CELEX: 61989CJ0332
Interpretación de los artículos 3, letra f), 5, 30 a 36, 59 a 66 y 85 del Tratado CEE
Legislación nacional que prohíbe emplear trabajadores por cuenta ajena a los comercios minoristas los domingos depués de las 12h

Mediante resolución de 5 de octubre de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de octubre de 1989, la cour d'appel de Mons (Bélgica) planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 3, letra f), 5, 30 a 36, 59 a 66 y 85 del mismo Tratado con el fin de determinar si es compatible con dichas disposiciones una normativa nacional que prohibe la ocupación de trabajadores en los comercios al por menor los domingos después de las 12 h.
Según lo dispuesto en el artículo 11, en relación con el apartado 1 del artículo 14, de la Ley belga de 16 de marzo de 1971 sobre el trabajo, está prohibido emplear a trabajadores en los comercios al por menor los domingos después de las 12 h. El artículo 53 de esta Ley especifica que el empresario que no observare dicha norma podrá ser sancionado con penas de prisión y de multa.
El ministère public inició un proceso penal contra los Sres. André Marchandise, administrador de la sociedad Trafïtex, y Jean-Marie Chapuis, empleado de dicha sociedad, por haber ocupado, en diversas ocasiones entre el 14 de septiembre y el 14 de diciembre de 1986, a nueve trabajadores los domingos, después de las 12 h, en un comercio al por menor, infringiendo lo dispuesto en la Ley de 16 de marzo de 1971 sobre el trabajo.
El 1 de junio de 1988, el tribunal correctionnel de Charleroi declaró a los procesados culpables de los hechos que se les imputaban y les condenó a penas de multa y de prisión subsidiaria, suspendiendo la ejecución por lo que respecta a Jean-Marie Chapuis. Mediante la misma resolución, la sociedad Trafitex fue declarada responsable civil de las condenas pecuniarias.
Dado que todas las partes recurrieron en apelación contra dicha resolución, la Sala Cuarta de la cour d'appel de Mons, actuando en materia penal, dictó una resolución mediante la que planteaba al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial cuyo objeto es dilucidar:
«si las disposiciones de los artículos 1, 11, 14, apartado 1, 53, 54, 57, 58 y 59 de la Ley de 16 de marzo de 1971, modificada, entre otras, por la Ley de 20 de julio de 1978 y por el Real Decreto n° 15 de 23 de octubre de 1978, infringen los artículos 3, letra f), 5, 30 a 36, 59 a 66 y 85 del Tratado de Roma de 25 de marzo de 1957».
Para una más amplia exposición del marco jurídico y de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento y de las observaciones escritas presentadas, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Con carácter preliminar, debe señalarse que, si bien no corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco del procedimiento prejudicial, pronunciarse sobre la compatibilidad de una disposición nacional con el Tratado, es competente, en cambio, para proporcionar al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos de interpretación pertenecientes al ámbito del Derecho comunitario que puedan permitirle apreciar dicha compatibilidad para la resolución del asunto que le haya sido sometido.
Sobre el artículo 30 del Tratado CEE
El órgano jurisdiccional nacional quiere saber, fundamentalmente, si unas disposiciones que prohiben ocupar trabajadores los domingos en los comercios al por menor constituyen una medida de efecto equivalente a restricciones cuantitativas, en el sentido del artículo 30 del Tratado.
Procede señalar, en primer lugar, que una normativa nacional que prohiba emplear trabajadores por cuenta ajena en domingo en los comercios minoristas no tiene por objeto regular los intercambios comerciales. Tal normativa, sin embargo, sí puede tener efectos restrictivos sobre la libre circulación de las mercancías. En efecto, aunque es poco probable que el hecho de que algunas categorías de comercios cierren en domingo conduzca a los consumidores a renunciar definitivamente a adquirir unos productos que están disponibles los restantes días de la semana, no es menos cierto que la prohibición que se discute puede tener consecuencias negativas en el volumen de ventas y, por consiguiente, en el de importaciones.
En segundo lugar, procede hacer constar que una normativa de este tipo afecta tanto a la venta de productos nacionales como a la de productos importados. En principio, por consiguiente, la comercialización de los productos importados de otros Estados miembros no resulta más difícil que la comercialización de los productos nacionales (en este sentido, véase la sentencia de este Tribunal de Justicia de 23 de noviembre de 1989, Torfaen Borough Council/B & Q pic,
145/88, Rec. p. 3851
).
En dicha sentencia, y refiriéndose a una normativa nacional similar que prohibía a los comercios minoristas abrir en domingo, este Tribunal de Justicia declaró en lo fundamental que semejante prohibición solamente era compatible con el principio de libre circulación de mercancías previsto por el Tratado si los eventuales obstáculos que causa al comercio comunitario no iban más allá de lo que es necesario para garantizar el objetivo fijado y si este objetivo estaba justificado con arreglo al Derecho comunitario.
En virtud de todo lo expuesto, procede declarar, en primer lugar, que una normativa como la que se discute persigue un objetivo justificado con arreglo al Derecho comunitario. En efecto, ya en su sentencia de 23 de noviembre de 1989 este Tribunal de Justicia declaró que las normativas nacionales que regulan los horarios de venta al por menor constituyen la expresión de determinadas opciones políticas y económicas porque tienen por objeto garantizar una distribución de horas de trabajo y de descanso adaptada a las particularidades socioculturales nacionales o regionales, cuya apreciación corresponde, en el estado actual del Derecho comunitario, a los Estados miembros.
En segundo lugar, procede declarar que los efectos restrictivos sobre el comercio que, en su caso, pueden derivarse de una normativa de este tipo no resultan excesivos en relación con el objetivo perseguido.
Procede, pues, responder a la cuestión planteada que el artículo 30 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que la prohibición que prevé no sé aplica a una normativa nacional que prohibe emplear en domingo a trabajadores por cuenta ajena después de las 12.
Sobre el artículo 34 del Tratado CEE
Por otra parte, mediante la cuestión prejudicial se pregunta también si la medida de que se trata constituye una restricción cuantitativa a la exportación, en el sentido del artículo 34 del Tratado.
A este respecto, debe recordarse que, en la sentencia de 8 de noviembre de 1979, Groenveld (
15/79, Rec. p. 3409
), este Tribunal de Justicia consideró, básicamente, que no era incompatible con el artículo 34 del Tratado una disposición nacional que se aplica objetivamente a la producción de mercancías de un tipo determinado sin hacer una distinción según éstas se destinen al mercado nacional o a la exportación.
Así pues, procede responder a esta parte de la cuestión prejudicial que una normativa nacional que prohibe ocupar trabajadores los domingos después de las 12 no es incompatible con el artículo 34 del Tratado ya que no tiene por objeto regular las corrientes de intercambios entre los Estados miembros y que se aplica, en función de criterios objetivos, a todos los comercios de un sector determinado sin hacer distinciones entre las mercancías que el consumidor pretende utilizar
in situ
y las que quiere exportar.
Sobre los artículos 59 a 66 del Tratado CEE
El órgano jurisdiccional nacional plantea también una cuestión relativa a la evaluación de la referida medida en lo que respecta a los artículos 59 a 66 del Tratado. A este respecto, debe señalarse en primer lugar que la finalidad de dichos artículos es establecer la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad. El artículo 60 del Tratado precisa que se consideran como servicios las prestaciones realizadas normalmente a cambio de una remuneración, excluyendo, entre otros, los casos en que dichas prestaciones se rijan por las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías.
Procede indicar, en segundo lugar, que en el presente asunto se trata de una normativa referente a las modalidades de ejercicio de las actividades de venta al por menor, que persigue un objetivo de protección social. Dadas estas características, dicha normativa debe ser examinada a la luz del artículo 30 del Tratado, como señaló este Tribunal de Justicia en la sentencia Torfaen Borough Council/B & Q pic, antes citada. Por consiguiente, no pueden aplicarse las disposiciones relativas a la libre circulación de servicios.
Sobre los artículos 3, letra f), 5 y 85 del Tratado CEE
Por último, el órgano jurisdiccional nacional pide que se examinen las disposiciones nacionales controvertidas a la luz de los artículos 3, letra f), 5 y 85 del Tratado.
La cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional en relación con estas disposiciones debe entenderse en el sentido de que se refiere, fundamentalmente, a si una normativa nacional que prohibe ocupar trabajadores los domingos en los comercios al por menor es compatible o no con las obligaciones que incumben a los Estados miembros en virtud del artículo 5 del Tratado CEE, en relación con los artículos 3, letra f), y 85 del mismo Tratado.
Debe recordarse, a este respecto, que, por sí mismos, los artículos 85 y 86 del Tratado se refieren únicamente a la conducta de las empresas y no tratan de medidas legales o reglamentarias adoptadas por los Estados miembros. No obstante, es jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia que los artículos 85 y 86, considerados en relación con el artículo 5 del Tratado, obligan a los Estados miembros a no adoptar o mantener en vigor medidas, incluso legales o reglamentarias, que puedan anular la eficacia de las normas sobre la competencia aplicables a las empresas. Tal es el caso, en virtud de esa jurisprudencia, cuando un Estado miembro, o bien impone o favorece prácticas colusorias contrarias al artículo 85 o refuerza los efectos de tales prácticas colusorias, o bien retira el carácter estatal a su propia normativa, delegando en operadores privados la responsabilidad de tomar decisiones de intervención en materia económica (véase la sentencia de 21 de septiembre de 1988, van Eycke/Aspa,
267/86, Rec. p. 769, apartado 16
).
Procede hacer constar que en el presente asunto no hay nada en los autos que permita llegar a la conclusión de que la normativa de referencia tiene como objetivo reforzar los efectos de una práctica colusoria preexistente. Por otra parte, ninguno de los elementos de dicha normativa es de tal naturaleza que pueda privarle de su carácter estatal.
Costas
Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la cour d'appel de Mons mediante resolución de 5 de octubre de 1989, declara:

1)
El artículo 30 del Tratado CEE debe interpretarse en el sentido de que la prohibición que prevé no se aplica a una normativa nacional que prohibe ocupar trabajadores por cuenta ajena los domingos después de las 12 h.

2)
El artículo 34 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que la prohibición que prevé no se aplica a tal normativa.

3)
Ni los artículos 59 a 66 del Tratado, ni las disposiciones conjuntas de los artículos 3, letra f), 5 y 85 del Tratado, son aplicables a dicha normativa.

Due
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Diez de Velasco
Joliét
Grévisse
Zuleeg
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 28 de febrero de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.