CELEX: 61994CJ0017
Inseminación artificial bovina
Monopolio territorial de ejercicio
restricciones al ejercicio de la profesión de veterinario

Mediante resolución de 14 de enero de 1994, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de enero siguiente, el juge d'instruction
del tribunal de grande instance de Bergerac planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, cinco cuestiones prejudiciales
sobre la interpretación de los artículos 37, 52 y 59 del Tratado CE, así como de las Directivas del Consejo 77/504/CEE, de
25 de julio de 1977, referente a animales de la especie bovina de raza selecta para reproducción (DO L 206, p. 8; EE 03/13,
p. 24); 78/1026/CEE, de 18 de diciembre de 1978, sobre reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos
de veterinario, que contiene además medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y
de libre prestación de servicios (DO L 362, p. 1; EE 06/02, p. 49); 78/1027/CEE, de 18 de diciembre de 1978, sobre coordinación
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a las actividades de los veterinarios (DO L 362,
p. 7; EE 06/02, p. 55), y 87/328/CEE, de 18 de junio de 1987, relativa a la admisión para la reproducción de bovinos reproductores
de raza selecta (DO L 167, p. 54).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un proceso penal seguido contra los Sres. Gervais, Nougaillon, Carrard y Horgue
(en lo sucesivo,
inculpados).
En marzo de 1992, la Coopérative périgorde agenaise d'élevage et d'insémination artificielle (CPAEIA) [Cooperativa ganadera
y de inseminación artificial de Périgord y Agen], que se personó como actor civil el 18 de marzo de 1993, presentó ante el
procureur de la République [Ministerio Fiscal] de Bergerac una denuncia contra los inculpados por práctica ilegal de inseminación
artificial en su zona exclusiva.
A los Sres. Gervais y Nougaillon se les imputa una infracción del párrafo cuarto del artículo 5 de la Ley nº 66-1005, de 28
de diciembre de 1966, sobre la ganadería (JORF de 29 de diciembre de 1966, p. 11619), por haber practicado, desde 1989 a 1992,
inseminaciones sin zona de atribución, delito que se sanciona en el artículo 9 de dicha Ley. A los Sres. Carrard y Horgue
se les imputa haber explotado, en esos mismos años, un centro de inseminación sin autorización, en contra de lo dispuesto
en el párrafo primero del artículo 5 de dicha Ley, delito que se sanciona en el artículo 9 de la misma.
Derecho nacional
En Francia, la principal disposición en materia de inseminación artificial de animales es la Ley nº 66-1005. Los párrafos
primero y segundo del artículo 5 de dicha Ley disponen que la explotación de un centro de inseminación requerirá la autorización
del Ministro de Agricultura. Dicha norma distingue entre centros dedicados a la producción de semen y centros que efectúan
la inseminación, pero no excluye que un solo centro desarrolle ambos tipos de actividades a la vez.
Puede autorizarse a los centros de inseminación a mantener depósitos de reproductores autorizados, aprovisionados por centros
de producción; en este caso, proceden por sí mismos a la recogida, el acondicionamiento y la conservación del semen de los
animales que dependen de dichos depósitos.
Con arreglo al párrafo cuarto del artículo 5 de la mencionada Ley, cada centro de inseminación prestará su servicios en una
zona concreta, dentro de la cual será el único autorizado a intervenir. Por otra parte, el artículo 9 de la Ley establece
que toda infracción de los párrafos primero y cuarto del artículo 5 será sancionada con una multa de 6.000 a 20.000 FF.
Según el artículo 4 de la Ley, las operaciones de recogida y acondicionamiento del semen sólo podrán ser ejecutadas por los
titulares de una licencia de Jefe de centro de inseminación o bajo el control de éstos. Por otra parte, sólo los titulares
de una licencia de Jefe de centro de inseminación o de inseminador pueden llevar a cabo inseminaciones.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto nº 69-258, de 22 de marzo de 1969, relativo a la inseminación artificial
(JORF de 23 de marzo de 1969, p. 2948), las operaciones de inseminación artificial, cuando exijan la utilización de animales
reproductores en monta pública, deberán efectuarse bajo la dirección o el control de centros de inseminación artificial autorizados
y por personas que sean titulares de una licencia de Jefe de centro de inseminación o de inseminador, o bien bajo el control
de estas últimas.
El artículo 14 de la Orden Ministerial de 17 de abril de 1969 relativa a autorizaciones de funcionamiento de los centros de
inseminación artificial (JORF de 30 de abril de 1969, p. 4349) precisa que las operaciones de inseminación serán efectuadas
por personas que sean titulares de una licencia de inseminador, actuando bajo la responsabilidad del Jefe de centro responsable
del depósito que haya suministrado el semen a los inseminadores.
El artículo 9 del Decreto nº 69-258 establece que las licencias de Jefe de centro de inseminación o de inseminador serán expedidas
por el Ministro de Agricultura. En virtud del artículo 2 de la Orden Ministerial de 21 de noviembre de 1991 relativa a la
formación de inseminadores y de Jefes de centro y a la atribución de las correspondientes licencias (JORF de 6 de diciembre
de 1991, p. 15936), podrán expedirse dichas licencias contra presentación de un certificado de aptitud para la especie de
que se trate y de un certificado firmado por el director de un centro de inseminación.
Derecho comunitario
Por lo que respecta a la libre circulación de veterinarios y de servicios veterinarios, el artículo 2 de la Directiva 78/1026
dispone lo siguiente: Cada Estado miembro reconocerá los diplomas, certificados y otros títulos expedidos a los nacionales de los Estados miembros
por los otros Estados miembros con arreglo al artículo 1 de la Directiva 78/1027/CEE y enumerados en el artículo 3, [y] les
dará en su territorio para el acceso a las actividades de los veterinarios y al ejercicio de las mismas, igual efecto que
a los diplomas, certificados y otros títulos por él expedidos.
El artículo 1 de la Directiva 78/1027 establece que los Estados miembros subordinarán el acceso a las actividades de los veterinarios
y el ejercicio de las mismas a la posesión de un diploma, certificado u otro título de veterinario que se ajuste a los requisitos
establecidos por la Directiva.
Por lo que respecta a la armonización de las normas zootécnicas, el artículo 2 de la Directiva 77/504 establece que los Estados
miembros velarán porque no se prohíban, limiten u obstaculicen por razones zootécnicas ─entre otras actividades─ los intercambios
intracomunitarios de bovinos de raza selecta para reproducción o de esperma de dichos animales.
El artículo 2 de la Directiva 87/328, adoptada en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 77/504, establece
que un Estado miembro no podrá prohibir, limitar u obstaculizar, entre otras actividades, la admisión a la inseminación artificial
en su territorio de toros de raza selecta o la utilización de su semen cuando estos toros hayan sido admitidos a la inseminación
artificial en un Estado miembro basándose en las pruebas efectuadas de conformidad con la Decisión 86/130/CEE de la Comisión,
de 11 de marzo de 1986, por la que se fijan los métodos de control de los rendimientos y de evaluación del valor genético
de los animales de la especie bovina de raza selecta para reproducción (DO L 101, p. 37).
El artículo 4 de la Directiva 87/328 obliga a los Estados miembros a velar porque, en los intercambios intracomunitarios,
el semen de los toros de raza selecta se recoja, se trate y se almacene en un centro de inseminación artificial oficialmente
autorizado.
Las cuestiones prejudiciales
El juge d'instruction del tribunal de grande instance de Bergerac, considerando que el resultado de los procedimientos penales
que se seguían ante él dependía de la interpretación que se diera a los artículos 37, 52 y 59 del Tratado y a las Directivas
77/504, 78/1026, 78/1027 y 87/328, decidió suspender los procedimientos y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones
prejudiciales siguientes:
1)
El artículo 59 del Tratado CEE y las Directivas del Consejo 78/1026/CEE y 78/1027/CEE, de 18 de diciembre de 1978, aplicables
en el ámbito de las actividades de los veterinarios, ¿no se oponen a la aplicación de una normativa nacional que, en materia
de inseminación artificial de bovinos, exige como requisito para la concesión de una licencia de inseminador a los veterinarios
la presentación de un certificado del director de un centro de inseminación artificial autorizado en el que éste certifique
que el solicitante se halla sometido a su autoridad en lo que respecta a las operaciones de inseminación artificial, prohibiendo
así a los veterinarios la libre prestación de servicios bajo la amenaza de sanciones penales y restringiendo sensiblemente
al mismo tiempo su actividad, mediante el reconocimiento de un monopolio territorial de ejercicio de la actividad mencionada
en favor de personas agrupadas en unos
centros llamados de inseminación artificial y que no ostentan necesariamente el título de veterinario?
2)
El artículo 52 del Tratado CEE y las Directivas del Consejo 78/1026/CEE y 78/1027/CEE, de 18 de diciembre de 1978, aplicables
en el ámbito de las actividades de los veterinarios, ¿no se oponen a la aplicación de una normativa nacional sobre inseminación
artificial de bovinos que establece que se otorgarán licencias de inseminador, con ciertos requisitos, a los veterinarios,
pero prohíbe a éstos el ejercicio de dicha actividad bajo la amenaza de sanciones penales y suprime con ello su libertad de
establecimiento, a menos que se sometan obligatoriamente a la autoridad de un centro llamado de inseminación artificial, constituido
por personas que no ostentan necesariamente el título de veterinario y al cual se le reconoce un monopolio territorial para
el ejercicio de la mencionada actividad, de modo que, en todo el territorio francés, la libertad de establecimiento de los
veterinarios no puede ejercerse debidamente si no es a través de la vinculación a un centro?
3)
Las Directivas del Consejo 77/504/CEE, de 25 de julio de 1977, referente a animales de la especie bovina de raza selecta para
reproducción, y 87/328/CEE, de 18 de junio de 1987, relativa a la admisión para la reproducción de bovinos reproductores de
raza selecta, adoptadas con fines de policía sanitaria y que pretenden, según afirman, salvaguardar la libertad de intercambios
intracomunitaria, ¿deben interpretarse en el sentido de que permiten que una normativa nacional establezca un monopolio territorial
de ejercicio de la inseminación artificial de naturaleza propiamente económica en favor de unos
centros que agrupan a personas que no ostentan necesariamente el título de veterinario?
4)
Una normativa nacional que subordina el acceso a la actividad de inseminador a la expedición de una licencia para la inseminación
artificial de bovinos y que exige como requisito para la concesión de la licencia la presentación de un certificado del director
de un centro de inseminación artificial autorizado, en el que éste certifique que el solicitante se halla sometido a su autoridad
en lo que respecta a las operaciones de inseminación artificial, prohibiendo o restringiendo de este modo el ejercicio de
esta actividad por parte de los veterinarios, ya que esta última debe desarrollarse bajo la autoridad del director de un centro
llamado de inseminación artificial, al que se le ha concedido un monopolio territorial de ejercicio, ¿es compatible con las
disposiciones pertinentes de las Directivas del Consejo 77/504/CEE y 87/328/CEE, que no prevén restricción alguna ni para
el establecimiento ni para la actividad de los veterinarios?
5)
Un monopolio de prestación de servicios como el que establecen la Ley de 28 de diciembre de 1966 sobre la ganadería y sus
disposiciones de desarrollo, ¿es compatible con los artículos 37 y 59 del Tratado CEE, en la medida en que excluye toda inseminación
artificial efectuada por personas que, aun disponiendo de las debidas calificaciones y de las autorizaciones necesarias para
intervenir, no formen parte del personal de los centros de inseminación artificial titulares del monopolio?
Sobre la admisibilidad
La Comisión y el Gobierno francés sostienen, con carácter preliminar, que procede declarar la inadmisibilidad de la petición
de decisión prejudicial, puesto que el Juez remitente se ha limitado a copiar las preguntas que el Abogado de los inculpados
le había dirigido y a enviarlas al Tribunal de Justicia, sin explicar previamente el contexto fáctico y jurídico en el que
se inscribe el litigio.
Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, la información que proporcionan las resoluciones de remisión sirve
no sólo para que el Tribunal de Justicia pueda dar respuestas útiles, sino también para que los Gobiernos de los Estados miembros
y las demás partes interesadas puedan tener la posibilidad de presentar observaciones (véase, en particular, el auto de 23
de marzo de 1995, Saddik, C-458/93, Rec. p. I-511, apartado 13).
Procede recordar que la necesidad de dar una interpretación del Derecho comunitario que sea útil para el Juez nacional exige
que éste defina el contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos,
explique los supuestos de hecho sobre los que se basan tales cuestiones (véase, como más reciente, el auto de 7 de abril de
1995, Grau Gomis y otros, C-167/94, Rec. p. I-1023, apartado 8).
Procede señalar, sin embargo, que, en el caso de autos, las informaciones necesarias aparecen en la resolución de remisión
y en los autos transmitidos al Tribunal de Justicia por el órgano jurisdiccional nacional, completados con las respuestas
de los inculpados a las preguntas que el Tribunal de Justicia les formuló sobre su nacionalidad, sus calificaciones y el lugar
donde se hallaban establecidas profesionalmente.
De ello se deduce que procede declarar la admisibilidad de las cuestiones planteadas.
Sobre las cuestiones primera y segunda
Mediante sus cuestiones primera y segunda, el órgano jurisdiccional remitente pide que se determine si los artículos 52 y
59 del Tratado, por una parte, y las Directivas 78/1026 y 78/1027, por otra, se oponen a que un Estado miembro someta el acceso
a la actividad de inseminador a requisitos como los que establece la normativa francesa.
Según reiterada jurisprudencia, las disposiciones del Tratado en materia de libertad de establecimiento y de libre prestación
de servicios no pueden aplicarse a actividades cuyos elementos estén contenidos por entero en un solo Estado miembro (véase,
como más reciente, la sentencia de 16 de noviembre de 1995, Van Buynder, C-152/94, Rec. p. I-0000, apartado 10).
En el presente asunto, ha quedado acreditado que los procedimientos penales se dirigen contra nacionales franceses que obtuvieron
en Francia los diplomas y certificados necesarios para ejercer la profesión de veterinario. Además, se establecieron como
veterinarios en Francia, mediante la debida inscripción en el colegio profesional correspondiente, y ejercen su actividad
profesional exclusivamente en dicho país.
Por consiguiente, tales situaciones no presentan factor de conexión alguno con ninguna de las situaciones contempladas en
el Derecho comunitario, de modo que las normas sobre libertad de establecimiento y sobre libre prestación de servicios no
les son aplicables.
En cuanto a las Directivas 78/1026 y 78/1027, una y otra se refieren a la formación de los veterinarios y al reconocimiento
de sus diplomas. Por lo tanto, no se aplican a una situación en la que el titular de un diploma expedido por el Estado miembro
del que es nacional pretende utilizar dicho diploma para ejercer actividades de veterinario en dicho Estado miembro.
Por consiguiente, procede responder a las cuestiones primera y segunda que ni los artículos 52 y 59 del Tratado ni las Directivas
78/1026 y 78/1027 se aplican a situaciones puramente internas de un Estado miembro como las de nacionales de un Estado miembro
que desean ejercer en el territorio de dicho Estado la actividad de inseminador sin haber recibido en otro Estado miembro
la formación correspondiente ni haber ejercido anteriormente en él dicha actividad.
Sobre las cuestiones tercera y cuarta
Mediante sus cuestiones tercera y cuarta, el órgano jurisdiccional remitente pide que se determine si las Directivas 77/504
y 87/328 se oponen a una normativa nacional que, por una parte, establece un monopolio territorial de ejercicio de la inseminación
artificial en favor de los centros de inseminación y que, por otra parte, subordina el acceso a la actividad de inseminador
a la expedición de una licencia de Jefe de centro de inseminación o de inseminador y que exige como requisito para la expedición
de dicha licencia la presentación de un certificado del director de un centro de inseminación artificial autorizado.
Los inculpados sostienen que las Directivas 77/504 y 87/328 se oponen a la normativa francesa, que otorga a determinadas empresas
o personas un derecho exclusivo para la práctica de las actividades de inseminación y que limita el derecho a ejercer tales
actividades al exigir una autorización previa.
No cabe acoger dicha alegación.
En efecto, del contenido y de la finalidad de las Directivas 77/504 y 87/328 se deduce que éstas pretenden armonizar los requisitos
de admisión para la reproducción que se exigen a los bovinos de raza selecta para reproducción y a su semen, a fin de eliminar
los obstáculos zootécnicos a la libre circulación de semen de bovinos. Sin embargo, dichas Directivas no regulan ni las condiciones
en que debe desarrollarse la inseminación ni la formación de los inseminadores ni tampoco, por otra parte, la expedición de
certificados o licencias que permitan acceder a las funciones reglamentadas de inseminador.
Procede pues responder a las cuestiones tercera y cuarta que las Directivas 77/504 y 87/328 no se oponen a una normativa nacional
que, por una parte, establece un monopolio territorial de ejercicio de la inseminación artificial en favor de unos centros
de inseminación y, por otra, subordina el acceso a la actividad de inseminador a la expedición de una licencia de Jefe de
centro de inseminación o de inseminador y exige como requisito para la expedición de la licencia la presentación de un certificado
del director de un centro de inseminación artificial autorizado.
Sobre la quinta cuestión
Mediante su quinta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pretende saber si un monopolio de prestación de servicios
como el que establece la normativa francesa respeta los artículos 37 y 59 del Tratado, en la medida en que excluye toda inseminación
artificial efectuada por personas que, aun disponiendo de las de las debidas calificaciones y de las autorizaciones necesarias
para intervenir, no formen parte del personal de los centros de inseminación artificial titulares del monopolio.
En cuanto al artículo 37 del Tratado, procede recordar que, en su sentencia de 30 de abril de 1974, Sacchi (155/73, Rec. p. 409),
el Tribunal de Justicia declaró ya que dicho artículo se refiere a los intercambios de mercancías y no puede aplicarse a un
monopolio de prestación de servicios.
Sin embargo, no cabe excluir que un monopolio de prestación de servicios pueda ejercer una influencia indirecta sobre los
intercambios de mercancías entre los Estados miembros. El Tribunal de Justicia declaró en su sentencia de 28 de junio de 1983,
Amélioration de l'élevage (271/81, Rec. p. 2057; en lo sucesivo,
sentencia Mialocq), en la que ya se examinó la normativa impugnada en el procedimiento principal, que el artículo 37 del Tratado no se aplica
a un monopolio de prestación de servicios, aunque dicho monopolio permita al Estado miembro de que se trate asumir la dirección
de un sector de la economía nacional, a condición de que no vulnere el principio de libre circulación de mercancías discriminando
los productos importados en beneficio de los productos de origen nacional.
A este respecto, procede recordar que en la sentencia Mialocq, antes citada, apartados 11 y 12, en la que se examinaba la
misma normativa que se discute en el procedimiento principal, el Tribunal de Justicia declaró que las circunstancias mencionadas
en la resolución de remisión y las que aparecieron durante el procedimiento desarrollado ante él no bastaban para considerar
que una normativa de este tipo estableciera indirectamente una monopolización que obstaculizara la libre circulación de mercancías,
pues todo ganadero era libre de solicitar al centro de inseminación, del que dependía, que le proporcionara semen procedente
del centro de producción que prefiriera, de Francia o del extranjero.
Procede añadir, sin embargo, que la cuestión de si el funcionamiento de los centros autorizados conduce en la práctica a crear
una discriminación en perjuicio del semen bovino importado debe apreciarse a la luz del artículo 30 del Tratado CE. La apreciación
de los hechos pertinentes incumbe al órgano jurisdiccional nacional (véase, a este respecto, la sentencia de 5 de octubre
de 1994, Centre d'insémination de la Crespelle, C-323/93, Rec. p. I-5077, apartado 39).
Por lo que respecta al artículo 59 del Tratado, no procede responder a este aspecto de la quinta cuestión, habida cuenta de
la respuesta que se ha dado a la primera cuestión.
Procede pues responder a la quinta cuestión que el artículo 37 del Tratado no se aplica a un monopolio de prestación de servicios,
aunque dicho monopolio excluya toda inseminación artificial efectuada por personas que, aun disponiendo de las debidas calificaciones
y de las autorizaciones necesarias para intervenir, no formen parte del personal de los centros de inseminación artificial
titulares del monopolio, a condición de que no vulnere el principio de libre circulación de mercancías creando una discriminación
entre productos importados y productos de origen nacional en beneficio de estos últimos.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno francés y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones
ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio
principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre
las costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el tribunal de grande instance de Bergerac mediante resolución de 14 de
enero de 1994, declara:
1)
Los artículos 52 y 59 del Tratado CE, la Directiva 78/1026/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, sobre reconocimiento
recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos de veterinario, que contiene además medidas destinadas a facilitar
el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios, y la Directiva 78/1027/CEE del Consejo,
de 18 de diciembre de 1978, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a
las actividades de los veterinarios, no se aplican a situaciones puramente internas de un Estado miembro como las de nacionales
de un Estado miembro que desean ejercer en el territorio de dicho Estado la actividad de inseminador sin haber recibido en
otro Estado miembro la formación correspondiente ni haber ejercido anteriormente en él dicha actividad.
2)
La Directiva 77/504/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1977, referente a animales de la especie bovina de raza selecta para
reproducción, y la Directiva 87/328/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1987, relativa a la admisión para reproducción de bovinos
reproductores de raza selecta, no se oponen a una normativa nacional que, por una parte, establece un monopolio territorial
de ejercicio de la inseminación artificial en favor de unos centros de inseminación y, por otra, subordina el acceso a la
actividad de inseminador a la expedición de una licencia de Jefe de centro de inseminación o de inseminador y exige como requisito
para la expedición de la licencia la presentación de un certificado del director de un centro de inseminación artificial autorizado.
3)
El artículo 37 del Tratado CE no se aplica a un monopolio de prestación de servicios, aunque dicho monopolio excluya toda
inseminación artificial efectuada por personas que, aun disponiendo de las debidas calificaciones y de las autorizaciones
necesarias para intervenir, no formen parte del personal de los centros de inseminación artificial titulares del monopolio,
a condición de que no vulnere el principio de libre circulación de mercancías creando una discriminación entre productos importados
y productos de origen nacional en beneficio de estos últimos.
Edward
Moitinho de Almedia
Gulmann
Jann
Sevón
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de diciembre de 1995.
El Secretario
El Presidente de la Sala Quinta
R. Grass
D.A.O. Edward
–
Lengua de procedimiento: francés.