CELEX: 61988CJ0228
Seguridad Social
Derecho a prestaciones familiares cuando el Derecho interno del país de empleo exige que los requisitos necesarios se cumplan en su territorio

Mediante resolución de 21 de julio de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 8 de agosto siguiente, el Bayerisches Landessozialgericht planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del apartado 1 del artículo 3 y del apartado 1 del artículo 73 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, modificado y actualizado por el Reglamento (CEE) n° 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983 (
DO L 230, p. 6
, anexo I; EE 05/03, p. 53).
Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio que tiene por objeto la negativa de la Kindergeldkasse (Caja de subsidios familiares; en lo sucesivo, «la Caja») a conceder al Sr. Bronzino, trabajador italiano empleado en la República Federal de Alemania, la asignación prevista en el apartado 4 del artículo 2 de la Bundeskindergeldgesetz (Ley federal por la que se regulan las asignaciones por hijos a cargo; en lo sucesivo, «BKGG»), por sus hijos Rosa, Nunzia y Vincenzo, residentes en Ercolano (Italia), donde están inscritos como solicitantes de empleo en la oficina de empleo.
La denegación por parte de la Caja se basó en el hecho de que los hijos del Sr. Bronzino no se encontraban en el territorio en el que se aplica la BKGG a disposición de la oficina de empleo, en calidad de desempleados, requisito necesario para la concesión de la asignación por hijos a cargo, mayores de dieciséis años pero menores de veintiuno, que estén desempleados.
La sentencia del Sozialgericht Augsburg, que condenó a la Caja a pagar el Sr. Bronzino las asignaciones a las que éste consideraba tener derecho, fue apelada ante el Bayerisches Landessozialgericht, que, por considerar que el litigio plantea el problema de la compatibilidad de la BKGG con el Derecho comunitario, suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Deben interpretarse el apartado 1 del artículo 73 y el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento n° 1408/71, u otras disposiciones del Derecho comunitario, en el sentido de que el trabajador migrante también tiene derecho a prestaciones familiares en el Estado de empleo, en el caso de que un miembro de su familia no pueda, únicamente en el Estado de residencia y conforme a la legislación de éste, comenzar o continuar su formación profesional, por falta de plazas de formación, o bien esté a disposición de los servicios de empleo en calidad de desempleado, habida cuenta de que el Derecho nacional del Estado de empleo exige de dichos requisitos se cumplan dentro de su territorio?»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento y de las observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Habida cuenta de los hechos del litigio principal, expuestos por el órgano jurisdiccional nacional, procede considerar que, mediante la cuestión prejudicial, éste pretende saber, básicamente, si el apartado 1 del artículo 3 y el apartado 1 del artículo 73 del Reglamento n° 1408/71, u otras disposiciones del Derecho comunitario, deben interpretarse en el sentido de que, cuando la legislación del Estado miembro que efectúa determinadas prestaciones familiares exige como requisito para la concesión de estas prestaciones que el miembro de la familia del trabajador esté a disposición de la oficina dé empleo del territorio en el que esta legislación se aplica como trabajador en paro, tal requisito debe considerarse cumplido cuando el miembro de la familia se encuentre, como trabajador en paro, a disposición de la oficina de empleo del Estado miembro en que resida.
Hay que recordar que, conforme al artículo 73 del Reglamento n° 1408/71, modificado por el Reglamento (CEE) n° 3427/89 del Consejo, de 30 de octubre de 1989 (
DO L 331, p. 1
), que sustituye a la versión vigente en el momento en que se planteó la cuestión prejudicial y que introduce, como únicas modificaciones, las relativas a su aplicación a los trabajadores por cuenta propia y a la supresión del régimen excepcional para Francia, «el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia sometido a la legislación de un Estado miembro tendrá derecho, para los miembros de su familia que residan en el territorio de otro Estado miembro, a las prestaciones familiares previstas por la legislación del primer Estado, como si residieren en el territorio de éste, sin perjuicio de las disposiciones del anexo VI». El concepto de «prestaciones familiares» se define en el inciso i) de la letra u) del artículo 1 del mismo Reglamento como «todas las prestaciones en especie o en metálico destinadas a compensar las cargas familiares en el marco de una legislación prevista en la letra h) del apartado 1 del artículo 4, con exclusión de los subsidios especiales de natalidad mencionados en el anexo II». Esta última disposición establece que el Reglamento se aplicará a todas las legislaciones relativas a las prestaciones familiares, y la República Federal de Alemania mencionó la BKGG como legislación de este tipo, conforme a la obligación impuesta a los Estados miembros por el artículo 5 de mencionar las legislaciones y regímenes indicados en el apartado 1 del artículo 4 (
DO 1980, C 139, p. 1
; EE 05/02, p. 189).
El Gobierno alemán admite que la prestación controvertida está destinada a ayudar a las familias a soportar las cargas de mantenimiento de sus hijos que, tras haber cumplido los dieciséis años y antes de cumplir los veintiuno, se encuentren en paro. Considera, no obstante, que el citado artículo 73 sólo se refiere a las prestaciones familiares típicas, es decir, las que están sujetas a requisitos que corresponden, por regla general, a una carga social para la familia del trabajador, sin estar vinculadas, como es el caso de la prestación controvertida, a una situación particular del Estado que las concede.
En efecto, según el Gobierno alemán, la prestación contenida en el apartado 4 del artículo 2 de la BKGG es una medida destinada a hacer frente a la crítica situación del mercado de empleo en la República Federal de Alemania, lo que justifica la exigencia de que el solicitante de empleo esté a disposición de la oficina de empleo en este país.
Este Gobierno considera, además, que el artículo 73 del Reglamento n° 1408/71 se limita a suprimir la referencia territorial de las cláusulas de residencia y no afecta a otros requisitos objetivamente justificados, como la citada exigencia.
A este respecto, debe recordarse que el artículo 73 se aplica a las prestaciones familiares definidas en el inciso i) de la letra u) del artículo 1. Las prestaciones de que se trata en el presente asunto corresponden a esta definición, ya que están destinadas a ayudar a las familias a soportar la carga financiera del mantenimiento de los hijos que se encuentren en situación de desempleo. Hay que señalar que la propia República Federal de Alemania ha calificado estas prestaciones como prestaciones familiares, tanto en su legislación, como en las declaraciones efectuadas por su Gobierno a la Comisión.
Procede destacar, a continuación, que el artículo 73 pretende evitar que un Estado miembro pueda denegar las prestaciones familiares por el hecho de que los miembros de la familia del trabajador residan en un Estado miembro diferente del Estado que las concede. En efecto, tal denegación podría disuadir al trabajador comunitario de ejercer su derecho a la libre circulación, y constituiría, por tanto, un obstáculo a esta libertad. De ello se deduce que un requisito por el cual, para causar derecho a determinadas prestaciones familiares, el hijo del trabajador debe estar a disposición de la oficina de empleo del Estado miembro que concede la prestación, requisito que sólo puede cumplirse si el hijo reside en el territorio de este último Estado, entra dentro del ámbito de aplicación de esta norma y que, por tanto, debe considerarse cumplido cuando el hijo se encuentra a disposición de la oficina de empleo en el Estado miembro en que reside.
El Gobierno alemán alega contra esta interpretación del artículo 73 que si esta disposición fuera aplicable en el presente caso, la oficina de empleo de la República Federal de Alemania no tendría ninguna posibilidad de liberarse de su obligación de abonar dichas prestaciones al interesado ofreciendo un empleo al miembro de la familia de que se trate.
Debe observarse que este argumento, que podría estar justificado en materia de subsidos de desempleo, no puede invocarse para denegar el pago de una prestación familiar en favor de los padres de un hijo desempleado. Por lo demás, inconvenientes como los invocados por el Gobierno alemán, derivados de la aplicación del Reglamento n° 1408/71, no pueden poner en tela de juicio la interpretación de una de las disposiciones de este Reglamento tal como se desprende de su tenor literal y de su finalidad.
De todo lo anterior resulta que, sin que sea necesario recurrir a otras normas del Derecho comunitario, procede responder a la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional que el artículo 73 del Reglamento n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familiares que se desplazan dentro de la Comunidad, debe interpretarse en el sentido de que, cuando la legislación del Estado miembro que otorga determinadas prestaciones familiares exige, como requisito para la concesión de estas prestaciones, que el miembro de la familia del trabajador esté a disposición de la oficina de empleo en el territorio en el que esta legislación se aplica, como trabajador en paro, tal requisito debe considerarse cumplido cuando el miembro de la familia se encuentre, como trabajador en paro, a disposición de la oficina de empleo en el Estado miembro en que resida.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno de la República Federal de Alemania, el Gobierno italiano, el Gobierno portugués, el Gobierno neerlandés y por la Comisión de las Comunidades Europeas no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Bayerisches Landessozialgericht, mediante resolución de 21 de julio de 1988, decide:

Declarar que el artículo 73 del Reglamento n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, debe interpretarse en el sentido de que, cuando la legislación del Estado miembro que otorga determinadas prestaciones familiares exige, como requisito para la concesión de estas prestaciones, que el miembro de la familia del trabajador esté a disposición de la oficina de empleo en el territorio en el que esta legislación se aplica, como trabajador en paro, tal requisito debe considerarse cumplido cuando el miembro de la familia se encuentre, como trabajador en paro, a disposición de la oficina de empleo en el Estado miembro en que resida.

Due
Schockweiler
Zuleeg
Koopmans
Mancini
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de febrero de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.