CELEX: 62001TJ0045
Personal empleado en la Empresa Común JET
Igualdad de trato
No aplicación del estatuto de agente temporal
Artículo 152 CEEA
Plazo razonable
Perjuicios materiales sufridos

Marco jurídico
El artículo 1, párrafo segundo, del Tratado CEEA dispone:
«La Comunidad tendrá por misión contribuir, mediante el establecimiento de las condiciones necesarias para la creación y crecimiento
rápidos de industrias nucleares, a la elevación del nivel de vida en los Estados miembros y al desarrollo de los intercambios
con los demás países.»
El artículo 2 CEEA prevé en particular que, para el cumplimiento de su misión, la Comunidad Europea de la Energía Atómica
(CEEA) deberá desarrollar la investigación y asegurar la difusión de los conocimientos técnicos.
El artículo 49 CEEA dispone:
«La Empresa Común se constituirá por decisión del Consejo.
Toda Empresa Común tendrá personalidad jurídica.
La Empresa Común gozará en cada uno de los Estados miembros de la más amplia capacidad jurídica que las legislaciones nacionales
respectivas reconocen a las personas jurídicas; podrá, en particular, adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles y comparecer
en juicio.
Salvo disposición en contrario del presente Tratado o de sus estatutos, toda Empresa Común quedará sometida a las normas aplicables
a las empresas industriales o comerciales; los estatutos podrán remitirse subsidiariamente a las legislaciones nacionales
de los Estados miembros.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Justicia en virtud del presente Tratado, los litigios que afecten
a las Empresas Comunes serán resueltos por los órganos jurisdiccionales nacionales competentes.»
A tenor del artículo 51 CEEA:
«La Comisión garantizará la ejecución de todas las decisiones del Consejo sobre creación de Empresas Comunes hasta la constitución
de los órganos encargados de su funcionamiento.»
El artículo 152 CEEA dispone:
«El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse sobre cualquier litigio entre la Comunidad y sus agentes dentro
de los límites y en las condiciones que establezca su estatuto o que resulten del régimen que les sea aplicable.»
Según el artículo 151 CEEA:
«El Tribunal de Justicia será competente para conocer de los litigios relativos a la indemnización por daños a que se refiere
el párrafo segundo del artículo188 [CEEA].»
A tenor del artículo 188 CEEA, párrafo segundo:
«En materia de responsabilidad extracontractual, la Comunidad deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus
agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados
miembros.»
La Empresa Común
(joint undertaking)
Joint European Torus (JET), para la que trabajaban los demandantes, se creó mediante la Decisión 78/471/Euratom del Consejo,
de 30 de mayo de 1978 (DO L 151, p. 10; EE 12/03, p. 101), para la ejecución del programa «Fusión» de la CEEA, que preveía
la construcción, funcionamiento y explotación de una gran máquina tórica del tipo tokamak y de sus instalaciones anexas. Concebido
inicialmente para un período de doce años, el proyecto JET se prorrogó en tres ocasiones: mediante la Decisión 88/447/Euratom
del Consejo, de 25 de julio de 1988 (DO L 222, p. 4), hasta el 31 de diciembre de 1992, mediante la Decisión 91/677/Euratom
del Consejo, de 19 de diciembre de 1991 (DO L 375, p. 9), hasta el 31 de diciembre de 1996 y, por último, mediante la Decisión
96/305/Euratom del Consejo, de 7 de mayo de 1996 (DO L 117, p. 9), hasta el 31 de diciembre de 1999. El programa continuó
después, en particular, en el marco del Acuerdo Europeo para el Desarrollo de la Fusión.
Los estatutos de la Empresa Común (en lo sucesivo, «estatutos»), que se adjuntan a la Decisión 78/471, indican que su sede
se encuentra en Culham, Oxfordshire, Reino Unido, y que sus miembros, además de la CEEA, son los Estados miembros o sus organismos
competentes en materia atómica, en particular la organización anfitriona, la United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA),
así como la Confederación Helvética desde la Decisión 91/677.
Los estatutos indican que los órganos del JET son el Consejo y el Director del proyecto. El Consejo del Jet está asistido
por un comité ejecutivo y puede solicitar el informe de un consejo científico.
A tenor del artículo 4.2.2 de los estatutos:
«El Consejo del JET estará encargado, en particular, de:
[…]
d)      designar al Director y a los ejecutivos superiores para que la Comisión o, en su caso, la organización anfitriona los contrate,
y determinar la duración de su destino, aprobar la estructura global del equipo del Proyecto y decidir los procedimientos
de asignación y gestión del personal;
[…]
f)      aprobar el presupuesto anual, incluida la lista de empleos, el plan de desarrollo del proyecto y las estimaciones del coste
del proyecto, de conformidad con el artículo 10.»
Según el artículo 7 de los estatutos, el Director del proyecto es el órgano ejecutivo de la Empresa Común y su representante
legal, «ejecutará el plan de desarrollo del Proyecto y dirigirá la ejecución del mismo en el marco de las directivas fijadas
por el Consejo del JET». El Director «especialmente deberá:
a)      organizar, dirigir y supervisar el equipo del Proyecto;
b)      someter al Consejo del JET propuestas sobre la estructura esencial del equipo del Proyecto y proponer al Consejo la designación
de los ejecutivos superiores».
El artículo 8 de los estatutos, relativo al equipo del proyecto, dispone, en su redacción original aplicable hasta el 21 de
octubre de 1998 (véanse los apartados 25 y 26
infra):
«8.1. El equipo del Proyecto asistirá al Director del Proyecto en el cumplimiento de sus tareas. Su plantilla se especificará en
la lista de empleos tal como figura en el presupuesto anual. Estará compuesta por personal procedente de los miembros de la
Empresa Común de conformidad con el [artículo] 8.3, así como por otro personal. La plantilla del equipo del proyecto se contratará
de conformidad con las disposiciones de los [artículos] 8.4 y 8.5
[infra].
8.2.      La composición del equipo del Proyecto deberá lograr un equilibrio razonable entre la doble necesidad de garantizar el carácter
comunitario del Proyecto, en particular, en lo que se refiere a los empleos que exigen un cierto nivel de cualificación (físicos,
ingenieros, administrativos de nivel equivalente) y de dar al Director del Proyecto los máximos poderes posibles en la selección
del personal para obtener una gestión eficaz. En la aplicación de este principio, se tendrá en cuenta igualmente los intereses
de los miembros no comunitarios de la Empresa Común.
8.3.      Los miembros de la Empresa Común pondrán a disposición de ésta, personal cualificado en los campos científico, técnico y administrativo.
8.4.      El personal puesto a disposición por la organización anfitriona seguirá estando empleado por dicha organización en las condiciones
de contratación previstas por ésta y será destinado por ella a la Empresa Común.
8.5.      Salvo decisión en contrario en determinados casos de conformidad con los procedimientos de asignación y de gestión del personal,
que el Consejo del JET deberá fijar, tanto el personal puesto a disposición por los miembros de la Empresa Común distintos
a la organización anfitriona como el resto del personal será contratado por la Comisión para puestos eventuales de conformidad
con el “Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas” y destinados por la Comisión a la Empresa Común.
8.6.      Todo el personal que forme parte del equipo del Proyecto dependerá únicamente de la autoridad administrativa del Director
del Proyecto.
8.7.      Todos los gastos de personal, incluidos los gastos relativos al personal destinado a la Empresa Común por la Comisión y por
la organización anfitriona, correrán a cargo de la Empresa Común.
8.8.      Cualquier miembro que tenga un contrato de asociación con [la CEEA] se compromete a emplear de nuevo a los miembros del personal
que haya destinado al Proyecto y que la Comisión haya contratado eventualmente, en el momento en que hayan cumplido su trabajo
en el marco del Proyecto.
8.9.      El Consejo del JET establecerá los procedimientos detallados de asignación y gestión del personal.»
En el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de enero de 1987, Ainsworth y otros/Comisión y Consejo
(asuntos acumulados 271/83, 15/84, 36/84, 113/84, 158/84, 203/84 et 13/85, Rec. p. 167), los demandantes, nacionales británicos
contratados por la UKAEA y, como tales, puestos a disposición de la Empresa Común para participar en el equipo del proyecto,
impugnaban la decisión del Director de la Empresa Común JET, adoptada en nombre de la Comisión, por la que se denegaba la
integración de los demandantes en el personal de la Comisión en el marco de la CEEA en calidad de agentes temporales. Aducían,
en particular, por vía de excepción, la ilegalidad de los estatutos de la Empresa Común debido a la diferencia de trato establecida
por los artículos 8.4 y 8.5 de los estatutos.
El Tribunal de Justicia estimó que estas disposiciones «en realidad [tenían] por objeto establecer una diferencia de trato
en función de la organización miembro que pon[ía] al agente en cuestión a disposición de la Empresa Común» (apartado 32).
No obstante, el Tribunal de Justicia señaló que «el JET constitu[ía] una empresa exclusivamente dedicada a la investigación
[...] cuya duración se enc[ontraba] limitada en el tiempo» (apartado 35) e indicó la situación particular de la UKAEA que,
como organización anfitriona, asumía responsabilidades propias (apartados 36 y 37). En estas circunstancias, el Tribunal de
Justicia consideró que «la situación específica en que se enc[ontraba] la UKAEA, organización anfitriona con respecto al JET,
y que no [era] comparable con la situación de ninguna otra organización miembro del JET, constitu[ía] una justificación objetiva
de la diferencia de trato establecida por los artículos 8.4 y 8.5 de los estatutos» (apartado 38).
El Parlamento Europeo adoptó, el 10 de diciembre de 1991, una Resolución Legislativa que contenía, en particular, su dictamen
sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se modificaban los estatutos de la Empresa Común JET y expresó al respecto
el temor de que las disparidades de remuneración entre los investigadores que estaban al servicio de la Comisión y los vinculados
a las autoridades nacionales acarrearan tensiones dentro del JET (DO 1992, C 13, p. 50).
En los asuntos que dieron lugar a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 1996, Altmann y otros/Comisión
(asuntos acumulados T‑177/94 y T‑377/94, Rec. p. II‑2041), los demandantes, de nacionalidad británica, miembros del personal
de la UKAEA puestos a disposición del JET, impugnaban las decisiones de la Comisión por las que se denegaban sus pretensiones
de que se les contratara como agentes temporales de la Comunidad. En particular, invocaban cambios en las circunstancias producidos
desde que se dictó la sentencia Ainsworth y otros/Comisión y Consejo, antes citada.
El Tribunal de Primera Instancia señaló, por un lado, lo siguiente: «Todos los miembros del personal que componen el equipo
del Proyecto se enc[ontraban] en una situación comparable, con independencia de cuál [fuera] la organización miembro que les
ha[bía] puesto a disposición de la Empresa Común. Todos trabaja[ban], en efecto, exclusivamente para el Proyecto, dentro de
un mismo equipo y bajo la autoridad de un mismo Director. [Fueron] seleccionados a través de los mismos concursos y [fueron]
promovidos en función únicamente de sus méritos, sin que se [tuviera] en cuenta quién [era] su empleador nominal» (apartado
81). Por otro lado, el Tribunal de Primera Instancia apreció la persistencia de una diferencia de trato dentro del equipo
del proyecto desde el punto de vista de las remuneraciones y de las perspectivas de carrera, derivada de las disposiciones
de los artículos 8.4 y 8.5 de los estatutos de la Empresa Común (apartados 82, 84 y 85).
A continuación, el Tribunal de Primera Instancia observó que «se ha[bían] producido varios elementos nuevos o modificaciones
con respecto a la situación que se le present[ó] al Tribunal de Justicia en 1987», se «trata[ba] más concretamente de: a) la
ampliación considerable de la duración de JET; b) el menor protagonismo desempeñado por UKAEA en la organización y el funcionamiento
de la Empresa Común; c) el abandono de las objeciones de UKAEA respecto a que el personal que destina[ba] en JET abandon[ara]
su puesto por otro en la Comisión; d) la perturbación del funcionamiento de la Empresa Común como consecuencia del conflicto
social, y e) la incapacidad del sistema de contratación de JET para alcanzar los objetivos para los cuales fue concebido»
(apartado 96).
El Tribunal de Primera Instancia declaró igualmente:
«Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, es necesario llegar a la conclusión de que han desaparecido todas las circunstancias
de hecho invocadas por el Tribunal de Justicia en apoyo de su conclusión según la cual la diferencia de trato establecida
por los Estatutos de JET estaba objetivamente justificada. Procede recordar, por otra parte, que el Tribunal de Justicia no
tuvo que pronunciarse sobre la diferencia de trato relacionada con las perspectivas de carrera y la seguridad en el empleo,
que no eran objeto de controversia en el asunto Ainsworth» (apartado 117).
Por lo que respecta al concepto de «otro personal» que figura en el artículo 8 de los estatutos, en su redacción original,
el Tribunal de Primera Instancia consideró que, «si bien ninguna disposición de los Estatutos proh[ibía] expresamente y de
manera inequívoca el principio de la contratación como “otro personal”, con arreglo al artículo 8.5, de personas que, como
los demandantes, se enc[ontraban] ya puestas a disposición del Proyecto por UKAEA, no [era] menos cierto que la estructura
general de los Estatutos y la propia redacción de sus disposiciones lleva[ban] a la conclusión de que no p[odía] preverse
dicha nueva contratación sin perjudicar gravemente al sistema de contratación y gestión de personal establecido por los citados
Estatutos» (apartado 136).
El Tribunal de Primera Instancia añadió:
«Procede, en efecto, interpretar el concepto de “otro personal”, del artículo 8.5 de los Estatutos, con referencia al artículo
8.1, que dispone que el equipo del Proyecto estará compuesto, por un lado, por personal procedente de los miembros de JET,
de conformidad con el artículo 8.3, y, por otro lado, por “otro personal”. La operación mediante la cual un miembro del equipo
del Proyecto puesto a disposición por UKAEA dimitiría de ésta con el único fin de poder ser contratado por la Comisión como
“otro personal”, no está prevista en dichas disposiciones» (apartado 137).
El Tribunal de Primera Instancia consideró que «los artículos 8.4 y 8.5 de los Estatutos, en su [...] redacción [original],
no p[odían] interpretarse en el sentido de que autoriza[ban] la contratación de los demandantes como “otro personal”, a efectos
de las referidas disposiciones» (apartado 139), y declaró «la ilegalidad de los artículos 8.4 y 8.5 de los Estatutos, de sus
Disposiciones complementarias de ejecución y de las normas administrativas destinadas a darles efectividad, en la medida en
que estable[cían] o contribu[ían] al mantenimiento de una diferencia de trato no justificada objetivamente y, por consiguiente,
ilegal, en particular por lo que respecta a las perspectivas de acceso a la función pública comunitaria, entre dos categorías
de agentes de JET, según la organización miembro que [pusiera] al agente de que se trat[ase] a disposición de la Empresa Común»
(apartado 141).
Por lo que respecta a la pretensión de los demandantes de obtener una indemnización por las pérdidas financieras provocadas
por la discriminación controvertida, el Tribunal de Primera Instancia consideró que la violación del principio de igualdad
de trato derivada de los estatutos no era suficientemente caracterizada en el caso de autos como para generar la responsabilidad
de la Comunidad por actos ilegalmente adoptados por el Consejo y ejecutados por la Comisión (apartado 154).
A raíz de la sentencia Altmann y otros/Comisión, antes citada, que no fue objeto de recurso de casación, la Decisión 98/585/Euratom
del Consejo, de 13 de octubre de 1998 (DO L 282, p. 65), que entró en vigor el 21 de octubre de 1998, modificó los estatutos
de la Empresa Común y suprimió, en particular, las referencias al concepto de «otro personal» que figuraban en ellos.
De conformidad con el punto 4 del anexo a la Decisión 98/585, los artículos 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 y 8.7 son del siguiente tenor
literal:
«8.1. El equipo del proyecto asistirá al Director del proyecto en el cumplimiento de sus tareas. Su plantilla se especificará
en la lista de empleos tal como figura en el presupuesto anual. Estará compuesta por personal procedente de los miembros de
la Empresa Común de conformidad con el [artículo] 8.3.»
«8.3. Los miembros de la Empresa Común que tengan un contrato de asociación con [la CEEA] o contratos de duración limitada
en el marco del programa fusión [de la CEEA] en los Estados miembros donde no existan contratos de asociación (en adelante
denominados “organizaciones de origen”) pondrán a disposición de ésta personal cualificado en los campos científico, técnico
y administrativo.»
«8.4. El personal puesto a disposición por las organizaciones de origen se destinará a la Empresa Común y:
a)      seguirá estando empleado por su organización de origen durante el período de destino en las condiciones de contratación establecidas
por estas organizaciones;
b)      tendrá derecho, durante el período de destino, a una dieta como se especifica en los “Reglamentos aplicables a la puesta a
disposición de personal de las organizaciones de origen ante la Empresa Común”, que el Consejo del JET adopta en virtud del
artículo 8.5.»
«8.5. El Consejo del JET adoptará los procedimientos detallados de gestión de personal (incluidos los “Reglamentos aplicables a
la puesta a disposición de personal de las organizaciones de origen ante la Empresa Común”) así como las medidas transitorias,
y las medidas necesarias relativas al equipo del proyecto puesto a disposición de la Empresa Común por la Comisión y por la
organización anfitriona antes del 21 de octubre de 1998.»
«8.7. Todos los gastos de personal, incluido el reembolso de los gastos relativos al personal destacado en que incurra la organización
de origen, así como los gastos relativos al personal destinado a la Empresa Común por la Comisión y por la organización anfitriona
antes de que entren en vigor las mencionadas disposiciones, correrán a cargo de la Empresa Común.»

Antecedentes del litigio y procedimiento
Los 95 demandantes, de nacionalidad británica, trabajaron en el marco del proyecto JET, en el caso de 51 de ellos durante
un período de diez o más años, generalmente en puestos de ingeniero, de técnico o de delineante. Los interesados, todos ellos
contratados, en virtud de un primer contrato anual, antes de la modificación de los estatutos realizada en el mes de octubre
de 1998, no tenían ningún vínculo contractual con la UKAEA o la Comisión, sino que eran empleados y retribuidos por sociedades
terceras, vinculadas contractualmente a la Empresa Común JET. Sus contratos, cuyo objeto era ponerlos a disposición de la
Empresa Común JET, concluyeron, en cualquier caso, en la fecha de expiración del proyecto, el 31 de diciembre de 1999.
La Empresa Común JET celebraba contratos con sociedades prestatarias de mano de obra para la prestación de los servicios de
una persona o de un grupo de personas con calificaciones o competencias técnicas particulares. Los contratos de grupo permitían
la puesta a disposición de la Empresa Común JET de conjuntos de trabajadores, como los afectados al MAC [«main assembly contract»
(contrato sobre los elementos principales)], al MEC [«main electrical contract» (contrato principal para la electricidad)],
a la oficina de diseño o al servicio de programación informática, así como de las personas que trabajaban en el local de la
correspondencia, de la centralita o de los técnicos de taller. Por lo demás, la Empresa Común JET celebraba con otras empresas
contratos relativos a la prestación de servicios como el mantenimiento y limpieza de los edificios.
La mayor parte de los contratos celebrados por la Empresa Común JET con sociedades prestatarias de mano de obra daban lugar
a convocatorias de licitaciones por parte de la Empresa Común, generalmente publicadas cada tres años. La dirección del JET
procedía a una audiencia de los candidatos propuestos por las sociedades licitadoras antes de dar o no su acuerdo a la selección
efectuada por la sociedad elegida de las personas que ésta contrataría para ejercer su actividad dentro de la Empresa Común.
Todos los contratos de suministro de personal celebrados por la Empresa Común JET tenían una duración de un año y podían prorrogarse,
siempre sobre una base anual. En cambio, podían resolverse en todo momento.
Cada uno de los demandantes dirigió a la Comisión un escrito presentado con carácter principal sobre la base del artículo
90 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto»), entre el 12 de noviembre de
1999 y el 16 de febrero de 2000. Los demandantes mencionan el artículo 188 CEEA como fundamento alternativo de su iniciativa.
Piden a la Comisión que adopte una decisión relativa a su solicitud de indemnización con objeto de que se repare la falta
cometida por la Empresa Común JET al no contratarlos, infringiendo así sus estatutos, como agentes temporales de las Comunidades.
La Comisión indicó a los interesados, mediante escrito de 14 de marzo de 2000, que consideraba que su petición se presentaba
en virtud del artículo 90, apartado 1, del Estatuto.
Dado que no se dio ninguna respuesta a esta petición en un plazo de cuatro meses, los demandantes, mediante su representante
legal, presentaron ante la Comisión una reclamación, con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto, contra la decisión
implícita denegatoria de su petición.
Esta reclamación, a la que la Comisión no respondió en el plazo de cuatro meses mencionado en el artículo 90, apartado 2,
in fine,
del Estatuto, fue objeto, dentro del plazo establecido para recurrir contra esta denegación implícita previsto por el artículo
91, apartado 3, del Estatuto, de una decisión explícita de fecha 14 de noviembre de 2000, notificada a los representantes
legales de los interesados mediante fax, el 17 de noviembre de 2000.
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 27 de febrero de 2001, los demandantes interpusieron
el presente recurso.
Mediante auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 3 de octubre de 2001, se admitió la intervención del Consejo
en el presente asunto en apoyo de la Comisión.
Los demandantes solicitaron la presentación de documentos en poder de la Comisión. Ésta presentó dos complementos de su escrito
de contestación, relativos a precedentes contenciosos y a las funciones ejercidas por algunos de los demandantes. Los demandantes
solicitaron también, mediante escrito registrado en la Secretaría el 18 de julio de 2002, la presentación de correspondencia
intercambiada entre la dirección de la Empresa Común JET y el Tribunal de Cuentas en relación con el personal contractual
al servicio del proyecto JET.
Mediante una diligencia de ordenación del procedimiento notificada el 26 de septiembre de 2002, el Tribunal de Primera Instancia
interrogó a la parte demandada a propósito de las «disposiciones complementarias» relativas al personal de la Empresa Común
JET, adoptadas en 1979. La Comisión respondió mediante escrito de 4 de octubre de 2002.
Los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia se oyeron
en la vista celebrada el 8 de mayo de 2003.
Mediante auto de 21 de julio de 2003, el Presidente de la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia reabrió la fase oral
con objeto de permitir a las partes precisar sus posturas en relación con el marco jurídico aplicable al presente litigio
y las consecuencias pertinentes. Las partes se expresaron al respecto en una nueva vista celebrada el 23 de septiembre de 2003.

Pretensiones de las partes
Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:
–        Declare que la Comisión trató a los demandantes de manera discriminatoria, sin justificación objetiva, durante el período
en el que estuvieron contratados al servicio del proyecto JET, por lo que respecta a su remuneración, su derecho a pensión
y los beneficios correspondientes, así como en lo que atañe a la garantía de un empleo posterior.
–        Declare que los demandantes deberían haber sido tratados como «otro personal» en el sentido del artículo 8.1 de los estatutos
originales de la Empresa Común JET.
–        Declare que las modificaciones del artículo 8 de los estatutos de la Empresa Común JET realizadas por la Decisión 98/585 y
sus disposiciones de aplicación eran ilegales por cuanto establecían o contribuían a mantener una discriminación contra los
demandantes, sin justificación objetiva, por lo que respecta a los elementos expuestos en el primer apartado de las pretensiones.
–        Declare que los demandantes tenían derecho a ser contratados en puestos temporales de la Comisión.
–        Anule la Decisión de la Comisión de 14 de noviembre de 2000.
–        Condene a la Comisión a indemnizarles por la pérdida de remuneración, de pensión, de dietas y de beneficios ocasionada por
las violaciones del Derecho comunitario antes citadas.
–        Condene en costas a la Comisión.
La Comisión, apoyada por el Consejo, solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–        Desestime el recurso.
–        Resuelva sobre las costas como proceda en Derecho.

Sobre la naturaleza del litigio
Los demandantes tratan básicamente de obtener la reparación del perjuicio material que alegan haber sufrido por no haber sido
contratados por la Comisión en el marco de contratos de agente temporal. Sus pretensiones, tal como se exponen en el apartado
supra,
dirigidas en particular a que se anule la Decisión de 14 de noviembre de 2000 por la que se desestima la reclamación que
cada uno de ellos había dirigido a la Comisión tras la desestimación implícita de su solicitud de indemnización, según el
procedimiento descrito en los apartados 30 y 31
supra,
tienen por efecto someter al Tribunal de Primera Instancia el acto lesivo contra el cual se había presentado la reclamación
(sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 1989, Bossi/Comisión, 346/87, Rec. p. 303, apartado 10), a saber,
en el presente caso, la desestimación implícita de su solicitud de indemnización. Estas pretensiones deben considerarse indisociables
de la solicitud, en realidad única y meramente indemnizatoria, que es objeto del recurso y que se basa en la ilegalidad culposa
que supuestamente cometió la Comisión al no contratar a los interesados en el marco de los referidos contratos, incumpliendo
lo dispuesto en los estatutos del JET. Ante la inexistencia de relación contractual entre los demandantes y la Comisión, la
demanda plantea la responsabilidad extracontractual de la Comunidad.
En las circunstancias particulares del presente caso, procede determinar de oficio, por tratarse de una cuestión de orden
público, si el litigio debe relacionarse con el contencioso general de la responsabilidad extracontractual, contemplado en
el artículo 151 CEEA y en el artículo 188 CEEA, apartado 2, o bien con el referido a las relaciones entre la Comunidad y sus
agentes, contemplado en el artículo 152 CEEA. Por lo demás, el Tribunal de Primera Instancia oyó a las partes sobre este punto
durante la vista celebrada al efecto el 23 de septiembre de 2003.
Es preciso considerar que la demanda forma parte de los litigios entre la Comunidad y sus agentes, por tres tipos de motivos.
En primer lugar, la apreciación del fundamento del recurso depende de la interpretación de los estatutos del JET, que, según
los demandantes, les dan derecho a ser contratados como agentes temporales. Además, la indemnización solicitada por cada demandante
equivale a la diferencia entre lo que habría percibido si hubiese trabajado para la Empresa Común como agente temporal y lo
que percibió del empleador que le ponía a disposición del JET. Pues bien, en circunstancias, como las del asunto principal,
en las que los derechos de que se trata son derechos estatutarios, los problemas jurídicos que han de resolverse son análogos
a los que se presentan en el caso en el que los demandantes reivindican la condición de funcionario o de agente, y en el que
el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia examinan los litigios en el marco del contencioso de la función
pública (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 1975, Porrini y otros/CEEA y otros, 65/74, Rec. p. 319, apartados
3 a 13, y del Tribunal de Primera Instancia de 12 de mayo de 1998, O'Casey/Comisión, T‑184/94, RecFP pp. I‑A-183 y II‑565,
apartados 56 a 62).
En segundo lugar, la jurisprudencia interpreta de manera extensiva el concepto de litigio entre la Comunidad y sus agentes,
lo que lleva a examinar en ese marco los litigios relativos a personas que no tienen la condición de funcionario ni la de
agente, pero la reivindican (sentencias del Tribunal de Justicia de 5 de abril de 1979, Bellintani y otros/Comisión, 116/78,
Rec. p. 1585, apartado 6; de 11 de julio de 1985, Salerno y otros/Comisión y Consejo, asuntos acumulados 87/77, 130/77, 22/83,
9/84 y 10/84, Rec. p. 2523, apartados 24 y 25, y de 13 de julio de 1989, Alexis y otros/Comisión, 286/83, Rec. p. 2445, apartado
9). Lo mismo se aplica, en particular, a los candidatos de los concursos (sentencia del Tribunal de Justicia de 31 de marzo
de 1965, Vandevyvere/Parlamento, 23/64, Rec. pp. 205 y ss., especialmente p. 214). La Comisión alega, de forma pertinente,
que una concepción demasiado restrictiva de los litigios entre la Comunidad y sus agentes generaría inseguridad jurídica al
situar a los eventuales demandantes en situación de incertidumbre respecto a la vía contenciosa que ha de seguirse o al ofrecerles
una elección artificial.
Por lo demás, éste es el marco estatutario en el que se examinaron los asuntos que dieron lugar a las sentencias Ainsworth
y otros/Comisión y Consejo, antes citada (apartados 10 a 13), y Altmann y otros/Comisión, antes citada (apartados 44 y 45),
que afectaban a personal del JET que no tenía ni la condición de funcionario ni la de agentes de las Comunidades.
Es cierto que, en el presente caso, los demandantes reivindican únicamente
a posteriori
las ventajas financieras derivadas de las disposiciones estatutarias que, según ellos, se les deberían haber aplicado en
el pasado y que ya no están en vigor. Además, si bien los demandantes alegan que una parte del perjuicio sufrido consiste
en pérdidas financieras vinculadas a perspectivas de contratación posterior como agentes temporales, tras la expiración del
proyecto JET, estas pretensiones no se acompañan de una petición, presente o futura, de contratación como agentes temporales
de la Comunidad.
No obstante, es preciso señalar que el litigio carecería de objeto y no se habría originado un contencioso sin referencia
al régimen aplicable a los agentes temporales contratados por las Comunidades, en cuyo marco se situaba el personal del equipo
del proyecto puesto a disposición por los miembros de la Empresa Común. Por tanto, sería artificial considerar que no entra
dentro del ámbito del contencioso de la función pública la cuestión de si el concepto estatutario de equipo del proyecto debería
haberse aplicado a los demandantes cuando trabajaban para la Empresa Común JET.
En tercer lugar, por último, las propias partes se han situado en el marco de un procedimiento contencioso estatutario, aunque
también se ha considerado la alternativa de un examen en el marco de la responsabilidad extracontractual al presentar los
demandantes su solicitud de indemnización, como se ha indicado en el apartado 30
supra.
En la vista de 23 de septiembre de 2003, los demandantes indicaron que fueron abocados por la Comisión a situarse en ese
marco, en el momento de su solicitud de indemnización. Confirmaron que, en su opinión, el litigio entraba dentro del ámbito
del artículo 152 CEEA. La Comisión y el Consejo subrayaron que el litigio y la falta imputada hallan fundamento en disposiciones
estatutarias.
Las razones que se acaban de exponer justifican considerar que la demanda se inscribe dentro de los litigios entre la Comunidad
y sus agentes. Esta conclusión no se ve afectada por las circunstancias del presente caso, que efectivamente, como admiten
las partes, tienen un carácter atípico en numerosos aspectos.
En primer lugar, los demandantes no son, como en los asuntos que dieron lugar a las sentencias Ainsworth y otros/Comisión
y Consejo y Altmann y otros/Comisión, antes citadas, miembros del personal de la UKAEA puestos a disposición de la Empresa
Común y sometidos, por ello, al artículo 8 de los estatutos del JET.
En segundo lugar, no reivindican, ni lo han hecho nunca, la condición de agentes temporales. A diferencia de los asuntos que
dieron lugar a las sentencias Ainsworth y otros/Comisión y Consejo y Altmann y otros/Comisión, antes citadas, o del asunto,
citado por la demandada, que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de mayo de 2000, Simon/Comisión,
(T‑177/97, RecFP pp. I‑A-75 y II‑319), confirmada en casación mediante sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de junio de
2002, Simon/Comisión (C‑274/00 P, Rec. p. I‑5999), los demandantes nunca han pedido a la Comisión o a la dirección del JET
ser contratados como agentes temporales durante su período de actividad al servicio de la Empresa Común.
En tercer lugar, el objeto del presente recurso es una pretensión meramente indemnizatoria, como ha quedado dicho en el apartado
supra,
presentada cuando el proyecto JET llegaba a su fin o poco después de su expiración.
A pesar de estas circunstancias particulares, procede examinar el litigio en el marco del contencioso relativo a los litigios
entre la Comunidad y sus agentes, contemplado en el artículo 152 CEEA y, por tanto, en relación con las disposiciones correspondientes,
en particular, en materia de procedimiento y plazos.

Sobre la admisibilidad

Alegaciones de las partes
Sin formular formalmente una excepción de inadmisibilidad, la Comisión, apoyada por el Consejo, alega que la admisibilidad
de la solicitud de indemnización es discutible debido al retraso de los interesados en iniciar un procedimiento. Observa,
por un lado, que los demandantes, desde el inicio del funcionamiento de la Empresa Común JET, en 1978, habrían podido plantear
la cuestión de las condiciones de contratación de las que hoy se quejan y que actuaron libremente y con conocimiento de causa
cuando firmaron un contrato con su empleador. Por otro lado, estima que, dado que el Tribunal de Primera Instancia declaró
que se había producido un cambio de circunstancias en la evolución del proyecto JET en la sentencia Altmann y otros/Comisión,
antes citada, los demandantes deberían haber actuado en plazo razonable desde que se dictó dicha sentencia. La Comisión considera
que, en las circunstancias particulares del presente caso y en la medida en que el artículo 90 del Estatuto no fija un plazo
para presentar una demanda, este plazo razonable no podía exceder de dos años.
Los demandantes sostienen que la mayor parte de ellos presentaron sus solicitudes de indemnización a la Comisión a finales
del año 1999 debido a la inminente conclusión del proyecto JET y que no actuaron de forma extemporánea, pues sólo cabe oponerles
los plazos previstos en los artículos 90 y 91 del Estatuto.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Dado que el litigio se inscribe en el marco del artículo 152 CEEA, como se ha dicho en el apartado 54
supra,
las normas de admisibilidad del presente recurso están fijadas exclusivamente por los artículos 90 y 91 del Estatuto y se
hallan fuera del ámbito de aplicación tanto de los artículos 151 CEEA y 188 CEEA (artículos 235 CE y 288 CE) como del artículo
43 (actualmente artículo 46) del Estatuto del Tribunal de Justicia (sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de octubre de
1975, Séller-Burckhardt/Comisión, 9/75, Rec. p. 1171, apartados 7, 10 y 11).
Consta que los demandantes siguieron el procedimiento previsto por las disposiciones del Estatuto que se acaban de mencionar.
Ahora bien, el artículo 90, apartado 1, del Estatuto no fija ningún plazo para la interposición de una demanda (sentencia
del Tribunal de Justicia de 21 de mayo de 1981, Reinarz/Comisión, 29/80, Rec. p. 1311, apartado 12), como reconoce la demandada.
Obligación de respetar un plazo razonable
La observancia de un plazo razonable se exige en todos los casos en que, ante el silencio de las disposiciones legales, los
principios de seguridad jurídica o de protección de la confianza legítima se oponen a que las instituciones comunitarias y
las personas físicas o jurídicas actúen sin límite alguno de tiempo, con riesgo de poner así en peligro la estabilidad de
situaciones jurídicas consolidadas. En las acciones por responsabilidad que puedan dar lugar a una carga pecuniaria para la
Comunidad, la observancia de un plazo razonable para presentar una solicitud de indemnización se inspira también en el interés
de proteger las finanzas públicas que se expresa particularmente, para las acciones en materia de responsabilidad extracontractual,
en el plazo de prescripción de cinco años establecido en el artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia.
Para las instituciones comunitarias, la observancia de un plazo razonable constituye un aspecto del principio de buena administración
(sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de marzo de 1997, Guérin automobiles/Comisión, C‑282/95 P, Rec. p. I‑1503) y deriva
de la exigencia fundamental de seguridad jurídica (sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1972, Geigy/Comisión,
52/69, Rec. p. 787, apartados 20 y 21).
Por lo que respecta a las personas físicas o jurídicas, el Tribunal de Justicia ha declarado, en el caso de un recurso de
indemnización, que la persona perjudicada debe aportar pruebas de que obró con una diligencia razonable para limitar la magnitud
del perjuicio, si no quiere correr el riesgo de tener que soportar el daño ella sola (sentencia del Tribunal de Justicia de
19 de mayo de 1992, Mulder y otros/Consejo y Comisión, asuntos acumulados C‑104/89 y C‑37/90, Rec. p. I‑3061, apartado 33).
El funcionario o agente ha de observar un plazo razonable para presentar una solicitud ante la institución comunitaria a partir
del momento en que tiene conocimiento de un acto o de un hecho nuevo sustancial (véanse, por lo que respecta a la impugnación
de las condiciones de contratación, la sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de diciembre de 1983, Blomefield/Comisión,
190/82, Rec. p. 3981, apartados 10 y 11, y los autos del Tribunal de Primera Instancia de 25 de marzo de 1998, Koopman/Comisión,
T‑202/97, RecFP pp. I‑A‑163 y II‑511, apartado 24, y de 29 de abril de 2002, Jung/Comisión, T‑68/98, RecFP pp. I‑A‑55 y II‑251,
apartado 41).
Esta exigencia es asimismo aplicable, por analogía, a una petición de decisión que emana de personas que no son funcionarios
ni agentes, pero que se dirigen a la institución comunitaria y solicitan a ésta que se pronuncie.
La observancia de un plazo razonable impuesta a los particulares para presentar una solicitud de reparación de un perjuicio
causado por la Comunidad en el marco de las relaciones con sus agentes sirve, en este ámbito, al objetivo, vinculado a la
seguridad jurídica, de evitar exponer el presupuesto comunitario a gastos asociados a un hecho inicial demasiado alejado en
el tiempo.
Ello es así en cualquier caso cuando, como en el presente asunto, la demanda formulada tiene un objeto exclusivamente pecuniario
y no puede tener por consecuencia modificar las relaciones jurídicas entre la institución comunitaria afectada y los demandantes
o entre esta institución y sus agentes.
De lo anterior se desprende que la observancia de un plazo razonable, que deriva de los principios generales del Derecho comunitario,
en particular del principio de seguridad jurídica, era exigible, en el presente caso, a la solicitud de los demandantes con
objeto de obtener de la Comunidad una indemnización por un perjuicio supuestamente imputable a ésta.
Duración del plazo razonable
El período durante el que los interesados deberían haber dirigido a la institución comunitaria sus pretensiones de indemnización
para que éstas pudieran considerarse presentadas dentro de un plazo razonable a partir del momento en el que tuvieron conocimiento
de la situación de la que se quejaban debe apreciarse en relación con las circunstancias de Derecho y de hecho que caracterizan
dicha situación. El carácter razonable del plazo debe apreciarse en función de las circunstancias propias de cada asunto y,
en particular, de la trascendencia del litigio para el interesado, de la complejidad del asunto y del comportamiento de las
partes (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, C‑238/99 P,
C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, apartado 187).
Es preciso señalar que, de los diversos supuestos en los que la jurisprudencia exige la observancia de un plazo razonable,
ninguno es comparable a las circunstancias del presente litigio ni puede servir de base para un razonamiento análogo en cuanto
a la duración del plazo.
En cambio, puede extraerse un elemento de comparación del plazo de prescripción de cinco años previsto en el artículo 46 del
Estatuto del Tribunal de Justicia en materia de responsabilidad extracontractual, al que se ha hecho referencia en el apartado
supra,
aunque este plazo no se aplique en los litigios entre la Comunidad y sus agentes (sentencia Meyer-Burckardt/Comisión, antes
citada, apartados 7, 10 y 11). Esta disposición permite oponer a toda persona que solicite a la Comunidad la reparación de
un perjuicio la observancia de un plazo determinado que garantice la seguridad jurídica en interés de todos. En efecto, permite
a la vez al interesado disponer de un período suficientemente largo, desde que se produce el hecho perjudicial, para formular
sus pretensiones ante la institución comunitaria, y a la Comunidad proteger las finanzas comunitarias frente a demandas cuyos
autores hayan mostrado un comportamiento demasiado poco diligente.
Esta referencia es pertinente en el presente asunto por cuanto, si concluyera el litigio a favor de los demandantes con un
reconocimiento de la responsabilidad de la Comunidad y la condena de ésta a indemnizarles, los efectos de la sentencia incidirían,
principal si no exclusivamente, sobre las finanzas comunitarias.
En efecto, los demandantes nunca han tenido ningún vínculo jurídico directo con la Empresa Común JET y la Comisión, y en cualquier
caso la Empresa Común dejó de existir el 31 de diciembre de 1999. Por tanto, el tiempo que tardaron los demandantes en ejercer
su acción, meramente indemnizatoria en su objeto, no puede, por ejemplo, perjudicar a situaciones jurídicas consolidadas en
beneficio de terceros ni cuestionar la estabilidad de las condiciones jurídicas en las que actúan las instituciones comunitarias.
Por consiguiente, la seguridad jurídica que la exigencia de un plazo razonable trata de proteger en el presente caso es fundamentalmente
la que atañe a las finanzas comunitarias.
En estas circunstancias, habida cuenta del punto de comparación que ofrece el plazo de prescripción de cinco años previsto
en materia de acciones de responsabilidad extracontractual por el artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia y de la
ausencia de otra referencia o de cualquier razón pertinente para excluir este punto de comparación, procede considerar, por
analogía, que los interesados, en la medida en que estimaban ser objeto de un trato discriminatorio ilegal, deberían haber
dirigido una petición a la institución comunitaria con el fin de que ésta adoptara las medidas oportunas para ponerle fin
en un plazo razonable que no excediera de cinco años a partir del momento en el que tuvieron conocimiento de la situación
de la que se quejan.
Momento inicial del plazo razonable
A falta de un acto, de carácter unilateral o contractual, que regule las relaciones entre la institución y cada uno de los
demandantes, es preciso averiguar qué circunstancia puso de manifiesto la situación supuestamente discriminatoria en la que
cada uno se encontró respecto a otros miembros del personal que trabajaban en el equipo del proyecto JET. Esta circunstancia
podrá entonces calificarse de hecho nuevo sustancial a partir del cual el interesado estaba obligado a observar un plazo razonable
para dirigir una petición a la Comisión.
De los autos y de la presentación efectuada en los apartados 28 y 29
supra
de las condiciones de contratación para el JET del personal contractual como los demandantes se desprende que se habían celebrado
contratos anuales prorrogables entre la dirección del JET y las empresas terceras prestatarias de mano de obra para la puesta
a disposición de uno o varios trabajadores. Es cierto que los demandantes no eran parte en los contratos, individuales o colectivos,
así celebrados, los cuales estipulaban que su empleador era la empresa cocontratante del JET (artículos 3 y 4 del contrato
tipo individual, artículos 5 y 8 del contrato tipo colectivo). No obstante, cada trabajador firmaba un anexo al contrato que
indicaba sus obligaciones y sus responsabilidades en el marco de su puesta a disposición del JET y, en particular, su conocimiento
de las estipulaciones contractuales que vinculaban a su empleador y al JET y su sujeción a éstas.
Así, los referidos contratos, individuales o colectivos, determinaban de manera precisa y sin ambigüedad la situación de los
demandantes respecto al JET como personal asalariado de terceras empresas cocontratantes del JET, puesto a disposición de
la Empresa Común por sus empleadores, es decir, condiciones de empleo distintas de las del personal puesto a disposición de
la Empresa Común por la UKAEA o por los demás miembros de la Empresa Común con el que trabajaban.
De los contratos tipo, individuales o colectivos, celebrados entre el JET y las empresas terceras y obrantes en autos se desprende
que dichos contratos se celebraban por un período máximo de un año, que eran prorrogables pero que podían interrumpirse en
cualquier momento, con un preaviso de un mes (artículo 2 del contrato tipo individual, artículos 4 y 5.7 del contrato tipo
colectivo). La Comisión explicó que esta limitación temporal estaba ligada al principio de anualidad presupuestaria aplicable
al JET y añadió que, «cuando se requerían los servicios de las personas interesadas por más de un año, los contratos celebrados
con las empresas se prorrogaban en cada ocasión por un nuevo período de un año». Además, según las estipulaciones de los contratos
tipo, la renovación de los contratos sólo podía producirse a instancia de la Empresa Común y no de las empresas terceras,
ni mucho menos de sus empleados. El artículo 2 del contrato tipo individual y el artículo 4 del contrato tipo colectivo estipulan,
de manera idéntica: «La Empresa Común, según le convenga, se reserva el derecho a prolongar el contrato por un período posterior
de doce meses.» No se preveía la tácita reconducción de los contratos.
Los demandantes subrayaron que sus condiciones de trabajo eran precarias. Indicaron igualmente que se les retribuía sobre
una base horaria. La Comisión precisó que, al final de cada semana, el trabajador interesado y el «responsible officer» (administrador
responsable) del JET debían firmar un desglose de las horas trabajadas que se enviaba a continuación a la empresa prestataria
de los servicios con objeto de determinar su remuneración.
De los extractos de los informes de actividad del JET obrantes en autos se desprende además que la contratación de personal
contractual como los demandantes, sobre una base reexaminada cada año, constituía un elemento característico de la política
de gestión de personal decidida y puesta en práctica por la Empresa Común.
La Comisión sostiene que la condición de los demandantes no era tan precaria como sostienen y que se sentían seguros de seguir
trabajando para en el JET hasta el final del programa, como a su juicio demuestra la petición que dirigieron el 10 de marzo
de 1997 al Consejo del JET para obtener primas especiales al término del proyecto.
No obstante, la circunstancia de que los contratos anuales celebrados por la dirección de la Empresa Común fueran generalmente
renovados y 62 de los 119 autores de la petición contaran con entre diez y más de veinte años de servicio en el JET no afecta
jurídicamente al carácter precario de su situación laboral, cuya prórroga, que se reexaminaba cada año y debía ser expresa,
seguía estando sujeta a la discreción del JET.
Así, la precariedad de las condiciones de contratación y laborales de los demandantes derivada de la anualidad de contratos
cuya interrupción podía producirse en cualquier momento y cuya renovación, incierta, estaba meramente sujeta a la decisión
expresa de la Empresa Común, no permite considerar que los interesados hubieran adquirido un conocimiento permanente y continuo
de su situación desde su primera puesta a disposición del JET, por una duración nominal de un año.
Esta particularidad de la situación de los demandantes, diferente de la considerada por el Tribunal de Primera Instancia en
la sentencia Altmann y otros/Comisión, antes citada, se opone a que se tome la fecha en que se dictó dicha sentencia, como
sugiere la Comisión, como una circunstancia a partir de la cual los interesados podían considerarse suficientemente informados
de dicha situación.
En las circunstancias del presente caso, la conclusión de cada contrato anual, inicial o renovado, es la que marca el punto
de partida del conocimiento de la situación criticada y representa un hecho nuevo sustancial a partir del cual los demandantes
tenían conocimiento de la situación potencialmente ilegal en la que se hallarían si la Comisión no les propusiera un contrato
de agente temporal.
De lo anterior se desprende que las solicitudes de indemnización presentadas con arreglo al artículo 90 del Estatuto, dirigidas
entre el 12 de noviembre de 1999 y el 16 de febrero de 2000 como se ha expuesto en el apartado 30
supra,
se formularon dentro de un plazo razonable en relación con los contratos concluidos o prorrogados cinco años antes de la
solicitud, es decir, según los casos, después de una fecha comprendida entre el 12 de noviembre y el 16 de febrero de 1995.
Por tanto, el recurso, interpuesto conforme al procedimiento prescrito por los artículos 90 y 91 del Estatuto, sólo es admisible
en la medida en que las pretensiones de indemnización que contiene se refieren a un período que comienza en la fecha de conclusión
o prórroga del contrato más antiguo relativo al empleo del interesado que concluyó o se prorrogó a lo sumo cinco años antes
de la presentación por cada uno de los demandantes de su solicitud de indemnización.

Sobre la responsabilidad

Por lo que respecta a la ilegalidad alegada
Alegaciones de las partes
Con carácter principal, los demandantes formulan un motivo único basado en la discriminación de la que afirman haber sido
objeto en el marco de su actividad al servicio del proyecto JET, desde el punto de vista de sus condiciones de contratación,
de sus remuneraciones, de su derecho a pensión y demás beneficios relativos al empleo, así como de la garantía de obtener
un empleo posterior, frente a otras personas empleadas en el equipo del proyecto contratadas en puestos temporales de la Comisión.
Sostienen que la dirección del JET, al calificarlos de «personal contractual», trató de mantenerlos en un estatuto diferente
y discriminatorio, sin justificación objetiva, pese a que deberían haber sido contratados en puestos de agente temporal.
Desde el punto de vista fáctico, los demandantes alegan que sus aptitudes, sus competencias y sus cualificaciones eran similares
a las de los miembros del equipo del proyecto, que su contratación se efectuaba después de una selección por la dirección
del JET y que ejercían sus actividades en condiciones idénticas a las de los miembros del equipo del proyecto, bajo el control
directo de la dirección del JET. Consideran que las tareas que ejecutaban entraban, desde el punto de vista funcional, en
el ámbito del equipo del proyecto y se amparan en documentos e informes tales como el «JET Function Book» (anuario funcional
del JET), las páginas de Internet del JET, el «JET News» (noticias del JET) o el informe titulado «Safety Management Arrangement
Document (SMAD) for the Integration of the JET Facilities into the Culham Division» (documento sobre el acuerdo en materia
de gestión de seguridad para la integración de las instalaciones del JET en la división de Culham), que a su juicio confirman
la inclusión y las responsabilidades de 71 de ellos como administradores responsables del JET.
Desde el punto de vista estatutario, los demandantes sostienen que se les aplica el concepto de «otro personal» integrante
del equipo del proyecto mencionado en los artículos 8.1 y 8.5 de los estatutos de la Empresa Común JET en su redacción original
y deberían haber sido contratados como tales para el equipo del proyecto. Indican que el artículo 8 de los estatutos se aplica
a las personas físicas, que los miembros del equipo del proyecto son particulares y que la Comisión no podía por tanto recurrir
a contratos a través de empleadores externos para constituir el equipo del proyecto. Los demandantes aducen que, aun cuando,
al ser empleados por sociedades terceras y no tener ningún vínculo contractual con la UKAEA ni con la Comisión, no eran jurídicamente
miembros del equipo del proyecto, estaban efectivamente destinados a formar parte de él. Alegan también que un miembro del
Tribunal de Cuentas había expresado dudas, en 1987, sobre la legalidad del trato deparado por la dirección del JET al personal
puesto a disposición por sociedades externas y había solicitado a la Comisión que previera la posibilidad de considerar a
este personal como «otro personal» en el sentido del artículo 8 de los estatutos del JET.
Con carácter subsidiario, los demandantes alegan la ilegalidad de la modificación de los estatutos del JET adoptada mediante
la Decisión de 13 de octubre de 1998 a raíz de la sentencia Altmann y otros/Comisión, antes citada, en la medida en que, a
su juicio, se interpretó en el sentido de que suprimía la posibilidad de contratar a «otro personal» como agente temporal
de la Comisión y se aplicó de ese modo, lo cual, según los demandantes, constituía una interpretación manifiestamente errónea
de dicha sentencia. Además, los demandantes aducen que el Tribunal de Primera Instancia declaró en la sentencia Altmann y
otros/Comisión, antes citada, que «el equipo del Proyecto compren[día] también personal contratado proporcionado por empresas
externas» (apartado 24) y que destacó la importancia de los servicios ejecutados por el personal contractual en el marco de
contratos comerciales (apartado 100).
La Comisión sostiene que los demandantes, que no tenían ningún vínculo jurídico con la Empresa Común JET, al no ser empleados
por la UKAEA ni por la Comisión, no pueden alegar
a posteriori
que tenían derecho a ser tratados como si hubieran sido empleados por una institución comunitaria y no pueden jurídicamente
reclamar su nombramiento como agente temporal a efectos de la CEEA
ex post factum
(sentencia de 10 de mayo de 2000, Simon/Comisión, antes citada). La Comisión subraya que esta diferencia jurídica esencial
se opone a las reivindicaciones y a las pretensiones de los demandantes. Sostiene que el concepto de «otro personal», miembro
del equipo del proyecto, que figura en el artículo 8 de los estatutos originales, no atañe a los demandantes. A su juicio,
el «otro personal» en el sentido de los artículos 8.1 y 8.5 de los estatutos es distinto de las categorías de personal que
no forman parte del equipo del proyecto y que incluyen, en particular, al personal contratado como los demandantes.
La Comisión alega que los demandantes formaban parte del personal contractual al que la Empresa Común JET, como toda empresa
importante y compleja, siempre ha recurrido, tanto más cuanto que sus estatutos no le permitían contratar ella misma a su
propio personal. Añade que se trata de un procedimiento normal y usual en una empresa semejante. El silencio de los estatutos
del JET al respecto, según la Comisión, no impide a la Empresa Común recurrir a estos tipos de contratación. Sostiene que,
por otra parte, el Tribunal de Justicia reconoció a las instituciones comunitarias la facultad de celebrar tales contratos
(sentencia del Tribunal de Justicia de 6 diciembre de 1989, Mulfinger y otros/Comisión, C‑249/87, Rec. p. 4127). Así, prosigue,
los demandantes, ya formen parte de grupos o sean contratados con carácter individual, seguían siendo en cualquier caso asalariados
de empresas terceras que prestaban servicios a la Empresa Común JET o contratantes que prestaban servicios a estas empresas;
por tanto, según la Comisión, están sujetos a la legislación de Inglaterra y del País de Gales.
La Comisión sostiene que los demandantes nunca formaron parte del equipo del proyecto ni tuvieron esa consideración, sino
que constituían un grupo heterogéneo, que ejecutaban, en su mayoría, tareas sin equivalencia directa en el equipo del proyecto
y que parecen haber sobreestimado sus responsabilidades. Indica que la circunstancia de que algunos demandantes pudieran haber
ejercido funciones análogas a las de los miembros del equipo del proyecto, poseer cualificaciones que les permitieran formar
parte de este equipo o, en su caso, reemplazar a uno de sus miembros no hace de ellos miembros de derecho del equipo del proyecto.
Añade que los documentos y los informes que invocan, los procedimientos de selección a los que estaban sometidos o las responsabilidades
que algunos de ellos pudieran haber asumido son irrelevantes a efectos de la situación jurídica de los interesados, que no
tenían la condición de miembros del equipo del proyecto.
La Comisión alega, además, que los demandantes nunca se presentaron ni siguieron los procedimientos de selección para hacerse
miembros del equipo del proyecto, que tampoco ofrecieron su candidatura cuando se declararon puestos vacantes dentro de éste.
A este respecto, subraya que la dirección del JET nunca impidió tal evolución profesional y, por el contrario, acogió con
satisfacción los casos en los que personas contratadas superaron las pruebas de selección e integraron el equipo del proyecto.
La Comisión añade que, en la sentencia Altmann y otros/Comisión, antes citada, el Tribunal de Primera Instancia distinguió
igualmente entre el «otro personal» a que se refieren los estatutos y las demás categorías de personal que trabajaba en la
Empresa Común JET. A su juicio, la supresión del concepto de «otro personal» del artículo 8 de los estatutos, a raíz de la
sentencia Altmann y otros/Comisión, antes citada, tenía por objeto corregir la desigualdad de trato dentro del equipo del
proyecto que el Tribunal de Primera Instancia había reprochado. Por consiguiente, al personal contractual, que seguía siendo
externo a este equipo, no le afectaba esta modificación. La Comisión precisa que la posibilidad de contratar a «otro personal»
nunca se aplicó. Añade que los demandantes nunca plantearon la cuestión de su supuesto derecho a ser considerados miembros
del equipo del proyecto como «otro personal».
La Comisión alega que no cometió una falta que pueda originar su responsabilidad y que los demandantes no fueron objeto de
ninguna discriminación, ni de Derecho ni de hecho, puesto que, jurídicamente, no eran miembros del equipo del proyecto y no
demuestran que estuvieran en una situación comparable a la de los miembros del equipo. Observa asimismo que el Tribunal de
Cuentas nunca expresó críticas sobre las condiciones de contratación en el seno de la Empresa Común JET.
El Consejo, por su parte, indica que duda que su Decisión 98/585, por la que modificó los estatutos de la Empresa Común y
cuya ilegalidad se plantea, sea aplicable en el presente caso. Alega que las modificaciones de los estatutos eran legales
y válidas y, en cualquier caso, no guardaban relación con los hechos del presente caso, dado que todos los demandantes comenzaron
a trabajar en el marco del proyecto JET antes de la entrada en vigor de la Decisión 98/585.
El Consejo sostiene que, en el marco de su facultad de apreciación, le corresponde establecer las modalidades de contratación
del personal del equipo del proyecto JET y que no tenía ninguna obligación legal de mantener el concepto de «otro personal».
Indica que no tenía por qué prever que otras personas distintas de las procedentes de las organizaciones originales fueran
contratadas como «otro personal», ni tratar específicamente el caso del personal contratado sobre la base de contratos de
servicios.
El Consejo subraya que los demandantes, que no fueron puestos a disposición de la Empresa Común JET por la UKAEA ni por otros
miembros de la Empresa Común, sino que trabajaban en ese emplazamiento sobre la base de contratos de servicios celebrados
con terceros, no pertenecen a la categoría de personal que, según la sentencia Altmann y otros/Comisión, antes citada, era
objeto de discriminación. Añade que la supresión de esta mención no creó ninguna discriminación y que tras la modificación
de los estatutos no se efectuó ninguna contratación.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
En materia de responsabilidad extracontractual de la Comunidad y en particular en los litigios que atañen, como en el presente
caso, a las relaciones entre la Comunidad y sus agentes, el Derecho comunitario sólo reconoce un derecho a la reparación si
se cumplen tres requisitos, a saber, la ilegalidad del comportamiento imputado a las instituciones comunitarias, la realidad
del daño y la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento y el perjuicio alegado (véase, por ejemplo,
la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de mayo de 1998, Consejo/de Nil e Impens, C‑259/96 P, Rec. p. I‑2915, apartado 23).
Para apreciar el fundamento de la acción de responsabilidad de los demandantes es preciso, en primer lugar, definir el contenido
del concepto de «equipo del proyecto», en el sentido de los estatutos del JET en su redacción original, es decir, determinar
las tareas, funciones y responsabilidades específicas confiadas a sus miembros. En segundo lugar, será preciso examinar si
los demandantes ejercían tareas, funciones y responsabilidades análogas a las de los miembros del equipo del proyecto, y pertenecían,
como afirman, a la categoría de «otro personal», cuyos miembros, según el artículo 8.5 de los referidos estatutos, debían
ser contratados por la Comisión en puestos temporales, conforme al Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas
(en lo sucesivo, «RAA»).
En efecto, consta que la contratación de «otro personal» debía efectuarse, según disponían expresamente los estatutos, en
el marco de contratos de agente temporal. La discusión entre las partes se refiere a la cuestión de si los demandantes pertenecían
en efecto a esta categoría particular y, por consiguiente, la Comisión debería haberles ofrecido tales contratos.

Sobre los conceptos de «equipo del proyecto» y de «otro personal»
Por lo que respecta al concepto de «equipo del proyecto», los estatutos del JET, en particular el artículo 8 de los estatutos
originales, citado en el apartado 13
supra,
no ofrecen una definición funcional de las tareas reservadas a los miembros del equipo del proyecto. El artículo 8.2, relativo
a la composición del equipo del proyecto, indica que ésta debe garantizar el carácter comunitario del proyecto y menciona
los puestos que exigen un cierto nivel de cualificación, como los físicos, ingenieros y administrativos de nivel equivalente.
El artículo 8.3 precisa que los miembros de la Empresa Común pondrán a disposición de ésta este tipo de personal cualificado.
Además, el artículo 8.2 confiere al Director del proyecto amplios poderes para la selección del personal.
La Comisión no ha ofrecido una definición de lo que habría caracterizado, desde el punto de vista de las competencias, de
las cualificaciones, de las funciones y de las responsabilidades, los puestos que, según ella, formaban parte del equipo del
proyecto y diferían de los que tenían los demandantes, sino que se ha limitado principalmente a alegar que éstos no formaban
parte del equipo del proyecto. La demandada sólo ha indicado que el Consejo del JET había decidido en un principio que el
equipo del proyecto no incluiría personal industrial.
Así, aparte de esta exclusión, no se aprecia que el equipo del proyecto tuviera un nivel jerárquico o competencias profesionales
delimitados.
Por un lado, el artículo 8.2, relativo a la composición del equipo del proyecto que, para los empleos de físicos, ingenieros
y administrativos «de nivel equivalente», recomienda que se garantice el carácter comunitario del proyecto, permite,
a contrario,
inferir que el equipo del proyecto contenía otros empleos de niveles diferentes. Por lo demás, la Comisión admitió que el
equipo del proyecto incluye personal administrativo sin limitar esta pertenencia a las funciones de dirección.
Por otro lado, si bien los informes anuales del JET, cuyos extractos obran en autos, distinguen en su capítulo «Personal»
entre el personal perteneciente al equipo del proyecto («team posts»), integrado por agentes temporales contratados en el
marco de la CEEA (personal puesto a disposición de la Empresa Común por miembros distintos de la UKAEA, según el artículo
8.5 de los estatutos), por personal de la UKAEA y por personal de la Comisión (perteneciente a la Dirección General de la
Comisión de Ciencia, Investigación y Desarrollo), y el personal que no formaba parte del equipo («non team posts»), reclutado
mediante contrato («contract posts»), no parece que esta presentación, de carácter presupuestario, corresponda a una separación
funcional entre dos tipos de atribuciones distintas. De estos informes se desprende asimismo que algunos miembros del personal
contractual fueron reclutados, en particular para puestos de ingeniero, expresamente mencionados en el artículo 8.2, antes
citado, entre los empleos pertenecientes al equipo del proyecto, y que empleos como los de delineante o informático, por ejemplo,
podían cubrirse con personal perteneciente o no al equipo del proyecto.
Además, habida cuenta de la complejidad científica y tecnológica del programa, que subraya la exposición de motivos de la
Decisión 78/471 mencionada en el apartado 8
supra,
el equipo del proyecto, que asiste al Director del proyecto en el cumplimiento de sus tareas (artículo 8.1) en relación,
en particular, con la ejecución del plan de desarrollo del proyecto (artículo 7.2), parece el componente principal de la Empresa
Común y reúne a la totalidad de los recursos humanos necesarios para la realización del programa.
Por tanto, no se aprecia que el equipo del proyecto constituyera una categoría rígida y predeterminada, de la que hubieran
estado evidentemente excluidos los empleos y cualificaciones de los demandantes, ni que dentro de la Empresa Común existiera
una delimitación estricta y permanente basada en la naturaleza de las tareas que distinguiera entre las que correspondían
al equipo del proyecto y únicamente podían ser realizadas por quienes tuvieran la condición de miembro del equipo del proyecto
y otras tareas que serían externas a éste. Por el contrario, es preciso señalar que el equipo comprendía personal científico,
técnico y administrativo de diversas cualificaciones y de niveles jerárquicos variados.
El concepto de «equipo del proyecto», por consiguiente, debe aplicarse, en el sentido de la Decisión 78/41, al conjunto de
las funciones que contribuían a la realización del programa «Fusión» de la CEEA.
Por lo que respecta al concepto de «otro personal», los estatutos del JET, en su versión original, mencionan dos categorías
de personal que compone el equipo del proyecto: el que se pone a disposición por los miembros de la Empresa Común y el «otro
personal» (artículo 8.1). También prevén (artículo 8.5) que, con excepción del personal de la UKAEA, que conservaba su estatuto
y cuya situación fue considerada discriminatoria a partir del 19 de diciembre de 1991 por la sentencia Altmann y otros/Comisión,
antes citada, el personal del equipo del proyecto puesto a disposición de la Empresa Común por los miembros de ésta y los
pertenecientes a la categoría de «otro personal» mencionada por este artículo eran contratados en puestos de agente temporal
conforme al RAA.
La categoría de «otro personal» no se define más que por el modo de contratación previsto por los estatutos del JET. Además,
como se ha expuesto en el apartado 102
supra,
no se discute la obligación, según dichos estatutos, de reclutar al «otro personal» en el marco de contratos de agente temporal,
sino la cuestión de si los demandantes, por haber pertenecido de hecho al equipo del proyecto, deberían haber sido contratados
en las condiciones previstas para acceder a esta categoría particular.
La Comisión y el Consejo alegan que esta posibilidad de reclutar a «otro personal» en el marco de contratos de agente temporal,
prevista por los estatutos del JET, nunca se utilizó y que las instituciones comunitarias, que siempre pueden celebrar contratos
para adquirir bienes y servicios, son libres de elegir las modalidades de contratación del equipo del proyecto. A su juicio,
no tenían la obligación jurídica de reclutar a «otro personal» mediante contratos de agente temporal.
Es cierto que las instituciones comunitarias gozan de una amplia facultad de apreciación para elegir los medios más adecuados
para proveer a sus necesidades de personal (sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de febrero de 1989, Van der Stijl y otros/Comisión,
asuntos acumulados 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 y 232/87, Rec. p. 511, apartado 11), en particular,
por lo que respecta a la contratación de agentes temporales (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de noviembre
de 1998, Fabert-Goossens/Comisión, T‑217/96, RecFP pp. I‑A‑607 y II‑1841, apartado 29). Lo mismo ocurre, en particular, en
materia de organización y funcionamiento de las empresas comunes (sentencia Altmann y otros/Comisión, antes citada, apartado 154).
La circunstancia de que los estatutos del JET previeran que el «otro personal» del equipo del proyecto se reclutara en el
marco de contratos de agente temporal no obligaba a la Comisión a proceder a tal contratación si ello no obedecía a una necesidad
del equipo del proyecto. La dirección de la Empresa Común disponía, por tanto, de total libertad para apreciar, en la composición
del equipo del proyecto, la parte que debía corresponder a cada una de las dos categorías de personal mencionadas en el artículo
8.1 de los estatutos (personal procedente de los miembros de la Empresa Común y otro personal), y su elección se traducía
en una inscripción en el cuadro de efectivos que figuraba en el presupuesto anual. Asimismo, podía recurrir a sociedades de
mano de obra o de prestación de servicios para realizar diversas tareas necesarias para el funcionamiento de la Empresa Común,
pero que no formaran parte de las funciones atribuidas a ésta en virtud de los Tratados (sentencia Mulfinger y otros/Comisión,
antes citada, apartado 14), funciones que el equipo del proyecto debía garantizar bajo la autoridad del Director del proyecto.
En cambio, la dirección del JET no podía celebrar tales contratos con sociedades de mano de obra o de prestación de servicios
con objeto de eludir la aplicación de disposiciones estatutarias (sentencias del Tribunal de Justicia de 20 de junio de 1985,
Klein/Comisión, 123/84, Rec. p. 1907, apartado 24, y Mulfinger y otros/Comisión, antes citada, apartado 11). En efecto, las
funciones atribuidas por los Tratados a las instituciones comunitarias no pueden confiarse a empresas externas sino que deben
ser efectuadas por personal situado en un régimen estatutario (sentencia Mulfinger y otros/Comisión, antes citada, apartados
13 y 14).
Pues bien, de la Decisión 78/471, mencionada en los apartados 8, 107 y 109
supra,
se desprende que el proyecto JET representaba una etapa importante en el desarrollo del programa «Fusión» de la CEEA que
justificaba, por su complejidad científica y tecnológica, por su trascendencia para la seguridad del abastecimiento de la
Comunidad y por los recursos financieros y de personal necesarios para su realización, la constitución de una Empresa Común.
Tal proyecto, cuya consecución garantizaba el equipo del proyecto JET previsto en los estatutos, como se ha expuesto en el
apartado 107
supra,
se inscribía dentro de las misiones que el Tratado CEEA confiere a la Comunidad, como se ha recordado en los apartados 1
y 2
supra.
Por consiguiente, en la medida en que se trataba, en el seno de la Empresa Común JET, de funciones atribuidas a las instituciones
comunitarias por los Tratados, en el sentido de la jurisprudencia derivada de la sentencia Mulfinger y otros/Comisión, antes
citada, tales funciones, cuando no eran desempeñadas por personal puesto a disposición por los miembros de la Empresa Común,
sólo podían desarrollarse mediante «otro personal» contratado con arreglo al régimen estatutario de agente temporal, conforme
al RAA, tal como exigían los estatutos originales del JET.
Por tanto, procede determinar si, no obstante la situación jurídica y presupuestaria reservada a los demandantes, debía considerarse
que éstos, habida cuenta de las funciones que se les confiaban, formaban parte del equipo del proyecto contemplado en el artículo
8 de los estatutos.
A este respecto, la alegación de la Comisión, apoyada por el Consejo, según la cual los demandantes no tenían ningún vínculo
jurídico con la Empresa Común JET y nunca se les había considerado parte del equipo del proyecto, para el que nunca se había
procedido a la contratación de otro personal, es irrelevante, puesto que se trata precisamente de determinar si la incorporación
jurídica de los demandantes al equipo del proyecto, con las consecuencias estatutarias que de ello se derivan, se excluyó
de forma legal o no.

Sobre las funciones desempeñadas por los demandantes en el JET
Las partes discrepan sobre la naturaleza de las tareas efectuadas por los demandantes al servicio de la Empresa Común JET.
Los interesados alegan que, por sus cualificaciones, funciones y responsabilidades, eran de hecho miembros del equipo del
proyecto. La Comisión considera, en cambio, que los interesados constituían un conjunto heterogéneo, compuesto por asalariados
indiferenciados como grupos de trabajadores cuyas tareas, sobreestimadas por los interesados, carecían, para la mayoría de
ellos, de correspondencia con las de los miembros del equipo del proyecto
De los autos y, en particular, de la clasificación de los empleos de los demandantes que figura como anexo al escrito de contestación
se desprende que éstos se distribuían en 37 técnicos, 23 ingenieros, 18 delineantes, 10 jefes de equipo o de grupo, 5 empleos
de oficina, 1 agente de seguridad y 1 soldador especializado. Pues bien, los empleos y las cualificaciones de los demandantes,
según los clasifica la Comisión, resultan análogos, por su naturaleza y nivel, a los de los miembros titulares del equipo
del proyecto. Por lo demás, la Comisión admitió en la vista de 8 de mayo de 2003 que no había diferencias fundamentales entre
los miembros titulares del equipo del proyecto y los demandantes, pues las cualificaciones y la experiencia profesional de
unos y otros eran semejantes, pero que consideraciones administrativas explicaban la forma de contratación de personal como
los demandantes «para tapar los agujeros».
Esta similitud de las funciones queda confirmada por el organigrama del JET. El anuario funcional del JET para el año 1997,
mostrado como ejemplo, pone de manifiesto que en casi todos los servicios del JET existe personal contractual, sin que se
lo distinga de sus colegas miembros titulares del equipo del proyecto y en puestos cuya denominación es a veces rigurosamente
idéntica a la de los puestos ocupados por sus colegas. Asimismo, de este organigrama se desprende que, en los cuatro casos
del «Finance Service» (Servicio Financiero), del «Quality Assurance Group» (Grupo de Calidad), del «Remote Handling Group»
(Grupo de Telemanipulación) y del «Magnet Systems Group» (Grupo de Sistemas Magnéticos), el responsable del servicio o del
equipo formaba parte del personal contractual.
Consta además que algunos de los demandantes asumieron responsabilidades en el equipo del proyecto. La designación de algunos
de ellos en el organigrama del JET o en otros documentos de la Empresa Común es un elemento fáctico adicional que confirma
la inclusión efectiva de los interesados en este equipo. En el mismo sentido, la Comisión admitió que algunos de los demandantes
habían hecho contribuciones científicas en algunos de los informes anuales sobre el estado de desarrollo del JET.
Los casos particulares de algunos demandantes que ocuparon empleos administrativos o técnicos de ejecución o el caso aislado
del soldador especializado no pueden afectar a las anteriores apreciaciones, puesto que el equipo del proyecto no parece haber
sido un grupo predefinido, permanente y delimitado, como ya se ha indicado, y los empleos ocupados por los demandantes tuvieron
su equivalente en él en algún momento del desarrollo del programa JET. En el caso del soldador especializado que se invocó,
en particular, en la vista de 8 de mayo de 2003, la Comisión no desmintió que era un experto en su ámbito y que otros miembros
del equipo del proyecto tenían responsabilidades análogas a las suyas.
Además, los procedimientos de contratación de los demandantes no presentaban diferencias notables respecto a los que se aplicaban
al personal de la UKAEA y demás miembros de la Empresa Común. De las indicaciones ofrecidas por la Comisión en su escrito
de 19 de febrero de 2003, en respuesta a una pregunta escrita del Tribunal de Primera Instancia, se desprende que unos y otros
eran seleccionados por la dirección del JET y tenían una entrevista con ésta. La única diferencia se refiere a que, en el
caso del personal puesto a disposición por los miembros de la Empresa Común, el Director del JET procedía al nombramiento,
mientras que, en el caso del personal contractual, la contratación de los interesados estaba sujeta a su aprobación así como
al acuerdo del comité ejecutivo del JET.
Las estipulaciones de los contratos individuales o de grupo celebrados entre la Empresa Común JET y las sociedades terceras
muestran igualmente que las condiciones laborales de los demandantes eran establecidas por la dirección del JET, que estaban
sometidos a su autoridad y sujetos a la observancia de la normativa aplicable a la Empresa Común (artículo 3 del contrato
tipo individual y artículo 5 del contrato tipo colectivo). Los demandantes sostienen, sin que haya sido negado, que sus condiciones
laborales tanto en el plano de la organización material como en el del contenido y el método eran determinadas por la dirección
de la Empresa Común JET.
Los informes de actividades del JET corroboran la colaboración estrecha del personal contractual en el equipo del proyecto
y confirman que algunas tareas correspondientes al equipo del proyecto podían confiarse, indistintamente, a miembros titulares
de este equipo o a personal contractual. El informe referente al año 1981, tras mencionar una progresión del número de miembros
del equipo del proyecto, indica (página 14): que «la contratación de determinado personal, en particular ingenieros y técnicos,
ha seguido siendo difícil, si bien se ha producido una cierta mejora durante el segundo semestre del año por lo que respecta
a la contratación de personal británico para puestos de ingenieros y técnicos. No obstante, ha continuado siendo necesario
emplear a un número considerable de personal contractual».
De los autos se desprende que el personal contractual palió necesidades de recursos humanos del proyecto JET cuantitativamente
muy importantes y permanentes a lo largo de la duración de la Empresa Común.

Sobre las necesidades de personal del equipo del proyecto
Al parecer, el Consejo del JET, que había decidido en un principio recurrir a personal contractual para cubrir empleos cualificados
de personal industrial y técnico, como se ha expuesto en el apartado 103
supra,
desarrolló considerablemente la fórmula a continuación en el marco, en particular, de los grupos sujetos a contrato. Así,
la Comisión precisó en su escrito de contestación que la Empresa Común había tenido que celebrar contratos para obtener personal
contractual en caso de dificultad por parte de los miembros del JET para destinar el personal científico, técnico y administrativo
necesario al equipo del proyecto en virtud de los estatutos. Por su parte, el Tribunal de Primera Instancia, señaló en el
apartado 100 de la sentencia Altmann y otros/Comisión, antes citada, que, «a raíz de una clarificación del Acuerdo relativo
al Apoyo que debe prestar la organización anfitriona, negociado en 1987 y ratificado por el Consejo de JET en 1988, un número
importante de servicios, prestados anteriormente en virtud del citado Acuerdo de Apoyo por la organización anfitriona, se
han ejecutado desde entonces en el marco de contratos comerciales, tras un procedimiento de licitación».
El personal contractual era reclutado bien en el marco de contratos individuales, bien en el marco de contratos de grupo (conjuntos
de trabajadores), según las modalidades resumidas en los apartados 28 y 29
supra.
53 demandantes fueron contratados en el marco de contratos individuales y 42 en el de contratos de grupo. Los empleos presupuestados
correspondientes a los agentes contratados de este modo se contabilizaban dentro de los efectivos y se identificaban como
ajenos al equipo del proyecto.
Los extractos de los informes anuales del JET, obrantes en autos, relativos a los años 1981, 1986, 1989, 1990 y 1998, así
como el informe del Tribunal de Cuentas sobre el JET realizado en 1987, muestran la importancia cuantitativa del personal
contractual, asalariados de empresas terceras, cocontratantes del JET, que suministraban mano de obra puesta a disposición
de la Empresa Común durante toda la existencia de la Empresa Común.
Del capítulo «Personal» de estos informes se desprende que el personal que no formaba parte del equipo del proyecto, reclutado
mediante contrato, que se diferenciaba del personal perteneciente al equipo del proyecto, representaba una proporción sustancial
de la plantilla global de personas que trabajaban en el proyecto, a saber, por ejemplo, un porcentaje del 37 % en 1986 y del
48 % en 1998.
El informe correspondiente al año 1986 señala «la necesidad de recurrir crecientemente a personal contractual para satisfacer
las necesidades de mano de obra» e indica, tras esta observación, que, «mientras que la composición aprobada de los puestos
del equipo se mantenía en 165 puestos [en el marco de la CEEA], 260 puestos y 19 puestos desplazados, respectivamente, de
la UKAEA y del programa “Fusión” de la [Dirección General de la Comisión de Ciencia, Investigación y Desarrollo], el Consejo
del JET aprobó un nuevo límite máximo de 210 puestos contractuales, es decir, un aumento global de 44 puestos respecto al
año precedente». Este informe añadía:
«Los puestos contractuales se abastecen de personal empleado por sociedades y otras organizaciones y se cubren en el marco
de contratos celebrados por el JET con estas sociedades.»
El informe del Tribunal de Cuentas de 1987 contabilizaba, en efectivos autorizados, 449 puestos para el equipo del proyecto
y 231 puestos contractuales y, en empleos provistos, 372 puestos para el equipo del proyecto y 259 puestos contractuales.
Este mismo informe indicaba que el personal contractual no estaba directamente vinculado a la Empresa Común JET, sino que
estaba empleado por sociedades que habían celebrado contratos con la Empresa Común en el marco de procedimientos de licitación.
A solicitud del Tribunal de Cuentas, la dirección de la Empresa Común inscribió a continuación los créditos correspondientes
a la contratación de los agentes contractuales dentro de los gastos de personal.
La Comisión confirmó, en su escrito de 19 de febrero de 2003, mencionado en el apartado 125
supra,
los datos estadísticos contenidos en los informes del JET en relación con los puestos, presupuestados y efectivamente provistos,
en el equipo del proyecto y fuera de él, es decir, los puestos contractuales, para los tres años 1986, 1989 y 1998.
Año
Previsión/ realización
presupuesto
provistos
presupuesto
provistos
presupuesto
provistos
Puestos en el equipo
No indicado
242,5
Puestos contractuales
No indicado

Así, se aprecia que el recurso masivo, por parte de la dirección del JET, a personal contractual como los demandantes para
proveer a las necesidades de personal que los miembros de la Empresa Común no podían satisfacer mediante la puesta a disposición,
como se ha indicado en el apartado 129
supra,
tenía efectivamente por objeto la realización de tareas correspondientes al equipo del proyecto. Los informes anuales del
JET ponen de manifiesto las dificultades recurrentes de la Empresa Común en la materia, como el del año 1981, mencionado en
el apartado 127
supra,
que cita, en particular, el caso de los ingenieros y técnicos. Estos informes muestran cómo a lo largo de la duración del
JET, el reclutamiento masivo y renovado de personal contractual permitía paliar estas dificultades. El cuadro presentado en
el apartado 135
supra
muestra, además, que los empleos presupuestados previstos para el equipo del proyecto no podían siempre cubrirse y eran ocupados
por personal contractual.
Además, la participación de los demandantes en el proyecto JET fue por un tiempo prolongado en el caso de muchos de ellos.
De 95 demandantes, 51 trabajaron más de diez años para la Empresa Común, de los cuales 20 más de quince años y 11 más de veinte
años. 12 de los 18 delineantes trabajaron en el proyecto JET más de diecisiete años. 33 de los 37 técnicos y 14 de los 23
ingenieros colaboraron en el proyecto más de siete años. Como se ha indicado anteriormente, los contratos anuales de los interesados
eran renovables y renovados. Los demandantes señalan, sin que haya sido negado, que la dirección del JET solicitaba a menudo
la contratación y después la renovación del contrato de alguno de ellos. Esta participación duradera de personal con cualificaciones
particulares tiende a corroborar asimismo el hecho de que respondía a una necesidad permanente y que sus tareas eran importantes
para el proyecto JET.
De cuanto precede se desprende que los demandantes efectuaban tareas equivalentes a las que podían ser realizadas por miembros
titulares del equipo del proyecto y que su contratación tenía por objeto suplir una situación de carencia de personal puesto
a disposición por los miembros de la Empresa Común que subsistió durante toda la existencia del programa JET.
Por lo demás, en la vista de 8 de mayo de 2003, la Comisión admitió que los demandantes realizaban un trabajo esencial para
el proyecto JET, que era un proyecto de investigación importante en el marco del Tratado CEEA. Pero la demandada alega que
la jurisprudencia derivada de la sentencia Mulfinger y otros/Comisión, antes citada, para ser aplicable, requiere que las
funciones de que se trate sean inherentes a la función pública comunitaria, que se trate de tareas características que sólo
puedan realizarse mediante agentes de la Comunidad. Esta interpretación de la Comisión se aparta de los criterios establecidos
por el Tribunal de Justicia. Así, en el presente caso, y en el sentido de la jurisprudencia derivada de la sentencia Mulfinger
y otros/Comisión, antes citada, las funciones ejercidas por los miembros del equipo del proyecto, que participaban de una
manera directa y no accesoria en la realización de un programa de interés comunitario para el cual se había creado una Empresa
Común conforme al Tratado CEEA, se consideran funciones correspondientes a la misión de investigación confiada a la CEEA y,
por tanto, funciones que han de efectuarse en el marco estatutario, como preveía por otra parte el artículo 8 de los estatutos
del JET.
Por último, cabe estimar razonablemente, habida cuenta de las tareas realizadas por el personal contractual y de la notable
proporción de estos empleos a lo largo de la existencia de la Empresa Común, que el proyecto JET no habría podido prosperar
sin el personal contractual. La distinción entre personal perteneciente al equipo del proyecto y personal que no forma parte
de él no corresponde, por tanto, a una diferenciación funcional manifiesta entre dos categorías de puestos. Por consiguiente,
es preciso considerar que esta distinción se introdujo infringiendo los estatutos del JET, con objeto y al efecto de no contratar
a los interesados en el marco de contratos de agente temporal, con arreglo al RAA, como preveían dichos estatutos.

Sobre la ilegalidad culposa
De lo anterior se desprende que los demandantes realizaban tareas esenciales para la misión de la Empresa Común JET, equivalentes
a las de los demás miembros del equipo del proyecto, con los que se combinaban indistintamente. Por tanto,
de facto,
formaban parte del equipo del proyecto. Los demandantes, en consecuencia, deberían haber sido contratados como «otro personal»
integrante del equipo del proyecto, conforme a los estatutos del JET, como se indica en el apartado 100
supra.
Así, su reclutamiento en puestos contractuales por mediación de empresas terceras constituye una desviación de procedimiento.
Revela asimismo una discriminación prolongada hacia los interesados respecto a la cual la Comisión y el Consejo no han aportado
ninguna justificación compatible con el marco normativo aplicable.
Al no ofrecer a los demandantes contratos de agente temporal, infringiendo los estatutos del JET, la Comisión vulneró, en
el ejercicio de sus competencias administrativas, el derecho que los referidos estatutos conferían a los interesados. Este
comportamiento, que tuvo por consecuencia mantener al personal afectado en una situación jurídica discriminatoria respecto
a los demás miembros titulares del equipo del proyecto a lo largo de toda la existencia de la Empresa Común JET, constituye
una falta caracterizada por parte de la institución comunitaria de que se trata. Por consiguiente, la ilegalidad culposa cometida
genera la responsabilidad de la Comunidad.
Sobre la modificación de los estatutos del JET efectuada en 1998
La modificación de los estatutos efectuada en el mes de octubre de 1998, que suprimió, en el artículo 8, toda mención a «otro
personal» (véase el apartado 26
supra),
no altera las anteriores apreciaciones. Dicha modificación no podía afectar a la situación de los interesados, todos ellos
contratados por primera vez con anterioridad, como se ha indicado en el apartado 27
supra.
Por otra parte, muchos de los demandantes siguieron trabajando hasta el final del proyecto al servicio de la Empresa Común
JET, la cual no trató en absoluto de interrumpir sus contratos.
Sin que sea necesario pronunciarse sobre la excepción de ilegalidad de los demandantes expuesta en el apartado 89
supra,
basta recordar que las instituciones comunitarias siempre tienen la posibilidad, dentro de los límites presupuestarios, de
proceder a la contratación de agentes temporales aplicando el RAA y de renovar contratos anteriores. Puesto que las funciones
de que se trata correspondían a tareas esenciales del proyecto JET, pertenecientes a la misión de la Empresa Común e incluidas
en el cuadro de efectivos, como se ha señalado anteriormente, no cabe legalmente recurrir a los servicios de empresas externas
(sentencia Mulfinger y otros/Comisión, antes citada, apartados 11 y 14).
Así, aunque los estatutos modificados del JET, antes citados en el apartado 26
supra,
que entraron en vigor el 21 de octubre de 1998, ya no mencionan expresamente, como hacían los estatutos originales, la categoría
de «otro personal» y su modo de contratación para puestos temporales, no es menos cierto que la ejecución de tareas esenciales
para el proyecto, dado que no podían ser efectuadas por el personal puesto a disposición por los miembros de la Empresa Común
mencionado en el artículo 8.3 de los estatutos modificados, debía inscribirse en el marco estatutario del RAA al que por otra
parte se referían los estatutos modificados en relación con el personal puesto a disposición.
Por consiguiente, las modificaciones del estatuto del JET no suponían un obstáculo para que pudieran celebrarse contratos
de agente temporal con los demandantes conforme al RAA, como debería haber ocurrido habida cuenta de sus funciones. Dado que
tales contratos no se celebraron durante la vigencia de los estatutos modificados, procede concluir que la ilegalidad culposa
cometida respecto a los demandantes, apreciada en el apartado 142
supra,
perduró hasta el final del proyecto JET.
Sobre la relación de causalidad
Alegaciones de las partes
La Comisión sostiene que, si hubiera debido organizarse un reclutamiento de «otro personal» como agente temporal, la contratación
de los demandantes como tales no habría sido en absoluto segura, puesto que habrían debido satisfacer los correspondientes
requisitos de reclutamiento, teniendo en cuenta que la probabilidad de éxito en los procedimientos de selección son de alrededor
de un 25 %. La demandada añade que los interesados, que no estuvieron sujetos a los procedimientos de selección aplicados
a los miembros del equipo del proyecto, tampoco presentaron nunca su candidatura cuando se declararon vacantes puestos en
el equipo del proyecto, lo que permite suponer que no tenían las cualificaciones necesarias. La Comisión concluye por tanto
que falta la relación de causalidad entre la ilegalidad y el perjuicio alegado.
Los demandantes consideran que, dado que efectuaban las mismas tareas que los miembros del equipo del proyecto, poseían cualificaciones
semejantes y, muchos de ellos, ejercieron responsabilidades en el equipo del proyecto o reemplazaron a miembros de éste que
habían abandonado el JET, habrían sido reclutados con toda probabilidad como agentes temporales. Los demandantes añaden que,
puesto que la mayoría de ellos habían estado empleados en el JET a tiempo completo durante períodos muy prolongados, queda
probado que resultaban satisfactorios para la dirección de la Empresa Común.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Para que se aprecie una relación de causalidad, es necesario en principio que se aporte la prueba de una relación directa
y cierta de causa a efecto entre la falta cometida por la institución comunitaria de que se trate y el perjuicio alegado (sentencia
del Tribunal de Primera Instancia de 28 de septiembre de 1999, Hautem/BEI, T‑140/97, RecFP pp. I‑A-171 y II‑897, apartado 85).
No obstante, en el contencioso estatutario, el grado de certidumbre de la relación de causalidad que exige la jurisprudencia
se alcanza cuando la ilegalidad cometida por una institución comunitaria ha privado a una persona, de manera cierta, no necesariamente
de una contratación, a la que el interesado nunca podrá demostrar que tenía derecho, sino de una posibilidad real de ser contratado
como funcionario o agente, con el consiguiente perjuicio material para el interesado consistente en una pérdida de ingresos.
Cuando, en las circunstancias del caso, resulta manifiestamente probable que el respeto de la legalidad habría llevado a la
institución comunitaria de que se trata a contratar al agente, la teórica incertidumbre que subsiste en cuanto al resultado
que habría tenido un procedimiento desarrollado de forma regular no puede impedir la reparación del perjuicio material real
que el interesado ha sufrido al verse privado de su derecho a presentar su candidatura para un empleo estatutario que podría
haber obtenido con toda probabilidad.
En el presente caso, la existencia de tal derecho a reparación puede quedar acreditada en la medida en que los demandantes
demuestren que, en cualquier caso, perdieron una oportunidad real de trabajar para el proyecto JET en el marco estatutario
previsto, de lo cual se derivó un perjuicio material para los interesados (sentencia Consejo/de Nil e Impens, antes citada,
apartados 28 y 29).
Puesto que no se efectuó ninguna contratación según las modalidades estatutarias y, por el contrario, se estableció un sistema
paralelo para no proceder a la contratación de agentes temporales, la relación de causalidad entre la ilegalidad cometida
y el perjuicio material sufrido queda probada en la medida en que se aprecie que los interesados perdieron una oportunidad
real de ser contratados.
Este proceder se aplica en el contencioso de la función pública, en particular, cuando se trata de apreciar los efectos de
una clasificación errónea sobre la evolución posterior de la carrera del agente afectado (sentencia Consejo/de Nil e Impens,
antes citada, apartados 28 y 29).
Por tanto, es preciso examinar si los demandantes, habida cuenta de sus cualificaciones, de sus tareas en el servicio del
JET y de la renovación de sus contrataciones, habrían tenido la posibilidad real de ser contratados como agentes temporales
si se hubieran aplicado los procedimientos exigidos por los estatutos del JET.
Ya se ha señalado que las funciones de los demandantes, sus cualificaciones y sus condiciones laborales y de contratación
eran similares a las de los miembros del equipo del proyecto reconocidos como tales por la dirección del JET, que el equipo
del proyecto no habría podido llevar éste a cabo sin la participación del personal contractual, que representó una proporción
notable del personal afectado al proyecto a lo largo de toda su existencia, y que, debido a la renovación casi sistemática
de los contratos anuales de los interesados, la mayoría de ellos trabajaron en definitiva al servicio de la Empresa Común
durante períodos totales finalmente muy prolongados.
Estas circunstancias demuestran que el personal contractual era necesario para la realización del proyecto JET, que los demandantes
tenían las cualificaciones necesarias para las tareas para las que eran empleados y que su trabajo resultaba satisfactorio
para la dirección del JET, que promovía y aprobaba la renovación de los contratos anuales. Por lo demás, la Comisión no ha
demostrado que, si las necesidades de personal del JET se hubieran satisfecho en el marco de contratos temporales como preveían
los estatutos del JET, los demandantes no habrían sido contratados (sentencia Consejo/de Nil e Impens, antes citada, apartados
28 y 29). Por consiguiente, los demandantes demuestran de manera suficiente en Derecho que la ilegalidad cometida hacia ellos
les hizo perder esta posibilidad de contratación como agentes temporales.
Si bien la Comisión objeta que los demandantes nunca tomaron la iniciativa de presentarse a empleos vacantes en el equipo
del proyecto, no demuestra, en particular mediante la aportación de anuncios de vacantes, que dichas vacantes de empleo estuvieran
abiertas al personal externo y tampoco indica su periodicidad. En su respuesta mencionada en los apartados 125 y 135
supra,
la demandada se limita a exponer la evolución de la plantilla del JET y a ofrecer una indicación puntual según la cual trece
personas sujetas a contrato fueron reclutadas en el equipo del proyecto en 1989. Consta que nunca hubo ofertas de empleo para
contratos de agente temporal relativos a los puestos ocupados por los demandantes. En cambio, parece que los puestos denominados
«del equipo del proyecto» se «reservaban» para el personal de los miembros de la Empresa Común contratados como agentes temporales
en el marco de la CEEA, para los agentes de la Comisión y para el personal de la UKAEA, y que sólo de manera muy marginal
algunos miembros del personal contractual pudieron incorporarse a dichos puestos.
Por consiguiente, la relación de causalidad entre la ilegalidad cometida y el daño sufrido está acreditada de manera suficiente
en Derecho para justificar la reparación del perjuicio que han sufrido los demandantes por la pérdida de una oportunidad real
de que las Comunidades Europeas les ofrecieran un contrato de agente temporal.
Sobre el perjuicio
Alegaciones de las partes
Los demandantes afirman haber sufrido un perjuicio financiero que se compone de tres elementos: una pérdida neta de ingresos
laborales en el período durante el cual cada uno de ellos trabajó en el proyecto JET, una pérdida neta de ingresos laborales
en relación con otro puesto de la Comisión durante un período de cinco años o hasta la edad de 60 años, si este hecho se producía
antes de que terminara ese período, para los demandantes que trabajaban en la Empresa Común JET al término del proyecto, el
31 de diciembre de 1999, y una pérdida neta de ingresos correspondientes a una pensión del régimen de pensiones comunitario.
Los demandantes presentan una evaluación numérica de las pretensiones individuales de cada uno de ellos y el método de cálculo
seguido. Además, reclaman daños y perjuicios equivalentes al importe del impuesto británico devengado por toda indemnización
percibida.
La Comisión niega que los demandantes tengan derecho alguno a la reparación y considera que, en el supuesto de que se le imputara
alguna responsabilidad, ésta sólo podría haberse generado con posterioridad al pronunciamiento de la sentencia Altmann y otros/Comisión,
antes citada.
La demandante aduce que la alegación relativa al perjuicio sufrido se presenta de manera general y que las pretensiones financieras
carecen de precisión y explicaciones. Considera que la pretensión de indemnización de los demandantes no cumple lo dispuesto
en los artículos 44 y 47 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia y, por tanto, debe declararse su
inadmisibilidad.
La Comisión discute las modalidades de cálculo de las pretensiones de los demandantes. No admite la equivalencia de la clasificación
de éstos y la de los agentes contratados en el marco de la CEEA, y considera imposibles de verificar las afirmaciones de los
demandantes, relativas a las perdidas alegadas. La Comisión rechaza cualquier indemnización posterior a la fecha de expiración
del proyecto JET, el 31 de diciembre de 1999. Por lo que respecta a la incidencia del impuesto, añade que esta circunstancia
resulta de la inevitable diferencia entre empleos a los que se aplica el Derecho nacional y empleos a los que se aplica el
régimen comunitario y que no es seguro que la administración tributaria del Reino Unido consideraría imponible una indemnización
percibida como reparación de un comportamiento lesivo.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Las observaciones de la demandada relativas a la admisibilidad de las pretensiones de indemnización son infundadas. En efecto,
la demanda indica de manera clara y precisa los componentes del perjuicio alegado, distinguiendo entre pérdidas de ingresos
laborales, pérdidas de pensión y pérdidas correspondientes a determinadas dietas y beneficios. A ella se adjunta una nota
sobre el método de cálculo de las pérdidas y la cifra global de la pérdida sufrida por cada demandante. Por último, con el
escrito de réplica se presentó un cálculo detallado de las pretensiones indemnizatorias de cada demandante. La parte demandada
tuvo la posibilidad de discutir estos datos. Por tanto, procede admitir estas pretensiones (sentencias del Tribunal de Primera
Instancia de 30 de septiembre de 1998, Coldiretti y otros/Consejo y Comisión, T‑149/96, Rec. p. II‑3841, apartados 47 a 49,
y de 29 de octubre de 1998, TEAM/Comisión, T‑13/96, Rec. p. II‑4073, apartados 28 y 29).
El perjuicio financiero invocado por los demandantes se compone principalmente de una pérdida de ingresos procedentes de las
remuneraciones, de los beneficios relacionados y de los derechos a pensión adquiridos durante o en virtud de su período de
trabajo en el JET y de una pérdida de ingresos vinculada a las perspectivas de obtener empleos posteriores que la Comisión
podría haberles ofrecido después de 1999.
Este perjuicio se deduce de la comparación entre las condiciones financieras laborales de las que se habrían beneficiado los
demandantes si hubieran sido contratados en puestos temporales y las que efectivamente tuvieron como asalariados de empresas
terceras. Consta que la situación del personal contractual era financieramente menos ventajosa que la de los agentes temporales.
Durante el período transcurrido en la Empresa Común JET, el perjuicio de los demandantes resulta de la diferencia entre las
remuneraciones, beneficios relacionados y derecho a pensión que los interesados habrían percibido o adquirido si hubiesen
trabajado para el proyecto JET como agentes temporales y las remuneraciones, beneficios relacionados y derecho a pensión que
percibieron efectivamente como personal contractual.
Por lo que respecta a las perspectivas de obtener empleos posteriores, el perjuicio invocado está vinculado a la posibilidad
que habrían tenido los demandantes de conseguir un contrato de agente temporal tras la expiración del proyecto JET. Tal perspectiva
de contratación parece muy hipotética a falta de toda indicación sobre las necesidades de la CEEA, tras la conclusión de la
Empresa Común JET, de empleos de la naturaleza de los ocupados por los demandantes y, más concretamente, a falta de toda información
que permita reconocer la existencia de una continuidad orgánica entre la Empresa Común JET y las entidades incluidas en el
ámbito del Acuerdo Europeo para el Desarrollo de la Fusión, mencionado en el apartado 8
supra,
que han continuado las investigaciones previamente desarrolladas por la Empresa Común. Puesto que no está acreditado el perjuicio
por lo que respecta a las perspectivas de empleo más allá del 31 de diciembre de 1999, procede desestimar a este respecto
la pretensión de indemnización de los demandantes.
La indemnización debida ha de calcularse, para cada demandante, a partir de la fecha en que fue efectivo el contrato más antiguo
celebrado o prorrogado que le afectara, fecha que no puede ser anterior en más de cinco años a la presentación de su solicitud
de indemnización a la Comisión.
La indemnización debida a cada demandante no puede determinarse por el Tribunal de Primera Instancia a la vista de los documentos
obrantes en autos. Por tanto, se insta a las partes a buscar un acuerdo sobre la base de los principios y criterios que se
exponen a continuación.
En primer lugar, las partes habrán de alcanzar un acuerdo por lo que respecta al empleo y al grado que habrían correspondido
a las funciones ejercidas por cada uno de los demandantes si se le hubiera ofrecido un contrato de agente temporal en la fecha
indicada en el apartado 169
supra.
Seguidamente, se pondrán de acuerdo sobre la consolidación de la carrera apropiada para cada uno de los interesados, a partir
de su contratación hasta el período de los cinco últimos años, como máximo, a que se refiere el apartado 169
supra,
teniendo en cuenta la progresión media de las remuneraciones para el empleo y el grado correspondientes a un agente de la CEEA,
que trabajase, en su caso, en el JET, así como las eventuales promociones de que habría podido gozar cada uno durante este
período, a la vista del grado y del empleo considerados, aplicando la media de las promociones concedidas a agentes temporales
de la CEEA en una situación similar.
La comparación entre la situación de un agente temporal de las Comunidades Europeas y la de un agente contractual como cada
uno de los demandantes deberá efectuarse sobre la base de importes netos, deducidas las cotizaciones, retenciones o demás
exacciones efectuadas según la legislación aplicable. A este respecto, los regímenes fiscales comunitario y británico, respectivamente,
aplicables a los importes de que se trata no pueden afectar a los términos de la comparación que ha de hacerse entre importes
netos de impuestos, pues debe recordarse que los funcionarios y agentes de las Comunidades están sujetos al impuesto establecido
en beneficio de las Comunidades Europeas [Reglamento (CEE, Euratom, CECA) nº 260/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968,
por el que se fijan las condiciones y el procedimiento de aplicación del impuesto establecido en beneficio de las Comunidades
Europeas (DO L 56, p. 8; EE 01/01 p. 136), modificado en último lugar por el Reglamento (CE, Euratom), nº 1750/2002 del Consejo,
de 30 de septiembre de 2002 (DO L 264, p. 15)].
La indemnización deberá calcularse para un período que comience en la fecha indicada en el apartado 169
supra
y que termine en la fecha en la que el demandante en cuestión haya dejado de trabajar para el proyecto JET si tal fecha es
anterior a la conclusión del proyecto, el 31 de diciembre de 1999, o bien en esta última fecha si trabajó para el proyecto
JET hasta su conclusión.
Los demandantes solicitan también una compensación del impuesto que, según ellos, la administración tributaria británica recauda
por una indemnización como la que se discute, que repara un perjuicio causado por la Comunidad.
No obstante, puesto que la indemnización que se debe a cada demandante tiene por objeto compensar pérdidas de remuneración
y de beneficios correspondientes evaluados sin impuestos, como se ha indicado en el apartado 173
supra,
y dado que se calcula, según las mismas modalidades, teniendo en cuenta el impuesto comunitario, debe beneficiarse del régimen
fiscal aplicable a los importes pagados por las Comunidades a sus agentes, conforme al artículo 16 del Protocolo sobre los
privilegios e inmunidades de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas. Por consiguiente, la indemnización
de que se trata, considerada libre de impuestos, no puede estar sometida a exacciones fiscales nacionales. Por tanto, no ha
de pagarse ninguna indemnización complementaria para compensar tales exacciones.
Las partes habrán de ponerse de acuerdo sobre la base de los principios y criterios que se acaban de indicar en un plazo de
seis meses a contar desde la notificación de la sentencia. A falta de acuerdo, darán a conocer al Tribunal de Primera Instancia
dentro del mismo plazo sus pretensiones expresadas en cifras (véase, por ejemplo, en el mismo sentido, la sentencia del Tribunal
de Justicia de 5 de octubre de 1988, Hamill/Comisión, 180/87, Rec. p. 6141).

Costas
Se reserva la decisión sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera),
pronunciándose con carácter interlocutorio, decide:
1)
Condenar a la Comisión a reparar el perjuicio financiero sufrido por cada uno de los demandantes por no haber sido contratado
como agente temporal de las Comunidades para ejercer su actividad en la Empresa Común Joint European Torus (JET).
2)
Las partes comunicarán al Tribunal de Primera Instancia, dentro de un plazo de seis meses a partir de la presente sentencia,
el importe que hayan acordado en concepto de reparación de este perjuicio.
3)
A falta de acuerdo, darán a conocer al Tribunal de Primera Instancia, dentro del mismo plazo, sus pretensiones expresadas
en cifras.
4)
Se reserva la decisión sobre las costas.
Vesterdorf
Jaeger
Legal
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 5 de octubre de 2004.
El Secretario

El Presidente
H. Jung

B. Vesterdorf
*
Lengua de procedimiento: inglés.