CELEX: 61987CJ0193(01)
Funcionarios
Organización sindical
Derecho sindical

Mediante recurso recibido en el Tribunal de Justicia el 22 de junio de 1987 y registrado con el n° C-193/87, el Sr. Maurissen, funcionario del Tribunal de Cuentas, con arreglo al artículo 91 del Estatuto de los funcionarios, solicitó la anulación de dos decisiones del Presidente del Tribunal de Cuentas, de fecha 17 y 31 de marzo de 1987, relativas al ejercicio de actividades sindicales en el seno del Tribunal de Cuentas.
Mediante recurso recibido en el Tribunal de Justicia el 22 de junio de 1987 y registrado con el n° 194/87, la Union syndicale, servicio público europeo, Luxemburgo, con arreglo al párrafo 2 del artículo 173 del Tratado CEE, solicitó la anulación de las mismas decisiones.
Según los autos, en una hoja de propaganda de 26 de febrero de 1987, relativa a las intenciones del Tribunal de Cuentas sobre las previsiones de gasto para el ejercicio 1988, el comité ejecutivo de la Union syndicale denunció el aumento previsto del número de agentes temporales. Según la hoja, semejante aumento podía no solamente devaluar la función pública europea, sino también amenazarla independencia del Tribunal y comprometer su papel de «conciencia financiera de Europa».
El 17 de marzo de 1987, el Presidente del Tribunal de Cuentas dirigió al Sr. Maurissen, único funcionario del Tribunal que figuraba entre los miembros del comité ejecutivo de la Union syndicale relacionados al pie de la hoja, una carta que, después de condenar la forma y el fondo de la misma hoja, le comunicaba su decisión de prohibir provisionalmente a los servicios internos de reparto del correo que distribuyeran boletines sindicales. En dicha carta, rogó al Sr. Maurissen que dirigiera en el futuro dichos boletines al Comité de Personal, que podría beneficiarse de la ayuda de los servicios internos de reparto del correo para su distribución y precisó que cualquier otra forma de distribución dependía únicamente de la iniciativa del Sr. Maurissen.
Por otra parte, el 11 de marzo de 1987, el Secretario General de la Union syndicale de Luxemburgo informó al Presidente del Tribunal de Cuentas de la creación de una delegación sindical en el Tribunal y le pidió su consentimiento para dispensar del servicio a los miembros de dicha delegación designados para participar en reuniones con la Comisión de las Comunidades Europeas respecto a cuestiones de personal.
El 31 de marzo de 1987, el Presidente del Tribunal de Cuentas, si bien se dio por notificado de la creación de una delegación sindical, respondió al Secretario General de la Union syndicale que no podía acceder a su petición de dispensa del servicio.
Los presentes recursos se dirigieron contra dichas decisiones de 17 y 31 de marzo de 1987.
Dado que el Tribunal de Cuentas solicitó la inadmisión de los dos recursos, el Tribunal de Justicia decidió pronunciarse previamente, mediante decisión separada, sobre las causas de inadmisión planteadas.
Mediante sentencia de 11 de mayo de 1989, el Tribunal de Justicia declaró la admisión del recurso del Sr. Maurissen. Además, declaró la admisión de las pretensiones del recurso de la Union syndicale dirigidas contra la decisión de 31 de marzo de 1987 y la inadmisión de las dirigidas contra la decisión de 17 de marzo de 1987.
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio, del desarrollo del procedimiento, así como de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Para examinar el fundamento de los recursos, procede recordar previamente que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 24
bis
de su Estatuto, «los funcionarios gozarán del derecho de asociación; podrán, en particular, ser miembros de organizaciones sindicales o profesionales de funcionarios europeos».
Las instituciones comunitarias y los organismos que se les asimilan a efectos de la aplicación del Estatuto de los funcionarios en virtud del artículo 1 de dicho Estatuto están obligados a no hacer nada que pueda obstaculizar el ejercicio de la libertad sindical reconocida por las citadas disposiciones del artículo 24
bis.
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias de 8 de octubre de 1974, Union syndicale,
175/73, Rec. 1974, p. 917
, y Syndicat général du personnel,
18/74, Rec. 1974, p. 933
), la libertad sindical así reconocida implica, según los principios generales del Derecho del Trabajo, no únicamente la facultad, para los funcionarios y agentes, de constituir libremente las asociaciones que quieran, sino también la de dichas asociaciones para dedicarse a cualquier actividad lícita en defensa de los intereses profesionales de sus miembros.
De ello se deduce, en primer lugar, que las instituciones y organismos comunitarios no pueden prohibir a sus funcionarios y agentes afiliarse a una organización sindical o profesional o participar en las actividades sindicales, ni penalizarlos en forma alguna, debido a su afiliación o a dichas actividades.
De ello se deduce, en segundo lugar, que las instituciones y organismos comunitarios deben aceptar, sin hacer diferencias de trato injustificadas entre las organizaciones sindicales y profesionales, que éstas jueguen el papel que les corresponda, emprendiendo especialmente acciones para informar a los funcionarios y agentes, representarlos ante dichas instituciones y organismos y participar en la concertación con dichas instituciones y organismos en todas las materias que afectan al personal.
Hay que tener en cuenta las consideraciones que preceden para apreciar la conformidad a Derecho de las decisiones controvertidas.
Pretensiones del recurso del Sr. Maurissen dirigidas contra la decisión de 17 de marzo de 1987
En apoyo de estas pretensiones, el Sr. Maurissen invoca dos motivos: uno basado en la infracción del artículo 24
bis
del Estatuto de los funcionarios y otro basado en el incumplimiento del principio de igualdad de trato entre los funcionarios.
Primer motivo
Procede señalar que la decisión de 17 de marzo de 1987 suprime la posibilidad de utilizar los servicios de correo internos para distribuir los boletines sindicales. No prohibe la distribución de dichos boletines en el seno del Tribunal de Cuentas; en particular, tal como se deduce de sus mismos términos, dicha decisión no impide que, a «iniciativa» suya, los responsables sindicales recurran a «cualquier otra forma de distribución».
Así, esta decisión se limita a denegar una ventaja cuya concesión hubiera ciertamente permitido facilitar la acción del Sr. Maurissen, como responsable sindical, pero cuya falta no tiene como efecto obstaculizar el ejercicio de sus actividades sindicales.
Una decisión semejante sólo podría censurarse si la facultad de obtener la ventaja que deniega pudiera fundarse, como afirma el Sr. Maurissen, o en un principio general del Derecho del Trabajo aplicable en el ordenamiento jurídico comunitario, o en las disposiciones estatutarias o en los textos, unilaterales o convencionales, adoptados para su aplicación, o en la existencia del deber de asistencia y protección.
A este respecto, procede señalar en primer lugar que, si bien la libertad sindical constituye un principio general del Derecho del Trabajo, su contenido no puede extenderse hasta incluir la obligación para las instituciones y organismos comunitarios de poner sus servicios de correo internos a la disposición de las organizaciones sindicales para la distribución al personal de las comunicaciones procedentes de dichas organizaciones.
El artículo 24
bis
del Estatuto, que expresa el reconocimiento de la libertad sindical en el ámbito de la función pública comunitaria, no añade ninguna precisión en lo que se refiere a la concesión de dichas facilidades. Por otra parte, dicha disposición no se vio completada en este punto ni por una disposición general de ejecución propia del Tribunal de Cuentas, ni por un acuerdo celebrado entre este último y tal o cual organización sindical o profesional.
Procede señalar, por último, en cuanto al deber de asistencia y protección, que éste se sitúa en el ámbito de las relaciones individuales entre la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos y los funcionarios y agentes que dependen de dicha Autoridad; no puede invocarse para resolver problemas relativos a las relaciones colectivas entre las instituciones y organismos comunitarios y las organizaciones sindicales o profesionales.
Por consiguiente, debe desestimarse el primer motivo.
Segundo motivo
Este motivo se basa en que el Presidente del Tribunal de Cuentas incumplió el principio de igualdad de trato entre funcionarios, al negarse a conceder a los responsables sindicales un trato tan favorable como el concedido por las demás instituciones y organismos comunitarios en materia de distribución de boletines sindicales.
Procede señalar que, si bien es cierto que algunas de las otras instituciones y organismos comunitarios ofrecen en la materia, según modalidades diversas, facilidades a las organizaciones sindicales o profesionales y a sus representantes, se trata, a falta de cualquier obligación jurídica derivada del Estatuto, de ventajas concedidas a título gracioso con arreglo a las competencias de organización o en virtud de acuerdos particulares celebrados entre la institución o el organismo y los representantes de su personal.
Semejantes medidas debidas a la iniciativa propia de las instituciones y organismos no pueden invocarse en apoyo del motivo basado en la violación del principio de igualdad de trato.
Se deduce de ello que el segundo motivo debe desestimarse.
Por consiguiente, no ha lugar a las pretensiones del recurso del Sr. Maurissen, en lo que a la decisión de 17 de marzo de 1987 se refiere.
Pretensiones de los recursos dirigidos contra la decisión de 31 de marzo de 1987
Procede examinar en primer lugar el motivo que los demandantes basaron en la libertad sindical tal como queda garantizada en el artículo 24
bis
del Estatuto.
Aun reconociendo el principio de la libertad sindical, el Tribunal de Cuentas se remitió a la decisión del Consejo de 23 de junio de 1981 por la que se establece un procedimiento de concertación. Afirmó que, si bien está obligado en virtud de dicha decisión a conceder dispensas de servicio a los representantes de su personal, designados por las organizaciones sindicales o profesionales, para acudir a las reuniones de la «comisión de concertación» prevista por la decisión, dicha obligación no puede extenderse a las reuniones preparatorias organizadas por la Comisión.
A este respecto, procede señalar en primer lugar que el procedimiento de concertación previsto por la decisión del Consejo de 23 de junio de 1981 se aplica a las «propuestas sometidas al Consejo por la Comisión relativas a la modificación del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades o del régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades o relativas a la aplicación de las disposiciones de dicho Estatuto o de dicho régimen relativo a las retribuciones o a las pensiones».
Dicho procedimiento se aplica en el ámbito de una comisión denominada «comisión de concertación», integrada por representantes de los Estados miembros y por las autoridades administrativas de las instituciones y organismos comunitarios, pero también por representantes del personal designados por las organizaciones sindicales y profesionales.
Procede señalar además que, si bien en materia de modificaciones estatutarias y de evolución de las retribuciones y pensiones, corresponde al Consejo adoptar las decisiones necesarias, dicha institución sólo puede actuar a propuesta de la Comisión y en estrecha colaboración con ésta. Los trabajos de la «comisión de concertación» prevista por la decisión de 23 de junio de 1981 se insertan así en un proceso cuyas primeras etapas se desarrollan en el seno de la Comisión y durante las reuniones entre la Comisión y los representantes de los sindicatos.
Se deduce de ello que las instituciones y organismos comunitarios están obligados a respetar las actividades sindicales que resulten necesarias para garantizar una participación eficaz en dicho proceso de concertación. En efecto, la libertad sindical implica precisamente la posibilidad para los sindicatos de participar en esa concertación y verse así asociados a la elaboración de las decisiones.
De ahí se deduce que, cuando la Comisión decida reunir a los representantes de las organizaciones sindicales o profesionales para preparar las propuestas que haya que someter al Consejo, a dichos representantes se les debe conceder las facilidades necesarias para permitirles participar en las reuniones.
Así, los representantes sindicales deben beneficiarse para ello de dispensas de servicio, según modalidades que deben establecerse, por vía unilateral o convencional, por las autoridades de todas las instituciones y organismos comunitarios.
Por consiguiente, la decisión de 31 de marzo de 1987 debe anularse, en cuanto que, por la generalidad de sus términos y por su carácter de principio, deniega cualquier dispensa de servicio a los representantes de las organizaciones sindicales o profesionales para permitirles acudir a las reuniones organizadas por la Comisión. Por ello, ya no es necesario examinar el segundo motivo invocado por los demandantes.
Del conjunto de lo que precede se deduce que procede acoger las pretensiones de los recursos dirigidos contra la decisión de 31 de marzo de 1987 del Presidente del Tribunal de Cuentas y desestimar las pretensiones del recurso del Sr. Maurissen en todo lo demás.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así se hubiere solicitado. Sin embargo, según el artículo 70 de dicho Reglamento, las instituciones soportarán los gastos en que hubieren incurrido en los recursos de los agentes de las Comunidades.
En el asunto C-193/87, el Tribunal de Cuentas debe cargar con sus propias costas. Procede, además, poner a su cargo la mitad de las costas del Sr. Maurissen, que obtuvo la anulación de una de las decisiones que impugnó en su recurso.
En el asunto C-194/87, dado que se ha estimado una de las pretensiones de la Union syndicale y se ha desestimado la otra, procede decidir que cada parte, incluida la Internationale des services publics, coadyuvante en apoyo de la Union syndicale, cargue con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Anular la decisión del Presidente del Tribunal de Cuentas de 31 de marzo de 1987.

2)
Desestimar en todo lo demás las pretensiones del recurso del Sr. Maurissen.

3)
En el asunto 193/87, el Tribunal de Cuentas cargará con sus propias costas y la mitad de las del Sr. Maurissen, incluidas las relativas al procedimiento sobre medidas provisionales.

4)
En el asunto 194/87, cada parte cargará con sus propias costas.

Due
Slynn
Kakouris
Zuleeg
Schockweiler
Koopmans
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Grévisse
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 18 de enero de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.