CELEX: 62008CJ0470
Política agrícola común
Sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayudas
Reglamento (CE) nº 1782/2003
Régimen de pago único
Cesión de derechos de ayuda
Extinción del contrato de arrendamiento
Obligaciones del arrendatario y del arrendador

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del Reglamento (CE) n
o
1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n
o
2019/93, (CE) n
o
1452/2001, (CE) n
o
1453/2001, (CE) n
o
1454/2001, (CE) n
o
1868/94, (CE) n
o
1251/1999, (CE) n
o
1254/1999, (CE) n
o
1673/2000, (CEE) n
o
2358/71 y (CE) n
o
2529/2001 (
DO L 270, p. 1
; corrección de errores en DO 2004, L 94, p. 70), así como del Reglamento (CE) n
o
795/2004 de la Comisión, de , que establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el Reglamento n
o
1782/2003 (
DO L 141, p. 1
).
Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre el Sr. van Dijk y el Gemeente Kampen (Ayuntamiento de Kampen) en relación con la naturaleza y alcance de las obligaciones derivadas de un contrato de arrendamiento rústico.
Marco jurídico
Normativa comunitaria
Reglamento n
o
1782/2003
El Reglamento n
o
1782/2003 establece, en particular, un régimen de ayuda a la renta de los agricultores. En el segundo guión del artículo 1, dicho régimen se designa como el «régimen de pago único».
Según el vigésimo primer considerando del Reglamento n
o
1782/2003:
«Los regímenes de ayuda instaurados en virtud de la política agrícola común prevén ayudas directas a la renta, en particular con vistas a garantizar un nivel de vida equitativo a la población agraria. Este objetivo está estrechamente relacionado con el mantenimiento de las zonas rurales. A fin de evitar toda asignación indebida de fondos comunitarios, conviene no abonar ninguna ayuda a los agricultores que hayan creado artificialmente las condiciones requeridas para obtener tales pagos.»
El vigésimo noveno considerando del mismo Reglamento enuncia:
«A fin de determinar el importe al que tiene derecho un agricultor con arreglo al nuevo régimen, resulta oportuno remitirse a los importes que le han sido concedidos durante un período de referencia. En atención a casos específicos, ha de constituirse una reserva nacional, que podría también servir para facilitar la participación de nuevos agricultores en el régimen. El pago único debe establecerse con referencia a la explotación.»
El trigésimo considerando del mismo Reglamento afirma, entre otras cosas, lo siguiente:
«El importe global al que tiene derecho una explotación debe dividirse en varias fracciones (derechos de ayuda) y quedar vinculado a un determinado número de hectáreas admisibles que habrá de definirse, a fin de facilitar la cesión de los derechos a prima. Para evitar cesiones de carácter especulativo que den lugar a la acumulación de derechos de ayuda sin la correspondiente base agraria, a efectos de la concesión de la ayuda conviene establecer una vinculación entre los derechos y un determinado número de hectáreas admisibles […]»
A tenor del artículo 2 del mismo Reglamento, se entenderá por:
«a)
“agricultor”: toda persona física o jurídica o todo grupo de personas físicas o jurídicas […] que ejerza una actividad agraria;
[…]
c)
“actividad agraria”: la producción, la cría o el cultivo de productos agrarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría de animales y el mantenimiento de animales a efectos agrícolas, o el mantenimiento de la tierra en buenas condiciones agrarias y medioambientales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5;
[…]».
El título III del Reglamento n
o
1782/2003, que lleva como epígrafe «Régimen de pago único», contiene, en sus capítulos 1 a 4, las normas básicas aplicables al mencionado sistema de ayuda a la renta de los agricultores «independiente» de la producción. De los artículos 33, apartado 1, letra a), 37, apartado 1, 38 y 41 de dicho Reglamento resulta que los agricultores a quienes se haya concedido algún pago en el período de referencia, que comprende los años civiles del 2000 al 2002, al amparo de uno, al menos, de los regímenes de ayuda mencionados en el anexo VI de dicho Reglamento tendrán derecho a una ayuda calculada en función de una cantidad de referencia obtenida, en lo que atañe a cada agricultor, a partir de la media anual, sobre dicho período, de los importes totales de los pagos que se le haya concedido al amparo de tales regímenes de ayuda.
El artículo 36, apartado 1, del Reglamento n
o
1782/2003 dispone lo siguiente:
«La ayuda derivada del régimen de pago único se abonará con referencia a los derechos de ayuda definidos en el capítulo 3, acompañados de un número igual de hectáreas admisibles, según se definen en el apartado 2 del artículo 44.»
El capítulo 3 del título III del Reglamento n
o
1782/2003 contiene una sección 1 denominada «Derechos de ayuda basados en las superficies». El artículo 43, apartado 1, del mismo Reglamento, que forma parte de dicha sección, establece en particular:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48, se reconocerá a cada agricultor un derecho de ayuda por hectárea, que se calculará dividiendo el importe de referencia por el número medio trienal del total de hectáreas que, durante el período de referencia, hayan dado lugar a alguno de los pagos directos enumerados en el anexo VI.
El número total de derechos de ayuda será igual al número medio de hectáreas anteriormente citado.
[…]».
A tenor del artículo 44 del mismo Reglamento:
«1.   Todo derecho de ayuda unido a una hectárea admisible permitirá cobrar el importe que determine dicho derecho.
2.   Se entenderá por “hectáreas admisibles” las superficies agrarias de la explotación consistentes en tierras de cultivo y pastos permanentes, salvo las ocupadas por cultivos permanentes o bosques o las utilizadas para actividades no agrarias.
3.   El agricultor declarará las parcelas correspondientes a la hectárea admisible unida a cada derecho de ayuda. Salvo en caso de fuerza mayor o en circunstancias excepcionales, dichas parcelas estarán a disposición del agricultor durante un período de 10 meses como mínimo, que se iniciará a partir de una fecha que deberá fijar el Estado miembro, pero que no podrá ser anterior al 1 de septiembre del año natural precedente al año en que se haya presentado la solicitud de participación en el régimen de pago único.
4.   Los Estados miembros podrán, en determinadas circunstancias, autorizar al agricultor a modificar su declaración, siempre que respete el número de hectáreas correspondiente a sus derechos de ayuda, así como las condiciones para la concesión del pago único para la superficie de que se trate.»
El artículo 46 del Reglamento n
o
1782/2003, titulado «Cesión de derechos de ayuda», dispone lo siguiente:
«1.   Los derechos de ayuda sólo podrán cederse a otro agricultor establecido en el mismo Estado miembro, excepto en caso de transmisión por sucesión
inter vivos
o
mortis causa.
[…]
2.   Los derechos de ayuda podrán cederse mediante venta o cualquier otro medio definitivo de cesión, con o sin tierras. Por el contrario, el arrendamiento u otros tipos de transacciones similares sólo estarán permitidos si la cesión de derechos de ayuda se acompaña de la cesión de un número equivalente de hectáreas admisibles.
Excepto en caso de fuerza mayor o en circunstancias excepcionales, tal como se contempla en el apartado 4 del artículo 40, el agricultor sólo podrá ceder sus derechos de ayuda sin tierras después de haber utilizado, a tenor del artículo 44, por lo menos el 80% de sus derechos de ayuda durante al menos un año natural, o después de haber entregado voluntariamente a la reserva nacional todos los derechos de ayuda que no haya utilizado en el primer año de aplicación del régimen de pago único.
3.   En caso de venta de derechos de ayuda, con o sin tierras, los Estados miembros, actuando con arreglo al principio general de Derecho comunitario, podrán decidir que una parte de los derechos de ayuda vendidos se restituya a la reserva nacional o que su valor unitario se reduzca en favor de la reserva nacional, con arreglo a criterios que la Comisión deberá definir de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 144.»
Las disposiciones del capítulo 5 del título III del mismo Reglamento, que lleva como epígrafe «Aplicación regional y facultativa», permiten que los Estados miembros decidan, hasta el 1 de agosto de 2004, aplicar el régimen de pago único previsto en los capítulos 1 a 4 de ese mismo título III, en particular a escala regional o con carácter parcial.
En virtud de los artículos 58, aparados 1 y 3, y 59, apartados 1 y 2, del mismo Reglamento, todo Estado miembro puede proceder a la regionalización del régimen de pago único repartiendo su límite máximo nacional, no individualmente entre los agricultores de dicho Estado en función de las respectivas cantidades de referencia, sino entre las diferentes regiones que integran su territorio, distribuyendo el importe de cada límite máximo regional así obtenido a tanto alzado entre todos los agricultores de la región de que se trate, beneficiándose cada uno de ellos de derechos cuyo valor unitario se calculará dividiendo dicho límite máximo regional por el número de hectáreas admisibles, determinado a nivel regional.
Reglamento (CE) n
o
1234/2007
El artículo 74, apartado 4, del Reglamento (CE) n
o
1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (
DO L 299, p. 1
), dispone lo siguiente:
«A falta de acuerdo entre las partes, en los arrendamientos rústicos que vayan a expirar sin posibilidades de reconducción en condiciones análogas, o en situaciones que produzcan efectos jurídicos comparables, las cuotas individuales de que se trate se transferirán total o parcialmente a los productores que vayan a hacerse cargo de la explotación, con arreglo a las disposiciones adoptadas por los Estados miembros, teniendo en cuenta los intereses legítimos de las partes.»
Normativa nacional
Ni el Reglamento sobre política agrícola común – ayuda a la renta 2006 (Regeling GLB – inkomenssteun 2006), adoptado para aplicar los Reglamentos n
os
1782/2003 y 795/2004, ni el título 5 del libro 7 del Código Civil, relativo al contrato de arrendamiento rústico, contienen disposiciones específicas sobre el destino que debe darse, al término del contrato de arrendamiento, a los derechos de ayuda concedidos en virtud del Reglamento n
o
1782/2003 o al valor de éstos.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
Desde 1982, el Sr. van Dijk toma en arrendamiento algunas parcelas agrícolas propiedad del municipio Gemeente Kampen, cuya superficie total es de 34 hectáreas, 2 áreas y 36 centiáreas. El contrato de arrendamiento que vincula a ambas partes no contiene ninguna cláusula relativa a regímenes de ayuda a la renta o derechos de ayuda.
Durante varios años, el Sr. van Dijk obtuvo, en virtud del Reglamento (CEE) n
o
1765/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, por el que se establece un régimen de apoyo a los productores de determinados cultivos herbáceos (
DO L 181, p. 12
), y del Reglamento (CE) n
o
1251/1999 del Consejo, de , por el que se establece un régimen de apoyo a los productores de determinados cultivos herbáceos (
DO L 160, p. 1
), ciertos pagos compensatorios en el marco del régimen de apoyo a los productores, ayuda que estaba vinculada a la producción de determinados cultivos. A raíz de la entrada en vigor del Reglamento n
o
1782/2003, se le concedieron derechos de ayuda al amparo de los artículos 33, apartado 1, 38 y 43, apartados 1 y 2, letra a), de dicho Reglamento.
Entre el Sr. van Dijk y el Gemeente Kampen se suscitó una controversia jurídica relativa a la naturaleza y alcance de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento que vinculaba a las partes.
Mediante sentencia de 25 de septiembre de 2007, el Rechtbank Zwolle-Lelystad declaró que el Sr. van Dijk estaba obligado, al término del contrato de arrendamiento, a devolver al Gemeente Kampen las tierras arrendadas, con inclusión de los derechos de ayuda generados en virtud de dichas tierras o relacionados con ellas, a cambio de una indemnización igual a la mitad del valor de tales derechos. El mismo tribunal declaró también que el Sr. van Dijk no estaba facultado para transmitir los referidos derechos de ayuda sin previo acuerdo del Gemeente Kampen.
Mediante escrito de 24 de octubre de 2007, el Sr. van Dijk interpuso ante el Gerechtshof te Arnhem recurso de apelación contra la mencionada sentencia. Según el recurrente, de los Reglamentos n
os
1782/2003 y 795/2004 se desprende que el arrendatario adquiere definitivamente los derechos de ayuda al término del contrato de arrendamiento. El Sr. van Dijk alega también que, a diferencia de las cuotas lecheras –que están vinculadas, en principio, a las tierras que el productor de leche o el cultivador hayan utilizado durante el período de referencia–, los derechos de ayuda están vinculados a la persona del agricultor.
El Gemeente Kampen alega que ni el Reglamento n
o
1782/2003 ni el Reglamento n
o
795/2004 contienen precisiones sobre qué destino debe darse a los derechos de ayuda al término del contrato de arrendamiento. De ello deduce que las relaciones jurídicas entre el arrendatario y el arrendador se rigen por el Derecho nacional.
Al considerar que la solución del litigio del que conoce depende de la interpretación de la normativa comunitaria aplicable, el Gerechtshof te Arnhem decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
A falta de una normativa nacional en la materia, ¿está obligado el arrendatario al término del contrato de arrendamiento, de conformidad con los Reglamentos n
os
1782/2003 y 795/2004 o con los principios generales del Derecho comunitario, en particular, el principio de prohibición del enriquecimiento sin causa, a entregar al arrendador, junto con las tierras arrendadas, los derechos de ayuda generados en virtud de dichas tierras o relacionados con éstas?
2)
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: A falta de una normativa nacional en la materia, ¿está obligado el arrendador, de conformidad con los Reglamentos n
os
1782/2003 y 795/2004 o con los principios generales del Derecho comunitario, en particular, el principio de prohibición del enriquecimiento sin causa, a pagar al arrendatario una indemnización por los derechos de ayuda entregados al arrendador y, en su caso, debe indemnizarle por el valor total o parcial de estos derechos y, de ser parcial, por qué parte de dicho valor?
3)
En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: A falta de una normativa nacional en la materia, ¿está obligado el arrendatario, de conformidad con los Reglamentos n
os
1782/2003 y 795/2004 o con los principios generales del Derecho comunitario, en particular, el principio de prohibición del enriquecimiento sin causa, a pagar al arrendador una indemnización por los derechos de ayuda que adquiera definitivamente el arrendatario y, en su caso, debe indemnizarle por el valor total o parcial de estos derechos y, de ser parcial, por qué parte de dicho valor?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Mediante sus tres cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pide en lo sustancial que se dilucide si el Derecho comunitario obliga al arrendatario a devolver al término del contrato de arrendamiento, junto con las tierras arrendadas, los derechos de ayuda generados en virtud de dichas tierras o relacionados con ellas, o bien a pagarle una indemnización.
Con carácter preliminar, procede declarar que ninguna disposición de los Reglamentos n
os
1782/2003 y 795/2004 prevé que el arrendatario esté obligado a devolver al arrendador al término del contrato de arrendamiento, junto con las tierras objeto del arrendamiento, los derechos de ayuda generados en virtud de dichas tierras o relacionados con ellas. A este respecto, el régimen de pago único se diferencia del régimen de cuotas lecheras, el cual se rige, en virtud del artículo 74 del Reglamento n
o
1234/2007, por el principio de la transferencia de las cuotas junto con la explotación.
En cambio, tanto de los objetivos como de la sistemática del Reglamento n
o
1782/2003 se desprende que, salvo estipulación en contrario, los derechos de ayuda los adquiere definitivamente el arrendatario al término del contrato de arrendamiento.
En primer lugar, procede recordar que, a tenor del segundo guión del artículo 1 del Reglamento n
o
1782/2003, el régimen de pago único constituye una ayuda a la renta de los agricultores que tiene como objetivo, según afirma el vigésimo primer considerando del mismo Reglamento, garantizar un nivel de vida equitativo a la población agraria. En virtud del artículo 33, apartado 1, del citado Reglamento, podrán acogerse al régimen de pago único, entre otros, los agricultores a quienes se les haya concedido algún pago en el período de referencia al amparo de uno, al menos, de los regímenes de ayuda mencionados en el anexo VI del mismo Reglamento.
Con arreglo al artículo 43, apartado 1, del Reglamento n
o
1782/2003, los derechos de ayuda atribuidos al agricultor en el marco del régimen de pago único dependen del número de hectáreas en su posesión durante el período de referencia, así como de las cantidades que se le concedieron en virtud de dichos regímenes de ayuda.
Por otra parte, el artículo 44, apartado 1, del mismo Reglamento reconoce la existencia de una vinculación entre los derechos de ayuda y las superficies agrícolas, en el sentido de que todo derecho de ayuda unido a una hectárea admisible permitirá cobrar el importe que determine dicho derecho.
En este contexto, el artículo 36, apartado 1, del Reglamento n
o
1782/2003 dispone que la ayuda derivada del régimen de pago único se abonará con referencia a los derechos de ayuda, acompañados de un número igual de hectáreas admisibles.
A este respecto, procede señalar que, según se desprende del trigésimo considerando del Reglamento n
o
1782/2003, la existencia de la referida vinculación entre derechos de ayuda y hectáreas admisibles pretende evitar cesiones de carácter especulativo que den lugar a la acumulación de derechos de ayuda sin la correspondiente base agraria.
En cambio, del citado artículo 36, apartado 1, no se desprende en modo alguno que los derechos de ayuda estén vinculados a parcelas concretas, en particular a aquellas que estuvieran en posesión del agricultor durante el período de referencia.
Así pues, lo que en definitiva importa es que, a efectos de la concesión de la ayuda, el número de derechos de ayuda de que disfrute un agricultor corresponda a un número equivalente de hectáreas admisibles y no a parcelas concretas. Por lo demás, el artículo 44, apartado 4, del Reglamento n
o
1782/2003 prevé expresamente la posibilidad de que los Estados miembros, en determinadas circunstancias, autoricen al agricultor a modificar su declaración relativa a las parcelas correspondientes a la hectárea admisible unida a cada derecho de ayuda, siempre que respete el número de hectáreas correspondiente a sus derechos de ayuda, así como las condiciones para la concesión del pago único para la superficie de que se trate.
En segundo lugar, cabe hacer constar que el artículo 46 del Reglamento n
o
1782/2003 contempla la posibilidad de transferir los derechos de ayuda, de conformidad con el objetivo que figura en el trigésimo considerando del mismo Reglamento.
En particular, el apartado 2 del mencionado artículo prevé que la cesión de derechos de ayuda sin tierras sólo podrá efectuarse en caso de cesión definitiva. En tal supuesto, el agricultor que hasta ese momento disfrutaba de derechos de ayuda renuncia definitivamente a sus pretensiones mediante la venta a otro agricultor, el cual activa acto seguido tales derechos en su beneficio. Para poder exigir el pago de dichos derechos, el agricultor de que se trate deberá disponer de un número suficiente de hectáreas de tierras agrícolas admisibles, y ello con el fin de garantizar que exista una realidad agrícola suficiente para el pago de los derechos.
Por el contrario, en caso de arrendamiento u otros tipos de transacciones similares, la cesión de derechos de ayuda sólo estará permitida si se acompaña de la cesión de un número equivalente de hectáreas admisibles. Esta disposición, contenida en el artículo 46, apartado 2, del Reglamento n
o
1782/2003, tiene por objeto, conforme a la finalidad enunciada en el trigésimo considerando del mismo Reglamento, evitar cesiones de carácter especulativo que den lugar a la acumulación de derechos de ayuda sin la correspondiente base agraria.
Por otro lado, el artículo 46, apartado 1, del Reglamento n
o
1782/2003 dispone que, excepto en caso de transmisión por sucesión
inter vivos
o
mortis causa,
los derechos de ayuda sólo podrán transmitirse a otro agricultor establecido en el mismo Estado miembro. A este respecto, cabe recordar que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33, apartado 1, letra a), del Reglamento n
o
1782/2003, y del artículo 2, letras a) y c), del mismo Reglamento, el régimen de pago único está destinado a los agricultores, es decir, a aquellas personas que ejercen una «actividad agraria», consistente en la producción, la cría o el cultivo de productos agrarios, o el mantenimiento de la tierra en buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Ahora bien, el arrendador de tierras no es necesariamente un agricultor en el sentido del artículo 2, letra a), del Reglamento n
o
1782/2003. Por lo tanto, si el legislador comunitario hubiera querido que los derechos de ayuda revirtieran en todos los supuestos al arrendador al término del contrato de arrendamiento, habría previsto una disposición en este sentido.
Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede declarar que los Reglamentos n
os
1782/2003 y 795/2004 no contienen disposición alguna que imponga al agricultor que ha tomado tierras en arrendamiento la obligación de transferir sus derechos de ayuda al arrendador al término del contrato de arrendamiento.
Tampoco existe razón alguna para suponer que el principio que prohíbe el enriquecimiento sin causa obligue al agricultor, al término del contrato de arrendamiento, a transferir sus derechos de ayuda al arrendador o a pagarle una indemnización.
En efecto, de conformidad con los principios comunes a los Derechos de los Estados miembros, el derecho a restitución frente a la persona que se ha enriquecido está supeditado a que el enriquecimiento en cuestión carezca de fundamento jurídico (sentencia de 16 de diciembre de 2008, Masdar (UK)/Comisión, C-47/07 P, Rec. p. I-9761, apartados 44 a 46 y 49).
Ahora bien, no se puede considerar que los derechos de ayuda de que disfruta el agricultor carezcan de fundamento jurídico, habida cuenta de que tales derechos se le atribuyeron de conformidad con las disposiciones del Reglamento n
o
1782/2003.
Del conjunto de las precedentes consideraciones se deduce que el Derecho comunitario no obliga al arrendatario a entregar al arrendador al término del contrato de arrendamiento, junto con las tierras arrendadas, los derechos de ayuda generados en virtud de dichas tierras o relacionados con ellas, ni tampoco a pagarle una indemnización.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:

El Derecho comunitario no obliga al arrendatario a entregar al arrendador al término del contrato de arrendamiento, junto con las tierras arrendadas, los derechos de ayuda generados en virtud de dichas tierras o relacionados con ellas, ni tampoco a pagarle una indemnización.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.