CELEX: 61990CJ0302
Seguridad Social de los trabajadores fronterizos
Reglamento nº 36/63/CEE

Mediante resolución de 28 de septiembre de 1990, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de octubre siguiente, la cour du travail de Mons planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, cuatro cuestiones prejudiciales sobre lá interpretación del Reglamento n° 36/63/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1963, relativo a la Seguridad Social de los trabajadores fronterizos (
DO 1963, 62, p. 1314
), y del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (
DO L 149, p. 2
; EE 05/01, p. 98).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Napoléon y Jocelyne Faux, en calidad de herederos de la Sra. Desse, que falleció durante el procedimiento, y la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (en lo sucesivo, «CAAMI») y la parte coadyuvante, el Institut national d'assurance maladie-invalidité (en lo sucesivo, «INAMI»).
La Sra. Desse, nacional francesa que trabajó en Bélgica como trabajadora fronteriza entre el 25 de febrero de 1957 y el 4 de diciembre de 1970, fecha de su despido, percibió las prestaciones de desempleo en Francia, con arreglo al apartado 1 del artículo 19 del Reglamento n° 36/63, hasta el 11 de octubre de 1971, con una única interrupción, entre el 2 y el 21 de febrero de 1971, período éste durante el cual percibió las prestaciones de enfermedad del organismo asegurador belga.
La CAAMI reconoció a la Sra. Desse incapacidad laboral entre el 12 de octubre de 1971 y el 30 de septiembre de 1980, fecha de su jubilación. Sin embargo, mediante decisión de 11 de mayo de 1973, la CAAMI le denegó las prestaciones del seguro de enfermedad-invalidez. La Sra. Desse recurrió contra esta decisión ante el tribunal du travail de Tournai, el cual estimó su recurso en su sentencia de 4 de junio de 1976.
La CAAMI, apoyada por el INAMI, interpuso un recurso de apelación contra esta sentencia ante la cour du travail de Mons, la cual decidió suspender el procedimiento para plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
Una trabajadora por cuenta ajena, de nacionalidad francesa, residente en Francia y que sólo ha trabajado por cuenta ajena en Bélgica durante aproximadamente catorce años, ¿pierde la condición de trabajadora fronteriza, a efectos de la letra c) del artículo 1 del Reglamento n° 36/63/CEE (condición que le era todavía reconocida en el momento de su despido, ocurrido el 4 de diciembre de 1970)?
¿Constituye dicha pérdida de la condición de trabajadora fronteriza la consecuencia de que, durante el período comprendido entre el 24 de febrero de 1971 y el 11 de octubre de 1971, dicha trabajadora se encontrara en situación de desempleo total y percibiera prestaciones por este concepto a cargo de la institución francesa del lugar de su residencia, en el marco del apartado 1 del artículo 19 del Reglamento n° 36/63/CEE, de 2 de abril de 1963, mientras que, según el apartado 1 del artículo 2 y el apartado 1 del artículo 19 de dicho Reglamento, parece que conserva la citada condición?
2)
¿Tiene dicha trabajadora derecho a prestaciones por incapacidad laboral transitoria (durante un año) y por invalidez después, a cargo de la institución belga competente, con arreglo al artículo 6 del mismo Reglamento n° 36/63, en caso de enfermedad y de incapacidad laboral, seguida de invalidez, reconocida conforme a la legislación belga en materia de seguro de enfermedad e invalidez (Ley de 9 de agosto de 1963) a partir del 12 de octubre de 1971 y hasta la edad de jubilación (es decir, hasta el 30 de septiembre de 1980)?
3)
De acuerdo con el espíritu del Reglamento n° 36/63 y de las disposiciones específicas complementarias que fue necesario adoptar (véase el quinto considerando del Reglamento), el período de desempleo cubierto en Francia, aun cuando no se reconozca en este país de residencia como período de seguro o asimilado o equivalente a un período de seguro, ¿debe considerarse en Bélgica, país del empleo anterior, como un período de seguro o asimilado a un período de seguro (especialmente por lo que se refiere a la aplicación de la Ley nacional de 9 de agosto de 1963, en materia de seguro de enfermedad e invalidez: artículos 66 a 68 y 75)?
Debe tenerse en cuenta que la respuesta a esta cuestión está vinculada a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento n° 36/63, que obliga implícitamente al trabajador fronterizo en situación de desempleo total a ejercitar su derecho a las prestaciones de desempleo y, por consiguiente, a inscribirse como solicitante de empleo en el país en que se halla su lugar de residencia (en este caso, Francia), más que en el país del lugar de empleo y de sujeción a la Seguridad Social de los trabajadores asalariados y donde perdió su empleo.
4)
Por último, con carácter subsidiario, para el caso de que se responda negativamente a las tres primeras cuestiones y de que se aplique, en materia de seguro de enfermedad-invalidez, el Reglamento n° 3 a partir del 1 de octubre de 1971 y el Reglamento (CEE) n° 1408/71 a partir del 1 de octubre de 1972:
La institución del país de empleo y de sujeción a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta ajena (en este caso Bélgica), ¿debe considerar el período de desempleo por el que se han percibido prestaciones en Francia, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento n° 36/63/CEE (aunque dicho período no se reconozca en este país como período de seguro o asimilado o equivalente), como un período de seguro, un período asimilado o un período equivalente a efectos de los artículos 66 (período de cotización) a 68 y 75 (debido a la conservación de la condición de titular) de la Ley de 9 de agosto de 1963 en materia de seguro de enfermedad-invalidez?»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas ante este Tribunal de Justicia, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Primera cuestión
Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pretende saber, básicamente, si la letra c) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento n° 36/63 debe ser interpretada en el sentido de que un trabajador fronterizo pierde esta condición por el hecho de hallarse en situación de desempleo total.
El INAMI alega que, para aplicar a un trabajador las disposiciones del Reglamento n° 36/63, es preciso que el citado trabajador responda a la definición de fronterizo que da la letra c) del apartado 1 del artículo 1 de este Reglamento y, en especial, al requisito de ocupar un empleo en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado de residencia. Ahora bien, este requisito no se cumple cuando el trabajador se encuentra en situación de desempleo total. En apoyo de su tesis, el INAMI invoca la interpretación de los términos «ocupar un empleo» que dio la Comisión Administrativa creada por el artículo 43 del Reglamento n° 3 del Consejo, de 25 de septiembre de 1958, relativo a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes (
DO 1958, 30, p. 597
). Esta Comisión consideró que la expresión tenía un alcance muy amplio, que incluía, especialmente «a los trabajadores en situación de desempleo parcial o accidental, beneficiarios del apartado 2 del artículo 19 del Reglamento n° 36/63». De esta interpretación, el INAMI extrae la conclusión de que los trabajadores en situación de desempleo total, cuyos derechos a prestaciones de desempleo se hallan establecidos en el apartado 1 del artículo 19 del mismo Reglamento, ya no son trabajadores fronterizos.
Debe señalarse que, si bien la interpretación invocada por el INAMI puede encontrar algún apoyo en la expresión «ocupar un empleo en el territorio de otro Estado miembro», que utiliza la letra c) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento n° 36/63, no obstante, contradice el contenido y los propios términos de otras disposiciones de este mismo Reglamento, a saber: las del apartado 1 del artículo 19 y las del artículo 10.
Efectivamente, el apartado 1 del artículo 19 de este Reglamento contempla las prestaciones a las que tiene derecho «un trabajador fronterizo que se halla en situación de desempleo total». Por su parte, el artículo 10 establece: «El trabajador fronterizo que, con arreglo a las disposiciones del apartado 1 o del apartado 2 del artículo 19, perciba las prestaciones de desempleo previstas por la legislación de un Estado miembro, tendrá derecho, durante el mismo período, así como los miembros de su familia, a las prestaciones en especie a cargo de la institución del lugar de su residencia»
(traducción no oficial).
De estas disposiciones se deduce que un trabajador fronterizo en paro conserva su condición de trabajador fronterizo.
Por lo que se refiere al argumento fundado en la interpretación de la Comisión Administrativa a que se refiere el artículo 43 del Reglamento n° 3, basta con señalar que, como ponen de manifiesto los documentos que obran en autos, el problema que dio lugar a esta interpretación se refería exclusivamente a la cuestión de si debía, o no, considerarse que los trabajadores fronterizos que perciben prestaciones de desempleo parcial o accidental «ocupan un empleo», en el sentido de la letra c) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento n° 36/63, antes citado. Por el contrario, no se tuvo en cuenta la situación de los trabajadores que se hallan en situación de desempleo total.
Procede, pues, responder a la primera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente que la letra c) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento n° 36/63 debe interpretarse en el sentido de que un trabajador fronterizo no pierde dicha condición por encontrarse en situación de desempleo total.
Segunda cuestión
Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pretende saber, básicamente, si un trabajador fronterizo que se encuentra en situación de desempleo total puede solicitar las prestaciones de incapacidad laboral, y de invalidez después, a cargo de la institución competente del Estado miembro del último empleo.
En primer lugar, en lo relativo a las prestaciones de incapacidad laboral, basta con señalar que, desde el momento que el trabajador fronterizo en situación de desempleo total conserva su condición de fronterizo, es de aplicación en el presente asunto el artículo 6 del Reglamento n° 36/63, que ponía a cargo del Estado miembro de empleo las prestaciones de enfermedad en metálico a las que tendría derecho el trabajador fronterizo si residiera en el territorio del citado Estado.
Por lo que se refiere a las prestaciones de invalidez del trabajador fronterizo en situación de desempleo total, del apartado 5 del artículo 39 del Reglamento n° 1408/71 se deduce que serán servidas por la institución competente del Estado miembro en cuyo territorio resida. No obstante, como ha señalado la Comisión, esta disposición no es aplicable en el asunto principal. Efectivamente, esta disposición fue introducida en este último Reglamento por el Reglamento (CEE) n° 2793/81 del Consejo, de 17 de diciembre de 1981, por el que se modifica el Reglamento n° 1408/71 (
DO L 275, p. 1
), y éste no entró en vigor hasta el día de su publicación, a saber: el 29 de septiembre de 1981.
Procede, pues, tomar en consideración el artículo 39 del Reglamento n° 1408/71, en la versión en vigor durante el período cubierto por el litigio principal. Ahora bien, de los apartados 1 y 2 de esta disposición se deduce que las prestaciones de invalidez son por cuenta de la institución del Estado miembro cuya legislación era aplicable en el momento de sobrevenir la incapacidad laboral seguida de invalidez, siempre que el interesado reúna los requisitos requeridos por esta legislación.
En una situación como Ia que contempla el caso de autos en el litigio principal, debe admitirse que el Estado miembro cuya legislación era aplicable en el momento de sobrevenir la incapacidad de un trabajador fronterizo en situación de desempleo total sólo podía ser el Estado del último empleo, con arreglo a las disposiciones del Reglamento n° 36/63 y, especialmente, de su artículo 6.
Procede, pues, responder a la segunda cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional que, según el Derecho aplicable al asunto del procedimiento principal, un trabajador fronterizo que se encuentre en situación de desempleo total puede solicitar las prestaciones de incapacidad laboral, en virtud del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento n° 36/63, y las prestaciones de invalidez después, en virtud de los apartados 1 y 2 del artículo 39 del Reglamento n° 1408/71, a cargo de la institución competente del Estado miembro del último empleo.
Tercera cuestión
Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pretende saber, básicamente, si el período de desempleo total de un trabajador fronterizo que está obligado, en virtud del apartado 1 del artículo 19 del Reglamento n° 36/63, a ejercer sus derechos a las prestaciones de desempleo en el Estado miembro de residencia, a pesar de que en éste no se reconozca como período de seguro de enfermedad o asimilado, debe considerarse como tal en el Estado de su último empleo, cuya legislación aplicable en la época de qué se trata asimilaba los períodos de desempleo cubiertos en su territorio a períodos de seguro de enfermedad.
Con objeto de responder a esta cuestión, deben tenerse en cuenta determinados aspectos del Derecho nacional y del Derecho comunitario que provocaron el problema planteado en el asunto del procedimiento principal.
Consta en autos que, en la época de que se trata, la legislación belga, aplicable en concepto de legislación del Estado del último empleo (véase apartado 17 anterior), subordinaba la concesión de las prestaciones de incapacidad laboral, especialmente, al requisito de un período mínimo de trabajo y de seguro (artículos 66 y 68 de la Ley belga de 9 de agosto de 1963, por la que se,crea y se organiza un sistema de seguro obligatorio de enfermedad e invalidez,
Moniteur belge
de 1 [...] 2.11.1963). Con arreglo al nùmero 3 del artículo 21 y a la letra c) del n° 1 del apartado 1 del artículo 45 de esta Ley, se reconocía a los trabajadores en paro el derecho a las prestaciones de incapacidad laboral, asimilando, de esta forma, el período de desempleo a un período de seguro.
De la resolución de remisión se deduce que la institución belga competente denegó a la Sra. Desse las prestaciones controvertidas, por cuanto el período durante el cual la interesada percibió las prestaciones de desempleo en Francia, Estado de residencia, no estaba reconocido en este último Estado como período de seguro.
Ahora bien, el hecho de que la Sra. Desse recibiera las prestaciones de desempleo en Francia, y no en Bélgica, fue una consecuencia necesaria de la aplicación del Derecho comunitario. Efectivamente, de los propios términos del apartado 1 del artículo 19 del Reglamento n° 36/63 resulta que el trabajador fronterizo que se halle en desempleo total tan sólo puede solicitar las prestaciones de desempleo del Estado miembro en cuyo territorio resida [véase la sentencia de 12 de junio de 1986, Miethe,
1/85, Rec. p. 1837, apartado 10
, relativa a la interpretación del inciso ii) de la letra a) del apartado 1 del artículo 71 del Reglamento n° 1408/71, cuyos términos son en gran parte idénticos a los del apartado 1 del artículo 19 del Reglamento n° 36/63].
Considerando el conjunto de estos datos, la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional con objeto de saber si el período durante el cual la interesada percibió en Francia las prestaciones de desempleo debe asimilarse o no a un período de seguro a efectos de la concesión de las prestaciones de incapacidad laboral conforme a la legislación belga, sólo puede recibir una respuesta afirmativa.
Es cierto, como ha señalado este Tribunal de Justicia en repetidas ocasiones (véase, por ejemplo, la sentencia de 5 de diciembre de 1967, Welchner,
14/67, Rec. p. 427
) y como ha expuesto el INAMI, que tanto el Reglamento n° 3 [letra p) del artículo 1] como el Reglamento n° 1408/71 [letra r) del artículo 1], aplicables al asunto principal, aclaran que los «períodos de seguro» designan los períodos definidos o admitidos como tales por la legislación bajo la cual han sido cubiertos.
Sin embargo, debe señalarse que, en una situación como la del asunto principal, esta interpretación conduciría a que, a un trabajador fronterizo, que se inscribió como parado en el Estado miembro de residencia conforme al apartado 1 del artículo 19 del Reglamento n° 36/63, se le denegase, en el Estado miembro del último empleo, el derecho a las prestaciones de incapacidad laboral que le correspondería si se hubiera inscrito como solicitante de empleo en este Estado miembro y si, por consiguiente, su período de desempleo se hubiera asimilado allí a un período de seguro de enfermedad.
Ahora bien, con arreglo a reiterada jurisprudencia de este Tribunal de Justicia (véanse las sentencias de 5 de julio de 1967, Colditz,
9/67, Rec. p. 297
, de 21 de octubre de 1975, Petroni,
24/75, Rec. p. 1149, apartado 13
, y de 7 de marzo de 1991, Masgio,
C-10/90, Rec. p. I-1119, apartado 18
), el objetivo de los artículos 48 a 51 del Tratado no se alcanzaría si, como consecuencia del ejercicio de su derecho a la libre circulación, los trabajadores migrantes perdieran las ventajas de Seguridad Social que les concede sólo la legislación de un Estado miembro.
De cuanto antecede se deduce que las disposiciones relativas a la definición de los períodos de seguro de los Reglamentos n° 3 y n° 1408/71 no pueden ser interpretadas de manera que se prive a los trabajadores migrantes de las ventajas a las que podrían tener derecho sólo en virtud de la legislación de un Estado miembro, obstaculizando, así, el objetivo perseguido por los artículos 48 y 51 del Tratado (véanse las sentencias de 5 de julio de 1967 Colditz, antes citada; de 6 de marzo de 1979, Rossi,
100/78, Rec. p. 831
, y de 12 de junio de 1980, Laterza,
733/79, Reep. 1915
).
Procede pues responder a la tercera cuestión declarando que el período de desempleo total de un trabajador fronterizo que, en virtud del apartado 1 del artículo 19 del Reglamento n° 36/63, estuviera obligado a ejercer sus derechos a las prestaciones de desempleo en el Estado miembro de residencia, a pesar de que en éste no se reconozca como período de seguro o asimilado, debe considerarse como tal en el Estado de su último empleo, cuya legislación, aplicable en la época de que se trata, asimilaba los períodos de desempleo cubiertos en su territorio a períodos de seguro de enfermedad.
Considerando la respuesta que se ha dado a la: tercera cuestión, no procede pronunciarse sobre la cuarta.
Costas
Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la cour du travail de Mons mediante resolución de 28 de septiembre de 1990, declara:

1)
La letra c) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento n° 36/63/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1963, relativo a la Seguridad Social de los trabajadores fronterizos, debe interpretarse en el sentido de que un trabajador fronterizo no pierde dicha condición por encontrarse en situación de desempleo total.

2)
Según el Derecho aplicable al asunto del procedimiento principal, un trabajador fronterizo que se encuentre en situación de desempleo total puede solicitar las prestaciones de incapacidad laboral en virtud del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento n° 36/63/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1963, relativo a la Seguridad Social de los trabajadores fronterizos, y las prestaciones de invalidez después, en virtud de los apartados 1 y 2 del artículo 39 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad.

3)
El período de desempleo total de un trabajador fronterizo, que, en virtud del apartado 1 del artículo 19 del Reglamento n° 36/63/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1963, relativo a la Seguridad Social de los trabajadores fronterizos, estuviera obligado a ejercer sus derechos a las prestaciones de desempleo en el Estado miembro de residencia, a pesar de que en éste no se reconozca como período de seguro o asimilado, debe considerarse como tal en el Estado de su último empleo, cuya legislación, aplicable en la época de que se trata, asimilaba los períodos de desempleo cubiertos en su territorio a períodos de seguro de enfermedad.

Slynn
Grévisse
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Zuleeg
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de octubre de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de Sala
en funciones de Presidente de la Sala Quinta
Gordon Slynn
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.