CELEX: 61990CJ0087
Igualdad entre hombres y mujeres
Seguridad Social
Directiva 79/7/CEE
Ambito de aplicación temporal

Mediante tres resoluciones, de 30 de enero y de 15 de febrero de 1990, recibidas en el Tribunal de Justicia el 23 de marzo de 1990, el Raad van Beroep te's-Hertogenbosch (Países Bajos) planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, diversas cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de determinadas disposiciones de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social (
DO 1979, L 6, p. 24
; EE 05/02, p. 174).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de tres litigios entre nacionales neerlandeses y la Sociale Verzekeringsbank de Amsterdam sobre la aplicación de la Ley general de pensiones de vejez («Algemene Ouderdomswet»,
Staatsblad,
281; en lo sucesivo, «AOW»).
Se deduce de los autos de los procedimientos principales que la AOW establece, en favor de los residentes en los Países Bajos y de los no residentes que han cumplido los 65 años y que estuvieron sujetos al impuesto sobre la renta por ejercer una actividad en los Países Bajos, un régimen general de pensiones de vejez en el que el derecho de pensión se determina en razón de los períodos de seguro cubiertos. Según dicho régimen, aplicable hasta la reforma legislativa que entró en vigor el 1 de abril de 1985, la mujer casada que residía en los Países Bajos, cuyo cónyuge fuera residente pero no estuviera asegurado con arreglo a la AOW por ejercer una actividad profesional en el extranjero, donde estaba asegurado, estaba excluida del seguro durante los períodos correspondientes; en cambio, el hombre casado que residía en los Países Bajos, cuya esposa estuviera excluida del seguro, seguía afiliado al régimen neerlandés de pensiones.
El beneficiario de una pensión cuyo cónyuge a cargo no ha cumplido los 65 años tiene derecho a una pensión incrementada. No obstante, a este incremento se le aplica una reducción en función del número de años en que el cónyuge no estuvo asegurado.
La demandante en el litigio principal correspondiente al asunto C-87/90, Sra. A. Verholen, tras ejercer una actividad por cuenta ajena en los Países Bajos hasta la edad de 61 años, obtuvo la jubilación anticipada en virtud de un régimen vinculado a su contrato de trabajo. La demandante en el litigio principal del asunto C-88/90, Sra. T. H. M. van Wetten-van Uden, y la esposa del demandante en el litigio principal del asunto C-89/90, Sr. G. H. Heiderijk, no han ejercido nunca una actividad profesional.
Cuando las demandantes en los asuntos C-87/90 y C-88/90, Sras. Verholen y Van Wetten-Van-Uden, cumplieron los 65 años, la Sociale Verzekeringsbank les denegó una pensión íntegra en razón de que sus esposos, residentes en los Países Bajos, habían ejercido durante determinados períodos una actividad profesional en el extranjero donde habían estado asegurados. El demandante en el asunto C-89/90, Sr. Heiderijk, sufrió una reducción en el incremento de su pensión de vejez, obtenido por cónyuge a cargo que no ha cumplido los 65 años, en función de los años en que su esposa no estuvo asegurada, incluidos aquéllos en los que el demandante había trabajado en la República Federal de Alemania.
Por considerar que los recursos interpuestos contra las resoluciones de la Sociale Verzekeringsbank suscitaban un problema de interpretación de la Directiva 79/7, el Raad van Beroep te 's-Hertogenbosch suspendió el procedimiento y sometió al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
En el asunto C-87/90
«¿Es compatible con el apartado 1 del artículo 4 (y/o con el artículo 5) de la Directiva 79/7/CEE que el efecto de una disposición nacional, que únicamente excluye del seguro AOW a las mujeres casadas, se prolongue hasta después del 22 de diciembre de 1984, de manera que, incluso con posterioridad a esta fecha, pueda seguir reduciéndose la pensión AOW de dichas mujeres a causa de un requisito de seguro que no regía para los hombres?»
En el asunto C-88/90
«1)
¿Constituye el Derecho comunitario un obstáculo para que el Juez nacional examine (de oficio) la compatibilidad de un régimen legal nacional con una Directiva CEE cuyo plazo de aplicación ha expirado, si el justiciable (por ejemplo, por ignorancia) no invoca dicha Directiva?
2)
¿Constituye el Derecho comunitario un obstáculo para que el Juez nacional examine la compatibilidad de un régimen legal nacional con una Directiva CEE cuyo plazo de aplicación ha expirado, si el justiciable no puede invocar dicha Directiva por no estar comprendido en el ámbito de aplicación personal de ésta, aunque el justiciable sí esté comprendido en un régimen legal nacional cubierto por dicha Directiva?
3)
¿Se refiere el artículo 2 de la Directiva 79/7/CEE al ámbito de aplicación personal de esta misma o debe considerarse dicho artículo como la delimitación (además de la contenida en el artículo 3 de dicha Directiva) de los regímenes legales nacionales cubiertos por la mencionada Directiva?»
En el asunto C-89/90
«¿Puede el justiciable invocar en un procedimiento ante el Juez nacional el apartado 1 del artículo 4 (y/o el artículo 5) de la Directiva 79/7/CEE si sufre los efectos de una disposición nacional discriminatoria contra su esposa cuando ésta no puede personarse por sí misma en dicho procedimiento?»
Mediante auto de 16 de enero de 1991, el Tribunal de Justicia acordó la acumulación de los asuntos C-87/90, C-88/90 y C-89/90 a efectos de la fase oral y de la sentencia.
Para una más amplia exposición de los hechos de los litigios principales, del desarrollo del procedimiento y de las observaciones escritas, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Procede responder a las cuestiones planteadas por el Raad van Beroep te 's-Hertogenbosch en los asuntos C-88/90 y C-89/90 destinadas a precisar la facultad del Juez nacional para aplicar el Derecho comunitario y las modalidades de esta aplicación, antes de abordar la cuestión sometida en el asunto C-87/90 que plantea el alcance en el tiempo del principio de igualdad de trato, consagrado por la Directiva 79/7.
Cuestiones planteadas en el asunto C-88/90
Mediante la primera cuestión del asunto C-88/90, el Raad van Beroep plantea si el Derecho comunitario se opone a que un órgano jurisdiccional nacional examine de oficio la conformidad de una normativa nacional con una Directiva cuyo plazo de aplicación ha vencido ya, si el justiciable no invoca dicha Directiva ante el citado Tribunal.
Procede recordar, a este respecto, que este Tribunal de Justicia ha reconocido que el artículo 177 del Tratado CEE otorga a los órganos jurisdiccionales nacionales la facultad y, en su caso, les impone la obligación de efectuar la remisión prejudicial desde el momento en que el órgano jurisdiccional compruebe, sea de oficio, sea a instancia de las partes, que el fondo del litigio versa sobre un extremo contemplado por su párrafo primero (sentencia de 16 de enero de 1974, Rheinmühlen,
166/73, Rec. p. 33, apartado 3
).
Esta facultad de plantear de oficio una cuestión de Derecho comunitario presupone que, según el Juez nacional, cabe, sea aplicar el Derecho comunitario dejando, en su caso, de aplicar el Derecho nacional, sea interpretar el Derecho nacional de conformidad con el Derecho comunitario.
Tal cuestión puede referirse, en particular, a una Directiva obligatoria para los Estados miembros que no ha sido aplicada por las autoridades nacionales dentro del plazo señalado, y cuyas disposiciones precisas e incondicionales pueden, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ser objeto de aplicación directa por un órgano jurisdiccional nacional.
En consecuencia, el derecho reconocido al justiciable de invocar, bajo cieñas condiciones, ante el Juez nacional una Directiva cuyo plazo de aplicación ya ha vencido no excluye la facultad del Juez nacional de tener en cuenta esta Directiva, aunque el justiciable no la haya invocado.
Por tanto, procede responder a la primera cuestión planteada en el asunto C-88/90 que el Derecho comunitario no impide que un órgano jurisdiccional nacional examine de oficio la compatibilidad de un régimen legal nacional con las disposiciones precisas e incondicionales de una Directiva cuyo plazo de aplicación ya ha vencido, si el justiciable no invoca dicha Directiva ante el órgano jurisdiccional mencionado.
Mediante la segunda cuestión planteada en el asunto C-88/90, el Juez nacional pregunta al Tribunal de Justicia si puede examinar la compatibilidad del Derecho nacional con una Directiva cuando el justiciable no está comprendido dentro del ámbito de aplicación personal de esta última, aunque sí esté comprendido en un régimen legal nacional cubierto por dicha Directiva.
Esta cuestión suscita el mismo problema que plantea, en términos precisos, la tercera cuestión, mediante la cual el Juez nacional pregunta si el artículo 2 de la Directiva 79/7 debe interpretarse en el sentido de que se refiere al ámbito de aplicación personal de esta misma o si, al igual que el artículo 3, debe considerarse como la delimitación de los regímenes legales nacionales de Seguridad Social cubiertos por la Directiva.
A este respecto, procede recordar que, en la sentencia de 27 de junio de 1989, Achterberg-te Riele y otros (asuntos acumulados
48/88, 106/88 y 107/88, Rec. p. 1963
), apartado 9, el Tribunal de Justicia estimó que el ámbito de aplicación personal de la Directiva está determinado por el artículo 2, en virtud del cual ésta se aplica a la población activa, a las personas demandantes de empleo, así como a los trabajadores cuya actividad se ha visto interrumpida por una de las contingencias enumeradas en la letra a) del apartado 1 del artículo 3.
Se debe precisar asimismo que cuando una disposición de una Directiva, como el artículo 2 de la Directiva 79/7, determina con precisión los beneficiarios de esta Directiva, el Juez nacional no puede ampliar su ámbito de aplicación personal basándose en que los justiciables están cubiertos por un régimen nacional, como la AOW, contemplado por otra disposición de la Directiva relativa a su ámbito de aplicación material, como el artículo 3 de la Directiva 79/7.
En consecuencia, procede responder a las cuestiones segunda y tercera planteadas en el asunto C-88/90 que el artículo 2 de la Directiva 79/7 debe interpretarse en el sentido de que se refiere al ámbito de aplicación personal de la Directiva, cuyo contenido no puede variar en función del ámbito de aplicación material, tal como precisa su artículo 3.
Cuestión planteada en el asunto C-89/90
La cuestión suscitada en el asunto C-89/90 plantea si el justiciable puede invocar ante el Juez nacional las disposiciones de la Directiva 79/7 si sufre los efectos de una disposición nacional discriminatoria contra su esposa cuando ésta no puede personarse por sí misma.
Debe precisarse, con carácter previo, que el derecho a invocar las disposiciones de la Directiva 79/7 no es exclusivo de los justiciables comprendidos dentro del ámbito de aplicación personal de la Directiva, por cuanto no puede excluirse que otras personas puedan tener un interés directo en que se respete el principio de no discriminación en nombre de las personas protegidas.
Si bien es cierto que, en principio, incumbe al Derecho nacional determinar la condición y la legitimación de un justiciable para ejercitar una acción judicial, el Derecho comunitario exige, no obstante, que la normativa nacional no atente contra el derecho a una protección jurisdiccional efectiva (véanse sentencias de 15 de mayo de 1986, Johnston,
222/84, Rec. p. 1651
, y de 15 de octubre de 1987, Heylens,
222/86, Rec. p. 4097
) y que la aplicación de la normativa nacional no debe conducir a impedir en la práctica el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (sentencia de 9 de noviembre de 1983, San Giorgio,
199/82, Rec. p. 3595
).
Respecto a la situación que nos ocupa, debe precisarse que el justiciable que sufre los efectos de una disposición nacional de carácter discriminatorio sólo puede invocar la Directiva 79/7 en el supuesto de que su esposa, víctima de la discriminación, esté comprendida por sí misma dentro del ámbito de aplicación de aquélla.
En virtud de todo lo anterior, procede responder a la cuestión planteada en el asunto C-89/90 que un justiciable puede invocar las disposiciones de la Directiva 79/7 ante un órgano jurisdiccional nacional si sufre los efectos de una disposición nacional discriminatoria contra su esposa, cuando ésta no puede personarse por sí misma en el procedimiento, siempre, no obstante, que su esposa esté comprendida por sí misma dentro del ámbito de aplicación de la Directiva.
Cuestión planteada en el asunto C-87/90
La cuestión suscitada en el asunto C-87/90 plantea si el apartado 1 del artículo 4 y el artículo 5 de la Directiva 79/7 se oponen a que se mantengan, una vez transcurrido el plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva, los efectos de una normativa nacional anterior que excluía a las mujeres casadas del seguro de vejez, en determinadas circunstancias.
Debe recordarse que, en la sentencia de 24 de junio de 1987, Borrie Clarke (
384/85, Rec. p. 2865
), este Tribunal de Justicia subrayó que la Directiva 79/7 no prevé ninguna excepción al principio de igualdad de trato, establecido por el apartado 1 del artículo 4, que pueda autorizar la prolongación de los efectos discriminatorios de disposiciones nacionales anteriores. Y sobre esta cuestión afirmó en la sentencia de 8 de marzo de 1988, Dik y otros (
80/87, Rec. p. 1601
), que un Estado miembro no puede mantener después del 23 de diciembre de 1984 desigualdades de trato originadas por el hecho de que los requisitos exigidos para el nacimiento del derecho a la prestación sean anteriores a esta fecha.
El Gobierno neerlandés y la Sociale Verzekeringsbank se equivocan al afirmar que esta jurisprudencia, aplicada en el marco de los regímenes llamados de riesgo, no puede trasladarse a los regímenes llamados contributivos, como el régimen de la AOW. En efecto, el texto de la Directiva 79/7, al igual que las sentencias de 24 de junio de 1987, Borrie Clarke, y de 8 de marzo de 1988, Dik
y
otros, antes mencionadas, formulan en términos muy claros el principio de prohibición de toda discriminación después del plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva, sin distinguir entre los diferentes regímenes de seguro.
Por todo ello, procede responder a la cuestión planteada en el asunto C-87/90 que la Directiva 79/7 debe interpretarse en el sentido de que no permite a los Estados miembros mantener después del plazo de aplicación señalado en el artículo 8, los efectos de una normativa nacional anterior que excluía a las mujeres casadas del seguro de vejez, en determinadas circunstancias.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno neerlandés y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Raad van Beroep te 's-Hertogenbosch mediante resoluciones de 30 de enero y 15 de febrero de 1990, declara:

1)
El Derecho comunitario no impide que un órgano jurisdiccional nacional examine de oficio la compatibilidad de un régimen legal nacional con las disposiciones precisas e incondicionales de una Directiva cuyo plazo de aplicación ha vencido ya, si el justiciable no invoca dicha Directiva ante el órgano jurisdiccional mencionado.

2)
El artículo 2 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social, debe interpretarse en el sentido de que se refiere al ámbito de aplicación personal de la Directiva, cuyo contenido no puede variar en función del ámbito de aplicación material, tal como precisa su artículo 3.

3)
Un justiciable puede invocar las disposiciones de la Directiva 79/7/CEE, antes mencionada, ante un órgano jurisdiccional nacional, si sufre los efectos de una disposición nacional discriminatoria contra su esposa cuando ésta no puede personarse por sí misma en el procedimiento, siempre, no obstante, que su esposa esté comprendida por sí misma dentro del ámbito de aplicación de la Directiva.

4)
La Directiva 79/7/CEE, antes mencionada, debe interpretarse en el sentido de que no permite a los Estados miembros mantener, después del plazo de aplicación señalado en el artículo 8, los efectos de una normativa nacional anterior que excluía a las mujeres casadas del seguro de vejez en determinadas circunstancias.

Due
Rodríguez Iglesias
Diez de Velasco
Slynn
Kakouris
Joliét
Schockweiler
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de julio de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.