CELEX: 61985CJ0254
Montantes compensatorios monetarios
Condiciones de pago

Mediante resolución de 25 de junio de 1985, llegada al Tribunal de Justicia el 16 de agosto siguiente, la Supreme Court de Irlanda planteó, en virtud del artículo 177 del Tratado CEE, cuatro cuestiones prejudiciales que se referían especialmente a la interpretación del Reglamento n
o
974/71 del Consejo, de 12 de mayo de 1971, relativo a determinadas medidas de política coyuntural que deben ser adoptadas en el sector agrícola como consecuencia de la ampliación temporal de los márgenes de fluctuación de las monedas de determinados Estados miembros (
DO L 106, p. 1
), y del Reglamento n
o
1380/75 de la Comisión, de 29 de mayo de 1975, relativo a las formas de aplicación de los montantes compensatorios monetarios (
DO L 139, p. 37
), para determinar si, y en caso afirmativo bajo qué condiciones, la demandante en el asunto principal tiene derecho al pago de los montantes compensatorios monetarios (en lo sucesivo los «MCM») con ocasión de la importación en el Reino Unido de cereales cuya puesta en circulación efectiva en el interior de dicho Estado miembro no ha sido demostrada.
Estas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio pendiente entre la demandante en el asunto principal, la Sociedad en liquidación Irish Grain Board (Trading) Limited, y el Ministro de Agricultura en su calidad de organismo de intervención irlandés, y se refiere a los cereales que la demandante ha vendido a cinco compradores de Irlanda del Norte.
Según aparece en el expediente, las partidas en cuestión fueron transportadas de Irlanda a Irlanda del Norte por transportistas que actuaban por cuenta de los compradores, mientras que los expedientes presentados al organismo de intervención para el pago de los MCM los había preparado la demandante. Estos expedientes incluían, en particular, los ejemplares de control llamados T5 en los que se precisaba que los cereales estaban «destinados al despacho a consumo en Irlanda del Norte».
De acuerdo con un convenio celebrado entre Irlanda y el Reino Unido en aplicación del artículo 2
bis
del citado Reglamento n
o
974/71, correspondía al organismo de intervención irlandés pagar los MCM que debían concederse por el Reino Unido con motivo de la importación en este Estado miembro. El organismo de intervención, al tener serias razones para sospechar que los cereales habían sido reimportados clandestinamente en Irlanda para ser reexportados de nuevo al Reino Unido, abrió una investigación a través de las autoridades aduaneras de Irlanda del Norte. Como estas autoridades no pudieron acreditar que los cereales en cuestión hubieran entrado efectivamente en Irlanda del Norte y hubieran sido allí despachados a consumo, el organismo de intervención denegó el pago de los mencionados MCM.
La demandante interpuso una demanda ante la High Court de Irlanda reclamando el cobro al organismo de intervención. Dicho órgano jurisdiccional consideró que los compradores de Irlanda del Norte, o por lo menos alguno de ellos, eran culpables de tráfico circular fraudulento y de irregularidades en lo que respecta a los cereales vendidos y exportados por la demandante. Sin embargo, la High Court estimó que la actora no era en modo alguno culpable ni estaba al corriente de estas irregularidades y que, por lo tanto, no había perdido su derecho al pago de los MCM por las actuaciones ilícitas de los compradores, sobre los que no tenía ningún poder de control.
El organismo de intervención apeló contra esta resolución ante la Supreme Court, la cual planteó al Tribunal de Justicia las cuestiones siguientes:
1)
¿Tiene derecho un Estado miembro, en el caso en que le corresponda pagar los MCM respecto a mercancías exportadas a otro Estado miembro, en aplicación de los Reglamentos comunitarios correspondientes y del Derecho comunitario que regula el pago de tales MCM (en particular, los artículos 38 a 45 del Tratado CEE, el Reglamento n
o
974/71, modificado, el Reglamento n
o
1380/75, modificado, y el Reglamento n
o
3094/76), a denegar el pago, cuando las mercancías en cuestión no se hayan puesto en circulación en el interior del Estado miembro importador a causa de fraude u otra irregularidad cometida por los compradores de tales mercancías, por más que se hayan cumplido las formalidades aduaneras, se hayan extendido los formularios T5 adecuados y el «exportador» o el «interesado» en el sentido de los mismos Reglamentos, haya actuado en todo momento de buena fe en lo que se refiere a la mencionada transacción?
2)
¿Tiene derecho un Estado miembro, no obstante la presentación de los formularios T5 adecuados o la buena fe del solicitante efectivo, a denegar el pago de MCM reclamados respecto de mercancías exportadas a otro Estado miembro hasta tanto el reclamante presente la prueba de que las correspondientes transacciones se han realizado efectivamente y se han ejecutado de forma regular, de acuerdo con los Reglamentos y el Derecho comunitario?
3)
En caso de que la autoridad competente, a quien incumbe el pago de MCM, no los haya pagado en el plazo de dos meses desde que recibió el expediente completo, so pretexto de haber abierto una investigación administrativa por abrigar dudas sobre tal expediente, el artículo 16 del Reglamento n
o
1380/75 ¿debe interpretarse en el sentido de que obliga a dicha autoridad competente a pagar intereses sobre los MCM y, en caso afirmativo, desde qué fecha y a qué tipo?
4)
Cuando un Estado miembro tiene obligación de realizar una exacción sobre las exportaciones en ejecución del Reglamento n
o
974/71, modificado, y cuando, en ejecución de un acuerdo con otro Estado miembro celebrado en el marco del artículo 2
bis
del mismo Reglamento n
o
974/71, paga los MCM que se conceden a la importación por dicho Estado miembro importador y que son superiores a la exacción, de manera que la cantidad pagada al interesado es aquella en que los MCM exceden de la exacción, el artículo 2
bis
del Reglamento n
o
974/71 y el artículo 8 del Reglamento n
o
1380/75 ¿se deben interpretar en el sentido de que conceden al interesado el derecho a ser pagado en la moneda del Estado miembro importador que concede los MCM?
En lo referente a las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia, la Sala se remite al informe para la vista.
Sobre la primera cuestión
El apartado 2 del artículo 11 del Reglamento n
o
1380/75, ya citado, prevé que el pago del montante compensatorio monetario por el Estado miembro exportador, que debiera ser otorgado por el Estado miembro importador, se condiciona a la presentación de la prueba del cumplimiento de las formalidades aduaneras de importación y de la percepción de los derechos y tasas de efecto equivalente exigibles en el Estado miembro importador. La disposición precisa que esta prueba se realizará mediante la presentación del ejemplar de control T5 en el que ha de especificarse la mención de que el producto en cuestión «está destinado a ser despachado a consumo» en el Estado miembro importador
(traducción no oficial).
Según el artículo 16 de dicho Reglamento, el pago de los MCM se realizará en un plazo de dos meses a partir del día de presentación del expediente completo, salvo, en particular, en los casos en que existan dudas sobre la exactitud del expediente presentado y si la administración ha abierto una investigación.
Estas disposiciones deben interpretarse a la luz del objetivo del régimen de los MCM, que consiste en prevenir las dificultades que la inestabilidad monetaria y, en la situación actual, las diferencias que existen entre los tipos de cambio representativos utilizados en la política agraria común y los tipos de conversión practicados en el mercado pueden oponer al buen funcionamiento de las organizaciones comunes de mercados. Para alcanzar este objetivo, los MCM tienen por función compensar la diferencia eventual entre los dos tipos de cambio entre el Estado miembro importador y el Estado miembro exportador y, en consecuencia, corregir la diferencia entre los niveles de precio en la moneda nacional de ambos Estados miembros.
De ello se sigue que el MCM concedido por la importación sólo puede cumplir su función si el producto importado es despachado efectivamente a consumo en el Estado miembro importador y, por lo tanto, está sujeto a las condiciones de precio que existen en este mercado. Por el contrario si, mediante maniobras fraudulentas, el producto ha sido desviado del destino indicado en el ejemplar de control T5 y reexportado clandestinamente, y por lo tanto sin el pago del MCM que se debe a causa de esta última operación y que tiene la función de compensar el beneficio del MCM concedido a la importación, este MCM ha perdido su razón de ser.
No importa a este respecto que las actuaciones fraudulentas sean obra del importador, puesto que, en virtud de un convenio celebrado de conformidad con el artículo 2
bis
del citado Reglamento n
o
974/71, el MCM a la importación debe pagarse no por el Estado miembro importador sino por el Estado miembro exportador y en beneficio de un exportador de buena fe. Conviene añadir que el exportador tiene la posibilidad de asegurarse, mediante cláusulas contractuales, de que los compradores no desvíen fraudulentamente el producto del destino que aquél indicó en el ejemplar de control T5.
Procede, pues, responder a la primera cuestión prejudicial que las disposiciones comunitarias que rigen el pago de montantes compensatorios monetarios, especialmente los artículos 11 y 16 del Reglamento n
o
1380/75, de 29 de mayo de 1975, deben interpretarse en el sentido de que el Estado miembro exportador que deba pagar los MCM que habrían de ser concedidos por el Estado miembro importador tiene derecho a denegar el pago cuando el producto en cuestión no haya sido despachado a consumo en el Estado miembro importador a causa de un fraude cometido por los compradores de dicho producto, aun cuando se hayan cumplido las formalidades aduaneras, se hayan extendido los formularios T5 adecuados y por más que el «exportador» o el «interesado», en el sentido de los mencionados Reglamentos, hayan actuado en todo momento de buena fe en la citada transacción.
Sobre la segunda cuestión
En su segunda cuestión, la Supreme Court pregunta básicamente si, a pesar de la presentación de los adecuados ejemplares de control T5, el Estado miembro exportador puede denegar al exportador de buena fe el pago del MCM que deba concederse a la importación en otro Estado miembro hasta tanto el propio exportador no presente la prueba de que el producto en cuestión ha sido efectivamente despachado a consumo en el Estado miembro importador.
A este respecto, conviene recordar que, si bien las reglas comunitarias no incluyen ninguna disposición que requiera de manera expresa semejante prueba formal, el artículo 16 del Reglamento n
o
1380/75 establece sin embargo una excepción, tal como se menciona más arriba, al plazo general de pago, en los casos en que existan dudas respecto a la exactitud del expediente presentado y cuando la administración haya abierto una investigación.
Procede subrayar, por una parte, que corresponde a la administración llevar esta investigación con el mayor cuidado posible para disipar las dudas que existan y que, por otra parte, el exportador está obligado a cooperar en la investigación aportando toda la información de que pueda disponer. La cuestión de la carga de la prueba se plantea sólo en el caso en que dicha investigación no permita acreditar el empleo dado al producto en cuestión.
Según el artículo 11 del Reglamento n
o
1380/75, el ejemplar de control T5, sirve como prueba del «cumplimiento de las formalidades aduaneras de importación y de la percepción de los derechos y de las tasas de efecto equivalente exigibles en el Estado miembro importador»
(traducción no oficial).
Si bien dicho documento debe contener la declaración del solicitante especificando que el producto está «destinado a ser despachado a consumo»
(traducción no oficial)
en el Estado miembro importador, no contiene ninguna certificación de las autoridades del Estado miembro importador que acredite que este destino ha sido efectivamente alcanzado. Este hecho es, en efecto, posterior a la certificación que las mencionadas autoridades extienden sobre el documento en el momento del cumplimiento de las formalidades de importación. A este repecto, la disposición de que se trata se distingue de aquellas normas que disponen que el empleo final del producto importado sea también objeto de la certificación extendida sobre el ejemplar de control.
De ahí se sigue que el problema de la prueba de un efectivo despacho a consumo no queda resuelto por la disposición que exige la presentación del ejemplar de control T5 debidamente cumplimentado y certificado por las autoridades del Estado miembro importador.
Como se ha hecho constar anteriormente, el exportador tiene la posibilidad, en su propio interés, de asegurarse de que los compradores no desvíen fraudulentamente el producto del destino que él mismo ha indicado en el ejemplar de control T5. El exportador, por consiguiente, es quien está en la mejor situación para asegurar la prueba del efectivo despacho a consumo del producto. Si, por sospechas serias, fundadas en datos objetivos, la Administración abre una investigación relativa a la existencia de un desvío fraudulento del producto respecto al destino indicado en el ejemplar de control y si dicha investigación, a pesar de los esfuerzos desplegados por la Administración, no disipa las mencionadas sospechas, la Administración tiene derecho a condicionar el pago a la aportación de la prueba del efectivo despacho a consumo.
Por lo tanto, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que, cuando la Administración del Estado miembro exportador, en virtud del artículo 16 del Reglamento n
o
1380/75 y a causa de sospechas serias y fundadas en datos objetivos, haya abierto una investigación sobre la existencia de una desviación fraudulenta del producto respecto al destino indicado en el ejemplar de control, el exportador está obligado a cooperar en dicha investigación aportando toda la información que pueda proporcionar; y si, a pesar de los esfuerzos desplegados por la Administración, la investigación no disipase tales sospechas, el Estado miembro exportador tiene derecho a denegar el pago del MCM que deba ser concedido por el Estado miembro importador, a menos que se aporte la prueba del despacho a consumo efectivo en este último Estado miembro.
Sobre la tercera y cuarta cuestiones
Teniendo en cuenta las respuestas dadas a las dos primeras, ya no es necesario examinar las tercera y cuarta cuestiones que se basan en la hipótesis de que, en las circunstancias indicadas más arriba, el exportador tiene derecho a los MCM sin aportar la prueba del consumo efectivo.
Costas
Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones al Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente planteado ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la Supreme Court de Irlanda mediante resolución de 25 de junio de 1985,
declara que:

1)
Las disposiciones comunitarias que rigen el pago de montantes compensatorios monetarios, especialmente los artículos 11 y 16 del Reglamento n
o
1380/75, de 29 de mayo de 1975, deben interpretarse en el sentido de que el Estado miembro exportador que deba pagar los MCM que habrían de ser concedidos por el Estado miembro importador tiene derecho a denegar el pago cuando el producto en cuestión no haya sido despachado a consumo en el Estado miembro importador a causa de un fraude cometido por los compradores de dicho producto, aun cuando se hayan cumplido las formalidades aduaneras, se hayan extendido los formularios T5 adecuados, y por más que el «exportador» o el «interesado», en el sentido de los mencionados Reglamentos, hayan actuado en todo momento de buena fe en la citada transacción.

2)
Cuando la Administración del Estado miembro exportador, en virtud del artículo 16 del Reglamento n
o
1380/75, y a causa de sospechas serias y fundadas en datos objetivos, haya abierto una investigación sobre la existencia de una desviación fraudulenta del producto respecto al destino indicado en el ejemplar de control, el exportador está obligado a cooperar en dicha investigación aportando toda la información que pueda proporcionar; y si, a pesar de los esfuerzos desplegados por la Administración, la investigación no disipase tales sospechas, el Estado miembro exportador tiene derecho a denegar el pago del MCM que deba ser concedido por el Estado miembro importador, a menos que se aporte la prueba del despacho a consumo efectivo en este último Estado miembro.

Kakouris
O'Higgins
Koopmans
Due
Bahlmann
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, el 11 de noviembre de 1986.
El Secretario
P. Heim
El Presidente de la Sala Sexta
C. Kakouris
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.