CELEX: 61987CJ0002
Funcionario
Grado de invalidez

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 6 de enero de 1987, el Sr. Biedermann, funcionario del Tribunal de Cuentas, interpuso un recurso que tiene por objeto la anulación de la decisión del Tribunal de Cuentas por la que se le reconoce un porcentaje de invalidez de sólo el 9 % y del informe de la comisión médica que sirvió de fundamento a esta decisión así como que se ordene que una nueva comisión médica de apelación se haga cargo de todas las tareas de diagnóstico teniendo en cuenta especialmente las secuelas de carácter psíquico.
El 8 de diciembre de 1980, el demandante fue víctima de un accidente de circulación, la consecuencia del cual es una invalidez permanente parcial cuyo porcentaje se cifró en el 6 % por un médico elegido por la Institución demandada, en virtud del artículo 18 de la Reglamentación Común relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional de los funcionarios de las Comunidades Europeas (en adelante, la «Reglamentación»).
Dicho porcentaje no fue aceptado por el demandante, quien, conforme a los artículos 21 a 23 de la Reglamentación, solicitó la constitución de una comisión médica para que dictaminara sobre el porcentaje de invalidez que se le debía reconocer. La comisión se reunió efectivamente y le atribuyó un porcentaje de invalidez del 9 %.
No conforme con el porcentaje así determinado por la comisión médica, el demandante presentó la reclamación prevista en el artículo 90 del Estatuto de los funcionarios. Como su reclamación fue desestimada por la Institución demandada, el demandante interpuso el presente recurso.
Para una más amplia exposición de los hechos, del procedimiento ante el Tribunal de Justicia, así como de los motivos y alegaciones de la partes, la Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Con carácter preliminar, procede declarar de oficio que son inadmisible las pretensiones que tienen por objeto «ordenar que una nueva comisión médica de apelación se haga cargo de todas las tareas de diagnóstico teniendo en cuenta especialmente las secuelas de carácter psíquico».
Los motivos de recurso del demandante se refieren tanto a la constitución de la comisión médica como al desarrollo y resultado de sus trabajos.
Antes de examinar estos motivos, procede recordar que, según jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia (véase, en último lugar, la sentencia de 29 de noviembre de 1984, Suss contra Comisión,
265/83, Rec. 1984, p. 4029
), las vías de recurso previstas en el Estatuto de los funcionarios, en principio, sólo pueden emplearse en este ámbito para obtener un control limitado a las cuestiones relativas a la constitución y al funcionamiento conforme a Derecho de las comisiones médicas, sin que el examen del Tribunal de Justicia alcance a las estimaciones médicas propiamente dichas, que deben considerarse como definitivas cuando se adoptaron las condiciones conformes a Derecho.
El demandante alega que la constitución de la comisión médica es objetable toda vez que el médico elegido por la Institución demandada carecía de la independencia necesaria por haber elaborado el primer informe médico impugnado y por ser el médico de la compañía de seguros interesada.
A este respecto, el Tribunal de Justicia, en la sentencia de 14 de julio de 1981 (Suss contra Comisión,
186/80, Rec. 1981, p. 2041
) ya había señalado que las disposiciones de la Reglamentación tienen como objetivo garantizar a los funcionarios un doble examen, primero por un médico de confianza de la Institución y, en caso de desacuerdo, por una comisión médica en la que cada una de las partes designe un médico de su confianza, de forma que los intereses del funcionario están protegidos mediante la presencia en el seno de la comisión de un médico de su confianza, así como por el nombramiento de un tercer médico de común acuerdo por los otros dos miembros nombrados por cada una de las partes o, a falta de acuerdo, por el Presidente del Tribunal de Justicia.
Según la misma sentencia, nada se opone en estas circunstancias a que la Institución designe al mismo médico que habría elegido conforme al artículo 19 de la Reglamentación para elaborar el primer informe médico, como tampoco hay nada en contra de que el funcionario designe al mismo médico, que ya lo había examinado, para elaborar un informe a instancias suyas, como lo ha hecho en el presente asunto.
Finalmente, el Tribunal de Justicia ya declaró en la citada sentencia que el hecho de que la Institución demandada haya elegido un médico que también lo sea de la compañía de seguros, no supone un perjuicio para los intereses del funcionario.
En el caso de autos, el tercer médico fue designado de común acuerdo por los médicos de confianza de la Institución y del funcionario y el informe de la Comisión fue firmado por todos sus miembros sin reserva por alguna. En tales circunstancias, hay que reconocer que la comisión se constituyó conforme a Derecho y que se respetaron las exigencias de equilibrio y de objetividad en que se fundan los artículos 18 a 23 de la Reglamentación.
En consecuencia, el primer motivo del demandante debe ser desestimado.
El demandante formula varios motivos respecto al funcionamiento de la comisión médica, cuyo trabajo, según él, se efectuó de forma contraria a Derecho.
En primer lugar, afirma que no se le permitió alegar su propia opinión. A este respecto, hay que observar que la Reglamentación no exige la audiencia del interesado por parte de la comisión médica. Dada la naturaleza de los trabajos de la comisión, cuyo objeto no es zanjar un debate contradictorio sino precisar circunstancias médicas, tampoco se impone semejante audiencia por los principios relativos al derecho de defensa.
En segundo lugar, el demandante sostiene que la comisión médica se refiere en su informe a un examen que no coincide con el que se le practicó. Al contrario de lo que consta en el informe, pretende que no se lo sometió a ningún scanner, sino sólo a un examen radiológico y a una tomodensiometría.
A este respecto, procede reconocer que la alegación del demandante se refiere a la calificación en términos médicos de un examen que no niega que tuvo lugar. Ahora bien, según las afirmaciones contenidas en la carta del Dr. Arendt, adjunta como anexo al escrito de contestación del Tribunal de Cuentas, afirmaciones que el demandante tampoco ha negado, el médico que practicó el examen que se discute los calificó como un «examen radiológico y scanner».
En tercer lugar, el demandante afirma que la comisión ignoró los informes elaborados anteriormente por distintos médicos a petición del funcionario. Repecto a ello, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en su citada sentencia de 29 de noviembre de 1984, que la misión que incumbe a esta Comisión de elaborar con total objetividad e independencia su estimación de las cuestiones médicas exige que su libertad de apreciación sea completa. Corresponde, por consiguiente, a la comisión médica decidir en qué medida hay que tomar en consideración los informes médicos previamente elaborados, ya sea a petición del funcionario ya de la Institución. En este caso, los autos muestran que la comisión médica tuvo en cuenta los anteriores informes y los sometió a un examen crítico.
Finalmente, el demandante sostiene que la comisión se basó en un informe de un neurólogo en el que ya se fundó el primer informe médico solicitado por el Tribunal de Cuentas, en virtud del artículo 18 de la Reglamentación, que fue impugnado por el demandante y en el que consta una fecha posterior a la de este último informe.
A este respecto, hay que reconocer que la incoherencia de fechas denunciada por el demandante se refiere al primer informe médico solicitado por la Institución demandada en virtud del artículo 18 de la Reglamentación. Ahora bien, la comisión médica se constituyó, precisamente a causa del desacuerdo del funcionario con este primer informe y para proceder a un segundo examen de sus lesiones. El informe elaborado por esta última, independientemente del establecido en virtud del artículo 18 y único en que se basó la decisión del Tribunal de Cuentas no puede estar afectado por las pretendidas irregularidades formales del primer informe.
En consecuencia, se desestiman los motivos del demandante referidos a la conformidad a Derecho de los trabajos de la comisión.
El demandante impugna por fin los resultados de los trabajos de la comisión médica porque, en sus conclusiones, no se consideró el perjuicio psíquico y moral resultante del accidente, desconociendo así la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre este tema.
Con referencia a ello, basta comprobar que, según los autos, la comisión médica examinó las quejas del demandante relativas a las secuelas de carácter psíquico y social y que, al aplicar su libertad de apreciación médica, rechazó algunas de ellas por considerarlas infundadas, pero de todas maneras tuvo en cuenta los «trastornos subjetivos somáticos» para fijar el porcentaje de invalidez. Por lo tanto, también este motivo debe ser desestimado.
De todo ello se deduce que el recurso debe ser desestimado.
Costas
En virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte vencida será condenada en costas. Sin embargo, según el artículo 70 del mismo Reglamento, irán a cargo de las Instituciones los gastos causados a las mismas en los recursos de los agentes de las Comunidades.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
decide.:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Cada parte cargará con sus propias costas.

Rodríguez Iglesias
Koopmans
Kakouris
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, el 19 de enero de 1988.
El Secretario
P. Heim
El Presidente de la Sala Cuarta
G. C. Rodríguez Iglesias
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés