CELEX: 62013CJ0334
Procedimiento prejudicial
Agricultura
Reglamento (CE) nº 800/1999
Restituciones por exportación
Reglamento (CE) nº 1291/2000
Régimen de certificados de exportación
Declaración de exportación presentada sin certificado de exportación
Plazo concedido por la aduana de exportación
Documentos aduaneros que prueban la llegada de las mercancías exportadas al país de destino
Documentos falsificados
Rectificación de las irregularidades
Aplicación de la sanción establecida en el artículo 51 del Reglamento (CE) nº 800/1999

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 4, apartado 1, 49, apartado 2, y 51 del Reglamento (CE) n
o
800/1999 de la Comisión, de 15 de abril de 1999, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de restituciones por exportación de productos agrícolas (
DO L 102, p. 11
, y corrección de errores en
DO L 180, p. 53
), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n
o
2299/2001 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2001 (
DO L 308, p. 19
; en lo sucesivo «Reglamento n
o
800/1999»).
Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre Nordex Food A/S (en lo sucesivo, «Nordex»), sociedad domiciliada en Dinamarca, y el Hauptzollamt Hamburg-Jonas, en relación con la denegación de una restitución por exportación y la aplicación de una sanción sobre la base del artículo 51 del Reglamento n
o
800/1999.
Marco jurídico
El artículo 4, apartado 5, del Reglamento (CEE) n
o
2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (
DO L 302, p. 1
; en lo sucesivo, «Código aduanero») define el concepto de «decisión» como «todo acto administrativo efectuado en virtud de la normativa aduanera que, al pronunciarse sobre un caso individual, surta efectos jurídicos sobre una o más personas determinadas o que pueden determinarse».
El Reglamento (CE) n
o
612/2009 de la Comisión, de 7 de julio de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de restituciones por exportación de productos agrícolas (
DO L 186, p. 1
), derogó el Reglamento n
o
800/1999, el cual sigue siendo no obstante aplicable a los hechos controvertidos en el litigio principal.
Los considerandos sexagésimo tercero y sexagésimo cuarto del Reglamento n
o
800/1999 tienen el siguiente tenor:
«(63)
[…] a la luz de la experiencia adquirida y en vista de la lucha contra las irregularidades y, especialmente, contra el fraude, perjudiciales para el presupuesto comunitario, es preciso prever la recuperación de los importes pagados de forma indebida y las sanciones correspondientes con el fin de inducir a los exportadores a respetar la normativa comunitaria;
(64)
Considerando que, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de las restituciones por exportación, deben aplicarse sanciones sea cual fuere el aspecto subjetivo de la falta; que conviene renunciar, sin embargo, a la aplicación de sanciones en determinados supuestos, sobre todo en caso de error manifiesto reconocido por la autoridad competente, y prever sanciones más severas en los casos en los que se hubiere cometido deliberadamente una infracción […]»
A tenor del artículo 4, apartado 1, del Reglamento n
o
800/1999:
«El derecho a la restitución estará supeditado a la presentación de un certificado de exportación en el que conste la fijación por anticipado de la restitución, excepto cuando se trate de exportación de mercancías [...]»
En virtud del artículo 5, apartados 1 y 2, de este Reglamento, por día de exportación se entenderá la fecha en que el servicio de aduanas acepte la declaración de exportación en la que se indica que se solicitará una restitución. La fecha de aceptación de la declaración de exportación será determinante para establecer, en particular, el tipo de la restitución aplicable, los ajustes que deban realizarse y la cantidad, la naturaleza y las características del producto exportado.
De conformidad con el artículo 5, apartado 7, párrafo cuarto, de dicho Reglamento, la oficina de aduanas competente deberá estar en condiciones de realizar el control físico y de aplicar las medidas de identificación necesarias para el transporte hacia la oficina de salida del territorio aduanero de la Comunidad.
El artículo 49, apartados 2 y 4, del mismo Reglamento disponía lo siguiente:
«2.   El expediente para el pago de la restitución o para la devolución de la garantía deberá presentarse, salvo en caso de fuerza mayor, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de aceptación de la declaración de exportación.
[...]
4.   En caso de que un exportador no haya podido presentar los documentos exigidos en virtud del artículo 16 dentro del plazo prescrito en el apartado 2, a pesar de haber hecho lo posible para obtenerlos y presentarlos dentro de dicho plazo, se le podrán conceder plazos suplementarios para la presentación de dichos documentos cuando los solicite.»
El artículo 50, apartado 2, del Reglamento n
o
800/1999, establecía:
«Cuando la prueba de que se han cumplido todos los requisitos establecidos en la normativa comunitaria se presente dentro de los seis meses siguientes a los plazos establecidos en los apartados 2 y 4 del artículo 49, se abonará una restitución igual al 85 % de la restitución que se habría pagado de haberse cumplido todos los requisitos.
[...]»
A tenor del artículo 51 del referido Reglamento:
«1.   En caso de comprobarse que, con miras a la concesión de una restitución por exportación, un exportador ha solicitado una restitución superior a la aplicable, la restitución debida por la exportación de que se trate será la aplicable a la exportación efectivamente realizada, deducido un importe equivalente:
a)
a la mitad de la diferencia entre la restitución solicitada y la aplicable a la exportación efectiva;
b)
al doble de la diferencia entre la restitución solicitada y la aplicable en caso de que el exportador haya suministrado deliberadamente datos falsos.
[...]
3.   La sanción a que se refiere la letra a) del apartado 1 no será aplicable:
a)
en caso de fuerza mayor;
b)
en los casos excepcionales en que, por propia iniciativa e inmediatamente después de darse cuenta de que ha solicitado una restitución excesiva, el exportador informe de ello por escrito a la autoridad competente, a no ser que esta última haya informado al exportador de su intención de examinar su solicitud o que el exportador haya tenido conocimiento de esta intención por otros cauces, o que la autoridad competente ya haya comprobado que la restitución solicitada es incorrecta;
c)
en caso de error manifiesto sobre la restitución solicitada, reconocido por la autoridad competente;
[...]
7.   Las sanciones no se aplicarán cuando la restitución solicitada sea superior a la restitución aplicable en virtud del apartado 2 del artículo 4, del apartado 3 del artículo 18, del apartado 2 del artículo 35 o del artículo 50.
[...]»
El Reglamento (CE) n
o
1291/2000 de la Comisión, de 9 de junio de 2000, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada para los productos agrícolas (
DO L 152, p. 1
), fue derogado por el Reglamento (CE) n
o
376/2008 de la Comisión, de 23 de abril de 2008, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de certificados de importación, de exportación y de fĳación anticipada para los productos agrícolas (
DO L 114, p. 3
).
No obstante, el Reglamento n
o
1291/2000 sigue siendo aplicable a los hechos del litigio principal.
Los considerandos decimoquinto y decimosexto del Reglamento n
o
1291/2000 tienen el siguiente tenor:
«(15)
El certificado de importación o de exportación confiere el derecho de importar o el derecho de exportar. Debido a esta circunstancia, dicho certificado debe presentarse en el momento de la aceptación de la declaración de importación o de exportación.
(16)
En el caso de los procedimientos simplificados de importación o de exportación, puede dispensarse la presentación del certificado al servicio de aduanas o bien ésta puede efectuarse posteriormente; no obstante, el importador o el exportador debe estar en posesión del certificado en la fecha considerada como fecha de aceptación de la declaración de importación o de exportación y tener este documento a disposición del servicio de aduanas.»
El artículo 24 de este Reglamento disponía:
«1.   El ejemplar n
o
1 del certificado se presentará en la aduana donde se acepte:
[...]
b)
en el caso de un certificado de exportación o de fijación anticipada de la restitución, la declaración relativa:
—
a la exportación [...]
[...]
2.   El ejemplar n
o
1 del certificado se presentará o se mantendrá a disposición de las autoridades aduaneras en el momento de la aceptación de la declaración contemplada en el apartado 1.
3.   El ejemplar n
o
1 del certificado será entregado al interesado previa imputación y visado por la aduana a que se refiere el apartado 1. No obstante, los Estados miembros podrán prescribir o admitir que el interesado impute el certificado; dicha imputación será verificada y visada en todos los casos por la aduana competente.
[...]»
El artículo 25, apartado 1, de dicho Reglamento establecía:
«No obstante lo dispuesto en el artículo 24, un Estado miembro podrá permitir que el certificado se presente al organismo expedidor o, en su caso, a la autoridad encargada del pago de la restitución.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
El 2 de mayo de 2002, Nordex declaró en la aduana competente, el Zollamt Nesserland (Aduana de Nesserland), una exportación de queso feta desde Alemania a Kosovo. A este respecto, se refirió a un certificado de exportación expedido por las autoridades danesas. Dado que dicho certificado no acompañaba a la declaración de exportación, el Zollamt Nesserland concedió a Nordex un plazo de una semana para presentarlo. Puesto que el referido certificado fue presentado dentro del plazo, el Zollamt Nesserland imputó la mercancía exportada.
El 22 de mayo de 2002, Nordex presentó una solicitud de restitución por exportación diferenciada ante el Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Aduana de Hamburgo-Jonas), autoridad competente para el pago de dicha restitución. Se adjuntó a dicha solicitud un formulario de fecha 7 de mayo de 2002 emitido por la administración aduanera provisional de Kosovo, la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK en sus siglas en inglés), en el que se declaraba el despacho a libre práctica del referido queso en Kosovo.
Mediante resolución de 9 de agosto de 2002, el Hauptzollamt Hamburg-Jonas denegó el pago de la restitución por exportación solicitada debido a que la exportación en cuestión se había llevado a cabo sin un certificado de exportación válido. Puesto que la reclamación presentada por Nordex contra dicha resolución fue desestimada por el Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Nordex presentó un recurso ante el Finanzgericht Hamburg (Tribunal Financiero de Hamburgo) para obtener la referida restitución.
Durante los años 2004 y 2005 se descubrió que los documentos aduaneros kosovares adolecían de irregularidades. Dado que se había falsificado el sello del servicio de aduanas que figuraba en el documento aduanero en que se declaraba el despacho a libre práctica de la mercancía en Kosovo, el Hauptzollamt Hamburg-Jonas impuso a Nordex una sanción en virtud del artículo 51 del Reglamento n
o
800/1999 mediante una decisión rectificativa de 25 de enero de 2006.
Por consiguiente, Nordex solicitó igualmente la anulación de la sanción que se le había impuesto en el marco del procedimiento judicial relativo a la concesión de la restitución por exportación, que todavía se hallaba pendiente ante el Finanzgericht Hamburg. A este respecto, Nordex presentó nuevos documentos, tales como cartas del servicio de aduanas de la UNMIK y una copia certificada de una certificación original de despacho de aduana expedida por dicho servicio.
El Finanzgericht Hamburg desestimó el recurso de Nordex. Según este órgano jurisdiccional, el Hauptzollamt Hamburg-Jonas está vinculado por la decisión de prórroga del plazo adoptada por el Zollamt Nesserland y no puede, por tanto, denegar el pago de la restitución por exportación basándose en la presentación tardía del certificado de exportación. Sin embargo, dado que los documentos que probaban el cumplimiento de todas las formalidades aduaneras de importación en Kosovo, aportados por Nordex durante el procedimiento judicial, no habían sido presentados dentro de los plazos señalados, a saber, en el plazo de doce meses establecido en el artículo 49, apartado 2, del Reglamento n
o
800/1999, o, de no ser posible, en el plazo de dieciocho meses establecido en el artículo 50, apartado 2, de dicho Reglamento, el referido órgano jurisdiccional consideró que no podía concederse la restitución por exportación solicitada y que procedía aplicar igualmente la sanción establecida en el artículo 51 del Reglamento n
o
800/1999.
Nordex interpuso recurso de casación contra esta resolución ante el Bundesfinanzhof (Tribunal Financiero Federal).
Dicho órgano jurisdiccional estima, en primer lugar, que la solución del litigio depende de la cuestión de si, en virtud del artículo 4 del Reglamento n
o
800/1999, el derecho a la restitución controvertida en el litigio principal se halla supeditado al cumplimiento de las normas de procedimiento que se derivan, en particular, del artículo 24, apartado 2, del Reglamento n
o
1291/2000. Precisa que, no obstante, esta cuestión únicamente se plantea en el supuesto de que el plazo suplementario concedido por la aduana de exportación para la presentación del certificado de exportación no fuera vinculante para la autoridad competente para el pago de las restituciones.
En segundo lugar, el Bundesfinanzhof alberga dudas en cuanto a la posibilidad de aplicar el plazo de doce meses establecido en el artículo 49, apartado 2, del Reglamento n
o
800/1999, en el supuesto de que la presentación fuera de plazo de la prueba de la llegada a su destino de las mercancías no hubiera impedido ni demorado el procedimiento de restitución y que las autoridades competentes hubieran denegado la solicitud de Nordex por otros motivos.
En tercer lugar, en lo que concierne a la aplicación de una sanción, el Bundesfinanzhof considera que del artículo 51, apartado 1, del Reglamento n
o
800/1999, tal y como lo interpreta el Tribunal de Justicia, no se desprende claramente que proceda aplicar igualmente una sanción cuando se demuestra que los documentos que prueban la llegada de las mercancías a su destino habían sido falsificados pero fueron remplazados durante el procedimiento judicial por otros documentos que cumplían los requisitos establecidos.
En estas circunstancias, el Bundesfinanzhof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Debe considerarse en la decisión sobre la concesión de una restitución por exportación que se ha presentado correctamente un certificado de exportación con arreglo al artículo 4, apartado 1, del Reglamento [n
o
800/1999] si la aduana de exportación ha admitido la declaración de exportación sin presentación del certificado, permitiendo al exportador presentarlo en un plazo determinado, condición cumplida posteriormente por el exportador?
2)
En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial: ¿exige el artículo 4, apartado 1, del Reglamento [n
o
800/1999] la presentación obligatoria del certificado de exportación en el mismo momento de presentar la declaración de exportación, o basta con que el exportador presente un certificado de exportación (obtenido antes de la exportación) durante el proceso de pago?
3)
¿Puede un exportador que inicialmente presentó documentos aduaneros falsificados para demostrar la llegada de la mercancía exportada al país de destino, seguir presentando eficazmente documentos aduaneros válidos una vez transcurridos los plazos establecidos para su presentación en el Reglamento [n
o
800/1999] si su presentación tardía no demora ni entorpece el desarrollo del proceso de pago, porque la solicitud de restitución inicialmente fue denegada por motivos distintos a la no aportación de dichas pruebas de llegada y éstas fueron presentadas después de conocerse la falsedad de dichos documentos?
4)
¿Ha de imponerse igualmente la sanción establecida en el artículo 51 del Reglamento [n
o
800/1999] si, pese a que la restitución por exportación solicitada se corresponde con la que efectivamente se ha de conceder, el exportador inicialmente presentó en el proceso de pago documentos en virtud de los cuales no se le habría podido conceder la restitución?».
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre la primera cuestión prejudicial
Mediante su primera cuestión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si puede considerarse que la presentación de un certificado de exportación se ha llevado a cabo de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento n
o
800/1999, si la exportación tuvo lugar sin que se hubiera presentado dicho certificado, cuya existencia, no obstante, se había demostrado en el momento de la declaración de exportación y el cual fue presentado por el exportador dentro del plazo suplementario de una semana concedido a tal efecto por la aduana.
Procede señalar que el artículo 4, apartado 1, del Reglamento n
o
800/1999 dispone que el derecho a la restitución estará supeditado a la presentación de un certificado de exportación en el servicio aduanero competente.
Dado que el artículo 4 del Reglamento n
o
800/1999 figura en la parte que recoge las disposiciones generales de este último relativas al derecho a la restitución, es preciso señalar que el Tribunal de Justicia ha declarado, en lo que respecta al artículo 3 del Reglamento (CEE) n
o
3665/87 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1987, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de restituciones a la exportación para los productos agrícolas (
DO L 351, p. 1
), que corresponde al artículo 5 del Reglamento n
o
800/1999 y que forma parte de las mismas disposiciones generales, que la información a la que se refiere dicho artículo 3 no sirve únicamente para el cálculo del importe exacto de la restitución, sino principalmente para determinar si existe o no un derecho a la restitución y para activar el sistema de comprobación de la solicitud de restitución (sentencia Dachsberger & Söhne, C‑77/08,
EU:C:2009:172
, apartado 24 y jurisprudencia citada).
En lo que respecta a las comprobaciones que han de llevarse a cabo, el artículo 5, apartado 7, del Reglamento n
o
800/1999 dispone que la oficina de aduanas competente deberá estar en condiciones de realizar el control físico de los productos para los que se haya solicitado una restitución por exportación y de aplicar las medidas de identificación necesarias para el transporte hacia la oficina de salida del territorio aduanero de la Unión.
En efecto, tales controles son necesarios para poder alcanzar los objetivos de la normativa de la Unión en materia de restituciones por exportación (véanse, en este sentido, las sentencias Dachsberger & Söhne,
EU:C:2009:172
, apartado 41 y la jurisprudencia citada, y Südzucker y otros, C‑608/10, C‑10/11 y C‑23/11,
EU:C:2012:444
, apartado 43).
De ello se desprende que la presentación del certificado de exportación es un elemento esencial del sistema de verificación de las solicitudes de restitución.
Sin embargo, el Reglamento n
o
800/1999 no contiene ninguna precisión en lo que respecta a los requisitos que ha de cumplir la presentación del certificado de exportación. Estas precisiones resultan del Reglamento n
o
1291/2000. Así, del considerando decimoquinto de dicho reglamento se desprende que el referido certificado confiere el derecho de exportar y, debido a esta circunstancia, debe presentarse en el momento de la aceptación de la declaración de exportación.
El artículo 24, apartado 1, del Reglamento n
o
1291/2000 dispone que el certificado de exportación se presentará en la aduana donde se acepte la declaración relativa a la exportación. Conforme al artículo 24, apartado 2, de dicho Reglamento, el certificado se presentará o se mantendrá a disposición de las autoridades aduaneras en el momento de la aceptación de la declaración.
No obstante lo dispuesto en el artículo 24 de dicho Reglamento, el artículo 25 de este último admite que un Estado miembro permita que el certificado de exportación se presente al organismo expedidor o, en su caso, a la autoridad encargada del pago de la restitución.
Además, según el decimosexto considerando del mismo Reglamento, en el caso de los procedimientos simplificados de exportación, puede dispensarse la presentación del certificado de exportación al servicio de aduanas o bien ésta puede efectuarse posteriormente; no obstante, el exportador debe estar en posesión de dicho certificado en la fecha considerada como fecha de aceptación de la declaración de exportación y tener este documento a disposición del servicio de aduanas.
Así pues, de los artículos 24 y 25 del Reglamento n
o
1291/2000 y de su decimosexto considerando se desprende que el legislador de la Unión tenía la intención de establecer, en determinadas circunstancias, la posibilidad de que el exportador pusiera el certificado de exportación a disposición del servicio de aduanas, o lo presentase, posteriormente.
Por lo tanto, la propia existencia de estas excepciones demuestra que la presentación del certificado de exportación en el momento de la aceptación de la declaración relativa a la exportación no es, en ningún caso, un requisito indispensable para la concesión de la restitución por exportación, siempre que, no obstante, los objetivos de la normativa de la Unión en el ámbito de las restituciones por exportación no se vean comprometidos y que las autoridades competentes hayan podido llevar a cabo los controles físicos.
Procede comenzar señalando que en el caso de autos es pacífico que el certificado de exportación existía en el momento de la aceptación de la declaración de exportación y que la aduana competente tuvo conocimiento del mismo. A continuación, el retraso en la transmisión a dicha aduana del certificado de exportación expedido por las autoridades danesas no puede imputarse directamente a Nordex. Por último, de la resolución de remisión no se desprende que la presentación de dicho certificado de exportación después de haber presentado la declaración de exportación hubiera obstaculizado los controles físicos necesarios realizados por la aduana competente.
En lo que atañe a la cuestión de si la autoridad competente para el pago de la restitución por exportación podía oponerse a la decisión de conceder un plazo suplementario adoptada por la autoridad aduanera competente, procede recordar que la normativa aduanera de la Unión debe interpretarse en el sentido de que la oficina de aduanas competente para efectuar el pago de dicha restitución queda vinculada por la decisión de la oficina de aduana de exportación, siempre que la referida decisión cumpla todos los requisitos formales y materiales de una «decisión» establecidos tanto en el artículo 4, apartado 5, del Código aduanero como en las disposiciones pertinentes del Derecho nacional de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia Südzucker y otros,
EU:C:2012:444
, apartados 64 a 67).
No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si la decisión controvertida cumple tales requisitos (véase, en este sentido, la sentencia Südzucker y otros,
EU:C:2012:444
, apartado 67).
De las anteriores consideraciones se desprende que el artículo 4, apartado 1, del Reglamento n
o
800/1999, en relación con el artículo 24 del Reglamento n
o
1291/2000, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la concesión de una restitución por importación en circunstancias como las del litigio principal, en las que la exportación tuvo lugar sin que se hubiera presentado un certificado de exportación, cuya existencia, no obstante, se había demostrado en el momento de la declaración de exportación y el cual fue presentado por el exportador dentro del plazo suplementario de una semana concedido a tal efecto por la aduana competente.
Sobre la segunda cuestión prejudicial
A la vista de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, no procede responder a la segunda cuestión prejudicial.
Sobre la tercera cuestión prejudicial
Mediante su tercera cuestión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el exportador que presentó documentos aduaneros falsificados para probar la llegada de las mercancías exportadas al país de destino puede presentar, una vez transcurridos los plazos establecidos en los artículos 49 y 50 del Reglamento n
o
800/1999, documentos aduaneros válidos en un procedimiento judicial en curso relativo a la concesión de la restitución por exportación siendo así que dicha concesión se demoró por motivos ajenos a la prueba de la llegada de las referidas mercancías.
Con carácter preliminar, procede recordar que, de conformidad con el artículo 49, apartado 1, del Reglamento n
o
800/1999, el exportador debe presentar una solicitud expresa de abono de la restitución por exportación. En virtud del artículo 49, apartado 2, de dicho Reglamento, salvo en caso de fuerza mayor el exportador dispone de un plazo de doce meses siguientes a la fecha de aceptación de la declaración de exportación para presentar ante las autoridades nacionales competentes el expediente para el pago de la restitución.
En lo que atañe a este plazo de doce meses, el Tribunal de Justicia ha declarado, por un lado, que este plazo tiene en cuenta el interés de las Administraciones de los Estados miembros en cerrar los expedientes de restituciones por exportación en un plazo razonable (véase, en este sentido, respecto de las disposiciones equivalentes que figuran en el artículo 47, apartado 2, del Reglamento n
o
3665/87, la sentencia Eribrand, C‑467/01,
EU:C:2003:364
, apartado 40).
Por otro lado, la normativa de la Unión también toma en consideración el hecho de que los exportadores pueden encontrar dificultades para obtener los documentos aduaneros de las autoridades del Estado tercero de importación, sobre las que no poseen medios de presión. En este contexto confiere a las autoridades nacionales competentes la posibilidad de conceder al exportador plazos suplementarios (véase, en este sentido, la sentencia Eribrand,
EU:C:2003:364
, apartados 41 y 42).
En efecto, se desprende del sistema y espíritu de la normativa aplicable, y más concretamente del artículo 49 del Reglamento n
o
800/1999, que éste pretende no privar automáticamente al exportador diligente de las restituciones previstas cuando éste, a pesar de haber hecho todo lo que tenía que hacer, no ha podido presentar los documentos requeridos para el pago de la restitución por haberse perdido los referidos documentos como consecuencia de circunstancias que no le son imputables (véase, en este sentido, la sentencia Bonn Fleisch, C‑1/06,
EU:C:2007:396
, apartado 46).
Así, el artículo 49, apartado 4, del Reglamento n
o
800/1999 dispone que en caso de que un exportador no haya podido presentar los documentos que prueben el cumplimiento de la formalidades aduaneras de importación dentro del plazo de doce meses, a pesar de haber hecho lo posible para obtenerlos y presentarlos dentro de dicho plazo, se le podrán conceder plazos suplementarios para la presentación de dichos documentos cuando los solicite.
Si bien el tenor del artículo 49 del Reglamento n
o
800/1999 no contiene ninguna restricción relativa a la duración de los plazos suplementarios que pueden concederse, de la referencia expresa contenida en el artículo 50, apartado 2, de este Reglamento a los plazos previstos en el artículo 49, apartados 2 y 4, de éste se desprende que, en caso de que se haya concedido un plazo suplementario al exportador, este último dispone aún de un período de seis meses después de la expiración de dicho plazo para completar su expediente y obtener así el pago del 85 % de la restitución que se debería haber pagado si se hubiesen cumplido todos los requisitos (véase, en este sentido, la sentencia Eribrand,
EU:C:2003:364
, apartado 45).
Sin embargo, según se desprendía del vigésimo quinto considerando del Reglamento n
o
3665/87, cuando se hayan sobrepasado los plazos de exportación o los plazos de presentación de las pruebas necesarias para obtener el pago de la restitución, no se concederá dicha restitución. Además, el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en lo que respecta a este Reglamento, que el incumplimiento de las normas de procedimiento contenidas en la normativa puede provocar una reducción o incluso una pérdida de los derechos a una restitución a la exportación y que así ocurre, en particular, cuando un exportador sólo presenta las pruebas necesarias para lograr una restitución a la exportación después de que hayan expirado los plazos contemplados en los artículos 47, apartado 2, y 48, apartado 2, del citado Reglamento, cuyo contenido es, en esencia, idéntico al de los artículos 49, apartado 2, y 50, apartado 2, del Reglamento n
o
800/1999 (sentencia Laub, C‑428/05,
EU:C:2007:368
, apartado 16).
Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que la presentación tardía de la prueba de la llegada de las mercancías exportadas al país de destino no hubiera tenido ninguna repercusión sobre el desarrollo del procedimiento relativo a la concesión de la restitución por exportación, el cual se había demorado por motivos ajenos a aquellos relativos a la prueba de llegada.
Admitir tal presentación tardía privaría de todo efecto útil no sólo a los artículos 49 y 50 del Reglamento n
o
800/1999 y a la facultad de que disponen las autoridades competentes para conceder una prórroga de los plazos a petición del exportador, sino también al procedimiento de verificación de las solicitudes de restitución. En efecto, si se permitiera la presentación de documentos válidos que aportasen la prueba de la llegada de las mercancías exportadas al país de destino después de que se haya comprobado la falsificación de los documentos aduaneros inicialmente presentados, el exportador podría adaptar su solicitud de restitución según su conveniencia o conforme al resultado de un eventual control, y evitar de este modo la imposición de las sanciones establecidas en el artículo 51 del Reglamento n
o
800/1999, privando así a este último de su carácter disuasorio y de gran parte de su efecto útil.
En este mismo contexto, la duración de las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades nacionales competentes que permitieron comprobar la falsificación de los documentos en los que se certifica la llegada de las mercancía exportadas al país de destino no puede asimilarse a un caso de fuerza mayor, en el sentido del artículo 49, apartado 2, del Reglamento n
o
800/1999, puesto que, según se desprende del penúltimo considerando del Reglamento n
o
3665/87, los retrasos de las autoridades nacionales pueden constituir un caso de fuerza mayor cuando son de carácter administrativo y no son imputables al exportador.
Pues bien, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, si bien es cierto que el comportamiento culposo o el error de un cocontratante del exportador pueden constituir una circunstancia que escapa al control de este último, no lo es menos que constituyen un riesgo comercial habitual y no pueden considerarse imprevisibles en las transacciones comerciales. El exportador puede elegir libremente a sus cocontratantes y le incumbe tomar las adecuadas precauciones, bien mediante la inclusión de cláusulas a tal efecto en los contratos pertinentes, bien mediante la contratación de un seguro específico a tal efecto (véanse, en este sentido, las sentencias AOB Reuter, C‑143/07,
EU:C:2008:249
, apartado 36 y jurisprudencia citada, y Eurofit, C‑99/12,
EU:C:2013:487
, apartado 43).
De las anteriores consideraciones se desprende que los artículos 49 y 50 del Reglamento n
o
800/1999 deben interpretarse en el sentido de que, salvo en caso de fuerza mayor, el exportador que presentó, para probar la llegada de las mercancías exportadas al país de destino, documentos aduaneros que posteriormente se comprobó habían sido falsificados, no puede presentar, una vez transcurridos los plazos establecidos en dichos artículos, documentos aduaneros válidos en un procedimiento judicial en curso relativo a la concesión de la restitución por exportación aunque dicha concesión se hubiera demorado por motivos ajenos a la prueba de la llegada de las referidas mercancías.
Sobre la cuarta cuestión prejudicial
Mediante su cuarta cuestión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n
o
800/1999 debe interpretarse en el sentido de que procede imponer la sanción establecida en dicha disposición en caso de que el exportador haya presentado dentro de los plazos señalados documentos probatorios de la llegada de las mercancías exportadas al país de destino que se demostró habían sido falsificados, siendo así que de los documentos válidos aportados durante el procedimiento se desprende que la restitución por exportación solicitada corresponde a aquella que debería habérsele concedido.
Para apreciar el alcance del artículo 51 del Reglamento n
o
800/1999, procede recordar que, con arreglo a los considerandos 63 y 64 de este Reglamento, la normativa de la Unión tiene como finalidad, a la luz de la experiencia adquirida, la lucha contra las irregularidades y, especialmente, contra el fraude, perjudiciales para el presupuesto comunitario de la Unión, para lo que se establecen sanciones que se dirigen a inducir a los exportadores a respetar las normas en este ámbito (véase, en este sentido, la sentencia Elfering Export, C‑27/05,
EU:C:2006:260
, apartado 31), sin que el elemento subjetivo de la culpa en que haya incurrido el exportador tenga influencia alguna al respecto (sentencia Eurofit,
EU:C:2013:487
, apartado 38).
De ello se desprende que la responsabilidad en la que se fundamenta la sanción prevista en el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n
o
800/1999 tiene un carácter esencialmente objetivo (véase, en lo que respecta a lo dispuesto en el artículo 11, apartado 1, párrafo primero, letra a), del Reglamento n
o
3665/87, cuyo contenido es esencialmente idéntico al de esta disposición del Reglamento n
o
800/1999, la sentencia AOB Reuter,
EU:C:2008:249
, apartado 19). De ello se desprende que la reducción de la restitución establecida en el artículo 51, apartado 1, párrafo primero, letra a), del Reglamento n
o
800/1999 es aplicable incluso cuando el exportador no ha cometido falta alguna (véase, en este sentido, la sentencia AOB Reuter,
EU:C:2008:249
, apartado 17).
Es preciso señalar igualmente que las normas relativas a las sanciones persiguen que se respete la normativa de la Unión, en general, y no sólo una parte de ésta o unas disposiciones específicas (véase, la sentencia Elfering Export,
EU:C:2006:260
, apartado 32). En consecuencia, las disposiciones relativas a las sanciones no distinguen entre los requisitos formales relativos al cumplimiento de los plazos y los requisitos materiales referentes al contenido de las declaraciones.
Pues bien, en el caso de autos, se comprobó que los documentos que probaban la llegada de las mercancías exportadas al país de destino y que fueron aportados dentro de los plazos establecidos por la normativa habían sido falsificados. Por lo tanto, dado que el exportador de que se trata no presentó dentro de los plazos todos los documentos exigidos por la normativa controvertida, debía imponérsele la sanción establecida en el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n
o
800/1999, a menos que pudiera aplicársele uno de los casos de exención que figuran en la lista exhaustiva mencionada en el artículo 51, apartado 3, de dicho Reglamento, a la cual no puede añadirse un nuevo supuesto de exención, basado, en particular, en la falta de comportamiento culposo del exportador (véanse, en este sentido, las sentencias AOB Reuter,
EU:C:2008:249
, apartado 36, y Eurofit,
EU:C:2013:487
, apartado 43).
De las anteriores consideraciones se desprende que el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n
o
800/1999 debe interpretarse en el sentido de que procede imponer la sanción establecida en dicha disposición en caso de que el exportador haya presentado dentro de los plazos señalados documentos probatorios de la llegada de las mercancías exportadas al país de destino que se demostró habían sido falsificados, aunque de los documentos válidos aportados durante el procedimiento se desprenda que la restitución por exportación solicitada corresponde a aquella que debería habérsele concedido.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:

1)
El artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n
o
800/1999 de la Comisión, de 15 de abril de 1999, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de restituciones por exportación de productos agrícolas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n
o
2299/2001 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2001, en relación con el artículo 24 del Reglamento (CE) n
o
1291/2000 de la Comisión, de 9 de junio de 2000, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada para los productos agrícolas, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la concesión de una restitución por importación en circunstancias como las del litigio principal, en las que la exportación tuvo lugar sin que se hubiera presentado un certificado de exportación, cuya existencia, no obstante, se había demostrado en el momento de la declaración de exportación y el cual fue presentado por el exportador dentro del plazo suplementario de una semana concedido a tal efecto por la aduana competente.

2)
Los artículos 49 y 50 del Reglamento n
o
800/1999, en su versión modificada por el Reglamento n
o
2299/2001, deben interpretarse en el sentido de que, salvo en caso de fuerza mayor, el exportador que presentó, para probar la llegada de las mercancías exportadas al país de destino, documentos aduaneros que posteriormente se comprobó habían sido falsificados, no puede presentar, una vez transcurridos los plazos establecidos en dichos artículos, documentos aduaneros válidos en un procedimiento judicial en curso relativo a la concesión de la restitución por exportación aunque dicha concesión se hubiera demorado por motivos ajenos a la prueba de la llegada de las referidas mercancías.

3)
El artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n
o
800/1999, en su versión modificada por el Reglamento n
o
2299/2001, debe interpretarse en el sentido de que procede imponer la sanción establecida en dicha disposición en caso de que el exportador haya presentado dentro de los plazos señalados documentos probatorios de la llegada de las mercancías exportadas al país de destino que se demostró habían sido falsificados, aunque de los documentos válidos aportados durante el procedimiento se desprenda que la restitución por exportación solicitada corresponde a aquella que debería habérsele concedido.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.