CELEX: 61990CJ0145
Funcionarios
Supresión de la asignación por escolaridad

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de mayo de 1990, el Sr. Mario Costacurta, funcionario de las Comisión de las Comunidades Europeas, interpuso un recurso de casación, con arreglo al artículo 49 del Estatuto CEE y a las disposiciones concordantes de los Estatutos CECA y CEEA del Tribunal de Justicia, contra la sentencia de 13 de marzo de 1990 por la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó su recurso destinado a obtener, por una parte, la anulación de las decisiones de la Comisión de 30 de octubre de 1987, 16 de noviembre de 1987 y 26 de abril de 1988, en la medida en que le denegaban una asignación por escolaridad por su hija Nadia correspondiente al período comprendido entre el 1 de abril de 1987 y el 31 de agosto del mismo año y, por otra, el pago de la citada asignación por el período considerado.
En apoyo de su recurso, mediante el cual solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, el recurrente alega tres motivos. Los dos primeros versan sobre la infracción del artículo 3 del Anexo VII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto») y el tercero sobre el incumplimiento del artículo 2 en relación con el artículo 3 del Anexo VII del Estatuto. A su juicio, el Tribunal de Primera Instancia vulneró las disposiciones mencionadas al estimar que su hija no cumplía el requisito de asistir regularmente y en jornada completa a un centro de enseñanza.
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio, del desarrollo del procedimiento así como de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Procede recordar, con carácter previo, que, según la sentencia recurrida, Nadia Costacurta se matriculó en el curso de Derecho internacional privado de la Universidad de París-I en el año académico 1986/1987, que culminó el 16 de mayo de 1987, a fin de obtener un DEA (diplome d'études approfondies), pero que, durante el período comprendido entre el 1 de abril de 1987 y el 31 de agosto de ese mismo año, realizó en Bruselas un período de prácticas retribuido en los servicios de la Comisión.
Primer motivo
Mediante el primer motivo, el recurrente critica la interpretación que hace el Tribunal de Primera Instancia del requisito de la asistencia «regular» a un centro de enseñanza previsto en el párrafo primero del artículo 3 del Anexo VII del Estatuto. En su sentencia, el Tribunal de Primera Instancia recordó el contenido de la conclusión 166/87 de los Jefes de Administración, de 15 de enero de 1987, según la cual: «El requisito de asistir “regularmente” a un centro de enseñanza que prescribe el párrafo primero del artículo 3 del Anexo VII se cumple cuando el alumno o el estudiante asiste al centro durante un período mínimo de tres meses». En este sentido, el Tribunal de Primera Instancia reconoció que la hija del recurrente había asistido a un centro de enseñanza durante un período ininterrumpido de cuatro meses. En consecuencia, el Sr. Costacurta sostiene que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error al decidir que la asistencia de su hija a un centro de enseñanza no había sido regular con arreglo al artículo 3, antes mencionado.
Este motivo no debe acogerse pues se basa, en efecto, en una interpretación errónea del requisito que consiste en «asistir regularmente a un centro de enseñanza» y de la conclusión 166/87, antes citada. Esta conclusión versa únicamente sobre el nacimiento del derecho a la asignación por escolaridad y no implica que dicho derecho deba concederse por una año académico completo cuando el hijo a cargo asista a un centro de enseñanza solamente durante un período de tres meses. En consecuencia y en atención al carácter mensual de esta asignación, la cuestión de si se reúnen los requisitos para la concesión de este derecho debe valorarse cada mes. Se sigue de lo anterior que el derecho a percibir esta asignación mensual se extingue cuando el estudiante deja de asistir regularmente a un centro de enseñanza.
Segundo motivo
Mediante el segundo motivo, el recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia no haber equiparado el período de prácticas realizado por su hija en la Comisión, entre el 16 de marzo y el 31 de julio de 1987, a una «asistencia regular y en jornada completa a un centro de enseñanza», en el sentido del párrafo primero del artículo 3. Alega, a este respecto, como ya lo había hecho ante el Tribunal de Primera Instancia, que el citado período de prácticas se efectuó con el acuerdo de su Universidad y que en el presente caso de trata de unas prácticas apoyadas por la propia Comisión.
Tampoco procede admitir este motivo. Como ha reconocido el Tribunal de Primera Instancia, para equiparar un período de prácticas realizado fuera del centro de enseñanza a la asistencia regular y en jornada completa al mismo prevista en el párrafo primero del artículo 3 del Anexo VII, no basta el mero acuerdo o, en su caso, el apoyo del citado centro. Esta equiparación sólo está justificada, en relación con la finalidad del artículo 3, si el período de prácticas se considera como parte del programa impartido por el centro de enseñanza al que, en virtud de esta disposición, el hijo del funcionario esté obligado a asistir regularmente y en jornada completa. De lo anterior se deduce que, al negarse a equiparar el período de prácticas a la asistencia a un centro de enseñanza debido a que «ningún documento que conste en autos, ni tampoco la información facilitada por el demandante durante la vista [...] prueban que el referido período de prácticas haya sido reconocido por la Universidad como parte integrante del programa de estudios destinado a obtener el DEA», el Tribunal de Primera Instancia ha hecho una interpretación correcta del párrafo primero del artículo 3 del Anexo VII.
Tercer motivo
Por último, mediante el tercer motivo, el Sr. Costacurta imputa a la Comisión la motivación indebida de su Decisión en relación con los artículos 2 y 3 del Anexo VII del Estatuto. Alega, a este respecto, que, en el apartado 31 de la sentencia, el Tribunal de Primera Instancia se limitó a reproducir la tesis de la Comisión, de que el período de prácticas realizado por su hija constituía una educación profesional con arreglo al artículo 2, relativo a la asignación por hijos a cargo, del Anexo VII del Estatuto, y que, en su opinión, sólo puede hablarse de educación, propiamente dicha, si se imparte en el marco de un contrato de formación.
Este motivo no puede estimarse. En efecto, el Tribunal de Primera Instancia consideró acertadamente que los criterios que rigen respectivamente el pago de la asignación por hijos a cargo y el de la asignación por escolaridad son diferentes, que el derecho a percibir una asignación por hijo a cargo no supone automáticamente el derecho a una asignación por escolaridad y que la Comisión podía pagar una y denegar la otra.
En consecuencia, aunque el Tribunal de Primera Instancia hubiera admitido por error que el período de prácticas realizado por la hija del recurrente en la Comisión constituía una educación profesional conforme a lo previsto en la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del Anexo VII, esta declaración no tendría consecuencias sobre el derecho del recurrente a la asignación por escolaridad contemplada en el artículo 3 del citado Anexo.
De todo lo anterior se deduce que no cabe admitir ninguno de los motivos expuestos por la parte recurrente. Por consiguiente, procede desestimar el recurso de casación en su totalidad.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Según el artículo 70 de dicho Reglamento, las Instituciones soportarán los gastos en que hubieren incurrido en los recursos de funcionarios. Sin embargo, en virtud del artículo 122 del citado Reglamento, el artículo 70 no se aplicará a los recursos de casación interpuestos por los funcionarios y demás agentes de las Instituciones. Por no haber prosperado la acción entablada por la parte recurrente, procede condenarla en costas en esta instancia.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide :

1)
Desestimar el recurso de casación.

2)
Condenar en costas a la parte recurrente.

Due
Slynn
Joliét
Schockweiler
Grévisse
Kapteyn
Mancini
Kakouris
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Diez de Velasco
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de noviembre de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.