CELEX: 62010CJ0083
Procedimiento prejudicial
Transporte aéreo
Reglamento (CE) nº 261/2004
Artículo 2, letra l)
Compensación a los pasajeros en caso de cancelación de un vuelo
Concepto de "cancelación"
Artículo 12
Concepto de "compensación suplementaria"
Compensación en virtud del Derecho nacional

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, letra l), y 12 del Reglamento (CE)
nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre
compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los
vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) nº 295/91 (DO L 46, p. 1).
Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre siete pasajeros y Air France SA (en lo sucesivo, «Air France»)
respecto a la compensación del perjuicio que estimaban haber sufrido a causa de grandes retrasos y de los inconvenientes causados
por los problemas técnicos que afectaron al avión de esta compañía con ocasión de un vuelo entre París y Vigo.

Marco jurídico

Derecho internacional
La Comunidad Europea participó en la Conferencia Diplomática internacional de Derecho aéreo celebrada en Montreal del 10 al
28 de mayo de 1999, de resultas de la cual fue aprobado, el 28 de mayo de 1999, el Convenio para la unificación de ciertas
reglas para el transporte aéreo internacional (en lo sucesivo, «Convenio de Montreal»), y firmó dicho Convenio el 9 de diciembre
de 1999.
El 5 de abril de 2001, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Decisión 2001/539/CE, sobre la celebración por la Comunidad
Europea del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional (Convenio de Montreal) (DO
L 194, p. 38). Dicho Convenio entró en vigor, por lo que respecta a la Unión Europea, el 28 de junio de 2004.
El artículo 19 del Convenio de Montreal, titulado «Retraso», que figura en el capítulo III de éste, titulado «Responsabilidad
del transportista y medida de la indemnización del daño», dispone:
«El transportista es responsable del daño ocasionado por retrasos en el transporte aéreo de pasajeros, equipaje o carga. Sin
embargo, el transportista no será responsable del daño ocasionado por retraso si prueba que él y sus dependientes y agentes
adoptaron todas las medidas que eran razonablemente necesarias para evitar el daño o que les fue imposible, a uno y a otros,
adoptar dichas medidas.»
El artículo 22, apartado 1, de este Convenio, titulado «Límites de responsabilidad respecto al retraso, el equipaje y la carga»,
perteneciente al mismo capítulo III, establece:
«En caso de daño causado por retraso, como se especifica en el artículo 19, en el transporte de personas la responsabilidad
del transportista se limita a 4.150 derechos especiales de giro por pasajero.»
El artículo 29 del Convenio de Montreal, titulado «Fundamento de las reclamaciones», dispone:
«En el transporte de pasajeros, de equipaje y de carga, toda acción de indemnización de daños, sea que se funde en el presente
Convenio, en un contrato o en un acto ilícito, sea en cualquier otra causa, solamente podrá iniciarse con sujeción a condiciones
y a límites de responsabilidad como los previstos en el presente Convenio, sin que ello afecte a la cuestión de qué personas
pueden iniciar las acciones y cuáles son sus respectivos derechos. En ninguna de dichas acciones se otorgará una indemnización
punitiva, ejemplar o de cualquier naturaleza que no sea compensatoria.»

Derecho de la Unión
Reglamento (CE) nº 2027/97
El artículo 1 del Reglamento (CE) nº 2027/97 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, relativo a la responsabilidad de las compañías
aéreas respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje (DO L 285, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento
(CE) nº 889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002 (DO L 140, p. 2) (en lo sucesivo, «Reglamento
nº 2027/97»), dispone:
«El presente Reglamento desarrolla las disposiciones pertinentes del Convenio de Montreal […]»
El artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 2027/97 establece:
«La responsabilidad de una compañía aérea comunitaria en relación con el transporte de pasajeros y su equipaje se regirá por
todas las disposiciones del Convenio de Montreal relativas a dicha responsabilidad.»
Reglamento nº 261/2004
Los considerandos décimo y decimoséptimo del Reglamento nº 261/2004 exponen lo siguiente:
«(10) Debe ofrecerse a los pasajeros a los que se deniega el embarque contra su voluntad la posibilidad de cancelar sus vuelos,
con reembolso de sus billetes, o de proseguirlos en condiciones satisfactorias, así como el derecho a ser bien atendidos mientras
esperan un vuelo posterior.
[…]
(17)      Los pasajeros cuyos vuelos tengan un retraso de duración determinada deben recibir atención adecuada y han de tener la posibilidad
de cancelar sus vuelos, con reembolso de sus billetes, o de proseguirlo en condiciones satisfactorias.»
El artículo 1, apartado 1, de este Reglamento, titulado «Objeto», dispone:
«El presente Reglamento establece, bajo las condiciones en él detalladas, los derechos mínimos que asistirán a los pasajeros
en caso de:
a)      denegación de embarque contra su voluntad;
b)      cancelación de su vuelo;
c)      retraso de su vuelo.»
Bajo la rúbrica «Definiciones», el artículo 2, letra l), de dicho Reglamento, dispone:
«A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
[…]
l)
cancelación,
la no realización de un vuelo programado y en el que había reservada al menos una plaza.»
El artículo 5, apartados 1 a 3, del mismo Reglamento, titulado «Cancelación de vuelos», establece:
«1.      En caso de cancelación de un vuelo:
a)      el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo ofrecerá asistencia a los pasajeros afectados conforme al artículo 8, y
b)      el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo ofrecerá asistencia a los pasajeros afectados conforme a la letra a)
del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 9 así como, en caso de que se les ofrezca un transporte alternativo cuando la
salida prevista del nuevo vuelo sea como mínimo al día siguiente de la salida programada del vuelo cancelado, la asistencia
especificada en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 9, y
c)      los pasajeros afectados tendrán derecho a una compensación por parte del transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo
conforme al artículo 7, a menos que:
i)      se les informe de la cancelación al menos con dos semanas de antelación con respecto a la hora de salida prevista, o
ii)      se les informe de la cancelación con una antelación de entre dos semanas y siete días con respecto a la hora de salida prevista
y se les ofrezca un transporte alternativo que les permita salir con no más de dos horas de antelación con respecto a la hora
de salida prevista y llegar a su destino final con menos de cuatro horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista, o
iii)      se les informe de la cancelación con menos de siete días de antelación con respecto a la hora de salida prevista y se les
ofrezca tomar otro vuelo que les permita salir con no más de una hora de antelación con respecto a la hora de salida prevista
y llegar a su destino final con menos de dos horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista.
2.      Siempre que se informe a los pasajeros de la cancelación, deberá darse una explicación relativa a los posibles transportes
alternativos.
3.      Un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo no está obligado a pagar una compensación conforme al artículo 7 si
puede probar que la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran
tomado todas las medidas razonables.»
El artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 261/2004, titulado «Retraso», dispone:
«1.      Si un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo prevé el retraso de un vuelo con respecto a la hora de salida prevista:
a)      de dos horas o más en el caso de todos los vuelos de 1.500 kilómetros o menos, o
b)      de tres horas o más en el caso de todos los vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y de todos los demás vuelos
de entre 1.500 y 3.500 kilómetros, o
c)      de cuatro horas o más en el caso de todos los vuelos no comprendidos en las letras a) o b),
el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo ofrecerá a los pasajeros la asistencia especificada en:
i)      la letra a) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 9, y
ii)      las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 9 cuando la hora de salida prevista sea como mínimo al día siguiente a la hora
previamente anunciada, y
iii)      la letra a) del apartado 1 del artículo 8 cuando el retraso es de cinco horas como mínimo.»
El artículo 7, apartado 1, de este Reglamento, titulado «Derecho a compensación», dispone:
«1.      Cuando se haga referencia al presente artículo, los pasajeros recibirán una compensación por valor de:
a)      250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros;
[…]»
El artículo 8 de dicho Reglamento, titulado «Derecho al reembolso o a un transporte alternativo», establece:
«1.      Cuando se haga referencia a este artículo, se ofrecerán a los pasajeros las opciones siguientes:
a)      –      el reembolso en siete días, según las modalidades del apartado 3 del artículo 7, del coste íntegro del billete en el precio
al que se compró, correspondiente a la parte o partes del viaje no efectuadas y a la parte o partes del viaje efectuadas,
si el vuelo ya no tiene razón de ser en relación con el plan de viaje inicial del pasajero, junto con, cuando proceda:
–        un vuelo de vuelta al primer punto de partida lo más rápidamente posible;
b)      la conducción hasta el destino final en condiciones de transporte comparables, lo más rápidamente posible, o
c)      la conducción hasta el destino final, en condiciones de transporte comparables, en una fecha posterior que convenga al pasajero,
en función de los asientos disponibles.
[…]
3.      En el caso de las ciudades o regiones en las que existan varios aeropuertos, el transportista aéreo encargado de efectuar
el vuelo que ofrezca al pasajero un vuelo a otro aeropuerto distinto de aquel para el que se efectuó la reserva deberá correr
con los gastos de transporte del pasajero desde ese segundo aeropuerto, bien hasta el aeropuerto para el que efectuó la reserva,
bien hasta otro lugar cercano convenido con el pasajero.»
El artículo 9, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 261/2004, titulado «Derecho a atención», dispone:
«1.      Cuando se haga referencia a este artículo, se ofrecerá gratuitamente a los pasajeros:
a)      comida y refrescos suficientes, en función del tiempo que sea necesario esperar;
b)      alojamiento en un hotel en los casos:
–        en que sea necesario pernoctar una o varias noches, o
–        en que sea necesaria una estancia adicional a la prevista por el pasajero;
c)      transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento (hotel u otros).
2.      Además, se ofrecerán a los pasajeros gratuitamente dos llamadas telefónicas, télex o mensajes de fax, o correos electrónicos.»
El artículo 12, aparatado 1, de este Reglamento, bajo la rúbrica «Compensación suplementaria», establece:
«El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de los derechos del pasajero a obtener una compensación suplementaria. La
compensación que se conceda con arreglo al presente Reglamento podrá deducirse de la misma.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales
Los demandantes en el litigio principal celebraron con Air France un contrato de transporte aéreo que habría de llevarlos
de París a Vigo en el vuelo 5578 de dicha compañía. El vuelo estaba fijado para el día 25 de septiembre de 2008, con salida
del aeropuerto de París Charles de Gaulle a las 19.40.
Pocos minutos después del despegue del avión a la hora prevista, el piloto decidió volver al punto de origen, el aeropuerto
de París Charles de Gaulle, por un problema técnico de la aeronave. Nada indica, en la documentación obrante en los autos
del litigio principal, que el avión volviera a despegar posteriormente y llegara, con retraso, a su destino.
A tres de los pasajeros del vuelo de que se trata se les ofreció tomar un vuelo que despegaba el día siguiente, 26 de septiembre
de 2008, a las 7.05, del aeropuerto de París Orly, con destino a Oporto (Portugal), desde donde se trasladaron a Vigo por
medio de un taxi. A otro pasajero se le propuso tomar, el mismo día, un vuelo de París a Vigo, vía Bilbao. En cuanto a los
demás pasajeros, Air France los recolocó en su vuelo París‑Vigo, también del 26 de septiembre de 2008, que despegaba a la
misma hora que el que había sufrido la avería (19.40). Ningún pasajero del vuelo del día anterior, salvo uno de ellos, fue
alojado a cargo de Air France ni recibió asistencia alguna de esta compañía aérea.
Siete de los pasajeros del vuelo 5578, es decir, los demandantes en el litigio principal, interpusieron una demanda de daños
y perjuicios contra Air France ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra, por incumplimiento del contrato de transporte
aéreo.
Los demandantes en el litigio principal solicitan la compensación prevista en el artículo 7 del Reglamento nº 261/2004 a razón
de 250 euros cada uno, tal como establece dicha disposición. Uno de los demandantes reclama, asimismo, el reembolso de los
gastos de su desplazamiento en taxi desde Oporto hasta Vigo. Otro demandante pide el reembolso de sus gastos de comida en
el aeropuerto de París, así como los relacionados con la guarda de su perro durante un día más de lo inicialmente previsto.
Por último, todos los demandantes solicitan que se condene a Air France a pagarles una cantidad adicional en concepto de reparación
de los daños morales que estiman haber sufrido.
En estas circunstancias, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal
de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«[1)] Si el concepto “cancelación” definida en [el] artículo 2[, letra l), del] reglamento [nº 261/2004] debe interpretarse en el
sentido […] exclusivo de ausencia de salida del vuelo en los términos programados o también en el sentido de cualquier circunstancia
que haga que dicho vuelo con reserva haya despegado pero no llegue a su destino, incluido el regreso forzoso por circunstancias
técnicas al aeropuerto de origen.
[2)]      Si el concepto “compensación suplementaria” del artículo 12 de dicho reglamento debe interpretarse en el sentido de que permite
al juez nacional, en caso de cancelación, conceder indemnización de daños y perjuicios, incluyendo daños morales por incumplimiento
del contrato de transporte aéreo conforme a los criterios establecidos en la normativa y jurisprudencia nacional sobre el
incumplimiento contractual o si, por el contrario dicha compensación ha de obedecer sólo a gastos realizados por los pasajeros
debidamente acreditados y no resarcidos suficientemente por el transportista aéreo conforme a lo que exigen los artículos
8 y 9 del Reglamento [nº 261/2004], sin haberse invocado dichos preceptos o, por último, si estos dos conceptos de compensación
suplementaria son compatibles entre sí.»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre la primera cuestión
A efectos de la compensación a los pasajeros sobre la base de las disposiciones conjuntas de los artículos 5 y 7 del Reglamento
nº 261/2004, el órgano jurisdiccional remitente, que debe determinar si el vuelo de que se trata puede considerarse «cancelado»,
en el sentido del artículo 2, letra l), de dicho Reglamento, pregunta, en esencia, si el concepto de «cancelación» se refiere
exclusivamente al supuesto de que el avión de que se trate no haya despegado en modo alguno o si incluye igualmente el supuesto
de que el avión, aun habiendo despegado, se vea obligado a regresar al aeropuerto de origen a causa de una avería técnica
del aparato.
Procede recordar inmediatamente que el artículo 2, letra l), de dicho Reglamento define la «cancelación» como «la no realización
de un vuelo programado y en el que había reservada al menos una plaza». Antes de poder determinar el sentido del concepto
de «cancelación», por tanto, debe precisarse el del concepto de «vuelo», en el sentido de este artículo.
A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que un vuelo «consiste, esencialmente, en una operación de transporte
aéreo y […] que, por lo tanto, constituye en cierto modo una “unidad” de este tipo de transporte realizada por un transportista
aéreo que fija su itinerario» (sentencia de 10 de julio de 2008, Emirates Airlines, C‑173/07, Rec. p. I‑5237, apartado 40).
Además, este Tribunal ha precisado que el itinerario constituye un elemento esencial del vuelo y éste, a su vez, se efectúa
conforme a una programación fijada con antelación por el transportista (sentencia de 19 de noviembre de 2009, Sturgeon y otros,
C‑402/07 y C‑432/07, Rec. p. I‑10923, apartado 30).
Dado que el término «itinerario» designa el recorrido que ha de efectuar el avión desde el aeropuerto de salida hasta el aeropuerto
de llegada, según una cronología establecida, para que un vuelo pueda considerarse realizado no basta con que el avión haya
salido conforme al itinerario previsto, sino que es necesario también que haya alcanzado su destino tal como figura en dicho
itinerario. Pues bien, la circunstancia de que el despegue se haya producido, pero el avión haya regresado seguidamente al
aeropuerto de origen sin haber alcanzado el destino que figura en el itinerario, significa que el vuelo, tal como estaba previsto
inicialmente, no puede considerarse realizado.
A continuación, cabe señalar que de la definición del artículo 2, letra l), del Reglamento nº 261/2004 no se desprende en
modo alguno que, aparte de la no realización de un vuelo programado, la «cancelación» de dicho vuelo, en el sentido de este
artículo, requiera la adopción de una decisión explícita de cancelarlo.
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que es posible en principio constatar una cancelación cuando el vuelo
inicialmente previsto que se haya visto retrasado se transfiera a otro vuelo, es decir, cuando se abandone la programación
del vuelo inicial y sus pasajeros se unan a los de otro vuelo también programado, con independencia del vuelo para el que
los pasajeros transferidos hubieran efectuado su reserva (sentencia Sturgeon y otros, antes citada, apartado 36).
En tal situación, no es en absoluto necesario que todos los pasajeros que hubieran reservado una plaza en el vuelo inicialmente
previsto sean transportados en otro vuelo. A este respecto, sólo importa la situación individual de cada pasajero así transportado,
es decir, el hecho de que, en lo que atañe al pasajero en cuestión, la programación inicial del vuelo se haya abandonado.
A este respecto, debe señalarse que tanto el artículo 1, apartado 1, letra b), como los considerandos décimo y decimoséptimo
del Reglamento nº 261/2004, en diferentes versiones lingüísticas, hacen referencia a la anulación de «su» vuelo.
De este modo, consta que todos los demandantes en el litigio principal fueron transferidos a otros vuelos, programados para
el día siguiente del día de salida previsto, que les permitieron alcanzar su destino final, Vigo, en algunos casos mediante
transbordo. Por consiguiente, «su» vuelo inicialmente previsto debe considerarse «cancelado».
Por último, procede señalar que el motivo por el que el avión se haya visto obligado a regresar al aeropuerto de salida y,
por tanto, no haya alcanzado su destino es irrelevante a efectos de la calificación de «cancelación», en el sentido de la
definición antes mencionada del artículo 2, letra l), del Reglamento nº 261/2004. En efecto, tal motivo sólo es pertinente
para determinar, en el marco de la indemnización del perjuicio sufrido por los pasajeros a causa de la cancelación de su vuelo,
si, llegado el caso, dicha cancelación «se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si
se hubieran tomado todas las medidas razonables», en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento nº 261/2004, en
cuyo caso no hay obligación de compensación.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el concepto de «cancelación»
definido en el artículo 2, letra l), del Reglamento nº 261/2004 debe entenderse en el sentido de que, en una situación como
la examinada en el asunto principal, no se refiere exclusivamente al supuesto de que el avión de que se trate no haya despegado
en modo alguno, sino que incluye igualmente el supuesto de que el avión haya despegado, pero, cualquiera que sea la razón,
se vea obligado a regresar al aeropuerto de origen y los pasajeros de dicho avión hayan sido transferidos a otros vuelos.

Sobre la segunda cuestión
Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si, en concepto de compensación suplementaria
en virtud del artículo 12, letra l), del Reglamento nº 261/2004, el juez nacional puede condenar al transportista aéreo a
indemnizar todo tipo de perjuicio, incluido el moral, derivado del incumplimiento del contrato de transporte aéreo, basándose
en las normas nacionales. En particular, pregunta si esta compensación suplementaria puede cubrir los gastos que los pasajeros
han tenido que efectuar a causa del incumplimiento, por parte del transportista aéreo, de las obligaciones de asistencia y
atención que le incumben en virtud de los artículos 8 y 9 del Reglamento nº 261/2004.
Debe recordarse primeramente que el artículo 1 del Reglamento nº 261/2004 subraya el carácter mínimo de los derechos que establece
en beneficio de los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque contra su voluntad, de cancelación de su vuelo o de
retraso de su vuelo. Además, el artículo 12 de este Reglamento, titulado «Compensación suplementaria», dispone que dicho Reglamento
se aplicará sin perjuicio de los derechos del pasajero a obtener una compensación suplementaria. También se precisa en dicho
artículo que la compensación que se conceda con arreglo a este Reglamento podrá deducirse de esa compensación.
De estas disposiciones se desprende que la compensación concedida a los pasajeros aéreos sobre la base del artículo 12 del
Reglamento nº 261/2004 pretende completar la aplicación de las medidas previstas en dicho Reglamento, de modo que los pasajeros
sean compensados por la totalidad del perjuicio que hayan sufrido a causa del incumplimiento, por parte del transportista
aéreo, de sus obligaciones contractuales. Esta disposición permite así al juez nacional condenar al transportista aéreo a
indemnizar el perjuicio resultante para los pasajeros del incumplimiento del contrato de transporte aéreo, sobre la base de
un fundamento jurídico distinto del Reglamento nº 261/2004, es decir, en particular, en las condiciones previstas por el Convenio
de Montreal o por el Derecho nacional.
A este respecto, es preciso recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que las medidas de asistencia y atención
estandarizadas e inmediatas adoptadas en virtud del Reglamento nº 261/2004 no impiden por sí mismas que los pasajeros afectados,
en el caso en que el mismo incumplimiento por parte del transportista aéreo de sus obligaciones contractuales les cause también
daños que den derecho a una indemnización, puedan ejercitar, además, las acciones de indemnización de dichos daños en las
circunstancias previstas en el Convenio de Montreal (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de enero de 2006, IATA y ELFAA,
C‑344/04, Rec. p. I‑403, apartado 47).
En particular, las disposiciones de los artículos 19, 22 y 29 del Convenio de Montreal, aplicables, en virtud del artículo
3, apartado 1, del Reglamento nº 2027/97, a la responsabilidad del transportista aéreo establecido en el territorio de un
Estado miembro, precisan las condiciones en que, en caso de retraso o cancelación de un vuelo, los pasajeros perjudicados
pueden entablar las acciones destinadas a obtener una indemnización de daños y perjuicios con carácter individual de los transportistas
responsables de un perjuicio derivado del incumplimiento del contrato de transporte aéreo.
A este respecto, cabe recordar que, en su sentencia de 6 de mayo de 2010, Walz (C‑63/09, Rec. p. I‑0000, apartado 29), el
Tribunal de Justicia declaró que debía considerarse que el término «daño» (en francés «préjudice» y «dommage»), mencionado
en el capítulo III del Convenio de Montreal, comprende los daños tanto de carácter material como moral. De ello se sigue que
el perjuicio que puede ser objeto de compensación en virtud del artículo 12 del Reglamento nº 261/2004 puede ser un perjuicio
de naturaleza no sólo material, sino también moral.
En cambio, en concepto de compensación suplementaria en virtud del artículo 12, letra l), del Reglamento nº 261/2004, el juez
nacional no puede condenar a un transportista aéreo a reembolsar a los pasajeros cuyo vuelo haya sido retrasado o cancelado
los gastos que estos últimos hayan efectuado debido al incumplimiento, por parte del transportista aéreo, de las obligaciones
de asistencia (reembolso del billete o conducción hasta el destino final, asunción de los gastos de traslado entre el aeropuerto
de llegada y el aeropuerto inicialmente previsto) y de atención (asumiendo los gastos de restauración, alojamiento y comunicación)
que le incumben en virtud de los artículos 8 y 9 de este Reglamento.
En efecto, las pretensiones de los pasajeros aéreos basadas en los derechos que dicho Reglamento les confiere, como los enunciados
en los artículos 8 y 9 de éste, no pueden considerarse comprendidos en una compensación «suplementaria», en el sentido en
que esta última se ha definido en el apartado 38 de la presente sentencia.
No obstante, cuando un transportista incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 8 y 9 del Reglamento
nº 261/2004, los pasajeros aéreos están legitimados para invocar un derecho a compensación sobre la base de los elementos
enunciados en dichos artículos.
Finalmente, puesto que el órgano jurisdiccional remitente suscita la cuestión de si los derechos de los pasajeros aéreos previstos
en los artículos 8 y 9 del Reglamento nº 261/2004 están supeditados a que dichas disposiciones sean invocadas por éstos, es
preciso subrayar que, como señaló la Abogado General en el punto 61 de sus conclusiones, no hay nada en el Reglamento nº 261/2004
que impida conceder una compensación por un incumplimiento de los obligaciones previstas en los artículo 8 y 9 de dicho Reglamento,
si estas disposiciones no han sido invocadas por los pasajeros aéreos.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la segunda cuestión que el concepto de «compensación
suplementaria», mencionado en el artículo 12 del Reglamento nº 261/2004, debe interpretarse en el sentido de que permite al
juez nacional conceder, en las condiciones previstas por el Convenio de Montreal o por el Derecho nacional, indemnización
de daños y perjuicios, incluidos los daños morales, por incumplimiento del contrato de transporte aéreo. En cambio, dicho
concepto de «compensación suplementaria» no puede servir de fundamento jurídico al juez nacional para condenar al transportista
aéreo a reembolsar a los pasajeros cuyo vuelo haya sido retrasado o cancelado los gastos que éstos hayan tenido que efectuar
a causa del incumplimiento, por parte de dicho transportista, de las obligaciones de asistencia y atención previstas en los
artículos 8 y 9 de este Reglamento.

Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
1)
El concepto de «cancelación» definido en el artículo 2, letra l), del Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros
aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) nº 295/91,
debe entenderse en el sentido de que, en una situación como la examinada en el asunto principal, no se refiere exclusivamente
al supuesto de que el avión de que se trate no haya despegado en modo alguno, sino que incluye igualmente el supuesto de que
el avión haya despegado, pero, cualquiera que sea la razón, se vea obligado a regresar al aeropuerto de origen y los pasajeros
de dicho avión hayan sido transferidos a otros vuelos.
2)
El concepto de «compensación suplementaria», mencionado en el artículo 12 del Reglamento nº 261/2004, debe interpretarse en
el sentido de que permite al juez nacional conceder, en las condiciones previstas por el Convenio para la unificación de ciertas
reglas para el transporte aéreo internacional o por el Derecho nacional, indemnización de daños y perjuicios, incluidos los
daños morales, por incumplimiento del contrato de transporte aéreo. En cambio, dicho concepto de «compensación suplementaria»
no puede servir de fundamento jurídico al juez nacional para condenar al transportista aéreo a reembolsar a los pasajeros
cuyo vuelo haya sido retrasado o cancelado los gastos que éstos hayan tenido que efectuar a causa del incumplimiento, por
parte de dicho transportista, de las obligaciones de asistencia y atención previstas en los artículos 8 y 9 de este Reglamento.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: español.