CELEX: 62010CJ0197
Política agrícola común
Reglamento (CE) nº 1782/2003
Régimen de pago único
Derechos de pago con cargo a la reserva nacional
Requisitos para su concesión
Agricultores que inician su actividad agraria
Carácter hipotético de la cuestión prejudicial
Inadmisibilidad

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 42, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1782/2003
del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda
directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por
el que se modifican los Reglamentos (CEE) nº 2019/93, (CE) nº 1452/2001, (CE) nº 1453/2001, (CE) nº 1454/2001, (CE) nº 1868/94,
(CE) nº 1251/1999, (CE) nº 1254/1999, (CE) nº 1673/2000, (CEE) nº 2358/71 y (CE) nº 2529/2001 (DO L 270, p. 1).
Esta petición se ha presentado en el marco de un recurso de anulación interpuesto por la Unió de Pagesos de Catalunya (Unión
de Agricultores de Cataluña) contra el Real Decreto 1470/2007, de 2 de noviembre, sobre aplicación de los pagos directos a
la agricultura y a la ganadería (BOE nº 264, de 3 de noviembre de 2007, p. 45104).

Marco jurídico

Derecho de la Unión
El Reglamento nº 1782/2003
El artículo 42, apartados 3 a 5, del Reglamento nº 1782/2003 está redactado así:
«3.      Los Estados miembros podrán hacer uso de la reserva nacional al objeto de atribuir, de forma prioritaria, importes de referencia
a los nuevos agricultores que hayan iniciado su actividad agraria después del 31 de diciembre de 2002, o en 2002, pero sin
recibir ayudas directas dicho año, con arreglo a criterios objetivos y de tal forma que se garantice la igualdad de trato
entre los agricultores y se evite cualquier falseamiento del mercado y de la competencia.
4.      Los Estados miembros deberán hacer uso de la reserva nacional para establecer, con arreglo a criterios objetivos y de tal
forma que se garantice la igualdad de trato entre los agricultores y se evite cualquier falseamiento del mercado y de la competencia,
importes de referencia destinados a agricultores que se hallen en una situación especial, que la Comisión deberá definir con
arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 144.
5.      Los Estados miembros podrán hacer uso de la reserva nacional para establecer, con arreglo a criterios objetivos y de tal forma
que se garantice la igualdad de trato entre los agricultores y se evite cualquier falseamiento del mercado y de la competencia,
importes de referencia destinados a agricultores en zonas sujetas a programas de reestructuración o de desarrollo relativos
a algún tipo de intervención pública al objeto de evitar el abandono de tierras o para compensar desventajas específicas para
los agricultores en dichas zonas.»
El Reglamento (CE) nº 1698/2005
El Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (DO L 277, p. 1), dispone lo siguiente en su artículo 20, letra a):
«La ayuda en favor de la competitividad del sector agrícola y forestal consistirá en:
a)      medidas destinadas a fomentar el conocimiento y mejorar el potencial humano a través de:
[…]
ii)      la instalación de jóvenes agricultores;
[…]»
El artículo 22, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento establece:
«La ayuda prevista en el artículo 20, letra a), inciso ii), se prestará a las personas que:
a)      tengan menos de 40 años y se instalen por primera vez en una explotación agrícola como jefe de explotación».

Normativa nacional
Según su artículo 1, el Real Decreto 1470/2007 tiene por objeto establecer la normativa básica aplicable a determinados regímenes
de ayuda comunitarios establecidos en el Reglamento nº 1782/2003.
El artículo 9, apartado 2, de dicho Real Decreto dispone, en particular, lo siguiente:
«Obtendrán derechos de pago único de la reserva nacional, siempre que cumplan las condiciones establecidas:
[…]
b)      Los agricultores jóvenes que hayan realizado su primera instalación en el ámbito de un Programa de Desarrollo Rural establecido
en base al Reglamento 1698/2005 […], incorporándose en alguno de los sectores, con excepción del de la producción de semillas,
del anexo VI del Reglamento (CE) nº 1782/2003 […], y que no hayan recibido ya derechos de pago único de la Reserva Nacional.»
El Real Decreto 1470/2007 fue derogado el 4 de octubre de 2008 por el Real Decreto 1612/2008, de 3 de octubre, derogado a
su vez por el Real Decreto 1680/2009, de 13 de noviembre, pero los términos del Real Decreto 1470/2007 se han recogido en
los dos Decretos que lo reemplazaron.

Litigio principal y cuestión prejudicial
El 27 de octubre de 2008, la Unió de Pagesos de Catalunya interpuso ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo
contra el Real Decreto 1470/2007, en el que sostenía en particular que el artículo 9, apartado 2, letra b), de dicho Real
Decreto contraviene lo dispuesto en el artículo 42, apartado 3, del Reglamento nº 1782/2003, ya que vulnera el principio de
igualdad de trato entre los agricultores.
El órgano jurisdiccional remitente considera que el artículo 9, apartado 2, letra b), de dicho Real Decreto establece una
diferencia de trato entre los agricultores, pues exige a los agricultores jóvenes, para que puedan acogerse al régimen de
pago único, que hayan realizado su primera instalación en el ámbito de un programa de desarrollo rural establecido con arreglo
al Reglamento nº 1698/2005.
Por consiguiente, el mencionado órgano jurisdiccional considera que la solución del litigio de que conoce depende de la interpretación
del artículo 42, apartado 3, del Reglamento nº 1782/2003, ya que dicha interpretación podría tener repercusiones directas
en la validez de la disposición nacional impugnada. Señala asimismo que, aunque el Real Decreto 1470/2007 fue derogado, su
contenido ha sido incorporado a los Reales Decretos 1612/2008 y 1680/2009. El órgano jurisdiccional remitente añade que la
disposición impugnada subsiste para otros recursos de los que podría conocer en el futuro en relación con la misma cuestión.
En estas circunstancias, el Tribunal Supremo decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente
cuestión prejudicial:
«¿Es conforme [con] el artículo 42.3 del Reglamento CE nº 1782/2003, del Consejo, de veintinueve de septiembre el artículo
9.2.b) del Real Decreto 1470/2007, de dos de noviembre, que condiciona la posibilidad de obtener derechos de pago único de
la reserva nacional a que se trate de agricultores jóvenes que hayan realizado su primera instalación en el ámbito de un Programa
de Desarrollo Rural establecido en base al Reglamento 1698/2005 del Consejo de veinte de septiembre?»

Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
El Gobierno español sostiene en sus observaciones escritas que procede declarar la inadmisibilidad de la petición de decisión
prejudicial, dado que, al haber sido derogado el Real Decreto 1470/2007, la respuesta del Tribunal de Justicia a la cuestión
planteada no es pertinente para la solución del litigio pendiente ante el Tribunal Supremo.
Dicho Gobierno invoca a este respecto la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual, «siendo el recurso directo contra
disposiciones generales un instrumento procesal que tiene como finalidad la de eliminar del ordenamiento jurídico las normas
emanadas de los titulares de la potestad reglamentaria cuando sean contrarias a derecho, y no tanto la de resolver acerca
de las pretensiones individualizadas que pudieran derivarse de una determinada relación jurídica entre el recurrente singular
y la Administración, aquel recurso pierde su sentido cuando, al tiempo de dictar sentencia, la norma reglamentaria ha sido
ya eliminada, por cualquier otro medio, del propio ordenamiento jurídico».
El Gobierno español indica, por otra parte, que el Tribunal Supremo ya declaró carente de objeto un recurso anterior interpuesto
por la Unió de Pagesos de Catalunya contra el Real Decreto 1617/2005, que había sido derogado por el Real Decreto 1470/2007.
Alega además que el Tribunal Supremo consideró que un recurso de anulación interpuesto contra el Real Decreto 1470/2007 por
otra asociación de agricultores había perdido igualmente su objeto y archivó, por tanto, dicho recurso, basándose en que el
Real Decreto 1470/2007 había sido derogado por el Real Decreto 1612/2008.
Según reiterada jurisprudencia, el procedimiento establecido por el artículo 267 TFUE es un instrumento de cooperación entre
el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero aporta a los segundos la
información relativa a la interpretación del Derecho de la Unión que éstos requieren para la solución del litigio que deben
dirimir (véanse en particular las sentencias de 16 de julio de 1992, Meilicke, C‑83/91, Rec. p. I‑4871, apartado 22; de 5
de febrero de 2004, Schneider, C‑380/01, Rec. p. I‑1389, apartado 20, y de 24 de marzo de 2009, Danske Slagterier, C‑445/06,
Rec. p. I‑2119, apartado 65).
En el contexto de esta cooperación, las cuestiones relativas al Derecho de la Unión disfrutan de una presunción de pertinencia.
El Tribunal de Justicia sólo puede declarar la inadmisibilidad de una petición planteada por un órgano jurisdiccional nacional
cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna con la realidad
o con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o bien cuando el Tribunal de Justicia
no disponga de los datos de hecho o de Derecho necesarios para responder provechosamente a las cuestiones planteadas (véanse
en particular las sentencias de 5 de diciembre de 2006, Cipolla y otros, C‑94/04 y C‑202/04, Rec. p. I‑11421, apartado 25,
y de 1 de junio de 2010, Blanco Pérez y Chao Gómez, C‑570/07 y C‑571/07, Rec. p. I‑0000, apartado 36).
En efecto, la función encomendada al Tribunal de Justicia en el procedimiento prejudicial consiste en contribuir a la administración
de la justicia en los Estados miembros, y no en formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas (véanse
en particular las sentencias de 12 de junio de 2003, Schmidberger, C‑112/00, Rec. p. I‑5659, apartado 32; de 8 de septiembre
de 2009, Budĕjovický Budvar, C‑478/07, Rec. p. I‑7721, apartado 64, y de 11 de marzo de 2010, Attanasio Group, C‑384/08, Rec.
p. I‑0000, apartado 28).
En el presente asunto, la resolución de remisión muestra que el Tribunal Supremo considera que, a pesar de la derogación de
las disposiciones del Real Decreto 1470/2007, la cuestión de determinar si el artículo 42, apartado 3, del Reglamento nº 1782/2003
se opone a este Real Decreto sigue siendo pertinente, dado que los Reales Decretos 1612/2008 y 1680/2009 han reproducido el
tenor de tales disposiciones, de modo que podrían plantearse ante él otros recursos relativos a la misma cuestión.
En su respuesta al escrito del 21 de enero de 2011 en el que el Tribunal de Justicia le solicitó, basándose en el artículo
104, apartado 5, de su Reglamento de Procedimiento, que precisara si la derogación del Real Decreto 1470/2007 y la jurisprudencia
invocada por el Gobierno español en sus observaciones escritas tenían alguna incidencia en la pertinencia de la petición de
decisión prejudicial, el Tribunal Supremo reafirmó que la anulación del Real Decreto 1470/2007 no afectaba a la admisibilidad
de su petición de decisión prejudicial. A este respecto recordó, por una parte, que el contenido del artículo 9, apartado
2, letra b), del Real Decreto 1470/2007 había sido recogido en los Decretos que le sucedieron, de modo que podrían interponerse
ante él otros recursos sobre esta misma cuestión. Por otra parte, el Tribunal Supremo indicó que la jurisprudencia invocada
por el Gobierno español no era aplicable al presente caso, pues la derogación del Real Decreto 1470/2007 no se había producido
en el curso del proceso sustanciado ante él, y que los Reales Decretos 1612/2008 y 1680/2009 mantenían los mismos requisitos
para el acceso de los jóvenes agricultores a los derechos de pago con cargo a la reserva nacional.
Dadas estas circunstancias, resulta obligado hacer constar que el interés que el Tribunal Supremo atribuye a la futura respuesta
del Tribunal de Justicia a la cuestión planteada por él guarda relación, no con el asunto del que está conociendo, sino con
la circunstancia de que eventualmente podrían interponerse ante él recursos destinados a obtener la anulación de disposiciones
similares.
Por otra parte, procede señalar que ni el Tribunal Supremo, en su escrito de 2 de marzo de 2011, ni las partes, en la vista,
han podido explicar por qué el litigio principal no había perdido su objeto a raíz de la derogación del Real Decreto 1470/2007.
Procede señalar igualmente que, a la vista de los autos remitidos al Tribunal de Justicia, la petición de decisión prejudicial
se presenta como una cuestión de naturaleza hipotética.
Pues bien, cuando una petición de decisión prejudicial tiene esta naturaleza, corresponde al órgano jurisdiccional remitente
proporcionar al Tribunal de Justicia datos que le permitan comprender el interés real y concreto que tal petición presenta,
no obstante, para el litigio principal.
En el presente asunto, sin embargo, resulta obligado hacer constar que, en su escrito de 2 de marzo de 2011, el Tribunal Supremo
se ha limitado a afirmar que la jurisprudencia invocada por el Gobierno español no es aplicable al recurso principal, que
«permanece vivo», pero sin ofrecer explicaciones precisas al respecto.
Por lo tanto, procede declarar la inadmisibilidad de la presente petición de decisión prejudicial en razón de su carácter
hipotético.

Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
La petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo mediante auto de 18 de marzo de 2010 es inadmisible
en razón de su carácter hipotético.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: español.