CELEX: 61988CJ0213
Sede de las Instituciones y lugares de trabajo del Parlamento Europeo
Traslado de personal

Mediante dos recursos presentados en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 1 de agosto de 1988 y el 16 de febrero de 1989, el Gran Ducado de Luxemburgo solicitó, con arreglo a los artículos 31 y 38 del Tratado CECA, el artículo 173 del Tratado CEE y el artículo 146 del Tratado CEEA, la anulación, por un lado, de la decisión de la Mesa del Parlamento Europeo de 1 y 2 de junio de 1988 relativa á los Servicios de información y de relaciones públicas en Bruselas, y de la decisión de dicha Mesa, de 15 de junio de 1988, titulada «Nota relativa a las previsiones a medio plazo para las actividades del Parlamento Europeo en los tres lugares de trabajo habituales» (asunto C-213/88), y, por otro, de la Resolución del Parlamento Europeo de 18 de enero de 1989 sobre la sede de las Instituciones y el principal lugar de trabajo del Parlamento Europeo (
DO C 47, p. 88
; asunto C-39/89).
Recurso C-213/88
La decisión de la Mesa del Parlamento de 1 y 2 de junio de 1988 se adoptó con arreglo a un informe del Secretario General del Parlamento, examinado el 15 y 17 de diciembre de 1987, cuyo objeto era establecer, a petición de la Mesa ampliada, las medidas necesarias para reforzar los Servicios de información implantados en Bruselas. Está constituida por varios documentos.
Del resumen del acta de la reunión de la Mesa del Parlamento de 1 de junio de 1988, titulado «Servicios de información y de relaciones públicas en Bruselas» (documento PE 122.508/Mesa), se deduce que la Mesa tomó nota del informe de 19 de mayo de 1988 del grupo
ad hoc
«Información» titulado «Refuerzo de los Servicios de información en Bruselas» (PE 122.503/Mesa), manifestó su conformidad con las orientaciones generales preconizadas por este documento y encargó al Secretario General que estableciera las condiciones necesarias para ejecutar las propuestas aprobadas.
En este informe se afirma que «la Oficina central de prensa debe seguir estando bien diferenciada de la Oficina de Información de Bruselas» y que «para la ejecución de sus tareas, este Servicio [es decir, la Oficina central de prensa] puede contar con la contribución de los sectores de la División de publicaciones trasladados a Bruselas»
(traducción no oficial).
El grupo
ad hoc
llegó a la conclusión de que «un refuerzo coherente de las actividades de información en Bruselas exige el traslado en breve plazo de un cierto número de funcionarios, a la espera de decisiones ulteriores»
(traducción no oficial).
El grupo
ad hoc
consideraba, en particular, que «aunque sólo sea con carácter transitorio, se deberían trasladar por etapas determinados sectores lingüísticos de la División de publicaciones, actualmente instalados en Luxemburgo, manteniendo la unidad geográfica de los equipos y sin que resulten perjudicadas las actividades normales»
(traducción no oficial).
Después del traslado del sector inglés de esta División, decidido por la Mesa el 15 de diciembre de 1987 y previsto para el 1 de septiembre de 1988, este proyecto pretende, a partir del 1 de enero de 1989, el traslado del sector portugués, en el que los cuatro funcionarios que lo integran manifestaron su acuerdo a este respecto. También se prevé el traslado de otros sectores lingüísticos.
Según el informe del grupo
ad hoc:
«Para el traslado de funcionarios a Bruselas han de tenerse en cuenta cuatro elementos fundamentales:
a)
La situación jurídica creada por la sentencia del Tribunal de Justicia que prohibe el traslado de servicios completos.
b)
El criterio de voluntariado que exige el acuerdo de los funcionarios afectados.
c)
Las condiciones técnicas existentes en Bruselas (disponibilidad de locales, equipo técnico).
d)
Los aspectos funcionales (eficacia de las medidas, salvaguardia de las actividades importantes realizadas por los servicios que hay que trasladar, etc.)»
(traducción no oficial).
La mencionada decisión de 15 de junio de 1988 corresponde al punto 4.1 del acta de la reunión de la Mesa del Parlamento titulada «Nota relativa a las previsiones a medio plazo para las actividades del Parlamento Europeo en los tres lugares de trabajo habituales».
Mediante este texto, la Mesa, en primer lugar, acusó recibo de varias notas del Secretario General y de la Dirección General de Administración sobre las previsiones a medio plazo para las actividades del Parlamento en los tres lugares de trabajo, sobre la situación de los proyectos inmobiliarios en curso de realización en Bruselas y Estrasburgo, y sobre la situación de las obras de los edificios destinados al Parlamento y a sus órganos en los lugares habituales de trabajo. También tomó nota del resumen del acta de la reunión de la Mesa por la que se encargaba al Secretario General «examinar la disponibilidad de oficinas y salas de reunión suplementarias en Bruselas»
(traducción no oficial),
así como del escrito del Presidente relativo a la reunión de los presidentes de las comisiones parlamentarias, sobre el tema de las necesidades de estas diferentes comisiones en Bruselas.
Mediante esta misma decisión, la Mesa aprobó a continuación el contenido de la nota del Secretario General de 6 de junio de 1988 que sugería «una mayor utilización del artículo 37 del Reglamento [es decir, del “Reglamento interno del Parlamento”] que permitiría delegar en las comisiones la facultad decisoria»
(traducción no oficial)
y que proponía «aumentar el número de salas de reunión en Bruselas y habilitar una sala capaz de acoger simultáneamente varias comisiones o una gran comisión capacitada para decidir en lugar del Parlamento, el cual, no obstante, tendría que ratificar estas decisiones sin debate»
(traducción no oficial).
Por último, después de oír diversas intervenciones, la Mesa, en esa misma decisión, en particular:
—
Optó por determinados proyectos inmobiliarios en Bruselas.
—
Encargó al Secretario General efectuar, con arreglo a la nota que éste le había presentado, todas las gestiones necesarias para poder disponer de los nuevos locales del Parlamento durante el año 1990.
—
Aprobó las orientaciones del Secretario General relativas a la racionalización de las actividades del Parlamento.
Recurso C-39/89
En su citada Resolución de 18 de enero de 1989, el Parlamento declara que los Gobiernos de los Estados miembros aún no han cumplido con su obligación de fijar la sede de las Instituciones de las Comunidades, con arreglo a los artículos 77 del Tratado CECA, 216 del Tratado CEE y 189 del Tratado CEEA. Considera que, al no adoptarse tal decisión, el cumplimiento de las tareas suplementarias considerables que le asigna el Acta Unica Europea y el ejercicio simultáneo de las funciones legislativa, presupuestaria y de control que le confieren los anteriores Tratados hacen necesaria una reorganización mayor y una reducción del actual grado de dispersión de sus actividades y de su personal en tres lugares de trabajo. Por consiguiente, el Parlamento :
«[..]
7.
Decide [...] tomar medidas más satisfactorias para realizar sus tareas, de acuerdo con las obligaciones que le impone la legislación comunitaria y el derecho manifiesto de un Parlamento elegido por sufragio universal directo.
[...]
9.
Encarga a su Mesa que tome medidas lo antes posible para que el Parlamento pueda disponer de todo el personal y la infraestructura necesarios para llevar a cabo sus tareas de forma eficaz en los lugares donde se celebran las sesiones plenárias y otras reuniones parlamentarias, teniendo en cuenta las consideraciones de los apartados 2 y 3.
10.
Considera, en particular, que ai Parlamento le es indispensable, para su buen funcionamiento, disponer en Bruselas del personal encargado de las siguientes actividades :
—
comisiones y delegaciones,
—
información y relaciones públicas,
—
estudios e investigación,
así como de
—
otros funcionarios cuya principal tarea sea la prestación de servicios directos a los diputados por separado, y de
—
aquellos funcionarios cuyas funciones de control y apoyo hagan necesaria su presencia en el mismo lugar que los anteriormente mencionados.
11.
Llega a la conclusión de que, con el fin de llevar a cabo eficientemente sus acrecentadas funciones, resulta necesario celebrar sesiones suplementarias y complementarias que coincidan con una o varias de las semanas dedicadas a las reuniones de las comisiones o de los grupos políticos.
[...]
16.
Encarga a su Presidente, al Secretario General, a la Mesa, a la Mesa ampliada y a los Cuestores que tomen rápidamente todas las medidas oportunas, incluidas las consultas a los funcionarios, para aplicar lo anteriormente mencionado, especialmente arrendando o adquiriendo nuevos locales y cancelando los arrendamientos de edificios que ya no resulten necesarios.
17.
Llama la atención sobre la situación extrema en la que se encuentra y subraya la necesidad de proceder, tan pronto se disponga de infraestructuras, a los cambios previstos en los apartados 9, 10 y 11.»
El Gran Ducado de Luxemburgo solicita la anulación de esta Resolución en su conjunto, pero sobre todo de sus apartados 7,9, 10, 16 y 17, antes citados.
Para una más amplia exposición del marco jurídico y de los hechos del litigio, del desarrollo del procedimiento, así como de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Admisibilidad
Admisibilidad del recurso C-213/88
El Parlamento niega la admisibilidad de este recurso basándose en que las dos decisiones de la Mesa a que éste se refiere son actos de organización interna y que, según reiterada jurisprudencia, tales actos no pueden ser objeto de un recurso de anulación. En particular, se refiere a este respecto al auto de 4 de junio de 1986, Grupo de las Derechas Europeas/Parlamento (
78/85, Rec. p. 1753
), y a la sentencia de 22 de septiembre de 1988, Francia/Parlamento (asuntos acumulados
358/85 y 51/86, Rec. p. 4821
).
El Gran Ducado alega que el Tribunal de Justicia ya desestimó este motivo en las sentencias de 10 de febrero de 1983 y 10 de abril de 1984, Luxemburgo/Parlamento (
230/81, Rec. p. 255
, y
108/83, Rec. p. 1945
, respectivamente), relativas a Resoluciones del Parlamento sobre la sede y los lugares de trabajo. Añade que las sentencias mencionadas por el Parlamento se referían, por un lado, a la creación de una comisión de investigación y, por otro, a la organización de un debate de actualidad y, por tanto, no pueden corresponder a un cambio brusco de la jurisprudencia.
Para determinar si un acto puede ser objeto de recurso con arreglo al párrafo primero del artículo 173 del Tratado, procede recordar, en primer lugar, que, según reiterada jurisprudencia, hay que examinar la naturaleza del acto de que se trata más que la forma que reviste y comprobar si está destinado a producir efectos jurídicos (sentencia de 27 de septiembre de 1988, Reino Unido/Comisión,
114/86, Rec. p. 5289, apartado 12
).
No obstante, procede declarar que la cuestión de si las decisiones de 1 y 2 de junio y de 15 de junio de 1988 se refieren exclusivamente a la organización interna de los servicios y de los trabajos del Parlamento y de si producen efectos jurídicos frente a terceros está indisociablemente unida al examen de su contenido y, por tanto, al examen del fondo del recurso. Por consiguiente, procede pasar a examinar el fondo del recurso C-213/88.
Admisibilidad del recurso C-39/89
El Parlamento ha propuesto una excepción de inadmisibilidad de este recurso basada, por un lado, en la imprecisión del escrito de interposición y, por otro, en la naturaleza del acto impugnado, una Resolución desprovista de todo efecto vinculante.
Motivo basado en la imprecisión del escrito de interposición del recurso
El Parlamento sostiene que el recurso no cumple los requisitos del apartado 1 del artículo 38 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. A este respecto alega que el simple hecho de aducir la incompetencia de la Institución o una infracción por ésta de las disposiciones del Tratado no puede bastar para impugnar la legalidad de un acto de esta misma Institución. Considerar la admisibilidad de tal recurso equivaldría a producir una verdadera inversión de la carga de la prueba que impondría a la parte demandada el deber de probar que el acto de que se trata no adolece de ninguna causa de nulidad.
Según el Gobierno luxemburgués, su escrito de interposición del recurso sobrepasa las exigencias formales del apartado 1 del artículo 38, pues precisa el objeto del litigio, que se refiere a la Resolución en conjunto, pero sobre todo a algunos de sus apartados, y fundamenta de modo detallado los motivos alegados, es decir, la causa de nulidad en la que ha incurrido el Parlamento y la violación del principio de proporcionalidad. Además, la parte demandante considera que la argumentación del Parlamento procede de un error de Derecho, por cuanto se sitúa en el terreno de la prueba de las alegaciones formuladas en el escrito de interposición, que es completamente ajeno a la validez formal del mismo.
Procede señalar que del escrito de interposición del recurso se deduce claramente que se han cumplido los requisitos impuestos por el apartado 1 del artículo 38 del Reglamento de Procedimiento, ya que dicho escrito menciona el nombre y el domicilio del demandante, el nombre de la parte contraria, el objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos, así como las pretensiones del demandante.
Procede declarar, asimismo, que a dicho escrito se adjuntó la Resolución impugnada, tal como dispone el apartado 4 del artículo 38 del Reglamento de Procedimiento, y que no correspondía al demandante formular proposición de pruebas en ausencia de una oposición precisa en esta fase del procedimiento. Por consiguiente, no procede examinar la cuestión de la carga de la prueba planteada por el Parlamento puesto que, como subraya el Gobierno luxemburgués, lo que se discute es la validez formal del escrito de interposición del recurso y no el fundamento del mismo.
Así pues, este motivo debe desestimarse.
Motivo basado en la naturaleza del acto impugnado
El Parlamento recuerda que el Tribunal de Justicia, en la sentencia de 11 de julio de 1985, Salerno/Consejo y Comisión (asuntos acumulados
87/77, 130/77, 22/83, 9/84 y 10/84, Rec. p. 2523
), apartado 59, declaró que las Resoluciones carecen de carácter vinculante. En su opinión, la Resolución en litigio no puede ser objeto de un recurso de anulación, por estar desprovista de carácter decisorio. Alega, suponiendo que la Resolución produzca determinados efectos jurídicos, que está incluida en el marco estricto de su facultad de organización interna, que escapa al control jurisdiccional. Por último, añade que la Resolución a que se refiere el presente asunto no puede producir efectos jurídicos habida cuenta de la falta de precisión sobre el número exacto de propuestas que se formulan en ella.
Procede observar que la apreciación del efecto jurídico de la Resolución en litigio está indisociablemente unida al examen de su contenido (sentencia de 10 de febrero de 1983,
230/81, antes citada, Rec. p. 255, apartado 30
).
A este respecto basta declarar que en la sentencia Salerno antes citada, la Resolución de que se trataba expresaba la opinión del Parlamento sobre una propuesta de Reglamento de la Comisión y sólo constituía una etapa del procedimiento de elaboración de las normas comunitarias, mientras que la Resolución a que se refiere el presente asunto indica las medidas que se consideran indispensables para una amplia reorganización y una reducción del actual grado de dispersión de las actividades y del personal de esta Institución en tres lugares de trabajo.
En particular, la Resolución, concretamente en su apartado 10, alude al personal encargado de determinadas actividades, cuya presencia en Bruselas considera indispensable el Parlamento y, en su apartado 16, encarga al Presidente, al Secretario General, a la Mesa y a los Cuestores para que adopten rápidamente todas las medidas requeridas para ejecutar la Resolución, en particular en materia inmobiliaria.
Procede, pues, declarar que la Resolución impugnada reviste carácter decisorio y que, en su caso, sus efectos podrían afectar a las garantías que para el Gran Ducado de Luxemburgo se derivan de las normas relativas a la sede y a los lugares de trabajo del Parlamento, tal como han sido interpretados por este Tribunal de Justicia.
Así pues, debe desestimarse igualmente este motivo así como, por tanto, la excepción de inadmisibilidad en su conjunto.
Fondo
Procede recordar, en primer lugar, que en virtud de la facultad de organización interna que le reconocen los artículos 25 del Tratado CECA, 142 del Tratado CEE y 112 del Tratado CEEA, el Parlamento está autorizado a adoptar las medidas conducentes a garantizar su buen funcionamiento y el desarrollo de sus actividades. No obstante, con arreglo a la norma que impone a los Estados miembros y a las Instituciones comunitarias deberes recíprocos de leal cooperación, que se deriva en particular del artículo 5 del Tratado CEE, las decisiones del Parlamento deben respetar la competencia de los Gobiernos de los Estados miembros para fijar la sede de las Instituciones y las Decisiones ya adoptadas a este respecto con carácter provisional (sentencia de 10 de febrero de 1983, antes citada, 230/81, apartado 38).
Procede recordar, en segundo lugar, que el artículo 4 de la Decisión de 8 de abril de 1965, relativa a la instalación provisional de determinadas Instituciones y determinados servicios de las Comunidades (
DO 1967, n° 152, p. 18
) dispone que «la Secretaría General de la Asamblea y sus Servicios seguirán instalados en Luxemburgo». Hay que subrayar, igualmente, que este Tribunal de Justicia, en la citada sentencia, precisó que el Parlamento debía poder mantener en los distintos lugares de trabajo, fuera de aquél en el que se halla instalada su Secretaría, la infraestructura indispensable a fin de poder cumplir las misiones que le confían los Tratados en todos los lugares expresados. Dentro de dichos límites, el establecimiento de una infraestructura de este tipo fuera del lugar en que se halla la Secretaría puede, pues, estar en consonancia con los principios anteriormente indicados, que regulan las competencias respectivas de los Estados miembros y del Parlamento sobre el particular (sentencia de 10 de febrero de 1983, antes citada, 230/81, apartado 54). No obstante, este Tribunal de Justicia añadió que cualquier decisión de traslado, total o parcial, de hecho o de Derecho, de la Secretaría General del Parlamento o de sus Servicios, constituye una infracción del artículo 4 de la citada Decisión de 8 de abril de 1965 y de las garantías que dicha Decisión pretendía dar al Gran Ducado de Luxemburgo (sentencia de 10 de febrero de 1983, antes citada, 230/81, apartado 55).
A la luz de estas consideraciones procede examinar si las decisiones y la Resolución en litigio respetan los límites que se imponen a la facultad de organización interna del Parlamento.
Decisión de 1 y 2 de junio de 1988
El Gobierno luxemburgués alega que el establecimiento de un Servicio autónomo en Bruselas, calificado como Oficina central de prensa, no constituye la infraestructura indispensable para realizar, en el lugar de trabajo de Bruselas, las misiones que el Tratado confía al Parlamento. Considera también que el traslado del sector lingüístico portugués de la División de publicaciones constituye un traslado ilícito de una unidad administrativa, infringiendo la Decisión de 8 de abril de 1965, antes citada, ya que se incluye en un plan de conjunto y no cumple con el criterio del carácter indispensable de las infraestructuras necesarias para el funcionamiento del Parlamento. Subraya, además, que el vínculo establecido entre la Oficina central de prensa y los sectores del Servicio de publicaciones equivale a desconocer la implantación de la Oficina de publicaciones de Luxemburgo, confirmada por el artículo 8 de la citada Decisión de 8 de abril de 1965.
El Parlamento alega que, a pesar de una posible falta de claridad a este respecto en la decisión de 1 y 2 de junio de 1988, la Oficina central de prensa funciona en Bruselas desde 1980, con independencia de la Oficina de información situada en esta ciudad. Por consiguiente, según la demandada, el objeto de la decisión no es la creación sino el refuerzo de dicha Oficina que, en su defecto, no podría cumplir su misión de información habida cuenta de la amplitud de las competencias del Parlamento y del desarrollo de sus actividades en esta ciudad.
Procede declarar que corresponde a cada Institución determinar los métodos, las vías y los medios de su política de información, sin perjuicio de los límites que le impone el Derecho comunitario. Ahora bien, la obligación de informar a la opinión pública sobre las actividades de una Institución es tanto más indispensable cuanto que se trata de un Parlamento elegido por sufragio universal directo, que participa en nombre de los electores en el proceso legislativo.
Procede añadir que las tareas confiadas a la Oficina central de prensa, tal como se describen en el informe del grupo
ad hoc
antes citado, se relacionan de modo manifiesto con las actividades políticas del Parlamento que se desarrollan en Bruselas. Se trata en efecto de:
—
Mantener contactos con la prensa europea acreditada en Bruselas.
—
Redactar y difundir información diaria sobre los trabajos de las comisiones y delegaciones parlamentarias.
—
Gestionar el servicio de noticias y la futura base de datos Epistel, cuya realización debe acelerarse.
—
Colaborar con los Servicios de información de los grupos políticos.
—
Organizar los medios y las estructuras de acogida para los periodistas acreditados en los diferentes lugares de trabajo de la Institución y gestionar la sala de prensa de Bruselas.
Por consiguiente y en la medida en que una parte importante de las actividades parlamentarias se desarrolla en Bruselas, donde se encuentra acreditado gran número de periodistas, procede admitir que el refuerzo del Servicio de prensa en esta misma ciudad, necesario para cumplir con su misión de información, no sobrepasa el margen de apreciación que se reconoce al Parlamento en el ejercicio de su facultad de organización interna.
De ello se deduce que el destino, en la Oficina central de prensa, de cuatro funcionarios del sector portugués de la División de publicaciones debe considerarse adecuado a la necesidad de reforzar dicha Oficina.
Además, procede desestimar la alegación expuesta por el Gobierno luxemburgués contra el traslado de miembros de la División de publicaciones, basada en la implantación en Luxemburgo de la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. En efecto, la puesta a disposición de la Secretaría del Parlamento de una parte de los Servicios de reproducción y distribución de documentos, destinados a las comisiones y grupos políticos o redactados por éstos, responde a la necesidad de prestar a este respecto un servicio indispensable en el lugar en el que se celebran las reuniones de las comisiones y de los grupos políticos.
Procede, pues, desestimar las pretensiones del demandante dirigidas a la anulación de la decisión de 1 y 2 de junio de 1988.
Decisión de 15 de junio de 1988
Mediante la decisión en litigio, la Mesa del Parlamento optó por dos proyectos inmobiliarios en Bruselas y aprobó una nota de 6 de junio de 1988 de la Secretaría General, según la cual el Parlamento debía buscar en Bruselas alrededor de trescientos a trescientos cincuenta despachos suplementarios, dos o tres salas de reuniones de al menos doscientas a doscientas cincuenta plazas, que permitan las reuniones de los grandes grupos políticos y, en su caso, las deliberaciones de varias comisiones parlamentarias, reunidas en sesión común, así como los locales indispensables para los Servicios de reproducción y distribución. Se afirma que los proyectos inmobiliarios aprobados por la Mesa pretenden, en esta decisión, responder a estas exigencias.
El Gobierno luxemburgués considera que los proyectos inmobiliarios aprobados por la Mesa, aunque están justificados por la necesidad de permitir el alojamiento de una «gran comisión», en realidad sólo son la prolongación de las decisiones de traslado de Servicios y, como tales, no corresponden a necesidades de infraestructura indispensable y violan el principio de proporcionalidad. En efecto, según el Gobierno luxemburgués, la decisión de crear una «gran comisión» no corresponde a la Mesa sino al propio Parlamento y, por consiguiente, es un hecho futuro e hipotético.
De la nota de la Secretaría General y de la decisión de la Mesa se deduce que el objetivo del Parlamento es poner un número suficiente de salas de reunión a disposición de los diputados, los grupos políticos y la Secretaría General. Ahora bien, el Parlamento puede perseguir este objetivo en el marco de su facultad de organización interna.
Por otra parte, como señala el Parlamento, la fórmula de «gran comisión» utilizada por la Mesa en la decisión impugnada y por la Secretaría General depende del procedimiento del artículo 37 del Reglamento Interno del Parlamento, que nunca ha suscitado la menor crítica por parte de los Estados miembros o del Consejo. En efecto, con arreglo a esta disposición, el Parlamento, en sesión plenaria, puede remitir una solicitud de dictamen o una consulta a la comisión competente con facultad decisoria.
Hay que subrayar que la reunión en la que la comisión resuelve es pública, lo que implica que existan suficientes plazas a disposición del público y, en su caso, los representantes de la prensa. La reunión en sesión común de varias comisiones parlamentarias precisa también la utilización de una sala de gran capacidad. Ahora bien, valerse de estos procedimientos corresponde de modo manifiesto a la organización interna de los trabajos del Parlamento y, consecuentemente, no puede ser objeto de control jurisdiccional (sentencia de 22 de septiembre de 1988, Francia/Parlamento, antes citada, apartado 17).
Procede, pues, desestimar las pretensiones del demandante dirigidas a la anulación de la decisión de 15 de junio de 1988 y, por tanto, el recurso interpuesto en el asunto C-213/88 en su conjunto.
Resolución del Parlamento de 18 de enero de 1989
El Gobierno luxemburgués considera que, al adoptar la Resolución en litigio, el Parlamento sobrepasó los límites de sus facultades precisados por el Tribunal de Justicia en las sentencias de 10 de febrero de 1983, 230/81, y 10 de abril de 1984, 108/83, antes citadas, y no respetó la competencia de los Gobiernos de los Estados miembros para fijar la sede y los lugares de trabajo provisionales de las Instituciones. Al obrar de este modo, el Parlamento infringió las disposiciones de los Tratados y las normas relativas a su aplicación y, en particular, el artículo 4 de la citada Decisión de 8 de abril de 1965. Al mismo tiempo violó el principio de proporcionalidad.
A este respecto, el Gobierno luxemburgués alega que el establecimiento en Bruselas del conjunto del personal encargado de las comisiones y delegaciones, así como del encargado de la información y las relaciones públicas, al igual que el traslado a Bruselas del personal encargado de las actividades denominadas estudios e investigación, no se ajusta al criterio de «infraestructura indispensable», formulado por el Tribunal de Justicia. Esta alegación también es válida para los demás miembros del personal a que se refieren los dos últimos guiones del apartado 10 de la Resolución. Además, afirma que la no conformidad de las decisiones de traslado de personal con los Tratados lleva emparejada la de las medidas adoptadas para el arrendamiento o adquisición de nuevos inmuebles o para la cancelación de contratos de alquiler de inmuebles que ya no se consideran necesarios.
El Parlamento justifica la adopción de las medidas impugnadas por el aumento de su carga de trabajo y de su responsabilidad democrática, sobre todo desde la entrada en vigor del Acta Unica Europea. Declara que en la práctica los parlamentarios residen cada vez más en Bruselas para mantener contactos con la Comisión y el Consejo, de manera que el personal presente o trasladado a Bruselas es indispensable para el buen funcionamiento de los Servicios enumerados en el apartado 10 de la Resolución. Considera a este respecto que le corresponde determinar los funcionarios cuyo destino en Bruselas es indispensable y que incumbe al demandante aportar la prueba de que la infraestructura así establecida no es indispensable.
El Parlamento sostiene, además, que el concepto de buen funcionamiento es evolutivo. Sin poner en tela de juicio la competencia de los Estados miembros para fijar la sede, considera que a medida que éstos se obstinan en una inercia criticable con respecto al artículo 5 del Tratado CEE, la esfera de su facultad de organización interna, en particular por lo que respecta a sus lugares de trabajo, debería interpretarse cada vez con más amplitud.
El Gobierno luxemburgués responde a este respecto que ei sistema jurídico establecido por los Tratados no prevé ningún recurso contra esta pretendida omisión de los Estados miembros, que no se puede reprochar, por añadidura, a un solo Gobierno. Añade que, en todo caso, la ejecución parcial, por los Estados miembros, de las competencias que les confieren los Tratados, por lo que respecta a la sede de las Instituciones, no puede llevar a aumentar las del Parlamento.
Con carácter previo, procede recordar, en respuesta a las alegaciones del Parlamento derivadas de la omisión de los Estados miembros, que en la citada sentencia de 10 de febrero de 1983, 230/81, este Tribunal de Justicia declaró que los Gobiernos de los Estados miembros han adoptado en distintas ocasiones decisiones por las que se fijan los lugares de trabajo provisionales de las Instituciones basándose en los artículos 77 del Tratado CECA, 216 del Tratado CEE y 189 del Tratado CEEA.
Es sabido que los Gobiernos de los Estados miembros aún no han cumplido su obligación de fijar definitivamente la sede de las Instituciones, conforme a las citadas disposiciones de los Tratados. Sin embargo, como indica, por lo demás, la citada jurisprudencia, esta circunstancia no implica en absoluto la ampliación del margen de apreciación del Parlamento en el ejercicio de su facultad de organización interna. Por consiguiente, el Parlamento está obligado a respetar la competencia de los Gobiernos de los Estados miembros para fijar la sede de las Instituciones, al igual que las decisiones ya adoptadas a este respecto provisionalmente.
Es importante señalar que el Parlamento admite que la mencionada Resolución no tenía por objeto prever el traslado de Direcciones Generales y que las medidas que establecía sólo se podían aplicar en la medida en que se trata de estructuras indispensables para el buen funcionamiento de la Institución.
Por lo que respecta al personal encargado de las comisiones y delegaciones, procede recordar que este Tribunal de Justicia declaró en sus anteriores sentencias que la práctica del Parlamento, consistente en la celebración de las reuniones de sus comisiones y grupos políticos en Bruselas, en ningún momento había sido discutida por ningún Estado miembro (sentencia de 10 de febrero de 1983, antes citada, 230/81, apartado 48). Por consiguiente, el Parlamento puede considerar con razón que es indispensable disponer en Bruselas del personal necesario para celebrar estas reuniones.
Por lo que respecta al personal encargado de las actividades de información y relaciones públicas, de las consideraciones precedentes, relativas a la Oficina central de prensa, se deduce que está justificado que las unidades encargadas de las relaciones con la prensa y, más en general, de la información, dispongan del personal necesario.
Por lo que respecta al personal encargado de los estudios e investigación, el Parlamento sostiene que los Servicios interesados trabajan directamente con los parlamentarios y que es importante que éstos puedan disponer en todo momento del personal científico necesario y acceder a la biblioteca. Procede admitir que corresponde al Parlamento apreciar, en el marco de su facultad de organización interna, la necesidad de trasladar a Bruselas el personal necesario para el cumplimiento de las misiones de este Servicio.
Por lo que respecta a los demás miembros del personal a que se refiere el apartado 10 de la Resolución, basta señalar que se trata, en primer lugar, de personas destinadas a trabajar principalmente al servicio directo de los diputados. En segundo lugar, se trata de personas cuya función de control o de apoyo hagan necesaria su presencia en el mismo lugar que los demás Servicios mencionados en el apartado 10 de la Resolución. Procede admitir que, en los dos casos, sólo se trata de una parte limitada de la categoría así contemplada del personal del Parlamento.
Por consiguiente, procede declarar que los traslados de personal derivados de la Resolución en litigio no sobrepasan el margen de apreciación de que dispone el Parlamento en el marco de su facultad de organización interna. Así pues, no se ha demostrado que estos traslados alcancen tal amplitud que incumplan las Decisiones de los Gobiernos de los Estados miembros y, en particular, al artículo 4 de la citada Decisión de 8 de abril de 1965.
Las decisiones en materia inmobiliaria que implica en su caso la ejecución de la Resolución sólo constituyen un aspecto accesorio del litigio, como el Gobierno luxemburgués ha reconocido expresamente, y, por consiguiente, no pueden poner en tela de juicio la legalidad de la Resolución impugnada.
Así pues, el motivo basado en la incompetencia del Parlamento no está fundado y, por tanto, debe desestimarse.
Del conjunto de consideraciones precedentes se deduce que el recurso interpuesto en el asunto C-39/89 también debe desestimarse.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así se hubiere solicitado. Por no haber prosperado la acción entablada por la parte demandante, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide :

1)
Desestimar los recursos.

2)
Condenar en costas a la parte demandante.

Due
Slynn
Joliét
Schockweiler
Kapteyn
Mancini
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Diez de Velasco
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 28 de noviembre de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.