CELEX: 61989CJ0032
Liquidación de cuentas FEOGA
Ejercicio 1986

Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 6 de febrero de 1989, la República Helénica solicitó, con arreglo al párrafo primero del artículo 173 del Tratado CEE, la anulación de la Decisión 88/630/CEE de la Comisión, de 29 de noviembre de 1988, relativa a la liquidación de cuentas de los Estados miembros en concepto de gastos financiados por el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agraria (FEOGA), Sección «Garantía», durante el ejercicio financiero 1986 (
DO L 353, p. 30
).
El recurso pretende que se anule esta Decisión en su totalidad en razón de la incompetencia de la Comisión y, con carácter subsidiario, que se anule parcialmente en la medida en que la Comisión declaró no imputables al FEOGA las siguientes cantidades:
—
6840546206 DR en concepto de restituciones y de montantes compensatorios monetarios;
—
26358604 DR por investigaciones realizadas en el sector de los cereales relativas a 65000 toneladas de «trigo duro» ;
—
406029 DR por la celebración de un contrato de almacenamiento privado de quesos kefalotyri y kasseri;
—
6173884 DR en concepto de ventas al precio fijado por anticipado de las pasas de la cosecha de 1983 por los organismos de almacenamiento griegos;
—
50762546 DR en concepto de ayudas para el consumo de aceite de oliva no reconocidas a causa de la no conformidad a Derecho del procedimiento seguido para la presentación de las solicitudes.
Después de las sentencias del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1990, Grecia/Comisión (
C-259/87, Rec. p. I-2845
;
C-335/87, Rec. p. I-2849
;
C-334/87, Rec. p. I-2875
), y de 12 de julio de 1990, Comisión/Grecia (
C-35/88, Rec. p. I-3125
), el Gobierno griego desistió de un determinado número de motivos e imputaciones y, principalmente, de las pretensiones del recurso relativas al importe de 50 762546 DR en concepto de ayudas para el consumo de aceite de oliva no reconocidas a causa de la no conformidad a Derecho del procedimiento seguido para la presentación de las solicitudes.
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio, del desarrollo del procedimiento así como de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Motivo relativo a la incompetencia de la Comisión
El apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 729/70 del Consejo, de 21 de abril de 1970, sobre la financiación de la política agraria común (
DO L 94, p. 13
; EE 03/03, p. 220), es del siguiente tenor literal:
«La Comisión, previa consulta al Comité del Fondo citado en el artículo 11,
a)
decidirá:
—
al comienzo del año, sobre la base de los documentos citados en la letra a) del apartado 1, acerca de un avance [léase anticipo] para los servicios y organismos igual como máximo a un tercio de los créditos inscritos en el presupuesto,
—
a lo largo del año, acerca de pagos complementarios destinados a la cobertura de los gastos que haya de soportar un servicio u organismo dado;
b)
verificará [léase liquidará] antes del final del año siguiente, sobre la base de los documentos citados en la letra b) del apartado 1, las cuentas de los servicios y organismos.»
El Gobierno griego alega que la Decisión impugnada es ajena a la competencia de la Comisión. En efecto, la Comisión sólo tiene la facultad de adoptar una decisión con arreglo al artículo 189 del Tratado CEE, en el marco de la concesión de un anticipo o de pagos complementarios previstos en la letra a) del apartado 2 del artículo 5, antes mencionado, pero no para liquidar, conforme a la letra b) del apartado 2 del artículo 5, las cuentas de los servicios y organismos de los Estados miembros autorizados para pagar las restituciones a la exportación hacia terceros países y las intervenciones destinadas a la regularización de los mercados agrarios.
Procede desestimar este motivo. Del contexto del artículo 5, antes mencionado, se deduce que la operación de liquidación, prevista en la letra b) del apartado 2, implica la adopción de una decisión por parte de la Comisión. En efecto, no puede admitirse que la Comisión proceda a la liquidación de cuentas, que engendra consecuencias financieras importantes, de otra forma que no sea a través de un acto vinculante. Por ello, el artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 1723/72 de la Comisión, de 26 de julio de 1972, relativo a la liquidación de las cuentas referentes al Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agraria, Sección «Garantía» (
DO L 186, p. 1
; EE 03/06, p. 70), se refiere a la «Decisión de liquidación de cuentas». Por consiguiente, la Comisión es competente para adoptar una decisión con arreglo al artículo 189 del Tratado con objeto de liquidar las cuentas del FEOGA.
Gastos en concepto de restituciones y de montantes compensatorios monetarios que no fueron reconocidos tras las investigaciones efectuadas en Grecia en el sector de los cereales
La Decisión impugnada excluye de la financiación del FEOGA una cantidad de 6840546206 DR, en concepto de restituciones y de montantes compensatorios monetarios. Dicho importe no fue reconocido tras las investigaciones, efectuadas en Grecia, en el sector de los cereales. Se deduce del Informe de Síntesis relativo a los resultados de los controles para la liquidación de cuentas del FEOGA, Sección «Garantía», correspondiente al ejercicio 1986 (en lo sucesivo, «Informe de Síntesis»), comunicado a la República Helénica, que este Estado había adoptado una serie de medidas capaces de perturbar la política comunitaria en el sector de los cereales y de vulnerar los principios de libre circulación de mercancías y de igualdad de trato de los operadores.
En particular, la República Helénica intervino activamente en el mercado de los cereales a través de la Oficina Central de Gestión de los Productos Nacionales (en lo sucesivo, «KYDEP»), la cual, mediante cuatro contratos de programa, se comprometió a liquidar, por cuenta del Estado, las existencias de trigo en su poder. Por otra parte, la KYDEP ejerce un monopolio como agente del Estado, y este último cubre la totalidad de los déficit experimentados por aquel organismo, lo que le permite vender a precios inferiores al precio de coste.
El Gobierno griego admite la existencia de tres contratos de programa, dos de ellos relativos a la harina de trigo blando y uno a las pastas alimenticias. En cambio, niega que entre la KYDEP y el Ministerio de Economía se celebrara un cuarto contrato de programa relativo a la sémola de trigo duro. Considera, seguidamente, que la KYDEP, cooperativa de tercer grado, cubre la mitad de su déficit con sus propios fondos, y la otra mitad es asumida por las asociaciones de productores. Alega, por último, que la KYDEP no ejerce un monopolio y que, si bien recibe contribuciones financieras del Estado, no vende sus productos por debajo del precio de coste, de suerte que no supone un obstáculo para la competencia con los otros agentes económicos.
En primer lugar, en cuanto a la existencia del, cuarto contrato de programa, la Comisión cita el contenido de un escrito de 6 de junio de 1985 del Director general de la KYDEP dirigido al Consejo de Administración de esta última, según el cual «el Ministerio de Economía Nacional ha suscrito ya un contrato de programa para la exportación de 40000 toneladas de sémola, que absorberá 78000 toneladas de trigo duro [...]».
A la vista del citado escrito, cuya autenticidad no impugna el Gobierno griego, y habida cuenta que este último se limita a negar la existencia de un contrato de programa relativo a la sémola de trigo duro sin aportar argumentos ni elementos en apoyo de su alegación, procede hacer constar que la Comisión no ha incurrido en error alguno al afirmar la existencia de un cuarto contrato de programa relativo a la sémola de trigo duro.
En segundo lugar, en apoyo de su afirmación según la cual el Estado cubre los déficit de la KYDEP, la Comisión invoca, principalmente, además del escrito de 6 de junio de 1985 antes mencionado, las actas de la 36.
a
asamblea general de la KYDEP y de la 189.
a
reunión del Comité instituido por decisión conjunta de los Ministros de Comercio y de Agricultura (n° A6/2028 de 17 de marzo de 1981), redactadas el 12 de diciembre de 1986 y el 14 de febrero de 1984 respectivamente, así como el informe de 4 de noviembre de 1985 elaborado por el servicio jurídico de la KYDEP y los informes anuales del Banco de Grecia.
A este respecto, debe recordarse, en primer lugar, que el Gobierno griego no impugna ninguno de estos documentos. Admite, por otra parte, que los poderes públicos han desembolsado determinadas cantidades para hacer frente a las crecientes necesidades financieras de la KYDEP. Posteriormente, según los balances de explotación del citado organismo, sus reservas financieras fueron insuficientes para cubrir, incluso en un 50 %, las pérdidas sufridas durante el año 1982. Procede añadir a lo anterior que, según la citada acta de 14 de febrero de 1984, dichas pérdidas corren a cargo del Estado. Por último, según el escrito de 6 de junio de 1985 y el acta de la 36.
a
asamblea general de la KYDEP, antes mencionados, el Ministro de Economía Nacional adoptó una decisión que garantizaba la cobertura financiera total del déficit experimentado por la KYDEP a causa de los contratos de programa de que se trata.
Debe recordarse igualmente que, mediante la citada sentencia de 12 de julio de 1990, Comisión/Grecia, este Tribunal de Justicia ha declarado ya que, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1981 y el 26 de marzo de 1984, la República Helénica, en infracción del Derecho comunitario, intervino en las condiciones de compra y venta de los cereales pienso por la KYDEP, compensando, mediante medidas presupuestarias, el déficit de la KYDEP resultante de su intervención en dichos mercados y permitiendo a dicho organismo obtener préstamos del Banco de Grecia, gracias a la garantía del Estado.
Ahora bien, según los datos presentados por el Gobierno griego, no parece que las relaciones entre la KYDEP y las autoridades griegas, evidenciadas por los comportamientos descritos anteriormente, hayan cambiado al finalizar el período considerado por la citada sentencia.
En atención a lo anterior, debe admitirse que, durante el período contemplado en el presente recurso, las autoridades griegas han controlado las operaciones efectuadas por la KYDEP y han cubierto sus déficit.
Por consiguiente, la Comisión tuvo razón al excluir de la financiación por el FEOGA las cantidades discutidas, dado que las autoridades griegas habían adoptado medidas que perturbaron la política comunitaria en el sector de los cereales. Procede, por consiguiente, desestimar por infundado este motivo del Gobierno griego.
Gastos no asumidos como consecuencia de una investigación efectuada en Grecia en el sector de los cereales sobre 65000 toneladas de trigo duro
Mediante la Decisión impugnada, la Comisión excluyó por dos razones de la financiación del FEOGA las 26358604 DR en concepto de gastos efectuados por la República Helénica para transferir a la intervención comunitaria 65000 toneladas de trigo duro. En primer lugar, se afirma, este trigo no cumplía los requisitos cualitativos para la intervención comunitaria establecidos por el Reglamento (CEE) n° 1569/77 de la Comisión, de 11 de julio de 1977, que fija los procedimientos y condiciones de aceptación de los cereales por parte de los organismos de intervención (
DO L 174, p. 15
; EE 03/12, p. 234). En segundo lugar, afirma que, según el acta de 12 de diciembre de 1986, la adquisición del trigo duro por la KYDEP se realizó por orden estatal en el marco de una política nacional de apoyo al mercado de los cereales. La posterior transferencia a la intervención sería puramente formal, dado el papel de la KYDEP como organismo de almacenamiento, y se decidió en atención, por una parte, a la carga financiera que pesaba sobre la KYDEP como consecuencia de las obligaciones bancarias que había tenido que aceptar para el pago de las cosechas sucesivas y, por otra, al volumen de las existencias acumuladas por la KYDEP.
Respecto a la segunda razón, procede recordar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase, entre otras, la sentencia de 14 de julio de 1988, Zoni,
90/86, Rec. p. 4285
), según la cual, cuando la Comunidad ha establecido una organización común de mercados en un sector determinado, los Estados miembros deben abstenerse de cualquier medida unilateral que pudiera suponer una excepción o un incumplimiento.
Debe hacerse constar que el Gobierno griego no ha contradicho la alegación según la cual la transferencia a la intervención comunitaria de 65000 toneladas de trigo duro fue decidida por el Estado.
Por consiguiente, las condiciones en que las 65000 toneladas de trigo duro fueron adquiridas por la KYDEP y presentadas a la intervención son contrarias a los mecanismos de la organización común del mercado de los cereales. Procede afirmar, sin necesidad de examinar el argumento relativo a la calidad del trigo duro, que la Comisión tenía motivos suficientes para excluir de la financiación del FEOGA los gastos correspondientes a la operación controvertida.
De ello se sigue que debe desestimarse el motivo presentado por el Gobierno griego relativo a la anulación de la Decisión impugnada en lo que se refiere a los gastos correspondientes a las 65000 toneladas de trigo duro.
Gastos relativos a la celebración fuera de plazo de un contrato de almacenamiento privado de quesos
La letra b) del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 1082/85 de la Comisión, de 26 de abril de 1985, por el que se establece una ayuda al almacenamiento privado de los quesos kefalotyri y kasseri (
DO L 114, p. 29
), es del siguiente tenor:
íArtículo 2
1.   [...]
2.   El contrato de almacenamiento:
a)
[...]
b)
se celebrará una vez finalizadas las operaciones de almacenamiento de la partida de queso objeto del contrato y, a más tardar, cuarenta días después de la fecha del inicio del almacenamiento cubierto por el contrato (traducción no oficial).
En la Decisión impugnada, la Comisión excluyó de la financiación del FEOGA las 406029 DR adelantadas por la República Helénica por un contrato de almacenamiento del tipo previsto en la disposición mencionada, debido a que una cantidad de veinte toneladas se había almacenado el 7 de octubre de 1985 en tanto que el citado contrato no se suscribió hasta el 9 de enero de 1986, es decir, 94 días más tarde.
El Gobierno griego no niega los hechos referidos, pero estima que el retraso en la suscripción del contrato de almacenamiento de que se trata se debió a un caso de fuerza mayor motivado por el exceso de trabajo registrado, durante el período anterior a la Navidad, por los servicios postales, medio por el cual fueron expedidos los justificantes que demostraban que el almacenamiento ya se había realizado.
A este respecto, basta decir que, con arreglo al artículo 2 antes mencionado, el contrato de almacenamiento debiera haberse celebrado a más tardar el 16 de noviembre de 1985, es decir, mucho antes de iniciarse el período al que alude el Gobierno griego. Por consiguiente, debe desestimarse el motivo de este último relativo a la existencia de un caso de fuerza mayor.
Gastos relativos a las ventas de las pasas de la cosecha de 1983 a precios fijados por anticipado
Mediante la Decisión impugnada, la Comisión excluyó de la financiación del FEOGA un importe de 6173884 DR, en concepto de gastos efectuados por las autoridades griegas en relación con ventas de pasas de la cosecha de 1983 en Grecia a precios fijados por anticipado. Según el Informe de Síntesis referente a los ejercicios 1984 y 1985, a los que se remite la Decisión impugnada, las citadas autoridades prohibieron las exportaciones de las pasas mencionadas entre el 1 de diciembre de 1984 y el 9 de enero de 1985. Dicha medida impidió el funcionamiento normal del régimen de venta a precios fijos previsto para el período comprendido entre el 10 de diciembre de 1984 y el 31 de enero de 1985 por el Reglamento (CEE) n° 3444/84 de la Comisión, de 5 de diciembre de 1984, relativo a la venta al precio fijado por anticipado de las pasas de la cosecha de 1983 en poder de los organismos de almacenamiento helénicos (
DO L 318, p. 33
). Como consecuencia de ello, se produjo una disminución importante de las cantidades vendidas, que provocó un aumento correlativo de los gastos de almacenamiento y de los gastos financieros.
El Gobierno griego solicita que se anule este apartado de la Decisión y afirma que la exportación de pasas se efectuó sin trabas durante todo el período en que el Reglamento n° 3444/84 estuvo en vigor y al menos hasta el 10 de febrero de 1985; de cualquier forma, la exportación de que se trata fue autorizada de forma general por el Decreto presidencial n° 215/86 de 13 de junio de 1986. Esta falta de trabas se confirma por el flujo constante de exportaciones de pasas registrado durante el año 1986, como se deduce del cuadro mensual del Servicio Nacional de Estadística griego correspondiente al primer semestre de 1986.
A este respecto, procede recordar que, en la sentencia de 10 de julio de 1990, Grecia/Comisión, C-335/87, antes mencionada, este Tribunal de Justicia declaró que, según lo dispuesto en la decisión de los Ministros griegos de Economía y de Agricultura n° 306855, de 17 de agosto de 1984, las exportaciones de pasas de la cosecha de 1983 sólo estaban autorizadas hasta el 30 de noviembre de 1984 y que la decisión de los Ministros n° 261869, por la que se prorrogó dicho plazo hasta el 31 de enero de 1985, no fue adoptada hasta el 10 de enero de 1985. En consecuencia, como afirma acertadamente la Comisión, este último texto sólo pudo producir efectos concretos para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 1984 y el 10 de enero de 1985, durante el cual regía provisionalmente una prohibición de exportar.
En la sentencia antes mencionada, el Tribunal de Justicia declaró asimismo que, ya antes de que la decisión de 10 de enero de 1985 fuera adoptada, las exportaciones habían sido extremadamente difíciles, debido a que el plazo disponible era tan sólo de veintiún días. En efecto, las alegaciones del Gobierno griego según las cuales las exportaciones habían sido posibles hasta el 10 de febrero de 1985 no hallan su fundamento en el texto de las citadas resoluciones ministeriales ni tampoco en otros elementos de prueba.
Procede añadir igualmente que, como se ha revelado durante la vista, el Decreto presidencial n° 215/86 no modificó la situación resultante de las resoluciones ministeriales anteriores, por lo que este Tribunal de Justicia desestimó, mediante la sentencia antes mencionada, los motivos relativos a los gastos financieros y de almacenamiento de las pasas de la cosecha de 1983.
Se deduce de las consideraciones anteriores que procede desestimar el recurso en su conjunto.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la República Helénica, procede condenarla en costas, incluidas las relativas al procedimiento de medidas provisionales.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas a la República Helénica, incluidas las causadas por el procedimiento de medidas provisionales.

Due
Mancini
Moitinho de Almeida
Diez de Velasco
Kakouris
Schockweiler
Grévisse
Zuleeg
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 19 de marzo de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: griego.