CELEX: 62003CJ0336
Protección de los consumidores en materia de contratos a distancia
Directiva 97/7/CE
Contratos de suministro de servicios de transporte
Concepto
Contratos de alquiler de vehículos

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 97/7/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos
a distancia (DO L 144, p. 19; en lo sucesivo, «Directiva»).
Dicha petición se formuló en el marco de un litigio entre la sociedad easyCar (UK) Ltd (en lo sucesivo, «sociedad easyCar»)
y el Office of Fair Trading (en lo sucesivo, «OFT») en relación con los términos y condiciones de los contratos de alquiler
de vehículos propuestos y celebrados por la sociedad easyCar.
Marco normativo
Legislación comunitaria
Según su artículo 1, la Directiva tiene por objeto aproximar las disposiciones aplicables en los Estados miembros a los contratos
a distancia entre consumidores y proveedores.
Según el artículo 3, apartado 2, de la Directiva, los artículos 4, 5, 6 y 7, apartado 1, de esta última no se aplicarán «[…]
a los contratos de suministro de servicios de alojamiento, de transporte, de comidas o de esparcimiento, cuando el proveedor
se comprometa, al celebrarse el contrato, a suministrar tales prestaciones en una fecha determinada o en un período concreto
[…]».
El artículo 6, apartado 1, de la Directiva establece, para los contratos a distancia, un derecho de resolución del que dispone
el consumidor. Según el apartado 2 del citado artículo, cuando el consumidor ejerza el derecho de resolución, el proveedor
estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor sin retención de gastos, con excepción de los gastos de devolución
de las mercancías.
Legislación nacional
El ordenamiento jurídico del Reino Unido se adaptó a la Directiva mediante las Consumer Protection (Distance Selling) Regulations
2000 (en lo sucesivo, «norma nacional»).
La excepción a que se refiere el artículo 3, apartado 2, de la Directiva ha sido recogida en el artículo 6, apartado 2, de
la norma nacional.
El derecho de resolución previsto en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva figura en el artículo 10 de la norma nacional
y la obligación de devolución contemplada en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva se halla recogida en el artículo 14
de la norma nacional.
El artículo 27 de la norma nacional faculta al OFT para solicitar que se dicte una orden conminatoria contra cualquier persona
que, a su juicio, haya incurrido en una infracción.
El litigio principal y la cuestión prejudicial
La sociedad easyCar se dedica al alquiler de vehículos sin conductor. Ejerce dicha actividad en el Reino Unido y en varios
otros Estados miembros. Los clientes de esta sociedad únicamente pueden reservar los vehículos propuestos para el alquiler
a través de Internet. Según los términos y condiciones del contrato de alquiler de vehículos propuesto y celebrado por la
sociedad easyCar, el consumidor no podrá conseguir el reembolso de las cantidades abonadas si se anula el citado contrato,
«a menos que se den circunstancias inusuales e imprevisibles ajenas a [su] voluntad, en particular […]: una enfermedad grave
del conductor que le incapacite para conducir; catástrofes naturales […]; actos o restricciones de Gobiernos o de autoridades
públicas; guerras, disturbios, conmoción civil o actos de terrorismo» o «a discreción de nuestro jefe del servicio de atención
al cliente en otras circunstancias extremas».
Según el OFT, que había recibido varias denuncias de consumidores relativas a los contratos de alquiler que habían celebrado
con la sociedad easyCar, los términos y condiciones de dichos contratos contravienen los artículos 10 y 14 de la norma nacional,
que establecen, para dar aplicación a la Directiva, un derecho de resolución, además de un reembolso total de las cantidades
abonadas por el consumidor en un plazo determinado después de la celebración del contrato.
La sociedad easyCar afirma que los contratos de alquiler que propone se hallan comprendidos en la excepción prevista para
los «contratos de suministro de servicios […] de transporte» en el artículo 6, apartado 2, de la norma nacional y en el artículo
3, apartado 2, de la Directiva y que, por consiguiente, no está sujeta a las exigencias de los artículos 10 y 14 de la mencionada
norma. Por el contrario, el OFT estima que el alquiler de vehículos no puede calificarse de «servicio de transporte».
La sociedad easyCar y el OFT interpusieron sendos recursos ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.
La sociedad easyCar interpuso un recurso con objeto de que se declarara que los contratos de alquiler que propone pueden acogerse
a la excepción del derecho de resolución establecido en la norma nacional, mientras que el OFT formuló una solicitud con el
fin de que se obligue a la sociedad easyCar a dejar de infringir la norma nacional denegando a sus clientes el derecho a resolver
el contrato y a recuperar las cantidades abonadas.
En estas circunstancias, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery División, decidió suspender el procedimiento
y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Comprende la expresión “contratos de suministro de servicios de […] transporte”, contenida en el artículo 3, apartado 2,
de la Directiva […], los contratos de suministro de servicios de alquiler de vehículos?»
Sobre la solicitud de reapertura de la fase oral del procedimiento
Mediante escrito presentado en la Secretaria del Tribunal de Justicia el 13 de diciembre de 2004, la sociedad easyCar solicitó
la reapertura de la fase oral del procedimiento.
Sobre este particular, debe recordarse que el Tribunal de Justicia puede ordenar la reapertura de la fase oral, conforme al
artículo 61 de su Reglamento de Procedimiento, si considera que no está suficientemente informado o que el asunto debe dirimirse
basándose en una alegación que no haya sido debatida entre las partes (sentencias de 10 de febrero de 2000, Deutsche Post,
asuntos acumulados C‑270/97 y C‑271/97, Rec. p. I‑929, apartado 30, y de 18 de junio de 2002, Philips, C‑299/99, Rec. p. I‑5475,
apartado 20).
El Tribunal de Justicia considera que, en el presente caso, no procede ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento.
En consecuencia, debe denegarse la solicitud presentada a dicho efecto.
Sobre la cuestión prejudicial
Según la resolución de remisión, no se discute que los contratos celebrados entre la sociedad easyCar y sus clientes son contratos
a distancia a efectos de la norma nacional y de la Directiva y que constituyen contratos de suministro de servicios. Mediante
su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide, en esencia, que se dilucide si los servicios de alquiler de vehículos
son servicios de transporte a efectos del artículo 3, apartado 2, de la Directiva.
La sociedad easyCar afirma que se debe dar una respuesta afirmativa a dicha cuestión. Los Gobiernos español, francés y del
Reino Unido, así como la Comisión de las Comunidades Europeas son de la opinión contraria.
A este respecto, debe observarse de entrada que ni la Directiva ni los documentos pertinentes para la interpretación de ésta,
como los trabajos preparatorios, aclaran el alcance exacto del concepto de «servicios de transporte», mencionado en el artículo
3, apartado 2, de la Directiva. De la misma forma, la sistemática general de la Directiva pone únicamente de manifiesto que
su finalidad es conseguir que los consumidores gocen de una amplia protección, confiriéndoles determinados derechos, como
el derecho de resolución, y que el citado artículo 3, apartado 2, establece una excepción a tales derechos en cuatro sectores
de actividad económica próximos entre sí, entre los que se encuentra el de los servicios de transporte.
Ahora bien, es jurisprudencia reiterada que la determinación del significado y del alcance de los términos no definidos por
el Derecho comunitario debe efectuarse conforme al sentido habitual de éstos en el lenguaje corriente, o teniendo en cuenta
el contexto en el cual se utilizan y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte (sentencias de 19 de
octubre de 1995, Hönig, C‑128/94, Rec. p. I‑3389, apartado 9, y de 27 de enero de 2000, DIR Internacional Film y otros/Comisión,
C‑164/98 P, Rec. p. I‑447, apartado 26). Cuando dichos términos figuran, como en el asunto principal, en una disposición que
constituye una excepción a un principio o, más en concreto, a normas comunitarias encaminadas a proteger a los consumidores,
deben, además, interpretarse estrictamente (sentencias de 18 de enero de 2001, Comisión/España, C‑83/99, Rec. p. I‑445, apartado
19, y de 13 de diciembre de 2001, Heininger, C‑481/99, Rec. p. I‑9945, apartado 31).
Por lo que atañe a la expresión «servicios de transporte», debe observarse que corresponde, de la misma forma que cada una
de las demás categorías de servicios que se enumeran, a una excepción sectorial y, por consiguiente, que contempla de una
manera general los servicios en el sector de los transportes.
Sobre este particular, debe observarse que el legislador, al redactar las disposiciones reguladoras de la excepción que se
cuestiona en el asunto principal, no se pronunció a favor de la expresión «contratos de transporte», que utilizan habitualmente
los sistemas jurídicos de los Estados miembros, la cual versa únicamente sobre el transporte de pasajeros y de mercancías
realizado por el transportista, sino que prefirió utilizar la expresión mucho más amplia de «contratos de suministro de servicios
[…] de transporte», que puede referirse al conjunto de los contratos que regulan los servicios en materia de transportes,
incluidos los que impliquen una actividad que no suponga, en sí misma, el transporte del cliente o de sus bienes, sino que
pretenda permitir a éste que lleve a cabo el transporte citado.
De esta forma, del tenor literal del artículo 3, apartado 2, de la Directiva se desprende que el legislador ha pretendido
regular la excepción prevista en la citada disposición no por tipos de contratos, sino de forma que todos los contratos de
suministro de servicios en los sectores del alojamiento, de los transportes, de las comidas y del esparcimiento, con excepción
de aquellos que no deban cumplirse en una fecha determinada o durante un período concreto, se hallen comprendidos dentro de
dicha excepción.
Esta interpretación se ve corroborada expresamente por varias versiones lingüísticas del artículo 3, apartado 2, de la Directiva,
a saber, las versiones alemana, italiana y sueca, las cuales aluden, respectivamente, a los «Dienstleistungen in den Bereichen
[…] Beförderung» («servicios en el ámbito del transporte»), a los «servizi relativi […] ai trasporti» («servicios referentes
a los transportes») y a los «tjänster som avser […] transport» («servicios que se refieren al transporte»).
Ahora bien, en el lenguaje corriente, el concepto de «transporte» no solamente designa la acción de desplazar personas o bienes
de un lugar a otro, sino también el modo de transporte y los instrumentos utilizados para desplazar dichos bienes y personas.
Por lo tanto, la puesta a disposición del consumidor de un medio de transporte forma parte de los servicios integrados en
el sector de los transportes.
Por consiguiente, sin sobrepasar el marco estricto de la excepción sectorial relativa a los «servicios de transporte», prevista
en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva, debe considerarse que esta excepción contempla los servicios de alquiler de
vehículos, que se caracterizan precisamente por la puesta a disposición del consumidor de un medio de transporte.
Además, por lo que atañe al contexto en el cual se utiliza el concepto de «servicios de transporte» y a las finalidades perseguidas
por la Directiva, consta, según ha señalado la Abogado General en los puntos 39 a 41 de sus conclusiones, que el legislador
ha pretendido establecer una protección de los intereses de los consumidores que utilicen medios de comunicación a distancia,
así como también una protección de los intereses de los prestadores de algunos servicios, a fin de que éstos no sufran los
desproporcionados inconvenientes derivados de la anulación sin gastos no justificada de servicios que hayan dado lugar a una
reserva. Sobre este particular, la sociedad easyCar sostiene con razón, sin que, por otra parte, haya sido rebatida a este
respecto por los Gobiernos que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia ni por la Comisión, que el artículo
3, apartado 2, de la Directiva pretende establecer una excepción para los proveedores de servicios en determinados sectores
de actividad, dado que las exigencias de la Directiva pueden afectar desproporcionadamente a dichos proveedores, en particular,
en el supuesto de que un servicio haya dado lugar a una reserva y de que ésta última sea anulada por el consumidor poco tiempo
antes de la fecha prevista para la prestación del referido servicio.
Es forzoso reconocer que las empresas de alquiler de vehículos ejercen una actividad que el legislador ha pretendido proteger
contra tales inconvenientes, mediante la excepción a la que se refiere el artículo 3, apartado 2, de la Directiva. En efecto,
dichas empresas deben adoptar determinadas disposiciones para el cumplimiento de la prestación convenida, en la fecha fijada
en el momento de la reserva, y, por este motivo, sufren los mismos inconvenientes en caso de anulación que las demás empresas
que ejercen su actividad en el sector de los transportes o en los demás sectores enumerados en el citado artículo 3, apartado 2.
De las consideraciones precedentes se desprende que la interpretación según la cual los servicios de alquiler de vehículos
son servicios de transporte en el sentido del artículo 3, apartado 2, de la Directiva es la única que permite garantizar a
la excepción prevista en dicha disposición el carácter de una excepción sectorial y que permite que se alcance la finalidad
perseguida por la citada disposición.
Procede, pues, responder a la cuestión planteada que el artículo 3, apartado 2, de la Directiva debe interpretarse en el sentido
de que el concepto de «contratos de suministro de servicios de transportes» incluye los contratos de suministro de servicios
de alquiler de vehículos.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional remitente, corresponde a éste resolver las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del
litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a
la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia, debe interpretarse en el sentido de que el concepto
de «contratos de suministro de servicios de transporte» incluye los contratos de suministro de servicios de alquiler de vehículos.
Firmas
–
Lengua de procedimiento: inglés.