CELEX: 61989CJ0244
Pesca
Gestión de las cuotas
Obligaciones a cargo de los Estados miembros

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 2 de agosto de 1989, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que, al no garantizar el respeto de las cuotas que le habían sido atribuidas, para el año 1986, en lo que respecta a las capturas de «otras especies (capturas accesorias)» en aguas noruegas y de gallineta en aguas de las islas Feroe, la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 170/83 del Consejo, de 25 de enero de 1983, por el que se constituye un régimen comunitario de conservación y de gestión de los recursos de la pesca (
DO L 24, p. 1
; EE 04/02, p. 56), y en el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 2057/82 del Consejo, de 29 de junio de 1982, por el que se establecen ciertas medidas de control respecto a las actividades pesqueras ejercidas por los barcos de los Estados miembros (
DO L 220, p. 1
; EE 04/01, p. 230), en relación con el artículo 1 de los Reglamentos (CEE) n° 3730/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por el que se distribuyen determinadas cuotas entre los Estados miembros para los buques que faenen en la zona económica de Noruega y la zona de pesca situada alrededor de Jan Mayen (
DO L 361, p. 66
; EE 04/04, p. 185), y n° 3732/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por el que se distribuyen las cuotas de capturas entre los Estados miembros para los buques que faenen en aguas de las islas Feroe (
DO L 361, p. 76
; EE 04/04, p. 195).
El citado Reglamento n° 3730/85, cuya aplicabilidad fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 1986 por el Reglamento (CEE) n° 114/86 del Consejo, de 20 de enero de 1986 (
DO L 17, p. 4
), previo que, para el año 1986, las capturas efectuadas, en el marco del Acuerdo sobre los recíprocos derechos de pesca en 1986 entre la Comunidad y Noruega, por los buques con bandera de un Estado miembro en las aguas situadas al norte de los 62° norte y pertenecientes a la zona económica de Noruega, así como en la zona de pesca situada alrededor de Jan Mayen se limitasen a las cuotas fijadas en su Anexo I, o sea, por lo que respecta a Francia, a 65 toneladas para las «otras especies (capturas accesorias)».
De conformidad con el procedimiento previsto por el Acuerdo pesquero entre la CEE, por una parte, y el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno local de las islas Feroe, por otra, que acompaña en Anexo al Reglamento (CEE) n° 2211/80 del Consejo, de 27 de junio de 1980 (
DO L 226, p. 11
; EE 04/01, p. 110), se celebró un Convenio sobre los derechos recíprocos de pesca en 1986 entre la Comunidad y las islas Feroe. El citado Reglamento n° 3732/85 previo que, para el año 1986, las capturas efectuadas, en el marco de dicho Convenio, por los buques que lleven bandera de un Estado miembro, en aguas dependientes de la jurisdicción en materia de pesca de las islas Feroe se limitasen a las cuotas fijadas en su Anexo, o sea, para Francia, a 440 toneladas en lo que respecta a gallineta.
Según el cuadro anual de capturas que la República Francesa remitió a la Comisión el 29 de enero de 1987 y que ha sido presentado en anexo a la réplica, las cuotas asignadas a Francia para el año 1986 se agotaron durante el mes de septiembre de 1986 en lo que respecta a las capturas accesorias efectuadas en aguas noruegas y durante el mes de mayo de 1986 en lo que respecta a las capturas de gallineta efectuadas en aguas de las islas Feroe.
En cuanto a las capturas accesorias efectuadas en aguas noruegas, el total correspondiente a Francia llegó, en lo que se refiere al año 1986, a 105 toneladas, lo que supone un exceso de pesca de 40 toneladas.
Consta que la República Francesa no adoptó, en ningún momento, más medidas que la consistente en proporcionar a la Comisión las informaciones sobre las capturas comunicadas por sus pescadores, de modo que sólo mediante el Reglamento (CEE) n° 3465/86 (DO L 319, p. 29), que entró en vigor el 14 de noviembre de 1986, la Comisión pudo, de conformidad con el apartado 3 del artículo 10 del Reglamento n° 2057/82, antes citado, prohibir la pesca de capturas accesorias en aguas noruegas al norte de los 62° norte por barcos con bandera de Francia.
Por lo que se refiere a las capturas de gallineta efectuadas en aguas de las islas Feroe, las autoridades francesas informaron a la Comisión, mediante télex de 12 de mayo de 1986, de que se había alcanzado la cuota francesa y le pidieron que detuviera las actividades pesqueras en ese sector por lo que respecta a dicha especie. Como consecuencia de un intercambio de cuotas efectuado entre Francia y el Reino Unido, con arreglo al apartado 1 del artículo 5 del Reglamento n° 170/83, antes citado, y notificado a la Comisión por télex de 2 de junio de 1986, la cuota de captura de Francia para la gallineta en aguas de las islas Feroe subió hasta las 510 toneladas. Dicha cuota incrementada, que prácticamente se había alcanzado al final de septiembre de 1986 (506 toneladas), fue rebasada en noviembre del mismo año (en octubre no se efectuó ninguna captura). En lo que se refiere al año 1986, las capturas totales de gallineta, declaradas por Francia, en aguas de las islas Feroe llegaron a las 617 toneladas, lo que implica un exceso de pesca de 107 toneladas.
Dado que la República Francesa no adoptó ninguna medida para prohibir provisionalmente a sus buques la pesca de gallineta en ese sector, la Comisión, mediante el Reglamento (CEE) n° 1601/86 (DO L 140, p. 22), que entró en vigor el 27 de mayo de 1986, basándose en la información que le había sido comunicada por las autoridades francesas mediante télex de 12 de mayo de 1986 y de conformidad con el apartado 3 del artículo 10 del mencionado Reglamento n° 2057/82, estableció dicha prohibición.
De estos excesos sobre las cuotas la Comisión dedujo que la República Francesa no había adoptado, para el año 1986, las medidas necesarias para garantizar el respeto de las cuotas que le habían sido atribuidas para las capturas accesorias en aguas noruegas y para la gallineta en aguas de las islas Feroe.
En apoyo de su recurso, la Comisión mantiene, fundamentalmente, que los excesos sobre las cuotas son la consecuencia de un incumplimiento por parte de la República Francesa de las obligaciones que incumben a los Estados miembros, en virtud del apartado 2 del artículo 10 del mencionado Reglamento n° 2057/82, de proceder, con un plazo suficiente, al cese provisional de las actividades pesqueras.
Por otra parte, la Comisión alega que dichos excesos resultan del hecho de que la República Francesa se abstuvo de adoptar, en contra de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 170/83, antes citado, las medidas necesarias para determinar las modalidades de utilización de las cuotas de pesca que le habían sido atribuidas.
Para una más amplia exposición de los hechos, del desarrollo del procedimiento, así como de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre el motivo referente al retraso incurrido en el cese de las actividades pesqueras
Mediante este motivo, la Comisión imputa a la República Francesa haber incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del apartado 2 del artículo 10 del Reglamento n° 2057/82, antes citado, al no prohibir provisionalmente la pesca en lo que respecta a las poblaciones de peces de que se trata en cuanto resultó inminente el agotamiento de las cuotas.
Para determinar si la tesis de la Comisión es fundada, debe recordarse en primer lugar que, a tenor del apartado 2 del artículo 10 del citado Reglamento n° 2057/82, «cada Estado miembro fijará la fecha en la que se considere que las capturas de una población o grupo de poblaciones sujetas a cuota y efectuadas por barcos de pesca que lleven su bandera o estén matriculados en su territorio hayan agotado la cuota que le es aplicable para dicha población o grupo de poblaciones. A partir de dicha fecha, se prohibirá provisionalmente la captura de peces de esta población o de este grupo de poblaciones por dichos barcos, así como el mantenimiento a bordo, el transbordo y el desembarque, cuando las capturas se hayan realizado después de esa fecha, y fijará una fecha hasta la cual se permitan los transbordos y desembarques o las últimas notificaciones sobre las capturas. Esta medida se notificará sin demora a la Comisión, que informará de ella a los demás Estados miembros».
Debe señalarse, en segundo lugar, que el artículo 10 del citado Reglamento n° 2057/82 no se menciona expresamente entre las disposiciones que hay que respetar al gestionar las cuotas de captura repartidas entre los Estados miembros para los buques que faenen en la zona económica de Noruega y en la zona pesquera situada alrededor de Jan Mayen, así como en aguas de las islas Feroe. En efecto, el artículo 2 de los Reglamentos n° 3730/85 y n° 3732/85, antes citados, prevé únicamente que, en lo que se refiere a la pesca en las aguas de que se trata, los Estados miembros y los capitanes de los buques que enarbolen pabellón de los Estados miembros deben atenerse a las disposiciones de los artículos 3 a 9 del Reglamento n° 2057/82, antes citado.
A este respecto, procede recordar que, como ha considerado este Tribunal de Justicia en la sentencia de 20 de marzo de 1990, Comisión/Francia, apartado 14 (
C-62/89, Rec. p. I-925
), aun cuando los mencionados Reglamentos n° 3730/85 y n° 3732/85 no hagan referencia expresa al artículo 10 del Reglamento n° 2057/82, antes citado, el cumplimiento de dicha disposición, cuya aplicabilidad en este asunto no ha discutido la República Francesa, no por ello deja de imponerse a los Estados miembros como norma general indispensable para garantizar la eficacia de todo régimen de conservación y de gestión de los recursos pesqueros basado en el reparto, en forma de cuotas atribuidas a los Estados miembros, del volumen de capturas disponibles para la Comunidad. Ante estas circunstancias, el artículo 10 del Reglamento n° 2057/82, antes citado, es aplicable en este asunto.
En lo que se refiere, más concretamente, al motivo invocado por la Comisión, procede recordar que, en la mencionada sentencia de 20 de marzo de 1990, Comisión/Francia, este Tribunal de Justicia declaró ya que del apartado 2 del artículo 10 del Reglamento n° 2057/82, antes citado, resulta que los Estados miembros están obligados a tomar a su debido tiempo todas las medidas necesarias para evitar que se sobrepasen las cuotas controvertidas, con el fin de asegurar el respeto de las cuotas atribuidas a los Estados miembros con objeto de conservar los recursos pesqueros (apartado 17).
La República Francesa pretende justificar su omisión formulando cuatro series de alegaciones.
En primer lugar, menciona las dificultades prácticas que le impidieron prever el agotamiento inminente de las cuotas de que se trata. A este respecto, la República Francesa mantiene que las aguas a que se refiere el presente procedimiento están muy lejos, por lo que es probable que la información en materia de capturas ya hubiese sido superada cuando se recibía, e insiste en el carácter estacional de las pescas de que se trata. En el caso de las cuotas relativas a las capturas accesorias en aguas noruegas, dichas dificultades, añade, aún se agravaron debido a que la cuota francesa era baja, mientras que la capacidad de los buques que faenaban en dichas aguas era considerable. Además, la República Francesa alega que el Reglamento (CEE) n° 2807/83 de la Comisión, de 22 de septiembre de 1983, por el que se definen las modalidades particulares del registro de los datos relativos a las capturas de pescado por los Estados miembros (
DO L 276, p. 1
; EE 04/02, p. 138), que prevé el establecimiento de un diario de a bordo comunitario, no era aplicable antes del 1 de abril de 1986 y que la introducción de un sistema de proceso de los datos consignados en los diarios de a bordo necesitó un período de adaptación.
Esta alegación de la República Francesa no puede ser acogida. En efecto, es jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia (véase, por ejemplo, la sentencia de 20 de marzo de 1990, Comisión/Francia, antes citada, apartado 23) que un Estado miembro no puede invocar dificultades prácticas para justificar la no adopción de medidas de control adecuadas. Al contrario, corresponde a los Estados miembros, responsables de la ejecución de las normativas comunitarias en el marco de la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca, superar dichas dificultades tomando las medidas oportunas.
A este respecto, procede señalar, como ha expuesto el Abogado General en el punto 12 de sus conclusiones, que las medidas de control contempladas por el Reglamento n° 2057/82, antes citado, especialmente por sus artículos 6 y 9, que prevén que todos los desembarques deben declararse y registrarse, habrían debido, si se hubiesen aplicado correctamente, proporcionar a las autoridades francesas suficiente información como para permitirles prever el agotamiento de las cuotas y actuar en consecuencia. Además, si la República Francesa consideraba insuficientes dichas medidas, tenía la facultad de prever, con arreglo al artículo 14 del Reglamento n° 2057/82, antes citado, normas suplementarias que fuesen más allá de las exigencias mínimas de dicho Reglamento. Así pues, la Comisión ha señalado acertadamente que la República Francesa habría podido exigir a los capitanes de los buques que transmitiesen por radio las informaciones que tenían sobre las capturas, o crear un sistema de licencias con arreglo al cual se autorizaría a los buques por anticipado a capturar una determinada cantidad de peces sujetos a cuotas.
Por lo que respecta a la supuesta necesidad de un período de adaptación para establecer un sistema que permitiese reunir y procesar la información suministrada por los diarios de a bordo, procede recordar, como ya consideró este Tribunal de Justicia en la mencionada sentencia de 20 de marzo de 1990, Comisión/Francia (apartado 25), que el Reglamento n° 2807/83, antes citado, que entró en vigor el 1 de abril de 1985, no hizo sino prescribir un modelo uniforme de diario de a bordo. En cambio, la obligación de llevar dicho diario en el que se indiquen las cantidades de cada especie capturadas, así como la fecha y el lugar de esas capturas, estaba ya prevista en el artículo 3 del Reglamento n° 2057/82, antes citado, que entró en vigor el 1 de enero de 1983. En tales circunstancias, no era ilógico esperar que la República Francesa ya hubiese establecido en 1986 un sistema que le permitiera utilizar eficazmente la información proporcionada por los diarios de a bordo.
Mediante su segunda alegación, la República Francesa mantiene que en el presente asunto no se ha demostrado con certeza la existencia o la magnitud del exceso sobre las dos cuotas de que se trata. A este respecto, la República Francesa insiste, en primer lugar, en la falta de armonización a nivel comunitario de los coeficientes de conversión que los Estados miembros aplican a las capturas desembarcadas, constituidas por pescado vaciado, para calcular el tonelaje de las capturas en peso vivo. La República Francesa mantiene también que algunas aguas en las que se efectuaron las capturas de gallineta son objeto de controversias de jurisdicción entre el Reino Unido y las islas Feroe.
En cuanto al supuesto margen de incertidumbre resultante de la aplicación del coeficiente de conversión, hay que hacer constar, como ya ha señalado este Tribunal de Justicia, en respuesta a la misma alegación, en la mencionada sentencia de 20 de marzo de 1990, Comisión/Francia (apartado 28), que las propias autoridades francesas han utilizado dicho coeficiente para determinar las cifras de captura comunicadas a la Comisión. En tales circunstancias, la República Francesa no puede cuestionar la fiabilidad de ese método de cálculo. Además, aun suponiendo que haya un margen de incertidumbre, éste es limitado y no podría explicar unos excesos sobre las cuotas tan considerables como los comprobados en el presente asunto: El 21 % en lo que respecta a la cuota incrementada para la gallineta y el 60 % en lo que respecta a la cuota para las capturas accesorias.
En cuanto a los supuestos conflictos de competencia entre el Reino Unido y las islas Feroe, debe recordarse que este Tribunal de Justicia ha declarado (sentencia de 20 de marzo de 1990, Comisión/Francia, antes citada, apartado 30) que, en virtud de la letra b) del artículo 2 del Acuerdo pesquero entre la CEE, por una parte, y el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno local de las islas Feroe, por otra, las autoridades de las islas Feroe determinarán todos los años «las partes atribuidas a los buques pesqueros de la Comunidad, así como las zonas pertenecientes a su jurisdicción dentro de las cuales dichas partes podrán pescarse». La lista de las partes y de las zonas de pesca se remite a la Comisión y esa información sirve de base para la distribución de cuotas entre los Estados miembros. Al no recogerse en dicho Acuerdo reserva alguna respecto a un supuesto conflicto de competencia entre el Reino Unido y las islas Feroe y al no existir ninguna impugnación en lo referente a la zona indicada por las autoridades de las islas Feroe por parte del Estado miembro supuestamente interesado, la República Francesa no ha logrado que se ponga en duda que todas las capturas consideradas por la Comisión en el marco del presente procedimiento fueron pescadas en la zona perteneciente a la jurisdicción pesquera de las islas Feroe. En tales circunstancias, la República Francesa no puede invocar esa alegación para justificar la inobservancia de la cuota en el presente asunto.
En tercer lugar, la República Francesa señala que, en cualquier caso, la cuota global de que disfrutaba la Comunidad en aguas noruegas y de las islas Feroe para las poblaciones de que se trata no fue agotada en 1986 y que, por consiguiente, el exceso sobre las cuotas de Francia no ha perjudicado a otros Estados miembros y no ha comprometido ni los objetivos de conservación contemplados por la legislación comunitaria ni los Acuerdos celebrados entre la Comunidad y los países terceros de que se trate.
Sobre este punto, basta con indicar, como ha considerado este Tribunal de Justicia en la mencionada sentencia de 20 de marzo de 1990, Comisión/Francia (apartado 32), que el total de las cantidades comunitarias capturadas en 1986 en las aguas de que se trata, cuya cifra sólo se conoció después de finalizado dicho año, no puede afectar a las obligaciones de un Estado miembro de adoptar con un plazo suficiente las medidas necesarias para evitar el agotamiento de la cuota nacional que le había sido atribuida.
Finalmente, mediante su cuarta alegación, la República Francesa cuestiona los criterios aplicados por la Comisión para evaluar la gestión y el control de las cuotas por los Estados miembros. A este respecto, la República Francesa mantiene, en primer lugar, que, cuando la Comisión decide o no iniciar un procedimiento con arreglo al artículo 169 del Tratado por exceso sobre las cuotas, no debe tener en cuenta la magnitud de los excesos de pesca en relación con la cuota global, sino que tiene la obligación de referirse al valor absoluto de dichos excesos de pesca, es decir, a su tonelaje. Así pues, la Comisión debería comparar el margen de exceso sobre las cuotas de que se trata con el de las otras cuotas, respecto de las cuales ha considerado que el margen era insignificante y, por tanto, no lo tuvo en cuenta; añade que la Comisión también debería considerar la capacidad de los buques que utilicen las cuotas. En segundo lugar, la República Francesa mantiene que, al valorar la gravedad del retraso producido entre la fecha de agotamiento de las cuotas y la del cese de las actividades pesqueras, la Comisión debe tener en cuenta los plazos fijados por la legislación comunitaria, que obliga a los capitanes de los buques a comunicar a las autoridades nacionales la información contenida en sus diarios de a bordo, como mínimo cada quince días y, en cualquier caso, dentro de las 48 horas siguientes al desembarque, y que da a los Estados miembros un plazo de quince días para comunicar a la Comisión su declaración mensual de capturas.
Por lo que respecta al primer punto, debe hacerse constar, como ha señalado acertadamente la Comisión, que una evaluación de la magnitud del exceso sobre una cuota refiriéndose a su valor absoluto, es decir, en términos de tonelaje, carece de interés, ya que las cuotas atribuidas a los Estados miembros varían considerablemente en cuanto a la cantidad. En cambio, una evaluación en términos de porcentaje de excesos de pesca permite indicar si ha habido o no una gestión y un control eficaces de las cuotas. Como ha recalcado además la Comisión, el hecho de que los buques franceses que faenaban en las aguas de que se trata tuviesen una gran capacidad de captura era un factor que exigía una vigilancia tanto mayor por parte de las autoridades francesas, pero no hacía en modo alguno que su obligación de garantizar el respeto de las cuotas fuese menor.
En cuanto al segundo punto, procede hacer constar que la Comisión señaló acertadamente que un Estado miembro no puede invocar las exigencias mínimas de la legislación comunitaria para evadirse de sus responsabilidades en materia de observancia de las cuotas de pesca que le hayan sido atribuidas. Por lo que se refiere al plazo de quince días para comunicar las capturas, debe recordarse que los Estados miembros tienen la facultad de exigir que esa información se comunique de manera más rápida, por ejemplo, por radio. Por otra parte, el plazo de quince días para comunicar a la Comisión las cifras mensuales de captura no puede en ningún caso excusar el incumplimiento, por parte de la República Francesa, de la obligación que le incumbe de adoptar las medidas necesarias para prohibir provisionalmente toda actividad pesquera en cuanto resulte inminente el agotamiento de la cuota.
Dado que no ha podido acogerse ninguna de las alegaciones presentadas por la República Francesa contra el motivo formulado por la Comisión, procede declarar que, al no garantizar el respeto de las cuotas que le habían sido atribuidas, para el año 1986, en lo que respecta a las capturas accesorias en aguas noruegas y de gallineta en aguas de las islas Feroe, la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento n° 2057/82, antes citado, en relación con el artículo 1 de los Reglamentos n° 3730/85 y n° 3732/85, también citados.
Sobre el motivo accesorio
En su escrito de interposición de recurso, la Comisión imputa también a la República Francesa haber incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del apartado 2 del artículo 5 del mencionado Reglamento n° 170/83, a cuyo tenor «los Estados miembros determinarán, de conformidad con las disposiciones comunitarias aplicables, las modalidades de utilización de las cuotas que les hayan sido atribuidas».
En respuesta a una pregunta escrita del Tribunal de Justicia en la que éste pedía a la Comisión que indicase los factores concretos que probaban que la República Francesa había infringido el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 170/83, antes citado, la Comisión mantiene, en primer lugar, que dicha disposición tiene un alcance general que abarca todas las modalidades necesarias para garantizar que las cuotas se utilizan de conformidad con las normas comunitarias pertinentes y que, por tanto, todo caso de exceso de pesca imputable a un Estado miembro constituye una infracción del apartado 2 del artículo 5. En segundo lugar, alega que, como las disposiciones del mencionado Reglamento n° 2057/82, incluido el apartado 2 del artículo 10, aun cuando hayan sido adoptadas antes que el Reglamento n° 170/83, antes citado, no hacen sino definir de manera más precisa la obligación general que figura en el apartado 2 del artículo 5, cualquier infracción del apartado 2 del artículo 10 del Reglamento n° 2057/82, antes citado, constituye,
ipso facto,
una infracción del apartado 2 del artículo 5 del citado Reglamento n° 170/83. Por último, la Comisión alega que el retraso en el cese de las actividades pesqueras se debe al hecho de que el Estado miembro de que se trata no adoptó las medidas necesarias, además de las exigidas por el mencionado Reglamento n° 2057/82, para obtener la información sobre las capturas que pudiera ponerle en situación de evitar el exceso sobre las cuotas, y que, por consiguiente, dicha omisión en la gestión de las cuotas debe considerarse también como una infracción del apartado 2 del artículo 5.
No obstante, estas alegaciones no pueden ser acogidas. En efecto, una disposición de carácter general no puede aplicarse de manera independiente más que en situaciones para las cuales el Derecho comunitario no haya previsto normas más específicas. De esto resulta que, cuando una disposición de carácter general, como el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 170/83, antes citado, ha sido aplicada por una norma especial, como es en este caso el apartado 2 del artículo 10 del mencionado Reglamento n° 2057/82, y el Tribunal de Justicia ha declarado un incumplimiento, por parte de un Estado miembro, de esta obligación específica, ya no es necesario examinar si dicho Estado ha infringido, además, la disposición general en la que se basa esta obligación.
Por otra parte, es jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia (véase, por ejemplo, la sentencia de 20 de marzo de 1990, Comisión/Francia, antes citada, apartado 37) que, en el marco de un procedimiento incoado en virtud del artículo 169 del Tratado, incumbe a la Comisión demostrar la existencia del supuesto incumplimiento. Por tanto, corresponde a la Comisión aportar, en apoyo de su recurso, los elementos de hecho y de Derecho necesarios para que el Tribunal de Justicia compruebe la existencia de dicho incumplimiento. Ahora bien, hay que hacer constar que en el caso de autos la Comisión sólo ha presentado esos argumentos en respuesta a una pregunta escrita formulada por este Tribunal de Justicia.
Ante estas circunstancias, debe desestimarse el motivo accesorio invocado por la Comisión.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados, en lo fundamental, los motivos formulados por la República Francesa, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Declarar que, al no garantizar el respeto de las cuotas que le habían sido atribuidas, para el año 1986, en lo que respecta a las capturas de «otras especies (capturas accesorias)» en aguas noruegas y de gallineta en aguas de las islas Feroe, la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 2057/82 del Consejo, de 29 de junio de 1982, por el que se establecen ciertas medidas de control respecto a las actividades pesqueras ejercidas por los barcos de los Estados miembros, en relación con el artículo 1 de los Reglamentos (CEE) n° 3730/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por el que se distribuyen determinadas cuotas entre los Estados miembros para los buques que faenen en la zona económica de Noruega y en la zona de pesca situada alrededor de Jan Mayen, y n° 3732/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por el que se distribuyen las cuotas de capturas entre los Estados miembros para los buques que faenen en aguas de las islas Feroe.

2)
Desestimar el recurso en todo lo demás.

3)
Condenar en costas a la República Francesa.

Due
Mancini
O'Higgins
Moitinho de Almeida
Kakouris
Schockweiler
Grévisse
Zuleeg
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 31 de enero de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.