CELEX: 62007CJ0415
Ayudas de Estado al empleo
Directrices sobre ayudas al empleo
Directrices sobre ayudas de Estado de finalidad regional
Reglamento (CE) nº 2204/2002
Concepto de "creación de empleo"
Cálculo del aumento del número de puestos de trabajo

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de las Directrices sobre ayudas al empleo (
DO 1995, C 334, p. 4
), de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional (
DO 1998, C 74, p. 9
), así como del Reglamento (CE) n
o
2204/2002 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo (
DO L 337, p. 3
).
Esta petición se planteó en el marco de un recurso interpuesto por Lodato Gennaro & C. SpA (en lo sucesivo, «Lodato») contra una liquidación tributaria emitida por el Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Instituto Nacional de Previsión Social), a raíz de un acta levantada por éste.
Marco jurídico
Normativa comunitaria
El punto 17 de las Directrices sobre ayudas al empleo tiene el siguiente tenor:
«[…] Conviene precisar que por creación de empleo se entiende creación neta de empleo, es decir, un puesto de trabajo adicional con relación al efectivo (promedio en un período determinado) de la empresa de que se trate. Por consiguiente, la mera sustitución de un trabajador, sin que se incrementen los efectivos y sin creación de nuevos puestos de trabajo, no constituye una creación real de empleo.»
Según el punto 21, tercer guión, de estas mismas Directrices, la Comisión de las Comunidades Europeas, en la apreciación de las ayudas al empleo, debe prestar atención a las condiciones del contrato de trabajo, tales como la obligación de mantener el puesto de trabajo de nueva creación durante un período mínimo.
Las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado a las pequeñas y medianas empresas (
DO 1996, C 213, p. 4
) señalan, en la nota 8, en su punto 3.2, que «el número de personas empleadas corresponde al número de unidades de trabajo-control-año (UTA), es decir, el número de trabajadores de jornada completa empleados durante un año, representando fracciones de UTA el trabajo a tiempo parcial y el trabajo de temporada».
Por su parte, las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional establecen en su punto 4.12:
«Se entiende por creación de empleo el aumento neto del número de puestos de trabajo […] del establecimiento con respecto a la media de un período de referencia, lo que implica deducir del número aparente de puestos de trabajo creados en el período considerado los puestos suprimidos en el mismo período […]»
La nota 33 de estas últimas Directrices precisa que «el número de puestos de trabajo corresponde al número de unidades de trabajo por año (UTA), es decir, al número de asalariados empleados a tiempo completo durante un año; el trabajo a tiempo parcial y el trabajo estacional constituyen fracciones UTA».
El punto 4.14 de estas mismas Directrices dispone que «las ayudas para la creación de empleo deberán supeditarse, mediante su forma de desembolso o las condiciones ligadas a su obtención, al mantenimiento del empleo creado durante un período mínimo de cinco años».
El Reglamento (CE) n
o
70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (
DO L 10, p. 33
), establece, en su artículo 4, apartado 6, letras b) y c), que «el proyecto de inversión habrá de conducir a un incremento neto del número de empleados en el establecimiento de que se trate, comparado con la media de los últimos doce meses», y que «el empleo creado se habrá de mantener durante un período mínimo de cinco años».
El artículo 4, apartado 4, letras a) y b), del Reglamento n
o
2204/2002 establece que «el empleo creado debe representar un incremento neto del número de trabajadores tanto en el establecimiento como en la empresa afectada, en comparación con la media de los 12 meses anteriores» y que «el empleo creado se deberá mantener durante un período mínimo de tres años o de dos años si se trata de [pequeñas y medianas empresas]». Según el artículo 2, letra e), de este Reglamento, se entenderá por «número de empleados» el «número de unidades de trabajo/año (UTA), es decir, el número de personas empleadas a tiempo completo en un año, siendo fracciones de UTA el trabajo a tiempo parcial y el trabajo estacional».
Esta misma definición de «número de empleados» figura en la nota 52 de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013 (
DO 2006, C 54, p. 13
), que establecen, en su punto 58, que se entenderá por «creación de empleo»«el aumento neto del número de trabajadores […] empleados directamente en un determinado establecimiento en comparación con la media de los 12 meses anteriores» y que «por tanto, los puestos suprimidos durante el período de 12 meses deberán deducirse del número aparente de puestos de trabajo creados en el mismo período».
Decisiones de la Comisión relativas a los sistemas de ayudas controvertidos en el asunto principal
Mediante decisión de 10 de agosto de 1999, la Comisión decidió no plantear objeciones al sistema de ayudas para la creación de empleo, establecido en el artículo 3, apartados 5 y 6, de la Ley n
o
448, de 23 de diciembre de 1998 (Suplemento Ordinario de la GURI n
o
302, de 29 de diciembre de 1998) y notificado a dicha institución por la República Italiana el 16 de diciembre de 1998.
El artículo 3, apartado 5, de dicha Ley disponía que, para las nuevas contrataciones de los años 1999, 2000 y 2001 que incrementaran el número de trabajadores realmente ocupados el 31 de diciembre de 1998, se otorgaba a todos los empresarios privados y a los entes públicos económicos que operen en las regiones de Campania, Basilicata, Sicilia, Apulia, Calabria y Cerdeña la posibilidad de desgravar, durante tres años contados desde la fecha de contratación del trabajador, el importe total de las cotizaciones adeudadas al INPS a su cargo, sobre las retribuciones sujetas a contribución al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (fondo de pensiones de trabajadores por cuenta ajena). Esta norma era también aplicable en las regiones de Molise y Abruzzo, pero únicamente por las personas contratadas durante 1999.
El artículo 3, apartado 6, de esta Ley establecía los requisitos a los que se supeditaba la concesión de las ayudas. A raíz de un intercambio de escritos entre las autoridades italianas y la Comisión, el requisito relativo al aumento del número de empleados adoptó el siguiente tenor:
«La empresa, aunque sea de reciente fundación, debe ampliar sus trabajadores a tiempo completo e indefinido. La creación de empleo se calculará en comparación con la media de efectivos de la empresa de los 12 meses anteriores a la contratación. La media de efectivos se calculará en UTA […] sobre la base del concepto establecido en el punto 3.2, nota 8, de las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado a las pequeñas y medianas empresas.»
Mediante la decisión de 6 de diciembre de 2002, la Comisión resolvió considerar también compatible con el Tratado CE un nuevo sistema de ayudas, establecido en el artículo 44 de la Ley n
o
448, de 28 de diciembre de 2001 (Suplemento ordinario de la GURI n
o
301, de 29 de diciembre de 2001), notificado a dicha institución por la República Italiana el 28 de noviembre de 2001 y que prorrogaba el anterior sistema de ayudas. Este nuevo sistema mantuvo los requisitos impuestos por el anterior. En particular, el requisito relativo al aumento del número de empleados se formuló, a raíz de las observaciones de la Comisión, en términos idénticos a los mencionados anteriormente, pero remitiéndose esta vez al punto 4.12 y a la nota 33 de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional.
En sus dos decisiones, la Comisión estableció una distinción entre las ayudas a la creación de empleo no vinculadas a una inversión y las que dependen de la realización de una inversión. Examinó las primeras a la luz de las Directrices sobre ayudas al empleo y las segundas a la luz de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional y, en su decisión de 6 de diciembre de 2002, también a la luz del Reglamento n
o
70/2001. Consideró que los sistemas de ayudas propuestos eran compatibles con el mercado común, en aplicación de las excepciones previstas en el artículo 87 CE, apartado 3, letras a) y c).
Litigio principal y cuestión prejudicial
La empresa Lodato, que opera en el sector de las conservas alimentarias, se dedica principalmente a la elaboración de conservas de tomate en la región de Campania. Su actividad muestra un importante pico estacional entre julio y octubre, por lo que debe contratar en dicho período numerosos trabajadores temporales. Fue beneficiaria sucesivamente de los dos sistemas de ayudas controvertidos en el asunto principal, por la contratación de siete personas comprendida en el primero de estos sistemas y por la contratación de dos personas más comprendida en el segundo.
Al considerar que no todas estas contrataciones suponían un incremento del personal de Lodato, el 21 de noviembre de 2005 los inspectores del INPS levantaron el acta que dio lugar a la liquidación objeto del recurso pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente.
De la resolución de remisión se desprende que Lodato alega, en apoyo de su recurso, que para comprobar si se cumplía el requisito relativo al aumento del número de empleados el INPS comparó la UTA media en el año anterior a la contratación con los efectivos de la empresa en la fecha de dicha contratación, recurriendo así a términos heterogéneos, en lugar de comparar la UTA media del año anterior a la contratación con la UTA media del año siguiente a la contratación.
El órgano jurisdiccional remitente, en su resolución, se pregunta sobre la interpretación correcta de la normativa comunitaria, por lo que respecta al segundo término de la comparación de los efectivos pertinente para comprobar si se cumple el requisito relativo al aumento del número de trabajadores. Considera, por una parte, que el método utilizado por el INPS es irracional y discriminatorio para las empresas que ejercen actividades de temporada y, por otra parte, que «la comparación entre [el número de] UTA del año anterior a la contratación y el del año siguiente parece más acorde con el espíritu de la ayuda, que es estimular la creación de nuevo empleo duradero».
Por considerar que, no obstante, existen dudas sobre la interpretación exacta de la normativa comunitaria al respecto, el Tribunale ordinario di Nocera Inferiore decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
«¿Procede interpretar la normativa comunitaria contenida en las Directrices sobre ayudas al empleo, en las Directrices sobre ayudas de Estado de finalidad regional, y en el Reglamento […] n
o
2204/2002 […], en el sentido de que, para comprobar si se ha producido un incremento de los puestos de trabajo, debe compararse la UTA media del año anterior a la contratación con la UTA media del año siguiente a la contratación? ¿O procede interpretarla en el sentido de que se debe, o únicamente se puede, efectuar la comparación entre la UTA media del año anterior a la contratación y el dato concreto de la mano de obra que operaba en la empresa en la fecha de la contratación?»
Sobre la cuestión prejudicial
Con carácter preliminar, procede señalar que las decisiones de la Comisión que autorizan los sistemas de ayudas controvertidos en el asunto principal se remiten tanto a las Directrices sobre ayudas al empleo como a las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional, pero no al Reglamento n
o
2204/2002, por ser su adopción posterior a la de dichas decisiones. De ello se desprende que no procede interpretar este Reglamento en el presente asunto.
En segundo lugar, procede recordar que el procedimiento ante el órgano jurisdiccional remitente se refiere a ayudas a la creación de empleo no vinculadas a una inversión, examinadas por la Comisión a la luz de las Directrices sobre ayudas al empleo. Aunque la cuestión prejudicial realmente sólo tiene por objeto la interpretación de dichas Directrices, procede interpretarlas en estrecha relación con las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional, habida cuenta de que el concepto de creación de empleo es común a ambas Directrices que, en sustancia, definen este concepto refiriéndose, tanto unas como otras, respectivamente en sus puntos 17 y 4.12, a un incremento neto en el número de puestos de trabajo en relación con una media de un período.
En tercer lugar, procede señalar que las decisiones de la Comisión de 10 de agosto de 1999 y de 6 de diciembre de 2002 consideraron que los dos sistemas de ayuda controvertidos en el asunto principal, según fueron notificados a la Comisión y completados posteriormente con informaciones aportadas por las autoridades nacionales, eran compatibles con el mercado común y, en cuanto a la fórmula que debía utilizarse para calcular el incremento en los puestos de trabajo, la Decisión de 10 de agosto de 1999 se remite expresamente a la nota 8, en el punto 3.2, de las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado a las pequeñas y medianas empresas, mientras que la decisión de 6 de diciembre de 2002 contiene una remisión, también explícita, a la fórmula, sustancialmente idéntica, que figura en la nota 33, en el punto 4.12, de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional.
Al versar la cuestión prejudicial sobre el segundo término de la comparación de los efectivos de la empresa pertinente para comprobar si hubo un aumento neto del número de puestos de trabajo con respecto a una media en un período, procede señalar que ni el tenor del punto 17 de las Directrices sobre ayudas al empleo ni el del artículo 4, apartado 6, letra b), del Reglamento n
o
70/2001, en que también se basa la Decisión de la Comisión de 6 de diciembre de 2002 relativa al segundo sistema de ayudas controvertido en el asunto principal, contienen indicaciones precisas al respecto.
En cambio, las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional definen de modo más preciso el segundo término de la comparación. En efecto, por una parte establecen, en su punto 4.12, que se entenderá por creación de empleo el aumento neto del número de puestos de trabajo del establecimiento con respecto a la media de un período de referencia y que, por ello, procede deducir del número aparente de puestos de trabajo creados en el período considerado los puestos suprimidos en el mismo período. Por otra parte, estas Directrices puntualizan, en la nota 33, que el número de puestos de trabajo corresponde al número de unidades de trabajo por año (UTA), es decir, al número de asalariados empleados a tiempo completo durante un año y que el trabajo a tiempo parcial y el trabajo estacional constituyen fracciones de UTA.
De ello se deduce que, según estas últimas Directrices, por creación de empleo se entiende el aumento neto del número de trabajadores a tiempo completo durante un año (el trabajo a tiempo parcial o el trabajo de temporada representan fracciones de UTA) en el establecimiento con respecto a la media de un período de referencia. Por tanto, según dichas Directrices, el segundo término de la comparación de los efectivos en el tiempo no está constituido por los efectivos de la empresa en la fecha de la contratación, sino por el número de empleados calculado en UTA y, por tanto, en el período de un año.
Por otra parte, procede señalar que tanto el artículo 4, apartado 4, letra a), en relación con el artículo 2, letra e), del Reglamento n
o
2204/2002, como el punto 58 de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013 adoptaron posteriormente esta definición del segundo término de la comparación de efectivos.
Del examen de las diferentes disposiciones se deduce que la Comisión precisó progresivamente el método para calcular el aumento neto del número de puestos de trabajo o de trabajadores. De las precisiones así aportadas se desprende que el segundo término de la comparación de los efectivos de una empresa en el tiempo, al igual que su primer término, están constituidos por un número de UTA y, en consecuencia, que ambos términos de esta comparación corresponden al período de un año.
En consecuencia, este método de cálculo del incremento de puestos de trabajo o de trabajadores procede de la comparación de datos homogéneos y permite medir el esfuerzo realizado en el tiempo por la empresa beneficiaria de una ayuda para crear empleo, mientras que el método consistente en comparar la UTA media del año anterior a la contratación con el número puntual de efectivos de la empresa en la fecha de la contratación tendría, a este respecto, un resultado más aleatorio, pues dependería en mayor medida de las fluctuaciones temporales y sería, por ello, menos representativo de la situación real de la empresa en materia de empleo.
Este método de cálculo también responde a la voluntad de favorecer la estabilidad o la perennidad del empleo, expresada en el punto 21, tercer guión, de las Directrices sobre ayudas al empleo, que se traduce además en la obligación, prevista por las Directrices examinadas, de mantener los empleos creados durante un período mínimo. Por tanto, no es discriminatorio para las empresas cuya actividad es de temporada, ya que el trabajo de temporada también está incluido, como fracciones de UTA, en el segundo término de la comparación que se realiza para comprobar que se cumple el requisito relativo a la creación neta de empleo. Tal como señaló, en sustancia, el Abogado General en los puntos 57 a 71 de sus conclusiones, un tratamiento desigual de estas empresas respecto de las demás no estaría justificado, dado que están sujetas a la misma obligación de mantener el empleo creado durante un período mínimo para poder disfrutar de una ayuda.
A la vista de las anteriores consideraciones, procede responder a la cuestión planteada que, para comprobar si se ha producido un aumento del número de puestos de trabajo, las Directrices sobre ayudas al empleo deben interpretarse en el sentido de que procede comparar la UTA media del año anterior a la contratación con la UTA media del año siguiente a la contratación.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:

Para comprobar si se ha producido un aumento del número de puestos de trabajo, las Directrices sobre ayudas al empleo deben interpretarse en el sentido de que procede comparar la media del número de unidades de trabajo por año del año anterior a la contratación con la media del número de unidades de trabajo por año del año siguiente a la contratación.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.