CELEX: 62004CJ0513
Impuesto sobre la renta
Dividendos
Carga tributaria sobre los dividendos de participaciones en sociedades establecidas en otro Estado miembro
No imputación en el Estado de residencia del impuesto sobre la renta retenido en la fuente en otro Estado miembro

1       La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 73 B, apartado 1, del Tratado CE (actualmente,
artículo 56 CE, apartado 1).
2       Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre el Sr. Kerckhaert y la Sra. Morres (en lo sucesivo, «matrimonio
Kerckhaert-Morres»), y la Gewestelijke Directie Antwerpen I (en lo sucesivo, «administración tributaria belga»), en relación
con la negativa de ésta a concederles la imputación de la cuota fija de impuesto extranjero del 15 % contemplada en el artículo
19, parte A, apartado 1, párrafo segundo, del Convenio de 10 de marzo de 1964 entre Francia y Bélgica para evitar la doble
imposición y para establecer normas de asistencia administrativa y jurídica recíproca en materia de impuestos sobre la renta,
en su versión modificada por el Protocolo firmado el 15 de febrero de 1971 (en lo sucesivo, «Convenio franco-belga»).

Normativa tributaria belga

El Código de impuestos sobre la renta
3       En virtud del artículo 171, apartado 3, del Código de impuestos sobre la renta (en lo sucesivo, «Código de impuestos»), el
tipo impositivo con que están gravados los dividendos es del 25 %.
4       En relación con las rentas de acciones o participaciones y de inversiones de capital gravadas en el extranjero con un impuesto
sobre la renta, un impuesto de sociedades o un impuesto de no residentes, el artículo 187 del Código de impuestos preveía
inicialmente que al impuesto se le deducía previamente una cuota fija de ese impuesto extranjero.
5       Como consecuencia de ciertas modificaciones legislativas, las personas físicas ya no tienen derecho a ese crédito fiscal cuando
perciben dividendos de empresas establecidas en otro Estado procedentes de las rentas que ya han sido gravadas en dicho Estado
con el impuesto sobre la renta, de modo que tales rentas soportan el impuesto que en dicho Estado se retiene en la fuente
más el impuesto previsto en el artículo 171, apartado 3, del Código de impuestos, cuyo tipo es del 25 %.

El Convenio franco-belga
6       El Convenio franco-belga tiene por objeto, en particular, evitar los supuestos de doble imposición relativos a las retenciones
en concepto de impuesto sobre la renta soportadas por una misma persona en Francia y Bélgica.
7       Su artículo 15, apartado 3, dispone:
«Los dividendos pagados por una sociedad residente en Francia que darían derecho a un crédito fiscal si fuesen percibidos
por residentes en Francia también dan derecho a este crédito fiscal a las personas físicas residentes en Bélgica, una vez
deducida la retención en la fuente calculada al tipo del 15 % sobre el dividendo bruto, constituido por la cuantía del dividendo
distribuido más el crédito fiscal.»
8       Con arreglo al artículo 19, parte A, apartado 1, de ese mismo Convenio, se prevé que, cuando una sociedad residente en Francia
distribuya dividendos a un residente en Bélgica que no sea una empresa sujeta al impuesto de sociedades y tales dividendos
se hayan sometido a retención en la fuente en Francia, al impuesto devengado en Bélgica por el importe neto de dichos dividendos
una vez practicada esa retención se le deducirá, por una parte, el «précompte mobilier» (retención sobre las rentas del capital
mobiliario) al tipo normal, y, por otra, la cuota fija de impuesto extranjero deducible en las condiciones establecidas en
la legislación belga, sin que dicha cuota pueda ser inferior al 15 % del referido importe neto.

Litigio principal y cuestión prejudicial
9       El matrimonio Kerckhaert-Morres, residente en Bélgica, percibió durante los años 1995 y 1996 dividendos de Eurofers SARL,
establecida en Francia.
10     Una parte de las cantidades percibidas correspondía al crédito fiscal equivalente al 50 % de los dividendos pagados, concedido
por la administración tributaria francesa en virtud del artículo 15, apartado 3, del Convenio franco-belga como compensación
por el impuesto de sociedades. Con arreglo a esta disposición, dicho crédito fiscal se asimila a las rentas de dividendos.
A los dividendos brutos se les aplicó en Francia una retención en la fuente del 15 % en concepto de impuesto sobre la renta.
11     El matrimonio Kerckhaert-Morres declaró haber percibido de Eurofers SARL 34.566.204 BEF (856.873,81 euros) y 7.173.702 BEF
(177.831,43 euros) que integraban la renta de los ejercicios 1995 y 1996, respectivamente. En su declaración de renta solicitaron
la bonificación fiscal contemplada en el artículo 19, parte A, apartado 1, del Convenio franco-belga, correspondiente al impuesto
francés recaudado en la fuente.
12     El legislador belga había suprimido dicha bonificación fiscal, por lo que su solicitud fue denegada.
13     El matrimonio Kerckhaert-Morres, por estimar que la denegación de la bonificación fiscal objeto del procedimiento principal
implicaba someter los dividendos procedentes de Francia a una presión fiscal superior a la ejercida sobre los dividendos de
sociedades establecidas en Bélgica, ejercitó una acción ante el Rechtbank van eerste aanleg te Gent instando la anulación
de la resolución de la administración tributaria belga por la que se denegaba su solicitud, para lo que invocó, en particular,
una infracción del artículo 73 B, apartado 1, del Tratado.
14     Al considerar que el litigio pendiente ante él exigía la interpretación del Derecho comunitario, el Rechtbank van eerste aanleg
te Gent decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 56 CE, apartado 1 (artículo 73 B, apartado 1, del Tratado CE en el momento de los hechos
litigiosos) en el sentido de que prohíbe la restricción resultante de una disposición de la normativa de un Estado miembro
(en este caso, Bélgica) en materia de impuesto sobre la renta que somete a tributación al mismo tipo impositivo uniforme los
dividendos procedentes de sociedades residentes y los procedentes de sociedades residentes en otro Estado miembro, sin permitir,
en este último caso, la imputación de la retención en la fuente practicada por el otro Estado miembro?»

La cuestión prejudicial
15     Es preciso recordar, con carácter preliminar, que, según jurisprudencia reiterada, si bien la fiscalidad directa es competencia
de los Estados miembros, éstos deben, sin embargo, ejercer ésta respetando el Derecho comunitario (sentencias de 11 de agosto
de 1995, Wielockx, C‑80/94, Rec. p. I‑2493, apartado 16; de 6 de junio de 2000, Verkooijen, C‑35/98, Rec. p. I‑4071, apartado
32; de 4 de marzo de 2004, Comisión/Francia, C‑334/02, Rec. p. I‑2229, apartado 21; de 15 de julio de 2004, Lenz, C‑315/02,
Rec. p. I‑7063, apartado 19, y de 7 de septiembre de 2004, Manninen, C‑319/02, Rec. p. I‑7477, apartado 19).
16     En las sentencias Verkooijen, Lenz y Manninen, antes citadas, el Tribunal de Justicia consideró que la legislación de los
Estados miembros de que se trataba establecía una diferencia de trato entre las rentas procedentes de dividendos de sociedades
establecidas en el Estado miembro de residencia del contribuyente interesado y las procedentes de dividendos de sociedades
que tenían su sede en otro Estado miembro, negando a los beneficiarios de estos últimos dividendos las ventajas fiscales concedidas
a los otros. Al haber comprobado que la situación de los contribuyentes que percibían dividendos de sociedades establecidas
en otro Estado miembro no era objetivamente distinta de la de los contribuyentes que percibían dividendos de sociedades establecidas
en el Estado miembro en el que dichos contribuyentes tenían su residencia, el Tribunal de Justicia estimó que las legislaciones
controvertidas constituían un obstáculo a las libertades consagradas en el Tratado.
17     Contrariamente al razonamiento que sostiene el matrimonio Kerckhaert-Morres, el procedimiento principal es, sin embargo, diferente
de los que dieron lugar a las sentencias antes citadas, puesto que la normativa tributaria belga no establece distinción alguna
entre los dividendos de sociedades establecidas en Bélgica y los de sociedades establecidas en otro Estado miembro, ya que
éstos están gravados, conforme a la ley belga, con un tipo idéntico del 25 % en concepto de impuesto sobre la renta.
18     Por otra parte, no puede acogerse la alegación según la cual, en el caso de autos, los accionistas residentes en Bélgica se
encuentran en una situación diferente según que perciban dividendos de una sociedad establecida en dicho Estado miembro o
de una sociedad establecida en otro Estado miembro, de suerte que dispensarles un trato idéntico, es decir, aplicarles un
tipo idéntico de impuesto sobre la renta, constituye una discriminación.
19     Es cierto que una discriminación puede consistir no sólo en la aplicación de normas distintas a situaciones comparables, sino
también en la aplicación de la misma norma a situaciones diferentes (véanse las sentencias de 14 de febrero de 1995, Schumacker,
C‑279/93, Rec. p. I‑225, apartado 30, y de 29 de abril de 1999, Royal Bank of Scotland, C‑311/97, Rec. p. I‑2651, apartado 26).
No obstante, la posición de un accionista que perciba dividendos no resulta necesariamente diferente, en el sentido de esta
jurisprudencia, con respecto a la normativa tributaria del Estado de residencia, por el hecho de que los perciba de una sociedad
establecida en otro Estado miembro que, en el ejercicio de su potestad tributaria, aplica a dichos dividendos una retención
en la fuente en concepto de impuesto sobre la renta.
20     En circunstancias como las del caso de autos, las consecuencias desfavorables que podría entrañar la aplicación de un sistema
de imposición de las rentas como el régimen belga enjuiciado en el asunto principal resultan del ejercicio paralelo por dos
Estados miembros de su potestad tributaria.
21     Hay que señalar, a este respecto, que los convenios para evitar la doble imposición, como los previstos en el artículo 293 CE
sirven para eliminar o atenuar los efectos negativos para el funcionamiento del mercado interior que se derivan de la coexistencia
de sistemas tributarios nacionales evocada en el apartado anterior.
22     Ahora bien, el Derecho comunitario, en su estado actual y en una situación como la del procedimiento principal, no prescribe
criterios generales para el reparto de competencias entre los Estados miembros en lo que se refiere a la eliminación de la
doble imposición dentro de la Comunidad. En efecto, exceptuando la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990,
relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (DO L 225,
p. 6), el Convenio de 23 de julio de 1990 relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios
de empresas asociadas (DO L 225, p. 10) y la Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, en materia de fiscalidad
de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses (DO L 157, p. 38), no se ha adoptado hasta la fecha, en el marco
del Derecho comunitario, ninguna medida de unificación o de armonización tendente a eliminar las situaciones de doble imposición.
23     Por consiguiente, corresponde a los Estados miembros adoptar las medidas necesarias para evitar situaciones como la que es
objeto del procedimiento principal, utilizando, en particular, los criterios de reparto seguidos en la práctica tributaria
internacional. Esta es, en sustancia, la finalidad del Convenio franco-belga que reparte la competencia tributaria entre la
República Francesa y el Reino de Bélgica en estas situaciones. Sin embargo, dicho Convenio no es objeto de la presente petición
de decisión prejudicial.
24     Habida cuenta de todas estas consideraciones, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 73 B, apartado 1,
del Tratado no se opone a una normativa de un Estado miembro, como la normativa tributaria belga, que, en el marco del impuesto
sobre la renta, grava con el mismo tipo impositivo uniforme los dividendos de acciones de sociedades establecidas en el territorio
de dicho Estado y los dividendos de acciones de sociedades establecidas en otro Estado miembro, sin prever la posibilidad
de imputar el impuesto recaudado mediante retención en la fuente en ese otro Estado miembro.

Costas
25     Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
El artículo 73 B, apartado 1, del Tratado CE (actualmente, artículo 56 CE, apartado 1) no se opone a una normativa de un Estado
miembro, como la normativa tributaria belga, que, en el marco del impuesto sobre la renta, grava con el mismo tipo impositivo
uniforme los dividendos de acciones de sociedades establecidas en el territorio de dicho Estado y los dividendos de acciones
de sociedades establecidas en otro Estado miembro, sin prever la posibilidad de imputar el impuesto recaudado mediante retención
en la fuente en ese otro Estado miembro.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: neerlandés.