CELEX: 62005TJ0109
Acceso a los documentos
Reglamento (CE) nº 1049/2001
Documentos relativos a los elementos de los costes que resultan de las obligaciones de servicio público en materia de ayudas de Estado
Denegación de acceso
Excepción relativa a la protección de los intereses comerciales de un tercero
Secreto profesional
Obligación de motivación
Igualdad de trato
Documentos originarios de un Estado miembro

Marco jurídico
A tenor del artículo 255 CE:
«1.      Todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro,
tendrá derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, con arreglo a los principios
y las condiciones que se establecerán de conformidad con los apartados 2 y 3.
2.      El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251, determinará los principios generales y los límites,
por motivos de interés público o privado, que regulan el ejercicio de este derecho de acceso a los documentos, en el plazo
de dos años a partir de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam.
3.      Cada una de las instituciones mencionadas elaborará en su reglamento interno disposiciones específicas sobre el acceso a sus
documentos.»
A tenor del artículo 287 CE:
«Los miembros de las instituciones de la Comunidad, los miembros de los comités, así como los funcionarios y agentes de la
Comunidad estarán obligados, incluso después de haber cesado en sus cargos, a no divulgar las informaciones que, por su naturaleza,
estén amparadas por el secreto profesional y, en especial, los datos relativos a las empresas y que se refieran a sus relaciones
comerciales o a los elementos de sus costes.»
El Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público
a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43), define los principios, condiciones
y límites del derecho de acceso a los documentos de esas instituciones previsto en el artículo 255 CE.
Con el título «Objeto», el artículo 1, letra a), del Reglamento nº 1049/2001, enuncia que éste tiene como finalidad «definir
los principios, condiciones y límites, por motivos de interés público o privado, por los que se rige el derecho de acceso
a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión al que se refiere el artículo 255 [CE], de modo que
se garantice el acceso más amplio posible a los documentos».
A tenor del artículo 2, apartado 1, de ese Reglamento:
«Todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro,
tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones, con arreglo a los principios, condiciones y límites que se
definen en el presente Reglamento.»
Con arreglo al artículo 3, letra a), del Reglamento nº 1049/2001, a efectos de éste, se entenderá por «documento»: «todo contenido,
sea cual fuere su soporte (escrito en versión papel o almacenado en forma electrónica, grabación sonora, visual o audiovisual),
referente a temas relativos a las políticas, acciones y decisiones que sean competencia de la institución».
El artículo 4 del Reglamento nº 1049/2001, que define las excepciones al derecho de acceso, enuncia lo siguiente:
«[…]
2.      Las instituciones denegarán el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de:
–        los intereses comerciales de una persona física o jurídica, incluida la propiedad intelectual,
–        los procedimientos judiciales y el asesoramiento jurídico,
–        el objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría,
salvo que su divulgación revista un interés público superior.
[…]
4.      En el caso de documentos de terceros, la institución consultará a los terceros con el fin de verificar si son aplicables las
excepciones previstas en los apartados 1 o 2, salvo que se deduzca con claridad que se ha de permitir o denegar la divulgación
de los mismos.
5.      Un Estado miembro podrá solicitar a una institución que no divulgue sin su consentimiento previo un documento originario de
dicho Estado.
6.      En el caso de que las excepciones previstas se apliquen únicamente a determinadas partes del documento solicitado, las demás
partes se divulgarán.
7.      Las excepciones, tal y como se hayan establecido en los apartados 1, 2 y 3 sólo se aplicarán durante el período en que esté
justificada la protección en función del contenido del documento. Podrán aplicarse las excepciones durante un período máximo
de 30 años. En el caso de los documentos cubiertos por las excepciones relativas a la intimidad o a los intereses comerciales,
así como en el caso de los documentos sensibles, las excepciones podrán seguir aplicándose después de dicho período, si fuere
necesario.»
El artículo 7, titulado «Tramitación de las solicitudes iniciales», prevé:
«1.      Las solicitudes de acceso a los documentos se tramitarán con prontitud. Se enviará un acuse de recibo al solicitante. En el
plazo de 15 días laborables a partir del registro de la solicitud, la institución o bien autorizará el acceso al documento
solicitado y facilitará dicho acceso con arreglo al artículo 10 dentro de ese plazo, o bien, mediante respuesta por escrito,
expondrá los motivos de la denegación total o parcial e informará al solicitante de su derecho de presentar una solicitud
confirmatoria conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo.
2.      En caso de denegación total o parcial, el solicitante podrá presentar, en el plazo de 15 días laborables a partir de la recepción
de la respuesta de la institución, una solicitud confirmatoria a la institución con el fin de que ésta reconsidere su postura.
[…]»
A tenor del artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 1049/2001:
«Las solicitudes confirmatorias se tramitarán con prontitud. En el plazo de 15 días laborables a partir del registro de la
solicitud, la institución o bien autorizará el acceso al documento solicitado y facilitará dicho acceso con arreglo al artículo
10 dentro de ese mismo plazo, o bien, mediante respuesta por escrito, expondrá los motivos para la denegación total o parcial.
En caso de denegación total o parcial deberá informar al solicitante de los recursos de que dispone, a saber, el recurso judicial
contra la institución y/o la reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo, con arreglo a las condiciones previstas en los
artículos 230 [CE] y 195 [CE], respectivamente.»
Por otro lado, el Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del artículo [88 CE] (DO L 83, p. 1), define los procedimientos aplicables al ejercicio por la Comisión Europea
de la facultad que le confiere el artículo 88 CE de pronunciarse sobre la compatibilidad de las ayudas de Estado con el mercado
común.
Con el título, «Derechos de las partes interesadas», el artículo 20 del Reglamento nº 659/1999 prevé:
«1.      Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones con arreglo al artículo 6 tras la adopción, por parte de la Comisión,
de una decisión de iniciar el procedimiento de investigación formal. Se enviará a las partes interesadas que hayan presentado
dichas observaciones y a los beneficiarios de ayudas individuales una copia de la decisión adoptada por la Comisión con arreglo
al artículo 7.
2.      Las partes interesadas podrán informar a la Comisión de las presuntas ayudas ilegales o abusivas. Cuando la Comisión considere
que la información que posee es insuficiente para adoptar una posición al respecto, informará de ello a la parte interesada.
Cuando la Comisión adopte una decisión sobre un caso relacionado con la materia objeto de la información suministrada, enviará
una copia de dicha decisión a la parte interesada.
3.      A petición propia, las partes interesadas obtendrán una copia de las decisiones con arreglo a los artículos 4 y 7, el apartado
3 del artículo 10 y el artículo 11.»
El artículo 25, titulado «Destinatario de las decisiones», dispone:
«El destinatario de las decisiones […] será el Estado miembro interesado. La Comisión notificará sin demora la decisión al
Estado miembro interesado y le dará la oportunidad de indicar a la Comisión qué información considera que debe ampararse en
el secreto profesional.»
La Comunicación C(2003) 4582 de la Comisión, de 1 de diciembre de 2003, relativa al secreto profesional en las decisiones
sobre ayuda estatal (DO C 297, p. 6) (en lo sucesivo, «Comunicación relativa al secreto profesional en las decisiones sobre
ayuda estatal»), que expone los criterios de tramitación que la Comisión pretende aplicar a las solicitudes presentadas por
los Estados miembros, como destinatarios de las decisiones en materia de ayudas de Estado, para que se considere que determinadas
partes de éstas se amparan en el secreto profesional y, por lo tanto, no deben aparecer en la versión publicada de la decisión,
prevé en la sección 3.1:
«Los secretos comerciales se limitan a información relativa a una actividad empresarial que tenga un valor económico real
o potencial y gracias a cuyo conocimiento otras empresas podrían obtener un beneficio económico. Ejemplos típicos de secretos
comerciales son: métodos de evaluación de costes de fabricación y distribución, secretos y procesos de producción […], fuentes
de suministro, cantidades producidas y vendidas, cuotas de mercado, listas de clientes y distribuidores, planes de comercialización,
estructura de los costes de producción, política de ventas, e información sobre la organización interna de la empresa.»
En la sección 3.2, titulada «Otra información confidencial», se dispone, que la información relativa a la organización y los
costes de los servicios públicos no se considerará normalmente como otra información confidencial, aunque pueda constituir
un secreto comercial si se cumplen los criterios fijados en la sección 3.1.

Antecedentes de los litigios y procedimiento
En su Decisión 2005/163/CE, de 16 de marzo de 2004, relativa a las ayudas estatales otorgadas por Italia a las compañías marítimas
Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar y Toremar (Gruppo Tirrenia) (DO 2005, L 53, p. 29), la Comisión estimó parcialmente una
solicitud presentada por las autoridades italianas de suprimir, en la versión pública de la Decisión, los datos relativos
a los elementos de coste de las compañías marítimas Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar y Toremar (en lo sucesivo, «grupo
Tirrenia») recogidos en los cuadros que figuran en los considerandos 128 y 140 de la citada Decisión.
La Comisión comunicó a la demandante, Navigazione Libera del Golfo Srl (NLG), la versión no confidencial de la Decisión 2005/163,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20, apartado 1, segunda frase, del Reglamento nº 659/1999.
Mediante escrito de 24 de noviembre de 2004, el Sr. Ravenna, abogado de la demandante, solicitó a la Comisión, con arreglo
a los artículos 6 y 7 del Reglamento nº 1049/2001, que le remitiera el texto íntegro de la Decisión 2005/163, que incluía
«los datos analíticos que no se [reproducían] en los cuadros que figuran en los [considerandos] 128 y 140 de la [citada] Decisión,
incluidos los elementos que se detallan de los sobrecostes soportados anualmente por Caremar y, en particular, por lo que
se refiere a los servicios de transporte de pasajeros prestados en la línea Nápoles/Capri tanto por transbordadores como por
unidades rápidas».
La Dirección General (DG) «Energía y Transportes» de la Comisión respondió a la solicitud de acceso a los citados documentos,
mediante escrito de 7 de diciembre de 2004, denegando el acceso a los datos de los cuadros que figuran en los considerandos
128 y 140 de la Decisión 2005/193. Estimó que dichos considerandos estaban amparados por la excepción prevista en el artículo
4, apartado 2, primer guión, del Reglamento nº 1049/2001, que prevé que la institución denegará el acceso a un documento en
el caso en que su divulgación perjudique a la protección de los intereses comerciales de una persona física o jurídica. Precisó
que esos datos debían considerarse confidenciales con arreglo a la Comunicación relativa al secreto profesional en las decisiones
sobre ayuda estatal.
Mediante escrito de 4 de enero de 2005, el Sr. Ravenna presentó una solicitud confirmatoria con arreglo al artículo 8 del
Reglamento nº 1049/2001.
Mediante escrito de 3 de febrero de 2005, que lleva la referencia D (2005) 997 (en lo sucesivo, «primera Decisión impugnada»),
la Secretaría General de la Comisión confirmó la denegación de acceso a los documentos por considerar que la divulgación de
los datos solicitados relativos al reparto de los costes de cada una de las sociedades en el cálculo de la compensación anual
concedida por la ejecución de servicios de interés general puede perjudicar a los intereses comerciales de las empresas del
grupo Tirrenia y constituir una ventaja para otras empresas. Según la Comisión, ese tipo de información no se comunica a las
partes interesadas a las que se notifica la decisión en aplicación del artículo 20 del Reglamento nº 659/1999. Además, la
Comisión está obligada, en virtud del artículo 287 CE, a no divulgar a los interesados la información que, por su naturaleza,
está amparada por el secreto comercial.
A fortiori,
la Comisión justifica la denegación, en virtud del artículo 4, apartado 2, primer guión, del Reglamento nº 1049/2001, en la
medida en que la publicación de los costes puede perjudicar a los intereses comerciales de las empresas afectadas.
La Comisión añadió que no existe ningún interés público superior que justifique apartarse de la necesidad de proteger los
intereses comerciales de las empresas haciendo pública la información relativa a su funcionamiento interno. Asimismo, consideró
que ya se había concedido un acceso parcial al documento, tal como prevé el artículo 4, apartado 6, del Reglamento nº 1049/2001.
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 8 de marzo de 2005, la demandante interpuso un recurso de anulación
contra la primera Decisión impugnada, registrado con la referencia T‑109/05.
Mediante auto de 7 de septiembre de 2005 del Presidente de la Sala Primera del Tribunal, se admitió la intervención de Caremar
SpA en apoyo de las pretensiones de la Comisión.
Dado que la Comisión alega la inadmisibilidad del recurso en su escrito de contestación, por considerar que el citado recurso
no fue precedido de una solicitud inicial y posteriormente de una solicitud confirmatoria de la propia demandante, de conformidad
con los artículos 6 y 8 del Reglamento nº 1049/2001, el Sr. Ravenna, especificando explícitamente que actuaba en virtud de
un mandato de la demandante, reiteró, mediante escrito de 9 de junio de 2005, su solicitud de acceso a los documentos. Concretamente,
solicitó sólo la comunicación de los documentos que contenían información y datos detallados transmitidos por las autoridades
italianas para justificar los distintos sobrecostes soportados anualmente por Caremar en la ejecución de las obligaciones
de servicio público que se le han atribuido para el transporte de pasajeros en la línea Nápoles-Beverello/Capri (Italia) tanto
por transbordadores como por unidades rápidas.
Mediante escrito de 28 de julio de 2005, la DG «Energía y Transportes» de la Comisión denegó el acceso a dichos documentos
con arreglo al artículo 4, apartado 5, del Reglamento nº 1049/2001. Motivó su denegación precisando que, dado que los citados
documentos procedían de las autoridades italianas, había procedido, de conformidad con el artículo 4, apartados 4 y 5, del
Reglamento nº 1049/2001 y del artículo 5, apartado 4, letra b), de su Decisión 2001/937/CE, CECA, Euratom, de 5 de diciembre
de 2001, por la que se modifica su Reglamento interno (DO L 345, p. 94), a consultar a las autoridades italianas y éstas le
habían comunicado que se oponían a la divulgación de tales documentos.
Mediante escrito de 19 de agosto de 2005, la demandante presentó una solicitud confirmatoria de acceso a los documentos relativos
a los sobrecostes soportados anualmente por la compañía marítima Caremar en la ejecución de las obligaciones de servicio público
que se le han atribuido respecto a la línea Nápoles-Beverello/Capri.
Mediante escrito de 12 de octubre de 2005, que lleva la referencia D (2005) 9766 (en lo sucesivo, «segunda Decisión impugnada»),
la Secretaría General de la Comisión confirmó la denegación inicial de la DG «Energía y Transportes», de 28 de julio de 2005.
En la medida en que las autoridades italianas se opusieron a la divulgación de los datos relativos a los sobrecostes soportados
por Caremar para garantizar el servicio público en las líneas afectadas y a la subvención anual pagada a la compañía para
la ejecución de esa misión, consideró que debía aplicarse la excepción prevista en el artículo 4, apartado 5, del Reglamento
nº 1049/2001. Precisó que, dado que las autoridades italianas se habían opuesto explícitamente a la divulgación de esos datos,
no podía garantizar un acceso parcial al documento en cuestión con arreglo al artículo 4, apartado 6, del Reglamento nº 1049/2001.
Además, en su opinión, para apreciar la solicitud confirmatoria, no eran pertinentes las alegaciones formuladas por la demandante
en su solicitud y relativas a los artículos 87 CE y 88 CE, al Reglamento (CEE) nº 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de
1992, por el se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros
(cabotaje marítimo) (DO L 364, p. 7), y a la Comunicación relativa al secreto profesional en las decisiones sobre ayuda estatal,
ya que tales disposiciones se engloban en el ámbito de los procedimientos en materia de ayudas de Estado y de los derechos
de las partes en el marco de esos procedimientos. El derecho de acceso a los documentos, que se recoge en el Reglamento nº 1049/2001,
no depende de la condición ni de los intereses específicos del solicitante.
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 21 de diciembre de 2005, la demandante interpuso un recurso de
anulación contra la segunda Decisión impugnada, registrado con la referencia T‑444/05.
Mediante autos de 19 de septiembre de 2006 del Presidente de la Sala Primera del Tribunal, se admitió la intervención del
Consejo de la Unión Europea y de la República Italiana en apoyo de las pretensiones de la Comisión.
Mediante auto de 27 de octubre de 2006, el Presidente de la Sala Primera del Tribunal admitió la intervención de Caremar en
apoyo de las pretensiones de la Comisión.
Mediante auto de 11 de diciembre de 2006 del Presidente de la Sala Primera del Tribunal, se acumularon los asuntos T‑109/05
y T‑444/05 a efectos de la fase oral y de la sentencia.
Al modificarse la composición de las Salas del Tribunal, el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Cuarta, a la que, por consiguiente,
se ha atribuido el presente asunto.
Con arreglo al artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, el Tribunal formuló por escrito dos preguntas a las
partes. Mediante la primera pregunta, notificada a las partes el 10 de octubre de 2008, se instó a la demandante a precisar
si conservaba el interés en ejercitar la acción en el asunto T‑109/05 habida cuenta de la adopción, por la Comisión, de la
segunda Decisión impugnada, que es objeto del recurso en el asunto T‑444/05. Mediante la segunda, el Tribunal instó a las
partes a que le presentaran observaciones sobre las posibles consecuencias, para los presentes asuntos, de la sentencia del
Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 2007, Suecia/Comisión (C‑64/05 P, Rec. p. I‑11389).
La demandante respondió que conservaba interés en ejercitar la acción en el asunto T‑109/05 mientras la Comisión mantuviera
la primera Decisión impugnada. Por su parte, la Comisión señala que, si bien los dos recursos tienen, en esencia, como finalidad
obtener el acceso a los mismos documentos, el recurso en el asunto T‑444/05 sustituye al recurso en el asunto T‑109/05, que
queda sin objeto.
La Comisión respondió a la segunda pregunta precisando que las autoridades italianas habían motivado debidamente su oposición
basándose en una de las excepciones previstas en el artículo 4, apartados 1 a 3, del Reglamento nº 1049/2001 y que, de todos
modos, una hipotética falta de motivación no tendría ninguna incidencia, en el caso de autos, sobre la legalidad del acto,
ya que la denegación motivada de las autoridades italianas era vinculante para ella y la obligaba a desestimar la solicitud
de acceso.
El 22 de enero de 2009, el Tribunal adoptó una segunda diligencia de ordenación del procedimiento, con arreglo al artículo
64 del Reglamento de Procedimiento, por la que instaba a la Comisión a que aclarara qué quería decir cuando afirmaba, en su
contestación a las preguntas formuladas por el Tribunal el 10 de octubre de 2008, que «el recurso en el asunto T‑444/05 sustituía
de hecho al recurso en el asunto T‑109/05» el cual quedaba, por lo tanto, sin objeto. El Tribunal la instó a precisar si de
ello resultaba que la Comisión había retirado efectivamente la primera Decisión impugnada, objeto del recurso en el asunto
T‑109/05, y, en caso de respuesta negativa, si tenía intención de retirar esa primera Decisión.
La Comisión respondió que el recurso en el asunto T‑444/05 había sido interpuesto únicamente porque el primer recurso no había
sido debidamente precedido de la fase administrativa en nombre de la demandante y que, por ello, debía declararse su inadmisibilidad.
Por esta razón, el segundo recurso sustituye al primero, que ya no tiene razón de ser de manera autónoma y, en ese sentido,
ha quedado sin objeto.
A raíz de la sentencia del Tribunal de 4 de marzo de 2009, Tirrenia di Navigazione/Comisión (T‑265/04, T‑214/04 y T‑504/04,
no publicada en la Recopilación), que anula la Decisión 2005/163, el Tribunal formuló una tercera pregunta por escrito, con
arreglo al artículo 64 del Reglamento de Procedimiento, notificada el 17 de marzo de 2009, instando a las partes a presentar
sus observaciones sobre las consecuencias que debían extraerse de la citada sentencia para los asuntos T‑109/05 y T‑444/05.
La demandante estima que conserva un interés real en ejercitar la acción en los dos asuntos por la necesidad de disponer de
los datos relativos al importe de las cargas efectivamente soportadas por Caremar, en razón de los servicios públicos prestados
en la línea Nápoles-Beverello/Capri, y de las subvenciones que se le concedieron anualmente por ese concepto en la medida
en que esos documentos podrían permitirle el ejercicio de posibles acciones judiciales.
La Comisión considera que, a raíz de la anulación de la Decisión 2005/163 por el Tribunal, los recursos en los asuntos T‑109/05
y T‑444/05 han quedado sin objeto, dado que la demandante ya no tiene interés en pedir la anulación de las decisiones denegatorias
del acceso a los documentos solicitados.
El 7 de abril de 2010 se adoptaron nuevas diligencias de ordenación del procedimiento de conformidad con el artículo 64 del
Reglamento de Procedimiento.
Mediante auto de 12 de abril de 2010, el Tribunal pidió a la Comisión, de conformidad con los artículos 65, letra b), 66,
apartado 1, y 67, apartado 3, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento, que presentara un determinado número de documentos.
En la vista de 1 de junio de 2010, el Tribunal hizo constar que la Comisión renunció a su excepción de inadmisibilidad en
el asunto T‑444/05.
Mediante auto de 9 de julio de 2010, el Tribunal acordó la reapertura de la fase oral del procedimiento con arreglo al artículo
62 del Reglamento de Procedimiento. Se instó a las partes a que formularan sus observaciones sobre las consecuencias que extraían
de la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 2010, Comisión/Technische Glaswerke Ilmenau (C‑139/07 P, Rec. p. I‑0000).

Pretensiones de las partes
En el asunto T‑109/05, la demandante solicita al Tribunal que:
–        Anule la primera Decisión impugnada.
–        Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal que:
–        Declare la inadmisibilidad del recurso o lo desestime por infundado.
–        Condene en costas a la demandante.
Caremar solicita al Tribunal que:
–        Estime las pretensiones de la Comisión.
–        Declare la inadmisibilidad del recurso o lo desestime por infundado.
–        Condene en costas a la demandante.
En el asunto T‑444/05, la demandante solicita al Tribunal que:
–        Anule la segunda Decisión impugnada y, con carácter subsidiario, declare inaplicable a los hechos del presente litigio el
artículo 4, apartado 5, del Reglamento nº 1049/2001.
–        Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal que:
–        Declare la inadmisibilidad del recurso o lo desestime por infundado.
–        Condene en costas a la demandante.
La República Italiana solicita al Tribunal que declare la inadmisibilidad del recurso o lo desestime por infundado.
En esencia, el Consejo solicita al Tribunal que desestime el recurso por infundado.
Caremar solicita al Tribunal que:
–        Estime las pretensiones de la Comisión y declare la inadmisibilidad del recurso o lo desestime por infundado.
–        Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho
A.
Sobre el recurso en el asunto T‑109/05
1.
Sobre el objeto del litigo
a)      Alegaciones de las partes
La Comisión sostiene que el objeto del recurso se limita a los documentos solicitados durante la fase administrativa y no,
como la demandante afirma, a los elementos de los costes vinculados a las obligaciones de servicio público de Caremar en relación
con las diez conexiones diarias con la isla de Capri. En su opinión, la demandante modificó el objeto del litigio.
Además, la Comisión considera, en su respuesta de 27 de marzo de 2009 a la pregunta formulada por el Tribunal, que, a raíz
de la sentencia Tirrenia di Navigazione/Comisión, citada en el apartado 38
supra,
que anula la Decisión 2005/163, los recursos en los asuntos T‑109/05 y T‑444/05 han quedado sin objeto, dado que la demandante
ya no tiene interés en solicitar la anulación de las decisiones denegatorias del acceso a los documentos solicitados.
La demandante replica que su solicitud tenía por objeto fundamentalmente obtener los datos y documentos relativos a los costes
adicionales vinculados a las obligaciones de servicio público impuestas a Caremar en la línea marítima Nápoles-Beverello/Capri.
En su respuesta a la pregunta escrita que se le notificó el 10 de octubre de 2008, la demandante indicó que conservaba interés
en ejercitar la acción en el asunto T‑109/05 en la medida en que la Comisión mantuviera la primera Decisión impugnada. La
demandante reiteró esta postura en su respuesta de 23 de marzo de 2009 a la pregunta formulada por el Tribunal sobre las consecuencias
que extraía para los presentes recursos de la sentencia Tirrenia di Navigazione/Comisión, citada en el apartado 38
supra,
que anula la Decisión 2005/163.
Caremar considera que la solicitud inicial de la demandante se limita a la versión íntegra de la Decisión 2005/163 así como
a los datos analíticos no reproducidos en los considerandos 128 y 140 de ésta. En la vista, Caremar consideró que el presente
recurso carecía de objeto puesto que, a raíz de la anulación de la Decisión 2005/163 por el Tribunal en la sentencia Tirrenia
di Navigazione/Comisión, citada en el apartado 38
supra,
los datos que figuran en los considerandos 128 y 140 de la citada Decisión ya no existen. De lo antedicho concluye que en
el presente asunto concurren los requisitos para declarar el sobreseimiento.
b)      Apreciación del Tribunal
Procede señalar que la solicitud de acceso a los documentos, tal como se desprende del escrito de 24 de noviembre de 2004,
consiste en la obtención del texto íntegro de la Decisión 2005/163, que incluye los datos analíticos que no se reproducen
en los cuadros que figuran en los considerandos 128 y 140 de la Decisión 2005/163, incluidos los elementos detallados de los
sobrecostes soportados anualmente por Caremar y que afectan de manera particular y específica a los servicios de transporte
de pasajeros prestados en la línea marítima Nápoles-Beverello/Capri.
En su recurso contra la primera Decisión impugnada, la demandante precisó que pretendía obtener los datos relativos a los
sobrecostes adicionales vinculados a las obligaciones de servicio público de Caremar en relación con las conexiones con la
isla de Capri.
Es preciso declarar que, contrariamente a lo que alegan la Comisión y Caremar, en el caso de autos no se ha producido una
alteración del objeto del litigio, en el que se solicita la anulación de la primera Decisión impugnada, por el hecho de que
la demandante haya modificado el contenido de los documentos respecto a su solicitud inicial. Si bien la demandante precisó,
durante la fase escrita, los documentos que deseaba obtener, debe señalarse, no obstante, que los elementos detallados de
los sobrecostes soportados anualmente por Caremar y que afectan de manera particular y específica a los servicios de transporte
de pasajeros prestados en la línea marítima Nápoles-Beverello/Capri tanto por transbordadores como por unidades rápidas formaban
parte de los documentos solicitados en su solicitud inicial.
Además, no puede estimarse la alegación de que el presente recurso carece de objeto por cuanto la demandante ya no tiene interés
en solicitar la anulación de la primera Decisión impugnada tras la anulación de la Decisión 2005/163 por el Tribunal en la
sentencia Tirrenia di Navigazione/Comisión, citada en el apartado 38
supra,
puesto que los datos que figuraban en los considerandos 128 y 140 de la citada Decisión han dejado de existir.
En efecto, es preciso recordar que toda persona puede solicitar tener acceso a cualquier documento de las instituciones, sin
que sea necesario motivar la solicitud de acceso a los documentos. Por consiguiente, una persona a quien se le deniega el
acceso a un documento o a una parte de un documento ya tiene, por este mero hecho, un interés en la anulación de la decisión
denegatoria (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 17 de junio de 1998, Svenska Journalistförbundet/Consejo,
T‑174/95, Rec. p. II‑2289, apartados 66 y 67, y de 11 de diciembre de 2001, Petrie y otros/Comisión, T‑191/99, Rec. p. II‑3677,
apartado 26). Aun cuando se haya anulado la Decisión 2005/163, los documentos que han permitido establecer los datos analíticos
de los considerandos 128 y 140 de la Decisión 2005/163 siguen existiendo.
De las consideraciones anteriores resulta que, a pesar de la anulación de la Decisión 2005/163, la demandante conserva interés
en ejercitar la acción contra la primera Decisión impugnada en la medida en que los documentos solicitados no han sido divulgados
y la primera Decisión impugnada sigue estando en vigor. Por lo tanto, el presente recurso dirigido a obtener la anulación
de la citada Decisión no ha quedado sin objeto.
2.
Sobre la admisibilidad
a)      Alegaciones de las partes
Sin plantear una excepción formal de inadmisibilidad, la Comisión sostiene que el recurso es inadmisible por considerar que
la fase administrativa previa obligatoria fue iniciada por el abogado de la demandante en su nombre propio y por su cuenta
y no por la demandante misma.
Admitiendo que siempre fue consciente del hecho de que el Sr. Ravenna actuaba en el marco de una actividad profesional en
interés de la demandante, la Comisión considera, sin embargo, que no podía actuar en nombre de la demandante durante la fase
contenciosa cuando había actuado en las dos fases iniciales del procedimiento de acceso en nombre propio.
Además, la Comisión sostiene que la demandante no puede invocar un presunto interés individual, en el sentido del artículo
230 CE, ya que el acceso del público a los documentos de las instituciones no está supeditado a la existencia de cualquier
interés, sino que se rige con arreglo a los principios y condiciones definidos por el Reglamento nº 1049/2001.
La demandante replica que las alegaciones de la Comisión son excesivamente formalistas, ya que ella sabía que normalmente
la representaba y defendía el Sr. Ravenna. Además, el contenido de la demanda estaba suficientemente motivado para comprender
que se trataba de preservar sus derechos de cara a un eventual recurso judicial.
La demandante alega asimismo que puede considerarse fundadamente que está afectada directa e individualmente en el sentido
del artículo 230 CE, párrafo cuarto, en la medida en que la Decisión 2005/163 la menciona expresamente.
Caremar apoya las pretensiones de la Comisión, por considerar que correspondía al Sr. Ravenna presentar, como solicitante
en el procedimiento administrativo previo, el recurso de anulación contra la primera Decisión impugnada.
b)      Apreciación del Tribunal
Procede recordar que el procedimiento administrativo de acceso a los documentos, regulado por el Reglamento nº 1049/2001,
se desarrolla en dos etapas sucesivas, de conformidad con los artículos 7 y 8 del citado Reglamento. El artículo 7 regula
la tramitación de las solicitudes iniciales. Una respuesta a una solicitud que contenga una denegación total o parcial o una
falta de respuesta en el plazo señalado habilitan al solicitante a presentar una solicitud dirigida a que la institución reconsidere
su postura. En aplicación del artículo 8 del Reglamento nº 1049/2001, que regula la tramitación de las solicitudes confirmatorias,
la denegación total o parcial de concesión de acceso a los documentos solicitados en una solicitud confirmatoria habilita
al solicitante a presentar un recurso judicial contra la institución, en las condiciones previstas para el ejercicio del recurso
de anulación.
En primer lugar, debe señalarse que la solicitud inicial de 24 de noviembre de 2004 así como la solicitud confirmatoria de
acceso a los documentos de 4 de enero de 2005 fueron efectuadas y firmadas por el Sr. Ravenna, abogado de la demandante, sin
que se hiciera expresa mención, como tal, a un vínculo de representación con la demandante.
Sin embargo, de los términos de la solicitud inicial resulta que el Sr. Ravenna actuaba en nombre de la demandante, ya que
éste pidió a la Comisión que le enviara el texto íntegro de la Decisión 2005/163 y precisó que la demandante necesitaba esa
información para tener pleno conocimiento de la Decisión en cuestión.
Además, debe señalarse que la Comisión sabía que el Sr. Ravenna representaba a la demandante, ya que en el correo de la DG
«Energía y Transportes» de 7 de diciembre de 2004, en respuesta a la solicitud inicial de acceso a los documentos, aparecía
la mención «la compañía marítima NLG que usted representa». Además, en la primera Decisión impugnada, la Comisión utilizó
las siguientes expresiones: «la decisión notificada a su cliente» e «intereses de su cliente».
Del contenido de los escritos tanto del Sr. Ravenna como de la Comisión se desprende que éste actuaba en nombre de la demandante
durante la fase administrativa.
Por lo tanto, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, el recurso es admisible.
3.
Sobre el fondo
En apoyo de su recurso, la demandante invoca cuatro motivos, basados, el primero, en un error de Derecho de la Comisión en
la aplicación de la excepción prevista en el artículo 4, apartado 2, primer guión, del Reglamento nº 1049/2001; el segundo,
en la violación del principio de no discriminación; el tercero, en la violación del principio de proporcionalidad, y, el cuarto,
en el incumplimiento de la obligación de motivación.
En primer lugar, procede examinar el cuarto motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación.
a)      Sobre el cuarto motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación
Alegaciones de las partes
La demandante considera que la Comisión no analizó el objeto de su solicitud de documentos, que consistía en la comunicación
de los documentos en los que figuraban los datos relativos a los sobrecostes vinculados a las obligaciones de servicio público
de Caremar en relación con la línea Nápoles-Beverello/Capri. Tampoco examinó las disposiciones de la Comunicación relativa
al secreto profesional en las decisiones sobre ayuda estatal, que prevé expresamente en los apartados 14 y 17 la necesidad
de publicar los datos relativos a los costes adicionales, derivados de las obligaciones de servicio público.
La demandante afirma asimismo que la Comisión no consideró la divulgación de los datos a la luz de la jurisprudencia sentada
en la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00,
Rec. p. I‑7747; en lo sucesivo, «sentencia Altmark»), y realizó una lectura parcial de la sentencia del Tribunal General de
25 de junio de 1998, British Airways y otros/Comisión (T‑371/94 y T‑394/94, Rec. p. II‑2405).
La Comisión y Caremar sostienen que las alegaciones relativas a la falta de motivación de la primera Decisión impugnada carecen
de todo fundamento.
Apreciación del Tribunal
Conforme a reiterada jurisprudencia, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto
de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de
manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer
su control. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida
en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias de dicho artículo debe apreciarse en relación no sólo
con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de
que se trate (véanse la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de marzo de 2003, Interporc/Comisión, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125,
apartado 55, y la jurisprudencia citada, y la sentencia del Tribunal General de 26 de abril de 2005, Sison/Consejo, T‑110/03,
T‑150/03 y T‑405/03, Rec. p. II‑1429, apartado 59).
Por lo que se refiere a la solicitud de acceso a los documentos, cuando la institución de que se trate deniegue tal acceso
deberá demostrar en cada caso concreto, sobre la base de los datos de los que dispone, que los documentos cuyo acceso se solicita
están efectivamente amparados por las excepciones enumeradas en el Reglamento nº 1049/2001 (véase, por analogía, la sentencia
del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 2000, Países Bajos y van der Wal/Comisión, C‑174/98 P y C‑189/98 P, Rec. p. I‑1,
apartado 24). Sin embargo, puede resultar imposible indicar las razones que justifican la confidencialidad respecto de cada
documento, sin divulgar el contenido de éste y, por lo tanto, sin privar a la excepción de su finalidad esencial (véase, en
este sentido, la sentencia del Tribunal de 25 de abril de 2007, WWF European Policy Programme/Consejo, T‑264/04, Rec p. II‑911,
apartado 37).
En el marco de esta jurisprudencia, incumbe pues a la institución que haya denegado el acceso a un documento proporcionar
una motivación que permita comprender y verificar, por una parte, si el documento solicitado está comprendido efectivamente
en el ámbito de la excepción invocada y, por otra, si la necesidad de protección relativa a esa excepción es real.
La motivación de una decisión denegatoria del acceso a documentos debe, por lo tanto, indicar, al menos para cada categoría
de documentos de que se trate, los motivos específicos por los que la institución considera que a la divulgación de los documentos
solicitados le es aplicable una de las excepciones previstas en el Reglamento nº 1049/2001 (véanse, en este sentido, la sentencia
Interporc/Comisión, citada en el apartado 81
supra,
apartado 56, y la sentencia del Tribunal General de 19 de enero de 2010, Co-Frutta/Comisión, T‑355/04 y T‑446/04, Rec. p. II‑1,
apartado 101).
En el caso de autos, debe señalarse que la solicitud de acceso de la demandante afecta a los siguientes documentos: el texto
íntegro de la Decisión 2005/163, que contiene los datos analíticos que no se reproducen en los cuadros que figuran en los
considerandos 128 y 140 de la Decisión 2005/163, incluidos los elementos detallados de los sobrecostes soportados anualmente
por Caremar en relación con los servicios de transporte de pasajeros prestados en la línea Nápoles-Beverello/Capri tanto por
transbordadores como por unidades rápidas.
La Comisión motivó su negativa a divulgar los documentos solicitados en los siguientes términos:
«[…]
1.      Objeto de la solicitud
Su solicitud tiene por objeto ciertos datos numéricos que figuran en los cuadros de los [considerandos] 128 y 140 de la Decisión
[2005/163]. En efecto, en la versión pública de la Decisión [2005/163], que se halla en su poder, se omitió el reparto de
los costes, pero figura el importe de los mismos.
2.       Protección de los intereses comerciales.
Los datos omitidos en la versión de la Decisión [2005/163] destinada al público se refieren al reparto de los costes que se
tomó en consideración, para cada una de las compañías regionales, en el cálculo de la compensación anual concedida por la
ejecución de servicios de interés general.
La divulgación de los datos numéricos podría perjudicar a los intereses comerciales de las empresas afectadas y constituir
una ventaja para otras empresas. Se trata de datos relativos al funcionamiento interno de las empresas del grupo Tirrenia.
La información de este tipo no se comunica a las partes interesadas a las que se notifica la decisión en virtud del artículo
20 del Reglamento nº 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 [CE]. Por consiguiente,
los datos amparados por el secreto comercial se omitieron en la decisión notificada a su cliente, la sociedad Navigazione
Libera del Golfo [NLG], mediante carta certificada de 20 de julio de 2004.
Según la jurisprudencia, la Comisión está obligada, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 287 […] CE, a no divulgar a
los interesados información que, por su propia naturaleza, esté amparada por el secreto profesional, como es el caso, en particular,
de los datos relativos al funcionamiento interno de la empresa beneficiaria.
A mayor abundamiento, el Reglamento nº 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos, prohíbe la comunicación
de esos datos. En efecto, la publicación podría perjudicar a los intereses comerciales de las empresas afectadas y sería contraria
a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, primer guión, del Reglamento nº 1049/2001.
3.      Acceso parcial
La solicitud de acceso afecta únicamente a determinados datos numéricos que se omitieron en la versión publicada. Esos datos
están amparados en su totalidad por la excepción relativa a la protección de los intereses comerciales. Se autorizó ya un
acceso parcial al documento, tal como establece el artículo 4, apartado 6, del Reglamento nº 1049/2001.
[…]»
En cuanto a la motivación relativa a la denegación de la divulgación de los datos analíticos en los cuadros que figuran en
los considerandos 128 y 140 de la Decisión 2005/163, debe señalarse, en primer lugar, que la Comisión precisa explícitamente,
en el apartado 2 de la primera Decisión impugnada, que la divulgación de los datos numéricos solicitados por la demandante
podría perjudicar a los intereses comerciales de las empresas afectadas y constituir una ventaja para otras empresas y sería
contrario al artículo 4, apartado 2, primer guión, del Reglamento nº 1049/2001. Asimismo, precisa que esos datos están amparados
por el secreto comercial y que, además, en virtud del artículo 20 del Reglamento nº 659/1999, esos datos no se comunican a
las partes interesadas. En el apartado 4 de la primera Decisión impugnada, la Comisión consideró que no existía ningún interés
público superior que justificara apartarse de la necesidad de proteger los intereses comerciales de las empresas haciendo
pública la información relativa a su funcionamiento interno.
En cuanto a las alegaciones según las cuales la Comisión no explicó suficientemente las razones por las que no aplicó las
disposiciones de la Comunicación relativa al secreto profesional en las decisiones sobre ayuda estatal y no explicó la aplicación
de la sentencia Altmark y de la sentencia British Airways y otros/Comisión, citada en el apartado 79
supra,
procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, no se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho
y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo
253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de
normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véase la sentencia Co-Frutta/Comisión, citada en el apartado 84
supra,
apartado 100, y la jurisprudencia citada).
Por consiguiente, por lo que se refiere a los datos analíticos que figuran en los considerandos 128 y 140 de la Decisión 2005/163,
la primera Decisión impugnada muestra de manera clara e inequívoca el razonamiento de la Comisión, de manera que los interesados
pueden conocer las razones de la medida adoptada y el Tribunal puede ejercer su control.
Sin embargo, debe señalarse que la Comisión limitó el objeto de la solicitud de documentos, como se desprende del apartado
1 de la primera Decisión impugnada, a los datos numéricos recogidos en los cuadros que figuran en los considerandos 128 y
140 de la Decisión 2005/163. No tomó en consideración la segunda parte de la solicitud de la demandante relativa a los datos
detallados que permitieron calcular los sobrecostes soportados anualmente por Caremar y que se refieren específicamente a
los servicios de transporte de pasajeros prestados en la línea Nápoles-Beverello/Capri tanto por transbordadores como por
unidades rápidas.
Al no indicarse los motivos por los que la divulgación de los documentos que contienen los citados datos podría efectivamente
causar un perjuicio a algún aspecto de la protección de los intereses comerciales, la demandante no ha podido conocer las
razones de la medida adoptada para defender sus derechos y, en consecuencia, el propio Tribunal no puede apreciar los motivos
por los que es aplicable a los documentos cuyo acceso ha sido denegado una de las excepciones previstas en el artículo 4 del
Reglamento nº 1049/2001 (véase, en este sentido, la sentencia Svenska Journalistförbundet/Consejo, citada en el apartado 62
supra,
apartados 115 a 118, 122,125 y 127).
De las consideraciones anteriores resulta que la primera Decisión impugnada adolece de falta de motivación en la medida en
que la Comisión no comunicó los motivos que permitan a la demandante conocer las razones de la denegación del acceso a los
elementos de los sobrecostes soportados anualmente por Caremar que se refieren a los servicios de transporte de pasajeros
prestados en la línea Nápoles-Beverello/Capri tanto por transbordadores como por unidades rápidas.
Por consiguiente, procede anular la Decisión impugnada en la medida en que adolece de falta de motivación en cuanto a la solicitud
específica de los elementos detallados de los sobrecostes soportados anualmente por Caremar que se refieren a los servicios
de transporte de pasajeros prestados en la línea Nápoles-Beverello/Capri tanto por transbordadores como por unidades rápidas.
Sin embargo, es preciso examinar la legalidad en cuanto al fondo de la primera Decisión impugnada en la medida en que afecta
a los datos analíticos de los considerandos 128 y 140 de la Decisión 2005/163, ya que la motivación facilitada por la Comisión
al respecto ha sido suficiente.
b)      Sobre el primer motivo, basado en un error de Derecho en la aplicación de la excepción prevista en el artículo 4, apartado
2, primer guión, del Reglamento nº 1049/2001
Este primer motivo se divide en dos partes. La primera de ellas se apoya en una base jurídica errónea y la segunda en la infracción
del artículo 4, apartado 2, primer guión, del Reglamento nº 1049/2001.
Sobre la primera parte, basada en un error de Derecho en la elección de la base jurídica
–       Alegaciones de las partes
La demandante alega que, para denegar el acceso a los documentos en relación con los costes adicionales vinculados a las obligaciones
de servicio público de Caremar, la Comisión se basa no sólo en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento nº 1049/2001, sino
también en el artículo 20 del Reglamento nº 659/1999, en el artículo 287 CE y en la Comunicación relativa al secreto profesional
en las decisiones sobre ayuda estatal.
La demandante considera que la Comisión se basa equivocadamente, en su escrito de 7 de diciembre de 2004, en la Comunicación
relativa al secreto profesional en las decisiones sobre ayuda estatal. En la medida en que la primera Decisión impugnada confirma
la decisión denegatoria de 7 de diciembre de 2004 y, por lo tanto, se basa en las mismas disposiciones, en particular en la
Comunicación relativa al secreto profesional en las decisiones sobre ayuda estatal, adolece de un vicio de forma.
En el caso de que deba acudirse a la citada Comunicación, la demandante sostiene que ésta prevalece sobre el Reglamento nº 1049/2001
en la medida en que los conceptos de secreto profesional e información confidencial son más específicos y completos que el
artículo 4 del Reglamento nº 1049/2001.
La Comisión sostiene que la primera parte carece de fundamento fáctico, ya que la primera Decisión impugnada no menciona la
Comunicación relativa al secreto profesional en las decisiones sobre ayuda estatal, sino que se basa en el artículo 4, apartado
2, del Reglamento nº 1049/2001.
Caremar apoya las alegaciones formuladas por la Comisión.
–       Apreciación del Tribunal
Según la jurisprudencia, en virtud del artículo 8 del Reglamento nº 1049/2001, la respuesta a la solicitud inicial sólo constituye
una primera postura, que concede al solicitante la posibilidad de pedir al Secretario General de la Comisión que revise tal
postura (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 6 de julio de 2006, Franchet y Byk/Comisión, T‑391/03 y T‑70/04,
Rec. p. II‑2023, apartado 47, y Co-Frutta/Comisión, citada en el apartado 84
supra,
apartado 35).
Por consiguiente, sólo la medida adoptada por el Secretario General de la Comisión, que tiene carácter de decisión y sustituye
íntegramente a la postura anterior, puede producir efectos jurídicos que afecten a los intereses del solicitante y, por tanto,
ser objeto de recurso de anulación (véanse, en este sentido, las sentencias Franchet y Byk/Comisión, citada en el apartado
101
supra,
apartados 47 y 48, y la sentencia Co‑Frutta/Comisión, citada en el apartado 84
supra,
apartados 34 a 36). Por tanto, la respuesta a la solicitud inicial no produce efectos jurídicos y no puede considerarse un
acto impugnable.
En el caso de autos, únicamente la respuesta de la DG «Energía y Transportes» de 7 de diciembre de 2004 menciona la Comunicación
relativa al secreto profesional en las decisiones sobre ayuda estatal para considerar que los datos solicitados son confidenciales
en virtud de la citada Comunicación.
La primera Decisión impugnada, adoptada por el Secretario General de la Comisión, que constituye la única medida que tiene
carácter de decisión y que sustituye íntegramente a la postura precedente de 7 de diciembre de 2004 (véase, en este sentido,
la sentencia Franchet y Byk/Comisión, citada en el apartado 101
supra,
apartados 47 y 48; véase también, en este sentido, la sentencia Co-Frutta/Comisión, citada en el apartado 84
supra,
apartados 34 a 36), no hace referencia a la citada Comunicación, contrariamente a lo que sostiene la demandante.
Por consiguiente, el Tribunal no debe pronunciarse sobre la motivación en que la DG «Energía y Transportes» se basó en la
postura inicial y que no fue invocada por el Secretario General en la primera Decisión impugnada (véase, por analogía, la
sentencia del Tribunal de 16 de octubre de 2003, Co-Frutta/Comisión, T‑47/01, Rec. p. II‑4441, apartados 28 a 33).
Por lo tanto, procede desestimar la primera parte del presente motivo.
Sobre la segunda parte, basada en la infracción del artículo 4, apartado 2, primer guión, del Reglamento nº 1049/2001
–       Alegaciones de las partes
Con carácter subsidiario, la demandante sostiene que la divulgación de los datos correspondientes a los costes adicionales
vinculados a las obligaciones de servicio público de Caremar no puede perjudicar a los intereses comerciales de ésta. Los
datos relativos a los costes adicionales vinculados a las obligaciones de servicio público no están comprendidos en el ámbito
de aplicación de los métodos de evaluación de los costes de fabricación, de distribución, de los secretos de fabricación y,
por lo tanto, no constituyen secretos comerciales.
La demandante considera que el respeto de la transparencia impuesta por el sistema de control de las ayudas de Estado, previsto
en los artículos 87 CE y 88 CE, exige la publicidad de los costes adicionales vinculados a las obligaciones de servicio público,
ya que se trata de servicios de interés público. Esta exigencia de publicidad y de transparencia, que resulta de las normas
del Tratado, ha sido confirmada por la jurisprudencia, el artículo 4, apartado 1, letra h), del Reglamento (CEE) nº 2408/92
del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo al acceso de las compañías aéreas de la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias
(DO L 240, p. 8), y el artículo 4, apartado 2, del Reglamento nº 3577/92. La exigencia de transparencia se impone aún más
en el caso de autos, toda vez que Caremar no fue seleccionada en el marco de una licitación de un contrato público.
La demandante estima asimismo que la negativa de la Comisión a divulgar los datos correspondientes a los costes adicionales
controvertidos no es compatible con la sentencia Altmark, citada en el apartado 79
supra,
en la medida en que la Comisión elaboró normas
ad hoc
vinculantes que exigen en casos análogos el recurso a análisis comparativos de los costes de los servicios controvertidos
con los de las empresas que operan en condiciones similares. Dichos análisis no pueden conciliarse con las exigencias de confidencialidad
y protección de los intereses comerciales de Caremar.
La demandante rechaza también la referencia efectuada por la Comisión a la sentencia British Airways y otros/Comisión, citada
en el apartado 79
supra,
por considerar que no es pertinente en el caso de autos.
En su opinión, el interés público justifica la divulgación de los documentos solicitados, en vista de las disposiciones del
Tratado CE en el marco del control de las ayudas de Estado. La demandante considera que, en la medida en que no existe ningún
interés comercial que deba protegerse, no procede probar la existencia de un interés público superior que justifique la divulgación.
Asimismo, la demandante señala que Caremar no justifica ni aporta prueba alguna del carácter confidencial de los datos solicitados
ni, sobre todo, de las ventajas comerciales que podría obtener en el caso de que hubiera tenido conocimiento de dichos datos.
Sin embargo, considera que Caremar no corre ningún riesgo comercial si se hacen públicos esos datos, que corresponden a las
pérdidas y a las subvenciones concedidas por las autoridades italianas y que, por lo tanto, no revisten interés comercial.
La demandante rebate la alegación de la Comisión de que su solicitud es ajena al objeto del presente procedimiento porque
afecta al texto íntegro de la Decisión 2005/163. Aunque reconoce que «los cuadros que figuran en los considerandos 128 y 140
de la Decisión [2005/163] se limitan a reproducir los datos agregados que se refieren a todas las actividades de las sociedades
[del grupo Tirrenia]», la demandante considera que la Comisión dispone de documentos que han permitido el cálculo de los datos
numéricos solicitados.
La demandante señala, en su escrito de réplica, que los documentos solicitados tienen en parte carácter histórico en la medida
en que se refieren a subvenciones concedidas a Caremar en un momento anterior al período de cinco años previsto en el apartado
14, segundo guión, de la Comunicación relativa al secreto profesional en las decisiones sobre ayuda estatal.
A raíz de la pregunta escrita formulada por el Tribunal sobre las consecuencias que pueden extraerse de la sentencia Comisión/Technische
Glaswerke Ilmenau, citada en el apartado 44
supra,
la demandante sostiene, en esencia, que no concurren los requisitos de hecho y de Derecho de la citada sentencia, ya que
éstos se refieren a la interpretación del artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento nº 1049/2001, que no ha sido
invocado en el caso de autos.
La Comisión replica que publicó efectivamente los datos globales relativos a los costes vinculados a las obligaciones de servicio
público y únicamente ocultó datos relativos a los elementos del precio de coste, es decir, los que se refieren a la estructura
de los costes de producción de la sociedad.
La Comisión, tras recordar que el objeto del presente litigio se limita al único documento solicitado durante la fase administrativa,
considera que la demandante no tiene en cuenta la distinción efectuada por la jurisprudencia entre el concepto de documentos
y el de información.
En cuanto al alcance de la sentencia Comisión/Technische Glaswerke Ilmenau, citada en el apartado 44
supra,
la Comisión sostiene que la necesidad subrayada por el Tribunal de Justicia de mantener una coherencia entre los procedimientos
relativos a las ayudas de Estado y la tramitación de las solicitudes de acceso a los documentos tiene alcance general y se
aplica también cuando la Comisión debe proteger los intereses comerciales de terceros, con independencia de que sea en el
marco de la publicación de una decisión en materia de ayudas de Estado o en el marco de una solicitud de acceso a los documentos
en virtud del Reglamento nº 1049/2001.
Caremar sostiene que la Comisión estimó acertadamente que los datos solicitados están comprendidos en el ámbito de aplicación
de la excepción relativa a la protección de los intereses comerciales, prevista en el artículo 4, apartado 2, primer guión,
del Reglamento nº 1049/2001. Señala que los datos omitidos en los cuadros que figuran en los considerandos 128 y 140 de la
Decisión 2005/163 se refieren al total de los costes soportados por cada una de las compañías regionales, a los productos
de explotación y al importe de las subvenciones anuales que se les han concedido. Al igual que la Comisión, Caremar considera
que la demandante no demuestra que se haya producido un error de apreciación en la aplicación de la excepción prevista en
el artículo 4, apartado 2, primer guión, del Reglamento nº 1049/2001, ni que exista un interés público superior que pueda
justificar la divulgación de los documentos solicitados. Pues bien, correspondía a la demandante invocar dicho interés en
el marco de su solicitud para instar a la institución a que se pronunciase sobre ese punto.
En cuanto al alcance de la sentencia Comisión/Technische Glaswerke Ilmenau, citada en el apartado 44
supra,
Caremar sostiene, en la misma línea que la Comisión, que la interpretación del artículo 4, apartado 2, primer guión, del Reglamento
nº 1049/2001 realizada por la Comisión, teniendo en cuenta la presunción general que resulta del procedimiento de ayuda de
Estado en el que se enmarca la solicitud de acceso a los documentos, es válida.
–       Apreciación del Tribunal
El Reglamento nº 1049/2001 tiene por objeto, como indican su considerando 4 y su artículo 1, garantizar al público el derecho
de acceso más amplio posible a los documentos de las instituciones. Se aplica a todos los documentos que obren en poder de
una institución, es decir, los documentos por ella elaborados o recibidos y que estén en su posesión, en todos los ámbitos
de actividad de la Unión, con arreglo al artículo 2, apartado 3, del citado Reglamento.
Con arreglo al artículo 4, apartado 2, primer guión, del Reglamento nº 1049/2001, las instituciones denegarán el acceso a
un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de los intereses comerciales de una persona física o
jurídica determinada, salvo que su divulgación revista un interés público superior.
Según reiterada jurisprudencia, las excepciones en el acceso a los documentos deben interpretarse y aplicarse estrictamente,
de modo que no se frustre la aplicación del principio general consistente en otorgar al público el máximo acceso posible a
los documentos que obran en poder de las instituciones (sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de julio de 2008, Reino de
Suecia y Maurizio Turco/Consejo, C‑39/05 P y C‑52/05 P, Rec. p. I‑4723, apartado 36).
Además, el examen que requiere la tramitación de una solicitud de acceso a los documentos debe revestir un carácter concreto.
En efecto, el mero hecho de que un documento se refiera a un interés protegido por una excepción no basta para justificar
la aplicación de ésta. En principio, la aplicación de la excepción sólo está justificada en caso de que la institución haya
valorado previamente, primero, si el acceso al documento podía perjudicar concreta y efectivamente al interés protegido y,
segundo, en los supuestos previstos en el artículo 4, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 1049/2001, si existía un interés
público superior que justificara la divulgación del documento (sentencia de 19 de enero de 2010, Co‑Frutta/Comisión, citada
en el apartado 84
supra,
apartado 123; véase también, en este sentido, la sentencia Reino de Suecia y Maurizio Turco/Consejo, citada en el apartado
123
supra,
apartado 49).
Además, el riesgo de perjudicar a un interés protegido debe ser razonablemente previsible y no puramente hipotético. El examen
que debe efectuar, en principio, la institución al objeto de aplicar una excepción ha de realizarse de manera concreta y debe
constar en la motivación de la decisión (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 13 de abril de 2005, Verein
für Konsumenteninformation/Comisión, T‑2/03, Rec. p. II‑1121, apartado 69, y Franchet y Byk/Comisión, citada en el apartado
101
supra,
apartado 115).
El examen de la aplicación que la Comisión ha efectuado de la excepción prevista en el artículo 4, apartado 2, primer guión,
del Reglamento nº 1049/2001 para denegar el acceso a los documentos solicitados debe hacerse a la luz de estos principios.
En el caso de autos, la Comisión denegó el acceso a los documentos porque la divulgación de los datos numéricos que figuran
en los considerandos 128 y 140 de la Decisión 2005/163 podría perjudicar a los intereses comerciales de las empresas afectadas
y constituir una ventaja para otras empresas y sería contrario a las disposiciones del artículo 4, apartado 2, primer guión,
del Reglamento nº 1049/2001.
En primer lugar, procede señalar que los documentos para los que se invoca la excepción pueden contener información confidencial
comprendida en el ámbito de aplicación de la excepción relativa a la protección de los intereses comerciales. En efecto, los
datos numéricos no divulgados corresponden al reparto de los costes y de los ingresos del grupo Tirrenia a partir de los cuales
se calculó la compensación anual concedida por la ejecución de servicios de interés general y, por lo tanto, pueden estar
amparados por el secreto comercial.
Ciertamente, el derecho de acceso del público a un documento de las instituciones se refiere sólo a los documentos, y no a
la información entendida de forma más general, y no implica para las instituciones el deber de responder a cualquier solicitud
de información de un particular (véase, en este sentido, la sentencia WWF European Policy Programme/Consejo, citada en el
apartado 82
supra,
apartado 76, y la jurisprudencia citada). Sin embargo, contrariamente a lo que alega la Comisión, la demandante solicitó efectivamente
el acceso a documentos en los que figuran los datos analíticos que no se reproducen en la Decisión 2005/163.
En segundo lugar, debe examinarse si la Comisión procedió a una apreciación concreta e individual del contenido de los documentos
a los que se refiere la solicitud de la demandante.
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha reconocido que la institución afectada puede basarse en presunciones generales
aplicables a determinadas categorías de documentos, toda vez que pueden aplicarse consideraciones de carácter general similares
a solicitudes de divulgación relativas a documentos de la misma naturaleza (véase la sentencia Comisión/Technische Glaswerke
Ilmenau, citada en el apartado 44
supra,
apartado 54, y la jurisprudencia citada).
Así, el Tribunal de Justicia ha considerado que, en lo que concierne a los procedimientos de control de las ayudas de Estado,
tales presunciones generales pueden resultar del Reglamento nº 659/1999 así como de la jurisprudencia relativa al derecho
a consultar los documentos del expediente administrativo de la Comisión (véase, en este sentido, la sentencia Comisión/Technische
Glaswerke Ilmenau, citada en el apartado 44
supra,
apartado 55).
El Tribunal de Justicia ha llegado a la conclusión de que, a efectos de la interpretación de la excepción establecida en el
artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento nº 1049/2001, debe tenerse en cuenta que los interesados que no sean
el Estado afectado en los procedimientos de control de ayudas de Estado no tienen derecho a consultar los documentos del expediente
administrativo de la Comisión y, por tanto, debe reconocerse la existencia de una presunción general de que la divulgación
de los documentos del expediente administrativo perjudicaría, en principio, a la protección del objetivo de las actividades
de investigación (sentencia Comisión/Technische Glaswerke Ilmenau, citada en el apartado 44
supra,
apartado 61).
En el caso de autos, los documentos solicitados corresponden a la versión confidencial de la Decisión 2005/163 y a los que
hicieron posible la obtención de los datos numéricos que no se reproducen en los considerandos 128 y 140 de la versión no
confidencial.
Aun cuando dichos documentos resulten del expediente administrativo de la Comisión en el marco del control de una ayuda de
Estado, el Tribunal considera que no puede presumirse que la divulgación de los elementos de los sobrecostes vinculados a
las obligaciones de servicio público así como de todos los documentos que hicieron posible la obtención de los datos numéricos
causa un perjuicio a la protección de los intereses comerciales de Caremar en el sentido del artículo 4, apartado 2, primer
guión, del Reglamento nº 1049/2001.
Además, dicha presunción general sería contraria a la Comunicación relativa al secreto profesional en las decisiones sobre
ayuda estatal, que prevé en su considerando 17 que la información relativa a la organización y a los costes de los servicios
públicos no se considerará normalmente otra información confidencial.
Por consiguiente, en el caso de autos correspondía a la Comisión examinar si la divulgación de los documentos incluida en
el ámbito de aplicación de la excepción relativa a la protección de los intereses comerciales perjudicaba de modo concreto
y efectivo al interés protegido.
De la Decisión impugnada resulta que, al indicar que los datos omitidos se refieren al reparto de los costes tenido en cuenta
para cada una de las compañías regionales en el cálculo de la compensación anual concedida por la ejecución de servicios de
interés general y al considerar que la divulgación de los datos numéricos podría perjudicar a los intereses comerciales de
Caremar, la Comisión efectuó un examen concreto y efectivo de los documentos en cuestión. En efecto, habida cuenta de la naturaleza
de los documentos solicitados, que consisten en datos numéricos de la misma naturaleza, a saber, los distintos elementos de
los costes de Caremar extraídos de su cuenta de explotación y tomados en consideración para el cálculo de la compensación
anual, así como en los modos de cálculo para su obtención, la Comisión pudo, reagrupándolos bajo una denominación común, apreciar
de modo concreto y efectivo tales datos.
Por lo que se refiere a la cuestión de la procedencia de la negativa de la Comisión a comunicar los documentos solicitados,
los datos analíticos que no figuran en los considerandos 128 y 140 de la Decisión 2005/163 corresponden a los distintos elementos
de costes tenidos en cuenta para el cálculo de la subvención anual y proceden de un estudio de un consultor sobre la evaluación
de los criterios de presentación de las cuentas de explotación por línea y por temporada de las sociedades del grupo Tirrenia.
Esos diferentes elementos de costes extraídos de las cuentas de explotación de Caremar para el año 2000 (considerando 128
de la Decisión 2005/163) y de la evolución de los distintos elementos de costes tomados en consideración para el cálculo de
la subvención anual entre 1992 y 2000 (considerando 140 de la Decisión 2005/163) comprenden: i) las comisiones de agencia
y los gastos de adquisición, ii) las tasas portuarias y los gastos de tránsito portuario y otros gastos vinculados a la circulación
de los buques, iii) los costes de ejercicio que corresponden a los gastos relativos a la tripulación, iv) los gastos de mantenimiento
de los buques, v) los costes de amortización, vi) las cargas financieras netas, vii) los cotes relativos al personal administrativo
y a los gastos generales, viii) los otros costes que corresponden a los impuestos y a las tasas, salvo el impuesto de sociedades.
A este respecto, procede recordar que la Comisión está obligada, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 287 CE, a no divulgar
a los interesados información que, por su propia naturaleza, esté amparada por el secreto profesional, como es el caso, en
particular, de los datos relativos al funcionamiento interno de la empresa beneficiaria (sentencia British Airways y otros/Comisión,
citada en el apartado 79
supra,
apartado 63). El secreto comercial ha sido definido como información respecto a la cual no sólo su divulgación al público
sino su mera comunicación a un sujeto de Derecho distinto del que ha suministrado la información puede perjudicar gravemente
a los intereses de éste (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 18 de septiembre de 1996, Postbank/Comisión,
T‑353/94, Rec. p. II‑921, apartado 87). Es necesario que los intereses que la divulgación de la información pueda lesionar
sean objetivamente dignos de protección. La apreciación del carácter confidencial de una información requiere ponderar los
intereses legítimos que se oponen a su divulgación y el interés general, que exige que las actividades de las instituciones
se desarrollen de la forma más abierta posible (sentencias del Tribunal de 30 de mayo de 2006, Bank Austria Creditanstalt/Comisión,
T‑198/03, Rec. p. II‑1429, apartado 71, y de 12 de octubre de 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Comisión,
T‑474/04, Rec. p. II 4225, apartado 65).
En el caso de autos, los datos de que se trata, así como los documentos en que se basan, que corresponden a las cuentas de
explotación analizados por una sociedad de auditoría, se incluyen en el ámbito del secreto comercial de la sociedad afectada.
En efecto, si comunicara esos datos, la Comisión transmitiría a los competidores de Caremar sus cuentas de resultados relativas
a varios años, lo que equivaldría a transmitir a sus competidores sus costes de producción en las distintas líneas de transporte
y podría menoscabar los intereses de esa sociedad.
Por consiguiente, la Comisión consideró fundamentalmente que la divulgación de esos datos correspondientes a los elementos
de costes extraídos de las cuentas de explotación de Caremar podría perjudicar a sus intereses comerciales y sería contraria
a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, primer guión, del Reglamento nº 1049/2001.
Como la demandante señala, es cierto que normalmente no se considera que la información relativa a la organización y a los
costes de los servicios públicos constituya información confidencial, como se desprende del considerando 17 de la Comunicación
relativa al secreto profesional en las decisiones sobre ayuda estatal.
Sin embargo, debe señalarse que en el apartado 3.1 de la citada Comunicación se precisa que esa información relativa a la
organización y a los costes de los servicios públicos puede incluirse en el ámbito del secreto comercial cuando dicha información
se refiera a una actividad empresarial que tenga un valor económico real o potencial y de cuya divulgación o utilización pueda
resultar un beneficio económico para otras empresas. Aun cuando, como la demandante señala, el respeto al principio de transparencia
justifica la publicidad de los elementos tomados en consideración para el cálculo de una subvención pública en una decisión
de ayuda de Estado, procede señalar que resulta del sistema establecido por los Tratados, en particular del artículo 1 UE,
y de los artículos 254 CE y 255 CE, así como del principio de apertura y del imperativo de transparencia en la acción de las
instituciones comunitarias que allí se recogen, que, a falta de disposiciones que ordenen o prohíban expresamente una publicación,
la facultad de las instituciones de hacer públicos los actos que adoptan constituye la norma. Existen, sin embargo, excepciones
a esta norma en la medida en que el Derecho comunitario se oponga a la divulgación de dichos actos o de parte de la información
que contengan, en particular mediante las disposiciones que garantizan el respeto del secreto profesional (véase, en este
sentido, la sentencia Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Comisión, citada en el apartado 140
supra,
apartado 61).
En cuanto a la sentencia Altmark, citada en el apartado 79
supra,
en la que se apoya la demandante para afirmar que los elementos de costes vinculados a las obligaciones de servicio público
deben hacerse públicos con el fin de poder aplicar los criterios definidos por el Tribunal de Justicia para considerar que
una compensación estatal constituye la contrapartida de las prestaciones realizadas por las empresas beneficiarias para el
cumplimiento de obligaciones de servicio público, no es pertinente en el caso de autos. En efecto, en dicha sentencia, el
Tribunal de Justicia considera que los parámetros para el cálculo de la compensación deben establecerse previamente de forma
objetiva y transparente, pero no precisa que los elementos de costes vinculados a las obligaciones de servicio público deban
ser divulgados.
En tercer lugar, debe comprobarse, como pretende la demandante, si no existe un interés público superior que justifique la
divulgación de los documentos a pesar del menoscabo que resultaría a la protección de los intereses comerciales de Caremar.
Procede recordar que el Reglamento nº 1049/2001 prevé que la aplicación de las excepciones que figuran en el artículo 4, apartados
2 y 3, queda excluida si la divulgación del documento de que se trate reviste un interés público superior. En este contexto,
corresponde a la institución, por una parte, ponderar el interés específico que debe protegerse no divulgando el documento
de que se trate y, por otra parte, en particular, el interés general en que dicho documento se haga accesible habida cuenta
de las ventajas que se derivan, como señala el considerando 2 del Reglamento nº 1049/2001, de una mayor apertura, a saber,
una mayor participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones y una mayor legitimidad, eficacia y responsabilidad
de la Administración para con los ciudadanos en un sistema democrático (véase, en este sentido, la sentencia Reino de Suecia
y Mauricio Turco/Consejo, citada en el apartado 123
supra,
apartado 45).
Por otra parte, el interés particular que puede alegar un solicitante en acceder a un documento que le afecta personalmente
no puede ser tomado en consideración como interés público superior en el sentido de las disposiciones del artículo 4, apartado
2, del Reglamento nº 1049/2001 (véase, en este sentido, la sentencia Franchet y Byk/Comisión, citada en el apartado 101
supra,
apartado 137). De ello se sigue que el interés privado que alega la demandante, a saber, la defensa de sus intereses con
vistas a interponer un recurso, no constituye un interés público superior en el sentido de la disposición mencionada.
En cuanto a la alegación de la demandante de que los datos solicitados deben divulgarse en la medida en que afecten a subvenciones
concedidas a Caremar para un período anterior a 5 años, procede recordar que, en virtud lo dispuesto en el artículo 44, apartado
1, letra c), y en relación con el artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, resulta que la demanda debe contener,
en particular, una exposición sumaria de los motivos invocados, y que en el curso del proceso no podrán invocarse motivos
nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento. Un motivo que
constituya una ampliación de un motivo invocado anteriormente, directa o implícitamente, en el escrito de demanda y que presente
un estrecho vínculo con éste debe ser declarado admisible. En cambio, un motivo que no pueda considerarse fundado en razones
de hecho y de Derecho surgidas durante el procedimiento debe ser declarado inadmisible. En efecto, en tales circunstancias,
nada obstaba a que la demandante formulara tal motivo en el escrito de demanda (véanse, en ese sentido, el auto del Presidente
de la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre de 2001, Dürbeck/Comisión, C‑430/00 P, Rec. p. I‑8547, apartados
17 a 19, y la sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre de 2008, Bayer CropScience y otros/Comisión, T‑75/06, Rec.
p. II‑2081, apartado 136).
En el caso de autos, la demandante, al alegar en la fase de réplica que los datos son demasiado antiguos para ser considerados
datos sensibles, formuló extemporáneamente una nueva alegación para afirmar que los citados datos deben ser divulgados. Debe
rechazarse que esa alegación se limita a una ampliación de un motivo enunciado anteriormente y, por lo tanto, es inadmisible.
Por consiguiente, procede desestimar la segunda parte del primer motivo.
En vista de las consideraciones precedentes, el primer motivo debe desestimarse.
c)      Sobre el segundo motivo, basado en la violación del principio de no discriminación
Alegaciones de las partes
La demandante considera que fue objeto de una discriminación en la medida en que la Comisión hizo públicos, en una decisión
anterior en materia de ayudas de Estado, los costes suplementarios vinculados a las obligaciones de servicio público y el
importe de las ayudas correspondientes [Decisión 2001/156/CE de la Comisión, de 19 de julio de 2000, relativa a la ayuda estatal
ejecutada por España en favor del sector del transporte marítimo (nuevo contrato de servicios públicos marítimos) (DO L 57,
p. 32) (en lo sucesivo, «Decisión Transmediterránea»)]. La demandante indica que dicha Decisión hace públicos los datos relativos
a las obligaciones de servicio público, línea por línea, lo que permite a las empresas competidoras comprobar su procedencia.
La Comisión replica que la discriminación denunciada por la demandante carece de fundamento fáctico, ya que, en la Decisión
Transmediterránea se ocultaron los resultados totales de la empresa y no se publicaron los elementos relativos a los distintos
elementos de los costes de producción.
En cualquier caso, según la Comisión, la publicación de datos en una decisión depende de la petición de que se tramiten confidencialmente
formulada por los Estados miembros o los interesados. Una simple fluctuación de la práctica administrativa no supone necesariamente
la ilegalidad de una decisión de publicar o no ciertos datos. La Comisión añade en su escrito de dúplica que los marcos jurídicos
de las dos decisiones son diferentes. En la Decisión Transmediterránea, era necesario analizar los costes de las distintas
líneas, ya que el Reino de España vinculaba la atribución de ayudas a cada una de las líneas marítimas mientras que, en el
caso de autos, la República Italiana basó el régimen sobre los costes globales para cada uno de los operadores.
Caremar señala que el enfoque relativo a la confidencialidad fue análogo en la Decisión Transmediterránea. Indica que en la
Decisión Transmediterránea se ocultaron los datos relativos a cada uno de los elementos de costes así como los resultados
globales de gestión de la empresa. Sólo se hizo pública una estimación global de los costes y de los ingresos registrados
por una empresa encargada de ejecutar un contrato de servicio público durante las temporadas alta y baja.
Apreciación del Tribunal
Según jurisprudencia reiterada, el principio de igualdad de trato, que constituye un principio fundamental del Derecho, prohíbe
que situaciones semejantes sean tratadas de modo diferente o que situaciones diferentes sean tratadas de modo igual, a no
ser que la diferencia de trato esté objetivamente justificada (sentencias del Tribunal de 2 de octubre de 2001, Martínez y
otros/Parlamento, T‑222/99, T‑327/99 y T‑329/99, Rec. p. II‑2823, apartado 150, y de 14 de octubre de 2009, Bank Melli Iran/Consejo,
T‑390/08, Rec. p. II‑3967, apartado 56).
En el caso de autos, la demandante considera que fue discriminada en la medida en que, en la Decisión Transmediterránea, la
Comisión hizo públicos los datos relativos a las obligaciones de servicio público para cada una de las líneas marítimas.
Aun cuando, como la demandante sostiene en esencia, su situación fuera comparable a la de cualquier persona que deseara conocer
los datos relativos a los sobrecostes vinculados a las obligaciones de servicio público en la Decisión Transmediterránea,
debe señalarse que, si bien, en el marco de la citada Decisión, la Comisión presentó de forma distinta los sobrecostes vinculados
a las obligaciones de servicio público, distinguiendo específicamente, en comparación con la Decisión 2005/163, los gastos
variables y los gastos fijos de los elementos de sobrecostes vinculados a las obligaciones de servicio público, en la Decisión
Transmediterránea y en la Decisión 2005/163 únicamente se publicó el total de los costes vinculados a las obligaciones de
servicio público, y no el detalle de cada uno de los costes considerados para el cálculo de la compensación anual.
En vista de las consideraciones precedentes, no puede concluirse, por lo tanto, que la demandante haya sido objeto de un trato
discriminatorio.
Por consiguiente, el segundo motivo, basado en la violación del principio de no discriminación, debe desestimarse.
d)      Sobre el tercer motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad
Alegaciones de las partes
La demandante alega que la Comisión, en la primera Decisión impugnada, destaca la exigencia de la protección de los datos
globales sin abordar el carácter puntual de la solicitud de acceso a los costes adicionales vinculados a las obligaciones
de servicio público para la línea Nápoles-Beverello/Capri. Según la demandante, al generalizar su solicitud, la Comisión infringe
el artículo 4, apartado 6, del Reglamento nº 1049/2001, que prevé que en el caso de que las excepciones previstas se apliquen
únicamente a determinadas partes del documento solicitado, las demás partes del documento se divulgarán. La demandante indica
que de la primera Decisión impugnada no resulta en qué medida la divulgación de los datos parciales que se refieren a la línea
Nápoles-Beverello/Capri puede perjudicar a los intereses comerciales de Caremar.
La demandante sostiene que la Comisión, al remitirse a los datos globales que se publicaron en la Decisión 2005/163, no explica
los motivos precisos de denegación del acceso parcial, de conformidad con el artículo 4, apartado 6, del Reglamento nº 1049/2001.
La Comisión replica que los datos solicitados son los recogidos en los cuadros que figuran en los considerandos 128 y 140
de la Decisión 2005/163, que no incluyen los costes analíticos relativos únicamente a la línea Nápoles-Beverello/Capri.
Caremar, al igual que la Comisión, sostiene que el presente motivo es infundado, dado que no era posible en el caso de autos
un acceso parcial a los datos con arreglo al artículo 4, apartado 6, del Reglamento nº 1049/2001.
Apreciación del Tribunal
Es preciso señalar que, en apoyo de este motivo, la demandante reprocha a la Comisión que ésta omitiera una parte de su solicitud,
a saber, su petición de acceso a los costes adicionales vinculados a las obligaciones de servicio público para la línea Nápoles-Beverello/Capri.
Del citado motivo no resultan alegaciones particulares en cuanto a la violación por la Comisión del principio de proporcionalidad.
Habida cuenta de que las alegaciones de la demandante aluden a la motivación insuficiente de la primera Decisión impugnada,
es preciso remitirse al motivo basado en el incumplimiento de la obligación de motivación que ha sido objeto de examen en
los apartados 81 a 93
supra.
En vista de las consideraciones precedentes, procede estimar parcialmente el cuarto motivo, anular parcialmente la primera
Decisión impugnada, tal como se ha precisado en el apartado 93
supra,
y desestimar el recurso en el asunto T‑109/05 en todo lo demás.
B.
Sobre el recurso en el asunto T‑444/05
En el marco de su recurso en el asunto T‑444/05, la demandante invoca seis motivos, basados, el primero, en la infracción
del artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 1049/2001; el segundo, en el incumplimiento de la obligación de motivación;
el tercero, en la infracción del artículo 4, apartados 4 y 5, del Reglamento nº 1049/2001; el cuarto, en la utilización de
un procedimiento inadecuado y en la desviación de poder, y, el quinto, en la violación del principio de no discriminación
y del derecho de defensa. Con carácter subsidiario, la demandante alega, en el marco de un sexto motivo, la ilegalidad del
artículo 4, apartado 5, del Reglamento nº 1049/2001.
En primer lugar, debe examinarse el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartados 4 y 5, del Reglamento
nº 1049/2001.
1.
Alegaciones de las partes
La demandante sostiene que la Comisión incurrió en tres errores al consultar a las autoridades italianas en virtud del artículo
4, apartados 4 y 5, del Reglamento nº 1049/2001 y al basarse en la falta de acuerdo de las autoridades italianas para justificar
la denegación del acceso a los datos solicitados.
En primer lugar, la demandante estima que, al consultar a las autoridades italianas, la Comisión violó las reglas de publicación
de los elementos de sobrecostes vinculados a las obligaciones de servicio público, no permitiendo la identificación, la calificación
y la compatibilidad de la ayuda de Estado. Por lo que se refiere a los sobrecostes vinculados a las obligaciones de servicio
público y compensados por las ayudas de Estado, la publicidad de los datos es necesaria habida cuenta de la exigencia de transparencia
impuesta por el régimen de ayudas de Estado, de la Comunicación relativa al secreto profesional en las decisiones sobre ayuda
estatal y de la sentencia Altmark, citada en el apartado 79
supra
.
En segundo lugar, señalando que las disposiciones del artículo 4, apartados 4 y 5, del Reglamento nº 1049/2001 permiten únicamente
consultar al tercer autor del documento de que se trate, la demandante sostiene que, en el caso de autos, la Comisión debería
haber consultado a Caremar y no a las autoridades italianas, ya que los documentos solicitados proceden de la primera. Por
lo tanto, la base jurídica elegida es errónea.
Asimismo, la demandante sostiene que la comparación de las distintas versiones lingüísticas del artículo 4, apartado 5, del
Reglamento nº 1049/2001, el análisis del régimen previsto en el artículo 9 del citado Reglamento y los términos de la sentencia
del Tribunal de 17 de marzo de 2005, Scippacercola/Comisión (T‑187/03, Rec. p. II‑1029), llevan a la conclusión de que debe
interpretarse que la excepción prevista en el artículo 4, apartado 5, del Reglamento nº 1049/2001 se refiere a documentos
de los que el Estado miembro es autor.
En opinión de la demandante, si se considerara que el artículo 4, apartado 5, del Reglamento nº 1049/2001 debe interpretarse
en el sentido de que un Estado miembro dispone de un derecho de veto en relación con la divulgación de un documento originario
de dicho Estado, los particulares quedarían automáticamente excluidos del derecho a acceder a los documentos originarios de
ese Estado.
En tercer lugar, la demandante alega que la consulta a las autoridades italianas es irrelevante, puesto que éstas y Caremar
fueron debidamente consultadas en el marco del procedimiento al que se refiere el artículo 25 del Reglamento nº 659/1999.
La Comisión replica, de entrada, que las alegaciones de la demandante son inadmisibles e infundadas. La petición de las autoridades
italianas de no divulgar un documento en virtud del artículo 4, apartado 5, del Reglamento nº 1049/2001 tiene carácter vinculante
y sólo puede impugnarse ante un órgano jurisdiccional italiano, aunque constituya la base de un acto ulterior.
La Comisión sostiene, en primer lugar, retomando las tres alegaciones formuladas por la demandante, que los argumentos basadas
en las supuestas exigencias de transparencia en materia de ayudas de Estado y en la Comunicación relativa al secreto profesional
en las decisiones sobre ayuda estatal carecen de pertinencia, ya que la segunda Decisión impugnada fue adoptada en virtud
del Reglamento nº 1049/2001.
Inicialmente, por lo que se refiere a su práctica decisoria anterior, la Comisión recuerda que la publicación de determinados
datos en una decisión puede depender del hecho de que el Estado miembro o los interesados hayan solicitado una tramitación
confidencial o, por el contrario, hayan autorizado la publicación de determinada información.
La Comisión considera asimismo que el artículo 4, apartado 4, del Reglamento nº 1049/2001, relativo a la consulta de terceros
en general, no es aplicable en el caso de autos, ya que los documentos comunicados por los Estados miembros están comprendidos
en el ámbito de la
lex specialis
del artículo 4, apartado 5, del citado Reglamento.
En segundo lugar, la Comisión considera que el artículo 4, apartado 5, del citado Reglamento hace referencia no sólo a los
documentos de los que los Estados miembros son autores, sino también a cualquier documento originario de esos Estados.
Asimismo, la Comisión sostiene que del considerando 15 del Reglamento nº 1049/2001 y de la jurisprudencia reiterada del Tribunal
resulta también que la facultad reconocida a los Estados miembros de ejercer su veto a la divulgación de documentos, con arreglo
al artículo 4, apartado 5, del Reglamento nº 1049/2001, se justifica por el hecho de que ese Reglamento no tiene ni por objeto
ni por efecto modificar las legislaciones nacionales en materia de acceso a los documentos.
A raíz de una pregunta escrita notificada a las partes el 10 de octubre de 2008 en la que se las instaba a presentar sus observaciones
sobre las consecuencias que pueden extraerse de la sentencia Suecia/Comisión, citada en el apartado 33
supra,
la Comisión adjuntó a su respuesta un escrito de las autoridades italianas de 8 de julio de 2005 del que resulta que éstas
se negaron, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, primer guión, del Reglamento nº 1049/2001, a divulgar a la demandante
los documentos solicitados por considerar que dicha divulgación perjudicaría a la protección de los intereses comerciales
de Caremar. Según la Comisión, por lo tanto, las autoridades italianas habían motivado debidamente su oposición basándose
en una de las excepciones previstas en el artículo 4, apartados 1 a 3, del Reglamento nº 1049/2001. La Comisión añadió que,
en cualquier caso, una hipotética falta de motivación no tendría ninguna incidencia, en el presente litigio, sobre la legalidad
del acto, ya que la denegación motivada de las autoridades italianas era vinculante para ella y la obligaba a desestimar la
solicitud de acceso, y que, de todos modos, únicamente podría llevar a que se adoptara una nueva decisión idéntica, en cuanto
al fondo, a la segunda Decisión impugnada [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 3 de diciembre de 2003,
Audi/OAMI (TDI), T‑16/02, Rec. p. II‑5167, apartado 97, y de 13 de diciembre de 2006, FNCBV/Comisión, T‑217/03 y T‑245/03,
Rec. p. II‑4987, apartado 263].
En tercer lugar, en cuanto a la alegación de que la consulta a las autoridades italianas carecía de objeto porque éstas ya
habían sido consultadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento nº 659/1999, la Comisión replica que,
precisamente porque la República Italiana ya se había opuesto a la divulgación de los datos analíticos recogidos en los cuadros
que figuran en los considerandos 128 y 140 de la versión confidencial de la Decisión 2005/163, tenía el deber de consultar
a dicho Estado miembro antes de pronunciarse sobre la solicitud de acceso a los datos de naturaleza análoga, de conformidad
con el Reglamento nº 1049/2001.
La República Italiana, el Consejo y Caremar apoyan a la Comisión en cada una de sus alegaciones. En particular, la República
Italiana y Caremar recuerdan que, en la sentencia del Tribunal de 30 de noviembre de 2004, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Comisión
(T‑168/02, Rec. p. II‑4135), el Tribunal aclaró el alcance del artículo 4, apartado 5, del Reglamento nº 1049/2001 precisando
que esta disposición confiere al Estado miembro la facultad de solicitar a una institución que no divulgue sin su consentimiento
previo documentos originarios de éste. Por consiguiente, y al contrario de lo que sostiene la demandante, una solicitud del
Estado miembro con arreglo a esta disposición constituye un mandato a la institución para que no divulgue el documento en
cuestión
.
2.
Apreciación del Tribunal
En primer lugar, debe examinarse la segunda alegación formulada por la demandante según la cual la excepción prevista en el
artículo 4, apartado 5, del Reglamento nº 1049/2001 se refiere a los documentos de los que es autor el Estado miembro.
A este respecto, procede precisar que el legislador comunitario abandonó, en particular con la adopción del Reglamento nº 1049/2001,
la regla del autor que había primado hasta entonces. Según las Decisiones 93/731/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1993,
relativa al acceso del público a los documentos del Consejo (DO L 340, p. 43), 94/90/CECA, CE, Euratom de la Comisión, de
8 de febrero de 1994, sobre el acceso del público a los documentos de la Comisión (DO L 46, p. 58), y 97/632/CE, CECA, EURATOM
del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 1997, relativa al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo (DO
L 263, p. 27), dicha regla implicaba que, cuando el autor de un documento en poder de una institución era una persona física
o jurídica, un Estado miembro, otra institución u otro órgano comunitario o cualquier otro organismo nacional o internacional,
el acceso a este documento debía pedirse directamente a su autor (sentencia Suecia/Comisión, citada en el apartado 33
supra,
apartado 56).
El Tribunal de Justicia ha precisado que, lejos de cubrir únicamente los documentos de los que son autores los Estados miembros
o que han sido elaborados por ellos, el artículo 4, apartado 5, del Reglamento nº 1049/2001 afecta potencialmente a cualquier
documento «originario» de un Estado miembro, es decir, la totalidad de los documentos que un Estado miembro transmite a una
institución, cualquiera que sea su autor. En el caso de autos, el único criterio pertinente es el de la procedencia del documento
y la entrega por el Estado miembro de que se trata de un documento que obraba en su poder (sentencia Suecia/Comisión, citada
en el apartado 33
supra,
apartado 61).
En el marco de esa alegación, la demandante sostiene también que la interpretación de la Comisión según la cual el Estado
miembro dispone de un derecho de veto respecto a la divulgación de un documento originario de dicho Estado y transmitido a
las instituciones equivale a privar a todo particular del derecho de acceso a los documentos originarios de ese Estado.
Es preciso recordar que, en la segunda Decisión impugnada, la Comisión se negó a comunicar a la demandante los documentos
relativos a los sobrecostes en que incurre anualmente Caremar para ejecutar las obligaciones de servicio público que se le
han confiado en la línea Nápoles-Beverello/Capri, debido a que las autoridades italianas se opusieron explícitamente a la
divulgación de esos datos, de conformidad con el artículo 4, apartado 5, del Reglamento nº 1049/2001.
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha considerado que interpretar que el artículo 4, apartado 5, del Reglamento nº 1049/2001
confiere al Estado miembro un derecho de veto general e incondicional para oponerse, de forma puramente discrecional y sin
tener que motivar su decisión, a la divulgación de cualquier documento en poder de una institución, por el mero hecho de que
el documento procede de dicho Estado miembro, no es compatible con los objetivos perseguidos por el Reglamento nº 1049/2001
(sentencia Suecia/Comisión, citada en el apartado 33
supra,
apartado 58).
En cambio, varios elementos abogan por una interpretación del artículo 4, apartado 5, según la cual el ejercicio de la facultad
que esta disposición confiere al Estado miembro se encuentra limitado por las excepciones materiales enumeradas en los apartados
1 a 3 del mismo artículo, resultando, a este respecto, que simplemente se reconoce al Estado miembro una facultad de participación
en la decisión comunitaria. Desde este punto de vista, el consentimiento previo del Estado miembro al que se refiere dicho
apartado 5 no es comparable a un derecho de veto discrecional, sino a una especie de dictamen conforme sobre la inexistencia
de motivos de excepción derivados de los apartados 1 a 3 (sentencia Suecia/Comisión, citada en el apartado 33
supra,
apartado 76).
En cuanto a las implicaciones procesales de esta interpretación del artículo 4, apartado 5, del Reglamento nº 1049/2001, debe
señalarse que, dado que la aplicación de las normas de Derecho comunitario se confía así conjuntamente a la institución y
al Estado miembro que ha ejercido la facultad conferida por este apartado 5, y que, por tanto, esta aplicación depende del
diálogo que debe entablarse entre ellos, están obligados, por el deber de cooperación leal establecido en el artículo 10 CE,
a actuar y cooperar de forma que dichas normas reciban una aplicación efectiva (sentencia Suecia/Comisión, citada en el apartado
33
supra,
apartado 85).
De ello se deduce, en primer lugar, que la institución que recibe una solicitud de acceso a un documento originario de un
Estado miembro y este último deben entablar sin demora, desde que la institución notifica esta petición al Estado miembro,
un diálogo leal sobre la posible aplicación de las excepciones establecidas en el artículo 4, apartados 1 a 3, del Reglamento
nº 1049/2001, prestando atención, en particular, a la necesidad de permitir que dicha institución adopte su decisión en los
plazos en que sus artículos 7 y 8 obligan a resolver dicha petición de acceso (sentencia Suecia/Comisión, citada en el apartado
33
supra,
apartado 86).
A continuación, el Estado miembro de que se trate que, al término de este diálogo, se oponga a la divulgación del documento
en cuestión, está obligado a motivar su oposición a la vista de dichas excepciones. En efecto, la institución no puede admitir
la oposición manifestada por un Estado miembro a divulgar un documento procedente de él si esta oposición carece de toda motivación
o si la motivación aportada no se articula sobre las excepciones enumeradas en el artículo 4, apartados 1 a 3, del Reglamento
nº 1049/2001. Cuando, a pesar de la petición expresa en este sentido dirigida por la institución al Estado miembro de que
se trate, éste no aporta dicha motivación, la institución debe, si considera, por su parte, que no se aplica ninguna de dichas
excepciones, permitir el acceso al documento solicitado (sentencia Suecia/Comisión, citada en el apartado 33
supra,
apartados 87 y 88).
Finalmente, tal como se deduce, en particular, de los artículos 7 y 8 de este Reglamento, la propia institución está obligada
a motivar la decisión de denegación que opone al autor de la petición de acceso. Dicha obligación implica que la institución
no sólo mencione, en su decisión, la oposición a la divulgación del documento solicitado manifestada por el Estado miembro
de que se trate, sino también los motivos invocados por ese Estado miembro para acogerse a alguna de las excepciones al derecho
de acceso establecidas en su artículo 4, apartados 1 a 3. En efecto, dichas referencias pueden hacer que el solicitante comprenda
el origen y los motivos de la negativa que se le opone y el órgano jurisdiccional competente ejerza, en su caso, el control
que tiene atribuido (sentencia Suecia/Comisión, citada en el apartado 33
supra,
apartado 89).
En el caso de autos, de la segunda Decisión impugnada resulta que la Comisión se limitó a denegar el acceso a los datos solicitados
por el hecho de que las autoridades italianas se opusieron explícitamente a ello, sin precisar en qué excepción del artículo
4, apartados 1 a 3, del Reglamento nº 1049/2001 se basaron las autoridades italianas.
La Comisión presentó un correo de las autoridades italianas con fecha de 8 de julio de 2005 en respuesta a una pregunta escrita
del Tribunal sobre las consecuencias que pueden extraerse de la sentencia Suecia/Comisión, citada en el apartado 33
supra,
a la que ella respondió el 30 de octubre de 2008. Del escrito de las autoridades italianas resulta que éstas denegaron el
acceso a los datos solicitados por la demandante, por considerar que su divulgación perjudicaría a la protección de los intereses
comerciales de Caremar, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, primer guión, del Reglamento nº 1049/2001.
En el caso de autos no corresponde al Tribunal apreciar la legalidad de la segunda Decisión impugnada en función de una motivación
complementaria facilitada por la Comisión el 30 de octubre de 2008, a raíz de la sentencia Suecia/Comisión, citada en el apartado
33
supra,
al término de la fase escrita. En efecto, la motivación de una decisión debe figurar en el propio cuerpo de ésta y, salvo
que concurran circunstancias excepcionales, no pueden ser tenidas en cuenta explicaciones posteriores ofrecidas por la Comisión.
De ello se deduce que la decisión debe ser autosuficiente y que su motivación no puede resultar de explicaciones escritas
u orales dadas con posterioridad, cuando la decisión de que se trate ya es objeto de un recurso ante el juez de la Unión (véase,
en este sentido, la sentencia del Tribunal de 15 de junio de 2005, Corsica Ferries France/Comisión, T‑349/03, Rec. p. II‑2197,
apartado 287).
Debe rechazarse también que, de todas formas, una hipotética falta de motivación no tendría ninguna incidencia, en el caso
de autos, sobre la legalidad del acto, ya que la denegación motivada de las autoridades italianas era vinculante para la Comisión
y únicamente podría llevar a que se adoptara una nueva decisión análoga, en cuanto al fondo, a la segunda Decisión impugnada.
En efecto, la jurisprudencia citada por la Comisión (sentencias TDI, citada en el apartado 183
supra,
apartado 97, FNCBV/Comisión, citada en el apartado 183
supra,
apartado 263) no es pertinente en el caso de autos, ya que la falta de motivación de la segunda Decisión impugnada no permite
al Tribunal controlar si la negativa de la Comisión a divulgar los documentos originarios de las autoridades italianas se
basa en una de las razones invocadas por dichas autoridades italianas a efectos de concluir que es aplicable una de las excepciones
al derecho de acceso previstas en el artículo 4, apartados 1 a 3, del Reglamento nº 1049/2001 (véase, en este sentido, la
sentencia Suecia/Comisión, citada en el apartado 33
supra,
apartado 89). El hecho de que la Comisión tenga la intención de adoptar una decisión análoga, en cuanto al fondo, a la segunda
Decisión impugnada porque está vinculada por la denegación de las autoridades italianas, de conformidad con la sentencia Suecia/Comisión,
no puede sin embargo privar al Tribunal del examen de la legalidad de la decisión objeto del presente recurso.
Por consiguiente, debe anularse la segunda Decisión impugnada en la medida en que la Comisión no ha indicado las razones invocadas
por las autoridades italianas para concluir que era aplicable una de las excepciones al derecho de acceso previstas en el
artículo 4, apartados 1 a 3, del Reglamento nº 1049/2001, sin que sea necesario pronunciarse sobre las otras alegaciones formuladas
en el marco del tercer motivo ni sobre los otros cinco motivos invocados por la demandante en apoyo de su recurso.

Costas
A.
Asunto T‑109/05
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. En aplicación del apartado 3, párrafo primero, del mismo artículo, cuando se estimen
parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal podrá repartir las costas.
En el caso de autos, habida cuenta de que el recurso en el asunto T‑109/05 ha sido parcialmente estimado, se realizará una
justa apreciación de las circunstancias del asunto decidiendo que la Comisión cargará con un tercio de sus propias costas
y un tercio de las costas de la demandante, mientras que ésta cargará con dos tercios de sus propias costas y dos tercios
de las costas de la Comisión.
A tenor del artículo 87, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal podrá ordenar que una parte
coadyuvante soporte sus propias costas. Caremar, que intervino en apoyo de las pretensiones de la Comisión, cargará con sus
propias costas.
B.
Asunto T‑444/05
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la Comisión, procede condenarla
en costas, al haberlo solicitado así la demandante.
A tenor del artículo 87, apartado 4, párrafo primero, los Estados miembros que intervengan como coadyuvantes en el litigio
soportarán sus propias costas. En consecuencia, la República Italiana cargará con sus propias costas. El Consejo y Caremar,
con arreglo al artículo 87, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, cargarán con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
decide:
1)
Anular la Decisión D (2005) 997 de la Comisión, de 3 de febrero de 2005, en la medida en que deniega el acceso a los elementos
detallados de los sobrecostes soportados anualmente por Caremar SpA relativos a los servicios de transporte de pasajeros prestados
en la línea Nápoles-Beverello/Capri tanto por transbordadores como por unidades rápidas.
2)
Desestimar el recurso en el asunto T‑109/05 en todo lo demás.
3)
La Comisión Europea cargará con un tercio de sus propias costas y un tercio de las costas de Navigazione Libera del Golfo
Srl (NLG), mientras que ésta cargará con dos tercios de sus costas y dos tercios de las costas de la Comisión en el asunto T‑109/05.
4)
Caremar cargará con sus propias costas en el asunto T‑109/05.
5)
Anular la Decisión D (2005) 9766 de la Comisión, de 12 de octubre de 2005.
6)
Condenar en costas a la Comisión Europea en el asunto T‑444/05.
7)
La República Italiana, el Consejo de la Unión Europea y Caremar cargarán cada uno con sus propias costas.
Czúcz
Labucka
O’Higgins
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 24 de mayo de 2011.
Índice
Marco jurídico
Antecedentes de los litigios y procedimiento
Pretensiones de las partes
Fundamentos de Derecho
A.     Sobre el recurso en el asunto T‑109/05
1.     Sobre el objeto del litigo
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
2.     Sobre la admisibilidad
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
3.     Sobre el fondo
a)     Sobre el cuarto motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
b)     Sobre el primer motivo, basado en un error de Derecho en la aplicación de la excepción prevista en el artículo 4, apartado
2, primer guión, del Reglamento nº 1049/2001
Sobre la primera parte, basada en un error de Derecho en la elección de la base jurídica
–  Alegaciones de las partes
–  Apreciación del Tribunal
Sobre la segunda parte, basada en la infracción del artículo 4, apartado 2, primer guión, del Reglamento nº 1049/2001
–  Alegaciones de las partes
–  Apreciación del Tribunal
c)     Sobre el segundo motivo, basado en la violación del principio de no discriminación
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
d)     Sobre el tercer motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
B.     Sobre el recurso en el asunto T‑444/05
1.     Alegaciones de las partes
2.     Apreciación del Tribunal
Costas
A.     Asunto T‑109/05
B.     Asunto T‑444/05
*
Lengua de procedimiento: italiano.