CELEX: 62008CJ0523
Incumplimiento de Estado
Directiva 2005/71/CE
Procedimiento específico de admisión de nacionales de terceros países a efectos de investigación científica
No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado

Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de
España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/71/CE del Consejo, de 12 de octubre de
2005, relativa a un procedimiento específico de admisión de nacionales de terceros países a efectos de investigación científica
(DO L 289, p. 15), al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
ajustarse a dicha Directiva, y, en cualquier caso, al no haber comunicado dichas disposiciones a la Comisión.
La Directiva 2005/71 establece, en su artículo 17, apartado 1, párrafo primero, que los Estados miembros debían poner en vigor
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva, a más tardar
el 12 de octubre de 2007. Esta Directiva precisa, en su artículo 17, apartado 1, párrafo segundo, que, cuando los Estados
miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la Directiva 2005/71 o irán acompañadas de dicha referencia
en su publicación oficial.

Procedimiento administrativo previo
Al no haber sido informada por el Reino de España de las disposiciones adoptadas por éste para ajustarse a la Directiva 2005/71
y al no disponer de cualquier otro elemento de información que le permitiera deducir que dicho Estado miembro había cumplido
con su obligación de adaptar su Derecho interno a esta Directiva, la Comisión, mediante escrito de 27 de noviembre de 2007
y de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 226 CE, requirió al Reino de España para que formulara sus observaciones
en un plazo de dos meses a partir de la recepción de dicho escrito.
En un escrito de 4 de febrero de 2008, el Reino de España se refirió al procedimiento por incumplimiento incoado por la Comisión
y mencionó el marco legislativo en vigor en la materia, así como las iniciativas que se disponía a emprender para adaptar
su ordenamiento interno a la Directiva 2005/71.
El 6 de mayo de 2008, la Comisión emitió un dictamen motivado en el que consideró que el Reino de España había incumplido
las obligaciones que le incumbían en virtud de la Directiva 2005/71 e instó a dicho Estado miembro para que adoptara las medidas
necesarias para atenerse a ese dictamen motivado en el plazo de dos meses contados desde su recepción.
El Reino de España respondió al citado dictamen motivado mediante un escrito de 3 de julio de 2008 en el que indicó, en particular,
que la aplicación de la Directiva 2005/71 especialmente en el ámbito de las actividades de investigación remuneradas, implicaba
el desarrollo de un régimen especial para investigadores en la normativa nacional sobre extranjería e inmigración, diferente
al aplicable a los extranjeros no comunitarios, y que, a tal fin, las autoridades competentes de su Administración general
del Estado se encontraban en disposición de impulsar la transposición de la Directiva 2005/71.
Al no haber obtenido otra información por parte del Reino de España que le permitiera concluir que se habían adoptado las
medidas necesarias para la adaptación del Derecho interno a la Directiva 2005/71, la Comisión interpuso el presente recurso.

Sobre el recurso
En su escrito de contestación a la demanda, el Reino de España no discute el hecho de que no se realizó la adaptación efectiva
del Derecho interno a la Directiva 2005/71 en el plazo señalado en el dictamen motivado. No obstante, alega que las disposiciones
nacionales en vigor en materia de extranjería e inmigración regulan ya la admisión de los nacionales de terceros países a
efectos de investigación científica. La normativa española contiene las mismas exigencias y produce los mismos efectos que
los que se desprenden de la Directiva 2005/71. Por tanto, la protección prevista por dicha Directiva, ya tiene aplicación
práctica.
Con carácter subsidiario, el Estado miembro afectado sostiene que los trabajos de transposición de la Directiva 2005/71 se
han retrasado debido a la reestructuración de los departamentos ministeriales a raíz del cambio de legislatura. No obstante,
afirma que en breve se remitirá a las Cortes Generales para su adopción un Proyecto de Ley Orgánica que supondrá la transposición
de la Directiva. Por otro lado, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha preparado una propuesta de transposición de los artículos
5 y 6 de la citada Directiva.
Sin pronunciarse sobre si las disposiciones legislativas nacionales invocadas por el Reino de España pueden o no contribuir
a garantizar una adaptación parcial del Derecho interno a la Directiva 2005/71, la Comisión señala que el propio Estado miembro
admite que el proceso legislativo de adaptación del Derecho interno a esta Directiva todavía no ha terminado. En consecuencia,
la Comisión se ratifica en las pretensiones de su recurso.
En primer lugar, en la medida en que el Reino de España alega que el retraso de la adaptación de su Derecho interno a la Directiva
2005/71 se debe a la reestructuración de los departamentos ministeriales a raíz del cambio de legislatura, procede recordar
que, según reiterada jurisprudencia, un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas o situaciones de su ordenamiento
jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos por una directiva (véanse, en
particular, las sentencias de 10 de abril de 2003, Comisión/Francia, C‑114/02, Rec. p. I‑3783, apartado 11, y de 23 de abril
de 2009, Comisión/España, C‑321/08, apartado 9).
Por otra parte, las disposiciones nacionales que invoca el Reino de España no bastan manifiestamente para garantizar la adaptación
completa del Derecho interno a la Directiva 2005/71. Además, dicho Estado miembro informa del proceso legislativo en curso
a efectos de adaptar adecuadamente su Derecho interno a esta Directiva. Por tanto, consta que, en la fecha en que expiró el
plazo señalado en el dictamen motivado, el Reino de España no había adoptado todas las disposiciones necesarias para garantizar
la adaptación de su ordenamiento jurídico interno a la Directiva 2005/71.
Por último, cuando una directiva prevé expresamente que las disposiciones de adaptación del Derecho interno a esa Directiva
hagan referencia a esta última o vayan acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial, es necesario, en cualquier
caso, adoptar un acto positivo de adaptación del Derecho interno (véanse las sentencias de 27 de noviembre de 1997, Comisión/Alemania,
C‑137/96, Rec. p. I‑6749, apartado 8; de 18 de diciembre de 1997, Comisión/España, C‑360/95, Rec. p. I‑7337, apartado 13,
y Comisión/España, C‑361/95, Rec. p. I‑7351, apartado 15, así como de 15 de noviembre de 2007, Comisión/España, C‑59/07, apartado 19).
En el presente caso, el artículo 17, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2005/71 establece que las medidas de adaptación
del Derecho interno deben incluir una referencia a dicha Directiva o ir acompañadas de dicha referencia en su publicación
oficial. Pues bien, el Reino de España no alega que las disposiciones legislativas que invoca cumplan este requisito.
De ello se desprende que debe considerarse fundado el recurso interpuesto por la Comisión.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que
le incumben en virtud de la Directiva 2005/71, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a dicha Directiva.

Costas
A tenor de lo dispuesto en el artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será
condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado la Comisión la condena en costas del
Reino de España y haber sido desestimados los motivos formulados por éste, procede condenarlo en costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) decide:
1)
Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/71/CE del Consejo,
de 12 de octubre de 2005, relativa a un procedimiento específico de admisión de nacionales de terceros países a efectos de
investigación científica, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas necesarias para ajustarse a dicha Directiva.
2)
Condenar en costas al Reino de España.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: español.