CELEX: 61989CJ0377
Igualdad de trato en materia de Seguridad Social
Principio de Derecho nacional que prohíbe el enriquecimiento sin causa

Mediante resolución de 27 de julio de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de diciembre de 1989, la Supreme Court de Irlanda planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social (
DO 1979, L 6, p. 24
; EE 05/02, p. 174; en lo sucesivo, «la Directiva»).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio que tiene por objeto el derecho de las Sras. Cotter y McDermott (en lo sucesivo, «las demandantes») a percibir, a partir del 23 de diciembre de 1984, fecha en que debía aplicarse la Directiva en los Estados miembros, diferentes prestaciones de Seguridad Social a las que tuvieron derecho los hombres casados que se encontrasen en su situación.
El apartado 1 del artículo 4 de la Directiva dispone que :
«El principio de igualdad de trato supondrá la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente, en especial con relación al estado matrimonial o familiar, particularmente en lo relativo a:
—
El ámbito de aplicación de los regímenes y las condiciones de acceso a los mismos.
—
La obligación de contribuir y el cálculo de las contribuciones.
—
El cálculo de las prestaciones, incluidos los aumentos debidos por cónyuge y por persona a cargo, y las condiciones de duración y de mantenimiento del derecho a las prestaciones.»
No se discute que las disposiciones de la Social Welfare (Consolidation) Act 1981 (en lo sucesivo, «la Ley de 1981») concedían automáticamente a los hombres casados aumentos, sobre las prestaciones de Seguridad Social, por cónyuge e hijo sin que tuviesen que probar que éstos estaban efectivamente a su cargo, mientras que las mujeres casadas tenían que cumplir determinados requisitos suplementarios. Además, las mismas disposiciones preveían para las mujeres casadas una prestación de desempleo reducida en cuanto a su importe y a su duración, respecto a la prevista para los hombres casados.
Esta situación fue modificada mediante la Social Welfare (n° 2) Act 1985 (Commencement) Order 1986 (Statutory Instrument n° 173 de 1986), que puso en vigor, el 20 de noviembre de 1986, las disposiciones de los artículos 3 y 4 de la Social Welfare (n° 2) Act 1985 (en lo sucesivo, «la Ley de ejecución nacional»). Estos artículos reservan el aumento por adulto a cargo, cualquiera que sea el sexo del solicitante, para el caso en que pueda demostrarse la existencia real de una carga familiar y establecen una igualdad de trato entre los beneficiarios de ambos sexos en lo que respecta a los aumentos por hijo a cargo.
Las Social Welfare (Preservation of Rights) (n° 2) Regulations 1986 (Statutory Instrument n° 422 de 1986) previeron, con carácter transitorio, que los beneficiarios que no tuvieran un cónyuge realmente a su cargo y que, por tanto, hubiesen perdido el derecho a un aumento por adulto a cargo como consecuencia de la entrada en vigor de las disposiciones de la Ley de ejecución nacional, podrían percibir pagos compensatorios. Es un hecho acreditado que dichas disposiciones, cuya aplicación ha sido prorrogada varias veces, se refieren sólo a los hombres casados que antes recibían aumentos automáticamente, aun cuando no tuviesen realmente una carga familiar.
Las demandantes solicitaron a la High Court, el 4 de febrero de 1985, que anulara las decisiones adoptadas por el Minister for Social Welfare o por cuenta de éste, con arreglo a la Ley de 1981, y que disponían que dejara de pagarse a las demandantes la prestación de desempleo al expirar un período de 312 días y, en lo que respecta a la Sra. Cotter, el cese automático del pago de la prestación proporcional a su salario. Las demandantes alegaron que tenían derecho, en virtud del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, al pago, a partir del 23 de diciembre de 1984, de la prestación de desempleo al mismo tipo y por un período de igual duración que un hombre casado, y que, por lo que se refiere a la Sra. Cotter, ésta tenía derecho, además, por la misma duración, al pago de la prestación proporcional al salario.
La High Court pidió a este Tribunal de Justicia que se pronunciara con carácter prejudicial sobre:
a)
Si las disposiciones de la Directiva 79/7/CEE, especialmente su artículo 4, tienen efecto directo en Irlanda a partir del 23 de diciembre de 1984, y
b)
si las mujeres casadas sujetas a la legislación nacional tienen derecho, a partir del 23 de diciembre de 1984, a prestaciones en las mismas condiciones que los hombres, en el caso de que no se haya adoptado ninguna medida para la aplicación del artículo 4 de la Directiva.
En la sentencia de 24 de marzo de 1987 (
286/85, Rec. p. 1453
), este Tribunal de Justícia, pronunciándose sobre dicha petición de decisión prejudicial, declaró que :
«1)
E1 apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativo a la prohibición de toda discriminación por razón de sexo en materia de Seguridad Social, podía, a falta de ejecución de la Directiva, invocarse a partir del 23 de diciembre de 1984 para evitar la aplicación de cualquier disposición nacional que no se atuviera al mencionado apartado 1 del artículo 4.
2)
A falta de medidas de aplicación del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, las mujeres tienen derecho a que se les aplique el mismo régimen que a los hombres que se encuentren en la misma situación, régimen que, a falta de ejecución de la mencionada Directiva, será el único sistema válido de referencia.»
Adelantándose a la sentencia de este Tribunal de Justicia, las demandantes formularon nuevas pretensiones ante la High Court para que ésta declarase, entre otras cosas, que tenían derecho a los mismos aumentos de sus prestaciones de Seguridad Social que los percibidos, hasta la entrada en vigor de la Ley de ejecución nacional, por los hombres casados que estaban en su misma situación, así como a los pagos compensatorios transitorios que éstos percibieron después de esta fecha.
La High Court conoció de estas solicitudes al mismo tiempo que del procedimiento incoado el 4 de febrero de 1985. Sólo acogió en parte los recursos de las demandantes, desestimando principalmente sus solicitudes referentes a los aumentos por adulto y por hijo a cargo, así como a los pagos compensatorios transitorios. La High Court consideró, en efecto, que sería injusto y poco equitativo pagar dichas sumas a las demandantes cuando los cónyuges de que se trata no estaban económicamente a su cargo. En apelación ante la Supreme Court, el demandado objetó que si se estimasen las pretensiones de las demandantes se infringiría,
inter alia,
la prohibición del enriquecimiento sin causa, el cual, según el Derecho irlandés, constituye un motivo para reducir o para denegar una indemnización en determinadas circunstancias.
Al tener dudas sobre la compatibilidad de este principio de Derecho nacional con el efecto directo del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, la Supreme Court suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia, con carácter prejudicial, las cuestiones siguientes:
«1)
La decisión prejudicial del Tribunal de Justicia en la sentencia de 24 de marzo de 1987, Norah McDermott y Ann Cotter/Minister for Social Welfare y Attorney General (
286/85, Rec. p. 1453
), en la que el Tribunal de Justicia, interpretando lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, respondía del siguiente modo a la segunda cuestión que le había sido planteada por la High Court con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE:
“A falta de medidas de aplicación del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, las mujeres tienen derecho a que se les aplique el mismo régimen que a los hombres que se encuentran en la misma situación, régimen que, a falta de ejecución de la mencionada Directiva, será el único sistema válido de referencia”,
¿debe interpretarse en el sentido de que las mujeres casadas tienen derecho a aumentos sobre las prestaciones de la Seguridad Social
a)
por marido a cargo y
b)
por hijo a cargo,
aun cuando se haya demostrado que en realidad no había ninguna dependencia o cuando la situación dé lugar a dobles percepciones de dichos aumentos por persona a cargo?
2)
Cuando una mujer reclama que se le abone una compensación por una discriminación supuestamente sufrida al no habérsele aplicado las normas aplicables a un hombre en la misma situación, ¿debe interpretarse la Directiva 79/7/CEE del Consejo en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional no puede aplicar normas de Derecho nacional para restringir o denegar dicha compensación cuando la concesión de ésta iría en contra del principio que prohibe el enriquecimiento sin causa?»
Para una más amplia exposición de los hechos del asunto principal, del desarrollo del procedimiento y de las observaciones presentadas, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Primera cuestión
Mediante su primera cuestión, la Supreme Court pregunta si el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que si, después del vencimiento del plazo para la ejecución de la Directiva, los hombres casados han recibido automáticamente aumentos de prestaciones de Seguridad Social por esposa e hijo supuestamente a cargo, sin tener que probar que éstos dependían realmente de ellos, las mujeres casadas que no tengan cargas familiares reales tienen derecho a los mismos aumentos, aun cuando ello dé lugar, en determinadas circunstancias, a un doble pago de dichos aumentos.
En la vista, el Gobierno irlandés mantuvo, con carácter preliminar, que la prohibición de discriminar establecida en el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva se aplica sólo a circunstancias en las que la persona por la que se ha concedido un aumento se encuentra en un estado de dependencia económica.
Esta tesis no puede acogerse. Según el texto del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, éste se aplica particularmente en lo relativo a «el cálculo de las prestaciones, incluidos los aumentos debidos por cónyuge y por persona a cargo». Hay que señalar que el propio tenor de esta disposición incluye posibles aumentos por cónyuges que no están a cargo. En cuanto a las otras personas, especialmente los hijos, el tenor de la Directiva no exige ninguna prueba de su dependencia real como requisito previo para la aplicación del principio de igualdad de trato al pago de los referidos aumentos.
Por consiguiente, si bien los Estados miembros pueden elegir las modalidades en lo que respecta al derecho a percibir aumentos sobre las prestaciones de Seguridad Social, tienen la obligación de observar plenamente el principio de igualdad de trato establecido en el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva.
Procede recordar, además, que, en la mencionada sentencia de 24 de marzo de 1987, este Tribunal de Justicia declaró que, a falta de medidas de aplicación del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, las mujeres tienen derecho a que se les aplique el mismo régimen que a los hombres que se encuentran en la misma situación, régimen que, a falta de ejecución de la mencionada Directiva, será el único sistema válido de referencia.
El sistema de referencia pertinente en el caso de autos es el régimen aplicado a los hombres casados que han percibido prestaciones de desempleo u otras prestaciones durante el período de que se trata y cuyas mujeres no estaban realmente a su cargo. Esto implica que si, a partir del 23 de diciembre de 1984, un hombre casado ha percibido automáticamente aumentos de prestaciones por personas supuestamente a cargo, sin tener que demostrar que dichas personas dependían realmente de él, la mujer casada que se encontrase en la misma situación que el hombre tenía derecho a tales aumentos sin que pudiera exigirse ningún requisito suplementario, aplicable exclusivamente a las mujeres casadas.
Según el Gobierno irlandés, el reconocimiento de tal derecho a las mujeres casadas podría, en determinadas circunstancias, dar lugar a un doble pago de los mismos aumentos a las mismas familias, especialmente si ambos cónyuges percibieron prestaciones de Seguridad Social durante el período de que se trata. Tales pagos serían manifiestamente absurdos e infringirían la prohibición del enriquecimiento sin causa establecida por el Derecho nacional.
Admitir la posibilidad de invocar dicha prohibición permitiría a las autoridades nacionales basarse en su propia conducta ilegal para despojar de eficacia al apartado 1 del artículo 4 de la Directiva.
Así pues, procede responder a la primera cuestión que el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que si, después del vencimiento del plazo para la ejecución de la Directiva, los hombres casados han recibido automáticamente aumentos de prestaciones de Seguridad Social por esposa e hijo supuestamente a cargo, sin tener que probar que éstos dependían realmente de ellos, las mujeres casadas que no tengan cargas familiares reales tienen derecho a los mismos aumentos, aun cuando ello dé lugar, en determinadas circunstancias, a un doble pago de dichos aumentos.
Segunda cuestión
Como se desprende de su tenor, la segunda cuestión planteada por la Supreme Court se refiere fundamentalmente a si el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que, si un Estado miembro ha incluido en la legislación destinada a ejecutar dicho artículo, adoptada después del vencimiento del plazo señalado por la Directiva, una disposición transitoria que prevé pagos compensatorios para los hombres casados que hayan perdido su derecho a un aumento de sus prestaciones de Seguridad Social por cónyuge supuestamente a cargo, por no poder demostrar que tal carga existe realmente, las mujeres casadas que estén en la misma situación familiar tienen derecho a percibir los mismos pagos, aun cuando ello infrinja la prohibición del enriquecimiento sin causa establecida por el Derecho nacional.
Procede señalar que la Directiva no prevé ninguna excepción del principio de igualdad de trato, establecido en el apartado 1 del artículo 4, que pueda autorizar la prolongación de los efectos discriminatorios de disposiciones nacionales anteriores. De ello se deduce que un Estado miembro no puede mantener, después del 23 de diciembre de 1984, desigualdades de trato debidas al hecho de que los requisitos exigidos para causar derecho a pagos compensatorios son anteriores a esta fecha. La circunstancia de que dichas desigualdades resulten de disposiciones transitorias no puede llevar a una apreciación diferente (véase la sentencia de 8 de marzo de 1988, Dik,
80/87, Rec. p. 1601
).
Además, hay que precisar que las medidas de ejecución nacionales adoptadas extemporáneamente deben respetar por completo los derechos que en virtud del apartado 1 del artículo 4 se generan en favor de los particulares en un Estado miembro, a partir del vencimiento del plazo concedido a los Estados miembros para cumplir la Directiva (véase la sentencia de 8 de marzo de 1988, antes citada).
Como ya se ha recalcado en la respuesta a la primera cuestión, la posibilidad de que las autoridades nacionales invocasen la prohibición del enriquecimiento sin causa establecida por el Derecho nacional les permitiría basarse en su propia conducta ilegal para despojar de eficacia al apartado 1 del artículo 4 de la Directiva.
Así pues, procede responder a la segunda cuestión que el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7 debe interpretarse en el sentido de que, si un Estado miembro ha incluido en la legislación destinada a ejecutar dicho artículo, adoptada después del vencimiento del plazo señalado por la Directiva, una disposición transitoria que prevé pagos compensatorios para los hombres casados que hayan perdido su derecho a un aumento de sus prestaciones de Seguridad Social por cónyuge supuestamente a cargo, por no poder demostrar que tal carga existe realmente, las mujeres casadas que estén en la misma situación familiar tienen derecho a percibir los mismos pagos, aun cuando ello infrinja la prohibición del enriquecimiento sin causa establecida por el Derecho nacional.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno irlandés y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la Supreme Court de Irlanda mediante resolución de 27 de julio de 1989, declara:

1)
El apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, debe interpretarse en el sentido de que si, después del vencimiento del plazo para la ejecución de la directiva, los hombres casados han recibido automáticamente aumentos de prestaciones de Seguridad Social por esposa e hijo supuestamente a cargo, sin tener que probar que éstos dependían realmente de ellos, las mujeres casadas que no tengan cargas familiares reales tienen derecho a los mismos aumentos, aun cuando ello dé lugar, en determinadas circunstancias, a un doble pago de dichos aumentos.

2)
El apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, debe interpretarse en el sentido de que, si un Estado miembro ha incluido en la legislación destinada a ejecutar dicho artículo, adoptada después del vencimiento del plazo señalado por la Directiva, una disposición transitoria que prevé pagos compensatorios para los hombres casados que hayan perdido su derecho a un aumento de sus prestaciones de Seguridad Social por cónyuge supuestamente a cargo, por no poder demostrar que tal carga existe realmente, las mujeres casadas que estén en la misma situación familiar tienen derecho a percibir los mismos pagos, aun cuando ello infrinja la prohibición del enriquecimiento sin causa establecida por el Derecho nacional.

Due
O'Higgins
Rodríguez Iglesias
Diez de Velasco
Slynn
Kakouris
Joliét
Schockweiler
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de marzo de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.