CELEX: 62007CJ0297
Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen
Artículo 54
Principio ne bis in idem
Ámbito de aplicación
Condena en rebeldía por los mismos hechos
Concepto de "juzgado en sentencia firme"
Normas procesales de Derecho nacional
Concepto de "sanción que no puede ejecutarse ya"

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 54 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica del Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes (
DO 2000, L 239, p. 19
), firmado el 19 de junio de 1990 en Schengen (Luxemburgo) (en lo sucesivo, «CAAS»).
Dicha petición se presentó en el marco de un proceso penal entablado en Alemania el 11 de diciembre de 2002 contra el Sr. Bourquain, de nacionalidad alemana, por homicidio, siendo así que una autoridad judicial de otro Estado contratante ya le había condenado en rebeldía por los mismos hechos el 26 de enero de 1961.
Marco jurídico
Derecho de la Unión Europea
A tenor de lo dispuesto en el artículo 1 del Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea, incorporado como anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea por el Tratado de Ámsterdam (en lo sucesivo, «Protocolo»), trece Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos la República Federal de Alemania y la República Francesa, quedaron autorizados a establecer entre sí una cooperación reforzada en el ámbito de aplicación del acervo de Schengen, tal como se define en el anexo de dicho Protocolo.
En particular, forman parte del acervo de Schengen, así definido, el Acuerdo entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica del Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 14 de junio de 1985 (
DO 2000, L 239, p. 13
), y el CAAS.
Con arreglo a la segunda frase del artículo 2, apartado 1, párrafo segundo, del Protocolo, el Consejo de la Unión Europea adoptó, el 20 de mayo de 1999, la Decisión 1999/436/CE, por la que se determina, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión Europea, la base jurídica de cada una de las disposiciones o decisiones que constituyen el acervo de Schengen (
DO L 176, p. 17
). Del artículo 2 de la citada Decisión, en relación con el anexo A de ésta, se desprende que el Consejo estimó que la base jurídica de los artículos 54 a 58 del CAAS está constituida por los artículos 34 UE y 31 UE.
A tenor del artículo 54 del CAAS, que forma parte del capítulo 3, denominado «Aplicación del principio
non bis in idem»,
del título III de éste, a su vez denominado «Policía y seguridad»:
«Una persona que haya sido juzgada en sentencia firme por una Parte contratante no podrá ser perseguida por los mismos hechos por otra Parte contratante, siempre que, en caso de condena, se haya ejecutado la sanción, se esté ejecutando o no pueda ejecutarse ya según la legislación de la Parte contratante donde haya tenido lugar la condena.»
El artículo 57, apartados 1 y 2, del CAAS dispone:
«1.   Cuando una persona esté acusada de una infracción por una Parte contratante cuyas autoridades competentes consideren que la acusación se refiere a los mismos hechos por los que ya fue juzgada en sentencia firme por otra Parte contratante, dichas autoridades solicitarán, si lo estiman necesario, las informaciones pertinentes a las autoridades competentes de la Parte contratante en cuyo territorio ya se hubiere dictado una resolución judicial.
2.   Las informaciones solicitadas se remitirán cuanto antes y serán tenidas en cuenta para el curso que deba darse al procedimiento entablado.»
El artículo 58 del CAAS establece:
«Las disposiciones anteriores no serán obstáculo para la aplicación de las disposiciones nacionales más extensivas relativas al efecto
non bis in idem
vinculado a las resoluciones judiciales dictadas en el extranjero.»
En lo que atañe al ámbito de aplicación territorial de los artículos 54 a 58 del CAAS, se desprende del artículo 6 de la Decisión 1999/436 que dicho ámbito de aplicación está definido en el artículo 138 del CAAS. Este último artículo establece:
«Respecto de la República Francesa, las disposiciones del [CAAS] sólo se aplicarán al territorio europeo de la República Francesa.
[…]»
De la Información relativa a la fecha de entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, publicada en el
Diario Oficial de la Comunidades Europeas
de 1 de mayo de 1999 (
DO L 114, p. 56
), se desprende que la República Federal de Alemania realizó una declaración con arreglo al artículo 35 UE, apartado 2, mediante la cual aceptó la competencia del Tribunal de Justicia para pronunciarse según las modalidades previstas en el artículo 35 UE, apartado 3, letra b).
Derecho nacional
El artículo 120, párrafos séptimo a noveno, del code de justice militaire pour l’armée de terre (JORF de 15 de marzo de 1928; Código de Justicia Militar del Ejército de Tierra francés), en su versión vigente el 26 de enero de 1961, dispone:
«La sentencia en rebeldía, dictada según las formalidades ordinarias, será notificada […] al procesado rebelde o en su domicilio.
En los cinco días siguientes a dicha notificación, el procesado rebelde podrá promover oposición. Expirado el plazo sin haberse promovido oposición, la sentencia se reputará dictada en procedimiento contradictorio.
Ahora bien, si la notificación no se hubiera entregado a persona alguna o de los documentos de ejecución de la sentencia no se infiera que el condenado ha tenido conocimiento de ella, cabrá promover oposición hasta la expiración del plazo de prescripción de la pena.»
El artículo 121 de dicho Código, en la versión modificada aplicable a los hechos, dispone, mediante remisión al artículo 639 del code de procédure pénale (Código de Enjuiciamiento Penal francés), que, en caso de reaparición del condenado en rebeldía antes de haber prescrito la pena, no se ejecutará ésta, sino que se entablará un nuevo proceso en presencia del acusado.
De conformidad con el artículo 763 del code de procédure pénale, el plazo de prescripción para la ejecución de las penas, al que se refieren los artículos 120, párrafo noveno, y 121 del code de justice militaire, es de 20 años.
El artículo 1 de la loi n
o
68-697, du 31 juillet 1968, portant amnistie (Ley n
o
68-697, de 31 de julio de 1968, de Amnistía; JORF de 2 de agosto de 1968, p. 7521), que forma parte del título I de dicha Ley, titulado «De la amnistía general de todas las infracciones cometidas en relación con los sucesos de Argelia», dispone:
«Quedan amnistiadas de pleno derecho todas las infracciones cometidas en relación con los sucesos de Argelia.
Se considerarán infracciones cometidas en relación con los sucesos de Argelia todas aquellas cuyos autores hayan sido militares que sirvieron en Argelia durante el período al que se refiere el párrafo primero del presente artículo.»
El artículo 4, apartado 1, de dicha Ley precisa que los efectos de la amnistía son los establecidos en los artículos 9 a 16 de la loi n
o
66-396, du 17 juin 1966, portant amnistie d’infractions contre la sûreté de l’État ou commises en relation avec les événements d’Algérie (JORF de 18 de junio de 1966, p. 4915; Ley n
o
66-396, de 17 de junio de 1966, de amnistía de las infracciones contra la seguridad del Estado o cometidas en relación con los sucesos de Argelia).
El artículo 9 de la Ley n
o
66-396 dispone:
«La amnistía, sin que en ningún caso pueda dar lugar a la devolución de cantidades, supondrá la extinción de todas las penas principales, accesorias y complementarias, incluidos el destierro y toda inhabilitación o pérdida de derechos. El autor de la infracción podrá acogerse a la suspensión que se le hubiera concedido respecto del cumplimiento de penas por condenas anteriores.»
El artículo 15 de dicha Ley precisa lo siguiente:
«Se prohíbe a toda persona que en ejercicio de sus funciones haya tenido conocimiento de las condenas penales […] objeto de amnistía referirse, cualquiera que sea la forma, a dichas condenas o permitir que subsistan referencias a ellas en cualquier documento. No obstante, esta prohibición no se aplicará a los originales de sentencias y resoluciones.»
Hechos que originaron el proceso penal y cuestión prejudicial
El 26 de enero de 1961, en Bône (Argelia), el Sr. Bourquain, alistado en la Legión extranjera francesa, fue condenado en rebeldía a la pena de muerte por el tribunal permanent des forces armées de la zone est constantinoise al ser declarado culpable de deserción y homicidio.
Dicho órgano jurisdiccional, aplicando el code de justice militaire pour l’armée de terre, consideró probado que, el 4 de mayo de 1960, el Sr. Bourquain, cuando intentaba desertar en la frontera entre Argelia y Túnez, mató de un disparo a otro legionario, también de nacionalidad alemana, que pretendía impedir su huída.
El Sr. Bourquain, que se había refugiado en la República Democrática Alemana, no tuvo conocimiento de la notificación de la sentencia dictada en rebeldía, y la pena impuesta por la sentencia, tras ser reputada contradictoria, no pudo ejecutarse.
Posteriormente no se emprendieron ni en Argelia ni en Francia actuaciones penales contra el Sr. Bourquain. Además, todas las infracciones cometidas en relación con la guerra de Argelia quedaron amnistiadas en Francia en virtud de las leyes mencionadas. Sin embargo, en la República Federal de Alemania se abrió una instrucción por los mismos hechos y en 1962 se libró un mandamiento de arresto dirigido a las autoridades de la antigua República Democrática Alemana, que lo rechazaron.
A finales de 2001 se tuvo conocimiento de que el Sr. Bourquain vivía en la región de Ratisbona (Alemania). El 11 de diciembre de 2002, la Staatsanwaltschaft Regensburg (Fiscalía de Ratisbona) le acusó de asesinato por los mismos hechos ante el órgano jurisdiccional remitente con arreglo al artículo 211 del Código Penal alemán.
En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente, mediante escrito de 17 de julio de 2003, solicitó información al Ministerio de Justicia francés, al amparo del artículo 57, apartado 1, del CAAS, para determinar si la sentencia del tribunal permanent des forces armées de la zone est constantinoise de 26 de enero de 1961 obstaba a la apertura de un proceso penal en Alemania, en vista de la prohibición de doble enjuiciamiento establecida en el artículo 54 del Convenio.
El fiscal del tribunal aux armées de Paris respondió a dicha solicitud de información exponiendo, entre otros extremos, lo siguiente:
«La sentencia en rebeldía dictada el 26 de enero de 1961 contra [el Sr. Bourquain] ha adquirido fuerza de cosa juzgada. La resolución de condena a la pena capital es irrevocable desde 1981. Dado que la prescripción en materia penal es de 20 años con arreglo al Derecho francés, la sentencia ya no puede ejecutarse en Francia.»
Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente encomendó al Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (Instituto Max-Planck de Derecho Penal Internacional y Comparado) un dictamen sobre la interpretación del artículo 54 del CAAS en relación con las circunstancias del asunto principal. En su dictamen de 9 de mayo de 2006, dicho Instituto llegaba a la conclusión de que si bien la ejecución inmediata de la condena en rebeldía no era posible por cuestiones específicas del Derecho procesal francés, en el asunto principal se reunían los requisitos de aplicación del artículo 54 del CAAS, de modo que no cabía abrir un nuevo proceso penal contra el Sr. Bourquain. Ese mismo Instituto, en respuesta a una solicitud de aclaraciones, mantuvo su posición mediante escrito de 14 de febrero de 2007.
Al estimar que el artículo 54 del CAAS podía interpretarse en el sentido de que la primera condena de un Estado contratante debía haber sido ejecutable en algún momento para que fuese oponible a un nuevo enjuiciamiento en un segundo Estado contratante, el Landgericht Regensburg decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Una persona definitivamente juzgada por una Parte contratante puede ser encausada por otra Parte contratante por los mismos hechos cuando, en virtud del derecho del Estado de condena, la pena que se le impuso jamás pudo ser ejecutada?»
Sobre la competencia del Tribunal de Justicia
En primer lugar se ha de recordar que, como resulta del apartado 10 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia es competente, en virtud del artículo 35 UE, para pronunciarse en el presente asunto sobre la interpretación del CAAS.
En segundo lugar, es menester precisar que el artículo 54 del CAAS se aplica
ratione temporis
a un proceso penal como el del asunto principal. En efecto, si bien es verdad que el CAAS no estaba todavía en vigor en Francia en el momento en que una autoridad judicial competente de dicho Estado dictó la primera sentencia condenatoria contra el Sr. Bourquain, sí lo estaba, en cambio, en los dos Estados miembros en cuestión en el momento de la apreciación de los requisitos de aplicación del principio
ne bis in idem
por el órgano jurisdiccional que conoce del segundo procedimiento, procedimiento que ha dado lugar a la presente remisión prejudicial (en este sentido, véase la sentencia de 18 de julio de 2007, Kraaijenbrink,
C-367/05, Rec. p. I-6619
, apartado 22).
En tercer lugar, por lo que se refiere al ámbito de aplicación territorial de los artículos 54 a 58 del CAAS, ha de precisarse que, aun cuando del artículo 6 de la Decisión 1999/436, en relación con el artículo 138 del CAAS, se desprende que el artículo 54 del CAAS no ha estado vigente en ningún momento en territorio argelino, donde tuvo lugar la primera condena del Sr. Bourquain, la aplicación de dicho artículo 54 no puede depender, en circunstancias especiales como las que caracterizan a dicha condena, del lugar en que ésta se pronunció, ya que el factor decisivo es que fue pronunciada por una autoridad judicial competente de un Estado que ahora es Parte contratante del CAAS.
Puesto que el artículo 54 del CAAS, como ha destacado acertadamente la Comisión de las Comunidades Europeas, no exige que el interesado haya sido juzgado en territorio de una Parte contratante, no cabe interpretar esta disposición, cuya finalidad es proteger a una persona juzgada en sentencia firme contra un nuevo enjuiciamiento por los mismos hechos, de tal modo que los artículos 54 a 58 del CAAS no se puedan aplicar en ninguna circunstancia a personas que han sido juzgadas por un Estado contratante en el ejercicio de su jurisdicción fuera del territorio cubierto por dicho Convenio.
A este respecto, debe precisarse que el tribunal permanent des forces armées de la zone est constantinoise era un órgano jurisdiccional francés que aplicó las normas pertinentes de Derecho francés al condenar al Sr. Bourquain el 26 de enero de 1961.
Además, ha de añadirse que, en cualquier caso, el artículo 58 del CAAS autoriza a la República Federal de Alemania a aplicar disposiciones nacionales más extensivas relativas al principio
ne bis in idem.
De este modo, los Estados miembros son libres de aplicar este principio a resoluciones jurisdiccionales que no se encuentren incluidas en el ámbito de aplicación del mencionado artículo 54 (véase, en relación con los procedimientos de extinción de la acción pública, la sentencia de 11 de febrero de 2003, Gözütok y Brügge,
C-187/01 y C-385/01, Rec. p. I-1345
, apartado 45).
Sobre la cuestión prejudicial
Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el principio
ne bis in idem
establecido en el artículo 54 del CAAS puede aplicarse a un proceso penal abierto en un Estado contratante por hechos por los que el acusado ya fue juzgado en sentencia firme en otro Estado contratante, aun cuando en virtud del Derecho del Estado donde fue condenado no se haya podido ejecutar la pena que le fue impuesta.
Con carácter previo, debe precisarse, por una parte, que, como ha alegado la Comisión en sus observaciones escritas, una condena en rebeldía, por principio, también puede entrar en el ámbito de aplicación del artículo 54 del CAAS y, de este modo, puede suponer un obstáculo procesal a la apertura de un nuevo proceso.
Así, en primer lugar, del propio tenor del artículo 54 del CAAS se desprende que las sentencias dictadas en rebeldía no han quedado excluidas de su ámbito de aplicación, visto que el requisito previo para la aplicación de dicho artículo 54 consiste únicamente en que una Parte contratante haya pronunciado una sentencia firme.
En segundo lugar, es preciso recordar que la aplicación del artículo 54 del CAAS no está supeditada a la armonización o a la aproximación de las legislaciones penales de los Estados contratantes en materia de sentencias dictadas en rebeldía (en este sentido, véase, en relación con los procedimientos de extinción de la acción pública, la sentencia Gözütok y Brügge, antes citada, apartado 32).
En estas circunstancias, el artículo 54 del CAAS, tanto si se aplica a un sentencia dictada en rebeldía de conformidad con la legislación nacional de un Estado contratante como si lo es a una sentencia ordinaria, implica necesariamente que exista una confianza mutua de los Estados contratantes en sus respectivos sistemas de justicia penal y que cada uno de los referidos Estados acepte la aplicación del Derecho penal vigente en los demás Estados contratantes, aun cuando la aplicación de su propio Derecho nacional conduzca a una solución diferente (en este sentido, véase, la sentencia Gözütok y Brügge, antes citada, apartado 33).
Por otra parte, y como han alegado varios Estados miembros y la Comisión en sus observaciones escritas, debe comprobarse si la condena en rebeldía dictada por el tribunal permanent des forces armées de la zone est constantinoise constituye una «sentencia firme» a los efectos del artículo 54 del CAAS, en vista de la imposibilidad de ejecutar de inmediato la sanción ante la exigencia del Derecho francés de celebrar un nuevo proceso, una vez hallado el rebelde, en presencia de éste.
A este respecto, los Gobiernos checo y húngaro dudan de que la sentencia de dicho órgano jurisdiccional suponga un obstáculo definitivo al ejercicio de la acción penal, debido precisamente a la obligación de abrir un nuevo proceso en caso de detención del rebelde.
Ahora bien, el mero hecho de que, con arreglo al Derecho francés, el procedimiento en rebeldía habría requerido la reapertura del proceso si se hubiera detenido al Sr Bourquain durante el plazo de prescripción de la pena y antes de ser amnistiado, es decir, entre el 26 de enero de 1961 y el 31 de julio de 1968, no es óbice de por sí para que la condena en rebeldía sea calificada, de todos modos, de sentencia firme a efectos del artículo 54 del CAAS.
Así, para alcanzar el objetivo del artículo 54, que pretende evitar que una persona, por el hecho de ejercer su derecho a la libre circulación, se vea perseguida por los mismos hechos en el territorio de varios Estados contratantes (véase la sentencia Gözütok y Brügge, antes citada, apartado 38), resulta necesario respetar, dentro de la Unión Europea, una sentencia como la dictada el 26 de enero de 1961 por el tribunal permanent des forces armées de la zone est constantinoise, por la que éste se pronunció con carácter definitivo sobre los hechos imputados al interesado con arreglo a la legislación del Estado contratante donde se celebró el primer proceso penal.
En efecto, ese objetivo podría no alcanzarse si las particularidades de los procedimientos nacionales, como las recogidas en los artículos 120 y 121 del code de justice militaire pour l’armée de terre, no permitieran interpretar el concepto de sentencia firme a efectos del artículo 54 del CAAS de modo que incluya las sentencias dictadas en rebeldía de conformidad con la legislación nacional.
Es preciso señalar que, en cualquier caso, el fiscal del tribunal aux armées de Paris, sin mencionar que las infracciones del Sr. Bourquain habían sido objeto de amnistía en 1968, afirmó que la sentencia condenatoria de éste era irrevocable desde 1981, es decir, antes de que en 2002 se abriera el segundo proceso penal en Alemania.
En este contexto ha de añadirse que, aun cuando a consecuencia de la Ley n
o
68-697 de Amnistía, y desde la entrada en vigor de ésta, las infracciones del Sr. Bourquain dejaron de ser punibles, no cabe entender los efectos de dicha Ley, según se describen en especial en los artículos 9 y 15 de la Ley n
o
66-396, en el sentido de que la primera sentencia haya dejado de existir a efectos del artículo 54 del CAAS.
Dado que, en las circunstancias del presente caso, la sentencia dictada sin presencia del interesado debe considerarse firme a efectos de la aplicación del artículo 54 del CAAS, procede determinar si el requisito de ejecución contemplado en dicho artículo, es decir, la exigencia de que la sanción no pueda ejecutarse ya, también concurre si en ningún momento, ni siquiera antes de la amnistía o de la prescripción, se ha podido ejecutar directamente la sanción impuesta mediante la primera condena.
A este respecto, el Gobierno húngaro ha defendido que la expresión usada en el artículo 54 del CAAS a propósito de que la sanción «no pueda ejecutarse ya» según la legislación de la Parte contratante de condena debe interpretarse en el sentido de que la pena impuesta debía poderse ejecutar, según la normas del Estado contratante de condena, al menos en la fecha de pronunciamiento de la sentencia.
Ahora bien, el referido requisito de ejecución no exige que en virtud del Derecho del Estado de condena se pueda ejecutar directamente la sanción, sino únicamente que la sanción impuesta por una sentencia firme «no pueda ejecutarse ya». Las palabras «no […] ya» se refieren al momento en que se inicia un nuevo proceso penal, en cuyo marco el órgano jurisdiccional competente del segundo Estado contratante debe comprobar si se reúnen los requisitos contemplados en el artículo 54 del CAAS.
Por consiguiente, el requisito de ejecución contemplado en dicho artículo se cumpliría cuando se constate que, en el momento en que se abre un segundo proceso penal contra la misma persona por los mismos hechos que dieron lugar a una condena en el primer Estado contratante, la sanción impuesta en el primer Estado no pueda ejecutarse ya según la legislación de dicho Estado.
Esta interpretación encuentra apoyo en el objetivo del artículo 54 del CAAS, que pretende evitar que una persona, por el hecho de ejercer su derecho a la libre circulación, se vea perseguida por los mismos hechos en el territorio de varios Estados contratantes.
En una situación como la del procedimiento principal, este derecho a la libre circulación sólo puede garantizarse efectivamente si la persona tiene la seguridad de que, una vez condenada y no pudiéndose ejecutar ya según la legislación del Estado contratante de condena la sanción impuesta, puede trasladarse dentro del espacio Schengen sin miedo a que se le persiga en otro Estado contratante por no haber podido ejecutarse directamente tal sanción debido a las particularidades procesales del Derecho nacional del primer Estado contratante.
En el asunto principal, donde consta que la pena impuesta ya no podía ejecutarse en 2002, cuando en Alemania se abrió el segundo proceso penal, sería contrario a la aplicación efectiva del artículo 54 del CAAS que este artículo dejara de aplicarse por el único motivo de que particularidades del proceso penal francés supeditan la ejecución de la sanción a una nueva condena en presencia del acusado.
Por consiguiente, procede responder a la cuestión prejudicial que el principio
ne bis in idem
establecido en el artículo 54 del CAAS se aplica a un proceso penal abierto en un Estado contratante por hechos por los que el acusado ya fue juzgado en sentencia firme en otro Estado contratante, aun cuando en virtud del Derecho del Estado donde fue condenado no haya podido ejecutarse directamente la pena que le fue impuesta debido a particularidades procesales como las que son objeto del procedimiento principal.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:

El principio
ne bis in idem
establecido en el artículo 54 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica del Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado el 19 de junio de 1990 en Schengen (Luxemburgo), se aplica a un proceso penal abierto en un Estado contratante por hechos por los que el acusado ya fue juzgado en sentencia firme en otro Estado contratante, aun cuando en virtud del Derecho del Estado donde fue condenado no haya podido ejecutarse directamente la pena que le fue impuesta debido a particularidades procesales como las que son objeto del procedimiento principal.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.