CELEX: 61989CJ0343
Derechos de aduana
Impuesto sobre el Volumen de Negocios a la importación
Moneda falsa

Mediante resolución de 21 de junio de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de noviembre siguiente, el Finanzgericht de Munich planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 3, 9 y 12 a 29 de este Tratado, así como del artículo 2 de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los Impuestos sobre el Volumen de Negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (
DO L 145, p. 1
; EE 09/01, p. 54; en lo sucesivo, «Sexta Directiva»).
Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre el Sr. Max Witzemann y el Hauptzollamt Münche-Mitte (en lo sucesivo, «Hauptzollamt») sobre el pago, por una parte, de derechos de aduana y, por otra parte, del Impuesto sobre el Valor Añadido (en lo sucesivo, «IVA») a la importación por la introducción en el territorio de la República Federal de Alemania de billetes falsos.
Mediante sentencia dictada por el Landgericht de Munich I el 16 de febrero de 1982, el Sr. Witzemann fue condenado a una pena de prisión por un delito de falsificación de moneda, penado por los artículos 146 y siguientes del Código Penal alemán. Esta sentencia firme declaraba como hechos probados que, en 1981, el Sr. Witzemann había importado en el territorio de la República Federal de Alemania un lote de billetes falsos de dólares USA, que le había sido entregado en Italia.
Basándose en estos hechos, el Hauptzollamt reclamó al Sr. Witzemann el pago de derechos de aduana y del IVA a la importación por la moneda falsa. La imposición de derechos de aduana se basaba aparentemente en el hecho de que no se había probado el origen comunitario de la mercancía.
El Sr. Wïtzemann impugnó esta decisión ante el Finanzgericht de Munich, alegando que la percepción de derechos de aduana y de IVA por importaciones es contraria a los artículos 9 y 12 a 29 del Tratado.
En tales circunstancias el Finanzgericht suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Hay que interpretar los preceptos del Tratado CEE [letra b) del artículo 3, apartado 1 del artículo 9 y artículos 13 a 29] y de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los Impuestos sobre el Volumen de Negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido : base imponible uniforme (apartado 2 del artículo 2), en el sentido de que un Estado miembro no está facultado para recaudar derechos de aduana y el Impuesto sobre el Volumen de Negocios a la importación por mercancías importadas ilegalmente y cuya fabricación y comercio —como en el caso de moneda falsa— están prohibidos en todos los Estados miembros?»
Para una más amplia exposición del marco jurídico y de los antecedentes del litigio principal, así como del desarrollo del procedimiento y de las observaciones presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Procede señalar que la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional se compone de dos partes, que se refieren, respectivamente, a la imposición de derechos de aduana y a la recaudación del IVA a la importación por moneda falsa.
Sobre los derechos de aduana
Puesto que de los autos del procedimiento principal no se deduce claramente el motivo que impulsó al Hauptzollamt a exigir el pago de derechos de aduana sobre un lote de moneda falsa procedente de otro Estado miembro, procede señalar, con carácter preliminar, que sólo se puede percibir derechos de aduana a la importación sobre mercancías importadas de un Estado tercero en el territorio aduanero de la Comunidad, y no sobre mercancías procedentes de otros Estados miembros (artículos 9 y 12 a 15 del Tratado CEE).
Por consiguiente, procede interpretar la primera parte de la cuestión en el sentido de que pretende fundamentalmente dilucidar si la importación de moneda falsa en el territorio aduanero de la Comunidad puede originar una deuda aduanera.
A este respecto, procede recordar que, en las sentencias de 26 de octubre de 1982, Wolf (
221/81, Rec. 1982, p. 3681
) y Einberger I (
240/81, Rec. 1982, p. 3699
), este Tribunal de Justicia declaró que no se origina ninguna deuda aduanera con ocasión de la importación de estupefacientes que no forman parte del circuito económico estrictamente vigilado por las autoridades competentes con objeto de utilizarlos con fines médicos o científicos.
El Tribunal de Justicia llegó a esta solución después de haber observado que la importación y la comercialización de estupefacientes, fuera de este circuito económico estrictamente vigilado, están prohibidas en todos los Estados miembros, de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por éstos en la materia. De ello dedujo el Tribunal que no podía originarse ninguna deuda aduanera con ocasión de la importación de estupefacientes que no pueden comercializarse e integrarse en la economía de la Comunidad.
Este Tribunal de Justicia también señaló que el establecimiento del Arancel Aduanero, previsto en la letra b) del artículo 3 del Tratado, se sitúa en la perspectiva de los objetivos que el artículo 2 asigna a la Comunidad y de las líneas de conducta qué fija el artículo 29 para la gestión de la unión aduanera. Las importaciones de productos estupefacientes en la Comunidad, que sólo pueden dar lugar a medidas represivas, son completamente ajenas a estos objetivos y líneas de conducta.
Este criterio se impone con mayor fuerza en el caso de la moneda falsa. Efectivamente, ésta también es objeto de un convenio internacional: en concreto, el Convenio Internacional para la Represión de la Falsificación de Moneda
(Recopilación de los Tratados de h Sociedad de Naciones,
vol. 112, p. 371), del que actualmente son parte todos los Estados miembros, excepto el Gran Ducado De Luxemburgo, y que, en su artículo 3, obliga a las partes signatarias a penar como infracciones de Derecho común, en particular, los hechos fraudulentos de fabricación o de alteración de moneda, la puesta en circulación de moneda falsa, así como la introducción en el país o el hecho de recibir o procurarse moneda falsa a sabiendas de que es falsa, con el fin de ponerla en circulación. Por otra parte, la fabricación, la posesión, la importación y la comercialización de moneda falsa, independientemente de que se trate de moneda nacional o extranjera, están prohibidas en todos los Estados miembros.
De ello se deduce que en todos los Estados miembros pesa sobre la moneda falsa una prohibición absoluta de importación o de puesta en circulación, mientras que el comercio y la utilización de estupefacientes para fines médicos y científicos siguen estando autorizados.
Por consiguiente, procede responder a la primera parte de la cuestión planteada que el Derecho comunitario debe interpretarse en el sentido de que no puede originarse deuda aduanera alguna con ocasión de la importación de moneda falsa en el territorio aduanero de la Comunidad.
Sobre el IVA por importaciones
Mediante la segunda parte de su cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pretende fundamentalmente saber si el artículo 2 de la Sexta Directiva debe interpretarse en el sentido de que puede percibirse el IVA con ocasión de la importación de moneda falsa en la Comunidad.
A este respecto, este Tribunal de Justicia ya declaró, en su sentencia de 28 de febrero de 1984, Einberger II (
294/82, Rec. 1984, p. 1177
), que el IVA a la importación y los derechos de aduana presentan características esenciales comparables, en la medida en que se originan por la importación en la Comunidad y por la introducción subsiguiente en el circuito económico de los Estados miembros y en la medida en que cada uno de ellos constituye un elemento del precio de venta calculado de manera similar por los sucesivos operadores económicos. Este paralelismo se confirma por el hecho de que el apartado 3 del artículo 10 de la Sexta Directiva autoriza a los Estados miembros a vincular el devengo y la exigibilidad del IVA a la importación a los de los derechos de aduana.
Tratándose de importaciones ilegales de estupefacientes en la Comunidad, que sólo pueden dar lugar a medidas represivas, este Tribunal de Justicia ha declarado que dichas operaciones son completamente ajenas a lo dispuesto en la Sexta Directiva respecto a la definición de la base imponible y, consecuentemente, al nacimiento de una deuda fiscal en materia de IVA.
Por los motivos antes expuestos a propósito de los derechos de aduana, las consideraciones desarrolladas por este Tribunal de Justicia en materia de importación ilegal de estupefacientes se aplican con mayor razón en el supuesto de importaciones de moneda falsa.
Por consiguiente, procede responder a la segunda parte de la cuestión planteada por el Finanzgericht de Munich que el artículo 2 de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los Impuestos sobre el Volumen de Negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, debe interpretarse en el sentido de que el IVA a la importación no puede recaudarse al importarse moneda falsa en la Comunidad.
Esta afirmación, al igual que la relativa a los derechos de aduana, no menoscaba en nada la competencia de los Estados miembros para perseguir las infracciones a su legislación en materia de moneda falsa mediante sanciones apropiadas, con todas las consecuencias que éstas impliquen, incluso a nivel económico.
Costas
Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Finanzgericht de Munich, mediante resolución de 21 de junio de 1989, declara:

1)
El Derecho comunitario ha de interpretarse en el sentido de que no puede originarse deuda aduanera alguna con ocasión de la importación de moneda falsa en el territorio aduanero de la Comunidad.

2)
El artículo 2 de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de legislaciones de los Estados miembros relativas a los Impuestos sobre el Volumen de Negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, ha de interpretarse en el sentido de que el IVA a la importación no puede recaudarse al importarse moneda falsa en la Comunidad.

Mancini
O'Higgins
Diez de Velasco
Kakouris
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 6 de diciembre de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Sexta
G. F. Mancini
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.