CELEX: 62005TJ0237
Acceso a los documentos de las instituciones
Reglamento (CE) nº 1049/2001
Documentos relacionados con un procedimiento relativo a una concentración de empresas
Reglamento (CE) nº 4064/89
Reglamento (CE) nº 139/2004
Reglamento (CE) nº 802/2004
Denegación de acceso
Excepción relativa a la protección de las actividades de investigación y auditoría
Excepción relativa a la protección de los intereses comerciales
Excepción relativa a la protección del proceso de toma de decisiones
Excepción relativa a la protección del asesoramiento jurídico

Antecedentes del litigio
1.
Solicitudes de acceso a los documentos presentadas por la demandante
Mediante escrito de 27 de enero de 2005, la demandante, Éditions Odile Jacob SAS, solicitó a la Comisión de las Comunidades
Europeas, al amparo del Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo
al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43), que se le diera
acceso a diversos documentos relativos al procedimiento administrativo (en lo sucesivo, «procedimiento controvertido») que
culminó en la adopción de la Decisión 2004/422/CE de la Comisión, de 7 de enero de 2004, por la que se declara compatible
con el mercado común y con el funcionamiento del Acuerdo EEE una operación de concentración (Asunto COMP/M.2978 – Lagardère/Natexis/VUP)
(DO L 125, p. 54; en lo sucesivo, «Decisión de compatibilidad»), para utilizarlos en apoyo de su recurso en el asunto Éditions
Odile Jacob/Comisión, T‑279/04, pendiente ante el Tribunal y que tiene por objeto la anulación de la Decisión de compatibilidad.
Los documentos en cuestión eran:
a)      la decisión de la Comisión, de 5 de junio de 2003, de abrir una investigación detallada en el procedimiento controvertido,
en virtud del artículo 6, apartado 1, letra c), del Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre
el control de las operaciones de concentración entre empresas (DO L 395, p. 1);
b)      la versión íntegra del contrato de transmisión firmado el 3 de diciembre de 2002 por Natexis Banques populaires SA, por una
parte, y Segex Sarl y Ecrinvest 4 SA, por otra;
c)      la totalidad de la correspondencia entre la Comisión y Natexis Banques populaires entre el mes de septiembre de 2002 y la
notificación de la operación de concentración, remitida el 14 de abril de 2003;
d)      la totalidad de la correspondencia entre la Comisión y Lagardère SCA entre el mes de septiembre de 2002 y dicha notificación;
e)      el contrato en virtud del cual Natexis Banques populaires pasó a ser propietaria de las participaciones y de los activos de
Vivendi Universal Publishing SA (VUP) en poder de Vivendi Universal SA el 20 de diciembre de 2002;
f)      la promesa de adquisición de VUP formulada por Lagardère a Vivendi Universal el 22 de octubre de 2002;
g)      todas las notas internas de la Comisión relativas, exclusivamente o no, a la aplicación del artículo 3, apartado 5, letra a),
del Reglamento nº 4064/89 a la adquisición de los activos de VUP por Natexis SA/Investima 10 SAS, incluidas las intercambiadas
entre la Dirección General (DG) de «Competencia» de la Comisión y el Servicio Jurídico de ésta;
h)      la totalidad de la correspondencia entre la Comisión y Natexis relativa, exclusivamente o no, a la aplicación del artículo
3, apartado 5, letra a), del Reglamento nº 4064/89 a la adquisición de los activos de VUP por Natexis/Investima 10.
Mediante escrito de 27 de enero de 2005, la demandante presentó a la Comisión una solicitud de acceso a otra serie de documentos,
para utilizarlos en apoyo de su recurso en el asunto Éditions Odile Jacob/Comisión, T‑452/04, pendiente ante el Tribunal,
que tiene por objeto la anulación de la decisión de la Comisión, de 30 de julio de 2004, relativa a la aceptación de Wendel
Investissement SA como adquirente de los activos transmitidos por Lagardère, con arreglo a la Decisión de compatibilidad (en
lo sucesivo, «Decisión de aceptación»). Los documentos en cuestión eran:
a)      la decisión de la Comisión relativa a la aceptación del mandatario encargado de velar por el respeto de los compromisos contraídos
por Lagardère al ser autorizada la concentración por la Decisión de compatibilidad;
b)      el mandato encomendado por Lagardère a Salustro Reydel Management SA para que velase por el respeto de los compromisos contraídos
por Lagardère al ser autorizada la concentración por la Decisión de compatibilidad;
c)      las eventuales solicitudes de modificación del proyecto de mandato formuladas por la Comisión y las respuestas de Lagardère
al respecto;
d)      el mandato encomendado por Lagardère al gestor de los elementos del activo separados (Hold Separate Manager), responsable
de la gestión de dichos activos con arreglo a la Decisión de compatibilidad;
e)      la decisión de la Comisión relativa a la aceptación de dicho gestor;
f)      el proyecto de acuerdo firmado el 28 de mayo de 2004 entre Lagardère y Wendel Investissement sobre la adquisición de los activos
cedidos;
g)      el escrito dirigido por Lagardère a la Comisión el 4 de junio de 2004, en el que le solicitaba que aceptara a Wendel Investissement
como adquirente de los activos cedidos;
h)      la solicitud de información remitida a Lagardère por la Comisión el 11 de junio de 2004, al amparo del artículo 11 del Reglamento
nº 4064/89, destinada a permitirle evaluar si se cumplían los requisitos para la aceptación de la sociedad Wendel Investissement;
i)      la respuesta de Lagardère a dicha solicitud de información, de 21 de junio de 2004;
j)      el informe del mandatario en el que se valoraba, a la luz de los criterios de aceptación, la candidatura de Wendel Investissement
como adquirente de los activos cedidos, entregado a la Comisión el 5 de julio de 2004.
Mediante fax de 15 de febrero de 2005, el Director General de la DG «Competencia» comunicó a la demandante el escrito de la
Comisión de 5 de febrero de 2004, por el que aprobaba la designación del mandatario y del gestor de los elementos del activo
separados [documentos mencionados en el apartado 2
supra,
letras a) y e)], y le informó de que el resto de los documentos no se le podían comunicar porque estaban amparados por las
excepciones establecidas en el artículo 4, apartado 2, guiones primero a tercero, y apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento
nº 1049/2001 y su divulgación no revestía un interés público superior.
Mediante escrito de 18 de febrero de 2005, la demandante presentó una solicitud confirmatoria (en lo sucesivo, «solicitud
de acceso») relativa a los documentos a los que se le había denegado el acceso.
El 14 de marzo de 2005, el Secretario General de la Comisión informó a la demandante de que, con arreglo al artículo 8, apartado
2, del Reglamento nº 1049/2001, se prorrogaba el plazo de respuesta a su solicitud hasta el 7 de abril de 2005, debido a la
complejidad de la solicitud de acceso y al número de documentos solicitados.
2.
Decisión impugnada
Mediante la decisión D(2005) 3286, de 7 de abril de 2005 (en lo sucesivo, «decisión impugnada»), la Comisión confirmó su negativa
a divulgar los documentos, adoptada el 15 de febrero de 2005.
La Comisión identificó los documentos a los que se refería la solicitud de acceso y facilitó una lista detallada, salvo en
lo que respecta a los mencionados en el apartado 1
supra,
letra d), basándose en que la correspondencia entre Lagardère y la Comisión figuraba en una veintena de clasificadores y la
elaboración de una lista detallada habría representado una carga administrativa desproporcionada. Además, afirmó que no poseía
el documento que figura en el apartado 1
supra,
letra f), y señaló que los documentos mencionados en el apartado 1
supra,
letra c), incluían los mencionados en la letra h) de dicho apartado.
En la decisión impugnada, la Comisión invoca la excepción establecida en el artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento
nº 1049/2001, relativa a la protección de los objetivos de las actividades de inspección, investigación y auditoría, para
denegar el acceso a todos los documentos solicitados, ya que éstos fueron remitidos a los servicios de la Comisión o elaborados
por ésta en el marco de un procedimiento de control de una operación de concentración de empresas. La Comisión considera que,
en el supuesto de que el Tribunal anulase la Decisión de compatibilidad, ella tendría que adoptar una nueva decisión y, en
consecuencia, reabrir la investigación. Los objetivos de dicha investigación peligrarían si documentos elaborados o recibidos
por ella en el marco del procedimiento de control se hiciesen públicos en esta fase. Con carácter más general, la Comisión
considera que la divulgación de información que se le ha facilitado en el marco de un procedimiento de control de una operación
de concentración quebrantaría el clima de confianza y de cooperación entre la Comisión y las partes interesadas, indispensable
para recabar la información que necesita.
La Comisión invoca asimismo la excepción establecida en el artículo 4, apartado 2, primer guión, del Reglamento nº 1049/2001,
relativa a la protección de los intereses comerciales, para justificar la denegación de acceso a los documentos mencionados
en el apartado 1
supra,
letras b) a e) y h), y en el apartado 2
supra,
letras b), c) (en parte), d), f), g), i) y j), por cuanto contienen información sensible relativa a las estrategias comerciales
de las empresas de que se trata, comunicada por éstas a la Comisión exclusivamente a efectos del control de la operación de
concentración prevista. La Comisión estima que también contienen información comercialmente sensible relativa a las empresas
en cuestión los documentos elaborados por ella que se mencionan en el apartado 1
supra,
letra a), y en el apartado 2
supra,
letras c) (en lo que respecta a los escritos remitidos por la Comisión a Lagardère) y h).
Además, la Comisión invoca la excepción establecida en el artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento nº 1049/2001,
relativa al proceso de toma de decisiones de la institución, para justificar la denegación de acceso a dos de las tres notas
internas de la Comisión indicadas en el apartado 1
supra,
letra g). Una es una solicitud de dictamen de la DG «Competencia» al Servicio Jurídico; la otra es una nota destinada al Comisario
responsable de la competencia que resume la situación del expediente. La Comisión considera que estas dos notas reflejan opiniones
y consultas preliminares internas, con vistas a la adopción de la Decisión de compatibilidad, y que su proceso de toma de
decisiones resultaría gravemente perjudicado si sus deliberaciones internas se hicieran públicas. La Comisión afirma que sus
servicios deben tener la posibilidad de expresar libremente sus puntos de vista, al abrigo de presiones externas, con objeto
de asesorar a la Comisión en su toma de decisiones.
Por último, la Comisión se basa en la excepción establecida en el artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento nº 1049/2001,
relativa a la protección del asesoramiento jurídico, para justificar la denegación de acceso a uno de los documentos mencionados
en el apartado 1
supra,
letra g). La Comisión señala que es esencial que los dictámenes jurídicos puedan ser emitidos con toda sinceridad, objetividad
e independencia. Considera que, si el Servicio Jurídico hubiera debido tener en cuenta la publicación ulterior de su dictamen,
no se habría expresado con absoluta independencia.
Por lo que se refiere a los documentos procedentes de terceros, la Comisión considera que no estaba obligada a consultar a
dichos terceros con arreglo al artículo 4, apartado 4, del Reglamento nº 1049/2001, desde el momento en que había estimado
que alguna de las excepciones antes invocadas era aplicable y que, en consecuencia, estaba claro que los documentos en cuestión
no debían ser divulgados.
La Comisión afirma haber examinado la posibilidad de conceder a la demandante un acceso parcial a los documentos de que se
trata, en virtud del artículo 4, apartado 6, del Reglamento nº 1049/2001, y haberla descartado a causa del elevado número
de documentos solicitados y teniendo en cuenta que la casi totalidad de su contenido estaba amparada por las excepciones antes
indicadas. A su juicio, la identificación de las partes de dichos documentos susceptibles de ser comunicadas supondría una
carga administrativa desproporcionada, comparada con el interés del público en acceder a las partes fragmentarias de los documentos
que resultarían de esa operación.
Además, la Comisión sostiene que la divulgación de los documentos mencionados no reviste un interés público superior, puesto
que la solicitud de acceso se basa en la defensa de los intereses de la demandante en un litigio pendiente ante el Tribunal,
defensa que responde a un interés privado y no público.
La Comisión llama la atención de la demandante sobre la existencia de otras normas específicas de acceso a los documentos,
establecidas, por un lado, en el Reglamento nº 4064/89 y, por otro, en las disposiciones de los Reglamentos de Procedimiento
del Tribunal de Justicia y del Tribunal General que permiten que, en el marco de un proceso, las partes soliciten la adopción
de diligencias de ordenación del procedimiento, pidiendo por ejemplo la presentación de documentos relativos al caso de autos.
Por último, la Comisión señala que el hecho de que ella haya comunicado, como anexo a su escrito de contestación en el asunto
T‑279/04, ciertas solicitudes de información basadas en el artículo 11 del Reglamento nº 4064/89 no puede significar que esté
obligada a divulgar la solicitud de información remitida a Lagardère en virtud de dicha disposición, mencionada en el apartado
supra,
letra h). Recuerda así que los documentos adjuntos a los escritos procesales presentados al Tribunal de Justicia y al Tribunal
General se comunican exclusivamente a efectos del procedimiento de que se trate y no están destinados a hacerse públicos,
mientras que la comunicación de un documento en virtud del Reglamento nº 1049/2001 equivale a una publicación de tal documento.
El 5 de julio de 2005, con posterioridad a la decisión impugnada, la demandante presentó en el asunto T‑279/04 una solicitud
de diligencia de ordenación del procedimiento basada en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento, en la que pedía que
el Tribunal ordenase a la Comisión que presentara los documentos mencionados en el apartado 1
supra,
letras a) a h). La Comisión remitió a la demandante, como anexo a sus observaciones sobre dicha solicitud, el documento mencionado
en la letra a) de dicho apartado, a saber, su decisión de 5 de junio de 2003 de abrir una investigación detallada en el procedimiento
controvertido en virtud del artículo 6, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 4064/89.

Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 17 de junio de 2005, la demandante interpuso un recurso en el
que solicitaba que se anulara la decisión impugnada.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 29 de septiembre de 2005, Lagardère solicitó intervenir en el
presente procedimiento en apoyo de las pretensiones de la Comisión.
Al modificarse la composición de las Salas del Tribunal, el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Sexta, a la que se atribuyó
por consiguiente el presente asunto.
Mediante auto del Presidente de la Sala Sexta del Tribunal de 6 de marzo de 2009, se admitió la intervención de Lagardère
como coadyuvante en el presente asunto.
Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal decidió abrir la fase oral y, en concepto de diligencias de ordenación del
procedimiento contempladas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento, formuló por escrito varias preguntas a las partes,
a las que éstas respondieron en el plazo fijado.
Mediante auto de 10 de julio de 2009, al amparo de lo dispuesto en el artículo 65, letra b), en el artículo 66, apartado 1,
y en el artículo 67, apartado 3, párrafo tercero, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal ordenó a la Comisión que
le presentara todos los documentos solicitados, con excepción de los mencionados en el apartado 1
supra,
letra f), y en el apartado 2
supra,
letras a) y e), precisando que dichos documentos no se comunicarían ni a la demandante ni a la coadyuvante en el marco del
presente procedimiento. La Comisión así lo hizo.
En la vista de 9 de septiembre de 2009 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas
por el Tribunal.
Mediante auto de 28 de septiembre de 2009, se reabrió la fase oral con objeto de formular por escrito una cuestión a la demandante.
La demandante solicita al Tribunal que:
–        Anule la decisión impugnada.
–        Condene en costas a la Comisión.
La Comisión, apoyada por la coadyuvante, solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho
1.
Sobre el objeto del litigio
Varios de los documentos a los que la demandante había solicitado acceso en virtud del Reglamento nº 1049/2001 le han sido
comunicados por la Comisión, total o parcialmente, como anexo a sus escritos de contestación en los asuntos T‑279/04 y T‑452/04
y a sus observaciones sobre la solicitud de adopción de una diligencia de ordenación del procedimiento presentada por la demandante
en el asunto T‑279/04. Los documentos así comunicados son los siguientes:
–        una versión no confidencial del documento mencionado en el apartado 1
supra,
letra a), a saber la decisión de la Comisión de 5 de junio de 2003, adoptada en el procedimiento controvertido con arreglo
al artículo 6, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 4064/89;
–        una versión no confidencial del contrato de compraventa firmado el 3 de diciembre de 2002 entre Segex y Ecrinvest 4, por una
parte, y Lagardère, por otra; este contrato se corresponde con el documento mencionado en el apartado 1
supra,
letra b), como han confirmado la Comisión y Lagardère en respuesta a una pregunta escrita del Tribunal;
–        una parte de los documentos mencionados en el apartado 1
supra,
letra c), es decir, de la correspondencia entre la Comisión y Natexis entre el mes de septiembre de 2002 y la notificación
de la operación de concentración, cursada el 14 de abril de 2003;
–        el documento mencionado en el apartado 2
supra,
letra h), a saber, la solicitud de información de 11 de junio de 2004 remitida por la Comisión a Lagardère;
–        una versión no confidencial del documento mencionado en el apartado 2
supra,
letra j), a saber, el informe del mandatario sobre la candidatura de Wendel Investissement.
En respuesta a las preguntas escritas del Tribunal, la demandante ha señalado que consideraba que su interés en ejercitar
la acción se había extinguido en lo que respecta a dichos documentos, ya que su solicitud de acceso a los mismos había quedado
satisfecha con las comunicaciones así realizadas.
Por consiguiente, no procede ya pronunciarse sobre la legalidad de la decisión impugnada en la medida en que la Comisión denegó
en ella el acceso a los documentos mencionados en el apartado 1
supra,
letras a) a c), y en el apartado 2
supra,
letras h) y j).
Por otra parte, la demandante no ha rebatido la afirmación de la Comisión de que el documento mencionado en el apartado 1
supra,
letra f), no obra en su poder.
En consecuencia, el objeto del litigio se refiere en lo sucesivo a la legalidad de la decisión impugnada en la medida en que
la Comisión denegó en ella el acceso, íntegro o parcial, a los documentos mencionados en el apartado 1
supra,
letras d), e), g) y h), y en el apartado 2
supra,
letras b) a d), f), g) e i) (en lo sucesivo, «documentos controvertidos»).
2.
Sobre la admisibilidad de una de las alegaciones formuladas con carácter preliminar por la coadyuvante

Alegaciones de las partes
Con carácter preliminar, la coadyuvante sostiene que la solicitud de acceso controvertida debe apreciarse en el contexto específico
de un procedimiento de control de las concentraciones. A este respecto, afirma en particular que el acceso al expediente en
los procedimientos de control de las concentraciones está sujeto a normas específicas, recogidas en el artículo 17 del Reglamento
(CE) nº 802/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 139/2004 del Consejo sobre
el control de las concentraciones entre empresas (DO L 133, p. 1). El régimen allí establecido es estricto. Los terceros con
respecto a la operación de concentración carecen de un derecho de acceso al expediente. Este derecho no se extiende ni a la
información confidencial ni a los documentos internos de la Comisión o de las autoridades competentes de los Estados miembros.
Sólo se otorga con la condición de que los documentos obtenidos se utilicen exclusivamente a efectos del procedimiento de
concentración de que se trate. Con arreglo al adagio
«lex specialis derogat legi generali»,
las normas especiales prevalecen sobre las normas generales. La jurisprudencia ha reconocido así que las normas especiales
relativas al secreto de las deliberaciones de los tribunales de oposiciones excluyen el derecho de acceso al expediente establecido
en el artículo 255 CE y en el Reglamento nº 1049/2001. Del mismo modo, a juicio de la coadyuvante, en materia de control de
las concentraciones, la existencia de normas especiales debe excluir –o al menos limitar– la aplicación de las normas generales
de acceso del público a los documentos. En caso contrario, las reglas de acceso recogidas en el Reglamento nº 802/2004 quedarían
privadas de eficacia.
La demandante considera infundada esta observación preliminar de la coadyuvante.

Apreciación del Tribunal
En virtud del artículo 113 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal podrá pronunciarse de oficio sobre cualquier causa
de inadmisión por motivos de orden público, entre las que figura la admisibilidad de una alegación formulada por una parte
coadyuvante.
Según el artículo 40, párrafo cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al Tribunal General en virtud del artículo
53 de dicho Estatuto, las pretensiones de la demanda de intervención no podrán tener otro fin que apoyar las pretensiones
de una de las partes. Por otro lado, el artículo 116, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento dispone que el coadyuvante
aceptará el litigio en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención. Aunque dichos preceptos no se oponen
a que el coadyuvante formule alegaciones distintas de las de la parte a la que apoya, sólo lo permiten, sin embargo, a condición
de que tales alegaciones no modifiquen el marco del litigio y de que la intervención persiga siempre el objetivo de apoyar
las pretensiones formuladas por dicha parte.
En el presente asunto, la alegación basada en la aplicación exclusiva de las normas de acceso al expediente establecidas en
el ámbito del control de las concentraciones no ha sido formulada por las partes principales. Pues bien, esta alegación, suponiendo
que pudiera ser admitida por el Tribunal, daría lugar a la anulación de la decisión impugnada, por haber sido adoptada erróneamente
en virtud del Reglamento nº 1049/2001, y no tomando como base las disposiciones de acceso al expediente establecidas en materia
de control de las concentraciones, como habría debido ocurrir a juicio de la parte de que se trata. Por consiguiente, no apoya
las pretensiones de la Comisión, que solicita que se desestime el recurso de anulación.
En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad de la alegación formulada por la coadyuvante con carácter preliminar
y basada en la aplicación exclusiva de las normas de acceso al expediente establecidas en el ámbito del control de las concentraciones.
3.
Sobre el fondo
La demandante formula cuatro motivos en apoyo de su recurso, basados en la falta de examen concreto e individual de los documentos
a que se refiere la solicitud de acceso, en un error manifiesto de apreciación de la Comisión al aplicar las excepciones establecidas
en el artículo 4, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 1049/2001, en la vulneración del derecho de acceso, al menos parcial,
a los documentos solicitados y en la violación del principio de proporcionalidad, al no haberse contrapesado las excepciones
invocadas con el interés público superior que justifica la divulgación de los documentos solicitados.
Dado que los motivos primero y segundo están estrechamente relacionados, procede examinarlos conjuntamente.

Sobre los motivos primero y segundo, basados en la falta de examen concreto e individual de los documentos solicitados y en
el error manifiesto de apreciación de la Comisión al aplicar las excepciones establecidas en el artículo 4, apartados 2 y
3, del Reglamento nº 1049/2001
Según reiterada jurisprudencia, el examen que ha de efectuarse al tramitar una solicitud de acceso a unos documentos debe
presentar un carácter concreto. En efecto, por una parte, el mero hecho de que un documento se refiera a un interés protegido
por una excepción no basta para justificar la aplicación de ésta (sentencias del Tribunal de 26 de abril de 2005, Sison/Consejo,
T‑110/03, T‑150/03 y T‑405/03, Rec. p. II‑1429, apartado 75, y de 6 de julio de 2006, Franchet y Byk/Comisión, T‑391/03 y
T‑70/04, Rec. p. II‑2023, apartado 115). En principio, la aplicación de la excepción sólo se justifica en el caso de que la
institución haya valorado previamente, en primer lugar, si el acceso al documento podía perjudicar concreta y efectivamente
al interés protegido y, en segundo lugar, en los supuestos contemplados en el artículo 4, apartados 2 y 3, del Reglamento
nº 1049/2001, si existía o no un interés público superior que justificase la divulgación del documento. Por otra parte, el
riesgo de perjudicar al interés protegido debe ser razonablemente previsible y no puramente hipotético. Por consiguiente,
el examen que debe efectuar la institución al objeto de aplicar una excepción ha de realizarse de manera concreta y debe constar
en la motivación de la decisión (sentencias del Tribunal de 13 de abril de 2005, Verein für Konsumenteninformation/Comisión,
T‑2/03, Rec. p. II‑1121, en lo sucesivo, «sentencia VKI», apartado 69, y Franchet y Byk/Comisión, antes citada, apartado 115).
Además, dicho examen concreto deberá realizarse respecto de cada documento al que se refiera la solicitud. En efecto, conforme
al Reglamento nº 1049/2001, todas las excepciones mencionadas en los apartados 1 a 3 de su artículo 4 han de resultar aplicables
«a un documento» (sentencias VKI, citada en el apartado 41
supra,
apartado 70, y Franchet y Byk/Comisión, citada en el apartado 41
supra,
apartado 116). Además, respecto a la aplicación
ratione temporis
de dichas excepciones, el artículo 4, apartado 7, del Reglamento establece que sólo se aplicarán durante el período en que
esté justificada la protección en función «del contenido del documento».
De ello se sigue que en todo caso será necesario un examen concreto e individual, puesto que, aunque fuese evidente que una
solicitud de acceso se refiere a documentos amparados por una excepción, tan sólo tal examen permitirá a la institución valorar
la posibilidad de conceder al solicitante un acceso parcial con arreglo al artículo 4, apartado 6, del Reglamento nº 1049/2001
(sentencias VKI, citada en el apartado 41
supra,
apartado 73, y Franchet y Byk/Comisión, citada en el apartado 41
supra,
apartado 117). Por otro lado, en el ámbito de aplicación de este Reglamento, el Tribunal ya ha declarado que es insuficiente,
en principio, una valoración de los documentos efectuada por categorías en vez de en relación con los datos concretos que
estos contienen, puesto que el examen que ha de realizar la institución debe permitirle apreciar en concreto si la excepción
alegada se aplica realmente a la totalidad de la información contenida en los citados documentos (sentencia VKI, citada en
el apartado 41
supra,
apartados 74 y 76).
La obligación de la institución de proceder a una apreciación concreta e individual del contenido de los documentos a que
se refiere la solicitud de acceso constituye una regla de principio (sentencia VKI, citada en el apartado 41
supra,
apartados 74 y 75), que se aplica a todas las excepciones mencionadas en los apartados 1 a 3 del artículo 4 del Reglamento
nº 1049/2001, con independencia del ámbito al que pertenezcan los documentos solicitados.
Esta regla de principio no significa, sin embargo, que dicho examen sea exigible en todo caso. En efecto, dado que el examen
concreto e individual que, en principio, debe efectuar la institución a raíz de una solicitud de acceso basada en el Reglamento
nº 1049/2001 tiene por objeto permitir que la institución, por una parte, aprecie en qué medida resulta aplicable una excepción
al derecho de acceso y, por otra, valore la viabilidad de un acceso parcial, dicho examen puede no ser necesario cuando, por
las circunstancias particulares del caso, resulte evidente que el acceso ha de denegarse o, por el contrario, concederse.
Así podría ocurrir, por ejemplo, en el caso de unos documentos que, o bien estuvieran manifiestamente amparados en su integridad
por una excepción al derecho de acceso, o bien, a la inversa, fueran manifiestamente accesibles en su integridad, o bien,
por último, ya hubieran sido objeto de una valoración concreta e individual por parte de la Comisión en circunstancias similares
(sentencia VKI, citada en el apartado 41
supra,
apartado 75).
Por otra parte, el carácter genérico de la motivación en la que se base una denegación de acceso, su brevedad o su carácter
estereotipado sólo pueden constituir un indicio de la inexistencia de examen concreto en los casos en que sea objetivamente
posible indicar las razones que justifican la denegación del acceso a cada documento sin divulgar el contenido del mismo o
alguno de sus elementos esenciales y, por lo tanto, sin privar a la excepción de su finalidad esencial (véase, en este sentido,
la sentencia Sison/Consejo, citada en el apartado 41
supra,
apartado 84; véase, por analogía, en lo que respecta al código de conducta de 1993, la sentencia del Tribunal de 5 de marzo
de 1997, WWF UK/Comisión, T‑105/95, Rec. p. II‑313, apartado 65). Como el Tribunal de Justicia ha precisado, el artículo 9,
apartado 4, y el artículo 11, apartado 2, del Reglamento nº 1049/2001 ponen de relieve la necesidad de que las instituciones
se abstengan de mencionar extremos que podrían perjudicar indirectamente a los intereses específicamente protegidos por las
mencionadas excepciones (sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de febrero de 2007, Sison/Consejo, C‑266/05 P, Rec. p. I‑1233,
apartado 83).
Por último, cabe aplicar una sola y misma justificación a documentos pertenecientes a una misma categoría, en particular si
contienen el mismo tipo de información. Corresponderá al Tribunal verificar a continuación si la excepción invocada ampara
manifiestamente y en su totalidad a los documentos comprendidos en esa categoría.
Sobre la excepción relativa a la protección de los objetivos de las actividades de inspección, investigación y auditoría,
establecida en el artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento nº 1049/2001
–             Alegaciones de las partes
La demandante alega que la Comisión adoptó un enfoque abstracto y general, sin realizar un examen concreto e individual a
fin de verificar si la comunicación de cada uno de los documentos solicitados supondría efectivamente un perjuicio para el
interés protegido por la excepción establecida en el artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento nº 1049/2001.
La demandante afirma que la preocupación de la Comisión por mantener un clima de confianza con las partes interesadas en los
procedimientos de control de las concentraciones es secundaria, ya que dichas partes están legalmente obligadas a comunicar
a la Comisión todos los documentos que solicite en este contexto.
A su juicio, el perjuicio para la protección de los objetivos de las actividades de investigación alegado por la Comisión
es en cualquier caso meramente hipotético, lo que resulta insuficiente para justificar una denegación de acceso. Según la
demandante, la Comisión no puede demostrar la existencia de dicho riesgo, ya que la mayoría de los documentos solicitados
se refieren a cuestiones estrictamente jurídicas, en particular a la aplicación del artículo 3, apartado 5, letra a), del
Reglamento nº 4064/89, y no a cuestiones de análisis de la competencia, las únicas que podrían suponer un perjuicio para los
objetivos de las actividades de investigación de la Comisión en el caso de que ésta procediera a un nuevo examen de la operación
desde el punto de vista del control de las concentraciones.
Además, la demandante alega que dichos documentos fueron remitidos a la Comisión por las empresas afectadas antes de la notificación
de la concentración, y por lo tanto independientemente de cualquier procedimiento de investigación formal.
La Comisión sostiene haber examinado concreta e individualmente cada documento, como lo demuestra el hecho de que todos ellos
han sido claramente identificados y enumerados –con excepción de los documentos mencionados en el apartado 1
supra,
letra d)– tanto en la lista adjunta a la decisión impugnada como en la propia decisión, en relación con las excepciones que
les amparan. Según la Comisión, fue la realización de dicho examen lo que le permitió comunicar a la demandante su escrito
de 5 de febrero de 2004, que aprueba la designación del mandatario y del gestor de los elementos del activo separados, correspondiente
a los documentos mencionados en el apartado 2
supra,
letras a) y e).
A juicio de la Comisión, la motivación de la decisión impugnada muestra el carácter individual, concreto y exhaustivo del
examen realizado. Sólo un examen cuidadoso e individual permitió determinar, por ejemplo, que los documentos mencionados en
el apartado 1
supra,
letra h), estaban ya incluidos en la letra c) de dicho apartado, o que el documento mencionado en el apartado 2
supra,
letra e), era el mismo al que se refería la letra a) de dicho apartado.
La Comisión sostiene que una motivación individual puede perjudicar al interés protegido por la excepción de que se trate,
y que la jurisprudencia ha reconocido que una motivación detallada basada en el contenido de un documento puede divulgar información
protegida por alguna de las excepciones que establece el Reglamento nº 1049/2001.
Por lo que respecta a los documentos mencionados en el apartado 1
supra,
letra d), es decir, la totalidad de la correspondencia entre la Comisión y Lagardère entre el mes de septiembre de 2002 y
la notificación de la operación de concentración, la Comisión sostiene que no es necesario un examen concreto e individual
cuando resulte evidente que los documentos correspondientes deben ser divulgados o que no deben serlo. En el presente asunto
es evidente, a su juicio, que los documentos de que se trata pertenecen a la misma categoría, debido a sus características
comunes.
Por consiguiente, la Comisión considera que el examen concreto e individual de cada uno de los documentos de que se trata
y el examen sumario de los documentos mencionados en el apartado 1
supra,
letra d), han demostrado que la excepción establecida en el artículo 4, apartado 2, segundo guión, relativa a la protección
de las actividades de investigación, era aplicable a todos los documentos y que, además, algunos de ellos estaban amparados
total o parcialmente por otras excepciones.
La Comisión señala que la investigación no puede considerarse concluida, aunque haya llegado a su término, ya que la Decisión
de compatibilidad ha sido objeto de un recurso de anulación, pendiente ante el Tribunal, y que, en caso de anulación, dicha
investigación deberá reabrirse. A juicio de la Comisión, la divulgación de los documentos a los que denegó el acceso por este
motivo la expondría a presiones exteriores, que le impedirían llevar a cabo correctamente su investigación en caso de reapertura.
La Comisión rechaza la alegación de la demandante de que el clima de confianza entre la Comisión y los operadores económicos
en el marco del control de las concentraciones carece de pertinencia, dado que éstos están legalmente obligados a facilitar
a la Comisión toda la información útil para sus investigaciones. Señala así que una obligación legal puede cumplirse de distintas
maneras y que las investigaciones pueden ser más eficaces si las empresas no se limitan a cumplir sus obligaciones mínimas,
sino que cooperan con buena voluntad. Las partes afectadas cuentan con que la Comisión no utilizará la información recabada
para fines distintos de aquellos para los que fue comunicada, ya que ello violaría el artículo 17, apartado 1, del Reglamento
(CE) nº 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO L 24, p. 1).
Así pues, la divulgación a terceros de los documentos facilitados por las empresas de que se trate representa, para esta relación
de confianza, un peligro que no es meramente hipotético. La Comisión ilustra este riesgo citando una publicación de un despacho
de abogados que menciona el peligro de que la información comunicada en el marco de una operación de concentración sea posteriormente
divulgada por la Comisión.
La Comisión recuerda que la jurisprudencia exige que el riesgo de perjuicio para un interés protegido sea razonablemente previsible,
y no que se aporte una prueba cierta y detallada de dicho riesgo. Alega que el hecho de que los documentos de que se trata
fueran presentados antes de la fecha de notificación de la operación de concentración no es pertinente, ya que el interés
protegido por la excepción de que se trata es la preservación de los objetivos de la investigación y no sólo de la investigación
como tal, limitada a sus fases formales. La Comisión afirma haber puesto de relieve el carácter estrictamente confidencial
de los intercambios de información previos a dicha notificación en un documento elaborado por ella, titulado «Best Practices
on the conduct of EC merger control proceedings», y considera que la divulgación de los mismos vulneraría las obligaciones
de confidencialidad que le imponen el Reglamento nº 139/2004 y el artículo 287 CE.
La coadyuvante alega que, aunque las reglas de acceso al expediente establecidas por las disposiciones aplicables en materia
de control de las concentraciones y el Reglamento nº 1049/2001 deben ser aplicadas simultáneamente, pues dichas normas persiguen
objetivos distintos, es preciso velar por que las reglas de acceso al expediente establecidas en materia de control de las
concentraciones no queden vacías de contenido por una aplicación incorrecta del Reglamento nº 1049/2001. Sostiene así que
la información facilitada por las empresas antes de la notificación oficial de la operación de concentración debe disfrutar
de la misma protección que la facilitada durante el procedimiento de investigación formal, procedimiento que aquella pretende
preparar. A su juicio, cualquier otra solución menoscabaría gravemente la confianza legítima de las empresas, basada en la
práctica de la Comisión, que insta a entablar contactos antes de la notificación oficial.
La coadyuvante considera que la jurisprudencia ha reconocido que el interés del público en obtener la comunicación de un documento
por motivos de transparencia no tiene el mismo peso en el caso de un documento relacionado con un procedimiento administrativo
de aplicación de las normas sobre el control de las concentraciones o del Derecho de la competencia en general que en el caso
de un documento relativo a un procedimiento en el que la institución comunitaria interviene en calidad de legislador. La coadyuvante
invoca el sexto considerando del Reglamento nº 1049/2001, a tenor del cual se debe proporcionar un mayor acceso a los documentos
en los casos en que las instituciones actúen en calidad de legislador.
Las demás alegaciones formuladas por la coadyuvante son básicamente similares a las expuestas por la Comisión.
–             Apreciación del Tribunal
A tenor del artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento nº 1049/2001, las instituciones denegarán el acceso a un
documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección del objetivo de las actividades de inspección, investigación
y auditoría, salvo que su divulgación revista un interés público superior.
En la decisión impugnada, la Comisión consideró que todos los documentos controvertidos estaban amparados por la excepción
relativa a la protección de los objetivos de las actividades de investigación establecida en el artículo 4, apartado 2, tercer
guión, del Reglamento nº 1049/2001.
Procede señalar que, con arreglo a los principios recordados en los apartados 41 a 47
supra,
correspondía a la institución de que se trata examinar, en primer lugar, si el documento al que se refería la solicitud de
acceso estaba comprendido en el ámbito de aplicación de alguna de las excepciones establecidas en el artículo 4 del Reglamento
nº 1049/2001; en segundo lugar, si la divulgación de dicho documento suponía un perjuicio concreto y efectivo para el interés
protegido y, en tercer lugar, de ser así, si la necesidad de protección se aplicaba a la totalidad del documento (sentencia
del Tribunal de 30 de enero de 2008, Terezakis/Comisión, T‑380/04, no publicada en la Recopilación, apartado 88).
En primer lugar, procede determinar si la Comisión consideró acertadamente que todos los documentos a los que se había pedido
acceso estaban relacionados con actividades de investigación. A este respecto, la demandante alega que algunos de los documentos
a los que se refería la solicitud de acceso fueron presentados por las empresas de que se trata antes de que se notificase
la operación de concentración, independientemente de cualquier procedimiento de investigación formal regulado en el Reglamento
nº 4064/89.
Los documentos presentados antes del 14 de abril de 2003 lo fueron en el marco de un procedimiento informal, denominado «de
prenotificación». A pesar del carácter informal de este procedimiento en la fecha de la presentación de los documentos, éstos
deben considerarse parte del material de la investigación llevada a cabo por la Comisión en ejercicio de su control de las
operaciones de concentración. Tales documentos fueron incluidos en el expediente de instrucción de la Comisión en el procedimiento
controvertido, como se indica en el escrito del Director General de la DG «Competencia» de 14 de febrero de 2005, que señala
que dichos documentos forman parte del expediente, y en la decisión impugnada, que precisa que todos los documentos solicitados
fueron «elaborados o recibidos en el marco de la tramitación [del procedimiento controvertido]». De ello resulta que todos
los documentos solicitados se refieren efectivamente a una actividad de investigación.
Sin embargo, el hecho de que un documento se refiera a una actividad de investigación no basta por sí solo para justificar
la aplicación de la excepción invocada. En efecto, según la jurisprudencia, las excepciones al derecho de acceso a los documentos
de la Comisión deben interpretarse y aplicarse en sentido estricto (sentencias del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre
de 2007, Suecia/Comisión, C‑64/05 P, Rec. p. I‑11389, apartado 66, y de 1 de julio de 2008, Suecia y Turco/Consejo, C‑39/05 P
y C‑52/05 P, Rec. p. I‑4723, en lo sucesivo, «sentencia Turco», apartado 36; sentencia Franchet y Byk, citada en el apartado
supra,
apartado 84).
En lo que respecta a la aplicación
ratione temporis
de dichas excepciones, el artículo 4, apartado 7, del Reglamento nº 1049/2001 dispone además que las excepciones establecidas
en los apartados 1 a 3 de dicho Reglamento sólo se aplicarán durante el período en que esté justificada la protección «en
función del contenido del documento».
Por lo tanto, procede determinar si la excepción relativa a la protección de los objetivos de las actividades de investigación
seguía siendo aplicable,
ratione temporis,
a pesar de que la investigación de que se trata había culminado en la adopción de dos decisiones de la Comisión, la Decisión
de compatibilidad y la Decisión de aceptación, que todavía no eran firmes, habida cuenta de los dos recursos pendientes ante
el Tribunal en los que se solicitaba su anulación (asuntos T‑279/04 y T‑452/04).
Es pacífico que la investigación llevada a cabo por la Comisión en el marco de su control de la operación de concentración,
que culminó en la adopción de la Decisión de compatibilidad el 7 de enero de 2004 y de la Decisión de aceptación el 30 de
julio de 2004, había finalizado en el momento en que se adoptó la decisión impugnada, el 7 de abril de 2005. Sin embargo,
la Comisión alega que, en caso de anulación de la Decisión de compatibilidad, se vería obligada a adoptar una nueva decisión
y, en consecuencia, a reabrir la investigación, y que es evidente que los objetivos de dicha investigación se pondrían en
peligro si se hubieran hecho públicos documentos elaborados o recibidos por ella en el marco del procedimiento de control
de que se trata.
Según la jurisprudencia, el artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento nº 1049/2001 debe recibir una interpretación
según la cual dicha disposición, que va dirigida a proteger «el objetivo de las actividades de inspección, investigación y
auditoría», sólo es aplicable si la divulgación de los documentos en cuestión puede poner en peligro la conclusión de dichas
actividades (sentencia Franchet y Byk, citada en el apartado 41
supra,
apartado 109).
Ciertamente, los diferentes actos de investigación o de inspección pueden seguir estando amparados por la excepción basada
en la protección de las actividades de inspección, investigación y auditoría mientras prosigan las actividades de investigación
o inspección, aunque ya haya finalizado la investigación o la inspección específica que dio lugar al informe al que se solicita
el acceso (véase la sentencia Franchet y Byk, citada en el apartado 41
supra,
apartado 110 y jurisprudencia que allí se cita).
No obstante, aceptar que los diferentes documentos referidos a actividades de inspección, investigación o auditoría están
amparados por la excepción basada en el artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento nº 1049/2001 hasta que se hayan
decidido las medidas que procede adoptar a raíz de dichos procedimientos equivaldría a supeditar el acceso a los citados documentos
a un acontecimiento aleatorio, futuro y eventualmente lejano, dependiente de la celeridad y de la diligencia de las diferentes
autoridades (sentencia Franchet y Byk, citada en el apartado 41
supra,
apartado 111).
Esta solución sería contraria al objetivo de garantizar el acceso del público a los documentos de las instituciones, con el
fin de brindar a los ciudadanos la posibilidad de controlar de una manera más eficaz la legalidad del ejercicio del poder
público (véase, en este sentido, la sentencia Franchet y Byk, citada en el apartado 41
supra,
apartado 112).
En el presente asunto, aceptar que los documentos solicitados siguen estando amparados por la excepción establecida en el
artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento nº 1049/2001 mientras no sean firmes las decisiones de compatibilidad
y de aceptación adoptadas a raíz de la investigación de que se trata, es decir, hasta que el Tribunal General y, en su caso,
el Tribunal de Justicia desestimen los recursos interpuestos contra ellas o, en caso de anulación, hasta que la Comisión adopte
una o varias decisiones nuevas, equivaldría a supeditar el acceso a dichos documentos a un acontecimiento aleatorio, futuro
y eventualmente lejano.
De cuanto antecede resulta que, en el momento en que se adoptó la decisión impugnada, los documentos solicitados ya no estaban
comprendidos en el ámbito de aplicación de la excepción relativa a la protección de los objetivos de las actividades de investigación.
Procede señalar que, incluso en el supuesto de que dichos documentos hubieran podido estar comprendidos en el ámbito de aplicación
de la excepción relativa a la protección de los objetivos de las actividades de investigación, la motivación de la decisión
impugnada no muestra en absoluto que la Comisión haya realizado un examen concreto e individual de los documentos solicitados.
Para justificar su negativa a divulgar los documentos solicitados, la Comisión invoca en primer lugar, en la decisión impugnada,
la puesta en peligro de los objetivos de la investigación, que ella debería reabrir en caso de anulación de la Decisión de
compatibilidad, si se hicieran públicos en este momento documentos elaborados o recibidos por ella en el marco del procedimiento
de control que culminó en la adopción de dicha decisión.
A continuación, la Comisión afirma en la decisión impugnada, con carácter más general, que la divulgación de información que
se le facilita en el marco de un procedimiento de control de las concentraciones quebrantaría el clima de confianza y de cooperación
entre ella y las partes interesadas, indispensable para permitirle recabar toda la información que necesita a fin de llevar
a cabo tales investigaciones y adoptar decisiones fundadas en la materia.
Por último, la Comisión señala que cada uno de los documentos mencionados contiene información relativa a la estrategia comercial
de las empresas afectadas, comentarios y solicitudes formulados por ella o reacciones de las empresas a las opiniones que
ella expresó.
Tales afirmaciones son demasiado vagas y genéricas, y no se basan en ninguna circunstancia específica del presente asunto.
El mismo razonamiento podría aplicarse a todos los documentos facilitados en cualquier procedimiento de control de una concentración,
ya que la motivación abstracta y genérica expuesta por la Comisión no se refiere al contenido de los documentos controvertidos.
Procede desestimar la alegación de la Comisión de que, por un lado, una motivación individual podría suponer un perjuicio
para el interés protegido y, por otro, una motivación detallada basada en el contenido de un documento podría divulgar información
protegida por alguna de las excepciones establecidas en el Reglamento nº 1049/2001. La Comisión podía llevar a cabo y formular
explícitamente una demostración de las razones por las que cada uno de los documentos controvertidos estaba amparado, parcialmente
o no, por la excepción relativa a la protección de los objetivos de las actividades de investigación, sin privar por ello
de sentido a la excepción ni poner en peligro la confidencialidad de la información destinada a permanecer secreta en virtud
de esta excepción.
Además, procede señalar que ni la elaboración de una relación detallada de los documentos solicitados, ni la clasificación
de tales documentos en una u otra de las diferentes excepciones invocadas por la Comisión para justificar la denegación de
acceso a los mismos, ni el acceso otorgado a algunos de los documentos solicitados permiten acreditar, por sí solos, que se
había procedido a un examen concreto e individual de los documentos a los que se denegó el acceso.
Por lo que se refiere a los documentos mencionados en el apartado 1
supra,
letra d), es decir, la totalidad de la correspondencia entre la Comisión y Lagardère entre el mes de septiembre de 2002 y
la notificación de la operación de concentración, la Comisión sostiene que no es necesario un examen concreto e individual
cuando resulte evidente que los documentos en cuestión deben ser divulgados o que no deben serlo.
Como se ha indicado en el apartado 45
supra,
es cierto que la jurisprudencia reconoce que un examen concreto e individual puede no ser necesario cuando resulte evidente
que el acceso debe denegarse o, por el contrario, concederse. Sin embargo, no sucede así en el presente asunto. En efecto,
el artículo 2, apartado 3, del Reglamento nº 1049/2001 establece que las disposiciones relativas al acceso del público a los
documentos de la Comisión son de aplicación a todos los documentos que obren en poder de dicha institución, es decir, a todos
los documentos por ella elaborados o recibidos y que estén en su posesión, en todos los ámbitos de actividad de la Unión Europea.
Por consiguiente, no cabe aceptar que, en materia de concentraciones, la correspondencia entre la Comisión y las partes interesadas
se considere manifiestamente amparada por la excepción relativa a la protección de los objetivos de las actividades de investigación.
Aunque esta excepción sea aplicable, en su caso, a algunos de los documentos elaborados por la Comisión o que le hayan sido
presentados, no sucede así necesariamente con todos los documentos o con la totalidad del contenido de esos documentos. Cuando
menos, incumbe a la Comisión asegurarse de ello mediante un examen concreto y efectivo de cada documento, exigido por el artículo
4, apartado 2, primer guión, del Reglamento nº 1049/2001.
Procede desestimar también la alegación de la Comisión de que, con carácter general, la divulgación de información que le
ha sido facilitada en el marco de un procedimiento de control de una concentración quebrantaría el clima de confianza y de
cooperación entre ella y las partes interesadas. Tales consideraciones son también demasiado vagas y demasiado genéricas para
acreditar la existencia de un auténtico riesgo de perjuicio, razonablemente previsible y no meramente hipotético, para el
interés protegido de que se trata. El examen que la institución está obligada a efectuar al objeto de aplicar una excepción
debe ser un examen concreto y debe constar en la motivación de la decisión (sentencias VKI, citada en el apartado 41
supra,
apartado 69, y Franchet y Byk/Comisión, citada en el apartado 41
supra,
apartado 115). En el caso de autos, la Comisión se pronunció
in abstracto
sobre el perjuicio que la divulgación de los documentos de que se trata podría causar a su actividad de investigación, sin
demostrar de forma jurídicamente suficiente que la divulgación de estos documentos supondría un perjuicio, concreto y efectivo,
para la protección de los objetivos de la actividad de investigación.
Es cierto que la Comisión trató de ilustrar este riesgo haciendo referencia en su escrito de contestación a una publicación
de un despacho de abogados en la que, a raíz de la sentencia VKI, citada en el apartado 41
supra,
se instaba a las empresas que fueran objeto de una investigación de la Comisión a actuar con cautela al comunicar información
a la Comisión, habida cuenta del riesgo de divulgación posterior de la misma en virtud del derecho de acceso a los documentos.
Además del hecho de que es la motivación de la decisión la que debe mostrar el carácter concreto del examen efectuado por
la Comisión, y no los escritos procesales de ésta ante el Tribunal, tal circunstancia no puede acreditar por sí sola que el
riesgo alegado por la Comisión sea razonablemente previsible y no meramente hipotético. Con independencia de la cautela a
la que se estimen obligadas por sus propias razones, las empresas afectadas no pueden exonerarse de su obligación reglamentaria
de facilitar la información solicitada por la Comisión en relación con el control de las concentraciones.
Tampoco es convincente la alegación de la Comisión basada en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento nº 139/2004, a tenor
del cual «la información recabada en aplicación [de este] Reglamento sólo podrá utilizarse para el fin perseguido por la solicitud
de información, la investigación o la audiencia». Esta disposición, cuya redacción es sustancialmente similar en la versión
invocada por la Comisión o en la aplicable al presente asunto, a saber el Reglamento nº 4064/89, se refiere al modo en que
la Comisión puede utilizar la información facilitada y no regula el acceso a los documentos garantizado por el Reglamento
nº 1049/2001. No cabe interpretarla en el sentido de que se opone al ejercicio del derecho de acceso a los documentos garantizado
por el artículo 255 CE y por el Reglamento nº 1049/2001. Además, debe ser interpretada a la luz del apartado 2 del artículo
17 del Reglamento nº 139/2004, que únicamente excluye la divulgación de información «que, por su naturaleza, esté amparada
por el secreto profesional». Por lo tanto, las empresas notificantes deben contar con la posibilidad de que se divulgue la
información recabada de ellas que no esté amparada por el secreto profesional.
Ahora bien, según la jurisprudencia, en la medida en que el público tenga derecho a acceder a documentos que contienen determinada
información, dicha información no puede considerarse amparada, por su propia naturaleza, por el secreto profesional (sentencia
del Tribunal de 30 de mayo de 2006, Bank Austria Creditanstalt/Comisión, T‑198/03, Rec. p. II‑1429, apartado 74). La obligación
de secreto profesional no tiene, pues, un alcance tal que pueda justificar una denegación de acceso genérica y abstracta a
los documentos presentados en relación con la notificación de una concentración. Es cierto que ni el artículo 287 CE ni los
Reglamentos nº 4064/89 y nº 139/2004 indican de forma exhaustiva qué información está amparada, por su propia naturaleza,
por el secreto profesional. Sin embargo, de la formulación del artículo 17, apartado 2, de dichos Reglamentos se desprende
que no toda la información recabada está necesariamente amparada por el secreto profesional. Por consiguiente, la apreciación
de la confidencialidad de una información exige contrapesar, por una parte, los intereses legítimos que se oponen a su divulgación
y, por otra, el interés general que exige que las actividades de las instituciones comunitarias se desarrollen de la forma
más abierta posible (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal Bank Austria Creditanstalt/Comisión, antes citada,
apartado 71, y de 12 de octubre de 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Comisión, T‑474/04, Rec. p. II‑4225,
apartados 63 a 66).
Al realizar el examen concreto e individual de los documentos solicitados, conforme al artículo 4, apartado 2, primer guión,
del Reglamento nº 1049/2001, la Comisión puede garantizar así la efectividad de las disposiciones aplicables en materia de
concentraciones, en total coherencia con el Reglamento nº 1049/2001. De ello se sigue que la obligación de secreto profesional,
derivada del artículo 287 CE y del artículo 17 de los Reglamentos nº 4064/89 y nº 139/2004, no puede dispensar a la Comisión
del examen concreto de cada documento controvertido, exigido por el artículo 4, apartado 2, del Reglamento nº 1049/2001.
Por último, en su escrito de dúplica, la Comisión formula la alegación de que la divulgación de los documentos comunicados
por las empresas de que se trate antes de la notificación de la operación de concentración vulnera las obligaciones de confidencialidad
a las que está sujeta en virtud del artículo 287 CE, del artículo 17 del Reglamento nº 139/2004 y de un documento elaborado
por ella titulado «Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings».
Por las razones expuestas en el apartado 90
supra,
procede desestimar igualmente esta alegación.
Se deduce de las consideraciones anteriores que ni el artículo 287 CE ni el artículo 17 de los Reglamentos nº 4064/89 y nº 139/2004
pueden oponerse a la divulgación de un documento que no esté amparado por alguna de las excepciones establecidas en el Reglamento nº 1049/2001.
Lo mismo puede decirse,
a fortiori,
en lo que respecta a las orientaciones que figuran en el documento elaborado por la Comisión titulado «Best Practices on
the conduct of EC merger control proceedings». Sin que sea necesario pronunciarse sobre si se trata de un instrumento jurídico
vinculante ni determinar, en particular, si se trata de un acto que produce efectos jurídicos, procede señalar que este documento,
no publicado en el Diario Oficial y cuyo punto 2.4 indica expresamente que no crea ni modifica los derechos o las obligaciones
establecidos por el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, no puede oponerse a la divulgación de un documento al que
el artículo 255 CE y el Reglamento nº 1049/2001 hayan garantizado el acceso.
Por consiguiente, no procede examinar, junto a la cuestión de la legalidad de la decisión impugnada en relación con el Reglamento
nº 1049/2001, la cuestión de si la información que figura en los documentos solicitados está cubierta por el secreto profesional.
De todo lo anterior se desprende que la Comisión incurrió en un error de Derecho al denegar el acceso a los documentos solicitados
basándose en que estaban amparados por la excepción establecida en el artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento
nº 1049/2001, relativa a la protección de los objetivos de las actividades de inspección, investigación y auditoría, a pesar
de que, en el momento en que se adoptó la decisión impugnada, dichos documentos ya no estaban comprendidos en el ámbito de
aplicación de dicha excepción y, en cualquier caso, sin que la motivación de la decisión impugnada muestre que la Comisión
procedió a un examen concreto e individual de cada uno de dichos documentos.
Por consiguiente, la decisión impugnada adolece de ilegalidad a este respecto.
Sin embargo, según la decisión impugnada, todos los documentos controvertidos a los que la Comisión denegó el acceso pueden
seguir estando amparados por alguna de las demás excepciones al derecho de acceso a los documentos establecidas en el Reglamento
nº 1049/2001. En consecuencia, procede examinar la legalidad de la negativa a divulgar tales documentos en la medida en que
se basa en las excepciones relativas a la protección de los intereses comerciales, del proceso de toma de decisiones de la
Comisión y del asesoramiento jurídico.
Sobre la excepción relativa a la protección de los intereses comerciales, establecida en el artículo 4, apartado 2, primer
guión, del Reglamento nº 1049/2001
–             Alegaciones de las partes
La demandante alega que la Comisión adoptó un enfoque abstracto y genérico, sin realizar un examen concreto e individual para
verificar si la comunicación de cada uno de los documentos solicitados supondría efectivamente un perjuicio para el interés
protegido por esta excepción. En su opinión, la Comisión no demostró que el riesgo de perjuicio para el interés protegido
fuera razonablemente previsible y no meramente hipotético.
A juicio de la demandante, incumbía a la Comisión identificar y aislar los secretos comerciales que eventualmente debieran
ser objeto de una protección especial y facilitar una versión no confidencial de los documentos de que se tratase. Además,
niega que los documentos solicitados puedan contener tanta información comercial sensible, ya que se refieren en gran medida
a la aplicación del artículo 3, apartado 5, letra a), del Reglamento nº 4064/89, es decir, a una cuestión de naturaleza jurídica
y no comercial.
La demandante señala que la Comisión no consultó a las empresas cuyos intereses comerciales resultaban, a su juicio, afectados
y que, en el marco de otro procedimiento pendiente ante el Tribunal, comunicó ciertos documentos de los que, según ella, están
protegidos por el secreto comercial, sin haber consultado a sus autores a este respecto.
La Comisión afirma haber enumerado con precisión en la decisión impugnada los documentos a los que es aplicable esta excepción
y haber indicado la naturaleza de la información que contenían, a saber, información sensible relativa a las estrategias comerciales
de las empresas respectivas. Según ella, llevó a cabo un examen individual y concreto de los documentos solicitados, salvo
en lo que respecta a los documentos mencionados en el apartado 1
supra,
letra d), cuyo examen sumario permitió concluir que no podían ser divulgados sin causar un perjuicio a los intereses comerciales
de las empresas afectadas. Sostiene que una motivación individual puede suponer un perjuicio para el interés protegido y que
la jurisprudencia ha reconocido que una motivación detallada basada en el contenido de un documento puede divulgar información
protegida.
La Comisión explica que no le fue posible proporcionar una versión no confidencial de los documentos solicitados y otorgar
así un acceso parcial a dichos documentos porque éstos estaban amparados en su totalidad por una o varias excepciones. Las
versiones no confidenciales presentadas a la Comisión por las empresas de que se trata tienen como única finalidad permitir
que las partes interesadas ejerzan su derecho de defensa y no pueden pues, por este simple motivo, ser divulgadas públicamente
con arreglo al Reglamento nº 1049/2001. En caso contrario, las reglas específicas establecidas en materia de acceso al expediente
en el marco del control de las concentraciones quedarían privadas de sentido.
Según la Comisión, el contenido de los documentos no se limita a cuestiones estrictamente jurídicas, ya que se trata del contrato
de transmisión, de la correspondencia intercambiada al respecto, del contrato en virtud del cual Natexis pasó a ser propietaria
de las participaciones VUP, del mandato relativo a la verificación del cumplimiento de los compromisos de Lagardère, del mandato
encomendado al gestor de los elementos del activo separados, del proyecto de acuerdo entre Lagardère y Wendel Investissement
y de documentos relacionados con este proyecto de acuerdo. Todos estos documentos reflejan la estrategia comercial de las
empresas afectadas. Las partes notificantes indicaron expresamente que los documentos que presentaban a la Comisión tenían
carácter confidencial. Según esta última, lo reciente de esta información impide alegar que ha perdido su confidencialidad
con el paso del tiempo.
Por lo que se refiere a los documentos procedentes de terceros, la Comisión considera que, en virtud del artículo 4, apartado
4, del Reglamento nº 1049/2001, no está obligada a consultar al tercero afectado para determinar si una excepción es aplicable
cuando resulte evidente que el documento debe ser divulgado o que no debe serlo. Así sucede en el presente asunto. En lo que
atañe a los documentos de los que es autora, la Comisión señala que no podía consultar a los terceros afectados, ya que el
Reglamento nº 1049/2001 sólo contempla dicha consulta para los documentos elaborados por terceros.
Además, siempre según la Comisión, la comunicación de los documentos solicitados está prohibida por el artículo 287 CE, que
obliga a los miembros y a los funcionarios de las instituciones a no divulgar la información amparada por el secreto profesional,
que incluye los secretos comerciales. Esta obligación de no divulgar la información amparada por el secreto profesional figura
también en el artículo 17, apartado 2, del Reglamento nº 4064/89, que ha sido sustituido por el Reglamento nº 139/2004. El
artículo 18, apartado 3, de estos dos Reglamentos supedita también el acceso al expediente al respeto del interés legítimo
de las empresas en que no se divulguen sus secretos comerciales.
La coadyuvante sostiene, en particular, que, en materia de control de las concentraciones, los secretos comerciales disfrutan
de una protección especial en virtud del artículo 287 CE, del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea, proclamada el 7 de diciembre de 2000 en Niza (DO C 364, p. 1), de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
y del Tribunal General, y del artículo 18, apartado 1, del Reglamento nº 802/2004. Las demás alegaciones formuladas por la
coadyuvante son básicamente similares a las expuestas por la Comisión.
–             Apreciación del Tribunal
A tenor del artículo 4, apartado 2, primer guión, del Reglamento nº 1049/2001, las instituciones denegarán el acceso a un
documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de «los intereses comerciales de una persona física o jurídica,
incluida la propiedad intelectual».
El artículo 4, apartado 4, de dicho Reglamento establece que «en el caso de documentos de terceros, la institución consultará
a los terceros con el fin de verificar si son aplicables las excepciones previstas en los apartados 1 o 2, salvo que se deduzca
con claridad que se ha de permitir o denegar la divulgación de los mismos».
La Comisión considera que, entre los documentos controvertidos, los documentos mencionados en el apartado 1
supra,
letras d), e) y h), y en el apartado 2
supra,
letras b), c) (en parte), d), f), g) e i), están amparados, al menos parcialmente, por la excepción relativa a la protección
de los intereses comerciales.
La aplicación por la Comisión de la excepción establecida en el artículo 4, apartado 2, primer guión, del Reglamento nº 1049/2001
a fin de denegar el acceso a los documentos solicitados debe examinarse a la luz de los principios recordados en el apartado
supra.
En el presente asunto, en primer lugar, algunos de los documentos respecto de los que se invocó esta excepción pueden contener
información confidencial comprendida en el ámbito de aplicación de la excepción relativa a la protección de los intereses
comerciales. En efecto, debido a su propio objeto, tales documentos pueden contener, como señala la decisión impugnada, información
relativa a las estrategias comerciales de las empresas de que se trata.
En segundo lugar, procede examinar la cuestión de si la divulgación de los documentos comprendidos en el ámbito de aplicación
de la excepción relativa a la protección de los intereses comerciales supondría un perjuicio concreto y efectivo para el interés
protegido.
Procede recordar que, según la jurisprudencia, el examen que la institución está obligada a efectuar al objeto de aplicar
una excepción ha de realizarse de manera concreta y debe constar en la motivación de la decisión.
En la decisión impugnada, la Comisión denegó la divulgación de los documentos enumerados en el apartado 111
supra,
basándose en que dichos documentos contenían información sensible relativa a las estrategias comerciales de las empresas
de que se trataba. En consecuencia, a juicio de la Comisión, su divulgación supondría claramente un perjuicio para los intereses
comerciales de dichas empresas.
Sin embargo, esta motivación no muestra que se realizara un examen concreto e individual de dichos documentos. La motivación
abstracta y genérica ofrecida por la Comisión no se refiere al contenido de los documentos controvertidos. Una justificación
similar podría aplicarse a todos los documentos presentados en cualquier procedimiento de control de una concentración.
Por otra parte, no concurren las circunstancias en las que, según la jurisprudencia (sentencia VKI, citada en el apartado
supra,
apartado 75), la institución en cuestión puede quedar dispensada de un examen concreto e individual.
En efecto, de la apreciación realizada en el apartado 86
supra
se desprende que no cabe aceptar que todos los documentos a los que se denegó el acceso en virtud de la excepción relativa
a la protección de los intereses comerciales estén manifiestamente amparados en su totalidad por dicha excepción.
Tampoco cabe sostener que fue objetivamente imposible para la Comisión indicar las razones que justificaban la denegación
de acceso a cada documento sin divulgar el contenido de tal documento o alguno de sus elementos esenciales y, por lo tanto,
sin privar a la excepción de su finalidad esencial, lo que podría justificar la generalidad, la brevedad y el carácter estereotipado
de la motivación (sentencia de 1 de febrero de 2007, Sison/Consejo, citada en el apartado 46
supra,
apartado 83, y sentencia de 26 de abril de 2005, Sison/Consejo, citada en el apartado 41
supra,
apartado 84; véase, por analogía, en lo que respecta al código de conducta de 1993, la sentencia WWF UK/Comisión, citada
en el apartado 46
supra,
apartado 65).
En efecto, la Comisión podía describir el contenido de cada documento e indicar la naturaleza de la información confidencial,
sin revelarla por ello. La obligación de las empresas que han facilitado información a la Comisión de indicar la que consideran
confidencial y enviar una versión no confidencial de los documentos comunicados, establecida en el artículo 17, apartado 2,
del Reglamento (CE) nº 447/98 de la Comisión, de 1 de marzo de 1998, relativo a las notificaciones, plazos y audiencias contemplados
en el Reglamento nº 4064/89 (DO L 61, p. 1), permite cuando menos que la Comisión motive con precisión la denegación de acceso
a cada documento, sin divulgar la información confidencial que contiene.
Por lo que se refiere a la inexistencia de una lista que identifique los documentos a que se refiere el apartado 1
supra,
letra d), es decir, la correspondencia intercambiada entre la Comisión y Lagardère, la Comisión formula la alegación de que
dicha correspondencia está repartida en una veintena de clasificadores, de modo que la elaboración de una lista detallada
por documentos individuales representaría una carga administrativa desproporcionada. En la decisión impugnada indica haber
tenido en cuenta cada categoría de documentos en su conjunto, y en sus escritos procesales afirma que estaba facultada para
denegar el acceso a dichos documentos tras un examen sumario, ya que la excepción relativa a la protección de los intereses
comerciales amparaba manifiesta e íntegramente a tales documentos.
Procede desestimar esta alegación. Como se ha indicado en el apartado 86
supra,
el artículo 2, apartado 3, del Reglamento nº 1049/2001 establece que las disposiciones relativas al acceso del público a los
documentos de la Comisión son de aplicación a todos los documentos que obren en poder de dicha institución, es decir, a todos
los documentos por ella elaborados o recibidos y que estén en su posesión, en todos los ámbitos de actividad de la Unión Europea.
Por consiguiente, no cabe aceptar que, en materia de concentraciones, la correspondencia entre la Comisión y las partes interesadas
se considere manifiestamente amparada por la excepción relativa a la protección de los intereses comerciales. Aunque esta
excepción sea aplicable, en su caso, a algunos de los documentos elaborados por la Comisión o que le hayan sido comunicados,
no sucede así necesariamente con todos los documentos o con la totalidad del contenido de esos documentos. Cuando menos, incumbe
a la Comisión asegurarse de ello mediante un examen concreto y efectivo de cada documento, exigido por el artículo 4, apartado
2, primer guión, del Reglamento nº 1049/2001.
Procede desestimar también la alegación de la Comisión y de la coadyuvante basada en el respeto del secreto profesional, garantizado
por el artículo 287 CE y por el artículo 17, apartado 2, del Reglamento nº 4064/89, y de los secretos comerciales, garantizado
por el artículo 18, apartado 3, de dicho Reglamento. Como se ha recordado en el apartado 90
supra,
la jurisprudencia establece que, en la medida en que el público tenga derecho a acceder a documentos que contienen determinada
información, dicha información no puede considerarse amparada, por su propia naturaleza, por el secreto profesional o la protección
de los secretos comerciales (véase, en este sentido, la sentencia Bank Austria Creditanstalt/Comisión, citada en el apartado
supra,
apartado 74).
La demandante reprocha también a la Comisión no haber consultado a las empresas cuyos intereses comerciales podrían ver perjudicada
su protección si se divulgaran los documentos de que se trata.
A este respecto, procede recordar que, a tenor del artículo 4, apartado 4, del Reglamento nº 1049/2001, en el caso de documentos
originarios de terceros, la institución consultará a éstos con el fin de verificar si son aplicables las excepciones previstas
en el artículo 4, apartados 1 o 2, de dicho Reglamento, salvo que se deduzca con claridad que se ha de permitir o denegar
la divulgación de los mismos. De ello se sigue que las instituciones no están obligadas a consultar a dicho tercero cuando
resulte evidente que se ha de permitir o denegar la divulgación del documento. En los demás casos, las instituciones deben
consultar al tercero en cuestión. En consecuencia, la consulta al tercero del que procede el documento constituye, por regla
general, un requisito previo para determinar la aplicabilidad de las excepciones al acceso establecidas en el artículo 4,
apartados 1 y 2, del Reglamento nº 1049/2001 en los casos de documentos originarios de terceros, (sentencias del Tribunal
de 30 de noviembre de 2004, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Comisión, T‑168/02, Rec. p. II‑4135, apartado 55, y Terezakis/Comisión,
citada en el apartado 65
supra,
apartado 54).
Por lo tanto, el hecho de no consultar a los terceros autores de los documentos sólo es conforme al Reglamento nº 1049/2001
si alguna de las excepciones establecidas por dicho Reglamento es claramente aplicable a los documentos de que se trata. No
sucede así en el presente asunto, como se ha declarado en los apartados 63 a 98
supra,
en lo que respecta a la excepción relativa a los objetivos de las actividades de investigación, y en los apartados 109 a
supra,
por lo que se refiere a la protección de los intereses comerciales.
En lo que atañe a los documentos procedentes de la Comisión, ésta alega con razón que el Reglamento nº 1049/2001 no contempla
ningún procedimiento de consulta a terceros para este tipo de documentos. En consecuencia, el reproche formulado por la demandante
carece de fundamento jurídico en la medida en que se refiere a los documentos cuyo autor es la Comisión.
De cuanto antecede se deduce que la decisión impugnada adolece de un error de Derecho en la medida en que aplicó la excepción
establecida en el artículo 4, apartado 2, primer guión, del Reglamento nº 1049/2001 a los documentos mencionados en el apartado
supra,
letras d), e) y h), y en el apartado 2
supra,
letras b), c) (en parte), d), f), g) e i), sin que la motivación de la decisión impugnada muestre que la Comisión realizó
un examen concreto e individual de cada uno de estos documentos y sin que dicha institución consultara a los terceros autores
de algunos de estos documentos sobre la divulgación de los documentos que procedían de ellos.
Sobre la excepción relativa a la protección del proceso de toma de decisiones, establecida en el artículo 4, apartado 3, párrafo
segundo, del Reglamento nº 1049/2001
–             Alegaciones de las partes
La demandante alega que la Comisión adoptó un enfoque abstracto y genérico, sin realizar un examen concreto e individual para
verificar si la comunicación de cada uno de los documentos solicitados supondría efectivamente un perjuicio para el interés
protegido por esta excepción. A su juicio, la Comisión no demostró que el riesgo de perjuicio para el interés protegido fuera
razonablemente previsible y no meramente hipotético.
La demandante afirma que, al invocar esta excepción para denegar el acceso a los documentos mencionados en el apartado 1
supra,
letra g), la Comisión contradice la alegación que ha formulado en su defensa en el asunto T‑279/04, en la que sostiene que
la decisión de aplicar el artículo 3, apartado 5, letra a), del Reglamento nº 4064/89 a la adquisición de los activos de VUP
por Natexis/Investima 10 no tuvo ninguna consecuencia para la Decisión de compatibilidad, por lo que una eventual aplicación
errónea de esta disposición no puede afectar a la validez de dicha decisión. En su opinión, la Comisión vulnera así el principio
de que «nadie puede ir contra sus propios actos».
A juicio de la demandante, dichos documentos se refieren a la interpretación de un punto de Derecho y, en consecuencia, no
pueden constituir actos preparatorios cuya divulgación deba denegarse. En cualquier caso considera que la comunicación de
estos documentos es de interés público, ya que aclara los requisitos de aplicación del artículo 3, apartado 5, letra a), del
Reglamento nº 4064/89.
La Comisión señala que la apreciación de la validez de la Decisión de compatibilidad es una cuestión distinta de la de la
legalidad de la aplicación de las excepciones establecidas por el Reglamento nº 1049/2001, e impugna por tanto la pertinencia
de la alegación de la demandante. Los dos documentos solicitados a los que se denegó el acceso con el fin de proteger el proceso
de toma de decisiones de la Comisión son documentos internos de ésta, que contienen deliberaciones internas sobre el procedimiento
controvertido. Según la Comisión, la divulgación de estos documentos supondría un grave perjuicio para el proceso de toma
de decisiones, ya que es indispensable preservar la capacidad de sus servicios para instruir libremente los asuntos que se
les encomiendan, sin ser objeto de presiones exteriores, a fin de que ella pueda adoptar sus decisiones con pleno conocimiento
de causa.
A su juicio, la protección de estos documentos preparatorios resulta aún más necesaria en la medida en que se ha interpuesto
recurso de anulación contra la decisión adoptada sobre la base de dichos documentos y que, en consecuencia, éstos seguirían
siendo pertinentes en caso de anulación.
Las alegaciones formuladas por la coadyuvante son básicamente similares a las expuestas por la Comisión.
–             Apreciación del Tribunal
A tenor del artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento nº 1049/2001, «se denegará el acceso a un documento que
contenga opiniones para uso interno, en el marco de deliberaciones o consultas previas en el seno de la institución, incluso
después de adoptada la decisión, si la divulgación del documento perjudicara gravemente el proceso de toma de decisiones de
la institución, salvo que dicha divulgación revista un interés público superior».
La Comisión denegó el acceso a dos de sus tres notas mencionadas en el apartado 1
supra,
letra g), invocando la excepción establecida en el artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento nº 1049/2001. Se
trata de una nota de 10 de febrero de 2002 de la DG «Competencia» al Servicio Jurídico de la Comisión, en la que se solicita
un dictamen sobre la aplicación del artículo 3, apartado 5, letra a), del Reglamento nº 4064/89, y de una nota de 4 de noviembre
de 2002 que resume la situación del expediente, destinada al Comisario encargado de la competencia.
En primer lugar, procede señalar que dichos documentos, que han sido comunicados al Tribunal (véase el apartado 23
supra),
son documentos preparatorios de la decisión final y fueron cursados en el seno de la Comisión para permitir la elaboración
de los documentos que formalizaran la toma de posición de la institución. Contienen «opiniones para uso interno, en el marco
de deliberaciones o consultas previas», en el sentido del artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento nº 1049/2001,
por lo que están comprendidos en el ámbito de aplicación de esta disposición.
En segundo lugar, procede examinar si la denegación de acceso a los documentos internos solicitados está justificada en el
caso de autos por la excepción basada en la protección del proceso de toma de decisiones de la institución.
Es jurisprudencia reiterada que la aplicación de esta excepción exige que se demuestre que el acceso a los documentos solicitados
podía perjudicar concreta y efectivamente a la protección del proceso de toma de decisiones de la Comisión y que este riesgo
de perjuicio era razonablemente previsible y no meramente hipotético (véase la sentencia del Tribunal de 18 de diciembre de
2008, Muñiz/Comisión, T‑144/05, no publicada en la Recopilación, apartado 74, y jurisprudencia que allí se cita).
Además, para que sea aplicable la excepción establecida en el artículo 4, apartado 3, primer párrafo, del Reglamento nº 1049/2001,
el perjuicio para el proceso de toma de decisiones debe ser grave. Así sucede, en particular, cuando la divulgación de los
documentos solicitados tiene una repercusión sustancial en el proceso de toma de decisiones. Ahora bien, la apreciación de
la gravedad depende del conjunto de circunstancias del asunto, y en particular de los efectos negativos para el proceso de
toma de decisiones invocados por la institución en relación con la divulgación de los documentos solicitados (sentencia Muñiz/Comisión,
citada en el apartado 140
supra,
apartado 75).
En el caso de autos, la decisión impugnada menciona el grave perjuicio que sufriría el proceso de toma de decisiones si las
deliberaciones internas de los servicios de la Comisión relativas a este asunto se hicieran públicas. Pone de relieve la importancia
de que la Comisión pueda preparar sus decisiones con toda serenidad, al abrigo de presiones externas, y de que sus servicios
puedan expresar libremente sus puntos de vista para asesorarla en la toma de decisiones. A su juicio, la facultad del personal
de la Comisión de expresar sus puntos de vista resultaría gravemente mermada si hubiera de tenerse en cuenta la posibilidad
de una publicación.
Es preciso señalar que estas justificaciones se formulan de manera genérica y abstracta, sin apoyarse en alegaciones detalladas
sobre el contenido de los documentos de que se trata. Tales consideraciones pueden formularse, pues, con respecto a cualquier
documento de la misma naturaleza. En consecuencia, no pueden bastar para justificar la denegación de acceso a los documentos
solicitados en el presente asunto, so pena de vulnerar el principio de interpretación estricta de las excepciones establecidas
en el artículo 4 del Reglamento nº 1049/2001, en particular en lo que respecta a la excepción del artículo 4, apartado 3,
párrafo segundo, de dicho Reglamento.
Por lo tanto, la Comisión no ha demostrado que la excepción establecida en el artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del
Reglamento nº 1049/2001 se aplicase a los documentos internos solicitados.
Por consiguiente, procede anular por error de Derecho la denegación de acceso íntegro a los documentos internos solicitados,
sin que sea necesario examinar la cuestión de la existencia de un interés público superior.
Sobre la excepción relativa a la protección del asesoramiento jurídico, establecida en el artículo 4, apartado 2, segundo
guión, del Reglamento nº 1049/2001
–             Alegaciones de las partes
La demandante alega que la Comisión adoptó un enfoque abstracto y genérico, sin realizar un examen concreto e individual para
verificar si la comunicación de la nota del Servicio Jurídico solicitada supondría efectivamente un perjuicio para el interés
protegido por esta excepción. A su juicio, la Comisión no demostró que el riesgo de perjuicio para el interés protegido fuera
razonablemente previsible y no meramente hipotético.
La demandante considera que el dictamen del Servicio Jurídico de la Comisión, al que se hace referencia en el apartado 1
supra,
letra g), debe ser divulgado, para que los terceros y el Tribunal puedan controlar la manera en que la norma jurídica establecida
en el artículo 3, apartado 5, letra a), del Reglamento nº 4064/89 fue interpretada y aplicada por la Comisión.
En opinión de la demandante, la Comisión no puede invocar la protección de la independencia de su Servicio Jurídico para denegar
el acceso a dicho documento, ya que está obligada a respetar la obligación de transparencia, que, a tenor de la exposición
de motivos del Reglamento nº 1049/2001, garantiza una mayor legitimidad, eficacia y responsabilidad de la Administración para
con los ciudadanos en un sistema democrático. Según ella, la denegación de acceso opuesta por la Comisión, lejos de reforzar
la independencia de sus dictámenes jurídicos, acredita la idea de que la Decisión de compatibilidad no fue adoptada con total
independencia.
La Comisión señala que el acceso a los documentos establecido por el Reglamento nº 1049/2001 se concede o deniega con independencia
de los intereses particulares o de los motivos por los que el solicitante desea tener acceso a los documentos solicitados.
Por consiguiente, las alegaciones invocadas por la demandante carecen de pertinencia. La divulgación del dictamen jurídico
de que se trata depende únicamente del perjuicio que dicha divulgación pueda causar a la independencia y a la imparcialidad
de dichos dictámenes. La excepción relativa al asesoramiento jurídico tiene por objeto proteger su independencia y garantizar
que los dictámenes jurídicos puedan emitirse con total sinceridad y objetividad. El dictamen controvertido estaba destinado
únicamente a asesorar a los servicios de la Comisión y su divulgación haría que el Servicio Jurídico de esta institución redactara
sus dictámenes con más reserva, privando así a la institución de un instrumento esencial para la buena ejecución de su misión.
La Comisión señala que el artículo 255 CE, apartado 2, establece límites al ejercicio del derecho de acceso a los documentos.
Por lo tanto, la invocación de la obligación de transparencia por parte de la demandante no puede invalidar las excepciones
establecidas por el Reglamento nº 1049/2001.
La Comisión rechaza la alegación de que la denegación de acceso al documento solicitado permite sospechar que ella no adoptó
su decisión con total independencia. Recuerda que está obligada a denegar el acceso a un documento cuando concurran los requisitos
de aplicación de una excepción establecida por el Reglamento nº 1049/2001 y que, en consecuencia, no puede otorgar acceso
a un documento amparado por una excepción para refutar acusaciones de fraude.
–             Apreciación del Tribunal
A tenor del artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento nº 1049/2001, las instituciones denegarán el acceso a un
documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de los procedimientos judiciales y del asesoramiento jurídico,
salvo que su divulgación revista un interés público superior.
La Comisión se basó en dicha disposición para negarse a divulgar el dictamen de su Servicio Jurídico de 10 de octubre de 2002,
relativo a la aplicación del artículo 3, apartado 5, letra a), del Reglamento nº 4064/89, documento al que se hace referencia
en el apartado 1
supra,
letra g).
En primer lugar, procede señalar que dicho documento, comunicado al Tribunal (véase el apartado 23
supra),
contiene, independientemente de su denominación, un dictamen jurídico emitido por el Servicio Jurídico de la Comisión. Por
ello, este documento debe ser considerado, en su totalidad, un documento de asesoramiento jurídico en el sentido del artículo
4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento nº 1049/2001, que puede estar comprendido en el ámbito de aplicación de la excepción
establecida por dicha disposición.
A continuación, es preciso determinar si la divulgación de este dictamen jurídico supondría un perjuicio para la protección
del asesoramiento jurídico, conforme al artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento nº 1049/2001.
A este respecto, procede recordar que la excepción relativa al asesoramiento jurídico debe interpretarse en el sentido de
que su objeto es proteger el interés que tiene la Comisión en solicitar asesoramiento jurídico y en recibir dictámenes sinceros,
objetivos y completos. Para poder ser invocado, el riesgo de menoscabar dicho interés debe ser razonablemente previsible y
no puramente hipotético (sentencia Turco, citada en el apartado 68
supra,
apartados 42 y 43).
En el presente asunto, la decisión impugnada justifica la negativa a divulgar el dictamen de que se trata basándose en que
los dictámenes jurídicos son documentos internos que tienen como objetivo principal ofrecer a la Comisión y a sus servicios
opiniones sobre cuestiones jurídicas, que sirven de base para que la Comisión y sus servicios adopten sus posiciones definitivas.
Según ella, es esencial que estos dictámenes puedan emitirse con total sinceridad y objetividad. En el caso de autos, la comunicación
del dictamen del Servicio Jurídico de la Comisión, así como de las cuestiones sometidas a éste por la DG «Competencia», tendría
como consecuencia hacer pública una discusión interna sobre el alcance del artículo 3, apartado 5, letra a), del Reglamento
nº 4064/89. Si dicho Servicio Jurídico hubiera debido tener en cuenta la publicación ulterior de su dictamen, no se habría
expresado con total independencia. Por consiguiente, la elaboración de un dictamen escrito sobre esta cuestión perdería todo
su interés, lo que privaría a la Comisión de un instrumento esencial para la buena ejecución de sus tareas.
Es preciso señalar que la circunstancia de que el documento controvertido sea un dictamen jurídico no es la única invocada
por la Comisión en la decisión impugnada para justificar la aplicación de esta excepción, pues dicha institución invoca igualmente
el hecho de que la divulgación de este dictamen entrañaría el riesgo de ofrecer al público información sobre el estado de
las discusiones internas entre la DG «Competencia» y su Servicio Jurídico, relativas al alcance del artículo 3, apartado 5,
letra a), del Reglamento nº 4064/89.
Pues bien, la divulgación de la nota de que se trata podría incitar en el futuro al Servicio Jurídico de la Comisión a actuar
con reserva y prudencia en la redacción de tales notas, para no afectar a la capacidad de decisión de la Comisión en las materias
en las que ésta interviene en calidad de Administración.
Asimismo, procede señalar que, en el presente asunto, el riesgo de perjuicio para la protección del asesoramiento jurídico
establecida en el artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento nº 1049/2001 es razonablemente previsible y no meramente
hipotético. En efecto, además de las razones indicadas en los apartados 157 y 159
supra,
la divulgación de dichos dictámenes entraña el riesgo de colocar a la Comisión en una situación delicada, en la que su Servicio
Jurídico podría verse obligado a defender ante el Tribunal una posición distinta de la que había expresado en su calidad de
asesor de los servicios encargados de la tramitación del expediente durante las discusiones internas desarrolladas en el procedimiento
administrativo. Pues bien, el riesgo de que tal contradicción se produzca puede afectar considerablemente tanto a la libertad
de opinión de dicho Servicio Jurídico como a su capacidad para defender eficazmente ante el juez de la Unión, en pie de igualdad
con los demás representantes legales de las diferentes partes en el procedimiento judicial, la posición definitiva de la Comisión
y el proceso de toma de decisiones interno de ésta. En efecto, la Comisión decide colegiadamente, en función de la misión
particular que se le ha confiado, y debe tener la libertad de defender una posición jurídica distinta de la adoptada inicialmente
por su Servicio Jurídico.
Además, a diferencia de los supuestos en que las instituciones actúan en calidad de legislador, en los que debe autorizarse
un mayor acceso a los documentos a tenor del sexto considerando del Reglamento nº 1049/2001 (sentencia Turco, citada en el
apartado 68
supra,
apartado 46), el dictamen jurídico controvertido fue elaborado en el marco de unas funciones meramente administrativas de
la Comisión. Pues bien, el interés del público en que se le comunique un documento en virtud de la obligación de transparencia
–que tiene por objeto permitir una participación más amplia de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones y garantizar
una mayor legitimidad, una mayor eficacia y una mayor responsabilidad de la Administración con respecto a los ciudadanos en
un sistema democrático– no es el mismo cuando el documento concierne a un procedimiento administrativo destinado a aplicar
las normas de control de las concentraciones o de Derecho de la competencia general que cuando se refiere a un procedimiento
en el que la institución de que se trate interviene en calidad de legislador.
Por consiguiente, procede desestimar la alegación de la demandante de que la divulgación del dictamen del Servicio Jurídico
mencionado en el apartado 1
supra,
letra g), no supone un perjuicio para la protección del asesoramiento jurídico.
De cuanto antecede resulta que el primer y el segundo motivos de recurso son fundados, salvo en lo que respecta a la negativa
a divulgar el dictamen del Servicio Jurídico mencionado en el apartado 1
supra,
letra g).

Sobre el tercer motivo, basado en la vulneración del derecho a un acceso al menos parcial a los documentos solicitados
Alegaciones de las partes
La demandante impugna la negativa de la Comisión a concederle un acceso parcial a los documentos solicitados con arreglo al
artículo 4, apartado 6, del Reglamento nº 1049/2001. Considera que la Comisión no valoró la carga administrativa que representaría
la elaboración de versiones no confidenciales de los documentos solicitados, ya que no realizó un examen concreto e individual
de dichos documentos. En su opinión, la jurisprudencia establece que el derecho del público a acceder a los documentos prima
sobre el principio de buena administración, y sólo en supuestos muy limitados y con carácter restrictivo cabe admitir una
excepción a este derecho.
Además, la demandante considera que no corresponde a la Comisión apreciar qué interés tiene para la demandante la comunicación
de las partes fragmentarias de un documento que eventualmente podrían hacerse públicas en caso de acceso parcial.
La Comisión afirma haber realizado un examen concreto e individual de los documentos solicitados, con excepción de los indicados
en el apartado 1
supra,
letra d). A raíz de este examen, la Comisión consideró que sólo determinadas partes fragmentarias habrían podido divulgarse
y que, con arreglo al principio de buena administración, la carga administrativa que habría representado la identificación
de tales partes resultaba desproporcionada, comparada con el interés del público en acceder a ellas.
Apreciación del Tribunal
El artículo 4, apartado 6, del Reglamento nº 1049/2001 dispone que «en el caso de que las excepciones previstas se apliquen
únicamente a determinadas partes del documento solicitado, las demás partes se divulgarán».
El artículo 4, apartado 6, del Reglamento nº 1049/2001 implica un examen concreto e individual del contenido de cada documento.
En efecto, tan sólo ese examen permitirá a la institución valorar la posibilidad de conceder al solicitante un acceso parcial.
Una valoración de los documentos efectuada por categorías, y no en base a los datos concretos que éstos contienen, resulta
en principio insuficiente, puesto que el examen que ha de realizar la institución debe permitirle apreciar en concreto si
la excepción alegada se aplica realmente a la totalidad de la información contenida en los citados documentos (véase, en este
sentido, la sentencia Franchet y Byk/Comisión, citada en el apartado 41
supra,
apartado 117 y jurisprudencia que allí se cita).
En el caso de autos, la motivación de la decisión impugnada no muestra que los documentos hayan sido objeto de un examen de
esa índole. En efecto, la Comisión consideró que dicho examen supondría una carga administrativa desproporcionada, comparada
con el interés del público en acceder a las partes fragmentarias de los documentos que resultarían de esa operación.
Según la jurisprudencia, una excepción a la obligación de efectuar un examen concreto e individual sólo puede aceptarse a
título excepcional, y únicamente cuando la carga administrativa resultante de ese examen se revele particularmente gravosa,
excediendo así de los límites de lo que razonablemente pueda exigirse (sentencia VKI, citada en el apartado 41
supra,
apartado 112).
Además, en la medida en que el derecho de acceso a los documentos que obran en poder de las instituciones constituye la regla
de principio, será la institución que invoque la excepción basada en lo irrazonable de la tarea exigida por la solicitud quien
deberá probar la magnitud de dicha tarea (sentencia VKI, citada en el apartado 41
supra,
apartado 113, y sentencia del Tribunal de 10 de septiembre de 2008, Williams/Comisión, T‑42/05, no publicada en la Recopilación,
apartado 86).
Finalmente, una vez que la institución haya acreditado lo irrazonable de la carga administrativa que entraña el examen concreto
e individual de los documentos a que se refiere la solicitud, estará obligada a tratar de llegar a un arreglo con el solicitante
a fin de informarse, por una parte, sobre su interés en la obtención de los documentos controvertidos o instarle a precisarlo
y analizar en concreto, por otra, las opciones de que ella dispone para adoptar una medida menos gravosa que el examen concreto
e individual de los documentos. Como el derecho de acceso a los documentos constituye la regla de principio, la institución
sigue estando obligada, no obstante, a privilegiar en este contexto la opción que resulte más favorable para el derecho de
acceso del solicitante, sin constituir en sí misma una tarea que exceda de los límites de lo que razonablemente pueda exigirse
(sentencia VKI, citada en el apartado 41
supra,
apartado 114).
De lo anterior se deduce que la institución sólo podrá quedar dispensada de todo examen concreto e individual una vez que
haya estudiado realmente todas las demás opciones posibles y haya explicado detalladamente, en su decisión, los motivos por
los que dichas opciones entrañan, a su vez, una carga de trabajo irrazonable (sentencia VKI, citada en el apartado 41
supra,
apartado 115).
En el presente asunto, procede hacer constar que la decisión impugnada, que deniega globalmente a la demandante todo acceso
parcial, sólo podría ser legal en el supuesto de que la Comisión hubiera explicado previamente de manera concreta los motivos
por los que las soluciones alternativas a un examen concreto e individual de cada uno de los documentos mencionados constituían,
también, una carga de trabajo irrazonable.
Ahora bien, la motivación de la decisión impugnada no muestra que la Comisión haya tomado en consideración de manera concreta
y exhaustiva las diversas opciones de que disponía para realizar diligencias que no le impondrían una carga de trabajo irrazonable,
pero que aumentarían en cambio las posibilidades de que la demandante pudiera obtener una comunicación parcial de los documentos
solicitados, al menos en lo que respecta a una parte de la solicitud de acceso. En particular, la decisión impugnada no muestra
que la Comisión haya analizado en concreto la opción consistente en preguntar a las empresas que habían comunicado algunos
de los documentos solicitados si era posible comunicar a la solicitante una versión no confidencial de dichos documentos.
De las consideraciones expuestas se deduce que procede anular la decisión impugnada en la medida en que deniega el acceso
parcial a todos los documentos solicitados, sin que la motivación de la decisión impugnada muestre que la Comisión haya realizado
un examen concreto e individual de cada uno de los documentos y sin que esta institución haya explicado de una manera concreta
los motivos por los que las soluciones distintas de un examen concreto e individual de cada uno de los documentos mencionados
representaban una carga de trabajo irrazonable.

Sobre el cuarto motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad
Alegaciones de las partes
La demandante señala que la solicitud de acceso no persigue defender exclusivamente intereses privados. También tiene por
objeto preservar una competencia no falseada en los mercados de la edición en Francia y evitar que se eludan las normas relativas
al control de las concentraciones mediante una utilización fraudulenta del artículo 3, apartado 5, letra a), del Reglamento
nº 4064/89. A su juicio, pues, un interés superior justifica la divulgación de los documentos solicitados, con arreglo al
artículo 4, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 1049/2001.
La Comisión sostiene que la demandante no ha demostrado la existencia de un interés público superior que justifique la divulgación
de los documentos solicitados. La utilización por la demandante de los documentos solicitados en apoyo de su recurso contra
la Decisión de compatibilidad no puede considerarse un interés público superior. En efecto, tal recurso está supeditado a
la existencia de un interés personal en ejercitar la acción y no sería admisible si la demandante actuase en nombre del interés
público.
Además, según la Comisión, aun suponiendo que el recurso de la demandante persiguiera el interés público, no es el uso que
el solicitante pretende hacer de los documentos lo pertinente, sino su divulgación, que debe ser justificada por un interés
público superior. Son las características específicas de los documentos las que deben justificar su divulgación en nombre
de un interés público superior, con independencia del objetivo perseguido por la demandante. A su juicio, no sucede así en
el presente asunto.
Por último, la Comisión alega que es el juez que conoce de la legalidad de la decisión impugnada en el asunto T‑279/04 quien
debe valorar si los documentos solicitados son necesarios para la defensa de la demandante en ese asunto.
La demandante alega que puede ser a la vez una persona jurídica directa e individualmente afectada por la decisión impugnada
y una persona jurídica con ciudadanía de la Unión autorizada a obtener el acceso a los documentos solicitados. Sostiene que
la divulgación de los documentos requeridos y la utilización que se haga de ellos persiguen los mismos objetivos, a saber,
la defensa de una competencia no falseada y la aplicación transparente del Derecho de la competencia.
La demandante considera que una parte en un proceso en el que el Tribunal puede ordenar la presentación de unos documentos
puede a su vez impugnar, en un procedimiento paralelo, una decisión que deniegue el acceso a dichos documentos en virtud del
Reglamento nº 1049/2001.
La Comisión alega que, según la jurisprudencia, el interés público superior al que hace referencia el artículo 4, apartados
2 y 3, del Reglamento nº 1049/2001 debe ser distinto, en principio, de los principios que sirven de base a dicho Reglamento,
entre los que figura la obligación de transparencia invocada por la demandante.
La coadyuvante señala que ningún interés público superior justifica la divulgación de los documentos solicitados por la demandante,
cuya solicitud de acceso se basa en intereses puramente privados. Sostiene asimismo, en sus observaciones preliminares, que
la solicitud de acceso a los documentos presentada por la demandante es abusiva y contraria a la finalidad del Reglamento
nº 1049/2001, ya que se basa en su interés particular, a saber, la defensa de sus derechos en los asuntos T‑279/04 y T‑452/04.
La coadyuvante alega que la jurisprudencia ha señalado que el Reglamento nº 1049/2001 no tiene por objeto proteger el interés
específico que tal o cual persona pueda tener en acceder a un documento de las instituciones. Según ella, la jurisprudencia
ha reconocido igualmente que dicho Reglamento persigue garantizar el acceso de todos a los documentos públicos, y no sólo
el acceso del solicitante a los documentos que le afectan, y que no debe permitir la persecución de intereses privados relacionados,
por ejemplo, con la interposición de un recurso contra las instituciones.
Apreciación del Tribunal
El artículo 4, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 1049/2001 dispone que las excepciones establecidas en dichos apartados se
aplicarán «salvo que [la] divulgación [del documento] revista un interés público superior».
En la decisión impugnada, la Comisión se negó a aceptar que un interés público superior justificase la divulgación de los
documentos, estimando que la solicitud de acceso a los mismos tenía como fundamento la defensa de los intereses de la demandante
en un litigio pendiente ante el Tribunal. Este interés es claramente privado, y no público. Sin embargo, en su opinión, según
los términos del Reglamento, sólo un interés público puede primar sobre la necesidad de proteger los intereses a que se hace
referencia en los apartados 2 y 3 del artículo 4 del Reglamento nº 1049/2001.
Habida cuenta de las apreciaciones antes formuladas por el Tribunal, según las cuales la Comisión incurrió en un error de
Derecho al invocar las excepciones relativas a la protección del objetivo de las actividades de investigación, de los intereses
comerciales y del proceso de toma de decisiones, no procede examinar la posible existencia de un interés público superior
que justifique la divulgación de los documentos a los que se denegó el acceso en virtud de dichas excepciones.
Con carácter preliminar, procede desestimar la alegación de la coadyuvante de que la solicitud de acceso de la demandante
es abusiva porque se basa en intereses estrictamente privados. En efecto, el artículo 6, apartado 1, última frase, del Reglamento
nº 1049/2001 dispone que el solicitante no estará obligado a justificar su solicitud. Dado que el Reglamento tiene por objeto
establecer el derecho de acceso del público en general a los documentos de las instituciones, el eventual interés específico
de tal o cual persona en acceder a uno de ellos no puede ser tenido en cuenta por la institución que debe decidir sobre la
solicitud de acceso (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de febrero de 2007, Sison/Consejo, citada en el apartado 46
supra,
apartados 43 a 47). Por lo tanto, una solicitud de acceso basada en intereses estrictamente privados no puede calificarse
de abusiva.
En cambio, procede examinar la eventual existencia de un interés público superior que justifique la divulgación del dictamen
del Servicio Jurídico al que se hace referencia en el apartado 1
supra,
letra g).
Según la jurisprudencia, los intereses públicos superiores que pueden justificar la divulgación de un documento amparado por
una excepción son, en particular, los que sirven de base al Reglamento nº 1049/2001 (sentencia Turco, citada en el apartado
supra,
apartados 67, 75 y 76). A diferencia de lo que afirma la Comisión, el interés público superior que puede justificar la divulgación
no tiene, pues, que ser distinto de los principios que sirven de base a dicho Reglamento.
Habida cuenta del principio general de acceso a los documentos consagrado en el artículo 255 CE y de los considerandos primero
y segundo del Reglamento nº 1049/2001, el interés público superior que justifica la divulgación de un documento debe tener
un carácter objetivo y general y no puede confundirse con intereses particulares o privados, por ejemplo los relacionados
con la interposición de un recurso contra las instituciones, ya que tales intereses particulares o privados no constituyen
un dato pertinente para contrapesar los intereses con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3, párrafo segundo,
de dicho Reglamento.
En efecto, en virtud del artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 1049/2001, los beneficiarios del derecho de acceso a los
documentos de las instituciones son «todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga
su domicilio social en un Estado miembro». De ello se desprende que dicho Reglamento está destinado a garantizar el acceso
de todos a los documentos públicos y no sólo el acceso del solicitante a los documentos que le afectan (sentencia de 26 de
abril de 2005, Sison/Consejo, citada en el apartado 41
supra,
apartado 50). Por consiguiente, el interés particular eventualmente alegado por quien solicite el acceso a documentos que
le afectan personalmente no puede, por lo general, ser decisivo ni para apreciar la existencia de un interés público superior
ni para contrapesar los intereses con arreglo al artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento nº 1049/2001.
Así pues aun suponiendo que los documentos solicitados resultaran necesarios para la defensa de la demandante en un recurso
jurisdiccional, cuestión que procede examinar en dicho recurso, esta circunstancia no es pertinente a la hora de contrapesar
los intereses públicos (véanse en este sentido, por analogía, la sentencia de 26 de abril de 2005, Sison/Consejo, citada en
el apartado 41
supra,
apartado 55, y el auto del Tribunal de 8 de junio de 2005, SIMSA/Comisión, T‑287/03, no publicado en la Recopilación, apartado 34).
Por consiguiente, el hecho de que los documentos solicitados pudieran permitir que la demandante reforzase sus alegaciones
en los recursos de anulación presentados por ella contra la Decisión de compatibilidad y contra la Decisión de aceptación
no puede ser constitutivo de un interés público superior que justifique la divulgación del dictamen jurídico de que se trata.
En lo que atañe a la alegación de la demandante de que dicha divulgación tendría como consecuencia favorecer la preservación
de una competencia no falseada en los mercados de la edición en Francia y evitar que se eludan las normas de control de las
concentraciones mediante la utilización fraudulenta del artículo 3, apartado 5, letra a), del Reglamento nº 4064/89, no se
desprende de los documentos que obran en autos ni del contenido del dictamen del Servicio Jurídico de la Comisión, comunicado
al Tribunal (véase el apartado 23
supra),
que la divulgación de dicho dictamen esté justificada por ese interés público superior.
En consecuencia, procede desestimar el presente motivo en la medida en que tiene por objeto demostrar la existencia de un
interés público superior que justifica la divulgación del dictamen jurídico a que se hace referencia en el apartado 1
supra,
letra g).
Del conjunto de consideraciones expuestas se deduce que procede anular la decisión impugnada en la medida en que denegó el
acceso, íntegro y parcial, a todos los documentos solicitados, con excepción del dictamen jurídico mencionado en el apartado
supra,
letra g), y en la medida en que denegó el acceso parcial a dicho dictamen jurídico.

Costas
A tenor del artículo 87, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, cuando se estimen parcialmente las
pretensiones de una y otra parte, el Tribunal podrá repartir las costas, o decidir que cada parte abone sus propias costas.
En las circunstancias del presente asunto, habida cuenta de que se han desestimado la mayoría de las pretensiones de la Comisión,
una justa apreciación del litigio lleva a condenar a la Comisión a cargar con sus propias costas y con nueve décimas partes
de las costas de la demandante.
La interviniente cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
decide:
1)
Sobreseer el asunto en lo que respecta a la legalidad de la decisión D(2005) 3286 de la Comisión de las Comunidades Europeas,
de 7 de abril de 2005, en la parte en que ésta ha denegado el acceso, íntegro y parcial, a los documentos mencionados en el
apartado 1 de la presente sentencia, letras a) a c), y en el apartado 2 de la presente sentencia, letras h) y j).
2)
Anular la decisión D(2005) 3286 en la parte en que ha denegado el acceso íntegro a los documentos mencionados en el apartado
1 de la presente sentencia, letras d), e), g) y h), y en el apartado 2 de la presente sentencia, letras b) a d), f), g) e i),
con excepción del dictamen del Servicio Jurídico de la Comisión mencionado en el apartado 1 de la presente sentencia, letra g).
3)
Anular la decisión D(2005) 3286 en la medida en que ha denegado el acceso parcial a los documentos mencionados en el apartado
1 de la presente sentencia, letras d), e), g) y h), y en el apartado 2 de la presente sentencia, letras b) a d), f), g) e i).
4)
Desestimar el recurso en todo lo demás.
5)
La Comisión cargará con sus propias costas y con nueve décimas partes de las costas de Éditions Odile Jacob SAS.
6)
Lagardère SCA cargará con sus propias costas.
Meij
Vadapalas
Truchot
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 9 de junio de 2010.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: francés.