CELEX: 61989CJ0061
Libertad de establecimiento
Ejercicio de profesiones paramédicas (osteopatía)

Mediante resolución de 23 de enero de 1989, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 1 de marzo de 1989, la Cour d'appel de Aix-en-Provence planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 52 y siguientes del Tratado CEE, a fin de valorar la compatibilidad con el Derecho comunitario de una ley francesa que prohibe el ejercicio ilegal de la medicina.
Dicha cuestión se suscitó en el marco de un proceso penal seguido contra el Sr. Marc Gaston Bouchoucha. Este último, de nacionalidad francesa, es titular de un diploma de masajista kinesiterapeuta concedido por el Estado francés así como de un diploma de osteopatia expedido el 1 de octubre de 1979 por la Escuela Europea de Osteopatia de Maidstone en el Reino Unido (en lo sucesivo, «EEO»). Posee igualmente el diploma y el título de «Doctor of Naturopathy» del London College of Applied Ścieńcie. Sin embargo, carece de diploma, certificado u otro título que le permita ejercer la medicina, con arreglo al artículo L 356-2 del Code de la santé publique francés.
Tras haber sido emplazado el 24 de noviembre de 1987 a instancias del Ministère public, se siguieron diligencias penales contra el Sr. Bouchoucha ante el Tribunal correctionnel de Niza bajo la acusación de haber ejercido ilegalmente la medicina en esta ciudad desde el mes de abril de 1981, al practicar la osteopatia sin tener título de medicina. Según un decreto del Ministre de la Santé, de 6 de enero de 1962 (JORF de 1.2.1962, p. 1111), serán considerados actos profesionales que requieren estar habilitado para el ejercicio de la medicina «las movilizaciones forzadas de las articulaciones y las reducciones de desplazamientos óseos, así como las manipulaciones de vértebras y, en general, todos los tratamientos llamados de “osteopatia”».
Mediante sentencia de 29 de abril de 1988, el Tribunal correctionnel declaró al Sr. Bouchoucha culpable del delito de ejercicio ilegal de la medicina, le impuso una pena de multa con remisión condicional y le condenó a pagar un franco simbólico en concepto de daños y perjuicios a cada una de las tres partes civiles, el Syndicat national des médecins ostéothérapeutes français (en lo sucesivo, «SNMOF»), el Syndicat national des médecins spécialisés en rééducation et réadaptation fonctionnelle (en lo sucesivo, «SNMSRRF») y el Conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes (en lo sucesivo, «Conseil de l'ordre»). Dos de las partes civiles, a saber el SNMOF y el SNMSRRF, al igual que el Ministère public, apelaron la citada sentencia ante la Cour d'appel de Aix-en-Provence.
Las dos partes civiles apelantes y el Ministère public solicitaron la confirmación de la condena del procesado. Las partes civiles apelantes reclamaron, además, el pago de determinadas cantidades en reparación del perjuicio sufrido por ellas así como la publicación de la sentencia en dos diarios locales. El Sr. Bouchoucha sostuvo, por el contrario, que el diploma de osteopatia expedido por la EEO le permitía ejercer esta actividad en el Reino Unido y que prohibirle su ejercicio en Francia por no poseer título de medicina era contrario a las disposiciones de los artículos 52 y siguientes del Tratado CEE sobre libertad de establecimiento.
Por consiguiente, la Cour d'appel de Aix-en-Provence suspendió el proceso y remitió al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Es compatible con las disposiciones del Tratado de Roma, y principalmente con sus artículos 52 y siguientes sobre libertad de establecimiento, la prohibición impuesta a un nacional francés, titular de un diploma estatal de masajista kinesiterapeuta, y que posee un diploma de osteopatia expedido el 1 de octubre de 1979 por la Escuela Europea de Osteopatia de Maidstone (Reino Unido) de ejercer la osteopatia en Francia por carecer del título de medicina exigido para ello por el decreto ministerial de 6 de enero de 1962?»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, de las disposiciones comunitarias y nacionales discutidas, del desarrollo del procedimiento así como de las observaciones escritas presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Se debe hacer constar, con carácter previo, que las Directivas 75/362/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, sobre reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos de médico, que contiene además medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios (
DOL 167, p. 1
; EE 06/01, p. 186), y 75/363/CEE del Consejo, también de 16 de junio de 1975, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a las actividades de los médicos (
DO L 167, p. 14
; EE 06/01, p. 197), contienen únicamente disposiciones relativas a la profesión de «médico». No existe, por otra parte, ninguna disposición comunitaria que regule el ejercicio de las profesiones paramédicas y entre ellas, fundamentalmente, la osteopatia. Procede destacar, además, que en las mencionadas Directivas tampoco figura una definición comunitaria de las actividades que deben considerarse propias de los médicos.
El Sr. Bouchoucha sostiene que la aplicabilidad del Derecho comunitario se deduce del hecho de que, a pesar de poseer un diploma concedido en otro Estado miembro, se le impide ejercer la actividad a que se refiere dicho diploma en el Estado del que es nacional. Alega, por una parte, que la sentencia de 7 de febrero de 1979 (Knoors,
115/78, Rec. 1979, p. 399
) basta para descartar la objeción de que el presente asunto se inscribe en un marco puramente interno del Estado miembro afectado y, por otra, que las disposiciones del decreto francés de 6 de enero de 1962, en el que se clasifican los tratamientos llamados «de osteopatia» entre los actos profesionales que requieren estar habilitado para el ejercicio de la medicina, infringen el principio comunitario de proporcionalidad.
El Gobierno francés sostiene, por el contrario, que en lo que se refiere a la medicina la aplicación del principio de libertad de establecimiento se basa en el reconocimiento mutuo de diplomas, caso por caso, con arreglo a las Directivas adoptadas a tal fin. Y estima, no obstante, que, mientras no exista una definición comunitaria de las «actividades de los médicos» el Estado miembro es libre de reservar a los médicos el ejercico de la osteopatia y las manipulaciones de vértebras. La sentencia de 7 de febrero de 1979 (asunto 115/78, antes mencionado) sólo debe tenerse en cuenta cuando la formación profesional adquirida por el interesado en otro Estado miembro haya sido «reconocida por el Derecho comunitario».
Debe recordarse, en primer lugar, que, a diferencia de la situación contemplada en los procesos penales seguidos contra Eleonora Nino y otros (sentencia de 3 de octubre de 1990, asuntos acumulados
C-54/88, C-91/88 y C-14/89, Rec. 1990, p. 3545
), el Sr. Bouchoucha, nacional francés ejerciente en Francia, ostenta un diploma profesional obtenido en otro Estado miembro. De ello se sigue que en el presente caso el proceso principal no se circunscribe a un marco puramente nacional y que procede analizar si son de aplicación las disposiciones del Tratado CEE sobre libertad de establecimiento.
Procede hacer constar, en segundo lugar, que, en la medida en que no existe definición comunitaria de las «actividades de los médicos», la determinación de los actos que se reservan a la profesión médica es, en principio, competencia de los Estados miembros. Se sigue de ello que, mientras no exista una regulación comunitaria del ejercicio de la osteopatia como profesión, cada Estado miembro es libre de regular el ejercicio de esta actividad en su territorio, sin establecer discriminaciones entre sus propios nacionales y los de los otros Estados miembros.
De la sentencia de 7 de febrero de 1979 (asunto 115/78, ya mencionado) se deduce que el alcance del artículo 52 del Tratado CEE no puede interpretarse de manera que excluya del ámbito de aplicación del Derecho comunitario a los nacionales de un Estado miembro determinado cuando éstos, por el hecho de haber residido habitualmente en el territorio de otro Estado miembro y de haber obtenido en él un título profesional reconocido por las disposiciones del Derecho comunitario, se encuentran, respecto del Estado miembro del que son originarios, en una situación equiparable a la de cualquier otro sujeto que goza de los derechos y de las libertades que confiere el Tratado (apartado 24).
No obstante, debe observarse que, por una parte, como han destacado acertadamente el Gobierno francés, el SNMOF y el SNMSRRF, el diploma de la EEO que posee el Sr. Bouchoucha no goza en la actualidad de reconocimiento mutuo en el ámbito comunitario. Por consiguiente, no puede considerarse este diploma como un título profesional reconocido por las disposiciones del Derecho cpmunitario. Por otra parte, según la sentencia de 7 de febrero de 1979, no puede ignorarse el interés legítimo que puede tener un Estado miembro en impedir que, aprovechando las facilidades creadas por el Tratado, algunos de sus nacionales intenten eludir la aplicación de su normativa nacional en materia de formación profesional (apartado 25).
Este sería el caso, principalmente, si el hecho de que un nacional de un Estado miembro haya obtenido en otro Estado miembro un diploma cuyo alcance y validez no son reconocidos por ninguna norma comunitaria pudiera obligar a su Estado miembro de origen a permitirle ejercer en su territorio las actividades a que se refiere dicho diploma, cuando en dicho país se reserva el acceso a estas actividades a quienes posean un título superior que goce de reconocimiento mutuo en el ámbito comunitario, no resultando esta reserva arbitraria.
De las consideraciones anteriores se deduce que se debe responder a la cuestión prejudicial planteada por la Cour d'appel de Aix-en-Provence que, a falta de una armonización comunitaria de las actividades que corresponden exclusivamente al ejercico de las funciones médicas, el artículo 52 del Tratado CEE no se opone a que un Estado reserve únicamente a las personas que posean el título de médico el ejercicio de una actividad paramèdica como la osteopatia.
Costas
Los gastos efectuados por los Gobiernos francés e italiano y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por la Cour d'appel de Aix-en-Provence, mediante resolución de 23 de enero de 1989, declara:

A falta de una armonización comunitaria de las actividades que corresponden exclusivamente al ejercicio de funciones médicas, el artículo 52 del Tratado CEE no se opone a que un Estado miembro reserve únicamente a las personas que posean el título de médico el ejercicio de una actividad paramèdica como la osteopatia.

Slynn
Joliét
Rodríguez Iglesias
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 3 de octubre de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Primera
Gordon Slynn
(
*1
)	Lengua dc procedimiento: francés.