CELEX: 61981CJ0141
Medidas de efecto equivalente
Protección de los animales de engorde

(No se transcriben los antecedentes de hecho.)
Fundamentos de Derecho
Mediante tres resoluciones de 21 de mayo de 1981, recibidas en el Tribunal de Justicia el 5 de junio siguiente, el Kantongerecht te Apeldoorn planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del Derecho comunitario que le permita pronunciarse sobre la compatibilidad con dicho Derecho de las disposiciones neerlandesas relativas a las celdas para terneros de engorde.
La cuestión fue formulada en términos idénticos en las tres resoluciones, dictadas en el marco de procesos penales incoados contra un agricultor, un intermediario de forrajes y una sociedad productora de alimentos para animales, a los que se les imputa haber criado terneros de engorde en celdas que no cumplían la condición establecida en la letra b) del artículo 2 del Real Decreto, de 8 de septiembre de 1961 (Staatsblad, p. 296), de desarrollo del artículo 1 de la Ley de protección de los animales, al tener dichas celdas unas dimensiones que no permitían a los animales tumbarse de costado libremente.
El Kantongerecht estimó que, para el examen de dichos asuntos, era decisivo saber si, por lo que respecta a la cría de terneros de engorde, dicho Decreto «es contrario al Tratado CEE o incompatible con éste y, en caso afirmativo, si sucedería lo mismo en caso de que se adoptara, mediante un Decreto modificado al efecto, una normativa concreta, hasta ahora inexistente, sobre las celdas de cría de los terneros». Por esta razón, el Juez ordenó al Officier van Justitie que remitiera los autos al Tribunal de Justicia y le solicitara que se pronunciase sobre la cuestión mencionada.
Sobre la formulación de la cuestión prejudicial
En las observaciones escritas que presentó ante el Tribunal de Justicia, el Gobierno danés señaló que las resoluciones de remisión no indicaban las disposiciones del Tratado o el ámbito del Derecho comunitario a los que se refería el órgano jurisdiccional de remisión ni los motivos que le llevaron a dudar de la compatibilidad de las disposiciones nacionales con dicho Derecho y a estimar que precisaba una respuesta a la cuestión planteada para examinar los asuntos ante él pendientes. En su opinión, tampoco pueden deducirse dichas indicaciones de la exposición sumamente sucinta de los antecedentes de hecho ni de la referencia a las disposiciones nacionales que se hace en dichas resoluciones. El Gobierno danés concluye de ello que la falta de precisión de las resoluciones de remisión le impidieron presentar, con arreglo al artículo 20 del Estatuto del Tribunal de Justicia, observaciones sobre el fondo, por lo que propuso una lista de informaciones que, a su juicio, debería contener cualquier resolución de remisión.
A este respecto, procede recordar que dichas indicaciones se encuentran ya en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En efecto, en su sentencia de 16 de diciembre de 1981, Foglia (
244/80,↔ Rec. p. 3045
), el Tribunal de Justicia señaló que era indispensable que los órganos jurisdiccionales nacionales explicaran los motivos por los que consideran necesario, para la solución del litigio principal, obtener una respuesta a sus cuestiones, siempre que dichos motivos no se desprendan de los autos de manera inequívoca. Por otra parte, en su sentencia de 12 de julio de 1979, Union laitière normande (
244/78, Rec. p. 2663
), el Tribunal de Justicia observó que la necesidad de llegar a una interpretación del Derecho comunitario que sea útil para el órgano jurisdiccional nacional requería que se definiera el marco jurídico en el que debía inscribirse la interpretación solicitada. En su sentencia de 10 de marzo de 1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association y otros (asuntos acumulados
36/80 y 71/80,↔ Rec. p. 735
), el Tribunal de Justicia añadió que, en determinadas circunstancias, podía ser preferible que, antes de someter el asunto al Tribunal de Justicia, quedasen acreditados los hechos del asunto y se resolviesen los problemas de estricto Derecho nacional.
Como subrayó con razón el Gobierno danés, las informaciones facilitadas en las resoluciones de remisión no sólo sirven para permitir al Tribunal de Justicia dar respuestas útiles, sino también para ofrecer a los Gobiernos de los Estados miembros y a las demás partes interesadas la posibilidad de presentar observaciones de conformidad con el artículo 20 del Estatuto del Tribunal de Justicia. En efecto, corresponde al Tribunal de Justicia velar por que se garantice dicha posibilidad, habida cuenta de que, con arreglo a la disposición antes citada, sólo se notifican a las partes interesadas las resoluciones de remisión.
Si bien, en el presente caso, las resoluciones de remisión no exponen los fundamentos de Derecho de la cuestión prejudicial con la claridad propugnada en la jurisprudencia anteriormente mencionada, sí permiten, cuando menos, apreciar que las dudas del órgano jurisdiccional nacional se refieren a la conformidad con el Derecho comunitario de una condición impuesta por una normativa nacional a la producción animal sujeta a una organización común de mercado. Así pues, los presentes asuntos se inscriben en el marco de una serie de procedimientos en los que, a falta de disposiciones comunitarias específicas, el Tribunal de Justicia ya ha examinado la conformidad de este tipo de condiciones con las normas relativas a la libre circulación de mercancías y con las normas que establecen una organización común. En consecuencia, habida cuenta de la posibilidad de completar las observaciones escritas durante la fase oral del procedimiento, no puede considerarse que el contenido de las resoluciones de remisión, aunque sea muy sucinto, haya privado a los Estados miembros de la posibilidad de presentar observaciones útiles en relación con la respuesta que debe darse a la cuestión prejudicial.
Por lo que respecta al tenor de la cuestión, procede recordar que no corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse, en el marco de un procedimiento con arreglo al artículo 177 del Tratado, sobre la compatibilidad de las normas nacionales, actuales o previstas, con el Derecho comunitario, sino sólo sobre la interpretación y validez de este último. En consecuencia, procede entender que la cuestión planteada pretende que se dilucide si el Derecho comunitario debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro mantenga o introduzca, para proteger a los animales, normas unilaterales sobre las celdas para terneros de engorde.
Sobre la respuesta que debe darse
En el estado actual del Derecho comunitario, éste no contiene ninguna norma específica relativa a la protección de los animales en las ganaderías. De ello se deduce que el examen que exige la cuestión prejudicial puede limitarse a las normas generales en materia de libre circulación de mercancías y de las organizaciones comunes de mercado en el sector agrícola.
Según la sociedad inculpada en uno de los litigios principales, Alpuro, las celdas que actualmente se utilizan en los Países Bajos para los terneros de engorde no permiten a los animales tumbarse de costado libremente, y la mayoría de dichas celdas tampoco se ajustan a las normas más precisas sobre dimensiones previstas en el Proyecto de Decreto al que se refiere el órgano jurisdiccional nacional. Si bien las normas neerlandesas se aplican únicamente a la producción de terneros dentro de los Países Bajos y, por consiguiente, no afectan en modo alguno a las importaciones de dicho Estado miembro, según la mencionada sociedad producen un efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la exportación, razón por la que son contrarias al artículo 34 del Tratado. Dado que un 90 % de la producción de carne de ternera de los Países Bajos se destina a la exportación, sobre todo a otros Estados miembros, la imposición a los productores neerlandeses de condiciones más onerosas que las impuestas a los productores de otros Estados miembros afecta necesariamente, según Alpuro, al funcionamiento de las organizaciones comunes de mercado, y no sólo a la de la carne de bovino, sino también a la de los productos lácteos, pues la leche descremada constituye un alimento esencial para los terneros de engorde. En consecuencia, según Alpuro, dichas condiciones son contrarias asimismo a las normas comunitarias por las que se establece una organización común de los mercados agrícolas, así como al apartado 3 del artículo 40 del Tratado, con arreglo al cual una organización común de este tipo debe excluir toda discriminación entre productores de la Comunidad.
Por lo que respecta al artículo 34 del Tratado, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente (más recientemente en su sentencia de 14 de julio de 1981, Oebel,
155/80,↔ Rec. p. 1993
) que dicho artículo se refiere a las medidas nacionales que tienen por objeto o por efecto restringir de manera específica los flujos de exportación, estableciendo así una diferencia de trato entre el comercio interior de un Estado miembro y su comercio de exportación, de modo que se otorgue una ventaja especial a la producción nacional o al mercado interior del Estado interesado. No es eso lo que sucede en el caso de una disposición que establece normas mínimas sobre las celdas para terneros de engorde, sin hacer distinción alguna en función de que los animales o su carne estén destinados al mercado nacional o a la exportación.
Por lo que respecta a las normas por las que se establece una organización común de los mercados agrícolas, procede subrayar, ante todo, que la creación de una organización de este tipo con arreglo al artículo 40 del Tratado no surte el efecto de excluir a los productores agrícolas de toda normativa nacional que persiga objetivos distintos de los de la organización común pero que, por afectar a las condiciones de producción, pueda incidir en el volumen o los costes de la producción nacional y, por ende, en el funcionamiento del mercado común en el sector interesado. La prohibición de toda discriminación entre los productores de la Comunidad, establecida en el apartado 3 del artículo 40, se refiere a los objetivos perseguidos por la organización común y no a las diferentes condiciones de producción que se desprendan de las normativas nacionales de carácter general que persigan otros objetivos.
En estas circunstancias, la inexistencia, en los reglamentos por los que se establece una organización común de los mercados agrícolas, de toda disposición que garantice la protección de los animales en las ganaderías no puede interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de las normas nacionales en la materia a la espera de la eventual adopción de nuevas disposiciones comunitarias. Semejante interpretación sería incompatible con la importancia que la Comunidad atribuye a la salud y protección de los animales, como atestiguan, entre otras disposiciones, el artículo 36 del Tratado y la Decisión 78/923 del Consejo, de 19 de junio de 1978, relativa a la celebración del Convenio Europeo sobre protección de los animales en las ganaderías (
DO L 323, p. 12
; EE 03/15, p. 47).
En consecuencia, procede responder a la cuestión prejudicial que, en el estado actual del Derecho comunitario, éste no se opone a que un Estado miembro mantenga o introduzca, para proteger a los animales, disposiciones unilaterales relativas a las normas que deben respetarse en el acondicionamiento de celdas para terneros de engorde, siempre que se apliquen indistintamente a los terneros destinados al mercado nacional y a los destinados a la exportación.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno de los Países Bajos, el Gobierno danés y la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que los procedimientos tienen, para las partes inculpadas en los procedimientos principales, el carácter de incidentes promovidos ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
pronunciándose sobre la cuestión prejudicial planteada por el Kantongerecht te Apeldoorn mediante resoluciones de 21 de mayo de 1981, declara:

En el estado actual del Derecho comunitario, éste no se opone a que un Estado miembro mantenga o introduzca, para proteger a los animales, disposiciones unilaterales relativas a las normas que deben respetarse en el acondicionamiento de celdas para terneros de engorde, siempre que se apliquen indistintamente a los terneros destinados al mercado nacional y a los destinados a la exportación.

Due
Chloros
Grévisse
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 1 de abril de 1982.
El Secretario
por orden
H.A. Rühl
Administrador principal
El Presidente de la Sala Segunda
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.