CELEX: 61988CJ0365
Convenio de Bruselas
Artículo 6, punto 2
Demanda sobre obligaciones de garantía

Mediante resolución de 9 de diciembre de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de diciembre siguiente, el Hoge Raad der Nederlanden planteó, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971, relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, «el Convenio»), tres cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del inicio y del punto 2 del artículo 6 de dicho Convenio.
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Kongress Agentur Hagen GmbH (en lo sucesivo, «Hagen»), con domicilio social en Düsseldorf (República Federal de Alemania), y Zeehaghe BV, con domicilio social en La Haya (Países Bajos).
Consta en autos que, a raíz de la anulación, por parte de Hagen, de la reserva de un gran número de habitaciones de hotel que había hecho a Zeehaghe, a petición y por cuenta de Garant Schuhgilde e.G. (en lo sucesivo, «Schuhgilde»), de Düsseldorf, Zeehaghe demandó a Hagen ante el Rechtbank de La Haya y le reclamó el pago de una cantidad de dinero incrementada con intereses y gastos, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales. Hagen solicitó que el órgano jurisdiccional al que se había sometido el litigio se declarara incompetente para conocer de la demanda y, con carácter subsidiario, que se emplazara a Schuhgilde, en su calidad de mandante, para contestar a la demanda sobre obligaciones de garantía.
Dado que el Rechtbank no admitió la demanda sobre obligaciones de garantía por considerar que su admisión habría retrasado y complicado el procedimiento en el litigio principal, Hagen interpuso contra esta resolución recurso de apelación ante el Gerechtshof de La Haya, afirmando que el punto 2 del artículo 6 del Convenio obliga a admitir la demanda sobre obligaciones de garantía al Juez que esté conociendo de la demanda principal, «salvo que ésta se hubiese presentado con el único objeto de provocar la intervención de un Juez distinto del correspondiente al demandado», excepción formulada en esta misma disposición.
El Gerechtshof rechazó esta tesis y confirmó la resolución del Rechtbank por estimar que el artículo 6 no impone una obligación, sino que sencillamente faculta para admitir una demanda sobre obligaciones de garantía.
Contra esta sentencia Hagen interpuso recurso de casación ante el Hoge Raad der Nederlanden, el cual decidió plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes :
«A.
Si una persona domiciliada en el territorio de un Estado contratante es demandada, con arreglo al inicio y punto 1 del artículo 5 del Convenio de Bruselas, ante el Juez de otro Estado contratante, ¿puede este Juez basar su competencia en el inicio y punto 2 del artículo 6 del Convenio de Bruselas para conocer de la demanda sobre obligaciones de garantía interpuesta por el demandado contra una persona domiciliada en el territorio de otro Estado contratante distinto del Estado del Juez?
B.
¿Deben interpretarse el inicio y el punto 2 del artículo 6 del Convenio de Bruselas en el sentido de que el Juez está obligado a admitir la demanda sobre obligaciones de garantía, salvo que haya lugar a la excepción contemplada en dicha disposición?
C.
En caso de respuesta negativa a la cuestión B, ¿puede el Juez aplicar las reglas procesales de su legislación nacional para apreciar si procede admitir la demanda sobre obligaciones de garantía o implica lo dispuesto en el Convenio de Bruselas que el Juez debe examinar dicha demanda según criterios diferentes de los de su Derecho procesal nacional y, de ser así, cuáles son estos criterios?»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal y del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas ante este Tribunal de Justicia, la Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre la primera cuestión
La primera cuestión contempla el caso en que, en virtud del inicio y del punto 1 del artículo 5 del Convenio, que establece una excepción al principio general enunciado en el artículo 2, a un Juez se le someta una demanda sobre obligaciones de garantía interpuesta por el demandado contra una persona domiciliada en el territorio de un Estado contratante distinto del Estado del Juez.
La parte demandante en el litigio principal y las partes que han presentado observaciones escritas ante este Tribunal de Justicia deducen del carácter general del texto del punto 2 del artículo 6 que la regla, según la cual una persona puede ser demandada, si se trata de una demanda sobre obligaciones de garantía, ante el «Juez que esté conociendo de la demanda principal», no depende del fundamento de competencia que ha determinado el sometimiento de la demanda principal.
Procede recordar con carácter preliminar que el inicio y el punto 2 del artículo 6, que figura en la sección segunda del Convenio; relativa a las competencias especiales, constituye, al igual que el inicio y el punto 1 del artículo 5, una excepción a la regla de competenia de los órganos jurisdiccionales del Estado del domicilio del demandado, enunciada en el artículo 2.
El inicio y el punto 2 del artículo 6 prevén una atribución de competencia especial cuya elección depende de una opción del demandante como consecuencia de la existencia, en supuestos bien definidos, de una relación de conexión particularmente estrecha entre un litigio y el órgano jurisdiccional que puede conocer del mismo con miras a un desarrollo racional del proceso (sentencia de 22 de noviembre de 1978, Somafer SA contra Saar-Ferngas AG,
33/78, Rec. 1978, p. 2183
). De este modo, el Convenio permite concentrar en un mismo Tribunal el conocimiento de todo un litigio. Por consiguiente, la relación de conexidad entre la demanda principal y la demanda sobre obligaciones de garantía basta para determinar la competencia del Juez que conoce de la demanda sobre obligaciones de garantía, cualquiera que sea el criterio de atribución de la competencia en el litigio principal; a este respecto, son equivalentes la competencia contemplada en el artículo 2 y la competencia a la que se refiere el artículo 5.
En consecuencia, procede responder a la primera cuestión que en el supuesto de que una persona, domiciliada en el territorio de un Estado contratante, haya sido demandada ante el Juez de otro Estado contratante con arreglo al inicio y punto 1 del artículo 5 del Convenio de Bruselas, este Juez será competente igualmente, en virtud de lo dispuesto en el inicio y en el punto 2 del artículo 6 del Convenio, para conocer de una demanda sobre obligaciones de garantía interpuesta contra una persona domiciliada en el territorio de un Estado contratante distinto del Estado del Juez que esté conociendo de la demanda principal.
Sobre las cuestiones segunda y tercera
Estas dos cuestiones tienen por objeto determinar si el inicio y el punto 2 del artículo 6 del Convenio obligan al Juez a admitir una demanda sobre obligaciones de garantía cuando ésta no ha sido interpuesta con la finalidad de provocar la intervención de un Juez distinto del correspondiente al demandado o si, por el contrario, el Juez puede apreciar la admisibilidad de la demanda a la luz de las reglas del Derecho procesal nacional.
La demandante en el litigio principal, el Gobierno francés y el Gobierno de la República Federal de Alemania interpretan el inicio y el punto 2 del artículo 6 como una disposición autónoma. Esto resulta de consideraciones basadas en la buena administración de la justicia: la protección jurídica completa que los Estados contratantes están obligados a garantizar a las partes, cuando es competente uno de sus órganos jurisdiccionales, no puede verse limitada por la aplicación de reglas procesales nacionales.
En el transcurso de la fase escrita, la Comisión se adhirió a esta solución, que, según ella, ofrece la ventaja de la sencillez y garantiza la aplicación uniforme del Convenio: el Juez nacional que conoce de la demanda principal está obligado a admitir una demanda sobre obligaciones de garantía.
En el transcurso de la fase oral, la Comisión sostuvo que la competencia judicial tan sólo constituye uno de los requisitos de admisibilidad de la demanda; el Juez zanja en primer lugar la cuestión de la competencia conforme a las disposiciones del Convenio y luego verifica si la demanda reúne los demás requisitos para reclamar obligaciones de garantía determinados por la
lex fori.
Procede señalar que el Convenio no tiene por objeto unificar las reglas procesales, sino atribuir las competencias judiciales para la solución de los litigios en materia civil y mercantil en las relaciones intracomunitarias y facilitar la ejecución de las resoluciones judiciales. Procede, pues, distinguir claramente entre la competencia y los requisitos de admisibilidad de una demanda.
Así pues, en materia de demandas sobre obligaciones de garantía, el inicio y el punto 2 del artículo 6 se limitan a determinar el Juez competente y no se refieren en absoluto a los requisitos de admisibilidad propiamente dichos.
Además, se deduce de una reiterada jurisprudencia que, tratándose de reglas procesales, procede remitirse a las reglas nacionales aplicables por el órgano jurisdicčionai nacional (véanse, en particular, por lo que respecta, por un lado, al concepto de litispendencia, la sentencia de 7 de junio de 1984, Zeiger conta Salinitri,
129/83, Rec. 1984, p. 2397
, y, por otro, en lo que se refiere a los requisitos de ejecución de una resolución extranjera, las sentencias de 2 de julio de 1985, Deutsche Genossenschaftsbank contra SA Brasseries du pêcheur,
148/84, Rec. 1985, p. 1981
, y de 4 de febrero de 1988, Hoffmann contra Krieg,
145/86, Rec. 1988, p. 645
).
Procede precisar, no obstante, que la aplicación de las reglas procesales nacionales no puede menoscabar la eficacia del Convenio. En efecto, como este Tribunal de Justicia ha declarado, concretamente en la sentencia de 15 de noviembre de 1983 (Duijnstee,
288/82, Rec. 1983, p. 3663
), el Juez no puede aplicar requisitos de admisibilidad previstos por el Derecho nacional que tengan por efecto limitar la operatividad de las reglas de competencia previstas por el Convenio.
Así, no cabe fundamentar explícita o implícitamente la desestimación de una demanda sobre obligaciones de garantía en el hecho de que los terceros demandados residan o estén domiciliados en otro Estado contratante distinto del Estado del Juez que esté conociendo de la demanda principal.
Procede, pues, responder a las cuestiones segunda y tercera que el inicio y el punto 2 del artículo 6 deben ser interpretados en el sentido de que no obligan al Juez nacional a admitir la demanda sobre obligaciones de garantía y de que éste, puede aplicar las reglas procesales de su Derecho nacional para apreciar la admisibilidad de la demanda, siempre y cuando no menoscabe la eficacia del Convenio en la materia y, en particular, siempre que no funde la inadmisión de la demanda sobre obligaciones de garantía en el hecho de que el garante resida o esté domiciliado en el territorio de un Estado contratante distinto del Estado del Juez que esté conociendo de la demanda principal.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno de la República Federal de Alemania, el Gobierno de la República Francesa y la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden, declara:

1)
En el supuesto de que una persona, domiciliada en el territorio de un Estado contratante, haya sido demandada, con arreglo al inicio y al punto 1 del artículo 5 del Convenio de Bruselas, ante el Juez de otro Estado contratante, este Juez, en virtud de lo dispuesto en el inicio y en el punto 2 del artículo 6 del Convenio, es competente igualmente para conocer de una demanda sobre obligaciones de garantía interpuesta contra una persona domiciliada en el territorio de un Estado contratante distinto del Estado del Juez que esté conociendo de la demanda principal.

2)
El inicio y el punto 2 del artículo 6 deben ser interpretados en el sentido de que no obligan al Juez nacional a admitir la demanda sobre obligaciones de garantía y de que éste puede aplicar las reglas procesales de su Derecho nacional para apreciar la admisibilidad de la demanda, siempre y cuando no menoscabe la eficacia del Convenio en la materia y, en particular, siempre que no funde la inadmisión de la demanda sobre obligaciones de garantía en el hecho de que el garante resida o esté domiciliado en el territorio de un Estado contratante distinto del Estado del Tribunal que esté conociendo de la demanda principal.

Slynn
Joliét
Rodríguez Iglesias
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de mayo de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Primera
G. Slynn
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.