una parte, que los acuerdos en los Estados miembros afectados estaban estructurados
de manera muy variada, ni, por otra parte, las repercusiones concretas de la infracciones. Pues bien, a su entender, esas
repercusiones fueron mínimas.
Así, las demandantes se refieren al descenso de los precios en los mercados alemán y luxemburgués, a la fluctuación de las
cuotas de mercado en los mercados, alemán, belga y luxemburgués, a la ineficacia y al incumplimiento de los acuerdos en los
mercados alemán, belga, luxemburgués y neerlandés, así como al hecho de que los cárteles en Luxemburgo y Países Bajos sólo
afectaron a determinados proyectos. Además, las demandantes alegan que en Alemania Schindler estaba únicamente implicada en
el sector de las escaleras mecánicas. Finalmente, en su opinión, el cártel en Luxemburgo, según la práctica de la Comisión
en decisiones anteriores, debería calificarse como «grave», habida cuenta del hecho de que sólo afectaba a un Estado miembro
de tamaño reducido.
Debe recordarse que, por lo que respecta a la apreciación de la gravedad de la infracción, las Directrices de 1998 indican,
en el punto 1 A, párrafos primero y segundo, lo siguiente:
«A la hora de evaluar la gravedad de la infracción ha de tomarse en consideración su naturaleza, sus repercusiones concretas
sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar) y la dimensión del mercado geográfico afectado.
Así, las infracciones serán clasificadas en tres categorías que establecen la distinción entre infracciones leves, graves
y muy graves.»
Con arreglo al punto 1 A, párrafo primero, de las Directrices de 1998, la Comisión debe, por tanto, en el marco de la apreciación
de la gravedad de la infracción, proceder a un examen de la repercusiones concretas sobre el mercado únicamente cuando dichas
repercusiones puedan determinarse (véase, en este sentido, la sentencia Prym y Prym Consumer/Comisión, citada en el apartado
supra,
apartado 74, y la jurisprudencia citada; sentencias Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midlan Ingredients/Comisión, citada
en el apartado 118
supra,
apartado 143, y Degussa/Comisión, citada en el apartado 95
supra,
apartado 216).
Según reiterada jurisprudencia, para valorar las repercusiones concretas de una infracción en el mercado, la Comisión está
obligada a tomar como referencia la competencia que habría existido normalmente si no se hubiera producido la infracción (véase
la sentencia Carbone‑Lorraine/Comisión, citada en el apartado 200
supra,
apartado 83, y la jurisprudencia citada).
En el caso de autos, la Comisión afirma, en el considerando 660 de la Decisión impugnada, que «no ha intentado demostrar los
efectos precisos de la infracción, ya que [era] imposible determinar con suficiente certeza los parámetros aplicables en materia
de competencia (precio, condiciones comerciales, calidad, innovación y otros) si no hubiesen tenido lugar las infracciones».
Aunque la Comisión estima, en el considerando 660 de la Decisión impugnada, que resulta evidente que las prácticas colusorias
tuvieron repercusiones reales, ya que fueron llevadas a cabo, lo que sugiere, en sí mismo, la existencia de repercusiones
sobre el mercado, y aunque la Comisión haya rechazado, en los considerandos 661 a 669, las alegaciones de las empresas de
que se trata dirigidas a demostrar los reducidos efectos de los cárteles, debe señalarse que, en la Decisión impugnada, la
apreciación de la gravedad de las infracciones no tuvo en cuenta sus eventuales repercusiones sobre el mercado.
De este modo, la Comisión, en el considerando 671 de la Decisión impugnada, basa su conclusión sobre la apreciación de la
gravedad de las infracciones teniendo en cuenta únicamente la naturaleza de las antedichas infracciones y su dimensión geográfica.
En efecto, en dicho considerando la Comisión llega a la conclusión de que «habida cuenta de la naturaleza de las infracciones
y del hecho de que cada una de ellas abarcaba todo el territorio de un Estado miembro (Bélgica, Alemania, Luxemburgo o Países
Bajos) […] [debe considerarse que] cada destinatario ha cometido una o varias infracciones muy graves del artículo 81 CE».
Debe señalarse que las demandantes no demuestran que las repercusiones concretas de los cárteles hubieran podido determinarse
en el caso de autos, limitándose a subrayar, en su réplica, que existen diferentes métodos científicos que permiten calcular
las repercusiones económicas de un cártel, sino que únicamente afirman que los efectos fueron necesariamente reducidos. A
este respecto, las circunstancias invocadas por las demandantes, relativas a los descensos de precio, a la fluctuación de
las cuotas de mercado o al incumplimiento o a la ineficacia de los acuerdos (véase el apartado 212
supra),
aun suponiendo que estuviesen demostradas, no permiten concluir que los efectos de los cárteles hubieran podido determinarse
en los mercados afectados, tanto más cuanto que las demandantes no cuestionan las afirmaciones de la Comisión según las cuales
era imposible, en el caso de autos, determinar con suficiente certeza los parámetros aplicables en materia de competencia
si no hubiesen tenido lugar las infracciones.
En estas circunstancias, las demandantes no han demostrado que, en el caso de autos, la Comisión estuviese obligada, con arreglo
a las Directrices de 1998 y a la jurisprudencia citada en el apartado 214
supra,
a tener en cuenta las repercusiones concretas de las infracciones a la hora de apreciar su gravedad.
Además, aun suponiendo que pudieran haberse determinado las repercusiones concretas de las infracciones y que las alegaciones
de las demandantes reproducidas en los apartados 221 y 212
supra
estuviesen fundadas y demostrasen que los cárteles habían tenido repercusiones reducidas sobre los mercados afectados, debe
señalarse que la calificación de las presentes infracciones como «muy graves» seguiría siendo apropiada.
Para empezar, debe señalarse que, con independencia de la estructura supuestamente variada de las prácticas concertadas, por
su propia naturaleza, las infracciones constatadas en la Decisión impugnada figuran entre las infracciones más graves del
artículo 81 CE, ya que tenían por objeto «una colusión secreta entre competidores para repartirse los mercados o congelar
las cuotas de mercado repartiéndose los proyectos de venta y de instalación de ascensores y/o de escaleras mecánicas nuevos,
y para no hacerse la competencia por lo que respecta al mantenimiento y a la modernización de ascensores y de escaleras mecánicas
(salvo en Alemania, donde las actividades de mantenimiento y de modernización no fueron objeto de discusiones entre los miembros
del cártel)» (considerando 658 de la Decisión impugnada). A este respecto, las Directrices de 1998 disponen que las infracciones
«muy graves» consisten esencialmente en restricciones horizontales como cárteles de precios y en cuotas de reparto de mercados
u otras prácticas que menoscaben el correcto funcionamiento del mercado interior. Dichas infracciones figuran igualmente entre
los ejemplos de prácticas colusorias expresamente consideradas incompatibles con el mercado común en el artículo 81 CE, apartado
1, letra c). Además de la grave alteración del juego de la competencia que suponen, estas prácticas colusorias, al obligar
a las partes a respetar mercados distintos, a menudo delimitados por las fronteras nacionales, provocan el aislamiento de
estos mercados, neutralizando así el objetivo principal del Tratado CE de integración del mercado comunitario. También la
jurisprudencia califica las infracciones de este tipo de «particularmente graves» o de «infracciones evidentes», en particular
cuando se trata de prácticas colusorias horizontales (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 6 de abril de
1995, Tréfilunion/Comisión, T‑148/89, Rec. p. II‑1063, apartado 109, y de 15 de septiembre de 1998, European Night Services
y otros/Comisión, T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 y T‑388/94, Rec. p. II‑3141, apartado 136, y de 18 de julio de 2005, Scandinavian
Airline System/Comisión, T‑241/01, Rec. p. II‑2917, apartado 85).
A continuación, es preciso señalar que de una reiterada jurisprudencia se desprende que el efecto de una práctica contraria
a la competencia no es un criterio determinante a la hora de apreciar la gravedad de una infracción. Elementos que forman
parte del aspecto intencional pueden tener más importancia que los relativos a dichos efectos, sobre todo cuando se trata
de infracciones intrínsecamente graves, como el reparto de mercados (sentencias del Tribunal de Justicia de 2 de octubre de
2003, Thyssen Stahl/Comisión, C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821, apartado 118, y Prym y Prym Consumer/Comisión, citada en el apartado
supra,
apartado 96; sentencias del Tribunal General de 13 de diciembre de 2001, Krupp Thyssen Stainless y Acciai speciali Terni/Comisión,
T‑45/98 y T‑47/98, Rec. p. II‑3757, apartado 199, y Degussa/Comisión, citada en el apartado 95
supra,
apartado 251).
De este modo, la naturaleza de la infracción desempeña un papel primordial, en particular, para caracterizar las infracciones
como «muy graves». De la descripción de las infracciones muy graves que hacen las Directrices de 1998 se desprende que los
acuerdos o prácticas concertadas que, como en el presente asunto, persiguen, en particular, el reparto de los mercados pueden
ser calificados de «muy graves» basándose únicamente en su propia naturaleza, sin que sea necesario que tales comportamientos
estén caracterizados por una repercusión o una dimensión geográfica determinadas (véase, en este sentido, la sentencia Prym
y Prym Consumer/Comisión, citada en el apartado 198
supra,
apartado 75). Esta conclusión queda confirmada por el hecho de que, si bien la descripción de las infracciones graves menciona
expresamente las repercusiones sobre el mercado y que puedan surtir sus efectos en amplias zonas del mercado común, la de
las infracciones muy graves, en cambio, no menciona ninguna exigencia de repercusión concreta sobre el mercado ni de producción
de efectos en una zona geográfica determinada (véase, en este sentido, la sentencia Schunk y Schunk Kohlenstoff‑Technik/Comisión,
citada en el apartado 83
supra,
apartado 171, y la jurisprudencia citada). En este contexto, debe rechazarse la alegación de las demandantes según la cual
en el caso de autos no se trata de un reparto de mercados, sino «principalmente de acuerdos sobre las cuotas», ya que una
congelación de las cuotas de mercado implica necesariamente un reparto previo de los mercados de que se trate.
Por tanto, habida cuenta de su objeto, las infracciones contra las que se dirige la Decisión impugnada son, por naturaleza,
muy graves, aun cuando se demostrase que los cárteles no afectaban al conjunto del mercado de los productos afectados y que
no produjeron todos los efectos esperados.
Asimismo, dado que una práctica decisoria de la Comisión no puede servir de marco jurídico a las multas en materia de competencia
(véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 2006, JCB Service/Comisión, C‑167/04 P,
Rec. p. I‑8935, apartados 201 y 205, y de 7 de junio de 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión, C‑76/06 P, Rec. p. I‑4405,
apartado 60; sentencia Carbone-Lorraine/Comisión, citada en el apartado 200
supra,
apartado 92) y, en cualquier caso, a la luz del examen realizado en los apartados 221 a 224
supra,
debe rechazarse la alegación de las demandantes basada en la práctica decisoria de la Comisión según la cual la infracción
en Luxemburgo debería haberse calificado como «grave», habida cuenta del reducido tamaño de dicho Estado miembro. A este respecto,
es, además, preciso señalar que ha sido, en particular, la toma en consideración del «tamaño del mercado luxemburgués con
respecto a otros Estados miembros» (considerando 66 de la Decisión impugnado) lo que ha llevado a la Comisión a fijar un importe
de partida general para esta infracción que representa la mitad del umbral mínimo de 20 millones de euros que normalmente
se prevé en las Directrices para este tipo de infracción muy grave (véase el punto 1 A, párrafo segundo, tercer guión, de
las Directrices de 1998).
Finalmente, aun suponiendo que la Comisión hubiese querido tener en cuenta ese elemento facultativo que son las repercusiones
de la infracción en el mercado y que, por consiguiente, debiera haber incluido, en la Decisión impugnada, indicios concretos,
verosímiles y suficientes que permitieran apreciar la influencia efectiva que la infracción hubiera podido tener en la competencia
en el mercado (sentencia Prym y Prym Consumer/Comisión, citada en el apartado 198
supra,
apartado 82), debe considerarse que, en cualquier caso, habría dado cumplimiento a esa obligación.
En efecto, de la Decisión impugnada se desprende que, por lo que atañe a la infracción en Bélgica, la Comisión constató, en
particular, que los acuerdos contrarios a la competencia afectaban a todos los segmentos del mercado de los ascensores y de
las escaleras mecánicas, cualquiera que fuese el importe del proyecto, y que habida cuenta de la cuota de mercado acumulada
elevada de las empresas de que se trata (considerando 50 de la Decisión impugnada), éstas tenían pocos riesgos de tener que
hacer frente a presiones competitivas ejercidas por empresas de ascensores y de escaleras mecánicas más pequeñas, que les
hubiesen impedido fijar precios supracompetitivos que tuviesen repercusiones en el mercado (considerando 662 de la Decisión
impugnada). Además, la Comisión ha señalado que representantes de las cuatro empresas se reunían regularmente (considerandos
153 a 160 de la Decisión impugnada), mantenían también regularmente contactos telefónico en relación con proyectos específicos
(considerando 153 de la Decisión impugnada) y habían establecido un mecanismo de compensación en caso de que existiesen diferencias
entre las cuotas de mercado acordadas y las cuotas de mercado reales (considerandos 162 y 175 de la Decisión impugnada). Por
otra parte, se realizaron listas de proyectos que permitían a las empresas implicadas verificar y asegurarse de modo permanente
que cada una de ellas respetaba sus compromisos, así como llevar a cabo las adaptaciones necesarias cuando no se cumplía plenamente
lo que se había acordado previamente (considerando 166 de la Decisión impugnada). También se habían adoptado medidas particularmente
elaboradas con el fin de disimular los acuerdos (considerando 153 de la Decisión impugnada).
Por lo que atañe a la infracción en Alemania, la Comisión ha señalado, en particular, que los participantes en el cártel controlaban
el 60 % del valor del mercado de ascensores y cerca del 100 % del mercado de escaleras mecánicas (considerandos 51 y 232 de
la Decisión impugnada) y que el objetivo del cártel era congelar las cuotas de mercado respectivas de las empresas implicadas
(considerandos 236 y siguientes de la Decisión impugnada). La Comisión también ha subrayado la frecuencia de las reuniones
(considerandos 217 y 218 de la Decisión impugnada) y las precauciones tomadas por los participantes para disimular sus contactos
(considerandos 219 a 221 de la Decisión impugnada).
Por lo que respecta a la infracción en Luxemburgo, la Comisión ha observado que las empresas implicadas en los acuerdos habían
llevado a cabo cerca del 100 % de las ventas acumuladas de ascensores y de escaleras mecánicas en 2003, señalando al mismo
tiempo que las filiales locales de Kone, de Otis, de Schindler y de ThyssenKrupp eran los únicos proveedores establecidos
en Luxemburgo que ofrecían escaleras mecánicas (considerando 52 de la Decisión impugnada). La Comisión también ha subrayado
la frecuencia de los encuentros (considerando 302 de la Decisión impugnada), las precauciones tomadas para disimular las reuniones
y los contactos (considerandos 304 a 307 de la Decisión impugnada) y la existencia de un mecanismo de compensación (considerandos
317 y 336 de la Decisión impugnada).
Finalmente, por lo que atañe a la infracción en los Países Bajos, la Comisión ha resaltado la cuota de mercado acumulada muy
elevada de los participantes en el cártel (considerando 53 de la Decisión impugnada). También ha subrayado la frecuencia de
las reuniones entre los participantes (considerandos 383 y 397 a 401 de la Decisión impugnada), el proceso de reparto elaborado
por los participantes (considerandos 411 y siguientes de la Decisión impugnada), las precauciones tomadas para disimular los
contactos entre participantes (considerando 391 de la Decisión impugnada) y, asimismo, la existencia de un mecanismo de compensación
de facto
(considerando 434 de la Decisión impugnada).
Así, la Comisión concluyó, en el considerando 660 de la Decisión impugnada, que el hecho de que las diversas prácticas contrarias
a la competencia hubiesen sido llevadas a cabo, sugería, en si mismo, la existencia de repercusiones sobre el mercado, aunque
el efecto real fuese difícil de determinar, ya que, en particular, no era posible saber si otros proyectos habían sido objeto
de ofertas amañadas, ni la cantidad de dichos proyectos, ni cuantos de esos proyectos habían podido ser objeto de un reparto
entre los miembros del cártel sin que hubiese sido necesario que hubiera contactos entre ellos. La Comisión añade que las
cuotas de mercado acumuladas elevadas de los competidores indicaban la existencia de probables efectos contrarios a la competencia
y que la relativa estabilidad de estas cuotas de mercado durante el período en que se produjeron las infracciones confirmaría
esos efectos.
De todo lo anterior se desprende que las alegaciones de las demandantes reproducidas en los apartados 11 y 212
supra
no pueden afectar a la legalidad de la calificación de las infracciones constatadas en el artículo 1 de la Decisión impugnada
como «muy graves» y, por tanto, deben rechazarse.
En segundo lugar, las demandantes estiman que la Comisión ignora el principio de la presunción de inocencia al hacer recaer
sobre las empresas de que se trata la carga de la prueba de la falta de repercusiones de su cártel.
Es preciso señalar que, con arreglo al punto 1 A de las Directrices de 1998, le corresponde a la Comisión determinar las repercusiones
concretas de un cártel siempre y cuando éstas pueden determinarse. Sin embargo, en el caso de autos, la Comisión estimó, en
el considerando 660 de la Decisión impugnada, que las repercusiones concretas no podían determinarse, sin que las demandantes
hayan puesto válidamente en entredicho esta apreciación (véanse los apartados 211 a 232
supra).
En estas circunstancias, la falta de toma en consideración de las repercusiones concretas de las infracciones no ha podido
dar lugar a una vulneración del principio de la presunción de inocencia, ya que, en el caso de autos, la gravedad de las infracciones
podía, con arreglo al punto 1 A de las Directrices de 1998, determinarse sin que tales repercusiones debiesen demostrarse.
Por tanto, la alegación basada en una vulneración del principio de la presunción de inocencia tampoco puede acogerse.
Por consiguiente, deben desestimarse todas las imputaciones relativas a la calificación de las infracciones como «muy graves».
Sobre la supuesta ilegalidad de los importes de partida de las multas
Las demandantes subrayan que la Comisión infringió el punto 1 A de las Directrices de 1998, ya que no tuvo en cuenta, en la
Decisión impugnada, el tamaño del mercado controlado por las empresas de que se trata afectado por los acuerdos a la hora
de fijar los importes de base de las multas. Asimismo, las demandantes invocan la falta de proporcionalidad y de coherencia
de los importes de base de las multas con respecto al tamaño del mercado afectado y al volumen de negocios de las filiales
de Schindler. En su replica, las demandantes también han señalado que, independientemente de la calificación de las infracciones
como «muy graves», las alegaciones presentadas en los apartados 211 y 212
supra
justificaban una disminución de los importes de partida de las multas. Asimismo, las demandantes estiman que la Comisión
no ha realizado una diferenciación suficiente entre las empresas implicadas. Al preguntárseles en la vista acerca del alcance
de su motivo, las demandantes precisaron que, contrariamente a lo que indicaron en sus escritos, sus imputaciones no se referían
a los importes de base de las multas, sino a los importes de partida de éstas.
En particular, por lo que respecta a la infracción en Luxemburgo, las demandantes estiman que el importe de partida de la
multa de 10 millones de euros es desproporcionado, ya que representa cerca de un tercio del volumen del mercado luxemburgués
afectado por el cártel. Las demandantes añaden que ese importe
[confidencial].
(
) Por lo que atañe al cártel en Alemania, el importe de partida especifico, a su juicio, corresponde
[confidencial].
Finalmente, por lo que respecta al cártel en los Países Bajos, las demandantes ponen de relieve el importe excesivo del importe
de partida específico de la multa, que, en su opinión, representa
[confidencial],
cuando, según ellas, Schindler sólo controla una pequeña cuota de mercado en los Países Bajos.
Tal como se ha recordado en el apartado 203
supra,
las Directrices de 1998 prevén en primer lugar la apreciación de la gravedad de la infracción en cuanto tal, en virtud de
la cual puede fijarse un importe de partida general (punto 1 A, párrafo segundo). En segundo lugar, la gravedad se analiza
en relación con las características de la empresa afectada, en particular su dimensión y su posición en el mercado pertinente,
lo que puede dar lugar a la ponderación del importe de partida, a la clasificación de las empresas en categorías y a la fijación
de un importe de partida específico (punto 1 A, párrafos tercero a séptimo) (sentencia Carbone‑Lorraine/Comisión, citada en
el apartado 200
supra,
apartado 73).
A este respecto, para empezar procede considerar que las imputaciones de las demandantes basadas en la infracción de las Directrices
de 1998 o en la vulneración del principio de proporcionalidad, por lo que respecta a la toma en consideración del tamaño de
los mercados afectados por los acuerdos, y a la falta de coherencia de los importes de partida de las multas habida cuenta
del tamaño de los mercados de que se trata se refieren a los importes de partida generales de las multas, ya que se refieren
a la gravedad intrínseca de las infracciones. Lo mismo sucede con las imputaciones basadas en la estructura de los acuerdos
en sus repercusiones limitadas, que, aunque formuladas con el fin de cuestionar la calificación de las infracciones como «muy
graves», justifican, según las demandantes, que los importes de partida de las multas sean reducidos. A continuación, debe
señalarse que las imputaciones de las demandantes basadas en la falta de proporcionalidad de los importes de partida de las
multas y en su falta de coherencia habida cuenta de los volúmenes de negocios de las filiales de Schindler o de la insuficiente
diferenciación entre las empresas implicadas guardan relación con la determinación de los importes de partida específicos
de las multas, ya que afectan a la clasificación de las empresas por categoría. Finalmente, las demandantes alegan un motivo
basado en la falta de motivación de la Decisión impugnada por lo que respecta a la determinación de los importes de partida
de las multas.
–      Sobre la supuesta falta de motivación
Las demandantes han sostenido en sus escritos que los importes de base de las multas que se utilizaron en la Decisión impugnada
no están motivados. Sin embargo, tal como se ha indicado en el apartado 238
supra,
de las explicaciones de las demandantes en la vista se desprende que su imputación se refiere a la falta de motivación de
los importes de partida de las multas. Según las demandantes, no pudieron verificar en qué principios y fundamentos materiales
se basó la determinación de dichos importes de partida. A su entender, al constituir los importes de partida de las multas
el punto de inicio de los cálculos ulteriores, la meticulosidad con que la Comisión calcula los incrementos y disminuciones
del importe de partida pierde toda utilidad si ese importe se fija arbitrariamente.
De reiterada jurisprudencia se desprende que las exigencias del requisito sustancial de forma que constituye la obligación
de motivación se cumplen cuando la Comisión indica en su decisión los elementos de apreciación que le han permitido determinar
la gravedad de la infracción, así como su duración, sin estar obligada a recoger en la misma una exposición más detallada
o los datos numéricos relativos al método de cálculo de la multa (sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de
2000, Cascades/Comisión, C‑279/98 P, Rec. p. I‑9693, apartado 44, y Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, citada
en el apartado 149
supra,
apartados 463 y 464; sentencia del Tribunal General de 15 de marzo de 2006, BASF/Comisión, T‑15/02, Rec. p. II‑497, apartado 131).
Pues bien, para empezar, la Comisión ha expuesto, en los considerandos 657 a 671 de la Decisión impugnada, que los importes
de partida de las multas se determinaron teniendo en cuenta la naturaleza de las infracciones y la dimensión de mercado geográfico
afectado. Asimismo, de los considerandos 672 a 685 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión ha analizado la gravedad
de las infracciones en relación con las características de los participantes llevando a cabo, con respecto a cada infracción,
una diferenciación de las empresas implicadas en función de sus volúmenes de negocios por lo que atañe a los productos objeto
del cártel en el país afectado por la infracción.
Por tanto, los elementos de apreciación que han permitido a la Comisión determinar la gravedad de las infracciones constatadas
han sido suficientemente explicados en la Decisión impugnada. En estas circunstancias, la imputación basada en una infracción
del artículo 253 CE debe rechazarse.
–      Sobre los importes de partida generales de las multas
En primer lugar, debe señalarse que las demandantes no cuestionan la legalidad de la metodología expuesta en el punto 1 A
de las Directrices de 1998 en relación con la determinación de los importes de partida generales de las multas. Pues bien,
la antedicha metodología responde a una lógica de tanto alzado según la cual el importe de partida general de la multa, determinado
por la gravedad de la infracción, se calcula en función de la naturaleza y de la dimensión geográfica de la infracción, así
como del impacto concreto de la infracción en el mercado cuando pueda medirse (sentencias del Tribunal BASF/Comisión, citada
en el apartado 243
supra,
apartado 134, y de 6 de mayo de 2009, Wieland-Werke/Comisión, T‑116/04, Rec. p. II‑1087, apartado 62).
Además, el tamaño del mercado afectado no es en principio un elemento obligatorio, sino que sólo es un factor más a tener
en cuenta entre otros para apreciar la gravedad de la infracción, dado que, por otra parte, según la jurisprudencia, la Comisión
no está obligada a llevar a una delimitación del mercado afectado o una apreciación del tamaño de éste, habida cuenta de que
la infracción de que se trata tiene un objeto contrario a la competencia (véase, en este sentido, la sentencia Prym y Prym
Consumer/Comisión, citada en el apartado 198
supra,
apartados 55 y 64). Así, a efectos de determinar el importe de partida general de la multa, la Comisión puede, sin estar obligada
a ello, tomar en consideración el valor del mercado objeto de la infracción (véanse, en este sentido, las sentencias BASF/Comisión,
citada en el apartado 243
supra,
apartado 134, y Wieland-Werke/Comisión, citada en el apartado 246
supra,
apartado 63). En efecto, las Directrices de 1998 no prevén que el importe de las multas se calcule en función del volumen
de negocios global o del volumen de negocios de las empresas en el mercado de que se trate. Sin embargo, tampoco se oponen
a que dichos volúmenes de negocios se tengan en cuenta al determinar el importe de la multa, a fin de respetar los principios
generales del Derecho de la Unión y cuando las circunstancias así lo exijan (sentencia Archer Daniels Midland y Archer Daniels
Midland Ingredientes/Comisión, citada en el apartado 118
supra,
apartado 187).
Habida cuenta de lo anterior, las alegaciones de las demandantes deben rechazarse en la medida en que invocan el supuesto
carácter excesivo de los importes de partida de las multas que se fijaron por lo que atañe a la infracción en Luxemburgo.
En efecto, los volúmenes de negocios realizados en este Estado miembro fueron tenidos en cuenta a efectos de clasificar las
empresas implicadas en categorías y, por tanto, a efectos de fijar los importes de partida específicos por lo que respecta
a dichas empresas (considerandos 680 y 684 de la Decisión impugnada). En cualquier caso, tal como se indica en el apartado
supra,
ha sido, en particular, la toma en consideración del «tamaño del mercado luxemburgués con respecto a otros Estados miembros»
(considerando 666 de la Decisión impugnada) lo que ha llevado a la Comisión a fijar un importe de partida general para esta
infracción que representa la mitad del umbral mínimo de 20 millones de euros que normalmente se prevé en las Directrices para
este tipo de infracción muy grave (véase el punto 1 A, párrafo segundo, tercer guión, de las Directrices de 1998).
En segundo lugar, las demandantes señalan que la fijación de los importes de partida por lo que atañe a los diferentes cárteles
no es coherente y precisan que el importe de partida es desproporcionado con respecto al volumen del mercado en Luxemburgo.
Contrariamente a lo que sostiene la Comisión, esta alegación cumple los requisitos del artículo 44, apartado 1, letra c),
del Reglamento de Procedimiento. En efecto, mediante dicha alegación las demandantes subrayan que, aun suponiendo que las
diferentes infracciones debieran considerarse similares, la Comisión debería haber aplicado, en particular, por lo que respecta
a la infracción en Luxemburgo, un importe de partida, expresado como porcentaje del tamaño del mercado, similar a los importes
de partida utilizados en relación con las otras infracciones.
Debe recordarse que, habida cuenta de la lógica de tanto alzado subyacente a la metodología expuesta en el punto 1 A de las
Directrices de 1998, la Comisión, a la hora de fijar el importe de partida general de la multa, no está obligada a tomar en
consideración el tamaño del mercado afectado (véanse los apartados 246 y 247
supra).
Aun suponiendo que la Comisión deba, cuando declara la existencia de varias infracciones muy graves en una sola decisión,
observar una cierta coherencia entre los importes de partida generales y el tamaño de los diferentes mercados afectados, nada
indica en el caso de autos que los importes de partida fijados por lo que atañe a las infracciones en Bélgica, Alemania, Luxemburgo
y los Países Bajos carezcan de coherencia.
Así, la Comisión fijó importes de partida generales tanto mayores cuanto mayor era el tamaño del mercado, sin recurrir, sin
embargo, a una fórmula matemática precisa, a lo cual no estaba, de todas formas obligada. Por lo que atañe al mercado más
importante, Alemania, que representa 576 millones de euros, el importe de partida general se fijó en 70 millones de euros;
por lo que respecta a los dos mercados siguientes por orden de importancia, el de los Países Bajos y el de Bélgica, que representan
respectivamente 363 y 254 millones de euros, el importe de partida general se fijó, respectivamente, en 55 y 40 millones de
euros; finalmente, por lo que atañe al mercado luxemburgués, de tamaño manifiestamente más reducido, que representa 32 millones
de euros, la Comisión, a pesar de que las Directrices de 1998 prevén, para las infracciones muy graves, la fijación de un
importe en concepto de la gravedad de «más de 20 millones de [euros]», estimó oportuno limitar ese importe a 10 millones de
euros.
En tercer lugar, las demandantes han aducido que las repercusiones mínimas de las infracciones justificaban la fijación de
un importe de partida más reducido. Esta argumentación también debe rechazarse. En efecto, tal como se ha recordado en los
apartados 213 a 219
supra,
la Comisión, en el marco de la apreciación de la gravedad de la infracción, debe proceder a un examen de las repercusiones
concretas sobre el mercado únicamente cuando dichas repercusiones puedan determinarse, cosa que no ocurría en el caso de autos.
Además, tal como se ha señalado en los apartados 220 a 224
supra,
aun suponiendo que pudieran haberse determinado las repercusiones concretas de las infracciones en el caso de autos, la calificación
de las presentes infracciones como «muy graves» seguiría siendo apropiada. Pues bien, las demandantes no formulan otras alegaciones
que, a pesar de la calificación como «muy graves» de las infracciones, permitan justificar una reducción del importe de partida
general de las multas impuestas por la Comisión.
–      Sobre los importes de partida específicos de las multas
Debe recordarse que, en el marco del cálculo de las multas impuestas con arreglo al artículo 23, apartado 2, del Reglamento
nº 1/2003, un trato diferenciado entre las empresas afectadas es inherente al ejercicio de las facultades que incumben a la
Comisión en virtud de dicha disposición. En efecto, dentro del contexto de su margen de apreciación, la Comisión debe individualizar
la sanción en función de las conductas y de las características propias de las empresas afectadas con el fin de garantizar,
en cada caso, la plena eficacia de las normas sobre la competencia de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias Musique
Diffusion française y otros/Comisión, citada en el apartado 54
supra,
apartado 109, y Britannia Alloys & Chemicals/Comisión, citada en el apartado 225
supra,
apartado 44).
Así, las Directrices de 1998 disponen que, con respecto a una infracción de una gravedad determinada, puede resultar conveniente,
en los casos en que sean varias las empresas implicadas, como ocurre en los cárteles, ponderar el importe de partida general
para establecer un importe de partida específico tomando en consideración el peso y, por tanto, las repercusiones reales del
comportamiento ilícito de cada empresa sobre la competencia, sobre todo cuando existe una disparidad considerable en cuanto
a la dimensión de las empresas responsables de una infracción de la misma naturaleza (punto 1 A, párrafo sexto). En particular,
es necesario tomar en consideración la capacidad económica efectiva de los autores de la infracción para infligir un daño
importante a los demás operadores, sobre todo a los consumidores (punto 1 A, párrafo cuarto).
Asimismo, las Directrices de 1998 precisan que el principio de la igualdad de las sanciones ante comportamientos idénticos
puede conducir, cuando las circunstancias lo exijan, a la aplicación de importes diferenciados a las empresas de que se trate
sin que esta diferenciación obedezca a un cálculo aritmético (punto 1 A, párrafo séptimo).
De la jurisprudencia se desprende que las Directrices de 1998 no prevén que el importe de las multas se calcule en función
del volumen de negocios realizado por las empresas en el mercado de que se trate. Sin embargo, tampoco se oponen a que dichos
volúmenes de negocios se tengan en cuenta al determinar el importe de éstas, a fin de respetar los principios generales del
Derecho de la Unión y cuando las circunstancias así lo exijan (sentencias del Tribunal LR AF 1998/Comisión, citada en el apartado
supra,
apartado 283; de 9 de julio de 2003, Cheil Jedang/Comisión, T‑220/00, Rec. p. II‑2473, apartado 82, y Groupe Danone/Comisión,
citada en el apartado 57
supra,
apartado 157). Por otra parte, el Tribunal ya ha considerado que no tiene que existir una relación estrictamente proporcional
entre el tamaño de una empresa y el importe de la multa que se le imponga (sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, JFE
Engineering y otros/Comisión, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 y T‑78/00, Rec. p. II‑2501, apartado 534).
En el caso de autos, de los considerandos 672 a 685 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión aplicó, a cada infracción
constatada en el artículo 1 de la Decisión impugnada, «un trato diferenciado a las empresas con el fin tener en cuenta la
capacidad económica efectiva de los contravinientes para causar un perjuicio significativo a la competencia» (considerando
672 de la Decisión impugnada). Con respecto a cada infracción, la Comisión llevó a cabo una categorización de las empresas
a efectos de fijar los importes de partida específicos de las multas, en función de los volúmenes de negocios que hubiesen
realizado en cada mercado nacional de los productos afectados (considerandos 673 a 685 de la Decisión impugnada). Con excepción
de la determinación del importe de partida específico que correspondía a Schindler como consecuencia de su participación en
el cártel en Alemania, la Comisión, a la hora de determinar los importes de partida específicos de las otras empresas, por
lo que atañía a cada infracción, se basó en el volumen de negocios de 2003, que, según la Comisión, es el año más reciente
en el que las antedichas empresas eran miembros activos de los cárteles de que se trata (considerandos 674, 676, 680 y 684
de la Decisión impugnada).
Sin embargo, las demandantes alegan que, por lo que respecta a las infracciones en Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos,
la determinación del importe de partida específico de las multas por su participación en la infracción de que se trata se
basa en una aplicación errónea de las Directrices de 1998 y es desproporcionada. Asimismo, señalan que las empresas implicadas
no fueron suficientemente diferenciadas.
Para empezar, por lo que respecta a las infracciones en Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos, las demandantes invocan una
infracción de las Directrices de 1998 y una vulneración del principio de proporcionalidad
[confidencial].
Pues bien, por una parte, tal como se desprende del apartado 244
supra,
el importe de partida de las multas se determinó teniendo en cuenta la naturaleza de las infracciones y la dimensión del mercado
geográfico afectado. Por otra parte, los volúmenes de negocios realizados por las empresas de que se trata en el mercado alemán
fueron tomados en consideración por la Comisión únicamente en el marco de la aplicación de un trato diferenciado a las empresas
implicadas, con el fin de tener en cuenta su importancia relativa en el mercado afectado y su capacidad económica efectiva
para causar un perjuicio significativo a la competencia (considerando 672 de la Decisión impugnada), lo cual es, por lo demás,
conforme con la jurisprudencia citada en los apartados 255 y 258
supra.
La comparación efectuada por las demandantes entre los volúmenes de negocios que habrían realizado en los mercados afectados
y el importe de partida de las multas no puede, por tanto, acogerse.
Por consiguiente, dado que, de todas formas, el Derecho de la Unión no contiene ningún principio de aplicación general según
el cual la sanción deba ser proporcionada a la importancia de la empresa en el mercado de los productos que constituyen el
objeto de la infracción (sentencia Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión, citada en el apartado
supra,
apartado 75), la alegación basada en el carácter excesivo de los importes de partida específicos impuestos a Schindler por
las infracciones en Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos debe rechazarse.
A continuación, por lo que respecta a la infracción en Luxemburgo, las demandantes subrayan que Schindler fue colocada en
la misma categoría que Otis, cuando, con un volumen de negocios de entre 9 y 13 millones de euros realizado en Luxemburgo
y una cuota de mercado de entre el 35 y el 40 %, esta última disponía de un poder económico mucho mayor.
A este respecto, es preciso recordar que para comprobar si la distribución de los miembros de un cártel en categorías respeta
los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad, el Tribunal, en el marco de su control de legalidad sobre el ejercicio
de la facultad de apreciación de que dispone la Comisión en la materia, debe limitarse a controlar que dicho reparto sea coherente
y esté justificado objetivamente (véase, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 19 de marzo de 2003, CMA CGM y otros/Comisión,
T‑213/00, Rec. p. II‑913, apartados 406 y 416; BASF/Comisión, citada en el apartado 243
supra,
apartado 157, y Schunk y Schunk Kohlenstoff-Technik/Comisión, citada en el apartado 83
supra,
apartado 184). Además, tal como se ha recordado en el apartado 258
supra,
con arreglo a las Directrices de 1998, el principio de la igualdad de las sanciones ante comportamientos idénticos puede conducir
a la aplicación de importes diferenciados a las empresas de que se trate sin que esta diferenciación obedezca a un cálculo
aritmético (punto 1 A, párrafo séptimo). A este respecto, tal como se desprende del apartado 258
supra,
no tiene por que existir una relación estrictamente proporcional entre el tamaño de una empresa y el importe de la multa que
se le imponga.
En el caso de autos, debe observarse que, tal como se deduce del considerando 680 de la Decisión impugnada, en 2003, los volúmenes
de negocios de Schindler y de Otis en el mercado luxemburgués eran relativamente similares, siendo ambos tres o cuatro veces
superiores a los volúmenes de negocios de Kone y de ThyssenKrupp en ese mercado. Por tanto, la Comisión colocó a Schindler
y a Otis en la primera categoría y a Kone y a ThyssenKrupp en la segunda categoría, sin sobrepasar de modo manifiesto el margen
de apreciación que se le reconoce, resultando la referida clasificación coherente y objetivamente justificada.
Seguidamente, debe indicarse que, por lo que atañe a la infracción en los Países Bajos, las demandantes afirman que su pequeña
cuota de mercado en dicho país «no se tomó en consideración de forma evidente». Según las demandantes, el importe de partida
representa
[confidencial],
a pesar de su cuota de mercado
[confidencial].
Debe señalarse que, habida cuenta de la gran diferencia existente entre los volúmenes de negocios realizados por las participantes
en el cártel en los Países Bajos, la Comisión repartió a dichas participantes en cuatro categorías a la hora de determinar
el importe de partida específico de las multas y colocó a Schindler, como tercer operador en el mercado neerlandés del producto
de que se trata, en la tercera categoría, sin sobrepasar de modo manifiesto su margen de apreciación.
De todo lo anterior se desprende que deben desestimarse todas las imputaciones relativas a la determinación de los importes
de partida específicos de las multas impuestas a las demandantes.
Por tanto, debe desestimarse la totalidad del presente motivo.

Sobre el motivo basado en la infracción de las Directrices de 1998, en la vulneración del principio de la adecuación entre
la falta y la pena y del principio de proporcionalidad, así como en el incumplimiento de la obligación de motivación a la
hora de tomar en consideración las circunstancias atenuantes
Las demandantes alegan que la Comisión ha infringido las Directrices de 1998, vulnerado los principios de la adecuación entre
la falta y la pena y de proporcionalidad e incumplido la obligación de motivación al negarse, erróneamente, a tomar en consideración,
como circunstancia atenuante, en primer lugar, la interrupción voluntaria anticipada de la infracción en Alemania en 2000,
y, en segundo lugar, los intensos esfuerzos llevados a cabo por Schindler para evitar toda infracción del artículo 81 CE.
En primer lugar, por lo que respecta a la interrupción voluntaria anticipada de la infracción, la Comisión ha declarado en
la Decisión impugnada que «Schindler abandonó el cártel alemán en 2000», pero ha considerado que «el hecho de que una empresa
ponga voluntariamente fin a la infracción antes de que la Comisión haya iniciado su investigación es suficientemente tenido
en cuenta al calcular la duración de la infracción y no constituye una circunstancia atenuante» (considerando 742 de la Decisión
impugnada).
Las demandantes recuerdan que el punto 3 de las Directrices prevé la disminución del importe de base cuando existen circunstancias
atenuantes específicas tales como, en especial, la interrupción de la infracción desde las primeras intervenciones de la Comisión.
Esa circunstancia atenuante debería aplicarse,
a fortiori,
según la demandante, cuando la terminación del comportamiento ilícito tiene lugar antes de las mencionadas intervenciones,
como en el presente caso.
No puede acogerse este razonamiento. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha confirmado recientemente que no puede concederse
una circunstancia atenuante en virtud del punto 3, tercer guión, de las Directrices de 1998 en el caso en que se haya puesto
fin a la infracción antes de la fecha de las primeras intervenciones de la Comisión (sentencia Prym y Prym Consumer/Comisión,
citada en el apartado 198
supra,
apartado 105). En efecto, sólo cabe lógicamente una circunstancia atenuante, en el sentido del punto 3 de las Directrices
de 1998, si las empresas en cuestión han sido incitadas a interrumpir sus comportamientos anticompetitivos por las intervenciones
de la Comisión. La finalidad de esa disposición es inducir a las empresas a cesar inmediatamente en sus comportamientos anticompetitivos
cuando la Comisión inicia una investigación al respecto, de modo que no puede aplicarse una reducción por ese concepto cuando
la infracción ya había finalizado antes de las primeras intervenciones de la Comisión. En efecto, la aplicación de una reducción
en tales circunstancias se acumularía a la consideración de la duración de la infracción para calcular el importe de las multas
(sentencias del Tribunal de 8 de julio de 2004, Dalmine/Comisión, T‑50/00, Rec. p. II‑2395, apartados 328 a 330, y Carbone‑Lorraine/Comisión,
citada en el apartado 200
supra,
apartado 227).
Asimismo, debe recordarse que el otorgamiento de tal reducción del importe de base de la multa va relacionado necesariamente
con las circunstancias del caso concreto, que pueden conducir a la Comisión a no otorgársela a una empresa que ha participado
en un acuerdo ilícito (sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de julio de 2009, Archer Daniels Midland/Comisión, C‑511/06 P,
Rec. p. I‑5843, apartado 104). A este respecto, la aplicación de esta disposición de las Directrices en favor de una empresa
será particularmente oportuna en el supuesto de que el carácter contrario a la competencia de la conducta en cuestión no resulte
evidente. Por el contrario, su aplicación será menos oportuna, en principio, en el supuesto de que el comportamiento sea claramente
contrario a la competencia, suponiendo que haya sido probado (sentencias del Tribunal de 8 de julio de 2004, Mannesmannröhren‑Werke/Comisión,
T‑44/00, Rec. p. II‑2223, apartado 281; de 14 de diciembre de 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, T‑259/02
a T‑264/02 y T‑271/02, Rec. p. II‑5169, apartado 497, y Carbone‑Lorraine/Comisión, citada en el apartado 200
supra,
apartado 228). De este modo, la aplicación de una circunstancia atenuante en situaciones en las que una empresa participa
en un acuerdo manifiestamente ilegal, del que sabía o no podía ignorar que era constitutivo de una infracción, podría incitar
a las empresas a continuar un acuerdo secreto tanto tiempo como sea posible, con la esperanza de que su conducta nunca sería
descubierta sabiendo al mismo tiempo que, si se llegara a descubrir, podrían beneficiarse de una reducción de la multa interrumpiendo
en ese momento la infracción. Tal reconocimiento privaría a la multa impuesta de toda eficacia disuasoria y privaría de eficacia
al artículo 81 CE, apartado 1 (véase la sentencia de 9 de julio de 2009, Archer Daniels Midland/Comisión, antes citada, apartado
105, y la jurisprudencia citada). En el caso de autos, en la Decisión impugnada, ni siquiera el cese inmediato de la infracción
por otra empresa, a saber, Kone, a raíz de la intervención de la Comisión, fue considerado una circunstancia atenuante, habida
cuenta del carácter manifiesto y deliberado de la infracción del artículo 81 CE (considerando 744 de la Decisión impugnada).
Por consiguiente, aun suponiendo que las Directrices de 1998 previesen como circunstancia atenuante la interrupción voluntaria
de la infracción antes de cualquier intervención por parte de la Comisión, hubiera podido considerarse que el carácter manifiesto
y deliberado de la infracción, que no ha sido puesto en entredicho por las demandantes, y el hecho de que Schindler, a la
luz de los autos, abandonase el cártel únicamente como consecuencia de un desacuerdo con los otros participantes debido a
que éstos se negaban a otorgarle una cuota de mercado mayor también se opondrían a una disminución del importe de base fundada
en ese motivo. Por tanto, contrariamente a lo que sostienen las demandantes, de todas formas, no procede poner en entredicho
la jurisprudencia citada en el apartado 274
supra.
Finalmente, las demandantes hacen referencia a la práctica decisoria anterior de la Comisión, en el marco de la cual, a su
entender, se consideraba como circunstancia atenuante la interrupción voluntaria de una infracción antes de que la Comisión
hubiese intervenido.
A este respecto, tal como se ha recordado en el apartado 225
supra,
las decisiones anteriores de la Comisión invocadas por las demandantes no son pertinentes, ya que la práctica decisoria anterior
de la Comisión no sirve de marco jurídico a las multas en materia de competencia.
Por tanto, debe rechazarse la primera imputación formulada en el marco del presente motivo.
En segundo lugar, las demandantes sostienen que la Comisión no tomó en consideración, ni examinó siquiera, el programa de
adecuación a las reglas de la competencia de Schindler como circunstancia atenuante, lo cual, a su juicio, constituye una
falta de motivación. Asimismo, las demandantes estiman que las medidas destinadas a garantizar la adecuación a las reglas
de la competencia deben tomarse en consideración a la hora de calcular las multas, ya que, por una parte, las demandantes,
al tomar medidas internas, hicieron todo lo posible para evitar las infracciones y, por otra parte, tales medidas tuvieron
como efecto secundario hacer más difícil el descubrimiento interno de infracciones, dado que los colaboradores corrían el
riesgo de ser sancionados. Las demandantes hacen además referencia a determinadas decisiones anteriores de la Comisión, en
las que la existencia de un programa de adecuación a las reglas de la competencia, fue, a su entender, tomada en consideración
como circunstancia atenuante.
Por lo que respecta al supuesto incumplimiento de la obligación de motivación, debe señalarse que, en el considerando 754
de la Decisión impugnada, se ha explicado que «aunque la Comisión acoge favorablemente las medidas adoptadas por las empresas
para evitar infracciones ulteriores vinculadas a las prácticas colusorias, tales medidas no pueden cambiar la realidad de
las infracciones y la necesidad de sancionarlas mediante esta Decisión» y que «el mero hecho de que, en algunas de sus decisiones
precedentes, la Comisión haya tomado en consideración tales medidas como circunstancias atenuantes no significa que esté obligada
a hacer lo mismo en cada asunto». Aunque el considerando 754 de la Decisión impugnada es una respuesta a una alegación de
Otis reproducida en el considerando 753, también permite a las demandantes conocer los motivos por los que el programa de
adecuación de Schindler, al igual que ocurría con el de Otis, tampoco podía ser considerado como una circunstancia atenuante
y al Tribunal ejercer su control de legalidad sobre las multas impuestas a las sociedades del grupo Schindler. Por tanto,
la alegación basada en una falta de motivación debe rechazarse (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia
de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, apartado 63).
Por lo que respecta al fundamento del enfoque de la Comisión, ya se ha declarado que la adopción de un programa de adecuación
por parte de la empresa interesada no obliga a la Comisión a conceder una reducción en atención a dicha circunstancia (sentencia
BASF y UCB/Comisión, citada en el apartado 143
supra,
apartado 52). Además, aunque es sin duda importante que una empresa tome medidas para impedir que los miembros de su personal
cometan en el futuro nuevas infracciones del Derecho de la competencia de la Unión, la adopción de tales medidas en nada cambia
la realidad de la infracción probada. La Comisión no está, pues, obligada a calificar ese elemento como una circunstancia
atenuante, especialmente cuando las infracciones probadas en la Decisión impugnada constituyen, como en el presente caso,
una violación manifiesta del artículo 81 CE (sentencias Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 88
supra,
apartado 373, y Carbone-Lorraine/Comisión, citada en el apartado 200
supra,
apartado 231). De lo anterior se desprende que la alegación de las demandantes, basada en que, a su entender, la Comisión
no tomó en consideración la necesidad de determinar individualmente el importe de las multas al no conceder a Schindler ninguna
reducción de las multas habida cuenta de la existencia de su programa de adecuación, no puede acogerse.
Finalmente, la alegación basada en la práctica anterior de la Comisión debe rechazarse por los motivos expuestos en el apartado
supra.
Por tanto, la segunda imputación formulada en el marco del presente motivo tampoco puede acogerse.
Al haber formulado las demandantes las imputaciones basadas en la inadecuación entre la falta y la pena y en la vulneración
del principio de proporcionalidad únicamente como consecuencia de la falta de toma en consideración de todas las circunstancias
atenuantes, dichas imputaciones, habida cuenta de los razonamientos expuestos en los apartados 272 a 284, deben rechazarse.
De todo lo anterior se desprende que debe desestimarse la totalidad del presente motivo.

Sobre el motivo basado en una infracción de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, en una vulneración del principio
de igualdad de trato y en un incumplimiento de la obligación de motivación en la concesión de reducciones del importe de las
multas
Las demandantes recuerdan que, de conformidad con la Comunicación sobre la cooperación de 2002, presentaron solicitudes con
el fin de ser eximidas de las multas u obtener una reducción del importe de éstas por lo que atañe a Bélgica, Alemania y Luxemburgo.
Sin embargo, a su entender, la Comisión infringió las disposiciones de la referida Comunicación cuando apreció la calidad
y la utilidad de su cooperación. Asimismo, las demandantes sostienen que la Comisión vulneró el principio de igualdad de trato
cuando llevó a cabo la apreciación de la reducción de la multa aplicable en virtud de la antedicha Comunicación. Las demandantes
también invocan una falta de motivación de la Decisión impugnada.
Sobre la Comunicación sobre la cooperación de 2002
Es preciso señalar que, en la Comunicación sobre la cooperación de 2002, la Comisión definió las condiciones en las que las
empresas que cooperen con la Comisión para probar la existencia de un cártel pueden quedar exentas del pago de la multa o
beneficiarse de una reducción de la multa que, en principio, habrían tenido que pagar.
Para empezar, la Comunicación sobre la cooperación de 2002 dispone en el apartado 8, dentro de la sección A, que:
«La Comisión dispensará a una empresa del pago de cualquier multa que de otro modo hubiera podido imponérsele cuando:
a)      la empresa sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Comisión, le permitan adoptar una decisión por
la que se ordene una verificación en virtud del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento nº 17, en relación con un presunto
cártel que afecte a la Comunidad, o
b)      la empresa sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Comisión, le permitan comprobar una infracción
del artículo 81 [CE] en relación con un presunto cártel que afecte a la Comunidad.»
A continuación, la Comunicación sobre la cooperación de 2002 prevé en el apartado 20, dentro de la sección B, que «las empresas
que no cumplan las condiciones [de exención de la multa] contempladas en la sección A podrán no obstante beneficiarse de una
reducción del importe de la multa que de otro modo les habría sido impuesta» y, en el apartado 21, que, «para ello, la empresa
deberá facilitar a la Comisión elementos de prueba de la presunta infracción que aporten un valor añadido significativo con
respecto a los elementos de prueba de que ya disponía la Comisión, así como poner fin a su participación en la presunta infracción
a más tardar en el momento en que facilite los elementos de prueba».
Por lo que respecta al concepto de valor añadido, en el apartado 22 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 se explica que:
«El concepto de “valor añadido” alude a la medida en que los elementos de prueba aportados aumentan la capacidad de la Comisión
de probar los hechos de que se trata, ya sea por su propia naturaleza, ya por su nivel de detalle o por ambos conceptos. En
esta evaluación, la Comisión concederá generalmente más valor a las pruebas escritas que daten del período en que se produjeron
los hechos que a las posteriormente establecidas. Del mismo modo, los elementos de prueba directamente relacionad[os] con
los hechos en cuestión se considerarán, en general, de mayor valor que l[o]s que sólo guarden relación indirecta con los mismos.»
El apartado 23, letra b), párrafo primero, de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 prevé para las reducciones de multas
una clasificación en tres categorías:
«–      la primera empresa que cumpla lo dispuesto en el [apartado] 21: una reducción del 30 %‑50 %,
–      la segunda empresa que cumpla lo dispuesto en el [apartado] 21: una reducción del 20 %‑30 %,
–      las siguientes empresas que cumplan lo dispuesto en el [apartado] 21: una reducción de hasta el 20 %.
La Comunicación sobre la cooperación de 2002 dispone en el apartado 23, letra b), párrafo segundo, que:
«Para fijar el porcentaje de reducción dentro de esos márgenes, la Comisión tendrá en cuenta la fecha en que fueron comunicados
los elementos de prueba que hayan satisfecho la condición establecida en el [apartado] 21, así como el grado de valor añadido
que hayan comportado. Del mismo modo, la Comisión podrá tomar en consideración la magnitud y la continuidad de la cooperación
prestada por la empresa a partir de la fecha de su aportación original.»
Finalmente, el apartado 23, letra b), último párrafo, de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 dispone que:
«Cuando una empresa aporte elementos de prueba relacionados con hechos de los cuales la Comisión no tenga conocimiento previo
y que repercutan directamente en la gravedad o duración del presunto cártel, la Comisión no tomará tales datos en consideración
al fijar el importe de la multa que deba imponerse a la empresa que los haya aportado.»
Sobre el margen de apreciación de la Comisión y el control de juez de la Unión
Procede recordar que el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, que constituye la base jurídica de la imposición
de multas por infracción de las normas de la competencia de la Unión, confiere a la Comisión un margen de apreciación en la
determinación de las multas (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 21 de octubre de 1997, Deutsche Bahn/Comisión,
T‑229/94, Rec. p. II‑1689, apartado 127) que está en función, principalmente, de su política general en materia de competencia
(sentencia Musique Diffusion française y otros/Comisión, citada en el apartado 54
supra,
apartados 105 y 109). Éste es el contexto en el que la Comisión adoptó y publicó la Comunicación sobre la cooperación de 2002,
para garantizar la transparencia y la objetividad de sus decisiones en materia de multas. Dicha Comunicación es un instrumento
destinado a precisar los criterios que la Comisión piensa aplicar en el ejercicio de su facultad de apreciación, respetando
el Derecho de rango superior, y entraña como consecuencia una autolimitación de dicha facultad (véase, por analogía, la sentencia
del Tribunal de 30 de abril de 1998, Vlaams Gewest/Comisión, T‑214/95, Rec. p. II‑717, apartado 89), en la medida en que la
Comisión debe ajustarse a las normas indicativas que ella misma se ha impuesto (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal
de 12 de diciembre de 1996, AIUFFASS y AKT/Comisión, T‑380/94, Rec. p. II‑2169, apartado 57).
La autolimitación de la facultad de apreciación de la Comisión que resulta de la adopción de la Comunicación sobre la cooperación
de 2002 no es, sin embargo, incompatible con que la Comisión conserve un margen sustancial de apreciación (véase, en este
sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de mayo de 2007, SGL Carbon/Comisión, C‑328/05 P, Rec. p. I‑3921, apartado
81; véase, por analogía, la sentencia Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, citada en el apartado 275
supra,
apartado 224).
La Comunicación sobre la cooperación de 2002, en efecto, contiene varios rasgos de flexibilidad que permiten que la Comisión
ejerza su facultad discrecional respetando las disposiciones del artículo 23 del Reglamento nº 1/2003, tal como han sido interpretadas
por el Tribunal de Justicia (véase, por analogía, la sentencia Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, citada
en el apartado 275
supra,
apartado 224).
Así, debe señalarse que la Comisión goza de un amplio margen de apreciación cuando tiene que valorar si los elementos de prueba
aportados por una empresa que manifestó su deseo de beneficiarse de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 aportan un
valor añadido significativo en el sentido del apartado 21 de la referida Comunicación (véase, en este sentido, la sentencia
SGL Carbon/Comisión, citada en el apartado 296
supra,
apartado 88). Por lo que respecta al apartado 8, letras a) y b), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, es preciso
observar que ese margen de apreciación sustancial se deriva del propio tenor de esa disposición, que se refiere expresamente
a la aportación de elementos de prueba que, «a juicio de la Comisión» respectivamente le permitan adoptar una decisión por
la que se ordene una verificación o comprobar una infracción. En efecto, la apreciación de la relevancia y utilidad de la
cooperación prestada por una empresa implica apreciaciones fácticas complejas (véanse, en este sentido, las sentencias SGL
Carbon/Comisión, citada en el apartado 296
supra,
apartado 81, y Carbone Lorraine/Comisión, citada en el apartado 200
supra,
apartado 271).
Asimismo, la Comisión, tras haber constatado que los elementos de prueba presentan un valor añadido significativo en el sentido
del apartado 21 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, dispone de un margen de apreciación cuando tiene que determinar
el nivel exacto de la reducción del importe de la multa que ha de conceder a la empresa de que se trate. En efecto, el apartado
23, letra b), párrafo primero, de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 prevé una serie de márgenes en la reducción
del importe de la multa para las diferentes categorías de empresas contempladas, mientras que el párrafo segundo del antedicho
apartado fija los criterios que la Comisión debe tener en cuenta a la hora de definir el porcentaje de reducción dentro de
esos márgenes.
Habida cuenta del margen de apreciación de que dispone la Comisión para evaluar la cooperación de una empresa en virtud de
la Comunicación sobre la cooperación de 2002, el Tribunal únicamente podrá censurar un exceso manifiesto de dicho margen (véase,
en este sentido, la sentencia SGL Carbon/Comisión, citada en el apartado 296
supra,
apartados 81, 88 y 89).
Sobre la cooperación de Schindler en la constatación de la infracción en Bélgica
Schindler, que fue la cuarta empresa que presentó una solicitud en virtud de la Comunicación sobre la cooperación de 2002
por su participación en la infracción en Bélgica (considerando 775 de la Decisión impugnada), no obtuvo ninguna reducción
del importe de la multa por lo que atañe a dicha infracción (considerando 776 de la Decisión impugnada). En relación con ello,
la Comisión, en el considerando 776 de la Decisión impugnada, explica lo siguiente:
«(776)      Aunque Schindler haya transmitido elementos de prueba contemporáneos consistentes en listas del cártel correspondientes al
período comprendido entre 2000 y 2003, dichos elementos no permiten fundamentar el expediente de la Comisión, dado que ésta
ya disponía de listas del cártel de ese mismo período. Schindler presentó su solicitud [en virtud de la Comunicación sobre
la cooperación de 2002] el 21 de enero de 2005, es decir, un año después de que tuviese lugar la primera inspección en Bélgica,
en un momento en que la Comisión ya había llevado a cabo dos series de verificaciones en Bélgica y recibido tres solicitudes
corroborantes [en virtud de la antedicha Comunicación]. Por otra parte, el carácter muy limitado de la información aportada
por Schindler por lo que atañe a la mayor parte de las listas del cártel relativas al período 2000-2003 no reforzó de manera
significativa la capacidad de la Comisión para probar los hechos en cuestión. Por consiguiente, no se cumplen los requisitos
del apartado 21 de la Comunicación sobre la cooperación. Tras su solicitud […], Schindler continuó cooperando con la Comisión,
pero sin aportar ningún valor añadido significativo.»
En primer lugar, las demandantes sostienen que la Comisión no tomó en consideración, en la Decisión impugnada, el hecho de
que las listas de proyectos transmitidas por Schindler durante el procedimiento administrativo supusieron efectivamente un
valor añadido en el sentido de la Comunicación sobre la cooperación de 2002. Para empezar, según las demandantes, las listas
no presentaban las mismas fechas que las listas transmitidas por Kone y por Otis. A continuación, las demandantes señalan
que las listas de Schindler mostraban la existencia de numerosos proyectos que no figuraban en las listas transmitidas por
Kone y por Otis. Seguidamente, las demandantes afirman que la Comisión, en el considerando 164 (nota a pié de página de la
página 176) de la Decisión impugnada, hace referencia a las listas de proyectos transmitidas por Kone, Otis y Schindler. Finalmente,
las demandantes sostienen que la Comisión extrajo conclusiones de una comparación entre las listas de proyectos que fueron
transmitidas por las diferentes empresas, lo que, a su juicio, muestra, por una parte, que todas las listas de proyectos transmitidas
constituyen elementos de prueba importantes a la hora de constatar la infracción y, por otra parte, que únicamente gracias
a las listas de proyectos de Kone, de Otis y de Schindler la Comisión pudo probar la existencia del cártel. Pues bien, en
opinión de las demandantes, con arreglo al apartado 23, letra b), párrafo primero, de la Comunicación sobre la cooperación
de 2002, Schindler, como cuarta empresa que cooperó, tiene derecho a una reducción de la multa que puede alcanzar hasta un 20 %.
Por tanto, es preciso examinar, a la luz de la jurisprudencia recordada en el apartado 300
supra,
si la Comisión sobrepasó manifiestamente su margen de apreciación al declarar que los elementos de prueba aportados por Schindler
no suponían ningún valor añadido significativo con respecto a los elementos de prueba de que ya disponía en el momento en
que la antedicha empresa formuló su solicitud en virtud de la Comunicación sobre la cooperación de 2002.
A este respecto, para empezar, debe señalarse que las demandantes, que no denuncian la concesión de una dispensa del pago
de las multas a Kone, no cuestionan la declaración, realizada en el considerando 761 de la Decisión impugnada, según la cual
«la información ya aportada por Kone permitió a la Comisión probar una infracción en Bélgica». Por tanto, la Comisión ya había
recibido elementos de prueba suficientes para probar una infracción en Bélgica en el momento en que Schindler formuló su solicitud
en virtud de la Comunicación sobre la cooperación de 2002.
A continuación, es preciso observar que las demandantes, para demostrar el valor añadido significativo de la cooperación de
Schindler, hacen únicamente referencia a las listas de proyectos del período comprendido entre 2000 y 2003 que esta empresa
transmitió a la Comisión en el marco de su solicitud en virtud de la referida Comunicación.
Sin embargo, incluso si las listas transmitidas por Schindler tuvieran fechas diferentes a las aportadas por Kone y Otis e
incluso si también se refiriesen a algunos proyectos que no estaban incluidos en las listas remitidas por Kone y Otis, no
podría considerarse que esas listas hubiesen reforzado de modo significativo la capacidad de la Comisión de probar la infracción
en Bélgica.
En efecto, para empezar, debe subrayarse que, en la Decisión impugnada, la Comisión ha probado la existencia del cártel relativo
a los ascensores y escaleras mecánicas nuevos en Bélgica no sólo refiriéndose a las listas de proyectos transmitidas por Kone,
Otis y Schindler, sino también basándose en las observaciones de los participantes en el cártel en Bélgica efectuadas en el
marco de sus solicitudes en virtud de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 y en las respuestas de empresas a las solicitudes
de información de la Comisión (véanse las notas a pié de página relativas a los considerandos 163 a 168 de la Decisión impugnada).
Por tanto, las listas de proyectos sólo constituyen un elemento de prueba entre otros dentro del marco de la constatación
de la existencia del cártel en Bélgica.
A continuación, es preciso señalar que no se ha cuestionado que, en el momento en que Schindler transmitió a la Comisión las
listas de proyectos relativas al período comprendido entre 2000 y 2003, ésta ya dispusiese de listas de proyectos del mismo
período, que habían sido anteriormente transmitidas por Kone y Otis (considerandos 164 y 776 de la Decisión impugnada).
Pues bien, una declaración que se limita a corroborar, en cierta medida, una declaración de la que la Comisión ya disponía
no facilita la labor de ésta de manera significativa y no es, por tanto, suficiente para justificar una reducción por cooperación
del importe de la multa (véase, en este sentido, la sentencia Groupe Danone/Comisión, citada en el apartado 57
supra,
apartado 455).
Habida cuenta de lo que se ha señalado en el apartado anterior y de que las demandantes no cuestionan que la cooperación de
Kone ya permitía a la Comisión probar la infracción en Bélgica, las demandantes tampoco pueden sostener que únicamente la
totalidad de las listas de proyectos mencionados en la Decisión impugnada, incluidas las transmitidas por Schindler, permitieron
a la Comisión probar la existencia del cártel en Bélgica.
Por tanto, la Comisión no ha sobrepasado manifiestamente su margen de apreciación al considerar que los elementos de prueba
aportados por Schindler no suponían ningún valor añadido significativo en el sentido del apartado 21 de la Comunicación sobre
la cooperación de 2002. Por consiguiente, la imputación basada en el valor añadido significativo de las listas de proyectos
que Schindler transmitió a la Comisión en el marco de su solicitud en virtud de la antedicha Comunicación debe rechazarse.
En segundo lugar, las demandantes alegan que una comparación con el trato que se dio a Otis y a ThyssenKrupp muestra que
la Comisión vulneró el principio de igualdad de trato al negarse a conceder a Schindler una reducción del importe de la multa
en virtud de la Comunicación sobre la cooperación de 2002. A tal efecto, las demandantes explican que Kone aportó suficientes
elementos de prueba como para permitir a la Comisión probar una infracción del artículo 81 CE. A su juicio, Otis aportó elementos
de prueba que contenían muy poca información nueva y obtuvo una reducción del importe de la multa del 40 %. En opinión de
las demandantes, ThyssenKrupp únicamente aportó información suplementaria con respecto a un pequeño número de proyectos de
mantenimiento y la Comisión constató que ninguno de los elementos de prueba aportados se refería a hechos de los que no hubiera
tenido anteriormente conocimiento y que la información transmitida no databa de la época del cártel. Ahora bien, según las
demandantes, ThyssenKrupp obtuvo una reducción del importe de la multa del 20 %. Las demandantes afirman que, por su parte,
Schindler transmitió listas relativas al período comprendido entre 2000 y 2003, de las que la Comisión no había tenido conocimiento
anteriormente y que databan de la época de la infracción. Por tanto, a su entender, Schindler tiene derecho a una reducción
del importe de la multa del 20 %.
A este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, la Comisión no puede, en el marco de su apreciación
de la cooperación prestada por los miembros de un cártel, desconocer el principio de igualdad de trato (véase la sentencia
del Tribunal de 29 de abril de 2004, Tokai Carbon y otros/Comisión, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 y T‑252/01,
Rec. p. II‑1181, apartado 394, y la jurisprudencia citada).
En el caso de autos, es preciso señalar que la cooperación prestada por Otis y por ThyssenKrupp difiere muy claramente de
la prestada por Schindler.
Para empezar, debe recordarse que la apreciación del valor añadido de una cooperación se realiza en función de los elementos
de prueba de que ya dispone la Comisión. Pues bien, puesto que la cooperación de Otis y la de ThyssenKrupp precedieron a la
de Schindler (considerandos 96, 98 y 103 de la Decisión impugnada), la Comisión disponía de más elementos de prueba en el
momento en que Schindler formuló su solicitud en virtud de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 que en el momento
en que se formularon las solicitudes de Otis y de ThyssenKrupp.
A continuación, es preciso señalar que de la Decisión impugnada se desprende que la cooperación de ThyssenKrupp y la de Otis
suponían un valor añadido significativo en el sentido del apartado 21 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002.
En efecto, por lo que respecta a la cooperación de Otis, cabe decir que esta empresa aportó a la Comisión «pruebas documentales
contemporáneas» (considerando 766 de la Decisión impugnada) y que esos elementos de prueba aportaban información, aunque limitada,
«sobre hechos que anteriormente se ignoraban» (considerando 766 de la Decisión impugnada). Por lo que atañe a la cooperación
de ThyssenKrupp, debe señalarse que también suponía un valor añadido significativo, «ya que aporta[ba] información complementaria
sobre los proyectos de mantenimiento y de modernización y explicaciones detalladas sobre el sistema utilizado para fijar los
precios de los contratos de mantenimiento» (considerando 771 de la Decisión impugnada).
En cambio, por lo que respecta a la cooperación de Schindler hay que decir que del análisis efectuado en los apartados 303
a 311
supra
se desprende que la Comisión pudo válidamente considerar que dicha cooperación no cumplía los requisitos del apartado 21 de
la Comunicación sobre la cooperación de 2002.
En estas circunstancias debe señalarse que, al no ser comparables las situaciones de las diferentes empresas, la Comisión
concedió reducciones del importe de las multas a Otis (40 %) y a ThyssenKrupp (20 %) y denegó a Schindler la obtención de
una reducción del importe de la multa en virtud de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 sin incurrir en ninguna vulneración
del principio de igualdad de trato.
De todo lo anterior se desprende que la totalidad de las imputaciones de Schindler relativas a la aplicación de la Comunicación
sobre la cooperación de 2002 a su cooperación en la constatación de la infracción en Bélgica deben ser rechazadas.
Sobre la cooperación de Schindler en la constatación de la infracción en Alemania
En el considerando 805 de la Decisión impugnada, la Comisión decidió «conceder a Schindler una reducción de la multa del 15 %
dentro de la horquilla prevista en el [apartado] 23, [párrafo primero], [letra] b, [tercer guión], de la Comunicación sobre
la cooperación [de 2002]» como consecuencia de su colaboración en la constatación de la infracción en Alemania.
En el considerando 803 de la Decisión impugnada, la Comisión explica que la concesión de una dispensa del pago de las multas
en virtud del apartado 8, letra b), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 o una reducción del 100 % del importe
de la multa en virtud del apartado 23, letra b), último párrafo, de la antedicha Comunicación quedaba excluida, ya que, en
el momento en que Schindler formuló su solicitud en virtud de esa Comunicación, «la Comisión ya disponía de un conjunto de
pruebas que le permitían constatar una infracción del artículo 81 [CE], en particular, por lo que atañe al período comprendido
entre 1995 y 2000».
En el considerando 804 de la Decisión impugnada, la Comisión añade:
«[…] En la medida en que Schindler únicamente cumplió plenamente el requisito del apartado 21 tras la adenda de 25 de noviembre
de 2004, es decir, ocho meses después de las primeras solicitudes [en virtud de la Comunicación sobre la cooperación de 2002],
ese retraso debe tenerse en cuenta a la hora de calcular la reducción, dentro del marco de la horquilla prevista. No obstante,
las declaraciones de Schindler aportaron un valor añadido significativo que reforzó la capacidad de la Comisión para probar
la infracción. Sin embargo, el valor añadido de la solicitud de Schindler [en virtud de la antedicha Comunicación] sigue siendo
limitado en la medida en que repetía esencialmente sus propias declaraciones, no contenía ningún elemento de prueba documental
y corroboraba principalmente los elementos de prueba de que ya disponía la Comisión.»
Con carácter preliminar, las demandantes recuerdan que Schindler sólo participó en los cárteles relativos a las instalaciones
de escaleras mecánicas entre 1995 y 2000, de modo que únicamente esos cárteles durante el antedicho período son, a su entender,
determinantes a la hora de apreciar la cooperación de Schindler. En su opinión, esa infracción constituye una infracción autónoma,
que debe ser considerada de un modo distinto a las infracciones relativas a las escaleras mecánicas y a los ascensores cometidas
por otras empresas después de 2000. Según las demandantes, Schindler no participó en esas infracciones ni tuvo conocimiento
de ellas.
Para empezar, Schindler sostiene que ella debe ser considerada como la primera empresa que, de conformidad con el apartado
8, letra b), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, aportó elementos de prueba que podían permitir a la Comisión
comprobar una infracción y obtener, por tanto, una reducción total de su multa.
Según las demandantes, es cierto que la Comisión recibió solicitudes en virtud de la Comunicación sobre la cooperación de
2002 relativas a los cárteles en Alemania de Kone y de Otis antes de recibir la de Schindler. Sin embargo, a su entender,
esas solicitudes no permitían probar la existencia de la infracción del artículo 81 CE en la que Schindler participó, a saber,
los acuerdos relativos a las escaleras mecánicas celebrados entre 1995 y 2000. En opinión de las demandantes, si hubiesen
faltado los elementos de prueba aportados por Schindler, la Comisión no habría podido constatar la infracción del artículo
81 CE. A su entender, en su solicitud y en las adendas a la misma, Schindler probó la existencia de 33 reuniones que tuvieron
lugar en Alemania entre el 29 de abril de 1994 y el 6 de diciembre de 2000. Según las demandantes, Otis sólo reveló la existencia
de tres reuniones en 1999 (el 20 de enero, el 28 de octubre y el 22 de diciembre de 1999) y de cinco reuniones en 2000 (el
20 de enero, el 18 de febrero, el 3 de abril, el 16 de junio y el 6 de diciembre de 2000). En su opinión, las declaraciones
de Kone tampoco permitieron probar las reuniones sistemáticas relativas a los proyectos vinculados a las escaleras mecánicas
en Alemania durante el período comprendido entre 1995 y 2000.
Con carácter subsidiario, a continuación, las demandantes sostienen que, en cualquier caso, con arreglo al apartado 23, letra b),
último párrafo, de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, a Schindler no se le debería haber impuesto ninguna multa,
dado que fue la única que aportó suficientes elementos de prueba para constatar la infracción en Alemania entre 1995 y 2000.
Según las demandantes, los elementos de prueba aportados por Kone y Otis cubren el período posterior a 2000. Por otra parte,
las demandantes invocan una falta de motivación de la Decisión impugnada, en la medida en que la Comisión afirma, en el considerando
803 de la Decisión impugnada, que ya disponía de elementos de prueba con anterioridad a la solicitud de Schindler, sin precisar,
sin embargo, de qué elementos se trata.
Para empezar, es preciso señalar que, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, el hecho de que las demandantes no cuestionen
la calificación del cártel en Alemania como infracción única no afecta a la admisibilidad de su argumentación.
En efecto, en la Decisión impugnada, la propia Comisión distingue dos partes en la infracción en Alemania, una que abarca
desde agosto de 1995 hasta diciembre de 2000 y atañe únicamente a las escaleras mecánicas, y otra que abarca desde diciembre
de 2000 hasta diciembre de 2003 y atañe tanto a las escaleras mecánicas como a los ascensores (considerandos 213, 277 y 278
de la Decisión impugnada), sin que dicha distinción afecte a la calificación del referido cártel como infracción única, ya
que todas las prácticas perseguían los mismos objetivos y conducían al mismo resultado (considerando 568 de la Decisión impugnada).
Asimismo, ha quedado acreditado que Schindler sólo participó en la parte relativa a las escaleras mecánicas de la infracción
declarada en el artículo 1, apartado 2, de la Decisión impugnada, puesto que Schindler abandonó el cártel en 2000 (considerando
213 de la Decisión impugnada).
Pues bien, si, como sostienen las demandantes, Schindler hubiese sido la primera empresa que aportó elementos de prueba determinantes
que permitieron a la Comisión probar la existencia del cártel en Alemania entre agosto de 1995 y diciembre de 2000, habría
tenido derecho, de conformidad con el último párrafo del apartado 23, letra b), de la Comunicación sobre la cooperación de
2002 y con independencia de una eventual aplicación del apartado 8, letra b), de la antedicha Comunicación, a una reducción
del 100 % del importe de la multa, ya que su cooperación habría tenido una incidencia directa en la duración del supuesto
cártel, equivalente a toda la duración de la participación de Schindler en éste.
Sin embargo, de los considerandos 214 y 803 de la Decisión impugnada se desprende que, en la fecha de la solicitud de Schindler,
el 25 de noviembre de 2004, la Comisión disponía de elementos de prueba suficientes como para permitirle constatar la infracción
en Alemania ente 1995 y 2000.
Así, en su solicitud en virtud de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, de 12 de febrero de 2004, Kone aportó datos
concretos sobre el cártel en Alemania, tanto con respecto al período precedente al abandono del cártel por parte de Schindler
como con respecto al período posterior. De este modo, por lo que atañe a la primera parte de la infracción, la declaración
de Kone informó a la Comisión de que el 1 de agosto de 1995 ya existía un cártel relativo al reparto del mercado de las escaleras
mecánicas, de la lista de los participantes en el cártel, de los principios que regulaban las atribución de los proyectos
y de otros elementos relativos al funcionamiento del cártel. Kone también había indicado claramente en su solicitud que Schindler
había abandonado el cártel «[a] finales de 2000».
En sus observaciones de abril de 2004, que completaban su solicitud de marzo de 2004, Otis confirmó la existencia de un cártel
en Alemania que llevaba a cabo un reparto del mercado de las escaleras mecánicas, la lista de los participantes en el cártel,
los principios que regulaban la atribución de los proyectos y otra información relativa al funcionamiento del cártel, así
como el abandono del cártel por parte de Schindler en 2000. Además, en sus observaciones complementarias de abril de 2004,
Otis indicó que el cártel del mercado de las escaleras mecánicas existía desde los años ochenta.
Por tanto, el 25 de noviembre de 2004, momento en que Schindler presentó su solicitud en virtud de la Comunicación sobre la
cooperación de 2002, la Comisión ya disponía de dos declaraciones concordantes que le permitían constatar la parte del cártel
en Alemania en la que Schindler participó.
Es cierto que en su solicitud de 25 de noviembre de 2004 y en su adenda de 7 de diciembre de 2004, Schindler aportó a la Comisión
información que ésta aún no conocía. En particular, se trata de las fechas de determinadas reuniones entre los participantes
en el cártel que tuvieron lugar entre el 29 de abril de 1994 y el 6 de diciembre de 2000. Sin embargo, habida cuenta de lo
señalado en el apartado 334
supra,
la Comisión pudo válidamente considerar que se trataba de elementos de prueba que aportaban un valor añadido significativo
en el sentido del apartado 21 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, y que permiten tener derecho a una reducción
de la multa, pero no a una dispensa total de la multa en virtud del apartado 8, letra b), ni a una reducción total del importe
de la multa en virtud del apartado 23, letra b), último párrafo, de la antedicha Comunicación. En efecto, los elementos de
prueba de que se trata no eran determinantes para probar la existencia del cártel en Alemania durante el período en que Schindler
participó en éste, aunque reforzaban la capacidad de la Comisión a la hora de probar la infracción permitiéndole corroborar
los elementos de prueba de que ya disponía.
A continuación, es preciso señalar que, habida cuenta de que Schindler había sido la tercera empresa que formuló una solicitud
en virtud de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, la reducción de la multa aplicable era la prevista en el apartado
23, letra b), párrafo primero, tercer guión, de dicha Comunicación. Pues bien, dado que los elementos de prueba que aportaban
un valor añadido significativo fueron transmitidos a la Comisión ocho meses después que las dos primeras solicitudes en virtud
de la referida Comunicación y que no se ha cuestionado que Schindler no haya transmitido pruebas documentales contemporáneas,
la Comisión fijó la reducción del importe de la multa a Schindler en un 15 % sin sobrepasar de modo manifiesto su margen de
apreciación.
Finalmente, por lo que atañe a la imputación basada en una infracción del artículo 253 CE, debe observarse que el considerando
803 de la Decisión impugnada expone, de forma clara e inequívoca, las razones por las que la Comisión estimó que los elementos
de prueba aportados por Schindler en su solicitud en virtud de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 no le permitían
tener derecho a una dispensa de la multa. A tal efecto, la Comisión hace referencia a que, «en el momento en que Schindler
realizó sus observaciones, [ella] ya disponía de un conjunto de pruebas que le permitían constatar una infracción del artículo
81 [CE]» (considerando 803 de la Decisión impugnada). Situados en su contexto, estos motivos necesariamente se refieren al
conjunto de pruebas contenido en las solicitudes de Kone y de Otis, cuyo valor añadido fue determinado en los considerandos
792 y 799 de la Decisión impugnada. Por tanto, los considerandos anteriormente mencionados permitían a los interesados conocer
las razones de la negativa de la Comisión a conceder a Schindler una dispensa de las multas por su cooperación en la constatación
de la infracción en Alemania y al Tribunal ejercer su control de legalidad. Por consiguiente, la imputación basada en una
infracción del artículo 253 CE debe rechazarse.
De todo lo anterior se desprende que la totalidad de las imputaciones de Schindler relativas a la aplicación de la Comunicación
sobre la cooperación de 2002 a su cooperación en la constatación del cártel en Alemania deben ser rechazadas.
Sobre la cooperación de Schindler en la constatación de la infracción en Luxemburgo
Schindler, que fue la cuarta empresa que presentó una solicitud en virtud de la Comunicación sobre la cooperación de 2002
relativa al cártel de Luxemburgo (considerando 830 de la Decisión impugnada), no obtuvo ninguna reducción del importe de la
multa en virtud de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 por lo que atañe a esa infracción (considerando 834 de la
Decisión impugnada). La Comisión explica, a tal efecto, en los considerandos 831 a 833 de la Decisión impugnada lo siguiente:
«(831)      La solicitud [en virtud de la Comunicación sobre la cooperación de 2002] de Schindler está principalmente compuesta por una
declaración escrita de la empresa y por documentos internos que se remontan a 2002 que, según Schindler, fueron elaborados
en el marco de la actividad normal de la empresa. La solicitud […] de Schindler no aportó a la Comisión ningún elemento nuevo
de alto valor añadido. Los nuevos datos eran, en realidad, descripciones del sector en la época de la infracción y otros detalles
de poca importancia. Dejando a un lado esta información, la solicitud […] de Schindler confirma, en esencia, la información
ya conocida por la Comisión.
(832)      Por otra parte, Schindler afirma que los acuerdos relativos a los nuevos proyectos de instalaciones, de modernización, de
reparación y de mantenimiento de ascensores y de escaleras mecánicas existían desde 1993, y que ella había abandonado el cártel
en 1994 sin haber vuelto a formar parte de él hasta 1999. La Comisión no ha encontrado ninguna indicación que fundamente esta
declaración. La Comisión no puede basarse en la declaración unilateral y no fundamentada de una de las partes por lo que respecta
a una cuestión crucial, que puede acarrear serias consecuencias jurídicas para los otros participantes.
(833)      La Comisión llega así a la conclusión de que las observaciones de Schindler no contienen ningún nuevo elemento de valor significativo
y que, en esencia, corroboran los hechos ya por ella conocidos. Si se la compara con los elementos de prueba de que ya disponía
la Comisión en el momento de la solicitud […] de Schindler, la información aportada por ésta no refuerza, de manera significativa,
la capacidad de la Comisión para probar los hechos en cuestión. Por consiguiente, no se cumplen los requisitos del [apartado]
21 de la Comunicación sobre la cooperación [de 2002]. Tras su solicitud […], Schindler no ha aportado ninguna ayuda suplementaria,
exceptuando la información transmitida a petición de la Comisión.»
Las demandantes sostienen que Schindler tiene derecho a obtener una reducción del importe de la multa de entre un 20 y un
30 % en virtud de los apartados 21 y 23 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002. En efecto, a su juicio, Schindler
aportó elementos de prueba de un considerable valor añadido relativos a los acuerdos en el ámbito de las actividades de mantenimiento.
Según las demandantes, si Schindler no hubiera presentado la solicitud de 4 de noviembre de 2004, la Comisión no habría podido
probar la existencia de acuerdos en el antedicho ámbito, acerca del cual las solicitudes de Kone y de ThyssenKrupp contenían
muy poca información. Además, a su entender, Otis no ha reconocido expresamente su participación en acuerdos en este ámbito.
Según las demandantes, la importancia de la solicitud presentada por Schindler en virtud de la Comunicación sobre la cooperación
por lo que respecta a la aportación de la prueba por la Comisión se deduce también de la frecuencia de las remisiones a dicha
solicitud que se hacen en la Decisión impugnada en comparación con las remisiones que se hacen a las solicitudes de Kone y
de ThyssenKrupp. En opinión de las demandantes, la Comisión rechazó en el considerando 831 de la Decisión impugnada la argumentación
de Schindler sin haber, sin embargo, respondido a las alegaciones de Schindler contenidas en la respuesta al pliego de cargos,
lo cual constituye, a su juicio, una motivación insuficiente en el sentido del artículo 253 CE.
Es preciso examinar, a la luz de la jurisprudencia recordada en el apartado 300
supra,
si la Comisión sobrepasó manifiestamente su margen de apreciación al declarar que los elementos de prueba aportados por Schindler
no suponían ningún valor añadido significativo con respecto a los elementos de prueba de que ya disponía en el momento en
que la antedicha empresa formuló su solicitud en virtud de la Comunicación sobre la cooperación de 2002.
A este respecto, para empezar, debe señalarse que las demandantes, que no denuncian la concesión de una dispensa del pago
de las multas a Kone en virtud del apartado 8, letra b), de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, no cuestionan la
información aportada por Kone que ya permitía a la Comisión probar una infracción en Luxemburgo (considerando 816 de la Decisión
impugnada). Por tanto, la Comisión ya disponía de elementos de prueba suficientes para probar una infracción en Luxemburgo
en el momento en que Schindler formuló su solicitud en virtud de la referida Comunicación. Además, con anterioridad a la solicitud
de Schindler, Otis ya había presentado a la Comisión, en marzo de 2004, una solicitud en virtud de la antedicha Comunicación
que dio lugar a una reducción del importe de la multa del 40 % (considerandos 118 y 823 de la Decisión impugnada).
A continuación, por lo que respecta a la cuestión de si, con arreglo a los apartados 21 y 22 de la Comunicación sobre la cooperación
de 2002, los elementos de prueba aportados por Schindler suponían un valor añadido significativo en la medida en que habrían
reforzado considerablemente la capacidad de la Comisión para probar la infracción en Luxemburgo, debe observarse que los elementos
de prueba que, según las demandantes, habían aportado un valor añadido significativo sólo atañen a una de las dos partes de
la infracción declarada en el artículo 1, apartado 3, de la Decisión impugnada, a saber, el reparto de las licitaciones relativas
a los contratos de mantenimiento y de modernización (véanse también los considerandos 293 y 830 de la Decisión impugnada).
Pues bien, de la solicitud de Kone de 5 de febrero de 2004, tal como fue completada por la información de 19 de febrero de
2004, se desprende que dicha solicitud ya contenía una clara descripción de la parte del cártel que fue posteriormente objeto
de la cooperación de Schindler.
Seguidamente, debe señalarse que las demandantes no pueden deducir ningún argumento del número de referencias que en la Decisión
impugnada se hacen a su solicitud en virtud de la Comunicación sobre la cooperación de 2002. En efecto, el hecho de que la
Comisión haya utilizado, en la Decisión impugnada, el conjunto de los elementos de prueba de que disponía, y, por consiguiente,
también la información transmitida por Schindler en su solicitud de 4 de noviembre de 2004, no demuestra, sin embargo, que
esta última información supusiese un valor añadido significativo con respecto a los elementos de prueba de que ya disponía
la Comisión en esa fecha.
De todo lo anterior se desprende que la Comisión no sobrepasó de modo manifiesto su margen de apreciación al considerar que
los elementos de prueba facilitados por Schindler no aportaban ningún valor añadido significativo en el sentido del apartado
21 de la Comunicación sobre la cooperación de 2002.
Por lo que respecta a la imputación basada en una infracción del artículo 253 CE, debe observarse que la Comisión no está
obligada a definir una postura sobre todas las alegaciones que los interesados aduzcan, sino que le basta con exponer los
hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una importancia esencial en el sistema de la decisión (véase la sentencia
del Tribunal de 15 de junio de 2005, Corsica Ferries France/Comisión, T‑349/03, Rec. p. II‑2197, apartado 64, y la jurisprudencia
citada). A este respecto, es preciso señalar que, en los considerandos 831 a 833 de la Decisión impugnada, la Comisión explicó
suficientemente las razones por las que estimó que los elementos de prueba presentados por Schindler en su solicitud de 4
de noviembre de 2004 no aportaban ningún valor añadido significativo en el sentido del apartado 21 de la Comunicación sobre
la cooperación de 2002. Esos considerandos permiten a los interesados conocer las razones de la negativa de la Comisión a
conceder a Schindler una reducción del importe de la multa por su cooperación en la constatación de la infracción en Luxemburgo
y al Tribunal ejercer su control de legalidad. Por tanto, la imputación basada en una infracción del artículo 253 CE debe
rechazarse.
De todo lo anterior se desprende que la totalidad de las imputaciones de Schindler relativas a la aplicación de la Comunicación
sobre la cooperación de 2002 a su cooperación en la constatación de la infracción en Luxemburgo deben ser rechazadas.

Sobre el motivo basado en la infracción de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 y de las Directrices de 1998 debida
a la insuficiente reducción del importe de las multas en atención al reconocimiento de los hechos
En el apartado 614 del pliego de cargos, la Comisión había anunciado que «contempla[ba] conceder una reducción [de la multa]
por la cooperación al margen de la Comunicación sobre la cooperación [de 2002], en particular, cuando una sociedad no cuestiona[ba]
los hechos o aporta[ba] una ayuda suplementaria que permitía clarificar o completar los hechos constatados por la Comisión».
En el considerando 758 de la Decisión impugnada, la Comisión explica que, «en la medida en que el apartado 614 del pliego
de cargos creaba expectativas, [había] decidido interpretar dicho apartado en favor de las empresas que, basándose en él,
contribuyeron en la constatación de los hechos de la infracción expuesta en [la] Decisión [impugnada], no cuestionando esos
hechos o aportando otra información o precisiones complementarias».
Así, la Comisión concedió a todos los participantes en las cuatro infracciones, con excepción, por una parte, de las empresas
que obtuvieron una dispensa del pago de las multas (considerandos 762, 817 y 839 de la Decisión impugnada) y, por otra parte,
de Kone en el marco del cártel en los Países Bajos (considerando 851 de la Decisión impugnada), una reducción del importe
de la multa del 1 % por su cooperación al margen de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, en atención al reconocimiento
de los hechos expuestos en el pliego de cargos (considerandos 768, 774, 777, 794, 801, 806, 813, 824, 829, 835, 845, 854,
855 y 856 de la Decisión impugnada).
Para empezar, las demandantes estiman que pueden tener derecho a una reducción del importe de la multa de al menos un 10 %
en lugar del 1 % concedido en virtud de su cooperación al margen de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, lo cual,
a su juicio, se ajustaría a la práctica decisoria de la Comisión en otros asuntos. A continuación, las demandantes afirman
que, a pesar de una petición en ese sentido, la Comisión no tuvo en cuenta el hecho de que las demandantes habían cooperado
con ella de un modo que iba más allá del mero reconocimiento de los hechos, lo cual, a su entender, les da derecho a obtener
una reducción del importe de la multa de al menos un 10 %, en virtud de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, o una
reducción en virtud del guión sexto del título 3 de las Directrices de 1998.
Con carácter preliminar, procede recordar que una reducción del importe de una multa por cooperación durante el procedimiento
administrativo sólo está justificada si el comportamiento de la empresa en cuestión permitió a la Comisión apreciar una infracción
con menor dificultad y, en su caso, ponerle fin (sentencias del Tribunal de 14 de mayo de 1998, SCA Holding/Comisión, T‑327/94,
apartado 156; Krupp Thyssen Stainless y Acciai speciali Terni/Comisión, citada en el apartado 222
supra,
apartado 270, y Groupe Danone/Comisión, citada en el apartado 57
supra,
apartado 449).
Asimismo, de la jurisprudencia se desprende que una empresa que declara expresamente que no niega las alegaciones de hecho
en las que la Comisión basa sus imputaciones ha contribuido a facilitar la labor de la Comisión consistente en la comprobación
y represión de las infracciones a las normas de la Unión en materia de competencia (sentencias del Tribunal de 14 de mayo
de 1998, MO och Domsjö/Comisión, T‑352/94, Rec. p. II‑1989, apartado 395, y SCA Holding/Comisión, citada en el apartado 354
supra,
apartado 157).
Es cierto que, al contrario de lo que ocurre con la Comunicación sobre la cooperación de 1996, la Comunicación sobre la cooperación
de 2002 no prevé ninguna reducción del importe de la multa en favor de las empresas que no cuestionan la realidad de los hechos
en los que la Comisión basa sus acusaciones en el pliego de cargos. Sin embargo, la Comisión reconocía en el considerando
758 de la Decisión impugnada que el apartado 614 del pliego de cargos creó, en la empresas, la expectativa legítima de que
el reconocimiento de los hechos acarrearía una reducción del importe de la multa al margen de la Comunicación sobre la cooperación
de 2002. En el mismo considerando, la Comisión también señaló que «la cuantía de la reducción debería tener en cuenta que
la cooperación prestada tras el pliego de cargos, cuando la Comisión ya ha determinado todos los elementos de la infracción,
y en un momento en que la empresa ya ha tenido conocimiento de todos los elementos de la investigación y tenido acceso al
expediente de ésta, sólo puede, en el mejor de los casos, ayudar marginalmente a la Comisión en su investigación». Asimismo,
la Comisión precisó que, «en general, la admisión de los hechos en estas circunstancia constituye como mucho un elemento de
prueba que corrobora hechos que la Comisión consideraría normalmente suficientemente demostrados por otros elementos de pruebas
incorporados al expediente».
En primer lugar, debe rechazarse la alegación de las demandantes según la cual la Comisión se apartó de su práctica anterior,
en virtud de la cual una empresa que no cuestiona la realidad de los hechos que se reprochan en el pliego de cargos obtendría
una reducción del 10 % del importe de la multa que se le haya impuesto, de conformidad con la Comunicación sobre la cooperación
de 1996.
Si bien, es verdad que la Comunicación sobre la cooperación disponía en la sección D, número 2, segundo guión, que una empresa
podía gozar «de una reducción del 10 al 50 % del importe de la multa que se le habría impuesto a falta de cooperación […]
cuando […] tras recibir el pliego de cargos, […] inform[ara] a la Comisión de que no pon[ía] en duda la veracidad de los hechos
sobre los que la Comisión funda[ba] sus acusaciones», no es menos cierto que la Comunicación sobre la cooperación de 2002
ya no prevé reducción alguna por ese motivo. Pues bien, tal como se desprende de los artículos 142 y 143
supra,
únicamente la Comunicación sobre la cooperación de 2002 se aplica a las solicitudes de las demandantes, dado que, además,
esas solicitudes fueron explícitamente formuladas en virtud de la antedicha Comunicación.
En cualquier caso, tal como se ha recordado en el apartado 225
supra,
la práctica decisoria anterior de la Comisión no puede servir de marco jurídico a las multas en materia de competencia.
En segundo lugar, por lo que respecta a las alegaciones de las demandantes según las cuales Schindler, a lo largo de todo
el procedimiento, facilitó a la Comisión información relativa a las infracciones, que fue citada en pasajes centrales de la
Decisión impugnada, basta observar que las demandantes no sostienen que esta colaboración haya ido más allá de la requerida
en el marco de la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, de modo que su imputación debe rechazarse. Lo
mismo sucede con el motivo, formulado en la réplica, según el cual la referida cooperación justificaba que a Schindler pudiese
aplicársele una circunstancia atenuante en virtud de las Directrices de 1998.
De lo anterior se deduce que el motivo debe desestimarse en su totalidad.

Sobre el motivo basado en la infracción del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003
Las demandantes alegan que las multas impuestas en el artículo 2 de la Decisión impugnada por cada infracción infringen el
artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 en la medida en que, a su juicio, la Comisión, a la hora de determinar el
límite del 10 % del volumen de negocios de las empresas involucradas, se basó en los volúmenes de negocios de las sociedades
matrices de los grupos de sociedades de que se trata, en vez de en el volumen de negocios de las filiales que participaron
directamente en las infracciones.
Las demandantes alegan que no se puede imputar a las sociedades matrices las infracciones cometidas por sus respectivas filiales
y que, por tanto, el límite del 10 % del volumen de negocios contemplado en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003
debe calcularse basándose en el volumen de negocios de las antedichas filiales.
Sin embargo, habida cuenta de que las demandantes no sostienen que las multas impuestas en la Decisión impugnada sobrepasen
el límite del 10 % del volumen de negocios realizado por Schindler Holding durante el ejercicio social precedente, es preciso
señalar que esta imputación se confunde con las imputaciones examinadas en los apartados 63 a 91
supra,
relativas a la atribución a Schindler Holding del comportamiento de sus filiales. Pues bien, de los razonamientos realizados
en relación con esta cuestión se desprende que la Comisión imputó legítimamente a Schindler Holding los comportamientos de
sus filiales, con las cuales forma una unidad económica. Procede, por tanto, desestimar este motivo.

Sobre el motivo basado en la vulneración del principio de proporcionalidad a la hora de calcular el importe final de las multas
Las demandantes alegan que el importe final de las multas que se les impusieron es desproporcionado, en la medida en que,
a su entender, no es necesario ni apropiado para lograr el objetivo perseguido, es decir, la represión de los comportamientos
ilegales y la prevención de la reincidencia. En el caso de autos, se trata, a su entender, de cuatro infracciones aisladas
cometidas por cuatro sociedades diferentes, de modo que las multas impuestas no deberían sobrepasar el 10 % del volumen de
negocios de cada sociedad. Asimismo, las demandantes estiman que si se acogiese la alegación de la Comisión según la cual
una multa no es desproporcionada si no sobrepasa el límite del 10 % del volumen de negocios de la empresa de que se trata,
la aplicación del principio de proporcionalidad quedaría prácticamente excluida. Según las demandantes, en el caso de autos,
a Schindler Bélgica y a Schindler Luxemburgo se les impusieron multas que equivalían a un
[confidencial]
% de los volúmenes de negocios medios consolidados de Schindler Bélgica y de Schindler Luxemburgo
[confidencial].
Las demandantes señalan que por lo que atañe a los Países Bajos, la multa equivalía a
[confidencial].
Con carácter preliminar, a este respecto, debe recordarse que el principio de proporcionalidad exige que los actos de las
instituciones de la Unión no rebasen los límites de lo que resulta apropiado y necesario para el logro de los objetivos legítimamente
perseguidos por la normativa controvertida, entendiéndose que, cuando se ofrezca una elección entre varias medidas adecuadas,
deberá recurrirse a la menos onerosa, y que las desventajas ocasionadas no deben ser desproporcionadas con respecto a los
objetivos perseguidos (sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 1998, Reino Unido/Comisión, C‑180/96, Rec. p. I‑2265,
apartado 96, y sentencia del Tribunal General de 12 de septiembre de 2007, Prym y Prym Consumer/Comisión, T‑30/05, no publicada
en la Recopilación, apartado 223).
De ello se desprende que las multas no deben ser desmesuradas respecto de los objetivos perseguidos, es decir, respecto del
respeto de las normas de competencia, y que el importe de la multa impuesta a una empresa por una infracción en materia de
competencia debe ser proporcionado a la infracción, apreciada en su conjunto, habida cuenta, en particular, de la gravedad
de la misma (sentencia de 12 de septiembre de 2007, Prym y Prym Consumer/Comisión, citada en el apartado 366
supra,
apartado 224). Además, a la hora de determinar el importe de las multas, la Comisión puede tomar en consideración la necesidad
de que éstas tengan un efecto suficientemente disuasorio (véanse, en este sentido, la sentencia Musique Diffusion française
y otras/Comisión, citada en el apartado 54
supra,
apartado 108, y la sentencia Europa Carton/Comisión, citada en el apartado 125
supra,
apartado 89).
Para empezar, debe señalarse que en el caso de autos los cárteles consistían principalmente en una colusión secreta entre
competidores para repartirse los mercados o congelar las cuotas de mercado repartiéndose los proyectos de venta y de instalación
de ascensores y/o de escaleras mecánicas nuevos, y para no hacerse la competencia por lo que respecta al mantenimiento y a
la modernización de ascensores y de escaleras mecánicas (salvo en Alemania, donde las actividades de mantenimiento y de modernización
no fueron objeto de discusiones entre los miembros del cártel). Pues bien, tales infracciones se encuentran, por su propia
naturaleza, entre las infracciones más graves del artículo 81 CE (considerando 658 de la Decisión impugnada).
A continuación, debe observarse que la Comisión, a la hora de calcular el importe de las multas, puede tomar en consideración,
en concreto, el tamaño y el poder económico de la unidad económica que actúe como empresa en el sentido del artículo 81 CE.
Sin embargo, contrariamente a lo que sostienen las demandantes, la empresa pertinente que debe tomarse en consideración en
el presente asunto no es cada una de las filiales que participó en las infracciones declaradas en el artículo 1, apartados
1, 3 y 4 de la Decisión impugnada. Al contrario, del análisis anterior se desprende que las infracciones reprochadas a Schindler
fueron cometidas por Schindler Holding y sus filiales. En estas circunstancias, las alegaciones de las demandantes que se
limitan a mostrar una desproporción entre el importe de las multas impuestas por la Comisión y el volumen de negocios realizado
por dichas filiales, excluyendo a su sociedad matriz, deben rechazarse.
Finalmente, por lo que atañe a la proporcionalidad de las multas con respecto al tamaño y al poder económico de las unidades
económicas de que se trata, es preciso recordar que de los razonamientos antes expuestos se desprende que dichas multas no
sobrepasan el límite del 10 % contemplado en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, que tiene por objetivo
evitar que las multas sean desproporcionadas con relación a la importancia de la empresa (véanse, en este sentido, la sentencia
Musique Diffusion française y otros/Comisión, citada en el apartado 54
supra,
apartado 119, y la sentencia de 12 de septiembre de 2007, Prym y Prym Consumer/Comisión, citada en el apartado 366
supra,
apartado 229). A este respecto, se desprende, asimismo, de los autos que el importe total de las multas impuestas a Schindler
por la Decisión impugnada representa aproximadamente un 2 % del volumen de negocios consolidado de Schindler Holding durante
el ejercicio social anterior a la adopción de la Decisión impugnada, lo cual no puede considerarse desproporcionado con respecto
al tamaño de esa empresa.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, debe desestimarse el motivo basado en la vulneración del principio de proporcionalidad
a la hora de calcular el importe final de las multas.
De lo anterior se deduce que el recurso debe desestimarse en su totalidad.

Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Asimismo, con arreglo al artículo 87, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento
de Procedimiento, las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio soportarán sus propias costas. Finalmente,
a tenor del artículo 87, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento, en caso de sobreseimiento el Tribunal resolverá discrecionalmente
sobre las costas.
Debe observarse que, en la medida en que fue interpuesto por Schindler Management, el presente recurso quedó sin objeto tras
la rectificación de la Decisión impugnada por la Comisión. Habida cuenta de que todos los motivos de recurso fueron indistintamente
formulados por el conjunto de las demandantes y de que las pretensiones de Schindler Holding, Schindler Bélgica, Schindler
Alemania, Schindler Luxemburgo y Schindler Países Bajos han sido desestimadas, procede condenarles al pago de las costas de
la Comisión. El Consejo cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
decide:
1)
Sobreseer el recurso en la medida en que fue interpuesto por Schindler Management AG.
2)
Desestimar el recurso en todo lo demás.
3)
Condenar en costas a Schindler Holding Ltd, Schindler SA, Schindler Deutschland Holding GmbH, Schindler Sàrl y Schindler Liften BV.
4)
Schindler Management cargará con sus propias costas.
5)
El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas.
Martins Ribeiro
Wahl
Dittrich
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de julio de 2011.
Firmas
Índice
Procedimiento administrativo
1.     Investigación de la Comisión
Bélgica
Alemania
Luxemburgo
Países Bajos
2.     Pliego de cargos
2.     Decisión impugnada
Procedimiento y pretensiones de las partes
Sobre la pretensión de sobreseimiento por lo que respecta a Schindler Management
Sobre el fondo
1.     Observaciones preliminares
2.     Sobre la pretensión de anulación de la Decisión impugnada en su conjunto
Sobre el motivo basado en la infracción del artículo 6, apartado 1, del CEDH
Sobre el motivo basado en la ilegalidad de la Decisión impugnada, en la medida en que tiene a Schindler Holding por destinataria,
debido a la falta de notificación válida
Sobre el motivo basado en la ilegalidad de la Decisión impugnada, en la medida en que compromete la responsabilidad solidaria
de Schindler Holding
3.     Sobre la pretensión de anulación del artículo 2 de la Decisión impugnada
Sobre la excepción de ilegalidad relativa al artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, basada en la vulneración del
principio de legalidad de las penas
Sobre la excepción de ilegalidad de las Directrices de 1998, basada en la vulneración del principio de irretroactividad
Sobre la excepción de ilegalidad de las Directrices de 1998, basada en la falta de competencia de la Comisión y, con carácter
subsidiario, en su falta de transparencia y de previsibilidad
Sobre la excepción de ilegalidad de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, basada en la vulneración del principio de
irretroactividad y del principio de protección de la confianza legítima
Sobre la excepción de ilegalidad de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, basada en la vulneración de los principios
generales del Derecho nemo tenetur, in dubio pro reo y de proporcionalidad, así como en un abuso de la facultad de apreciación
Sobre la primera imputación, basada en la vulneración del principio nemo tenetur
Sobre la segunda imputación, basada en la vulneración del principio in dubio pro reo
Sobre la tercera imputación, basada en la vulneración del principio de proporcionalidad
Sobre la cuarta imputación, basada en un abuso de la facultad de apreciación
Sobre el motivo basado en el carácter confiscatorio, contrario al Derecho internacional, de la Decisión impugnada
Sobre la admisibilidad
Sobre el fondo
Sobre el motivo basado en una infracción de las Directrices de 1998 y en la obligación de motivación a la hora de fijar el
importe de partida de las multas
Observaciones preliminares
Decisión impugnada
Sobre la calificación de las infracciones como «muy graves»
Sobre la supuesta ilegalidad de los importes de partida de las multas
–       Sobre la supuesta falta de motivación
–       Sobre los importes de partida generales de las multas
–       Sobre los importes de partida específicos de las multas
Sobre el motivo basado en la infracción de las Directrices de 1998, en la vulneración del principio de la adecuación entre
la falta y la pena y del principio de proporcionalidad, así como en el incumplimiento de la obligación de motivación a la
hora de tomar en consideración las circunstancias atenuantes
Sobre el motivo basado en una infracción de la Comunicación sobre la cooperación de 2002, en una vulneración del principio
de igualdad de trato y en un incumplimiento de la obligación de motivación en la concesión de reducciones del importe de las
multas
Sobre la Comunicación sobre la cooperación de 2002
Sobre el margen de apreciación de la Comisión y el control de juez de la Unión
Sobre la cooperación de Schindler en la constatación de la infracción en Bélgica
Sobre la cooperación de Schindler en la constatación de la infracción en Alemania
Sobre la cooperación de Schindler en la constatación de la infracción en Luxemburgo
Sobre el motivo basado en la infracción de la Comunicación sobre la cooperación de 2002 y de las Directrices de 1998 debida
a la insuficiente reducción del importe de las multas en atención al reconocimiento de los hechos
Sobre el motivo basado en la infracción del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003
Sobre el motivo basado en la vulneración del principio de proporcionalidad a la hora de calcular el importe final de las multas
Costas
*
Lengua de procedimiento: alemán.
Datos confidenciales ocultados.