CELEX: 62003CJ0539
Convenio de Bruselas
Artículo 6, número 1
Pluralidad de demandados
Competencia del tribunal del domicilio de uno de los demandados
Demanda por violación de una patente europea
Demandados establecidos en diferentes Estados contratantes
Actos de violación cometidos en varios Estados contratantes

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 6, número 1, del Convenio de 27 de septiembre
de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972,
L 299, p. 32; texto consolidado en español en DO 1998, C 27, p. 1), en su versión modificada por el Convenio de 9 de octubre
de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (DO
L 304, p. 1 y –texto modificado– p. 77; texto en español en DO 1989, L 285, p. 41), por el Convenio de 25 de octubre de 1982
relativo a la adhesión de la República Helénica (DO L 388, p. 1; texto en español en DO 1989, L 285, p. 54), por el Convenio
de 26 de mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa (DO L 285, p. 1) y por el Convenio
de 29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de
Suecia (DO 1997, C 15, p. 1) (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»).
Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Roche Nederland BV y otras ocho sociedades del grupo Roche y los
Sres. Primus y Goldenberg, en relación con la vulneración, alegada por éstos, de los derechos que ostentan sobre una patente
europea de la que son titulares.

Marco jurídico

El Convenio de Bruselas
El artículo 2, párrafo primero, del Convenio de Bruselas, que figura en el título II, relativo a las normas de competencia,
y en la sección 1, titulada «Disposiciones generales», dispone:
«Salvo lo dispuesto en el presente Convenio, las personas domiciliadas en un Estado contratante estarán sometidas, sea cual
fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.»
A tenor del artículo 3, párrafo primero, de este mismo Convenio:
«Las personas domiciliadas en un Estado contratante sólo podrán ser demandadas ante los tribunales de otro Estado contratante
en virtud de las reglas establecidas en las Secciones 2 a 6 del presente título.»
El artículo 6 del Convenio de Bruselas, que figura en la sección 2 del citado título II, bajo el nombre de «Competencias especiales»,
dispone:
«[Las personas domiciliadas en un Estado contratante] podrán también ser demandadas:
1)      si hubiere varios demandados, ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos;
[…]»
El artículo 16 del Convenio de Bruselas, que constituye la sección 5 del título II de éste, titulada «Competencias exclusivas»,
estipula:
«Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio:
[…]
4)      en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y demás derechos análogos sometidos
a depósito o registro, los tribunales del Estado contratante en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado
el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún convenio internacional;
[…]
El artículo V
quinquies
del Protocolo anexo al Convenio de Bruselas, que, en virtud del artículo 65 de este último, forma parte integrante de dicho
Convenio, precisa:
«Sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes según el Convenio sobre la patente europea, firmado en
Munich el 5 de octubre de 1973, los tribunales de cada Estado contratante serán los únicos competentes, sin consideración
del domicilio, en materia de registro o validez de una patente europea expedida para este Estado y que no fuere una patente
comunitaria por aplicación de las disposiciones del artículo 86 del Convenio relativo a la patente europea para el mercado
común, firmado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1975.»
El artículo 22 del Convenio de Bruselas, que figura en la sección 8 titulada «Litispendencia y conexidad» del título II de
éste, prevé que, cuando se presentaren demandas conexas ante tribunales de Estados contratantes diferentes y estuvieren pendientes
en primera instancia, el tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior podrá suspender el procedimiento
e incluso, en determinadas condiciones, inhibirse. Según el párrafo tercero de dicha disposición:
«Se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo, las demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha
que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si
los asuntos fueren juzgados separadamente.»
A tenor del artículo 27, número 3, de dicho Convenio, que figura en el título III, relativo a las normas de reconocimiento
y de ejecución, y en la sección 1, titulada «Reconocimiento», las resoluciones no se reconocen si «la resolución fuere inconciliable
con una resolución dictada en un litigio entre las mismas partes en el Estado requerido».

El Convenio de Munich
El Convenio sobre concesión de patentes europeas, firmado en Munich el 5 de octubre de 1973 (en lo sucesivo, «Convenio de
Munich»), establece, como indica su artículo 1, un «derecho común a los Estados contratantes en materia de concesión de patentes
de invención».
Más allá de las normas comunes de concesión, una patente europea sigue rigiéndose por la normativa nacional de cada uno de
los Estados contratantes para los que se concedió dicha patente. A este respecto, el artículo 2, apartado 2, del Convenio
de Munich estipula:
«En cada uno de los Estados contratantes para los que se conceda, la patente europea tendrá los mismo efectos y estará sometida
al mismo régimen que una patente nacional concedida en dicho Estado […].»
En cuanto a los derechos conferidos al titular de una patente europea, el artículo 64, apartados 1 y 3, de dicho Convenio
establece:
«(1)      […] la patente europea confiere a su titular, a partir del día de la publicación de la nota de concesión y en cada uno de
los Estados contratantes para los que haya sido concedida, los mismos derechos que le confería una patente nacional concedida
en ese Estado.
[…]
(3)      Cualquier violación de una patente europea se juzgará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación nacional.»

El litigio principal y las cuestiones prejudiciales
Los Sres. Primus y Goldenberg, con domicilio en los Estados Unidos de América, son titulares de la patente europea nº 131 627.
El 24 de marzo de 1997, presentaron una demanda de medidas provisionales ante el Rechtbak te sۥ-Gravenhage Roche Nederland
BV, sociedad establecida en los Países Bajos, así como otras ocho sociedades del grupo Roche, establecidas respectivamente
en Estados Unidos de América, Bélgica, Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza, Austria y Suecia (en lo sucesivo, «Roche y otros»).
Los demandantes reprochan a las referidas sociedades haber vulnerado los derechos que les confiere la patente de la que son
titulares. Esa supuesta vulneración consistía en la comercialización de
kits
de dosificación inmunológica en los países en los que están establecidas las sociedades demandadas.
Las sociedades del grupo Roche no establecidas en los Países Bajos rechazaron la competencia de los tribunales neerlandeses.
En cuanto al fondo, se basaron en la inexistencia de infracción y en la nulidad de la patente de que se trata.
Mediante resolución de 1 de octubre de 1997, el Rechtbank te sۥ-Gravenhage se declaró competente y desestimó las demandas
de los Sres Primus y Goldenberg. En apelación, el Gerechtshof te sۥ-Gravenhage, mediante sentencia de 27 de junio de 2002,
modificó dicha resolución y en particular prohibió a Roche y otros vulnerar los derechos vinculados a la patente de que se
trata en todos los países designados en esa patente.
El Hoge Raad, ante el que se interpuso recurso de casación, resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de
Justicia las siguientes cuestiones:
«1)       Entre las demandas judiciales relativas a la violación de una patente que un titular de una patente europea ha presentado
contra una demandada domiciliada en el Estado del juez requerido, por una parte, y contra las distintas demandadas domiciliadas
en Estados contratantes distintos del Estado del juez requerido, por otra parte, respecto a las cuales el titular de la patente
afirma que han violado tal patente en uno o varios Estados miembros, ¿existe el nexo necesario para poder aplicar el artículo
6,
initio
y número 1, del Convenio de Bruselas?
2)      Si se responde negativamente, en todo o en parte, a la primera cuestión prejudicial, ¿en qué casos existe tal nexo y, para
que exista, son pertinentes, por ejemplo,
–        el hecho de que las demandadas formen parte del mismo grupo de empresas,
–        el hecho de que las demandadas hayan obrado en común, basándose en un plan de acción conjunta, y de ser así, el lugar en el
que se originó dicho plan de acción, o
–        el hecho de que los actos de las distintas demandadas que constituyen la violación impugnada sean idénticos o casi idénticos?»

Sobre las cuestiones prejudiciales
Mediante estas cuestiones, que deben examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si
el artículo 6, número 1, del Convenio de Bruselas debe interpretarse en el sentido de que resulta aplicable en el marco de
acciones de violación de patente europea en las que intervienen numerosas sociedades, establecidas en diferentes Estados contratantes,
en relación con unos hechos cometidos en el territorio de uno o de varios de esos Estados, en particular en el caso de que
las referidas sociedades, pertenecientes a un mismo grupo, hubieran actuado de manera idéntica o similar, con arreglo a un
plan de acción conjunta elaborado por una sola de ellas.
Como excepción a la norma de principio enunciada en el artículo 2 del Convenio de Bruselas, según la cual el demandado domiciliado
en un Estado contratante está sometido a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado, el artículo 6, número 1, de dicho Convenio
permite, en caso de pluralidad de demandados, que un demandado domiciliado en un Estado contratante sea emplazado en otro
Estado contratante en el que uno de los demandados tenga su domicilio.
En la sentencia de 27 de septiembre de 1988, Kalfelis (189/87, Rec. p. 5565, apartado 12), el Tribunal de Justicia declaró
que, para aplicar el artículo 6, número 1, del Convenio de Bruselas, entre las diferentes demandas formuladas por un mismo
demandante contra distintos demandados debe existir una conexión de tal naturaleza que exista un interés en tramitarlas y
juzgarlas conjuntamente, a fin de evitar soluciones que pudieran ser inconciliables si los litigios se juzgaran por separado.
La exigencia de un punto de conexión no se desprende del tenor del artículo 6, número 1, del Convenio de Bruselas. El Tribunal
de Justicia la dedujo de ese texto para evitar que la excepción al principio de la competencia de los tribunales del Estado
del domicilio del demandado, establecida por dicha disposición, pueda cuestionar la existencia misma de ese principio (sentencia
Kalfelis, antes citada, apartado 8). Tal exigencia fue confirmada posteriormente por la sentencia de 27 de octubre de 1998,
Réunion europénne y otros (C‑51/97, Rec. p. I‑6511, apartado 48), y tuvo su consagración expresa en el marco de la redacción
del artículo 6, número 1, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1),
que sucedió al Convenio de Bruselas.
La formulación utilizada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Kalfelis, antes citada, recoge la redacción del artículo
22 del Convenio de Bruselas, según el cual se considerarán conexas las demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha
que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si
los asuntos fueren juzgados separadamente. El citado artículo 22 fue interpretado en la sentencia de 6 de diciembre de 1994,
Tatry (C‑406/92, Rec. p. I‑5439, apartado 58), en el sentido de que, para que haya conexidad entre dos demandas, basta que
el hecho de que se tramiten y se juzguen de manera separada implique el riesgo de resoluciones contradictorias, sin que sea
necesario que implique el riesgo de dar lugar a consecuencias jurídicas mutuamente excluyentes.
El alcance dado por la sentencia Tatry, antes citada, al concepto de resoluciones «inconciliables» en el contexto del artículo
22 del Convenio de Bruselas es más amplio que el atribuido a ese mismo concepto por la sentencia de 4 de febrero de 1988,
Hoffmann (145/86, Rec. p. 645, apartado 22), en el contexto del artículo 27, número 3, de dicho Convenio, que establece que
una resolución dictada en un Estado contratante no se reconocerá si fuere inconciliable con una resolución dictada en un litigio
entre las mismas partes en el Estado requerido. En la sentencia Hoffmann, antes citada, el Tribunal de Justicia ya había declarado
que, para determinar si son inconciliables en el sentido de esta última disposición, ha de examinarse si las resoluciones
de que se trata implican consecuencias jurídicas que se excluyan recíprocamente.
Los Sres. Primus y Goldenberg, así como el Gobierno neerlandés, alegan que la interpretación amplia del adjetivo «inconciliables»,
en el sentido de contradictorias, dada por la sentencia Tatry, antes citada, en el contexto del artículo 22 del Convenio de
Bruselas debe extenderse al contexto del artículo 6, número 1, de dicho Convenio. Roche y otros y el Gobierno del Reino Unido,
a cuya argumentación se adhirió el Abogado General en los puntos 79 y siguientes de sus conclusiones, sostienen, por el contrario,
que dicha equiparación no es admisible, habida cuenta de las diferencias entre la finalidad y la posición de las disposiciones
de que se trata en el sistema del Convenio de Bruselas, y que debe preferirse una interpretación más restrictiva.
No obstante, no parece necesario, en el marco del presente asunto, pronunciarse sobre dicha cuestión. En efecto, basta señalar
que, aun cuando la noción de resoluciones «inconciliables» a efectos de la aplicación del artículo 6, número 1, del Convenio
de Bruselas debe entenderse en la acepción amplia de decisiones contradictorias, no existe riesgo de que tales resoluciones
se dicten como consecuencia de acciones de violación de patente europea cometidas en diferentes Estados contratantes y en
las que intervienen varios demandados domiciliados en el territorio de dichos Estados en relación con hechos cometidos en
sus territorios.
Como señaló el Abogado General en el punto 113 de sus conclusiones, para que exista contradicción de resoluciones, no basta
con que exista una mera divergencia en la solución del litigio, sino que haría falta también que tal divergencia se inscribiera
en el marco de una misma situación de Derecho y de hecho.
Pues bien, en la hipótesis planteada por el órgano jurisdiccional remitente en su primera cuestión prejudicial, es decir,
en el caso de acciones de violación de patente europea en las que intervienen varias sociedades, establecidas en diferentes
Estados contratantes, en relación con hechos cometidos en el territorio de uno o de varios de esos Estados, no es posible
concluir que existe una misma situación de hecho ya que los demandados son diferentes y los actos de violación que se les
imputa, cometidos en Estados contratantes diferentes, no son los mismos.
Las posibles diferencias entre las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales de que se trata no encajan en el
marco de una misma situación de hecho.
Además, si bien el Convenio de Munich prevé normas comunes para la concesión de una patente europea, de los artículos 2, apartado
2, y 64, apartado 1, de ese mismo Convenio se desprende que dicha patente sigue rigiéndose por la normativa nacional de cada
uno de los Estados contratantes para los que se ha concedido.
En particular, del artículo 64, apartado 3, del Convenio de Munich resulta que cualquier violación de patente europea debe
examinarse a la luz de la normativa nacional en vigor, en la materia, en cada uno de los Estados para los que se ha concedido.
De lo antedicho se desprende que, cuando ante varios tribunales de diferentes Estados contratantes se interponen demandas
por violación de una patente europea concedida en cada uno de dichos Estados, dirigidas contra demandados domiciliados en
esos Estados por hechos cometidos supuestamente en su territorio, las posibles divergencias entre las resoluciones dictadas
por los tribunales de que se trata no encajan en el marco de una misma situación de Derecho.
Por lo tanto, las eventuales resoluciones divergentes no pueden calificarse de contradictorias.
En estas circunstancias, aun cuando la interpretación más amplia del concepto de resoluciones «inconciliables», en el sentido
de contradictorias, haya sido admitida como criterio para determinar la existencia del nexo exigido para la aplicación del
artículo 6, número 1, del Convenio de Bruselas, es preciso señalar que tal nexo no puede existir entre acciones por violación
de una misma patente europea cada una de las cuales va dirigida contra una sociedad establecida en un Estado contratante diferente
en relación con hechos cometidos en el territorio de ese Estado.
Esta conclusión no puede ponerse en tela de juicio ni siquiera en el caso contemplado por el órgano jurisdiccional remitente
en su segunda cuestión prejudicial, a saber, en el supuesto de que sociedades demandadas pertenecientes a un mismo grupo hubieran
actuado de manera idéntica o similar, con arreglo a un plan de acción conjunta elaborado por una sola de ellas, de tal modo
que se estaría ante una misma situación de hecho.
En efecto, no cabe duda de que no se estaría en presencia de una misma situación de Derecho (véanse los apartados 29 y 30
anteriores de la presente sentencia) y de que, por lo tanto, en ese supuesto no existiría riesgo de resoluciones contradictorias.
Además, si bien, a primera vista, puede parecer que consideraciones de economía procesal abogan por una concentración de tales
demandas ante un solo tribunal, es preciso señalar que las ventajas que presenta dicha concentración para una buena administración
de justicia son limitadas y fuente de nuevos riesgos.
Una competencia basada en los únicos criterios fácticos enunciados por el órgano jurisdiccional remitente llevaría a una multiplicación
de los posibles criterios de competencia y podría afectar a la previsibilidad de las reglas de competencia establecidas en
el Convenio, y, por consiguiente, vulnerar principio de seguridad jurídica como fundamento de dicho Convenio (véanse las sentencias
de 19 de febrero de 2002, Besix, C‑256/00, Rec. p. I‑1699, apartados 24 a 26; de 1 de marzo de 2005, Owusu, C‑281/02, Rec.
p. I‑1383, apartado 41, y la sentencia del día de hoy, GAT, C‑4/03, Rec. p. I‑0000, apartado 28).
La relevancia de dicha vulneración sería mayor en la medida en que la aplicación de los referidos criterios ofrecería al demandante
amplias alternativas, lo que favorecería la práctica del «forum shopping» que el Convenio se propone evitar y que precisamente
el Tribunal de Justicia, en su sentencia Kalfelis, ha tratado de obstaculizar (véase el apartado 9 de dicha sentencia).
Es preciso señalar que la comprobación de si se reúnen los criterios de que se trata, cuya prueba incumbe al demandante, obliga
al tribunal que conoce el asunto a resolver sobre el fondo de éste antes de poder determinar su competencia. Dicho examen
previo puede ser causa de costes adicionales y de una extensión de los plazos de procedimiento en el caso de que el citado
tribunal, al no poder establecer la existencia de una misma situación fáctica y, por lo tanto, de un nexo suficiente entre
las acciones, se vea forzado a declarar su incompetencia, en cuyo caso se tendría que presentar un nuevo recurso ante un tribunal
de otro Estado.
Por último, suponiendo que el tribunal al que el demandado ha sometido el asunto pudiese declarar su competencia con arreglo
a los criterios mencionados por el órgano jurisdiccional remitente, la concentración de las acciones de violación ante dicho
órgano jurisdiccional no podría oponerse a una fragmentación al menos parcial del contencioso en materia de patentes, puesto
que se plantearía, con carácter incidental, la cuestión de la validez de la patente controvertida, como ocurre con frecuencia
en la práctica y como sucede también en el asunto principal. En efecto, dicha cuestión, con independencia de que se plantee
por vía de acción o de excepción, se enmarca dentro la competencia exclusiva prevista en el artículo 16, número 4, del Convenio
de Bruselas en favor de los órganos jurisdiccionales del Estado contratante en cuyo territorio se ha presentado la solicitud
o efectuado el registro o se supone que éstos se realizaron (sentencia GAT, antes citada, apartado 31). Dicha competencia
exclusiva de los tribunales del Estado de concesión fue confirmada en materia de patente europea en el artículo V
quinquies
del Protocolo anexo al Convenio de Bruselas.
A la vista de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo
6, número 1, del Convenio de Bruselas debe interpretarse en el sentido de que no se aplica en el marco de un litigio por violación
de patente europea en el que intervienen varias sociedades, establecidas en diferentes Estados contratantes, en relación con
hechos cometidos en el territorio de uno o de varios de esos Estados, aun cuando dichas sociedades, pertenecientes a un mismo
grupo, hubieran actuado de manera idéntica o similar, con arreglo a un plan de acción conjunta elaborado por una sola de ellas.

Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
El artículo 6, número 1, del Convenio de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica en el marco de
un litigio por violación de patente europea en el que intervienen varias sociedades, establecidas en diferentes Estados contratantes,
en relación con hechos cometidos en el territorio de uno o de varios de esos Estados, aun cuando dichas sociedades, pertenecientes
a un mismo grupo, hubieran actuado de manera idéntica o similar, con arreglo a un plan de acción conjunta elaborado por una
sola de ellas.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: neerlandés.