CELEX: 61989CJ0011
Valor en aduana de las mercancías
Valor de transacción
Gastos de sobrestadía

Mediante resolución de 6 de diciembre de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 13 de enero de 1989, el Bundesfinanzhof planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, tres cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del Reglamento (CEE) n
o
1224/80 del Consejo, de 28 de mayo de 1980, referente al valor en aduana de las mercancías (
DO L 134, p. 1
; EE 02/06, p. 224; en lo sucesivo, «el Reglamento de base»).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Unifert Handels GmbH (en lo sucesivo, «Unifert») y el Hauptzollamt Münster sobre determinadas liquidaciones de derechos e impuestos relativas a importaciones de fertilizantes.
Los fertilizantes de que se trata fueron comprados en terceros países por una sociedad perteneciente al mismo grupo que Unifert, Ferdis SA, cuyo domicilio social está en Bruselas (en lo sucesivo, «Ferdis»). Esta última revendió los fertilizantes, antes de su llegada al territorio aduanero de la Comunidad, a Unifert, que, en sus declaraciones relativas al valor en aduana, mencionó a Ferdis como vendedora y se basó en las facturas que ésta le había dirigido.
En cada importación, Unifert declaró como valor en aduana de las mercancías una suma que no correspondía al precio que efectivamente debía pagarse, sino a un precio reconstruido al que llegó multiplicando el peso total a la descarga (que era inferior al previsto en el contrato) por el precio por tonelada convenido con Ferdis. La suma indicada como valor en aduana no comprendía ni los gastos de sobrestadía (gastos por la permanencia' de los buques en el muelle por un tiempo superior al normal) ni la comisión llamada «de compra», que equivalía al 6 % del importe facturado por cada partida específica y que había pagado a Ferdis.
Como consecuencia de una inspección, el Hauptzollamt Münster adoptó una serie de resoluciones mediante las que reclamaba a Unifert el pago
a posteriori
de un total de 172099,60 DM en concepto de derechos e impuestos a la importación. En estas resoluciones el Hauptzollamt incluyó, por una parte, en el valor en aduana los gastos de sobrestadía y las llamadas comisiones de «compra» y, por otra, no admitió como base de valoración en aduana el precio reconstruido al que había llegado Unifert. Este precio fue sustituido por el precio total convenido entre Unifert y Ferdis.
Al haber desestimado el Finanzgericht el recurso dirigido contra estas resoluciones, Unifert interpuso un recurso de casación («Revision» alemana) ante el Bundesfinanzhof, que resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
a)
¿Puede considerarse como valor de transación, en el sentido del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento n
o
1224/80, también el precio de un contrato de compraventa entre personas establecidas en la Comunidad?
b)
Si se responde afirmativamente a la cuestión a) :
Si además existen precios de otros contratos de compraventa que satisfagan los requisitos del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento n
o
1224/80, ¿puede el interesado establecer el precio que ha de servir de base a la determinación del valor en aduana? ¿Queda vinculado el interesado por la opción que ya ha ejercido anteriormente?
c)
Si se responde afirmativamente a la cuestión a) :
¿Comprende este precio también una, así llamada, comisión de compra?
2)
Los llamados gastos de «demurrage» (derechos de sobrestadía en caso de demora de la carga), ¿son gastos de transporte en el sentido de la letra e) del apartado 1 del artículo 8 del Reglamento n
o
1224/80?
3)
¿Es valor de transacción, en el sentido del artículo 3 del Reglamento n
o
1224/80, el precio íntegro pagado o por pagar, cuando antes del momento a considerar se comprueba la existencia de mermas en comparación con las mercancías compradas, mermas que se hallan comprendidas en un margen de tolerancia de peso convenido y que no dan lugar a una reducción del precio de venta?»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento así como de las observaciones escritas presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre la primera cuestión
La primera cuestión tiene por objeto saber si el precio resultante de un contrato de compraventa celebrado entre personas establecidas en la Comunidad puede considerarse como valor de transacción en el sentido del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento de base.
El valor de transacción se define, a tenor del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento de base, como «el precio efectivamente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se vendan para su exportación al territorio aduanero de la Comunidad». Esta definición no tiene en cuenta el lugar en que estén establecidas las partes del contrato de compraventa.
Unifert alega, sin embargo, que sólo una venta efectuada por un proveedor establecido en un tercer país puede ser considerada como una venta «para la exportación» y que, por tanto, sólo el precio resultante de esta venta puede ser tenido en cuenta a efectos del valor de transacción.
No se puede acoger esta tesis. El criterio que deriva de la expresión «vendido para la exportación» se refiere a las mercancías y no a la situación del vendedor. Situada en su contexto, la expresión implica que, en el momento de la venta, conste que las mercancías procedentes de un tercer país se introducirán en el territorio aduanero de la Comunidad. Por consiguiente, nada impide que las dos partes del contrato de compraventa estén establecidas en la Comunidad.
Por otra parte, esta interpretación queda corroborada por el artículo 6 del Reglamento (CEE) n
o
1495/80 de la Comisión, de 11 de junio de 1980, por el que se adoptan las disposiciones de aplicación de ciertas disposiciones de los artículos 1, 3 y 8 del Reglamento n
o
1224/80 (
DO L 154, p. 14
; EE 02/06, p. 246), en su versión modificada por el Reglamento (CEE) n
o
1580/81, de 12 de junio de 1981 (
DO L 154, p. 36
; EE 02/08, p. 268). Según esta disposición:
«A efectos del artículo 3 del Reglamento (CEE) n
o
1224/80, el hecho de que las mercancías que hayan sido objeto de una venta se declaren para despacho a libre práctica en la Comunidad debe considerarse como indicación suficiente de que han sido vendidas para la exportación con destino al territorio aduanero de la Comunidad. Esta indicación es válida igualmente en caso de que se realicen ventas sucesivas antes de la valoración, pudiéndose tomar como base de valoración cada uno de los precios que resulten de estas ventas sin perjuicio de las disposiciones del Reglamento (CEE) n
o
1496/80 [...]»
De esta disposición se deduce que, a efectos del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento de base, no sólo se puede utilizar el precio de una venta celebrada inmediatamente antes de la exportación a partir de un tercer país, sino también cada uno de los precios correspondientes a las ventas realizadas después de la exportación, pero antes del despacho a libre práctica en la Comunidad, y ello independientemente del lugar en que estén establecidas las partes del contrato de compraventa.
Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión que el precio resultante de un contrato de compraventa celebrado entre personas establecidas en la Comunidad puede considerarse como valor de transacción en el sentido del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento de base.
Sobre la segunda cuestión
La segunda cuestión tiene por objeto saber si, en el caso de ventas sucesivas de una mercancía y cuando varios precios efectivamente pagados o por pagar reúnan los requisitos exigidos en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento n
o
1224/80, el importador puede elegir cualquiera de esos precios para determinar el valor de transacción y si el importador que haya efectuado esta elección puede rectificar
a posteriori
su declaración.
Del artículo 6 del citado Reglamento n
o
1495/80 se deduce que, en el caso de ventas sucesivas de mercancías para su exportación hacia el territorio aduanero de la Comunidad, el importador es libre de elegir, entre los precios convenidos para cada una de las ventas, el que utilizará como base de valoración, siempre y cuando pueda proporcionar a las autoridades aduaneras respecto al precio elegido todos los elementos y documentos necesarios con arreglo al Reglamento n
o
1496/80 de la Comisión, de 11 de junio de 1980, referente a la declaración de los elementos relativos al valor en aduana y los documentos que se deben suministrar (
DO L 154, p. 16
; EE 02/06, p. 248).
Conforme al artículo 1 de este último Reglamento, la declaración relativa al valor en aduana debe adjuntarse a la declaración para despacho a libre práctica de las mercancías de que se trate. Conforme al artículo 2 de la Directiva 79/695/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1979, relativa a la armonización de los procedimientos de despacho a libre práctica de las mercancías (
DO L 205, p. 19
; EE 02/06, p. 57), esta última declaración debe presentarse en una aduana. El apartado 1 del artículo 8 de esta misma Directiva autoriza al declarante a rectificar las declaraciones admitidas por el servicio de aduanas, siempre y cuando la rectificación se solicite antes de que haya sido autorizado el levante de las mercancías para la libre práctica.
De ello se deduce que el importador que, al hacer la declaración del valor en aduana, haya efectuado su elección en cuanto al precio que sirve de base para determinar este valor, no puede modificar su declaración ni, por consiguiente, los datos relativos al valor en aduana después de que el servicio de aduanas haya autorizado el levante de las mercancías para la libre práctica.
Este criterio no queda invalidado por el segundo guión del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CEE) n
o
1430/79 del Consejo, de 2 de julio de 1979, relativo a la devolución o a la condonación de los derechos de importación o de exportación (
DO L 175, p. 1
; EE 02/06, p. 36), según el cual procederá la devolución o la condonación de los derechos a la importación con posterioridad al despacho a libre práctica en la medida en que se compruebe que la cantidad contraída de estos derechos es superior, por cualquier motivo, a la que legalmente correspondería percibir.
Bien es verdad que del segundo considerando del Reglamento n
o
1430/79 se deduce que la devolución o la condonación de los derechos se justifica por haber tomado en consideración elementos de tasación inexactos o incompletos, en particular en lo que se refiere al valor tomado en cuenta para determinar su cuantía. Sin embargo, procede observar que, una vez que el declarante ha efectuado una elección entre las diversas bases de valoración posibles, no se pueden calificar los datos proporcionados como fundamento de esa elección como inexactos o incompletos únicamente porque otra elección hubiera dado lugar a la percepción de derechos a la importación por una cuantía inferior a la efectivamente percibida.
Por consiguiente, procede responder a la segunda cuestión que cuando, en el caso de ventas sucesivas de una mercancía, diversos precios efectivamente pagados o por pagar reúnan los requisitos exigidos por el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento n
o
1224/80, el importador puede elegir cualquiera de ellos para determinar el valor de transacción. Si el importador se ha referido a uno de estos precios en la declaración del valor en aduana, no podrá rectificar dicha declaración después de que se haya autorizado el levante de las mercancías para la libre práctica, con arreglo al apartado 1 del artículo 8 de la Directiva 79/695/CEE del Consejo.
Sobre la tercera cuestión
La tercera cuestión tiene por objeto saber si una suma pagada por el comprador al vendedor, facturada por separado y designada como «comisión de compra» forma parte del precio efectivamente pagado o por pagar por las mercancías, en el sentido del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento de base.
A este respecto, procede recordar que, con arreglo a la letra a) del apartado 3 del artículo 3 del Reglamento de base, «el precio efectivamente pagado o por pagar será el pago total que, por las mercancías importadas, haya hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor o en beneficio de éste [...]». De ello se deduce que todas las sumas pagadas por el comprador al vendedor como contrapartida de la operación de venta están comprendidas en el precio efectivamente pagado o por pagar y, por consiguiente, en el valor de transacción.
Aunque el inciso i) de la letra a) del apartado 1 del artículo 8 del mismo Reglamento excluya las comisiones de compra del valor en aduana, según el apartado 4 del artículo 8, la expresión «comisión de compra» se refiere a las sumas pagadas por un importador a su agente por el servicio de representarlo en la compra de las mercancías objeto de valoración. Por tanto, no incluye la suma pagada por el comprador al vendedor, aun cuando esta cantidad se calcule de forma que permita al vendedor cubrir sus gastos administrativos y otros gastos generales que no estén directamente vinculados con la venta de que se trate.
La alegación de Unifert de que los gastos realizados en el interior de la Comunidad no pueden, en ningún caso, tenerse en cuenta para la determinación del valor en aduana es improcedente. A este respecto, baste con señalar que el inciso i) de la letra b) del apartado 1 del artículo 8 exige que el valor de determinados productos suministrados por el comprador, gratuitamente o a un coste reducido, y utilizados en la producción y en la venta para la exportación de las mercancías importadas se sumará al precio efectivamente pagado o por pagar, en la medida en que dicho valor no esté incluido en ese precio. A este respecto, es indiferente que los gastos ocasionados por la producción de estos componentes, partes y elementos similares incorporados a las mercancías importadas se hayan realizado en la Comunidad o en otra parte.
Por otra parte, Unifert ha alegado que la inclusión en el valor en aduana de la llamada comisión de «compra» comprometería la neutralidad del sistema de valoración en aduana puesto que origina una desigualdad de trato entre las empresas que importan directamente y las que pertenecen a un grupo en el que las compras están centralizadas. Tampoco puede acogerse esta tesis. En efecto, cualquier empresa que se encuentre en la situación de Unifert puede basar su declaración de valor en aduana en el precio efectivamente pagado por las mercancías importadas por el miembro del grupo encargado de la compra a proveedores de terceros países. Por tanto, la posible desigualdad en este ámbito no resulta del Reglamento de base, sino de la elección efectuada por el importador.
Por consiguiente, procede responder a la tercera cuestión que un pago efectuado por el comprador al vendedor, facturado separadamente y denominado «comisión de compra» forma parte del precio efectivamente pagado o por pagar por las mercancías importadas a efectos del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento de base.
Sobre la cuarta cuestión
La cuarta cuestión tiene por objeto saber si los gastos de sobrestadía (indemnización que se debe pagar por la permanencia de los buques en el muelle) forman parte de los gastos de transporte a efectos de la letra e) del apartado 1 del artículo 8 del Reglamento de base.
Procede recordar que, con arreglo al inciso i) de la letra e) del apartado 1 del artículo 8 del Reglamento de base, para determinar el valor en aduana se sumarán al precio efectivamente pagado o por pagar por las mercancías importadas los gastos de transporte hasta el punto de entrada de las mercancías en el territorio aduanero de la Comunidad.
A este respecto, procede señalar que debe entenderse que la expresión «gastos de transporte» comprende todos los gastos, independientemente de que sean principales o accesorios, vinculados al desplazamiento de las mercancías hacia el territorio aduanero de la Comunidad. Por consiguiente, los gastos de sobrestadía, que son la indemnización establecida en provecho del armador por el contrato de transporte marítimo y están destinados a compensar los retrasos sufridos en la carga del buque, deben considerarse comprendidos en el concepto de «gastos de transporte».
Por tanto, procede responder a la cuarta cuestión planteada por el Bundesfinanzhof que los gastos de sobrestadía (indemnización que se debe pagar por la permanencia de los buques en el muelle) forman parte de los gastos de transporte a efectos de la letra e) del apartado 1 del artículo 8 del Reglamento de base.
Sobre la quinta cuestión
La quinta cuestión tiene por objeto saber si, para determinar el valor de transacción a efectos del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento de base, hay que efectuar una reducción proporcional del precio efectivamente pagado o por pagar cuando entre la cantidad de mercancía desembarcada y la cantidad comprada se compruebe que existe una diferencia inferior al margen de tolerancia en el peso convenido entre las partes, siempre que esta diferencia no dé lugar a una reducción del precio de compra estipulado.
Unifert sostiene que, en el supuesto a que se refiere la cuestión, procede aplicar el artículo 4 del Reglamento n
o
1495/80, en su versión modificada por el Reglamento n
o
1480/81, antes citado, disposición que establece una reducción del precio efectivamente pagado o por pagar en caso de deterioro o de pérdida parcial antes del despacho a libre práctica. Este Tribunal de Justicia, continúa la demandante, ya se ha pronunciado en ese sentido en la sentencia de 12 de junio de 1986 (Repenning,
183/85, Rec. 1986, p. 1873
).
La Comisión opina, por el contrario, que el Reglamento proporciona una respuesta clara a la cuestión planteada, puesto que el apartado 1 de de su artículo 3 sólo menciona el precio efectivamente pagado por el importador, de manera que es irrelevante que se hubiera convenido otra cuantía en el contrato o que el comprador estuviera jurídicamente obligado a pagar ese precio.
Procede recordar que, tal y como se deduce del sexto considerando del Reglamento de base, la normativa comunitaria relativa a la valoración en aduana tiene por objeto establecer un sistema equitativo, uniforme y neutral, que excluya la utilización de valores en aduana arbitrarios o ficticios. Por este motivo, las disminuciones imprevisibles del valor comercial de la mercancía posteriores a su compra pero anteriores a su despacho a libre práctica deben dar lugar a una reducción proporcional del precio efectivamente pagado o por pagar. El artículo 4 del Reglamento n
o
1495/80 y la citada sentencia de este Tribunal de Justicia, de 12 de junio de 1986, se refieren a este supuesto.
Muy diferente es el caso en que la posibilidad de una diferencia entre la cantidad de la mercancía comprada y la cantidad desembarcada haya sido específicamente prevista por las partes en su contrato de compraventa y en que el comprador haya aceptado ese riesgo dentro de los límites de un margen convenido. En tal caso, no se efectúa ninguna reducción del precio de compra y, en términos comerciales, el valor del lote permanece inalterado. Por tanto, es conforme a la finalidad del sistema comunitario de valoración en aduana tomar como base de valoración la totalidad del precio pagado o por pagar.
Por consiguiente, procede responder a la quinta cuestión que el apartado 1 del artículo 3 debe interpretarse en el sentido de que no procede efectuar una reducción proporcional del precio efectivamente pagado o por pagar cuando entre la cantidad de mercancía desembarcada y la cantidad comprada se compruebe que existe una diferencia inferior al margen de tolerancia en el peso convenido entre las partes, siempre que esta diferencia no dé lugar a una reducción del precio de compra estipulado.
Costas
Los gastos efectuados por la Comisión de Ias Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Bundesfinanzhof, mediante resolución de 6 de diciembre de 1988, declara:

1)
El precio resultante de un contrato de compraventa celebrado entre personas establecidas en la Comunidad puede considerarse como el valor de transacción en el sentido del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n
o
1224/80 del Consejo, de 28 de mayo de 1980, referente al valor en aduana de las mercancías.

2)
Cuando, al producirse sucesivas ventas de una mercancía, diversos precios efectivamente pagados o por pagar reúnan los requisitos exigidos por el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n
o
1224/80, el importador puede elegir cualquiera de ellos para determinar el valor de transacción. Si el importador se ha referido a uno de estos precios en la declaración del valor en aduana, no podrá rectificar dicha declaración después de que se haya autorizado el levante de las mercancías para la libre práctica, con arreglo al apartado 1 del artículo 8 de la Directiva 79/695/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1979, relativa a la armonización de los procedimientos de despacho a libre práctica de las mercancías.

3)
Un pago efectuado por el comprador al vendedor, facturado separadamente y denominado «comisión de compra» forma parte del precio efectivamente pagado o por pagar por las mercancías importadas a efectos del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n
o
1224/80.

4)
Los gastos de sobrestadía (indemnización que se debe pagar por la permanencia de los barcos en el muelle) forman parte de los gastos de transporte a efectos de la letra e) del apartado 1 del artículo 8 del Reglamento (CEE) n
o
1224/80.

5)
El apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n
o
1224/80 debe interpretarse en el sentido de que no procede efectuar una reducción proporcional del precio efectivamente pagado o por pagar cuando entre la cantidad de mercancía desembarcada y la cantidad comprada se compruebe que existe una diferencia inferior al margen de tolerancia en el peso convenido entre las partes, siempre que esta diferencia no dé lugar a una reducción del precio de compra estipulado.

Zuleeg
Joliét
Rodríguez Iglesias
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 6 de junio de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de Sala en funciones de Presidente de la Sala Primera
M. Zuleeg
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.