CELEX: 61990CJ0058
Artículos 48, 52 y 59 del Tratado CEE
Reconocimiento de títulos profesionales obtenidos en el extranjero, reservado a los ciudadanos italianos
Ejercicio de profesiones sanitarias auxiliares

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 8 de marzo de 1990, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 48, 52 y 59 del Tratado CEE, al reservar a los nacionales italianos la posibilidad de obtener el reconocimiento en Italia de los títulos extranjeros que habilitan para ejercer determinadas profesiones sanitarias auxiliares.
Las disposiciones nacionales cuestionadas figuran en la Ley italiana n° 752 de 8 de noviembre de 1984 (GURI n° 311 de 12.11.1984, p. 9427), completada por el Decreto de aplicación de 16 de julio de 1986 (GURI n° 302 de 31.12.1986, p. 24).
Como consecuencia de una reclamación de un nacional belga, que había solicitado en vano el reconocimiento en Italia de un diploma de osteópata y de fisioterapeuta obtenido en Bélgica y en el Reino Unido, y de una petición dirigida al Parlamento Europeo, la Comisión requirió al Gobierno italiano, mediante escrito de 19 de septiembre de 1988, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 169 del Tratado CEE, para que presentara sus observaciones. Al no obtener respuesta, la Comisión emitió, el 15 de junio de 1989, un Dictamen motivado mediante el que instaba a la República Italiana a adoptar las medidas necesarias en un plazo de dos meses. Como siguió sin recibir respuesta, la Comisión interpuso el presente recurso.
Para una más amplia exposición de los hechos del asunto, del desarrollo del procedimiento, así como de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
En apoyo de su recurso, la Comisión formula dos alegaciones. En primer lugar, se refiere a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia según la cual una discriminación basada en la nacionalidad, como la creada por la legislación italiana de que se trata, para acceder a las referidas actividades profesionales como trabajador por cuenta ajena (artículo 48 del Tratado CEE) o autónomo (artículo 52 del Tratado CEE) así como en el marco de las prestaciones de servicios (artículo 59 del Tratado CEE), constituye un obstáculo al ejercicio de las libertades garantizadas por el Tratado.
En segundo lugar, alega que el Decreto italiano de 16 de julio de 1986 supedita, erróneamente, el reconocimiento de los diplomas extranjeros a la existencia de un acuerdo de reciprocidad con el Estado interesado. La Comisión no cuestiona el hecho de que, a falta de una armonización de las condiciones de acceso a las profesiones de que se trate, los Estados miembros pueden definir los conocimientos y calificaciones que se necesitan para el ejercicio de esas profesiones y exigir la presentación del diploma correspondiente. Estima, no obstante, que el Estado miembro de acogida no puede imponer al nacional de otro Estado miembro, titular de un diploma expedido por otro Estado miembro, la posesión del diploma previsto para ello en el país de acogida sin tener en cuenta los conocimientos y calificaciones obtenidos y sancionados mediante un diploma en ese otro Estado miembro (sentencia de 15 de octubre de 1987, Heylens,
222/86, Rec. p. 4097
).
Refiriéndose a la reclamación presentada ante la Comisión por el nacional belga al que se había denegado el reconocimiento de sus diplomas en Italia, el Gobierno italiano alega que el Tribunale amministrativo regionale del Lazio anuló la decisión ministerial controvertida por ser contraria a las disposiciones del Derecho comunitario. Añade que los efectos de su resolución se extenderán a la aplicación futura de la Ley a los casos análogos, de manera que toda discriminación contraria a los artículos 48, 52 y 59 del Tratado quedará excluida en el futuro.
Consta que las disposiciones nacionales impugnadas por la Comisión son incompatibles con los artículos 48, 52 y 59 del Tratado.
En efecto, procede recordar, en primer lugar, que el principio general que prohibe la discriminación por razón de la nacionalidad, aplicado por los artículos 48, 52 y 59 del Tratado en los ámbitos concretos que éstos regulan, implica que la libre circulación de los trabajadores, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios incluyen el acceso a las actividades por cuenta ajena o por cuenta propia y su ejercicio en las condiciones definidas por la legislación del Estado miembro de acogida para sus propios nacionales (sentencias de 4 de abril de 1974, Comisión/Francia,
167/73, Rec. p. 359
; de 21 de junio de 1974, Reyners,
2/74, Rec. p. 631
, y de 3 de diciembre de 1974, Van Binsbergen,
33/74, Rec. p. 1299
).
En segundo lugar, debe señalarse que es jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia que un Estado miembro que somete el acceso a determinadas profesiones de los nacionales de otros Estados miembros a un requisito de reciprocidad incumple las obligaciones que resultan de los artículos 48, 52 y 59 del Tratado (sentencia de 15 de octubre de 1986, Comisión/Italia,
168/85, Rec. p. 2945
).
Además, la valoración de la equivalencia del diploma obtenido en otro Estado miembro debe hacerse exclusivamente considerando el nivel de los conocimientos y calificaciones que dicho diploma, habida cuenta de la naturaleza y de la duración de los estudios y de las formaciones prácticas cuya realización certifica, permite suponer que posee su titular (sentencia de 15 de octubre de 1987, antes citada, apartado 13).
Por último, la República Italiana no puede sustraerse a su obligación de adaptar su legislación nacional a las exigencias del Tratado invocando una determinada práctica administrativa o judicial, o alegando que, en el futuro, los nacionales de los demás Estados miembros serán equiparados a los nacionales italianos. Efectivamente, las disposiciones discriminatorias contenidas en la Ley de 8 de noviembre de 1984 mantienen un estado de incertidumbre en cuanto a las posibilidades de ampararse en el Derecho comunitario y, por consiguiente, una situación de hecho ambigua para los interesados.
Procede, pues, declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 48, 52 y 59 del Tratado CEE, al mantener en vigor las disposiciones que reservan a los nacionales italianos la posibilidad de obtener el reconocimiento, en Italia, de los títulos extranjeros que habilitan para ejercer determinadas profesiones sanitarias auxiliares.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la República Italiana, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 48, 52 y 59 del Tratado CEE, al mantener en vigor las disposiciones que reservan a los nacionales italianos la posibilidad de obtener el reconocimiento, en Italia, de los títulos extranjeros que habilitan para ejercer determinadas profesiones sanitarias auxiliares.

2)
Condenar en costas a la República Italiana.

Due
O'Higgins
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Slynn
Joliét
Schockweiler
Grévisse
Zuleeg
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 25 de julio de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.