CELEX: 62002CJ0301
Recurso de casación
Personal del Banco Central Europeo
Contratación
Prórroga del período de prueba
Despido durante el período de prueba

1       Mediante su recurso de casación, el Sr. Tralli solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
las Comunidades Europeas de 27 de junio de 2002, Tralli/BCE (asuntos acumulados T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 y T‑69/01, RecFP
pp. I‑A-97 y II‑453; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la cual éste desestimó sus recursos dirigidos a la anulación
de diversos actos del Banco Central Europeo (BCE).

Marco jurídico
2       El Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del BCE, anejo al Tratado CE (en lo sucesivo, «Estatutos
del SEBC»), contiene, en particular, las siguientes disposiciones:
«Artículo 12
[…]
12.3      El Consejo de Gobierno adoptará el reglamento interno que determinará la organización interna del BCE y de sus órganos rectores.
[…]
Artículo 36
Personal
36.1      El Consejo de Gobierno, a propuesta del Comité Ejecutivo, establecerá las condiciones de contratación del personal del BCE.
[…]»
3       Sobre la base del artículo 36.1 de los Estatutos del SEBC, el Consejo de Gobierno adoptó, el 31 de marzo de 1999, una modificación
de la Decisión de 9 de junio de 1998 relativa a la adopción de las condiciones de contratación del personal del Banco Central
Europeo (DO L 125, p. 32; en lo sucesivo, «condiciones de contratación»). Estas condiciones de contratación, en su versión
aplicable a los hechos litigiosos, prevén en particular:
«9.      a)     Las relaciones laborales entre el BCE y sus empleados se rigen por los contratos de trabajo de conformidad con las presentes
condiciones de contratación. El Reglamento del personal que adopte el Comité Ejecutivo precisará las presentes condiciones
de contratación.
[…]
10.      a)     Los contratos de trabajo entre el BCE y sus empleados tomarán la forma de cartas de contratación visadas por éstos. [...]
b)     Los contratos pueden estar sujetos a un período de prueba de conformidad con las disposiciones previstas en el Reglamento
del personal. El período de prueba no podrá ser superior a doce meses en ningún caso.
11.      a)     El BCE puede poner fin a los contratos de trabajo celebrados con sus empleados mediante una decisión motivada del Comité Ejecutivo,
de conformidad con el procedimiento definido en el Reglamento aplicable al personal y por los motivos siguientes:
i)     en caso de rendimiento insatisfactorio continuado. [...];
[…]
41.      Con arreglo al procedimiento establecido en el Reglamento del personal, los empleados podrán presentar a la administración
quejas y reclamaciones para que sean examinadas con carácter precontencioso, y esta última las examinará analizando la coherencia
de las decisiones adoptadas en cada caso concreto con la política de personal y las condiciones de contratación del BCE. Los
empleados que no estuvieran conformes con el resultado del procedimiento de examen precontencioso podrán recurrir al procedimiento
de reclamación previsto en el Reglamento del personal.
Los procedimientos que se acaban de mencionar no podrán utilizarse para impugnar:
[…]
iii)      las decisiones de no confirmar el nombramiento definitivo de empleados en período de prácticas.
42.      Una vez agotados los procedimientos internos disponibles, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será competente
para resolver los litigios que se susciten entre el BCE y sus empleados, o antiguos empleados a quienes se apliquen las presentes
condiciones de contratación.
La competencia mencionada quedará limitada al examen de la legalidad de la medida o decisión, salvo que el litigio sea de
carácter pecuniario, en cuyo caso el Tribunal de Justicia tendrá competencia jurisdiccional plena.»
4       Sobre la base del artículo 12.3 de los Estatutos del SEBC, el Consejo de Gobierno adoptó en 1999 el Reglamento interno del
BCE (DO L 125, p. 34; corrección de errores en DO 2000, L 273, p. 40; en lo sucesivo, «Reglamento interno»). Bajo el título
«Condiciones de contratación», el artículo 21 de dicho Reglamento dispone:
«21.1La relación laboral entre el BCE y su personal estará regulada por las condiciones de contratación y el Reglamento del
personal.
21.2      Las condiciones de contratación serán aprobadas y modificadas por el Consejo de gobierno a propuesta del Comité Ejecutivo.
Se consultará al Consejo general con arreglo al procedimiento establecido en el presente Reglamento interno.
21.3      Las condiciones de contratación se aplicarán mediante el Reglamento del personal, cuya aprobación y modificación corresponderá
al Comité Ejecutivo.
21.4      Antes de aprobar unas nuevas condiciones de contratación o un nuevo Reglamento del personal, se consultará al Comité de personal,
cuya opinión se someterá al Consejo de gobierno o al Comité Ejecutivo.»
5       Sobre la base del artículo 21.3 del Reglamento interno del BCE y del artículo 9, letra a), de las condiciones de contratación,
el Comité Ejecutivo del BCE adoptó el «European Central Bank Staff Rules» (en lo sucesivo, «Reglamento del personal»), que
establece en particular:
«2.1      Período de prueba
Las normas de ejecución del artículo 10, letra b), de las condiciones de contratación son las siguientes:
2.1.1 Los contratos estarán sujetos a un período de prueba de tres meses a menos que el Comité Ejecutivo renuncie al período de
prueba. En casos excepcionales, el Comité Ejecutivo podrá fijar un período de prueba superior a tres meses, de conformidad
con el punto 2.1.2, letra a),
infra
.
[…]
2.1.2 Si, en el curso de su período de prueba, el interesado no puede desempeñar sus funciones por enfermedad, accidente, permiso
de maternidad o, en casos excepcionales, por permiso especial, durante un período superior a un mes, el Comité Ejecutivo podrá
prorrogar el período de prueba por el lapso de tiempo correspondiente.
Además, el Comité Ejecutivo podrá, en casos excepcionales:
a)      prorrogar el período de prueba hasta alcanzar una duración total de doce meses, o
b)      prorrogar el período de prueba hasta alcanzar una duración total de doce meses, destinando al interesado a una función distinta.
2.1.3 Durante el período de prueba, el Comité Ejecutivo podrá poner fin al contrato, con un preaviso de un mes, en caso de inaptitud
o rendimiento insatisfactorio del interesado.»
6       Mediante la Decisión BCE/1999/7 (1999/811/CE), de 12 de octubre de 1999, el BCE adoptó, sobre la base de los artículos 8 y
24 del Reglamento interno, el Reglamento interno del Comité Ejecutivo del BCE (DO L 314, p. 34).
7       La citada Decisión considera que era «necesario establecer un sistema que, respetando el principio de responsabilidad colegial
del Comité Ejecutivo, permita […] la delegación de poderes».
8       Dicha Decisión establece, en particular:
«Artículo 1
Carácter complementario de la presente Decisión
La presente Decisión complementa el Reglamento interno del Banco Central Europeo, y los términos que figuran en ella tendrán
el mismo significado que se les atribuye en el Reglamento interno del Banco Central Europeo.
[…]
Artículo 5
Delegación de poderes
1.      El Comité Ejecutivo podrá autorizar a uno o varios de sus miembros a adoptar, en su nombre y bajo su control, medidas de gestión
o administración claramente definidas y, en particular, los actos preparatorios de una decisión que deba adoptarse posteriormente
de manera colegiada por el Comité Ejecutivo, así como los actos de ejecución de las decisiones que, con carácter definitivo,
haya adoptado el Comité Ejecutivo.
2.      El Comité Ejecutivo podrá asimismo solicitar a uno o varios de sus miembros, de acuerdo con el presidente, a) la adopción
del texto definitivo de un acto, tal como se define en el apartado 1 del artículo 5, a condición de que el fondo del mismo
haya sido definido en sus deliberaciones, y b) la adopción del texto definitivo de decisiones, en las que la delegación implique
poderes ejecutivos claramente definidos y limitados, y cuyo ejercicio está sujeto a la estricta revisión del Comité Ejecutivo
sobre la base de los criterios objetivos por él establecidos.
3.      Las delegaciones y decisiones adoptadas de conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo 5 serán recogidas en el acta resumida
de las reuniones del Comité Ejecutivo.
4.      Las competencias así delegadas sólo podrán ser objeto de subdelegación cuando así se establezca expresamente en la disposición
que habilite para ello y en la manera en que ésta lo determine.
[…]»

Hechos que originaron el litigio
9       El 10 de marzo de 2000, el BCE publicó una convocatoria de vacante relativa a un puesto de agente de seguridad cuyas funciones
comprendían esencialmente la vigilancia de los accesos al edificio del BCE y el control de seguridad en la recepción de visitantes.
10     Mediante escrito de 20 de junio de 2000, el recurrente fue contratado para ocupar dicho puesto con efectos a partir del 1
de julio de 2000. En dicha carta de contratación, se puntualizaba que el contrato de trabajo del interesado se regulaba por
las condiciones de contratación y el Reglamento del personal y que estaba sujeto a un período de prueba de tres meses de duración.
11     El 21 de agosto de 2000, durante una entrevista, el superior jerárquico del recurrente informó a éste de que sus prestaciones
laborales no se ajustaban al nivel exigido para el puesto.
12     La calidad de dichas prestaciones constituyó también el objeto de una entrevista que tuvo lugar el 1 de septiembre de 2000
entre el recurrente, su superior jerárquico y otros dos colaboradores, uno de los cuales era el coordinador de la seguridad
del BCE.
13     El 8 de septiembre de 2000, el recurrente recibió copia de una nota interna en la cual el coordinador de la seguridad del
BCE solicitaba al referido superior jerárquico que se prorrogara el período de prueba. En dicha nota se señalaba que tal período
adicional de prueba era necesario debido al rendimiento insatisfactorio del recurrente y con objeto de permitir que éste recibiera
una formación complementaria sobre sus funciones principales así como sobre el sistema de seguridad del BCE. Según dicha nota,
el recurrente había confirmado su voluntad de participar en dicha formación y de aceptar una prórroga de su período de prueba,
hasta el 31 de diciembre de 2000. El recurrente confirmó por escrito sobre dicha nota que no había tenido conocimiento de ello.
14     El 18 de septiembre de 2000, el BCE notificó por escrito al recurrente la decisión de prorrogar su período de prueba hasta
el 31 de diciembre de 2000 (en lo sucesivo, «decisión de prórroga del período de prueba»). Asimismo, fue informado de que
la decisión de confirmar su nombramiento dependía del nivel de su rendimiento profesional durante la prórroga del período
de prueba.
15     Mediante escrito de 29 de noviembre de 2000, notificado al recurrente ese mismo día y firmado por el Director General de Administración
y Personal así como por el Jefe de División de Desarrollo del personal, el recurrente fue informado de la decisión del Comité
Ejecutivo de dar por terminado su contrato con efectos a 31 de diciembre de 2000 (en lo sucesivo, «decisión de despido»).
Esta decisión vino motivada por el hecho de que, incluso en la prórroga del período de prueba, el rendimiento profesional
del demandante no había mejorado a fin de cumplir las exigencias mínimas requeridas por el puesto de que se trata. En particular,
el recurrente se había mostrado deficiente en la aplicación del sistema de seguridad del BCE y en la observancia de las normas
y procedimientos administrativos y organizativos del trabajo.

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia
16     Mediante escrito de 12 de diciembre de 2000, el ahora recurrente interpuso un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia
(asunto T‑373/00), dirigido, en particular, a la anulación de la decisión de despido.
17     Además, el recurrente interpuso otros tres recursos en los que solicitaba, en particular:
–       que se anulase la decisión del Presidente del BCE por la que se desestimó su reclamación contra la decisión de prórroga del
período de prueba (asunto T‑27/01);
–       que se declarase que el Presidente del BCE se había abstenido ilegalmente de pronunciarse sobre su solicitud de examen de
su decisión de despido (asunto T‑56/01), y
–       que se anulase la decisión del Presidente del BCE por la que se desestimó su reclamación contra la decisión de despido (asunto
T‑69/01).
18     Mediante auto de 15 de enero de 2002, estos diversos recursos se acumularon a efectos de la fase oral. Mediante la sentencia
recurrida, el Tribunal de Primera Instancia acumuló dichos recursos a efectos de la sentencia, desestimó el recurso en el
asunto T‑373/00 y declaró que no procedía pronunciarse sobre los asuntos T‑27/01, T‑56/01 y T‑69/01.
19     Mediante esa misma sentencia, el Tribunal de Primera Instancia decidió que, en el asunto T‑373/00 cada parte cargase con sus
propias costas y que en los asuntos T‑27/01, T‑56/01 y T‑69/01 el ahora recurrente cargase con sus propias costas y con un
tercio de las del BCE.

Sentencia recurrida
20     El Tribunal de Primera Instancia, para desestimar en cuanto al fondo el recurso en el asunto T‑373/00, consideró, en primer
lugar, que carecía de fundamento la excepción de ilegalidad propuesta por el demandante relativa a las normas de delegación
de facultades adoptadas por el BCE en materia de gestión del personal. Expuso, al respecto, los siguientes motivos:
«43.      A juicio del demandante, el Reglamento del personal carece de fundamento legal. En efecto, dicho Reglamento versa sobre el
régimen aplicable a los empleados del BCE y, por tanto, debió ser adoptado, con arreglo al artículo 36.1 de los Estatutos
del SEBC, por el Consejo de Gobierno a propuesta del Comité Ejecutivo y no por el Comité Ejecutivo, que carecía de competencia
para ello.
44.      A tal respecto, basta con señalar que en el asunto en el que se dictó la sentencia X/BCE (sentencia de 18 de octubre de 2001,
X/BCE, T‑333/99, RecFP pp. I‑A-199 y II‑921; Rec. p. II‑3021) […], el Tribunal de Primera Instancia conoció de una excepción
de ilegalidad que tenía el mismo objeto que la invocada por el demandante en el presente asunto. Ahora bien, en dicha sentencia,
el Tribunal de Primera Instancia declaró, en esencia, en los apartados 96 a 109, que el Reglamento del personal no adolece
de las ilegalidades censuradas por el demandante, en particular en la medida en que, en el artículo 21.3 del Reglamento interno
del BCE, el Consejo de Gobierno delegó en el Comité Ejecutivo la facultad de determinar las normas de ejecución de las condiciones
de contratación, es decir, el Reglamento del personal.»
21     En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia consideró que tampoco estaba fundado el motivo sostenido por el demandante
y basado en la infracción de las condiciones de contratación y del Reglamento del personal así como en la vulneración del
principio de proporcionalidad.
22     El Tribunal de Primera Instancia comenzó señalando que dicho motivo se dividía en dos partes, a saber, por un lado, la impugnación
de la decisión de prórroga del período de prueba y, por otro lado, la de la decisión de despido. A continuación, examinó cada
una de las imputaciones recogidas en ambas partes.
23     Así, el Tribunal de Primera Instancia estimó, en primer lugar, en el apartado 49 de la sentencia recurrida, que la decisión
de prórroga del período de prueba se había adoptado de conformidad con las normas formales aplicables en el presente caso.
En segundo lugar, declaró, en los apartados 51 y 52 de dicha sentencia, que el BCE podía prorrogar el referido período de
prueba. En tercer lugar, señaló, en los apartados 56 y 57 de la misma sentencia, que el BCE podía considerar que se encontraba
ante circunstancias excepcionales que permitían prorrogar el período de prueba, en el sentido del artículo 2.1.2, párrafo
segundo, del Reglamento del personal. Con respecto a la decisión de despido, el Tribunal de Primera Instancia observó, en
primer lugar, en los apartados 65 y 66 de la sentencia recurrida, que el demandante estaba informado de los reproches efectuados
respecto de la calidad de sus conocimientos y prestaciones profesionales. El Tribunal de Primera Instancia señaló, en segundo
lugar, en el apartado 73 de dicha sentencia, que nada permitía concluir que el demandante no hubiera podido realizar su período
de prácticas en condiciones normales. En tercer lugar, sostuvo, en el apartado 81 de la misma sentencia, que no cabe reprochar
al BCE haber puesto fin al contrato del demandante violando sus derechos.
24     Por último, para condenar a dicho demandante a cargar con sus propias costas y con un tercio de las del BCE, en los asuntos
T‑27/01, T‑56/01 y T‑69/01, el Tribunal de Primera Instancia expuso los siguientes motivos:
«99.      El Tribunal de Primera Instancia estima que, a diferencia de lo que sostiene el demandante, del artículo 41, inciso iii),
de las condiciones de contratación se deduce que las decisiones de prórroga del período de prueba y de despido en el curso
del período de prueba no pueden ser objeto de una solicitud de examen precontencioso y de reclamación. En efecto, estas dos
decisiones tienen por objeto «no confirmar el nombramiento definitivo de empleados en período de prácticas», en el sentido
de la citada disposición.
100.      Así pues, la interposición de los recursos en los asuntos T‑27/01 y T‑69/01 ha ocasionado al demandado gastos abusivos.
101.      Por cuanto atañe al asunto T‑56/01, cuyo recurso fue presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de
marzo de 2001, ha de señalarse que el demandante interpuso este recurso por omisión por no haber recibido respuesta a la reclamación
interpuesta el 5 de febrero de 2000, mientras que, por una parte, en virtud del artículo 8.2.1 del Reglamento del personal,
esta solicitud quedó desestimada implícitamente un mes después de la interposición de la reclamación y, por otra parte, el
Presidente del BCE desestimó la reclamación del demandante el 12 de marzo de 2001.
102.      En consecuencia, sin que sea necesario examinar si procede declarar la inadmisibilidad del recurso por no haberse formulado
un requerimiento antes de interponer el recurso por omisión, no es menos cierto que, en el momento de la interposición del
recurso en el asunto T‑56/01, o al menos en los días inmediatamente posteriores a tal fecha, el demandante sabía que el demandado
había definido su posición a efectos del artículo 232 CE, párrafo segundo. Por tanto, no adoptó las medidas oportunas para
evitar que este recurso ocasionase al demandado gastos abusivos.
103.      En consecuencia, en lugar de condenar al demandado al pago de las costas en que incurrió el demandante, tal como éste solicita,
procede condenar al demandante al pago de un tercio de las costas en que incurrió el demandado en los asuntos T‑27/01, T‑56/01
y T‑69/01.»

Pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia
25     El recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
–       Anule la sentencia recurrida y las decisiones del BCE sobre la prórroga del período de prueba y el despido.
–       Condene al BCE a pagarle, desde el 31 de diciembre de 2000, el salario base anual de 32.304 euros, más los complementos y
demás conceptos retributivos previstos en las condiciones de contratación.
–       Condene en costas al BCE.
26     El BCE solicita al Tribunal de Justicia que:
–       Desestime el recurso de casación.
–       Condene en costas al recurrente.

Sobre el recurso de casación
27     En apoyo de sus pretensiones, el recurrente invoca tres motivos:

Sobre el primer motivo, referente a las normas en materia de delegación de facultades
Alegaciones de las partes
28     Mediante este motivo, el recurrente sostiene en esencia que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho
al desestimar, en los apartados 43 y 44 de la sentencia recurrida, la excepción de ilegalidad relativa a los artículos 2.1.2,
párrafo segundo, y 2.1.3 del Reglamento del personal. Basa su motivo, esencialmente, en las alegaciones que siguen.
29     En primer lugar, el recurrente alega que del artículo 36.1 de los Estatutos del SEBC se desprende que el Comité Ejecutivo
del SEBC no era competente para establecer el Reglamento del personal y que esta competencia corresponde al Consejo de Gobierno.
30     En segundo lugar, según el recurrente, el artículo 12.3 de los Estatutos del SEBC no autoriza al Consejo de Gobierno a delegar
facultades en materia de personal al Comité Ejecutivo.
31     A este respecto, añade que, aun cuando el Consejo de Gobierno estuviera habilitado para delegar en el Comité Ejecutivo la
facultad de establecer las condiciones de contratación del personal, debería haberlo hecho de forma expresa. Pues bien, a
juicio del recurrente, el Tribunal de Primera Instancia no examinó este argumento, sino que presumió la existencia de una
delegación implícita en el marco del artículo 21.3 del Reglamento interno.
32     El recurrente considera, asimismo, que el Tribunal de Primera Instancia interpretó erróneamente la jurisprudencia relativa
al artículo 110 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto de los Funcionarios»)
que se refiere a la delegación de facultades en el ámbito de la función pública comunitaria, al afirmar en el apartado 44
de la sentencia recurrida que el Consejo de Gobierno estaba habilitado para delegar en el Comité Ejecutivo la facultad para
determinar el Reglamento del personal. Por último, el recurrente observa que dicha sentencia vulnera el «principio del equilibrio
institucional», en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia refrendó la delegación discrecional de facultades en
entidades distintas de las establecidas por el Derecho primario.
33     En tercer lugar, el recurrente estima que al adoptar los artículos 2.1.2 y 2.1.3 del Reglamento del personal, el Comité Ejecutivo
infringió el artículo 21.3 del Reglamento interno, ya que no se trata de simples medidas de ejecución de las condiciones de
contratación, sino de normas materiales autónomas. A su juicio, dicho artículo 2.1.2 autoriza una prórroga unilateral del
período de prueba, y esta facultad excede el ámbito de aplicación del artículo 10, letra b), de las condiciones de contratación.
34     El recurrente añade a este respecto que el mencionado artículo 2.1.3 introduce una causa de despido durante dicho período,
relacionada con el carácter inapropiado de la conducta o del rendimiento del interesado, diferente de la recogida en el artículo
11, letra a), inciso i), de las condiciones de contratación.
35     El BCE sostiene, por su parte, que todas las consideraciones formuladas por el recurrente en el marco de las alegaciones primera
y segunda ni son pertinentes, ni fundadas. Señala que, conforme a la jurisprudencia relativa a la aplicación del artículo
110 del Estatuto de los Funcionarios, las instituciones pueden adoptar disposiciones generales de ejecución, a menos que restrinjan
el ámbito de aplicación del Estatuto. Por otra parte, la atribución de determinadas competencias al Comité Ejecutivo por el
Consejo de Gobierno es conforme al principio del equilibrio institucional.
36     El BCE señala que el recurrente no indica qué parte de la sentencia recurrida pretende cuestionar mediante su tercera alegación.
En cualquier caso, tal argumentación no está fundada. En su opinión, los artículos 2.1.2, párrafo segundo, y 2.1.3 del Reglamento
del personal constituyen medidas de aplicación del artículo 10, letra b), de las condiciones de contratación, las cuales forman
parte integrante del contrato de trabajo. Por otra parte, añade que el artículo 11 de dichas condiciones de contratación no
se aplica durante el período de prueba.
Apreciación del Tribunal de Justicia
37     Mediante su primer motivo, el recurrente pretende, en esencia, demostrar que el Tribunal de Primera Instancia declaró erróneamente
que el régimen de delegación de facultades en materia de personal en el seno del BCE y el ejercicio de dichas competencias
por las entidades correspondientes de éste son legales.
38     A este respecto, procede señalar con carácter preliminar que al Consejo de Gobierno se le confirió, en virtud de los artículos
12.3 y 36.1 del Protocolo sobre los Estatutos del SEBC, potestad normativa para adoptar, por un lado, un reglamento interno
a fin de determinar la organización interna del BCE y de sus órganos rectores y, por otro lado, las condiciones de contratación
del personal del BCE.
39     Es preciso subrayar que las facultades de organización y de gestión así definidas se corresponden con las conferidas a otras
instituciones y organismos establecidos en virtud del Derecho originario (véase, por ejemplo, en relación con la Comisión
Europea, el artículo 218 CE, párrafo segundo).
40     De conformidad con las disposiciones de habilitación antes citadas, el Consejo de Gobierno adoptó las condiciones de contratación
del BCE. Éstas autorizan, a su vez, al Comité Ejecutivo para que precise, mediante el Reglamento del personal, las normas
generales de aplicación de dichas condiciones de contratación.
41     Respecto de la adecuación de dicho sistema de delegación de facultades al Derecho comunitario, procede recordar que, como
se desprende de la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de junio de 1958 (Meroni/Alta Autoridad, 9/56, Rec. pp. 9 y ss.,
especialmente pp. 42 y 43), las competencias que se confieren a una institución comprenden la capacidad de delegar, respetando
las exigencias del Tratado, cierto número de facultades que corresponden a dichas competencias en las condiciones que ella
determine.
42     Es necesario puntualizar, a este respecto, que si el razonamiento del Tribunal de Justicia en la sentencia antes citada se
refería a la delegación de facultades, en relación con la aplicación de determinados mecanismos financieros, a organismos
de Derecho privado dotados de personalidad jurídica distinta, con mayor razón una institución u organismo comunitario está
habilitado para establecer un conjunto de medidas de organización y de delegación de facultades a sus propias entidades rectoras,
en particular, en el ámbito de la gestión de su propio personal. En efecto, como declaró el Tribunal de Justicia en el apartado
34 de sus sentencia de 14 de octubre de 2004 (Pflugradt/BCE, C‑409/02 P, Rec. p. I‑0000), un organismo comunitario que tiene
encomendada una misión de interés general se halla facultado para dictar, mediante una norma reglamentaria, las disposiciones
aplicables a su personal.
43     En lo referente a las condiciones que han de cumplirse en el marco de tales delegaciones de facultades, es preciso recordar
que, como puntualizó el Tribunal de Justicia en la sentencia Meroni/Alta Autoridad, antes citada (véanse pp. 40 a 44, 46 y
47), en primer lugar, la autoridad delegante no puede conferir a la autoridad delegada facultades distintas de las que ella
misma ha recibido. En segundo lugar, el ejercicio de las facultades conferidas a la entidad delegada debe someterse a las
mismas condiciones a las que estaría sometido si la autoridad delegante las ejerciera directamente, en particular, por lo
que respecta a las exigencias de motivación y publicación. Por último, incluso cuando está legitimada para delegar sus facultades,
la autoridad delegante debe adoptar una decisión explícita de delegación y dicha delegación sólo puede referirse a facultades
de ejecución, exactamente definidas.
44     En cuanto a las delegaciones de competencias efectuadas en el seno del BCE en materia de personal y habida cuenta de las alegaciones
expuestas por el recurrente en apoyo de su primer motivo, procede señalar que las disposiciones adoptadas por el BCE en el
ámbito considerado y el alcance de las delegaciones efectuadas al respecto son plenamente conformes con las condiciones recogidas
en la sentencia Meroni/Alta Autoridad, antes citada (véase el apartado 41 de la presente sentencia).
45     En efecto, por lo que respecta a la precisión exigida en materia de delegación de facultades, hay que señalar que el Consejo
de Gobierno, que es competente para adoptar el régimen aplicable al personal y, en particular, las condiciones de contratación,
estableció de manera explícita, en el artículo 21.3 de su Reglamento interno, que corresponde al Comité Ejecutivo la aprobación
y modificación de las normas de aplicación de las referidas condiciones de contratación.
46     En estas circunstancias, no cabe acoger la alegación del recurrente basada en la aplicación errónea, por el Tribunal de Primera
Instancia, de la jurisprudencia relativa a la interpretación del artículo 110 del Estatuto de los Funcionarios. En efecto,
como se desprende del apartado 37 de la sentencia Pflugradt/BCE, antes citada, en el ejercicio de su facultad para aplicar
las medidas generales de ejecución en materia de personal, los órganos rectores del BCE no se encuentran en modo alguno en
una situación distinta de aquella en que se hallan los órganos rectores de las demás instituciones y organismos comunitarios
en sus relaciones con sus agentes. En este contexto y respecto del «principio del equilibrio institucional», basta recordar
que este principio sólo está destinado a aplicarse a las relaciones entre instituciones y organismos comunitarios (véase,
en particular, la sentencia de 22 de mayo de 1990, Parlamento/Consejo, C‑70/88, Rec. p. I‑2041, apartados 21 a 23).
47     Por lo que se refiere a la alegación basada en la infracción, por el Comité Ejecutivo, de las facultades de ejecución otorgadas
por el Consejo de Gobierno, es preciso observar que los artículos 2.1.2 y 2.1.3 del Reglamento del personal, adoptado por
el Comité Ejecutivo, establecen determinadas circunstancias que pueden sobrevenir durante el desarrollo del período de prueba.
Tales disposiciones permiten, concretamente, por un lado, prorrogar el período de prueba y, por otro lado, poner fin al contrato
durante dicho período.
48     Es necesario señalar, a este respecto, que los artículos 2.1.2 y 2.1.3 del Reglamento del personal quedan dentro de los límites
de las facultades de ejecución que el artículo 21.3 del Reglamento interno confiere al Comité Ejecutivo. Contrariamente a
lo alegado por el recurrente, las citadas disposiciones no contravienen lo dispuesto en el artículo 10, letra b), de las condiciones
de contratación, según el cual el Comité Ejecutivo puede, de conformidad con el Reglamento del personal, establecer un régimen
de prueba. Las disposiciones controvertidas tampoco se sitúan fuera del marco trazado por el artículo 11, letra a), inciso i),
de las condiciones de contratación por lo que se refiere a las circunstancias en las que el BCE puede poner fin a los contratos
celebrados con sus empleados.
49     En efecto, como señala acertadamente el Abogado General en el punto 39 de sus conclusiones, puesto que el Comité Ejecutivo
está facultado, conforme al artículo 10, letra b), de las condiciones de contratación, para adoptar las normas que regulan
el período de prueba, ha respetado los límites de sus competencias en dicho ámbito al establecer que, a lo largo del citado
período durante el cual se han seguido con particular atención las prestaciones del empleado afectado, puede resolverse un
contrato «en caso de inaptitud o rendimiento insatisfactorio».
50     Es preciso añadir que, como señaló el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 52 de la sentencia recurrida, en una situación
en la que el Comité Ejecutivo puede poner fin al contrato durante el período de prueba, tanto más ha de tener la facultad
de prorrogar unilateralmente dicho período.
51     De lo anterior se deduce que el régimen de delegación de competencias en materia de personal y el ejercicio de dichas competencias
por las entidades del BCE son legales.
52     En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró conforme a Derecho que las disposiciones adoptadas por el BCE a
este respecto no adolecen de ilegalidad. Por lo tanto, el primer motivo no está fundado.

Sobre el segundo motivo, referente a los artículos 2.1.2 y 2.1.3 del Reglamento del personal
53     Con carácter subsidiario, para el caso de que el Tribunal de Justicia admitiera la legalidad de los artículos 2.1.2 y 2.1.3
del Reglamento del personal, el recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia declaró erróneamente, en los apartados
46 a 83 de la sentencia recurrida, que las decisiones sobre, por un lado, la prórroga del período de prueba del recurrente
y, por otro lado, el despido de éste, eran conformes con las condiciones de contratación y con el Reglamento del personal.
Este motivo se compone de cinco partes.
Sobre la primera parte
–       Alegaciones de las partes
54     En la primera parte, el recurrente señala que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta, en el apartado 49 de la
sentencia recurrida, que la decisión de prorrogar el período de prueba se había adoptado infringiendo el artículo 2.1.2 del
Reglamento del personal. En efecto, la facultad de prorrogar el período de prueba corresponde al Comité Ejecutivo y no puede
delegarse en el Vicepresidente del BCE.
55     A este respecto, el BCE alega que no sólo no existe disposición alguna que prohíba al Comité Ejecutivo organizar el reparto
de funciones entre sus miembros, sino que, por el contrario, su Reglamento interno establece expresamente tales facultades.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
56     En primer lugar, procede recordar que, como señaló el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 49 de la sentencia recurrida,
el Comité Ejecutivo, mediante una decisión de 16 de marzo de 1999, delegó en el Vicepresidente del BCE la facultad de adoptar
las decisiones de prórroga del período de prueba de empleados recién contratados.
57     Por lo que se refiere a la validez de dicha habilitación, es preciso observar que, como señala acertadamente el Abogado General
en los puntos 48 a 54 de sus conclusiones, las instituciones y organismos comunitarios disfrutan de una facultad de organización
interna en el sentido de que sus órganos colegiados pueden delegar en uno o varios de sus miembros la facultad de adoptar
decisiones de carácter individual en materia de gestión de personal en un ámbito que ya ha sido objeto de regulación general
por la entidad colegiada de que se trate.
58     En efecto, es jurisprudencia reiterada que las instituciones y organismos comunitarios disponen de una amplia facultad de
apreciación en su organización interna en función de las misiones que tienen encomendadas (véanse, en particular, las sentencias
de 10 de julio de 2003, Comisión/BEI, C‑15/00, Rec. p. I‑7281, apartado 67, y Pflugradt/BCE, antes citada, apartado 43).
59     En concreto, el Tribunal de Justicia ha declarado (véase, en particular, la sentencia de 23 de septiembre de 1986, AKZO Chemie/Comisión,
5/85, Rec. p. 2585, apartados 35 a 37) que la Comisión puede, sin vulnerar el principio de colegialidad que rige su funcionamiento,
facultar a sus miembros para que adopten determinadas decisiones en su nombre. Este sistema de habilitación no priva a la
Comisión de su facultad de decisión, puesto que las decisiones adoptadas por el miembro lo son en nombre de la Comisión, que
asume plenamente la responsabilidad de ellas. El Tribunal de Justicia basó esta apreciación, concretamente, en la necesidad
de garantizar la capacidad de funcionamiento del órgano de decisión que responde a un principio inherente en todo sistema
institucional.
60     Dicha jurisprudencia, relativa al sistema de habilitación aplicado en la Comisión, puede extrapolarse al presente caso, dado
que el sistema de que se trata no tiene el efecto de privar al Comité Ejecutivo de su potestad normativa y que las decisiones
de prórroga del período de prueba adoptadas por el Vicepresidente del BCE lo son en nombre del Comité Ejecutivo, que asume
plenamente la responsabilidad de ellas. La habilitación controvertida se limita, en efecto, a unas decisiones individuales
relativas a la prórroga del período de prueba de un empleado recién contratado y no versa en absoluto sobre cuestiones de
carácter general.
61     En estas circunstancias, procede concluir que el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente que el Vicepresidente
del BCE podía adoptar válidamente la decisión de prorrogar el período de prueba del recurrente.
62     Por consiguiente, no cabe acoger la primera parte del segundo motivo.
Sobre la segunda parte
–       Alegaciones de las partes
63     En la segunda parte de su motivo, el recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia, en los apartados 56 y siguientes
de la sentencia recurrida, valoró erróneamente el carácter ambiguo de los criterios de aplicación del artículo 2.1.2 del Reglamento
del personal, puesto que dichas disposiciones podían dar paso a medidas arbitrarias y, por ende, incompatibles con «normas
superiores de Derecho comunitario». En su opinión, el hecho de albergar dudas sobre las aptitudes del empleado, durante el
período de prueba, no constituye un «caso excepcional» en el sentido del artículo 2.1.2. El recurrente añade que el Tribunal
de Primera Instancia no consideró que dicha disposición fuera contraria al artículo 9, letra a), segunda frase, de las condiciones
de contratación, puesto que no puntualiza cómo aplicarlas.
64     El BCE considera que la alegación no está fundada, habida cuenta de que la existencia de un margen de actuación discrecional
no puede conducir automáticamente a la adopción arbitraria de decisiones.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
65     Con carácter preliminar, procede observar que la utilización de la expresión «caso excepcional» en el artículo 2.1.2 del Reglamento
del personal refleja la voluntad de la autoridad de que se trata, a saber, el Comité Ejecutivo, de reservarse una facultad
de apreciación para determinar, según los hechos del caso y las circunstancias individuales, en qué situación puede ser deseable
una prórroga del período de prueba de un empleado recién contratado.
66     Por otra parte, y como señala acertadamente el Abogado General en el punto 57 de sus conclusiones, las decisiones adoptadas
sobre dicha base pueden ser objeto de control judicial. Además, no cabe considerar
a priori
la posibilidad de prorrogar el período de prueba como un elemento desfavorable para el interesado, pues permite introducir
elementos encaminados a mejorar las relaciones laborales, en interés de las dos partes afectadas y, de este modo, mantener
las referidas relaciones.
67     Por consiguiente, procede concluir que el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente que la decisión de prorrogar
el período de prueba del recurrente era legal.
68     Por lo tanto, no cabe acoger la segunda parte del motivo.
Sobre la tercera parte
–       Alegaciones de las partes
69     En la tercera parte de su motivo, el recurrente impugna la apreciación del Tribunal de Primera Instancia de que la existencia
de dudas sobre la aptitud profesional puede constituir un «caso excepcional» en el sentido del artículo 2.1.2 del Reglamento
del personal.
70     El BCE indica que la expresión «caso excepcional» que se recoge en el artículo 2.1.2 del Reglamento del personal no significa
en absoluto que la institución no esté obligada a motivar las decisiones adoptadas en dicho ámbito. En su opinión, al declarar
que la citada expresión requiere la existencia de condiciones objetivas, el Tribunal de Primera Instancia afirmó un criterio
que obstaculiza la adopción de una decisión arbitraria.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
71     Procede recordar que, como se ha señalado en el apartado 58 de la presente sentencia, el BCE dispone de una amplia facultad
de apreciación en la gestión de su personal para poder cumplir la misión de interés general que le ha sido conferida.
72     De lo anterior se desprende que es precisamente en el período de prueba cuando una institución u organismo comunitario debe
cerciorarse de que el interesado reúne todas las condiciones personales y profesionales para ocupar el puesto para el que
fue contratado y llevar a cabo sus funciones correspondientes. En este contexto, una prórroga del período de prueba puede
constituir una medida apropiada a tal fin.
73     En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error de Derecho al considerar que la existencia de dudas
sobre la aptitud de un empleado recién contratado podía constituir un «caso excepcional», en el sentido del artículo 2.1.2
del Reglamento del personal, que justificase una prórroga de su período de prueba.
74     Por lo tanto, debe rechazarse la tercera parte del motivo.
Sobre la cuarta parte
–       Alegaciones de las partes
75     En la cuarta parte, el recurrente impugna la apreciación del Tribunal de Primera Instancia de que se prorrogó su período de
prueba debido a las dudas sobre su aptitud profesional. En su opinión, el Tribunal de Primera Instancia se basó, a este respecto,
en hechos inexactos, sin tener en cuenta la carga de la prueba e ignorando las declaraciones del BCE según las cuales la prórroga
del período de prueba se debía a su propia negligencia al no haber establecido un período laboral más representativo fuera
de las vacaciones de verano.
76     El BCE considera que esta parte del segundo motivo es inadmisible, porque pretende cuestionar la declaración del Tribunal
de Primera Instancia de que la decisión de prorrogar el período de prueba del recurrente se basaba en las dudas sobre la aptitud
de éste para cumplir sus funciones. El BCE indica, en concreto, que la prórroga del período de prueba pretendía dar al recurrente
la posibilidad de adaptarse mejor a las condiciones del trabajo y de familiarizarse con las exigencias del servicio en el BCE.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
77     Procede observar que, mediante esta parte de su motivo, el recurrente pretende, en esencia, cuestionar diversas apreciaciones
de hecho efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia.
78     Es preciso señalar que, como recuerda acertadamente el Abogado General en los puntos 67 y 68 de sus conclusiones, conforme
a reiterada jurisprudencia (véase, por ejemplo, la sentencia de 8 de mayo de 2003, T. Port/Comisión, C‑122/01 P, Rec. p. I‑4261,
apartado 27), el Tribunal de Justicia no es competente para apreciar los hechos ni, en principio, para examinar las pruebas
que el Tribunal de Primera Instancia haya valorado en apoyo de estos hechos. Siempre que tales pruebas se hayan obtenido de
modo regular y se hayan observado los principios generales del Derecho y las normas procesales aplicables en materia de carga
y de valoración de la prueba, corresponde únicamente al Tribunal de Primera Instancia apreciar la importancia que ha de atribuirse
a los elementos que le hayan sido presentados. Así pues, esta apreciación no constituye, sin perjuicio del supuesto de la
desnaturalización de dichos elementos, una cuestión de Derecho sujeta al control del Tribunal de Justicia.
79     A este respecto, y como precisó el Abogado General en el punto 69 de sus conclusiones, en la medida en que el recurrente no
ha demostrado, y ni siquiera sostenido seriamente, que el Tribunal de Primera Instancia haya desnaturalizado los hechos y
las pruebas que le fueron presentados, la apreciación de dicho Tribunal sobre los medios empleados para asegurar la formación
de empleados recién contratados constituye una apreciación de hechos y pruebas que no puede impugnarse en el marco del recurso
de casación.
80     En estas circunstancias, la cuarta parte del motivo debe considerarse inadmisible.
Sobre la quinta parte
–       Alegaciones de las partes
81     En la quinta parte, el recurrente observa que, contrariamente a lo declarado por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados
70 a 73 de la sentencia recurrida, no había podido llevar a cabo el período de prueba en condiciones normales.
82     El BCE alega que esta parte también es inadmisible, habida cuenta de que pretende cuestionar la declaración realizada por
el Tribunal de Primera Instancia de que el período de prueba del recurrente se había desarrollado en condiciones normales.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
83     A este respecto, basta señalar que, mediante su alegación, el recurrente pretende cuestionar una apreciación de hecho efectuada
por el Tribunal de Primera Instancia.
84     En efecto, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 73 de la sentencia recurrida, que «nada permite [...]
concluir que no se dio al demandante la oportunidad de cumplir su período de prueba en condiciones normales».
85     En estas circunstancias y habida cuenta de las consideraciones efectuadas en el apartado 78 de la presente sentencia, al no
haber invocado el recurrente imputación alguna de desnaturalización, debe declararse la inadmisibilidad de la quinta parte
del motivo.

Sobre el tercer motivo, referente a las costas
Alegaciones de las partes
86     El recurrente sostiene que la sentencia recurrida, en los apartados 99 a 103, adolece de un error de Derecho en la medida
en que le impone una parte de las costas ocasionadas en los asuntos T‑27/01 y T‑69/01. El recurrente considera que el Tribunal
de Primera Instancia interpretó erróneamente el artículo 87, apartado 3, párrafo segundo, de su Reglamento de Procedimiento,
al declarar que los referidos recursos se habían interpuesto sin un motivo válido. Respecto del recurso en el asunto T‑56/01,
el recurrente manifiesta que dicho recurso había sido precedido de un comportamiento lesivo del BCE.
87     El BCE considera que el motivo es inadmisible en su totalidad, con arreglo al artículo 51, párrafo segundo, del Estatuto CE
del Tribunal de Justicia.
Apreciación del Tribunal de Justicia
88     Es preciso recordar que, con arreglo al artículo 51, párrafo segundo, del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, «la imposición
y la cuantía de las costas no constituirán por sí mismas un motivo de interposición del recurso de casación». Además, el Tribunal
de Justicia ha considerado que, en el supuesto de que se hayan desestimado todos los demás motivos de un recurso de casación,
procede declarar la inadmisibilidad de las pretensiones relativas a la supuesta irregularidad de la decisión del Tribunal
de Primera Instancia sobre las costas, con arreglo a dicha disposición (véanse las sentencias de 12 de julio de 2001, Comisión
y Francia/TF1, asuntos acumulados C‑302/99 P y C‑308/99 P, Rec. p. I‑5603, apartado 31, y de 30 de septiembre de 2003, Freistaat
Sachsen y otros/Comisión, asuntos acumulados C‑57/00 P y C‑61/00 P, Rec. p. I‑9975, apartado 124).
89     En consecuencia, en la medida en que deben desestimarse todos los demás motivos del recurso de casación interpuesto por el
recurrente, el último motivo, dirigido contra la decisión del Tribunal de Primera Instancia relativa al reparto de las costas,
debe declararse inadmisible.
90     De todas las consideraciones anteriores se desprende que debe desestimarse el recurso de casación.

Sobre las costas
91     A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de recurso de casación en
virtud del artículo 118 del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así lo hubiera solicitado
la otra parte. A tenor del artículo 70 de dicho Reglamento, las instituciones soportarán los gastos en que hubieren incurrido
en los recursos de sus agentes. No obstante, en virtud del artículo 122, párrafo segundo, del citado Reglamento, el artículo
70 no se aplicará a los recursos de casación interpuestos por funcionarios u otros agentes de una institución contra ésta.
Por lo tanto, por haber solicitado el BCE la condena en costas del recurrente y haber sido desestimados los motivos formulados
por éste, procede condenarlo en costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:
1)
Desestimar el recurso de casación.
2)
Condenar en costas al Sr. Tralli.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: alemán.