CELEX: 61988CJ0305
Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968
Reconocimiento de una resolución dictada contra un demandado en rebeldía
Artículo 27, apartado 2

Mediante resolución de 22 de septiembre de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de octubre del mismo año, el Bundesgerichtshof planteó, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971, sobre la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la Competencia Judicial y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, «el Convenio»), dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del apartado 2 del artículo 27 de dicho Convenio.
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio pendiente ante el mencionado òrgano jurisdiccional entre Isabel Lancray SA, sociedad anònima francesa, con domicilio social en Neuilly-sur-Seine, Francia, (en lo sucesivo, «Lancray»), por una parte, y Peters und Sickert KG, sociedad comanditaria alemana, con domicilio social en Essen, República Federal de Alemania (en lo sucesivo, «Peters»), por otra parte.
De los autos se desprende que, según un contrato de 2 de noviembre de 1983, las partes mantenían relaciones comerciales, que habían acordado someter al Derecho francés y a la competencia del Tribunal de commerce de Nanterre. Varias dificultades indujeron a Lancray a entablar un procedimiento judicial contra Peters y el 18 de julio de 1986 obtuvo del Amtsgericht Essen un auto sobre medidas provisionales por el que se prohibía a Peters la venta y el suministro a terceros de mercancías de la marca Lancray que se encontrasen en su posesión. El 30 de julio de 1986, Lancray presentó una demanda ante el Tribunal de commerce de Nanterre por la que solicitaba la confirmación de las medidas acordadas por el Amtsgericht, así como determinadas medidas suplementarias. Con esa misma fecha, las autoridades francesas competentes transmitieron al Presidente del Landgericht Essen, a instancia de Lancray, la citación, redactada en francés, por la que se emplazaba a Peters para comparecer ante el órgano jurisdiccional francés el 18 de noviembre de 1986, así como una solicitud de que se notificase a Peters mediante entrega de dicho documento y se cursase a las autoridades francesas un certificado sobre la notificación practicada.
En el certificado de 19 de agosto de 1986, sobre la notificación practicada, la autoridad alemana competente hizo constar que la notificación de los documentos se había efectuado mediante entrega de los mismos a una secretaria en las oficinas de Peters. A dichos documentos no se adjuntaba ninguna traducción en alemán. Mediante carta certificada, se envió a Peters una nueva citación redactada en francés, de fecha 19 de septiembre de 1986, para la vista que se celebraría el 16 de diciembre de 1986 ante el Tribunal de commerce de Nanterre.
Tras recurrir Peters en apelación, el Landgericht Essen anuló, el 16 de octubre de 1986, el auto sobre medidas provisionales que Lancray había obtenido del Amtsgericht el 18 de julio de 1986. Peters informó de ello al Tribunal de commerce de Nanterre mediante carta de 11 de noviembre de 1986, en la que señalaba también que las notificaciones para comparecer no se habían practicado de forma regular, dado que no iban acompañadas de una traducción alemana.
Peters no compareció en la vista de 16 de diciembre de 1986 y, mediante sentencia de 15 de enero de 1987, el Tribunal de commerce de Nanterre estimó la demanda de Lancray. La resolución fue notificada a Peters mediante entrega al socio encargado de la Gerencia, el 9 de marzo de 1987. Mediante auto de 6 de julio de 1987, el Langericht Essen decidió que la resolución del Tribunal de commerce de Nanterre fuese reconocida en la República Federal de Alemania y autorizó su ejecución en determinados aspectos.
Peters interpuso entonces un recurso de queja («Beschwerde») contra esa decisión ante el Oberlandesgericht, alegando que, en virtud del apartado 2 del artículo 27 del Convenio, no debería haberse estimado la petición de Lancray. El Oberlandesgericht acogió su recurso. Lancray recurrió en queja («Rechtsbeschwerde») a su vez contra esta última resolución ante el Bundesgerichtshof.
Procede señalar que, a tenor del apartado 2 del artículo 27 del Convenio, en su versión aplicable según el órgano jurisdiccional remitente:
«Las resoluciones no serán reconocidas:
[...]
2)
cuando se dicten en rebeldía del demandado, si no se hubiera entregado al mismo la cédula de emplazamiento, de forma regular y con tiempo suficiente para defenderse;
[...]»
Por una parte el Bundesgerichtshof está de acuerdo con el Oberlandesgericht en que el emplazamiento fue notificado a Peters con tiempo suficiente para defenderse. Por otra parte, considera, como el Oberlandesgericht, que la notificación de la demanda no se hizo de forma regular, no fue notificada al destinatario, dispuesto a aceptarla, sino que fue entregada a una secretaria en la oficina de dicho destinatario, es decir, por vía de notificación sustitutoria. Ahora bien, según los Convenios internacionales aplicables, ésta sólo habría sido posible si el documento notificado hubiese ido acompañado de una traducción en alemán, lo que no fue así. El Bundesgerichtshof señala, además, que el Oberlandesgericht ha declarado que son inaplicables las disposiciones nacionales relativas a la subsanación de defectos de notificación, siempre y cuando el destinatario de la declaración no domine la lengua extranjera utilizada.
En tales circunstancias, el órgano jurisdiccional nacional decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
En virtud del apartado 2 del artículo 27 del Convenio en su redacción antigua, ¿no se reconoce una resolución si la cédula de emplazamiento no se ha entregado de forma regular al demandado en rebeldía, pero sí con tiempo suficiente para que pueda defenderse?
2)
El apartado 2 del artículo 27 del Convenio en su redacción antigua, en caso de que una resolución no sea reconocida porque la cédula de emplazamiento se haya entregado al demandante en rebeldía con tiempo suficiente para su defensa, pero no de forma regular, ¿excluye el reconocimiento de la resolución aun cuando las leyes dél Estado en el que se invoca el reconocimiento admitan que el defecto de notificación pueda subsanarse?»
Para una más amplia exposición de los hechos del asunto principal, del desarrollo del procedimiento y de las observaciones escritas presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre la primera cuestión
La primera cuestión pretende determinar, habida cuenta de los hechos del asunto principal, tal como han sido determinados por el órgano jurisdiccional nacional, si el apartado 2 del artículo 27 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que una resolución dictada en rebeldía no debe ser reconocida en el caso de que la cédula de emplazamiento se haya notificado de forma no regular al demandado en rebeldía, pero con tiempo suficiente para poder defenderse.
Para examinar esta cuestión, procede, en primer lugar, comprobar si el artículo citado menciona dos causas independientes de denegación del reconocimiento de una resolución extranjera.
Debe recordarse que este Tribunal de Justicia ha observado, en su sentencia de 16 de junio de 1981 (Klomps,
166/80, Rec. 1981, p. 1593
), que el apartado 2 del artículo 27 establece dos requisitos, uno de los cuales, referente a la regularidad de la notificación, implica una decisión basada en la legislación del Estado de origen y en los convenios que vinculan a éste en materia de notificación, mientras que el otro, referente al tiempo necesario para que el demandado pueda defenderse, implica apreciaciones de hecho.
En segundo lugar, debe determinarse si los dos requisitos de regularidad y de temporalidad mencionados en la disposición de que se trata deben reunirse de manera acumulativa para el reconocimiento de una resolución extranjera.
A este respecto, hay que señalar que el tenor literal de las diferentes versiones lingüísticas del texto de referencia induce a responder en sentido positivo a dicha cuestión.
Esta interpretación es corroborada, además, por el informe de expertos referente al Convenio de Bruselas (
DO 1990, C 189, pp. 122 y ss.
, especialmente p. 161), que, en lo que respecta al apartado 2 del artículo 27 del Convenio, observa que «cuando el demandado ha sido condenado en rebeldía en el extranjero, el Convenio le garantiza una doble protección. En primer lugar, es necesario que el documento haya sido notificado con regularidad [...] En segundo lugar, e incluso si la notificación hubiera sido regular, podrá denegarse el reconocimiento si el juez ante el que se invoca el reconocimiento considera que el documento no ha sido transmitido con tiempo suficiente para que el demandado pueda garantizar su defensa».
Así pues, hay que considerar que la regularidad de la notificación y la obligación de notificar el documento con tiempo suficiente constituyen garantías distintas y acumulativas para el demandado en rebeldía. Por consiguiente, la falta de una de estas dos garantías basta para que se deniegue el reconocimiento a una resolución extranjera.
Contra esta conclusión, se ha mantenido que no es necesario exigir una notificación correcta si el demandado ha dispuesto, en cualquier caso, de un plazo suficiente para preparar su defensa. Según esta interpretación, la regularidad de la notificación es únicamente un indicio, refutable, de que la notificación se ha efectuado con tiempo suficiente, y la inobservancia del requisito referente al plazo constituye el único motivo válido de denegación.
No puede acogerse semejante razonamiento. Por una parte, esta interpretación es difícilmente conciliable con el texto de la disposición de que se trata y con la jurisprudencia citada. Por otra parte, puede privar totalmente de sentido al requisito de una notificación regular. En efecto, si lo único importante fuese el conocimiento con tiempo suficiente, los demandantes se verían tentados a no seguir los cauces prescritos para una notificación regular, cuyos requisitos han sido, además, considerablemente reducidos por convenios internacionales. Esto crearía una considerable inseguridad en cuanto a si los documentos habían sido notificados o no, impidiendo por tanto la aplicación uniforme de las disposiciones del Convenio. Por último, el demandado no podría saber con certeza si se había iniciado un procedimiento que pudiese dar lugar a una condena y si era necesario, por tanto, preparar su defensa, situación que es asimismo contraria a los objetivos del Convenio.
A este respecto, hay que añadir, como ha declarado este Tribunal en su sentencia de 11 de junio de 1985 (Debaecker,
49/84, Rec. 1985, p. 1779
), que, aunque el objetivo del Convenio es, tal como se desprende de su Preámbulo, garantizar la simplificación de las formalidades a que están supeditados el reconocimiento y la ejecución recíprocos de las resoluciones judiciales, dicho objetivo no puede alcanzarse debilitando, de cualquier forma que sea, los derechos de defensa.
De todas las consideraciones expuestas resulta que el reconocimiento de una resolución judicial extranjera debe denegarse en caso de notificación irregular, independientemente de que el demandado tuviese, de hecho, conocimiento de la cédula de emplazamiento o documento equivalente.
Así pues, procede responder a la primera cuestión que el apartado 2 del artículo 27 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la Competencia Judicial y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en materia civil y mercantil debe interpretarse en el sentido de que una resolución dictada en rebeldía no debe ser reconocida en el caso de que la cédula de emplazamiento o documento equivalente se haya notificado de forma irregular al demandado en rebeldía, aunque con tiempo suficiente para que pueda defenderse.
Sobre la segunda cuestión
La segunda cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional pretende saber si el apartado 2 del artículo 27 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que permite al Juez del Estado requerido subsanar, aplicando su legislación nacional, un defecto de notificación.
Con carácter preliminar, debe señalarse que el tenor del apartado 2 del artículo 17 del Convenio no contiene ninguna norma sobre la cuestión de si puede subsanarse un defecto de notificación.
Por consiguiente, esta cuestión debe responderse con base en las normas aplicables en materia de notificación de las resoluciones judiciales extranjeras.
A este respecto, debe señalarse en primer lugar que el Protocolo de 27 de septiembre de 1968 (
DO 1989 L 285, p. 34
), al que se refiere el artículo 65 del Convenio, indica en el párrafo 1 de su artículo IV que :
«Los documentos judiciales y extrajudiciales extendidos en un Estado contratante y que debieren ser notificados a personas que se encontraren en el territorio de otro Estado contratante se transmitirán del modo previsto por los convenios o acuerdos celebrados entre los Estados contratantes.»
En segundo lugar, hay que señalar que este Tribunal, en su sentencia de 15 de julio de 1982 (Pendy Plastic,
228/81, Rec. 1982, p. 2723
), consideró que las disposiciones del Convenio de Bruselas tienen la finalidad de garantizar al demandado una protección efectiva de sus derechos sin armonizar los diferentes sistemas de notificar en el extranjero los documentos judiciales vigentes en los Estados miembros. Con este objeto, el control de la regularidad de la notificación de la cédula de emplazamiento ha sido confiado tanto al Juez del Estado de origen como al del Estado requerido.
Procede hacer constar, además, que el Convenio de Bruselas no contiene disposiciones que determinen la ley aplicable a dicho control. Dado que las normas aplicables a la notificación de la cédula de emplazamiento forman parte del proceso seguido ante el Juez de origen, la cuestión de la regularidad de dicha notificación sólo podrá encontrar respuesta en el Derecho aplicable ante el Juez de origen, incluyendo, dado el caso, los Convenios internacionales en la materia.
Por consiguiente, la cuestión de la posible subsanación de los defectos de notificación se rige por ese Derecho.
Así pues, procede responder a la segunda cuestión que el apartado 2 del artículo 27 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que la posible subsanación de los defectos de notificación se rige por el Derecho del Juez de origen, incluyendo, dado el caso, los Convenios internacionales que sean aplicables en la materia.
Costas
Los gastos efectuados por los Gobiernos de la República Federal de Alemania, de la República Francesa, de la República Italiana y por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En vinud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Bundesgerichtshof, mediante resolución de 22 de septiembre de 1988, declara:

1)
El apartado 2 del artículo 27 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la Competencia Judicial y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en materia civil y mercantil debe interpretarse en el sentido de que una resolución dictada en rebeldía no debe ser reconocida en el caso de que la cédula de emplazamiento o documento equivalente se haya notificado de forma irregular al demandado en rebeldía, aunque con tiempo suficiente para que pueda defenderse.

2)
El apartado 2 del artículo 27 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que la posible subsanación de los defectos de notificación se rige por el Derecho del Juez de origen, incluyendo, dado el caso, los Convenios internacionales que sean aplicables en la materia.

Kakouris
Schockweiler
Mancini
O'Higgins
Diez de Velasco
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 3 de julio de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Sexta
C. N. Kakouris
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.