CELEX: 62001CJ0255
Petición de decisión prejudicial
Octava Directiva 84/253/CEE
Artículos 11 y 15
Autorización de las personas encargadas del control legal de los documentos contables
Posibilidad de autorizar a personas que no han superado un examen de aptitud profesional
Requisitos para la autorización de nacionales de otros Estados miembros

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 11 y 15 de la Directiva 84/253/CEE
del Consejo, de 10 de abril de 1984, Octava Directiva basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado CEE,
relativa a la autorización de las personas encargadas del control legal de documentos contables (DO L 126, p. 20; EE 17/01,
p. 136; en lo sucesivo, «Octava Directiva»).
La petición se presentó en el marco de un litigio entre el Sr. Markopoulos y otros, por un lado, y el Ypourgos Anaptyxis (Ministro
de Desarrollo) y el Soma Orkoton Elegkton (en lo sucesivo, «Instituto de auditores jurados»), por otro lado, en el que intervinieron
como coadyuvantes el Sr. Samothrakis y otros y el Sr.Panagiotidis, en relación con una decisión de dicho Instituto por la
que se inscribe en su registro a sesenta candidatos, entre los que se encuentran los coadyuvantes del litigio principal, sin
exigirles aprobar un examen de aptitud profesional, pese a lo previsto en el artículo 4 de la Octava Directiva.
El órgano jurisdiccional remitente solicita esencialmente al Tribunal de Justicia que precise el alcance de la facultad que
el artículo 15 de la Octava Directiva concede a los Estados miembros para autorizar que determinadas personas efectúen el
control de documentos contables sin haber aprobado un examen de aptitud profesional. Además, el órgano jurisdiccional remitente
se pregunta si, en lo que atañe a las personas que ya han obtenido la autorización en otro Estado miembro, la dispensa de
examen podría, en cualquier caso, justificarse con arreglo al artículo 11 de la Octava Directiva.
Marco jurídico
Normativa comunitaria
Los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto de la Octava Directiva precisan:
«[…] en virtud de la Directiva 78/660/CEE, las cuentas anuales de ciertas formas de sociedades deben ser controladas por una
o varias personas autorizadas para efectuar este control […];
[…] esta última Directiva ha sido completada por la Directiva 83/349/CEE, que se refiere a las cuentas consolidadas;
[…] importa armonizar las cualificaciones de las personas autorizadas para efectuar el control legal de los documentos contables
y garantizar que esas personas sean independientes y honorables;
[…] se debe garantizar, mediante un examen de aptitud profesional, un nivel elevado de los conocimientos teóricos que sean
necesarios para el control legal de documentos contables así como la capacidad de aplicar estos conocimientos a la práctica
de este control».
A tenor del sexto considerando de la Octava Directiva:
«[…] procede facultar a los Estados miembros para que adopten disposiciones transitorias en favor de los profesionales».
El noveno considerando de la misma Directiva indica:
«[…] un Estado miembro podrá autorizar a personas que hayan obtenido cualificaciones equivalentes a las prescritas por la
presente Directiva fuera de este Estado».
Habida cuenta de la Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, Cuarta Directiva basada en la letra g) del apartado
3 del artículo 54 del Tratado y relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad (DO L 222, p. 11; EE 17/01,
p. 55), y de la Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, Séptima Directiva basada en la letra g) del apartado
3 del artículo 54 del Tratado, relativa a las cuentas consolidadas (DO L 193, p. 1; EE 17/01, p. 119), citadas en los considerandos
primero y segundo de la Octava Directiva, respectivamente, el artículo 1, apartado 1, de esta última Directiva dispone:
«Las medidas de coordinación prescritas por la presente Directiva se aplicarán a las disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas de los Estados miembros referentes a las personas encargadas de efectuar:
a)
el control legal de las cuentas anuales de sociedades, así como la verificación de la concordancia de los informes de gestión
con las cuentas anuales, en la medida en que este control y esta verificación sean impuestos por el Derecho comunitario;
b)
el control legal de las cuentas consolidadas de los grupos de empresas así como la verificación de la concordancia de los
informes de gestión consolidados con estas cuentas consolidadas, en la medida en que este control y esta verificación sean
impuestos por el Derecho comunitario.»
El artículo 2 de la Octava Directiva reserva el control de los documentos contemplados en el artículo 1, apartado 1, de dicha
Directiva a las personas autorizadas a tal efecto. En virtud del artículo 4 de la misma Directiva, dicha autorización sólo
puede concederse, por regla general, a una persona física que haya «alcanzado el nivel de acceso a la universidad, seguido
un programa de enseñanza teórica, realizado una formación práctica y superado un examen de aptitud profesional de nivel análogo
al nivel de fin de estudios universitarios, organizado o reconocido por el Estado».
Sin embargo, el artículo 11, apartado 1, de la misma Directiva prevé:
«Las autoridades de un Estado miembro podrán autorizar a las personas que hayan obtenido una parte o la totalidad de sus cualificaciones
en otro Estado cuando reúnan las condiciones siguientes:
a)
que las autoridades competentes juzguen que sus cualificaciones son equivalentes a las exigidas en virtud del derecho de este
Estado miembro con arreglo a la presente Directiva;
b)
que hayan demostrado tener los conocimientos jurídicos requeridos en este Estado miembro para el control legal de los documentos
a que se refiere el apartado 1 del artículo 1. Sin embargo, las autoridades de este Estado miembro podrán no exigir esta prueba
cuando juzguen suficientes los conocimientos jurídicos adquiridos en otro Estado.»
Los artículos 12 a 19 de la Octava Directiva contienen disposiciones transitorias. En virtud del artículo 15 de dicha Directiva:
«Hasta un año después de la entrada en vigor de las disposiciones a que se refiere el apartado 2 del artículo 30, los profesionales
que no hayan sido autorizados por un acto individual de las autoridades competentes, pero que estén cualificados, en un Estado
miembro, para efectuar el control legal de los documentos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 1 y hayan ejercido efectivamente
tal actividad hasta esta fecha, podrán ser autorizados por este Estado miembro con arreglo a la presente Directiva.»
El artículo 19 de la Octava Directiva dispone:
«Los profesionales a que se refieren los artículos 15 y 16 y las personas a que se refiere el artículo 18 sólo podrán ser
autorizados, no obstante lo dispuesto en el artículo 4, si las autoridades competentes los consideran aptos para efectuar
el control legal de los documentos a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 y tienen cualificaciones equivalentes a las
de las personas autorizadas en aplicación del artículo 4.»
Según el artículo 30, apartados 1 y 2, de la Octava Directiva:
«1.

Los Estados miembros adoptarán, antes del 1 de enero de 1988, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
necesarias para cumplir la presente Directiva e informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
2.

Los Estados miembros podrán disponer que las disposiciones mencionadas en el apartado 1 no se apliquen hasta el 1 de enero
de 1990.»
Normativa nacional
Como explica el órgano jurisdiccional remitente, antes de la adopción de la Octava Directiva, la actividad de control de los
documentos contables en Grecia estaba reservada, para algunas de sus categorías, a los censores jurados de cuentas. Se exigía
su inscripción en el registro del Soma Orkoton Logiston (en lo sucesivo, «Instituto de censores jurados de cuentas»). El artículo
10, apartado 6, del Decreto-ley nº 3329/55 (FEK A’ 230) preveía que, para verificar sus conocimientos, el Consejo directivo
del Instituto de censores jurados de cuentas podía exigir a los candidatos que superasen un examen. A este respecto, el artículo
2 del Real Decreto nº 737/61 (FEK A’ 186) extendió la obligación de superar un procedimiento previo de selección a todos los
candidatos.
En virtud del artículo 2 del Decreto-ley nº 3329/55, se concedió a los censores jurados de cuentas una competencia «exclusiva»,
que inicialmente abarcaba las actividades de control de carácter público y que progresivamente se extendió al control de las
empresas públicas constituidas en forma de sociedad anónima y de diversas categorías de sociedad anónima de capital privado.
Los censores jurados de cuentas disfrutaban también, en virtud el artículo 3 del Decreto-ley nº 3329/55, de una competencia
«facultativa», en la medida en que podía encargárseles el ejercicio de la actividad de control de las sociedades mercantiles
de cualquier tipo, así como de cualesquiera personas jurídicas previstas por el Código Civil.
Por otro lado, los demás censores de cuentas sólo podían ejercer las actividades no reservadas a los censores jurados de cuentas,
sin estar obligados a superar un procedimiento de selección o examen. Entre estos profesionales, los «censores de cuentas
ordinarios», se incluía no sólo a los nacionales griegos que ejercieran dichas actividades, sino también a las personas autorizadas
a tal efecto en otros Estados.
De la resolución de remisión se desprende que el régimen nacional se modificó en diversas ocasiones para la adaptación del
Derecho interno a la Octava Directiva.
En primer lugar, el Decreto-ley nº 3329/55 fue modificado por el Decreto Presidencial nº 15/89, relativo a la adaptación a
lo dispuesto en la Octava Directiva de la normativa referente a los censores jurados de cuentas (FEK A’ 5/5.1.1989). A este
respecto, el artículo 10 del Decreto-ley nº 3329/55, en su versión modificada, pese a que mantiene esencialmente la estructura
del Instituto de censores jurados de cuentas, precisa la obligación de superar un examen previo para ser inscrito en dicho
Instituto, con el fin de adaptar el régimen nacional a la Octava Directiva. En el artículo 10, apartado 9, del Decreto-ley
nº 3329/55, en su versión modificada, se prevé también la posibilidad de nombrar censores jurados de cuentas a quienes hayan
obtenido una autorización profesional expedida por las autoridades de otro Estado miembro, siempre que se considere que sus
cualificaciones son equivalentes a las de quienes hayan sido nombrados censores jurados de cuentas o hayan sido ascendidos
a esta categoría conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de dicho artículo y siempre que hayan superado el examen previo.
El Decreto Presidencial nº 15/89 preveía, con carácter transitorio, en su artículo 6, apartados 3 y 4, la posibilidad de que,
hasta el 1 de enero de 1990, se nombrase censores jurados de cuentas, sin necesidad de que superasen un examen, a los profesionales
que justificaran haber ejercido en Grecia el control legal de las cuentas anuales de las sociedades o de las cuentas consolidadas
de grupos de empresas, siempre que contaran con un título universitario y que se les considerase aptos para efectuar el control
legal de los documentos contables.
En segundo lugar, en virtud de la Ley nº 1969/91 (FEK A’ 167/30.10.1991) y del Decreto Presidencial nº 226/92 (FEK A’ 120/14.7.1992),
se sustituyó el Instituto de censores jurados de cuentas por el Instituto de auditores jurados. El artículo 10 del Decreto
Presidencial nº 226/92, que define los requisitos de acceso a este nuevo Instituto, prevé que dicho acceso se supedita a la
superación de un examen de aptitud profesional, que se regula detalladamente en el artículo 11 del Decreto Presidencial nº 226/92.
Sin embargo, el artículo 24, apartado 4, del referido Decreto establece que los censores jurados de cuentas que fueran miembros
del Instituto de censores jurados de cuentas pasan a ser automáticamente miembros del nuevo Instituto de auditores jurados.
El artículo 24, apartado 2, del Decreto Presidencial nº 226/92 dispone, con carácter transitorio:
«2.

Previa solicitud presentada en el plazo de los seis meses siguientes a la publicación del presente Decreto Presidencial y
tras haber superado un examen conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente, se procederá también a la inscripción en el
mencionado registro de los censores jurados de cuentas de:
a)
los titulares de un certificado de estudios superiores en materia financiera, comercial o industrial expedido en Grecia o
de un certificado equivalente expedido en el extranjero que bien tengan la nacionalidad griega, bien tengan ascendencia griega,
y cuenten con una experiencia de quince años en el control financiero, contable y jurídico en Grecia;
b)
los nacionales griegos y los nacionales de otros Estados miembros de las Comunidades Europeas que i) hayan sido autorizados
para ejercer la profesión de censor jurado de cuentas o de auditor jurado en otro Estado miembro de las Comunidades Europeas
y hayan sido reconocidos como censores jurados de cuentas o auditores jurados en un país de las Comunidades Europeas […] y
ii) cuenten con diez años de experiencia en la actividad de control, de los cuales al menos tres han de haberse adquirido
en Grecia.»
En tercer lugar, la obligación de superar un examen previo, impuesta por el artículo 24, apartado 2, del Decreto Presidencial
nº 226/92, se suprimió mediante el artículo 2, apartado 7, del Decreto Presidencial nº 121/93 (FEK A’ 53/12.4.1993), en virtud
del cual los interesados mencionados en el artículo 24, apartado 2, letras a) y b), del Decreto Presidencial nº 226/92 debían
presentar los documentos profesionales relativos a los controles contables que hubieran efectuado a lo largo de su carrera
para su examen y apreciación por una comisión competente a tal efecto.
En cuarto lugar, el artículo 18, apartado 3, de la Ley nº 2231/94 (FEK A’ 139/31.8.1994) establece:
«Quienes se encuentren ya inscritos en el registro del Instituto de auditores jurados, a que se refiere el artículo 13 del
Decreto Presidencial nº 226/92, pero no fueran miembros del Instituto de censores jurados de cuentas a 30 de abril de 1993,
están obligados a superar el examen de aptitud profesional previsto en los artículos 10 y 11 del Decreto Presidencial nº 226/92
antes de su nombramiento en el grado correspondiente. La organización de tales exámenes quedará a cargo del Consejo directivo,
que designará también los tribunales de examen. Se cancelará la inscripción de quienes no superen el examen o no participen
en él.»
Esta última disposición, que restablece la obligación de superar un examen de aptitud profesional para quienes deseen obtener
la autorización para ejercer como auditor jurado con arreglo a las disposiciones transitorias del artículo 24, apartado 2,
del Decreto Presidencial nº 226/92, fue derogada por el artículo 3, apartado 2, de la Ley nº 2257/94 (FEK A’ 197/23.11.1994),
que prevé:
«Se añadirán los siguientes apartados 3
(bis),
3
(ter)
y 3
(quater)
al artículo 18, apartado 3, de la Ley nº 2231/94 (FEK A’ 139): “3
(bis).
Quedarán eximidos de la obligación de superar el examen previsto en el artículo 18, apartado 3, de la Ley nº 2231/94 y se
considerarán válidamente inscritos en el registro del Instituto de auditores jurados, previsto en el artículo 13 del Decreto
Presidencial nº 226/92, los titulares de un certificado de estudios superiores, como el exigido en el artículo 10, apartado
1, del Decreto Presidencial nº 226/92, que justifiquen que han ejercido, hasta el momento de la publicación de la presente
Ley, una actividad de control en Grecia durante dieciocho años y que realizaban este tipo de trabajo en Grecia a 1 de enero
de 1989, o que hayan obtenido una autorización para ejercer la profesión de censor jurado de cuentas o de auditor jurado en
otro Estado miembro de la Unión Europea o en alguno de los países siguientes: Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda
y Sudáfrica, y que cuenten, a 1 de enero de 1989, con diez años de experiencia en el ejercicio de una actividad de control,
de los cuales al menos tres han de haberse adquirido en Grecia. El Consejo directivo del Instituto de auditores jurados verificará
en un plazo de dos meses el cumplimiento de estos requisitos. Los auditores jurados a que se refieren los anteriores párrafos
del presente apartado y que, en opinión del Consejo directivo del Instituto de auditores jurados, no reúnan las cualificaciones
requeridas, podrán presentar los justificantes de sus cualificaciones para que sean reexaminados por una comisión especial
de tres miembros, nombrada mediante decisión del Ministro de Economía y compuesta por un profesor de una escuela superior
de auditoría o de contabilidad, un representante de la Cámara de Comercio y un miembro del comité científico del Instituto
de auditores jurados. Quienes, a juicio de la comisión especial, reúnan las cualificaciones requeridas, con excepción de la
experiencia profesional previa, serán inscritos como auditores jurados auxiliares y sólo ascenderán a la categoría de auditor
jurado tras haber adquirido la experiencia profesional exigida por el párrafo tercero
(bis)
del presente apartado. […]”»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
Los demandantes del litigio principal interpusieron ante el Symvoulio tis Epikrateias un recurso para obtener la anulación
de la decisión nº 75 del Consejo directivo del Instituto de auditores jurados de 19 de enero de 1995, por la que se admitió
en dicho Instituto a sesenta candidatos que no eran miembros del anterior Instituto de censores jurados de cuentas, sin exigirles
superar un examen de aptitud profesional, por considerar que reunían todos los requisitos previstos en el artículo 18, apartado
3
bis,
de la Ley nº 2231/94, introducido por el artículo 3, apartado 2, de la Ley nº 2257/94 (en lo sucesivo, «artículo 18, apartado
3
bis,
de la Ley nº 2231/94»).
Algunos de los sesenta candidatos, como el Sr. Samothrakis y otros, cuentan con un certificado de estudios superiores en el
ámbito financiero o comercial, tienen nacionalidad griega y han adquirido una experiencia de quince años en el sector económico,
contable o jurídico, mientras que los demás son nacionales griegos o nacionales de otros Estados que han sido autorizados
para ejercer la profesión de censor jurado de cuentas o de auditor jurado en otro Estado miembro y han ejercido una actividad
de control durante diez años, como el Sr. Panagiotidis.
Puesto que los demandantes del litigio principal manifestaron sus dudas acerca de la compatibilidad con la Octava Directiva
de la dispensa del examen de aptitud profesional prevista en el artículo 18, apartado 3
bis,
de la Ley nº 2231/94, que sirve de base jurídica a la decisión nº 75, y señalaron las dificultades de interpretación que
plantean los artículos 11 y 15 de la Octava Directiva, el Symvoulio tis Epikrateias decidió suspender el procedimiento y plantear
al Tribunal de Justicia las dos cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Puede el legislador nacional, sobre la base del artículo 15 de la Octava Directiva […], hacer uso de la facultad prevista
en dicho artículo y establecer la posibilidad de que determinadas personas obtengan la autorización para controlar documentos
contables, a pesar de lo dispuesto en las disposiciones de base, es decir, sin superar previamente un examen de aptitud profesional,
cuando el Estado miembro afectado hubiera ya establecido, antes de la adopción de la Directiva, un examen profesional en su
ordenamiento jurídico interno? ¿Puede, en cualquier caso, el legislador nacional hacer uso en diversas ocasiones de la facultad
de adoptar disposiciones transitorias sobre la base del artículo antes mencionado de la Directiva, incluso después del 1 de
enero de 1991, fecha de finalización del plazo (artículo 15, en relación con el artículo 30, apartado 2, de la Directiva)?
2)
¿Debe interpretarse el artículo 11 de la Directiva en el sentido de que cuando quien solicite una autorización para realizar
el control de documentos contables en un Estado miembro de la Unión Europea haya adquirido con arreglo al régimen anterior
a la armonización ciertas cualificaciones exigidas en otro Estado miembro, el Estado en que solicita la concesión de dicha
autorización podrá estimar que sus cualificaciones han sido adquiridas en su propio territorio, sin que ello suponga una excepción
a la regla general según la cual la autorización sólo puede concederse tras la superación de un examen de aptitud profesional?
¿O debe considerarse, por el contrario, que dicho artículo permite a una persona que ha sido autorizada a controlar documentos
contables en un Estado miembro, en aplicación del régimen anterior a la armonización, obtener dicha autorización en otro Estado
miembro sin superar el examen de aptitud profesional obligatorio, mediante una simple comprobación de la equivalencia de sus
cualificaciones?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre la primera cuestión
Mediante su primera cuestión, que se subdivide en dos partes, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en primer lugar,
que se dilucide si un Estado miembro puede hacer uso de la facultad prevista en el artículo 15 de la Octava Directiva para
adoptar disposiciones transitorias por las que se autorice a determinadas categorías de profesionales el ejercicio de la actividad
de control de documentos contables sin exigirles superar previamente un examen de aptitud profesional como el establecido
por la mencionada Directiva, cuando dicho Estado miembro ya hubiera impuesto en su Derecho interno antes de la adopción de
la Octava Directiva la obligación de superar un examen de ese tipo. En segundo lugar, para el caso de que la primera cuestión
reciba una respuesta afirmativa, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si, habida cuenta del artículo 15 de la Octava
Directiva, en relación con su artículo 30, apartado 2, el Estado miembro de que se trate puede hacer uso de la mencionada
facultad con posterioridad al 1 de enero de 1991 y si puede hacerlo en diversas ocasiones.
Sobre la primera parte de la primera cuestión
Por lo que respecta a la primera parte de la primera cuestión, los demandantes del litigio principal alegan que la facultad
prevista en el artículo 15 de la Octava Directiva no debería permitir que se eludieran las disposiciones nacionales anteriores
a la adopción de dicha Directiva, ni las disposiciones comunitarias por las que se establece el régimen general de certificación
de la capacitación profesional de los contables. Dicha facultad se prevé para garantizar el mantenimiento de la normativa
ya existente en el Derecho interno de los Estados miembros. Por tanto, no puede utilizarse como base jurídica para introducir
nuevas disposiciones nacionales que se apartan tanto del régimen general establecido por la Octava Directiva como del régimen
nacional preexistente.
En consecuencia, consideran que, puesto que el Derecho interno preveía, antes de la adopción de la Octava Directiva, la obligación
de superar un examen de aptitud profesional, el legislador griego no podía basarse en los artículos 15 y 30 de la Octava Directiva
para eximir del cumplimiento de dicha obligación a ciertos profesionales.
Por el contrario, tanto el Sr. Samothrakis y otros, como el Gobierno griego y la Comisión estiman que la facultad prevista
en el artículo 15 de la Octava Directiva no depende de las prescripciones legales que existieran en los Estados miembros antes
de la entrada en vigor de dicha Directiva. En su opinión, esta interpretación podría dar lugar a que se discriminase entre
los profesionales que reúnen los requisitos previstos en los artículos 15 y 19 de la Octava Directiva.
La Comisión precisa que el régimen griego anterior a la adopción de la Octava Directiva imponía a una categoría determinada
de censores de cuentas la obligación de superar un examen, mientras que los demás censores desempeñaban actividades comprendidas
en el ámbito de aplicación de la Octava Directiva sin haber superado ningún examen ni procedimiento de selección específico.
A este respecto, los demandantes del litigio principal afirmaron en la vista que, conforme al Derecho griego, antes de la
adopción de la Octava Directiva, sólo los censores jurados de cuentas podían ejercer determinadas actividades y que, por lo
tanto, los coadyuvantes del litigio principal no pueden acogerse a lo establecido en las disposiciones transitorias adoptadas
sobre la base del artículo 15 de dicha Directiva.
En primer lugar, es necesario señalar que el artículo 15 de la Octava Directiva se dirige a todos los Estados miembros. Por
consiguiente, el ejercicio de la facultad que prevé queda únicamente supeditado a los requisitos descritos en el mencionado
artículo.
En estas circunstancias, la facultad de que se trata se refiere tan sólo a «los profesionales que no hayan sido autorizados
por un acto individual de las autoridades competentes, pero que estén cualificados, en un Estado miembro, para efectuar el
control legal de los documentos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 1 y hayan ejercido efectivamente tal actividad
hasta [un año después de la entrada en vigor de las disposiciones a que se refiere el artículo 30, apartado 2]».
Por este motivo, si una persona cumple los mencionados requisitos, puede obtener una autorización en aplicación de la facultad
concedida en el artículo 15 de la Octava Directiva, sin que sea necesario examinar en qué medida el régimen nacional anterior
a la adopción de la Octava Directiva imponía o no la obligación de superar un examen a una categoría particular de profesionales.
Sin embargo, para responder al argumento de los demandantes del litigio principal, tal como se expone en el apartado 28 de
la presente sentencia, procede observar que, en los casos en que el régimen nacional anterior a la adopción de la Octava Directiva
solvente la cuestión de si un profesional está autorizado para efectuar el control legal de los documentos a que se refiere
el artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva e imponga la obligación de superar un examen de aptitud profesional para poder
ejercer la actividad contemplada en aquélla, la aplicación de los requisitos previstos en el artículo 15 de la Octava Directiva
implica que los profesionales mencionados en dicho artículo, potenciales beneficiarios de las disposiciones transitorias que
en él se prevén, deben, en cualquier caso, superar el examen de que se trata.
Procede concluir que el artículo 15 de la Octava Directiva permite a todos los Estados miembros autorizar a las personas que
reúnan los requisitos previstos en dicho artículo, es decir, a quienes estén cualificados en el Estado miembro de que se trate
para efectuar el control legal de los documentos a que se refiere el artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva y lo hayan
ejercido hasta la fecha prevista en el mencionado artículo 15, sin imponerles la obligación de superar previamente un examen
de aptitud profesional.
Sobre la segunda parte de la primera cuestión
Mediante la segunda parte de su primera cuestión, a su vez subdividida en dos apartados, el órgano jurisdiccional remitente
solicita que si dilucide si, cuando los interesados reúnan los dos requisitos previstos en artículo 15 de la Octava Directiva,
los Estados miembros pueden, por un lado, hacer uso de la facultad concedida en el artículo 15 de la Octava Directiva con
posterioridad al 1 de enero de 1991 y, por otro lado, hacerlo en diversas ocasiones.
En lo que atañe al primer apartado, tanto los demandantes del litigio principal como el Gobierno español sostienen, al igual
que la mayoría de los magistrados que integran el órgano jurisdiccional remitente, que de los artículos 15 y 30 de la Octava
Directiva se desprende que un Estado miembro puede autorizar a profesionales conforme al artículo 15 durante un período que
no puede dilatarse más allá del 1 de enero de 1991.
A este respecto, los demandantes del litigio principal precisan que, en el presente caso, la decisión nº 75 se adoptó el 19
de enero de 1995, es decir, una vez expirado el plazo previsto en el artículo 15 de la Octava Directiva. La opinión mayoritaria
del órgano jurisdiccional remitente se basa, sin embargo, en el artículo 18, apartado 3
bis,
de la Ley nº 2231/94, introducido el 23 de noviembre de 1994 mediante la Ley nº 2257/94, es decir, también con posterioridad
al 1 de enero de 1991.
Por su parte, el Sr. Samothrakis y otros, así como el Gobierno griego, sostienen que el artículo 15 de la Octava Directiva
confiere a los profesionales que menciona el derecho a obtener una autorización, derecho que supone una excepción a las disposiciones
generales de la referida Directiva y que no puede verse limitado por el eventual retraso con que el Estado miembro de que
se trate adopte las disposiciones nacionales necesarias para la concesión de la autorización.
La Comisión considera que, conforme al artículo 15 de la Octava Directiva, el plazo de un año fijado para la concesión de
la autorización prevista en dicho artículo comienza a correr a partir de la fecha en que entren efectivamente en vigor las
medidas por las que se adapte el Derecho interno a la mencionada Directiva; en su opinión, esta adaptación se efectuó mediante
el Decreto Presidencial nº 226/92, en su versión modificada por el Decreto Presidencial nº 121/93. A este respecto, precisa
que, aun cuando el artículo 18, apartado 3
bis,
de la Ley nº 2231/94 se publicó más de un año después de la fecha en que el Gobierno griego adaptó efectivamente el Derecho
interno a la Octava Directiva, debe considerarse que dicho artículo se adoptó dentro de plazo, puesto que, con él, el legislador
se limitó a actualizar, para su aplicación retroactiva, las disposiciones transitorias adoptadas dentro del plazo mediante
el Decreto Presidencial nº 121/93.
Procede observar, en primer lugar, que el artículo 15 de la Octava Directiva dispone que puede hacerse uso de la facultad
prevista en dicho artículo «hasta un año después de la entrada en vigor de las disposiciones a que se refiere el apartado
2 del artículo 30». A este respecto, aun cuando el artículo 30, apartado 1, de la misma Directiva dispone que los Estados
miembros «adoptarán, antes del 1 de enero de 1988, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias
para cumplir la presente Directiva», el apartado 2 del mismo artículo precisa que «podrán disponer que las disposiciones mencionadas
en el apartado 1 no se apliquen hasta el 1 de enero de 1990».
Por lo tanto, esta última disposición permite a los Estados miembros retrasar hasta el 1 de enero de 1990 la aplicación de
las disposiciones necesarias para adaptar el Derecho interno a lo dispuesto en la Octava Directiva. Con este fundamento, el
artículo 15 de la misma Directiva permite a los Estados miembros hacer uso de la facultad que prevé hasta un año después de
la entrada en vigor de las disposiciones nacionales por las que se adapte el Derecho interno a la Octava Directiva, fecha
que, en cualquier caso, no puede ser posterior al 1 de enero de 1990.
En primer lugar, debe precisarse que el argumento formulado por el Sr. Samothrakis y otros, así como por el Gobierno griego,
según el cual el artículo 15 de la Octava Directiva confiere un derecho a los profesionales a que se refiere, con independencia
del retraso con que el Estado miembro haga uso de la facultad prevista en dicho artículo, no puede ser acogido. Como ha señalado
el Abogado General en el punto 55 de sus conclusiones, el artículo 15 de la Octava Directiva, en la medida en que prevé que
«podrán» ser autorizados por un Estado miembro los profesionales mencionados en dicho artículo, sólo confiere a los Estados
miembros la posibilidad de adoptar disposiciones transitorias, es decir, una facultad discrecional que, por su propia naturaleza,
no puede servir de base jurídica al derecho de los beneficiarios a que eventualmente se ejerza dicha facultad.
En segundo lugar, el argumento de la Comisión de que el plazo de un año fijado por el artículo 15 de la Octava Directiva comienza
a correr a partir de la fecha de la adaptación efectiva del Derecho interno a dicha Directiva no puede ser acogido. Este argumento
significaría permitir a los Estados miembros hacer uso de la facultad de adoptar disposiciones transitorias, que necesariamente
tendrán por efecto diferir la completa adopción de la Directiva, aun en el caso de que la adaptación a la Directiva se realice
tardíamente.
A este respecto, como se ha señalado en el apartado 44 de la presente sentencia, la facultad prevista en el artículo 15 de
la Octava Directiva puede ejercerse hasta un año después de la fecha en que entren en vigor las disposiciones por las que
se adapte el Derecho interno a la mencionada Directiva, fecha que, en cualquier caso, no puede ser posterior al 1 de enero
de 1990. Procede considerar que el artículo 15, en relación con el artículo 30, de la Octava Directiva tiene por efecto alcanzar
un equilibrio entre, por un lado, el objetivo final de la Directiva, que consiste en establecer un régimen comunitario armonizado,
y, por otro lado, la protección legítima de los profesionales que ya ejercían la actividad de que se trata, mediante la concesión
a los Estados miembros de un plazo de un año para adoptar disposiciones transitorias en favor de dichos profesionales.
La interpretación de la Comisión menoscaba este equilibrio, puesto que permite a los Estados miembros adoptar disposiciones
transitorias en un plazo que comienza a correr a partir de la fecha en que el Derecho interno se adapte efectivamente a la
Directiva de que se trata, lo que podría suceder una vez expirado el plazo señalado.
Por tanto, procede concluir que el artículo 15 de la Octava Directiva se opone a que un Estado miembro utilice la facultad
que prevé para autorizar a profesionales sin obligarles a superar previamente un examen de aptitud profesional, en contra
de lo previsto con carácter general en dicha Directiva, una vez expirado el plazo de un año que comienza a correr a partir
de la fecha de entrada en vigor de las disposiciones nacionales por las que se adapte el Derecho interno a la Octava Directiva,
fecha que, en cualquier caso, no puede ser posterior al 1 de enero de 1990.
En lo que atañe al segundo apartado, por el que se pretende dilucidar si la facultad prevista en el artículo 15 de la Octava
Directiva puede utilizarse en diversas ocasiones, procede observar que esta cuestión se basa en la idea de que dicha facultad
se ejerce cuando se adopta una disposición nacional que permita a la autoridad competente autorizar a profesionales en el
marco de dicho artículo.
Sin embargo, en la medida en que los interesados no podían recibir una autorización hasta que la autoridad nacional competente
adoptara su decisión, lo que, por lo demás, se prevé en el artículo 19 de la Octava Directiva, ha de considerarse que, en
el presente caso, sólo la decisión nº 75, adoptada el 19 de enero de 1995, es decir, después de la fecha límite de 1 de enero
de 1991, constituye una tentativa de ejercicio de dicha facultad. Por tanto, no procede responder al segundo apartado de la
segunda parte de la primera cuestión.
A la luz de todo lo que antecede, debe responderse la primera cuestión que el artículo 15 de la Octava Directiva permite a
todos los Estados miembros autorizar a las personas que reúnan los requisitos previstos en dicho artículo, es decir, a quienes
estén cualificados, en el Estado miembro de que se trate, para efectuar el control legal de los documentos a que se refiere
el artículo 1, apartado 1, y lo hayan ejercido hasta la fecha prevista en el mencionado artículo 15, sin obligarles a superar
previamente un examen de aptitud profesional.
No obstante, dicho artículo 15 se opone a que un Estado miembro utilice la facultad que prevé una vez expirado el plazo de
un año que comienza a correr a partir de la fecha en que entren en vigor las disposiciones nacionales por las que se adapte
el Derecho interno a la mencionada Directiva, fecha que, en cualquier caso, no puede ser posterior al 1 de enero de 1990.
Sobre la segunda cuestión
Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente solicita en esencia que se dilucide si, en virtud del artículo
11 de la Octava Directiva, los profesionales habilitados en otro Estado miembro para controlar documentos contables pueden
obtener una autorización para ejercer esta actividad en otro Estado miembro, sin estar obligados a superar un examen de aptitud
profesional, como establece la Octava Directiva.
Los demandantes del litigio principal y el Gobierno griego sostienen, al igual que el órgano jurisdiccional remitente por
unanimidad, que el artículo 11 de la Octava Directiva prevé únicamente que el Estado miembro de acogida ha de apreciar las
cualificaciones obtenidas en otro Estado miembro para conceder la autorización profesional en su propio territorio, pero no
le permite conceder una autorización profesional sin que se haya superado un examen, puesto que, conforme a otras disposiciones
de la Octava Directiva que regulan las cualificaciones requeridas, la superación de un examen de aptitud profesional constituye
una cualificación indispensable para la concesión de la autorización profesional.
Asimismo, precisan que el artículo 11 de la Octava Directiva se refiere exclusivamente a la posibilidad de considerar equivalentes
las cualificaciones obtenidas por un candidato en otro Estado miembro y no al reconocimiento de autorizaciones obtenidas en
otro Estado.
La Comisión, por su parte, sostiene que tanto el tenor del artículo 11 de la Octava Directiva como su finalidad, que consiste
en que se reconozca la equivalencia de hecho entre las cualificaciones adquiridas en otro Estado miembro y las requeridas
en el Estado miembro de acogida, abogan en favor de la interpretación de que las autoridades competentes del Estado miembro
de acogida han de apreciar y evaluar la equivalencia de dichas cualificaciones con las exigidas en su Estado, sin que sea
necesario que los profesionales interesados superen el examen contemplado en el artículo 4 de dicha Directiva.
En primer lugar, procede señalar que el artículo 11 de la Octava Directiva se refiere esencialmente a la determinación, por
la autoridad competente del Estado miembro de acogida, de la equivalencia de las «cualificaciones» de quienes las han obtenido
total o parcialmente en otro Estado miembro.
Ahora bien, el término «cualificaciones» no aparece definido en la Octava Directiva. En estas circunstancias, no puede considerarse
que las cualificaciones a que se refiere el artículo 11 de dicha Directiva correspondan en todo caso a las diversas exigencias
prescritas en el artículo 4 de dicha Directiva, entre las que se incluye la superación del examen de aptitud profesional.
Por el contrario, el uso de dicho término permite a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida apreciar globalmente
las cualidades del interesado, sin que, por lo demás, se vean obligadas a exigirle que supere el examen de aptitud profesional
previsto en dicho Estado ni que haya aprobado un examen de este tipo en otro Estado miembro.
Además, la determinación de la equivalencia a que se refiere el artículo 11 de la Octava Directiva se basa en una apreciación
de hecho, y no en la comprobación formal de la equivalencia de una cualificación determinada. A este respecto, procede precisar
que el reconocimiento de las autorizaciones obtenidas para el ejercicio de una profesión regulada en otro Estado miembro se
rige por la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de
los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (DO 1989, L 19,
p. 16). Sin embargo, aunque esta Directiva era aplicable en el momento en que se produjeron los hechos del litigio principal,
la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente se refiere a la interpretación de la Octava Directiva, adoptada
antes que la Directiva 89/48. Por añadidura, como señala el Abogado General en el punto 74 de sus conclusiones, el considerando
duodécimo de la Octava Directiva indica claramente que ésta no se refiere al «reconocimiento de las autorizaciones para [el]
control [de los documentos contables] dadas a los nacionales de los otros Estados miembros», que, según se afirma en el mismo
considerando, se regulará posteriormente.
Por otro lado, procede añadir, en respuesta a la segunda cuestión planteada, que el ejercicio de la facultad prevista en el
artículo 11 de la Octava Directiva no se limita a la apreciación de la equivalencia de las cualificaciones obtenidas conforme
al régimen anterior a la adopción de la Octava Directiva y que tal apreciación no debería depender del momento en que se hayan
adquirido las cualificaciones de que se trata, es decir, si ha sido antes o después de la adaptación del Derecho interno a
la Octava Directiva.
En lo que atañe a la naturaleza misma de la apreciación a que se refiere el artículo 11 de la Octava Directiva, ha de considerarse
que, a falta de disposiciones específicas que regulen el examen de la equivalencia, las autoridades competentes deben efectuarlo
cumpliendo con las obligaciones que imponen a los Estados miembros las normas del Tratado CE, en particular, las relativas
a la libertad de establecimiento.
El artículo 52 del Tratado CE (actualmente artículo 43 CE, tras su modificación) impone al Estado miembro ante el que se presente
una solicitud de autorización para ejercer una profesión cuyo acceso esté supeditado, en la normativa nacional, a la posesión
de un título o una cualificación profesional, la obligación de tomar en consideración los diplomas, certificados y otros títulos
que el interesado haya obtenido para el ejercicio de esa profesión en otro Estado miembro, efectuando una comparación entre
las aptitudes acreditadas por sus diplomas y la capacitación profesional exigida por la legislación nacional (véanse las sentencias
de 7 de mayo de 1991, Vlassopoulou, C‑340/89, Rec. p. I‑2357, apartado 16; de 16 de mayo de 2002, Comisión/España, C‑232/99,
Rec. p. I‑4235, apartado 21, y de 13 de noviembre de 2003, Morgenbesser, C‑313/01, Rec. p. I‑0000, apartado 57).
Si de dicho examen comparativo se desprende que los conocimientos y aptitudes acreditados por el título extranjero equivalen
a los exigidos por las disposiciones nacionales, el Estado miembro estará obligado a admitir que dicho título cumple los requisitos
establecidos por las citadas disposiciones (sentencia Vlassopoulou, antes citada, apartado 19).
Si, por el contrario, la comparación sólo pone de manifiesto una equivalencia parcial de dichos conocimientos y aptitudes,
el Estado miembro de acogida estará facultado para exigir que el interesado demuestre haber adquirido los conocimientos y
aptitudes que le faltan. A este respecto, corresponde a las autoridades nacionales competentes apreciar si los conocimientos
adquiridos en el Estado miembro de acogida, en el marco bien de un ciclo de estudios o bien de experiencia práctica, pueden
bastar para demostrar que se está en posesión de los conocimientos que falten (sentencia Vlassopoulou, antes citada, apartado 20).
En la medida en que las autorizaciones concedidas a los interesados a que se refiere la decisión nº 75 se basaban en las disposiciones
nacionales por las que se adapta el Derecho interno al artículo 11 de la Octava Directiva, corresponde al órgano jurisdiccional
nacional determinar si, en virtud del artículo 18, apartado 3
bis,
de la Ley nº 2231/94, en relación con la decisión nº 75, la concesión de dichas autorizaciones ha respetado los principios
antes mencionados.
A la luz de lo que antecede, procede responder a la segunda cuestión que el artículo 11 de la Octava Directiva permite a un
Estado miembro de acogida autorizar, para el ejercicio de la actividad de control legal de los documentos contables, a los
profesionales que ya hayan sido autorizados en otro Estado miembro, sin exigirles que superen un examen de aptitud profesional,
cuando las autoridades competentes del Estado miembro de acogida consideren que sus cualificaciones son equivalentes a las
exigidas por su legislación nacional, conforme a dicha Directiva.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
1)
El artículo 15 de la Directiva 84/253/CEE del Consejo, de 10 de abril de 1984, Octava Directiva basada en la letra g) del
apartado 3 del artículo 54 del Tratado CEE, relativa a la autorización de las personas encargadas del control legal de documentos
contables, permite a todos los Estados miembros autorizar a las personas que reúnan los requisitos previstos en dicho artículo,
es decir, a quienes estén cualificados, en el Estado miembro de que se trate, para efectuar el control legal de los documentos
a que se refiere el artículo 1, apartado 1, y lo hayan ejercido hasta la fecha prevista en el mencionado artículo 15, sin
obligarles a superar previamente un examen de aptitud profesional.
No obstante, dicho artículo 15 se opone a que un Estado miembro utilice la facultad que prevé una vez expirado el plazo de
un año que comienza a correr a partir de la fecha de entrada en vigor de las disposiciones nacionales por las que se adapte
el Derecho interno a la mencionada Directiva, fecha que, en cualquier caso, no puede ser posterior al 1 de enero de 1990.
2)
El artículo 11 de la Directiva 84/253 permite a un Estado miembro de acogida autorizar, para el ejercicio de la actividad
de control legal de los documentos contables, a los profesionales que ya hayan sido autorizados en otro Estado miembro, sin
exigirles que superen un examen de aptitud profesional, cuando las autoridades competentes del Estado miembro de acogida consideren
que sus cualificaciones son equivalentes a las exigidas por su legislación nacional, conforme a dicha Directiva.
Firmas
–
Lengua de procedimiento: griego.