CELEX: 62003CJ0165
Directiva 69/335/CEE
Impuestos indirectos sobre la concentración de capitales
Derechos de notario
Notario funcionario
Cuota a tanto alzado de honorarios abonados al Estado

1       La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio
de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales (DO L 249, p. 25; EE 09/01, p. 22),
modificada por la Directiva 85/303/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985 (DO L 156, p. 23; EE 09/01, p. 171; en lo sucesivo,
«Directiva 69/335»).
2       Esta petición se presentó en el marco de una reclamación formulada por el Sr. Längst, notario funcionario de la circunscripción
del Oberlandesgericht Stuttgart, en cumplimiento de una orden de su superior jerárquico, el Präsident des Landgerichts Stuttgart,
relativa a una nota de honorarios emitida por aquél.

Marco jurídico

Normativa comuntiaria
3       Como se desprende de su primer considerando, la Directiva 69/335 tiene por objeto promover la libre circulación de capitales,
que se considera una de las condiciones fundamentales para la creación de una unión económica que tenga características análogas
a las de un mercado interior.
4       Según el sexto considerando de dicha Directiva, la consecución de dicha finalidad supone, por lo que respecta a los impuestos
que gravan la concentración de capitales, la supresión de los impuestos indirectos hasta entonces vigentes en los Estados
miembros y su sustitución por un impuesto percibido una sola vez en el mercado común e igual en todos los Estados miembros.
5       A tenor del artículo 4, apartado 1, de la misma Directiva:
«Estarán sujetas al impuesto sobre las aportaciones las siguientes operaciones:
a)      la constitución de una sociedad de capital;
b)      la transformación en una sociedad de capital de una sociedad, asociación o persona moral que no sea una sociedad de capital;
c)      el aumento del capital social de una sociedad de capital mediante la aportación de bienes de cualquier naturaleza;
d)      el incremento del patrimonio social de una sociedad de capital mediante la aportación de bienes de cualquier naturaleza, en
contrapartida no de partes representativas del capital o del patrimonio social, sino de derechos de la misma naturaleza que
los socios [...]
[...]»
6       El artículo 4, apartado 1, letras e) a h), de la Directiva 69/335 establece que el traslado a un Estado miembro de la sede
de la dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad de capital desde un tercer país o desde otro Estado miembro
también está sujeto al impuesto sobre las aportaciones.
7       El artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva enumera las diversas operaciones que pueden ser sometidas al impuesto sobre
las aportaciones.
8       La citada Directiva prevé asimismo, conforme a su último considerando, la supresión de otros impuestos indirectos que presenten
las mismas características que el impuesto sobre las aportaciones de capital o el impuesto de timbre sobre los títulos cuyo
mantenimiento corre el riesgo de poner en peligro los fines perseguidos por dicha Directiva. Estos impuestos, cuya percepción
se prohíbe, se enumeran en particular en el artículo 10 de la Directiva 69/335, en virtud del cual:
«Al margen del impuesto sobre las aportaciones los Estados miembros no percibirán, en lo que respecta a las sociedades, asociaciones
o personas morales que persigan fines lucrativos, ningún impuesto, cualquiera que sea su forma:
a)      sobre las operaciones contempladas en el artículo 4;
b)      sobre las aportaciones, préstamos o prestaciones efectuadas en el ámbito de operaciones contempladas en el artículo 4;
c)      sobre la matriculación o cualquier otra formalidad previa al ejercicio de una actividad, a que las sociedades, asociaciones
o personas morales que persigan fines lucrativos puedan estar sometidas por razón de su forma jurídica.»
9       El artículo 11 de la Directiva 69/335 dispone:
«Los Estados miembros no someterán a ninguna imposición, cualquiera que sea su forma:
a)      la creación, la emisión, la admisión para cotización en bolsa, la puesta en circulación o la negociación de acciones, participaciones
u otros títulos de la misma naturaleza, así como de los certificados representativos de estos títulos, sea quien fuere el
emisor;
b)      los empréstitos, incluidos los públicos, contratados en forma de emisión de obligaciones u otros títulos negociables, sea
quien fuere el emisor, y todas las formalidades a ellos relativas, así como la creación, emisión, admisión para cotización
en bolsa, puesta en circulación o negociación de estas obligaciones u otros títulos negociables.»
10     El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 69/335 es del siguiente tenor:
«No obstante lo dispuesto en las disposiciones de los artículos 10 y 11, los Estados miembros podrán percibir:
a)      impuestos sobre la transmisión de valores mobiliarios, liquidados estimativamente o no;
[...]
e)      derechos que tengan un carácter remunerativo;
[...]»

Normativa nacional
11     Conforme a los artículos 2 y siguientes, y al artículo 53, apartado 2, de la Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter
Haftung (Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada; en lo sucesivo, «GmbH»), de 20 de abril de 1892 (RGBl. 477), en la
versión aplicable al asunto principal, el acuerdo de los socios de una sociedad de responsabilidad limitada mediante el que
se modifica el contrato de sociedad deben ser elevado a escritura pública.
12     Del artículo 116 del Bundesnotarordnung (Reglamento notarial federal; en lo sucesivo, «BNotO»), de 24 de febrero de 1961 (BGBl.
1961 I, p. 98) en su versión aplicable en el asunto principal, en relación con el artículo 3, apartado 2, de la Landesgesetz
über die freiwillige Gerichtsbarkeit (Ley del Land relativa a la jurisdicción voluntaria), de 12 de febrero de 1975 (GBl.
p. 116), también en la versión aplicable en el asunto principal, se deduce que, dentro de la circunscripción del Oberlandesgericht
Stuttgart, para elevar a escritura pública un acto no sólo se puede recurrir a los notarios funcionarios, sino también a los
notarios que realicen su actividad con carácter de profesión liberal.
13     La cuantía de los derechos que los notarios pueden percibir se establece en la Gesetz über die Kosten in Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit (Kostenordnung) (Ley federal sobre las tasas relativas a la jurisdicción voluntaria; en lo sucesivo,
«KostO»), en la versión aplicable en el procedimiento principal. Estos derechos se aplican de manera uniforme en todo el territorio
alemán tanto para los notarios que son funcionarios como para los que son profesionales liberales.
14     Los notarios funcionarios de la circunscripción del Oberlandesgericht Stuttgart perciben una retribución fija, determinada
conforme a los mismos criterios que se aplican a los demás funcionarios del Land, a la que se añade una cantidad variable,
correspondiente a un porcentaje de los derechos que generan. Sin embargo, a diferencia de los notarios funcionarios de la
circunscripción del Oberlandesgericht Karlsruhe, son ellos mismos los acreedores directos de los derechos adeudados por los
contribuyentes. Sólo deben transferir a la Hacienda Pública del Land un importe a tanto alzado de estos derechos. El Land
sólo está autorizado a proceder a la recaudación directa de tales derechos en el caso de que ésta no se haya llevado a cabo
a pesar de haber existido requerimiento.
15     Conforme al artículo 156, apartado 1, de la KostO, las objeciones contra el cálculo de los derechos, incluidas las dirigidas
contra la obligación de pago y la aplicación de la cláusula ejecutoria, deben ser formuladas mediante recurso interpuesto
ante el Landgericht de la circunscripción en la que el notario tenga su despacho. Antes de adoptar una decisión, el Landgericht
debe escuchar a las partes y al superior jerárquico del notario. Cuando el contribuyente formule objeciones contra el cálculo
de los derechos efectuado por el notario, este último puede solicitar al Landgericht que decida.
16     El artículo 156, apartado 6, de la KostO establece que, en cualquier caso, la autoridad que actúe como superior jerárquico
del notario puede ordenar a este último que solicite una decisión del Landgericht y que presente un recurso contra dicha decisión.
La decisión judicial dictada en dicho procedimiento también puede incrementar el importe de la nota de honorarios.

Procedimiento principal y cuestión prejudicial
17     En su condición de notario funcionario, el Sr. Längst elevó a escritura pública determinados acuerdos relativos a la sociedad
SABU Schuh & Marketing GmbH (en lo sucesivo, «SABU»). Los correspondientes gastos y derechos fueron objeto de una nota de
liquidación por un importe de 2.892,46 euros (en lo sucesivo, «nota de liquidación»).
18     Los actos cuya elevación a escritura pública se solicitaban eran la reagrupación de participaciones sociales en una única
participación, la conversión en euros de su capital social y de las participaciones sociales, el aumento del capital social
con cargo a recursos propios y la modificación de la denominación social.
19     Conforme a la nota de liquidación, SABU tuvo que abonar 2.493,50 euros, más IVA, en concepto de derechos y gastos adeudados
por la elevación a escritura pública de los mencionados actos. Esta cantidad incluye los derechos por la elevación a escritura
pública por importe de 1.584 euros netos –calculados sobre un valor total de 484.007 euros– adeudados por el aumento del capital
y la modificación de los estatutos. La parte correspondiente al Estado asciende a 1.183,83 euros, y la correspondiente al
notario a 400,17 euros.
20     Por entender que el auto dictado el 21 de marzo de 2002, Gründerzentrum (C‑264/00, Rec. p. I‑3333), relativo a los notarios
funcionarios de la circunscripción del Oberlandesgericht Karlsruhe, también es aplicable a los notarios funcionarios de la
circunscripción del Oberlandesgericht Stuttgart, el Präsident des Landgericht Stuttgart consideró que la nota de liquidación
era contraria a la Directiva 69/335 en la medida en se refiere al aumento del capital y la modificación de los estatutos sociales.
Por consiguiente, ordenó al Sr. Längst que se dirigiera al Landgericht de Stuttgart, con arreglo al artículo 156, apartado
6, de la KostO, con objeto de obtener una decisión sobre la legalidad de dicha nota y le ordenó que redujera el importe de
dicha nota a 1.465,66 euros.
21     El Sr. Längst acató la orden y sometió el asunto al Landgericht Stuttgart. Ante este órgano jurisdiccional alegó que la nota
de liquidación estaba justificada y que la KostO y la BNotO le prohibían reducir los derechos hasta la cuantía ordenada por
el Präsident des Landgerichts Stuttgart. Considera, por otra parte, que el auto Gründerzentrum, antes citado, no es aplicable
a los derechos percibidos por los notarios funcionarios de la circunscripción del Oberlandesgericht Stuttgart.
22     Según el tribunal remitente, la situación jurídica de los notarios funcionarios de la circunscripción del Oberlandesgericht
Stuttgart se diferencia en dos aspectos de la situación jurídica de los notarios funcionarios a que se refiere el auto Gründerzentrum,
antes citado. Por una parte, en la circunscripción del Oberlandesgericht Stuttgart es posible recurrir a los servicios tanto
de notarios funcionarios como de notarios profesionales liberales, de manera que el Land no percibe forzosamente dichos derechos.
Por otra parte, la normativa relativa a los créditos de derechos notariales es distinta y justifica una apreciación diferente,
porque, a diferencia de lo que sucede la circunscripción del Oberlandesgericht Karlsruhe, en la circunscripción de Stuttgart
el notario funcionario es el acreedor de los derechos adeudados. Sólo abona a la Hacienda Pública una cantidad a tanto alzado
después de haber recaudado tales derechos. La recaudación directa por la Hacienda Pública de los derechos controvertidos sólo
tiene carácter excepcional.
23     Ante esta situación, el Landgericht Stuttgart decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes
cuestiones prejudiciales:
«1)      En un ordenamiento jurídico como el aplicable en la parte correspondiente a Württemberg del Land de Baden Württemberg (circunscripción
del Oberlandesgericht Stuttgart), en la que, a diferencia de los hechos que dieron lugar al auto […] Gründerzentrum [antes
citado], actúan tanto notarios funcionarios como los que ejercen su actividad con carácter de profesión liberal, siendo en
ambos casos el propio notario el acreedor de los derechos notariales, si bien cuando intervienen notarios funcionarios éstos
deben transferir, en virtud de una ley del Land, una parte –a tanto alzado– de los derechos al Estado, que es el empleador
de dichos notarios y utiliza estos ingresos para la financiación de sus funciones, ¿los derechos devengados por la elevación
a escritura pública por un notario funcionario de un acto comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 69/335,
en su versión modificada, deben considerarse un impuesto a efectos de dicha Directiva?
2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿desaparece el carácter de impuesto a efectos de la Directiva 69/335
en el caso de que el Estado renuncie a reclamar su parte del correspondiente negocio jurídico, dejando así de aplicar la disposición
del Derecho del Land con arreglo a la cual debe transferirse al Estado una parte de los derechos?»

Competencia del Tribunal de Justicia
24     El Sr. Längst y el Bezirkrevisor des Landesgerichts Stuttgart han manifestado sus dudas respecto a la competencia del Tribunal
de Justicia para responder, con arreglo al artículo 234 CE, a una cuestión prejudicial planteada en el marco de un procedimiento
iniciado, conforme al artículo 156, apartado 6, de la KostO, por un notario funcionario en cumplimiento de una orden dictada
por su superior jerárquico. En su opinión, el procedimiento en el que el órgano jurisdiccional debe pronunciarse no tiene
carácter contradictorio en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 19 de octubre de 1995, Job
Centre, C‑111/94, Rec. p. I‑3361, y auto de 22 de enero de 2002, Holto, C‑447/00, Rec. p. I‑735). Consideran que, el litigio
que debe dirimir el Landesgericht Stuttgart no es un litigio auténtico el sentido de esta jurisprudencia.
25     A este respecto deber recordarse que, según jurisprudencia reiterada, del artículo 234 CE se desprende que los órganos jurisdiccionales
nacionales sólo pueden pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie si ante ellos está pendiente un litigio y si deben adoptar
su resolución en el marco de un procedimiento que concluya con una decisión de carácter jurisdiccional, (véanse, en particular,
los autos de 18 de junio de 1980, Broker, 138/80, Rec. p. 1975, apartado 4; de 5 de marzo de 1986, Greis Unterweger, 318/85,
Rec. p. 955, apartado 4, y Holto, antes citado, apartado 17).
26     De la normativa nacional aplicable y de las precisiones proporcionadas por el tribunal remitente a instancias del Tribunal
de Justicia se desprende que, en el marco del procedimiento que sustancia aquél, se ha oído a todas las partes interesadas
y la resolución que debe dictarse tiene por objeto dirimir un litigio. Además, esta resolución es oponible tanto al acreedor
como al deudor de los derechos objeto de la nota de liquidación y adquiere fuerza de cosa juzgada frente a todas las partes
interesadas si ninguna de ellas interpone ante el Oberlandesgericht Stuttgart un recurso, que, además, sólo puede basarse
en una cuestión jurídica y debe ser autorizado por el tribunal remitente.
27     Habida cuenta de estas características, no cabe afirmar que en el asunto principal el órgano jurisdiccional no deba dirimir
un litigio ni que la resolución que haya de dictar no tenga carácter jurisdiccional.
28     En estas circunstancias, procede declarar que el Tribunal de Justicia es competente para responder a las cuestiones planteadas
por el Landgericht Stuttgart en su resolución de 7 de abril de 2003.

Admisibilidad de la segunda cuestión
29     En las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia por las partes del procedimiento principal, los Gobiernos alemán
y español y la Comisión de las Comunidades Europeas, se pone en duda la admisibilidad de la segunda cuestión por su carácter
supuestamente hipotético. Se ha afirmado que el Land aún no ha renunciado a recaudar su parte de los derechos controvertidos,
de manera que la segunda cuestión se refiere a una situación jurídica que aún no se ha producido.
30     A este respecto procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, el procedimiento establecido por el artículo 234 CE
es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual
el primero aporta a los segundos los elementos de interpretación del Derecho comunitario que precisan para la solución del
litigio que deban dirimir (véanse las sentencias de 16 de julio de 1992, Meilicke, C‑83/91, Rec. p. I‑4871, apartado 22, y
de 5 de febrero de 2004, Schneider, C‑380/01, Rec. p. I‑1389, apartado 20).
31     En el marco de esta cooperación, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que
ha de asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades
del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones
que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del
Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (sentencia Schneider, antes citada,
y jurisprudencia citada).
32     Sin embargo, el Tribunal de Justicia también ha indicado que, en supuestos excepcionales, le corresponde examinar las circunstancias
en las que el juez nacional se dirige a él con objeto de verificar su propia competencia. La negativa a pronunciarse sobre
una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación
del Derecho comunitario solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando
el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de
Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (sentencia Schneider, antes citada, apartado 22).
33     En efecto, el espíritu de colaboración que debe presidir el funcionamiento de la remisión prejudicial implica, por su parte,
que el juez nacional tenga consideración para con la función confiada al Tribunal de Justicia, que consiste en contribuir
a la administración de la justicia en los Estados miembros y no en formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales
o hipotéticas (sentencia Schneider, antes citada, apartado 23).
34     En el presente asunto, de la resolución de remisión y de las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia por el
Gobierno alemán se desprende que, si bien se proyecta modificar la normativa nacional controvertida, de manera que Land renunciaría
a percibir la parte de los derechos recaudados por los notarios funcionarios por le elevación a escritura pública de los actos
a los que se aplica la Directiva 69/335, tal modificación aun no se ha adoptado. De ello se deduce que el marco jurídico objeto
de la segunda cuestión planteada es hipotético.
35     Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de esta cuestión.

Sobre la primera cuestión
36     Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pregunta, fundamentalmente, si la Directiva 69/335 debe interpretarse
en el sentido de que los derechos percibidos por un notario funcionario por elevar a escritura pública un negocio jurídico
comprendido dentro del ámbito de aplicación de dicha Directiva constituyen un impuesto a efectos de dicha Directiva cuando,
conforme a la legislación nacional aplicable, por una parte, los notarios autorizados para ejercer no son exclusivamente notarios
funcionarios y son los propios notarios los acreedores de los derechos controvertidos y, por otra parte, los notarios funcionarios
están obligados a transferir una parte de tales derechos a la autoridad pública, que utiliza estos ingresos para la financiación
de sus funciones.
37     Para responder de manera útil a esta cuestión procede recodar que, en el apartado 34 del auto Gründerzentrum, antes citado,
el Tribunal de Justicia declaró que la Directiva 69/335 debe interpretarse en el sentido de que los derechos devengados por
la autorización de una escritura pública en la que se hace constar una operación comprendida dentro del ámbito de aplicación
de la Directiva, en un sistema caracterizado por el hecho de que los notarios son funcionarios, los derechos se abonan en
parte al órgano administrativo que emplea a los notarios y éste utiliza dichos derechos para financiar tareas que le incumben,
como el sistema vigente en la circunscripción del Oberlandesgericht Karlsruhe, constituyen un impuesto en el sentido de dicha
Directiva.
38     Puesto que el sistema controvertido en el procedimiento principal es esencialmente idéntico al que fue objeto del auto Gründerzentrum,
antes citado, procede examinar si las diferencias entre el régimen aplicable en la circunscripción del Oberlandesgericht Karlsruhe
y el vigente en la circunscripción del Oberlandesgericht Stuttgart a las que se refiere el tribunal remitente justifican que
en el presente asunto la respuesta a la cuestión planteada sea diferente a la que se dio en aquel auto.
39     Por lo que se refiere, en primer lugar, a la alegación de que los derechos controvertidos en el procedimiento principal no
los percibe necesariamente el Estado, puesto que los notarios autorizados para ejercer en la circunscripción del Oberlandesgericht
Stuttgart no son sólo los notarios funcionarios sino también los notarios que ejercen la profesión de manera liberal o los
notarios abogados, es preciso observar que del apartado 13 del auto Gründerzentrum, antes citado, se desprende que el régimen
objeto de la cuestión prejudicial en dicho asunto era similar puesto que, conforme a ambos regímenes, por una parte, cualquier
persona que desee elevar a escritura pública un acto puede dirigirse a cualquier notario, ya sea funcionario o profesional
liberal, que ejerza en territorio alemán y, por otra parte, dicha escritura debe reconocerse en todo el territorio alemán.
40     De ello se deduce que el primer argumento formulado por el tribunal remitente no permite calificar el régimen controvertido
en el asunto principal de manera distinta al que fue objeto de la remisión prejudicial que dio lugar al auto Gründerzentrum,
antes citado.
41     En segundo lugar, por lo que se refiere al hecho de que los acreedores de los derechos controvertidos sean los propios notarios
funcionarios que ejercen en la circunscripción de Stuttgart, a diferencia de sus colegas de Karlsruhe, procede recordar, como
hace el Abogado General en el punto 40 de sus conclusiones, que, según jurisprudencia reiterada, los derechos que perciben
los notarios funcionarios por una operación comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 69/335 constituyen
un impuesto en el sentido de ésta cuando los derechos se abonan, aunque sólo sean en parte, a la autoridad pública que emplea
a los notarios y se utilizan para financiar tareas que incumben a dicho órgano (véanse, en particular, las sentencias de 29
de septiembre de 1999, Modelo, denominada «Modelo I», C‑56/98, Rec. p. I‑6427, apartado 23; de 21 de septiembre de 2000, Modelo,
denominada «Modelo II», C‑19/99, Rec. p. I‑7213, apartado 23, y auto Gründerzentrum, antes citado, apartado 34).
42     De esta jurisprudencia se deduce que lo determinante para calificar los honorarios de impuesto a efectos de la Directiva 69/335
no es tanto la identidad del perceptor o del acreedor inicial como la identidad de su destinatario final. Así, en los asuntos
Modelo I, Modelo II y Gründerzentrum, antes citados, los emolumentos eran percibidos, en un primer momento, por los notarios
funcionarios y, a continuación, transferidos a la autoridad pública que empleaba a dichos notarios. Lo determinante para calificar
estos honorarios desde el punto de vista de la Directiva 69/335 es esta transferencia y el destino de dichos emolumentos o
de una parte de éstos.
43     Pues bien, es preciso constatar que, en el asunto principal, aunque los notarios funcionarios sean los acreedores de los derechos
controvertidos, tienen la obligación de transferir una parte de dichos derechos a la autoridad pública de la que dependen,
que emplea estas cantidades para financiar las tareas que le incumben.
44     De ello se deduce que, a este respecto, una normativa como la vigente en la circunscripción del Oberlandesgericht Stuttgart
tampoco se distingue de la que tuvo que examinar el Tribunal de Justicia en el asunto Gründerzentrum, antes citado.
45     Habida cuenta de estas consideraciones, procede responder a la primera cuestión que la Directiva 69/335 debe interpretarse
en el sentido de que los derechos percibidos por un notario funcionario por elevar a escritura pública una operación comprendida
en el ámbito de aplicación de dicha Directiva constituyen un impuesto en el sentido de ésta cuando, conforme a la normativa
nacional aplicable, por una parte, los notarios autorizados para ejercer no son exclusivamente notarios funcionarios y son
los propios notarios los acreedores de los derechos controvertidos y, por otra parte, los notarios funcionarios están obligados
a transferir una parte de tales derechos a la autoridad pública, que utiliza estos ingresos para la financiación de sus funciones.

Costas
46     Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
La Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración
de capitales, modificada por la Directiva 85/303/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, debe interpretarse en el sentido
de que los derechos percibidos por un notario funcionario por elevar a escritura pública una operación comprendida en el ámbito
de aplicación de dicha Directiva, en su versión modificada, constituyen un impuesto en el sentido de ésta cuando, conforme
a la normativa nacional aplicable, por una parte, los notarios autorizados para ejercer no son exclusivamente notarios funcionarios
y son los propios notarios los acreedores de los derechos controvertidos y, por otra parte, los notarios funcionarios están
obligados a transferir una parte de tales derechos a la autoridad pública, que utiliza estos ingresos para la financiación
de sus funciones.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: alemán.