CELEX: 61985CJ0005
Competencia
Verificaciones de la Comisión

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 14 de enero de 1985, AKZO Chemie BV y AKZO Chemie UK Ltd (en adelante AKZO), cuyos domicilios sociales se encuentran, respectivamente, en Amersfoort (Países Bajos) y en Walton-on-Thames (Reino Unido), interpusieron, en virtud del párrafo 2 del artículo 173 del Tratado CEE, un recurso que tiene por objeto la anulación de la Decisión de 6 de noviembre de 1984 mediante la cual la Comisión les impuso, con arreglo al apartado 3 del artículo 14 del Reglamento n° 17, que se sometieran a verificaciones.
En relación con los hechos así como con los motivos y alegaciones de las partes, el Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
AKZO Chemie BV y AKZO Chemie UK Ltd forman parte del grupo AKZO que es el proveedor más importante en la Comunidad de peróxido de benzoilo, producto químico que se utiliza a la vez para la fabricación de plásticos y para el blanqueado de harinas.
El peróxido de benzoilo es fabricado también por una pequeña empresa, Engineering and Chemical Supplies (en adelante ECS), cuyo domicilio social se encuentra en Stonehouse (Reino Unido). Hasta 1979, los únicos clientes de ECS eran los harineros británicos. A partir de esta época, ECS comenzó a vender a fabricantes de plásticos y a competir con AKZO en este mercado más amplio.
El 15 de junio de 1982, ECS formuló una reclamación ante la Comisión por infracción del artículo 86 del Tratado CEE. Alegó que para obligarla a retirarse del mercado de los plásticos, AKZO la había amenazado con eliminarla del de los aditivos de la harina, mediante una política selectiva de ventas a precios anormalmente bajos y que había cumplido esta amenaza. A consecuencia de esta reclamación, los funcionarios de la Comisión efectuaron, en diciembre de 1982, verificaciones en los locales de AKZO Chemie BV y AKZO Chemie UK Ltd.
El 8 de junio de 1983, la Comisión decidió iniciar contra AKZO el procedimiento previsto en el artículo 3 del Reglamento n° 17. A partir de julio de 1983, la Comisión dictó medidas provisionales que imponían a AKZO determinadas obligaciones relativas a su política de precios en el sector de los aditivos de la harina (Decisión de 23 de julio de 1983,
DO L 252, p. 13
).
Mediante pliego de cargos de fecha 3 de septiembre de 1984, la Comisión imputò a AKZO haber infringido el artículo 86 del Tratado al amenazar a ECS con vender el peróxido de benzoilo, utilizado para el blanqueado de harinas, a la clientela de ECS a precios anormalmente bajos y discriminatorios y al cumplir dicha amenaza.
El 22 de octubre de 1984, AKZO remitió a la Comisión la primera parte de su respuesta al pliego de cargos. Sostuvo, en particular, no haber cometido el más mínimo abuso de posición dominante.
El 26 de octubre de 1984, un funcionario de la Comisión llamó por teléfono a un miembro del servicio jurídico de AKZO para informarle que se efectuarían verificaciones con arreglo al apartado 2 del artículo 14 del Reglamento n° 17 en el sector de los plásticos los días 7 y 8 de noviembre en los locales de AKZO Chemie BV, y los días 12 y 13 de noviembre en los de AKZO Chemie UK Ltd. AKZO no reaccionó inmediatamente ante esta información.
El 6 de noviembre de 1984, por la tarde, AKZO notificò telefónicamente a la Comisión su negativa a someterse a las verificaciones anunciadas. Durante esta comunicación, señaló que expresaría los motivos de esta negativa en una carta que llegaría a la Comisión el mismo día, lo que efectivamente así hizo.
Algunas horas después de esta conversación, el miembro de la Comisión responsable en materia de competencia adoptó la decisión que es objeto del presente recurso. Esta decisión establecía en el párrafo 1 de su artículo 1 que AKZO Chemie BV y AKZO Chemie UK Ltd debían someterse a una verificación debido a la sospecha de abuso de posición dominante en el mercado comunitario de peróxido de benzoilo o en una parte importante del mismo, fundándose en el hecho de que había amenazado a ECS y que desarrollaba una política de ventas a pérdida de carácter abusivo y destinada a causar perjuicio a ECS.
Las verificaciones tuvieron lugar efectivamente los días 7 y 8 de noviembre en los Países Bajos y los días 12 y 13 de noviembre en el Reino Unido.
En el escrito de recurso incoador del procedimiento, las demandantes invocan cuatro motivos contra la decisión impugnada. Por otra parte, en el escrito de réplica, han formulado tres nuevos motivos. Es importante, en primer lugar, verificar si estos tres últimos motivos cumplen con las condiciones previstas en el apartado 2 del artículo 42 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, según el cual durante el proceso sólo es posible alegar nuevos motivos cuando éstos se basen en puntos de hecho y de derecho que hayan aparecido durante la fase escrita del procedimiento.
Sobre la admisibilidad de los motivos invocados en el escrito de réplica
En un primer motivo, las demandantes hacen notar que la copia autenticada de la decisión litigiosa que se les remitió el día de las verificaciones no estaba firmada. Deducen de que el original tampoco lo estaría y que, en consecuencia, esta decisión es irregular. En el segundo motivo, las demandantes sostienen que las verificaciones tuvieron lugar en el momento en que ellas preparaban la respuesta al pliego de cargos relativo al sector de los aditivos de la harina y que, por ello, se les impidió el normal ejercicio del derecho de defensa. Por último, en un tercer motivo, las demandantes estiman que la Comisión incurrió en una desviación de poder dado que la decisión litigiosa que les ordena someterse a una verificación en el sector de los plásticos fue adoptada para sancionarlas por oponerse al pliego de cargos relativo al sector de la harina. Hacen referencia, a este respecto, a las amenazas que les fueron proferidas por el funcionario de la Comisión encargado del asunto durante una conversación telefónica el 1 de octubre de 1984. Explican que invocan este motivo en su escrito de réplica porque únicamente durante la fase escrita del procedimiento han podido comprobar que la Comisión hacía suyo el comportamiento de su funcionario.
De la propia exposición de los dos primeros motivos resulta que los mismos se fundan en hechos que eran conocidos por las demandantes antes de la interposición del recurso. En efecto, la copia autenticada de la decisión litigiosa les fue remitida el mismo día de las verificaciones. En cuanto a los inconvenientes provocados por el momento elegido por la Comisión para proceder a las verificaciones, en cualquier hipótesis se habrían revelado antes de la interposición del recurso. Como han sido presentados, por primera vez, en el escrito de réplica, y no se apoyan en elementos de hecho o de derecho aparecidos durante la fase escrita del procedimiento, ha de declararse la inadmisibilidad de estos dos motivos.
En lo que se refiere al tercer motivo, hay que hacer constar, en primer lugar, que el funcionario de la Comisión encargado del asunto trató con los directivos de AKZO en calidad de Agente de la Comisión. Si existieron amenazas, fueron proferidas por el funcionario responsable en el ejercicio de sus funciones. Por otra parte, las demandantes pudieron darse cuenta con motivo de la adopción de la decisión impugnada que se habían cumplido las presuntas amenazas. Todos estos elementos demuestran que desde la interposición del recurso, las demandantes sabían que los móviles ilícitos pretendidamente perseguidos por la decisión litigiosa eran imputables a la propia Comisión.
En consecuencia, corresponde declarar inadmisibles los tres motivos invocados por las demandantes en el escrito de réplica.
Sobre el fondo del recurso
En su primer motivo, las demandantes sostienen que la decisión impugnada está insuficientemente motivada. Recuerdan que enviaron a la Comisión una carta que justificaba su negativa a someterse voluntariamente a las verificaciones indicadas. Las demandantes estiman que, en consecuencia, la Comisión debía señalar en su decisión las razones por las cuales rechazaba sus argumentos.
La Comisión considera que no estaba obligada a refutar estas alegaciones en su decisión.
Hay que subrayar que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento n° 17, que establece las indicaciones que debe contener una decisión adoptada en base al mismo, no impone a la Comisión que responda a los argumentos alegados por las empresas interesadas. Esta disposición tiene por objeto permitir a la Comisión que efectúe verificaciones sin el acuerdo de las empresas y sin advertencia previa. En estas condiciones, la circunstancia de que en el presente asunto la Comisión anunciara a las empresas su intención de efectuar verificaciones con arreglo al apartado 2 del artículo 14 del Reglamento n° 17, no puede tener como efecto crear a su cargo una obligación de exponer los motivos más amplia que aquélla a la que estaría sometida si hubiera procedido de entrada a una verificación con arreglo al apartado 3 del artículo 14 del mismo Reglamento. En consecuencia, corresponde concluir que la decisión litigiosa está a este respecto suficientemente motivada.
En su segundo motivo, las demandantes sostienen que la decisión es ilegal porque fue adoptada sin que las autoridades nacionales competentes fueran oídas de conformidad con el apartado 4 del artículo 14 del Reglamento n° 17.
La Comisión subraya que ha presentado al Tribunal un acta que prueba que la autoridad neerlandesa competente fue efectivamente oída el 6 de noviembre de 1984. Además, una carta del Office of Fair Trading de 20 de diciembre de 1984, que figura igualmente en el expediente, prueba que la autoridad competente británica también fue regularmente oída. Es cierto que esta audiencia tuvo lugar por teléfono y sin que se levantara acta, pero según la Comisión no es necesario que se levante acta alguna.
Es exacto que los documentos aportados por la Comisión acreditan que las autoridades neerlandesas y británicas competentes fueron oídas antes de que se adoptara la decisión.
Poco importa que esta audiencia se efectuara de manera informal y, en el caso de las autoridades inglesas, por teléfono y sin que se levantara acta. En efecto, dado que el objetivo del apartado 2 del artículo 14 del Reglamento n° 17 es el de permitir que se efectúen verificaciones por sorpresa en las empresas sospechosas de haber infringido los artículos 85 y 86 del Tratado, debe permitirse a la Comisión tomar su decisión sin someterla a condiciones formales que tengan por efecto retrasar su adopción.
En su tercer motivo, las demandantes denuncian la incompatibilidad de la decisión con los principios fundamentales prescritos por el artículo 8 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, al haber sido adoptada sin respetar el procedimiento previsto por el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento n° 17, dado que únicamente el respeto de este procedimiento permite garantizar que la decisión ha sido adoptada de conformidad con esos principios fundamentales.
La Comisión sostiene que en este caso se respetaron todas las garantías o menciones impuestas por el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento n° 17.
Las propias demandantes admiten que si se cumplen las condiciones del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento n° 17, no es contraria a los principios fundamentales prescritos por el artículo 8 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales una decisión que ordene a una empresa someterse a una verificación. Tal como resulta del examen de los dos primeros motivos, sucedió así en este caso. En consecuencia, corresponde desestimar también el tercer motivo.
En su cuarto motivo, las demandantes cuestionan, en primer lugar, la delegación de poder en virtud de la cual se adoptó la decisión impugnada en cuanto no cumple con el principio de colegialidad enunciado por el artículo 17 del Tratado de 8 de abril de 1965, por el que se constituye un Consejo único y una Comisión única de las Comunidades Europeas (en adelante el Tratado de fusión). Tal sistema no ofrecería las mismas garantías para los justiciables. De este modo, la no publicación de la decisión que concede una delegación a determinados miembros de la Comisión impediría controlar su legalidad. Las demandantes estiman, además, que la decisión litigiosa es producto de un uso abusivo de la delegación de poderes en la medida en que las circunstancias delicadas que rodeaban las verificaciones hubieran debido llevar al miembro de la Comisión encargado en materia de competencia a adoptar esta decisión en forma colegiada.
La Comisión, por su parte, subraya en primer lugar que el sistema de delegación, que ella misma ha establecido, garantiza el respeto al principio de colegialidad, puesto que se prevén ciertos mecanismos con el fin de asegurar que se adopten colegiadamente las decisiones importantes. Recuerda, además, que una decisión por la que se ordena a una empresa que se someta a una verificación es, en sí misma, un simple acto de gestión que en el caso de autos no era necesario remitir al órgano colegiado.
En cuanto a la primera parte de este cuarto motivo que concierne a la compatibilidad del sistema de delegación de facultades con el principio de colegialidad, procede recordar, en primer lugar, que este principio emana del artículo 17 del Tratado de fusión, a tenor del cual «los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría del número de miembros previsto en el artículo 10. Sólo podrá reunirse válidamente la Comisión cuando esté presente el número de miembros que fije su reglamento interno». El principio de colegialidad así establecido se basa en la igualdad de los miembros de la Comisión, en cuanto a la participación en la adopción de decisiones, e implica en particular, por una parte, que se delibere colectivamente sobre las decisiones y, por otra parte, que todos sus miembros sean responsables en forma colectiva, en el plano político, del conjunto de las decisiones adoptadas.
Conviene analizar a continuación, especialmente bajo la perspectiva del sistema de delegación de facultades, las medidas adoptadas por la Comisión para impedir que la norma de la deliberación colegiada lleve a una parálisis del órgano colegiado.
En primer lugar, la Comisión introdujo el 23 de julio de 1975, en su Reglamento interno provisional (
DO L 199, p. 43
; EE 01/02, p. 27), un nuevo artículo 27, según el cual ella «podrá, siempre que se observe plenamente el principio de su responsabilidad colegial, facultar a sus miembros para que adopten en su nombre y bajo su control medidas de gestión o de administración claramente definidas».
En segundo lugar, en la misma fecha, la Comisión fijó, en una decisión interna, los principios y las condiciones según las cuales se concederían las delegaciones de facultades. Según las indicaciones proporcionadas por la Comisión en respuesta a una pregunta del Tribunal de Justicia, dicha decisión estableció garantías de procedimiento para asegurar que las decisiones adoptadas mediante delegación de facultades respetarían el principio de colegialidad. De este modo, las decisiones de delegación de facultades se adoptan en reuniones de la Comisión y las delegaciones de facultades no pueden adoptarse sino para determinadas personas y para determinadas categorías de actos de gestión o de administración corriente. Por otra parte, la persona a quien se le delegan facultades no puede adoptar decisiones sino en caso de acuerdo de todos los servicios interesados y después de haberse asegurado que la decisión no debe por ninguna razón ser adoptada en forma colegiada. Por último, todas las decisiones adoptadas mediante delegación de facultades son comunicadas al día siguiente de su adopción a todos los miembros de la Comisión y a todos los servicios.
En tercer lugar, en el ámbito particular del derecho de la competencia, el miembro de la Comisión encargado en materia de competencia recibió, mediante decisión de 5 de noviembre de 1980, el poder de adoptar en nombre de la Comisión determinadas medidas de procedimiento previstas por el Reglamento n° 17. Dicho miembro puede por sí solo decidir la iniciación del procedimiento, solicitar informaciones a las empresas y, por último, ordenar a una empresa que se someta a una verificación con arreglo al apartado 3 del artículo 14 del Reglamento n° 17.
Por lo que respecta a la compatibilidad de este sistema con el principio de la colegialidad, cabe recordar que el Tribunal de Justicia ha resuelto en su sentencia de 17 de enero de 1984 (VBVB y VBBB contra Comisión,
43 y 63/82, Rec. 1984, p. 19
), la más reciente relacionada con este tema, que la Comisión, dentro de ciertos límites y cumpliendo ciertos requisitos, puede facultar a sus miembros para que adopten ciertas decisiones en su nombre, sin que por ello se infrinja el principio de colegialidad que rige su funcionamiento. Dicha jurisprudencia constante se basa en dos consideraciones.
Por una parte, tal sistema de delegación de facultades no tiene por efecto privar a la Comisión de competencias transfiriendo un poder propio al miembro facultado por ella. Las decisiones adoptadas por delegación se toman en nombre de la Comisión, la cual asume la plena responsabilidad de las mismas; estas decisiones pueden ser objeto de recurso de anulación en las mismas condiciones que si se hubieran deliberado colegiadamente. La Comisión ha establecido, además, ciertos mecanismos que permiten reservar al órgano colegiado algunas medidas que hubieran podido adoptarse por delegación. Por último, se reserva la facultad de revisar las decisiones que otorgan delegaciones de facultades.
Por otra parte, aun limitado a categorías determinadas de actos de administración y de gestión, lo que excluye por hipótesis las decisiones de principio, tal sistema de delegación de facultades resulta necesario, teniendo en cuenta el aumento considerable en el número de actos de carácter decisorio que la Comisión debe adoptar a fin de cumplir sus funciones. La necesidad de asegurar la capacidad de funcionamiento del órgano decisorio corresponde a un principio inherente a todo sistema institucional que encuentra su expresión más específica en el artículo 16 del Tratado de fusión, según el cual «la Comisión establecerá su reglamento interno con objeto de asegurar su funcionamiento y el de sus servicios».
Contrariamente a lo que sostienen las demandantes, una decisión que ordene a una empresa someterse a una verificación debe ser considerada, dado su carácter de diligencia de instrucción, como una simple decisión de gestión. Ello es así aunque las empresas se opongan a la verificación. En efecto, el poder reconocido a la Comisión por el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento n° 17 se aplica esencialmente cuando la Comisión prevé que las empresas no se someterán voluntariamente a una verificación.
En cuanto al argumento de la no publicación de la decisión que acuerda la delegación de facultades, es preciso recordar que el principio de la seguridad jurídica y de la necesaria transparencia de las decisiones administrativas exigen que la Comisión publique tanto las decisiones de delegación de facultades como las normas internas, tales como la decisión de 23 de julio de 1975, que establecen el marco general a dicho efecto. No obstante, la falta de publicación de la decisión que acuerda una delegación de facultades al miembro de la Comisión encargado en materia de competencia, no priva a las demandantes de la posibilidad de impugnar ni esta decisión ni la decisión adoptada en virtud de la delegación de facultades concedida.
En estas condiciones, procede considerar que la decisión de 5 de noviembre de 1980, por la que se delegan facultades en el miembro de la Comisión encargado en materia de competencia para adoptar, en nombre y bajo la responsabilidad de la Comisión, decisiones con arreglo al apartado 3 del artículo 14 del Reglamento n° 17, que ordenen a las empresas que se sometan a verificaciones, no es contraria al principio de colegialidad prescrito por el artículo 17 del Tratado de fusión.
En cuanto a la segunda parte del motivo que se refiere al uso abusivo de la delegación de facultades en que se habría incurrido en este caso, es preciso hacer notar que la oposición de las empresas interesadas a las verificaciones anunciadas no es un motivo que obligue al miembro de la Comisión responsable en materia de competencia a remitir a la deliberación colegiada la adopción del acto. Como ya se ha dicho, las decisiones que ordenan verificaciones con arreglo al apartado 3 del artículo 14 del Reglamento n° 17 se adoptan, por definición, cuando la Comisión presume que las empresas no se someterán voluntariamente a la verificación, cualquiera que sean por otra parte sus razones.
Por ello, el miembro de la Comisión encargado en materia de competencia podía válidamente adoptar en nombre de la Comisión la decisión impugnada.
Teniendo en cuenta las precedentes consideraciones, cabe concluir que los motivos invocados por las demandantes en su demanda no son procedentes y que, en consecuencia, debe desestimarse el recurso.
Costas
En virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte vencida será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos de las demandantes, procede condenarlas en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas a las demandantes.

Everling
Joliét
Galmot
Schockweiler
Moitinho de Almeida
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, el 23 de septiembre de 1986.
El Secretario
P. Heim
El Presidente de la Sala Quinta
U. Everling
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.