CELEX: 61988CJ0180
Ayudas a la siderurgía
Control de legalidad

Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 1 de julio de 1988, la Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie (en lo sucesivo, «WESI»), solicitó, con arreglo al párrafo segundo del artículo 33 del Tratado CECA:
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La anulación de la Decisión de la Comisión de 26 de mayo de 1988 [SG(88) D/6179], notificada a la demandante el 26 de mayo de 1988, en la medida en que la Comisión se niega a adoptar las medidas necesarias para impedir las distorsiones de la competencia que resultan del hecho de que se hubieran concedido a la British Steel Corporation ayudas estatales por un importe superior al que precisaba para recuperar su viabilidad.
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Con carácter subsidiario, la anulación de la Decisión denegatoria implícita que, con arreglo al párrafo tercero del artículo 35 del Tratado CECA, se presume resulta del silencio de la Comisión en relación con la petición que le fue presentada por la demandante el 30 de marzo de 1988 a fin de que la Comisión adoptara todas las medidas necesarias para impedir las distorsiones a la competenda resultantes del hecho de que se hubieran concedido a la British Steel Corporation ayudas estatales por un importe superior al que necesitaba para recuperar su viabilidad.
En virtud de la Decisión n° 2320/81/CECA de la Comisión, de 7 de agosto de 1981, por la que se establecen normas comunitarias para las ayudas a la siderurgia (
DO L 228, p. 14
; EE 08/02, p. 90), y en especial del apartado 3 de su artículo 8, la Comisión adoptó la Decisión 83/399/CECA, de 29 de junio de 1983, relativa a las ayudas que el Gobierno del Reino Unido proyecta otorgar a la siderurgia (
DO L 227, p. 36
). Mediante dicha Decisión, esta institución autorizó la concesión de ayudas a la British Steel Corporation (en lo sucesivo, «BSC») por un importe de 1.474 millones de UKL (libras esterlinas).
La Decisión 83/399 de 29 de junio de 1983, ya citada, subordina el pago de la ayuda a un determinado número de requisitos. La empresa beneficiaria debe efectuar determinadas reducciones de la capacidad productiva (artículo 2), y debe cumplir sus obligaciones en relación con las normas del Tratado CECA, en especial en materia de cupos de producción (artículo 4). Además, las ayudas se pagan únicamente si la viabilidad de la empresa puede lograrse antes de finalizar el año 1985. En virtud del apartado 1 del artículo 4 de esta Decisión, incumbe a la Comisión comprobar, tras la presentación de una solicitud por parte del Gobierno del Reino Unido en la que se precisa el importe, la forma y el objetivo de las ayudas así como la empresa interesada, que se cumplen los requisitos que figuran en los artículos 2 y 3, o una parte suficiente de los mismos, y que la empresa cumple las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CECA.
La ayuda concedida a la BSC fue abonada por tramos, que fueron sucesivamente desbloqueados mediante tres Decisiones de la Comisión (en lo sucesivo, «Decisiones habilitadoras del pago»), de 10 de febrero de 1984 (355 millones de UKL), de 20 de diciembre de 1984 (466,6 millones de UKL) y de 24 de diciembre de 1985 (535 millones de UKL) respectivamente. Estas Decisiones fueron dirigidas al Gobierno del Reino Unido y no se publicaron en el Diario Oficial.
Mediante escrito de 30 de marzo de 1988, la demandante planteó una petición a la Comisión al amparo del artículo 35 del Tratado CECA a fin de que adoptara todas las medidas necesarias para impedir las distorsiones a la competencia resultantes del hecho de que la BSC hubiera recibido ayudas superiores a las necesarias para recuperar su viabilidad. Mediante escrito de 26 de mayo de 1988, la Comisión denegó esta petición.
El 20 de mayo de 1988, la demandante dirigió un nuevo escrito a la Comisión por el cual le informaba de los resultados de un informe elaborado a instancias suyas y llamaba su atención sobre la existencia de una diferencia considerable entre el importe de las ayudas autorizadas y el de las ayudas efectivamente recibidas por la BSC durante el período comprendido entre el 1 de abril de 1980 y el 31 de marzo de 1986. Como el escrito de 20 de mayo de 1988 de la demandante se cruzó con el enviado por la Comisión el 26 de mayo de 1988, la Comisión respondió a aquél mediante un nuevo escrito de 25 de julio de 1988.
Para una más amplia exposición de los antecedentes del litigio, del desarrollo del procedimiento y de los motivos y alegaciones de las partes, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Respecto al objeto del litigio, procede observar, con carácter previo, que la pretensión principal del recurso tiene por objeto la anulación de la Decisión de la Comisión, contenida en el escrito de 26 de mayo de 1988, de no adoptar ninguna medida en contra de las ayudas pagadas a la BSC que, según la demandante, son ilegales bien porque no eran indispensables a la empresa, o por no haber sido nunca autorizadas.
Sobre la admisibilidad
La Comisión, apoyada por el Gobierno del Reino Unido, alega diversas excepciones de inadmisibilidad tanto en relación con el motivo fundado en la concesión de ayudas autorizadas, pero innecesarias, como respecto al motivo relativo a la concesión de ayudas no autorizadas.
Procede examinar en primer lugar el objeto de la petición planteada a la Comisión en virtud del artículo 35 del Tratado CECA mediante el escrito de requerimiento de la demandante, de 30 de marzo de 1988.
Entre las peticiones formales dirigidas por la demandante a la Comisión al amparo del artículo 35 del Tratado CECA y resumidas en el escrito de 30 de marzo de 1988, ya mencionado, figura la de adoptar todas las medidas necesarias para impedir las distorsiones de la competencia resultantes del hecho de que la empresa BSC hubiera recibido una ayuda superior a la que necesitaba para recuperar su viabilidad.
En apoyo de la tesis según la cual esta petición se refiere tanto a las ayudas no autorizadas como a las autorizadas, la demandante alega que, en un anexo que acompaña a su escrito de 30 de marzo de 1988, hizo referencia a «ayudas autorizadas o toleradas».
Procede destacar en primer lugar que esta referencia a las ayudas autorizadas o toleradas figura en un apartado del citado anexo que versa únicamente sobre la cuestión de la concesión a la BSC de ayudas autorizadas.
Seguidamente es preciso señalar que, mediante su escrito de 30 de marzo de 1988, incluido el anexo adjunto, la demandante pretendía demostrar la ilegalidad de la concesión de las ayudas autorizadas por la Comisión. La única referencia a las ayudas toleradas que figura en dicho anexo no permite concluir que la Decisión que, a juicio de la demandante, la Comisión estaba obligada a adoptar debía referirse no sólo a las ayudas autorizadas, sino también a las ayudas no autorizadas.
En realidad la demandante sólo suscitó la cuestión de las ayudas no autorizadas en su segundo escrito, de 20 de mayo de 1988. La Comisión respondió a aquél mediante su escrito de 25 de julio de 1988. Al no haber sido impugnado en tiempo hábil, este escrito no es ya susceptible de recurso.
Se deduce de lo anterior que no puede imputarse a la Comisión la adopción de una decisión denegatoria explícita o implícita en lo que se refiere a las medidas que debía adoptar respecto a las ayudas no autorizadas.
A falta de objeto, procede declarar la inadmisibilidad del recurso, tanto respecto a su pretensión principal como a su pretensión subsidiaria, en lo que se refiere a la concesión de ayudas no autorizadas por parte de la Comisión.
En cuanto a las ayudas autorizadas, la Comisión propone una excepción de inadmisibilidad según la cual las tres Decisiones habilitadoras del pago no son susceptibles de recurso por haber vencido los plazos hace mucho tiempo.
En respuesta, la demandante alega que el recurso pretende únicamente la eliminación de las distorsiones de la competencia respecto de las cuales la Comisión estaba obligada a intervenir en virtud del tercer guión del párrafo segundo del artículo 5 del Tratado CECA, debido a que las Decisiones habilitadoras del pago habían infringido las disposiciones de las Decisiones n° 2320/81 y n° 83/399, ya mencionadas.
Procede hacer constar, no obstante, que la demandante no ha sido capaz de indicar mediante qué Decisión, que no sea la de revocación, eventualmente parcial, de las Decisiones habilitadoras del pago, habría podido la Comisión corregir los efectos de la concesión de ayudas que, a juicio de la demandante, son ilegales.
Por consiguiente, procede concluir que el recurso pretende, de hecho, impugnar las Decisiones habilitadoras del pago adoptadas por la Comisión el 10 de febrero de 1984, el 20 de diciembre de 1984 y el 24 de diciembre de 1985 respectivamente.
Se deduce de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, a falta de publicación o de notificación, corresponde a quien tiene conocimiento de un acto que le afecta, solicitar su texto completo en un plazo razonable y que el plazo para recurrir sólo empieza a correr a partir del momento en que el tercero interesado tenga un conocimiento exacto del contenido y de las motivaciones del acto de que se trata, de manera que pueda ejercitar una acción en vía judicial (sentencia de 6 de julio de 1988, Dillinger Hüttenwerke, apartado 14,
236/86, Rec. 1988, p. 3761
). Según esta misma jurisprudencia, una empresa está afectada por una decisión de la Comisión a efectos del párrafo segundo del artículo 33 del Tratado CECA, cuando ésta conceda ventajas a una o a varias empresas distintas que están en competencia con la primera (apartado 8).
Consta que al ser la demandante una asociación en el sentido del artículo 48 del Tratado CECA, que agrupa a empresas de la industria siderúrgica alemana y tener por finalidad representar los intereses comunes de sus miembros, resulta afectada por Decisiones que autorizan el pago de ayudas de Estado a empresas competidoras establecidas en otra región de la Comunidad.
En cuanto a las Decisiones que no han sido publicadas o notificadas a la demandante, procede examinar en qué momento se presume que esta última tuvo conocimiento de las mismas, y pudo por consiguiente solicitar su texto completo.
Se deduce de los autos que la demandante tuvo necesariamente conocimiento de las Decisiones habilitadoras del pago, cuando menos durante el año 1986.
En efecto, los balances de la BSC, en especial el publicado el 8 de julio de 1986, así como los informes decimocuarto y decimoquinto de la Comisión sobre la política de competencia, correspondientes a los años 1984 y 1985 respectivamente, revelaban la existencia de las Decisiones habilitadoras del pago. Ahora bien, como demuestran las observaciones presentadas en apoyo del recurso, la demandante tenía en su poder los balances de que se trata. Respecto a los informes sobre la política de competencia, éstos son publicados por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas y son accesibles a cualquier persona interesada.
Además, el 6 de agosto de 1985 se sometió al Comité Consultivo CECA, en el que la demandante está representada, el informe de la Comisión sobre la aplicación del código de ayudas a la siderurgia 1984-1985 [documento COM(86) 235 final].
Seguidamente, procede hacer constar que, en ningún momento, durante el intercambio de escritos entre la demandante y la Comisión que precedió a la interposición del recurso, el 1 de julio de 1988, se pidió a la Comisión que facilitara el texto de las Decisiones habilitadoras del pago.
De ello se deduce que el plazo razonable en que la demandante habría podido solicitar el texto completo de las Decisiones habilitadoras del pago había vencido ampliamente en la época en que interpuso el presente recurso.
Por todo ello, y sin que sea necesario examinar los otros motivos de inadmisibilidad propuestos por la Comisión, procede concluir que debe declararse la inadmisibilidad del recurso interpuesto contra la Decisión de 26 de mayo de 1988, cuyo objeto son las Decisiones habilitadoras del pago, por cuanto el plazo previsto en el artículo 33 del Tratado CECA para presentar recursos contra las Decisiones habilitadoras del pago había vencido en el momento de la interposición del presente recurso.
Como la Comisión ha adoptado una Decisión denegatoria explícita en relación con la petición presentada a esta institución al amparo del artículo 35 del Tratado CECA, mediante el escrito de requerimiento de la demandante de 30 de marzo de 1988, no procede pronunciarse sobre la pretensión subsidiaria del recurso, que tiene por objeto, en su caso, que se anule una Decisión denegatoria implícita.
De las consideraciones anteriores se deduce que procede declarar la inadmisibilidad del recurso en su conjunto.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así se hubiere solicitado. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
decide:

1)
Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2)
Condenar a la demandante en costas, incluidas las de la parte coadyuvante.

Mancini
O'Higgins
Diez de Velasco
Kakouris
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, el 6 de diciembre de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Sexta
G. F. Mancini
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.