CELEX: 61990CJ0183
Convenio de Bruselas
Interpretación de los artículos 37 y 38

Mediante resolución de 1 de junio de 1990, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de junio siguiente, el Hoge Ráad der Nederlanden planteó, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1991 relativo a la interpretación, por el Tribunal de Justicia, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (
DO 1972, L 299, p. 32
; EE 01/01, p. 186; en lo sucesivo, «Convenio»), tres cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del párrafo segundo del artículo 37 y del párrafo primero del artículo 38 del Convenio.
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio pendiente entre dicho órgano jurisdiccional entre, por una parte, B.J. Van Dalfsen, J. Timmerman, H. Van Dalfsen, J. Harmke y G. Van Dalfsen, (en lo sucesivo, «Van Dalfsen y otros»), con domicilio en los Países Bajos, y, por otra, B. Van Loon y T. Berendsen (en lo sucesivo, «Van Loon y otra»), con domicilio en Bélgica.
De los autos remitidos al Tribunal de Justicia se deduce que, mediante sentencia de 21 de octubre de 1986, el Vrederechter (Juez de Paz) van het kanton Herentals (Bélgica) desestimó la pretensión de la principal demanda que Van Dalfsen y otros habían formulado contra Van Loon y otra, que tenía por objeto que se anulara un contrato de arrendamiento existente entre las partes en el procedimiento principal, y declaró fundada, en principio, la pretensión subsidiaria de Van Dalfsen y otros, destinada a obtener de Van Loon y otra la devolución del coste de las inversiones permanentes que aquéllos habían efectuado en el inmueble alquilado, ordenando al mismo tiempo la emisión de un dictamen pericial para determinar su importe exacto. Pronunciándose sobre la reconvención propuesta por Van Loon y otra, el Vrederechter condenó a Van Dalfsen y otros a pagar a Van Loon y otra la cantidad de 2.700.000 BFR, más los intereses correspondientes, en concepto de alquileres vencidos. Esta sentencia fue declarada «provisionalmente ejecutoria, sin perjuicio de que se pueda recurrir contra la misma y sin que sea preciso constituir una fianza».
El 17 de diciembre de 1986, Van Dalfsen y otros apelaron contra la parte condenatoria de dicha sentencia ante el Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Bélgica).
Por su parte, Van Loon y otra solicitaron al Presidente del Arrondissementsrechtbank te Zwolle (Países Bajos) que otorgara la ejecución en los Países Bajos de la sentencia del Vrederechter belga, conforme al artículo 31 del Convenio. El Presidente del Arrondissementsrechtbank la otorgó mediante resolución de 23 de enero de 1987.
De acuerdo con el artículo 36 del Convenio, Van Dalfsen y otros interpusieron, el 2 de abril de 1987, un recurso contra esta resolución ante el Arrondissementsrechtbank te Zwolle. En el marco de dicho recurso, Van Dalfsen y otros se limitaron a solicitar al Arrondissementsrechtbank que suspendiera el procedimiento, conforme al párrafo primero del artículo 38 del Convenio, alegando el hecho de que habían apelado contra la sentencia dictada por el Vrederechter te Herentals y prestado un aval bancario como garantía de la cantidad que dicha sentencia les había condenado a pagar a Van Loon y otra; además, señalaron que, en principio, se había estimado su pretensión subsidiaria en reclamación de pago de cantidad, que había sido estimada y valorada, en el marco de un dictamen pericial provisional, en 477.954 BFR.
Mediante sentencia de 13 de abril de 1988, el Arrondissementsrechtbank desestimó la petición de suspensión del procedimiento, debido a que, para justificar dicha petición, Van Dalfsen y otros no se habían basado, en motivos distintos a los que el Juez extranjero pudo analizar en su resolución; mediante la misma sentencia, el Arrondissementsrechtbank declaró infundado el recurso y, en consecuencia, otorgó la ejecución en los Países Bajos de la sentencia dictada por el Vrederechter belga, subordinándola de oficio, conforme al último párrafo del artículo 38 del Convenio, a la constitución de un aval bancario por importe de 478.000 BFR hasta que se dictara una resolución definitiva sobre la pretensión subsidiaria de Van Dalfsen y otros.
Van Dalfsen y otros interpusieron recurso de casación contra esta sentencia ante el Hoge Raad der Nederlanden, conforme al párrafo segundo del artículo 37 del Convenio. En su único motivo de casación, criticaban al Arrondissementsrechtbank por haberse basado en una apreciación errónea del alcance de las facultades que el artículo 38 del Convenio reconoce el «Tribunal que conoce del recurso», a efectos de dicha disposición. En efecto, según Van Dalfsen y otros, el órgano jurisdiccional que dicta una resolución basándose en dicha disposición debe tener en cuenta todas las circunstancias que han podido ser tomadas en consideración por el Juez extranjero en su resolución y, en particular, analizar las posibilidades de éxito del recurso ordinario interpuesto o que puede interponerse en otro Estado contratante.
Previamente, el Hoge Raad der Nederlanden se planteó la cuestión de determinar si la sentencia recurrida debía considerarse como una «resolución dictada sobre el recurso», a efectos del párrafo segundo del artículo 37 del Convenio. Si la respuesta fuera negativa, no habría lugar a admitir el recurso de casación interpuesto por Van Dalfsen y otros. Por el contrario, en caso de respuesta afirmativa a dicha cuestión, procedería examinar el fundamento de este recurso y se plantearía entonces el problema del alcance de las facultades que el artículo 38 del Convenio reconoce al «Tribunal que conoce del recurso».
En consecuencia, al estimar que el litigio suscitaba cuestiones sobre la interpretación del Convenio, el Hoge Raad der Nederlanden, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971 relativo a la interpretación, por el Tribunal de Justicia, del Convenio y mediante resolución de 1 de junio de 1990, decidió suspender el procedimiento y someter al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Pueden considerarse las resoluciones dictadas por el “Tribunal que conoce del recurso”, en las que decide hacer o no uso en un determinado sentido de las facultades que le reconoce el artículo 38 del Convenio de Bruselas, como una “resolución dictada sobre el recurso”, contra la que puede interponerse recurso de casación en los Países Bajos con arreglo al párrafo segundo del artículo 37 del Convenio?
2)
Para responder a la cuestión 1), ¿es relevante el hecho de que las resoluciones basadas en el artículo 38 del Convenio de Bruselas, a las que dicha cuestión se refiere, no se hayan adoptado en la sentencia [definitiva] en que se resuelva sobre el recurso?
3)
¿Puede el “Tribunal que conoce del recurso” hacer uso de las facultades que le reconoce el párrafo primero del artículo 38 del Convenio de Bruselas:
a)
aun cuando la parte que ha interpuesto el recurso no ha alegado otros motivos en apoyo de su pretensión de que se suspenda el procedimiento, o bien, de que se subordine la ejecución a la constitución de una garantía, aparte de los que pueden resultar relevantes para la resolución del Tribunal extranjero,
b)
solamente cuando el recurso se basa, parcial o exclusivamente, en motivos que no se han invocado en el procedimiento seguido ante el Tribunal extranjero, o
c)
solamente cuando el recurso se basa, parcial o exclusivamente, en motivos que no han podido invocarse en el procedimiento seguido ante el Tribunal extranjero, debido a que, en aquel momento, la parte que interpuso el recurso aún desconocía los hechos en que se amparaban dichos motivos?»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento y de las observaciones escritas presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Con carácter preliminar, procede recordar que el párrafo segundo del artículo 37 y el párrafo primero del artículo 38 del Convenio forman parte de la Sección Segunda del Título III del mismo, relativa a la ejecución de las resoluciones judiciales que son ejecutorias en el Estado contratante en el que se dictaron.
Con arreglo al artículo 31 del Convenio, dichas resoluciones se ejecutarán en otro Estado contratante cuando el órgano jurisdiccional competente previsto en el artículo 32 del Convenio haya otorgado su ejecución en el mismo, a instancia de cualquier parte interesada y conforme a las reglas contenidas en los artículos 33 a 35 y 42 a 45 de dicho Convenio. Es importante señalar, en particular, que, en virtud del artículo 34 del Convenio, la parte contra la cual se solicita la ejecución no puede formular observaciones en esta fase del procedimiento, que la solicitud de ejecución sólo puede desestimarse por alguno de los motivos previstos en los artículos 27 y 28 del Convenio y que la resolución extranjera en ningún caso puede ser objeto de una revisión en cuanto al fondo.
Cuando se otorga la ejecución, la parte contra la cual se ha solicitado puede, conforme al artículo 36 del Convenio, interponer recurso contra la resolución ante alguno de los órganos jurisdiccionales mencionados en el apartado 1 del artículo 37 del Convenio. El artículo 39 del Convenio establece que, durante el plazo del recurso y hasta que se haya resuelto sobre el mismo, solamente se pueden adoptar medidas cautelares sobre los bienes de la parte contra la que se ha solicitado la ejecución.
Si la resolución extranjera, cuya ejecución se solicita, es objeto de recurso ordinario en el Estado de origen o si el plazo para interponer dicho recurso no ha expirado, el artículo 38 del Convenio establece que el Tribunal del Estado requerido que conoce del recurso puede, a instancia de la parte que ha interpuesto el recurso con arreglo al artículo 36, suspender el procedimiento relativo al mismo. Conforme al último párrafo del artículo 38 del Convenio, dicho Tribunal puede igualmente subordinar la ejecución a la constitución de una garantía por la parte que se beneficia del otorgamiento de la ejecución.
En virtud del párrafo segundo del artículo 37 del Convenio, la resolución dictada sobre el recurso sólo puede ser objeto de un recurso de casación o de un recurso análogo.
Sobre las cuestiones primera y segunda
Mediante las dos primeras cuestiones prejudiciales, que procede analizar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pretende, fundamentalmente, saber si el párrafo segundo del artículo 37 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que una resolución dictada con arreglo al artículo 38 del Convenio, mediante la cual el Tribunal que conoce del recurso interpuesto contra el otorgamiento de la ejecución de una resolución judicial dictada en otro Estado contratante ha denegado la suspensión del procedimiento y ha ordenado la constitución de una garantía por parte del beneficiario del otorgamiento de la ejecución, constituye una «resolución dictada sobre el recurso», a efectos del párrafo segundo del artículo 37 del Convenio y, en consecuencia, puede ser objeto de un recurso de casación o de un recurso análogo. Además, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si la respuesta a esta cuestión varía en función de que la resolución dictada con arreglo al artículo 38 del Convenio y la «resolución dictada sobre el recurso», a efectos del párrafo segundo del artículo 37 del Convenio figuren o no en una misma sentencia.
A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que el Convenio no define lo que debe entenderse por «resolución dictada sobre el recurso», a efectos del párrafo segundo del artículo 37.
A continuación, procede indicar que el Tribunal de Justicia se pronunció en favor de una interpretación restrictiva del concepto de «resolución dictada sobre el recurso», que figura en el párrafo segundo del artículo 37 del Convenio, al declarar, en la sentencia de 27 de noviembre de 1984, Brennero/Wendel (
258/83, Rec. p. 3971
), apartado 15, que, en el marco del sistema general del Convenio y a la luz de uno de sus objetivos principales, que es simplificar los procedimientos en el Estado en el que se solicita la ejecución, esta disposición no puede extenderse de manera que se permita la interposición de un recurso de casación contra una resolución distinta de la dictada sobre el recurso, como por ejemplo un recurso de casación contra una resolución preparatoria o interlocutoria por la que se ordene la práctica de pruebas.
El informe de los expertos, redactado con ocasión de la elaboración del Convenio (
DO 1979, C 59, p. 1
), destacó también la necesidad de una interpretación estricta del párrafo segundo del artículo 37 del Convenio. En efecto, según dicho informe, «la multiplicidad de medios de impugnación, al permitir a la parte que pierde el proceso utilizarlos con fines puramente dilatorios, constituiría, en definitiva, un obstáculo para la libre circulación de sentencias, que es el objeto del Convenio».
De todo lo anterior se deduce que, teniendo en cuenta el hecho de que el Convenio tiene por objeto facilitar la libre circulación de las sentencias, estableciendo un procedimiento sencillo y rápido en el Estado contratante en el que se solicita la ejecución de una resolución extranjera, la expresión «resolución dictada sobre el recurso», que figura en el párrafo segundo del artículo 37 del Convenio, debe interpretarse en el sentido de que únicamente contempla las resoluciones dictadas sobre el fundamento del recurso interpuesto contra una resolución que otorga la ejecución de una resolución judicial dictada en otro Estado contratante, quedando excluidas las adoptadas con arreglo al artículo 38 del Convenio.
Procede añadir que, aun en el supuesto de que la resolución por la que se deniega la suspensión del procedimiento o se ordena la constitución de una garantía esté contenida en la misma sentencia que la resolución dictada sobre el fundamento del recurso interpuesto contra el otorgamiento de la ejecución, los procedimientos iniciados con arreglo al artículo 36 y al artículo 38 del Convenio, respectivamente, tienen, no obstante, un objeto diferente.
En efecto, el procedimiento relativo al recurso previsto en el artículo 36 se refiere a la cuestión jurídica de determinar si la autorización para proceder a la ejecución se otorgó acertadamente, a la luz de los motivos enumerados de manera limitativa en los artículos 27 y 28 del Convenio, mientras que la resolución relativa a la suspensión del procedimiento o a la constitución de una garantía en virtud del artículo 38 representa una medida accesoria, destinada a ordenar el desarrollo posterior del procedimiento, que presupone la ponderación de los intereses respectivos del acreedor y del deudor.
En estas circunstancias, una resolución dictada con arreglo al artículo 38 del Convenio no puede equipararse a la resolución por la que se admite o se desestima el recurso interpuesto contra el exequátur, a pesar de que, formalmente, forma parte de la misma sentencia que esta última resolución.
De ello se deduce que, aun cuando una resolución basada en el artículo 38 del Convenio figure en la misma sentencia que la resolución dictada sobre la fundamentación del recurso interpuesto contra el otorgamiento de la ejecución, dicha resolución no debe considerarse como una «resolución dictada sobre el recurso» a efectos del párrafo segundo del artículo 37 del Convenio y, por lo tanto, no puede ser objeto de un recurso de casación.
En consecuencia, procede responder a las cuestiones primera y segunda planteadas por el órgano jurisdiccional remitente que el párrafo segundo del artículo 37 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que una resolución adoptada con arreglo al artículo 38 del Convenio, mediante la cual el Tribunal que conoce del recurso interpuesto contra el otorgamiento de la ejecución de una resolución judicial dictada en otro Estado contratante deniega la suspensión del procedimiento y ordena la constitución de una garantía por parte del beneficiario del otorgamiento de la ejecución, no constituye una «resolución dictada sobre el recurso» a efectos del párrafo segundo del artículo 37 del Convenio
y,
por lo tanto, no puede ser objeto de un recurso de casación o de un recurso análogo. La respuesta a esta cuestión es la misma aun cuando la resolución dictada con arreglo al artículo 38 del Convenio y la «resolución dictada sobre el recurso» a efectos del párrafo segundo del artículo 37 del Convenio figuren en la misma sentencia.
Sobre la tercera cuestión
Mediante la tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pretende, fundamentalmente, saber si el párrafo primero del artículo 38 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que el Tribunal que conoce del recurso interpuesto contra el otorgamiento de la ejecución de una resolución judicial dictada en otro Estado contratante sólo puede tomar en consideración, en su resolución relativa a una petición de suspensión del procedimiento con arreglo a dicha disposición, aquellos motivos que la parte que interpuso el recurso no podía alegar ante el Juez del Estado de origen, o bien si dicho Tribunal puede tener también en cuenta, en esta resolución, motivos que fueron invocados ante el Juez extranjero, así como motivos que dicho Juez desconocía en el momento de dictar su resolución, debido a que la parte que interpuso el recurso omitió invocarlos ante el mismo.
Para responder a esta cuestión procede señalar, en primer lugar, que el párrafo primero del artículo 31 del Convenio consagra el principio de que las resoluciones dictadas en un Estado contratante que allí sean ejecutorias pueden ejecutarse en otro Estado contratante, aunque no tengan fuerza de cosà juzgada.
La facultad de suspender el procedimiento que el párrafo primero del artículo 38 del Convenio reconoce al Tribunal que conoce del recurso interpuesto contra el otorgamiento de la ejecución de una resolución judicial dictada en otro Estado contratante supone una excepción a dicho principio. Tal como se deduce del informe de los expertos redactado con ocasión de la elaboración del Convenio, esta excepción debe permitir proteger a la parte contra la que se solicita la ejecución frente a los daños que podría causar la ejecución de resoluciones que no hubieran adquirido aún fuerza de cosa juzgada y que llegaran a ser modificadas, sirviendo así de contrapeso el carácter unilateral del procedimiento de exequátur previsto por los artículos 31 y siguientes del Convenio.
De ello se deduce que, al tratarse de una disposición que establece una excepción, el párrafo primero del artículo 38 del Convenio debe interpretarse de forma estricta, ya que si no se mermaría la eficacia del artículo 31 de este Convenio y se pondría en peligro el objeto perseguido por el mismo, que es garantizar la libre circulación de las sentencias permitiendo que las resoluciones ejecutorias dictadas en un Estado contratante sean ejecutadas en otro Estado contratante.
A continuación, procede recordar que el párrafo tercero del artículo 34 del Convenio consagra el principio fundamental según el cual la resolución dictada en el Estado de origen en ningún caso puede ser objeto de una revisión en cuanto al fondo por parte de los órganos jurisdiccionales del Estado requerido.
Ahora bien, si el Tribunal que conoce del recurso pudiera tomar en consideración, para dictar su resolución sobre una petición de suspensión del procedimiento con arreglo al párrafo primero del artículo 38 del Convenio, motivos que fueron invocados ante el Juez extranjero, existiría un riesgo real de que dicho órgano jurisdiccional procediera, directa o indirectamente, a una revisión de la resolución extranjera en cuanto al fondo, que está formalmente prohibida por el Convenio. Lo mismo ocurriría si se autorizara a dicho órgano jurisdiccional a analizar las posibilidades de éxito de un recurso ordinario interpuesto o que pudiera interponerse en el Estado de origen.
En estas circunstancias, el párrafo primero del artículo 38 del Convenio no puede interpretarse en el sentido de que el Tribunal que conoce del recurso puede tomar en consideración, en una resolución relativa a una petición de suspensión del procedimiento, motivos que ya fueron invocados ante el Juez extranjero.
En relación con la cuestión de determinar si el Tribunal que conoce del recurso pueda tornar en consideración, en una resolución relativa a una petición de suspensión del procedimiento con arreglo al párrafo primero del artículo 38 del Convenio, motivos que el Juez extranjero desconocía en el momento de dictar su resolución debido a que la parte que interpuso el recurso omitió invocarlos ante el mismo, procede recordar que, en la sentencia de 4 de febrero de 1988, Hoffmann/Krieg (
145/86, Rec. p. 645
), el Tribunal de Justicia declaró, a propósito del artículo 36 del Convenio, que el hecho de que una parte no entablara un recurso le privaba de alegar, en una fase posterior del proceso, un motivo que habría servido de base a dicho recurso.
Ahora bien, procede observar que este principio se aplica de la misma manera en relación con el párrafo primero del artículo 38 del Convenio. En efecto, el sistema del Convenio y, en particular, el principio de la libre circulación de sentencias, que constituye un objetivo esencial del mismo, se opone a que una parte que omitió invocar ciertos motivos ante el Juez extranjero pueda alegarlos todavía ante el órgano jurisdiccional que debe pronunciarse, conforme al párrafo primero del artículo 38, sobre una petición de suspensión del procedimiento relativo al recurso contra el otorgamiento de la ejecución.
En consecuencia, el párrafo primero del artículo 38 del Convenio tampoco puede interpretarse en el sentido de que el Tribunal que conoce del recurso puede tomar en consideración, en una resolución relativa a una petición de suspensión del procedimiento con arreglo a dicha disposición, motivos que el Juez extranjero desconocía en el momento de dictar su resolución debido a que la parte que interpuso el recurso omitió invocarlos ante el mismo.
Del conjunto de las anteriores consideraciones se deduce que procede responder a la tercera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente que el párrafo primero del artículo 38 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que el Tribunal que conoce del recurso interpuesto contra el otorgamiento de la ejecución de una resolución judicial dictada en otro Estado contratante solamente puede tomar en consideración, en su resolución relativa a una petición de suspensión del procedimiento con arreglo a dicha disposición, aquellos motivos que la parte que interpuso el recurso no pudo alegar ante el Juez del Estado de origen.
Costas
Los gastos efectuados por los Gobiernos alemán y neerlandés y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden mediante resolución de 1 de junio de 1990, declara:

1)
El párrafo segundo del artículo 37 del Convenio de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una resolución dictada con arreglo al artículo 38 del Convenio, mediante la cual el Tribunal que conoce del recurso interpuesto contra el otorgamiento de la ejecución de una resolución judicial dictada en otro Estado contratante deniega la suspensión del procedimiento y ordena la constitución de una garantía por parte del beneficiario del otorgamiento de la ejecución, no constituye una «resolución dictada sobre el recurso» a efectos del párrafo segundo del artículo 37 del Convenio y, por lo tanto, no puede ser objeto de un recurso de casación o de un recurso análogo. La respuesta a esta cuestión es la misma aun cuando la resolución dictada con arreglo al artículo 38 del Convenio y la «resolución dictada sobre el recurso» a efectos del párrafo segundo del artículo 37 del Convenio figuren en la misma sentencia.

2)
El párrafo primero del artículo 38 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que el Tribunal que conoce del recurso interpuesto contra el otorgamiento de la ejecución de una resolución judicial dictada en otro Estado contratante solamente puede tomar en consideración, en su resolución relativa a una petición de suspensión del procedimiento con arreglo a dicha disposición, aquellos motivos que la parte que interpuso el recurso no pudo alegar ante el Juez del Estado de origen.

Mancini
O'Higgins
Kakouris
Schockweiler
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 4 de octubre de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
EI Presidente de Ia Sala Sexta
G.F. Mancini
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.