CELEX: 62006TJ0039
Competencia
Prácticas colusorias
Mercado italiano de compra y primera transformación de tabaco crudo
Decisión mediante la que se declara una infracción del artículo 81 CE
Fijación de precios y reparto del mercado
Imputabilidad de la conducta infractora
Multas
Proporcionalidad
Gravedad y duración de la infracción
Circunstancias atenuantes
Cooperación

Antecedentes del litigio
La demandante, Transcatab SpA, es una sociedad italiana, actualmente en liquidación, cuya actividad principal consiste en
la primera transformación de tabaco crudo. Cuando ocurrieron los hechos objeto del presente asunto, Transcatab era la filial
italiana, controlada al 100 %, de Standard Commercial Corp. (en lo sucesivo, «SCC»), uno de los mayores comerciantes independientes
mundiales de hojas de tabaco. El 13 de mayo de 2005, es decir, durante el procedimiento administrativo, SCC se fusionó con
Dimon, Inc., creando así una nueva entidad denominada Alliance One International, Inc. (en lo sucesivo, «Alliance One»), que
controla a Transcatab al 100 %.
1.
Procedimiento administrativo
El 15 de enero de 2002, la Comisión de las Comunidades Europeas dirigió, con arreglo al artículo 11 del Reglamento nº 17 del
Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO 1962, 13, p. 204;
EE 08/01, p. 22), unas solicitudes de información, relativas al mercado italiano del tabaco crudo, a las asociaciones profesionales
de transformadores y de productores italianos de tabaco, a saber, la Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani
(APTI) y la Unione Italiana Tabacco (UNITAB), respectivamente.
El 19 de febrero de 2002, la Comisión recibió una solicitud de dispensa del pago de las multas realizada por Deltafina SpA,
transformador miembro de la APTI, de conformidad con la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las
multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»).
El 4 de abril de 2002 se celebró una reunión de la APTI. En esta reunión, Deltafina informó a los participantes –entre ellos,
Transcatab SpA y Dimon Italia Srl (filial de Dimon y denominada posteriormente Mindo Srl)– de su solicitud de dispensa y de
la decisión de la Comisión de concederle la dispensa condicional.
El mismo día, la Comisión recibió una solicitud de dispensa del pago de las multas, con arreglo al punto 8 de la Comunicación
sobre la cooperación, y, con carácter subsidiario, una petición de reducción del importe de la multa, con arreglo a los puntos
20 a 27 de dicha Comunicación, realizadas por Dimon Italia, así como, algunas horas después, una petición de reducción del
importe de la multa, sobre la misma base, realizada por Transcatab.
El 9 de abril de 2002, la Comisión acusó recibo de la solicitud de dispensa presentada por Transcatab con arreglo al punto
25 de la Comunicación sobre la cooperación. Transcatab remitió una nueva solicitud el 10 de abril de 2002, consistente en
una nota explicativa y 44 anexos. El 30 de abril de 2002, la Comisión acusó asimismo recibo de ésta, de conformidad con el
punto 25 de la referida Comunicación.
Los días 18 y 19 de abril de 2002, la Comisión efectuó verificaciones, con arreglo al artículo 14 del Reglamento nº 17, en
los locales de Dimon Italia y de Transcatab, así como en los locales de Trestina Azienda Tabacchi SpA y de Romana Tabacchi SpA.
El 8 de octubre de 2002, la Comisión informó a Dimon Italia y a Transcatab de que habían sido la primera y la segunda empresa,
respectivamente, que habían aportado elementos de prueba de la infracción en el sentido de la Comunicación sobre la cooperación
y que, por ello, tenía intención de concederles, al término del procedimiento administrativo, una reducción comprendida entre
el 30 y el 50 % y entre el 20 y el 30 %, respectivamente, del importe de la multa que se les habría impuesto por las infracciones
eventualmente señaladas si no hubiera habido cooperación.
El 25 de febrero de 2004, la Comisión adoptó un pliego de cargos, que dirigió a diez empresas o asociaciones de empresas,
entre ellas, Transcatab, Deltafina, Dimon Italia y Romana Tabacchi (en lo sucesivo, «transformadores») y a las sociedades
matrices de algunas de ellas, en concreto, SCC, Dimon y Universal Corp., sociedad matriz de Deltafina. Las destinatarias del
pliego de cargos tuvieron la posibilidad de responder por escrito y en la vista que se celebró el 22 de junio de 2004.
A raíz de la adopción, el 21 de diciembre de 2004, de una adenda a dicho pliego de cargos, referente al incumplimiento por
Deltafina de la obligación de cooperación establecida en la Comunicación sobre la cooperación, en relación con la divulgación
de su solicitud de dispensa (véase el anterior apartado 4), se celebró una segunda audiencia el 1 de marzo de 2005.
Tras consultar al Comité Consultivo de prácticas restrictivas y posiciones dominantes, y visto el informe final del consejero
auditor, la Comisión adoptó la Decisión C(2005) 4012 final, de 20 de octubre de 2005, relativa a un procedimiento de conformidad
con el artículo 81 [CE], (Asunto COMP/C.38.281/B.2 − Tabaco crudo – Italia) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), de la
que se publicó un resumen en el
Diario Oficial de la Unión Europea
de 13 de febrero de 2006 (DO L 353, p. 45).
2.
Decisión impugnada
La Decisión impugnada se refiere, en primer lugar, a una infracción horizontal llevada a cabo por los transformadores en el
mercado italiano del tabaco crudo.
En el marco de dicha infracción, desde 1995 hasta comienzos de 2002 los transformadores fijaron las condiciones comerciales
de la compra de tabaco crudo en Italia, en lo que respecta tanto a las compras directas a los productores como a las compras
a «terceros envasadores», incluidas la fijación de precios y el reparto del mercado.
La Decisión impugnada se refiere también a otras dos infracciones –distintas de la práctica colusoria llevada a cabo por los
transformadores– que tuvieron lugar entre comienzos de 1999 y finales de 2001, consistentes en que la APTI fijaba los precios
contractuales que negociaría, en nombre de sus miembros, para la celebración de acuerdos interprofesionales con la UNITAB,
y en que ésta fijaba los precios que negociaría con la APTI, en nombre de sus miembros, para la celebración de esos mismos
acuerdos.
En la Decisión impugnada, la Comisión consideró que las prácticas de los transformadores constituían una infracción única
y continuada del artículo 81 CE, apartado 1 (véanse, en particular, los considerandos 264 a 269 de la Decisión impugnada).
En el artículo 1, apartado 1, de la Decisión impugnada, la Comisión imputó la responsabilidad del cártel a los transformadores,
así como a Universal y a Alliance One, como sociedad resultante de la fusión de Dimon y SCC.
En el artículo 2 de la Decisión impugnada, la Comisión impuso multas a las empresas mencionadas en el apartado anterior, así
como a la APTI y a la UNITAB (véase el posterior apartado 71).

Destinatarias de la Decisión impugnada
Los considerandos 325 a 351 de la Decisión impugnada se dedican a la determinación de sus destinatarias.
Con carácter preliminar, la Comisión se refirió a la reiterada jurisprudencia según la cual, en el contexto del Derecho de
la competencia, debe entenderse que el concepto de «empresa» designa una unidad económica desde el punto de vista del objeto
del acuerdo de que se trate, aunque, desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas
físicas o jurídicas (considerando 325 de la Decisión impugnada).
A continuación, la Comisión expuso que quedaba acreditado que, durante el período de las infracciones respectivas, Deltafina,
Dimon Italia, Transcatab y Romana Tabacchi, al igual que la APTI y la UNITAB, habían participado directamente en las infracciones
declaradas y que, en consecuencia, cada una de dichas empresas y asociaciones era destinataria de la Decisión impugnada (considerando
327 de la Decisión impugnada).
La Comisión continuó su análisis examinando el tema de la imputabilidad de la conducta infractora de algunas filiales (Deltafina,
Dimon Italia y Transcatab) a sus sociedades matrices respectivas. A este respecto, recordó que, durante el período de las
infracciones, Deltafina era filial al 100 % de Universal; Dimon Italia, filial al 100 % de Dimon y Transcatab, filial al 100 %
de SCC (considerando 328 de la Decisión impugnada).
La Comisión manifestó concretamente que, según la jurisprudencia, una sociedad matriz podía ser considerada responsable del
comportamiento ilícito de su filial cuando ésta no puede determinar de manera autónoma su comportamiento en el mercado. Sobre
este particular, recordó que cabía presumir que, cuando una sociedad matriz posee todo el capital de una filial, ejerce una
influencia decisiva en el comportamiento de dicha filial cuando ésta infringe el artículo 81 CE, apartado 1 (considerandos
329 y 330 de la Decisión impugnada).
En el considerando 331 de la Decisión impugnada, concluyó que, por lo que se refería a Deltafina, Dimon Italia y Transcatab,
cabía presumir legítimamente que «carecían de autonomía» toda vez que eran o habían sido, en el caso de Dimon Italia, propiedad
al 100 % de sus sociedades matrices respectivas.
La Comisión rechazó la tesis, sostenida por dichas sociedades en sus respuestas al pliego de cargos, de que, además del control
al 100 %, son necesarios otros elementos para declarar el ejercicio de una influencia decisiva, y precisó que constituía una
presunción
iuris tantum
cualquier presunción de tal influencia en el caso de una filial controlada al 100 %. La prueba en contrario debe aportarla
la parte que pretenda destruir tal presunción mediante «pruebas sólidas», que no pueden ser meras informaciones generales
que no se apoyen en elementos de prueba convincentes (considerando 334 de la Decisión impugnada).
A este respecto, la Comisión examinó sucesivamente las alegaciones presentadas por las sociedades matrices destinatarias de
la Decisión impugnada.
En primer lugar, la Comisión desestimó la alegación general expuesta por las sociedades matrices afectadas en relación con
la plena responsabilidad de la Dirección local por las actividades de sus filiales respectivas. En su opinión, el hecho de
que Dimon y SCC hubieran mantenido a la Dirección existente cuando se adquirió el 100 % de sus filiales respectivas no excluye
el ejercicio por dichas sociedades matrices de una influencia decisiva en sus filiales italianas respectivas, porque resulta
habitual confiar la gestión diaria de los asuntos a la Dirección local de una filial que se posee al 100 % (considerando 338
de la Decisión impugnada).
Según la Comisión, ninguna de dichas empresas demostró, en general, una particularidad de su grupo que hubiera hecho que las
actividades de sus filiales fueran considerablemente independientes de su influencia (considerando 339 de la Decisión impugnada).
A este respecto, la Comisión examinó la solidez de los vínculos económicos existentes entre Deltafina, Dimon Italia, Transcatab
y sus sociedades matrices respectivas, que demostraría que las filiales italianas constituían una unidad económica con el
resto de sus grupos. La Comisión señaló a estos efectos que los grupos afectados eran los mayores comerciantes mundiales de
hojas de tabaco y que adquirían y comercializaban a menudo el tabaco comprado por sus filiales italianas (considerando 340
de la Decisión impugnada).
Por lo que respecta a SCC, la Comisión señaló que, antes de adquirir la totalidad del capital de Transcatab, controlaba ya
a esta última junto con su socio italiano. En consecuencia, el hecho de que SCC no hubiera «realizado ningún cambio en las
Direcciones» de su filial a raíz de dicha adquisición no podía considerarse una prueba de que no hubiera ejercido influencia
alguna en los directivos tras convertirse en propietario único. En lo referente, en particular, a la delegación de la facultad
ejecutiva al Director General de Transcatab, la Comisión declaró que no disponía de información alguna que le permitiera deducir
que no había sido designado por SCC, como los demás miembros del Consejo de administración (considerandos 341 y 342 de la
Decisión impugnada).
En segundo lugar, la Comisión rechazó la alegación de SCC de que no existía ninguna vía de comunicación entre ella y su filial
(considerandos 343 y 344 de la Decisión impugnada).
Señaló a este respecto que se había considerado que las actividades de Transcatab eran las de Standard Commercial Tobacco
Co., Inc., sociedad de cartera del grupo SCC, propiedad al 100 % de SCC, y que se habían examinado en el marco de las actividades
del grupo, incluyendo las ventas del grupo SCC a los fabricantes de cigarrillos. De ello dedujo que los resultados de las
actividades de Transcatab habían sido trasladados a niveles superiores del grupo y posteriormente consolidados (considerando
344 de la Decisión impugnada).
La Comisión precisó que, dado que los grupos a los que pertenecían Transcatab y Dimon Italia durante el período de la infracción
habían dejado de existir a raíz de su fusión en la nueva entidad Alliance One, ésta, como sucesora jurídica de ambos grupos,
era destinataria de la Decisión impugnada (considerando 349 de la Decisión impugnada).
Habida cuenta de estos distintos factores, la Comisión concluyó, en el considerando 351 de la Decisión impugnada, que Deltafina,
Universal, Mindo (anteriormente Dimon Italia), Transcatab, Alliance One, Romana Tabacchi, la APTI y la UNITAB debían ser consideradas
responsables de las infracciones y destinatarias de la Decisión impugnada.

Determinación del importe de la multa
En los considerandos 356 a 404 de la Decisión impugnada, la Comisión examinó el tema de las multas que se habían de imponer
a las destinatarias de aquélla.
La Comisión determinó el importe de las multas en función de la gravedad y la duración de las infracciones de que se trataba,
esto es, los dos criterios expresamente mencionados en el artículo 23, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo,
de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y
82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1) y en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 (considerandos 356 y 357 de la Decisión
impugnada).
Determinación del importe inicial de las multas
Por lo que respecta a la gravedad de la infracción de que se trata, la Comisión recordó que, para evaluar este factor, debía
tomar en consideración la naturaleza de la infracción, sus repercusiones concretas en el mercado cuando se puedan determinar
y el tamaño del mercado geográfico de referencia (considerando 365 de la Decisión impugnada).
Acto seguido, la Comisión indicó que la producción de tabaco crudo en Italia correspondía al 38 % de la producción del contingente
en la Unión Europea, lo que representaba 67,338 millones de euros en 2001, esto es, el último año completo de la infracción
(considerando 366 de la Decisión impugnada).
En lo referente a la naturaleza de la infracción, la Comisión declaró que era de carácter muy grave, porque la infracción
había consistido en la fijación de los precios de compra de variedades de tabaco crudo en Italia y en el reparto de las cantidades
adquiridas. La Comisión añadió, refiriéndose a la parte de la Decisión impugnada relativa al examen de la restricción de la
competencia (considerandos 272 y siguientes), que un cártel de compra puede falsear la disposición de los productores a generar
un determinado rendimiento y limitar la competencia entre los transformadores en los mercados sucesivos. Asimismo afirmó que
esto era particularmente cierto cuando, como en el presente caso, el producto afectado por el cártel de compra (tabaco crudo)
constituía un «insumo» fundamental para las actividades ejercidas por los participantes posteriores, en el presente caso,
la primera transformación y la venta de tabaco transformado (considerandos 367 y 368 de la Decisión impugnada).
En el considerando 369 de la Decisión impugnada, la Comisión llegó a la conclusión, a partir de las anteriores consideraciones,
de que la infracción cometida por los transformadores debía ser calificada de muy grave.
A continuación, en los considerandos 370 a 376 de la Decisión impugnada, la Comisión examinó los aspectos del «peso específico»
y de la «disuasión». A este respecto, señaló que, a la hora de determinar el importe de la multa, era preciso tener en cuenta
el «peso específico de cada una de las empresas y las repercusiones probables de su comportamiento ilícito» (considerando
370 de la Decisión impugnada).
De este modo, la Comisión estimó que las multas debían determinarse en función de la posición en el mercado de cada una de
las partes implicadas (considerando 371 de la Decisión impugnada).
Sobre este particular, la Comisión consideró que el importe inicial de la multa impuesta a Deltafina debía ser el más elevado,
ya que parecía ser el principal comprador con una cuota de mercado cercana al 25 % en 2001 (considerando 372 de la Decisión
impugnada).
Dado que sus cuotas en el mercado de referencia eran menores, entre el 9 y el 11 % en 2001, la Comisión consideró que Transcatab,
Dimon Italia y Romana Tabacchi «debían agruparse» y que el importe inicial de la multa debía ser menor para ellas (considerando
373 de la Decisión impugnada).
No obstante, la Comisión consideró que un importe inicial que sólo reflejase la posición en el mercado no tendría un efecto
suficientemente disuasorio sobre Deltafina, Dimon Italia (Mindo) y Transcatab, porque, pese a su volumen de negocios relativamente
limitado, cada una de ellas pertenecía –o, en el caso de Mindo, había pertenecido– a grupos multinacionales con una fuerza
económica y financiera considerable, que eran los principales comerciantes mundiales de tabaco y operaban en distintos niveles
de actividad en la industria del tabaco y en diferentes mercados geográficos (considerando 374 de la Decisión impugnada).
En consecuencia, a fin de conferir un carácter disuasorio a la multa, la Comisión consideró que procedía aplicar un coeficiente
multiplicador del 1,5 –es decir, un incremento del 50 %– al importe inicial establecido para Deltafina y un coeficiente multiplicador
del 1,25 –esto es, un incremento del 25 %– al importe inicial establecido para Dimon Italia (Mindo) y Transcatab (considerando
375 de la Decisión impugnada).
Así pues, la Comisión fijó, en el considerando 376 de la Decisión impugnada, el importe inicial de las multas como sigue:
–        Deltafina:          37,5 millones de euros
–        Transcatab:          12,5 millones de euros
–        Dimon Italia (Mindo): 12,5 millones de euros
–        Romana Tabacchi: 10 millones de euros.
Determinación del importe de base de las multas
En los considerandos 377 y 378 de la Decisión impugnada, la Comisión examinó el tema de la duración de la infracción.
Consideró que la práctica colusoria llevada a cabo por los transformadores había comenzado el 29 de septiembre de 1995 y había
dejado de existir, según las declaraciones de éstos, el 19 de febrero de 2002. Por lo tanto, la Comisión estimó que era preciso
aplicar un incremento del 60 % al importe inicial de las multas impuestas a los transformadores, salvo a Romana Tabacchi,
cuya participación había durado menos.
Por consiguiente, los importes de base de las multas impuestas a las destinatarias de la Decisión impugnada quedaron establecidos
como sigue:
–        Deltafina:          60 millones de euros
–        Transcatab:          20 millones de euros
–        Dimon Italia (Mindo): 20 millones de euros
–        Romana Tabacchi: 12,5 millones de euros.
Circunstancias atenuantes
En los considerandos 380 a 398 de la Decisión impugnada, la Comisión examinó si procedía aplicar circunstancias atenuantes.
En lo referente, en concreto, a Transcatab, la Comisión desestimó todas sus alegaciones dirigidas a poder beneficiarse de
dichas circunstancias.
En primer lugar, la Comisión señaló que el cártel establecido por los transformadores no tenía relación con los acuerdos interprofesionales
celebrados en el seno de la APTI. Dedujo de ello que el marco normativo italiano no había fomentado el comportamiento de los
transformadores, que, en consecuencia, no podían beneficiarse de ninguna reducción del importe de sus multas basándose en
este argumento (considerando 381 de la Decisión impugnada).
En segundo lugar, la Comisión desestimó la alegación de los transformadores de que debían beneficiarse de una reducción dado
que habían puesto fin a la infracción antes de que interviniera la Comisión. Sobre este particular, la Comisión recordó la
jurisprudencia según la cual, en los asuntos relativos a infracciones graves de las normas sobre competencia, respecto de
los que las partes sabían o debían necesariamente saber que su comportamiento era esencialmente ilegal, el hecho de que pusieran
fin a éste antes de que interviniera la Comisión no debe, en principio, dar lugar a una reducción del importe de la multa
en el momento de calcularla (considerando 382 de la Decisión impugnada).
La Comisión afirmó, asimismo, que no podía considerar que no se hubiera establecido el cártel habida cuenta de que de la descripción
de los hechos resultaba que las partes habían garantizado dicho establecimiento, en particular, mediante su participación
en reuniones e intercambios regulares de información sobre precios y cantidades durante el período de las compras (considerando
383 de la Decisión impugnada).
Por último, la Comisión desestimó la alegación expuesta por Transcatab de que el contexto económico y social específico del
mercado de tabaco crudo en Italia debía tomarse en consideración para determinar el importe de la multa con arreglo al número
5, letra b), de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento
nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 [CA] (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices»). La Comisión manifestó que
la aplicación de dicho número 5, letra b), de las Directrices era excepcional y que el asunto en cuestión no presentaba características
idénticas o semejantes a las del asunto citado por Transcatab en apoyo de su alegación. Añadió, además, que no cabía admitir
que la existencia de prácticas ilegales que afectaban al sector del tabaco en determinadas regiones italianas hubiera podido
tener un efecto determinante provocando las prácticas de que se trata y que la reforma de la organización común de mercados
tenía efectos demasiado inciertos y alejados en el tiempo como para justificar la aplicación de una circunstancia atenuante
(considerando 384 de la Decisión impugnada).
Acto seguido, la Comisión consideró la situación particular de Deltafina y concluyó que procedía reducir su multa un 50 %
debido a la cooperación que proporcionó (considerandos 385 a 398 de la Decisión impugnada).
La Comisión fijó como sigue el importe de la multas tras la aplicación de las circunstancias atenuantes (considerando 399
de la Decisión impugnada):
–        Deltafina:             30 millones de euros
–        Dimon Italia (Mindo): 20 millones de euros
–        Transcatab:             20 millones de euros
–        Romana Tabacchi:       8,75 millones de euros.
Por último, la Comisión recordó que, a tenor del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, por cada empresa o asociación
de empresas que participen en la infracción, la multa no debe superar el 10 % del volumen de negocios total realizado durante
el ejercicio social anterior. Añadió que, cuando las empresas implicadas pertenezcan a un grupo y se establezca que sus sociedades
matrices ejercen una influencia decisiva sobre dichas empresas y que, por consiguiente, tales sociedades matrices son responsables
solidarias del pago de las multas impuestas a su filial, a la hora de determinar el límite máximo anteriormente mencionado
del 10 % se deberá tener en cuenta el volumen de negocios del grupo a escala internacional (considerandos 400 y 401 de la
Decisión impugnada).
Por ello, manifiesta que la multa impuesta a Romana Tabacchi no debe exceder de 2,05 millones de euros y que no es necesario
reducir las demás multas con arreglo a dicha disposición (considerandos 402 y 403 de la Decisión impugnada).
Aplicación de la Comunicación sobre la cooperación
En los considerandos 405 a 500 de la Decisión impugnada, la Comisión se pronunció sobre la aplicación, en el presente caso,
de la Comunicación sobre la cooperación.
Deltafina, Dimon Italia y Transcatab solicitaron acogerse a dicha Comunicación. Por lo que respecta a Deltafina, la Comisión
recordó que le había concedido la dispensa condicional. Además, precisó que había llegado a la conclusión preliminar de que
Dimon Italia y Transcatab habían sido la primera y la segunda empresa, respectivamente, que habían facilitado elementos de
prueba de la presunta infracción, que aportaban un valor añadido significativo con respecto a los elementos de prueba de que
ya disponía, en el sentido del punto 22 de la Comunicación sobre la cooperación (considerandos 405 a 407 de la Decisión impugnada).
Tras examinar la situación de Deltafina y concluir que no se le podía conceder la dispensa debido a que había incumplido la
obligación de cooperación establecida en la Comunicación sobre la cooperación (véanse los considerandos 408 a 484 de la Decisión
impugnada y los anteriores apartados 4 y 10), la Comisión examinó los casos de Dimon Italia y de Transcatab.
En primer lugar, la Comisión concluyó que el hecho de no conceder la dispensa definitiva a Deltafina no tenía ninguna incidencia
directa sobre cómo debía aplicarse la Comunicación sobre la cooperación a Dimon Italia y a Transcatab (considerandos 485 a
491 de la Decisión impugnada).
En segundo lugar, determinó la reducción de las multas que podía concederse, concretamente, a Transcatab, en virtud de dicha
Comunicación.
Sobre este particular, la Comisión señaló, en primer término, que Transcatab había cumplido las condiciones que se le habían
impuesto, a saber, que había puesto fin a su participación en la infracción como muy tarde en la fecha de la presentación
de los elementos de prueba (considerandos 492 y 493 de la Decisión impugnada).
La Comisión afirmó, en segundo término, que, para determinar el nivel de reducción, tenía en cuenta el momento en el que se
facilitaron los elementos de prueba, la medida en que aportan un valor añadido, así como la magnitud y la continuidad de la
cooperación prestada por las empresas después de la fecha de comunicación de los elementos de prueba (considerando 494 de
la Decisión impugnada).
De este modo, la Comisión observó, en primer lugar, que Transcatab había presentado su solicitud de clemencia antes de que
la Comisión hubiera adoptado medidas activas de verificación, que su solicitud había comprendido todo el período de la infracción
y que los elementos de prueba proporcionados habían corroborado en muchos aspectos los que ya obraban en poder de la Comisión
(considerando 495 de la Decisión impugnada).
En segundo lugar, por lo que se refiere específicamente a los documentos facilitados por Transcatab, la Comisión reconoció
que el relato fáctico que de ellos resultaba era especialmente detallado y que había sido sumamente útil para comprender la
infracción y, en concreto, algunos de sus elementos (como la celebración de un acuerdo interprofesional en 1999 para la producción
excedentaria de tabaco en 1998). Sin embargo, señaló que no ignoraba ninguno de los hechos sobre los que Transcatab había
aportado elementos de prueba (considerando 497 de la Decisión impugnada).
Por último, la Comisión reconoció también que Transcatab se había mostrado cooperativa con ella a lo largo de todo el procedimiento
y que no había negado los hechos en los que se apoyó la Comisión en el pliego de cargos (considerando 498 de la Decisión impugnada).
La Comisión concluyó, por lo tanto, que Transcatab debía obtener el nivel más alto de reducción del importe establecido en
la horquilla correspondiente, a saber, una reducción del 30 % (considerando 499 de la Decisión impugnada).
Conforme al artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, la Comisión fijó finalmente (véase el artículo 2 de la Decisión
impugnada) los importes de las multas que habían de imponerse a las empresas y a las asociaciones de empresas destinatarias
de la Decisión impugnada como sigue:
–        Deltafina y Universal, solidariamente: 30 millones de euros.
–        Dimon Italia (Mindo) y Alliance One: 10 millones de euros; siendo Alliance One responsable por la totalidad y Mindo responsable
solidariamente sólo por 3.990.000 euros.
–        Transcatab y Alliance One, solidariamente: 14 millones de euros.
–        Romana Tabacchi: 2,05 millones de euros.
–        APTI: 1.000 euros.
–        UNITAB: 1.000 euros.

Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 24 de enero de 2006, Alliance One interpuso un recurso en el
que solicitaba, en concreto, la anulación parcial de la Decisión impugnada (asunto T‑25/06). Mediante demanda presentada en
la Secretaría del Tribunal el 3 de febrero de 2006, Transcatab interpuso el presente recurso.
En el escrito de demanda, Alliance One solicitó la acumulación de dicho asunto al presente asunto. Esta solicitud también
fue formulada por Transcatab en el escrito de demanda.
El Tribunal no accedió a la solicitud de acumulación.
El 24 de noviembre de 2009, el Tribunal, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo
64 de su Reglamento de Procedimiento, formuló una pregunta por escrito a Transcatab, que la respondió dentro del plazo señalado.
El 4 de febrero de 2010, la Comisión presentó sus observaciones sobre la respuesta de Transcatab.
Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal decidió iniciar la fase oral y, en el marco de las diligencias de ordenación
del procedimiento, pidió a Transcatab que presentara un documento. El documento fue presentado dentro del plazo señalado.
En la vista celebrada el 30 de noviembre de 2010 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas
formuladas por el Tribunal.
En la vista, el Tribunal instó a Transcatab a presentar otro documento, con arreglo al artículo 64 del Reglamento de Procedimiento.
El 22 de diciembre de 2010, Transcatab presentó dicho documento.
Transcatab solicita al Tribunal que:
–        Anule parcialmente la Decisión impugnada.
–        Reduzca la multa que se le impuso.
–        Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Fije en 15 millones de euros el importe de la multa, en virtud de la competencia que le confiere el artículo 229 CE.
–        Condene en costas a Transcatab.

Fundamentos de Derecho
En apoyo de su recurso, Transcatab invoca cinco motivos, algunos de los cuales se componen de varias partes. En el marco del
primer motivo, Transcatab alega, en esencia, que la Comisión incurrió en errores de Derecho al declarar a Alliance One responsable
de su comportamiento, que la Comisión no motivó suficientemente su posición a este respecto y que asimismo vulneró su derecho
de defensa. El segundo motivo se basa en un error de Derecho, una falta de motivación y una motivación ilógica, en la vulneración
del derecho de defensa y en la violación de los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y protección de la confianza
legítima en la determinación de la multa. El tercer motivo se basa en un error de Derecho y una falta de motivación en la
determinación del importe de la multa, respecto de la evaluación de la duración de la infracción, la violación del principio
ne bis in idem
en relación con la multa impuesta a la APTI y la violación del principio de igualdad de trato. En el marco del cuarto motivo,
Transcatab aduce que la Comisión consideró erróneamente en la Decisión impugnada que ninguna de las circunstancias atenuantes
invocadas era aplicable. Por último, en el quinto motivo, alega que la Comisión incurrió en errores en la aplicación de la
Comunicación sobre la cooperación.
La Comisión estima que mediante su tercer motivo, Transcatab se retractó de su cooperación anterior, consistente en no impugnar
los hechos establecidos en el pliego de cargos. Así pues, en reconvención, la Comisión solicita al Tribunal que disminuya
la reducción de la multa de Transcatab del 30 al 25 % y, por lo tanto, fije ésta, en el ejercicio de su competencia de plena
jurisdicción, en 15 millones de euros.
1.
Sobre el primer motivo, referente a la imputación de la infracción a la sociedad matriz de Transcatab

Sobre la primera parte del primer motivo, relativa a una lectura errónea de la jurisprudencia, a la no consideración de los
elementos de prueba proporcionados y a una vulneración del derecho de defensa
Alegaciones de las partes
En primer lugar, Transcatab impugna las conclusiones de la Decisión impugnada de que el mero hecho de que SCC poseyera, durante
el período de la infracción, el 100 % de su capital baste para presumir la responsabilidad de ésta por la conducta infractora
de su filial. Tal presunción sería contraria a la jurisprudencia. Según Transcatab, la Comisión debe probar la existencia
de otros indicios que permitan considerar que una sociedad matriz ejerció efectivamente una influencia decisiva en su filial.
A su juicio, en el presente caso, la Comisión se había limitado a presumir la responsabilidad de SCC y no había proporcionado
otros indicios que pudieran justificar tal responsabilidad. Por lo tanto, considera que la Comisión invirtió la carga de la
prueba, que no incumbe a Transcatab o a su sociedad matriz, sino a la propia Comisión.
En segundo lugar, Transcatab alega que SCC proporcionó a la Comisión elementos suficientes para probar que era ajena a la
conducta de Transcatab. Dichos elementos se refieren tanto a la descripción de la realidad local del mercado italiano como
a las características de la estructura del grupo SCC que muestran la independencia de sus filiales. Además, se refieren a
la autonomía de su Consejo de administración y de su Director General.
En la réplica, Transcatab aduce, además, que es contraria a la jurisprudencia la alegación de la Comisión de que sólo es posible
destruir la presunción de influencia decisiva cuando la participación es de carácter exclusivamente financiero. En su opinión,
la Comisión no examinó con atención las pruebas presentadas en el procedimiento administrativo y se limitó a refutar todas
las alegaciones basándose en prejuicios infundados. En primer término, considera que resulta infundada la afirmación de que
es inverosímil que una sociedad matriz pueda delegar íntegramente la gestión de una filial. En efecto, como demostró Transcatab
en el procedimiento administrativo, la estructura ramificada del grupo impedía una gestión única. En segundo término, la Comisión
aplicó la presunción de influencia decisiva incluso con relación al período en el que SCC sólo poseía el 50 % del capital
de Transcatab, siendo así que ésta y SCC habían probado que el Consejo de administración y el Director General de Transcatab,
al que se habían conferido todas las facultades de gestión de la sociedad, habían sido nombrados antes de que SCC obtuviera
el control exclusivo de aquélla. En tercer término, el hecho de que determinados documentos estuvieran redactados en inglés
no basta para probar la influencia de la sociedad matriz en la gestión de la actividad comercial de Transcatab. En conclusión,
considera que la Comisión desestimó erróneamente las pruebas aportadas, sin motivación suficiente o lógica y sin cotejarlas
con otros documentos con valor probatorio al menos equivalente. Por lo tanto, en su opinión, la Comisión no cumplió con su
obligación de instruir de forma imparcial el expediente.
En tercer lugar, la Comisión vulneró el derecho de defensa de Alliance One, en la medida en que utilizó en la Decisión impugnada
documentos del expediente que no se mencionaban en el pliego de cargos, impidiendo así a SCC pronunciarse sobre ellos y menoscabando
con ello la confianza legítima de su sucesora jurídica, Alliance One. Transcatab admite que se trataba de documentos que las
partes conocían. Sin embargo, al no haber sido mencionados dichos documentos en el pliego de cargos, las partes pudieron estimar
legítimamente que no tenían importancia a efectos del asunto y que, por lo tanto, no era necesario expresar su opinión sobre
ellos. En la réplica y en la vista, Transcatab afirmó que invocaba una vulneración de su propio derecho de defensa.
La Comisión solicita que se desestimen las alegaciones de Transcatab. Por lo que respecta, en concreto, al motivo basado en
la violación del derecho de defensa de Alliance One, la Comisión duda de su admisibilidad, en cuanto que Transcatab no alega
una vulneración de su propio derecho sino del de otra parte. Considera que la extensión del motivo al derecho de defensa propio
de Transcatab es extemporánea y, por lo tanto, inadmisible.
Apreciación del Tribunal
–       Sobre el incumplimiento de las normas que rigen la imputabilidad a la sociedad matriz de las prácticas de su filial
Por lo que respecta al primer motivo invocado por Transcatab, es preciso recordar que el Derecho de la competencia tiene por
objeto las actividades de las empresas (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión,
C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartado 59) y que el concepto de
empresa comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de la naturaleza jurídica de dicha
entidad y de su modo de financiación (sentencias del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión,
C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, apartado 112, y de 10 de septiembre de 2009,
Akzo Nobel y otros/Comisión, C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237, apartado 54).
De la jurisprudencia se desprende que el concepto de empresa, en este mismo contexto, debe entenderse que designa una unidad
económica, aunque, desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas físicas o
jurídicas (sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones
de Servicio, C‑217/05, Rec. p. I‑11987, apartado 40, y Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 88
supra,
apartado 55; sentencia del Tribunal General de 15 de septiembre de 2005, DaimlerChrysler/Comisión, T‑325/01, Rec. p. II‑3319,
apartado 85).
Cuando una entidad económica de este tipo infringe las normas sobre competencia, le incumbe, conforme al principio de responsabilidad
personal, responder por esta infracción (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de julio de
1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, apartado 145; de 11 de diciembre de 2007, ETI y otros, C‑280/06,
Rec. p. I‑10893, apartado 39, y Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 88
supra,
apartado 56).
La infracción del Derecho de la competencia debe imputarse inequívocamente a una persona jurídica a la que se podrá imponer
multas. A efectos de la aplicación y de la ejecución de las decisiones de la Comisión en materia de Derecho de la competencia,
es necesario identificar, como destinataria, a una entidad dotada de personalidad jurídica (véase, en este sentido, la sentencia
del Tribunal de 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, denominada «PVC II», T‑305/94 a T‑307/94,
T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 y T‑335/94, Rec. p. II‑931, apartado 978).
De reiterada jurisprudencia se desprende que el comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en especial,
cuando la filial, aun teniendo personalidad jurídica distinta, no determina de manera autónoma su comportamiento en el mercado,
sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta, en particular, los
vínculos económicos y jurídicos que unen a ambas entidades jurídicas (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada
en el apartado 88
supra,
apartado 58, y la jurisprudencia citada).
En efecto, en tal situación, dado que la sociedad matriz y su filial forman parte de una misma unidad económica y, por lo
tanto, constituyen una única empresa en el sentido del artículo 81 CE, la Comisión puede remitir una decisión por la que se
impongan multas a la sociedad matriz sin que sea necesario demostrar la implicación personal de ésta en la infracción (véase,
en este sentido, la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 88
supra,
apartado 59).
Asimismo, de la jurisprudencia se desprende que, en el caso específico de que una sociedad matriz posea el 100 % del capital
de su filial que ha cometido una infracción de las normas sobre la competencia, por una parte, esa sociedad matriz puede ejercer
una influencia decisiva en el comportamiento de dicha filial y, por otra parte, existe una presunción
iuris tantum
de que dicha sociedad matriz ejerce efectivamente tal influencia (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada
en el apartado 88
supra,
apartado 60, y la jurisprudencia citada).
En tales circunstancias, basta con que la Comisión pruebe que la totalidad del capital de una filial pertenece a su sociedad
matriz para presumir que ésta ejerce una influencia decisiva en la política comercial de dicha filial. La Comisión podrá,
en consecuencia, considerar que la sociedad matriz está obligada solidariamente al pago de la multa impuesta a su filial,
a menos que la citada sociedad matriz, a la que incumbe destruir dicha presunción, aporte elementos de prueba suficientes
para demostrar que su filial actúa de manera autónoma en el mercado (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal
de Justicia de 16 de noviembre de 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión, C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925, apartado 29, y Akzo
Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 88
supra,
apartado 61).
Si bien es cierto que, en los apartados 28 y 29 de la sentencia Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión, citada en el apartado
supra,
el Tribunal de Justicia evocó –aparte de la posesión del 100 % del capital de la filial– otras circunstancias, como no haber
negado la influencia ejercida por la sociedad matriz en la política comercial de su filial y la representación común de ambas
sociedades durante el procedimiento administrativo, no es menos cierto que el Tribunal de Justicia mencionó estas circunstancias
únicamente a efectos de exponer todos los elementos en los que el Tribunal General había basado su razonamiento y no para
subordinar la aplicación de la presunción mencionada en el anterior apartado 94 a la aportación de indicios adicionales relativos
al ejercicio efectivo de una influencia por parte de la sociedad matriz (véanse la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión,
citada en el apartado 88
supra,
apartado 62, y la jurisprudencia citada; y la sentencia del Tribunal de 8 de octubre de 2008, Schunk y Schunk Kohlenstoff‑Technik/
Comisión, T‑69/04, Rec. p. II‑2567, apartado 57).
De la Decisión impugnada resulta que, para imputar a una sociedad matriz la responsabilidad de la infracción cometida por
su filial, la Comisión partió de la premisa de que tal imputación es posible cuando la sociedad matriz y su filial forman
parte de una misma unidad económica y, en consecuencia, constituyen una única empresa en el sentido del artículo 81 CE (considerando
325 de la Decisión impugnada).
El factor principal en el que se basó la Comisión para determinar que se podía imputar a la sociedad matriz la conducta infractora
de su filial es la falta de autonomía de ésta en lo que atañe a su comportamiento en el mercado. En efecto, esta falta de
autonomía es el corolario del ejercicio de una «influencia decisiva» de la sociedad matriz en el comportamiento de su filial,
y se puede presumir el ejercicio efectivo de tal influencia, según la jurisprudencia, en el supuesto en el que una sociedad
matriz posee todo el capital de su filial (véanse los considerandos 329 y 330 de la Decisión impugnada).
De este modo, en el considerando 331 de la Decisión impugnada, la Comisión estimó que, en el presente caso, Transcatab «carecía
de autonomía» toda vez que estaba controlada al 100 % por su sociedad matriz, SCC.
Contrariamente a lo que sostiene Transcatab en la réplica, a saber, que, en el presente caso, la Comisión había transformado
una presunción
«iuris tantum»
en una presunción
«iuris et de iure»,
este razonamiento no se aparta de la lógica de una presunción
iuris tantum.
Como en el caso de otras presunciones admitidas en el Derecho de la competencia, si la Comisión puede presumir legalmente
un hecho, se considera demostrado, siempre que la empresa afectada no destruya la presunción aportando pruebas en contrario
concluyentes (sentencias del Tribunal de Justicia Comisión/Anic Partecipazioni, citada en el apartado 90
supra,
apartados 121 y 126, y de 8 de julio de 1999, Hüls/Comisión, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, apartados 162 y 167). Por otra parte,
dado su carácter
iuris tantum,
dicha presunción, que puede destruirse en cada caso concreto, no se traduce en una atribución automática de responsabilidad
a la sociedad matriz que posee todo el capital social de su filial, lo cual sería contrario al principio de responsabilidad
personal sobre el que se asienta el Derecho de la competencia.
Por lo tanto, la Comisión no incumplió las normas que rigen la imputabilidad a una sociedad matriz de la conducta de su filial
al considerar responsable, en esencia, a SCC –de la que Alliance One es sucesora jurídica– de la infracción cometida por Transcatab.
Es necesario señalar que no ponen en entredicho tal conclusión las alegaciones expuestas por Transcatab en respuesta a la
pregunta formulada por escrito por el Tribunal relativa a las consecuencias que se han de extraer de la sentencia Akzo Nobel
y otros/Comisión, citada en el apartado 88
supra.
Considera, en primer lugar, que el Tribunal de Justicia, en dicha sentencia, interpretó erróneamente la jurisprudencia anterior,
en particular la sentencia Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión, citada en el apartado 95
supra,
y que, en cualquier caso, la jurisprudencia no es unívoca a este respecto. En segundo lugar, el marco fáctico del asunto
que dio lugar a la referida sentencia es distinto del marco fáctico del presente caso, toda vez que se ven implicadas en el
cártel varias filiales y que, en consecuencia, es más difícil demostrar que la sociedad matriz no tenía conocimiento de las
actividades contrarias a la competencia. Pues bien, en cuanto a la primera alegación, basta señalar que de la sentencia Akzo
Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 88
supra
(véanse también, en este sentido, las conclusiones de la Abogado General Kokott presentadas en el asunto en el que recayó
dicha sentencia, Rec. p. I‑8241, puntos 60 y 61), se desprende que el Tribunal de Justicia no sólo tomó en consideración la
jurisprudencia en la que Transcatab apoya gran parte de sus principales argumentos, y en concreto la sentencia Stora Kopparbergs
Bergslags/Comisión, citada en el apartado 95
supra,
sino que también dio una interpretación unívoca de la jurisprudencia anterior (sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada
en el apartado 88
supra,
apartados 58 a 62). Por lo que respecta a la segunda alegación, basta señalar que la supuesta diferencia entre ambos asuntos
es totalmente irrelevante, puesto que el criterio de imputabilidad de la responsabilidad en el asunto que dio lugar a la sentencia
Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 88
supra,
no era en absoluto el del conocimiento directo o indirecto, por la sociedad matriz, de las actividades realizadas por la
filial o las filiales. En cualquier caso, como señala acertadamente la Comisión, en dicha sentencia, tal elemento no se tomó
en consideración en absoluto.
–       Sobre la no consideración de los elementos de prueba proporcionados para destruir la presunción
Como se ha expuesto en los anteriores apartados 94 y 95, cuando la sociedad matriz posee todo el capital de una filial, la
Comisión puede presumir que aquélla ejerce una influencia decisiva en el comportamiento de su filial, sin estar obligada a
aportar pruebas adicionales que demuestren que la sociedad matriz ejerció efectivamente tal influencia o que tenía siquiera
el más mínimo conocimiento de la infracción o de la implicación de dicha filial en tal infracción. Se trata de una presunción
iuris tantum,
que admite prueba en contrario. Por consiguiente, contrariamente a lo que sostiene Transcatab, incumbe a SCC –que, en el
período de la infracción, poseía el 100 % del capital de Transcatab (véase el considerando 336 de la Decisión impugnada)–
destruir dicha presunción mediante elementos de prueba que puedan demostrar que su filial determina de manera autónoma su
línea de actuación en el mercado y que, por lo tanto, estas dos sociedades no constituyen una entidad económica única. En
su defecto, el ejercicio de un control se demuestra mediante el hecho de que no se ha destruido la presunción basada en la
posesión de la totalidad del capital (véanse, en este sentido, la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado
supra,
apartados 60 a 62, y la jurisprudencia citada, y la sentencia del Tribunal de 30 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión,
T‑175/05, no publicada en la Recopilación, apartado 93).
En el presente caso, la Comisión dedicó los considerandos 335 a 344 de la Decisión impugnada al examen de las alegaciones
y los elementos de prueba aportados por SCC, en su respuesta al pliego de cargos, a fin de probar que no ejerció una influencia
decisiva en la política comercial de Transcatab, y no consideró que pudieran destruir la presunción.
Es preciso señalar que, en el escrito de demanda, Transcatab se limita a afirmar, sin fundar sus alegaciones en absoluto,
que SCC probó en el procedimiento administrativo que presentaba una estructura descentralizada, al disponer de una Dirección
local propia, totalmente independiente, en la que se delegaban todas las funciones, habida cuenta precisamente de las particularidades
del mercado de tabaco crudo italiano, y que los miembros de su Consejo de administración y su Director General eran autónomos,
sin ningún vínculo directo o indirecto con SCC. Sin embargo, Transcatab no identificó en absoluto los eventuales errores en
que la Comisión habría incurrido en la Decisión impugnada en lo referente a la apreciación de dichos elementos de prueba.
Solamente en la réplica, en respuesta a determinadas alegaciones de la Comisión, expone algunos argumentos dirigidos a criticar,
indirectamente, la Decisión impugnada.
En cualquier caso, procede destacar, en primer lugar, que, como señaló acertadamente la Comisión en el considerando 338 de
la Decisión impugnada, el hecho de que una filial disponga de su propia Dirección local y de sus propios medios no prueba,
per se,
que determine su comportamiento en el mercado de manera autónoma respecto de su sociedad matriz. Confiar la gestión de las
actividades diarias a la Dirección local de una filial al 100 % es una práctica corriente y, por ello, no puede probar la
autonomía real de las filiales. Lo mismo cabe decir de la alegación relativa a las supuestas características del mercado italiano
del tabaco crudo, puesto dichas características no impiden que una sociedad matriz ejerza plenamente un control efectivo sobre
su filial.
Además, es preciso señalar que, en los considerandos 341 y 342 de la Decisión impugnada, la Comisión puntualizó, por un lado,
que, antes de adquirir todo el capital de Transcatab, SCC controlaba ya dicha sociedad junto con su socio italiano y que el
hecho de que no hubiera realizado ningún cambio en su Dirección, a raíz de la toma de control, no puede considerarse, por
consiguiente, como una prueba de que no ejerció influencia alguna en su filial tras convertirse en su única propietaria. Por
otro lado, la Comisión destacó que la delegación de la facultad ejecutiva al Director General de Transcatab, de quien se podía
suponer, a falta de prueba en contrario, que había sido designado por SCC, no había impedido a los demás miembros del Consejo
de administración ocupar puestos ejecutivos y desempeñar funciones ejecutivas.
Pues bien, es preciso señalar que la Comisión, a falta de explicación por parte de SCC, atribuye acertadamente un significado
al hecho de que ésta, que tenía todas las facultades –cuando se convirtió en accionista única– para proceder a una renovación
parcial o total del Consejo de administración, no adoptara medida alguna en este sentido. De ello se deduce que el mantenimiento
en sus funciones de los miembros del Consejo de administración y, en particular, del Director General sólo puede atribuirse
a una decisión de SCC, como única accionista de Transcatab.
Además, el hecho de que una sola persona, a saber, el Director General, disponga de importantes facultades delegadas por el
Consejo de administración puede demostrar, por el contrario, la voluntad de la sociedad matriz de simplificar el ejercicio
de su control sobre su filial, al limitar precisamente la función del Consejo de administración a actividades marginales y
concentrar todas las facultades en manos de un «hombre de confianza». En efecto, no es verosímil que una sociedad multinacional
delegue todas las facultades de una filial activa en un mercado nacional, como en el caso de Transcatab, –e incluso acepte
una delegación de facultades anterior a la adquisición de todo el control– a una persona física que, actuando con total autonomía
y sin haber sido designada presuntamente por la única accionista, elegiría, por su parte, a los miembros del Consejo de administración,
privando a cualquier otra persona de cualquier influencia en la gestión de la sociedad, y que no rendiría cuentas de sus actos,
de facto,
a nadie.
Por lo tanto, y habida cuenta también de que una delegación de facultades al Director General de una filial no es en absoluto
infrecuente, tal alegación no puede destruir la presunción de control ejercido por la sociedad matriz sobre Transcatab.
Por lo que respecta, en segundo lugar, a la alegación dirigida a criticar la supuesta deducción que hizo la Comisión del hecho
de que algunos documentos estaban redactados en inglés, basta con señalar que, contrariamente a lo que alega Transcatab, el
objetivo de dichos documentos –mencionados en los considerandos 343 a 346 de la Decisión impugnada– no era probar que las
sociedades matrices podían influir o que influyeron, en concreto, en el comportamiento de sus filiales italianas, ni aun menos
probar que las sociedades matrices tenían conocimiento del cártel de que se trata. Por el contrario, la Comisión se limitó
a utilizar algunos documentos que formaban parte del expediente administrativo a fin de determinar el nivel de credibilidad
de los elementos de prueba y de las alegaciones expuestas por SCC en su respuesta al pliego de cargos para destruir la presunción
de una influencia decisiva en Transcatab.
Finalmente, es necesario manifestar que, contrariamente a lo que alega Transcatab en la réplica, de la Decisión impugnada
no se deriva en absoluto que la presunción de influencia decisiva sólo pueda destruirse si la participación de la sociedad
matriz es exclusivamente financiera.
De lo anterior se desprende que procede desestimar el motivo basado en la no consideración de los elementos de prueba proporcionados
para destruir la presunción.
–       Sobre la vulneración del derecho de defensa
Por lo que respecta al tercer motivo invocado por Transcatab, procede recordar que el respeto del derecho de defensa en la
tramitación de los procedimientos administrativos en materia de política de la competencia es un principio general de Derecho
de la Unión Europea cuyo respeto garantizan los órganos jurisdiccionales de la Unión (véase la sentencia del Tribunal de Justicia
de 3 de septiembre de 2009, Prym y Prym Consumer/Comisión, C‑534/07 P, Rec. p. I‑7415, apartado 26, y la jurisprudencia citada).
Según reiterada jurisprudencia, el respeto del derecho de defensa exige que durante el procedimiento administrativo la empresa
afectada haya podido dar a conocer oportunamente su opinión sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias
invocados, así como sobre los documentos tenidos en cuenta por la Comisión para fundamentar su alegación de la existencia
de una infracción del Tratado (sentencias del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión,
100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 10, y de 6 de abril de 1995, BPB Industries y British Gypsum/Comisión, C‑310/93 P,
Rec. p. I‑865, apartado 21).
El artículo 27, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003 refleja este principio en la medida en que prevé el envío a las partes
de un pliego de cargos, que debe exponer con claridad todos los elementos esenciales en los que se apoya la Comisión en esta
fase del procedimiento (véase, en este sentido, la sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 88
supra,
apartado 67), para que los interesados puedan conocer efectivamente qué comportamientos les reprocha la Comisión y puedan
defenderse de forma eficaz antes de que ésta adopte una decisión definitiva. Se cumple dicho requisito cuando la referida
decisión no imputa a los interesados infracciones diferentes de las mencionadas en el pliego de cargos y cuando sólo tiene
en cuenta los hechos sobre los que los interesados han tenido posibilidad de justificarse (véase, en este sentido, la sentencia
del Tribunal de 19 de marzo de 2003, CMA CGM y otros/Comisión, T‑213/00, Rec. p. II‑913, apartado 109, y la jurisprudencia
citada).
No obstante, esta indicación se puede dar de manera resumida y no es necesario que la decisión final sea una copia del pliego
de cargos (véase, en este sentido, la sentencia Musique Diffusion française y otros/Comisión, citada en el apartado 115
supra,
apartado 14), ya que dicho pliego constituye un documento preparatorio cuyas apreciaciones de hecho y de Derecho son de carácter
meramente provisional (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de noviembre de 1987, BAT y Reynolds/Comisión,
142/84 y 156/84, Rec. p. 4487, apartado 70). Así, cabe admitir que a la luz del escrito de respuesta de las partes se añadan
extremos al pliego de cargos, cuyos argumentos demuestren que pudieron efectivamente ejercer su derecho de defensa. La Comisión
puede asimismo, en vista del procedimiento administrativo, revisar o añadir argumentos de hecho o de Derecho en defensa de
los cargos que imputa (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 28 de febrero de 2002, Compagnie générale maritime
y otros/Comisión, T‑86/95, Rec. p. II‑1011, apartado 448, y de 22 de octubre de 2002, Schneider Electric/Comisión, T‑310/01,
Rec. p. II‑4071, apartado 438).
Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha puntualizado que el hecho de tener en cuenta un argumento alegado por una empresa
en el procedimiento administrativo, sin dar a dicha empresa la oportunidad de ser oída al respecto antes de la adopción de
la decisión final, no puede constituir, en cuanto tal, una violación de su derecho de defensa (auto del Tribunal de Justicia
de 10 de julio de 2001, Irish Sugar/Comisión, C‑497/99 P, Rec. p. I‑5333, apartado 24).
Por último, es preciso también recordar que, según la jurisprudencia, se produce una violación del derecho de defensa cuando,
debido a una irregularidad cometida por la Comisión, el procedimiento administrativo llevado a cabo por ésta hubiera podido
resolverse de modo distinto. Una empresa recurrente prueba que se ha producido una violación de este tipo cuando demuestra
de modo suficiente, no que la decisión de la Comisión habría tenido un contenido diferente, sino que, de no haberse producido
tal irregularidad, habría podido defenderse mejor, por ejemplo, porque habría podido utilizar en su defensa documentos cuyo
acceso se le denegó en el procedimiento administrativo (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de
2 de octubre de 2003, Thyssen Stahl/Comisión, C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821, apartado 31, y la jurisprudencia citada, y de 1
de julio de 2010, Knauf Gips/Comisión, C‑407/08 P, Rec. p. I‑6375, apartado 28).
En el presente caso, es preciso observar que, en el pliego de cargos, la Comisión, para justificar la imputación a SCC de
la responsabilidad por la práctica colusoria llevada a cabo por Transcatab, de la que poseía el 100 % del capital, podía en
principio, a la luz de los principios jurisprudenciales mencionados en los anteriores apartados 94 a 96, limitarse a establecer
las relaciones de participación entre filiales y sociedades matrices (véanse los puntos 336 a 338 del pliego de cargos). Con
arreglo a dichos principios jurisprudenciales, en su Decisión final, la Comisión estaba obligada, por lo tanto, a tomar posición
sobre las alegaciones expuestas por las partes en respuesta al citado pliego de cargos (véanse los considerandos 335 y siguientes
de la Decisión impugnada), con objeto de destruir la presunción de que se trata.
Además, en cuanto a la alegación de Transcatab de que la Comisión utilizó en la Decisión impugnada documentos no mencionados
en el pliego de cargos, procede señalar que es únicamente en el marco de la apreciación de las alegaciones y las pruebas aportadas
por las partes en el procedimiento administrativo donde la Comisión aborda efectivamente, en los considerandos 335 a 344 de
la Decisión impugnada, algunos aspectos y documentos específicos referentes a las relaciones entre SCC y Transcatab, y al
hacerlo, alude a los documentos que figuran en el expediente administrativo. Pues bien, la toma en consideración de dichos
aspectos y documentos no podía afectar la eficacia del ejercicio del derecho de defensa de Transcatab, tanto más cuanto que
ésta había tenido acceso a tales documentos –de los que ya disponía en cualquier caso– en el procedimiento administrativo.
Por lo demás, de los autos se desprende que tanto SCC como Transcatab pudieron responder a la imputación expresamente manifestada
en el pliego de cargos que se les dirigió y exponer su defensa en la audiencia ante el consejero auditor. Por consiguiente,
el principio de contradicción fue respetado durante el procedimiento administrativo.
En cualquier caso, es preciso también recordar que, como ha señalado el Tribunal de Justicia, toda vez que la Comisión –en
relación con la imputabilidad de la infracción– no está obligada a presentar, en la fase de envío del pliego de cargos, ningún
elemento que no sea la prueba relativa a la participación de la sociedad matriz en el capital de sus filiales, no puede acogerse
la alegación relativa a la vulneración del derecho de defensa (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de septiembre de
2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 88
supra,
apartado 64).
Por lo tanto, procede desestimar en cuanto al fondo el motivo basado en la vulneración del derecho de defensa, sin que sea
necesario pronunciarse sobre la cuestión de su admisibilidad planteada por la Comisión.
En conclusión, a la luz de todo lo anterior, procede desestimar la primera parte del primer motivo en su totalidad.

Sobre la segunda parte del primer motivo, relativa a la infracción del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003
Alegaciones de las partes
Transcatab sostiene que, por haber considerado responsable a Alliance One de las infracciones de que se trata, la Comisión
le impuso una multa que supera el límite máximo del 10 % de su volumen de negocios correspondiente al ejercicio anterior a
la adopción de la Decisión impugnada, establecido en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003. En su opinión,
la multa que se le impuso asciende a alrededor del 43 % de su volumen de negocios.
Por lo demás, Transcatab se remite a las alegaciones expuestas por Alliance One en su recurso (asunto T‑25/06), del que adjunta
una copia.
La Comisión solicita que se desestimen las alegaciones de Transcatab.
Apreciación del Tribunal
En primer lugar, es preciso manifestar que esta parte está estrechamente ligada a la primera parte del presente motivo, en
la medida en que la desestimación de ésta repercute necesariamente en la fundamentación de la presente parte. En consecuencia,
habida cuenta de las consideraciones que dieron lugar a la desestimación de la primera parte de este primer motivo, procede
concluir que la Comisión no incurrió en error al tomar el volumen de negocios consolidado de SCC como referencia para el cálculo
del límite máximo del 10 % del volumen de negocios establecido en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 (véase,
en este sentido, la sentencia de 30 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 103
supra,
apartado 114).
En efecto, dicho límite máximo debe calcularse tomando como base el volumen de negocios acumulado de todas las sociedades
que constituyen la entidad económica que actúa como empresa a efectos del artículo 81 CE, puesto que únicamente el volumen
de negocios acumulado de las sociedades que la componen puede constituir una indicación de la dimensión y de la potencia económica
de la empresa en cuestión (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 20 de marzo de 2002, HFB y otros/Comisión,
T‑9/99, Rec. p. II‑1487, apartados 528 y 529, y de 30 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado
supra,
apartado 114).
En segundo lugar, por lo que respecta a la remisión general que realiza Transcatab a las alegaciones expuestas en el recurso
presentado por su sociedad matriz, Alliance One, es preciso señalar que procede declarar la inadmisibilidad de tal remisión,
que sólo se refiere al documento adjunto de forma general y no permite al Tribunal identificar con precisión las alegaciones
que podría considerar que completan los motivos invocados en los escritos.
En efecto, es preciso recordar que, en virtud del artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia y del artículo 44, apartado
1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, toda demanda debe señalar la cuestión objeto del litigio
y la exposición sumaria de los motivos invocados. Según reiterada jurisprudencia, para declarar la admisibilidad de un recurso
es preciso que los elementos esenciales de hecho y de Derecho sobre los que esté basado consten, al menos sucintamente, pero
de manera coherente y comprensible, en el propio tenor de la demanda. Si bien ciertos extremos específicos del texto pueden
apoyarse y completarse mediante remisiones a pasajes determinados de documentos adjuntos, una remisión global a otros escritos,
aunque figuren como anexo de la demanda, no puede paliar la falta de los elementos esenciales de la argumentación jurídica
que en virtud de las disposiciones antes citadas deben figurar en la demanda. Además, no incumbe al Tribunal General buscar
e identificar en los anexos los motivos y alegaciones que a su juicio podrían constituir el fundamento del recurso, puesto
que los anexos tienen una función puramente probatoria e instrumental (véanse las sentencias del Tribunal de 14 de diciembre
de 2005, Honeywell/Comisión, T‑209/01, Rec. p. II‑5527, apartados 56 y 57, y de 17 de septiembre de 2007, Microsoft/Comisión,
T‑201/04, Rec. p. II‑3601, apartado 94, y la jurisprudencia citada).
En consecuencia, la segunda parte del primer motivo también debe desestimarse en parte por infundada y en parte por inadmisible.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar el primer motivo en su totalidad.
2.
Sobre el segundo motivo, referente a la determinación del importe inicial de la multa

Sobre la primera parte del segundo motivo, relativa a la gravedad de la infracción
En el marco de la primera parte del segundo motivo, Transcatab expone varias alegaciones en relación con la calificación como
«muy grave» de la infracción en la Decisión impugnada.
Con carácter preliminar, procede recordar los principios generales que rigen la determinación del importe de las multas y,
más en concreto, la apreciación de la gravedad de la infracción.
El artículo 81 CE, apartado 1, letras a) y b), declara expresamente incompatibles con el mercado común los acuerdos y prácticas
concertadas que consistan en fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción
o en limitar o controlar la producción o el mercado. La jurisprudencia califica las infracciones de este tipo, en particular
cuando se trata de prácticas colusorias horizontales, como especialmente graves en la medida en que tienen repercusiones directas
en los parámetros esenciales de la competencia en el mercado de que se trate (sentencia del Tribunal de 11 de marzo de 1999,
Thyssen Stahl/Comisión, T‑141/94, Rec. p. II‑347, apartado 675) o como infracciones patentes de las normas sobre la competencia
(sentencias del Tribunal de 6 de abril de 1995, Tréfilunion/Comisión, T‑148/89, Rec. p. II‑1063, apartado 109, y de 14 de
mayo de 1998, BPB de Eendracht/Comisión, T‑311/94, Rec. p. II‑1129, apartado 303).
A tenor del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003, a fin de determinar el importe de la multa que se ha de imponer
por infringir el artículo 81 CE, apartado 1, procede tener en cuenta, además de la gravedad de la infracción, su duración.
Conforme a reiterada jurisprudencia, la gravedad de las infracciones del Derecho de la competencia debe determinarse en función
de numerosos factores, como las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas,
sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente (sentencias
del Tribunal de Justicia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 88
supra,
apartado 241; Prym y Prym Consumer/Comisión, citada en el apartado 114
supra,
apartado 54, y de 24 de septiembre de 2009, Erste Group Bank y otros/Comisión, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P y C‑137/07 P,
Rec. p. I‑8681, apartado 91).
La Comisión adoptó las Directrices para asegurar la transparencia y el carácter objetivo de sus decisiones en las que fija
multas por infringir las normas sobre la competencia (primer párrafo de las Directrices).
Las Directrices son un instrumento para establecer, respetando el Derecho de rango superior, los criterios que aplicará la
Comisión cuando ejerza la facultad de apreciación al fijar las multas que le confiere el artículo 23, apartado 2, del Reglamento
nº 1/2003. Las Directrices no constituyen el fundamento jurídico de una decisión mediante la que se imponen multas, la cual
se basa en el Reglamento nº 1/2003, pero determinan, de un modo general y abstracto, la metodología que la Comisión se obligó
a seguir para determinar el importe de las multas impuestas mediante aquella decisión y garantizan, por consiguiente, la seguridad
jurídica de las empresas (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 88
supra,
apartados 209 a 213, y sentencia del Tribunal de 14 de diciembre de 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión,
T‑259/02 a T‑264/02 y T‑271/02, Rec. p. II‑5169, apartados 219 y 223).
Por lo tanto, si bien las Directrices no pueden calificarse de norma jurídica a cuya observancia está obligada en cualquier
caso la Administración, establecen sin embargo una regla de conducta indicativa de la práctica que debe seguirse y de la cual
la Administración no puede apartarse, en un determinado caso, sin presentar justificaciones (véase, en este sentido, las sentencias
del Tribunal de Justicia, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 88
supra,
apartados 209 y 210, y de 18 de mayo de 2006, Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión, C‑397/03 P,
Rec. p. I‑4429, apartado 91).
La autolimitación de la facultad de apreciación de la Comisión derivada de la adopción de las Directrices no es incompatible,
sin embargo, con el mantenimiento de un margen de apreciación sustancial por la Comisión (véase, en este sentido, la sentencia
del Tribunal de 8 de julio de 2004, Mannesmannröhren‑Werke/Comisión, T‑44/00, Rec. p. II‑2223, apartados 246, 274 y 275).
En efecto, el hecho de que la Comisión haya precisado, mediante las Directrices, su modo de proceder en relación con la valoración
de la gravedad de una infracción no se opone a que dicha institución examine la gravedad de manera global en función de todas
las circunstancias pertinentes, incluidos elementos que no se mencionan expresamente en las Directrices (sentencia Raiffeisen
Zentralbank Österreich y otros/Comisión, citada en el apartado 141
supra,
apartado 237).
Según el método establecido en las Directrices, la Comisión toma como punto de partida para el cálculo del importe de las
multas que impone a las empresas afectadas un importe determinado en función de la gravedad «intrínseca» de la infracción.
A la hora de evaluar la gravedad de la infracción ha de tomarse en consideración su naturaleza, sus repercusiones concretas
sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar) y la dimensión del mercado geográfico afectado (número 1, sección
A, párrafo primero, de las Directrices).
En dicho contexto, las infracciones se clasifican en tres categorías, a saber, «infracciones leves», para las cuales el importe
de las multas previstas va desde 1.000 a 1 millón de euros, las «infracciones graves», para las cuales el importe de las multas
previstas va desde 1 millón a 20 millones de euros, y las «infracciones muy graves» para las cuales el importe de las multas
previstas es superior a 20 millones de euros (número 1, sección A, párrafo segundo, guiones primero a tercero, de las Directrices).
Por lo que respecta a las infracciones muy graves, la Comisión puntualiza que se trata básicamente de restricciones horizontales
como cárteles de precios y cuotas de reparto de los mercados u otras prácticas que menoscaben el correcto funcionamiento del
mercado interior, como las destinadas a compartimentar los mercados nacionales o los abusos característicos de posición dominante
de empresas que prácticamente actúan como monopolios (número 1, sección A, párrafo segundo, tercer guión, de las Directrices).
Por otra parte, es preciso señalar que los tres aspectos de la valoración de la gravedad de la infracción mencionados en el
anterior apartado 144 no tienen el mismo peso en el marco del examen de conjunto. La naturaleza de la infracción desempeña
un papel primordial, en particular, para caracterizar las infracciones «muy graves». (sentencia Erste Group Bank y otros/Comisión,
citada en el apartado 139
supra,
apartado 101, y sentencia del Tribunal de 28 de abril de 2010, Gütermann y Zwicky/Comisión, T‑456/05 y T‑457/05, Rec. p. II‑1443,
apartado 137).
En cambio, ni las repercusiones concretas sobre el mercado ni la dimensión del mercado geográfico afectado constituyen elementos
necesarios para calificar la infracción de muy grave en el caso de prácticas colusorias horizontales que, como en el presente
caso, tienen por objeto concretamente la fijación de los precios. En efecto, si bien estos dos criterios son elementos que
deben tenerse en cuenta para evaluar la gravedad de la infracción, se trata de criterios entre otros, a efectos de la apreciación
global de la gravedad (véanse, en este sentido, la sentencia Prym y Prym Consumer/Comisión, citada en el apartado 114
supra,
apartados 74 y 81, y las sentencias del Tribunal Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, citada en el apartado
supra,
apartados 240 y 311, y de 8 de octubre de 2008, Carbone‑Lorraine/Comisión, T‑73/04, Rec. p. II‑2661, apartado 91).
Así pues, conforme a una jurisprudencia también ya consolidada, de las Directrices se desprende que las prácticas colusorias
horizontales que, como en el presente caso, tienen por objeto concretamente la fijación de los precios pueden ser calificadas
de «muy graves» sobre la mera base de su propia naturaleza, sin que la Comisión esté obligada a demostrar las repercusiones
concretas de la infracción en el mercado (sentencia Prym y Prym Consumer/Comisión, citada en el apartado 114
supra,
apartado 75; véanse asimismo, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 27 de julio de 2005, Brasserie nationale y
otros/Comisión, T‑49/02 a T‑51/02, Rec. p. II‑3033, apartado 178, y de 25 de octubre de 2005, Groupe Danone/Comisión, T‑38/02,
Rec. p. II‑4407, apartado 150) y sin que la limitada dimensión del mercado geográfico relevante se oponga a tal calificación
(véanse, en este sentido, la sentencia Erste Group Bank y otros/Comisión, citada en el apartado 139
supra,
apartado 103, y la sentencia Carbone‑Lorraine/Comisión, citada en el apartado 147
supra,
apartado 91).
Esta conclusión queda confirmada por el hecho de que, si bien la descripción de las infracciones graves menciona expresamente
las repercusiones sobre el mercado y los efectos en amplias zonas del mercado común, la de las infracciones muy graves, en
cambio, no menciona ninguna exigencia de repercusiones concretas sobre el mercado ni de producción de efectos en una zona
geográfica determinada (sentencia Gütermann y Zwicky/Comisión, citada en el apartado 146
supra,
apartado 137; véase asimismo, en este sentido, la sentencia Brasserie nationale y otros/Comisión, citada en el apartado 148
supra,
apartado 178).
Además, existe una interdependencia entre los tres aspectos de la valoración de la gravedad de la infracción en el sentido
de que una gravedad elevada respecto de uno u otro de los aspectos puede compensar la menor gravedad de la infracción en otros
aspectos (sentencia Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, citada en el apartado 141
supra,
apartado 241).
Por lo que respecta específicamente al presente caso, de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión determinó el importe
de la multa impuesta a los distintos destinatarios sobre la base del método general que ella misma se impuso en las Directrices,
y ello aun cuando no las mencione expresamente en la referida Decisión.
Alegaciones de las partes
En primer lugar, Transcatab alega que del texto de las Directrices se desprende, como se recoge en el considerando 365 de
la Decisión impugnada, que, para valorar la gravedad de la infracción, la Comisión está obligada a tomar en consideración
tres criterios, a saber, su naturaleza, sus repercusiones concretas sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar)
y la dimensión del mercado geográfico afectado. Por lo tanto, la Comisión no puede calificar al cártel de «muy grave» únicamente
en función de la naturaleza de la infracción, sin tomar en consideración los otros dos criterios.
Sin embargo, pese a lo dispuesto en las Directrices, la Comisión consideró la infracción de que se trata como «muy grave».
Según Transcatab, esta calificación es errónea en la medida en que no tiene en cuenta la falta de repercusiones concretas
de la infracción sobre el mercado ni la reducida dimensión del mercado geográfico afectado. Teniendo en cuenta correctamente
los tres criterios citados, la Comisión debería haber calificado la infracción simplemente de «grave». En diversos precedentes,
la Comisión calificó de infracción grave un cártel de precios como el del presente caso. Además, en el caso de autos, la Comisión
no se basó exclusivamente en la naturaleza de la infracción para calificar la infracción de muy grave, como ella afirma, sino
que valoró la gravedad de la infracción teniendo en cuenta los tres criterios anteriormente mencionados, como se desprende
de los considerandos 365 y 368 de la Decisión impugnada. El hecho de que la Comisión haya fijado la sanción por debajo del
umbral mínimo de 20 millones de euros establecido en las Directrices no permite considerar que Transcatab no tiene interés
en invocar el motivo, en la medida en que dicho umbral sólo constituye una indicación del importe mínimo de las multas que
pueden imponerse.
En segundo lugar, Transcatab formula varias alegaciones relativas específicamente a la inexistencia de efectos del cártel
en el mercado. Según Transcatab, los acuerdos sancionados por la Decisión impugnada no tuvieron repercusión alguna en el mercado
o, al menos, no produjeron los efectos convenidos. Así pues, de varias comparaciones de precios realizadas por la Comisión
en el pliego de cargos se desprende que los precios indicados por las partes en sus acuerdos no se «reflejaron» nunca en el
mercado. Transcatab cita diversos ejemplos concretos y diversos datos que apoyarían sus afirmaciones y alega, asimismo, que,
si el acuerdo hubiera tenido efectos, se habría producido una disminución y una estabilización de los precios, que no se produjeron.
Por otra parte, la propia Decisión impugnada señala, en los considerandos 97 y siguientes, que los precios del tabaco crudo
en Italia aumentaron entre 1990 y 2000 de una manera que no se produjo en ningún otro Estado miembro y que tales aumentos
continuaron hasta 2002, año en el que los transformadores pusieron fin a sus acuerdos. Además, en el asunto que dio lugar
a la Decisión C(2004) 4030 final de la Comisión, de 20 de octubre de 2004, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo
[81 CE], apartado 1 (asunto COMP/C.38.238/B.2 – Tabaco crudo – España) (en lo sucesivo, «asunto Tabaco crudo – España»), la
Comisión consideró el aumento de los precios del tabaco, pese a la existencia de un acuerdo entre los transformadores, como
prueba de que no se aplicaron los acuerdos. Por otra parte, en su práctica decisoria anterior, la Comisión había tenido en
cuenta la falta de repercusiones efectivas sobre el mercado de las actuaciones consideradas particularmente graves, para calificarlas
de violaciones «graves» y no «muy graves». Transcatab añade que la Comisión también afirmó erróneamente y sin motivación,
en el considerando 368 de la Decisión impugnada, que el cártel podía tener un efecto en el mercado posterior de la transformación
y venta del tabaco transformado. En su opinión, el efecto que el cártel podría haber tenido en los mercados posteriores, a
lo sumo, sería el de disminuir los costes de los fabricantes de cigarrillos.
Además, según Transcatab, la motivación de la Decisión impugnada referente a las repercusiones de la infracción sobre el mercado
es ilógica, en la medida en que la Comisión sostiene que el cártel podía reducir la producción global de tabaco en detrimento
de los consumidores (considerando 282 de la Decisión impugnada), siendo así que el problema de fondo de los mercados de tabaco
europeo e italiano era la producción excedentaria de tabaco de mala calidad. Además, la Comisión no mencionó en absoluto en
el pliego de cargos que el cártel había tenido como efecto disminuir la producción. En su opinión, al utilizar este argumento
por primera vez en la Decisión impugnada, la Comisión vulneró el derecho de defensa de Transcatab, que no pudo darle respuesta.
Añade que la Comisión también mencionó por primera vez en la Decisión impugnada el efecto potencial en el mercado posterior,
vulnerando así de nuevo su derecho de defensa.
En tercer lugar, Transcatab alega que el mercado geográfico afectado por las infracciones sancionadas en la Decisión impugnada
tiene una dimensión especialmente reducida, al limitarse a cuatro regiones en Italia, como se desprende del considerando 84
de la Decisión impugnada. Por lo tanto, se trataría de un mercado geográficamente mucho más restringido que el mercado nacional.
A su juicio, la Comisión no consideró en absoluto este factor al determinar la gravedad de la infracción. Por lo tanto, la
Decisión impugnada estaría viciada por una falta evidente de motivación al respecto. Además, en virtud de la práctica decisoria
de la Comisión, la infracción debía haber sido considerada grave y no muy grave. Más aún, añade que en la Decisión relativa
al asunto Tabaco crudo – España, la Comisión había tenido en cuenta, para determinar la multa, la dimensión relativamente
reducida del mercado del producto, que sólo comprendía determinadas regiones de España.
La Comisión solicita que se desestimen las alegaciones de Transcatab.
Apreciación del Tribunal
En primer lugar, procede señalar que Transcatab impugna formalmente el«importe de base» de la multa, que corresponde, conforme
al número 1, sección B, párrafo cuarto, de las Directrices, a la suma de los importes establecidos en función de la gravedad
y de la duración de la infracción. Sin embargo, de su argumentación se desprende que el importe de la multa impugnado es el
determinado en función de la gravedad de la infracción, por lo que el importe de que se trata en el marco de este motivo es
el importe inicial de la multa, tal y como se recoge en el considerando 376 de la Decisión impugnada (véase, en este sentido,
la sentencia del Tribunal de 30 de septiembre de 2009, Hoechst/Comisión, T‑161/05, Rec. p. II‑3555, apartado 107).
–       Sobre la calificación de infracción muy grave
Por lo que respecta a la alegación de Transcatab relativa a que la Comisión incurrió en errores al calificar la infracción
de «muy grave», es preciso señalar, en primer lugar, que, como se ha recordado en los anteriores apartados 146 a 148, de reiterada
jurisprudencia se desprende que, entre los tres criterios mencionados en las Directrices para valorar la gravedad de la infracción,
la naturaleza de ésta desempeña un papel primordial para caracterizar las infracciones muy graves. Así pues, acuerdos o prácticas
concertadas que persiguen fijar los precios o repartirse los mercados pueden ser calificados como «muy graves» basándose únicamente
en su propia naturaleza, sin que sea necesario que tales conductas estén caracterizadas por unas repercusiones concretas sobre
el mercado o una dimensión geográfica determinadas.
En el presente caso, en cuanto a la naturaleza de la infracción de que se trata, procede señalar que ésta tenía por objeto,
en particular, la fijación en común de los precios pagados por los transformadores por el tabaco crudo y el reparto de proveedores
y de cantidades de tabaco crudo. Tales prácticas constituyen restricciones horizontales del tipo «cárteles de precios» en
el sentido de las Directrices y en consecuencia son, por su naturaleza, violaciones «muy graves». La jurisprudencia califica
las prácticas colusorias de este tipo como infracciones patentes a las normas sobre la competencia o infracciones especialmente
graves en la medida en que tienen repercusiones directas en los parámetros esenciales de la competencia en el mercado de que
se trate (véase el anterior apartado 137).
De lo anterior se deriva que, en el presente caso, la Comisión podía calificar el cártel de infracción muy grave sobre la
base de la naturaleza de la infracción, y ello con independencia de sus repercusiones concretas sobre el mercado y de su dimensión
geográfica (véase la jurisprudencia mencionada en los anteriores apartados 146 a 149 y, en particular, la sentencia Erste
Group Bank y otros/Comisión, citada en el apartado 139
supra,
apartado 103).
Además, por lo que respecta específicamente a las diversas referencias realizadas por Transcatab a las Decisiones adoptadas
anteriormente por la Comisión, hay que recordar que la práctica decisoria de la Comisión no sirve en sí misma de marco jurídico
a las multas en materia de competencia, pues dicho marco es únicamente el que establece el Reglamento nº 1/2003, aplicado
a la luz de las Directrices, y que la Comisión dispone en el ámbito de la fijación del importe de las multas de una amplia
facultad de apreciación, sin estar vinculada por las apreciaciones que ella misma haya podido realizar con anterioridad (véanse,
en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 19 de marzo de 2009, Archer Daniels Midland/Comisión, C‑510/06 P,
Rec. p. I‑1843, apartado 82, y Erste Group Bank y otros/Comisión, citada en el apartado 139
supra,
apartado 123). De esto se desprende que no pueden prosperar las alegaciones de Transcatab relativas a la práctica seguida
anteriormente en sus decisiones por la Comisión.
Por otra parte, ninguna de las alegaciones expuestas por Transcatab puede cuestionar la calificación del cártel de muy grave.
Procede analizarlas, por ello, a mayor abundamiento.
–       Sobre las repercusiones concretas de la infracción sobre el mercado
Por lo que se refiere, específicamente, a las alegaciones relativas a errores en la determinación de la gravedad de la infracción,
debido a la supuesta inexistencia de repercusiones concretas de la infracción sobre el mercado, procede señalar que, contrariamente
a lo que afirma Transcatab, de la lectura de la Decisión impugnada se desprende que, aunque en el considerando 365 de ésta
la Comisión –retomando los términos de las Directrices– parta de la premisa de que para valorar la gravedad de la infracción
debe tomar en consideración los tres factores mencionados en el párrafo primero del número 1 de la sección A de dichas Directrices
(véase el anterior apartado 144), no basó luego la apreciación de la gravedad de la infracción en las repercusiones concretas
de la infracción sobre el mercado.
En efecto, la parte de la Decisión impugnada relativa a la apreciación de la gravedad de la infracción (considerandos 365
a 369) no contiene ningún examen de las repercusiones concretas de la infracción sobre el mercado. En particular, contrariamente
a lo que sostiene Transcatab, tal examen no se desprende del considerando 368 de la Decisión impugnada. Este considerando,
que está estrictamente relacionado con el considerando anterior relativo a la naturaleza de la infracción, se refiere en general
a la capacidad de los cárteles en materia de compra, al igual que en el caso típico de los «cárteles de venta», de afectar
a la competencia. La Comisión afirma al respecto que este tipo de cárteles puede alterar la conducta competitiva de las empresas
en cuestión –ya se trate de los productores o de las que desarrollan actividades posteriores– en la medida en que repercute
sobre un parámetro fundamental de la conducta competitiva de las empresas que intervienen en una cadena de transformación,
a saber, el precio de compra del producto objeto de transformación. En el mismo considerando, la Comisión afirma acto seguido
que dicha capacidad de alterar la competencia es tanto más importante en el supuesto de un producto como aquel de que se trata
en el presente caso.
Además, la parte de la Decisión impugnada referente al examen de la restricción de la competencia (considerandos 277 y siguientes),
al que remite el considerando 368, tampoco contiene un examen de las repercusiones concretas de la infracción sobre el mercado.
En efecto, contrariamente a lo que alega Transcatab, nada indica que se pueda deducir de esta parte de la Decisión impugnada
–que analiza el alcance restrictivo de la competencia de los acuerdos entre los transformadores– que la Comisión considerase
las repercusiones concretas de los cárteles sobre el mercado para determinar la gravedad de la infracción a efectos de la
fijación de la multa.
Por otra parte, la referencia en términos bastante generales a los posibles efectos en los mercados posteriores impugnada
por Transcatab se inscribe en el marco de las consideraciones relativas a la capacidad del cártel de compra de influir en
las conductas de los transformadores (véase el anterior apartado 154
in fine).
Pues bien, en la medida en que el cártel determinaba concretamente las cantidades de tabaco compradas por cada uno de los
transformadores, Transcatab no puede alegar que es errónea la afirmación de que el cártel podía afectar las actividades posteriores
de transformación del tabaco y de venta del tabaco transformado. En efecto, en cuanto que decidía las cantidades adquiridas
del producto crudo, el cártel podía afectar sin duda las conductas de los transformadores posteriores en relación con el producto
transformado. Por otra parte, Transcatab no expuso ninguna alegación ni proporcionó prueba alguna que cuestionaran dicha afirmación.
Además, es preciso destacar que no existe ninguna mención en la Decisión impugnada a eventuales efectos sobre el precio de
los cigarrillos para los consumidores finales, de modo que deben rechazarse las alegaciones formuladas al respecto por Transcatab.
Por lo que se refiere específicamente a los datos presentados por Transcatab o a los datos mencionados en la Decisión impugnada
que probarían la inexistencia de efectos del cártel en el mercado (véase el anterior apartado 154), procede señalar que de
la jurisprudencia se desprende que, para valorar la gravedad de la infracción, es decisivo saber que los miembros del cártel
hicieron todo lo que estaba en sus manos para dar un efecto concreto a sus intenciones. Lo que ocurrió posteriormente, respecto
a los precios de mercado efectivamente practicados, podía verse influido por otros factores, fuera del control de los miembros
del cártel, y éstos no pueden apuntarse en beneficio propio factores externos que entorpecieron sus esfuerzos, invocándolos
como elementos que justifiquen una reducción de la multa (véanse las sentencias Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión,
citada en el apartado 141
supra,
apartado 287; Carbone‑Lorraine/Comisión, citada en el apartado 147
supra,
apartado 86, y Gütermann y Zwicky/Comisión, citada en el apartado 146
supra,
apartado 130, y la jurisprudencia citada).
Además, según la jurisprudencia, no se puede exigir a la Comisión, cuando queda acreditada la realización de la práctica colusoria,
que demuestre sistemáticamente que los acuerdos permitieron efectivamente a las empresas afectadas alcanzar un nivel de precios
de transacción superior o, como en el presente caso, en el supuesto de cárteles de compra, inferior al que habría existido
sin la práctica colusoria. Sería desproporcionado exigir dicha demostración que requeriría recursos considerables puesto que
supondría hacer cálculos hipotéticos, basados en modelos económicos cuya exactitud sólo difícilmente puede verificar el juez
y cuya infalibilidad no está probada en absoluto (véanse, en este sentido, las sentencias Raiffeisen Zentralbank Österreich
y otros/Comisión, citada en el apartado 141
supra,
apartado 286; Carbone‑Lorraine/Comisión, citada en el apartado 147
supra,
apartado 85, y Gütermann y Zwicky/Comisión, citada en el apartado 146
supra,
apartado 129, y la jurisprudencia citada).
En el presente caso, el análisis de la parte de la Decisión impugnada referente a los hechos imputados muestra que los transformadores
llevaron a cabo conscientemente las conductas contrarias a la competencia por las que fueron sancionados (véanse, por ejemplo,
los considerandos 111, 124, 125, 141 y 158 de la Decisión impugnada). Por otra parte, esta consideración queda confirmada
por el hecho de que el cártel tenía carácter secreto, como se desprende de los considerandos 363 y 473 de la Decisión impugnada.
Además, según esta Decisión, los transformadores convinieron, en repetidas ocasiones, medidas destinadas a garantizar la puesta
en práctica efectiva del cártel, tales como el envío recíproco de las facturas de sus proveedores respectivos (considerandos
122 y 129 de la Decisión impugnada), una obligación de consulta en caso de compras fuera de los acuerdos (considerando 139
de la Decisión impugnada), obligaciones de control de los empleados a fin de evitar que tomasen iniciativas sin la coordinación
necesaria (considerando 140 de la Decisión impugnada), la creación de una estructura dirigida a garantizar la consecución
de objetivos contrarios a la competencia (considerando 187 de la Decisión impugnada). Sobre este particular, es preciso también
señalar que del considerando 383 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión declaró que se habían aplicado los
acuerdos del cártel.
En estas circunstancias, procede desestimar las alegaciones de errores de la Comisión basadas en que no se aplicaron en el
mercado los precios indicados por las partes en sus acuerdos y en que la Comisión disponía de datos que mostrarían un aumento
de los precios del tabaco crudo superior al de los demás productos agrícolas.
–       Sobre la dimensión geográfica del mercado
Por lo que respecta a la alegación relativa a la reducida dimensión geográfica del mercado afectado por la infracción, de
la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 147 a 149 se desprende que la dimensión del mercado geográfico no es
un criterio independiente en el sentido de que sólo pueden recibir la calificación de «muy graves» las infracciones que afectan
a la mayoría de los Estados miembros. Ni el Tratado CE, ni el Reglamento nº 1/2003, ni las Directrices, ni la jurisprudencia
permiten considerar que sólo las restricciones a la competencia geográficamente muy extensas pueden ser calificadas de ese
modo. Por otra parte, como se ha recordado en el anterior apartado 148, unos acuerdos que, como en el presente caso, tienen
por objeto concretamente la fijación de los precios de compra y el reparto de las cantidades compradas, pueden recibir, basándose
únicamente en su propia naturaleza, la calificación de infracción muy grave, sin que sea necesario que tales conductas estén
caracterizadas por una dimensión geográfica determinada. De lo anterior se deriva que el tamaño del mercado geográfico afectado,
aun suponiéndolo limitado, no se opone a que se califique de «muy grave» la infracción declarada en el presente caso. Por
consiguiente, la Comisión no incurrió en error alguno al calificar de «muy grave» la infracción habida cuenta de la dimensión
geográfica del mercado afectado.
A mayor abundamiento, es preciso señalar que, si bien ha quedado acreditado que la producción de tabaco crudo se concentraba
en determinadas regiones de Italia, es necesario señalar, no obstante, que el cártel concernía al mercado de la compra de
tabaco crudo y no al de la producción, de modo que su ámbito de aplicación no se limitaba a dichas regiones, sino que cubría
todo el territorio italiano. Pues bien, según reiterada jurisprudencia, el territorio de un Estado miembro constituye una
parte sustancial del mercado común (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de 1983,
Michelin/Comisión, 322/81, Rec. p. 3461, apartado 28, y la sentencia Groupe Danone/Comisión, citada en el apartado 148
supra,
apartado 150). Por lo tanto, Transcatab no puede alegar que la dimensión geográfica del mercado afectado por la infracción
era limitada.
–       Sobre el incumplimiento de la obligación de motivación
Por lo que respecta a las alegaciones relativas al incumplimiento de la obligación de motivación, debe señalarse que, según
jurisprudencia reiterada, la motivación de una decisión individual debe mostrar, de manera clara e inequívoca, el razonamiento
de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada
y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las
circunstancias de cada caso. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes,
en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en
relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto y con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia
de que se trate (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C‑367/95 P,
Rec. p. I‑1719, apartado 63, y la jurisprudencia citada).
En el marco de la fijación de multas por infringir el Derecho de la competencia, la obligación de motivación se cumple cuando
la Comisión indica, en su decisión, los elementos de apreciación que le han permitido determinar la gravedad de la infracción,
así como su duración (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y
otros/Comisión, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, apartado
463, y la jurisprudencia citada).
En el presente caso, por lo que respecta a la valoración de la gravedad de la infracción, la Comisión indicó en los considerandos
365 a 369 de la Decisión impugnada las razones que la llevaron a concluir que la infracción debía calificarse de muy grave.
Como se ha expuesto en los anteriores apartados 159 y siguientes, la Comisión basó esta conclusión en la naturaleza muy grave
de la infracción de que se trata.
Pues bien, es preciso destacar que toda vez que las repercusiones concretas sobre el mercado y la dimensión geográfica del
mercado afectado no constituyen elementos necesarios para calificar la infracción de muy grave en el supuesto de prácticas
colusorias horizontales que, como en el presente caso, tienen por objeto concretamente la fijación de los precios, la Comisión
no estaba obligada a motivar la falta de consideración de dichos criterios. Sobre este particular, es preciso recordar que,
en el marco de los análisis de las infracciones del artículo 81 CE, el artículo 253 CE no puede interpretarse en el sentido
de que obliga a la Comisión a explicar en sus decisiones los motivos por los que, en lo relativo al cálculo del importe de
la multa, no adoptó enfoques distintos del efectivamente adoptado en la Decisión impugnada (véase la sentencia del Tribunal
de 19 de mayo de 2010, IMI y otros/Comisión, T‑18/05, Rec. p. II‑1769, apartado 153, y la jurisprudencia citada).
En estas circunstancias, la Comisión no incumplió su obligación de motivación por lo que respecta a las repercusiones concretas
de la infracción sobre el mercado o a la limitada dimensión del mercado geográfico.
Por último, por lo que se refiere específicamente a la alegación formulada por Transcatab relativa a la motivación ilógica
de la Decisión impugnada en relación con la producción excedentaria de tabaco (véase el anterior apartado 155), es preciso
señalar que la existencia de un exceso de producción no constituye necesariamente una prueba de que no tuvo efectos la puesta
en práctica del cártel destinado a reducir dicha producción. En efecto, no es posible excluir que, de no haber existido el
cártel, la producción de tabaco habría sido aún más elevada. Así pues, contrariamente a lo que sostiene Transcatab, no existe
contradicción necesaria entre la existencia de un exceso de producción y la afirmación contenida en la Decisión impugnada
de que el cártel podía reducir la producción global de tabaco. Por lo tanto, Transcatab no puede alegar, basándose en este
argumento, que es ilógica la motivación de la Decisión impugnada sobre el particular. En consecuencia, procede desestimar
esta alegación.
–       Sobre la vulneración del derecho de defensa
Es preciso señalar que, conforme a reiterada jurisprudencia, desde el momento en que la Comisión indica expresamente, en el
pliego de cargos, que va a examinar si procede imponer multas a las empresas afectadas y expone los principales elementos
de hecho y de Derecho que pueden dar lugar a la imposición de una multa, tales como la gravedad y la duración de la presunta
infracción y el hecho de haberla cometido deliberadamente o por negligencia, dicha institución cumple su obligación de respetar
el derecho de las empresas a ser oídas. Al actuar así, les da los elementos necesarios para defenderse, no sólo contra la
constatación de una infracción, sino también contra el hecho de que se les imponga una multa (sentencia Musique Diffusion
française y otros/Comisión, citada en el apartado 115
supra,
apartado 21; sentencias del Tribunal de 20 de marzo de 2002, LR AF 1998/Comisión, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, apartado 199,
y de 19 de mayo de 2010, Wieland‑Werke y otros/Comisión, T‑11/05, no publicada en la Recopilación, apartado 129).
En cambio, la Comisión no está obligada, una vez que indica los elementos de hecho y de Derecho sobre los que pretende basar
su cálculo del importe de las multas, a precisar el modo en que tiene intención de utilizar cada uno de esos elementos para
determinar el nivel de la multa (sentencia Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, citada en el apartado 141
supra,
apartado 369). Además, en su decisión, la Comisión puede asimismo, en vista del procedimiento administrativo, revisar o añadir
argumentos de hecho o de Derecho en defensa de los cargos que imputa (véase la sentencia Schneider Electric/Comisión, citada
en el apartado 117
supra,
apartado 438, y la jurisprudencia citada).
De lo anterior se deriva que, por lo que se refiere a la determinación del importe de las multas, el derecho de defensa de
las empresas afectadas está garantizado ante la Comisión a través de la posibilidad que éstas tienen de presentar sus observaciones
sobre la duración, la gravedad y el carácter contrario a la competencia de los hechos reprochados (sentencias del Tribunal
de 6 de octubre de 1994, Tetra Pak/Comisión, T‑83/91, Rec. p. II‑755, apartado 235, y Wieland‑Werke y otros/Comisión, citada
en el apartado 180
supra,
apartado 131).
En el presente caso, es necesario señalar que, en el marco del punto II A del pliego de cargos, la Comisión expuso, conforme
a la jurisprudencia, los principales elementos de hecho y de Derecho que pueden dar lugar a la imposición de la multa a Transcatab.
En particular, la Comisión indicó en dicho pliego los elementos de hecho y de Derecho en los que se basó en la Decisión impugnada
para calcular el importe inicial de la multa impuesta a la demandante. Transcatab tuvo la posibilidad de presentar sus observaciones
sobre dichos elementos, de modo que procede concluir que su derecho a ser oída fue debidamente respetado a este respecto.
Por otra parte, como se ha puesto de manifiesto en el marco de la presente parte, la Comisión, en la Decisión impugnada, no
basó la calificación de muy grave de la infracción en los efectos concretos del cártel en el mercado tanto en lo referente
a la disminución de la producción como en lo que se refiere a las actividades desarrolladas posteriormente, sino que, en cambio,
basó dicha calificación en la naturaleza muy grave de las infracciones en cuestión.
A la luz de todo lo anterior, procede desestimar la primera parte del segundo motivo en su totalidad.

Sobre la segunda parte del segundo motivo, relativa a la violación de los principios de proporcionalidad, igualdad de trato
y protección de la confianza legítima en la determinación del importe de base de la multa
Alegaciones de las partes
En primer lugar, Transcatab alega que la Comisión violó el principio de proporcionalidad en la medida en que le impuso una
multa de 14 millones de euros. Considera que esta multa es desproporcionada respecto tanto del total de sus compras anuales
en el mercado de referencia –que no alcanzó los 13 millones de euros–, como del valor total de las compras de tabaco que constituyen
el objeto de los acuerdos, que no superó los 50 millones de euros anuales. En su opinión, la Comisión debería haber tenido
en cuenta, al determinar la multa, las dimensiones especialmente reducidas del mercado. Además, las nuevas Directrices para
el cálculo de las multas impuestas con arreglo al artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003 (DO 2006, C 210,
p. 2; en lo sucesivo, «Directrices de 2006») establecen que el importe de base de la multa debe determinarse en función del
valor de las ventas de la empresa en el mercado que es objeto del cártel.
En segundo lugar, Transcatab alega que la Comisión violó los principios de igualdad de trato y de protección de la confianza
legítima al determinar el importe de base de la multa. A su juicio, trató de diferente modo, sin justificación alguna, al
cártel de que se trata en el presente asunto y al que fue objeto de la Decisión adoptada en el asunto Tabaco crudo – España,
siendo así que ambos asuntos presentaban importantes similitudes tanto en lo que se refiere al objeto del cártel como a su
dimensión geográfica limitada.
La Comisión solicita que se desestimen las alegaciones de Transcatab.
Apreciación del Tribunal
–       Sobre la violación del principio de proporcionalidad
Procede recordar que el principio de proporcionalidad exige que los actos de las instituciones no rebasen los límites de lo
que resulta apropiado y necesario para el logro de los objetivos legítimamente perseguidos por la normativa controvertida,
entendiéndose que, cuando se ofrezca una elección entre varias medidas adecuadas, deberá recurrirse a la menos onerosa, y
que las desventajas ocasionadas no deben ser desproporcionadas con respecto a los objetivos perseguidos (sentencia del Tribunal
de Justicia de 5 de mayo de 1998, Reino Unido/Comisión, C‑180/96, Rec. p. I‑2265, apartado 96, y sentencia del Tribunal General
de 12 de septiembre de 2007, Prym y Prym Consumer/Comisión, T‑30/05, no publicada en la Recopilación, apartado 223).
En el marco de los procedimientos incoados por la Comisión para sancionar las infracciones de las normas sobre competencia,
la aplicación del referido principio implica que las multas no deben ser desmesuradas respecto de los objetivos perseguidos,
es decir, respecto del respeto de dichas normas, y que el importe de la multa impuesta a una empresa por una infracción en
materia de competencia debe ser proporcionada a la infracción, apreciada en su conjunto, habida cuenta, en particular, de
la gravedad de ésta (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2007, Prym y Prym Consumer/Comisión, citada
en el apartado 188
supra,
apartados 223 y 224, y la jurisprudencia citada). En particular, el principio de proporcionalidad implica que la Comisión
debe fijar la multa en proporción a los elementos tenidos en cuenta para apreciar la gravedad de la infracción y, a este respecto,
debe aplicar dichos elementos de forma coherente y justificada objetivamente (sentencias del Tribunal de 27 de septiembre
de 2006, Jungbunzlauer/Comisión, T‑43/02, Rec. p. II‑3435, apartados 226 a 228, y de 28 de abril de 2010, Amann & Söhne y
Cousin Filterie/Comisión, T‑446/05, Rec. p. II‑1255, apartado 171).
En lo referente, en primer lugar, a la alegación relativa al carácter desproporcionado de la multa respecto del valor total
de las compras en el mercado de que se trata, procede señalar que ni del Reglamento nº 1/2003 ni de las Directrices se desprende
que el importe de las multas deba determinarse directamente en función del tamaño del mercado afectado, dado que este factor
no es un elemento obligatorio, sino solamente un elemento pertinente entre otros para valorar la gravedad de la infracción
(sentencias del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007, Dalmine/Comisión, C‑407/04 P, Rec. p. I‑829, apartado 132, y
de 3 de septiembre de 2009, Prym y Prym Consumer/Comisión, citada en el apartado 114
supra,
apartado 55). Por tanto, estas disposiciones no obligan, como tales, a la Comisión a tener en cuenta el tamaño reducido del
mercado del producto (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 27 de septiembre de 2006, Roquette Frères/Comisión,
T‑322/01, Rec. p. II‑3137, apartado 148).
No obstante, como se ha señalado en el anterior apartado 139, según la jurisprudencia, para apreciar la gravedad de una infracción,
la Comisión ha de tener en cuenta gran número de elementos cuyo carácter e importancia varían según el tipo de infracción
de que se trate y las circunstancias particulares de cada infracción. Entre dichos elementos indicativos de la gravedad de
una infracción, no puede excluirse que pueda figurar, según cada caso, el tamaño del mercado del producto de que se trate
(sentencia Musique Diffusion française y otros/Comisión, citada en el apartado 115
supra,
apartado 120, y sentencia Gütermann y Zwicky/Comisión, citada en el apartado 146
supra,
apartado 267).
Por consiguiente, si bien el tamaño del mercado puede constituir un elemento que ha de tomarse en consideración para determinar
la gravedad de la infracción, su importancia varía en función del tipo de infracción y de las circunstancias particulares
de la infracción de que se trate.
En el presente caso, por lo que respecta, en primer término, al tipo de infracción, hay que señalar que el cártel en cuestión
tenía por objeto, concretamente, la fijación en común de los precios pagados por los transformadores por el tabaco crudo,
así como el reparto de los proveedores y de las cantidades de tabaco crudo. Tales prácticas constituyen restricciones horizontales
del tipo «cárteles de precios» en el sentido de las Directrices y son, por su naturaleza, infracciones «muy graves». Para
este tipo de cárteles, que la jurisprudencia califica de infracciones patentes de las normas sobre la competencia o de infracciones
especialmente graves en la medida en que tienen repercusiones directas en los parámetros esenciales de la competencia en el
mercado de que se trate (véase el anterior apartado 137), las Directrices prevén una sanción cuyo importe mínimo inicial supera
los 20 millones de euros.
Por lo que respecta, en segundo término, a las circunstancias particulares de la infracción de que se trata, es preciso señalar
que el tamaño del mercado en cuestión no era despreciable en absoluto, toda vez que del considerando 366 de la Decisión impugnada
se desprende que la producción de tabaco crudo en Italia representaba el 38 % de la producción del contingente en la Unión.
Además, de la nota a pie de página 290 de la Decisión impugnada se deriva que, al extenderse el cártel también a las compras
a «terceros envasadores» –a saber, intermediarios que compran ellos mismos tabaco crudo a los productores y realizan un tratamiento
inicial del tabaco–, afectaba a las compras de valor superior al mero valor de las compras de tabaco crudo producido en Italia.
En estas circunstancias, Transcatab no puede alegar que su multa es desproporcionada respecto del valor total de las compras
en el mercado de que se trata.
En segundo lugar, por lo que respecta a la alegación relativa al carácter desproporcionado de la multa respecto del valor
de las compras de Transcatab en el mercado de que se trata, hay que señalar, parar empezar, que el Derecho aplicable no contiene
ningún principio de aplicación general según el cual la sanción deba ser proporcionada al volumen de negocios alcanzado por
la empresa en el mercado de que se trata (véase la sentencia Gütermann y Zwicky/Comisión, citada en el apartado 146
supra,
apartado 277, y la jurisprudencia citada).
Además, según reiterada jurisprudencia, para determinar la multa se puede tener en cuenta tanto el volumen de negocios global
de la empresa –que constituye una indicación, aunque sea aproximada e imperfecta, del tamaño de ésta y de su potencia económica–,
como la parte de este volumen que procede de las mercancías objeto de la infracción y que, por tanto, puede dar una indicación
de la amplitud de ésta. No hay que atribuir a ninguna de estas cifras una importancia desproporcionada en comparación con
los demás criterios de apreciación y, por consiguiente, la determinación de una multa adecuada no puede ser resultado de un
simple cálculo basado en el volumen de negocios global. Ello es así sobre todo cuando las mercancías afectadas sólo representan
una pequeña fracción de ese volumen (sentencias del Tribunal de Justicia Musique Diffusion française y otros/Comisión, citada
en el apartado 115
supra,
apartado 121; Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 88
supra,
apartado 243, y de 3 de septiembre de 2009, Papierfabrik August Koehler y otros/Comisión, C‑322/07 P, C‑327/07 P y C‑338/07 P,
Rec. p. I‑7191, apartado 114).
Pues bien, es necesario señalar que, como resulta de los anteriores apartados 40 a 43, la Comisión, en la Decisión impugnada,
determinó la multa en función de la cuota de mercado de cada empresa en términos de compras del producto en cuestión en el
mercado en el que tuvo lugar la infracción. Por lo tanto, el valor de las compras en el mercado de que se trata fue un criterio
que se tuvo en cuenta en la determinación de la multa en el presente caso.
Además, de la jurisprudencia se desprende que, en la medida en que el importe de la multa final no sobrepasa el 10 % del volumen
de negocios global de la empresa afectada en el último año de la infracción, dicha multa no puede considerarse desproporcionada
por el mero hecho de haber sobrepasado el volumen de negocios alcanzado en el mercado de referencia (véase, en este sentido,
la sentencia del Tribunal de 9 de julio de 2003, Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión, T‑224/00,
Rec. p. II‑2597, apartado 200).
Por otra parte, como se ha señalado en los anteriores apartados 160 y 193, la infracción de que se trata tenía por objeto
unas prácticas que constituyen restricciones horizontales del tipo «cárteles de precios» en el sentido de las Directrices
y son, por su naturaleza, restricciones «muy graves». Para este tipo de cárteles especialmente graves, las Directrices prevén
una sanción cuyo importe mínimo inicial supera los 20 millones de euros. Pues bien, del considerando 376 de la Decisión impugnada
se desprende que el importe inicial de la multa impuesta a Transcatab corresponde a un importe claramente inferior al que
la Comisión habría podido prever para las infracciones muy graves en virtud de las Directrices. En este contexto, Transcatab
no puede aducir que la multa que se le impuso es desproporcionada respecto del tamaño reducido alegado del mercado de que
se trata y del total de sus compras anuales en el mercado de referencia.
Por último, por lo que se refiere a la alegación de la demandante sobre las Directrices de 2006, procede señalar, como admite
la propia Transcatab, que éstas no eran aplicables a los hechos que originaron el presente litigio (véase, en este sentido,
la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de junio de 2010, Lafarge/Comisión, C‑413/08 P, Rec. p. I‑5361, apartado 108).
–       Sobre la violación del principio de igualdad de trato
Conforme a reiterada jurisprudencia, el principio de igualdad de trato sólo se viola cuando se tratan de manera diferente
situaciones que son comparables o cuando situaciones diferentes se tratan de manera idéntica, a menos que ese trato esté objetivamente
justificado (sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de diciembre de 1984, Sermide, 106/83, Rec. p. 4209, apartado 28, y
sentencia Hoechst/Comisión, citada en el apartado 158
supra,
apartado 79).
Asimismo, es preciso recordar que, como se ha señalado en el anterior apartado 162, conforme a una jurisprudencia ya consolidada,
la práctica decisoria de la Comisión no sirve de marco jurídico a las multas en materia de competencia, que la Comisión dispone,
en el ámbito de la fijación del importe de las multas, de una amplia facultad de apreciación y que no está vinculada por las
apreciaciones que ella misma haya podido realizar con anterioridad.
El mero hecho de que, en la práctica seguida en sus decisiones anteriores, la Comisión haya considerado que un cierto comportamiento
justificaba una multa de un determinado importe no implica en absoluto que esté obligada a efectuar la misma apreciación al
adoptar una decisión posterior (véase la sentencia del Tribunal de 27 de septiembre de 2006, Archer Daniels Midland/Comisión,
T‑329/01, Rec. p. II‑3255, apartado 110, y la jurisprudencia citada).
Por lo tanto, en el caso de autos es preciso considerar que la mera invocación por Transcatab de la Decisión relativa al asunto
Tabaco crudo – España no puede prosperar, ya que la Comisión no estaba obligada a efectuar una apreciación idéntica en el
presente asunto (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de marzo de 2009, Archer Daniels Midland/Comisión, citada en el
apartado 162
supra,
apartado 83).
En lo que respecta específicamente a la aplicación del principio de igualdad de trato en el presente caso, procede subrayar
que las demás decisiones en materia de multas que adopte la Comisión únicamente tienen, en principio, carácter indicativo,
especialmente cuando las circunstancias tenidas en cuenta en esas otras decisiones no sean idénticas a las de la Decisión
de que se trata (sentencia de 27 de septiembre de 2006, Archer Daniels Midland/Comisión, citada en el apartado 204
supra,
apartado 112). Pues bien, en el presente caso, si bien es cierto que existen algunas analogías entre el asunto Tabaco crudo
– España y el presente asunto, existen, sin embargo, importantes diferencias entre ellos que en absoluto pueden ignorarse.
En efecto, por un lado, no se discute que el mercado español tenía una dimensión e importancia menores que el mercado italiano.
Por otro lado, los marcos normativos nacionales que regulan el sector de que se trata eran diferentes (véanse, más concretamente,
los posteriores apartados 317 y siguientes).
Pues bien, habida cuenta de tales diferencias nada desdeñables, la Comisión podía, e incluso estaba obligada, a tratar de
modo diferente estos dos casos por lo que se refiere a la determinación de la sanción. En consecuencia, Transcatab no puede
apoyarse válidamente en la Decisión de la Comisión adoptada en el asunto Tabaco crudo – España para alegar la existencia de
una violación del principio de igualdad de trato en el presente asunto.
–       Sobre la violación del principio de protección de la confianza legítima
Procede recordar que de la jurisprudencia se desprende que el derecho a invocar el principio de protección de la confianza
legítima implica que concurran tres requisitos. En primer lugar, la Administración debe dar al interesado garantías precisas,
incondicionales y coherentes, que emanen de fuentes autorizadas y fiables. En segundo lugar, estas garantías deben poder suscitar
una esperanza legítima en el ánimo de aquel a quien se dirigen. En tercer lugar, las garantías dadas deben ser conformes con
las normas aplicables (véase la sentencia del Tribunal de 4 de febrero de 2009, Omya/Comisión, T‑145/06, Rec. p. II‑145, apartado
117, y la jurisprudencia citada; véase también, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 30 de abril de 2009, Nintendo
y Nintendo of Europe/Comisión, T‑13/03, Rec. p. II‑947, apartado 203, y la jurisprudencia citada).
En el presente caso, es necesario señalar que no concurre el primer requisito establecido por la jurisprudencia. En efecto,
de la jurisprudencia se desprende que la Comisión dispone de una amplia facultad de apreciación en la determinación del importe
de las multas, de modo que los agentes económicos no pueden invocar una confianza legítima en la determinación de tales importes
(véase la sentencia de 27 de septiembre de 2006, Archer Daniels Midland/Comisión, citada en el apartado 204
supra,
apartado 109, y la jurisprudencia citada). Por lo tanto, no cabe considerar que el precedente relativo al asunto Tabaco crudo
– España invocado por Transcatab le haya dado una garantía precisa, incondicional y coherente en el sentido de la jurisprudencia
mencionada en el apartado anterior.
Además, es necesario señalar que la Comisión adoptó la Decisión en el asunto Tabaco crudo – España en octubre de 2004, es
decir, más de dos años después de la presentación por Transcatab de su petición de reducción de la multa con arreglo a la
Comunicación sobre la cooperación. En estas circunstancias, Transcatab no puede alegar en absoluto que actuó basándose en
una confianza legítima derivada de la determinación del importe de la multa en el referido asunto.
Habida cuenta de todo lo anterior, procede desestimar la segunda parte del segundo motivo en su totalidad.

Sobre la tercera parte del segundo motivo, relativa a la violación del principio de proporcionalidad en la consideración del
carácter disuasorio de la sanción y de la situación financiera de Transcatab
Alegaciones de las partes
Transcatab impugna la aplicación del coeficiente multiplicador en la determinación del importe inicial de la multa. En primer
lugar, rechaza la premisa de dicha aplicación, a saber, la atribución de la responsabilidad de la infracción a su sociedad
matriz, Alliance One.
En segundo lugar, alega que, en el presente caso, el efecto disuasorio podría haberse obtenido sin aplicar un coeficiente
multiplicador y gracias a la determinación de un importe inicial de la multa inferior al considerado por la Comisión.
En tercer lugar, sostiene que, en virtud del principio de proporcionalidad, la Comisión debía haber modulado el importe de
la multa teniendo en cuenta la situación financiera precaria de Transcatab y los riesgos para la continuación de su actividad.
En efecto, durante el período comprendido entre 1995 y 2002, Transcatab acumuló importantes pérdidas y se vio abocada a la
liquidación tras la multa que le impuso la Comisión. Además, Transcatab no estaba ya presente en el mercado italiano ni operaba
en el mercado en la fecha de la Decisión impugnada, de modo que no habría habido necesidad alguna de disuasión por lo que
a ella respecta. Igualmente, en el presente caso, no había existido exigencia alguna adicional de disuasión relacionada con
una producción denominada «multiproductos». Por último, incluso las Directrices de 2006 hacían referencia a la capacidad de
la empresa para pagar la multa, tomando así en consideración el riesgo de comprometer su viabilidad económica.
La Comisión solicita que se desestimen las alegaciones de Transcatab.
Apreciación del Tribunal
De la jurisprudencia se desprende que las sanciones previstas en el artículo 23 del Reglamento nº 1/2003 tienen por objeto
tanto reprimir comportamientos ilícitos como evitar su reproducción. De ello se deduce que la disuasión constituye una finalidad
de la multa (véanse, en este sentido las sentencias del Tribunal de 15 de marzo de 2006, BASF/Comisión, T‑15/02, Rec. p. II‑497,
apartados 218 y 219, y la jurisprudencia citada, y de 30 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el
apartado 103
supra,
apartado 150).
La necesidad de garantizar que el efecto disuasorio de la multa sea suficiente exige que se module el importe de ésta para
tener en cuenta el impacto que se pretende obtener en la empresa a la que se impone, a fin de que dicha multa no resulte insignificante
o, por el contrario, excesiva, especialmente en relación con la capacidad económica de la empresa en cuestión, conforme a
las exigencias derivadas, por una parte, de la necesidad de garantizar la eficacia de la multa y, por otra, del respeto del
principio de proporcionalidad (sentencias del Tribunal de 5 de abril de 2006, Degussa/Comisión, T‑279/02, Rec. p. II‑897,
apartado 283; de 18 de junio de 2008, Hoechst/Comisión, T‑410/03, Rec. p. II‑881, apartado 379, y de 30 de septiembre de 2009,
Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 103
supra,
apartado 154). Así pues, si bien la necesidad de garantizar que el efecto disuasorio de la multa sea suficiente es un objetivo
legítimo que la Comisión puede perseguir al determinar el importe de una multa, no es menos cierto que está obligada a respetar
los principios generales del Derecho –y, en particular, el principio de proporcionalidad– no sólo al determinar el importe
inicial, sino también al aumentar este importe con el fin de garantizar que el efecto disuasorio de la multa sea suficiente
(sentencia Degussa/Comisión, antes citada, apartado 316).
Las Directrices mencionan la finalidad disuasoria en su número 1, sección A, dedicado a la gravedad de las infracciones. Más
en concreto, el párrafo cuarto de este número señala que será necesario «fijar un importe que dote a la multa de un carácter
lo suficientemente disuasorio». En el presente caso, en los considerandos 374 y 375 de la Decisión impugnada, la Comisión
motivó la necesidad de aplicar un coeficiente multiplicador del 1,25 por la voluntad de dotar a la multa impuesta a Transcatab
de un carácter lo suficientemente disuasorio, al considerar que ésta pertenecía a un grupo multinacional con una fuerza económica
y financiera considerable, situado entre los principales comerciantes mundiales de tabaco, que operaba en distintos niveles
de actividad en la industria del tabaco y en diferentes mercados geográficos.
Por lo que respecta, en primer lugar, a la alegación relativa a la premisa de la aplicación del coeficiente multiplicador,
a saber, la atribución de la responsabilidad de la infracción a su sociedad matriz, Alliance One, baste señalar que, en el
marco del primer motivo, se concluyó que la Comisión había estimado acertadamente que debía considerarse a Alliance One como
corresponsable de la infracción cometida por Transcatab (véase la primera parte del primer motivo). Por lo tanto, esta alegación
no puede prosperar.
En segundo lugar, en cuanto a la alegación de Transcatab sobre el carácter ya suficientemente disuasorio del importe inicial
de 10 millones de euros, es preciso señalar que no fundamenta en absoluto su afirmación de que si el importe de la multa se
hubiera determinado sin tener en cuenta el coeficiente multiplicador relativo al efecto disuasorio, habría sido suficiente
para dotar de tal efecto a la multa (véase, en este sentido, la sentencia Lafarge/Comisión, citada en el apartado 201
supra,
apartado 107).
Por lo que respecta, en tercer lugar, a la alegación de que la Comisión no tuvo en cuenta su situación financiera precaria
y violó, así, el principio de proporcionalidad al aplicarle el coeficiente multiplicador, es preciso destacar que, según la
jurisprudencia, como el objetivo disuasorio guarda relación con la conducta de las empresas en la Unión, el coeficiente disuasorio
se calcula tomando en consideración una multitud de factores, y no sólo la situación particular de la empresa de que se trate
(sentencia del Tribunal General de 30 de abril de 2009, Itochu/Comisión, T‑12/03, Rec. p. II‑883, apartado 93; véanse también,
en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 2006, Showa Denko/Comisión, C‑289/04 P, Rec. p. I‑5859,
apartado 23, y la sentencia Jungbunzlauer/Comisión, citada en el apartado 189
supra,
apartado 300).
Además, según reiterada jurisprudencia, la Comisión no está obligada a tomar en consideración la situación financiera deficitaria
de una empresa infractora al determinar el importe de la multa, ya que el reconocimiento de tal obligación equivaldría a procurar
una ventaja competitiva injustificada a las empresas menos adaptadas a las condiciones del mercado (véanse las sentencias
del Tribunal de Justicia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 88
supra,
apartado 327, y de 29 de junio de 2006, SGL Carbon/Comisión, C‑308/04 P, Rec. p. I‑5977, apartado 105, y la jurisprudencia
citada; y la sentencia del Tribunal General de 28 de abril de 2010, BST/Comisión, T‑452/05, Rec. p. II‑1373, apartado 95).
Por lo tanto, Transcatab no puede impugnar la aplicación del coeficiente multiplicador con fines disuasorios basándose en
que registró pérdidas durante el período de puesta en práctica del cártel, que la llevó a no seguir operando en el mercado
afectado por el cártel desde la apertura del procedimiento. Además, habida cuenta de la pertenencia de Transcatab a un grupo
multinacional con una fuerza económica y financiera considerable y de la atribución de la responsabilidad a su sociedad matriz,
no cabe considerar que la aplicación del coeficiente multiplicador a un importe determinado en función del volumen de negocios
global de dicho grupo convierta la multa en desproporcionada.
Por otra parte, es necesario señalar que, en el presente caso, Transcatab no probó, ni durante el procedimiento administrativo
ni ante el Tribunal, su afirmación de que se vio abocada a la liquidación debido a la apertura por la Comisión de la investigación
en cuestión y de la multa prevista. Asimismo, procede recordar que el hecho de que una medida adoptada por una institución
provoque la quiebra o la liquidación de una empresa determinada no está prohibido, como tal, por el Derecho de la Unión. En
efecto, la liquidación de una empresa en su forma jurídica en cuestión, aunque puede perjudicar a los intereses financieros
de los propietarios, accionistas o titulares de acciones, no significa sin embargo que los elementos personales, materiales
e inmateriales representados por la empresa pierdan, también ellos, su valor (véase la sentencia del Tribunal de 29 de abril
de 2004, Tokai Carbon y otros/Comisión, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 y T‑252/01, Rec. p. II‑1181, apartado
372, y la jurisprudencia citada).
Por lo que respecta a la alegación relativa a la exigencia adicional de disuasión en relación con empresas cuya producción
se denomina «multiproductos», es preciso señalar que la Decisión impugnada no contiene referencia alguna a tal exigencia,
de modo que esta alegación carece de pertinencia en el presente caso. Por último, en lo referente a la alegación sobre las
Directrices de 2006, ya se ha puesto de manifiesto que éstas no eran aplicables a los hechos que originaron el presente litigio
(véase el anterior apartado 201).
A la luz de todo lo anterior, procede desestimar la tercera parte del segundo motivo y, en consecuencia, el segundo motivo
en su totalidad.
3.
Sobre el tercer motivo, referente a la determinación del importe de base de la multa

Sobre la primera parte del tercer motivo, relativa a un incremento erróneo del importe de la multa por motivo de la duración
de la infracción
Alegaciones de las partes
En primer lugar, Transcatab impugna el aumento del 60 % del importe inicial de la multa basado en la afirmación de que los
transformadores habían participado en una infracción única durante un período de seis años y cuatro meses. En su opinión,
la Comisión no tuvo en cuenta que, durante el período comprendido entre 1999 y 2002, los acuerdos celebrados en el mercado
italiano del tabaco crudo habían sido, en gran parte, acuerdos interprofesionales celebrados entre la UNITAB y la APTI. Por
lo tanto, considera que la Comisión debía haber distinguido, al determinar la multa, entre las conductas que se llevaron a
cabo entre 1995 y 1998 y las que se realizaron entre 1999 y 2002, cuya responsabilidad incumbía exclusivamente a la APTI.
Por otra parte, la propia Comisión señala que la APTI era responsable en exclusiva de sus decisiones (considerando 253 de
la Decisión impugnada). Por lo tanto, considera que la Comisión no debía haber incrementado la multa, al menos, en relación
con los tres años controvertidos.
En particular, alega que de los considerandos 152 y 154 de la Decisión impugnada así como de algunos documentos incorporados
al expediente se desprende que, ya a partir de 1998, los contactos entre los transformadores se desarrollaron en el contexto
de los acuerdos interprofesionales y a fin de prepararlos. Tales reuniones entre los transformadores se mantendrían luego
a lo largo de todo el período durante el cual la APTI se encargaba de la negociación de los acuerdos interprofesionales con
la UNITAB. Transcatab se refiere específicamente a los considerandos 104, 143, 151 a 153, 158 y 165 de la Decisión impugnada.
Por lo que respecta al año 1999, los considerandos 158 y 159 de la Decisión impugnada son los únicos que no se refieren directamente
a los acuerdos interprofesionales. Sin embargo, les afectan indirectamente. Incluso después de 1999, los contactos entre los
transformadores se realizaron siempre en el marco de la definición de la posición común que se debía mantener en la APTI.
Transcatab cita como ejemplo los considerandos 199 y 212 de la Decisión impugnada o, en el marco de los objetivos perseguidos
mediante la Cogentab –asociación creada por la APTI y la UNITAB–, los considerandos 187 a 189, 191 y 208 de la Decisión impugnada.
De todas formas, los contactos llevados a cabo entre los transformadores fuera de los acuerdos interprofesionales se limitaron
a determinados aspectos del mercado, concretándose principalmente en meros intercambios de información.
En segundo lugar, Transcatab demostró, en el marco del segundo motivo, que el cártel no tuvo repercusiones en el mercado y
que no pudo causar perjuicios a los consumidores. Pues bien, según las Directrices, el objetivo preciso del incremento aplicable
a las infracciones de larga duración es el de «sancionar realmente las restricciones cuyos efectos nocivos sobre los consumidores
sean duraderos». De ello se deriva, a su juicio, que, al aplicar automáticamente un incremento del 10 % anual sin tomar en
consideración la situación en el caso concreto, la Comisión incurrió en un error en la aplicación de los criterios que ella
misma había establecido para el cálculo de la multa.
La Comisión solicita que se desestimen las alegaciones de Transcatab.
Apreciación del Tribunal
–       Sobre el incremento de la multa debido a la duración del acuerdo
Procede recordar que, según la jurisprudencia, una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, puede resultar no sólo de un
acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado (sentencia Comisión/Anic Partecipazioni,
citada en el apartado 90
supra,
apartado 81). Cuando las diversas acciones se inscriben en un plan conjunto, debido a su objeto idéntico que falsea el juego
de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función
de la participación en la infracción considerada en su conjunto (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el
apartado 88
supra,
apartado 258).
Además, cuando los acuerdos y prácticas concertadas comprobados se enmarcan, por la identidad de sus objetivos, dentro de
sistemas de reuniones periódicas, de fijación de objetivos de precios y de cuotas, sistemas que se inscriben, a su vez, en
el marco de una serie de esfuerzos de las empresas de que se trata que persiguen un único objetivo económico, a saber, falsear
la evolución de los precios, resultaría artificioso subdividir dicho comportamiento continuado, caracterizado por una única
finalidad, para ver en él varias infracciones distintas, cuando, por el contrario, constituye una única infracción que se
fue concretando progresivamente a través tanto de acuerdos como de prácticas concertadas (véase, en este sentido, la sentencia
BST/Comisión, citada en el apartado 222
supra,
apartado 33, y la jurisprudencia citada).
En el presente caso, en la Decisión impugnada, la Comisión consideró –sin ser contradicha al respecto por Transcatab– que
las prácticas de los transformadores dieron lugar a una infracción única y continuada del artículo 81 CE, apartado 1, en la
medida en que se enmarcaban en un plan global que definía las conductas en el mercado en materia de compras persiguiendo un
objetivo contrario a la competencia idéntico y una misma finalidad económica, a saber, la de falsear la evolución normal de
los precios en el mercado del tabaco crudo y controlar los suministros mediante su reparto. En particular, la Comisión manifestó,
sin que Transcatab lo rebatiera, que el cártel tuvo los mismos objetivos durante toda su duración y presentó la misma estructura
en el tiempo y los mismos mecanismos de funcionamiento (véanse los considerandos 264 a 269 de la Decisión impugnada).
La Comisión también declaró –sin ser contradicha al respecto por Transcatab– que, después de 1999, en paralelo a la coordinación
fuera de los acuerdos interprofesionales, los transformadores se coordinaron para determinar el comportamiento de la APTI
y que esta coordinación constituía, en aquellos años, un elemento importante de la estrategia del cártel de los transformadores
(véase el considerando 244 de la Decisión impugnada). Por lo tanto, la preparación de las reuniones de la APTI perseguía el
mismo objetivo contrario a la competencia que el perseguido mediante la celebración de los acuerdos entre los transformadores,
a saber, el de falsear la evolución normal de los precios en el mercado del tabaco crudo.
Pues bien, a falta de refutación de dichas apreciaciones, incluso en el supuesto de que –como sostiene Transcatab– a partir
de 1999, las reuniones entre los transformadores sólo hubieran tenido carácter preliminar y preparatorio de las reuniones
de la APTI, la Comisión podía considerar legítimamente que la participación en dichas reuniones se inscribía en el marco de
una infracción única y continuada, en la medida en que constató que la coordinación entre transformadores para determinar
el comportamiento de la APTI formaba parte de la estrategia del cártel y se inscribía en el mismo objetivo único perseguido
por los transformadores antes de 1999.
En consecuencia, aun suponiendo que, como sostiene Transcatab, después de 1999 las conductas de los transformadores fueran
exclusivamente preliminares y preparatorias de las reuniones de la APTI, esta circunstancia no puede tener incidencia alguna
sobre la duración de la infracción, de modo que la Comisión, incluso en dicho caso hipotético, podía considerar que la infracción
cometida por los transformadores había tenido una duración de unos seis años y cuatro meses. Por lo tanto, la alegación de
Transcatab de que durante el período comprendido entre 1999 y 2002 las conductas de los transformadores habrían tenido exclusivamente
un carácter preparatorio de la celebración de los acuerdos interprofesionales no tiene incidencia alguna en la legalidad de
la Decisión impugnada, de modo que debe considerarse inoperante.
Esta afirmación no queda enervada por la alegación de que la Comisión estimó que era la APTI, y no sus miembros, la que debía
ser considerada responsable de sus conductas (véase el considerando 253 de la Decisión impugnada). En efecto, el comportamiento
de la APTI constituyó una infracción diferente de la cometida por los transformadores que perseguía un objetivo contrario
a la competencia propio, si bien coincidente parcialmente con el objetivo contrario a la competencia perseguido por los transformadores
(véanse los considerandos 270 a 273 de la Decisión impugnada). Transcatab no rebate esta declaración.
En cualquier caso, procede señalar que la presente alegación carece asimismo de fundamento fáctico.
En primer lugar, la propia Transcatab reconoce expresamente en sus escritos que, durante el período de que se trata, existieron
contactos entre los transformadores «más allá de los acuerdos interprofesionales», en relación con «determinados aspectos
del mercado», y en cuyo marco se produjeron intercambios de información sensible. Transcatab afirma también que en dicho período
«la mayor parte» de los acuerdos celebrados en el mercado italiano del tabaco crudo fueron acuerdos interprofesionales celebrados
entre la UNITAB y la APTI, afirmación que da a entender que, durante dicho período, también existieron otros acuerdos entre
los transformadores además de los contactos referentes a los acuerdos interprofesionales.
En segundo lugar, de la Decisión impugnada y de los autos se desprende que, durante el referido período, los contactos entre
los transformadores fueron mucho más allá de meros encuentros preliminares dirigidos a adoptar una línea de conducta común
en la APTI para la negociación de los acuerdos interprofesionales. A este respecto, es preciso recordar que, conforme a la
legge nº 88 sulle norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli (Ley
nº 88 por la que se establece una normativa de los acuerdos interprofesionales y de los contratos de cultivo y de venta de
productos agrícolas), de 16 de marzo de 1988 (GURI nº 69, de 23 de marzo de 1988; en lo sucesivo, «Ley nº 88/88»), los acuerdos
interprofesionales versaban sobre la fijación de los precios mínimos que debían incluirse en los contratos de cultivo (véanse
los considerandos 68 y 253 de la Decisión impugnada), mientras que el objeto de los acuerdos entre los transformadores era
mucho más amplio, puesto que el cártel preveía, concretamente, la determinación de los precios de entrega máximos o medios
y los volúmenes de tabaco que debía comprar cada transformador, así como las fuentes de suministro correspondientes (considerando
363 de la Decisión impugnada).
Pues bien, de diversos elementos contenidos en la Decisión impugnada y en los autos resulta que, incluso a partir de 1999,
los contactos entre los transformadores versaron sobre un objeto más amplio que la mera coordinación de la posición de la
APTI en relación con la celebración de los acuerdos interprofesionales.
Así, por ejemplo, del considerando 186 de la Decisión impugnada se desprende que, según la Comisión, en octubre de 1999, los
transformadores celebraron un acuerdo secreto cuyos fondo y forma eran muy parecidos al acuerdo de la Villa Grazioli del mes
de septiembre de 1998 (véase el considerando 142 de la Decisión impugnada). Dicho acuerdo, que figura como anexo del escrito
de contestación a la demanda, tenía como objeto principal la fijación de los precios de compra del tabaco crudo (Burley y
Bright) a los «terceros envasadores», la atribución de los «terceros envasadores» con cantidades definidas a cada transformador
y el boicot a los «terceros envasadores» que no se habían adherido a la Cogentab (véase el considerando 186 de la Decisión
impugnada).
Además, de los considerandos 202 a 204 de la Decisión impugnada se deriva que, en 2000, la coordinación entre los transformadores
fue continua. Sin embargo, Transcatab no demuestra en absoluto que dicha coordinación se refiriera exclusivamente a las posiciones
que debían tomarse en la APTI. En cambio, del considerando 204 de la Decisión impugnada resulta que los transformadores se
habían reunido el 21 de septiembre de 2000 para crear un mecanismo de coordinación entre los transformadores al nivel de Directores
de compras.
Asimismo, del considerando 212 de la Decisión impugnada se desprende que, el 14 de septiembre de 2001, tuvo lugar una reunión
entre los Presidentes y los Directores de compras de Deltafina, Dimon y Transcatab cuyo orden del día propuesto incluía no
sólo el acuerdo interprofesional entre la APTI y la UNITAB, sino también las relaciones mutuas entre dichas empresas, las
compras a «terceros envasadores», las relaciones con Romana Tabacchi y las estrategias que debían adoptarse de cara al futuro.
Todos estos ejemplos muestran que, durante el período comprendido entre 1999 y 2002, los contactos entre los transformadores
no tuvieron exclusivamente como objeto los acuerdos interprofesionales, como alega Transcatab, y que, muy al contrario, durante
dicho período, el cártel entre los transformadores siguió funcionando en paralelo a los acuerdos interprofesionales. Además,
Transcatab no demostró en absoluto que la Comisión hubiera incurrido en error al no considerar que, durante el período comprendido
entre 1999 y 2002, las conductas de los transformadores habían tenido exclusivamente un carácter preparatorio de la celebración
de los acuerdos interprofesionales.
Habida cuenta de todo lo anterior, es preciso concluir que procede desestimar la primera alegación de Transcatab expuesta
en el marco de la presente parte.
–       Sobre la inexistencia de perjuicio para los consumidores
La alegación de Transcatab relativa a un error de la Comisión en el incremento del 10 % anual, toda vez que no existe perjuicio
para los consumidores derivado de la infracción, carece tanto de fundamento jurídico como fáctico.
En primer lugar, no cabe deducir ni del artículo 23 del Reglamento nº 1/2003, ni del número 1, sección B, párrafo tercero,
de las Directrices, invocados por Transcatab, que éstos supediten el incremento aplicable a las infracciones de larga duración
a que sus efectos nocivos sobre los consumidores sean duraderos. El pasaje de las Directrices al que se refiere Transcatab
tiene por objeto justificar en general la política en materia de multas anunciada con las Directrices y, en particular, las
modificaciones respecto de la práctica anterior. Por lo tanto, Transcatab no puede basar su alegación en dicha disposición
de las Directrices.
En segundo lugar, contrariamente a lo que sostiene Transcatab, no ha quedado acreditado en absoluto que el cártel no haya
tenido repercusiones en el mercado y, por lo tanto, aún menos que no haya producido efectos negativos sobre los consumidores.
En efecto, los datos invocados por Transcatab en el marco del segundo motivo no permiten demostrar tal ausencia de efectos,
en la medida en que pueden haberse visto influidos por otros factores (véase, en particular, el anterior apartado 168). El
hecho de que el cártel haya durado varios años muestra, por otra parte, que los transformadores no consideraban que el cártel
fuese inútil y que no produjese efectos. Así pues, la premisa de la alegación de Transcatab es errónea.
Por lo tanto, a la luz de todo lo anterior, procede desestimar la primera parte del tercer motivo en su totalidad.

Sobre la segunda parte del tercer motivo, relativa a la violación del principio
ne bis in idem
y a una falta de motivación
Alegaciones de las partes
Transcatab alega una violación del principio
ne bis in idem
por la Comisión. Ésta consideró, en la Decisión impugnada, que la responsabilidad de la celebración de los acuerdos interprofesionales
durante el período comprendido entre 1999 y 2001 debía imputarse exclusivamente a la APTI. Sin embargo, al no distinguir el
período comprendido entre 1995 y 1998 del comprendido entre 1999 y 2001, atribuyó a los transformadores la responsabilidad
de las conductas llevadas a cabo en el marco de los acuerdos interprofesionales, conductas que ya había imputado exclusivamente
a la APTI.
En su opinión, en el presente caso, habría una identidad entre los hechos reprochados a la APTI y los reprochados a Transcatab
en relación con el período comprendido entre 1999 y 2002, en la medida en que las reuniones entre los transformadores durante
dicho período eran previas a las reuniones de la APTI. Además, habría una identidad de infractor, en cuanto que es notorio
que las asociaciones profesionales son expresión de sus miembros. Por lo tanto, considera que la Comisión sancionó a los transformadores
dos veces por una misma infracción. Fueron sancionados una primera vez como miembros de la APTI y, posteriormente, de forma
individual. De ello se deriva, a su juicio, la imposición de una multa excesiva a los transformadores, así como una falta
de motivación a este respecto de la Decisión impugnada.
La Comisión solicita que se desestimen las alegaciones de Transcatab.
Apreciación del Tribunal
Con carácter preliminar, es preciso recordar que el principio
ne bis in idem,
recogido también en el artículo 4 del Protocolo nº 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, constituye un principio general del Derecho de la
Unión, cuya observancia debe garantizar el juez. En el ámbito del Derecho de la competencia, dicho principio prohíbe que se
condene a una empresa o que la Comisión inicie de nuevo un procedimiento sancionador en su contra por un comportamiento contrario
a la competencia por el que ya haya sido sancionada o del que la Comisión la haya declarado no responsable mediante una decisión
anterior que no puede ser ya objeto de recurso (sentencias del Tribunal de 9 de julio de 2003, Archer Daniels Midland y Archer
Daniels Midland Ingredients/Comisión, citada en el apartado 199
supra,
apartados 85 y 86, y Tokai Carbon y otros/Comisión, citada en el apartado 224
supra,
apartados 130 y 131). La aplicación del principio
ne bis in idem
está supeditada al triple requisito de identidad de los hechos, unidad de infractor y unidad de interés jurídico protegido.
El citado principio prohíbe, por tanto, sancionar a una misma persona más de una vez por un mismo comportamiento ilícito con
el fin de proteger el mismo bien jurídico (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 88
supra,
apartado 338, y sentencia del Tribunal de 13 de diciembre de 2006, FNCBV y otros/Comisión, T‑217/03 y T‑245/03, Rec. p. II‑4987,
apartado 340).
En el presente caso, no concurre el primer requisito, a saber, la identidad de los hechos. Aun suponiendo que haya habido
un cierto solapamiento entre una parte de las distintas conductas contrarias a la competencia reprochadas a los transformadores,
en concreto, la coordinación para determinar el comportamiento de la APTI (considerando 244 de la Decisión impugnada), y el
comportamiento reprochado a la APTI, a saber, la determinación de la posición que adoptará en las negociaciones sobre los
precios a efectos de la celebración de acuerdos interprofesionales con la UNITAB (considerandos 253 y 254 de la Decisión impugnada),
es necesario señalar que se trata de dos comportamientos distintos. En efecto, la coordinación previa a la adopción de una
decisión es diferente de la adopción de la decisión propiamente dicha.
Además, como se ha señalado en el marco de la primera parte de este motivo, la coordinación entre transformadores para determinar
el comportamiento de la APTI se inscribía en la estrategia más amplia del cártel de los transformadores, del que constituía
un elemento importante (véase el considerando 244 de la Decisión impugnada). A este respecto, es preciso destacar también
que, en la Decisión impugnada, la Comisión expuso, de forma clara y precisa, que la APTI y los transformadores fueron sancionados
por infracciones diferentes (véanse, en relación con la APTI, los considerandos 253, 254 y 270 a 273 y, respecto a los transformadores,
los considerandos 240 a 252 y 264 a 269 de la Decisión impugnada).
Por lo tanto, Transcatab no puede alegar que, en el presente caso, existiera identidad entre los hechos reprochados a los
transformadores y los reprochados a la APTI.
Por lo que respecta al segundo requisito, a saber, la identidad de los infractores, es preciso señalar que tampoco concurre
en el presente caso. En efecto, aun cuando Transcatab sea miembro de la APTI, se trata de dos entidades diferentes, toda vez
que la APTI tiene personalidad jurídica, finalidad y objetivos propios, independientes y distintos de los de Transcatab (véase,
en este sentido, la sentencia FNCBV y otros/Comisión, citada en el apartado 254
supra,
apartado 128).
De ello se desprende que, en el caso de autos, no concurren ni la identidad de hechos ni la de infractores, en cuanto que
la Decisión impugnada no sanciona reiteradamente a las mismas entidades o a las mismas personas por los mismos hechos. Por
consiguiente, procede concluir que no existe menoscabo del principio
ne bis in idem.
En lo que se refiere a la alegación relativa a la falta de motivación, procede destacar que, en la medida en que las conductas
reprochadas a los transformadores y las reprochadas a la APTI eran conductas diferentes llevadas a cabo por entidades jurídicas
diferentes, la Comisión no estaba obligada a proporcionar una motivación relativa a la aplicación del principio
ne bis in idem.
Además, en la Decisión impugnada, la Comisión no confundió en absoluto la responsabilidad de la APTI y la de los transformadores.
En particular, conforme a la jurisprudencia mencionada en el anterior apartado 174, los considerandos citados en el anterior
apartado 256 muestran, de manera clara e inequívoca, el razonamiento de la Comisión a este respecto, de manera que Transcatab
pueda conocer las razones de la medida adoptada frente a ella y el Tribunal pueda ejercer su control.
A la vista de todo lo anterior, procede desestimar esta parte en su totalidad.

Sobre la tercera parte del tercer motivo, relativa a la violación del principio de igualdad de trato
Alegaciones de las partes
Con carácter subsidiario, Transcatab alega que los transformadores, al contratar con los agricultores, estaban convencidos
de seguir estando dentro del marco de la legislación nacional y, en particular, de la Ley nº 88/88 y de los acuerdos interprofesionales.
Por lo que respecta a los acuerdos interprofesionales, la Comisión reconoció que el marco jurídico aplicable podía generar
un grado de incertidumbre considerable en cuanto a la legalidad de las prácticas de la APTI. Por esta razón, impuso a la APTI
una multa simbólica de sólo 1.000 euros. Transcatab se pregunta por qué no se aplicó el mismo razonamiento en su caso, pese
a las numerosas pruebas que demostraban que las conductas controvertidas de los transformadores en los años 1999 a 2002 se
refieren casi exclusivamente a precontratos dirigidos a determinar una posición común en la APTI. En su opinión, la evaluación
diferente del comportamiento de la APTI y del de Transcatab implica una violación del principio de igualdad de trato.
La Comisión solicita que se desestimen las alegaciones de Transcatab.
Apreciación del Tribunal
Procede recordar que, como resulta de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 202, el principio de igualdad de trato
sólo se viola cuando se tratan de manera diferente situaciones que son comparables o cuando situaciones diferentes se tratan
de manera idéntica, a menos que ese trato esté objetivamente justificado.
En primer lugar, en el presente caso hay que señalar que, como ya se ha declarado en el marco de la segunda parte del presente
motivo (véase el anterior apartado 256), los transformadores y la APTI fueron sancionados por infracciones diferentes (véanse
los considerandos 240 a 252, 253 y 254 de la Decisión impugnada, respectivamente).
Pues bien, por lo que respecta específicamente al período que comienza a partir de 1999, de la Decisión impugnada resulta
que los transformadores fueron sancionados por una serie de conductas contrarias a la competencia inscritas en una misma estrategia
de cártel que había comenzado mucho antes de 1999. Por lo tanto, los transformadores fueron sancionados tanto por la coordinación
de sus precios fuera de los acuerdos interprofesionales como por la actividad paralela de coordinación dirigida a determinar
el comportamiento de la APTI (véase, en particular, el considerando 244 de la Decisión impugnada).
En cambio, la APTI sólo fue considerada responsable por las conductas relacionadas con la celebración de los acuerdos interprofesionales.
La Comisión consideró que no podía considerarse a la APTI responsable de la infracción única y continuada de los transformadores,
en la medida en que el expediente de la Comisión no contenía ningún elemento que indicase que dicha asociación hubiera suscrito
el plan global puesto en práctica por los transformadores para coordinar todas sus conductas en materia de compras o que tuviera
conocimiento de éste (véanse los considerandos 270 y 271 de la Decisión impugnada).
En segundo lugar, de la Decisión impugnada se desprende que, incluso después de 1999, el alcance del cártel entre los transformadores
iba mucho más allá del ámbito de aplicación de la Ley nº 88/88 (véanse también los anteriores apartados 240 a 245). Por lo
tanto, Transcatab no puede alegar que el marco legal habría justificado la aplicación a los transformadores de una multa simbólica
como la que se impuso a la APTI (véanse, a este respecto, las consideraciones expuestas en los posteriores apartados 298 a 311).
En estas circunstancias, procede concluir que no son comparables la situación de los transformadores –y, en particular, de
Transcatab– y la situación de la APTI por lo que se refiere a las infracciones relativas al período comprendido entre 1999
y 2002. En consecuencia, Transcatab no puede alegar la violación del principio de igualdad de trato.
A la luz de todas las consideraciones anteriores, procede desestimar el tercer motivo en su totalidad.
4.
Sobre el cuarto motivo, referente a determinadas circunstancias atenuantes

Sobre la primera parte del cuarto motivo, relativa a la circunstancia atenuante basada en que no se puso en práctica el cártel
Alegaciones de las partes
Transcatab reprocha, primero, a la Comisión no haberle aplicado la circunstancia atenuante, prevista en el número 3, segundo
guión, de las Directrices, referente a la no aplicación efectiva de los acuerdos o prácticas ilícitos. Sostiene que ya demostró
en el marco de la primera parte del segundo motivo que los transformadores no habían aplicado la mayor parte de sus acuerdos.
Esta afirmación resulta de la inexistencia de efectos de dichos acuerdos en el mercado.
La Comisión solicita que se desestimen las alegaciones de Transcatab.
Apreciación del Tribunal
En primer lugar, es preciso recordar que, según la jurisprudencia, la circunstancia atenuante prevista en el número 3, segundo
guión, de las Directrices, referente a la no aplicación efectiva de los acuerdos o prácticas ilícitos, se basa en la conducta
específica de cada empresa. De ello se desprende que, a efectos de la apreciación de esta circunstancia atenuante, procede
tener en cuenta no los efectos resultantes de la totalidad de la infracción, que deben tenerse en cuenta en la valoración
de sus repercusiones concretas sobre el mercado para evaluar su gravedad (número 1, sección A, párrafo primero, de las Directrices),
sino el comportamiento individual de cada empresa, para examinar la gravedad relativa de la participación de cada empresa
en la infracción (sentencia Groupe Danone/Comisión, citada en el apartado 148
supra,
apartado 384, y Gütermann y Zwicky/Comisión, citada en el apartado 146
supra,
apartado 178).
De lo anterior se deduce que Transcatab no puede basar en la inexistencia de repercusiones concretas de la infracción sobre
los precios un error de la Comisión en la aplicación de la circunstancia atenuante en cuestión.
En segundo lugar, y en cualquier caso, es preciso recordar también que de la jurisprudencia se desprende que para beneficiarse
del número 3, segundo guión, de las Directrices, los infractores deben demostrar que adoptaron un comportamiento competitivo
o, al menos, que incumplieron clara y sustancialmente las obligaciones encaminadas a poner en práctica dicha concertación,
hasta el punto de perturbar el propio funcionamiento de ésta y que no dieron la impresión de adherirse al acuerdo, incitando
así a otras empresas a aplicar la concertación en cuestión (sentencias del Tribunal de 8 de julio de 2004, Dalmine/Comisión,
T‑50/00, Rec. p. II‑2395, apartado 292, y, en este sentido, de 15 de marzo de 2006, Daiichi Pharmaceutical/Comisión, T‑26/02,
Rec. p. II‑713, apartado 113).
Pues bien, en el presente caso, Transcatab no alega en absoluto haberse opuesto clara y sustancialmente a la puesta en práctica
del cártel de que se trata, hasta el punto de haber perturbado su funcionamiento. En consecuencia, no puede alegar un error
de la Comisión al no haberle aplicado la circunstancia atenuante en cuestión.
Por último, es preciso también señalar, por un lado, que la Comisión declaró, en el considerando 383 de la Decisión impugnada,
que el cártel se había puesto en práctica y, por otro, que, al sostener que «la mayor parte» de los acuerdos no se habían
aplicado, la propia Transcatab reconoce que los cárteles en cuestión fueron puestos en práctica, al menos parcialmente (véase
el anterior apartado 239).
Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar esta parte.

Sobre la segunda parte del cuarto motivo, relativa a la circunstancia atenuante basada en la interrupción de las actividades
controvertidas antes de la intervención de la Comisión
Alegaciones de las partes
Transcatab reprocha a la Comisión no haberle aplicado la circunstancia atenuante, prevista en el número 3, tercer guión, de
las Directrices, referente a la interrupción de las infracciones desde las primeras intervenciones de la Comisión.
En primer lugar, considera que las Directrices no vinculan en absoluto la aplicación de esta circunstancia atenuante al carácter
más o menos grave de la infracción, de modo que esta circunstancia atenuante se aplicaría también en casos de infracciones
graves y muy graves. En segundo lugar, añade que tras las primeras intervenciones de la Comisión, Transcatab no llevó a cabo
ninguna conducta que pudiera constituir un incumplimiento de las normas sobre competencia. En tercer lugar, la Comisión ignoró
las particularidades del sector del tabaco crudo. En cuarto lugar, considera que la no aplicación de esta circunstancia atenuante
resulta de un viraje en la jurisprudencia en materia de multas realizada por el Tribunal en la sentencia de 15 de junio de
2005, Tokai Carbon y otros/Comisión (T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 y T‑91/03, no publicada en la Recopilación). Dicho viraje jurisprudencial,
realizado tras comenzar el procedimiento, vulneraría la confianza legítima de Transcatab, que esperaba obtener una reducción
de la multa al haber puesto fin a su conducta ilícita desde las primeras intervenciones de la Comisión.
La Comisión solicita que se desestimen las alegaciones de Transcatab.
Apreciación del Tribunal
Es preciso recordar que, conforme al número 3, tercer guión, de las Directrices, el importe de base de la multa fijada por
la Comisión puede reducirse si la empresa imputada interrumpe la infracción desde las primeras intervenciones de la Comisión.
Sin embargo, según la jurisprudencia, la reducción de la multa a causa de la interrupción de una infracción desde las primeras
intervenciones de la Comisión no es automática, sino que depende de una valoración de las circunstancias del caso de autos
por la Comisión, en el marco de su facultad de apreciación (véase la sentencia Carbone‑Lorraine/Comisión, citada en el apartado
supra,
apartado 228, y la jurisprudencia citada). Por lo tanto, las circunstancias del caso concreto pueden conducir a la Comisión
a no aplicar tal reducción del importe de base de la multa a una empresa que haya participado en un acuerdo ilícito (sentencia
de 19 de marzo de 2009, Archer Daniels Midland/Comisión, citada en el apartado 162
supra,
apartado 148).
Así pues, el Tribunal de Justicia ha considerado que el reconocimiento del beneficio de una circunstancia atenuante en situaciones
en las que una empresa participa en un acuerdo manifiestamente ilegal, del que sabía o no podía ignorar que era constitutivo
de una infracción, podría incitar a las empresas a continuar un acuerdo secreto tanto tiempo como sea posible, con la esperanza
de que su conducta nunca sea descubierta y con la perspectiva de que, si se llegara a descubrir, podrían beneficiarse de una
reducción de su multa interrumpiendo en ese momento la infracción. Tal reconocimiento privaría a la multa impuesta de toda
eficacia disuasoria y privaría de eficacia al artículo 81 CE, apartado 1 (sentencia de 19 de marzo de 2009, Archer Daniels
Midland/Comisión, citada en el apartado 162
supra,
apartado 149). Además, el Tribunal ya ha declarado expresamente que el cese de una infracción cometida deliberadamente no
puede considerarse una circunstancia atenuante cuando fue causado por la intervención de la Comisión (sentencias del Tribunal
de 11 de marzo de 1999, Ensidesa/Comisión, T‑157/94, Rec. p. II‑707, apartado 498, y Wieland‑Werke y otros/Comisión, citada
en el apartado 180
supra,
apartado 229).
En el presente caso, la infracción controvertida consiste en una concertación secreta cuyo objeto consiste, en concreto, en
fijar los precios y repartirse a los proveedores y las cantidades que se han de comprar. Como se ha señalado en el anterior
apartado 137, este tipo de concertación está expresamente prohibido por el artículo 81 CE, apartado 1, letras a) y c), y constituye
una infracción que la jurisprudencia califica de especialmente grave en la medida en que tiene repercusiones directas en los
parámetros esenciales de la competencia en el mercado de que se trata. Además, en el caso de autos, como se ha destacado en
el anterior apartado 170, los transformadores llevaron a cabo conscientemente las conductas contrarias a la competencia por
las que fueron sancionados y convinieron, en repetidas ocasiones, medidas destinadas a garantizar la puesta en práctica efectiva
del cártel.
En estas circunstancias, a la luz de la jurisprudencia mencionada en los anteriores apartados 283 y 284, Transcatab no puede
sostener que la Comisión incurrió en un error al no aplicarle la circunstancia atenuante invocada.
Esta conclusión no queda enervada por las alegaciones específicas formuladas por Transcatab.
En efecto, a la luz de la jurisprudencia anteriormente mencionada, el hecho de que Transcatab no haya realizado ninguna conducta
ilegal tras las primeras intervenciones de la Comisión no implica que ésta esté obligada a aplicar la circunstancia atenuante
en cuestión. Además, las particularidades del sector, como la falta de precedentes invocada por Transcatab y su normativa,
si bien pueden desempeñar eventualmente una función a la hora de apreciar otras circunstancias atenuantes (véanse, en particular,
las partes tercera y quinta del presente motivo), no constituyen, sin embargo, elementos pertinentes en la aplicación de la
circunstancia atenuante de que se trata.
Por lo que respecta, por último, a la supuesta violación del principio de protección de la confianza legítima, es preciso
recordar que, como se ha señalado en el anterior apartado 208, según la jurisprudencia, el derecho a invocar este principio
implica que concurran tres requisitos. En primer lugar, la Administración debe dar al interesado garantías precisas, incondicionales
y coherentes, que emanen de fuentes autorizadas y fiables. En segundo lugar, estas garantías deben poder suscitar una esperanza
legítima en el ánimo de aquel a quien se dirigen. En tercer lugar, las garantías dadas deben ser conformes con las normas
aplicables (véase la jurisprudencia citada en el anterior apartado 208).
Sobre este particular, basta señalar que, en el presente caso, no concurre el primero de dichos requisitos, toda vez que Transcatab
no puede alegar ninguna garantía precisa, incondicional y coherente por parte de la Comisión de que obtendría una reducción
de la multa al poner fin a su conducta ilícita desde las primeras intervenciones de la Comisión.
Además, procede recordar que el mero hecho de que, en sus decisiones anteriores, la Comisión haya considerado que ciertos
elementos constituían circunstancias atenuantes para determinar la cuantía de la multa no implica que esté obligada a efectuar
la misma apreciación en una decisión posterior (sentencias del Tribunal de 14 de mayo de 1998, Mayr‑Melnhof/Comisión, T‑347/94,
Rec. p. II‑1751, apartado 368, y LR AF 1998/Comisión, citada en el apartado 180
supra,
apartado 337). Por consiguiente, Transcatab no puede alegar que dicha circunstancia atenuante se aplicó en otros supuestos
de infracciones. Por otra parte, la sentencia de 15 de junio de 2005, Tokai Carbon y otros/Comisión, citada en el apartado
supra,
a la que hace referencia el considerando 382 de la Decisión impugnada, no constituye en absoluto un viraje jurisprudencial,
en la medida en que, como observa acertadamente la Comisión, el Tribunal ya había considerado expresamente, antes de dicha
sentencia, que el cese de una infracción cometida deliberadamente no puede considerarse una circunstancia atenuante cuando
fue causado por la intervención de la Comisión (sentencias del Tribunal de 11 de marzo de 1999, Aristrain/Comisión, T‑156/94,
Rec. p. II‑645, apartado 138, y Ensidesa/Comisión, citada en el apartado 284
supra,
apartado 498). De ello se deriva que Transcatab no puede invocar una confianza legítima al respecto.
Por lo tanto, habida cuenta de lo anterior, procede desestimar la segunda parte del cuarto motivo.

Sobre la tercera parte del cuarto motivo, relativa a la circunstancia atenuante basada en la existencia de una duda razonable
sobre el carácter ilícito del comportamiento controvertido
En el marco de la presente parte, Transcatab formula, en esencia, dos alegaciones. Por un lado, aduce un error en la medida
en que la Comisión no aplicó la circunstancia atenuante basada en la existencia de una duda razonable sobre el carácter ilícito
del comportamiento controvertido. Por otro, alega una violación del principio de igualdad de trato con respecto al asunto
Tabaco crudo – España.
Sobre la existencia de una duda razonable sobre el carácter ilícito del comportamiento controvertido
–       Alegaciones de las partes
Transcatab sostiene que la existencia de un contexto jurídico europeo y nacional confuso creó una duda razonable sobre el
carácter ilícito de las conductas de los transformadores de tabaco crudo y de la APTI en Italia. En consecuencia, considera
que la Comisión debía haber aplicado la circunstancia atenuante prevista en el número 3, cuarto guión, de las Directrices
y, como mínimo, reducido la multa impuesta a los transformadores individuales. En su opinión, la Comisión no motivó la desestimación
de la solicitud de concesión de dicha circunstancia atenuante presentada por Transcatab.
En particular, Transcatab aduce que el Reglamento nº 26 del Consejo, de 4 de abril de 1962, sobre aplicación de determinadas
normas sobre la competencia a la producción y al comercio de productos agrícolas (DO 1962, 30, p. 993; EE 08/01, p. 29), establece,
bajo determinadas condiciones, una exención para los acuerdos que sean necesarios para la realización de los objetivos enunciados
en el artículo 33 CE. Pues bien, los acuerdos entre los transformadores habían sido considerados necesarios para alcanzar
los objetivos enunciados en el artículo 33 CE. En su opinión, dichos acuerdos habían sido necesarios para garantizar el desarrollo
racional de la producción agrícola y para estabilizar y mantener el mercado italiano. Su función consistía en limitar los
ingresos de los intermediarios sin reducir –por el contrario, aumentándolos– los de los agricultores. Transcatab sostiene
haber probado que, considerando el contexto fáctico particular del presente caso, los acuerdos entre los transformadores tenían
como finalidad alcanzar los objetivos enunciados en el artículo 33 CE. Estas consideraciones y las demás intervenciones de
la Unión en el sector del tabaco habían generado una duda razonable en los transformadores en cuanto a la compatibilidad de
las conductas controvertidas con las normas sobre la competencia.
Según Transcatab, la normativa nacional, en particular la Ley nº 88/88, también podía generar un grado de incertidumbre considerable
en cuanto a la legalidad de las conductas controvertidas. Considera que, en la Decisión impugnada, la Comisión debía haber
reconocido esta circunstancia en relación con los transformadores como hizo con respecto a la APTI y la UNITAB, a las que
impuso una sanción simbólica de 1.000 euros.
La Comisión solicita que se desestimen las alegaciones de Transcatab.
–       Apreciación del Tribunal
Procede señalar, para empezar, que el presente asunto se refiere a la participación en una infracción horizontal, cuyo carácter
secreto mantuvieron los miembros durante varios años, en lo referente, concretamente, a la determinación de los precios. Por
lo tanto, se trata de una infracción manifiesta y muy grave del artículo 81 CE. Además, por lo que respecta a la empresa en
cuestión, se trata de uno de los principales transformadores italianos de tabaco crudo perteneciente a uno de los mayores
grupos de comerciantes independientes mundiales de hojas de tabaco. Así pues, se trata de una empresa que disponía de recursos
materiales e intelectuales que le permitían apreciar las características de su entorno normativo y las consecuencias que podían
derivarse, a este respecto, de su conducta, en particular, desde el punto de vista de las normas sobre competencia. En estas
circunstancias, no cabe considerar razonablemente que Transcatab haya podido albergar dudas en cuanto al carácter ilícito
de su conducta (véanse, en este sentido, las sentencias Groupe Danone/Comisión, citada en el apartado 148
supra,
apartado 406, y Carbone‑Lorraine/Comisión, citada en el apartado 147
supra,
apartado 229).
En primer lugar, por lo que respecta específicamente al Reglamento nº 26 invocado por Transcatab, es preciso señalar que dicho
Reglamento –y, en particular, su artículo 2– establece una excepción a la aplicabilidad del artículo 81 CE, apartado 1, en
relación con los acuerdos, decisiones y prácticas relativos a la producción o al comercio de los productos enumerados en el
anexo I del Tratado CE –entre ellos, concretamente, el tabaco crudo– que forman parte integrante de una organización nacional
de mercado o que sean necesarios para la realización de los objetivos enunciados en el artículo 33 CE.
De la jurisprudencia se desprende que, al tratarse de una excepción a la regla de aplicación general del artículo 81 CE, apartado
1, el artículo 2 del Reglamento nº 26 debe interpretarse restrictivamente. Por otra parte, constituye jurisprudencia reiterada
que el artículo 2, apartado 1, primera frase, del Reglamento nº 26, que establece la excepción invocada, sólo se aplica si
el acuerdo de que se trata favorece la realización de todos los objetivos del artículo 33 CE. Por último, como se desprende
del propio texto del artículo 2, apartado 1, primera frase, del Reglamento nº 26, el acuerdo en cuestión debe ser «necesario»
para la realización de dichos objetivos (véase la sentencia FNCBV y otros/Comisión, citada en el apartado 254
supra,
apartado 199, y la jurisprudencia citada).
Sobre este particular, en primer término, es preciso señalar que, en los considerandos 303 a 313 de la Decisión impugnada,
la Comisión excluyó expresamente la aplicación, en el presente caso, de las excepciones al artículo 81 CE, apartado 1, establecidas
en el artículo 2 del Reglamento nº 26. Transcatab no rebate ni este análisis ni la conclusión a la que llega la Comisión,
sino que se limita a alegar que la normativa de que se trata le había suscitado una duda razonable que la Comisión debería
haber tenido en cuenta.
En segundo término, procede señalar que el Reglamento nº 26 establece en el artículo 2, apartados 2 y 3, un procedimiento
específico que permite a la Comisión declarar a qué acuerdos pueden aplicarse las excepciones previstas en el apartado 2.
Este procedimiento establece, en particular, que la Comisión consulte a los Estados miembros y a las empresas o asociaciones
de empresas interesadas.
Pues bien, nada en los autos indica que los acuerdos entre transformadores fueran notificados a la Comisión para obtener una
excepción en el marco de dicho procedimiento específico. Además, Transcatab no sostiene que tales acuerdos fueran notificados
a la Comisión. En cambio, de algunas notas tomadas en la reunión de la APTI de 4 de abril de 2002 (véase el anterior apartado
4) por los representantes de Dimon Italia resulta expresamente que los referidos acuerdos no se notificaron a la Comisión,
circunstancia que no discute Transcatab. A falta de notificación y de procedimiento formal, Transcatab no puede alegar que
los transformadores albergaran una duda en cuanto a la posibilidad de que sus acuerdos estuvieran comprendidos en el ámbito
de aplicación de la excepción prevista en el Reglamento nº 26. Por otra parte, en un sistema como el establecido en el Reglamento
nº 26, se excluye que unos operadores privados puedan pretender sustituir la apreciación de la Comisión por la suya propia
en cuanto a los medios más adecuados para alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 33 CE y emprender así iniciativas
ilegales que se justificarían por el hecho de que persiguen dichos objetivos.
En tercer término, de la Decisión impugnada se desprende que el objetivo del cártel era, desde el inicio, claramente contrario
a la competencia (véase, por ejemplo, el considerando 111 de la Decisión impugnada). De las circunstancias del caso de autos
no se deriva –y, por otra parte, Transcatab no lo prueba en absoluto– que los transformadores tuvieran la intención de conseguir,
mediante acuerdos ilegales, los objetivos establecidos en el artículo 33 CE.
Sobre este particular, el Tribunal de Justicia ha declarado que el mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados
de los productos agrícolas forma parte de los objetivos de la política agrícola común y de la organización común de los mercados
de que se trata (véase el considerando 311 de la Decisión impugnada y la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre
de 2003, Milk Marque y National Farmers’ Union, C‑137/00, Rec. p. I‑7975, apartado 57). Por lo tanto, Transcatab no puede
alegar que unos acuerdos manifiestamente contrarios a la competencia, como el cártel de los transformadores en el presente
caso, perseguían los objetivos contemplados en el artículo 33 CE, apartado 1.
A la luz de todas estas consideraciones, procede concluir que Transcatab no puede alegar razonablemente que el Reglamento
nº 26 le hizo albergar dudas razonables en cuanto al carácter ilícito del cártel de que se trata.
En segundo lugar, por lo que respecta a la normativa nacional, hay que señalar que, en el considerando 323 de la Decisión
impugnada, la Comisión declaró que el cártel de los transformadores no estaba comprendido en el ámbito de aplicación de las
disposiciones de la Ley nº 88/88, en la medida en que tenía por objeto, esencialmente, determinar los precios de entrega máximos
o medios y repartir las cantidades y los proveedores, mientras que la finalidad de la referida Ley era garantizar precios
mínimos a los agricultores.
Por lo tanto, en la medida en que las actividades del cártel no estaban amparadas por la normativa nacional, los transformadores
no podían albergar dudas en cuanto al carácter ilícito de sus conductas sobre la base de dicha normativa.
En estas circunstancias, y a la luz de las consideraciones expuestas en el anterior apartado 298, procede concluir que la
Comisión no incurrió en error al no conceder una reducción de la multa por la circunstancia atenuante de que se trata.
En cuanto a la alegación formulada en la réplica, relativa a la presunta falta de motivación de la denegación de la circunstancia
atenuante de que se trata, es preciso recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia, si bien el artículo 253 CE obliga
a la Comisión a motivar sus decisiones mencionando los hechos que las justifican así como las consideraciones que la llevaron
a adoptarlas, esta disposición no exige que la Comisión discuta todos los elementos de hecho y de Derecho abordados durante
el procedimiento administrativo (sentencia Michelin/Comisión, citada en el apartado 173
supra,
apartados 14 y 15, y sentencia del Tribunal de 14 de mayo de 1998, Fiskeby Board/Comisión, T‑319/94, Rec. p. II‑1331, apartado 127).
Por lo tanto, no se puede alegar el hecho de que, en la parte de la Decisión impugnada dedicada a las circunstancias atenuantes,
la Comisión no diera explicación alguna acerca de los motivos por los que consideró que no debían tenerse en cuenta determinados
elementos alegados al respecto por Transcatab en su respuesta al pliego de cargos. Además, es preciso señalar que, en los
considerandos 303 a 324 de la Decisión impugnada, la Comisión analizó el impacto tanto del Reglamento nº 26 como de la normativa
nacional.
Sobre la diferencia de trato respecto del asunto Tabaco crudo – España
–       Alegaciones de las partes
Transcatab afirma que el hecho de que la Comisión no aplicara la circunstancia atenuante de que se trata en un contexto jurídico
tan confuso como el del caso de autos generó una fuerte diferencia de trato entre los transformadores italianos y los transformadores
españoles. Considera que la motivación a este respecto de la Decisión impugnada es manifiestamente ilógica en la medida en
que no tuvo en cuenta determinadas consideraciones realizadas en el asunto Tabaco crudo – España, que es análogo al presente
caso. En particular, en el asunto español, la Comisión había considerado que el contexto jurídico y el comportamiento del
Gobierno podían generar una incertidumbre tal que justificaban una reducción del 40 % de la multa no sólo para las asociaciones
profesionales, sino también para los transformadores individuales.
En cambio, en el presente caso, en una situación prácticamente idéntica, la Comisión concluyó que el cártel de los transformadores
estaba comprendido plenamente en el ámbito de aplicación del artículo 81 CE en la medida en que tenía por objeto, esencialmente,
determinar los precios de entrega máximos o medios, mientras que la Ley nº 88/88 establecía precios mínimos. Ahora bien, según
Transcatab, en el asunto Tabaco crudo – España, la Ley también preveía únicamente la fijación de precios mínimos.
La Comisión solicita que se desestimen las alegaciones de Transcatab.
–       Apreciación del Tribunal
Mediante la presente alegación, Transcatab invoca una violación del principio de igualdad de trato, en la medida en que, en
un caso análogo al de autos, en concreto, el asunto Tabaco crudo – España, la Comisión había aplicado la circunstancia atenuante
en cuestión a los transformadores.
Sobre este particular, ya se ha recordado en los anteriores apartados 202 y 264 que, conforme a reiterada jurisprudencia,
el principio de igualdad de trato sólo se viola cuando se tratan de manera diferente situaciones que son comparables o cuando
situaciones diferentes se tratan de manera idéntica, a menos que ese trato esté objetivamente justificado.
En el presente caso, una comparación de las dos Decisiones en cuestión en lo referente a la incidencia del marco normativo
nacional en las prácticas controvertidas muestra la existencia de diferencias notables entre ambas situaciones. En particular,
de los considerandos 52 y siguientes, 349 y siguientes, 426 a 429, 437 y 438 de la Decisión relativa al asunto Tabaco crudo
– España resulta que, en España, las autoridades públicas habían desempeñado una función importante en las negociaciones de
los acuerdos entre productores y transformadores. Se trataba de negociaciones calificadas como «públicas». En España, existía
incluso una «práctica ministerial [que tenía] por objeto autorizar e incitar [a] las partes a negociar colectivamente las
condiciones de compraventa del tabaco, entre las que se incluyen los precios» (considerando 60 de la Decisión adoptada en
el asunto Tabaco crudo – España). La Comisión dedujo de ello que «las negociaciones públicas entre los representantes de los
productores y los transformadores [habían determinado], por lo menos hasta cierto punto, el marco material (especialmente
en términos de oportunidades de negociar entre ellos y de adoptar una posición común) en el que los transformadores [habían
podido desarrollar], independientemente de la posición común que adoptarían en el contexto de las negociaciones públicas,
su estrategia secreta en materia de precios medios (máximos) de entrega y cantidades» (considerando 438 de la Decisión adoptada
en el asunto Tabaco crudo – España). Esencialmente por esta razón, la Comisión concedió una reducción del 40 % del importe
de base de las multas impuestas a los transformadores españoles.
Ahora bien, es preciso señalar que las autoridades públicas no desempeñaron tal función en las negociaciones entre transformadores
y productores en el presente asunto.
Así pues, Transcatab no puede alegar que, al no aplicar la circunstancia atenuante en cuestión, la Comisión violó el principio
de igualdad de trato.
Por último, en lo referente a la alegación relativa a una motivación ilógica, es necesario señalar que Transcatab se limita
a efectuar una remisión muy general a la Decisión adoptada en el asunto Tabaco crudo – España sin precisar las consideraciones
que no se tuvieron en cuenta en la Decisión impugnada y que convertirían en ilógica la motivación de esta Decisión.
Por lo tanto, procede desestimar la tercera parte del cuarto motivo en su totalidad.

Sobre la cuarta parte del cuarto motivo, relativa a la circunstancia atenuante basada en la colaboración efectiva de Transcatab
durante el procedimiento
Alegaciones de las partes
En primer lugar, Transcatab alega que la Comisión debía haber aplicado la circunstancia atenuante prevista en el número 3,
sexto guión, de las Directrices relativa a la colaboración efectiva de la empresa en el procedimiento, fuera del ámbito de
aplicación de la Comunicación sobre la cooperación. Sostiene que su colaboración con la Comisión fue absoluta durante todo
el procedimiento y que fue más allá de la colaboración exigida en el marco de la Comunicación sobre la cooperación. Se refiere
específicamente a unas declaraciones espontáneas de su Director General y de su Director de compras a propósito del funcionamiento
del cártel y a la valoración positiva de su cooperación realizada por los funcionarios de la Comisión que efectuaron la verificación.
Además, la Comisión ya había reducido, en diversos precedentes, el importe inicial de la multa que pretendía imponer, al tener
en cuenta la actitud cooperativa de la empresa.
En segundo lugar, Transcatab aduce que, al no aplicarle la referida circunstancia atenuante, cuando sí se la había aplicado
en cambio a Deltafina, la Comisión violó el principio de igualdad de trato. La Comisión concedió a Deltafina una reducción
del 50 % por su cooperación al considerar que no se le había concedido ninguna reducción de la multa a efectos de la Comunicación
sobre la cooperación. Sin embargo, de la Decisión impugnada se desprende que Deltafina no había cumplido sus obligaciones
de cooperación derivadas de la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación. Así pues, una empresa que no cumplió su
obligación de cooperación obtuvo una reducción más importante de su multa que la obtenida por Transcatab, que, por el contrario,
había cooperado de forma constante y mucho más de lo que habría sido estrictamente necesario. A su juicio, tal actitud reduciría
a la nada el efecto incentivador de la Comunicación sobre la cooperación.
Según Transcatab, el hecho de que Deltafina incumpliera conscientemente su obligación de cooperación no convertía su situación
en excepcional. En su opinión, habría dos posibilidades: bien el régimen de la Comunicación sobre la cooperación y la circunstancia
atenuante relativa a la cooperación pueden coexistir y, en este caso, la Comisión redujo legítimamente la multa de Deltafina,
pero debería haber dispensado entonces, en total equidad, el mismo trato a Transcatab, que había cooperado al menos tanto
como Deltafina; bien ambos regímenes no pueden coexistir y, en este caso, quedaría excluida la aplicación de la circunstancia
atenuante a Deltafina dado que fue la primera empresa que invocó la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación.
Con carácter subsidiario, Transcatab solicita que se le conceda una reducción adicional de su multa, al menos en la misma
medida que la concedida a Deltafina, en virtud de su total colaboración, fuera del régimen de la Comunicación sobre la cooperación.
La Comisión solicita que se desestimen las alegaciones de Transcatab.
Apreciación del Tribunal
Por lo que respecta a la primera alegación de Transcatab, es preciso recordar que, según el número 3, sexto guión, de las
Directrices, el importe de base de una multa puede reducirse debido a la colaboración efectiva de la empresa en el procedimiento,
fuera del ámbito de aplicación de la Comunicación sobre la cooperación.
De la jurisprudencia se desprende que dicha circunstancia atenuante específica sólo se aplica a las infracciones no comprendidas
en el ámbito de aplicación de la Comunicación sobre la cooperación (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en
el apartado 88
supra,
apartado 380).
Sobre este particular, es preciso destacar que la consecuencia de la aplicación del número 3, sexto guión, de las Directrices
no puede consistir en privar de eficacia a la Comunicación sobre la cooperación. En efecto, procede señalar que la Comunicación
sobre la cooperación establece un sistema por el cual se recompensa, por su cooperación en la investigación de la Comisión,
a las empresas que forman o han formado parte de cárteles secretos que afectan a la Unión. Por lo tanto, del tenor y de la
lógica interna de dicha Comunicación se desprende que las empresas sólo pueden obtener, en principio, una reducción de la
multa por razón de su cooperación cuando cumplen los requisitos estrictos establecidos en dicha Comunicación.
Por consiguiente, para preservar la eficacia de la Comunicación sobre la cooperación, la Comisión sólo en situaciones excepcionales
puede conceder una reducción de multa a una empresa sobre la base del número 3, sexto guión, de las Directrices. Así ocurre,
en particular, cuando la cooperación de una empresa, yendo más allá de su obligación jurídica de cooperar sin que ello le
dé derecho, sin embargo, a una reducción de la multa con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación, tiene una utilidad
objetiva para la Comisión.
En el presente caso, de los considerandos 493 a 498 se desprende que la Comisión valoró, en el marco de la Comunicación sobre
la cooperación, las pruebas proporcionadas por Transcatab así como su actitud y la duración de la cooperación a lo largo de
todo el procedimiento. A este respecto, es preciso recordar que la Comisión dispone de un amplio margen de apreciación a la
hora de valorar la relevancia y utilidad de la cooperación prestada por una empresa (sentencia del Tribunal de Justicia de
10 de mayo de 2007, SGL Carbon/Comisión, C‑328/05 P, Rec. p. I‑3921, apartado 88).
Al haber sido Transcatab la segunda empresa, después de Mindo, en cumplir los requisitos establecidos en la Comunicación sobre
la cooperación para obtener una reducción de la multa, la Comisión le concedió, basándose en la valoración de la cooperación
prestada, una reducción de su multa de un 30 % con arreglo a dicha Comunicación, es decir, una reducción que se sitúa en el
nivel máximo de la horquilla establecida en la Comunicación sobre la cooperación para la segunda empresa que cumpla los requisitos
exigidos para la reducción.
Por lo tanto, es necesario señalar que la Comisión tomó en consideración la cooperación prestada por Transcatab en el marco
de la Comunicación sobre la cooperación. Por otra parte, es indiscutible que lo que se examina en el presente asunto es un
cártel y, por consiguiente, una infracción efectivamente comprendida en el ámbito de aplicación de dicha Comunicación (véase,
en este sentido, la sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 88
supra,
apartado 381).
Además, Transcatab no ha demostrado en absoluto la existencia, en el presente caso, de situaciones excepcionales que justifiquen
la toma en consideración de su cooperación fuera del ámbito de aplicación de la Comunicación sobre la cooperación y, por tanto,
una aplicación de la circunstancia atenuante prevista en el número 3, sexto guión, de las Directrices. Las circunstancias
invocadas por Transcatab, como las declaraciones espontáneas o la valoración positiva de su cooperación, no constituyen elementos
que puedan justificar la aplicación de la referida circunstancia atenuante en el caso de autos.
Por lo que respecta a la segunda alegación de Transcatab, relativa a la supuesta violación del principio de igualdad de trato
habida cuenta de la aplicación de la mencionada circunstancia atenuante a Deltafina, tampoco puede prosperar.
Ya se ha recordado que, conforme a reiterada jurisprudencia, el principio de igualdad de trato sólo se viola cuando se tratan
de manera diferente situaciones que son comparables o cuando situaciones diferentes se tratan de manera idéntica, a menos
que ese trato esté objetivamente justificado (véanse los anteriores apartados 202, 264 y 316).
Pues bien, es necesario señalar que, en el presente caso, la situación de Deltafina no es comparable a la de Transcatab. Deltafina
fue la primera empresa que entró en contacto con la Comisión y que solicitó la dispensa del pago de la multa en virtud de
la Comunicación sobre la cooperación, mientras que Transcatab fue la tercera empresa que presentó una solicitud a la Comisión
con arreglo a la misma Comunicación. Por lo tanto, tras haber concedido a Deltafina la dispensa condicional en virtud de la
referida Comunicación, la Comisión, al constatar que Deltafina había incumplido su obligación de cooperación a la que estaba
sujeta como solicitante de dispensa del pago, decidió al final del procedimiento no concederle la dispensa definitiva. La
Comisión estimó que no debía concederse a Deltafina ninguna reducción de la multa con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación,
la cual, según ella, ya no le era aplicable. Por esta razón, la Comisión consideró que la situación de Deltafina presentaba
características excepcionales que justificaban que se le concediera una reducción en virtud de la circunstancia atenuante
en cuestión.
De estas consideraciones se deriva que la situación de Deltafina y la de Transcatab eran muy diferentes por lo que respecta
a la apreciación de su cooperación, de modo que esta última no puede alegar una violación del principio de igualdad de trato
en la medida en que la Comisión no le aplicó la circunstancia atenuante basada en la colaboración efectiva durante el procedimiento
administrativo.
Por lo tanto, procede desestimar la cuarta parte del cuarto motivo.

Sobre la quinta parte del cuarto motivo, relativa a la circunstancia atenuante basada en la inexistencia de precedente en
el mercado del tabaco crudo en el momento en el que la Comisión comenzó sus verificaciones
Alegaciones de las partes
Transcatab alega que la Comisión debería haber tomado en consideración como circunstancia atenuante el hecho de que, cuando
comenzó el procedimiento en el presente caso, no existía precedente alguno relativo al mercado del tabaco crudo. Considera
que la Comisión rechazó aplicar dicha circunstancia atenuante sin proporcionar ninguna indicación en la Decisión impugnada,
incumpliendo así su obligación de motivación. En apoyo de su alegación, Transcatab cita diversos precedentes.
La Comisión solicita que se desestimen las alegaciones de Transcatab.
Apreciación del Tribunal
Las Directrices no establecen expresamente ninguna circunstancia atenuante relativa a la inexistencia de precedentes en el
mercado afectado por la infracción. El último guión del número 3 de las Directrices prevé, sin embargo, la posibilidad de
que la Comisión tenga en cuenta otras circunstancias distintas de las recogidas en los guiones anteriores para conceder una
disminución del importe de base de la multa.
Sobre este particular, procede recordar que la Comisión dispone de un margen de apreciación en lo que respecta a la aplicación
de las circunstancias atenuantes (sentencia Mannesmannröhren‑Werke/Comisión, citada en el apartado 143
supra,
apartado 307). Además, el Tribunal ha declarado que la Comisión no está obligada a reducir las multas cuando actúa por vez
primera en un determinado sector (sentencia del Tribunal de 20 de noviembre de 2005, SNCZ/Comisión, T‑52/02, Rec. p. II‑5005,
apartado 84).
Pues bien, es preciso señalar que Transcatab no prueba por qué incurrió en un error la Comisión al no considerar que la inexistencia
de precedente en el sector del tabaco debía llevarla a reducir la multa de Transcatab. Transcatab se limita exclusivamente
a referirse a toda una serie de casos en los que la Comisión tuvo en cuenta como circunstancia atenuante que el artículo 81 CE
no se había aplicado nunca en el sector objeto de la multa.
No obstante, a este respecto, procede recordar que el mero hecho de que, en sus decisiones anteriores, la Comisión considerase
que ciertos elementos constituían circunstancias atenuantes para determinar la cuantía de la multa no implica que esté obligada
a efectuar la misma apreciación en una decisión posterior (sentencias Mayr‑Melnhof/Comisión, citada en el apartado 291
supra,
apartado 368, y LR AF 1998/Comisión, citada en el apartado 180
supra,
apartado 337).
En cuanto a la alegación relativa a la falta de motivación, ya se ha recordado en los anteriores apartados 310 y 311 que el
artículo 253 CE no exige que la Comisión discuta todos los elementos de hecho y de Derecho abordados durante el procedimiento
administrativo y que, por lo tanto, no se puede alegar el hecho de que, en la parte de la Decisión impugnada dedicada a las
circunstancias atenuantes, la Comisión no dio explicación alguna acerca de los motivos por los que consideró que no debían
tenerse en cuenta determinados elementos invocados al respecto por Transcatab.
A la luz de estas consideraciones, procede desestimar también la quinta parte del cuarto motivo.

Sobre la sexta parte del cuarto motivo, relativa a las características socio‑económicas del sector del tabaco crudo en Italia
y a la crisis de dicho sector
Alegaciones de las partes
Transcatab sostiene que la Comisión debería haber reducido la multa con arreglo al número 5, letra b), de las Directrices
teniendo en cuenta el contexto de crisis del mercado italiano y las presiones a las que estaban sometidos los transformadores
por parte de los intermediarios, a través también de las actividades ilegales. Considera que un contexto económico y social
tan especial habría hecho necesaria la adopción de medidas para la supervivencia de las empresas de transformación. Diversos
documentos demuestran las enormes presiones a las que estaban sometidos los transformadores y las «terribles intimidaciones
y amenazas» que sufrían. Añade, además, que la conducta de los transformadores había respondido a la exigencia de contrarrestar
el poder de los intermediarios. Los transformadores sólo habían podido resistir dicha situación gracias a cárteles con efecto
disuasorio real. Considera que la Comisión debería haber tomado en consideración tal situación y concedido una reducción de
la multa.
Además, durante el período considerado, Transcatab, como por otra parte otros transformadores que operaban en Italia, sufrió
pérdidas constantes e importantes y se había acordado su liquidación. En su opinión, estas afirmaciones demuestran que el
objetivo de los cárteles sólo fue constituir remedios a la crisis en el sector y garantizar su supervivencia.
Transcatab alega que en la Decisión 2003/600/CE de la Comisión, de 2 de abril de 2003, relativa a un procedimiento de aplicación
del artículo 81 [CE] (Asunto COMP/C.38.279/F3 – Carnes de vacuno francesas) (DO L 209, p. 12) (considerandos 180 a 185), ésta
consideró que la crisis del sector justificaba una reducción de la multa de un 60 %. Además, en la jurisprudencia y en otros
precedentes se habían tomado en consideración las particularidades del mercado de que se trataba. Según Transcatab, el número
5, letra b), de las Directrices no debía aplicarse sólo en casos excepcionales. En su opinión, la expresión «conviene tomar
en consideración» muestra que la Comisión no tiene margen de apreciación en cuanto a la toma en consideración de los factores
que ahí se mencionan.
La Comisión solicita que se desestimen las alegaciones de Transcatab.
Apreciación del Tribunal
De reiterada jurisprudencia se desprende que la Comisión no está obligada a considerar como circunstancia atenuante la mala
salud financiera del sector de que se trate (véase la sentencia de 29 de abril de 2004, Tokai Carbon y otros/Comisión, citada
en el apartado 224
supra,
apartado 345, y la jurisprudencia citada; sentencias del Tribunal de 29 de noviembre de 2005, Heubach/Comisión, T‑64/02, Rec.
p. II‑5137, apartado 139, y Wieland‑Werke y otros/Comisión, citada en el apartado 180
supra,
apartado 227). En efecto, se ha señalado que, por lo general, los cárteles surgen en el momento en que un sector atraviesa
dificultades. Así pues, si se debiera seguir el razonamiento de Transcatab, la multa debería reducirse en la práctica totalidad
de los casos de cárteles (véanse, en este sentido, las sentencias Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, citada
en el apartado 141
supra,
apartado 510; de 12 de septiembre de 2007, Prym y Prym Consumer/Comisión, citada en el apartado 188
supra,
apartado 207, y Wieland‑Werke y otros/Comisión, citada en el apartado 180
supra,
apartado 227).
Es cierto que, en la práctica decisoria de la Comisión, las crisis estructurales se han considerado a veces como circunstancias
atenuantes. Sin embargo, según la jurisprudencia citada en el apartado anterior
,
el hecho de que la Comisión haya tenido en cuenta, en asuntos anteriores, la situación económica del sector como circunstancia
atenuante no supone que deba necesariamente mantener esa práctica (sentencias de 12 de septiembre de 2007, Prym y Prym Consumer/Comisión,
citada en el apartado 188
supra,
apartado 208, y Wieland‑Werke y otros/Comisión, citada en el apartado 180
supra,
apartado 227).
Así pues, Transcatab no puede alegar que la Comisión estaba obligada a reducir la multa debido a la situación de crisis del
mercado italiano del tabaco crudo.
Además, con arreglo a la jurisprudencia mencionada en los anteriores apartados 352 y 353, así como la mencionada en los anteriores
apartados 162 y 346, procede considerar que la referencia a la Decisión 2003/600 no es pertinente. En cualquier caso, es preciso
destacar que la Comisión sí explicó que la situación en la que se había adoptado esta Decisión era considerablemente distinta
de la del presente caso en la medida en que, en el caso de la carne de vacuno francesa, la conducta reprochada respondía a
una crisis imprevista que resultaba de una caída dramática de la demanda debida a factores totalmente independientes de la
situación económica del sector, mientras que en el caso de autos las dificultades del sector existían desde hacía mucho tiempo
y eran, en gran parte, de carácter estructural.
Por lo que respecta a la alegación de que la conducta de los transformadores había respondido a la exigencia de contrarrestar
el poder de los intermediarios, la Comisión explicó, en los considerandos 289 y 290 de la Decisión impugnada las razones por
las que rechazó dicha alegación. En particular, en el considerando 289 de la Decisión impugnada, afirmó, acertadamente, que
no correspondía a las empresas adoptar medidas contrarias al artículo 81 CE, apartado 1, para compensar prácticas que considerasen,
con razón o sin ella, ilegales.
Además, es necesario señalar que Transcatab no probó las «terribles intimidaciones y amenazas» a las que alega haber estado
sometida. En efecto, como destaca la Comisión, el documento nº 2573 del expediente que invocó no es sino un acta redactada
por los representantes de Dimon Italia de una reunión que tuvo lugar en 1997 entre, concretamente, Deltafina, Transcatab y
la APTI, referente al tabaco producido fuera del contingente y a la necesidad de que las autoridades tomasen iniciativas apropiadas
para garantizar su salida. Dicho documento sólo menciona la posibilidad de que los agricultores protestasen debido a las dificultades
de su sector. Sin embargo, del referido documento no se desprende que dichas protestas eventuales –de las que no existe prueba
alguna de que efectivamente hayan tenido lugar– se hayan dirigido necesariamente contra los transformadores. Ahora bien, la
mera posibilidad de que existan protestas no constituye una situación excepcional de crisis que justifique conductas contrarias
al artículo 81 CE. Además, el informe de la comisión parlamentaria de investigación invocado por Transcatab no menciona ningún
hecho específico relativo a actividades ilegales en el mercado del tabaco y, por lo tanto, no es pertinente en este contexto.
Por último, la alegación relativa a la situación financiera de Transcatab fue examinada y desestimada en el marco de la tercera
parte del segundo motivo.
Por lo tanto, procede desestimar también la sexta parte del cuarto motivo y, en consecuencia, este motivo en su totalidad.
5.
Sobre el quinto motivo, referente a la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación

Alegaciones de las partes
En primer lugar, Transcatab alega que la Comisión, al haber considerado que la Comunicación sobre la cooperación no era aplicable
a Deltafina, debería haberla tratado como primera sociedad que podía beneficiarse de la reducción de la multa.
En segundo lugar, Transcatab sostiene que, con arreglo al último párrafo del punto 23 de la Comunicación sobre la cooperación,
no debería haber sido sancionada por las conductas que llevó a cabo durante el período comprendido entre 1999 y 2002. Considera
que fue la primera empresa que informó a la Comisión de la existencia de los acuerdos celebrados durante dicho período y que
su contribución fue sumamente detallada, decisiva y completa. Hasta que Transcatab no presentó su información, la Comisión
únicamente había dispuesto de alguna información facilitada por Deltafina y por Dimon. Transcatab menciona varios ejemplos
de información presentada sobre cada año durante el período comprendido entre 1999 y 2002.
Así pues, en relación con dicho período, Transcatab había proporcionado «elementos de prueba relacionados con hechos de los
cuales la Comisión no [tenía] conocimiento previo» y tales hechos habían «[repercutido] directamente en la gravedad o duración»
del cártel en el sentido del último párrafo del punto 23 de la Comunicación sobre la cooperación. En su opinión, este párrafo
tiene como finalidad permitir que la Comisión compense el porcentaje de reducción que una empresa corre el riesgo de no obtener
por haber llegado más tarde que sus competidores a causa del tiempo que dedicó a redactar una declaración completa.
La Comisión solicita que se desestimen las alegaciones de Transcatab.

Apreciación del Tribunal
Sobre la cualidad de primera sociedad que puede beneficiarse de la reducción de la multa
Es preciso recordar que los requisitos de admisibilidad de los recursos son causas de inadmisión por motivos de orden público
que el juez de la Unión debe apreciar de oficio (véase la sentencia Honeywell/Comisión, citada en el apartado 132
supra,
apartado 53, y la jurisprudencia citada; véase también, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de noviembre
de 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall y otros/Comisión, C‑176/06 P, no publicada en la Recopilación, apartado 18).
Como se ha recordado en los anteriores apartados 131 y 132, según el artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia y el
artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la demanda debe contener, en particular,
la «cuestión objeto del litigio» y la «exposición sumaria de los motivos invocados». Además, según el artículo 48, apartado
2, de dicho Reglamento, «en el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho
y de derecho que hayan aparecido durante el procedimiento». De estas disposiciones se deduce que los motivos que no estén
debidamente enunciados en el escrito de interposición del recurso han de considerarse inadmisibles. Además, la exposición
sumaria de los motivos de la parte demandante debe ser suficientemente clara y precisa para permitir a la parte demandada
preparar su defensa y al Tribunal pronunciarse sobre el recurso, en su caso, sin apoyarse en otros datos (sentencias del Tribunal
de 24 de febrero de 2000, ADT Projekt/Comisión, T‑145/98, Rec. p. II‑387, apartado 66, y de 16 de marzo de 2004, Danske Busvognmænd/Comisión,
T‑157/01, Rec. p. II‑917, apartado 45). Análogos requisitos son exigibles cuando se formula una alegación en apoyo de un motivo
(sentencia del Tribunal de 14 de mayo de 1998, Mo och Domsjö/Comisión, T‑352/94, Rec. p. II‑1989, apartado 333).
Por otra parte, según jurisprudencia consolidada, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la buena administración
de la Justicia, para declarar la admisibilidad de un recurso es preciso que los elementos esenciales de hecho y de Derecho
sobre los que esté basado consten, siquiera sucintamente, pero de manera coherente y comprensible, en el propio tenor de la
demanda (sentencia Honeywell/Comisión, citada en el apartado 132
supra,
apartado 56). A este respecto, si bien ciertos extremos específicos del cuerpo de la demanda pueden apoyarse y completarse
mediante remisiones a extractos de documentos adjuntos, una remisión global a otros escritos, aunque figuren como anexo de
la demanda, no puede paliar la falta de los elementos esenciales de la argumentación jurídica, que, en virtud de las disposiciones
antes citadas, deben figurar en la demanda (auto del Tribunal de 21 de mayo de 1999, Asia Motor France y otros/Comisión, T‑154/98,
Rec. p. II‑1703, apartado 49). Además, no incumbe al Tribunal General buscar e identificar, en los anexos, los motivos y alegaciones
que podría considerar constitutivos del fundamento del recurso, puesto que los anexos tienen una función puramente probatoria
e instrumental (véase la sentencia del Tribunal de 7 de mayo de 2009, NVV y otros/Comisión, T‑151/05, Rec. p. II‑1219, apartado
61, y la jurisprudencia citada).
En el caso de autos, la presentación de la presente alegación es muy sucinta, ya que Transcatab únicamente le dedica una sola
frase en su demanda.
En la vista, admitiendo que la alegación estaba expuesta de forma lacónica, Transcatab aclaró su alcance. En esencia, Transcatab
alega que, en el supuesto de que el Tribunal estimase que la Comunicación sobre la cooperación no era aplicable a Deltafina
y, por lo tanto, que Mindo debía ser considerada la primera empresa que podía beneficiarse de la dispensa del pago de la multa
en lugar de Deltafina, se la debería haber considerado a ella –sobre la base de una especie de «efecto dominó»– como la primera
sociedad que podía beneficiarse de la reducción de la multa a tenor del punto 23, párrafo primero, letra b), de la Comunicación
sobre la cooperación. En consecuencia, debería aumentarse la reducción de la multa concedida por la Comisión a Transcatab.
Sobre este particular, es necesario señalar que la estimación de la alegación de Transcatab presupone, primero, que Mindo
haya interpuesto un recurso contra la Decisión impugnada ante el Tribunal; segundo, que haya invocado un motivo basado en
que debería considerársela beneficiaria de la dispensa del pago de la multa en lugar de Deltafina por estimar que a ésta no
le resulta aplicable la Comunicación sobre la cooperación y, tercero, que el Tribunal estime este motivo en el asunto relativo
a Mindo.
Así pues, la alegación de Transcatab se basa en una remisión implícita a un motivo eventualmente invocado en otro asunto y
al que no se hace siquiera referencia expresa. Además, únicamente cabe estimar tal alegación si el Tribunal estima el motivo
eventualmente invocado por Mindo en el otro asunto.
Ahora bien, declarar la admisibilidad de motivos que no se han expuesto suficientemente en la demanda, pero que hacen referencia
a motivos hipotéticamente formulados por un tercero en otro asunto, al que la demanda se remite implícitamente, equivaldría
a permitir que se eludiesen las exigencias imperativas del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento,
que se han recordado en el anterior apartado 365 (véase, en este sentido, la sentencia Honeywell/Comisión, citada en el apartado
supra,
apartado 64).
En cualquier caso, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el Tribunal General está obligado declarar
la inadmisibilidad de una pretensión del recurso que se interponga ante él siempre que los elementos esenciales de hecho y
de Derecho sobre los que se base esa pretensión no se deriven de forma coherente y comprensible del texto del propio escrito
de interposición y que la falta de tales elementos en dicho escrito no puede paliarse mediante su presentación en el acto
de la vista (sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 2006, Rossi/OAMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, apartado 37).
A la luz de todas estas consideraciones, procede declarar la inadmisibilidad de la alegación de que se trata.
Sobre el último párrafo del punto 23 de la Comunicación sobre la cooperación
Por lo que respecta a la alegación de Transcatab de que, con arreglo al último párrafo del punto 23 de la Comunicación sobre
la cooperación, no debería haber sido sancionada por las conductas que llevó a cabo durante el período 1999‑2002 por ser la
primera empresa que informó a la Comisión de la existencia de los acuerdos celebrados durante dicho período, procede recordar
que, a tenor de la citada disposición, «cuando una empresa aporte elementos de prueba relacionados con hechos de los cuales
la Comisión no tenga conocimiento previo y que repercutan directamente en la gravedad o duración del presunto cártel, la Comisión
no tomará tales datos en consideración al fijar el importe de la multa que deba imponerse a la empresa que los haya aportado».
Asimismo, procede recordar que, al valorar la cooperación prestada por los miembros de un cártel, sólo puede censurarse un
error manifiesto de apreciación por parte de la Comisión, toda vez que dispone de un amplio margen de apreciación a la hora
de valorar la relevancia y utilidad de la cooperación prestada por una empresa (véase, en este sentido, la sentencia de 10
de mayo de 2007, SGL Carbon/Comisión, citada en el apartado 331
supra,
apartado 88).
Por lo tanto, es preciso, para empezar, aclarar el alcance del último párrafo del punto 23 de la Comunicación sobre la cooperación
y, seguidamente, comprobar si, al aplicar esta disposición, la Comisión incurrió en error manifiesto de apreciación cuando
sancionó a Transcatab por sus conductas llevadas a cabo durante el período 1999‑2002.
En primer lugar, procede rechazar la interpretación propuesta por Transcatab según la cual, el último párrafo del punto 23
de la Comunicación sobre la cooperación tiene como finalidad permitir que la Comisión compense el porcentaje de reducción
que una empresa corre el riesgo de no obtener por haber llegado más tarde que sus competidores a causa del tiempo que dedicó
a redactar una declaración completa (véase el anterior apartado 362). Tal interpretación es contraria a la lógica de la Comunicación
sobre la cooperación, en la medida en que pondría en peligro el objetivo principal del régimen establecido mediante dicha
Comunicación, a saber, el de incitar a los miembros del cártel a «traicionar» al cártel y a cooperar con la Comisión.
En efecto, de la exposición de motivos de la Comunicación sobre la cooperación se desprende que la lógica de esta Comunicación
es incentivar a las empresas que participan en acuerdos ilegales a cooperar con la Comisión en el marco de la lucha contra
los cárteles debido a que este tipo de prácticas restrictivas forman parte de los casos más graves de restricción de la competencia.
En este contexto, a fin de favorecer esta cooperación, la Comisión prevé un sistema dirigido a conceder a las empresas que
cooperen con ella bien la dispensa del pago, bien reducciones de las multas que corren el riesgo de recibir.
Pues bien, es inherente a esta lógica que el efecto perseguido mediante la Comunicación sobre la cooperación es crear un clima
de incertidumbre en los cárteles al fomentar su denuncia ante la Comisión. Esta incertidumbre resulta precisamente de que
los participantes en el cártel saben que sólo uno de ellos podrá beneficiarse de una dispensa del pago de la multa al denunciar
a los demás participantes en la infracción, exponiéndoles así al riesgo de que se les impongan multas. En este sistema, y
según la misma lógica, se supone que las empresas más rápidas en proporcionar su cooperación disfrutarán de reducciones más
importantes de las multas a las que estarían, de otro modo, sujetas que las concedidas a las empresas menos rápidas en cooperar.
Por lo tanto, el orden cronológico y la rapidez de la cooperación ofrecida por los miembros del cártel constituyen factores
fundamentales del sistema puesto en práctica mediante la Comunicación sobre la cooperación.
Ahora bien, la interpretación de la finalidad de una disposición de la Comunicación sobre la cooperación debe ser conforme
a la lógica propia de esta Comunicación. Desde esta perspectiva, el último párrafo del punto 23 de dicha Comunicación debe
interpretarse en el sentido de que tiene por objeto recompensar a una empresa, aun cuando no haya sido la primera en presentar
la solicitud de dispensa relativa al cártel de que se trate, si es la primera que aporte a la Comisión elementos de prueba
referentes a hechos de los cuales la Comisión no tenga conocimiento y que repercutan directamente en la gravedad o duración
del cártel. En otros términos, si los elementos de prueba aportados por una empresa se refieren a hechos que permiten a la
Comisión modificar la apreciación que, en ese momento, tiene de la gravedad o duración del cártel, la empresa que aporta dichos
elementos de prueba es recompensada mediante la dispensa respecto de la apreciación de los hechos que tales elementos de prueba
pueden acreditar.
Así pues, el último párrafo del punto 23 de la Comunicación sobre la cooperación no se refiere a los supuestos en los que
una empresa presentó simplemente elementos de prueba nuevos o más completos respecto a hechos ya conocidos por la Comisión.
Tampoco se aplica dicho párrafo a los supuestos en los que una empresa da a conocer hechos nuevos que, sin embargo, no modifican
la apreciación de la Comisión sobre la gravedad o duración del cártel. Dicha disposición se aplica, en cambio, exclusivamente
a los supuestos en los que concurren dos requisitos: primero, la empresa en cuestión es la primera en probar hechos de los
cuales la Comisión no tiene conocimiento previo; segundo, tales hechos, que repercuten directamente en la gravedad o duración
del presunto cártel, permiten que la Comisión llegue a nuevas conclusiones sobre la infracción.
Por lo tanto, procede comprobar, a la luz de estas consideraciones, si la Comisión incurrió en error al sancionar a Transcatab
por las conductas que llevó a cabo durante el período comprendido entre 1999 y 2002. Sobre este particular, es preciso destacar,
en primer lugar, que, en el considerando 497 de la Decisión impugnada, la Comisión afirmó expresamente que no ignoraba ninguno
de los hechos sobre los que Transcatab había aportado elementos de prueba y, en segundo lugar, que, en el marco del presente
motivo, las alegaciones de Transcatab únicamente tienen por objeto la duración del cártel. En cambio, no se refieren a hechos
que hayan podido repercutir en la gravedad de la infracción.
De los autos se desprende que, desde la presentación de la solicitud de dispensa del pago de la multa por parte de Deltafina,
el 19 de febrero de 2002, la Comisión tenía conocimiento del hecho de que el cártel había comenzado en 1995 y había durado
hasta 2001. En efecto, en su solicitud de dispensa del pago, Deltafina, por un lado, había admitido expresamente esta circunstancia
y, por otro, había presentado ocho notas manuscritas referentes a reuniones y discusiones entre los transformadores relativas
al año 1999, dos notas manuscritas relativas al año 2000 y otras dos relativas al año 2001. Por otra parte, procede señalar
que Transcatab se limita a afirmar que fue la primera que aportó la prueba de diversos acuerdos y contactos establecidos entre
los transformadores durante dicho período. En cambio no afirma que la Comisión no estuviera ya al corriente del hecho de que
el cártel de los transformadores estaba operativo durante el período comprendido entre 1999 y 2002.
Además, un examen detallado de la Decisión impugnada muestra también que la Comisión basó su Decisión en diversa información
relativa a los contactos establecidos entre los transformadores que procedían de Deltafina y de Dimon Italia y, por lo tanto,
con independencia de la información proporcionada por Transcatab.
Por lo que respecta, en particular, al año 1999, de la Decisión impugnada se desprende que Deltafina proporcionó diversas
indicaciones de los contactos establecidos entre los transformadores durante dicho año, por ejemplo, en los considerandos
159 (nota a pie de página 181), 195 (nota a pie de página 206), 199 (nota a pie de página 212) y 200 (nota a pie de página
214). Pues bien, de todas estas notas a pie de página se deduce que Deltafina había descrito el contenido de las reuniones
en unas declaraciones realizadas antes de la presentación de la petición de reducción de la multa por parte de Transcatab.
En cuanto a la extensión del cártel a la producción excedentaria, de la Decisión impugnada se desprende que los considerandos
144 y 148 se redactaron sobre la base de información proporcionada por Deltafina. La Comisión precisó en la dúplica que dichos
considerandos se basan en documentos aportados por Deltafina el 22 de febrero de 2002
,
es decir, de nuevo con anterioridad a la presentación de la petición de reducción de la multa por parte de Transcatab. El
hecho de que esta extensión se formalizase posteriormente en un acuerdo aportado por Transcatab no cambia en absoluto la apreciación
de la presente alegación de Transcatab a la luz del último párrafo del punto 23 de la Comunicación sobre la cooperación.
Por lo que respecta al año 2000, los considerandos 203 (nota a pie de página 216) y 204 (nota a pie de página 218) de la Decisión
impugnada muestran que Deltafina aportó diversas pruebas de los contactos entre los transformadores durante dicho año. La
nota a pie de página 218 explica, en particular, que Deltafina había descrito el contenido de la reunión mencionada en el
considerando 204 de la Decisión impugnada en unas declaraciones anteriores a la presentación de la petición de reducción de
la multa por parte de Transcatab, lo que confirmó la Comisión en la dúplica. Además, de los autos se desprende que, el 19
de marzo de 2002, Deltafina había proporcionado también información y documentos a la Comisión referentes a los contactos
que tuvieron lugar durante este año.
En cuanto al año 2001, de los considerandos 209 (nota a pie de página 223) y 211 (nota a pie de página 225) de la Decisión
impugnada se desprende que, antes de que Transcatab presentara la petición de reducción, Deltafina había proporcionado ya
a la Comisión documentos que probaban la existencia de contactos entre transformadores durante dicho año. En particular, los
documentos 495, 498, 524 y 614, mencionados en esas dos notas a pie de página, prueban inequívocamente la existencia de contactos
entre los transformadores durante este período. Dichos documentos también demuestran que, antes de que Transcatab presentase
la petición de reducción de la multa, la Comisión ya tenía conocimiento de los contactos ilegales entre los transformadores,
entre ellos Transcatab, como mínimo hasta el 15 de octubre de 2001.
Por lo que respecta al año 2002, la Comisión sostiene que ya tenía conocimiento de la continuación de los contactos entre
los transformadores durante este año, en virtud del fax mencionado en la nota a pie de página 235 de la Decisión impugnada
proporcionado por Dimon. No obstante, Transcatab sostiene que este documento fue presentado después del 18 de abril de 2002,
fecha en la que presentó los documentos mencionados en la nota a pie de página 234 en lo que se refiere al año 2002.
Sobre este particular, es preciso señalar que, aun suponiendo que Dimon Italia presentase dicho documento después de Transcatab
y, por lo tanto, que ésta haya sido la primera empresa que proporcionó pruebas de las reuniones celebradas a principios de
2002, este hecho no tiene ninguna consecuencia práctica.
En efecto, por un lado, como se ha destacado en el anterior apartado 389, de los autos se desprende que, antes de que Transcatab
presentase la solicitud de reducción de la multa, la Comisión disponía de pruebas relativas a la duración del cártel como
mínimo hasta el 15 de octubre de 2001. Por lo tanto, dado que el cártel comenzó el 29 de septiembre de 1995 (véase el considerando
377 de la Decisión impugnada), y que Transcatab no discutió este hecho, procede señalar que, antes de que Transcatab presentase
los documentos, la Comisión tenía ya información suficiente para establecer que el cártel había durado más de seis años. Esta
declaración,
per se,
facultaba a la Comisión a aumentar el importe inicial de la multa un 60 %. De ello se deriva que el hecho de que la Comisión
constatara que duró cuatro meses más (hasta el 19 de febrero de 2002) no tuvo incidencia alguna en la determinación de la
sanción final.
Por otro lado, procede recordar que, en los considerandos 256 y siguientes de la Decisión impugnada, la Comisión estableció,
sin que Transcatab haya rebatido esta apreciación (véase el anterior apartado 233), que el cártel era una infracción única
y continuada. Asimismo, la Comisión declaró que esta infracción había terminado el 19 de febrero de 2002, a saber, el día
en el que Deltafina presentó su solicitud de dispensa. Pues bien, Transcatab no ha afirmado ni demostrado que hubiera dejado
de participar en la infracción antes de tal fecha.
A este respecto, es preciso recordar que una empresa que haya participado en una infracción de este tipo, mediante comportamientos
propios, calificables de acuerdo o de práctica concertada con un objeto contrario a la competencia en el sentido del artículo
81 CE, apartado 1, y que pretenden contribuir a la realización de la infracción en su conjunto, es también responsable, durante
todo el tiempo que duró su participación en dicha infracción, de los comportamientos de otras empresas en el marco de la misma
infracción (véase la sentencia BST/Comisión, citada en el apartado 222
supra,
apartado 33, y la jurisprudencia citada).
Igualmente, una empresa puede ser considerada responsable de una práctica colusoria global aunque se haya acreditado que sólo
participó directamente en uno o varios de los elementos constitutivos de dicha práctica colusoria, si, por una parte, sabía
o tenía que saber necesariamente que la colusión en la que participaba formaba parte de un plan global y, por otra, el citado
plan abarcaba la totalidad de los elementos constitutivos de la práctica colusoria (sentencias del Tribunal PVC II, citada
en el apartado 91
supra,
apartado 773; HFB y otros/Comisión, citada en el apartado 130
supra,
apartado 231, y de 19 de mayo de 2010, Boliden y otros/Comisión, T‑19/05, Rec. p. II‑1843, apartado 61).
En estas circunstancias, procede concluir que Transcatab no aportó elementos de prueba relacionados con hechos de los cuales
la Comisión no tuviera conocimiento previo y que repercutieran directamente en la gravedad o duración del presunto cártel
que justificarían la aplicación de la dispensa parcial prevista en el último párrafo del punto 23 de la Comunicación sobre
la cooperación. En consecuencia, Transcatab no puede alegar que la Comisión incurrió en error manifiesto de apreciación y
que, por lo tanto, no se la debe considerar responsable de toda la infracción.
Por consiguiente, procede desestimar todas las pretensiones relativas a la anulación parcial de la Decisión impugnada. Por
lo que respecta a las pretensiones relativas a la modificación de la Decisión impugnada, el Tribunal considera que, habida
cuenta de que ningún elemento justifica, en el presente caso, una reducción del importe de la multa, no procede estimar dicha
petición. De todo lo anterior se deduce que procede desestimar el recurso en su totalidad.
6.
Sobre la reconvención de la Comisión

Alegaciones de las partes
La Comisión alega que Transcatab impugnó los hechos, en particular la duración del cártel, que la Comisión había establecido
en la Decisión impugnada. En su opinión, al afirmar, en el marco de la primera parte del tercer motivo, que se limitó –a partir
de 1999– a llevar a cabo unas conductas que se inscribían exclusivamente en el marco de los acuerdos interprofesionales (véanse
los anteriores apartados 227 y 228), Transcatab no se habría limitado a impugnar la interpretación de los hechos realizada
por la Comisión, sino que habría cuestionado hechos que había admitido con anterioridad. Considera que la impugnación por
Transcatab de la duración del cártel, que constituye un elemento esencial de la descripción de los hechos, convierte en parcialmente
injustificada la reducción del 30 % que la Comisión le concedió. Por lo tanto, la Comisión solicita al Tribunal que disminuya
la reducción de la multa del 30 al 25 % y que la fije, en el ejercicio de su competencia de plena jurisdicción, en 15 millones
de euros.
Transcatab se opone a la reconvención de la Comisión.

Apreciación del Tribunal
De la Decisión impugnada se desprende que el hecho de que Transcatab no hubiera «impugnado los hechos en los que se apoyó
la Comisión en el pliego de cargos» constituyó una de las consideraciones sobre cuya base la Comisión le concedió una reducción
del 30 % de la multa (véanse los considerandos 498 y 499 de la Decisión impugnada).
Sin embargo, de la respuesta de Transcatab al pliego de cargos se deriva que, si bien no respondió expresamente a los cargos
de la Comisión relativos a la duración de la infracción, alegó, no obstante, que, en la medida en que los transformadores
habían actuado a partir de 1999 respetando la Ley nº 88/88, no se les debía considerar responsables de las conductas contrarias
a la competencia llevadas a cabo a partir de dicho año.
Así pues, aun cuando la formulación de esta alegación entra en contradicción con algunas afirmaciones efectuadas durante el
procedimiento administrativo y con el hecho de que no se impugnasen determinados aspectos del examen de la Comisión, esto
no desvirtúa la afirmación de que la alegación contenida en la primera parte del tercer motivo ya se expuso durante el procedimiento
administrativo. En consecuencia, cuando la Comisión concedió la reducción a Transcatab, ya conocía esta alegación, de modo
que ésta no constituye una impugnación de la materialidad de los hechos que cuestione la reducción concedida en la Decisión
impugnada con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación.
Por lo tanto, procede desestimar la reconvención de la Comisión.
Habida cuenta de todo lo anterior, procede desestimar el recurso en su totalidad, así como la reconvención formulada por la
Comisión.

Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. No obstante, de conformidad con el artículo 87, apartado 3, párrafo primero, de
dicho Reglamento de Procedimiento, en circunstancias excepcionales o cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una
y otra parte, el Tribunal podrá repartir las costas, o decidir que cada parte abone sus propias costas.
En el presente caso, se ha desestimado el recurso de Transcatab así como la reconvención formulada por la Comisión. Dado que
ésta sólo tenía por objeto incrementar el importe de las multas de modo marginal, es preciso declarar que se han desestimado
esencialmente las pretensiones y motivos de la parte demandante. En estas circunstancias, procede resolver que la demandante
soportará sus propias costas y el 90 % de las costas en que haya incurrido la Comisión, en tanto que la Comisión soportará
el 10 % de sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Desestimar la reconvención formulada por la Comisión Europea.
3)
Transcatab SpA cargará con sus propias costas y con el 90 % de las costas en que haya incurrido la Comisión.
4)
La Comisión cargará con el 10 % de sus propias costas.
Azizi
Cremona
Frimodt Nielsen
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 5 de octubre de 2011.
Firmas
Índice
Antecedentes del litigio
1.     Procedimiento administrativo
2.     Decisión impugnada
Destinatarias de la Decisión impugnada
Determinación del importe de la multa
Determinación del importe inicial de las multas
Determinación del importe de base de las multas
Circunstancias atenuantes
Aplicación de la Comunicación sobre la cooperación
Procedimiento y pretensiones de las partes
Fundamentos de Derecho
1.     Sobre el primer motivo, referente a la imputación de la infracción a la sociedad matriz de Transcatab
Sobre la primera parte del primer motivo, relativa a una lectura errónea de la jurisprudencia, a la no consideración de los
elementos de prueba proporcionados y a una vulneración del derecho de defensa
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
–  Sobre el incumplimiento de las normas que rigen la imputabilidad a la sociedad matriz de las prácticas de su filial
–  Sobre la no consideración de los elementos de prueba proporcionados para destruir la presunción
–  Sobre la vulneración del derecho de defensa
Sobre la segunda parte del primer motivo, relativa a la infracción del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
2.     Sobre el segundo motivo, referente a la determinación del importe inicial de la multa
Sobre la primera parte del segundo motivo, relativa a la gravedad de la infracción
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
–  Sobre la calificación de infracción muy grave
–  Sobre las repercusiones concretas de la infracción sobre el mercado
–  Sobre la dimensión geográfica del mercado
–  Sobre el incumplimiento de la obligación de motivación
–  Sobre la vulneración del derecho de defensa
Sobre la segunda parte del segundo motivo, relativa a la violación de los principios de proporcionalidad, igualdad de trato
y protección de la confianza legítima en la determinación del importe de base de la multa
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
–  Sobre la violación del principio de proporcionalidad
–  Sobre la violación del principio de igualdad de trato
–  Sobre la violación del principio de protección de la confianza legítima
Sobre la tercera parte del segundo motivo, relativa a la violación del principio de proporcionalidad en la consideración del
carácter disuasorio de la sanción y de la situación financiera de Transcatab
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
3.     Sobre el tercer motivo, referente a la determinación del importe de base de la multa
Sobre la primera parte del tercer motivo, relativa a un incremento erróneo del importe de la multa por motivo de la duración
de la infracción
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
–  Sobre el incremento de la multa debido a la duración del acuerdo
–  Sobre la inexistencia de perjuicio para los consumidores
Sobre la segunda parte del tercer motivo, relativa a la violación del principio ne bis in idem y a una falta de motivación
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
Sobre la tercera parte del tercer motivo, relativa a la violación del principio de igualdad de trato
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
4.     Sobre el cuarto motivo, referente a determinadas circunstancias atenuantes
Sobre la primera parte del cuarto motivo, relativa a la circunstancia atenuante basada en que no se puso en práctica el cártel
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
Sobre la segunda parte del cuarto motivo, relativa a la circunstancia atenuante basada en la interrupción de las actividades
controvertidas antes de la intervención de la Comisión
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
Sobre la tercera parte del cuarto motivo, relativa a la circunstancia atenuante basada en la existencia de una duda razonable
sobre el carácter ilícito del comportamiento controvertido
Sobre la existencia de una duda razonable sobre el carácter ilícito del comportamiento controvertido
–  Alegaciones de las partes
–  Apreciación del Tribunal
Sobre la diferencia de trato respecto del asunto Tabaco crudo – España
–  Alegaciones de las partes
–  Apreciación del Tribunal
Sobre la cuarta parte del cuarto motivo, relativa a la circunstancia atenuante basada en la colaboración efectiva de Transcatab
durante el procedimiento
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
Sobre la quinta parte del cuarto motivo, relativa a la circunstancia atenuante basada en la inexistencia de precedente en
el mercado del tabaco crudo en el momento en el que la Comisión comenzó sus verificaciones
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
Sobre la sexta parte del cuarto motivo, relativa a las características socio-económicas del sector del tabaco crudo en Italia
y a la crisis de dicho sector
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
5.     Sobre el quinto motivo, referente a la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
Sobre la cualidad de primera sociedad que puede beneficiarse de la reducción de la multa
Sobre el último párrafo del punto 23 de la Comunicación sobre la cooperación
6.     Sobre la reconvención de la Comisión
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
Costas
*
Lengua de procedimiento: italiano.