CELEX: 61989CJ0251
Seguridad Social de los trabajadores migrantes
Prestaciones por hijos a cargo de titulares de pensiones y en favor de huérfanos

Mediante resolución de 29 de junio de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 8 de agosto de 1989, el Sozialgericht Nürnberg planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, varias cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 77, 78 y 81, letras a) y d), del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión codificada por el Reglamento (CEE) n° 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983 (
DO L 230, p. 6
; EE 05/03, p. 53).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de diez litigios, que el órgano jurisdiccional nacional acordó acumular, entre nacionales de Estados miembros distintos de la República Federal de Alemania y el Bundesanstalt für Arbeit, institución alemana encargada de la aplicación de la Ley relativa a las asignaciones por hijos a cargo («Bundeskindergeldgesetz»; en lo sucesivo, «BKGG»).
Todos los demandantes en el litigio principal residen en el territorio de Estados miembros distintos de la República Federal de Alemania. Sin embargo, ejercieron en el pasado una actividad por cuenta propia o por cuenta ajena en la República Federal de Alemania, o bien son causahabientes de tales trabajadores.
Varios demandantes en el litigio principal perciben, a la vez, una pensión en virtud de la legislación alemana y una pensión en virtud de la legislación del Estado miembro en el territorio del cual residen. Algunos de ellos son titulares de pensiones por accidente de trabajo. De la resolución de remisión resulta que varios demandantes, titulares de pensiones, perciben, además, subsidios familiares en virtud de la legislación del Estado miembro en cuyo territorio residen.
Otros demandantes en el litigio principal tienen a su cargo a huérfanos cuyo padre fallecido estuvo sometido, en calidad de trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, a la legislación de la República Federal de Alemania y a la del Estado miembro en cuyo territorio reside el huérfano. Algunos de éstos perciben subsidios familiares en virtud de la legislación de este último Estado miembro.
Todos los demandantes en el litigio principal han solicitado las asignaciones por hijos («Kindergeld») previstas por la BKGG o un complemento equivalente a la diferencia entre el importe de estas asignaciones y el de los subsidios familiares previstos por la legislación del Estado miembro en cuyo territorio residen.
El órgano jurisdiccional nacional considera que la asignación por hijo prevista en la BKGG constituye una prestación por hijos a cargo de titulares de pensiones o de rentas, prevista en el apartado 1 del artículo 77 del citado Reglamento n° 1408/71, al menos cuando este subsidio lo solicita el titular de una pensión distinta de la pensión de accidente de trabajo. Considera, además, que, cuando es el huérfano de un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia fallecido quien solicita dicha asignación, ésta debe considerarse como una prestación en favor de huérfanos, prevista en el apartado 1 del artículo 78 del Reglamento n° 1408/71. El órgano jurisdiccional nacional se refiere, a este respecto, a la declaración efectuada por la República Federal de Alemania conforme al artículo 5 de este Reglamento y observa que esta Declaración cita la asignación por hijo prevista en la BKGG entre las prestaciones en el sentido de los artículos 77 y 78 del Reglamento n° 1408/71.
En virtud del inciso i) de la letra b) del apartado 2 del artículo 77 de este Reglamento, las prestaciones por hijos a cargo de titulares de pensiones o de rentas serán concedidas «al titular de pensiones o de rentas debidas en virtud de las legislaciones de varios Estados miembros, conforme a la legislación de aquél de dichos Estados en cuyo territorio resida [...]». Asimismo, en virtud del inciso i) de la letra b) del apartado 2 del artículo 78 de este Reglamento, las prestaciones en favor de huérfanos serán concedidas «cuando se trate de un huérfano de un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia fallecido que haya estado sujeto a las legislaciones de varios Estados miembros, conforme a la legislación de aquél de dichos Estados en cuyo territorio resida el huérfano [...]».
El 17 de octubre de 1985, la Comisión Administrativa para la Seguridad Social de los Trabajadores Migrantes (en lo sucesivo, «Comisión Administrativa») adoptó la Decisión n° 129, relativa a la aplicación de los artículos 77 y 78 y del apartado 3 del artículo 79 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 y del inciso ii) de la letra b) del apartado 1 del artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972 (
DO 1986, C 141, p. 7
; en lo sucesivo, «Decisión n° 129»).
El apartado 1 de esta Decisión prevé: «Cuando el importe de las prestaciones mencionadas en el apartado 1 del artículo 77 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 de que se beneficiaba el titular de una pensión o de una renta debida con arreglo a la legislación del Estado miembro en donde residía, sea superior al importe de las prestaciones de que se beneficia con arreglo a la legislación de otro Estado miembro, también deudor de una pensión o de una renta, al que ha trasladado su residencia, el apartado 2 del artículo 77 se aplicará [...] de forma que el derecho a las prestaciones en virtud de la legislación del primer Estado miembro se mantenga siempre que el importe de estas prestaciones sea superior al importe de las prestaciones efectivamente percibido en virtud de la legislación del nuevo país de residencia». El apartado 5 de la Decisión n° 129 dispone que, en ese caso, la institución competente del primer Estado miembro abonará un complemento a las prestaciones concedidas en virtud de la legislación del segundo Estado miembro, equivalente a la diferencia entre el importe de las prestaciones efectivamente percibido en virtud de esta legislación y el importe de las prestaciones debidas en virtud de la legislación del primer Estado miembro.
Por otra parte, en virtud de los apartados 2 y 5 de la citada Decisión n° 129, se aplicarán normas idénticas para la concesión de las prestaciones previstas en el apartado 1 del artículo 78 del Reglamento n° 1408/71, cuando el huérfano haya trasladado su residencia de un Estado miembro en virtud de cuya legislación se le habían concedido estas prestaciones, a otro Estado miembro en virtud de cuya legislación son debidas prestaciones en favor de dicho huérfano.
Asimismo, la Decisión n° 129 precisa las normas aplicables para el cálculo y el pago del complemento a las prestaciones debido al titular de pensiones o de rentas, o en favor de un huérfano, conforme a los apartados 1, 2 y 5 de la Decisión, así como las obligaciones que incumben a las instituciones competentes de los Estados miembros afectados. A este respecto, prevé que la institución competente del Estado miembro en cuyo territorio reside el titular de pensiones o de rentas, o el huérfano, deberá comunicar determinadas informaciones a la institución competente del Estado miembro deudor del complemento a las prestaciones.
Ante el órgano jurisdiccional nacional, así como en el procedimiento administrativo previo a la interposición del recurso ante éste, el demandado en el litigio principal se ha opuesto a las pretensiones formuladas por los demandantes alegando, en particular, que, en virtud de los artículos 77 y 78 del Reglamento n° 1408/71, las prestaciones por hijos a cargo de titulares de pensiones y las prestaciones en favor de huérfanos, teniendo en cuenta la situación de los demandantes, debían ser concedidas conforme a la legislación del Estado miembro en cuyo territorio residen. Por otra parte, ha subrayado que la BKGG subordina el pago de las asignaciones por hijos al requisito de que el hijo que pueda ser tenido en consideración y la persona que lo tiene a su cargo residan en el territorio nacional. Ahora bien, los demandantes en el litigio principal no cumplen este requisito.
Además, en la medida en que los demandantes han invocado, en apoyo de su recurso, las disposiciones de la Decisión n° 129, el demandado en el litigio principal alega que esta Decisión no puede conferir derechos que no figuren ni en el Reglamento n° 1408/71 ni en la legislación de los Estados miembros. Asimismo, ha indicado que sus servicios no están en condiciones de ejecutar la Decisión n° 129, ya que esta Decisión no precisa cuál es la institución a la que, en cada Estado miembro, corresponde comunicar las informaciones previstas en esta Decisión para el cálculo del complemento a las prestaciones, a la institución competente del Estado miembro deudor de este complemento. Ahora bien, en algunos Estados miembros, podrían facilitar tales informaciones varias instituciones. En opinión del demandado en el litigio principal, el hecho de que la Decisión n° 129 no precise la institución encargada de facilitar dichas informaciones dificulta, e incluso imposibilita, la ejecución de tal Decisión.
En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional nacional decidió suspender el procedimiento hasta que este Tribunal de Justicia se pronuncie sobre las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
Un Estado miembro que concede una pensión a un trabajador migrante que, anteriormente, ha trabajado y ha estado asegurado en su territorio, o, en su caso, a sus huérfanos, ¿está obligado, conforme a los artículos 77 y 78 del Reglamento (CEE) n° 1408/71, a pagar un complemento por importe de la diferencia entre los subsidios familiares debidos en virtud de su legislación y los debidos en virtud de la legislación de otro Estado miembro, en el cual el titular de la pensión y sus hijos o, en su caso, los huérfanos, residen y perciben también una pensión debida en virtud de la legislación de este Estado, cuando la legislación nacional del primer Estado exige como requisito para el derecho a prestaciones familiares —en este caso, asignación por hijos, conforme a la Bundeskindergeldgesetz— que, tanto el titular, como los hijos que puedan ser tomados en consideración, residan en el territorio nacional? El artículo 77 del Reglamento (CEE) n° 1408/71, teniendo en cuenta, en su caso, la Declaración de la República Federal de Alemania de 9 de junio de 1980 (
DO C 139, p. 7
), ¿es aplicable al titular de una pensión de accidente de trabajo debida en virtud de la legislación alemana, cuando el titular solicita la asignación por hijos prevista en la legislación alemana?
2)
¿Existe asimismo el derecho a percibir la citada diferencia cuando el derecho a la pensión se haya generado después de que el trabajador trasladase su residencia a su país de origen? En este caso, para determinar la asignación por hijos que corresponde al titular de la pensión, ¿deben tomarse en consideración únicamente los miembros de su familia respecto a los que ya existía tal derecho antes del cambio de residencia, o bien todos los miembros de la familia del titular de la pensión en el momento de causar el derecho a pensión, incluidos aquellos que nacieron después de dicho cambio de residencia?
3)
En el supuesto de que, conforme a los artículos 77 y 78 del Reglamento (CEE) n° 1408/71, deba reconocerse el derecho a la asignación por hijos, ¿debe concederse ésta en su totalidad o por un importe reducido en función de los ingresos del solicitante, conforme a las correspondientes disposiciones alemanas sobre reducción de las prestaciones (artículos 10 y 11 de la BKGG)? ¿Cómo debe calcularse, en su caso, la parte que depende de los ingresos? ¿Cómo deben calcularse, en su caso, teniendo en cuenta las exenciones y cualquier otra deducción fiscal, los ingresos netos percibidos en otro Estado miembro por el titular de la pensión, por el huérfano y por los miembros de su familia, y cómo deben imputarse sobre los ingresos tenidos en cuenta a efectos de la asignación por hijo?
4)
¿La Decisión n° 129 de la Comisión Administrativa, de 17 de octubre de 1985, es suficiente en relación con las letras a) y d) del artículo 81 del Reglamento (CEE) n° 1408/71? En particular, ¿corresponde a la Comisión Administrativa adoptar una norma por la que determine cuál es la institución de otro Estado miembro que, entre aquellas que puedan tomarse en consideración, debe facilitar información vinculante?»
Para una más amplia exposición de los hechos de los litigios principales, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre la primera cuestión
Por lo que se refiere a la primera parte de la primera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional, es preciso recordar, con carácter preliminar, que, según reiterada jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, el inciso i) de la letra b) del apartado 2 del artículo 77 y el inciso i) de la letra b) del apartado 2 del artículo 78 del Reglamento n° 1408/71 no pueden interpretarse para privar así al trabajador, o al huérfano de un trabajador fallecido, del disfrute de las prestaciones más favorables, mediante la sustitución de las prestaciones a las que se tiene derecho en un Estado miembro por las prestaciones debidas por otro Estado miembro. Por consiguiente, cuando, en los supuestos a que se refieren estas disposiciones, la cuantía de las prestaciones abonadas por el Estado de residencia sea inferior a la de las prestaciones que concede el otro Estado deudor, el trabajador podrá beneficiarse de la cuantía más elevada y tendrá derecho a recibir, con cargo a la institución competente de este último Estado, una prestación suplementaria igual a la diferencia entre ambos importes (véase la sentencia de 14 de marzo de 1989, Baldi,
1/88, Rec. p. 667
; en el mismo sentido, sentencia de 9 de julio de 1980, Gravina,
807/79, Rec. p. 2205, apartado 8
).
Mediante la primera parte de la primera cuestión, el òrgano jurisdiccional nacional desea saber, esencialmente, si el trabajador y el huérfano del trabajador fallecido tienen derecho a tal complemento a las prestaciones, cuando la legislación del Estado miembro que concede las prestaciones más favorables subordina la concesión de estas prestaciones al requisito de que el titular y el hijo que pueda ser tomado en consideración residan en el territorio nacional.
A este respecto, es preciso subrayar que el Reglamento n° 1408/71 debe interpretarse a la luz del fin perseguido por el artículo 51 del Tratado, fundamento de su adopción, que pretende asegurar la libre circulación de los trabajadores.
Ahora bien, este objetivo no se conseguiría si, aparte de los casos expresamente previstos por la normativa comunitaria conforme a los objetivos del Tratado, la legislación de un Estado miembro subordinara la concesión de las ventajas de Seguridad Social que corresponden en virtud de esta legislación al requisito de que el trabajador resida en el territorio del Estado miembro. En relación con las prestaciones por hijos a cargo de titulares de pensiones o de rentas, y con las prestaciones en favor de huérfanos, el apartado 2 del artículo 77 y el apartado 2 del artículo 78 del Reglamento n° 1408/71 prevén expresamente que estas prestaciones serán concedidas, según las normas previstas por estas disposiciones, cualquiera que sea el Estado miembro en cuyo territorio resida el titular de pensiones o de rentas y los hijos, o el huérfano o la persona que lo tenga de modo efectivo a su cargo.
Por otra parte, el derecho a un complemento a las prestaciones por huérfanos o por hijos a cargo de titulares de pensiones o de rentas se reconoce a los huérfanos o a los titulares de pensiones o de rentas precisamente cuando éstos no residen en el territorio del Estado miembro que concede las prestaciones más favorables. Por consiguiente, el reconocimiento de tal derecho carecería de cualquier utilidad si la legislación de este Estado miembro subordinara la concesión de las prestaciones al requisito de que tanto el titular como el hijo que pueda tomarse en consideración residan en el territorio nacional, y si este requisito fuera exigible al huérfano y al titular de pensiones o de rentas que solicite un complemento a las prestaciones.
Por consiguiente, procede responder a la primera parte de la primera cuestión planteada que, si, en los casos previstos en el inciso i) de la letra b) del apartado 2 del artículo 77 y en el inciso i) de la letra b) del apartado 2 del artículo 78 del Reglamento n° 1408/71, el importe de las prestaciones pagadas por el Estado miembro de residencia es inferior al de las prestaciones debidas por otro Estado miembro, el titular de pensiones o de rentas, o el huérfano del trabajador fallecido, tiene derecho a recibir, a cargo de la institución competente de este último Estado, un complemento a las prestaciones equivalente a la diferencia entre ambos importes, incluso cuando la legislación de este Estado subordine la concesión de las prestaciones al requisito de que, tanto el titular, como el hijo que pueda ser tomado en consideración, residan en el territorio nacional.
De la resolución de remisión resulta que, mediante la segunda parte de la primera cuestión, el órgano jurisdiccional nacional desea saber si, teniendo en cuenta la Declaración emitida por la República Federal de Alemania conforme al artículo 5 del Reglamento n° 1408/71, el artículo 77 de este Reglamento se aplica a la asignación por hijos prevista en la BKGG cuando el solicitante de esta asignación es el titular de una pensión de accidente de trabajo.
A este respecto, el órgano jurisdiccional nacional observa que, conforme al apartado 1 del artículo 77 del Reglamento n° 1408/71, los suplementos de pensiones concedidos en favor de los hijos de los titulares de pensiones en virtud del seguro de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales quedan excluidos del ámbito de aplicación del artículo 77. Considera que tal exclusión podría interpretarse en el sentido de que todas las prestaciones familiares concedidas en favor de los hijos de los titulares de tales pensiones quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 77.
En virtud del artículo 5 del Reglamento n° 1408/71, «en las declaraciones notificadas y publicadas con arreglo a las disposiciones del artículo 97, los Estados miembros mencionarán [...] las prestaciones de que tratan los artículos 77 y 78».
En la Declaración prevista en el artículo 5 del Reglamento n° 1408/71 (
DO 1980, C 139, p. 1
), tal como fue modificada (
DO 1983, C 351, p. 1
), la República Federal de Alemania indicó que estaban incluidas en las prestaciones a que se refiere el artículo 77 del Reglamento, las «asignaciones por hijos» previstas en la «Ley relativa a las asignaciones por hijos a cargo (Bundeskindergeldgesetz), de 14 de abril de 1964, con modificaciones y suplementos, en la versión aplicable».
Esta declaración no incluye ninguna excepción para los casos en que la asignación por hijo prevista en la BKGG sea pagada, en su totalidad o en parte, a los titulares de una pensión por accidente de trabajo.
Si bien la circunstancia de que determinadas prestaciones por hijos a cargo de titulares de pensiones o de rentas concedidas en virtud de una Ley o de una normativa nacional no han sido mencionadas en la Declaración prevista en el artículo 5 del Reglamento n° 1408/71 no basta, por sí sola, para determinar que estas prestaciones no se incluyen entre las prestaciones a que se refiere el artículo 77 del Reglamento, procede, no obstante, considerar que, cuando han sido mencionadas en dicha Declaración, tales prestaciones se incluyen entre las prestaciones a que se refiere el artículo 77 del Reglamento.
Por consiguiente, procede responder a la segunda parte de la primera cuestión que, teniendo en cuenta la Declaración efectuada por la República Federal de Alemania conforme al artículo 5 del Reglamento n° 1408/71, la asignación por hijo a cargo prevista en la BKGG debe ser considerada como una prestación en el sentido del artículo 77 de este Reglamento, cuando es solicitada por el titular de una pensión por accidente de trabajo.
Sobre la segunda cuestión
De la resolución de remisión resulta que, mediante la segunda cuestión, el órgano jurisdiccional nacional desea saber, en primer lugar, si el trabajador que es titular de una pensión en virtud de la legislación del Estado miembro en cuyo territorio reside y que adquiere un derecho a pensión en virtud de la legislación del Estado miembro que concede prestaciones más favorables tiene derecho, después de trasladar su residencia al primer Estado miembro, a un complemento a las prestaciones a cargo del segundo Estado miembro. En segundo lugar, el órgano jurisdiccional nacional desea saber si el complemento a las prestaciones debe calcularse teniendo en cuenta a los hijos del titular de una pensión nacidos después de trasladar éste su residencia al Estado miembro que concede prestaciones menos favorables.
A este respecto, el órgano jurisdiccional nacional señala que, en la sentencia de 12 de junio de 1980, Laterza (
733/79, Rec. p. 1915
), este Tribunal de Justicia declaró que el inciso i) de la letra b) del apartado 2 del artículo 77 del Reglamento n° 1408/71 debía interpretarse en el sentido de que el derecho a prestaciones familiares a cargo del Estado en cuyo territorio reside el titular de una pensión de invalidez no hace que desaparezca el derecho a prestaciones familiares más elevadas causado con anterioridad a cargo de otro Estado miembro. Según el órgano jurisdiccional nacional, el derecho a un complemento a las prestaciones, a cargo del Estado miembro que concede las prestaciones más favorables, podría, por consiguiente, tener como única finalidad la de conservar derechos adquiridos antes del cambio de residencia.
Es preciso, en primer lugar, señalar que el derecho a las prestaciones previstas en el artículo 77 del Reglamento n° 1408/71 está vinculado al derecho a una pensión. Del apartado 2 del artículo 77 resulta que estas prestaciones serán concedidas según la legislación del Estado miembro o de uno de los Estados miembros deudores de una pensión frente al interesado.
Procede, a continuación, observar que el reconocimiento de un derecho al complemento a las prestaciones tiene por finalidad favorecer la libre circulación de los trabajadores, garantizando a los interesados la percepción del importe de las prestaciones que les habría sido concedido si hubieran mantenido su residencia en el Estado miembro que concede las prestaciones más favorables.
Si, a los trabajadores que adquirieron el derecho a una pensión en virtud de la legislación del Estado miembro que concede las prestaciones más favorables, no se les reconociera el derecho a dicho complemento después de trasladar su residencia al territorio del otro Estado miembro también deudor de una pensión, ello supondría un obstáculo a la libre circulación de los trabajadores.
En efecto, en tal caso, los trabajadores se verían forzados a mantener su residencia en el territorio del Estado miembro que concede las prestaciones más favorables, hasta la fecha en la que tuvieran derecho a una pensión en virtud de la legislación de este Estado miembro, a fin de poderse beneficiar de estas prestaciones.
Tal situación sería contraria al objetivo perseguido por el Reglamento n° 1408/71 y que justifica el reconocimiento del derecho a un complemento a las prestaciones.
Estas consideraciones exigen, asimismo, que el complemento a las prestaciones se conceda teniendo en cuenta no sólo a los hijos a cargo del titular de una pensión nacidos antes de trasladar su residencia al Estado miembro que concede las prestaciones menos favorables, sino también a los hijos nacidos después de dicho traslado de residencia.
Por consiguiente, procede responder a la primera parte de la segunda cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional que el derecho a un complemento a las prestaciones por hijos a cargo de titulares de pensiones o de rentas existe incluso cuando el titular de la pensión adquiere el derecho a una pensión en virtud de la legislación del Estado miembro que concede las prestaciones más favorables, después de trasladar su residencia a otro Estado miembro, deudor de prestaciones en virtud del apartado 2 del artículo 77 del Reglamento n° 1408/71. Por otro lado, debe responderse a la segunda parte de esta segunda cuestión que el complemento a las prestaciones debe concederse teniendo en cuenta todos los hijos a cargo del titular de pensiones, incluidos aquellos nacidos después de que éste trasladó su residencia al Estado miembro que concede las prestaciones menos favorables.
Sobre la tercera cuestión
Con carácter preliminar, debe señalarse que, si bien no corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco del artículo 177 del Tratado CEE, pronunciarse sobre la compatibilidad de una disposición nacional con el Tratado, es competente, en cambio, para proporcionar al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos de interpretación pertenecientes al ámbito del Derecho comunitario que puedan permitirle apreciar dicha compatibilidad para la resolución del asunto que le haya sido sometido.
Por consiguiente, debe entenderse que, mediante la tercera cuestión prejudicial, se pretende saber si, cuando la legislación del Estado miembro deudor de las prestaciones previstas en el artículo 77 o en el artículo 78 del Reglamento n° 1408/71, o de un complemento a las prestaciones, prevé que el importe de dichas prestaciones disminuirá en función de los ingresos anuales netos del titular y de los miembros de su familia, los artículos 77 y 78 del Reglamento n° 1408/71 autorizan tal reducción en el caso de que el titular de las prestaciones o del complemento a las prestaciones resida en otro Estado miembro. En caso afirmativo, el órgano jurisdiccional nacional desea saber cómo deben determinarse los ingresos anuales netos del titular y de los miembros de su familia, y cómo deben tenerse en cuenta al calcular el importe de las prestaciones, o del complemento a las prestaciones, a que tiene derecho el titular, sin infringir las normas del Derecho comunitario.
Respecto a la primera parte de esta cuestión, debe distinguirse entre el supuesto de que el Estado miembro cuya legislación establece que las prestaciones previstas en el artículo 77 o en el artículo 78 del Reglamento n° 1408/71 disminuyan en función de los ingresos anuales netos del titular y de los miembros de su familia sea el Estado miembro deudor de las prestaciones en virtud del apartado 2 del artículo 77 o del apartado 2 del artículo 78, y el supuesto de que el Estado miembro cuya legislación prevé tal reducción sea el Estado al que se solicita el pago del complemento a las prestaciones.
Por lo que se refiere, en primer lugar, al primer caso, debe recordarse que, en virtud del artículo 77 del Reglamento n° 1408/71, las prestaciones por hijos a cargo de titulares de pensiones o de rentas serán concedidas según la legislación del Estado miembro designado en el apartado 2 del artículo 77, cualquiera que sea el Estado miembro en cuyo territorio residan el titular de pensiones o de rentas o sus hijos. Asimismo, en virtud del artículo 78 de este Reglamento, las prestaciones en favor de huérfanos serán concedidas según la legislación del Estado miembro designado en el apartado 2 del artículo 78, cualquiera que sea el Estado miembro en cuyo territorio resida el huérfano o la persona que lo tenga de modo efectivo a su cargo.
Por consiguiente, cuando la legislación nacional aplicable en virtud del apartado 2 del artículo 77 o del apartado 2 del artículo 78 del Reglamento n° 1408/71 prevea que el importe de las prestaciones disminuirá en función de los ingresos anuales netos del titular de las prestaciones y de los miembros de su familia, los artículos 77 y 78 de este Reglamento autorizan tal reducción cuando el titular de las prestaciones reside en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado miembro deudor de las prestaciones.
A continuación, respecto al supuesto de que el Estado miembro cuya legislación prevé tal reducción sea aquél al que se solicita un complemento a las prestaciones, debe recordarse que el reconocimiento de un derecho a tal complemento tiene por objeto garantizar que los interesados obtengan el importe de las prestaciones que les habría sido concedido si hubieran mantenido su residencia en el territorio del Estado miembro que concede las prestaciones más favorables.
Por consiguiente, para determinar si el demandante tiene derecho a un complemento a las prestaciones a cargo de un Estado miembro y para calcular el importe de este complemento, es preciso comparar el importe de las prestaciones efectivamente percibidas en el Estado miembro en cuyo territorio ha trasladado su residencia, con el importe de las prestaciones que habría percibido si hubiera mantenido su residencia en el territorio del Estado miembro al que se solicita el pago del complemento.
De ello resulta que, cuando la legislación del Estado miembro al que se solicita el complemento a las prestaciones prevé que el importe de las prestaciones disminuirá en función de los ingresos anuales netos del titular y de los miembros de su familia, esta reducción puede también aplicarse cuando el interesado resida en el territorio de otro Estado miembro.
Respecto a la segunda parte de la tercera cuestión, deben aplicarse las correspondientes disposiciones de la legislación del Estado miembro deudor de las prestaciones o del complemento a las prestaciones, como si el titular y los miembros de su familia, que residen en el mismo Estado que dicho titular, residieran en el territorio del Estado miembro deudor y percibieran en éste los ingresos que obtienen en el Estado miembro de residencia.
A tal efecto, la institución competente del Estado miembro deudor puede solicitar, al titular de las prestaciones o del complemento a las prestaciones y a las autoridades competentes del Estado miembro de residencia, todas las informaciones necesarias para calcular, según la legislación del Estado miembro deudor, los ingresos anuales netos del interesado y de los miembros de su familia, así como documentación que acredite la exactitud de las informaciones facilitadas.
Debe añadirse, no obstante, que la institución competente del Estado miembro deudor no puede pedir al interesado informaciones o documentos probatorios distintos de los que puede facilitar, actuando con la normal diligencia, una persona que resida en el mismo Estado miembro. Por otra parte, en el caso de que el interesado no facilite las informaciones o los documentos probatorios solicitados, sólo podrá ser sancionado si se impone una sanción idéntica a los titulares de las mismas prestaciones que residan en el territorio del mismo Estado miembro deudor, que no faciliten informaciones o documentos probatorios idénticos o de naturaleza equivalente.
Por consiguiente, procede responder a la tercera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional que, cuando la legislación del Estado miembro deudor de las prestaciones a que se refieren el artículo 77 o el artículo 78 del Reglamento n° 1408/71, o de un complemento a las prestaciones, prevé que el importe de estas prestaciones disminuirá en función de los ingresos anuales netos del titular y de los miembros de su familia, los artículos 77 y 78 del Reglamento n° 1408/71 permiten tal reducción en el caso de que el titular resida en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado deudor. Para determinar, en este caso, los ingresos anuales netos del titular y de los miembros de su familia y para calcular el importe de las prestaciones, o del complemento a las prestaciones, a que el titular tiene derecho, la institución competente del Estado miembro deudor debe aplicar las correspondientes disposiciones de la legislación de este Estado miembro como si el titular y los miembros de su familia, que residen en el mismo Estado miembro que él, residieran en el territorio del Estado miembro deudor y percibieran en éste los ingresos que obtienen en el Estado miembro de residencia, basándose para ello en las informaciones y documentos probatorios que, previa solicitud, le faciliten el titular de las prestaciones y las autoridades competentes del Estado miembro de residencia.
Sobre la cuarta cuestión
De los autos resulta que, mediante la cuarta cuestión, el órgano jurisdiccional nacional desea saber cómo puede la institución competente del Estado miembro deudor del complemento a las prestaciones obtener las informaciones oficiales previstas en la Decisión n° 129. En particular, desea saber si corresponde a la Comisión Administrativa, en virtud de las letras a) y d) del artículo 81 del Reglamento n° 1408/71, designar la institución de cada Estado miembro que debe facilitar estas informaciones a la institución competente del Estado miembro deudor del complemento a las prestaciones.
A este respecto, debe observarse que, en virtud de la letra a) del artículo 81 del Reglamento n° 1408/71, la Comisión Administrativa se encargará «de resolver todas las cuestiones administrativas o de interpretación, derivadas de las disposiciones del presente Reglamento [...] sin menoscabo del derecho que asista a las autoridades, instituciones y personas interesadas, de recurrir a los procedimientos previstos y a las jurisdicciones señaladas por las legislaciones de los diversos Estados miembros, por el presente Reglamento y por el Tratado».
El problema de saber cuál es, entre todas las que podrían tomarse en consideración, la institución que, en cada Estado miembro, debe facilitar las informaciones necesarias para calcular el complemento a las prestaciones, es una cuestión administrativa derivada del Reglamento n° 1408/71.
Por consiguiente, en virtud de la letra a) del artículo 81 del Reglamento n° 1408/71, es competencia de la Comisión Administrativa designar tal institución.
No obstante, debe señalarse que el hecho de que se presenten dificultades prácticas en la ejecución del Reglamento n° 1408/71 no puede dispensar a las instituciones nacionales de Seguridad Social, de las obligaciones que este Reglamento les impone. Por otra parte, si bien es cierto que la Comisión Administrativa se encarga de resolver todas las cuestiones administrativas derivadas del Reglamento n° 1408/71, de los propios términos de la letra a) del artículo 81 de este Reglamento resulta que tal competencia atribuida a la Comisión Administrativa no excluye, en absoluto, la posibilidad de recurrir a otros procedimientos con el fin de resolver estas cuestiones.
A este respecto, cuando una persona residente en un Estado miembro pretende tener derecho, a cargo de otro Estado miembro, a un complemento a las prestaciones, en virtud del artículo 77 o del artículo 78 del Reglamento n° 1408/71, la institución competente de este último Estado miembro tiene la posibilidad de informarse ante la Comisión y las autoridades del Estado miembro en cuyo territorio reside el solicitante, a fin de conocer el nombre de la institución competente para facilitar las informaciones previstas en la Decisión n° 129.
En efecto, del apartado 3 del artículo 84 del Reglamento n° 1408/71 resulta que, para la aplicación de este Reglamento, las autoridades y las instituciones de los Estados miembros podrán comunicarse directamente entre ellas. Además, en virtud del artículo 5 del Tratado, la Comisión y el Estado miembro en cuyo territorio resida el solicitante de un complemento a las prestaciones están obligados a una cooperación leal con las instituciones de los demás Estados miembros encargadas de velar por el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del Reglamento n° 1408/71.
Por consiguiente, procede responder a la cuarta cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional que corresponde a la Comisión Administrativa, en virtud de la letra a) del artículo 81 del Reglamento n° 1408/71, elaborar la lista de las instituciones de los Estados miembros encargadas de facilitar las informaciones oficiales mencionadas en la Decisión n° 129. La institución competente del Estado miembro al que se reclama un complemento a las prestaciones continúa teniendo, no obstante, la posibilidad de dirigirse a la Comisión y a las autoridades del Estado miembro en cuyo territorio reside el solicitante, con el fin de conocer el nombre de la institución de este último Estado miembro competente para facilitar las informaciones oficiales mencionadas en la Decisión n° 129.
Costas
Los gastos efectuados por los Gobiernos alemán e italiano y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Sozialgericht mediante resolución de 29 de junio de 1989, declara:

1)
Cuando, en los casos previstos en el inciso i) de la letra b) del apartado 2 del artículo 77 y en el inciso i) de la letra b) del apartado 2 del artículo 78 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión codificada por el Reglamento (CEE) n° 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983, el importe de las prestaciones pagadas por el Estado miembro de residencia es inferior al de las prestaciones debidas por otro Estado miembro, el titular de pensiones o de rentas, o el huérfano del trabajador fallecido, tiene derecho a recibir, a cargo de la institución competente de este último Estado, un complemento a las prestaciones equivalente a la diferencia entre ambos importes, incluso cuando la legislación de este Estado subordine la concesión de las prestaciones al requisito de que, tanto el titular, como el hijo que pueda ser tomado en consideración, residan en el territorio nacional.

2)
Teniendo en cuenta la Declaración efectuada por la República Federal de Alemania conforme al artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 1408/71, la asignación por hijo a cargo prevista en la Bundeskindergeldgesetz debe ser considerada como una prestación en el sentido del artículo 77 de este Reglamento cuando es solicitada por el titular de una pensión por accidente de trabajo.

3)
El derecho a un complemento a las prestaciones por hijos a cargo de titulares de pensiones o de rentas existe incluso cuando el titular de la pensión adquiere el derecho a una pensión en virtud de la legislación del Estado miembro que concede las prestaciones más favorables, después de trasladar su residencia a otro Estado miembro, deudor de prestaciones en virtud del apartado 2 del artículo 77 del Reglamento (CEE) n° 1408/71.

4)
El complemento a las prestaciones por hijos a cargo de titulares de pensiones o de rentas debe concederse teniendo en cuenta todos los hijos a cargo del titular de pensiones, incluidos aquellos nacidos después de que éste trasladó su residencia al Estado miembro que concede las prestaciones menos favorables.

5)
Cuando la legislación del Estado miembro deudor de las prestaciones a que se refieren el artículo 77 o el artículo 78 del Reglamento (CEE) n° 1408/71, o de un complemento a las prestaciones, prevé que el importe de estas prestaciones disminuirá en función de los ingresos anuales netos del titular y de los miembros de su familia, los artículos 77 y 78 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 permiten tal reducción en el caso de que el titular resida en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado deudor. Para determinar, en este caso, los ingresos anuales netos del titular y de los miembros de su familia y para calcular el importe de las prestaciones, o del complemento a las prestaciones, a que el titular tiene derecho, la institución competente del Estado miembro deudor debe aplicar las correspondientes disposiciones de la legislación de este Estado miembro como si el titular y los miembros de su familia, que residen en el mismo Estado miembro que él, residieran en el territorio del Estado miembro deudor y percibieran en éste los ingresos que obtienen en el Estado miembro de residencia, basándose para ello en las informaciones y documentos probatorios que, previa solicitud, le faciliten el titular de las prestaciones y las autoridades competentes del Estado miembro de residencia.

6)
Corresponde a la Comisión Administrativa para la Seguridad Social de los Trabajadores Migrantes, en virtud de la letra a) del artículo 81 del Reglamento (CEE) n° 1408/71, elaborar la lista de las instituciones de los Estados miembros encargadas de facilitar las informaciones oficiales mencionadas en la Decisión n° 129, de 17 de octubre de 1985, relativa a la aplicación de los artículos 77 y 78, del apartado 3 del artículo 79 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 y del inciso ii) de la letra b) del apartado 1 del artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 574/72. La institución competente del Estado miembro al que se reclama un complemento a las prestaciones continúa teniendo, no obstante, la posibilidad de dirigirse a la Comisión y a las autoridades del Estado miembro en cuyo territorio reside el solicitante, con el fin de conocer el nombre de la institución de este último Estado miembro competente para facilitar las informaciones oficiales mencionadas en la Decisión n° 129.

Due
O'Higgins
Moitinho de Almeida
Díez de Velasco
Kakouris
Schockweiler
Grévisse
Zuleeg
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de junio de 1991.
El Presidente
O. Due
El Secretario
J.-G. Giraud
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.