CELEX: 61988CJ0323
Política comercial común
Derechos antidumping sobre las importaciones de motores eléctricos

Mediante resolución de 5 de septiembre de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 4 de noviembre de 1988, la Cour d'appel de Colmar (Sala Tercera de lo Civil) planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la validez del Reglamento (CEE) n° 864/87 del Consejo, de 23 de marzo de 1987, por el que se establece un derecho antidumping definitivo respecto de las importaciones de motores eléctricos polifásicos normalizados con una potencia superior a 0,75 kW hasta 75 kW inclusive, originarios de Bulgaria, Hungría, Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia y la Unión Soviética, y por el que se establece la percepción definitiva de los importes garantizados en concepto de derecho provisional (
DO L 83, p. 1
; en lo sucesivo, «Reglamento del Consejo objeto del litigio»).
Esta cuestión se planteó en el marco de un litigio entre la sociedad anònima francesa Sermes (en lo sucesivo, «Sermes») y el directeur des services des douanes de Estrasburgo, entablado como consecuencia de los derechos antidumping cuyo pago se requiere en virtud del Reglamento del Consejo objeto del litigio.
Sermes es una sociedad que, entre otras cosas, importa motores eléctricos originarios de la República Democrática Alemana, exportados de este país por la sociedad AHB Elektrotechnik.
En octubre de 1985, el Groupement des industries de matériels d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associée (en lo sucesivo, «Gimelec»), apoyado por otras cuatro asociaciones empresariales nacionales del sector de la electrónica, se dirigió a la Comisión solicitando el reexamen de determinadas medidas antidumping de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento (CEE) n° 2176/84 del Consejo, de 23 de julio de 1984, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Económica Europea (
DO L 201, p. 1
; EE 11/21, p. 3), Reglamento de base en vigor cuando se produjeron los hechos de autos (en lo sucesivo, «Reglamento de base»). Dicha solicitud pretendía que se reconsideraran las decisiones de aceptación por las instituciones de los compromisos en materia de precios suscritos por los exportadores afectados, en el marco de un procedimiento antidumping anterior, relativo a las importaciones de motores eléctricos originarios de Bulgaria, Hungría, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y la Unión Soviética.
El 30 de septiembre de 1986, el Consejo y la Comisión denunciaron los citados compromisos y, mediante el Reglamento (CEE) n° 3019/86, del mismo día, la Comisión estableció un derecho antidumping provisional respecto de las importaciones de motores eléctricos polifásicos normalizados con una potencia superior a 0,75 kW hasta 75 kW inclusive, originarios de Bulgaria, Hungría, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y la Unión Soviética (
DO L 280, p. 68
).
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 17 de noviembre de 1986, con arreglo al párrafo 2 del artículo 173 del Tratado CEE, Sermes solicitó la anulación del ya citado Reglamento n° 3019/86 de la Comisión (asunto 279/86).
Mediante auto de 8 de julio de 1987, el Tribunal de Justicia declaró la inadmisibilidad del recurso, por el motivo de que, por lo que respecta a la demandante, el acto recurrido constituía un reglamento de alcance general y no una decisión en el sentido propio del párrafo 2 del artículo 173 del Tratado, puesto que aquélla no estaba asociada al exportador de que se trata.
El 23 de marzo de 1987, el Consejo adoptó el Reglamento por el que se establece un derecho antidumping definitivo respecto de las importaciones arriba mencionadas y por el que se establece la percepción definitiva de los importes garantizados en concepto de derecho provisional.
Tras el establecimiento del derecho antidumping definitivo, la Administración de aduanas francesa requirió a Sermes, en concepto de derechos antidumping, el pago de 419720 FF por las importaciones de motores eléctricos originarios de la República Democrática Alemana realizadas en el mes de abril de 1987.
Impugnando la validez del Reglamento n° 864/87 del Consejo, el 7 de mayo de 1987 Sermes entabló demanda de devolución de lo indebidamente pagado contra el Director del Servicio de aduanas de Estrasburgo ante el Tribunal d'instance de esta ciudad.
Al ser desestimada su demanda mediante sentencia de 16 de junio de 1987, Sermes interpuso recurso ante la Cour d'appel de Colmar, órgano jurisdiccional que suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia, con arreglo a lo previsto en el artículo 177 del Tratado CEE, la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Es válido a la luz del Derecho comunitario, y, en concreto, del Reglamento de base n° 2176/84 del Consejo, así como de los principios fundamentales del ordenamiento comunitario, el Reglamento (CEE) n° 864/87 del Consejo, de 23 de marzo de 1987, por el que se establece un derecho antidumping definitivo respecto de las importaciones de motores eléctricos polifásicos normalizados con una potencia superior a 0,75 kW hasta 75 kW inclusive, originarios de Bulgaria, Hungría, Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia y la Unión Soviética, y por el que se establece la percepción definitiva de los importes garantizados en concepto de derecho provisional?»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas, la Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Procede observar, en primer lugar, que, redactada en términos generales, la resolución de remisión no indica en manera alguna las razones por las que el órgano jurisdiccional nacional pueda dudar de la validez del Reglamento del Consejo. En sus observaciones presentadas ante este Tribunal, Sermes, parte demandante en el litigio principal, formuló varias objeciones contrarias a la validez de dicho Reglamento. Procede, por consiguiente, examinar la validez de este último a la luz de estas observaciones.
Sobre la infracción del artículo 14 del Reglamento de base y la violación del principio de seguridad jurídica
Sermes alega, en primer lugar, que el Reglamento del Consejo objeto del litigio debe ser declarado inválido por imponer un derecho antidumping tras un reexamen de los compromisos suscritos con anterioridad en materia de precios, al que se procedió sin que se hubiese probado suficientemente una modificación de las circunstancias, infringiendo con ello el artículo 14 del Reglamento de base.
A tenor del apartado 1 del artículo 14 del Reglamento de base, las decisiones de aceptación de compromisos serán objeto de una reconsideración, si fuera necesario, a instancia de un Estado miembro o por iniciativa de la Comisión. Asimismo, se llevará a cabo una reconsideración a instancia de cualquier parte interesada que presente elementos de prueba de un cambio de circunstancias suficientes para justificar la necesidad de dicha reconsideración, siempre que haya transcurrido al menos un año desde la conclusión de la investigación.
Como se indica en el cuarto considerando del Reglamento objeto del litigio, en el presente caso la reapertura del procedimiento se efectuó basándose en una apreciación, expresamente resumida en el cuarto considerando de dicho Reglamento, de los elementos de prueba presentados por Gimelec en apoyo de su solicitud de reexamen de los compromisos suscritos. Tanto el Consejo como la Comisión consideraron que estos elementos de prueba revelaban un cambio de circunstancias que justificaban el reexamen de los compromisos en materia de precios suscritos en el procedimiento anterior.
Ni de los autos ni de lo alegado por las partes ante este Tribunal se desprende que la Comisión y el Consejo hayan incurrido en un error al apreciar los elementos de prueba así presentados.
Sigue alegando Sermes que, al sustituir un compromiso en materia de precios por un derecho antidumping, el Reglamento objeto del litigio se adoptó en violación del principio de seguridad jurídica, en la medida en que, tras la aceptación de los compromisos en materia de precios en 1982, las circunstancias económicas no se modificaron, salvo a la baja, sin que, por consiguiente, el interés general comunitario justificara el establecimiento de un derecho antidumping.
Procede recordar, a este respecto, que, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento de base, los compromisos aceptados pueden ser objeto de un reexamen que, según el apartado 3 del mismo precepto, puede conducir a la modificación, derogación o anulación de las medidas definidas en el marco de estos compromisos.
Es infundado, por lo tanto, lo alegado por Sermes en relación con el artículo 14 del Reglamento de base, así como con el principio de seguridad jurídica.
Sobre la infracción de las disposiciones del Reglamento de base relativas al cálculo del valor normal y a la determinación del perjuicio sufrido, así como sobre el error de apreciación
Sermes alega, en primer lugar, que, contrariamente a lo exigido por el apartado 5 del artículo 2 del Reglamento de base, el valor normal no se determinó de una manera apropiada y razonable, dado que Yugoslavia, escogida como país de referencia a tal efecto, no es un país con economía de mercado, puesto que en este mercado no existe libertad de precios.
Es preciso observar, a este respecto, que el apartado 5 del artículo 2 del Reglamento de base prevé que, en el caso de importaciones procedentes de países que no tengan economía de mercado, el valor normal se determinará fundamentalmente basándose en el precio al que se venda realmente un producto similar de un tercer país de economía de mercado.
Es preciso recordar que el fin perseguido por la disposición que se acaba de citar es evitar que se tomen en consideración precios y costes en aquellos países en los que no existe una economía de mercado, dado que dichos precios y costes no son el resultado normal de las fuerzas actuantes en el mercado (sentencia de 5 de octubre de 1988, Technointorg contra Comisión y Consejo, asuntos acumulados
294/86 y 77/87, Rec. 1988, p. 6077, apartado 29
).
No obstante, como declaró este Tribunal de Justicia en la sentencia de 11 de julio de 1990 (Neotype contra Comisión y Consejo, asuntos acumulados
C-305/86 y C-160/87, Rec. 1990, p. I-2945, apartados 26 y 27
), no puede considerarse que Yugoslavia no posea una economía de mercado. Durante el período considerado no existía, en efecto, sistema general alguno de fijación de precios en Yugoslavia y, en cualquier caso, semejante sistema no existía en el sector de los motores eléctricos.
No está fundado, por consiguiente, lo alegado por Sermes en el sentido de que Yugoslavia no es un país de economía de mercado en el sentido propio del apartado 5 del artículo 2 del Reglamento de base.
Sermes alega, en segundo lugar, que las instituciones no han probado que los productores comunitarios hayan sufrido un perjuicio a causa de las importaciones de que se trata. Sermes alega, en primer término, que, al comparar el precio de coste en el mercado comunitario con el precio de venta de los motores procedentes de los países del Este, las instituciones han infringido la letra b) del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento de base, que exige que una eventual subvaloración habrá de evaluarse en función del precio de un producto similar en la Comunidad. Sermes señala igualmente que nunca se ha probado que la práctica totalidad de los productores comunitarios vendan con pérdidas sus motores eléctricos; por el contrario, la producción comunitaria conquistó un 3 % del mercado durante el período tomado en consideración.
Procede señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento de base, el examen del perjuicio sufrido por la Comunidad debe comprender un conjunto de factores que, aisladamente considerados, no pueden ser utilizados como base de juicio determinante.
Como sostuvo este Tribunal en la ya citada sentencia de 11 de julio de 1990 (asuntos acumulados C-305/86 y C-160/87), el Consejo determinó el perjuicio en función de diversos factores enumerados en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento de base, sin por ello dejar de reconocer que la cuota de mercado de las importaciones de motores eléctricos, procedentes de los mismos países del Este que los contemplados en el litigio principal, había disminuido de un 23 % en 1982 a un 19,6 % en 1985. Como se indica, en efecto, en el apartado 25 del Reglamento n° 3019/86, ya citado, al que se remite el apartado 19 del Reglamento objeto del litigio, el volumen de las importaciones de motores eléctricos procedentes de los países de que se trata aumentó de 716000 unidades en 1982 a 784300 unidades en 1985, tras descender a 604000 y 689000 unidades en 1983 y 1984, respectivamente. Por otra parte, en los apartados 21 a 24 del Reglamento objeto del litigio se hace referencia a una subvaloración en nada despreciable tanto de los precios de coste como de los precios de venta de los productores comunitarios, en función de los precios de reventa de los motores eléctricos importados. Observa igualmente el Consejo, en los apartados 25 y 26 del Reglamento discutido, que, a pesar del crecimiento en las ventas y en la producción observado desde 1982, los productores comunitarios de motores eléctricos, sufrieron unas pérdidas de explotación que se sitúan entre el 2 % y el 25 % del precio de coste, salvo por lo que respecta a dos empresas, una de las cuales se sitúa en un Estado miembro en el que las importaciones de que se trata son de muy escasa entidad. Por último, en el apartado 26 del Reglamento controvertido se afirma que los puestos de trabajo directamente dependientes de la producción de motores eléctricos en la Comunidad siguieron descendiendo entre 1982 y 1985.
Por último, Sermes alega que el muestreo efectuado por el Consejo no es representativo por lo que respecta a sus ventas en Francia de motores eléctricos procedentes de la República Democrática Alemana. Los motores por ella importados se vendieron a una clientela distinta de la de los grandes fabricantes comunitarios, sin que, por consiguiente, exista nexo de causalidad alguno entre las importaciones procedentes de la República Democrática Alemana y las pérdidas de los productores comunitarios.
Teniendo presente que el Consejo había evaluado correctamente el perjuicio sufrido por la industria comunitaria a partir del impacto del conjunto de las importaciones de motores eléctricos objeto de dumping, procedentes de los países de que se trata, la alegación basada en el muestreo sólo podría acogerse en la medida en que este último no fuera representativo del conjunto de las importaciones. Ahora bien, nada en los autos permite afirmar que esta hipótesis sea fundada.
Procede, por consiguiente, observar que, al concluir afirmando la existencia de un perjuicio importante causado a los productores comunitarios por las importaciones objeto del caso de autos, a pesar de haber disminuido su cuota de mercado en la medida a que ya se ha hecho referencia, el Consejo no ha incurrido en absoluto en un error de apreciación.
Sobre la desviación de poder
Sermes alega que el Reglamento objeto del litigio está viciado de desviación de poder, en la medida en que el Consejo se dejó guiar no por el interés comunitario, sino por el de un sector industrial comunitario, y, en concreto, por el de un sector industrial francés.
Procede recordar que un acto únicamente está viciado de desviación de poder cuando, basándose en indicios objetivos, pertinentes y concordantes, se ponga de manifiesto que fue adoptado con fines distintos de los expresamente invocados sentencia de 4 de julio de 1989, Kerzmann contra Tribunal de Cuentas,
198/87, Rec. 1989, p. 2083, apartado 2
del sumario).
Procede recordar que, en los apartados 33 a 35 de los considerandos del Reglamento del Consejo, dicha institución expone las razones que le condujeron a considerar que, en virtud del Reglamento de base, los intereses de la Comunidad exigían la adopción de una medida apta para defender a los productores comunitarios contra los importadores de productos objeto de dumping.
Procede señalar igualmente que, al negar la existencia de un interés comunitario, Sermes se ha limitado a emitir afirmaciones sin demostrar su fundamento.
Por consiguiente, y basándose en la información de que dispone, este Tribunal de Justicia no puede considerar fundado lo alegado por Sermes en relación con la existencia de desviación de poder.
Sobre los vicios sustancíales de forma y la falta de motivación
Sermes alega que la insuficiencia de la motivación del Reglamento objeto del litigio impide a este Tribunal ejercer su control jurisdiccional por lo que respecta, en particular, a los elementos de prueba invocados por Gimelec y aptos para justificar el reexamen de los compromisos, el muestreo de los motores que se ha efectuado, así como el perjuicio y el nexo de causalidad.
Procede recordar, a este respecto, que es jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia (véanse, en concreto, las sentencias de 7 de mayo de 1987, Nashi Fujikoshi contra Consejo,
255/84, Rec. 1987, p. 1861, apartado 39
; y 14 de marzo de 1990, Gestetner contra Comisión,
C-156/87, Rec. 1990, p. I-781, apartado 67
) que la motivación exigida por el artículo 190 del Tratado debe poner de manifiesto, clara e inequívocamente, el razonamiento de su autor, de manera tal que los interesados puedan conocer el fundamento de la medida adoptada y defender sus derechos y este Tribunal ejercer su control.
Esta exigencia ha quedado satisfecha en el presente asunto. En el cuarto considerando del Reglamento objeto del litigio se mencionan todas las pruebas presentadas por los denunciantes que, en opinión del Consejo, justificaban la reapertura del procedimiento antidumping. El muestreo de los motores se menciona en el octavo considerando del mismo Reglamento, que se remite al undécimo considerando del Reglamento n° 3019/86 de la Comisión, ya citado, que recoge con claridad y exhaustividad todas las explicaciones útiles al respecto. Otro tanto cabe decir de los apartados 17 a 32 de la exposición de motivos del Reglamento del Consejo, relativos a la existencia de un perjuicio y de un nexo de causalidad.
Procede, por consiguiente, desestimar lo alegado por Sermes en el sentido de que el Reglamento del Consejo objeto del litigio carece de una motivación suficiente.
Sobre la violación del artículo 7 del Reglamento de base y del derecho de defensa
Sermes considera que en la investigación previa a la adopción del Reglamento del Consejo objeto del litigio las instituciones comunitarias infringieron el artículo 7 del Reglamento de base y violaron el derecho de defensa al serle denegada una confrontación con los denunciantes.
De conformidad con lo previsto en el apartado 6 del artículo 7 del Reglamento de base, la Comisión, a instancia de las partes directamente afectadas, les ofrecerá la oportunidad de reunirse para hacer posible la confrontación de su tesis y de las eventuales réplicas.
Ha lugar a señalar que el concepto de «partes directamente afectadas» debe entenderse en el sentido dado por este Tribunal en materia de admisibilidad de los recursos interpuestos contra un reglamento antidumping. Ahora bien, como se desprende del auto dictado por este Tribunal el 8 de julio de 1987 (Sermes contra Comisión,
C-279/86, Rec. 1987, p. 3109
), Sermes no pertenece a ninguna de las categorías de agentes económicos a los que este Tribunal ha reconocido la legitimación activa para interponer un recurso directo contra reglamentos por los que se establece un derecho antidumping aplicable a las importaciones de ciertos motores eléctricos originarios de determinados países con comercio de Estado. Por otra parte, Sermes no ha probado haber solicitado una confrontación.
Procede desestimar, por consiguiente, lo alegado en el sentido de que las instituciones comunitarias infringieron el artículo 7 del Reglamento de base y violaron el derecho de defensa.
Sobre la violación del principio de igualdad de trato
En último lugar, Sermes alega que la aplicación de las disposiciones especiales relativas al comercio interior alemán, en virtud de las cuales las exportaciones de la República Democrática Alemana con destino a la República Federal de Alemania podrán seguir realizándose al precio de venta existente antes de que entrara en vigor el Reglamento del Consejo objeto del litigio, supone una discriminación, no justificada por diferencias objetivas, entre, por un lado, los importadores establecidos en la República Federal de Alemania y, por otro lado, los establecidos en los demás Estados miembros.
Baste con recordar, a este respecto, que este Tribunal ya ha tenido oportunidad de declarar (sentencia de 21 de septiembre de 1989, Schäfer Shop BV contra Minister van Economische Zaken,
12/88, Rec. 1989, p. 2937, apartado 14
) que, en virtud del «Protocolo sobre el comercio interior alemán y los problemas conexos», de 25 de marzo de 1957, que figura como anexo al Tratado CEE, la República Federal de Alemania no está obligada a aplicar al comercio interior alemán la normativa comunitaria y que, además, aunque la República Democrática Alemana no sea miembro de la Comunidad, no disfruta de la condición de tercer país por lo que respecta a la República Federal de Alemania.
De lo dicho se desprende que la diferencia de trato señalada por Sermes encuentra su fundamento normativo en el citado Protocolo, que es parte integrante del Tratado, no pudiendo, por consiguiente, contemplarse como una discriminación.
Por lo tanto, no ha lugar a acoger lo alegado por Sermes basándose en una violación del principio de igualdad de trato.
Se deduce de lo expuesto que la línea argumentai seguida por Sermes no ha puesto de manifiesto elemento alguno capaz de viciar de invalidez el Reglamento del Consejo objeto del litigio. Es preciso observar igualmente que los autos tampoco contienen ningún otro elemento que pueda afectar la validez del referido Reglamento.
Procede, por consiguiente, responder al órgano jurisdiccional nacional que el examen de la cuestión no ha revelado ningún elemento que pueda afectar la validez del Reglamento n° 864/87 del Consejo, de 23 de marzo de 1987, por el que se establece un derecho antidumping definitivo respecto de las importaciones de motores eléctricos polifásicos normalizados con una potencia superior a 0,75 kW hasta 75 kW inclusive, originarios de Bulgaria, Hungría, Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia y la Unión Soviética, y por el que se establece la percepción definitiva de los importes garantizados en concepto de derecho provisional.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno francés, el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por la Cour d'appel de Colmar mediante resolución de 5 de septiembre de 1988, decide:

Declarar que el examen de la cuestión no ha revelado ningún elemento que pueda afectar la validez del Reglamento (CEE) n° 864/87 del Consejo, de 23 de marzo de 1987, por el que se establece un derecho antidumping definitivo respecto de las importaciones de motores eléctricos polifásicos normalizados con una potencia superior a 0,75 kW hasta 75 kW inclusive, originarios de Bulgaria, Hungría, Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia y la Unión Soviética, y por el que se establece la percepción definitiva de los importes garantizados en concepto de derecho provisional.

Slynn
Zuleeg
Joliét
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de julio de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Quinta
Gordon Slynn
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.