CELEX: 62004CJ0064
Incumplimiento de Estado
Licencias de pesca
Reglamento (CE) nº 3690/93
Buques Cleopatra y Ocean Quest
Traspaso definitivo de éstos a Argentina

Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 del Reglamento
(CE) nº 3690/93 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, por el que se establece un régimen comunitario que determina las
normas relativas a la información mínima que deberán contener las licencias de pesca (DO L 341, p. 93), al no haber retirado
las licencias de pesca de los buques Cleopatra y Ocean Quest después del traspaso definitivo de éstos a Argentina.

Marco jurídico
El Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la Comunidad Económica Europea y la República Argentina
fue aprobado en nombre de la Comunidad mediante el Reglamento (CEE) nº 3447/93 del Consejo, de 28 de septiembre de 1993 (DO
L 318, p. 1; en lo sucesivo, «Acuerdo de pesca»). El noveno considerando de la exposición de motivos del Acuerdo de pesca
establece que los firmantes de éste están «Convencidos de que este nuevo tipo de cooperación en el sector de la pesca provee
un acceso estable a nuevas posibilidades de pesca, contribuye al objetivo de la renovación y reconversión de la flota argentina
y la reestructuración de las flotas de la Comunidad y promueve la explotación racional de los recursos a largo plazo.»
El artículo 5, apartados 1 y 3, del Acuerdo de pesca, dispone:
«1.      Las Partes crearán las condiciones propicias para la radicación en Argentina de empresas de capital originario de uno o más
Estados miembros de la Comunidad y la creación de sociedades mixtas y asociaciones temporales en el sector pesquero entre
armadores argentinos y comunitarios, con el fin de explotar y en su caso transformar conjuntamente los recursos pesqueros
argentinos, en las condiciones establecidas en el Protocolo I y en los Anexos I y II.
[…]
3.      La Comunidad, en el marco de su política de reestructuración de la flota, facilitará la incorporación de buques comunitarios
a empresas constituidas o que se constituyan en Argentina. A este fin, Argentina, en el marco de su política de renovación
tecnológica en materia pesquera, facilitará la transferencia de los permisos de pesca vigentes y expedirá los nuevos permisos
que correspondan en virtud del presente Acuerdo.»
El artículo 5 del Reglamento (CEE) nº 3760/92 del Consejo, de 20 de diciembre de 1992, por el que se establece un régimen
comunitario de la pesca y la acuicultura (DO L 389, p. 1) disponía:
«1.      Antes del 31 de diciembre de 1993 el Consejo establecerá, con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 43 del Tratado,
un sistema comunitario que entrará en vigor a más tardar el 1 de enero de 1995 y determinará las normas relativas a la información
mínima que deberán contener las licencias pesqueras que deberán ser expedidas y gestionadas por los Estados miembros.
A partir de la fecha de aplicación del sistema comunitario, se exigirá que los Estados miembros apliquen sistemas nacionales
de licencias pesqueras. Salvo cuando se disponga otra cosa, todos los buques pesqueros comunitarios habrán de poseer una licencia
pesquera que acompañará al buque.
Las disposiciones anteriores se aplicarán sin perjuicio de cualquier sistema específico vigente en el ámbito comunitario y
de los derivados de acuerdos internacionales actuales y futuros.
2.      Los sistemas de licencias serán aplicables a todos los buques pesqueros comunitarios en las aguas pesqueras comunitarias o
que faenen en aguas de países terceros o en alta mar. Los requisitos mínimos comunitarios de información serán asimismo de
aplicación para los buques pesqueros de países terceros que faenen en aguas pesqueras comunitarias con arreglo a acuerdos
internacionales.»
El artículo 11 del Reglamento nº 3760/92 establecía:
«Habida cuenta de lo dispuesto en el título I, el Consejo fijará, con arreglo al procedimiento del artículo 43 del Tratado,
sobre una base plurianual y por primera vez a más tardar el 1 de enero de 1994, los objetivos y reglas detalladas que permitan
reestructurar el sector pesquero comunitario con vistas a alcanzar un equilibrio sostenible entre los recursos y su explotación.
Esta reestructuración tendrá también en cuenta, basándose en casos individuales, las posibles consecuencias económicas y sociales
y las características específicas de las regiones pesqueras.»
A tenor del tercer considerando del Reglamento nº 3690/93, «el régimen comunitario debe establecer las normas relativas a
la información mínima que deberán contener las licencias de pesca para cada buque de pesca que enarbole pabellón de un Estado
miembro».
El artículo 1 del mencionado Reglamento dispone:
«1.      Queda establecido un régimen comunitario que determina las normas relativas a la información mínima que deberán contener las
licencias de pesca a que se refiere el artículo 5 del Reglamento (CEE) nº 3760/92.
2.      Todos los buques pesqueros comunitarios estarán obligados a conservar una licencia de pesca que quedará vinculada al buque.
3.      La licencia deberá conservarse a bordo del buque.
4.      Queda prohibido que los buques pesqueros a los que se haya retirado o suspendido o no se haya concedido la licencia de pesca
capturen pescado, lo lleven a bordo, lo transborden o lo desembarquen.»
El artículo 3 del Reglamento nº 3690/93 establece:
«El Estado miembro del pabellón concederá y administrará las licencias de pesca de los buques que enarbolen su pabellón, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento (CEE) nº 3760/92.»
El artículo 5 del Reglamento nº 3690/93 está redactado en los siguientes términos:
«El Estado miembro del pabellón suspenderá temporal o definitivamente las licencias de pesca de los buques que sean objeto
de una medida de paralización temporal y retirará las licencias de pesca de los buques que sean objeto de una medida de paralización
definitiva.»
A tenor del artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) nº 3699/93 del Consejo, de 21 de diciembre de 1993, por el que
se definen los criterios y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca,
la acuicultura y la transformación y comercialización de sus productos (DO L 346, p. 1):
«1.      Los Estados miembros tomarán medidas para ajustar los esfuerzos pesqueros para alcanzar [al menos] los objetivos de los programas
de orientación plurianuales a que se refiere el artículo 5.
Si resultara necesario, los Estados miembros adoptarán medidas de paralización definitiva o de limitación de la actividad
pesquera de los buques.
2.      Las medidas de paralización definitiva de las actividades pesqueras de los buques podrán incluir concretamente lo siguiente:
–        el desguace,
–        el traspaso definitivo a un país tercero, siempre que este traspaso no suponga vulnerar el Derecho internacional o incumplir
las normas de conservación y gestión de los recursos pesqueros,
–        la asignación definitiva, en aguas comunitarias, del buque en cuestión a tareas que no sean pesqueras.
[…]
Los Estados miembros se cerciorarán de que los buques afectados por estas medidas sean eliminados de los registros de matrícula
de los buques pesqueros y del fichero comunitario de buques pesqueros. Se cerciorarán además de que los buques eliminados
queden definitivamente excluidos del ejercicio de la pesca en aguas comunitarias.»
El artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 3699/93 establecía:
«Los Estados miembros pueden adoptar medidas a favor de la reorientación de las actividades de pesca, alentando la creación
de asociaciones temporales de empresa o la constitución de sociedades mixtas.»
El Reglamento nº 3699/93 fue derogado por el artículo 20, párrafo primero, del Reglamento (CE) nº 2468/98 del Consejo, de
3 de noviembre de 1998, por el que se definen los criterios y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad
estructural en el sector de la pesca, la acuicultura y la transformación y la comercialización de sus productos (DO L 312,
p. 19), cuyos artículos 8, apartados 1 y 2, y 9, apartado 1, están redactados en unos términos idénticos a los de las correspondientes
disposiciones del Reglamento nº 3699/93.

Hechos y procedimiento administrativo previo
En el marco del Acuerdo de pesca, se traspasaron a Argentina los buques Cleopatra y Ocean Quest, que enarbolaban pabellón
del Reino Unido y estaban matriculados en este Estado miembro. Dicho traspaso tuvo lugar con motivo de la creación de una
sociedad mixta que agrupaba a armadores comunitarios y argentinos. Se cancelaron las inscripciones de los buques en el registro
británico de matrícula de buques de pesca, en noviembre de 1996 y en julio de 1997, respectivamente, siendo inscritos en el
registro argentino de matrícula de buques de pesca.
La Comisión observó que se habían utilizado para otros buques las licencias de pesca correspondientes a los buques Cleopatra
y Ocean Quest.
Mediante escrito de 19 de abril de 2001, la Comisión puso en conocimiento del Reino Unido que la reutilización de las licencias
de pesca era contraria a la obligación de retirar éstas a los buques que hubieran sido objeto de una medida de paralización
definitiva que incumbía adoptar a las autoridades nacionales competentes con arreglo al artículo 5 del Reglamento nº 3690/93.
Por otra parte, dicho escrito requería al citado Estado miembro para que presentara sus observaciones sobre el incumplimiento
reprochado conforme al artículo 226 CE, párrafo primero.
Ante la falta de respuesta, la Comisión dirigió, el 16 de enero de 2003, un dictamen motivado al Reino Unido en el cual, por
un lado, reiteraba las alegaciones expuestas en su escrito de requerimiento y, por otro lado, instaba a dicho Estado miembro
a cumplir sus obligaciones en un plazo de dos meses contados a partir de la recepción del citado dictamen motivado.
En su respuesta de 20 de marzo de 2003 a ese dictamen motivado, el Reino Unido formuló varias alegaciones. Afirmó, en primer
lugar, que las autoridades del Reino Unido consideraban que la única obligación que les incumbía era la de cancelar la inscripción
de los buques Cleopatra y Ocean Quest en el registro nacional de matrícula de buques de pesca y no la de retirar las licencias
de pesca correspondientes a éstos. Después, dicho Estado alegó que la Comisión no había confirmado la exigencia de la retirada
de las licencias de pesca hasta la celebración por los propietarios de dichos buques de contratos con efectos vinculantes
con miras al traspaso de estos últimos a terceros. Para terminar, el Reino Unido consideraba que se podía comprender la actitud
de dichas autoridades y que se habían establecido unos determinados procedimientos para impedir en el futuro cualquier traspaso
similar de licencias de pesca.
Al no convencerle dichas explicaciones, la Comisión decidió interponer el presente recurso.

Sobre el recurso

Alegaciones de las partes
Según la Comisión, en virtud del artículo 5 del Reglamento nº 3690/93, el Estado miembro del pabellón debe retirar las licencias
de pesca de los buques que sean objeto de una medida de paralización definitiva.
La Comisión alega que dicha obligación de retirada de las licencias de pesca debe interpretarse en el sentido de que la capacidad
de pesca liberada por una retirada semejante no podrá reutilizarse para expedir nuevas licencias a otros buques, puesto que
una reutilización semejante es contraria al artículo 8, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 2468/98, según el cual
los Estados miembros tomarán medidas para ajustar los esfuerzos pesqueros para alcanzar al menos los objetivos de orientación
plurianuales. Si la Comunidad autorizase una reutilización semejante de las licencias correspondientes a los buques traspasados
definitivamente a un tercer Estado, no podría alcanzarse el objetivo de reducción de la flota de pesca. Lo mismo sucedería
incluso en el supuesto de que el traspaso definitivo tuviera lugar en el marco de la creación de una sociedad mixta.
El Reino Unido observa que el artículo 8 del Reglamento nº 2468/98 no se pronuncia sobre las licencias de pesca. Además, dado
que dicho Reglamento no fue aprobado hasta después de producirse los acontecimientos que dieron lugar al presente litigio,
no puede, por lo tanto, tener efecto alguno sobre las obligaciones que recaían sobre el Reino Unido en la fecha en que tales
acontecimientos se produjeron.
Por otra parte, el Reino Unido alega que la obligación de retirar las licencias de pesca, con arreglo al artículo 5 del Reglamento
nº 3690/93 no puede hacerse efectiva más que a partir del momento en que la Comisión haya prestado su conformidad para que
los buques de que se trata se cedan a una sociedad mixta y se le haya notificado tal decisión. Pues bien, en el caso de autos,
los propietarios de los buques Cleopatra y Ocean Quest habían vendido las licencias correspondientes a éstos antes de que
se le hubiera notificado a dicho Estado miembro la decisión de la Comisión por la que se aprobó el proyecto de cesión de tales
buques a una sociedad mixta. Por consiguiente, puesto que dichos propietarios ya no eran titulares de las licencias, el Reino
Unido no ha incumplido ninguna obligación que le imponga el referido artículo 5.
El verdadero «error» cometido en dicho asunto reside, a su juicio, en el hecho de que los propietarios de los buques Cleopatra
y Ocean Quest han obtenido fondos procedentes tanto de la venta de las licencias correspondientes a esos buques, como de la
Comunidad, siendo así que una venta semejante hubiera debido tener el efecto de privarles de la posibilidad de recibir una
ayuda ligada a la creación de una sociedad mixta. Sin embargo, aun cuando la Comisión fue informada de que las licencias seguían
estando en circulación, decidió abonar a dichos propietarios las ayudas comunitarias, haciendo así que estos últimos se beneficiaran
de una presunción de «buena fe», si bien ésta no benefició al Reino Unido.
Por otra parte, el traspaso de un buque en el marco del Acuerdo de pesca se asemeja a una medida de paralización definitiva
en el sentido del artículo 5 del Reglamento nº 3690/93. Por consiguiente, el Reino Unido ha establecido un procedimiento consistente
en «congelar» la licencia de un buque desde el momento en que se reciba en los servicios competentes la solicitud de creación
de una sociedad mixta. La licencia no puede recuperar su plena efectividad más que en el supuesto de que se retire la solicitud
de creación de una sociedad mixta o cuando el traspaso de un buque a una sociedad semejante no tenga la conformidad de la
Comisión. En consecuencia, el Reino Unido sostiene que se ha cerciorado de que, en un futuro, no se producirá ningún otro
caso de reutilización de las licencias.

Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar, conviene señalar que, en el presente caso, está acreditado que los buques Cleopatra y Ocean Quest
fueron inscritos en el registro marítimo argentino de matrícula de buques de pesca y que, por lo tanto, se habían traspasado
definitivamente a Argentina.
La imputación formulada por la Comisión en las pretensiones de su recurso, tal como figuran expuestas en el apartado 1 de
la presente sentencia, tiene por objeto que el Tribunal de Justicia declare que el Reino Unido ha incumplido las obligaciones
que le incumben en virtud del artículo 5 del Reglamento nº 3690/93, al no haber retirado las licencias de pesca correspondientes
a los citados buques después del traspaso definitivo de estos últimos a Argentina.
A este respecto, conviene recordar que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento nº 3690/93, cuando un buque
de pesca sea objeto de una medida de paralización definitiva, se retirará la licencia correspondiente a dicho buque.
Por lo tanto, antes de examinar en cuanto al fondo la imputación formulada por la Comisión, se hallan planteadas las cuestiones
previas de saber, en primer lugar, en qué consiste exactamente una medida de paralización definitiva de un buque de pesca
y, en segundo lugar, si el traspaso definitivo a Argentina de un buque de esta índole, en el marco de la creación de una sociedad
mixta, puede asimilarse a una medida de paralización definitiva en el sentido del artículo 5 del Reglamento nº 3690/93.

Sobre las medidas de paralización definitiva
Por lo que se refiere, en primer lugar, al concepto de «medida de paralización definitiva», consta que ni el artículo 5 del
Reglamento nº 3690/93 ni tampoco esta norma en su conjunto facilitan indicación alguna acerca de la definición de tal concepto.
En cambio, este último se halla definido en el Reglamento nº 3699/93 y, más en concreto, en su artículo 8, apartado 2, disposición
según la cual las medidas de paralización definitiva de las actividades pesqueras de los buques podrán incluir concretamente
el desguace o el traspaso definitivo a un país tercero, siempre que este traspaso no suponga vulnerar el Derecho internacional
o incumplir las normas de conservación y gestión de los recursos pesqueros, y la asignación definitiva, en aguas comunitarias,
del buque en cuestión, a tareas que no sean pesqueras.
Los Reglamentos n
os
3690/93 y 3699/93 difieren profundamente tanto por su objeto como por su finalidad. Efectivamente, según se deduce del Reglamento
nº 3690/93, y más en particular de su tercer considerando, el régimen comunitario deberá establecer las normas relativas a
la información mínima que deberán contener las licencias de pesca, en tanto que el Reglamento nº 3699/93 establece los criterios
y requisitos de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca y de la acuicultura.
No obstante, aun cuando la finalidad de estos dos Reglamentos sea distinta, nada permite afirmar que la definición del concepto
de «medida de paralización definitiva» se halle limitada exclusivamente al Reglamento nº 3699/93 y que no pueda utilizarse
esta definición en el marco de otros instrumentos de Derecho derivado relativos al ámbito de la política pesquera.
Por otra parte, el Reglamento nº 3699/93, que define el concepto de medida de paralización definitiva, fue aprobado con posterioridad
al Reglamento nº 3690/93. Como se desprende de las distintas versiones lingüísticas del Reglamento nº 3699/93, y en particular
de las versiones alemana, española, francesa e italiana, el legislador comunitario, con pleno conocimiento de causa, eligió,
en consecuencia, la misma expresión que la que ya figuraba en el Reglamento nº 3690/93.
Por lo tanto, nada se opone a que, aun cuando la definición del citado concepto resulte del Reglamento nº 3699/93, pueda utilizarse
en el marco de la aplicación del artículo 5 del Reglamento nº 3690/93, relativo a la retirada y suspensión temporal o definitiva
de las licencias de pesca.
Entre las distintas «medidas de paralización definitiva» de las actividades de pesca de los buques enumeradas en el artículo
8, apartado 2, del Reglamento nº 3699/93, figura en particular el «traspaso definitivo a un país tercero». Pues bien, en el
presente caso, no se discute que el traspaso de los buques de pesca Cleopatra y Ocean Quest se ha efectuado a un «país tercero»,
a saber la República Argentina.
Por lo tanto, se plantea, en segundo lugar, la cuestión de si el traspaso definitivo de dichos buques a Argentina, en el marco
de la creación de una sociedad mixta, puede asimilarse a una medida de paralización definitiva en el sentido del artículo
5 del Reglamento nº 3690/93.
El tenor literal del referido artículo 8, apartado 2, no se opone en modo alguno a que pueda aplicarse el concepto de «medida
de paralización definitiva» al traspaso definitivo de unos buques sobre la base de un acuerdo internacional firmado entre
la Comunidad y un tercer Estado. Por el contrario, la mencionada disposición alude expresamente, en su segundo guión, a la
observancia del Derecho internacional y, por consiguiente, de los acuerdos internacionales.
Por su parte, el Acuerdo de pesca no se opone para nada a que se califique de «medida de paralización definitiva» de las actividades
pesqueras en el sentido del Derecho comunitario a un traspaso de buques de pesca efectuado en virtud de sus disposiciones.
De ello se desprende que el traspaso definitivo de unos buques de pesca a un tercer Estado, efectuado en virtud de un acuerdo
internacional, constituye una de las medidas de paralización definitiva de las actividades pesqueras, tal como se hallan previstas
en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento nº 3699/93. Por lo tanto, en el presente caso, el traspaso definitivo de los
buques Cleopatra y Ocean Quest a Argentina debe considerarse una «medida de paralización definitiva» de las actividades pesqueras
en el sentido de la definición dada a una medida de esta índole por el Derecho comunitario.

Sobre la retirada de las licencias de pesca y la atribución de nuevas licencias de pesca
Por lo tanto, se plantea la cuestión de si, en el presente caso, las autoridades competentes del Reino Unido han retirado
las licencias de pesca a los buques Cleopatra y Ocean Quest, los cuales han sido traspasados definitivamente a Argentina.
El Reino Unido afirma que los derechos conferidos por las licencias de pesca a los antiguos propietarios de los buques Cleopatra
y Ocean Quest fueron vendidos a terceros, que las destinaron a otros buques. De ello se desprende que se retiraron correctamente
las licencias correspondientes a dichos buques.
La Comisión no niega que se hayan retirado las licencias correspondientes a los buques Cleopatra y Ocean Quest. Sin embargo,
la propia Comisión observa que se ha reutilizado para otros buques la capacidad de pesca liberada por el traspaso de tales
buques.
Sobre este particular, la Comisión sostiene que, según se desprende del artículo 5 del Reglamento nº 3690/93, en caso de traspaso
definitivo de buques a un tercer Estado, el Estado miembro no deberá limitarse a retirar las licencias correspondientes a
los buques así traspasados, sino que deberá abstenerse de utilizar la capacidad de pesca así liberada en el registro nacional
de matrícula para expedir nuevas licencias. Efectivamente, una utilización semejante es contraria a los objetivos del artículo
8 del Reglamento nº 2468/98, disposición ésta que se enmarca en el contexto de una política comunitaria de reestructuración
de la flota comunitaria.
Conviene observar, por un lado, que el tenor literal del artículo 5 del Reglamento nº 3690/93 no prohíbe, como tal, utilizar
la capacidad de pesca liberada por el traspaso de buques a un tercer Estado para expedir nuevas licencias, ya que dicho artículo
prevé tan sólo la obligación del Estado miembro del pabellón de retirar las licencias de pesca correspondientes a los buques
que sean objeto de una medida de paralización definitiva. Pues bien, de todo lo anterior se desprende que el Reino Unido ha
cumplido dicha obligación de retirada de las licencias de pesca.
Por otro lado, el artículo 5 del Reglamento nº 3690/93, que es la única disposición a que aluden las pretensiones de la Comisión,
no hace referencia, de ningún modo, al artículo 8 del Reglamento nº 3699/93, ni siquiera en su versión modificada por el Reglamento
nº 2468/98. En cualquier caso, dicho artículo establece en particular lo que pueden incluir las medidas de paralización definitiva
de las actividades pesqueras de los buques y exige que los buques cancelados queden excluidos del ejercicio de la pesca en
las aguas comunitarias. Sin embargo, del texto de esta disposición no se desprende que la capacidad de pesca liberada en el
registro nacional de los buques de pesca por el traspaso definitivo de buques a terceros Estados no pueda utilizarse para
expedir nuevas licencias de pesca.
Aun suponiendo que la Comisión haya estado en condiciones, fundándose en otras disposiciones del Derecho comunitario, de interponer
un recurso contra el Reino Unido, conforme al procedimiento previsto en el artículo 226 CE, en virtud del régimen de expedición
de nuevas licencias de pesca, según lo ha señalado el Abogado General en el punto 45 de sus conclusiones, es manifiesto que
la infracción de tales disposiciones no constituye el objeto del incumplimiento reprochado (véanse las sentencias de 20 de
octubre de 2005, Comisión/Reino Unido, C‑6/04, Rec. p. I‑9017, apartados 58 a 60; de 15 de junio de 2006, Comisión/Francia,
C‑255/04, Rec. p. I‑5251, apartado 24, y de 15 de febrero de 2007, Comisión/Países Bajos, C‑34/04, Rec. p. I‑0000, apartado 53).
De todo lo anterior se desprende que carece de fundamento la imputación formulada por la Comisión para sostener su recurso
y basada en la infracción del artículo 5 del Reglamento nº 3690/93 y, por lo tanto, que procede desestimar tal imputación
sin que sea necesario examinar la alegación formulada por el Reino Unido en su escrito de contestación, según la cual dado
que el traspaso a Argentina de los buques Cleopatra y Ocean Quest tuvo lugar antes de que la Comisión adoptase la decisión
de aprobar dicho traspaso, no podía exigirse la obligación de retirada de las licencias de pesca, prevista en el artículo
5 del Reglamento nº 3690/93.
En estas circunstancias, procede desestimar el recurso interpuesto por la Comisión.

Costas
En virtud del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la parte que pierda el proceso
será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte. Puesto que el Reino Unido ha pedido que se condene en
costas a la Comisión y al haber sido desestimados los motivos formulados por esta última, procede condenarla en costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: inglés.