CELEX: 62004TJ0107
Recurso de anulación
Dumping
Importaciones de silicio originario de Rusia
Perjuicio
Relación de causalidad

Hechos que originaron el litigio
La demandante es una sociedad suiza que opera en el ámbito de la venta y la comercialización de productos semiacabados de
silicio en el mercado comunitario. Adquiere el silicio de dos productores, SUAL Kremny-Ural LLC (SKU) y JSC ZAO Kremny (ZAO).
Ambas sociedades pertenecen a OAO SUAL (SUAL). Dado que ésta y la demandante están controladas en última instancia por el
mismo accionista, a saber, SUAL International Ltd, SKU y ZAO son productores vinculados a la demandante.
El silicio es un producto comercializado en forma de terrones, granos, gránulos o polvo, fabricados en diversos grados que
se distinguen, en particular, por su contenido de hierro, de calcio y por la presencia de otros oligoelementos. Por lo que
respecta al silicio con un grado de concentración comprendido entre el 95 y el 99,99 %, el producto de que se trata en el
presente asunto, cabe identificar dos categorías de usuarios en el mercado comunitario: los usuarios del sector químico, que
fabrican sobre todo siliconas, y los usuarios del sector metalúrgico, que fabrican aluminio.
A raíz de una denuncia presentada por EuroAlliages (Comité de enlace de las industrias de ferroaleaciones), la Comisión inició
un procedimiento antidumping en relación con las importaciones de silicio originarias de Rusia, conforme al Reglamento (CE)
nº 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping
por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1), en su versión modificada en último lugar por
el Reglamento (CE) nº 1972/2002 del Consejo, de 5 de noviembre de 2002 (DO L 305, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento de base»).
El anuncio de inicio del procedimiento se publicó el 12 de octubre de 2002 (DO C 246, p. 12).
El 10 de julio de 2003, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) nº 1235/2003, por el que se establece un derecho antidumping
provisional sobre las importaciones de silicio originario de Rusia (DO L 173, p. 14; en lo sucesivo, «Reglamento provisional»).
Sobre la base de su investigación relativa a las prácticas de dumping y al perjuicio durante el período comprendido entre
el 1 de octubre de 2001 y el 30 de septiembre de 2002 (en lo sucesivo, «período de investigación» o «PI»), y tras haber examinado
la evolución relacionada con el análisis del perjuicio entre el 1 de enero de 1998 y el final del período de investigación
(en lo sucesivo, «período considerado»), fijó en el 25,2 % el tipo del derecho antidumping provisional aplicable a las importaciones
de silicio con un contenido de silicio inferior al 99,99 % en peso, clasificado en el código NC 2804 69 00, originario de
Rusia y procedente de SKU y de ZAO.
El Reglamento provisional presenta la evolución de diversos indicadores económicos relativos a la situación del mercado europeo
del silicio y la de los productores exportadores rusos y la de la industria de la Comunidad, algunos de cuyos datos se reproducen
a continuación:
CUADRO 1
Consumo comunitario (basado en el volumen de ventas)

PI
Toneladas
290.684
325.234
388.938
373.950
371.540
Índice
Variación anual
+ 12 %
+ 20 %
‑ 4 %
‑ 1 %
CUADRO 3
Cuota de mercado de las importaciones procedentes de Rusia (basada en el volumen de ventas)

PI
% de mercado UE
3,7
1,9
3,6
4,5
4,8
Variación anual (puntos de porcentaje)
‑ 1,8 %
+ 1,7 %
+ 0,
%
+ 0,
%
CUADRO 4
Precio medio de las importaciones objeto de dumping

PI
EUR
1.048
1.131
Índice
Variación anual
‑ 8 %
+ 17 %
‑ 12 %
‑ 7 %
CUADRO 8
Volumen de ventas (de la industria de la Comunidad)

PI
Toneladas
86.718
114.587
133.568
128.219
136.421
Índice
Variación anual
+ 32 %
+ 17 %
‑ 7 %
[‑ 4 % véase el apartado 87 infra]
+ 6 %
CUADRO 9
Precios de venta de silicio de la industria de la Comunidad

PI
EUR/tonelada
1.415
1.184
1.231
1.271
1.185
Índice
Variación anual
‑ 16 %
+ 4 %
+ 3 %
‑ 7 %
CUADRO 10
Cuota de mercado (de la industria de la Comunidad)

PI
% del mercado
29,8
35,2
34,3
34,3
36,7
Índice
CUADRO 12
Rentabilidad (de la industria de la Comunidad)

PI
% beneficio
12,6
1,8
5,0
1,7
‑ 2,1
Variación anual
‑ 10,8 %
+ 3,2 %
‑ 3,3 %
‑ 3,8 %
El 22 de diciembre de 2003, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) nº 2229/2003, por el que se establece un derecho antidumping
definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de silicio originario de
Rusia (DO L 339, p. 3; en lo sucesivo, «Reglamento impugnado»). El Reglamento impugnado impone derechos antidumping de un
22,7 % a las importaciones de silicio de SKU y de ZAO.

Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 16 de marzo de 2004, la demandante interpuso
el presente recurso.
Mediante auto del Presidente de la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de 26 de enero de 2005, se admitió la intervención
de la Comisión en apoyo de las pretensiones del Consejo. No obstante, la Comisión renunció a presentar observaciones escritas.
Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) decidió iniciar la fase oral y, en el marco
de las diligencias de ordenación del procedimiento, instó a las partes a que respondieran por escrito a diversas preguntas.
Las partes cumplieron dicho requerimiento dentro del plazo fijado.
En la vista de 9 de noviembre de 2005, se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas
por el Tribunal de Primera Instancia.
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–        Declare la admisibilidad del recurso.
–        Anule el Reglamento impugnado en la medida en que establece derechos sobre las importaciones de SKU y de ZAO.
–        Condene en costas al Consejo.
El Consejo solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a la demandante.

Sobre la pretensión de anulación
En apoyo de su pretensión de anulación, la demandante invoca cinco motivos. El primero, relativo a la definición supuestamente
errónea del «producto similar», se basa en un error manifiesto de apreciación y en la infracción de los artículos 1, apartado
4, y 6, apartado 7, del Reglamento de base. El segundo motivo, relativo a la determinación del precio de exportación, se basa
en la infracción del artículo 2, apartado 9, del Reglamento de base y del artículo 253 CE. El tercer motivo, relativo a la
determinación de la existencia de un perjuicio importante, se basa en la infracción del artículo 3, apartados 2 y 5, del Reglamento
de base, de los artículos 3.1 y 3.4 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994 (DO 1994, L 336, p. 103), que figura en el anexo 1 A del Acuerdo por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio (OMC), y del artículo 253 CE. El cuarto motivo, relativo a la determinación de una relación de causalidad
entre las importaciones supuestamente objeto de dumping y el perjuicio, se basa en la infracción del artículo 3, apartados
2, 6 y 7, del Reglamento de base, de los artículos 3.1 y 3.5 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, en un error manifiesto de apreciación y en la infracción del artículo
253 CE. El quinto motivo, relativo al método empleado para calcular el nivel de eliminación del perjuicio, se basa en la infracción
del artículo 3, apartado 3, del Reglamento de base y del artículo 253 CE.
El Tribunal de Primera Instancia considera que procede examinar en primer lugar la primera parte del tercer motivo, basada
en una infracción del Reglamento de base en la determinación de la existencia de un perjuicio importante en el sentido del
artículo 3 de dicho Reglamento, y la primera parte del cuarto motivo, basada en una infracción del Reglamento de base debido
a una apreciación supuestamente errónea de la relación de causalidad entre el perjuicio determinado por el Reglamento impugnado
y las importaciones objeto de dumping.

Alegaciones de las partes
La demandante recuerda que, según el Reglamento impugnado, entre 1998 y 2000 los indicadores del perjuicio mostraron una evolución
positiva de la industria de la Comunidad y posteriormente una evolución negativa entre 2000 y el período de investigación,
en particular respecto a los precios. Pues bien, sostiene que las instituciones comunitarias omitieron señalar que las principales
disminuciones de precios de la industria de la Comunidad se produjeron igualmente durante el período comprendido entre 1998
y 1999.
A continuación, respecto a la afirmación contenida en el considerando 44 del Reglamento impugnado, según la cual «entre 2000
y el período de investigación, casi todos los indicadores [de la situación de la industria de la Comunidad] sólo aumentaron
ligeramente, no variaron o disminuyeron», la demandante señala que los únicos indicadores que experimentaron una evolución
negativa fueron los de los precios, la rentabilidad y el flujo de caja, mientras que los demás indicadores sólo experimentaron
evoluciones positivas. A este respecto, recuerda, en particular, el aumento de la producción y de la capacidad de producción
de la industria de la Comunidad. Subraya, además, que las bajadas de los precios coinciden con un fuerte aumento de la producción,
de la capacidad de producción, del volumen de ventas y de las cuotas de mercado de las empresas comunitarias. Así, en 1999
y durante el período de investigación, los productores comunitarios aparentemente obtuvieron ganancias del 32 % y del 6 %
de su volumen de ventas.
En cuanto a la alegación del Consejo según la cual, además de los tres indicadores mencionados, el nivel y el rendimiento
de las inversiones también mostraron una evolución negativa, la demandante responde que ello es el resultado lógico del hecho
de que, entre 1998 y 2000, la industria de la Comunidad realizó inversiones masivas para aumentar su producción en respuesta
al crecimiento de la demanda y que ese nivel de inversiones no podía mantenerse en los años siguientes, en los que se produjo
una disminución de la demanda.
La demandante estima que las referidas alegaciones demuestran que el Consejo no tomó en consideración determinados factores
previstos y no apreció correctamente los que tuvo en cuenta, lo cual constituye una infracción del artículo 3, apartado 5,
del Reglamento de base.
Finalmente, en la vista, la demandante señaló que la apreciación efectuada en el considerando 46 del Reglamento impugnado,
según la cual, entre 2000 y el período de investigación, la cuota de mercado de la industria de la Comunidad disminuyó, es
errónea, puesto que los datos recogidos en el Reglamento provisional la contradicen.
Por lo que respecta a la apreciación supuestamente errónea de la relación de causalidad, la demandante considera que es la
evolución de la demanda de silicio la que desempeñó un papel decisivo en la evolución de la rentabilidad de la industria de
la Comunidad. A su juicio, la evolución positiva experimentada entre 1998 y 2000, en particular el fuerte aumento de la producción
y de las ventas, se debe principalmente al incremento del 32 % de la demanda de silicio, y no a las decisiones de la industria
de la Comunidad de invertir en nuevas instalaciones de producción.
Asimismo, en su opinión, la disminución de los precios (y de la rentabilidad) de la industria de la Comunidad entre 2000 y
el período de investigación refleja principalmente la contracción de la demanda de silicio y el hecho de que la industria
de la Comunidad había aumentado su cuota de mercado en un mercado en retroceso, siguiendo una incisiva política de precios.
La demandante añade que el deseo de aumentar tan rápidamente los volúmenes de ventas a los usuarios de la industria metalúrgica
(la única salida de las importaciones de silicio procedentes de Rusia; en lo sucesivo, «importaciones rusas») obligó naturalmente
a bajar los precios de venta de manera significativa y supuso una disminución de los precios (del 19 %) sustancialmente mayor
que el descenso de los precios de las importaciones rusas (11 %). Así pues, a su juicio, las ventas y los precios de la industria
de la Comunidad no se vieron afectados por las importaciones rusas.
Alega, además, que el crecimiento de la cuota de mercado de los productores exportadores rusos entre 2000 y el período de
investigación sólo representaba la mitad del aumento de la cuota de mercado de los productores comunitarios. Considera que,
en cualquier caso, es inconcebible que con una cuota de mercado inferior al 5 %, los productores exportadores rusos hubieran
podido determinar los precios en el mercado europeo.
La demandante sostiene que el Consejo, en su escrito de contestación, no discute ni examina los hechos determinantes. Según
la demandante, tales hechos son los siguientes: en primer lugar, en 2001 se detuvo el crecimiento de la demanda procedente
de la industria química y, durante el período de investigación, se produjo, en efecto, un importante descenso de las ventas
de los productores comunitarios a los usuarios de la industria química. En segundo lugar, existió un aumento masivo del volumen
de ventas efectuadas por los productores comunitarios hacia los usuarios de la industria metalúrgica durante el período de
investigación. Ésta es, en su opinión, una de las razones principales de la bajada del precio medio practicado por la industria
de la Comunidad. En tercer lugar, se produjo simultáneamente un descenso de alrededor del 10 % de los precios practicados
por los productores comunitarios a los usuarios metalúrgicos. En cuarto lugar, la disminución de los precios fue significativamente
mayor que la bajada de los precios de las importaciones rusas durante el mismo período.
En cuanto a la disparidad entre los precios practicados por los productores exportadores rusos y los facturados por los productores
comunitarios, la demandante considera que numerosos elementos la explican, tales como las diferencias en la mezcla de los
productos o los diferentes precios de los productos locales.
En cuanto a la alegación del Consejo relativa al efecto acumulativo de las bajadas de los precios practicados por los productores
exportadores rusos entre 2000 y el período de investigación, la demandante responde que el nivel de los precios rusos ya era
significativamente inferior al precio medio de la industria de la Comunidad en 2000 y que las importaciones rusas representaban
alrededor de un décimo de la cuota de mercado de la industria de la Comunidad, lo que indica que los precios de las importaciones
rusas no constituían un elemento de competencia importante para los precios de la industria de la Comunidad.
Por último, la demandante aduce que, al no presentar íntegramente los hechos y al no tomar en consideración todos los factores
conocidos que perjudican a la industria de la Comunidad, además de las importaciones objeto del dumping, las instituciones
comunitarias infringieron el artículo 3, apartados 2, 6 y 7, del Reglamento de base.
Por lo que respecta a la determinación de la existencia de un perjuicio importante, el Consejo subraya que, si bien es cierto
que entre 1998 y 1999 tuvieron lugar disminuciones de precios importantes, los precios subieron a continuación y volvieron
a bajar considerablemente entre 2001 y el final del período de investigación. Esta segunda bajada de precios se produjo paralelamente
a un aumento de las importaciones rusas. Señala asimismo que, entre 2000 y el período de investigación, los precios, la rentabilidad
y el flujo de caja mostraron una evolución negativa. Además, las inversiones disminuyeron en un 26 %, el rendimiento de éstas
disminuyó en un 26,1 % y el aumento de los salarios medios fue inferior a la tasa de inflación (menos de un 1 % anual). A
su juicio, lo mismo se aplica al período de investigación en su conjunto.
En cuanto a la alegación de la demandante según la cual la evolución negativa del nivel de las inversiones y el rendimiento
de éstas es la consecuencia de cuantiosas inversiones en capacidades de producción (apartado 17
supra),
el Consejo responde que es injustificada e inexacta, dado que las capacidades de producción de la industria de la Comunidad
aumentaron regularmente hasta el año 2001.
El Consejo señala también que, contrariamente a lo que alega la demandante, no existió ningún aumento masivo del volumen de
ventas ni un aumento significativo de la cuota de mercado entre 2000 y el período de investigación. Durante este período,
el volumen de ventas de la industria de la Comunidad aumentó en un 2 % y su cuota de mercado en 2,4 puntos porcentuales. A
este respecto, el Consejo reconoció expresamente en la vista que el Reglamento impugnado contenía un error en el considerando
46, en el que se afirma que la cuota de mercado de la industria de la Comunidad había disminuido considerablemente, pero alegó
que la demandante había invocado esta circunstancia por primera vez en la vista, lo que significaba que la alegación era extemporánea
y, por tanto, inadmisible a efectos de los artículos 44 y 46 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.
El Consejo estima, en general, que las alegaciones de la demandante en cuanto a la infracción del Reglamento de base son infundadas
y considera que examinó correctamente todos los factores relevantes en relación con el perjuicio en los considerandos 33 a
73 del Reglamento provisional y en los considerandos 37 a 48 del Reglamento impugnado.
Además, el Consejo aduce que la demandante no precisa los factores que supuestamente omitió ni aclara por qué la evaluación
efectuada resulta insuficiente. A este respecto, invoca el auto del Tribunal de Justicia de 1 de febrero de 1993, Moat/Comisión
(C‑318/92 P, Rec. p. I‑481), y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de enero de 1995, Viho/Comisión (T‑102/92,
Rec. p. II‑17), según los cuales las alegaciones deben formularse de manera precisa en el escrito del interposición del recurso.
En lo que atañe a la relación de causalidad entre el perjuicio y las importaciones objeto de dumping, el Consejo sostiene
que los datos disponibles contradicen la alegación según la cual la industria de la Comunidad tenía un papel preponderante
en la determinación de los precios de venta a los usuarios de la industria metalúrgica. Recuerda que, entre 2000 y el período
de investigación, los precios medios rusos permanecieron constantemente por debajo de los precios medios de la industria de
la Comunidad y que lo mismo ocurriría si sólo se tuvieran en cuenta las ventas a la industria metalúrgica.
A continuación, el Consejo rebate la alegación de la demandante según la cual los precios rusos no podían haber provocado
la bajada de los precios de la industria de la Comunidad, pues estos últimos supuestamente experimentaron una disminución
mayor que las de los precios rusos. A este respecto, señala que los precios rusos disminuyeron en un 11 % durante todo el
período de investigación. Además, sostiene que, a efectos del análisis de la relación de causalidad, la magnitud de la disminución
del precio de las importaciones objeto de dumping y la de los precios practicados por la industria de la Comunidad son irrelevantes
cuando el precio de las importaciones es inferior al practicado por la industria de la Comunidad. Dado que el nivel de los
precios rusos era significativamente menor al de la industria de la Comunidad desde el año 2000, y puesto que después disminuyó
aún más, es razonable, a su juicio, pensar que el precio de las importaciones rusas está en el origen de la bajada de los
precios comunitarios.
El Consejo estima que la alegación de la demandante según la cual la disminución de los precios y de la rentabilidad de la
industria de la Comunidad entre 2000 y el período de investigación refleja el retroceso del mercado es infundada. A este respecto,
señala que el volumen de ventas de la industria de la Comunidad aumentó ligeramente entre 2000 y el período de investigación.
De ello deduce que la disminución de la demanda no afectó a las ventas de la industria de la Comunidad. Además, considera
que el ligero aumento de la cuota de mercado de la industria de la Comunidad durante el referido período es una consecuencia
lógica de la estabilidad de las ventas en un mercado en retroceso. Igualmente, recuerda que la demandante también ganó cuotas
de mercado durante este mismo período.
El Consejo niega asimismo el efecto del aumento de la cuota de mercado de la industria de la Comunidad sobre los precios practicados
por ésta. Sostiene que, en el considerando 52 del Reglamento provisional, la Comisión examinó esta misma cuestión y estimó
que, en 2001, la industria de la Comunidad había perdido volúmenes de venta al intentar mantener sus precios y que, durante
el período de investigación, recuperó los volúmenes perdidos vendiendo a precios inferiores. Partiendo de esta hipótesis,
el Consejo llega a la conclusión de que la industria de la Comunidad se encontró en dificultades frente a la competencia rusa
caracterizada por una subcotización notable de los precios y un aumento significativo de los volúmenes de venta a los usuarios
de la industria metalúrgica. En resumen, el aumento de los volúmenes de venta de la industria de la Comunidad y la reducción
de los precios durante el período de investigación constituyen, a su entender, medidas defensivas adoptadas en respuesta a
la disminución de los volúmenes observada en 2001 y a la nueva bajada de los precios rusos.
El Consejo estima que los datos disponibles apoyan su conclusión. Según él, la demandante no discute que los precios rusos
siempre fueron inferiores a los precios comunitarios, aunque sólo se tuvieran en cuenta las ventas de la industria de la Comunidad
a los usuarios de la industria metalúrgica.
Por lo que respecta a la alegación de la demandante según la cual las importaciones rusas no podían ejercer una verdadera
presión sobre los precios de la industria de la Comunidad debido a su reducida cuota de mercado, el Consejo aduce que es irrelevante,
puesto que las importaciones procedentes de Rusia siempre fueron superiores al nivel
de minimis
entre 2000 y el inicio del período de investigación.
En cuanto al razonamiento de la demandante relativo a la incidencia del descenso de la demanda de silicio destinado a la industria
química, el Consejo sostiene que es igualmente incorrecto. A este respecto, señala que, como se explica en el considerando
63 del Reglamento impugnado, durante el período de investigación, la bajada de las ventas de la industria de la Comunidad
a los usuarios de la industria química fue de 4.783 toneladas de silicio. Según afirma, este volumen no representaba más que
el 1,3 % del consumo total en la Comunidad. Sin embargo, durante el mismo período, las importaciones procedentes de Rusia
ascendieron a unas 18.000 toneladas, es decir, un 4,8 % del consumo total en la Comunidad. El Consejo afirma que estas ventas
y, por consiguiente, la disminución de la demanda de silicio destinado a la industria química no pueden poner en cuestión
la relación de causalidad entre las importaciones objeto del dumping y el perjuicio sufrido por la industria de la Comunidad.
En lo que atañe, en general, a la infracción del Reglamento de base, el Consejo alega que la demandante hizo una lectura errónea
de este documento. En su opinión, el artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base no obliga a las instituciones a presentar
los hechos en su totalidad. Estas disposiciones obligan a las instituciones a examinar los hechos de forma objetiva, como
así hicieron, tanto en el Reglamento impugnado como en el Reglamento provisional. Estima, asimismo, que la demandante no precisa
de manera suficiente los hechos que las instituciones supuestamente omitieron presentar.
La Comisión apoya las alegaciones del Consejo.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Sobre la primera parte del tercer motivo, basada en la infracción del Reglamento de base debido a una apreciación errónea
de los indicadores del perjuicio por parte del Reglamento impugnado
El artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base dispone:
«La determinación de la existencia de perjuicio se basará: a) en un examen objetivo del volumen de las importaciones objeto
de dumping y del efecto de las mismas en los precios de productos similares en el mercado interno; y b) en los efectos de
esas importaciones sobre la industria de la Comunidad.»
En cuanto al examen de los efectos de las importaciones objeto de dumping sobre la industria de la Comunidad afectada, el
artículo 3, apartado 5, del Reglamento de base dispone:
«[Este examen] incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de
dicha industria, […] el nivel de margen real de dumping; la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el
volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización
de la capacidad productiva; los factores que repercutan en los precios en la Comunidad; los efectos negativos reales o potenciales
en el flujo de caja, las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión.
Esta enumeración no se considerará exhaustiva, y ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos en conjunto bastarán
necesariamente para obtener un juicio o criterio decisivo.»
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la determinación del perjuicio supone la evaluación de cuestiones
económicas complejas. Para ello, las instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación (sentencia del Tribunal
de Justicia de 7 de mayo de 1991, Nakajima/Consejo, C‑69/89, Rec. p. I‑2069, apartado 86, y sentencia del Tribunal de Primera
Instancia de 28 de septiembre de 1995, Ferchimex/Consejo, T‑164/94, Rec. p. II‑2681, apartado 131). El Juez comunitario debe,
por tanto, limitar su control a verificar el cumplimiento de las normas de procedimiento, la exactitud material de los hechos
considerados para operar la elección impugnada, la falta de error manifiesto en la apreciación de estos hechos y la inexistencia
de desviación de poder (sentencias del Tribunal de Primera Instancia Ferchimex/Consejo, antes citada, apartado 67, y de 28
de octubre de 1999, EFMA/Consejo, T‑210/95, Rec. p. II‑3291, apartado 57).
Por consiguiente, en el presente caso procede examinar si el Consejo, en el marco del Reglamento impugnado, sobrepasó su amplia
facultad de apreciación al constatar la existencia de un perjuicio importante de la industria de la Comunidad.
El considerando 44 del Reglamento impugnado, que recoge lo expuesto en el considerando 71 del Reglamento provisional, dispone:
«[…] en lo que respecta a los indicadores del perjuicio, […] un examen más detenido mostró que la principal evolución positiva
de la industria de la Comunidad se produjo entre 1998 y 2000. Entre 2000 y el período de investigación, casi todos los indicadores
sólo aumentaron ligeramente, no variaron o disminuyeron. Fue durante ese período cuando el perjuicio importante sufrido por
la industria de la Comunidad resultó más claro.»
El considerando 45 del Reglamento impugnado dispone:
«[…] los resultados relativamente buenos obtenidos por la industria de la Comunidad hasta el año 2000 se atribuyeron directamente
a las decisiones tomadas por la industria de la Comunidad de invertir en instalaciones adicionales de producción de la Comunidad.
Efectivamente, durante ese período, aumentaron la producción de la industria de la Comunidad, la capacidad de producción,
el volumen de ventas, la cuota de mercado, el empleo y la productividad.»
En relación con el período siguiente, es decir, el período comprendido entre 2000 y el período de investigación, el Consejo
precisa en el considerando 46 del Reglamento impugnado:
«[…] de modo paralelo al aumento de la presencia de las importaciones objeto de dumping de bajo precio procedentes de Rusia,
la situación de la industria de la Comunidad se deterioró. La cuota de mercado, el flujo de caja, las inversiones y el rendimiento
de las inversiones disminuyeron considerablemente.»
Asimismo, en el considerando 47 del Reglamento impugnado, el Consejo señaló que, «además, la evolución de otros indicadores
del perjuicio, en especial de la disminución de la rentabilidad y de los precios de venta de la industria de la Comunidad
durante el período considerado, llevaron a la conclusión de que la industria de la Comunidad sufrió un perjuicio importante».
Concluye, por tanto, en el considerando 48 del Reglamento impugnado, que «la industria de la Comunidad sufrió un perjuicio
importante durante el período de investigación, en especial en lo que respecta a los precios y la rentabilidad» y que «se
confirman las conclusiones expuestas en los considerandos 71 a 73 del Reglamento provisional».
La demandante reprocha al Consejo, en primer lugar, no haber hecho constar que la bajada de los precios practicados por la
industria de la Comunidad no se produjo únicamente entre 2000 y el período de investigación, sino también entre 1998 y 1999.
A este respecto, procede señalar que, según los datos comunicados por el Reglamento provisional, el precio practicado por
la industria de la Comunidad experimentó primeramente un fuerte descenso del 16 % en 1999, después aumentó en un 4 % en 2000
y en un 3 % en 2001, y después disminuyó en un 7 % durante el período de investigación. Así, durante el período de investigación,
el precio de venta no hizo otra cosa que retroceder al nivel de 1999 (véase el cuadro 9 en el apartado 5
supra).
De estas cifras se desprende que la principal disminución de los precios practicados por la industria de la Comunidad se produjo
en 1999 y no entre 2000 y el período de investigación. Pues bien, el Consejo estimó, en el considerando 44 del Reglamento
impugnado, que la evolución positiva de la industria de la Comunidad se produjo fundamentalmente entre 1998 y 2000. Esta apreciación
ilustra el hecho de que el precio practicado por la industria de la Comunidad es un factor entre otros que ha de tomarse en
cuenta para determinar el perjuicio y que, por sí sólo, no es un factor decisivo a este respecto, pues otros factores pueden
no sólo compensar este deterioro, sino también permitir al Consejo llegar a la conclusión de que la situación de la industria
de la Comunidad había mejorado. Por tanto, del hecho de que en el Reglamento impugnado no se indique que la principal disminución
del precio practicado por la industria comunitaria se produjo en 1999 no cabe deducir que dicho Reglamento adolezca de ilegalidad,
habida cuenta asimismo del hecho de que, según se desprende del Reglamento provisional, entre 2000 y el período de investigación,
dicho precio también disminuyó.
No obstante, el Consejo concluyó que la industria de la Comunidad había sufrido un perjuicio importante durante el período
de investigación, en particular en cuanto a los precios y la rentabilidad, de modo que necesariamente consideró que, contrariamente
al período comprendido entre 1998 y 2000, los demás factores del perjuicio no compensaban la bajada de los precios y de la
rentabilidad constatada durante el período de investigación. Por tanto, corresponde al Tribunal de Primera Instancia comprobar
si, como sostiene la demandante, el Consejo no incurrió así en un error manifiesto de apreciación.
A este respecto, en lo que atañe al período comprendido entre 2000 y el período de investigación, que corresponde a la segunda
mitad del período considerado, el Consejo señala que «casi todos los indicadores sólo aumentaron ligeramente, no variaron
o disminuyeron» y que «fue durante ese período cuando el perjuicio importante sufrido por la industria de la Comunidad resultó
más claro». Es preciso observar que, mediante esta afirmación, el Consejo no realiza ninguna ponderación de los diferentes
factores del perjuicio, pese a haber admitido que algunos de ellos fueron positivos, de modo que dicha afirmación no demuestra
en absoluto la existencia de un perjuicio importante sufrido por la industria de la Comunidad entre 2000 y el período de investigación.
Por otra parte, es cierto que el Consejo estimó, en el considerando 46 del Reglamento impugnado, que, entre 2000 y el período
de investigación, la situación de la industria de la Comunidad se deterioró y señaló que «la cuota de mercado, el flujo de
caja, las inversiones y el rendimiento de las inversiones disminuyeron considerablemente». El Consejo, tras subrayar asimismo,
en el considerando 47, la evolución de otros indicadores del perjuicio, en especial la disminución de la rentabilidad y de
los precios de venta de la industria de la Comunidad durante el período considerado, llegó a la conclusión de que la industria
de la Comunidad había sufrido un perjuicio importante.
No obstante, como señala la demandante, es preciso señalar, por un lado, que, al efectuar este razonamiento, el Consejo omitió
toda referencia al hecho de que, en el conjunto del período considerado, se produjeron numerosos progresos, a veces sustanciales,
en lo que atañe a los volúmenes de producción (+ 34 %), las capacidades (+ 30 %), la utilización de las capacidades (+ 3 puntos
porcentuales), el volumen de ventas comunitarias (+ 57 %), la cuota de mercado (+ 23 % o + 6,9 puntos porcentuales), las existencias
(- 29 %), el empleo (+ 16 %) y la productividad (+ 15 %) y, por otro lado, que, incluso por lo que respecta únicamente al
período comprendido entre 2000 y el período de investigación, el Consejo no dejó constancia de que determinados factores no
desdeñables mostraron una evolución positiva. Así, además de la ligera mejora de la situación en cuanto al empleo y los salarios,
cabe subrayar, en particular, que el volumen de ventas de la industria comunitaria aumentó en un 2 % hasta alcanzar un máximo
histórico de 136.421 toneladas durante el período de investigación, y que, por su parte, las capacidades de producción crecieron
en un 2,5 %.
Procede recordar, seguidamente, que el Consejo afirma, en el considerando 46 del Reglamento impugnado, que, entre 2000 y el
período de investigación, «la cuota de mercado, el flujo de caja, las inversiones y el rendimiento de las inversiones disminuyeron
considerablemente».
A este respecto, sin embargo, la demandante señaló en la vista que el Reglamento impugnado incurrió en error al declarar,
en el considerando 46, que la cuota de mercado de la industria de la Comunidad había disminuido considerablemente.
El Consejo reconoció que se trataba de un error, pero considera que esta alegación se invocó de forma extemporánea y que,
por tanto, no puede ser tenida en cuenta por el Tribunal de Primera Instancia.
Es preciso recordar que se deduce de lo dispuesto en el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento,
en relación con el artículo 48, apartado 2, de dicho Reglamento, que la demanda que abre el procedimiento debe contener la
cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados, y que en el curso del proceso no podrán invocarse
motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento. No obstante,
procede declarar la admisibilidad de un motivo, o una alegación, que constituye una ampliación de un motivo invocado anteriormente,
directa o implícitamente, en el escrito de demanda y que presenta un estrecho vínculo con éste (véase, en este sentido, la
sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de septiembre de 1982, Amylum/Consejo, 108/81, Rec. p. 3107, apartado 25; véanse
las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 20 de septiembre de 1990, Hanning/Parlamento, T‑37/89, Rec. p. II‑463,
apartado 38, y de 17 de julio de 1998, Thai Bicycle/Consejo, T‑118/96, Rec. p. II‑2991, apartado 142, y la jurisprudencia
citada).
En el presente caso, procede señalar que la demandante ya invocó en su escrito de demanda el hecho de que el Reglamento impugnado
infringía el Reglamento de base, en particular debido a la apreciación incorrecta de los indicadores económicos en el marco
de la determinación del perjuicio (primera parte del tercer motivo). Más concretamente, la demandante alegó en su demanda
que «el Reglamento impugnado [silenciaba] el hecho de que las bajadas de precios […] [coincidían] con […] aumentos considerables
de las cuotas de mercado de las empresas comunitarias». En consecuencia, la observación en cuestión presentada por la demandante
guarda relación con el tercer motivo, invocado por ésta ya en su escrito de interposición del recurso, y constituye, por tanto,
una precisión estrechamente vinculada a la argumentación empleada por ella en el marco de dicho motivo.
Por consiguiente, procede admitir dicha alegación.
Pues bien, como admite el Consejo, la afirmación del Reglamento impugnado según la cual «la cuota de mercado [de la industria
de la Comunidad] disminuyó considerablemente» es manifiestamente errónea y contraria a los datos recogidos en el Reglamento
provisional, cuya exactitud es pacífica entre las partes. En efecto, del Reglamento provisional se desprende que la cuota
de mercado no disminuyó, y menos aún considerablemente, sino que, por el contrario, aumentó de manera significativa al pasar
del 34,3 % al 36,7 %, es decir, un incremento de 2,4 puntos porcentuales, entre 2000 y el período de investigación (véase
el cuadro 10 en el apartado 5
supra).
Por tanto, procede examinar si este error puede acarrear la anulación del Reglamento impugnado.
A este respecto, es indudable que la evolución de la cuota de mercado de la industria de la Comunidad constituye un factor
de una relevancia significativa para apreciar la existencia de un perjuicio importante para dicha industria. Además, es preciso
señalar que el Consejo, al hacer una descripción de este factor en el sentido de que había «disminuido considerablemente»,
no sólo dio una imagen de su evolución contraria a la realidad, sino que necesariamente concedió una importancia no desdeñable
a este elemento en su conclusión relativa a la existencia de un perjuicio importante para la industria de la Comunidad.
En estas condiciones, sin que sea necesario dilucidar si las circunstancias descritas en los apartados 54 a 56
supra
bastan por sí solas para llegar a la conclusión de que el Consejo cometió un error manifiesto de apreciación en la determinación
de la existencia de dicho perjuicio importante, el Tribunal de Primera Instancia estima que, al cometer un error de hecho
relativo a la evolución de la cuota de mercado de la industria de la Comunidad durante el período comprendido entre el año
2000 y el período de investigación, período durante el cual el perjuicio sufrido resultó más claro a juicio del Consejo, éste
se basó en una premisa manifiestamente errónea para apreciar la existencia de dicho perjuicio, que debería ser el resultado
de la ponderación de la evolución, tanto positiva como negativa, de los factores que consideraba pertinentes. Pues bien, habida
cuenta de que, por un lado, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia sustituir la apreciación del Consejo en la materia
por la suya propia y de que, por otro lado, no cabe excluir que, en ausencia de tal error, el Consejo no habría apreciado
la existencia de un perjuicio importante, procede anular el Reglamento impugnado por esta sola razón (véase, en este sentido,
la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 2 de mayo de 1995, NTN Corporation y Koyo Seiko/Consejo, T‑163/94 y T‑165/94,
Rec. p. II‑1381, apartado 115).
No obstante, el Tribunal de Primera Instancia considera que procede examinar igualmente la primera parte del cuarto motivo,
relativa a la relación de causalidad entre la bajada del precio de venta de la industria de la Comunidad y las importaciones
rusas.
Sobre la primera parte del cuarto motivo, basada en la infracción del Reglamento de base debido a la determinación errónea
de una relación de causalidad entre el perjuicio importante supuestamente sufrido por la industria de la Comunidad y las importaciones
objeto de dumping
Según el artículo 3, apartado 3, del Reglamento de base, «en lo tocante al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre
los precios, se tendrá en cuenta si ha existido una subcotización significativa de los precios con respecto al precio de un
producto similar de la industria comunitaria, o bien si el efecto de tales importaciones es disminuir los precios de forma
importante o impedir considerablemente la subida que en otro caso se hubiera producido».
El artículo 3, apartado 6, dispone:
«Será necesario demostrar que, por todos los criterios que se mencionan en el apartado 2, las importaciones objeto de dumping
causan un perjuicio a efectos del presente Reglamento. En concreto, esto implicará la demostración de que el volumen y los
niveles de precios mencionados en el apartado 3 son responsables de un efecto en la industria comunitaria, tal como se prevé
en el apartado 5, y que este efecto se produce en un grado tal que permite calificarlo como “perjuicio importante”.»
Por último, el artículo 3, apartado 7, establece lo siguiente:
«También deberán examinarse otros factores conocidos, distintos de las importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo
perjudiquen a la producción de la industria de la Comunidad, para garantizar que el perjuicio no se atribuye a las importaciones
objeto de dumping contempladas en el apartado 6. Entre los factores que pueden ser pertinentes a este respecto figuran […]
la contracción de la demanda o variaciones de la estructura del consumo […]»
De la jurisprudencia citada en el apartado 43
supra
se desprende que la determinación de una relación de causalidad entre el perjuicio importante sufrido por la industria de
la Comunidad y las importaciones objeto de dumping supone la evaluación de cuestiones económicas complejas. Para ello, las
instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación y el Juez comunitario debe, por tanto, limitar su control a verificar
el cumplimiento de las normas de procedimiento, la exactitud material de los hechos considerados para operar la elección impugnada,
la falta de error manifiesto en la apreciación de estos hechos y la inexistencia de desviación de poder.
No obstante, al determinar el perjuicio, el Consejo y la Comisión tienen la obligación de examinar si el perjuicio que pretenden
precisar se debe efectivamente a importaciones que hayan sido objeto de dumping y de excluir cualquier perjuicio que se deba
a otros factores, y en particular al causado por el propio comportamiento de los productores comunitarios (sentencia del Tribunal
de Justicia de 11 de junio de 1992, Extramet Industrie/Consejo, C‑358/89, Rec. p. I‑3813, apartado 16).
En lo que atañe al presente caso, en el considerando 46 del Reglamento impugnado, el Consejo precisa lo siguiente, en relación
con el período comprendido entre 2000 y el período de investigación:
«[…] de modo paralelo al aumento de la presencia de las importaciones objeto de dumping de bajo precio procedentes de Rusia,
la situación de la industria de la Comunidad se deterioró. La cuota de mercado, el flujo de caja, las inversiones y el rendimiento
de las inversiones disminuyeron considerablemente.»
Posteriormente, en el considerando 66 del Reglamento impugnado, el Consejo afirma lo siguiente:
«[…] la diferencia de precio existente entre el del silicio producido en la Comunidad y el del silicio importado de Rusia
[…] era […] del 11 % de media durante el período de investigación […] a pesar de la disminución del 7 % del precio de la industria
de la Comunidad entre 2001 y el período de investigación. Ello pone de manifiesto claramente el efecto que los precios rusos
tuvieron sobre los de la industria de la Comunidad.»
A este respecto, procede señalar que, según los datos comunicados en el Reglamento provisional (véanse los cuadros 4 y 9 en
el apartado 5
supra),
la diferencia entre los precios rusos y los practicados por la industria de la Comunidad entre 1998 y 2000 y la diferencia
existente entre 2000 y el período de investigación eran de una amplitud similar.
No obstante, el Consejo y la Comisión no sostienen explícitamente, ni en el Reglamento impugnado ni en los documentos obrantes
en autos, que la disminución del precio de la industria de la Comunidad en 1999 (la única disminución durante el período comprendido
entre 1998 y 2000) fuera la consecuencia de la subcotización de los precios rusos. El Consejo describe incluso, en el Reglamento
impugnado, el período comprendido entre 1998 y 2000 como un período durante el cual los resultados de la industria de la Comunidad
fueron relativamente buenos. Procede asimismo señalar que el importante aumento de la diferencia entre el precio medio de
las importaciones rusas y el practicado por la industria de la Comunidad entre 2000 y 2001 no impidió a ésta aumentar su precio
medio entre 2000 y 2001 (véanse los cuadros 4 y 9 en el apartado 5
supra).
Así, el razonamiento recogido en el Reglamento impugnado y los datos reproducidos en el Reglamento provisional demuestran
que la diferencia de precios es sólo un factor entre otros que ha de tenerse en cuenta al examinar la relación de causalidad
entre las importaciones rusas y el supuesto perjuicio, y su presencia, en sí misma, no permite en absoluto concluir que la
disminución de los precios de la industria de la Comunidad durante el período de investigación fuera imputable única o principalmente
a las importaciones rusas.
El Consejo y la Comisión sostienen que el perjuicio se deriva de las importaciones objeto de dumping de la siguiente manera:
en 2001, la industria de la Comunidad perdió volúmenes de venta al tratar de mantener sus precios frente a los precios a la
baja del silicio procedente de Rusia. Durante el período de investigación, se vio obligada a reaccionar ante las presiones
sobre los precios a fin de mantener sus volúmenes de ventas, lo que supuso una pérdida de rentabilidad (considerando 52 del
Reglamento provisional).
La demandante considera que las instituciones comunitarias atribuyeron erróneamente la pérdida de volúmenes de venta de la
industria de la Comunidad en 2001 y la disminución de los precios durante el período de investigación a las importaciones
rusas. A su juicio, ignoraron los efectos, en primer lugar, de la contracción de la demanda en el mercado de silicio, en segundo
lugar, del aumento de la cuota de mercado de la industria de la Comunidad y, en tercer lugar, de la circunstancia de que gran
parte del volumen de las ventas de la industria de la Comunidad a los usuarios químico se desplazó a los usuarios metalúrgicos
durante el período de investigación.
Por tanto, procede examinar el fundamento de las alegaciones de la demandante y dilucidar si éstas pueden demostrar que el
Consejo se excedió en el uso de la amplia facultad de apreciación de que dispone según la jurisprudencia citada en el apartado
43
supra.
–       Sobre la contracción de la demanda del conjunto de los usuarios
En la vista, el Consejo adujo que, en sus escritos, la demandante no había hecho alegaciones sobre la contracción de la demanda
en general, sino únicamente sobre la contracción de la demanda de los usuarios químicos. Por tanto, en su opinión, la alegación
de esta circunstancia por parte de la demandante era extemporánea y, en consecuencia, inadmisible.
Resulta obligado señalar que la demandante, en el apartado 44 de su escrito de demanda, indicó que «la caída de los precios
(y de la rentabilidad) de la industria de la Comunidad entre el año 2000 y el período de investigación refleja principalmente
la contracción de la demanda de silicio».
De ello se deduce que la observación del Consejo relativa a la admisibilidad de las alegaciones basadas en la contracción
de la demanda carece de fundamento alguno.
En cuanto al fondo, procede recordar que el Reglamento impugnado no contiene ningún análisis de la evolución de la demanda,
pues el Consejo se limita a confirmar, en el considerando 48 de dicho Reglamento, las conclusiones del Reglamento provisional
sobre el perjuicio.
Del Reglamento provisional resulta (véase el cuadro 1 en el apartado 5
supra)
que el consumo de silicio en la Unión Europea disminuyó en un 4 % en 2001 y en un 1 % durante el período de investigación.
Cabe señalar, de nuevo, que el punto de partida de la tesis del Consejo para imputar el perjuicio a las importaciones rusas
en el período comprendido entre 2000 y el período de investigación es que, en 2001, la industria de la Comunidad perdió volúmenes
de venta al tratar de mantener sus precios frente a los precios a la baja de los productores-exportadores rusos, lo cual,
supuestamente, obligó a la industria comunitaria a bajar sus precios con objeto de mantener o recuperar sus ventas, posteriormente,
durante el período de investigación. Por tanto, procede examinar si el Consejo podía, sin incurrir en un error manifiesto
de apreciación, atribuir únicamente a las importaciones rusas la disminución de los volúmenes de ventas de la industria de
la Comunidad en 2001, a pesar de que el consumo comunitario estaba en fase de contracción en 2001.
A este respecto, debe señalarse inmediatamente que el cuadro 8 del Reglamento provisional (véase el apartado 5
supra)
contiene un error de cálculo, que el Consejo reconoció en respuesta a al pregunta escrita del Tribunal de Primera Instancia,
y que de este cuadro, tras su corrección, se desprende que, en 2001, el volumen de ventas de la industria de la Comunidad
disminuyó sólo en un 4 %, y no en un 7 %, como  se señalaba inicialmente en el cuadro.
Esta corrección indica que la medida de la disminución del volumen de ventas de la industria de la Comunidad en 2001 (- 4 %)
refleja exactamente el de la contracción de la demanda (- 4 %), y, por tanto, resulta que el nivel de las ventas de la industria
de la Comunidad no ha hecho más que seguir rigurosamente la evolución general del consumo comunitario. Esta circunstancia
lleva a poner en duda la afirmación del Consejo según la cual la disminución de los volúmenes de ventas de la industria de
la Comunidad en 2001 se debió a la subcotización de los precios practicados por los productores-exportadores rusos, ya que
tal disminución puede hallar una explicación razonable en la contracción de la demanda comunitaria. Pues bien, es preciso
señalar que este elemento decisivo no fue tomado en consideración por el Consejo.
Además, debe subrayarse que, en 2001, la industria de la Comunidad conservó su cuota de mercado a pesar del aumento de sus
precios en un 3 %, mientras que el precio medio de las importaciones rusas había descendido en un 12 %, lo cual viene a poner
de manifiesto la inexistencia de una influencia decisiva de los niveles de precios de las importaciones rusas sobre la situación
de la industria de la Comunidad.
De ello se deduce que la evolución de los indicadores de que se trata no acredita la tesis del Consejo según la cual la disminución
del volumen de ventas de la industria de la Comunidad en 2001 era únicamente consecuencia de las importaciones rusas, sino
que sirve de apoyo a la afirmación de la demandante según la cual dicha disminución del volumen de ventas se debía principalmente
a la contracción de la demanda en 2001.
En cuanto al período de investigación, debe recordarse que la demanda de silicio disminuyó aún en un 1 %. Sin embargo, el
volumen de ventas y la cuota de mercado de la industria de la Comunidad aumentaron, respectivamente, en un 6 % y en 2,4 puntos
porcentuales y alcanzaron un máximo histórico.
El Consejo considera, no obstante, que la disminución de la demanda no afectó a las ventas de la industria de la Comunidad,
habida cuenta del hecho de que éstas aumentaron, y que el aumento de la cuota de mercado de la industria de la Comunidad entre
2000 y el período de investigación era una consecuencia lógica de la estabilidad de las ventas en un mercado en retroceso.
Esta tesis del Consejo no puede prosperar. En un mercado transparente y competitivo, como el del silicio según el Reglamento
impugnado, la disminución de la demanda ejerce una presión sobre los precios. El operador económico que se enfrenta a un descenso
de la demanda ha de optar entre una disminución de su volumen de ventas y la reducción de sus precios.
Es preciso señalar, asimismo, que el Consejo no ofrece ninguna alegación relativa a las circunstancias que podrían haber permitido
a la industria de la Comunidad mantener, incluso aumentar, su volumen de ventas, conservando al mismo tiempo el nivel de sus
precios frente a la disminución de la demanda experimentada durante el período de investigación.
En vista de lo anterior, procede estimar que el Reglamento impugnado incurre en un error manifiesto de apreciación en la medida
en que el Consejo no tuvo en cuenta el efecto de la contracción de la demanda sobre la situación de la industria de la Comunidad.
–       Sobre la expansión de la cuota de mercado y del volumen de ventas de la industria de la Comunidad
La demandante considera que las instituciones cometieron también un error de apreciación al ignorar la relación lógica existente
entre la disminución de los precios de la industria de la Comunidad durante el período de investigación y el aumento de sus
ventas y de su cuota de mercado.
A este respecto, procede recordar que la cuota de mercado de la industria de la Comunidad aumentó, pasando del 29,5 % al 36,7 %
durante el período considerado, es decir, 6,9 puntos porcentuales. Entre el año 2000 y el período de investigación, cuando,
según el Consejo, el perjuicio resultó más claro, la industria de la Comunidad aumentó el volumen de sus ventas en un 2 %
y su cuota de mercado en 2,4 puntos porcentuales, en un mercado en retroceso (véase el cuadro 10 en el apartado 5
supra).
Según el Consejo, la mejora del volumen de ventas durante el período de investigación fue ligera y constituyó una medida defensiva
mediante la cual la industria de la Comunidad recuperó los volúmenes perdidos en 2001 tratando de mantener sus precios frente
a las importaciones rusas (- 4 %). El aumento de los volúmenes de ventas y de la cuota de mercado durante el período de investigación
no requirió ninguna disminución de precios, disminución que fue únicamente resultado de la subcotización de los precios rusos.
En primer lugar, de los datos corregidos del cuadro 8 del Reglamento provisional (véase el apartado 87
supra)
se desprende que, durante el período de investigación, la industria de la Comunidad no sólo recuperó el volumen de ventas
perdido en 2001 (- 4 %), sino que, al mostrar un aumento del 6 % en el volumen, alcanzó un nivel máximo durante todo el período
considerado.
Asimismo, la cuota de mercado de la industria de la Comunidad, que permaneció estable en 2001, registró una mejora de 2,4 puntos
porcentuales (de 34,3 a 36,7 %) durante el período de investigación y alcanzó también un nivel máximo.
En el presente caso, por tanto, la industria de la Comunidad aumentó sus ventas en un mercado en retroceso y registró un incremento
de su cuota de mercado entre el año 2000 y el período de investigación que equivale a la mitad de la cuota de mercado total
de los productores-exportadores rusos.
El Consejo niega que la disminución de los precios de la industria de la Comunidad constituyera una ventaja competitiva que
le permitiese alcanzar este resultado. La disminución de los precios, según el Consejo, era únicamente una medida defensiva
contra la subcotización de los precios rusos, con objeto de evitar pérdidas en el volumen de ventas. Sin embargo, ni el Consejo
ni la Comisión ofrecen ninguna alegación para explicar cómo pudo la industria Comunitaria, entre el año 2000 y el período
de investigación, aumentar su cuota de mercado en 2,4 puntos porcentuales, en un mercado en retroceso, sin reducir los precios.
Procede recordar que el Consejo basa su argumentación en la tesis según la cual, en primer lugar, en 2001, la industria de
la Comunidad perdió volúmenes de ventas debido a la subcotización de los precios rusos y, en segundo lugar, durante el período
de investigación, se vio obligada a reducir drásticamente sus precios para evitar perder un mayor volumen de ventas o para
recuperar los volúmenes perdidos en 2001.
Como se ha demostrado en los apartados 88 y siguientes, el punto de partida de esta tesis es erróneo, dado que el Consejo
no tuvo en cuenta la explicación plausible según la cual la pérdida de volúmenes en 2001 (- 4 %) era única o principalmente
atribuible a la contracción de la demanda (- 4 %), y puesto que tampoco ofreció alegaciones válidas para refutar esta explicación.
Además, dado que el razonamiento del Consejo se basa en la hipótesis según la cual la industria de la Comunidad adoptó una
actitud defensiva para mantener su volumen de ventas, resulta inoperante en vista del aumento del 6 % durante el período de
investigación, que no puede ser calificado de simple mantenimiento del volumen. Este aumento fue más allá de la compensación
de la pérdida del 4 % en 2001, de modo que, entre 2000 y el período de investigación, la industria de la Comunidad registró
una ganancia en el volumen de ventas de más del 2 %.
Por tanto, procede estimar que el Consejo y la Comisión no ofrecen ninguna alegación válida que pueda demostrar que el aumento
significativo de la cuota de mercado de la industria de la Comunidad en un mercado en retroceso, durante el período de investigación,
habría sido posible sin la ventaja competitiva de una reducción de sus precios.
En cuanto al análisis del impacto del aumento del volumen de ventas y de la cuota de mercado entre 2000 y el período de investigación
sobre la situación de la industria de la Comunidad, el Consejo se limita a afirmar en el considerando 46 del Reglamento impugnado
lo siguiente:
«[…] de modo paralelo al aumento de la presencia de las importaciones objeto de dumping de bajo precio procedentes de Rusia,
la situación de la industria de la Comunidad se deterioró. [Su] cuota de mercado […] [disminuyó] considerablemente.»
Habida cuenta de que, entre 2000 y el período de investigación, la cuota de mercado de la industria de la Comunidad aumentó
significativamente y no «disminuyó considerablemente», es preciso estimar que, en el Reglamento impugnado, el Consejo no sólo
omitió tratar la cuestión de si la disminución de precios era una condición necesaria para el aumento del volumen de ventas
y de la cuota de mercado, y por tanto, en cuanto a la bajada de precios, si se trataba de un perjuicio derivado del propio
comportamiento de la industria de la Comunidad en el sentido de la sentencia Extramet Industrie/Consejo, citada en el apartado
72
supra,
sino que atribuyó, en este contexto, un factor de perjuicio inexistente a las importaciones rusas.
Por consiguiente, procede concluir que el Consejo cometió un error manifiesto de apreciación, en el marco del Reglamento impugnado,
al examinar la relación existente entre el aumento de la cuota de mercado y del volumen de ventas de la industria de la Comunidad
y la disminución de los precios practicados por ésta.
–       Sobre el desplazamiento de las ventas de la industria de la Comunidad de los usuarios químicos a los usuarios metalúrgicos
La demandante alega que el Consejo erró al considerar, en el Reglamento impugnado, que la disminución de las compras de silicio
efectuadas por la industria química no había contribuido al perjuicio sufrido por la industria de la Comunidad, y que dicho
Reglamento, por tanto, atribuyó indebidamente los efectos de esta disminución a las importaciones procedentes de Rusia.
Con carácter preliminar, es preciso recordar que los considerandos 63 y 64 del Reglamento impugnado disponen:
«Durante el período comprendido entre el año 2000 y el período de investigación, cuando la evolución del perjuicio experimentó
una disminución especial respecto a los precios y a la rentabilidad, las ventas a los usuarios del sector químico disminuyeron
en unas 5.000 toneladas (- 7,0 %) pero los precios medios aumentaron en 14 euros por tonelada (+ 1,1 %). En lo que respecta
a todas las ventas, se produjo un aumento del volumen de alrededor de 3.000 toneladas (+ 2,1 %) y los precios medios descendieron
en 46 euros por tonelada (- 3,7 %).
En consecuencia, no había razones para pensar que el perjuicio sufrido por la industria de la Comunidad fue causado por una
disminución de las ventas a los clientes del sector químico. En realidad, dada la naturaleza del perjuicio sufrido, ocurrió
al revés.»
De los datos recogidos en el considerando 61 del Reglamento impugnado y en el cuadro 8 del Reglamento provisional (véase el
apartado 5
supra)
se desprende que las ventas de la industria de la Comunidad a los usuarios químicos, que utilizan en su mayoría el silicio
de alto grado, disminuyeron ligeramente en 2001 (- 0,6 %, es decir, - 445 toneladas) y experimentaron un descenso significativo
durante el período de investigación (- 6,4 %, es decir, - 4.783 toneladas). En cambio, las ventas a los usuarios metalúrgicos,
que consumen, en su mayor parte, silicio de grado normal o bajo, primero disminuyeron en 2001 (- 8,4 %, es decir, ‑ 4.904 toneladas),
y después aumentaron (+ 24, 1 %, es decir, + 12.985 toneladas). Por consiguiente, la proporción del volumen de ventas de la
industria de la Comunidad a los usuarios químicos respecto del volumen total de las ventas comunitarias de silicio pasó del
58 % en 2001 al 51 % en el período de investigación, mientras que tal proporción, en lo que atañe a las ventas a los usuarios
de la industria metalúrgica, pasó del 42 al 49 %.
Pues bien, consta que el precio medio del silicio vendido por la industria de la Comunidad a estos dos tipos de usuarios es
diferente y ascendió, durante el período de investigación, a 1.301 euros por tonelada para el silicio vendido a los usuarios
químicos, y a 1.603 euros por tonelada para el silicio vendido a los usuarios metalúrgicos, según se desprende de las fuentes
mencionadas en el anterior apartado 112. De ello se deduce que la evolución sustancial, descrita en dicho apartado, de la
proporción de las ventas de silicio de la industria de la Comunidad destinado a los usuarios químicos, por un lado, y a los
usuarios metalúrgicos, por otro lado, en relación con las ventas totales de silicio, necesariamente incidió a la baja en el
cálculo del precio medio, durante el período de investigación, de la totalidad del silicio vendido por ella.
Según las afirmaciones de la demandante realizadas durante el procedimiento administrativo, que el Consejo no rebatió, este
desplazamiento de las ventas era totalmente independiente de las importaciones procedentes de Rusia. Además, el procedimiento
ante el Tribunal de Primera Instancia ha revelado que el único ejemplo de ventas rusas a los usuarios químicos puesto en conocimiento
de las instituciones era una muestra de 200 toneladas, cantidad insignificante comparada con los volúmenes de ventas de la
industria de la Comunidad a este grupo de usuarios (69.652 toneladas durante el período de investigación). Por otra parte,
el Consejo no discute que la razón de la pérdida de los volúmenes vendidos a los usuarios químicos era la contracción de la
demanda de éstos.
De ello se deduce que el Consejo cometió un error manifiesto de apreciación en el Reglamento impugnado al analizar el impacto,
sobre el precio medio practicado por la industria de la Comunidad, de la contracción de la demanda de los usuarios químicos,
de la consiguiente disminución de las ventas a este grupo de usuarios y del simultáneo aumento de las ventas a los usuarios
metalúrgicos.
De cuanto precede se desprende que, con ocasión del análisis que le llevó a concluir que existía una relación de causalidad
entre las importaciones rusas y el perjuicio supuestamente sufrido por la industria de la Comunidad, el Consejo cometió errores
manifiestos de apreciación al no tener en cuenta la necesaria incidencia, en primer lugar, de la contracción de la demanda
sobre el volumen de ventas de la industria de la Comunidad entre 2000 y el período de investigación, en segundo lugar, del
aumento de su cuota de mercado y su volumen de ventas entre 2001 y el período de investigación sobre el nivel de los precios
practicados por ella y, en tercer lugar, de la modificación de la estructura de sus ventas entre 2001 y el período de investigación
sobre la magnitud de la disminución del precio medio de sus ventas. Al obrar así, el Consejo atribuyó necesariamente a las
importaciones rusas efectos desfavorables para la industria comunitaria cuyo origen era independiente de dichas importaciones.
Además, procede señalar, por un lado, que los errores mencionados socavan la tesis principal de las instituciones en las que
se basa la determinación de la relación de causalidad y, por otro lado,  que el Reglamento de base menciona expresamente la
contracción de la demanda y las variaciones de la estructura del consumo como factores cuyo efecto sobre el perjuicio debe
examinarse para no atribuirlos a las importaciones objeto de dumping.
A la luz de lo que antecede, aun suponiendo que la industria de la Comunidad hubiera sufrido el importante perjuicio alegado
por el Consejo, procede considerar que los errores manifiestos de apreciación cometidos por el Consejo en el Reglamento impugnado
al analizar la relación de causalidad constituyen una infracción del Reglamento de base.
Del conjunto de las anteriores consideraciones se desprende que procede acoger los motivos tercero y cuarto. Por tanto, debe
anularse el Reglamento impugnado por lo que respecta a la demandante, sin que proceda examinar los demás motivos y alegaciones
de ésta.

Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Con arreglo al artículo 87, apartado 4, párrafo primero, las instituciones que
intervengan como coadyuvantes en el litigio soportarán sus propias costas. Al haber sido desestimadas las pretensiones del
Consejo, procede condenarlo a soportar sus propias costas, así como las de la demandante. La Comisión cargará con sus propias
costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)
decide:
1)
Anular el artículo 1 del Reglamento (CE) nº 2229/2003 del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, por el que se establece un
derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de
silicio originario de Rusia, en la medida en que impone un derecho antidumping a la demandante.
2)
El consejo soportará sus propias costas, así como las de la demandante.
3)
La Comisión cargará con sus propias costas.
Jaeger
Tiili
Czúcz
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de marzo de 2007.
El Secretario

El Presidente
E. Coulon

M. Jaeger
*
Lengua de procedimiento: inglés.