CELEX: 62008CJ0066
Cooperación policial y judicial en materia penal
Decisión marco 2002/584/JAI
Orden de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros
Artículo 4, número 6
Motivo de no ejecución facultativa de la orden de detención europea
Interpretación de los términos "residente" y "habite" en el Estado miembro de ejecución

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4, número 6, de la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (
DO L 190, p. 1
; en lo sucesivo, «Decisión marco»).
Dicha petición fue presentada en el marco de un procedimiento relativo a la ejecución, por parte de la Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart (en lo sucesivo, «autoridad judicial de ejecución alemana»), de una orden de detención europea emitida el 18 de abril de 2007 por el Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (en lo sucesivo, «autoridad judicial emisora polaca») contra el Sr. Kozłowski, de nacionalidad polaca.
Marco jurídico
Normativa de la Unión Europea
A tenor del quinto considerando de la Decisión marco:
«El objetivo atribuido a la Unión de llegar a ser un espacio de libertad, seguridad y justicia da lugar a la supresión de la extradición entre los Estados miembros, debiéndose sustituir por un sistema de entrega entre autoridades judiciales. Por otro lado, la creación de un nuevo sistema simplificado de entrega de personas condenadas o sospechosas, con fines de ejecución de las sentencias o de diligencias en materia penal permite eliminar la complejidad y los riesgos de retraso inherentes a los actuales procedimientos de extradición. Es preciso sustituir las relaciones clásicas de cooperación que prevalecían entre Estados miembros por un sistema de libre circulación de decisiones judiciales en materia penal, tanto previas a la sentencia como definitivas, en el espacio de libertad, seguridad y justicia.»
El séptimo considerando de la Decisión marco dispone:
«Como los Estados miembros, actuando unilateralmente, no pueden alcanzar de manera suficiente el objetivo de sustituir el sistema de extradición multilateral fundamentado en el Convenio europeo de extradición, de 13 de diciembre de 1957, y, por consiguiente, debido a su dimensión y a sus efectos, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, el Consejo puede adoptar medidas, de conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y en el artículo 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. […]»
El octavo considerando de la Decisión marco establece:
«Las decisiones relativas a la ejecución de la orden de detención europea deben estar sujetas a controles suficientes, lo que significa que la decisión de entregar a una persona buscada tendrá que tomarla una autoridad judicial del Estado miembro en el que ha sido detenida esta persona.»
El artículo 1, apartados 1 y 2, de la citada Decisión marco define la orden de detención europea y la obligación de ejecutarla en los siguientes términos:
«1.   La orden de detención europea es una resolución judicial dictada por un Estado miembro con vistas a la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona buscada para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad.
2.   Los Estados miembros ejecutarán toda orden de detención europea, sobre la base del principio del reconocimiento mutuo y de acuerdo con las disposiciones de la presente Decisión marco.»
El artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco dispone:
«Se podrá dictar una orden de detención europea por aquellos hechos […] o cuando la reclamación tuviere por objeto el cumplimiento de condena a una pena o medida de seguridad no inferior a cuatro meses de privación de libertad.»
El artículo 3 de la misma Decisión marco enumera tres «motivos para la no ejecución obligatoria de la orden de detención europea».
El artículo 4 de la citada Decisión marco, titulado «Motivos de no ejecución facultativa de la orden de detención europea», enuncia, en siete puntos, dichos motivos. El punto número 6 dispone a este respecto lo siguiente:
«La autoridad judicial de ejecución podrá denegar la ejecución de la orden de detención europea:
[…]
6)
cuando la orden de detención europea se haya dictado a efectos de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad contra una persona buscada que sea nacional o residente del Estado miembro de ejecución o habite en él y éste se comprometa a ejecutar él mismo dicha pena o medida de seguridad de conformidad con su Derecho interno».
El artículo 5 de la Decisión marco, que lleva como epígrafe «Garantías que deberá dar el Estado miembro emisor en casos particulares», dice literalmente:
«La ejecución de la orden de detención europea por parte de la autoridad judicial de ejecución podrá supeditarse, con arreglo al Derecho del Estado miembro de ejecución, a una de las condiciones siguientes:
[…]
3)
cuando la persona que fuere objeto de la orden de detención europea a efectos de entablar una acción penal fuere nacional del Estado miembro de ejecución o residiere en él, la entrega podrá supeditarse a la condición de que la persona, tras ser oída, sea devuelta al Estado miembro de ejecución para cumplir en éste la pena o la medida de seguridad privativas de libertad que pudiere pronunciarse en su contra en el Estado miembro emisor.»
El artículo 6 de la Decisión marco, titulado «Determinación de las autoridades judiciales competentes», dispone:
«1.   La autoridad judicial emisora será la autoridad judicial del Estado miembro emisor que sea competente para dictar una orden de detención europea en virtud del Derecho de ese Estado.
2.   La autoridad judicial de ejecución será la autoridad judicial del Estado miembro de ejecución que sea competente para ejecutar la orden de detención europea en virtud del Derecho de ese Estado.
3.   Cada Estado miembro informará a la Secretaría General del Consejo de la autoridad judicial competente con arreglo a su Derecho interno.»
De la Información relativa a la fecha de entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, publicada en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
de 1 de mayo de 1999 (
DO L 114, p. 56
), se desprende que la República Federal de Alemania realizó una declaración con arreglo al artículo 35 UE, apartado 2, mediante la cual aceptó la competencia del Tribunal de Justicia para pronunciarse con carácter prejudicial según las modalidades previstas en el artículo 35 UE, apartado 3, letra b).
Derecho nacional
El ordenamiento jurídico alemán fue adaptado a la Decisión marco por medio de los artículos 78 a 83k de la Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Ley relativa al auxilio judicial internacional en materia penal), en la versión de la Europäisches Haftbefehlsgesetz de 23 de diciembre de 2006 (Ley sobre la orden de detención europea; BGBl. 2006 I, p. 1721) (en lo sucesivo, «IRG»), y se conservó la terminología habitual del Derecho alemán que designa una «entrega» en el sentido de la citada Decisión marco con el término «extradición».
La IRG distingue entre la decisión relativa a la admisibilidad de la solicitud de extradición y la que tiene por objeto pronunciarse sobre ésta y acordar o no la extradición.
Según los artículos 29 a 32 de la IRG, corresponde a los Oberlandesgerichte (tribunales superiores de justicia regionales) el examen, en todo supuesto, de la admisibilidad de la solicitud de extradición, a petición de la autoridad judicial de ejecución.
En cambio, por lo que respecta a las solicitudes de extradición presentadas por una autoridad judicial emisora que pertenezca a un Estado miembro, la decisión de acordar o no la extradición corresponde a la autoridad judicial de ejecución.
El artículo 83b, apartado 2, letra b), de la IRG incorpora al Derecho alemán el artículo 4, número 6, de la Decisión marco, en lo que se refiere a las personas que no tengan la nacionalidad alemana, ya sean nacionales de algún Estado miembro que no sea la República Federal de Alemania o de un país tercero. A tenor de aquella disposición, titulada «Causas de denegación»:
«Además, podrá denegarse la extradición de un extranjero que tenga su residencia habitual en territorio alemán:
[…]
b)
cuando, solicitada la extradición a efectos de ejecución de una pena, dicho extranjero no preste su consentimiento en un acto judicial después de que se le haya informado al respecto y prevalezca su interés digno de protección en que la pena se cumpla en territorio alemán;
[…].»
En el plano procedimental, el artículo 79, apartado 2, de la IRG especifica los modos en que se toma una decisión sobre la solicitud de extradición:
«Antes de que el Oberlandesgericht [se pronuncie sobre la admisibilidad de la solicitud de extradición], la autoridad competente para acordarla [Generalstaatsanwaltschaft] decidirá si va a alegar alguna causa de denegación con arreglo al artículo 83b. La decisión de no alegar ninguna causa de denegación será motivada y estará sujeta al control del Oberlandesgericht […].»
Procedimiento principal y cuestiones prejudiciales
Mediante sentencia dictada el 28 de mayo de 2002, el Sąd Rejonowy w Tucholi (tribunal de distrito de Tuchola) (Polonia) condenó al Sr. Kozłowski a una pena privativa de libertad de cinco meses por un delito de daños en propiedad ajena. La pena impuesta en dicha sentencia adquirió firmeza pero aún no ha sido ejecutada.
Desde el 10 de mayo de 2006, el Sr. Kozłowski cumple una pena privativa de libertad de tres años y seis meses en el centro penitenciario de Stuttgart (Alemania), que le fue impuesta mediante dos sentencias del Amtsgericht Stuttgart, de 27 de julio de 2006 y 25 de enero de 2007, por 61 delitos de estafa cometidos en Alemania.
La autoridad judicial emisora polaca solicitó, mediante una orden de detención europea emitida el 18 de abril de 2007, a la autoridad judicial de ejecución alemana, la entrega del Sr. Kozłowski con el fin de ejecutar la pena privativa de libertad de cinco meses a la que éste fue condenado por el Sąd Rejonowy w Tucholi.
El 5 de junio de 2007, el Amtsgericht Stuttgart oyó las observaciones del Sr. Kozłowski al respecto. Éste indicó, durante la audiencia, que no prestaba su consentimiento a la entrega a la autoridad judicial emisora polaca.
El 18 de junio de 2007, la autoridad judicial de ejecución alemana comunicó al Sr. Kozłowski que no iba a oponer ningún motivo de no ejecución. En efecto, según esta autoridad, no concurría ninguna de las causas de denegación del artículo 83b de la IRG y, en concreto, la persona reclamada no tenía su residencia habitual en Alemania. Las sucesivas estancias del interesado en territorio alemán se habían caracterizado por la comisión de varias infracciones, excluyendo toda actividad legal.
En consecuencia, por considerar que no era necesario efectuar una investigación sobre dónde, con quién y con qué motivo permaneció el Sr. Kozłowski en Alemania, la autoridad judicial de ejecución alemana solicitó al Oberlandesgericht Stuttgart que se autorizase la ejecución de dicha orden de detención europea.
En cuanto a la situación personal del Sr. Kozłowski, de la resolución de remisión se desprende que, según las sentencias de condena dictadas contra él en Alemania, es soltero y no tiene hijos; conoce poco, o incluso nada en absoluto, la lengua alemana; se crió y trabajó en Polonia hasta finales del año 2003, y, a continuación, percibió en este Estado miembro el subsidio de desempleo durante un año aproximadamente.
El órgano jurisdiccional remitente parte de la hipótesis de que, del mes de febrero de 2005 al 10 de mayo de 2006, fecha de su detención en Alemania, el Sr. Kozłowski permaneció de manera preponderante en territorio alemán, aunque con interrupciones en las vacaciones navideñas del año 2005 y probablemente en el mes de junio de 2005 y en los meses de febrero y marzo de 2006. Estuvo empleado ocasionalmente en el sector de la construcción, pero para lo esencial de su subsistencia recurría a actos delictivos.
Por último, el órgano jurisdiccional remitente expone que, en el marco del control efectivo al que está obligado en virtud del artículo 79, apartado 2, de la IRG, debe determinar si, a efectos del artículo 83b, apartado 2, de la misma Ley y en la fecha en la que se solicitó la entrega, la «residencia habitual» del Sr. Kozłowski se situaba en territorio alemán y si así sigue siendo. En el caso de que la respuesta a esta cuestión sea negativa, dicho órgano jurisdiccional tendría que autorizar la ejecución de la orden de detención europea en virtud del Derecho alemán, ya que concurren todos los demás requisitos que éste exige.
En estas circunstancias, el Oberlandesgericht Stuttgart decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Destruye la presunción de que una persona “habita” o es “residente” en un Estado miembro [de ejecución], a efectos del artículo 4, número 6, de la Decisión marco […], el hecho de que la persona de que se trate:
a)
no permanezca ininterrumpidamente en el Estado miembro [de ejecución];
b)
no permanezca en él legalmente de conformidad con la normativa nacional relativa a la entrada y residencia de extranjeros;
c)
se dedique a cometer en él actos delictivos, y/o
d)
se encuentre en él en prisión con el fin de cumplir una pena privativa de libertad?
2)
¿Es compatible con el Derecho de la Unión, especialmente con los principios fundamentales de no discriminación y de ciudadanía de la Unión en virtud del artículo 6 UE, apartado 1, en relación con los artículos 12 CE, 17 CE y siguientes, una normativa nacional de adaptación del Derecho interno al artículo 4, número 6, de la Decisión marco, según la cual es ilegal, sin excepción alguna, entregar contra su voluntad a los propios nacionales de un Estado miembro [de ejecución] para la ejecución de condenas penales, pero que, en cambio, permite la entrega de nacionales de otros Estados miembros contra su propia voluntad a discreción de las autoridades? De ser compatible, ¿han de respetarse los citados principios al menos en el ejercicio de la facultad discrecional?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Con carácter liminar, se ha de recordar que, como resulta del apartado 11 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia es competente, en virtud del artículo 35 UE, para pronunciarse, en el presente asunto, sobre la interpretación de la Decisión marco.
Primera cuestión
Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, cuál es el alcance de los términos «residente» y «habite» del artículo 4, número 6, de la Decisión marco, y, más en concreto, si en circunstancias como las del asunto principal una persona reclamada en el marco de un procedimiento relativo a la ejecución de una orden de detención europea puede considerarse comprendida en el ámbito de aplicación de esta disposición.
Para responder a esta cuestión procede recordar que la Decisión marco, como resulta, en especial, de su artículo 1, apartados 1 y 2, y de sus considerandos quinto y séptimo, tiene por objeto sustituir el sistema de extradición multilateral entre Estados miembros por un sistema de entrega entre autoridades judiciales de personas condenadas o sospechosas, con fines de ejecución de sentencias o de diligencias, basado en el principio de reconocimiento mutuo (véase la sentencia de 3 de mayo de 2007, Advocaten voor de Wereld,
C-303/05, Rec. p. I-3633
, apartado 28).
Según el artículo 1, apartado 2, de la Decisión marco, los Estados miembros deben ejecutar toda orden de detención europea sobre la base del principio del reconocimiento mutuo y de acuerdo con las disposiciones de esta Decisión marco.
A este respecto, el artículo 4, número 6, de la Decisión marco establece un motivo de no ejecución facultativa de la orden de detención europea, en virtud del cual la autoridad judicial de ejecución puede denegar la ejecución de una orden de detención europea dictada a efectos de ejecución de una pena cuando la persona buscada «sea nacional o residente del Estado miembro de ejecución o habite en él» y dicho Estado se comprometa a ejecutar dicha pena de conformidad con su Derecho interno.
De este modo, según el artículo 4, número 6, de la Decisión marco, el ámbito de aplicación de este motivo de no ejecución facultativa se circunscribe a las personas que, cuando no sean nacionales del Estado miembro de ejecución, «habiten» en él o sean «residentes» de él. No obstante, la Decisión marco no define el significado y alcance de estos dos términos.
Aun admitiendo que en algunas versiones lingüísticas de la Decisión marco, el tenor de su artículo 4, número 6, puede indicar que el término «habite» se sitúa al mismo nivel que los criterios de residencia o nacionalidad, la Comisión de las Comunidades Europeas alega que, en todo caso, esta disposición debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que la persona reclamada habite en el Estado miembro de ejecución es un requisito necesario pero insuficiente para invocar el motivo de no ejecución facultativa del citado artículo 4, número 6.
A este respecto, es cierto que el término «habite» no puede interpretarse de una manera extensiva que implique que la autoridad judicial de ejecución pueda denegar la ejecución de una orden de detención europea por la mera razón de que la persona reclamada se encuentre temporalmente en el territorio del Estado miembro de ejecución.
No obstante, el artículo 4, número 6, de la Decisión marco tampoco puede interpretarse en el sentido de que una persona reclamada que, sin ser nacional o residente del Estado miembro de ejecución, habite en él desde hace algún tiempo no pueda en ningún caso haber establecido con este Estado miembro vínculos que puedan justificar la posibilidad de invocar ese motivo de no ejecución facultativa.
Por consiguiente, pese a las diferencias de redacción entre las versiones lingüísticas de dicho artículo 4, número 6, la categoría de personas reclamadas que «habiten» en el Estado miembro de ejecución en el sentido de ese precepto no carece, como alegó en particular el Gobierno neerlandés durante la vista oral del presente asunto, de toda pertinencia a efectos de determinar el ámbito de aplicación del mismo precepto.
En consecuencia, no basta con tomar en consideración el término «residente» en el sentido del artículo 4, número 6, de la Decisión marco, sino que también se ha de determinar de qué manera el término «habite» puede completar el alcance del primero de estos dos términos.
Por un lado, esta interpretación del artículo 4, número 6, de la Decisión marco no puede verse afectada por el hecho de que, según el tenor del artículo 5, número 3, de la misma Decisión marco, que se refiere a las personas objeto de una orden de detención europea a efectos de entablar una acción penal, el Derecho del Estado miembro de ejecución sólo puede supeditar la entrega al requisito que figura en esta disposición cuando la persona de que se trate sea nacional o residente de este Estado miembro, sin que se haga referencia a dónde «habite».
Por otro lado, respecto a la interpretación de los términos «habite» y «residente», procede aclarar que, frente a lo sostenido por los Gobiernos checo y neerlandés, no puede dejarse a la libre apreciación de cada Estado miembro la definición de estos dos términos.
En efecto, de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición del Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme que debe buscarse teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo que la normativa de que se trate pretende alcanzar (véanse, por analogía, las sentencias de 18 de octubre de 2007, Österreichischer Rundfunk,
C-195/06, Rec. p. I-8817
, apartado 24 y jurisprudencia citada).
Habida cuenta de que la Decisión marco tiene por objeto, como se expone en el apartado 31 de la presente sentencia, crear un sistema de entrega entre autoridades judiciales de personas condenadas o sospechosas, con fines de ejecución de sentencias o de diligencias, basado en el principio de reconocimiento mutuo, entrega a la que las autoridades judiciales de ejecución sólo pueden oponerse en virtud de alguno de los motivos de denegación establecidos en la Decisión marco, los términos «habite» y «residente», que determinan el ámbito de aplicación de su artículo 4, número 6, deben tener una definición uniforme por cuanto se refieren a conceptos autónomos del Derecho de la Unión. Por lo tanto, en la normativa nacional de adaptación al artículo 4, número 6, los Estados miembros no tienen derecho a conferir a esos términos un alcance más amplio que el que se desprende de tal interpretación uniforme.
Para saber si, en una situación concreta, la autoridad judicial de ejecución puede negarse a ejecutar una orden de detención europea, en un primer momento sólo tendrá que determinar si la persona reclamada es un nacional, un «residente» o «habita» en el sentido del artículo 4, número 6, de la Decisión marco y si, de este modo, está comprendida en su ámbito de aplicación. En un segundo momento, y únicamente cuando compruebe que a dicha persona puede aplicársele alguno de dichos términos, la autoridad judicial de ejecución tendrá que apreciar si existe un interés legítimo que justifique que la pena impuesta en el Estado miembro emisor sea ejecutada en el territorio del Estado miembro de ejecución.
A este respecto, es importante subrayar, como hacen todos los Estados miembros que han formulado observaciones y la Comisión, que el motivo de no ejecución facultativa establecido en el artículo 4, número 6, de la Decisión marco tiene por objeto, en especial, permitir a la autoridad judicial de ejecución conceder particular importancia a la posibilidad de aumentar las oportunidades de reinserción social de la persona reclamada una vez cumplida la pena a la que haya sido condenada.
Por lo tanto, los términos «residente» y «habite» se refieren, respectivamente, a las situaciones en las que la persona objeto de una orden de detención europea haya establecido su residencia real en el Estado miembro de ejecución o haya creado, a raíz de una permanencia estable de cierta duración en ese mismo Estado, vínculos con ese Estado que tengan una fuerza similar a los resultantes de una residencia.
En vista de la información contenida en la resolución de remisión, el Sr. Kozłowski no es «residente» en Alemania en el sentido del artículo 4, número 6, de la Decisión marco. En consecuencia, la interpretación que sigue sólo se refiere al término «habite» de dicha disposición.
Para determinar si, en una situación concreta, existen entre la persona reclamada y el Estado miembro de ejecución vínculos que permitan considerar que esa persona «habita» en él en el sentido del artículo 4, número 6, de la Decisión marco, se ha de efectuar una apreciación global de varios de los elementos objetivos que caracterizan la situación de esa persona, entre los que figuran, en particular, la duración, la naturaleza y las condiciones de permanencia de la persona reclamada, así como los lazos familiares y económicos que mantenga esa persona con el Estado miembro de ejecución.
Dado que corresponde a la autoridad judicial de ejecución efectuar una apreciación global para determinar, como primer paso, si la persona de que se trata se incluye en el ámbito del artículo 4, número 6, de la Decisión marco, una circunstancia individual que caracterice a la persona afectada no puede tener, en principio, una importancia determinante por sí misma.
Por lo que atañe a circunstancias como las enumeradas por el órgano jurisdiccional remitente en su primera cuestión, letras a) a d), procede señalar que la circunstancia, expuesta en la letra a), de que la persona reclamada no haya permanecido de manera ininterrumpida en el Estado miembro de ejecución, y el hecho, que se describe en la letra b), de que dicha persona no permanezca en él de conformidad con la normativa nacional relativa a la entrada y residencia de extranjeros, sin constituir elementos que permitan por sí solos concluir que, en el sentido del artículo 4, número 6, de la citada Decisión marco, esa persona no «habita» en ese Estado miembro, pueden, sin embargo, ser pertinentes para la autoridad judicial de ejecución cuando ha de apreciar si la persona en cuestión está comprendida en el ámbito de aplicación de dicha disposición.
Respecto a la circunstancia, expuesta en la primera cuestión, letra c), de que esa persona cometa habitualmente actos delictivos en el Estado miembro de ejecución, y al hecho, descrito en la misma cuestión, letra d), de que se encuentre allí en prisión con el fin de cumplir una pena privativa de libertad, procede señalar que estos elementos carecen de pertinencia para la autoridad judicial de ejecución a la hora de determinar, como primer paso, si la persona de que se trata «habita» en el sentido del artículo 4, número 6, de la Decisión marco. En cambio, suponiendo que el interesado «habite» en el Estado miembro de ejecución, esos elementos pueden tener cierta pertinencia en el marco del examen que dicha autoridad debe efectuar, en su caso, posteriormente, para saber si está justificado denegar la orden de detención europea.
Por consiguiente, sin ser determinantes, dos de las cuatro circunstancias expuestas por el órgano jurisdiccional remitente en su primera cuestión, letras a) y b), pueden ser pertinentes para la autoridad judicial de ejecución a la hora de determinar si la situación del interesado entra en el ámbito de aplicación del artículo 4, número 6, de la Decisión marco.
A este respecto, procede constatar que, en vista de varios de los elementos que el órgano jurisdiccional remitente expone como caracterizadores de la situación de una persona como la implicada en el procedimiento principal, en particular, la duración, la naturaleza y las condiciones de su permanencia, así como la inexistencia de lazos familiares y la existencia de lazos económicos muy débiles con el Estado miembro de ejecución, no puede considerarse que tal persona «habite» en él en el sentido del artículo 4, número 6, de la Decisión marco.
Habida cuenta del conjunto de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 4, número 6, de la Decisión marco debe interpretarse en el sentido de que:
—
una persona reclamada es «residente» del Estado miembro de ejecución si ha establecido su residencia real en éste y «habita» en él si, a raíz de una permanencia estable de cierta duración en ese Estado miembro, ha creado vínculos con ese Estado que tengan una fuerza similar a los resultantes de una residencia;
—
para determinar si existen entre la persona reclamada y el Estado miembro de ejecución vínculos que permitan considerar que esa persona «habita» en él en el sentido de dicho artículo 4, número 6, corresponde a la autoridad judicial de ejecución efectuar una apreciación global de varios de los elementos objetivos que caracterizan la situación de esa persona, entre los que figuran, en particular, la duración, la naturaleza y las condiciones de permanencia de la persona reclamada, así como los lazos familiares y económicos que mantenga esa persona con el Estado miembro de ejecución.
Segunda cuestión
Según el órgano jurisdiccional remitente, tendrá que autorizar la ejecución de la orden de detención europea emitida contra el Sr. Kozłowski si comprueba que esta persona no tiene en Alemania su «residencia habitual», en el sentido del artículo 83b, apartado 2, letra b), de la IRG.
Habida cuenta del contenido de los apartados 47 y 53 de la presente sentencia, así como de la respuesta dada por el Tribunal de Justicia a la primera cuestión, ya no procede, en este caso, responder a la segunda cuestión planteada, dado que la persona reclamada en el procedimiento principal no se incluye en el ámbito de aplicación del artículo 4, número 6, de la Decisión marco.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

El artículo 4, número 6, de la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, debe interpretarse en el sentido de que:

—
una persona reclamada es «residente» del Estado miembro de ejecución si ha establecido su residencia real en éste y «habita» en él si, a raíz de una permanencia estable de cierta duración en ese Estado miembro, ha creado vínculos con ese Estado que tengan una fuerza similar a los resultantes de una residencia;

—
para determinar si existen entre la persona reclamada y el Estado miembro de ejecución vínculos que permitan considerar que esa persona «habita» en él en el sentido de dicho artículo 4, número 6, corresponde a la autoridad judicial de ejecución efectuar una apreciación global de varios de los elementos objetivos que caracterizan la situación de esa persona, entre los que figuran, en particular, la duración, la naturaleza y las condiciones de permanencia de la persona reclamada, así como los lazos familiares y económicos que mantenga esa persona con el Estado miembro de ejecución.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.