CELEX: 61990CJ0017
Libre prestación de servicios
Transportes de cabotaje

Mediante resolución de 9 de noviembre de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 22 de enero de 1990, el Bundesverwaltungsgericht planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la libre prestación de servicios en el ámbito del transporte por carretera.
Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la empresa de transporte por carretera Pinaud Wieger, parte demandante en el litigio principal, y el Bundesanstalt für den Güterfernverkehr (Oficina federal para el transporte de mercancías a larga distancia), parte demandada en el litigio principal.
La empresa Pinaud Wieger pretendía encargar a la sociedad Transvenlo, empresa de transportes establecida en los Países Bajos, servicios de transporte de mercancías a larga distancia dentro del territorio alemán. Con este fin, Pinaud Wieger había presentado una solicitud de licencia ante la mencionada Oficina. Esta denegó la licencia basándose en que los transportes nacionales de mercancías sólo podían ser efectuados por empresas establecidas en Alemania.
Pinaud Wieger interpuso entonces un recurso para que se declarase que tenía derecho a encargar a Transvenlo la prestación de servicios de transporte de mercancías dentro de Alemania y a convenir, en el marco de ese contrato, retribuciones inferiores a las tarifas fijadas por las autoridades alemanas con arreglo a la referida Ley. En apoyo de su recurso, alegó que el efecto directo del artículo 59 del Tratado ha privado de validez a las restricciones contenidas en la Ley nacional para las prestaciones efectuadas por empresas de transporte establecidas en otros Estados miembros de la Comunidad, donde hayan obtenido una licencia para el transporte de mercancías.
El Bundesverwaltungsgericht, ante el que se sometió este litigio en última instancia, planteó la siguiente cuestión prejudicial:
«La omisión continuada del Consejo de las Comunidades Europeas, consistente en no garantirar la libre prestación de servicios en el ámbito de los transportes internacionales y en no establecer las condiciones con arreglo a las cuales los transportistas no residentes pueden prestar servicios de transportes en un Estado miembro, ¿da lugar a la aplicabilidad directa de los artículos 59 y 60 del Tratado CEE, de manera que no puede prohibirse a una empresa establecida en la República Federal de Alemania que encargue a un transportista neerlandés que preste para ella servicios de transportes nacionales en el territorio de la República Federal de Alemania, aplicando las tarifas vigentes en ese país y utilizando para ello vehículos que cuentan con una licencia expedida en los Países Bajos para el transporte de mercancías?»
Para una más amplia exposición de las disposiciones aplicables en la materia, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones presentadas, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Procede recordar, en primer lugar, que, de conformidad con el apartado 1 del artículo 61 del Tratado, la libre prestación de servicios, en materia de transportes, se rige por las disposiciones del Título relativo a los transportes. Como precisó este Tribunal en la sentencia de 22 de mayo de 1985, Parlamento/Consejo (
13/83, Rec. p. 1513
), apartado 62, la aplicación de los principios de libertad de las prestaciones de servicios, tal como han sido establecidos en particular por los artículos 59 y 60 del Tratado, debe realizarse, según el Tratado, mediante la aplicación de la política común de transportes.
Debe señalarse, en segundo lugar, que, si bien los fundamentos de Derecho de la resolución de remisión se refieren a las obligaciones que incumben al Consejo en virtud de las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 75 del Tratado, principalmente las de establecer las normas comunes aplicables a los transportes internacionales efectuados desde el territorio de un Estado miembro o con destino al mismo, o a través del territorio de uno o varios Estados miembros, y de fijar las condiciones con arreglo a las cuales los transportistas no residentes pueden prestar servicios de transportes en un Estado miembro, el problema jurídico sobre el que el órgano jurisdiccional remitente debe pronunciarse en el marco del litigio nacional es el de si un transportista no residente puede efectuar servicios de transporte en el mercado nacional de un Estado miembro y, en caso de respuesta afirmativa, en qué condiciones puede hacerlo.
Debe especificarse también que la cuestión formulada por el órgano jurisdiccional remitente se refiere sólo al supuesto de que el transportista no residente respete las tarifas vigentes en el Estado de acogida.
Por lo que respecta, en primer lugar, a la «omisión continuada» del Consejo a la que se refiere la cuestión prejudicial, procede recordar que este Tribunal, en la mencionada sentencia de 22 de mayo de 1985, declaró, entre otras cosas, que el Consejo se había abstenido, en contra de lo dispuesto en el Tratado, de fijar, en el marco de la liberalizáción de las prestaciones de servicios en este sector, con arreglo a los apartados 1, letra b), y 2 del artículo 75 del Tratado, las condiciones con arreglo a las cuales los transportistas no residentes pueden prestar servicios de transportes en un Estado miembro. En aquella sentencia, el Tribunal de Justicia consideró que el Consejo disponía de un plazo razonable para adoptar las medidas necesarias para la ejecución de dicha sentencia.
Dada la complejidad del sector del cabotaje por carretera, aún hay considerables dificultades que se oponen a la realización de la libre prestación de servicios en este ámbito. En efecto, dicha realización no puede hacerse de manera ordenada más que en el marco de una política común de transportes que tenga en cuenta los problemas de naturaleza económica, social y ecológica y que garantice unas condiciones de competencia iguales.
En tales circunstancias, el Consejo estaba facultado para iniciar el establecimiento de la liberalizáción de las actividades de cabotaje por carretera de forma progresiva. Ahora bien, posteriormente a la petición de decisión prejudicial, el Consejo adoptó, el 21 de diciembre de 1989, el Reglamento (CEE) n° 4059/89 por el que se determinan, de manera transitoria, las condiciones de admisión de transportistas no residentes en los transportes nacionales de mercancías por carretera en un Estado miembro (
DO L 390, p. 3
). Este Reglamento entró en vigor el 1 de julio de 1990.
Debe señalarse además que, de conformidad con el artículo 9 de dicho Reglamento, el Consejo se ha comprometido a adoptar un Reglamento en el que se establezca el régimen definitivo de cabotaje para el 1 de enero de 1993, a más tardar.
En estas circunstancias y habida cuenta de que, como se precisa en la resolución de remisión, el órgano jurisdiccional nacional debe pronunciarse en función del Derecho aplicable en el momento de dictar su decisión, procede responder a la cuestión prejudicial que, en el estado actual del Derecho comunitario, los artículos 59 y 60 del Tratado no se oponen a que se prohiba a una empresa situada en un Estado miembro encargar a un transportista de otro Estado miembro que preste para ella servicios de transportes nacionales, aplicando las tarifas vigentes en el primer Estado y utilizando vehículos que cuentan con una licencia expedida en el segundo Estado para el transporte de mercancías.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno español y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Bundesverwaltungsgericht mediante resolución de 9 de noviembre de 1989, declara:

En el estado actual del Derecho comunitario, los artículos 59 y 60 del Tratado CEE no se oponen a que se prohiba a una empresa situada en un Estado miembro encargar a un transportista de otro Estado miembro que preste para ella servicios de transportes nacionales, aplicando las tarifas vigentes en el primer Estado y utilizando vehículos que cuentan con una licencia expedida en el segundo Estado para el transporte de mercancías.

Due
Slynn
Schockweiler
Grévisse
Kapteyn
Mancini
Kakouris
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Diez de Velasco
Zuleeg
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de noviembre de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.