CELEX: 61990CJ0273
Interpretación del artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 1697/79 del Consejo
Recaudación a posteriori de los derechos de exportación o de importación
Acto que puede dar lugar a la incoación de un proceso judicial punitivo

Mediante resolución de 28 de agosto de 1990, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de septiembre siguiente, el Hessisches Finanzgericht planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979, referente a la recaudación
a posterioń
de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hayan sido exigidos al deudor por mercancías declaradas en un régimen aduanero que suponga la obligación de pagar tales derechos (
DO L 197, p. 1
; EE 02/06, p. 54).
Dicha cuestión se suscitó con motivo de un recurso interpuesto por Meico-Fell, sociedad establecida en Tröse/Weinheim, República Federal de Alemania (en lo sucesivo, «Meico-Fell»), contra una liquidación complementaria de los derechos debidos por la importación efectuada en 1980, por dicha sociedad, de pieles adobadas de mapache.
En el verano de 1983, las autoridades aduaneras del Hauptzollamt Darmstadt, al efectuar un control en los establecimientos de Meico-Fell, comprobaron que ésta había enviado a una empresa canadiense pieles en bruto de mapaches para que fueran adobadas y que, posteriormente, las había reimportado con franquicia de derechos, en diciembre de 1980, declarándolas como «pieles en bruto de otros animales». Por este hecho, el importe total de los derechos de aduana satisfechos fue inferior al que debería haber sido y las autoridades aduaneras efectuaron, el 24 de mayo de 1984, una liquidación complementaria por esta diferencia.
Con posterioridad a una reclamación que fue denegada, Meico-Fell interpuso un recurso ante el Hessisches Finanzgericht, sosteniendo que, con arreglo al artículo 2 del Reglamento n° 1697/79, los derechos en litigio prescriben transcurrido un plazo de tres años y que el artículo 3 de este Reglamento, que excluye la prescripción cuando se trate de un acto que puede dar lugar a la incoación de un proceso judicial punitivo, no es aplicable, pues la negligencia en la declaración de aduana, imputable a Meico-Fell o a su representante, no constituye tal acto.
Por considerar que precisaba una interpretación de dicho artículo 3 para resolver el litigio, el Hessisches Finanzgericht suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«El artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979, referente a la recaudación
a posteriori
de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hayan sido exigidos al deudor por mercancías declaradas en un régimen aduanero que suponga la obligación de pagar tales derechos (
DO L 197, p. 1
; EE 02/06, p. 54), ¿debe interpretarse en el sentido de que la expresión “acto que puede dar lugar a la incoación de un proceso judicial punitivo” se refiere sólo a los actos tipificados por el correspondiente Derecho penal nacional, o comprende cualquier infracción de las normas del Derecho fiscal para la que exista un plazo de prescripción más largo?»
De la motivación de la resolución de remisión se deduce que, si bien el fraude fiscal constituye en Derecho alemán un acto que puede dar lugar a la incoación de un proceso judicial punitivo, mientras que la negligencia en una declaración fiscal o declaración en aduana sólo constituye una infracción administrativa (Ordnungswidrigkeit), ambas están sujetas a un plazo de prescripción prolongado.
Para una más amplia exposición de los hechos y del marco jurídico del litigio principal, del desarrollo del procedimiento, así como de las alegaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Según el artículo 3 del Reglamento n° 1697/79:
«Cuando las autoridades competentes comprueben que la causa por la que no pudieron determinar la cuantía exacta de los derechos de importación o de los derechos de exportación que correspondan legalmente a una mercancía fue un acto que puede dar lugar a la incoación de un proceso judicial punitivo, no se aplicará el plazo establecido en el artículo 2.
En este caso, las autoridades competentes ejercerán la acción de recaudación de conformidad con las disposiciones vigentes en la materia en los Estados miembros.»
Resulta que, a la vista del contexto en el que se adoptó esta disposición, la expresión «acto que puede dar lugar a la incoación de un proceso judicial punitivo» se refiere a los actos que, según el ordenamiento jurídico del Estado miembro cuyas autoridades competentes reclaman una recaudación
a posteriori,
pueden ser calificados como infracciones en el sentido del Derecho penal nacional.
Esta interpretación queda confirmada por el examen de las versiones en las demás lenguas, que tienen un significado unívoco.
Procede considerar que el sentido dado de este modo a la expresión «acto que puede dar lugar a la incoación de un proceso judicial punitivo» es conforme con las exigencias de la seguridad jurídica. En efecto, la represión de un comportamiento determinado por una sanción penal constituye un criterio claro que garantiza la aplicación de la disposición de que se trata sin equívocos, tanto para el operador económico al que se imputa tal comportamiento como para las autoridades que deben ejercitar una acción de recaudación. Este imperativo de seguridad jurídica reviste especial importancia cuando se trata, como en el presente caso, de una normativa que produce consecuencias financieras para los operadores económicos.
Es cierto que la aplicación de este criterio, a causa del contenido de las disposiciones de los Derechos penales de los Estados miembros, puede producir resultados diferentes. Sin embargo, tales situaciones son resultado del hecho de que, en el estado actual del Derecho comunitario, las tipificaciones penales de un determinado comportamiento no están armonizadas y, por tanto, corresponden al Derecho nacional.
Por consiguiente, procede responder a la cuestión planteada por el Hessisches Finanzgericht que el artículo 3 del Reglamento n° 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979, referente a la recaudación
a posteriori
de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hayan sido exigidos al deudor por mercancías declaradas en un régimen aduanero que suponga la obligación de pagar tales derechos, debe interpretarse en el sentido de que la expresión «acto que puede dar lugar a la incoación de un proceso judicial punitivo» se refiere sólo a los actos que, según el ordenamiento jurídico del Estado miembro cuyas autoridades competentes reclaman la recaudación
a posteriori,
están calificados como infracciones en el sentido del Derecho penal nacional.
Costas
Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Hessische Finanzgericht mediante resolución de 28 de agosto de 1990, declara:

El artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979, referente a la recaudación
a posteriori de
los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hayan sido exigidos al deudor por mercancías declaradas en un régimen aduanero que suponga la obligación de pagar tales derechos, debe interpretarse en el sentido de que la expresión «acto que puede dar lugar a la incoación de un proceso judicial punitivo» se refiere sólo a los actos que, según el ordenamiento jurídico del Estado miembro cuyas autoridades competentes reclaman la recaudación
a posteriori,
están calificados como infracciones en el sentido del Derecho penal nacional.

Schockweiler
Kapteyn
Mancini
Kakouris
Diez de Velasco
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de noviembre de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Sexta
F.A. Schockweiler
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.