CELEX: 62003CJ0022
Directiva 69/335/CEE
Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales
Tributo sobre los beneficios brutos de los establecimientos de valores mobiliarios

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de
1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales (DO L 249, p. 25; EE 09/01 p. 22).
Esta petición se presentó en el marco de litigios entre, por un lado, Optiver BV y otras 38 sociedades (en lo sucesivo, «Optiver
y otros»), sociedades de valores con domicilio social en los Países Bajos, y, por otro lado, la Stichting Autoriteit Financiële
Markten (en lo sucesivo, «AFM»), que sucedió jurídicamente a la Stichting Toezicht Effectenverkeer, en relación con la percepción
de un tributo sobre los beneficios brutos obtenidos de las actividades ejercidas por estas sociedades.
Marco jurídico
Normativa comunitaria
Como se desprende de su primer considerando, la Directiva 69/335 tiene por objeto promover la libre circulación de capitales,
que se considera una de las condiciones fundamentales para la creación de una unión económica que tenga características análogas
a las de un mercado interior.
Según el sexto considerando de la Directiva 69/335, la consecución de dicha finalidad supone, por lo que respecta a los impuestos
que gravan la concentración de capitales, la supresión de los impuestos indirectos hasta entonces vigentes en los Estados
miembros y su sustitución por un impuesto percibido una sola vez en el mercado común e igual en todos los Estados miembros.
A tenor del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 69/335:
«Estarán sujetas al impuesto sobre las aportaciones las siguientes operaciones:
a)
la constitución de una sociedad de capital;
b)
la transformación en una sociedad de capital de una sociedad, asociación o persona moral que no sea una sociedad de capital;
c)
el aumento del capital social de una sociedad de capital mediante la aportación de bienes de cualquier naturaleza;
d)
el incremento del patrimonio social de una sociedad de capital mediante la aportación de bienes de cualquier naturaleza, en
contrapartida no de partes representativas del capital o del patrimonio social, sino de derechos de la misma naturaleza que
los socios […]
[…]»
El artículo 4, apartado 1, letras e) a h), de la Directiva 69/335 establece que  el traslado a un Estado miembro de la sede
de la dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad de capital desde un tercer país o desde otro Estado miembro
también está sujeto al impuesto sobre las aportaciones.
El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 69/335 enumera las diversas operaciones que pueden ser sometidas al impuesto sobre
las aportaciones.
La Directiva 69/335 prevé asimismo, conforme a su último considerando, la supresión de otros impuestos indirectos que presenten
las mismas características que el impuesto sobre las aportaciones de capital o el impuesto de timbre sobre los títulos cuyo
mantenimiento corre el riesgo de poner en peligro los fines perseguidos por dicha Directiva. Estos impuestos, cuya percepción
se prohíbe, se enumeran en particular en el artículo 10 de la Directiva 69/335, en virtud del cual:
«Al margen del impuesto sobre las aportaciones los Estados miembros no percibirán, en lo que respecta a las sociedades, asociaciones
o personas morales que persigan fines lucrativos, ningún impuesto, cualquiera que sea su forma:
a)
sobre las operaciones contempladas en el artículo 4;
b)
sobre las aportaciones, préstamos o prestaciones efectuadas en el ámbito de operaciones contempladas en el artículo 4;
c)
sobre la matriculación o cualquier otra formalidad previa al ejercicio de una actividad, a que las sociedades, asociaciones
o personas morales que persigan fines lucrativos puedan estar sometidas por razón de su forma jurídica.»
El artículo 11 de la Directiva 69/335 dispone:
«Los Estados miembros no someterán a ninguna imposición, cualquiera que sea su forma:
a)
la creación, la emisión, la admisión para cotización en bolsa, la puesta en circulación o la negociación de acciones, participaciones
u otros títulos de la misma naturaleza, así como de los certificados representativos de estos títulos, sea quien fuere el
emisor;
b)
los empréstitos, incluidos los públicos, contratados en forma de emisión de obligaciones u otros títulos negociables, sea
quien fuere el emisor, y todas las formalidades a ellos relativas, así como la creación, emisión, admisión para cotización
en bolsa, puesta en circulación o negociación de estas obligaciones u otros títulos negociables.»
El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 69/335 es del siguiente tenor literal:
«No obstante lo dispuesto en las disposiciones de los artículos 10 y 11, los Estados miembros podrán percibir:
a)
impuestos sobre la transmisión de valores mobiliarios, liquidados estimativamente o no;
[…]
e)
derechos que tengan un carácter remunerativo;
[…]»
Normativa nacional
La Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Ley de 1995 sobre el control del mercado de valores), de 16 de noviembre de 1995 (Stbl.
1995, nº 574; en lo sucesivo, «Ley de 1995»), regula la supervisión de las operaciones relativas a los valores mobiliarios.
Conforme a su artículo 1, esta Ley se aplica, en particular, a los intermediarios de valores mobiliarios y a los gestores
de patrimonios, categorías ambas que se designan igualmente mediante los términos «establecimientos de valores mobiliarios».
El artículo 7, apartado 1, de la Ley de 1995 dispone que se prohíbe a las personas no autorizadas como intermediarias de valores
mobiliarios o como gestoras de patrimonios ofrecer o efectuar prestaciones de servicios en los Países Bajos o a partir de
los Países Bajos. Conforme al apartado 4 de este artículo, el Ministro de Hacienda concede la autorización si se cumplen determinados
requisitos cualitativos.
El artículo 42 de la Ley de 1995 dispone:
«El Ministro, o la persona jurídica a la que se hayan delegado funciones y competencias con arreglo al artículo 40, podrá
facturar los costes que se generen en el cumplimiento de dichas funciones y en el ejercicio de dichas competencias, con arreglo
a las normas que adopte el Ministro, a los titulares de bolsas de valores, a las entidades por cuya cuenta se hayan emitido
valores que hayan sido admitidos a cotización en una Bolsa reconocida con arreglo al artículo 22, a los establecimientos de
valores mobiliarios, a los solicitantes de la autorización prevista en el artículo 7, apartado 1 […]»
La autoridad a la que se confirieron las competencias en virtud del artículo 40 de la Ley de 1995 es la AFM. El importe de
los costes que puede repercutir sobre los establecimientos que disponen de la autorización prevista en el artículo 7, apartado
1, de la Ley de 1995 se determina en función del presupuesto de la AFM.
Los importes que han de pagar los establecimientos de valores mobiliarios se componen, por un lado, de contribuciones por
servicios específicos efectivamente prestados a dichos establecimientos y, por otro lado, de un tributo calculado en función
de los beneficios brutos obtenidos por los referidos establecimientos durante el ejercicio que precede al año para el que
se elabora el presupuesto de la AFM (en lo sucesivo, «tributo»).
El artículo 5, apartado 1, de la Regeling toezichtskosten Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Reglamento sobre los costes de
supervisión relativos a la Ley de 1995 sobre el control del mercado de valores), en su versión modificada en 2000 (Stcrt.
2000, nº 137, p. 10; en lo sucesivo, «Reglamento»), establece:
«A los establecimientos de valores mobiliarios establecidos en los Países Bajos a las que se haya concedido la autorización
prevista en el artículo 7, apartado 1, de la Ley se les facturará anualmente una cantidad que será fijada con arreglo a las
horquillas, establecidas en el apartado 3, de ingresos obtenidos por dichos establecimientos de valores mobiliarios durante
el año anterior al presupuesto.»
El artículo 5, apartado 3, del Reglamento fija dichas horquillas estableciendo diez tramos de ingresos diferentes.
De la exposición de motivos del Reglamento se desprende que se entiende por «ingresos» los beneficios brutos procedentes de
la gestión normal de la empresa, en la medida en que resulten de actividades como las previstas en el artículo 7, apartado
1, de la Ley de 1995. Dichos ingresos pueden haberse obtenido, en particular, de la comisión o corretaje por servicios relativos
a los valores mobiliarios, del negocio neto, de comisiones por transmisión de órdenes, de la administración de patrimonio,
de operaciones con pacto de recompra, de resultados procedentes de operaciones con valores derivados de los distintos tipos
de cambio, de adquisiciones y colocaciones de emisiones, del depósito y gestión de depósitos, de actividades de «clearing»
y «settlement», así como de ingresos por regulación del mercado.
El artículo 3 de la Vaststellingsregeling bedragen Regeling toezichtskosten Wet toezicht effectenverkeer 1995 voor 2000 (Orden
por la que se señalan para el año 2000 las contribuciones previstas en el Reglamento sobre los costes de supervisión relativos
a la Ley de 1995 sobre el control del mercado de valores, Stcrt. 2000, nº 137, p. 9) fija los importes a que se refiere el
artículo 5, apartado 1, del Reglamento.
Litigio principal y cuestión prejudicial
Optiver y otros obtuvieron la autorización para realizar operaciones relativas a los valores mobiliarios como las contempladas
en el artículo 7, apartado 1, de la Ley de 1995.
Mediante resoluciones de 15 de agosto de 2000, la AFM giró a las demandantes en el asunto principal unas liquidaciones, para
el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2000, correspondientes a un tributo sobre sus ingresos procedentes de valores
mobiliarios.
Al considerar que el tributo es contrario a la Directiva 69/335, Optiver y otros formularon reclamaciones contra dichas resoluciones.
Tras la desestimación de estas reclamaciones, recurrieron ante el Rechtbank te Rotterdam alegando que este tributo, que grava
la puesta en circulación y la negociación de valores mobiliarios, es incompatible con el artículo 11 de la Directiva 69/335.
La AFM sostiene que dicho tributo no constituye un impuesto sobre la negociación de valores mobiliarios, sino que afecta a
los ingresos obtenidos gracias a las operaciones realizadas con estos valores. Con carácter subsidiario, alega que dicho tributo
se ampara en una de las excepciones previstas en el artículo 12, apartado 1, letras a) y e), de la Directiva 69/335.
Por considerar que la solución del litigio de que conoce requiere la interpretación de la Directiva 69/335, el Rechtbank te
Rotterdam decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Se opone la Directiva [69/335], en especial la interpretación de los artículos 11 y 12 [de ésta], a que se exija a los establecimientos
de valores mobiliarios un tributo […] sobre los beneficios brutos procedentes de las operaciones con valores?»
Sobre la cuestión prejudicial
Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en sustancia si la Directiva 69/335 debe interpretarse en
el sentido de que se opone a que se exija a los establecimientos de valores mobiliarios un tributo como el controvertido en
el asunto principal, sobre los beneficios brutos procedentes de operaciones con valores.
Para dar una respuesta útil a esta cuestión, procede determinar si el tributo entra dentro del ámbito de aplicación de la
Directiva 69/335.
A este respecto, es preciso recordar que de la Directiva 69/335 se desprende que ésta tiene por objeto suprimir los impuestos
indirectos, salvo el impuesto sobre las aportaciones, que tengan las mismas características que éste, es decir, los que graven
las operaciones contempladas en esta Directiva.
Por lo que respecta a la calificación de impuesto de una exacción como la controvertida en el asunto principal, procede señalar
que, conforme a la legislación neerlandesa, los intermediarios de valores mobiliarios y los gestores de patrimonios deben
obligatoriamente disponer de una autorización en los Países Bajos para ofrecer sus servicios en este Estado miembro.
Conforme a las disposiciones de la Ley de 1995, el ejercicio de la facultad de supervisión de las operaciones relativas a
los valores mobiliarios atribuida al Ministro de Hacienda se confía a la AFM. Ésta está autorizada para repercutir sus costes
de funcionamiento, entre otros, sobre los establecimientos de valores mobiliarios, mediante la percepción, en particular,
de la contribución que se exige a estos últimos, calculada anualmente según un baremo establecido por el Reglamento en función
de los beneficios brutos obtenidos por estos establecimientos durante el ejercicio que precede al año para el que se ha elaborado
el presupuesto de la referida autoridad.
De ello resulta que esta contribución, devengada en virtud de una norma jurídica dictada por el Estado, la pagan personas
privadas a una entidad que ejerce una misión del Estado para garantizar la financiación de ésta.
Pues bien, como señala acertadamente la Comisión, aunque es verdad que, habida cuenta de dichas características, no cabe sostener
que esta contribución no sea un impuesto, no es menos cierto que tal tributo no constituye un impuesto prohibido por la Directiva
69/335, puesto que no entra dentro del ámbito de aplicación de ésta.
En efecto, por un lado, el hecho imponible del tributo no reside en la realización de una operación específica como las contempladas
en los artículos 4, 10 y 11 de la Directiva 69/335, sino en el ejercicio de una amplia gama de actividades relativas a los
valores mobiliarios en general.
Por otro lado, puesto que la base imponible consiste en los beneficios brutos obtenidos por los establecimientos de valores
mobiliarios en el ejercicio de diversas actividades, dicho tributo se asemeja más a un impuesto directo sobre la renta y,
por tanto, pertenece a una categoría de impuestos a la que no se refiere la Directiva 69/335 (véanse, en particular, las sentencias
de 26 de septiembre de 1996, Frederiksen, C‑287/94, Rec. p. I‑4581, apartado 21, y de 18 de enero de 2001, P.P. Handelsgesellschaft,
C‑113/99, Rec. p. I‑471, apartados 24 y 27).
En estas circunstancias, es preciso estimar que un tributo como el controvertido en el asunto principal no entra dentro del
ámbito de aplicación de la Directiva 69/335 y no constituye, por tanto, un impuesto prohibido en el sentido de esta Directiva.
Por consiguiente, procede responder a la cuestión planteada que la Directiva 69/335 debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a que se exija a los establecimientos de valores mobiliarios un tributo como el controvertido en el asunto principal,
calculado sobre los beneficios brutos procedentes de las actividades con valores.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
La Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración
de capitales, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que se exija a los establecimientos de valores mobiliarios
un tributo como el controvertido en el asunto principal, calculado sobre los beneficios brutos procedentes de las actividades
con valores.
Firmas
–
Lengua de procedimiento: neerlandés.