CELEX: 61990CJ0239
Medidas de efecto equivalente
Libre prestación de servicios
Vehículos de lujo y de ocasión
Ventas en pública subasta

Mediante resolución de 3 de julio de 1990, recibida en el Tribunal de Justicia el 31 de julio siguiente, la Cour de cassation francesa (chambre commerciale, financière et économique) planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, cuatro cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de los artículos 59, 30 y 36 del Tratado CEE.
Estas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Ia SCP Boscher, Sţuder et Fromentin, sociedad que agrupa a los agentes públicos para subastas de bienes corporales que ejercen su profesión en París, y la SA British Motors Wright y otros, que comercializan vehículos de ocasión de lujo, acerca de la prohibición de una venta en pública subasta.
Con arreglo al apartado 1 del artículo 1 de la Ley francesa de 25 de junio de 1841, por la que se establece la normativa de las ventas en subastas públicas, nadie puede hacer de éstas una forma habitual del ejercicio de su comercio. El apartado 3 del mismo artículo establece que quedan asimismo prohibidas las ventas al detalle voluntarias, por los mismos procedimientos, de mercancías o de cualesquiera objetos de ocasión de los que sean propietarios o poseedores los comerciantes que no se hallen inscritos en el Registro Mercantil o en el Registro de la Propiedad Industrial desde dos años antes como mínimo, dentro del partido judicial del tribunal de grande instance en el cual deben realizarse.
Nado, sociedad alemana con domicilio social en Hamburgo, encargó a la SCP Boscher, Studer et Fromentin proceder, el 6 de noviembre de 1988, a la venta en pública subasta de vehículos de ocasión, algunos de los cuales, según las declaraciones efectuadas por el Juez competente para adoptar medidas provisionales, ante el que inicialmente se planteó el asunto, constituían objetos de colección y otros eran modelos recientes de alto precio y con pocos kilómetros. British Motors Wright y otras tres sociedades solicitaron al Juez competente para adoptar medidas provisionales del tribunal de grande instance de París que prohibiera esta venta en virtud del artículo 1 de la Ley de 25 de junio de 1841, antes citada. Conforme a esta norma, el Juez dictó una resolución el 4 de noviembre de 1988, mediante la cual prohibía a los agentes públicos para subastas proceder a la venta mientras no se acreditara que el propietario o el poseedor de los vehículos se hallaba inscrito en el Registro Mercantil o en el de la Propiedad Industrial, con arreglo al artículo 1 de la Ley de 25 de junio de 1841, antes citada. La SCP Boscher, Studer et Fromentin recurrió en apelación contra esta resolución, la cual fue confirmada al día siguiente por una sentencia de la cour d'appel de París. Dicha sentencia fue recurrida en casación por la SCP Boscher, Studer et Fromentin.
Fue entonces cuando el órgano jurisdiccional nacional planteó al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Debe interpretarse el artículo 59 del Tratado en el sentido de que puede ser de aplicación en el supuesto de ventas ocasionales en subasta pública en un Estado miembro, por un comerciante establecido en otro Estado miembro, de mercancías de ocasión que le pertenecen?
2)
En caso de respuesta afirmativa, ¿constituyen restricciones requisitos tales como los prescritos por la Ley de 25 de junio de 1841?
3)
¿Debe interpretarse el artículo 30 del Tratado en el sentido de que es aplicable a ventas en subasta pública de mercancías de ocasión procedentes de otro Estado miembro y sometidas a requisitos tales como los prescritos por la Ley de 25 de junio de 1841?
4)
En caso de respuesta afirmativa, ¿puede alegarse la excepción de orden público prevista por el artículo 36 del Tratado?»
Para una más amplia exposición de los hechos y del régimen jurídico del asunto principal, del desarrollo del procedimiento y de las observaciones escritas presentadas al Tribunal de Justicia, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Primera cuestión (libre prestación de servicios)
Mediante la primera cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pretende saber si la legislación de un Estado miembro que fija los requisitos a los que está sujeta la venta, por parte de un comerciante establecido en otro Estado miembro, de mercancías que le pertenecen se halla comprendida o no dentro del ámbito de aplicación del artículo 59 del Tratado.
Debe señalarse que tal legislación, que versa sobre los requisitos exigidos para la comercialización de mercancías que son objeto de intercambios entre los Estados miembros, está sujeta a las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías.
Con arreglo al artículo 60 del Tratado, se considerarán como servicios las prestaciones realizadas normalmente a cambio de una remuneración, en la medida que no se rijan por las disposiciones relativas, especialmente, a la libre circulación de mercancías.
De esto se deduce que procede responder a la primera cuestión declarando que la normativa de un Estado miembro que determine los requisitos a los que se somete la venta, por parte de un comerciante establecido en otro Estado miembro, de mercancías que le pertenezcan no está comprendida dentro del ámbito de aplicación del artículo 59 del Tratado CEE.
Segunda cuestión
Considerando la respuesta que acaba de darse a la primera cuestión prejudicial, no procede pronunciarse acerca de la segunda.
Tercera y cuarta cuestiones (libre circulación de mercancías)
Mediante estas cuestiones, el órgano jurisdiccional nacional pretende saber si una legislación nacional que sujeta la venta en pública subasta de productos de ocasión procedentes de otro Estado miembro a la previa inscripción de la empresa propietaria de las mercancías puestas a la venta en el Registro Mercantil del lugar en el que se efectúa la venta resulta o no compatible con los artículos 30 y 36 del Tratado.
Con arreglo a la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 11 de julio de 1974, Dassonville (
8/74, Rec. p. 837
), la prohibición de las medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas, establecida en el artículo 30 del Tratado, abarca cualquier normativa comercial de los Estados miembros que pueda obstaculizar, directa o indirectamente, actual o potencialmente, el comercio intracomunitário.
Con arreglo a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias de 15 de diciembre de 1982, Oosthoek,
286/81, Rec. p. 4575
; y de 7 de marzo de 1990, GBINNO,
C-362/88, Rec. p. I-667
), no cabe excluir que el hecho de que un agente interesado se vea obligado bien a adoptar distintos sistemas de publicidad o de promoción de ventas en función de los Estados miembros de que se trate, bien a abandonar un sistema que considera especialmente eficaz, pueda constituir un obstáculo a las importaciones, incluso si tal legislación se aplica indistintamente a los productos nacionales e importados. En su sentencia de 16 de mayo de 1989, dictada en el asunto Buet (
382/87, Rec. p. 1235
), el Tribunal de Justicia aclaró que tal apreciación es aún más válida cuando la aludida normativa priva al agente interesado de la posibilidad de practicar no ya un sistema de publicidad, sino un método de comercialización.
Por otra parte, el Tribunal de Justicia consideró que una normativa que impone a las empresas establecidas en otro Estado miembro los gastos suplementarios que ocasiona la obligación de tener un representante en el Estado importador debía considerarse como una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa (sentencias de 2 de marzo de 1983, Comisión/Bélgica,
155/82, Rec. p. 531
, y de 28 de febrero de 1984, Comisión/Alemania,
247/81, Rec. p. 1111
).
Debe señalarse que una normativa nacional que exige del vendedor la previa inscripción en el Registro Mercantil del lugar en el que se celebran las subastas puede obstaculizar la libre circulación de mercancías, puesto que equivale a imponer al propietario de la mercancía bien recurrir a un comerciante que desempeña su actividad en el lugar de la venta, bien a renunciar al sistema de venta en pública subasta.
Por tratarse de una normativa aplicable indistintamente a la venta de productos nacionales y de productos importados, debe comprobarse si puede verse justificada por exigencias imperativas relativas a la protección de los consumidores.
A este respecto, se ha señalado que la exigencia, relativa a que el vendedor se halle inscrito previamente en el Registro Mercantil del lugar de la venta, resulta necesaria, so pena de que el sistema de venta en pública subasta no ofrezca suficientes garantías al consumidor acerca del origen y del estado de un bien, que, además, ha adquirido sin haber podido disponer de un plazo de reflexión.
Como lo ha señalado el Tribunal de Justicia en repetidas ocasiones, una normativa que tiene por objeto satisfacer una exigencia imperativa deber ser proporcionada a la finalidad perseguida y, en el supuesto de que un Estado miembro disponga de medios menos restrictivos que permitan alcanzar la misma finalidad, debe recurrir a los mismos (sentencia de 16 de mayo de 1989, Buet, antes citada, apartado 11).
Procede señalar, de un lado, que el sistema de venta en pública subasta, como el referido en estos autos, va dirigido, muy frecuentemente, a compradores especialmente avezados, y, de otro, que tiene garantías suficientes para el consumidor. En cualquier caso, cabe imponer unos requisitos que protejan a los consumidores y supongan unos efectos menos restrictivos para la libre circulación de las mercancías que la exigencia de la previa inscripción de la empresa propietaria de las mercancías puestas a la venta en el Registro Mercantil del lugar en que la propia venta se efectúa.
De ello se deduce que una legislación como la que contempla el órgano jurisdiccional nacional no puede verse justificada por unas exigencias imperativas relativas a la protección de los consumidores, por lo cual, resulta incompatible con el artículo 30 del Tratado.
Tampoco puede verse justificada tal legislación por motivos de orden público, como los señalados en el artículo 36 del Tratado.
Efectivamente, la finalidad perseguida por estas medidas, a saber, evitar la venta de vehículos robados, puede alcanzarse mediante unas adecuadas medidas de control, como es la verificación del número de la carrocería.
Procede, pues, responder a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional nacional declarando que una normativa nacional que subordine la venta en subasta pública de productos de ocasión procedentes de otro Estado miembro a la inscripción previa de la empresa propietaria de las mercancías puestas a la venta en el Registro Mercantil del lugar de la venta es incompatible con los artículos 30 y 36 del Tratado CEE.
Costas
Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la Cour de cassation francesa (chambre commerciale, financière et économique) mediante resolución de 3 de julio de 1990, declara:

1)
Una normativa de un Estado miembro que determine los requisitos a los que se somete la venta por parte de un comerciante establecido en otro Estado miembro de mercancías que le pertenezcan no está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 59 del Tratado CEE.

2)
Una normativa nacional que subordine la venta en subasta pública de productos de ocasión procedentes de otro Estado miembro a la inscripción previa de la empresa propietaria de las mercancías puestas en venta en el Registro Mercantil del lugar de la venta es incompatible con los artículos 30 y 36 del Tratado CEE.

Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Slynn
Grévisse
Zuleeg
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 30 de abril de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Quinta
J. C. Moitinho de Almeida
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.