CELEX: 61990CJ0031
Igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social
Artículos 2 y 4 de la Directiva 79/7/CEE

Mediante resolución de 25 de enero de 1990, recibida en el Tribunal de Justicia el 31 de enero de 1990, the Social Security Commissioners planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, cuatro cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 2 y 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social (
DO 1979, L 6, p. 24
; EE 05/02, p. 174).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio ante dicho órgano jurisdiccional entre la Sra. Johnson y el Adjudication Officer, sobre la denegación por parte de este último a la Sr. Johnson del subsidio de gran invalidez (Severe Disablement Allowance; en lo sucesivo, «SDA»).
De los autos se desprende que la Sra. Johnson dejó su empleo hacia 1970 para ocuparse de la educación de su hija, que tenía entonces 6 años y con la que vivía sola. En 1980 quiso volver a trabajar, pero no pudo hacerlo a causa de una dolencia dorsal. Debido a su incapacidad laboral, obtuvo en 1981 una pensión de invalidez no sujeta a cotización (Non-Contributory Invalidity Pension, en lo sucesivo «NOP») con arreglo al apartado 2 del artículo 36 de la Social Security Act 1975, entonces en vigor. No obstante, el pago de la NCIP fue interrumpido cuando la Sra. Johnson empezó a cohabitar con su compañero actual, ya que no podía demostrar que cumplía el requisito suplementario exigido por el mencionado apartado 2 del artículo 36 a las mujeres que viviesen maritalmente, a saber, la incapacidad para realizar tareas domésticas normales.
Mediante el artículo 11 de la Health and Social Security Act 1984 (Ley sobre Sanidad y Seguridad Social de 1984) se suprimió la NCIP a partir del 20 de noviembre de 1984 y se estableció, con efectos de 29 de noviembre de 1984, la nueva prestación, el SDA, a la que los solicitantes de ambos sexos tenían derecho en igualdad de condiciones. No obstante, el apartado 1 del artículo 20 de las Social Security (Severe Disablement Allowance) Regulations 1984 permitía a las personas que tuviesen derecho a la antigua NCIP obtener automáticamente, a partir del 29 de noviembre de 1984^ el nuevo SDA, sin tener que demostrar que reunían los nuevos requisitos.
El 17 de agosto de 1987, la Sra. Johnson formuló, a través del Citizen Advice Bureau, una solicitud de concesión del SDA, basada en el apartado 1 del artículo 20 de las Social Security Regulations 1984. Mantenía que habría tenido derecho a la NCIP durante el período inmediatamente anterior al 29 de noviembre de 1984, de no ser por el requisito de incapacidad para realizar las tareas domésticas, que constituía un requisito suplementario para las mujeres casadas o que vivieran maritalmente y que, como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia de 24 de junio de 1987, Borrie Clarke (
384/85, Rec. p. 2865
), debe considerarse discriminatorio.
El Adjudication Officer y, tras haber recurrido la demandante, el Sutton Social Security Appeal Tribunal desestimaron dicha solicitud mediante decisión de 13 de noviembre de 1987 y mediante resolución de 24 de octubre de 1988, respectivamente.
Ante the Social Security Commissioners, que conoce del asunto en apelación, el Adjudication Officer alegó, en primer lugar, que la Sra. Johnson no estaba comprendida en el ámbito de aplicación personal de la Directiva 79/7, tal como está definido por su artículo 2. Mantuvo, refiriéndose a la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de junio de 1989, Achterberg-te Riele (asuntos acumulados
48/88, 106/88 y 107/88, Rec. p. 1963
), que la Sra. Johnson no podía ser considerada como una persona cuya actividad hubiese sido interrumpida por enfermedad o por algún otro de los riesgos contemplados en el artículo 3 de la Directiva, ya que había dejado voluntariamente de trabajar para ocuparse de su hija. En segundo lugar, el Adjudication Officer alegó que, aunque estuviera comprendida en el ámbito de aplicación personal de la Directiva 79/7, la Sra. Johnson, en la medida en que no había solicitado la NCIP antes del 29 de noviembre de 1984, no podía reunir los requisitos para obtener el SDA porque no probaba que era titular de la NCIP o, por lo menos, que había solicitado su concesión.
Estimando que para resolver el litigio era necesaria una interpretación de la Directiva, the Social Security Commissioners suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales :
«1)
¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva 97/7/CEE en el sentido de que en su ámbito personal está comprendida la mujer (o el hombre) que desarrolló una actividad laboral, pero que dejó el empleo para dedicarse al cuidado de un hijo y que más adelante no pudo volver a trabajar por causa de enfermedad?
2)
En concreto, ¿debe considerarse a dicha mujer (u hombre) comprendida en el ámbito personal de la Directiva si de no ser por la enfermedad estaría trabajando o buscando empleo o, en cualquier caso, es necesario que una persona que alega que se halla comprendida en el ámbito personal de la Directiva haya dejado el empleo, ante todo, no para dedicarse al cuidado de un hijo, sino a causa de la materialización de alguno de los riesgos a que se refiere el artículo 3?
3)
Para examinar la situación de dicha mujer en relación con el artículo 2 de la Directiva, ¿es relevante determinar si buscó empleo en el período comprendido entre el momento en que dejó de dedicarse al cuidado del hijo y el comienzo de la enfermedad que ahora le impide trabajar?
4)
¿Tiene el artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE efecto directo en cuanto al reconocimiento del derecho a la prestación (prestación “B”) a favor de una mujer por todo el período posterior a la presentación de su solicitud en el caso de que:
i)
Un Estado miembro haya concedido una prestación por invalidez (tal como la prestación de invalidez no contributiva examinada en el asunto Clarke) (prestación “A”) sujeta a una disposición que impedía su obtención a una mujer casada o que vive maritalmente a menos que reuniera un requisito adicional que no tenía que reunir ningún hombre.
ii)
La prestación “A” se haya suprimido y sustituido por la prestación “B”.
iii)
Al menos en determinados supuestos, el derecho a la prestación “B” se base en el anterior derecho a la prestación “A” suprimida.
iv)
La mujer no haya demostrado que ostenta el derecho a la prestación “A” con arreglo al Derecho interno, solicitándolo antes de su supresión y cualquier solicitud que se formulara ahora no garantizaría el derecho a la prestación dado que tal derecho no puede reconocerse por ningún período superior a 12 meses antes de la fecha en que se formule la solicitud de dicha prestación?»
Para una más amplia exposición de los hechos y del marco jurídico del litigio principal, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Las cuestiones prejudiciales sometidas por the Social Security Commissioners plantean dos problemas distintos: por un lado, el de la interpretación del ámbito de aplicación personal de la Directiva 79/7 (cuestiones primera, segunda y tercera) y, por otro lado, el alcance del principio de igualdad de trato contemplado en el artículo 4 de la Directiva 79/7 en lo que respecta a los requisitos para obtener una prestación de Seguridad Social (cuarta cuestión).
A tenor del artículo 1 de la Directiva 79/7, ésta
«[...] contempla la aplicación progresiva, dentro del ámbito de la seguridad social y otros elementos de protección social previstos en el artículo 3, del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, denominado en lo sucesivo “principio de igualdad de trato”».
La Directiva se aplica, según su artículo 2,
«a la población activa, incluidos los trabajadores independientes, los trabajadores cuya actividad se vea interrumpida por enfermedad, accidente o paro involuntario, a las personas que busquen empleo, así como a los trabajadores [jubilados y a los trabajadores] inválidos».
Según el apartado 1 de su artículo 3, la Directiva se aplica:
«a)
a los regímenes legales que aseguren una protección contra los siguientes riesgos:
—
enfermedad,
—
invalidez,
—
vejez,
—
accidente laboral y enfermedad profesional,
—
desempleo;
b)
a las disposiciones relativas a la ayuda social, en la medida en que estén destinadas a completar los regímenes contemplados en la letra a) o a suplirlos.»
El artículo 4 dispone lo siguiente:
«El principio de igualdad de trato supondrá la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente, en especial con relación al estado matrimonial o familiar, particularmente en lo relativo a:
—
el ámbito de aplicación de los regímenes y las condiciones de acceso a los mismos,
—
la obligación de contribuir y el cálculo de las contribuciones,
—
el cálculo de las prestaciones, incluidos los aumentos debidos por cónyuge y por persona a cargo, y las condiciones de duración y de mantenimiento del derecho a las prestaciones.»
Según el apartado 1 de su artículo 7, la Directiva
«[...] no obstará la facultad que tienen los Estados miembros de excluir de su ámbito de aplicación:
a)
[...]
b)
[...] la adquisición del derecho a las prestaciones después de períodos de interrupción de empleo debidos a la educación de los hijos».
Acerca del ámbito de aplicación personal de la Directiva 79/7
Mediante las tres primeras cuestiones, que deben examinarse conjuntamente, the Social Security Commissioners pretende, fundamentalmente, saber si una persona que ha interrumpido su actividad profesional para ocuparse de la educación de sus hijos y que no puede volver a trabajar por impedírselo una enfermedad está o no comprendida en el ámbito de aplicación personal de la Directiva 79/7.
Más concretamente, se pide, mediante las cuestiones segunda y tercera, que se precise a este respecto:
—
si una persona que, de no estar enferma, trabajaría o estaría buscando empleo debe, para estar comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 79/7, haber dejado su anterior actividad profesional debido a la materialización de alguno de los riesgos contemplados en el artículo 3 de la Directiva;
—
si el hecho de que esa persona estuviera o no buscando empleo en el momento de materializarse alguno de los riesgos mencionados en el artículo 3 de la Directiva es determinante para saber si dicha persona está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 79/7.
De la relación entre los artículos 2 y 3 de la Directiva 79/7 se desprende que ésta se aplica únicamente a las personas que estén disponibles en el mercado del trabajo o que hayan dejado de estarlo a causa de la materialización de alguno de los riesgos contemplados por la Directiva.
De ello resulta, en primer lugar, que una persona que ha dejado su actividad profesional para ocuparse de la educación de sus hijos no está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 79/7 como trabajador cuya actividad se ve interrumpida por alguno de los riesgos contemplados por la Directiva, dado que la interrupción de empleo por causa de la educación de los hijos no figura entre los riesgos mencionados en la letra a) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva.
En segundo lugar, resulta que puede considerarse a esa persona, no obstante, comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 79/7 como persona que busca un empleo cuya búsqueda se ha hecho imposible debido a la materialización de uno de los riesgos contemplados por la letra a) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva.
En efecto, la condición de demandante de empleo es suficiente para formar parte de la población activa en el sentido del artículo 2 de la Directiva, sin que proceda hacer distinciones según el motivo por el que el interesado dejó un empleo anterior, ni tampoco según haya o no ejercido antes una actividad profesional.
El interesado debe, sin embargo, probar su condición de demandante de empleo en el momento de materializarse uno de los riesgos mencionados en la letra a) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva. A este respecto, corresponde al Juez nacional determinar, teniendo en cuenta principalmente la existencia de una inscripción en un organismo de empleo encargado de buscar las ofertas de empleo o de ayudar a los demandantes de empleo en sus gestiones, de cartas de candidatura enviadas por el interesado a empresarios, o de escritos de empresas en los que se certifique que el interesado se presentó a entrevistas para su contratación, si el interesado estaba efectivamente buscando empleo en el momento en que le sobrevino alguna de las contingencias mencionadas por la Directiva.
De esto se desprende que la protección garantizada por la Directiva 79/7 a las personas que dejaron su actividad profesional para ocuparse de la educación de sus hijos sólo cubre a las que resultaron afectadas por una incapacidad laboral durante un período en el que estaban buscando empleo.
Es cierto, como han expresado el Reino Unido y la Comisión, que son sobre todo las mujeres quienes interrumpen su actividad profesional para ocuparse de la educación de sus hijos y quienes, por este motivo, sufren una desventaja cuando caen enfermas o quedan inválidas antes de haber buscado empleo nuevamente.
No obstante, procede señalar que, según el primer considerando y el artículo 1 de la Directiva 79/7, ésta sólo contempla la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social. En lo que respecta a la protección social de las madres en el hogar, de la letra b) del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 79/7 se desprende que la normativa referente a la adquisición del derecho a las prestaciones después de períodos de interrupción de empleo debidos a la educación de los hijos sigue siendo competencia de los Estados miembros.
En tales circunstancias, corresponde al legislador comunitario adoptar las medidas necesarias que estime adecuadas para eliminar las discriminaciones que aún sigue habiendo a este respecto en algunas legislaciones nacionales.
Procede, pues, responder a las tres primeras cuestiones que el artículo 2 de la Directiva 79/7 debe interpretarse en el sentido de que ésta se aplica a una persona que ha interrumpido su actividad profesional para ocuparse de la educación de sus hijos y que no puede volver a trabajar por impedírselo una enfermedad, únicamente en el caso de que dicha persona haya estado buscando empleo y esa búsqueda haya sido interrumpida por la materialización de alguno de los riesgos contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva, sin que proceda hacer distinciones según el motivo por el que esa persona dejó un empleo anterior. Corresponde al Juez nacional determinar si la persona que invoca la aplicación de la Directiva 79/7 estaba efectivamente buscando empleo en el momento de materializarse alguno de los riesgos contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva.
Acerca del principio de igualdad de trato contemplado en el artículo 4 de la Directiva 79/7
Mediante la cuarta cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pretende saber si el artículo 4 de la Directiva 79/7 se opone a los efectos de una legislación nacional que supedita el derecho a una prestación al hecho de haber formulado antes una solicitud de otra prestación, ya suprimida, que incluía un requisito discriminatorio contra los trabajadores femeninos y, en caso afirmativo, qué consecuencias tendría la incompatibilidad de dicha legislación nacional con el artículo 4 de la Directiva.
De los autos se desprende que el artículo 165 A de la Social Security Act 1975, que determina las condiciones en que el interesado puede reclamar la concesión de una prestación, produce el efecto de que una persona que no haya solicitado el pago de la NCIP antes de la supresión de esta prestación no puede pretender percibir automáticamente el SDA en virtud del apartado 1 del artículo 20 de las Social Security (Severe Disablement Allowance) Regulations 1984.
A este respecto, procede recordar que la concesión de la NCIP a las mujeres casadas o que vivan maritalmente estaba sujeta, entre otras cosas, al requisito de que la interesada fuese incapaz de realizar las tareas domésticas, requisito cuyo carácter discriminatorio no se discute.
Al exigir a dichas mujeres haber solicitado la NCIP para poder percibir el SDA, el mencionado artículo 165 A, en relación con el citado apartado 1 del artículo 20, mantiene esa discriminación dado que casi la totalidad de las mujeres que fueron víctimas de la discriminación constituida por el criterio de la incapacidad para realizar las tareas domésticas ya no pueden aspirar al pago automático del SDA, mientras que los hombres que estén en una situación comparable perciben dicho pago automático. En efecto, éstos tenían derecho a la NCIP y, por tanto, pudieron lógicamente solicitar su concesión, mientras que las mujeres no tenían ninguna razón para presentar tal solicitud puesto que sabían que no tenían derecho a la misma.
Ahora bien, como consideró este Tribunal de Justicia en la mencionada sentencia de 24 de junio de 1987, Borrie Clarke, apartado 10, la Directiva no establece ninguna excepción al principio de igualdad de trato previsto por el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva que autorice la persistencia de los efectos discriminatorios de disposiciones nacionales anteriores. Por tanto, un Estado miembro no puede dejar que subsistan después del 22 de diciembre de 1984, fecha de expiración del plazo señalado por la Directiva para que se adapten a ella las legislaciones nacionales, desigualdades de trato.
En tales circunstancias, procede declarar que una legislación nacional como la que resulta del artículo 165 A de la Social Security Act 1975 en relación con el apartado 1 del artículo 20 de las Social Security (Severe Disablement Allowance) Regulations 1984, que supedita el derecho a una prestación al hecho de haber formulado una solicitud de otra prestación, que incluía un requisito discriminatorio contra los trabajadores femeninos, debe considerarse incompatible con el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7.
Por último, procede señalar, como consideró este Tribunal de Justicia en la mencionada sentencia de 24 de junio de 1987, Borrie Clarke, apartado 9, que, considerado en sí mismo y habida cuenta de la finalidad de la Directiva 79/7 y de su contenido, el apartado 1 del artículo 4 es suficientemente preciso para ser invocado por un justiciable ante un òrgano jurisdiccional nacional con el fin de inducir a éste a excluir toda disposición nacional no conforme a dicho artículo.
De la mencionada sentencia se desprende también (apartado 12) que, a partir del 23 de diciembre de 1984, las mujeres tienen derecho a ser tratadas del mismo modo y a que les sea aplicado el mismo régimen que a los hombres que se encuentren en la misma situación, régimen que, a falta de una ejecución correcta de la Directiva, sigue siendo el único sistema válido de referencia.
Procede, pues, responder a la cuarta cuestión que el artículo 4 de la Directiva 79/7 puede ser invocado, a partir del 23 de diciembre de 1984, para no aplicar una legislación nacional que supedita el derecho a una prestación al hecho de haber formulado antes una solicitud relativa a otra prestación, ya suprimida, que incluía un requisito discriminatorio contra los trabajadores femeninos. A falta de medidas de aplicación adecuadas del artículo 4 de la Directiva 79/7, las mujeres desfavorecidas por el mantenimiento de la discriminación tienen derecho a ser tratadas del mismo modo y a que les sea aplicado el mismo régimen que a los hombres que se encuentren en la misma situación, régimen que, a falta de una ejecución correcta de dicha Directiva, sigue siendo el único sistema válido de referencia.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno del Reino Unido y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por the Social Security Commissioners mediante resolución de 25 de enero de 1990, declara:

1)
El artículo 2 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social, debe interpretarse en el sentido de que ésta se aplica a una persona que ha interrumpido su actividad profesional para ocuparse de la educación de sus hijos y que no puede volver a trabajar por impedírselo una enfermedad, únicamente en el caso de que dicha persona haya estado buscando empleo y esa búsqueda haya sido interrumpida por la materialización de alguno de los riesgos contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva, sin que proceda hacer distinciones según el motivo por el que esa persona dejó un empleo anterior. Corresponde al Juez nacional determinar si la persona que invoca la aplicación de la Directiva 79/7/CEE estaba efectivamente buscando empleo en el momento de materializarse alguno de los riesgos contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva.

2)
El artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE puede ser invocado, a partir del 23 de diciembre de 1984, para no aplicar una legislación nacional que supedita el derecho a una prestación al hecho de haber formulado antes una solicitud relativa a otra prestación, ya suprimida, que incluía un requisito discriminatorio contra los trabajadores femeninos. A falta de medidas de aplicación adecuadas del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE, las mujeres desfavorecidas por el mantenimiento de la discriminación tienen derecho a ser tratadas del mismo modo y a que les sea aplicado el mismo régimen que a los hombres que se encuentren en la misma situación, régimen que, a falta de una ejecución correcta de dicha Directiva, sigue siendo el único sistema válido de referencia.

Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Slynn
Joliét
Zuleeg
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de julio de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Quinta
J. C. Moitinho de Almeida
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.