CELEX: 62002CJ0338
Directiva 96/9/CE
Protección jurídica de las bases de datos
Derecho sui generis
Concepto de inversión destinada a la obtención, la verificación o la presentación del contenido de una base de datos
Calendarios de campeonatos de fútbol
Apuestas

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 7 de la Directiva 96/9/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (DO L 77, p. 20; en lo sucesivo,
«Directiva»).
Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre la sociedad Fixtures Marketing Ltd (en lo sucesivo, «Fixtures»)
y la sociedad Svenska Spel AB (en lo sucesivo, «Svenska Spel»). El litigio surgió a raíz del uso de datos relativos a los
partidos de fútbol de los campeonatos inglés y escocés que Svenska Spel hizo con vistas a la organización de apuestas.
Marco jurídico
Normativa comunitaria
A tenor de su artículo 1, apartado 1, la Directiva tiene por objeto la protección jurídica de las bases de datos, sean cuales
fueren sus formas. En el artículo 1, apartado 2, de la misma Directiva se define la base de datos como «las recopilaciones
de obras, de datos o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente
por medios electrónicos o de otra forma».
El artículo 3 de la Directiva dispone la protección de derechos de autor en favor de las «bases de datos que por la selección
o la disposición de su contenido constituyan una creación intelectual de su autor».
El artículo 7 de la Directiva establece un derecho
sui generis
en los términos siguientes:
«Objeto de la protección
1.

Los Estados miembros dispondrán que el fabricante de la base de datos pueda prohibir la extracción y/o reutilización de la
totalidad o de una parte sustancial del contenido de ésta, evaluada cualitativa o cuantitativamente, cuando la obtención,
la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo
o cualitativo.
2.
A efectos del presente capítulo se entenderá por:
a)
“extracción” la transferencia permanente o temporal de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de una base de
datos a otro soporte, cualquiera que sea el medio utilizado o la forma en que se realice;
b)
“reutilización” toda forma de puesta a disposición del público de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de
la base mediante la distribución de copias, alquiler, transmisión en línea o en otras formas. La primera venta de una copia
de una base de datos en la Comunidad por el titular de los derechos o con su consentimiento extinguirá el derecho de control
de las ventas sucesivas de dicha copia en la Comunidad.
El préstamo público no constituirá un acto de extracción o de reutilización.
3.

El derecho contemplado en el apartado 1 podrá transferirse, cederse o darse en licencia contractual.
4.

El derecho contemplado en el apartado 1 se aplicará con independencia de la posibilidad de que dicha base de datos esté protegida
por el derecho de autor o por otros derechos. Además, se aplicará independientemente de la posibilidad de que el contenido
de dicha base de datos esté protegido por el derecho de autor o por otros derechos. La protección de las bases de datos por
el derecho contemplado en el apartado 1 se entenderá sin perjuicio de los derechos existentes sobre su contenido.
5.

No se autorizará la extracción y/o reutilización repetida/s o sistemática/s de partes no sustanciales del contenido de la
base de datos que supongan actos contrarios a una explotación normal de dicha base o que causen un perjuicio injustificado
a los intereses legítimos del fabricante de la base.»
Normativa nacional
En Derecho sueco, la protección de las bases de datos se encuentra regulada en la lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära
och konstnärliga verk (Ley de derechos de autor sobre obras literarias y artísticas; en lo sucesivo, «Ley de 1960»).
En virtud del artículo 49, párrafo primero, de la Ley de 1960, en su versión modificada por la Ley nº 790 de 1997, sobre adaptación
del Derecho sueco a la Directiva (en lo sucesivo, «Ley de 1997»), quien haya elaborado un catálogo, una tabla o cualquier
otra obra similar en la que se recopile una gran cantidad de datos o que sea el resultado de una inversión sustancial tiene
el derecho exclusivo a hacer copias y a ponerlas a disposición del público.
La Ley de 1960 no contiene ninguna disposición comparable al artículo 7, apartado 5, de la Directiva. Sin embargo, de los
trabajos preparatorios de la Ley de 1997 se desprende que la protección derivada del artículo 49 de la Ley de 1960 se refiere
a la propia obra o a una parte sustancial de la misma y que, por consiguiente, el derecho exclusivo no se extiende a la copia
de los datos individuales que figuran en la obra, ni a las partes no sustanciales de ésta. No obstante, según los referidos
trabajos, el uso repetido de partes de la obra que no sean sustanciales en sí mismas puede equiparse a la utilización de una
parte sustancial de ésta.
El litigio principal y las cuestiones prejudiciales
La organización de los campeonatos de fútbol profesional incumbe, en Inglaterra, a la Football Association Premier League
Ltd y a la Football League Ltd, y, en Escocia, a la Scottish Football League. La organización en cuestión implica elaborar
los calendarios de los partidos que deberán jugarse en cada temporada concreta, a saber, cerca de dos mil partidos por temporada
en Inglaterra y setecientos en Escocia. Esta información se almacena electrónicamente y se publica en folletos, siguiendo
un orden cronológico, por un lado, y en relación con cada uno de los equipos participantes, por otro.
Los trabajos relativos a la elaboración de los calendarios de los partidos comienzan un año antes del inicio de la temporada
correspondiente.
Los organizadores de los campeonatos de fútbol inglés y escocés encargaron a la sociedad Football Fixtures Ltd la gestión
de la utilización de los calendarios de los partidos de los referidos campeonatos mediante la concesión de licencias. A Fixtures,
además, se le concedió el derecho de representar a los titulares de los derechos de autor correspondientes a los calendarios
en cuestión.
Svenska Spel organiza en Suecia apuestas relacionadas, en particular, con los partidos de los campeonatos de fútbol inglés
y escocés. Con ese fin, reproduce en sus boletines de apuestas datos referentes a tales partidos.
En febrero de 1999, Fixtures, tras haber propuesto sin éxito a Svenska Spel concederle una licencia de utilización a cambio
del pago de una remuneración, ejercitó ante el Gotlands tingsrätt (Suecia) una acción contra Svenska Spel con vistas a obtener
la reparación del perjuicio relacionado con el uso que esta última había hecho de datos relativos a los calendarios de los
campeonatos de fútbol inglés y escocés en el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 16 de mayo de 1999. Para
fundamentar su acción judicial, Fixtures alegó que las bases de datos que contienen información relativa a los calendarios
en cuestión están protegidas por el artículo 49 de la Ley de 1960 y que el uso por Svenska Spel de información extraída de
tales calendarios constituye una violación de los derechos de propiedad intelectual de las ligas de fútbol.
Mediante sentencia de 11 de abril de 2000, el Gotlands tingsrätt desestimó la demanda de Fixtures, considerando que, si bien
es verdad que los calendarios de los campeonatos de fútbol disfrutan de la protección otorgada a los catálogos porque constituyen
recopilaciones que son el resultado de una inversión sustancial, no es menos cierto que la utilización por Svenska Spel de
los datos de los calendarios no vulnera los derechos de Fixtures.
Mediante sentencia de 3 de mayo de 2001, el Svea hovrätt (Suecia) confirmó en apelación la sentencia dictada en primera instancia.
Sin pronunciarse expresamente acerca de si los calendarios de los campeonatos de fútbol están protegidos por el artículo 49
de la Ley de 1960, consideró que no se había acreditado que la información contenida en los boletines de apuestas de Svenska
Spel hubiera sido extraída de las bases de datos de las ligas de fútbol.
Ante el Högsta domstolen, Fixtures solicitó la anulación de la sentencia dictada en apelación.
Haciendo hincapié en que, en cuanto medida de adaptación del Derecho interno, el artículo 49 de la Ley de 1960, en su versión
modificada por la Ley de 1997, debe interpretarse a la luz de la Directiva, el Högsta domstolen señala que ésta no especifica
si ha de atribuirse importancia y, en caso afirmativo, en qué medida, al objetivo de la base de datos a efectos de determinar
si dicha base puede acogerse a la protección que confiere el derecho
sui generis
. Por otra parte, el Högsta domstolen se interroga sobre la naturaleza de las inversiones humanas y financieras que han de
tenerse en cuenta para determinar si existe una inversión sustancial. Se pregunta asimismo qué debe entenderse por extracción
y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base de datos, así como por explotación normal
y perjuicio injustificado en el marco de extracciones y/o reutilizaciones de partes no sustanciales de una base.
En tales circunstancias, el Högsta domstolen decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes
cuestiones prejudiciales:
«1)
Para apreciar si una base de datos es el resultado de una “inversión sustancial” a efectos del artículo 7, apartado 1, de
la Directiva […], ¿puede el fabricante de una base de datos tomar en consideración una inversión que tiene por objeto fundamentalmente
la creación de un valor independiente de la propia base de datos y que no se refiere por tanto exclusivamente a “la obtención,
la verificación o la presentación” del contenido de la base de datos? En caso de respuesta afirmativa, ¿es relevante que la
totalidad o una parte de la inversión sea un requisito previo para la base de datos?
2)
¿Está protegida una base de datos con arreglo a la Directiva sobre las bases de datos únicamente respecto de las actividades
comprendidas en la finalidad perseguida por el fabricante de dicha base cuando la constituyó?
3)
¿Qué debe entenderse por “parte sustancial del contenido de [la base de datos], evaluada cualitativa o cuantitativamente”
en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva?
4)
La protección de la Directiva, con arreglo al artículo 7, apartados 1 y 5, contra “la extracción y/o reutilización” del contenido
de una base de datos, ¿se limita a contemplar la utilización consistente en el uso directo de la base o también la que supone
el uso de su contenido, cuando éste se encuentre en otra fuente (fuente secundaria) o sea accesible al público de manera general?
5)
¿Cómo deben interpretarse los conceptos de “explotación normal” y de “perjuicio injustificado” del artículo 7, apartado 5,
de la Directiva?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Con carácter liminar, debe recordarse que el régimen de protección que establece el artículo 49, párrafo primero, de la Ley
de 1960, en su versión modificada por la Ley de 1997, presupone la existencia de un catálogo, una tabla o cualquier otra obra
similar «en la que se recopile una gran cantidad de datos o que sea el resultado de una inversión sustancial».
De la resolución de remisión se desprende que el Högsta domstolen no considera que los calendarios de los campeonatos de fútbol
en cuestión constituyan un catálogo que contenga una «gran cantidad de datos» en el sentido de la disposición citada en el
apartado anterior, lo que explica que, mediante la primera cuestión, dicho órgano jurisdiccional se interrogue sobre el concepto
de inversión sustancial tal como debe entenderse en el contexto del artículo 7, apartado 1, de la Directiva.
En el marco de dicha cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide en particular que se dilucide si las inversiones que
la persona que constituye una base de datos dedica a la propia creación de los datos deben tenerse en cuenta a efectos de
determinar si existe una inversión sustancial relacionada con la obtención, la verificación o la presentación del contenido
de la base. Por lo demás, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si la Directiva pretende proteger aquellas bases de datos
derivadas del ejercicio de una actividad principal que necesariamente implique la creación de datos.
El artículo 7, apartado 1, de la Directiva reserva la protección que confiere el derecho
sui generis
exclusivamente a las bases de datos que respondan a un criterio preciso, a saber, que la obtención, la verificación o la
presentación de su contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo.
A tenor de los considerandos noveno, décimo y duodécimo de la Directiva, la finalidad de ésta es fomentar y proteger aquellas
inversiones en los sistemas de «almacenamiento» y «tratamiento» de datos que contribuyan al desarrollo del mercado de la información
en un contexto marcado por un crecimiento exponencial de la cantidad de información generada y procesada anualmente en todos
los sectores de actividad. De lo anterior se deduce que el concepto de inversión destinada a la obtención, la verificación
o la presentación del contenido de una base de datos debe entenderse, con carácter general, en el sentido de que se refiere
a la inversión destinada a la constitución de dicha base en cuanto tal.
En este contexto, tal como subrayan Svenska Spel y los Gobiernos alemán, neerlandés y portugués, el concepto de inversión
destinada a la obtención del contenido de una base de datos debe entenderse en el sentido de que designa los recursos consagrados
a la búsqueda de datos ya existentes y a su recopilación en la base de que se trate, con exclusión de aquellos recursos utilizados
para la propia creación de los datos. En efecto, según indican Svenska Spel y el Gobierno alemán, la finalidad de la protección
que confiere el derecho
sui generis
que establece la Directiva es fomentar la implantación de sistemas de almacenamiento y tratamiento de información ya existente,
y no la creación de datos que puedan ser recopilados ulteriormente en una base de datos.
Esta interpretación viene corroborada por el trigésimo noveno considerando de la Directiva, según el cual el derecho
sui generis
pretende garantizar la protección contra la apropiación de los resultados obtenidos de las inversiones económicas y de trabajo
hechas por la persona que «buscó y recopiló el contenido» de una base de datos. Según señala la Abogado General en los puntos
51 a 56 de sus conclusiones, sin perjuicio de ligeras variaciones terminológicas, todas las versiones lingüísticas de este
trigésimo noveno considerando se decantan por una interpretación que excluye del concepto de obtención la creación de los
datos contenidos en la base.
El decimonoveno considerando de la Directiva, a cuyo tenor la compilación de varias fijaciones de ejecuciones musicales en
un CD no representa una inversión lo suficientemente sustancial como para poder acogerse a la protección que confiere el derecho
sui generis,
constituye un argumento adicional en apoyo de esta interpretación. En efecto, de dicho considerando se deduce que los recursos
utilizados para la propia creación de las obras o elementos que figuran en la base de datos, en este caso un CD, no pueden
equipararse a una inversión destinada a la obtención del contenido de la base en cuestión y, por consiguiente, no pueden ser
tenidos en cuenta para apreciar el carácter sustancial de la inversión destinada a la constitución de dicha base.
El concepto de inversión destinada a la verificación del contenido de la base de datos debe entenderse en el sentido de que
se refiere a los recursos que, con vistas a garantizar la fiabilidad de la información contenida en la base de que se trate,
se dedican al control de la exactitud de los datos buscados, tanto durante la constitución de la base de datos como durante
el período de funcionamiento de ésta. El concepto de inversión destinada a la presentación del contenido de la base de datos,
por su parte, se refiere a los recursos dedicados a conferir a la base en cuestión su función de tratamiento de la información,
a saber, a aquellos recursos consagrados a la disposición sistemática o metódica de los datos contenidos en la base, así como
a la organización de su accesibilidad individual.
La inversión destinada a la constitución de la base de datos puede consistir en la utilización de recursos o de medios humanos,
financieros o técnicos, pero debe ser sustancial desde un punto de vista cuantitativo o cualitativo. La apreciación cuantitativa
hace referencia a medios valorables en cifras y la apreciación cualitativa a esfuerzos no cuantificables, tales como un trabajo
intelectual o un gasto de energía, según se desprende de los considerandos séptimo, trigésimo noveno y cuadragésimo de la
Directiva.
En este contexto, la circunstancia de que la constitución de una base de datos esté ligada al ejercicio de una actividad principal
en cuyo marco la persona que constituye la base es también el creador de los datos contenidos en la misma no excluye, por
sí sola, que esa persona pueda reclamar la protección que confiere el derecho
sui generis,
con tal de que acredite que la obtención de los referidos datos, su verificación o su presentación, en el sentido expuesto
en los apartados 24 a 27 de la presente sentencia, supusieron una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo
o cualitativo, independiente de los recursos utilizados para la creación de los datos en cuestión.
A este respecto, si bien la búsqueda de los datos y la verificación de su exactitud en el momento de la constitución de la
base de datos no requieren, en principio, que la persona que constituye dicha base utilice recursos específicos, puesto que
se trata de datos que ella misma ha creado y que están a su disposición, no es menos cierto que la recopilación de los referidos
datos, su ordenación sistemática o metódica en el seno de la base, la organización de su accesibilidad individual y la verificación
de su exactitud a lo largo de todo el período de funcionamiento de la base pueden requerir una inversión sustancial desde
el punto de vista cuantitativo y/o cualitativo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva.
En el litigio principal, los recursos destinados a determinar, en el marco de la organización de campeonatos de fútbol, las
fechas, los horarios y los equipos, tanto los que juegan en casa como los visitantes, relativos a los encuentros de las diferentes
jornadas de campeonato, corresponden, tal como sostienen Svenska Spel y los Gobiernos belga, alemán y portugués, a una inversión
destinada a la creación del calendario de tales encuentros. Dicha inversión, relacionada con la organización misma de los
campeonatos, está destinada a la creación de los datos contenidos en la base en cuestión, a saber, los correspondientes a
cada encuentro de los diferentes campeonatos. Por consiguiente, no puede ser tenida en cuenta a efectos del artículo 7, apartado
1, de la Directiva.
En tales circunstancias, haciendo abstracción de la inversión contemplada en el apartado anterior, procede comprobar si la
obtención, la verificación o la presentación del contenido de un calendario de partidos de fútbol suponen una inversión sustancial
desde un punto de vista cualitativo o cuantitativo.
La búsqueda y recopilación de los datos constitutivos del calendario de los partidos de fútbol no requiere ningún esfuerzo
especial por parte de las ligas profesionales. En efecto, tal como la propia Fixtures ha puesto de relieve en sus observaciones,
las ligas profesionales se encuentran indisociablemente unidas a la creación de los referidos datos, creación en la que intervienen
en cuanto responsables de la organización de los campeonatos de fútbol. La obtención del contenido de un calendario de partidos
de fútbol no requiere, pues, ninguna inversión autónoma en relación con la inversión que exige la creación de los datos contenidos
en dicho calendario.
Las ligas profesionales no se ven obligadas a dedicar ningún esfuerzo específico a comprobar la exactitud de los datos relativos
a los partidos de los campeonatos a la hora de confeccionar el calendario, puesto que tales ligas intervienen directamente
en la creación de los referidos datos. En cuanto a la verificación de la exactitud del contenido de los calendarios de los
partidos de la temporada, tal verificación consiste, según se desprende de las observaciones de Fixtures, en adaptar algunos
datos de esos calendarios en función del eventual aplazamiento de algún partido o de alguna jornada del campeonato, aplazamiento
que deciden las propias ligas profesionales o en el que intervienen dando su acuerdo. Por consiguiente, no puede considerarse
que tal verificación suponga una inversión sustancial.
En cuanto a la presentación de un calendario de partidos de fútbol, también está directamente relacionada con la propia creación
de los datos constitutivos de dicho calendario, como lo confirma el hecho de que la resolución de remisión no contenga referencia
alguna a trabajos o a medios especialmente dedicados a tal presentación. Por consiguiente, no puede considerarse que la presentación
requiera una inversión autónoma en relación con la inversión destinada a la creación de los datos constitutivos.
De lo anterior se deduce que ni la obtención, ni la verificación ni la presentación del contenido de un calendario de partidos
de fútbol suponen una inversión sustancial que pueda justificar acogerse a la protección que confiere el derecho
sui generis
que establece el artículo 7 de la Directiva.
Habida cuenta de lo que antecede, procede responder a la primera cuestión planteada que el concepto de inversión destinada
a la obtención del contenido de una base de datos, a efectos del artículo 7, apartado 1, de la Directiva, debe entenderse
en el sentido de que designa los recursos dedicados a la búsqueda de datos ya existentes y a su recopilación en dicha base.
No incluye los recursos utilizados para la creación de los datos constitutivos del contenido de la base de datos. Por consiguiente,
en el contexto de la elaboración de un calendario de partidos con vistas a la organización de campeonatos de fútbol, el mencionado
concepto no incluye los recursos dedicados a determinar las fechas, los horarios y las parejas de equipos correspondientes
a los diferentes encuentros de los referidos campeonatos.
En vista de lo anterior, no procede responder a las restantes cuestiones planteadas.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
El concepto de inversión destinada a la obtención del contenido de una base de datos, a efectos del artículo 7, apartado 1,
de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las
bases de datos, debe entenderse en el sentido de que designa los recursos dedicados a la búsqueda de datos ya existentes y
a su recopilación en dicha base. No incluye los recursos utilizados para la creación de los datos constitutivos del contenido
de la base de datos. Por consiguiente, en el contexto de la elaboración de un calendario de partidos con vistas a la organización
de campeonatos de fútbol, el mencionado concepto no incluye los recursos dedicados a determinar las fechas, los horarios y
las parejas de equipos correspondientes a los diferentes encuentros de los referidos campeonatos.
Firmas
–
Lengua de procedimiento: sueco.