CELEX: 62009CJ0065
Protección de los consumidores
Venta y garantías de los bienes de consumo
Directiva 1999/44/CE
Artículo 3, apartados 2 y 3
Sustitución del bien defectuoso como única forma de saneamiento
Bien defectuoso que ya ha sido instalado por el consumidor
Obligación del vendedor de retirar el bien defectuoso y de instalar el bien de sustitución
Desproporción absoluta
Consecuencias

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 3, apartados 2 y 3, párrafo tercero,
de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la
venta y las garantías de los bienes de consumo (DO L 171, p. 12; en lo sucesivo, «Directiva»).
Dichas peticiones se presentaron en el marco de sendos litigios entre, por una parte, en el asunto C‑65/09, Gebr. Weber GmbH
(en lo sucesivo, «Gebr. Weber») y el Sr. Wittmer, en relación con la entrega de baldosas de conformidad con el contrato de
compraventa, así como con el pago de una indemnización y, por otra, en el asunto C‑87/09, la Sra. Putz y Medianess Electronics
GmbH (en lo sucesivo, «Medianess Electronics»), en relación con el reembolso del precio de venta de un lavavajillas no conforme
con el contrato de compraventa, a trueque de la devolución de dicho aparato.

Marco jurídico

Normativa de la Unión
El primer considerando de la Directiva enuncia:
«Considerando que los apartados 1 y 3 del artículo 153 [CE] disponen que la Comunidad contribuirá a que se alcance un alto
nivel de protección de los consumidores mediante las medidas que adopte en virtud del artículo 95 [CE]».
Los considerandos noveno a undécimo de la Directiva son del siguiente tenor literal:
«(9)      Considerando que el vendedor debe ser el responsable directo ante el consumidor de la conformidad de los bienes con el contrato;
[…] que, no obstante, el vendedor debe poder, conforme a la legislación nacional, entablar acciones contra el productor, el
vendedor anterior o contra cualquier otro intermediario de la cadena contractual salvo que hubiese renunciado a ese derecho;
que la presente Directiva no afectará al principio de libertad contractual entre el vendedor, el productor, un vendedor anterior
o cualquier otro intermediario; que la legislación nacional deberá determinar las normas que regulan contra quién podrá actuar
el vendedor y las modalidades de dicha acción;
(10)      Considerando que, en caso de que el producto no sea conforme al contrato, los consumidores deben tener derecho a que los bienes
se conformen a él sin cargo alguno, pudiendo elegir entre su reparación y su sustitución o, en su defecto, obtener una reducción
del precio o la resolución del contrato;
(11)      Considerando que el consumidor podrá en primer lugar exigir al vendedor la reparación o la sustitución del bien salvo si ello
resulta imposible o desproporcionado; que deberá determinarse de forma objetiva si esta forma de saneamiento es desproporcionada
o no; que una forma de saneamiento es desproporcionada cuando impone gastos que no son razonables en comparación con otras
formas de saneamiento; que para determinar si los gastos no son razonables, los correspondientes a una forma de saneamiento
deben ser considerablemente más elevados que los gastos correspondientes a la otra».
El artículo 1 de la Directiva, con la rúbrica «Ámbito de aplicación y definiciones», dispone:
«1.      La presente Directiva tiene por objeto aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros sobre determinados aspectos de la venta y de las garantías de los bienes de consumo, con el fin de garantizar un
nivel mínimo uniforme de protección de los consumidores en el marco del mercado interior.
2.      A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
[...]
f)      “reparación”: en caso de falta de conformidad, poner el bien de consumo en un estado que sea conforme al contrato de venta.
[...]»
El artículo 2 de la Directiva, con la rúbrica «Conformidad con el contrato», establece:
«1.      El vendedor estará obligado a entregar al consumidor un bien que sea conforme al contrato de compraventa.
[...]
5.      La falta de conformidad que resulte de una incorrecta instalación del bien de consumo se presumirá equiparable a la falta
de conformidad del bien cuando la instalación esté incluida en el contrato de compraventa del bien y haya sido realizada por
el vendedor o bajo su responsabilidad. Esta disposición también será aplicable cuando se trate de un bien cuya instalación
esté previsto que sea realizada por el consumidor, sea éste quien lo instale o la instalación defectuosa se deba a un error
en las instrucciones de instalación.»
El artículo 3 de la Directiva, con la rúbrica «Derechos del consumidor», dispone:
«1.      El vendedor responderá ante el consumidor de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien.
2.      En caso de falta de conformidad, el consumidor podrá exigir que los bienes sean puestos en conformidad mediante la reparación
o la sustitución del bien sin cargo alguno, de conformidad con el apartado 3, o una reducción adecuada del precio o la resolución
del contrato respecto de dicho bien, de conformidad con los apartados 5 y 6.
3.      En primer lugar, el consumidor podrá exigir al vendedor que repare el bien o que lo sustituya, en ambos casos sin cargo alguno,
salvo que ello resulte imposible o desproporcionado.
Se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma
de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta:
–        el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad,
–        la relevancia de la falta de conformidad, y
–        si la falta de saneamiento alternativa pudiese realizarse sin inconvenientes mayores para el consumidor.
Toda reparación o sustitución deberá llevarse a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor,
habida cuenta de la naturaleza de los bienes y de la finalidad que tuvieran los bienes para el consumidor.
4.      La expresión “sin cargo alguno”, utilizada en los apartados 2 y 3, se refiere a los gastos necesarios realizados para subsanar
la falta de conformidad de los bienes con el contrato, especialmente los gastos de envío, así como los costes relacionados
con la mano de obra y los materiales.
5.      El consumidor tendrá derecho a una reducción adecuada del precio o a la resolución del contrato:
–      si no puede exigir ni la reparación ni la sustitución, o
–      si el vendedor no hubiera llevado a cabo el saneamiento en un plazo razonable, o
–        si el vendedor no hubiera llevado a cabo el saneamiento sin mayores inconvenientes para el consumidor.
6.      El consumidor no tendrá derecho a resolver el contrato si la falta de conformidad es de escasa importancia.»
El artículo 4 de la Directiva, con la rúbrica «Recursos», dispone:
«Cuando el vendedor final deba responder ante el consumidor por falta de conformidad resultante de una acción u omisión del
productor, de un vendedor anterior perteneciente a la misma cadena contractual o de cualquier otro intermediario, el vendedor
final podrá emprender acciones contra la persona responsable en la cadena contractual. La legislación nacional determinará
quién es el responsable, o los responsables, contra los que podrá emprender acciones el vendedor final, así como las acciones
y las condiciones de ejercicio correspondientes.»
El artículo 5 de la Directiva, con la rúbrica «Plazos», establece en su apartado 1, primera frase:
«El vendedor deberá responder de conformidad con el artículo 3 cuando la falta de conformidad se manifieste dentro de un plazo
de dos años a partir de la entrega del bien.»
El artículo 7 de la Directiva, con la rúbrica «Carácter imperativo de las disposiciones», prevé lo siguiente:
«1.      Las cláusulas contractuales o los acuerdos celebrados con el vendedor, antes de que se indique a éste la falta de conformidad,
que excluyan o limiten directa o indirectamente los derechos conferidos por la presente Directiva, no vincularán al consumidor,
con arreglo a lo establecido en el Derecho nacional.
[...]»
El artículo 8 de la Directiva, con la rúbrica «Derecho interno y protección mínima», establece:
«1.      Los derechos conferidos por la presente Directiva se ejercerán sin perjuicio de otros derechos que pueda invocar el consumidor
en virtud de otras normas nacionales relativas a la responsabilidad contractual o extracontractual.
2.      Los Estados miembros podrán adoptar o mantener, en el ámbito regulado por la presente Directiva, disposiciones más exigentes,
compatibles con el Tratado, para garantizar al consumidor un nivel de protección más elevado.»

Normativa nacional
El artículo 433, apartado 1, del Bürgerliches Gesetzbuch (Código civil alemán; en lo sucesivo, «BGB»), con la rúbrica «Obligaciones
derivadas del contrato de compraventa», establece:
«Mediante el contrato de compraventa, el vendedor de un bien estará obligado a realizar su entrega al comprador y a transmitirle
la propiedad sobre el bien. El vendedor estará obligado a transmitir el bien al comprador libre de defectos tanto de carácter
material como de carácter jurídico.»
El artículo 434 del BGB, con la rúbrica «Defectos materiales», dispone:
«1.      El bien estará exento de todo defecto de carácter material si, en el momento de la transmisión de riesgos, se encuentra en
las condiciones pactadas. [...]»
El artículo 437 del BGB, con la rúbrica «Derechos del comprador en caso de existencia de defectos», es del siguiente tenor
literal:
«Si el bien fuere defectuoso, el comprador podrá, siempre que concurran las condiciones establecidas en las normas siguientes
y salvo disposición en contrario,
1)      exigir el cumplimiento
a posteriori
de conformidad con el artículo 439,
2)      resolver el contrato, según el artículo 440, el artículo 323 y el artículo 326, apartado 5, o rebajar el precio de la venta
con arreglo al artículo 441,
3)      exigir el resarcimiento de daños y perjuicios, según los artículos 440, 280, 281, 283 y 311a o la devolución de los gastos
que hubiera tenido que sufragar, con arreglo al artículo 284.»
El artículo 439 del BGB, con la rúbrica «Ejecución
a posteriori»
, reza del siguiente modo:
«1.      El comprador podrá, a su elección, en concepto de ejecución
a posteriori,
solicitar la reparación del defecto, o bien la entrega de un bien libre de defectos.
2.      El vendedor deberá hacer frente a los gastos necesarios para la ejecución
a posteriori,
en particular, al coste relativo al transporte, al viaje, a la mano de obra y a los materiales.
3.      El vendedor [...] podrá negarse a la forma de ejecución
a posteriori
elegida si implicara obligatoriamente costes desproporcionados. Deberá tenerse en cuenta especialmente el valor del bien libre
de defectos, la importancia del defecto y si es preferible la otra forma de ejecución
a posteriori
sin inconvenientes mayores para el comprador. En tal caso, el derecho del comprador se limitará a la otra forma de ejecución
a posteriori;
el vendedor conservará el derecho a negarse igualmente a esta forma si concurren los requisitos de la primera frase.
4.      En el supuesto de que el vendedor entregara un bien no defectuoso a modo de ejecución
a posteriori,
podrá exigir del comprador la restitución del bien defectuoso [...]»

Litigios principales y cuestiones prejudiciales

En el asunto C‑65/09
El Sr. Wittmer y Gebr. Weber otorgaron un contrato de compraventa sobre unas baldosas pulidas al precio de 1.382,27 euros.
Tras la colocación de alrededor de dos tercios de dichas baldosas en su casa, el Sr. Wittmer detectó en ellas unos sombreados
que podían percibirse a simple vista.
Por consiguiente, el Sr. Wittmer presentó una reclamación a la que se opuso Gebr. Weber tras concertación con el fabricante
de las referidas baldosas. En unas diligencias preliminares para la práctica de prueba instadas por el demandante, el perito
designado llegó a la conclusión de que los sombreados aludidos eran microrrestos de lijado que no podían desaparecer, de modo
que la sustitución completa de las baldosas constituía el único medio posible de saneamiento. El perito estimó los gastos
de dicha operación en 5.830,57 euros.
Ante la falta de respuesta al requerimiento que remitió a Gebr. Weber, el Sr. Wittmer demandó a esta sociedad ante el Landgericht
Kassel al objeto de obtener la entrega de unas baldosas libres de vicios y el pago de la cantidad de 5.830,57 euros. Dicho
órgano jurisdiccional condenó a Gebr. Weber a pagar al Sr. Wittmer la cantidad de 273,10 euros, en concepto de reducción del
precio de venta, y desestimó la demanda en cuanto al resto. En sede de apelación, promovida por el Sr. Wittmer contra la sentencia
del Landgericht Kassel, el Oberlandesgericht Frankfurt, por una parte, condenó a Gebr. Weber a entregar unas baldosas nuevas,
libres de defectos, y a pagar al Sr. Wittmer la cantidad de 2.122,37 euros por la retirada y el desecho de las baldosas no
conformes con lo acordado y, por otra, desestimó la demanda en todo lo demás.
Gebr. Weber interpuso un recurso de casación contra la sentencia del Oberlandesgericht Frankfurt ante el Bundesgerichtshof,
el cual hace constar que su resolución dependerá de si el tribunal de apelación estimó acertadamente que el Sr. Wittmer podía
solicitar el reembolso de los gastos relativos a la retirada de las baldosas defectuosas. En el supuesto de que, en virtud
del Derecho alemán, el Sr. Wittmer no pudiera aspirar a tal reembolso, la respuesta a dicha cuestión dependería de la interpretación
del artículo 3, apartados 2 y 3, párrafo tercero, de la Directiva, de conformidad con la cual debería, en su caso, interpretarse
el artículo 439 del BGB.
El Bundesgerichtshof observa a este respecto que del uso del término «sustitución» en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva
podría deducirse la existencia de una obligación no sólo de entregar un bien conforme a lo acordado, sino también de reemplazar
el bien defectuoso y, por lo tanto, de proceder a su retirada. Además, la obligación de tener en cuenta la naturaleza y la
finalidad del bien, establecida en el artículo 3, apartado 3, junto con la obligación de puesta de éste en conformidad, puede,
a juicio de dicho tribunal, indicar que la obligación del vendedor, en relación con la sustitución del bien, comprende no
sólo la entrega de un bien idóneo, sino también la retirada del bien defectuoso, para permitir un uso del bien de sustitución
conforme a su naturaleza y a su finalidad.
El Bundesgerichtshof señala que, no obstante, no sería necesario resolver dicha cuestión si Gebr. Weber pudiera lícitamente
negarse a reembolsar los gastos relativos a la retirada de las baldosas no conformes debido a su carácter desproporcionado.
Este órgano jurisdiccional expone que, en virtud del artículo 439, apartado 3, del BGB, el vendedor puede rechazar la forma
de ejecución
a posteriori
elegida por el comprador no sólo cuando esa forma de ejecución le imponga gastos desproporcionados en relación con la otra
forma de ejecución («desproporción relativa»), sino también cuando el coste de la forma elegida por el comprador, aunque sea
la única forma posible, es intrínsecamente desproporcionado («desproporción absoluta»). Considera que, en el caso de autos,
el requerimiento para la ejecución
a posteriori
mediante la entrega de unas baldosas idóneas supone tal caso de «desproporción absoluta», habida cuenta de que, según parece,
obliga a Gebr. Weber a hacer frente, además de al coste de la referida entrega, estimado en 1.200 euros, a los gastos de retirada
de las baldosas no conformes por un importe de 2.100 euros, es decir, al total de 3.300 euros, cantidad que excede del límite
del 150 % del valor del bien libre de defectos, sobre la base del cual debe apreciarse,
a priori,
la proporcionalidad de tal requerimiento.
El Bundesgerichtshof considera, sin embargo, que la posibilidad que otorga el Derecho nacional al vendedor, de negarse a la
ejecución
a posteriori,
a causa de tal desproporción absoluta del coste de ésta, podría ser incompatible con el artículo 3, apartado 3, de la Directiva,
el cual, según sus términos, sólo parece referirse a la desproporción relativa. Manifiesta que, no obstante, no se descarta
que la negativa basada en una desproporción absoluta esté comprendida en el ámbito del concepto de «imposibilidad», previsto
en el mismo artículo 3, apartado 3, en la medida en que no puede presumirse que la Directiva prevea únicamente los casos de
imposibilidad física y pretenda imponer al vendedor una ejecución
a posteriori
carente de sentido en el plano económico.
En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof acordó suspender el curso de las actuaciones y plantear al Tribunal de Justicia
las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Debe interpretarse lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3, párrafos primero y segundo, de la Directiva [...] en el sentido
de que se oponen a una disposición legislativa nacional que prevea que el vendedor que hubiera entregado un bien no conforme
con el contrato pueda rechazar la forma de saneamiento exigida por el consumidor, en particular, cuando ésta le imponga costes
que no sean razonables (absolutamente desproporcionados) con respecto al valor que tendría el bien si en él no se diera falta
de conformidad y a la importancia de la falta de conformidad?
2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿debe interpretarse lo dispuesto en el artículo 3, apartados 2 y 3,
párrafo tercero, de la Directiva [...] en el sentido de que, en caso de puesta en conformidad del bien mediante sustitución,
el vendedor deberá sufragar los gastos inherentes a la retirada del bien no conforme del lugar en el que el consumidor lo
hubiera instalado de acuerdo con su naturaleza y su finalidad?»

En el asunto C‑87/09
La Sra. Putz y Medianess Electronics celebraron, a través de Internet, un contrato de compraventa sobre un lavavajillas nuevo
por el precio de 367 euros, al que deben añadirse los gastos de entrega, que ascienden a 9,52 euros. Las partes convinieron
que se produciría la entrega de dicho bien delante de la puerta de entrada del domicilio de la Sra. Putz. La entrega del lavavajillas
y el pago del precio tuvieron lugar según lo pactado.
Después de que la Sra. Putz hiciera instalar el lavavajillas en su domicilio, resultó que era defectuoso y que su reparación
era imposible, sin que las operaciones de instalación del referido aparato pudieran ser la causa de los correspondientes vicios.
En consecuencia, las partes convinieron que se procedería a la sustitución de dicho lavavajillas. Al respecto, la Sra. Putz
exigió que Medianess Electronics no sólo entregara un nuevo lavavajillas, sino que igualmente retirara el aparato defectuoso
y que instalara el aparato de sustitución o que sufragara los gastos de retirada y de nueva instalación, a lo cual se negó
dicha sociedad. Toda vez que Medianess Electronics no contestó el requerimiento que la Sra. Putz le había remitido, ésta resolvió
el contrato de compraventa.
Entonces la Sra. Putz demandó a Medianess Electronics ante el Amtsgericht Schorndorf al objeto de obtener la devolución del
precio de compraventa contra el extorno del lavavajillas defectuoso.
La resolución de remisión puntualiza que, según el Derecho alemán, la validez de la resolución del contrato de compraventa
depende de si la Sra. Putz fijó vanamente a Medianess Electronics un plazo adecuado para la ejecución
a posteriori
del contrato, limitándose a exigir aquello de lo que dicha sociedad era responsable. Añade que, por consiguiente, para la
resolución del litigio, es necesario determinar si la Sra. Putz podía exigir a Medianess Electronics que retirara el aparato
defectuoso y que instalara el nuevo aparato, o que se hiciera cargo de los gastos inherentes a tales operaciones.
El Amtsgericht Schorndorf señala, a este respecto, que el Derecho alemán no dispone que el vendedor que no haya observado
un comportamiento culposo esté obligado a hacerse cargo de la retirada del bien defectuoso y de la instalación del bien de
sustitución, ni siquiera en el supuesto de que el consumidor ya hubiera instalado el bien defectuoso conforme a su finalidad,
antes de que sobreviniera el defecto. Estima, sin embargo, que tal obligación podría derivarse de la Directiva, en la medida
en que el objetivo de ésta es garantizar un alto grado de protección de los consumidores y que, en su artículo 3, apartado
3, párrafo tercero, establece que toda sustitución debe realizarse sin inconvenientes mayores para el consumidor.
Dicho órgano jurisdiccional observa que, si no se reembolsan al comprador los gastos de instalación del bien de sustitución,
debe hacer frente a tales gastos dos veces, es decir, una primera vez para la instalación del bien defectuoso y una segunda
vez para la instalación del bien de sustitución. Ahora bien, si la entrega se hubiera realizado con arreglo a lo estipulado
contractualmente, no habría tenido que sufragarlos más que una sola vez. El Amtsgericht Schorndorf considera que cabe ciertamente
pensar que el vendedor debe estar obligado a hacerse cargo de la instalación del bien de sustitución únicamente en caso de
comportamiento culposo. Precisa que, no obstante, el hecho de que no pueda reprocharse culpa alguna al consumidor y que la
falta sea imputable al vendedor y no al consumidor justifica que se reconozca a favor de éste un derecho independiente de
la culpa del vendedor, el cual, además, según afirma, puede repetir más fácilmente contra el fabricante.
En relación con la retirada del bien defectuoso, el tribunal remitente señala que la conformidad con el contrato implica no
sólo la entrega del bien libre de defectos, sino también que ningún bien defectuoso permanezca en el domicilio del comprador,
lo cual, a su juicio, milita en favor de una interpretación según la cual incumbe al vendedor retirar ese bien. Manifiesta,
además, que la circunstancia de que un bien defectuoso se quede en el domicilio del consumidor puede constituir para éste
un inconveniente grave. Señala, por último, que el término «sustitución» al que se refiere el artículo 3 de la Directiva,
parece indicar que la obligación del vendedor no se limita a la mera entrega de un bien de sustitución libre de defectos,
sino que le obliga a cambiar éste contra el bien defectuoso.
En estas circunstancias, el Amtsgericht Schorndorf acordó suspender el curso de las actuaciones y plantear al Tribunal de
Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)      ¿Debe interpretarse lo dispuesto en el artículo 3, apartados 2 y 3, párrafo tercero, de la Directiva [...], en el sentido
de que se opone a una disposición legislativa nacional que establece que, en caso de puesta de un bien en conformidad mediante
su sustitución, el vendedor no debe cargar con los gastos de instalación del bien de sustitución en el lugar en que el consumidor
hubiera instalado el bien no conforme según su naturaleza y su finalidad en el supuesto de que inicialmente no hubiera tenido
la obligación de instalar en virtud del contrato?
2)      ¿Debe interpretarse lo dispuesto en el artículo 3, apartados 2 y 3, párrafo tercero, de la Directiva [...] en el sentido de
que, en caso de puesta en conformidad de un bien mediante su sustitución, el vendedor debe cargar con los gastos de retirada
del bien no conforme del lugar en el que el consumidor lo hubiera instalado según su naturaleza y su finalidad?»

Sobre la acumulación de los asuntos
Dada la conexidad de los asuntos C‑65/09 y C‑87/09, con arreglo al artículo 43 del Reglamento de Procedimiento, en relación
con el artículo 103 del mismo Reglamento, procede acordar su acumulación a efectos de la sentencia.

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre la admisibilidad de las cuestiones en el asunto C‑65/09
Gebr. Weber sostiene que no procede admitir las dos cuestiones planteadas en el asunto C‑65/09. Considera que la primera cuestión
es de carácter hipotético, en la medida en que, a su juicio, la respuesta a la misma no es pertinente para la resolución del
litigio correspondiente al asunto principal. Alega que, en efecto, el Derecho alemán no obliga al vendedor que no haya observado
un comportamiento culposo a retirar el bien no conforme, por lo que, según sostiene, debe desestimarse la pretensión de reembolso
de los gastos correspondientes a tal retirada, cualquiera que sea el importe de tales gastos. Sostiene que la inadmisibilidad
de la primera cuestión implica igualmente la inadmisibilidad de la segunda, habida cuenta de que, como señala, el órgano jurisdiccional
remitente supeditó ésta a una respuesta afirmativa a la primera cuestión.
A este respecto, procede recordar que, en un procedimiento previsto en el artículo 267 TFUE, basado en una clara separación
de las funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, corresponde exclusivamente al juez
nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión judicial que debe adoptarse, apreciar,
a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial, para poder dictar sentencia,
como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas
se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse
(véanse, en particular, las sentencias de 22 de junio de 2006, Conseil général de la Vienne, C‑419/04, Rec. p. I‑5645, apartado
19; de 18 de julio de 2007, Lucchini, C‑119/05, Rec. p. I‑6199, apartado 43, y de 17 de febrero de 2011, TeliaSonera Sverige,
C‑52/09, Rec. p. I‑0000, apartado 15).
La negativa a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible,
en efecto, cuando resulta patente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la
realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de carácter hipotético o también cuando el Tribunal
de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera eficaz a las cuestiones
planteadas (véanse, en particular, las sentencias, antes citadas, Conseil général de la Vienne, apartado 20; Lucchini, apartado
44, y TeliaSonera Sverige, apartado 16).
Pues bien, debe declararse que no es así en el caso de autos.
En efecto, mediante sus cuestiones, el Bundesgerichtshof solicita una interpretación de la Directiva precisamente para poder
determinar si el Derecho nacional es compatible con ésta, en la medida en que el referido Derecho, por una parte, no obliga
al vendedor a hacerse cargo de los gastos relativos a la retirada del bien no conforme y, por otra, ofrece a éste la posibilidad
de negarse a la entrega de un bien de sustitución si tal entrega supone costes desproporcionados a causa, en particular, de
dichos gastos. Además, de la resolución de remisión se desprende que la respuesta a tales cuestiones es decisiva para resolver
el litigio principal, en la medida en que el Bundesgerichtshof indica que puede interpretar ese Derecho, en su caso, con arreglo
a la Directiva. A este respecto, carece de pertinencia el orden en el que se plantean las cuestiones. Sobre este último particular,
debe igualmente señalarse que la propia Gebr. Weber alegó, en sus observaciones sobre el fondo, que, para poder responder
a la primera cuestión debía conocerse el alcance de la obligación de sustitución del bien no conforme que se deriva del artículo
3, apartado 3, de la Directiva y, por lo tanto, obtener una respuesta a la segunda cuestión, y sugirió que se examinara esta
cuestión en primer lugar.
Por consiguiente, debe desestimarse la excepción de inadmisibilidad propuesta por Gebr. Weber.

Sobre la obligación del vendedor de hacerse cargo de la retirada del bien no conforme y de instalar el bien de sustitución
Mediante la segunda cuestión relativa al asunto C‑65/09, así como las cuestiones primera y segunda del asunto C‑87/09, que
deben examinarse conjuntamente, los órganos jurisdiccionales remitentes piden que se dilucide si el artículo 3, apartados
2 y 3, párrafo tercero, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que, cuando un bien de consumo no conforme que
el consumidor haya instalado, antes de que se manifestara el defecto, conforme a su naturaleza y a su finalidad, sea puesto
en conformidad mediante su sustitución, el vendedor está obligado a retirar él mismo ese bien del lugar en el que hubiera
sido instalado y de instalar en tal lugar el bien de sustitución, o bien a hacer frente a los gastos inherentes a tal retirada
y a la instalación del bien de sustitución, a pesar de que el contrato de compraventa no estableciera la obligación del vendedor
de instalar el bien de consumo comprado originariamente.
Gebr. Weber, así como los Gobiernos alemán, belga y austriaco, consideran que dichas cuestiones exigen una respuesta negativa.
A su juicio, el término «sustitución», contenido en el artículo 3, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva, se refiere
únicamente a la entrega de un bien conforme al contrato de compraventa y, por consiguiente, según afirman, dicho artículo
no puede imponer al vendedor obligaciones no previstas en ese contrato. Tales obligaciones de retirada del bien defectuoso
y de instalación de un bien de sustitución no se derivan tampoco del referido artículo 3, apartados 3 y 4, según los cuales
la sustitución debe tener lugar «sin cargo alguno» y «sin inconvenientes mayores para el consumidor». Alegan que, en efecto,
tales condiciones se refieren únicamente a la entrega del bien de sustitución y su objetivo no es imponer al vendedor obligaciones
que trascienden a dicho contrato, ni proteger al consumidor contra los gastos y los inconvenientes que resulten de la utilización
que haya hecho, bajo su propia responsabilidad, del bien no conforme. Infieren que, por consiguiente, los perjuicios sufridos
a causa de la instalación del bien defectuoso por el consumidor no están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva
sino que, en su caso, deberían reclamarse sobre la base del Derecho nacional aplicable en materia de responsabilidad contractual.
Los Gobiernos español y polaco, así como la Comisión, sostienen la tesis contraria. El Gobierno español considera que el vendedor
debe hacerse cargo de todos los gastos relativos a la sustitución del bien defectuoso, incluidos los gastos inherentes a la
retirada de ese bien y los gastos de instalación del bien de sustitución, sin lo cual el consumidor debería hacer frente a
tales gastos dos veces, lo cual es, a su juicio, incompatible con el elevado grado de protección perseguido por la Directiva.
El Gobierno polaco señala que la finalidad que persigue el artículo 3, apartados 3 y 4 de esta última consiste en garantizar
que el consumidor no tenga que atender a ningún gasto en relación con la aplicación de las medidas de protección jurídica
establecidas en primer lugar por la Directiva, a saber, la reparación o la sustitución del bien no conforme. Según la Comisión,
el paralelismo instaurado en el artículo 3, apartados 2 y 3 de la Directiva entre ambas formas de puesta en conformidad del
bien defectuoso permite considerar que, al igual que la reparación, el objeto de la sustitución es el bien en la situación
en la que se encuentre cuando se manifieste la falta de conformidad. Afirma que, si ya se hubiera instalado el bien no conforme,
con arreglo a su naturaleza y a su finalidad, debe ser objeto de la puesta en conformidad en esa situación. Sostiene que,
por consiguiente, debe efectuarse la sustitución de tal manera que el nuevo bien se coloque en la misma situación que aquella
en la que se encontraba el bien defectuoso. Matiza que, además, el hecho de que, a falta de retirada del bien no conforme
por el vendedor, el consumidor deba guardarlo y no pueda utilizar el bien de sustitución por no estar instalado, representa
un «inconveniente mayor para el consumidor» en el sentido de dicho artículo 3, apartado 3.
Con carácter preliminar, debe recordarse que, según el artículo 3, apartado 1, de la Directiva, el vendedor debe responder
ante el consumidor de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien.
El artículo 3, apartado 2, de la Directiva enumera los derechos que puede hacer valer el consumidor contra el vendedor en
caso de falta de conformidad del bien entregado. En primer lugar, el consumidor puede exigir que el bien sea puesto en una
situación de conformidad. De no poder obtener esta puesta en conformidad, podrá exigir, en segundo lugar, la reducción del
precio o la resolución del contrato.
En relación con la puesta en conformidad del bien, el artículo 3, apartado 3, de la Directiva establece que el consumidor
puede exigir del vendedor que repare el bien o que lo sustituya, en ambos casos sin cargo alguno, salvo que su exigencia resulte
imposible o desproporcionada.
El Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de señalar que tanto del tenor literal del artículo 3 de la Directiva como, por
lo demás, de los trabajos preparatorios pertinentes de ésta, se desprende que fue voluntad del legislador de la Unión hacer
de la gratuidad de la puesta en conformidad del bien por el vendedor un elemento esencial de la protección que dicha Directiva
garantiza al consumidor. Tal obligación de gratuidad de la puesta en conformidad del bien que incumbe al vendedor, sea en
forma de reparación o de sustitución del bien no conforme, tiene por objeto proteger al consumidor del riesgo de cargas económicas
que podrían disuadirlo de hacer valer sus derechos a falta de tal protección (véase la sentencia de 17 de abril de 2008, Quelle,
C‑404/06, Rec. p. I‑2685, apartados 33 y 34).
Pues bien, debe señalarse que, si en caso de sustitución de un bien no conforme el consumidor no pudiera exigir al vendedor
que se hiciera cargo de la retirada de éste del lugar en el que hubiera sido instalado con arreglo a su naturaleza y a su
finalidad, y la instalación del bien de sustitución en el mismo lugar, tal sustitución le obligaría a soportar cargas económicas
adicionales que no habría tenido que arrostrar si el vendedor hubiera ejecutado correctamente el contrato de compraventa.
En efecto, si desde un principio éste hubiera entregado un bien conforme a dicho contrato, el consumidor sólo habría tenido
que hacer frente una sola vez a los gastos de instalación y no habría tenido que cargar con los gastos relativos a la retirada
del bien defectuoso.
El hecho de interpretar el artículo 3 de la Directiva en el sentido de que, en principio, no obliga al vendedor a hacerse
cargo de la retirada del bien no conforme y a instalar el bien de sustitución daría lugar, por lo tanto, a que, para poder
ejercer los derechos que le otorga dicho artículo, el consumidor tendría que atender a tales gastos adicionales resultantes
de la entrega por el vendedor de un bien no conforme.
En ese supuesto, contrariamente a lo que establece el artículo 3, apartados 2 y 3, de la Directiva, la sustitución de dicho
bien no se llevaría a cabo sin cargo alguno para el consumidor.
Es cierto que los gastos relativos a la retirada del bien no conforme y a la instalación del bien de sustitución no figuran
entre aquellos que se relacionan explícitamente en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva, el cual define la expresión
«sin cargo alguno» en el sentido de que se refiere a «los gastos necesarios realizados para subsanar la falta de conformidad
de los bienes con el contrato, especialmente los gastos de envío, así como los costes relacionados con la mano de obra y los
materiales». No obstante, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que de la utilización por el legislador de la Unión del
adverbio «especialmente» resulta que dicha enumeración presenta un carácter indicativo y no exhaustivo (véase la sentencia
Quelle, antes citada, apartado 31). Además, los referidos gastos son desde luego necesarios para que pueda sustituirse el
bien no conforme y, por consiguiente, constituyen «gastos necesarios realizados para subsanar la falta de conformidad de los
bienes con el contrato», en el sentido de dicho artículo 3, apartado 4.
Por otra parte, como ha señalado la Comisión, del sistema del artículo 3, apartados 2 y 3, de la Directiva se deriva que el
objetivo de las dos formas de puesta en conformidad previstas en dicho artículo es garantizar el mismo nivel de protección
del consumidor. Pues bien, es pacífico que, en general, la reparación de un bien no conforme debe efectuarse sobre ese bien
en la situación en la que se encuentre en el momento en que se manifieste el defecto, de forma que el consumidor no tenga
que hacer frente, en tal caso, a los gastos inherentes a la retirada y a la nueva instalación.
Por añadidura, procede señalar que, en virtud del artículo 3, apartado 3, de la Directiva, la reparación y la sustitución
de un bien no conforme deben realizarse no sólo sin cargo alguno, sino también en un plazo razonable y sin inconvenientes
mayores para el consumidor. Esta triple exigencia es la expresión de la voluntad manifiesta del legislador de la Unión de
garantizar al consumidor una protección efectiva (véase, en este sentido, la sentencia Quelle, antes citada, apartado 35).
Teniendo en cuenta esta voluntad del legislador, la expresión «sin inconvenientes mayores para el consumidor», que figura
en el artículo 3, apartado 3, párrafo tercero, de la Directiva no puede interpretarse en sentido restrictivo tal como proponen
los Gobiernos alemán, belga y austriaco. Así, no cabe ninguna duda de que la circunstancia de que el vendedor no retire el
bien no conforme y no instale el bien de sustitución puede constituir un grave inconveniente para el consumidor, en particular,
en situaciones como las del asunto principal, en las que, para poder utilizarse conforme a su destino habitual, el bien de
sustitución debe, ante todo, instalarse, lo cual exige la retirada previa del bien no conforme. Además, dicho artículo 3,
apartado 3, párrafo tercero, dispone expresamente que debe tenerse en cuenta «la naturaleza de los bienes y la finalidad que
tuvieran para el consumidor».
En relación con el término «sustitución», procede señalar que el alcance exacto de éste difiere en las distintas versiones
lingüísticas. Mientras que en algunas de tales versiones, como las versiones en las lenguas española («sustitución»), inglesa
(«replacement»), francesa («remplacement»), italiana («sostituzione»), neerlandesa («vervanging») y portuguesa («substituição»),
dicho término se refiere a la operación en su integridad al término de la cual el bien no conforme debe efectivamente ser
«sustituido», obligando así al vendedor a llevar a cabo todo lo necesario para alcanzar este resultado, otras versiones lingüísticas,
como, en particular, la versión en lengua alemana («Ersatzlieferung»), podrían sugerir una interpretación algo más restrictiva.
No obstante, como señalan los órganos jurisdiccionales remitentes, incluso en esta última versión lingüística, dicho término
no se limita a la mera entrega de un bien de sustitución y, por el contrario, puede indicar que existe la obligación de sustituir
por ese bien el bien no conforme.
Por lo demás, una interpretación del artículo 3, apartados 2 y 3, de la Directiva en el sentido de que, en caso de sustitución
de un bien no conforme, obliga al vendedor a hacerse cargo de la retirada de ese bien del lugar en que lo hubiera instalado
el consumidor de conformidad con su naturaleza y su finalidad, antes de que se manifestara el defecto, y a la instalación
del bien de sustitución, corresponde al objetivo de la Directiva que, como indica el primer considerando de ésta, consiste
en garantizar un alto grado de protección de los consumidores.
Sobre el particular, debe señalarse que tal interpretación tampoco conduce a un resultado no equitativo. En efecto, incluso
en el supuesto de que la no conformidad del bien no se deba a un comportamiento culposo del vendedor, no es menos cierto que,
al entregar un bien no conforme, éste no ha cumplido correctamente la obligación que había contraído en méritos del contrato
de compraventa y, por lo tanto, debe asumir las consecuencias de la incorrecta ejecución de éste. En cambio, el consumidor,
por su parte, ha pagado el precio de venta y, por lo tanto, ha cumplido correctamente su obligación contractual (véase, en
este sentido, al sentencia Quelle, antes citada, apartado 41). Además, el hecho de que, confiando en la conformidad del bien
entregado, el consumidor haya instalado, de buena fe, el bien defectuoso conforme a su naturaleza y a su finalidad antes de
que se manifestara el defecto no puede constituir una falta que pueda recriminarse a dicho consumidor.
Por consiguiente, en una situación en la que no pueda imputarse a ninguna de las dos partes contratantes una actuación culposa,
está justificado que los gastos relativos a la retirada del bien no conforme y a la instalación del bien de sustitución corran
a cargo del vendedor, por cuanto tales gastos adicionales, por una parte, se habrían evitado si desde un principio el vendedor
hubiera cumplido correctamente sus obligaciones contractuales y, por otra, son desde luego necesarios para la puesta en conformidad
del bien.
Con todo, los intereses económicos del vendedor están protegidos no sólo por el plazo de prescripción de dos años previsto
en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva y por la posibilidad que se le reconoce en el artículo 3, apartado 3, párrafo
segundo, de ésta de negarse a sustituir el bien en el caso de que dicha forma de saneamiento resulte desproporcionada por
imponerle costes que no sean razonables (véase la sentencia Quelle, antes citada, apartado 42), sino también por el derecho,
confirmado en el artículo 4 de la Directiva, de entablar una acción de repetición contra los responsables pertenecientes a
la misma cadena contractual. Por lo tanto, el hecho de que la Directiva imponga al vendedor la responsabilidad frente al consumidor
por todo defecto de conformidad que exista al entregar el bien (véase la sentencia Quelle, antes citada, apartado 40) queda
compensado por el hecho de que, según las normas del Derecho nacional aplicables, el vendedor pueda repetir contra el productor,
un vendedor anterior situado en la misma cadena contractual o cualquier otro intermediario.
Esta interpretación del artículo 3, apartados 2 y 3, de la Directiva, es independiente de si, en méritos del contrato de compraventa,
el vendedor estaba obligado a instalar el bien entregado. En efecto, si bien, según el artículo 2 de la Directiva, el contrato
de compraventa determina la conformidad de ese bien y, por lo tanto, en particular, lo que constituye una falta de conformidad,
no es menos cierto que, en caso de que exista tal falta, las obligaciones del vendedor derivadas de la incorrecta ejecución
de ese contrato resultan no sólo de éste, sino especialmente de las normas relativas a la protección de los consumidores y,
en particular, del artículo 3 de la Directiva, las cuales imponen obligaciones cuyo alcance es independiente de las estipulaciones
del referido contrato y que, en su caso, pueden exceder de las previstas en éste.
Los derechos conferidos de este modo a los consumidores en virtud del artículo 3 de la Directiva, cuyo objetivo no es poner
a éstos en una situación más ventajosa que aquélla a la que podrían aspirar en méritos del contrato de compraventa, sino simplemente
restablecer la situación que habría existido si, desde un principio, el vendedor hubiera entregado un bien conforme, tienen,
con arreglo al artículo 7 de la Directiva, un carácter vinculante para el vendedor. Por lo demás, del artículo 8, apartado
2, de la Directiva se desprende que la protección que ésta establece constituye un mínimo, y que, si bien los Estados miembros
pueden adoptar disposiciones más exigentes, no pueden atentar contra las garantías previstas por el legislador de la Unión
(véase la sentencia Quelle, antes citada, apartado 36).
Por último, en el supuesto de que el propio vendedor no retire por sí mismo el bien no conforme e instale el bien de sustitución,
corresponderá al juez nacional determinar cuáles son los gastos necesarios para tales retirada e instalación, cuyo reembolso
puede reclamar el consumidor.
De todas las consideraciones que preceden se deduce que el artículo 3, apartados 2 y 3, de la Directiva debe interpretarse
en el sentido de que, cuando un bien de consumo no conforme que, antes de que se manifieste el defecto, hubiera instalado,
de buena fe, el consumidor conforme a su naturaleza y a su finalidad, es puesto en conformidad mediante su sustitución, el
vendedor está obligado a proceder por sí mismo a la retirada de ese bien del lugar en el que hubiera sido instalado y a instalar
en ese lugar el bien de sustitución, o bien a cargar con los gastos necesarios para dicha retirada y para la instalación del
bien de sustitución. Dicha obligación del vendedor existe independientemente de si, en virtud del contrato de compraventa,
éste se hubiera comprometido a instalar el bien de consumo comprado inicialmente.

Sobre la posibilidad de que el vendedor se niegue a hacerse cargo de los gastos relativos a la retirada del bien defectuoso
y a la instalación del bien de sustitución desproporcionados
Mediante la primera cuestión correspondiente al asunto C‑65/09 el órgano jurisdiccional remitente pide esencialmente que se
dilucide si el artículo 3, apartado 3, párrafos primero y segundo, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que
se opone a que, en virtud del Derecho nacional, el vendedor pueda negarse a sustituir el bien no conforme por considerar que,
debido a la obligación de proceder a la retirada de ese bien del lugar en el que se hubiera instalado y de instalar en el
mismo lugar el bien de sustitución, tal sustitución le acarrea gastos desproporcionados en relación a la importancia de la
falta de conformidad y del valor que tendría el bien si fuera conforme.
Gebr. Weber, así como los Gobiernos alemán y austriaco, proponen que se responda esta cuestión en sentido negativo. Así, a
su juicio, el objetivo de la Directiva no puede ser obligar al vendedor a hacerse cargo de costes que económicamente no sean
razonables en el caso de que sólo exista una única forma de saneamiento. Sostienen, además, que el texto de dicho artículo
3, apartado 3, no contiene indicación alguna en relación con este extremo. Puntualizan, además, que, habida cuenta de la estructura
de dicho artículo, con mayor razón debe recurrirse en tal caso a los criterios previstos en su apartado 3, párrafo segundo,
cuya enumeración, a su juicio, no es exhaustiva. Matizan, por otra parte, que si bien la comparación con los costes resultantes
de la forma de saneamiento alternativa resulta ciertamente imposible, podría, no obstante, examinarse la eventual desproporción
acudiendo a los criterios enumerados en dicho párrafo. Añaden que, a mayor abundamiento, teniendo en cuenta la finalidad de
dicha disposición, consistente en proteger al vendedor de inconvenientes económicos que no sean razonables, debe interpretarse
de manera que garantice tal protección igualmente cuando no exista ninguna forma de saneamiento alternativa.
En cambio, los Gobiernos belga, español y polaco, así como la Comisión suplican que se responda dicha cuestión en sentido
afirmativo. Alegan que del texto del artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, de la Directiva se desprende claramente que
se refiere únicamente a la desproporción relativa, lo cual, por lo demás, a su juicio, confirma el undécimo considerando de
la Directiva. Consideran que el objetivo de dicha disposición es evitar que el consumidor pueda abusar de sus derechos exigiendo
al vendedor una forma de puesta en conformidad, siendo así que la otra forma resultaría menos gravosa para el vendedor y conduciría
al mismo resultado. Pues bien, alegan que mientras que el objetivo de ambas formas de puesta en conformidad es garantizar
los mismos intereses del consumidor, a saber, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la posibilidad de disponer
de un bien conforme, a su juicio, los medios subsidiarios, consistentes en la reducción del precio o la resolución del contrato,
no permiten preservar esos mismos intereses. Agregan que si el vendedor pudiera negarse a la única forma de saneamiento posible
debido a la desproporción absoluta de ésta, el consumidor sólo dispondría de los medios subsidiarios aludidos, contrariamente
al sistema de dicho artículo 3, que da prioridad al mantenimiento de la reciprocidad de las obligaciones que se desprenden
del contrato de compraventa, y a la finalidad de la Directiva, que consiste en garantizar un alto grado de protección del
consumidor. La Comisión añade, no obstante, que no se descarta que algunos casos extremos, en los que la única forma de saneamiento
posible implique un coste considerablemente desproporcionado en relación con el interés que tiene el consumidor a obtener
el saneamiento, constituyan casos de imposibilidad, en el sentido del artículo 3, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva.
A este respecto, debe recordarse que, a tenor del artículo 3, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva, en un primer momento,
el consumidor tiene derecho a exigir al vendedor que repare el bien o que lo sustituya, en ambos casos sin cargo alguno, salvo
que ello resulte imposible o desproporcionado.
Dicho artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, dispone que debe considerarse desproporcionada toda forma de saneamiento que
imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el
valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad, y si la forma de saneamiento
alternativa pudiese realizarse sin inconvenientes mayores para el consumidor.
En consecuencia, debe señalarse que si bien el artículo 3, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva se formula, en principio,
de manera suficientemente abierta para poder englobar igualmente casos de desproporción absoluta, dicho artículo 3, apartado
3, párrafo segundo, define el término «desproporcionado» exclusivamente en relación con la otra forma de saneamiento, limitándolo
así a los casos de desproporción relativa. Por lo tanto, del texto y del sistema del artículo 3, apartado 3, de la Directiva
se desprende claramente que tal artículo se refiere a ambas formas de saneamiento previstas en primer lugar, es decir, la
reparación o la sustitución del bien no conforme.
Corrobora estas apreciaciones el undécimo considerando de la Directiva que hace constar que una forma de saneamiento es desproporcionada
cuando impone gastos que no son razonables en comparación con la otra forma de saneamiento y que, para determinar si los gastos
no son razonables, es preciso que sean considerablemente más elevados que los relativos a la otra forma de saneamiento.
Si bien es cierto, como alegan Gebr. Weber y el Gobierno alemán, que algunas versiones lingüísticas de este undécimo considerando,
entre las que se encuentra, en particular, la versión alemana, son un poco más ambiguas en la medida en que se refieren a
las «otras formas de saneamiento», en plural, no es menos cierto que muchas versiones lingüísticas, entre las que se hallan
las versiones en lenguas inglesa, francesa, italiana, neerlandesa y portuguesa, no dejan lugar a dudas en cuanto al hecho
de que el legislador pretendió referirse en dicho considerando, así como en el artículo 3, apartado 3, de la Directiva, redactado
en todas dichas versiones lingüísticas, incluida la alemana, en singular, únicamente a la otra forma de saneamiento prevista
en primer lugar en la referida disposición, es decir, la reparación del bien no conforme o su sustitución.
Resulta patente, por ende, que el legislador de la Unión pretendió otorgar al vendedor el derecho a negarse a la reparación
o a la sustitución del bien defectuoso únicamente en caso de imposibilidad o de desproporción relativa. En consecuencia, en
el supuesto de que resulte posible sólo una de estas dos formas de saneamiento, el vendedor no podrá negarse a la única forma
de saneamiento que permita poner el bien en conformidad con el contrato.
Como han señalado los Gobiernos belga y polaco, así como la Comisión, dicha elección realizada por el legislador de la Unión
en el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, de la Directiva, implica que, en interés de ambas partes del contrato, ésta
da prioridad a la ejecución de éste, mediante las dos formas de saneamiento previstas en primer lugar, en relación con la
anulación del contrato o la reducción del precio de venta. Además, esta elección se explica por la circunstancia de que, en
general, estos dos últimos medios subsidiarios no permiten garantizar el mismo grado de protección del consumidor que la puesta
en conformidad del bien.
Si bien el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, de la Directiva se opone, por consiguiente, a que una normativa nacional
otorgue al vendedor el derecho a rechazar la única forma de saneamiento posible, debido a la desproporción absoluta de ésta,
no obstante, dicho artículo permite una protección eficaz de los intereses económicos legítimos del vendedor, la cual, como
se ha señalado en el apartado 58 de la presente sentencia, se agrega a la establecida en los artículos 4 y 5 de la Directiva.
A este respecto, procede señalar que, por lo que respecta, en particular, a la situación específica a que se refiere el órgano
jurisdiccional remitente, en la que la sustitución del bien defectuoso, como única forma de saneamiento posible, entraña gastos
desproporcionados debido a la necesidad de retirar el bien no conforme del lugar en el que hubiera sido instalado y de instalar
el bien de sustitución, el artículo 3, apartado 3, de la Directiva no se opone a que el derecho del consumidor al reembolso
de los gastos relativos a la retirada del bien defectuoso y a la instalación del bien de sustitución se limite, en caso necesario,
a una cantidad proporcional a la importancia de la falta de conformidad y al valor que tendría el bien si fuera conforme.
En efecto, tal limitación deja incólume el derecho del consumidor a solicitar la sustitución del bien no conforme.
Sobre el particular, debe señalarse que el objetivo de dicho artículo 3 es establecer un justo equilibrio entre los intereses
del consumidor y los del vendedor, garantizando al primero, como parte débil del contrato, una protección completa y eficaz
contra un incumplimiento por parte del vendedor de sus obligaciones contractuales, permitiendo tener en cuenta consideraciones
de carácter económico alegada por éste.
Por consiguiente, al examinar si procede reducir, en el asunto principal, el derecho del consumidor al reembolso de los gastos
de retirada del bien no conforme y de instalación del bien de sustitución, el órgano jurisdiccional remitente deberá tener
en cuenta, por una parte, la importancia de la falta de conformidad y del valor que tendría el bien si fuera conforme, así
como, por otra, la finalidad de la Directiva consistente en garantizar un alto grado de protección a los consumidores. Por
lo tanto, la posibilidad de proceder a tal reducción no puede dar lugar, en la práctica, a que quede sin sustancia el derecho
del consumidor al reembolso de tales gastos en los casos en los que hubiera instalado, de buena fe, el bien defectuoso conforme
a su naturaleza y a su finalidad antes de que se manifestara el defecto.
Por último, en el supuesto de reducción del derecho al reembolso de dichos gastos, debe reconocerse al consumidor la posibilidad
de exigir, en lugar de la sustitución del bien no conforme, una reducción adecuada del precio o la resolución del contrato,
con arreglo al artículo 3, apartado 5, último guión, de la Directiva, habida cuenta de que el hecho de que el consumidor sólo
pueda obtener la puesta en conformidad del bien defectuoso haciendo frente a una parte de dichos gastos supone un grave inconveniente
para éste.
De todo cuanto antecede se deduce que el artículo 3, apartado 3, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que se
opone a que una normativa nacional otorgue al vendedor el derecho a negarse a sustituir un bien no conforme, única forma de
saneamiento posible, debido a que, a causa de la obligación de retirar ese bien del lugar en el que se hubiera instalado y
de instalar en él el bien de sustitución, le impone costes desproporcionados en relación con la relevancia de la falta de
conformidad y del valor que tendría el bien si fuera conforme. No obstante, dicha disposición no se opone a que, en tal caso,
el derecho del consumidor al reembolso de los gastos relativos a la retirada del bien defectuoso y a la instalación del bien
de sustitución se limite a la asunción, por el vendedor, de una cantidad proporcionada.

Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
1)
El artículo 3, apartados 2 y 3, de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre
determinados aspectos de la venta y la garantía de los bienes de consumo, debe interpretarse en el sentido de que, cuando
un bien de consumo no conforme que, antes de que se manifestara el defecto, hubiera instalado, de buena fe, el consumidor
conforme a su naturaleza y a su finalidad, es puesto en conformidad mediante su sustitución, el vendedor está obligado a retirar
por sí mismo dicho bien del lugar en el que hubiera sido instalado y a instalar en ese lugar el bien de sustitución, o bien
a cargar con los gastos necesarios para dicha retirada y para la instalación del bien de sustitución. Dicha obligación del
vendedor existe independientemente de si, en virtud del contrato de compraventa, éste se hubiera comprometido a instalar el
bien de consumo comprado inicialmente.
2)
El artículo 3, apartado 3, de la Directiva 1999/44 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una normativa nacional
otorgue al vendedor el derecho a negarse a sustituir un bien no conforme, única forma de saneamiento posible, debido a que,
a causa de la obligación de retirar ese bien del lugar en el que hubiera sido instalado y de instalar en él el bien de sustitución,
le impone costes desproporcionados en comparación con la relevancia de la falta de conformidad y del valor que tendría el
bien si fuera conforme. No obstante, dicha disposición no se opone a que, en tal caso, el derecho del consumidor al reembolso
de los gastos relativos a la retirada del bien defectuoso y a la instalación del bien de sustitución se limite a la asunción,
por el vendedor, de una cantidad proporcionada.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: alemán.