CELEX: 62003CJ0356
Igualdad de trato entre hombres y mujeres
Permiso de maternidad
Adquisición de derechos a pensión

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 119 del Tratado CE (los artículos 117
a 120 del Tratado CE han sido sustituidos por los artículos 136 CE a 143 CE), del artículo 6, apartado 1, letra g), de la
Directiva 86/378/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social (DO L 225, p. 40), en su versión modificada por la Directiva
96/97/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 46, p. 20), y del artículo 11, punto 2, letra a), de la Directiva
92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad
y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (Décima Directiva
específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO L 348, p. 1).
Dicha petición se planteó en el marco de un litigio entre la Sra. Elisabeth Mayer y la Versorgungsanstalt des Bundes und der
Länder (Caja de pensiones del Estado federal y de los Estados federados; en lo sucesivo, «VBL»), relativo al cómputo de los
períodos de permiso de maternidad a efectos del cálculo de la Versicherungsrente (pensión reducida concedida en determinados
supuestos de baja prematura en el seguro de previsión complementaria; en lo sucesivo, «pensión de seguro»).
Marco jurídico
A .
Disposiciones comunitarias
El artículo 2, apartados 1 y 2, de la Directiva 86/378, en su versión modificada por la Directiva 96/97, tiene el siguiente
tenor:
«1.

Se consideran “regímenes profesionales de seguridad social” los regímenes no regulados por la Directiva 79/7/CEE cuya finalidad
sea proporcionar a los trabajadores, por cuenta ajena o autónomos, agrupados en el marco de una empresa o de un grupo de empresas,
de una rama económica o de un sector profesional o interprofesional, prestaciones destinadas a completar las prestaciones
de los regímenes legales de seguridad social o a sustituirlas, tanto si la adscripción a dichos regímenes fuere obligatoria
como si fuere facultativa.
2.

La presente Directiva no se aplicará:
a)
a los contratos individuales de los trabajadores autónomos;
b)
a los regímenes de los trabajadores autónomos de un solo miembro;
c)
en el caso de trabajadores por cuenta ajena, a los contratos de seguro en los que no participe el empresario;
d)
a las disposiciones opcionales de los regímenes profesionales que se ofrezcan individualmente a los participantes con el fin
de garantizarles:
–
bien prestaciones complementarias,
–
bien la elección de la fecha inicial de percepción de las prestaciones normales de los trabajadores autónomos, o la elección
entre varias prestaciones;
e)
a los regímenes profesionales en la medida en que las prestaciones se financien a partir de las contribuciones abonadas por
los trabajadores con carácter voluntario.»
Según el artículo 4 de dicha Directiva:
«La presente Directiva se aplicará:
a)
a los regímenes profesionales que aseguren una protección contra los siguientes riesgos:
–
enfermedad,
–
invalidez,
–
vejez, incluido el caso de jubilaciones anticipadas,
–
accidente laboral y enfermedad profesional,
–
desempleo;
b)
a los regímenes profesionales que prevean otras prestaciones sociales, en dinero o en especie, y, en particular, prestaciones
de sobrevivientes y prestaciones familiares, si dichas prestaciones se destinaren a dichos trabajadores por cuenta ajena y
constituyeren por ello gratificaciones pagadas por el empresario al trabajador en razón del empleo de éste último.»
El artículo 6 de la citada Directiva dispone:
«1.

Deberán considerarse entre las disposiciones contrarias al principio de igualdad de trato las que se basen en el sexo, directa
o indirectamente, en particular las que se refieren al estado civil o familiar, para:
[…]
g)
interrumpir el mantenimiento o la adquisición de derechos durante los períodos de permiso por maternidad o por razones familiares,
legal o convencionalmente prescritos y remunerados por el empresario;
[…]»
El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 96/97 establece:
«Toda medida de aplicación de la presente Directiva, en lo que se refiere a trabajadores asalariados, deberá cubrir todas
las prestaciones derivadas de períodos de trabajo a partir del 17 de mayo de 1990 y se aplicará retroactivamente hasta esa
fecha […]»
El artículo 11 de la Directiva 92/85 dispone:
«Como garantía para las trabajadoras a que se refiere el artículo 2, del ejercicio de los derechos de protección de su seguridad
y salud reconocidos en el presente artículo, se establece lo siguiente:
[…]
2)
En el caso citado en el artículo 8, deberán garantizarse:
a)
los derechos inherentes al contrato de trabajo de las trabajadoras a que hace referencia el artículo 2, distintos de los indicados
en la siguiente letra b);
b)
el mantenimiento de una remuneración y/o el beneficio de una prestación adecuada de las trabajadoras a que se refiere el artículo 2;
[…]»
Según el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 92/85, los Estados miembros debían dar cumplimiento a lo dispuesto en ésta
a más tardar dos años después de su adopción, a saber, antes del 19 de octubre de 1994.
B .
Disposiciones nacionales
El artículo 29, apartados 1 y 7, de los estatutos de la VBL, en su versión vigente hasta el 31 de diciembre de 2000, señalaba:
«1.

El empresario deberá pagar una contribución mensual por una cuantía equivalente al porcentaje establecido con arreglo al artículo
76 de la retribución sujeta al régimen obligatorio de previsión complementaria (apartado 7) que reciba el asegurado, incluida
una aportación que se deducirá al asegurado obligatorio con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76, apartado 1, letra a).
[…]
7.

Se entenderá por retribución sujeta al régimen obligatorio de previsión complementaria, en la medida en que no se disponga
otra cosa, el salario sujeto a impuestos atribuido por unidad de tiempo con arreglo a las disposiciones relativas al pago
de cotizaciones al seguro legal de pensiones. […]»
El artículo 44, apartado 1, letra a), de dichos estatutos, tenía el siguiente tenor:
«Como pensión mensual de seguro se concederá [...] un [...] 0,03125 % del importe de las retribuciones sujetas al régimen
obligatorio de previsión complementaria sobre las cuales se hayan pagado contribuciones durante el período transcurrido entre
el 31 de diciembre de 1977 y el inicio de la pensión de seguro (artículo 62).»
El artículo 13, apartado 2, de la Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (Ley de protección de las madres que ejercen
una actividad profesional; en lo sucesivo, «Mutterschutzgesetz») establece lo siguiente:
«Artículo 13 – Prestación por maternidad
[…]
(2)

Las mujeres no afiliadas a una caja legal de enfermedad, que al comienzo del período de permiso de maternidad regulado en
el artículo 3, apartado 2, trabajaren por cuenta ajena o en virtud de una relación especial de trabajo a domicilio, percibirán
durante los períodos de permiso de maternidad regulados en los artículos 3, apartado 2, y 6, apartado 1, así como por el día
del parto, una prestación por maternidad a cargo del Estado federal, por aplicación analógica de la regulación de prestaciones
por maternidad contenida en la Reichsversicherungsordnung, con un límite máximo de 210 euros. La prestación se abonará a dichas
mujeres, previa solicitud, por el Bundesversicherungsamt [Oficina federal de seguros]. […]»
El artículo 14 de la Mutterschutzgesetz dispone:
«Artículo 14 – Complemento de la prestación por maternidad
(1)

Las mujeres que tuvieren derecho a la prestación por maternidad con arreglo a […] percibirán, siempre que continúe vigente
su relación laboral, durante los períodos de permiso de maternidad regulados en los artículos 3, apartado 2, y 6, apartado
1, así como por el día del parto, un complemento a cargo del empresario, por una cuantía equivalente a la diferencia entre
13 euros y la retribución media diaria, deducidas las retenciones legales. […]»
Según el tenor del artículo 3, apartado 1, letra d), de la Einkommensteuergesetz (Ley del impuesto sobre la renta):
«Artículo 3. Estarán exentos del impuesto […]
1. d) la prestación por maternidad percibida con arreglo a la Mutterschutzgesetz, […], el complemento de la prestación por
maternidad percibido con arreglo a la Mutterschutzgesetz, […]»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
La Sra. Mayer, que actualmente ejerce la profesión de abogada autónoma, trabajó entre el 1 de enero de 1990 y el 30 de septiembre
de 1999 como empleada en la función pública del Land Renania-Palatinado (Alemania), estando afiliada al VBL en virtud del
seguro obligatorio. Se acogió al permiso legal de maternidad entre el 16 de diciembre de 1992 y el 5 de abril de 1993, así
como entre el 17 de enero y el 22 de abril de 1994.
La cuantía de la pensión de seguro correspondiente a una asegurada en la situación de la Sra. Mayer consiste, según el artículo
44, apartado 1, primera frase, letra a), de los estatutos de la VBL, en un determinado porcentaje del importe de las retribuciones
sujetas al régimen de previsión complementaria por las cuales se hayan pagado contribuciones. Con arreglo al artículo 29,
apartado 1, de los referidos estatutos, el empresario deberá pagar una contribución mensual por una cuantía equivalente a
un determinado porcentaje de la retribución sujeta al régimen de previsión complementaria. Según el apartado 7 del citado
artículo 29, dicha retribución consiste en el salario sujeto a impuestos.
Durante los permisos de maternidad, la Sra. Mayer, que estaba afiliada a una caja de enfermedad privada, percibió la prestación
por maternidad abonada por el Estado con arreglo al artículo 13, apartado 2, del Mutterschutzgesetz, así como el complemento
pagado por el empresario por una cuantía equivalente a la diferencia entre la prestación abonada por el Estado y la última
retribución neta percibida en aplicación del artículo 14, apartado 1, de la misma Ley. Dicho complemento del empresario está
exento de impuestos, según el artículo 3, apartado 1, letra d), de la Einkommensteuergesetz. Por lo tanto, durante sus permisos
de maternidad, la Sra. Mayer no percibió ninguna retribución sujeta al régimen de previsión complementaria a efectos del artículo
29, apartado 7, de los estatutos de la VBL, por la que el empresario hubiese tenido que pagar una contribución mensual a dicho
organismo en virtud del artículo 29, apartado 1, de los citados estatutos. En consecuencia, al calcular el importe de la pensión
de seguro de la Sra. Mayer, la VBL no tuvo en cuenta las prestaciones que ésta había percibido de su empleador durante los
permisos de maternidad.
La Sra. Mayer solicitó que sus períodos de permiso de maternidad se tuvieran en cuenta para el cálculo de la pensión de seguro
que le correspondía a cargo del régimen de previsión complementaria gestionado por la VBL.
Los órganos jurisdiccionales que conocieron del asunto desestimaron la demanda de la Sra. Mayer contra la VBL. A continuación,
la Sra. Mayer interpuso un recurso de casación ante el Bundesgerichtshof y pidió que se planteara una cuestión prejudicial
al Tribunal de Justicia.
El Bundesgerichtshof consideró que el artículo 11, punto 2, letra a), de la Directiva 92/85 no resulta de aplicación al caso
de autos, puesto que el último permiso de maternidad de la Sra. Mayer finalizó antes de vencer el plazo concedido a los Estados
miembros para adaptar el Derecho interno a dicha Directiva. Sin embargo, observó que puede resultar contrario al principio
de igualdad de trato definido en la Directiva 86/378, en su versión modificada por la Directiva 96/97, en particular en su
artículo 6, apartado 1, letra g), el hecho de que no se hayan tenido en cuenta los períodos de permiso de maternidad de la
Sra. Mayer. Finalmente, el órgano jurisdiccional remitente entendió que puede existir una infracción del artículo 119 del
Tratado, que establece el principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo.
Al considerar que la normativa nacional pertinente puede ser incompatible con el Derecho comunitario, el Bundesgerichtshof
decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Se oponen el artículo 119 del Tratado, el artículo 11, número 2, letra a), de la Directiva 92/85/CEE y el artículo 6, apartado 1, letra g),
de la Directiva 86/378/CEE, modificada por la Directiva 96/97/CE, a los estatutos de un régimen de previsión complementaria
como el de autos, con arreglo a los cuales una trabajadora no acumula derechos adquiridos durante el permiso legal de maternidad
(en el presente asunto, entre el 16 de diciembre de 1992 y el 5 de abril de 1993, así como entre el 17 de enero y el 22 de
abril de 1994) a efectos de una pensión mensual de seguro a la que tiene derecho a partir del momento en el que se produzca
la contingencia asegurada (edad de jubilación, incapacidad laboral o profesional), en caso de baja anticipada en el seguro
obligatorio, debido a que la acumulación de dichos derechos adquiridos depende de que un trabajador reciba, a lo largo del
correspondiente periodo, un salario sujeto a impuestos, mientras que las prestaciones percibidas por la trabajadora en el
permiso de maternidad no forman parte, con arreglo a las normas nacionales, del salario sujeto a impuestos?
2)
En particular, ¿ocurre así, si se estima que la pensión de seguro no tiene por objeto –como sucede con la pensión de previsión
correspondiente en el supuesto de producirse la contingencia asegurada, si se permanece en el seguro obligatorio– asegurar
la cobertura de las necesidades de la trabajadora en caso de vejez y de incapacidad profesional, sino que pretende compensar
las cotizaciones pagadas por ella durante el periodo de seguro obligatorio?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Observaciones de las partes
La Sra. Mayer se limita a remitirse a la resolución por la que se plantean las cuestiones prejudiciales, cuyo contenido se
encuentra resumido en el apartado 19 de la presente sentencia.
La VBL alega que las disposiciones reguladoras del régimen de previsión complementaria, en virtud de las cuales una trabajadora
no adquiere derechos a efectos de una pensión de seguro durante su permiso de maternidad, no son contrarias al Derecho comunitario.
Señala que el objeto de dicha pensión no consiste en cubrir las necesidades del asegurado en su vejez o en caso de incapacidad
laboral, sino que se limita a proporcionar al trabajador cuya relación laboral ha finalizado una compensación actuarial por
las cotizaciones pagadas. Afirma que el derecho a la pensión de seguro no se halla comprendido dentro del ámbito de aplicación
de la Directiva 86/378, en su versión modificada por la Directiva 96/97, cuyo objetivo consiste en la aplicación del principio
de igualdad de trato en los regímenes profesionales de seguridad social. Señala que la Directiva 92/85 tampoco resulta aplicable,
puesto que el plazo concedido a los Estados miembros para dar cumplimiento a lo dispuesto en ésta no había vencido cuando
se produjeron los hechos que han dado lugar al litigio principal. Concluye que la VBL consideró legítimamente que no tenía
la obligación de abonar prestaciones complementarias por los períodos de permiso de maternidad de las empleadas. Finalmente,
afirma que el régimen controvertido es asimismo compatible con el artículo 119 del Tratado, ya que se trata de las modalidades
de financiación de un régimen profesional de pensiones con prestaciones definidas que se encuentran excluidas del ámbito de
aplicación de dicho precepto.
La Comisión de las Comunidades Europeas entiende, contrariamente a lo alegado por la VBL, que el régimen de previsión complementaria
objeto del procedimiento principal no es compatible con el Derecho comunitario. Señala que el artículo 11, punto 2, letra a),
de la Directiva 92/85 se opone a una normativa nacional que, como el artículo 29, apartado 7, de los estatutos de la VBL,
subordina la adquisición, durante el permiso de maternidad, de derechos a efectos de una pensión profesional como la pensión
de seguro controvertida, a la percepción durante ese período de una retribución sujeta a cotización al régimen de previsión
complementaria, así como a su eventual importe. La Comisión considera que el hecho de que el plazo de adaptación del Derecho
interno a dicha Directiva no hubiera vencido cuando se disfrutaron los permisos de maternidad objeto del litigio principal
es irrelevante, puesto que los permisos de maternidad anteriores al vencimiento de dicho plazo deben tenerse igualmente en
cuenta como tales, con independencia del momento en que se disfrutaron. En el supuesto de que el Tribunal de Justicia no acoja
esta interpretación del artículo 11, punto 2, letra a), de la Directiva 92/85, la Comisión alega que el artículo 6, apartado
1, letra g), de la Directiva 86/378, en su versión modificada por la Directiva 96/97, también se opone a la normativa nacional
objeto de controversia, en la medida en que abarca los permisos de maternidad disfrutados antes de expirar el plazo de adaptación
del Derecho interno a la Directiva 92/85. La Comisión considera innecesario examinar el caso en relación con lo dispuesto
en el artículo 119 del Tratado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Procede examinar conjuntamente ambas cuestiones prejudiciales.
El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 96/97 establece que toda medida de aplicación de dicha Directiva, en lo que se
refiere a los trabajadores asalariados, deberá cubrir todas las prestaciones derivadas de períodos de trabajo a partir del
17 de mayo de 1990.
Los permisos de maternidad controvertidos en el procedimiento principal se tomaron con posterioridad a dicha fecha, a saber,
en 1992, 1993 y 1994. De ello se deduce que la Directiva 86/378, en su versión modificada por la Directiva 96/97, resulta
aplicable a esos permisos en lo referente a su cómputo a efectos del cálculo de las prestaciones correspondientes.
A tenor del artículo 6, apartado 1, letra g), de la Directiva 86/378, en su versión modificada por la Directiva 96/97, deberán
considerarse entre las disposiciones contrarias al principio de igualdad de trato las que se basen en el sexo, directa o indirectamente,
para interrumpir el mantenimiento o la adquisición de derechos durante los períodos de permiso por maternidad o por razones
familiares, legal o convencionalmente prescritos y remunerados por el empresario.
Entre los derechos a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra g), de dicha Directiva se incluyen los derechos a efectos
de pensiones futuras cuya adquisición pudiera verse interrumpida por la aplicación de la normativa nacional relativa al permiso
de maternidad.
La alegación de la VBL, según la cual la pensión de seguro objeto del procedimiento principal no se halla comprendida dentro
del ámbito de aplicación de la Directiva 86/378, en su versión modificada por la Directiva 96/97, puesto que su objeto consiste
en proporcionar una compensación actuarial por las cotizaciones pagadas y no en proporcionar una seguridad en caso de vejez
o de incapacidad laboral, no puede acogerse. Del conjunto de datos expuestos en la resolución de remisión en cuanto a la referida
pensión de seguro, se deduce que ésta forma parte de un régimen de previsión complementaria de pensiones y que su objeto es
asegurar una prestación a los trabajadores afectados por la vejez o la incapacidad laboral. Así, una pensión de seguro de
este tipo constituye una prestación complementaria que se halla comprendida dentro del ámbito de aplicación de la citada Directiva,
según la definición contenida en sus artículos 2 y 4, y no se encuentra entre las exclusiones previstas por la propia Directiva.
Los permisos de maternidad a los que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra g), de la Directiva 86/378, modificada por
la Directiva 96/97, deben estar legal o convencionalmente prescritos y remunerados por el empresario.
De la resolución de remisión se deduce que, durante sus permisos de maternidad, la Sra. Mayer percibió, además de la prestación
por maternidad abonada por el Estado con arreglo al artículo 13, apartado 2, de la Mutterschutzgesetz, el complemento a cargo
del empresario previsto en el artículo 14, apartado 1, de la misma Ley, por una cuantía equivalente a la diferencia entre
la citada prestación y la última retribución neta de la trabajadora. Por lo tanto, los permisos de maternidad de la Sra. Mayer
fueron retribuidos en parte por el empresario. Tal circunstancia basta para afirmar que los permisos fueron retribuidos por
el empresario a efectos del artículo 6, apartado 1, letra g), de la Directiva 86/378, en su versión modificada por la Directiva 96/97.
De cuanto antecede se deduce que el artículo 6, apartado1, letra g), de la Directiva 86/378, en su versión modificada por
la Directiva 96/97, se opone a una normativa nacional que, como el artículo 29, apartado 7, de los estatutos de la VBL, da
lugar a que se interrumpa la adquisición de derechos a efectos de una pensión de seguro durante el permiso legal de maternidad,
al establecer como condición que la trabajadora perciba durante dicho permiso un salario sujeto a impuestos.
No es necesario examinar la Directiva 92/85, puesto que los permisos de maternidad objeto del procedimiento principal se disfrutaron
antes de vencer el plazo establecido para la adaptación del Derecho interno a dicha Directiva, a saber, el 19 de octubre de 1994.
Puesto que la respuesta a las cuestiones prejudiciales tiene su fundamento en la Directiva 86/378, en su versión modificada
por la Directiva 96/97, no ha lugar a interpretar el artículo 119 del Tratado.
Por tanto, procede responder a las cuestiones planteadas que el artículo 6, apartado 1, letra g), de la Directiva 86/378,
en su versión modificada por la Directiva 96/97, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional
con arreglo a la cual una trabajadora no adquiere, durante el permiso legal de maternidad retribuido en parte por el empresario,
derechos a efectos de una pensión de seguro que forma parte de un régimen de previsión complementaria, debido a que la adquisición
de tales derechos depende de que la trabajadora perciba durante dicho permiso un salario sujeto a impuestos.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
El artículo 6, apartado 1, letra g), de la Directiva 86/378/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la aplicación
del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social, en su versión
modificada por la Directiva 96/97/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, debe interpretarse en el sentido de que se opone
a una normativa nacional con arreglo a la cual una trabajadora no adquiere, durante el permiso legal de maternidad retribuido
en parte por el empresario, derechos a efectos de una pensión de seguro que forma parte de un régimen de previsión complementaria,
debido a que la adquisición de tales derechos depende de que la trabajadora perciba durante dicho permiso un salario sujeto
a impuestos.
Firmas
–
Lengua de procedimiento: alemán.