CELEX: 62010CJ0442
Seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos automóviles
Directiva 84/5/CEE
Artículos 1, apartado 4, y 2, apartado 1
Tercero víctima
Autorización para conducir expresa o implícita
Directiva 90/232/CEE
Artículo 1, párrafo primero
Directiva 2009/103/CE
Artículos 10, 12, apartado 1, y 13, apartado 1
Víctima de un accidente de tráfico que es ocupante de un vehículo con respecto al cual está asegurado como conductor
Vehículo conducido por una persona no asegurada por la póliza de seguro
Víctima asegurada no excluida de la cobertura del seguro

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 12, apartado 1, y 13, apartado 1,
de la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad
civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad
(DO L 263, p. 11).
Dicha petición se presentó en el marco de sendos litigios entre, por un lado, Churchill Insurance Company Limited (en lo sucesivo,
«Churchill») y el Sr. Wilkinson y, por otro, la Sra. Evans y Equity Claims Limited (en lo sucesivo, «Equity»), litigios que
versan sobre la indemnización de daños sufridos en accidentes de tráfico.

Marco jurídico

Derecho de la Unión
A tenor del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de
vehículos automóviles, así como del control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (DO L 103, p. 1; EE 13/02, p. 113;
en lo sucesivo, «Primera Directiva»):
«Cada Estado miembro adoptará todas las medidas oportunas [...] para que la responsabilidad civil relativa a la circulación
de vehículos que tengan su estacionamiento habitual en su territorio sea cubierta mediante un seguro. Los daños que se cubran,
así como las modalidades de dicho seguro, se determinarán en el marco de tales medidas.»
La Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles
(DO 1984, L 8, p. 17; EE 13/15, p. 244; en lo sucesivo, «Segunda Directiva»), declara en los considerandos sexto a octavo:
«Considerando que es necesario prever que un organismo garantice que la víctima no se quede sin indemnización en el caso en
que el vehículo que haya causado el siniestro no estuviera asegurado o no fuera identificado; que, sin modificar las disposiciones
aplicadas por los Estados miembros en lo referente al carácter subsidiario o no de la intervención de dicho organismo así
como a las normas aplicables en materia de subrogación, es importante prever que la víctima de tal siniestro pueda dirigirse
directamente a dicho organismo como primer punto de contacto; que, no obstante, conviene dar a los Estados miembros la posibilidad
de aplicar determinadas exclusiones limitadas en lo que se refiere a la intervención de dicho organismo y que, en caso de
daños materiales causados por un vehículo no identificado, vistos los riesgos de fraude, conviene prever que la indemnización
de tales daños pueda ser limitada o excluida;
Considerando que es interés de las víctimas que los efectos de determinadas cláusulas de exclusión estén limitados a las relaciones
entre el asegurador y el responsable del accidente; que, sin embargo, en el caso de los vehículos robados u obtenidos por
la fuerza, los Estados miembros pueden prever que el organismo citado intervenga para indemnizar a la víctima;
Considerando que para aligerar la carga financiera que debe soportar dicho organismo, los Estados miembros pueden prever la
aplicación de determinadas franquicias cuando intervenga para la indemnización de los daños materiales causados por vehículos
no asegurados o, en su caso, robados u obtenidos por la fuerza».
El artículo 1, apartado 4, de la Segunda Directiva establece que cada Estado miembro creará o autorizará un organismo que
tendrá por misión reparar, al menos hasta los límites de la obligación del aseguramiento, los daños materiales o corporales
causados por un vehículo no identificado o no asegurado (en lo sucesivo, «organismo nacional»). La citada disposición preceptúa
en su tercer párrafo:
«[...] Los Estados miembros podrán excluir de la intervención de dicho organismo a las personas que ocupen asiento por propia
voluntad en el coche que haya causado el daño, cuando el organismo pueda probar que dichas personas sabían que el vehículo
no estaba asegurado.»
En virtud del párrafo cuarto de la citada disposición, los Estados miembros también podrán limitar o excluir la intervención
de dicho organismo en caso de daños materiales causados por un vehículo no identificado y, según el párrafo quinto de la misma,
podrán autorizar, para los daños materiales causados por un vehículo no asegurado, una franquicia, oponible a la víctima,
que no excederá de 500 euros.
Las reglas aplicables a dichos organismos nacionales fueron precisadas y completadas posteriormente, en particular por la
Directiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, por la que se modifican las Directivas 72/166/CEE,
84/5/CEE, 88/357/CEE y 90/232/CEE del Consejo y la Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativas al
seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles (DO L 149, p. 14). Así pues, el artículo
1, apartado 4, párrafo tercero, de la Segunda Directiva es actualmente, en lo esencial, el artículo 1, apartado 5, párrafo
segundo, de la Segunda Directiva, en su versión modificada por la Directiva 2005/14.
El artículo 2, apartado 1, de la Segunda Directiva dispone lo siguiente:
«Cada Estado miembro tomará las medidas apropiadas para que toda disposición legal o cláusula contractual que esté contenida
en una póliza de seguros librada de conformidad con el apartado 1 del artículo 3 de la [Primera Directiva], que excluye del
seguro la utilización o la conducción de vehículos por:
–        personas que no estén ni expresa ni implícitamente autorizadas para ello,
o
–        personas no titulares de un permiso que les permita conducir el vehículo de que se trate,
o
–        personas que no cumplan las obligaciones legales de orden técnico referentes al estado y seguridad del vehículo de que se
trate,
sea reputada sin efecto en lo que se refiere al recurso de los terceros, víctimas de un siniestro, para la aplicación del
apartado 1 del artículo 3 de la [Primera Directiva].
Sin embargo, la disposición o la cláusula mencionada en el primer guión podrá ser opuesta a las personas que ocupen asiento
por voluntad propia en el vehículo que haya causado el daño, cuando el asegurador pueda probar que sabían que el vehículo
era robado.
[...]»
Según los considerandos cuarto y quinto de la Directiva 90/232/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1990, Tercera Directiva relativa
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación
de vehículos automóviles (DO L 129, p. 33; en lo sucesivo, «Tercera Directiva»):
«Considerando que es necesario garantizar a las víctimas de accidentes automovilísticos un trato comparable, sea cual fuere
el lugar de la Comunidad en que haya ocurrido el accidente;
Considerando, en particular, que existen lagunas legales en lo que respecta a la cobertura del seguro obligatorio de ocupantes
de automóviles en algunos Estados miembros; que, con el fin de proteger a esta categoría, especialmente vulnerable, de posibles
víctimas, conviene colmar tales lagunas».
El artículo 1, párrafo primero, de la Tercera Directiva estipula lo siguiente:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 2 de la [Segunda Directiva], el seguro a
que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 3 de la [Primera Directiva] cubrirá la responsabilidad por daños corporales
de todos los ocupantes, con excepción del conductor, derivados de la circulación de un vehículo.»
La Directiva 2009/103 codificó las Directivas anteriores en materia de seguro obligatorio de la responsabilidad civil que
resulta de la circulación de vehículos automóviles (en lo sucesivo, «responsabilidad civil de vehículos automóviles») y, por
tanto, derogó tales Directivas con efecto a partir del 27 de octubre de 2009. Según la tabla de correspondencias que figura
en el anexo II de dicha Directiva, el artículo 3, apartado 1, de la Primera Directiva se corresponde con el artículo 3, párrafos
primero y segundo, de la Directiva 2009/103; los artículos 1, apartado 4, párrafo tercero, y 2, apartado 1, de la Segunda
Directiva se corresponden respectivamente con los artículos 10, apartado 2, párrafo segundo, y 13, apartado 1, de la Directiva
2009/103, y el artículo 1, párrafo primero, de la Tercera Directiva se corresponde con el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2009/103.

Derecho nacional
El artículo 151 de la Road Traffic Act 1988 (Ley de Circulación por Carretera de 1988; en lo sucesivo, «Ley de 1988»), relativo
a la obligación del asegurador de dar cumplimiento a una sentencia recaída en materia de responsabilidad civil del tipo de
la que cubre la póliza de seguro obligatorio, dispone lo siguiente:
«1.   El presente artículo será aplicable, una vez que se haya extendido [...] un certificado de seguro [...] a la persona que ha
suscrito la póliza [...], cuando se dicte una sentencia a la que sea aplicable el presente apartado.
[...]
5.     Con independencia de que el asegurador pueda tener derecho a resolver o rescindir la póliza, o de que pueda haberla resuelto
o rescindido, [...] y sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, aquél estará obligado a abonar a las personas
que puedan invocar la sentencia:
a)     respecto de la responsabilidad por causa de muerte o de daños corporales, las cantidades que hayan de pagarse en virtud de
la sentencia relativa a [dicha] responsabilidad [...],
[...]
[...]
8.     Cuando, en virtud del presente artículo, el asegurador tenga que pagar una cantidad debido a la responsabilidad de una persona
que no está asegurada por una póliza de seguro [...], tendrá derecho a recuperar dicha cantidad de esta persona o de cualquier
otra que:
a)     esté asegurada por la póliza de seguro [...], en virtud de la cual la responsabilidad estaría cubierta si la póliza asegurase
a todas las personas [...] y
b)     haya permitido o haya dado lugar a la utilización del vehículo que ha originado la responsabilidad.
[...]»

Litigios principales y cuestiones prejudiciales
El Sr. Wilkinson había sido designado como conductor en una póliza de seguro suscrita con Churchill para la utilización de
un vehículo. El 23 de noviembre de 2005, permitió a un amigo conducir dicho vehículo y tomó asiento en el mismo como ocupante.
Consta que el Sr. Wilkinson sabía que esta persona no estaba asegurada por la póliza de seguro. El conductor perdió el control
del vehículo, colisionando con un vehículo que circulaba en sentido contrario. El Sr. Wilkinson fue gravemente herido. Churchill
reconoció que debía indemnizar al Sr. Wilkinson, pero reclamó a éste, en virtud del artículo 151, apartado 8, de la Ley de
1988, que le resarciera, en su condición de asegurado, por un importe igual al de la indemnización que le era debida, lo cual
fue impugnado por el Sr. Wilkinson. Dado que el juez de primera instancia adoptó una resolución favorable a éste, Churchill
interpuso recurso de apelación contra esa resolución ante el órgano jurisdiccional remitente.
La Sra. Evans, propietaria de un ciclomotor asegurado por Equity, estaba asegurada para conducirlo, con excepción de cualquier
otra persona. El 4 de agosto de 2004, permitió a un amigo conducir el ciclomotor, tomando asiento ella detrás como ocupante.
Por negligencia, el conductor colisionó con la parte trasera de un camión. La Sra. Evans fue gravemente herida. El juez de
primera instancia consideró que, al dar permiso a ese conductor para conducir su ciclomotor, la Sra. Evans no se planteó si
estaba asegurado para ello. Dicho juez consideró asimismo que Equity tenía derecho, en virtud del artículo 151, apartado 8,
de la Ley de 1988, a obtener un resarcimiento por las cantidades que hubiera debido pagar a la Sra. Evans, ya que ésta autorizó
a conducir el ciclomotor a una persona que no estaba asegurada. La Sra. Evans interpuso recurso de apelación contra esa resolución
ante el órgano jurisdiccional remitente.
Churchill y Equity alegan ante el órgano jurisdiccional remitente que el artículo 151, apartado 8, de la Ley de 1988 no constituye
una disposición «que excluya del seguro», a efectos del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2009/103, y que cada uno
de los conductores de que se trata tenía la autorización necesaria para utilizar o conducir el vehículo en cuestión. En cambio,
el Sr. Wilkinson y la Sra. Evans alegan, por una parte, que esta disposición, cuando se aplica a un asegurado víctima de modo
que no pueda percibir un pago de su asegurador, excluye a tal víctima del seguro, a efectos de dicho artículo 13, apartado
1, y, por otra, que la autorización a la que se refiere esta disposición es la del asegurador, no la del asegurado.
El órgano jurisdiccional remitente señala que, en Derecho inglés, el alcance del artículo 151, apartado 8, de la Ley de 1988
tiene por efecto excluir automáticamente de la cobertura del seguro al asegurado que, habiendo tomado asiento como ocupante
en el vehículo para cuya conducción está asegurado, dio permiso para conducirlo a un conductor no asegurado. Aquel tribunal
alberga dudas acerca de si el Derecho de la Unión se opone a semejante exclusión y de si dicha disposición podría eventualmente
ser objeto de una interpretación conforme con el Derecho de la Unión.
El órgano jurisdiccional remitente considera que, según la jurisprudencia, el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2009/103
debe interpretarse en sentido amplio. No obstante, sostiene que, en circunstancias como las que concurren en el asunto de
que conoce, semejante interpretación supondría una diferencia de trato en relación con la situación regulada por el artículo
10, apartado 2, de dicha Directiva. Subraya asimismo que la situación en la que se encuentra el ocupante de un vehículo, que
es el asegurado y que permite conducirlo a un conductor no asegurado, puede variar en función de que tal ocupante sepa o no
que el conductor no está asegurado o de que el ocupante se haya planteado o no si el conductor estaba asegurado.
En estas circunstancias, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) decidió suspender el procedimiento y plantear
al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)   ¿Deben interpretarse los artículos 12, apartado 1, y 13, apartado 1, de la Directiva [2009/103] en el sentido de que se oponen
a disposiciones de Derecho nacional cuya aplicación, en tanto normas nacionales pertinentes, determina que quede excluido
de las prestaciones del seguro una víctima de un accidente de tráfico cuando concurran todas y cada una de las siguientes
circunstancias:
–        el accidente sea provocado por un conductor no asegurado;
–        la víctima haya autorizado al conductor no asegurado a conducir el vehículo;
–        la víctima era un pasajero del vehículo en el momento de producirse el accidente;
–        la víctima estaba asegurada para conducir el vehículo en cuestión?
En particular:
–        ¿Debe calificarse dicha disposición de Derecho nacional como una disposición que “excluye del seguro” en el sentido del artículo
13, apartado 1, de la Directiva [2009/103]?
–        En circunstancias como las que concurren en el presente asunto, ¿el permiso que el [asegurado] da a la persona no asegurada
debe considerarse una “autorización expresa o implícita” en el sentido del artículo 13, apartado 1, letra a), de la Directiva [2009/103]?
–        ¿Afecta a la respuesta a esta cuestión el hecho de que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Directiva [2009/103],
los organismos nacionales que tienen por misión indemnizar los daños causados por vehículos no identificados o no asegurados
puedan denegar el pago de la indemnización a las personas que ocuparan asiento por propia voluntad en el vehículo que haya
causado el daño o las lesiones cuando el organismo pueda probar que dichas personas sabían que el vehículo no estaba asegurado?
2)     ¿La respuesta a la primera cuestión depende de si el permiso de que se trata [...] había sido dado sabiendo efectivamente
que el conductor en cuestión no estaba asegurado, o [...] había sido dado en la creencia de que el conductor estaba asegurado,
o [incluso] [...] [de si] había sido dado por la persona asegurada sin plantearse si el conductor estaba o no asegurado?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Primera cuestión prejudicial
Procede señalar con carácter preliminar que la Directiva 2009/103 no estaba en vigor en el momento en que sucedieron los hechos
en el litigio principal. Por tanto, hay que entender que la cuestión planteada no se refiere a las disposiciones de la Directiva
2009/103, sino a las disposiciones correspondientes de las Directivas Segunda y Tercera, que son aplicables
ratione temporis
a tales hechos y que fueron recogidas más tarde en la Directiva 2009/103.
De ello se deduce que, mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pide esencialmente que
se dilucide si los artículos 1, párrafo primero, de la Tercera Directiva y 2, apartado 1, de la Segunda Directiva deben interpretarse
en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que tiene por efecto excluir automáticamente de la cobertura del seguro
a una víctima de un accidente de tráfico cuando éste ha sido causado por un conductor no asegurado y la víctima, ocupante
del vehículo en el momento de producirse el accidente, estaba asegurada para conducir dicho vehículo y había dado permiso
para conducirlo a ese conductor.
A este respecto, Churchill y Equity alegan en primer lugar que las disposiciones de la Directiva 2009/103 que se corresponden
con el artículo 2, apartado 1, de la Segunda Directiva no son aplicables en este caso. Afirman que el artículo 151, apartado
8, de la Ley de 1988 no constituye una exclusión de la cobertura del seguro obligatorio. En su opinión, esta disposición simplemente
confiere al asegurador, cuando tiene que pagar una indemnización debido a la responsabilidad de un conductor no cubierto por
el seguro, la posibilidad de ejercitar una acción de repetición contra el asegurado para recuperar tal indemnización si el
asegurado ha permitido o ha dado lugar a que ese conductor utilice el vehículo.
No obstante, según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE, las funciones
del Tribunal de Justicia y las del órgano jurisdiccional remitente están claramente diferenciadas y corresponde exclusivamente
a este último interpretar el Derecho nacional y apreciar sus efectos (véanse las sentencias de 3 de febrero de 1977, Benedetti,
52/76, Rec. p. 163, apartado 25; de 21 de septiembre de 1999, Kordel y otros, C‑397/96, Rec. p. I‑5959, apartado 25, y de
17 de julio de 2008, Corporación Dermoestética, C‑500/06, Rec. p. I‑5785, apartado 21).
Pues bien, de la resolución de remisión se desprende que el tribunal que conoce del asunto principal interpreta el artículo
151, apartado 8, de la Ley de 1988, en circunstancias tales como las descritas en la primera cuestión prejudicial, no en el
sentido de que establece el pago de una indemnización por el asegurador al asegurado víctima, seguido del reembolso al asegurador
de dicha indemnización por parte del asegurado, sino en el sentido de que tiene por efecto excluir automáticamente de la cobertura
del seguro al ocupante, víctima de un accidente de tráfico, que estaba asegurado y que dio permiso para conducir a un conductor
no asegurado.
De ello se infiere que las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia en este caso no versan sobre la compatibilidad con
el Derecho de la Unión de una norma que regula la responsabilidad civil, sino que se refieren a la compatibilidad con este
Derecho de una disposición que, según interpreta el órgano jurisdiccional remitente, al excluir automáticamente el derecho
a la indemnización debida eventualmente al asegurado, limita el alcance de la cobertura de la responsabilidad civil. Por tanto,
las cuestiones planteadas se inscriben efectivamente en el ámbito de aplicación de la normativa de la Unión en esta materia.
Churchill, Equity y el Gobierno del Reino Unido aducen asimismo que debe darse una respuesta negativa a la primera cuestión
prejudicial. A su juicio, las personas que se encuentren en una situación como la del Sr. Wilkinson y la Sra. Evans no pueden
ser calificadas de terceros víctimas en el sentido del artículo 2, apartado 1, de la Segunda Directiva.
En cambio, el Sr. Wilkinson, la Sra. Evans y la Comisión Europea consideran que la normativa de la Unión en materia de seguro
obligatorio de responsabilidad civil de vehículos automóviles se opone a una disposición nacional como la descrita en la primera
cuestión prejudicial. La Comisión estima, en particular, que la víctima de un accidente de tráfico no puede ser excluida de
la calificación de ocupante por el mero hecho de ser también la persona asegurada. Por consiguiente, según la Comisión, una
víctima que es también el asegurado debe ser asimilada a un tercero víctima en el sentido del artículo 2, apartado 1, de la
Segunda Directiva.
A este respecto, procede recordar que el objetivo de la normativa de la Unión en materia de seguro obligatorio de responsabilidad
civil de vehículos automóviles es garantizar la libre circulación tanto de los vehículos con estacionamiento habitual en el
territorio de la Unión como de los ocupantes de dichos vehículos y que las víctimas de accidentes causados por estos vehículos
reciban un trato comparable, sea cual fuere el lugar de la Unión en que haya ocurrido el accidente (véanse, en particular,
las sentencias de 28 de marzo de 1996, Ruiz Bernáldez, C‑129/94, Rec. p. I‑1829, apartado 13, y de 30 de junio de 2005, Candolin
y otros, C‑537/03, Rec. p. I‑5745, apartado 17). Otro de sus objetivos es, a tenor del quinto considerando de la Tercera Directiva,
proteger a los ocupantes de vehículos automóviles, categoría de posibles víctimas especialmente vulnerable, colmando las lagunas
en la cobertura del seguro obligatorio de tales ocupantes en algunos Estados miembros (sentencia de 19 de abril de 2007, Farrell,
C‑356/05, Rec. p. I‑3067, apartado 24).
A estos efectos, el artículo 3, apartado 1, de la Primera Directiva, tal como fue precisado y completado por las Directivas
Segunda y Tercera, obliga a los Estados miembros a garantizar que la responsabilidad civil relativa a la circulación de vehículos
que tengan su estacionamiento habitual en su territorio sea cubierta mediante un seguro y precisa, en particular, los tipos
de daños y los terceros perjudicados que debe cubrir dicho seguro (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de septiembre
de 2000, Mendes Ferreira y Delgado Correia Ferreira, C‑348/98, Rec. p. I‑6711, apartados 25 a 27, y de 17 de marzo de 2011,
Carvalho Ferreira Santos, C‑484/09, Rec. p. I‑0000, apartados 25 a 27).
A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el objetivo de los artículos 3, apartado 1, de la Primera Directiva,
2, apartado 1, de la Segunda Directiva y 1 de la Tercera Directiva consiste en garantizar que el seguro obligatorio de responsabilidad
civil de vehículos automóviles permita a todos los ocupantes víctimas de un accidente causado por un vehículo obtener una
indemnización de los daños que hayan sufrido (véase, en este sentido, la sentencia Candolin y otros, antes citada, apartado
27). Así pues, dicho Tribunal ha considerado que, al establecer que el seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos
automóviles cubrirá la responsabilidad por daños corporales de todos los ocupantes, con excepción del conductor, el artículo
1 de la Tercera Directiva establece únicamente una distinción entre el conductor y los otros ocupantes y confiere indiscutiblemente
una cobertura del seguro a todos los ocupantes (sentencias, antes citadas, Candolin y otros, apartado 32, y Farrell, apartado 23).
En vista de lo cual, el Tribunal de Justicia ha declarado que el objetivo de protección de las víctimas que persiguen las
Directivas Primera, Segunda y Tercera, recordado en el apartado 27 de la presente sentencia, exige que la situación jurídica
del propietario del vehículo que se encuentre en éste en el momento del accidente como ocupante sea asimilada a la de cualquier
otro ocupante víctima del accidente (sentencia Candolin y otros, antes citada, apartado 33). Asimismo, este Tribunal ha declarado
que ese objetivo se opone también a que una normativa nacional reduzca indebidamente el concepto de ocupante cubierto por
el seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos automóviles, excluyendo de tal concepto a las personas transportadas
en una parte de un vehículo no diseñado para su transporte ni equipado para ello (véase, en este sentido, la sentencia Farrell,
antes citada, apartados 28 a 30).
Así pues, dado que la normativa de la Unión en materia de seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos automóviles
sólo distingue, como se ha destacado en el apartado 29 de la presente sentencia y como subrayó el Abogado General en el punto
28 de sus conclusiones, entre conductor y ocupante, el mismo objetivo de protección de las víctimas exige igualmente que la
situación jurídica de la persona que estaba asegurada para conducir el vehículo, aunque era ocupante del mismo en el momento
de producirse el accidente, sea asimilada a la de cualquier otro ocupante víctima del accidente.
Consecuentemente, el hecho de que una persona esté asegurada para conducir el vehículo que ha causado el accidente no permite
excluirla del concepto de tercero víctima, en el sentido del artículo 2, apartado 1, de la Segunda Directiva, por ser ocupante
y no conductor del vehículo.
En lo que atañe a los derechos reconocidos a terceros víctimas, es preciso recordar que el Tribunal de Justicia ha estimado
que el artículo 3, apartado 1, de la Primera Directiva se opone a que el asegurador de la responsabilidad civil de vehículos
automóviles pueda invocar disposiciones legales o cláusulas contractuales para negarse a indemnizar a aquéllos como consecuencia
de un accidente causado por un vehículo asegurado (véanse, en este sentido, las sentencias, antes citadas, Ruiz Bernáldez,
apartado 20; Candolin y otros, apartado 18, y Carvalho Ferreira Santos, apartado 29).
El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, de la Segunda Directiva no hace
sino recordar esta obligación respecto de las disposiciones o las cláusulas de una póliza de seguro contemplada por dicho
artículo que excluyan de la cobertura del seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles los daños causados a terceros
víctimas, basándose en la utilización o la conducción del vehículo asegurado por personas no autorizadas para conducirlo,
por personas no titulares de un permiso de conducir o por personas que no cumplan las obligaciones legales de orden técnico
referentes al estado y seguridad del vehículo (sentencias, antes citadas, Ruiz Bernáldez, apartado 21; Candolin y otros, apartado
19, y Carvalho Ferreira Santos, apartado 30).
Ciertamente, como excepción a esta obligación, el artículo 2, apartado 1, párrafo segundo, de la Segunda Directiva prevé la
posibilidad de que determinadas víctimas no sean indemnizadas por el asegurador, habida cuenta de la situación que ellas mismas
hayan creado, a saber, las personas que ocupaban asiento por propia voluntad en el vehículo que haya causado el daño, cuando
el asegurador pueda probar que sabían que era robado (sentencias, antes citadas, Ruiz Bernáldez, apartado 21, y Candolin y
otros, apartado 20). No obstante, como ha declarado el Tribunal de Justicia, el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, de
la Segunda Directiva sólo admite excepciones en este supuesto concreto (véase, en este sentido, la sentencia Candolin y otros,
antes citada, apartado 23).
De las consideraciones anteriores se desprende que los artículos 1, párrafo primero, de la Tercera Directiva y 2, apartado
1, de la Segunda Directiva deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional cuyo efecto sea excluir
automáticamente la obligación del asegurador de indemnizar a un ocupante, víctima de un accidente de tráfico, debido a que
dicho ocupante estaba asegurado para conducir el vehículo que le ha causado el daño y que el conductor no lo estaba.
En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente pide también al Tribunal de Justicia que dilucide si la autorización
para conducir dada por el asegurado a un conductor no asegurado constituye, en circunstancias como las que concurren en los
asuntos principales, una «[autorización] expresa [o implícita]», en el sentido del artículo 2, apartado 1, primer guión, de
la Segunda Directiva. Tal como destacó el Abogado General en el punto 42 de sus conclusiones, dicho órgano jurisdiccional
plantea esta cuestión para que se determine si cabe oponer a la víctima disposiciones legales o cláusulas contractuales que
excluyan la cobertura del seguro en caso de conducción por una persona no autorizada para ello ni expresa ni implícitamente
por el asegurador.
No se puede defender esta tesis. Aun suponiendo que los términos «[autorización] expresa [o implícita]» se refieran únicamente
a la autorización dada por el asegurado, no es dable deducir de ello, en cualquier caso, que es válida y oponible a un tercero
víctima de un siniestro la cláusula mediante la que se excluye la cobertura si conduce una persona que no ha sido autorizada
por el asegurador. En efecto, el único supuesto en que un tercero víctima puede ser excluido de la cobertura es el previsto
en el artículo 2, apartado 1, párrafo segundo, de la Segunda Directiva. Ahora bien, es evidente que en este caso no se trata
de tal supuesto.
Sentado lo anterior, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta asimismo si puede influir en la respuesta que debe darse
a la primera cuestión prejudicial el hecho de que, en virtud del artículo 1, apartado 4, párrafo tercero, de la Segunda Directiva,
los Estados miembros puedan excluir la intervención del organismo nacional respecto de las personas que ocupaban asiento por
propia voluntad en el vehículo que haya causado el daño cuando dicho organismo pueda probar que estas personas sabían que
ni el conductor ni el vehículo estaban asegurados.
A este respecto, ha de subrayarse en primer lugar que no son situaciones similares ni comparables aquélla en que el vehículo
que ha causado el daño es conducido por una persona no asegurada para ello, en tanto que hay además un conductor asegurado
para conducirlo, y aquélla prevista en el artículo 1, apartado 4, párrafo tercero, de la Segunda Directiva, en que el vehículo
que ha provocado el accidente no está cubierto por una póliza de seguro. En efecto, el hecho de que el vehículo sea conducido
por una persona no designada en la correspondiente póliza de seguro no permite considerar, habida cuenta concretamente del
objetivo de protección de las víctimas de accidentes de tráfico que persiguen las Directivas Primera, Segunda y Tercera, que
ese vehículo no está asegurado en el sentido de dicha disposición.
En segundo lugar, tal como señaló la Comisión, la intervención del organismo nacional es concebida como una medida de último
recurso, prevista sólo en caso de que los daños hayan sido causados por un vehículo no identificado o respecto del cual no
se ha cumplido la obligación de seguro que establece el artículo 3, apartado 1, de la Primera Directiva.
Ello explica que, pese al objetivo general de protección de las víctimas que persigue la normativa de la Unión en materia
de seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos automóviles, el legislador de la Unión haya permitido a los Estados
miembros excluir la intervención del mencionado organismo en determinados casos limitados, y especialmente respecto de las
personas que ocupaban asiento por propia voluntad en el vehículo que ha causado el daño, cuando dicho organismo pueda probar
que estas personas sabían que no estaban asegurados ni el conductor ni el vehículo.
Por consiguiente, el hecho de que, conforme al artículo 1, apartado 4, párrafo tercero, de la Segunda Directiva, los Estados
miembros puedan excluir la intervención del organismo nacional respecto de las personas que ocupaban asiento por propia voluntad
en el vehículo que ha causado el daño, cuando dicho organismo pueda probar que estas personas sabían que no estaban asegurados
ni el conductor ni el vehículo, no afecta, en este caso, a la interpretación que ha de darse a los artículos 1, párrafo primero,
de la Tercera Directiva y 2, apartado 1, de la Segunda Directiva.
En atención a las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que los artículos 1, párrafo
primero, de la Tercera Directiva y 2, apartado 1, de la Segunda Directiva deben interpretarse en el sentido de que se oponen
a una normativa nacional cuyo efecto sea excluir automáticamente la obligación del asegurador de indemnizar a una víctima
de un accidente de tráfico cuando éste ha sido causado por un conductor no asegurado por la póliza de seguro y la víctima,
ocupante del vehículo en el momento de producirse el accidente, estaba asegurada para conducirlo y había dado permiso a ese
conductor para conducirlo.

Sobre la segunda cuestión prejudicial
Mediante la segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pide sustancialmente que se determine si la respuesta
a la primera cuestión podría diferir en función de que el asegurado víctima tuviera conocimiento de que la persona a la que
autorizó a conducir el vehículo no estaba asegurada para ello, de que creyera que lo estaba o de que se planteara o no tal
eventualidad.
Procede recordar al respecto, como puso de relieve el Abogado General en el punto 50 de sus conclusiones, que el seguro de
responsabilidad civil de vehículos automóviles contemplado en el artículo 3, apartado 1, de la Primera Directiva debe cubrir
a todas las víctimas, con excepción del conductor del vehículo que ha causado el daño, a menos que sea aplicable alguna de
las excepciones previstas expresamente por las Directivas Primera, Segunda y Tercera.
Por lo tanto, el hecho de que el asegurado víctima tuviera conocimiento de que la persona a la que autorizó a conducir el
vehículo no estaba asegurada para ello, de que creyera que lo estaba o de que se planteara o no tal eventualidad, carece de
pertinencia para responder a la primera cuestión prejudicial.
Sin embargo, ello no es óbice para que los Estados miembros puedan tener en cuenta dicho elemento en el marco de sus normas
sobre responsabilidad civil, siempre que, no obstante, ejerzan sus competencias en este ámbito respetando el Derecho de la
Unión, y en particular el artículo 3, apartado 1, de la Primera Directiva, el artículo 2, apartado 1, de la Segunda Directiva
y el artículo 1 de la Tercera Directiva, y que tales normas nacionales no supongan privar a estas Directivas de su efecto
útil (sentencias Ruiz Bernáldez, apartado 19; Candolin y otros, apartados 27 y 28; Farrell, apartado 34; Carvalho Ferreira
Santos, apartados 35 y 36, antes citadas, y de 9 de junio de 2011, Ambrósio Lavrador y Olival Ferreira Bonifácio, C‑409/09,
Rec. p. I‑0000, apartado 28).
Así pues, una normativa nacional, definida con arreglo a criterios generales y abstractos, no puede denegar o limitar de manera
desproporcionada el derecho del ocupante a ser indemnizado con cargo al seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos
automóviles basándose únicamente en su participación en la producción del daño. El alcance de la indemnización tan sólo puede
limitarse en circunstancias excepcionales, sobre la base de una apreciación individual (sentencias, antes citadas, Candolin
y otros, apartados 29, 30 y 35; Farrell, apartado 35; Carvalho Ferreira Santos, apartado 38, y Ambrósio Lavrador y Olival
Ferreira Bonifácio, apartado 29).
De lo expuesto anteriormente resulta que procede responder a la segunda cuestión prejudicial que la respuesta a la primera
cuestión no difiere en función de que el asegurado víctima tuviera conocimiento de que la persona a la que autorizó a conducir
el vehículo no estaba asegurada para ello, de que creyera que lo estaba o de que se planteara o no tal eventualidad.

Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
1)
El artículo 1, párrafo primero, de la Directiva 90/232/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1990, Tercera Directiva relativa
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación
de vehículos automóviles, y el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, Segunda
Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil
que resulta de la circulación de los vehículos automóviles, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa
nacional cuyo efecto sea excluir automáticamente la obligación del asegurador de indemnizar a una víctima de un accidente
de tráfico cuando éste ha sido causado por un conductor no asegurado por la póliza de seguro y la víctima, ocupante del vehículo
en el momento de producirse el accidente, estaba asegurada para conducirlo y había dado permiso a ese conductor para conducirlo.
2)
La respuesta a la primera cuestión prejudicial no difiere en función de que el asegurado víctima tuviera conocimiento de que
la persona a la que autorizó a conducir el vehículo no estaba asegurada para ello, de que creyera que lo estaba o de que se
planteara o no tal eventualidad.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: inglés.