CELEX: 61988CJ0116
Funcionarios
Atribución de funciones
Nuevo destino

Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 14 de abril de 1988, el Sr. André Hecq, funcionario de grado B 3 de la Comisión de las Comunidades Europeas, solicitó, con arreglo al artículo 91 del Estatuto de los funcionarios, por una parte, la anulación de la decisión de 22 de abril de 1987 del Jefe del servicio «Inmuebles» por la que se le retiraba la responsabilidad en materia térmica y sanitaria de determinados edificios de la Comisión situados en Bruselas y se le atribuía como tarea exclusiva «el efectuar una auditoría, partida por partida, del complejo de Overijse» y, por otra parte, su restablecimiento en la totalidad de los derechos estatutarios que le correspondían con anterioridad al 22 de abril de 1987 (asunto C-116/88).
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 25 de mayo de 1988, el Sr. Hecq interpuso otro recurso que tiene por objeto, por una parte, la anulación de la decisión del Director General de Personal y Administración de 31 de julio de 1987 de destinarle, a partir del 1 de noviembre de 1987, a la División «Administración» de la Dirección «Personal, Administración en Luxemburgo y servicios generales» en Luxemburgo y, por otra párte, el restablecimiento en la totalidad de los derechos estatutarios que le correspondían con anterioridad a la decisión impugnada (asunto C-149/88).
Estos dos recursos son posteriores a otros dos del Sr. Hecq, que fueron desestimados mediante sentencias de 23 de marzo de 1988 (
19/87, Rec. 1988, p. 1681
) y de 14 de diciembre de 1988 (
280/87, Rec. 1988, p. 6433
). La primera de estas sentencias declaro que, desde 1984, el clima de trabajo en el servicio al que entonces pertenecía el Sr. Hecq se había deteriorado sensiblemente, que este deterioro había llevado a medidas de reordenación del citado servicio y que las informaciones en poder del Tribunal de Justicia no permitían determinar quiénes habían sido los responsables del deterioro del ambiente de trabajo.
La decisión de 22 de abril de 1987, que es objeto del asunto C-116/88, se produjo de la siguiente forma. En el período comprendido entre el 6 de febrero de 1987 y el 4 de mayo del mismo año, el demandante estuvo ausente del trabajo por motivos de salud. Durante el citado período, el Sr. Petersen, Jefe del servicio «Inmuebles», atribuyó la supervisión de los edificios que incumbían anteriormente al demandante a otros funcionarios. Con ocasión de la reanudación de sus funciones, el Sr. Petersen, mediante nota de 22 de abril de 1987, le encargó realizar una auditoría del complejo de Overijse. Esta nota precisaba que la auditoría debía realizar el balance exhaustivo del complejo, partida por partida, proponiendo eventuales acciones de nueva ordenación al objeto de mejorar el funcionamiento del centro. La totalidad de las propuestas debían tener representación cuantificada con el fin de apreciar su impacto presupuestario.
La decisión de 31 de julio de 1987, que es objeto del asunto C-149/88, se dictó en las circunstancias siguientes. El 22 de julio de 1987, el demandante celebró una entrevista con el Director General de Personal y Administración, Sr. Hay, a petición de este último, con objeto de discutir su nuevo destino. Mediante nota de fecha 29 de julio de 1987, el Sr. Hay le propuso dos nuevos destinos, bien en el servicio «Telecomunicaciones y Equipos Repartidos» (TER) en Bruselas, bien en la División IX-E-2 (sector «Inmuebles y material») en Luxemburgo. Al no haber manifestado su elección, el Sr. Hay, con fecha 31 de julio de 1987, le comunicó su decisión de destinarle a la División IX-E-2 de la Comisión, sita en Luxemburgo, a partir del 1 de noviembre de 1987.
Para una más amplia exposición de los hechos, así como de los motivos y alegaciones de las partes, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
a) Sobre la admisibilidad del recurso C-116/88
La Comisión estima que el primero de estos dos recursos ya no tiene objeto puesto que la decisión impugnada cesó de producir efectos el 1 de noviembre de 1987, fecha ésta en la cual el demandante fue destinado a Luxemburgo. El recurso incurre, pues, en inadmisibilidad, por inexistencia de un interés actual.
No puede estimarse este motivo. Efectivamente, consta en autos que la nota de 22 de abril de 1987 no se limitaba a confiar al demandante una nueva tarea temporal, sino que también le separaba de sus antiguas funciones. Tal decisión puede lesionar intereses del demandante, que subsisten en la actualidad.
Con carácter subsidiario, la Comisión alega que el recurso incurre igualmente en inadmisibilidad por cuanto la decisión, en la medida en que constituye una medida destinada a mejorar la organización de los servicios sin afectar a los derechos estatutarios del funcionario afectado, no puede considerarse lesiva para el demandante. Sin embargo, dado que éste alega precisamente que la decisión no se basaba en el interés del servicio, este argumento de la Comisión corresponde al examen del fondo del asunto.
b) Sobre la decisión de 22 de abril de 1987 (complejo de Overijse)
El demandante alega, en primer lugar, que las funciones que le atribuía la decisión impugnada rio correspondían a su grado y puesto de trabajo. Por otro lado, en cuanto la auditoría del complejo de Overijse versaba sobre los aspectos térmicos y sanitarios, la tarea es inferior a la que cabe razonablemente exigir de un asistente de grado B 3/B 2. Por otra parte, en cuanto la auditoría afectaba a todas las partidas del inmueble de Overijse, la función requería conocimientos superiores a los que cabía razonablemente exigir de un asistente de este grado. En segundo lugar, el demandante afirma que las nuevas funciones no le fueron confiadas en interés del servicio, tal y como exige el apartado 1 del artículo 7 del Estatuto, sino que se fundaron en motivos ilegales, como lo acreditan dos notas que figuran en el expediente. Finalmente, el demandante estima que la decisión impugnada, por su calidad de acto lesivo, debería haber sido motivada y que la Administración ha infringido el deber de asistencia y protección hacia sus funcionarios en cuanto la citada decisión fue adoptada sin tener en cuenta los intereses del demandante y sin darle la posibilidad de exponer previamente su punto de vista.
Con carácter preliminar, conviene recordar que la doctrina jurisprudencial de este Tribunal de Justicia reconoce a las instituciones comunitarias una amplia facultad de apreciación en la organización de sus servicios en función de las tareas que les están confiadas y en el destino del personal que se encuentra a su disposición, en interés de aquéllas, siempre que, sin embargo, tal destino se lleve a cabo en interés del servicio y respetando la equivalencia de los puestos de trabajo (sentencia de 23 de junio de 1984, Lux,
69/83, Rec. 1984, p. 2447
).
Sobre este último punto, hay que señalar que, en el complejo de Overijse, el demandante disponía de la colaboración del gerente del inmueble, que le había dirigido una lista detallada de los trabajos a efectuar. Para cumplir la orden del Jefe del servicio «Inmuebles», el demandante habría debido comprobar los problemas expuestos por el gerente, tomando contacto con los proveedores, empresarios y artesanos potenciales con vistas a la ulterior determinación del coste previsible de los trabajos necesarios. Por todo ello, las nuevas atribuciones del demandante suponían un análisis técnico y una estimación financiera; a la vista de la naturaleza y de la importancia de tales análisis y estimaciones, no cabe considerar que éstos no correspondían al grado y puesto de trabajo del demandante.
Por lo que se refiere al interés del servicio, hay que declarar que las dos notas a que se refiere el demandante, y que la Comisión ha presentado a petición de éste, no aportan ningún elemento que apoye la tesis según la cual la atribución de una nueva función al demandante se basaba en motivos no conformes a derecho. Además, ningún otro elemento de autos permite afirmar que la decisión fue adoptada por razones extrañas al interés del servicio. Por el contrario, consta en autos que el Jefe del servicio «Inmuebles» consideró que, durante el período en que el demandante estuvo enfermo, era preciso confiar la gestión de los edificios de los que era responsable a otros funcionarios, que a la vuelta de éste había que llevar a cabo una auditoría del complejo de Overijse y que las tareas que se le habían confiado a este efecto al demandante correspondían a su grado y puesto de trabajo.
De cuanto antecede se deduce que la decisión impugnada constituye una simple medida de organización interna que no lesiona la posición estatutaria del demandante ni el respeto del principio de la correspondencia entre el grado y el puesto de trabajo. A tenor de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal de Justicia, la Administración no está obligada ni a motivar tal decisión (sentencia de 17 de mayo de 1984, Albertini y Montagnani,
338/82, Rec. 1984, p. 2123
) ni a oír previamente al funcionario interesado (sentencia de 14 de diciembre de 1988, Hecq II, antes citada).
En cuanto a la consideración de los intereses del demandante, no cabe afirmar que, en las circunstancias del caso de autos que acaban de exponerse, la Comisión no los haya tenido en cuenta. Efectivamente, después de qué el demandante faltara bástante tiempo a su trabajo por enfermedad, la Comisión le confió inmediatamente una tarea temporal que suponía un trabajo que correspondía a su grado y puesto.
Por consiguiente, no puede estimarse ninguno de los motivos formulados contra la decisión de fecha 22 de abril de 1987.
c) En torno a la decisión de fecha 31 de julio de 1987 (destino a Luxemburgo)
El demandante comienza por afirmar que, al decidir destinarle a Luxemburgo, la Comisión infringió las disposiciones del apartado 4 del artículo 5 y del apartado 1 del artículo 7 del Estatuto, en cuanto su nuevo destino no corresponde ni a su grado ni a su puesto de trabajo. En apoyo de este motivo, el demandante afirma que sus tareas son muy limitadas, que carece de facultades decisorias y que ya no es responsable de una sección de una unidad administrativa, como lo era en Bruselas.
La Comisión admite que, al comienzo del ejercicio de sus nuevas funciones, los trabajos que se confiaron al demandante eran de un alcance limitado. Sin embargo, esto se explica por el hecho que el inmueble Cubo, del cual es responsable el demandante y cuya supervisión conlleva tareas difíciles y responsabilidades importantes, acababa de ser agrandado y transformado. Durante un primer momento, los instrumentos allí instalados se encontraban aún bajo garantía y únicamente, el personal de las empresas que los había instalado podía realizar actuaciones. Desde su llegada a Luxemburgo, al demandante le fueron atribuidas nuevas funciones, como son la supervisión de las instalaciones técnicas del Centro polivalente de la infancia y de la calefacción del edificio Jean Monnet, así como la preparación de un proyecto de pliego de cláusulas con vistas a la licitación de la renovación de los contratos de mantenimiento de los aparatos elevadores del edificio Jean Monnet.
, A este respecto, hay que afirmar que, si bien es cierto que, en un primer momento, las tareas confiadas al demandante eran limitadas, con posterioridad fueron ampliadas, en consonancia con su capacitación. Además, desde su llegada a Luxemburgo, el demandante fue colocado en el mismo grado jerárquico que sus colegas, pertenecientes, respectivamente, a los grados B 4, B 3 y B 1. Por todo ello, ho cabe afirmar que la Administración haya vulnerado el principio de la equivalencia entre el grado y el puesto de trabajo del demandante.
En segundo lugar, alega el demandante que no fue destinado a Luxemburgo en interés del servicio. Este nuevo destino debe considerarse como una sanción disciplinaria encubierta, como se pone de manifiesto, especialmente, de una nota confidencial del Jefe del servicio «Inmuebles» de febrero de 1987 y de la coincidencia entre la decisión de archivar un procedimiento disciplinario incoado contra él y la de destinarle a Luxemburgo.
En particular, la Comisión justifica su decisión por la necesidad de poner remedio al lamentable ambiente de trabajo que se había producido en el servicio en que trabajaba el demandante en Bruselas. Sigue afirmando que, como consecuencia de los conflictos en que se vio inmerso el demandante, es decir, con anterioridad a su baja por enfermedad, el clima de trabajo seguía siendo perjudicial tanto para el buen funcionamiento del servicio como para los intereses personales de la totalidad de los afectados, el demandante incluido.
Consta en autos que la situación en la unidad en la que prestaba sus servicios el demandante había llegado a ser muy tensa y no mejoró a la vuelta de éste. Conforme a la doctrina jurisprudencial de este Tribunal de Justicia (véase, especialmente, la sentencia de 10 de julio de 1975, Scuppa, asuntos acumulados
4/74 y 30/74, Rec. 1975, p. 919
), el traslado de un funcionario para poner fin a una situación administrativa que ha llegado a ser insoportable debe considerarse como adoptado en interés del servicio. En las circunstancias del caso de autos, la Administración podía legítimamente considerar que el desplazar al demandante de la División a la que pertenecía respondía al interés del servicio.
Con todo, una decisión por la que se destina a un funcionario y que supone su traslado desde Bruselas a Luxemburgo, decidido contra su voluntad, debe adoptarse con el empleo de la prudencia necesaria y con especial cuidado, sopesando, muy particularmente, los intereses personales del funcionario afectado. La Comisión dio al funcionario la posibilidad de elegir un puesto de trabajo en Luxemburgo o en Zaventem, pero el demandante en ningún caso manifestó al Director General de Personal y Administración su punto de vista sobre este particular. Por ello, no cabe reprochar a la Administración el no haber actuado con la prudencia necesaria.
Se deduce de cuanto antecede que la decisiónde destinar al demandante fue adoptada en interés del servicio, respetando el principio de la equivalencia de los puestos de trabajo así como el deber de asistencia y protección de la Administración hacia sus funcionarios. Tal decisión no puede considerarse como una sanción disciplinaria encubierta. Además, el demandante no ha aportado ningún dato que pueda acreditar el nexo causal entre su nuevo destino y el procedimiento disciplinario que con anterioridad se había incoado contra él.
Afirma, después, el demandante que la decisión que se impugna no está motivada.
Hay que poner de manifiesto, a este respecto, que una decisión que traslada a un funcionario contra la voluntad de éste es un acto lesivo; en el sentido que da a este término el artículo 25 del Estatuto, por lo cual debe estar motivada. Es doctrina jurisprudencial reiterada de este Tribunal de Justicia (véase, en especial, la sentencia de 29 de octubre de 1981, Aming,
125/80, Rec. 1981, p. 2539
) que una decisión está suficientemente motivada cuando el acto que es objeto del recurso ha sido dictado en un contexto conocido por el funcionario afectado y le permite entender el alcance de la medida adoptada respecto a él.
Es un hecho acreditado que, en el caso de autos, a la decisión impugnada precedieron entrevistas en el transcurso de las cuales el Director General de Personal y Administración manifestó al demandante cuál era la situación así como las razones del nuevo destino proyectado.
Finalmente, el demandante alega que la decisión controvertida lesiona los derechos sindicales, ya que no puede desempeñar normalmente su mandato sindical en Bruselas. En particular, la Comisión conculcó el artículo 24
bis
del Estatuto y el artículo 13 del Acuerdo de 20 de septiembre de 1974, relativo a las relaciones entre la Comisión y las organizaciones sindicales o profesionales.
Con arreglo al artículo 24
bis
del Estatuto, los funcionarios gozarán del derecho de asociación; pueden ser miembros de organizaciones sindicales o profesionales de funcionarios europeos. Con arreglo al artículo 13 del Acuerdo antes citado :
«La pertenencia a una organización sindical o profesional, la participación en una actividad sindical o el ejercicio de un mandato de esta índole no puede, en ningún caso, perjudicar la situación profesional ni el desarrollo de la carrera de los interesados.»
El demandante no ha aportado ningún dato que acredite que los derechos que a su favor reconoce el artículo 24
bis
hayan sido lesionados por su nuevo destino o que la decisión de destinarle haya sido adoptada a causa de sus actividades sindicales.
De cuanto antecede se deduce que deben desestimarse ambos recursos.
Costas
A tenor del artículo 70 del Reglamento de Procedimiento, en los recursos de funcionarios, las instituciones soportarán los gastos en que hubiesen incurrido, sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2 del apartado 3 del artículo 69 del propio Reglamento, relativo a los gastos que el Tribunal considere como abusivos o temerarios.
En el asunto C-116/88, la Comisión solicitó al Tribunal de Justicia que aplicara esta última disposición. Considera que un recurso de anulación de una decisión que cesó de producir efectos es abusivo por cuanto su eventual anulación en nada beneficiaría al demandante. Sin embargo, no procede estimar esta solicitud, por los fundamentos que han quedado expuestos en la presente sentencia, principalmente en lo relativo a la admisibilidad.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
decide:

1)
Desestimar ambos recursos.

2)
Cada parte cargará con sus propias costas.

Kakouris
Koòpmans
Diez de Velasco
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de marzo de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Cuarta
C. N. Kakouris
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.