CELEX: 61986CJ0055
Admisibilidad
Reglamento por el que se sanciona la infracción de las disposiciones del Acta de adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas en materia de pesca

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 26 de febrero de 1986, la Asociación provincial de armadores de buques de pesca de Gran Sol de Pontevedra (en lo sucesivo «Arposol») interpuso, al amparo del párrafo 2 del artículo 173 del Tratado CEE, un recurso que tiene por objeto la anulación del Reglamento n
o
3781/85 del Consejo, de 31 de diciembre de 1985, por el que se establecen las medidas que deben adoptarse respecto de los operadores que no respeten determinadas disposiciones relativas a las actividades de pesca previstas por el Acta de adhesión de España y Portugal (
DO L 363, p. 26
; EE 04/04, p. 233).
Arposol es una asociación constituida para representar y defender los intereses de cuarenta y seis empresas españolas de armadores de pesca cuyos buques se dedican a la pesca no especializada en aguas de los Estados de la antigua Comunidad de los Diez.
Según el artículo 158 del «Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a la Comunidad Económica Europea y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica», de 12 de junio de 1985 (en lo sucesivo el «Acta de adhesión») (
DO L 302, p. 9
), solamente 300 barcos de pesca españoles no especializados, cuya lista, llamada «lista de base», se encuentra en el Anexo IX del Acta de adhesión, están autorizados a faenar en las aguas de los Estados de la antigua Comunidad de los Diez. En esta lista figuran especialmente todos los miembros de Arposol. El párrafo 2 del artículo 158 precisa que sólo podrán faenar simultáneamente 150 de estos barcos siempre que figuren en una lista periódica establecida por la Comisión. A tenor del artículo 163, las autoridades españolas someterán a la Comisión proyectos de listas periódicas.
Los artículos 160, 164, 165, 349, 351 y 352 del Acta de adhesión prevén sistemas comparables de listas de base y de listas periódicas en lo que se refiere al acceso de los barcos españoles de pesca especializados a las aguas de los Estados de la antigua Comunidad de los Diez, al de los barcos portugueses a las aguas españolas y a las aguas de los Estados de la antigua Comunidad de los Diez y, finalmente, al acceso de los barcos de los Estados de la antigua Comunidad de los Diez a las aguas españolas y portuguesas.
El Reglamento n
o
3781/85 del Consejo establece las medidas destinadas a garantizar el respeto de la normativa de acceso a las aguas y a los recursos previstos en los artículos 163, 164, 165, 349, 351 y 352 del Acta de adhesión, por parte de los buques pesqueros que enarbolen pabellón de un Estado miembro o que están registrados o matriculados en un Estado miembro.
En el apartado 1 de su artículo 2, el Reglamento n
o
3781/85 prevé que las autoridades competentes comunicarán sin demora a la Comisión y al Estado miembro del pabellón o al Estado miembro de registro o de matriculación, cualquier infracción comprobada de las disposiciones citadas del Acta de adhesión, indicando el nombre y las marcas de identificación del buque de que se trate, el nombre del capitán, del propietario y, en su caso, del armador, las condiciones de la infracción y las posibles acciones penales o administrativas y demás medidas adoptadas, así como cualquier decisión jurisdiccional relativa a dicha infracción. A tenor del apartado 2 del artículo 2, una vez notificada una decisión jurisdiccional o comprobado cualquier otro caso de infracción de la normativa citada del Acta de adhesión, el Estado miembro del pabellón o del registro no podrá volver a inscribir el buque de que se trate en los proyectos de listas periódicas que presente a la Comisión. El artículo 3 del mismo Reglamento prevé distintos periodos durante los cuales no podrá volverse a incluir un buque en estos proyectos de listas periódicas, según se trate de una primera infracción o no y según se trate de un buque que se dedique a la pesca no especializada o a la pesca especializada. Estos distintos períodos varían entre dos y dieciocho meses.
Para una más amplia exposición de los hechos, del procedimiento, de los textos pertinentes y de los motivos y alegaciones de las partes, la Sala se remite al informe para la vista.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 13 de marzo de 1986, el Consejo propuso una excepción de inadmisiblidad conforme al apartado 1 del artículo 91 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal. Para apoyar su excepción, alegó en primer lugar que la recurrente no quedaba afectada directa e individualmente, a los efectos del párrafo 2 del artículo 173 del Tratado, por el Reglamento impugnado, dado que éste tenía un alcance general y era de naturaleza meramente normativa. El Consejo sostenía a continuación que el recurso era inadmisible debido al hecho de que una asociación no quedaba afectada individualmente, como representante de una categoría de empresarios, por un acto que afectara a los intereses generales de esta categoría. Finalmente, estimaba que el procedimiento apropiado para impugnar el Reglamento n
o
3781/85 consistía en interponer recursos nacionales contra las medidas de aplicación del Reglamento.
Por su parte, la demandante estima que, en realidad, el Reglamento impugnado se refiere a un número determinado de destinatarios, entre los que se cuentan sus miembros, y que por lo tanto queda afectada directa e individualmente. Subraya a continuación que, en asuntos de funcionarios, el Tribunal ha admitido recursos interpuestos por asociaciones en nombre de sus miembros. Finalmente, estima que el artículo 173 del Tratado es el procedimiento apropiado para interponer un recurso contra un acto comunitario.
En virtud del párrafo 2 del artículo 173 del Tratado CEE, una persona física o jurídica solamente puede interponer un recurso contra las decisiones que revisten la forma de un Reglamento o de una decisión dirigida a otra persona, si le afectan directa e individualmente.
En el caso de autos, procede subrayar que, para que la sanción consistente en denegar la inclusión pueda ser adoptada por un Estado, es necesario que se reúnan todas las condiciones previstas por el artículo 2 del Reglamento n
o
3781/85 y, especialmente, que otro Estado miembro haya comunicado al Estado del pabellón la existencia de una infracción comprobada judicial o administrativamente. Además, esta sanción sólo es definitiva después de que la Comisión apruebe las listas periódicas en las que no figure el nombre del buque sancionado.
Los propietarios de los buques agrupados en Arposol sólo podrán verse afectados si el Estado al que pertenecen se niega, en virtud del artículo 2 del Reglamento impugnado, a incluirles en los proyectos de listas periódicas que someta a la Comisión y si estos proyectos de listas son aprobados como tales por la Comisión.
En estas circunstancias, hay que poner de manifiesto que la demandante no se ve afectada directamente por el Reglamento n
o
3781/85, puesto que sus miembros sólo pueden quedar afectados de hecho por una decisión nacional, que no se adoptará más que en el caso de que se reúnan varias condiciones y en la medida en que esta decisión sea aprobada por la Comisión.
A la vista de lo anterior y sin que sea necesario examinar los demás motivos de inadmisibilidad, procede declarar la inadmisión del recurso.
Costas
En virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte vencida será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos de la demandante, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
decide:

1)
Declarar la inadmisión del recurso.

2)
Condenar en costas a la demandante.

Bosco
Moitinho de Almeida
Everling
Galmot
Joliet
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, el 14 de enero de 1988.
El Secretario
P. Heim
El Presidente de la Sala Quinta
G. Bosco
(
*1
)	Lengua de procedimiento: español.