CELEX: 61983CJ0123
Prejudicial
Competencia, artículo 85
Determinación de los precios minimos de los aguardientes de conac

(No se transcriben los antecedentes de hecho.)
Fundamentos de Derecho
Mediante resolución de 21 de junio de 1983, recibida en el Tribunal de Justicia el 1 de julio siguiente, el tribunal de grande instance de Saintes (Francia) planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, tres cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del artículo 85 del Tratado.
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre el Bureau national interprofessionnel du cognac (en lo sucesivo, «BNIC»), con domicilio social en Cognac, y el Sr. Guy Clair, gerente de Etablissements Clair et C
ie
, comerciante de Brie-sous-Matha, a quien demandó el BNIC con objeto de que se anularan los contratos de compraventa de aguardientes que aquél había celebrado a unos precios inferiores a los fijados en las condiciones que más abajo se examinan.
Según la resolución de remisión y los autos, el BNIC es una organización interprofesional del sector de los vinos y los aguardientes de coñac, creada por Orden de 5 de enero de 1941. La dotación de recursos del BNIC procede de exacciones parafiscales. De acuerdo con la Orden del Ministro de Agricultura de 18 de febrero de 1975 (JORF de 26 de febrero de 1975), en vigor al ocurrir los hechos:
«El BNIC se compone de:
a)
dos personalidades, una en representación de la viticultura y otra del comercio de la región delimitada por el Decreto de 1 de mayo de 1909;
b)
previa presentación de listas elaboradas por las organizaciones profesionales interesadas:
—
diecinueve delegados de los viticultores y de las cooperativas de destilación;
—
diecinueve delegados de los comerciantes y de los destiladores de profesión;
—
un delegado del sindicato de vinos alcoholizados;
—
un delegado de los productores de “pineau” de Charentes;
—
un delegado de los corredores;
—
un delegado de las industrias afínes;
—
un delegado del personal directivo y de los supervisores (comercio);
—
un delegado de los obreros de las bodegas de Cognac;
—
un técnico vitícola;
—
un obrero vitícola.
Nadie que ejerza la profesión de comerciante, corredor, destilador o una profesión conexa puede representar a los productores ni viceversa.
Mediante Orden del Ministro de Agricultura se nombra por tres años a los miembros del BNIC. Su mandato es renovable.
Asisten a las deliberaciones del BNIC, pudiendo tomar parte en los debates con voz, a título consultivo:
—
los Directores Provinciales de Agricultura y los Directores de los Servicios Fiscales de Charente y de Charente-Maritime;
—
el Director de la División de Represión de Fraudes;
—
los funcionarios encargados del control económico y financiero del BNIC.»
Además, el Ministro nombra a un Presidente y a un Comisario del Gobierno.
Según el artículo 5 de la Ley n° 75-600, de 10 de julio de 1975, relativa a la organización interprofesional agrícola, completada y modificada por la Ley n° 80-502, de 4 de julio de 1980, el BNIC podrá acogerse, a petición suya, a determinadas disposiciones de dicha Ley.
Según el reglamento de régimen interior del BNIC vigente en el momento de ocurrir los hechos del litigio principal, sus miembros se agrupan en dos «familias»: la de la actividad comercial y la de la viticultura. Tras adoptar cada una de ellas su postura, por mayoría cualificada, mediante negociaciones internas, estas familias pueden celebrar acuerdos, cuyo objetivo, según la citada Ley n° 75-600, de 10 de julio de 1975, sea favorecer: el conocimiento de la oferta y la demanda, la adaptación y la regularización de la oferta, la aplicación, bajo control del Estado, de las normas sobre comercialización, los precios y condiciones de pago, la calidad de los productos, las relaciones interprofesionales en el sector interesado y la promoción de los productos en los mercados interior y exterior.
Según el citado artículo 5, en relación con el artículo 2 de la misma Ley, previa solicitud de la Asamblea Plenaria del BNIC, el acuerdo celebrado podrá ser «extendido» por Orden Ministerial. El efecto de esta extensión es que el acuerdo adquiere carácter obligatorio para todos los miembros de las profesiones integradas en dicha organización profesional.
Según el artículo 4 de la Ley nacional antes mencionada, un contrato de suministro entre particulares no conforme con las cláusulas de un acuerdo celebrado y extendido del modo indicado, es nulo de pleno Derecho y la organización interprofesional de que se trate podrá solicitar a los Tribunales la declaración de dicha nulidad, así como una indemnización del perjuicio que pueda haber sufrido.
Con arreglo a las citadas normas y procedimiento, el 7 de noviembre de 1980, el BNIC adoptó por unanimidad un acuerdo denominado: «Acuerdo interprofesional relativo a los precios de los vinos blancos destilables y de los aguardientes de coñac». Este acuerdo, que establecía su aplicabilidad en todo el territorio de la Francia metropolitana, fijaba un precio mínimo de los vinos de destilación, el precio de los aguardientes destilados en 1980 y con anterioridad, así como un precio mínimo para el coñac. Preveía la nulidad de todo contrato celebrado con infracción de sus disposiciones, así como las sanciones previstas en el artículo 4 de la citada Ley de 10 de julio de 1975. Fue firmado por los representantes de ambas «familias» en el seno de la Asamblea del BNIC y por su Director, y fue «extendido», en el sentido aludido, mediante Orden del Ministro de Agricultura de 27 de noviembre de 1980.
Dado que el Sr. Clair compró a diversos viticultores aguardientes de coñac a precios inferiores a los fijados en la referida Orden, el BNIC le demandó ante el tribunal de grande instance de Saintes al objeto de obtener la anulación de estos pertinentes contratos.
El Sr. Clair, parte demandada en el procedimiento principal, negó la procedencia de dicha pretensión de nulidad, ya que se basaba en un acuerdo incompatible con los artículos 85 y 86 del Tratado. Por su parte, el BNIC sostuvo, por un lado, que el coñac quedaba al margen de las citadas normas del Tratado y, por otro, que la Orden Ministerial, por cuya infracción se procedía contra el Sr. Clair, era un acto administrativo cuya validez no podían apreciar los órganos jurisdiccionales ordinarios.
El tribunal de grande instance de Saintes consideró acreditado que los aguardientes de coñac eran productos industriales y que, por consiguiente, eran aplicables, en principio, los artículos 85 y 86 del Tratado. El órgano jurisdiccional nacional estimó también que, si bien el BNIC tenía carácter paraadministrativo y la Orden de extensión, de 27 de noviembre de 1980, constituía un acto administrativo, sin embargo, los representantes de ambas familias en el seno del BNIC firmaron el acuerdo de que se trata al margen de cualquier intervención del Comisario del Gobierno en dicho organismo, y que este acuerdo era distinto de la Orden de extensión, a pesar de que se adoptara en presencia del Presidente del BNIC, que carece de potestad reglamentaria.
Sobre la base de estos elementos, el tribunal de grande instance de Saintes, mediante resolución de 21 de junio de 1983, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia tres cuestiones prejudiciales con el fin de dilucidar si:
«1)
La reunión de la familia de la viticultura y de la familia de la actividad comercial en el seno del Bureau national interprofessionnel du cognac, ¿debe considerarse una asociación de empresas, por haber también firmado el Presidente del Bureau national interprofessionnel du cognac el acuerdo que celebraron?
2)
¿Debe considerarse práctica concertada la fijación conjunta de un precio mínimo de compra de los aguardientes por parte de la familia de los viticultores y la familia de la actividad comercial?
3)
¿Debe considerarse que la fijación de un precio mínimo de compra de los aguardientes puede afectar al comercio entre Estados miembros y tener por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común, a la vista de que los aguardientes a que se refiere el acuerdo de 7 de noviembre de 1980 responden a la denominación de origen controlada del coñac, y de la naturaleza del coñac, aguardiente de vino, que se bebe casi exclusivamente puro?»
Sobre la primera cuestión
Mediante la primera cuestión, el órgano jurisdiccional nacional, sustancialmente, pretende dilucidar si un acuerdo firmado en el marco de un organismo y de un procedimiento como los descritos anteriormente está comprendido en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado y, más concretamente, si un acuerdo celebrado entre las dos «familias» de la viticultura y de la actividad comercial es un acuerdo celebrado entre empresas o asociaciones de empresas.
Con carácter preliminar, el BNIC alega que no tiene sentido considerar la naturaleza agrícola o industrial de los aguardientes de coñac en relación con el Tratado. Afirma que, en cualquier caso, el artículo 85 del Tratado no es aplicable, porque el coñac tiene una importancia económica considerable para los agricultores de la región de que se trata. En efecto, en su opinión, los ingresos de 63.000 viticultores dependen directamente del precio de los aguardientes de coñac. Ahora bien, desde 1973, la viticultura de Charente ha contraído un fuerte endeudamiento. Además, debe hacer frente a un desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda. En estas circunstancias, asegura, la fijación de un precio mínimo para los aguardientes de coñac tiene por objetivo garantizar unos ingresos mínimos a los agricultores de Charente.
No cabe acoger esta argumentación. En efecto, según el Anexo II del Tratado (ex 22.09), los aguardientes están expresamente excluidos de la categoría de productos agrícolas. Consecuentemente, deben considerarse productos industriales y esta calificación no puede cuestionarse por la importancia económica que estos productos puedan tener para los agricultores de la región de que se trate.
El BNIC sostiene que el acuerdo entre ambas «familias» no se celebró a iniciativa de las empresas, sino en el marco del BNIC y según el procedimiento previsto por el reglamento de régimen interior de esta entidad que, según la jurisprudencia contencioso administrativa francesa, es un organismo de Derecho público, habida cuenta de las características de su creación, financiación, organización, funcionamiento, nombramiento de sus miembros, así como de la misión de servicio público que se le confía. Por consiguiente, su actividad no se incardina en el artículo 85 del Tratado.
No puede acogerse esta argumentación. Según su propio tenor literal, el artículo 85 se aplica a los acuerdos entre empresas y a las decisiones de asociaciones de empresas. Como señalaron acertadamente la parte demandada en el procedimiento principal y la Comisión, el marco jurídico en el que se celebran dichos acuerdos y se toman tales decisiones, así como la calificación jurídica que a dicho marco dan los distintos ordenamientos jurídicos nacionales, no tienen influencia alguna en la aplicabilidad de las normas comunitarias sobre la competencia y, particularmente, del artículo 85 del Tratado.
El BNIC señala que todos los miembros de su Asamblea Plenaria que negociaron y celebraron el acuerdo objeto del litigio principal fueron nombrados por el Ministro de Agricultura. Por lo tanto, no representan a los distintos organismos profesionales de los que proceden y no puede considerarse que el acuerdo que suscribieron se celebrara entre asociaciones de empresas.
No cabe acoger esta argumentación. Debe interpretarse que el artículo 85 se aplica a semejante acuerdo, en la medida en que éste se negoció y celebró por personas que, aunque nombradas por las autoridades públicas, fueron propuestas por las organizaciones profesionales directamente interesadas, a excepción de las dos nombradas directamente por el Ministro y, en consecuencia, debían realmente ser considerados como representantes de dichas organizaciones en la negociación y celebración de dicho acuerdo.
Procede agregar que un acuerdo celebrado por dos agrupaciones de operadores económicos, tales como las dos «familias» de viticultores y de comerciantes, debe considerarse como un acuerdo entre empresas o asociaciones de empresas. La circunstancia de que estas agrupaciones se reúnan en el seno de un organismo como el BNIC no impide la aplicación del artículo 85 del Tratado a su acuerdo.
Por otra parte, el BNIC alega que los acuerdos firmados en su seno no son obligatorios y que su función es de carácter meramente consultivo con respecto a la Administración central, única autoridad que, mediante Ordenes Ministeriales, puede dotar de carácter vinculante a dichos acuerdos.
A este respecto, debe destacarse que, para la aplicación del apartado 1 del artículo 85, es ociosa la consideración de los efectos concretos de un acuerdo, siempre que éste tenga por objeto restringir, impedir o falsear el juego de la competencia. Ahora bien, un acuerdo que, por su propia naturaleza, fija el precio mínimo de un producto y que se envía a la Administración Pública para que confirme dicho precio, al objeto de dotarlo de carácter vinculante para la totalidad de los operadores económicos que intervengan en el mercado de que se trate, tiene por objeto falsear el juego de la competencia en dicho mercado.
La existencia de un acto de la Administración Pública destinado a conferir tal carácter a dicho acuerdo frente a la totalidad de los operadores económicos interesados, aunque no hayan sido parte del acuerdo, no puede impedir que se le aplique el apartado 1 del artículo 85, como acertadamente subrayaron la parte demandada en el procedimiento principal y la Comisión.
Por último, el órgano jurisdiccional nacional pregunta al Tribunal de Justicia si la circunstancia de que el Presidente del Bureau national interprofessionnel du cognac haya firmado el acuerdo interprofesional celebrado del modo indicado influye en la calificación jurídica de dicho acuerdo en relación con el artículo 85 del Tratado.
El hecho de que el Presidente o el Director de un organismo, en el seno del cual se celebra un acuerdo cuyo objeto es impedir el libre juego de la competencia, estampe su firma al pie de dicho acuerdo, sin que la Ley nacional lo prevea, no influye en la aplicabilidad a dicho acuerdo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado.
De todo cuanto antecede se deduce que procede responder a la primera cuestión que el apartado 1 del artículo 85 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que entra en su ámbito de aplicación un acuerdo interprofesional de fijación del precio mínimo de un producto como los aguardientes de coñac, celebrado por dos agrupaciones de operadores económicos en el marco y según el procedimiento de un organismo como el BNIC.
Sobre la segunda cuestión
Por otra parte, el órgano jurisdiccional nacional solicita que se responda si la fijación de precios mínimos de compra de los aguardientes debe considerarse como una práctica concertada a efectos de lo prevenido en el artículo 85. Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión, resulta ya innecesario responder a la segunda cuestión.
Sobre la tercera cuestión
Según los autos y las discusiones que se han mantenido ante el Tribunal de Justicia, el problema que plantea la tercera cuestión se refiere esencialmente a la fijación de los precios del aguardiente utilizado en la fabricación del coñac, es decir, de un producto semielaborado, que normalmente no se expide fuera de la región de Cognac. Sustancialmente, el órgano jurisdiccional nacional plantea la cuestión de si la fijación de un precio de compra mínimo de dicho producto puede afectar al comercio entre Estados miembros y si tiene por objeto o por efecto restringir la competencia, habida cuenta de que el producto laborado, el coñac, goza de una denominación de origen.
A este respecto, ha de señalarse que cualquier acuerdo que tenga por objeto o por efecto restringir la competencia mediante la fijación de precios de compra mínimos de un producto semielaborado puede afectar al comercio intracomunitário, aunque, por sí mismo, el producto semielaborado de que se trate no sea objeto de comercio entre los Estados miembros, siempre que tal producto constituya la materia prima de un producto distinto comercializado en otro lugar de la Comunidad. Es irrelevante el hecho de que el producto elaborado goce de una denominación de origen.
Por consiguiente, procede responder a la tercera cuestión que la fijación de un precio de compra mínimo de un producto semielaborado puede afectar al comercio entre los Estados miembros, siempre que este producto constituya la materia prima de un producto distinto comercializado en otro lugar de la Comunidad, con independencia de que este producto elaborado goce de una denominación de origen.
Costas
Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Tribunal de grande instance de Saintes mediante resolución de 21 de junio de 1983, declara:

1)
El apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE debe interpretarse en el sentido de que entra en su ámbito de aplicación un acuerdo interprofesional de fijación del precio mínimo de un producto como los aguardientes de coñac, celebrado por dos agrupaciones de operadores económicos en el marco y según el procedimiento de un organismo como el BNIC.

2)
La fijación de un precio de compra mínimo de un producto semielaborado puede afectar al comercio entre los Estados miembros siempre que este producto constituya la materia prima de un producto distinto comercializado en otro lugar de la Comunidad, con independencia de que este producto goce de una denominación de origen.

Mackenzie Stuart
Bosco
Kakouris
Koopmans
Everling
Bahlmann
Galmot
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 30 de enero de 1985.
El Secretario
P. Heim
El Presidente
A. J. Mackenzie Stuart
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.