CELEX: 62007CJ0443
Recurso de casación
Estatuto de los Funcionarios
Excepción de ilegalidad del artículo 12, apartado 3, del anexo XIII sobre la clasificación en grado de los funcionarios que se hayan incorporado a partir del 1 de mayo de 2004
Consulta al Comité del Estatuto
Inexistencia de vulneración de los derechos adquiridos y del principio de igualdad de trato

Mediante su recurso de casación, las Sras. Centeno Mediavilla, Fumey, Gerhards y Hamilton, los Sres. Hill, Huby, Klein, Lombardi, Millar y Moraitis, las Sras. Palmer y Robinson, el Sr. Rouxel, la Sra. Silva Mendes y los Sres. van den Hul, Von Nordheim Nielsen y Zouridakis solicitan que se anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 11 de julio de 2007, Centeno Mediavilla y otros/Comisión (
T-58/05, Rec. p. II-2523
; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que se desestimó el recurso que habían interpuesto contra sus respectivas decisiones de nombramiento (en lo sucesivo, «decisiones controvertidas»), en la medida en que en ellas se fija su clasificación con arreglo a las disposiciones transitorias del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, en su versión modificada por el Reglamento (CE, Euratom) n
o
723/2004 del Consejo, de 22 de marzo de 2004 (
DO L 124, p. 1
; en lo sucesivo, «Estatuto»).
Marco jurídico
El Reglamento n
o
723/2004 entró en vigor el 1 de mayo de 2004.
El artículo 2, apartado 1, del anexo XIII del Estatuto establece los criterios de correspondencia entre los grados de los funcionarios previstos en el antiguo Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas en su versión aplicable hasta el 30 de abril de 2004 (en lo sucesivo, «antiguo Estatuto») y los previstos en el Estatuto. Estos criterios se indican en el siguiente cuadro:
Antiguo grado
Nuevo grado (intermedio)
Antiguo grado
Nuevo grado (intermedio)
Antiguo grado
Nuevo grado (intermedio)
Antiguo grado
Nuevo grado (intermedio)
A 1
A *16






A 2
A *15






A 3/LA 3
A *14






A 4/LA 4
A *12






A 5/LA 5
A *11






A 6/LA 6
A *10
B 1
B *10




A 7/LA 7
A *8
B 2
B *8




A 8/LA 8
A *7
B 3
B *7
C 1
C *6




B 4
B *6
C 2
C *5




B 5
B *5
C 3
C *4
D 1
D *4




C 4
C *3
D 2
D *3




C 5
C *2
D 3
D *2






D 4
D *1
El artículo 5, apartado 5, del Estatuto dispone:
«Los funcionarios pertenecientes a un mismo grupo de funciones estarán sujetos a condiciones idénticas de reclutamiento y desarrollo de la carrera.»
El artículo 7, apartado 1, del Estatuto prevé:
«La autoridad facultada para proceder a los nombramientos [(en lo sucesivo, «AFPN»)] destinará a cada funcionario a un puesto de su grupo de funciones, que corresponda a su grado, mediante nombramiento o traslado, tomando en cuenta únicamente el interés del servicio y sin consideración de la nacionalidad.»
El artículo 10 del Estatuto, cuyo tenor coincide básicamente con el del artículo 10 del antiguo Estatuto, dispone que «la Comisión consultará al Comité del Estatuto [integrado por representantes de las instituciones y de sus correspondientes Comités de personal] sobre cualquier propuesta de revisión del Estatuto».
El artículo 31, apartado 1, del Estatuto dispone:
«Los candidatos así elegidos serán nombrados en el grado del grupo de funciones especificado en la convocatoria del concurso que hayan superado.»
El anexo XIII del Estatuto, que lleva el encabezamiento «Disposiciones transitorias aplicables a los funcionarios de las Comunidades», prevé, en su artículo 1:
«1.   Durante el período comprendido entre el 1 de mayo de 2004 y el 30 de abril de 2006, los apartados 1 y 2 del artículo 5 del Estatuto se sustituirán por el texto siguiente:
“1.   Los puestos de trabajo regulados por el presente Estatuto se clasificarán, según la naturaleza y el nivel de las responsabilidades que comporten, en cuatro categorías, que se designarán, en orden jerárquico decreciente, mediante las letras A*, B*, C*, D*.
2.   La categoría A* comprenderá doce grados, la categoría B* nueve grados, la categoría C* siete grados y la categoría D* cinco grados.”
2.   Toda referencia a la fecha de reclutamiento se entenderá hecha a la fecha de entrada en servicio.»
El artículo 12 del anexo XIII del Estatuto dispone:
«1.   Durante el período comprendido entre el 1 de mayo de 2004 y el 30 de abril de 2006, toda referencia hecha a los grados de los grupos de funciones AST y AD en los apartados 2 y 3 del artículo 31 del Estatuto se entenderá conforme a lo siguiente:
—
AST1 a AST4: C*1 a C*2 y B*3 a B*4,
—
AD5 a AD8: A*5 a A*8,
—
AD9, AD10, AD11, AD12: A*9, A*10, A*11, A*12.
2.   Lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 5 del Estatuto no se aplicará a los funcionarios reclutados a partir de listas de aptitud elaboradas como consecuencia de oposiciones convocadas antes del 1 de mayo de 2004.
3.   Los funcionarios incluidos en una lista de aptitud antes del 1 de mayo de [2006] y reclutados durante el período comprendido entre el 1 de mayo de 2004 y el 30 de abril de 2006 se clasificarán:
—
si la lista ha sido elaborada para la categoría A*, B* o C*, en el grado publicado en la convocatoria del concurso,
—
si la lista ha sido elaborada para la categoría A, LA, B o C, conforme a lo especificado en el siguiente cuadro:
Grado del concurso
Grado de reclutamiento
A 8/LA 8
A *5
A 7/LA 7 y A 6/LA 6
A *6
A 5/LA 5 y A 4/LA 4
A *9
A 3/LA 3
A *12
A 2
A *14
A 1
A *15
B 5 y B 4
B *3
B 3 y B 2
B *4
C 5 y C 4
C *1
C 3 y C 2
C *2»
Antecedentes del litigio
La Comisión publicó en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas,
en el período comprendido entre el 11 de abril de 2001 y el 18 de junio de 2002, varias convocatorias de oposiciones generales con objeto de constituir listas de reserva de administradores de carrera A 7/A 6 (COM/A/6/01, COM/A/9/01, COM/A/10/01, COM/A/1/02, COM/A/3/02 y CC/A/12/02), administradores adjuntos de carrera A 8 (COM/A/2/02) y asistentes adjuntos de carrera B 5/B 4 (COM/B/1/02).
Bajo el epígrafe «Condiciones de contratación», las convocatorias de las oposiciones especificaban que la inscripción de los candidatos seleccionados en las listas de aptitud les otorgaba la posibilidad de ser contratados en función de las necesidades de los servicios.
En la sección D, «Informaciones generales», de las convocatorias de las oposiciones COM/A/1/02 y COM/A/2/02, se indicaba:
«La Comisión ha enviado oficialmente al Consejo una propuesta de modificación del Estatuto, que incluye entre otras cosas un nuevo sistema de carrera. A los candidatos seleccionados al término de la presente oposición se les podría pues proponer contratarlos sobre la base de las nuevas disposiciones del Estatuto, una vez adoptadas éstas por el Consejo.»
La convocatoria de la oposición COM/A/3/02 incluía una indicación casi idéntica, que hacía referencia a las «disposiciones del nuevo Estatuto».
Las listas de aptitud elaboradas como resultado de las oposiciones COM/A/6/01, COM/A/9/01 y COM/A/10/01 (en lo sucesivo, «oposiciones de 2001») fueron publicadas en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas,
respectivamente, el 19 de noviembre de 2002 (oposición COM/A/6/01), el 8 de marzo de 2003 (oposición COM/A/10/01) y el 2 de julio de 2003 (oposición COM/A/9/01).
Las cartas por medio de las cuales se informó a los candidatos seleccionados en las oposiciones de 2001 de su inscripción en las listas de aptitud indicaban, en particular, que la vigencia de estas listas expiraría el 31 de diciembre de 2003.
En diciembre de 2003, la Dirección General «Personal y Administración» de la Comisión dirigió una carta a cada uno de los candidatos seleccionados en las oposiciones de 2001, indicándoles que la vigencia de las diferentes listas de aptitud se prorrogaba hasta el 31 de diciembre de 2004.
Las listas de aptitud elaboradas como resultado de las oposiciones COM/A/1/02, COM/A/2/02, COM/A/3/02, COM/B/1/02, y CC/A/12/02 fueron publicadas en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas,
respectivamente, el 19 de diciembre de 2003 (oposición CC/A/12/02), el 23 de marzo de 2004 (oposiciones COM/A/1/02 y COM/A/2/02) y el 18 de mayo de 2004 (oposiciones COM/A/3/02 y COM/B/1/02).
Los diecisiete recurrentes fueron incluidos antes del 1 de mayo de 2004 en una de estas listas de aptitud.
Las Sras. Fumey, Gerhards y Hamilton y el Sr. Millar recibieron una carta de oferta de empleo antes del 1 de mayo de 2004.
Todos los recurrentes fueron nombrados funcionarios en prácticas en las decisiones controvertidas, adoptadas con posterioridad al 1 de mayo de 2004 y cuyos efectos comenzaban en un plazo comprendido entre esa fecha y el 1 de diciembre de 2004.
Por medio de estas decisiones, se clasificó en grado a los recurrentes con arreglo al artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto, es decir, en los grados B*3 (oposición COM/B/1/02), A*5 (oposición COM/A/2/02) o A*6 (el resto de las oposiciones).
Entre el 6 de agosto de 2004 y el 21 de octubre de 2004, cada uno de los recurrentes presentó, con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto, una reclamación contra la decisión por la que se le nombraba funcionario en prácticas en la medida en que fijaba, en virtud del artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto, su clasificación en un grado menos favorable que el indicado en la convocatoria de oposición.
Mediante decisiones adoptadas entre el 21 de octubre de 2004 y el 22 de diciembre de 2004, la AFPN desestimó las reclamaciones presentadas por los recurrentes.
Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida
Demanda presentada ante el Tribunal de Primera Instancia
Mediante una única demanda, presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 3 de febrero de 2005, los diecisiete recurrentes solicitaron que se anularan las decisiones controvertidas en la medida en que fijaban su clasificación en grado con arreglo al artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto, se reconstituyera su carrera, se les concediera el beneficio de intereses de demora por todas las cantidades correspondientes a la diferencia entre los salarios previstos por el antiguo Estatuto y los que se les atribuyeron, y se condenara en costas a la Comisión.
En apoyo de su recurso de anulación, los recurrentes propusieron, en primer lugar, una excepción de ilegalidad del artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto invocando siete argumentos basados, respectivamente, en la infracción del artículo 10 del antiguo Estatuto, en la vulneración de sus derechos adquiridos antes de la entrada en vigor del Estatuto, así como de los principios de seguridad jurídica y de no retroactividad, en la vulneración de los principios de igualdad de trato y de no discriminación, en la infracción del principio de protección de la confianza legítima, en la vulneración del artículo 31, apartado 1, del Estatuto y en la infracción de los artículos 5 y 7 de éste.
En segundo lugar, los recurrentes alegaron que, mediante las decisiones controvertidas, la Comisión había vulnerado los principios de buena administración, de diligencia, de transparencia, de protección de la confianza legítima, de buena fe, de igualdad de trato y de no discriminación, así como la regla de equivalencia de empleo y grado.
Sentencia recurrida
El Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso declarando infundados todos los argumentos formulados por los recurrentes.
En primer lugar, desestimó la excepción de ilegalidad del artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto, por considerar carentes de fundamento todos los argumentos invocados en apoyo de dicha excepción.
En lo que respecta a la infracción del artículo 10, párrafo segundo, segunda frase, del antiguo Estatuto, el Tribunal de Primera Instancia recordó, en los apartados 35 a 42 de la sentencia recurrida, que la Comisión tiene una obligación de consulta que comprende, además de las propuestas formales, las propuestas ya examinadas que ésta haya modificado sustancialmente. El carácter sustancial o puntual y limitado de las modificaciones de que se trate debe apreciarse, a juicio del Tribunal de Primera Instancia, tomando como criterio su objeto y el lugar que ocupan las disposiciones modificadas en el conjunto normativo cuya adopción se propone, y no las consecuencias individuales que estas modificaciones puedan tener para la situación de las personas que puedan verse afectadas por su aplicación.
En el presente asunto, la sustitución del grado A*7 por el grado A*6 en la propuesta relativa a la disposición que pasó a ser el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto constituye un ajuste puntual de las disposiciones que ordenan la transición hacia la nueva estructura de carreras, que no se ve afectada ni en su sistema general ni en su propia sustancia hasta el punto de justificar una nueva consulta del Comité del Estatuto.
En lo que atañe a la vulneración de los derechos adquiridos por los recurrentes antes de la entrada en vigor del Estatuto, así como de los principios de seguridad jurídica y de no retroactividad, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en los apartados 48 a 62 de la sentencia recurrida, que el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto no produce efectos retroactivos. Desestimó los argumentos formulados en relación con los derechos adquiridos afirmando que la inscripción de los candidatos seleccionados en oposiciones generales en las listas de aptitud elaboradas al término de los procedimientos de selección únicamente otorga a los interesados la mera posibilidad de ser nombrados funcionarios en prácticas. Esta posibilidad excluye necesariamente cualquier tipo de derecho adquirido, ya que la clasificación en grado de un candidato seleccionado inscrito en la lista de aptitud de una oposición general no puede considerarse adquirida hasta que no haya sido objeto de una decisión de nombramiento en buena y debida forma. Sólo después de haber sido objeto de una decisión de estas características puede el candidato seleccionado en una oposición general reivindicar la condición de funcionario y, por consiguiente, reclamar que se le apliquen las disposiciones del Estatuto.
Por lo que respecta a la infracción de los principios de igualdad de trato y de no discriminación como consecuencia de la aplicación de distintos criterios de clasificación a los candidatos seleccionados en una misma oposición, en función de que su incorporación tuviera lugar antes o después de la entrada en vigor del Estatuto, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en los apartados 75 a 90 de la sentencia recurrida, que estos dos grupos de personas no se encuentran en situaciones comparables. Afirmó en este sentido que, habida cuenta de que el empleo al que es destinado un funcionario es determinado por la decisión de nombramiento y de que ésta sólo puede estar fundada en las disposiciones aplicables en la fecha de su adopción, la clasificación en grado de los candidatos seleccionados en oposiciones generales que hubieran sido inscritos en una lista de aptitud antes del 1 de mayo de 2004, pero que se hubieran incorporado después de dicha fecha, sólo podía determinarse legalmente con arreglo a los nuevos criterios vigentes en la fecha de adopción de la decisión por la que se les nombra funcionarios en prácticas. En cambio, los candidatos seleccionados en las mismas oposiciones cuyo nombramiento se hubiera producido con anterioridad al 1 de mayo de 2004 tenían que ser necesariamente clasificados en grado sobre la base de los antiguos criterios aún en vigor en la fecha de su nombramiento pero derogados a partir de aquella misma fecha, como consecuencia de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones estatutarias.
En cuanto a la vulneración del principio de protección de la confianza legítima, por cuanto los recurrentes dedujeron de las respectivas convocatorias de oposición la garantía de que se les aplicarían las normas del antiguo Estatuto, el Tribunal de Primera Instancia, en los apartados 95 a 99 de la sentencia recurrida, recordó la jurisprudencia reiterada según la cual nadie puede invocar una violación de dicho principio si la Administración no le ha dado garantías concretas y constató que los autos no contenían ningún elemento que permitiera a los recurrentes concluir que las instituciones comunitarias les habían dado algún tipo de garantía que pudiera hacerles concebir esperanzas legítimas en el mantenimiento de los antiguos criterios estatutarios de clasificación en grado de los funcionarios en el momento de su incorporación. Por el contrario, en algunas de las convocatorias de oposición y en algunas de las cartas de la Comisión se advertía de que a los candidatos seleccionados se les podría proponer incorporarse sobre la base de las nuevas disposiciones del Estatuto.
En lo que atañe a la vulneración del artículo 31, apartado 1, del Estatuto, relativo al principio de correspondencia entre el grado del grupo de funciones indicado en la convocatoria de oposición y el grado reconocido en el momento del nombramiento, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en los apartados 108 a 115 de la sentencia recurrida, que, por su propia naturaleza, una disposición transitoria como el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto supone una excepción a determinadas normas estatutarias cuya aplicación se ve necesariamente afectada por el cambio de régimen. La excepción prevista en esta disposición se limita a aquello que concierne al nombramiento como funcionarios, en el marco de las nuevas normas estatutarias, de personas seleccionadas por medio de procedimientos de concurso iniciados y finalizados durante la vigencia de las antiguas disposiciones.
En relación con la infracción de los artículos 5 y 7 del Estatuto, relativos al principio de correspondencia de empleo y grado, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en los apartados 124 a 131 de la sentencia recurrida, que, en la medida en que establece medidas de transición del antiguo Estatuto al Estatuto, el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto prevalece, como
lex specialis,
sobre las disposiciones generales del Estatuto relacionadas con la clasificación de los funcionarios y, concretamente, sobre los artículos 5 y 7 de éste.
En segundo lugar, sobre la supuesta vulneración en las decisiones controvertidas de los principios generales de buena administración, de transparencia, de protección de la confianza legítima, de igualdad de trato y de no discriminación, de equivalencia de empleo y grado, de buena fe y de diligencia, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en los apartados 147 a 155 de la sentencia recurrida, que ni las convocatorias de oposición ni las cartas de prórroga de la vigencia de las listas de aptitud dirigidas a los recurrentes indicaban que los nuevos criterios de clasificación en grado en el momento de la incorporación fueran susceptibles de dar lugar a una modificación a la baja de los grados de entrada que aparecían en las convocatorias de las oposiciones.
Pretensiones formuladas por las partes ante el Tribunal de Justicia
Mediante su recurso de casación, los recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:
—
Anule la sentencia recurrida.
—
Por consiguiente, estime las pretensiones que formularon en primera instancia y, por tanto,
—
anule la clasificación en grado que fijan las decisiones controvertidas en la medida en que esta clasificación se basa en el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto;
—
reconstituya su carrera, incluida la valoración de su experiencia en los grados rectificados de este modo, sus derechos al ascenso y sus derechos a pensión, a partir de los grados en los que deberían haber sido nombrados con arreglo a las convocatorias de las oposiciones a raíz de las cuales fueron incluidos en las listas de aptitud, bien en los grados que figuran en dichas convocatorias, bien en los correspondientes a sus equivalentes según la clasificación del Estatuto, y en el escalón apropiado de conformidad con las normas aplicables antes del 1 de mayo de 2004, a partir de la decisión de nombramiento;
—
les conceda el beneficio de intereses de demora al tipo fijado por el Banco Central Europeo, sobre todas las cantidades correspondientes a la diferencia entre el salario correspondiente a su clasificación que figura en las decisiones controvertidas y la clasificación a la deberían haber tenido derecho, hasta la fecha en que se tome la decisión de clasificación correcta en grado.
—
Condene a la parte recurrida al pago de la totalidad de las costas causadas en primera instancia y en casación.
La Comisión y el Consejo solicitan al Tribunal de Justicia que:
—
Desestime el recurso de casación por infundado.
—
Condene a los recurrentes al pago de las costas del recurso de casación.
Sobre la admisibilidad del recurso de casación
El Consejo alega que algunos de los argumentos que formulan los recurrentes son inadmisibles en la medida en que no atribuyen al Tribunal de Primera Instancia un incumplimiento del Derecho comunitario, sino que tan sólo se pretende obtener con ellos la reconsideración de los argumentos desarrollados por aquéllos en primera instancia.
Como ha señalado la Abogado General en el punto 31 de sus conclusiones, según reiterada jurisprudencia, es inadmisible el recurso de casación que, sin incluir ninguna argumentación destinada específicamente a identificar el error de Derecho de que adolezca la sentencia de que se trate, se limite a repetir o a reproducir textualmente los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal de Primera Instancia. En cambio, cuando un recurrente impugna la interpretación o la aplicación del Derecho comunitario efectuada por el Tribunal de Primera Instancia, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el marco de un recurso de casación. En efecto, si un recurrente no pudiera basar su recurso de casación en motivos y alegaciones ya invocados ante el Tribunal de Primera Instancia, se privaría a dicho recurso de una parte de su sentido (véase, en particular, la sentencia de 29 de noviembre de 2007, De Bustamante Tello/Consejo,
C-10/06 P, Rec. p. I-10381
, apartado 28).
En el presente asunto, procede señalar que los recurrentes han identificado, en cada motivo de casación, los diversos errores de Derecho que, en su opinión, ha cometido el Tribunal de Primera Instancia en diferentes pasajes de la sentencia recurrida. Por consiguiente, el que reproduzcan necesariamente en este contexto algunos de los argumentos formulados en primera instancia no puede afectar en absoluto a la admisibilidad de los motivos de casación invocados.
Por lo tanto, deben considerarse admisibles todos los motivos invocados por los recurrentes.
Sobre el recurso de casación
En apoyo de su recurso de casación, los recurrentes afirman que el Tribunal de Primera Instancia ha cometido varios errores de Derecho en la apreciación de la excepción de ilegalidad del artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto. A este respecto, invocan, en particular, la infracción del artículo 10 del antiguo Estatuto, la vulneración de sus derechos adquiridos antes de la entrada en vigor del Estatuto y de los principios de seguridad jurídica y de no retroactividad, la violación de los principios de igualdad de trato y de no discriminación, la vulneración del principio de protección de la confianza legítima, la infracción de los artículos 5, 7 y 31, apartado 1, del Estatuto y, en relación con varios puntos de la apreciación efectuada por el Tribunal de Primera Instancia, el incumplimiento de la obligación de motivación.
Los recurrentes impugnan también la apreciación efectuada por el Tribunal de Primera Instancia sobre los motivos invocados para demostrar la ilegalidad de las decisiones controvertidas. A este respecto, sostienen que el Tribunal de Primera Instancia ha infringido los principios de igualdad de trato y de no discriminación y ha incurrido en un error en la motivación de su apreciación sobre la legalidad de estas decisiones.
Sobre la excepción de ilegalidad del artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto
Sobre la infracción del artículo 10 del antiguo Estatuto y la inexistencia de motivación suficiente
— Alegaciones de las partes
Los recurrentes, basándose, en particular, en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de septiembre de 1998, Losch/Tribunal de Justicia (
T-13/97, RecFP. pp. I-A-543 y II-1633
), afirman que, en contra de lo declarado por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 35 a 42 de la sentencia recurrida, la modificación de la propuesta de la Comisión por la que se sustituye, en el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto, el grado A*7 por el grado A*6 para las personas ya inscritas, antes del 1 de mayo de 2004, en las listas de aptitud para el grado A*7, afecta a la sustancia de las normas del Estatuto.
A este respecto, sostienen que los efectos de esta modificación, en comparación con la propuesta precedente, deben apreciarse no sólo en función del objeto y del lugar de las disposiciones modificadas en el conjunto de la reforma, sino también teniendo en cuenta las consecuencias para la situación de los funcionarios afectados. En el presente caso, estas modificaciones, como se admitió, por otro lado, en el apartado 42 de la sentencia recurrida, tiene un impacto considerable tanto sobre la carrera como sobre la retribución de dichos funcionarios. Por lo tanto, la modificación de la propuesta debería haber sido sometida al Comité del Estatuto.
Asimismo, los recurrentes estiman que el Tribunal de Primera Instancia no motivó adecuadamente su conclusión de que la sustitución del grado A*7 por el grado A*6 «se inserta en el conjunto [del] sistema [y en] la perspectiva global de una reestructuración evolutiva de las carreras». Ahora bien, no puede considerarse que este descenso del grado constituya una regla que permita la progresiva aplicación del régimen evolutivo de las carreras.
La Comisión y el Consejo señalan que la modificación de la propuesta relativa al artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto no tiene carácter «sustancial» en el sentido de la sentencia Losch/Tribunal de Justicia, antes citada. Se trata de una modificación menor de una disposición transitoria aplicable a un grupo limitado de personas, por lo que se inscribe en el conjunto del sistema de una reestructuración evolutiva de las carreras, que era uno de los pilares esenciales de la reforma para todos los funcionarios.
— Apreciación del Tribunal de Justicia
Con arreglo al artículo 283 CE, el Consejo establece el Estatuto, a propuesta de la Comisión y previa consulta a las demás instituciones interesadas.
Tanto el artículo 10 del antiguo Estatuto como el mismo artículo del Estatuto prevén la creación de un Comité del Estatuto, integrado por un número igual de representantes de las instituciones de las Comunidades y de representantes de los correspondientes Comités de personal. Establece también que este Comité ha de ser consultado sobre cualquier propuesta de revisión del Estatuto y que puede hacer sugerencias en el marco de dicha revisión.
A este respecto, en los apartados 36 a 40 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia, tras señalar que los términos del artículo 10 del Estatuto son manifiestamente incompatibles con una interpretación restrictiva, declaró que la Comisión está obligada a volver a consultar al Comité del Estatuto antes de la adopción por el Consejo de las disposiciones normativas de que se trate, cuando las modificaciones introducidas en una propuesta del Estatuto afecten de modo sustancial a la estructura de la propuesta, lo que implica que dicha obligación queda excluida para las modificaciones puntuales y de efecto limitado. De este modo, refiriéndose a la sentencia de 5 de octubre de 1994, Alemania/Consejo (
C-280/93, Rec. p. I-4973
), consideró que el carácter sustancial de una modificación debe apreciarse tomando como criterio su objeto y el lugar que ocupan las disposiciones modificadas en el conjunto normativo y no las consecuencias individuales que puedan tener para la situación de los funcionarios afectados.
Por otro lado, el Tribunal de Primera Instancia señaló que, en el presente caso, la modificación de la propuesta introducida por el legislador comunitario no es sustancial, dado que constituye un elemento complementario de la reforma que se inserta en el conjunto del sistema y en la perspectiva global de una reestructuración evolutiva de las carreras.
Esta apreciación, en contra de lo que sostienen los recurrentes, no adolece de error de Derecho. Puesto que dicha modificación no se aparta sustancialmente del texto sometido al Comité del Estatuto, que, por lo tanto, pudo emitir un dictamen sobre la posibilidad de establecer distintos grados de entrada para los funcionarios seleccionados en oposiciones celebradas antes de la entrada en vigor de la reforma que se incorporaran antes de esa fecha y para los que lo hicieran después, no requería que se consultara nuevamente a dicho Comité.
Además, la alegación formulada en casación acerca de la motivación insuficiente de la sentencia recurrida carece de fundamento, dado que la motivación de la conclusión a la que se llega en el apartado 40 de dicha sentencia se expone perfectamente en el apartado 39 de la misma sentencia, en el que el Tribunal de Primera Instancia señala que «la reorganización de los grados de clasificación y de la escala salarial de los funcionarios de las Comunidades Europeas que se deriva de la reforma de las carreras llevada a cabo por el legislador comunitario ha tenido como efecto inducido inmediato el que se contrate a los nuevos funcionarios en grados más bajos, acompañado a más largo plazo de un incremento de sus perspectivas de carrera». En el mencionado apartado 40, el Tribunal de Primera Instancia dedujo de lo anterior que «la sustitución del grado A*7, previsto inicialmente, por el grado A*6 constituye un elemento complementario de la reforma que se inserta en el conjunto de su sistema dentro de la perspectiva global de una reestructuración evolutiva de las carreras».
Por consiguiente, los argumentos formulados por los recurrentes deben considerarse infundados.
Sobre la vulneración de los derechos adquiridos de los recurrentes y sobre la inexistencia de motivación suficiente
— Alegaciones de las partes
En apoyo de la alegación basada en la vulneración de los derechos adquiridos, los recurrentes afirman que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error al negar que, antes de la fecha de adopción de las decisiones controvertidas, hubieran podido adquirir el derecho a que se respetara la clasificación indicada en las convocatorias de oposición. A juicio de los recurrentes, aun cuando ni la convocatoria de oposición ni la inscripción en la lista de aptitud les dan derecho a la incorporación, sí que suponen el reconocimiento del derecho de todos los participantes en la oposición y, con mayor motivo, de los incluidos en dicha lista a recibir el trato previsto en la convocatoria (sentencia de 20 de junio de 1985, Spachis/Comisión,
138/84, Rec. p. 1939
), así como, en su caso, a incorporarse en el nivel y para las funciones indicadas en aquélla. Por lo tanto, los candidatos incluidos en la lista de aptitud adquieren el derecho a que se respeten estas condiciones de incorporación en el momento de su eventual nombramiento. Señalan, además, que cuatro de ellos habían recibido las decisiones relativas a su incorporación antes del 1 de mayo de 2004 y que se extendía a estas decisiones el ámbito de aplicación del antiguo Estatuto. Al no haber respondido el Tribunal de Primera Instancia a estos argumentos en la sentencia recurrida, incumplió su obligación de motivación.
La Comisión replica que el respeto de los derechos adquiridos se impone al legislador cuando la situación jurídica de que se trate se haya definitivamente consolidado durante la vigencia de la legislación anterior y la concreción de la ventaja efectiva que confiere al administrado ya no dependa de ningún acto u omisión de la autoridad pública para el que disponga de una facultad discrecional o, incluso, de un margen de apreciación.
La situación jurídica que se deriva de la inscripción en una lista de aptitud a raíz de una oposición general no se concreta en un derecho adquirido, sino en la posibilidad de ser nombrado, dado que el hecho generador del derecho al respeto de las condiciones estatutarias reside en el acto de nombramiento. Por lo tanto, es contradictoria la afirmación, formulada por los recurrentes, de que quienes figuran en la lista de aptitud no pueden aspirar a lo más —el nombramiento como funcionario en prácticas—, pero tienen derecho a lo menos —es decir, a un cierto grado de entrada—.
El Consejo, que formula argumentos similares a los invocados por la Comisión, añade que las convocatorias de oposición, pese a que ciertamente vinculan a la AFPN, no impiden que el legislador, en el marco de una reforma del sistema de carreras, determine la equivalencia de los grados de oposición con los grados de entrada conforme al nuevo sistema.
— Apreciación del Tribunal de Justicia
A este respecto, procede recordar que el vínculo jurídico que une a los funcionarios y a la Administración es de naturaleza estatutaria y no contractual (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de marzo de 1975, Gillet/Comisión,
28/74, Rec. p. 463
, apartado 4). Se deriva de lo anterior que el legislador puede modificar en todo momento los derechos y las obligaciones de los funcionarios.
Por principio, las leyes modificativas de una disposición legislativa se aplican, salvo excepción, a los efectos futuros de las situaciones originadas bajo la ley anterior (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de junio de 1999, Butterfly Music,
C-60/98, Rec. p. I-3939
, apartado 24).
Sólo escapan a esta regla las situaciones nacidas y definitivamente consolidadas durante la vigencia de la norma anterior, que crean derechos adquiridos (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de abril de 1970, Brock,
68/69, Rec. p. 171
, apartado 7; de 5 de diciembre de 1973, SOPAD,
143/73, Rec. p. 1433
, apartado 8, y de 10 de julio de 1986, Licata/CES,
270/84, Rec. p. 2305
, apartado 31).
Un derecho se reputa adquirido cuando su hecho generador ha tenido lugar antes de la modificación legislativa. No sucede así con los derechos cuyo hecho constitutivo no se haya producido durante la vigencia de la legislación que ha sido modificada.
En el presente caso, a la entrada en vigor del Estatuto, los recurrentes habían sido seleccionados en las oposiciones e inscritos en las listas de aptitud. En esta condición, no tenían ningún derecho adquirido al nombramiento, sino la mera posibilidad de ser nombrados. Su clasificación en grado se supeditaba a su nombramiento, que es facultad de la AFPN.
Por lo tanto, dado que la situación constitutiva del derecho de los recurrentes a que se respetaran ciertas condiciones en su incorporación no se había consolidado antes de que entrara en vigor el Estatuto, no les es posible invocar ningún derecho adquirido (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de marzo de 1975, Gillet/Comisión, antes citada, apartado 5).
Estas consideraciones también son aplicables a aquellos recurrentes que se hayan incorporado como funcionarios en prácticas antes del 1 de mayo de 2004, pero hayan sido nombrados funcionarios después de esa fecha.
Por consiguiente, al declarar que, en el presente caso, a los candidatos seleccionados en las oposiciones de que se trata no les asistía ningún derecho adquirido, la sentencia recurrida no implica la vulneración del principio invocado por los recurrentes y da cumplida respuesta, conforme a Derecho, a las cuestiones formuladas por éstos en primera instancia.
Procede, por tanto, considerar infundado este argumento.
Sobre la vulneración de los principios de igualdad de trato y de no discriminación y de los principios de separación de poderes y de jerarquía de las normas, así como del derecho a la tutela judicial, y sobre la inexistencia de motivación suficiente
— Alegaciones de las partes
En lo que atañe a la vulneración de los principios de igualdad de trato y de no discriminación, los recurrentes sostienen que el conjunto de los candidatos seleccionados en una oposición constituye una sola y misma categoría en lo que a la observancia de estos principios se refiere. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia infringió dichos principios al considerar que no todos los candidatos seleccionados en una misma oposición tienen derecho a ser clasificados conforme a las condiciones establecidas en la respectiva convocatoria.
A juicio de los recurrentes, el Tribunal de Primera Instancia reconoció al legislador, con esta apreciación, la facultad de modificar las disposiciones estatutarias sin verse obligado a respetar los principios de igualdad de trato y de no discriminación. Por un lado, excluyó la posibilidad de que el poder del legislador se vea sometido a control jurisdiccional, en contra de los fundamentos del Estado de Derecho y, en particular, del principio de separación de poderes, y, por otro lado, vulneró el derecho a la tutela judicial. En cambio, el juez comunitario debería apreciar si puede considerarse justificada una diferencia de trato que se derive de la entrada en vigor de una modificación normativa.
Además, el Tribunal de Primera Instancia no explicó las razones que le llevaron a apartarse del razonamiento seguido en su sentencia de 30 de septiembre de 1998, Ryan/Tribunal de Cuentas (
T-121/97, Rec. p. II-3885
), en la que declaró que se había infringido el principio de igualdad de trato en materia de derechos a pensión de los miembros del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas.
Por último, los recurrentes señalan que el apartado 89 de la sentencia recurrida adolece de un error de Derecho por cuanto el Tribunal de Primera Instancia excluyó que se hubiera producido una discriminación por razón de la edad por el hecho de que, como consecuencia de la aplicación del artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto, la clasificación de los recurrentes, especialmente de los de mayor edad, se sitúa en el nivel correspondiente al inicio de carrera, pese a que para los grados A7/A6 o B5/B4 se tuvo en cuenta en el procedimiento de selección una experiencia profesional que, por otro lado, era requisito necesario.
La Comisión afirma que el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia no se basa de modo alguno en la premisa de que el legislador comunitario no está vinculado por el principio de igualdad de trato. La verdadera cuestión que se plantea es, en cambio, la del alcance intertemporal de este principio y se basa en la apreciación de que el legislador tiene derecho a adoptar, con efectos futuros, las modificaciones a las disposiciones del Estatuto que considere conformes con el interés del servicio. Por lo tanto, a juicio de la Comisión, aunque las modificaciones lleven a una situación menos favorable para los funcionarios que la derivada de las anteriores disposiciones, los administrados no pueden reclamar el mantenimiento de una situación jurídica de la que hayan podido disfrutar en algún momento.
La Comisión precisa que el principio de igualdad de trato no tiene alcance intertemporal por cuanto no impide la variabilidad de las normas jurídicas. Por lo tanto, no vulnera este principio el que una nueva normativa trate los efectos futuros de una situación nacida durante la vigencia de una normativa anterior de un modo distinto al previsto por ésta antes de la modificación.
El Consejo formula argumentos similares a los invocados por la Comisión. Añade que la aplicación del principio de igualdad de trato conforme a los criterios indicados por los recurrentes tendría como consecuencia la creación de una desigualdad de trato entre los funcionarios que se hayan incorporado a partir del 1 de mayo de 2004, en función de si la oposición por la que hayan sido seleccionados se ha celebrado antes o después de dicha fecha. El Consejo considera, en cambio, que los funcionarios que se hayan incorporado después de esta fecha forman parte de una misma categoría y tienen derecho al mismo tratamiento estatutario.
— Apreciación del Tribunal de Justicia
Como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se produce una violación del principio de igualdad de trato, aplicable al Derecho de la función pública comunitaria, cuando a dos categorías de personas cuyas situaciones de hecho y de Derecho no ofrecen ninguna diferencia esencial se les da un trato distinto en el momento de su incorporación, sin que esta diferencia de trato esté objetivamente justificada (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de enero de 2001, Martínez del Peral Cagigal/Comisión,
C-459/98 P, Rec. p. I-135
, apartado 50).
En los apartados 79 a 83 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia se basa en la apreciación de que la clasificación en grado de los recurrentes sólo podía determinarse legalmente con arreglo a los criterios establecidos en el Estatuto, en concreto, en el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII de éste, vigente en la fecha en que se adoptaron las decisiones controvertidas. De ello sacó la conclusión de que no podía considerarse que los recurrentes pertenecieran a la misma categoría que aquellos que, habiendo sido seleccionados en las mismas oposiciones, hubieran sido nombrados antes del 1 de mayo de 2004, a los que debía aplicarse la normativa vigente antes de la reforma. Declaró, en consecuencia, que esta disposición, al prever para los recurrentes un régimen que difiere del aplicable a los demás funcionarios, no vulnera el principio de no discriminación.
A este respecto, procede recordar que, por principio, el legislador, al adoptar las normas aplicables, en particular, en materia de función pública comunitaria, está obligado a respetar el principio general de igualdad de trato.
Sin embargo, en el presente caso debe señalarse que el legislador, al adoptar el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto, del que se deriva una diferencia de trato entre los funcionarios seleccionados en una misma oposición según se hayan incorporado antes o después de la reforma, no vulneró dicho principio, puesto que el trato diferenciado afecta a funcionarios que no forman parte de una única y misma categoría.
Los recurrentes, como ha señalado el Tribunal de Primera Instancia, no se encuentran, en tanto que funcionarios que se han incorporado después del 1 de mayo de 2004, en la misma situación jurídica que los funcionarios que se hayan incorporado antes de esa fecha, dado que, en el momento en que entró en vigor la reforma, sólo tenían, a diferencia de los funcionarios que ya se habían incorporado, la posibilidad de ser nombrados.
Esta diferencia de trato se basa también en un elemento objetivo e independiente de la voluntad del legislador comunitario como es la fecha de incorporación, que decide la AFPN. Por otro lado, debe añadirse que, al ponderar los intereses de las distintas categorías de funcionarios en el contexto de la introducción gradual del nuevo régimen estatutario, el legislador comunitario podía decidir legítimamente que la incorporación de quienes se encontraran en la situación concreta de los recurrentes debía regirse por lo dispuesto en el nuevo régimen, sin dejar de reconocerles un trato más favorable que el aplicable a los funcionarios que hayan sido seleccionados y se hayan incorporado a raíz de oposiciones celebradas tras el 1 de mayo de 2004.
De estas consideraciones se desprende que, en contra de lo que afirman los recurrentes, el Tribunal de Primera Instancia, por un lado, se pronunció sobre el respeto del principio de igualdad de trato en relación con el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto y, por otro lado, no incurrió en ningún error de Derecho en su apreciación sobre la observancia de este principio.
Además, por lo que respecta a la supuesta discriminación por razón de la edad, invocada por los recurrentes en referencia a la situación de los recurrentes de mayor edad, debe señalarse que, como ha indicado acertadamente el Tribunal de Primera Instancia, los criterios de clasificación en grado expuestos en el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto son manifiestamente ajenos a la edad de los candidatos seleccionados en los concursos de que se trata y, por otro lado, prevén una distinción, dentro de la categoría A, entre el grado de base A*5 (antiguo grado A8) y el grado superior A*6 (antiguo grado A7/A6).
Por lo tanto, procede desestimar los argumentos que los recurrentes basan en la vulneración de los principios de igualdad de trato y de no discriminación, de separación de poderes y de jerarquía de las normas, así como del derecho a la tutela judicial.
Por otro lado, puesto que la sentencia recurrida contiene la suficiente motivación a este respecto, no puede imputarse al Tribunal de Primera Instancia no haber explicado en los fundamentos de dicha sentencia la diferencia entre la apreciación efectuada en el presente asunto y la desarrollada en el asunto en el que recayó la sentencia Ryan/Tribunal de Cuentas, antes citada.
En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia no ha incumplido la obligación de motivación que le incumbe, por lo que debe desestimarse este argumento.
Sobre la vulneración del principio de protección de la confianza legítima y la desnaturalización de las pruebas
— Alegaciones de las partes
En opinión de los recurrentes, al afirmar que la Administración no les había dado ninguna garantía concreta en lo que a su clasificación se refiere, el Tribunal de Primera Instancia vulneró el principio de protección de la confianza legítima y desnaturalizó los documentos obrantes en autos. Señalan que las convocatorias no aludían de modo alguno al procedimiento de modificación del antiguo Estatuto y que toda la documentación escrita disponible en los sitios de Internet se refería a este último, sin que, por otro lado, se proporcionara a cuatro de los recurrentes indicación alguna acerca del nuevo régimen ni en las ofertas de empleo, recibidas antes de la entrada en vigor de la reforma, ni con ocasión del reconocimiento médico previo a la incorporación. La Administración informó a este respecto a la Sra. Fumey el día de su entrada en servicio y a las Sras. Gerhards y Hamilton y al Sr. Millar por un escrito «de modificación» de la oferta de empleo, que recibieron cuatro días antes de su entrada en servicio.
La Comisión y el Consejo afirman que las garantías ofrecidas por una autoridad administrativa no pueden tenerse en cuenta a la hora de apreciar la legalidad de los actos del legislador comunitario. En consecuencia, las alegaciones basadas en los diversos elementos fácticos del recurso de casación son inoperantes en el contexto de la excepción de ilegalidad del artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto. Señalan, además, que las garantías proporcionadas por la Administración que no tengan en cuenta las disposiciones aplicables no pueden generar confianza legítima en las personas a las que se dirigen. En cualquier caso, dichas instituciones afirman que el Tribunal de Primera Instancia tomó en consideración las diferencias entre las situaciones de los distintos recurrentes.
— Apreciación del Tribunal de Justicia
En lo que atañe a la supuesta vulneración del principio de protección de la confianza legítima, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en el apartado 98 de la sentencia recurrida, que los autos no contenían ningún elemento que permitiera a los recurrentes concluir que las instituciones comunitarias les habían dado algún tipo de garantía que pudiera hacerles concebir esperanzas legítimas en el mantenimiento de los antiguos criterios estatutarios de clasificación en grado de los funcionarios en el momento de su incorporación.
Consta que, en el presente caso, algunos de los recurrentes, antes de la adopción de las decisiones controvertidas, recibieron indicaciones de la Administración sobre su clasificación conforme a los criterios indicados en la convocatoria de oposición. Sin embargo, estas indicaciones iban acompañadas de advertencias acerca de la posibilidad de que se les propusiera incorporarse sobre la base de las nuevas disposiciones estatutarias.
Ahora bien, aun cuando se considerase que tales indicaciones constituyen garantías concretas que podían hacer concebir a sus destinatarios una confianza legítima, debe excluirse la posibilidad, también descartada por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 95 de la sentencia recurrida, de que los recurrentes invoquen esta confianza para cuestionar la legalidad de la norma jurídica en la que se basan las decisiones controvertidas. Los particulares no pueden invocar el principio de protección de la confianza legítima para oponerse a la aplicación de una nueva disposición normativa, en particular en un ámbito en el que el legislador dispone de una amplia facultad de apreciación (véase, en particular, la sentencia de 19 de noviembre de 1998, España/Consejo,
C-284/94, Rec. p. I-7309
, apartado 43).
Como ha señalado la Abogado General en el punto 121 de sus conclusiones, los actos de la Administración no pueden limitar el margen de maniobra del legislador ni conformar un parámetro de legalidad al que éste deba adecuarse.
Se deriva de lo anterior que carecen de fundamento los argumentos que los recurrentes basan en la vulneración del principio de protección de la confianza legítima y que son inoperantes los relativos a la desnaturalización de las pruebas.
Sobre la infracción del artículo 31 del Estatuto y la inexistencia de motivación suficiente
— Alegaciones de las partes
Los recurrentes alegan que el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto es contrario al artículo 31 del mismo texto, relativo al derecho de los candidatos a ser nombrados en el grado del grupo de funciones indicado en la convocatoria de la oposición. A este respecto, señalan que las disposiciones transitorias controvertidas tienen, para los recurrentes y la AFPN, efecto definitivo y no transitorio. Afirman que su nombramiento definitivo se establece conforme a disposiciones que se califican de «transitorias» y que la clasificación que se les atribuye en la fecha en la que comienza a surtir efectos su nombramiento afecta a toda su carrera. Señalan, además, que el Tribunal de Primera Instancia no ha explicado las razones que subyacen a la excepción introducida por el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto en las normas transitorias que se aplican a los demás funcionarios.
Según la Comisión, a la hora de calificar una disposición de transitoria o definitiva, debe distinguirse entre, por un lado, la disposición y, por otro, los efectos jurídicos de las decisiones que se adopten sobre la base de aquélla. Han de considerarse transitorias las disposiciones cuyo ámbito de aplicación se limite a situaciones que existan en un momento o durante un período determinado. Sin embargo, los efectos jurídicos de las decisiones que se adopten sobre la base de una disposición transitoria pueden ser efectivamente definitivos. Por lo tanto, el carácter transitorio del artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto es perfectamente compatible con el carácter definitivo de la decisión de clasificación en grado.
El Consejo añade que el mencionado artículo 12, apartado 3, puede establecer excepciones al artículo 31 del Estatuto, habida cuenta de que ambas disposiciones pertenecen al mismo acto legislativo y tienen el mismo rango y de que, por otro lado, la primera norma se refiere a una situación específica, mientras que la segunda establece una regla general. Por consiguiente, el hecho de que el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto constituya una
lex specialis
en relación con el artículo 31 del Estatuto basta para que se excluya cualquier incompatibilidad entre estas dos disposiciones.
— Apreciación del Tribunal de Justicia
A tenor del artículo 31, apartado 1, del Estatuto, los candidatos seleccionados en los procedimientos de selección «serán nombrados en el grado del grupo de funciones especificado en la convocatoria del concurso que hayan superado».
El Tribunal de Primera Instancia, pronunciándose sobre los argumentos basados en la vulneración de esta disposición del Estatuto, declaró primero, en el apartado 109 de la sentencia recurrida, que si bien se deducía necesariamente de esta disposición que los candidatos seleccionados en oposiciones generales deben ser nombrados funcionarios en el grado especificado en la convocatoria de la oposición a raíz de la cual se hayan incorporado, la determinación del nivel de puestos por proveer y de las condiciones de nombramiento de los candidatos seleccionados para esos puestos, a la que la Comisión había procedido dentro del marco de las disposiciones del antiguo Estatuto en el momento en que redactó las convocatorias de oposición en litigio, no podía prolongar sus efectos más allá de la fecha del 1 de mayo de 2004, fijada por el legislador comunitario para la entrada en vigor de la nueva estructura de carreras.
El Tribunal de Primera Instancia precisó, en los apartados 110 a 113 de la sentencia recurrida, que el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto es una disposición transitoria que tiene por única finalidad determinar la clasificación de cierta categoría de funcionarios y que el legislador puede legítimamente adoptar con efectos futuros, en interés del servicio, modificaciones de las disposiciones del Estatuto, aun cuando estas disposiciones modificadas resulten menos favorables que las antiguas.
Estas apreciaciones no adolecen de error de Derecho. Por un lado, el artículo 31, apartado 1, del Estatuto, si bien reconoce, en principio, a los candidatos seleccionados en una oposición el derecho a ser clasificados, en caso de nombramiento, en el grado del grupo de funciones indicado en la convocatoria de la oposición, sólo puede aplicarse si se mantiene inalterada la normativa, puesto que no puede obligar a la AFPN a tomar una decisión que no se ajuste al Estatuto, tal como haya sido modificado por el legislador comunitario, y que, por lo tanto, sea ilegal. Además, con arreglo a lo indicado en los apartados 64 y 65 de la presente sentencia, los recurrentes, en su condición de candidatos seleccionados en oposiciones celebradas antes de la entrada en vigor de la reforma del Estatuto, no pueden invocar ningún derecho adquirido antes de la entrada en vigor del Estatuto a ser nombrados en un grado determinado. Por consiguiente, no es posible invocar el artículo 31 del Estatuto para fundamentar un derecho de este tipo.
Por otro lado, el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto, como disposición transitoria de carácter especial, puede establecer una excepción a la regla general prevista en el artículo 31 del Estatuto para su aplicación a una categoría determinada de funcionarios.
En consecuencia, son infundados los argumentos por los que los recurrentes censuran la presencia de errores de Derecho en la apreciación de la supuesta vulneración de este último artículo y la inexistencia de motivación suficiente.
Sobre la infracción de los artículos 5 y 7 del Estatuto y la inexistencia de motivación suficiente
— Alegaciones de las partes
Los recurrentes afirman que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error al considerar que una disposición transitoria puede establecer excepciones a los artículos 5 y 7 del Estatuto, que consagran el principio de correspondencia entre el grado y el empleo del funcionario. Señalan que el Tribunal de Primera Instancia admitió, de este modo, que una disposición transitoria puede establecer excepciones tanto a cualquier disposición estatutaria como a los principios generales del Derecho.
La Comisión y el Consejo estiman que la interpretación que los recurrentes dan a la sentencia recurrida es errónea, por cuanto atribuye al Tribunal de Primera Instancia la afirmación de que el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto establece una excepción a la regla expuesta en el artículo 7, apartado 1, del Estatuto. De una lectura correcta de dicha sentencia se desprende, por el contrario, que la equivalencia entre el grado y el empleo queda garantizada.
— Apreciación del Tribunal de Justicia
Los argumentos formulados por la Comisión y el Consejo deben considerarse fundados. En contra de lo que alegan los recurrentes, el Tribunal de Primera Instancia no afirmó, en los apartados 126 a 128 de la sentencia recurrida, que el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto supone una excepción a los artículos 5 y 7 del Estatuto, en los que se establece el principio de correspondencia entre el empleo y el grado. Por el contrario, señala, concretamente en los apartados 126 y 131 de la sentencia recurrida, que el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto prevé criterios de aplicación de este principio para los funcionarios que se incorporen durante un período transitorio.
Por lo tanto, debe considerarse que las alegaciones basadas en la infracción de los artículos 5 y 7 del Estatuto y en la inexistencia de motivación suficiente carecen de fundamento.
De todo cuanto antecede se desprende que deben desestimarse los argumentos formulados por los recurrentes para demostrar la presencia de errores de Derecho y la inexistencia de motivación suficiente en la apreciación del Tribunal de Primera Instancia acerca de la excepción de ilegalidad del artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto.
Sobre la vulneración de los principios de igualdad de trato y de no discriminación y sobre la inexistencia de motivación suficiente en la apreciación de la legalidad de las decisiones controvertidas
Alegaciones de las partes
Los recurrentes alegan que, al desestimar los motivos de anulación de las decisiones controvertidas, el Tribunal de Primera Instancia vulneró los principios de igualdad de trato y de no discriminación e incumplió su obligación de motivación, dado que implícitamente consideró ilegales las decisiones relativas a la incorporación de algunos candidatos seleccionados en las mismas oposiciones que aprobaron los recurrentes, adoptadas con carácter prioritario antes del 1 de mayo de 2004, sin declarar que, al reservar a los candidatos seleccionados que se hubieran incorporado antes del 1 de mayo de 2004 un trato diferente que el que se aplica a los recurrentes, la Comisión infringió dichos principios.
La Comisión afirma que los recurrentes interpretan erróneamente la sentencia recurrida.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En la sentencia recurrida, concretamente en sus apartados 150 a 152, el Tribunal de Primera Instancia afirmó, en primer lugar, que la insuficiencia de información previa a los recurrentes no puede por sí misma provocar la ilegalidad de las decisiones controvertidas. En segundo lugar, recordó que, según reiterada jurisprudencia, la legalidad de un acto concreto impugnado ante el juez comunitario debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en la que el acto fue adoptado y que, a este respecto, todas las decisiones controvertidas se adoptaron con arreglo a las nuevas disposiciones imperativas del artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto, cuya ilegalidad no se ha demostrado.
Estas consideraciones, en la medida en que fundamentan la apreciación relativa a las decisiones controvertidas sobre la base legal correcta, en concreto, sobre la normativa vigente en el momento de su adopción (véase la sentencia de 17 de mayo de 2001, IECC/Comisión,
C-449/98 P, Rec. p. I-3875
, apartado 87), no adolecen de error de Derecho y proporcionan la suficiente motivación para la desestimación de las alegaciones formuladas en primera instancia. Por tanto, son inoperantes los argumentos que los recurrentes basan en la vulneración de los principios de igualdad de trato y de no discriminación y carece de fundamento el relativo a la inexistencia de motivación suficiente.
De todo lo anterior se desprende que procede considerar infundado el recurso de casación, que debe ser desestimado.
Costas
A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 118 de este mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. En virtud del artículo 70 de dicho Reglamento, en los litigios entre las Comunidades y sus agentes, las instituciones soportarán los gastos en que hubieren incurrido. Sin embargo, del artículo 122, párrafo segundo, de este Reglamento se deriva que el citado artículo 70 no es aplicable a los recursos de casación interpuestos por un funcionario o cualquier otro agente de una institución contra ésta.
Dado que la Comisión ha solicitado que se condene en costas a los recurrentes y han sido desestimados los motivos invocados por éstos, procede condenarlos en costas.
Con arreglo al artículo 69, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, también aplicable en virtud del artículo 118 de este mismo Reglamento, la parte coadyuvante en el presente litigio soportará sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:

1)
Desestimar el recurso de casación.

2)
Condenar a las Sras. Centeno Mediavilla, Fumey, Gerhards y Hamilton, a los Sres. Hill, Huby, Klein, Lombardi, Millar y Moraitis, a las Sras. Palmer y Robinson, al Sr. Rouxel, a la Sra. Silva Mendes y a los Sres. van den Hul, Von Nordheim Nielsen y Zouridakis al pago de las costas del recurso de casación.

3)
El Consejo de la Unión Europea soportará sus propias costas.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.