CELEX: 62002CJ0442
Derecho de establecimiento
Entidades de crédito
Normativa nacional que prohíbe remunerar las cuentas corrientes

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 43 CE.
Marco jurídico nacional
Con arreglo al artículo L.312‑3 del code monetaire et financier (Código monetario y financiero francés), en su versión aplicable
al caso de autos:
«A menos que se disponga otra cosa, se prohíbe a toda entidad de crédito que reciba del público fondos depositados en cuentas
corrientes o a menos de cinco años abonar por ellos, del modo que sea, una remuneración superior a la fijada [por Reglamento
del Comité de regulación bancaria y financiera o] por el Ministro de Economía.»
El Reglamento nº 86‑13 del Comité de regulación bancaria y financiera, aprobado por Orden del Ministro de Economía, de 14
de mayo de 1986 (JORF de 15 de mayo de 1986, p. 6330), prohíbe remunerar las cuentas corrientes.
Dicha prohibición se aplica a las cuentas denominadas en euros abiertas por personas que residan en Francia, independientemente
de su nacionalidad.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
Desde el 18 de febrero de 2002, CaixaBank France (en lo sucesivo, «CaixaBank»), sociedad francesa con domicilio social en
Francia y filial de Caixa Holding, sociedad española con domicilio social en España que posee las participaciones del grupo
Caixa en las entidades de crédito establecidas con este nombre en España y en otros países de la Unión Europea, comercializa
en Francia una cuenta corriente remunerada con un interés del 2 % anual a partir de un saldo activo de 1.500 euros. Mediante
decisión de la Comisión bancaria y financiera de 16 de abril de 2002, por una parte se prohibió a CaixaBank que celebrara
nuevos contratos de apertura de cuentas corrientes remuneradas denominadas en euros con personas residentes en Francia, y
por otra se le instó a que denunciara las cláusulas de los contratos ya celebrados que establecían la remuneración de dichas
cuentas.
CaixaBank interpuso un recurso de casación contra esta decisión ante el Conseil d'État, que decidió suspender el procedimiento
y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
Dado el silencio normativo de la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, ¿constituye
una restricción a la libertad de establecimiento la prohibición de remunerar las cuentas corrientes y otros fondos reembolsables
impuesta por un Estado miembro a las entidades de crédito lícitamente establecidas en su territorio?
2)
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿cuál es la naturaleza de las razones de interés general que podrían,
en su caso, invocarse para justificar tal restricción?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
En primer lugar, procede señalar que la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000,
relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (DO L 126, p. 1), no es aplicable a un caso
como el del asunto principal, en particular porque esta Directiva no contempla las restricciones al establecimiento de sociedades
que, como CaixaBank, ejercitan el derecho de establecimiento en un Estado miembro como filiales de entidades de crédito establecidas
en otros Estados miembros.
Mediante sus cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si el artículo 43 CE se opone a la normativa
de un Estado miembro que prohíbe a una entidad de crédito, filial de una sociedad de otro Estado miembro, que remunere las
cuentas corrientes denominadas en euros, abiertas por residentes del primer Estado miembro.
El derecho de establecimiento previsto en el artículo 43 CE, en relación con el artículo 48 CE, se reconoce tanto a las personas
físicas nacionales de un Estado miembro como a las personas jurídicas a las que se refiere esta última disposición. Comprende,
sin perjuicio de las excepciones y requisitos previstos, el acceso en el territorio de cualquier otro Estado miembro a toda
clase de actividades por cuenta propia y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y la apertura de agencias,
sucursales o filiales (véase, en particular, la sentencia de 11 de mayo de 1999, Pfeiffer, C‑255/97, Rec. p. I‑2835, apartado 18).
En virtud de lo dispuesto en el artículo 43 CE, la situación jurídica de una sociedad como CaixaBank está regulada por el
Derecho comunitario.
El artículo 43 CE exige la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento. Deben considerarse restricciones
de esta índole todas las medidas que prohíban, obstaculicen o hagan menos interesante el ejercicio de dicha libertad (véanse,
en particular, las sentencias de 30 de noviembre de 1995, Gebhard, C‑55/94, Rec. p. I‑4165, apartado 37, de 1 de febrero de
2001, Mac Quen y otros, C‑108/96, Rec. p. I‑837, apartado 26, y de 17 de octubre de 2002, Payroll y otros, C‑79/01, Rec. p. I‑8923,
apartado 26).
La prohibición de remunerar las cuentas corrientes establecida en la normativa francesa constituye para las sociedades de
Estados miembros distintos de la República Francesa un obstáculo importante para el ejercicio de sus actividades por medio
de una filial en este último Estado, que afecta a su acceso al mercado. En consecuencia, dicha prohibición constituye una
restricción a efectos del artículo 43 CE.
En efecto, dicha prohibición obstaculiza la captación de fondos del público por parte de las entidades de crédito, filiales
de sociedades extranjeras, al privarlas de la posibilidad de competir de forma más eficaz, mediante la remuneración de las
cuentas corrientes, con las entidades de crédito tradicionalmente implantadas en el Estado miembro de establecimiento, dotadas
de una extensa red de agencias y que disponen por tanto de mayores facilidades que dichas filiales para captar fondos del
público.
En efecto, cuando unas entidades de crédito, filiales de una sociedad extranjera, intentan introducirse en el mercado de un
Estado miembro, competir por medio del tipo de interés con que se remuneran las cuentas corrientes constituye uno de los métodos
más eficaces para ello. Por consiguiente, una prohibición de esta índole hace más difícil el acceso al mercado de estas entidades.
Aunque en la vista el Gobierno francés ha afirmado que existen ciertos tipos de cuentas comparables a las cuentas corrientes,
como las cuentas a plazo de 15 días, a las que no afecta la prohibición de remuneración y que han contribuido a que entidades
de crédito como CaixaBank puedan competir con las entidades de crédito francesas en la captación de fondos del público y aumentar
sus cuotas de mercado en Francia, este mismo Gobierno ha reconocido sin embargo que, a diferencia de las cuentas corrientes,
tales cuentas no permiten la utilización de tarjetas bancarias o de cheques. Por tanto, la prohibición controvertida supone
un obstáculo para las entidades de crédito como CaixaBank en su actividad de captación de fondos del público, obstáculo que
la existencia de otros tipos de cuentas en las que se remuneran los depósitos no puede eliminar.
La restricción del ejercicio y desarrollo de las actividades de dichas filiales causada por la prohibición controvertida resulta
especialmente importante si se tiene en cuenta que la recepción de depósitos del público y la concesión de créditos representan
las actividades básicas de las entidades de crédito (véanse en este sentido, en particular, el artículo 1, apartado 1, y el
anexo I de la Directiva 2000/12).
Conforme a reiterada jurisprudencia, cuando una medida de esta índole se aplica a cualquier persona o empresa que ejerza una
actividad en el territorio del Estado miembro de acogida, como sucede en el asunto principal, puede estar justificada si responde
a razones imperiosas de interés general, siempre que sea adecuada para garantizar la realización del objetivo que persigue
y no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlo (véanse, en particular, las sentencias de 4 de julio de 2000, Haim, C‑424/97,
Rec. p. I‑5123, apartado 57; Mac Quen y otros, antes citada, apartado 26, y de 15 de enero de 2002, Comisión/Italia, C‑439/99,
Rec. p. I‑305, apartado 23).
En consecuencia, es preciso averiguar si los motivos invocados por el Gobierno francés responden a estos criterios.
Con el fin de justificar la restricción de la libertad de establecimiento derivada de la disposición controvertida, el Gobierno
francés ha invocado la protección de los consumidores y el fomento del ahorro a medio y largo plazo.
En primer lugar, ha alegado que la prohibición que se discute en el litigio principal es necesaria para mantener la gratuidad
de los servicios bancarios básicos. La introducción de la remuneración de las cuentas corrientes aumentaría sustancialmente
las cargas de explotación soportadas por los bancos, que, para compensarlas, incrementarían las facturaciones y fijarían tarifas
para los distintos servicios bancarios que en la actualidad se prestan con carácter gratuito, como, en particular, la emisión
de cheques.
No obstante, procede señalar que, si bien es cierto que la protección de los consumidores figura entre las exigencias imperativas
que pueden justificar restricciones a una libertad fundamental garantizada por el Tratado CE, la prohibición controvertida
constituye una medida que, aun suponiendo que presente en definitiva ciertas ventajas para el consumidor, va más allá de lo
necesario para alcanzar dicho objetivo.
En efecto, aun suponiendo que la supresión de la prohibición de remunerar las cuentas corrientes conlleve inevitablemente
para el consumidor un aumento del coste de los servicios bancarios básicos o una facturación de los cheques, podría preverse
que el consumidor tuviese la posibilidad de optar, bien por una cuenta corriente no remunerada y el mantenimiento de la gratuidad
de ciertos servicios bancarios básicos, bien por una cuenta corriente remunerada y la facultad de la entidad de crédito de
cobrar servicios bancarios prestados hasta entonces gratuitamente, como la emisión de cheques.
En cuanto al afán de las autoridades francesas por fomentar el ahorro a largo plazo, procede señalar que, aunque la prohibición
de remunerar los depósitos a la vista puede ciertamente fomentar el ahorro a medio y largo plazo, no deja de ser una medida
que va más allá de lo necesario para alcanzar este objetivo.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales que el artículo 43 CE se
opone a la normativa de un Estado miembro que prohíbe a una entidad de crédito, filial de una sociedad de otro Estado miembro,
remunerar las cuentas corrientes denominadas en euros abiertas por residentes del primer Estado miembro.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide:
El artículo 43 CE se opone a la normativa de un Estado miembro que prohíbe a una entidad de crédito, filial de una sociedad
de otro Estado miembro, remunerar las cuentas corrientes denominadas en euros, abiertas por residentes del primer Estado miembro.
Firmas
–
Lengua de procedimiento: francés.