CELEX: 62004TJ0288
Funcionarios
Admisibilidad

Funcionarios — Recursos — Reclamación administrativa previa — Plazos
(Estatuto de los Funcionarios, arts. 25, párr. 2, 90 y 91)
La comunicación de la hoja de haberes mensual tiene como efecto hacer correr los plazos de recurso contra una decisión administrativa
cuando la referida hoja ponga claramente de manifiesto la existencia y el alcance de dicha decisión y cuando la decisión de
que se trata tenga un objeto meramente pecuniario que pueda, por su propia naturaleza, verse reflejado en una hoja de esta
índole.
Sin embargo, no es este el caso de una decisión por la que se clasifique definitivamente a un funcionario en grado y escalón,
cuyo objeto principal no es, como tal, de carácter puramente pecuniario, sino que versa sobre un dato esencial de la situación
profesional del funcionario. Una decisión de esta importancia no puede ponerse claramente de manifiesto al leer una simple
hoja de haberes. Esta última constituye un medio inadecuado para informar al interesado acerca de la adopción de una decisión
de esta importancia, y ello tanto más aún cuando ésta no mencione para nada ni el grado ni el escalón. Efectivamente, habida
cuenta de la norma contenida en el artículo 25, párrafo segundo del Estatuto y del principio según el cual la Administración
estará obligada a cerciorarse de que los funcionarios puedan efectivamente y con facilidad tener conocimiento de los actos
administrativos que les afecten individualmente, principio que tiene también su fundamento en el deber de asistencia y protección
que recae sobre las instituciones con respecto a sus funcionarios, un funcionario normalmente diligente y que se repute que
conoce que conozca las normas que regulan su retribución, podrá dar por hecho legítimamente que la decisión por la que se
apruebe su clasificación definitiva en grado y escalón le será comunicada por escrito.
Sin embargo, el hecho de que la Administración no haya cumplido su obligación de comunicar por escrito al funcionario la decisión
de clasificación definitiva que le afecte no dispensa, con todo, a éste de dar pruebas de la mayor diligencia, en particular
cuando se revele que, en realidad, el funcionario no ignoraba que se hubiera dictado con respecto a él una decisión de clasificación
definitiva. Por otra parte, habida cuenta del contexto jurídico y fáctico que regía en el momento de su comunicación, caracterizado
por el hecho de que el funcionario en prácticas sabía que se debía adoptar una decisión de clasificación definitiva con respecto
a él, las hojas de haberes pueden ser aptas para advertir al funcionario de que se ha producido una modificación de su situación
individual, ya que entonces ni la modificación esencial del sueldo base ni tampoco su regularización con carácter retroactivo
pueden pasar razonablemente desapercibidos a una persona que acredite toda la diligencia exigida a un funcionario normalmente
perspicaz. En tal caso, le incumbe informarse ante la Administración, por lo menos, de la causa de tal modificación de su
sueldo base y, llegado el caso, solicitarle el texto completo de la decisión que dio lugar a dicha modificación dentro de
un plazo razonable, con el fin de tener un conocimiento exacto del contenido y de los motivos del acto de que se trata, de
forma que pueda hacer uso de su derecho a presentar una reclamación. En este sentido, no puede considerarse en modo alguno
razonable un plazo de más de cinco meses desde la recepción de las primeras hojas de haberes que ponen de manifiesto una modificación
sustancial del sueldo base, aún cuando el demandante pensara, con la mejor buena fe, que se podría llegar a un acuerdo con
la Administración sin tener que presentar una reclamación, ya que la posible existencia de un acuerdo semejante no dispensa
al funcionario de la obligación de respetar los plazos de reclamación, que son de orden público.
(véanse los apartados 39 a 43 y 47 a 50)
Referencia: Tribunal de Justicia, 23 enero 1997, Coen (C‑246/95, Rec. p. I‑403), apartado 21; Tribunal de Primera Instancia,
16 de marzo de 1993, Blackman/Parlamento (T‑33/89 y T‑74/89, Rec. p. II‑249), apartado 34; Tribunal de Primera Instancia,
24 de abril de 1996, A/Parlamento (T‑6/94, RecFP pp. I‑A‑191 y II‑555), apartado 52; Tribunal de Primera Instancia, 24 de
marzo de 1998, Becret-Danieau y otros/Parlamento (T‑232/97, RecFP pp. I‑A‑157 y II‑495), apartados 31 y 32; Tribunal de Primera
Instancia, 24 de junio de 2004, Österholm/Comisión (T‑190/02, RecFP pp. I‑A‑197 y II‑877), apartado 32; Tribunal de Primera
Instancia, 16 de febrero de 2005, Reggimenti/Parlamento (T‑354/03, RecFP pp. I‑A‑33 y II‑147), apartados 38 y 39; Tribunal
de Primera Instancia, 4 de mayo de 2005, Schmit/Comisión (T‑144/03, RecFP pp. I‑A‑101 y II‑465), apartado 146