CELEX: 61989CJ0307
Seguridad Social
Subsidio complementario del Fonds national de solidarité
Nacionales comunitarios residentes en Francia

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 8 de octubre de 1989, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad [texto refundido en virtud del Reglamento (CEE) n° 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983 (
DO L 230, p. 6
; EE 05/03, p. 53) (en lo sucesivo, «Reglamento»)], al someter a los nacionales de otros Estados miembros residentes en Francia, comprendidos en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento y beneficiarios a cargo de un régimen francés de la prestación de Seguridad Social a que se refieren los artículos L 815-2 y L 815-3 del nouveau code de la sécurité sociale francés, al doble requisito consistente, por una parte, en la firma de convenios internacionales de reciprocidad y, por otra, en haber residido previamente en el territorio de la República Francesa.
Los artículos L 815-2 y L 815-3 del nouveau code de la sécurité sociale francés (en lo sucesivo, «CSS») definen las personas de nacionalidad francesa con derecho a percibir el subsidio complementario del Fonds national de solidarité (en lo sucesivo, «FNS»). Dicho subsidio está previsto en el Capítulo V del Título I, «Prestaciones de vejez», del Libro VIII de dicho código. A tenor del artículo L 815-1, la finalidad del FNS es promover una política general de protección de los ancianos mediante la mejora de sus pensiones, prestaciones de jubilación, rentas y asignaciones de vejez.
El artículo L 815-2 obliga a los interesados a residir en Francia durante un determinado plazo y en condiciones establecidas mediante Decreto. El artículo L 815-5 puntualiza que el subsidio complementario sólo podrá concederse a los extranjeros, previa firma de convenios internacionales de reciprocidad.
Por su parte, el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento n° 1408/71, antes citado, dispone que las personas que residan en el territorio de uno de los Estados miembros y a las cuales sean de aplicación las disposiciones del Reglamento estarán sujetas a las obligaciones y podrán acogerse al beneficio de la legislación de todo Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de éste, sin perjuicio de las disposiciones particulares contenidas en el Reglamento.
Según el apartado 1 del artículo 4 del mismo Reglamento, éste se aplica a todas las legislaciones relativas a las ramas de la Seguridad Social relacionadas, entre otras prestaciones, con las de invalidez y de vejez. El apartado 4 de este mismo artículo dispone que la asistencia social no está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento.
Mediante carta de 4 de diciembre de 1985, la Comisión requirió al Gobierno francés para que comunicara sus observaciones sobre la compatibilidad con el Derecho comunitario de las normas del CSS antes aludidas. Mediante carta de 7 de marzo de 1986, las autoridades francesas negaron que el citado Reglamento n° 1408/71 fuera aplicable al subsidio complementario, señalando que dicha asignación constituye una prestación asistencial.
El 14 de octubre de 1987 la Comisión emitió el dictamen motivado previsto en el artículo 169 del Tratado CEE, requiriendo al Gobierno francés para que se atuviera al mismo en un plazo de treinta días. Mediante cartas de 26 de noviembre de 1987 y 6 de junio de 1988, las autoridades francesas informaron a la Comisión, por una parte, de que, para la concesión del subsidio complementario, ya no se exigía la existencia de un convenio internacional de reciprocidad con respecto a los nacionales de otros Estados miembros y, por otra parte, que no se habían adoptado los Decretos de aplicación mencionados en el artículo L 815-2 del CSS.
El Gobierno francés no comunicó a la Comisión las medidas legales adoptadas para acabar con la situación de infracción alegada, por lo que la Comisión interpuso el presente recurso.
Para una más amplia exposición de los hechos del asunto, del desarrollo del procedimiento, así como de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos de los autos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Procede recordar, en primer lugar, que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una normativa como la de referencia, en la medida en que establece un derecho a prestaciones complementarias destinadas a aumentar el importe de las pensiones de la Seguridad Social, al margen de cualquier apreciación sobre las necesidades y situaciones individuales, elemento característico de la asistencia, está comprendida en el régimen de la Seguridad Social a efectos del Reglamento n° 1408/71, antes citado.
A continuación hay que señalar que los artículos L 815-2 y L 815-5 del CSS son incompatibles con el principio de igualdad de trato establecido en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento n° 1408/71, en la medida en que supeditan la concesión de los subsidios controvertidos a los nacionales de otros Estados miembros que residen en Francia al doble requisito, por una parte, de la firma de convenios internacionales de reciprocidad entre tales Estados y Francia y, por otra, de la previa residencia del interesado en el territorio de la República Francesa.
De las actuaciones se deduce que el Gobierno francés ya no niega la incompatibilidad de la normativa de que se trata con el Derecho comunitario. Sin embargo, alega que, en virtud de la Circular ministerial n° 1370 de 5 de noviembre de 1987 y a raíz de una Instrucción ministerial cursada a los órganos de gestión, en la práctica ya no se aplica el artículo L 815-5 del CSS a los nacionales comunitarios y que, en realidad, el artículo L 815-2 del CSS no se aplica al no haberse adoptado Decretos de aplicación.
Debe recordarse a este respecto que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el mantenimiento de una normativa nacional que, como tal, es incompatible con el Derecho comunitario, aunque el Estado miembro de que se trate actúe de acuerdo con dicho Derecho, da lugar a una situación de hecho ambigua al mantener, para los sujetos de Derecho afectados, un estado de incertidumbre en cuanto a las posibilidades de que disponen de invocar el Derecho comunitario. Esta incertidumbre resulta reforzada por el carácter interno de las instrucciones puramente administrativas que excluyen la aplicación de la ley nacional (véase la sentencia de 4 de abril de 1974, Comisión/Francia,
167/73, Rec. p. 359, apartados 41 y 42
).
Por lo tanto, procede declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento n° 1408/71, al someter a los nacionales de otros Estados miembros residentes en Francia y comprendidos en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento para la obtención de la prestación de Seguridad Social contemplada en los artículos L 815-2 y L 815-3 del nouveau code de la sécurité sociale francés, al doble requisito consistente, por una parte, en la firma de convenios internacionales de reciprocidad y, por otra parte, en haber residido previamente en su territorio.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la República Francesa, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, al someter a los nacionales de otros Estados miembros residentes en Francia y comprendidos en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento para la obtención de la prestación de Seguridad Social contemplada en los artículos L 815-2 y L 815-3 del nouveau code de la sécurité sociale francés, al doble requisito consistente, por una parte, en la firma de convenios internacionales de reciprocidad y, por otra parte, en haber residido previamente en su territorio.

2)
Condenar en costas a la República Francesa.

Due
Moitinho de Almeida
Diez de Velasco
Kakouris
Schockweiler
Grévisse
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de junio de 1991.
EI Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.