CELEX: 62006TJ0190
Competencia
Prácticas colusorias
Peróxido de hidrógeno y perborato sódico
Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE
Imputabilidad del comportamiento infractor
Derecho de defensa
Presunción de inocencia
Obligación de motivación
Igualdad de trato
Principio de individualidad de las penas y de las sanciones
Principio de legalidad de los delitos y de las penas
Principio de buena administración
Seguridad jurídica
Desviación de poder
Multas

Hechos que originaron el litigio
Las demandantes, Total SA y Elf Aquitaine SA, son sociedades francesas, cabecera del grupo al que pertenecía Arkema France
SA (anteriormente Atofina SA; en lo sucesivo, «Arkema»), que en la época en que se produjeron los hechos comercializaba, en
particular, peróxido de hidrógeno (en lo sucesivo, «PH») y perborato sódico (en lo sucesivo, «PBS»).
Entre la fecha de inicio de la infracción y el mes de abril de 2000, Elf Aquitaine era la principal accionista de Arkema,
de la que poseía un 97,5 %. A partir de esta fecha, el 96,48 % de Arkema pasó a estar en posesión de Elf Aquitaine, cuyo 99,43 %
estaba, a su vez, en posesión de Total.
En noviembre de 2002, Degussa AG informó a la Comisión de las Comunidades Europeas de la existencia de un cártel en los mercados
del PH y del PBS y solicitó la aplicación de la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas
y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»).
Degussa presentó ante la Comisión pruebas materiales que permitieron a ésta llevar a cabo registros en los locales de tres
empresas, entre ellas Arkema, el 25 y el 26 de marzo de 2003.
A raíz de estos registros, varias empresas, entre ellas, concretamente, EKA Chemicals AB, Arkema y Solvay SA, solicitaron
la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación y enviaron a la Comisión pruebas sobre el mencionado cártel.
El 26 de enero de 2005 la Comisión remitió un pliego de cargos a la demandante y a las demás empresas implicadas.
Tras la audiencia a las empresas implicadas, celebrada los días 28 y 29 de junio de 2005, la Comisión adoptó la Decisión C(2006) 1766 final,
de 3 de mayo de 2006, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y con el artículo 53 del Acuerdo
EEE contra Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals, Degussa, Edison SpA, FMC Corp., FMC Foret SA, Kemira
Oyj, L’Air liquide SA, Chemoxal SA, SNIA SpA, Caffaro Srl, Solvay SA, Solvay Solexis SpA, las demandantes y Arkema (asunto
COMP/F/38.620 – Peróxido de hidrógeno y perborato) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), cuyo resumen fue publicado en el
Diario oficial de la Unión Europea
de 13 de diciembre de 2006 (DO L 353, p. 54). La mencionada Decisión fue notificada a las demandantes mediante escrito de
8 de mayo de 2006.

Decisión impugnada
En la Decisión impugnada, la Comisión indicó que los destinatarios de ésta habían participado en una infracción única y continua
de los artículos 81 CE y 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), en relación con el PH y su producto derivado,
el PBS (considerando 2 de la Decisión impugnada).
La infracción declarada consistió principalmente en que los competidores intercambiaron información importante desde el punto
de vista comercial e información confidencial sobre los mercados y las empresas, limitaron y controlaron la producción y sus
capacidades potenciales y reales, asignaron cuotas de mercado y clientes y fijaron y supervisaron objetivos de precios.
Las demandantes y Arkema fueron consideradas responsables de la infracción «conjunta y solidariamente» (considerando 441 de
la Decisión impugnada).
A efectos del cálculo de los importes de las multas, la Comisión aplicó la metodología expuesta en las Directrices para el
cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo
65 [CA] (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices»).
La Comisión determinó el importe de base de las multas en función de la gravedad y de la duración de la infracción (considerando
452 de la Decisión impugnada), que había sido calificada de muy grave (considerando 457 de la Decisión impugnada).
En virtud del trato diferenciado, las demandantes y Arkema fueron clasificadas en la tercera categoría, a la que corresponde
un importe de partida de la multa de 20 millones de euros (considerandos 460 a 462 de la Decisión impugnada).
Con el fin de garantizar un efecto disuasorio suficiente, se aplicó un coeficiente multiplicador del 3 a dicho importe de
partida, habida cuenta del elevado volumen de negocios de las demandantes (considerando 463 de la Decisión impugnada).
Dado que, según la Comisión, Arkema y Elf Aquitaine habían participado en la infracción del 12 de mayo de 1995 al 31 de diciembre
de 2000, es decir, durante un período de cinco años y siete meses, el importe de partida de la multa que les era imputable
se incrementó en un 55 % en atención a la duración (considerando 467 de la Decisión impugnada). Este aumento no se aplicó
al importe de la multa imputable a Total, a la que se consideró responsable de la citada infracción respecto del período comprendido
entre el 30 de abril y el 31 de diciembre de 2000 (considerando 468 de la Decisión impugnada).
La Comisión estimó una circunstancia agravante en relación con Arkema, habida cuenta de la situación de reincidencia respecto
de las infracciones declaradas en sus Decisiones 85/74/CEE, de 23 de noviembre de 1984, relativa a un procedimiento de aplicación
del artículo 85 del Tratado de la CEE (asunto IV/30.907 - Peroxígenos) (DO 1985, L 35, p. 1), y 94/599/CE, de 27 de julio
de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (asunto IV/31.865, PVC) (DO L 239, p. 14).
En consecuencia, aplicó al importe de base de la multa imputable a Arkema un aumento equivalente al 50 % del importe de base
que se le habría aplicado si las demandantes, sociedades cabecera del grupo, no hubieran sido destinatarias de la Decisión
impugnada (considerandos 469 a 471 y nota a pie de página nº 409 de la Decisión impugnada).
La Comisión consideró que Arkema fue la segunda empresa en cumplir el requisito establecido en el punto 21 de la Comunicación
sobre la cooperación y le concedió la consiguiente reducción del importe de la multa del 30 %, reducción que se aplicó sobre
el importe total de la multa impuesta a Arkema y a las demandantes (considerandos 509 a 514 y 529 de la Decisión impugnada).
El artículo 1, letras o) a q), de la Decisión impugnada señala que las tres sociedades infringieron los artículos 81 CE, apartado
1 y 53 del Acuerdo EEE, al haber participado en la infracción de que se trata, del 30 de abril al 31 de diciembre de 2000
en el caso de Total y del 12 de mayo de 1995 al 31 de diciembre de 2000 en el caso de Arkema y Elf Aquitaine.
En el artículo 2, letra i), de la Decisión impugnada se impone a Arkema una multa de 78,663 millones de euros, de cuyo pago
se considera a Total y Elf Aquitaine responsables «conjunta y solidariamente», por unos importes respectivos de 42 millones
de euros y de 65,1 millones de euros.

Procedimiento y pretensiones de las partes
Las demandantes interpusieron el presente recurso mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 19 de julio
de 2006.
Al modificarse la composición de las Salas del Tribunal, el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Sexta y, una vez oídas las
partes, el presente asunto fue atribuido a la Sala Sexta ampliada.
Por impedimento de dos miembros de la Sala Ampliada para participar en la vista y la deliberación, el Presidente del Tribunal
designó a otros dos jueces para completar la Sala, con arreglo al artículo 32, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento
del Tribunal.
En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, ordenadas por el Tribunal el 28 de abril de 2010, la Comisión
aportó mediante escrito de 4 de mayo de 2010 determinados elementos del expediente administrativo citados por las demandantes
en su demanda.
Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal decidió abrir la fase oral del procedimiento. En la vista celebrada el 3 de
septiembre de 2010 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal.
Las demandantes solicitan al Tribunal que:
–        Con carácter principal, anule el artículo 1, letras o) y p), el artículo 2, letra i), y los artículos 3 y 4 de la Decisión
impugnada.
–        Con carácter subsidiario, modifique el artículo 2, letra i), de la Decisión impugnada, en la medida en que la Comisión las
condenó solidariamente junto con Arkema al pago de una multa, y que reduzca el importe de dicha multa.
–        Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a las demandantes.

Fundamentos de Derecho
En apoyo de su recurso, cuyo fin es obtener la anulación parcial de la Decisión impugnada, las demandantes invocan diez motivos,
basados, el primero, en una vulneración del derecho de defensa; el segundo, en el incumplimiento de la obligación de motivación;
el tercero, en la fractura del carácter unitario del concepto de empresa; el cuarto, en la infracción de las normas que rigen
la imputabilidad a las sociedades matrices de las infracciones cometidas por sus filiales; el quinto, en errores de apreciación
sobre Total; el sexto, en la violación de varios principios esenciales reconocidos por el conjunto de los Estados miembros
y que forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión; el séptimo, en la violación del principio de buena administración;
el octavo, en la violación del principio de seguridad jurídica; el noveno, en la violación de ciertos principios fundamentales
que rigen la imposición de multas, y el décimo, en la desviación de poder.
Con carácter subsidiario, mediante el décimo primer motivo, las demandantes solicitan la reducción del importe de la multa
impuesta con arreglo al artículo 2, letra i), de la Decisión impugnada.
El Tribunal estima oportuno examinar en primer lugar la alegación esgrimida en el marco del cuarto motivo.

Sobre el cuarto motivo, basado en la infracción de las normas que rigen la imputabilidad a las sociedades matrices de las
infracciones cometidas por sus filiales
El cuarto motivo se articular en tres partes. Procede examinar para empezar la segunda parte de dicho motivo.
Sobre la segunda parte, basada en un error de Derecho sobre la interpretación de la jurisprudencia relativa a la imputabilidad
y al respeto por la Comisión de su práctica decisoria
–       Observaciones preliminares
Recuérdese que el Derecho de la competencia de la Unión tiene por objeto las actividades de las empresas y que el concepto
de empresa comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de su estatuto jurídico y de
su modo de financiación (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión,
C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237, apartado 54, y jurisprudencia citada).
El Tribunal de Justicia también ha precisado que, en este mismo contexto, debe entenderse que el concepto de empresa designa
una unidad económica aunque, desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas
físicas o jurídicas (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 31
supra,
apartado 55, y jurisprudencia citada).
Cuando una entidad económica de este tipo infringe las normas sobre competencia, en virtud del principio de responsabilidad
personal, le incumbe responder por esa infracción (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 31
supra,
apartado 56, y jurisprudencia citada).
La infracción del Derecho de la competencia de la Unión debe imputarse sin equívocos a una persona jurídica a la que se pueda
imponer multas y el pliego de cargos debe dirigirse a esta última. Asimismo, es necesario que el pliego de cargos indique
en qué condición se recriminan a una persona jurídica los hechos alegados (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión,
citada en el apartado 31
supra,
apartado 57, y jurisprudencia citada).
Según reiterada jurisprudencia, el comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando,
aunque tenga personalidad jurídica separada, esa filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado sino que
aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta concretamente los vínculos
económicos, organizativos y jurídicos que unan a esas dos entidades jurídicas (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión,
citada en el apartado 31
supra,
apartado 58, y jurisprudencia citada).
Es así, en efecto, porque, en tal situación, la sociedad matriz y su filial forman parte de una misma unidad económica y,
en consecuencia, integran una única empresa, en el sentido antes mencionado. Por lo tanto, el hecho de que una sociedad matriz
y su filial formen una única empresa en el sentido del artículo 81 CE permite que la Comisión dirija una Decisión que imponga
multas a la sociedad matriz, sin que sea necesario establecer la implicación personal de ésta en la infracción (sentencia
Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 31
supra,
apartado 59).
El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que, en el caso particular de que una sociedad matriz participe en el 100 %
del capital de su filial, autora de una infracción de las normas de Derecho de la Unión en materia de competencia, por una
parte, esa sociedad matriz puede ejercer una influencia determinante en la conducta de su filial y, por otra, existe la presunción
iuris tantum
de que dicha sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia determinante sobre el comportamiento de su filial (véase
la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 31
supra,
apartado 60, y jurisprudencia citada).
Por lo tanto, el Tribunal de Justicia ha precisado que, en estas circunstancias, basta que la Comisión pruebe que la sociedad
matriz de una filial posee la totalidad del capital de ésta para presumir que aquélla ejerce una influencia determinante sobre
la política comercial de esa filial. Consecuentemente, la Comisión podrá considerar que la sociedad matriz es responsable
solidariamente del pago de la multa impuesta a su filial, excepto si tal sociedad matriz, a la que corresponde destruir dicha
presunción, aporta suficientes elementos probatorios para demostrar que su filial se conduce de manera autónoma en el mercado
(véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 31
supra,
apartado 61, y jurisprudencia citada).
En el caso de autos, en los considerandos 370 a 379 de la Decisión impugnada la Comisión resumió, citando la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, los principios que iba a aplicar para identificar a los destinatarios de
la Decisión impugnada.
La Comisión recordó que una sociedad matriz puede ser considerada responsable del comportamiento ilegal de una filial, siempre
que ésta no determine de manera autónoma su comportamiento en el mercado, sino que aplique esencialmente las instrucciones
recibidas de la sociedad matriz. La Comisión precisó que estaba autorizada a presumir, en sustancia, que una filial controlada
al 100 % aplica esencialmente las instrucciones recibidas de su sociedad matriz, ya que esta última puede destruir la presunción
aportando prueba en contrario (considerando 374 de la Decisión impugnada).
En relación con la responsabilidad de Elf Aquitaine, la Comisión destacó que ésta poseía el 98 % del capital de Arkema y siempre
había nombrado a los miembros de su consejo de administración. Por ello, la Comisión presumió que Elf Aquitaine ejercía una
influencia determinante sobre el comportamiento de su filial (considerando 427 de la Decisión impugnada).
Respecto de Total, la Comisión indicó que ésta se había hecho con el control del 99,43 % del capital de Elf Aquitaine en abril
2000, que controlaba directa o indirectamente el capital de las sociedades del grupo que habían desempeñado un papel directo
en los comportamientos ilegales y que, a la vista de estas circunstancias, había presumido el ejercicio de una influencia
determinante de Total sobre el comportamiento de sus filiales Elf Aquitaine y Arkema (considerandos 428 y 429 de la Decisión
impugnada).
En los considerandos 430 a 432 de la Decisión impugnada la Comisión expuso las alegaciones invocadas por las demandantes contra
la imputación de la infracción de que se trata, examinándolas en los considerandos 433 a 440 de ésta.
En el considerando 441 de la Decisión impugnada confirmó su conclusión según la cual la cual Arkema y las demandantes constituían
una empresa única, y las consideró responsables de la infracción de que se trata, precisando que Total sólo respondería de
la infracción a partir de la fecha de su toma de control del capital de Elf Aquitaine, es decir, respecto del período comprendido
entre el 30 de abril y el 31 de diciembre de 2000.
Las demandantes rebaten esta apreciación invocando esencialmente dos imputaciones, basadas, por una parte, en la validez de
la citada presunción y, por otra parte, en el rechazo de las pruebas aportadas para demostrar la autonomía de Arkema.
–       Sobre la validez de la citada presunción
Las demandantes alegan, en primer lugar, que la Comisión no podía imputarles el comportamiento de Arkema basándose únicamente
en la presunción vinculada a su control casi total del capital de dicha filial sin pasar por alto la jurisprudencia y su propia
práctica decisoria en la materia.
Debe señalarse que, en la medida en que se basa en la citada presunción, el método seguido por la Comisión para imputar la
infracción controvertida a las demandantes es conforme a la jurisprudencia citada en los apartados 31 a 38
supra
.
Por una parte, en contra de cuando parecen sugerir las demandantes, esta imputación no se basó únicamente en la estructura
de la posesión del capital, sino también en el hecho de que no se hubiera destruido la presunción del ejercicio de una influencia
determinante sobre sus filiales (véanse, en particular, los considerandos 437 y 441 de la Decisión impugnada).
Por otra parte, de esta jurisprudencia (véanse en particular los apartados 37 y 38
supra)
resulta que la estructura de posesión del capital de una filial constituye un criterio suficiente para hacer uso de la citada
presunción, sin que la Comisión esté obligada a aportar indicios adicionales sobre el ejercicio efectivo de una influencia
de la sociedad matriz, como exigen las demandantes.
Esta conclusión no resulta invalidada por el hecho de que en el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal de 12 de
diciembre de 2007, Akzo Nobel y otros/Comisión (T‑112/05, Rec. p. II‑5049, apartados 13 y 54) se tuvieran en cuenta indicios
adicionales. En efecto, tanto de la sentencia de 12 de diciembre de 2007, Akzo Nobel y otros/Comisión, antes citada (apartados
61 y 62), como de la sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 31 supra (apartados
61 y 62) se desprende sin ninguna ambigüedad que la entrada en juego de la citada presunción no está subordinada a la existencia
de esos indicios. Del mismo modo, no se exige que la Comisión demuestre a tal efecto que la sociedad matriz estaba al tanto
del comportamiento ilegal de su filial en el momento en que se produjeron los hechos.
Procede destacar asimismo que la mencionada jurisprudencia se refiere específicamente al caso particular de que una sociedad
matriz participe en el 100 % del capital de su filial (sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión,
citada en el apartado 31
supra,
apartado 60). Ahora bien, en el caso de autos las demandantes no poseían la totalidad del capital de la filial afectada (véase
el apartado 2
supra).
Sin embargo, debe señalarse que las demandantes no esgrimen ninguna alegación basada en que sus participaciones no alcanzaran
el 100 %. Al contrario, su alegación sobre la posibilidad de que la Comisión empleara la citada presunción contempla indistintamente
la situación del control «total o casi total» del capital de la filial, confirmando de ese modo que no se oponían a que se
aplicara el mismo régimen probatorio en ambas situaciones.
Por último, aun suponiendo que, como sostienen las demandantes, en su práctica decisoria anterior en materia de imputación
de la responsabilidad por una infracción la Comisión hubiera empleado indicios adicionales relativos al ejercicio efectivo
de una influencia determinante de la sociedad matriz, este hecho no puede privar por sí solo de validez al método de imputación
aplicado en el caso de autos.
Por consiguiente, procede desestimar la presente imputación.
–       Sobre el conjunto de indicios aportado por las demandantes para demostrar la autonomía de Arkema en el mercado
Según la jurisprudencia citada en el apartado 38
supra,
para destruir la citada presunción la sociedad matriz debe aportar suficientes elementos probatorios para demostrar que su
filial se conduce de manera autónoma en el mercado.
A este respecto debe tomarse en consideración el conjunto de los elementos pertinentes relativos a los vínculos económicos,
organizativos y jurídicos que unen a esa filial con la sociedad matriz, los cuales pueden variar según el caso (sentencia
de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 31
supra,
apartados 61 y 74).
Particularmente, no cabe limitar esa apreciación exclusivamente a los elementos relativos a la política comercial
stricto sensu
de la filial, como la estrategia de distribución o de precios. En especial, no puede destruirse la citada presunción demostrando
únicamente que es la filial la que gestiona esos aspectos concretos de su política comercial sin recibir instrucciones al
respecto (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado
31
supra,
apartados 65 y 75).
En el presente asunto se desprende de los autos que las demandantes invocaron en el procedimiento administrativo una alegación
basada en la autonomía de Arkema, aduciendo, en particular, que su grupo se caracterizaba por una gestión descentralizada
de las filiales, que Arkema definía de manera autónoma sus orientaciones estratégicas sobre sus actividades, que la gestión
de su actividad en el mercado no estaba subordinada a las instrucciones de las sociedades matrices, que sólo rendía cuentas
a estas últimas en términos generales, que disponía de autonomía financiera y de capacidad contractual sin necesidad de contar
con su autorización previa y que definía su estrategia jurídica de manera autónoma. Por otra parte, la autonomía de Arkema
fue confirmada por la percepción de los terceros.
En apoyo de su alegación las demandantes se limitaron a presentar tres folletos procedentes de Arkema y de una de ellas, Elf
Aquitaine, titulados «Mercados y oficios», correspondientes respectivamente a los años 1995, 2000 y 2003. Ahora bien, con
independencia de la cuestión de determinar el valor probatorio que ha de concederse a dichos documentos, debe señalarse que
éstos sólo contienen alguna información fragmentaria sobre las relaciones entre las demandantes y su filial. Por lo tanto,
esos documentos podrían demostrar, como mucho, que Arkema constituía una unidad descentralizada, la «rama química» en el seno
del grupo, que debía convertirse en una entidad independiente en 2006 y que fabricaba una gran cantidad de productos en diferentes
ámbitos. Con excepción del folleto «Mercados y oficios» del año 2000, estos documentos se refieren a años no incluidos en
el período en que se cometió la infracción.
Además, en una nota a pie de página de su respuesta al pliego de cargos, las demandantes se refirieron a determinados elementos
resultantes de la respuesta de Arkema a la solicitud de información dirigida por la Comisión.
Los citados elementos, aportados por la Comisión en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento de 4 de mayo
de 2010, incluyen un documento titulado «Poderes internos e incursión en gastos» y una lista de los directivos de las sociedades
del grupo durante los años 1991 a 2003.
En cuanto al primer documento, de la respuesta de Arkema a la solicitud de información presentada por la Comisión se desprende
que éste contiene las reglas que determinan el derecho a negociar comprometiendo al grupo, aplicables «desde 2001». Según
dicho documento, el comité ejecutivo de Total sólo intervenía en relación con las decisiones de las filiales sobre inversiones
superiores a los 10 millones de euros, evaluando el nivel de riesgo y la rentabilidad de las mismas.
Por una parte debe destacarse que, en la medida en que contiene las reglas relativas al reparto de competencias en el seno
del grupo desde el año 2001, el citado documento no puede constituir un indicio pertinente de los vínculos entre las sociedades
afectadas durante el período en que se cometió la infracción, que finalizó el 31 de diciembre de 2000.
Por otra parte, de la respuesta de las demandantes al pliego de cargos resulta que dicho documento se cita en apoyo de su
tesis de que nunca intervinieron en la gestión de la actividad de Arkema sobre el PH y el PBS, ya que su intervención se limitaba
a las inversiones de mayor envergadura de su filial. Ahora bien, en cualquier caso, la autonomía de la filial, en el sentido
de la jurisprudencia citada en el apartado 57
supra,
no puede probarse mediante la mera demostración de que ésta gestiona de manera autónoma aspectos específicos de su política
relativa a la comercialización de los productos relacionados con la infracción.
En cuanto al segundo documento, que incluye una lista de los directivos de las sociedades afectadas, debe destacarse que,
a pesar de que el solapamiento de directivos entre la sociedad matriz y la filial constituya un indicio del ejercicio de una
influencia determinante, el hecho de que no se dé este solapamiento no puede constituir un indicio suficiente de la autonomía
de la filial.
De cuanto precede resulta que la alegación esgrimida por las demandantes en su respuesta al pliego de cargos no se apoyaba
en elementos de prueba concretos de la autonomía de su filial y, por consiguiente, consistía en esencia en meras afirmaciones,
manifiestamente incapaces de conformar un conjunto de indicios suficiente para destruir la citada presunción.
A mayor abundamiento debe destacarse que la mencionada alegación no podía demostrar la autonomía de su filial.
En primer lugar, en lo tocante a la afirmación de las demandantes según la cual Elf Aquitaine no era más que un holding no
operativo, comparable a una mera «dirección financiera», situación que no cambió tras la toma de control de Total, debe observarse
que, aun suponiendo que las demandantes no fueran más que holdings no operativos, esta mera circunstancia no basta para descartar
que ejercieran una influencia determinante sobre Arkema, en particular coordinando las inversiones financieras en el seno
del grupo. En el contexto de un grupo de sociedades, un holding es una sociedad que tiene la misión de reagrupar las participaciones
en diversas sociedades y cuya función es garantizar la unidad de dirección (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal
de 8 de octubre de 2008, Schunk y Schunk Kohlenstoff-Technik/Comisión, T‑69/04, Rec. p. II‑2567, apartado 63).
Las propias demandantes afirman que Elf Aquitaine intervenía en las decisiones más importantes que podían tener impacto a
escala de todo el grupo y determinaba una política muy general sobre la compatibilidad de las actividades entre las diferentes
filiales, los cambios de actividades y la implantación geográfica de las actividades en el mundo. Lejos de invalidar la tesis
de la existencia de una entidad económica formada por las demandantes y sus filiales, estas afirmaciones confirman más bien
que la función de Elf Aquitaine era garantizar una unidad de dirección y una coordinación que podían influir en el comportamiento
de Arkema en el mercado.
En segundo lugar, en la medida en que las demandantes indican que, en la época en que se produjeron los hechos litigiosos
no intervinieron nunca en la definición de la estrategia de un producto determinado de la «rama química», debe señalarse que
esta afirmación no se apoya en elementos probatorios suficientes. En cuanto al tamaño del grupo, al supuesto particularismo
de la actividad química en el seno de una compañía petrolera, al tamaño de Arkema y al número considerable de productos que
vendía en diferentes mercados, procede indicar que estos elementos no demuestran por sí mismos que las demandantes nunca intervinieran
en la definición de la estrategia comercial de uno de los productos de la «rama química».
En tercer lugar, en la medida en que las demandantes alegan que nunca definieron la política comercial de Arkema ni intervinieron
en la gestión de la actividad sobre el PH y el PBS de su filial, debe señalarse que en un grupo de sociedades la división
de tareas es un fenómeno habitual que no basta para destruir la presunción de que las demandantes y Arkema constituían una
sola empresa en el sentido del artículo 81 CE. Lo mismo ocurre con la alegación basada en que Arkema actuaba en el mercado
en nombre y por cuenta propios, y no en representación de las sociedades matrices Total y Elf Aquitaine.
Tampoco puede sacarse ninguna conclusión del hecho de que las demandantes nunca hayan tenido clientes en común con su filial,
de que no hubieran estado presentes en los mercados en los que ésta hubiera invertido ni en los mercados conexos, de que la
actividad relativa a los productos de que se trata sólo constituyera una ínfima parte del volumen de negocios global de cada
una de las demandantes, y de que dichos productos sólo representaran algunos de los muy numerosos productos de la «actividad
química» de Arkema.
En cuarto lugar, en lo que respecta a la alegación de las demandantes basada en la falta de un sistema de información y de
relación entre ellas y Arkema, a excepción de la información resultante de las obligaciones legales en materia contable y
de regulación financiera, obsérvese que, dado que la autonomía de la filial no se aprecia únicamente a la luz de los aspectos
de la gestión operativa de la empresa, el hecho de que la filial nunca haya practicado una política de información específica
a favor de su sociedad matriz en el mercado de referencia no basta para demostrar su autonomía.
En quinto lugar, aunque las demandantes aleguen que Arkema disponía de capacidad contractual sin necesidad de contar con su
autorización previa y que gozaba de una autonomía financiera importante, debe señalarse que las demandantes admiten haber
controlado los principales proyectos de inversión industrial y de adquisición y los compromisos más importantes de su filial,
hecho que no hace más que reforzar la conclusión de la Comisión según la cual dicha filial no era autónoma.
En sexto lugar, lo mismo ocurre con la alegación de que supuestamente Arkema hubiera definido su estrategia jurídica de manera
autónoma en el presente asunto desde la fase de la investigación, en la que decidió colaborar sin notificárselo previamente
a sus sociedades matrices. En efecto, el hecho de que una empresa se presente como único interlocutor a lo largo del procedimiento
administrativo y en la fase contenciosa no permite concluir que la filial de que se trate sea autónoma respecto de su sociedad
matriz o sus sociedades matrices.
Recuérdese asimismo que no es la implicación directa de la sociedad matriz en la infracción cometida por su filial la que
habilita a la Comisión a imputar a la primera dicha infracción, sino el hecho de que ambas constituyan una sola empresa. Por
consiguiente, la conclusión adoptada por la Comisión no resulta desvirtuada por el hecho de que Arkema no informara a las
demandantes y de que éstas no tuvieran conocimiento de la existencia del cártel de que se trata hasta que la Comisión procedió
a efectuar registros en los locales de la filial.
En séptimo lugar, no hay pruebas que confirmen la alegación según la cual la autonomía de Arkema resulta corroborada por la
percepción que pueden tener de ella los terceros, en particular en la medida en que no existía una marca común entre las sociedades
afectadas y en que los proveedores, clientes y consumidores no confundían dichas sociedades.
A mayor abundamiento, los folletos «Mercados y oficios», adjuntos a la respuesta al pliego de cargos, manifiestamente destinados
a terceros, designan a Arkema como la empresa que desarrolla la actividad química o como la «rama química» de los grupos Total
y Elf Aquitaine. Esto contradice la alegación de las demandantes según el cual los terceros percibían a Arkema como un operador
totalmente distinto de sus sociedades matrices. En cualquier caso, la percepción de los terceros de la imagen de una sociedad
no es suficiente por sí misma para demostrar que una filial es autónoma respecto de su sociedad matriz o de sus sociedades
matrices.
En octavo lugar, en lo que respecta a la alegación de las demandantes según la cual la autonomía de Arkema resultaba confirmada
por la Decisión C(2003) 4570 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2003, relativa a un procedimiento de conformidad con el
artículo 81 [CE] y el artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/E-2/37.857 – Peróxidos orgánicos), debe señalarse que dicha
Decisión no incluye ninguna apreciación a tal efecto, puesto que la Comisión optó por no comprobar si la infracción debería
haberse imputado a una sociedad cabecera del grupo (véase el apartado 212
supra).
En noveno lugar, en lo tocante al extremo invocado por las demandantes por primera vez ante el Tribunal, basado en el hecho
de que Arkema y las demandantes separaron su capital el 18 de mayo de 2006, debe recordarse que esta separación, posterior
a la infracción y a la adopción de la Decisión impugnada, no puede servir como prueba pertinente para apreciar los vínculos
entre las sociedades afectadas durante el período en que se cometió la infracción.
A la vista de cuanto precede, debe estimarse que la Comisión estaba en lo cierto al concluir que las pruebas aportadas por
las demandantes, aun consideradas globalmente, no eran suficientes para destruir la citada presunción.
Por último, en la vista las demandantes precisaron que, al rechazar las pruebas que le habían presentado, la Comisión transformó
la citada presunción en presunción
iuris et de iure.
A este respecto debe destacarse que en el considerando 374 de la Decisión impugnada la Comisión recordó la reiterada jurisprudencia
según la cual la sociedad matriz podía destruir la citada presunción aportando elementos probatorios suficientes para demostrar
que su filial se conducía de manera autónoma. Como resulta del análisis anterior, en el caso de autos la Comisión estimó acertadamente
que las pruebas aportadas por las demandantes, aun consideradas globalmente, no eran suficientes para destruir dicha presunción.
Por consiguiente, las demandantes se equivocan al alegar una supuesta transformación de la citada presunción
iuris tantum
en presunción
iuris et de iure.
Por lo tanto, la segunda parte del presente motivo debe desestimarse en su totalidad.
Sobre la primera parte, basada en un error de Derecho sobre la objetividad del criterio de la imputabilidad
Las demandantes sostienen, esencialmente, que la Comisión pasó por alto la objetividad de los criterios de la imputación de
la responsabilidad, afirmando su margen de apreciación a este respecto, al rechazar su alegación basada en que en la Decisión
C(2003) 4570 no se había tenido en cuenta la responsabilidad de la sociedad matriz de Arkema (considerando 434 de la Decisión
impugnada).
Obsérvese que en el considerando 434 de la Decisión impugnada la Comisión indicó lo siguiente en respuesta a la alegación
de las demandantes:
«El hecho de que […] la Comisión dirigiera su decisión [C (2003) 4570] exclusivamente a [Arkema] no le impide dirigir su decisión,
en este caso, tanto a [Arkema] como a [las demandantes]. La Comisión dispone de un margen de apreciación para atribuir la
responsabilidad a una sociedad matriz en circunstancias como las del presente asunto […] y el hecho de que no haya hecho uso
de esta facultad en una decisión anterior no la obliga a no hacerlo en esta ocasión.»
Debe destacarse que, en contra de cuanto pretenden las demandantes, en el caso de autos la Comisión no afirmó disponer de
una «facultad discrecional para determinar el criterio pertinente de la imputabilidad» y, por lo tanto, de la facultad de
imputar a una sociedad la responsabilidad derivada de las infracciones cometidas por otra sociedad, transgrediendo las reglas
establecidas por la jurisprudencia. La afirmación de la Comisión trata simplemente de rebatir la alegación de las demandantes
basada en que en la Decisión C(2003) 4570, dirigida a Arkema, no se imputó el comportamiento de esta última a su sociedad
matriz. Por otra parte, de cuanto precede resulta que para imputar la infracción controvertida a las demandantes la Comisión
utilizó un método exacto, de conformidad con las reglas establecidas por la jurisprudencia y, en particular, con el concepto
de empresa en Derecho de la competencia.
En consecuencia, la alegación de las demandantes es inoperante. En efecto, aun suponiendo que, en contra de cuanto afirma
la Comisión, esta institución siempre esté obligada a imputar el comportamiento infractor de una filial a su sociedad matriz
cuando ambas sociedades formen una sola empresa en el sentido del Derecho de la competencia, el hecho de que no lo haya hecho
en Decisiones anteriores no tiene ninguna repercusión sobre la legalidad de la Decisión impugnada. Recuérdese, a este respecto,
que la Comisión llevó a cabo esa imputación en el caso de autos.
En cualquier caso, de la jurisprudencia resulta que la Comisión no está obligada a comprobar sistemáticamente si el comportamiento
ilegal de una filial puede imputarse a su sociedad matriz (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 14 de diciembre
de 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, T‑259/02 a T‑264/02 y T‑271/02, Rec. p. II‑5169, apartados 330
y 331). Por consiguiente, el mero hecho de que la Comisión no previera la posibilidad de dirigir la Decisión C(2003) 4570
a la sociedad matriz de Arkema no significa que no pudiera hacerlo en el caso de autos, de conformidad con los principios
elaborados por la jurisprudencia en materia de imputabilidad.
Por lo tanto, debe desestimarse la primera parte del presente motivo.
Sobre la tercera parte, basada en la violación de un cierto «principio de autonomía económica de la persona jurídica»
Las demandantes alegan que, en virtud de un supuesto «principio de autonomía económica de la persona jurídica», la situación
en la que la sociedad matriz y su filial, aun controlada al 100 %, forman una única empresa constituye una excepción. Sostienen
que la Comisión violó dicho «principio» al imputarles de manera «automática», la responsabilidad por la infracción de que
se trata.
Ha de recordarse que el concepto de empresa comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia
de su estatuto jurídico y de su modo de financiación. Por consiguiente, debe entenderse que designa una unidad económica aunque,
desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas (véanse los
apartados 31 y 32
supra).
De ello se sigue que el hecho de que una filial tenga personalidad jurídica diferenciada no es suficiente para descartar la
posibilidad de que constituya una sola empresa con su sociedad matriz.
Recuérdese que la infracción controvertida se imputó a las demandantes porque no se había destruido la presunción del ejercicio
de una influencia determinante sobre la filial, ya que no presentaron elementos probatorios suficientes para demostrar la
autonomía de su filial. Por consiguiente, las demandantes se equivocan al calificar de «automático» el método empleado en
el caso de autos, ya que dicho método permitió tener plenamente en cuenta la situación particular de las demandantes, y en
concreto los vínculos que las unían a Arkema en la época en que se produjeron los hechos del litigio.
Por lo tanto, este método es compatible con el concepto de empresa del Derecho de la competencia, en la medida en que permitió
determinar si las demandantes y Arkema constituían una misma unidad económica. Por otra parte, como se desprende de cuanto
precede, el hecho de que el citado método se base en una presunción y de que la carga de la prueba en contrario pese sobre
quien la impugne es conforme a la jurisprudencia.
Además, las demandantes no acreditan la existencia de un principio general del Derecho que se oponga a la aplicación de dicha
presunción en el caso de autos. Los argumentos basados en las normas del Derecho civil y mercantil francés y americano y en
la práctica decisoria de la autoridad francesa de defensa de la competencia no son elementos a la luz de los cuales deba examinarse
la legalidad de las decisiones de la Comisión en materia de competencia.
Por último, debe señalarse que la citada presunción es simplemente un modo de prueba con el que cuenta la Comisión al llevar
a cabo investigaciones en materia de competencia, y no prejuzga nada en absoluto sobre las relaciones entre las sociedades
matrices y sus filiales, ni particularmente sobre el grado de autonomía jurídica o económica del que puede disponer una filial
con arreglo a la legislación aplicable y a las elecciones de la sociedad de que se trate.
A la vista de cuanto precede, debe desestimarse la tercera parte del presente motivo y, por lo tanto, el cuarto motivo en
su totalidad.

Sobre el primer motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa
El primer motivo se articula en dos partes.
Sobre la primera parte, basada en la imposibilidad para las demandantes de defenderse eficazmente
Las demandantes alegan en primer lugar que la Comisión estaba obligada a rebatir con precisión las explicaciones aportadas
en su respuesta al pliego de cargos, presentándoles un conjunto de pruebas diferenciado para demostrar su responsabilidad.
Sostienen que, al no haber asumido la carga de la prueba, la Comisión violó el principio de igualdad de armas.
Obsérvese que de la jurisprudencia citada en el apartado 38
supra
se desprende que corresponde a la sociedad matriz destruir la citada presunción aportando suficientes elementos probatorios
para demostrar que su filial se conduce de manera autónoma en el mercado. Cuando la Comisión comprueba que no se ha destruido
la presunción, está autorizada a imputar la infracción a la sociedad matriz, sin estar obligada a aportar un «conjunto de
pruebas diferenciado» para demostrar su responsabilidad, como sostienen las demandantes.
Habida cuenta de estas consideraciones, carece de pertinencia la jurisprudencia que las demandantes citan por analogía, según
la cual, cuando la Comisión afirma la existencia de una infracción basándose únicamente en la conducta de las empresas en
el mercado, éstas pueden impugnar la infracción alegando circunstancias que presentan desde una perspectiva diferente los
hechos que la Comisión considera probados y que permiten así que otra explicación verosímil de los hechos sustituya la explicación
defendida por la Comisión (sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, JFE Engineering y otros/Comisión, T‑67/00, T‑68/00,
T‑71/00 y T‑78/00, Rec. p. II‑2501, apartados 186 y 187). En el caso de autos no se da la hipótesis contemplada por esta jurisprudencia.
Por lo demás, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, el respeto de los derechos de defensa exige que la empresa
interesada, en el transcurso del procedimiento administrativo, haya tenido la oportunidad de dar a conocer efectivamente su
punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias alegados, así como sobre los documentos en
que se basa la Comisión para alegar la existencia de una infracción del Tratado (sentencias del Tribunal de Justicia de 7
de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 10, y de 6 de abril
de 1995, BPB Industries y British Gypsum/Comisión, C‑310/93 P, Rec. p. I‑865, apartado 21).
A este respecto, el Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas
sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1), prevé la comunicación a las partes de
un pliego de cargos en el que deben constar, de manera clara, todos los elementos esenciales en los que se basa la Comisión
en esa fase del procedimiento. Este pliego de cargos constituye la garantía procedimental por la que se aplica el principio
fundamental del Derecho de la Unión que exige el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento (sentencia del Tribunal
de Justicia de 3 de septiembre de 2009, Papierfabrik August Koehler y otros/Comisión, C‑322/07 P, C‑327/07 P y C‑338/07 P,
Rec. p. I‑7191, apartado 35).
Este principio exige, en particular, que el pliego de cargos dirigido por la Comisión a una empresa a la que pretende imponer
una sanción por infracción de las normas sobre la competencia contenga los elementos esenciales de las imputaciones formuladas
contra dicha empresa, como los hechos que se le reprochan, la calificación que se da a tales hechos y los elementos de prueba
en los que se funda la Comisión, a fin de que la referida empresa pueda invocar eficazmente sus alegaciones en el procedimiento
administrativo dirigido contra ella (véase la sentencia Papierfabrik August Koehler y otros/Comisión, citada en el apartado
104
supra,
apartado 36, y jurisprudencia citada).
En particular, el pliego de cargos debe precisar sin equívocos la persona jurídica a la que podrá imponerse una multa, estar
dirigido a esta última e indicar en qué condición se le imputan los hechos alegados (véase, en este sentido, la sentencia
Papierfabrik August Koehler y otros/Comisión, citada en el apartado 104
supra,
apartados 37 y 38).
Así pues, se respetará el principio de igualdad de armas cuando la sociedad contra la que se invoca la citada presunción pueda
presentar en su respuesta al pliego de cargos y en la audiencia ante el consejero auditor todos los elementos de hecho y de
Derecho con el fin de destruir dicha presunción y la Comisión deba tener en cuenta esos elementos para abandonar, en su caso,
las imputaciones que resultaran carecer de fundamento.
En el caso de autos, las demandantes no niegan que el pliego de cargos les haya permitido conocer que su implicación en el
presente asunto se basaba en la presunción vinculada a su control casi total de Arkema. Dado que esta presunción tenía el
carácter de presunción
iuris tantum,
pudieron elaborar su defensa sobre este extremo en el procedimiento administrativo, intentando destruirla. Además, esto es
precisamente lo que hicieron, como resulta de la Decisión impugnada y del escrito de demanda, aunque no lograron persuadir
a la Comisión.
Por consiguiente, debe desestimarse la presente imputación.
En segundo lugar, las demandantes sostienen que la Comisión no respetó su obligación de examinar minuciosa e imparcialmente
la prueba en contrario aportada para destruir la citada presunción, impidiéndoles de ese modo centrar su defensa en elementos
concretos.
Obsérvese que las demandantes no precisan cuáles son los elementos específicos pertinentes que no fueron examinados por la
Comisión.
Aun suponiendo que el objetivo de la presente imputación sea rebatir que la Comisión examinara la totalidad de las pruebas
aportadas por las demandantes con el fin de destruir la citada presunción, procede destacar que en el análisis del cuarto
motivo expuesto anteriormente ha quedado confirmado que la Comisión apreció dichas pruebas.
Asimismo, como resulta del examen de la tercera parte del segundo motivo, que se hará seguidamente, el carácter sucinto de
la motivación de la Decisión impugnada sobre este extremo no permite por sí mismo declarar la existencia de un incumplimiento
de la obligación de examinar minuciosa e imparcialmente las pruebas pertinentes derivadas del procedimiento administrativo.
En efecto, la lectura de los considerandos 434 a 441 de la Decisión impugnada permite afirmar que la Comisión examinó las
alegaciones de las demandantes, resumidas en el considerando 431, con el fin de corroborar su tesis según la cual Arkema debía
ser la única destinataria de la mencionada Decisión. El análisis de la respuesta al pliego de cargos no permite identificar
otros elementos pertinentes que hubieran sido ignorados por la Comisión.
En consecuencia, la presente imputación carece de fundamento.
En tercer lugar, las demandantes sostuvieron en la vista que, al no haberles informado de la investigación en cuestión antes
de remitirles el pliego de cargos, la Comisión quebrantó las exigencias sobre el derecho a un juicio justo, conforme a lo
dispuesto en el artículo 6, apartado 3, letra a), del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, exigencias confirmadas por la sentencia del Tribunal de 8 de julio
de 2008, AC‑Treuhand/Comisión (T‑99/04, Rec. p. II‑1501), y por el Código de buenas prácticas de la Comisión, relativo a los
artículos 101 TFUE y 102 TFUE.
Ha de observarse que en la sentencia AC‑Treuhand/Comisión, citada en el apartado 116 supra (apartado 56), el Tribunal consideró
que, habida cuenta del principio del respeto del derecho de defensa, la Comisión está obligada a informar a la empresa afectada
del objeto y de la finalidad de la investigación, al tiempo de la primera medida adoptada respecto a ella, incluidas las solicitudes
de información que le dirigió en virtud del artículo 11 del Reglamento nº 17. En el apartado 58 de la mencionada sentencia,
el Tribunal recordó asimismo que de la jurisprudencia se desprendía que la irregularidad cometida por la Comisión sólo puede
llevar a anular la decisión final de esta institución si dicha irregularidad pudo afectar concretamente al derecho de defensa
de la empresa de que se trate en el marco del procedimiento administrativo.
En el caso de autos, aparte del hecho de que de la citada sentencia no puede deducirse que la Comisión esté obligada, como
afirman las demandantes, a someter a una empresa a medidas de investigación antes de remitirle un pliego de cargos cuando
considera que dispone además de información que justifica el envío de dicho pliego, debe destacarse que las demandantes no
aportan ninguna prueba concreta que demuestre que ello les haya privado de la facultad de presentar pruebas de que no ejercían
una influencia determinante sobre Arkema.
En cuanto a la alegación de que la Comisión infringió su Código de buenas prácticas al no someterlas a ninguna medida de investigación
antes de elaborar el pliego de cargos, procede señalar, por un lado, que el citado Código, que, conforme a su punto 5 sólo
debe aplicarse a los asuntos en curso y futuros a partir de su publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea,
fue adoptado con posterioridad a la Decisión impugnada y, por lo tanto, no es aplicable a los hechos del presente asunto.
Por otro lado, debe indicarse que el punto 14 de dicho Código, refiriéndose a la sentencia AC‑Treuhand/Comisión, citada en
el apartado 116
supra
(apartado 56), establece que, «al tiempo de la primera medida de investigación (en general, una solicitud de información
o una inspección), se informa a las empresas de que son objeto de una investigación preliminar así como del objeto y de la
finalidad de dicha investigación». Por consiguiente, sin que sea necesario pronunciarse sobre el alcance jurídico de dicho
Código, procede señalar, en cualquier caso, que éste no impone a la Comisión ninguna obligación de someter a todas las entidades
jurídicas que constituyan la empresa afectada a medidas de investigación con carácter previo a la adopción del pliego de cargos.
Por lo tanto, deben desestimarse esta imputación y, en consecuencia, la primera parte del motivo en su conjunto.
Sobre la segunda parte, basada en la violación del principio de presunción de inocencia
Las demandantes sostienen que la Comisión violó el principio de presunción de inocencia, en primer lugar, al haberlas declarado
a priori
«culpables» de una infracción sobre la base de una mera presunción no confirmada por pruebas concretas y, en segundo lugar,
por haberlas considerado responsables a pesar de que no pudieron beneficiarse plenamente del derecho de defensa.
Recuérdese que el principio de presunción de inocencia, como principio general del Derecho de la Unión, se aplica, en particular,
a los procedimientos relativos a infracciones de las normas sobre la competencia aplicables a las empresas que puedan conducir
a la imposición de multas o multas coercitivas (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de julio
de 1999, Hüls/Comisión, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, apartados 149 y 150.
Las alegaciones de las demandantes no permiten declarar que dicho principio se haya violado en el caso de autos.
En primer lugar, debe recordarse que la Comisión puede recurrir a la presunción según la cual una sociedad matriz ejerce influencia
determinante sobre una filial si posee la totalidad o la casi totalidad del capital de ésta para considerarla responsable
solidariamente del pago de la multa impuesta a su filial. En ese caso se estima que la sociedad matriz constituye junto con
su filial una única empresa, que, en virtud del principio de responsabilidad personal, debe responder de la mencionada infracción.
En el presente asunto la infracción fue reconocida por Arkema en su solicitud presentada al amparo de la Comunicación sobre
la cooperación (véase el considerando 69 de la Decisión impugnada). Por otra parte, las demandantes no niegan haber participado
en el cártel de que se trata.
En contra de cuanto sostienen las demandantes, no cabe considerar que la Comisión las haya considerado «culpables»
a priori,
porque podrían haber destruido la citada presunción, recogida en el pliego de cargos, demostrando la autonomía de su filial.
Recuérdese que la redacción de un pliego de cargos por la Comisión no puede considerarse en ningún caso como prueba de la
culpabilidad de la empresa afectada. Si así fuera, la apertura de cualquier procedimiento en la materia podría vulnerar potencialmente
el principio de presunción de inocencia (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre
de 2006, JCB Service/Comisión, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, apartado 99).
Por otra parte, aunque las demandantes sostuvieron en la vista, en esencia, que en el caso de autos se vulneró la presunción
de inocencia, tal como se reconoce en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debido a la «concentración
en manos de la Comisión de los poderes de policía, investigación, instrucción y enjuiciamiento», debe señalarse que esta imputación
se presentó extemporáneamente, ya que se formuló por primera vez en la fase de la vista, y no puede considerarse una ampliación
del presente motivo, tal como se alegó en la demanda, según el cual la Comisión violó el principio de presunción de inocencia
al emplear contra las demandantes la presunción basada en el control casi total del capital de su filial. Por consiguiente,
procede declarar esta imputación inadmisible, conforme al artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento.
Habida cuenta de las consideraciones que preceden, debe desestimarse la segunda parte y, por lo tanto, el presente motivo
en su conjunto.

Sobre el segundo motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación
Según reiterada jurisprudencia, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que
se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera
que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su
control. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en
que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo
con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de
que se trate (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C‑367/95 P,
Rec. p. I‑1719, apartado 63, y la jurisprudencia citada).
Cuando una decisión de aplicación del artículo 81 CE afecta a varios destinatarios y plantea un problema de imputabilidad
de la infracción, como ocurre en el presente asunto, dicha decisión debe estar suficientemente motivada en lo que respecta
a cada uno de sus destinatarios, y en especial a los que, según esa decisión, deben asumir tal infracción. Así pues, respecto
de una sociedad matriz considerada responsable solidariamente de la infracción, dicha decisión debe contener una exposición
detallada de los fundamentos que pudieran justificar la imputabilidad de la infracción a esta sociedad (véase, en este sentido,
la sentencia del Tribunal de 14 de mayo de 1998, SCA Holding/Comisión, T‑327/94, Rec. p. II‑1373, apartados 78 a 80).
Las demandantes articulan el presente motivo en tres partes.
Sobre la primera parte, basada en el incumplimiento de la obligación de motivación reforzada como consecuencia del carácter
novedoso de la posición de la Comisión
Las demandantes sostienen que la obligación de motivar la Decisión impugnada se hallaba reforzada en el caso de autos, dado
lo novedoso de la posición adoptada por la Comisión respecto de su práctica decisoria. Según ellas, la Comisión incumplió
esta obligación al exponer simplemente su interpretación de la jurisprudencia relativa a la imputabilidad de la infracción
a una sociedad matriz.
Recuérdese que en el considerando 434 de la Decisión impugnada la Comisión indicó, en respuesta a la alegación de las demandantes,
lo siguiente:
«El hecho de que […] la Comisión dirigiera su decisión [C (2003) 4570] exclusivamente a [Arkema] no le impide dirigir su decisión,
en este caso, tanto a [Arkema] como a [las demandantes]. La Comisión dispone de un margen de apreciación para atribuir la
responsabilidad a una sociedad matriz en circunstancias como las del presente asunto […] y el hecho de que no haya hecho uso
de esta facultad en una decisión anterior no la obliga a no hacerlo en esta ocasión.»
Procede señalar que este pasaje no supone en absoluto admitir que la Comisión adoptara en el presente asunto una posición
radicalmente nueva y sustancialmente diferente de su práctica anterior, como sostienen las demandantes.
Por otra parte, debe destacarse que la presunción del ejercicio de una influencia determinante por parte de una sociedad matriz
sobre su filial fundamentada en el mero vínculo del capital ya había sido empleada por la Comisión en su Decisión C(2004) 4876,
de 19 de enero de 2005, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 [CE] y al artículo 53 del Acuerdo EEE contra
Akzo Nobel, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, AkzoNobel Base Chemicals
AB, Eka Chemicals AB, Akzo Nobel AB, Atofina, Elf Aquitaine Hoechst AG, Clariant GmbH, Clariant AG (asunto E-1/37.773 – AMCA),
en la que imputó a Elf Aquitaine la infracción cometida por Arkema. Por consiguiente, las demandantes no pueden sostener que
la Comisión haya adoptado en el presente asunto una posición radicalmente nueva frente a ellas. De la Decisión impugnada se
desprende asimismo que las demandantes alegaron en el procedimiento administrativo que precisamente la Decisión C(2004) 4876
representaba un «giro audaz» en la práctica decisoria de la Comisión y rogaron a ésta que esperara el resultado del procedimiento
judicial que habían incoado contra dicha Decisión (véanse los considerandos 430 y 433 de la Decisión impugnada).
En cualquier caso, la jurisprudencia invocada por las demandantes sólo exige que la Comisión desarrolle su razonamiento explícitamente
cuando, dentro de su práctica decisoria, adopte una decisión que vaya sensiblemente más allá que las decisiones anteriores.
Por lo tanto, en ese supuesto no es suficiente que proporcione una motivación sumaria, concretamente mediante la referencia
a una práctica decisoria constante (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de noviembre de 1975,
Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique y otros/Comisión, 73/74, Rec. p. 1491, apartado 3).
En la Decisión impugnada, la Comisión expuso de manera explícita, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del
Tribunal General, tanto los principios que iba a aplicar para identificar a sus destinatarios (considerandos 370 a 379 de
la Decisión impugnada) como la aplicación de dichos principios a las demandantes (considerandos 427 a 441). Así pues, en lo
tocante a las razones por las que la Comisión decidió imputar la infracción a las demandantes, la motivación de la Decisión
impugnada satisface los requisitos establecidos por la jurisprudencia citada en el apartado 137
supra
.
Por lo tanto, la primera parte del motivo no puede prosperar.
Sobre la segunda parte, basada en la existencia de motivos contradictorios
Las demandantes sostienen que la motivación, expuesta en los considerandos 370 a 372, 435 a 442 y 458 a 529 de la Decisión
impugnada, encierra una contradicción, ya que la Comisión confundió dos conceptos: por una parte, el concepto de empresa en
el sentido del artículo 81 CE, entidad económica responsable de la infracción que debe ser sancionada por ello y, por otra
parte, la entidad jurídica destinataria de la Decisión.
En lo que respecta, en primer lugar, a la terminología empleada por la Comisión en la Decisión impugnada, sin que sea preciso
examinar cada uno de los considerandos de ésta citados por las demandantes, debe destacarse que del considerando 441 de la
Decisión impugnada se desprende sin sombra alguna de duda que la Comisión decidió imputar a las demandantes la infracción
de que se trata e imponerles las multas sobre la base de la comprobación de que éstas y Arkema constituían una sola empresa
en el sentido del artículo 81 CE. Esta conclusión no resulta invalidada por el hecho de que el texto de la Decisión impugnada
se separe en algunas ocasiones de la terminología coherente y emplee el término «empresa» para calificar una u otra de las
sociedades del grupo afectado (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 15 de junio de 2005, Tokai Carbon y otros/Comisión,
T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 y T‑91/03, no publicada en la Recopilación, apartado 62).
Seguidamente, en lo que respecta al hecho de que la Comisión, por un lado, afirme en la Decisión impugnada que las diferentes
sociedades del grupo Total constituyen una empresa única que cometió la infracción controvertida y, por otro lado, identifique
a cada una de esas sociedades como destinataria de la Decisión impugnada a la que se impone la multa, nótese que se trata
de una mera consecuencia de que los destinatarios de las normas en materia de competencia y los destinatarios de las decisiones
de las autoridades de defensa de la competencia no son necesariamente los mismos.
En efecto, mientras que las normas sobre la competencia se dirigen a las empresas y se les aplican directamente con independencia,
en particular, de su estatuto jurídico, la infracción del Derecho de la competencia de la Unión debe imputarse sin equívocos
a una persona jurídica a la que puedan imponerse multas (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de septiembre de 2009,
Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 31
supra,
apartados 54 a 57, y las conclusiones de la Abogado General Kokott sobre el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal
de Justicia de 11 de diciembre de 2007, ETI y otros, C‑280/06, Rec. pp. I‑10893, I‑10896, puntos 68 y 69).
En cuanto a la identificación de las diferentes sociedades del grupo Total en los motivos de la Decisión impugnada dedicados
al cálculo de la multa, basta destacar que la mencionada Decisión muestra de manera clara e inequívoca el razonamiento seguido
por la Comisión para determinar el importe de la multa y los importes de cuyo pago fueron consideradas responsables las demandantes.
Por último, respecto de la alegación de las demandantes sobre un error de fondo –según ellas la aplicación de un cálculo de
la multa específico para cada una de las sociedades afectadas es incompatible con el concepto de empresa única– procede remitirse
al análisis del tercer motivo, expuesto a continuación.
Por consiguiente, procede desestimar la segunda parte del motivo.
Sobre la tercera parte, basada en la falta de respuesta de la Comisión a las refutaciones de la presunción del ejercicio de
una influencia determinante
Las demandantes alegan la insuficiencia de los motivos de la Comisión para rechazar las pruebas aportadas en el procedimiento
administrativo con el fin de destruir la presunción vinculada a su control casi total del capital de Arkema.
En relación con la obligación de motivación que incumbe a la Comisión, hay que remitirse a la jurisprudencia citada en los
apartados 130 y 131
supra.
Recuérdese, en particular, que para estar suficientemente motivada en lo que a las demandantes respecta, la Decisión impugnada
debe contener una exposición detallada de los fundamentos que pudieran justificar la imputabilidad de la infracción a dichas
sociedades (véase, en este sentido, la sentencia SCA Holding/Comisión, citada en el apartado 131
supra,
apartado 80).
De ello resulta que, cuando, como ocurre en el caso de autos, la Comisión se basa en la presunción de que una sociedad matriz
ejerce una influencia determinante en el comportamiento de su filial y las sociedades afectadas han aportado en el procedimiento
administrativo pruebas dirigidas a destruir esta presunción, la decisión debe contener una exposición suficiente de los motivos
que justifiquen la posición de la Comisión de que dichas pruebas no eran suficientes para destruir la citada presunción.
A este respecto cabe destacar que de los considerandos 430 a 441 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión adoptó
una posición motivada sobre las pruebas aportadas por las demandantes en el procedimiento administrativo.
En efecto, tras haber descrito en los considerandos 430 a 432 de la Decisión impugnada la alegación esgrimida por las demandantes
en su respuesta al pliego de cargos, la Comisión respondió a los argumentos planteados por éstas, basados principalmente en
la ilegalidad de la imputación del comportamiento sobre la base de la presunción, en particular a la luz de los principios
de autonomía de una entidad jurídica, de personalidad de las penas, de responsabilidad personal, de presunción de inocencia
y de igualdad de armas.
Asimismo, en los considerandos 433 a 441 de la Decisión impugnada la Comisión señaló que no se había destruido la presunción
vinculada al hecho de que las demandantes poseyeran la casi totalidad del capital de Arkema y que la conclusión sobre su responsabilidad
por la infracción debía mantenerse sobre la base de la citada presunción.
Procede considerar que, por estos motivos, la Comisión respondió a los puntos esenciales de las alegaciones de las demandantes.
Además, dado que la Comisión no está obligada a pronunciarse sobre todas las alegaciones que los interesados aduzcan ante
ella (sentencia del Tribunal de 15 de junio de 2005, Corsica Ferries France/Comisión, T‑349/03, Rec. p. II‑2197, apartado
64; véase asimismo, en este sentido, la sentencia Comisión/Sytraval y Brink’s France, citada en el apartado 130
supra,
apartado 64), no puede reprochársele que no diera una respuesta precisa a cada alegación individual invocada por las demandantes.
El carácter sucinto de la motivación de la Decisión impugnada sobre este extremo está justificado además por el hecho de que
la alegación esgrimida por las demandantes consistía esencialmente en meras afirmaciones y no se apoyaba en pruebas concretas
relativas a los vínculos entre las sociedades afectadas durante el período en que se cometió la infracción.
Por otra parte, las demandantes cuestionan el fundamento de la apreciación de la Comisión que llevó a rechazar las pruebas
mencionadas mediante una alegación que se refiere a la legalidad en cuanto al fondo de la Decisión impugnada, cuestión que
se ha examinado anteriormente dentro del cuarto motivo.
A la vista de cuanto precede, debe desestimarse la tercera parte del presente motivo y, en consecuencia, el segundo motivo
en su totalidad.

Sobre el tercer motivo, basado en la fractura del carácter unitario del concepto de empresa
Las demandantes alegan que la Comisión quebró el carácter unitario del concepto de empresa al no emplear coherentemente el
concepto de «empresa» en las diversas fases de determinación de los importes de las multas. En su opinión, esta determinación
debería haberse realizado de manera homogénea respecto de la unidad económica concernida, puesto que el reparto de la responsabilidad
por el pago de la multa entre las diferentes entidades jurídicas que forman la empresa debe constituir una fase distinta del
razonamiento.
Obsérvese que esta alegación, que se refiere exclusivamente al método aplicado por la Comisión para determinar el importe
de las multas y repartir la responsabilidad de su pago entre las diferentes sociedades del grupo, no cuestiona la legalidad
de la apreciación que condujo a imputar la infracción a las demandantes.
En la medida en que podría entenderse que la alegación de las demandantes cuestiona el importe de la multa o el reparto de
la responsabilidad respectiva de cada sociedad del grupo por el pago de la mencionada multa, debe señalarse que las demandantes
no se oponen a los resultados concretos de los cálculos efectuados por la Comisión. En particular, no alegan que un método
diferente habría llevado a considerarlas responsables del pago de una parte menos importante de la multa.
En cualquier caso, procede indicar que el enfoque de la Comisión no era incompatible con el concepto de empresa.
Obsérvese a este respecto que las demandantes alegan acertadamente que, con arreglo a los artículos 81 CE y 82 CE, son las
empresas o las asociaciones de empresas quienes pueden ser reconocidas como autores de infracciones del Derecho de la competencia.
Asimismo, en virtud del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, mediante decisión, la Comisión puede imponer multas
a las empresas y asociaciones de empresas cuando, en particular, infrinjan las disposiciones de los artículos 81 CE y 82 CE.
Recuérdese además que el concepto de empresa comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia
de su estatuto jurídico y de su modo de financiación. En particular, en este mismo contexto, debe entenderse que el concepto
de empresa designa una unidad económica aunque, desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por
varias personas físicas o jurídicas (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión,
citada en el apartado 31
supra,
apartados 54 y 55 y la jurisprudencia citada).
Cuando una entidad económica de este tipo infringe las normas sobre competencia, en virtud del principio de responsabilidad
personal, le incumbe responder por esa infracción (véase la sentencia ETI y otros, citada en el apartado 143
supra,
apartado 39, y la jurisprudencia citada). No obstante, la infracción del Derecho de la competencia de la Unión debe imputarse
sin equívocos a una persona jurídica a la que se pueda imponer multas (sentencias Papierfabrik August Koehler y otros/Comisión,
citada en el apartado 104
supra,
apartado 38, y de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 31
supra,
apartado 57). Por consiguiente, cuando la existencia de una infracción de estas características ha quedado probada, se debe
determinar la persona física o jurídica que era responsable de la explotación de la empresa en el momento en que se cometió
la infracción, para que responda de ella (sentencia del Tribunal de 17 de diciembre de 1991, Enichem Anic/Comisión, T‑6/89,
Rec. p. II‑1623, apartado 236; véase asimismo, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de
2000, Cascades/Comisión, C‑279/98 P, Rec. p. I‑9693, apartado 78).
Por otra parte, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que es conforme con el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17
(sustituido por el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003) la práctica de la Comisión consistente en considerar
a una sociedad solidariamente responsable del pago de una parte de la multa impuesta a otra sociedad cuando podía imputársele
el comportamiento infractor de ésta. En ese caso, la sociedad de que se trate es condenada a pagar una multa por una infracción
que se supone que ella misma cometió como consecuencia de esta imputación (sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre
de 2000, Metsä-Serla y otros/Comisión, C‑294/98 P, Rec. p. I‑10065, apartados 26 a 28).
Por lo tanto, el hecho de que la Decisión impugnada identifique diferentes personas jurídicas que deberían ser solidariamente
responsables del pago de la multa no es incompatible con el concepto de empresa. Al contrario, se trata de una aplicación
exacta de dicho concepto, ya que ha quedado acreditado que desde el punto de vista jurídico la citada empresa está constituida
por varias personas físicas o jurídicas.
Del mismo modo, tampoco puede alegarse que exista ninguna fractura del concepto de empresa basándose en el mero hecho de que
esas diferentes personas jurídicas sean responsables del pago de la multa por distintos importes. En efecto, el hecho de que
varias personas jurídicas formen una sola empresa responsable de la comisión de la infracción no implica necesariamente que
todos los elementos pertinentes para el cálculo de la multa les sean imputables de la misma manera, en particular cuando con
el tiempo se ha producido una evolución en la composición de la empresa de que se trata desde el punto de vista jurídico.
En el caso de autos, se consideró que Total sólo era responsable respecto de una parte del período en que se cometió la infracción
(considerando 441 de la Decisión impugnada) y no se estimó que ninguna de las demandantes fuera reincidente (considerando
469 de la Decisión impugnada).
A este respecto, recuérdese que en la sentencia Cascades/Comisión, citada en el apartado 163
supra,
el Tribunal de Justicia invalidó el enfoque consistente en imputar a la sociedad matriz el comportamiento infractor de sus
filiales cuando era anterior a su adquisición. El Tribunal de Justicia precisó que en principio incumbe a la persona física
o jurídica que dirigía la empresa afectada en el momento en que se cometió la infracción responder por ella, aun cuando en
el momento de adoptarse la decisión por la que se declara la existencia de la infracción la explotación de la empresa estuviera
bajo la responsabilidad de otra persona. Tras destacar que las sociedades en cuestión no habían sido pura y simplemente absorbidas
por el adquirente, sino que habían continuado sus actividades como filiales de este último, el Tribunal de Justicia declaró
que, en consecuencia, debían responder ellas mismas de su conducta infractora anterior a su adquisición por la sociedad matriz,
sin que ésta pudiera ser considerada responsable de dicha conducta (apartados 77 a 80 de la sentencia).
Por lo tanto, dado que Total había adquirido el control de Elf Aquitaine en abril de 2000, la Comisión estimó acertadamente
que sólo era responsable de la infracción controvertida a partir del 30 de abril de 2000 (considerando 441 de la Decisión
impugnada) y que el importe de partida de la multa que se le impuso no se aumentó debido a la duración (considerandos 467
y 468 de la Decisión impugnada).
Habida cuenta de las consideraciones que preceden, las demandantes no pueden reprochar válidamente a la Comisión que identificara
diferentes sociedades del grupo Total en los motivos dedicados al cálculo de la multa.
Por último, debe señalarse que, al margen de los aumentos debidos a la duración de la infracción y a la reincidencia, para
cuya determinación la Comisión tuvo en cuenta las modificaciones que se produjeron a lo largo del tiempo en la composición
de la empresa afectada, la multa se calculó de manera homogénea respecto de todas las sociedades del grupo Total afectadas.
En particular, la Comisión les aplicó el mismo importe de partida de la multa y la misma reducción en virtud de la Comunicación
sobre la cooperación. Por consiguiente, las críticas de las demandantes sobre esas dos fases del cálculo de la multa carecen
de fundamento.
Por tanto, procede desestimar el tercer motivo.

Sobre el quinto motivo, basado en errores de apreciación sobre Total
Las demandantes invocan dos imputaciones mediante las que sólo cuestionan la responsabilidad de Total. En primer lugar, niegan
que Total, tras haber asumido el control del grupo en abril de 2000, hubiera podido dar a Arkema «instrucciones sobre el cártel»,
relativas al acuerdo que existía desde hacía años y cuya última reunión multilateral tuvo lugar el 18 de mayo de 2000. Indican
que la duración de la infracción imputable a Total es como máximo de ocho meses, a pesar de que, en realidad, no lo fuera
más que de un mes, puesto que la última reunión multilateral del cártel se celebró el 18 de mayo de 2000.
Obsérvese, en primer lugar, que la alegación de las demandantes, según la cual el período en que se cometió la infracción
imputable a Total se limitaba a un solo mes se basa en la premisa de que se puso fin al cártel en la fecha en que tuvo lugar
la última reunión multilateral, el 18 de mayo de 2000.
Las demandantes no desarrollan ningún argumento en apoyo de dicha tesis y, en particular, no cuestionan de manera argumentada
la afirmación de la Comisión de que en la reunión celebrada el 18 de mayo de 2000 se había llegado a un consenso general sobre
el mantenimiento de los niveles de precios y de que, por lo tanto, el cártel había seguido produciendo efectos hasta el 31
de diciembre de 2000 (considerandos 357 a 360 de la Decisión impugnada).
Seguidamente, recuérdese que la responsabilidad de Total se basa en la consideración de que a partir del 30 de abril de 2000,
fecha de su adquisición del grupo de que se trata, dicha empresa formaba, junto con Arkema y Elf Aquitaine, la misma empresa
responsable de la infracción en cuestión (considerando 441 de la Decisión impugnada).
A este respecto debe destacarse que el mero hecho de que Total asumiera el control del grupo en la fase final de la infracción
no basta para excluir que durante ese período ejerciera una influencia determinante sobre el comportamiento en el mercado
de su filial implicada en la infracción.
Ahora bien, aparte de la fecha de la toma de control del grupo por Total, las demandantes no alegan ninguna circunstancia
específica que pueda demostrar que entre los meses de mayo y diciembre de 2000 Arkema determinaba su comportamiento en el
mercado de manera autónoma respecto de Total.
En estas circunstancias, la Comisión pudo presumir válidamente que, al haber tomado el control de la casi totalidad del capital
del grupo a partir del 30 de abril de 2000, Total había ejercido una influencia determinante sobre el comportamiento de Arkema
en el mercado y, en consecuencia, imputarle la responsabilidad de la infracción durante el mencionado período sobre la base
de la citada presunción no destruida.
Por otra parte, debe descartarse por inoperante la alegación de las demandantes según la cual, habida cuenta de la fecha en
que se hizo con el control del grupo, Total no estaba en condiciones de informarse sobre las prácticas colusorias de su filial
y de adoptar decisiones destinadas a ponerles fin.
En efecto, como se desprende de las consideraciones que preceden, la imputación de la responsabilidad a Total resulta del
hecho de que era una de las entidades jurídicas que formaban la empresa que infringió el Derecho de la competencia, al margen
de que conociera o no la existencia de la infracción.
Por lo tanto, no cabe acoger la primera imputación.
En segundo lugar, las demandantes alegan que la Comisión indicó erróneamente en el considerando 471 de la Decisión impugnada
que los destinatarios de sus Decisiones 85/74/CEE, de 23 de noviembre de 1984, relativa a un procedimiento de aplicación del
artículo 85 del Tratado de la CEE (asunto IV/30.907 – Peroxígenos) (DO 1985, L 35, p. 1), y 94/599/CE, que fueron tenidas
en cuenta a efectos de la reincidencia, formaban parte del grupo Total en el momento de la adopción de esas Decisiones anteriores.
Obsérvese que, como admitió la propia Comisión en su escrito de contestación a la demanda, ésta cometió un error al indicar
en el considerando 471 de la Decisión impugnada que «las personas jurídicas destinatarias [de las] Decisiones [85/74 y 94/599]
eran y siguen siendo miembros del grupo [de] Total».
No obstante, este extremo carece de relevancia sobre la legalidad de la Decisión impugnada. En efecto, por una parte, del
considerando 441 de la Decisión impugnada se desprende que Total fue considerada responsable de la infracción únicamente a
partir de la fecha en la que se hizo con el control del grupo, el 30 de abril de 2000.
Por otra parte, como se desprende del considerando 469 de la Decisión impugnada, la Comisión tuvo en cuenta el hecho de que
Arkema no formara parte del grupo de Total en la época en que tuvieron lugar las condenas anteriores, ya que sólo aplicó el
aumento derivado de la reincidencia al importe de la multa imputable a Arkema.
A la vista de cuanto precede, debe desestimarse la segunda imputación y, por consiguiente, el quinto motivo en su conjunto.

Sobre el sexto motivo, basado en la violación de varios principios esenciales reconocidos por el conjunto de los Estados miembros
y que forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión
Las demandantes sostienen que, al imputarles la responsabilidad por la infracción de que se trata y al imponerles la multa,
la Comisión violó los principios de igualdad de trato, de responsabilidad personal y de personalidad de las penas, así como
el principio de legalidad de los delitos y de las penas.
Sobre la supuesta violación del principio de igualdad de trato
Las demandantes aducen que la Comisión violó el principio de igualdad de trato al haberlas considerado responsables únicamente
sobre la base de la citada presunción, mientras que fundamentó la responsabilidad de las demás sociedades destinatarias de
la Decisión impugnada en la presunción respaldada por pruebas adicionales (considerandos 385, 391 y 394, 405, 411 y 423 a
427 de la Decisión impugnada).
Obsérvese, a este respecto, que de los considerandos 370 a 379 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión aplicó
la misma regla a todos los destinatarios, según la cual el control de la totalidad o de la casi totalidad del capital de la
filial es suficiente para invocar una presunción
iuris tantum
que permite imputar la responsabilidad a la sociedad matriz. Dicha presunción se aplicó, efectivamente, tanto al grupo de
Total como a los otros grupos de sociedades contemplados en la Decisión impugnada.
El hecho de que respecto de algunos destinatarios de la Decisión impugnada –Akzo Nobel, FMC, L’Air liquide, SNIA y Edison–
la Comisión invocara, además de la presunción, determinados indicios adicionales de la influencia determinante ejercida por
las sociedades matrices, no significa que los principios aplicados no hayan sido los mismos para todos los destinatarios.
En efecto, en el caso de Akzo Nobel, del considerando 384 de la Decisión impugnada se desprende que «dado que [ésta] controla
el 100 % de EKA [Chemicals], la Comisión estima que ejerció una influencia determinante sobre EKA [Chemicals], puesto que
no se ha a portado ningún elemento probatorio que pueda destruir dicha presunción». El hecho de que la Comisión se refiriera
en el considerando 385 de la citada Decisión a determinados indicios adicionales tendentes a confirmarla no contradice esta
consideración.
En cuanto a FMC, la Comisión indicó que llegó a la conclusión de la responsabilidad de ésta «debido a que FMC Foret [era]
una filial controlada (indirectamente) al 100 % por FMC» (considerando 390 de la Decisión impugnada). Y ello sin perjuicio
de que, en el considerando 391 de la Decisión impugnada, la Comisión invocara un indicio adicional de la influencia determinante
ejercida por FMC sobre su filial.
En lo que respecta a L’Air liquide, la Comisión destacó en el considerando 403 de la Decisión impugnada, que «dado que [ésta]
poseía el 100 % del capital de Chemoxal en la época en que se produjo la infracción y tenía la facultad de designar a los
miembros del consejo de administración de Chemoxal, [presumió] que [ésta] ejercía una influencia determinante sobre el comportamiento
de su filial». La Comisión precisó esta observación indicando, en el considerando 405 de la Decisión impugnada, que «la participación
del 100 % en el capital [daba] lugar a una presunción que [podía] destruirse demostrando que […] la filial [gozaba] de […]
autonomía».
En lo tocante a SNIA, del considerando 411 de la Decisión impugnada resulta que fue considerada responsable debido a su fusión
con la sociedad que era la sociedad matriz al 100 % de la entidad directamente implicada en la infracción, de modo que la
situación invocada no era comparable a la de las demandantes.
Por último, en el caso de Edison, la Comisión señaló en el considerando 418 de la Decisión impugnada que «en ausencia de argumentos
que destruyan la presunción, [la jurisprudencia] ha considerado que la posesión del 100 % del capital es una prueba suficiente».
Además, en los considerandos 419 a 421 de la Decisión impugnada la Comisión invocó determinados indicios adicionales, indicando
que éstos contradecían la alegación de Edison basada en la autonomía de su filial.
Por consiguiente, de los considerandos de la Decisión impugnada invocados por las demandantes se desprende que la Comisión
estimó respecto de todos los destinatarios de la Decisión impugnada que, en ausencia de alegaciones que refutaran la presunción
resultante, el control de la totalidad o de la casi totalidad del capital de la filial era suficiente para imputar la responsabilidad
a una sociedad matriz, y que los indicios adicionales de la influencia ejercida por algunas sociedades matrices sobre sus
filiales se expusieron cuando se disponía de ellos, bien para reforzar la conclusión que ya resultaba válidamente del control
total del capital de la filial, bien para responder a las alegaciones desarrolladas por las empresas implicadas.
Por otra parte, en lo concerniente a las demandantes, la Comisión destacó asimismo, además del vínculo del capital, el hecho
de que los miembros del consejo de administración de Arkema hubieran sido nombrados por Elf Aquitaine (considerando 427 de
la Decisión impugnada), sin subordinar no obstante la imputación a la sociedad matriz del comportamiento infractor de una
filial controlada -o casi-, al 100 %, a la existencia de pruebas adicionales.
Por consiguiente, la presente imputación carece de fundamento.
Sobre la supuesta violación de los principios de responsabilidad personal y de personalidad de las penas, así como del principio
de legalidad de los delitos y las penas
Las demandantes sostienen esencialmente que la Comisión violó los principios de Derecho citados, al no haber reconocido que
Arkema constituía una entidad económica autónoma respecto de ellas y, por consiguiente, al haberlas considerado responsables
y condenado al pago de las multas erróneamente.
Es oportuno recordar que, en atención a la naturaleza de las infracciones de que se trata, así como a la naturaleza y la gravedad
de las sanciones que llevan aparejadas, la responsabilidad por la comisión de dichas infracciones tiene carácter personal
(sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, apartado
78). Además, en virtud del principio de individualización de las penas y de las sanciones, una persona, física o jurídica,
sólo debe ser sancionada por los hechos que se le imputen individualmente (sentencia del Tribunal de 13 de diciembre de 2001,
Krupp Thyssen Stainless y Acciai speciali Terni/Comisión, T‑45/98 y T‑47/98, Rec. p. II‑3757, apartado 63), principio aplicable
en todo procedimiento administrativo que pueda dar lugar a la imposición de sanciones en virtud de las normas en materia de
competencia de la Unión (sentencia del Tribunal de 4 de julio de 2006, Hoek Loos/Comisión, T‑304/02, Rec. p. II‑1887, apartado 118).
En el caso de autos basta destacar que la alegación de las demandantes se basa en una premisa errónea, de acuerdo con la cual
no se ha declarado ninguna infracción que las implique ni se les ha impuesto ninguna multa personal. En cambio, de las consideraciones
precedentes resulta que las demandantes fueron condenadas personalmente por una infracción del artículo 81 CE, que se supone
que ellas mismas cometieron debido a los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que las unían a sus filiales y a la
falta de autonomía de éstas en el mercado (véase, en este sentido, la sentencia Metsä-Serla y otros/Comisión, citada en el
apartado 164
supra,
apartados 27 y 34).
Además, en contra de cuanto sostienen las demandantes, del examen del cuarto motivo, expuesto anteriormente, se desprende
que se ha demostrado la comisión de una infracción del artículo 81 CE que les concierne. Las sanciones derivadas de un infracción
de estas características figuran claramente en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003. Por lo tanto, se ha respetado
el principio
nullum crimen, nulla poena sine lege
.
Por consiguiente, procede desestimar la presente imputación y, por ende, el sexto motivo en su totalidad.

Sobre el séptimo motivo, basado en la violación del principio de buena administración
En primer lugar, las demandantes sostienen que la Comisión no examinó minuciosa e imparcialmente las pruebas aportadas para
demostrar la autonomía de Arkema.
Dado que se limitan a reiterar su alegación basada en la omisión del examen de las mencionadas pruebas, analizada y desestimada
en los apartados 111 a 115 anteriores, procede desestimarla por los mismos motivos.
En segundo lugar, las demandantes aducen que, en aras de la economía procesal, la Comisión debería haber acogido su solicitud
para que suspendiera la adopción de la Decisión impugnada hasta que el Tribunal se pronuncia sobre los recursos interpuestos
contra la Decisión C(2004) 4876.
Puesto que se trata de una alegación que invoca la mera economía procesal, de modo que manifiestamente no puede cuestionar
la legalidad de la Decisión impugnada, procede descartarla sin más prolegómenos.
Por consiguiente, procede desestimar el séptimo motivo.

Sobre el octavo motivo, basado en la violación del principio de seguridad jurídica
Las demandantes sostienen que el carácter novedoso del criterio de la imputabilidad aplicado en el caso de autos respecto
de la práctica decisoria anterior de la Comisión y, en particular, de la Decisión C(2003) 4570, constituye una violación del
principio de seguridad jurídica.
Baste recordar que la Decisión impugnada no es la primera Decisión mediante la que la Comisión ha imputado la responsabilidad
por la infracción cometida por Arkema a su sociedad matriz sobre la base de la presunción del ejercicio de una influencia
determinante. En efecto, en la Decisión C(2004) 4876 la Comisión ya había hecho recaer dicha imputación sobre Elf Aquitaine.
Por consiguiente, en contra de cuanto sugieren las demandantes, la Decisión impugnada no constituye un giro en la práctica
de la Comisión en materia de imputabilidad, tampoco en lo que se refiere al grupo en cuestión. Asimismo, en su respuesta al
pliego de cargos en el caso de autos las demandantes ya aludían al criterio de imputabilidad aplicado por la Comisión en la
Decisión C(2004) 4876, como se desprende por otra parte de sus alegaciones presentadas en relación con el sexto motivo. Por
consiguiente, la premisa en la que se basa el presente motivo –según la cual la Comisión aplicó respecto de las demandantes
un criterio de imputabilidad nuevo– es incorrecta en el presente asunto.
En cualquier caso, debe recordarse que la Comisión no está obligada a comprobar sistemáticamente si el comportamiento ilegal
de una filial puede imputarse a su sociedad matriz (véase el apartado 89
supra)
. Por consiguiente, el hecho de que decidiera imputar la responsabilidad por la infracción detectada a la empresa formada
por la sociedad matriz y su filial aunque, conforme a su práctica anterior, no tuviera previsto hacerlo, no constituye una
violación del principio de seguridad jurídica.
Por lo demás, procede señalar que de la Decisión C(2003) 4570 (considerandos 373 a 391), citada por las demandantes, se desprende
que la Comisión no examinó en absoluto la problemática de la responsabilidad de la sociedad matriz de Arkema y que, en particular,
no se pronunció sobre la cuestión de su autonomía respecto de la sociedad matriz. Por lo tanto, aun suponiendo que los hechos
de ese asunto fueran semejantes a los del caso de autos, no puede sostenerse que dicha Decisión constituya una garantía cualquiera
sobre el modo en que la Comisión percibía las relaciones entre Arkema y sus sociedades matrices ni tampoco sobre el criterio
de imputabilidad aplicable al citado grupo de sociedades.
Por consiguiente, no cabe estimar el presente motivo.

Sobre el noveno motivo, basado en la violación de los principios fundamentales que rigen la imposición de multas
Las demandantes impugnan el importe de la multa que se les impuso, alegando diversos motivos.
En primer lugar, sostienen que deberían haberse beneficiado de una reducción del importe de la multa porque no tenían conocimiento
de la infracción cometida por su filial. Invocando el principio de igualdad de trato, señalan que la Comisión concedió una
reducción por ese motivo a otro destinatario de la Decisión impugnada: Caffaro.
Obsérvese que la Comisión concedió una reducción del importe de partida de la multa a la empresa formada por las sociedades
SNIA y Caffaro porque no se había demostrado que esta última –que participó en un número limitado de las reuniones del cártel
relativas a tan sólo uno de los productos de que se trata– tuviera o hubiera debido tener necesariamente conocimiento del
proyecto global de acuerdos contrarios a la competencia (considerandos 332 y 461 de la Decisión impugnada).
Por lo que respecta a las demandantes, recuérdese que la infracción controvertida se les imputó porque constituían una sola
empresa junto con su filial, y no debido a su implicación directa en la infracción, de modo que el hecho de que no estuvieran
al tanto del cártel carece de incidencia sobre esta imputación.
Puesto que las demandantes no sostienen que su filial, que participó directamente en la infracción, no supiera nada acerca
del proyecto global de acuerdos contrarios a la competencia, el hecho de que no tuvieran conocimiento del cártel no constituye
un indicio del hecho de que la gravedad de la infracción cometida por la empresa que formaban con su filial era mínima y,
por lo tanto, no puede constituir un motivo que justifique la reducción del importe de la multa.
En cuanto a la supuesta violación del principio de igualdad de trato, debe ponerse de relieve que las demandantes, como entidades
jurídicas responsables de la explotación de la empresa que comercializó los dos productos de que se trata y que participó
directamente en todas las actividades del cártel, no se hallan en una situación comparable a la de Caffaro, que explotaba
la empresa cuya participación en el cártel no abarcaba la totalidad del proyecto global contrario a la competencia.
Por consiguiente, procede desestimar la presente imputación.
En segundo lugar, las demandantes invocan una violación de los principios de presunción de inocencia y de seguridad jurídica
en relación con el aumento del importe de la multa en aras del efecto disuasorio.
En primer lugar, su alegación basada en la violación de la presunción de inocencia parte de la premisa según la cual «ninguna
prueba […] permitía considerar que tuvieran responsabilidad en el cártel». Dado que del examen del cuarto motivo, anteriormente
expuesto, resulta que la responsabilidad de las demandantes se estimó acertadamente, la presente alegación debe ser descartada.
En segundo lugar, las demandantes sostienen, en relación con el considerando 465 de la Decisión impugnada, que la Comisión
violó el principio de presunción de inocencia al indicar que mediante la creación de una filial jurídicamente distinta, una
sociedad matriz podía perseguir el objetivo de vincular dicha filial a un comportamiento infractor, evitando de ese modo ser
sancionada.
En el considerando 465 de la Decisión impugnada la Comisión indicó, en respuesta a la alegación de las demandantes que criticaba
el aumento del citado importe, que «si decidiera, basándose en ese argumento, que la multa impuesta a Atofina [debía] ser
menos elevada de lo que [estaba] justificado en función del tamaño de la empresa de la que [formaba] parte, una gran empresa
que participara en uno o varios cárteles podría evitar la imposición de multas muy elevadas creando pequeñas filiales con
un reducido volumen de negocios para vincularlas a un comportamiento ilícito».
Como resulta de dicho considerando, al aplicar el citado aumento del importe de la multa la Comisión consideró, esencialmente,
que ese aumento permitía tener en cuenta la capacidad económica real del conjunto de las entidades jurídicas que formaban
la empresa única de que se trata con el fin de fijar el importe de la multa a un nivel suficientemente disuasorio.
No cabe pensar que esta consideración de índole general constituya en modo alguno una violación de la presunción de inocencia
contra las demandantes.
En tercer lugar, las demandantes invocan una violación del principio de seguridad jurídica, reiterando su alegación, expuesta
en el marco del octavo motivo, basada en el supuesto giro en la práctica de la Comisión. Por lo tanto, esta imputación debe
desestimarse por los motivos expuestos en los apartados 210 a 212
supra
.
En cuarto lugar, las demandantes impugnan la legalidad del aumento del importe de la multa en aras del efecto disuasorio,
sosteniendo que dicho aumento no está previsto en el artículo 23 del Reglamento nº 1/2003 ni en las Directrices.
Recuérdese que, según reiterada jurisprudencia, para determinar el importe de la multa la Comisión debe velar por su carácter
disuasorio y, a este respecto, puede tomar en consideración, en particular, el tamaño y la potencia económica de la empresa
de que se trate (sentencias del Tribunal de Justicia Musique Diffusion française y otros/Comisión, citada en el apartado 103
supra,
apartados 106 y 120, y de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P
y C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, apartado 243).
Por lo tanto, en el presente asunto, la Comisión podía aumentar legalmente el importe de partida de la mencionada multa, habida
cuenta del tamaño de la empresa explotada por las demandantes, puesto de manifiesto por su volumen de negocios mundial, considerablemente
elevado (considerando 463 de la Decisión impugnada).
Por consiguiente, las imputaciones dirigidas contra el aumento del importe de la multa en aras del efecto disuasorio carecen
de fundamento.
En tercer lugar, las demandantes sostuvieron en la vista que el límite del 10 % del volumen de negocios, previsto en el artículo
23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 1/2003, es ilegal a la luz de los principios de legalidad y de seguridad
jurídica, ya que se refiere al volumen de negocios de la empresa obtenido durante el ejercicio social anterior a la adopción
de la Decisión, y no al correspondiente al período durante el que se cometió la infracción.
A este respecto debe destacarse que esta imputación se presentó extemporáneamente, ya que se formuló por primera vez en la
fase de la vista, y no puede considerarse una ampliación del presente motivo, tal como se alegó en la demanda, reivindicando,
por una parte, una reducción del importe de la multa alegando el desconocimiento de la infracción y criticando, por otra parte,
el aumento del importe de la multa en aras del efecto disuasorio.
Por lo tanto, procede declarar esta imputación inadmisible, conforme a lo dispuesto en el artículo 48, apartado 2, del Reglamento
de Procedimiento.
En cualquier caso, es inoperante, ya que las demandantes no indican que la consideración de un ejercicio social correspondiente
al período durante el que se cometió la infracción haya podido influir de cualquier modo en la aplicación al caso de autos
de la regla prevista en el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 1/2003, cuya ilegalidad se alega.
A la luz de estas consideraciones, el presente motivo carece de fundamento.

Sobre el décimo motivo, basado en la desviación de poder
Las demandantes sostienen que la Comisión cometió desviación de poder porque, al imputarles la responsabilidad por la infracción,
no buscaba castigar a la empresa responsable, sino aumentar el importe de la multa impuesta, habida cuenta de su considerable
tamaño.
Según reiterada jurisprudencia, una Decisión sólo incurre en desviación de poder cuando queda de manifiesto, de acuerdo con
indicios objetivos, oportunos y concordantes, que fue adoptada para alcanzar una finalidad distinta de las que se invocan
(véase la sentencia del Tribunal de 16 de septiembre de 1998, IECC/Comisión, T‑133/95 y T‑204/95, Rec. p. II‑3645, apartado
188, y jurisprudencia citada).
Recuérdese asimismo que, conforme al artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, mediante decisión, la Comisión puede
imponer multas a las empresas que cometan una infracción al artículo 81 CE. Ha quedado acreditado que el objetivo de las sanciones
previstas en el artículo 23 del Reglamento nº 1/2003 es castigar los comportamientos ilícitos de las empresas incriminadas
y disuadir tanto a éstas como a otros operadores económicos de infringir en el futuro las normas del Derecho de la competencia
de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 2006, Showa Denko/Comisión, C‑289/04 P,
Rec. p. I‑5859, apartado 16).
Dado que las demandantes y Arkema formaban una empresa en el sentido del artículo 81 CE y que dicha empresa participó en la
infracción controvertida, la sanción que se les impuso no se desvió en absoluto de su finalidad, teniendo en cuenta además
que, al adoptarla, la Comisión perseguía un objetivo disuasorio.
Por lo tanto, debe desestimarse el décimo motivo.

Sobre el décimo primer motivo, presentado con carácter subsidiario, basado en la reducción del importe de la multa a un nivel
apropiado
En el marco del décimo primer motivo, las demandantes solicitan una reducción del importe de la multa a un nivel apropiado,
por dos razones.
Por una parte, sostienen que, habida cuenta de que no tenían conocimiento de la infracción, el importe de partida de su multa
debería reducirse en un 25 %, a semejanza de la reducción concedida en el considerando 461 de la Decisión impugnada.
Es oportuno recordar, a este respecto, que la situación contemplada en el considerando 461 de la Decisión impugnada no es
comparable a la de las demandantes (véase el apartado 219
supra)
. Por consiguiente, el Tribunal estima que las demandantes no pueden beneficiarse de una reducción por este motivo.
Por otra parte, las demandantes reivindican poder beneficiarse de una circunstancia atenuante, alegando haber sido condenadas
al pago de multas elevadas como consecuencia de su participación en otros cárteles durante el mismo período al que se refiere
la Decisión impugnada, en las Decisiones C (2004) 4876 y C (2006) 2098, de 31 de mayo de 2006, relativa a un procedimiento
de conformidad con el artículo 81 [CE] y el artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/F/38.645 – Metacrilatos).
A este respecto debe destacarse que, puesto que la Comisión comprobó que las demandantes habían cometido tres infracciones
diferentes a las disposiciones del artículo 81 CE, apartado 1, la Comisión estaba facultada para imponerles tres multas diferentes,
cada una de las cuales había de respetar los límites fijados por el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 (véase,
en este sentido, la sentencia del Tribunal de 8 de octubre de 2008, Carbone‑Lorraine/Comisión, T‑73/04, Rec. p. II‑2661, apartado
56). Cada una de estas multas debe basarse necesariamente en la apreciación de la duración y gravedad propias de la infracción
que sanciona. Es preciso señalar que la imposición de una multa a las demandantes por diversas actividades contrarias a la
competencia referidas a otros productos no afecta a la realidad de la infracción controvertida (véase, en este sentido, la
sentencia del Tribunal de 12 de diciembre de 2007, BASF y UCB/Comisión, T‑101/05 y T‑111/05, Rec. p. II‑4949, apartado 52).
Por lo tanto, habida cuenta del objetivo disuasorio perseguido por las multas, el mero hecho de que las demandantes hayan
sido condenadas recientemente al pago de otras dos multas por infracciones parcialmente simultáneas no justifica la reducción
de la multa impuesta en el caso de autos.
Las demandantes no aportan ninguna prueba que demuestre que la imposición de la multa en el caso de autos, junto con otras
multas recientes, las coloque en una situación financiera especialmente difícil, que pudiera tenerse en cuenta, con carácter
excepcional a la hora de determinar el importe de su multa.
Por último, en lo que respecta a la cita por las demandantes de la Decisión 94/599, de la que resulta que, al determinar el
importe de las multas en relación con el cártel al que se refiere esta Decisión, la Comisión tuvo en cuenta el hecho de que
la mayoría de las empresas ya había sido objeto de considerables multas por su participación en otro cartel en el mercado
vecino durante prácticamente el mismo período (considerando 52 de la Decisión 94/599), debe destacarse, por una parte, que
la Decisión 94/599 es anterior a las Directrices aplicadas en el caso de autos y, por otra parte, que la situación considerada
en esa Decisión presenta diferencias respecto a la examinada en el presente asunto. En efecto, en el caso de autos, por una
parte, las infracciones en los mercados del PH y del PBS sólo fueron objeto de una condena por la Comisión en la Decisión
impugnada y, por otra parte, las demandantes no invocan la existencia de un vínculo entre esos mercados y los contemplados
en sus otras condenas recientes.
Por consiguiente, dado que ninguna de las pruebas invocadas en el presente asunto puede justificar una reducción del importe
de la multa, no puede acogerse la pretensión, presentada con carácter subsidiario, de que se modifique el importe de la multa
impuesta a las demandantes.
De cuanto precede resulta que debe desestimarse el recurso en su totalidad.

Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimados los motivos formulados por las demandantes, procede
condenarlas en costas, de conformidad con las pretensiones de la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta ampliada)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar en costas a Total SA y Elf Aquitaine SA.
Vadapalas
Prek
Dittrich
Truchot

O’Higgins
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de julio de 2011.
Firmas
Índice
Hechos que originaron el litigio
Decisión impugnada
Procedimiento y pretensiones de las partes
Fundamentos de Derecho
Sobre el cuarto motivo, basado en la infracción de las normas que rigen la imputabilidad a las sociedades matrices de las
infracciones cometidas por sus filiales
Sobre la segunda parte, basada en un error de Derecho sobre la interpretación de la jurisprudencia relativa a la imputabilidad
y al respeto por la Comisión de su práctica decisoria
– Observaciones preliminares
– Sobre la validez de la citada presunción
– Sobre el conjunto de indicios aportado por las demandantes para demostrar la autonomía de Arkema en el mercado
Sobre la primera parte, basada en un error de Derecho sobre la objetividad del criterio de la imputabilidad
Sobre la tercera parte, basada en la violación de un cierto «principio de autonomía económica de la persona jurídica»
Sobre el primer motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa
Sobre la primera parte, basada en la imposibilidad para las demandantes de defenderse eficazmente
Sobre la segunda parte, basada en la violación del principio de presunción de inocencia
Sobre el segundo motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación
Sobre la primera parte, basada en el incumplimiento de la obligación de motivación reforzada como consecuencia del carácter
novedoso de la posición de la Comisión
Sobre la segunda parte, basada en la existencia de motivos contradictorios
Sobre la tercera parte, basada en la falta de respuesta de la Comisión a las refutaciones de la presunción del ejercicio de
una influencia determinante
Sobre el tercer motivo, basado en la fractura del carácter unitario del concepto de empresa
Sobre el quinto motivo, basado en errores de apreciación sobre Total
Sobre el sexto motivo, basado en la violación de varios principios esenciales reconocidos por el conjunto de los Estados miembros
y que forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión
Sobre la supuesta violación del principio de igualdad de trato
Sobre la supuesta violación de los principios de responsabilidad personal y de personalidad de las penas, así como del principio
de legalidad de los delitos y las penas
Sobre el séptimo motivo, basado en la violación del principio de buena administración
Sobre el octavo motivo, basado en la violación del principio de seguridad jurídica
Sobre el noveno motivo, basado en la violación de los principios fundamentales que rigen la imposición de multas
Sobre el décimo motivo, basado en la desviación de poder
Sobre el décimo primer motivo, presentado con carácter subsidiario, basado en la reducción del importe de la multa a un nivel
apropiado
Costas
*
Lengua de procedimiento: francés.