CELEX: 61985CJ0239
Incumplimiento
Ejecución incompleta de una directiva

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 1 de agosto de 1985, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que, al no adoptar todas las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para la completa ejecución del artículo 14 de la Directiva 78/319 del Consejo, de 20 de marzo de 1978, relativa a los residuos tóxicos y peligrosos (
DO L 84, p. 43
; EE 15/02, p. 98), el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 5 y 189 del Tratado CEE.
En lo que se refiere, por una parte, a las disposiciones de la Directiva 78/319 ya mencionada y a las de la normativa nacional en cuestión y, por otra parte, a los motivos y argumentos de las partes, el Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
La primera imputación de la Comisión, tal como se precisa en la respuesta a la pregunta planteada por el Tribunal, deriva de que el Gobierno belga, al decidir llevar a efecto la obligación de declaración prevista en el artículo 14, apartado 1, segundo guión, de la citada Directiva 78/319, no ha impuesto a las empresas que producen, poseen o eliminan residuos tóxicos o peligrosos la obligación de proporcionar a las autoridades nacionales competentes el conjunto de las indicaciones previstas por el artículo 14, apartado 1, primer guión, de la misma Directiva.
Al comparar estas últimas disposiciones de la Directiva 78/319 con las del artículo 18 del Real Decreto de 9 de febrero de 1976 que contiene el régimen general sobre residuos tóxicos, se aprecia en primer lugar que la legislación nacional no exige a los operadores económicos ninguna de las indicaciones previstas por la Directiva y que se refieren, por una parte, a las características físicas y químicas de los residuos y, por otra parte, a las fechas de recepción y de cesión de los susodichos residuos.
Procede, en segundo lugar, destacar que la citada normativa belga sólo prevé la obligación de suministrar indicaciones sobre los métodos de eliminación (el texto español de la Directiva utiliza los términos «gestión» y «tratamiento») de los residuos cuando esta operación la efectúa el productor, mientras que la Directiva 78/319 no incluye esta limitación. Procede subrayar por último que si bien la normativa nacional impone a los operadores económicos afectados la indicación del lugar de destino de los residuos tóxicos, es imprecisa respecto a la obligación de indicar dónde serán eliminados, conforme a la Directiva 78/319.
Procede por ello señalar que, en todos los puntos hasta aquí mencionados, el Real Decreto de 9 de febrero de 1976 no asegura una incorporación correcta y completa de lo prescrito por la citada Directiva 78/319.
El Gobierno belga ha presentado ante el Tribunal de Justicia su intención de establecer una circular en espera de una modificación de la legislación nacional impugnada. Conviene recordar al respecto que, según una jurisprudencia constante, es esencial que todos los Estados miembros den a las directivas una ejecución enteramente ajustada a la exigencia de seguridad jurídica y, en consecuencia, incorporen los términos de las directivas a disposiciones internas que tengan carácter vinculante. El Reino de Bélgica no puede por lo tanto dar por cumplidas las obligaciones que le impone la Directiva 78/319 por medio de una simple circular que la Administración pueda discrecionalmente modificar.
La segunda imputación de la Comisión se basa en que la legislación belga no exige la presentación del formulario de identificación de los residuos transportados en las condiciones previstas por el apartado 2 del artículo 14 de la Directiva 78/319.
En respuesta a esta imputación, el Gobierno belga alegó que las obligaciones derivadas de esta disposición se habían cumplido mediante la incorporación al Derecho interno belga de las disposiciones del acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera y del convenio internacional relativo al transporte de mercancías por ferrocarril, respectivamente por las leyes de 10 de agosto de 1960 (
Moniteur belge
de 7.10.1960, p. 7678) y de 24 de enero de 1973 (
Moniteur belge
de 9.5.1973, p. 5828).
Del propio título de los dos convenios internacionales citados se deduce que la legislación belga que los ha incorporado a su Derecho interno sólo tiene en cuenta el transporte por carretera y ferrocarril. Las prescripciones del apartado 2 del artículo 14 de la Directiva 78/319 no tienen por ello aplicación alguna en el sector de transportes por vías fluvial, marítima y aérea.
Además, se deduce de la afirmación de la Comisión, contenida en su dictamen motivado de 16 de octubre de 1984, que el Gobierno belga no ha contradicho que la mención del lugar en que serán eliminados definitivamente los residuos, exigida por el apartado 2 del artículo 14 de la Directiva 78/319, si dicho lugar es conocido, no está prescrito en el texto de los dos citados convenios internacionales.
Procede, pues, hacer constar que las leyes belgas citadas establecen medidas menos severas que las del apartado 2 del artículo 14 de la Directiva 78/319 y no se puede, en consecuencia, y a tenor del artículo 2 de la misma Directiva, considerar que garantizan una ejecución satisfactoria del texto de la misma.
Si bien el Gobierno belga ha alegado que la exigencia de la mención del lugar de eliminación final de los residuos se ha cumplido en la región flamenca, por la promulgación de un Decreto el 21 de abril de 1982, no discute que en las regiones valona y de Bruselas sucede lo contrario.
Procede por ello declarar que el Reino de Bélgica no ha adoptado todas las disposiciones legislativas o reglamentarias necesarias para la ejecución de la Directiva 78/319 del Consejo y con ello ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del texto mismo de dicha Directiva y de los artículos 5 y 189 del Tratado.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandada, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Declarar que al no adoptar todas las disposiciones legales o reglamentarias necesarias para la ejecución de la Directiva 78/319 del Consejo, de 20 de marzo de 1978, relativa a los residuos tóxicos y peligrosos, el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del texto mismo de dicha Directiva y de los artículos 5 y 189 del Tratado.

2)
Condenar en costas al Reino de Bélgica.

Galmot
O'Higgins
Schockweiler
Everling
Bahlmann
Joliét
Moitinho de Almeida
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 2 de diciembre de 1986.
El Secretario
P. Heim
El Presidente en funciones
Y. Galmot
Presidente de Sala
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.