CELEX: 62009CJ0340
Incumplimiento de Estado
Directiva 1999/22/CE
Artículo 4, apartados 2 a 5
Mantenimiento de animales salvajes
Parques zoológicos

Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que, en lo que atañe
a determinados parques zoológicos situados en Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura,
Galicia y Comunidad Valenciana, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4,
apartados 2 a 5, de la Directiva 1999/22/CE del Consejo, de 29 de marzo de 1999, relativa al mantenimiento de animales salvajes
en parques zoológicos (DO L 94, p. 24):
–        al no garantizar, a más tardar en la fecha prevista por la citada Directiva, que todos los parques zoológicos situados en
su territorio cuenten con una autorización válida emitida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, apartados 2 y
3, de dicha Directiva y, por lo que se refiere a Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria y Castilla y León, en el artículo 4,
apartado 4, de la misma Directiva, y
–        al no decretar en el caso de parques zoológicos sin autorización las medidas de cierre de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 4, apartado 5, de la referida Directiva.

Marco jurídico

Normativa de la Unión
De conformidad con su artículo 1, la Directiva 1999/22 tiene por objeto «proteger la fauna silvestre y conservar la biodiversidad
mediante la adopción, por parte de los Estados miembros, de medidas relativas a la autorización e inspección de los parques
zoológicos en la Comunidad, potenciando así su papel en la conservación de la biodiversidad».
El artículo 2 de la Directiva 1999/22 dispone lo siguiente:
«A efectos de la presente Directiva, por “parques zoológicos” se entenderán todos los establecimientos permanentes en donde
se mantengan animales vivos de especies silvestres para su exposición al público, durante siete o más días al año, pero no
los circos, las tiendas de animales ni los establecimientos a los que los Estados miembros eximan de los requisitos de la
presente Directiva por no exponer un número significativo de animales o especies al público y por no poner en peligro los
objetivos de la misma.»
A tenor del artículo 3 de la Directiva 1999/22:
«Los Estados miembros deberán adoptar medidas de conformidad con lo previsto en los artículos 4, 5, 6 y 7 para garantizar
que todos los parques zoológicos cumplan las siguientes medidas de conservación:
–        participación en la investigación que redunde en la conservación de especies, o formación en técnicas pertinentes de conservación,
o intercambio de información sobre la conservación de especies o, cuando proceda, cría en cautividad, repoblación o reintroducción
de especies en el medio silvestre;
–        fomento de la educación y de la toma de conciencia por el público en lo que respecta a la conservación de la biodiversidad,
en particular facilitando información sobre las especies expuestas y sus hábitats naturales;
–        alojamiento de los animales en condiciones que persigan la satisfacción de las necesidades biológicas o de conservación de
cada especie, entre otras cosas proporcionando a las especies los recintos adecuados a cada una de ellas y manteniendo un
nivel elevado en la cría de animales, con un programa avanzado de atención veterinaria preventiva y curativa y de nutrición;
–        prevención de la huida de los animales para evitar posibles amenazas ecológicas a las especies indígenas y prevención de la
introducción de plagas y parásitos de procedencia exterior;
–        mantenimiento de los registros actualizados de las colecciones del parque zoológico adaptados a las especies registradas.»
El artículo 4 de la Directiva 1999/22 establece las siguientes obligaciones en materia de autorización e inspección:
«1.      Los Estados miembros deberán adoptar medidas sobre autorización e inspección de los parques zoológicos existentes o nuevos
para garantizar que se cumplan los requisitos del artículo 3.
2.      Cada parque zoológico deberá contar con una autorización válida en un plazo de cuatro años tras la entrada en vigor de la
presente Directiva o, en el caso de parques zoológicos de nueva creación, antes de su apertura al público.
3.      Cada autorización deberá incluir condiciones relativas a la ejecución de los requisitos del artículo 3. El cumplimiento de
estas condiciones deberá controlarse, entre otros, mediante inspecciones periódicas y se deberán adoptar las medidas pertinentes
para garantizar dicho cumplimiento.
4.      Antes de conceder o denegar una autorización, de ampliar su duración o de modificarla de forma significativa, se deberá efectuar
una inspección por parte de las autoridades competentes del Estado miembro con el fin de determinar el cumplimiento o incumplimiento
de las condiciones de autorización o de las condiciones de autorización propuestas.
5.      Si un parque zoológico no cuenta con una autorización de conformidad con la presente Directiva o las condiciones de autorización
no se cumplen:
a)      la autoridad competente cerrará el parque zoológico o parte del mismo al público, o
b)      el parque zoológico deberá ajustarse a las condiciones impuestas por la autoridad competente para garantizar el cumplimiento
de las condiciones de autorización.
En el caso de que dichas condiciones no se cumplan en un plazo adecuado, que deberán fijar las autoridades competentes y que
no podrá exceder de dos años, la autoridad competente retirará o modificará la autorización y cerrará el parque zoológico
o parte del mismo.»
El artículo 5 de la Directiva 1999/22 dispone lo siguiente:
«Las condiciones de autorización que se determinan en el artículo 4 no se aplicarán cuando un Estado miembro pueda demostrar
en una forma que la Comisión considere satisfactoria que el objetivo de la presente Directiva, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 1, así como las condiciones aplicables a los parques zoológicos establecidas en el artículo 3 se cumplen y
mantienen de manera constante mediante un sistema normativo y de registro. El mencionado sistema debería contener, entre otras,
disposiciones relativas a la inspección y cierre de los parques zoológicos equivalentes a las contenidas en los apartados
4 y 5 del artículo 4.»
En virtud del artículo 9 de la Directiva 1999/22, el Derecho interno debía adaptarse a la misma a más tardar el 9 de abril
de 2002. La Directiva entró en vigor el día de su publicación en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas,
a saber, el 9 de abril de 1999.

Normativa nacional
La Directiva 1999/22 fue transpuesta en Derecho español en virtud de la Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de
la fauna silvestre en los parques zoológicos.
De conformidad con el apartado 1 del artículo 7 de la Ley 31/2003, la apertura al público, la modificación sustancial y la
ampliación de los parques zoológicos están sujetas a autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma donde se
ubiquen. Según el apartado 2 de la misma disposición, el órgano competente concederá la autorización previa comprobación de
que el parque zoológico para el que ha sido solicitada cumple los requisitos establecidos en los artículos 3 (relativo a medidas
de bienestar animal, profilácticas y ambientales), 5 (sobre personal especializado y medios materiales) y 6 (relativo al registro
de especies y ejemplares) de la citada Ley, además de cumplir con los programas previstos en el artículo 4 de la misma.
Según el apartado 3 del artículo 7 de la Ley 31/2003, la autorización fijará las condiciones específicas aplicables al parque
zoológico, para asegurar el cumplimiento de lo establecido en la citada Ley y en la correspondiente normativa autonómica.
Finalmente, a tenor del apartado 4 de ese mismo artículo 7, se entenderá denegada la autorización si, transcurridos seis meses
desde la recepción de la solicitud en el órgano correspondiente, no se hubiera notificado la resolución.
Con arreglo al apartado 1 del artículo 8 de la Ley 31/2003, mediante las correspondientes inspecciones, el órgano competente
de la Comunidad Autónoma comprobará el cumplimiento por los parques zoológicos de las medidas de conservación comprendidas
en el capítulo II de la Ley 31/2003 (artículos 3 a 6) y en la normativa autonómica de aplicación, así como de las condiciones
específicas fijadas en las respectivas autorizaciones. También se indica en dicho apartado 1 que el órgano competente de la
Comunidad Autónoma realizará, cuando menos, una inspección anual de cada parque zoológico.
A tenor de las disposiciones de la letra a) del apartado 4 del artículo 13 y del apartado 1 del artículo 15 de la Ley 31/2003,
el órgano competente de la Comunidad Autónoma impondrá el cierre temporal o definitivo, total o parcial, de un parque zoológico
cuando su apertura al público, su modificación sustancial o su ampliación se haya producido sin la autorización del correspondiente
órgano competente.
La disposición transitoria única de la Ley 31/2003, relativa a la adaptación de parques zoológicos existentes, establece lo
siguiente:
«Los parques zoológicos que estén abiertos al público en la fecha de entrada en vigor de esta Ley deberán ajustarse a lo establecido
en ella y solicitar la correspondiente autorización en el plazo de un año.
Se podrá entender concedida la autorización si, en el plazo de seis meses desde la recepción de la solicitud en el órgano
competente, no se hubiera notificado la resolución.
Los parques zoológicos que no soliciten la autorización correspondiente en el plazo señalado deberán cerrar sus instalaciones
al público [...].»

Procedimiento administrativo previo
La Comisión recibió, en octubre de 2006, una denuncia relativa a las deficiencias en la aplicación de la Directiva 1999/22
en España, según la cual la aplicación de la disposición transitoria única de la Ley 31/2003 supone que los parques zoológicos
existentes en ese Estado miembro pueden seguir abiertos aunque no hayan sido ni inspeccionados ni autorizados, siempre que
hayan solicitado su autorización a la autoridad competente. En la citada denuncia se hace constar asimismo la existencia de
numerosos parques zoológicos que no han solicitado su autorización pero que continúan en actividad.
El 23 de marzo de 2007, la Comisión envió al Reino de España un escrito de requerimiento en relación con la aplicación y transposición
incorrectas del artículo 4 de la Directiva 1999/22.
Las autoridades españolas contestaron por carta de 6 de junio de 2007, mediante la que transmitieron un informe preparado
por el Ministerio de Medio Ambiente. Esta respuesta fue completada mediante dos escritos de fechas 26 de julio y 9 de agosto
de 2007, respectivamente.
Al no considerar satisfactorias las observaciones transmitidas por el Reino de España, el 23 de septiembre de 2008 la Comisión
remitió a dicho Estado miembro, de conformidad con el artículo 226 CE, un dictamen motivado en el que se refería a la mala
aplicación de las obligaciones en materia de autorización, inspección y cierre de los parques zoológicos establecidas por
los apartados 2 a 5 del artículo 4 de la Directiva 1999/22. En consecuencia, la Comisión instó al Reino de España a que adoptara
las medidas requeridas en un plazo de dos meses desde la recepción del dictamen motivado.
En aquel dictamen se concluye que, según se desprende de la información transmitida a la Comisión, las mencionadas obligaciones
se incumplen en parques zoológicos situados en Aragón, Asturias, Baleares, País Vasco, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana, así como en Ceuta y Melilla.
Mediante carta de 17 de diciembre de 2008, completada el 23 de marzo de 2009, las autoridades españolas remitieron a la Comisión
información y documentación en respuesta al dictamen motivado.
Al considerar que la situación no había experimentado cambio alguno, la Comisión decidió interponer el presente recurso.
No obstante, en el curso del procedimiento la Comisión desistió parcialmente de su recurso, en la medida en que éste afectaba
a la Comunidad Valenciana, pese a considerar que esta última no había regularizado su situación sino con posterioridad a la
presentación del escrito de recurso.

Sobre el recurso

Alegaciones de las partes
La Comisión estima que, según la información transmitida por el Reino de España, son numerosos los parques zoológicos sitos
en dicho Estado miembro que no cumplen las obligaciones en materia de inspección y autorización previstas en los apartados
2 a 4 del artículo 4 de la Directiva 1999/22. La Comisión añade que, en consecuencia, aquel Estado miembro tampoco cumple
las obligaciones que establece el apartado 5 del artículo 4 de la misma Directiva, obligaciones que se refieren al cierre
de los mencionados parques zoológicos.
A este respecto, la Comisión sostiene, en primer lugar, que varios parques zoológicos no tramitaron autorización alguna, incumpliendo
así las obligaciones que establecen los apartados 2 a 4 del artículo 4 de la Directiva 1999/22.
En segundo lugar, la Comisión constata que algunos parques zoológicos obtuvieron autorización sin que se hubiera efectuado
una inspección previa para comprobar el respeto de las condiciones de autorización y sin que se incluyeran en la autorización
condiciones relativas a la ejecución de todos los requisitos del artículo 3 de la Directiva 1999/22.
En tercer lugar, en lo que atañe a algunos otros parques zoológicos, si bien se realizó efectivamente una inspección, las
autorizaciones no se concedieron sino después de la expiración del plazo fijado en el dictamen motivado.
Además, en ninguno de esos casos se aplicaron las medidas de cierre previstas en el artículo 4, apartado 5, de la Directiva 1999/22.
El Reino de España niega formalmente el incumplimiento alegado, pero reconoce los hechos que están en su origen.
En efecto, el Reino de España alega que la adaptación del Derecho español a la Directiva 1999/22 se llevó a cabo en virtud
de la Ley 31/2003, la cual prevé que la responsabilidad respecto del cumplimiento de las disposiciones en materia de mantenimiento
de animales salvajes en parques zoológicos corresponde a las Comunidades Autónomas. De este modo, son las Comunidades Autónomas
las que, en cada ámbito territorial, deben responder del cumplimiento de todos los aspectos relativos a esta materia.
En primer lugar, el Reino de España considera que la disposición transitoria única de la Ley 31/2003 resulta conforme con
lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva 1999/22.
En segundo lugar, el Reino de España sostiene, en lo que atañe a aquellos parques zoológicos que no contaban con autorización
en el momento de la expiración del plazo establecido en el dictamen motivado, que caben dos posibilidades: bien concederles
una nueva autorización tras la correspondiente inspección, bien utilizar un procedimiento alternativo para garantizar el adecuado
cumplimiento de los objetivos de la Directiva 1999/22.
En lo que atañe al primero de esos dos aspectos que plantea el Reino de España, la Comisión replica que los argumentos alegados
al respecto carecen de pertinencia, habida cuenta de que el presente procedimiento solamente afecta a la disposición transitoria
única de la Ley 31/2003 en la medida en que dicha disposición pueda ser la causa de una situación de incumplimiento de las
disposiciones de los apartados 2 a 5 del artículo 4 de la Directiva 1999/22.
En este contexto la Comisión expone que la aplicación de la mencionada disposición transitoria puede dar lugar a una infracción
si la autorización presunta se obtiene en virtud del párrafo segundo de dicha disposición, en la medida en que los parques
zoológicos afectados contarían con una autorización a pesar de no haber sido objeto de inspección previa y sin que se hubieran
incluido en la autorización las condiciones relativas a la ejecución de todos los requisitos del artículo 3 de la Directiva 1999/22.
En lo que atañe al segundo de los aspectos planteados por el Reino de España, la Comisión subraya que incumbe a dicho Estado
miembro demostrar la instauración, conforme al artículo 5 de la Directiva 1999/22, de un procedimiento alternativo a la concesión
de la autorización e indicar con claridad con qué disposiciones cumple sus obligaciones en materia de inspección y apertura
de parques zoológicos.
En su escrito de dúplica, el Reino de España afirma que las ocho Comunidades Autónomas involucradas en el presente recurso
han cumplido entretanto las obligaciones que, en virtud de las disposiciones de la Directiva 1999/22, les incumben en materia
de inspección y autorización de parques zoológicos.

Apreciación del Tribunal de Justicia
El presente procedimiento tiene por objeto que se declare que el Reino de España no ha cumplido las obligaciones que le incumben
en virtud de la Directiva 1999/22, en la medida en que no ha garantizado la aplicación de varias disposiciones de la misma.
En lo que atañe a la carga de la prueba, procede recordar que, en el marco de un procedimiento por incumplimiento iniciado
con arreglo al artículo 226 CE, corresponde a la Comisión probar la existencia del incumplimiento alegado. Es la Comisión
quien debe aportar al Tribunal de Justicia los datos necesarios para que éste pueda verificar la existencia de tal incumplimiento,
sin poder basarse en cualquier presunción (véanse, entre otras, las sentencias de 25 de mayo de 1982, Comisión/Países Bajos,
96/81, Rec. p. 1791, apartado 6, y de 12 de septiembre de 2000, Comisión/Países Bajos, C‑408/97, Rec. p. I‑6417, apartado 15).
No obstante, los Estados miembros están obligados, en virtud del artículo 10 CE, a facilitar a la Comisión el cumplimiento
de su misión, que consiste, en particular, según el artículo 211 CE, en velar por la aplicación de las disposiciones del Tratado
CE, así como de las disposiciones adoptadas por las instituciones en virtud del mismo (sentencias, antes citadas, de 25 de
mayo de 1982, Comisión/Países Bajos, apartado 7, y de 12 de septiembre de 2000, Comisión/Países Bajos, apartado 16).
De lo anterior se deduce que, cuando la Comisión ha aportado suficientes elementos que ponen de relieve determinados hechos
producidos en el territorio del Estado miembro demandado, incumbe a este último rebatir de manera fundada y pormenorizada
los datos así presentados y las consecuencias derivadas de los mismos (véase, por analogía, la sentencia de 9 de noviembre
de 1999, Comisión/Italia, C‑365/97, Rec. p. I‑7773, apartados 84 y 86).
Por otra parte, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, la existencia de un incumplimiento debe apreciarse
en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se presentaba al finalizar el plazo establecido en el dictamen
motivado y que los cambios ocurridos posteriormente no pueden ser tenidos en cuenta por el Tribunal de Justicia, aun cuando
constituyan una adaptación correcta a la norma de Derecho comunitario objeto del recurso por incumplimiento (véase la sentencia
de 17 de diciembre de 2009, Comisión/Grecia, C‑248/08, aún no publicada en la Recopilación, apartado 23).
El Reino de España no niega que, al finalizar el plazo establecido en el dictamen motivado, los parques zoológicos en cuestión
no contaban con una autorización concedida con arreglo a las disposiciones de la Directiva 1999/22. El Reino de España admite
también que no procedió al cierre de dichos parques zoológicos.
Así pues, consta que, en lo que atañe a los parques zoológicos en cuestión, no se han cumplido las obligaciones que se establecen
en los apartados 2, 3 y 5 del artículo 4 de dicha Directiva, y, en su caso, en el apartado 4 del mismo artículo.
Cabe constatar asimismo que el Reino de España no ha aportado ningún elemento concreto para demostrar que los procedimientos
alternativos a los que hace referencia –concretamente los aplicados basándose en la legislación anterior– se atienen a las
exigencias del artículo 5 de la Directiva 1999/22. Antes al contrario, el hecho de que dicho Estado miembro arguya que se
encuentra en fase de elaboración, en las diferentes Comunidades Autónomas a las que afecta el presente recurso, una nueva
normativa destinada a aplicar los procedimientos de autorización y de inspección regulados en la Ley 31/2003, corrobora la
idea de que la legislación vigente no resulta suficiente a este respecto.
Por último, en cuanto al argumento del Reino de España de que, con arreglo a su legislación nacional, incumbe a las Comunidades
Autónomas dar cumplimiento a las disposiciones de la Directiva 1999/22, basta con recordar que un Estado miembro no puede
alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de
las obligaciones y plazos establecidos por una directiva (véanse, entre otras, las sentencias de 4 de octubre de 2001, Comisión/Luxemburgo,
C‑450/00, Rec. p. I‑7069, apartado 8, y de 25 de febrero de 2010, Comisión/España, C‑295/09, apartado 10).
En estas circunstancias, procede considerar fundado el recurso interpuesto por la Comisión.
Por consiguiente, procede declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
1999/22, al no haber adoptado dentro del plazo establecido, en lo que atañe a los parques zoológicos sobre los que versa el
presente recurso, situados en Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Galicia, todas
las medidas necesarias en materia de inspección, autorización y, en su caso, cierre de tales establecimientos con arreglo
a los apartados 2 a 5 del artículo 4 de la citada Directiva.

Costas
A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por otro lado, el artículo 69, apartado 5, párrafo primero, del mismo Reglamento
dispone que, a petición de la parte que desista, la otra parte soportará las costas si la actitud de esta última lo justificase.
En su escrito de recurso la Comisión solicitó la condena en costas del Reino de España, manteniendo esta pretensión con posterioridad
a su desistimiento parcial.
En el caso de autos, se han desestimado los motivos del Reino de España en lo que atañe a las imputaciones de las que la Comisión
no ha desistido.
En cuanto al desistimiento parcial de la Comisión al que se refiere el apartado 21 de la presente sentencia, procede declarar
que la información relativa a la conformidad de los establecimientos de la Comunidad Valenciana únicamente fue comunicada
por el Reino de España en su escrito de contestación y que, además, en el caso de uno de los parques zoológicos de dicha Comunidad,
la autorización no se concedió sino después de haberse presentado el recurso. Por consiguiente, la actitud del Estado miembro
en cuestión fue determinante para que se formulara la imputación relativa a aquella Comunidad.
En estas circunstancias, el desistimiento parcial de la Comisión es el resultado de la actitud del Reino de España.
Por consiguiente, procede condenar en costas al Reino de España.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide:
1)
Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 1999/22/CE del Consejo,
de 29 de marzo de 1999, relativa al mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos, al no haber adoptado dentro
del plazo establecido, en lo que atañe a los parques zoológicos sobre los que versa el presente recurso, situados en Aragón,
Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Galicia, todas las medidas necesarias en materia de
inspección, autorización y, en su caso, cierre de tales establecimientos con arreglo a los apartados 2 a 5 del artículo 4
de la citada Directiva.
2)
Condenar en costas al Reino de España.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: español.