CELEX: 61989CJ0093
Pesca
Licencias
Derecho de establecimiento

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 20 de marzo de 1989, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 52 del Tratado CEE, al exigir que los nacionales de los demás Estados miembros constituyan una sociedad irlandesa para poder obtener una licencia de pesca marítima.
El artículo 2 de la Fisheries (Amendment) Act 1983 (Ley de 1983 por la que se modifica la Ley de Pesca; en lo sucesivo, «Ley de 1983») ha incluido en la Fisherries (Consolidation) Act 1959 (Ley de 1959 por la que se codifican las disposiciones sobre la pesca; en lo sucesivo, «Ley de 1959») el artículo 222 B. Este artículo dispone en su apartado 2 que un buque de pesca marítima matriculado en Irlanda sólo puede ser utilizado para la pesca marítima, sea en la zona de pesca exclusiva de Irlanda o en otro lugar, si es titular de una licencia expedida por el Ministro competente.
La letra a) del apartado 4 del artículo 222 B está redactada en los siguientes términos:
«El Ministro sólo concederá la licencia con arreglo al presente artículo si el buque de pesca para el cual se concede la misma pertenece íntegramente a un ciudadano irlandés o a una persona jurídica constituida con arreglo a la legislación del Estado y sujeta a la misma, que tenga su establecimiento principal (principal place of business) en el Estado.»
Al considerar que la letra a) del apartado 4 del artículo 222 B de la Ley de 1959 infringe el artículo 52 del Tratado, la Comisión inició contra Irlanda el procedimiento del artículo 169 del Tratado.
Mediante auto de 4 de octubre de 1989, el Tribunal de Justicia admitió la intervención del Reino Unido en apoyo de las pretensiones de Irlanda.
Para una más amplia exposición de los hechos, del desarrollo del procedimiento, así como de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Debe señalarse, con carácter previo, que la Comisión e Irlanda coinciden en considerar que el objeto del incumplimiento imputado se refiere únicamente a los requisitos de obtención de una licencia de pesca establecidos en la letra a) del apartado 4 del artículo 222 B de la Ley de 1959 y no a los requisitos —idénticos a los previstos en dicha disposición— a los cuales subordina la legislación irlandesa la matriculación de los buques de pesca marítima.
Según la Comisión, la letra a) del apartado 4 del artículo 222 B de la Ley de 1959 infringe el artículo 52 del Tratado, porque introduce, respecto a los nacionales de los demás Estados miembros propietarios de buques de pesca matriculados en Irlanda, una discriminación por razón de la nacionalidad. En efecto, los nacionales de que se trata están obligados, al contrario de los nacionales irlandeses, a constituir una sociedad irlandesa para obtener una licencia de pesca, por lo que han de hacer frente a problemas y gastos.
El Gobierno irlandés alega que la disposición nacional controvertida no tiene carácter discriminatorio. Por una parte, no va dirigida a los nacionales de los demás Estados miembros, sino que es aplicable a todos los buques de pesca matriculados o sometidos a la obligación de matricularse en Irlanda. Por otra parte, no impide a los propietarios de buques de pesca matriculados en otros Estados miembros establecerse en Irlanda y explotar sus buques partiendo de puertos irlandeses.
A la luz de estos argumentos, debe señalarse que¿ en el presente caso, la imputación de la Comisión no se refiere a una discriminación entre buques matriculados en diferentes Estados miembros, sino a una diferencia de trato derivada de la disposición controvertida entre los nacionales irlandeses, propietarios de un buque de pesca matriculado en Irlanda, por una parte, y los nacionales de los demás Estados miembros, propietarios igualmente de un buque de pesca matriculado en Irlanda, por otra.
Dicha diferencia de trato constituye una discriminación por razón de la nacionalidad en el ámbito del derecho de establecimiento, prohibida por el artículo 52 del Tratado.
El Gobierno irlandés afirma asimismo que la disposición nacional controvertida está justificada con arreglo al régimen comunitario de cuotas de pesca, por cuanto va dirigida a proteger las cuotas asignadas a Irlanda contra los abusos conocidos como «saqueo de cuotas» («quota hopping»). Añade que la aplicación normal de dicho régimen por los Estados miembros se deriva del concepto de orden público a efectos del apartado 1 del artículo 56 del Tratado CEE.
Procede recordar en primer lugar que en las sentencias de 14 de diciembre de 1989, Agegate (
C-3/87, Rec. p. 4459
), y Jaderow (
C-216/87, Rec. p. 4509
), el Tribunal de Justicia declaró que, en el ejercicio de la competencia que les ha sido atribuida para determinar las modalidades de utilización de sus cuotas, los Estados miembros pueden establecer qué buques de su flota pesquera serán admitidos a pescar con cargo a sus cuotas nacionales, a condición de que los criterios utilizados sean compatibles con el Derecho comunitario. En la última sentencia, el Tribunal de Justicia declaró, en particular, que un Estado miembro podrá exigir requisitos dirigidos a asegurar que el buque tenga un vínculo económico real con dicho Estado, siempre que dicho vínculo se refiera solamente a las relaciones entre las actividades pesqueras del citado buque y las poblaciones que viven de la pesca, así como las industrias conexas.
Hay que señalar en este contexto que las licencias previstas en la disposición nacional controvertida, al no referirse específicamente a especies sujetas a cuota, no tienen por objeto establecer las modalidades de utilización de las cuotas irlandesas, sino autorizar el ejercicio de la pesca en general por parte de cualquier buque de pesca matriculado en Irlanda. Por consiguiente, sean cuales fueren los objetivos perseguidos por el legislador nacional, dicha disposición no puede justificarse por la existencia del régimen comunitario de cuotas nacionales.
A la luz de las consideraciones anteriores, procede declarar que Irlanda, al exigir que los nacionales de los demás Estados miembros constituyan una sociedad irlandesa para poder obtener una licencia de pesca marítima, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 52 del Tratado CEE.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así se hubiere solicitado. Por haber sido desestimados los motivos formulados por Irlanda, procede condenarla en costas. El Reino Unido, que ha intervenido en apoyo de las pretensiones formuladas por Irlanda, cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Declarar que Manda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 52 del Tratado CEE, al exigir que los nacionales de los demás Estados miembros constituyan una sociedad irlandesa para poder obtener una licencia de pesca marítima.

2)
Condenar en costas a Irlanda.

3)
El Reino Unido cargará con sus propias costas.

Mancini
O'Higgins
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Diez de Velasco
Slynn
Kakouris
Joliét
Grévisse
Zuleeg
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 4 de octubre de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente en funciones
G.F. Mancini
Presidente de Sala
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.