CELEX: 62000CJ0087
Azúcar
Régimen de pecios
Regionalización
Zonas deficitarias
Clasificación de Italia
Campaña de comercialización 1998/1999
Reglamentos (CEE) nº 1785/81 y (CE) nº 1361/98
Validez del Reglamento nº 1361/98

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Reglamento (CEE) nº 1785/81 del Consejo, de 30
de junio de 1981, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (DO L 177, p. 4; EE 03/22,
p. 80), en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1101/95 del Consejo, de 24 de abril de 1995 (DO L 110, p. 1; en
lo sucesivo, «Reglamento nº 1785/81»), y la validez del Reglamento (CE) nº 1361/98 del Consejo, de 26 de junio de 1998, por
el que se fijan, para la campaña de comercialización 1998/99, los precios de intervención derivados del azúcar blanco, el
precio de intervención del azúcar bruto, los precios mínimos de la remolacha A y de la remolacha B, así como el importe del
reembolso para la compensación por gastos de almacenamiento (DO L 185, p. 3).
Dicha petición se ha presentado en el marco de un litigio entre el Sr. Nicoli, productor de remolacha en Italia, y la sociedad
Eridania SpA (en lo sucesivo, «Eridania»), empresa productora de azúcar a la que éste suministró remolacha azucarera, sobre
la validez de la clasificación de Italia como zona no deficitaria para la campaña de comercialización 1998/1999, y de la consiguiente
inexistencia de un precio de intervención derivado del azúcar blanco para las zonas de este Estado miembro y de precios mínimos
incrementados pagaderos a los productores de remolacha.
Marco jurídico
Organización común de mercados en el sector del azúcar
En el marco de la organización común de mercados en el sector del azúcar (en lo sucesivo, «OCM del azúcar»), el Reglamento
nº 1785/81 estableció, en su título I, un régimen de precios y, en su título III, un régimen de cuotas.
Por lo que atañe al régimen de cuotas, se asigna a cada Estado miembro, en particular, una cantidad de base de producción
nacional. Esta cantidad se reparte, en función de los criterios señalados en el Reglamento nº 1785/81, entre las empresas
productoras de cada Estado miembro, en forma de cuotas de producción A y B. Se otorga a ambas cuotas una garantía de comercialización
mediante un precio de intervención del azúcar blanco, tanto en el mercado comunitario como en los países terceros, y una garantía
de remuneración adecuada, aunque ésta se establece a distintos niveles, puesto que la cuota B está sujeta al pago de cotizaciones
mayores. Cuando las empresas productoras no pueden trasladar, dentro de los límites establecidos, la producción excedentaria,
denominada «azúcar C», a la campaña de comercialización siguiente y a cuenta de la producción de dicha campaña, el azúcar C
debe exportarse a países terceros sin ninguna intervención por parte del Comunidad.
En cuanto al régimen de precios, la citada norma prevé que éstos se fijarán anualmente para la campaña de comercialización
que comience el 1 de julio del año siguiente. En este sentido, el artículo 3, apartados 4 y 5, del Reglamento nº 1785/81 dispone:
«4.

El precio de intervención del azúcar blanco se fijará antes del 1 de agosto para la campaña de comercialización que comience
el 1 de julio del año siguiente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 43 del Tratado.
El Consejo determinará, de acuerdo con el mismo procedimiento, la calidad tipo para la que será válido dicho precio.
5.

El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, fijará el precio de intervención del azúcar terciado y los
precios de intervención derivados cada año, al mismo tiempo que el precio de intervención del azúcar blanco.
El Consejo, de acuerdo con el mismo procedimiento, determinará la calidad tipo para la que será válido el precio de intervención
del azúcar terciado.»
Existen dos categorías de precios de intervención del azúcar blanco: el precio de intervención propiamente dicho, aplicable
al azúcar producido en las zonas no deficitarias, y el precio de intervención derivado, para el azúcar producido en las zonas
deficitarias. El precio que se fija para estas últimas es mayor que el que se establece para las zonas no deficitarias. Esta
diferenciación en cuanto a los precios se conoce comúnmente como «regionalización».
De forma paralela al precio del azúcar se fija cada año, al mismo tiempo que el precio de intervención del azúcar blanco y
con arreglo al artículo 5, apartado 1, del Reglamento nº 1785/81, un precio mínimo al que las azucareras están obligadas a
comprar la remolacha a los productores. Como sucede con el azúcar, existen dos categorías de remolachas, A y B, que constituyen
la materia prima del azúcar A y del azúcar B, respectivamente.
Para mantener el paralelismo con el régimen aplicable al azúcar, el artículo 5, apartado 3, del Reglamento nº 1785/81 dispone
que, «para las zonas para las que se fije un precio de intervención derivado del azúcar blanco, los precios mínimos de la
remolacha A y de la remolacha B se incrementarán en una cantidad igual a la diferencia entre el precio de intervención derivado
de la zona de que se trate y el precio de intervención; a este importe se le aplicará el coeficiente 1,30».
En consecuencia, el sistema establecido por el Reglamento nº 1785/81 fija un precio más elevado, en las zonas deficitarias
y dentro de la cuota adjudicada, para la compra de la materia prima necesaria para la producción de azúcar y, simultáneamente,
garantiza una remuneración mayor por el azúcar producido en estas zonas.
El Reglamento nº 1785/81 fue sustituido por el Reglamento (CE) nº 2038/1999 del Consejo, de 13 de septiembre de 1999, por
el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (DO L 252, p. 1), el cual, a su vez, fue derogado
por el Reglamento (CE) nº 1260/2001 del Consejo, de 19 de junio de 2001, por el que se establece la organización común de
mercados en el sector del azúcar (DO L 178, p. 1).
El artículo 14, número 1, del Reglamento (CE) nº 779/96 de la Comisión, de 29 de abril de 1996, por el que se establecen las
disposiciones de aplicación del Reglamento nº 1785/81 del Consejo en lo que respecta a las comunicaciones en el sector del
azúcar (DO L 106, p. 9), dispone lo siguiente:
«Cada Estado miembro comunicará a la Comisión:
1)
antes de cada 1 de septiembre, con respecto a la campaña de comercialización anterior, y antes de cada 1 de enero, con respecto
a la campaña de producción anterior, los datos relativos al balance de abastecimiento de azúcar, de isoglucosa y de jarabe
de inulina correspondientes al período de que se trate con arreglo al modelo que figura en el anexo II.»
El Reglamento nº 779/96 contiene, en su anexo II, un cuadro que debe utilizarse como modelo para las notificaciones mencionadas
en el artículo 14, número 1, de dicho Reglamento. La columna izquierda de este cuadro está redactada de la forma siguiente:
1. EXISTENCIAS INICIALES A: 1 ………………….Total
[…]
2. PRODUCCIÓN
[…]
3. IMPORTACIONES PROCEDENTES DE TERCEROS PAÍSES
a) en estado natural
[…]
b) productos transformados
4. ENTRADAS PRODECENTES DE OTROS ESTADOS MIEMBROS
a) en estado natural
b) productos transformados
5. TOTAL DE LAS DISPONIBILIDADES
6. SALIDAS A LOS DEMÁS ESTADOS MIEMBROS
a) en estado natural
b) productos transformados
7. EXPORTACIONES A TERCEROS PAÍSES
a) en estado natural
b) productos transformados
[…]
8. CONSUMO TOTAL
[5 – (6 + 7 + 9)]
9. EXISTENCIAS FINALES A: 30 …………………Total
[…]
Reglamentos (CE) n
os
1360/98 y 1361/98
El Reglamento (CE) nº 1360/98 del Consejo, de 26 de junio de 1998, por el que se fijan, para la campaña de comercialización
1998/99, determinados precios en el sector del azúcar y la calidad tipo de la remolacha (DO L 185, p. 1), estableció en particular
el precio de intervención del azúcar blanco para la campaña de que se trata en el asunto principal.
El Reglamento nº 1361/98, que se adoptó sobre la base del Reglamento nº 1785/81, señala en sus considerandos segundo y tercero,
a propósito de la fijación de los precios de intervención derivados, lo siguiente:
«Considerando que el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 1785/81 señala que los precios de intervención derivados
del azúcar blanco deben fijarse para cada una de las zonas deficitarias; que, para dicha fijación, resulta apropiado tener
en cuenta las diferencias regionales del precio del azúcar, que pueden suponerse, en caso de cosecha normal y de libre circulación
del azúcar, basándose en las condiciones naturales de formación de los precios del mercado;
Considerando que es previsible una situación de abastecimiento deficitario en las zonas de producción de Irlanda, del Reino
Unido, de España, de Portugal y de Finlandia».
Al no haberse fijado un precio de intervención derivado del azúcar blanco para el territorio italiano en el Reglamento nº 1361/98,
el precio de intervención del azúcar blanco establecido en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento nº 1360/98 se aplicó
también en Italia para la campaña 1998/1999. Por lo tanto, Italia fue tratada como una zona excedentaria.
Procedimiento principal y cuestiones prejudiciales
El Sr. Nicoli, productor de remolacha, vendió a Eridania, mediante un contrato celebrado el 2 de diciembre de 1997, su producción
de remolacha correspondiente a la campaña 1998/1999, cuyo peso total fue de 53,23 toneladas. Eridania abonó por dicha venta
la cantidad de 6.651.350 ITL (3.435,14 euros), que no incluía el importe correspondiente a la «regionalización» del precio,
equivalente a 421.263,88 ITL (217,56 euros).
Al considerarse acreedor de esta última cantidad, el Sr. Nicoli demandó judicialmente a Eridania ante el Giudice di pace di
Genova (Juez de paz de Génova) solicitando el pago de la parte restante del precio que se le debía.
El órgano jurisdiccional remitente señala, en particular, que las zonas excedentarias y deficitarias se definen en función
de que la producción sea superior al consumo (zonas excedentarias), o bien que el consumo sea superior a la producción (zonas
deficitarias).
En lo que se refiere al consumo, el mencionado órgano jurisdiccional se plantea, más en concreto, si, en orden a la clasificación
de una determinada zona como deficitaria, se debe considerar consumido en Italia, como parece lógico, el azúcar que se añade
en Italia a los alimentos que después se consumen en otros Estados miembros o, por el contrario, si debe admitirse que este
azúcar se consume en el país donde se consumen los alimentos en cuestión.
En estas circunstancias, el Giudice di Pace di Genova decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
tres cuestiones prejudiciales.
Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 13 de abril de 2000, el Tribunal de Justicia suspendió el procedimiento
en espera de la resolución del asunto que dio lugar a la sentencia de 14 de marzo de 2002, Italia/Consejo (C‑340/98, Rec.
p. I‑2663), que versaba precisamente sobre la validez de los Reglamentos n
os
1360/98 y 1361/98. Dicha sentencia fue comunicada al Giudice di pace di Genova, que consideró, mediante auto de 30 de julio
de 2002, registrado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 19 de agosto siguiente, que el Tribunal de Justicia sólo
había contestado la primera de las tres cuestiones prejudiciales planteadas en su resolución de remisión.
Según el Giudice di pace di Genova, queda aún por responder la segunda cuestión, en la que se solicita que se dilucide cuál
es la interpretación que debe darse al concepto de «consumo en una zona determinada», por una parte, y si este concepto incluye
o no el azúcar incorporado a un producto transformado que se consume posteriormente en otro país, por otra. En opinión del
citado órgano jurisdiccional, tampoco se contestó la tercera de sus cuestiones, que está relacionada con la segunda, puesto
que la misma no sólo se refiere a la falta de motivación del Reglamento nº 1361/98, sino también al hecho de que éste no fije
un precio de intervención derivado para todas las zonas de Italia.
En estas circunstancias, el Giudice di pace di Genova, manteniendo las dos primeras cuestiones enunciadas en su resolución
de remisión de 28 de febrero de 2000, planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse el Reglamento nº 1785/81 en el sentido de que la clasificación de una zona como deficitaria ha de determinarse
en función de un método de cálculo que considera como consumido en la citada zona el azúcar incorporado allí a un producto
transformado también en el supuesto de que este último sea consumido en otro país o, por el contrario, la clasificación de
una zona como deficitaria debe determinarse sobre la base de un método de cálculo que no considera consumido en aquella zona
el azúcar incorporado allí a un producto transformado que se consuma en otro país?
2)
¿Es válido el Reglamento […] nº 1361/98 […] en la medida en que no fija un precio de intervención derivado para todas las
zonas de Italia, a la luz de los artículos 3, apartado 1, 5, apartado 3, y 6, apartado 2, del Reglamento […] nº 1785/81, y
no contiene motivación alguna sobre este particular?»
Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2002, se reanudó el procedimiento.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Las dos cuestiones que el Giudice di pace di Genova ha decidido continuar planteando al Tribunal de Justicia y que deben ser
examinadas de forma conjunta pretenden en esencia que se dilucide si el Reglamento nº 1361/98 carece de validez en la medida
en que, como consecuencia de la utilización de un método erróneo para el cálculo del consumo de azúcar estimado, no incluye
el territorio italiano entre las zonas deficitarias de la Comunidad para la campaña de comercialización 1998/1999 que se enumeran
en el artículo 1 de dicho Reglamento. El órgano jurisdiccional remitente se plantea también la cuestión de si la citada norma
carece de validez por no contener motivación alguna que justifique el que no se fijase un precio de intervención derivado
para todas las zonas de dicho territorio.
Sobre el alcance de la sentencia Italia/Consejo, antes citada
Es preciso señalar que, al contrario de lo que alegan el Consejo y la Comisión, la sentencia Italia/Consejo, antes citada,
no ofrece respuesta a la cuestión de si el método de cálculo del consumo elegido por el legislador comunitario afecta a la
validez del Reglamento nº 1361/98.
Por lo que se refiere a la cuestión de la interpretación que debe darse al concepto de consumo, de los apartados 71 a 78 de
la sentencia Italia/Consejo, antes citada, se desprende que el Tribunal de Justicia analizó únicamente el supuesto cambio
en el método utilizado por la Comisión y el Consejo para evaluar la situación futura en Italia.
El Tribunal de Justicia señaló en particular, en el apartado 73 de dicha sentencia, que el método utilizado consistió en comparar
la producción disponible formada por cantidades previsibles de azúcar A y azúcar B, añadiendo en su caso el azúcar C transferido,
con el consumo previsible.
Sin embargo, la sentencia Italia/Consejo, antes citada, no analizó ni el método de cálculo del consumo estimado ni, por tanto,
la validez del Reglamento nº 1361/98 en la medida en que no incluye a Italia entre las zonas deficitarias para la campaña
de comercialización 1998/1999 como consecuencia de la utilización de un método supuestamente erróneo para el cálculo de dicho
consumo.
En cambio, de los apartados 56 a 63 de la sentencia Italia/Consejo, antes citada, en los que el Tribunal de Justicia analizó
el motivo basado en la falta o insuficiencia de la motivación del Reglamento nº 1361/98 con arreglo al artículo 190 del Tratado CE
(actualmente artículo 253 CE), se desprende que esta motivación fue declarada conforme con las exigencias de dicho artículo.
En efecto, en el apartado 63 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia señala que, en el contexto de la normativa controvertida
y de la evolución del mercado correspondiente, la motivación del citado Reglamento en lo referente a la clasificación de Italia
como zona no deficitaria para la campaña 1998/1999, aunque sea muy sucinta, basta para satisfacer las exigencias de motivación
que resultan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
En consecuencia, no se puede cuestionar la validez del Reglamento nº 1361/98 sobre la base de una supuesta vulneración de
las exigencias de motivación de la decisión de no fijar un precio de intervención derivado para todas las zonas de Italia.
Sobre el método de cálculo del consumo estimado
Con carácter preliminar, hay que recordar que el consumo estimado para la campaña siguiente es uno de los dos datos en los
que deben basarse las instituciones para prever si se va a producir una situación deficitaria o excedentaria en una zona determinada.
En efecto, existe un déficit en el sentido del Reglamento nº 1785/81 cuando la producción total disponible es inferior al
consumo (véanse las sentencias de 6 de julio de 2000, Eridania, C‑289/97, Rec. p. I‑5409, apartado 46, e Italia/Consejo, antes
citada, apartado 76).
La normativa relativa al régimen de la OCM del azúcar no definió el concepto de «consumo». A pesar de que el Reglamento nº 779/96,
aplicable en la época en que tuvieron lugar los hechos del litigio principal, establece el método de calculo del consumo total
en el número 8 de su anexo II, este anexo no pretende definir el concepto de consumo que debe utilizarse para determinar el
carácter deficitario o excedentario de una zona. Su finalidad consiste más bien en fijar un modelo común para las comunicaciones
de los datos que se utilizan a varios efectos en el marco de dicha OCM.
Pues bien, ha quedado acreditado que el Consejo y la Comisión se basan en la definición de «consumo total» que figura en el
citado número 8 para determinar el carácter deficitario o excedentario de una zona. En este sentido, dichas instituciones
evaluaron el consumo total restando del total de las disponibilidades la suma de las cantidades correspondientes a las salidas
a los demás Estados miembros, las exportaciones a terceros países y las existencias finales. De lo que se desprende que se
incluyó el azúcar incorporado a los productos transformados importado de terceros países o procedente otros Estados miembros,
pero no se consideró consumido en el Estado miembro en cuestión el azúcar incorporado a los productos transformados que salió
o se exportó a otros Estados.
El Sr. Nicoli considera que este método de cálculo del consumo incurre en un grave error, puesto que no considera consumido
el azúcar señalado en el último inciso del apartado anterior.
En lo referente al alcance del control jurisdiccional del Tribunal de Justicia en cuanto al método adoptado por las instituciones
para determinar el consumo estimado de azúcar para la campaña de que se trata, hay que recordar que el Consejo y la Comisión
deben hacer previsiones a partir de los datos comunicados por los Estados miembros, referidos, tanto a la campaña en curso,
por lo que respecta a la evolución del consumo, como a las perspectivas de la campaña futura, por lo que respecta a la evolución
de la producción disponible (véase la sentencia Eridania, antes citada, apartado 47).
De lo que se deduce que debe realizarse la evaluación de una situación económica compleja, lo que otorga a las instituciones
comunitarias una amplia facultad de apreciación. Al controlar la legalidad del ejercicio de tal competencia, el órgano jurisdiccional
comunitario no puede sustituir las apreciaciones de la autoridad competente en la materia por las suyas propias, sino que
debe limitarse a examinar si tales apreciaciones incurren en error manifiesto o en desviación de poder o si dicha institución
ha sobrepasado manifiestamente los límites de su facultad de apreciación (véanse las sentencias de 27 de noviembre de 1997,
Somalfruit y Camar, C‑369/95, Rec. p. I‑6619, apartado 50, y de 14 de diciembre de 2000, Italia/Comisión, C‑99/99, Rec. p. I‑11535,
apartado 26).
Por lo tanto, en lo que se refiere al Reglamento nº 1361/98, hay que analizar, en virtud de esta jurisprudencia, si la Comisión
incurrió en un error manifiesto de apreciación al calcular el consumo de azúcar estimado para la campaña 1998/1999 teniendo
en cuenta únicamente las cantidades que se consumen en la zona afectada y no el azúcar incorporado allí a los productos transformados
que posteriormente se exportan.
Como ha señalado la Comisión en sus observaciones escritas, la fijación de un precio de intervención derivado mayor para las
zonas deficitarias tiene como finalidad, por una parte, permitir que éstas se abastezcan de azúcar de las zonas no deficitarias,
considerando en particular, en cierta medida, los gastos de transporte, y, por otra, evitar un descenso en la producción de
remolacha que provocaría un déficit aún mayor durante las campañas siguientes.
Aun suponiendo que el método de cálculo del consumo que preconiza el Sr. Nicoli fuese más adecuado para conseguir los objetivos
mencionados en el apartado anterior, la Comisión no cometió un error manifiesto de apreciación al adoptar un método de cálculo
del consumo de azúcar estimado conforme al cual no se considera consumido en el Estado miembro de que se trata el azúcar incorporado
a los productos transformados que sale o se exporta a otros Estados. En efecto, el método aplicado tiene también en cuenta
el azúcar contenido en los productos transformados que se importa o procede de otros Estados.
Sobre la validez del Reglamento nº 1361/98
De todas las consideraciones anteriores se desprende que el examen de las cuestiones planteadas no ha revelado ningún elemento
que pueda afectar a la validez del Reglamento nº 1361/98.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
El examen de las cuestiones planteadas no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez del Reglamento (CE) nº 1361/98
del Consejo, de 26 de junio de 1998, por el que se fijan, para la campaña de comercialización 1998/99, los precios de intervención
derivados del azúcar blanco, el precio de intervención del azúcar bruto, los precios mínimos de la remolacha A y de la remolacha
B, así como el importe del reembolso para la compensación por gastos de almacenamiento.
Firmas
–
Lengua de procedimiento: italiano.