CELEX: 61988CJ0069
Libre circulación de mercancías
Medidas de efecto equivalente
Facultad de la Hacienda Pública para embargar bienes vendidos a plazos con reserva de dominio

Mediante resolución de 3 de marzo de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 7 de marzo siguiente, el Arrondissementsrechtbank de Maastricht, Sala Primera, planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE.
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre H. Krantz GmbH & Co. (en lo sucesivo, «Krantz»), domiciliada en Aachen, República Federal de Alemania, y el Ontvanger der Directe Belastingen (recaudador de impuestos directos, en lo sucesivo, «recaudador») y el Estado neerlandés, sobre la decisión del recaudador de embargar, al amparo del artículo 16 de la Ley neerlandesa de 22 de mayo de 1845, relativa a la recaudación de los impuestos directos, máquinas que pertenecían a Krantz. Estas máquinas fueron vendidas a plazo, con reserva de dominio, por Krantz a J. J. Krantz & Zoon NV, con domicilio social en Leiden, Países Bajos, e instaladas en la filial de ésta última, la Vaalser Textielfabriek BV en Vaals.
J. J. Krantz & Zoon NV y su filial fueron declaradas en quiebra. Con objeto de obtener el pago de una deuda fiscal de Vaalser Textielfabriek, el recaudador embargó, al amparo del artículo 16 de la citada ley, todos los bienes muebles que se encontraban en los locales de esta última.
Ante lós distintos órganos jurisdiccionales que conocieron del litigio, Krantz sostuvo que el artículo 16 de la Ley de 22 de mayo de 1845 era incompatible con el objeto, y la finalidad del artículo 30 del Tratado CEE, porque si lás facultades del recaudador fueran de general conocimiento disminuirían las ventas a plazo con destino a los Países Bajos.
Al estimar que el litigio suscitaba una cuestión sobre la interpretación del Derecho comunitario, el Arrondissementsrechtbank de Maastricht suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las cuestiones siguientes:
«1)
¿Debe considerarse el artículo 16 de la Wet op de Invordering van's Rijks Directe Belastingen de 22 de mayo de 1845
(Saatsblad
22) como una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación en el sentido del artículo 30 del Tratado CEE en el caso de que la Hacienda Pública neerlandesa practique el embargo de mercancías que se hallan en los locales de un sujeto pasivo, pero provienen de otro Estado miembro y son propiedad de un proveedor de este último Estado?
2)
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿está justificada no obstante la aplicación de dicho artículo 16 con arreglo al artículo 36 del Tratado CEE por la protección de alguno de los intereses que menciona este último?»
Para una más amplia exposición del marco jurídico y de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento así como de las observaciones escritas presentadas al Tribunal de Justicia, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Con carácter preliminar procede recordar que no corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco del artículo 177 del Tratado CEE, pronunciarse sobre la compatibilidad de las disposiciones nacionales con el Tratado. No obstante, es competente para proporcionar al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos de interpretación correspondientes al Derecho comunitario que puedan permitirle apreciar esta compatibilidad para la resolución que deba recaer en el asunto que se le ha sometido.
Por consiguiente, procede interpretar las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional nacional en el sentido de que pretenden dilucidar si el artículo 30 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que se opone a una legislación nacional que permite al recaudador de impuestos directos embargar bienes, exceptuando las existencias, que se encuentran en los locales de un sujeto pasivo, cuando estos bienes proceden de un proveedor establecido en otro Estado miembro, a quien pertenecen, y, en caso afirmativo, si esta legislación se justifica al amparo del artículo 36 del Tratado.
Sobre la primera cuestión
Procede recordar que es jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia, establecida en la sentencia de 11 de julio de 1974 (Dassonville,
8/74, Rec. 1974, p. 837
) que constituye una medida de efecto equivalente cualquier medida que pueda obstaculizar directa o indirectamente, actual o potencialmente el comercio intracomunitário.
No obstante, procede observar que la disposición nacional mencionada por el órgano jurisdiccional nacional se aplica indistintamente a los bienes nacionales e importados y que no tiene por objeto regular los intercambios de mercancías con los demás Estados miembros.
A continuación hay que hacer constar que el hecho de que los nacionales de otros Estados miembros vacilaran a la hora de vender a plazos bienes a compradores del Estado miembro afectado, porque estos bienes correrían el riesgo de ser embargados por el recaudador si los compradores no pagaran sus deudas fiscales neerlandesas, es demasiado aleatorio e indirecto para que una disposición nacional que autorice semejante embargo pueda ser considerada como capaz de obstaculizar el comercio entre los Estados miembros.
Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión que el artículo 30 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una legislación nacional que permite al recaudador de los impuestos directos embargar bienes, que se encuentran en los locales de un sujeto pasivo, exceptuando las existencias, cuando estos bienes proceden de un proveedor establecido en otro Estado miembro y son propiedad de éste.
Sobre la segunda cuestión
Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión, no procede responder a la segunda cuestión prejudicial.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno neerlandés y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Arrondissementsrechtbank de Maastricht, mediante resolución de 3 de marzo de 1988, decide:

Declarar que el artículo 30 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una legislación nacional que permite al recaudador de los impuestos directos embargar bienes que se encuentran en los locales de un sujeto pasivo, exceptuando las existencias, cuando estos bienes proceden de un proveedor establecido en otro Estado miembro y son propiedad de éste.

Schockweiler
Mancini
O'Higgins
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de marzo de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Segunda
F. A. Schockweiler
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.