CELEX: 61989CJ0287
Régimen de precios de venta a por menor de las labores del tabaco
Artículo 30 del Tratado

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 18 de septiembre de 1989, la Comisión interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que el Reino de Bélgica, al negarse a facilitar a un importador de labores de tabaco precintas de circulación de precios inferiores a los precios mínimos establecidos, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado CEE.
En Bélgica, las labores de tabaco están sujetas a impuestos especiales, cuya percepción se efectúa por el sistema de «precintas de circulación» («bandelettes fiscales»). Estas precintas, que se colocan sobre el embalaje de venta, indican el precio de venta al por menor. Un Reglamento anejo a una Orden ministerial de 22 de enero de 1948
(Moniteur belge
de 18.2.1948, p. 1275) fija un baremo que indica las diferentes categorías de venta al por menor de los productos de que se trata y, en particular, de los paquetes de cigarrillos, y el importe correspondiente de los impuestos debidos por el fabricante o el importador.
El 12 de diciembre de 1986, el Ministro de Hacienda belga denegò a un importador, la sociedad Bene BV (en lo sucesivo, «Bene»), la expedición de precintas de circulación de un precio de venta inferior a la categoría más baja del baremo, tal como resultaba de la citada, Orden de 22 de enero de 1948, modificada por una Orden ministerial de 26 de marzo de 1986
(Moniteur belge
de 28.3.1986, p. 4111). Las categorías inferiores de este baremo eran de 59 BFR para los paquetes de veinte cigarrillos y de 67 BFR para los de veinticinco cigarrillos. La solicitud de Bene se refería a precintas de un precio de 48 BFR y 58 BFR, respectivamente.
Por considerar que las autoridades belgas habían infringido las disposiciones del artículo 30 del Tratado, la Comisión interpuso el presente recurso, basado en el artículo 169 del Tratado.
Para una más amplia exposición de las disposiciones nacionales de referencia y del desarrollo del procedimiento, así como de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
La Comisión sostiene que las autoridades belgas, al negarse a facilitar a Bene precintas de circulación de precios de venta inferiores a los previstos para las categorías más bajas del baremo, impusieron de hecho a esta empresa precios mínimos de venta al por menor. Estos precios se fijaron a un nivel que no permitía a Bene repercutir en el precio de venta la ventaja sobre los competidores resultante de un menor precio de coste. Según reiterada jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, la fijación de precios mínimos en tales condiciones constituye una medida de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importación y, por tanto, está prohibida por las disposiciones del artículo. 30 del Tratado.
El Gobierno belga alega que la Comisión no presenta ningún dato numérico que pueda demostrar que la aplicación del baremo —lo bastante extenso y diversificado como para responder a las exigencias de la Directiva 72/464/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, relativa a los impuestos distintos de los impuestos sobre el volumen de negocios que gravan el consumo de labores de tabaco (
DO L 303, p. 1
; EE 09/01, p. 39)— tuvo un efecto perturbador en el mercado, haciendo más difícil el acceso al mercado nacional. Según el demandado, Bene siempre se negó a facilitar detalles sobre sus costes de producción y los precios de sus materias primas. Además, dado que el baremo era decreciente en función del número de cigarrillos contenidos en el envase en venta, Bene pudo comercializar sus productos a los precios deseados, vendiendo cinco paquetes de veinte cigarrillos en un envase de cien cigarrillos.
Antes de resolver sobre el fundamento de la infracción alegada, precede determinar las obligaciones que incumben a los Estados miembros en materia de precios de venta al por menor de las labores de tabaco.
Los obstáculos a las importaciones entre Estados miembros, derivados de los impuestos indirectos, son objeto del artículo 99 del Tratado que, en su redacción anterior al Acta Unica Europea, imponía a la Comisión la obligación de buscar los medios para armonizar, en interés del mercado común, las legislaciones nacionales aplicables en la materia, en relación con el artículo 100, relativo a la aproximación de las legislaciones (véase la sentencia de 16 de noviembre de 1977, SA GB-Inno-BM,
13/77, Rec. p. 2115, apartado 50
).
Según estas disposiciones del Tratado, el Consejo adoptó la citada Directiva 72/464.
La finalidad de dicha Directiva es fijar los principios generales de armonización del régimen impositivo de los tabacos que, por sus características, entorpece la libre circulación de los tabacos y el establecimiento de condiciones normales de competencia en este mercado concreto, tal como se reconoce en el segundo considerando de la exposición de motivos. Efectivamente, según este considerando, los impuestos que gravan actualmente el consumo de labores de tabaco «no son neutros desde el punto de vista de la competencia y constituyen a menudo un serio obstáculo a la interpenetración de los mercados». Así pues, para establecer una «competencia» dentro del mercado común (primer considerando), eliminar de los regímenes actuales «los factores susceptibles de obstaculizar la libre circulación y de falsear las condiciones de competencia, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito comunitario» (tercer considerando) y realizar «la apertura de los mercados nacionales de los Estados miembros» (quinto considerando), la Directiva afirma, como base y fundamento del sistema, un «régimen de precios libres para todos los grupos de labores de tabaco» (octavo considerando).
Con este fin (sentencia de 21 de junio de 1983, Comisión/Francia,
90/82, Rec. p. 2011, apartado 18
) el apartado 1 del artículo 5 de la Directiva dispone: «Sin perjuicio de la aplicación de las legislaciones nacionales sobre el control del nivel de los precios o el respeto de los precios impuestos, los fabricantes e importadores determinarán libremente los precios máximos de venta al por menor de cada uno de sus productos».
Como se deduce de dicha sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de junio de 1983 (apartados 22 y 23), la expresión «control del nivel de los precios» sólo puede referirse a las legislaciones nacionales de carácter general, destinadas a contener el alza de los precios. Por su parte, la expresión «respeto de los precios impuestos» debe considerarse que se refiere a un precio que, una vez determinado por el fabricante o el importador y aprobado por la autoridad pública, se impone como precio mínimo y debe ser respetado como tal en todas las fases del circuito de distribución, hasta la venta al consumidor (sentencia de 16 de noviembre de 1977, SA GB-Inno-BM, antes citada, apartado 64). De esta jurisprudencia se deriva que las citadas disposiciones de la Directiva no autorizan a los Estados miembros a fijar los precios de las labores de tabaco infringiendo la norma de la libre determinación de los precios por el fabricante o el importador.
Aunque el apartado 2 del artículo 5 de la Directiva 72/464 autoriza a los Estados miembros a fijar un baremo de precios de venta al por menor por grupo de labores de tabaco, el alcance de estas disposiciones es limitado. Tienen exclusivamente por objeto facilitar la percepción del impuesto especial y exigen que cada baremo sea lo bastante amplio y diversificado para corresponder realmente a la diversidad de los productos comunitarios.
En cambio, no tienen por objeto ni por efecto permitir que los Estados miembros impongan a los importadores de labores de tabaco un precio mínimo de venta al por menor en condiciones que infrinjan las disposiciones del artículo 30 del Tratado.
A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la prohibición de medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas, establecida en dichas disposiciones, comprende cualquier medida que pueda obstaculizar directa o indirectamente, real o potencialmente las importaciones entre Estados miembros (sentencia de 11 de julio de 1974, Dassonville,
8/74, Rec. p. 837, apartado 5
).
Cuando se trata de aplicar estos principios a una normativa estatal que fija un precio mínimo indistintamente aplicable a los productos nacionales y a los importados, el Tribunal de Justicia considera que constituye una medida de efecto equivalente, en el sentido del artículo 30 del Tratado, un precio mínimo que se sitúe a tal nivel que neutralice la ventaja sobre los competidores resultante para el importador de precios de coste inferiores (véanse sentencias de 24 de enero de 1978, Van Tiggele,
82/77, Rec. p. 25, apartado 14
, y de 29 de enero de 1985, Cullet,
231/83, Rec. p. 305, apartado 23
).
En el presente asunto, de los documentos presentados se deduce que las autoridades belgas, mediante escrito de 1 de agosto de 1986, solicitaron de Bene todos los elementos relativos a los precios de venta al por menor de su productos.
Mediante escrito de 24 de septiembre de 1986, Bene presentó en respuesta a esta solicitud, un documento basado en cifras, redactado por un gabinete de auditoría, cuyas conclusiones eran que la empresa de que se trata no había procedido a «manipulaciones de precios dirigidas a crear una competencia desleal».
Sin rebatir las cifras y conclusiones de dicho documento, el Ministro de Hacienda, mediante escrito de 12 de diciembre de 1986, desestimó la solicitud de precintas de circulación presentada por Bene, afirmando que «los haremos actuales son lo bastante diversificados para permitir la libre competencia entre los diversos fabricantes e importadores».
De este último escrito se deduce que, en contra de la obligación de respetar las disposiciones del artículo 30 del Tratado, las autoridades belgas pretendieron pura y simplemente aplicar los precios más bajos previstos por el baremo sin tener en cuenta en absoluto los precios de coste de Bene y la posibilidad de éste de repercutir la consiguiente ventaja sobre los competidores en los precios de venta al por menor de sus productos.
Además, se desprende del citado escrito que las autoridades belgas cometieron un error de derecho al infringir el principio que establece el apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 72/464, según el cual los fabricantes e importadores determinarán libremente los precios máximos de venta al por menor de cada uno de sus productos.
No pueden admitirse las alegaciones expuestas por el Gobierno belga en sus escritos de contestación y duplica.
En primer lugar, en contra de lo que sostiene el demandado, la Comisión, para justificar su recurso, no está obligada en modo alguno a presentar datos numéricos que demuestren la existencia de una perturbación del mercado. En las circunstancias expuestas, el mero hecho de basarse en los precios menos elevados del baremo belga constituye en sí una medida que puede obstaculizar las importaciones prohibidas por el artículo 30 del Tratado.
En segundo lugar, la circunstancia de que el baremo nacional sea extenso y diversificado no basta para demostrar que los precios de las categorías inferiores de dicho baremo responden, en todos los casos, a las exigencias del artículo 30 del Tratado.
En tercer lugar, aun admitiendo que la respuesta de Bene, en su escrito de 24 de septiembre de 1986, haya tenido un carácter incompleto, tal circunstancia no podía justificar la negativa a facilitar las precintas de circulación por los motivos expuestos por el Ministro de Hacienda. Correspondía a éste solicitar informaciones complementarias a la empresa o demostrar que las propuestas de Bene eran contrarias a las exigencias de lealtad de las transacciones comerciales.
Por último, ningún motivo permitía supeditar la aplicación de los precios solicitados por Bene a una modificación de las condiciones de comercialización y presentación de los productos de esta empresa.
De lo que precede se desprende que el Reino de Bélgica, al negarse mediante decisión de 12 de diciembre de 1986 a facilitar a la empresa Bene precintas de circulación correspondientes a precios de venta de las labores de tabaco inferiores a los establecidos por el baremo nacional, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por el Reino de Bélgica, procede condenarle en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Declarar que el Reino de Bélgica, al negarse mediante su decisión de 12 de diciembre de 1986 a facilitar a la empresa Bene precintas de circulación correspondientes a los precios de venta de las labores de tabaco inferiores a los establecidos por el baremo nacional, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado CEE.

2)
Condenar en costas al Reino de Bélgica.

Due
Rodríguez Iglesias
Diez de Velasco
Slynn
Kakouris
Joliét
Grévisse
Zuleeg
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de mayo de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.