CELEX: 61981CJ0294
ACC
Franquicia para aparatos científicos

(No se transcriben los antecedentes de hecho.)
Fundamentos de Derecho
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 23 de noviembre de 1981, Control Data Belgium NV SA interpuso un recurso, con arreglo al párrafo segundo del artículo 173 del Tratado CEE, que tiene por objeto la anulación de la Decisión 81/692/CEE de la Comisión, de 10 de agosto de 1981, por la que se declara que la importación de los aparatos (ordenadores) denominados «Control Data-Cyber 170-720; Cyber 170-750» no puede realizarse en régimen de franquicia de los derechos del Arancel Aduanero Común (
DO L 252, p. 36
).
Dicha Decisión se adoptó en el marco del Reglamento (CEE) n° 1798/75 del Consejo, de 10 de julio de 1975, relativo a la importación en régimen de franquicia de los derechos del Arancel Aduanero Común de objetos de carácter educativo, científico o cultural (
DO L 184, p. 1
), modificado por el Reglamento (CEE) n° 1027/79 del Consejo, de 8 de mayo de 1979 (
DO L 134, p. 1
), y del Reglamento (CEE) n° 2784/79 de la Comisión, de 12 de diciembre de 1979, por el que se fijan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1798/75 (
DO L 318, p. 32
). Estos Reglamentos tienen por objeto asegurar la aplicación por la Comunidad del Acuerdo para la importación de objetos de carácter educativo, científico o cultural, elaborado bajo los auspicios de la UNESCO y adoptado en Florencia en julio de 1950 (Recopilación de los Tratados, vol. 131, p. 25), en su versión completada por el Protocolo de Nairobi, adoptado el 26 de noviembre de 1976 y aprobado por la Decisión 79/505/CEE del Consejo, de 8 de mayo de 1979 (
DO L 134, p. 13
; EE 02/06, p. 10).
El artículo 3 del Reglamento n° 1798/75 del Consejo, antes mencionado, en su versión modificada por el Reglamento n° 1027/79, dispone que, si se cumplen determinados requisitos, los «instrumentos y aparatos científicos» disfrutan de la franquicia de los derechos del Arancel Aduanero Común cuando se importan exclusivamente para fines no comerciales. Conforme al apartado 3 de dicho artículo, por la citada expresión se entiende «un instrumento o aparato que, poisus características técnicas objetivas y por los resultados que permite obtener, es exclusiva o principalmente adecuado para la realización de actividades científicas».
Al fijar las disposiciones de aplicación de este Reglamento del Consejo, la Comisión precisó los criterios indicados en el apartado anterior, mediante su Reglamento n° 2874/79, antes mencionado. A tenor del artículo 5 de dicho Reglamento, «se entiende por “características técnicas objetivas” de un instrumento o aparato científico aquellas que resultan de la construcción de dicho instrumento o aparato o de las adaptaciones de las que haya sido objeto respecto a un instrumento o aparato de tipo corriente, que le permitan obtener resultados de alto nivel que no son necesarios para la ejecución de trabajos de explotación industrial o comercial». Para el caso de que no sea posible determinar sin ambigüedad el carácter de un instrumento o de un aparato de acuerdo con estas características técnicas objetivas, el artículo prevé un examen de los fines para los que se utilizan generalmente en la Comunidad los instrumentos o aparatos de este tipo. Si dicho examen revela que el instrumento o el aparato para el que se solicita la franquicia se utiliza principalmente para la realización de actividades científicas, se considera que tiene carácter científico.
Conforme al artículo 7 del Reglamento de aplicación, la autoridad nacional competente adopta la decisión de admisión en franquicia si dispone de todos los elementos de información necesarios para determinar si el instrumento o el aparato debe considerarse o no científico. En caso contrario, la solicitud de franquicia se transmite a la Comisión, que pide a los Estados miembros que expresen su parecer y, en caso de respuesta negativa, plantea la cuestión a un grupo de expertos compuesto por representantes de los Estados miembros, que se reúne en el marco del Comité de franquicias aduaneras para examinar la solicitud. Después de este examen, la Comisión adopta una Decisión que debe notificarse a todos los Estados miembros.
De los autos se deduce que las dos Universidades libres de Bruselas celebraron con la demandante un contrato de arrendamiento financiero relativo a la adquisición de dos ordenadores de tipo Cyber 170-720 y Cyber 170-750, ambos fabricados en Estados Unidos. Para obtener la importación de los ordenadores en régimen de franquicia, la demandante presentó ante las autoridades aduaneras belgas, con fecha 6 de agosto de 1980, una solicitud a tal efecto en nombre de las dos Universidades. A la misma adjuntó un expediente exhaustivo, que se completó posteriormente tras las conversaciones mantenidas con las autoridades.
De conformidad con el artículo 7 del Reglamento n° 2784/79, antes mencionado, las autoridades belgas transmitieron a la Comisión la solicitud y el expediente. Dado que tres Estados miembros negaron el carácter científico de los dos ordenadores, la Comisión planteó la cuestión al Comité de franquicias aduaneras y, conforme al dictamen de dicho Comité, adoptó la Decisión impugnada.
Esta Decisión se basa únicamente en el carácter no científico de los dos ordenadores. Los considerandos decisivos a este respecto están redactados en los siguientes términos:,
«Considerando que de este examen se deduce que los aparatos de que se trata son ordenadores;
Considerando que no poseen características objetivas que los hagan especialmente adecuados para la investigación científica; que, además, los aparatos de este tipo se utilizan principalmente para actividades no científicas; que la utilización que de dichos aparatos se hace en el caso de autos no basta por sí sola para concederles el carácter de aparato científico; que, en consecuencia, no pueden ser considerados aparatos científicos; que, en consecuencia, no está justificada la admisión en franquicia de los aparatos examinados».
Sobre la admisibilidad del recurso
La Comisión propone una excepción de inadmisibilidad, alegando que la Decisión que se dirigió a los Estados miembros no afecta individualmente a la demandante a efectos del párrafo segundo del artículo 173 del Tratado. A este respecto, destaca el carácter general de la Decisión. En su opinión, ésta no se refiere únicamente a la importación en Bélgica de los dos ordenadores de que se trata, sino a la importación de cualquier ordenador de ambos modelos en toda la Comunidad. En consecuencia, sólo el fabricante de dichos ordenadores o el «Control Data Group», en su condición de importador exclusivo en la Comunidad, pueden interponer un recurso con arreglo al párrafo segundo del artículo 173. Ningún miembro individual de dicho grupo dispone de este medio de impugnación.
No cabe acoger esta excepción. La demandante es una filial cuyo control y capital están íntegramente en manos de la empresa fabricante, Control Data Corporation of Minneapolis. Es el importador exclusivo para Bélgica y fue ella quien presentó la solicitud que dio lugar a la Decisión impugnada. En estas circunstancias, sería dar prueba de excesivo formalismo exigir que fuera la sociedad matriz la que interpusiera el recurso ante el Tribunal de Justicia o que la demandante actuara junto con las demás filiales importadoras de la Comunidad.
Sobre el fondo
La demandante alega, fundamentalmente, dos motivos:
a)
Vicios sustanciales de forma.
b)
Incumplimiento de las normas comunitarias que definen el carácter científico de un instrumento o de un aparato.
a) Vicios sustanciales deforma
En primer lugar, la demandante afirma que la Decisión no está suficientemente motivada. En su opinión, los considerandos antes citados sólo contienen una fórmula estereotipada, utilizada en todas las Decisiones relativas a ordenadores que la Comisión ha adoptado desde la entrada en vigor de los Reglamentos de 1979. Esta sucinta motivación prescinde completamente de las características específicas de los ordenadores de que se trata, respecto a las cuales la demandante había presentado un expediente exhaustivo y ampliamente basado en análisis técnicos.
La Comisión admite que la motivación que da en los considerandos de la Decisión es breve, pero la considera suficiente. En su opinión, los destinatarios de la Decisión, a saber los Estados miembros, participaron en el procedimiento y tenían pleno conocimiento de los motivos de la actitud de la Comisión. En cuanto a la demandante, de su propio razonamiento se deduce que está perfectamente al corriente de la política de la Comisión, aunque considera que sus ordenadores no deben ser tratados como ordenadores ordinarios.
A este respecto, procede recordar, como ha hecho el Tribunal de Justicia en repetidas ocasiones, que al imponer a la Comisión la obligación de motivar sus Decisiones, el artículo 190 del Tratado no responde solamente a un afán formal, sino que tiene por objeto ofrecer a las partes la posibilidad de defender sus derechos, al Tribunal de Justicia, la de ejercer su control, y a los Estados miembros, así como a cualquier nacional interesado, la de conocer las circunstancias en que la Comisión ha aplicado el Tratado.
En consecuencia, no basta con que los Estados miembros, en su condición de destinatarios de la Decisión, conozcan las razones en que ésta se basa debido a su participación en el procedimiento preparatorio y que la demandante, en su condición de persona directa e individualmente afectada, pueda deducirlas comparando la Decisión de que se trata con Decisiones anteriores similares. También es necesario que se haya dado efectivamente a la demandante la posibilidad de defender sus derechos y que el Tribunal de Justicia pueda ejercer un control eficaz basado en la motivación. En el presente asunto, la cuestión de si la motivación es suficiente a tales efectos puede analizarse adecuadamente al mismo tiempo que el motivo b).
En segundo lugar, la demandante afirma que, teniendo en cuenta, sobre todo, las motivaciones estereotipadas utilizadas por la Comisión, la práctica procedimental de dicha Institución en este ámbito es claramente insuficiente, en la medida en que no admite intercambios de opiniones ni la posibilidad de oír a las partes afectadas respecto a posibles puntos controvertidos, ni siquiera la posibilidad de que las mismas den explicaciones adicionales antes de que se adopte la Decisión.
No puede acogerse esta parte del primer motivo. Como admite la propia demandante, la Comisión siguió el procedimiento establecido por la normativa comunitaria aplicable. También ha quedado acreditado que dicho procedimiento permitió a la demandante exponer completamente su razonamiento relativo al carácter científico de los ordenadores de que se trata en el expediente presentado ante las autoridades belgas y que este expediente se puso a disposición tanto del Comité de franquicias aduaneras como de la Comisión.
b) Incumplimiento de las normas comunitarias que definen el carácter científico de un instrumento o de un aparato
En relación con este punto, la demandante afirma que la Comisión prescindió totalmente de las características específicas de los dos ordenadores, las cuales justifican plenamente, en su opinión, la calificación de instrumento o aparato científico a efectos de la normativa comunitaria. En consecuencia, solicita al Tribunal de Justicia no sólo que anule la Decisión impugnada, sino también que declare el carácter científico de los ordenadores de que se trata.
Aunque no corresponde al Tribunal de Justicia realizar dicha declaración en el marco de un recurso de anulación, esta Institución sí es, por el contrario, competente para controlar si los criterios aplicados por la Comisión se adecúan a la normativa comunitaria y si, al aplicar tales criterios, la Comisión tuvo en cuenta las características objetivas de los ordenadores a los que se refiere la Decisión. En consecuencia, procede examinar los criterios que se deducen de la propia Decisión o que fueron expuestos por la Comisión en el curso del procedimiento ante el Tribunal de Justicia.
Tras declarar que los aparatos de que se trata son ordenadores, la Decisión indica que no poseen características objetivas que los hagan especialmente adecuados para la investigación científica y que los aparatos de este tipo se utilizan principalmente para actividades no científicas. De la Decisión no se deduce con claridad si estas indicaciones hacen referencia a los ordenadores en general o si afectan específicamente a los dos modelos de ordenadores de que se trata. Ahora bien, durante el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, la Comisión afirmó que al menos la última de las indicaciones afectaba a los ordenadores en general y que, en su opinión, no puede considerarse que los ordenadores tienen carácter científico, salvo si están incorporados a un conjunto que, globalmente considerado, reviste tal carácter.
La Comisión precisó que un ordenador no es un «instrumento» científico, ya que no puede medir, indicar, transformar o tratar una dimensión o característica física cualquiera. En su opinión, tampoco puede ser calificado como instrumento o aparato «científico», porque el cálculo en sí no constituye una actividad científica.
La demandante considera que estas definiciones están totalmente superadas por la ciencia moderna. En su opinión, el ordenador constituye efectivamente en diversos sectores, principalmente en los de la física y la químicas teóricas, la única herramienta del investigador y las ecuaciones extremadamente complej as que sólo el ordenador permite resolver en un plazo aceptable constituyen la base de los resultados de la investigación.
Procede acoger estas alegaciones de la demandante. El texto de las disposiciones de la normativa comunitaria antes citadas no sostiene la interpretación restrictiva propuesta por la Comisión. En efecto, ni la etimología de los términos «instrumento» o «aparato» ni el uso de los mismos en el lenguaje corriente justifican las definiciones limitadas adoptadas por la Comisión.
Además, la Comisión afirma que si un ordenador puede ser calificado de aparato científico, ello se debe a sus «programas de aplicación» y no a su concepción física (el «hardware») ni a su «sistema operativo». Lo compara con un misil. Un misil vacío nunca podría ser considerado un aparato científico. Este se destina a un uso científico únicamente cuando se colocan en él instrumentos científicos. Ahora bien, al igual que los instrumentos colocados en el misil, los programas de aplicación pueden intercambiarse. También por esta razón un ordenador nunca puede ser calificado, en sí, como aparato científico.
La demandante responde que, precisamente debido a su concepción física, los ordenadores Cyber se destinan a usos científicos. En su opinión, se construyen para resolver ecuaciones matemáticas muy complejas, con una precisión y una rapidez que nunca necesitará el usuario comercial típico. Por el contrario, dichos ordenadores están concebidos de forma que son particularmente inadecuados para la manipulación o la comparación de un gran número de datos registrados, es decir para los trabajos que necesitará más a menudo el usuario comercial. En relación con los programas de aplicación, los ordenadores Cyber son ampliamente compatibles con el principal lenguaje de programación científica, a saber el «Fortran» (Formula translation). Es más, una parte de cada ordenador está exclusivamente reservada para tales programas. Por el contrario, estos ordenadores son ampliamente incompatibles con el principal lenguaje de programación comercial, a saber el «Cobol» (Common business oriented language). Por ùltimo, los ordenadores Cyber están construidos de forma que se excluye la interrupción del programa en marcha para grabar nuevos datos, posibilidad importante para el usuario comercial. Por todas estas razones, la demandante niega la teoría de la Comisión según la cual sólo los programas de aplicación pueden hacer que estos ordenadores estén destinados a un uso científico.
Ante tales posturas opuestas, el Tribunal de Justicia considera que no puede excluir la posibilidad de que un criterio basado en la diferencia entre la concepción física (el «hardware») y los programas (el «software») de un ordenador se adecué a la normativa comunitaria relativa a la admisión en franquicia de los instrumentos y aparatos científicos. Ahora bien, ni la motivación de la Decisión impugnada ni el procedimiento ante el Tribunal de Justicia han permitido comprobar que este criterio concreto haya sido efectivamente aplicado por la Comisión para adoptar dicha Decisión. Además, nada permite tampoco demostrar que al aplicar, llegado el caso, tal criterio la Comisión haya tenido suficientemente en cuenta las características objetivas de ambos ordenadores, tanto respecto a su concepción física como a su sistema operativo.
Para el caso de que el Tribunal de Justicia admitiera que un ordenador puede en sí ser calificado de instrumento o aparato científico, la Comisión afirma que las características específicas de los ordenadores Cyber no son suficientes a tal efecto. En su opinión, por regla general, los ordenadores son máquinas con múltiples finalidades. Se prestan tanto a los usos comerciales como a los trabajos de carácter científico y, en la práctica, se utilizan principalmente para fines comerciales. En efecto, debido a su capacidad para realizar cálculos complejos, precisos y rápidos, los ordenadores Cyber se adaptan perfectamente a los cálculos científicos, pero se prestan también a usos comerciales, principalmente en el ámbito de la alta tecnología. Aunque no se prestan tanto a trabajos comerciales de carácter administrativo, siempre pueden efectuarlos y, en consecuencia, siguen siendo máquinas con múltiples finalidades.
En opinión de la Comisión, esta declaración queda confirmada por el hecho de que los ordenadores importados para las necesidades de las Universidades libres de Bruselas se utilizaron también para fines administrativos. Además, de entre los trece ordenadores Cyber importados hasta el momento en Francia, solamente cuatro se utilizan esencialmente para la investigación, seis se utilizan para la administración técnica y para los cálculos científicos y tres sirven para diversos usos, entre ellos la contabilidad, la facturación y la retribución del personal.
Para valorar estas alegaciones complementarias de la Comisión, procede recordar las disposiciones comunitarias aplicables antes mencionadas. Aparte de la distinción entre la investigación científica y los trabajos en el ámbito de la alta tecnología, que la Comisión alegó pero no precisó en modo alguno, no parece que estas alegaciones excluyan el reconocimiento de los ordenadores de que se trata como aparatos «principalmente adecuado(s) para la realización de actividades científicas» (artículo 3 del Reglamento n° 1798/75) o que permitan «obtener resultados de alto nivel que no son necesarios para la ejecución de trabajos de explotación industrial o comercial» (artículo 5 del Reglamento n° 2784/79).
En relación con el examen de los fines para los que se utilizan generalmente los aparatos de este tipo, previsto por el artículo 5 del Reglamento n° 2784/79 para el caso de que las características técnicas objetivas del aparato importado no bastaran para determinar sin ambigüedad su carácter, procede recordar que dicho examen debe comprender toda la Comunidad y no un solo Estado miembro. Además, a tenor de dicho artículo, para reconocer el carácter científico basta con que el examen revele «que dicho instrumento o aparato se utiliza principalmente para la realización de actividades científicas».
En consecuencia, debe declararse que ni la motivación de la Decisión impugnada ni el razonamiento de la Comisión en el curso del procedimiento ante el Tribunal de Justicia han permitido a éste llegar a la conclusión de que, al adoptar la Decisión, la Comisión haya aplicado criterios precisos y conformes con la normativa comunitaria y, de este modo, haya tenido suficientemente en cuenta las características objetivas particulares de los dos ordenadores de que se trata.
Por esta razón, procede anular la Decisión adoptada y remitir la cuestión a la Comisión para que efectúe una nueva apreciación.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandada, procede condenarla en costas.
En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
decide:

1)
Anular la Decisión 81/692/CEE de la Comisión, de 10 de agosto de 1981, por la que se declara que la importación de los aparatos denominados «Control Data-Cyber 170-720; Cyber 170-750» no puede realizarse en régimen de franquicia de los derechos del Arancel Aduanero Común (
DO L 252, p. 36
).

2)
Condenar en costas a la Comisión.

Pescatore
Due
Bahlmanr,
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 17 de marzo de 1983.
El Secretario
por orden
H.A. Rühl
Administrador principal
El Presidente de la Sala Segunda
P. Pescatore
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.