CELEX: 61989CJ0087
Agricultura
Ayuda a la transformación del tomate
Reclamación por fraudes
Recurso de anulación y recurso de indemnización

Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 16 de marzo de 1989, la Société nationale interprofessionnelle de la tomate (en lo sucesivo, «Sonito») y diecisiete empresas miembros de esta última, con arreglo al párrafo 2 del artículo 173 del Tratado CEE, solicitaron la anulación de la decisión de la Comisión, que les fue comunicada el 17 de enero de 1989, mediante la cual esta última archivó una reclamación de las demandantes y, con arreglo al artículo 178 y al párrafo 2 del artículo 215 del Tratado CEE, un recurso por responsabilidad extracontractual de la Comunidad.
En una reclamación de fecha 17 de octubre de 1986, Sonito puso en conocimiento de la Comisión los fraudes cometidos, en el marco del régimen de ayuda a la transformación de tomates, por transformadores que ejercen su actividad en Grecia y en Italia. Se afirmaba en la misma que los datos sobre la transformación proporcionados por esos dos Estados miembros para las campañas 1983/1984, 1984/1985 y 1985/1986 fueron ampliamente sobrevalorados, lo cual perjudicó a los transformadores franceses, tanto en términos de competencia como de la reducción de la ayuda que se produjo para las campañas siguientes a aquella en que se superó el umbral de garantía establecido por la normativa comunitaria. Sonito estimó que la Comisión podía interponer contra los Estados miembros de que se trata un recurso por incumplimiento, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE y que tenía la obligación de corregir, conforme a la normativa comunitaria aplicable, los datos erróneos proporcionados por los Estados miembros.
En la carta de 17 de enero de 1989, la Comisión afirmaba que no disponía de datos que acreditasen que Italia o. Grecia hubieran incumplido los deberes de control y comprobación que les incumbían y que las investigaciones efectuadas por sus servicios no habían permitido descubrir la existencia de irregularidades.
Para una más amplia exposición de los hechos, del desarrollo del procedimiento y de los motivos y alegaciones de las partes, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre el recurso de anulación
El recurso interpuesto con arreglo al párrafo 2 del artículo 173 del Tratado CEE tiene por objeto la anulación tanto de lá decisión de la Comisión dé no cursar la solicitud de Sonito de iniciar un procedimiento de declaración de incumplimiento contra Italia y contra Grecia, como de su negativa a corregir con carácter retroactivo los datos proporcionados por los Estados miembros y, por consiguiente, los importes de las ayudas concedidas a los transformadores franceses.
Por lo que respecta a la decisión de la Comisión de no iniciar un procedimiento de declaración de incumplimiento, del sistema del artículo 169 del Tratado CEE resulta que la Comisión no está obligada a incoar un procedimiento con arreglo a dicha disposición, sino que dispone de una facultad de apreciación discrecional, que excluye el derecho de los particulares a exigir a la institución que adopte una postura en un sentido determinado y a interponer un recurso de anulación contra su negativa a actuar.
En efecto, la Comisión sólo emite un dictamen motivado cuando considera que el Estado miembro de que se trata ha incumplido alguna de sus obligaciones. Además, en el supuesto de que dicho Estado no se atenga a este dictamen en el plazo señalado, la Comisión tiene en todo caso la facultad, pero no la obligación, de acudir al Tribunal de Justicia para que se declare el incumplimiento alegado (véase la reciente sentencia de 14 de febrero de 1989, Star Fruit,
247/87, Rec. 1989, p. 291
).
Por lo que se refiere a la negativa de la Comisión a corregir con carácter retroactivo el importe de las ayudas concedidas, baste afirmar que las demandantes no pueden alegar que dicha negativa les afecta directa e individualmente, con arreglo al párrafo 2 del artículo 173 del Tratado CEE. En efecto, la corrección retroactiva solicitada habría debido adoptarse en forma de reglamento de alcance general, que afectase, de forma objetiva, a todos los operadores económicos de la Comunidad, en su calidad exclusiva de transformadores de tomates.
Debe declararse, por tanto, la inadmisibilidad del recurso de anulación tanto respecto a la decisión de la Comisión de no iniciar un procedimiento con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE contra Italia y contra Grecia, como respecto a la negativa a corregir con carácter retroactivo el importe de las ayudas concedidas.
Sobre el recurso por responsabilidad extracontractual
Las demandantes solicitan la reparación de tres perjuicios, a saber, la diferencia entre el importe de la ayuda efectivamente percibida durante las campañas 1984/1985 a 1987/1988 y el de la ayuda que hubieran debido percibir de no existir la reducción, el perjuicio comercial y, para Sonito solamente, el reembolso de los gastos procesales en Italia.
La Comisión niega la admisibilidad del recurso, por responsabilidad extracontractual, alegando que las demandantes impugnan, en realidad, omisiones de control y de actuaciones que competen solamente a las autoridades nacionales. Ahora bien, los órganos jurisdiccionales nacionales son los únicos competentes para garantizar la reparación de perjuicios imputables a las autoridades nacionales.
Ha de señalarse a este respecto que las demandantes alegan perjuicios que tienen su causa, según ellas, en un comportamiento presuntamente ilegal, no de las autoridades nacionales, sino de la Comisión, consistente en la incorrección de los datos proporcionados por ciertos Estados miembros y, por consiguiente, de las ayudas concedidas. Debe desestimarse, por tanto, esta excepción de inadmisibilidad.
Por lo que respecta a la pretensión de reparación del perjuicio resultante de la diferencia entre la ayuda efectivamente abonada y aquélla a la cual pretenden tener derecho las demandantes, la Comisión invoca una segunda excepción de inadmisibilidad específica, al alegar que el objeto real de este recurso equivale al pago de los importes resultantes de la retirada o la anulación de los sucesivos reglamentos adoptados por la Comisión; ahora bien, al no estar facultadas las demandantes para perseguir tal objetivo mediante el recurso contemplado en el párrafo 2 del artículo 173 del Tratado CEE, no pueden hacerlo tampoco mediante el recurso por responsabilidad, en virtud del artículo 178 y del párrafo 2 del artículo 215 del mismo Tratado.
Ha de recordarse a este respecto que la acción de indemnización con arreglo al artículo 178 y al párrafo 2 del artículo 215 del Tratado CEE se estableció como una vía jurisdiccional autónoma que tiene su función específica dentro del sistema de recursos y cuyo ejercicio está supeditado a requisitos concebidos en función de su objeto. Se diferencia, en particular, del recurso de anulación en que tiene por objeto no la supresión de una medida determinada, sino la reparación de un perjuicio causado por una institución (véase sentencia de 26 de febrero de 1986, Krohn,
175/84, Rec. 1986, p. 753, 763
).
La pretensión de indemnización deducida por las demandantes debe examinarse, por consiguiente, en el marco de este recurso y puede admitirse si es fundada, sin que sea necesario que la Comisión adopte nuevos actos normativos (sentencia de 4 de octubre de 1979, Interquell, asuntos acumulados
261/78 y 262/78, Rec. 1979, p. 3045
). En tales circunstancias, debe declararse su admisibilidad.
Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia que para que pueda exigirse responsabilidad extracontractual a la Comunidad deben reunirse un conjunto de requisitos relativos a la ilegalidad del comportamiento imputado a las instituciones comunitarias, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento y el perjuicio alegado.
Por lo que se refiere a la reparación del perjuicio consistente en la diferencia entre la ayuda tal como estaba prevista efectivamente y la que hubiera debido abonarse y el perjuicio comercial, procede señalar que las demandantes no han podido demostrar la existencia de un comportamiento ilegal por parte de la Comisión. En efecto, de los autos y de los debates mantenidos en la vista se deduce que la Comisión sólo disponía, respecto a los fraudes presuntamente cometidos por los operadores económicos en Italia y en Grecia, de datos aislados e inseguros que le habían sido comunicados por las autoridades nacionales. Los controles realizados por los propios servicios de la Comisión no habían revelado la existencia de fraudes de la índole de los invocados por las demandantes. En tales circunstancias, la Comisión no podía proceder legalmente a la corrección de los datos proporcionados y, por consiguiente, a una adaptación retroactiva del importe de las ayudas para las campañas 1984/1985 a 1987/1988.
Por lo que respecta a la pretensión de reembolso de los gastos procesales efectuados en Italia, Sonito no ha podido probar que la Comisión estuviera obligada a apoyarla en procedimientos que en ningún caso habían dado lugar a una indemnización del perjuicio esencial del que afirma haber sido víctima, y que consiste en un lucro cesante, derivado de no haberse corregido los importes de ayuda concedidos.
En tales circunstancias, debe desestimarse, por infundado, el recurso por responsabilidad extracontractual.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por las demandantes, procede condenarlas en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
decide:

1)
Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2)
Desestimar, por infundado, el recurso por responsabilidad extracontractual.

3)
Condenar en costas a las demandantes.

Kakouris
Schockweiler
Mancini
O'Higgins
Diez de Velasco
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 17 de mayo de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Sexta
C. N. Kakouris
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.