CELEX: 61987CJ0133
Política comercial común
Dumping
Compromiso
Derecho definitivo
Fotocopiadoras de papel normal originarias de Japón

Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 27 de abril de 1987, Nashua Corporation, sociedad con domicilio social en New Hampshire, solicitó, con arreglo al párrafo 2 del artículo 173 del Tratado CEE, la anulación de la Decisión por la que la Comisión no aceptó el compromiso que la demandante había ofrecido en el marco del procedimiento antidumping relativo a la importación de fotocopiadoras de papel normal originarias de Japón (asunto C-133/87).
Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 13 de mayo de 1987, Nashua Corporation y sus filiales, NV Nashua Belgium SA, Nashua Copycat Limited, Nashua Copygraph GmbH, Nashua Denmark A/S, Nashua France SA, Nashua Nederland BV, Nashua International Limited, Nashua Reprographies SpA y Nashua Espana SA, (en lo sucesivo, indicadas con la denominación colectiva «Nashua»), solicitaron, con arreglo al párrafo 2 del artículo 173 del Tratado, lä anulación del Reglamento (CEE) n
o
535/87 del Consejo, de 23 de febrero de 1987, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de fotocopiadoras de papel normal originarias de Japón (
DO L 54, p. 12
, en lo sucesivo, «Reglamento impugnado»), en la medida en que afecta a Nashua (asunto C-150/87).
Nashua Corporation es un «Original equipment manufacturer» (én lo sucesivo, «OEM»), es decir, el proveedor con su propia marca de productos fabricados por otras empresas. En efecto, compra en Japón fotocopiadoras de papel ordinario (en lo sucesivo, «PPC») al fabricante japonés Ricoh Company Limited (en lo sucesivo, «Ricoh»), para venderlas con la marca Nashua en la Comunidad, por medio de sus filiales, y en numerosos países terceros.
En julio de 1985, Ricoh, entre otros productores japoneses, fue objeto de una queja presentada ante la Comisión por el Committee of European Copier Manufacturers, quien le acusaba de vender sus productos en la Comunidad a precios de dumping.
El procedimiento antidumping iniciado por la Comisión en base al Reglamento (CEE) n
o
2176/84 del Consejo, de 23 de julio de 1984, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Económica Europea (
DO L 201, p. 1
; EE 11/21, p. 3), dio lugar primero a la imposición a Ricoh de un derecho antidumping provisional del 15,8 %. Posteriormente, mediante el Reglamento impugnado, adoptado a propuesta de la Comisión, el Consejo estableció el derecho antidumping definitivo en el 20 %.
Mediante auto de 1 de febrero de 1989 se acumularon los asuntos C-133/87 y C-150/87 a efectos de la fase oral y de la sentencia.
Para una más amplia exposición del contexto normativo, de los hechos del litigio, del desarrollo del procedimiento así como de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre la admisibilidad
Sobre el recurso de anulación de la Decisión por la que la Comisión no aceptó el compromiso ofrecido por Nashua Corporation
Como señaló este Tribunal de Justicia en el apartado 6 del auto de 11 de noviembre de 1987 (Nashua contra Consejo y Comisión,
C-150/87, Rec. 1987, p. 4421
), el papel de la Comisión se integra en el proceso de Decisión del Consejo. En efecto, según las disposiciones del Reglamento n
o
2176/84 del Consejo, la Comisión está encargada de realizar investigaciones y decidir, de acuerdo con ellas, de poner fin al procedimiento o, por el contrario, proseguirlo, adoptando medidas provisionales y proponiendo al Consejo la adopción de medidas definitivas. Ahora bien, al Consejo corresponde pronunciarse definitivamente. En efecto, puede abstenerse de adoptar una Decisión si no está de acuerdo con la Comisión o, por el contrario, adoptar una Decisión en base a las propuestas de ésta.
La no aceptación por la Comisión de una propuesta de compromiso no es una medida que produzca efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de la demandante, dado que la Comisión puede volver sobre su Decisión o el Consejo decidir no establecer un derecho antidumping. Una no aceptación de este tipo es una medida intermedia, cuyo objeto es preparar la Decisión final y no constituye pues un acto impugnable.
Ahora bien, como resulta de las sentencias de 7 de mayo de 1987 (Toyo Bearing contra Consejo,
240/84, Rec. 1987, p. 1809
; Ñachi Fujikoshi contra Consejo,
255/84, Rec. 1987, p. 1861
, y Koyo Seiko contra Consejo,
256/84, Rec. 1987, p. 1899
), al impugnar el Reglamento que establece los derechos antidumping definitivos los operadores económicos, en su caso, pueden alegar cualquier irregularidad relativa a la no aceptación de sus propuestas de compromiso.
De lo que precede resulta que no se puede admitir el recurso de anulación de la Decisión impugnada.
Sobre el recurso de anulación del Reglamento n
o
535/87
El Consejo considera que no se puede admitir el recurso de anulación del Reglamento n
o
535/87. A este respecto alega que, en primer lugar, Nashua es un importador independiente de PPC fabricadas por Ricoh, cuyo precio de reventa no fue tenido en cuenta por las instituciones para determinar el precio de exportación, único caso en que, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, procede reconocer al importador de que se trata legitimación para el recurso de anulación contra un Reglamento que establezca derechos antidumping definitivos.
En segundo lugar, el Consejo alega que, para el cálculo del valor normal de los productos de que se trata, las instituciones fijaron un margen de beneficios del exportador del 5 %, basándose en datos procedentes exclusivamente de Ricoh, productor-exportador, y no de Nashua.
Procede recordar en primer lugar que, por su naturaleza y alcance, los Reglamentos por los que se establece un derecho antidumping tienen carácter normativo, por cuanto se aplican a la generalidad de los operadores económicos. No obstante, no se excluye que determinadas disposiciones de estos Reglamentos afecten directa e individualmente a los productores y exportadores de los productos de que se trata, a los que se imputan las prácticas de dumping, basándose en datos sobre su actividad comercial. Éste es, en general, el caso de las empresas productoras y exportadoras que pueden demostrar que han sido individualizadas por resoluciones de la Comisión o del Consejo o afectadas por las investigaciones preparatorias (véanse sentencias de 21 de febrero de 1984, Allied Corporation I,
239/82 y 275/82, Rec. 1984, p. 1005, apartados 11 y 12
, y de 23 de mayo de 1985, Allied Corporation II,
53/83, Rec. 1985, p. 1621, apartado 4
).
Lo mismo sucede con los importadores cuyos precios de reventa han sido tenidos en cuenta para la determinación de los precios de exportación y que, por consiguiente, están afectados por las comprobaciones relativas a la existencia de una práctica de dumping (véanse sentencias de 29 de marzo de 1979, ISO,
118/77, Rec. 1979, p. 1277, apartado 15
, y de 21 de febrero de 1984, Allied Corporation I, antes citada, apartado 15).
Procede, pues, examinar si, en el presente caso, Nashua quedó afectada por las comprobaciones relativas a la existencia de la práctica de dumping imputada.
A este respecto, procede señalar que en función de las particularidades de las ventas de Ricoh a los OEM y, sobre todo, de las diferencias entre los gastos efectuados por Ricoh en las ventas a los OEM y en las ventas de PPC de su propia marca, el Consejo consideró oportuno fijar en un 5 % el margen de beneficio de los exportadores a la hora de calcular el valor normal, es decir, a un tipo inferior al del margen de beneficio medio, estimado en un 14,6 %.
Basándose en el valor normal así calculado para las ventas de Ricoh a los OEM, las instituciones llegaron a un margen de dumping inferior al determinado para las ventas de PPC comercializadas con la propia marca de Ricoh y este margen de dumping, junto a los establecidos para todas las fases de ventas de Ricoh, se tuvo en cuenta para el cálculo de un margen de dumping ponderado, en base al que se fijó el derecho antidumping.
Es cierto que el margen de beneficio del 5 % se aplicó sin distinciones entre los distintos operadores económicos afectados al calcular el valor normal de las PPC. No obstante, los operadores económicos de que se trata, cuyo número es limitado, fueron individualizados por las instituciones y precisamente el margen de beneficios se fijó en el 5 % para tener en cuenta las particularidades de sus relaciones comerciales con los fabricantes.
De lo que precede resulta que, sin que proceda calificar a la demandante de importador o exportador, y teniendo en cuenta sus relaciones comerciales con Ricoh, Nashua está afectada por las comprobaciones relativas a la existencia de la práctica de dumping imputada y, por consiguiente, le afectan directa e individualmente las disposiciones del Reglamento en litigio sobre las prácticas de dumping de Ricoh.
Por consiguiente, se debe admitir el recurso de anulación del Reglamento n
o
535/87, en la medida en que impone un derecho antidumping del 20 % a las PPC fabricadas por Ricoh.
Sobre el fondo
En apoyo de su petición, Nashua alega cinco motivos basados respectivamente en: 1) El cálculo erróneo del margen de dumping; 2) el cálculo erróneo del valor normal de los productos vendidos a los OEM; 3) el cálculo erróneo del derecho antidumping; 4) la violación del principio de no discriminación, y 5) la ilegalidad de la no aceptación del compromiso ofrecido por Nashua.
Sobre el motivo basado eñ el cálculo erróneo del margen de dumping
Nashua alega, en primer lugar, que es un exportador, dado que compra generalmente sus fotocopiadoras en Japón o, en todo caso, adquiere su propiedad en Japón antes de. entregarlas al transportista y que sólo ella es responsable de la exportación, la expedición, la venta y el servicio postventa de estos productos. Por consiguiente, el Consejo habría debido establecer para Nashua un margen de dumping diferente del que estableció para los fabricantes-exportadores del mismo producto. Subraya que el Consejo disponía de los datos necesarios a estos efectos ya que, en el marco del cálculo del valor normal, procedió a los ajustes exigidos por la especial naturaleza de las ventas a los OEM y para los precios de exportación tuvo en cuenta el precio que le facturó Ricoh. Añade que este modo de proceder corresponde a lá práctica de la Comisión, la cual, en diversas ocasiones, estableció márgenes de dumping distintos para varios exportadores de productos comprados al mismo fabricante.
A este respecto procede señalar que, a tenor del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento n
o
2176/84, «se considerará que un producto es objeto de dumping cuando su precio de exportación a la Comunidad sea inferior al valor normal de un producto similar».. Como precisa la letra a) del apartado 8 del artículo 2 del mismo Reglamento, «el precio de exportación será el precio realmente pagado o por pagar por el producto vendido para su exportación a la Comunidad». Ahora bien, en el presente caso las PPC fueron vendidas para la exportación por Ricoh y el precio pagado por Nashua a Ricoh es el que debe considerarse precio de exportación como, por otra parte, ha admitido la demandante. Así pues, hay que reconocer que la práctica de dumping debe imputarse a Ricoh y no a Nashua.
Como el Consejo observó con razón en el considerando 92 del Reglamento impugnado, la circunstancia de que los mismos OEM hayan procedido a la exportación de los productos de que se trata no puede, por tanto, justificar la exclusión de estas ventas del cálculo del margen de dumping de Ricoh, pues esta exclusión podría, además, incrementar el margen de dumping del interesado.
Por último, procede observar que la situación de Nashua no es comparable con la de los exportadores para los que el Consejo y la Comisión fijaron márgenes de dumping distintos de los que fijaron para los fabricantes del mismo producto. En efecto, estos exportadores estaban establecidos en el país de exportación y vendían tanto para la exportación como para el mercado interior los productos que eran objeto de las prácticas de dumping imputadas.
En segundo lugar, Nashua alega que en cualquier caso nada se oponía al establecimiento de un margen de dumping separado para la red de distribución de sus fotocopiadoras. A este respecto se refiere a la práctica seguida en los Estados Unidos de América en situaciones similares a la suya.
Procede recordar que, por un lado, el margen de dumping calculado para las ventas de Ricoh a los OEM es inferior al establecido para las demás ventas y que, por otro, el margen de dumping final corresponde a la media de los márgenes fijados para todas las fases de ventas de los fabricantes, con arreglo a la letra c) del apartado 13 del artículo 2 del Reglamento n
o
2176/84, a tenor del cual «cuando los márgenes de dumping varíen, podrán establecerse medias ponderadas».
La aplicación de esta disposición estaba justificada en este caso. En efecto, por un lado, como hemos indicado anteriormente, el cálculo del margen de dumping sin tener en cuenta las ventas a Nashua podía suponer el aumento del margen de dumping de Ricoh; por otro, era necesario evitar incitar al fabricante a vender la mayoría de sus productos bajo las marcas de los OEM.
Por lo que respecta a la referencia a la práctica seguida en la materia en los Estados Unidos de América, de cuya existencia discrepa el Consejo, conviene recordar que, como juzgó el Tribunal de Justicia en la sentencia de 5 de octubre de 1988 (Canon contra Consejo,
277/85 y 300/85, Rec. 1988, p. 5731, apartado 15
), la actitud de alguno de los terceros contratantes, aunque sea importante, no basta para obligar a la Comunidad ą proceder de la misma forma, Así pues, esta referencia no puede determinar la interpretación de la normativa comunitaria.
De las consideraciones precedentes resulta que el motivo derivado del cálculo erróneo del margen de dumping carece de fundamento y, por consiguiente, se debe desestimar.
Sobre el motivo basado en el cálculo erróneo del valor normal de los productos vendidos a los OEM
Nashua alega que, estimando en un 5 % el margen de beneficios al calcular el valor normal de los productos vendidos a los OEM, las instituciones realizaron un ajuste arbitrário, que no tiene en cuenta las diferencias entre las ventas a los OEM y las realizadas con la propia marca del fabricante. Ahora bien, la diferencia entre estos dos tipos de venta es importante en cuanto a los gastos de venta, gastos administrativos y gastos generales, que en el marco de una venta a un OEM son muchos menos elevados que en el de una venta a un revendedor ordinario, teniendo en cuenta esencialmente la cuantía y la regularidad de los pedidos de un OEM y el hecho de que el fabricante no soporta los gastos de distribución j de marketing, publicidad ni otros gastos posteriores a la venta a los OEM.
A este respecto procede señalar que según los autos las instituciones tomaron en consideración la diferencia entre los costes y los beneficios obtenidos en el marco de las ventas a los OEM y los correspondientes a las otras ventas. En efecto, con este objetivo y habida cuenta de la imposibilidad en la que aquéllas se encontraron para valorar esta diferencia con precisión, a la hora de calcular el valor normal de los OEM fijaron el margen de beneficios en un 5 % y no al tipo medio de éste, estimado en un 14,6 %, y aplicaron aquel margen a las ventas realizadas con la marca de los fabricantes.
Nashua no ha aportado la prueba de que el margen de beneficio establecido, no fuera suficiente para cubrir íntegramente las diferencias alegadas. Según ello, debe desestimarse el motivo basado en el cálculo erróneo del valor normal de los productos vendidos a los OEM.
Sobre el motivo basado en el cálculo erróneo del derecho antidumping
Nashua afirma que el Consejo cometió un error en el cálculo del derecho antidumping, al tener exclusivamente en cuenta los precios practicados por las filiales japonesas de Ricoh en Europa en las ventas a los distribuidores independientes y no los precios practicados por Nashua. Ahora bien, el porcentaje de las ventas tomadas en consideración de este modo no es representativo, en particular en la medida en que no incluye toda una categoría de ventas realizadas en la Comunidad, en este caso las ventas efectuadas por los OEM, que en 1985 alcanzaron el 28 % de todas las ventas de fotocopiadoras japonesas. Según Nashua, el Consejo obró en contradicción con el método que había seguido para determinar el margen de dumping, establecido en base a todas las ventas de Ricoh, incluidas las ventas a los OEM.
En primer lugar procede señalar que, para el cálculo del derecho antidumping, el apartado 3 del artículo 13 del Reglamento 2176/84 se limita a imponer a las instituciones la obligación de no sobrepasar, por un lado, el margen de dumping estimado y, por otro, el nivel del perjuicio, en el caso de que un derecho inferior al margen fuera suficiente para hacer desaparecer el perjuicio. Por consiguiente, las instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación por lo que respecta a la elección del método de cálculo del derecho y no están obligadas a adoptar a este respecto el mismo método que adoptaron para determinar el margen de dumping.
Procede destacar a continuación que, para determinar en el presente caso la cuantía del derecho que permita eliminar el perjuicio sufrido por los productores comunitarios, las instituciones consideraron adecuado basarse en el perjuicio global causado por las exportaciones de PPC procedentes de Japón, que representaban el 70 % de la cifra global de ventas de PPC en la Comunidad.
Nashua no ha demostrado que este modo de proceder haya afectado al importe del derecho antidumping establecido ni en qué medida este importe habría sido diferente si se hubieran tenido también en cuenta las ventas realizadas por los OEM.
De ello se sigue que este motivo debe ser desestimado.
Sobre el motivo basado en la violación del principio de no discriminación
Según Nashua, el Consejo violó el principió de no discriminación al aplicar derechos antidumping de tipo uniforme al conjunto de las importaciones de PPC. Nashua considerai que paga un derecho antidumping mucho más elevado en términos absolutos que una filial asociada a un fabricante japonés, dado que su margen de beneficio bruto sólo es del 16%, mientras que el obtenido por las filiales asociadas a los fabricantes japoneses se eleva al 42 %.
Sin entrar en un enjuiciamiento de las cifras presentadas por Nashua y discutidas por el Consejo, procede señalar, por un lado, que la diferencia alegada no sería el resultado del establecimiento de derechos antidumping sino de la política comercial de Ricoh y, por otro, que el establecimiento de derechos antidumping pretende eliminar el perjuicio causado a los productores comunitarios y no garantizar el mismo margen de beneficios a todos los importadores.
Así pues, este motivo debe desestimarse.
Sobre el motivo basado en la ilegalidad de la no aceptación del compromiso ofrecido por Nashua
Mediante este motivo Nashua alega que, al no examinar el fondo de la oferta de compromiso que ella formuló, la Comisión infringió el artículo 10 del Reglamento n
o
2176/84. El Reglamento impugnado, al confirmar esta práctica de la Comisión, también infringió la disposición citada.
Según Nashua, la Comisión debe, en un primer momento, estudiar si el compromiso ofrecido puede eliminar el perjuicio. Sólo después de haber procedido a este examen puede la Comisión, en el marco de sus facultades discrecionales, decidir si acepta o no la oferta de compromiso. Ahora bien, en el presente caso falta seme- /jante examen, pues la Comisión se limitó a formular consideraciones generales somebre el estatuto de Nashua y a fundarse en su práctica tradicional de no aceptar compromisos de importadores.
A este respecto procede destacar que la práctica de la Comisión de no aceptar compromisos de importadores, expuesta por el Consejo en el considerando 100 del Reglamento impugnado, se basa a la vez en las normas del Código antidumping del GATT, cuyo artículo 7 sólo prevé la aceptación de compromisos por parte de los exportadores, y en el artículo 10 del Reglamento n
o
2176/84. Cierto que esta última disposición no excluye la posibilidad de que la Comisión acepte el compromiso ofrecido por un importador, pero de los términos de aquélla se deriva que tal aceptación será excepcional. En efecto, los apartados 4 y 6, relativos a la prosecución de la investigación después de la aceptación de los compromisos y el establecimiento de derechos antidumping después de la denuncia de un compromiso o la comprobación de su incumplimiento, sólo mencionan a los exportadores, es decir, a los operadores económicos cuyos compromisos pueden aceptarse en principio.
Este régimen se justifica por dos tipos de razones. Por un lado, la aceptación del compromiso ofrecido por un importador traería como consecuencia que se estimularía éste a continuar abasteciéndose fuera de la Comunidad a precios de dumping. Por otro, los demás importadores tendrían que ser tratados del mismo modo, lo que, dado el gran número de sociedades afectadas, dificultaría enormemente el control del cumplimiento de los compromisos.
Es oportuno observar que el problema de si Nashua es físicamente el exportador de las PPC o el importador no tiene ninguna importancia. En efecto, dado que las PPC se compran para su importación a la Comunidad y que, por consiguiente, se aplican las razones que justifican la no aceptación de los compromisos ofrecidos por los importadores, Nashua no podía considerarse como exportador a estos efectos (párrafo 4 del considerando 100 del Reglamento impugnado).
De ello se deriva que, al no aceptar la propuesta de compromiso ofrecida por Nashua, por las razones expuestas en el considerando 100 del Reglamento impugnado, las instituciones no se extralimitaron en el uso de la facultad de apreciación que les está reconocida.
Por consiguiente deben desestimarse tanto el último motivo alegado por Nashua como el recurso en su conjunto.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por las demandantes, procede condenarlas en costas. En el asunto C-150/87, se condena solidariamente a las demandantes en costas, incluidas las de las partes coadyuvantes.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Declarar la inadmisibilidad del recurso interpuesto en el asunto C-133/87.

2)
Desestimar el recurso interpuesto en el asunto C-150/87.

3)
Condenar en costas a las partes demandantes en los dos asuntos citados; en el asunto C-150/87, se condena solidariamente a las demandantes en costas, incluidas las de las partes coadyuvantes.

Due
Slynn
Schockweiler
Zuleeg
Koopmans
Mancini
Joliét
O'Higgins
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Grévisse
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de marzo de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
Él Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglis.