CELEX: 61989CJ0016
Agricultura
Tasa suplementaria sobre la leche

Mediante resolución de 21 de diciembre de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de enero de 1989, el College van Beroep voor het Bedrijfsleven de La Haya planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, tres cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del párrafo 1 del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 857/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984, sobre normas generales para la aplicación de la tasa contemplada en el artículo 5
quater
del Reglamento (CEE) n° 804/68 en el sector de la leche y de los productos lácteos (
DO L 90, p. 13
; EE 03/30, p. 64).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre el Sr. Spronk, que explota una empresa agraria de producción lechera, y el Ministro neerlandés de Agricultura y Pesca (en lo sucesivo, el «Ministro de Agricultura»).
Consta en autos que, mediante escrito de 1 de abril de 1985, el Ministro de Agricultura desestimó la reclamación que el Sr. Spronk había formulado contra la decisión mediante la que el Director de agricultura y de alimentación de la provincia de Overijssel sólo reconoció parcialmente el derecho del interesado a una cantidad de referencia, es decir, a poder suministrar una cantidad de leche exenta de la tasa suplementaria sobre la leche, tasa establecida por el Reglamento (CEE) n° 856/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984, por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 804/68 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos (
DO L 90, p. 10
; EE 03/30, p. 61). La decisión impugnada se basó en el artículo 11 de la Orden del Ministro de Agricultura de 18 de abril de 1984, promulgada para aplicar la tasa suplementaria en los Países Bajos.
Para fundamentar el recurso de anulación que contra la referida decisión interpuso ante el College van Beroep voor het Bedrijfsleven de La Haya, el Sr. Spronk alegó que en 1983 las autoridades nacionales competentes le habían concedido una bonificación del tipo de interés en relación con las inversiones necesarias para llevar a cabo el plan de desarrollo de su explotación que había presentado a dichas autoridades de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 72/159/CEE del Consejo, de 17 de abril de 1972, relativa a la modernización de las explotaciones agrarias (
DO L 96, p. 1
; EE 03/05, p. 177), y que, por consiguiente, habían aceptado el incremento de su producción de leche en una determinada proporción. En consecuencia, el Sr. Spronk estima que la mencionada Orden ministerial neerlandesa de 18 de abril de 1984, que permite que las autoridades nacionales competentes atribuyan una cantidad de referencia inferior a la producción obtenida conforme al plan de desarrollo de la explotación, resulta incompatible con lo dispuesto en el citado Reglamento n° 857/84 del Consejo, cuyo artículo 3 prevé precisamente la posibilidad de que los Estados miembros tengan en cuenta, para calcular las cantidades de referencia individuales, la situación de aquellos productores que hubiesen suscrito un plan de desarrollo con arreglo a la citada Directiva 72/159.
En vista de lo cual, el College van Beroep voor het Bedrijfsleven suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Deben entenderse e interpretarse el comienzo y el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 857/84 del Consejo en el sentido de que sólo atribuye a los Estados miembros una facultad para que al determinar las cantidades de referencia individuales tengan en cuenta la situación de los productores que hubieren presentado antes del 1 de marzo de 1984 un plan de desarrollo de la producción lechera al amparo de la Directiva 72/159/CEE, de manera que dicha determinación corresponda por entero al Estado miembro de que se trate y, en caso afirmativo, de qué modo debe ejercitarse la referida facultad?
2)
En el caso de que la respuesta a la primera cuestión sea negativa y deba considerarse que existe una obligación por parte del Estado miembro de tener en cuenta la situación de los productores aludidos al determinar las cantidades de referencia individuales, ¿pueden precisarse la extensión y la naturaleza de tal obligación con arreglo a una correcta aplicación de la disposición citada?
3)
¿Permiten el comienzo y el apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, tal como sea interpretado por el Tribunal de Justicia al responder a las cuestiones primera y segunda, que un Estado miembro adopte un régimen del tipo descrito en los considerandos de esta resolución de remisión para los productores que hayan contraído obligaciones de inversión, aun en el ¿aso de que dicho régimen establezca limitaciones y condiciones en cuya virtud no se atribuya ninguna cantidad específica de referencia a algunos de los productores aludidos en la primera cuestión o bien se les atribuya una cantidad específica de referencia inferior —en su caso, notablemente inferior— a la cantidad prevista en el plan de desarrollo?»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, de las disposiciones comunitarias y de la legislación nacional aplicables, así como del desarrollo del procedimiento y de las observaciones escritas presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre las cuestiones primera y segunda
Teniendo en cuenta los elementos del litigio principal, las cuestiones primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, deben ser entendidas en el sentido de que tienen por objeto que se determine si el segundo guión del párrafo 1 del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento n° 857/84 impone a los Estados miembros la obligación de atribuir cantidades específicas de referencia a los productores contemplados en dicha disposición o si, por el contrario, confiere a los Estados miembros cierto margen de discrecionalidad al respecto, y, en este último supuesto, a qué límites está sujeta esta facultad discrecional.
Con carácter liminar, procede recordar que, mediante el mencionado Reglamento n° 856/84, de 31 de marzo de 1984, el Consejo estableció una tasa suplementaria que grava las cantidades de leche suministrada que sobrepasen una cantidad de referencia que debe determinarse para cada Estado miembro; la tasa recaerá bien sobre los productores de leche (fórmula A), bien sobre los compradores de leche o de otros productos lácteos, que la repercutirán en los productores que hayan aumentado sus entregas, proporcionalmente a su contribución al rebasamiento de la cantidad de referencia del comprador (fórmula B).
Las modalidades para el cálculo de la cantidad de referencia fueron establecidas por el ya citado Reglamento n° 857/84 del Consejo. En virtud del apartado 1 del artículo 2 de dicho Reglamento, la cantidad de referencia será igual a la cantidad de leche o de equivalente de leche suministrada o comprada durante el año civil de 1981, aumentada en un 1 %. No obstante, según el apartado 2 de ese mismo artículo, los Estados miembros podrán prever que en su territorio la cantidad de referencia sea igual a la cantidad de leche o de equivalente de leche suministrada o comprada durante el año civil de 1982 o el año civil de 1983, afectada por un porcentaje establecido de manera que no sobrepase la cantidad garantizada por el Estado miembro de que se trate.
En los artículos 3, 4 y 4
bis
de ese mismo Reglamento, se prevén excepciones a las referidas normas, con objeto de tener en cuenta algunas situaciones particulares. Conviene señalar que el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento n° 857/84 dispone lo siguiente:
«Para la determinación de las cantidades de referencia contempladas en el artículo 2 y en el marco de aplicación de las fórmulas A y B, se tomarán en cuenta determinadas situaciones particulares en las condiciones siguientes :
1)
los productores que hayan suscrito un plan de desarrollo de la producción lechera en virtud de la Directiva 72/159/CEE, depositado antes del 1 de marzo de 1984, podrán obtener, según la decisión del Estado miembro:
—
si el plan estuviere en curso de ejecución, una cantidad específica de referencia que tenga en cuenta las cantidades de leche y de productos lácteos previstas por el plan de desarrollo,
—
si el plan se hubiere ejecutado después del 1 de enero de 1981, una cantidad específica de referencia que tenga en cuenta las cantidades de leche y de productos lácteos que hayan suministrado el año en cuyo transcurso se haya concluido el plan.
Las inversiones efectuadas sin plan de desarrollo podrán tomarse igualmente en cuenta, si el Estado miembro dispusiere de suficiente información.»
La citada disposición ha sido ya objeto de interpretación en la sentencia de 11 de julio de 1989 (Cornée, asuntos acumulados
196/88 a 198/88, Rec. 1989, p. 2309
). En dicha sentencia, este Tribunal de Justicia interpretó el primer guión del párrafo 1 del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento n° 857/84, que contempla la situación en la que el plan está en curso de ejecución, en el sentido de que confiere a los Estados miembros una facultad de apreciación para prever o no la atribución de cantidades específicas de referencia a los productores contemplados por dicha disposición y para fijar, dado el caso, el volumen de esas atribuciones (apartado 13 de la sentencia).
Es preciso admitir que los Estados miembros disponen de una facultad de apreciación idéntica en lo relativo a la situación, contemplada en el segundo guión de esa misma disposición, en la que, como sucede en el caso de autos en el litigio principal, el plan de desarrollo se hubiere ejecutado después del 1 de enero de 1981.
No obstante, debe precisarse que, cuando un Estado miembro decide hacer uso de la facultad de atribuir cantidades específicas de referencia por este concepto, el margen de discrecionalidad de que dispone para fijar el nivel de las cantidades individuales está limitado por las exigencias derivadas simultáneamente del texto de la disposición en cuestión, del objetivo que persigue y del principio de no discriminación.
A este respecto, en primer lugar debe recordarse que, con arreglo al segundo guión de la mencionada disposición, es preciso que el Estado miembro «tenga en cuenta» las cantidades de leche y de productos suministrados el año en cuyo transcurso se haya concluido el plan de desarrollo, es decir, que las cantidades específicas de referencia que atribuya han de guardar relación con dichos suministros. Como ha precisado este Tribunal de Justicia en el apartado 16 de la ya citada sentencia Cornee de 11 de julio de 1989, la exigencia de «tener en cuenta» no obliga, sin embargo, a observar una relación de estricta proporcionalidad entre las cantidades suministradas y las cantidades de referencia que hayan de atribuirse, de manera que los Estados miembros, aunque utilizando como criterio principal el nivel de dichos suministros, pueden tomar en consideración también otros criterios objetivos.
En segundo lugar, es preciso recordar que, como también ha declarado este Tribunal de Justicia en la ya citada sentencia Cornee (apartado 12), la finalidad del primer guión del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento n° 857/84 es permitir que los productores titulares de un plan de desarrollo de la producción lechera, aprobado en las condiciones previstas por la Directiva 72/159, puedan beneficiarse de los frutos de las inversiones que hayan efectuado en el marco de la ejecución de dicho plan. De ello se deduce que, cuando, como sucede en el caso de autos en el litigio principal, las cantidades de leche y de productos lácteos que los productores interesados hayan suministrado durante el año en cuyo transcurso se haya concluido el plan de desarrollo no sean representativas de la capacidad de producción adquirida como consecuencia de las inversiones llevadas a cabo, los Estados miembros, encargados de aplicar la normativa comunitaria, están obligados a velar por que las cantidades específicas de referencia que atribuyan guarden relación con esta nueva capacidad de producción.
En tales supuestos, resulta justificado calcular las cantidades específicas de referencia en función no del nivel de suministro efectivamente alcanzado el año en cuyo transcurso se haya concluido el plan, sino más bien de la capacidad de producción de la explotación una vez concluido el plan, por ejemplo, extrapolando sobre el conjunto del año civil en cuestión el nivel de los suministros efectuados después de concluido el plan. Debe añadirse, sin embargo, que la realización de un plan de desarrollo de la producción de leche no atribuye a su titular el derecho absoluto a obtener cantidades de referencia que correspondan a la capacidad de producción adquirida al ejecutar dicho plan, sino que se le podrán aplicar eventuales reducciones, siempre que las mismas se determinen en función de criterios objetivos y de conformidad con la finalidad de la normativa comunitaria aplicable.
Por último, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, confirmada por última vez por la ya citada sentencia de 11 de julio de 1989 (Cornee, apartado 14), los Estados miembros tienen la obligación de respetar, al aplicar una organización común de mercados agrarios, la prohibición de discriminación entre productores de la Comunidad, establecida por el apartado 3 del artículo 40 del Tratado. De ello se deduce que, cuando un Estado miembro atribuye cantidades específicas de referencia con arreglo a la normativa comunitaria considerada, tales cantidades deben atribuirse de manera que no den lugar a una discriminación entre productores de la Comunidad.
Del conjunto de las consideraciones precedentes se desprende que procede responder a las cuestiones primera y segunda que el segundo guión del párrafo 1 del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento n° 857/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984, debe ser interpretado en el sentido de que confiere a los Estados miembros una facultad de apreciación para prever la atribución de cantidades específicas de referencia a los productores contemplados en esa disposición. No obstante, cuando un Estado miembro decide tomar en consideración las situaciones de determinados productores, previstas en dicha disposición, deberá tener en cuenta :
—
el nivel de las cantidades de leche y de productos lácteos que los productores interesados hayan suministrado el año en cuyo transcurso se haya concluido el plan de desarrollo, sin perjuicio de que, cuando tales cantidades no sean representativas de la capacidad de producción adquirida una vez concluido dicho plan, los Estados miembros deberán velar por que las mismas guarden relación con la capacidad de producción resultante, y
—
el principio de no discriminación entre los productores de que se trata.
Sobre la tercera cuestión
Mediante la tercera cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pretende obtener aclaraciones sobre los criterios que le permitan apreciar la compatibilidad entre el párrafo 1 del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento n° 857/84 y la normativa neerlandesa adoptada para aplicar dicha disposición.
Consta en autos que la normativa neerlandesa en cuestión —concretamente el artículo 11 de la Orden del Ministro de Agricultura y Pesca de 18 de abril de 1984, tal como resultó modificada— prevé en lo esencial que podrá atribuirse una cantidad específica indistintamente a los productores que hayan contraído obligaciones de inversión en el marco de un plan de desarrollo y a aquéllos que hayan contraído tales obligaciones sin haber suscrito un plan de ese tipo. En ambos supuestos, la cantidad específica se calcula como un suplemento de las entregas de leche efectuadas en el transcurso del año civil que precede a la asunción de las obligaciones de inversión, de manera que, en principio, se atribuye una cantidad fija de leche de 5500 kg a cada emplazamiento de estabulación de nueva construcción. A efectos de este cálculo, el número de emplazamientos de estabulación efectivamente construidos se reduce en un 20 %, excepto en el caso de los productores que se inician en la producción de leche, para los que la reducción que se aplica es del 10 %. A la cantidad resultante se le aplica el factor 1/2 o, en su caso, el factor 2/3, en función del momento en que los nuevos emplazamientos hayan entrado en servicio.
En tales circunstancias, la cuestión prejudicial debe ser entendida en el sentido de que fundamentalmente pretende que se determine si el párrafo 1 del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento n° 857/84 se opone a una normativa nacional de aplicación configurada de la siguiente manera:
—
los productores, hayan o no contraído sus obligaciones de inversión en el marco de un plan de desarrollo, pueden obtener una cantidad específica de referencia;
—
dicha cantidad se calcula en función de una cantidad fija que se atribuye por cada emplazamiento de estabulación de nueva construcción;
—
para efectuar el referido cálculo, al número de emplazamientos de estabulación efectivamente construidos se le aplica una reducción del 10 % o del 20 %, según se trate o no de productores que se inician en la producción de leche,
y
—
a la cantidad resultante de la aplicación de los mencionados criterios de cálculo se le aplica una reducción de un tercio o de la mitad, en función del momento en que los nuevos emplazamientos hayan entrado en servicio.
En primer lugar, procede declarar que el párrafo 2 del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento n° 857/84 prevé expresamente la posibilidad de que los Estados miembros tengan en cuenta las inversiones efectuadas sin plan de desarrollo, si el Estado miembro de que se trate dispusiere de la suficiente información.
Así pues, la referida disposición no se opone a una normativa nacional que, a efectos de la atribución de una cantidad específica de referencia, equipare a los productores que han efectuado inversiones sin plan de desarrollo con aquellos que han intervenido en el marco de un plan de ese tipo, con tal que se garantice que la atribución de una cantidad específica de referencia a la primera categoría de productores se basa en suficientes elementos de apreciación.
En segundo lugar, es preciso admitir que ei número de emplazamientos de estabulación puede considerarse representativo de la capacidad de producción de una explotación determinada. No se puede prohibir, pues, que los Estados miembros, por razones de simplificación administrativa, hagan depender el volumen de las cantidades específicas atribuidas del número de los mencionados emplazamientos sin tener en cuenta la producción efectivamente obtenida, a condición, sin embargo, de que la cantidad fija por emplazamiento se determine en función de criterios objetivos, tales como, por ejemplo, la producción nacional media por emplazamiento de estabulación.
En tercer lugar, procede poner de relieve que, en el procedimiento ante este Tribunal de Justicia, el Gobierno neerlandés manifestó que las reducciones del 10 % y del 20 °/o, aplicadas respectivamente a los productores que se inician en la producción de leche y a los demás productores, se establecieron habida cuenta de la necesidad de congelar la producción al nivel alcanzado en 1983, teniendo en cuenta al mismo tiempo el volumen limitado de la reserva nacional constituida dentro de la cuota nacional global.
No se puede considerar que la mencionada normativa rebase los límites de la facultad de apreciación de que disponen los Estados miembros en la materia. En efecto, según se ha hecho constar con ocasión del examen de las cuestiones primera y segunda, los Estados miembros tienen facultades de apreciación no sólo para prever o no atribuciones en virtud del párrafo 1 del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento n° 857/84, sino también para fijar el volumen de dichas atribuciones en el marco de su respectiva cantidad global garantizada.
Por último, en lo relativo a la normativa nacional que prevé que a la cantidad resultante de la aplicación de los criterios de cálculo descritos más arriba se le aplicará una reducción de un tercio o de la mitad, en función del momento en que los nuevos emplazamientos de estabulación hayan entrado en servicio, el Gobierno neerlandés manifestó ante este Tribunal de Justicia que tales reducciones habían sido previstas por la normativa neerlandesa en función de que cada vez era más previsible el establecimiento de una tasa suplementaria, teniendo en cuenta al mismo tiempo el volumen limitado disponible para atribuir cantidades específicas de referencia.
A este respecto, procede declarar que una normativa nacional como la descrita más arriba, que prevé reducciones que varían en función del tiempo transcurrido entre las inversiones efectuadas, que dan lugar a la atribución de una cantidad específica de referencia, y la entrada en vigor del régimen de tasa suplementaria, y, por consiguiente, en función del grado de previsibilidad del establecimiento de dicho régimen, debe ser considerada compatible con el principio de proporcionalidad que exige que el objetivo contemplado —en este caso el control del incremento de la producción de leche en un mercado caracterizado por la existencia de importantes excedentes estructurales— sea perseguido de la manera menos coercitiva posible.
No modifica la anterior apreciación el hecho de que la referida normativa nacional pueda dar lugar a que no se atribuya ninguna cantidad específica de referencia a determinados productores que hayan efectuado inversiones, o bien a que la cantidad específica de referencia que se les atribuya sea notablemente inferior a la capacidad de producción adquirida como consecuencia de las inversiones llevadas a cabo. En efecto, la realización de inversiones, aunque se lleven a cabo en el marco de un plan de desarrollo, no faculta al interesado para invocar una confianza legítima basada en la realización de tales inversiones a fin de reclamar una cantidad específica de referencia, que se atribuye precisamente en razón de dichas inversiones (véase la ya citada sentencia de 11 de julio de 1989, Cornee, apartado 27).
De las consideraciones precedentes se deduce que procede responder a la tercera cuestión en el sentido de que el párrafo 1 del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento n° 857/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984, no se opone a una normativa nacional adoptada para aplicar dicho Reglamento y configurada de la siguiente manera:
—
los productores, hayan o no contraído sus obligaciones de inversión en el marco de un plan de desarrollo, pueden obtener una cantidad específica de referencia;
—
dicha cantidad se calcula en función de una cantidad fija que se atribuye por cada emplazamiento de estabulación de nueva construcción;
—
para efectuar el referido cálculo, al número de emplazamientos de estabulación efectivamente construidos se le aplica una reducción del 10 % o del 20 %, según se trate o no de productores que se inician en la producción de leche, y
—
a la cantidad resultante de la aplicación de los mencionados criterios de cálculo se le aplica una reducción de un tercio o de la mitad, en función del momento en que los nuevos emplazamientos hayan entrado en servicio.
Costas
Los gastos efectuados por los Gobiernos neerlandés y francés y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el College van Beroep voor het Bedrijfsleven de La Haya mediante resolución de 21 de diciembre de 1988, declara:

1)
El segundo guión del párrafo 1 del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 857/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984, sobre normas generales para la aplicación de la tasa contemplada en el artículo 5
quater
del Reglamento (CEE) n° 804/68 en el sector de la leche y de los productos lácteos, debe ser interpretado en el sentido de que confiere a los Estados miembros una facultad de apreciación para prever la atribución de cantidades específicas de referencia a los productores contemplados en esa disposición. No obstante, cuando un Estado miembro decide tomar en consideración las situaciones de determinados productores, previstas en dicha disposición, deberá tener en cuenta:
—
el nivel de las cantidades de leche y de productos lácteos que los productores interesados hayan suministrado el año en cuyo transcurso se haya concluido el plan de desarrollo, sin perjuicio de que, cuando tales cantidades no sean representativas de la capacidad de producción adquirida una vez concluido dicho plan, los Estados miembros deberán velar por que las mismas guarden relación con la capacidad de producción resultante, y
—
el principio de no discriminación entre los productores interesados.

2)
El párrafo 1 del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 857/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984, no se opone a una normativa nacional adoptada para aplicar dicho Reglamento y configurada de la siguiente manera:
—
los productores, hayan o no contraído sus obligaciones de inversión en el marco de un plan de desarrollo, pueden obtener una cantidad específica de referencia;
—
dicha cantidad se calcula en función de una cantidad fija que se atribuye por cada emplazamiento de estabulación de nueva construcción;
—
para efectuar el referido cálculo al número de emplazamientos de estabulación efectivamente construidos se le aplica una reducción del 10 % o del 20 %, según se trate o no de productores que se inicien en la producción de leche, y
—
a la cantidad resultante de la aplicación de los mencionados criterios de cálculo se le aplica una reducción de un tercio o de la mitad, en función del momento en que los nuevos emplazamientos hayan entrado en servicio.

Zuleeg
Moitinho de Almeida
Grévisse
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de julio de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Tercera
M. Zuleeg
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.