CELEX: 62009CJ0444
Política social
Directiva 1999/70/CE
Cláusula 4 del Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada
Principio de no discriminación
Aplicación del Acuerdo marco al personal interino de una Comunidad Autónoma
Norma nacional que establece una diferencia de trato en materia de atribución de un complemento salarial por antigüedad basada únicamente en la naturaleza temporal de la relación de servicio
Obligación de reconocer el derecho al complemento salarial por antigüedad con efecto retroactivo

Las peticiones de decisión prejudicial versan sobre la interpretación de la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo
con contrato de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999 (en lo sucesivo, «Acuerdo marco»), que figura en el
anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP
sobre el trabajo de duración determinada (DO L 175, p. 43).
Estas peticiones se presentaron en el marco de sendos litigios entre las Sras. Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres y la Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia (en lo sucesivo, «Consellería»), relativos a la negativa de
ésta a abonarles trienios con efecto retroactivo.

Marco jurídico

Normativa de la Unión
Según el artículo 1 de la Directiva 1999/70, ésta tiene por objeto aplicar el Acuerdo marco […], que figura en el anexo, celebrado
[…] entre las organizaciones interprofesionales de carácter general (UNICE, CEEP y CES).
A tenor del artículo 2, párrafos primero y tercero, de dicha Directiva:
«Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento
a lo establecido en la presente Directiva a lo más tardar el 10 de julio de 2001 o se asegurarán de que, como máximo en dicha
fecha, los interlocutores sociales hayan establecido las disposiciones necesarias mediante acuerdo, adoptando los Estados
miembros todas las disposiciones necesarias para poder garantizar en todo momento los resultados fijados por la presente Directiva.
Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
[…]
Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones contempladas en el apartado 1, éstas harán referencia a la presente
Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades
de la mencionada referencia.»
En virtud de su artículo 3, la Directiva 1999/70 entró en vigor el 10 de julio de 1999, fecha de su publicación en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
A tenor de la cláusula 1 del Acuerdo marco, su objeto:
«[…] es:
a)      mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al principio de no discriminación;
b)      establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración
determinada.»
La cláusula 2, apartado 1, del Acuerdo marco es del siguiente tenor:
«El presente Acuerdo se aplica a los trabajadores con un trabajo de duración determinada cuyo contrato o relación laboral
esté definido por la legislación, los convenios colectivos o las prácticas vigentes en cada Estado miembro.»
La cláusula 3, apartado 1, del Acuerdo marco define al trabajador con un trabajo de duración determinada como «el trabajador
con un contrato de trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un empresario y un trabajador, en los que
el final del contrato de trabajo o de la relación laboral viene determinado por condiciones objetivas tales como una fecha
concreta, la realización de una obra o servicio determinado o la producción de un hecho o acontecimiento determinado».
La claúsula 4, apartados 1 y 4, del Acuerdo marco, titulada «Principio de no discriminación», establece:
«1.      Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada
de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración
determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.
[…]
4.      Los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo serán los mismos para los trabajadores con contrato
de duración determinada que para los trabajadores fijos, salvo que criterios de antigüedad diferentes vengan justificados
por razones objetivas.»

Normativa nacional
El artículo 149, apartado 1, regla 18ª, de la Constitución confiere al Estado competencia exclusiva sobre las bases del régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios.
Con arreglo al artículo 4 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada mediante el Decreto 315/1964,
de 7 de febrero, (BOE nº 40, de 15 de febrero de 1964, p. 2045; en lo sucesivo, «LFCE»), son funcionarios de carrera los que,
en virtud de nombramiento legal desempeñan servicios de carácter permanente, figuran en las correspondientes plantillas y
perciben sueldos o asignaciones fijas con cargo a las consignaciones de personal de los Presupuestos Generales del Estado.
El artículo 5, apartado 2, de la LFCE dispone que son funcionarios interinos los que, por razón de necesidad o urgencia, ocupan
plazas de plantilla en tanto no se provean por funcionarios de carrera.
Con arreglo al artículo 104, apartado 3, de la LFCE, los funcionarios interinos percibían el sueldo correspondiente al cuerpo
a que perteneciera la vacante.
El artículo 105 de la LFCE establecía que a los funcionarios de empleo les será aplicable por analogía, y en cuanto sea adecuado
a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera, con excepción del derecho a la permanencia
en la función, a niveles de remuneración determinados, o al régimen de clases pasivas.
Las Leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia para los años 2003 a 2007 reproducían las disposiciones de la
LFCE en las que se indicaba que, a diferencia de los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos no tenían derecho
a percibir trienios. Estos son complementos salariales abonados por cada período de tres años de servicios prestados.
En virtud de la competencia exclusiva que le confiere el artículo 149, apartado 1, regla 18ª, de la Constitución, el Estado
español adoptó la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, (BOE nº 89, de 13 de abril de 2007,
p. 16270; en lo sucesivo, «LEBEP»).
Con arreglo a su artículo 2, apartado 1, la LEBEP se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral
al servicio, entre otras, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
El artículo 8 de la LEBEP es del siguiente tenor:
«1.      Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses
generales.
2.      Los empleados públicos se clasifican en:
a)      Funcionarios de carrera.
b)      Funcionarios interinos.
c)      Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d)      Personal eventual.»
Los funcionarios de carrera y los interinos se definen en los artículos 9 y 10 de la LEBEP en los mismos términos que en la LFCE.
El artículo 25 de la LEBEP, titulado «Retribuciones de los funcionarios interinos», modificó el régimen relativo a los trienios
en vigor hasta ese momento al establecer en su apartado 2 que «se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios
prestados antes de la entrada en vigor [de dicha Ley] que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en
vigor del mismo».
La LEBEP, que derogó los artículos 5, apartado 2, 104 y 105 de la LFCE, entró en vigor el 13 de mayo de 2007.
Con arreglo al artículo 25, apartado 2, de la LEBEP, la Consellería dictó las normas relativas al reconocimiento de oficio
de trienios al personal interino docente de la Comunidad Autónoma de Galicia.
El artículo 27, apartado 1, letra a), del texto refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia, aprobado
por Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre (BOE nº 293, de 8 de diciembre de 1999, p. 42303), establece que los derechos
que comporten una obligación pecuniaria prescribirán a los cinco años.

Litigios principales y cuestiones prejudiciales

Asunto C‑444/09
La Sra. Gavieiro Gavieiro, que, en el momento de interposición de su recurso en el litigio principal prestaba servicios para
la Consellería como funcionaria en prácticas, trabajó como profesora interina en diversos centros educativos de Galicia durante
9 años, 2 meses y 17 días.
Tras la entrada en vigor de la LEBEP, la Consellería reconoció a la Sra. Gavieiro Gavieiro el derecho a percibir trienios
desde el 13 de mayo de 2007, por contar entonces con nueve años de servicios prestados a la Comunidad Autónoma de Galicia.
El 14 de noviembre de 2008, la demandante en el litigio principal se dirigió al departamento autonómico educativo para solicitar
que se le reconocieran y abonaran los trienios que no se encontraban prescritos, esto es, los comprendidos entre noviembre
de 2003 y el 12 de mayo de 2007. Esta solicitud se basaba en su derecho a recibir un trato no discriminatorio, establecido
en la cláusula 4 del Acuerdo marco, interpretada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 13 de septiembre de 2007,
Del Cerro Alonso (C‑307/05, Rec. p. I‑7109).
Mediante resolución de 5 de marzo de 2009, la Consellería desestimó su solicitud, por entender que la LEBEP negaba los trienios
a los funcionarios interinos hasta el 13 de mayo de 2007, fecha de la entrada en vigor de dicha Ley.
La Sra. Gavieiro Gavieiro interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución desestimatoria ante el tribunal
remitente con la pretensión de que se anulara ésta y se le reconocieran con carácter retroactivo los trienios que afirma haber
cumplido.
Al considerar que la solución del litigio del que conoce requiere una interpretación del Acuerdo marco, el Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo
nº 3 de A Coruña decidió suspender el curso del procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
«Qué significa la expresión “criterios de antigüedad diferentes” que se contiene en el punto 4 de la cláusula 4 del Acuerdo
marco [anexo a] la Directiva 1999/70/CE, y si es una “razón objetiva” que justifique la diferencia de trato en la percepción
de la antigüedad, la mera relación temporal del servicio de los empleados públicos?»

Asunto C‑456/09
La Sra. Iglesias Torres, en la actualidad funcionaria de carrera perteneciente al Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Galicia, trabajó como profesora interina para la Consellería entre 1994 y el 13 de
mayo de 2007 en diversos centros educativos en Galicia durante un período total de 9 años.
Tras la entrada en vigor de la LEBEP, la Sra. Iglesias Torres solicitó el 23 de abril de 2009 el reconocimiento de su derecho
a percibir las diferencias retributivas que le corresponderían en concepto de trienios correspondientes al período anterior
a dicha entrada en vigor.
Por resolución de 13 de mayo de 2009 del Jefe del Departamento Territorial de Educación y Ordenación Universitaria en Lugo,
dictada por delegación del Conselleiro, se denegó esta solicitud.
La Sra. Iglesias Torres interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el tribunal remitente contra esta resolución
para obtener su anulación y el reconocimiento con efectos retroactivos de los trienios que afirma haber cumplido. A este respecto,
se basa en la cláusula 4 del Acuerdo marco, interpretada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Del Cerro Alonso, antes
citada.
Al albergar dudas sobre la interpretación del Acuerdo marco a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el Juzgado
de lo Contencioso‑Administrativo nº 3 de Pontevedra decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Es aplicable la Directiva 1999/70/CE al personal interino de la Comunidad Autónoma de Galicia?
2)      ¿Es posible considerar norma nacional de transposición de esa Directiva el art. 25.2º de la [LEBEP] cuando no figura en esa
ley ninguna referencia a normativa comunitaria?
3)      De ser afirmativa la respuesta a la 2ª cuestión, ¿necesariamente ha de definirse ese art. 25.2º [LEBEP] como la norma nacional
de transposición que refiere la Declaración 4ª de la Parte Dispositiva de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea de 15.04.2008 (caso Impact) [(C‑268/06, Rec. p. I‑2483)] o quedaría obligado el Estado español a otorgar retroactividad
a los meros efectos retributivos derivados de los trienios que viene a reconocer en aplicación de la Directiva?
4)      De ser negativa la respuesta a la 2ª cuestión, ¿cabe la aplicación directa al caso de la Directiva 1999/70/CE en los términos
referidos en la Sentencia […] “Del Cerro” [Alonso, antes citada]?»
Habida cuenta de la conexidad entre los dos litigios principales, procede acumularlos a efectos de la presente sentencia.

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre la primera cuestión en el asunto C‑456/09
Mediante su primer cuestión en el asunto C‑456/09, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si un miembro
del personal interino de la Comunidad Autónoma de Galicia, como la demandante en el litigio principal, está incluido en el
ámbito de aplicación personal de la Directiva 1999/70 y del Acuerdo marco.
Todos los interesados que han formulado observaciones al Tribunal de Justicia consideran que esta cuestión debe responderse
en sentido afirmativo.
A este respecto, procede recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado ya que tanto del tenor literal de la Directiva
1999/70 y del Acuerdo marco como del sistema y la finalidad de éstos se deduce, que las disposiciones contenidas en ellos
se aplican a los contratos y relaciones laborales de duración determinada celebrados por los órganos de la Administración
y demás entidades del sector público (sentencias de 4 de julio de 2006, Adeneler y otros, C‑212/04, Rec. p. I‑6057, apartados
54 y 57; de 7 de septiembre de 2006, Marrosu y Sardino, C‑53/04, Rec. p. I‑7213, apartados 40 a 43, y Vassallo, C‑180/04,
Rec. p. I‑7251, apartados 32 a 35, y Del Cerro Alonso, antes citada, apartado 25).
En efecto, como se desprende de la cláusula 2, apartado 1, del Acuerdo marco, su ámbito de aplicación personal está concebido
de manera extensiva, al referirse con carácter general a los «trabajadores con un trabajo de duración determinada cuyo contrato
o relación laboral esté definido por la legislación, los convenios colectivos o las prácticas vigentes en cada Estado miembro»
(véanse las sentencias Adeneler y otros, antes citada, apartado 56; de 23 de abril de 2009, Angelidaki y otros, C‑378/07 a
C‑380/07, Rec. p. I‑3071, apartado 114, y de 24 de junio de 2010, Sorge, C‑98/09, Rec. p. I‑0000, apartado 30).
La definición, a efectos del Acuerdo marco del concepto de «trabajador con contrato de duración determinada», formulada en
la cláusula 3, apartado 1, de dicho Acuerdo, engloba a todos los trabajadores, sin establecer diferencias en función del carácter
público o privado del empleador para el que trabajan (sentencia Adeneler y otros, antes citada, apartado 56).
Además, habida cuenta de la importancia de los principios de igualdad de trato y de no discriminación, que forman parte de
los principios generales del Derecho de la Unión, a las disposiciones previstas por la Directiva 1999/70 y el Acuerdo marco
a efectos de garantizar que los trabajadores con un contrato de duración determinada disfruten de las mismas ventajas que
los trabajadores por tiempo indefinido comparables, salvo que esté justificado un trato diferenciado por razones objetivas,
debe reconocérseles un alcance general, dado que constituyen normas de Derecho social de la Unión de especial importancia
de las que debe disfrutar todo trabajador, al ser disposiciones protectoras mínimas (sentencia Del Cerro Alonso, antes citada,
apartado 27).
En consecuencia, la Directiva 1999/70 y el Acuerdo marco se aplican a todos los trabajadores cuyas prestaciones sean retribuidas
en el marco de una relación laboral de duración determinada que los vincule a su empleador (sentencia Del Cerro Alonso, antes
citada, apartado 28).
La mera circunstancia de que un empleo sea calificado como «de plantilla» con arreglo al Derecho nacional y presente alguno
de los elementos que caracterizan a la función pública del Estado miembro de que se trate carece de relevancia a este respecto,
so pena de desvirtuar gravemente la eficacia de la Directiva 1999/70 y del Acuerdo marco así como la aplicación uniforme de
éstos en los Estados miembros, reservando a estos últimos la posibilidad de excluir a su arbitrio a determinadas categorías
de personas del beneficio de la protección requerida por estos instrumentos del Derecho de la Unión (véase la sentencia Del
Cerro Alonso, antes citada, apartado 29).
Toda vez que es pacífico que la Sra. Iglesias Torres trabajó durante más de 9 años en diversos centros educativos de la Comunidad
Autónoma de Galicia como funcionaria interina y que, por otro lado, el litigio principal versa sobre la situación de los funcionarios
de carrera comparada con la de los funcionarios interinos, está incluida en el ámbito de aplicación personal de la Directiva
1999/70 y del Acuerdo marco.
Por tanto, procede responder a la primera cuestión planteada en el asunto C‑456/09 que un miembro del personal interino de
la Comunidad Autónoma de Galicia, como la demandante en el litigio principal, está incluido en el ámbito de aplicación personal
de la Directiva 1999/70 y en el del Acuerdo marco.

Sobre la única cuestión planteada en el asunto C‑444/09
Mediante la única cuestión planteada en el asunto C‑444/09, el órgano jurisdiccional remitente desea saber cuál es la manera
en la que conviene interpretar la expresión «criterios de antigüedad diferentes», que figura en la cláusula 4, apartado 4,
del Acuerdo marco, y si la naturaleza temporal de la relación de servicio de determinados empleados públicos supone, por sí
sola, una «razón objetiva», en el sentido de esta disposición, que justifique la diferencia de trato por lo que se refiere
al pago de complementos salariales por antigüedad.
Procede recordar con carácter previo que a tenor de la cláusula 1, letra a), del Acuerdo marco, uno de sus objetivos es mejorar
la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al principio de no discriminación. De igual modo, el
párrafo tercero de la exposición de motivos de este Acuerdo marco precisa que éste «ilustra la voluntad de los interlocutores
sociales de establecer un marco general para garantizar la igualdad de trato a los trabajadores con un contrato de duración
determinada, protegiéndolos contra la discriminación». El decimocuarto considerando de la Directiva 1999/70 precisa al efecto
que el objetivo del Acuerdo marco consiste, en particular, en mejorar la calidad del trabajo de duración determinada estableciendo
condiciones mínimas que garanticen la aplicación del principio de no discriminación.
El Acuerdo marco, y en particular su cláusula 4, tiene por objeto la aplicación de dicho principio a los trabajadores con
un contrato de duración determinada con la finalidad de impedir que una relación laboral de esta naturaleza sea utilizada
por un empleador para privar a dichos trabajadores de derechos reconocidos a los trabajadores con contrato de duración indefinida
(sentencia Del Cerro Alonso, antes citada, apartado 37).
Según el Tribunal de Justicia, habida cuenta de los objetivos que persigue el Acuerdo marco, recordados en los dos apartados
anteriores, la cláusula 4 del Acuerdo marco debe interpretarse en el sentido de que expresa un principio de Derecho social
de la Unión que no puede ser interpretado de manera restrictiva (véanse las sentencias, antes citadas, Del Cerro Alonso, apartado
38, e Impact, apartado 114).
Dado que el tribunal remitente, en el marco de un litigio relativo al derecho de los funcionarios interinos a un complemento
salarial por antigüedad, solicita una interpretación de la expresión «criterios de antigüedad diferentes», que figura en la
cláusula 4, apartado 4, del Acuerdo marco, procede señalar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que un complemento
salarial por antigüedad, como el controvertido en el litigio principal, reservado por el Derecho nacional únicamente al personal
estatutario fijo de los servicios de salud, excluyendo al personal interino, está incluido en el concepto de «condiciones
de trabajo» a que se refiere la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco (sentencia Del Cerro Alonso, antes citada, apartados
47 y 48).
Como se desprende de las resoluciones de remisión, hasta la entrada en vigor de la LEBEP el 13 de mayo de 2007 la normativa
aplicable al personal que trabajaba para la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, adoptada conforme
a lo dispuesto en la LFCE, establecía una diferencia de trato en cuanto al pago de los trienios entre los empleados de dicha
Comunidad Autónoma. Esta diferencia de trato no estaba determinada en función de la antigüedad de dichos empleados, sino por
razón de la duración de la relación laboral que los vinculaba a su empleador. A diferencia de los funcionarios de carrera,
los funcionarios interinos no tenían derecho a los trienios, fuera cual fuera el tiempo de servicios prestados.
En estas circunstancias, como alegó acertadamente la Comisión, una diferencia de trato como la que establece la normativa
española en el litigio principal debe analizarse a la luz de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco.
Como se deriva de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, por lo que se refiere a complementos salariales por antigüedad
como los controvertidos en el litigio principal, los trabajadores con contrato de duración determinada no pueden, sin que
exista justificación objetiva alguna, ser tratados de manera menos favorable que los trabajadores fijos que se encuentran
en una situación comparable (véanse, en este sentido, las sentencias, antes citadas, Del Cerro Alonso, apartados 42 y 47,
e Impact, apartado 126).
En cuanto a si la naturaleza temporal de la relación de servicio de determinados empleados públicos supone, por sí sola, una
razón objetiva, en el sentido de la cláusula 4 del Acuerdo marco, cabe recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado
que debe entenderse que el concepto de razones objetivas que figura en el apartado 1 de dicha cláusula no permite justificar
una diferencia de trato entre trabajadores con un contrato de duración determinada y trabajadores fijos por el hecho de que
aquélla esté prevista por una norma nacional general y abstracta, como una ley o un convenio colectivo (sentencia Del Cerro
Alonso, antes citada, apartado 57).
El referido concepto requiere que la desigualdad de trato controvertida esté justificada por la existencia de elementos precisos
y concretos, que caracterizan la condición de trabajo de que se trata, en el contexto específico en que se enmarca y con arreglo
a criterios objetivos y transparentes, a fin de verificar si dicha desigualdad responde a una necesidad auténtica, si permite
alcanzar el objetivo perseguido y si resulta indispensable al efecto (véase la sentencia Del Cerro Alonso, antes citada, apartado
58). Tales elementos pueden tener su origen, en particular, en la especial naturaleza de las tareas para cuya realización
se celebran los contratos de duración determinada y en las características inherentes a las mismas o, eventualmente, en la
persecución de un objetivo legítimo de política social por parte de un Estado miembro (véase, por lo que se refiere a la cláusula
4, apartado 1, del Acuerdo marco, la sentencia Del Cerro Alonso, antes citada, apartados 53 y 58; en relación con el concepto
de «razones objetivas» que figura en la cláusula 5, apartado 1, letra a), del mismo Acuerdo marco, véanse la sentencia Adeneler
y otros, antes citada, apartados 69 y 70, y el auto de 24 de abril de 2009, Koukou, C‑519/08, apartado 45).
En cambio, el recurso a la mera naturaleza temporal de la relación de servicio del personal de la Administración Pública no
es conforme a estos requisitos y, por tanto, no puede constituir una razón objetiva, en el sentido de la cláusula 4, apartado
1, del Acuerdo marco.
En efecto, una diferencia de trato por lo que se refiere a las condiciones de trabajo entre trabajadores con contrato de trabajo
de duración determinada y trabajadores fijos no puede justificarse por un criterio que se refiere a la duración misma de la
relación laboral de manera general y abstracta. Admitir que la mera naturaleza temporal de una relación laboral basta para
justificar tal diferencia privaría de contenido a los objetivos de la Directiva 1999/70 y del Acuerdo marco, recordados en
los apartados 47 y 48 de la presente sentencia. En lugar de mejorar la calidad del trabajo con contrato de duración determinada
y promover la igualdad de trato buscada tanto por la Directiva 1999/70 como por el Acuerdo marco, el recurso a tal criterio
equivaldría a perpetuar el mantenimiento de una situación desfavorable para los trabajadores con contrato de duración determinada.
En estas circunstancias, procede responder a la única cuestión planteada en el asunto C‑444/09 que un complemento salarial
por antigüedad como el controvertido en el litigio principal está incluido, en la medida en que constituye una condición de
trabajo, en la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco, de manera que los trabajadores con contrato de trabajo de duración
determinada pueden oponerse a un trato que, en relación con el pago de dicho complemento y sin ninguna justificación objetiva,
es menos favorable que el trato dispensado a los trabajadores fijos que se encuentran en una situación comparable. La naturaleza
temporal de la relación de servicio de determinados empleados públicos no puede constituir, por sí misma, una razón objetiva,
en el sentido de esta cláusula del Acuerdo marco.

Sobre la segunda cuestión en el asunto C‑456/09
Mediante la segunda cuestión en el asunto C‑456/09, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si la mera
circunstancia de que una norma nacional como el artículo 25, apartado 2, de la LEBEP, no contenga ninguna referencia a la
Directiva 1999/70 excluye que dicha norma pueda considerarse una transposición al Derecho interno de dicha Directiva.
La Consellería, el Gobierno español y la Comisión alegan, contrariamente a lo que afirma la Sra. Iglesias Torres, que cabe
considerar el artículo 25, apartado 2, de la LEBEP una norma nacional de transposición de la Directiva 1999/70 al Derecho
interno, aunque en su exposición de motivos no haga referencia a ésta ni a ninguna otra norma de la Unión.
A este respecto, es preciso recordar que el artículo 2, párrafo tercero, de la Directiva 1999/70 establece que, cuando los
Estados miembros adopten las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contempladas en el apartado 1, éstas
harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial.
Cuando una directiva prevé expresamente que las disposiciones de adaptación del Derecho interno a la citada directiva hagan
referencia a esta última o vayan acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial, es necesario adoptar un acto positivo
de adaptación del Derecho interno (véanse las sentencias de 18 de diciembre de 1997, Comisión/España, C‑361/95, Rec. p. I‑7351,
apartado 15, y de 29 de octubre de 2009, Comisión/Polonia, C‑551/08, apartado 23).
Si bien es cierto que los Estados miembros pueden ser condenados por haber incumplido las obligaciones que les incumben en
virtud del artículo 2, párrafo tercero, de la Directiva 1999/70, mediante un recurso por incumplimiento interpuesto con arreglo
al artículo 258 TFUE, de ello no se deduce necesariamente, como alegó acertadamente la Comisión, que una medida nacional que
no hace referencia en su exposición de motivos a la directiva de que se trate no pueda considerarse una medida válida de transposición
de ésta al Derecho interno.
Toda vez que incumbe a los Estados miembros no sólo adaptar formalmente su ordenamiento jurídico a las directivas de la Unión,
sino también asegurarse de que las obligaciones que le incumben en virtud de estas directivas se respetan plenamente y en
todo momento, no se puede excluir que un Estado miembro que en un primer momento ha buscado transponer una directiva y dar
cumplimiento a sus obligaciones en virtud del Derecho de la Unión se percate, en particular como consecuencia de recursos
interpuestos ante los tribunales nacionales o de un recurso interpuesto por la Comisión con arreglo al artículo 258 TFUE,
de que las disposiciones de su Derecho interno no han transpuesto correcta o completamente adaptadas el Derecho de la Unión,
y, en esas circunstancias, deben modificarse.
En el caso de autos, consta que la modificación de la normativa nacional introducida por la LEBEP se llevó a cabo porque el
asunto que había dado lugar a la sentencia Del Cerro Alonso, antes citada, relativa a los mismos trienios que en el litigio
principal, puso de manifiesto la diferencia de trato, en cuanto al derecho al pago de dicho complemento, entre el personal
estatutario y el personal interino al servicio de una entidad perteneciente a la Administración Pública de una Comunidad Autónoma
española.
Si bien corresponde al juez nacional, que es el único competente para interpretar el Derecho nacional, comprobar en el caso
de autos si, habida cuenta del tenor del artículo 25, apartado 2, de la LEBEP, del objetivo que persigue y de las circunstancias
de su adopción, esta disposición constituye una medida de transposición de la Directiva 1999/70 al Derecho interno, el mero
hecho de que no contenga ninguna referencia a esta Directiva no excluye que pueda considerarse como tal.
En estas circunstancias, procede responder a la segunda cuestión planteada en el asunto C‑456/09 que la mera circunstancia
de que una disposición nacional, como el artículo 25, apartado 2, de la LEBEP, no contenga ninguna referencia a la Directiva
1999/70 no excluye que dicha disposición pueda ser considerada una medida nacional de transposición de esta Directiva al Derecho
interno.

Sobre la cuarta cuestión en el asunto C‑456/09
Dado que, como se desprende de la respuesta a la cuestión planteada en el asunto C‑444/09, un complemento salarial por antigüedad
como el controvertido en el litigio principal está incluido, en la medida en que constituye una condición de trabajo, en la
cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco, es necesario reformular la cuarta cuestión en el asunto C‑456/09 para dar una respuesta
útil al tribunal remitente.
En efecto, mediante dicha cuestión el tribunal remitente pregunta, en esencia, si en un litigio como el principal la cláusula
4, apartado 1, del Acuerdo marco puede ser invocada por particulares ante un órgano jurisdiccional nacional para que se les
reconozca el derecho a trienios en relación con el período comprendido entre la expiración del plazo impartido a los Estados
miembros para adaptar su Derecho interno a la Directiva 1999/70 y la fecha de entrada en vigor de la ley nacional que transpone
esta Directiva al Derecho interno del Estado miembro de que se trata.
Tanto la Consellería como el Gobierno español, en las observaciones que han formulado en los asuntos C‑444/09 y C‑456/09,
han insistido en la imposibilidad de que un particular pueda basarse en el efecto directo de una disposición de una directiva
desde el momento en que una medida nacional ha transpuesto esta directiva al Derecho interno del Estado miembro de que se
trata. Según el Gobierno español, cuando las demandantes en los litigios principales presentaron sus recursos administrativos,
el Derecho español relativo al pago de los trienios ya había transpuesto la Directiva 1999/70, de modo que sus derechos emanan
del artículo 25 de la LEBEP, y no de esta Directiva. Consideran que el mantenimiento del efecto directo de ésta en circunstancias
como las de los asuntos principales equivaldría a poner en tela de juicio, sin ningún límite en el tiempo, la eficacia de
las normas de los Estados miembros, las cuales, aunque ya hayan transpuesto el contenido de una directiva correctamente al
Derecho interno, han sido adoptadas tras finalizar el plazo de transposición.
No obstante, esta argumentación parece ignorar la naturaleza de los recursos interpuestos por las demandantes en los litigios
principales ante el juez nacional y, por tanto, desconoce la pertinencia en relación con los litigios principales de la cuarta
cuestión planteada por el tribunal remitente en el asunto C‑456/09, relativa al efecto directo de la cláusula 4, apartado
1, del Acuerdo marco.
La obligación de los Estados miembros, derivada de una directiva, de alcanzar el resultado que ésta prevé, así como su deber,
conforme al artículo 4 TFUE, apartado 3, de adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el
cumplimiento de dicha obligación, se imponen a todas las autoridades de los Estados miembros, incluidas, en el marco de sus
competencias, las autoridades judiciales. Tales obligaciones pesan sobre estas autoridades, incluidas, en su caso, las autoridades
en su condición de empleador público (sentencia Impact, antes citada, apartados 41 y 85 y jurisprudencia citada).
Si no es posible proceder a una interpretación y aplicación de la normativa nacional conforme con las exigencias del Derecho
de la Unión, los órganos jurisdiccionales nacionales y los órganos de la Administración están obligados a aplicarlo íntegramente
y tutelar los derechos que éste concede a los particulares, así como abstenerse de aplicar, en su caso, cualquier disposición
contraria del Derecho interno (véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de junio de 1989, Costanzo, 103/88, Rec. p. 1839,
apartado 33, y de 14 de octubre de 2010, Fuß, C‑243/09, Rec. p. I‑0000, apartado 63).
En el caso de autos, el tribunal remitente solicita que se declare si la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco tiene efecto
directo en el marco de dos litigios relativos a profesores interinos que trabajan para la Comunidad Autónoma de Galicia los
cuales, hasta la entrada en vigor de la LEBEP y la modificación de la LFCE que aquélla llevó a cabo, no tuvieron derecho al
abono de trienios por esta Comunidad Autónoma y desean obtener, con efecto retroactivo, el reconocimiento de dicho derecho
en relación con el período comprendido entre la fecha de expiración del plazo impartido a los Estados miembros para transponer
la Directiva 1999/70 a su Derecho interno y la de entrada en vigor de la LEBEP, sin perjuicio del respeto de las disposiciones
pertinentes del Derecho nacional en materia de prescripción.
Dado que el principio de tutela judicial efectiva es un principio general del Derecho de la Unión reconocido, además, en el
artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales,
si no existe una medida que adapte correctamente el Derecho español a la Directiva 1999/70 durante dicho período, asegurar
la protección jurídica que para los justiciables se deriva de las disposiciones del Derecho de la Unión y garantizar su pleno
efecto (véase, en este sentido, la sentencia Impact, antes citada, apartados 42 y 43 y jurisprudencia citada).
Se desprende de reiterada jurisprudencia que, siempre que las disposiciones de una directiva resulten ser, desde el punto
de vista de su contenido, incondicionales y suficientemente precisas, los particulares podrán invocarlas frente al Estado,
particularmente en su condición de empleador (en este sentido, véanse, en particular, las sentencias de 26 de febrero de 1986,
Marshall, 152/84, Rec. p. 723, apartados 46 y 49; de 20 de marzo de 2003, Kutz‑Bauer, C‑187/00, Rec. p. I‑2741, apartados
69 y 71, e Impact, antes citada, apartado 57).
El Tribunal de Justicia ya ha declarado que esta jurisprudencia puede trasladarse a acuerdos que, como el Acuerdo marco, han
nacido de un diálogo mantenido, sobre la base del artículo 155 TFUE, apartado 1, entre interlocutores sociales en el ámbito
de la Unión y han sido aplicados, conforme al apartado 2 de este artículo, mediante una directiva del Consejo de la Unión
Europea, de la que, entonces, forman parte (sentencia Impact, antes citada, apartado 58).
La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco prohíbe de manera general y en términos inequívocos cualquier diferencia de trato
no justificada objetivamente respecto a los trabajadores con contratos de duración determinada por lo que se refiere a las
condiciones de trabajo. De este modo, su contenido es lo suficientemente preciso para que pueda ser invocada por un justiciable
y aplicada por el juez (sentencias Impact, antes citada, apartado 60, y de 22 de abril de 2010, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser
Tirols, C‑486/08, Rec. p. I‑0000, apartado 24).
Por otra parte, la prohibición precisa impuesta por la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco no necesita la adopción de
ningún acto de las instituciones de la Unión y no confiere, en modo alguno, a los Estados miembros la facultad de condicionar
o de restringir, al adaptar el Derecho interno a dicha disposición, el alcance de la prohibición que impone en materia de
condiciones de trabajo (sentencia Impact, antes citada, apartado 62).
Es cierto que dicha disposición, respecto al principio de no discriminación que contiene, establece una reserva relativa a
las justificaciones basadas en razones objetivas.
Sin embargo, la aplicación de esta reserva puede controlarse jurisdiccionalmente, de modo que la posibilidad de invocarla
no impide considerar que la disposición examinada confiere a los particulares derechos que pueden invocar ante los tribunales
nacionales y que éstos deben salvaguardar (sentencia Impact, antes citada, apartado 64).
También cabe recordar que, cuando los justiciables pueden ampararse en una directiva frente al Estado, pueden hacerlo independientemente
de cuál sea la condición en que actúa este último, empleador o autoridad pública. En efecto, en uno y otro caso ha de evitarse
que el Estado pueda obtener ventajas de su incumplimiento del Derecho de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias
Marshall, antes citada, apartado 49, y de 12 de julio de 1990, Foster y otros, C‑188/89, Rec. p. I‑3313, apartado 17).
De ello se desprende que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco es incondicional y suficientemente precisa para que
los particulares puedan invocarla frente al Estado ante un juez nacional.
En el litigio principal, la Consellería alega también que no cabe aducir el efecto directo de dicha cláusula contra ella,
dado que está obligada al cumplimiento de la LECE y de la LEBEP por tratarse de leyes estatales en una materia que es de la
competencia exclusiva del Estado. Por lo que respecta a la posible responsabilidad patrimonial del Estado por infracción de
la Directiva 1999/70, sostiene que el reparto llevado a cabo por la Constitución entre legislación básica estatal y normativa
de desarrollo de las Comunidades Autónomas hace imposible que éstas quiebren o interrumpan la relación de causalidad entre
la deficiente transposición de esta Directiva hecha por el Estado y los perjuicios causados a los particulares.
El Gobierno español señala también que la Comunidad Autónoma de Galicia, respecto de la LEBEP, carece de competencias de modificación
o de inaplicación. Afirma que, si dicha Comunidad Autónoma hubiese decidido reconocer el abono retroactivo de trienios en
su calidad de empleadora y con base en el efecto directo de la Directiva 1999/70, habría vulnerando flagrantemente la norma
estatal de transposición al Derecho interno. En lo que atañe a la posible responsabilidad patrimonial del Estado por infracción
de la Directiva 1999/70, ese Gobierno afirma en las observaciones formuladas en el asunto C‑444/09 que no se reúne ninguno
de los requisitos que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia exige para apreciar la existencia de una violación suficientemente
caracterizada de dicha Directiva.
Por lo que se refiere a estas alegaciones, es necesario recordar que, como se desprende de las resoluciones de remisión y
del enunciado de las cuestiones planteadas por los tribunales remitentes, no se han interpuesto ante éstos recursos de responsabilidad
patrimonial del Estado por infracción de la Directiva 1999/70, sino recursos basados directamente en esta Directiva, al objeto
de obtener el pago de trienios correspondientes a un período en el que la Directiva no estaba correctamente transpuesta al
Derecho interno.
Dado que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco es incondicional y lo suficientemente precisa para poder ser invocada
frente al Estado por los particulares ante un juez nacional, las demandantes en el litigio principal pueden alegar válidamente
sus pretensiones de abono de los trienios a los que tienen derecho con carácter retroactivo, basándose directamente en las
disposiciones de dicha cláusula. No parece, pues, necesario, a primera vista, un recurso de indemnización basado en la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia relativa a la responsabilidad de los Estados miembros por violación del Derecho de la Unión (véase,
en este sentido, la sentencia de 18 de enero de 2001, Stockholm Lindöpark, C‑150/99, Rec. p. I‑493, apartado 35).
Además, como el propio Gobierno español reconoció en sus observaciones en el asunto C‑444/09, el tribunal remitente en dicho
asunto no planteó en ningún momento la cuestión de la responsabilidad del Estado por infracción del Derecho de la Unión. Éste
es también el caso en el asunto C‑456/09, en el que el tribunal remitente basó su razonamiento en las consecuencias derivadas
de un posible efecto directo de la cláusula pertinente del Acuerdo marco. En relación con las cuestiones relativas a la responsabilidad
del Estado, parece deducirse de la resolución de remisión en el asunto C‑456/09, así como de las observaciones presentadas
al Tribunal de Justicia, que el tribunal remitente no es competente para pronunciarse sobre ellas.
En el litigio principal que, como se desprende de los apartados 86 y 87 de la presente sentencia, se refiere a la aplicación
retroactiva de una disposición de una directiva que tiene efecto directo, las consecuencias que se deducen del reparto llevado
a cabo por la Constitución entre legislación básica estatal relativa al estatuto de los funcionarios y normativa de desarrollo
adoptada por las Comunidades Autónomas constituyen una cuestión de Derecho interno.
Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la cuarta cuestión en el asunto C‑456/09 que la cláusula 4, apartado 1,
del Acuerdo marco es incondicional y suficientemente precisa para que los funcionarios interinos puedan invocarla frente al
Estado ante un tribunal nacional para que se les reconozca el derecho a los complementos salariales, como los trienios controvertidos
en el litigio principal, correspondientes al período comprendido entre la expiración del plazo impartido a los Estados miembros
para la transposición de la Directiva 1999/70 al Derecho interno y la fecha de entrada en vigor de la norma nacional que transpone
la Directiva al Derecho interno del Estado miembro de que se trate, sin perjuicio del respeto de las disposiciones pertinentes
del Derecho nacional en materia de prescripción.

Sobre la tercera cuestión en el asunto C‑456/09
Mediante la tercera cuestión en el asunto C‑456/09, el órgano jurisdiccional remitente desea saber en esencia si, habida cuenta
de que la norma nacional controvertida en el litigio principal reconoce el derecho de los funcionarios interinos al pago de
trienios, pero contiene una cláusula que excluye la aplicación retroactiva de ese derecho, las autoridades competentes españolas
pueden denegar tal derecho o si, por el contrario, están obligadas en virtud del Derecho de la Unión a conferir a este derecho
al pago de trienios efecto retroactivo desde la fecha de expiración del plazo impartido a los Estados miembros para transponer
esta Directiva a su Derecho interno.
Con carácter previo, procede recordar que los términos utilizados en el artículo 25, apartado 2, de la LEBEP excluyen de modo
explícito que dicha disposición pueda tener efecto retroactivo.
En estas circunstancias, el tribunal remitente se pregunta sobre las consecuencias, en relación con el litigio principal,
del cuarto punto del fallo de la sentencia Impact, antes citada, en el que el Tribunal de Justicia declaró que, en la medida
en que el Derecho nacional aplicable contenga una norma que excluya la aplicación retroactiva de una ley a falta de indicación
clara e inequívoca en sentido contrario, un tribunal nacional ante el que se ha interpuesto una demanda basada en la violación
de una disposición de la Ley nacional por la que se adapta el Derecho interno a la Directiva 1999/70 sólo está obligado, en
virtud del Derecho de la Unión, a conferir a dicha disposición un efecto retroactivo a la fecha de expiración del plazo de
adaptación del Derecho interno a dicha Directiva si existe, en ese Derecho interno, una indicación de esta naturaleza que
permita conferir a esta disposición tal efecto retroactivo.
No obstante, procede recordar que en el asunto que dio lugar a la sentencia Impact, antes citada, se planteó la cuestión de
si el tribunal remitente, que era un órgano jurisdiccional especializado al que la ley nacional que adaptó el Derecho interno
a la Directiva 1999/70 había conferido la competencia requerida para conocer de las demandas basadas en esa ley, estaba obligado,
conforme al Derecho de la Unión, a declararse competente para conocer también de pretensiones basadas directamente en esta
Directiva, cuando éstas se refirieran a un período posterior a la fecha en que expiró el plazo de adaptación a la Directiva
de que se trata pero anterior a la fecha de entrada en vigor de la Ley nacional de adaptación.
La respuesta del Tribunal de Justicia a la cuarta cuestión planteada en el asunto que dio lugar a la mencionada sentencia
Impact se basaba en el supuesto de que el tribunal remitente sólo fuera competente para pronunciarse sobre las demandas presentadas
en el procedimiento principal en la medida en que éstas se basaran en la infracción de la ley nacional que garantizaba la
adaptación del Derecho interno a la Directiva 1999/70 (sentencia Impact, antes citada, apartado 96). Únicamente en este supuesto,
y en la medida en que la ley nacional de adaptación del Derecho interno hubiera excluido la atribución de efecto retroactivo
a sus disposiciones, el Tribunal de Justicia indicó, como se desprende del apartado 93 de la presente sentencia, que el Derecho
de la Unión, en particular la exigencia de interpretación conforme, no podía, so pena de obligar al tribunal remitente a realizar
una aplicación
contra legem
del Derecho nacional, interpretarse en el sentido de que obliga a dicho órgano jurisdiccional a conferir a la norma nacional
de adaptación del Derecho interno un alcance que se retrotrae a la fecha de expiración del plazo de adaptación del Derecho
interno a dicha Directiva.
Sin embargo, contrariamente al asunto que dio lugar a la sentencia Impact, antes citada, se desprende de la información aportada
por el tribunal remitente que en el litigio principal no se plantea ninguna dificultad respecto a su propia competencia para
conocer de las pretensiones de la demandante en el litigio principal relativas al pago de trienios, en la medida en que el
recurso de la demandante está directamente basado en las disposiciones de la Directiva 1999/70.
Comoquiera que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco tiene efecto directo, la demandante en el litigo principal puede
alegar válidamente su pretensión de abono de los complementos salariales por antigüedad a los que tiene derecho frente a la
Consellería, en su calidad de empleador, de manera retroactiva, basándose directamente en las disposiciones de esta cláusula.
En el caso de autos, la demandante en el litigio principal estuvo privada de manera discriminatoria de un complemento salarial
por antigüedad incluido en las condiciones de trabajo, en el sentido de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco, durante
el período comprendido entre la expiración del plazo impartido a los Estados miembros para la transposición de la Directiva
1999/70 al Derecho interno y la adopción del artículo 25, apartado 2, de la LEBEP. En este caso, la demandante se basa en
una disposición con efecto directo para paliar una laguna que la transposición incorrecta de la Directiva 1999/70 al Derecho
interno español había dejado subsistir en éste.
En estas circunstancias, procede responder a la tercera cuestión en el asunto C‑456/09 que a pesar de la existencia en la
normativa nacional que transpone la Directiva 1999/70 al Derecho interno de una disposición que reconoce el derecho de los
funcionarios interinos al pago de trienios, pero que excluye la aplicación retroactiva de ese derecho, las autoridades competentes
del Estado miembro de que se trata están obligadas, en virtud del Derecho de la Unión y en relación con una disposición del
Acuerdo marco dotada de efecto directo, a conferir a este derecho al pago de trienios efecto retroactivo desde la fecha de
expiración del plazo impartido a los Estados miembros para la transposición de esta Directiva al Derecho interno.

Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
1)
Un miembro del personal interino de la Comunidad Autónoma de Galicia, como la demandante en el litigio principal, está incluido
en el ámbito de aplicación personal de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco
de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, y en el del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración
determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de dicha Directiva.
2)
Un complemento salarial por antigüedad como el controvertido en el litigio principal está incluido, en la medida en que constituye
una condición de trabajo, en la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura
en el anexo de la Directiva 1999/70, de manera que los trabajadores con contrato de trabajo de duración determinada pueden
oponerse a un trato que, en relación con el pago de dicho complemento y sin ninguna justificación objetiva, es menos favorable
que el trato dispensado a los trabajadores fijos que se encuentran en una situación comparable. La naturaleza temporal de
la relación de servicio de determinados empleados públicos no puede constituir, por sí misma, una razón objetiva, en el sentido
de esta cláusula del Acuerdo marco.
3)
La mera circunstancia de que una disposición nacional como el artículo 25, apartado 2, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, no contenga ninguna referencia a la Directiva 1999/70 no excluye que dicha disposición
pueda ser considerada una medida nacional de transposición de esta Directiva al Derecho interno.
4)
La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la Directiva
1999/70, es incondicional y suficientemente precisa para poder ser invocada frente al Estado por funcionarios interinos ante
un tribunal nacional para que se les reconozca el derecho a complementos salariales, como los trienios controvertidos en el
litigio principal, correspondientes al período comprendido entre la expiración del plazo impartido a los Estados miembros
para la transposición de la Directiva 1999/70 al Derecho interno y la fecha de entrada en vigor de la norma nacional que transpone
la Directiva al Derecho interno del Estado miembro de que se trate, sin perjuicio del respeto de las disposiciones pertinentes
del Derecho nacional en materia de prescripción.
5)
A pesar de la existencia en la normativa nacional que transpone la Directiva 1999/70 al Derecho interno de una disposición
que reconoce el derecho de los funcionarios interinos al pago de trienios, pero que excluye la aplicación retroactiva de ese
derecho, las autoridades competentes del Estado miembro de que se trata están obligadas, en virtud del Derecho de la Unión
y en relación con una disposición del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la
Directiva 1999/70, dotada de efecto directo, a conferir a este derecho al pago de trienios efecto retroactivo desde la fecha
de expiración del plazo impartido a los Estados miembros para la transposición de esta Directiva al Derecho interno.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: español.