CELEX: 61986CJ0223
Pesca
Tripulaciones de barcos

Mediante Resolución de 28 de mayo de 1986, llegada al Tribunal de Justicia el 18 «»gosto siguiente, la High Court de Irlanda planteó, en aplicación del artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales referentes a la interpretación de artículo 7 del Tratado CEE, de los artículos 100 y 102 del Acta de adhesión de Remo de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a las Comunidades Europeas (en adelante, «Acta de adhesión»), del articulo 1 y del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento n
o
101/76 del Consejo, de 19 de enero de 1976, por el que se establece una política común de estructuras en el sector pesquero (
DO L 20, p. 19
; EE 04/01, p. 16) y del artículo 6 del Reglamento n
o
170/83 del Consejo, de 25 de enero de 1983, por el que se constituye un régimen comunitario de conservación y de gestión de los recursos de la pesca (
DO L 24, p. 1
; EE 04/02, p. 56).
Estas cuestiones se han suscitado en un litigio entre el Ministerio de Pesca y Bosques y el Attorney General de Irlanda y una empresa pesquera irlandesa, Pesca Valentia Ltd (en adelante, «demandante en el litigio principal»).
Irlanda adoptó en 1983 la «Fisheries Amendment Act», que modificaba, entre otras, la legislación nacional en este campo (Fisheries Consolidation Act de 1959), incluyendo en esta última un artículo (222 B), según el cual la utilización, dentro o fuera de las zonas exclusivas de pesca del país, de un barco de pesca matriculado en Irlanda, sólo estaba permitida al titular de una licencia expedida por el Ministro, que estaba autorizado para incluir en ella la condición de que al menos el 75 % de la tripulación del barco debe estar compuesta por nacionales de la CEE; no obstante, estaba contemplada la posibilidad de no exigir la obligación de poseer tal licencia a determinadas categorías de barcos de pesca, norma en virtud de la cual el Ministro eximió a los barcos de una longitud inferior a 65 pies.
La demandante en el litigio principal obtuvo una licencia para el período comprendido entre el 17 de agosto de 1984 y el 17 de agosto de 1985, que incluía la condición antes mencionada referente a la nacionalidad de los miembros de las tripulaciones. Al no poder cumplir la referida condición, por no existir trabajadores irlandeses disponibles, y utilizar tripulaciones compuestas esencialmente por pescadores españoles, se instruyó contra ella un procedimiento penal, en el transcurso del cual sostuvo que la legislación nacional irlandesa incumplía las antedichas disposiciones del Acta de adhesión y los reglamentos comunitarios mencionados.
Al considerar necesaria una interpretación de las referidas disposiciones del Derecho comunitario, la High Court de Irlanda ha suspendido su pronunciamiento y pedido al Tribunal de Justicia que se pronuncie con carácter prejudicial sobre las cuestiones siguientes:
«1)
Los artículos 100 y 102 del Acta de adhesión de 1972, el artículo 1 y el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CEE) n
o
101/76 y el artículo 6 del Reglamento (CEE) n
o
170/83, ¿prohiben a un Estado miembro adoptar una legislación que exija que las tripulaciones de los barcos cuya actividad pesquera se ejerza dentro de las zonas de pesca exclusivas del Estado de que se trate estén compuestas en una proporción mínima por nacionales de la CEE?
2)
¿Infringe tal legislación lo dispuesto en el artículo 7 del Tratado de Roma, al originar una discriminación por razón de la nacionalidad?»
Para una más amplia exposición de los antecedentes del litigio principal, así como de las observaciones escritas presentadas al Tribunal de Justicia, se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Primera cuestión
Como se desprende de la resolución de remisión, la primera cuestión se refiere a una legislación de un Estado miembro aplicable a los barcos de pesca matriculados en dicho Estado miembro.
En el artículo 100 del Acta de adhesión se establece que los Estados miembros «estarán autorizados para limitar, no obstante lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento (CEE) n
o
2141/70, relativo al establecimiento de una política común de las estructuras en el sector de la pesca, y hasta el 31 de diciembre de 1982, el ejercicio de la pesca en las aguas sometidas a su soberanía o a su jurisdicción, situadas dentro de un límite de seis millas marinas, calculado a partir de las líneas de base del Estado miembro ribereño, a los barcos cuya actividad pesquera se ejerza tradicionalmente en dichas aguas y a partir de los puertos de la zona geográfica costera». En virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento n
o
170/83, antes citado, el límite de seis millas marinas se ha ampliado a doce millas marinas y se ha prorrogado el período transitorio hasta el 31 de diciembre de 1992.
Debe señalarse que dichas disposiciones no tienen otro objetivo que posibilitar que un Estado miembro establezca excepciones al principio de igualdad de acceso de los pescadores de la Comunidad durante el período y en las zonas que se establecen en las mismas, y no se refieren a las condiciones sobre composición de las tripulaciones de los barcos que practican la pesca en dichas zonas. Por consiguiente, no prohiben a los Estados miembros que adopten medidas análogas a la normativa nacional irlandesa impugnada en el litigio planteado ante el órgano jurisdiccional nacional.
El artículo 102 del Acta de adhesión establece que «a más tardar, a partir del sexto ano después de la adhesión, el Consejo, a propuesta de la Comisión, determinará las condiciones para el ejercicio de la pesca con miras a asegurar la protección de los fondos y la conservación de los recursos biológicos del mar». De esta disposición se desprende que, a partir del 1 de enero de 1979, la competencia para adoptar medidas destinadas a la conservación de los recursos corresponde «plena y definitivamente a la Comunidad, como lo ha declarado el Tribunal en su sentencia de 5 de mayo de 1981 (Comisión contra Reino Unido,
804/79, Rec. 1981, p. 1045
) y en varias sentencias posteriores (véase, en último término, la sentencia de 14 de febrero de 1984, Gewiese,
24/83, Rec. 1984, p. 817
). Dicha competencia comunitaria se ejerció efectivamente al adoptarse el referido Reglamento n
o
170/83, así como el Reglamento n
o
171/83 del Consejo, de 25 de enero de 1983, por el que se prevén determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros (
DO L 24, p. 14
; EE 04/02, p. 69).
Es conveniente señalar, no obstante, que una normativa nacional que exige que las tripulaciones de los barcos de pesca del Estado miembro de que se trate estén compuestas en una proporción mínima por nacionales de la CEE, no guarda relación ni por su objeto ni por su finalidad con las medidas destinadas a la conservación de los recursos haliéuticos y no puede tener incidencia sobre dichos recursos la aplicación de tal medida, considerada en sí misma. De ello resulta que no puede deducirse del artículo 102 del Acta de adhesión una prohibición a los Estados miembros de adoptar una medida como la de la legislación irlandesa de que se trata en el litigio principal.
El órgano jurisdiccional nacional hace referencia asimismo a los artículos 1 y 2, apartado 1, del referido Reglamento n
o
101/76 del Consejo, de 19 de enero de 1976, por el que se establece una política común de estructuras en el sector pesquero, que ha sustituido al Reglamento n
o
2141/70 del Consejo, de 20 de octubre de 1970.
Debe destacarse a este respecto que este Reglamento ha implantado, ciertamente, un régimen que tiene por objeto coordinar las políticas estructurales de los Estados miembros y exigir que se respeten los principios de no discriminación a los nacionales de los restantes Estados miembros y de igualdad de las condiciones de acceso y de explotación de los fondos; y que está contemplada, para la realización de los objetivos del Reglamento, la obligación de los Estados miembros de informar a la Comisión (artículos 5 y 10), la posibilidad de adopción de medidas comunitarias referentes al ejercicio de la pesca (artículo 4), así como un procedimiento (artículo 6) que permite llegar a la adopción de medidas comunitarias sobre coordinación de las políticas estructurales de la pesca (artículo 7). De las disposiciones del Reglamento se desprende, sin embargo, que a la espera de la entrada en vigor de tales medidas comunitarias, los Estados miembros podrán aplicar su propio régimen de ejercicio de la pesca en las aguas marítimas sujetas a su soberanía o su jurisdicción (artículo 2) y definir su política de estructura en dicho sector (artículo 1). Procede observar, además, que las disposiciones del Reglamento se refieren a barcos de pesca «con bandera» de uno de los Estados miembros o «matriculados» en alguno de ellos, dejando la definición de dichos conceptos a las legislaciones de los Estados miembros.
Por consiguiente, con arreglo al Derecho comunitario vigente, los Estados miembros son competentes, de acuerdo con las normas del régimen general establecidas en dicho Reglamento o en aplicación de las disposiciones que contiene el mismo para la adopción de medidas reguladoras del ejercicio de la pesca marítima en las aguas marítimas pertenecientes a su jurisdicción por parte de los barcos que lleven su bandera. De ello se desprende que ni el artículo 1, ni el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento prohiben a los Estados miembros establecer una medida, como ocurre en el presente caso, referente a la composición de las tripulaciones de los barcos de pesca que navegan con su bandera y practican la pesca en las aguas marítimas sujetas a su jurisdicción.
Procede pues, teniendo en cuenta lo antedicho, responder a la primera cuestión que los artículos 100 y 102 del Acta de adhesión de 1972, los artículos 1 y apartado 1 del artículo 2 del Reglamento n
o
101/76, y el artículo 6 del Reglamento n
o
170/83, no prohiben a un Estado miembro adoptar una legislación que exija que las tripulaciones de los barcos matriculados en sus registros y cuya actividad pesquera se ejerza dentro de las zonas de pesca exclusivas de ese mismo Estado estén compuestas en una proporción mínima por nacionales de la Comunidad.
Segunda cuestión
A través de su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional nacional quiere saber si la legislación de un Estado miembro que exige que las tripulaciones de los barcos matriculados en sus registros y cuya actividad pesquera se ejerce dentro de las zonas exclusivas de pesca de dicho Estado estén compuestas en una proporción mínima por nacionales de la Comunidad, infringe lo dispuesto en el artículo 7 del Tratado CEE, que prohibe toda discriminación por razón de la nacionalidad.
Según la demandante en el litigio principal, tal condición exigida por la legislación nacional incumple el principio de no discriminación por razón de nacionalidad tal como se encuentra formulado en el artículo 7 del Tratado CEE en relación con el artículo 58 del Tratado y las disposiciones del artículo 2 del Reglamento n
o
101/76. La citada demandante afirma que tanto ella como otras empresas irlandesas resultan perjudicadas respecto a sus competidores de otros Estados miembros en los que no se exigen condiciones referentes a la nacionalidad de las tripulaciones de los barcos de pesca.
Conviene recordar que, corno ha declarado el Tribunal de Justicia en la sentencia de 13 de febrero de 1969 (Wilhelm contra Bundeskartellamt,
14/68, Rec. 1969, p. 1
), el artículo 7 del Tratado no se refiere a las posibles desigualdades de trato y las distorsiones que puedan producirse para las personas y empresas sometidas a la jurisdicción de la Comunidad, de las divergencias existentes entre las legislaciones de los diferentes Estados miembros, dado que estas últimas afectan a todas las personas a las que son aplicables, siguiendo criterios objetivos y sin consideración a su nacionalidad. Asimismo, en la sentencia de 3 de julio de 1979 (Van Dam, asuntos acumulados
185 a 204/78, Rec. 1979, p. 2345
), el Tribunal ha declarado que el hecho de que un Estado miembro aplique disposiciones más rigurosas que las aplicadas en la misma materia por otros Estados miembros, no constituye una violación del principio de no discriminación establecido en el artículo 7 del Tratado, dado que las disposiciones de que se trata, que por otra parte son acordes con el Derecho comunitario, se aplican de igual modo a cualquier persona sujeta a la jurisdicción de dicho Estado.
La demandante en el litigio principal alega asimismo que la condición de que se trata supone una discriminación para ella y para otras empresas pesqueras irlandesas que se encuentran en la misma situación y que favorece a otras empresas que operan en Irlanda, cuyos barcos pueden ejercer libremente su actividad pesquera, no recogiéndose en las licencias que se les expiden condiciones análogas.
Hay que recordar a este respecto que la prohibición de discriminación establecida en el artículo 7 del Tratado no va dirigida más que a la discriminación por razón de nacionalidad y por consiguiente, no puede invocarse en casos como el presente, en el que la demandante en el litigio principal sostiene que la legislación nacional es discriminatoria respecto a determinadas empresas pesqueras irlandesas y favorece a otras empresas pesqueras igualmente irlandesas.
Procede, por lo tanto, responder a la segunda cuestión que una legislación de un Estado miembro que exija que las tripulaciones de los barcos matriculados en sus registros y cuya actividad pesquera se ejerza dentro de las zonas de pesca exclusivas de dicho Estado estén compuestas en una proporción mínima por nacionales de la Comunidad no infringe lo dispuesto en el artículo 7 del Tratado CEE.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno del Reino Unido y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente planteado ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la High Court de Irlanda, mediante resolución de 28 de mayo de 1986, declara:

1)
Que los artículos 100 y 102 del Acta de adhesión de 1972, el artículo 1 y el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento n
o
101/76 y el artículo 6 del Reglamento n
o
170/83 no prohiben a un Estado miembro adoptar una legislación que exija que las tripulaciones de los barcos matriculados en sus registros y cuya actividad pesquera se ejerza dentro de las zonas de pesca exclusivas de ese mismo Estado, estén compuestas en una proporción mínima por nacionales de la Comunidad.

2)
Que tal legislación nacional no infringe lo dispuesto en el artículo 7 del Tratado CEE.

Due
Koopmans
Bahlmann
Kakouris
O'Higgins
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, el 19 de enero de 1988.
El Secretario
P. Heim
El Presidente de la Sala Sexta
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: ingles.