CELEX: 61989CJ0085
Seguridad Social
Prestaciones de vejez
Revalorización y nuevo cálculo de las prestaciones

Mediante resolución de 7 de marzo de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de marzo siguiente, el Tribunal du travail (Magistratura de Trabajo) de Nivelles planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 51 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad [versión codificada de este Reglamento por el Reglamento (CEE) n° 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983,
DO L 230, p. 6
; EE 05/03, p. 53].
Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la demandante en el procedimiento principal, la Sra. Ravida, y l'Office national des pensions (en lo sucesivo, «ONP»), que es el organismo belga competente en materia de pago de prestaciones de vejez.
Se desprende de los autos que la Sra. Ravida, al igual que su cónyuge, ejerció actividades por cuenta ajena en Italia y en Bélgica.
La actividad profesional de la Sra.. Ravida en Italia le permitió obtener una pensión de jubilación personal en este Estado, a partir de 1 de abril de 1978. Por otra parte, este mismo Estado le concedió una pensión de supervivencia, por la actividad profesional de su cónyuge, tras el fallecimiento, de éste, ocurrido en septiembre de 1978.
Los derechos a pensión de jubilación y a pensión de supervivencia, en base a las respectivas actividades ejercidas en Bélgida por la Sra. Ravida y por su cónyuge, se causaron en este Estado a partir del 1 de abril de. 1980.
En esta fecha, el importe acumulado de las pensiones de jubilación y de supervivencia concedidas a la Sra. Ravida por la institución italiana competente se elevaba a 20997 francos belgas (BFR). Por su parte, la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie (Caja nacional de pensiones de jubilación y supervivencia; en lo sucesivo, «CNPRS»), a la cual sucedió la ONP, habría tenido que abonar 87962 BFR y 95543 BFR respectivamente en concepto de pensión de jubilación y de pensión de supervivencia belga. En total, la Sra. Ravida habría así recibido 204502 BFR.,
No obstante, el artículo 52 del Real Decreto belga dé 21 de diciembre de 1967 incluye una norma contra la acumulación, según la cual una pensión de supervivencia no puede acumularse con una o varias pensiones de jubilación, o con cualquier otro beneficio similar, concedido en virtud de una normativa belga o extranjera, más que hasta un determinado limité.
En el caso de la Sra. Ravida, este límite se elevaba a 197057 BFR. Por tanto la pension de supervivencia, liquidada por la institución belga, se redujo en 7445 BFR, a fin de rebajar el total de las pensiones de jubilación y de supervivencia belgas a 176060 BFR y ajustar el importe acumulado de las pensiones belgas e italianas ai limite de 197057 BFR.
Se desprende de la resolución de remisión que las decisiones que fijaban los derechos a pensión de la Sra. Ravida, calculados de este modo, le fueron notificadas el 10 de diciembre de 1982, no habiendo sido impugnadas dentro de plazo.
Posteriormente, la CNPRS advirtió que, conforme a las normas italianas relativas a la revisión de pensiones, la pensión de jubilación italiana concedida a la Sra. Ravida había aumentado, de modo que el importe acumulado de las cuatro pensiones rebasaba el límite fijado por la normativa belga. Por consiguiente, este organismo acordó reducir, a partir de julio de 1986, el importe de la pensión de supervivencia belga abonada a la interesada, a fin de que se respetara dicho límite.
A continuación, la Sra. Ravida sometió el asunto al Tribunal du travail de Nivelles alegando que tal decisión era contraria a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 51 del Reglamento n° 1408/71.
Ante estas circunstancias, el Tribunal du travail de Nivelles decidió suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se pronunciara con carácter prejudicial sobre la siguiente cuestión:
«Cuando la legislación de un Estado miembro fije un límite para la acumulación de las pensiones de jubilación y de supervivencia [en este caso, el artículo 52 del Real Decreto de 21 de diciembre de 1967] y este límite se haya determinado, en el momento en que surtió efecto la pensión, teniendo en cuenta también la prestación concedida a cargo de otro Estado miembro, ¿está facultada la institución competente del primer Estado para tener en cuenta las adaptaciones de la prestación concedida por el otro Estado miembro, a fin de volver a calcular y disminuir, aplicando implícitamente el apartado 2 del artículo 51 del Reglamento (CEE) n° 1408/71, el importe de la pensión concedida inicialmente en el caso de que, en un determinado momento, se sobrepase el límite máximo nacional a causa de la evolución de la prestación liquidada por el otro Estado?»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
A la vista de los antecedentes que obran en los autos del litigio principal, ha de entenderse que la cuestión prejudicial tiene por objeto saber si el artículo 51 del Reglamento n° 1408/71 debe interpretarse en el sentido de que, cuando, con arreglo a las normas nacionales que prohiben la acumulación, la pensión abonada por un Estado miembro a un trabajador haya sido liquidada en un importe tal que, acumulado con el de una prestación de distinta naturaleza abonada por otro Estado miembro, no sobrepase un determinado límite, debe efectuarse un nuevo cálculo de la pensión, con el fin de evitar que exceda de dicho límite, en caso de que se produzcan posteriores modificaciones de la otra prestación debidas a la evolución general de la situación económica y social.
Con carácter preliminar, procede destacar que, basándose en el hecho de que la pensión de supervivencia, abonada a un trabajador por la actividad profesional de su cónyuge, no es de la misma naturaleza que la pensión de jubilación abonada por la actividad profesional personal del trabajador, la ONP mantiene, en sus observaciones ante el Tribunal de Justicia, que una situación como la que constituye el objeto del litigio principal se rige por lo dispuesto en la primera frase del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento n° 1408/71.
Según la ONP, estas normas permiten al organismo deudor de una pensión de supervivencia sometida, en virtud de cláusulas nacionales contra la acumulación, a una norma que fija un límite máximo tener en cuenta las adaptaciones, cualquiera que sea su causa, de una prestación de naturaleza distinta abonada al mismo trabajador, de modo que quede garantizado, con carácter permanente, el respeto de la norma que establece un límite máximo prevista por la normativa nacional. Por tanto, la referencia hecha por el órgano jurisdiccional nacional al artículo 51 del Reglamento n° 1408/71 carece de relevancia..
Esta argumentación ha de ser descartada. En efecto, si bien es cierto que las normas invocadas por la ONP permiten oponer a un trabajador las normas contra la acumulación establecidas por las normativas nacionales, en caso de acumulación de una pensión con prestaciones de naturaleza distinta, estas normas han de tenerse en cuenta para fijar las modalidades de cálculo de la pensión y, llegado el caso, de su nuevo cálculo, pero no para determinar las circunstancias en las cuales procede efectuar este nuevo cálculo. El artículo 51 del Reglamento n° 1408/71, de cuya interpretación se trata en el presente caso, concreta estas circunstancias.
A este respecto, procede recordar que, para calcular el importe de las prestaciones de vejez adeudadas a un trabajador que ha estado sometido a la legislación de dos o varios Estados miembros, la institución competente de cada uno de estos Estados debe establecer una comparación entre el importe adeudado con arreglo únicamente a la legislación nacional, incluidas sus normas contra la acumulación, y él que resulta de la aplicación del artículo 46 del Reglamento n° 1408/71. En la liquidación de cada una de las prestaciones, el trabajador ha de beneficiarse de aquél de los dos regímenes que le sea más favorable.
Tal y como el Tribunal de Justicia ha señalado en la sentencia de 2 de febrero de 1982, Sinatra (
7/81, Rec. 1982, p. 137
), cualquier modificación posterior de una de las prestaciones implica, en principio, que habría que realizar en relación con cada una de las prestaciones una nueva comparación entre el régimen nacional y el régimen comunitario, a fin de determinar cuál es más favorable para el trabajador, tras la modificación producida.
En la misma sentencia, el Tribunal de Justicia, sin embargo, precisó que, con el fin de aminorar la carga administrativa que representaría el volver a examinar la situación del trabajador cada vez que se modificaran las prestaciones percibidas, el apartado 1 del artículo 51 del Reglamento n° 1408/71 excluye la realización de un nuevo cálculo de las prestaciones conforme al artículo 46 y, por tanto, una nueva comparación entre el régimen nacional y el régimen comunitario, cuando la modificación se deba a acontecimientos extraños a la situación individual del trabajador y sea consecuencia de la evolución general de la situación económica y social.
En la sentencia de 1 de marzo de 1984 (Cinciuolo,
104/83, Rec. 1984, p. 1285
), el Tribunal de Justicia también precisó que el apartado 1 del artículo 51, así interpretado, no sólo se aplica cuando la modificación se refiera a una prestación cuyo importe haya sido fijado conforme al artículo 46, sino también cuando se refiera a un prestación que, a través de las normas nacionales contra la acumulación, haya afectado al cálculo inicial de las prestaciones de vejez.
Únicamente en el caso de que la modificación se deba a un cambio en el modo de determinación, o en las reglas de cálculo, de la prestación, debido fundamentalmente a un cambio en la situación personal del trabajador, procede efectuar un nuevo cálculo de las prestaciones de vejez, en virtud del apartado 2 del artículo 51.
De ello se desprende que el simple hecho de que la prestación modificada a causa de la evolución general dé la situación económica y social no sea de la misma naturaleza que las prestaciones de vejez no puede tomarse en consideración para descartar la aplicación del apartado 1 del artículo 51 del Reglamento n° 1408/71 y no puede justificar la aplicación del apartado 2 de dicho artículo, ni siquiera de manera «implícita», como piensa el órgano jurisdiccional nacional en su resolución de remisión.
Por consiguiente, a pesar de que, en una situación* tal como la que constituye el objeto del litigio principal, la pensión de supervivencia abonada por un Estado miembro a un trabajador haya sido limitada, en virtud de las normas contra la acumulación contenidas en la legislación de ese Estado, para tener en cuenta una pensión de jubilación abonada por otro Estado miembro a este trabajador, el apartado 1 del artículo 51 impide que se efectúe un nuevo cálculo de la pensión de supervivencia como consecuencia de las revalorizaciones de la pensión de jubilación, cuando éstas son consecuencia de la evolución general de la situación económica y social.
Procede, pues, responder a la cuestión prejudicial que el artículo 51 del Reglamento n° 1408/71 debe interpretarse en el sentido de que, cuando, con arreglo a las normas nacionales que prohiben la acumulación, la pensión abonada por un Estado miembro a un trabajador haya sido liquidada en un importe tal que, acumulado con el de una prestación de distinta naturaleza, abonada por otro Estado miembro, no sobrepase un determinado límite, no debe efectuarse un nuevo cálculo de la prestación, con el fin de evitar que exceda de dicho límite, en caso de que se produzcan posteriores modificaciones de la otra prestación debidas a la evolución general de la situación económica y social.
Costas
Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Tribunal du travail de Nivelles, mediante resolución de fecha 7 de marzo de 1989, decide:

Declarar que el artículo 51 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores'por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, debe interpretarse en el sentido de que, cuando, con arreglo a las normas nacionales que prohiben la acumulación, la pensión abonada por un Estado miembro a un trabajador haya sido liquidada en un importe tal que, acumulado con el de una prestación de distinta naturaleza abonada por otro Estado miembro, no sobrepase un determinado límite, no debe efectuarse un nuevo cálculo de la prestación con el fin de evitar que exceda de dicho límite, en caso de que se produzcan posteriores modificaciones de la otra prestación debidas a la evolución general de la situación económica y social.

Zuleeg
Moitinho de Almeida
Grévisse
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de marzo de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Tercera
M. Zuleeg
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.