CELEX: 61989CJ0356
Seguridad Social de los trabajadores migrantes
Ambito de aplicación material del Reglamento nº 1408/71
Cláusula de residencia

Mediante resolución de 23 de octubre de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de noviembre siguiente, el Social Security Commissioner planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de los artículos 4 y 10 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, sobre la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión codificada por el Reglamento (CEE) n° 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983 (
DO L 230, p. 6
; EE 05/03, p. 53).
Estas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre el Sr. Roger Stanton Newton y el Chief Adjudication Officer, consecuencia de la negativa de este último a seguir pagando al Sr. Newton una prestación en favor de disminuidos, denominada «asignación de movilidad» («mobility allowance»), prevista en la normativa del Reino Unido.
De nacionalidad británica, el Sr. Newton desempeñaba en Francia una actividad como trabajador por cuenta propia cuando fue víctima de un accidente de circulación, acaecido el 12 de diciembre de 1980. Como consecuencia de este accidente, el Sr. Newton está aquejado de una tetraplejia completa.
Al volver al Reino Unido, el Sr. Newton solicitó, el 4 de marzo de 1981, que se le concediera la asignación de movilidad,
Con arreglo al apartado 1 del artículo 37 A del Social Security Act 1975 (Ley de 1975 sobre la Seguridad Social) y al apartado 1 del artículo 2 de las Mobility Allowance Regulations 1975 (Reglamentos de 1975 sobre la asignación de movilidad), esta asignación se concede a toda persona que padezca una incapacidad física que le produzca una imposibilidad total o prácticamente total de andar, siempre que esta persona haya residido en Gran Bretaña durante un determinado período, se encuentre allí permanentemente y tenga en este país su residencia habitual. La asignación de movilidad constituye una prestación semanal pagadera en metálico, de importe fijo y que no está en función de los recursos del beneficiario.
Al Sr. Newton le fue concedida la asignación de movilidad. El 4 de abril de 1984, se estableció en Francia con carácter permanente. Como consecuencia, el Adjudication Officer le informó de que ya no tenía derecho a asignación de movilidad por haber dejado de cumplir los requisitos de residencia y de permanencia en Gran Bretaña, exigidos por la normativa nacional.
El Sr. Newton recurrió contra esta resolución. Ante el Social Security Commissioner, alegó, especialmente, que la asignación de movilidad constituía una prestación de invalidez contemplada en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento n° 1408/71, antes citado, y que, conforme al apartado 1 del artículo 10 de este Reglamento, no podía retirársele la citada asignación por haber trasladado su residencia a Francia.
Ante esta situación, el órgano jurisdiccional nacional decidió suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se pronunciara sobre las cuestiones prejudiciales siguientes:
«En el caso de un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia que haya adquirido, únicamente al amparo de la legislación del Reino Unido, el derecho a una asignación de movilidad con arreglo al artículo 37 A de la Social Security Act 1975, pero que no tenga derecho a cualquier otra prestación al amparo de la legislación del Reino Unido:
a)
¿Constituye la asignación de movilidad una prestación comprendida dentro del ámbito de aplicación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, sin estar excluida, con arreglo al apartado 4 del artículo 4?
b)
En caso afirmativo, ¿puede dicha persona seguir recibiendo la asignación de movilidad, en virtud del artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, mientras resida en otro Estado miembro?»
Para una más amplia exposición de los hechos del asunto principal, de la normativa nacional, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas al Tribunal de Justicia, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Primera cuestión
Debe recordarse, en primer lugar, que, en el marco del artículo 177 del Tratado CEE, no corresponde al Tribunal de Justicia aplicar las normas de Derecho comunitario a un supuesto determinado y, por consiguiente, calificar una disposición de Derecho nacional con respecto a tales normas. Puede, sin embargo, a partir de los datos que constan en autos, proporcionar al órgano jurisdiccional nacional los elementos de interpretación del Derecho comunitario que puedan serle de utilidad para apreciar los efectos de esta disposición.
Con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento n° 1408/71, este Reglamento se aplicará a todas las legislaciones relativas a las ramas de Seguridad Social relacionadas con las prestaciones de invalidez, comprendidas las destinadas a mantener o mejorar la capacidad de ganancia. Por su parte, el apartado 4 del artículo 4 del Reglamento n° 1408/71 dispone que éste no se aplicará a la asistencia social y médica.
Como ha señalado este Tribunal de Justicia en repetidas ocasiones, si bien puede desearse que, desde el punto de vista de la aplicación de la normativa comunitaria en materia de Seguridad Social, se establezca una clara diferencia entre los regímenes legislativos que pertenecen, respectivamente, a la Seguridad Social y a la asistencia social, no puede excluirse la posibilidad de que una legislación nacional se vincule simultáneamente a una y otra de ambas categorías, en razón de su ámbito de aplicación personal, de sus objetivos y de sus modalidades de aplicación (véase, especialmente, la sentencia de 24 de febrero de 1987, Giletti, asuntos acumulados
379/85, 380/85, 381/85 y 93/86, Rec. p. 955
), apartado 9.
A este respecto, si bien, por algunas de sus características, una legislación como la que ha dado origen al asunto principal se asemeja a la asistencia social, especialmente por el hecho de que la concesión de la prestación que prevé es independiente del cumplimiento de unos determinados períodos de actividad profesional, de afiliación o de cotización, sin embargo, en determinadas circunstancias, se aproxima a la Seguridad Social.
Habida cuenta de la amplia definición del círculo de los beneficiarios de la citada prestación, esta legislación cumple, en realidad, un doble cometido. Por una parte, pretende garantizar una renta mínima a los disminuidos que estén totalmente excluidos del sistema de la Seguridad Social. Por otra parte, garantiza una renta complementaria a los beneficiarios de prestaciones de Seguridad Social aquejados de una dolencia física que afecte a su capacidad para desplazarse.
Por consiguiente, en lo relativo a un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia que, debido a una actividad profesional anterior, ya esté incluido en el sistema de Seguridad Social del Estado cuya legislación se invoca, debe considerarse que esta misma legislación forma parte del ámbito de la Seguridad Social, a efectos del artículo 51 del Tratado y de la normativa adoptada para la aplicación de esta disposición, mientras que podría escapar a esta calificación en relación con otras categorías de beneficiarios.
En particular, una legislación de un Estado miembro, como la que ha dado origen al asunto principal, no puede considerarse comprendida dentro del ámbito de la Seguridad Social, a efectos del artículo 51 del Tratado y del Reglamento n° 1408/71, respecto a aquellas personas que han estado sometidas exclusivamente a la legislación de otros Estados miembros, en calidad de trabajadores por cuenta propia o por cuenta ajena.
Efectivamente, en el supuesto de que, en relación con estas personas, tal legislación se considerara comprendida dentro del ámbito de la Seguridad Social, a efectos del artículo 51 del Tratado y del Reglamento n° 1408/71, podría verse gravemente afectado el equilibrio del sistema creado por las legislaciones nacionales mediante las que los Estados miembros dan prueba de su interés y preocupación hacia las personas disminuidas que residen en su territorio.
Ahora bien, el Reglamento n° 1408/71 no ha organizado un régimen común de Seguridad Social, sino que establece unas normas de coordinación de los distintos regímenes nacionales de Seguridad Social con el fin de garantizar la libre circulación de trabajadores. Por consiguiente, si bien las disposiciones contenidas en este Reglamento deben ser interpretadas de forma que quede asegurada la realización de este objetivo, no pueden ser interpretadas de tal manera que perturben el sistema creado por legislaciones nacionales como la que ha dado origen al asunto principal.
Procede, pues, responder a la primera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional, declarando que, respecto a las personas que estén o hayan estado sometidas, en calidad de trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, a la legislación de un Estado miembro, una asignación, prevista por la legislación de dicho Estado miembro, que se concede, en función de criterios objetivos, a las personas aquejadas de una dolencia física que afecte a su capacidad para desplazarse, y a cuya concesión tengan los interesados un derecho legalmente protegido, debe asimilarse a una prestación de invalidez, a efectos de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento n° 1408/71.
Segunda cuestión
El párrafo primero del apartado 1 del artículo 10 del Reglamento n° 1408/71 dispone:
«A menos que el presente Reglamento disponga otra cosa, las prestaciones en metálico de invalidez, [...] [adquiridas] en virtud de la legislación de uno o de varios Estados miembros, no podrán ser objeto de ninguna reducción, modificación, suspensión, supresión o confiscación por el hecho de que el beneficiario resida en el territorio de un Estado miembro distinto de aquél en que se encuentra la institución deudora.»
Debe observarse que el Reglamento n° 1408/71 no contiene ninguna disposición en virtud de la cual las prestaciones de invalidez en metálico pudieran ser suprimidas por el hecho de residir el beneficiario en el territorio de un Estado miembro distinto de aquél en que se encuentra la institución deudora.
El Gobierno del Reino Unido alega que los requisitos de residencia a los que la legislación nacional subordina el pago de la citada asignación constituyen requisitos de adquisición del derecho, que deben cumplirse durante todo el período por el cual se solicita la asignación. Ahora bien, considera que la supresión de las cláusulas de residencia, prevista en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 10 del Reglamento n° 1408/71, no incluye los requisitos de residencia impuestos como requisitos de adquisición del derecho a una prestación.
A este respecto, basta con recordar que, corno declaró el Tribunal de Justicia en su sentencia de 24 de febrero de 1987, Giletti, antes citada, el artículo 10 del Reglamento n° 1408/71 se opone a que tanto la adquisición corno la conservación del derecho a las prestaciones contempladas por esta disposición puedan denegarse por la sola razón de que el interesado no resida en el territorio del Estado miembro en que se encuentra la institución deudora.
Procede, pues, responder a la segunda cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional que, cuando una asignación en favor de disminuidos constituya una prestación de invalidez, a efectos de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento n° 1408/71, el artículo 10 de dicho Reglamento se opone a la supresión de dicha prestación por el mero hecho de que el beneficiario resida en el territorio de un Estado miembro distinto de aquél en que se encuentra la institución deudora.
Costas
Los gastos efectuados por los Gobiernos del Reino Unido, del Reino de Bélgica y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Social Security Commissioner mediante resolución de 23 de octubre de 1989, declara:

1)
Respecto a las personas que estén o hayan estado sometidas, en calidad de trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, a la legislación de un Estado miembro, una asignación prevista por la legislación de dicho Estado miembro, que se concede, en función de criterios objetivos, a las personas aquejadas de una dolencia física que afecte a su capacidad para desplazarse, y a cuya concesión tengan los interesados un derecho legalmente protegido, debe asimilarse a una prestación de invalidez, a efectos de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión codificada por el Reglamento (CEE) n° 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983.

2)
Cuando una asignación en favor de disminuidos constituya una prestación de invalidez, a efectos de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento n° 1408/71, el artículo 10 de dicho Reglamento se opone a la supresión de dicha prestación por el mero hecho de que el beneficiario resida en el territorio de un Estado miembro distinto de aquél en que se encuentra la institución deudora.

Mancini
O'Higgins
Kakouris
Schockweiler
Kapteyn.
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 20 de junio de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Sexta
G.F. Mancini
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglis.