CELEX: 62007FJ0134
Función pública
Directiva 1999/70

1.
Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Determinación del objeto del litigio — Exposición
sumaria de los motivos invocados
[Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 21, párr. 1, y anexo I, art. 7, ap. 3; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de
la Función Pública, art. 35, ap. 1, letra e)]
2.
Actos de las instituciones — Directivas — Imposición directa de obligaciones a las instituciones de la Comunidad en sus relaciones
con el personal — Exclusión — Invocabilidad
(Arts. 10 CE y 249 CE)
3.
Política social — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Directiva 1999/70/CE
— Estabilidad del empleo
(Carta de los Derechos Fundamentales, art. 30; Directiva 1999/70/CE del Consejo)
4.
Funcionarios — Régimen aplicable a los otros agentes — Agente contractual auxiliar
(Régimen aplicable a los otros agentes, art. 88)
5.
Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Creación de la nueva categoría de agentes contractuales
[Art. 253 CE; Régimen aplicable a los otros agentes, arts. 3
bis
y 3
ter;
Reglamento (CE, Euratom) nº 723/2004 del Consejo]
1.
Con arreglo al artículo 35, apartado 1, letra e), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, la demanda
deberá contener los motivos y los hechos y fundamentos de Derecho invocados. Estos elementos deben ser suficientemente claros
y precisos para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal de la Función Pública pronunciarse sobre el
recurso, llegado el momento, sin otra información. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración
de la Justicia, es necesario, para que un recurso sea admisible, que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los
que se base el recurso resulten, de manera coherente y comprensible del texto de la demanda misma. Máxime cuando, con arreglo
al artículo 7, apartado 3, del anexo I del Estatuto del Tribunal de Justicia, la fase escrita del procedimiento ante el Tribunal
de la Función Pública sólo incluirá, en principio, un único intercambio de escritos procesales, a menos que dicho Tribunal
decida lo contrario. Esta última particularidad del procedimiento ante el Tribunal de la Función Pública explica que, a diferencia
de lo que sucede ante el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Justicia, de conformidad con el artículo 21, párrafo
primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, la exposición de los motivos y alegaciones invocados en el escrito de interposición
de la demanda no pueda ser sumaria.
(véase el apartado 76)
Referencia:
Tribunal de Primera Instancia: 28 de abril de 1993, De Hoe/Comisión, T‑85/92, Rec. p. II‑523, apartado 20
Tribunal de la Función Pública: 26 de junio de 2008, Nijs/Tribunal de Cuentas (F‑1/08, RecFP pp. I‑A‑1‑0000 y II‑A‑1‑0000),
apartados 24 y 25, objeto de un recurso de casación pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia, asunto T‑376/08 P
2.
No se puede considerar que las Directivas, dirigidas a los Estados miembros y no a las instituciones de la Comunidad, impongan,
como tales, obligaciones a dichas instituciones en sus relaciones con el personal. Sin embargo, esta consideración no permite
excluir la posibilidad de invocar una directiva en las relaciones entre las instituciones y sus funcionarios o agentes. En
efecto, las disposiciones de una directiva pueden, en primer lugar, imponerse indirectamente a una institución si constituyen
la expresión de un principio general de Derecho comunitario, que por tanto, le corresponde aplicar como tal. En segundo lugar,
une Directiva puede vincular a una institución cuando en el marco de su autonomía de organización y dentro de los límites
del Estatuto, ésta pretendía dar cumplimiento a una obligación particular establecida por una Directiva o incluso en el caso
de que un acto de alcance general de aplicación interna remita expresamente a las medidas adoptadas por el legislador comunitario
en aplicación de los Tratados. En tercer lugar, las instituciones, con arreglo al deber de lealtad que pesa sobre ellas en
virtud del artículo 10 CE, párrafo segundo, deben tener en cuenta, cuando actúan como empleador, las disposiciones legislativas
adoptadas a nivel comunitario.
(véanse los apartados 86 y 90 a 93)
Referencia:
Tribunal de Justicia: 9 de septiembre de 2003, Rinke (C‑25/02, Rec. p. I‑8349), apartados 24 y 25 a 28
Tribunal de Primera Instancia: 21 de mayo de 2008, Belfass/Consejo (T‑495/04, Rec. p. II‑781), apartado 43
Tribunal de la Función Pública: 30 de abril de 2009, Aayhan y otros/Parlamento (F‑65/07, RecFP pp. I‑A‑1‑0000 y II‑A‑1‑0000),
apartados 116 y 118
3.
Si bien la estabilidad del empleo se concibe como un elemento de gran importancia de la protección de los trabajadores, no
constituye un principio general de Derecho respecto de cual pueda apreciarse la legalidad de un acto de una institución. En
particular, ni de la Directiva 1999/70, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración
determinada, ni de dicho Acuerdo marco se desprende en modo alguno que la estabilidad del empleo se haya erigido en regla
de Derecho de obligatorio cumplimiento. Por otro lado, los considerados sexto y séptimo de la Directiva, así como el primer
párrafo del preámbulo y el quinto considerando del Acuerdo marco, destacan la necesidad de alcanzar un equilibrio entre flexibilidad
y seguridad. Además, el Acuerdo marco no establece una obligación general de que tras un determinado número de renovaciones
de los contratos de duración determinada o el desempeño de un empleo durante un determinado período, deba establecerse la
transformación de dichos contratos de trabajo en contratos de trabajo de duración indeterminada.
Sin embargo, la estabilidad del empleo constituye una de las finalidades perseguidas por las partes firmantes del Acuerdo
marco, cuya cláusula 1, letra b) dispone que el objeto de dicho Acuerdo marco es «establecer un marco para evitar los abusos
derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada».
Por otro lado, si bien el artículo 30 de la Carta de los Derechos Fundamentales dispone que «todo trabajador tiene derecho
a una protección en caso de despido injustificado», este artículo no condena la celebración en cadena de contratos de duración
determinada. Además, el fin de un contrato de trabajo de duración determinada por el mero hecho de haber llegado a su término,
no constituye un despido propiamente dicho que deba motivarse especialmente a la luz de la aptitud, la conducta o las necesidades
para el funcionamiento de la institución.
(véanse los apartados 99, 100 y 104)
Referencia:
Tribunal de Justicia: 22 de noviembre de 2005, Mangold (C‑144/04, Rec. p. I‑9981), apartado 64; 4 de julio de 2006, Adeneler y
otros (C‑212/04, Rec. p. I‑6057), apartado 91; 7 de septiembre de 2006, Marrosu y Sardino (C‑53/04, Rec. p. I‑7213), apartado 47;
15 de abril de 2008, Impact (C‑268/06, Rec. p. I‑2483), apartado 87
Tribunal de la Función Pública: Aayhan y otros/Parlamento, antes citada, apartado 115
4.
Un empleo de agente contractual auxiliar debe responder a necesidades pasajeras o intermitentes. En el marco de una administración
con una plantilla considerable, es inevitable que tales necesidades de produzcan de manera reiterada debido, particularmente,
a la indisponibilidad de los funcionarios, a incrementos circunstanciales del trabajo o al necesario concurso ocasional de
personas con cualificaciones y conocimientos específicos que requieren las Direcciones Generales. Estas circunstancias constituyen
motivos objetivos que justifican tanto la duración determinada de los contratos de los agentes auxiliares como su renovación
en función de dichas necesidades.
(véase el apartado 132)
Referencia:
Tribunal de Justicia: 23 de septiembre de 2004, Hectors/Parlamento (C‑150/03 P, Rec. p. I‑8691), Conclusiones del Abogado
General Ruiz-Jarabo Colomer (Rec. p. I‑8694), apartado 25
5.
Habida cuenta de que la motivación de un acto de alcance general puede limitarse a indicar, por una parte, la situación de
conjunto que ha conducido a su adopción y, por otra parte, los objetivos generales que se propone alcanzar, y que, si tal
acto pone de manifiesto la parte esencial del fin perseguido por la institución, es excesivo pretender la motivación específica
de cada una de las decisiones técnicas que ella adopta, la motivación del Reglamento nº 723/2004, por el que se modifica el
Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a otros agentes, a pesar de su brevedad, es suficiente en lo que respecta
al objetivo perseguido mediante la creación de la nueva categoría de agentes contractuales en el sentido de los artículos
3
bis
y 3
ter
del Régimen aplicable a los otros agentes.
(véanse los apartados 139 y 141)
Referencia:
Tribunal de la Función Pública: 23 de enero de 2007, Chassagne/Comisión (F‑43/05, RecFP pp. I‑A‑1‑0000 y II‑A‑1‑0000), apartados
105 y 106, y la jurisprudencia citada