CELEX: 61988CJ0332
Restricciones a los intercambios intracomunitarios de carnes de aves de corral
Motivos de policía sanitaria
Efectos jurídicos de un dictamen emitido por un veterinario especialista

Mediante resolución de 30 de septiembre de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de noviembre siguiente, el Tribunal de commerce de Quimper planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 10 de la Directiva 71/118/CEE del Consejo, de 15 de febrero de 1971, relativa a problemas sanitarios en materia de intercambios de carnes frescas de aves corral (
DO L 55, p. 23
; EE 03/04, p. 131), para determinar qué efectos jurídicos deben reconocerse al dictamen pronunciado por el veterinario especialista designado al amparo de esta disposición.
Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la Alimenta SA, sociedad griega, con domicilio social en El Pireo, y la Doux SA, sociedad francesa, con domicilio social en Châteaulin, con respecto al suministro de pollos eviscerados con despojos incautados por las autoridades veterinarias griegas, que los declararon inadecuados para el consumo humano debido a la presencia de
Salmonella,
a la llegada de la mercancía a El Pireo.
En virtud del apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 71/118 del Consejo, un Estado miembro puede prohibir en su territorio la puesta en circulación de carnes frescas de aves de corral que procedan de otro Estado miembro si se hubiere comprobado, durante la inspección sanitaria efectuada en el país destinatario, que dichas carnes no son adecuadas para el consumo humano. Las decisiones adoptadas de conformidad con esta disposición deben ser comunicadas al expedidor o a su representante mencionando los motivos.
El artículo 10 de la misma Directiva prevé que cada Estado miembro otorgará a los expedidores cuyas carnes frescas de aves de corral no se puedan poner en circulación en su territorio, según el apartado 1 del artículo 9, el derecho a obtener el dictamen de un veterinario especialista, que deberá tener la nacionalidad de uno de los Estados miembros que no sea la del país exportador ni la del país destinatario. Cada Estado miembro procurará que los veterinarios especialistas tengan la posibilidad de determinar si se han cumplido las condiciones del apartado 1 del artículo 9, antes de que las autoridades competentes tomen otras medidas tales como la destrucción de las carnes. La Comisión establecerá, a propuesta de los Estados miembros, la lista de veterinarios especialistas a los que se podrá encargar la elaboración de dicho dictamen y determinará, previa consulta con los Estados miembros, las modalidades generales de aplicación, en particular en lo que se refiere al procedimiento que deberá seguirse durante la elaboración de dicho dictamen.
A consecuencia de las decisiones de las autoridades veterinarias griegas de declarar las mercancías no aptas para el consumo humano (decisiones confirmadas por dos comités compuestos por tres y cinco veterinarios especialistas respectivamente) y de incautar la mercancía suministrada por la Sociedad Doux, ésta solicitó el dictamen de un especialista inscrito en la lista elaborada por la Comisión. Este especialista, de nacionalidad neerlandesa, procedió a efectuar dos exámenes y concluyó que no había razón alguna para que las mercancías de que se trata no fueran declaradas conformes con las disposiciones de la Directiva 71/118.
Sin embargo, las autoridades griegas mantuvieron la incautación, impidiendo así la comercialización de la mercancía. La sociedad Alimenta, considerando que la sociedad Doux había incumplido sus obligaciones contractuales entregando una mercancía que no podía ser comercializada, la demandó ante el Tribunal de commerce de Quimper para obtener una indemnización por daños y perjuicios. Este órgano jurisdiccional decidió suspender el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial :
«¿Qué efectos jurídicos deben reconocerse al dictamen emitido el 11 de diciembre de 1987 y el 3 de febrero de 1988 por el veterinario especialista designado de conformidad con el artículo 10 de la Directiva 71/118/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, de 15 de febrero de 1971, según el cual: “My investigation showed that there is no indication that the consignment mentioned above is not certified in conformity with Directive 71/118/EEC”, cuando por el contrario las autoridades griegas competentes han considerado dichas mercancías inadecuadas para el consumo humano y dispuesto su incautación?»
Para una más amplia exposición de los hechos y de la normativa aplicable, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
El Gobierno griego y las partes en el asunto principal solicitan que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre el fondo de los dictámenes emitidos por los especialistas, cuyas divergentes conclusiones se explican por las diferencias existentes en los métodos de análisis.
Procede recordar, a este respecto, que no corresponde al Tribunal de Justicia, al resolver en el marco del artículo 177 del Tratado CEE, apreciar los hechos del asunto principal o el fundamento de un dictamen emitido por un perito, sino que, ante una cuestión formulada en términos generales sobre el efecto jurídico del dictamen, está obligado a facilitar al órgano jurisdiccional nacional los elementos de interpretación necesarios para permitirle resolver el litigio.
En el caso del asunto principal, la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional se refiere solamente al efecto jurídico del dictamen emitido por el veterinario especialista designado a tenor del artículo 10 de la Directiva 71/118, y no sobre el fundamento de este dictamen.
Ahora bien, la Directiva no especifica de modo explícito los efectos jurídicos del dictamen.
La parte demandante en el asunto principal y el Gobierno griego alegan que dicho dictamen no vincula ni al órgano jurisdiccional remitente ni a las autoridades griegas. Constituye un elemento que se debe apreciar junto a otros dictámenes y habida cuenta de todas las circunstancias.
Según la parte demandada del asunto principal, el dictamen del especialista, elegido de la lista elaborada por la Comisión, no sólo tiene carácter de dictamen pericial contradictorio, sino que constituye un arbitraje definitivo; a este respecto se ampara en la letra del artículo 10 citado, en virtud del cual el veterinario especialista tendrá la posibilidad de «determinar» si se han cumplido los requisitos del apartado 1 del artículo 9.
Según la Comisión, dicho dictamen tiene el mismo efecto jurídico que el emitido por un perito cuyo dictamen haya sido solicitado a tenor de las disposiciones del Derecho nacional.
Procede declarar que lo que se pide al experto es que emita un dictamen y no que adopte una decisión. Aunque, en determinados casos, un dictamen puede producir efectos jurídicos obligatorios, la Directiva no indica en absoluto que el dictamen de que se trata vincule definitivamente a las autoridades nacionales o comunitarias. Si el Consejo hubiera pretendido dar una facultad de decisión al especialista, lo habría hecho expresamente. El término «determinar» no puede entenderse en un sentido decisorio y coercitivo; significa únicamente que el especialista debe formarse su propia opinión sobre la cuestión de si se han cumplido los requisitos de aplicación del apartado 1 del artículo 9. El procedimiento establecido por la Directiva no implica necesariamente que el dictamen del especialista produzca efectos jurídicos obligatorios.
La parte demandada alega también el sistema de la Directiva 71/118 y el régimen de mercado único y se refiere en particular a la Directiva 83/643/CEE del Consejo, de 1 de diciembre de 1983, relativa a la facilitación de los controles físicos y de las formalidades administrativas en el transporte de mercancías entre Estados miembros (
DO L 359, p. 8
; EE 07/03, p. 187), que tienden a organizar el control sanitario en el Estado expedidor bajo la responsabilidad de éste y a establecer una presunción de exactitud de los certificados del país de origen, por lo que respecta a la salubridad de los productos importados de un Estado miembro.
Este argumento no puede acogerse, puesto que la Directiva 71/118 reserva expresamente a los Estados miembros la facultad de rechazar la importación en su territorio de carnes de aves de corral inadecuadas para el consumo humano, en espera de una armonización más avanzada.
Por último, la parte demandada sostiene que, si el dictamen previsto por el artículo 10 careciera de efecto coercitivo, ello privaría de eficacia a esta disposición.
Esta afirmación carece de fundamento. Aunque no vincule a las autoridades nacionales, el dictamen del especialista elegido de la lista elaborada por la Comisión y que posee una nacionalidad distinta de la de los Estados miembros afectados presenta un indudable interés; facilita una apreciación de los hechos por un especialista independiente de las partes y de las autoridades nacionales interesadas; por consiguiente puede incitar a éstas a reconsiderar su posición, constituir un importante elemento de apreciación para el órgano jurisdiccional nacional que conoce el asunto o revelar a la Comisión la existencia de una posible medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa.
En consecuencia, los términos y el objetivo de la Directiva no expresan que las conclusiones del especialista tengan un valor determinante respecto a las partes interesadas y a los Estados miembros, ni que prevalezcan sobre cualquier otro dictamen, ni, en caso de dictamen favorable al exportador, supongan que las mercancías deban ser reconocidas aptas para el consumo humano y, por consiguiente, ser admitidas libremente en el territorio del Estado miembro destinatario.
Por consiguiente, procede responder al órgano jurisdiccional nacional que el dictamen emitido por el veterinario especialista previsto por el artículo 10 de la Directiva 71/118 del Consejo, de 15 de febrero de 1971, relativa a los problemas sanitarios en materia de intercambios de carnes frescas de aves de corral, no produce un efecto decisivo y coercitivo, pero constituye un importante elemento de apreciación para las autoridades nacionales y para el órgano jurisdiccional nacional al que se someta el asunto.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno de la República Helénica y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Tribunal de commerce de Quimper mediante resolución de 30 de septiembre de 1988, declara:

El dictamen emitido por el veterinario especialista previsto por el artículo 10 de la Directiva 71/118/CEE del Consejo, de 15 de febrero de 1971, relativa a los problemas sanitarios en materia de intercambios de carnes frescas de aves de corral, no produce un efecto decisorio y coercitivo, pero constituye un importante elemento de apreciación para las autoridades nacionales y para el órgano jurisdiccional nacional al que se someta el asunto.

Slynn
Joliet
Rodríguez Iglesias
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de mayo de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Primera
Gordon Slynn
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.