CELEX: 62007FJ0033
Función pública
Funcionarios
Promoción

Funcionarios — Promoción — Examen comparativo de los méritos
(Estatuto de los Funcionarios, art. 45)
El artículo 2 de la decisión de la Comisión relativa a las condiciones del procedimiento de promoción de los funcionarios
retribuidos con cargo a los créditos Investigación del presupuesto general, que establece una restricción a la movilidad de
los funcionarios, no es contrario al interés del servicio.
Esta decisión, se aplica a los funcionarios que prestaron servicios anteriormente como agentes temporales y que fueron retribuidos
con cargo a los créditos de Investigación, dispone, en su artículo 2, apartado 1, como excepción a las disposiciones generales
de aplicación del artículo 45 del Estatuto adoptadas por la Comisión, que dichos funcionarios incluidos en la parte Investigación
del presupuesto general, con posterioridad a un concurso, conservan los puntos de promoción adquiridos como agente temporal.
No obstante, según el artículo 2, apartado 2, de la citada decisión, estos puntos de mérito y de prioridad se anulan si son
trasladados, a petición propia, a un empleo incluido en la parte Funcionamiento del presupuesto general, en los dos años siguientes
a la fecha de su nombramiento como funcionario en prácticas.
La restricción a la movilidad de estos funcionarios se justifica por consideraciones basadas en el buen funcionamiento de
la institución, y, por tanto, en el interés del servicio. Si bien la buena asignación de los recursos de personal y la movilidad
de los funcionarios dentro de las instituciones constituyen objetivos que se ajustan al interés del servicio, dicho interés
no se reduce a éstas. La citada decisión pretende incitar a los funcionarios, que anteriormente prestaron servicios como agentes
temporales empleados con cargo a los créditos de Investigación, a permanecer durante un período mínimo de dos años en los
empleos incluidos en la parte Investigación del presupuesto general en la que han sido nombrados y para la que poseen los
conocimientos requeridos.
De las disposiciones en cuestión resulta que la Comisión no ignora el interés del servicio que se vincula a la movilidad de
los funcionarios dentro de las instituciones, y que se esfuerza, por el contrario, en conciliarlo con los otros intereses
del servicio de que se ocupa específicamente. Por ello, la restricción a la movilidad de los funcionarios afectados está limitada
en su alcance, en la medida en que sólo afecta a los funcionarios, que prestaron servicios como agentes temporales con cargo
al presupuesto de investigación y nombrados desde hace menos de dos años en puestos incluidos en el mismo presupuesto. Sobre
todo, está limitada en su duración a un período de dos años a contar desde el nombramiento de los funcionarios afectados como
funcionarios en prácticas.
Por otro lado, la decisión no vulnera el principio de igualdad de trato de los funcionarios. El artículo 2, apartado 3, de
la citada decisión establece que, por excepción al artículo 2, apartado 2, de esta decisión, tres categorías de funcionarios
a los que se refiere el apartado 1 conservan los puntos adquiridos como agentes temporales, aun cuando se les traslade a un
puesto incluido en la parte Funcionamiento del presupuesto general, en los dos años siguientes a la fecha de su nombramiento
como funcionarios en prácticas. Los funcionarios «que son trasladados en interés del servicio por la autoridad facultada para
proceder a los nombramientos con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Estatuto» forman una de estas categorías. De los objetivos
del artículo 2 de la decisión resulta que la institución designa así a los funcionarios trasladados exclusivamente en interés
del servicio y sin tomar en consideración sus deseos de movilidad, como las disposiciones del artículo 7, apartado 1, párrafo
primero, del Estatuto, con exclusión de las del segundo párrafo del mismo apartado, le dan tal facultad a las instituciones.
Pues bien, aun cuando los traslados deben decidirse siempre en interés del servicio, la situación de los funcionarios trasladados
difiere sustancialmente en función de que la administración haya tenido en cuenta o no sus deseos de movilidad.
Otra categoría de funcionarios prevista en el artículo 2, apartado 3, de la citada decisión es la de los funcionarios trasladados
a petición propia y que ocupan un puesto considerado sensible desde al menos dos años. A este respecto, está justificada una
diferencia de trato entre los funcionarios trasladados a petición propia a un puesto incluido en la parte Funcionamiento del
presupuesto general dentro de los dos años siguientes a su nombramiento como funcionarios en prácticas, en función de que
ocupasen o no desde hace al menos dos años un puesto considerado sensible. Aun cuando generalmente al funcionario nombrado
en un puesto sensible se le traslada solamente al cabo de cinco años, la conclusión de que el citado funcionario únicamente
se encuentra en una situación diferente de las de los otros funcionarios al cabo de cinco años y no al cabo de dos años no
es exacta. La mayor obligación de movilidad que recae sobre los funcionarios destinados a puestos sensibles resulta de que
la naturaleza de sus funciones les expone a un riesgo mayor de irregularidades financieras o de conflictos de intereses. Por
consiguiente, los funcionarios destinados a puestos sensibles se encuentran, mientras dure su destino y no sólo al cabo de
cinco años, en una situación objetivamente diferente de la de otros funcionarios. Por ello, no hay razón para considerar que
la aplicación, a estos funcionarios, de excepciones en materia de movilidad sólo esté justificado al cabo de cinco años. Al
contrario, habida cuenta del interés del servicio que se vincula a facilitar la movilidad de los funcionarios destinados a
puestos sensibles, con el fin de limitar los riesgos a los que están expuestos, resulta razonable excluir a los citados funcionarios
del ámbito de aplicación de una disposición que constituye una fuerte incitación a la estabilidad durante dos años adicionales
a contar desde su nombramiento como funcionario en prácticas. De este modo, la excepción establecida por el apartado 3 en
favor de los citados funcionarios no es desproporcionada en relación con el objetivo perseguido.
(véanse los apartados 32, 67 a 73 y 90 a 96)
Referencia:
Tribunal de Primera Instancia: 12 de junio de 1997, Carbajo Ferrero/Parlamento (T‑237/95, RecFP pp. I‑A‑141 y II‑429), apartado 99