CELEX: 61990CJ0354
Ayuda otorgada por el Estado
Interpretación de la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado
Prohibición de ejecutar las medidas proyectadas

Mediante resolución de 26 de octubre de 1990, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de noviembre siguiente, el Conseil d'Etat francés planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación de la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado CEE.
Dicha cuestión se suscitó en el marco de dos recursos interpuestos, respectivamente, por la Fédération nationale du commerce exterieur des produits alimentaires y por el Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon. Estos recursos tienen por objeto la anulación de la Orden interministerial de 15 de abril de 1985 (publicada en el
Journal officiel de la République française
de 20.4.1985), que desarrolla el Decreto n° 84-1297, de 31 de diciembre de 1984, por el que se establecen exacciones parafiscales en beneficio del comité central des pêches maritimes (Comité central de pesca marítima), de los comités locaux des pêches maritimes (Comités locales de pesca marítima) y del Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Instituto francés de investigación para la explotación de los recursos marinos) (publicado en el
Journal officiel de la République française
de 12.1.1985).
De las actuaciones se deduce que, en 1982, la Comisión de las Comunidades Europeas comunicó a las autoridades francesas que había decidido incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado por lo que respecta a las actividades e intervenciones del Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines (en lo sucesivo, «FIOM»), en el sector de la pesca marítima. Tras un primer examen de las informaciones comunicadas por las autoridades francesas, el 27 de julio de 1984 la Comisión decidió iniciar dicho procedimiento y requirió al Gobierno francés para que presentase sus observaciones acerca de las modalidades detalladas de la percepción de la exacción parafiscal establecida, en particular, en beneficio del FIOM. En septiembre y en diciembre de 1984, las autoridades francesas respondieron a la Comisión informándole al mismo tiempo sobre la preparación de un nuevo decreto por el que se establecen exacciones parafiscales en beneficio del FIOM. Este decreto se aprobó el 31 de diciembre de 1984. La Orden interministerial por la que se determina el tipo de gravamen de estas exacciones fue adoptada el 15 de abril de 1985. Mediante carta fechada el 25 de octubre de 1985, la Comisión hizo saber que había decidido concluir el procedimiento iniciado en 1982, con excepción de algunos aspectos de las actividades del FIOM, que no constituyen el objeto del litigio pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente.
Los demandantes en el litigio principal impugnaron la validez de la Orden interministerial de 15 de abril de 1985 debido a que las autoridades francesas habrían infringido, en particular, las disposiciones de la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado.
Al estimar que para resolver el litigio le era necesaria una interpretación de esta disposición, el Conseil d'Etat francés suspendió el procedimiento hasta que este Tribunal de Justicia se pronunciara sobre la siguiente cuestión prejudicial :
«Si la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado de 25 de marzo de 1957 debe ser interpretado en el sentido de que impone a las autoridades de los Estados miembros una obligación cuyo incumplimiento afecta a la validez de los actos de ejecución de las medidas de ayudas, habida cuenta, en particular, de la adopción ulterior de una decisión de la Comisión que declara dichas medidas compatibles con el mercado común.»
Para una más amplia exposición del marco jurídico y de los términos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
El apartado 3 del artículo 93 del Tratado reza así :
«La Comisión será informada de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la suficiente antelación para poder prestar sus observaciones. Si considerare que un proyecto no es compatible con el mercado común con arreglo al artículo 92, la Comisión iniciará sin demora el procedimiento previsto en el apartado anterior. El Estado miembro interesado no podrá ejecutar las medidas proyectadas antes que en dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva.»
Para apreciar el alcance de este apartado, procede recordar que la aplicación del sistema de control de las ayudas otorgadas por los Estados, como resulta del artículo 93 del Tratado y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que a éste se refiere, incumbe, por una parte, a la Comisión y, por otra, a los órganos jurisdiccionales nacionales.
En lo que atañe a la función de la Comisión, el Tribunal de Justicia ha destacado en la sentencia de 22 de marzo de 1977, Steinike y Weinlig (
78/76, Rec. p. 595
), apartado 9, que el Tratado, al establecer mediante el artículo 93 el examen permanente y el control de las ayudas por parte de la Comisión, exige que el reconocimiento de la posible incompatibilidad de una ayuda con el mercado común sea el resultado, bajo el control del Tribunal de Justicia, de un procedimiento apropiado cuya aplicación corresponde a la Comisión.
En lo que atañe a los órganos jurisdiccionales nacionales, el Tribunal de Justicia ha declarado en la misma sentencia que éstos son competentes para interpretar y aplicar el concepto de ayuda, al que se refiere el artículo 92, a efectos de determinar si una medida estatal adoptada sin observar el procedimiento de control previo previsto en el apartado 3 del artículo 93 debe o no debe someterse a dicho procedimiento.
La competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales se debe al efecto directo reconocido a la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado en la sentencia recaída el 11 de diciembre de 1973, Lorenz (
120/73, Rec. p. 1471
), que el carácter inmediatamente aplicable de la prohibición de ejecución prevista en este artículo alcanza a toda ayuda que haya sido ejecutada sin haber sido notificada y, en caso de que las ayudas hayan sido notificadas, se produce durante la fase preliminar y, si la Comisión incoa el procedimiento contradictorio, hasta la decisión definitiva.
A la vista de estos argumentos, procede considerar que la validez de los actos que conllevan la ejecución de medidas de ayuda está afectada por el incumplimiento, por parte de las autoridades nacionales, de la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado. Los órganos jurisdiccionales nacionales deben garantizar a los justiciables que puedan alegar este incumplimiento que los Tribunales extraerán de este hecho todas las consecuencias, conforme al Derecho nacional, tanto en lo que atañe a la validez de los actos que conlleven la ejecución de las medidas de ayuda, como a la devolución de las ayudas económicas concedidas contraviniendo esta disposición o eventuales medidas provisionales.
Es cierto que en las sentencias de 14 de febrero de 1990, Francia/Comisión (
C-301/87, Rec. p. I-307
), y de 21 de marzo de 1990, Bélgica/Comisión (
C-142/87, Rec. p. I-959
), el Tribunal de Justicia no reconoció a la Comisión la facultad de declarar que las ayudas eran ilegales basándose únicamente en que no se había cumplido la obligación de notificar y sin tener que averiguar si la ayuda era o no era compatible con el mercado común. Sin embargo, esta afirmación carece de toda incidencia sobre las obligaciones que incumben a los Tribunales nacionales y que derivan del efecto directo reconocido a la prohibición impuesta por la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado.
A este respecto, procede destacar, como así lo hizo el Abogado General en el punto 24 de sus conclusiones, que la función central y exclusiva reservada por los artículos 92 y 93 del Tratado a la Comisión para el reconocimiento de la incompatibilidad eventual de una ayuda con el mercado común, es fundamentalmente diferente de la que incumbe a los Tribunales nacionales en cuanto a la salvaguardia de los derechos que corresponden a los justiciables, a raíz del efecto directo de la prohibición establecida en la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado. Mientras que la Comisión está obligada a examinar la compatibilidad de la ayuda proyectada con el mercado común, incluso en los casos en que el Estado miembro infrinja la prohibición de ejecución de las medidas de ayuda, los órganos jurisdiccionales nacionales sólo protegen, hasta la decisión definitiva de la Comisión, los derechos de los justiciables frente a un posible incumplimiento, por parte de las autoridades estatales, de la prohibición establecida en la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado. Cuando estos Tribunales adoptan una decisión a este respecto, no se pronuncian sin embargo sobre la compatibilidad de las medidas de ayuda con el mercado común, dado que esta apreciación definitiva es de exclusiva competencia de la Comisión, sujeta al control del Tribunal de Justicia.
En la segunda parte de su cuestión, el Conseil d'État francés pregunta cuál es la posible incidencia de la decisión definitiva de la Comisión, por la que se declara la compatibilidad de las medidas de ayuda con el mercado común, sobre la validez de actos de ejecución de estas medidas.
A este respecto, procede hacer constar que, so pena de vulnerar el efecto directo de la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado y de ignorar los intereses de los justiciables que, como antes se ha dicho, los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la función de proteger, dicha decisión definitiva de la Comisión no tiene como consecuencia regularizar,
a posteriori,
los actos de ejecución que eran inválidos por haber sido adoptados incumpliendo la prohibición prevista en este artículo. Cualquier otra interpretación conduciría a fomentar, por parte del Estado miembro interesado, la inobservancia de la última frase del apartado 3 de dicho artículo, y la privaría de su eficacia.
A la vista de todas estas consideraciones, procede, pues, responder a la cuestión planteada por el Conseil d'État francés que la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que impone a las autoridades de los Estados miembros una obligación cuyo incumplimiento afecta a la validez de los actos de ejecución de medidas de ayuda, y que la adopción ulterior de una decisión definitiva de la Comisión, por la que se declara la compatibilidad de las medidas de ayuda con el mercado común, no tiene como consecuencia regularizar,
a posteriori,
los actos inválidos.
Costas
Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Conseil d'État francés mediante resolución de 26 de octubre de 1990, declara:

La última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado CEE debe interpretarse en el sentido de que impone a las autoridades de los Estados miembros una obligación cuyo incumplimiento afecta a la validez de los actos de ejecución de medidas de ayuda, y que la adopción ulterior de una decisión definitiva de la Comisión, por la que se declara la compatibilidad de las medidas de ayuda con el mercado común, no tiene como consecuencia regularizar, a
posteriori,
los actos inválidos.

Due
Schockweiler
Grévisse
Kapteyn
Mancini
Kakouris
Moitinho de Almeida
Diez de Velasco
Zuleeg
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de noviembre de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.