CELEX: 62004CJ0142
Directiva 92/51/CEE
Trabajadores
Reconocimiento de títulos
Terapeuta ocupacional

1       La petición de decisión prejudicial se refiere a las condiciones en las que pueden ser invocadas determinadas disposiciones
de la Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de
formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE (DO L 209, p. 25), cuando el ordenamiento jurídico interno
no haya sido adaptado a dicha Directiva, una vez expirado el plazo de adaptación, por quien haya obtenido un título comprendido
dentro de su ámbito de aplicación. Con carácter subsidiario, la petición tiene por objeto la interpretación de los artículos
48 y 52 del Tratado CE (actualmente, artículos 39 CE y 43 CE, tras su modificación).
2       Esta petición, muy similar a la que dio origen a la sentencia Peros (C‑141/04, Rec. p. I‑0000), pronunciada el mismo día que
la presente sentencia, se presentó en el marco de un litigio entre la Sra. Aslanidou y el Ypourgos Ygeias & Pronoias (Ministro
de Salud y de Seguridad Social) en relación con la desestimación por éste de la solicitud de habilitación de la Sra. Aslanidou
para ejercer la profesión de terapeuta ocupacional en Grecia. La demandante había presentado su petición basándose en su habilitación
para ejercer dicha profesión en Alemania.

Marco jurídico

Normativa comunitaria
3       La Directiva 92/51 establece una sistema general complementario de reconocimiento de las formaciones profesionales que cubre
los niveles de formación que no se hallaban comprendidos en el sistema general inicial creado por la Directiva 89/48/CEE del
Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior
que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (DO L 19, p. 16), cuya aplicación está limitada
a las formaciones de nivel superior.
4       Según el quinto considerando de la Directiva 92/51, este sistema complementario se basa en los mismos principios y contiene,
mutatis mutandis,
las mismas normas que el sistema general inicial.
5       Con arreglo al artículo 1 de la Directiva 92/51, una titulación que acredite que el titular ha cursado con éxito uno de los
ciclos de formación que figuran en el anexo C de esta Directiva constituye un título en el sentido de esta Directiva siempre que:
–       haya sido expedido por una autoridad competente en un Estado miembro,
–       el titular posea las cualificaciones profesionales requeridas para acceder a la profesión en dicho Estado miembro, y
–       la formación sancionada por esta titulación haya sido adquirida principalmente en la Comunidad.
6       Una de las formaciones que figura en el anexo C de la Directiva 92/51 en su versión aplicable a los hechos del litigio principal,
a saber, antes de su modificación por la Decisión 2004/108/CE de la Comisión, de 28 de enero de 2004 (DO L 32, p. 15), es
la de terapeuta ocupacional [«Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut(in)»], mencionada en el tercer guión relativo a Alemania,
en el punto 1 que lleva por epígrafe «Ámbito paramédico y de pedagogía social».
7       El artículo 3, párrafo primero, letra a), de la Directiva 92/51 establece:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 89/48/CEE, cuando en el Estado miembro de acogida, el acceso a una profesión
regulada o a su ejercicio estén supeditados a la posesión de un título, tal y como se define en la presente Directiva […],
la autoridad competente no podrá denegar a un nacional de otro Estado miembro el acceso a dicha profesión o a su ejercicio
en las mismas condiciones que sus nacionales, por falta de cualificación:
a)      si el solicitante está en posesión del título, tal y como se define en la presente Directiva […], prescrito por otro Estado
miembro para acceder a la misma profesión o ejercerla en su territorio, y que ha sido obtenido en un Estado miembro […]»
8       No obstante lo dispuesto en el artículo 3 de dicha Directiva, su artículo 4 permite al Estado miembro de acogida, en determinadas
condiciones que se precisan, exigir al solicitante que acredite una experiencia profesional de una duración determinada, que
efectúe un período de prácticas, durante tres años como máximo, o que se someta a una prueba de aptitud (en lo sucesivo, «medidas
de compensación»). Dicho artículo fija determinadas reglas y condiciones aplicables a las medidas de compensación que pueden
imponerse.
9       El artículo 10 de la Directiva 92/51 enumera los documentos relativos a la honorabilidad, la moralidad o el hecho de no estar
en quiebra así como a la salud física y psíquica que pueden ser exigidos como documentos acreditativos por la autoridad competente
del Estado miembro de acogida y contiene algunas disposiciones relativas a las fórmulas de juramento o declaración solemne
que pueden imponerse a los nacionales de otros Estados miembros.
10     A tenor del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 92/51, los Estados miembros designarán, dentro del plazo establecido
en su artículo 17, a saber, antes del 18 de junio de 1994, a las autoridades competentes habilitadas para recibir las solicitudes
y dictar las resoluciones objeto de esta misma Directiva e informarán de ello a los demás Estados miembros y a la Comisión
de las Comunidades Europeas.

Normativa nacional
11     En Grecia, la profesión de terapeuta ocupacional está regulada por el Decreto Presidencial nº 83/1989, titulado «Derechos
profesionales de los diplomados de las siguientes secciones [...] c) Terapia ocupacional de los Institutos Técnicos de Formación
(TEI)» (FEK A' 37).
12     Según el artículo 3, apartado 4, de dicho Decreto, el ejercicio de esa profesión está supeditado a la obtención de la habilitación
concedida por el Ministerio de Sanidad, Previsión y Seguridad Social (en lo sucesivo, «Ministerio de Sanidad»).
13     La Orden A4b/251, de 23 de enero de 1990 (FEK B' 94), del Ministro de Sanidad y Previsión exigía, en el momento de la presentación
de la solicitud de la Sra. Aslanidou, que las solicitudes de habilitación se acompañaran de copia del título y, «por lo que
respecta a los titulados en el extranjero, también [del acto] de reconocimiento de la equivalencia del título por parte del
Ministerio de Educación Nacional y Cultos».
14     Mediante Ley nº 1404/1983, de 22/24 de noviembre de 1983 (FEK A' 173), en su versión vigente en el momento de los hechos que
dieron origen al litigio principal, se había creado un servicio público denominado «Instituto de Estudios Técnicos» (en lo
sucesivo, «ITE»), bajo la tutela del Ministerio de Educación Nacional y Cultos, cuya función era la de aconsejar a éste sobre
temas pedagógicos y científicos relativos a la enseñanza técnica superior.
15     Con arreglo al artículo 14, II, apartado 2, de la Ley nº 1404/1983, sustituido por el artículo 71, apartado 5, de la Ley nº 1566/1985,
de 30 de septiembre de 1985 (FEK A' 167), el ITE tenía, en particular, la misión de pronunciarse sobre la equiparación de
las facultades o secciones extranjeras de enseñanza superior no universitarias y de los títulos de estudios expedidos por
aquéllas con los centros de enseñanza técnica griegos y con los diplomas expedidos por éstos.
16     El artículo 2 del Decreto Presidencial nº 567/1984, de 3 de agosto/17 de diciembre de 1984 (FEK A' 204), relativo al funcionamiento
del ITE, preveía el establecimiento en su seno de un Consejo Científico y disponía que «el reconocimiento de la equivalencia
de un título de estudios o la equiparación de la facultad se realizarán mediante acto del Consejo Científico, cuyo extracto
será comunicado al interesado por el Presiente del Consejo Científico. Dicha comunicación constituirá prueba de la equivalencia
del título de estudios».
17     Posteriormente a los hechos que dieron origen al litigio principal, se adoptó el Decreto Presidencial nº 231/1998, de 29 de
julio de 1998 (FEK A' 178), por el que se procedió a adaptar el Derecho interno griego a las disposiciones de la citada Directiva
18     El artículo 14 de este Decreto atribuye una competencia exclusiva al Consejo para el Reconocimiento Profesional de los Títulos
de Formación (Symvoulio Epangelmatikis Anagnorisis Titlon Ekpaidefsis kai Katartisis), órgano estatal establecido
ad hoc
para que reconozca a quien haya obtenido un título comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Directiva el derecho
a ejercer en Grecia la correspondiente profesión regulada. Este órgano es el único competente en la materia y su opinión vincula
al Ministerio competente para otorgar la habilitación para el ejercicio de la profesión.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales
19     La Sra. Aslanidou, nacional griega, tras cursar un programa de estudios de tres años, superó el examen de Estado para terapeutas
ocupacionales («Zeugnis über die Staatliche Prüfung für Beschäftigungs- und Arbeitstherapeuten») en la Escuela homologada
de terapeutas ocupacionales de Stuttgart (Alemania), que la habilitaba para acceder a la profesión de terapeuta ocupacional.
20     Habida cuenta de que deseaba ejercer dicha profesión en Grecia, la Sra. Aslanidou presentó, el 1 de septiembre de 1997, una
solicitud de habilitación ante la Dirección de Sanidad de la Provincia de Salónica al amparo de la Directiva 89/48. Dicha
solicitud fue trasladada al Ministerio de Sanidad para que comprobase el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Consejo
para el Reconocimiento de los Títulos Profesionales de Terapeuta Ocupacional (Symvoulio Anagnorisis Epaggelmatikon Titlon
Ergotherapeuton; en lo sucesivo, «SAETE»).
21     Este órgano decidió suspender el procedimiento y preguntar al ITE si la Escuela en la que la Sra. Aslanidou había cursado
sus estudios en Alemania «estaba comprendida dentro de lo que en Grecia corresponde a la enseñanza superior». A raíz de la
respuesta del ITE, según la cual el título de la demandante no era equivalente a los títulos de estudios expedidos por los
centro de enseñanza técnica griegos, el SAETE consideró que los documentos justificativos presentados por la Sra. Aslanidou
no correspondían a los previstos por la Directiva 89/48 y que, como consecuencia de ello, no podía conceder a la demandante
la habilitación para ejercer la profesión de terapeuta ocupacional al amparo de la Directiva 89/48. En consecuencia, le propuso
que presentara una nueva solicitud una vez se hubiera adaptado el Derecho interno griego a la Directiva 92/51.
22     Mediante su resolución nº 1, de 12 de mayo de 1998, el SAETE desestimó formalmente la solicitud de habilitación de la Sra.
Aslanidou por considerar que la titulación de estudios invocada por ésta no constituía un título de enseñanza superior, ya
que, para ser admitido en la correspondiente Escuela en Alemania, no se exigía una formación de de base de doce años, sino
de entre ocho y diez años y, por lo tanto, no se cumplían los requisitos establecidos en la Directiva 89/48.
23     El 21 de julio de 1998, la Sra. Aslanidou interpuso un recurso contra dicha resolución desestimatoria ante el Symvoulio tis
Epikrateias.
24     En el litigio principal, según el órgano jurisdiccional remitente, consta que, si bien la Sra. Aslanidou había solicitado
la concesión de la habilitación para poder ejercer la profesión de terapeuta ocupacional con arreglo a la Directiva 89/48,
la autoridad competente estaba obligada a examinar de oficio la solicitud y los hechos invocados por la demandante con arreglo
a la norma jurídica pertinente, a saber, la Directiva 92/51.
25     A este respecto, el Symvoulio tis Epikrateias se pregunta si, durante el período transcurrido entre la expiración del plazo
establecido para la adaptación del Derecho interno a la Directiva 92/51 y la adaptación extemporánea del Derecho interno a
ésta, un particular puede solicitar a las autoridades del Estado miembro de acogida, alegando la posesión de un título expedido
en otro Estado miembro y comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Directiva, que le habilite para acceder, sobre
la base de las disposiciones pertinentes de la Directiva, a la correspondiente profesión regulada en el Estado miembro de
acogida.
26     En el litigio principal, una opinión mayoritaria en el seno del Symvoulio tis Epikrateias considera que las disposiciones
materiales de los artículos 3, 4 y 10 de la Directiva 92/51 son incondicionales y suficientemente precisas en cuanto a las
condiciones en las que las autoridades del Estado miembro de acogida están obligadas a habilitar al titular de un título obtenido
en otro Estado miembro para acceder a una profesión regulada en el Estado miembro de acogida y que, por lo tanto, pueden ser
invocadas por quien haya obtenido tal título después de la expiración del plazo para adaptar el ordenamiento jurídico interno
a dicha Directiva.
27     Con arreglo a esta opinión mayoritaria, la falta de designación de una autoridad competente con arreglo al artículo 13, apartado
1, de la Directiva 92/51 no obsta para que sus disposiciones puedan ser invocadas, ya que la normativa del Estado miembro
vigente antes de la adaptación del Derecho interno a dicha Directiva atribuía a un órgano administrativo identificado la labor
de comprobar que se cumplían los requisitos de acceso a la profesión de que se trata y, en su caso, de conceder al interesado
la habilitación para ejercer dicha profesión.
28     Sin embargo, con arreglo a la opinión minoritaria en el seno del Symvoulio tis Epikrateias, la desestimación de la solicitud
de habilitación estaba justificada por cuanto, por una parte, las disposiciones pertinentes de la Directiva 92/51 no podían
ser invocadas por un particular en el momento de la presentación de la solicitud controvertida y, por otra, la autoridad competente
para tramitar las solicitudes aún no había sido designada con arreglo al artículo 13, apartado 1, de dicha Directiva.
29     El Symvoulio tis Epikrateias se plantea además si, en la medida en que las disposiciones de la Directiva 92/51 no podían ser
invocadas ante el Ministerio de Sanidad, éste estaba obligado, no obstante, en virtud de los artículos 48 y 52 del Tratado,
a comprobar si la titulación obtenida por la demandante en Alemania era equivalente a los títulos griegos.
30     En estas circunstancias, el Symvoulio tis Epikrateias decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Son las disposiciones de los artículos 3, 4, apartado 1, letras a) y b), y apartado 2, y 10, apartados 1 a 4, de la Directiva
92/51 […] incondicionales y suficientemente precisas como para poder ser invocadas, durante el período transcurrido entre
la expiración del plazo establecido para la adaptación de los Derechos internos a lo dispuesto en la Directiva y la adaptación
extemporánea del Derecho interno de un determinado Estado miembro (el Estado miembro de acogida), por parte de una persona
física frente a un órgano administrativo competente con arreglo a la legislación nacional vigente, cuando dicha persona física,
alegando poseer un título obtenido en otro Estado miembro y comprendido dentro del ámbito de aplicación de las disposiciones
anteriormente señaladas, solicita que, como consecuencia de la aplicación de las mismas, se le autorice a acceder a una profesión
regulada y a ejercerla en el Estado miembro de acogida?
2)      En el caso de que se considere que, durante el período transcurrido entre la expiración del plazo establecido para la adaptación
de los Derechos internos a lo dispuesto en la Directiva 92/51 […] y la adaptación extemporánea del Derecho interno de un determinado
Estado miembro, una persona física no podía invocar válidamente las disposiciones de la Directiva frente al órgano administrativo
del Estado miembro de acogida al que la legislación nacional atribuía la competencia de habilitar para el ejercicio de determinada
profesión a los titulados de los Institutos Técnicos de Formación nacionales (TEI) o a quienes hayan obtenido un título extranjero
reconocido como equivalente en virtud del procedimiento general de homologación descrito en la exposición de motivos, ¿estaba
dicho órgano administrativo facultado, a la vista de lo dispuesto en [los artículos 48 y 52 del Tratado CE] […], para condicionar
la autorización de acceso a la profesión de que se trata y de ejercicio de dicha profesión, solicitada durante el citado período
por una persona que posee un título obtenido en otro Estado miembro, al previo reconocimiento, conforme al procedimiento general
referido, de la equivalencia académica de dicho título, o bien debería haber procedido a realizar por sí mismo un análisis
comparativo entre las cualificaciones acreditadas por el título presentado y los conocimientos y cualificaciones exigidos
por el Derecho interno para pronunciarse posteriormente en función de los resultados de dicho análisis?»

Sobre las cuestiones prejudiciales
31     El artículo 3, párrafo primero, letra a), de la Directiva 89/48 dispone que la autoridad competente del Estado miembro de
acogida no podrá denegar a un nacional de un Estado miembro el acceso a una profesión regulada o su ejercicio en las mismas
condiciones que sus nacionales, alegando insuficiencia de cualificación, si el solicitante está en posesión del título definido
en esta Directiva y prescrito por otro Estado miembro para acceder a dicha profesión o ejercerla en su territorio, y lo ha
obtenido en un Estado miembro.
32     La Sra. Aslanidou obtuvo un título en el sentido del artículo 1 de la Directiva 92/51, en relación con el punto 1 del anexo
C de ésta. Por lo tanto, la situación de la demandante se halla comprendida dentro del ámbito de aplicación del artículo 3,
párrafo primero, letra a), de dicha Directiva. En consecuencia, no procede que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre
la interpretación del artículo 3, párrafo primero, letra b), de esa misma Directiva, que resulta aplicable únicamente si la
profesión de que se trata no está regulada en el Estado miembro de origen.
33     Por lo que se refiere al artículo 3, párrafo primero, letra a), de la Directiva 89/48, cuyo tenor es, esencialmente, idéntico
al del artículo 3, párrafo primero, letra a), de la Directiva 92/51, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que constituye
una disposición cuyo contenido es incondicional y suficientemente preciso como para que los particulares estén legitimados
para invocarla ante el juez nacional frente al Estado, si éste no ha adaptado su Derecho nacional a la Directiva dentro de
los plazos señalados (sentencia de 29 de abril de 2004, Beuttenmüller, C‑102/02, Rec. p. I-5405, apartado 55). Esta misma
apreciación se aplica al artículo 3, párrafo primero, letra a), de la Directiva 92/51, dado que, a tenor del quinto considerando
de dicha Directiva, el sistema complementario establecido por ésta se basa expresamente en los mismos principios y contiene,
mutatis
mutandis
, las mismas normas que el sistema general inicial establecido por la Directiva 89/48.
34     En cuanto a la posibilidad de supeditar el acceso a una profesión regulada al requisito de que el solicitante cumpla con carácter
previo las medidas de compensación previstas en el artículo 4 de la Directiva 92/51, el Tribunal de Justicia ha declarado
en el contexto de la Directiva 89/48 que, en principio, si está previsto en la normativa nacional en vigor en el momento de
la tramitación de la solicitud de que se trata, la autoridad nacional podrá exigir a un interesado las medidas de compensación
previstas a este respecto en el artículo 4, apartado 1, si se cumplen los requisitos establecidos a tal efecto (véase, en
ese sentido, la sentencia de 9 de septiembre de 2003, Burbaud, C‑285/01, Rec. p. I‑8219, apartado 55).
35     En cambio, si la imposición de tales medidas compensatorias no está prevista en la legislación nacional en vigor, de la jurisprudencia
resulta que un Estado miembro que ha incumplido la obligación que le corresponde de adaptar su ordenamiento jurídico nacional
a las disposiciones de un Directiva no puede oponer a los ciudadanos comunitarios las limitaciones que derivan de tales disposiciones,
ni tampoco exigirles la ejecución de obligaciones previstas por dicha Directiva (véanse, en ese sentido, las sentencias de
19 de noviembre de 1991, Francovich y otros, asuntos acumulados C‑6/90 y C‑9/90, Rec. p. I‑5357, apartado 21, y Beuttenmüller,
antes citada, apartado 63).
36     En su caso, incumbe al órgano jurisdiccional nacional determinar en qué medida la legislación nacional vigente en el momento
de la tramitación de la solicitud de que se trata permitía la imposición de medidas de compensación como las previstas en
el artículo 4, apartado 1, de la Directiva aplicable. A este respecto, debe recordarse que, según jurisprudencia reiterada,
cuando una situación está comprendida dentro del ámbito de aplicación de una directiva, un órgano jurisdiccional nacional
está obligado, al aplicar su Derecho nacional, a tomar en consideración todas las normas de éste y a interpretarlas, en la
medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de dicha directiva para llegar a una solución conforme con el
objetivo perseguido por ésta (véase en este sentido, en particular, la sentencia de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer y otros,
asuntos acumulados C‑397/01 a C‑403/01, Rec. p. I‑0000, apartado 119).
37     En cualquier caso, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que cuando sea aplicable una de las Directivas, la 89/48 o la 92/51,
un organismo público de un Estado miembro, obligado a respetar las normas establecidas por la Directiva de que se trate, ya
no podrá exigir la homologación de los títulos de un interesado por las autoridades nacionales competentes (sentencia de 8
de julio de 1999, Fernández de Bobadilla, C‑234/97, Rec. p. I‑4773, apartado 27).
38     El artículo 10 de la Directiva 92/51 se limita a enumerar los documentos relativos a la honorabilidad, la moralidad, el hecho
de no estar en quiebra así como a la salud física o psíquica que pueden ser exigidos como documentos acreditativos por la
autoridad competente y contiene algunas disposiciones relativas a las fórmulas de juramento o de declaración solemne que puede
imponerse a los nacionales de otros Estados miembros. Habida cuenta de que, en el asunto principal, ninguna de esas pruebas
o declaraciones fue exigida por la autoridad competente del Estado miembro de acogida, el Tribunal de Justicia no está obligado
a pronunciarse sobre la interpretación de dicha disposición, que, en cualquier caso, no puede influir sobre la posibilidad
de invocar el artículo 3, párrafo primero, letra a), de dicha Directiva.
39     La obligación de los Estados miembros de designar, con arreglo al artículo 13, apartado 1, de la Directiva 92/51, a las autoridades
competentes habilitadas para recibir las solicitudes y adoptar las decisiones objeto de dicha Directiva tampoco obsta para
que pueda invocarse el artículo 3, párrafo primero, letra a), de esa misma Directiva. En efecto, del artículo 13, apartado
1, en relación con los demás apartados de ese mismo artículo, resulta que el objetivo de dicha disposición es facilitar la
aplicación del régimen de reconocimiento de títulos establecido por la Directiva 92/51 haciendo más transparente el proceso
decisorio aplicable en un Estado miembro. En cambio, no es necesaria una designación con arreglo al artículo 13, apartado
1, para poder identificar a las autoridades competentes contempladas en el artículo 3, que son las autoridades que controlan
el acceso a las profesiones reguladas.
40     De la jurisprudencia resulta que un Estado miembro no puede invocar frente a un individuo el hecho de no haber adoptado las
disposiciones destinadas, precisamente, a facilitar la aplicación de un régimen establecido por la Directiva de que se trate
(véanse en este sentido, en particular, las sentencias de 10 de septiembre de 2002, Kügler, C‑141/00, Rec. p. I‑6833, apartado
52, y de 6 de noviembre de 2003, Dornier, C‑45/01, Rec. p. I‑12911, apartado 79). Por lo tanto, la falta de designación de
una autoridad competente con arreglo al artículo 13, apartado 1, de la Directiva 92/51 no obsta para que el artículo 3, párrafo
primero, letra a), de dicha Directiva pueda invocarse frente a la autoridad de hecho competente para regular el acceso a una
profesión determinada con arreglo a la normativa nacional aplicable.
41     En el litigio principal, resulta que el Ministerio de Sanidad, bajo cuyos auspicios operaba el SAETE, es una autoridad competente
en el sentido del artículo 3, párrafo primero, letra a), de la Directiva 92/51, ya que el ejercicio de la profesión de terapeuta
ocupacional está, con arreglo a la normativa nacional, supeditado a una autorización expedida por dicho Ministerio. Por lo
tanto, el Ministerio de Sanidad no puede denegar a una persona en la posición de la Sra. Aslanidou el acceso a la profesión
de terapeuta ocupacional alegando insuficiencia de cualificación, sin perjuicio de que se apliquen eventualmente medidas compensatorias
en el sentido del artículo 4, apartado 1, de dicha Directiva, si tales medidas compensatorias habían sido previstas por la
normativa nacional.
42     Por lo tanto, debe responderse a la primera cuestión que, si no se han adoptado medidas para adaptar el Derecho interno a
la Directiva 92/51 en el plazo señalado en el artículo 17 de ésta, un nacional de un Estado miembro puede invocar el artículo
3, párrafo primero, letra a), de dicha Directiva para obtener, en el Estado miembro de acogida, la habilitación para ejercer
una profesión regulada como la de terapeuta ocupacional. Esta posibilidad no puede supeditarse a la homologación de los títulos
del interesado por las autoridades nacionales competentes. Las medidas de compensación a las que se refiere el artículo 4,
apartado 1, de la Directiva 92/51 sólo pueden imponerse al interesado en la medida en que estén previstas por la normativa
nacional vigente en el momento de la tramitación de la solicitud de que se trata.
43     Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión, no procede responder a la segunda.

Costas
44     Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
Si no se han adoptado medidas para adaptar el Derecho interno a la Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992,
relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE,
en el plazo señalado en el artículo 17 de ésta, un nacional de un Estado miembro puede invocar el artículo 3, párrafo primero,
letra a), de dicha Directiva para obtener, en el Estado miembro de acogida, la habilitación para ejercer una profesión regulada
como la de terapeuta ocupacional.
Esta posibilidad no puede supeditarse a la homologación de los títulos del interesado por las autoridades nacionales competentes.
Las medidas de compensación a las que se refiere el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 92/51 sólo pueden imponerse al
interesado en la medida en que estén previstas por la normativa nacional vigente en el momento de la tramitación de la solicitud
de que se trata.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: griego.