CELEX: 61989CJ0344
Seguridad Social
Reconocimiento de una incapacidad laboral

Mediante resolución de 18 de octubre de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de noviembre siguiente, el Arrondissementsrechtbank de Amsterdam planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del apartado 1 del artículo 51 del Reglamento (CEE) n° 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familiares que se desplacen dentro de la Comunidad (
DO L 74, p. 1
; EE 05/01, p. 156).
El Sr. Martínez es un nacional español que trabajó desde 1963 como marinero al servicio de empresas neerlandesas. Después de haber cesado en su trabajo el 27 de abril de 1979, como consecuencia de una enfermedad, regresó a España, donde fue operado de una hernia discal. En 1980, 1982 y 1984, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que había mantenido bajo control médico al Sr. Martínez, remitió unos informes sobre el estado de salud del interesado a la institución competente de los Países Bajos, el Gemeenschappelijke Medische Dienst (en lo sucesivo, «GMD»). Mediante carta de 17 de abril de 1989, el GMD convocó al Sr. Martínez, beneficiario desde el 25 de abril de 1980 de una pensión de invalidez con arreglo a la legislación neerlandesa, para que se sometiera en los Países Bajos a un reconocimiento que debían efectuar dos médicos designados por dicha institución.
El Sr. Martínez demandó entonces al GMD y a la Bedrijfsvereniging voor de Koopvaardij (Asociación Profesional de la Marina Mercante; en lo sucesivo, «BVK») ante el arrondissementsrechtbank de Amsterdam con el fin de que dicho òrgano jurisdiccional declarase que no estaba obligado a volver a los Países Bajos para someterse a reconocimiento en el citado país.
En tales circunstancias, el órgano jurisdiccional nacional, previa inadmisión de la demanda del Sr. Martínez en la medida en que se interponía contra la BKV, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Puede la institución deudora de la prestación de invalidez o el organismo competente para proceder al reconocimiento médico, cuando ejerce la facultad reconocida en el apartado 1 del artículo 51 del Reglamento (CEE) n° 574/72 de disponer que un médico designado por ella examine al beneficiario de una prestación de invalidez, convocar al beneficiario de que se trate para que se desplace del Estado miembro del lugar de residencia o de estancia al Estado miembro de la institución deudora para someterse en este último a un reconocimiento médico? ¿Está obligado el beneficiario a acudir a dicha convocatoria?»
2)
a)
¿Es distinta la respuesta a la primera cuestión si se demuestra que, sin perjuicio para su salud, el beneficiario está en condiciones de viajar al Estado miembro de la institución deudora o del organismo competente para proceder al reconocimiento médico?
b)
A efectos de la respuesta a la cuestión 2) a), ¿es relevante que sea la institución del Estado del lugar de residencia o estancia quien haya apreciado si el interesado está en condiciones de hacer el viaje o que haya apreciado dicho extremo la institución deudora o el organismo competente para proceder al reconocimiento médico?»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, de la normativa aplicable, así como de las observaciones escritas presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Mediante la primera cuestión y la primera parte de la segunda, el órgano jurisdiccional remitente pretende esencialmente saber si, en el caso de que la institución deudora de una prestación de invalidez ejerza la facultad prevista en el apartado 1 del artículo 51 del Reglamento n° 574/72, de hacer que un médico designado por ella reconozca al beneficiario residente en otro Estado miembro, puede obligarse al interesado a trasladarse al Estado miembro de la institución competente, en particular cuando se ha demostrado que se halla en condiciones de efectuar el desplazamiento sin que ello perjudique a su salud.
Según el apartado 1 del artículo 51 del Reglamento n° 574/72, cuando el beneficiario de prestaciones de invalidez se halle o resida en el territorio de un Estado miembro distinto de aquél donde radique la institución deudora, el control administrativo y médico será ejercido, a requerimiento de la institución mencionada, por la institución del lugar de estancia o de residencia del beneficiario según las normas establecidas en la legislación aplicada por esta última institución. No obstante, la institución deudora conservará la facultad de disponer que un médico designado por ella reconozca al beneficiario.
De lo anterior se deduce que, contrariamente al artículo 18 del mismo Reglamento, que establece, en caso de enfermedad o maternidad, un control administrativo o médico efectuado por la institución del lugar de residencia por propia iniciativa, el apartado 1 del artículo 51 sólo prevé semejante control a requerimiento de la institución competente.
Esta diferencia, puesta de relieve por el órgano jurisdiccional nacional, no puede justificar una interpretación del apartado 1 del artículo 51 según la cual, en caso de invalidez, la institución competente puede solicitar a la institución del lugar de residencia que efectúe dicho reconocimiento, o bien proceder a efectuarlo por sí misma. Si en este caso sólo se efectúa el reconocimiento a instancias de la institución competente, ello obedece que su práctica no siempre es necesaria. Cuando tiene lugar, lo efectúa la institución del lugar de residencia. No obstante, si lo considera necesario, la institución competente puede proceder a un reconocimiento adicional.
Sin embargo, el artículo 51 no precisa el lugar en que este último debe realizarse.
En lo que se refiere al reconocimiento previsto en el apartado 5 del citado artículo 18, en caso de enfermedad y maternidad, el Tribunal de Justicia consideró que el respeto del estado de salud de la persona afectada exigía que no se obligara al interesado a regresar al Estado de la institución competente para someterse en él a un reconocimiento médico de control (sentencia de 12 de marzo de 1987, Rin-done,
22/86, Rec. p. 1339, apartado 21
).
En caso de invalidez no puede admitirse esta limitación de las facultades de control de la institución deudora.
En efecto, si bien en caso de enfermedad el interesado corre el riesgo de que el proceso de curación se vea seriamente amenazado a causa del viaje, no cabe considerar que exista dicho riesgo en caso de invalidez. Por lo tanto, la disponibilidad para viajar debe apreciarse caso por caso.
Por otra, las legislaciones de los Estados miembros presentan diferencias particularmente notables en materia de invalidez. Con el fin de determinar el grado de invalidez conforme a dichas legislaciones, los reconocimientos necesarios exigen la participación de diversos especialistas, especialmente en el caso de los Países Bajos, en los ámbitos de la medicina, el trabajo y el Derecho. Ahora bien, el desplazamiento de todos estos expertos ocasionaría gastos considerables y no es seguro que encontraran en el Estado de estancia o de residencia del interesado todos los medios necesarios para proceder a los exámenes.
De lo anterior se deduce que, siempre que lo solicite la institución deudora, en el caso de que lo permita el estado de salud del interesado, éste está obligado a trasladarse al Estado miembro de dicha institución, para someterse en él al reconocimiento de un médico designado por ella.
No obstante, resultaría contrario al objetivo del artículo 51, que consiste en proteger, en la medida de lo posible, a los beneficiarios de las prestaciones a que alude contra los inconvenientes que ocasionan dichos desplazamientos, obligar a los interesados a soportar, por residir en otro Estado miembro, los gastos de desplazamiento y estancia que lleva consigo el reconocimiento médico.
Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión y a la primera parte de la segunda que si la institución deudora de la prestación de invalidez ejerce la facultad prevista en el apartado 1 del artículo 51 del Reglamento (CEE) n° 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familiares que se desplacen dentro de la Comunidad, de hacer que un médico designado por ella reconozca al beneficiario residente en otro Estado miembro, puede obligarse al interesado a desplazarse al Estado miembro de la institución competente, siempre que la institución competente se haga cargo de los gastos de desplazamiento y de estancia y que el interesado esté en condiciones de efectuar el desplazamiento sin que ello perjudique a su salud.
Mediante la segunda parte de la segunda cuestión el órgano jurisdiccional nacional pretende esencialmente saber si la institución deudora o el organismo competente en materia de control médico queda vinculada por las apreciaciones de la institución del lugar de estancia o de residencia acerca de si el interesado está en condiciones de hacer el viaje.
A este respecto, baste señalar que, en el caso de que la institución del lugar de estancia o de residencia del interesado aprecie que éste no se halla en condiciones de efectuar el desplazamiento, nada impide que la institución deudora o el organismo competente en materia de control médico verifique este hecho en dicho lugar.
En consecuencia, procede responder a la segunda parte de la segunda cuestión que si la institución del lugar de estancia o de residencia del interesado aprecia que este último no se halla en condiciones de efectuar el desplazamiento, nada impide que la institución deudora o el organismo competente en materia de control médico verifique este hecho en dicho lugar.
Costas
Los gastos efectuados por los Gobiernos alemán, español y de los Países Bajos, así como por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Arrondissementsrechtbank de Amsterdam mediante resolución de 18 de octubre de 1989, declara:

1)
Si la institución deudora de una prestación de invalidez ejerce la facultad prevista en el apartado 1 del artículo 51 del Reglamento (CEE) n° 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familiares que se desplacen dentro de la Comunidad, de hacer que un médico designado por ella reconozca al beneficiario residente en otro Estado miembro, puede obligarse al interesado a desplazarse al Estado miembro de la institución competente, siempre que ésta se haga cargo de los gastos de desplazamiento y de estancia y que el interesado esté en condiciones de efectuar el desplazamiento sin que ello perjudique a su salud.

2)
Si la institución del lugar de estancia o de residencia del interesado aprecia que este último no se halla en condiciones de efectuar el desplazamiento, nada impide que la institución deudora o el organismo competente en materia de control médico verifique este hecho en dicho lugar.

Moitinho de Almeida
Grévisse
Zuleeg
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de junio de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Tercera
J. C. Moitinho de Almeida
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.