CELEX: 61989CJ0196
Libre circulación de mercancías
Normativa nacional en materia de quesos

Mediante resolución de 9 de junio de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de junio siguiente, el Pretore de Milán planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE.
Dicha cuestión se suscitó en el marco del proceso penal incoado contra los Sres. Enzo Nespoli y Giuseppe Crippa por infracción de la legislación italiana en materia de quesos.
De las indicaciones dadas en la resolución de remisión se desprende que esa legislación prohibe producir, importar y comercializar quesos cuyo contenido en materias grasas sea inferior a un umbral fijado por dicha legislación. Ese umbral, que varía según las distintas variedades de quesos, es del 45 % para los quesos de tipo suizo, como el emmenthal.
Los Sres. Nespoli y Crippa son inculpados, el primero, por haber importado y comercializado en Italia y, el segundo, por haber ofrecido a la venta en un supermercado de Milán queso producido en Francia, denominado «Predor Light». Según se afirma en la resolución de remisión, el «Predor Light» es un queso de tipo «emmenthal», cuyo contenido en materias grasas con relación a la materia seca es del 30 %. Se vende con su envasado de origen, que lleva la indicación, escrita en francés, «fromage demi-gras» (queso semigraso) y en dicho envasado se ha pegado una etiqueta que indica en italiano «prodotto caseario» (producto quesero).
El Pretore de Milán, ante quien se incoó el proceso penal, tuvo dudas sobre la compatibilidad de la legislación italiana con los artículos 30 y 36 del Tratado, dado que dicha legislación, aplicada a los quesos ordinarios, parece constituir una medida de efecto equivalente a restricciones cuantitativas prohibida por el artículo 30 y no parece que pueda justificarse ni por exigencias imperativas relativas a la protección del consumidor o a la lealtad de las transacciones comerciales, ni por la necesidad de velar por la protección de la salud pública.
En tales circunstancias, el Pretore de Milán decidió suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se pronunciara con carácter prejudicial sobre la cuestión siguiente:
«¿Deben interpretarse los artículos 30 y 36 del Tratado de Roma en el sentido de que no es compatible con ellos y, por tanto, no es conforme a Derecho la normativa italiana en materia de quesos que no protege a las producciones típicas o de origen, en la medida en que fija unos límites máximos, además elevados, para el contenido en materias grasas, en relación con la materia seca, en lo que respecta a los quesos ordinarios, cuando se ha demostrado que dicha normativa constituye un obstáculo a la libre circulación intracomunitária de ese producto, sin estar justificada por razones de protección de la salud pública, ni por exigencias imperativas de protección de los consumidores o de garantía de la lealtad de las transacciones comerciales?»
Para una más amplia exposición de los hechos en el litigio principal, del desarrollo del procedimiento y de las observaciones escritas presentadas, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Con caracter preliminar, debe señalarse que si bien no corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco del artículo 177 del Tratado, pronunciarse sobre la compatibilidad de una normativa nacional con el Tratado, es competente, en cambio, para proporcionar al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos de interpretación que entran en el ámbito del Derecho comunitario que puedan permitirle determinar dicha compatibilidad a efectos de resolver el asunto que le haya sido sometido.
También debe señalarse que el Juez nacional se ha preocupado de especificar que la cuestión que planteaba se refería sólo a los «quesos ordinarios» y no a «las producciones típicas o de origen».
Por tanto, hay que entender que la cuestión prejudicial se refiere a si los artículos 30 y 36 del Tratado deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro aplique a la generalidad de los quesos importados de otros Estados miembros una normativa nacional que exige la observancia de un contenido mínimo en materias grasas, sin perjuicio de las normas específicas que pueden ser aplicables a los quesos que gozan de una protección especial, como la que puede corresponde a una denominación de origen o a una indicación de procedencia.
En el estado actual del Derecho comunitario, no existen normas comunes o armonizadas relativas a la fabricación y a la comercialización del queso. Por lo tanto, corresponde a cada Estado miembro regular, cada uno en su territorio, los requisitos de fabricación y de comercialización de dicho producto.
No obstante, los Estados sólo pueden ejercer dicha competencia dentro de los límites que les son impuestos, en particular, por las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías.
A este respecto, procede recordar que, debido a la disparidad que hay entre ellas, las legislaciones nacionales en materia de comercialización de los productos pueden constituir un obstáculo a los intercambios intracomunitários cuando se aplican a productos importados de otro Estado miembro en el que son legalmente fabricados y comercializados.
Tales legislaciones sólo pueden admitirse por lo que respecta al Tratado si, en el marco del artículo 30, son indistintamente aplicables a los productos nacionales y a los productos importados y están destinadas a satisfacer exigencias imperativas relacionadas, en particular, con la protección de los consumidores o con la lealtad de las transacciones comerciales, o si están justificadas por uno de los motivos de interés general mencionados en el artículo 36 del Tratado, como la protección de la salud pública.
Además, para que puedan ser admitidas, es preciso que dichas legislaciones sean necesarias para conseguir el objetivo perseguido y que ese objetivo no pueda conseguirse mediante medidas que sean menos restrictivas para los intercambios intracomunitários.
A la luz de todo lo expuesto, debe señalarse que una normativa nacional como la descrita por el Juez remitente, constituye un obstáculo a los intercambios en la medida en que prohibe la importación de quesos con un contenido en materias grasas inferior al prescrito, procedentes de Estados miembros en los que son legalmente fabricados y comercializados.
No puede considerarse que una normativa de este tipo esté justificada, en lo que respecta a la aplicación del artículo 30, por exigencias imperativas relacionadas con la protección de los consumidores o con la lealtad de las transacciones comerciales.
El Gobierno italiano alega, a este respecto, que la expectativa legítima de los consumidores no sería satisfecha si se les ofreciesen como quesos unos productos que, habida cuenta de la diversidad de las normativas nacionales en la materia, tuvieran características muy diferentes.
Este argumento debe rechazarse. Para evitar el inconveniente señalado por el Gobierno italiano, basta con que las autoridades nacionales prescriban un etiquetado adecuado que ofrezca una información correcta sobre el contenido real de los quesos en materias grasas y que permita a los consumidores elegir con pleno conocimiento de causa.
Por ùltimo, no puede aplicarse a una medida nacional como la controvertida la excepción, prevista en el artículo 36 y mencionada por el Juez remitente, relativa a la protección de la salud pública.
En efecto, no puede considerarse que exista el riesgo de que la salud pública resulte comprometida por el hecho de que se consuman quesos con un bajo contenido en materias grasas.
Por tanto, procede responder a la cuestión prejudicial que las disposiciones de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que, sin perjuicio de las normas particulares aplicables a los quesos que son objeto de una protección especial como la que puede otorgarse a una denominación de origen o a una indicación de procedencia, un Estado miembro aplique una normativa nacional que exige un contenido mínimo de materias grasas a la totalidad de los quesos importados de otro Estado miembro, cuando estos quesos son legalmente producidos y comercializados en este último Estado y se proporciona una información adecuada a los consumidores.
En lo que respecta a la solicitud de la Associazione italiana lattiero-casearia, parte coadyuvante en el litigio principal, que ha presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia a efectos de que éste se pronuncie sobre la interpretación del párrafo 2 del apartado 3 del artículo 40 del Tratado, basta con señalar que el órgano jurisdiccional nacional no ha planteado ninguna cuestión relativa a dicha disposición y que, por consiguiente, no procede interpretarla.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno de la República Francesa, por el Gobierno de la República Italiana y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Pretore de Milán mediante resolución de 9 de junio de 1989, declara:

Los artículos 30 y 36 del Tratado CEE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que, sin perjuicio de las normas particulares aplicables a los quesos que son objeto de una protección especial como la que puede otorgarse a una denominación de origen o a una indicación de procedencia, un Estado miembro aplique una normativa nacional que exige un contenido mínimo de materias grasas a la totalidad de los quesos importados de otro Estado miembro, cuando estos quesos son legalmente producidos y comercializados en este último Estado y se proporciona a los consumidores una información adecuada.

Due
Mancini
O'Higgins
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Schockweiler
Grévisse
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de octubre de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.