CELEX: 61984CJ0023
Incumplimiento estatal
Doble precio de la leche

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 25 de enero de 1984, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que, al autorizar a los Milk Marketing Boards (en lo sucesivo, «MMB»), servicios de comercialización de la leche creados en Inglaterra y en el País de Gales, así como en Escocia, por los Milk Marketing Schemes aprobados por el Parlamento en 1933, y en Irlanda del Norte por un Milk Marketing Scheme de 1955,
I)
a aplicar un sistema de doble precio a la leche entera utilizada en la elaboración de mantequilla, según se destine a la venta como mantequilla de intervención o mantequilla a granel, en un caso, o a la venta al detalle como mantequilla en pastillas, en el otro,
II)
a practicar precios diferentes para la leche entera utilizada en la elaboración de mantequilla y nata, según el destino de la leche desnatada obtenida con motivo de dicha elaboración,
el Reino Unido ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 10 del Reglamento n
o
1422/78 del Consejo, de 20 de junio de 1978, relativo a la concesión de determinados derechos especiales a las organizaciones de productores de leche en el Reino Unido (
DO L 171, p. 14
; EE 03/14, p. 158) y del artículo 6 del Reglamento n
o
1565/79 de la Comisión, de 25 de julio de 1979, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento n
o
1422/78 (
DO L 188, p. 29
; EE 03/16, p. 169).
Con anterioridad a su adhesión a la CEE, el Reino Unido disponía de una organización nacional del mercado de la leche, uno de cuyos elementos principales era el funcionamiento de los MMB. La misión de dichos servicios, cuyos miembros eran elegidos por los productores de leche, consistía en mejorar la producción y la comercialización de los productos lácteos. A tales efectos, todos los productores de leche, excepto los productores detallistas, vendían la leche por conducto de los MMB; éstos, por su parte, adquirían la totalidad de la leche suministrada por dichos productores, con el fin de venderla de la manera más remuneradora y de pagar a los productores un único precio, basado en la totalidad de los beneficios obtenidos en todos los mercados.
Tras la adhesión, se integró el funcionamiento de los MMB en la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos, tal como quedó establecida por el Reglamento n
o
804/68 del Consejo (DO L 148, p. 13; EE 03/02, p. 146). Con este fin, el Reglamento n
o
1421/78 del Consejo, de 20 de junio de 1978 (
DO L 171, p. 12
; EE 03/14, p. 156), que modificò el artículo 25 del Reglamento n
o
804/68, ha previsto «la posibilidad de reconocer dichos Boards y, en situaciones semejantes, organizaciones similares en el marco de la organización común de mercado», asegurando la compatibilidad del funcionamiento de dichas organizaciones con el Derecho comunitario, «en el respeto de los principios generales del Tratado».
Al prever la posibilidad de reconocer a los MMB, el Reglamento n
o
1421/78 sometió las actividades de dichas organizaciones a cierto número de condiciones. Según el nuevo artículo 25 mencionado, el Consejo podrá autorizar a un Estado miembro a conceder, bajo ciertas condiciones, a una organización que represente a un determinado porcentaje de los productores de leche establecidos en una región determinada, el derecho exclusivo de comprar a los productores establecidos en la región la leche producida y puesta a la venta en su estado natural por estos últimos, así como el derecho de proceder a un reajuste de los precios pagados a los productores, sin tener en cuenta el destino de la leche comprada a cada uno de ellos. Al conceder semejante autorización, el Consejo deberá establecer las normas generales relativas al ejercicio de los derechos especiales de las organizaciones mencionadas. Dichas normas generales deberán garantizar sobre todo que el ejercicio de dichos derechos especiales:
—
sea compatible con los principios generales del Tratado;
—
no resulte discriminatorio para los productores que vendan su leche a la organización, ni para los interesados que deseen comprarle la leche;
—
no afecte más que en la medida estrictamente necesaria a la competencia en el sector agrícola;
—
no afecte al buen funcionamiento de la organización común de mercado en el sector de la leche y de los productos lácteos, en particular, en lo que se refiere al régimen de precios y de intervención.
Las normas generales relativas a las condiciones de ejercicio de los derechos especiales que podían concederse por el Reino Unido a los MMB fueron adoptadas por el Consejo en el Reglamento n
o
1422/78, de 20 de junio de 1978. El apartado 1 del artículo 9 de dicho Reglamento prevé que los precios de la leche vendida por los MMB a los posteriores compradores «únicamente podrán diferenciarse:
a)
según el destino para el que la utilice en el futuro el comprador;
b)
según otros criterios que se establezcan con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 4»,
es decir, un procedimiento que exige la intervención de un Comité paritario, compuesto en igualdad de condiciones por los MMB, de un lado, y por los representantes de los compradores de leche, de otro. El apartado 2 de este mismo artículo prevé que ninguna diferenciación según el destino podrá tener por efecto una distorsión de la libre competencia en el mercado del Reino Unido entre los productos lácteos procedentes de otros Estados miembros y los productos autóctonos.
A fin de garantizar el acatamiento efectivo de dichas disposiciones por los MMB, el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento n
o
1422/78 obliga al Reino Unido a adoptar las medidas necesarias para controlar permanentemente la observancia por parte de los MMB de los principios y normas comunitarias, así como las condiciones especiales que contenga la autorización. Con arreglo al artículo 6 del Reglamento n
o
1565/79 de la Comisión, de 25 de julio de 1979, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento n
o
1422/78, el Reino Unido adoptará las disposiciones detalladas necesarias para controlar permanentemente el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento n
o
1422/78. Dicha obligación deberá cumplirse estableciendo, en particular, los «destinos» posibles de la leche con arreglo a la letra a) del apartado 1 del artículo 9 y los demás criterios objetivos que se puedan tomar en consideración con arreglo al procedimiento del Comité paritario, efectuando periódicamente una comparación entre los precios de venta al primer comprador obtenidos en el mercado británico para los principales productos lácteos elaborados a partir de la leche vendida por los MMB y los percibidos para los productos lácteos análogos importados de otros Estados miembros. Por último, el Reino Unido notificará mensualmente a la Comisión los precios más bajos registrados, respectivamente, en relación con los productos autóctonos y con los productos importados.
Con el fin de ajustar su legislación a las exigencias impuestas por la normativa comunitaria, el Reino Unido adoptó en 1981 las Milk Marketing Boards (Special Conditions) Regulations, aplicables en la totalidad del país, y diferentes Milk Marketing Scheme (Amendment) Regulations, aplicables en cada una de las zonas donde existe un MMB. En virtud del apartado 7 del artículo 66 del Milk Marketing Scheme aplicable a Inglaterra y al País de Gales, modificado por las Regulations citadas más arriba, el MMB puede practicar un amplio abanico de precios de venta para la leche, con arreglo a cierto número de posibles utilizaciones tanto de la leche entera como de la leche desnatada obtenida con motivo de la producción de mantequilla o de nata. Con arreglo al apartado 8 del artículo 66, el MMB puede asimismo practicar precios diferentes sobre la leche que vende, basándose en los criterios enunciados en las letras a) a f) de dicha disposición y, «previa aprobación del Ministro, en cualquier otro criterio objetivo» [letra g)]. Se adoptaron disposiciones análogas para los demás MMB.
El MMB para Inglaterra y el País de Gales, a cuya práctica convinieron las partes en referirse habida cuenta de su papel predominante y de la similitud de prácticas de todos los MMB, consideró que dicha legislación le permitía, en un primer nivel, practicar precios distintos sobre la leche entera, entre otros criterios, según se destinase la leche a la elaboración de mantequilla a granel o de mantequilla en pastillas y, en un segundo nivel, según se destinase la leche desnatada obtenida a partiide dicha leche entera a la producción de alimentos para animales o a otros usos.
La Comisión considera que el sistema de doble precio de la leche destinada a la producción de mantequilla y la diferenciación de los precios según el destino de la leche desnatada resultante, son contrarios a las condiciones establecidas por los Reglamentos n
os
1422/78 y 1565/79.
El Reino Unido sostiene que dicha práctica es plenamente conforme con el Derecho comunitario y que el hecho de que haya sido recientemente abandonada se justifica exclusivamente por razones de carácter comercial, que no tienen nada que ver con una apreciación negativa de su compatibilidad con la normativa comunitaria. Por consiguiente, el Reino Unido estima que, al autorizar dicha práctica, no ha incumplido en modo alguno las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 10 del Reglamento n
o
1422/78 y del artículo 6 del Reglamento n
o
1565/79.
El Gobierno de la República Francesa, que interviene en apoyo de las pretensiones de la Comisión, estima, por el contrario, que la práctica de las MMB no está justificada por las disposiciones de los Reglamentos comunitarios y que se traduce, además, en una distorsión muy grave de las condiciones de la competencia.
Sobre las excepciones previas propuestas por el Reino Unido contra la demanda
El Reino Unido formula contra la demanda dos excepciones previas mediante las que alega que :
a)
el recurso por incumplimiento resulta inapropiado porque la Comisión habría debido proponer la modificación de la normativa comunitaria o utilizar el procedimiento llamado del Comité de gestión en lugar de entablar un procedimiento por infracción;
b)
la Comisión se basó en argumentos completamente teóricos, sin proceder a un estudio de las circunstancias de hecho pertinentes, cuando el asunto exigiría precisamente valoraciones de hecho, especialmente en lo relativo a la eventual existencia de «distorsiones» en el mercado.
En primer lugar, en lo relativo a la letra b), conviene observar que únicamente puede tomarse en consideración en el momento del examen del fondo del asunto.
En lo relativo a la letra a), el Reino Unido sostiene que la Comisión conocía la cuestión de la fijación de precios diferentes para la leche desde finales de 1978, pero que, no obstante, mediante su Reglamento n
o
1565/79, autorizó la concesión de derechos especiales a los MMB, de manera que, si deseaba abordar a continuación dicho problema, habría debido adoptar «modalidades generales de aplicación suplementarias o decisiones especiales», de conformidad con el apartado 3 del artículo 2 del Reglamento n
o
1565/79. El Reino Unido alega también, por otra parte, que en lugar de entablar un recurso por incumplimiento, la Comisión habría debido someter primero los precios en cuestión, en aplicación del apartado 5 del artículo 9 del Reglamento n
o
1422/78, a la «consideración del Comité de gestión de la leche y de los productos lácteos, con arreglo al artículo 31 del Reglamento (CEE) n
o
804/68».
La Comisión responde que la solución preconizada por el Gobierno británico implicaría una modificación de la normativa comunitaria, mientras que de lo que se trata es en realidad de la aplicación incorrecta de dicha normativa por un Estado miembro, y mantiene que el procedimiento previsto en el artículo 169 es, pues, totalmente adecuado para hacer constar dicha infracción.
La Comisión expresó desde el principio sus dudas acerca de la conformidad de un sistema de precios diferenciados con el Derecho comunitario, precisando, por ejemplo, en una carta de 13 de julio de 1979 del Director General de Agricultura al Ministerio británico de Agricultura, Pesca y Alimentación, que «un sistema de precios diferenciados sería compatible con lo dispuesto por el Reglamento (n
o
1422/78) si no afectase al normal funcionamiento de los mecanismos de la organización de mercados y, en particular, a los mecanismos de intervención. No obstante, si un sistema de precios diferenciados tuviese tal efecto sobre dichos mecanismos y no fuese neutro, no sería compatible con dicha disposición». No se puede afirmar, pues, que la Comisión haya aceptado el principio de que toda diferenciación de precios resulte conforme con el Derecho comunitario.
Tal aceptación no puede tampoco deducirse del hecho de que la Comisión no haya intentado lograr que se retire la autorización concedida al Reino Unido por no haberse cumplido las condiciones previstas en el Reglamento n
o
1422/78. Puede considerarse, en efecto, que la Comisión no quiso poner en tela de juicio en su integridad el sistema de los MMB, cuyos beneficios para los consumidores son indiscutibles, a causa de una infracción que podía ser suprimida por el Gobierno británico sin renunciar al sistema mismo.
En cuanto al examen de los precios británicos por el Comité de gestión de la leche y de los productos lácteos, resulta del expediente que dicho examen se realizó al menos una vez. Dicho examen tampoco puede utilizarse —como lo subraya acertadamente la Comisión— para resolver el problema de saber si un Estado miembro aplica de manera incorrecta la normativa comunitaria.
En dichas condiciones, procede declarar que nada se opone a que la Comisión entable el procedimiento previsto en el artículo 169.
Sobre la imputación indicada en el punto I
Sobre la excepción de inadmisibilidad planteada por el Reino Unido contra el primer motivo del recurso
El Gobierno del Reino Unido plantea a continuación una excepción de inadmisibilidad del primer motivo aducido por la Comisión en apoyo de la imputación indicada en el punto I, motivo deducido del hecho de que la diferenciación de los precios de la leche entera según que la mantequilla elaborada a partir de dicha leche se venda a granel o en pastillas resulta incompatible con la letra a) del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento n
o
1422/78. A este respecto, sostiene que dicho motivo es inadmisible porque la Comisión no mencionó, ni en la correspondencia mantenida con las autoridades británicas a propósito de la cuestión de la diferenciación de los precios de la leche, ni en su dictamen motivado de 10 de junio de 1983, el argumento según el cual la diferenciación de los precios de la leche sobre la base de los criterios aplicados por los MMB resulta contraria
per se
a la normativa comunitaria, sin que sea necesario verificar si la misma comporta distorsiones de la competencia o si afecta al normal funcionamiento del sistema de ayudas en el marco de la organización común de mercados.
La Comisión responde que la cuestión de la incompatibilidad de los criterios de diferenciación de los precios de la leche entera aplicados por los MMB con la letra a) del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento n
o
1422/78 había sido suscitada ya por ella en una carta de 18 de septiembre de 1980 enviada a la Representación Permanente del Reino Unido en las Comunidades Europeas y reiterada en una carta de 10 de junio de 1982 enviada al Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, así como en el dictamen motivado de 10 de junio de 1983. El argumento que figura en la demanda se limita, pues, a precisar la pretensión original, siendo por lo tanto admisible.
A este respecto, conviene señalar en primer lugar que, en el escrito de requerimiento y en el dictamen motivado, la Comisión no afirmó expresamente, como hizo, en cambio, en la demanda, que la diferenciación de los precios de la leche, según se destine a la elaboración de mantequilla a granel o de mantequilla en pastillas, ya constituya en sí misma una infracción del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento n
o
1422/78, con independencia de las consecuencias que dicha práctica pueda tener para el funcionamiento de la organización común de mercados.
No obstante, conviene igualmente observar que, en la mencionada carta de 18 de septiembre de 1980, la Comisión señaló ya que una cláusula que autorizase a los MMB a fijar precios diferentes para la leche entera, según deba venderse el producto en el mercado libre o al organismo de intervención, podría fácilmente constituir un obstáculo para el normal funcionamiento de las organizaciones comunes de mercado, y que, «además, la identidad del comprador ulterior del producto elaborado (organismo de intervención o agente privado) no puede, en general, considerarse como un criterio objetivo». De dicha carta se desprende que, ya en ese momento, la Comisión subrayaba la posibilidad de juzgar la compatibilidad con la normativa comunitaria de un criterio de diferenciación de los precios, con independencia del examen de sus efectos sobre el funcionamiento de la organización común de mercados.
En su escrito de requerimiento, la Comisión puso en duda la legalidad del sistema de diversificación de los precios de la leche, no sólo en relación con el normal funcionamiento de la organización común de mercados, sino también invocando la incompatibilidad del sistema con los apartados 1 y 2 del artículo 9 del Reglamento n
o
1422/78. Dichas argumentaciones se reiteraron en el dictamen motivado. Ahora bien, si el apartado 2 del artículo 9 prevé que la diferenciación según el destino no podrá tener por efecto una distorsión de la libre competencia, el apartado 1 se limita a establecer la regla general según la cual los precios de la leche únicamente podrán diferenciarse según el destino para el que «la utilice» en el futuro el comprador.
En estas circunstancias, el Gobierno británico no ha podido demostrar que, al precisar las imputaciones que la Comisión había formulado durante el procedimiento previo a la vía judicial, la demanda haya ampliado el objeto del recurso. La excepción de inadmisibilidad debe pues desestimarse.
Sobre el fondo
Según la Comisión, no puede entenderse por «destino» de la leche otra cosa que la utilización que el comprador pretenda dar a la que compre a los MMB, utilización que en el caso presente es la producción de mantequilla, mientras que el sistema británico conduce a entender por «destino» de la leche, en el sentido de la letra a) del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento n
o
1422/78, la utilización que se haga de un producto derivado, a saber, la mentequilla.
Por el contrario, el Reino Unido estima que la expresión «destino» contempla en realidad el mercado en el que deberá venderse el producto final, y que la diferenciación viene justificada por la existencia de dos mercados de mantequilla separados, el de la mantequilla a granel y el de la mantequilla en pastillas.
Ante la total ausencia de definición del concepto de «destino», procede definirlo sobre la base de la interpretación del texto en el que figura.
En primer lugar, el tenor mismo del apartado 1 del artículo 9 muestra que dicha disposición parte del principio del precio único («los precios serán los mismos para todos los compradores interesados»), lo que, por lo demás, resulta conforme con la idea básica de precios únicos inherente a la organización común de mercados, y sólo prevé una diferenciación de los precios con carácter de excepción a dicha regla general.
Dicha excepción sólo contempla el destino «para el que el comprador [...] utilice» la leche vendida por los MMB. Si bien es verdad que el destino para el que el comprador utilice la leche puede ser la elaboración de mantequilla, no puede incluir la manera en que la mantequilla así producida sea ulteriormente presentada, comercializada o vendida. Semejante extensión del término «destino» podría en efecto tener la consecuencia de englobar no sólo la utilización de la leche por el comprador en la elaboración de mantequilla, sino también la utilización de dicha mantequilla por un agente económico en una fase posterior a dicha elaboración.
Ante el carácter excepcional de la diferenciación de los precios, según el artículo 9 del Reglamento n
o
1422/78, y la claridad de los términos en los cuales está redactada dicha disposición, no se puede estimar, como sostiene el Gobierno británico, que permita establecer una diferenciación según el mercado al que vaya destinada la mantequilla, como producto final.
Se deduce de lo anterior que procede interpretar de manera estricta la expresión «destino» que figura en la letra a) del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento n
o
1422/78, y que, por consiguiente, dicha expresión puede referirse únicamente al destino de la leche y no a la utilización de un producto derivado como la mantequilla.
El Gobierno británico sostiene asimismo que, incluso si fuese preciso considerar que los precios diferenciados para la leche no se establecieron sobre la base de la letra a) del apartado 1 del artículo 9, procedería estimar que lo fueron conforme a la letra b) del apartado 1, con arreglo al cual los precios podrán diferenciarse «según otros criterios que se establezcan con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 4», es decir, sobre la base de negociaciones en las que estén representados el MMB afectado y los compradores de leche en igualdad de condiciones. Los criterios objetivos utilizados en este caso fueron, dice, los costes respectivos de la venta de mantequilla a granel y de mantequilla en pastillas y el diferente precio que dichas mantequillas alcanzan en sus mercados respectivos.
La Comisión señala, en primer lugar, que no se ha adoptado, con su conocimiento, ningún nuevo criterio de diferenciación de los precios en virtud del procedimiento previsto en el apartado 4 del artículo 9 mencionado. Añade que, incluso en ese caso, un criterio de diferenciación de los precios de la leche basado en el hecho de que la mantequilla elaborada a partir de ella se destine a la venta al detalle o a la intervención, no constituiría, en ningún caso, un criterio objetivo en el sentido de dicho apartado, si se tiene en cuenta que los criterios objetivos enunciados en las letras a) a f) del apartado 8 del artículo 66 del Milk Marketing Scheme, en su texto modificado de 1981, tales como la cantidad de leche a suministrar, su denominación y su calidad, el lugar de producción, transformación o entrega, son todos ellos criterios directamente relacionados con la leche y no se refieren en modo alguno al mercado en el que esté destinado a venderse un producto derivado de esta leche.
A este respecto, conviene hacer notar que el Gobierno británico no aportó, ni en la fase escrita del procedimiento ni en la vista, pruebas de su afirmación según la cual se estableció esta diferenciación conforme al procedimiento del Comité paritario. Incluso siendo cierto que, al margen de los criterios enunciados en las letras a) a f) del apartado 8 del artículo 66 citado, el Comité paritario pueda tomar en consideración cualquier otro criterio objetivo, con arreglo a la letra g) del mismo apartado, no es menos cierto que, en su respuesta a una pregunta del Tribunal de Justicia destinada a averiguar «si, y, en caso afirmativo, en qué ocasiones, se utilizó el procedimiento del Comité paritario para definir nuevos criterios objetivos», el Gobierno británico se limitó a indicar que «la adopción de un precio único para la materia grasa butírica contenida en la leche, necesaria para la producción de mantequilla, hizo inútil la fijación de nuevos criterios objetivos por el Comité paritario».
Podemos pues concluir, sin que resulte necesario examinar la cuestión de saber si el criterio utilizado por los MMB podría eventualmente considerarse como un criterio objetivo con arreglo a la normativa comunitaria, que dicho criterio no se fijó de conformidad con la letra b) del apartado 1 del artículo 9.
El Gobierno británico sostiene asimismo que la inobservancia del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento n
o
1422/78 no puede constituir
per se
una infracción del Derecho comunitario si no tiene por efecto una distorsión de la libre competencia, una discriminación o un obstáculo al normal funcionamiento de la organización común de mercados. En apoyo de su tesis, cita ciertas tomas de posición de los servicios de la Comisión y el párrafo 2 del apartado 2 del artículo 6 del Reglamento n
o
1565/79. También invoca los apartado 2 y 3 del artículo 9 del Reglamento n
o
1422/78, que disponen, respectivamente, que ninguna diferenciación de los precios según el destino podrá tener por efecto una distorsión de la competencia en el mercado británico entre los productos lácteos procedentes de otros Estados miembros y los productos autóctonos, y que ningún precio de venta aplicado por los MMB a la leche que vendan podrá situarse a un nivel inferior al que corresponda al precio más bajo aplicado en el mercado del Reino Unido al producto lácteo importado de que se trate, y afirma que, si se han observado estas disposiciones, lo que estima poder probar, la inobservancia del apartado 1 del artículo 9 carece de importancia.
La Comisión niega que sus servicios hayan manifestado alguna vez puntos de vista que equivalgan a admitir que la inobservancia del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento n
o
1422/78 constituya violación del Derecho comunitario sólo en caso de que afecte al normal funcionamiento de la organización común de mercados. Por lo que respecta a los apartados 2 y 3 del artículo 9, la Comisión añade que, en cualquier caso, debe rechazarse el argumento aducido por el Gobierno británico, ya que las autoridades británicas no lograron probar que el hecho de que los precios de la mantequilla británica vendida al precio más bajo fuesen inferiores a los precios de la mantequilla importada vendida al precio más bajo, según se comprobó en varias ocasiones a partir de febrero de 1982, no estuviese influido por la diferenciación de los precios de la leche practicada por los MMB.
Se desprende del expediente que, efectivamente, como observa el Gobierno del Reino Unido, no siempre fueron unívocas las posiciones que mantuvieron los servicios de la Comisión durante sus contactos orales y escritos con las autoridades británicas. No obstante, se desprende igualmente que no se dio a dichas autoridades ningún motivo para pensar que la autorización que les daba el Reglamento n
o
1422/78 tuviese el amplio alcance que le atribuye actualmente el Gobierno británico.
El argumento deducido del párrafo 2 del apartado 2 del artículo 6 del Reglamento n
o
1565/79, según el cual «la diferenciación del precio de venta (de la leche) en función de su destino o de otros criterios objetivos únicamente se excluirá en la medida en que pudiere llevar a una discriminación entre compradores de leche u obstaculizar el normal funcionamiento de la organización común de mercados y, en particular, de su régimen de intervención y de ayudas comunitarias», requiere una interpretación muy amplia de dicha disposición, en el sentido de que sólo puede excluirse una diferenciación de los precios de la leche, incluso en el caso de inobservancia del criterio del destino o de otros criterios objetivos, si se demuestra que existe riesgo de discriminación o de distorsión. Ahora bien, tal interpretación resulta manifiestamente contraria al sistema que se desprende del conjunto de las disposiciones comunitarias que autorizan los MMB, sistema caracterizado por un control muy estricto de las actividades de éstos. A la vista de dicho sistema, es preciso estimar que debe rechazarse una diferenciación de los precios si se comprueba que entraña riesgo de distorsión o de discriminación, incluso si está de acuerdo con el criterio del destino o con otros criterios objetivos que, en principio, deben ser suficientes para garantizar la compatibilidad de dicha diferenciación con el Derecho comunitario.
En cuanto al argumento deducido de los apartados 2 y 3 del artículo 9 del Reglamento n
o
1422/78, su examen resulta superfluo desde el momento en que se ha sentado que la inobservancia del apartado 1 constituye
per se
una infracción del Derecho comunitario.
Resulta de lo anterior que, al autorizar a los MMB a diferenciar el precio de la leche entera vendida por ellos, según se destine la mantequilla obtenida a partir de dicha leche a la venta como mantequilla a granel o como mantequilla en pastillas, el Reino Unido ha incumplido las obligaciones que le impone la normativa comunitaria.
Sobre la imputación indicada en el punto II
La segunda imputación formulada en el asunto presente se basa en la infracción del párrafo 2 (del apartado 2) del artículo 6 del Reglamento n
o
1565/79 citado, según el cual «la diferenciación del precio de venta en función de su destino o de otros criterios objetivos únicamente se excluirá en la medida en que pudiere llevar a una discriminación entre compradores de leche u obstaculizar el normal funcionamiento de la organización común de mercados y, en particular, de su régimen de intervención y de ayudas comunitarias». La Comisión alega, a este respecto, que la diferenciación de los precios de la leche entera según el destino de la leche desnatada líquida obtenida con motivo de la elaboración de mantequilla o nata obstaculiza el normal funcionamiento del régimen de ayudas comunitarias.
Mediante el primero de los motivos que aduce en apoyo de dicha pretensión, la Comisión sostiene que la fijación de un precio más elevado para la leche entera en el caso en que la leche desnatada líquida resultante se utilice como alimento para los animales reduce, en relación con el caso en que se transforme en leche desnatada en polvo, la eficacia de la ayuda a la leche desnatada líquida destinada a la alimentación del ganado, concedida con arreglo a los Reglamentos n
o
986/68 del Consejo, de 15 de julio de 1968 (
DO L 169, p. 4
; EE 03/02, p. 194), n
o
1105/68 de la Comisión, de 27 de julio de 1968 (
DO L 184, p. 24
; EE 03/02, p. 218), y n
o
2793/77 de la Comisión, de 15 de diciembre de 1977 (
DO L 321, p. 30
; EE 03/13, p. 156).
Mediante su segundo motivo, la Comisión alega que la fijación de un precio más elevado para la leche entera en el caso en que la leche desnatada líquida resultante se destine a la producción de caseína y de caseinatos, reduce, en relación al caso en que se transforma en leche desnatada en polvo, la eficacia de la ayuda concedida por el Reglamento n
o
987/68 del Consejo, de 15 de julio de 1968 (
DO L 169, p. 6
; EE 03/02, p. 196) a la leche desnatada transformada en caseína y en caseinatos.
Sobre la excepción de inadmisibilidad planteada por el Reino Unido contra el segundo motivo de la demanda
El Gobierno del Reino Unido alega la inadmisibilidad del motivo basado en el obstáculo al normal funcionamiento del régimen de ayudas a la leche desnatada líquida transformada en caseína y en caseinatos, en base a que la Comisión no hizo mención alguna a tal obstáculo con anterioridad a la interposición del recurso.
La Comisión responde que en su escrito de requerimiento enviado al Reino Unido el 10 de junio de 1982, y a continuación en el dictamen motivado de 10 de junio de 1983, se había referido de una manera general a las ayudas comunitarias, y que el Gobierno británico no puede, por tanto, sacar partido del hecho de que sólo se mencionasen determinadas ayudas, a título de ejemplo, mientras que otras no lo fueron.
A este respecto, conviene señalar que, aunque el mencionado escrito de 10 de junio de 1982 y el dictamen motivado de 10 de junio de 1983 contengan de hecho ciertas consideraciones de carácter general que pueden aplicarse a cualquier ayuda comunitaria a la leche desnatada líquida, no es menos cierto que, con anterioridad a la interposición del recurso, la Comisión nunca había aducido argumentos de los que pudiese deducirse, siquiera implícitamente, que, en su opinión, la diferenciación de los precios constituía asimismo un obstáculo al buen funcionamiento del régimen de ayuda comunitaria a la leche desnatada líquida destinada a la producción de caseína y de caseinatos.
En estas circunstancias, procede declarar que el segundo motivo no es admisible, por haber sido planteado por la Comisión tan sólo en el momento de la interposición del recurso.
Sobre el fondo del primer motivo
La Comisión señala, en función de los últimos datos que le fueron comunicados por el Reino Unido con anterioridad a la interposición del recurso en el mes de septiembre de 1983, que los precios de la leche entera se fijaron a un nivel más elevado en el caso de que la leche desnatada resultante se utilice en la explotación agraria que en el caso de que se transforme en leche en polvo. La diferencia de precio, que varía entre 0,83 y 0,89 ecus por 100 kg según el destino de la materia grasa butírica, representa el 14,6 % de la ayuda a la leche desnatada líquida destinada a la alimentación de terneros y el 9,8 % de la ayuda a la leche desnatada líquida destinada a la alimentación de cerdos y aves de corral, siendo en septiembre de 1983 las dos ayudas de 6,10 y de 9,10 ecus por 100 kg, respectivamente.
A la luz de las cifras mencionadas, la Comisión observa que el nivel real de la ayuda comunitaria se ve así reducido en base al hecho de que se obliga al comprador de leche entera que pretende destinar la leche desnatada a la alimentación animal a pagar la leche entera a un precio más alto que el que pagaría si tuviese la intención de transformar en polvo la leche desnatada resultante. Esto entraña, dice, una reducción de la eficacia de la ayuda, ya que los compradores de leche entera destinan a la utilización en la granja una cantidad de leche desnatada líquida inferior a la que utilizarían en otro caso, aumentando la cantidad destinada a la transformación en leche en polvo.
El Gobierno del Reino Unido admite que la leche desnatada líquida se utiliza en Gran Bretaña casi exclusivamente para la alimentación de los cerdos, y que, por lo tanto, su uso es casi nulo en la alimentación de terneros y aves de corral. Por otra parte, reconoce que «la leche desnatada utilizada en la granja vale 0,89 ecus por 100 kg más que la leche desnatada utilizada para su transformación en leche en polvo, ya que el precio que el criador de cerdos está dispuesto a pagar por la leche desnatada utilizada en la granja (en relación con otros alimentos alternativos) proporciona, deducidos los costes, un beneficio más elevado a los productores de leche que el precio de mercado de la leche desnatada en polvo, una vez deducido el coste de la deshidratación».
Procede observar, por lo que respecta a la ayuda a la leche desnatada líquida destinada a la alimentación del ganado, que dicha ayuda pretende, según se desprende del segundo considerando del mencionado Reglamento n
o
986/68, fomentar una mayor utilización de la leche desnatada líquida como alimento para los animales, garantizando el más bajo precio de venta posible.
El fin perseguido a través de dicha ayuda puede alcanzarse, como acertadamente observa la Comisión, vendiendo el producto a los usuarios al precio más bajo posible, es decir, a un precio inferior al que regiría si no existiese la ayuda comunitaria, y, en todo caso, a un precio no superior al de la misma leche destinada a un uso distinto.
En el caso de autos, no obstante, se desprende de las afirmaciones del Gobierno británico que el precio de la leche desnatada líquida destinada a la alimentación animal se fija por el Comité paritario teniendo en cuenta el precio máximo que los ganaderos, especialmente los criadores de cerdos, están dispuestos a pagar considerando los precios de los alimentos alternativos.
El mismo Gobierno británico reconoce, pues, que el sistema que aplica impide a la ayuda comunitaria alcanzar su fin, consistente en garantizar «el precio de venta más bajo posible» de la leche desnatada líquida destinada a la alimentación animal. En el marco de dicho sistema, la ayuda comunitaria sólo sirve, en efecto, para permitir a las industrias lácteas vender la leche desnatada líquida, no al precio más bajo posible, sino al precio máximo que los ganaderos están dispuestos a pagar, habida cuenta del precio de los alimentos alternativos.
Se desprende de lo anterior que la reducción de los precios de la leche desnatada líquida, que se habría producido si el sistema británico de fijación de los precios de la leche hubiese permitido a la ayuda comunitaria desempeñar plenamente su papel, habría hecho la utilización de la leche desnatada líquida más ventajosa que la de los alimentos alternativos y habría incrementado, por tanto, el consumo de dicho producto. A este respecto, conviene recordar que el Gobierno británico, según se deduce de la respuesta dada por la Comisión el 6 de septiembre de 1985 a una pregunta formulada por el Tribunal de Justicia, propuso establecer para el año 1985-1986 «un precio diferente, más elevado, para las utilizaciones que no disfruten de medidas de ayuda» y aplicar ese mismo año «un precio único para la leche desnatada, fijado al nivel de la leche en polvo para todas las utilizaciones favorecidas por las medidas de ayuda y de intervención». El Gobierno británico reconoció así implícitamente que la práctica consistente en fijar un precio más elevado para un producto destinado a una utilización fomentada por un régimen de ayudas no era compatible con dicho régimen.
A la vista de las consideraciones precedentes, procede concluir que la fijación de un precio más elevado para la leche desnatada líquida destinada a la alimentación animal constituye un obstáculo para el normal funcionamiento del régimen de ayudas comunitarias encaminadas a fomentar dicha utilización del producto.
Se desprende de lo anterior que la diferenciación de los precios de la leche entera, según la leche desnatada obtenida con motivo de la elaboración de mantequilla y nata se destine a la alimentación animal o a su transformación en leche desnatada en polvo, debe considerarse incompatible con el Derecho comunitario.
A la vista de lo que antecede, procede pues declarar que, al autorizar a los Milk Marketing Boards
I)
a aplicar un sistema de doble precio a la leche entera utilizada en la elaboración de mantequilla, según se destine a la venta como mantequilla de intervención o mantequilla a granel, en un caso, o a la venta al detalle como mantequilla en pastillas, en el otro,
II)
a practicar precios diferentes para la leche entera utilizada en la elaboración de mantequilla y nata, según se utilice la leche desnatada obtenida con motivo de dicha elaboración en la alimentación animal o se transforme en leche desnatada en polvo,
el Reino Unido ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 10 del Reglamento n
o
1422/78 del Consejo, de 20 de junio de 1978, y del artículo 6 del Reglamento n
o
1565/79 de la Comisión, de 25 de julio de 1979.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así se hubiere solicitado. Por haber sido desestimadas las pretensiones del Reino Unido, procede condenarle en costas, incluyendo las de la República Francesa, parte coadyuvante, que así lo había solicitado.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Declarar que al autorizar a los Milk Marketing Boards
I)
a aplicar un sistema de doble precio a la leche entera utilizada en la elaboración de mantequilla, según se destine a la venta como mantequilla de intervención o mantequilla a granel, en un caso, o a la venta al detalle como mantequilla en pastillas, en el otro,
II)
y a practicar precios diferentes para la leche entera utilizada en la elaboración de mantequilla y nata, según se utilice la leche desnatada obtenida con motivo de dicha elaboración en la alimentación animal o se transforme en leche desnatada en polvo,
el Reino Unido ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 10 del Reglamento n
o
1422/78 del Consejo, de 20 de junio de 1978, y del artículo 6 del Reglamento n
o
1565/79 de la Comisión, de 25 de julio de 1979.

2)
Condenar en costas al Reino Unido, incluidas las de la República Francesa, parte coadyuvante.

Mackenzie Stuart
Galmot
Kakouris
O'Higgins
Schockweiler
Bosco
Koopmans
Due
Everling
Bahlmann
Joliet
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 2 de diciembre de 1986.
El Secretario
P. Heim
El Presidente
A. J. Mackenzie Stuart
(
*1
)	Lengua de procedimiento: ingles.