CELEX: 61988CJ0064
Pesca
Obligaciones de control a cargo de los Estados miembros

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 29 de febrero de 1988, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 2057/82 del Consejo, de 29 de junio de 1982, por el que se establecen ciertas medidas de control respecto a las actividades pesqueras ejercidas por los barcos de los Estados miembros (
DO L 220, p. 1
; EE 04/01, p. 230), y en virtud del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 2241/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, por el que se establecen ciertas medidas de control respecto a las actividades pesqueras (
DO L 207, p. 1
), al no establecer un control que garantice el respeto de las medidas técnicas comunitarias para la conservación de los recursos pesqueros, previstas por los Reglamentos (CEE) n° 171/83 del Consejo, de 25 de enero de 1983 (
DO L 24, p. 14
; EE 04/02, p. 69), y (CEE) n° 3094/86 del Consejo, de 7 de octubre de 1986 (
DO L 288, p. 1
).
Mediante el mencionado Reglamento n° 2057/82 (en lo sucesivo, «primer Reglamento sobre el control»), el Consejo estableció determinadas medidas de control respecto a las actividades pesqueras ejercidas por los barcos de los Estados miembros. Dicho Reglamento fue derogado y sustituido por el citado Reglamento n° 2241/87 (en lo sucesivo, «segundo Reglamento sobre el control»).
El artículo 1 de ambos Reglamentos sobre el control impone dos obligaciones a los Estados miembros. En virtud de la primera, que tiene carácter preventivo, cada Estado miembro debe inspeccionar, tanto dentro de los puertos situados en su territorio como en las aguas marítimas sometidas a su soberanía o a su jurisdicción, los barcos de pesca que lleven su bandera o que lleven bandera de cualquier otro Estado miembro. En virtud de la segunda obligación, que tiene carácter represivo, se exige a los Estados miembros ejercitar, en caso de infracción de las medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros, acciones penales o administrativas contra el capitán del barco de que se trate.
Estas medidas técnicas, que se refieren sobre todo al mallado de las redes, a la fijación de dispositivos en las redes, a las capturas accesorias y al tamaño mínimo del pescado, fueron definidas en primer lugar por el mencionado Reglamento n° 171/83 (en lo sucesivo, «primer Reglamento sobre las medidas de conservación»), y luego por el mencionado Reglamento n° 3094/86 (en lo sucesivo, «segundo Reglamento sobre las medidas de conservación»), que sustituyó al primer Reglamento sobre las medidas de conservación a partir del 1 de enero de 1987.
Según la Comisión, el Gobierno francés no cumplió, de 1984 a 1987, sus obligaciones de inspeccionar y de incoar procedimientos para hacer que se apliquen las referidas medidas de conservación.
Para una más amplia exposición de los hechos, del desarrollo del procedimiento, así como de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Para demostrar el incumplimiento, la Comisión se basó, especialmente, en los informes de misión redactados por los funcionarios designados por ella para asistir, de 1984 a 1987, a las operaciones de inspección organizadas por las autoridades francesas. En su réplica, indicó que tenía dichos informes a disposición del Tribunal de Justicia, señalando que era esencial preservar el carácter confidencial de algunas informaciones contenidas en ellos, a efectos de garantizar la eficacia de la acción futura de sus inspectores y de proteger los derechos de los terceros que se mencionen en esos informes.
Al concluir la fase escrita, este Tribunal de Justicia instó a la Comisión a que le presentara un documento del que hubieran sido eliminadas las menciones de nombres, y que indicara, según las medidas técnicas de conservación de que se tratase, las pruebas que demostraban que el Gobierno francés no había cumplido totalmente sus obligaciones de control durante el período considerado.
La Comisión presentó un resumen de dichos informes de misión en el que no figuran ni el nombre de las personas afectadas, ni la fecha y lugar de las inspecciones. Un cuadro que se adjunta a dicho documento muestra que éste se refiere a 73 misiones, efectuadas en 26 puertos.
En sus observaciones, el Gobierno francés mantuvo que dicho documento no puede ser utilizado como prueba de un posible incumplimiento. Según él, al no indicarse la fecha y el lugar de las inspecciones, no puede verificar los hechos comprobados por los inspectores de la Comisión, ni las conclusiones que sacaron de los mismos.
El argumento del Gobierno francés no puede acogerse. Por un lado, de su duplica se desprende que permitió que se presentaran informes en los que no hubiese menciones que hicieran posible la identificación de sus agentes. Por otro lado, dado que el apartado 4 del artículo 12 de ambos Reglamentos sobre el control prevé que las inspecciones comunitarias se efectúen en el marco de las misiones de control nacionales, el Gobierno francés dispone, para las referidas misiones, de informes elaborados por sus propios servicios. Por lo tanto, le es posible impugnar la exactitud de las comprobaciones de los inspectores de la Comisión y, en especial, demostrar que sus agentes aplicaron medidas de control en lo que respecta a las medidas de conservación de que se trata.
Sobre la obligación de inspección
a) El mallado mínimo
Los artículos 2, 3 y 4 del primer Reglamento sobre las medidas de conservación, así como el artículo 2 del segundo Reglamento sobre las medidas de conservación, prevén, en esencia, que los pescadores no deben utilizar redes cuyo mallado sea inferior a las normas fijadas por dichos Reglamentos.
A este respecto, debe señalarse que, durante el procedimiento administrativo previo, el Gobierno francés reconoció ciertas omisiones en materia de control. En efecto, de un escrito que el secrétariat d'Etat chargé de la mer dirigió a la Comisión el 28 de mayo de 1985 resulta que el control de las redes efectuado por las autoridades nacionales se basaba, hasta 1985, en normas menos estrictas que las normas comunitarias en vigor.
Los informes de los inspectores de la Comisión revelan también omisiones en el control durante los años 1986 y 1987. Por una parte, las autoridades nacionales no disponían de los calibradores previstos por la normativa comunitaria para medir las redes, o utilizaban calibradores no conformes a dicha normativa. Por otra parte, aplicaban normas nacionales menos severas que las fijadas por la normativa comunitaria.
Procede, por tanto, hacer constar la insuficiencia de los controles en materia de mallado.
b) Fijación de dispositivos en las redes
El artículo 7 del primer Reglamento sobre las medidas de conservación dispone que no puede utilizarse ningún dispositivo que permita obstruir las mallas de una parte cualquiera de una red o reducir sus dimensiones.
A este respecto, basta con señalar que diferentes informes de los inspectores de la Comisión relativos a las misiones que efectuaron éstos en 1984 y 1985 indican que las autoridades nacionales se abstuvieron de adoptar medida alguna cuando los arrastreros estaban equipados con redes que llevaban dispositivos prohibidos por la normativa comunitaria. La insuficiencia de controles también debe hacerse constar sobre este punto.
c) Las capturas accesorias
Básicamente, los artículos 8 a 10 del primer Reglamento sobre las medidas de conservación y el artículo 2 del segundo Reglamento sobre las medidas de conservación prohiben a los pescadores poner en venta capturas que no tengan el tamaño mínimo exigido, salvo si éstas representan sólo un porcentaje limitado de su pesca.
A este respecto, de los informes de los inspectores de la Comisión de 1985 y 1987 resulta que las autoridades nacionales no confiscaron siempre las capturas accesorias excesivas (de merluzas que no tuviesen el tamaño prescrito) efectuadas en el marco de la pesca de la cigala. De ello se deduce que el Gobierno francés incumplió también sus obligaciones de control en materia de capturas accesorias.
d) El tamaño mínimo
El artículo 11 del primer Reglamento sobre las medidas de conservación y el artículo 5 del segundo Reglamento sobre las medidas de conservación disponen, fundamentalmente, que el pescado que no tenga el tamaño mínimo exigido no puede venderse.
Sobre este punto, el Gobierno francés reconoció implícitamente, durante el procedimiento administrativo previo, que hasta 1985 no respetó las normas comunitarias en la materia. En efecto, del mencionado escrito de 28 de mayo de 1985 se desprende que el secrétariat d'Etat había dado instrucciones de intervenir sólo las merluzas que, manifiestamente, fuesen de «tamaño inferior» (de 15 a 25 cm), cuando el Anexo V del primer Reglamento sobre las medidas de conservación fijaba el tamaño mínimo de esas capturas en 30 cm.
Por otra parte, de los informes de los inspectores resulta que las autoridades nacionales aplicaron, durante los años 1986 y 1987, normas menos rígidas, en lo que respecta al lenguado y a la merluza, que las fijadas en la Comunidad. La insuficiencia de los controles debe hacerse constar también en materia de tamaño mínimo.
De todo ello se deduce que el Gobierno francés no estableció, de 1984 a 1987, un control que garantizase el respeto de las referidas medidas técnicas de conservación.
Sobre la obligación de incoar procedimientos
Dado que no se han señalado infracciones, a pesar de ser comprobables por las autoridades nacionales, y que no se han levantado actas contra los infractores, el Gobierno francés ha incumplido también la obligación de incoar procedimientos, prescrita por los Reglamentos sobre el control.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así se hubiere solicitado. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandada, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 2057/82 del Consejo, de 29 de junio de 1982, por el que se establecen ciertas medidas de control respecto a las actividades pesqueras ejercidas por los barcos de los Estados miembros, y en virtud del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 2241/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, por el que se establecen ciertas medidas de control respecto a las actividades pesqueras, al no haber establecido, de 1984 a 1987, un control que garantice el respeto de las medidas técnicas comunitarias para la conservación de los recursos pesqueros, previstas por el Reglamento (CEE) n° 171/83 del Consejo, de 25 de enero de 1983, y por el Reglamento (CEE) n° 3094/86 del Consejo, de 7 de octubre de 1986.

2)
Condenar en costas a la República Francesa.

Due
Mancini
O'Higgins
Rodríguez Iglesias
Slynn
Joliét
Schockweiler
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de junio de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.