CELEX: 61989CJ0261
Ayudas de Estado a empresas de aluminio
Aportaciones de capitales

Mediante escrito presentado en ía Secretaría del Tribunal de Justicia el 17 de agosto de 1989, la República Italiana interpuso un recurso, con arreglo al párrafo primero del artículo 173 del Tratado CEE, que tiene por objeto la anulación de la Decisión 90/224/CEE de la Comisión, de 24 de mayo de 1989, sobre la ayuda concedida por el Gobierno italiano a Alumínia y Comsal, dos empresas públicas de la industria del aluminio. Esta Decisión, notificada al Gobierno italiano mediante carta de 7 de junio de 1989, fue publicada en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
de 9 de mayo de 1990 (
DO L 118, p. 42
).
En esta Decisión, la Comisión afirmó :
«Las dos ayudas instrumentadas en forma de préstamos sin intereses, que serían convertidos en capital en acciones, por un importe de 70.000 y 30.000 millones de liras respectivamente, que el Gobierno italiano proporcionó a las empresas Alumínia y Comsal, son incompatibles con el mercado común, según lo establecido en el apartado 1 del artículo 92 del Tratado CEE, dado que dichas ayudas han sido concedidas vulnerando lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 93 del Tratado CEE, así como las condiciones establecidas en la Decisión de la Comisión de 17 de diciembre de 1986.»
Consta en autos que las autoridades italianas sometieron a la consideración de la Comisión un plan de reestructuración y de saneamiento de la industria del aluminio con participación estatal para el período 1983-1988 («plan aluminio»). La Comisión inició el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 contra los aspectos financieros de este plan. Mediante Decisión de fecha 17 de diciembre de 1986, decidió concluir el procedimiento y autorizó las ayudas previstas, después de haber comprobado que el importe de las aportaciones de capital se había reducido a 989.000 millones de LIT. Invitó además al Gobierno italiano a no conceder más ayudas, fuese bajo la forma que fuese, a la industria estatal del aluminio hasta finalizado el año 1988.
El 18 de septiembre de 1987, las autoridades italianas decidieron autorizar al EFIM (Ente partecipazione e finanziamenti industrie manifatturiere) a efectuar una emisión de obligaciones a cargo del Estado cuyos rendimientos se dedicarían, hasta 100.000 millones de LIT, a la financiación de inversiones en las sociedades Aluminia (70.000 millones de LIT) y Compagnia Sarda Alluminio (en lo sucesivo, «Comsal»; 30.000 millones de LIT). Al tener conocimiento de este hecho, la Comisión solicitó al Gobierno italiano que le notificara sus intervenciones financieras. Mediante carta de 29 de marzo de 1988, el citado Gobierno le proporcionó informaciones sobre este particular. En virtud de a estas informaciones, la Comisión decidió iniciar el procedimiento que condujo a la Decisión impugnada.
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio, del desarrollo del procedimiento así como de los motivos y alegaciones de las partes, el Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
En apoyo de su recurso, el Gobierno italiano ha invocado tres motivos. Mediante el primero, alega que las aportaciones financieras citadas respetaron el techo de los 989.000 millones de LIT, autorizado por la Decisión de la Comisión de 17 de diciembre de 1986. El segundo motivo se refiere a la inexistencia de una ayuda de Estado, en el sentido del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CEE. Finalmente, el tercer motivo se refiere al hecho de no haber apreciado la Comisión la compatibilidad de las aportaciones financieras con el mercado común en el marco de las excepciones previstas en la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado. Durante la vista, el Gobierno italiano desistió del primer motivo que, por consiguiente, no precisa ser examinado.
Motivo fundado en la inexistencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 92 del Tratado
El Gobierno italiano considera que la Comisión no ha aplicado correctamente el criterio de la, comparación de la actitud del Estado con la de un inversor privado con el fin de apreciar la existencia de una ayuda en el sentido del artículo 92 del Tratado. Señala que la Comisión únicamente tuvo en cuenta las pérdidas y el endeudamiento global sufridos por Alumínia y Comsal durante los años 1985 a 1987, sin conceder ninguna importancia al hecho de que, en 1988, Alumínia liquidó el ejercicio económico con un superávit neto y qué Comsal redujo progresivamente sus pérdidas, lo cual, a su juicio, era previsible en la fecha en que las citadas empresas percibieron las cantidades controvertidas. El Gobierno italiano entiende que la Comisión tampoco tuvo en cuenta el hecho de: que las citadas sumas iban destinadas a unos proyectos concretos de inversión productiva. Finalmente, el Gobierno italiano subraya que, al no tener en cuenta el hecho de que una empresa privada perteneciente a un grupo de grandes dimensiones podría contar con la capacidad de financiación del grupo, la Comisión no realizó una aplicación correcta del principio de igualdad entre empresas privadas y empresas públicas.
Frente a estos argumentos procede recordar en primer lugar que, con arreglo a reiterada jurisprudencia, la intervención de las autoridades públicas en el capital de una empresa, bajo cualquier forma, puede constituir una ayuda de Estado cuando se cumplen los requisitos previstos en el artículo 92 del Tratado y que, para determinar si dichas medidas presentan el carácter de ayudas de Estado, procede apreciar si, en circunstancias similares, un inversor privado de dimensiones comparables a las de los organismos gestores del sector público habría podido llegar a realizar aportaciones de capital de la misma cuantía (sentencia de 21 de marzo de 1991, Italia/Comisión, «Alfa Romeo»,
C-305/89, Rec. p. I-1603
), apartados 18 y 19.
Contrariamente a lo que afirma el Gobierno italiano, la circunstancia de que una intervención financiera vaya destinada a inversiones productivas no excluye por sí sola que semejante intervención tenga la naturaleza de una ayuda, en los casos en que, considerando la situación de la empresa, parezca inverosímil que un inversor privado hubiera efectuado semejante aportación de medios financieros.
Según la Decisión impugnada, que en este punto no ha sido discutida, las empresas beneficiarias de las operaciones controvertidas registraron entre 1985 y 1987, es decir, durante el período inmediatamente anterior a las citadas operaciones, unas pérdidas continuas e importantes, a saber: 77.800, 57.500 y 98.300 millones de LIT, en el caso de Aluminia, y, por lo que se refiere a Comsal, 14.200, 10.200 y 9.400 millones de LIT. Además, su situación financiera se caracterizaba por un elevado endeudamiento que alcanzaba en 1987 un 133 % del volumen de negocios de Aluminia y un 142 °/o del de Comsal.
No obstante, el Gobierno italiano alega que en el año 1988 Aluminia liquidó su balance con un superávit neto de 7.000 millones de LIT y que Comsal redujo sus pérdidas a la mitad. Señala, además, que estos resultados ya eran previsibles en septiembre de 1987, fecha de las aportaciones financieras.
Aun suponiendo que estos resultados hubieran sido previsibles ya en el momento de las operaciones de financiación de que se trata, como afirma el Gobierno italiano, procede señalar que tales previsiones no bastaban para inducir a un inversor privado a arriesgar cantidades de semejante magnitud. Por otra parte, éstas deben valorarse en el marco del conjunto de operaciones llevadas a cabo por el Gobierno italiano durante los años 1983 a 1988.
Por lo que se refiere en especial a Comsal, basta con señalar que la circunstancia de que sus pérdidas se redujeran durante el año 1988 no modifica el hecho de que dicha empresa sufrió pérdidas continuas e importantes ininterrumpidamente desde 1982.
Por lo que se refiere a Alumínia, debe señalarse que el resultado positivo de 7.000 millones de LIT, suponiendo que hubiera sido previsible, no habría sido suficiente para inducir a un hipotético inversor privado a efectuar la citada aportación de capital, puesto que el citado resultado es aún muy reducido para compensar el enorme volumen de endeudamiento que representa casi una vez y media su volumen de negocios, y las enormes pérdidas, cuya acumulación desde 1982 llegó á representar la cantidad de 929.800 millones de LIT y que, sólo en el año 1987, ascendieron a 98.300 millones de LIT, es decir, el año inmediatamente anterior a aquél en que se produjo el resultado positivo.
Por lo que se refiere a la alegación del principio de igualdad entre las empresas privadas y las empresas públicas, debe recordarse que, como lo señaló este Tribunal de Justicia en su sentencia de 21 de marzo de 1991, Italia/Comisión, «ENI-La-nerossi» (
C-303/88, Rec. p. I-1433
), apartado 20, del mismo principio de igualdad de trato se deduce que los capitales que el Estado pone, directa o indirectamente, a disposición de una empresa, en circunstancias que puedan considerarse las normales del mercado, no pueden ser considerados como ayudas de Estado. Ahora bien, teniendo en cuenta los datos antes expuestos, no es posible afirmar que las citadas empresas recibieran los.capitales que se pusieron a su disposición en circunstancias que puedan considerarse las normales del mercado.
De todo lo anterior se sigue que las citadas intervenciones financieras constituyen ayudas de Estado en el sentido del artículo 92 del Tratado CEE. Procede, pues, desestimar el primer motivo.
Motivo fundado en no haberse apreciado la compatibilidad de las intervenciones financieras discutidas con el mercado común, en el marco de las excepciones previstas en la letra c) del apartado 3 del artículo 92
El Gobierno italiano alega que la Comisión habría debido valorar, como lo hizo con el plan aluminio, en cuyo marco se incluyen las ayudas controvertidas, si estas últimas eran compatibles con el mercado común, con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 92. En apoyo de esta pretensión, el Gobierno italiano afirma en primer lugar que el párrafo primero del apartado 2 del artículo 93 del Tratado no faculta a la Comisión para adoptar una Decisión que se limite a declarar el incumplimiento de las obligaciones impuestas por una Decisión anterior. Para lograr semejante declaración, sólo tiene la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia con arreglo al párrafo segundo del citado apartado. Además, el Gobierno italiano considera que la Decisión de 17 de diciembre de 1986 contenía únicamente una invitación y no una obligación inexcusable de no conceder nuevas ayudas. Finalmente, añade que esta Decisión no puede suponer una prohibición absoluta de futuras ayudas, las cuales, por el contrario, deben enjuiciarse en relación a su finalidad así como a la situación económica del mercado común en el momento en que se concedan.
Procede destacar en primer lugar que, en la medida en que este motivo trata de cuestionar la Decisión de 17 de diciembre de 1986, como ésta no fue impugnada en el plazo debido, el motivo no puede admitirse.
Debe señalarse a continuación que no cabe estimar la alegación del Gobierno italiano en el sentido de que la condición, establecida por la Decisión de 17 de diciembre de 1986, de no conceder más ayudas hasta finales del año 1988 no es vinculante. Efectivamente, se debe subrayar que la Decisión de 17 de diciembre de 1986 respondía a un compromiso previo del Gobierno italiano para reducir las aportaciones de capital que había previsto y que, con ello, concluía el procedimiento. En este contexto, por más que la Comisión utilizara el término «invita», la citada condición sólo podía ser vinculante.
Por lo que se refiere a la alegación de que la Comisión, para lograr que se declarase la infracción de la Decisión anterior, habría debido interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia, debe señalarse en primer lugar que, cuando la Comisión examina la compatibilidad de una ayuda de Estado con el mercado común, debe tener en cuenta todos los datos pertinentes, incluyendo en su caso el contexto ya valorado en una Decisión anterior así como las obligaciones que la citada Decisión pudo imponer a un Estado miembro. En el caso de autos, no cabe reprochar a la Comisión haber enjuiciado la nueva ayuda en el marco del conjunto de las ayudas a la industria del aluminio, como lo hizo, por otra parte, el propio Gobierno italiano en sus observaciones presentadas a lo largo del procedimiento administrativo previo.
Además, el procedimiento de. examen de las ayudas con arreglo al apartado 2 del artículo 93 permite apreciar cualquier nuevo dato de hecho que pueda modificar el juicio de la Comisión, a la vista de la finalidad de las nuevas ayudas así como de la totalidad de las circunstancias económicas del caso en el momento de concederse las ayudas.
Procede declarar que, en el caso de autos, el Gobierno italiano no ha presentado en ningún momento del procedimiento datos nuevos que permitan modificar el juicio que ya había efectuado la Comisión en su Decisión de 17 de diciembre de 1986. Sin exponer ningún argumento, se limitó a solicitar que las nuevas ayudas fueran apreciadas a la luz de lo dispuesto en la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE.
De ahí se sigue que, una vez que la Comisión, al adoptar la Decisión controvertida, no había apreciado ningún dato nuevo que le permitiera enjuiciar si las citadas ayudas podían acogerse a la excepción prevista en la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado, tenía motivos para fundamentar su Decisión en las apreciaciones que ya efectuó en la Decisión precedente así como en el incumplimiento de la condición que impuso en la misma.
De cuanto antecede se sigue que debe también desestimarse el segundo motivo.
Por consiguiente, procede desestimar el recurso en su totalidad.
Costas
Conforme al apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Al haber sido desestimados los motivos formulados por la República Italiana, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas a la República Italiana.

Due
Mancini
O'Higgins
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Slynn
Schockweiler
Grévisse
Zuleeg
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 3 de octubre de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.