CELEX: 61987CJ0347
Agricultura
Organización común de mercados
Azúcar
Devolución como compensación por pérdidas causadas al aplicar una normativa nacional de precios
Ayuda estatal

Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de noviembre de 1987, Triveneta Zuccheri SpA, con domicilio social en Verona (Italia), y otras siete sociedades italianas, comerciantes del sector del azúcar (en lo sucesivo, «sociedades demandantes»), con arreglo al párrafo 2 del artículo 173 del Tratado CEE, solicitaron la anulación de la Decisión 87/533/CEE de la Comisión, de 8 de abril de 1987, relativa a una ayuda el Gobierno italiano en favor de los comerciantes italianos del sector del azúcar (
DO L 313, p. 24
).
En la Decisión impugnada, que estaba dirigida a la República Italiana, la Comisión consideró que la devolución a los comerciantes italianos del sector del azúcar de 37,12 LIT/kg de azúcar blanca almacenada en la fecha de 29 de octubre de 1984 constituía una ayuda estatal incompatible con el mercado común con arreglo al artículo 92 del Tratado CEE y, por lo tanto, no podía aplicarse.
Esta devolución, establecida por la Decisión de 11 de octubre de 1984 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (Comité Interministerial de Programación Econòmica) así como por las resoluciones n° 39/1984, de 24 de octubre de 1984, y n° 41/1984, de 16 de noviembre de 1984, del Comitato Interministeriale dei Prezzi (Comité Interministerial de Precios), se decidió en favor de los comerciantes italianos del sector del azúcar con objeto de compensar la reducción de su margen de beneficios ocasionada por una bajada del precio máximo de venta del azúcar de 40,09 LIT/kg en relación con el precio vigente anteriormente, disminución establecida por la resolución n° 39/1984 y que entró en vigor el 30 de octubre de 1984.
La Comisión propuso contra el recurso una excepción de inadmisibilidad con arreglo al párrafo 1 del apartado 1 del artículo 91 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia y solicitó a éste que resolviera acerca de dicha excepción sin entrar a examinar el fondo.
En apoyo de esta excepción de inadmisibilidad, la Comisión alega que, al impugnar la Decisión controvertida, las sociedades demandantes pretenden, en realidad, entablar un recurso por omisión contra la Comisión, alegando que ésta, infringiendo el Derecho comunitario, no interpuso un recurso por incumplimiento contra la República Italiana para que el Tribunal de Justicia declarara la incompatibilidad con el Derecho comunitario del régimen italiano de fijación de los precios máximos para la venta del azúcar.
Las sociedades demandantes solicitan al Tribunal de Justicia que desestime la excepción propuesta. A este respecto, sostienen que existe un vínculo indisoluble entre la Decisión impugnada y el régimen italiano de precios del azúcar, de manera que es imposible impugnar la legalidad de la Decisión adoptada sin plantear también el problema de la compatibilidad con el Derecho comunitario del régimen italiano de fijación de los precios máximos del azúcar.
El 23 de noviembre de 1988, el Tribunal decidió examinar conjuntamente las cuestiones relativas a la admisibilidad y al fondo del asunto.
En cuanto al fondo, Ias sociedades demandantes, beneficiarias de la devolución establecida por la normativa italiana, impugnan la calificación de la medida que se discute corno una ayuda incompatible con el mercado común, alegando, eň primer lugar, que ésta sólo constituye la indemnización del perjuicio causado a los comerciantes italianos dėl sector del azúcar por la aplicación de una normativa nacional de fijación de precios que es, según ellas, contraria al Derecho comunitario. Las sociedades demandantes alegan, a continuación, que la devolución decidida era indispensable para evitar una discriminación, prohibida por el párrafo 2 del apartado 3 del artículo 40 del Tratado CEE, entre los comerciantes que el 29 de octubre de 1984 tenían azúcar almacenada y los que no se encontraban en dicha situación.
La Comisión alega que, en cualquier caso, el recurso es infundado. En relación con el primer motivo presentado por las sociedades demandantes, la Comisión sostiene fundamentalmente que la conformidad a Derecho de la Decisión impugnada, que queda patente en su motivación, y la pretendida incompatibilidad con el Derecho comunitario de la normativa italiana sobre la fijación de precios máximos del azúcar constituyen dos problemas completamente independientes. En relación con el segundo motivo de las sociedades demandantes, que consiste en la infracción del párrafo 2 del apartado 3 del artículo 40, la Comisión afirma que esta disposición no es aplicable al caso de autos, al no darse la discriminación alegada entre los productores de la Comunidad.
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio, del desarrollo del procedimiento así como de los motivos y alegaciones de las partes, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento el Tribunal.
Sin entrar en el examen de los motivos y alegaciones de las partes, procede destacar, de entrada, que los dos motivos invocados por las sociedades demandantes en el recurso y desarrollados en la vista parten de la premisa de que la normativa italiana de fijación de los precios del azúcar es incompatible con el Derecho comunitario.
En efecto, el primer motivo de las sociedades demandantes consiste en alegar que una normativa nacional sobre precios que se aplica a todas las fases de producción y de comercialización de un producto contemplado en una organización común de mercados, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase, por ejemplo, sentencia de 23 de enero de 1975, Galli,
31/74, Rec. 1975, p. 47
), debe considerarse incompatible con dicha organización común, puesto que ésta ha conferido al Consejo y a la Comisión una competencia exclusiva en los ámbitos a que se refiere. En opinión de las sociedades demandantes, ello es así tanto más cuanto que, como sucede en el asunto presente, la organización común, establecida por el Reglamento (CEE) n° 1785/81 del Consejo, de 30 de junio de 1981, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (
DO L 177, p. 4
; EE 03/22, p. 108), se funda en un régimen común de precios que impide a los Estados miembros intervenir, mediante disposiciones nacionales adoptadas unilateralmente, en el mecanismo de formación de precios tal y como resulta de la organización común. En el marco de este motivo, las demandantes afirman además que la normativa italiana de fijación de los precios del azúcar es contraria al artículo 30 del Tratado CEE, porque puede constituir un obstáculo a la libre circulación de mercancías.
El segundo motivo de las sociedades demandantes, basado en el párrafo 2 del apartado 3 del artículo 40, consiste en alegar que la devolución acordada por las autoridades italianas era indispensable para suprimir una discriminación en contra de los comerciantes italianos como consecuencia de una intervención, contraria al Derecho comunitario, de las autoridades nacionales.
En la vista, las sociedades demandantes alegaron también que la resolución italiana de que se trata debía considerarse como la devolución de una cantidad que se había sustraído a los comerciantes italianos del sector del azúcar a consecuencia de una normativa nacional contraria al Derecho comunitario y alegaron la sentencia de 10 de julio de 1980 (Ariete,
811/79, Rec. 1980, p. 2545, apartado 15
) para sostener que dicha resolución no puede por ello calificarse de ayuda incompatible con el mercado común. En especial fundaron su razonamiento en el adagio
nemini licet venire contra factum proprium,
afirmando que la Comisión, que no había solicitado al Tribunal de Justicia que declarara la incompatibilidad de la normativa italiana sobre los precios máximos del azúcar con el Derecho comunitario, no tenía derecho a obstaculizar la devolución acordada por las autoridades italianas.
En tales circunstancias procede declarar que, para decidir sobre el fundamento de los medios invocados por las sociedades demandantes, el Tribunal de Justicia tendrá necesariamente que pronunciarse sobre la compatibilidad con el Derecho comunitario de la normativa italiana sobre la fijación de los precios máximos del azúcar.
Ahora bien, es jurisprudencia reiterada que, fuera del recurso para declarar un incumplimiento, no corresponde al Tribunal de Justicia decidir sobre la compatibilidad de una disposición nacional con el Derecho comunitario. Ello es competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales, después de obtener en su caso del Tribunal de Justicia, por vía de remisión prejudicial, las precisiones necesarias sobre el alcance y la interpretación del Derecho comunitario.
De ello se deduce que el Tribunal de Justicia, en el marco de un recurso de anulación interpuesto contra una Decisión de la Comisión, no puede, so pena de juzgar de forma intempestiva la compatibilidad con el Derecho comunitario del régimen italiano de fijación de los precios del azúcar, decidir sobre los motivos invocados por las sociedades demandantes para impugnar la calificación como ayuda de la medida italiana de que se trata y que están fundados en la pretendida contradicción con el Derecho comunitario de la normativa de precios máximos del azúcar en Italia.
Al no haber expuesto las sociedades demandantes otro motivo que permita probar que es contraria a Derecho la Decisión impugnada, debe declararse la inadmisibilidad del recurso.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos de las sociedades demandantes, procede condenarlas en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
decide:

1)
Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2)
Condenar a las sociedades demandantes al pago solidario de las costas.

Kakouris
Schockweiler
Koopmans
Mancini
O'Higgins
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de marzo de 1990
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Sexta
C. N. Kakouris
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.