CELEX: 61989CJ0355
Restricciones a la libre circulación de trabajadores en la Isla de Man
Artículo 177 del Tratado
Admisibilidad

Mediante resolución de 13 de noviembre de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 21 de noviembre siguiente, la Deputy High Bailiff's Court, de Douglas (Isla de Man) planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de las disposiciones del Protocolo n° 3, relativo a las Islas del Canal y a la Isla de Man (
DO 1972, L 73, p. 164
; en lo sucesivo, «Protocolo n° 3»), del Acta relativa a las condiciones de adhesión y a las adaptaciones de los Tratados (
DO 1972, L 73, p. 14
; en lo sucesivo, «Acta de adhesión»), anexa al Tratado relativo a la adhesión a la Comunidad Económica Europea y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (
DO 1972, L 73, p. 5
; en lo sucesivo, «Tratado de adhesión»).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un proceso penal seguido como consecuencia de sendas querellas presentadas por el Department of Health and Social Security (Isla de Man) contra el Sr. Barr, por su condición de trabajador, y contra Montrose Holdings Limited (en lo sucesivo, «Montrose»), en su condición de empresario, por infracción de determinadas normas de la Control of Employment Act (Ley sobre control de empleo) de la Isla de Man de 1975. En efecto, el Sr. Barr, ciudadano británico, había desempeñado un puesto de trabajo de jurista de empresa al servicio de la sociedad Montrose, sin estar en poder del permiso de trabajo que exige la Control of Employment Act con respecto a las personas que desempeñan este tipo de puesto de trabajo sin tener la cualidad de trabajador de la Isla de Man.
Los acusados admitieron la realidad de los hechos, expuestos en las cédulas de emplazamiento, aunque consideraron que debían desestimarse las pretensiones, por cuanto la normativa de la Isla de Man era contraria al artículo 4 del Protocolo n° 3, según el cual las autoridades de los territorios de que se trata «aplicarán el mismo trato a todas las personas físicas o jurídicas de la Comunidad».
En estas circunstancias, la Deputy High Bailiff's Court, de Douglas decidió suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se pronunciara, con carácter prejudicial, sobre las cuestiones siguientes:
«1)
¿Infringe la Control of Employment Act 1975 (modificada), un “Act of Tyn-wald” [ley de la Isla de Man], las disposiciones del Protocolo n° 3 del Acta anexa al Tratado de adhesión de 1972, en el sentido como debe interpretarse dicho protocolo, en tanto en cuanto dicha “Act of Tynwald”:
a)
en relación con el desarrollo de actividades lucrativas en la Isla de Man por parte de personas distintas de los trabajadores de la Isla de Man en el sentido indicado en dicha “Act of Tynwald”, modificada, prevé controles o restricciones que suponen discriminaciones en función del oficio, la profesión o la clase de trabajo;
b)
en relación con el desarrollo de actividades lucrativas en la Isla de Man, depara a las personas físicas y jurídicas de la Comunidad un trato distinto del que se depara en el Reino Unido a los ciudadanos de la Isla de Man?
2)
Según la interpretación correcta, ¿supone el artículo 4 de dicho Protocolo n° 3 únicamente que, con respecto a las personas físicas y jurídicas de la Comunidad, les está vedado a las autoridades de la Isla de Man establecer discriminaciones por razón de nacionalidad?»
Para una más amplia exposición de los hechos del proceso penal principal, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre la competencia del Tribunal de Justicia
Con carácter liminar debe examinarse si cabe considerar a la Deputy High Bailiff's Court, de Douglas como un òrgano jurisdiccional facultado para plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia en virtud del artículo 177 del Tratado, a pesar de que, según el Derecho del Reino Unido, la Deputy High Bailiff's Court, de Douglas (Isla de Man) no forma parte de la organización judicial británica.
Sobre el particular, procede recordar que, según la letra c) del apartado 5 del artículo 227 del Tratado CEE, en la redacción dada por el Acta de adhesión, las disposiciones del Tratado CEE sólo son aplicables a las Islas del Canal y a la Isla de Man en la medida prevista en el Protocolo n° 3.
Acto seguido debe subrayarse que, en virtud del apartado 3 del artículo 1 del Tratado de adhesión, las disposiciones relativas a las facultades y competencias de las Instituciones de la Comunidad se aplican con respecto al Protocolo n° 3, el cual, según el artículo 158 del Acta de adhesión, forma parte integrante de dicha Acta. Por lo tanto, la competencia prejudicial atribuida al Tribunal de Justicia en virtud del artículo 177 del Tratado abarca el Protocolo n° 3.
Asimismo debe considerarse que no sería posible garantizar la aplicación uniforme del Protocolo n° 3 en la Isla de Man si los órganos jurisdiccionales cuya sede se encuentra en su territorio no pudieran plantear cuestiones al Tribunal de Justicia sobre la interpretación de dicho Protocolo, de la normativa comunitaria a la que este Protocolo se remite y sobre la validez de dicha normativa, así como sobre la interpretación y validez de los actos adoptados por las Instituciones de la Comunidad basándose en el Protocolo n° 3.
De lo anterior se deduce que, con el fin de garantizar dicha aplicación uniforme, debe considerarse a la Deputy High Bailiff's Court como un órgano jurisdiccional facultado para plantear cuestiones prejudiciales sobre dichos extremos ante el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 177 del Tratado.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, en un procedimiento promovido en virtud del artículo 177 del Tratado, el Tribunal de Justicia no puede pronunciarse sobre la compatibilidad de una disposición legal o reglamentaria nacional con el Derecho comunitario. No obstante, puede facilitar al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos de interpretación basados en el Derecho comunitario, que permitan que el órgano jurisdiccional de que se trate aprecie la compatibilidad de dichas normas con la norma comunitaria invocada.
Primera parte de la cuestión primera y cuestión segunda
Deben entenderse y precisarse estas cuestiones a la luz de los hechos del litigio, según resultan de la legislación de la Isla de Man, de las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia, así como de las explicaciones dadas en el acto de la vista.
Según los acusados, el artículo 4 del Protocolo n° 3 se opone a la aplicación de las citadas normas por parte de la Control of Employment Act. Esta última disposición prevé, con sujeción a una sanción, que nadie debe ocupar un puesto de trabajo en la Isla de Man, ni solicitar dicho puesto o contratar la prestación de su trabajo para desempeñarlo, excepto si se trata de un trabajador de la Isla de Man, ni contratar a nadie que no sea un trabajador de la Isla de Man con la salvedad de que se esté en posesión de un permiso expedido por el Department of Health and Social Security. Sin embargo, las personas que no tengan la condición de trabajador de la Isla de Man pueden desempeñar sin permiso determinados puestos de trabajo relacionados en el Anexo 1 de la Ley, de los que no forma parte la actividad de jurista de empresa desarrollada por el Sr. Barr.
Consideran los acusados que dichas excepciones a la exigencia de un permiso de trabajo, en definitiva, implican una reserva del acceso a determinados empleos, tales como los existentes en el cuerpo de policía, Fuerzas Armadas o en la función pública de la Isla de Man, para los nacionales del Reino Unido, como el Sr. Barr, o los nacionales irlandeses y, por lo tanto, la creación de una desigualdad de trato a favor de los mismos. De ello infieren que todas las disposiciones del régimen establecido por la Control of Employment Act, incluida la exigencia del permiso de trabajo para un empleo como el desempeñado por el Sr. Barr, son contrarias al artículo 4 del Protocolo n° 3.
En estas circunstancias, procede considerar que, esencialmente, el objetivo de la primera parte de la cuestión primera y la cuestión segunda consiste en determinar si el hecho de que las autoridades de la Isla de Man exijan estar en poder de un permiso de trabajo a todos los nacionales de la Comunidad que deseen desempeñar un puesto de trabajo determinado constituye una infracción de la obligación de garantizar la igualdad de trato que establece el artículo 4 del Protocolo n° 3, cuando la legislación nacional prevé excepciones a dicha obligación para otros puestos de trabajo y que, en algunos casos, éstas, en definitiva, implican reservar el acceso a dichos puestos únicamente a los nacionales de dos Estados miembros.
Sobre el particular, como acertadamente subraya el Reino Unido, procede recalcar que la regla prevista en el artículo 4 del Protocolo n° 3 no puede interpretarse de tal forma que la misma se convierta en un medio indirecto para aplicar en el territorio de la Isla de Man disposiciones comunitarias que no son aplicables en el mismo en virtud de la letra c) del apartado 5 del artículo 227 del Tratado CEE y del artículo 1 del Protocolo n° 3, tales como las normas relativas a la libre circulación de trabajadores.
Sin embargo, contrariamente a lo que sostiene el Reino Unido, el principio de igualdad de trato establecido en virtud del artículo 4 del Protocolo n° 3 no se limita tan sólo a los ámbitos de la normativa comunitaria a que se refiere el artículo 1 del Protocolo n° 3. En efecto, el artículo 1 se refiere a la libre circulación de mercancías, mientras que el artículo 4 se refiere a las personas físicas y jurídicas. Por lo tanto, debe reconocerse un alcance autònomo a esta ùltima norma. Debe interpretarse en el sentido de que se opone a cualquier discriminación entre las personas físicas y jurídicas de los Estados miembros en lo tocante a las situaciones que se regulan por el Derecho comunitario, en los territorios en los que el Tratado se aplica íntegramente.
Dado que el acceso al empleo es una de las materias reguladas por el Derecho comunitario, al mismo se aplica la regla prevista en el artículo 4 del Protocolo n° 3, aunque por tal motivo los nacionales comunitarios no puedan acogerse en la Isla de Man a las normas relativas a la libre circulación de trabajadores.
A la luz de lo que se acaba de exponer, procede considerar que la eventualidad de un trato discriminatorio para los nacionales de determinados Estados miembros de a Comunidad en comparación con los nacionales de otros Estados miembros, en lo que atañe a determinados empleos, no puede afectar a la compatibilidad con el Derecho comunitario de la exigencia de un permiso de trabajo para otros empleos, por cuanto dicha exigencia se aplica de forma no discriminatoria a todos los nacionales comunitarios. En efecto, contrariamente a lo que sostuvieron los acusados, no necesariamente la eventualidad de una discriminación para determinados empleos surte el efecto de provocar la incompatibilidad de todo el sistema establecido por la Control of Employment Act con el Derecho comunitario.
Por todo lo que antecede, debe contestarse a la primera parte de la cuestión primera y a la cuestión segunda que el hecho de que las autoridades de la Isla de Man exijan estar en poder de un permiso de trabajo a todos los nacionales de la Comunidad que deseen desempeñar un puesto de trabajo en dicha isla no constituye para la generalidad de los puestos de trabajo un incumplimiento de la obligación de asegurar la igualdad de trato que proclama el artículo 4 del Protocolo n° 3, aunque la legislación nacional prevea excepciones a dicha obligación para determinados empleos y que, en algunos casos, éstas redunden en diferencias de trato por razón de nacionalidad.
Segunda parte de la cuestión primera
Esencialmente, el objetivo de la segunda pane de la cuestión primera consiste en dilucidar si las normas del Protocolo n° 3 obligan a las autoridades de la Isla de Man, por lo que respecta al empleo, a deparar a los nacionales comunitarios el mismo trato que aquél que el Reino Unido otorga a los nacionales de la Isla de Man.
Según el artículo 2 del Protocolo n° 3, los derechos de que disfrutan los nacionales de dicho territorio en el Reino Unido no resultan afectados por el Acta de adhesión. No obstante, puntualiza dicho artículo que éstos no se benefician de las disposiciones comunitarias relativas a la libre circulación de personas y servicios.
Por consiguiente, no puede interpretarse el artículo 2 del Protocolo n° 3 en el sentido de que obliga a las autoridades de la Isla de Man a tratar a las personas físicas y jurídicas de la Comunidad de idéntica manera a como se trata en el Reino Unido a los nacionales de dicha isla. Semejante regla tampoco se deduce de otras normas del Protocolo.
Por todo lo que antecede, debe contestarse a la segunda parte de la cuestión primera que, en lo que al empleo se refiere, las normas del Protocolo n° 3 deben interpretarse en el sentido de que no obligan a las autoridades de la Isla de Man a deparar a los nacionales comunitarios, en lo que a empleo se refiere, un trato igual al que el Reino Unido concede a los nacionales de la Isla de Man.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno del Reino Unido y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la Deputy High Bailiff's Court de Douglas (Isla de Man) mediante resolución de 13 de noviembre de 1989, declara:

1)
El hecho de que las autoridades de la Isla de Man exijan estar en poder de un permiso de trabajo a todos los nacionales de la Comunidad que deseen desempeñar un puesto de trabajo en dicha isla no constituye para la generalidad de los puestos de trabajo un incumplimiento de la obligación de asegurar la igualdad de trato que proclama el artículo 4 del Protocolo n° 3, relativo a las Islas del Canal y a la Isla de Man, del Acta relativa a las condiciones de adhesión y a las adaptaciones de los Tratados anexa al Tratado relativo a la adhesión a la Comunidad Económica Europea y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, aunque la legislación nacional prevea excepciones a dicha obligación para determinados empleos y que, en algunos casos, éstas redunden en diferencias de trato por razón de nacionalidad.

2)
Las normas del Protocolo n° 3 deben interpretarse en el sentido de que no obligan a las autoridades de la Isla de Man a deparar a los nacionales comunitarios, en lo que a empleo se refiere, un trato igual al que el Reino Unido concede a los nacionales de la Isla de Man.

Mancini
O'Higgins
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Diez de Velasco
Slynn
Joliét
Schockweiler
Grévisse
Zuleeg
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 3 de julio de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente en funciones
G. F. Mancini
Presidente de Sala
(
*1
)	Lengua de procedimiento: ingles.