CELEX: 62007TJ0039
Competencia
Cárteles
Mercado del caucho de butadieno y del caucho de estireno butadieno fabricado por polimerización en emulsión
Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE
Imputabilidad de la conducta infractora
Multas
Gravedad de la infracción
Circunstancias agravantes

Antecedentes del litigio
Mediante Decisión C(2006) 5700 final , de 29 de noviembre de 2006 (asunto COMP/F/38.638 – Caucho de butadieno y caucho de
estireno-butadieno fabricado por polimerización en emulsión; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), la Comisión de las Comunidades
Europeas declaró que varias empresas habían infringido lo dispuesto en el artículo 81 CE, apartado 1, y en el artículo 53
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), al haber participado en un cártel referente al mercado de los productos
mencionados.
Las empresas destinatarias de la Decisión impugnada son las siguientes:
–        Bayer AG, con domicilio en Leverkusen (Alemania);
–        The Dow Chemical Company, con domicilio en Midland, Michigan (Estados unidos) (en lo sucesivo, «Dow Chemical»);
–        Dow Deutschland Inc., con domicilio en Schwalbach (Alemania);
–        Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (anteriormente, Dow Deutschland GmbH & Co. OHG), con domicilio en Schwalbach;
–        Dow Europe, con domicilio en Horgen (Suiza);
–        Eni Spa, con domicilio en Roma;
–        Polimeri Europa SpA, con domicilio en Brindisi (Italia) (en lo sucesivo, «Polimeri»);
–        Shell Petroleum NV, con domicilio en La Haya (Países Bajos);
–        Shell Nederland BV, con domicilio en La Haya;
–        Shell Nederland Chemie BV, con domicilio en Rotterdam (Países Bajos);
–        Unipetrol a.s., con domicilio en Praga;
–        Kaučuk a.s., con sede en Kralupy nad Vlatvou (República Checa);
–        Trade‑Stomil sp. z o.o., con domicilio en Lódź (Polonia) (en lo sucesivo, «Stomil»).
Dow Deutschland, Dow Deutschland Anlagengesellschaft y Dow Europe están totalmente controladas, directa o indirectamente,
por Dow Chemical (en lo sucesivo, tomadas conjuntamente, «Dow») (considerandos 16 a 21 de la Decisión impugnada).
La actividad de Eni respecto a los productos en cuestión estaba garantizada originariamente por Enichem Elastomeri Srl, controlada
indirectamente por Eni, a través de su filial EniChem Spa (en lo sucesivo, «EniChem SpA»). El 1 de noviembre de 1997, EniChem
Elastomeri Srl se fusionó con EniChem SpA. Eni controlaba el 99,97 % de Enichem SpA. El 1 de enero de 2002, Enichem SpA transfirió
su actividad química estratégica (incluida la actividad ligada al caucho de butadieno y al caucho de estireno‑butadieno fabricado
por polimerización en emulsión) a su filial Polimeri, que poseía al 100 %. Eni controla directa e íntegramente Polimeri desde
el 21 de octubre de 2002. Desde el 1 de mayo de 2003, EniChem SpA cambió su denominación por la de Syndial SpA (considerandos
26 a 32 de la Decisión impugnada). La Comisión utiliza, en la Decisión impugnada, la denominación «EniChem» para referirse
a todas las sociedades que posee Eni (en lo sucesivo, «EniChem») (considerando 36 de la Decisión impugnada).
Shell Nederland Chemie es una filial de Shell Nederland, la cual a su vez está controlada por completo por Shell Petroleum
(en lo sucesivo, tomadas conjuntamente, «Shell») (considerandos 38 a 40 de la Decisión impugnada).
Kaučuk se creó en 1997, a raíz de la fusión entre Kaučuk Group, a.s. y Chemopetrol Group a.s. El 21 de julio de 1997, Unipetrol
adquirió la totalidad de los activos, derechos y obligaciones de las empresas fusionadas. Unipetrol posee el 100 % de las
participaciones de Kaučuk (considerandos 45 y 46 de la Decisión impugnada). Además, según la Decisión impugnada, Tavorex s.r.o.
(en lo sucesivo, «Tavorex»), con domicilio en la República Checa, representó a Kaučuk (y a su predecesor Kaučuk Group) en
la exportación desde 1991 hasta el 28 de febrero de 2003. Asimismo, según la Decisión impugnada, Tavorex representaba a Kaučuk,
desde 1996, en las reuniones de la Asociación Europea del Caucho Sintético (considerando 49 de la Decisión impugnada).
Stomil, según la Decisión impugnada, representaba al productor polaco Chemical Company Dwory S.A. (en lo sucesivo, «Dwory»)
en sus actividades de exportación desde hacía unos 30 años y al menos hasta 2001. Asimismo, según la Decisión impugnada, Stomil
representó a Dwory, entre 1997 y 2000, en las reuniones de la Asociación Europea del Caucho Sintético (considerando 51 de
la Decisión impugnada).
El período señalado de duración de la infracción comprende del 20 de mayo de 1996 al 28 de noviembre de 2002 (respecto a Bayer,
Eni y Polimeri), del 20 de mayo de 1996 al 31 de mayo de 1999 (respecto a Shell Petroleum, Shell Nederland y Shell Nederland
Chemie), del 1 de julio de 1996 al 28 de noviembre de 2002 (respecto a Dow Chemical), del 1 de julio de 1996 al 27 de noviembre
de 2001 (respecto a Dow Deutschland), del 16 de noviembre de 1999 al 28 de noviembre de 2002 (respecto a Unipetrol y Kaučuk),
del 16 de noviembre de 1999 al 22 de febrero de 2000 (respecto a Stomil), del 22 de febrero de 2001 al 28 de febrero de 2002
(respecto a Dow Deutschland Anlagengesellschaft), y del 26 de noviembre de 2001 al 28 de noviembre de 2002 (respecto a Dow
Europe) (considerandos 476 a 485 y artículo 1 de la parte dispositiva de la Decisión impugnada).
El caucho de butadieno (en lo sucesivo, «CB») y el caucho de estireno‑butadieno elaborado mediante polimerización en emulsión
(en lo sucesivo, «CEB») son cauchos sintéticos utilizados esencialmente para la fabricación de neumáticos. Ambos productos
son sustituibles entre sí y también lo son con otros cauchos sintéticos y con el caucho natural (considerandos 3 a 6 de la
Decisión impugnada).
Además de los fabricantes señalados por la Decisión impugnada, otros fabricantes establecidos en Asia y en Europa del Este
han vendido cantidades limitadas de CB y de CEB en el territorio del EEE. Asimismo, una parte importante del CEB se produce
directamente por los grandes fabricantes de neumáticos (considerando 54 de la Decisión impugnada).
El 20 de diciembre de 2002, Bayer entró en contacto con los servicios de la Comisión y expresó su deseo de cooperar con arreglo
a lo dispuesto en la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe
en los casos de cártel (DO L 2002, C 45, p. 3; en lo sucesivo, «Comunicación sobre cooperación»), en lo referente al CB y
al CEB. Por cuanto respecta al CEB, Bayer realizó una declaración verbal en la que describía las actividades del cártel. Dicha
declaración verbal fue grabada en cinta magnética (considerando 67 de la Decisión impugnada).
El 14 de enero de 2003, Bayer realizó una declaración verbal en la que describía las actividades del cártel en lo referido
al CB. Dicha declaración verbal fue grabada en cinta magnética. Bayer también aportó las actas de las reuniones del comité
CB de la Asociación europea del caucho sintético (considerando 68 de la Decisión impugnada).
El 5 de febrero de 2003, la Comisión notificó a Bayer su decisión de concederle la dispensa condicional de la multa (considerando
69 de la Decisión impugnada).
El 27 de marzo de 2003, la Comisión realizó una visita de verificación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14, apartado
3, del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE]
(DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), en los locales de Dow Deutschland & Co. (considerando 70 de la Decisión impugnada).
Entre los meses de septiembre de 2003 y de julio de 2006, la Comisión remitió a las empresas destinatarias de la Decisión
impugnada varias solicitudes de información con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento nº 17 y en el artículo
18 del Reglamento (CE) nº 1/2003, del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia
previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1) (considerando 71 de la Decisión impugnada).
El 16 de octubre de 2003, Dow Deutschland y Dow Deutschland & Co. se entrevistaron con los servicios de la Comisión y expresaron
su deseo de cooperar con arreglo a lo dispuesto en la Comunicación sobre cooperación. Durante esta reunión, se proporcionó
una descripción verbal de las actividades del cártel en relación con el CB y el CEB. Dicha descripción verbal fue grabada.
También se entregó un informe que contenía documentos referentes al cártel (considerando 72 de la Decisión impugnada).
El 4 de marzo de 2005, Dow Deutschland fue informada de la intención de la Comisión de concederle una reducción de entre un
30 y un 50 % de la multa (considerando 73 de la Decisión impugnada).
El 7 de junio de 2005, la Comisión inició el procedimiento y remitió un primer pliego de cargos a las empresas afectadas por
la Decisión impugnada –a excepción de Unipetrol– así como a Dwory. El primer pliego de cargos también se aprobó en relación
con Tavorex, pero no se le notificó, ya que Tavorex estaba en quiebra desde octubre de 2004. Por lo tanto, el procedimiento
finalizó en relación con dicha empresa (considerandos 49 y 74 de la Decisión impugnada).
Las empresas interesadas presentaron sus observaciones escritas sobre el primer pliego de cargos (considerando 75 de la Decisión
impugnada). También tuvieron acceso al expediente, en formato CD‑ROM, y a las declaraciones verbales y los documentos relacionados
con ellas en las dependencias de la Comisión (considerando 76 de la Decisión impugnada).
El 3 de noviembre de 2005, la Manufacture française des pneumatiques Michelin (en lo sucesivo, «Michelin») solicitó su intervención.
Con fecha de 13 de enero de 2006, presentó sus alegaciones por escrito (considerando 78 de la Decisión impugnada).
El 6 de abril de 2006, la Comisión aprobó un segundo pliego de cargos que remitió a las empresas destinatarias de la Decisión
impugnada. Dichas empresas presentaron sus observaciones escritas al respecto (considerando 84 de la Decisión impugnada).
El 12 de mayo de 2006, Michelin presentó una denuncia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento (CE) nº 773/2004
de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos
81 [CE] y 82 [CE] (DO L 123, p. 18) (considerando 85 de la Decisión impugnada).
El 22 de junio de 2006, las empresas destinatarias de la Decisión impugnada, excepto Stomil, así como Michelin, participaron
en el trámite de audiencia ante la Comisión (considerando 86 de la Decisión impugnada).
A falta de pruebas suficientes de la participación de Dwory en el cártel, la Comisión resolvió finalizar el procedimiento
en relación con dicha empresa (considerando 88 de la Decisión impugnada). La Comisión también resolvió finalizar el procedimiento
en relación con Syndial (considerando 89 de la Decisión impugnada).
Por otra parte, si bien se habían utilizado inicialmente dos números de asunto distintos (uno para el CB y otro para el CEB)
(COMP/E‑1/38.637 y COMP/E‑1/38.638), la Comisión utilizó un número único después de notificar el primer pliego de cargos (COMP/F/38.638)
(considerandos 90 y 91 de la Decisión impugnada).
El procedimiento administrativo concluyó con la adopción de la Decisión impugnada por parte de la Comisión, el 29 de noviembre
de 2006.
A tenor del artículo 1 de la parte dispositiva de la Decisión impugnada, las siguientes empresas infringieron el artículo
81 CE y el artículo 53 EEE, al haber participado, durante los períodos señalados, en un acuerdo singular y continuo, con arreglo
al cual convinieron en fijar objetivos de precios, el reparto de los clientes mediante acuerdos de no agresión e intercambiar
información confidencial sobre los precios, los competidores y los clientes, en los sectores del CB y del CEB:
a)      Bayer, del 20 de mayo de 1996 al 28 de noviembre de 2002;
b)      Dow Chemical, del 1 de julio de 1996 al 28 de noviembre de 2002; Dow Deutschland, del 1 de julio de 1996 al 27 de noviembre
de 2001; Dow Deutschland Anlagengesellschaft, del 22 de febrero de 2001 al 28 de febrero de 2002; Dow Europe, del 26 de noviembre
de 2001 al 28 de noviembre de 2002;
c)      Eni, del 20 de mayo de 1996 al 28 de noviembre de 2002; Polimeri, del 20 de mayo de 1996 al 28 de noviembre de 2002;
d)      Shell Petroleum, del 20 de mayo de 1996 al 31 de mayo de 1999; Shell Nederland, del 20 de mayo de 1996 al 31 de mayo de 1999;
Shell Nederland Chemie, del 20 de mayo de 1996 al 31 de mayo de 1999;
e)      Unipetrol, del 16 de noviembre de 1999 al 28 de noviembre de 2002; Kaučuk, del 16 de noviembre de 1999 al 28 de noviembre
de 2002;
f)      Stomil, del 16 de noviembre de 1999 al 22 de febrero de 2000.
Basándose en las comprobaciones de hecho y apreciaciones jurídicas efectuadas en la Decisión impugnada, la Comisión impuso
a las empresas señaladas multas cuyo importe se calculó siguiendo el método expuesto en las Directrices para el cálculo de
las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del
Tratado CECA (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices») y en la Comunicación sobre cooperación.
El artículo 2 de la parte dispositiva de la Decisión impugnada impone las siguientes multas:
a)      Bayer: 0 euros;
b)      Dow Chemical: 64,575 millones de euros, de ellos:
i)      60,27 millones de euros, solidariamente con Dow Deutschland;
ii)      47,355 millones de euros, solidariamente con Dow Deutschland Anlagengesellschaft y Dow Europe;
c)      Eni y Polimeri, solidariamente: 272,25 millones de euros;
d)      Shell Petroleum, Shell Nederland y Shell Nederland Chemie, solidariamente: 160,875 millones de euros;
e)      Unipetrol y Kaučuk, solidariamente: 17,55 millones de euros;
f)      Stomil: 3,8 millones de euros.
El artículo 3 de la parte dispositiva de la Decisión impugnada ordena a las empresas enumeradas en el artículo 1 que pongan
fin inmediatamente, si no lo han hecho antes, a las infracciones señaladas en ese mismo artículo y que se abstengan en lo
sucesivo de realizar todo acto o conducta de los descritos en el citado artículo 1, así como de adoptar toda medida que tenga
un objeto o efecto equivalente.

Procedimiento y pretensiones de las partes
Eni interpuso el presente recurso mediante demanda presentada en la Secretaría General de este Tribunal con fecha de 16 de
febrero de 2007.
Mediante resolución del Presidente del Tribunal de 31 de marzo de 2009, el Sr. N. Wahl fue designado para completar la Sala,
a raíz del impedimento de uno de sus miembros.
Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Primera) resolvió iniciar la fase oral del procedimiento.
Con arreglo a las diligencias de ordenación del procedimiento establecidas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento
del Tribunal General, este órgano jurisdiccional instó a las partes a responder a determinadas preguntas y a aportar ciertos
documentos. Las partes atendieron este requerimiento dentro de los plazos fijados.
En la vista de 12 de octubre de 2009 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas planteadas
por el Tribunal.
Eni solicita al Tribunal que:
–        Se anule la Decisión impugnada, en la medida en que la declara responsable de los comportamientos objeto de la multa en cuestión.
–        Con carácter subsidiario, se anule o reduzca la multa que se le impuso de acuerdo con el artículo 2 de la Decisión impugnada.
–        Se condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal que:
–        Se desestime el recurso.
–        Se condene en costas a Eni.

Fundamentos de Derecho
Eni invoca dos motivos en apoyo de sus pretensiones. Mediante su motivo primero, Eni se opone a la imputación de responsabilidad
que le hace la Comisión. En su motivo segundo, Eni sostiene que la Comisión fijó de forma errónea el importe de la multa.
A.
Sobre las pretensiones de anulación parcial de la Decisión impugnada
1.
Sobre el motivo primero, basado en la imputación ilegal de la infracción a Eni
Eni señala que, según la Decisión impugnada, la posesión del 100 % del capital de una sociedad mercantil implica una presunción
de que la sociedad matriz ejerce una influencia determinante en la actuación de su filial, lo cual, en su opinión, excluye
que ésta goce de autonomía real para determinar su propia política comercial. En tal caso, según la interpretación de la Decisión
impugnada que realiza Eni, la carga de la prueba se invierte, por lo que la empresa interesada debe demostrar que la presunción
basada en el control de todo el capital es infundada.
El motivo primero de Eni se compone de cuatro partes. En la primera, Eni considera que la Comisión aplicó un criterio erróneo
para valorar la responsabilidad de la sociedad matriz. En la segunda, sostiene que la Comisión consideró, incorrectamente,
que existía una responsabilidad objetiva en relación con la demandante. En la tercera, Eni señala que, durante el procedimiento
administrativo, proporcionó datos que deberían haber llevado a la Comisión a concluir que no había influido en las políticas
comerciales de Syndial/Polimeri. En la cuarta parte, Eni afirma que la Comisión vulneró el principio de responsabilidad limitada
de las sociedades de capital, así como los principios comunes en materia de responsabilidad.
a)      Sobre la primera parte, basada en la errónea aplicación de los requisitos de imputabilidad de la infracción
Alegaciones de las partes
Mediante la indicación de que la carga de la prueba de una infracción de las reglas sobre competencia recae sobre la Comisión
(sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 1998, Baustahlgewebe/Comisión, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, y artículo
2 del Reglamento nº 1/2003), Eni considera que el enfoque adoptado por dicha institución en la Decisión impugnada es contrario
a la jurisprudencia y a su propia práctica.
En cuanto a la jurisprudencia, haciendo referencia, en primer lugar, a las sentencias dictadas en el asunto Stora Kopparbergs
Bergslags/Comisión por el Tribunal General (sentencia de 14 de mayo de 1998, Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión, T‑354/94,
Rec. p. II‑2111) y, en casación, por el Tribunal de Justicia (sentencia de 16 de noviembre de 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión,
C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925; en lo sucesivo, sentencia «Stora»), Eni considera que dichas sentencias confirman el principio
de que la responsabilidad del comportamiento de una filial sólo puede imputarse a su sociedad matriz cuando la filial no determina
de manera autónoma su comportamiento en el mercado, sino que, en esencia, ejecuta las instrucciones que le imparte la sociedad
matriz (sentencia Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión, antes citada). En este contexto, el Tribunal de Justicia, en opinión
de la demandante, confirmó que la mera circunstancia de la posesión del capital no podía dar lugar a responsabilidad por infracciones
de las normas sobre competencia (sentencia Stora, antes citada). Eni se refiere asimismo a las conclusiones del Abogado General
M. Mischo en el asunto que dio lugar a la sentencia Stora, antes citada (Rec. p. I‑9928), que, según afirma, fueron acogidas
por el Tribunal de Justicia. En aquel asunto, prosigue la demandante, el comportamiento de la demandante durante el procedimiento
administrativo y la participación en el cártel de varias sociedades del grupo Stora permitieron concluir que la participación
en el 100 % del capital de sus filiales era suficiente para imputar a Stora la responsabilidad de los comportamientos de éstas.
Eni concluye, en consecuencia, que sólo circunstancias muy particulares y, en todo caso, secundarias, permitirían considerar
demostrada la responsabilidad de la sociedad que encabezaba el grupo, sin que sean necesarias otras averiguaciones para comprobar
si efectivamente ha ejercido una influencia determinante en los comportamientos de su filial que infrinjan lo dispuesto en
el artículo 81 CE.
Según la demandante, el Tribunal de Justicia llegó a conclusiones parecidas en asuntos posteriores en los que se planteaba
una cuestión análoga. Eni se refiere, al respecto, a las sentencias del Tribunal de Justicia de 2 de octubre de 2003, Aristrain/Comisión
(C‑196/99 P, Rec. p. I‑11005) y de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P
a C‑208/02 P y C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425). Dichas sentencias, si bien se refieren a sociedades vinculadas, son relevantes,
ya que, a su entender, confirman que –para determinar cuál es la persona jurídica responsable en un grupo– la Comisión debe
analizar en profundidad el conjunto de las relaciones existentes entre las empresas que lo integran. Eni se refiere asimismo
a la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de enero de 2006, Casa di Risparmio di Firenze y otros (C‑222/04, Rec. p. I‑289).
Contrariamente a lo que sostiene la Comisión, la demandante considera que dicha sentencia no desfavorece la posición de Eni.
En efecto, en su opinión, confirma que la simple posesión de todo el capital no equivale al ejercicio efectivo de una influencia
en la gestión.
A su entender, el Tribunal tampoco declaró que la participación del 100 % en el capital de la sociedad que fue la autora material
de las infracciones de las normas sobre competencia permitiera, por sí misma, responsabilizar a la sociedad matriz, a falta
de otros datos que puedan demostrar que ésta, efectivamente, ejerció los poderes que se derivan de su participación. A este
respecto, Eni cita varios «índicios» que permiten confirmar la presunción basada en la posesión del capital, que –en su opinión–
fueron identificados por el Tribunal en determinados asuntos.
Eni reconoce que, en dos sentencias recientes, el Tribunal declaró que, cuando una sociedad matriz controla al 100 % a su
filial, culpable de una conducta infractora, existe una presunción refutable según la cual dicha sociedad matriz ejercía efectivamente
una influencia determinante en el comportamiento de su filial y que, por lo tanto, incumbe a la sociedad matriz desvirtuar
dicha presunción aportando elementos de prueba que puedan demostrar la autonomía de su filial (sentencias del Tribunal de
27 de septiembre de 2006, Avebe/Comisión, T‑314/01, Rec. p. II‑3085, y Akzo Nobel/Comisión, T‑330/01, Rec. p. II‑3389). No
obstante, considera que la atenta lectura de esas dos sentencias muestra que las decisiones de la Comisión por las que se
imputa a las sociedades matrices la responsabilidad de las infracciones del Derecho de la competencia cometidas por sus filiales
sólo se consideraron legales, con respecto a este extremo, a la vista de una serie de elementos más precisos, que, según señala
Eni, no se refieren a la simple posesión del capital.
En cuanto a la sentencia del Tribunal de 27 de septiembre de 2006, Jungbunzlauer/Comisión (T‑43/02, Rec. p. II‑3435), mencionada
por la Comisión en sus escritos, considera que la cuestión de la presunción de responsabilidad sólo se aborda allí de manera
incidental y con el solo objeto de afirmar que no es aplicable en aquel asunto. Además, Eni pone de relieve que la sociedad
matriz Jungbunzlauer Holding AG no había estado implicada en la infracción sancionada, si bien poseía la totalidad del capital
de la demandante en aquel asunto y de Jungbunzlauer GmbH.
Por consiguiente, Eni concluye que, en particular, a la luz de la sentencia Avebe/Comisión, citada en el apartado 45
supra,
la eventual presunción de «influencia decisiva» de la sociedad matriz en su filial participada al 100 % sólo puede contemplarse
si la posesión de todo el capital va acompañada de otros «indicios de suficiente importancia». En cualquier caso, la sociedad
interesada, en su opinión, siempre tiene la posibilidad de «desvirtuar dicha presunción presentando pruebas suficientes a
la Comisión durante el procedimiento administrativo» (sentencia Akzo Nobel/Comisión, citada en el apartado 45
supra).
En su opinión, la postura de Eni fue confirmada, por añadidura, en la sentencia del Tribunal de 26 de abril de 2007, Bolloré
y otros/Comisión (T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 y T‑136/02, Rec. p. II‑947).
Dicha sentencia afirma explícitamente, a su entender, que la tesis de la Comisión según la cual la mera presunción basada
en la posesión de todo el capital permite declarar la responsabilidad de la sociedad matriz no está fundada en Derecho. La
posesión del 100 % del capital puede, ciertamente, ser un indicio de influencia determinante, pero no basta por sí sola para
constituir una prueba al respecto. Según dicha sentencia, a su entender, en tal caso sigue siendo necesaria la prueba de un
dato suplementario además del porcentaje de participación.
En cuanto a la práctica decisoria anterior de la Comisión, Eni señala que, hasta la adopción de la Decisión de la Comisión
de 19 de enero de 2005, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 EEE (Asunto COMP/E‑1/37.773
– AMCA; en lo sucesivo, «decisión AMCA»), nunca se había declarado la responsabilidad de una sociedad por infracción del artículo
81 CE por el solo hecho del control ejercido en otra sociedad. A falta de otros datos, esa institución no imputaba ni ampliaba
la responsabilidad a la sociedad que encabezaba el grupo.
Eni hace referencia, en particular, a la Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de 2003, relativa a un procedimiento de
conformidad con el artículo 81del Tratado CE y con el artículo 53 EEE (asunto COMP/E‑1/38.240 – Tubos industriales) (resumido
en el DO 2004, L 125, p. 50), y a las Decisiones de la Comisión de 20 de octubre de 2004 (asunto COMP/C.38.238/B.2 – Tabaco
crudo – España) y de 20 de octubre de 2005 (Asunto COMP/C.38.281/B.2 – Tabaco crudo – Italia), relativas a procedimientos
de aplicación del artículo 81 CE. Eni recuerda las enseñanzas que en su opinión se derivan de estas decisiones, de las cuales
proporcionó un examen detallado con ocasión de la notificación del segundo pliego de cargos.
En su opinión, se desprende de esas decisiones que la práctica de la Comisión, de forma inequívoca –al menos hasta el año
2005–, consistió en no atribuir una importancia decisiva a la posesión por una sociedad matriz de la totalidad del capital
de una empresa que ha participado materialmente en una infracción para determinar la influencia que había tenido en la política
económica de dicha filial. La participación en un 100 % o en cerca del 100 % «reduce», en su opinión, la carga de la prueba
que debe aportar la Comisión, pero en ningún caso la hace desaparecer. Eni menciona, a continuación, las pruebas a las que
la Comisión ha reconocido una importancia especial al adoptar otras decisiones. No se encuentra ninguna de esas pruebas –a
su entender– en los vínculos existentes entre Eni y Polimeri o Syndial.
Además, Eni manifiesta que está al corriente de la jurisprudencia que descarta, para la aplicación de las multas en materia
de competencia, toda impugnación basada en la práctica decisoria anterior de la Comisión. No obstante, considera que el Tribunal
señaló que, aun aplicando ese precepto (concretamente, el artículo 15 del Reglamento nº 17) en cada asunto de que se trate,
la Comisión está obligada a respetar los principios generales del Derecho, entre los cuales se encuentra el de igualdad de
trato, interpretado por los órganos jurisdiccionales comunitarios (sentencia del Tribunal de 27 de septiembre de 2006, Archer
Daniels Midland/Comisión, T‑59/02, Rec. p. II‑3627). La facultad discrecional que la Comisión pretende ejercitar, sin embargo,
está limitada por el respeto a los principios fundamentales. Por añadidura, habría que diferenciar la fijación del importe
de la multa, para lo cual la Comisión dispone de facultades discrecionales, de la identificación del o de los sujetos de derecho
responsables de la infracción. En este último caso, la Comisión no dispone de facultades discrecionales, en opinión de la
demandante. Esto queda confirmado, según Eni, por las conclusiones de la Abogado General Kokott en el asunto que dio lugar
a la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de diciembre de 2007, ETI y otros (C‑280/06, Rec. pp. I‑10893 y ss., especialmente
p. I‑10896). Por lo tanto, no puede invocar tales facultades para hacer caso omiso de su propia práctica decisoria previa.
Finalmente, Eni señala que el cambio en la práctica de la Comisión no va acompañado de la motivación adecuada y específica
que resulta exigible cuando la institución pretende apartarse de una práctica previa consolidada. Eni considera que tal motivación
se imponía con mayor razón en el caso de autos, ya que esta nueva orientación conduce a imputar la responsabilidad a sujetos
de derecho que en modo alguno han participado en las infracciones sancionadas (sentencia del Tribunal de 28 de abril de 1994,
AWS Benelux/Comisión, T‑38/92, Rec. p. II‑211).
En conclusión, Eni estima que, en la medida en que se basa únicamente en la presunción de la influencia determinante que supuestamente
ha ejercido sobre Polimeri gracias a su participación del 100 % del capital de la segunda para imputarle la responsabilidad
de las actuaciones recriminadas, la Comisión vulneró los principios relativos a la responsabilidad de las sociedades matrices
respecto a las infracciones cometidas por sus filiales, definidos por la jurisprudencia comunitaria en relación con los artículos
81 CE y 82 CE, y con el artículo 2 del Reglamento nº 1/2003, que atribuye a la Comisión la carga de probar las infracciones
de las normas sobre competencia.
En cuanto a los «otros elementos» que figuran en la Decisión impugnada, e invocados por la Comisión en sus escritos, Eni indica,
en primer lugar, que las relaciones jerárquicas de que se deja constancia estaban situadas y confinadas en el seno de las
filiales, sin que se elevaran a las sociedades situadas más arriba. Opina que la Comisión se limitó a señalar que la sociedad
matriz disfrutaba de las prerrogativas ordinarias para la designación del consejo de administración. Por lo tanto, no estamos
ante un elemento distinto del control. Seguidamente, el hecho de que Eni no se haya separado nunca de sus actividades del
sector químico tampoco constituye tal elemento. Esta aseveración, según Eni carente de sentido, no figuraba, por lo demás,
en la Decisión impugnada. Finalmente, en cuanto a las «reestructuraciones sistemáticas» mencionadas por la Comisión, fueron
alegadas en la Decisión impugnada para negar la pertinencia de un dato alegado por la propia Eni. Además, dichas reestructuraciones
muestran que las actividades no esenciales, entre ellas la química, se quedaron en sociedades distintas, a diferencia de lo
que ocurrió en otros sectores.
La Comisión solicita que se desestime la primera parte del motivo primero. Considera, en esencia, que cuando una sociedad
matriz posee el 100 % del capital de una filial existe una presunción de que la matriz ejerce una influencia determinante
en el comportamiento de dicha filial.
Apreciación del Tribunal
En la Decisión impugnada, la Comisión señala que una sociedad matriz puede ser considerada responsable del comportamiento
ilegal de una filial desde el momento en que esta última no determina de forma autónoma su comportamiento en el mercado. La
Comisión se refiere, a este respecto, en particular, al concepto de empresa en el Derecho de la competencia (considerandos
333 y 334 de la Decisión impugnada). Por otra parte, la Comisión indica que puede presumir que una filial poseída al 100 %
aplique, en lo esencial, las instrucciones que le da su sociedad matriz, sin necesidad de comprobar si la sociedad matriz
ha ejercido efectivamente dicho poder. Corresponde a la sociedad matriz o a la filial, en su opinión, desvirtuar dicha presunción
aportando las pruebas que demuestren que la filial ha determinado de forma autónoma su comportamiento en el mercado, en vez
de aplicar las instrucciones de su sociedad matriz, de modo que puedan sustraerse de la aplicación del concepto de empresa
(considerando 335 de la Decisión impugnada).
Posteriormente, la Comisión indica que Enichem SpA es responsable por su participación directa en la infracción. Precisa al
respecto que la actividad de Eni respecto a los productos de que se trata estaba garantizada inicialmente por Enichem Elastomeri,
controlada indirectamente por Eni a través de su filial, EniChem SpA. Como se ha recordado más arriba en el apartado 4, el
1 de noviembre de 1997, Enichem Elastomeri se fusionó con EniChem SpA. Eni controlaba el 99,97 % de Enichem SpA. El 1 de enero
de 2002, EniChem SpA transfirió su actividad química estratégica (incluida la actividad ligada al CB y al CEB) a su filial
Polimeri, participada en un 100 %. Eni controla directa e íntegramente Polimeri desde el 21 de octubre de 2002. A partir del
1 de mayo de 2003, EniChem SpA cambió su denominación por la de Syndial (considerandos 26 a 32 y 365 a 367 de la Decisión
impugnada).
Finalmente, la Comisión señala que Eni controlaba, directa o indirectamente, casi el 100 % del capital de EniChem Elastomeri,
de EniChem SpA, de Syndial y de Polimeri, puesto que diversos datos confirmaban, a su entender, que cabía presumir que Eni
había ejercido una influencia determinante en el comportamiento de sus filiales. Por otra parte, recordando, en especial,
que Polimeri había asumido la actividad química estratégica de EniChem SpA el 1 de enero de 2002 y que existía un grave riesgo
de que, al ejecutar la Decisión impugnada, Syndial no poseyera suficientes activos para pagar la multa, la Comisión consideró
que Polimeri debía ser declarada responsable por el comportamiento de Syndial, y resolvió no notificar a ésta la Decisión
impugnada. Por ello, la Comisión concluyó que la Decisión impugnada debía notificarse a Polimeri y a Eni, las cuales debían
consideradas solidariamente responsables de la infracción (considerandos 365 a 401 de la Decisión impugnada).
La primera parte del primer motivo planteado por Eni se basa, en esencia, en el postulado jurídico de que, según dicha empresa,
no existe la presunción de que una sociedad matriz que posea el 100 % del capital de su filial ejerce una influencia determinante
en el comportamiento de esta última.
Debe recordarse, a este respecto, que el Derecho comunitario de la competencia tiene por objeto las actividades de las empresas
y que el concepto de empresa comprende a cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto
jurídico de esa entidad y de su modo de financiación. El Tribunal de Justicia también ha precisado que, en este mismo contexto,
debe entenderse que el concepto de empresa designa una unidad económica aunque, desde el punto de vista jurídico, esta unidad
económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas. Cuando una entidad económica de este tipo infringe las
normas sobre competencia, le incumbe a ella, conforme al principio de responsabilidad personal, responder por esa infracción.
La infracción del Derecho comunitario de la competencia debe imputarse sin equívocos a una persona jurídica a la que se puedan
imponer multas, y el pliego de cargos debe dirigirse a esta última. Asimismo, es necesario que el pliego de cargos indique
en qué condición se recriminan a una persona jurídica los hechos alegados (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de
10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237, apartados 54 a 57, así como la jurisprudencia
citada).
Por otra parte, según reiterada jurisprudencia, el comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular,
cuando, aunque tenga personalidad jurídica separada, esa filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado
sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta concretamente los
vínculos económicos organizativos y jurídicos que unen a esas dos entidades jurídicas. Es así, en efecto, porque, en tal situación,
la sociedad matriz y su filial forman parte de una misma unidad económica y, por lo tanto, integran una única empresa, en
el sentido de la jurisprudencia mencionada anteriormente. Por lo tanto, el hecho de que una sociedad matriz y su filial formen
una única empresa permite que la Comisión remita una Decisión por la que se imponen multas a la sociedad matriz, sin que sea
necesario establecer la implicación personal de ésta en la infracción (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada
en el apartado 60
supra,
apartados 58 y 59, así como la jurisprudencia allí citada).
En el caso particular de que una sociedad matriz posea el 100 % del capital de su filial que ha infringido las normas de Derecho
comunitario en materia de competencia, por una parte, esa sociedad matriz puede ejercer una influencia determinante en la
conducta de su filial y, por otra, existe la presunción
iuris tantum
de que dicha sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia determinante sobre el comportamiento de su filial. En estas
circunstancias, basta que la Comisión pruebe que la sociedad matriz de una filial posee la totalidad del capital de ésta para
presumir que la matriz ejerce una influencia decisiva sobre la política comercial de esa filial. Consecuentemente, la Comisión
podrá considerar que la sociedad matriz es responsable solidariamente del pago de la multa impuesta a su filial, excepto si
tal sociedad matriz, a la que corresponde desvirtuar dicha presunción, aporta suficientes pruebas para demostrar que su filial
se conduce de manera autónoma en el mercado. Si bien es cierto que en los apartados 28 y 29 de la sentencia Stora, citada
en el apartado 42
supra,
el Tribunal de Justicia recordó otras circunstancias, aparte de la posesión del 100 % del capital de la filial, como la no
negación de la influencia ejercida por la sociedad matriz en la política comercial de su filial y la representación común
de ambas sociedades durante el procedimiento administrativo, no es menos cierto que dichas circunstancias únicamente fueron
mencionadas por el Tribunal de Justicia con objeto de exponer el conjunto de los elementos en que el Tribunal de Primera Instancia
había fundado su razonamiento y no para supeditar la aplicación de la presunción mencionada anteriormente a la aportación
de indicios adicionales relativos al ejercicio efectivo de una influencia de la sociedad matriz (véase la sentencia Akzo Nobel
y otros/Comisión, citada en el apartado 60
supra,
apartados 60 a 62, y la jurisprudencia citada).
De las anteriores consideraciones se desprende que, contrariamente a lo que sostiene Eni, existe una presunción
iuris tantum
de que una sociedad matriz que posee el 100 % del capital de su filial ejerce una influencia determinante en su comportamiento.
Por lo tanto, el postulado jurídico de Eni es erróneo.
En cuanto a la práctica decisoria previa de la Comisión a que se refiere Eni, y en la medida en que ésta invoca la vulneración
del principio de igualdad de trato, procede recordar, en primer lugar, que, por las razones reproducidas en los apartados
60 a 62
supra,
puede imputarse a la sociedad matriz el comportamiento de una filial que infringe las normas sobre competencia. Asimismo,
cabe señalar que la imputación de la infracción a la sociedad matriz es una facultad que se deja a la apreciación de la Comisión
(véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 24 de septiembre de 2009, Erste Bank der österreichischen
Sparkassen/Comisión, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P y C‑137/07 P, Rec. p. I‑8681, apartado 82, y del Tribunal General
de 14 de diciembre de 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, T‑259/02 a T‑264/02 y T‑271/02, Rec. p. II‑5169,
apartado 331). En estas condiciones, se puede considerar que el mero hecho de que la Comisión haya estimado, en su práctica
decisoria anterior, que las circunstancias de un asunto no justificaban imputar el comportamiento de una filial a su sociedad
matriz no implica que esté obligada a efectuar la misma apreciación en una decisión posterior (véase, en este sentido, la
sentencia del Tribunal de 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, denominada «PVC II», T‑305/94
a T‑307/94, T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 y T‑335/94, Rec. p. II‑931, apartado 990). A mayor
abundamiento, procede recordar que, desde el momento en que una empresa ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 81 CE, apartado
1, no puede eludir toda sanción debido a que no se haya impuesto multa alguna a otro operador económico, aun cuando el Tribunal
no haya sido llamado a conocer de la situación de este último (véase la sentencia PVC II, antes citada, apartado 1237, así
como la jurisprudencia allí mencionada).
Respecto a las alegaciones de Eni sobre la práctica decisoria previa, en las que invoca la vulneración del deber de motivación
que incumbe a la Comisión, basta con señalar que, a la vista de los datos mencionados en la Decisión impugnada (reproducidos
más arriba en los apartados 56 a 58), la Comisión ha proporcionado una motivación suficiente de las razones por las que había
decidido imputar a Eni el comportamiento de sus filiales.
Finalmente, en la medida en que, mediante sus alegaciones sobre la práctica decisoria anterior, Eni invoca la vulneración
del principio de seguridad jurídica, procede recordar que la práctica de la Comisión, tal como resulta del caso de autos,
se basa en una interpretación correcta de lo dispuesto en el artículo 81 CE, apartado 1. El principio de seguridad jurídica,
por lo tanto, no puede prevalecer sobre una posible reorientación de la práctica decisoria de la Comisión (véase, en este
sentido, la sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2008, AC‑Treuhand/Comisión, T‑99/04, Rec. p. II‑1501, apartado 163).
Por cuanto antecede, debe desestimarse por infundada la primera parte del motivo primero invocado por Eni.
b)      Sobre la segunda parte, basada en la errónea aplicación de la responsabilidad objetiva
Alegaciones de las partes
Según Eni, la Comisión, en la Decisión impugnada, rebasa incluso una simple presunción de imputabilidad a la sociedad matriz
de las eventuales infracciones cometidas por sus filiales participadas al 100 % y llega a considerar una pura y simple responsabilidad
objetiva de la sociedad matriz, consagrada por una presunción irrefragable. En su opinión, esta concepción contraviene tanto
el artículo 81 CE como los principios generales de la personalidad de la responsabilidad y de la pena.
Eni pone de relieve, en particular, que la Comisión afirmó que, por principio, los datos contradictorios alegados no eran
relevantes en esencia. Esta postura demuestra que el efecto de la Decisión impugnada es crear una responsabilidad irrefragable.
La Comisión, en este sentido, juzgó que no eran relevantes la ausencia de un intercambio de información entre las filiales
y la sociedad matriz, la falta de instrucciones cruzadas entre las distintas sociedades del grupo, el hecho de que Eni operase
como una simple sociedad de control financiero respecto a las empresas del sector químico, además de la cuestión del conocimiento
que tenía la sociedad que encabezaba el grupo de las posibles infracciones del Derecho de la competencia cometidas por sus
filiales.
El hecho de que Eni nombrara «directa o indirectamente», «a la mayor parte de los miembros del consejo de administración,
sino a todos», en el seno de sus filiales, es para la Comisión un dato suficiente por sí mismo para resolver que las infracciones
de las normas de competencia que se presumen, cometidas por Syndial/Polimeri, son imputables a Eni. No obstante, la posesión
de la totalidad (y aun solamente de la mayoría) del capital, implica de forma natural que se tiene ese poder. Por lo tanto,
Eni no ve cuál puede ser la prueba contradictoria capaz de invertir esa presunción.
La decisión AMCA (véase el apartado 49
supra),
que analiza Eni, muestra una radicalización de la intención de la Comisión de convertir la responsabilidad de las sociedades
matrices en responsabilidad objetiva. En su opinión, tal cosa vulnera los principios fundamentales de la personalidad de la
responsabilidad y de la pena, ya que la responsabilidad de la sociedad matriz se basa en la simple posesión de una participación
entre sociedades jurídicamente distintas. De ello se deduce también, a su entender, una violación del mismo principio de legalidad.
La demandante considera que, ciertamente, el principio de responsabilidad personal debería adaptarse cuando se aplica en un
procedimiento administrativo y se trata de personas jurídicas, respecto a las cuales no es posible hablar de voluntad de culpabilidad
stricto sensu.
Siendo esto así, incluso los entes colectivos pueden «infringir las normas a las que están sometidos», «[el] corolario es
claro: no se puede imputar a una persona jurídica una infracción que no ha realizado» (Conclusiones del Abogado General Ruiz‑Jarabo
Colomer en el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión,
C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. pp. I‑123 y ss., especialmente p. I‑133).
Como ha confirmado la jurisprudencia en varias ocasiones, es cierto que, en atención a la naturaleza de las infracciones en
cuestión y a la naturaleza y gravedad de las sanciones correspondientes, la responsabilidad por la comisión de dichas infracciones
tiene carácter personal (sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P,
Rec. p. I‑4125) y que una persona jurídica sólo debe ser sancionada por los hechos que le sean imputables individualmente
(sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 2005, ThyssenKrupp/Comisión, C‑65/02 P y C‑73/02 P, Rec. p. I‑6773).
Por su parte, este Tribunal, según Eni, recordó estos principios en las sentencias de 5 de abril de 2006, Degussa/Comisión
(T‑279/02, Rec. p. II‑897), y de 4 de julio de 2006, Hoek Loos/Comisión (T‑304/02, Rec. p. II‑1887). La identificación de
la persona a la que es imputable una infracción nunca puede prescindir del carácter personal de la responsabilidad, que necesariamente
debe estar ligada, por consiguiente, a la función que la empresa destinataria de la decisión ha desempeñado en el sector de
actividad a que afecta el cártel. De ello se desprende, según Eni, que la responsabilidad en materia de competencia no nace
de la posesión de participaciones del capital sino de la gestión.
Finalmente, Eni considera que la Decisión impugnada adolece de falta de motivación. A su entender, la Comisión afirma que
el intercambio de información entre la filial y la sociedad matriz carece de importancia, a la vez que, por otra parte, realiza
un análisis detallado de dicho intercambio y de las obligaciones que recaían en las personas que de hecho participaron en
los comportamientos contrarios a la competencia alegados. Además, el resultado de dicho análisis no es concluyente, ya que
no permite remontarse hasta Eni (considerando 376 de la Decisión impugnada). Ahora bien, habida cuenta del carácter novedoso
de la posición de la Comisión respecto al fundamento de la responsabilidad por las infracciones de las normas de competencia,
dicha motivación superficial no parece coherente con lo dispuesto en el artículo 253 CE. Eni indica a este respecto que, «en
los casos en que vaya sustancialmente más lejos que las Decisiones anteriores incumbe a la Comisión desarrollar su razonamiento
de una forma explícita» (sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de noviembre de 1975, Groupement des fabricants de papiers
peints de Belgique y otros, 73/74, Rec. p. 1491).
La Comisión solicita que se desestime la segunda parte del motivo primero. Considera, en esencia, que la Decisión impugnada
no es un caso de aplicación de la responsabilidad objetiva.
Apreciación del Tribunal
En la segunda parte del motivo primero, Eni parte de la premisa de que la Comisión estableció, en la Decisión impugnada, una
presunción irrefragable de responsabilidad de la sociedad matriz por los actos de sus filiales participadas al 100 %.
Sin embargo, dicha premisa es errónea.
En efecto, en la Decisión impugnada, la Comisión indicó claramente que podía presumir que una filial participada al 100 %
ejecutaba, en lo esencial, las instrucciones de su sociedad matriz, sin necesidad de comprobar si la sociedad matriz había
ejercido realmente dicho poder, y que correspondía a la sociedad matriz o a la filial desvirtuar esa presunción. La Comisión
precisó, a este respecto, que podían proporcionarse elementos probatorios para demostrar que la filial había determinado de
forma autónoma su comportamiento en el mercado, en vez de ejecutar las instrucciones de su sociedad matriz, de modo que se
sustrajeran a la aplicación del concepto de «empresa» (considerando 335 de la Decisión impugnada).
De ello se desprende que, contrariamente a lo que sostiene Eni, la Comisión no estableció una presunción irrefragable en la
Decisión impugnada. El hecho de que la Comisión, en los considerandos 383 a 394 de dicha decisión, desestimara las alegaciones
formuladas por Eni para rebatir la presunción que deriva del control del 100 % de sus filiales no convierte en irrefragable
tal presunción. La Comisión no hizo sino expresar su criterio de que las alegaciones presentadas por Eni no permitían desvirtuar
la citada presunción. Esto no impide a Eni oponerse al criterio de la Comisión al respecto, como hace, por lo demás, en la
tercera parte del presente motivo.
De ello resulta, asimismo, que carece de fundamento la falta de motivación alegada por Eni a este respecto.
A la vista de lo anterior, debe desestimarse por infundada la segunda parte del motivo primero invocado por Eni.
c)      Sobre la tercera parte, basada en un error en el análisis de los datos aportados por Eni
Alegaciones de las partes
Al tiempo que se opone a la tesis de la Comisión sobre la presunción que recaía sobre ella, Eni sostiene que durante el procedimiento
administrativo aportó un conjunto ordenado de datos e informaciones que pueden demostrar que las sociedades del grupo que
operan en el sector químico actuaban de manera autónoma.
En primer lugar, respecto al análisis de los intercambios de información entre las sociedades del grupo, la Comisión concluyó,
al parecer, en que «las relaciones de dependencia entre los diversos responsables de las actividades ligadas al [CB/CEB] «conducían
directamente al [presidente y director general (PDG)] de Enichem SpA y de Polimeri» (considerando 376 de la Decisión impugnada).
Al parecer, los intercambios de información no permitían, en modo alguno, remontarse hasta Eni. De hecho, la Comisión sólo
logró remontarse hasta los consejos de administración de las sociedades actuantes de una manera indirecta y merced a una descripción
artificial. Eni remite, a este respecto, al considerando 377 de la Decisión impugnada y precisa que la situación así descrita
responde a la organización interna normal de cualquier sociedad mercantil. No obstante, en su opinión, no hay indicación alguna
del nivel en el que se adoptaban las decisiones en el seno de la sociedad actuante en cuestión. Esta situación es totalmente
distinta de las que caracterizan otros asuntos, en las que las personas que habían participado materialmente en las infracciones
por cuenta de la filial tenían obligaciones específicas de dar cuenta a la sociedad matriz. Eni se refiere aquí a varias decisiones
de la Comisión. Desde este punto de vista, asimismo, la situación de Eni es diferente de la de Dow, Shell y Unipetrol.
Según Eni, la Comisión afirma, sin proporcionar motivación alguna al respecto, que «no debía aportar la prueba de que existiera
intercambio de información para aplicar la presunción» (considerando 392 de la Decisión impugnada), y que «no era pertinente
la alegación [de Eni] según la cual lo ignoraba todo [sobre el comportamiento de sus filiales contrario a la competencia]»
(considerando 383 de la Decisión impugnada). Sin embargo, la constatación de que se intercambiaba información entre las sociedades
del grupo y, por consiguiente, del conocimiento que la sociedad matriz tenía del comportamiento de su filial en el mercado,
es un dato pertinente cuya función es demostrar que la sociedad que encabezaba el grupo se inmiscuyó efectivamente en la dirección
de las actividades de sus filiales.
Además, la afirmación de que «en modo alguno es necesario asumir la gestión cotidiana de las actividades de una filial para
ejercer una influencia determinante sobre su política comercial» (considerando 384 de la Decisión impugnada) es incorrecta,
según Eni, ya que la «influencia determinante» que una sociedad matriz ejerce sobre los comportamientos de su filial en el
mercado supone una implicación activa de la primera en la gestión de la segunda. En el caso de autos, ningún dato demuestra
que las políticas comerciales y los objetivos de Syndial/Polimeri hayan sido definidos por Eni. Dicha empresa añade que la
Comisión, en los escritos que ha dirigido al Tribunal, intenta minimizar la importancia de esta circunstancia, considerando
que se trata, como mucho, de «un dato adicional» que acompaña a la presunción. No obstante, esto viene a confirmar la no imputabilidad
a Eni de la responsabilidad de la infracción.
En segundo lugar, Eni señala que, durante el procedimiento administrativo, alegó que nunca había operado directamente en el
sector a que se refieren las infracciones. Asimismo había puesto de relieve que la química no formaba parte de sus actividades
principales. A lo largo de la década de 1990, pasó de ser sociedad de tenencia de participaciones a sociedad operativa y llevó
a cabo un complejo proceso de redistribución de las actividades entre las distintas secciones, de las que fueron excluidas
las actividades ligadas a la química. Por otra parte, dichas actividades fueron racionalizadas y el proceso concluyó a lo
largo del año 2002 mediante la transferencia a Polimeri del conjunto de las actividades químicas del grupo. Los beneficios
netos de Polimeri en 2002, concretamente, respecto al sector afectado, comparados con los de Eni en el mismo año, demuestran,
en su opinión, que las actividades químicas tienen una importancia relativa en la política industrial del grupo. La autonomía
del sector químico se confirma además por las normas de administración empresarial del grupo, descritas por Eni en el procedimiento
administrativo. En particular, las decisiones sobre las estrategias industriales de las filiales se debatían y adoptaban en
el seno de las distintas «secciones operativas» y «unidades» de dichas empresas, sin participación directa alguna de los miembros
del consejo de administración ni del presidente de la sociedad operativa, ni, aún menos, de otros mandos de la sociedad matriz.
Además, los estatutos de Eni y sus normas de administración empresarial demuestran que, respecto a sus filiales, desempeña
una función de simple coordinación técnica y financiera y que proporciona, en favor de aquéllas, la ayuda financiera necesaria.
En cuanto a los supuestos apoyos financieros concedidos por Eni a sus filiales, que la Comisión menciona en sus escritos ante
el Tribunal, no se mencionaron en la Decisión impugnada. Por lo demás, ese dato no es relevante, ya que todo accionista puede
participar en operaciones financieras referentes a una sociedad en la que posee una participación.
Haciendo referencia a los considerandos 387, 388, 390 y 391 de la Decisión impugnada, Eni considera que la Comisión realizó
un examen superficial, incluso manifiestamente erróneo, de la información proporcionada durante el procedimiento administrativo.
La Decisión impugnada hace caso omiso sistemáticamente de cualquier dato que ponga en duda el postulado de partida de la Comisión,
esto es, que la sociedad que controla el 100 % del capital de otra debe, en todos los casos, ser declarada responsable del
comportamiento de dicha filial.
Además, la aseveración de que «la definición de la actividad principal y la descripción de la función de una sociedad matriz
como propia de la de una “sociedad holding” no son argumentos probatorios en lo que respecta a la autonomía efectiva de una
filial» es contraria a la constante práctica de la Comisión, confirmada recientemente en el asunto Tabaco crudo – Italia (véase
el apartado 50
supra).
Tal disparidad de trato, que, además, carece totalmente de motivación, es igualmente una vulneración del principio de no
discriminación, principio que la Comisión está obligada a respetar cuando ejercita sus facultades discrecionales.
Eni señala también que, al menos hasta el año 2001, no poseía directamente el 100 % del capital de las empresas que producían
y comercializaban el CB y el CEB, y que no adquirió el capital de Polimeri hasta el 21 de octubre de 2002, es decir, en el
momento de la conclusión del procedimiento administrativo. En cuanto al argumento de que Eni efectuaba la «reorganización
permanente de las actividades» de las filiales, ello no aporta nada a la tesis de la Comisión.
En tercer lugar, la Comisión señala, según Eni, que «la falta de solapamiento en los órganos directivos no puede ser considerada
un factor significativo y aún menos determinante» (considerando 393 de la Decisión impugnada). Mediante esta afirmación, la
Comisión elude adoptar una posición sobre los datos alegados por Eni durante el procedimiento administrativo, que, según ella,
demuestran que ninguna persona ejerció simultáneamente funciones de dirección en el seno de las sociedades del sector del
CB y del CEB y en el seno de la sociedad matriz.
Finalmente, en opinión de Eni, la Comisión considera en sus escritos presentados ante el Tribunal que, para desvirtuar la
presunción impuesta a una sociedad matriz que posee el 100 % del capital de una filial que ha cometido una infracción, deberían
tomarse en consideración circunstancias particulares y no habituales. Esta posición sostiene que, en todos los casos de participaciones
de control compatibles con el Derecho común, debería considerarse a la sociedad matriz, por este solo hecho, solidariamente
responsable de las posibles infracciones de su filial a las normas sobre competencia. La tesis de la Comisión es extremista
y maximalista, y contradice su práctica anterior, lo cual desemboca, por lo tanto, en una desigualdad de trato.
En conclusión, Eni considera que las pruebas que ha aportado para demostrar la autonomía de sus filiales han sido, o bien
examinadas y desestimadas sin haberse apreciado en su contexto y en su conjunto, o bien incluso desestimadas en términos tan
generales que los motivos de la desestimación resultan incomprensibles. Ello implica también una vulneración flagrante del
principio de buena administración.
La Comisión solicita que se desestime la tercera parte del motivo primero. Considera, en esencia, que los datos alegados por
Eni no son suficientes para desvirtuar la presunción que existe en el caso de autos.
Apreciación del Tribunal
Por las razones expuestas al examinar la primera parte del motivo primero, la Comisión podía presumir que, por el hecho de
poseer directa o indirectamente todo el capital de sus filiales, Eni ejercía una influencia determinante en el comportamiento
de éstas.
Por lo tanto, correspondía a Eni desvirtuar dicha presunción, demostrando que las filiales determinaban su política comercial
de forma autónoma, de tal modo que no formaban, junto a ella, una entidad económica única y, por lo tanto, una sola empresa
a efectos de lo dispuesto en el artículo 81 CE.
Más concretamente, correspondía a Eni aportar cualquier tipo de datos sobre los vínculos organizativos, económicos y jurídicos
con sus filiales que ella misma considerase adecuados para demostrar que no constituían una entidad económica única. Al realizar
su valoración, el Tribunal debe, en efecto, tener en cuenta el conjunto de los elementos que le sometan las partes, cuya naturaleza
e importancia pueden variar según las características de cada caso (sentencia del Tribunal de 12 de diciembre de 2007, Akzo
Nobel y otros/Comisión, T‑112/05, Rec. p. II‑5049, apartado 65).
En primer lugar, en algunas de sus alegaciones, Eni sostiene, en esencia, que, habida cuenta de la función que le asignan,
en particular, sus estatutos, no habría podido ejercer una influencia determinante sobre las operaciones comerciales de sus
filiales. Concretamente, señala que desempeña una función de «mera coordinación técnica y financiera». Afirma que nunca «operó
directamente en el sector de que se trata». Ninguna persona ejerció simultáneamente las funciones de dirección en las filiales
y en Eni. Además, el conocimiento que tiene la sociedad matriz de los comportamientos de su filial en el mercado es, en su
opinión, un dato relevante. Considera que, en el caso de autos, el intercambio de información señalado por la Comisión no
permite remontarse hasta Eni.
Sin embargo, no es una relación de instigación relativa a la infracción entre la sociedad matriz y su filial ni, con mayor
motivo, una implicación de la primera en dicha infracción, sino el hecho de que constituyan una sola empresa en el sentido
antes mencionado, lo que habilita a la Comisión para notificar la decisión por la que se imponen las multas a la sociedad
matriz de un grupo de sociedades. Así, la imputación del comportamiento infractor de una filial a su sociedad matriz no necesita
la prueba de que la sociedad matriz influya en la política de su filial en el ámbito específico en que se ha producido la
infracción (sentencia de 12 de diciembre de 2007, Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 95
supra,
apartados 58 y 83). En particular, el hecho de que Eni desempeñe una función de simple coordinación técnica y financiera,
y de que proporcione a sus filiales la ayuda financiera necesaria, no es suficiente para descartar que ejerza una influencia
determinante en el comportamiento de dichas filiales, en especial al coordinar las inversiones financieras dentro del grupo.
En efecto, en el ámbito de un grupo de sociedades, una sociedad que coordina, en particular, las inversiones financieras dentro
del grupo está abocada a reagrupar las participaciones en diversas sociedades y tiene la función de garantizar la unidad de
dirección de todas ellas, especialmente a través del control presupuestario (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal
de 30 de septiembre de 2009, Arkema/Comisión, T‑168/05, no publicada en la Recopilación, apartado 76).
Respecto a la alegación de que las actividades químicas eran de relativa importancia en la política industrial del grupo,
ello no puede probar que Eni dejase a sus filiales una total autonomía para definir su comportamiento en el mercado (véase,
en este sentido, la sentencia Bolloré y otros/Comisión, citada en el apartado 48
supra,
apartado 144).
En segundo lugar, a mayor abundamiento, la Comisión deja constancia en la Decisión impugnada de datos adicionales que permiten
concluir que Eni había ejercido una influencia determinante en el comportamiento de sus filiales. En particular, la Comisión
señala que los vínculos jerárquicos conducen directamente al presidente y director general de Enichem SpA (actualmente, Syndial)
y al de Polimeri. Eni no discute dicha constatación, sino que únicamente precisa que ello responde a la organización interna
normal de una sociedad mercantil. Por otra parte, la Comisión indica, en el considerando 379 de la Decisión impugnada, que
los presidentes y directores generales de Enichem SpA (actualmente, Syndial) y de Polimeri son responsables ante su respectivo
consejo de administración. Ahora bien, dichos consejos de administración eran nombrados directa o indirectamente por Eni,
lo cual ésta no contradice.
En tercer lugar, en relación con los considerandos 387, 388, 390 y 391 de la Decisión impugnada, se observa, contrariamente
a lo que sostiene Eni, que la Comisión no efectuó un examen superficial de los datos aportados durante el procedimiento administrativo.
La Comisión respondió específicamente a las alegaciones formuladas por Eni. Por lo demás, Eni no explica por qué motivo la
posición de la Comisión a este respecto es «manifiestamente errónea», como sostiene, no obstante, en su recurso.
En cuarto lugar, respecto al extremo de que la Decisión impugnada es contraria a la práctica decisoria previa de la Comisión,
procede desestimar las alegaciones de Eni por los motivos ya desarrollados al examinar la primera parte del motivo primero
y reproducidos más arriba en los apartados 64 a 66.
En quinto lugar, el hecho de que Eni no poseyera directamente, sino indirectamente, el 100 % del capital de las empresas productoras
de CB y de CEB, no puede demostrar –por sí solo– que Eni y dichas empresas no formaban una entidad económica única.
En sexto lugar, en cuanto a la alegada vulneración del principio de buena administración, cabe recordar que, entre las garantías
otorgadas por el ordenamiento jurídico comunitario en los procedimientos administrativos figura, en particular, dicho principio,
del que forma parte la obligación de la institución competente de examinar, detenida e imparcialmente, todos los elementos
pertinentes del asunto de que se trata (sentencias del Tribunal de 24 de enero de 1992, La Cinq/Comisión, T‑44/90, Rec. p. II‑1,
apartado 86, y de 20 de marzo de 2002, ABB Asea Brown Boveri/Comisión, T‑31/99, Rec. p. II‑1881, apartado 99). Sin embargo,
habida cuenta, en particular, de las consideraciones vertidas en el apartado 100
supra,
nada permite concluir que la Comisión no haya examinado, detenida e imparcialmente, los elementos del caso de autos.
Se desprende de todo lo anterior que las alegaciones formuladas en relación con esta parte del motivo primero no pueden cuestionar
el hecho de que Eni y sus filiales podían ser consideradas una sola entidad económica.
En consecuencia, procede desestimar por infundada la tercera parte del motivo primero invocado por Eni.
d)      Sobre la cuarta parte, basada en la vulneración del principio de responsabilidad limitada de las sociedades de capital y de
los principios comunes sobre responsabilidad
Alegaciones de las partes
Según Eni, la actuación de la Comisión es incompatible con los principios comúnmente admitidos en Derecho comunitario y en
Derecho de sociedades nacional, y también con sus respectivos criterios de atribución de responsabilidad, que confirman, e
incluso tienen como fundamento principal, la naturaleza completamente personal de dicha responsabilidad. El principio de responsabilidad
limitada, en su opinión, condiciona de manera ineludible los criterios de imputación de la responsabilidad. El círculo de
los responsables de una infracción o de un acto ilícito no puede, a su entender, ampliarse más allá de la filial que realmente
comete los hechos, alcanzando también, de manera derivada o autónoma, a su sociedad matriz, y ello basándose en una presunción
irrefragable basada en la estructura de capital del grupo.
En opinión de la demandante, la Comisión consideró, sin motivación al respecto, que dichos principios no eran pertinentes
en el caso de autos, en particular, porque se refieren a otros ámbitos jurídicos. Al respecto, Eni se remite al considerando
396 de la Decisión impugnada. Sin embargo, en su opinión, el intérprete de una norma comunitaria no puede ignorar arbitrariamente
el alcance y las implicaciones de un concepto común en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros con el pretexto
de que el principio se inscribe formalmente en un ámbito jurídico distinto de aquel en el que se trata de aplicar.
Por su parte, el principio de responsabilidad limitada en Derecho común de sociedades, implica, a su entender, que los socios
únicamente responden de las obligaciones de la sociedad dentro de los límites de sus aportaciones respectivas y que, en consecuencia,
la sociedad responde sola, con su patrimonio, de las obligaciones de la sociedad. Dicho en otros términos, los socios –tanto
si son personas físicas como, en el caso de los grupos de sociedades, personas jurídicas– no asumen responsabilidad alguna
frente a terceros. Eni afirma que este principio ha sido acogido en Derecho comunitario y menciona, a este respecto, varias
Directivas sobre Derecho de sociedades.
Con arreglo a lo anterior, en virtud del principio de responsabilidad limitada, el simple control de la sociedad tenedora
de participaciones, que encabezaba el grupo, no implica necesaria ni, sobre todo, automáticamente, que desaparezca la autonomía
de las distintas empresas con personalidad jurídica diferenciada. La excepción al principio de responsabilidad, en su opinión,
sólo se admite en caso de que se produzca un abuso de la forma societaria, es decir, ante un conjunto de indicios concordantes
que demuestren la existencia de un centro de intereses único, incluso desde el punto de vista jurídico. Afirma que esos principios
están reconocidos en los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, países cuya normativa aplicable en Derecho de sociedades
analiza Eni. En el caso de los Estados Unidos, Eni se remite a dos dictámenes elaborados por expertos. Según esta empresa,
dichos dictámenes corroboran las alegaciones expuestas pormenorizadamente en el primer motivo del recurso. Añade que dichas
opiniones no constituyen el desarrollo de un nuevo motivo o de un motivo que sólo haya sido expuesto de forma sumaria.
Además de estos principios que, según ella, están reconocidos en el Derecho de los Estados miembros, Eni invoca también las
normas aplicables, en Derecho de la competencia, en caso de sucesión de empresas. A este respecto, en principio, incumbe responder
de la infracción a la persona física o jurídica que dirigía la empresa en cuestión en el momento en que se cometió, aun cuando,
el día en que se adoptó la decisión por la que se declara la infracción, la explotación de la empresa se hubiera puesto bajo
la responsabilidad de otra persona. Eni remite, en particular, a las sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre
de 2000, Cascades/Comisión (C‑279/98 P, Rec. p. I‑9693) y SCA Holding/Comisión (C‑297/98 P, Rec. p. I‑10101) y del Tribunal
General de 17 de diciembre de 1991, Enichem Anic/Comisión (T‑6/89, Rec. p. II‑1623). Este criterio de continuidad económica
podría actuar sola y exclusivamente en caso de que la persona jurídica responsable de la explotación de la empresa haya dejado
de existir jurídicamente después de cometer la infracción (sentencia Comisión/Anic Partecipazioni, citada en el apartado 72
supra).
Incluso en este caso, no se trata de un mecanismo automático dependiente únicamente del vínculo estructural que conduce a
sancionar a otro sujeto de Derecho distinto del agente económico original, sino de muchas necesidades específicas y motivadas;
en particular, la de evitar que las estructuraciones jurídicas permitan eludir las normas de competencia. En otras palabras,
el criterio de la continuidad económica sólo se aplica, según Eni, de manera excepcional. En efecto, según ella, «fijar el
objetivo en la actividad y no en la persona que la realiza, con independencia de que aún exista y pueda responder por sus
hechos, desconoce los principios de culpabilidad y personalidad de la sanción» (conclusiones del Abogado General Ruiz‑Jarabo
Colomer en el asunto que dio lugar a la sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 72
supra).
Eni remite asimismo a las conclusiones de la Abogado General Kokott en el asunto que dio lugar a la sentencia ETI y otros,
citada en el apartado 52
supra.
En conclusión, Eni considera que declarar la infracción del artículo 81 CE que se le recrimina en el caso de autos, basándose
únicamente en el hecho de que posee una participación de control, y aplicando una presunción irrefragable e irrefutable, conduce,
de manera injustificada, a crear una fuente de responsabilidad objetiva, es decir, sin culpa, e indirecta, ya que se refiere
a hechos cuyo autor material es otro sujeto. Tal supuesto entraña, en su opinión, una lesión del derecho de defensa, ya sea
por la inversión de la carga de la prueba, ya sea por la propia limitación de la posibilidad de aportar una prueba liberatoria.
Por otra parte, la Decisión impugnada adolece, a este respecto, de falta de motivación, pues la Comisión no señala las razones
particulares que la han llevado a adoptar esta postura.
La Comisión solicita que se desestime la cuarta parte del primer motivo. Dicha institución pone de relieve, en particular,
que las alegaciones de Eni ya fueron refutadas en el considerando 396 de la Decisión impugnada.
Apreciación del Tribunal
La cuarta parte del primer motivo invocado por Eni se basa en la premisa de que la Comisión declaró la responsabilidad de
dicha empresa por el solo hecho de que poseía una participación de control, aplicando una presunción irrefragable e irrefutable.
Esto conduce, según Eni, a crear una fuente de responsabilidad objetiva, es decir, sin culpa e indirecta.
Sin embargo, por las razones expuestas al examinar la segunda parte del presente motivo, se deduce de la Decisión impugnada
que la Comisión no estableció una presunción irrefragable en el caso de autos. Por lo tanto, Eni podía oponerse a la imputación
de responsabilidad que se le hizo, lo cual por lo demás efectuó en el procedimiento administrativo y en la tercera parte del
presente motivo.
De ello se desprende que la cuarta parte del motivo primero invocado por Eni se basa en una premisa errónea.
Además, por las razones expuestas más arriba en los apartados 60 a 62, la Comisión puede imputar a la sociedad matriz la responsabilidad
de una infracción cometida por una filial, ya que dicha filial no determina de forma autónoma su comportamiento en el mercado.
En el caso de autos, resulta de las consideraciones desarrolladas al examinar las tres primeras partes del presente motivo
que la Comisión no se equivocó a este respecto.
Finalmente, en cuanto a las alegaciones de Eni sobre las normas aplicables en Derecho de la competencia en caso de sucesión
de empresas, es preciso señalar que son inoperantes, ya que la responsabilidad de Eni, declarada en el caso de autos por la
Comisión, no se debe a ese tipo de supuesto. Procede desestimarlas aun suponiendo que, mediante sus alegaciones, Eni discuta,
en realidad, la declaración de responsabilidad respecto a ella por la infracción cometida por EniChem SpA (actualmente, Syndial),
aun cuando Syndial no es destinataria de la Decisión impugnada. En efecto, debe ponerse de relieve que, contrariamente a lo
que en esencia sostiene Eni, cuando dos entidades constituyen una misma entidad económica, el hecho de que la entidad que
cometió la infracción exista todavía no excluye, por sí solo, que sea sancionada la entidad a la que transfirió sus actividades
económicas (véanse, en este sentido, la sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 72
supra,
apartados 355 a 358, y la sentencia Jungbunzlauer/Comisión, citada en el apartado 46
supra,
apartado 132). En particular, imponer de esta forma la sanción es admisible cuando esas entidades han estado bajo el control
de la misma persona y, habida cuenta de los estrechos vínculos que las unen desde el punto de vista económico y organizativo,
han aplicado, esencialmente, las mismas instrucciones comerciales (sentencia ETI y otros, citada en el apartado 52
supra,
apartado 49). En el caso de autos, hay constancia de que, cuando realizaron sus comportamientos infractores, EniChem SpA
y Polimeri estaban participadas íntegramente, directa o indirectamente, por la misma sociedad, es decir, Eni. En estas circunstancias,
el principio de responsabilidad personal no se opone a que la sanción por la infracción iniciada por EniChem SpA y continuada
por Polimeri, se imponga globalmente a esta última, como se declaró en los considerandos 369 a 373 de la Decisión impugnada
(véase, en este sentido, la sentencia ETI y otros, citada en el apartado 52
supra,
apartado 51). Por lo tanto, teniendo en cuenta el hecho de que Eni era la sociedad matriz de EniChem SpA y de Polimeri, nada
se oponía a que el comportamiento infractor de estas empresas, incluido el derivado de la transferencia de actividades de
EniChem SpA (posteriormente, Syndial) se imputara a Eni, aun cuando Syndial no fuera destinataria de la Decisión impugnada.
A la vista de lo anterior, procede desestimar por infundada la cuarta parte del primer motivo invocado por Eni y, por lo tanto,
el primer motivo en su totalidad.
2.
Sobre el segundo motivo, invocado con carácter subsidiario, basado en la fijación ilegal del importe de la multa
Con carácter subsidiario, Eni sostiene que la multa que se le ha impuesto solidariamente junto a Polimeri debe ser anulada
o, al menos, reducida notablemente, pues su importe se ha fijado de forma ilegal.
El segundo motivo de Eni se divide en tres partes. En la primera, se opone a la aplicación de un coeficiente multiplicador
con fines disuasorios. En la segunda, considera que la Comisión incurrió en un error al apreciar la circunstancia agravante
de reincidencia en el caso de autos. En la tercera, alega que la Comisión debería haber tenido en cuenta la exclusión de Syndial
al efectuar el cálculo de la multa.
a)      Sobre la primera parte, basada en la aplicación de un coeficiente multiplicador con finalidad disuasoria
Alegaciones de las partes
En primer lugar, Eni pone de relieve que, al fijar el importe inicial de la multa de acuerdo con la gravedad de la infracción,
la Comisión tuvo en cuenta exclusivamente la naturaleza de la infracción, haciendo por completo caso omiso de sus efectos
reales en el mercado. Eni remite, a este respecto, al considerando 462 de la Decisión impugnada.
No obstante, las partes en el procedimiento administrativo proporcionaron, al parecer, datos que permitían apreciar los efectos
de la infracción. En particular, Sundial alegó que las empresas que participaban en el presunto cártel sólo poseían una parte
limitada del conjunto del mercado del CB (30 %) y del CEB (40 %).
En estas circunstancias, parece difícil sostener que un posible acuerdo entre las empresas en cuestión haya podido tener repercusiones
significativas en los precios. La Comisión, según la demandante, no examinó esas informaciones al practicar la segunda notificación
del pliego de cargos. Aun admitiendo que las directrices autorizaran a la Comisión no cuantificar los efectos de la infracción,
no es menos cierto que debería haberlos tomado en consideración para valorar la gravedad de la infracción, como confirman,
por lo demás, la práctica decisoria de la Comisión y la jurisprudencia (sentencia Degussa/Comisión, citada en el apartado
72
supra).
En segundo lugar, para tener en cuenta la capacidad de los autores de la infracción de lesionar verdaderamente el buen funcionamiento
de la competencia y garantizar el «efecto suficientemente disuasorio» de la multa, la Comisión se basó, al parecer, en las
ventas de CB y de CEB de las empresas en cuestión (considerando 467 de la Decisión impugnada) y en el volumen de negocios
global de los grupos a los que pertenecen dichas empresas (artículo 474 de la Decisión impugnada).
El resultado, según Eni, es manifiestamente contrario al principio de proporcionalidad. En efecto, en su opinión, la Decisión
impugnada no toma en absoluto en consideración el elemento subjetivo, es decir, la conciencia del carácter contrario a la
competencia de las conductas litigiosas, ni siquiera las dimensiones y la importancia del mercado afectado, cuyo valor global
en el EEE era, en el año 2001, de 550 millones de euros (considerando 467 de la Decisión impugnada).
Además, considera que la importancia del volumen de negocios global del grupo Eni fue sobrestimada, lo cual prohíbe la jurisprudencia
del Tribunal. A este respecto, remite a la sentencia del Tribunal de 9 de julio de 2003, Cheil Jedang/Comisión (T‑220/00,
Rec. p. II‑2473). Aun admitiendo el criterio del volumen de negocios del grupo para determinar el efecto disuasorio, el Tribunal
precisó que, con objeto de evitar resultados totalmente mecánicos y desproporcionados, el «peso específico» de la empresa
en el mercado afectado por la infracción debía tenerse en cuenta de forma imperativa. Sin embargo, como se afirma haber demostrado
ya mediante el primer motivo, lo cual confirma la Decisión impugnada, las actividades del sector químico nunca han formado
parte de la actividad principal de Eni. Por lo tanto, tomando simplemente en consideración el volumen de negocios del grupo
y aplicando, en consecuencia, un coeficiente multiplicador de dos al importe de la multa con fines disuasorios, la Comisión
impuso a Eni una multa excesiva y desproporcionada.
La Comisión solicita que se desestime la primera parte del segundo motivo. Considera, en esencia, que no incurrió en error
al determinar la gravedad de la infracción.
Apreciación del Tribunal
Con carácter preliminar, procede señalar que, a pesar de la denominación de la primera parte del motivo segundo, Eni cuestiona,
de hecho, la determinación de la gravedad de la infracción, lo cual confirmó en la vista.
La gravedad de las infracciones debe determinarse de acuerdo con un gran número de factores, como las circunstancias específicas
del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva
de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente (sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 2002, Limburgse
Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P,
Rec. p. I‑8375, apartado 465, y Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 43
supra,
apartado 241).
Entre los factores que pueden influir en la apreciación de la gravedad de las infracciones figuran el comportamiento de cada
una de las empresas, el papel desempeñado por cada una de ellas en el establecimiento de la práctica colusoria, el beneficio
que hayan podido obtener de esta práctica, su tamaño y el valor de las mercancías afectadas, así como el riesgo que las infracciones
de este tipo representan para los objetivos de la Comunidad (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de
2007, Dalmine/Comisión, C‑407/04 P, Rec. p. I‑829, apartado 130, y la jurisprudencia citada).
Por otra parte, las Directrices señalan, en particular, que a la hora de evaluar la gravedad de la infracción han de tomarse
en consideración su naturaleza, sus repercusiones concretas sobre el mercado, siempre y cuando se puedan determinar, y la
dimensión del mercado geográfico afectado. Así, las infracciones son clasificadas en tres categorías, que establecen la distinción
entre infracciones leves, graves y muy graves (punto 1, sección A, párrafos primero y segundo, de las Directrices).
Además, las Directrices prevén que, aparte de la naturaleza de la infracción, de sus repercusiones concretas sobre el mercado
y de la dimensión geográfica de éste, será necesario tomar en consideración la capacidad económica efectiva de los autores
de la infracción para infligir un daño importante a los demás operadores, sobre todo a los consumidores, y fijar un importe
que dote a la multa de un carácter lo suficientemente disuasorio (punto 1, sección A, párrafo cuarto, de las Directrices).
La capacidad de la Comisión de imponer multas a las empresas que, deliberadamente o por negligencia, cometan una infracción
de lo dispuesto en el artículo 81 CE constituye uno de los medios que se le atribuyen con el fin de permitirle cumplir la
misión de vigilancia que le otorga el Derecho comunitario. Esta misión comprende el deber de proseguir una política general
dirigida a aplicar en materia de competencia los principios fijados por el Tratado y a orientar en este sentido el comportamiento
de las empresas. De ello se deduce que, para apreciar la gravedad de una infracción con el fin de determinar el importe de
la multa, la Comisión debe asegurar el carácter disuasorio de su actuación, sobre todo respecto a infracciones especialmente
perjudiciales para la consecución de los objetivos de la Comunidad (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1983,
Musique Diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, EE 00447, apartados 105 y 106; sentencias del
Tribunal General ABB Asea Brown Boveri/Comisión, citada en el apartado 103
supra,
apartado 166, y de 25 de octubre de 2005, Groupe Danone/Comisión, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, apartado 169).
Ello exige que el importe de la multa se adapte para tener en cuenta la repercusión pretendida en la empresa a la que se impone,
y ello con objeto de que la multa no resulte irrisoria o, por el contrario, excesiva, en particular, habida cuenta de la capacidad
económica de la empresa en cuestión, de conformidad con las exigencias basadas, por una parte, en la necesidad de garantizar
la efectividad de la multa y, por otra, en el respeto del principio de proporcionalidad. Una empresa de gran dimensión, que
disponga de recursos financieros considerables en comparación con los otros miembros de un cártel, puede movilizar más fácilmente
los fondos necesarios para el pago de su multa, lo cual justifica, con vistas a un efecto disuasorio suficiente de esta última,
la imposición, en particular mediante la aplicación de un multiplicador, de una multa proporcionalmente más elevada que la
misma infracción cometida por una empresa que no disponga de tales recursos (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal
de 29 de abril de 2004, Tokai Carbon y otros/Comisión, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 y T‑252/01, Rec.
p. II‑1181, apartados 241 y 243; véanse, asimismo, las sentencias del Tribunal ABB Asea Brown Boveri/Comisión, citada en el
apartado 103
supra,
apartado 170, y de 15 de marzo de 2006, BASF/Comisión, T‑15/02, Rec. p. II‑497, apartado 235).
Es importante añadir que el Tribunal de Justicia ha puesto de relieve, en particular, la coherencia de la toma en consideración
del volumen de negocios global de cada empresa que forme parte de un cártel para fijar la cuantía de la multa (véanse, en
este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, Sarrió/Comisión, C‑291/98 P, Rec. p. I‑9991,
apartados 85 y 86, y de 14 de julio de 2005, Acerinox/Comisión, C‑57/02 P, Rec. p. I‑6689, apartados 74 y 75; véase, asimismo,
la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 2006, Showa Denko/Comisión, C‑289/04 P, Rec. p. I‑5859, apartado 17).
Finalmente, es necesario poner de relieve que el objetivo de disuasión que la Comisión tiene derecho a perseguir en el momento
de fijar el importe de la multa pretende garantizar que las empresas respeten las normas sobre competencia fijadas por el
Tratado en el desarrollo de sus actividades en el seno de la Comunidad o del EEE. De ello se desprende que el factor de disuasión
que puede incluirse en el cálculo de la multa se valora tomando en consideración una multitud de elementos, y no sólo la situación
particular de la empresa de que se trata. Dicho principio se aplica, en especial, cuando la Comisión ha determinado un «multiplicador
disuasorio» que afecta a la multa impuesta a una empresa (véase, en este sentido, la sentencia Showa Denko/Comisión, citada
en el apartado 135
supra,
apartados 23 y 24).
En el caso de autos, la Comisión, en la Decisión impugnada, estimó, en primer lugar, que las empresas en cuestión habían concertado
acuerdos referentes a objetivos de precios y al reparto del mercado, y que habían intercambiado datos comerciales confidenciales.
Según la Comisión, dichas prácticas son, por su naturaleza, infracciones muy graves (considerando 461 y artículo 1 de la parte
dispositiva de la Decisión impugnada). A continuación, la Comisión señaló que no era posible cuantificar la repercusión concreta
del cártel en el mercado del EEE. La Comisión también añadió que, aun cuando no fuera posible cuantificar la repercusión concreta
del cártel, los acuerdos en cuestión habían sido aplicados por las empresas de que se trata y que, por lo tanto, habían tenido
efectos en el mercado. La Comisión concluyó precisando que no tendría en cuenta la repercusión en el mercado a efectos de
determinar el importe de las multas (considerando 462 de la Decisión impugnada). Finalmente, la Comisión señaló que la infracción
abarcaba el conjunto del territorio del EEE (considerando 463 de la Decisión impugnada). Por dichas razones, la Comisión estimó
que la infracción en cuestión podía calificarse de muy grave (considerando 464 de la Decisión impugnada).
Tras ello, la Comisión efectuó un tratamiento diferenciado entre las empresas en cuestión, basándose en sus volúmenes de negocios
acumulados en lo referente al CB y al CEB en el año 2001, último año completo de la infracción, salvo en lo referente a Shell
(1998) y Stomil (1999). La Comisión clasificó a las citadas empresas en cinco categorías, y situó a EniChem en la primera
(55 millones de euros como importe inicial de la multa) (considerandos 465 a 473 de la Decisión impugnada).
Además, la Comisión señaló que, dentro de la categoría de las infracciones graves, la escala de las sanciones permitía situar
el importe de las multas en un nivel que les garantizaba un carácter suficientemente disuasorio, teniendo en cuenta el tamaño
de cada empresa. Basándose en el volumen de negocios mundial de las empresas en cuestión, realizado en el año 2005, la Comisión
señaló que existía una gran diferencia de tamaño entre Kaučuk (2.718 millones de euros de volumen de negocio) y Stomil (38 millones
de euros de volumen de negocio), por una parte, y las otras empresas implicadas, por otra parte, en particular Bayer (27.383 millones
de euros de volumen de negocio), es decir, la primera de las empresas de gran tamaño mencionadas en la Decisión impugnada.
Basándose en esto, y habida cuenta de las circunstancias del caso concreto, la Comisión consideró que no debía imponerse ningún
coeficiente multiplicador con finalidad disuasoria a Kaučuk ni a Stomil y que, respecto a Bayer, resultaba apropiado un coeficiente
multiplicador de 1,5. Finalmente, siempre con este fundamento y habida cuenta de las circunstancias del caso concreto, la
Comisión aplicó coeficientes multiplicadores de 1,75 a Dow (37.221 millones de euros de volumen de negocio), de 2 a Enichem
(73.738 millones de euros de volumen de negocio) y de 3 a Shell (246.549 millones de euros de volumen de negocio) (considerando
474 de la Decisión impugnada).
En primer lugar, procede señalar que, en su recurso, Eni no cuestiona el objeto infractor del cártel, tal como se recoge en
la Decisión impugnada, en particular, en el artículo 1 de la parte dispositiva. A este respecto, resulta de la descripción
de las infracciones muy graves en las directrices que los acuerdos o prácticas colusorias que tienen por objeto específico,
como en el caso de autos, la fijación de objetivos de precios o el reparto de cuotas de mercado pueden ser calificados de
infracciones «muy graves», sobre la mera base de su propia naturaleza, sin que la Comisión esté obligada a demostrar las repercusiones
concretas de la infracción en el mercado (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre
de 2009, Prym y Prym. Consumer/Comisión, C‑534/07, p. I‑7415, apartado 75; véanse, además, las sentencias del Tribunal General
de 27 de julio de 2005, Brasserie nationale y otros/Comisión, T‑49/02 a T‑51/02, Rec. p. II‑3033, apartado 178, y de 18 de
junio de 2008, Hoechst/Comisión, T‑410/03, Rec. p. II‑881, apartado 345). Igualmente, de acuerdo con reiterada jurisprudencia,
las prácticas colusorias horizontales de determinación de precios son de las infracciones más graves del Derecho comunitario
de la competencia y, por lo tanto, por sí solas, pueden calificarse de muy graves (véanse, en este sentido, las sentencias
del Tribunal de 12 de julio de 2001, Tate & Lyle y otros/Comisión, T‑202/98, T‑204/98 y T‑207/98, Rec. p. II‑2035, apartado
103, y Groupe Danone/Comisión, citada en el apartado 133
supra,
apartado 147).
Por lo tanto, la Comisión no se equivocó al considerar que las prácticas en cuestión eran, por su naturaleza, infracciones
muy graves.
En segundo lugar, respecto a la sentencia Degussa/Comisión, citada en el apartado 72
supra,
invocada por Eni, basta con señalar que, en el asunto que dio lugar a la citada sentencia, la Comisión había determinado
las repercusiones concretas de la actuación del cártel, lo cual no ha hecho en el caso de autos. Por lo tanto, Eni no puede
apoyarse en la mencionada sentencia para oponerse a la legalidad de la Decisión impugnada en este extremo.
En tercer lugar, respecto a la referencia que se hace por Eni, en sus escritos, a la dimensión del mercado de que se trata
en el territorio del EEE en el año 2001 (concretamente, 550 millones de euros), o a la cuota de mercado poseída por las empresas
en cuestión, debe observarse que, si bien dichos datos pueden tomarse en consideración para determinar la gravedad de la infracción,
hay que tener en cuenta otras circunstancias particulares del caso de autos (véase, en este sentido, la sentencia Dalmine/Comisión,
citada en el apartado 130
supra,
apartado 132, y la sentencia del Tribunal de 27 de septiembre de 2006, Archer Daniels Midland/Comisión, T‑329/01, Rec. p. II‑3255,
apartado 102). En el caso de autos, hay que tener en cuenta el hecho de que la infracción de que se trata es intrínsecamente
muy grave y que abarca el conjunto del territorio del EEE. En particular, se debe poner de relieve que las empresas implicadas
convinieron en fijar objetivos de precios, repartirse a los clientes mediante acuerdos de no agresión e intercambiar información
confidencial sobre los precios, los competidores y los clientes. Por otra parte, procede recordar que, en la rúbrica del punto
1, sección A, de las Directrices, el importe previsto de la multa por infracciones muy graves es de más de 20 millones de
euros. A continuación, debe señalarse que las ventas por EniChem de los productos en cuestión, en el año 2001, se elevaron
a un importe de más de 164 millones de euros (considerando 468 de la Decisión impugnada). Finalmente, Eni no discute que el
importe de la multa que la afecta no sobrepasa el límite del 10 % de su volumen de negocios total realizado en el ejercicio
social precedente; límite establecido en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, que pretende evitar que la
empresa en cuestión se vea imposibilitada de pagar la multa de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia Musique
Diffusion française/Comisión, citada en el apartado 133
supra,
apartado 119). Habida cuenta de estas circunstancias, la fijación del importe inicial de la multa en 55 millones de euros,
antes de aplicar un coeficiente multiplicador de finalidad disuasoria, no parece desproporcionada.
En cuarto lugar, con referencia a la alegación de que las empresas en cuestión sólo poseían una parte limitada del conjunto
del mercado del CB y del CEB, Eni precisó, en la vista, que su valoración se basaba en un mercado que incluía ambos productos
y el caucho natural, al cual no se refiere la Decisión impugnada. En estas circunstancias, las alegaciones de Eni al respecto
resultan inoperantes.
En quinto lugar, respecto a la falta de «conciencia del carácter contrario a la competencia», se desprende de la Decisión
impugnada y de la gravedad de la infracción que EniChem SpA forzosamente tenía conciencia del carácter contrario a la competencia
de su comportamiento. Por otra parte, debido a las razones expuestas al tratar el motivo primero, la Comisión imputó correctamente
la responsabilidad de la infracción de que se trata a Eni. Por lo tanto, deben desestimarse las alegaciones formuladas por ésta.
En sexto lugar, en cuanto a la aplicación de un coeficiente multiplicador de finalidad disuasoria, debe ponerse de relieve
que no cabe negar el vínculo entre, por una parte, el tamaño y los recursos globales de las empresas y, por otra, la necesidad
de garantizar el efecto disuasorio de la multa. Hay que recordar, en efecto, que una empresa de gran dimensión, que disponga
de recursos financieros considerables en comparación con los de otros miembros de un cártel, puede movilizar más fácilmente
los fondos necesarios para el pago de su multa (sentencia BASF/Comisión, citada en el apartado 134
supra,
apartado 235).
Dicha cuestión es distinta de la de la clasificación de las empresas dentro de la categoría de las infracciones muy graves;
clasificación que puede necesitar que se tenga en cuenta el peso específico de las empresas en el mercado de que se trate
(véase, en este sentido, la sentencia Cheil Jedang/Comisión, citada en el apartado 126
supra,
apartados 88 y 89). Por lo tanto, nada permite apreciar que la Comisión haya incurrido en error al decidir tener en cuenta
el tamaño y los recursos globales de las empresas a la hora de aplicar un coeficiente multiplicador de finalidad disuasoria.
Por otra parte, procede señalar que, en el caso de autos, la Comisión también tuvo en cuenta el peso específico de las empresas
en cuestión en el mercado de que se trata cuando tomó como referencia el importe de sus ventas de CB y de CEB en el último
año de la infracción, con objeto de ponderar el importe total de la multa dentro de la categoría de las infracciones muy graves.
A la vista de lo anterior, debe desestimarse por infundada la primera parte del motivo segundo invocado por Eni.
b)      Sobre la segunda parte, basada en el recargo injustificado del importe de la base de la multa por razón de reincidencia
Alegaciones de las partes
–       Alegaciones de Eni
Mediante la remisión a los considerandos 487 y 488 de la Decisión impugnada, Eni reconoce que las conductas colusorias sancionadas
por la Decisión 86/398/CEE de la Comisión, de 23 de abril de 1986, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo
[81 CE] (IV/31.149 – Polipropileno) (DO L 230, p. 1; en lo sucesivo, «decisión sobre el polipropileno») y por la Decisión
94/599/CE de la Comisión, de 27 de julio de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo [81 CE] (IV/31.865
– PVC) (DO L 239, p. 14; en lo sucesivo, «decisión PVC II»), en las que se basó la Comisión para apreciar la reincidencia,
podrían ser consideradas similares a las descritas en la Decisión impugnada.
No obstante, considera que no concurre el requisito de subjetividad de la reincidencia; es decir, el hecho de que las infracciones
en cuestión fueran cometidas por la misma empresa.
A este respecto, en primer lugar, Eni señala que las actividades en cuestión se referían a productos y mercados distintos
de los que fueron objeto de la Decisión impugnada y que ya habían sido cedidas desde cierto tiempo antes de que se adoptaran
las decisiones sobre el polipropileno y el PVC II.
En segundo lugar, las personas jurídicas sancionadas por las decisiones sobre el polipropileno y el PVC II son distintas de
Eni. La empresa del grupo afectado por dichas decisiones era EniChem SpA, actualmente Syndial, o Anic SpA. Sin embargo, dichas
empresas no son destinatarias de la decisión ahora impugnada. En su opinión, Eni no estuvo implicada en ninguna de las decisiones
que refiere la Comisión, ni como participante activa en los cárteles sancionados ni debido al control de las dos sociedades
del grupo.
En tercer lugar, la conclusión de la Comisión es incompatible con el principio de responsabilidad limitada y su naturaleza
personal, ya que imputa una circunstancia agravante a la sociedad matriz, cuando la responsabilidad de dicha sociedad ni siquiera
se había declarado en las dos decisiones anteriores. Dicha falta es tanto más grave por cuanto se inscribe en el ejercicio
de la potestad sancionadora circunscrita por el principio de legalidad, cuyo respeto debe garantizar a las empresas que las
sanciones que puede imponerles la Comisión en virtud de lo dispuesto en el artículo 81 CE sean plenamente previsibles. Por
lo demás, considera que las expresiones vagas y no definidas como «infracciones similares» y «la misma empresa», empleadas
por la Comisión, revelan la falta de motivación a este respecto.
En cuarto lugar, Eni discute la facultad de la Comisión para apreciar la circunstancia agravante de reincidencia, con independencia
del tiempo transcurrido entre las infracciones. A este respecto, hace referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de
8 de febrero de 2007, Groupe Danone/Comisión (C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331), y a las conclusiones del Abogado General Poiares
Maduro en aquel asunto (Rec. p. I‑1337). Añade que, a diferencia de dicha sentencia, en la que el Tribunal de Justicia señaló
que la Comisión había tomado debidamente en consideración los datos pertinentes, tal análisis falta en el caso de autos, sin
que dicha omisión esté motivada de manera adecuada.
–       Alegaciones de la Comisión
Con carácter preliminar, la Comisión señala que la cuestión de la reincidencia se había planteado en la segunda notificación
del pliego de cargos, sin que Eni formulara objeciones ni en su respuesta ni en la audiencia.
En cuanto al fondo, en primer lugar, la Comisión indica que, puesto que el Derecho comunitario de la competencia reconoce
que las distintas sociedades pertenecientes al mismo grupo forman una entidad económica, habría podido imponer la multa, si
hubiera querido, a la misma sociedad matriz en las decisiones anteriores. Por ello, la Comisión considera que pudo estimar
con arreglo a Derecho, en la Decisión impugnada, que la misma empresa ya había sido sancionada por el mismo tipo de infracción
(sentencia del Tribunal de 30 de septiembre de 2003, Michelin/Comisión, T‑203/01, Rec. p. II‑4071). La Comisión pone de relieve
que, en dicha sentencia, el Tribunal aprobó la aplicación de un recargo de la multa por razón de reincidencia a otra sociedad
del grupo, concretamente, a una sociedad «vinculada» con la que había sido sancionada anteriormente. Además, el concepto de
reincidencia, atendido el objetivo que persigue, no implica necesariamente la constancia de una sanción pecuniaria previa,
sino únicamente la de una infracción previa (sentencia de 25 de octubre de 2005, Groupe Danone/Comisión, citada en el apartado
supra).
Por ello, la Comisión opina que es indiferente que no impusiera una multa a Eni, propiamente dicha, en los asuntos que dieron
lugar a las sentencias sobre el PVC II y el Polipropileno. En cambio, en su opinión, el hecho de que las sociedades destinatarias
de las decisiones anteriores hubieran estado enteramente controladas por Eni es decisivo. Por otra parte, a su entender, no
cabe admitir que las sociedades del grupo, que son elementos de la misma empresa, se sustraigan de la reincidencia exclusivamente
por la estructura organizativa del grupo en sí.
En segundo lugar, considera irrelevante que las infracciones anteriores hayan afectado a sectores distintos y que éstos hayan
sido cedidos posteriormente a otras personas jurídicas. El recargo de la multa por reincidencia se basa, en su opinión, en
el hecho de que la anterior constancia de una infracción no fue suficiente para impedir un nuevo comportamiento ilícito por
parte de la empresa. Por otra parte, afirma que la jurisprudencia ha precisado, además, que corresponde, en principio, a la
persona física o jurídica que dirigía la empresa en cuestión cuando se cometió la infracción responder de ésta, aun cuando,
en el día en que se adoptó la decisión por la que se declaró la infracción la explotación de la empresa se hubiera puesto
bajo la responsabilidad de otra personas (sentencia Cascades/Comisión, citada en el apartado 110
supra).
La Comisión estima que deberían aplicarse estos criterios sobre reincidencia.
En tercer lugar, considera que el Tribunal de Justicia, en la sentencia de 8 de febrero de 2007, Groupe Danone/Comisión, citada
en el apartado 155
supra,
reiteró que la posible reincidencia se encontraba entre los factores que deben tomarse en consideración al analizar la gravedad
de la infracción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, y que, en este contexto,
la demandante había podido prever en todo momento las consecuencias jurídicas de su comportamiento. Lo mismo cabe decir del
artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003, que es el fundamento jurídico de la Decisión impugnada. La aplicación de
un recargo por reincidencia, por lo tanto, no lesiona el principio de legalidad.
En cuarto lugar, en adelante quedó establecido que la comprobación y apreciación de las características específicas de una
reincidencia forman parte de las facultades de la Comisión y que esa institución no puede estar vinculada por un eventual
plazo de prescripción para realizar dicha comprobación (sentencia de 8 de febrero de 2007, Groupe Danone/Comisión, citada
en el apartado 155
supra).
En cualquier caso, las infracciones relativas al polipropileno y al PVC fueron comprobadas mediante decisiones adoptadas respectivamente
en 1986 y en 1994. Es perfectamente lógico, natural y apropiado tener en cuenta esos precedentes en relación con una nueva
infracción cometida a partir de 1996. A su entender, el período de tiempo entre las dos infracciones no es relevante en sí
mismo (sentencia del Tribunal de 11 de marzo de 1999, Thyssen Stahl/Comisión, T‑141/94, Rec. p. II‑347). En cuanto al intervalo
de tiempo transcurrido entre las decisiones anteriores y el momento inicial de la nueva infracción, es igual, o incluso inferior,
a los que ya se tomaron en consideración por el Tribunal de Justicia y por este Tribunal en los asuntos que dieron lugar a
las sentencias Michelin/Comisión, citada en el apartado 157
supra,
y de 8 de febrero de 2007, Groupe Danone/Comisión, citada en el apartado 155
supra.
La Comisión añade que, de conformidad con la última sentencia citada, «puede» tomar en consideración el tiempo transcurrido
desde la infracción anterior como uno de los indicios que pueden confirmar la propensión a hacer caso omiso de las normas
sobre competencia. En el caso de autos, la Comisión examinó precisamente esta cuestión en el considerando 489 de la Decisión
impugnada, y concluyó que era necesario tener en cuenta la reincidencia.
Apreciación del Tribunal
El punto 2 de las directrices cita, como ejemplo de circunstancias agravantes, la «reincidencia de la(s) misma(s) empresa(s)
en una infracción del mismo tipo».
El concepto de reincidencia, tal como se entiende en algunos ordenamientos jurídicos nacionales, implica que una persona haya
cometido nuevas infracciones tras haber sido sancionada por infracciones similares (sentencias Thyssen Stahl/Comisión, citada
en el apartado 160
supra,
apartado 617, y Michelin/Comisión, citada en el apartado 157
supra,
apartado 284).
Una eventual reincidencia figura entre los elementos que deben tenerse en cuenta para apreciar la gravedad de la infracción
en cuestión (sentencias Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 72
supra,
apartado 91, y de 8 de febrero de 2007, Groupe Danone/Comisión, citada en el apartado 155
supra,
apartado 26).
En el caso de autos, la Comisión señala, en la Decisión impugnada, que EniChem ya fue destinataria de decisiones de esa institución
en materia de cárteles (concretamente, de las decisiones sobre el polipropileno y el PVC II). Esto prueba, en su opinión,
que las primeras multas no habían sido suficientes para que dicha empresa modificara su comportamiento. La Comisión concluyó,
por ello, que esa reincidencia es una circunstancia agravante, que justifica un incremento del 50 % del importe de base de
la multa (considerando 487 de la Decisión impugnada).
Eni aduce, en particular, el hecho de que no fue objeto de las decisiones anteriores mencionadas por la Comisión en la Decisión
impugnada.
Se desprende de esa decisión que la Comisión tuvo en cuenta, en el asunto, el concepto de «empresa», en el sentido de lo previsto
en el artículo 81 CE, a efectos de aplicar la circunstancia agravante ligada a la reincidencia, lo cual confirma la Comisión
en sus escritos. Más concretamente, la Comisión consideró, en esencia, que la misma empresa había repetido un comportamiento
infractor, y ello aun cuando las personas jurídicas implicadas en las infracciones no eran idénticas. Procede recordar, a
este respecto, que el concepto de empresa, en el sentido de lo previsto en el artículo 81 CE, debe ser entendido como referencia
a una entidad económica aunque, desde el punto de vista jurídico, esa entidad económica esté formada por varias personas físicas
o jurídicas (véase la jurisprudencia citada en el apartado 60
supra).
En este contexto, debe entenderse que, cuando la Comisión pretende invocar el concepto de «empresa», en el sentido del artículo
81 CE, debe aportar los datos pormenorizados y precisos que apoyen su aseveración.
Ahora bien, hay que señalar, en primer lugar, que, en el considerando 487 de la Decisión impugnada, la Comisión se refiere
a «EniChem», de manera general, habiendo definido este término, en el considerando 36 de la Decisión impugnada, con referencia
a «todas las sociedades que posee Eni SpA». Por lo tanto, se observa que el término empleado por la Comisión en la Decisión
impugnada, al realizar la apreciación de la reincidencia, es relativamente impreciso, al menos respecto a las personas jurídicas
que constituían la entidad económica objeto de las decisiones sobre el polipropileno y el PVC II. Además, aun suponiendo que
las personas jurídicas en cuestión sean las mencionadas en los considerandos 26 a 35 de la Decisión impugnada, debe ponerse
de relieve que la sociedad objeto de la decisión sobre el polipropileno, esto es, Anic, no se halla entre las personas jurídicas
mencionadas en dichos considerandos. Por otra parte, los considerandos 26 a 35 de la Decisión impugnada pretenden, en esencia,
describir la evolución de las sociedades participadas por Eni en la época de la infracción, la cual es posterior a la adopción
de las decisiones sobre el polipropileno y el PVC II. Esos considerandos, por lo tanto, no pueden dar una información suficientemente
pormenorizada y precisa de la evolución de las sociedades participadas por Eni antes de la infracción que se sancionó mediante
la Decisión impugnada.
En segundo lugar, la Comisión remite, en la nota 262 de la Decisión impugnada, a las decisiones sobre el polipropileno y el
PVC II, indicando que «Eni» había estado implicada en aquellos asuntos. En primer lugar, cabe señalar que el término «Eni»
no es, en la Decisión impugnada, una convención de redacción, a diferencia de lo que se hizo con el término «Enichem». En
particular, se desprende de los considerandos 26 a 36 de la Decisión impugnada que, cuando la Comisión se refiere a la sociedad
«Eni», como sociedad matriz de las otras sociedades, utiliza el término «Eni SpA».
En tercer lugar, suponiendo que, mediante el empleo del término «Eni» en la nota 262 de la Decisión impugnada, la Comisión
se refiera a las sociedades que formaban parte de la «empresa», en el sentido de lo previsto en el artículo 81 CE, constituida
por las personas jurídicas controladas por Eni, cabe señalar que la Comisión no aportó dato alguno pormenorizado y preciso
a este respecto en la Decisión impugnada. La Comisión se limita señalar, en los escritos que ha presentado ante el Tribunal,
que Eni había controlado «enteramente» las sociedades objeto de las decisiones sobre el polipropileno y el PVC II. Ahora bien,
además de que dicha aseveración no está corroborada por prueba alguna, no se recogió en la Decisión impugnada.
En cuarto lugar, procede señalar que, en el caso de autos, la evolución de la estructura y del control de las sociedades afectadas
es particularmente compleja. Más concretamente, la decisión sobre el polipropileno se notificó a Anic, sin que se mencionara
en ella el nombre de Eni. En cuanto a la decisión sobre el PVC II, la Comisión menciona allí, en el considerando 8, que Anic
se había «convertido» en EniChem SpA y, en el considerando 43, que esa evolución se debía a «distintas reorganizaciones»,
sin más precisión. Además, tampoco en esta segunda decisión aparece el nombre de Eni. Hay que añadir que, en el presente asunto,
la actividad de Eni respecto a los productos en cuestión estaba asegurada inicialmente por EniChem Elastomeri (antes de que
esta última sociedad se fusionara con EniChem SpA en 1997, es decir, tras la adopción de la decisión PVC II) y que las actividades
de EniChem SpA fueron transferidas a continuación a Polimeri, lo cual incrementa la complejidad de la evolución estructural
de las empresas afectadas. En estas circunstancias, correspondía a la Comisión ser especialmente precisa y aportar todos los
datos pormenorizados necesarios para apreciar que las sociedades objeto de la Decisión impugnada y las sociedades objeto de
las decisiones sobre el propileno y el PVC II formaban una «empresa» en el sentido de lo previsto en el artículo 81 CE.
Habida cuenta del conjunto de los citados factores, este Tribunal considera que la Comisión, en la Decisión impugnada, no
aportó suficientes datos pormenorizados y precisos que permitieran fundamentar que la misma «empresa», en el sentido de lo
previsto en el artículo 81 CE, había repetido un comportamiento infractor. En estas circunstancias, procede acoger la segunda
parte del motivo segundo y, en consecuencia, anular el artículo 2, letra c), de la Decisión impugnada, en la medida en que
fija el importe de la multa impuesta a Eni en 272,25 millones de euros.
c)      Sobre la tercera parte, basada en un error en el cálculo de la multa, debido a la exclusión de Syndial
Alegaciones de las partes
Eni recuerda que, después de, en un primer momento, haber incluido a Syndial entre los responsables de la infracción, al notificarle
tanto el primer pliego de cargos como el segundo, la Comisión –no obstante– decidió excluirla de los destinatarios de la Decisión
impugnada. Al parecer, la Comisión motivó esta decisión porque existía «un grave riesgo de que, en el momento en que se adopte
y ejecute en el presente asunto una decisión por la que se le imponga una multa, Syndial no posea suficientes activos para
pagarla» (considerando 372 de la Decisión impugnada).
Sin embargo, opina que el criterio adoptado por la Comisión para excluir a Syndial no es compatible con los principios sobre
las sucesiones y transferencias de empresas.
Haciendo referencia a las argumentos desarrollados en el motivo primero, Eni alega que, si después de una transformación de
la sociedad la empresa declarada responsable continúa existiendo, ésta sigue siendo responsable de la posible infracción que
se le ha imputado. La única excepción a este principio es la desaparición de la persona jurídica. Esto, no obstante, no se
ha producido en absoluto en este asunto, ya que –como señala también la Decisión impugnada– Syndial sigue existiendo y no
está en liquidación. Eni añade que, al imputar a Polimeri la responsabilidad de las supuestas conductas contrarias a la competencia
cometidas por otras sociedades del grupo antes de que Polimeri reanudara su actividad en el sector químico, la Comisión pasó
por alto el hecho de que, hasta el final del año 2001, dicha sociedad era una empresa común que estaba controlada conjuntamente
por Eni y Union Carbide.
La exclusión injustificada de Syndial tiene, en su opinión, consecuencias en la importancia económica de la multa. Eni señala,
a este respecto, que el volumen de negocios global de Syndial, en el año anterior a la adopción de la Decisión impugnada,
fue de 860 millones de euros y que, en caso de responsabilidad solidaria, el importe total de la multa no puede sobrepasar
el 10 % del volumen de negocios de la «empresa más pequeña». Respecto a este último extremo, se refiere a una obra doctrinal.
A la vez que Syndial es tomada en consideración para aplicar la circunstancia agravante de reincidencia, se prescinde de ella
indebidamente a efectos de limitar el importe de la multa al umbral del 10 % establecido por la normativa. De ello resulta
que el importe total de la multa impuesta a Eni contraviene lo dispuesto en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003
y parece ser fruto de una manifiesta desviación de poder.
La Comisión solicita que se desestime la tercera parte del motivo segundo. Sostiene, en particular, que la exclusión de Syndial
no influye en el importe de la multa impuesta a Eni.
Apreciación del Tribunal
En lo que respecta a la aplicación del umbral establecido en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, el hecho
de que varias sociedades estén solidariamente obligadas al pago de una multa debido a que forman una empresa en el sentido
del artículo 81 CE no implica que la obligación de cada una se limite al 10 % del volumen de negocios obtenido por dicha sociedad
en el último ejercicio. En efecto, el umbral del 10 %, a efectos de lo dispuesto en dicho precepto, debe calcularse tomando
como base el volumen de negocios acumulado de todas las sociedades que constituyen la entidad económica única que actúa como
empresa en el sentido de lo previsto en el artículo 81 CE, ya que únicamente el volumen de negocios acumulado de las sociedades
que la componen puede constituir una indicación de la dimensión y potencia económica de la empresa en cuestión (sentencias
del Tribunal de 20 de marzo de 2002, HFB y otros/Comisión, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, apartados 528 y 529, y de 12 de diciembre
de 2007, Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 95
supra,
apartado 90).
Por lo tanto, aun suponiendo que Syndial hubiera sido destinataria de la Decisión impugnada, el importe de la multa por el
que Eni habría sido considerada solidariamente responsable del pago no debería haberse limitado al 10 % del volumen de negocios
de Syndial. De ello se desprende que las alegaciones de Eni son inoperantes.
Además, suponiendo que, mediante sus alegaciones, Eni cuestione, de hecho, la responsabilidad declarada respecto a ella por
la infracción cometida por EniChem SpA (posteriormente, Syndial), aun cuando Syndial no es objeto de la Decisión impugnada,
procede rechazarlas por los motivos ya recogidos en el apartado 117
supra.
El hecho de que, hasta el final del año 2001, Polimeri fuera una empresa común controlada conjuntamente por Eni y Union Carbide
no puede modificar esta conclusión, pues consta en los autos que la transferencia de actividades entre EniChem SpA (posteriormente,
Syndial) y Polimeri se produjo el 1 de enero de 2002.
A la vista de lo expuesto, debe desestimarse por infundada la tercera parte del segundo motivo planteado por Eni.
Se desprende de las anteriores consideraciones que procede estimar la segunda parte del motivo segundo y, en consecuencia,
anular el artículo 2, letra c), de la Decisión impugnada, en la medida en que fija el importe de la multa impuesta a Eni en
272,25 millones de euros, y desestimar las restantes pretensiones de anulación parcial de la Decisión impugnada.
B.
Sobre las pretensiones de modificación del importe de la multa
Procede, de inmediato, por los motivos expuestos en los apartados 166 a 171
supra,
que este Tribunal, en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31
del Reglamento nº 1/2003, modifique el artículo 2, letra c), de la Decisión impugnada, toda vez que la Comisión, para obtener
el importe de 272,25 millones de euros, declaró erróneamente que concurría en Eni la circunstancia agravante de reincidencia.
Con objeto de fijar de manera apropiada el importe de la multa, procede, en las circunstancias del caso de autos, mantener
inalterado en los restantes aspectos el método de cálculo aplicado por la Comisión.
Por lo tanto, el importe final de la multa impuesta a Eni queda fijado en 181,5 millones de euros.

Costas
A tenor de lo dispuesto en el artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será
condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3, párrafo primero,
del mismo precepto, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal General podrá repartir
las costas. En las circunstancias del caso de autos, procede que cada parte abone sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)
decide:
1)
Anular el artículo 2, letra c), de la Decisión C(2006) 5700 final de la Comisión, de 29 de noviembre de 2006, relativa a un
procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/F/38.638 – Caucho de butadieno
y caucho de estireno-butadieno fabricado por polimerización en emulsión), en la medida en que fija el importe de la multa
impuesta a Eni SpA en 272,25 millones de euros.
2)
Fijar el importe de la multa impuesta a Eni en 181,5 millones de euros.
3)
Desestimar el recurso en todo lo demás.
4)
Cada parte abonará sus propias costas.
Dehousse
Wiszniewska-Białecka
Wahl
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de julio de 2011.
Firmas
Índice
Antecedentes del litigio
Procedimiento y pretensiones de las partes
Fundamentos de Derecho
A.     Sobre las pretensiones de anulación parcial de la Decisión impugnada
1.     Sobre el motivo primero, basado en la imputación ilegal de la infracción a Eni
a)     Sobre la primera parte, basada en la errónea aplicación de los requisitos de imputabilidad de la infracción
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
b)     Sobre la segunda parte, basada en la errónea aplicación de la responsabilidad objetiva
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
c)     Sobre la tercera parte, basada en un error en el análisis de los datos aportados por Eni
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
d)     Sobre la cuarta parte, basada en la vulneración del principio de responsabilidad limitada de las sociedades de capital y de
los principios comunes sobre responsabilidad
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
2.     Sobre el segundo motivo, invocado con carácter subsidiario, basado en la fijación ilegal del importe de la multa
a)     Sobre la primera parte, basada en la aplicación de un coeficiente multiplicador con finalidad disuasoria
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
b)     Sobre la segunda parte, basada en el recargo injustificado del importe de la base de la multa por razón de reincidencia
Alegaciones de las partes
–  Alegaciones de Eni
–  Alegaciones de la Comisión
Apreciación del Tribunal
c)     Sobre la tercera parte, basada en un error en el cálculo de la multa, debido a la exclusión de Syndial
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
B.     Sobre las pretensiones de modificación del importe de la multa
Costas
*
Lengua de procedimiento: italiano.