CELEX: 62005CJ0443
Recurso de casación
Derechos antidumping
Artículo 239 del Código aduanero
Condonación de los derechos a la importación
Artículo 907, párrafo primero, del Reglamento (CEE) nº 2454/93
Interpretación
Legalidad
Decisión de la Comisión
Grupo de expertos reunido en el marco del Comité del Código aduanero
Entidad distinta en el plano funcional
Artículo 2 y artículo 5, apartado 2, de la Decisión 1999/468/CE del Consejo
Artículo 4 del Reglamento interno del Comité del Código aduanero
Requisitos de aplicación del artículo 239 del Código aduanero
Falta de negligencia manifiesta

1       Mediante su recurso de casación, Common Market Fertilizers SA (en lo sucesivo, «CMF»), solicita la anulación de la sentencia
del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 27 de septiembre de 2005, Common Market Fertilizers/Comisión
(T‑134/03 y T‑135/03, Rec. p. II‑3923; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la cual este último desestimó sus recursos
que tenían por objeto la anulación de las Decisiones de la Comisión C(2002) 5217 final y C(2002) 5218 final (en lo sucesivo,
«Decisiones controvertidas»), por las que se declaró que la condonación de los derechos de importación solicitada por CMF
no estaba justificada.

Marco jurídico
2       El artículo 1, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento (CE) nº 3319/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el
que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de mezcla de urea con nitrato de amonio en disolución
originaria de Bulgaria y Polonia, exportada por empresas no exentas del derecho, y por el que se percibe definitivamente el
derecho provisional establecido (DO L 350, p. 20), establece el siguiente derecho antidumping específico:
«Para las importaciones despachadas a libre práctica que no sean directamente facturadas al importador no vinculado por uno
de los exportadores o productores polacos anteriormente mencionados, se establece el siguiente derecho específico:
[Para el] producto producido por Zaklady Azotowe Pulawy [...] el derecho específico será de 19 ecus por tonelada de producto
[...]»
3       El artículo 239 del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero
comunitario (DO L 302, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 2700/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de noviembre de 2000 (DO L 311, p. 17) (en lo sucesivo, «Código aduanero»), dispone lo siguiente:
«1.      Se podrá proceder a la devolución o a la condonación de los derechos de importación o de los derechos de exportación en situaciones
especiales, distintas de las contempladas en los artículos 236, 237 y 238:
–       que se determinarán según el procedimiento del Comité;
–       que resulten de circunstancias que no impliquen ni maniobra ni manifiesta negligencia por parte del interesado. Las situaciones
en las que se podrá aplicar esta disposición y las modalidades de procedimiento que se seguirán a tal fin se definirán según
el procedimiento del Comité. La devolución o la condonación podrán supeditarse a condiciones especiales.
2.      La devolución o la condonación de los derechos por los motivos indicados en el apartado 1 se concederá previa petición presentada
ante la aduana correspondiente […]»
4       El artículo 4 del Código aduanero dispone:
«A efectos del presente Código, se entenderá por:
[…]
24)      “procedimiento del Comité”: el procedimiento contemplado bien en los artículos 247 y 247
bis,
o bien en los artículos 248 y 248
bis».
5       El artículo 247 del Código aduanero establece:
«Las medidas necesarias para la aplicación del presente Código […] se adoptarán de conformidad con el procedimiento de reglamentación
contemplado en el apartado 2 del artículo 247
bis
[…]»
6       El artículo 247
bis
del Código aduanero dispone:
«1.      La Comisión estará asistida por el Comité del Código aduanero, denominado en lo sucesivo “el Comité”.
2.      En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE
[del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de
ejecución atribuidas a la Comisión (DO L 184, p. 23; en lo sucesivo, “Decisión de comitología”)], […]
[…]
3.      El Comité aprobará su reglamento interno.»
7       El artículo 4 del Reglamento interno del Comité del Código aduanero establece:
«1.      El Presidente transmitirá a las representaciones permanentes y a los miembros del Comité la convocatoria, el orden del día
y las propuestas de medidas con respecto a las cuales se haya solicitado el dictamen del Comité, así como todos los demás
documentos de trabajo, con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 14, por lo general como mínimo
14 días naturales antes de la fecha de la reunión.
2.      En casos urgentes y cuando las medidas que deban adoptarse sean de aplicación inmediata, el Presidente, por propia iniciativa
o a petición de un miembro del Comité, podrá reducir el plazo de transmisión contemplado en el apartado anterior hasta cinco
días naturales antes de la fecha de la reunión.
3.      En casos de extrema urgencia, el Presidente podrá establecer plazos diferentes de los establecidos en los apartados 1 y 2.
Si se propone incluir una cuestión en el orden del día de una reunión durante la misma, será necesaria la aprobación de la
mayoría simple de los miembros del Comité».
8       El artículo 905, apartado 1, del Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas
disposiciones de aplicación del Reglamento nº 2913/92 (DO L 253, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1677/98
de la Comisión, de 29 de julio de 1998 (DO L 212, p. 18) (en lo sucesivo, «Reglamento de aplicación»), dispone:
«Cuando la autoridad aduanera de decisión, a la que se hubiera presentado una solicitud de devolución o condonación, con arreglo
al apartado 2 del artículo 239 del Código, no se halle en condiciones de decidir, sobre la base del artículo 899, y cuando
la solicitud está fundamentada en motivos que justifiquen que se trata de una situación especial resultante de circunstancias
que no supongan negligencia manifiesta o intento de fraude por parte del interesado, el Estado miembro de que se trate transmitirá
el caso a la Comisión para su resolución conforme al procedimiento previsto en los artículos 906 a 909.
No obstante, excepto en caso de duda por parte de dicha autoridad aduanera de decisión, ésta podrá decidir proceder a la devolución
o a la condonación de los derechos si considera que se cumplen las condiciones contempladas en el apartado 1 del artículo
239 del Código y siempre que el importe correspondiente a cada operador como consecuencia de una misma situación particular
y que corresponda, cuando proceda, a varias operaciones de importación o de exportación, sea inferior a 50.000 ecus.
El término “interesado” deberá entenderse en el mismo sentido que en el artículo 899.
En los restantes casos, la autoridad aduanera de decisión rechazará la solicitud.»
9       El artículo 906 del Reglamento de aplicación dispone:
«Dentro de los quince días siguientes a la fecha de recepción del expediente a que se refiere el apartado 2 del artículo 905,
la Comisión enviará una copia a los Estados miembros.
El examen de dicho expediente figurará lo antes posible en el orden del día de una reunión del Comité.»
10     Con posterioridad a los hechos del presente asunto, el artículo 906, párrafo segundo, del Reglamento de aplicación fue modificado
de la siguiente manera en virtud del Reglamento (CE) nº 1335/2003 de la Comisión, de 25 de julio de 2003, por el que se modifica
el Reglamento nº 2454/93 (DO L 187, p. 16):
«El examen de este expediente figurará cuanto antes en el orden del día de una reunión del grupo de expertos, contemplado
en el artículo 907.»
11     El artículo 906
bis
del Reglamento de aplicación establece:
«En cualquier momento del procedimiento previsto en los artículos 906 y 907, cuando la Comisión tenga intención de tomar una
decisión desfavorable para el solicitante de la devolución o de la condonación, le comunicará por escrito sus objeciones,
y todos los documentos en los cuales se fundan dichas objeciones. El solicitante de la devolución o de la condonación expresará
su punto de vista por escrito en el plazo de un mes a contar de la fecha de envío de dichas objeciones. Si transcurrido dicho
plazo no hubiera dado a conocer su punto de vista, se considerará que renuncia a la posibilidad de manifestar su posición.»
12     El artículo 907, párrafo primero, del Reglamento de aplicación prevé:
«Previa consulta a un grupo de expertos compuesto por representantes de todos los Estados miembros, reunidos en el marco del
Comité con objeto de examinar el caso de que se trate, la Comisión decidirá si la situación especial examinada justifica o
no la concesión de la devolución o de la condonación».
13     El artículo 5 de la Decisión de comitología, titulado «Procedimiento de reglamentación», dispone:
«1.      La Comisión estará asistida por un Comité de reglamentación compuesto por los representantes de los Estados miembros y presidido
por el representante de la Comisión.
2.      El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de medidas. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto
en un plazo que el presidente podrá fijar en función de la urgencia. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el
apartado 2 del artículo 205 [CE] para las decisiones que el Consejo debe adoptar a propuesta de la Comisión. Los votos de
los representantes de los Estados miembros en el seno del Comité se ponderarán de la forma establecida en el mencionado artículo.
El presidente no tomará parte en la votación.
3.      Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, la Comisión adoptará las medidas previstas siempre que sean conformes al dictamen
del Comité.
4.      Si las medidas previstas no son conformes al dictamen del Comité o en caso de ausencia de dictamen, la Comisión presentará
sin demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas que vayan a adoptarse e informará al Parlamento Europeo.
[…]»

Hechos que originaron el litigio
14     CMF, sociedad establecida en Bélgica, es mayorista de productos químicos, en particular de soluciones nitrogenadas (urea y
nitrato de amonio). Forman parte de su grupo, entre otras, las sociedades Rellmann GmbH (en lo sucesivo, «Rellmann»), con
domicilio social en Hamburgo (Alemania), filial al 100 % de CMF, y Agro Baltic GmbH (en lo sucesivo, «Agro Baltic»), con domicilio
social en Rostock (Alemania), filial al 100 % de Rellmann. En 1989, la recurrente adquirió la sociedad Champagne Fertilisants,
que es su representante fiscal para sus transacciones en Francia.
15     La empresa polaca Zaklady Azotowe Pulawy (en lo sucesivo, «ZAP») exporta productos y los vende a Agro Baltic. Dentro del grupo
de la recurrente, Agro Baltic revende los productos a Rellmann, que, a su vez, los revende a CMF. Se emiten las correspondientes
facturas de estas operaciones.
16     Por lo que respecta al asunto T‑134/03, Agro Baltic compró a ZAP, entre marzo y septiembre de 1997, tres cargamentos de mezcla
de urea con nitrato de amonio. Estos cargamentos siguieron el circuito comercial descrito en el apartado anterior.
17     Cogema, comisionista de aduanas, recibió instrucciones de despachar los productos a libre práctica en nombre de Agro Baltic
y de despacharlos a consumo en nombre de CMF.
18     De este modo, en un primer momento, las mercancías fueron despachadas a libre práctica en nombre de Agro Baltic bajo la declaración
EU0, a la que se habían adjuntado las facturas de ZAP a Agro Baltic y los certificados EUR.1 que acreditaban el origen polaco
de las mismas. Al mismo tiempo, fueron puestas en régimen de depósito, del que salieron pocos minutos más tarde para ser despachadas
a consumo en nombre de Champagne Fertilisants.
19     Por lo que respecta al asunto T‑135/03, Agro Baltic compró a ZAP, en enero de 1995, un cargamento que después siguió el circuito
comercial descrito en el apartado 15 de la presente sentencia.
20     Agro Baltic encargó a la sociedad SCAC Rouen, comisionista de aduanas, que despachara las mercancías a libre práctica en nombre
de Agro Baltic y que las despachara a consumo en nombre de CMF. Se trataba de presentar para una sola mercancía, en la misma
aduana, dos declaraciones aduaneras de importación que mencionaban dos destinatarios distintos, para disociar el pago de los
derechos de aduana del pago del impuesto sobre el valor añadido.
21     SCAC Rouen siguió un procedimiento simplificado de despacho de aduanas, efectuando tanto el despacho a libre práctica como
el despacho a consumo en nombre de CMF. A tal efecto, presentó en nombre de ésta una declaración IM4, a la que había adjuntado
la factura de Rellmann y un certificado EUR.1 del origen polaco de las mercancías.
22     En los asuntos T‑134/03 y T‑135/03 las autoridades francesas competentes aceptaron en un primer momento las declaraciones,
concedieron la exención de los derechos de aduana de importación basándose en los certificados EUR.1 y no reclamaron el pago
de los derechos antidumping.
23     Sin embargo, a raíz de una inspección
a posteriori,
las autoridades francesas competentes consideraron que se debería haber aplicado a todos los cargamentos el derecho específico
de 19 ecus por tonelada establecido en el artículo 1, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento nº 3319/94. Estimaron que,
de hecho, las mercancías habían sido importadas por CMF, a la que ZAP no facturaba directamente a pesar de ser el fabricante
de los productos controvertidos.
24     Por lo que se refiere a los cargamentos de que se trata en el asunto T‑134/03, las autoridades francesas competentes opinaron
que el almacenamiento intermedio de las mercancías era una ficción jurídica debido a su extrema brevedad y que en las tres
transacciones de que se trata CMF ya había recibido las mercancías incluso antes de que se hubieran presentado las declaraciones
de despacho a libre práctica en nombre de Agro Baltic. Por consiguiente, aplicaron a CMF derechos e impuesto por un importe
de 3.911.497 FRF (564.855 euros).
25     En relación con los cargamentos de que se trata en el asunto T‑135/03, las autoridades francesas competentes señalaron que
se había presentado una sola declaración de despacho a libre práctica y de despacho a consumo en nombre de CMF. En estas circunstancias,
aplicaron a CMF 840.271 FRF (128.098 euros) en concepto de derechos e impuestos.
26     CMF presentó en noviembre y diciembre de 1999 a la Administración francesa de aduanas, con arreglo al artículo 239 del Código
aduanero, unas solicitudes de condonación de los derechos. El 14 de febrero de 2002, esta Administración remitió dichas solicitudes
a la Comisión.
27     Mediante escritos de 9 y 10 de septiembre de 2002, la Comisión comunicó a la recurrente que tenía la intención de tomar una
decisión negativa en los dos expedientes.
28     En noviembre de 2002, el grupo de expertos REM/REC se reunió en el marco del Comité aduanero, sección devoluciones. La votación
final de dicho grupo arrojó el siguiente resultado en cuanto a los dos expedientes: «seis delegaciones votan a favor de la
propuesta de la Comisión, cuatro se abstienen y cinco votan en contra».
29     El 20 de diciembre de 2002, la Comisión, por considerar que CMF había incurrido en negligencia manifiesta y que no concurría
una situación especial y, por tanto, que no se habían cumplido los requisitos de aplicación del artículo 239 del Código aduanero,
adoptó las Decisiones controvertidas. La Comisión notificó estas Decisiones a la Administración francesa de aduanas, que a
su vez las comunicó a CMF el 10 de febrero de 2003.

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida
30     Mediante demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de abril de 2003, registradas con los
números  de asunto T‑134/03 y T‑135/03, CMF solicitó la anulación de las Decisiones controvertidas.
31     CMF invocó tres motivos en apoyo de su recurso.
32     El primer motivo, basado en vicios sustanciales de forma y en la vulneración del derecho de defensa, estaba dividido en cinco
partes:
–       infracción del artículo 7 CE y del artículo 5 de la Decisión de comitología;
–       infracción del artículo 906, apartado 1, del Reglamento de aplicación;
–       infracción del artículo 4, apartado 1, del Reglamento interno del Comité del Código aduanero;
–       infracción del artículo 3 del Reglamento nº 1 del Consejo, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico
de la Comunidad Económica Europea (DO 1958, 17, p. 385; EE 01/01, p. 8);
–       vulneración del derecho de defensa.
33     El segundo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación en la aplicación del artículo 239 del Código aduanero, constaba
de tres partes, en las que se alegaba que:
–       la Comisión no había reconocido la existencia de una situación especial;
–       no hubo intento de fraude por parte de CMF;
–       la Comisión no reconoció la inexistencia de negligencia manifiesta de CMF.
34     El tercer motivo estaba basado en el incumplimiento de la obligación de motivación establecida en el artículo 253 CE.
35     Los asuntos T‑134/03 y T‑135/03 se acumularon a efectos de la fase oral y de la sentencia.
36     Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia desestimó los recursos y condenó en costas a la recurrente.

Pretensiones de las partes
37     CMF solicita al Tribunal de Justicia que:
–       Anule la sentencia recurrida.
–       Estime las pretensiones formuladas en primera instancia.
–       Condene a la Comisión a pagar las costas tanto del procedimiento de casación como del de primera instancia.
38     La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–       Desestime el recurso de casación.
–       Condene en costas a la recurrente.

Recurso de casación
39     CMF invoca cuatro motivos de anulación de la sentencia recurrida:
–       presentación incompleta del marco jurídico;
–       desnaturalización del marco fáctico;
–       interpretación errónea del concepto de vicios sustanciales de forma;
–       aplicación errónea del artículo 239 del Código aduanero.

Motivo basado en la presentación incompleta del marco jurídico
Alegaciones de las partes
–       Alegaciones de la recurrente
40     La recurrente, que divide este motivo en dos partes, reprocha al Tribunal de Primera Instancia no haber mencionado, en su
presentación del marco jurídico del asunto:
–       el considerando trigésimo noveno del Reglamento nº 3319/94, con arreglo al cual «[…] dada la existencia de varios canales
de importación a través de empresas de terceros países, se considera apropiado establecer un derecho variable a un nivel que
permita al sector económico de la Comunidad subir sus precios hasta niveles rentables para las importaciones facturadas directamente
por productores búlgaros o polacos o por las partes que han exportado el producto afectado durante el período de investigación,
y un derecho específico sobre la misma base para las demás importaciones con el fin de evitar la elusión de las medidas antidumping»;
–       el artículo 2 de la Decisión de comitología, que dispone lo siguiente:
«La elección de los procedimientos para la adopción de medidas de ejecución se inspirará en los criterios siguientes:
a)      las medidas de gestión, tales como las relativas a la aplicación de la política agrícola común y la política pesquera común
o a la ejecución de programas con implicaciones presupuestarias importantes, deberían aprobarse con arreglo al procedimiento
de gestión;
b)      las medidas de alcance general por las que se desarrollen los elementos esenciales de un acto de base, incluidas las relativas
a la protección de la salud de las personas, los animales o las plantas, deberían aprobarse con arreglo al procedimiento de
reglamentación.
Cuando un acto de base establezca que determinados elementos no esenciales de ese acto pueden adaptarse o actualizarse mediante
procedimientos de ejecución, estas medidas deberían aprobarse con arreglo al procedimiento de reglamentación;
c)      sin perjuicio de lo dispuesto en las letras a) y b), se aplicará el procedimiento consultivo en todos los casos en que se
considere el más adecuado».
41     Según CMF, al no tener en cuenta el considerando trigésimo noveno del Reglamento nº 3319/94, el Tribunal de Primera Instancia
no pudo remitirse a dicho considerando al interpretar el artículo 1, apartado 3, párrafo segundo, de dicho Reglamento, aun
cuando debería haberlo hecho. En opinión de CMF, si lo hubiera hecho, habría llegado a la conclusión de que no se puede imponer
un derecho específico cuando, como en el caso de autos, no se ha eludido realmente la legislación antidumping.
42     En opinión de CMF, al no mencionar el artículo 2 de la Decisión de comitología, cuyos criterios para la elección de las modalidades
procedimentales no son vinculantes, el Tribunal de Primera Instancia declaró erróneamente en el apartado 55 de la sentencia
recurrida que el procedimiento de reglamentación sólo puede utilizarse para las medidas de carácter general.
–       Alegaciones de la Comisión
43     La Comisión considera que no es pertinente recurrir al considerando trigésimo noveno del Reglamento nº 3319/94 a fin de interpretar
el artículo 1, apartado 3, párrafo segundo, de dicho Reglamento, que establece la imposición de un derecho específico cuando
se cumplen dos requisitos objetivos: una situación de facturación indirecta y la importación de un producto de ZAP.
44     Respecto del artículo 2 de la Decisión de comitología, la Comisión niega la alegación de CMF según la cual el Tribunal de
Primera Instancia declaró que el procedimiento de reglamentación sólo puede utilizarse para las medidas de carácter general.
Apreciación del Tribunal de Justicia
45     Las dos partes del motivo examinado y, por tanto, el propio motivo, carecen de la necesaria autonomía.
46     En efecto, con las dos partes de este motivo, que en apariencia se limitan a censurar que no se mencionara formalmente un
considerando de un reglamento y un artículo de una decisión en la presentación del marco jurídico de la sentencia recurrida,
la recurrente alega en realidad que el Tribunal de Primera Instancia no tomó en consideración estas disposiciones al interpretar
la normativa controvertida, es decir, durante el análisis jurídico.
47     Ahora bien, como señala el Abogado General en el punto 41 de sus conclusiones, las dos partes del motivo examinado se invocan
más específicamente en el marco de los motivos cuarto y tercero del recurso de casación, respectivamente, mediante los cuales
se censura el análisis propiamente jurídico del Tribunal de Primera Instancia.
48     Por consiguiente, dichas partes se confunden con esos motivos.
49     Por ello, no procede examinarlas separadamente.

Motivo basado en la desnaturalización del marco fáctico
Alegaciones de las partes
–       Alegaciones de la recurrente
50     CMF alega que el Tribunal de Primera Instancia, en los apartados 14 a 28 de la sentencia recurrida, en los que expone el contexto
fáctico del asunto, hizo suya la construcción jurídica elaborada por las autoridades nacionales competentes sobre la existencia
de una facturación indirecta, que es completamente ficticia.
51     En su opinión, esta presentación es incompleta y errónea y lleva a una desnaturalización de los hechos que condujo al Tribunal
a considerar erróneamente que en realidad existía una situación de facturación indirecta y a aplicar de manera incorrecta
el artículo 1, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento nº 3319/94.
–       Alegaciones de la Comisión
52     La Comisión considera que el motivo invocado carece de pertinencia y es inoperante.
53     En efecto, a su juicio, el litigio entre CMF y la Comisión ni se refería ni podía siquiera referirse a la cuestión de si se
debían realmente dichos derechos. Este litigio se refería únicamente a la cuestión de si se habían cumplido los requisitos
para la condonación de la deuda.
Apreciación del Tribunal de Justicia
54     Contrariamente a lo que alega la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia no decidió sobre la existencia, en el caso de
autos, de una situación de facturación indirecta ni, por tanto, sobre la existencia de la deuda aduanera.
55     En las Decisiones controvertidas se rechazaban solicitudes de condonación de deudas aduaneras hipotéticamente existentes,
solicitudes que se basaban en el artículo 239 del Código aduanero.
56     El Tribunal de Primera Instancia debía pronunciarse sobre un motivo basado en un error manifiesto de apreciación en la aplicación
de dicho artículo, que examinó en los apartados 135 a 150 de la sentencia recurrida.
57     En el marco de su apreciación, el Tribunal de Primera Instancia analizó uno de los requisitos acumulativos exigidos por el
mencionado artículo, a saber, la falta de negligencia manifiesta por parte del interesado.
58     El Tribunal de Primera Instancia desestimó el motivo tras haber llegado a la conclusión de que no se había cumplido dicho
requisito.
59     Por consiguiente, el presente motivo del recurso de casación debe desestimarse por ser inoperante.

Motivo basado en la interpretación errónea del concepto de vicios sustanciales de forma
Alegaciones de las partes
–       Alegaciones de la recurrente
60     CMF reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber llevado a cabo una interpretación errónea del artículo 907, párrafo primero,
del Reglamento de aplicación al declarar que dicho artículo permite a la Comisión decidir por sí sola en materia de condonación
y devolución de derechos de aduana.
61     CMF considera que dicha interpretación implica la ilegalidad de la disposición controvertida.
62     La recurrente alega que el artículo 907, párrafo primero, forma parte de un reglamento de aplicación del reglamento de base,
que es el Código aduanero.
63     CMF subraya que el artículo 247 del Código aduanero establece que las medidas necesarias para la aplicación de dicho Código
se adoptarán de conformidad con el procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 247
bis,
apartado 2, de dicho Código.
64     Por tanto, en su opinión, el Reglamento de aplicación sólo puede establecer medidas de ejecución.
65     A juicio de CMF, la competencia que se ha atribuido la Comisión para decidir por sí sola en materia de condonación y devolución
de derechos de aduana y para crear un grupo de expertos
ex nihilo
no dimana de una medida de ejecución del Reglamento de base.
66     Por lo tanto, en opinión de la recurrente, el artículo 907, párrafo primero, del Reglamento de aplicación no puede constituir
la base jurídica de tal atribución de competencias. En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia no podía concluir que
la Comisión había actuado dentro de su esfera de competencias en virtud de esta disposición.
67     Para CMF, la competencia controvertida tampoco está explícitamente prevista en el Tratado CE.
68     De este modo, para CMF, también se ha vulnerado el artículo 7 CE, en virtud del cual cada institución actuará dentro de los
límites de las competencias que le son atribuidas por el Tratado.
69     CMF alega que planteó ante el Tribunal de Primera Instancia una excepción de ilegalidad del artículo 907, párrafo primero,
del Reglamento de aplicación.
70     CMF reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber declarado, en el apartado 51 de la sentencia impugnada, que dicha excepción
de ilegalidad era inadmisible por haber sido invocada en la réplica sin estar basada en ninguna razón de hecho o de Derecho
que hubiera aparecido durante el procedimiento, en el sentido del artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento
del Tribunal de Primera Instancia.
71     CMF reconoce que lo que originó el debate sobre la ilegalidad del artículo 907, párrafo primero, del Reglamento de aplicación
fue la interpretación contenida en el escrito de contestación de la Comisión, en la que se excluye que el grupo de expertos
establecido en dicha disposición sea un comité regulado por la Decisión de comitología.
72     No obstante, CMF considera que dicha interpretación de la Comisión constituye una razón de Derecho aparecida durante el procedimiento.
73     La recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber declarado, en el apartado 52 de la sentencia recurrida, que
no estaba obligado a pronunciarse de oficio sobre la posible ilegalidad del artículo 907, apartado 1, del Reglamento de aplicación,
basándose en la apreciación, que CMF estima errónea, de que esta ilegalidad no era una cuestión de orden público.
74     CMF sostiene además que, a fin de determinar la naturaleza jurídica del comité consultado por la Comisión, el Tribunal de
Primera Instancia interpretó erróneamente en el apartado 55 de la sentencia recurrida los criterios de elección entre el procedimiento
de gestión y el procedimiento de reglamentación establecidos en el artículo 2 de la Decisión de comitología (véase el apartado
40 de la presente sentencia) al afirmar que el procedimiento de reglamentación se utiliza para las medidas de alcance general
que tienen por objeto desarrollar los elementos esenciales de un acto de base.
75     Según CMF, el criterio de las «medidas de alcance general» no es el único para recurrir al procedimiento de reglamentación.
76     Añade que los criterios establecidos en el artículo 2 de la Decisión de comitología no son vinculantes. Por ello, el Consejo
podía establecer que se utilizara el procedimiento de reglamentación para las medidas de condonación o de devolución de los
derechos de aduana.
77     Además, en opinión de CMF, la interpretación del Tribunal de Primera Instancia, recogida en el apartado 56 de la sentencia
recurrida, según la cual las Decisiones controvertidas son decisiones individuales sin alcance general también resulta errónea.
A juicio de CMF, estas Decisiones tienen carácter general en la medida en que, al referirse a una deuda aduanera, afectan
directamente a los recursos propios de la Comunidad Europea.
78     CMF afirma que la intención del legislador comunitario en el artículo 239, apartado 1, del Código aduanero, era imponer la
utilización del procedimiento del comité de reglamentación para la toma de decisiones en materia de devolución o condonación
de derechos de aduana.
79     CMF señala que el artículo 239, apartado 1, menciona en dos ocasiones el «procedimiento del comité»: por primera vez cuando
se refiere a «situaciones […] que se determinarán según el procedimiento del Comité», y por segunda vez cuando afirma que
«las situaciones en las que se podrá aplicar esta disposición y las modalidades de procedimiento que se seguirán a tal fin
se definirán según el procedimiento del Comité».
80     Para CMF, la primera mención hace referencia a la adopción de decisiones de fondo en materia de devolución o condonación.
La segunda se refiere a las disposiciones de aplicación del artículo 239, apartado 1, del Código aduanero que deben ser adoptadas
y definidas en el Reglamento de aplicación. Cualquier otra explicación de esta doble mención llevaría a concluir que el legislador
comunitario incurre en una repetición sin ningún motivo.
81     La recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia no haber considerado en la sentencia recurrida que, como CMF había
resaltado, el grupo de expertos consultado había desarrollado de hecho su actividad durante años al margen de toda línea presupuestaria.
De este modo, según CMF, las Decisiones controvertidas se habían adoptado incumpliendo directamente el Derecho presupuestario
comunitario. A juicio de la recurrente, este incumplimiento se añade a la falta de base jurídica de las Decisiones controvertidas
y refuerza el contexto de ilegalidad absoluta en el que fueron adoptadas.
82     CMF reprocha además al Tribunal de Primera Instancia haber declarado en el apartado 59 de la sentencia recurrida que el grupo
de expertos al que se refiere el artículo 907, apartado primero, del Reglamento de aplicación es una entidad distinta en el
plano funcional del Comité del Código aduanero sin precisar la naturaleza exacta de dicha entidad. De este modo, según la
recurrente el Tribunal de Primera Instancia ha incurrido en error de Derecho al descartar la cuestión de determinar la base
jurídica en virtud de la cual se había creado el grupo de expertos.
83     Finalmente, la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber declarado en los apartados 78 y 79 de la sentencia
recurrida que las personas físicas o jurídicas no pueden alegar una supuesta infracción del artículo 4 del Reglamento interno
del Comité del Código aduanero.
84     Según CMF, el Tribunal de Primera Instancia debió tener en cuenta la jurisprudencia que había invocado y que resulta de las
sentencias de 15 de junio de 1994, Comisión/BASF y otros (C‑137/92 P, Rec. p. I‑2555) y de 10 de febrero de 1998, Alemania/Comisión
(C‑263/95, Rec. p. I‑441), apartados 31 y 32.
85     CMF considera que el respeto del plazo de catorce días establecido en el artículo 4 del Reglamento interno del Comité del
Código aduanero revestía particular importancia. Al señalar, en el apartado 77 de la sentencia recurrida, que los miembros
del grupo de expertos tuvieron trece días naturales para conocer la respuesta de la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia
debió haber constatado la existencia de un vicio sustancial de forma.
–       Alegaciones de la Comisión
86     La Comisión alega que el artículo 907, párrafo primero, del Reglamento de aplicación debe interpretarse en el sentido de que
el grupo de expertos que establece dicha disposición no es un comité de reglamentación en virtud del artículo 5 de la Decisión
de comitología. Su estatuto jurídico no se deriva de una competencia delegada por el Consejo, sino de una disposición adoptada
por la Comisión, el artículo 907 del Reglamento de aplicación.
87     De este modo, la Comisión considera que era competente para adoptar las Decisiones controvertidas con arreglo a esta última
disposición.
88     Además, según la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error de Derecho al estimar que el artículo 907,
párrafo primero, del Reglamento de aplicación confería competencia a la Comisión para adoptar las Decisiones controvertidas.
89     En cuanto a la excepción de ilegalidad de dicha disposición planteada ante el Tribunal de Primera Instancia, la Comisión considera
que debe distinguirse del motivo invocado en un primer momento en la demanda. En opinión de la Comisión, el Tribunal de Primera
Instancia decidió correctamente que la excepción planteada en la réplica era inadmisible y que, en la medida en que la ilegalidad
alegada no era de orden público, no tenía que pronunciarse de oficio sobre tal cuestión.
90     Respecto del fondo, la Comisión señala que las Decisiones controvertidas son decisiones individuales, a pesar de sus consecuencias
presupuestarias.
91     Según la Comisión, en virtud del artículo 239 del Código aduanero, es el artículo 907 del Reglamento de aplicación el que
debía ser y fue adoptado tras el dictamen del Comité aduanero, no las decisiones individuales adoptadas posteriormente con
arreglo a dicho artículo 907. En consecuencia, la Comisión considera que el Tribunal de Primera Instancia no infringió el
artículo 239 del Código aduanero.
92     En relación con el funcionamiento del grupo de expertos durante varios años sin tener una línea presupuestaria propia, la
Comisión precisa que es ella misma quien ha proporcionado dicha información en respuesta a las cuestiones formuladas en la
vista por el Tribunal de Primera Instancia.
93     Además, en opinión de la Comisión, la recurrente planteó la cuestión de la línea presupuestaria en el transcurso de la vista
como un elemento añadido para reforzar su motivo principal, que se basaba en que el grupo de expertos era en realidad el Comité
de reglamentación.
94     La Comisión sostiene que si CMF concibe en este momento la alegación de falta de línea presupuestaria como un motivo diferente,
éste debe considerarse inadmisible, porque no se planteó en los recursos interpuestos en primera instancia.
95     Además, a juicio de la Comisión esta alegación es inoperante por carecer de pertinencia. Las Decisiones controvertidas no
hacen referencia a los gastos efectuados por la Comisión tras la consulta al grupo de expertos. Por lo que respecta al argumento
basado en que el Tribunal de Primera Instancia no precisó la naturaleza exacta del grupo de expertos tras haber indicado que
se trataba de una entidad distinta, la Comisión afirma que tal precisión no es necesaria, ya que el Tribunal de Primera Instancia
sólo debía decidir sobre si el grupo de expertos era o no un comité de reglamentación.
96     Respecto a la alegación de que se ha incumplido el artículo 4 del Reglamento interno del Comité del Código aduanero, la Comisión
considera que la sentencia Comisión/BASF y otros, antes citada, no es pertinente, dado que el Tribunal de Justicia señaló
en dicho asunto que la formalidad de autenticación controvertida perseguía el objetivo preciso y específico de garantizar
la seguridad jurídica del destinatario del acto.
97     Ahora bien, en la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia examinó la naturaleza de la formalidad impuesta por
el artículo 4 del Reglamento interno del Comité del Código aduanero, concluyendo posteriormente que esta formalidad tenía
por objeto garantizar el funcionamiento interno del Comité, y no proteger los intereses de los destinatarios de los actos.
Apreciación del Tribunal de Justicia
98     El motivo examinado se divide en cinco partes:
–       interpretación errónea del artículo 907, párrafo primero, del Reglamento de aplicación, en la medida en que el Tribunal de
Primera Instancia admitió que la Comisión adoptara, en aplicación de dicha disposición, las Decisiones controvertidas sin
tener que obtener el dictamen previo del Comité del Código aduanero aprobado por la mayoría establecida en el artículo 5,
apartado 2, de la Decisión de comitología, que remite a la mayoría prevista en el artículo 205 CE, apartado 2;
–       incumplimiento del artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, en la medida
en que el Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad de la excepción de ilegalidad del artículo 907, párrafo
primero, del Reglamento de aplicación invocada por la recurrente;
–       no reconocimiento del carácter de orden público de la ilegalidad invocada por la recurrente mediante excepción, en la medida
en que el Tribunal de Primera Instancia no declaró de oficio la ilegalidad del artículo 907, apartado 1, del Reglamento de
aplicación;
–       incumplimiento del Derecho presupuestario comunitario, en la medida en que las Decisiones controvertidas fueron adoptadas
tras la consulta a un grupo de expertos que funcionó al margen de toda línea presupuestaria;
–       incumplimiento del artículo 4 del Reglamento interno del Comité del Código aduanero, en la medida en que el Tribunal de Primera
Instancia declaró que los particulares no pueden invocar el incumplimiento de dicha disposición,
que es preciso examinar en este orden de presentación.
–       Primera parte, basada en la interpretación errónea del artículo 907, párrafo primero, del Reglamento de aplicación
99     El artículo 907, párrafo primero, del Reglamento de aplicación establece la consulta por parte de la Comisión «a un grupo
de expertos compuesto por representantes de todos los Estados miembros, reunidos en el marco del Comité».
100   Teniendo en cuenta este artículo, el Tribunal de Primera Instancia declaró correctamente, en el apartado 59 de la sentencia
recurrida, que «la expresión “en el marco del Comité” refleja que el grupo de expertos al que se refiere el artículo 907 es
claramente una entidad distinta en el plano funcional del Comité del Código aduanero».
101   No contradice esta interpretación el artículo 906, párrafo segundo, del Reglamento de aplicación, con arreglo al cual «el
examen de dicho expediente figurará lo antes posible en el orden del día de una reunión del Comité».
102   En efecto, dicho artículo 906, párrafo segundo, debe entenderse en el sentido de que el Comité del Código aduanero no conoce
como tal de la solicitud a fines de emitir un dictamen, sino como una instancia en cuyo marco el grupo de expertos, distinto
de esta instancia, emitirá su dictamen.
103   Por tanto, la recurrente reprocha erróneamente al Tribunal de Primera Instancia no haber declarado que las Decisiones controvertidas
debían haber sido adoptadas tras el dictamen del Comité del Código aduanero.
104   La recurrente no puede criticar al Tribunal de Primera Instancia por no haber precisado la naturaleza exacta del grupo de
expertos. En efecto, el Tribunal de Primera Instancia sólo debía decidir sobre si el grupo de expertos era o no un comité
de reglamentación.
105   Por lo tanto, debe desestimarse la primera parte del motivo examinado.
–       Segunda parte, basada en el incumplimiento del artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera
Instancia
106   A tenor del artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, «en el curso del proceso
no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el
procedimiento».
107   No se discute que la recurrente invocó ante el Tribunal de Primera Instancia la ilegalidad del artículo 907, párrafo primero,
del Reglamento de aplicación, tras la contestación de la Comisión.
108   Contrariamente a lo que sostiene la recurrente, la mera interpretación de este último artículo que la Comisión hizo en dicha
réplica no constituye una razón de Derecho que haya aparecido durante el procedimiento, en el sentido del artículo 48, apartado
2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.
109   Por ello, el Tribunal de Primera Instancia estimó fundadamente en los apartados 51 y 53 de la sentencia recurrida que la excepción
de ilegalidad que planteaba CMF era inadmisible.
110   Por lo tanto, debe desestimarse la segunda parte del motivo examinado.
–       Segunda parte, basada en el no reconocimiento del carácter de orden público de la ilegalidad invocada por la recurrente por
vía de excepción, en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia no declaró de oficio la ilegalidad del artículo 907,
apartado 1, del Reglamento de aplicación
111   Ciertamente, en el apartado 52 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia excluyó que la posible ilegalidad
del artículo 907, párrafo primero, del Reglamento de aplicación, fuera de orden público, añadiendo seguidamente que no se
desprendía de la jurisprudencia que debiera examinar de oficio si la Comisión se extralimitó en sus competencias al adoptar
dicho artículo, que constituye la base jurídica de las Decisiones impugnadas.
112   No obstante, en el mismo apartado de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia señaló lo siguiente:
«[…] no hay duda de que la Comisión actuó dentro de su esfera de competencias cuando adoptó las Decisiones impugnadas. Éstas
se adoptaron en virtud del artículo 907, párrafo primero, del Reglamento de aplicación, que a su vez se adoptó según el dictamen
emitido por el Comité del Código aduanero […]»
113   Pues bien, al pronunciarse así, el Tribunal de Primera Instancia declaró correctamente que el artículo 907, párrafo primero,
del Reglamento de aplicación no adolecía de la ilegalidad invocada, al considerar implícita pero necesariamente que sólo estaba
sujeta al procedimiento del Comité de reglamentación la adopción de dicha disposición, y no la adopción posterior de decisiones
individuales por la Comisión.
114   A este respecto, es necesario recordar que el artículo 202 CE, tercer guión, habilita al Consejo para atribuir a la Comisión,
respecto de los actos que adopte, las competencias de ejecución de las normas que éste establezca, pudiendo someter el ejercicio
de estas competencias a determinadas condiciones o reservarse, en casos específicos, el ejercicio directo de las competencias
de ejecución.
115   El concepto de «ejecución» en el sentido de dicho artículo comprende, a la vez, la elaboración de las normas de aplicación
y la aplicación de las normas a casos particulares mediante actos de alcance individual (sentencia de 23 de febrero de 2006,
Comisión/Parlamento y Consejo, C‑122/04, Rec. p. I‑2001, apartado 37 y la jurisprudencia que en él se cita).
116   El Consejo adoptó la Decisión de comitología, que establece las modalidades del ejercicio de las competencias de ejecución
atribuidas a la Comisión, sobre la base del artículo 202 CE, tercer guión.
117   El artículo 2 de dicha Decisión (véase el apartado 40 de la presente sentencia) enumera los criterios que deben regir la elección
entre tres tipos de procedimiento, a saber, el procedimiento de gestión, el procedimiento de reglamentación y el procedimiento
consultivo.
118   Los tres procedimientos previstos se definen en los artículos 3 a 5 de dicha Decisión.
119   El tenor literal del artículo 2 de la Decisión de comitología muestra que los criterios aplicables a la elección de los procedimientos
de comité no son vinculantes, lo que confirma expresamente el considerando quinto de dicha Decisión.
120   De este modo, las medidas de alcance general pueden estar comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 2, letras a)
o b), de la Decisión de comitología, sin perjuicio de un posible recurso al procedimiento consultivo (véase la sentencia Comisión/Parlamento
y Consejo, antes citada, apartado 38).
121   Dichas medidas pueden regirse por el procedimiento de gestión cuando están estrechamente relacionadas con medidas de carácter
individual y se integran en un marco suficientemente desarrollado por el propio acto de base (véase la sentencia Comisión/Parlamento
y Consejo, antes citada, apartado 41).
122   Por el contrario, a las medidas de alcance individual únicamente se les puede aplicar el artículo 2, letra a), de la Decisión
de comitología, sin perjuicio igualmente de un posible recurso al procedimiento consultivo (sentencia Comisión/Parlamento
y Consejo, antes citada, apartado 38).
123   En el caso de autos, procede constatar que el artículo 239 del Código aduanero forma parte de un acto del Consejo.
124   En esta disposición, con arreglo al artículo 202 CE, tercer guión, el Consejo ha atribuido a la Comisión competencias de ejecución
a fines de determinar, por una parte, las situaciones en las que el propio Consejo puede proceder a la devolución o a la condonación
de los derechos de aduana, y, por otra parte, las modalidades de procedimiento que se han de seguir a tal fin.
125   A la luz del artículo 4, punto 24, y de los artículos 247 y 247
bis,
del Código aduanero, la remisión al procedimiento del comité a la que procede el artículo 239 de dicho Código implica el
recurso al procedimiento de reglamentación, aplicable a las medidas de alcance general.
126   Contrariamente a la afirmación de la recurrente, una decisión de la Comisión en materia de devolución o condonación de derechos
de aduana no tiene alcance general, aun cuando produce efectos sobre los recursos propios de la Comunidad.
127   Dicha decisión constituye una decisión individual, al igual que las decisiones de la Comisión por las que se imponen multas
en materia de competencia, que producen también tales efectos.
128   Por consiguiente, el Consejo únicamente puede someter su adopción al procedimiento de gestión, posibilidad que no ha sido
empleada en los artículos 239, 247 y 247
bis
del Código aduanero.
129   Por tanto, la recurrente sostiene equivocadamente, por una parte, que el Consejo podía imponer la utilización del procedimiento
de reglamentación para la adopción de decisiones relativas a los operadores particulares y, por otra parte, que el Tribunal
de Primera Instancia ha llevado a cabo una interpretación errónea de los criterios de elección entre el procedimiento de gestión
y el procedimiento de reglamentación, establecidos en el artículo 2 de la Decisión de comitología.
130   En el marco de una interpretación tanto literal como sistemática del artículo 239, apartado 1, del Código aduanero, debe considerarse
que el término «situaciones» hace referencia, en las dos ocasiones en que se menciona, a situaciones definidas de manera abstracta,
y no a las situaciones específicas referidas a operadores concretos que se aprecian en el marco de decisiones individuales.
131   Esta conclusión se ve corroborada por la yuxtaposición en un mismo plano en la segunda frase de dicho artículo de las «situaciones
en las que se podrá aplicar esta disposición» y de las «modalidades de procedimiento que se seguirán», que se basan en medidas
de alcance general.
132   Al adoptar el artículo 907, párrafo primero, del Reglamento de aplicación, que es una medida de alcance general, la Comisión
ha ejercido la competencia de ejecución delegada por el artículo 239 del Código aduanero respecto de las modalidades de procedimiento
que se han de seguir.
133   Consta en autos que la Comisión ha recabado regularmente el dictamen del Comité del Código aduanero a estos efectos.
134   Dado que el artículo 239 del Código aduanero no impuso a la Comisión la utilización de un procedimiento específico a fines
del examen concreto de las solicitudes de devolución o de condonación de los derechos de aduanas, ésta podía legalmente:
–       atribuirse una facultad de decisión precedida de un dictamen consultivo de un grupo de expertos que en el plano funcional
es diferente del Comité del Código aduanero, al igual que hubiera podido atribuirse dicha facultad sin la participación de
dicho grupo y al igual que pudo establecer en el artículo 905, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento de aplicación que
la autoridad aduanera puede decidir por sí misma si procede a la devolución o a la condenación de los derechos cuando la solicitud
es inferior a un cierto importe;
–       no someter el dictamen del grupo de expertos a aprobación por mayoría cualificada.
135   Por lo tanto, el artículo 907, párrafo primero, del Reglamento de aplicación no infringe el artículo 239 del Código aduanero,
que fue adoptado con arreglo al artículo 202 CE, tercer guión.
136   Por consiguiente, tampoco incumple el artículo 7 CE.
137   Se desprende de cuanto antecede que el motivo invocado por la recurrente contra el fundamento de Derecho de la sentencia recurrida
según el cual la posible ilegalidad del artículo 907, párrafo primero, del Reglamento de aplicación no era de orden público
se dirige contra un fundamento jurídico subsidiario de dicha sentencia, de modo que, al ser inoperante, no puede conllevar
su anulación (véanse, en particular las sentencias de 28 de octubre de 2004, Van den Berg/Consejo y Comisión, C‑164/01 P,
Rec. p. I‑10225, apartado 60, y de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P
a C‑208/02 P y C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, apartado 148).
138   En efecto, la cuestión del carácter de orden público de la ilegalidad no es pertinente, cuando el Tribunal de Primera Instancia
considera acertadamente que el acto no adolecía de ilegalidad y, por tanto, no plantea de oficio una excepción de ilegalidad.
139   Por tanto, debe desestimarse la tercera parte del motivo examinado.
–       Cuarta parte, basada en un incumplimiento del Derecho presupuestario comunitario
140   Basta con señalar que el caso de autos no tiene relación con ningún gasto efectuado por la Comisión con motivo del funcionamiento
del grupo de expertos, sin que sea necesario examinar si la recurrente invocó en realidad ante el Tribunal de Primera Instancia
un incumplimiento del Derecho presupuestario comunitario como motivo de anulación de las Decisiones controvertidas.
141   En estas circunstancias, la existencia o inexistencia de una línea presupuestaria no afecta a la legalidad de las Decisiones
controvertidas, relativas a solicitudes de condonación de derechos de aduana.
142   De esto se desprende que debe rechazarse la cuarta parte del motivo examinado, por ser en todo caso inoperante.
–       Quinta parte, basada en un incumplimiento del artículo 4 del Reglamento interno del Comité del Código aduanero
143   El artículo 4 del Reglamento interno del Comité del Código aduanero establece, en particular, que las propuestas de medidas
para las que se haya solicitado el dictamen del Comité, así como todos los demás documentos de trabajo, se transmitirán a
los miembros del Comité por lo general como mínimo catorce días naturales antes de la fecha de la reunión, plazo que podrá
ser reducido hasta cinco días naturales en casos urgentes e incluso más reducido en casos de extrema urgencia.
144   El Tribunal de Primera Instancia declaró correctamente, en el apartado 79 de la sentencia recurrida, que la regla establecida
en dicha disposición tiene por objeto garantizar el funcionamiento interno de dicho Comité dentro del pleno respeto de las
prerrogativas de sus miembros.
145   Seguidamente, ha señalado que las personas físicas o jurídicas no pueden alegar una supuesta infracción de esta disposición,
cuya finalidad no es garantizar la protección de los particulares (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de mayo de 1991,
Nakajima/Consejo, C‑69/89, Rec. p. I‑2069, apartados 49 y 50).
146   Lo que es más, tras constatar que el grupo de expertos no era un comité de reglamentación y que, además, la recurrente era
un tercero, el Tribunal de Primera Instancia descartó acertadamente la aplicación de la jurisprudencia resultante de la sentencia
Alemania/Comisión, antes citada, por la que se anuló la Decisión impugnada en el recurso interpuesto por un Estado miembro
referido a un Comité permanente de la construcción compuesto por representantes designados por cada Estado miembro, porque
no se había respetado el plazo establecido en el Reglamento interno de dicho Comité para la remisión de documentación a sus
miembros.
147   Del mismo modo, el Tribunal de Primera Instancia no aplicó, sin por ello incurrir en error de Derecho, la jurisprudencia que
resulta de la sentencia Comisión/BASF y otros, antes citada, dictada en relación con el artículo 12, párrafo primero, del
Reglamento interno de la Comisión vigente en aquel momento, con arreglo al cual los actos adoptados por la Comisión, en reunión
o mediante procedimiento escrito, eran autenticados, en la lengua o en las lenguas en que fueran auténticos, con las firmas
del Presidente y del Secretario Ejecutivo.
148   En efecto, en los apartados 75 a 78 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia acogió un motivo planteado por una persona
jurídica basado en el incumplimiento del artículo 12, párrafo primero, del Reglamento interno, por las razones, no aplicables
al caso de autos, de que la autenticación de los actos prevista en dicha disposición tiene la finalidad de garantizar la seguridad
jurídica fijando, en las lenguas auténticas, el texto adoptado por la Junta de Comisarios y que, por tanto, constituía un
requisito de forma sustancial.
149   En estas circunstancias, debe desestimarse la quinta parte del motivo examinado.
150   De las consideraciones anteriores se desprende que este motivo debe desestimarse en su totalidad.

Motivo basado en una aplicación errónea del artículo 239 del Código aduanero
Alegaciones de las partes
–       Alegaciones de la recurrente
151   La recurrente considera que el Tribunal de Primera Instancia ha realizado una interpretación errónea del artículo 239 del
Código aduanero al declarar que no se había cumplido el requisito de falta de manifiesta negligencia.
152   Este motivo se subdivide en tres partes.
153   Mediante la primera parte de este motivo, CMF reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber considerado erróneamente, remitiéndose
a la sentencia de 21 de septiembre de 2004, Gondrand Frères/Comisión (T‑104/02, Rec. p. II‑3211), apartado 66, que el artículo
1, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento nº 3319/94 no plantea ninguna dificultad notable de interpretación, habida
cuenta de que se adoptó con el fin de excluir el riesgo de elusión de las medidas antidumping a través de canales de importación
triangulares y de que implica la presunción de un riesgo de elusión cuando las importaciones no son facturadas por el productor
o el exportador al importador no vinculado.
154   A juicio de CMF, el artículo 1, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento nº 3319/94 no impone un derecho específico en
caso de riesgo de elusión. Si el Tribunal de Primera Instancia lo hubiera interpretado en combinación con el trigésimo noveno
considerando de dicho Reglamento (véase el apartado 40 de la presente sentencia), habría llegado a la conclusión de que sólo
se devenga un derecho específico en los casos de elusión constatada.
155   La interpretación del Tribunal de Primera Instancia demuestra, en opinión de CMF, que dicha norma es de difícil interpretación.
156   Mediante la segunda parte de su motivo, la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber considerado que CMF
no podía exonerarse de su responsabilidad por los errores cometidos por sus comisionistas de aduanas y que tenía experiencia
profesional suficiente en el sector en cuestión.
157   CMF alega que el Derecho comunitario reconoce la responsabilidad profesional de los comisionistas de aduanas (sentencia de
13 de noviembre de 1984, Van Gend & Loos y Expeditiebedrijf Wim Bosman/Comisión, 98/83 y 230/83, Rec. p. 3763, apartado 16).
158   Además, CMF sostiene, respecto de su experiencia profesional, que es mayorista de productos químicos y de suministros para
la agricultura, en particular, de soluciones nitrogenadas y que, en consecuencia, adquiere frecuentemente los productos recogidos
en el Reglamento nº 3319/94, procedentes de Polonia y de Lituania en muchos casos.
159    No obstante, en su opinión esto no implica que esté especializada en procedimientos de despacho de aduanas de estos productos
en Francia. De hecho, CMF recurre a expertos franceses en aduanas para llevar a cabo complejas formalidades de despacho de
aduanas.
160   Por lo tanto, a su juicio, la recurrente puede ser calificada como operador económico experimentado en materia de importaciones
y exportaciones de soluciones nitrogenadas, pero no como operador experimentado en materia de operaciones de despacho de aduana.
161   Por ello, para CMF los errores cometidos por los comisionistas de aduanas no engendran la responsabilidad de la recurrente.
162   Mediante la tercera parte del motivo, CMF sostiene que el Tribunal de Primera Instancia, al basarse en una interpretación
incorrecta de los hechos, estimó erróneamente que el comportamiento de la recurrente no había sido lo suficientemente diligente.
163   Según CMF, el Tribunal de Primera Instancia estimó erróneamente en los apartados 143 y 144 de la sentencia recurrida que CMF
no había pedido asesoramiento a sus comisionistas de aduanas y que había cometido errores en la emisión de sus facturas.
164   La recurrente señala que solicitó a la Administración francesa de aduanas aclaraciones sobre el Reglamento nº 3319/94 mediante
escrito de 7 de marzo de 2000.
165   Por otra parte, a juicio de la recurrente los errores de facturación recogidos en la formulación genérica del Tribunal del
Primera Instancia sólo se referían, de hecho, al asunto T‑134/03, y, a mayor abundamiento, a uno de los tres cargamentos sobre
los que versaba dicho asunto.
166   Uno de los dos errores cometidos, que fueron rápidamente rectificados, había consistido en una facturación en francos franceses
en lugar de en dólares, y el otro en no haber contabilizado los gastos del agente de carga.
167   En su opinión, dichos errores forman parte del riesgo comercial normal en este tipo de operaciones. Por tanto, no pueden constituir
una falta de diligencia de la recurrente.
–       Alegaciones de la Comisión
168   La Comisión considera que el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error de apreciación al declarar que el artículo
1, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento nº 3319/94 no planteaba ninguna dificultad notable de interpretación. En efecto,
dicha disposición no contiene ningún elemento subjetivo que entrañe un examen de la voluntad del operador en cuestión. Su
aplicación sólo requiere la existencia de los dos requisitos objetivos que establece.
169   Por lo que respecta a los errores imputados por la recurrente a sus comisionistas de aduanas, la Comisión alega que la posible
responsabilidad de éstos no excluye la de la recurrente, a quien corresponde, en su caso, asumir dicha responsabilidad.
170   En relación con la experiencia profesional del operador, la Comisión afirma que ésta no debe ser evaluada en función de su
experiencia en procedimientos de despacho de aduanas, sino de su experiencia en actividades comerciales de importación y de
exportación (sentencia de 11 de noviembre de 1999, Söhl & Söhlke, C‑48/98, Rec. p. I‑7877, apartado 57).
171   Respecto de la diligencia de CMF, la Comisión señala, en primer lugar, que CMF solicitó aclaraciones a la Administración nacional
con posterioridad a los hechos del presente asunto.
172   La Comisión sostiene además que la impugnación realizada por el Tribunal de Primera Instancia acerca de la apreciación de
los errores de facturación es inadmisible, dado que cuestiona la apreciación de los hechos, lo cual no constituye una cuestión
de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, salvo en caso de desnaturalización
de los elementos presentados.
173   En todo caso, según la Comisión, la impugnación sólo se refiere a una parte de los hechos examinados por el Tribunal de Primera
Instancia. Añade que no es menos cierto que la recurrente había dado a sus comisionistas de aduanas instrucciones precisas,
pero imposibles de cumplir, y que había solicitado extemporáneamente aclaraciones a la Administración nacional.
Apreciación del Tribunal de Justicia
174   El Tribunal de Primera Instancia recordó certeramente en el apartado 135 de la sentencia recurrida que, para apreciar si existe
negligencia manifiesta en el sentido del artículo 239 del Código aduanero, procede tomar en consideración, en particular,
la complejidad de las disposiciones cuyo incumplimiento ha originado la deuda aduanera, así como la experiencia profesional
y la diligencia del operador (véanse las sentencias Söhl & Söhlke, antes citada, apartado 56, y de 13 de marzo de 2003, Países
Bajos/Comisión, C‑156/00, Rec. p. I‑2527, apartado 92).
175   También recordó correctamente en el apartado 136 de dicha sentencia que la devolución o la condonación de los derechos de
importación o de los derechos de exportación, que sólo pueden concederse conforme a determinados requisitos y en los casos
previstos específicamente, constituyen una excepción al régimen normal de las importaciones y de las exportaciones y, en consecuencia,
que las disposiciones que prevén tal devolución o tal condonación deben interpretarse en sentido estricto (sentencia Söhl
& Söhlke, antes citada, apartado 52).
–       Primera parte, basada en la complejidad del artículo 1, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento nº 3319/94
176   El Tribunal de Primera Instancia declaró en el apartado 137 de la sentencia recurrida, remitiéndose a la sentencia Gondrand
Frères/Comisión, antes citada (apartado 66), que el artículo 1, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento nº 3319/94 no
plantea ninguna dificultad notable de interpretación.
177   Al hacer esto, se limitó a calificar jurídicamente los hechos para determinar si la normativa aduanera en cuestión puede ser
considerada «compleja» a fines de la aplicación del artículo 239 del Código aduanero (véase por analogía la sentencia de 3
de marzo de 2005, Biegi Nahrungsmittel y Commonfood/Comisión, C‑499/03 P, Rec. p. I‑1751, apartados 42 y 43).
178   A este respecto, procede constatar que el artículo 1, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento nº 3319/94 establece como
únicos requisitos para la imposición de un derecho específico la existencia de facturación indirecta y la importación de un
producto de ZAP.
179   Por otro lado, no exige la prueba de la voluntad del operador de eludir el derecho antidumping.
180   El trigésimo noveno considerando del Reglamento nº 3319/94 no cuestiona esta última constatación. Dicho artículo recoge el
objetivo «de evitar» la elusión de las medidas antidumping. Esta intención constituye claramente un objetivo general de prevención
y no de tributación de situaciones de elusión existentes.
181   Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error en la calificación jurídica de los elementos que pueden constituir
uno de los requisitos de aplicación del artículo 239 del Código aduanero al declarar que el artículo 1, apartado 3, párrafo
segundo, del Reglamento nº 3319/94, en la medida en que debe considerarse destinado a «excluir el riesgo de elusión», no plantea
ninguna dificultad notable de interpretación.
182    De esto se desprende que debe desestimarse la primera parte del motivo examinado.
–       Segunda parte, basada, por un lado, en la exclusión de la exoneración de responsabilidad por los errores cometidos por los
comisionistas de aduanas y, por otro lado, en la consideración de una experiencia profesional suficiente de la recurrente
en el sector en cuestión
183   El Tribunal de Primera Instancia declaró en el apartado 139 de la sentencia recurrida que la recurrente no podía exonerarse
de su propia responsabilidad alegando el error cometido, realmente o no, por sus comisionistas de aduanas.
184   A este respecto, procede recordar que, con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Código aduanero, la representación de un
operador a efectos de la realización de los actos y formalidades establecidos en la normativa aduanera puede ser o bien directa,
en el caso de que el representante actúe en nombre y por cuenta ajena, o bien indirecta, en el caso de que el representante
actúe en nombre propio pero por cuenta ajena.
185   Por otro lado, procede señalar que:
–       con arreglo al artículo 4, apartado 18, del Código aduanero, declarante es la persona que efectúa la declaración en aduana
en nombre propio o la persona en cuyo nombre se realiza la declaración en aduana;
–       en aplicación del artículo 201, apartado 3, de dicho Código, el deudor de una deuda aduanera es el declarante y, en el supuesto
de representación indirecta, es también deudora la persona por cuya cuenta se haga la declaración.
186   Así, se desprende de las disposiciones recordadas que el operador que recurre a un comisionista de aduanas, sea en el marco
de una representación directa o indirecta, es deudor en todo caso de la deuda aduanera frente a las autoridades aduaneras.
187   Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error de Derecho al excluir toda exoneración de la recurrente
por los posibles errores cometidos por sus comisionistas de aduana, dado que la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
éstos con respecto a CMF sólo resulta de interés en las relaciones contractuales de esta última con dichos comisionistas.
188   Respecto del requisito relacionado con la experiencia profesional del operador, el Tribunal de Primera Instancia recordó correctamente,
en el apartado 140 de la sentencia recurrida, que procede determinar si se trata de un operador económico cuya actividad profesional
consiste, fundamentalmente, en efectuar operaciones de importación y de exportación y si ya tenía una cierta experiencia en
el ejercicio de dichas actividades (sentencia Söhl & Söhlke, antes citada, apartado 57).
189   Tras haber constatado en el apartado 141 de dicha sentencia que la propia recurrente reconocía tener cierta experiencia en
operaciones de importación de nitrogenados contempladas en el Reglamento nº 3319/94, hecho que confirma posteriormente en
su recurso de casación (véase el apartado 160 de la presente sentencia), el Tribunal de Primera Instancia también concluyó
correctamente que la Comisión podía considerar que la demandante tenía la experiencia profesional requerida.
190   De esto se desprende que debe desestimarse la segunda parte del motivo examinado.
–       Tercera parte, basada en un error cometido en el examen del requisito relacionado con la diligencia del operador
191   En el apartado 142 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia recordó con carácter principal que incumbe
al operador, cuando tenga dudas sobre la aplicación exacta de disposiciones cuyo incumplimiento puede originar una deuda aduanera,
informarse y buscar todas las aclaraciones posibles para no infringir las disposiciones analizadas (sentencia Söhl & Söhlke,
antes citada, apartado 58).
192   Posteriormente, en el apartado 143 de la sentencia recurrida, subrayó que la recurrente, a pesar de haber alegado dificultades
inherentes a la aplicación del Reglamento nº 3319/94, no sólo no pidió asesoramiento a sus comisionistas de aduanas, sino
que les dio instrucciones muy precisas.
193   El Tribunal de Primera Instancia añadió, en el apartado 144 de la sentencia recurrida que, «además, también los errores cometidos
por la demandante en la emisión de sus facturas abogan a favor de una falta de diligencia por su parte».
194   En el apartado 146 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que el comportamiento de la recurrente
durante el transcurso de las operaciones en cuestión no podía considerarse suficientemente diligente.
195   A este respecto, en primer lugar procede señalar que, para llegar a esta conclusión, el Tribunal de Primera Instancia llevó
a cabo una calificación jurídica de los hechos para decidir si se había cumplido el requisito de «diligencia» (véase, por
analogía, la sentencia Biegi Nahrungsmittel y Commonfood/Comisión, antes citada, apartados 42 y 43). De este modo, contrariamente
a la afirmación de la Comisión, la alegación de la recurrente relativa a los errores de facturación es admisible.
196   No obstante, es necesario observar que la conclusión alcanzada está ya suficientemente justificada por la constatación de
que CMF se abstuvo de solicitar cualquier información o aclaración útil para las operaciones de despacho de aduanas en cuestión,
a pesar de haber alegado la «complejidad» del Reglamento nº 3319/94.
197   En efecto, teniendo en cuenta el tenor literal del artículo 1, apartado 3, párrafo segundo, de dicho Reglamento, la recurrente
no podía dejar de albergar dudas respecto de la posible aplicación del derecho específico al esquema de importación que había
elegido, en el que entre el exportador polaco y ella intervenían dos sociedades.
198   En estas circunstancias, si CMF consideraba que el trigésimo noveno considerando del Reglamento nº 3319/94 establecía, más
que un objetivo general de prevención, un requisito de prueba de una elusión real añadido a los dos únicos requisitos enumerados
en el artículo 1, apartado 3, párrafo segundo, de dicho Reglamento, habría debido en este caso informarse y recabar todas
las aclaraciones posibles con anterioridad a las operaciones de despacho de aduanas en cuestión, y no, como ha alegado en
el presente procedimiento, en el año 2000.
199   De esto se desprende que, aun suponiéndola fundada, la alegación de la recurrente relativa a los errores de facturación, que
el Tribunal de Primera Instancia ya había tenido en cuenta como elementos complementarios del análisis, no puede determinar
que la conclusión de la sentencia recurrida sobre el requisito vinculado a la diligencia del operador incurriera en error
de Derecho.
200   En definitiva, al no estar fundados ninguno de los motivos de casación, el presente recurso debe ser desestimado.

Costas
201   A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del
artículo 118 del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la
otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la recurrente, procede condenarla en costas, conforme a
lo solicitado por la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:
1)
Desestimar el recurso de casación.
2)
Condenar en costas a Common Market Fertilizers SA.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: francés.