CELEX: 61987CJ0301
Ayudas de Estado
Notificación previa
Aportaciones de capital, concesión de prestamos a un tipo de interés bonificado y reducción de cargas sociales

Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 4 de octubre de 1987, la República Francesa, con arreglo al párrafo 1 del artículo 173 del Tratado CEE, solicitó la anulación de la Decisión 87/585/CEE de la Comisión, de 15 de julio de 1987, relativa a las ayudas concedidas por el Gobierno francés a la empresa Boussac Saint Frères, fabricante de productos textiles, de confección y de artículos derivados del papel (
DO L 352, p. 42
).
De los autos se desprende que las autoridades francesas, de junio de 1982 a agosto de 1984, concedieron aportaciones económicas a un fabricante francés de productos textiles, de confección y de artículos derivados del papel, la Compagnie Boussac Saint Frères (en lo sucesivo, «la CBSF). Estos apoyos económicos adoptaron la forma de una participación en el capital asumida por el Institut de développement industriel (en lo sucesivo, «IDI»), transferida posteriormente a la Société de participation et de restructuration industrielle (en lo sucesivo, «Sopari»), que por su parte realizó nuevas aportaciones de capital a la Compagnie Boussac Saint Frères, préstamos a un tipo de interés bonificado y reducciones de cargas sociales, al amparo del régimen de ayudas a la industria textil y de la confección.
En respuesta a las reiteradas peticiones de la Comisión, el Gobierno francés informó a ésta, por télex de 22 de marzo de 1984 y mediante carta de 23 de agosto de 1984, del apoyo económico concedido a la CBSF. Después de un primer examen, la Comisión comprobó que las ayudas concedidas no se le habían comunicado previamente en fase de proyecto, considerándolas por ello ilegales. Asimismo, estimó que todas estas ayudas eran incompatibles con el mercado común en el sentido del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CEE y que no reunían los requisitos exigidos para la aplicación de las excepciones indicadas en el apartado 3 del mismo artículo.
Mediante escrito de 3 de diciembre de 1984, la Comisión inició el procedimiento previsto por el párrafo 1 del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CEE y requirió al Gobierno francés para que presentara sus observaciones.
El Gobierno francés las presentó mediante escritos de 4 de febrero, 4 de junio y 11 de octubre de 1985, de 5 de febrero, 19 de junio y 21 de julio de 1986, de 27 de marzo y 21 de mayo de 1987, así como en el transcurso de tres reuniones organizadas con los representantes de la Comisión el 18 de octubre de 1985 y el 14 de mayo y 4 de julio de 1986.
El 15 de julio de 1987, la Comisión adoptó la Decisión 87/585, objeto del presente recurso. En esta Decisión se hace constar que las aportaciones económicas concedidas son ayudas incompatibles con el mercado común en el sentido del apartado 1 del artículo 92 del Tratado, que son ilegales por haberse concedido en contra de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 93 del Tratado y que no pueden considerarse compatibles con el mercado común con arreglo al apartado 3 del artículo 92 del Tratado. A tenor del artículo 2 de la Decisión, una parte de las ayudas deberá ser restituida, estando obligado el Gobierno francés a informar a la Comisión de las medidas adoptadas a este respecto. En los considerandos de su Decisión, la Comisión menciona, además, que otros cuatro Estados miembros, seis federaciones y una empresa individual le presentaron observaciones en el marco del procedimiento que terminó en dicha Decisión.
Para una más amplia exposición de los antecedentes del litigio, de los motivos y alegaciones de las partes, así como del procedimiento, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Los motivos alegados por el Gobierno francés en apoyo de su recurso se basan en la infracción de las normas de procedimiento del artículo 93 del Tratado, la insuficiente motivación de la Decisión impugnada, la errónea aplicación del artículo 92 del Tratado y la violación del principio general de proporcionalidad.
A. Sobre los efectos de la falta de notificación
Procede examinar, en primer término, un problema planteado por la Comisión. En efecto, ésta considera que, dado que el Tribunal de Justicia ha reconocido el efecto directo de las disposiciones claras, obligatorias y de orden público de la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado, la inobservancia de estas disposiciones produce por sí misma la ilegalidad de las ayudas. Esta ilegalidad hace que todo examen sea superfluo y faculta a la Comisión para ordenar la restitución de la ayuda. La Comisión deduce de ello que el Tribunal de Justicia no debe tomar en consideración los motivos alegados por el Gobierno francés contra la parte de la Decisión impugnada por la que la Comisión declara que las ayudas de que se trata son incompatibles con el artículo 92 del Tratado.
El Gobierno francés alega que una posible infracción de las normas de procedimiento del apartado 3 del artículo 93 no basta para que las intervenciones financieras incurran en ilegalidad y para justificar por sí sóla la restitución de las ayudas. En todo caso, la Comisión debería proceder a un examen sobre el fondo de las intervenciones impugnadas.
Debe reconocerse que cada una de estas tesis puede ocasionar serias dificultades de aplicación. Por un lado, la de la Comisión llevaría a admitir que ayudas compatibles con el mercado común pueden prohibirse por defectos de forma. Por otro, no se puede admitir la tesis del Gobierno francés, según la cual, frente a una ayuda concedida o modificada por un Estado miembro infringiendo el procedimiento previsto por el apartado 3 del artículo 93 del Tratado, la Comisión sólo dispone de los mismos derechos y obligaciones que le corresponden cuando se trata de una ayuda debidamente notificada en fase de proyecto. Efectivamente, esta interpretación nos llevaría a favorecer la inobservancia del apartado 3 de este artículo por parte del Estado miembro interesado, privándole de eficacia.
Teniendo presente esta argumentación, procede examinar el problema basándose en un análisis de las respectivas competencias y responsabilidades de la Comisión y de los Estados miembros en caso de que se conceda o modifique una ayuda.
Procede hacer constar, en primer lugar, que las disposiciones de los artículos 92, 93 y 94, que forman parte de la tercera sección del Tratado, titulada «Ayudas otorgadas por los Estados«, prevén mecanismos que implican que la Comisión, basándose en los elementos de que dispone, pueda determinar si las intervenciones financieras impugnadas constituyen ayudas a efectos de estos artículos.
A continuación, procede hacer constar que hasta ahora el Consejo no ha adoptado ningún Reglamento de aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado basado en el artículo 94 del mismo.
Además, hay que recordar la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia. En la sentencia de 22 de marzo de 1977 (Steinike y Weinlig,
78/76, Rec. 1977, p. 595
), se afirmó que la prohibición del apartado 1 del artículo 92 del Tratado no es absoluta ni incondicional, puesto que el apartado 3 de esta disposición otorga a la Comisión una amplia facultad de apreciación para admitir ayudas como excepción a la prohibición general de dicho apartado 1. En estos casos, la apreciación de la compatibilidad o incompatibilidad con el mercado común de una ayuda de Estado plantea problemas que implican la consideración y apreciación de hechos y circunstancias económicas complejas y que pueden variar rápidamente.
Por este motivo, el Tratado prevé en su artículo 93 un procedimiento especial que dispone el examen permanente y el control de las ayudas por parte de la Comisión. Con relación a las nuevas ayudas que los Estados miembros tengan la intención de conceder, se establece un procedimiento previo, sin cuya observancia ninguna ayuda puede considerarse legalmente concedida. El Tratado, al establecer en su artículo 93 el examen permanente y el control de las ayudas por la Comisión, persigue que el reconocimiento de la posible incompatibilidad de una ayuda con el mercado común resulte, bajo control del Tribunal de Justicia, de un procedimiento adecuado, de cuya aplicación es responsable la Comisión.
A través de su jurisprudencia (véase sentencia de 9 de octubre de 1984, Heineken, asuntos acumulados
91/83 y 127/83, Rec. 1984, p. 3435
), este Tribunal de Justicia consideró que el objeto de la primera frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado es garantizar a la Comisión la posibilidad de ejercer, a su debido tiempo y en interés general de las Comunidades, su control sobre todo proyecto que pretenda conceder o modificar ayudas. La última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado constituye la salvaguardia del mecanismo de control establecido por este artículo, que, a su vez, es esencial para garantizar el funcionamiento del mercado común. La prohibición que prevé este artículo de ejecutar las medidas proyectadas pretende garantizar que los efectos de un régimen de ayudas no se produzcan antes de que la Comisión haya dispuesto de un plazo razonable para estudiar el proyecto con detalle y, en su caso, iniciar el procedimiento prevenido por el apartado 2 del mismo artículo.
El sistema que acabamos de examinar implica, para ser eficaz, que se puedan adoptar medidas que impidan cualquier infracción de las normas del apartado 3 del artículo 93 del Tratado y que estas medidas, para que los intereses legítimos de los Estados miembros queden salvaguardados, puedan ser objeto de recurso. Con relación a este sistema, no se puede desconocer la necesidad de que se establezcan medidas cautelares toda vez que la práctica de determinados Estados miembros en materia de ayudas consigue burlar el régimen establecido por los artículos 92 y 93 del Tratado.
Así pues, cuando la Comisión comprueba que una ayuda ha sido concedida o modificada sin haber sido notificada, y después de haber requerido al Estado miembro interesado a presentar sus observaciones al respecto, puede ordenarle, por medio de una decisión provisional, y en espera del resultado del examen de la ayuda, que suspenda inmediatamente su concesión y que facilite a la Comisión, en el plazo que ésta determine, todos los documentos, informaciones y datos precisos para examinar la compatibilidad de la ayuda con el mercado común.
La Comisión dispone de la misma facultad conminatoria cuando la ayuda se le ha notificado pero el Estado miembro interesado, sin esperar el resultado del procedimiento previsto por los apartados 2 y 3 del artículo 93 del Tratado, procede a ejecutar las medidas de ayuda proyectadas, en contra de la prohibición establecida por el apartado 3 de este artículo.
Cuando un Estado miembro cumple enteramente lo dispuesto en ia orden de la Comisión, ésta se halla obligada a examinar la compatibilidad de la ayuda con el mercado común, con arreglo al procedimiento previsto por los apartados 2 y 3 del artículo 93 del Tratado.
Cuando el Estado miembro no obedece la orden de la Comisión de facilitar las informaciones solicitadas, ésta tiene la facultad de poner fin al procedimiento y de adoptar la decisión que declare la compatibilidad o incompatibilidad de la ayuda con el mercado común basándose en los elementos de que dispone. En su caso, esta decisión puede exigir la restitución del importe de la ayuda ya concedida.
Si el Estado miembro no suspende la concesión de la ayuda, se debe reconocer a la Comisión, a la vez que prosigue el examen respecto al fondo, la facultad de recurrir directamente al Tribunal de Justicia para que se declare que dicha actuación constituye una violación del Tratado. Este recurso al Tribunal está justificado, teniendo en cuenta la urgencia, por haber existido una decisión conminatoria adoptada después de que el Estado miembro interesado haya tenido la posibilidad de presentar sus observaciones y, por tanto, tras un procedimiento administrativo previo de carácter contradictorio, como en el caso del recurso previsto por el párrafo 2 del apartado 2 del artículo 93 del Tratado. En efecto, esta vía no es más que una variante del recurso por incumplimiento, específicamente adaptada a los problemas particulares que plantean a la competencia en el mercado común las ayudas estatales.
Con respecto al presente caso, consta que la Comisión ha procedido, aunque con carácter subsidiario, al examen de la compatibilidad de la ayuda con el mercado común. Por consiguiente, este examen puede ser objeto del presente litigo.
B. Sobre la infracción de las normas de procedimiento
En el marco de este motivo, el Gobierno francés alega, en primer lugar, que la Comisión ha vulnerado el principio general de seguridad jurídica por no haber actuado en un plazo razonable, habida cuenta de las detalladas informaciones que las autoridades francesas facilitaron a su debido tiempo a la Comisión. Considera, además, que en el presente caso se han violado los derechos de la defensa, porque la Comisión no le comunicó las observaciones de los terceros interesados, recibidas conforme al apartado 2 del artículo 93 del Tratado.
Por lo que respecta al primer motivo, procede hacer constar, en primer lugar, que, de acuerdo con los autos, las autoridades francesas facilitaron las primeras informaciones, solicitadas reiteradas veces por la Comisión, después de haberse concedido la mayor parte de las ayudas de referencia. Por tanto, consta que la Comisión no fue informada con la suficiente antelación, a efectos del apartado 3 del artículo 93 del Tratado, para presentar observaciones sobre los proyectos de ayudas en favor de la CBSF. Por lo demás, las informaciones facilitadas por el Gobierno francés a la Comisión en marzo de 1984 fueron muy parciales. Así, hasta el 23 de agosto de 1984 no confirmó, y aun entonces lo hizo de modo incompleto, la participación del IDI y, posteriormente, de la Sopari en el capital de la CBSF.
En vista de tales circunstancias, la Comisión pudo, pues, concederse razonablemente un plazo de reflexión e investigación de tres meses, a partir del 23 de agosto de 1984, antes de enviar el escrito de requerimiento de 3 de diciembre de 1984. Por lo demás, hay que hacer constar que una parte de las informaciones transmitidas a la Comisión fueron corregidas y completadas en diversas ocasiones por el Gobierno francés. Este, hasta sus escritos de 27 de marzo y 21 de mayo de 1987, no facilitó a la Comisión las precisiones necesarias ni le transmitió las informaciones definitivas que sirvieron de base para que ésta adoptara su Decisión de 15 de julio de 1987.
Aunque es cierto que transcurrieron plazos bastante largos entre el primer escrito del Gobierno francés, de 22 de marzo de 1984, y el requerimiento de 3 de diciembre de 1984, y entre éste y la Decisión de 15 de julio de 1987, respectivamente, no es menos cierto que la Comisión hasta el 21 de mayo de 1987 no dispuso de todos los elementos indispensables para examinar la compatibilidad de las ayudas con el mercado común. En tales circunstancias, procede declarar que la Comisión, con su comportamiento, no ha vulnerado el principio general de seguridad jurídica.
Por lo que respecta al segundo motivo de infracción, derivado de la violación de los derechos de la defensa, procede subrayar que, de acuerdo con reiterada jurisprudencia de este Tribunal de Justicia [véanse las sentencias de 10 de julio de 1986, Reino de Bélgica contra Comisión (
234/84, Rec. 1986, p. 2263
, y
40/85, Rec. 1986, p. 2321
) y de 11 de noviembre de 1987, República Francesa contra Comisión (
259/85, Rec. 1987, p. 4393
], el respeto de los derechos de la defensa en todo procedimiento incoado contra una persona y que pueda terminar en un acto que le sea lesivo constituye un principio fundamental del Derecho comunitario y debe garantizarse aun cuando no exista una normativa específica.
En las sentencias citadas, este Tribunal de Justicia reconoció que este principio exige que el Estado miembro afectado pueda expresar efectivamente su punto de vista sobre las observaciones presentadas por los terceros interesados, con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado, y sobre las cuales la Comisión pretende basar su Decisión. El Tribunal de Justicia ha precisado que, en la medida en que el Estado miembro no haya podido comentar dichas observaciones, la Comisión no puede apoyarse en ellas en su Decisión contra este Estado.
Para que esta violación de los derechos de la defensa produzca la anulación hace falta, no obstante, que sin esta irregularidad, el procedimiento hubiera podido llegar a un resultado diferente. A este respecto, debe señalarse que las observaciones de que se trata, presentadas a este Tribunal de Justicia a petición de éste, no contienen ningún elemento de información adicional con relación a aquellos de los que ya disponía la Comisión y que el Gobierno francés conocía. Ante ello, la circunstancia de que el Gobierno francés no haya tenido la posibilidad de comentar dichas observaciones no puede influir en el resultado del procedimiento administrativo. Así pues, debe desestimarse este motivo.
C. Sobre la motivación de la Decisión
El Gobierno francés alega que la motivación de la Decisión impugnada es insuficiente, por un lado, por no contener ninguna apreciación del efecto real de las ayudas ya concedidas sobre la competencia y sobre los intercambios entre Estados miembros y, por otro, por parecer contradictoria respecto al cierre de los centros de producción. El Gobierno francés critica, además, la motivación de la Decisión alegando que ésta se basa en una apreciación inexacta de la cuota de mercado de la CBSF y de las corrientes de intercambios entre los Estados miembros. Esta última imputación se refiere también, sustancialmente, a la compatibilidad de las aportaciones económicas con el mercado común y, por consiguiente, será objeto de examen al mismo tiempo que el motivo basado en la infracción del artículo 92.
La primera imputación no puede admitirse. En efecto, si la Comisión tuviera que demostrar en su Decisión el efecto real de las ayudas ya otorgadas, se favorecería a los Estados miembros que conceden ayudas infringiendo el deber de notificación que impone el apartado 3 del artículo 93 del Tratado, en detrimento de los que las notifican en fase de proyecto. Por consiguiente, no era preciso que la motivación de la Decisión impugnada contuviera una apreciación actualizada de los efectos de las ayudas concedidas y no notificadas en fase de proyecto.
Por lo que respecta a la segunda imputación, el Gobierno francés alega, más en concreto, que la Decisión impugnada es contradictoria, en la medida en que tiene en cuenta las reducciones de capacidad debidas al cierre de centros de producción cuyas instalaciones habían sido transmitidas poco tiempo antes a otros productores y no tiene en cuenta las reducciones de capacidad producidas dentro de la misma CBSF.
A este respecto, procede declarar que la Decisión encierra en sus considerandos un profundo análisis de las reducciones de capacidad. Así, la Comisión señala que, en el sector textil y de la confección, la producción de la CBSF ha sido muy heterogénea y diversificada y que la modificación de sus capacidades sólo pone de manifiesto, de modo impreciso, una tendencia general. La Comisión añade, a continuación, que, en determinados subsectores de la industria textil, como el de los tejidos de lino y algodón, que revisten gran importancia para la CBSF, la demanda ha disminuido considerablemente, de manera que las empresas de toda la Comunidad han debido adaptarse a la nueva situación. La Comisión considera, además, que determinadas reducciones son resultado de haberse deshecho de un material obsoleto anterior a la Primera Guerra Mundial. La Comisión considera, asimismo, que procede relacionar las cifras relativas a las reducciones de capacidad con el volumen de negocios real de la sociedad (a precios constantes de 1982) y que, en este caso, la reducción efectiva resulta mucho menos importante. La Comisión concluye que, teniendo en cuenta que se cedieron a otros productores veintisiete centros de producción y que éstos continúan, en parte, fabricando productos textiles, es imposible pretender que ha habido una disminución interna de la producción. En definitiva, la Comisión señala que, poco después de su cesión, trece de estos centros tuvieron que ser cerrados paralizándose definitivamente la producción textil.
Se debe observar que, frente a estas apreciaciones detalladas, el Gobierno francés no puede limitarse a declarar que la Decisión es contradictoria, sin alegar más argumentos que los ya examinados por la Comisión en los considerandos de la Decisión impugnada. En este punto, ésta es lo bastante explícita y circunstanciada para permitir que el Gobierno francés conozca y aprecie las razones en que se basa la Comisión y que el Tribunal de Justicia controle la procedencia de la Decisión. De ello se deduce que debe desestimarse esta imputación contra la motivación.
D. Sobre la aplicación del artículo 92 del Tratado
El Gobierno francés considera, con carácter principal, que las intervenciones financieras no son ayudas, que no afectan a los intercambios entre Estados miembros y que no falsean ni amenazan falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas. Con carácter subsidiario, el Gobierno francés estima que las ayudas son compatibles con el mercado común, basándose en las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado, y que son conformes con las distintas directrices y comunicaciones emanadas de la Comisión en 1971, 1977 y 1984.
En apoyo de su principal argumento, el Gobierno francés alega, en primer lugar, que las aportaciones de capital, los préstamos a un tipo de interés bonificado y las reducciones de cargas sociales no son ayudas, porque fueron aportadas a la CBSF en las condiciones de una economía de mercado y porque fueron acompañadas de inversiones privadas. Así, las autoridades francesas decidieron otorgar las ayudas económicas a la CBSF a la par que los inversores privados, basándose en un análisis del mercado y una evaluación de la empresa que permitieron llegar a la conclusión de que ésta sería rentable en un plazo razonable mediante una reestructuración. Esta consistía, en especial, en la supresión de los excesos de capacidad, la reducción de los efectivos, la conversión de las actividades no rentables o excesivamente vulnerables en actividades rentables, la racionalización de la producción y la mejora de la productividad.
Para determinar si dichas medidas tienen carácter de ayudas estatales, procede aplicar el criterio, indicado en la Decisión de la Comisión y no discutido por el Gobierno francés, que se basa en las posibilidades de la empresa de obtener las sumas de que se trate en el mercado de capitales.
En el presente caso, de los autos se deduce que, por un lado, la situación económica de la sociedad en 1981 era tal que no permitía confiar en una rentabilidad aceptable de las inversiones en un plazo razonable y que, por otro, la CBSF, habida cuenta de su insuficiente margen de autofinanciación, no habría podido obtener los fondos necesarios en el mercado de capitales. Además, debe hacerse constar que las primeras inversiones privadas, por lo demás muy inferiores a las aportaciones públicas, no se efectuaron hasta después de la asignación de éstas. Así pues, las aportaciones de capital realizadas por la Sopari a la CBSF, después de ceder su participación el IDI, constituyen una ayuda del Estado a efectos del apartado 1 del artículo 92 del Tratado.
Lo mismo sucede con los préstamos a un tipo de interés bonificado y con la reducción de cargas sociales, puesto que permitieron asimismo a la CBSF no soportar costes que normalmente habrían debido recaer sobre los recursos financieros propios de la empresa e impidieron de este modo que las fuerzas presentes en el mercado produjeran sus efectos normales.
El Gobierno francés alega, además, que las intervenciones financieras no afectan a las corrientes de intercambios y no falsean ni amenazan falsear la competencia entre Estados miembros. Así, la cuota de mercado de la CBSF era inferior al 0,5 °/o del mercado textil europeo, que oscila en torno a los 115000 millones de ecus, las exportaciones de la CBSF habían disminuido en un 33 % y no aumentaron entre 1982 y 1986, las cifras consideradas por la Comisión englobaban sectores de actividad de la CBSF que no habían disfrutado de ayudas públicas; además, no tenían en cuenta el aumento conyuntural de la actividad en el sector del lino durante los años 1983 y 1984.
Debe reconocerse que la Decisión impugnada contiene un análisis de todos estos elementos. En efecto, su motivación contiene un estudio del mercado textil y de la confección en Francia. Tras afirmar que la industria francesa representa en estos sectores alrededor del 20 % del valor añadido en el mercado común y participa muy activamente en el comercio intracomunitário, ya que alrededor del 40 % de su producción total se exporta a otros Estados miembros, la Decisión señala que la CBSF es el tercer productor francés de productos textiles y de la confección, sector que representa el 56 % de su volumen de negocios, que, en 1986, se elevaba a 4700 millones de FF. La CBSF es el quinto productor de la Comunidad y participa en el comercio intracomunitário exportando el 16 % de su producción textil a los demás Estados miembros y el 9 % a terceros países. La Comisión hace constar, asimismo, en la Decisión que el período que se debe tomar en consideración para apreciar la compatibilidad de las ayudas financieras con el mercado común es el período en el que se concedieron las ayudas. Durante este período, de julio de 1982 a finales de 1984, las exportaciones de productos textiles a los demás Estados miembros aumentaron en un 32 °/o y más de la mitad del volumen de negocios de la CBSF se obtuvo en el sector textil y de la confección.
La Comisión señala, además, entre los fundamentos de la Decisión, que la ayuda financiera destinada a restablecer la situación financiera de la CBSF redujo los costes que normalmente soportaba en tal medida que le confirió una ventaja sobre las empresas de la competencia, que deben considerarse afectadas. Las ayudas en litigio, al reducir el precio que la CBSF debía pagar normalmente para garantizar su racionalización y modernización, afectaron a los intercambios entre los Estados miembros y falsearon o amenazaron falsear la competencia.
Procede hacer constar que las apreciaciones de la Comisión, consideradas en su conjunto, pueden justificar la conclusión a la que ésta llegó con respecto a la ilegalidad de la ayuda. Por consiguiente, deben desestimarse los motivos relativos al carácter de la ayuda y a su incompatibilidad con el mercado común.
El Gobierno francés solicita al Tribunal de Justicia, con carácter subsidiario, que examine la compatibilidad de la ayuda con el mercado común, basándose en el apartado 3 del artículo 92 del Tratado. Considera innegable la recuperación de la CBSF y que las ayudas facilitaron el desarrollo y la reconversión de sus actividades industriales conforme a la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado.
Señala, a continuación, que la ayuda a la CBSF se efectuó en regiones que sufrían un grave subempieo en relación con la media comunitaria, en el sentido de la letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado.
Por último, el Gobierno francés considera que las ayudas se ajustan a los numerosos requisitos establecidos, por un lado, en las directrices para las ayudas a la industria textil y de la confección adoptadas por la Comunidad y dirigidas a todos los Estados miembros en 1971 y 1977 y, por otro, en el marco del régimen francés de 1984 sobre ayudas a la industria textil y de la confección.
No pueden admitirse las alegaciones de la demandante. Procede recordar que, en el ámbito del apartado 3 del artículo 92 del Tratado, la Comisión goza de una amplia facultad de apreciación, cuyo ejercicio implica valoraciones de tipo económico y social que deben efectuarse en el contexto comunitario.
En este contexto, la Comisión pudo estimar, sin sobrepasar los límites de su facultad de apreciación, que no podía aplicarse a las ayudas otorgadas a la CBSF la excepción prevista por la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado para las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo de determinadas actividades o regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. En efecto, las ayudas redujeron los costes de la CBSF, debilitando de este modo la competitividad de los demás fabricantes de la Comunidad, con el riesgo de obligarles a retirarse del mercado, pese a que hasta ese momento habían podido proseguir sus actividades gracias a una reestructuración y a mejoras de la productividad y de la calidad financiadas con sus propios recursos.
Por lo que se refiere a la alegación fundada en la aplicación de la letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado, procede recordar que la Comisión debe tener en cuenta la situación económica de las regiones afectadas con respecto a la del conjunto de la Comunidad. De las estadísticas proporcionadas por la Comisión y la parte coadyuvante, que el Gobierno francés no discute, resulta que las regiones donde están situados los centros de producción de la CBSF, en cuyo beneficio se concedieron las ayudas, no son regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo, ni existe en ellas una grave situación de subempieo.
En apoyo de la alegación basada en las directrices para la industria textil enamadas de la Comisión en 1971 y 1977, el Gobierno francés aduce que las intervenciones financieras permitieron la reestructuración de la CBSF, reestructuración que ocasionó, en primer lugar, una reducción de la capacidad de producción y de los efectivos y, en segundo lugar, una conversión de las actividades textiles no rentables o vulnerables en otras actividades textiles rentables y, por último, el aumento de la productividad mediante el empleo de tecnologías avanzadas. Así pues, las intervenciones financieras impugnadas no mantuvieron la actividad de la CBSF de manera artificial ni pueden, por consiguiente, calificarse de ayudas de salvamento.
La Comisión considera, a este respecto, que la CBSF no fue sometida a una reorganización fundamental que le permitiera recuperar su competitividad mediante el ajuste de su tamaño y de su organización. Su viabilidad, según la Comisión, no resulta de inversiones privadas, de manera que las intervenciones financieras impugnadas constituyen ayudas de salvamento, no previstas por las directrices para la industria textil.
A este respecto, debe reconocerse que, en su Decisión, la Comisión observa con acierto, por un lado, una disminución general de la producción comunitaria en el sector de la industria textil y de la confección, bajo la presión de la competencia de terceros países, y, por otro, entre 1975 y 1985, la supresión del 40 % del total de los efectivos del sector. De este modo, las reducciones de la CBSF se deben, en parte, a la evolución general del mercado en un sector en el que la demanda disminuyó en proporciones considerables. Por otra parte, en lugar de reestructurarse, la CBSF se limitó a deshacerse de un material obsoleto anterior a la Primera Guerra Mundial y a modernizar tardíamente, mediante inversiones de alta tecnología, las instalaciones de producción para mantenerlas en actividad, sin aportar verdaderos cambios que pudieran restablecer una competitividad perdida desde hacía años. Las intervenciones financieras desaprobadas tuvieron por objeto prolongar artificialmente la actividad de la CBSF cuando ésta se encontraba en situación de quiebra. En un futuro próximo, no se puede descartar que esta empresa funcione sobre una base viable sin nuevas ayudas, habida cuenta, sobre todo, de los excesos de capacidades existentes en el sector considerado.
Por lo demás, consta que las intervenciones financieras no colocaron, a corto plazo, a la CBSF en un nivel de competitividad suficiente para permitirle competir con éxito en el mercado textil internacional.
Las ayudas otorgadas a la CBSF infringen asimismo diversos requisitos establecidos para la aplicación, en 1984, de un régimen francés de ayudas a la industria textil y de la confección en forma de reducción de las cargas sociales. Así, por lo que respecta al requisito de que las ayudas sólo se podían otorgar para la inversión y solamente si la empresa estaba en condiciones de financiar con recursos propios al menos el 50 % del valor de las inversiones, basta señalar que se desprende de documentos que obran en los autos, sin haber sido discutidos, que, hasta 1986, las ayudas otorgadas superaron a las inversiones efectuadas por la CBSF en el sector textil.
Habida cuenta de las informaciones que figuran en la Decisión, acerca de la situación de la industria textil y de la confección en la Comunidad y en Francia, los intercambios comunitarios y la pretendida reestructuración de la CBSF, procede concluir que la Comisión no sobrepasó los límites de su facultad de apreciación al estimar que las ayudas no podían acogerse a las excepciones previstas en el apartado 3 del artículo 92 del Tratado.
De estas consideraciones se infiere que debe desestimarse el motivo fundado en la aplicación del artículo 92 del Tratado.
E. Sobre el motivo basado en la violación del principio general de proporcionalidad
Según el Gobierno francés, la Decisión impugnada viola el principio general de proporcionalidad, por un lado, porque no tiene en cuenta los costes de la reestructuración soportados por la CBSF ni el hecho de que, de no haber sido objeto de dicha reestructuración, la CBSF habría sido liquidada, con graves consecuencias para los acreedores y la colectividad, y, por otro, porque la restitución de la ayuda que la Decisión exige no guarda proporción con los perjuicios causados a la competencia.
Este motivo debe ser descartado. En efecto, como demostró la Comisión en su Decisión, no puede considerarse que las ayudas otorgadas constituyen una verdadera reestructuración de la CBSF. Esta empresa se limitó a modernizar sus instalaciones de producción, sin aportar ningún cambio fundamental, sustituyendo máquinas totalmente obsoletas y adaptando las técnicas y los procesos de producción a una evolución tecnológica que ya tuvo lugar años antes en el resto de la industria textil comunitaria. Habida cuenta de las informaciones que contiene la Decisión sobre las reducciones de efectivos y capacidad, la Comisión pudo considerar que las ayudas no eran inversiones de reestructuración, sin tener en cuenta en su Decisión el coste de la pretendida reestructuración.
Como señala la Comisión en su Decisión, de veintisiete centros de producción y 4730 personas transferidas a sociedades independientes, trece centros, que representan unos efectivos de 3153 personas, es decir, el 66,66 % del total de empleos transferidos, fueron cerrados, cesando en ellos definitivamente la producción textil. La Comisión ha considerado que la ayuda concedida para facilitar estas trece transmisiones fue suprimida. Por consiguiente, al exigir solamente la restitución de aproximadamente un 33 °/o del total de las ayudas, la Comisión respetó el principio de proporcionalidad.
De ello se deduce que también debe desestimarse este motivo.
Dado que no se ha admitido ninguno de los motivos alegados por el Gobierno francés, procede desestimar el recurso en su totalidad.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la República Francesa, procede condenarla en costas, incluidas las de la parte coadyuvante.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide :

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas a la República Francesa.

Due
Kakouris
Schockweiler
Koopmans
Mancini
Grévisse
Díez de Velasco
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de febrero de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.