CELEX: 61988CJ0357
Agricultura
Medidas especiales para los guisantes, habas y haboncillos
Plazo para notificar la entrada de los productos en la empresa

Mediante resolución de 10 de noviembre de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de diciembre siguiente, el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 18 del Reglamento n° 2192/82 de la Comisión, de 6 de agosto de 1982, relativo a las modalidades de aplicación de las medidas especiales para los guisantes, habas y haboncillos (
DO L 233, p. 5
), en su versión modificada por el Reglamento n° 3322/82 de la Comisión, de 10 de diciembre de 1982 (
DO L 351, p. 27
).
Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio originado por la negativa del Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (en lo sucesivo, «BALM») a conceder a Oberhausener Kraftfutterwerk Wilhelm Hopermann GmbH (en lo sucesivo, «Hopermann») la ayuda prevista en el artículo 3 del Reglamento n° 1431/82 del Consejo, de 18 de mayo de 1982, por el que se prevén medidas especiales para los guisantes, habas y haboncillos (
DO L 162, p. 28
; EE 03/25, p. 170), por importe de 166127 DM, correspondiente a determinadas cantidades de guisantes y haboncillos.
La negativa del BALM se basa en el incumplimiento por parte de Hopermann de la obligación prevista en el apartado 1 del artículo 18 del Reglamento n° 2192/82 de notificar inmediatamente la entrada de dichos productos en la empresa, puesto que tal notificación se efectuó el 8 de julio de 1983, mientras que las mercancías de que se trataba entraron en las dependencias de Hopermann entre marzo y junio de 1983.
El Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, ante el que Hopermann recurrió contra tal decisión, acordó suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se pronunciara sobre la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Es requisito para tener derecho a la concesión de ayudas la observancia del plazo para comunicar la entrada del producto en la empresa, con arreglo al apartado 1 del artículo 18 del Reglamento (CEE) n° 2192/82 de la Comisión, de 6 de agosto de 1982 (
DO L 233, p. 5
) o, en su caso con arreglo al mismo artículo 18, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) n° 3322/82 de la Comisión, de 10 de diciembre de 1982 (
DO L 351, p. 27
)?»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Hopermann alega, en primer lugar, que el Reglamento (CEE) n° 2036/82 del Consejo, de 19 de julio de 1982, por el que se adoptan las normas generales relativas a las medidas especiales sobre los guisantes, habas y haboncillos (
DO L 219, p. 1
; EE 03/25, p. 334), y en particular su artículo 5, no subordina la concesión de la citada ayuda al cumplimiento de la obligación de notificación inmediata de la entrada de los productos en la empresa. Esta obligación tampoco está prevista en el Reglamento n° 2192/82 de la Comisión, que en el apartado 2 de su artículo 29 contiene la lista exhaustiva de los requisitos a los que se subordina la concesión de la ayuda. Por consiguiente, el incumplimiento del apartado 1 del artículo 18 del Reglamento n° 2192/82 no puede entrañar la pérdida del derecho a la ayuda en cuestión.
Procede recordar que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Comisión está facultada, en el ejercicio de las competencias que le han sido conferidas por el Consejo para la ejecución de una organización común de mercados en el sector agrario, para adoptar todas las modalidades de aplicación necesarias para el buen funcionamiento del régimen de ayuda previsto, siempre y cuando no sean contrarias a la normativa de base o a la normativa de aplicación del Consejo (véase, recientemente, la sentencia de 18 de enero de 1990, Butterabsatz,
C-345/88, Rec. 1990, p. I-159
). El deber de gestión y de control que se impone así a la Comisión implica la facultad de fijar los plazos y de establecer, en caso de incumplimiento, las sanciones adecuadas que pueden suponer incluso la pérdida total del derecho a la ayuda, cuando el cumplimiento de dichos plazos sea necesario para el buen funcionamiento del régimen de que se trate.
A este respecto, hay que señalar que el cumplimiento de la obligación controvertida de informar al organismo competente de la entrada de los productos en la empresa, a más tardar, en el momento en que se produce esta entrada, impuesta en el apartado 1 del artículo 18 del Reglamento n° 2192/82, en su versión modificada por el Reglamento n° 3322/82, es indispensable para asegurar el buen funcionamiento del sistema de ayudas en cuestión.
En efecto, sin tal notificación, sería imposible asegurar el cumplimiento del apartado 2 del artículo 11 del Reglamento n° 2036/82, conforme al cual, «la determinación del peso de los productos y la toma de muestras se efectuará cuando los productos de que se trate entren en las empresas en las que hayan de ser efectivamente utilizados». Mediante este control, el organismo nacional competente determina el peso y los porcentajes de humedad y de impurezas de los productos, de los que depende, de acuerdo con el apartado 3 del citado artículo, el importe de la ayuda.
Precisamente a partir de la fecha de la información sobre la entrada de los productos en la empresa empieza a contar el plazo de 30 días, previsto en el apartado 3
bis
del artículo 18 del Reglamento n° 2192/82, en su versión modificada por el Reglamento n° 3322/82, dentro del cual el interesado que desee retrasar la sumisión a control de los productos debe precisar, especialmente, la cantidad de producto que proyecte someter efectivamente a control y la que haya de volver a salir de la empresa.
La información sobre la entrada de los productos en la empresa, en la medida en que equivale a la solicitud de sumisión a control de los productos, conforme a los apartados 1 y 3
bis
del artículo 18 del Reglamento n° 2192/82, modificado, permite por último cumplir el plazo de 150 días que empieza a contar desde la presentación de la solicitud de sumisión a control y en el que el interesado debe utilizar efectivamente los productos de que se trate, conforme al párrafo 1 del artículo 20 del Reglamento n° 2192/82.
Por lo tanto, aunque el apartado 1 del artículo 18 del Reglamento n° 2192/82, en su versión modificada por el Reglamento n° 3322/82, no mencione ni la existencia ni la naturaleza de las sanciones que puedan imponerse en caso de incumplimiento del plazo establecido, hay que considerar que, no obstante, del contexto general en que se inserta ešte precepto resulta que la consecuencia del incumplimiento del plazo citado sólo puede ser la privación del derecho a la ayuda.
Hopermann alega, en segundo lugar, que el incumplimiento de la obligación de notificar no puede poner en peligro el objetivo de la ayuda, consistente en garantizar un precio suficiente a los productores y la venta de leguminosas caras en el mercado nacional. Se trata, pues, de una obligación secundaria, cuyo incumplimiento no puede entrañar automáticamente la privación del derecho a la ayuda, so pena de violar el principio de proporcionalidad.
Procede recordar, a este respecto, la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia según la cual, para determinar si una disposición de Derecho comunitario es conforme al principio de proporcionalidad, hay que comprobar, en primer lugar, si los medios puestos en práctica para alcanzar el objetivo propuesto están de acuerdo con la importancia de éste y, en segundo lugar, si son necesarios para alcanzarlo (véase, especialmente, la sentencia de 22 de enero de 1986, Denkavit France,
266/84, Rec. 1986, p. 149, apartado 17
).
Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, la obligación de informar al organismo competente, a más tardar en el momento de la entrada de los productos en la empresa, impuesta por el apartado 1 del artículo 18 del Reglamento n° 2192/82, modificado por el Reglamento n° 3322/82, es indispensable para asegurar el buen funcionamiento del sistema de ayudas establecido.
Por consiguiente, la privación del derecho a la ayuda, inherente al incumplimiento de tal obligación, no es desproporcionada en relación con el objetivo que el legislador comunitario quiso alcanzar.
Procede pues, responder a la cuestión prejudicial que el cumplimiento de la obligación impuesta por el apartado 1 del artículo 18 del Reglamento n° 2192/82 de la Comisión, de 6 de agosto de 1982, relativo a las modalidades de aplicación de las medidas especiales para los guisantes, habas y haboncillos, en su versión modificada por el Reglamento n° 3322/82 de la Comisión, de 10 de diciembre de 1982, es un requisito para la concesión de la ayuda prevista en el artículo 3 del Reglamento n° 1431/82 del Consejo, de 18 de mayo de 1982, por el que se prevén medidas especiales para los guisantes, habas y haboncillos.
Costas
Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main mediante resolución de 10 de noviembre de 1988, decide:

Declarar que el cumplimiento de la obligación impuesta por el apartado 1 del artículo 18 del Reglamento (CEE) n° 2192/82 de la Comisión, de 6 de agosto de 1982, relativo a las modalidades de aplicación de las medidas especiales para los guisantes, habas y haboncillos, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) n° 3322/82 de la Comisión, de 10 de diciembre de 1982, es un requisito para la concesión de la ayuda prevista en el artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 1431/82 del Consejo, de 18 de mayo de 1982, por el que se prevén medidas especiales para los guisantes, habas y haboncillos.

Zuleeg
Moitinho de Almeida
Grévisse
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 2 de mayo de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Tercera
M. Zuleeg
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.