CELEX: 61991CJ0027
Libre circulación de los trabajadores
Discriminación indirecta
Cotizaciones sociales

Mediante resolución de 7 de enero de 1991, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de enero siguiente, la cour d'appel de Chambéry planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 48 del Tratado y del apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (
DO L 257, p. 2
; EE 05/01, p. 77).
Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Savoie (en lo sucesivo, «URSSAF») y la sociedad Hostellerie Le Manoir (en lo sucesivo, «Le Manoir») en relación con las cuotas patronales de Seguridad Social que Le Manoir hubo de pagar con ocasión del período de prácticas que la Srta. Noreen Haugh, de nacionalidad irlandesa y alumna de formación profesional en una Escuela técnica en Irlanda, había efectuado en dicho establecimiento en el período comprendido entre el 2 de abril y el 30 de septiembre de 1985.
La legislación francesa prevé que únicamente los empresarios que se ocupen de la formación profesional de trabajadores en prácticas que dependan de la Educación nacional francesa podrán abonar cotizaciones de Seguridad Social calculadas en función de las retribuciones abonadas efectivamente a los trabajadores en prácticas, aun cuando tales retribuciones sean inferiores al salario mínimo interprofesional (en lo sucesivo, «SMIC»).
Considerando que Le Manoir no podía beneficiarse de lo dispuesto en dicha legislación con respecto a un trabajador en prácticas que no dependía de la Educación nacional francesa, y habida cuenta de que no se había celebrado ningún convenio en la materia entre Francia e Irlanda, la URSSAF reclamó el pago de cotizaciones calculadas basándose en el SMIC y no en la cuantía de las retribuciones efectivamente abonadas, que era inferior.
Cuando entró a conocer de este litigio, la cour d'appel de Chambéry decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«El principio de la libre circulación de los trabajadores y la prohibición de toda discriminación en materia de retribución y de ventajas sociales, tal y como se establecen en el artículo 48 del Tratado de Roma y en el apartado 2 del artículo 7 del Reglamento comunitario de 15 de octubre de 1968, ¿permiten a un organismo encargado de la recaudación de cotizaciones sociales en Francia adoptar, en relación con una trabajadora en prácticas irlandesa, enviada en período de prácticas por su establecimiento docente, una base para el cálculo de las cargas sociales patronales distinta de la que se aplica a los trabajadores en prácticas franceses, por la única razón de que dicha trabajadora en prácticas no dependa, a causa de su nacionalidad, de la formación profesional impartida por la Administración de l'Education National francesa, y de que no exista ningún Convenio entre Francia e Irlanda en la materia?»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal y del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Para responder a la cuestión planteada por la cour d'appel de Chambéry, es preciso poner de relieve, en primer lugar, que el concepto de trabajador, en el sentido del artículo 48 del Tratado y del antes citado Reglamento n° 1612/68, tiene alcance comunitario. Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, toda persona que ejerza una actividad real y efectiva, excepto aquellas actividades realizadas a tan pequeña escala que tengan un carácter meramente marginal y accesorio, debe ser considerada como trabajador. La principal característica de una relación laboral es la circunstancia de que una persona realice durante un cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección de ésta, ciertas prestaciones por las cuales percibe una remuneración (véase, p. ej., la sentencia de 21 de junio de 1988, Brown,
197/86, Rec. p. 3205
).
Como ya ha tenido ocasión de precisar el Tribunal de Justicia, el hecho de que una persona realice tales prestaciones en virtud de un contrato de trabajo en prácticas no impide que se la considere como trabajador, siempre que se trate del ejercicio de actividades reales y efectivas y que se den las características esenciales de la relación laboral (véase, p. ej., la sentencia de 3 de julio de 1986, Lawrie-Blum,
66/85, Rec. p. 2121
).
En segundo lugar, procede hacer constar que una normativa nacional como la que se discute en el litigio principal, aunque formalmente se dirija a los empresarios, en realidad se refiere a los trabajadores en prácticas. En efecto, el hecho de que los empresarios estén sujetos al pago de cuotas patronales de Seguridad Social diferentes, en función de las categorías de trabajadores en prácticas de que se trate, afecta a las posibilidades que algunos de esos trabajadores tienen de acceder a un trabajo en prácticas.
Por último, procede poner de relieve que, según jurisprudencia reiterada, el principio de igualdad de trato que figura en el artículo 48 del Tratado y en el artículo 7 del antes citado Reglamento n° 1612/68, no prohibe únicamente las discriminaciones ostensibles, basadas en la nacionalidad, sino también cualesquiera formas encubiertas de discriminación que, con arreglo a otros criterios de distinción, conducen de hecho al mismo resultado (véase la sentencia de 30 de mayo de 1989, Allué y Coonan,
33/88, Rec. p. 1591
).
A este respecto, es preciso hacer constar que, aun cuando la normativa nacional que se discute en el litigio principal no se basa abiertamente en el criterio de la nacionalidad, afecta fundamentalmente a los trabajadores en prácticas nacionales de otros Estados miembros. En efecto, procede hacer constar que aquellas personas que, en el marco de una formación profesional impartida en un establecimiento escolar, efectúan un período de prácticas en concepto de trabajadores, están encuadrados en su inmensa mayoría dentro del sistema de la Educación nacional de su Estado de origen.
Por consiguiente, procede declarar que el hecho de supeditar la concesión de una reducción de las cuotas patronales de Seguridad Social a que el empresario contrate trabajadores en prácticas encuadrados dentro del sistema de la Educación nacional de un Esudo miembro conduce, en realidad, a crear una discriminación entre los trabajadores en prácticas nacionales y los trabajadores en prácticas de otros Estados miembros.
En vista de lo cual, procede responder a la cuestión planteada por la cour d'appel de Chambéry en el sentido de que la prohibición de toda discriminación por razón de la nacionalidad en materia de retribuciones y de ventajas sociales, tal como figura en el artículo 48 del Tratado CEE y en el apartado 2 del artículo 7 del Reglamento n° 1612/68, se opone a una normativa nacional que obligue al organismo encargado de recaudar las cotizaciones sociales a tener en cuenta, en lo relativo a un trabajador en prácticas que no esté encuadrado dentro del sistema de Educación nacional, una base para el cálculo de las cuotas patronales de Seguridad Social menos favorable que la que se aplica a los trabajadores en prácticas encuadrados en el sistema nacional.
Costas
Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por la cour d'appel de Chambéry mediante resolución de 7 de enero de 1991, declara:

La prohibición de toda discriminación por razón de la nacionalidad en materia de retribuciones y de ventajas sociales, tal como figura en el artículo 48 del Tratado CEE y en el apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, se opone a una normativa nacional que obligue al organismo encargado de recaudar las cotizaciones sociales a tener en cuenta, en lo relativo a un trabajador en prácticas que no esté encuadrado dentro del sistema de Educación nacional, una base para el cálculo de las cuotas patronales de Seguridad Social menos favorable que la que se aplica a los trabajadores en prácticas encuadrados en el sistema nacional.

Schockweiler
Mancini
Murray
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de noviembre de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Segunda
F.A. Schockweiler
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.