CELEX: 62003TJ0014
Funcionarios
Requisitos de admisibilidad del recurso
Remuneración
Cambio de lugar de afectación
Supresión del coeficiente corrector francés y de la indemnización por expatriación
Principio de no discriminación
Principio de asistencia y protección

Recurso que tiene por objeto una pretensión de anulación de una decisión de deducción de la retribución de la demandante,
de una decisión que suprime la indemnización de secretariado y de una decisión que suprime la indemnización global por gastos
de viaje, así como una pretensión de una indemnización por daños y perjuicios supuestamente sufridos por ésta.
Resultado:
Se desestima el recurso. Cada parte cargará con sus propias costas.
Sumario
1.
Funcionarios − Recurso − Reclamación administrativa previa − Plazos − Carácter de orden público − Inicio del cómputo − Entrega
de la hoja mensual de haberes − Preclusión − Error excusable − Concepto
(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)
2.
Funcionarios − Recurso − Acto lesivo − Decisión denegatoria de una reclamación − Denegación pura y simple − Acto confirmatorio
− Inadmisibilidad
(Estatuto de los Funcionarios, art. 91, ap. 1)
3.
Funcionarios − Recurso − Objeto − Orden conminatoria dirigida a la Administración − Inadmisibilidad
(Art. 233 CE; Estatuto de los Funcionarios, art. 91)
4.
Funcionarios − Licencia por enfermedad − Estancia fuera del lugar de destino sin autorización − Derecho al coeficiente corrector
del lugar de residencia − Inexistencia
(Estatuto de los Funcionarios, art. 60, párr. 2)
5.
Funcionarios − Igualdad de trato − Concepto − Límites
6.
Funcionarios − Devolución de cantidades indebidamente pagadas − Requisitos − Irregularidad evidente del pago − Criterios
(Estatuto de los Funcionarios, art. 85)
7.
Funcionarios − Deber de asistencia y de protección que incumbe a la Administración − Alcance − Límites
8.
Funcionarios − Recurso − Recurso de indemnización − Ausencia de comportamiento ilegal de la Administración − Desestimación
(Estatuto de los Funcionarios, art. 91)
1.     El plazo de tres meses para presentar una reclamación contra un acto lesivo y el plazo de tres meses para interponer un recurso
después de una decisión explícita o implícita de desestimación de la reclamación, previstos en los artículos 90 y 91 del Estatuto,
son de orden público y no tienen carácter dispositivo para las partes y para el juez, en la medida en que se establecieron
con el fin de garantizar la claridad y la seguridad de las situaciones jurídicas. Por lo tanto, incumbe al juez comunitario
comprobar, de oficio, si han sido respetados.
Las reclamaciones deberán presentarse en un plazo de tres meses a partir del «día de la notificación de la decisión al destinatario
y, en todo caso, a más tardar el día en que el interesado tuviera conocimiento de la misma, si se tratara de una medida de
carácter individual». A este respecto, la entrega de la hoja mensual de haberes tiene por efecto hacer correr los plazos del
recurso contra una decisión administrativa, cuando de tal hoja se desprende claramente la existencia y alcance de dicha decisión.
El demandante tiene derecho a invocar un error excusable que pueda justificar la extemporaneidad de su recurso, particularmente
cuando la institución interesada haya adoptado un comportamiento que pueda provocar, por sí solo o de modo determinante, una
confusión admisible en el ánimo de un justiciable de buena fe y que acredite toda la diligencia exigible a un operador normalmente
informado.
(véanse los apartados 37 a 40)
Referencia: Tribunal de Justicia, 4 de febrero de 1987, Cladakis/Comisión (276/85, Rec. p. 495), apartado 11; Tribunal de
Justicia, 22 de septiembre de 1988, Canters/Comisión (159/86, Rec. p. 4859), apartado 6; Tribunal de Justicia, 15 de mayo
de 2003, Pitsiorlas/Consejo y BCE (C‑193/01 P, Rec. p. I‑4837), apartado 24; Tribunal de Primera Instancia, 17 de octubre
de 1991, Offermann/Parlamento (T‑129/89, Rec. p. II‑855), apartados 30, 31 y 34; Tribunal de Primera Instancia, 1 de octubre
de 1992, Schavoir/Consejo (T‑7/91, Rec. p. II‑2307), apartado 34; Tribunal de Primera Instancia, 24 de marzo de 1998, Becret-Danieau
y otros/Parlamento (T‑232/97, RecFP pp. I‑A‑157 y II‑495), apartado 32
2.     Toda decisión denegatoria de una reclamación, sea expresa o presunta, no hace, si es pura y simple, sino confirmar el acto
o la abstención objeto de reclamación y no constituye, por sí sola, un acto impugnable. Sólo cuando la citada decisión acoja,
total o parcialmente, la reclamación del interesado, constituirá, llegado el caso, en sí misma, un acto que puede ser objeto
de recurso. En efecto, no puede reconocerse la calidad de acto lesivo a un acto puramente confirmatorio, como es el caso de
un acto que no contiene ningún elemento nuevo con respecto a un acto lesivo anterior y que, por lo tanto, no puede sustituir
a éste.
(véase el apartado 54)
Referencia: Tribunal de Justicia, 10 de diciembre de 1980, Grasselli/Comisión (23/80, Rec. p. 3709), apartado 18; Tribunal
de Justicia, 16 de junio de 1988, Progoulis/Comisión (371/87, Rec. p. 3081), apartado 17; Tribunal de Primera Instancia, 27
de junio de 2000, Plug/Comisión (T‑608/97, RecFP pp. I‑A‑125 y II‑569), apartado 23; Tribunal de Primera Instancia, 9 de abril
de 2003, Tejada Fernández/Comisión (T‑134/02, RecFP pp. I‑A‑125 y II‑609), apartado 16
3.     Habida cuenta de que las causas de inadmisión relativas a cuestiones de competencia son de orden público, corresponde al Tribunal
de Primera Instancia examinarlas de oficio. A este respecto, no incumbe al Tribunal de Primera Instancia, en el marco de un
recurso interpuesto con arreglo al artículo 91 del Estatuto, hacer declaraciones de principios o dirigir órdenes conminatorias
a las instituciones comunitarias. En efecto, en caso de anulación de un acto, el artículo 233 CE obliga a la institución de
que se trata a adoptar las medidas que exija la ejecución de la sentencia.
(véanse los apartados 62 y 63)
Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 9 de junio de 1994, X/Comisión (T‑94/92, RecFP pp. I‑A-149 y II‑481), apartado
33; Tribunal de Primera Instancia, 8 de junio de 1995, P/Comisión (T‑583/93, RecFP pp. I‑A‑137 y II‑433), apartado 17; Tribunal
de Primera Instancia, 9 de junio de 1998, Chesi y otros/Consejo (T‑172/95, RecFP pp. I‑A‑265 y II‑817), apartado 33; Tribunal
de Primera Instancia, 17 de junio de 1998, Svenska Journalistförbundet/Consejo (T‑174/95, Rec. p. II‑2289), apartado 80
4.     Un funcionario que, durante su licencia por enfermedad, permanece, sin haber obtenido la autorización exigida en el artículo
60, párrafo segundo, del Estatuto, en un Estado miembro distinto al de su lugar de destino no puede invocar esta irregularidad
para acogerse al coeficiente corrector de su lugar de estancia. En efecto, su reconocimiento constituiría una ruptura del
principio de igualdad por cuanto se estaría colocando en una posición menos favorable indebidamente a los funcionarios que,
por su parte, se encuentran en una situación regular.
(véase el apartado 73)
5.     El principio de no discriminación únicamente se aplica a las personas que se encuentren en situaciones idénticas o comparables.
El principio de no discriminación requiere que las diferencias de trato entre distintas categorías de funcionarios o de agentes
temporales estén justificadas con arreglo a un criterio objetivo y razonable y que dicha diferencia sea proporcionada al fin
perseguido por esa distinción.
(véase el apartado 83)
Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 23 de marzo de 1994, Huet/Tribunal de Cuentas (T‑8/93, Rec. p. II‑103), apartado 45
6.     Con arreglo al artículo 85 del Estatuto, un funcionario está obligado a la devolución, si se trata de un error que no habría
podido pasar sin ser advertido por un funcionario normalmente diligente, que se presume conoce las normas relativas a las
retribuciones. Además, no es necesario que el funcionario interesado, en el ejercicio del deber de diligencia que le incumbe,
pueda determinar con precisión el alcance del error cometido por la Administración. A este respecto, basta que tengas dudas
sobre la procedencia de los pagos de que se trata para que esté obligado a manifestarse ante la Administración, de modo que
ésta pueda realizar las comprobaciones necesarias. Es necesario verificar si el funcionario interesado tenía la capacidad
para efectuar las comprobaciones necesarias. Los elementos que deben tomarse en consideración para llevar a cabo este examen
se refieren al nivel de responsabilidad del funcionario, a su grado y antigüedad, a la claridad de las disposiciones del Estatuto
que definen los requisitos para conceder la indemnización y a la importancia de las modificaciones producidas en su situación
personal o familiar, cuando el pago de la cantidad controvertida esté vinculado a la apreciación que la Administración haga
de tal situación.
El hecho de que un funcionario pertenezca a la categoría C no implica que le haya sido imposible realizar las comprobaciones
necesarias y no excluye, por lo tanto, que deba proceder a la devolución de las cantidades indebidamente pagadas.
(véanse los apartados 90, 91 y 94)
Referencia: Tribunal de Justicia, 17 de enero de 1989, Stempels/Comisión (310/87, Rec. p. 43), apartado 10; Tribunal de Primera
Instancia, 10 de febrero de 1994, White/Comisión (T‑107/92, RecFP pp. I‑A‑41 y II‑143), apartados 37 a 43; Tribunal de Primera
Instancia, 24 de febrero de 1994, Stahlschmidt/Parlamento (T‑38/93, RecFP pp. I‑A‑65 y II‑227), apartado 19; Tribunal de Primera
Instancia, 13 de julio de 1995, Kschwendt/Comisión (T‑545/93, RecFP pp. I‑A‑185 y II‑565), apartado 104; Tribunal de Primera
Instancia, 1 de febrero de 1996, Chabert/Comisión (T‑122/95, RecFP pp. I‑A‑19 y II‑63), apartado 35; Tribunal de Primera Instancia,
de 17 de enero de 2001, Kraus/Comisión (T‑14/99, RecFP pp. I‑A‑7 y II‑39), apartado 41; Tribunal de Primera Instancia, 5 de
noviembre de 2002, Ronsse/Comisión (T‑205/01, RecFP pp. I‑A‑211 y II‑1065), apartados 46 y 47
7.     El deber de asistencia y protección y el principio de buena administración implican en particular que, cuando resuelve sobre
la situación de un funcionario, la autoridad competente tome en consideración la totalidad de los elementos determinantes
para adoptar su decisión y que, al hacerlo, tenga en cuenta no sólo el interés del servicio, sino también el del funcionario
interesado. Además, este deber no puede obligar a la Administración en ningún caso a actuar en contra de las disposiciones
aplicables. En particular, el deber de asistencia y protección no puede conducir a la Administración a aplicar una disposición
comunitaria en contra del tenor claro y preciso de dicha disposición. Por consiguiente, un funcionario no puede invocar el
deber de asistencia y protección para obtener ventajas que el Estatuto no permite otorgarle.
(véanse los apartados 99 y 100)
Referencia: Tribunal de Justicia, 23 de octubre de 1986, Schwiering/Tribunal de Cuentas (321/85, Rec. p. 3199), apartado 18;
Tribunal de Primera Instancia, 17 de junio de 1993, Arauxo-Dumay/Comisión (T‑65/92, Rec. p. II‑597), apartado 37; Tribunal
de Primera Instancia, 15 de marzo de 1994, La Pietra/Comisión (T‑100/92, RecFP pp. I‑A‑83 y II‑275), apartado 58; Tribunal
de Primera Instancia, 16 de abril de 1997, Kuchlenz-Winter/Comisión (T‑66/95, Rec. p. II‑637), apartado 43, Tribunal de Primera
Instancia, 6 de julio de 1999, Forvass/Comisión, T‑203/97 (T‑203/97, RecFP pp. I‑A‑129 y II‑705) apartado 54; Tribunal de
Primera Instancia, 27 de junio de 2000, K/Comisión (T‑67/99, RecFP pp. I‑A‑127 y II‑579), apartados 68 y 69; Tribunal de Primera
Instancia, 7 de noviembre de 2002, G/Comisión (T‑199/01, RecFP pp. I‑A‑217 y II‑1085), apartado 71; Tribunal de Primera Instancia,
6 de febrero de 2003, Pyres/Comisión (T‑7/01, RecFP pp. I‑A‑37 y II‑239), apartado 77
8.     Para que la Comunidad incurra en responsabilidad extracontractual han de reunirse varios presupuestos, consistentes en la
ilegalidad del comportamiento imputado a las instituciones, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad
entre el comportamiento y el perjuicio invocado. Así, si no se demuestra la ilegalidad del comportamiento del órgano comunitario,
debe desestimarse la pretensión formulada por un funcionario con el fin de obtener una indemnización del perjuicio moral supuestamente
sufrido como consecuencia de dicha ilegalidad.
(véase el apartado 106)
Referencia: Tribunal de Primera Instancia, de 9 de febrero de 1994, Latham/Comisión (T‑3/92, RecFP pp. I‑A‑23 y II‑83), apartados
63 a 66; Tribunal de Primera Instancia, 15 de febrero de 1996, Ryan-Sheridan/FEMCVT (T‑589/93, RecFP pp. I‑A‑27 y II‑77),
apartados 141 y 142