CELEX: 62009CJ0488
Convenio TIR
Código aduanero comunitario
Transporte efectuado al amparo de un cuaderno TIR
Asociación garante
Descarga irregular
Determinación del lugar de la infracción
Recaudación de los derechos de importación

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de diversas disposiciones de la normativa aduanera
de la Unión, así como del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los cuadernos
TIR, hecho en Ginebra el 14 de noviembre de 1975 (en lo sucesivo, «Convenio TIR»), aprobado en nombre de la Comunidad Económica
Europea mediante el Reglamento (CEE) nº 2112/78 del Consejo, de 25 de julio de 1978 (DO L 252, p. 1; EE 02/05, p. 46), y que
entró en vigor el 20 de junio de 1983.
Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (en lo sucesivo,
«ASTIC») y la Administración General del Estado, en relación con la recaudación de una deuda aduanera originada por una descarga
ilegal de una expedición de cigarrillos en España.

Marco jurídico

Convenio TIR
El Convenio TIR determina, en particular, que las mercancías transportadas con arreglo al régimen TIR, que el propio Convenio
establece, no estarán sujetas al pago o a la consignación de los derechos e impuestos de importación o de exportación en las
aduanas de tránsito.
El artículo 11 de dicho Convenio es del siguiente tenor:
«1.      Cuando en un cuaderno TIR no se haya hecho el descargo, o cuando el descargo se haya hecho con reservas, las autoridades competentes
no tendrán derecho a exigir de la asociación garante el pago de las sumas a que se hace referencia en los apartados 1 y 2
del artículo 8 si en el plazo de un año a contar de la fecha de la aceptación del cuaderno TIR por dichas autoridades, éstas
no han notificado por escrito a la asociación que no se ha hecho el descargo o que se ha hecho con reservas. Esta disposición
se aplicará igualmente en casos de descargo obtenido de manera abusiva o fraudulenta pero entonces el plazo será de dos años.
2.      El requerimiento de pago de las sumas a que se hace referencia en los apartados 1 y 2 del artículo 8 se dirigirá a la asociación
garante, transcurrido un plazo mínimo de tres meses a partir de la fecha en que se haya comunicado a dicha asociación que
no se ha dado descargo en el cuaderno TIR, que el descargo se ha hecho con reservas o que se ha obtenido de manera abusiva
o fraudulenta, y a más tardar dos años después de esa misma fecha. Sin embargo, en los casos que, durante el plazo indicado
de dos años, sean objeto de procedimiento judicial, el requerimiento de pago se hará en el plazo de un año a partir de la
fecha en que sea ejecutoria la decisión judicial.
3.      La asociación garante dispondrá de un plazo de tres meses a contar de la fecha en que se le haya dirigido el requerimiento
para pagar las sumas reclamadas. Esas sumas le serán reembolsadas si, en el plazo de dos años contados a partir de la fecha
en que se le hizo el requerimiento de pago, se demuestra, a satisfacción de las autoridades aduaneras, que no se ha cometido
ninguna irregularidad en relación con la operación de transporte de que se trate.»
El artículo 37 del Convenio TIR establece:
«Cuando no sea posible determinar el territorio en el que se ha cometido una irregularidad, ésta se considerara cometida en
el territorio de la Parte Contratante en el que se haya detectado.»

Derecho de la Unión
Conforme al artículo 203 del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código
aduanero comunitario (DO L 302, p. 1; en lo sucesivo, «Código aduanero»), una deuda aduanera de importación se originará por
«la sustracción a la vigilancia aduanera de una mercancía sujeta a derechos de importación» y en el momento de dicha sustracción.
El artículo 215 del Código aduanero dispone:
«1.      La deuda aduanera se originará en el lugar en que se produzcan los hechos que originen esta deuda.
2.      Cuando no sea posible determinar el lugar contemplado en el apartado 1, la deuda aduanera se considerará originada en el lugar
en que las autoridades aduaneras comprueben que la mercancía se encuentra en una situación que ha originado una deuda aduanera.
3.      Cuando un régimen aduanero no se liquide para determinada mercancía, la deuda aduanera se considerará originada:
–        en el lugar en que se colocó la mercancía bajo dicho régimen, o
–        en el lugar por donde la mercancía entre en la Comunidad bajo dicho régimen.
4.      Cuando los datos de que disponen las autoridades aduaneras les permitan determinar que la deuda aduanera ya se había generado
en un momento anterior en que la mercancía se hallaba en otro lugar, se considerará que la deuda aduanera se originó en el
lugar en que se pueda determinar que se encontraban en el primer momento más alejado en el tiempo en que se pueda demostrar
la existencia de la deuda aduanera.»
El artículo 221 del Código aduanero establece:
«1.      Desde el momento de su contracción deberá comunicarse el importe de los derechos al deudor, según modalidades apropiadas.
[…]
3.      La comunicación al deudor no podrá efectuarse una vez que haya expirado un plazo de tres años contados a partir de la fecha
de nacimiento de la deuda aduanera. No obstante, cuando la causa de que las autoridades aduaneras no hayan podido determinar
el importe exacto de los derechos legalmente adeudados sea un acto perseguible judicialmente, dicha comunicación se efectuará,
en la medida prevista por las disposiciones vigentes, después de la expiración de dicho plazo de tres años.»
En virtud del artículo 451 del Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas
disposiciones de aplicación del Reglamento nº 2913/92 (DO L 253, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento de aplicación»), a efectos
de la aplicación del régimen del transporte internacional de mercancías al amparo de los cuadernos TIR, se considerará que
el territorio aduanero de la Unión Europea constituye un solo territorio.
Con arreglo al artículo 454 del Reglamento de aplicación:
«1.      El presente artículo se aplicará sin perjuicio de las disposiciones específicas del Convenio TIR y del Convenio ATA relativas
a la responsabilidad de las asociaciones garantes cuando se utilice un cuaderno TIR o un cuaderno ATA.
2.      Cuando se compruebe que se ha cometido una infracción o una irregularidad en un Estado miembro determinado en el curso o con
ocasión de un transporte efectuado al amparo de un cuaderno TIR, o de una operación de tránsito efectuada al amparo de un
cuaderno ATA, dicho Estado miembro procederá a la recaudación de los derechos y demás gravámenes exigibles en su caso, con
arreglo a la normativa comunitaria o nacional, sin perjuicio del ejercicio de acciones penales.
3.      Cuando no se pueda determinar el territorio en el que se haya cometido la infracción o la irregularidad, se considerará que
se ha cometido en el Estado miembro en el que haya sido comprobada, a menos que, en el plazo previsto en el apartado 1 del
artículo 455, se pruebe a satisfacción de las autoridades aduaneras la regularidad de la operación o el lugar en que se haya
cometido efectivamente la infracción o irregularidad.
Si, a falta de tal prueba, se considera que dicha infracción o irregularidad se ha cometido en el Estado miembro en que haya
sido comprobada, dicho Estado miembro percibirá los derechos y demás impuestos correspondientes a las mercancías de que se
trate con arreglo a la normativa comunitaria o nacional.
Si, con posterioridad, se llegare a determinar el Estado miembro en que se hubiera cometido realmente dicha infracción o irregularidad,
el Estado miembro que hubiera procedido inicialmente a su recaudación le restituirá los derechos y demás impuestos –excepto
los percibidos como recursos propios de la Comunidad, con arreglo al párrafo segundo– aplicables a las mercancías en ese Estado
miembro. En este caso, el posible excedente se devolverá a la persona que hubiera desembolsado inicialmente los impuestos.
Si el importe de los derechos y demás impuestos percibidos inicialmente y restituidos por el Estado miembro que procedió a
su recaudación fuere inferior al importe de los derechos y demás gravámenes exigibles en el Estado miembro en que se haya
cometido efectivamente la infracción o irregularidad, dicho Estado miembro percibirá la diferencia de conformidad con la normativa
comunitaria o nacional.
Las administraciones aduaneras de los Estados miembros tomarán las disposiciones necesarias para combatir toda infracción
o irregularidad y para sancionarlas eficazmente.»
El artículo 455 del Reglamento de aplicación es del siguiente tenor:
«1.      Cuando se compruebe que se ha cometido una infracción o irregularidad en el curso o con ocasión de un transporte realizado
al amparo de un cuaderno TIR, o bien de una operación de tránsito efectuada al amparo de un cuaderno ATA, las autoridades
aduaneras lo notificarán al titular del cuaderno TIR o del cuaderno ATA y a la asociación garante, en el plazo previsto, según
el caso, en el apartado 1 del artículo 11 del Convenio TIR o en el apartado 4 del artículo 6 del Convenio ATA.
2.      La prueba de la regularidad de la operación efectuada al amparo de un cuaderno TIR o de un cuaderno ATA, a efectos del párrafo
primero del apartado 3 del artículo 454, deberá aportarse en el plazo previsto, según el caso, en el apartado 2 del artículo
11 del Convenio TIR o en los apartados 1 y 2 del artículo 7 del Convenio ATA.
[…]»
El artículo 457 del Reglamento de aplicación dispone:
«A efectos de la aplicación del apartado 4 del artículo 8 del Convenio TIR, cuando un envío penetre en el territorio aduanero
de la Comunidad o comience en una oficina de partida situada en dicho territorio, la asociación garante pasará a ser o será
responsable ante las autoridades aduaneras de cada uno de los Estados miembros por los que atraviese el envío TIR, hasta llegar
al punto de salida del territorio aduanero de la Comunidad o hasta la oficina de destino situada en dicho territorio.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales
La ASTIC es la asociación garante en lo que atañe a los transportes efectuados al amparo de un cuaderno TIR (en lo sucesivo,
«transportes TIR») en el territorio español. En virtud de un acta de garantía de 18 de febrero de 1994, el límite de su responsabilidad
era de 200.000 USD.
El Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entorgung eV (en lo sucesivo, «BGL») es la asociación garante en cuanto a
los transportes TIR efectuados en el territorio alemán.
El 18 de marzo de 1994, la aduana de Lindau (Alemania) registró el paso del cuaderno TIR 10099706 relativo a una expedición
de cigarrillos procedentes de Suiza y con destino a la aduana de Oporto (Portugal). Tras comprobar que dicha mercancía no
se había presentado en la aduana de destino, la aduana de Lindau emitió, los días 12 y 17 de enero de 1995, liquidaciones
dirigidas al transportista y al titular del cuaderno TIR. Dicha aduana informó asimismo al BGL, el 17 de enero de 1995, de
que el referido cuaderno TIR no había sido objeto de descargo, antes de dirigirle un requerimiento de pago de los derechos
adeudados el 26 de febrero de 1996.
Paralelamente, el 17 de enero de 1995, dicha aduana informó de la irregularidad apreciada a la fiscalía, que inició una investigación.
Este procedimiento judicial desembocó en una sentencia penal del Landgericht Augsburg (Alemania), de 17 de marzo de 1998,
que declaraba que la mercancía se había descargado en Sevilla y condenaba al transportista por un delito de contrabando y
falsedad documental. Sobre la base de tales hechos, las autoridades aduaneras alemanas dieron traslado del expediente a las
autoridades aduaneras españolas, para que éstas procedieran a la recaudación de la deuda aduanera en virtud del artículo 215
del Código aduanero, en relación con el artículo 454, apartado 3, párrafo tercero, del Reglamento de aplicación.
En consecuencia, las autoridades aduaneras españolas comunicaron al transportista, al titular de los cuadernos TIR y a la
ASTIC el importe defraudado y notificaron a esta última, como asociación garante respecto a los transportes TIR efectuados
en España, los hechos relativos a la infracción cometida así como el importe de los derechos eludidos, concretamente, 230.342.114 pesetas
(es decir, aproximadamente 1.384.384 euros), el 13 de enero de 1999. El 22 de marzo de 1999, la ASTIC recibió una liquidación
provisional en relación con esta deuda.
Tras la desestimación de la reclamación económico-administrativa contra la citada liquidación, así como del recurso de alzada
contra la resolución que desestimó dicha reclamación, la ASTIC interpuso recurso contencioso administrativo ante la Audiencia
Nacional, que estimó sólo en parte sus pretensiones, considerando que la responsabilidad de la ASTIC no podía superar el límite
de 200.000 USD.
Contra esta sentencia de la Audiencia Nacional, la ASTIC interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, alegando
en particular la incompetencia territorial de las autoridades aduaneras españolas para recaudar los derechos eludidos, al
haber prescrito la acción de recaudación en cuanto a ella afectaba, dado que no se había dirigido ninguna acción contra ella
en el plazo de dos años a partir de la fecha de aceptación del cuaderno TIR por las autoridades aduaneras alemanas.
En primer lugar, este último órgano jurisdiccional expresa dudas en cuanto a si las autoridades españolas son competentes
para incoar un nuevo procedimiento de recaudación de los derechos adeudados, pese a que el lugar de infracción, es decir,
el territorio español, se determinó una vez expirado el plazo fijado en los artículos 454, apartado 3, y 455 del Reglamento
de aplicación, y las autoridades alemanas dirigieron a la asociación garante respecto a los transportes TIR efectuados en
el territorio alemán un requerimiento de pago de la tributación devengada.
En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si la expiración de los plazos previstos en los artículos 454,
apartado 3, y 455 del Reglamento de aplicación, en el artículo 221, apartado 3, del Código aduanero o en el artículo 11, apartado
2, del Convenio TIR puede ser invocada por una asociación como la ASTIC, en circunstancias como las del asunto principal,
para alegar la prescripción del derecho a reclamar el importe de la responsabilidad garantizada que la Administración aduanera
puede ejercer frente a dicha asociación.
En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si la liquidación dirigida por las autoridades aduaneras alemanas
a la asociación garante en cuanto a los transportes TIR efectuados en territorio alemán tiene efectos interruptivos respecto
a la ASTIC, dado que estas autoridades no suspendieron el requerimiento de pago dirigido a dicha asociación.
En estas circunstancias, el Tribunal Supremo decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes
cuestiones prejudiciales:
«1)      En el caso de que con posterioridad a que un Estado miembro detectase una irregularidad en el régimen aduanero del transporte
TIR e hiciese la petición de pago de la cantidad correspondiente a la liquidación girada a la Asociación Garante de su territorio,
se determinase el lugar de la comisión material de la infracción ¿Es compatible con el artículo 454, apartado 3, y con el
artículo 455 del Reglamento [de aplicación] el hecho de que el Estado miembro de comisión de la infracción inicie un nuevo
procedimiento para exigir los derechos correspondientes a los obligados principales y a la Asociación Garante del lugar de
la comisión material de la infracción, hasta el límite de su responsabilidad, cuando la determinación del lugar de comisión
de la infracción se produjo transcurrido el plazo fijado en la norma comunitaria?
En caso de respuesta afirmativa:
2)      La Asociación Garante del Estado miembro en que efectivamente se cometió la irregularidad ¿puede alegar, al amparo de los
artículos 454, apartado 3, y con el artículo 455 del Reglamento [de aplicación] o del artículo [221, apartado 3,] del Código
Aduanero Comunitario, la prescripción del derecho a reclamar el importe de la responsabilidad garantizada por haber transcurrido
el plazo establecido, sin que haya tenido conocimiento de los hechos con anterioridad a la finalización de dicho plazo?
3)      La petición de pago a la Asociación Garante del Estado que detectó la irregularidad, realizada por la Administración de Aduanas
de este Estado, al amparo del artículo [11, apartado 2,] del Convenio TIR, ¿tiene efectos interruptivos con relación al procedimiento
iniciado a la Asociación Garante del lugar de comisión de la infracción?
4)      ¿Puede interpretarse el último inciso del [artículo 11, apartado 2,] del Convenio TIR en el sentido de que el plazo en él
establecido se aplica al Estado del lugar de la infracción, incluso cuando el Estado que detectó la irregularidad no suspendió
el requerimiento de pago a la Asociación Garante, pese a la existencia de un proceso penal sobre los mismos hechos comprobados?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre la primera cuestión
Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 454 y 455 del Reglamento
de aplicación se oponen a que las autoridades aduaneras del Estado miembro en cuyo territorio se ha cometido una infracción
del régimen aduanero de un transporte TIR inicien un nuevo procedimiento de recaudación de los derechos originados por esta
infracción, cuando el lugar de la infracción se ha determinado por vía judicial después de que las autoridades competentes
de otro Estado miembro hayan comprobado ya una irregularidad en el régimen aduanero de dicho transporte TIR.
Con carácter preliminar, es preciso recordar que, conforme al artículo 451 del Reglamento de aplicación, se considera que,
por lo que se refiere a las normas de utilización de los cuadernos TIR, el territorio aduanero de la Comunidad constituye
un solo territorio.
Además, en virtud del artículo 203 del Código aduanero, cuando una mercancía sujeta a derechos de importación se sustrae a
la vigilancia aduanera, se origina una deuda aduanera por dicha sustracción.
Puesto que la competencia en materia de recaudación de las deudas aduaneras se reparte entre las diferentes autoridades aduaneras
de los Estados miembros, el artículo 454, apartado 2, del Reglamento de aplicación establece que la recaudación de los derechos
originados a raíz de una infracción o de un irregularidad compete al Estado miembro en cuyo territorio se haya cometido dicha
infracción o irregularidad.
No obstante, y conforme al artículo 37 del Convenio TIR, cuando el Estado en cuyo territorio se hubiera cometido la infracción
o la irregularidad no pueda determinarse a ciencia cierta, se aplica provisionalmente una presunción de competencia en favor
del Estado en cuyo territorio se hubiera comprobado la infracción o la irregularidad. Cuando, posteriormente, se determine
la competencia del primer Estado, desaparece esta presunción (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de marzo de 2000,
Met-Trans y Sagpol, C‑310/98 y C‑406/98, Rec. p. I‑1797, apartado 37).
Dicho mecanismo responde a la idea, por una parte, de que frente a los países terceros interesados en una operación realizada
según el régimen de tránsito externo de la Unión, los Estados miembros forman un único territorio aduanero y, por otra parte,
de que el problema de la determinación del Estado miembro competente para recaudar los derechos de aduana es un problema interno
de la Unión, por lo que cualquier cambio del Estado miembro competente no tiene consecuencias en cuanto al hecho de que el
deudor de la deuda aduanera debe abonar tales derechos (véase la sentencia Met-Trans y Sagpol, antes citada, apartado 38).
Por un lado, en lo que atañe al derecho de aportar la prueba del lugar en que se ha cometido efectivamente la infracción o
la irregularidad, es necesario señalar que los artículos 454 y 455 del Reglamento de aplicación no precisan quién debe o puede
aportar dicha prueba (véase la sentencia de 23 de septiembre de 2003, BGL, C‑78/01, Rec. p. I‑9543, apartado 50).
Por otro lado, por lo que respecta al plazo para aportar dicha prueba, debe señalarse que el artículo 454, apartado 3, párrafo
primero, del Reglamento de aplicación efectúa, en esencia, una remisión al artículo 455, apartado 2, de dicho Reglamento (véase,
en este sentido, la sentencia BGL, antes citada, apartados 64 a 66).
Así, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, en virtud de las disposiciones combinadas de los artículos 454 y 455 del
Reglamento de aplicación, una asociación garante dispone, para aportar la prueba del lugar en que se ha cometido efectivamente
la infracción o la irregularidad, de un plazo de dos años que comienza a correr a partir de la fecha en que se le haya dirigido
el requerimiento de pago de la deuda aduanera originada a raíz de esta infracción o irregularidad (véase, en este sentido,
la sentencia BGL, antes citada, apartado 73).
A este respecto, no obstante, procede señalar que el artículo 11, apartado 2, del Convenio TIR, al que remite el artículo
455, apartado 2, del Reglamento de aplicación, y que debe por tanto tenerse en cuenta al interpretar esta segunda disposición,
contiene una excepción expresa a ese plazo de dos años, cuando los hechos constitutivos de dicha infracción sean objeto de
procedimiento judicial. De ello resulta que, cuando el lugar de comisión de la infracción o de la irregularidad se determina
por vía judicial, cabe aplicar una excepción al referido plazo, a condición, no obstante, de que tales hechos sean objeto
de un procedimiento judicial en un plazo de dos años a partir de la fecha en la que la asociación garante respecto al territorio
en el que se ha comprobado la infracción o la irregularidad haya sido advertida de esta infracción o irregularidad.
En el presente caso, del auto de remisión se desprende, por un lado, que, tras comprobar que la mercancía introducida en el
territorio alemán al amparo de un cuaderno TIR no había llegado a su destino, las autoridades aduaneras alemanas informaron
al BGL de dicha irregularidad, el 17 de enero de 1995, antes de dirigirle un requerimiento de pago de los derechos originados
a causa de ésta, el 26 de febrero de 1996.
Por otro lado, el 17 de enero de 1995, las autoridades aduaneras alemanas informaron de la irregularidad apreciada a la fiscalía,
que inició una investigación. El subsiguiente procedimiento judicial desembocó en una sentencia del Landgericht Augsburg,
de 17 de marzo de 1998, que determinaba que el territorio en que la mercancía en cuestión había sido sustraída a la vigilancia
aduanera era el español.
Las autoridades aduaneras alemanas dieron traslado de esa sentencia, el 24 de agosto de 1998, a las autoridades aduaneras
españolas.
De los anteriores elementos resulta que, contrariamente a lo que alega la ASTIC, aunque la sentencia que determinaba el lugar
en que se había cometido la infracción se dictó más de dos años después de que se dirigiera el requerimiento de pago al BGL,
las autoridades aduaneras alemanas no renunciaron ilegalmente, en beneficio de las autoridades aduaneras españolas, a la recaudación
de la deuda aduanera controvertida en el asunto principal.
En efecto, los hechos del asunto principal fueron sometidos a la justicia alemana dentro de los plazos previstos por las disposiciones
combinadas de los artículos 454 y 455 del Reglamento de aplicación y la determinación del territorio español como el lugar
en el que se había cometido la infracción que dio origen a esta deuda aduanera y, por tanto, la extinción de la competencia
de las autoridades alemanas para recaudar dicha deuda, en beneficio de la competencia de las autoridades aduaneras españolas,
se produjeron a raíz de la sentencia resultante de ese procedimiento.
Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión que los artículos 454 y 455 del Reglamento de aplicación deben interpretarse
en el sentido de que, cuando la presunción de competencia para recaudar una deuda aduanera del Estado miembro en cuyo territorio
se haya comprobado una infracción cometida en el transcurso de un transporte TIR desaparece a causa de una sentencia que determina
que la infracción se cometió en el territorio de otro Estado miembro, las autoridades aduaneras de este último Estado pasan
a ser competentes para recaudar esta deuda, siempre y cuando los hechos constitutivos de dicha infracción hayan sido objeto
de un procedimiento judicial en un plazo de dos años a partir de la fecha en que la asociación garante respecto al territorio
en el que se ha comprobado la infracción haya sido advertida de ésta.

Sobre las cuestiones segunda a cuarta
Mediante estas cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la ASTIC puede invocar los plazos de
prescripción previstos en los artículos 454, apartado 3, y 455, apartado 1, del Reglamento de aplicación, en el artículo 11,
apartado 1, del Convenio TIR, así como en el artículo 221 del Código aduanero, para oponerse al requerimiento de pago que
le dirigieron las autoridades aduaneras españolas. Dicho órgano jurisdiccional desea igualmente conocer las consecuencias
que puede implicar para este requerimiento de pago el procedimiento incoado inicialmente por las autoridades aduaneras alemanas.
Con carácter preliminar, es preciso recordar que el artículo 454, apartado 3, del Reglamento de aplicación se refiere al plazo
fijado para la determinación del Estado miembro competente y que el artículo 221, apartado 3, del Código aduanero prevé el
plazo tras cuya expiración no puede ya efectuarse la comunicación de la deuda aduanera al deudor.
Por tanto, es el artículo 455, apartado 1, del Reglamento de aplicación, en relación con el artículo 11, apartado 1, del Convenio
TIR, el que determina el plazo de prescripción de la acción de recaudación prevista contra la asociación garante. Así, las
autoridades competentes sólo tienen derecho a exigir de la asociación garante el pago de la deuda aduanera si han notificado
a ésta por escrito la infracción cometida, en un plazo de un año a partir de la fecha en la que han procedido a la aceptación
del cuaderno TIR
En el presente caso, la ASTIC recibió el 13 de enero de 1999 la notificación de que la infracción se había cometido en territorio
español, pese a que las autoridades aduaneras alemanas habían aceptado el cuaderno TIR controvertido en el asunto principal
el 18 de marzo de 1994, es decir, más de cuatro años antes de dicha notificación.
No obstante, la ASTIC no puede alegar, en las circunstancias particulares del asunto principal, que el derecho de las autoridades
españolas a exigir de ella el pago de la deuda aduanera por el importe de la suma garantizada había prescrito en virtud del
artículo 455, apartado 1, del Reglamento de aplicación, en relación con el artículo 11, apartado 1, del Convenio TIR.
En efecto, reconocer la prescripción de este requerimiento de pago en circunstancias como las del referido asunto principal
tendría como consecuencia menoscabar la eficacia del sistema de recaudación de los derechos aduaneros establecido por el Convenio
TIR, el Código aduanero y el Reglamento de aplicación.
Así, el plazo previsto en el artículo 455, apartado 1, del Reglamento de aplicación, en relación con el artículo 11, apartado
1, del Convenio TIR, tiene por objetivo garantizar una aplicación uniforme y diligente de las disposiciones en materia de
recaudación de los derechos e impuestos, con el fin de que los recursos propios de la Unión se pongan eficaz y rápidamente
a su disposición. A la luz de este objetivo, debe considerarse que el plazo fijado por esta disposición constituye por tanto
una norma de procedimiento dirigida únicamente a las autoridades administrativas y cuya finalidad es incentivarlas para que
actúen con la mayor celeridad posible [véase, por analogía, la sentencia de 14 de mayo de 2009, Internationaal Verhuis- en
Transportbedrijf Jan de Lely, C‑161/08, Rec. p. I‑4075, apartados 50 y 51, respecto al Reglamento (CEE) nº 1593/91 de la Comisión,
de 12 de junio de 1991, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 719/91 del Consejo relativo
a la utilización en la Comunidad de los cuadernos TIR, así como de los cuadernos ATA como documentos de tránsito (DO L 148,
p. 11)].
Pues bien, aunque las autoridades aduaneras actuaran con la diligencia y la celeridad exigidas, la recaudación de tales derechos
resultaría imposible si, a consecuencia de un procedimiento judicial que concluye más de un año después de la aceptación de
un cuaderno TIR, las autoridades aduaneras del Estado miembro en el que se ha comprobado la infracción perdieran su competencia,
conforme al artículo 454, apartado 3, del Reglamento de aplicación, en relación con el artículo 455, apartado 2, de éste,
en beneficio de las autoridades aduaneras del Estado miembro en cuyo territorio se ha cometido la infracción, aun cuando estas
últimas no pudieran recaudar la deuda aduanera debido a que dicho cuaderno TIR fue aceptado más de un año antes.
En estas circunstancias, es preciso recordar que, si bien el artículo 451 del Reglamento de aplicación establece que, a efectos
de las normas de utilización de los cuadernos TIR, se considera que el territorio aduanero de la Unión constituye un solo
territorio, cada uno de los 27 Estados miembros es competente, a través de sus autoridades aduaneras propias, para la recaudación
de las deudas aduaneras originadas en su territorio. Por lo demás, en cada Estado miembro existe una asociación garante particular,
responsable del pago de las deudas aduaneras originadas, o presuntamente originadas, en el territorio de dicho Estado miembro
con ocasión de una operación de transporte TIR. Pues bien, una asociación garante como la ASTIC no puede valerse de ese fraccionamiento
administrativo para obstaculizar así la recaudación de derechos de aduana por importe de las sumas que ella garantiza.
Por tanto, debe considerarse que, en las circunstancias particulares del asunto principal, el plazo de un año previsto en
el artículo 455, apartado 1, del Reglamento de aplicación, en relación con el artículo 11, apartado 1, del Convenio TIR, comenzó
a correr en el momento en que las autoridades españolas fueron informadas de la sentencia ejecutoria que determinaba que el
territorio español era aquel en que se había cometido la infracción.
En lo que atañe a la cuestión de cuáles son los efectos del procedimiento desarrollado por las autoridades aduaneras alemanas
sobre el procedimiento tramitado por las autoridades españolas, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia no
se desprende que dichas autoridades aduaneras alemanas hayan realizado las gestiones necesarias para obtener la ejecución
del requerimiento de pago que habían dirigido al BGL.
En cualquier caso, en el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente constatara que las autoridades aduaneras alemanas
recaudaron una parte de los derechos exigiéndolos de esta asociación garante, procede recordar que el artículo 454, apartado
3, del Reglamento de aplicación prevé un mecanismo de restitución de los derechos que ya han sido objeto de recaudación por
las autoridades aduaneras del Estado miembro en el que se ha comprobado la infracción, en beneficio del Estado miembro en
el que la infracción se ha cometido efectivamente.
En consecuencia, procede responder a las cuestiones segunda a cuarta que el artículo 455, apartado 1, del Reglamento de aplicación,
en relación con el artículo 11, apartado 1, del Convenio TIR, debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como
las del asunto principal, una asociación garante no puede invocar el plazo de prescripción previsto por estas disposiciones
cuando las autoridades aduaneras del Estado miembro respecto a cuyo territorio ella es responsable le han notificado, en el
plazo de un año desde la fecha en que tales autoridades fueron informadas de la sentencia ejecutoria que determinaba la competencia
de éstas, los hechos que dieron origen a la deuda aduanera que habrá de satisfacer por importe de la suma garantizada por ella.

Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
1)
Los artículos 454 y 455 del Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas
disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el
Código aduanero comunitario, deben interpretarse en el sentido de que, cuando la presunción de competencia para recaudar una
deuda aduanera del Estado miembro en cuyo territorio se haya comprobado una infracción cometida en el transcurso de un transporte
TIR desaparece a causa de una sentencia que determina que la infracción se cometió en el territorio de otro Estado miembro,
las autoridades aduaneras de este último Estado pasan a ser competentes para recaudar esta deuda, siempre y cuando los hechos
constitutivos de dicha infracción hayan sido objeto de un procedimiento judicial en un plazo de dos años a partir de la fecha
en que la asociación garante respecto al territorio en el que se ha comprobado la infracción haya sido advertida de ésta.
2)
El artículo 455, apartado 1, del Reglamento nº 2454/93, en relación con el artículo 11, apartado 1, del Convenio aduanero
relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los cuadernos TIR, hecho en Ginebra el 14 de noviembre de
1975, debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las del asunto principal, una asociación garante no
puede invocar el plazo de prescripción previsto por estas disposiciones cuando las autoridades aduaneras del Estado miembro
respecto a cuyo territorio ella es responsable le han notificado, en el plazo de un año desde la fecha en que tales autoridades
fueron informadas de la sentencia ejecutoria que determinaba la competencia de éstas, los hechos que dieron origen a la deuda
aduanera que habrá de satisfacer por importe de la suma garantizada por ella.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: español.