CELEX: 62010CJ0089
Tributos nacionales incompatibles con el Derecho de la Unión
Tributos pagados con arreglo a un sistema de ayuda financiera y de deducciones declarado contrario al Derecho de la Unión
Sistema sustituido por un nuevo sistema declarado compatible
Devolución de los tributos percibidos indebidamente
Principios de equivalencia y de efectividad
Duración del plazo de prescripción
Dies a quo
Créditos que han de cobrarse frente al Estado y a particulares
Plazos distintos

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la conformidad de un plazo especial de prescripción de cinco años
establecido por el Derecho interno del Reino de Bélgica con los principios de equivalencia y de efectividad propios del Derecho
de la Unión, así como la determinación del momento del inicio del cómputo de dicho plazo.
Dichas peticiones se presentaron en el marco de sendos litigios entre, por una parte, Q-Beef NV (en lo sucesivo, «Q-Beef»)
y el Estado belga (C‑89/10) y, por otra parte, el Sr. Bosschaert y el Estado belga, Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen
NV y Slachthuizen Goossens NV (en lo sucesivo, «sociedades Goossens») (C‑96/10) relativos a la posibilidad de aplicar un plazo
de prescripción de cinco años a los recursos interpuestos contra el Estado belga dirigidos a obtener el reembolso de las cotizaciones
percibidas para financiar el Fondo para la sanidad y la producción de animales (en lo sucesivo, «Fondo»).

Marco jurídico

Normativa nacional relativa al Fondo
Normativa de 1987
La Ley sobre la sanidad animal, de 24 de marzo de 1987
(Belgisch Staatsblad)
de 17 de abril de 1987, p. 5788; en lo sucesivo, «Ley de 1987»), estableció un régimen para financiar las prestaciones relacionadas
con la lucha contra las enfermedades de los animales y con la mejora de la higiene, la sanidad y la calidad de los animales
y de los productos de origen animal (en lo sucesivo, «régimen de 1987»). A tenor de su artículo 2, la Ley tenía por objetivo
«luchar contra las enfermedades de los animales con el fin de favorecer la salud pública y la prosperidad económica de los
ganaderos».
En el artículo 32, apartado 2, de la Ley de 1987 se disponía lo siguiente:
«En el Ministerio de Agricultura se creará [el Fondo] [...]. Este Fondo tiene por finalidad participar en la financiación
de las indemnizaciones, las subvenciones y demás prestaciones relativas a la lucha contra las enfermedades de los animales
y a la mejora de la higiene, la sanidad y la calidad de los animales y de los productos de origen animal. El Fondo se financiará
mediante:
1º      Cotizaciones obligatorias a cargo de las personas físicas o jurídicas que produzcan, transformen, transporten, elaboren, vendan
o comercialicen animales;
[...]
Cuando la cotización obligatoria recaiga sobre quienes transforman, transportan, elaboran, venden o comercializan animales
o productos de origen animal, se repercutirá en cada transacción hasta la fase del productor.»
La Ley de 1987 prevé que el importe de estas cotizaciones obligatorias y los procedimientos de recaudación deben establecerse
mediante Real Decreto. El Real Decreto de 11 de diciembre de 1987, relativo a las cotizaciones obligatorias al Fondo para
la sanidad y la producción de animales
(Belgisch Staatsblad)
de 23 de diciembre de 1987, p. 19137; en lo sucesivo, «Real Decreto de 1987»), impuso a los mataderos y exportadores, a partir
del 1 de enero de 1988, una cotización obligatoria por bovino, ternero o cerdo sacrificado o exportado vivo. Las cotizaciones
obligatorias impuestas a los mataderos y exportadores tenían que ser repercutidas por éstos al proveedor de los animales y
éste, en su caso, las repercutía al vendedor, hasta la fase del productor. Con posterioridad, la Ley y el Real Decreto de
1987 sufrieron diversas modificaciones. Ninguna de dichas disposiciones fueron notificados a la Comisión con arreglo al artículo
93, apartado 3, del Tratado CEE (convertido en artículo 93 del Tratado CE, apartado 3, y posteriormente, artículo 88 CE, apartado 3).
Ley de 1998
A raíz de la Decisión 91/538/CEE de la Comisión de 7 de mayo de 1991 relativa al fondo para la sanidad y la producción de
animales en Bélgica (DO L 294, p. 43), que declara el régimen de 1987 incompatible con el mercado común y en virtud de la
Ley relativa a la creación de un Fondo presupuestario para la sanidad y la calidad de los animales y de los productos de origen
animal, de 23 de marzo de 1998
(Belgisch Staatsblad)
de 30 de abril de 1998, p. 13469; en lo sucesivo, «Ley de 1998»), dicho régimen fue derogado y reemplazado por un nuevo régimen
(en lo sucesivo, «régimen de 1998»), que incluía un nuevo sistema de cotizaciones obligatorias, aplicable retroactivamente
a partir del 1 de enero de 1988, y un nuevo Fondo, el Fondo presupuestario para la sanidad y la calidad de los animales y
de los productos de origen animal (en lo sucesivo, junto con el Fondo del régimen de 1987, «Fondo»). El régimen de 1998 difiere
esencialmente del de 1987 en que no prevé cotización alguna por los animales importados y en que las relativas a los animales
exportados dejan de devengarse a partir del 1 de enero de 1997.
Con arreglo al artículo 5 de la Ley de 1998, el Fondo se financiará mediante las cotizaciones impuestas por Real Decreto a
las personas físicas o jurídicas que produzcan, transformen, transporten, elaboren, vendan o comercialicen animales o productos
de origen animal.
El artículo 14 de la Ley de 1998 impone cotizaciones a los mataderos y exportadores. Los importes de dichas cotizaciones varían
en función del período en que se devenguen. Dicho artículo es del siguiente tenor:
«Se imponen a los mataderos y a los exportadores las siguientes cotizaciones obligatorias al Fondo:
[…].
Estas cotizaciones obligatorias se repercutirán sobre el productor.
Las cotizaciones obligatorias se devengarán únicamente por los animales nacionales. No se devengarán por los animales importados.
Dejarán de ser exigibles en relación con los animales exportados a partir del 1 de enero de 1997.
Por lo que respecta a los animales importados, las cotizaciones obligatorias que se hayan abonado a partir del 1 de enero
de 1988 conforme al [Real Decreto de 1987], modificado por los Reales Decretos de 8 de abril de 1989, 23 de noviembre de 1990,
19 de abril de 1993, 15 de mayo de 1995, 25 de febrero de 1996 y 13 de marzo de 1997, serán devueltas a los acreedores que
demuestren que las cotizaciones obligatorias que han abonado se refieren a animales importados, que no han repercutido dichas
cotizaciones obligatorias sobre el productor o que se ha anulado la repercusión y que han pagado todas las cotizaciones obligatorias
por animales nacionales, incluidos los animales de abasto, de reproducción y de producción exportados.»
Los artículos 15 y 16 de la Ley de 1998 imponen cotizaciones a los responsables de explotaciones porcinas, a las centrales
lecheras y a los titulares de licencias para la venta de productos lácteos.
El artículo 17, párrafo segundo, de la Ley de 1998 prevé la compensación de pleno Derecho entre los créditos relativos a las
cotizaciones abonadas con arreglo al régimen de 1987 y las cotizaciones devengadas conforme al régimen de 1998.

Normativa nacional sobre la devolución de lo cobrado indebidamente y la prescripción
El artículo 1376 del Código Civil es del siguiente tenor:
«Quien perciba por error o conscientemente lo que no se le debe, estará obligado a devolverlo a la persona de quien lo haya
recibido indebidamente.»
El artículo 2262
bis,
apartado 1, primer párrafo, del Código Civil, en su versión modificada por la Ley de 10 de junio de 1998, que entró en vigor
el 27 de julio de 1998, establece:
«Las acciones personales prescribirán por el transcurso de diez años.»
El artículo 2244 del Código Civil, que enuncia las principales causas de interrupción de la prescripción, establece en sus
párrafos primero y segundo:
«Una citación judicial, un mandamiento o un embargo, notificados a aquel a quien quiere impedírsele que se beneficie de la
prescripción, interrumpen la prescripción civil.
Una citación judicial interrumpe la prescripción hasta que se dicte la resolución definitiva.»
El artículo 100, apartado 1, de las Leyes coordinadas de la contabilidad del Estado, de 17 de julio de 1991
(Belgisch Staatsblad)
de 21 de agosto de 1991, p. 17960; en lo sucesivo, «Leyes coordinadas de la contabilidad»), establece:
«Prescribirán y caducarán en beneficio del Estado, sin perjuicio de las declaraciones de caducidad como consecuencia de otras
disposiciones legales, reglamentarias o pactadas a tal efecto:
1º      los créditos cuya presentación, determinada a nivel legal o reglamentario, no se haya efectuado en un plazo de cinco años,
contados a partir del 1 de enero del ejercicio presupuestario de su nacimiento;
[...].»
El artículo 101 de las Leyes coordinadas de la contabilidad establece:
«[...] El ejercicio de una acción judicial suspenderá la prescripción hasta que se dicte la resolución definitiva.»
Respecto de la prescripción de una acción de garantía, el artículo 2257 del Código Civil dispone:
«La prescripción no se iniciará:
[…]
Para las acciones de garantía, hasta que se desestimen;
[…].»

Procedimiento ante la Comisión
Con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 93 del Tratado, la Comisión determinó, mediante su Decisión 91/538, que
el régimen de 1987 era incompatible con el mercado común en el sentido del artículo 92 del Tratado CEE (posteriormente artículo
92 del Tratado CE, tras su modificación artículo 87 CE) y que, en consecuencia, ya no podía aplicarse, en la medida en que
las cotizaciones obligatorias gravaban también en la fase de sacrificio a los animales y productos importados de los demás
Estados miembros.
Mediante escritos de 7 de diciembre de 1995 y de 20 de mayo de 1996, el Reino de Bélgica notificó, conforme al artículo 93,
apartado 3, del Tratado, un proyecto de medidas legislativas para la derogación del régimen de 1987 y su sustitución por un
nuevo régimen.
Dicho proyecto de ley, que se convertiría en la Ley de 1998, preveía, en particular, la resolución del problema de la tributación
por animales importados que había llevado a la Comisión, en su Decisión 91/538, a declarar el régimen de 1987 incompatible
con el mercado común.
La Comisión declaró que el proyecto de ley era compatible con el mercado común mediante la Decisión de 30 de julio de 1996
de autorización de las ayudas de Estado en el marco de las disposiciones de los artículos [87] y [88] del Tratado CE (DO 1997,
C 1, p. 2).

Litigios principales y cuestiones prejudiciales

Asunto C‑89/10
Q-Beef es una empresa belga que se dedica al comercio de animales, principalmente, a su exportación. En el marco de dichas
exportaciones, abonó diversas cotizaciones al Estado belga en virtud de la normativa aplicable al Fondo. De ese modo, afirma
que entre enero de 1993 y abril de 1998 abonó una cantidad global de 137.164 euros cuyo reembolso reclama al Estado belga.
A raíz de la sentencia de 21 de octubre 2003, Van Calster y otros (C‑ 261/01 y C‑262/01, Rec. p. I‑12249), cuando se declaró
que la Ley de 1998 no podía aplicarse con carácter retroactivo al período anterior a la Decisión por la que la Comisión había
declarado que el proyecto de ley que dio lugar a dicha Ley era compatible con el mercado común, Q-Beef demandó, el 2 de abril
de 2007, al Estado belga ante el Rechtbank van eerste aanleg te Brussel para obtener el reembolso de las cotizaciones en cuestión.
En opinión del tribunal remitente, en virtud del artículo 100, apartado 1, de las Leyes coordinadas de la contabilidad, el
plazo de prescripción de cinco años iniciaba, por lo que atañe al crédito de Q-Beef frente al Estado belga, el 1 de enero
del ejercicio presupuestario en que se originó éste, en el presente asunto el año en que entró en vigor la Ley de 1998, es
decir, el 1 de enero de 1998, debido a la compensación que establece dicho texto entre los créditos adeudados al amparo del
nuevo régimen y la relativa a las cotizaciones abonadas en virtud del régimen de 1987, y expiraba el 31 de diciembre de 2002
a medianoche. Dado que el Estado belga fue emplazado el 2 abril de 2007, a los efectos del Derecho interno belga, el crédito
que Q-Beef tenía frente a él había prescrito. Dicho tribunal opina, al contrario de lo que sostiene Q-Beef, que la sentencia
van Calster y otros, antes citada, tenía únicamente un efecto declarativo respecto del Derecho nacional y no hacía que empezara
a correr el plazo de prescripción.
En estas circunstancias, el Rechtbank van eerste aanleg te Brussel decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal
de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)      ¿Se opone el Derecho comunitario a que los jueces nacionales apliquen el plazo de prescripción de cinco años, previsto en
el ordenamiento jurídico interno para los créditos frente al Estado, a las acciones de devolución de tributos que fueron pagados
a un Estado miembro con arreglo a un régimen mixto de ayudas y tributos que resultó ser no sólo parcialmente ilegal, sino
también parcialmente incompatible con el Derecho comunitario, y que fueron abonados antes de la entrada en vigor de un nuevo
régimen de ayudas y de cotizaciones obligatorias que sustituye al primer régimen, y que la Comisión, en virtud de una decisión
definitiva, declaró compatible con el Derecho comunitario, pero no en la medida en que tales cotizaciones fueron impuestas
con carácter retroactivo para un período anterior a la fecha de tal decisión?
2)      ¿Se opone el Derecho comunitario a que un Estado miembro pueda invocar con éxito unos plazos de prescripción nacionales específicos
y favorables para dicho Estado miembro en comparación con el Derecho común interno, en su condición de demandado en un procedimiento
incoado contra él por un particular para la tutela de derechos que dicho particular deduce del Tratado CEE, en un caso como
el sometido por el juez nacional, en el que estos plazos de prescripción específicos favorables tienen como consecuencia que
se hace imposible la devolución de tributos que han sido pagados al Estado miembro con arreglo a un régimen mixto de ayudas
y tributos que no sólo parece ser parcialmente ilegal, sino también parcialmente incompatible con el Derecho comunitario,
mientras que su incompatibilidad con el Derecho comunitario fue comprobada por el entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas una vez expirados los plazos de prescripción nacionales específicos y favorables, aun cuando tal ilegalidad ya existía
con anterioridad?»

Asunto C‑96/10
El Sr. Bosschaert es un agricultor que, en el período comprendido entre 1989 y 1996, abonó a las sociedades Goossens las cotizaciones
destinadas al Fondo por los animales sacrificados por su cuenta. Abonaba las cotizaciones a Vleesgroothandel Georges Goossens
en Zonen NV, quien a su vez las transmitía a Slachthuizen Goossens NV, que las ingresaba en el Fondo. El Sr. Bosschaert solicita
el reembolso de dichas cotizaciones por un total de 38.842,46 euros, ya que, como la normativa que regula la materia es contraria
al Derecho de la Unión, las cotizaciones se habían impuesto ilegalmente.
El 31 de julio de 2007, a raíz de la sentencia van Calster y otros, antes citada, el Sr. Bosschaert demandó ante el Rechtbank
van eerste aanleg te Brussel, con carácter principal, al Estado belga para que le reembolsara las cotizaciones indebidamente
abonadas y, con carácter subsidiario, a las sociedades Goossens para el supuesto en que no se admitiera su recurso directo
contra el Estado belga.
En los escritos presentados el 21 de noviembre de 2007, en el marco de dicho procedimiento, las sociedades Goossens interpusieron
dos demandas incidentales contra el Estado belga, a saber, por una parte, una acción de garantía para el supuesto en que se
les condenara a reembolsar al Sr. Bosschaert las cotizaciones percibidas y, por otra parte, una reclamación de cantidad de
las cotizaciones que ellas mismas habían pagado al Fondo.
Al igual que en el asunto C‑89/10, el órgano judicial remitente señala que, en virtud del Derecho interno belga, las acciones
de reclamación de cantidad ejercitadas por el Sr. Bosschaert y las sociedades Goossens contra el Estado belga han prescrito.
Igualmente considera, al contrario de lo que sostienen el Sr. Bosschaert y las sociedades Goossens, que la sentencia van Calster
y otros, antes citada, tiene un carácter meramente declarativo y no constitutivo en lo que respecta al carácter indebido de
los pagos realizados, ya que se limita a constatar que los tributos eran ilegales en la medida en que se imponían con carácter
retroactivo.
Por el contrario, las demandas interpuestas por el Sr. Bosschaert contra las sociedades Goossens prescriben en un plazo de
diez años, puesto que son «acciones personales». La Ley de 10 de junio de 1998, que modificó el Código Civil, introdujo dicho
plazo para los litigios entre particulares, por lo que éste inició el 27 de julio de 1998, fecha de entrada en vigor de dicha
Ley. Por tanto, el 31 de julio de 2007, fecha en la que se interpusieron las demandas, las acciones aún no habían prescrito.
A fortiori,
las acciones de garantía contra el Estado belga ejercitadas el 21 de noviembre de 2007 por las sociedades Goossens no habrían
prescrito, ya que son consecuencia de las demandas interpuestas por el Sr. Bosschaert en julio de 2007.
Habida cuenta de las circunstancias anteriores, el Rechtbank van eerste aanleg te Brussel decidió suspender el procedimiento
y plantear al Tribunal de Justicia tres cuestiones prejudiciales, de las cuales la primera y la tercera tienen el mismo tenor
que la primera y la segunda cuestión respectivamente del asunto C‑89/10, tal como se reproducen en el apartado 24 de la presente
sentencia, y la segunda de ellas está formulada en los términos siguientes:
«¿Se opone el Derecho comunitario a que, cuando un Estado miembro impone tributos a un particular que, a su vez, está obligado
a repercutirlos a otros particulares con los que mantiene relaciones comerciales en un sector en el que el Estado miembro
ha impuesto un sistema mixto de ayuda e impuestos, sistema que, no obstante, ha resultado con posterioridad no sólo parcialmente
ilegal, sino también parcialmente incompatible con el Derecho comunitario, dichos particulares, como consecuencia de disposiciones
nacionales, estén sujetos a un plazo de prescripción más corto para reclamar al Estado miembro la devolución de cotizaciones
contrarias al Derecho comunitario, pese a que disponen de un plazo más amplio para reclamar esas mismas cotizaciones a un
particular que interviene como intermediario, aun cuando pueda ocurrir que este intermediario se encuentre en una situación
en la que la acción dirigida contra él no haya prescrito pero sí la acción dirigida contra el Estado miembro y, en consecuencia,
dicho intermediario pueda ser demandado por otros operadores y que, en su caso, deba ejercitar la acción de garantía frente
al Estado miembro, pero sin poder repetir de este Estado miembro las cotizaciones que él mismo le pagó directamente?»
Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 6 de abril de 2010, los asuntos C‑89/10 y C‑96/10 fueron acumulados
a efectos de la fase escrita y oral así como de la sentencia.

Sobre las cuestiones prejudiciales

Observación preliminar
Según jurisprudencia reiterada, ante la inexistencia de una normativa de la Unión en la materia, corresponde al ordenamiento
jurídico interno de cada Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y configurar la regulación procesal
de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los
justiciables, siempre que, por una parte, dicha regulación no sea menos favorable que la de recursos semejantes de carácter
interno (principio de equivalencia) ni, por otra parte, haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio
de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (véase, en particular, la sentencia
de 19 de mayo de 2011, Iaia y otros, C‑452/09, Rec. p. I‑0000, apartado 16 y jurisprudencia citada).

Primera cuestión en los asuntos C‑89/10 y C‑96/10
Mediante esta cuestión, el tribunal remitente pregunta en sustancia si, en circunstancias como las del litigio principal,
el Derecho de la Unión se opone a la aplicación de un plazo de prescripción de cinco años, previsto en el ordenamiento jurídico
interno para los créditos frente al Estado, a las acciones de devolución de tributos ingresados en infracción del Derecho
de la Unión con arreglo a un «régimen mixto de ayudas y de impuestos».
A este respecto, procede recordar que a falta de normas armonizadas que regulen el reembolso de tributos impuestos en infracción
del Derecho de la Unión, los Estados miembros mantienen el derecho a aplicar la regulación procesal establecida por su Derecho
nacional, en particular en materia de plazos de caducidad, siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad.
En el presente asunto no se vulnera el principio de equivalencia, toda vez que el plazo de prescripción de cinco años se aplica
a todos los créditos frente al Estado belga y que su aplicabilidad no está supeditada a si dichos créditos proceden de una
infracción del Derecho nacional o del Derecho de la Unión, extremo que corresponde verificar al tribunal remitente.
Por lo que respecta al principio de efectividad, el Tribunal de Justicia ha reconocido que es compatible con el Derecho de
la Unión establecer plazos razonables de recurso de carácter preclusivo, en interés de la seguridad jurídica, que protege
tanto al contribuyente como a la Administración interesados. En efecto, plazos de este tipo no hacen imposible en la práctica
o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión, aun cuando por definición
el transcurso de estos plazos da lugar a la desestimación, total o parcial, de la acción ejercitada (véase la sentencia Iaia
y otros, antes citada, apartado 17 y la jurisprudencia citada). A este respecto, a modo de ejemplo, se consideró que un plazo
nacional de caducidad de tres años era razonable (véase, en ese sentido, la sentencia de 15 de abril de 2010, Barth, C‑542/08,
Rec. p. I‑0000, apartado 29).
En los asuntos principales, como se desprende de las resoluciones de remisión, ha quedado acreditado que el plazo de prescripción
aplicable es de cinco años que, a falta de circunstancias particulares puestas en conocimiento del Tribunal de Justicia, no
puede considerarse contrario al principio de efectividad.
En consecuencia, procede responder a la primera cuestión en los asuntos C‑89/10 y C‑96/10 que el Derecho de la Unión no se
opone, en circunstancias como las del asunto principal, a que se aplique un plazo de prescripción de cinco años, establecido
por el ordenamiento jurídico interno para los créditos frente al Estado, a las acciones de devolución de tributos abonados
en infracción de dicho Derecho al amparo de un «régimen mixto de ayudas y de tributos».

Sobre la segunda cuestión en el asunto C‑96/10
Mediante dicha cuestión, el órgano judicial remitente pregunta, en sustancia, si el Derecho de la Unión se opone a una normativa
nacional que, en circunstancias como las del asunto principal, concede a un particular un plazo más largo para recuperar los
tributos de otro particular que ha intervenido en concepto de intermediario, a quien los ha abonado y satisfecho por cuenta
del primero en beneficio del Estado, mientras que, si hubiera abonado dichos tributos directamente a este último, la acción
del primer particular estaría sujeta a un plazo más corto.
En el presente asunto, el tribunal remitente considera que la acción de reclamación de cantidad del Sr. Bosschaert y las acciones
de devolución de las sociedades Goossens contra el Estado han prescrito debido al plazo de prescripción específico de cinco
años establecido para los créditos frente al Estado, mientras que la acción del Sr. Bosschaert contra dichas sociedades no
ha prescrito ya que ésta se interpuso dentro del plazo de prescripción de diez años aplicable a la devolución de lo indebido
entre particulares.
En dicho contexto, procede igualmente señalar que según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el Derecho de la
Unión no prohíbe que, frente a las acciones de devolución de tributos percibidos en infracción de dicho Derecho, un Estado
miembro invoque un plazo nacional de caducidad de tres años que se aparta del régimen común de las acciones de devolución
de lo indebido entre particulares, sometidas a un plazo más favorable, siempre que dicho plazo de caducidad se aplique del
mismo modo a las demandas de devolución de dichos tributos basadas en el Derecho de la Unión y a las basadas en el Derecho
interno (véanse las sentencias de 15 de septiembre de 1998, Edis, C‑231/96, Rec. p. I‑4951, apartado 39; y Spac, C‑260/96,
Rec. p. I‑4997, apartado 23; y de 10 de septiembre de 2002, Prisco y CASER, C‑216/99 y C‑222/99, Rec. p. I‑6761, apartado 70).
Además, los plazos de prescripción tienen, con carácter general, la función de garantizar la seguridad jurídica, que protege
tanto al contribuyente como a la administración (véanse, en ese sentido, las sentencias Edis, antes citada, apartado 35, y
de 28 de octubre de 2010, SGS Belgium y otros, C‑367/09, Rec. p. I‑0000, apartado 68). El Tribunal de Justicia también ha
determinado que no se vulnera el principio de efectividad en el supuesto de un plazo nacional de prescripción supuestamente
más ventajoso para la administración fiscal que el plazo de prescripción en vigor para los particulares (véase, en ese sentido,
la sentencia de 8 de mayo de 2008, Ecotrade, C‑95/07 y C‑96/07, Rec. p. I‑3457, apartados 49 a 54).
Por el contrario, se vulneraría el principio de efectividad si las sociedades Goossens no tuvieran ni el derecho a obtener
el reembolso del tributo en cuestión durante el plazo de cinco años ni, tras una acción de devolución de lo indebido iniciada
con posterioridad al vencimiento de dicho plazo por parte del Sr. Bosschaert contra dichas sociedades, la posibilidad de dirigirse
contra el Estado, de modo que las consecuencias de los pagos indebidos de los tributos imputables al Estado serían soportados
únicamente por dichas sociedades intermediarias.
No obstante, en el asunto principal, el tribunal remitente considera, al contrario de lo que alega el Gobierno belga en sus
observaciones escritas, que si se condenara a las sociedades Goossens a reembolsar al Sr. Bosschaert las cotizaciones que
percibieron indebidamente, aquéllas podrían recuperar dichas cantidades del Estado, ejercitando una acción de garantía relativa
a una obligación personal, y no una acción de devolución contra el Estado, dado que dicha acción ya había prescrito en virtud
del plazo de prescripción específico de cinco años. En efecto, según el órgano judicial remitente, las acciones de garantía
ejercitadas por las sociedades Goossens el 21 de noviembre de 2007 contra el Estado belga no han prescrito.
En consecuencia, procede responder a la segunda cuestión en el asunto C‑96/10 que el Derecho de la Unión no se opone a una
normativa nacional que, en circunstancias como las del asunto principal, concede a un particular un plazo más largo para recuperar
los tributos de otro particular que ha intervenido en concepto de intermediario, a quien los ha abonado indebidamente y que
los ha satisfecho por cuenta del primero en beneficio del Estado, mientras que, si hubiera abonado dichos tributos directamente
al Estado, la acción de dicho particular estaría sujeta a un plazo para solicitar la devolución más corto, con carácter de
excepción respecto del régimen de Derecho común de la acción de devolución de lo indebido, ya que los particulares que actúan
como intermediarios pueden efectivamente reclamar al Estado los importes eventualmente satisfechos en beneficio de otros particulares.

Sobre la segunda cuestión en el asunto C‑89/10 y la tercera cuestión en el asunto C‑96/10
Mediante dicha cuestión, el tribunal remitente pregunta en sustancia si, en circunstancias como las del asunto principal,
el hecho de que el Tribunal de Justicia declare, en una sentencia dictada en un procedimiento prejudicial, que el carácter
retroactivo de la normativa nacional en cuestión es incompatible con el Derecho de la Unión afecta al momento en que empieza
a correr el plazo de prescripción establecido en el ordenamiento jurídico interno para los créditos frente al Estado.
En primer lugar, procede aclarar que, como señala el Abogado General en el punto 55 de sus conclusiones, la cuestión de la
determinación del momento en que comienza a correr el plazo de la prescripción depende en principio del Derecho nacional.
En efecto, según reiterada jurisprudencia, una eventual declaración por el Tribunal de Justicia de la infracción del Derecho
de la Unión no afecta, en principio, al inicio del cómputo del plazo de prescripción (véase la sentencia Iaia y otros, antes
citada, apartado 22 y la jurisprudencia citada).
En segundo lugar, contrariamente a lo que sostienen los demandantes en el litigio principal y según reiterada jurisprudencia,
una sentencia prejudicial no tiene valor constitutivo, sino meramente declarativo, con la consecuencia de que produce sus
efectos, en principio, a partir de la fecha de entrada en vigor de la norma interpretada (véase la sentencia de 12 de febrero
de 2008, Kempter, C‑2/06, Rec. p. I‑411, apartado 35 y la jurisprudencia citada).
Respecto al inicio del cómputo del plazo de prescripción, es cierto que el Tribunal de Justicia ha declarado que, hasta el
momento de la transposición correcta de una Directiva en Derecho interno, el Estado miembro que incumple su obligación no
puede proponer la excepción de extemporaneidad de una acción judicial ejercitada en contra por un particular con el fin de
proteger los derechos que le reconocen los preceptos de dicha Directiva y que sólo a partir de ese momento puede empezar a
correr un plazo de Derecho nacional para recurrir (sentencia de 25 de julio de 1991, Emmott, C‑208/90, Rec. p. I‑4269, apartado 23).
No obstante, según reiterada jurisprudencia posterior a la sentencia Emmot, antes citada, el Tribunal de Justicia ha admitido
que el Estado miembro que incumple su obligación pueda oponer la prescripción de las acciones judiciales, aun cuando dicho
Estado no hubiera aún transpuesto correctamente la Directiva en cuestión en el momento que se interpusieron los recursos,
ya que la solución dada en la sentencia Emmott estaba justificada por las circunstancias propias de dicho asunto, en las que
la prescripción producía el efecto de privar absolutamente a la demandante en el asunto principal de la posibilidad de hacer
valer su derecho en virtud de una Directiva (véase la sentencia Iaia y otros, antes citada, apartado 19 y jurisprudencia citada).
Al respecto, el Tribunal de Justicia señaló que el Derecho de la Unión sólo se opone a que una autoridad nacional alegue el
transcurso de un plazo de prescripción razonable en aquellos casos en los que la conducta de las autoridades nacionales, junto
con la existencia del plazo de caducidad, implique que una persona haya quedado totalmente privada de la posibilidad de hacer
valer sus derechos ante los órganos jurisdiccionales nacionales (véanse, en ese sentido, las sentencias antes citadas Barth,
apartado 33 y Iaia y otros, apartado 21).
En los asuntos principales, en opinión del tribunal remitente, el plazo de prescripción inició a computar el 1 de enero de
1998 y venció el 31 de diciembre de 2002, mientras que la sentencia van Calster y otros, antes citada, se dictó el 21 de octubre
de 2003, es decir, bastante después de que hubiera vencido el plazo específico de prescripción de cinco años. No obstante,
el hecho de que se establezca el 1 de enero de 1998 como fecha de inicio del cómputo del mencionado plazo no priva totalmente
a los interesados de poder alegar ante los órganos jurisdiccionales nacionales los derechos que les reconoce el Derecho de
la Unión, como demostraron los recursos jurisdiccionales interpuestos ante los tribunales belgas en el asunto que dio origen
a la mencionada sentencia van Calster y otros.
Habida cuenta de las circunstancias anteriores, procede responder a la segunda cuestión en el asunto C‑89/10 y a la tercera
cuestión en el asunto C‑96/10 que, en circunstancias como las del asunto principal, el hecho de que el Tribunal de Justicia
determine, en una sentencia sobre una petición de decisión prejudicial, que el carácter retroactivo de la normativa nacional
controvertida es incompatible con el Derecho de la Unión no afecta al inicio del cómputo de plazo de prescripción que el ordenamiento
jurídico nacional establece para los créditos frente al Estado.

Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
1)
El Derecho de la Unión no se opone, en circunstancias como las del asunto principal, a que se aplique un plazo de prescripción
de cinco años, establecido por el ordenamiento jurídico interno para los créditos frente al Estado, a las acciones de devolución
de tributos abonados en infracción de dicho Derecho al amparo de un «régimen mixto de ayudas y de tributos».
2)
El Derecho de la Unión no se opone a una normativa nacional que, en circunstancias como las del asunto principal, concede
a un particular un plazo más largo para recuperar los tributos de otro particular que ha intervenido en concepto de intermediario,
a quien los ha abonado indebidamente y que los ha satisfecho por cuenta del primero en beneficio del Estado, mientras que,
si hubiera abonado dichos tributos directamente al Estado, la acción de dicho particular estaría sujeta a un plazo para solicitar
la devolución más corto, con carácter de excepción respecto del régimen de Derecho común de la acción de devolución de lo
indebido, ya que los particulares que actúan como intermediarios pueden efectivamente reclamar al Estado los importes eventualmente
satisfechos en beneficio de otros particulares.
3)
En circunstancias como las del asunto principal, el hecho de que el Tribunal de Justicia determine, en una sentencia sobre
una petición de decisión prejudicial, que el carácter retroactivo de la normativa nacional controvertida es incompatible con
el Derecho de la Unión no afecta al inicio del cómputo de plazo de prescripción que el ordenamiento jurídico nacional establece
para los créditos frente al Estado.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: neerlandés.