CELEX: 62005FJ0106
Función pública
Funcionarios

1.
Funcionarios — Recursos — Recurso de indemnización — Procedimiento administrativo previo — Pretensión de indemnización del
perjuicio ocasionado por un acto revocado
(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)
2.
Funcionarios — Recursos — Reclamación administrativa previa — Plazo de prescripción — Cálculo
[Estatuto de los Funcionarios, art. 90, ap. 2; Reglamento (CEE, Euratom) nº 1182/71 del Consejo, art. 3, ap. 4]
3.
Funcionarios — Licencia por enfermedad — Justificación de la enfermedad — Presentación de un certificado médico — Presunción
de regularidad de la ausencia
(Estatuto de los Funcionarios, art. 59, aps. 1 y 3)
1.
En el sistema de vías de recurso establecido por los artículos 90 y 91 del Estatuto, cuando el interesado pretende solicitar
la indemnización por el perjuicio supuestamente ocasionado por un acto lesivo posteriormente revocado por la administración,
el procedimiento administrativo no puede iniciarse mediante la presentación de una reclamación, al considerarse que el acto
lesivo jamás existió. Por tanto, incumbe al interesado presentar a la administración una petición, en el sentido del artículo
90, apartado 1, del Estatuto, y a continuación, en caso de denegación de esa petición, una reclamación dirigida contra dicha
decisión denegatoria.
En cambio, en el supuesto en que la revocación del acto lesivo se produzca después de la presentación, dentro de plazo, de
una reclamación, sería contrario a la economía del procedimiento exigir al interesado que inicie un nuevo procedimiento administrativo
y presente a la administración una petición, en el sentido del artículo 90, apartado 1, del Estatuto. Le incumbe únicamente,
una vez que la administración haya resuelto expresa o tácitamente su reclamación, interponer dentro de plazo una demanda de
indemnización del perjuicio supuestamente ocasionado por el acto revocado.
(véanse los apartados 94 y 95)
2.
Como el Estatuto constituye un acto del Consejo, y a falta de normas específicas relativas a los plazos a los que se refiere
su artículo 90, las normas aplicables a los plazos previstos en el apartado 2 de esta última disposición, en la que se prevé
que la reclamación deberá presentarse en un plazo de tres meses, se fijan en el artículo 3, apartado 4, del Reglamento nº 1182/71,
por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos.
(véanse los apartados 98 y 99)
Referencia:
Tribunal de Justicia: 2 de mayo de 1985, K./Parlamento (38/84, Rec. p. 1267), apartado 20; 15 de enero de 1987, Misset/Consejo
(152/85, Rec. p. 223), apartados 8 y 9
Tribunal de Primera Instancia: 26 de septiembre de 1996, Maurissen/Tribunal de Cuentas (T‑192/94, RecFP pp. I‑A‑425 y II‑1229),
apartado 28; 30 de mayo de 2002, Onidi/Comisión (T‑197/00, RecFP pp. I‑A‑69 y II‑325), apartado 50
3.
Cuando un funcionario en situación de ausencia por enfermedad presenta un certificado médico, del artículo 59, apartado 1,
del Estatuto se desprende que la administración sólo puede tratar esa ausencia como injustificada con la condición de que
el control médico al que sometió al funcionario revele que podía ejercer sus funciones, o bien, en caso de que el interesado
impugne el fundamento de las conclusiones del control médico, el médico independiente designado en el procedimiento de arbitraje
confirme dichas conclusiones. Sólo cuando se cumple esa condición la administración puede, en virtud del artículo 59, apartado
3, del Estatuto, imputar la ausencia injustificada dentro del período de las vacaciones anuales del funcionario y, cuando
esas vacaciones se agoten, reducir su remuneración por el período correspondiente.
(véase el apartado 112)