CELEX: 62009CJ0471
Recurso de casación
Ayudas de Estado
Recurso de anulación
Decisiones de la Comisión relativas a los regímenes de ayudas estatales ejecutados por España en favor de las empresas de Vizcaya, de Álava y de Guipúzcoa
Crédito fiscal del 45 % de las inversiones
Confianza legítima
Principio de proporcionalidad
Principios de seguridad jurídica y de buena administración
Observancia de un plazo razonable
Falta de notificación

En sus respectivos recursos de casación, el Territorio Histórico de Vizcaya – Diputación Foral de Vizcaya (C‑471/09 P), el
Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava (C‑472/09 P) y el Territorio Histórico de Guipúzcoa – Diputación
Foral de Guipúzcoa (C‑473/09 P) solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas de 9 de septiembre de 2009, Diputación Foral de Álava y otros/Comisión (T‑227/01 a T‑229/01, T‑265/01, T‑266/01 y
T‑270/01, Rec. p. II‑3029; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que dicho Tribunal desestimó los recursos de anulación
en los que estas Diputaciones Forales impugnaban, respectivamente, las Decisiones 2003/27/CE, 2002/820/CE y 2002/894/CE de
la Comisión, de 11 de julio de 2001, relativas a los regímenes de ayudas estatales ejecutados por España en forma de crédito
fiscal del 45 % de las inversiones en favor de las empresas de Vizcaya (DO 2003, L 17, p. 1), de Álava (DO 2002, L 296, p. 1)
y de Guipúzcoa (DO 2002, L 314, p. 26) (en lo sucesivo, consideradas conjuntamente, «Decisiones impugnadas»).
En sus respectivas adhesiones a la casación, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de Álava y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa (en lo sucesivo, «Cámaras
de Comercio») solicitan igualmente la anulación de la sentencia recurrida.

Marco jurídico
El artículo 14 del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del artículo [88] del Tratado CE (DO L 83, p. 1), que lleva por título «Recuperación de la ayuda», dispone lo
siguiente en su apartado 1:
«Cuando se adopten decisiones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome
todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda (denominada en lo sucesivo “decisión
de recuperación”). La Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio general del Derecho
comunitario.»

Antecedentes del litigio
Las recurrentes son los órganos ejecutivos de los tres Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco español,
que disponen por ley de la competencia para regular, bajo determinadas condiciones, el régimen fiscal aplicable en sus territorios.
En este contexto, las recurrentes adoptaron en 1988 unos regímenes de ayudas fiscales a la inversión que fueron objeto de
la Decisión 93/337/CEE de la Comisión, de 10 de mayo de 1993, relativa a un sistema de ayudas fiscales a la inversión en el
País Vasco (DO L 134, p. 25; en lo sucesivo, «regímenes de 1988»).
En 1993, las recurrentes aprobaron nuevas medidas fiscales, que incluían normas relativas a un crédito fiscal del 25 % de
las inversiones y a una exención del impuesto de sociedades. Estas últimas medidas fueron objeto de unas decisiones de la
Comisión que las declararon incompatibles con el mercado común (en lo sucesivo, «regímenes de 1993»). Las recurrentes interpusieron
recursos de anulación contra estas decisiones y contra las decisiones de incoación del procedimiento de investigación formal,
recursos que fueron desestimados en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de septiembre de 2009, Diputación
Foral de Álava y otros/Comisión (T‑30/01 a T‑32/01 y T‑86/02 a T‑88/02, Rec. p. II‑2919). Los recursos de casación contra
esta sentencia del Tribunal General también han sido desestimados por el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 9 de junio
de 2011, Diputación Foral de Vizcaya y otros/Comisión (C‑465/09 P a C‑470/09 P).
En lo que respecta a las provincias de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, las recurrentes adoptaron en 1994, 1996 y 1997, respectivamente,
unas medidas fiscales por las que se otorgaba un crédito fiscal del 45 % a las inversiones en activos fijos materiales nuevos
que excedieran de 2.500 millones de pesetas (ESP) (en lo sucesivo, «regímenes fiscales controvertidos»). Estos regímenes estuvieron
en vigor hasta el año 1999 en Álava y hasta el año 2000 en las otras dos provincias.
Con ocasión de los procedimientos abiertos a raíz de las denuncias presentadas en junio de 1996 y octubre de 1997 contra la
aplicación en la provincia de Álava de un crédito fiscal del 45 %, entre otras ventajas, a Daewoo Electronics Manufacturing
España, S.A. (en lo sucesivo, «Demesa»), y a Ramondín, S.A., y Ramondín Cápsulas, S.A. (en lo sucesivo, consideradas conjuntamente,
«Ramondín»), la Comisión tuvo conocimiento de la existencia de las disposiciones que establecían dicho crédito fiscal en Álava.
Por otra parte, la Comisión tuvo conocimiento, de manera informal, de la existencia de medidas similares en las provincias
de Vizcaya y de Guipúzcoa.
El 17 de marzo de 1997, la Comisión recibió a representantes del Gobierno de La Rioja y de los interlocutores sociales de
dicha Comunidad Autónoma.
En unos escritos de 15 de marzo de 1999, la Comisión solicitó información sobre las medidas adoptadas en las provincias de
Vizcaya y de Guipúzcoa.
Mediante escritos de 13 de abril y de 17 de mayo de 1999, el Reino de España solicitó sucesivamente dos prórrogas del plazo
fijado para responder a esas solicitudes de información. En un escrito de 25 de mayo de 1999, los servicios de la Comisión
denegaron la segunda prórroga solicitada. Mediante escrito de 2 de junio de 1999, el Reino de España remitió información sobre
los regímenes fiscales controvertidos.
Mediante escritos de 17 de agosto de 1999, la Comisión informó al Reino de España de su decisión de incoar el procedimiento
de investigación formal de los regímenes fiscales controvertidos.
En el marco de este procedimiento, la Comisión solicitó al Reino de España que le proporcionase información, entre otros puntos,
sobre el importe del crédito fiscal de cada beneficiario y las ayudas concedidas a éstos. El Reino de España no aportó la
información solicitada.

Decisiones impugnadas
En las Decisiones impugnadas, la Comisión ha calificado los regímenes fiscales controvertidos de ayudas de Estado incompatibles
con el mercado común.
En primer lugar, la Comisión afirma que dichos regímenes constituyen ayudas estatales, entre otras razones a causa de su carácter
selectivo.
En segundo lugar, la Comisión indica que los regímenes fiscales controvertidos constituyen ayudas ilegales. A este respecto
rechaza la alegación basada en la violación de los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica, en la medida
en que se trata de nuevas ayudas no notificadas y que ella estima no haber dado ninguna garantía concreta que permitiera albergar
esperanzas fundadas en la legalidad de las ayudas otorgadas en aplicación de dichos regímenes y en su compatibilidad con el
mercado común.
En tercer lugar, la Comisión considera que los regímenes fiscales controvertidos son incompatibles con el mercado común. En
efecto, a su juicio, no pueden ampararse en el artículo 87 CE, apartado 3, letra c), ya que la magnitud de los créditos fiscales
de que se trata sobrepasa los límites máximos establecidos en los sucesivos mapas de ayudas regionales. Además, tales regímenes
pueden aplicarse a las inversiones de sustitución y a los gastos relacionados con los «procesos de inversión» o con las «inversiones
en la fase de preparación». Ahora bien, según la Comisión, al no existir una definición precisa de estos términos, no cabe
excluir la posibilidad de que los regímenes fiscales controvertidos se apliquen a gastos que no pueden considerarse gastos
de inversión con arreglo a las normas de la Unión aplicables en este campo, y en tal caso podrían calificarse de ayudas de
funcionamiento, en principio prohibidas.
En consecuencia, la Comisión concluye, en el artículo 1 de las Decisiones impugnadas, que las ayudas en favor de las empresas
de las provincias de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa en forma de crédito fiscal del 45 % de las inversiones constituyen ayudas
estatales, ilegalmente ejecutadas por el Reino de España en dichas provincias, por ser incompatibles con el mercado común.
El artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de dichas Decisiones dispone que el Reino de España adoptará todas las medidas
necesarias para obtener de sus beneficiarios la recuperación de las ayudas ilegales otorgadas en aplicación de estos regímenes.

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida
Mediante demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 25 de septiembre de 2001, las recurrentes
en casación y la Comunidad Autónoma del País Vasco – Gobierno Vasco interpusieron tres recursos de anulación contra las Decisiones
impugnadas, registrados con los números T‑227/01 a T‑229/01.
Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 22 de octubre de 2001, la Confederación
Empresarial Vasca (Confebask) interpuso tres recursos de anulación contra las Decisiones impugnadas, registrados con los números
T‑265/01, T‑266/01 y T‑270/01.
Mediante autos de 9 de septiembre de 2005 y de 9 y 10 de enero de 2006, el Presidente de la Sala Quinta ampliada del Tribunal
de Primera Instancia admitió la intervención de Confebask y de las Cámaras de Comercio en los asuntos T‑227/01 a T‑229/01,
en apoyo de las pretensiones de las partes demandantes, y la intervención de la Comunidad Autónoma de La Rioja en los asuntos
T‑227/01 a T‑229/01, T‑265/01, T‑266/01 y T‑270/01, en apoyo de las pretensiones de la Comisión.
Mediante auto del Presidente de la Sala Quinta ampliada del Tribunal de Primera Instancia de 13 de julio de 2006, se acumularon
a efectos de la fase oral del procedimiento los asuntos T‑227/01 a T‑229/01, T‑265/01, T‑266/01 y T‑270/01, que posteriormente
fueron acumulados a efectos de la sentencia en el apartado 62 de la sentencia recurrida.
En la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia desestimó en su totalidad los recursos de anulación interpuestos
por las recurrentes en casación, la Comunidad Autónoma del País Vasco – Gobierno Vasco y Confebask.
En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia desestimó por infundados los motivos basados en la inexistencia de ayudas
estatales, en la compatibilidad con el mercado común de los regímenes fiscales controvertidos y en su condición de ayudas
existentes. Estos motivos no son objeto de los presentes recursos de casación.
En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia examinó el motivo basado en la violación de los principios de seguridad
jurídica, de buena administración, de protección de la confianza legítima y de igualdad de trato.
Con carácter preliminar, el Tribunal de Primera Instancia indicó, en el apartado 63 de la sentencia recurrida, que las partes
demandantes en los asuntos T‑227/01 a T‑229/01 habían reiterado en la vista su petición de que instase a la Comisión a presentar
ciertos documentos, pero que él había estimado suficiente la información que le proporcionaban los documentos obrantes en
autos.
En cuanto al motivo relativo a la violación de los principios de seguridad jurídica y de buena administración causada por
la duración del procedimiento de examen preliminar, que fue de 38 meses, el Tribunal de Primera Instancia lo declaró admisible.
Consideró, en efecto, que este motivo invocado por las Cámaras de Comercio, partes coadyuvantes, pese a ser distinto del motivo
invocado por las partes demandantes sobre la violación del principio de confianza legítima en conexión con la duración del
procedimiento, estaba relacionado con el objeto de los litigios y no suponía una modificación del marco de éstos.
No obstante, el Tribunal de Primera Instancia desestimó en cuanto al fondo dicho motivo. A este respecto indicó, en el apartado
301 de la sentencia recurrida, que los regímenes fiscales controvertidos habían exigido que la Comisión procediera a un detallado
análisis de la legislación española y de complejas cuestiones de hecho y de Derecho. En cuanto al contexto señaló que, hasta
la incoación del procedimiento de investigación formal, la Comisión había procedido principalmente al examen de las ayudas
individuales concedidas a Demesa y a Ramondín con arreglo, entre otros, a dichos regímenes. Además consideró que la duración
del procedimiento era imputable, al menos en parte, a las autoridades españolas, que no habían respondido a la solicitud de
información de la Comisión de marzo de 1999 hasta junio de ese mismo año, tras presentar dos solicitudes de prórroga del plazo
de respuesta. Hasta ese momento, pues, como el Tribunal de Primera Instancia indicó en el apartado 305 de la sentencia recurrida,
la Comisión no había dispuesto de la información necesaria para incoar el procedimiento de investigación formal.
En lo que respecta a la parte de dicho motivo relativa al principio de protección de la confianza legítima, el Tribunal de
Primera Instancia consideró, en los apartados 326 y 331 de la sentencia recurrida, respectivamente, que ni la actitud de la
Comisión frente a los regímenes de 1988 ni su comportamiento con respecto a los regímenes de 1993 constituían una circunstancia
excepcional que hubiera podido justificar algún tipo de confianza legítima en la regularidad de los regímenes fiscales controvertidos.
Así, por un lado, el Tribunal de Primera Instancia hizo constar, en el apartado 318 de la sentencia recurrida, que la Comisión
había calificado los regímenes de 1988 de ayudas incompatibles con el mercado común en la Decisión 93/337, en particular porque
vulneraban las normas de la Unión en materia de ayudas estatales. Además, dichos regímenes eran diferentes de los regímenes
fiscales controvertidos.
Por otro lado, según el Tribunal de Primera Instancia, los regímenes de 1993 tampoco podían considerarse análogos a los regímenes
fiscales controvertidos, ya que utilizaban una técnica fiscal diferente y diferían en sus requisitos de aplicación y en su
alcance. Además, ninguno de los datos invocados por las partes demandantes en cuanto a la actitud de la Comisión con respecto
a los regímenes de 1993 demostraba la existencia de una circunstancia excepcional que hubiera podido justificar una confianza
legítima en la regularidad de dichos regímenes y del crédito fiscal del 25 %.
En el apartado 355 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad del motivo invocado
por las Cámaras de Comercio en el que se alegaba la violación del principio de igualdad de trato, considerando que no había
sido invocado por las partes demandantes ni estaba relacionado con el objeto del litigio determinado por éstas. También declaró
dicho motivo carente de fundamento, indicando, en los apartados 358 y 359 de la sentencia recurrida, que las Cámaras de Comercio
no habían demostrado que la situación de los regímenes fiscales controvertidos fuera comparable a las situaciones que se planteaban
en las decisiones de la Comisión invocadas por ellas, en las que la Comisión había estimado que no procedía ordenar la recuperación
de las ayudas atendiendo a las circunstancias específicas de los asuntos que habían dado lugar a esas decisiones.
En tercer lugar, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el motivo basado en la violación del principio de proporcionalidad,
declarando que la recuperación de las ayudas ilegales otorgadas en aplicación de los regímenes fiscales controvertidos mediante
la devolución de los importes percibidos constituía, en el presente caso, el medio más apropiado para restablecer la situación
anterior en términos de competencia. A este respecto consideró, en el apartado 379 de la sentencia recurrida, que, al no haberse
aportado una información más precisa en el procedimiento administrativo, no cabía considerar desproporcionadas las Decisiones
impugnadas por no haber delimitado la obligación de recuperar las ayudas en cuestión. Indicó además que dichas Decisiones
mencionaban expresamente la posibilidad de que las ayudas individuales pudieran considerarse compatibles con el mercado común
en función de sus características propias, ya fuera en el marco de una decisión posterior de la Comisión o en aplicación de
los reglamentos de exención.

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 3 de febrero de 2011 se acumularon los asuntos C‑471/09 P a C‑473/09 P
a efectos de la fase oral del procedimiento y de la sentencia, con arreglo al artículo 43 del Reglamento de Procedimiento
del Tribunal de Justicia.
Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 16 de febrero de 2011 se admitió la intervención del Reino de España
en apoyo de las pretensiones de las recurrentes, permitiéndole presentar sus observaciones en la vista.
Las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:
–        Con carácter principal, anule la sentencia recurrida.
–        Estime las demandas presentadas en primera instancia.
–        Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia.
–        En su caso, le ordene practicar la prueba rechazada.
–        Condene a la Comisión al pago de las costas de ambas instancias y a la Comunidad Autónoma de La Rioja al pago de las costas
del procedimiento en primera instancia.
El Reino de España interviene como coadyuvante en apoyo de las pretensiones de las recurrentes.
Las Cámaras de Comercio solicitan al Tribunal de Justicia que acoja las pretensiones de las recurrentes y condene en costas
a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime los recursos de casación.
–        Condene a las recurrentes al pago de las costas y a las Cámaras de Comercio al pago de las costas generadas por su adhesión
a la casación.
La Comunidad Autónoma de La Rioja solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime los recursos de casación.
–        Condene en costas a las recurrentes.

Sobre los recursos de casación
Las recurrentes invocan tres motivos en apoyo de sus recursos de casación. Los dos primeros motivos de casación se basan en
la infracción del artículo 14, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999 en conexión con el principio de protección de la confianza
legítima y con el principio de proporcionalidad, respectivamente. El tercer motivo de casación se basa en la inobservancia
de las normas en materia de práctica de la prueba.

Sobre el primer motivo de casación, basado en la infracción del artículo 14, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999 en conexión
con la violación del principio de protección de la confianza legítima
Alegaciones de las partes
En su primer motivo de casación, las recurrentes sostienen que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error al considerar
que la actitud favorable de la Comisión con respecto a los regímenes de 1988 y 1993, o cuando menos el hecho de que no hubiera
expresado dudas sobre tales regímenes, no constituía una circunstancia excepcional que pudiera justificar una confianza legítima
en la regularidad de los regímenes fiscales controvertidos. En particular, ponen de relieve que, antes de la adopción de dichos
regímenes, la Comisión nunca les había comunicado ni una sola duda en el sentido de que una medida fiscal que supeditara su
aplicación a la realización de una inversión mínima y no excluyera ningún sector de su ámbito de aplicación pudiera ser contraria
a lo dispuesto en la Decisión 93/337 y a las normas de la Unión en materia de ayudas estatales.
En la primera parte del presente motivo de casación, relativa a los regímenes de 1988, las recurrentes afirman en primer lugar
que el argumento basado en la diferencia formal entre estos regímenes y los regímenes fiscales controvertidos no permitía
que el Tribunal de Primera Instancia prescindiera de examinar si el comportamiento de la Comisión con respecto a esos regímenes
anteriores podía justificar una confianza legítima en la regularidad de los regímenes fiscales controvertidos.
En segundo lugar alegan que carece de pertinencia la apreciación del Tribunal de Primera Instancia según la cual la Comisión
había declarado incompatibles con el mercado común los regímenes de 1988. Indican así, en efecto, que, según los términos
del artículo 1, apartado 1, de la Decisión 93/337, la incompatibilidad con el mercado común de dichos regímenes se debía a
la violación del artículo 52 del Tratado CE (que tras su modificación pasó a ser el artículo 43 CE).
En cuanto a los regímenes de 1993, las recurrentes sostienen, en la segunda parte de su primer motivo de casación, que el
Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó las Decisiones impugnadas, sustituyendo la motivación de la Comisión por la suya
propia, al constatar la falta de analogía entre las medidas de exención fiscal de 1993 y las aplicadas por los regímenes fiscales
controvertidos. Según ellas, al utilizar un nuevo argumento relativo a la existencia de una diferencia de técnicas fiscales
entre estos últimos y los regímenes de 1993, el Tribunal de Primera Instancia colocó a las recurrentes en una situación en
la que se les privaba de su derecho de defensa.
Las recurrentes afirman además que el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó las pruebas aportadas a los autos al estimar
que dichas partes no habían probado suficientemente su alegación de que la actitud favorable de la Comisión no sólo se refería
a las medidas de exención fiscal establecidas por los regímenes de 1993, sino también al crédito fiscal del 25 % aprobado
ese mismo año. A juicio de las recurrentes, de las pruebas se deduce que ambos tipos de medidas fueron examinados simultáneamente
con ocasión de la aplicación de la Decisión 93/337 y del examen de una denuncia presentada en abril de 1994 contra los regímenes
de 1993 (en lo sucesivo, «denuncia de 1994»). Ahora bien, pese a tener conocimiento de dicho crédito fiscal, la Comisión no
emprendió ninguna actuación contra la citada medida. Las recurrentes añaden que, como ya alegaron en primera instancia, lo
mismo puede decirse de las medidas de exención fiscal, con respecto a las cuales la Comisión había adoptado una posición favorable,
como se desprende igualmente de los documentos obrantes en autos, pero precisan que en este punto se remiten a la resolución
del Tribunal de Justicia en los asuntos C‑465/09 P a C‑470/09 P.
La Comisión alega que las recurrentes no pueden invocar el principio de protección de la confianza legítima, puesto que no
les dio garantías concretas. En particular, a juicio de la Comisión, el hecho de que ella no actúe y no exprese dudas sobre
una medida nunca puede constituir una «garantía» de ese tipo.
En lo que atañe a los regímenes de 1988, la Comisión recuerda que el Tribunal de Justicia ya ha constatado que de la Decisión
93/337 no podía derivarse ninguna confianza legítima, pues en su sentencia de 11 de noviembre de 2004, Demesa y Territorio
Histórico de Álava/Comisión (C‑183/02 P y C‑187/02 P, Rec. p. I‑10609), confirmó la calificación de ayuda incompatible con
el mercado común aplicada a dichos regímenes.
En cuanto a la argumentación relativa a los regímenes de 1993, la Comisión estima que debe considerarse inadmisible por varios
motivos. En particular afirma que las recurrentes no sostuvieron en primera instancia que ella se hubiera pronunciado favorablemente
sobre dichos regímenes, sino que se limitaron a imputarle una omisión al respecto. Sostiene además que las recurrentes tratan
de conseguir una nueva apreciación de los hechos en lo relativo a la existencia de una posición favorable de la Comisión con
respecto a dichos regímenes y a la analogía entre ellos y los regímenes fiscales controvertidos, sin alegar que esta última
haya desnaturalizado la legislación española.
Por otra parte, la Comisión mantiene que no adoptó una posición favorable con respecto a las medidas de exención fiscal de
1993. Aún en el caso de que el Tribunal de Justicia llegara a esta conclusión en los asuntos C‑465/09 P a C‑470/09 P, los
argumentos de las recurrentes relativos a la analogía y a la desnaturalización de los medios de prueba –que por lo demás la
Comisión considera infundados– serían inoperantes. A su juicio, lo mismo puede decirse de la alegación de las recurrentes
sobre el crédito fiscal del 25 %, del que afirman que fue examinado al mismo tiempo que las medidas de exención de 1993.
La Comunidad Autónoma de La Rioja sostiene que procede declarar la inadmisibilidad del primer motivo invocado en apoyo de
los recursos de casación, con el que se intenta conseguir una nueva apreciación de los hechos y en el que las recurrentes
se limitan a repetir las alegaciones ya formuladas ante el Tribunal de Primera Instancia, sin demostrar que este último haya
cometido un error. En cuanto al fondo, pone de relieve que las recurrentes no pueden invocar el principio de protección de
la confianza legítima en el caso de una ayuda no notificada a la Comisión.
Apreciación del Tribunal de Justicia
–        Sobre la admisibilidad
La Comunidad Autónoma de La Rioja invoca la inadmisibilidad del primer motivo de casación, alegando que con él se pretende
conseguir que el Tribunal de Justicia proceda a una nueva apreciación de los hechos que el Tribunal de Primera Instancia declaró
probados.
A este respecto, es cierto que, con arreglo al artículo 256 TFUE y al artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación está limitado a las cuestiones de Derecho y que, por consiguiente,
el Tribunal de Primera Instancia (actualmente Tribunal General) es, por una parte, el único competente para determinar los
hechos, salvo en los casos en que la inexactitud material de sus comprobaciones se desprendiera de los documentos que obran
en autos, y, por otra parte, es el único competente para apreciar estos hechos (sentencia de 3 de septiembre de 2009, Moser
Baer India/Consejo, C‑535/06 P, Rec. p. I‑7051, apartado 31 y jurisprudencia que allí se cita).
Sin embargo, una vez que el Tribunal de Primera Instancia ha determinado o apreciado los hechos, el Tribunal de Justicia es
competente para ejercer, con arreglo al artículo 256 TFUE, un control sobre la calificación jurídica de esos hechos y las
consecuencias jurídicas que el Tribunal de Primera Instancia haya deducido de los mismos (véase, en particular, la sentencia
de 10 de julio de 2008, Bertelsmann y Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Rec. p. I‑4951, apartado 29 y jurisprudencia
que allí se cita).
Pues bien, en contra de lo que afirma la Comunidad Autónoma de La Rioja, la cuestión de si el comportamiento de la Comisión
con respecto a los regímenes de 1998 y de 1993 pudo suscitar una confianza legítima de las recurrentes en la regularidad de
los regímenes fiscales controvertidos pretende que se controle la calificación jurídica aplicada por el Tribunal de Primera
Instancia, control que es competencia, pues, del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (véase la sentencia
Diputación Foral de Vizcaya y otros/Comisión, antes citada, apartado 147).
La Comunidad Autónoma de La Rioja sostiene además que, en su primer motivo de casación, las recurrentes repiten en buena medida
las alegaciones que ya expusieron ante el Tribunal de Primera Instancia, lo que a su juicio es contrario a la jurisprudencia
que establece que un recurso de casación no puede limitarse a repetir las alegaciones invocadas en primera instancia sin indicar
con precisión los puntos de la sentencia recurrida que critica.
Sin embargo, procede recordar que, cuando un recurrente impugna la interpretación o la aplicación del Derecho de la Unión
efectuada por el Tribunal de Primera Instancia, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a
discutirse en el recurso de casación. En efecto, si un recurrente no pudiera basar así su recurso de casación en motivos y
alegaciones ya invocados ante el Tribunal de Primera Instancia, el recurso de casación quedaría privado de una parte de su
sentido (véanse el auto de 11 de noviembre de 2003, Martinez/Parlamento Europeo, C‑488/01 P, Rec. p. I‑13355, apartado 39,
y la sentencia de 23 de abril de 2009, AEPI/Comisión, C‑425/07 P, Rec. p. I‑3205, apartado 24).
Así pues, desde el momento en que las recurrentes impugnan la calificación jurídica del comportamiento de la Comisión con
respecto a los regímenes de 1988 y de 1993, el hecho de que reiteren la argumentación que ya formularon a este respecto ante
el Tribunal de Primera Instancia no hace inadmisible su argumentación.
En lo que respecta a la segunda parte del primer motivo de casación, la Comisión sostiene que las recurrentes no invocaron
en primera instancia la existencia de una posición favorable de dicha institución con respecto a los regímenes de 1993. Sin
embargo, pese a que las recurrentes utilizan en sus recursos de casación la expresión «posición favorable», procede señalar
que lo que en definitiva alegan es que la inacción de la Comisión con respecto a los regímenes de 1993 generó una confianza
legítima en la regularidad de los regímenes fiscales controvertidos. Así pues, no procede acoger la causa de inadmisión propuesta
por la Comisión.
Del mismo modo, tampoco cabe acoger la alegación de la Comisión según la cual la segunda parte del primer motivo de casación
trata de obtener del Tribunal de Justicia una nueva apreciación de los hechos que ya habían sido apreciados por el Tribunal
de Primera Instancia. En efecto, a este respecto procede hacer constar que, aunque las recurrentes enumeran en esta parte
del motivo un cierto número de hechos ya invocados ante el Tribunal de Primera Instancia, lo que en definitiva impugnan, sin
embargo, son las conclusiones jurídicas que este último extrajo de esos hechos en el apartado 330 de la sentencia recurrida,
es decir, la constatación de que no existieron circunstancias excepcionales que hubieran podido justificar la confianza legítima
de las recurrentes en la regularidad de los regímenes fiscales controvertidos. Ahora bien, como ya se ha indicado en el apartado
56
supra,
el Tribunal de Justicia es competente para examinar una constatación de esta índole en el marco de un recurso de casación.
Por lo tanto, procede declarar la admisibilidad del primer motivo invocado por las recurrentes en apoyo de sus recursos de
casación.
–       Sobre el fondo
Las recurrentes alegan, en definitiva, que el comportamiento de la Comisión con respecto a los regímenes de 1998 y de 1993
constituyó una circunstancia excepcional que podía justificar la confianza legítima de éstas en la regularidad de las ayudas
otorgadas en aplicación de los regímenes fiscales controvertidos. En apoyo de esta alegación invocan en particular el hecho
de que la Comisión no formuló ninguna objeción contra estos regímenes anteriores, que establecían medidas análogas a las que
se discuten en el presente asunto.
Sobre este punto procede recordar que un Estado miembro cuyas autoridades hayan concedido una ayuda infringiendo las normas
de procedimiento establecidas en el artículo 88 CE no puede invocar, en principio, la confianza legítima de los beneficiarios
para eludir su obligación de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la decisión de la Comisión en la que se le
ordene recuperar la ayuda. En efecto, si se admitiese esta posibilidad se privaría por completo de eficacia a las disposiciones
de los artículos 87 CE y 88 CE, ya que las autoridades nacionales podrían así basarse en su propio comportamiento ilícito
para dejar sin efecto las decisiones adoptadas por la Comisión en virtud de dichas disposiciones del Tratado CE (sentencia
Diputación Foral de Vizcaya y otros/Comisión, antes citada, apartado 150 y jurisprudencia que allí se cita).
Lo mismo puede decirse, con mayor motivo aún, en el caso de un Estado miembro o de unas colectividades territoriales de éste
que, al igual que las recurrentes, invocan la existencia en su fuero interno de una confianza legítima, pese a no haber respetado
la obligación de notificación establecida en el artículo 88 CE, apartado 3 (véase la sentencia Diputación Foral de Vizcaya
y otros/Comisión, antes citada, apartado 151).
Pues bien, en el presente caso es pacífico que los regímenes fiscales controvertidos no fueron notificados a la Comisión,
en contra de la obligación establecida en el artículo 88 CE, apartado 3.
En cualquier caso, procede hacer constar que las circunstancias invocadas por las recurrentes no tienen entidad suficiente
para constituir circunstancias excepcionales que puedan justificar una confianza legítima en lo que a éstas respecta.
En efecto, procede comenzar por recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado ya que la inacción de la Comisión con respecto
a una ayuda estatal carece de significación en el caso de que dicha ayuda no le haya sido notificada (sentencia Demesa y Territorio
Histórico de Álava/Comisión, antes citada, apartado 52).
En lo que respecta a la primera parte del primer motivo de casación, relativa a los regímenes de 1988, procede subrayar que
el Tribunal de Primera Instancia actuó conforme a Derecho al hacer constar, en el apartado 318 de la sentencia recurrida,
que en la Decisión 93/337 la Comisión había calificado dichos regímenes de incompatibles con el mercado común, no sólo por
ser contrarios al artículo 52 del Tratado, sino también porque vulneraban las normas de la Unión en materia de ayudas estatales.
A este respecto es preciso hacer constar que el Tribunal de Justicia ha rechazado ya, en su sentencia Demesa y Territorio
Histórico de Álava/Comisión, antes citada, la interpretación de la Decisión 93/337 propuesta por las recurrentes, según la
cual la Comisión había calificado de incompatibles con el mercado común las ayudas examinadas en dicha Decisión únicamente
porque eran contrarias al artículo 52 del Tratado.
En efecto, en el apartado 48 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia constató que la Comisión había calificado los regímenes
de 1988 de incompatibles con el mercado común, por una parte, porque eran contrarios al artículo 52 del Tratado y, por otra
parte, según se indicaba en el punto V de dicha Decisión, en el que se examinaba la posibilidad de aplicar alguna de las excepciones
previstas en el artículo 92 del Tratado CE (que tras su modificación pasó a ser el artículo 87 CE), porque no respetaban las
diversas regulaciones de las ayudas.
El Tribunal de Justicia llegó así a la conclusión, en los apartados 50 y 51 de la sentencia Demesa y Territorio Histórico
de Álava/Comisión, antes citada, de que no cabía deducir de la Decisión 93/337 que no pudiera calificarse de «ayuda» a efectos
del artículo 92 del Tratado el crédito fiscal del 45 % examinado en los asuntos en que se dictó dicha sentencia, obtenido
con arreglo al régimen fiscal controvertido vigente en la provincia de Álava. Habida cuenta del contenido de la Decisión 93/337
en este punto, el Tribunal de Justicia estimó que no cabía invocar circunstancias excepcionales que hubieran podido justificar
legítimamente una confianza en la regularidad de la ayuda.
Por tanto, procede desestimar por infundada la primera parte del primer motivo de casación.
Lo mismo puede decirse de la segunda parte de dicho motivo de casación, que se refiere al comportamiento de la Comisión con
respecto a los regímenes de 1993 y al crédito fiscal del 25 % establecido por las recurrentes en 1993.
A este respecto es importante recordar que, en sus recursos de casación en los asuntos C‑465/09 P a C‑470/09 P, las recurrentes
habían alegado también que la inacción de la Comisión tras la adopción de los regímenes de 1993 debía considerarse una circunstancia
excepcional que justificaba una confianza legítima en la regularidad de las ayudas otorgadas en aplicación de dichos regímenes.
Pues bien, en los apartados 148 a 166 de la sentencia Diputación Foral de Vizcaya y otros/Comisión, antes citada, el Tribunal
de Justicia desestimó esta argumentación, considerando que el Tribunal General no había incurrido en un error de Derecho al
estimar que el comportamiento de la Comisión, que era en definitiva el mismo que han invocado las recurrentes en los presentes
asuntos, no había podido justificar una confianza legítima de éstas en la regularidad de las ayudas otorgadas en aplicación
de dichos regímenes.
En particular, en el apartado 163 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia estimó que, habida cuenta de las circunstancias
del caso de autos, la inacción de la Comisión no podía calificarse de circunstancia excepcional y que su silencio no podía
interpretarse como una autorización presunta de los regímenes de 1993. No pone en entredicho esta apreciación el contenido
del escrito de 25 de mayo de 1994, invocado por las recurrentes en sus recursos de casación y en la vista, en el que la Comisión
se limitaba a instar a las autoridades españolas a que le presentaran sus observaciones sobre la denuncia de 1994, añadiendo
que, en caso de no recibir contestación satisfactoria, se vería obligada a incoar el procedimiento de investigación formal
de dichos regímenes.
Por lo tanto, los regímenes de 1993 y el comportamiento de la Comisión con respecto a ellos tampoco constituyen una circunstancia
excepcional que pueda justificar una confianza legítima de las recurrentes en la regularidad de los regímenes fiscales controvertidos.
Por consiguiente, la argumentación de estas últimas sobre la analogía entre dichos regímenes y los regímenes de 1993 es inoperante,
como ha alegado la Comisión.
De ello se deduce que también procede rechazar por inoperante la alegación relativa al crédito fiscal del 25 %, en la que
se sostenía que este último había sido examinado al mismo tiempo que los regímenes de 1993. En efecto, incluso en el supuesto
de que el procedimiento incoado por la Comisión contra los regímenes de 1993, y por tanto su actitud con respecto a éstos,
también se refiriese a dicho crédito fiscal, de ello no cabe deducir en ningún caso que dicha actitud podría constituir una
circunstancia excepcional que justificase una confianza legítima en la regularidad de los regímenes fiscales controvertidos.
Así pues, procede desestimar igualmente la segunda parte del primer motivo de casación y, por lo tanto, rechazar dicho motivo
en su totalidad.

Sobre el tercer motivo de casación, basado en la inobservancia de las normas en materia de práctica de la prueba
Alegaciones de las partes
En su tercer motivo de casación, las recurrentes alegan que el Tribunal de Primera Instancia no respetó las normas procesales
en materia de práctica de la prueba y violó su derecho a un proceso justo al desestimar su petición, formulada en la vista
oral en primera instancia al amparo del artículo 64, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento de dicho Tribunal, de que
se requiriera a la Comisión para que presentase toda la documentación concerniente a las actas de las reuniones organizadas
en la Comisión de mayo de 1995 a marzo de 1997 sobre los regímenes fiscales controvertidos y los regímenes de 1993; el rechazo
de dicha petición se basó en que el Tribunal de Primera Instancia estimaba suficiente la información que le proporcionaban
los documentos obrantes en autos. La petición se refería en particular al acta de la reunión de 17 de marzo de 1997 entre
representantes de la Comisión y del Gobierno de la Rioja, en la que, según las recurrentes, el Comisario responsable de la
competencia declaró que el examen de los regímenes de 1993 no era competencia de la Unión, sino del Reino de España.
Según las recurrentes, estas pruebas habrían permitido demostrar que la Comisión había adoptado una actitud favorable con
respecto a los regímenes de 1993, incluido el crédito fiscal del 25 %, actitud que constituyó, según ellas, una circunstancia
excepcional que suscitó una confianza legítima de las recurrentes en la legalidad de las disposiciones aplicadas por los regímenes
de 1993 y los regímenes fiscales controvertidos. En su opinión, tales pruebas habrían podido llevar al Tribunal de Primera
Instancia a dictar sentencia en un sentido diferente al de la sentencia recurrida.
En sus escritos de réplica, las recurrentes afirman que, en el presente asunto, la aportación de nuevas pruebas en el acto
de la vista en primera instancia era admisible, puesto que les había sido imposible tener conocimiento previamente de algunos
de los documentos cuya presentación habían solicitado.
La Comisión considera, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia hubiera debido declarar inadmisible este motivo,
ya que la petición de práctica de prueba, presentada en la vista en primera instancia, se había formulado extemporáneamente.
Estima además que dicho motivo será inoperante si el Tribunal de Justicia desestima por infundado el motivo basado en el principio
de protección de la confianza legítima. Por último añade que una parte no puede exigir que su petición de práctica de prueba
sea automáticamente aceptada. En efecto, a su juicio, por un lado, corresponde al Tribunal de Primera Instancia apreciar la
pertinencia de la petición y, por otro, el examen por dicho Tribunal de los documentos internos de la Comisión hubiera requerido
que las recurrentes presentasen la prueba, basada en indicios fundados, de que dicho examen resultaba necesario a la vista
de las circunstancias excepcionales del asunto, cosa que no hicieron.
La Comunidad Autónoma de La Rioja añade que la petición de las recurrentes no tiene pertinencia alguna para la resolución
del litigio, puesto que éstas no han logrado demostrar, mediante la alegación de datos de hecho y contextuales, la existencia
de una circunstancia excepcional que hubiera podido justificar su confianza legítima.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En lo que respecta a la alegación de la Comisión de que la petición formulada por las recurrentes en la fase de la vista en
primera instancia fue extemporánea, basta con recordar que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 64, apartados 3, letra d),
y 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, las partes pueden proponer en cualquier fase del procedimiento
la práctica de diligencias de ordenación del procedimiento, que pueden consistir en requerir la presentación de documentos
o de cualquier escrito relacionado con el asunto (sentencia de 17 de diciembre de 1998, Baustahlgewebe/Comisión, C‑185/95 P,
Rec. p. I‑8417, apartado 92).
Por lo tanto, la petición de las recurrentes no era extemporánea.
Las recurrentes reprochan al Tribunal de Primera Instancia el que considerase, en el apartado 63 de la sentencia recurrida,
que la información que le proporcionaban los documentos que obraban en autos era suficiente y desestimase su petición de que
se presentaran ciertos documentos.
A este respecto es importante recordar que, para permitir que el Tribunal de Primera Instancia determine la utilidad de unas
diligencias de ordenación del procedimiento, la parte que las pide debe identificar los documentos solicitados y facilitar
al Tribunal de Primera Instancia, cuando menos, un mínimo de datos que acrediten la utilidad de tales documentos para el proceso
(sentencia Baustahlgewerbe/Comisión, antes citada, apartado 93).
Además, aunque corresponde al Tribunal de Primera Instancia, con arreglo al artículo 66, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento,
apreciar la utilidad de unas diligencias de prueba para la resolución del litigio pendiente ante él, corresponde sin embargo
al Tribunal de Justicia verificar si el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al negarse a ordenar la
práctica de tales diligencias (véase el auto de 4 de octubre de 2007, Olsen/Comisión, C‑320/05 P, apartados 63 y 64, y la
sentencia Diputación Foral de Vizcaya y otros/Comisión, antes citada, apartado 108).
En el presente asunto, es preciso poner de relieve que la petición de práctica de prueba no permitía identificar los documentos
concretos cuyo presentación se solicitaba, exceptuando el acta de la reunión de 17 de marzo de 1997 entre representantes de
la Comisión y del Gobierno de la Rioja, ni tampoco, en cualquier caso, los datos objetivos contenidos en ellos que habrían
podido respaldar la tesis de las recurrentes.
Además, en lo que respecta a dicha acta, el Tribunal de Primera Instancia pudo considerar que el hecho de que el Comisario
responsable de la competencia hubiese declarado que el examen de los regímenes de 1993 no era competencia de la Unión, sino
del Reino de España, no tenía entidad suficiente para constituir una circunstancia excepcional que pudiera suscitar una confianza
legítima de las recurrentes en la legalidad de las ayudas otorgadas en aplicación de dichos regímenes y, por lo tanto, en
la legalidad de los regímenes fiscales controvertidos.
Dadas estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia pudo desestimar legítimamente la petición formulada por las recurrentes
en la vista de primera instancia para que se presentaran ciertos documentos.
Por consiguiente, procede desestimar por infundado el tercer motivo invocado por las recurrentes en apoyo de su recurso de
casación.

Sobre el segundo motivo de casación, basado en la infracción del artículo 14, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999 en conexión
con la violación del principio de proporcionalidad
Alegaciones de las partes
En su segundo motivo de casación, las recurrentes reprochan al Tribunal de Primera Instancia el que no haya reconocido que,
al ordenar la recuperación de la totalidad de las ayudas otorgadas en aplicación de los regímenes fiscales controvertidos,
la Comisión había violado el principio de proporcionalidad, que le obligaba a adoptar la medida menos gravosa, es decir, a
limitar la obligación de recuperar las ayudas de modo que sólo afectara a los importes que sobrepasaran el límite máximo fijado
para las ayudas de finalidad regional. En efecto, sólo es incompatible con el mercado común la parte de la ayuda que sobrepase
dicho importe. Además, a juicio de las recurrentes, el Tribunal de Primera Instancia justificó erróneamente la inexistencia
de esta limitación en las Decisiones impugnadas invocando una pretendida falta de información procedente de las recurrentes
mientras la Comisión examinaba estos regímenes.
La Comisión sostiene que el hecho de que una ayuda no sobrepase los límites máximos regionales no la hace automáticamente
compatible con el mercado común, pues ella es la única que puede apreciar si la ayuda en cuestión cumple todos los requisitos
establecidos en las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional (DO 1998, C 74, p. 9) y la única que puede
declarar dicha ayuda compatible con el mercado común. Alega además que las autoridades españolas no aportaron la información
solicitada en la decisión de incoación del procedimiento de investigación formal; no invocaron, en las observaciones que presentaron
en dicho procedimiento, la compatibilidad de los regímenes fiscales controvertidos con las normas relativas a las ayudas de
finalidad regional y, en cualquier caso, no probaron ante el Tribunal de Primera Instancia que dichos regímenes cumplieran
los requisitos establecidos en dichas normas.
La Comunidad Autónoma de La Rioja recuerda que un Estado miembro no puede impugnar la legalidad de una decisión en materia
de ayudas estatales alegando datos que él omitió comunicar a la Comisión durante el procedimiento administrativo. Ello resulta
especialmente cierto en el caso de que el Estado miembro haya rehusado responder a una solicitud expresa de información. Además,
para que un régimen de ayudas pueda declararse compatible con el mercado común, es preciso que el conjunto de sus potenciales
casos de aplicación resulte compatible, algo que no ocurre en el presente asunto. No obstante, a su juicio, tal y como recordó
el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 379 de la sentencia recurrida, procede tener en cuenta la posibilidad de que
ciertas ayudas individuales puedan considerarse compatibles por sus propios méritos.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Las recurrentes reprochan en definitiva al Tribunal de Primera Instancia el que no haya reconocido que, para respetar el principio
de proporcionalidad, la Comisión hubiera debido limitar la recuperación de las ayudas ilegales otorgadas en aplicación de
los regímenes fiscales controvertidos, de modo que sólo afectara a los importes de las ayudas que sobrepasaran el límite máximo
fijado para las ayudas de finalidad regional en el País Vasco, pues las ayudas que no sobrepasaran dichos límites máximos
eran, en cambio, compatibles con el mercado común.
A este respecto procede recordar que, ante un régimen de ayudas, la Comisión puede limitarse a estudiar las características
generales del régimen de que se trate, sin estar obligada a examinar cada caso concreto de aplicación del mismo (véase la
sentencia de 9 de junio de 2011, Comitato «Venezia vuole vivere»/Comisión, C‑71/09 P, C‑73/09 P y C‑76/09 P, aún no publicada
en la Recopilación, apartado 130 y jurisprudencia que allí se cita).
Así, en una decisión relativa a un régimen de ayudas, la Comisión no está obligada a efectuar un análisis de la ayuda concedida
en cada caso individual con arreglo a dicho régimen. Únicamente en la fase de recuperación de las ayudas será preciso verificar
la situación individual de cada empresa afectada (véanse la sentencia de 7 de marzo de 2002, Italia/Comisión, C‑310/99, Rec.
p. I‑2289, apartados 89 y 91, y la sentencia Comitato «Venezia vuole vivere»/Comisión, antes citada, apartado 63).
Procede recordar igualmente que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, mencionada por el Tribunal de Primera
Instancia en el apartado 372 de la sentencia recurrida, la supresión de una ayuda ilegal mediante su recuperación es la consecuencia
lógica de la declaración de su ilegalidad, de modo que la recuperación de tal ayuda, con objeto de restablecer la situación
anterior, no puede considerarse, en principio, una medida desproporcionada con respecto a los objetivos de las disposiciones
del Tratado en materia de ayudas estatales (véase en particular la sentencia de 11 de marzo de 2010, CELF y Ministre de la
Culture et de la Communication, C‑1/09, aún no publicada en la Recopilación, apartado 54 y jurisprudencia que allí se cita).
De ello se deduce, por una parte, que la consecuencia de las declaraciones de incompatibilidad con el mercado común que figuran
en las Decisiones impugnadas, relativas a los regímenes fiscales controvertidos como tales, debe ser la supresión de los mismos
y el inicio del proceso de recuperación de la totalidad de las ayudas otorgadas en aplicación de dichos regímenes, sin que
en esta fase sea preciso establecer una distinción en relación con esta obligación, según que los importes que deben recuperarse
sobrepasen o no los límites máximos establecidos para las ayudas de finalidad regional.
Por otra parte, únicamente en una etapa posterior, al proceder a la recuperación efectiva de las ayudas individuales otorgadas
en aplicación de los regímenes fiscales controvertidos, podrían pedir las autoridades españolas a la Comisión que, basándose
en un régimen de ayudas de finalidad regional, excluyera en su caso de la obligación de recuperación alguna ayuda individual
específica (véase en este sentido la sentencia Comitato «Venezia vuole vivere»/Comisión, antes citada, apartados 64 y 115).
El Tribunal de Primera Instancia recordó por lo demás esta consideración en la segunda frase del apartado 379 de la sentencia
recurrida, citando un pasaje de la motivación de las Decisiones impugnadas en el que éstas mencionaban expresamente «la posibilidad
de que ayudas individuales puedan ser consideradas, total o parcialmente, como compatibles con el mercado común en función
de sus méritos propios, ya sea en el marco de una decisión posterior de la Comisión o en aplicación de los reglamentos de
exención».
Pues bien, en el presente asunto, las recurrentes se limitan a alegar que la obligación de recuperación es desproporcionada,
porque se aplica a la totalidad de las ayudas otorgadas en aplicación de los regímenes fiscales controvertidos, en vez de
afectar únicamente a las ayudas que sobrepasen los límites máximos establecidos para las ayudas de finalidad regional. Formulan
además esta alegación, como ha señalado la Comisión y como se indica en el apartado 14 de la presente sentencia y en el apartado
379 de la sentencia recurrida, sin haber aportado en la fase administrativa información que permitiera acreditar que las ayudas
otorgadas en aplicación de los regímenes fiscales controvertidos eran compatibles con el mercado común en ciertos casos individuales,
en particular por haber sido otorgadas respetando los límites máximos regionales aplicables en el País Vasco y por cumplir
todos los requisitos exigidos para acogerse a la excepción establecida en el artículo 87 CE, apartado 3, letra c).
Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia no violó el principio de proporcionalidad, considerado en relación con el artículo
14, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999, al estimar conforme a Derecho el hecho de que las Decisiones impugnadas no hubieran
limitado la obligación de recuperar las ayudas controvertidas de modo que sólo afectara a los importes que sobrepasasen los
límites máximos fijados para las ayudas de finalidad regional. Por lo tanto, procede desestimar el presente motivo de casación.
Como no ha prosperado ninguno de los motivos invocados por las recurrentes en apoyo de sus recursos de casación, procede desestimar
en su totalidad tales recursos.

Sobre las adhesiones a la casación
En sus adhesiones a la casación, las Cámaras de Comercio invocan tres motivos basados en la infracción del artículo 14, apartado
1, del Reglamento nº 659/1999 en conexión con la violación de los principios de seguridad jurídica, de buena administración
y de igualdad de trato, respectivamente.

Sobre los motivos basados en la infracción del artículo 14, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999 en conexión con la violación
de los principios de seguridad jurídica y de buena administración
Alegaciones de las partes
Las Cámaras de Comercio sostienen que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al no considerar que un
procedimiento de examen preliminar de una duración de 38 meses era irrazonable y violaba por tanto los principios de seguridad
jurídica y de buena administración, de modo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento
nº 659/1999, una duración tan larga impedía que se recuperasen las ayudas otorgadas en aplicación de los regímenes fiscales
controvertidos.
En primer lugar alegan que el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó el contenido de las Decisiones impugnadas al afirmar
que el examen de los regímenes fiscales controvertidos había exigido un detallado análisis de la legislación española y de
complejas cuestiones de hecho y de Derecho. Por otra parte, a su juicio, dicho Tribunal tampoco motivó suficientemente esta
apreciación, en particular al no precisar en que había consistido dicho análisis.
Las Cámaras de Comercio afirman, asimismo, que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error al invocar, para justificar
la duración del procedimiento de examen preliminar, el contexto de este examen, es decir, el hecho de que la Comisión había
procedido durante el mismo a examinar las ayudas individuales concedidas a Demesa y Ramondín. Consideran que el Tribunal de
Primera Instancia hizo así caso omiso de la jurisprudencia según la cual el establecimiento de prioridades por parte de la
Comisión menoscaba la exigencia de seguridad jurídica.
Además, las Cámaras de Comercio sostienen que, a la hora de analizar quién era responsable de la duración del procedimiento,
el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error al estimar que la Comisión no había dispuesto de la información necesaria
para incoar el procedimiento de investigación formal hasta el 2 de junio de 1999. A juicio de estas partes, en el caso de
los regímenes de ayudas, la información necesaria para que la Comisión pueda hacerse una primera opinión sobre su compatibilidad
con el mercado común es únicamente la relativa a las características de dichos regímenes, es decir, una información que es
de conocimiento público.
Por último, las Cámaras de Comercio sostienen que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta el hecho de que la Comisión
había incumplido su obligación de publicar en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas,
en cuanto tiene conocimiento de una ayuda potencialmente ilegal, un aviso específico que advierta a los beneficiarios potenciales
de la ayuda de la precariedad de la misma, según lo dispuesto en la Comunicación sobre las ayudas concedidas ilegalmente (DO
1983, C 318, p. 3; EE 08/02, p. 122; en lo sucesivo, «Comunicación de 1983 sobre las ayudas ilegales»).
La Comisión comienza por alegar la inadmisibilidad de los motivos basados en la infracción del artículo 14, apartado 1, del
Reglamento nº 659/1999 en conexión con la violación de los principios de seguridad jurídica y de buena administración. Por
una parte considera que se trata de motivos nuevos, pues las Cámaras de Comercio habían invocado argumentos diferentes en
primera instancia para sostener que la duración del procedimiento de examen preliminar había sido excesiva.
Por otra parte sostiene que, si bien el artículo 40, párrafo cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia y el artículo 116,
apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia no se oponen a que una parte coadyuvante formule
alegaciones nuevas o diferentes de las de la parte a la que apoya, la parte coadyuvante no puede en cambio modificar el marco
del litigio mediante la formulación de motivos nuevos. Ahora bien, los motivos basados en la violación de los principios de
seguridad jurídica y de buena administración no se mencionaron en las demandas que iniciaron el proceso ante el Tribunal de
Primera Instancia. Aunque dicho Tribunal abordó la cuestión de la duración del procedimiento de examen preliminar en relación
con tales motivos, la Comisión estima que hubiera debido declarar la inadmisibilidad de los mismos y que el Tribunal de Justicia
debería proceder, pues, a una sustitución de motivos sobre este punto, si lo estima necesario. La Comisión califica igualmente
de inadmisibles las alegaciones relativas a la complejidad del análisis que ella debía efectuar y al concepto de información
necesaria, ya que son nuevas alegaciones y tienen por objeto una nueva apreciación de los hechos.
A continuación, la Comisión añade que es indispensable un análisis detallado de la legislación fiscal para examinar si una
medida fiscal selectiva puede estar justificada por la naturaleza y la estructura del sistema fiscal del Estado miembro de
que se trate. Por lo que respecta al examen de las ayudas concedidas a Demesa y Ramondín, la Comisión precisa que durante
dicho examen no suspendió el examen de los regímenes fiscales controvertidos, sino que simplemente se centró en los casos
de aplicación de los mismos de los que tenía conocimiento. En lo que atañe a la apreciación del Tribunal de Primera Instancia
sobre la información necesaria para la incoación del procedimiento formal, la Comisión recuerda que ella disfruta de cierto
margen de apreciación en la tramitación del examen preliminar y que, en el presente asunto, la información que había solicitado
en esta fase estaba destinada a permitirle determinar el alcance real de los regímenes fiscales controvertidos.
Por último, la Comisión sostiene que la recuperación de las ayudas no puede quedar supeditada a la publicación en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
del aviso previo contemplado en la Comunicación de 1983 sobre las ayudas ilegales.
Apreciación del Tribunal de Justicia
–       Sobre la admisibilidad
La Comisión alega en primer lugar que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error al considerar admisible la argumentación
desarrollada por las Cámaras de Comercio para criticar la duración del procedimiento de examen preliminar, basada en los principios
de seguridad jurídica y de buena administración.
A este respecto conviene señalar que, en la medida en que, con arreglo al artículo 40, párrafo cuarto, del Estatuto del Tribunal
de Justicia, las pretensiones del escrito de formalización de la intervención no tengan otro fin que apoyar las pretensiones
de una de las partes, procede considerar admisibles los motivos formulados por el coadyuvante que sean distintos de los utilizados
por los demandantes en apoyo de su argumentación (véase en este sentido la sentencia de 8 de julio de 2010, Comisión/Italia,
C‑334/08, aún no publicada en la Recopilación, apartados 53 a 56 y jurisprudencia que allí se cita).
Pues bien, en el presente asunto, aunque la Comisión señala que, en sus demandas en primera instancia, las recurrentes invocaron
únicamente la violación del principio de protección de la confianza legítima como base para su argumentación sobre la duración
irrazonable del procedimiento de examen preliminar de los regímenes fiscales controvertidos, las Cámaras de Comercio solicitaron
sin embargo, en sus escritos de formalización de la intervención ante el Tribunal de Primera Instancia, al igual que las recurrentes
en las demandas que iniciaron el proceso, la anulación de las Decisiones impugnadas, alegando en particular la duración, a
su juicio irrazonable, del procedimiento de examen preliminar de los regímenes fiscales controvertidos.
Así pues, el Tribunal de Primera Instancia actuó conforme a Derecho al considerar, en el apartado 294 de la sentencia recurrida,
que la argumentación invocada por las Cámaras de Comercio, basada en la violación de los principios de seguridad jurídica
y de buena administración causada por la duración del procedimiento de examen preliminar, no modificaba el objeto del litigio,
por lo que procedía declarar su admisibilidad.
A continuación, en lo que respecta a la alegación de la Comisión de que los motivos invocados por las Cámaras de Comercio
son motivos nuevos, basta con hacer constar que, en sus escritos de formalización de la intervención, estas últimas habían
alegado que las Decisiones impugnadas habían incurrido en una infracción del artículo 14, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999
en conexión con la violación de ciertos principios generales del Derecho de la Unión, y en el seno de este motivo habían hecho
referencia expresa a los principios de buena administración y de seguridad jurídica en conexión con la argumentación relativa
a la duración del procedimiento de examen preliminar. Por lo tanto, no cabe acoger la alegación relativa a la novedad de los
motivos invocados por las Cámaras de Comercio en la fase de adhesión a la casación.
Por consiguiente, procede declarar la admisibilidad de las adhesiones a la casación en lo que respecta a los motivos basados
en la infracción del artículo 14, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999 en conexión con la violación de los principios de
seguridad jurídica y de buena administración.
En cambio, como acertadamente alega la Comisión, procede declarar la inadmisibilidad de la argumentación de las Cámaras de
Comercio contra la constatación formulada por el Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 301 de la sentencia recurrida,
sobre la complejidad del análisis que se vio obligada a efectuar la Comisión al examinar los regímenes fiscales controvertidos.
En efecto, esta argumentación pretende impugnar la apreciación de los hechos llevada a cabo por el Tribunal de Primera Instancia,
mientras que el recurso de casación debe limitarse a las cuestiones de Derecho [véase la sentencia de 19 de abril de 2007,
Holcim (Deutschland)/Comisión, C‑282/05 P, Rec. p. I‑2941, apartado 54].
Por último, en lo que respecta a las alegaciones de las Cámaras de Comercio contra la constatación del Tribunal de Primera
Instancia según la cual la Comisión no había dispuesto de la información necesaria para incoar el procedimiento de investigación
formal hasta el 2 de junio de 1999, procede declarar su admisibilidad.
Como el Tribunal de Primera Instancia estimó, en el apartado 305 de la sentencia recurrida, que la Comisión no había podido
incoar el procedimiento de investigación formal antes de dicha fecha por no disponer de la información necesaria al efecto,
son admisibles las alegaciones de las Cámaras de Comercio contra esta constatación, puesto que fue efectuada por primera vez
en la sentencia recurrida (véase la sentencia de 21 de febrero de 2008, Comisión/Girardot, C‑348/06 P, Rec. p. I‑833, apartado
50 y jurisprudencia que allí se cita). Además, la cuestión de si el Tribunal de Primera Instancia actuó conforme a Derecho
al proceder a esta constatación está estrechamente relacionada con la cuestión de si la duración del procedimiento de examen
preliminar fue o no razonable, que concierne a una cuestión de Derecho que puede ser sometida al control del Tribunal de Justicia
en un recurso de casación y que es, por tanto, admisible.
–       Sobre el fondo
En los dos primeros motivos invocados en sus adhesiones a la casación, las Cámaras de Comercio alegan esencialmente que la
larga duración del procedimiento de examen preliminar vulnera los principios de seguridad jurídica y de buena administración,
y que tal duración se opone por tanto, con arreglo al artículo 14, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999, a la recuperación
de las ayudas otorgadas en aplicación de los regímenes fiscales controvertidos. A este respecto sostienen que el Tribunal
de Primera Instancia cometió un error de Derecho al estimar que la duración del procedimiento no era irrazonable y que no
vulneraba por tanto dichos principios.
Con carácter preliminar procede hacer constar que, según los términos del artículo 14, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999,
la Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio general del Derecho de la Unión.
De ello se deduce que un Estado miembro puede oponerse a la recuperación de una ayuda ilegal cuando existan unas circunstancias
tales que la recuperación efectiva de la ayuda en esas circunstancias constituiría una violación de un principio general del
Derecho de la Unión.
En primer lugar, las Cámaras de Comercio invocan el carácter a su juicio irrazonable del período de 38 meses transcurrido
entre la presentación de la primera denuncia relativa a las ayudas individuales otorgadas a Demesa, en junio de 1996, y la
incoación del procedimiento de investigación formal de los regímenes fiscales controvertidos, en agosto de 1999.
Pues bien, por una parte, es preciso poner de relieve que los regímenes fiscales controvertidos no fueron notificados a la
Comisión, como exigía el artículo 88 CE, apartado 3. Por lo tanto, si bien es cierto que en los procedimientos de examen de
ayudas estatales la Comisión tiene la obligación de actuar dentro de un plazo razonable y no está autorizada a perpetuar un
estado de inactividad durante la fase de examen preliminar (véase la sentencia de 17 de julio de 2008, Athinaïki Techniki/Comisión,
C‑521/06 P, Rec. p. I‑5829, apartado 40, y la sentencia Diputación Foral de Vizcaya y otros/Comisión, antes citada, apartado
155), en el presente asunto, al no haberse notificado los regímenes fiscales controvertidos, la Comisión no estaba sometida
a la regla del plazo de examen de dos meses, fijada en el artículo 4, apartado 5, del Reglamento nº 659/1999 y cuyo origen
se halla en la sentencia de 11 de diciembre de 1973, Lorenz (120/73, Rec. p. 1471).
Por otra parte, procede hacer constar que el punto de partida del plazo de 38 meses invocado por las Cámaras de Comercio fue
una denuncia dirigida, no contra los regímenes fiscales controvertidos, sino contra las ayudas individuales otorgadas a Demesa
con arreglo, entre otros, a estos regímenes, sin que las partes coadyuvantes hayan probado, por un lado, que la presentación
de dicha denuncia fue el momento a partir del cual la Comisión dispuso de los datos necesarios para incoar el procedimiento
de investigación formal de estos regímenes ni tampoco, por otro lado, la fecha concreta en que la Comisión tuvo conocimiento
de tales datos.
Ahora bien, según se desprende del apartado 17 de la sentencia recurrida, la Comisión tuvo conocimiento de la existencia de
los regímenes fiscales controvertidos en la provincia de Álava con ocasión de los procedimientos abiertos a raíz de dos denuncias
contra la concesión de un crédito fiscal del 45 % a las empresas Demesa y Ramondín, implantadas en esa provincia.
Posteriormente, gracias a informaciones comunicadas de manera informal, la Comisión supo de la existencia de medidas similares
en las provincias de Vizcaya y de Guipúzcoa, adoptadas respectivamente en diciembre de 1996 y de 1997, y en marzo de 1999
solicitó a las autoridades españolas información sobre los regímenes adoptados en estas dos provincias.
Por último, tras recibir el 2 de julio de 1999 la información solicitada, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación
formal de los regímenes fiscales controvertidos en agosto de ese mismo año.
Es preciso poner de relieve, pues, que la información relativa a los regímenes fiscales controvertidos que permitió que la
Comisión incoase el procedimiento de investigación formal de dichos regímenes no llegó a su poder en el momento en que recibió
las denuncias contra las ayudas individuales otorgadas a Demesa y a Ramondín, sino que la Comisión obtuvo esta información
gradualmente, a medida que instruía las denuncias contra esas ayudas individuales y examinaba en paralelo tales denuncias
y estos regímenes.
Habida cuenta de las circunstancias que se acaban de exponer, y en particular del hecho de que las Cámaras de Comercio no
han aportado pruebas que acrediten que la Comisión disponía, antes de agosto de 1999, de información suficiente para incoar
el procedimiento de investigación formal de los regímenes fiscales controvertidos, procede hacer constar que no cabe reprochar
a dicha institución el que no actuase dentro de un plazo razonable, ni tampoco afirmar que su comportamiento durante la tramitación
del procedimiento de examen preliminar de dichos regímenes constituyó una violación de los principios de seguridad jurídica
y de buena administración a efectos del procedimiento de recuperación de las ayudas de que se trata, con las consecuencias
establecidas en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999.
En segundo lugar, las Cámaras de Comercio alegan que la Comisión violó los principios de seguridad jurídica y de buena administración
al no publicar un aviso en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas,
infringiendo así lo dispuesto en la Comunicación de 1983 sobre las ayudas ilegales.
No cabe acoger esta alegación. En efecto, como se ha declarado en el apartado 164 de la sentencia Diputación Foral de Vizcaya
y otros/Comisión, antes citada, esa omisión no puede impedir la recuperación de las ayudas concedidas ilegalmente en aplicación
de los regímenes fiscales controvertidos, en especial habida cuenta de de que, en el caso de las ayudas no notificadas, lo
que provoca una falta de seguridad jurídica para los beneficiarios no es el hecho de que se omita publicar ese aviso, sino
la falta de notificación de las ayudas.
Habida cuenta de las consideraciones expuestas, procede declarar que las circunstancias invocadas por las Cámaras de Comercio
no constituyen una violación de un principio general del Derecho de la Unión que impida la recuperación de las ayudas concedidas
en aplicación de los regímenes fiscales controvertidos, y que el Tribunal de Primera Instancia actuó conforme a Derecho al
desestimar el motivo relativo a la infracción del artículo 14, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999.
Por consiguiente, procede desestimar los dos primeros motivos invocados por las Cámaras de Comercio en apoyo de sus adhesiones
a la casación.

Sobre el motivo basado en la infracción del artículo 14, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999, en conexión con la violación
del principio de igualdad de trato
Alegaciones de las partes
Según las Cámaras de Comercio, el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al considerar, en el apartado
355 de la sentencia recurrida, que procedía declarar la inadmisibilidad de su motivo relativo a la violación del principio
de igualdad de trato. Sostienen así que toda parte coadyuvante tiene derecho a exponer de manera autónoma, no sólo alegaciones,
sino también motivos, siempre que éstos apoyen las pretensiones de una de las partes principales y no sean totalmente ajenos
a las consideraciones que fundan el litigio. Pues bien, a su juicio, el motivo de que se trata no era totalmente ajeno al
litigio, dada su proximidad al motivo basado en la violación del principio de protección de la confianza legítima. En cuanto
al fondo, consideran fundado el motivo, puesto que la Comisión ha tenido en cuenta, en su práctica decisoria, la duración
del procedimiento como circunstancia que puede justificar una confianza legítima.
A juicio de la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia actuó conforme a Derecho al declarar la inadmisibilidad de este
motivo, en la medida en que no figuraba en las demandas presentadas en primera instancia. En cualquier caso, la Comisión estima
que el motivo carece de fundamento, dado que las coadyuvantes no han demostrado que las situaciones que se contemplan en los
presentes litigios sean comparables a las que dieron lugar a la adopción de las decisiones de la Comisión invocadas por ellas.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Procede recordar que, en los apartados 355 a 361 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia consideró que
procedía declarar la inadmisibilidad del motivo relativo a la violación del principio de igualdad de trato y que, en cualquier
caso, dicho motivo carecía de fundamento.
A este respecto procede hacer constar que, incluso en el supuesto de que la apreciación del Tribunal de Primera Instancia
sobre la admisibilidad de dicho motivo fuera errónea, como alegan las Cámaras de Comercio, procedería desestimar por inoperante
esta argumentación, dado que el rechazo de este motivo por parte del Tribunal de Primera Instancia no se basa únicamente en
la inadmisibilidad del mismo.
En efecto, el Tribunal de Primera Instancia consideró igualmente que dicho motivo carecía de fundamento, sin que las Cámaras
de Comercio hayan logrado demostrar en sus adhesiones a la casación que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error
de Derecho a este respecto.
Las Cámaras de Comercio, en efecto, no han acreditado de modo jurídicamente suficiente las razones por las que las situaciones
que dieron lugar a la sentencia recurrida son comparables a otras en las que la Comisión había estimado anteriormente que
la duración excesiva del procedimiento de examen preliminar podía suscitar una confianza legítima en la regularidad de una
ayuda estatal.
Como indicó el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 359 de la sentencia recurrida, en las decisiones anteriores invocadas
por las Cámaras de Comercio, la Comisión había tomado en consideración, entre otros factores, el hecho de que en otras decisiones
relativas a medidas análogas se había declarado expresamente la inexistencia de ayuda, o el hecho de que la larga duración
del procedimiento no era en absoluto imputable al Estado miembro o el hecho de que el beneficio fiscal controvertido no había
sido aplicado al único beneficiario del régimen en cuestión. Ahora bien, en los presentes asuntos, las circunstancias son
totalmente diferentes y no pueden compararse con las que dieron lugar a aquellas decisiones, de modo que el Tribunal de Primera
Instancia no incurrió en error de Derecho al considerar que las partes coadyuvantes no habían acreditado la violación del
principio de igualdad de trato (véase la sentencia Diputación Foral de Vizcaya y otros/Comisión, antes citada, apartados 180
y 181).
Por lo tanto, no procede acoger el tercer motivo invocado por las Cámaras de Comercio en apoyo de sus adhesiones a la casación.
Como no ha prosperado ninguno de los motivos invocados por las Cámaras de Comercio en apoyo de sus adhesiones a la casación,
procede desestimarlas en su totalidad.

Costas
El artículo 122, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia establece que el Tribunal de Justicia
decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado o cuando, siendo éste fundado, dicho Tribunal resuelva
definitivamente sobre el litigio. A tenor del artículo 69, apartado 2, del citado Reglamento, aplicable al procedimiento de
casación en virtud de su artículo 118, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado
la otra parte. El apartado 4, párrafo primero, de este mismo artículo dispone, por su parte, que los Estados miembros que
intervengan como coadyuvantes en el litigio soportarán sus propias costas.
En los presentes asuntos, como los respectivos motivos de las recurrentes y de las Cámaras de Comercio han sido desestimados,
procede condenarlas a cargar a partes iguales con las costas de los recursos de casación.
De conformidad con el artículo 69, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, el Reino de España soportará
sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide:
1)
Desestimar los recursos de casación y las adhesiones a la casación.
2)
Condenar al Territorio Histórico de Vizcaya – Diputación Foral de Vizcaya, al Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral
de Álava, al Territorio Histórico de Guipúzcoa – Diputación Foral de Guipúzcoa, a la Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Navegación de Vizcaya, a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava y a la Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Navegación de Guipúzcoa a cargar a partes iguales con las costas de los presentes recursos de casación.
3)
El Reino de España soportará sus propias costas.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: español.