CELEX: 61988CJ0358
Agricultura
Medidas especiales para los guisantes, habas y haboncillos
Plazo para presentar la solicitud de ayuda

Mediante resolución de 10 de noviembre de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de diciembre siguiente, el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del apartado 1 del artículo 22 del Reglamento n
o
2192/82 de la Comisión, de 6 de agosto de 1982, relativo a las modalidades de aplicación de las medidas especiales para los guisantes, habas y haboncillos (
DO L 233, p. 5
), en su versión modificada por el Reglamento n
o
3322/82 de la Comisión, de 10 de diciembre de 1982 (
DO L 351, p. 27
).
Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio originado por la negativa del Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (en lo sucesivo, «BALM») a conceder a Oberhausener Kraftfutterwerk Wilhelm Hopermann GmbH (en lo sucesivo, «Hopermann») la ayuda prevista en el artículo 3 del Reglamento (CEE) n
o
1431/82 del Consejo, de 18 de mayo de 1982, por el que se prevén medidas especiales para los guisantes, habas y haboncillos (
DO L 162, p. 28
; EE 03/25, p. 170), y correspondiente a determinadas cantidades de guisantes.
La negativa del BALM se basa en el incumplimiento por parte de Hopermann de la obligación prevista en el apartado 1 del artículo 22 del Reglamento n
o
2192/82, en su versión modificada por el Reglamento n
o
3322/82, de presentar la solicitud de ayuda, a más tardar, el primer día laborable siguiente al de presentación de la solicitud de sumisión a control, mientras que en el asunto del procedimiento principal la solicitud de ayuda se presentó varios meses más tarde.
El Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, ante el que Hopermann recurrió contra tal decisión, acordó suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se pronunciara sobre la siguiente cuestión prejudicial:
«El plazo para presentar la solicitud de ayuda, previsto en el apartado 1 del artículo 22 del Reglamento (CEE) n
o
2192/82 de la Comisión, de 6 de agosto de 1982 (
DO L 233, p. 5
) o, en su caso, en el citado artículo 22, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) n
o
3322/82 de la Comisión, de 10 de diciembre de 1982 (
DO L 351, p. 27
), ¿es un plazo de caducidad?»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional nacional desea saber si la concesión de la ayuda prevista en el artículo 3 del Reglamento n
o
1431/82 del Consejo está subordinada al cumplimiento del plazo señalado en el apartado 1 del artículo 22 del Reglamento n
o
2192/82 de la Comisión, modificado por el Reglamento n
o
3322/82.
Hopermann alega, en primer lugar, que el Reglamento (CEE) n
o
2036/82 del Consejo, de 19 de julio de 1982, por el que se adoptan las normas generales relativas a las medidas especiales sobre los guisantes, habas y haboncillos (
DO L 219, p. 1
; EE 03/25, p. 334), y, en particular, su artículo 5, no subordina la concesión de la citada ayuda al cumplimiento de la obligación de presentar la solicitud de ayuda, a más tardar, el primer día laborable siguiente al de solicitud de sumisión a control. Esta obligación tampoco está prevista en el Reglamento n
o
2192/82 de la Comisión, que en el apartado 2 de su artículo 29 contiene la lista exhaustiva de los requisitos a los que se subordina la concesión de la ayuda. Por consiguiente, la presentación fuera de plazo de la solicitud de ayuda sólo puede tener como consecuencia el pago diferido de la ayuda.
Procede recordar que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Comisión está facultada, en el ejercicio de las competencias que le han sido conferidas por el Consejo para la ejecución de una organización común de mercados en el sector agrario, para adoptar todas las modalidades de aplicación necesarias para el buen funcionamiento del régimen de ayuda previsto, siempre y cuando no sean contrarias a la normativa de base o a la normativa de aplicación del Consejo (véase, recientemente, la sentencia de 18 de enero de 1990, Butterabsatz,
C-345/88, Rec. 1990, p. I-159
). El deber de gestión y de control que se impone así a la Comisión implica la facultad de fijar los plazos y de establecer, en caso de incumplimiento, las sanciones adecuadas que pueden suponer incluso la pérdida total del derecho a la ayuda, cuando el cumplimiento de dichos plazos sea necesario para el buen funcionamiento del régimen de que se trate.
A este respecto, hay que señalar que el cumplimiento de la obligación controvertida de presentar la solicitud de ayuda, a más tardar, el primer día laborable siguiente al de la solicitud de sumisión a control, impuesta en el apartado 1 del artículo 22 del Reglamento n
o
2192/82, en su versión modificada por el Reglamento n
o
3322/82, es indispensable para asegurar el buen funcionamiento del sistema de ayudas en cuestión.
En efecto, en la medida en que, en virtud del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento n
o
2036/82, el importe de la ayuda que haya de abonarse será el que sea válido el día en que el interesado presente la solicitud de ayuda, en el caso de que el plazo fijado para dicha presentación no tuviera un carácter imperativo, esto podría inducir a determinados usuarios a esperar un momento más propicio para presentar la solicitud, obteniendo así un beneficio injustificado.
Por lo tanto, aunque el apartado 1 del artículo 22 del Reglamento n
o
2192/82, en su versión modificada por el Reglamento n
o
3322/82, no mencione ni la existencia ni la naturaleza de las sanciones que puedan imponerse en caso de incumplimiento del plazo establecido, hay que considerar que, no obstante, de la finalidad perseguida mediante dicha obligación, resulta que la consecuencia del incumplimiento del plazo citado sólo puede ser la privación del derecho a la ayuda.
Hopermann alega, en segundo lugar, que el incumplimiento de la obligación controvertida no puede poner en peligro el objetivo de la ayuda, consistente en garantizar un precio suficiente a los productores y la venta de leguminosas caras en el mercado nacional. Se trata, pues, de una obligación secundaria, cuyo incumplimiento no puede entrañar automáticamente la privación del derecho a la ayuda, so pena de violar el principio de proporcionalidad.
Procede recordar a este respecto la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, según la cual, para determinar si una disposición de Derecho comunitario es conforme al principio de proporcionalidad, hay que comprobar, en primer lugar, si los medios puestos en práctica para alcanzar el objetivo propuesto están de acuerdo con la importancia de éste y, en segundo lugar, si son necesarios para alcanzarlo (véase, especialmente, la sentencia de 22 de enero de 1986, Denkavit France,
266/84, Rec. 1986, p. 149, apartado 17
).
Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, la obligación de presentar la solicitud de ayuda, a más tardar, el primer día laborable siguiente al de presentación de la solicitud de sumisión a control, impuesta por el apartado 1 del artículo 22 del Reglamento n
o
2192/82, modificado por el Reglamento n
o
3322/82, es indispensable para asegurar el buen funcionamiento del sistema de ayudas establecido.
Por consiguiente, la privación del derecho a la ayuda, inherente al incumplimiento de tal obligación, no es desproporcionada en relación con el objetivo que el legislador comunitario quiso alcanzar.
Procede, pues, responder a la cuestión prejudicial que la concesión de la ayuda prevista en el artículo 3 del Reglamento n
o
1431/82 del Consejo, de 18 de mayo de 1982, por el que se prevén medidas especiales para los guisantes, habas y haboncillos, está subordinada al cumplimiento del plazo establecido por el apartado 1 del artículo 22 del Reglamento n
o
2192/82 de la Comisión, relativo a las modalidades de aplicación de las medidas especiales para los guisantes, habas y haboncillos, en su versión modificada por el Reglamento n
o
3322/82.
Costas
Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main mediante resolución de 10 de noviembre de 1988, declara:

La concesión de la ayuda prevista en el artículo 3 del Reglamento (CEE) n
o
1431/82 del Consejo, de 18 de mayo de 1982, por el que se prevén medidas especiales para los guisantes, habas y haboncillos, está subordinada al cumplimiento del plazo establecido en el apartado 1 del artículo 22 del Reglamento (CEE) n
o
2192/82 de la Comisión, relativo a las modalidades de aplicación de las medidas especiales para los guisantes, habas y haboncillos, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) n
o
3322/82.

Zuleeg
Moitinho de Almeida
Grévisse
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 2 de mayo de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Tercera
M. Zuleeg
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.