CELEX: 62010CJ0134
Incumplimiento de Estado
Directiva 2002/22/CE
Artículo 31
Criterios para la concesión del estatuto de beneficiario de la obligación de transmisión
Objetivos de interés general que permiten la concesión de dicho estatuto
Impacto del número de usuarios finales de las redes de comunicaciones sobre la concesión de dicho estatuto
Principio de proporcionalidad

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de Bélgica ha incumplido
las obligaciones que le incumben en virtud de las disposiciones de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios
de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO L 108, p. 51) y del artículo 56 TFUE al no transponer correctamente
el artículo 31 de dicha Directiva.

Marco jurídico

Derecho de la Unión
A tenor del cuadragésimo tercer considerando de la Directiva servicio universal:
«En la actualidad los Estados miembros imponen determinadas obligaciones de transmisión a las redes para la difusión de programas
de radio o televisión al público. Los Estados miembros deben estar facultados para imponer, por razones legítimas de orden
público, obligaciones proporcionadas a las empresas que se hallen bajo su jurisdicción. Dichas obligaciones sólo han de imponerse
en los casos en que sean necesarias para alcanzar objetivos de interés general claramente definidos por los Estados miembros
con arreglo a la normativa comunitaria y deben ser proporcionadas, transparentes y estar supeditadas a revisión periódica.
Las obligaciones de transmisión impuestas por los Estados miembros deberán ser razonables, es decir, deben ser proporcionadas
y transparentes a la luz de objetivos de interés general claramente definidos y podrían, en su caso, conllevar una disposición
en la que se prevea una remuneración proporcionada. Estas obligaciones podrán incluir la transmisión de servicios especialmente
diseñados para permitir un acceso adecuado de los usuarios con discapacidad.»
El artículo 31 de la Directiva servicio universal dispone:
«1.      Los Estados miembros podrán imponer obligaciones razonables de transmisión de determinados canales y servicios de programas
de radio y televisión a las empresas bajo su jurisdicción que suministren redes de comunicaciones electrónicas utilizadas
para la distribución de programas de radio o televisión al público si un número significativo de usuarios finales de dichas
redes las utiliza como medio principal de recepción de programas de radio y televisión. Dichas obligaciones se impondrán exclusivamente
en los casos en que resulten necesarias para alcanzar objetivos de interés general claramente definidos y deberán ser proporcionadas
y transparentes. Las obligaciones serán objeto de revisión de forma periódica.
2.      Ni el apartado 1 del presente artículo ni el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 2002/19/CE [del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados,
y a su interconexión (Directiva acceso) (DO L 108, p. 7)] atentarán contra la capacidad de los Estados miembros de determinar
la remuneración apropiada, si la hay, por las medidas adoptadas de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo, y quedará
garantizado al mismo tiempo que, en circunstancias similares, no habrá discriminación en el trato a las empresas de suministro
de redes de comunicaciones electrónicas. Cuando se contemple la remuneración, los Estados miembros velarán por que ésta se
aplique de manera proporcionada y transparente.»

Normativa nacional
El artículo 13 de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice
d’activité de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (Ley de 30 de marzo de 1995 sobre las redes de
distribución de emisiones de radiodifusión y el ejercicio de las actividades de radiodifusión en la región bilingüe de Bruselas-Capital)
(Moniteur belge
de 22 de febrero de 1996, p. 3797), en su versión modificada por la Ley de 16 de marzo de 2007
(Moniteur belge
de 5 de abril de 2007, p. 19229; en lo sucesivo, «Ley de 30 de marzo de 1995»), dispone:
«Con el fin de garantizar la pluralidad y la diversidad cultural el operador deberá transmitir en el momento de su difusión
y en su integridad los siguientes programas de radiodifusión televisiva:
–        programas de radiodifusión televisiva difundidos por organismos de radiodifusión de servicio público dependientes de la Comunidad
Francesa, así como por aquellos dependientes de la Comunidad Flamenca;
–        programas de radiodifusión televisiva difundidos por cualesquiera otros organismos de radiodifusión dependientes de las Comunidades
Francesa o Flamenca, designados mediante Real Decreto adoptado en Consejo de ministros;
–        programas de radiodifusión televisiva difundidos por el organismo de radiodifusión de servicio público dependiente de la Comunidad
de lengua alemana designados mediante Real Decreto adoptado en Consejo de ministros. El ministro competente para esta Ley
determinará, previo dictamen del Instituto, las modalidades de esta difusión (en su caso, a través de un canal compartido);
–        programas de radiodifusión televisivos que giran en torno a Bruselas-Capital difundidos por los organismos de radiodifusión
regionales autorizados por la Comunidad francesa y la Comunidad flamenca, habida cuenta de su ámbito de difusión.
El Instituto verificará periódicamente la necesidad de las obligaciones mencionadas en el párrafo anterior. Si el Instituto
considera que no es necesario mantener dichas obligaciones, lo mencionará claramente en el informe anual a que se refiere
el artículo 34 de la Ley de 17 de enero de 2003 relativa al estatuto del órgano regulador de los sectores de correos y telecomunicaciones
belgas.
Previo dictamen del Instituto, el ministro podrá dispensar a un operador de este artículo.
El operador que desee beneficiarse de esta dispensa presentará una solicitud motivada al Instituto aportando la prueba de
la existencia de al menos uno de los siguientes elementos:
a)      la imposibilidad técnica para el operador;
b)      la insuficiencia de usuarios finales en la red que la utilicen como principal fuente para sintonizar los programas de radiodifusión
televisiva, de manera que las inversiones necesarias para suprimir la imposibilidad técnica no son razonables.
El instituto transmitirá su dictamen al ministro a más tardar seis semanas después de la recepción de esta solicitud. Este
plazo quedará en suspenso si el Instituto considera que el solicitante debe presentar información adicional.
Si trascurrido el plazo, el Instituto no ha transmitido su dictamen al ministro, se considerará que el dictamen del Instituto
es favorable.»

Procedimiento administrativo previo
El 28 de abril de 2006, la Comisión remitió al Reino de Bélgica un escrito de requerimiento en el que expresaba sus dudas
en cuanto a la conformidad del artículo 13 de la Ley de 30 de marzo de 1995, en su versión inicial, con el artículo 31, apartado
1, de la Directiva servicio universal así como con el artículo 49 CE.
Mediante escrito de 5 de octubre de 2006, el Reino de Bélgica, tras refutar los motivos invocados por la Comisión, informó
a dicha institución de que a corto plazo se revisaría el régimen de concesión del estatuto de beneficiario de la obligación
de transmisión en la región de Bruselas-Capital.
Tras la notificación por las autoridades belgas de las modificaciones del artículo 13 de la Ley de 30 de marzo de 1995 introducidas
por la Ley de 16 de marzo de 2007, la Comisión expresó nuevamente mediante un escrito de requerimiento complementario de 27
de junio de 2007 sus dudas sobre la conformidad de esas nuevas disposiciones con el artículo 31, apartado 1, de la Directiva
servicio universal así como con el artículo 49 CE. La Comisión instó al Reino de Bélgica a presentar sus observaciones en
el plazo de dos meses desde la recepción de dicho escrito.
Mediante escrito de 1 de agosto de 2007, el Reino de Bélgica solicitó la prórroga del plazo de respuesta e informó de su intención
de conformarse al requerimiento, adaptando el marco normativo si fuera necesario. No obstante, llamó la atención de la Comisión
sobre las dificultades internas de carácter institucional. La Comisión concedió una prórroga del plazo de respuesta hasta
el 29 de octubre de 2007. El 26 de octubre de 2007 se dirigió una nueva solicitud de prórroga de dicho plazo a la Comisión
en la que se invocaban los mismos motivos, la cual fue desestimada por dicha institución.
Mediante escrito de 8 de mayo de 2008, la Comisión emitió un dictamen motivado instando al Reino de Bélgica a adoptar las
medidas necesarias para atenerse a dicho dictamen en el plazo de dos meses contados desde su recepción.
El Reino de Bélgica respondió mediante escrito de 4 de julio de 2008 alegando que la nueva normativa era conforme al Derecho
comunitario.
Mediante dictamen motivado complementario de 1 de diciembre de 2008, la Comisión, basándose en la sentencia de 13 de diciembre
de 2007 United Pan‑Europe Communications Belgium y otros (C‑250/06, Rec. p. I‑11135), reiteró sus afirmaciones según las cuales
la normativa belga no satisfacía los criterios de transparencia y no discriminación mencionados en esta sentencia.
Mediante escrito de 16 de enero de 2009, el Reino de Bélgica respondió al dictamen motivado complementario alegando que, tras
la anulación por el Conseil d’État (Bélgica) de los Decretos Ministeriales en los que se designaban las cadenas de televisión
objeto de la obligación de transmisión, ningún organismo de radiodifusión privado gozaba del estatuto de beneficiario de dicha
obligación y, en consecuencia, dicho Estado miembro había cumplido lo dispuesto por el artículo 31, apartado 1, de la Directiva
servicio universal.
Al considerar que la respuesta del Reino de Bélgica no era convincente, la Comisión interpuso el presente recurso.

Sobre el recurso

Sobre la admisibilidad
Alegaciones de las partes
El Reino del Bélgica rebate la admisibilidad del presente recurso por tres motivos.
En primer lugar, sostiene que el artículo 31, apartado 1, de la Directiva servicio universal establece únicamente la facultad
para los Estados miembros de imponer obligaciones de transmisión. Pues bien, a su juicio, puesto que el artículo 258 TFUE
se refiere únicamente al incumplimiento de una obligación, no concurren los requisitos exigidos por dicho artículo para incoar
el procedimiento por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia.
A continuación, alega que el presente recurso es puramente hipotético. En efecto, sostiene que las disposiciones nacionales
a que se refiere la Comisión no pueden constituir un incumplimiento puesto que el Reino de Bélgica no las ha aplicado de manera
efectiva. Según este Estado miembro, el procedimiento de designación de las cadenas de televisión objeto de la obligación
de transmisión no se ha utilizado.
Por último, el Reino de Bélgica sostiene que el tercer motivo invocado por la Comisión en su recurso, según el cual este Estado
miembro no limitó la obligación de transmisión a los operadores de las redes a las que se hubiera abonado un número considerable
de usuarios finales, se presentó por primera vez en la fase de interposición del recurso. En consecuencia, considera que no
existe identidad de motivos entre el procedimiento administrativo previo y el citado recurso, lo que, a su juicio, impidió
al Estado miembro defenderse.
La Comisión replica que el mero hecho de que el Reino de Bélgica haya transpuesto en su Derecho nacional las disposiciones
del artículo 31, apartado 1, de la Directiva servicio universal, desvirtúa la alegación según la cual esta disposición establece
una facultad para los Estados miembros en lugar de imponerles una obligación. Además, en cuanto a la alegación según la cual
el presente recurso es puramente hipotético, afirma que el hecho de que la Ley de transposición de esta disposición no se
haya aplicado no es suficiente para que dicha Ley sea compatible con el Derecho de la Unión.
En lo que respecta a la falta de identidad de los motivos del requerimiento, el dictamen motivado y el escrito de interposición
del recurso, la Comisión señala que esta causa de inadmisión sólo se aplica al motivo afectado y no a la totalidad del recurso.
En todo caso, considera que este motivo ya se invocó en los mismos términos en el escrito de requerimiento complementario,
en el dictamen motivado y en el dictamen motivado complementario y que, habida cuenta del abandono de una de las dos partes
del motivo, la modificación de su rúbrica refleja una restricción del objeto de dicho motivo, permitida por la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Procede recordar que la Comisión reprocha al Reino de Bélgica el incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud
de la Directiva servicio universal, habida cuenta de la incorrecta transposición del artículo 31 de ésta.
Según señala el Reino de Bélgica, dicho artículo 31 establece una mera facultad para los Estados miembros de adoptar una normativa
que establezca la imposición de obligaciones de transmitir cadenas de televisión. Sin embargo, en el caso de autos, consta
que la normativa belga, y más concretamente el artículo 13, párrafo primero, segundo guión, de la Ley de 30 de marzo de 1995,
establece la designación de determinadas cadenas que deben ser objeto de la obligación de transmisión. Así, en contra de lo
que sostiene el Reino de Bélgica, éste ejercitó esta facultad debido a la existencia de una legislación que transpone el artículo
31 de la Directiva servicio universal en su Derecho nacional. Los motivos invocados por la Comisión se refieren, en particular,
a la cuestión de si esta transposición, realizada por el Reino de Bélgica, es compatible con el Derecho de la Unión.
En cuanto a la alegación según la cual el presente recurso es puramente hipotético, puesto que el Reino de Bélgica no ha aplicado
el artículo 13, párrafo primero, segundo guión, de la Ley de 30 de marzo de 1995 de manera efectiva, ya que ninguna cadena
es objeto de la obligación de transmisión en la actualidad, basta señalar que tal circunstancia no da lugar a la compatibilidad
de dicha disposición con el Derecho de la Unión.
En lo que respecta a la falta de identidad de motivos entre el procedimiento administrativo previo y el escrito de interposición
del recurso, es preciso señalar que la Comisión modificó efectivamente la rúbrica de su tercer motivo y renunció a una de
las dos partes de dicho motivo.
No obstante, por un lado, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que es posible limitar el objeto del litigio en la fase
del procedimiento contencioso (véanse, en particular, las sentencias de 18 de mayo de 2006, Comisión/España, C‑221/04, Rec.
p. I‑4515, apartado 33, y de 14 de junio de 2007, Comisión/Irlanda, C‑148/05, apartado 35).
Por otro lado, consta que la parte del tercer motivo mantenida en la fase del recurso se cita tanto en el requerimiento complementario
como en el dictamen motivado y el dictamen motivado complementario. Por tanto, el Reino de Bélgica no puede alegar válidamente
que dicho motivo se invocó por primera vez ante el Tribunal de Justicia y que no pudo invocar útilmente sus motivos de defensa
al respecto.
Por tanto, de las anteriores consideraciones se desprende que procede declarar la admisibilidad del presente recurso.

Sobre el fondo
Alegaciones de las partes
En apoyo de su recurso la Comisión invoca tres motivos.
El primer motivo se basa en la inexistencia de objetivos de interés general claramente definidos en la normativa nacional
controvertida. La Comisión considera que esta normativa menciona dichos objetivos de interés general en términos muy vagos
y generales y que no se especifican los criterios concretos utilizados por las autoridades nacionales para seleccionar las
cadenas de televisión que son objeto de la obligación de transmisión ni en la propia normativa ni en sus documentos preparatorios.
En efecto, sostiene que la exposición de motivos de la normativa nacional controvertida es la única que indica que, al establecer
la lista de cadenas de televisión que puede ser objeto de la obligación de transmisión, es necesario describir con precisión
el objetivo de interés general perseguido por dicha normativa. Pues bien, la Comisión recuerda que, tras la sentencia United
Pan‑Europe Communications Belgium y otros, antes citada, que examinó precisamente si el artículo 56 TFUE se oponía al artículo
13 de la Ley de 30 de marzo de 1995, en su versión inicial, el Decreto Ministerial de 17 de enero de 2001 que designaba las
cadenas de televisión objeto de la obligación de transmisión fue anulado por la sentencia del Conseil d’État de 14 de julio
de 2008 debido, en particular, a que los criterios seguidos por los poderes públicos no eran conocidos de antemano.
Mediante su segundo motivo, la Comisión alega que el procedimiento de concesión del estatuto de beneficiario de la obligación
de transmisión establecido en el artículo 13, párrafo primero, segundo guión, de la Ley de 30 de marzo de 1995 no respeta
el principio de transparencia.
En primer lugar, sostiene que el Reino de Bélgica no aportó ninguna indicación adicional además de aquellas referidas a la
adopción del Decreto Ministerial de 17 de enero de 2001. Así, considera que a falta de criterios objetivos que garanticen
el mínimo indispensable de transparencia y de seguridad jurídica, las autoridades públicas gozan de una facultad discrecional
considerable que podría utilizarse de manera arbitraria.
A continuación, la Comisión señala que la falta de transparencia se ve reforzada por el hecho de que la obligación de transmisión
parece aplicarse a organismos de radiodifusión y, por tanto, de manera indeterminada, a todas las cadenas de televisión transmitidas
por dichos organismos, y no a cadenas designadas individualmente como tales en función del contenido de sus programas televisados.
Apoyándose en la sentencia United Pan-Europe Communications Belgium y otros, antes citada, la Comisión señala que el término
«determinado» empleado en el artículo 31, apartado 1, de la Directiva servicio universal debe interpretarse en el sentido
de que el estatuto de beneficiario de la obligación de transmisión está estrictamente limitado a las cadenas de televisión
cuyo contenido global de los programas permite alcanzar el objetivo de interés general propuesto.
Por último, de dicha sentencia se desprende que los criterios que sirven de fundamento a la concesión del estatuto de beneficiario
de la obligación de transmisión no deben ser discriminatorios y que la concesión del citado estatuto no puede estar supeditada
a una exigencia de establecimiento en el territorio nacional. Pues bien, según la normativa nacional en cuestión, la obligación
de transmisión se aplica únicamente a los programas transmitidos por organismos de radiodifusión dependientes de la Comunidad
francesa o de la Comunidad flamenca. Así, la Comisión considera que la exclusión de los organismos establecidos en el territorio
de otros Estados miembros sin una justificación específica es no sólo contraria al artículo 56 TFUE debido a su alcance discriminatorio
y restrictivo, sino también, por su falta de transparencia, y , por ello, infringe el artículo 31 de la Directiva servicio
universal.
Mediante su tercer motivo, la Comisión invoca que no se respeta el ámbito de aplicación del artículo 31 de la Directiva servicio
universal. En efecto, a su juicio, del artículo 13 de la Ley de 30 de marzo de 1995 resulta que, en contra de lo que establecen
las disposiciones de la Directiva servicio universal, el operador de una red, para la cual el número de usuarios finales que
la utiliza como su medio principal de recepción de programas de radio y televisión no sea significativo, está sujeto por principio
a las obligaciones de transmisión, salvo excepción autorizada por el ministro.
El Reino del Bélgica niega el incumplimiento que se le imputa.
Este Estado miembro sostiene que el régimen de concesión del estatuto de beneficiario de la obligación de transmisión, establecido
por su legislación, es compatible con el principio de libre prestación de servicios. En efecto, sostiene que este régimen
tan sólo se aplica a los organismos de radiodifusión belgas, establecidos en la región bilingüe de Bruselas-Capital, y no
a los organismos de radiodifusión establecidos en otros Estados miembros.
A su juicio, el citado régimen no constituye una ventaja consentida a los organismos de radiodifusión nacionales en perjuicio
de los organismos de radiodifusión establecidos en otros Estados miembros, puesto que se concede a cambio de obligaciones
considerables suscritas con las Comunidades belgas por los organismos de radiodifusión nacionales de que se trata. Además,
al parecer del Reino de Bélgica, los organismos de radiodifusión establecidos en otros Estados miembros, por un lado, no solicitan
el beneficio de la obligación de transmisión en la Región de Bruselas, puesto que los teleespectadores de Bruselas no son
el público al que se dirigen y, por otro lado, son objeto de dicha obligación en su Estado miembro de origen, así como de
la libertad de transmitir en la Región de Bruselas, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de 30 de marzo de 1995. Añade
que dichos organismos de radiodifusión disponen, además, de otros medios técnicos para retransmitir sus programas.
El Reino de Bélgica sostiene que, en todo caso, si debiera considerarse que el régimen de concesión del estatuto de beneficiario
de la obligación de transmisión establecido por la normativa nacional controvertida constituye una restricción de la libre
prestación de servicios, ésta estaría justificada por razones imperiosas de interés general.
En efecto, a su parecer, dicho régimen se inscribe en una política audiovisual destinada a permitir a los telespectadores
el acceso a las cadenas de televisión de servicio público de proximidad, o a cadenas que asuman obligaciones de servicio público.
Sostiene que su objetivo es salvaguardar el carácter pluralista y cultural de la oferta de programas por cable y garantizar
el acceso a dicho pluralismo de todos los telespectadores.
Por otro lado, en lo que respecta a la compatibilidad de las obligaciones de transmisión establecidas en el artículo 13 de
la Ley de 30 de marzo de 1995 con la Directiva servicio universal, el Reino de Bélgica sostiene que éstas existen únicamente
para los organismos de radiodifusión de servicio público de las Comunidades francesa y flamenca así como para las cadenas
de televisión de proximidad. Este Estado miembro alega que no ejercitó la facultad de designar otros organismos de radiodifusión,
de manera que no puede reprochársele ningún incumplimiento.
Por último, el Reino del Bélgica sostiene que los objetivos de interés general de su normativa están claramente definidos
en la propia Ley de 30 de marzo de 1995, puesto que ésta pretende garantizar el pluralismo y la diversidad cultural, y que
la concesión del estatuto de beneficiario de la obligación de transmisión es objeto de un procedimiento claro y transparente
determinado por dicha Ley.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, procede recordar que la designación de determinadas cadenas de televisión como objeto de una obligación de
transmisión, en virtud del artículo 13 de la Ley de 30 de marzo de 1995, constituye una restricción de la libre prestación
de servicios en el sentido del artículo 56 TFUE, tal como ya ha declarado el Tribunal de Justicia respecto de la designación
mediante Decreto ministerial de las cadenas de determinados organismos de radiodifusión privados con arreglo a la versión
inicial de dicha disposición nacional, en los apartados 28 a 38 de la sentencia United Pan-Europe Communications Belgium y
otros, antes citada.
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, semejante restricción a una libertad fundamental garantizada por el Tratado
FUE puede hallarse justificada cuando responda a razones imperiosas de interés general, siempre que sea adecuada para garantizar
la consecución del objetivo que persigue y no vaya más allá de lo que sea necesario para alcanzarlo (sentencia United Pan-Europe
Communications Belgium y otros, antes citada, apartado 39 y la jurisprudencia citada). Desde esta misma perspectiva, el artículo
31, apartado 1, de la Directiva servicio universal permite a los Estados miembros imponer obligaciones razonables de transmisión
cuando dichas obligaciones resulten «necesarias para alcanzar objetivos de interés general claramente definidos» y exige que
sean «proporcionadas y transparentes».
En el caso de autos, el objetivo perseguido, identificado en el artículo 13 de la Ley de 30 de marzo de 1995, consiste en
garantizar el pluralismo y la diversidad cultural. Pues bien, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia y tal
como reconoce la Comisión en el presente asunto, una política cultural puede constituir una razón imperativa de interés general
que justifique una restricción a la libre prestación de servicios (véase, en este sentido, la sentencia United Pan‑Europe
Communications Belgium y otros, antes citada, apartado 41 y jurisprudencia citada).
No obstante, la Comisión cuestiona la proporcionalidad de la Ley de 30 de marzo de 1995 y más concretamente el carácter adecuado
del procedimiento y de los criterios utilizados para designar las cadenas que son objeto de la obligación de transmisión
El Reino de Bélgica señala que sus autoridades no ejercieron la facultad de designar otros organismos de radiodifusión, excepto
aquellos pertenecientes al servicio público de las Comunidades francesa y flamenca así como aquellos de las cadenas de televisión
de proximidad, que no se ven afectados por el presente recurso por incumplimiento.
A este respecto, procede señalar, en efecto, que del recurso presentado por la Comisión, leído en su conjunto, y, en particular,
de las numerosas referencias al artículo 13, párrafo primero, segundo guión, de la Ley de 30 de marzo de 1995, así como de
la sentencia United Pan-Europe Communications Belgium y otros, antes citada, que se refiere a la conformidad con el Derecho
de la Unión de una medida que ejecuta dicha disposición, resulta que el alcance del presente recurso se limita a la designación,
mediante Decreto, de los programas de tales organismos de radiodifusión privados, con arreglo a dicho artículo 13, párrafo
primero, segundo guión. Así, la alegación de la Comisión, basada en el hecho de que el propio artículo 13, párrafo primero,
segundo guión, de la Ley de 30 de marzo de 1995 dispone que los programas de radiodifusión televisiva difundidos por los organismos
de radiodifusión de servicio público pertenecientes a la Comunidad francesa o a la Comunidad flamenca, están sujetos a la
obligación de transmisión, carece de pertinencia puesto que esta última disposición no es objeto de una argumentación específica
en el recurso y, por tanto, no debe considerarse afectada por el mismo.
No obstante, procede señalar que el artículo 13 de la Ley de 30 de marzo de 1995 pretende garantizar la transposición del
artículo 31 de la Directiva servicio universal y que el segundo guión de su primer párrafo establece precisamente la designación
de estos otros organismos, privados, como beneficiarios de la obligación de transmisión.
Así, en la medida en que el objeto del incumplimiento lo constituye la forma en que la Directiva servicio universal se ha
transpuesto en la legislación nacional, procede verificar si es el propio texto de dicha legislación el que encierra en sí
mismo el carácter insuficiente o defectuoso de la transposición (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de septiembre
de 1999, Comisión/Irlanda, C‑392/96, Rec. p. I‑5901, apartados 59 y 60; de 20 de noviembre de 2008, Comisión/Irlanda, C‑66/06,
apartado 59, y de 12 de febrero de 2009, Comisión/Polonia, C‑475/07, apartado 54).
En lo que respecta al primer motivo relativo a la inexistencia de objetivos de interés general claramente definidos en el
artículo 13 de la Ley de 30 de marzo de 1995, procede recordar que, con arreglo al artículo 31, apartado 1, segunda frase
de la Directiva servicio universal, las obligaciones de transmisión se impondrán exclusivamente en los casos en que resulten
necesarias para alcanzar objetivos de interés general claramente definidos y deberán ser proporcionadas y transparentes.
En efecto, según el cuadragésimo tercer considerando de la Directiva servicio universal, los Estados miembros deben estar
facultados para imponer, por razones legítimas de orden público, obligaciones proporcionadas a las empresas que se hallen
bajo su jurisdicción. Dichas obligaciones sólo han de imponerse en los casos en que sean necesarias para alcanzar objetivos
de interés general claramente definidos por los Estados miembros con arreglo a la normativa comunitaria y deben ser proporcionadas,
transparentes y estar supeditadas a revisión periódica.
Pues bien, es cierto que el párrafo primero del artículo 13 de la Ley de 30 de marzo de 1995 establece que, con el fin de
garantizar el pluralismo y la diversidad cultural, el operador debe transmitir en el momento de su difusión y en su integridad
los programas de radiodifusión televisiva de determinados organismos de radiodifusión dependientes de las Comunidades belgas.
Por otro lado, como ha declarado el Tribunal de Justicia, la Ley de 30 de marzo de 1995, persigue así un objetivo cultural
de interés general cuya consecución puede, por otro lado, garantizar (sentencia United Pan-Europe Communications Belgium y
otros, antes citada, apartados 42 y 43).
Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha declarado, en el contexto de una interpretación del artículo 56 TFUE, en lo que respecta
al carácter necesario para lograr el objetivo perseguido de la versión anterior del artículo 13, párrafo primero, segundo
guión, de la Ley de 30 de marzo de 1995, que, aun cuando el mantenimiento del pluralismo en virtud de una política cultural
esté vinculado al derecho fundamental a la libertad de expresión y que, por lo tanto, las autoridades nacionales dispongan
de una amplia facultad de apreciación para ello, las exigencias derivadas de las medidas destinadas a poner en práctica tal
política no deben resultar en ningún caso desproporcionadas con relación al citado objetivo y sus modalidades de aplicación
no deben entrañar discriminaciones en perjuicio de los nacionales de los demás Estados miembros (sentencia United Pan-Europe
Communications Belgium y otros, antes citada, apartado 44). Así, el estatuto de cadena objeto de la obligación de transmisión
debe quedar estrictamente limitado a las cadenas cuyo contenido global de los programas permita alcanzar el objetivo de interés
general perseguido (véanse, en este sentido, la sentencia antes citada United Pan-Europe Communications Belgium y otros, antes
citada, apartado 47, y de 22 de diciembre de 2008, Kabel Deutschland Vertrieb und Service, C‑336/07, Rec. p. I‑10889, apartado 42).
Es preciso señalar que la mera mención de un objetivo de política general sin acompañarlo de ningún otro elemento adicional
que pueda permitir a los operadores determinar con carácter previo la naturaleza y el alcance de los requisitos y obligaciones
precisas que han de cumplir cuando solicitan la concesión del estatuto de beneficiario de la obligación de transmisión no
permite respetar estas exigencias.
En consecuencia, procede señalar que el artículo 13, párrafo primero, segundo guión, de la Ley de 30 de marzo de 1995 no define
claramente los criterios concretos utilizados por las autoridades nacionales para seleccionar las cadenas de televisión que
son objeto de la obligación de transmisión y que, por tanto, dicha disposición no es suficientemente precisa para garantizar
que las cadenas así seleccionadas sean aquellas cuyo contenido global de los programas pueda realizar el objetivo cultural
de interés general perseguido.
De las consideraciones anteriores se desprende que procede declarar fundado el primer motivo invocado por la Comisión en apoyo
de su recurso.
Mediante su segundo motivo, la Comisión reprocha al Reino de Bélgica que el procedimiento de concesión del estatuto de beneficiario
de la obligación de transmisión establecido en el artículo 13, párrafo primero, segundo guión, de la Ley de 30 de marzo de
1995 no satisface el principio de transparencia establecido en el artículo 31, apartado 1, de la Directiva servicio universal,
habida cuenta de la inexistencia de criterios utilizados para la concesión de dicho estatuto, el hecho de que no se especifican
las cadenas de televisión que gozan de dicho estatuto y la ambigüedad en lo que respecta al requisito de establecimiento en
el territorio belga.
En primer lugar, procede señalar que el artículo 13 de la Ley de 30 de marzo de 1995 designa los organismos de radiodifusión
cuyos programas son objeto de la obligación de transmisión. El primer párrafo, segundo guión, de dicho artículo se refiere
a cualquier organismo de radiodifusión que no sea público, dependiente de las Comunidades francesa y flamenca, designado mediante
Real Decreto adoptado en Consejo de ministros.
A este respecto, procede señalar que dicha disposición no precisa ningún criterio objetivo y que pueda conocerse con carácter
previo utilizado por las autoridades belgas para designar los programas de dichos organismos como beneficiarios de la obligación
de transmisión. En efecto, esta disposición indica únicamente que mediante Real Decreto adoptado en Consejo de ministros se
designarán aquellos que serán objeto de dicha obligación.
En estas circunstancias, los criterios que han de concurrir para la concesión del estatuto de beneficiario de la obligación
de transmisión no son conocidos por los organismos de radiodifusión que no sean públicos que pueden ser objeto de las obligaciones
de transmisión. En consecuencia, este procedimiento no cumple el principio de transparencia, en el sentido del artículo 31,
apartado 1, de la Directiva servicio universal.
A continuación, del artículo 31, apartado 1, primera frase, de la Directiva servicio universal, resulta que los Estados miembros
podrán imponer obligaciones de transmisión a los operadores de redes de comunicaciones electrónicas para la transmisión de
determinados canales y servicios de programas de radio y televisión.
En cuanto al carácter determinado de los canales de radio y televisión que pueden ser objeto de la obligación de transmisión,
el Tribunal de Justicia ya ha declarado que del tenor de dicha disposición se deriva que los Estados miembros están obligados
a determinar los canales a los que se conceda el estatuto de beneficiario de dicha obligación (sentencia Kabel Deutschland
Vertrieb und Service, antes citada, apartado 24).
Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que dicho estatuto no se puede conceder automáticamente a todas las cadenas de
televisión difundidas a través de un mismo organismo privado de radiodifusión, sino que debe quedar estrictamente limitado
a aquellas en las que el contenido global de sus programas permita alcanzar el objetivo de interés general perseguido (véanse
las sentencias antes citadas United Pan-Europe Communications Belgium y otros, apartado 47, y Kabel Deutschland Vertrieb und
Service, apartado 42).
Pues bien, con arreglo al tenor literal del artículo 13, párrafo primero, segundo guión, de la Ley de 30 de marzo de 1995,
es posible que mediante Real Decreto se designe, como beneficiarios de la obligación de transmisión, a organismos de radiodifusión
que no sean públicos dependientes de las Comunidades francesa y flamenca, de manera que todos los programas emitidos por dichos
organismos de radiodifusión se beneficiarían automáticamente de dicha obligación, independientemente del contenido global
de tales programas y de su capacidad para lograr los objetivos legítimos de interés general perseguidos por la normativa nacional
controvertida.
De ello se desprende que el artículo 13, párrafo primero, segundo guión, de la Ley de 30 de marzo de 1995 no establece de
manera suficientemente clara que el beneficio de la obligación de transmisión sólo puede concederse a cadenas de televisión
determinadas, tal como exige el artículo 31, apartado 1, de la Directiva servicio universal.
Por último, procede recordar que los criterios que sirven de fundamento a la concesión del estatuto de beneficiario de la
obligación de transmisión no deben ser discriminatorios. En particular, la concesión del citado estatuto no puede estar supeditada,
ni de Derecho ni de hecho, a una exigencia de establecimiento en el territorio nacional (sentencia United Pan-Europe Communications
Belgium y otros, antes citada, apartado 48).
A este respecto, tal como señala la Comisión, sin haber sido desmentida al respecto por el Reino de Bélgica, la exigencia
resultante del artículo 13, párrafo primero, segundo guión, de la Ley de 30 de marzo de 1995, según la cual los organismos
de radiodifusión que no sean públicos deben depender de las Comunidades belgas, no permite afirmar que la concesión del estatuto
de beneficiario de la obligación de trasmisión no está supeditada, de Derecho o de hecho, a que dichos organismos de radiodifusión
estén establecidos en Bélgica.
En todo caso, procede señalar que dicha exigencia no es suficiente para cumplir el requisito de transparencia establecido
en el artículo 31, apartado 1, de la Directiva servicio universal. En efecto, del artículo 13, párrafo primero, segundo guión,
de la Ley de 30 de marzo de 1995, no resulta claramente cuál es el alcance de la exigencia según la cual los organismos de
radiodifusión que no sean públicos deberán depender de las Comunidades belgas para ser objeto de la obligación de transmisión.
A este respecto, el Reino de Bélgica no aporta precisión alguna de aquello que ha de entenderse por organismos de radiodifusión
dependientes de sus Comunidades.
En consecuencia, también ha de declararse fundado el segundo motivo invocado por la Comisión en apoyo de su recurso.
El tercer motivo de la Comisión se refiere a la falta de respeto del ámbito de aplicación del artículo 31 de la Directiva
servicio universal debido a que el artículo 13 de la Ley de 30 de marzo de 1995 no limitó la obligación de transmisión a los
operadores de las redes de comunicaciones electrónicas a los que se hubiese abonado un número significativo de usuarios finales.
El artículo 13, párrafo cuarto, letra b), de dicha Ley, permite al ministro, previo dictamen del Instituto, dispensar a un
operador de las obligaciones de transmisión si no hay suficientes usuarios finales en la red que la utilicen como medio principal
de recepción de programas de radiodifusión televisiva, de manera que las inversiones necesarias para suprimir la imposibilidad
técnica no son razonables.
Pues bien, las obligaciones de transmisión resultantes del artículo 31, apartado 1, de la Directiva servicio universal sólo
pueden imponerse a los operadores de las redes de comunicaciones electrónicas si un número significativo de usuarios finales
de dichas redes las utiliza como medio principal de recepción de programas de radio y televisión.
En estas circunstancias, procede señalar que el artículo 13, párrafo cuarto, letra b), de la Ley de 30 de marzo de 1995 no
transpone correctamente el requisito establecido en el artículo 31, apartado 1, de la Directiva servicio universal. En efecto,
la posibilidad de que las autoridades belgas dispensen de las obligaciones de transmisión a los operadores de las redes para
las cuales el número de usuarios finales que las utiliza como medio principal de recepción de programas de radiodifusión televisiva
no es suficiente, les permite imponer dichas obligaciones a estos operadores si no se concede tal dispensa. Además, el operador
de que se trata debe probar que concurren los requisitos para obtener la dispensa.
Así, puesto que las obligaciones de transmisión establecidas en el artículo 31 de la Directiva servicio universal no pueden
aplicarse más que a los operadores de redes para los cuales existe un número suficiente de usuarios finales que las utiliza
de manera principal, de ello se desprende que el artículo 13, párrafo cuarto, letra b), de la Ley de 30 de marzo de 1995 no
transpone correctamente el artículo 31, apartado 1, de la Directiva servicio universal.
Por tanto, procede declarar fundado el tercer motivo invocado por la Comisión en apoyo de su recurso.
En consecuencia, de las anteriores consideraciones resulta que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben
en virtud de las disposiciones de la Directiva servicio universal y del artículo 56 TFUE al no transponer correctamente el
artículo 31 de la Directiva servicio universal.

Costas
En virtud del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado la Comisión la condena en costas del Reino de Bélgica y al
haber sido desestimados los motivos formulados por éste, procede condenarlo en costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide:
1)
Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las disposiciones de la Directiva
2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los
usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) y del artículo
56 TFUE al no transponer correctamente el artículo 31 de dicha Directiva.
2)
Condenar en costas al Reino de Bélgica.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: francés.