CELEX: 62001TJ0308
Marca comunitaria
Reglamentos (CE) n. 40/94 y (CE) n. 2868/95
Procedimiento de oposición
Uso efectivo de la marca anterior
Amplitud del examen realizado por la Sala de Recurso
Apreciación de las pruebas presentadas en el procedimiento ante la División de Oposición

Marco jurídico
Los artículos 43, 59, 61, 62, 74 y 76 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca
comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada, disponen:
Artículo 43
Examen de la oposición[...]
2.
A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición, presentará la
prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria
anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada
y en los que se base la oposición, [...]. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. [...]
3.
El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores [...], entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido
por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.
[...]
Artículo 59
Plazo y forma[...] Deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de
la fecha de la notificación de la resolución.
Artículo 61
Examen del recurso
1.
Si el recurso fuere admisible, la sala de recurso examinará si se puede estimar.
[...]
Artículo 62
Resolución sobre el recurso
1.
Examinando el fondo del recurso, la sala de recurso fallará sobre el recurso. Podrá, o bien ejercer las competencias de la
instancia [léase: órgano] que dictó la resolución impugnada, o bien devolver el asunto a dicha instancia para que le dé cumplimiento
[léase: resuelva sobre éste].
[...]
Artículo 74
Examen de oficio de los hechos
1.
En el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre
motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios [léase: motivos] alegados y a las solicitudes
presentadas por las partes.
2.
La Oficina podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado
dentro de plazo.
Artículo 76
Instrucción
1.
En cualquier procedimiento ante la Oficina, podrá procederse en particular a las siguientes diligencias de instrucción:
[...]
f)
declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que con arreglo a la legislación del Estado en
que se realicen, tengan efectos equivalentes.
[...]
Las reglas 22 y 48 del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas
de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1), son del siguiente tenor literal:
Regla 22
Prueba del uso
1.
En el caso de que, con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 o 3 del artículo 43 del Reglamento [nº 40/94], la parte que
presente oposición tuviere que aportar la prueba del uso [...], la Oficina le invitará a que presente la prueba requerida
en el plazo que ella determine. Si la parte que presente oposición no facilitase dicha prueba antes de que expire el plazo,
la Oficina desestimará la oposición.
2.
Las indicaciones y la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la
marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición, y en
la prueba de estas indicaciones, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3.
3.
La prueba se deberá limitar preferentemente a la presentación de documentos y objetos acreditativos, como por ejemplo, envases,
etiquetas,
listas de precios, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y las declaraciones escritas a que hace referencia la letra f),
del apartado 1 del artículo 76 del Reglamento [nº 40/94].
[...]
Regla 48
Contenido del recurso
1.
El recurso deberá incluir:
[...]
c)
una declaración en la que se precise la resolución impugnada y el contenido de la modificación o revocación que se solicite.
[...]
Antecedentes del litigio
El 1 de abril de 1996, la otra parte del procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior
(marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo,
Oficina), denominada a la sazón Laporte ESD Ltd, presentó una solicitud de marca comunitaria a la Oficina.
La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo KLEENCARE.
El registro de la marca se solicitó, por una parte, para productos pertenecientes a las clases 1 y 3 del Arreglo de Niza,
de 15 de junio de 1957, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, en
su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente:
─
Productos químicos y preparaciones químicas; detergentes, productos desinfectantes y desengrasantes para operaciones industriales
y de fabricación, incluidos en la clase 1;
Productos químicos y preparaciones químicas; detergentes, productos desinfectantes y desengrasantes para operaciones industriales
y de fabricación, incluidos en la clase 1;
─
Preparaciones para limpiar, fregar, raspar, pulir y enjuagar; detergentes; productos para desengrasar; productos para quitar
la herrumbre; jabones y preparaciones para el cuidado de la piel, incluidos en la clase 3.
Preparaciones para limpiar, fregar, raspar, pulir y enjuagar; detergentes; productos para desengrasar; productos para quitar
la herrumbre; jabones y preparaciones para el cuidado de la piel, incluidos en la clase 3.
Por otra parte, se solicitó el registro de la marca para algunos otros productos pertenecientes a las clases 1 y 5, así como
para algunos servicios pertenecientes a la clase 42 del Arreglo de Niza.
El 26 de octubre de 1998 se publicó la solicitud de marca en el
Boletín de las marcas comunitarias.
El 26 de enero de 1999 la demandante formuló oposición, con arreglo al artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, en
lo que atañe a las categorías de productos a que se refiere el apartado 5 de la presente sentencia. La oposición se basa en
la existencia de una marca registrada en Alemania el 11 de enero de 1965. Esta marca (en lo sucesivo,
marca anterior), que consiste en el signo denominativo CARCLIN, está registrada para determinados productos pertenecientes a las clases
1 y 2 del Arreglo de Niza. En apoyo de la oposición, la demandante invocó el motivo de denegación relativo previsto en el
artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
El 24 de mayo de 1999, la otra parte del procedimiento ante la Sala de Recurso pidió que, de conformidad con el artículo 43,
apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, la demandante demostrara que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación
de la solicitud, la marca anterior había sido objeto de un uso efectivo en el Estado miembro en el que dicha marca estaba
protegida. Mediante una comunicación de 27 de julio de 1999, la División de Oposición de la Oficina (en lo sucesivo,
División de Oposición) instó a la demandante para que presentara dicha prueba en un plazo de dos meses.
Como anexo a un escrito de 9 de septiembre de 1999, recibido por la Oficina el 10 de septiembre de 1999, la demandante le
remitió, en primer lugar, una declaración, con el título
Eidesstattliche Versicherung (declaración jurada), de su director industrial, el Sr. Blacha. Éste manifiesta en dicha declaración que desde hace años
la demandante utiliza la marca anterior
para la limpieza de automóviles, que el volumen de negocios correspondiente a las ventas realizadas con dicha marca asciende, respecto a los años comprendidos
entre 1993 y 1995, a 1.200.000, 1.400.000 y 1.500.000 marcos alemanes (DEM), respectivamente, y que es plenamente consciente
de que efectuar una declaración jurada falsa es un hecho punible. En segundo lugar, la demandante presentó tres etiquetas
en las que figura la marca anterior escrita en negrita y con caracteres estilizados. En tercer lugar, aportó cinco manuales
de instrucciones para el uso, redactadas en alemán, que se refieren a diferentes productos de limpieza para automóviles y
en las que figuran la marca anterior escrita en letras negras, así como algunas fechas comprendidas entre el 24 de octubre
de 1995 y el 25 de septiembre de 1998.
Mediante resolución de 4 de julio de 2000, la División de Oposición desestimó la oposición por considerar que las pruebas
presentadas por la demandante eran insuficientes para demostrar que la marca anterior había sido objeto de un uso efectivo.
Esencialmente, la División de Oposición estimó que las manifestaciones de un empleado de una parte del procedimiento tenían
una fuerza probatoria inferior a la de las declaraciones de terceros. Por lo tanto, la División de Oposición consideró que,
en el caso de autos, dado que, por lo demás, la demandante no había presentado ninguna factura, sólo la declaración del Sr.
Blacha no bastaba para probar el alcance del uso de la marca anterior.
El 7 de julio de 2000 la demandante interpuso un recurso ante la Oficina, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94.
El 30 de octubre de 2000, la demandante presentó un escrito en el que se exponen los motivos de su recurso. Este escrito estaba
redactado del siguiente modo:
[...] As the opposition division has rejected our opposition [...] due to an insufficient proof of the extent of use of our
trade mark
CARCLIN we hereby submit invoices [...] with one of our CARCLIN customers for the relevant period. We are confident that these documents
prove the extent of use and that the proof of use is sufficient to indicate the genuine use of the earlier mark. [...] We
therefore request to overturn the opposition division's decision. [...] (
[...] Por cuanto la División de Oposición desestimó nuestra oposición [...] por considerar que las pruebas sobre el alcance
del uso de nuestra marca
CARCLIN eran insuficientes, presentamos algunas facturas [...] dirigidas a uno de nuestros clientes CARCLIN durante el período pertinente.
Tenemos la seguridad de que dichos documentos demuestran el alcance del uso y que la prueba del uso es suficiente para determinar
el uso efectivo de la marca anterior. [...] Por ello, solicitamos que se revoque la resolución de la División de Oposición.
[...]). Las facturas de que se trata se acompañaron al mencionado escrito.
Mediante resolución de 12 de septiembre de 2001 (en lo sucesivo,
resolución impugnada), notificada a la demandante el 15 de octubre de 2001, la Sala Tercera de Recurso de la Oficina (en lo sucesivo,
Sala de Recurso) desestimó el recurso. Esencialmente, la Sala de Recurso consideró que la demandante no había rebatido la apreciación de
la División de Oposición de que las pruebas que había aportado ante dicha División eran insuficientes para demostrar que la
marca anterior había sido objeto de un uso efectivo (apartado 12 de la resolución impugnada). En relación con las nuevas pruebas
presentadas por la demandante con el escrito en el que se exponen los motivos de su recurso, la Sala de Recurso estimó que,
en los procedimientos
inter partes,
las partes deben formular todas las alegaciones y presentar todas las pruebas cuando las insta a tal fin la unidad que resuelve
en primera instancia en el seno de la Oficina. Por lo tanto, en el caso de autos, la Sala de Recurso acordó que dichas pruebas
nuevas no podían tomarse en consideración, habida cuenta de que podrían haber sido presentadas en el procedimiento ante la
División de Oposición (apartados 13 a 15 de la resolución impugnada).
Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante demanda, redactada en inglés y presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de diciembre de
2001, la demandante interpuso el presente recurso. La otra parte del procedimiento ante la Sala de Recurso no se opuso, dentro
del plazo establecido al efecto por la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, a que el inglés fuera la lengua de procedimiento.
La Oficina presentó su escrito de contestación en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 3 de abril de 2002.
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
─
Anule la resolución impugnada.
Anule la resolución impugnada.
─
Condene en costas a la Oficina.
Condene en costas a la Oficina.
La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
─
Desestime el recurso.
Desestime el recurso.
─
Condene en costas a la demandante.
Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
En apoyo de su recurso, la demandante invoca cinco motivos. El primer motivo estriba en el incumplimiento, por la Sala de
Recurso, de su obligación de examinar de manera exhaustiva la resolución de la División de Oposición. El segundo motivo se
basa en la infracción, por la División de Oposición, del artículo 76, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 40/94, en relación
con la regla 22, apartado 3, del Reglamento nº 2868/95. Los motivos tercero y cuarto, invocados con carácter subsidiario,
se basan en la conculcación, por la División de Oposición, del derecho a la tutela judicial efectiva y en la violación de
los principios procesales generalmente admitidos en los Estados miembros. El quinto motivo, invocado también con carácter
subsidiario, estriba en la infracción del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. El Tribunal de Primera Instancia
considera que procede examinar, en primer lugar, el primer motivo relativo al incumplimiento, por la Sala de Recurso, de su
obligación de examinar de manera exhaustiva la resolución de la División de Oposición.
Alegaciones de las partes
La demandante recrimina a la Sala de Recurso haber cometido un error de Derecho al considerar que no estaba obligada a examinar
de manera exhaustiva la resolución de la División de Oposición y, en particular, la desestimación por ésta de la declaración
del Sr. Blacha. Según la demandante, la
ratio legis
del procedimiento de recurso regulado en los artículos 57 y siguientes del Reglamento nº 40/94 consiste en garantizar la
legalidad de las resoluciones de la Oficina mediante un control basado en la apreciación completa de los hechos alegados por
las partes. A este respecto, la demandante recuerda que, en virtud del artículo 62, apartado 1, segunda frase, del Reglamento
nº 40/94, la Sala de Recurso puede ejercer las competencias del órgano que ha dictado la resolución impugnada o devolver el
asunto a dicho órgano para que resuelva sobre éste.
Además, la demandante señala que, en general, la Sala de Recurso no puede limitar su competencia ni su obligación de proceder
a un examen exhaustivo de la resolución de la División de Oposición. En este contexto, se refiere a la regla 48 del Reglamento
nº 2868/95, según la cual el recurso sólo debe indicar en qué medida se solicita la anulación o la modificación de la resolución
impugnada ante la Sala de Recurso.
En el caso de autos, la demandante afirma que el objetivo de su recurso interpuesto ante la Oficina era la anulación de la
resolución de la División de Oposición, sin limitar de ninguna manera la competencia de la Sala de Recurso en cuanto a la
amplitud de su control. A este respecto, sostiene que aportó nuevas pruebas en sede de recurso sólo por precaución ─para el
caso en que la Sala de Recurso compartiera la apreciación de la División de Oposición sobre las pruebas presentadas ante ésta─.
Por consiguiente, según la demandante, la Sala de Recurso estaba obligada a examinar de manera exhaustiva la resolución de
la División de Oposición.
La Oficina replica que, en el escrito en el que se exponen los motivos de su recurso interpuesto ante la Oficina, la demandante
se limitó a alegar que, sobre la base de las nuevas pruebas que presentaba, debía considerarse probado que la marca anterior
había sido objeto de un uso efectivo. Además, la Oficina alega que dicho escrito no contiene elemento alguno que permita a
la Sala de Recurso deducir que la demandante pretendía rebatir la apreciación de la División de Oposición sobre la declaración
del Sr. Blacha.
Por otro lado, la Oficina sostiene que tampoco se desprende del artículo 62, apartado 1, segunda frase, del Reglamento nº 40/94
que la Sala de Recurso estaba obligada a examinar la legalidad de la resolución de la División de Oposición en lo que atañe
a la apreciación de la declaración del Sr. Blacha. Según la Oficina, no puede interpretarse esta disposición en el sentido
de que obliga a la Sala de Recurso a ejercer las competencias del órgano que haya adoptado la resolución objeto del recurso
respecto a extremos que no se hayan suscitado en el escrito en el que se exponen los motivos del recurso.
La Oficina añade que una interpretación distinta sería igualmente incompatible con el principio, consagrado en el artículo
74, apartado 1,
in fine,
del Reglamento nº 40/94, según el cual, en los procedimientos
inter partes,
la Oficina debe examinar únicamente los hechos expuestos, las pruebas presentadas y las alegaciones formuladas por las partes.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Como se desprende del artículo 61, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso está obligada a examinar el fondo
del recurso cuando éste fuere admisible. Además, en virtud del artículo 62, apartado 1, del mismo Reglamento, la Sala de Recurso
puede ejercer las competencias del órgano que dictó la resolución objeto del recurso o devolver el asunto a dicho órgano para
que resuelva sobre éste. Pues bien, esta última disposición contiene una indicación no sólo en cuanto al contenido que puede
tener una resolución de la Sala de Recurso, sino también en cuanto a la amplitud del examen que ésta está obligada a realizar
con respecto a la resolución objeto del recurso.
Al respecto, de la jurisprudencia se desprende que existe una continuidad funcional entre el examinador y la Sala de Recurso
[sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI (BABY-DRY), T-163/98, Rec. p. II-2383,
apartados 38 a 44, y de 12 de diciembre de 2002, Procter & Gamble/OAMI (Forma de un jabón), T-63/01, Rec. p. II-5255, apartado
21]. Pues bien, esta jurisprudencia debe aplicarse asimismo a la relación existente entre las demás unidades de la Oficina
que resuelven en primera instancia, como las Divisiones de Oposición y de Anulación, y las Salas de Recurso.
Por consiguiente, la competencia de las Salas de Recurso de la Oficina implica que se examinen nuevamente las resoluciones
adoptadas por las unidades de la Oficina que resuelven en primera instancia. En el marco de este nuevo examen, la conclusión
del recurso depende de si, en el momento en el que se resuelve, puede adoptarse o no legalmente una nueva resolución con la
misma parte dispositiva que la resolución objeto del recurso. Por lo tanto, con la única salvedad del artículo 74, apartado
2, del Reglamento nº 40/94, las Salas de Recurso pueden estimar el recurso sobre la base de nuevos hechos expuestos por la
parte que lo haya interpuesto o incluso sobre la base de nuevas pruebas presentadas por ésta.
En el caso de autos las partes discuten sobre si, en el procedimiento ante la Sala de Recurso, la demandante cuestionó expresamente
la apreciación efectuada por la División de Oposición de las pruebas que la demandante había presentado en el procedimiento
ante esta unidad y, en particular, de la declaración del Sr. Blacha. Al respecto, del apartado 12 de la resolución impugnada
se desprende que la Sala de Recurso consideró, en relación con el escrito de la demandante en el que expone los motivos de
su recurso, que no era así.
No obstante, aun suponiendo que la demandante no haya cuestionado expresamente la apreciación de la División de Oposición
de las pruebas que había aportado en el procedimiento ante dicha unidad y, en particular, de la declaración del Sr. Blacha,
como alega la Oficina, esta circunstancia no puede dispensar a la Sala de Recurso de su obligación de efectuar su propia apreciación
de dichas pruebas.
En efecto, a la luz de las consideraciones expuestas en los apartados 25 y 26 de la presente sentencia, procede considerar
que, contrariamente a lo que sostiene la Oficina, la amplitud del examen que la Sala de Recurso está obligada a realizar con
respecto a la resolución objeto del recurso, no queda determinada, en principio, por los motivos invocados por la parte que
haya interpuesto el recurso. Por lo tanto, aunque la parte que haya interpuesto el recurso no haya invocado un motivo específico,
la Sala de Recurso está obligada a examinar, a la luz de todas las razones de Derecho y de hecho pertinentes, si en el momento
en que se resuelve el recurso puede adoptarse o no legalmente una nueva resolución con la misma parte dispositiva que la resolución
objeto del recurso.
Al respecto, procede señalar, en primer lugar, que, en virtud de la regla 48, letra c), del Reglamento nº 2868/95, que versa
sobre la admisibilidad del recurso, como se desprende de la regla 49, apartado 1, del mismo Reglamento, el escrito de recurso
debe indicar únicamente la resolución objeto del recurso y señalar en qué medida esta resolución debe ser modificada o anulada.
En cambio, esta disposición no exige que el escrito de recurso mencione motivos específicos. Por lo tanto, la parte que interpone
el recurso únicamente debe determinar el objeto del examen que la Sala de Recurso está obligada a realizar y no la amplitud
de ese examen.
En segundo lugar, la interpretación recogida en el apartado 29 de la presente sentencia no puede afectar a la eficacia del
artículo 59, tercera frase, del Reglamento nº 40/94, según el cual debe presentarse un escrito en el que se expongan los motivos
del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución. En efecto, la parte que
interpone un recurso puede esgrimir en él los elementos de los que se deduzca que procede anular o modificar la resolución
objeto del recurso debido a que, en el momento en que se resuelva, ya no se podrá adoptar legalmente una nueva resolución
con la misma parte dispositiva que la resolución impugnada. Al respecto, con arreglo al artículo 74, apartado 1,
in fine,
del Reglamento nº 40/94, con la única salvedad del apartado 2 de esta disposición, la parte puede, además, exponer nuevos
hechos o presentar nuevas pruebas. Por lo tanto, el escrito previsto en el artículo 59, tercera frase, del Reglamento nº 40/94
facilita el buen desarrollo del procedimiento de recurso, sin que por eso sea necesario considerar que los motivos invocados
por la parte que haya interpuesto el recurso determinan o limitan la amplitud del examen que la Sala de Recurso está obligada
a realizar con respecto a la resolución objeto del recurso.
En tercer lugar, contrariamente a lo que alega la Oficina, la obligación de la Sala de Recurso de examinar la resolución recurrida,
aunque la parte interesada no haya formulado un motivo específico, no infringe la norma contenida en el artículo 74, apartado
1,
in fine,
del Reglamento nº 40/94, según la cual, en los procedimientos
inter partes,
los órganos de la Oficina, incluidas las Salas de Recurso, sólo examinan los motivos alegados y las solicitudes presentadas
por las partes. Teniendo en cuenta las diferentes versiones lingüísticas de esta disposición, procede considerar que ésta
limita el examen de la Oficina en una doble medida. En efecto, por una parte, se refiere a la base fáctica de las resoluciones
de la Oficina, es decir, los hechos y pruebas sobre los que tales resoluciones pueden fundarse válidamente [véase, en este
sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de junio de 2002, Chef Revival USA/OAMI ─ Massagué Marin (Chef),
T-232/00, Rec. p. II-2749, apartado 45] y, por otra, a la base jurídica de dichas resoluciones, es decir, las disposiciones
que el órgano que conoce del asunto está obligado a aplicar. Por lo tanto, al resolver sobre un recurso contra una resolución
que ponga fin a un procedimiento de oposición, la Sala de Recurso sólo puede fundar su resolución en los motivos de denegación
relativos que la parte interesada haya invocado, así como en los hechos expuestos y las pruebas presentadas por esa parte
en relación con dichos motivos. Sin embargo, tal limitación de la base jurídica y fáctica del examen efectuado por la Sala
de Recurso es compatible con el principio de que la amplitud del examen que la Sala de Recurso está obligada a realizar con
respecto a la resolución objeto del recurso no depende de que la parte que haya interpuesto el recurso invoque un motivo específico,
criticando la interpretación o la aplicación de una disposición realizada por la unidad que haya resuelto en primera instancia,
o la apreciación de un elemento de prueba efectuada por dicha unidad. En efecto, del principio de la continuidad funcional
se desprende que, con arreglo al artículo 74, apartado 1,
in fine,
del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso está obligada a basar su resolución en todas las razones de hecho y de Derecho
que la parte interesada haya esgrimido en el procedimiento ante la unidad que haya resuelto en primera instancia o, con la
única salvedad del apartado 2 de esta disposición, en el procedimiento de recurso.
En cuarto lugar, corrobora la interpretación recogida en el apartado 29 de la presente sentencia el hecho de que, en virtud
del artículo 88, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, con la única salvedad del apartado 2 del mismo artículo, relativo a
las personas físicas o jurídicas que no tengan domicilio, sede, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio
en la Comunidad, las partes de los procedimientos ante la Oficina pueden actuar sin la intervención de un representante profesional
ni,
a fortiori,
de un abogado.
En último lugar, no desvirtúa la interpretación recogida en el apartado 29 de la presente sentencia el hecho de que la amplitud
del examen realizado por los órganos jurisdiccionales comunitarios en el marco de un recurso directo, con la única salvedad
de los motivos de orden público, se determine en función de los motivos invocados en la demanda. En efecto, por una parte,
el procedimiento ante las Salas de Recurso no reviste carácter judicial sino carácter administrativo (sentencia Forma de un
jabón, antes citada, apartados 21 a 23). Por otra parte, contrariamente al criterio vigente ante los órganos jurisdiccionales
comunitarios, el escrito de interposición del recurso ante la Sala de Recurso no tiene que referirse a motivos específicos,
como se ha recordado en el apartado 30 de la presente sentencia.
De ello se deduce que, al no apreciar por sí misma las pruebas que la demandante había presentado en el procedimiento ante
la División de Oposición y, en particular, la declaración del Sr. Blacha, la Sala de Recurso incumplió las obligaciones que
le incumben en virtud del artículo 61, apartado 1, y del artículo 62, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. Por consiguiente,
procede acoger el primer motivo.
En consecuencia, procede anular la resolución impugnada, sin que sea necesario pronunciarse sobre los demás motivos invocados
por la demandante.
Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda
el proceso será condenada en costas, si así se hubiere solicitado. Al haber sido desestimados los motivos formulados por la
demandada, procede condenarla en costas, de conformidad con lo solicitado por la demandante.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
decide:
1)
Anular la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
de 12 de septiembre de 2001 (asunto R 738/2000-3).
2)
Condenar en costas a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos).
Forwood
Pirrung
Meij
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 23 de septiembre de 2003.
El Secretario
El Presidente
H. Jung
N.J. Forwood
–
Lengua de procedimiento: inglés.