CELEX: 61989CJ0339
Artículos 2, 3, letra f), 34 y 85, apartado 1, del Tratado CEE
Responsabilidad por productos defectuosos

Mediante resolución de 10 de mayo de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 3 de noviembre siguiente, el tribunal de commerce de París planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial relativa a la interpretación de los artículos 2, 3 letra f), 34 y 85, apartado 1, del Tratado CEE.
Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre Alsthom Atlantique SA (en lo sucesivo, «Alsthom») y la Compagnie de construcción mécanique Sulzer SA (en lo sucesivo, «Sulzer»), en el que compareció la Union des assurances de Paris, emplazada como interviniente necesario a instancia de Sulzer, a propósito del mal funcionamiento de los motores para barcos suministrados por Sulzer a Alsthom e instalados en dos buques de crucero entregados a la compañía neerlandesa Holland & America Tours (en lo sucesivo, «HAT»).
Una de las principales cuestiones debatidas ante el órgano jurisdiccional nacional se refiere al artículo 1643 del Código Civil francés, que está redactado en los siguientes términos:
«El vendedor responde al comprador del saneamiento por los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, aunque los ignorase, a menos que, en este caso, se haya estipulado lo contrario.»
Mediante su jurisprudencia, la Cour de cassation francesa ha interpretado este artículo en el sentido de que el fabricante o el vendedor profesional está sujeto a una presunción
iuris et de iure
de que conocía los defectos de la cosa vendida y de que sólo puede liberarse de esta presunción si se trata de relaciones contractuales con un profesional de la misma especialidad.
Ante el órgano jurisdiccional a quien Alsthom presentó una demanda reclamando el pago de los gastos en que incurrió para poner remedio a los vicios ocultos de los motores vendidos por Sulzer, ésta alegó que una jurisprudencia como la de la Cour de cassation francesa no existe en ningún otro Estado miembro y que puede falsear el juego de la competencia y obstaculizar la libre circulación de mercancías.
Por entender que el litigio plantea cuestiones de interpretación de los artículos 2, 3, letra f), 34 y 85, apartado 1, del Tratado CEE, el tribunal de commerce de París decidió plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial :
«Las disposiciones de los artículos 2 y 3, letra f), en relación con las de los artículos 85, apartado 1, y 34 del Tratado de Roma, ¿deben interpretarse en el sentido de que prohiben la aplicación de una jurisprudencia de un Estado miembro que, al prohibir a los vendedores profesionales demostrar que no tenían conocimiento del vicio del producto suministrado en la fecha de entrega de éste, produce el efecto de impedirles invocar las disposiciones del artículo 1643 del Código Civil francés, que les permite limitar su responsabilidad cuando no tienen conocimiento del vicio, en las mismas condiciones en que sus competidores de otros Estados miembros pueden hacerlo según las disposiciones de su Derecho nacional?»
Para una más amplia exposición de los hechos del procedimiento principal, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Conviene recordar, en primer lugar, que el artículo 2 del Tratado describe la misión de la Comunidad Económica Europea. Los objetivos enunciados por esta disposición se vinculan a la existencia y al funcionamiento de la Comunidad y su consecución debe ser el resultado del establecimiento del mercado común y de la progresiva aproximación de las políticas económicas de los Estados miembros, que son también objetivos cuya puesta en práctica constituye el objeto esencial del Tratado (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de septiembre de 1987, Giménez Zaera, apartado 10,
126/86, Rec. p. 3697
).
Estos objetivos, inspiradores de la creación de la Comunidad, y, más concretamente, el de promover un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, no puede producir el efecto de crear obligaciones jurídicas a cargo de los Estados miembros ni derechos en favor de los particulares. De ello se deduce que lo dispuesto en el artículo 2 no puede ser invocado por un particular ante un órgano jurisdiccional nacional.
El establecimiento de un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado común, enunciado en la letra f) del artículo 3 del Tratado, es un objetivo precisado en otras varias disposiciones relativas a las normas sobre la competencia (véanse, en este sentido, especialmente las sentencias de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche,
85/76, Rec. p. 461
, y de 9 de noviembre de 1983, Michelin, apartado 29,
322/81, Rec. p. 3461
), entre los cuales se encuentra el artículo 85 del Tratado, que prohibe los acuerdos y las prácticas concertadas entre empresas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común.
Procede recordar que, con arreglo a una jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia (véase, especialmente, la sentencia de 1 de octubre de 1987, Vereniging van Vlaamse Reisbureaus, apartado 10,
311/85, Rec. p. 3801
), los artículos 85 y 86 del Tratado se refieren al comportamiento de las empresas, y no a medidas adoptadas por los Estados miembros. No obstante, el Tratado impone a éstos la obligación de no adoptar o mantener en vigor medidas que puedan eliminar la eficacia de estas disposiciones. Ello sucedería, por ejemplo, si la celebración de acuerdos que constituyan prácticas colusorias contrarias al artículo 85 del Tratado fuera favorecida o su efectos se vieran reforzados en virtud de una jurisprudencia nacional.
Por lo que se refiere al presente asunto, procede señalar que la presunción
iuris et de iure
del conocimiento de los defectos de la cosa vendida, a que se refiere el órgano jurisdiccional nacional, fue elaborada por la jurisprudencia en aras de la protección al comprador y no puede favorecer o facilitar la celebración de acuerdos contrarios al artículo 85.
En virtud del artículo 34 del Tratado, las restricciones cuantitativas a la exportación así como todas las medidas de efecto equivalente están prohibidas en los Estados miembros.
Es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia (véase, más recientemente, la sentencia de 27 de marzo de 1990, España/Consejo, apartado 21,
C-9/89, Rec. p. I-1383
) que el artículo 34 sólo se refiere a las medidas que tienen por objeto o efecto restringir específicamente las corrientes de exportación y establecer, de esa manera, una diferencia de trato entre el comercio interior de un Estado miembro y su comercio de exportación, de manera que se garantice una ventaja particular a la producción nacional o al mercado interior, en detrimento de la producción o del comercio de otros Estados miembros.
Ahora bien, procede señalar que la jurisprudencia de la Cour de cassation francesa de la que se trata en el presente asunto se aplica indistintamente a todas las relaciones comerciales regidas por el Derecho francés y no tiene por objeto o efecto restringir específicamente las corrientes de exportación y favorecer, de esa manera, la producción nacional o el mercado interior nacional. Además, la partes de un contrato de venta internacional generalmente pueden determinar libremente el Derecho aplicable a sus relaciones contractuales y evitar, de esa manera, estar sujetas al Derecho francés.
Habida cuenta del conjunto de estas consideraciones, procede responder a la cuestión prejudicial que las disposiciones de los artículos 2, 3, letra f), 34 y 85, apartado 1, del Tratado CEE, relacionadas entre sí, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación de la jurisprudencia de un Estado miembro que, al prohibir a los vendedores profesionales probar que no tuvieron conocimiento de los vicios del producto en la fecha de su entrega, les impide ampararse en las disposiciones legales nacionales que permiten limitar su responsabilidad cuando no se tiene conocimiento de los vicios en los mismos términos en que pueden hacerlo sus competidores de los restantes Estados miembros.
Costas
Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el tribunal de commerce de París mediante resolución de 10 de mayo de 1989, declara:

Las disposiciones de los artículos 2, 3, letra f), 34 y 85, apartado 1, del Tratado CEE, relacionadas entre sí, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación de la jurisprudencia de un Estado miembro que, al prohibir a los vendedores profesionales probar que no tuvieron conocimiento de los vicios del producto en la fecha de su entrega, les impide ampararse en las disposiciones legales nacionales que permiten limitar su responsabilidad cuando no se tiene conocimiento de los vicios, en los mismos términos en que pueden hacerlo sus competidores de los restantes Estados miembros.

O'Higgins
Mancini
Schockweiler
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 24 de enero de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Segunda
T. F. O'Higgins
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.