CELEX: 62004CJ0141
Directiva 89/48/CEE
Trabajadores
Reconocimiento de títulos
Ingeniero mecánico

1       La petición de decisión prejudicial se refiere a las condiciones en las que pueden ser invocadas determinadas disposiciones
de la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los
títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (DO L 19, p. 16),
cuando el ordenamiento jurídico interno no haya sido adaptado a dicha Directiva, una vez expirado el plazo de adaptación,
por quien haya obtenido un título comprendido dentro de su ámbito de aplicación. Con carácter subsidiario, la petición tiene
por objeto la interpretación de los artículos 48 y 52 del Tratado CE (actualmente artículos 39 CE y 43 CE, tras su modificación).
2       Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre el Sr. Peros y el Techniko Epimelitirio Ellados (Colegio de Ingenieros
de Grecia; en lo sucesivo, «TEE»), organismo griego encargado del registro de ingenieros, en relación con la desestimación
por parte del citado organismo de una solicitud del Sr. Peros para que se le inscribiese en calidad de ingeniero mecánico.
Éste había presentado su solicitud basándose en su habilitación para ejercer dicha profesión en Alemania.

Marco jurídico

Normativa comunitaria
3       De los considerandos tercero y cuarto de la Directiva 89/48 se desprende que ésta tiene por objeto el establecimiento de un
sistema general de reconocimiento de los títulos para facilitar a los ciudadanos europeos el ejercicio de todas las actividades
profesionales en los Estados miembros de acogida que exijan haber realizado una formación postsecundaria, siempre y cuando
estén en posesión de títulos que los capaciten para ejercer dichas actividades, que sancionen un ciclo de estudios de al menos
tres años y que hayan sido expedidos en otro Estado miembro.
4       El artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 89/48 establece:
«Cuando, en el Estado miembro de acogida, el acceso o el ejercicio de una profesión regulada estén supeditados a la posesión
de un título, la autoridad competente no podrá denegar a un nacional de otro Estado miembro el acceso a dicha profesión o
su ejercicio en las mismas condiciones que a sus nacionales, alegando insuficiencia de cualificación:
a)      si el solicitante está en posesión del título prescrito por otro Estado miembro para acceder a dicha profesión o ejercerla
en su territorio, y lo ha obtenido en un Estado miembro, [...]
[…]»
5       No obstante lo dispuesto en el artículo 3 de dicha Directiva, su artículo 4 permite al Estado miembro de acogida, en determinadas
condiciones que se precisan, exigir al solicitante que acredite una experiencia profesional de una duración determinada, que
efectúe un período de prácticas, durante tres años como máximo, o que se someta a una prueba de aptitud (en lo sucesivo, «medidas
de compensación»). Dicho artículo fija determinadas reglas y condiciones aplicables a las medidas de compensación que pueden
imponerse.
6       El artículo 6 de la Directiva 89/48 enumera los documentos relativos a la honorabilidad, la moralidad o el hecho de no estar
en quiebra así como a la salud física o psíquica que pueden ser exigidos como documentos acreditativos por la autoridad competente
del Estado miembro de acogida y contiene algunas disposiciones relativas a las fórmulas de juramento o de declaración solemne
que pueden imponerse a los nacionales de otros Estados miembros.
7       A tenor del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/48, los Estados miembros designarán, dentro del plazo establecido en
el artículo 12 de ésta, a saber, antes del 4 de enero de 1991, a las autoridades competentes habilitadas para recibir las
solicitudes y adoptar las decisiones objeto de dicha Directiva e informarán de ello a los demás Estados miembros y a la Comisión
de las Comunidades Europeas.

Normativa nacional
8       En Grecia, la profesión de ingeniero es una profesión regulada, cuyo ejercicio se reserva a los miembros del TEE. Éste fue
creado mediante el Decreto Presidencial de 27 de noviembre/14 de diciembre de 1926, por el que se codifican las disposiciones
relativas a la composición del TEE (FEK A' 430), en su versión modificada por la Ley nº 1486/1984 (FEK A' 161), y por el Decreto
Presidencial nº 512/1991, de 30 de noviembre/12 de diciembre de 1991 (FEK A' 190; en lo sucesivo, «Decreto sobre el TEE»).
9       Con arreglo al artículo 2, apartado 1, del Decreto sobre el TEE, estarán obligatoriamente inscritos como miembros del TEE todos
los nacionales de los Estados miembros «que posean un título expedido por el Instituto Politécnico Nacional de Metsovo, por
los Institutos Politécnicos del país o por centros equivalentes en el extranjero, previa obtención de la habilitación para
el ejercicio de la profesión». Los profesionales están encuadrados en nueve especialidades enumeradas en el artículo 2, apartado
5, de dicho Decreto, entre las que figura, en su letra c), la especialidad de ingeniero mecánico.
10     El artículo 4, apartado 3, del mismo Decreto establece, en particular, que el TEE realizará los exámenes, concederá las habilitaciones
para el ejercicio de la profesión de ingeniero de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y llevará los registros
de ingenieros.
11     Con arreglo al artículo 1, apartado 1, de la Ley nº 1225/1981, de 30/31 de diciembre de 1981 (FEK A' 340), el TEE tenía «competencia
para conceder la habilitación para el ejercicio de la profesión en Grecia a los ingenieros titulados en centros de enseñanza
superior equivalentes en el extranjero».
12     Al amparo de la Ley nº 1225/1981, la Orden interministerial nº ED 5/4/339, de 14 de septiembre de 1984, del Ministerio de
Obras Públicas y del Ministerio de Educación y Cultos (FEK B' 713), definió el procedimiento de concesión, por el TEE, de
la habilitación para ejercer la profesión de ingeniero.
13     Esta Orden interministerial estableció en su apartado 1 que ««la habilitación para el ejercicio de la profesión a los ingenieros
titulados en centros de enseñanza superior nacionales o en centros de enseñanza superior equivalentes en el extranjero será
concedida por el TEE, previa superación de un examen oral».
14     El apartado 2, letra d), de la citada Orden interministerial dispone que quienes hayan obtenido títulos extranjeros deben
presentar al TEE, para poder participar en dicho examen, un «certificado de equivalencia del título presentado», expedido
por el Diapanepistimiako Kentro Anagnoriseos Titlon Spoudon tis Allodapis (Centro Interuniversitario de Reconocimiento de
los Títulos de Estudios obtenidos en el Extranjero; en lo sucesivo, «Dikatsa»), creado mediante la Ley nº 741/1977, de 12/14
de octubre de 1977 (FEK A' 314), en su versión modificada por la Ley nº 1566/1985, de 30 de septiembre de 1985 (FEK A' 167;
en lo sucesivo, «Ley sobre el Dikatsa»).
15     El Dikatsa es, con arreglo al artículo 2 de la Ley sobre el Dikatsa, competente para homologar los centros de enseñanza superior
extranjeros equiparados a los centros de enseñanza superior nacionales y reconocer la equivalencia entre los títulos expedidos
por los primeros y los expedidos por los centros de enseñanza superior griegos. Asimismo, es competente para reconocer la
equivalencia entre los títulos de estudios expedidos por centros de enseñanza superior extranjeros del mismo nivel y los títulos
de estudios de centros de enseñanza superior griegos, en los casos en que no exista en Grecia una especialización equivalente.
16     Además, en su artículo 4, apartado 8, la Ley sobre el Dikatsa establece que, mediante resolución del Presidente del Consejo
de Administración del Dikatsa, «los titulados de centros de enseñanza superior en el extranjero cuyo título no presente el
mismo contenido, desde el punto de vista de los conocimientos obtenidos, que el título expedido en Grecia por el centro o
departamento cuya enseñanza se asemeja más se someterán a un examen complementario en determinadas materias de los centros
o departamentos correspondientes». Con arreglo a esta misma disposición, «cuando no sea posible el reconocimiento de la equivalencia
del título, se remitirá al interesado al centro o departamento que corresponda, que será designado de manera precisa por el
Presidente del Consejo de Administración» para que pueda completar su formación.
17     Según jurisprudencia reiterada del Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado), de esas disposiciones resulta que el Dikatsa
debe, para reconocer la equivalencia de un diploma de estudios expedido por un centro de enseñanza extranjero con un diploma
de estudios correspondiente de un centro de enseñanza superior griego, apreciar las características del centro de enseñanza
extranjero que ha expedido el título de que se trata, el tipo de estudios cursados, así como el contenido de éstos. Ese examen
realizado por el Dikatsa no tomará en consideración la cuestión de si la titulación de que se trata constituye la cualificación
formal necesaria para el ejercicio de una determinada profesión. Dicho de otro modo, según esa jurisprudencia, el Dikatsa
es competente para apreciar únicamente la equivalencia académica y no la equivalencia profesional del título de estudios extranjero
que se le presenta.
18     Cuando expiró el plazo de adaptación, el ordenamiento jurídico griego no se había adaptado a la Directiva 89/48 (véase, a
este respecto, la sentencia de 23 de marzo de 1995, Comisión/Grecia, C-365/93, Rec. p. I‑499). Posteriormente a los hechos
que dieron origen al litigio principal, se adoptó el Decreto Presidencial nº 165/2000, de 28 de junio de 2000 (FEK A' 149),
que tiene por objeto la adaptación del ordenamiento jurídico griego a dicha Directiva, modificado a continuación por el Decreto
Presidencial nº 373/2001 de 22 de octubre de 2001 (FEK A' 251).
19     Dicho Decreto, en su artículo 10, atribuyó una competencia exclusiva al Symvoulio Anagnoriseos Epangelmatikis Isotimias Titlon
Tritovathmias Ekpaidefsis (Consejo encargado del reconocimiento de la equivalencia de los títulos de enseñanza superior; en
lo sucesivo, «Saeitte»), órgano estatal creado
ad hoc
para que se pronuncie sobre las solicitudes de reconocimiento de títulos de enseñanza superior comprendidos dentro del ámbito
de aplicación de la Directiva 89/48. En consecuencia, este órgano es el único competente para reconocer a un interesado el
derecho a ejercer en Grecia la correspondiente profesión regulada y fue designado, en virtud del artículo 9, apartado 1, de
la Directiva 89/48, autoridad competente habilitada para recibir las solicitudes y para adoptar las decisiones previstas en
la Directiva 89/48.
20     El artículo 11, apartado 6, del mismo Decreto dispone además que, cuando una disposición legislativa nacional establezca,
para una determinada profesión, que se lleve un registro de las personas habilitadas para ejercer dicha profesión, la decisión
del Saeitte obligará a la organización profesional o la autoridad administrativa responsable del registro a inscribir al interesado
en éste.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales
21     El Sr. Peros, nacional griego, obtuvo en 1980 un diploma de estudios expedido por la Fachhochschule Wiesbaden (Alemania).
Dicho título le habilita para acceder a la profesión de ingeniero mecánico en Alemania («Diplom-Ingenieur im Fachbereich Maschinenbau»).
22     Dado que el Sr. Peros deseaba ejercer dicha profesión en Grecia, presentó ante el Dikatsa una solicitud para que se reconociera
la equivalencia de su título. Esta solicitud fue desestimada el 28 de mayo de 1993, mediante decisión nº 296 del Dikatsa,
debido a que la institución de enseñanza que había expedido el título extranjero de que se trata no tenía un nivel de enseñanza
equivalente al de los establecimientos de enseñanza superior griegos.
23     El 21 de febrero de 1995, el Sr. Peros presentó ante el TEE una solicitud de inscripción en sus registros para poder ejercer
la profesión de ingeniero mecánico en Grecia y beneficiarse de las demás ventajas derivadas de dicho registro. Dicha solicitud,
completada mediante una ulterior solicitud correlativa, presentada el 21 de marzo de 1995, fue desestimada mediante resolución
nº 6372, de 4 de mayo de1995, del TEE por los siguientes motivos:
«La inscripción en el TEE tiene lugar cuando concurren los requisitos enumerados en [el Decreto sobre el TEE]. En el caso
de los títulos obtenidos en el extranjero, el requisito fundamental es que hayan cursado estudios del ciclo politécnico y
que su título de estudios sea equivalente a los expedidos por el Instituto Politécnico Nacional de Metsovo o por los Institutos
Politécnicos de los centros de enseñanza superior de Grecia. La equivalencia de los títulos de estudios extranjeros es acreditada
por el [Dikatsa]. A la luz de todo lo anterior, Usted no puede adquirir la condición de miembro del TEE y el diploma de estudios
del que es titular (Fachhochschule) no le confiere el derecho a inscribirse en el TEE.»
24     El Sr. Peros presentó un recurso contra esta resolución desestimatoria ante el Dioikitiko Protodikeio Rodou (Tribunal administrativo
de Primera Instancia de Rodas). Mediante resolución nº 249/1998, este órgano jurisdiccional consideró que la acción del demandante
constituía un recurso de anulación, competencia del Symvoulio tis Epikrateias, al que se remitió el asunto.
25     Entre tanto, a raíz de la adaptación del ordenamiento jurídico griego a la Directiva 89/48, el Saeitte, mediante su decisión
nº 4, de 5 de diciembre de 2000, estimó la solicitud del Sr. Peros que tenía por objeto el reconocimiento de su título. Dicho
órgano le confirió el derecho a ejercer en Grecia la profesión de ingeniero mecánico sin imponerle un período de prácticas
o una prueba de aptitud previos. A continuación, el Sr. Peros obtuvo su inscripción en el registro del TEE.
26     En el litigio principal, una postura mayoritaria en el seno del Symvoulio tis Epikrateias considera que la resolución desestimatoria
del TEE de 4 de mayo de 1995 no estaba legalmente motivada. Con arreglo a dicha opinión mayoritaria, el TEE debió examinar
la solicitud del Sr. Peros para comprobar si se cumplían los requisitos previstos por las disposiciones de los artículos 3,
4, apartado 1, letras a) y b), y apartado 2, así como del artículo 6, apartados 1 a 4, de la Directiva 89/48, que son incondicionales
y suficientemente precisas. En caso afirmativo, el TEE habría debido reconocer al demandante en el litigio principal el derecho
a ejercer en Grecia la profesión de ingeniero mecánico, otorgándole la autorización correspondiente e inscribiéndole en su
registro. En caso de respuesta negativa, habría debido desestimar la solicitud mediante una resolución motivada. En cualquier
caso, a la luz de las disposiciones de la Directiva 89/48, el TEE no podía exigir una certificación del Dikatsa de la equivalencia
del título del demandante.
27     Sin embargo, con arreglo a la opinión de una minoría en el seno del Symvoulio tis Epikrateias, la desestimación de la solicitud
de registro estaba justificada por cuanto, por una parte, las disposiciones pertinentes de la Directiva 89/48 no podían ser
invocadas por un particular ante el TEE en el momento de la presentación de la solicitud controvertida y, por otra, la autoridad
competente para tramitar las solicitudes aún no había sido designada en virtud del artículo 9, apartado 1, de dicha Directiva.
28     El Symvoulio tis Epikrateias se plantea además si, en la medida en que las disposiciones de la Directiva 89/48 no podían ser
invocadas ante el TEE, éste estaba obligado, al menos, en virtud de los artículos 48 y 52 del Tratado, a comprobar si el título
obtenido por el demandante en Alemania era equivalente a los títulos griegos.
29     En estas circunstancias, el Symvoulio tis Epikrateias decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Son las disposiciones de los artículos 3, 4, apartado 1, letras a) y b), y apartado 2, y 6, apartados 1 a 4, de la Directiva
89/48 [...], en su versión inicialmente vigente, incondicionales y suficientemente precisas como para poder ser invocadas,
durante el período transcurrido entre la expiración del plazo establecido para la adaptación de los Derechos internos a lo
dispuesto en la Directiva y la adaptación extemporánea del Derecho interno de un determinado Estado miembro (el Estado miembro
de acogida), por parte de una persona física frente a un órgano administrativo competente con arreglo a la legislación nacional
vigente, cuando dicha persona física, alegando poseer un título obtenido en otro Estado miembro y comprendido dentro del ámbito
de aplicación de las disposiciones anteriormente señaladas, solicita que, como consecuencia de la aplicación de las mismas,
se le autorice a acceder a una profesión regulada y a ejercerla en el Estado miembro de acogida?
2)      En el caso de que se considere que, durante el período transcurrido entre la expiración del plazo establecido para la adaptación
de los Derechos internos a lo dispuesto en la citada Directiva y la adaptación extemporánea del Derecho interno de un determinado
Estado miembro, una persona física no podía invocar válidamente las disposiciones de la Directiva frente al órgano administrativo
del Estado miembro de acogida al que la legislación nacional atribuía la competencia de autorizar el ejercicio de determinada
profesión regulada tras superar un examen, exigiéndose para poder presentarse al mismo la posesión de un título otorgado por
un centro de enseñanza superior del Estado miembro de acogida, o de un título extranjero reconocido como equivalente (con
arreglo a un procedimiento, de aplicación general, para el reconocimiento de la equivalencia académica de las titulaciones
extranjeras, de características semejantes a las descritas en la exposición de motivos de la presente petición de decisión
prejudicial), ¿estaba dicho órgano administrativo facultado, a la vista de lo dispuesto en [los artículos 48 y 52 del Tratado
[…], para condicionar la autorización de acceso a la profesión de que se trata y de ejercicio de dicha profesión, solicitada
durante el citado período por una persona que posee un título obtenido en otro Estado miembro, al previo reconocimiento, conforme
al procedimiento general referido, de la equivalencia académica de dicho título, y a la posterior superación del examen previsto
en la legislación nacional, o bien debería haber procedido a realizar por sí mismo un análisis comparativo entre las cualificaciones
acreditadas por el título presentado y los conocimientos y cualificaciones exigidos por el Derecho interno para, en función
de los resultados de dicho análisis, eximir total o parcialmente al solicitante del requisito de superar dicho examen?»

Sobre la primera cuestión prejudicial
30     El artículo 3, párrafo primero, letra a), de la Directiva 89/48 dispone que la autoridad competente del Estado miembro de
acogida no podrá denegar a un nacional de un Estado miembro el acceso a una profesión regulada o su ejercicio en las mismas
condiciones que sus nacionales, alegando insuficiencia de cualificación, si el solicitante está en posesión del título prescrito
por otro Estado miembro para acceder a dicha profesión o ejercerla en su territorio, y lo ha obtenido en un Estado miembro.
31     El Sr. Peros obtuvo un título en un Estado miembro, concretamente la República Federal de Alemania. Dicho título le habilita
para ejercer la profesión regulada de ingeniero mecánico en dicho Estado miembro y, por lo tanto, su situación se halla comprendida
dentro del ámbito de aplicación del artículo 3, párrafo primero, letra a), de la Directiva 89/48. En consecuencia, no procede
que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la interpretación del artículo 3, párrafo primero, letra b), de esa misma Directiva,
que únicamente es aplicable si la profesión de que se trata no está regulada en el Estado miembro de origen.
32     Por lo que se refiere al artículo 3, párrafo primero, letra a), de la Directiva 89/48, el Tribunal de Justicia ya ha declarado
que constituye una disposición cuyo contenido es incondicional y suficientemente preciso como para que los particulares estén
legitimados para invocarla ante el juez nacional frente al Estado, si éste no ha adaptado su Derecho nacional a la Directiva
dentro de los plazos señalados (sentencia de 29 de abril de 2004, Beuttenmülller, C‑102/02, Rec. p. I‑5405, apartado 55).
33     En cuanto a la posibilidad de supeditar el acceso a una profesión regulada al requisito de que el solicitante cumpla con carácter
previo las medidas de compensación previstas en el artículo 4 de la Directiva 89/48, consta que, en el litigio principal,
el Saeitte no impuso ninguna medida de compensación al Sr. Peros al examinar su situación en 2000. Además, en los autos no
hay ningún elemento que permita deducir que las cualificaciones que el Sr. Peros acreditaba en el momento de presentar su
solicitud inicial eran diferentes de las examinadas en 2000, de modo que pudieran influir sobre la decisión de permitirle
ejercer su profesión en Grecia sin imponerle medidas de compensación.
34     En cualquier caso, de la jurisprudencia se desprende que un Estado miembro puede, cuando no se haya adaptado el ordenamiento
jurídico nacional a una Directiva, imponer medidas de compensación como las contempladas en el artículo 4, apartado 1, de
la Directiva 89/48 únicamente en la medida en que estén previstas en la normativa nacional en vigor en el momento del tratamiento
de la solicitud de que se trata (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros, asuntos
acumulados C‑6/90 y C‑9/90, Rec. p. I‑5357, apartado 21, y de 14 de julio de 2005, Aslanidou, C‑142/04, Rec. p. I‑0000, apartados
35 a 37).
35     Además, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que cuando sea aplicable una u otra de las Directivas 89/48 y 92/51/CEE del
Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que
completa la Directiva 89/48 (DO L 209, p. 25), un organismo público de un Estado miembro, obligado a respetar las normas establecidas
por la Directiva de que se trate, ya no podrá exigir la homologación de los títulos de un interesado por las autoridades nacionales
competentes (sentencia de 8 de julio de 1999, Fernández de Bobadilla, C‑234/97, Rec. p. I‑4773, apartado 27).
36     El artículo 6 de la Directiva 89/48 se limita a enumerar los documentos relativos a la honorabilidad, la moralidad, el hecho
de no estar en quiebra así como a la salud física o psíquica que pueden ser exigidos como documentos acreditativos por la
autoridad competente y contiene algunas disposiciones relativas a las fórmulas de juramento o de declaración solemne que pueden
imponerse a los nacionales de otros Estados miembros. Habida cuenta de que, en el asunto principal, ninguna de esas pruebas
o declaraciones fue exigida por la autoridad competente del Estado miembro de acogida, el Tribunal de Justicia no está obligado
a pronunciarse sobre la interpretación de dicha disposición, que, en cualquier caso, no puede influir sobre la posibilidad
de invocar el artículo 3, párrafo primero, letra a), de dicha Directiva.
37     La obligación de los Estados miembros de designar, con arreglo al artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/48, a las autoridades
competentes habilitadas para recibir las solicitudes y adoptar las decisiones objeto de dicha Directiva tampoco obsta para
que pueda invocarse el artículo 3, párrafo primero, letra a), de esa misma Directiva. En efecto, del artículo 9, apartado
1, en relación con los demás apartados de ese mismo artículo, resulta que el objetivo de dicha disposición es facilitar la
aplicación del régimen de reconocimiento de títulos establecido por la Directiva 89/48 haciendo más transparente el proceso
decisorio aplicable en un Estado miembro. En cambio, no es necesaria una designación con arreglo al artículo 9, apartado 1,
para poder identificar a las autoridades competentes contempladas en el artículo 3, que son las autoridades que controlan
el acceso a las profesiones reguladas.
38     De la jurisprudencia resulta que un Estado miembro no puede invocar frente a un individuo el hecho de no haber adoptado las
disposiciones destinadas, precisamente, a facilitar la aplicación de un régimen establecido por la Directiva de que se trate
(véanse en este sentido, en particular, las sentencias de 10 de septiembre de 2002, Kügler, C‑141/00, Rec. p. I‑6833, apartado
52, y de 6 de noviembre de 2003, Dornier, C‑45/01, Rec. p. I‑12911, apartado 79). Por lo tanto, la falta de designación de
una autoridad competente con arreglo al artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/48 no obsta para que el artículo 3, párrafo
primero, letra a), de dicha Directiva pueda invocarse frente a la autoridad que de hecho es competente para regular el acceso
a una profesión determinada con arreglo a la normativa nacional aplicable.
39     En el litigio principal, habida cuenta de que el acceso a la profesión de ingeniero está reservado a los miembros del TEE,
resulta que éste es una autoridad competente en el sentido del artículo 3, párrafo primero, letra a), de la Directiva 89/48.
Por consiguiente, el TEE no puede denegar a una persona en la posición del Sr. Peros el acceso a la profesión de ingeniero,
alegando insuficiencia de cualificación.
40     Por lo tanto, debe responderse a la primera cuestión que, si no se han adoptado medidas para adaptar el ordenamiento jurídico
interno a la Directiva 89/48 en el plazo señalado en el artículo 12 de ésta, un nacional de un Estado miembro puede invocar
el artículo 3, párrafo primero, letra a), de dicha Directiva para obtener, en el Estado miembro de acogida, la autorización
para ejercer una profesión regulada como la de ingeniero mecánico. Esta posibilidad no puede supeditarse a la homologación
de los títulos del interesado por las autoridades nacionales competentes.
41     Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión, no procede responder a la segunda.

Costas
42     Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
Si no se han adoptado medidas para adaptar el ordenamiento jurídico interno a la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones
profesionales de una duración mínima de tres años, en su versión vigente hasta el 31 de julio de 2001, en el plazo señalado
en el artículo 12 de ésta, un nacional de un Estado miembro puede invocar el artículo 3, párrafo primero, letra a), de dicha
Directiva para obtener, en el Estado miembro de acogida, la autorización para ejercer una profesión regulada como la de ingeniero
mecánico.
Esta posibilidad no puede supeditarse a la homologación de los títulos del interesado por las autoridades nacionales competentes.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: griego.