CELEX: 61988CJ0137
Funcionarios
Derechos a pensión causados antes de la incorporación al servicio de las Comunidades
Transferencia al régimen comunitario
Obligación de asistencia con arreglo al artículo 24 del Estatuto

Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 16 de mayo de 1988, la Sra. Marijke Schneemann, funcionaría de la Comisión de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «la Comisión»), y otros 408 funcionarios de la Comisión, con arreglo al artículo 91 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «el Estatuto»), solicitaron la anulación de la decisión de la Comisión de 13 de julio de 1987, por la que se desestima su solicitud fundada en el apartado 1 del artículo 90 del Estatuto y que pretende obtener de la Comisión «la asistencia técnica y financiera para el ejercicio de todas las posibles acciones ante los Jueces y Tribunales belgas y, en su caso, ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, para resolver el problema de la transferencia de sus derechos a pensión devengados en un régimen belga de pensiones».
En apoyo de su recurso, los demandantes alegan que, al dictar la decisión que se impugna, la Comisión infringió, por una parte, el artículo 24 del Estatuto y, por otra, el principio general de la igualdad de los funcionarios. Solicitan la anulación de la decisión que se impugna y que este Tribunal de Justicia condene a la Comisión a prestarles la asistencia que reclaman.
Para una más amplia exposición de los hechos y antecedentes del litigio así como de los motivos y alegaciones de las partes, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Previamente, conviene recordar que, mediante sentencia de 20 de octubre de 1981 (Comisión contra Reino de Bélgica,
137/80, Rec. 1981, p. 2393
), este Tribunal de Justicia declaro que «el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al no adoptar las medidas necesarias para la transferencia al régimen de pensiones comunitario del equivalente actuarial o del total de las cantidades que hubiere devengado en concepto de rescate de sus derechos a pensión de vejez en el régimen belga de pensiones, prevista en el apartado 2 del artículo 11 del anexo VIII del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades»
(traducción provisional).
Además, mediante sentencia de 3 de octubre de 1989 (Comisión contra Reino de Bélgica,
383/85, Rec. 1989, p. 3069
), este Tribunal de Justicia declaró que el Reino de Bélgica había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 171 del Tratado CEE al no dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de octubre de 1981.
En el marco del motivo fundado en la infracción del artículo 24 del Estatuto, los demandantes alegan que, en el caso de autos, concurren los requisitos de aplicación de dicho artículo y que, a la vista del persistente incumplimiento por parte del Estado belga, únicamente la interposición de un recurso ante el Juez nacional, obligado a aplicar el Estatuto que, al igual que todos los Reglamentos, es un acto con efecto directo en el orden jurídico nacional, les permitirá conseguir la transferencia de los derechos a pensión.
La Comisión considera, en primer lugar, que la obligación de asistencia, establecida por el artículo 24 del Estatuto, constituye una obligación de medios y que la elección de las medidas necesarias que ella debe adoptar para cumplir su deber de asistencia queda a su libre apreciación.
Sigue diciendo la Comisión que no se ha infringido el artículo 24. A este respecto, empieza por recordar que ha interpuesto, con arreglo a los artículos 169 y 171 del Tratado CEE, sendos recursos contra el Reino de Bélgica, cumpliendo de esta forma la tarea de vigilancia que le incumbe con arreglo al artículo 155 del Tratado CEE y, en segundo lugar, que ha concedido asistencia financiera y técnica a un antiguo funcionario de las Comunidades que interpuso recursos ante las instancias nacionales belgas con el fin de obtener la transferencia de sus derechos a pensión. Finalmente, la Comisión discrepa de que sólo la obtención de un título ejecutivo frente a las autoridades belgas pueda conseguir la pretendida transferencia de los derechos a pensión.
Conviene observar en primer lugar que, en el caso de autos, concurren los requisitos para la aplicación del artículo 24 del Estatuto, lo cual no es discutido por la Comisión. Efectivamente, la condición de funcionario de los demandantes constituye el origen de las solicitudes de transferencia de los derechos a pensión que siempre han denegado las autoridades belgas.
Hay que subrayar, además, que si bien es cierto que, para cumplir su obligación de asistencia, la Administración de las Comunidades Europeas dispone de una amplia discrecionalidad, sujeta al control de este Tribunal de Justicia, para elegir medidas y medios, se ha de reconocer que, en el presente caso, esta obligación es particularmente imperiosa, ya que, por una parte, las razones que motivaron las peticiones de asistencia eran conocidas de antiguo por la Comisión y, por otra, la controversia sobre los derechos a pensión es compleja. En efecto, exige inevitablemente tener en cuenta cálculos actuariales imposibles de realizar por un funcionario individual que no dispone de los datos y medios indispensables para resolverlos y para valorar, en consecuencia, los resultados a considerar.
Por lo que se refiere a la alegación de la Comisión de que cumplió el deber que le corresponde, conforme al artículo 155 del Tratado CEE, al haber interpuesto recursos fundados en los artículos 169 y 171 del Tratado contra el Reino de Bélgica, conviene subrayar que, en el marco de un recurso interpuesto por funcionarios con arreglo al artículo 179 del Tratado CEE, no incumbe a este Tribunal de Justicia juzgar si la Comisión ha cumplido correctamente la misión de vigilancia a que le obliga, en particular, el artículo 155 del Tratado CEE (sentencia de 15 de marzo de 1984, S. Forcheri contra Comisión,
28/83, Rec. 1984, p. 1425, apartado 12
).
Por otra parte, en lo que se refiere especialmente a la alegación de la Comisión según la cual es preciso tener en cuenta los procedimientos por incumplimiento que ha entablado contra el Reino de Bélgica para apreciar el fundamento del motivo de la infracción por la Comisión del artículo 24 del Estatuto, conviene recordar que el Tratado reserva a la Comisión, con exclusión de las demás instituciones comunitarias, el recurso previsto en el artículo 169 del Tratado CEE. Seguir a la Comisión en su razonamiento supondría dar un alcance distinto al artículo 24 del Estatuto frente a pretensiones idénticas de asistencia, según procedieran de funcionarios de la Comisión o de otra institución que no disponga de la facultad de acudir al artículo 169 del Tratado. Tal resultado sería incompatible con el principio de igualdad de trato de los funcionarios, por lo cual es preciso desestimar este argumento de la Comisión.
Por lo que se refiere al argumento según el cual la Comisión cumplió la obligación de asistencia que le incumbe con arreglo al artículo 24 del Estatuto porque ya prestó asistencia financiera y técnica a un antiguo funcionario, conviene destacar, por una parte, que la resolución judicial nacional que el antiguo funcionario, asistido por la Comisión, puede esperar, sólo surtirá efectos para las partes del litigio y no beneficiará a los otros funcionarios y, por otra parte, que los cálculos actuaríaÍes de los derechos a pensión efectuados en su caso, en el marco de la asistencia concedida a este antiguo funcionario, no pueden generalizarse y aplicarse indistintamente a todos los que tengan derecho a la transferencia de los derechos a pensión. Por otra parte, estos cálculos tan complejos precisan la colaboración activa de los servicios especializados de la Administración comunitaria para que los funcionarios estén en condiciones de decidir si les interesa interponer un recurso ante los Tribunales.
Por lo que se refiere a las alegaciones de la Comisión sobre el incierto resultado de los eventuales procesos iniciados ante las instancias nacionales por los funcionarios demandantes y a las dificultades que tendrán éstos para hacer cumplir las resoluciones judiciales que les fueren favorables, basta precisar que la obligación de asistencia impuesta por el artículo 24 del Estatuto no puede depender de conjeturas sobre los resultados de eventuales acciones judiciales. Por otra parte, conviene observar al respecto que la Comisión concedió asistencia técnica y financiera a un antiguo funcionario, sin tener la certeza del resultado del recurso interpuesto.
Según estas consideraciones, ninguna de las alegaciones propuestas por la Comisión para rehusar a los demandantes su asistencia técnica y financiera tiene fundamento, por lo cual procede anular la decisión de la Comisión por la que se deniega la petición formulada por los demandantes para obtener la asistencia de la Comisión, con arreglo al artículo 24 del Estatuto.
Visto lo anterior, el segundo motivo expuesto por los demandantes en apoyo de su recurso queda sin objeto.
Finalmente, hay que precisar que, conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, (véase, en último lugar, la sentencia de 13 de diciembre de 1989, Oyowe y Traore contra Comisión,
100/88, Rec. 1989, p. 4285
), éste carece de competencia para cursar órdenes a la Administración en el marco del control de legalidad basado en el artículo 91 del Estatuto y que las obligaciones que se impongan a la Administración sólo pueden derivar de la anulación de uno de sus actos, con arreglo al artículo 176 del Tratado CEE. Procede acordar la inadmisión de las pretensiones de que este Tribunal de Justicia ordene a la Comisión prestar la asistencia solicitada.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así lo hubiere solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la Comisión, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
decide:

1)
Anular la decisión de la Comisión, de 13 de julio de 1987, por la que se deniega la petición formulada por los demandantes para obtener la asistencia de la Comisión, con arreglo al artículo 24 del Estatuto.

2)
Condenar en costas a la Comisión.

Due
Schockweiler
Mancini
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de febrero de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente en funciones de Presidente de la Sala Segunda
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.