CELEX: 62010CJ0293
Seguro de defensa jurídica
Directiva 87/344/CEE
Artículo 4, apartado 1
Libertad de elección de abogado por el tomador del seguro
Limitación del reembolso efectuado en concepto de gastos de representación en juicio por abogado del asegurado
Reembolso limitado a la cantidad equivalente a la reclamada por un abogado establecido en el lugar donde tiene su sede el órgano jurisdiccional de primera instancia competente

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 87/344/CEE
del Consejo, de 22 de junio de 1987, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas
al seguro de defensa jurídica (DO L 185, p. 77).
Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre la compañía de seguros D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung
AG (en lo sucesivo, «D.A.S.») y el Sr. Stark, en relación con la validez de una cláusula de las condiciones generales del
seguro de defensa jurídica que faculta al asegurador para limitar su prestación en virtud de esta cobertura al reembolso de
la cantidad normalmente reclamada por un abogado establecido en el lugar de la sede del órgano jurisdiccional que conozca
de un asunto comprendido en el ámbito de aplicación de dicha cobertura.

Marco jurídico

Normativa de la Unión
El undécimo considerando de la Directiva 87/344 precisa lo siguiente:
«Considerando que el interés del asegurado en defensa jurídica implica que este último pueda elegir por sí mismo su abogado
o cualquier otra persona que tenga las cualificaciones admitidas por la legislación nacional en el marco de cualquier procedimiento
judicial o administrativo y cada vez que surja un conflicto de intereses».
El artículo 1 de dicha Directiva dispone:
«La presente Directiva tiene por objeto la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas
al seguro de defensa jurídica contemplado en el punto A.17 del Anexo de la Directiva 73/239/CEE, a fin de facilitar el ejercicio
efectivo de la libertad de establecimiento y de evitar hasta donde sea posible cualquier conflicto de intereses que surgiere,
en particular, debido a que el asegurador cubra a otro asegurado o que cubra al asegurado al mismo tiempo en defensa jurídica
y por otro ramo contemplado en dicho Anexo y, si surgiese dicho conflicto, hacer posible su solución».
El artículo 2, apartado 1 de dicha Directiva tiene el siguiente tenor:
«La presente Directiva se aplicará al seguro de defensa jurídica. Dicho seguro consiste en suscribir, mediante el pago de
una prima, el compromiso de hacerse cargo de los gastos de procedimiento judicial y de proporcionar otros servicios derivados
de la cobertura de seguro, en particular con vistas a:
–        recuperar el daño sufrido por el asegurado, de forma amistosa o en un procedimiento civil o penal,
–        defender o representar al asegurado en un procedimiento civil, penal, administrativo o de otra naturaleza, o contra una reclamación
de la que éste sea objeto.»
El artículo 4, apartado 1, de la misma Directiva dispone que:
«Todo contrato de defensa jurídica reconocerá de forma explícita que:
a)      cuando se recurra a un abogado o a cualquier otra persona que posea las cualificaciones requeridas por la legislación nacional
para defender, representar o servir los intereses del asegurado, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, el
asegurado tendrá la libertad de elección;
b)      el asegurado tendrá libertad de elegir abogado o, si lo prefiere y en la medida en que lo permita la legislación nacional,
cualquier otra persona que posea las cualificaciones necesarias, para servir sus intereses cada vez que surja un conflicto
de intereses.»

Normativa nacional
En virtud del artículo 23, apartado 1, de la Ley de tarifas de abogados (RechtsanwaltstarifsVgesetz, en lo sucesivo, la «RATG»),
se aplica una tarifa unitaria para la retribución de ciertas prestaciones accesorias del abogado en los litigios civiles.
Sin embargo, conforme al artículo 23, apartado 5, de la RATG, deberá concederse el doble de esa parte de la tarifa unitaria
por la prestación descrita si el abogado presta el servicio en un lugar distinto del de su despacho.
El legislador austriaco transpuso el artículo 4 de la Directiva 87/344 al Derecho interno mediante el artículo 158k de la
Ley del contrato de seguro (Versicherungsvertragsgesetz, en lo sucesivo, «VersVG»), que dispone:
«1.      El tomador del seguro tendrá derecho a elegir libremente a una persona habilitada para ostentar profesionalmente la representación
legal para que le represente en un procedimiento judicial o administrativo. Asimismo, el tomador del seguro podrá elegir libremente
a un abogado para la defensa de sus intereses legales en cualquier otra situación, cuando se dé un conflicto de intereses
con el asegurador.
2.      En el contrato de seguro podrá estipularse que el tomador del seguro sólo estará autorizado a elegir, para que le represente
en un procedimiento judicial o administrativo, a personas habilitadas para ostentar profesionalmente la representación legal
que tengan su despacho profesional en el lugar en que tenga su sede el órgano jurisdiccional o administrativo competente para
tramitar el procedimiento en primera instancia. En el caso de que en dicha localidad no tengan su despacho profesional, al
menos, cuatro de tales personas, el derecho de elección se extenderá a las personas de la demarcación del tribunal de primera
instancia en que se halle el citado órgano.
[…]»

El litigio principal y la cuestión prejudicial
El Sr. Stark y D.A.S. estuvieron ligados desde el año 1997 por un contrato de seguro de defensa jurídica. Este contrato cubría,
entre otras contingencias, la defensa jurídica ante tribunales laborales por litigios de Derecho laboral y, como prestación
adicional, incluía la cobertura de defensa jurídica en relación con actividades económicas secundarias por cuenta propia.
Este contrato de defensa jurídica se basada en las Condiciones generales del seguro de defensa jurídica de 1997 (Allgemeine
Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung; en lo sucesivo, «ARB 97»). La cláusula 10, que deriva directamente del artículo
158k de la VersVG, está redactada de la siguiente forma:
«1)      El tomador del seguro tendrá derecho a elegir libremente a una persona habilitada para ostentar profesionalmente la representación
legal (abogado, notario, etc.) para que le represente ante un órgano jurisdiccional o administrativo. El asegurador está obligado
a informar al tomador del seguro del derecho de elección que le corresponde en cuanto éste solicite cobertura del seguro para
iniciar un procedimiento judicial o administrativo.
[…]
3)      El derecho de elección del apartado 1 […] se refiere únicamente a personas que tengan su despacho profesional en la localidad
del órgano jurisdiccional o administrativo competente para tramitar el procedimiento en primera instancia. Cuando en el lugar
en el que tenga su sede el órgano jurisdiccional o administrativo haya menos de cuatro profesionales que reúnan los requisitos
establecidos, el derecho de elección se extenderá a una persona habilitada para la representación y establecida en la demarcación
del Landesgericht (tribunal regional) competente.
[…]»
Del auto de remisión se desprende que, en una sentencia de 16 de diciembre de 2009, el Oberster Gerichtshof (Tribunal supremo
austriaco) validó en principio los objetivos perseguidos por el artículo 158k, apartado 2, de la VersVG, declarando que el
punto 3 de la anteriormente citada cláusula 10 debía interpretarse en el sentido de que el asegurado también podía elegir
a un abogado no establecido en la localidad, siempre que éste se comprometa a minutar por su servicio como lo haría un representante
establecido en el lugar donde el órgano jurisdiccional de primera instancia competente tenga su sede.
El Sr. Starck tiene su domicilio en Landeck (Austria), localidad situada a aproximadamente 600 kilómetros de Viena. El 24
de marzo de 2006, interpuso una demanda junto con otras cuatro personas ante el Arbeits- und Sozialgericht Wien (Juzgado de
lo social de Viena) contra su antiguo empresario. Para que les representara ante dicho órgano jurisdiccional, el Sr. Stack
y las otras cuatro personas contrataron libremente los servicios de un abogado cuyo despacho tenía su sede en Landeck.
D.A.S. confirmó mediante carta de 8 de mayo de 2006 dirigida a este abogado la cobertura de los gastos del procedimiento judicial
ante el Arbeits- und Sozialgericht Wien, precisando que limitaría esta cobertura a los gastos normalmente facturados por un
abogado establecido en la localidad del tribunal.
Mediante mensaje remitido por correo electrónico el mismo día, el abogado del Sr. Stack respondió que no facturaría conforme
a la tarifa de abogados con despacho en la demarcación judicial, debido a que el gasto de seguir el procedimiento en Viena
sería en cualquier caso muy elevado para su despacho.
En la vista celebrada el 4 de julio de 2008 ante el Arbeits- und Sozialgericht Wien, las partes en el procedimiento alcanzaron
un acuerdo de transacción judicial.
D.A.S. abonó al abogado del Sr. Stark una cantidad de 5.782,19 euros que correspondían, en concepto de prestaciones efectuadas
en el marco de este procedimiento, a los gastos y honorarios de un abogado establecido en la demarcación territorial del Arbeits-
und Sozialgericht Wien, no calculados según el coste unitario doble previsto en el artículo 23, apartado 5, del RATG, sino
según el coste unitario simple derivado del artículo 23, apartado 1, de éste. Esta suma, por tanto, no cubría la cantidad
total de los gastos y honorarios facturados al Sr. Stark por su abogado.
Mediante demanda interpuesta el 27 de febrero de 2009 ante el Bezirksgericht Landeck (tribunal cantonal de Landeck), D.A.S.
pretendió que se condenara al Sr. Stark al pago de una prima impagada resultante de la relación de seguro de defensa jurídica,
cuya cantidad ascendía a 211,46 euros.
Frente a esta demanda, el Sr. Stark propuso una excepción de compensación basada en el crédito de 3.000 euros correspondiente
al saldo restante que se le debía por el coste de las prestaciones del que la había defendido en el procedimiento ante el
Arbeits- und Sozialgericht Wien, teniendo en cuenta la aplicación del coste unitario doble previsto en el artículo 23, apartado
5, de la RATG. El demandado señaló igualmente la cuestión de la consideración en el marco del contrato de defensa jurídica
celebrado con D.A.S. de la diferencia entre el coste unitario simple y el coste unitario doble por las prestaciones de su
abogado correspondiente a las cinco vistas celebradas ante dicho órgano jurisdiccional. En apoyo de esta excepción, el demandado
señaló que la disposición del artículo 158k, apartado 2, de la VersVG, al igual que la cláusula 10, apartado 3, de las ARB
97, es contraria al Derecho de la Unión.
El Bezirksgericht Landeck acogió la demanda de D.A.S., pero no la excepción de compensación propuesta por el Sr. Stark, condenando,
en consecuencia, al demandado al pago de 211,49 euros, más intereses. En su resolución, el Bezirksgericht Landeck consideró
que el Derecho de la Unión no se oponía a la aplicación del artículo 158k, apartado 2, de la VersVG, cuyo efecto no sería
limitar la libertad de elección de abogado, sino la imposición de una restricción pecuniaria al abogado foráneo.
El Sr. Stark apeló dicha sentencia ante el tribunal remitente, invocando de nuevo que el artículo 4 de la Directiva 87/334,
se oponía a la aplicación del anteriormente citado artículo 158k, apartado 2.
En estas circunstancias, el Landesgericht Innsbruck decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 87/344/CEE en el sentido de que son incompatibles con dicha
disposición el artículo 158k, apartado 2, de la VersVG, y una cláusula basada en éste, contenida en las condiciones generales
de seguro de un asegurador de defensa jurídica, que dispone que en el contrato de seguro podrá estipularse que el tomador
del seguro sólo estará autorizado a elegir, para que le representen en un procedimiento judicial o administrativo, a personas
habilitadas para ostentar profesionalmente la representación legal que tengan su despacho en la localidad del órgano jurisdiccional
o administrativo competente para tramitar el procedimiento en primera instancia?»

Sobre la cuestión prejudicial
Mediante su cuestión, el Landesgericht Innsbruck pregunta esencialmente si el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 87/334
se opone a una normativa nacional en virtud de la cual puede pactarse que el asegurado sólo podrá elegir para la representación
de sus intereses en procedimientos judiciales o administrativos a una persona, profesionalmente habilitada para ello, cuyo
despacho esté situado en el lugar en el que tenga su sede el órgano jurisdiccional o administrativo competente para tramitar
el procedimiento en primera instancia.

Sobre la admisibilidad
Según el Gobierno austriaco, la cuestión planteada es hipotética, ya que el resultado del procedimiento no dependerá de la
respuesta a esta cuestión, al no haberse limitado el derecho a elegir libremente un abogado del demandado.
A este respecto procede señalar que, según reiterada jurisprudencia, la negativa a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial
planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho
de la Unión solicitada no tiene relación alguna con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema
es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios
para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de junio de 2008, Commune
de Mesquer, C‑188/07, Rec. p. I‑4501, apartado 30).
Pues bien, tal como se ha señalado en los apartados 18 a 21 de la presente sentencia, la solución del litigio principal depende
precisamente de si el hecho de que no se reembolsaran al Sr. Stark la totalidad de los gastos y honorarios facturados por
su abogado, contrariamente a lo que habría sucedido si hubiera escogido un abogado establecido en Viena, es compatible con
el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 87/344.
Por tanto, la interpretación de esta disposición del Derecho de la Unión es necesaria para que el órgano jurisdiccional remitente
resuelva el litigio principal. De lo dicho anteriormente se deduce que debe desestimarse la excepción de inadmisibilidad propuesta
por el Gobierno austriaco.

Sobre el fondo
Debe señalarse que se desprende, tanto del undécimo considerando de la Directiva 87/344, como del artículo 4, apartado 1,
de ésta, que el interés del asegurado en defensa jurídica implica que este último pueda elegir por sí mismo su abogado o cualquier
otra persona que tenga las cualificaciones admitidas por la legislación nacional en el marco de cualquier procedimiento judicial
o administrativo.
A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la libre elección de representante prevista en esta disposición
tiene un alcance general y un valor obligatorio (véase, en este sentido, la sentencia 10 de septiembre de 2009, Eschig, C‑199/08,
Rec. p. I‑8295, apartado 47).
De ello se desprende que una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, según la interpretación dada
por la sentencia del Oberster Gerichtshof de 16 de diciembre de 2009, a la que se ha hecho referencia en el apartado 12 de
la presente sentencia, no puede restringir esta libertad de elección solamente a los abogados establecidos en el lugar donde
se encuentra el órgano jurisdiccional o administrativo competente para tramitar el procedimiento en primera instancia o a
los abogados que se comprometan a minutar sus gastos u honorarios como lo harían los primeros.
No obstante, en los apartados 65 y 66 de la sentencia Eschig, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que dicha Directiva
no pretende una armonización completa de las normas aplicables a los contratos de seguro de defensa jurídica de los Estados
miembros y que, dado el estado actual del Derecho de la Unión, éstos últimos pueden determinar libremente el régimen aplicable
a dichos contratos, siempre y cuando se respete el Derecho de la Unión, y en particular el artículo 4 de la Directiva 87/334.
Por tanto, dicha Directiva no regula expresamente la cuestión del alcance de la cobertura de los gastos relativos a la intervención
de un representante, que se cuestiona en el litigio principal. De hecho, ni las disposiciones ni los considerandos de dicha
Directiva permiten considerar que la Directiva regule la determinación de la cantidad que debe ser abonada por el asegurador
con el que se ha celebrado el contrato de defensa jurídica en virtud de la cobertura de los gastos soportados por la persona
encargada de representar al asegurado.
Por tanto, la libertad de elección de abogado en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 87/334, no implica
que los Estados miembros estén obligados a imponer en cualquier circunstancia al asegurador la cobertura íntegra de los gastos
en que se haya incurrido en el marco de la defensa de un asegurado, independientemente del lugar donde esté establecida la
persona que posea las cualificaciones requeridas para la representación de éste respecto a la sede del órgano jurisdiccional
o administrativo competente para conocer un litigio, siempre y cuando esta libertad no quede vacía de contenido. Tal será
el caso si la limitación para sufragar esos gastos imposibilita
de facto
una elección razonable por el asegurado de su representante. En cualquier caso, corresponde a los órganos jurisdiccionales
nacionales verificar la inexistencia de una limitación de esta naturaleza.
Además, una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal no se opone a que las partes contratantes pacten
libremente que el seguro de defensa jurídica cubra igualmente el reembolso de los gastos derivados de la intervención de representantes
no establecidos en el lugar donde el tribunal competente tenga su sede, en su caso mediante el pago por el asegurado de una
prima mayor.
En el caso de autos, el Sr. Stark pudo elegir a su abogado sin que el asegurador se opusiese a ello. Además, únicamente debería
abonar los gastos derivados de la distancia entre el despacho de su abogado y la sede del órgano jurisdiccional competente,
circunstancia que, sin perjuicio de las comprobaciones que realice a este respecto el órgano jurisdiccional remitente, no
parece por regla general que pueda obstaculizar la libertad de elegir a su abogado.
Habida cuenta del conjunto de consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 4, apartado
1, de la Directiva 87/344 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición nacional en virtud de la cual
puede pactarse que el asegurado en defensa jurídica podrá elegir para la representación de sus intereses en los procedimientos
administrativos o judiciales únicamente a una persona profesionalmente habilitada para ello que tenga su despacho en el lugar
donde el órgano jurisdiccional o administrativo competente en primera instancia tiene su sede, siempre que, para no vaciar
de contenido la libertad de elección por el asegurado de la persona facultada para representarlo, esta limitación se refiera
sólo al alcance de la cobertura, por el asegurador de la defensa jurídica, de los gastos derivados de la intervención de un
representante y siempre que la indemnización efectivamente abonada por este asegurador sea suficiente, lo que corresponde
comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 87/344/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1987, sobre coordinación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro de defensa jurídica, debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una disposición nacional en virtud de la cual puede pactarse que el asegurado en defensa jurídica podrá elegir
para la representación de sus intereses en los procedimientos administrativos o judiciales únicamente a una persona profesionalmente
habilitada para ello que tenga su despacho en el lugar donde el órgano jurisdiccional o administrativo competente en primera
instancia tiene su sede, siempre que, para no vaciar de contenido la libertad de elección por el asegurado de la persona facultada
para representarlo, esta limitación se refiera sólo al alcance de la cobertura, por el asegurador de la defensa jurídica,
de los gastos derivados de la intervención de un representante, y siempre que la indemnización efectivamente abonada por este
asegurador sea suficiente, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: alemán.