CELEX: 61983CJ0169
Funcionarios
Responsabilidad de las Instituciones en caso de accidente de trabajo

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 23 de mayo de 1984 (asunto 136/84), el Sr. Leussink, funcionario de grado B 1 de la Comisión, interpuso, con arreglo al artículo 179 del Tratado CEE, un recurso que tiene por objeto fundamentalmente obtener la asignación de una suma de 5 millones de BFR, aumentada con los intereses de demora a un tipo del 12 % anual a contar desde el 5 de abril de 1983 y hasta la fecha del pago, en reparación del perjuicio moral sufrido a causa de un accidente de trabajo.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 2 de agosto de 1983 (asunto 169/83), la Sra. Brummelhuis, esposa del Sr. Leussink, y las cuatro hijas de ambos, Monica, Mirjam, Merchteld y Maud Leussink, representadas las tres últimas legalmente por sus padres, interpusieron, en virtud de los artículos 178 y 215, párrafo 2, del Tratado, un recurso que tiene por objeto fundamentalmente obtener la asignación de las sumas de 3.millones de FB para la Sra. Brummelhuis y de 1 millón de FB para cada una de las hijas, cantidades aumentadas con los intereses de demora a un tipo del 12 % anual a contar desde el 5 de abril de 1983 y hasta la fecha del pago, en reparación del perjuicio moral por ellas sufrido a consecuencia del accidente antes mencionado.
El Tribunal de Justicia ordenó la acumulación de los dos asuntos a los efectos de la fase oral del procedimiento y de la sentencia.
El 7 de abril de 1978, el Sr. Leussink fue víctima de un accidente de tráfico en la República Federal de Alemania, cuando se encontraba en misión y viajaba en un automóvil perteneciente a la Comisión conducido por un funcionario de la misma. El Sr. Leussink resultó gravemente herido y sufre numerosas secuelas de carácter permanente. No obstante, le ha sido posible reanudar el ejercicio de sus funciones en la Comisión.
El Comité médico, establecido en virtud de los artículos 21 a 23 de la reglamentación relativa al seguro de los riesgos de enfermedad profesional y de accidente de los funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «la reglamentación»), llegó a la conclusión de que la invalidez permanente ocasionada por el accidente debía quedar fijada con un grado del 75 %, incluida una fracción del 10 % por el perjuicio psicológico y moral. Conforme a esta conclusión, el Sr. Leussink recibió la suma de 7254042 BFR en virtud del seguro contra los riesgos de accidente previsto por el artículo 73 del Estatuto y por la reglamentación.
El Sr. Leussink alega que dicha indemnización sólo cubre las consecuencias económicas del accidente y no el perjuicio moral del mismo. A este respecto, subraya que, en el plano profesional, ha abandonado toda esperanza de promoción, y que vive con el temor permanente de no estar en todo momento a la altura de la tarea que se le exige. En el plano privado, sus relaciones con su mujer, con sus hijas y con sus amigos han quedado definitivamente perturbadas. Además, ya nunca podrá practicar ningún deporte ni disfrutar de los placeres de la vida cotidiana.
La Sra. Brummelhuis y las cuatro hijas solicitan la reparación del perjuicio moral que han sufrido por el hecho de que su esposo y padre, respectivamente, haya cambiado de carácter y de personalidad a consecuencia del accidente, lo que ha perturbado profundamente las relaciones familiares.
La Comisión sostiene, en primer lugar, que la cobertura de los riesgos de accidente prevista por el artículo 73 del Estatuto y por la reglamentación constituye un régimen de indemnización exhaustivo, que excluye cualquier reivindicación de Derecho común. En segundo lugar, la Comisión declina toda responsabilidad por el accidente y pone en duda la gravedad de los perjuicios alegados, así como el vínculo causal entre el accidente y dichos perjuicios.
Por lo que se refiere a los antecedentes de hecho del asunto y a la argumentación detallada de las partes, el Tribunal se remite a su exposición en el informe para la vista.
Sobre la relación entre la cobertura del Estatuto y la solicitud de una indemnización complementaria en virtud del Derecho común
Es conveniente examinar, en primer lugar, si la cobertura de los riesgos de accidente prevista por el artíuclo 73 del Estatuto y por la reglamentación constituye un régimen de indemnización exhaustivo que, en caso de accidente de trabajo, excluye, tal como pretende la Comisión, la posibilidad de una reclamación por daños y perjuicios basada en los principios del Derecho común.
La cobertura mencionada se basa en un régimen general del seguro contributivo contra los riesgos de accidente durante y fuera del servicio. El derecho a recibir la prestación es independiente del autor del accidente y de la responsabilidad en la que el mismo haya incurrido. Las prestaciones son a tanto alzado, calculadas en función del grado de invalidez y del sueldo base del funcionario. La reglamentación contiene disposiciones relativas a los recursos contra un tercero responsable. A este respecto, prevé que el funcionario subrogará a las Comunidades en sus derechos y acciones contra dicho tercero responsable, aunque concede al funcionario un derecho de preferencia sobre las cantidades cuya suma a las prestaciones entregadas por las Comunidades sea necesaria para garantizar, en su caso, la total reparación del perjuicio. Por el contrario, la reglamentación no contiene ninguna disposición relativa a las demandas complementarias contra la institución.
El derecho de preferencia concedido al funcionario en caso de que el accidente haya sido provocado por un tercero responsable demuestra que no se considera que las prestaciones del régimen garanticen la total reparación en todos los casos. Por otra parte, esto se deduce del hecho de que se trate de prestaciones a tanto alzado calculadas principalmente en función del sueldo del funcionario. Este método de cálculo resulta claramente inadecuado cuando se trata de un perjuicio que no guarda relación con la vida profesional de la víctima.
En estas circunstancias, y en ausencia de toda disposición expresa en la reglamentación, no se puede alegar esta última para negar el derecho del funcionario y de sus derecho habientes a solicitar una indemnización complementaria en caso de que la institución sea la responsable del accidente, según el Derecho común, y de que las prestaciones del régimen estatutario sean insuficientes para garantizar la total reparación del perjuicio sufrido.
Es conveniente por tanto examinar, en segundo lugar, si la Comisión debe ser considerada responsable del accidente y, en ese caso, por un lado, si las prestaciones del Estatuto son insuficientes para garantizar la total reparación del perjuicio y, por otro, si el vínculo causal queda suficientemente probado conforme a Derecho.
Sobre la responsabilidad de la Comisión
El argumento de la Comisión, según el cual la eventual responsabilidad debe ser examinada de conformidad con el Derecho alemán aplicable a los accidentes de tráfico en carretera en calidad de
lex loci delicti commissi,
no puede ser aceptado, ya que el reurrente se encontraba en misión, autorizada por la Comisión, y viajaba en un automóvil que pertenecía a la Comisión y que era conducido igualmente por un funcionario de la Comisión. Se trata, por tanto, de un accidente de trabajo y es necesario examinar si la Comisión ha actuado sin la diligencia que le corresponde como empleador en cuanto a la inspección, mantenimiento y utilización del automóvil de servicio.
Se deduce del informe técnico pericial, realizado a petición del Ministerio Fiscal alemán, que el accidente se debió al desprendimiento de la banda de rodadura de un neumático. El informe señala varias causas posibles para ello, algunas de las cuales podrían ser consecuencia de defectos en el mantenimiento o en la inspección del automóvil o de una negligencia en su utilización. La Comisión no ha aportado ninguna prueba que permita al Tribunal de Justicia establecer a cuál de las posibles causas debe atribuirse el desprendimiento de la banda de rodadura.
Dado que la Comisión se encontraba en la mejor situación para aportar pruebas a este respecto, dicha incertidumbre debe serle imputada. Es necesario, por tanto, aceptar la tesis de los demandantes según la cual el accidente se debió a una negligencia capaz de comprometer la responsabilidad de la Comisión.
Sobre el daño y el vínculo causal
Las informaciones presentadas al Tribunal de Justicia permiten a éste apreciar que las heridas extremadamente graves sufridas por el Sr. Leussink tuvieron consecuencias de carácter no económico, principalmente por lo que se refiere a sus relaciones familiares y sociales. Tales consecuencias constituyen un perjuicio moral que da derecho a recibir una indemnización. Ningún elemento del expediente permite poner en duda el vínculo causal entre el accidente y dicho perjuicio. Por lo que atañe a la demanda del Sr. Leussink, queda por tanto solamente por examinar si las prestaciones concedidas en virtud del régimen del Estatuto constituyen una indemnización apropiada y, si la respuesta es afirmativa, en qué medida.
Tal como declaró el Tribunal de Justicia en su sentencia de 2 de octubre de 1979 (Srta. B. contra Comisión,
152/77, Rec. 1979, p. 2819
), es necesario tener en cuenta las consecuencias de carácter psicológico y moral para determinar el grado de invalidez en virtud del régimen del Estatuto. El desglose del grado de invalidez del 75 % demuestra que tal fue efectivamente el caso en el presente asunto. Además de los porcentajes fijados por los problemas en oído, olfato y gusto, se fijó un 10 % por el perjuicio psicológico y moral. Dicho 10 % corresponde a una indemnización de casi 1 millón de BFR.
Habida cuenta de la extrema gravedad de las consecuencias no económicas que entrañó el accidente para el Sr. Leussink, el Tribunal de Justicia considera justo concederle una indemnización complementaria de 2 millones de BFR y ajustar dicha suma con un interés del 8 % anual a partir de la interposición del recurso, es decir, del 23 de mayo de 1984.
Por lo que se refiere al recurso de la esposa y de las hijas del Sr. Leussink, dirigido a obtener la indemnización de las consecuencias del accidente para la vida familiar, procede reconocer que la familia sufrió igualmente a causa del accidente y de las secuelas, sobre todo de carácter psicológico, que de él se derivaron para el Sr. Leussink. Así se deduce, principalmente, de los certificados médicos y de los informes escolares presentados por las hijas.
Aun cuando no se puede dudar de la existencia de dichas consecuencias ni de su vínculo causal con el accidente, es necesario, no obstante, advertir que las mismas no figuran entre las secuelas de las que se puede responsabilizar a la Comisión como empleador, lo que además queda confirmado por el hecho de que la mayor parte de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros no prevén la indemnización de tales consecuencias.
De ello se deduce que el recurso interpuesto por la Sra. Brummelhuis y por Monica, Mirjam, Mechteld y Maud Leussink debe ser desestimado.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados en lo fundamental los motivos formulados por la Comisión en el asunto 136/84, procede condenarla en costas por lo que se refiere a dicho asunto.
Por lo que se refiere al asunto 169/83, hay que recordar que, según el párrafo 1 del apartado 3 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal podrá repartir el pago de las costas parcialmente o en su totalidad en circunstancias excepcionales. Aun cuando este recurso fue interpuesto con arreglo al artículo 178 del Tratado CEE, el litigio tiene su origen en la relación entre el funcionario y la institución. Procede, por consiguiente, utilizar el principio establecido en el artículo 70 de dicho Reglamento, según el cual irán a cargo de las instituciones los gastos en que hubieren incurrido en los asuntos de funcionarios. En consecuencia, cada parte deberá cargar con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
decide:

1)
Condenar a la Comisión a pagar al Sr. Gerhardus Leussink la suma de 2 millones de BFR acompañada de los intereses a un tipo del 8 % anual a partir del 23 de mayo de 1984.

2)
Desestimar los recursos interpuestos por la Sra. Brummelhuis, esposa del Sr. Leussink, y por Monica, Mirjam, Mechteld y Maud Leussink.

3)
Condenar en costas a la Comisión en el asunto 136/84.

4)
En el asunto 169/83, cada parte cargará con sus propias costas.

O'Higgins
Due
Bahlmann
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, el 8 de octubre de 1986.
El Secretario
P. Heim
El Presidente de la Sala Segunda
T. F. O'Higgins
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.