CELEX: 62009CJ0377
Artículos 235 CE y 288 CE, párrafo segundo
Competencia del Tribunal de Justicia para conocer de una acción de responsabilidad extracontractual interpuesta contra la Comunidad Europea
Demanda judicial sobre cobertura del pasivo en el sentido del artículo 530, apartado 1, del Código de sociedades belga
Acción interpuesta por un administrador concursal de una sociedad anónima contra la Comunidad Europea
Competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales para conocer de dicha acción

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 235 CE y 288 CE, párrafo segundo.
Dicha petición se presentó en el ámbito de un litigio entre M
e
F.‑H. Hanssens-Ensch, en condición de administradora concursal de Agenor SA (en lo sucesivo, «Agenor»), y la Comunidad Europea,
relativo a la reclamación a esta última de una cantidad de 2 millones de euros por su conducta supuestamente ilícita con la
que habría contribuido a la quiebra de dicha sociedad.

Marco jurídico
A tenor del artículo 530, apartado 1, del Código de sociedades belga:
«En el caso de que la sociedad sea declarada en quiebra y de que su activo sea insuficiente, podrá declararse la responsabilidad
personal, solidaria o no, respecto de la totalidad o de parte de las deudas sociales hasta la cuantía en que el activo sea
insuficiente, de los administradores o antiguos administradores y de cualquier otra persona que haya ostentado efectivamente
las facultades de gestión de la sociedad, si se demuestra que una falta grave y caracterizada que les sea imputable ha contribuido
a la quiebra. […]»

Litigio principal y cuestión prejudicial
El objeto social de Agenor consiste en las actividades de asesoría, peritaje, estudios, formación y cualquier otra prestación
intelectual relacionada con las mismas. Tras un procedimiento de licitación realizado a finales de 1994, se encomendaron a
Agenor las funciones de oficina de asistencia técnica (en lo sucesivo, «OAT») en el marco del programa europeo «Leonardo da
Vinci». A estos efectos, dicha sociedad celebró el 13 de junio de 1995 un primer contrato de doce meses con las Comunidades
Europeas.
Según su artículo 3, el contrato podría renovarse siempre que los servicios prestados por Agenor resultaran satisfactorios
para la Comisión de las Comunidades Europeas y según las disponibilidades presupuestarias de las Comunidades. En aplicación
de esta disposición, se celebraron sucesivos contratos para los períodos comprendidos entre el 1 de junio de 1996 y el 31
de mayo de 1997 y entre el 1 de junio de 1997 y el 31 de mayo de 1998.
El contrato que expiraba el 31 de mayo de 1998 fue prorrogado mediante un apéndice a partir del 1 de junio de 1998 hasta el
30 de septiembre de 1998. A continuación se celebró otro contrato por un nuevo período que finalizaba el 31 de enero de 1999.
El 6 de enero de 1999, la Comisión entregó a Agenor un informe de auditoría que se había realizado a partir de marzo de 1998.
En dicho informe se ponían de manifiesto determinadas deficiencias y carencias en la gestión de la OAT. Asimismo se precisaba
que, ante la perspectiva de continuar con la relación contractual, deberían realizarse mejoras sustanciales en el funcionamiento
de la OAT y que, en el supuesto de que se renovase el contrato después del 31 de enero de 1999, sería necesaria una reestructuración
de la OAT. El documento enumeraba una serie de mejoras que se consideraban necesarias.
El 29 de enero de 1999, la Comisión propuso a Agenor añadir un apéndice al contrato en curso para prorrogarlo hasta el 15
de febrero de 1999. Agenor no aceptó dicha propuesta. Por consiguiente, el 11 de febrero de 1999, la Comisión declaró que
consideraba expirado el contrato a 31 de enero de 1999. El mismo 11 de febrero de 1999 Agenor comunicó a la Comisión su oposición
a tal postura.
El 3 de marzo de 1999, Agenor solicitó la declaración de quiebra.
El 30 de enero de 2004, la demandante en el litigio principal, actuando en condición de administradora concursal de Agenor,
interpuso ante el tribunal de commerce de Bruselas una acción de responsabilidad contra la Comunidad, basada con carácter
principal en el artículo 530, apartado 1, del Código de sociedades belga, en la que se imputaba a la Comisión, por un lado,
haber impuesto a Agenor exigencias de gestión tales que la quiebra era ineludible y, por otro, haber «abandonado» y «linchado»
a Agenor, en particular al negarse a renovar el contrato que vinculaba a ambas partes.
La Comisión alegó la incompetencia del órgano jurisdiccional remitente, señalando que, en virtud de los artículos 235 CE y
288 CE, párrafo segundo, el Tribunal de Justicia es el único competente para pronunciarse acerca de una demanda como la interpuesta
por la demandante en el litigio principal.
Según el órgano jurisdiccional remitente, se plantea la duda de si, en virtud del artículo 288 CE, párrafo segundo, el Tribunal
de Justicia ha de conocer de las acciones de responsabilidad extracontractual sujetas a un régimen legal especial como el
regulado en el artículo 530 del Código de sociedades belga.
Por consiguiente, el tribunal de commerce de Bruselas decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 288 CE, párrafo segundo, en el sentido de que constituye una acción de responsabilidad extracontractual
a efectos de esta disposición una acción de responsabilidad, basada en el artículo 530 del Código de sociedades belga y ejercitada
por un administrador concursal, en la que se solicita que se condene a la Comunidad Europea a hacerse cargo del pasivo de
la sociedad en quiebra, por haber ostentado de facto las facultades de gestión de una sociedad mercantil y haber cometido
en la gestión de esta sociedad una falta grave y caracterizada que ha contribuido a su quiebra?»

Sobre la cuestión prejudicial
Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si una acción de responsabilidad dirigida contra
la Comunidad sobre la base de una normativa nacional que regula un régimen legal especial, diferente del régimen común del
Estado miembro en cuestión en materia de responsabilidad civil, constituye una acción de responsabilidad extracontractual
en el sentido del artículo 288 CE, párrafo segundo, respecto de la cual, con arreglo al artículo 235 CE, no son competentes
los órganos jurisdiccionales nacionales.
La demandante en el litigio principal alega que, a la vista de la referencia que efectúa el artículo 288 CE, párrafo segundo,
a los «principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros», dicho precepto sólo contempla las acciones de
responsabilidad extracontractual de Derecho común interpuestas contra la Comunidad, como por ejemplo la que se desprende en
Derecho belga del artículo 1382 del Código civil. En cambio, afirma que una acción basada en cualquier otra disposición entra
dentro del ámbito competencial de los órganos jurisdiccionales nacionales, aun cuando no se trate de una acción derivada de
un contrato. De este modo, señala que una acción basada en el artículo 530 del Código de sociedades belga, que constituye
el fundamento jurídico de la acción en el litigio principal, no puede considerarse una acción de responsabilidad extracontractual
de Derecho común, aun cuando no se derive de un contrato.
El Tratado CE regula un reparto de competencias entre los órganos jurisdiccionales comunitarios y los órganos jurisdiccionales
nacionales en lo relativo a las acciones judiciales dirigidas contra la Comunidad para reclamar la responsabilidad de ésta
por daños y perjuicios.
En materia de responsabilidad extracontractual de la Comunidad, tales litigios son competencia del Tribunal de Justicia. El
artículo 235 CE establece que el Tribunal de Justicia será competente para conocer de los litigios relativos a la indemnización
por daños a que se refiere el párrafo segundo del artículo 288 CE, el cual trata precisamente de la responsabilidad extracontractual.
Dicha competencia de los órganos jurisdiccionales comunitarios es exclusiva (véanse en este sentido, entre otras, las sentencias
de 13 de marzo de 1992, Vreugdenhil/Comisión, C‑282/90, Rec. p. I‑1937, apartado 14, y de 26 de noviembre de 2002, First y
Franex, C‑275/00, Rec. p. I‑10943, apartado 43 y jurisprudencia citada).
En cambio, en relación con los litigios en materia de responsabilidad contractual de la Comunidad, el Tratado sólo confiere
al Tribunal de Justicia competencia para conocer de tales litigios en el artículo 238 CE, a saber, en virtud de una cláusula
compromisoria contenida en un contrato celebrado por la Comunidad o por su cuenta (véanse en este sentido las sentencias de
18 de diciembre de 1986, Comisión/Zoubek, 426/85, Rec. p. 4057, apartado 11, y de 9 de octubre de 2001, Flemmer y otros, C‑80/99
a C‑82/99, Rec. p. I‑7211, apartado 42).
Habida cuenta de que el artículo 235 CE sólo se refiere al segundo párrafo del artículo 288 CE, que trata únicamente de la
responsabilidad extracontractual de la Comunidad puesto que la responsabilidad contractual de ésta se menciona en el primer
párrafo del mismo artículo 288 CE, no cabe deducir del artículo 235 CE que el Tribunal de Justicia sea competente para conocer
de una acción basada en responsabilidad contractual (véase en este sentido la sentencia Flemmer y otros, antes citada, apartado
42). Por consiguiente, con arreglo al artículo 240 CE, en defecto de cláusula compromisoria, los litigios en materia de responsabilidad
contractual de la Comunidad son competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales (véase en este sentido la sentencia
de 20 de mayo de 2009, Guigard/Comisión, C‑214/08 P, apartado 41).
De lo anterior se desprende que, a efectos de determinar cuál es la jurisdicción competente para conocer de una acción judicial
especial dirigida contra la Comunidad para que ésta responda de un daño, ha de examinarse si dicha acción tiene por objeto
la responsabilidad contractual o la responsabilidad extracontractual de la Comunidad.
A este respecto, debe tenerse en cuenta que la remisión que efectúa el artículo 235 CE al artículo 288 CE, párrafo segundo,
sólo se refiere al concepto de daños en el sentido de este último precepto, a saber, los daños causados por las instituciones
de la Comunidad o por los agentes de la Comunidad en el ejercicio de sus funciones, en materia de responsabilidad extracontractual.
Por el contrario, la referencia efectuada en el artículo 288 CE, párrafo segundo, a los principios generales comunes a los
Derechos de los Estados miembros no forma parte del citado concepto. Dicha referencia tiene por objeto determinar los requisitos
que han de cumplirse para que la Comunidad esté obligada a indemnizar tales daños.
Por otro lado, en relación con la acción controvertida en el litigio principal, ha de señalarse que, tal y como reconoce la
propia demandante en el litigio principal, dicha acción no se deriva de un contrato. Además, la circunstancia de que esa acción
tenga requisitos de aplicación especiales, en concreto que únicamente una «falta grave y caracterizada» puede implicar la
responsabilidad de la persona en cuestión, no desvirtúa el hecho de que dicha acción tiene las características generales de
una acción de indemnización de daños y perjuicios en materia de responsabilidad extracontractual, en el sentido del artículo
288 CE, párrafo segundo.
Dadas las circunstancias, el hecho de que la normativa nacional en la que se basa una acción de responsabilidad extracontractual
dirigida contra la Comunidad constituya un régimen legal especial, diferente del régimen común del Estado miembro en cuestión
en materia de responsabilidad civil, no puede dar lugar a la exclusión de dicha acción del ámbito de aplicación del artículo
235 CE.
La sentencia de 5 de marzo de 1991, Grifoni/CEEA (C‑330/88, Rec. p. I‑1045, apartado 20), invocada por la demandante en el
litigio principal, no desvirtúa la anterior conclusión, dado que el recurso que dio lugar a dicha sentencia se basaba en la
responsabilidad contractual de la Comunidad.
Así pues, la tesis de la demandante en el litigio principal, según la cual, además de la responsabilidad contractual y de
la responsabilidad extracontractual en el sentido del artículo 288 CE, párrafo segundo, existe una tercera categoría de responsabilidad
que, en virtud del artículo 240 CE, sería competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales, carece de fundamento.
Por consiguiente, procede responder a la cuestión planteada que una acción de responsabilidad extracontractual dirigida contra
la Comunidad, aun cuando se base en una normativa nacional que establece un régimen legal especial, diferente del régimen
común del Estado miembro en cuestión en materia de responsabilidad civil, no pertenece, en virtud del artículo 235 CE en relación
con el artículo 288 CE, párrafo segundo, a la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales.

Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
Una acción de responsabilidad extracontractual dirigida contra la Comunidad Europea, aun cuando se base en una normativa nacional
que establece un régimen legal especial, diferente del régimen común del Estado miembro en cuestión en materia de responsabilidad
civil, no pertenece, en virtud del artículo 235 CE en relación con el artículo 288 CE, párrafo segundo, a la competencia de
los órganos jurisdiccionales nacionales.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: francés.