CELEX: 62003CJ0378
Incumplimiento de Estado
Recursos propios de las Comunidades
Pagos fraccionados por parte del deudor
Cobro

1       Mediante el presente recurso por incumplimiento, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia
que declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 6, 10 y 11 del
Reglamento (CE, Euratom) nº 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom,
relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 130, p. 1), que derogó y sustituyó a partir del 31 de mayo
de 2000 al Reglamento (CEE, Euratom) nº 1552/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE,
Euratom, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 155, p. 1), cuyo objeto es idéntico, por haber consignado
los recursos propios fuera de plazo en un supuesto de pagos fraccionados por parte del deudor.

Marco jurídico

El régimen de recursos propios de las Comunidades
2       El artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 1552/89, que forma parte del título I, «Disposiciones generales», establece:
«A efectos de la aplicación del presente Reglamento, un derecho de las Comunidades sobre los recursos propios contemplados
en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 88/376/CEE, Euratom es constatado cuando el servicio competente
del Estado miembro haya comunicado el importe adeudado al deudor. Dicha comunicación se efectuará tan pronto como el deudor
sea conocido y el importe del derecho pueda ser calculado por las autoridades administrativas competentes, respetando todas
las disposiciones comunitarias aplicables en la materia.»
3       El Reglamento (Euratom, CE) nº 1355/96 del Consejo, de 8 de julio de 1996 (DO L 175, p. 3), modificó dicha disposición con
efectos a partir del 14 de julio de 1996; su contenido fue reproducido por el artículo 2 del Reglamento nº 1150/2000, que
establece:
«1.      A efectos de la aplicación del presente Reglamento, un derecho de las Comunidades sobre los recursos propios contemplados
en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 94/728/CE, Euratom se constatará cuando se cumplan las
condiciones previstas por la reglamentación aduanera en lo relativo a la consideración del importe del derecho y su comunicación
al deudor.
2.      La fecha que deberá utilizarse para la constatación a que se refiere al apartado 1 será la fecha de la contracción prevista
en la reglamentación aduanera.
[…]»
4       El artículo 6, apartados 1 y 2, letras a) y b), del Reglamento nº 1552/89, que forma parte del título II, «Contabilización
de los recursos propios» [actualmente artículo 6, apartados 1 y 3, letras a) y b), del Reglamento nº 1150/2000], dispone:
«1.      En el Tesoro de cada Estado miembro o en el organismo designado por cada Estado miembro se llevará una contabilidad de los
recursos propios, clasificada por tipos de recursos.
2.      a)     Los derechos constatados con arreglo al artículo 2 se anotarán en la contabilidad [por lo general, denominada “contabilidad
A”], salvo lo dispuesto en la letra b) del presente apartado, a más tardar el primer día laborable siguiente al día 19 del
segundo mes siguiente a aquel en el curso del cual el derecho haya sido constatado.
b)     Los derechos constatados que no se hayan anotado en la contabilidad mencionada en la letra a), por no haberse cobrado aún
ni afianzado, se anotarán en el plazo contemplado en la letra a), en una contabilidad separada [por lo general, denominada
“contabilidad B”]. Los Estados miembros podrán proceder de la misma manera cuando los derechos constatados y afianzados sean
impugnados o puedan sufrir variaciones por [ser] objeto de controversia.»
5       El artículo 9 de los Reglamentos n
os
1552/89 y 1150/200, que forma parte del título III, «Puesta a disposición de los recursos propios», está redactado como sigue:
«1.      Con arreglo a las modalidades que se definen en el artículo 10, cada Estado miembro consignará los recursos propios en el
haber de la cuenta abierta a dicho efecto a nombre de la Comisión en su Tesoro Público o en el organismo que haya designado.
Dicha cuenta no generará gastos.
2.      La Comisión convertirá y anotará en su contabilidad […] las sumas consignadas […].»
6       Según el artículo 10, apartado 1, de los Reglamentos n
os
1552/89 y 1150/2000, comprendido en el mismo título III:
«Previa deducción del 10 % en concepto de gastos de recaudación, en aplicación del apartado 3 del artículo 2 [de las Decisiones
88/376 y 94/728, respectivamente], la consignación de los recursos propios contemplados en las letras a) y b) del apartado
1 del artículo 2 de [dichas Decisiones] se producirá a más tardar el primer día laborable después del día 19 del segundo mes
que siga al mes en cuyo transcurso se hubiere constatado el derecho con arreglo al artículo 2 del presente Reglamento.
Sin embargo, para los derechos anotados en la contabilidad [B], con arreglo a [los artículos 6, apartado 2, letra b), y 6,
apartado 3, letra b), respectivamente], la consignación deberá producirse, a más tardar, el primer día laborable después del
día 19 del segundo mes que siga al mes en que se hubieren cobrado los derechos.»
7       En virtud del artículo 11 de los Reglamentos n
os
1552/89 y 1150/2000, que también figura en el citado título III:
«Todo retraso en las consignaciones en la cuenta mencionada en el apartado 1 del artículo 9 dará lugar al pago de intereses
por el Estado miembro correspondiente, al tipo aplicado el día del vencimiento en el mercado monetario de dicho Estado miembro
para las financiaciones a corto plazo, incrementado en 2 puntos. Este tipo se aumentará 0,25 puntos por cada mes de retraso.
El tipo así incrementado se aplicará a todo el período de retraso.»

La normativa nacional
8       El artículo 263 de la Ley general, de 18 de julio de 1977, sobre derechos de aduana e impuestos especiales (loi générale sur
les douanes et accises;
Moniteur belge
de 21 de septiembre de 1977), confirmada por la Ley de 6 de julio de 1978
(Moniteur belge
de 12 de agosto de 1978), establece:
«La administración podrá celebrar, o autorizar la celebración, de un acuerdo transaccional relativo a multas, confiscaciones
o cierres de industrias, fábricas o talleres impuestos como consecuencia de cualquier infracción de la presente Ley y de las
leyes especiales sobre recaudación de los derechos especiales, siempre que en el asunto concurran circunstancias atenuantes
y que razonablemente quepa suponer que la infracción ha de atribuirse a una negligencia o a un error y no al ánimo de fraude
premeditado.»
9       El artículo 264 de dicha Ley dispone:
«Queda prohibido celebrar una transacción cuando la infracción esté suficientemente probada con arreglo a Derecho y no quepa
duda del ánimo de fraude premeditado.»
10     En virtud del artículo 281, apartados 1 y 2, de la misma Ley:
«1.      Todas las acciones por infracciones, fraudes o delitos que, en virtud de las leyes en materia de aduanas y de derechos especiales,
pueden conllevar la imposición de sanciones se entablarán en primera instancia ante los tribunales correccionales y, en caso
de apelación, ante el tribunal de apelación, para que éste instruya y resuelva el litigio con arreglo al Código procesal penal.
2.      La administración, u otro órgano en su nombre, entablará todas las acciones citadas que tengan por objeto la imposición de
una multa, la confiscación o el cierre de industrias o fábricas, ante los órganos jurisdiccionales citados que, en cualquier
caso, sólo se pronunciarán al respecto una vez oídas las conclusiones del ministerio fiscal. No obstante, si un funcionario
de la administración de aduanas y de derechos especiales con un grado mínimo de director lo solicita por escrito, el ministerio
fiscal podrá requerir al juez de instrucción que informe, quedando el ejercicio de la acción pública reservado a la administración
en todo lo demás.»

El procedimiento administrativo previo
11     Del informe nº 96-0-1 de la Comisión, de 29 de septiembre de 1997, relativo al control de los recursos propios tradicionales
efectuado en Bélgica del 19 al 23 de noviembre de 1996, se desprende que las autoridades belgas levantaron acta el 10 de mayo
de 1994 contra una sociedad que importaba productos textiles procedentes de Bangladesh al amparo de certificados de origen
falsos. Las autoridades aduaneras belgas anotaron los derechos de aduana de que se trataba, por un importe de 2.011.294 BEF,
en la contabilidad B en el segundo trimestre del año 1993, tras haber declarado el fraude a la Comisión en el primer semestre
del mismo año.
12     Con el fin de resolver este asunto sin iniciar un proceso judicial, el 31 de agosto de 1993, las autoridades belgas concedieron
al deudor una serie de facilidades de pago que se tradujeron en el fraccionamiento de la deuda en mensualidades de 100.000 BEF.
El importe total de la deuda cubierta por el contrato de transacción de que se trataba ascendía a 2.223.710 BEF, entre lo
cuales figuraban los citados derechos de aduana. El contrato de transacción contenía una cláusula resolutoria en virtud de
la cual subsistía el derecho a ejercitar la acción pública, de modo que las autoridades aduaneras podían interponer un recurso,
si el autor de la infracción de la normativa aduanera no cumplía con sus obligaciones. Dicho contrato establecía también que
los importes que ya había abonado el deudor permanecieran «consignados» en la administración aduanera por si acaso el interesado
dejaba de cumplir sus obligaciones de pago y las autoridades aduaneras decidían entablar una acción de reclamación de cantidad
contra el citado deudor.
13     El pago fraccionado de las mensualidades acordado se interrumpió a finales de agosto de 1997, cuando ya se había pagado un
importe total de 1.818.710 BEF. Las autoridades belgas sometieron el asunto ante el tribunal competente con el fin de obtener
un título ejecutivo frente a la sociedad importadora. Mediante sentencia de 30 de septiembre de 1998, se condenó a dicha sociedad
a que pagara la deuda en plazos mensuales; el primer plazo se abonó el 22 de octubre de 1998. El importe mencionado de 1.818.710 BEF
se anotó en la contabilidad A el 22 de enero de 1998.
14     Mediante escrito de 12 de mayo de 1999, la Comisión recordó al Gobierno belga que, en caso de pago fraccionado de la deuda
aduanera, todas las cantidades percibidas debían anotarse en la contabilidad A en el momento del cobro y ponerse a disposición
de la Comisión con arreglo a las modalidades previstas en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento nº 1552/89. En consecuencia,
mediante escrito de 18 de noviembre de 1999, la Comisión instó a las autoridades belgas a abonar la suma de 959.144 BEF en
concepto de intereses de demora.
15     Dado que las autoridades belgas, mediante escritos de 15 de marzo de 2000 y de 12 de febrero de 2001, se opusieron a la tesis
defendida por la Comisión, el 18 de julio de 2001, ésta dirigió un escrito de requerimiento al Reino de Bélgica. Habida cuenta
de que dicho Estado miembro mantuvo su posición en su respuesta al escrito de requerimiento, el 11 de abril de 2002, la Comisión
emitió un dictamen motivado, en el que le instaba a adoptar las medidas necesarias para atenerse a él en un plazo de dos meses
a partir de la recepción.
16     Tras haber obtenido un plazo adicional de dos meses para responder al dictamen motivado, las autoridades belgas declararon
en su respuesta de 16 de septiembre de 2002 que se reafirmaban en el punto de vista expuesto anteriormente.
17     En estas circunstancias, la Comisión decidió interponer el presente recurso.

Sobre la admisibilidad del recurso

Alegaciones de las partes
18     Según el Reino de Bélgica, la Comisión no puede invocar, en el presente procedimiento, motivos basados en una infracción de
las disposiciones del Reglamento nº 1150/2000, que a su vez se basan en el Reglamento nº 1552/89, en su versión modificada
por el Reglamento nº 1355/96, aplicable desde el 14 de julio de 1996. En su opinión, tales motivos son inadmisibles en la
medida en que no se basan en las disposiciones del Reglamento nº 1552/89 en su versión inicial, que son las aplicables en
el presente caso, dado que los requerimientos de pago relativos a todos los certificados de origen controvertidos se expidieron
antes del 14 de julio de 1996.
19     La Comisión observa que el Reglamento nº 1150/2000 es una mera codificación del Reglamento nº 1552/89 y de los Reglamentos
que lo han ido modificando. El Reglamento nº 1150/2000 no introdujo ninguna modificación en las disposiciones invocadas en
el marco del presente procedimiento.

Apreciación del Tribunal de Justicia
20     Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la existencia de un incumplimiento en el marco de un recurso basado en el
artículo 226 CE debe apreciarse respecto de la legislación comunitaria vigente al término del plazo que la Comisión haya concedido
al Estado miembro de que se trate para atenerse a su dictamen motivado (véanse las sentencias de 10 de septiembre de 1996,
Comisión/Alemania, C‑61/94, Rec. p. I 3989, apartado 42, y de 9 de noviembre de 1999, Comisión/Italia, C‑365/97, Rec. p. I
7773, apartado 32).
21     Aunque las pretensiones contenidas en el escrito de interposición del recurso no pueden, en principio, ampliarse más allá
de los incumplimientos alegados en la parte dispositiva del dictamen motivado y en el escrito de requerimiento, no es menos
cierto que la Comisión está legitimada para instar la declaración de un incumplimiento de las obligaciones cuyo origen se
encuentra en la versión inicial de un acto comunitario, posteriormente modificado o derogado, que hayan sido mantenidas por
las nuevas disposiciones. Por el contrario, el objeto del litigio no puede ampliarse a las obligaciones derivadas de las nuevas
disposiciones que no tengan su equivalente en la versión inicial del acto de que se trata, so pena de constituir un vicio
sustancial de forma en cuanto a la regularidad del procedimiento por el que se declare el incumplimiento (véase, en este sentido,
la sentencia de 12 de junio de 2003, Comisión/Italia, C‑363/00, Rec. p. I‑5767, apartado 22).
22     No se discute que las obligaciones derivadas de los artículos 6, apartado 3, letras a) y b), 9, apartado 1, 10, apartado 1,
y 11 del Reglamento nº 1150/2000 eran ya aplicables en virtud de los artículos 6, apartado 2, letras a) y b), 9, apartado
1, 10, apartado 1, y 11 del Reglamento nº 1552/89 (véase, en relación con los citados artículos 9, apartado 1, y 11, la sentencia
de 12 de junio de 2003, Comisión/Italia, antes citada, apartado 23).
23     Por consiguiente, la Comisión está legitimada para solicitar que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones
que le incumben en virtud de los artículos 6, 10 y 11 del Reglamento nº 1150/2000.

Sobre el fondo

Alegaciones de las partes
24     La Comisión alega que el artículo 6, apartado 3, letra b), del Reglamento nº 1150/2000 permite anotar en la contabilidad B
los derechos constatados que todavía no se han percibido cuando no se ha prestado ninguna garantía. Lo mismo sucede con los
derechos constatados en relación con los cuales se ha prestado una garantía cuando tales derechos han sido objeto de una impugnación
que puede implicar una modificación de su valor.
25     La Comisión observa que la falta de pago de las mensualidades acordadas en el marco del contrato de transacción, cuyo objeto
es poner fin a una impugnación o evitar que ésta surja, no puede considerarse una impugnación de los derechos en el sentido
del artículo 6, apartado 3, letra b), antes citado, ya que tal impugnación debe presentarse por escrito. Por otra parte, el
pago es una de las formas de extinción de una obligación y el deudor que abona una mensualidad con arreglo a un contrato de
transacción no pretende constituir una garantía, sino que simplemente trata de reducir el importe de su deuda.
26     Por tantoPor tanto, en opinión de la Comisión, el artículo 6, apartado 3, letra b), del Reglamento nº 1150/2000 no es aplicable en
ningún caso, ni siquiera por analogía, en caso de ingreso de un pago parcial efectuado por el deudor con arreglo a un contrato
de transacción en el que se acordó el pago fraccionado de la deuda. Estos importes, salvo la parte correspondiente, en su
caso, a multas impuestas por las autoridades nacionales, han de transferirse, según la Comisión, de la contabilidad B a la
contabilidad A conforme el deudor vaya abonando cada mensualidad y no, como sostiene el Gobierno belga, una vez que se haya
percibido el importe global de la deuda aduanera. De no hacerse así, se adeudarán también los intereses de demora en virtud
del artículo 11 del Reglamento nº 1150/2000, sin que proceda examinar los motivos del retraso en el pago. La práctica actual
de las autoridades belgas implica vaciar de contenido el artículo 6, apartado 3, letra a), del mismo Reglamento, cuya finalidad
es garantizar el buen funcionamiento del sistema de recursos propios de las Comunidades.
27     El objetivo para el que se introdujo el sistema de la contabilidad B y que consiste en permitir a la Comisión un mejor seguimiento
de la acción de los Estados miembros en materia de cobro de los recursos propios tampoco se lograría si cada Estado miembro
fuera libre de determinar, conforme a su Derecho interno, el momento en que debe considerarse «cobrado» un importe en el sentido
del citado Reglamento.
28     Según la Comisión, la distinción en Derecho belga entre los conceptos de «consignación» y «cobro» no tiene incidencia alguna
en las obligaciones en materia de pago de los recursos propios con arreglo al Derecho comunitario. Precisamente el objeto
de una transacción es evitar un litigio o ponerle fin de manera definitiva. Cuando el deudor abona las cantidades adeudadas,
lo hace sin condiciones y justamente porque no impugna la deuda aduanera. Por tanto, tales derechos deben considerarse cobrados
en el sentido del artículo 10 del Reglamento nº 1150/2000, aunque después la transacción no se haya ejecutado íntegramente
y se haya entablado una acción pública según el Derecho belga. El Derecho comunitario debe aplicarse de manera efectiva y
uniforme con el fin de poner rápidamente a disposición de las Comunidades los recursos propios.
29     El Reino de Bélgica señala que la contabilidad B se instauró para permitir a los Estados miembros aplazar la puesta a disposición
de los derechos constatados hasta su cobro efectivo. Los derechos de importación controvertidos se anotaron en la contabilidad
B porque no se había prestado ninguna garantía y porque no se habían percibido los derechos de aduana. El Gobierno belga observa
que la Comisión no se opuso a que inicialmente los importes de que se trata se tomaran en consideración en la contabilidad
B y alega que ésta se equivoca al considerar que posteriormente el Estado belga habría debido transferir a la contabilidad
A los pagos a cuenta abonados en forma de mensualidades y consignados a las autoridades nacionales y que habría debido ponerlos
a disposición de la Comisión.
30     Según el Gobierno belga, la normativa comunitaria no contiene ninguna disposición relativa a la transferencia entre las contabilidades
B y A, de modo que los pagos fraccionados sólo pueden anotarse una vez ejecutada íntegramente la transacción o después de
una ejecución forzosa.
31     El concepto de «cobro» en el sentido de normativa comunitaria, en el marco de una transacción, debe referirse a un pago que
implique una transmisión de la propiedad incondicional, ya que las cantidades abonadas como recursos propios constituyen una
parte del presupuesto de las Comunidades de la que se puede disponer. Por consiguiente, en opinión del Gobierno belga, los
pagos «consignados» en la administración de aduanas por cuenta del deudor deben anotarse en la contabilidad B.
32     En su opinión, en el marco de transacciones que establecen un aplazamiento del pago, como en el presente caso, la transmisión
de propiedad se produce bien en el momento del pago íntegro de la deuda aduanera y de la extinción de la acción penal, o bien
cuando se constata la deuda aduanera y un tribunal, al que se ha sometido el asunto tras la interrupción de los pagos, entrega
al Estado belga las sumas correspondientes en consignación. Sólo en ese caso se habrá producido la transmisión de la propiedad
al Estado belga y, por tanto, el cobro efectivo en el sentido del artículo 6 del Reglamento nº 1552/89.
33     La tesis de que los pagos consignados constituyen pagos definitivos y no provisionales es incompatible con el contenido del
contrato celebrado por el Estado belga y el deudor e implica la extinción parcial de la acción pública, lo que resulta inconcebible
desde el punto de vista del Derecho penal belga, ya que la acción pública sólo puede extinguirse en caso de pago íntegro del
importe adeudado.
34     El Gobierno belga considera que la inclusión de una condición resolutoria de la transacción es necesaria porque permite que
las autoridades se liberen de su compromiso de renunciar a la acción pública. La sentencia del tribunal al que se sometió
el asunto tras la interrupción del pago de las mensualidades constituye el único título ejecutivo válido para los derechos
y multas que han de pagarse. Si, en virtud de la primacía de Derecho comunitario, la condición resolutoria debe considerarse
inexistente, resultará imposible celebrar cualquier transacción.
35     El Gobierno belga añade que, aun cuando, en contra de su opinión y de la opinión de la Comisión, el pago fraccionado se considere
una garantía en el sentido del artículo 6, apartado 2, letra b), del Reglamento nº 1552/89 y no sólo una ejecución provisional
y parcial de los compromisos asumidos en el marco de la transacción, de modo que la anotación en la contabilidad B no esté
justificada con arreglo a dicha disposición, en cualquier caso, la interrupción del pago de las mensualidades, que implica
la resolución de la transacción, constituye una situación equivalente a una impugnación de la deuda en el sentido de esta
misma disposición y, en consecuencia, justifica la anotación en la contabilidad B, ya que obliga al Estado a entablar una
acción judicial para obtener un título ejecutivo que cubra la totalidad del importe adeudado.
36     Por último, el Reino de Bélgica alega que, en el presente caso, se trataba únicamente del cobro efectivo en el momento en
que se pronunció la sentencia, el 30 de septiembre de 1998, fecha en la que la deuda aduanera quedó determinada de manera
definitiva. Dado que anotó en la contabilidad A y puso a disposición de la Comisión un importe equivalente a la deuda aduanera
controvertida en enero de 1998, es decir, antes de percibir definitivamente dicho importe, el Estado belga no actuó con retraso
en relación con el plazo previsto en el artículo 11 del Reglamento nº 1552/89, por lo que no se adeudan intereses de demora.

Apreciación del Tribunal de Justicia
37     Es preciso destacar que la liquidación de la deuda aduanera controvertida, cuya constatación y cuyo importe no se discuten,
fue objeto de un contrato de transacción en virtud del cual el deudor obtuvo facilidades de pago en la forma de un fraccionamiento
del pago (véase el apartado 12 de la presente sentencia).
38     Mediante el presente recurso, la Comisión pretende que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que
se derivan, por una parte, de los artículos 6 y 10 del Reglamento nº 1150/2000, al no transferir de la contabilidad B a la
contabilidad A el importe de los pagos fraccionados conforme se iban abonando y, por otra parte, de los artículos 10 y 11
del mismo Reglamento, al no poner a disposición de la Comisión los importes controvertidos en los plazos señalados ni los
intereses de demora que se derivan de ellos.
Sobre la supuesta contabilización errónea de los pagos fraccionados
39     En el presente procedimiento, la Comisión no imputa al Gobierno belga haber anotado el importe de la deuda aduanera en la
contabilidad B inmediatamente después de la constatación de dicha deuda. Su imputación consiste en sostener que los importes
correspondientes a los pagos fraccionados acordados en el contrato de transacción habrían debido transferirse de la contabilidad
B a la contabilidad A conforme las autoridades aduaneras los iban cobrando.
40     Es preciso recordar que, por lo que se refiere a la contabilización de los recursos propios, el artículo 6, apartado 1, del
Reglamento nº 1150/2000 establece que los Estados miembros han de llevar una contabilidad de los recursos propios en el Tesoro
público o en el organismo designado por ellos. En virtud del apartado 3, letras a) y b), del mismo artículo, los Estados miembros
deben anotar en la contabilidad A los derechos constatados con arreglo al artículo 2 de dicho Reglamento a más tardar el primer
día laborable siguiente al día 19 del segundo mes siguiente a aquel en el curso del cual el derecho haya sido constatado,
sin perjuicio de la facultad de anotar en la contabilidad B, en el mismo plazo, los derechos constatados «que no se hayan
[…] cobrado aún ni afianzado», así como los derechos constatados y «afianzados [cuando] sean impugnados o puedan sufrir variaciones
por [ser] objeto de controversia».
41     En relación con la puesta a disposición de los recursos propios, el artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 1150/2000 establece
que cada Estado miembro consignará los recursos propios en el haber de la cuenta abierta a dicho efecto a nombre de la Comisión
según las modalidades definidas en el artículo 10 del citado Reglamento. En virtud del apartado 1 de esta última disposición,
previa deducción de los gastos de recaudación, la consignación de los recursos propios se producirá a más tardar el primer
día laborable después del día 19 del segundo mes que siga al mes en cuyo transcurso se hubiere «constatado» el derecho con
arreglo al artículo 2 del mismo Reglamento, salvo los derechos anotados en la contabilidad B con arreglo al artículo 6, apartado
3, letra b), de dicho Reglamento, cuya consignación debe producirse, a más tardar, el primer día laborable después del día
19 del segundo mes que siga al mes en que se hayan «cobrado» los derechos.
42     Como el Gobierno belga sostiene acertadamente, el Reglamento nº 1150/2000 no contiene ninguna disposición que contemple la
transferencia de derechos sobre los recursos propios de la contabilidad B a la contabilidad A.
43     Cuando se cumplen los requisitos para proceder a la anotación inicial de la deuda aduanera en la contabilidad B, circunstancia
que la Comisión admite en el presente caso, ya que la deuda aduanera no está cubierta por una garantía, los recursos propios
han de ponerse a disposición de la Comisión observando el plazo establecido en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento
nº 1150/2000, que empieza a correr a partir del cobro de éstos, y no a partir de la constatación de los derechos, como sucede
con los importes que han de anotarse en la contabilidad A.
44     En consecuencia, obligar, como sostiene la Comisión, a las autoridades aduaneras a transferir a la contabilidad A el importe
de los pagos fraccionados abonados con el fin de liquidar una deuda aduanera correctamente anotada en la contabilidad B produciría
la paradójica consecuencia de que, para tales importes, comenzaría a correr el plazo de puesta a disposición aplicable a la
contabilidad A, de modo que todos los importes percibidos una vez expirado dicho plazo, que empieza a correr desde la constatación
de la deuda aduanera, se ingresarían fuera de plazo en la cuenta de la Comisión, aunque los mismos importes se hayan anotado
correctamente en la contabilidad B antes de que las autoridades aduaneras los percibieran.
45     Por consiguiente, debe desestimarse esta parte de la imputación de la Comisión.
Sobre la supuesta puesta a disposición fuera de plazo de los recursos propios
46     De las consideraciones anteriores se desprende que, en la medida en que, en el presente asunto, el importe de la deuda aduanera
se anotó correctamente en la contabilidad B, los recursos propios habrían debido ponerse a disposición de la Comisión a más
tardar el primer día laborable siguiente al 19 del segundo mes siguiente al del «cobro».
47     Por tanto, procede comprobar si, como sostiene la Comisión, los importes percibidos en caso de pagos fraccionados en virtud
de un contrato de transacción como el que es objeto del presente procedimiento deben considerarse «cobrados» en el sentido
del artículo 10, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento nº 1150/2000, de modo que tales importes deban consignarse conforme
se van ingresando en la cuenta de la Comisión en el plazo previsto en la citada disposición.
48     A este respecto, es preciso destacar de entrada que la normativa en materia de cobro de la deuda aduanera debe interpretarse
a la luz del objetivo de que los recursos propios de la Comunidad se pongan de una manera rápida y eficaz a su disposición
(véase, en este sentido, entre otras, las sentencias de 14 de noviembre de 2002, SPKR, C‑112/01, Rec. p. I‑10655, apartado
34, y de 14 de abril de 2005, Comisión/Países Bajos, C‑460/01, Rec. p. I‑2613, apartados 60, 63, 69 y 70).
49     Por otra parte, como ha explicado la Abogado General en los puntos 46 y 47 de sus conclusiones, la instauración de la contabilidad
B se dirige además de a permitir a la Comisión seguir más de cerca los procedimientos empleados por los Estados miembros en
el cobro de los recursos propios, como indica el quinto considerando del Reglamento nº 1552/89 (undécimo considerando del
Reglamento nº 1150/2000), pero también a tener en cuenta el riesgo financiero en el que incurren.
50     Pues bien, como se desprende del apartado 12 de la presente sentencia, con arreglo al contrato de transacción, las mensualidades
abonadas por el deudor permanecían «consignadas» en la administración aduanera para el caso de que el deudor dejara de cumplir
con sus obligaciones de pago y las autoridades competentes entablaran una acción de reclamación de cantidad contra él.
51     En estas circunstancias, a la luz de la exigencia de que los recursos propios se pongan de una manera rápida y eficaz a disposición
de la Comisión, por una parte, y teniendo debidamente en cuenta la protección de los intereses financieros de los Estados
miembros, por otra, es preciso interpretar el artículo 10 del Reglamento nº 1150/2000 en el sentido de que los importes percibidos
en caso de pago fraccionado de la deuda aduanera en virtud de un contrato de transacción como el controvertido deben considerarse
cobrados en el sentido de la citada disposición y, por tanto, deben ingresarse en la cuenta de la Comisión a más tardar el
primer día laborable siguiente al 19 del segundo mes siguiente a su percepción.
52     En contra de la tesis sostenida por el Gobierno belga y resumida en los apartados 33 y 34 de la presente sentencia, esta interpretación
de la normativa aduanera comunitaria en materia de cobro de los recursos propios no impide a las autoridades aduaneras ejercer
la acción pública en caso de interrupción de los pagos acordados, en la medida en que la citada interpretación no tiene incidencia
alguna en la calificación de los pagos mencionados con arreglo al Derecho belga y al contrato de transacción.
Sobre la falta de pago de los intereses de demora
53     En virtud del artículo 11 del Reglamento nº 1150/2000, todo retraso en las consignaciones en la cuenta mencionada en el artículo
9, apartado 1, del mismo Reglamento dará lugar al pago por el Estado miembro correspondiente de intereses de demora aplicables
a todo el período de retraso. Estos intereses son exigibles con independencia de la razón del retraso con el que estos recursos
se han consignado en la cuenta de la Comisión (véase, en particular, la sentencia Comisión/Países Bajos, antes citada, apartado 91).
54     En consecuencia, en la medida en que de las consideraciones anteriores resulta que el ingreso del importe de las mensualidades
percibidas en virtud del contrato de transacción en la cuenta de la Comisión se realizó fuera de plazo, se adeudan los intereses
de demora correspondientes, conforme al artículo 11 del Reglamento nº 1150/2000, intereses cuya falta de pago no discute el
Reino de Bélgica.
55     A la luz de las consideraciones anteriores, procede concluir que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le
incumben en virtud de los artículos 10 y 11 del Reglamento nº 1150/2000, que derogó y sustituyó a partir del 31 de mayo de
2000 al Reglamento nº 1552/89, cuyo objeto es idéntico, por haber consignado los recursos propios fuera de plazo en un supuesto
de pagos fraccionados por parte del deudor.

Costas
56     En virtud del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte Al haber solicitado la Comisión que se condene en costas al Reino de Bélgica y
al haber sido desestimados en lo esencial los motivos formulados por éste, procede condenarlo en costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:
1)
Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 10 y 11 del Reglamento
(CE, Euratom) nº 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom, relativa
al sistema de recursos propios de las Comunidades, el cual derogó y sustituyó, a partir del 31 de mayo de 2000, al Reglamento
(CEE, Euratom) nº 1552/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE, Euratom, relativa
al sistema de recursos propios de las Comunidades, cuyo objeto es idéntico, por haber consignado los recursos propios fuera
de plazo en un supuesto de pagos fraccionados por parte del deudor.
2)
Desestimar el recurso en todo lo demás.
3)
Condenar en costas al Reino de Bélgica.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: francés.