CELEX: 62009CJ0295
Incumplimiento de Estado
Directiva 2006/43/CE
Derecho de sociedades
Auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas
No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado

Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de
España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican
las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (DO L 157, p. 87), al no
haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva
o, en cualquier caso, al no haberle comunicado tales disposiciones.
Con arreglo al artículo 53, apartado 1, de la Directiva 2006/43, los Estados miembros debían adoptar y publicar antes del
29 de junio de 2008 las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva e informar de ello
inmediatamente a la Comisión.

Procedimiento administrativo previo
Al no haber sido informada por el Reino de España de las disposiciones adoptadas por éste para dar cumplimiento a la Directiva
2006/43 y al no disponer de ningún elemento que le permitiera llegar a la conclusión de que dicho Estado miembro había cumplido
su obligación de adaptar el Derecho interno a dicha Directiva, la Comisión, mediante escrito de 30 de julio de 2008 y de conformidad
con el artículo 226 CE, requirió al Reino de España para que presentara sus observaciones dentro de un plazo de dos meses
contado a partir de la recepción de dicho escrito de requerimiento.
Mediante escrito de 2 de octubre de 2008, el Reino de España alegó que las autoridades españolas estaban elaborando las medidas
necesarias para dar cumplimiento a la citada Directiva.
El 27 de noviembre de 2008, la Comisión emitió un dictamen motivado en el que hacía constar que el Reino de España había incumplido
las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/43, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva. La Comisión instó al Estado miembro a adoptar las medidas
necesarias para atenerse a dicho dictamen motivado dentro de un plazo de dos meses contado a partir de la recepción del mismo.
En su contestación al dictamen motivado, el Reino de España, con fecha de 4 de febrero de 2009, informó a la Comisión de que
se estaba preparando el borrador de una ley para modificar la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, a fin
de llevar a cabo la adaptación del Derecho interno a la Directiva.
Al no haber recibido información alguna del Reino de España y al no disponer de ningún elemento que le permitiera llegar a
la conclusión que se habían adoptado definitivamente las medidas necesarias para adaptar el Derecho interno a la Directiva
2006/43, la Comisión interpuso el presente recurso.

Sobre el recurso
En su escrito de contestación, el Reino de España alega la complejidad y amplitud del proceso de elaboración del proyecto
de Ley para adaptar el Derecho interno a la Directiva 2006/43. Resalta también el avanzado estado en que se encuentra el procedimiento
legislativo, así como los esfuerzos realizados para reducir al mínimo la duración de éste.
A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la existencia de un incumplimiento debe ser determinada
en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se presentaba al final del plazo fijado en el dictamen motivado
y los cambios ocurridos posteriormente no pueden ser tenidos en cuenta por el Tribunal de Justicia (véase, en particular,
la sentencia de 18 de diciembre de 2007, Comisión/Italia, C‑194/05, Rec. p. I‑11661, apartado 19 y jurisprudencia citada).
Constituye asimismo jurisprudencia reiterada que un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias
de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos por una directiva
(véanse, entre otras, las sentencias de 4 de octubre de 2001, Comisión/Luxemburgo, C‑450/00, Rec. p. I‑7069, apartado 8, y
de 28 de abril de 2005, Comisión/Luxemburgo, C‑375/04, apartado 11).
En el caso de autos, consta que, al finalizar el plazo concedido en el dictamen motivado, el Reino de España no había adoptado
las medidas necesarias para adaptar su ordenamiento jurídico a la Directiva 2006/43.
Por lo tanto, debe considerarse fundado el recurso de la Comisión.
Por consiguiente, procede declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
2006/43 al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias
para dar cumplimiento a dicha Directiva.

Costas
A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por el Reino de España, procede
condenarlo en costas, al haberlo solicitado así la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) decide:
1)
Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas,
por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo,
al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
dar cumplimiento a dicha Directiva.
2)
Condenar en costas al Reino de España.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: español.