CELEX: 61985CJ0080
Medidas de efecto equivalente
Precio del pan

Mediante resolución de 13 de marzo de 1985, que tuvo entrada en el Tribunal de Justicia el 1 de abril siguiente, el Presidente de ľ Arrondissementsrechtbank de Almelo y, mediante resolución de 20 de mayo de 1985 llegada al Tribunal de Justicia el 28 del mismo mes, el Arrondissementsrechtbank de's Hertogenbosch plantearon, en virtud del artículo 177 del Tratado CEE, respectivamente, dos cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de los artículos 7 y 30 del Tratado CEE y del principio general de no discriminación. Como estas cuestiones tienen un objeto idéntico o conexo, el Tribunal ha acumulado los asuntos a efectos del procedimiento y de la sentencia.
Estas cuestiones se suscitaron en el marco de dos procedimientos entablados contra la Sociedad Edah BV, que se dedica a la explotación de grandes almacenes en los Países Bajos. Los dos procedimientos se refieren a la venta de pan por Edah BV a un precio inferior al precio mínimo de venta fijado de acuerdo con la reglamentación neerlandesa sobre el precio de venta del pan (Verordening broodprijzen). El procedimiento ante el Presidente del Arrondissementsrechtbank de Almelo tiene por objeto una demanda de medidas provisionales, presentada por la Nederlandse Bakkerij Stichting, que defiende los intereses de los panaderos neerlandeses, así como por varios panaderos, cuyas tiendas se encuentran situadas en las proximidades de un almacén explotado por Edah BV, por la que se pretende que se prohiba a ésta la práctica de precios inferiores al precio mínimo. Ante el Arrondissementsrechtbank de's Hertogenbosch, el Officier van Justitie sigue un procedimiento penal contra Edah BV por infracción de la mencionada reglamentación.
La Verordening broodprijzen, adoptada el 2 de septiembre de 1976 por la Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten (Servicio de cereales, semillas y legumbres de vaina seca), prohibe en su artículo 2 la venta de pan de fabricación neerlandesa a un precio inferior al precio de venta mínimo. Al fijar este precio mínimo, el Presidente de la Produktschap debe especialmente tener en cuenta el total de los costos de producción de las panaderías bien organizadas y que trabajan de manera rentable, así como el total de los costos de distribución de las empresas bien organizadas y que trabajan de manera rentable.
En 1982, un artículo 2
bis
se agregó a la Verordening broodprijzen para prohibir la venta al público del pan fabricado fuera de los Países Bajos a un precio inferior al precio de compra incrementado en un margen igual al total de los costos de distribución de las empresas bien organizadas que trabajan de manera rentable, todo ello incrementado con el impuesto sobre el valor añadido. Desde el 23 de marzo de 1985, en virtud de un Reglamento de 7 de marzo de 1985, esta prohibición referida al pan fabricado fuera de los Países Bajos no se aplica ya al pan vendido a un precio igual o superior al precio mínimo aplicable al pan producido en los Países Bajos.
Desde enero hasta marzo de 1985, Edah BV, en el marco de una promoción en sus grandes almacenes, vendió pan cortado de fabricación neerlandesa al precio de 1,59 HFL en lugar de al precio mínimo de 1,86 HFL aplicable en el momento de los hechos a dicho tipo de pan de acuerdo con una decisión del Presidente de la Produktschap, de 23 de julio de 1984. En el marco de los procedimientos en los asuntos principales, Edah BV justificó su inobservancia del precio mínimo alegando que la reglamentación neerlandesa sobre el precio mínimo del pan era incompatible con los artículos 7 y 30 del Tratado CEE.
Los dos órganos jurisdiccionales que conocían de los asuntos principales decidieron entonces plantear al Tribunal de Justicia, respectivamente, dos preguntas sobre la interpretación de estos artículos. El Arrondissementsrechtbank de
's
Hertogenbosch, refiriéndose a la normativa neerlandesa aplicable hasta el 23 de marzo de 1985, planteó una primera pregunta formulada como sigue:
«Una normativa sobre precios que, en virtud de la legislación de un Estado miembro, se aplica a las ventas al público efectuadas por un minorista establecido en dicho Estado miembro, ¿es contraria a la prohibición de medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas a la importación establecida por el artículo 30 del Tratado CEE cuando, para el producto importado, esta normativa impone un margen fijo, expresado en valores numéricos, que se añade al precio de compra, habida cuenta de que este margen sólo representa una parte relativamente pequeña del precio de venta al por menor definitivo y el producto nacional debe venderse a un precio mínimo final fijado por este Estado miembro?»
La primera pregunta planteada por el Presidente del Arrondissementsrechtbank de Almelo, referida a la reglamentación sobre el precio del pan modificada a partir del 23 de marzo de 1985, está redactada como sigue:
«Una disposición legal de un Estado miembro que establece un margen que sólo representa una parte relativamente pequeña del precio de venta al por menor definitivo, ¿es contraria a la prohibición de medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas a la importación establecida por el artículo 30 del Tratado CEE cuando y en la medida en que esta disposición se aplica a la venta al público de un producto importado, efectuada por un minorista establecido en el Estado miembro de que se trata, a un precio inferior al mínimo fijado para este producto por dicho Estado miembro, habida cuenta de que la venta del producto nacional está totalmente prohibida en las mismas condiciones?»
Además, los dos órganos jurisdiccionales remitentes han planteado una segunda pregunta, redactada en términos idénticos, tal como sigue:
«Una normativa de un Estado miembro por la que se prohibe que los minoristas, establecidos en dicho Estado, vendan al público un producto a un precio inferior a un precio mínimo determinado, ¿es contraria a la prohibición de toda discriminación por razón de la nacionalidad establecida en el artículo 7 del Tratado CEE, habida cuenta de que la prohibición de venta a un precio inferior se aplica (siempre) al producto nacional, pero no se aplica al producto importado?»
Conviene recordar en primer lugar que, en el marco del artículo 177 del Tratado CEE, el Tribunal de Justicia no puede pronunciarse sobre la compatibilidad con el Derecho comunitario de una disposición legal o reglamentaria nacional. Sin embargo, el Tribunal puede proporcionar al órgano jurisdiccional nacional los elementos de interpretación sobre el Derecho comunitario que le permitan resolver el problema jurídico que se le ha planteado.
Sobre el artículo 30
Así comprendidas, las preguntas planteadas en primer lugar por los órganos jurisdiccionales remitentes pretenden precisar la interpretación del artículo 30 del Tratado CEE en relación con una normativa nacional que fija un precio de venta al por menor, como la que se aplica al pan en los Países Bajos en sus versiones sucesivamente vigentes antes y después del 23 de marzo de 1985, que impone la obligación de practicar un precio mínimo de un importe fijo para la venta de pan de fabricación nacional y respetar un determinado margen de distribución para el pan importado.
Por lo que respecta a la aplicación a regímenes estatales de reglamentación de precios de la prohibición de medidas de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación, establecida por el artículo 30, el Tribunal de Justicia ya ha declarado (véanse las sentencias de 26 de noviembre de 1976, Tasca,
65/75, Rec. 1976, p. 291
; de 24 de enero de 1978, van Tiggele,
82/77, Rec. 1978, p. 25
, y de 29 de enero de 1985, Cullet,
231/83, Rec. 1985, p. 305
) que dichos regímenes, aplicables indistintamente a los productos nacionales y a los productos importados, no constituyen en sí mismos medidas de efecto equivalente a una restricción cuantitativa, pero pueden producir dicho efecto cuando los precios se sitúan a un nivel tal que los productos importados resultan perjudicados en relación con los productos nacionales idénticos, ya sea porque no pueden venderse con beneficio en las condiciones fijadas, ya sea porque se ha neutralizado la ventaja que en materia de competencia se deriva de precios de coste inferiores.
Sin embargo, las cuestiones planteadas no contemplan una normativa indistintamente aplicable a los productos nacionales y a los productos importados, sino a reglas distintas para los dos grupos de productos, contenidas en diferentes disposiciones adoptadas en momentos diferentes, que se distinguen igualmente en cuanto al fondo. Como ha establecido este Tribunal en su sentencia de 29 de noviembre de 1983 (Roussel Laboratorio,
181/82, Rec. 1983, p. 3849
), una normativa diferenciada para dos grupos de productos debe considerarse como una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a partir del momento en que puede perjudicar, de alguna manera, la venta de los productos importados.
Cuando en virtud de una reglamentación de precios, tal como sucedía en el caso en la versión de la Verordening broodprijzen aplicable hasta el 23 de marzo de 1985, el margen de distribución obligatorio se añade al precio de compra del pan importado, sea cual sea el importe de este precio de compra, esta reglamentación origina, en ciertos casos, que en la venta del pan importado se imponga un precio superior al precio mínimo aplicable al pan de fabricación nacional. De esta manera puede crear para el pan importado una desventaja en la competencia sobr el precio de venta al por menor y perjudicar su venta. Una reglamentación que puede tener dicho efecto puede obstaculizar los intercambios entre los Estados miembros y es por lo tanto contraria al artículo 30 del Tratado CEE.
En cambio, cuando, como es el caso en la versión de la Verordening broodprijzen aplicable desde el 23 de marzo de 1985, la regla que impone el respeto del margen de distribución no se aplica al pan importado vendido a un precio igual o superior al precio mínimo aplicable al pan de fabricación nacional, se evita la desventaja ya mencionada en materia de competencia. En ausencia de tal desventaja, la venta del pan importado no se ve perjudicada y los intercambios entre los Estados miembros no se encuentran obstaculizados por dicha reglamentación.
No se puede considerar, como ha alegado Edah BV, que dicha reglamentación puede, no obstante, obstaculizar los intercambios, por cuanto impide a los minoristas particularmente bien organizados y que trabajan de una manera muy rentable que repercutan la ventaja en materia de competencia cuando venden pan importado. En efecto, cuando el mismo margen, que corresponde a los costes de distribución de empresas distribuidoras bien organizadas y que trabajan de manera rentable, se impone para la venta del pan importado y se tiene en cuenta para la fijación del precio mínimo del pan de fabricación nacional, los productos nacionales e importados están en un mismo pie de igualdad respecto a la repercusión de la ventaja en materia de competencia que un minorista eventualmente obtiene de su organización y de la rentabilidad de su trabajo, mientras que la ventaja en materia de competencia resultante, llegado el caso, de un precio de coste inferior del producto importado puede repercutirse y no se neutraliza. Por tanto, la venta de los productos importados no resulta perjudicada de ninguna manera.
Con objeto de demostrar que, aun en su versión aplicable desde el 23 de marzo de 1985, la reglamentación que se cuestiona puede dificultar los intercambios, Edah BV se ha referido también al siguiente cálculo: cuando el precio de compra del pan importado es de 1,69 HFL y el del pan neerlandés de 1,72 HFL, el pan importado debe venderse con un margen obligatorio de 0,17 HFL al precio de 1,86 HFL, mientras que respecto del pan neerlandés, igualmente vendido al precio mínimo de 1,86 HFL, el minorista puede conformarse con un margen de distribución de 0,14 HFL. Según Edah BV, cuya opinión ha sido compartida en este punto por la Comisión en la vista, este ejemplo en cifras muestra que el pan importado está, en algunos casos, discriminado.
Es cierto que en la hipótesis mencionada por Edah BV el minorista no puede hacer que el consumidor se beneficie con el precio de coste más bajo que paga por el pan importado. Sin embargo conviene tener en cuenta que el margen de distribución del pan importado es, en tal caso, superior al del pan nacional, y que esta circunstancia puede incitar al minorista a promover la venta del primero en detrimento del segundo. A la vista de lo anterior, no se puede concluir que se obstaculice la importación del pan.
Tampoco se puede aceptar la tesis de Edah BV según la cual dicha normativa es contraria al artículo 30 del Tratado CEE porque permite, llegado el caso, vender el pan importado, cuyo precio de compra sea bajo, a un precio de venta inferior al mínimo aplicable al pan de fabricación nacional. En efecto, la finalidad de este artículo es eliminar los obstáculos a la importación de mercancías y no asegurar, en todos los casos, un trato igual a las mercancías de origen nacional e importadas. Una diferencia de trato que no pueda obstaculizar la importación o perjudicar la comercialización de las mercancías importadas, sino que por el contrario las favorezca, no está comprendida en la prohibición establecida por este artículo.
Finalmente, no es necesario examinar la tesis de Edah BV y de la Comisión según la cual dicha normativa es contraria al artículo 30 del Tratado CEE en la medida en que el precio mínimo se fija para determinadas clases de pan de fabricación nacional mientras que el margen de distribución se aplica a todo el pan importado. En efecto, dado que las resoluciones de los órganos jurisdiccionales remitentes no indican que esta diferencia, suponiendo que no sea una mera cuestión de forma, pueda tener importancia en el marco de los procedimientos principales, el Tribunal estima que la cuestión relativa a si el artículo 30 se opone a dicha diferencia de trato no le ha sido planteada por los órganos jurisdiccionales remitentes.
Procede, por tanto, responder a las preguntas planteadas en primer lugar por el Presidente del Arrondissementsrechtbank de Almelo y por el Arrondissementsrechtbank de's Hertogenbosch que el artículo 30 del Tratado CEE debe interpretarse en el sentido de que :
—
una normativa nacional que impone un precio mínimo fijo de venta al por menor para el pan de fabricación nacional y que, para la venta de pan importado, determina un margen de distribución, correspondiente a los costes de distribución de empresas distribuidoras bien organizadas y que trabajan de manera rentable, que se añade al precio de compra, constituye una medida equivalente a una restricción cuantitativa a la importación dado que dicho margen de distribución es obligatorio incluso en los casos en que el precio de venta resultante es superior al precio mínimo aplicable al pan de fabricación nacional;
—
dicha normativa no constituye una restricción cuantitativa a la importación cuando el margen de distribución para la venta de pan importado, que es idéntico al que se tiene en cuenta para la determinación del precio mínimo fijo del pan de fabricación nacional, no es obligatorio para el pan importado que se venda a un precio igual o superior a dicho precio mínimo;
—
el mencionado artículo no se opone a que, en el marco de dicha normativa, el precio de venta del pan importado que resulte de la aplicación del margen de distribución pueda, en su caso, ser inferior al precio mínimo fijado para el pan de fabricación nacional.
Sobre el artículo 7 y la prohibición de discriminación
Las preguntas planteadas en segundo lugar por los órganos jurisdiccionales remitentes pretenden saber si el artículo 7 del Tratado CEE o el principio general de no discriminación se oponen a que, en el marco de una normativa como la que se cuestiona en autos, el precio de venta del pan importado pueda, llegado el caso, ser inferior al precio mínimo fijado para el pan de fabricación nacional y, en consecuencia, perjudicar a este último en relación con los productos importados.
La diferencia de trato señalada se refiere a una distinción establecida por una normativa nacional entre las mercancías según su origen y entre los minoristas según la mercancía que venden. En cambio, en la hipótesis considerada, no hay ninguna distinción entre los agentes económicos según su nacionalidad, ni tampoco según su lugar de establecimiento. Por lo tanto, no se trata aquí de una «discriminación por razón de la nacionalidad», ni siquiera encubierta o indirecta, en el sentido del artículo 7 del Tratado CEE.
Tratándose del principio general de no discriminación, procede señalar que un trato desfavorable a los productos de fabricación nacional en relación con los productos importados o incluso a los minoristas que venden productos de fabricación nacional en relación con aquellos que venden productos importados, practicada por un Estado miembro en un sector no sometido a una normativa comunitaria o a una armonización de legislaciones nacionales, no está comprendida en el campo de aplicación del Derecho comunitario.
Procede, por tanto, responder a las preguntas planteadas en segundo lugar por el Arrondissementsrechtbank de Almelo y por el Arrondissementsrechtbank de's Hertogenbosch que ni el artículo 7 del Tratado CEE ni el principio general de no discriminación establecido por el Derecho comunitario se aplican a una diferencia de trato consistente en que, en el marco de la mencionada normativa, el precio de venta del pan importado pueda, en su caso, ser inferior al precio fijado para el pan de fabricación nacional.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno neerlandés y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente planteado ante los órganos jurisdiccionales nacionales, corresponde a éstos resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Presidente del Arrondissementsrechtbank de Almelo, mediante resolución de 13 de marzo de 1985, y por el Arrondissementsrechtbank de 's Hertogenbosch, mediante resolución de 20 de mayo de 1985, declara:

1)
El artículo 30 del Tratado CEE debe interpretarse en el sentido de que:
—
Una normativa nacional que establece un precio mínimo fijo de venta al por menor para el pan de fabricación nacional y, para la venta del pan importado, impone un margen de distribución, correspondiente a los costes de distribución de empresas distribuidoras bien organizadas y que trabajan de forma rentable, que se acumula al precio de compra, constituye una medida equivalente a una restricción cuantitativa a la importación dado que dicho margen de distribución es obligatorio incluso en los casos en que el precio de venta resultante es superior al precio mínimo aplicable al pan de fabricación nacional.
—
Dicha normativa no constituye una restricción cuantitativa a la importación cuando el margen de distribución para la venta de pan importado, que es idéntico al que se tiene en cuenta para la determinación del precio mínimo fijo del pan de fabricación nacional, no es obligatorio para el pan importado que se venda a un precio igual o superior a dicho precio mínimo.
—
El mencionado artículo no se opone a que, en el marco de dicha normativa, el precio de venta del pan importado que resulte de la aplicación del margen de distribución pueda, en su caso, ser inferior al precio mínimo fijado para el pan de fabricación nacional.

2)
Ni el artículo 7 del Tratado CEE ni el principio general de no discriminación establecido por el Derecho comunitario se aplican a una diferencia de trato consistente en que, en el marco de la mencionada normativa, el precio de venta del pan importado pueda, en su caso, ser inferior al precio fijado para el pan de fabricación nacional.

Galmot
Everling
Moitinho de Almeida
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, el 13 de noviembre de 1986.
El Secretario
P. Heim
El Presidente de la Sala Tercera
Y. Galmot
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.