CELEX: 62009CJ0391
Ciudadanía de la Unión
Libertad de circular y residir en los Estados miembros
Principio de no discriminación por razón de la nacionalidad
Artículos 18 TFUE y 21 TFUE
Principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico
Directiva 2000/43/CE
Normativa nacional que obliga a transcribir los nombres y apellidos de las personas físicas en los documentos acreditativos del estado civil con arreglo a las normas de grafía de la lengua oficial nacional

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 18 TFUE y 21 TFUE, así como del artículo
2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio
de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (DO L 180, p. 22).
Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre una nacional lituana, la Sra. Malgožata Runevič‑Vardyn, y su marido,
nacional polaco, el Sr. Łukasz Paweł Wardyn, por un lado, y la Vilniaus miesto savivaldybės administracija (municipio de Vilnius),
el Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (Ministerio de Justicia de la República de Lituania), la Valstybinė lietuvių
kalbos komisija (Comisión nacional de la lengua lituana) y el Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento
Civilinės metrikacijos skyrius (servicio del Registro Civil del departamento jurídico del municipio de Vilnius; en lo sucesivo,
«Registro Civil de Vilnius»), por otro, en relación con la negativa de este último a modificar los nombres y apellidos de
los demandantes en el litigio principal tal como en los documentos acreditativos del estado civil expedidos por dicho Registro.

Marco jurídico

Normativa de la Unión
Los considerandos duodécimo y decimosexto de la Directiva 2000/43 enuncian:
«12)      Para garantizar el desarrollo de sociedades democráticas y tolerantes en las que toda persona pueda participar, con independencia
de su origen racial o étnico, la actuación específica en el ámbito de la discriminación por estos motivos debe ir más allá
del acceso a la actividad por cuenta propia o ajena y abarcar ámbitos como la educación, la protección social, incluida la
seguridad social y la asistencia sanitaria, las ventajas sociales, la oferta de bienes y servicios y el acceso a los mismos.
[…]
16)      Es importante proteger a todas las personas físicas de toda discriminación por su origen racial o étnico. […]»
A tenor de su artículo 1, la Directiva 2000/43 «tiene por objeto establecer un marco para luchar contra la discriminación
por motivos de origen racial o étnico, con el fin de que se aplique en los Estados miembros el principio de igualdad de trato».
El artículo 2, apartados 1 y 2, letra b), de esta Directiva dispone:
«1.      A efectos de la presente Directiva, se entenderá por “principio de igualdad de trato” la ausencia de toda discriminación,
tanto directa como indirecta, basada en el origen racial o étnico.
2.      A efectos del apartado 1:
[…]
b)      existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúe a personas de un
origen racial o étnico concreto en desventaja particular con respecto a otras personas, salvo que dicha disposición, criterio
o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los medios para la consecución de esta
finalidad sean adecuados y necesarios.»
El artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva define el ámbito de aplicación de ésta del siguiente modo:
«Dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Comunidad la presente Directiva se aplicará a todas las personas,
por lo que respecta tanto al sector público como al privado, incluidos los organismos públicos, en relación con:
a)      las condiciones de acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional, incluidos los criterios
de selección y las condiciones de contratación y promoción, independientemente de la rama de actividad y en todos los niveles
de la clasificación profesional;
b)      el acceso a todos los tipos y niveles de orientación profesional, formación profesional, formación profesional superior y
reciclaje, incluida la experiencia laboral práctica;
c)      las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las de despido y remuneración;
d)      la afiliación y participación en una organización de trabajadores o de empresarios, o en cualquier organización cuyos miembros
desempeñen una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas;
e)      la protección social, incluida la seguridad social y la asistencia sanitaria;
f)      las ventajas sociales;
g)      la educación;
h)      el acceso a bienes y servicios disponibles para el público y la oferta de los mismos, incluida la vivienda.»

Normativa nacional
Constitución
El artículo 14 de la Constitución lituana dispone que la lengua oficial es el lituano.
Código Civil
El artículo 2.20, apartado 1, del Código Civil lituano (en lo sucesivo, «Código Civil») establece que «toda persona tiene
derecho al nombre. Este derecho al nombre engloba el derecho a un apellido, a uno o varios nombres de pila y a un seudónimo».
El artículo 3.31 del Código Civil dispone:
«Cada uno de los cónyuges tendrá derecho a conservar el apellido que tenía hasta su matrimonio, a elegir el apellido de su
cónyuge como apellido común o a elegir tener un doble apellido formado por la adición del apellido de su cónyuge a su apellido.»
El artículo 3.281 del Código Civil establece que los documentos acreditativos del estado civil deberán inscribirse, renovarse,
modificarse, completarse o subsanarse de acuerdo con las normas reguladoras del estado civil promulgadas por el Ministro de
Justicia.
El artículo 3.282 del Código Civil dispone que «las indicaciones realizadas en los documentos acreditativos del estado civil
deberán realizarse en lituano. El nombre, el apellido y los topónimos se escribirán de acuerdo con las normas de la lengua
lituana».
Normativa reguladora del estado civil
El apartado 11 del Decreto nº IR‑294 del Ministro de Justicia lituano, de 22 de julio de 2008, por el que se confirman las
normas que regulan el estado civil (Žin., 2008, nº 88‑3541), establece que las indicaciones en los documentos acreditativos
del estado civil se redactarán en lituano.
Normativa relativa a los documentos de identidad y a los pasaportes
La Ley nº IX‑577, de 6 de noviembre de 2001, relativa a los documentos de identidad (Žin., 2001, nº 97‑3417), en su versión
modificada (Žin., 2008, nº 76‑3007), y la Ley nº IX‑590, de 8 de noviembre de 2001, relativa a los pasaportes (Žin., 2001,
nº 99‑3524), en su versión modificada (Žin., 2008, nº 87‑3466), disponen que los datos que figuren en el documento de identidad
y en el pasaporte deberán inscribirse en caracteres lituanos.
El Decreto nº I‑1031 del Consejo Supremo lituano, de 31 de enero de 1991, relativo a la inscripción de los nombres y apellidos
en los pasaportes de ciudadanos de la República de Lituania (Žin., 1991, nº 5‑132), dispone, en sus apartados 1 a 3:
«1.      La inscripción de los nombres y apellidos en un pasaporte de ciudadano de la República de Lituania se efectuará en caracteres
lituanos con arreglo a las indicaciones en lituano que figuren en el pasaporte o cualquier otro documento de identidad en
poder del interesado sobre cuya base se le expida un pasaporte.
2.      La inscripción de los nombres y apellidos de personas de origen no lituano en un pasaporte de ciudadano de la República de
Lituania se efectuará en caracteres lituanos. Previa petición por escrito del interesado y según las modalidades establecidas,
sus nombres y apellidos se transcribirán:
a)      fonéticamente y sin aplicar las normas gramaticales (es decir, sin ninguna desinencia lituana); o bien
b)      fonéticamente y aplicando la gramática (es decir, añadiendo desinencias lituanas).
3.      Los nombres y apellidos de cualquier persona que haya tenido la nacionalidad de otro Estado miembro podrán inscribirse conforme
a las indicaciones que figuren en el pasaporte de ciudadano expedido por ese otro Estado miembro o en cualquier otro documento
equivalente.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales
La Sra. Runevič‑Vardyn, demandante en el asunto principal, nacida el 20 de marzo de 1977 en Vilnius, es nacional lituana.
Según los datos facilitados al Tribunal de Justicia, forma parte de la minoría polaca de la República de Lituania, pero no
posee la nacionalidad polaca.
Declara que recibió de sus padres el nombre polaco «Małgorzata» y el apellido de su padre, «Runiewicz».
Según la resolución de remisión, el certificado de nacimiento de la demandante en el asunto principal, expedido el 14 de junio
de 1977, indica que el nombre y el apellido de esta última se inscribieron con la forma lituana, es decir, «Malgožata Runevič».
Los mismos nombre y apellido figuran en un nuevo certificado de nacimiento que le fue expedido el 9 de septiembre de 2003
por el Registro Civil de Vilnius, así como en el pasaporte lituano expedido por las autoridades competentes el 7 de agosto
de 2002.
Según las observaciones de los demandantes en el asunto principal, el certificado de nacimiento de 14 de junio de 1977 estaba
redactado en caracteres cirílicos, mientras que el de 9 de septiembre de 2003 empleaba el alfabeto latino y en él figuraban
el nombre y apellido de la demandante en el asunto principal con la forma «Malgožata Runevič».
La demandante en el asunto principal alega asimismo que el Registro Civil de Varsovia le expidió el 31 de julio de 2006 un
certificado de nacimiento polaco. Aduce que, en dicho certificado polaco, su nombre y su apellido se mencionan con arreglo
a las normas de grafía polacas, es decir, «Małgorzata Runiewicz». Los demandantes en el asunto principal señalan que las autoridades
competentes polacas expidieron también un certificado de matrimonio en el que sus nombres y apellidos aparecen transcritos
conforme a las normas de grafía polacas.
Tras haber residido y trabajado en Polonia durante cierto tiempo, la demandante en el asunto principal contrajo matrimonio
el 7 de julio de 2007 con el demandante en el asunto principal. En el certificado de matrimonio expedido por el Registro Civil
de Vilnius, «Łukasz Paweł Wardyn» aparece transcrito con la forma «Lukasz Pawel Wardyn» –de modo que se utiliza el alfabeto
latino sin signos diacríticos–, mientras que el nombre de la esposa figura como «Malgožata Runevič‑Vardyn», lo que significa
que sólo se emplearon los caracteres lituanos, que no incluyen la letra «W», incluso para la unión del apellido de su cónyuge
a su propio apellido.
De los autos se desprende que los demandantes en el asunto principal residen actualmente en Bélgica con su hijo.
El 16 de agosto de 2007, la demandante en el asunto principal presentó ante el Registro Civil de Vilnius una solicitud para
que su nombre y apellido, según figuran en su certificado de nacimiento, es decir, «Malgožata Runevič», fueran modificados
por «Małgorzata Runiewicz» y para que su nombre y apellido, según figuran en su certificado de matrimonio, es decir «Malgožata
Runevič‑Vardyn», fueran modificados por «Małgorzata Runiewicz‑Wardyn».
En su respuesta de 19 de septiembre de 2007, el Registro Civil de Vilnius informó a la demandante en el asunto principal de
que, en virtud de la normativa nacional aplicable, no era posible modificar las indicaciones que figuraban en los documentos
acreditativos del estado civil de que se trata.
Los demandantes en el asunto principal interpusieron un recurso ante el órgano jurisdiccional remitente.
En su resolución, el órgano jurisdiccional remitente se refiere a las diversas alegaciones formuladas por los demandantes
en el asunto principal en apoyo de su recurso. Dicho órgano jurisdiccional señala, en relación con el demandante, que, según
éste, la negativa de las autoridades lituanas a transcribir en el certificado de matrimonio sus nombres de pila con arreglo
a las normas de grafía polacas constituye una discriminación contra un ciudadano de la Unión que ha celebrado un matrimonio
en un Estado distinto de su Estado de origen. Si el matrimonio hubiera tenido lugar en Polonia, sus nombres se habrían registrado
en el certificado de matrimonio utilizando la misma grafía que la que figura en su certificado de nacimiento. Puesto que la
letra «W» no existe oficialmente en el alfabeto lituano, el demandante en el asunto principal se pregunta por qué las autoridades
lituanas conservaron la grafía original de su apellido, mientras que modificaron la de sus nombres.
El órgano jurisdiccional remitente señala asimismo que el Registro Civil de Vilnius y las demás partes interesadas se opusieron
a la solicitud de las demandantes en el asunto principal dirigida a que se les obligue a modificar las indicaciones que figuran
en los documentos acreditativos del estado civil.
De la resolución del órgano jurisdiccional remitente se desprende que, el 21 de octubre de 1999, el Tribunal Constitucional
dictó una resolución sobre la compatibilidad con la Constitución de la decisión del Consejo Supremo de 31 de enero de 1991,
relativa a la redacción de los nombres y apellidos en los pasaportes de los ciudadanos lituanos. Dicho Tribunal declaró que,
en un pasaporte, los nombres y apellidos de una persona deben redactarse según las normas de grafía de la lengua oficial nacional
para salvaguardar el estatus constitucional de esta lengua.
Al estimar que no le era posible dar una respuesta clara a las cuestiones suscitadas en el litigio del que conoce, en particular
en relación con los artículos 18 TFUE y 21 TFUE, así como respecto al artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/43,
el Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes
cuestiones prejudiciales:
«1)      A la luz de las disposiciones de la Directiva 2000/43 […], ¿debe entenderse que el artículo 2, apartado 2, letra b), de dicha
Directiva prohíbe a los Estados miembros discriminar indirectamente a los individuos por razón de su origen étnico en caso
de que la normativa jurídica nacional disponga que sus nombres y apellidos deben escribirse utilizando únicamente los caracteres del
idioma nacional en los documentos acreditativos del estado civil?
2)      A la luz de las disposiciones de la Directiva 2000/43 […], ¿debe entenderse que el artículo 2, apartado 2, letra b), de dicha
Directiva prohíbe a los Estados miembros discriminar indirectamente a los individuos por razón de su origen étnico en caso
de que la normativa nacional disponga que los nombres y apellidos de personas de distinto origen o nacionalidad deben escribirse
en los documentos acreditativos del estado civil utilizando caracteres del alfabeto latino y sin hacer uso de signos diacríticos,
ligaduras u otras modificaciones del alfabeto latino que se emplean en otros idiomas?
3)      A la luz del artículo [21 TFUE], apartado 1, que dispone que todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir
libremente en el territorio de los Estados miembros, y a la luz del artículo [18 TFUE], párrafo primero, que prohíbe la discriminación
por razón de la nacionalidad, ¿debe entenderse que dichas disposiciones prohíben a los Estados miembros establecer en la normativa
nacional que los nombres y apellidos se escriban en los documentos acreditativos del estado civil utilizando únicamente los
caracteres del idioma nacional?
4)      A la luz del artículo [21 TFUE], apartado 1, que dispone que todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir
libremente en el territorio de los Estados miembros, y del artículo [18 TFUE], párrafo primero, que prohíbe la discriminación
por razón de la nacionalidad, ¿debe entenderse que dichas disposiciones prohíben a los Estados miembros establecer en la normativa
nacional que los nombres y apellidos de personas de diferente origen o nacionalidad deben escribirse en los documentos acreditativos
del estado civil utilizando caracteres del alfabeto latino y sin hacer uso de signos diacríticos, ligaduras u otras modificaciones
del alfabeto latino que se emplean en otros idiomas?»

Sobre la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales segunda y cuarta
Con carácter preliminar, procede señalar que el Gobierno lituano propone al Tribunal de Justicia declarar la inadmisibilidad
de las cuestiones segunda y cuarta. Según este Gobierno, el órgano jurisdiccional remitente conoce de un recurso relativo
a las dos peticiones de la demandante en el asunto principal en relación con sus certificados de nacimiento y de matrimonio
y no de un recurso del demandante en el asunto principal relativo a su certificado de matrimonio. A su entender, en estas
circunstancias, las cuestiones relativas a la transcripción de los nombres del demandante en el asunto principal no están
ligadas a un problema concreto que haya de resolver el órgano jurisdiccional remitente. Por tanto, el Tribunal de Justicia
no debería pronunciarse sobre estas cuestiones, dado que la interpretación del derecho de la Unión no guarda relación alguna
con la realidad o el objeto del litigio principal.
A este respecto, procede recordar que, dentro del marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales
nacionales establecida por el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que
debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades
del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones
que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del
Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (véanse, en particular, las sentencias
de 15 de diciembre de 1995, Bosman, C‑415/93, Rec. p. I‑4921, apartado 59, y de 12 de octubre de 2010, Rosenbladt, C‑45/09,
Rec. p. I‑0000, apartado 32).
Además, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 267 TFUE establece un procedimiento no contencioso,
que tiene el carácter de un incidente promovido en el ámbito de un litigio pendiente ante el órgano jurisdiccional nacional
durante el cual tan sólo se da a las partes en el litigio principal la posibilidad de ser oídas en el marco jurídico trazado
por el órgano jurisdiccional nacional. En este contexto, el Tribunal de Justicia ha declarado que, mediante la expresión «partes
litigantes», el artículo 23, apartado 1, del Estatuto del Tribunal de Justicia se refiere a las que tienen tal condición en
el litigio pendiente ante el órgano jurisdiccional nacional (véanse, en particular, la sentencia de 1 de marzo de 1973, Bollmann,
62/72, Rec. p. 269, apartado 4, y el auto de 12 de septiembre de 2007, Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia, C‑73/07, Rec.
p. I‑7075, apartado 11).
De los datos proporcionados por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que el recurso de que conoce fue interpuesto
por los dos demandantes en el asunto principal y no sólo por la demandante en el asunto principal y que dichos demandantes
sugirieron al órgano jurisdiccional remitente la posibilidad de plantear cuestiones al Tribunal de Justicia. Estas cuestiones
se referían tanto a la negativa a modificar el apellido y el nombre de la demandante en el asunto principal como a la modificación
de la transcripción de los nombres del demandante en el asunto principal tal como figuran en los documentos acreditativos
del estado civil que les fueron expedidos por las autoridades lituanas competentes. Las cuestiones prejudiciales planteadas
por este órgano jurisdiccional en el ejercicio de la competencia exclusiva que le confiere el artículo 267 TFUE, así como
el razonamiento expuesto en su resolución de remisión se refieren a la situación de los dos demandantes en el asunto principal.
Es cierto que, en relación con la misión que el artículo 267 TFUE confiere al Tribunal de Justicia, éste ha estimado que no
le es posible pronunciarse cuando resulta evidente que la interpretación o la apreciación de la validez de una norma jurídica
de la Unión solicitadas por el órgano jurisdiccional nacional no tienen relación alguna con la realidad o con el objeto del
litigio principal (véase, en particular, la sentencia de 26 de octubre de 1995, Furlanis, C‑143/94, Rec. p. I‑3633, apartado 12).
Sin embargo, habida cuenta de la información contenida en la resolución de remisión, en particular la que figura en el apartado
26 de la presente sentencia, y de la definición que el juez remitente hace del objeto y del alcance del litigio de que conoce,
no resulta evidente que la interpretación de las normas jurídicas de la Unión solicitada por dicho juez no tenga relación
alguna con la realidad y el objeto de ese litigio.
En consecuencia, procede declarar la admisibilidad de las cuestiones segunda y cuarta.

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre las cuestiones primera y segunda
Mediante sus cuestiones primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta,
en esencia, si el artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/43 se opone a que las autoridades competentes de
un Estado miembro, conforme a una normativa nacional que establece que los nombres y apellidos de una persona sólo pueden
transcribirse en los documentos de dicho Estado acreditativos del estado civil con arreglo a las normas de grafía de la lengua
oficial nacional, se nieguen a modificar la transcripción del apellido y el nombre de una persona, de modo que éstos deban
transcribirse utilizando únicamente los caracteres de la lengua nacional, sin los signos diacríticos, ligaduras u otras modificaciones
del alfabeto latino que se emplean en otros idiomas.
Los Gobiernos lituano, checo, estonio, polaco y eslovaco, así como la Comisión Europea, sostienen que las normas nacionales
relativas a la elaboración de los documentos acreditativos del estado civil no están incluidas en el ámbito de aplicación
de la Directiva 2000/43 tal como se describe en el artículo 3, apartado 1, de ésta. En su opinión, la demandante en el asunto
principal no ha demostrado de ninguna manera haber sufrido algún inconveniente concreto debido a la pertenencia a una raza
o etnia en algún aspecto incluido en el ámbito de aplicación material de la Directiva 2000/43.
En cambio, los demandantes en el asunto principal sostienen que el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/43 es muy amplio
y comprende una gran parte de los aspectos de la vida social. De este modo, afirman, es necesario presentar un documento de
identidad y varios tipos de documentos, certificaciones o diplomas para poder beneficiarse de determinados derechos previstos
en esta Directiva, tener la posibilidad de utilizar los bienes y servicios y ofrecer públicamente bienes y servicios comprendidos
en el artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva.
Con carácter preliminar, procede recordar que la Directiva 2000/43 tiene por objeto, conforme a su artículo 1, establecer
un marco para luchar contra la discriminación por motivos de origen racial o étnico, con el fin de que se aplique en los Estados
miembros el principio de igualdad de trato.
Según el decimosexto considerando de esta Directiva, es importante proteger a todas las personas físicas de toda discriminación
por su origen racial o étnico.
En lo que atañe al ámbito de aplicación material de la Directiva 2000/43, del duodécimo considerando de ésta se desprende
que, para garantizar el desarrollo de sociedades democráticas y tolerantes en las que toda persona pueda participar, con independencia
de su origen racial o étnico, la actuación específica en el ámbito de la discriminación por estos motivos debe ir más allá
del acceso a la actividad por cuenta propia o ajena y abarcar ámbitos como los enumerados en el artículo 3, apartado 1, de
dicha Directiva.
Esta última disposición establece que, dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Comunidad, posteriormente
denominada Unión Europea, dicha Directiva se aplicará a todas las personas, por lo que respecta tanto al sector público como
al privado, incluidos los organismos públicos, en relación con los ámbitos enumerados exhaustivamente en esa disposición y
reproducidos en el apartado 6 de la presente sentencia.
Es preciso señalar en estas circunstancias que, habida cuenta del objeto de la Directiva 2000/43 y de la naturaleza de los
derechos que ésta trata de proteger, así como del hecho de que esta Directiva únicamente expresa, en el ámbito considerado,
el principio de igualdad, que es uno de los principios generales del Derecho de la Unión, reconocido en el artículo 21 de
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el ámbito de aplicación de dicha Directiva no puede definirse
de manera restrictiva.
De ello no se sigue, sin embargo, que una normativa nacional relativa a la transcripción de los apellidos y de los nombres
en los documentos acreditativos del estado civil deba considerarse incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/43.
Si bien es cierto que el artículo 3, apartado 1, letra h), de la Directiva 2000/43 se refiere, de manera general, al acceso
a bienes y servicios disponibles para el público y a la oferta de éstos, no cabe entender, tal como señala el Abogado General
en el punto 58 de sus conclusiones, que una normativa nacional de esta índole esté comprendida en el concepto de «servicio»
en el sentido de esta disposición.
Procede recordar asimismo que los trabajos preparatorios relativos a la Directiva 2000/43, que fue adoptada por el Consejo
de la Unión Europea por unanimidad, conforme al artículo 13 CE, indican que el Consejo no quiso tomar en consideración una
propuesta de enmienda del Parlamento Europeo según la cual «el ejercicio de las funciones de cualquier órgano o autoridad
públicos, incluida la actuación policial, el control de la inmigración y el sistema judicial penal» se incluiría en la lista
de actividades enumeradas en el artículo 3, apartado 1, de esta Directiva y, por ello, entraría en el ámbito de aplicación
de ésta.
Por consiguiente, si bien, tal como se desprende del apartado 43 de la presente sentencia, el ámbito de aplicación de la Directiva
2000/43 según se define en el artículo 3, apartado 1, de ésta no debe interpretarse de manera restrictiva, no comprende una
normativa nacional como la controvertida en el asunto principal relativa a la transcripción de los nombres y apellidos en
los documentos acreditativos del estado civil.
En estas circunstancias, procede estimar que una normativa nacional que establece que los nombres y apellidos de una persona
sólo pueden transcribirse en los documentos de dicho Estado acreditativos del estado civil con arreglo a las normas de grafía
de la lengua oficial nacional atañe a una situación que no está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/43.

Sobre las cuestiones tercera y cuarta
Mediante estas cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si
los artículos 18 TFUE y 21 TFUE se oponen a que las autoridades competentes de un Estado miembro, conforme a una normativa
nacional que establece que los nombres y apellidos de una persona sólo pueden transcribirse en los documentos de dicho Estado
acreditativos del estado civil con arreglo a las normas de grafía de la lengua oficial nacional, se nieguen a modificar la
transcripción del apellido y el nombre de una persona, de modo que éstos deban transcribirse utilizando únicamente los caracteres
de la lengua nacional, sin los signos diacríticos, ligaduras u otras modificaciones del alfabeto latino que se emplean en
otros idiomas.
Estas cuestiones se refieren a tres elementos distintos del asunto principal:
–        la solicitud de la demandante en el asunto principal dirigida a que su apellido de soltera y su nombre se transcriban en sus
certificados de nacimiento y de matrimonio de forma acorde con las normas de grafía polacas, lo que implica el uso de los
signos diacríticos empleados por esta lengua;
–        las solicitudes de los demandantes en el asunto principal dirigidas a que el apellido del demandante en el asunto principal,
unido al apellido de soltera de la demandante en el asunto principal y contenido en el certificado de matrimonio, se transcriba
de forma acorde con las normas de grafía polacas, y
–        la solicitud del demandante en el asunto principal dirigida a que sus nombres se transcriban en dicho certificado conforme
a las normas de grafía polacas.

Observaciones preliminares sobre las disposiciones del Derecho de la Unión aplicables
Con carácter preliminar, debe examinarse si, contrariamente a lo que alegan los Gobiernos lituano y checo, la situación de
la demandante en el asunto principal, en relación con los documentos acreditativos del estado civil expedidos por las autoridades
lituanas, que son objeto del litigio principal, está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión y, en
particular, de las disposiciones del Tratado relativas a la ciudadanía de la Unión.
Por lo que respecta al certificado de nacimiento, el Gobierno lituano subraya en particular que se trata de un documento expedido
por primera vez el 14 de junio de 1977, es decir, mucho antes de la adhesión de la República de Lituania a la Unión. Además,
se trata de un certificado expedido a un nacional lituano por las autoridades competentes de ese Estado miembro. A su juicio,
por tanto, la situación de la demandante en el asunto principal en relación con su certificado de nacimiento constituye una
situación meramente interna. Por consiguiente, la solicitud de modificación de dicho certificado formulada por la demandante
en el asunto principal no está comprendida, ni
ratione temporis
ni
ratione materiae,
en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión y en particular de las disposiciones relativas a la ciudadanía de la Unión.
En cuanto a la aplicación
ratione temporis
de estas últimas disposiciones al presente caso, es preciso señalar que el asunto principal no versa sobre el reconocimiento
de derechos que tengan su origen en el Derecho de la Unión supuestamente adquiridos antes de la adhesión de la República de
Lituania y la entrada en vigor en lo que a ella atañe de las disposiciones relativas a la ciudadanía de la Unión. Este asunto
se refiere a una alegación de trato discriminatorio actual o de una restricción actual respecto de un ciudadano de la Unión
(véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2002, D’Hoop, C‑224/98, Rec. p. I‑6191, apartado 24).
En efecto, la demandante en el asunto principal no pide que su certificado de nacimiento sea modificado con efectos retroactivos,
sino que, para facilitar su libre circulación como ciudadana de la Unión –dado que la demandante en el asunto principal, tras
su matrimonio con un nacional polaco, estableció su residencia en Bélgica, donde dio a luz a su hijo, que tiene la doble nacionalidad
lituana y polaca–, las autoridades competentes lituanas le expidan un certificado de nacimiento en el que su apellido de soltera
y su nombre se transcriban con arreglo a las normas de grafía polacas.
El Tribunal de Justicia ya ha declarado que las disposiciones relativas a la ciudadanía de la Unión son aplicables desde su
entrada en vigor. Procede, pues, considerar que deben ser aplicadas a los efectos actuales de situaciones nacidas con anterioridad
(sentencia D’Hoop, antes citada, apartado 25).
De ello se sigue que la discriminación o la restricción alegadas por la demandante en el asunto principal en cuanto a la negativa
a modificar la transcripción de su apellido de soltera y de su nombre en su certificado de nacimiento puede, en principio,
valorarse en relación con las disposiciones de los artículos 18 TFUE y 21 TFUE.
No se plantea la cuestión de la aplicación
ratione temporis
de las disposiciones relativas a la ciudadanía de la Unión en lo que atañe a la solicitud de modificación del certificado
de matrimonio de los demandantes en el asunto principal expedido el 7 de julio de 2007.
Respecto a la cuestión de si la solicitud de que se modifiquen los certificados de nacimiento y de matrimonio de la demandante
en el asunto principal corresponde a una situación meramente interna ajena al ámbito de aplicación del Derecho de la Unión
por tratarse de documentos acreditativos del estado civil expedidos por la autoridades competentes de su Estado miembro de
origen, es preciso señalar que, tal como se desprende del apartado 54 de la presente sentencia, la demandante en el asunto
principal, que ha ejercido el derecho a circular y residir libremente que el artículo 21 TFUE le confiere directamente, desea
que estos certificados sean modificados para facilitarle el ejercicio de dicho derecho. Basa su petición, en particular, en
el artículo 21 TFUE señalando los inconvenientes causados por el hecho de ejercer los derechos conferidos por estas disposiciones
debiendo utilizar documentos acreditativos del estado civil en los que su nombre y apellido no figuran en su forma polaca
y, por ello, no reflejan la naturaleza de su relación con el demandante en el asunto principal, ni siquiera con su hijo.
A este respecto, procede recordar que el artículo 20 TFUE confiere el estatuto de ciudadano de la Unión a toda persona que
tenga la nacionalidad de un Estado miembro (véanse, en particular, las sentencias D’Hoop, antes citada, apartado 27, y de
8 de marzo de 2011, Ruiz Zambrano, C‑34/09, Rec. p. I‑0000, apartado 40). La demandante en el asunto principal, que posee
la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión, goza de dicho estatuto.
Reconociendo la importancia que el Derecho primario concede al estatuto de ciudadano de la Unión, el Tribunal de Justicia
ha señalado en diversas ocasiones que la vocación de ese estatuto es convertirse en el estatuto fundamental de los nacionales
de los Estados miembros (véanse, en particular, las sentencias de 17 de septiembre de 2002, Baumbast y R, C‑413/99, Rec. p. I‑7091,
apartado 82; de 2 de marzo de 2010, Rottmann, C‑135/08, Rec. p. I‑0000, apartados 43 y 56, así como Ruiz Zambrano, antes citada,
apartado 41).
Ese estatuto permite a aquellos de dichos ciudadanos que se encuentran en la misma situación obtener en el ámbito de aplicación
ratione materiae
del Tratado, independientemente de su nacionalidad y sin perjuicio de las excepciones expresamente previstas a este respecto,
el mismo trato jurídico (véase, en particular, la sentencia de 20 de septiembre de 2001, Grzelczyk, C‑184/99, Rec. p. I‑6193,
apartado 31).
Entre las situaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación
ratione materiae
del Derecho de la Unión figuran las relativas al ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado, en
particular las relativas al ejercicio de libertad de circulación y de residencia en el territorio de los Estados miembros
tal y como se halla reconocida en el artículo 21 TFUE (véanse las sentencias, antes citadas, Grzelczyk, apartado 33, y D’Hoop,
apartado 29).
Si bien, en el estado actual del Derecho de la Unión, las normas que rigen la transcripción en los documentos acreditativos
del estado civil del nombre y apellido de una persona son competencia de los Estados miembros, éstos, no obstante, deben,
al ejercer dicha competencia, respetar el Derecho de la Unión y en particular las disposiciones del Tratado relativas a la
libertad reconocida a todo ciudadano de la Unión de circular y residir en el territorio de los Estados miembros (véanse, en
este sentido, las sentencias de 2 de octubre de 2003, Garcia Avello, C‑148/02, Rec. p. I‑11613, apartados 25 y 26; de 14 de
octubre de 2008, Grunkin y Paul, C‑353/06, Rec. p. I‑7639, apartado 16, así como de 22 de diciembre de 2010, Sayn‑Wittgenstein,
C‑208/09, Rec. p. I‑0000, apartados 38 y 39).
En el asunto principal, consta que los dos demandantes, en su condición de ciudadanos de la Unión, han ejercido su libertad
de circular y residir en Estados miembros distintos de sus Estados miembros de origen.
Puesto que el artículo 21 TFUE no sólo reconoce el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados
miembros sino que también implica, tal como se desprende de los apartados 61 y 62 de la presente sentencia y tal como alegó
la Comisión en sus observaciones, una prohibición de toda discriminación por razones de nacionalidad, procede examinar en
relación con esta disposición la negativa de las autoridades de un Estado miembro a modificar los documentos acreditativos
del estado civil en circunstancias como las del asunto principal.

Sobre la existencia de una restricción de la libre circulación
Procede señalar con carácter preliminar que el apellido y el nombre de una persona son un elemento constitutivo de su identidad
y de su vida privada, cuya protección está consagrada por el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, así como por el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,
hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950. Aunque el artículo 8 de dicho Convenio no lo mencione expresamente, el apellido y
el nombre de una persona afectan a su vida privada y familiar al constituir un medio de identificación personal y un vínculo
con una familia (véase, en particular, la sentencia Sayn‑Wittgenstein, antes citada, apartado 52 y jurisprudencia citada).
En la medida en que debe reconocerse a cualquier ciudadano de la Unión en todos los Estados miembros el mismo trato jurídico
que se otorga a los nacionales de dichos Estados miembros que se encuentran en la misma situación, sería incompatible con
el derecho de libre circulación que pudiese aplicársele en el Estado miembro del que es nacional un trato menos favorable
del que disfrutaría si no hubiera hecho uso de las facilidades concedidas por el Tratado en materia de circulación (sentencia
D’Hoop, antes citada, apartado 30).
En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que una normativa nacional que resulta desfavorable para determinados nacionales
por el mero hecho de haber ejercitado su libertad de circular y residir en otro Estado miembro constituye una restricción
a las libertades que el artículo 21 TFUE, apartado 1, reconoce a todo ciudadano de la Unión (véanse, en particular, las sentencias,
antes citadas, Grunkin y Paul, apartado 21, y Sayn‑Wittgenstein, apartado 53).
Por lo que respecta, en primer lugar, a la solicitud de la demandante en el asunto principal de que se modifiquen su nombre
y su apellido de soltera en los certificados de nacimiento y de matrimonio expedidos por el Registro Civil de Vilnius, es
preciso señalar que, cuando un ciudadano de la Unión se desplaza a otro Estado miembro y seguidamente se casa con un nacional
de ese otro Estado, el hecho de que el apellido de ese ciudadano anterior a su matrimonio y su nombre sólo puedan ser modificados
y transcritos en los documentos acreditativos del estado civil de su Estado miembro de origen empleando los caracteres de
la lengua de este último Estado miembro no puede entenderse que constituya un tratamiento menos favorable que aquel de que
goza antes de hacer uso de las oportunidades que ofrece el tratado en materia de libre circulación de personas.
Por tanto, la ausencia de tal derecho no puede disuadir al ciudadano de la Unión de ejercer los derechos de circulación reconocidos
por el artículo 21 TFUE y, en esa medida, no constituye una restricción. En efecto, en la totalidad de documentos expedidos
a la demandante en el asunto principal por las autoridades competentes lituanas y que son objeto del recurso en el asunto
principal, el nombre y el apellido de soltera registrados con ocasión del nacimiento se transcriben de manera uniforme, de
modo que no existe una restricción del ejercicio de tales derechos.
De ello se sigue que el artículo 21 TFUE no se opone a que las autoridades competentes de un Estado miembro, conforme a una
normativa nacional que establece que los nombres y apellidos de una persona sólo pueden transcribirse en los documentos de
dicho Estado acreditativos del estado civil con arreglo a las normas de grafía de la lengua oficial nacional, se nieguen a
modificar el apellido de uno de sus nacionales anterior a su matrimonio, así como su nombre, cuando éstos se registraron en
el momento del nacimiento con arreglo a dicha normativa.
En segundo lugar, por lo que se refiere a las solicitudes de modificación de los demandantes en el asunto principal relativas
a la adición en el certificado de matrimonio del apellido del cónyuge al apellido de soltera de la demandante en el asunto
principal, debe recordarse que dicha adición se efectuó a petición expresa de los demandantes en el asunto principal, conforme
a la normativa lituana en vigor.
Numerosas acciones de la vida cotidiana, tanto en el ámbito público como privado, requieren probar la propia identidad y,
además, cuando se trata de una familia, acreditar la naturaleza de los vínculos familiares existentes entre los diferentes
miembros de ésta. En efecto, una pareja de ciudadanos de la Unión como la del asunto principal, que reside y trabaja en un
Estado miembro distinto de sus Estados miembros de origen, debe, conforme a las disposiciones de la Directiva 2004/38/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros
de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento
(CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77; correcciones de errores en DO 2004, L 229, p. 35, DO 2005, L 197, p. 34, y DO 2007,
L 204, p. 28), poder acreditar la relación que existe entre los dos.
Es cierto que las diferentes versiones ortográficas del nombre y el apellido de soltera de la demandante en el asunto principal,
en los documentos acreditativos del estado civil expedidos por las autoridades lituanas y polacas, se derivan de una elección
deliberada por su parte y no constituyen, en sí mismas, una restricción de su derecho a circular y residir libremente. Sin
embargo, no cabe excluir que la circunstancia de que, en el certificado de matrimonio, el apellido de su cónyuge se añada
a su apellido de soltera de una forma que no corresponde al apellido de éste tal como está inscrito en el Estado miembro de
origen de este último ni, por lo demás, tal como está inscrito, en lo que atañe al demandante en el asunto principal, en el
propio certificado de matrimonio pudiera provocar inconvenientes para los interesados.
En efectos tales inconvenientes podrían surgir de la divergencia de transcripción del mismo apellido aplicado a dos personas
de la misma pareja (véase, en este sentido, las sentencias, antes citadas, Garcia Avello, apartado 36, y Sayn‑Wittgenstein,
apartados 55 y 66).
No obstante, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para constituir una restricción de las libertades reconocidas
por el artículo 21 TFUE, la negativa a modificar el apellido común a los demandantes en el asunto principal en virtud de la
normativa nacional de que se trata debe implicar para los interesados «graves inconvenientes» de orden administrativo, profesional
y privado (véanse, en este sentido, las sentencias, antes citadas, Garcia Avello, apartado 36; Grunkin y Paul, apartados 23
a 28, y Sayn‑Wittgenstein, apartados 67, 69 y 70).
Corresponde, pues, al órgano jurisdiccional remitente determinar si, para una familia como la de los demandantes en el asunto
principal, existe, debido a la negativa de las autoridades competentes a transformar, en la grafía del apellido de unos de
los miembros de esa familia, la letra «V» en «W», un riesgo concreto de tener que disipar dudas en cuanto a su identidad y
en cuanto a la autenticidad de los documentos que presenten. Si, en circunstancias como las del asunto principal, dicha negativa
implica la posibilidad de que se cuestione la veracidad de los datos contenidos en esos documentos y de que se pongan en duda
la identidad de esta familia y la relación existente entre sus miembros, ello podría tener importantes consecuencias en lo
que atañe, entre otros, al ejercicio del derecho de residencia conferido por el artículo 21 TFUE (véanse igualmente, en este
sentido, las sentencias, antes citadas, Garcia Avello, apartado 36, y Sayn‑Wittgenstein, apartados 55 y 66 a 70).
Por consiguiente, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si la negativa de las autoridades competentes
de un Estado miembro, conforme a la normativa nacional, a modificar el certificado de matrimonio de una pareja de ciudadanos
de la Unión para que el apellido común a ambos cónyuges se transcriba, por un lado, de manera uniforme y, por otro, de una
forma acorde con las normas de grafía del Estado miembro de origen del cónyuge de cuyo apellido se trata puede suponer para
los interesados graves inconvenientes de orden administrativo, profesional y privado. Si así ocurre, se trata de de una restricción
de las libertades reconocidas por el artículo 21 TFUE a todo ciudadano de la Unión.
Por lo que respecta, en tercer lugar, a la solicitud del demandante en el asunto principal dirigida a que sus nombres se transcriban
en el certificado de matrimonio expedido por el Registro Civil de Vilnius de forma acorde con las normas de grafía polacas,
es decir, «Łukasz Paweł», procede recordar que tales nombres se transcribieron en dicho certificado de matrimonio como «Lukasz
Pawel». La divergencia entre las transcripciones mencionadas consiste en la omisión de los signos diacríticos no utilizados
en la lengua lituana.
A este respecto, el demandante en el asunto principal y el Gobierno polaco alegan que cualquier modificación, por parte de
las autoridades de un Estado miembro, de la ortografía original del nombre o del apellido de una persona que figuran en los
documentos acreditativos del estado civil expedidos por las autoridades del Estado miembro de origen de ésta puede tener consecuencias
perjudiciales, ya se trate de una modificación que consista en una nueva transcripción del nombre y/o del apellido en cuestión
o que resulte meramente de la supresión de los signos diacríticos de éstos. A su juicio, en efecto, la pronunciación del nombre
y/o del apellido puede verse afectada, al igual que la supresión de un signo diacrítico puede, en ciertos casos, crear otro
nombre.
Sin embargo, como señaló el Abogado General en el punto 96 de sus conclusiones, los signos diacríticos se omiten con frecuencia
en numerosas acciones de la vida cotidiana por razones de orden técnico, como las relativas en particular a las limitaciones
objetivas inherentes a determinados sistemas informáticos. Además, para una persona que no domina una lengua extranjera, el
significado de los signos diacríticos suele ser desconocido y ni siquiera se fija en ellos. Por tanto, es poco probable que
la omisión de tales signos pueda, por sí sola, suponer para la persona afectada inconvenientes reales y graves en el sentido
de la jurisprudencia citada en el apartado 76 de la presente sentencia, de modo que puedan surgir dudas en cuanto a la identidad
y a la autenticidad de los documentos presentados por ésta o en cuanto a la veracidad de los datos contenidos en dichos documentos.
De ello se sigue que la negativa de las autoridades competentes de un Estado miembro, con arreglo a la normativa nacional
aplicable, a modificar el certificado de matrimonio de un ciudadano de la Unión nacional de otro Estado miembro para que los
nombres de dicho ciudadano se transcriban en ese certificado con signos diacríticos tal como se han transcrito en los documentos
acreditativos del estado civil expedidos por su Estado miembro de origen y en una forma acorde con las normas de grafía de
la lengua oficial nacional de este último Estado no constituye, en una situación como la del asunto principal, una restricción
de las libertades reconocidas por el artículo 21 TFUE a todo ciudadano de la Unión.

Sobre la existencia de una justificación para una restricción de la libertad de circulación y de residencia de los ciudadanos
de la Unión
En el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente llegara a la conclusión de que la negativa a modificar el apellido
común a los demandantes en el asunto principal constituye una restricción del artículo 21 TFUE, procede recordar que, de conformidad
con reiterada jurisprudencia, una restricción de la libre circulación de personas sólo podría justificarse si se basara en
consideraciones objetivas y fuera proporcionada al objetivo legítimamente perseguido por el Derecho nacional (véanse, en particular,
las sentencias, antes citadas, Grunkin y Paul, apartado 29, y Sayn‑Wittgenstein, apartado 81).
Según varios de los Gobiernos que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, es legítimo que un Estado miembro
garantice la protección de la lengua oficial nacional, con el fin de salvaguardar la unidad nacional y preservar la cohesión
social. El Gobierno lituano subraya, en particular, que la lengua lituana constituye un valor constitucional que preserva
la identidad de la nación, contribuye a la integración de los ciudadanos, garantiza la expresión de la soberanía nacional,
la indivisibilidad del Estado y el buen funcionamiento de los servicios del Estado y de las entidades locales.
A este respecto, es preciso recordar que las disposiciones del Derecho de la Unión no se oponen a la adopción de una política
enfocada hacia la defensa y promoción de la lengua de un Estado miembro que, al mismo tiempo, es la lengua nacional y la primera
lengua oficial (véase la sentencia de 28 de noviembre de 1989, Groener, C‑379/87, Rec. p. 3967, apartado 19).
En efecto, a tenor del artículo 3 TUE, apartado 3, párrafo cuarto, así como del artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea, la Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística. Conforme al artículo 4 TUE, apartado
2, la Unión respetará asimismo la identidad nacional de sus Estados miembros, de la que también forma parte la protección
de la lengua oficial nacional del Estado.
De ello se sigue que el objetivo perseguido por una normativa nacional como la controvertida en el asunto principal, dirigida
a proteger la lengua oficial nacional mediante la imposición de las normas de grafía previstas por dicha lengua, constituye,
en principio, un objetivo legítimo que puede justificar restricciones de los derechos a circular y residir libremente previstos
en el artículo 21 TFUE y puede ser tenido en cuenta al ponderar, por un lado, intereses legítimos y, por otro, tales derechos
reconocidos por el Derecho de la Unión.
No obstante, las medidas restrictivas de una libertad fundamental, como la prevista en el artículo 21 TFUE, sólo pueden estar
justificadas por consideraciones objetivas si son necesarias para la protección de los intereses que pretenden garantizar
y sólo si dichos objetivos no pueden alcanzarse con medidas menos restrictivas (véase la sentencia Sayn‑Wittgenstein, antes
citada, apartado 90 y jurisprudencia citada).
Tal como se desprende del apartado 66 de la presente sentencia, el apellido de una persona es un elemento constitutivo de
su identidad y de su vida privada, cuya protección se consagra en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea, así como en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales.
Además, se ha reconocido, en el marco del Derecho de la Unión, la importancia de garantizar la protección de la vida familiar
de los ciudadanos de la Unión con el fin de eliminar los obstáculos al ejercicio de los derechos fundamentales garantizados
por el Tratado (véase la sentencia de 29 de abril de 2004, Orfanopoulos y Oliveri, C‑482/01 y C‑493/01, Rec. p. I‑5257, apartado 98).
Si se demuestra que la negativa a modificar el apellido común de la pareja de ciudadanos de la Unión de que se trata en el
asunto principal les provoca, a ellos o a su familia, graves inconvenientes de orden administrativo, profesional y privado,
corresponderá al órgano jurisdiccional remitente determinar si dicha negativa observa un justo equilibrio entre los intereses
en liza, a saber, por un lado, el derecho de los demandantes en el asunto principal al respeto de su vida privada y familiar
y, por otro, la protección legítima por el Estado miembro de que se trata de su lengua oficial nacional y de sus tradiciones.
En lo que atañe a la transformación, en el certificado de matrimonio, del apellido polaco «Wardyn» en «Vardyn», el carácter
desproporcionado de la negativa del Registro Civil de Vilnius a las solicitudes de modificación presentadas por los demandantes
en el asunto principal a este respecto podría desprenderse en su caso del hecho de que dicho Registro transcribió ese apellido,
en lo que concierne al demandante en el asunto principal, en el mismo certificado respetando las normas de grafía polacas
de que se trata.
Procede asimismo señalar que, según la información facilitada al Tribunal de Justicia, los apellidos de los nacionales de
los demás Estados miembros pueden transcribirse en Lituania utilizando letras del alfabeto latino que no existen en el alfabeto
lituano. De hecho, la circunstancia de que, en el certificado de matrimonio, el apellido del demandante en el asunto principal
comience por la letra «W», que no existe en el alfabeto lituano, es prueba de ello.
A la luz de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones tercera y cuarta que el artículo 21 TFUE debe
interpretarse en el sentido de que:
–        no se opone a que las autoridades competentes de un Estado miembro, conforme a una normativa nacional que establece que los
nombres y apellidos de una persona sólo pueden transcribirse en los documentos de dicho Estado acreditativos del estado civil
con arreglo a las normas de grafía de la lengua oficial nacional, se nieguen a modificar en los certificados de nacimiento
y de matrimonio de uno de sus nacionales el apellido y el nombre de éste según las normas de grafía de otro Estado miembro;
–        no se opone a que las autoridades competentes de un Estado miembro, en circunstancias como las del litigio principal y con
arreglo a esta misma normativa, se nieguen a modificar el apellido común de un matrimonio de ciudadanos de la Unión, tal como
figura en los documentos acreditativos del estado civil expedidos por el Estado miembro de origen de uno de estos ciudadanos,
en una forma acorde con las normas de grafía de este último Estado, siempre y cuando esta negativa no suponga para dichos
ciudadanos de la Unión graves inconvenientes de orden administrativo, profesional y privado, circunstancia que corresponde
determinar al órgano jurisdiccional remitente. Si es así, corresponde igualmente a dicho órgano jurisdiccional comprobar si
la negativa a la modificación es necesaria para la protección de los intereses que la normativa nacional pretende proteger
y es proporcionada respecto al objetivo legítimamente perseguido;
–        no se opone a que las autoridades competentes de un Estado miembro, en circunstancias como las del litigio principal y con
arreglo a esta misma normativa, se nieguen a modificar el certificado de matrimonio de un ciudadano de la Unión nacional de
otro Estado miembro para que los nombres de dicho ciudadano se transcriban en ese certificado con signos diacríticos tal como
se han transcrito en los documentos acreditativos del estado civil expedidos por su Estado miembro de origen y en una forma
acorde con las normas de grafía de la lengua oficial nacional de este último Estado.

Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
1)
Una normativa nacional que establece que los nombres y apellidos de una persona sólo pueden transcribirse en los documentos
de dicho Estado acreditativos del estado civil con arreglo a las normas de grafía de la lengua oficial nacional atañe a una
situación que no está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000,
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico.
2)
El artículo 21 TFUE debe interpretarse en el sentido de que:
–
no se opone a que las autoridades competentes de un Estado miembro, conforme a una normativa nacional que establece que los
nombres y apellidos de una persona sólo pueden transcribirse en los documentos de dicho Estado acreditativos del estado civil
con arreglo a las normas de grafía de la lengua oficial nacional, se nieguen a modificar en los certificados de nacimiento
y de matrimonio de uno de sus nacionales el apellido y el nombre de éste según las normas de grafía de otro Estado miembro;
–
no se opone a que las autoridades competentes de un Estado miembro, en circunstancias como las del litigio principal y con
arreglo a esta misma normativa, se nieguen a modificar el apellido común de un matrimonio de ciudadanos de la Unión, tal como
figura en los documentos acreditativos del estado civil expedidos por el Estado miembro de origen de uno de estos ciudadanos,
en una forma acorde con las normas de grafía de este último Estado, siempre y cuando esta negativa no suponga para dichos
ciudadanos de la Unión graves inconvenientes de orden administrativo, profesional y privado, circunstancia que corresponde
determinar al órgano jurisdiccional remitente. Si es así, corresponde igualmente a dicho órgano jurisdiccional comprobar si
la negativa a la modificación es necesaria para la protección de los intereses que la normativa nacional pretende proteger
y es proporcionada respecto al objetivo legítimamente perseguido;
–
no se opone a que las autoridades competentes de un Estado miembro, en circunstancias como las del litigio principal y con
arreglo a esta misma normativa, se nieguen a modificar el certificado de matrimonio de un ciudadano de la Unión nacional de
otro Estado miembro para que los nombres de dicho ciudadano se transcriban en ese certificado con signos diacríticos tal como
se han transcrito en los documentos acreditativos del estado civil expedidos por su Estado miembro de origen y en una forma
acorde con las normas de grafía de la lengua oficial nacional de este último Estado.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: lituano.