CELEX: 62006FJ0072
Función pública
Funcionarios
Admisibilidad

1.
Funcionarios — Recursos — Acto lesivo — Decisión de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de transmitir información
a las autoridades judiciales nacionales — Inclusión
[Estatuto de los Funcionarios, art. 90
bis;
Reglamento (CE) nº 1073/1999, del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 10, ap. 2]
2.
5.     Funcionarios — Recursos — Recurso interpuesto contra la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)
(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 90
bis)
3.
Funcionarios — Recursos — Procedimiento administrativo previo
(Estatuto de los Funcionarios, art. 90)
1.
Las decisiones por las cuales la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), en virtud del artículo 10, apartado 2,
primera frase, del Reglamento nº 1073/1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la (OLAF), transmite información
a las autoridades judiciales nacionales constituyen, habida cuenta de las consecuencias que pueden entrañar y tomando en consideración
la necesidad de garantizar la tutela judicial efectiva de las personas a las que se aplica el Estatuto, actos lesivos, en
el sentido del artículo 90
bis
del Estatuto.
(véase el apartado 38)
Referencia:
Tribunal de la Función Pública: 28 de abril de 2009, Violetti y otros/Comisión (F‑5/05 y F‑7/05, RecFP pp. I‑A‑1‑0000 y II‑A‑1‑0000),
apartados 69 a 97
2.
En el sistema de recursos establecido por el artículo 90
bis
del Estatuto, un recurso de indemnización que tenga por objeto la reparación de los daños imputables a la Oficina Europea
de Lucha contra el Fraude (OLAF) sólo es admisible si ha estado precedido de un procedimiento precontencioso conforme con
las disposiciones estatutarias. Dicho procedimiento difiere dependiendo de si el daño cuya reparación se solicita dimana de
un acto lesivo, en el sentido del artículo 90
bis
del Estatuto, o de un comportamiento de la OLAF desprovisto de carácter decisorio. En el primer supuesto, incumbe al interesado
dirigir una reclamación contra el acto en cuestión al Director de la OLAF en el plazo establecido. En cambio, en el segundo
supuesto el procedimiento administrativo debe iniciarse mediante la interposición de una reclamación, en el sentido del artículo
90, apartado 1, del Estatuto, para obtener la reparación del daño y, en su caso, proseguir mediante una reclamación dirigida
contra la decisión denegatoria de la solicitud. No obstante, cuando existe un vínculo directo entre un recurso de anulación
y un recurso de indemnización, éste es admisible como subsidiario del recurso de anulación, sin que deba necesariamente estar
precedido de una solicitud instando a la administración a reparar el daño supuestamente sufrido y de una reclamación discutiendo
el fundamento de la desestimación implícita o explícita de la solicitud.
(véase el apartado 53)
Referencia:
Tribunal de Primera Instancia: 28 de junio de 1996, Y/Tribunal de Justicia (T‑500/93, RecFP pp. I‑A‑335 y II‑977), apartados 64
y 66
3.
El incumplimiento, por la Administración, de los plazos previstos en el artículo 90 del Estatuto puede generar la responsabilidad
de la institución de que se trate por el perjuicio eventualmente causado a los interesados, siempre que, no obstante, éstos
hayan seguido, para obtener reparación de los daños alegados, las dos fases del procedimiento administrativo previo, a saber,
una solicitud y después una reclamación.
(véase el apartado 60)
Referencia:
Tribunal de Primera Instancia: 26 de enero de 2005, Roccato/Comisión (T‑267/03, RecFP pp. I‑A‑1 y II‑1), apartado 84