CELEX: 62003CJ0104
Convenio de Bruselas
Medidas provisionales o cautelares
Examen de testigos

1       La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 24 del Convenio de 27 de septiembre de
1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO
1972, L 229, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), en su versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de
1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (DO L 304,
p. 1, y –texto modificado– p. 77; texto en español en DO 1989, L 285, p. 41), por el Convenio de 25 de octubre de 1982 relativo
a la adhesión de la República Helénica (DO L 388, p. 1; texto en español en DO 1989, L 285, p. 54), por el Convenio de 26
de mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa (DO L 285, p. 1) y por el Convenio
de 29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de
Suecia (DO 1997, C 15, p. 1) (en lo sucesivo, «Convenio»).
2       Dicha petición se suscitó en el marco de un litigio entre St. Paul Dairy Industries NV (en lo sucesivo, «St. Paul Dairy»)
y Unibel Exser BVBA (en lo sucesivo, «Unibel»), ambas con domicilio social en Bélgica, sobre el examen de un testigo domiciliado
en los Países Bajos.

Marco jurídico

Convenio
3       El artículo 24 del Convenio dispone:
«Podrán solicitarse medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de un Estado contratante a las autoridades judiciales
de dicho Estado, incluso si, en virtud del presente Convenio, un Tribunal de otro Estado contratante fuere competente para
conocer sobre el fondo.»

Derecho nacional
4       El artículo 186, apartado 1, del Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Ley de Enjuiciamiento Civil neerlandesa; en lo sucesivo,
«LECN») prevé que, en los casos en los que la ley admita la prueba por testigos, se podrá ordenar, a petición del interesado,
un examen provisional de los testigos, antes de entablar una acción judicial.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales
5       Mediante auto, de 23 de abril de 2002, el Rechtbank te Haarlem (Países Bajos) ordenó, a instancia de Unibel, el examen provisional
de un testigo domiciliado en los Países Bajos.
6       St. Paul Dairy interpuso recurso de apelación contra dicho auto ante el Gerechtshof te Amsterdam alegando que el juez neerlandés
era incompetente para conocer de la solicitud formulada por Unibel.
7       Por lo que respecta a la controversia de fondo que opone a Unibel y St. Paul Dairy, la resolución de remisión indica que consta
que las dos partes están domiciliadas en Bélgica, que la relación jurídica de que se trata en el litigio principal está regulada
por el Derecho belga, que el juez competente para su conocimiento es el juez belga y que no se ha ejercitado ninguna acción
con el mismo objeto en los Países Bajos o en Bélgica.
8       En estas circunstancias, el Gerechtshof te Amsterdam decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)      ¿Está comprendida en el ámbito de aplicación del Convenio de Bruselas la institución jurídica del “examen provisional de testigos
antes de formular demanda”, regulada en los artículos 186 y siguientes [de la LECN], entendiéndose que, como prescribe la
mencionada Ley, se pretende no sólo que poco después de haberse producido los hechos controvertidos se pueda tomar declaración
a los testigos, evitando que se pierdan las pruebas, sino también, y sobre todo, que se ofrezca a los interesados en una eventual
acción subsiguiente ante el juez de lo civil –a quien esté pensando ejercitar una acción o a quien espere que se ejercite
una en su contra o a un tercero que por algún motivo tenga interés en dicha acción– la posibilidad de obtener previamente
esclarecimientos sobre los hechos (que, tal vez, todavía no conozcan con precisión), con el fin de poder apreciar mejor su
posición, en particular, para determinar contra quién se debe dirigir la demanda?
2)       En caso de respuesta afirmativa, ¿puede constituir una medida en el sentido del artículo 24 del Convenio de Bruselas?»

Sobre las cuestiones prejudiciales
9       Las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente, que procede examinar conjuntamente, tienen por objeto saber
si una solicitud para que se ordene el examen de un testigo antes de formular una demanda sobre el fondo, con el fin de permitir
al solicitante evaluar la oportunidad de una acción eventual, está comprendida en el ámbito de aplicación del Convenio como
medida provisional o cautelar en el sentido de su artículo 24.
10     Con carácter preliminar, debe recordarse que el artículo 24 del Convenio sólo puede invocarse con el fin de obtener medidas
provisionales o cautelares en las materias incluidas dentro del ámbito de aplicación material del Convenio, tal como está
definido en su artículo 1 (sentencias de 27 de marzo de 1979, De Cavel, 143/78, Rec. p. 1055, apartado 9; de 31 de marzo de
1982, C.H.W., 25/81, Rec. p. 1189, apartado 12, y de 17 de noviembre de 1998, Van Uden, C‑391/95, Rec. p. I‑7091, apartado
30). Corresponde, por ello, al juez remitente verificar si esto sucede en el litigio principal.
11     El artículo 24 del Convenio autoriza a un órgano jurisdiccional de un Estado contratante a resolver sobre una solicitud de
medida provisional o cautelar aunque no sea competente para conocer del fondo del litigio. Dicha disposición prevé así una
excepción al sistema de competencia organizado por el Convenio y debe, por tanto, interpretarse de manera restrictiva.
12     La excepción a la competencia prevista en el artículo 24 del Convenio, pretende evitar a las partes el perjuicio resultante
del alargamiento de los plazos inherentes a todo procedimiento internacional.
13     Conforme a dicha finalidad, procede considerar como «medidas provisionales o cautelares» a efectos del artículo 24 las medidas
que, en las materias incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio, van dirigidas a mantener una situación de hecho o
de Derecho para salvaguardar los derechos cuyo reconocimiento se solicita, además, al juez que conoce del fondo del asunto
(sentencias de 26 de marzo de 1992, Reichert y Kockler, C‑261/90, Rec. p. I‑2149, apartado 34, y Van Uden, antes citada, apartado 37).
14     La concesión de este tipo de medidas requiere, por parte del tribunal que conoce del asunto, una circunspección particular
y un conocimiento profundo de las circunstancias concretas en las que debe producir sus efectos la medida solicitada. En general,
debe supeditar su autorización a todos los requisitos que garanticen el carácter provisional o cautelar de la medida que ordena
(sentencias de 21 de mayo de 1980, Denilauler, 125/79, Rec. p. 1553, apartado 15, y Van Uden, antes citada, apartado 38).
15     En el litigio principal, la medida solicitada, a saber el examen, ante un órgano jurisdiccional de un Estado contratante,
de un testigo domiciliado en el territorio de dicho Estado va encaminada a determinar los hechos de los que puede depender
la solución de un litigio futuro para el que será competente un órgano jurisdiccional de otro Estado contratante.
16     De la resolución de remisión se desprende que dicha medida, cuya concesión no está sometida, según la ley del Estado contratante
de que se trata, a ningún requisito particular, tiene por objeto permitir al solicitante evaluar la oportunidad de una acción
eventual, determinar el fundamento de tal acción y apreciar la pertinencia de los motivos que pueden invocarse en ese contexto.
17     A falta de cualquier otra justificación que no sea el interés del solicitante para apreciar la oportunidad de un procedimiento
sobre el fondo, debe declararse que la medida solicitada en el litigio principal no responde a la finalidad perseguida por
el artículo 24 del Convenio, en los términos en que se recordaba en los apartados 12 y 13 de la presente sentencia.
18     Debe señalarse a este respecto que la concesión de una medida de este tipo puede utilizarse fácilmente para eludir, en la
fase de la instrucción, las reglas de competencia establecidas en los artículos 2 y 5 a 18 del Convenio.
19     Ahora bien, el principio de seguridad jurídica, que constituye uno de los objetivos del Convenio, exige, en particular, que
las reglas de competencia que establecen excepciones al principio general del Convenio enunciado en su artículo 2, como la
que figura en su artículo 24, se interpreten de modo que permitan al demandado normalmente informado prever razonablemente
cuál es el órgano jurisdiccional distinto al del Estado de su domicilio ante el que pudiera ser demandado (véanse, en este
sentido, las sentencias de 28 de septiembre de 1999, GIE Groupe Concorde y otros, C‑440/97, Rec. p. I‑6307, apartados 23 y
24; de 19 de febrero de 2002, Besix, C‑256/00, Rec. p. I‑1699, apartado 24, y de 1 de marzo de 2005, Owusu, C‑281/02, Rec.
p. I‑0000, apartados 38 a 40).
20     La concesión de una medida como la controvertida en el litigio principal puede dar lugar a una multiplicación de los criterios
de competencia judicial respecto a una misma relación jurídica, que es contraria a los objetivos del Convenio (sentencia de
20 de marzo de 1997, Farrell, C‑295/95, Rec. p. I‑1683, apartado 13).
21     Aunque unas consecuencias como las descritas en los apartados 18 y 20 de la presente sentencia son inherentes a la aplicación
del artículo 24 del Convenio, sólo pueden justificarse cuando la medida solicitada responde a la finalidad del citado artículo.
22     Como se ha manifestado en el apartado 17 de la presente sentencia, no sucede así en el litigio principal.
23     Por lo demás, una solicitud para examinar un testigo en circunstancias como las del litigio principal podría utilizarse como
un medio para eludir las reglas que regulan, con las mismas garantías y con los mismos efectos para todos los justiciables,
la transmisión y el tratamiento de las peticiones formuladas por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro con objeto
de que se realicen diligencias de obtención de pruebas en otro Estado miembro [véase el Reglamento (CE) nº 1206/2001 del Consejo,
de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de
la obtención de pruebas en materia civil o mercantil (DO L 174, p. 1)].
24     Estas consideraciones bastan para excluir que una medida cuyo objetivo es permitir al solicitante apreciar las posibilidades
o los riesgos de un eventual proceso pueda calificarse de medida provisional o cautelar en el sentido del artículo 24 del
Convenio.
25     Procede, por tanto, responder a las cuestiones planteadas que el artículo 24 del Convenio debe interpretarse en el sentido
de que no está comprendida en el concepto de «medidas provisionales o cautelares» una medida que ordena el examen de un testigo
con el fin de permitir al solicitante evaluar la oportunidad de una acción eventual, determinar el fundamento de tal acción
y apreciar la pertinencia de los motivos que pueden invocarse en ese contexto.

Costas
26     Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
El artículo 24 de del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil, en su versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión
del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por el Convenio de 25 de octubre
de 1982 relativo a la adhesión de la República Helénica, por el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la adhesión del
Reino de España y de la República Portuguesa y por el Convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República
de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia, debe interpretarse en el sentido de que no está comprendida
en el concepto de «medidas provisionales o cautelares» una medida que ordena el examen de un testigo con el fin de permitir
al solicitante evaluar la oportunidad de una acción eventual, determinar el fundamento de tal acción y apreciar la pertinencia
de los motivos que pueden invocarse en ese contexto.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: neerlandés.