CELEX: 61988CJ0347
Importaciones, exportaciones y comercialización de petróleo bruto y de productos derivados del petróleo
Monopolio nacional
Precios

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 29 de noviembre de 1988, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que, al haber adoptado la Ley n° 1571/85 y las disposiciones de ejecución correspondientes, que establecen el mantenimiento parcial de los derechos exclusivos de importación y de comercialización en Grecia de los productos derivados del petróleo, así como determinadas medidas relativas al procedimiento de importación, de exportación y de comercialización y un régimen de precios máximos al consumo, que tienen por efecto restringir las importaciones y las exportaciones de dichos productos de o con destino a los demás Estados miembros, la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 30 y 34 y del apartado 1 del artículo 37 del Tratado CEE.
La Ley n° 1571/85, de 21 de octubre de 1985, relativa a la organización de la política del petróleo y del comercio de los productos derivados del petróleo
(Efimeris tis Kivemisseos
n° 192 de 14.11.1985, serie I), establece en el apartado 2 del artículo 7 que las importaciones de petróleo crudo y de los productos derivados serán efectuadas exclusivamente por el Estado, de conformidad, en particular, con las disposiciones del artículo 1 de la Ley y sin perjuicio de las disposiciones del artículo 4, entre otras.
Según el apartado 2 del artículo 1 de esta Ley, «el Estado tendrá el derecho exclusivo al refino y, en consecuencia, a la importación de petróleo crudo»
(traducción no oficial).
El artículo 4 de la Ley se refiere a la regulación del monopolio nacional de comercialización de los productos derivados del petróleo. Hasta el 31 de diciembre de 1985, las empresas distribuidoras de productos derivados del petróleo estaban obligadas a abastecerse exclusivamente del Estado. Con arreglo a los apartados 1 y 2 del artículo 4, estas empresas, desde el 1 de enero de 1986, tienen derecho a abastecerse del suministrador que ellas elijan hasta un determinado porcentaje de las necesidades del mercado helénico. Desde entonces, este porcentaje fue progresivamente aumentando hasta llegar al 100 % a partir del 1 de enero de 1990. Sin embargo, el apartado 3 del artículo 4 de la Ley n° 1571/85 establece que el porcentaje al que llega el monopolio nacional de comercialización puede ser modificado «con el objeto de prevenir las repercusiones que puedan tener eventuales crisis nacionales o internacionales sobre la seguridad pública y la defensa nacional»
(traducción no oficial).
Conforme al artículo 9 de la Ley n° 1571/85 y a la Orden ministerial n° 3662 de 17 de febrero de 1987
(Efimeris tis Kivernisseos
n° 121 de 16.3.1987, serie II) toda empresa de distribución está obligada a someter anualmente a las autoridades helénicas un plan denominado «plan de abastecimiento», indicando las ventas de productos derivados del petróleo que tiene previsto realizar al año siguiente en cada zona geográfica y los correspondientes abastecimientos. El apartado 4 del artículo 9 de la Ley determina que las empresas distribuidoras deben someter, para justificar sus planes, las copias de los contratos en los que consten que se abastecerán en las refinerías helénicas del sector público hasta el porcentaje de las necesidades del mercado nacional que corresponda a la parte no regulada por el monopolio nacional de comercialización y en estas mismas refinerías o en refinerías establecidas en los demás Estados miembros hasta el límite del 70 % del porcentaje correspondiente a la parte regulada de este monopolio. Los planes de abastecimiento suelen ser revisados durante el año. Tanto los planes como las modificaciones posibles están sujetos a la aprobación de las autoridades helénicas quienes, cuando estimen que el plan no está justificado, pueden exigir que se modifique o que se ofrezcan garantías para asegurar su cumplimiento.
Además, la cantidad de productos derivados del petróleo que toda empresa de distribución tiene derecho a adquirir del abastecedor de su propia elección está determinada de conformidad con las disposiciones de la Orden ministerial n° 3663 de 17 de febrero de 1987
(Efimeris tis Kivernisseos
n° 121 de 16.3.1987, serie II). Esta cantidad (denominada «cuota de comercialización») depende de diversos factores, entre ellos el porcentaje de las necesidades del mercado helénico correspondiente a la parte regulada por el monopolio nacional de comercialización y a la cantidad de productos derivados del petróleo vendida por la empresa de que se trate durante el año anterior. A tenor del artículo 4 de la Orden, toda empresa puede transferir su cuota total o parcialmente a otra empresa, pero si se mantienen fijos los otros factores que intervienen en el cálculo de la cuota, dicha transferencia produce una disminución de la cuota atribuida a la empresa cedente para el año siguiente.
Con arreglo al artículo 3 de la Orden ministerial n° 3663, las empresas de distribución están obligadas a someter a las autoridades helénicas, antes de cualquier importación de productos derivados del petróleo y para cada entrega, una declaración que indique, entre otras cosas, el país de procedencia y el precio de importación.
Asimismo, en virtud de la Orden ministerial n° 5414, de 12 de marzo de 1987
(Efimeris tis Kivernisseos
n° 115 de 16.3.1987, serie II), adoptada con arreglo al artículo 12 de la Ley n° 1571/85, las empresas de distribución están obligadas a someter una declaración a las autoridades helénicas antes de cualquier exportación de productos derivados del petróleo. Esta declaración debe incluir la afirmación de que la exportación no afecta a la obligación de la empresa de que se trate de satisfacer las necesidades del mercado helénico de conformidad con su plan de abastecimiento.
El apartado 1 del artículo 15 de la Ley n° 1571/85 establece que el ejercicio del comercio de productos derivados del petróleo está subordinado a la obtención previa de una autorización de las autoridades helénicas. Esta autorización sólo se otorga si se cumplen requisitos determinados, entre los que figura la obligación de la empresa de ser propietaria de camiones cisterna cuyo número máximo y mínimo está fijado por una Orden ministerial.
El artículo 11 de la citada Ley determina la fijación de precios máximos de venta para el consumo de los productos derivados del petróleo refinados en Grecia o importados. Estos precios se establecen a partir de un precio de base en cuya formación intervienen diversos factores. En virtud de este artículo, los factores que entran en la formación del precio de base están determinados por la Administración, pero deben relacionarse con los datos económicos internacionales o nacionales que también tengan en cuenta las tendencias del mercado, tales como el precio fob Italia de los productos terminados derivados del petróleo y la relación entre el coste de los productos terminados refinados en Grecia y el coste medio de fabricación de los mismos productos refinados en los demás Estados miembros. El precio de base, primero determinado en dólares americanos y luego convertido en dracmas, en principio está fijado para un período de tres meses. Al precio de base así determinado se añaden diversos datos, como el coste de almacenamiento, para llegar al precio de comercialización. El precio máximo para el consumo se obtiene añadiendo los tributos establecidos por el Estado al precio de comercialización.
Para una más amplia exposición de la normativa nacional, del desarrollo del procedimiento así como de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal de Justicia se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
En su escrito de introducción del recurso, la Comisión alegó que la posibilidad que se había reservado el Gobierno helénico para volver a regular el monopolio nacional de comercialización de los productos derivados del petróleo, prevista por el apartado 3 del artículo 4 de la Ley n° 1571/85, era contraria a los artículos 30 y 37 del Tratado. No obstante, en su escrito de réplica, la Comisión declaró que no solicitaba la condena de la República Helénica en este punto. En consecuencia, procede considerar que esta disposición de la Ley n° 1571/85 no forma parte del objeto del recurso.
Sobre la admisibilidad
a) Sobre L autorización previa exigida para ejercer el comercio de productos derivados del petróleo
La Comisión sostiene en su recurso que el apartado 1 del artículo 15 de la Ley n° 1571/85 es contrario al artículo 30 por cuanto condiciona el ejercicio del comercio de los productos derivados del petróleo en Grecia a la autorización previa de las autoridades helénicas.
La República Helénica alega que esta imputación no figura en el escrito de requerimiento ni en el Dictamen motivado y que, por consiguiente, debe declararse su inadmisión.
La Comisión subraya que el artículo 15 de la Ley n° 1571/85 está mencionado en el Dictamen motivado y que el escrito de requerimiento precisa los requisitos que deben cumplir las empresas que deseen ejercer el comercio de productos derivados del petróleo.
A este respecto, ante todo, procede recordar que, según una jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia (véase, en particular, la sentencia de 10 de julio de 1990, Comisión contra Alemania,
C-217/88, apartado 10, Rec. 1990, p. I-2879
), los recursos interpuestos con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE sólo pueden basarse en motivos y alegaciones ya enunciados en el Dictamen motivado.
Seguidamente procede destacar que, si bien en el Dictamen motivado la Comisión se opuso a uno de los requisitos exigidos para la concesión de la autorización para ejercer el comercio de productos derivados del petróleo, sin embargo no alegó que la exigencia de dicha autorización fuera en sí misma contraria a las disposiciones del Tratado.
Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad de la imputación relativa a la obligación de obtener la autorización previa de las autoridades helénicas que pesa sobre las empresas que deseen ejercer en Grecia el comercio de productos derivados del petróleo.
b) Sobre determinadas imputaciones rektivas al régimen de precios máximos para el consumo
19.
La Comisión alega que el régimen de precios máximos para el consumo de los productos derivados del petróleo es contrario al artículo 30 del Tratado, entre otras razones porque la consideración del factor «tendencia del mercado» haría insegura la determinación de los precios, porque las modalidades del cálculo del «coste de almacenaje» incitaría a las empresas distribuidoras a abastecerse en refinerías helénicas y porque la Administración helénica es competente para determinar los factores que intervienen en la formación del precio de base.
La República Helénica subraya que estas tres imputaciones no fueron enunciadas en el Dictamen motivado y por consiguiente considera que debe declararse su inadmisibilidad.
La Comisión sostiene que en el Dictamen motivado se había opuesto en general al sistema de fijación de los precios máximos para el consumo de los productos derivados del petróleo importados y que, por lo tanto, estas imputaciones sólo constituyen el desarrollo de un motivo presentado durante el procedimiento administrativo previo.
En lo que atañe a la imputación de conceder a la Administración helénica la facultad de determinar los factores considerados para la formación del precio de base, se desprende del escrito de réplica de la Comisión que esta imputación en realidad se refiere al contenido de la reglamentación adoptada por la Administración helénica y, en especial, a los factores «tendencia del mercado» y «coste de almacenaje». Por lo tanto, no se trata de una imputación diferente de las relativas a estos dos factores. Por consiguiente, no procede pronunciarse separadamente sobre esta imputación.
A continuación, procede destacar que el Dictamen motivado no contiene referencia alguna a los factores «tendencia del mercado» y «coste de almacenaje». Si bien la normativa en vigor durante el procedimiento previo establecía que los factores «tendencia del mercado» y «coste de almacenaje» se tenían en cuenta en el mecanismo de la formación de los precios, las imputaciones relativas a estos factores se formularon por primera vez en el escrito de réplica de la Comisión.
Por otra parte, el argumento de la Comisión según el cual las imputaciones relativas a los factores «tendencia del mercado» y «coste de almacenaje» no son más que el desarrollo de un motivo presentado durante el procedimiento previo, no puede aceptarse. En efecto, como ha indicado este Tribunal de Justicia en diversas oportunidades (véase, en particular, la sentencia de 28 de abril de 1985, Comisión contra Italia, apartado 21,
274/83, Rec. 1985, p. 1077
), el Dictamen motivado debe contener una exposición coherente y precisa de las razones que condujeron a la Comisión a la convicción de que el Estado interesado había incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado. Por consiguiente, incluso si la Comisión trataba de oponerse en general al régimen de precios máximos para el consumo, tenía que indicar en su Dictamen motivado las razones precisas por las que consideraba dicho régimen contrario a las disposiciones del Tratado.
De lo que resulta que debe declararse la inadmisibilidad de las imputaciones relativas a los factores «tendencia del mercado» y «coste de almacenaje».
c) Sobre las imputaciones no formuladas en el recurso
En su escrito de interposición del recurso, la Comisión indica que solicita la condena de la República Helénica, entre otras razones, «por todos los motivos indicados en el escrito de requerimiento y en el Dictamen motivado».
La República Helénica alega que debe declararse la inadmisibilidad de las imputaciones que no figuren en el escrito de introducción del recurso, al menos en su contenido esencial.
Debe acogerse la excepción de inadmisibilidad propuesta por la República Helénica. En efecto, en virtud del artículo 19 del Protocolo sobre el Estatuto CEE del Tribunal de Justicia y de la letra c) del apartado 1 del artículo 38 del Reglamento de Procedimiento, la demanda debe contener, entre otros elementos, una exposición sumaria de los motivos alegados. Por consiguiente, incumbe a la Comisión, en todo recurso interpuesto con arreglo al artículo 169 del Tratado, indicar las imputaciones precisas sobre las que debe pronunciarse el Tribunal de Justicia así como, al menos en forma sumaria, los fundamentos de hecho y de Derecho sobre los que se basan dichas imputaciones.
Por lo demás, procede subrayar que todo recurso interpuesto con arreglo al artículo 169 está precedido de un procedimiento administrativo previo que puede conducir a la Comisión a renunciar, como en este asunto, a determinadas imputaciones formuladas en el escrito de requerimiento o en el Dictamen motivado. En consecuencia, indicar en el recurso los motivos sobre los que este Tribunal de Justicia debe pronunciarse es imprescindible para delimitar precisamente el objeto del recurso.
De lo que resulta que debe declararse la inadmisibilidad de las imputaciones, enumeradas en el escrito de requerimiento y en el Dictamen motivado, que no fueron formuladas en el recurso.
Sobre el fondo
a) Sobre el derecho del Estado en materia de importación de petróleo crudo
La Comisión destaca que el apartado 2 del artículo 7 de la Ley n° 1571/85 confiere al Estado el derecho exclusivo de importar petróleo crudo. Alega que esta disposición es contraria al artículo 30 y al apartado 1 del artículo 37, porque excluye la posibilidad de importación por los operadores económicos y la reserva al Estado.
Según el apartado 1 del artículo 37, los Estados miembros adecuarán progresivamente los monopolios nacionales de carácter comercial de tal modo que quede asegurada la exclusión de toda discriminación entre los nacionales de los Estados miembros respecto de las condiciones de abastecimiento y de mercado.
Por otra parte, en virtud del artículo 30, quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación así como todas las medidas de efecto equivalente. Según una jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia (véase, en primer lugar, la sentencia de 11 de julio de 1974, Dassonville, apartado 5,
8/74, Rec. 1974, p. 837
), esta disposición se refiere a toda normativa mercantil de los Estados miembros que pueda obstaculizar directa o indirectamente, actual o potencialmente, el comercio intracomunitário.
Hay que destacar que, con arreglo al apartado 2 del artículo 7 de la citada Ley, las importaciones de petróleo crudo se efectúan exclusivamente por el Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley. Este artículo establece en el apartado 2 que «el Estado tiene el derecho exclusivo a refinar y por consiguiente a importar el petróleo crudo»
(traducción no oficial).
De estas disposiciones se sigue que el Estado tiene el derecho exclusivo de importar petróleo bruto destinado al refino.
Sin embargo, procede señalar que, dejando aparte cualquier disposición que confiera al Estado un derecho exclusivo de importación, el hecho de que el Estado posea el monopolio de refino le permite controlar tanto el volumen de las importaciones de petróleo crudo destinado al refino como las condiciones en que éstas se efectúan. En otros términos, el hecho de que estas importaciones se efectúen exclusivamente por el Estado, o bajo su control, es inherente a la existencia del monopolio nacional de refino. Por consiguiente, las disposiciones legales que confieran al Estado el derecho exclusivo a importar petróleo crudo destinado al refino no hacen más que confirmar la existencia de una prerrogativa indisociable del monopolio nacional de refino.
En estas circunstancias sólo puede cuestionarse la conformidad al Derecho comunitario de la exclusión del Estado helénico en materia de importación de petróleo crudo si se discute también la conformidad al Derecho comunitario del monopolio nacional del refino. Ahora bien, la Comisión indicó expresamente que no cuestionaba el monopolio nacional del refino.
De ahí se sigue que deben desestimarse las imputaciones relativas al derecho del Estado en materia de importación de petróleo crudo.
b) Sobre los derechos del Estado en matena de importación y de comercialización de productos derivados del petróleo
La Comisión además alega que el apartado 2 del artículo 7, así como el apartado 1 del artículo 4 de la Ley n° 1571/85, son contrarios al artículo 30 y al apartado 1 del artículo 37, porque confieren al Estado el derecho exclusivo a importar y comercializar los productos terminados derivados del petróleo y porque privan a las empresas distribuidoras de la posibilidad de abastecerse en empresas establecidas en los demás Estados miembros respecto a una cantidad de productos que corresponde a la parte no regulada por el monopolio nacional de comercialización.
En su escrito de contestación a la demanda, la República Helénica alega que el apartado 2 del artículo 7 y el apartado 1 del artículo 4 de la Ley n° 1571/85 no confieren un monopolio al Estado en el sentido del apartado 1 del artículo 37 porque, en la fecha de presentación del escrito de contestación, los derechos del Estado en materia de importación y de comercialización de los productos terminados derivados del petróleo se aplicaban a una cantidad de productos limitada al 25 % de las necesidades del mercado nacional.
A este respecto, hay que destacar que el objeto del recurso interpuesto con arreglo al artículo 169 consiste en que se declare que el Estado interesado ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado y que no ha puesto fin a este incumplimiento dentro del plazo señalado al efecto en el Dictamen motivado de la Comisión. De lo que se desprende que, para la finalidad del presente recurso, la extensión de los derechos del Estado en materia de importación y de comercialización de los productos derivados del petróleo debe determinarse tomando en consideración la situación que existía en la fecha de expiración del plazo señalado a la República Helénica para adaptar su legislación al Dictamen motivado.
En dicho momento, en virtud del apartado 2 del artículo 7 y de los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la Ley n° 1571/85, así como de las medidas de ejecución de dichas disposiciones, el Estado helénico tenía el derecho exclusivo a importar y a comercializar una cantidad de productos derivados del petróleo que correspondía al 65 % de las necesidades del mercado nacional. Por consiguiente, cuando expiró el plazo señalado para adaptar su legislación al Dictamen motivado, el Estado helénico ostentaba el poder de influir en gran medida sobre las importaciones de productos derivados del petróleo procedentes de los demás Estados miembros y todo ello en virtud tanto de su derecho en materia de importación como de su derecho en materia de comercialización de los productos derivados del petróleo. De ello se sigue que, a los fines del presente recurso, los derechos del Estado helénico en materia de importación y de comercialización de los productos derivados del petróleo debían ser considerados como un monopolio nacional de carácter comercial en el sentido del artículo 37.
Por otra parte, como indicó este Tribunal de Justicia, en particular en su sentencia de 7 de junio de 1983, Comisión contra Italia, apartado 11 (
78/82, Rec. 1983, p. 1955
), según el texto del artículo 37 y su ubicación en el sistema del Tratado, este artículo está destinado a asegurar el respeto de la norma fundamental de la libre circulación de mercancías en el conjunto del mercado común, en particular mediante la supresión de las restricciones cuantitativas y de las medidas de efecto equivalente en los intercambios entre Estados miembros y a mantener de esta manera las condiciones normales de la competencia entre los Estados miembros en el caso de que, en uno u otro de dichos Estados, un producto determinado esté sometido a un monopolio nacional de carácter comercial.
A este respecto, hay que destacar que, con arreglo al apartado 4 del artículo 9 de la Ley n° 1571/85, las empresas distribuidoras están obligadas a abastecerse en las refinerías helénicas del sector público hasta el límite de un porcentaje de las necesidades del mercado nacional que corresponda a la parte no regulada por el monopolio de comercialización. Se deduce claramente de esta disposición que, al mantener en vigor los derechos del Estado en materia de importación y de comercialización de los productos derivados del petróleo, la República Helénica, como ella misma ha reconocido, pretende asegurar una salida para la producción de las refinerías helénicas del sector público.
De ello se deduce que mantener en vigor los derechos del Estado helénico en materia de importación y de comercialización de los productos derivados del petróleo constituye una discriminación contra los exportadores establecidos en los demás Estados miembros, contemplada por el apartado 1 del artículo 37.
En segundo lugar, la República Helénica alega que mantener en vigor tales derechos no es contrario al artículo 30 porque los productos comercializados por el Estado pueden ser productos importados o productos que resulten de la transformación de materias primas o de productos semielaborados importados.
No puede aceptarse este argumento. En efecto, como antes se ha indicado (apartado 43), mantener en vigor los derechos de que se trata procura garantizar una salida a la producción de las refinerías helénicas del sector público. Semejante medida constituye en consecuencia un obstáculo a las importaciones de productos derivados del petróleo procedentes de los demás Estados miembros y ello independientemente de si el petróleo crudo utilizado por las refinerías helénicas del sector público es importado él mismo o no.
En tercer lugar, la República Helénica alega que mantener en vigor estos derechos está justificado por razones de seguridad pública. Afirma que la especial situación geopolítica de Grecia hace indispensable tomar medidas que garanticen un abastecimiento regular del país en petróleo crudo y productos derivados del petróleo. Añade que este objetivo sólo puede ser conseguido manteniendo en actividad las refinerías del sector público. A estos efectos, es necesario exigir a las empresas distribuidoras que se abastezcan parcialmente en estas refinerías hasta que les sea posible comercializar su producción a precios competitivos.
Es verdad que en su sentencia de 10 de julio de 1984, Campus Oil Limited, apartado 51 (
72/83, Rec. 1984, p. 2727
), este Tribunal de Justicia declaró que un Estado miembro, cuyo abastecimiento en productos derivados del petróleo depende total o casi totalmente de las importaciones, puede ampararse en razones de seguridad pública —en el sentido del artículo 36 del Tratado— para imponer a los importadores la obligación de cubrir un porcentaje determinado de sus necesidades en una refinería situada en su territorio, mediante compras a precios fijados por el Ministerio competente según los gastos soportados por la explotación de esta refinería, si la producción de la refinería de que se trata no puede ser comercializada libremente a precios competitivos en el respectivo mercado.
Sin embargo, es oportuno destacar que la República Helénica no ha demostrado que, en el supuesto de que los derechos del Estado en materia de importación y de comercialización de los productos derivados del petróleo no fueran mantenidos en vigor, las refinerías del sector público no podrían vender su producción en el mercado a precios competitivos ni garantizar de este modo la continuidad de su activi- ^ dad. Por consiguiente, debe desestimarse el argumento invocado por la República Helénica a este respecto.
Por lo tanto, procede declarar que, al mantener en vigor los derechos del Estado en materia de importación y de comercialización de los productos derivados del petróleo, la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 y del apartado 1 del artículo 37.
c) Sobre el sistema de las cuotas de comercialización y de los pknes anuales de abastecimiento
La Comisión alega que la obligación impuesta a las empresas de distribución por el artículo 9 de la Ley n° 1571/85 de someter planes anuales de abastecimiento en productos derivados del petróleo y el régimen de cuotas de comercialización aplicable a estas empresas, como establece la Orden n° 3363, son contrarios al artículo 30 porque restringen la comercialización de los productos importados y privan a las empresas distribuidoras de la posibilidad de explotar la cuota del mercado que podrían alcanzar en un régimen de libre competencia.
En primer lugar, la República Helénica objeta que la obligación de presentar planes anuales de abastecimiento y el régimen de cuotas de comercialización no tienen incidencia alguna en las importaciones o en la libre competencia porque los planes de abastecimiento constituyen un inventario objetivo de las necesidades de cada empresa y porque estos planes y las cuotas de comercialización no tienen carácter rígido.
Es oportuno destacar que el hecho de que los planes y las posibles modificaciones que se efectúen en los mismos estén sometidos a la aprobación de las autoridades helénicas significa que las empresas de distribución no pueden determinar libremente el volumen ni las condiciones de ejercicio de sus actividades, ni adaptarse libremente a las fluctuaciones del mercado. Por consiguiente, este régimen de aprobación constituye una medida que puede obstaculizar el comercio intracomunitário contemplada por el artículo 30.
En cuanto a las cuotas de comercialización, es oportuno señalar que el régimen establecido por la Orden ministerial n° 3663 puede mantenerse en vigor aun después de la supresión de los derechos del Estado en materia de comercialización de los productos derivados del petróleo. Por otra parte, este régimen consiste en fijar, en función de diversos factores, la cantidad de productos derivados del petróleo que las empresas distribuidoras podrán comprar al suministrador que elijan durante el año siguiente. Por consiguiente, priva a las empresas distribuidoras de la posibilidad de determinar libremente la cantidad de productos que compran a los exportadores comunitarios. El argumento aducido por la República Helénica, en el sentido de que se pueden ceder las cuotas de comercialización, no es aplicable al respecto, aunque sólo fuera porque la posibilidad que tiene una empresa de importar una cantidad de productos derivados del petróleo superior al volumen de su cuota depende de la voluntad de otra empresa de cederle una parte de su propia cuota. De ello se deduce que, con independencia del porcentaje hasta el cual está regulado el monopolio nacional de comercialización, el régimen de las cuotas de comercialización constituye una medida que puede obstaculizar el comercio intracomunitário contemplada por el artículo 30.
En segundo lugar, la República Helénica alega que la obligación de presentar los planes anuales de abastecimiento y el régimen de las cuotas de comercialización son imprescindibles para ejercitar el derecho del Estado en materia de comercialización de los productos derivados del petróleo.
Respecto a ello, basta destacar que mantener en vigor los derechos del Estado helénico en materia de comercialización de los productos derivados del petróleo constituye una medida prohibida por el artículo 30 y por el apartado 1 del artículo 37. En consecuencia, el argumento invocado por la República Helénica no puede conducir a que las medidas de que se trata eludan la prohibición establecida por el artículo 30.
En tercer lugar, la República Helénica alega que la presentación de planes de abastecimiento es imprescindible para permitir a las autoridades helénicas determinar la política a seguir sobre el petróleo y asegurar de este modo en todo momento la cobertura de las necesidades del país en productos derivados del petróleo.
A este respecto, es oportuno recordar en primer lugar que, como declaró este Tribunal de Justicia en la sentencia de 10 de julio de 1984, Campus Oil Limited, ya citada, apartado 35, la finalidad de asegurar en todo momento un abastecimiento mínimo en productos derivados del petróleo puede constituir un objetivo amparado en el concepto de seguridad pública en el sentido del artículo 36 del Tratado CEE. Sin embargo, las medidas adoptadas con arreglo al artículo 36 sólo pueden estar justificadas si son necesarias para conseguir el objetivo de este artículo y si dicho objetivo no puede conseguirse mediante medidas que sean menos restrictivas para los intercambios comunitarios (véase sentencia de 11 de octubre de 1990, Nespoli, apartado 15,
C-196/89, Rec. 1990, p. I-3647
).
Es exacto que la presentación de planes de abastecimiento contribuye a asegurar en todo momento el suministro al país de productos derivados de petróleo. Las informaciones contenidas en estos planes, relativas a las previsiones de venta de las empresas de distribución por zonas geográficas así como a sus fuentes de abastecimiento, efectivamente permiten que las autoridades helénicas establezcan en qué medida pueden cubrirse las necesidades mínimas del país en productos derivados del petróleo mediante la actividad de las empresas de distribución en caso de crisis y determinar la política que debe seguirse en materia de compra y de refino de petróleo crudo para garantizar en todo momento un abastecimiento mínimo en productos derivados del petróleo.
No obstante, la República Helénica no ha presentado ningún argumento que intente demostrar que la facultad conferida a las autoridades para aprobar los planes de abastecimiento y las modificaciones que se introduzcan en los mismos y, por tanto, de intervenir en las condiciones del ejercicio de la actividad de las empresas distribuidoras, del que resulta el obstáculo a los intercambios comunitarios, es imprescindible para garantizar en todo momento un abastecimiento mínimo del país en productos derivados del petróleo. A este respecto, es oportuno observar que en Grecia existen dos refinerías del sector público cuya capacidad de producción supera las necesidades mínimas del país en período de crisis. Por consiguiente, puede garantizarse el abastecimiento del país en productos derivados del petróleo exigiendo a las empresas distribuidoras que comuniquen a su debido tiempo a las autoridades helénicas los planes de abastecimiento y las modificaciones significativas que deban efectuarse en los mismos durante su ejecución.
En estas circunstancias, el obstáculo a los intercambios comunitarios constituido por la facultad conferida a las autoridades helénicas de aprobar los planes de abastecimiento y las eventuales modificaciones de dichos planes no puede considerarse justificado con arreglo al artículo 36.
Por consiguiente, procede declarar que, al promulgar la Orden ministerial n° 3662 que establece que los planes anuales de abastecimiento en productos derivados del petróleo de las empresas distribuidoras y las posibles modificaciones de estos planes serán sometidos a la aprobación de las autoridades helénicas y al promulgar la Orden ministerial n° 3663 que establece un régimen de cuotas de comercialización, la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30.
d) Sobre los procedimientos de importación y de exportación
La Comisión alega que el artículo 3 de la Orden ministerial n° 3663 es contrario al artículo 30 porque instituye un sistema de autorización previa para las importaciones de productos derivados del petróleo. También sostiene que el artículo 12 de la Ley n° 1571/85 y la Orden ministerial n° 5414 son contrarios al artículo 34 y al apartado 1 del artículo 37 porque establecen un régimen de autorización para las exportaciones de productos derivados del petróleo. Añade que, aunque las disposiciones nacionales ya citadas sólo exigiesen una obligación de declaración, serían contrarias a los artículos 30, 34 y 37 en la medida en que tratan de asegurar el respeto de las cuotas de comercialización.
La República Helénica sostiene que las disposiciones nacionales de que se trata imponen a los importadores y a los exportadores una mera obligación de declaración de las operaciones de importación y de exportación que no influye en el ejercicio del derecho de importación o de exportación correspondiente. Estima que esta información es necesaria para controlar la ejecución de los planes anuales de abastecimiento. Por consiguiente, dichas disposiciones no son contrarias a los artículos 30, 34 y 37.
Ante todo, es oportuno reconocer que la Comisión no ha aportado elementos de prueba para demostrar que las disposiciones nacionales debatidas impongan algo más que una mera obligación de declaración de las operaciones de importación y de exportación.
La Comisión, no obstante, alega que, aun en estas circunstancias, las disposiciones debatidas son contrarias a los artículos 30, 34 y 37 porque tienden a vigilar el régimen de cuotas y, en consecuencia, a mantener semejante régimen.
Ahora bien, el examen de los autos no muestra elemento alguno que permita reconocer la existencia de cualquier vínculo entre, por una parte, los regímenes de declaración obligatoria establecidos en las citadas Ordenes ministeriales y, por otra parte, el mantenimiento del régimen de cuotas.
Por consiguiente, la imputación relativa al artículo 3 de la Orden ministerial n° 3663, así como a la Orden ministerial n° 5414, que establecen procedimientos de declaración de las operaciones de importación y de exportación, debe ser desestimada.
e) Sobre la obligación de disponer de una capacidad de transporte
La Comisión alega que la obligación impuesta a las empresas distribuidoras por la letra d) del apartado 3 del artículo 15 de la Ley n° 1571/85, de disponer de un número determinado de camiones cisterna para ser autorizadas a ejercer el comercio de productos derivados del petróleo puede restringir las importaciones de dichos productos y, por consiguiente, es contraria al artículo 30.
Es oportuno destacar que la Comisión no ha alegado ningún fundamento de Derecho o de hecho que tienda a demostrar que la obligación controvertida, que constituye una normativa de comercio indistintamente aplicable a los productos nacionales e importados, puede obstaculizar el comercio intracomunitário.
Debido a ello, procede declarar no fundada esta imputación.
f) Sobre el régimen de precios máximos para el consumo
Como ya se ha indicado (en los anteriores apartados 19 a 25), procede declarar la inadmisibilidad de algunas imputaciones formuladas contra el régimen de precios máximos para el consumo. Además de estas imputaciones, la Comisión también alega que el régimen de precios máximos para el consumo no tiene suficientemente en cuenta los gastos correspondientes a los productos importados, tales como los gastos de transporte, y que otorga una importancia desproporcionada a los criterios nacionales. Por consiguiente, este régimen sería contrario al artículo 30.
Con respecto a ello, es oportuno observar que la normativa helénica relativa al régimen de precios máximos para el consumo respecto a los productos derivados del petróleo establece que, en el mecanismo de formación de los precios, se tienen en cuenta numerosos factores que se relacionan tanto con los productos importados como con los productos nacionales.
Por otra parte, como destacó la República Helénica, las imputaciones formuladas por la Comisión están expresadas en términos vagos y generales. Por añadidura, la Comisión no presentó argumento alguno para fundarlas.
En estas circunstancias, procede desestimar dichas imputaciones.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Sin embargo, según el primer párrafo del apartado 3 del mismo artículo, el Tribunal podrá imponer el pago de las mismas parcialmente o en su totalidad, cuando sean desestimadas respectivamente uno o varias de las pretensiones de las partes. Por haber sido desestimados varios motivos formulados por la demandante, procede repartir el pago de las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Declarar que, al promulgar la Ley n° 1571/85 y las disposiciones de ejecución de dicha Ley, que disponen mantener en vigor los derechos del Estado en materia de importación y comercialización de los productos derivados del petróleo, sujetan los planes anuales de abastecimiento de las empresas distribuidoras y las eventuales modificaciones de dichos planes a la aprobación de las autoridades helénicas e instauran un régimen de cuotas de comercialización, la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 30 y 34 y del apartado 1 del artículo 37 del Tratado CEE.

2)
Desestimar el recurso en todo lo demás.

3)
Cada parte cargará con sus propias costas.

Due
Mancini
O'Higgins
Rodríguez Iglesias
Diez de Velasco
Kakouris
Joliét
Schockweiler
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de diciembre de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O.Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: griego.