CELEX: 61989CJ0297
Directiva 83/182/CEE
Impostación temporal de un vehículo privado
Residencia normal
Obligación de concertación entre Estados miembros

Mediante resolución de 22 de agosto de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de septiembre siguiente, el Højesteret planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, tres cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 7 y 10 de la Directiva 83/182/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a las franquicias fiscales aplicables en el interior de la Comunidad en materia de importación temporal de determinados medios de transporte (
DO L 105, p. 59
; EE 09/01, p. 156).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un proceso penal seguido contra el Sr. Ryborg por haber introducido en Dinamarca, el 12 de noviembre de 1982, un turismo comprado y matriculado en la República Federal de Alemania y por haberlo utilizado sin haber satisfecho impuestos y sin haberlo matriculado en este Estado miembro.
El 6 de abril de 1973, el Sr. Ryborg, de nacionalidad danesa, se instaló en la República Federal de Alemania, país en el que había encontrado trabajo y alojamiento. En los años siguientes, viajó frecuentemente a Dinamarca en un vehículo matriculado en Alemania. Según sus propias declaraciones, desde el otoño 1981 permaneció frecuentemente en casa de una amiga danesa domiciliada en Dinamarca. A continuación, a partir de julio-agosto de 1982, pernoctó en dicho domicilio casi todas las noches y pasó en él la mayor parte de los fines de semana.
En octubre de 1982 el Sr. Ryborg compró un nuevo coche, que matriculó en Alemania. A lo largo del período comprendido entre el 12 de noviembre de 1982 y el 17 de enero de 1984 utilizó este vehículo para visitar a su amiga. El 17 de enero de 1984 las autoridades danesas confiscaron su automóvil, alegando que éste no había sido matriculado en Dinamarca.
Después de que el Sr. Ryborg fuera condenado a una multa y al pago de una cantidad en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (en lo sucesivo, «IVA»), mediante sentencia del Kriminalret de Sønderborg de 6 de septiembre de 1984 y, en apelación, mediante sentencia del Vestre Landsret de 28 de octubre de 1984, el Sr. Ryborg recurrió ante el Højesteret solicitando su absolución.
El Højesteret resolvió plantear tres cuestiones prejudiciales a este Tribunal de Justicia, la primera de las cuales, redactada de manera alternativa, reza como sigue:
«1)
Primera versión
Con arreglo a qué criterio se debe determinar si el nacional de un país B tiene su residencia normal en un país A o en un país B de conformidad con el párrafo 2 del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 83/182/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a las franquicias fiscales aplicables en el interior de la Comunidad en materia de importación temporal de determinados medios de transporte, sabiendo que:
a)
Declaró a las autoridades de cada uno de los Estados que se trasladaba al país A.
b)
A continuación trabajó y estableció su residencia normal en el país A.
c)
Posteriormente, sin declarar su cambio de residencia al país B, y al mismo tiempo que conservaba su residencia y su trabajo en el país A, pernoctó en casa de una amiga en el país B todos los días de la semana durante más de un año, a excepción de una noche cada tres semanas, que pasaba en su residencia en el país A por corresponderle el turno de noche en su trabajo; asimismo pasó la noche con esta amiga durante algunos fines de semana en la residencia de ésta en el país B o en su propia residencia en el país A y pasó también sus vacaciones con dicha amiga.
Segunda versión
Con arreglo a qué criterio se debe determinar si el nacional de un país A tiene su residencia normal en el país A o en el país B, de conformidad con el párrafo 2 del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 83/182/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a las franquicias fiscales aplicables en el interior de la Comunidad en materia de importación temporal de determinados medios de transporte, sabiendo que:
a)
Declaró a las autoridades de cada uno de los Estados que se trasladaba al país A.
b)
A continuación trabajó y estableció su residencia normal en el país A.
c)
Posteriormente, sin declarar su cambio de residencia al país B y al mismo tiempo que conservaba su residencia y su trabajo en el país A, pernoctó en casa de una amiga en el país B todos los días de la semana durante más de un año.
2)
¿Prohibe la obligación terminante de cooperación entre las autoridades competentes de los Estados interesados para la aplicación práctica de la Directiva 83/182/CEE del Consejo, establecida en su artículo 10, que un Estado miembro B obligue, sin discusión previa con un Estado miembro A, a uno de sus nacionales que haya matriculado su vehículo y pagado los impuestos correspondientes en el Estado miembro A, a matricular el mismo vehículo y pagar los impuestos suplementarios en el Estado miembro B, cuando el Estado miembro B estima que la persona en cuestión tiene ahora su residencia normal en el Estado miembro B?
3)
¿Crea el artículo 10 de la Directiva derechos a favor de los particulares que éstos pueden alegar ante un órgano jurisdiccional nacional?»
El Højesteret manifiesta haber considerado necesario plantear la primera cuestión de forma alternativa con objeto de reproducir los hechos precisos sobre cuya base el Kriminalret de Sønderborg y el Vestre Landsret fundamentaron, respectivamente, sus sentencias.
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento y de las observaciones escritas presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Con carácter preliminar debe precisarse que los hechos que dieron origen al procedimiento principal se desarrollaron entre el 12 de noviembre de 1982 y el 17 de enero de 1984, mientras que el Derecho nacional debería haberse adaptado a la Directiva 83/182, que es objeto de las cuestiones prejudiciales, a más tardar el 1 de enero de 1984 y no lo hizo íntegramente hasta el 30 de enero de 1984, mediante el Decreto ministerial n° 24, que entró en vigor el 1 de febrero siguiente
(Lovtidende
A, 1984, p. 173).
No obstante, hay que observar que el artículo 177 del Tratado, basado en la cooperación y la neta distribución de funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y este Tribunal de Justicia, no permite a éste juzgar los fundamentos de la resolución de remisión y la pertinencia de sus cuestiones. Ahora bien, en este marco de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, procede señalar que la resolución de remisión contiene una exposición detallada de los hechos del procedimiento principal y que el Højesteret se refiere explícitamente en sus cuestiones prejudiciales a las disposiciones de la Directiva 83/182.
Por consiguiente, procede responder a las cuestiones prejudiciales, teniendo en cuenta que el órgano jurisdiccional
a quo
apreciará los hechos controvertidos basándose en la normativa nacional a la luz de las disposiciones de la Directiva 83/182.
Sobre la primera cuestión
Mediante su primera cuestión al órgano jurisdiccional de remisión pregunta fundamentalmente qué criterios deben emplearse, con arreglo al artículo 7 de la Directiva 83/182, para determinar la residencia normal de una persona que se encuentra en una situación de hecho como la del acusado en el procedimiento principal.
Con objeto de responder a esta cuestión, procede señalar en primer lugar que la Directiva 83/182 contiene, en el ámbito de la importación temporal de determinados medios de transporte y por lo que se refiere al IVA, normas fiscales comunitarias, como las anunciadas en el apartado 2 del artículo 14 de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor añadido: base imponible uniforme (
DO L 145, p. 1
; EE 09/01, p. 54, en lo sucesivo, «Sexta Directiva»).
Por consiguiente, procede interpretar lo dispuesto en la Directiva 83/182 a la luz de los objetivos fundamentales perseguidos mediante la armonización en materia de IVA, como son especialmente la promoción de la libre circulación de personas y de mercancías y la prevención de los casos de doble imposición (sentencias de 3 de octubre de 1985, Profant,
249/84, Rec. p. 3237, apartado 25
, y de 6 de julio de 1988, Ledoux,
127/86, Rec. p. 3741, apartado 11
).
En particular, procede tener en cuenta el hecho de que, según los considerandos de la Directiva 83/182, la libre circulación de residentes comunitarios en el interior de la Comunidad se ve perturbada por los regímenes fiscales aplicados a la importación temporal de ciertos medios de transporte de uso privado o profesional, que la supresión de los obstáculos derivados de estos regímenes fiscales es particularmente necesaria para la constitución de un mercado económico que tenga características análogas a las de un mercado interior y que, a tal fin, la condición de residente de un Estado miembro debe poderse establecer con certeza.
Tratándose del concepto de residencia normal, procede señalar que los artículos 3, 4 y 5 de la Directiva 83/182 supeditan la concesión por parte de los Estados miembros de una franquicia de los impuestos contemplados en el artículo 1, en caso de importación temporal de un vehículo de turismo, al requisito de que el particular que importe estos bienes tenga su residencia normal en un Estado miembro distinto del de la importación temporal.
De ello se deduce que el lugar de residencia normal, definido conforme a las normas contenidas en el apartado 1 del artículo 7 y en el apartado 3 del artículo 9 de la Directiva 83/182, permite determinar el Estado miembro en el que el vehículo de que se trate se encuentra en régimen de importación temporal, así como el Estado miembro facultado para someterlo a su régimen impositivo.
Conforme al párrafo primero del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva, se entiende por «residencia normal» el lugar en que una persona vive habitualmente, es decir, durante un mínimo de 185 días por año civil, por razón de vínculos personales y profesionales, o, en el caso de una persona sin vínculos profesionales, por razón de vínculos personales que revelen la existencia de lazos estrechos entre dicha persona y el lugar en que habite.
El párrafo segundo de este artículo se refiere a la persona cuyos vínculos profesionales estén situados en un lugar distinto del de sus vínculos personales y que, por ello, se vea obligada a residir alternativamente en lugares diferentes situados en dos o más Estados miembros. Dispone que, en tal caso, la residencia normal se considerará situada en el lugar de sus vínculos personales, siempre que regrese a tal lugar regularmente. Este lugar se definirá conforme a los criterios establecidos en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 7.
Procede declarar, en primer lugar, que los criterios definidos en este sentido por las disposiciones citadas se refieren tanto al vínculo profesional y personal de una persona con un lugar, como a la duración de este vínculo y que, por consiguiente, deben examinarse acumulativamente. Efectivamente, es jurisprudencia reiterada en otros ámbitos del Derecho comunitario que debe considerarse como residencia normal el lugar en que el interesado ha establecido el centro permanente de sus intereses (véanse las sentencias de 12 de julio de 1973, Angenieux,
13/73, Rec. p. 935
; de 14 de julio de 1988, Schäflein/Comisión,
284/87, Rec. p. 4475
; y de 13 de noviembre de 1990, Reibold,
C-216/89, Rec. p. I-4163
).
De lo anterior se deduce que, para determinar la residencia normal como centro permanente de los intereses de la persona de que se trate deben tenerse en cuenta todos los elementos de hecho pertinentes, a la luz de los criterios enunciados por las disposiciones citadas.
A continuación, procede recordar que si bien corresponde a este Tribunal de Justicia definir los criterios que deban guiar al órgano jurisdiccional nacional en la aplicación de una norma de Derecho comunitario y al órgano jurisdiccional nacional efectuar las apreciaciones de hecho que implican la aplicación de estos criterios a la situación particular que dé origen al procedimiento principal, corresponde a este Tribunal de Justicia, en el marco de la misión que le atribuye el artículo 177 del Tratado, indicar al órgano jurisdiccional nacional las condiciones en las que pueden tenerse en cuenta para la aplicación de estos criterios las circunstancias de hecho mencionadas en la cuestión prejudicial (véase la sentencia de 13 de noviembre de 1990, Reibold, antes citada, apartado 18).
Ahora bien, del tenor de la primera cuestión prejudicial se deduce que, en el caso del procedimiento principal, se trata de un nacional de un Estado miembro B, que ha tenido su trabajo y su residencia normal durante años en un Estado miembro A y que la cuestión de su residencia normal sólo se plantea debido a que, a partir de una determinada fecha y durante más de un año, ha pasado casi todas las noches y los fines de semana en casa de una amiga en el Estado B.
De la cuestión prejudicial también se deduce que esta persona continúa teniendo sus vínculos profesionales en el Estado miembro A y que conserva en dicho Estado su vivienda.
En tales circunstancias, el mero hecho de que una persona pase las noches y los fines de semana durante más de un año en casa de una amiga en el Estado B no basta para llegar a la conclusión de que ha trasladado el centro permanente de sus intereses a dicho Estado.
Sería distinto si esta persona se instalara en el Estado miembro B manifestando la voluntad de vivir en él en común con su amiga y de no volver al Estado miembro A (véase la sentencia de 3 de octubre de 1985, Profant, antes citada, apartado 27).
Además, de la resolución de remisión y de las observaciones presentadas en la vista, se deduce que las autoridades danesas consideran que el Sr. Ryborg ha trasladado su residencia normal a Dinamarca a partir de la fecha en que comprobaron por primera vez que atravesaba la frontéra con un nuevo coche.
A este respecto debe recordarse que el concepto de residencia, a efectos de la Directiva 83/182, sirve para determinar la existencia de una importación temporal de un medio de transporte. Ahora bien, no puede invertirse la lógica de este criterio haciendo depender el lugar de la residencia normal de la importación. El hecho de que una persona que viaje a otro Estado miembro lo haga a partir de una determinada fecha con un nuevo auto no es suficiente para definir el lugar de su residencia normal.
Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión prejudicial que la residencia normal, a los efectos del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 83/182, corresponde al centro permanente de los intereses de la persona de que se trate y que este lugar debe determinarse con ayuda del conjunto de los criterios contenidos en esta disposición y de todas las circunstancias de hecho aplicables.
A este respecto, hay que precisar que el mero hecho de que un nacional de un Estado miembro B que se traslada a un Estado miembro A, dónde ha encontrado trabajo y alojamiento, pero que, a partir de una determinada fecha y durante más de un año ha pasado casi todas las noches y los fines de semana en casa de una amiga en el Estado miembro B, pero conservando su trabajo y su alojamiento en el Estado miembro A, no basta para llegar a la conclusión de que ha trasladado su residencia normal al Estado miembro B.
Sobre la segunda cuestión
Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional de remisión pretende fundamentalmente saber si el apartado 2 del artículo 10 de la Directiva 83/182 impone a los Estados miembros una obligación de concertación previa en casos concretos, como el del procedimiento principal.
A este respecto debe señalarse en primer lugar que, conforme a los apartados 1 y 3 de su artículo 10, la aplicación concreta de la Directiva 83/182 se efectúa por parte de los Estados miembros en el marco de las disposiciones de su Derecho nacional que adapten este Derecho a la Directiva o que eventualmente se adopten ulteriormente en el ámbito regulado por ésta.
A continuación, procede señalar que, conforme a su último considerando, la Directiva 83/182 sólo constituye una primera etapa de la armonización en materia de importación temporal de determinados medios de transporte y que pueden ser necesarias otras medidas con objeto de instaurar un sistema uniforme en todos los Estados miembros, con arreglo al apartado 4 del artículo 10 de la Directiva.
Por consiguiente, el apartado 2 del artículo 10 debe analizarse en este marco general y cambiante. AI igual que los demás apartados del artículo 10, este apartado se refiere al funcionamiento general de la Directiva 83/182.
De este modo, el apartado 2 del artículo 10 impone a las autoridades competentes de los Estados miembros la obligación de adoptar, de común acuerdo, las decisiones necesarias cuando la aplicación práctica de la Directiva plantee dificultades, decisiones que les permitirán hacer frente a las dificultades futuras que presenten casos individuales y concretos.
Por consiguiente, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el apartado 2 del artículo 10 de la Directiva 83/182 no obliga a los Estados miembros a ponerse de acuerdo en cada caso individual en el que la aplicación de esta Directiva plantee dificultades.
Sobre la tercera cuestión
Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional de remisión pretende fundamentalmente saber si el apartado 2 del artículo 10 de la Directiva 83/182 puede ser invocado por los particulares ante los órganos jurisdiccionales nacionales.
Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia (véase, en particular, la sentencia de 20 de septiembre de 1988, Beentjes,
31/87, Rec. p. 4635, apartado 40
) que los particulares pueden invocar frente al Estado únicamente las disposiciones de una Directiva que resulten, desde el punto de vista de su contenido, incondicionales y suficientemente precisas.
Ahora bien, debe declararse que el apartado 2 del artículo 10 de la Directiva 83/182 es condicional en la medida en que sólo impone a los Estados una obligación de ponerse de acuerdo si la aplicación de la Directiva plantea dificultades y, de este modo, les deja un amplio margen de apreciación.
Por consiguiente, procede responder a la tercera cuestión del Højesteret que el apartado 2 del artículo 10 de la Directiva 83/182 no puede ser invocado por los particulares ante los órganos jurisdiccionales nacionales.
Costas
Los gastos efectuados por el Reino de Dinamarca, por la República Francesa, por el Reino Unido y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Højesteret de Copenhague mediante resolución de 22 de agosto de 1989, declara:

1)
La residencia normal, a los efectos del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 83/182/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a las franquicias fiscales aplicables en el interior de la Comunidad en materia de importación temporal de determinados medios de transporte, corresponde al centro permanente de los intereses de la persona de que se trate y ese lugar debe determinarse con ayuda del conjunto de los criterios contenidos en esta disposición y de todas las circunstancias de hecho aplicables. A este respecto, procede precisar que el mero hecho de que un nacional de un Estado miembro B que se traslada a un Estado miembro A, donde ha encontrado trabajo y alojamiento, pero que, a partir de una determinada fecha y durante más de un año, ha pasado casi todas las noches y los fines de semana en casa de una amiga en el Estado miembro B, pero conservando su trabajo y su alojamiento en el Estado miembro A, no basta para llegar a la conclusión de que ha trasladado su residencia normal al Estado miembro B.

2)
El apartado 2 del artículo 10 de la Directiva 83/182/CEE no obliga a los Estados miembros a ponerse de acuerdo en cada caso individual en el que la aplicación de esta Directiva plantee dificultades.

3)
El apartado 2 del artículo 10 de la Directiva 83/182/CEE no puede ser invocado por los particulares ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

Mancini
O'Higgins
Diez de Velasco
Kakouris
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 23 de abril de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Sexta
G. F. Mancini
(
*1
)	Lengua de procedimiento: danés.