CELEX: 61988CJ0359
Acercamiento de las legislaciones
Residuos
Concepto
Autorización y vigilancia de la gestión de residuos

Mediante resolución de 14 de julio de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 13 de diciembre siguiente, la Pretura di San Vito al Tagliamento planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, tres cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (
DO L 194, p. 39
; EE 15/01, p. 129), así como de la Directiva 78/319/CEE del Consejo, de 20 de marzo de 1978, relativa a los residuos tóxicos y peligrosos (
DO L 84, p. 43
; EE 15/02, p. 98).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de sendos procesos penales instruidos contra responsables de ciertas empresas de transporte acusados de haber transportado por cuenta ajena soluciones usadas de ácido clorhídrico, sin haber obtenido autorización administrativa previa, infringiendo así el Decreto n° 915 del Presidente de la República Italiana, de 10 de septiembre de 1982 (GURI n° 343, de 15.12.1982, p. 9071) (en lo sucesivo, «Decreto presidencial»). Dicho Decreto, promulgado para adaptar el Decreto interno a las dos Directivas ya citadas, establece sanciones penales contra las personas que procedan a la gestión, incluido el transporte, de residuos por cuenta ajena sin haber obtenido la autorización administrativa de la Región italiana competente.
Los acusados sostuvieron, en primer lugar, en su defensa que las sustancias que habían transportado no eran «residuos» en el sentido del Decreto presidencial, que define, en su artículo 2, el concepto de «residuo» como referido a «cualquier sustancia u objeto que derive de la actividad humana o de los ciclos naturales, abandonado o destinado al abandono». En el caso de autos, las sustancias transportadas, alegó la defensa, podían ser objeto de reutilización económica y, por tanto, no se habían abandonado ni se destinaban al abandono y, al no estar incluida en el ámbito de aplicación del Decreto presidencial la actividad que dio origen a la acusación, no eran de aplicación las sanciones penales previstas en dicha norma.
La Pretura destacó, al respecto, que los artículos 1 de las Directivas 75/442 y 78/319, cuya adaptación al Derecho interno es la finalidad del artículo 2 del Decreto presidencial, definen el concepto de «residuo» como «cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales eri vigor». Se cuestionó el órgano jurisdiccional nacional si sería conforme con las citadas Directivas un concepto de «residuo» que excluyera las sustancias y objetos susceptibles de reutilización económica, como ocurriría si se aceptara la interpretación del Decreto postulada por los acusados. ,
Por otra parte, los acusados alegaron que el Decreto presidencial no somete a autorización administrativa, en su artículo 16, nada más que el transporte de residuos tóxicos y peligrosos en el sentido de la Directiva 78/319, mientras que no contiene precepto análogo para el transporte de los residuos contemplados por la Directiva 75/442. Dedujeron de ello que, incluso en el supuesto de que las sustancias que habían transportado fueran «residuos» en el sentido de la Directiva 75/442, no se requería autorización alguna para su transporte.
Estimó al respecto la Pretura que las sustancias que habían transportado los acusados no eran residuos tóxicos y peligrosos, en el sentido de la Directiva 78/319, al ņo figurar entre las sustancias y materias incluidas en el anexo de dicha Directiva. No obstante, la Pretura estimó que las sustancias transportadas podían, en su caso, estar incluidas en el ámbito de la Directiva 75/442. Consideró la Pretura que sólo podía interpretar el Decreto presidencial en el sentido propuesto por los acusados, en el supuesto de que la Directiva 75/442 no imponga a los Estados miembros la obligación de someter el transporte de residuos a un sistema de autorización administrativa previa.
Finalmente, la Pretura consideró que el Decreto presidencial no es claro sobre la cuestión de si la licencia para transporte de residuos debe ser concedida únicamente por la Región en cuyo territorio tiene su domicilio la empresa de transporte o por cada una de las Regiones que hayan de atravesarse. Expuso su parecer de que hay que inclinarse por esta segunda interpretación, habida cuenta que las decisiones adoptadas por cada Región en Italia sólo tienen eficacia dentro de su propio ámbito territorial.
No obstante, la Pretura se cuestionó si, así interpretado, el Decreto presidencial sería compatible con el artículo 5 de la Directiva 75/442. Dicho precepto prevé que «los Estados miembros establecerán o designarán la autoridad o autoridades competentes encargadas de la planificación, organización, autorización y supervisión de las operaciones de eliminación de los residuos en una zona determinada». En opinión de la Pretura, este precepto implica necesariamente que los Estados miembros deben designar autoridades que tengan competencia de ámbito nacional para conceder las autorizaciones administrativas para el transporte de residuos, ya que, en efecto, un fraccionamiento de competencias entre diversas Administraciones territoriales haría impracticable el sistema de autorización administrativa previa, al poder diferir los requisitos exigidos por las distintas autoridades competentes.
Por todo ello, la Pretura suspendió el proceso y presentó al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
Œ1 legislador italiano adoptó en el párrafo 1 del artículo 2 del Decreto del Presidente de la República 915 de 1982 una definición de “residuo” acorde con las Directivas 75/442 y 78/319?
2)
¿El legislador, cuando distingue las obligaciones de autorización únicamente en las etapas de gestión de residuos tóxicos y peligrosos, mientras que (artículo 16 del Decreto del Presidente de la República 915 de 1982) no estableció autorizaciones específicas para operaciones similares relativas a residuos especiales, respetó el artículo 10 de la Directiva 75/442?
3)
¿El legislador italiano, al establecer autorizaciones regionales específicas relativas al transporte de residuos, respetó lo establecido en el artículo 5 de la mencionada Directiva, en el sentido de que las autoridades encargadas parecen limitadas a una “zona determinada”?»
Para una más completa exposición de los hechos del asunto principal, de la normativa aplicable y de las observaciones escritas presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre la primera cuestión (concepto de residuo)
Por medio de la primera cuestión, la Pretura pregunta fundamentalmente si una normativa nacional que adopta una definición del concepto de «residuo» que excluya las sustancias y objetos susceptibles de reutilización económica es compatible con las Directivas 75/442 y 78/319 del Consejo.
Procede recordar, al respecto, que en la sentencia de 28 de marzo de 1990, Vessoso y Zanetti (asuntos
C-206/88 y C-207/88, Rec. 1990, p. 1461
), el Tribunal de Justicia declaró que el concepto de «residuo», en el sentido de los artículos 1 de las Directivas 75/442 y 78/319 del Consejo, no debe entenderse como que excluye las sustancias y objetos susceptibles de reutilización económica.
Por tanto, se ha de responder a la primera cuestión que una normativa nacional que adopte una definición del concepto de «residuo» que excluya las sustancias y objetos susceptibles de reutilización económica no es compatible con las Directivas 75/442 y 78/319 del Consejo.
Sobre la segunda cuestión (necesidad de autorización para el transporte de residuos)
Por medio de la segunda cuestión, la Pretura solicita fundamentalmente que se dilucide si una norma de Derecho interno que no sujete a un sistema de autorización administrativa previa el transporte de los residuos contemplados por la Directiva 75/442 del Consejo, es compatible con el artículo 10 de dicha Directiva.
Se ha de recordar que, a tenor del artículo 10 de la Directiva 75/442, «las empresas que se ocupen del transporte, la recogida, el almacenamiento, el depósito o el tratamiento de sus propios residuos, así como las que recojan o transporten por cuenta ajena sus residuos, estarán sometidas a la vigilancia de la autoridad competente prevista en el artículo 5». Así pues, este precepto impone a los Estados miembros el sometimiento del transporte de residuos a la vigilancia de la autoridad designada al efecto, pero no los obliga a someter el ejercicio de dicha actividad a un sistema de licencia previa.
No obstante, es importante subrayar que el artículo 4 de la Directiva 75/442 prevé que «los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para asegurar que los residuos se gestionarán sin poner en peligro la salud del hombre y sin perjudicar el medio ambiente». Los Estados miembros, por tanto, están legitimados para someter el transporte de los residuos objeto de dicha Directiva a un sistema de autorización administrativa previa, si lo estiman necesario para la consecución de los objetivos de esta Directiva.
Así pues, se ha de contestar a la segunda cuestión que una normativa nacional que no somete el transporte de los residuos contemplados por la Directiva 75/442 del Consejo a un sistema de autorización administrativa previa es compatible con el artículo 10 de dicha Directiva. No obstante, los Estados miembros están legitimados para someter el transporte de los residuos objeto de dicha Directiva a un sistema de autorización administrativa previa si lo estiman necesario para la consecución de los objetivos de esta Directiva.
Sobre la tercera cuestión (autoridades que pueden ser designadas para conceder las autorizaciones administrativas previstas por la Directiva 75/442)
Por medio de la tercera cuestión, la Pretura pregunta, fundamentalmente, si es compatible con el artículo 5 de la Directiva 75/442 la atribución de la competencia para conceder las autorizaciones administrativas para el transporte de residuos a autoridades que no tengan competencia de ámbito nacional.
Según se deduce del artículo 5 de la Directiva, las autoridades a designar por los Estados miembros a los fines de «autorización [...] de las operaciones de eliminación de los residuos» pueden ser competentes en sólo «una zona determinada». Admite, pues, este precepto que la competencia para conceder las licencias para el transporte de residuos se pueda atribuir a autoridades que no tengan competencia de ámbito nacional.
Procede, por tanto, responder a la tercera cuestión que la atribución de la competencia para conceder las autorizaciones para el transporte de residuos a autoridades que no tengan competencia de ámbito nacional es compatible con él artículo 5 de la Directiva 75/442 del Consejo.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno italiano y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el proceso principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la Pretura di San Vito al Tagliamento, mediante resolución de 14 de julio de 1988, decide declarar que:

1)
Una normativa nacional que adopte una definición del concepto de «residuo» que excluya las sustancias y objetos susceptibles de reutilización económica no es compatible con las Directivas 75/442/CEE y 78/319/CEE del Consejo.

2)
Una normativa nacional que no somete el transporte de los residuos contemplados por la Directiva 75/442/CEE del Consejo a un sistema de autorización administrativa previa es compatible con el artículo 10 de dicha Directiva. No obstante, los Estados miembros están legitimados para someter el transporte de los residuos objeto de dicha Directiva a un sistema de autorización administrativa previa si lo estiman necesario para la consecución de los objetivos de esta Directiva.

3)
La atribución de la competencia para conceder las autorizaciones para el transporte de residuos a autoridades que no tengan competencia de ámbito nacional es compatible con el artículo 5 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo.

Slynn
Joliét
Rodríguez Iglesias
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 28 de marzo de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Primera
Gordon Slynn
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.