CELEX: 61989CJ0034
Agricultura
Liquidación de cuentas FEOGA
Ejercicio 1986
Recuperación de ayudas indebidamente pagadas

Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de febrero de 1989, la República Italiana solicitó, con arreglo al párrafo 1 del artículo 173 del Tratado CEE, la anulación parcial de la Decisión 88/630/ÇEE de la Comisión, de 29 de noviembre de 1988, relativa a la liquidación de cuentas de los Estados miembros en concepto de gastos financiados por el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agraria (FEOGA), sección «Garantía», durante el ejercicio financiero de 1986 (
DO L 353, p. 30
), en la medida en que dicha Decisión excluye de la financiación del FEOGA un importe de 10410055894 LIT, pagado por las autoridades italianas a un determinado nùmero de productores de aceite de oliva mediante anticipos sobre la ayuda a la producción entre 1978 y 1984.
El recurso pretendía, en un primer momento, la anulación de la citada Decisión por cuanto excluía también de la financiación del FEOGA un importe de 54186548420 LIT correspondiente a ciertas compensaciones concedidas a las organizaciones de productores en el sector de las frutas y hortalizas. Mediante escrito de 21 de diciembre de 1989, el Gobierno italiano comunicó que desistía del motivo de recurso referente a las compensaciones.
El Reglamento 136/66/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1966, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las materias grasas (
DO 172, p. 3025
; EE 03/01, p. 214), en la versión modificada por el Reglamento (CEE) n° 1562/78 del Consejo, de 29 de junio de 1978 (
DO L 185, p. 1
; EE 03/14, p. 181), establece un régimen de ayuda a la producción y al consumo de aceite de oliva en la Comunidad. El artículo 5 del Reglamento n° 136/66 prevé que la ayuda a la producción se fijará cada año antes del 1 de agosto para la campaña de comercialización que comienza el año siguiente. El artículo 12 del Reglamento (CEE) n° 2753/78 del Consejo, de 23 de noviembre de 1978, por el que se establecen las normas generales relativas a la ayuda a la producción de aceite de oliva para la campaña 1978/1979 (
DO L 331, p. 10
), autoriza a los Estados miembros a pagar a las organizaciones de productores un anticipo de hasta el 70 % del importe de la ayuda solicitada. Los Reglamentos aplicables a las campañas 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983 y 1983/1984 contienen disposiciones semejantes.
El organismo de intervención italiano, la AIMA, pagó, de conformidad con estas disposiciones, anticipos a cuenta de la ayuda a la producción de aceite de oliva correspondiente a las campañas comprendidas entre 1978/1979 y 1983/1984. Se comprobó que, respecto a estas campañas, los anticipos eran superiores a las ayudas que realmente debían pagarse, a causa de la reducción de las cantidades de aceite que podían beneficiarse de la ayuda. El artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 729/70 del Consejo, de 21 de abril de 1970, sobre la financiación de la política agraria común (
DO L 95, p. 13
; EE 03/03, p. 220), impone a los Estados miembros la obligación de recuperar la diferencia entre el anticipo y la ayuda efectivamente debida. Los dos primeros apartados de este artículo son del tenor literal siguiente:
«1.
Los Estados miembros, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, adoptarán las medidas necesarias para:
—
asegurarse de la realidad y de la regularidad de las operaciones financiadas por el Fondo,
—
prevenir y perseguir las irregularidades,
—
recuperar las sumas perdidas como consecuencia de irregularidades o de negligencias.
Los Estados miembros informarán a la Comisión acerca de las medidas adoptadas con tal fin, y en particular del estado de los procedimientos administrativos y judiciales.
2.
A falta de una recuperación total, las consecuencias financieras de las irregularidades o de las negligencias serán costeadas por la Comunidad, salvo las que resulten de irregularidades o de negligencias imputables a las administraciones u organismos de los Estados miembros. Las sumas recuperadas se pagarán a los servicios u organismos pagadores y serán descontadas por éstos de los gastos financiados por el Fondo.»
Con ocasión de las inspecciones efectuadas en la AIMA en 1985, los servicios de la Comisión comprobaron que la contabilidad y la recuperación de los importes pagados indebidamente en concepto de ayuda no eran satisfactorias. La Comisión informó de ello a las autoridades italianas mediante télex de 29 de julio de 1986 y les instó para que facilitaran urgentemente informaciones al respecto. El 28 de junio de 1988, dichas autoridades informaron a la Comisión de que habían enviado, o estaban a punto de enviar, a los beneficiarios de las ayudas cartas relativas a la recuperación de los anticipos abonados en exceso. Entretanto, la Comisión había elaborado, no obstante, su informe de síntesis, de 15 de junio de 1988, para el ejercicio presupuestario de 1986, que proponía excluir de la financiación del FEOGA las sumas pendientes de recuperación a causa del retraso inaceptable de los procedimientos de recuperación. La actitud de la Comisión se concretó por fin en la Decisión controvertida de 29 de noviembre de 1988.
Para una más amplia exposición de los antecedentes y de los hechos del litigio, del desarrollo del procedimiento, y de los motivos y argumentos de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
El Gobierno italiano alega que no hay ninguna norma comunitaria que obligue a las autoridades nacionales a iniciar procedimientos de reclamación de las cantidades indebidamente pagadas en un plazo inferior al plazo ordinario de prescripción señalado por las disposiciones nacionales en vigor, que, en el presente caso, es de diez años. A su juicio, dicho plazo no había expirado cuando se enviaron las cartas relativas a la recuperación, a finales del mes de junio de 1988.
La Co mi sión considera, por el contrario, que retrasos de cuatro a diez años en la iniciación de los procedimientos de reclamación de las cantidades indebidamente pagadas para las campañas comprendidas entre 1978/1979 y 1983/1984 constituyen una negligencia en el sentido del apartado 2 del artículo 8 del Reglamento n° 729/70, cuyas consecuencias financieras son imputables al Estado.
A este respecto, procede hacer constar que el artículo 8 del Reglamento n° 729/70 distingue, en sus dos primeros apartados, dos tipos de relaciones. El primero, que se refiere a las relaciones entre los organismos de intervención y los agentes económicos, se rige, según la primera frase del apartado 1 del citado artículo, por el Derecho nacional, dentro de los límites que impone la observancia del Derecho comunitario (véase, principalmente, sentencia de 21 de septiembre de 1983, Deutsche Milchkontor contra Alemania, asuntos acumulados
205/82 a 215/82, Rec. 1983, p. 2633
).
El segundo tipo de relaciones, las relevantes en el presente caso, son las relaciones entre los Estados miembros y la Comisión. Estas relaciones no se refieren en sí a la concesión de ayudas ni a la recuperación de los anticipos abonados en exceso, sino que tienen que ver con la cuestión de si es el Estado miembro afectado o la Comunidad quien debe soportar la carga financiera correspondiente. No corresponde al Derecho nacional, que difiere según los Estados miembros, sino al Derecho comunitario responder a esta cuestión, que tiene consecuencias directas sobre el presupuesto comunitario. En efecto, es contrario al carácter uniforme de la política agraria común y al presupuesto comunitario que los Estados miembros puedan hacer variar las consecuencias financieras de esta política en función de su normativa nacional, incluida la normativa en materia de plazos.
De ello se sigue que es el Derecho comunitario el que debe determinar la responsabilidad por las negligencias en el sentido del apartado 2 del artículo 8 del Reglamento n° 729/70, en el contexto de las relaciones entre los Estados miembros y la Comisión. En lo concerniente a las normativas que pueden implicar consecuencias financieras, el Derecho comunitario impone varias exigencias a los Estados miembros y a la Comisión.
Los Estados miembros deben, en primer lugar, respetar la obligación de diligencia general del artículo 5 del Tratado CEE, tal como se precisa en los dos primeros apartados del artículo 8, ya citado, en lo tocante a la financiación de la política agraria común. Esta obligación implica que los Estados miembros deben adoptar con prontitud medidas destinadas a remediar las irregularidades. En efecto, transcurrido un cierto tiempo, la recuperación de las cantidades indebidamente pagadas puede complicarse o resultar imposible, debido a determinadas circunstancias, tales como, entre otras, el cese de actividades o la pérdida de documentos contables. Este Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de manifestarse ya a este respecto en un contexto diferente (véase sentencia de 25 de noviembre de 1987, Italia contra Comisión,
343/85, Rec. 1987, p. 4711
).
Ahora bien, estas circunstancias se presentan principalmente cuando un Estado miembro espera, como en el presente caso, de cuatro a diez años para iniciar los procedimientos de reclamación de las cantidades indebidamente pagadas. Resulta pues que las autoridades italianas no actuaron con la diligencia necesaria.
La seguridad y previsibilidad de las relaciones financieras entre la Comisión y los Estados miembros constituye, según reiterada jurisprudencia de este Tribunal de Justicia (véase en último lugar la sentencia de 27 de marzo de 1990, Italia contra Comisión,
C-10/88, Rec. 1990, p. I-1229
), una segunda exigencia. Si la Comisión piensa atribuir efectos financieros a la inercia o a la omisión de las autoridades nacionales en el cumplimiento de sus obligaciones comunitarias, como las impuestas por el artículo 8 del Reglamento n° 729/70, la seguridad y la previsibilidad de las relaciones financieras exigen que la Comisión les indique claramente lo que les reprocha, y que extraiga consecuencias financieras de su incumplimiento únicamente cuando transcurra un plazo razonable.
En el presente caso, no puede acusarse a la Comisión de haber incumplido estos principios de buena administración. En efecto, de los autos se deduce que los servicios de la Comisión ya habían advertido los retrasos en los procedimientos de recuperación en 1985 cuando efectuaron la inspección en la AIMA y que, incluso antes de elaborar el informe de síntesis, la Comisión había advertido a las autoridades italianas mediante escrito de 15 de abril de 1988 de su intención de excluir de la financiación del FEOGA el citado importe de 10410055894 LIT.
Procede hacer constar, por último, que las autoridades italianas no podían ignorar razonablemente que su inercia podía tener repercusiones financieras.
Se deduce de las anteriores consideraciones que los motivos invocados por la República Italiana son infundados y que, por consiguiente, procede desestimar el recurso.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados, en lo fundamental, los motivos formulados por la República Italiana, procede condenarla en costas, salvo las correspondientes al motivo del que desistió en el curso del procedimiento y respecto del cual cada parte cargará con sus propias costas, conforme acordaron.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar a la República Italiana en costas, salvo las correspondientes al motivo del que desistió en el curso del procedimiento.

Due
Mancini
O'Higgins
Moitinho de Almeida
Diez de Velasco
Schockweiler
Grévisse
Zuleeg
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de octubre de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.