CELEX: 61987CJ0349
Seguridad Social
Pensiones de invalidez

Mediante resolución de 6 de octubre de 1987, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de noviembre siguiente, el Sozialgericht Stuttgart planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del apartado 2 del artículo 48 y del artículo 51 del Tratado CEE, así como sobre la interpretación y la validez del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (
DO L 149, p. 2
; EE 05/01, p. 98), con el objeto de apreciar la compatibilidad de la legislación alemana con dichas disposiciones en materia de pensiones de incapacidad profesional o de incapacidad de ganancia.
Dicha cuestión se suscitó en el marco de cuatro litigios entre la Sra. Pougaridoú, la Sra. Paraschi, el Sr. Papanikolaou y el Sr. Portale, por una parte, y el Landesversicherungsanstalt Württemberg (Caja de Seguro Social del Land Württemberg; en lo sucesivo, «demandada en el procedimiento principal»), por haberles denegado esta última la concesión de una pensión de invalidez.
El régimen alemán relativo a la concesión de pensiones de incapacidad profesional o de incapacidad de ganancia fue modificado, a partir del 1 de enero de 1984, mediante la introducción en la Reichsversicherungsordnung (Ley alemana sobre seguros sociales; en los sucesivo, «RVO») de dos nuevas disposiciones, a saber, el apartado 2 del artículo 1246 y el apartado 2 del artículo 1247.
Esta modificación, que ha hecho más rigurosos los requisitos para la concesión de las pensiones de invalidez, puede resumirse en los siguientes términos. Desde el 1 de enero de 1984, las pensiones motivadas por una disminución de la capacidad laboral únicamente se conceden si el asegurado ha ejercido una actividad en régimen de afiliación obligatoria a la Seguridad Social y ha cotizado 36 mensualidades, como mínimo, durante el período de 60 meses anteriores al momento en que surja la invalidez (período de referencia). Para la determinación de este período, no se tienen en cuenta determinados períodos, denominados no computables, taxativamente designados, que se añaden así al período de 60 meses y lo prolongan. Entre estos períodos no computables se incluyen los períodos de interrupción, entre otros, por causa de enfermedad o de desempleo, cuando hayan dado lugar a la concesión de prestaciones o, incluso, en determinadas condiciones, cuando no hayan dado lugar a dichas prestaciones, así como los períodos de incapacidad laboral o de desempleo, en la medida en que no deban ser tenidos en cuenta de otra manera.
Se estableció un régimen transitorio con la finalidad de mantener en vigor, hasta el 31 de diciembre de 1984, los requisitos anteriores para la concesión de pensiones de invalidez siempre que se hubieran satisfecho cotizaciones voluntarias una vez por mes, como mínimo, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1984 y el 31 de diciembre de 1984.
La aplicación de esta normativa a los trabajadores migrantes en Alemania suscitó algunos problemas relativos a la equiparación y a la semejanza de las prestaciones abonadas en virtud del Derecho alemán (que podían prorrogar el período de referencia de 60 meses) con las prestaciones abonadas en virtud del Derecho de otro Estado miembro (que, según las entidades aseguradoras alemanas, no podían prorrogar el período de referencia).
Puesto que algunos de los problemas así planteados en el marco de los cuatro litigios principales habían quedado solucionados como consecuencia de la inserción, mediante el Reglamento (CEE) n° 2332/89 del Consejo, de 18 de julio de 1989 (
DO L 224; p. 1
), del artículo 9
bis
en el Reglamento n° 1408/71, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 1984, el Sozialgericht Stuttgart, mediante resolución de 27 de marzo de 1990, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de abril siguiente, manifestó que la cuestión inicialmente planteada sólo se mantenía en lo que respecta a la Sra. Paraschi.
Consta en autos que la Sra. Paraschi, de nacionalidad helénica, nacida en 1943, ejerció, en Alemania una actividad laboral en régimen de afiliación obligatoria a la Seguridad Social desde 1965 hasta 1979, aunque con algunas interrupciones. En concepto de seguro de pensión cotizó en total 102 mensualidades con arreglo al régimen alemán y 5 mensualidades conforme al régimen helénico. En 1977, la Sra. Paraschi cayó enferma. En julio de 1979 dejó Alemania para retornar a su país de origen donde no pudo seguir trabajando, debido al empeoramiento de su estado de salud, ni tampoco percibir una pensión de invalidez por la corta duración de los períodos de cotización al seguro de pensión helénico.
Dos solicitudes de concesión de una pensión alemana de invalidez, presentadas en 1978 y en 1980, fueron denegadas por la institución competente porque la capacidad laboral de. la Sra. Paraschi no era lo suficientemente reducida como para considerarla inválida con arreglo a la legislación alemana. A raíz de un nuevo empeoramiento de su estado de salud, la Şra. Paraschi presentó, el 16 de mayo de 1985, una tercera solicitud de pensión de invalidez alemana. Esta vez, aunque se comprobó que la Sra. Paraschi no estaba en condiciones de trabajar, al menos temporalmente, por razones de salud, la parte demandada en el procedimiento principal denegó la solicitud porque la interesada no reunía ios requisitos establecidos por las mencionadas disposiciones de la RVO que se habían adoptado entretanto.
La Sra. Paraschi interpuso un recurso ante el Sozialgericht Stuttgart contra la decisión denegatoria de su solicitud.
Con vistas a resoiver este litigio y los otros tres antes citados, el Sozialgericht Stuttgart planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Son compatibles con el apartado 2 del artículo 48 y con el artículo 51 del Tratado CEE las disposiciones del Reglamento (CEE) n° 1408/71 en relación con la letra a) del apartado 2 del artículo 1246 y la letra a) con el apartado 2 del artículo 1247 de la Reichsversicherungsordnung (RVO)?»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Hay que señalar ante todo que, si bien no corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco del artículo 177 del Tratado, pronunciarse sobre la compatibilidad de una disposición nacional con el Tratado, es competente, en cambio, para proporcionar al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos de interpretación relacionados con el Derecho comunitario que puedan permitirle apreciar esta compatibilidad para juzgar el asunto del que conoce (véase, por ejemplo, la sentencia de 18 de junio de 1991, ASBL Piageme,
C-369/89, Rec. p. I-2971, apartado 7
).
En primer lugar, procede comprender la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional en los siguientes términos:
«a)
¿El apartado 2 del artículo 48 y el artículo 51 del Tratado CEE, así como el Reglamento n° 1408/71 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que una legislación nacional haga más rigurosos los requisitos para la concesión de una pensión de invalidez de manera que, en lo sucesivo, esta pensión se conceda únicamente si el asegurado hubiera ejercido una actividad laboral en régimen de afiliación obligatoria a la Seguridad Social y hubiera cotizado 36 mensualidades, como mínimo, durante el período de los 60 meses anteriores al momento en que sobrevenga la invalidez (período de referencia) y que este período, que puede prorrogarse en el supuesto de que, en el Estado miembro de que se trata, sobreviniesen determinados hechos o circunstancias taxativamente enunciados, que hayan dado lugar a que el trabajador interrumpiera el ejercicio de una actividad en régimen de afiliación obligatoria a la Seguridad Social?
b)
En el supuesto de que el Reglamento n° 1408/71 no se oponga a dicha modificación de una legislación nacional, ¿es por ello inválido, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 48 y en el artículo 51 del Tratado CEE?»
Primera cuestión
Con carácter preliminar, procede recordar que, según una reiterada jurisprudencia, el artículo 51 del Tratado y el Reglamento n° 1408/71 prevén únicamente la totalización de los períodos de seguro cubiertos en diferentes Estados miembros y no regulan los requisitos de estos períodos de seguro (sentencia de 28 de febrero de 1989, Schmitt,
29/88, Rec. p. 581
); corresponde a la legislación de cada Estado miembro determinar los requisitos del derecho o de la obligación de afiliación a un régimen de Seguridad Social, siempre que a este respecto no se efectúe discriminación entre los nacionales de un Estado y los de los demás Estados miembros (sentencia de 24 de abril de 1980, Coonan,
110/79, Rec. p. 1445, apartado 12
).
Por consiguiente, el Derecho comunitario no se opone a que el legislador nacional modifique los requisitos para la concesión de una pensión de invalidez, aunque los haga más rigurosos, siempre que éstos no impliquen ninguna discriminación manifiesta o encubierta entre trabajadores comunitarios.
La fijación de un período de referencia anterior al momento en que sobrevenga la invalidez, durante el cual el asegurado debe efectuar un número mínimo de cotizaciones para tener derecho a la concesión de una pensión de invalidez, constituye en sí mismo un criterio objetivo que se aplica del mismo modo a todos los trabajadores comunitarios.
Esta afirmación también es válida en el caso de que el legislador nacional establezca la posibilidad de prorrogar el período de referencia, siempre que las modalidades a las que supedita esta posibilidad no sean discriminatorias.
La Sra. Paraschi señala que modalidades como las establecidas por la RVO pueden ocasionar discriminaciones respecto a los trabajadores migrantes que, después de haber trabajado en el Estado miembro del que depende la institución competente, lo abandonan para regresar a sus países de origen. Estas discriminaciones tienen su origen en la diferente estructura de los regímenes de Seguridad Social de los Estados miembros que hace que determinados hechos o circunstancias prolonguen el período de referencia cuando tienen lugar en el Estado miembro del que depende la institución competente, mientras que, cuando se producen en el Estado de origen del trabajador, no pueden ser tenidos en cuenta a efectos de la prórroga del período de referencia previsto por la legislación del primer Estado miembro.
La Sra. Paraschi se refiere especialmente a los períodos de enfermedad o de desempleo que, cuando se cubren en las condiciones previstas por la legislación alemana, prolongan el período de referencia aunque el trabajador no haya percibido prestaciones de enfermedad o de desempleo, mientras que esta posibilidad no existe cuando el trabajador ha resultado afectado por tales circunstancias en un Estado miembro de origen, como, por ejemplo, Grecia.
En primer lugar, procede destacar que el Reglamento n° 1408/71 no contiene disposiciones que regulen situaciones como la que es objeto del procedimiento principal.
Seguidamente, hay que recordar que, aunque según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia el artículo 51 del Tratado permite que subsistan diferencias entre los regímenes de Seguridad Social de cada Estado miembro y, por consiguiente, en los derechos de las personas que trabajan en ellos (sentencia de 7 de febrero de 1991, Rönfeldt,
C-227/89, Rec. p. I-323, apartado 12
), también se ha reiterado que el objetivo de los artículos 48 a 51 del Tratado no se alcanzaría si, como consecuencia del ejercicio de su derecho a la libre circulación, los trabajadores migrantes perdieran las ventajas de Seguridad Social que les otorga la legislación de un Estado miembro; tal consecuencia podría disuadir al trabajador comunitario de ejercitar su derecho a la libre circulación y constituiría, por lo tanto, un obstáculo a dicha libertad (véase, en último lugar, la sentencia de 7 de marzo de 1991, Masgio,
C-10/90, Rec. p. I-1119, apartado 18
).
Se desprende de la sentencia de 28 de junio de 1978, Kenny (
1/78, Rec. p. 1489
), apartado 17, que esta consecuencia puede producirse si el legislador nacional define los requisitos de adquisición o de conservación del derecho a prestaciones de tal modo que, en realidad, sólo los nacionales del Estado miembro interesado pudiesen reunirloSį o si define los requisitos de supresión o de suspensión de este derecho de tal modo que, en realidad, se cumplan más fácilmente por los nacionales de los demás Estados miembros que por los nacionales del Estado miembro del que depende la institución competente.
Este es el caso de una legislación como la controvertida en el procedimiento principal. En efecto, aunque formalmente se aplique a cualquier trabajador comunitario, que pueda beneficiarse de esta manera de la prórroga del período de referencia, sin embargo, en la medida en que no prevé la posibilidad de prórroga cuando los hechos o circunstancias que corresponden a los que permiten su obtención acontecen en otro Estado miembro, dicha legislación puede perjudicar mucho más a los trabajadores migrantes, puesto que, sobre todo, son ellos quienes tienden a regresar a sus países de origen, especialmente en caso de enfermedad o de desempleo.
Por consiguiente, semejante legislación tiene el efecto de disuadir a los trabajadores migrantes de ejercer su derecho de libre circulación.
Hay que añadir que el establecimiento, por parte del legislador nacional, de un período transitorio que permite mantener, en determinadas circunstancias, la aplicación del régimen en vigor antes de la controvertida modificación legislativa, no modifica en modo alguno lo anteriormente dicho.
Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responder a la primera cuestión que, el apartado 2 del artículo 48 y el artículo 51 del Tratado CEE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que una normativa nacional haga más rigurosos los requisitos para la concesión de una pensión de invalidez, de manera que en lo sucesivo esta pensión se conceda únicamente si el asegurado hubiera ejercido una actitud laboral en régimen de aplicación obligatoria a la Seguridad Social y hubiera cotizado 36 mensualidades, como mínimo, durante el período de los 60 meses anteriores al momento en que sobrevenga la invalidez (período de referencia), pero se oponen a que esta normativa que, en determinadas circunstancias, admite la prórroga del período de referencia, no prevea la posibilidad de prórroga cuando los hechos o circunstancias que corresponden a los que permiten dicha prórroga acontecen en otro Estado miembro.
Segunda cuestión
Habida cuenta de que, como se ha declarado, el Reglamento n° 1408/71 no regula situaciones como la que es objeto del procedimiento principal (apartado 21,
supra),
no procede pronunciarse sobre la segunda cuestión.
Costas
Los gastos efectuados por la Comisión y el Consejo de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Sozialgericht Stuttgart mediante resoluciones de 6 de octubre de 1987 y de 27 de marzo de 1990, declara:

El apartado 2 del artículo 48 y el artículo 51 del Tratado CEE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que una normativa nacional haga más rigurosos los requisitos para la concesión de una pensión de invalidez, de manera que en lo sucesivo esta pensión se conceda únicamente si el asegurado hubiera ejercido una actividad laboral en régimen de afiliación obligatoria a la Seguridad Social y hubiera cotizado 36 mensualidades, como mínimo, durante el período de los 60 meses anteriores al momento en que sobrevenga la invalidez (período de referencia), pero se oponen a que esta normativa que, en determinadas circunstancias, admite la prórroga del período de referencia, no prevea la posibilidad de prórroga cuando los hechos o circunstancias que corresponden a los que permiten dicha prórroga acontecen en otro Estado miembro.

Mancini
O'Higgins
Kakouris
Schockweiller
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 4 de octubre de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Sexta
G.F. Mancini
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.