CELEX: 62002TJ0195
Funcionarios
Concurso general
Recurso de anulación
Procedimiento de preselección
Desarrollo de las pruebas
Anulación con efecto retroactivo de determinadas preguntas tipo test
Principio de igualdad de trato
Principio de confianza legítima

Recurso por el que se solicita, con carácter principal, la anulación de la decisión del tribunal calificador del concurso
general COM/A/11/01 de no admitir la participación del demandante en las pruebas de preselección.
Resultado:
Se desestima el recurso. Cada parte cargará con sus propias costas.
Sumario
1.
Funcionarios – Concurso – Concurso-oposición – Contenido de las pruebas – Irregularidades o errores durante la celebración
de un concurso general – Facultad de apreciación del tribunal calificador – Control jurisdiccional – Límites
2.
Derecho comunitario – Principios – Igualdad de trato – Concepto
3.
Funcionarios – Concurso – Concurso-oposición – Contenido de las pruebas – Control jurisdiccional – Límites
4.
Funcionarios – Naturaleza jurídica de la relación existente entre un candidato y la institución que convoca un concurso general
5.
Funcionarios – Principios – Protección de la confianza legítima – Requisitos
1.     El tribunal calificador del concurso dispone de una amplia facultad de apreciación en cuanto a la fijación de las modalidades
del desarrollo de un concurso y del contenido detallado de las pruebas previstas, en el marco de los requisitos y exigencias
establecidos por la convocatoria del concurso. Por lo tanto, el juez comunitario únicamente puede censurar el desarrollo de
los ejercicios en la medida necesaria para asegurar la igualdad de trato entre los candidatos y la objetividad de la elección
efectuada entre ellos. Esta amplia facultad de apreciación se le debe reconocer, dentro de los mismos límites, al tribunal
calificador del concurso cuando éste se enfrenta a irregularidades o a errores cometidos durante el desarrollo de un concurso
general con un elevado número de participantes, errores que no pueden repararse mediante una repetición de las pruebas del
concurso, en virtud de los principios de proporcionalidad y de buena administración.
(Véase el apartado 31)
Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 21 de mayo de 1996, Kaps/Tribunal de Justicia (T‑153/95, RecFP pp. I‑A‑233 y II‑663),
apartado 37; Tribunal de Primera Instancia, 2 de mayo de 2001, Giulietti y otros/Comisión (asuntos acumulados T‑167/99 y T‑174/99,
RecFP pp. I‑A‑93 y II‑441), confirmada por el auto del Tribunal de Justicia de 13 de diciembre de 2001, Giulietti/Comisión
(C‑263/01 P, no publicado en la Recopilación)
2.     Existe violación del principio de igualdad de trato cuando a dos categorías de personas, cuyas situaciones jurídica y fáctica
no presentan unas diferencias esenciales, se les dispensa un trato distinto o cuando se tratan de manera idéntica situaciones
distintas.
(véase el apartado 41)
Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 25 de mayo de 2000, Elkaïm y Mazuel/Comisión (T‑173/99, RecFP pp. I‑A‑101 y II‑433),
apartado 64; Tribunal de Primera Instancia, 15 de marzo de 1994, La Pietra/Comisión (T‑100/92, RecFP pp. I‑A‑83 y II‑275),
apartado 50
3.     El Tribunal de Primera Instancia únicamente puede censurar el contenido detallado de una prueba cuando éste se aparte del
marco indicado en la convocatoria del concurso o no guarde relación con las finalidades de la prueba del concurso.
(véase el apartado 50)
Referencia: Tribunal de Justicia, 24 de marzo de 1988, Goossens/Comisión (228/86, Rec. p. 1819), apartado 14; Kaps/Tribunal
de Justicia, antes citada, apartado 37
4.     No existe contrato alguno entre un candidato a un concurso y el tribunal calificador de dicho concurso. Los vínculos jurídicos
entre los funcionarios, incluidos los posibles candidatos a la función pública, y la institución de que se trate son de naturaleza
estatutaria y no contractual.
(véase el apartado 60)
Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 19 de julio de 1999, Mammarella/Comisión (T‑74/98, RecFP pp. I‑A‑151 y II‑797),
apartado 25
5.     El derecho a reclamar la protección de la confianza legítima se extiende a todo particular que se encuentre en una situación
de la que se desprenda que la Administración comunitaria, dándole unas seguridades concretas, le hizo concebir fundadas esperanzas.
(véase el apartado 63)
Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 5 de febrero de 1997, Ibarra Gil/Comisión (T‑207/95, RecFP pp. I‑A‑13 y II‑31),
apartado 25