CELEX: 61989CJ0069
Dumping
Derecho definitivo
Importaciones de impresoras de percusión de matriz de puntos en serie originarias de Japón

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 7 de marzo de 1989, Nakajima All Precision Co. Ltd (en lo sucesivo, «Nakajima»), con domicilio social en Tokyo, interpuso un recurso que tiene por objeto:
—
por una parte, que no se aplique respecto a ella, con arreglo al artículo 184 del Tratado CEE, el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 y el artículo 19 del Reglamento (CEE) n° 2423/88 del Consejo, de 11 de julio de 1988, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Económica Europea (
DO L 209, p. 1
), y,
—
por otra parte, la anulación, con arreglo al párrafo segundo del artículo 173 del Tratado, del Reglamento (CEE) n° 3651/88 del Consejo, de 23 de noviembre de 1988, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de impresoras de percusión de matriz de puntos en serie originarias de Japón (
DO L 317, p. 33
), en la medida en que este Reglamento afecta a la demandante.
Nakajima, cuya producción se limita a máquinas de escribir e impresoras, fabrica cuatro modelos de impresoras de percusión de matriz de puntos en serie de categoría inferior. La demandante afirma que tiene las particularidades, por una parte, de dedicarse exclusivamente a actividades de fabricación y de no tener ninguna estructura de distribución y venta; Nakajima declara, en efecto, que sólo tiene un número limitado de clientes y que no inicia la fabricación hasta haber recibido los encargos, de forma que sus gastos de producción son muy limitados. Por otra parte, la demandante afirma que, desde hace varios años, no ha realizado ninguna venta de impresoras en el mercado japonés, dedicando toda su producción a la exportación. De este modo, afirma que vende la mayor parte de sus impresoras como Original Equipment Manufacture (en lo sucesivo, «OEM») a fabricantes extranjeros o a distribuidores independientes que comercializan sus productos bajo su propia marca, mientras que el resto de su producción se comercializa bajo la marca «AU», también por medio de distribuidores independientes. Nakajima subraya que el mercado de la CEE ha significado el 41,7 °/o de sus ventas de impresoras en 1986.
En 1987, el Committee of European Printer Manufacturers (en lo sucesivo, «Europrint») planteó, ante la Comisión, en nombre de los fabricantes de la industria europea de impresoras de percusión de matriz de puntos en serie, una denuncia mediante la cual pidió que se abriera un procedimiento antidumping contra los exportadores japoneses de este tipo de impresoras, entre ellos Nakajima.
La Comisión emprendió el procedimiento antidumping según el Reglamento (CEE) n° 2176/84 del Consejo, de 23 de julio de 1984, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Económica Europea (
DO L 201, p. 1
; EE 11/21, p. 3; en lo sucesivo, «antiguo Reglamento de base»). Este procedimiento condujo a la promulgación, fundándose en el antiguo Reglamento de base, del Reglamento (CEE) n° 1418/88 de la Comisión, de 17 de mayo de 1988, por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre la importación de impresoras de percusión de matriz de puntos en serie originarias de Japón (
DO L 130, p. 12
; en lo sucesivo, «Reglamento provisional»). Este Reglamento impuso a Nakajima un derecho antidumping provisional del 12,3 %.
El 11 de julio de 1988, el Consejo promulgó el citado Reglamento n° 2423/88 (en lo sucesivo, «nuevo Reglamento de base») que derogó el antiguo Reglamento de base. El nuevo Reglamento de base entró en vigor el 5 de agosto de 1988 y, con arreglo al párrafo segundo de su artículo 19, se aplicará «a los procedimientos ya iniciados».
Fundándose en este nuevo Reglamento de base, el Consejo promulgó, el 23 de septiembre de 1988, el Reglamento (CEE) n° 2943/88, por el que se prorrogó el derecho antidumping provisional sobre las importaciones de impresoras de percusión de matriz de puntos en serie originarias de Japón (
DO L 264, p. 56
) durante un período máximo de dos meses.
El 23 de noviembre de 1988 el Consejo, a propuesta de la Comisión y fundándose en el nuevo Reglamento de base, promulgó el Reglamento n° 3651/88, antes citado (en lo sucesivo, «Reglamento definitivo»). Con arreglo a este Reglamento, que entró en vigor el 25 de noviembre de 1988, el tipo del derecho antidumping definitivo aplicable a Nakajima se fijó en el 12 % y las cantidades recibidas en concepto de derecho antidumping provisional en virtud del Reglamento provisional se percibirían con arreglo al tipo del derecho definitivo.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 6 de abril de 1989, Nakajima planteó una demanda de medidas provisionales con la pretensión, a título principal, de que se suspendiera la ejecución respecto a ella del Reglamento definitivo y, con carácter subsidiario, de que se adoptaran todas las medidas provisionales necesarias hasta que el Tribunal de Justicia resolviera sobre el fondo del asunto. Esta demanda fue desestimada mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 8 de junio de 1989.
Mediante sendos autos de 17 de mayo y de 4 de octubre de 1989, el Tribunal admitió la intervención de la Comisión y de Europrint en apoyo de las pretensiones del Consejo.
Para una más amplia exposición de los hechos del asunto, del desarrollo del procedimiento y de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal de Justicia se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
I. Sobre las pretensiones relativas a la inaplicabilidad del nuevo Reglamento de base
En apoyo de las pretensiones del recurso en las que se pide la inaplicabilidad a la demandante del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 y del artículo 19 del nuevo Reglamento de base, Nakajima propone tres motivos que se fundan, respectivamente, en vicios sustanciales de forma, en la infracción del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (en lo sucesivo, «Código antidumping»), aprobado en nombre de la Comunidad por la Decisión 80/271/CEE del Consejo, de 10 de diciembre de 1979, referente a la celebración de los Acuerdos multilaterales resultantes de las negociaciones comerciales de 1973-1979 (
DO L 71, p. 1
; EE 11/12, p. 38), y, por ùltimo, en la violación de determinados principios generales del Derecho.
1. Motivo basado en ser contrario a Derecho el nuevo Reglamento de base por vicios sustanciales deforma
En apoyo de este motivo alega Nakajima, en primer lugar, que el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base es contrario a Derecho por carecer de motivación.
A este respecto expone la demandante que esta disposición establece un nuevo método para determinar el valor normal calculado que es fundamentalmente diferente del aplicado durante la vigencia del antiguo Reglamento de base, cuando no se realice ninguna venta del producto similar en el curso de operaciones comerciales normales en el mercado interior del país de exportación o de origen. Ahora bien, este método, que toma en consideración para la determinación del valor normal calculado los gastos y beneficios de otros fabricantes o exportadores en el país de origen o de exportación con ocasión de ventas lucrativas de productos similares, corre el riesgo de llevar a resultados poco razonables y discriminatorios en un caso como el de autos en el que la estructura de las empresas de referencia no se parece en nada a la de la empresa afectada. En efecto, Nakajima subraya que no posee ninguna estructura de comercialización de sus productos, ya que toda su producción se vende en la fase «en fábrica» a distribuidores independientes, en tanto que todas las empresas de referencia presentan una estructura integrada verticalmente que se encarga de la distribución de su producción en Japón. De ello deduce Nakajima que el Consejo, en este nuevo Reglamento de base, hubiera tenido que precisar las razones por las que ha adoptado este nuevo método de cálculo e indicar cómo la aplicación de dicho método no supone una discriminación frente a empresas del tipo de la suya.
A este respecto conviene recordar primero que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase, sobre todo, sentencia de 14 de marzo de 1990, Gestetner Holdings,
C-156/87, Rec. p. I-781, apartado -69
), la motivación exigida por el artículo 190 del Tratado debe mostrar, de manera clara e inequívoca, el razonamiento de la autoridad comunitaria de la que proceda el acto impugnado, de manera que los interesados puedan conocer la justificación de la medida adoptada para defender sus intereses y el Tribunal de Justicia ejercer su control.
Hay que reconocer a continuación que el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2, en las versiones del antiguo y del nuevo Reglamentos de base, establece los métodos para determinar el valor calculado del producto de que se trate, cuando no se realice ninguna venta del producto similar en el curso de operaciones comerciales normales en el mercado interior del país de exportación o de origen o cuando dichas ventas no permitan una comparación válida. El valor normal calculado se determina mediante la adición del coste de producción y de un margen de beneficios razonable.
En la versión del antiguo Reglamento de base, el coste de producción debía incrementarse en un importe razonable que tuviera en cuenta los gastos de venta, los gastos administrativos y otros gastos generales (en lo sucesivo, gastos «VGA»). El beneficio debía ser superior al beneficio normal cuando las ventas de productos de la misma categoría en el mercado interior del país de origen fueran normalmente lucrativas: en otros casos, el texto disponía que el beneficio había de determinarse «basándose en cualquier criterio razonable utilizando las informaciones de que se disponga».
Después de haber aceptado el mismo método de cálculo del coste de producción que el antiguo Reglamento de base, el nuevo Reglamento de base establece que los gastos VGA y los beneficios se calcularán en relación con los gastos y el beneficio del productor o exportador por las ventas lucrativas de productos similares realizadas en el mercado interior [frase tercera del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2] y que, si no se puede disponer de esta información, o es poco fiable, o no se puede utilizar, el coste de producción se calculará, en relación con los gastos y beneficios de otros productores o exportadores en el país de origen o de exportación, por ventas lucrativas de un producto similar [frase cuarta del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2]. El nuevo Reglamento de base añade que, si no puede aplicarse ninguno de estos dos métodos, los gastos y los beneficios se calcularán en relación con las ventas efectuadas por el exportador u otros fabricantes o exportadores del mismo sector en el país de origen o de exportación, o sobre cualquier otra base razonable.
Si se comparan las dos versiones del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 de los Reglamentos antiguo y nuevo, se advierte que el método para determinar el valor normal calculado que establece el nuevo Reglamento no es diferente en lo esencial al método anterior, que dejaba completa discrecionalidad a la autoridad comunitaria disponiendo que la determinación de los gastos VGA y de los beneficios se estableciera con una base «razonable». En efecto, la nueva redacción de la disposición correspondiente en el nuevo Reglamento de base se limita a precisar el alcance del texto anterior indicando diferentes métodos de cálculo destinados a fijar «el importe razonable» de los gastos VGA y el «margen de beneficios razonable» en supuestos concretos.
Confirman esta conclusión los considerandos 4 y 33 del nuevo Reglamento de base, que presentan la nueva redacción del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 como un simple desarrollo de la versión de la misma disposición en el antiguo Reglamento de base. Además el Consejo ha advertido, sin que haya sido contradicho, que el método de cálculo al que en el caso de autos se opone Nakajima ya había sido utilizado por las autoridades comunitarias bajo el régimen del antiguo Reglamento de base. Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha resuelto anteriormente que no hay nada en el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del antiguo Reglamento de base que impida considerar como margen de beneficios razonable el beneficio obtenido normalmente por una sociedad distinta de la que es objeto de la investigación antidumping (sentencia de 5 de octubre de 1988, Sharp,
301/85, Rec. p. 5813, apartado 8
).
Por lo que se refiere a la pretendida falta de motivación, por no haber precisado el efecto discriminatorio que, según Nakajima, puede suponer la aplicación del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base, basta con observar que el artículo 190 del Tratado no exige que las autoridades comunitarias presenten justificaciones específicas a propósito de todas las disposiciones que puedan dar lugar a discriminaciones, en la medida en que una violación del principio de igualdad de trato constituye un motivo independiente para anular la disposición de que se trate.
En estas circunstancias, la primera parte del motivo basado en la falta de motivación del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base debe ser desestimada.
Nakajima afirma, en segundo lugar, que el artículo 19 del nuevo Reglamento de base, que dispone que dicho Reglamento se aplicará «a los procedimientos ya iniciados» en la fecha de su entrada en vigor, carece de motivación, por cuanto no precisa las razones que justifiquen la aplicación retroactiva de dicho Reglamento. Para apoyar esta argumentación, la demandante alega que el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base, que modifica fundamentalmente el método para determinar el valor calculado, supone nuevas reglas de fondo que no debieran aplicarse con carácter retroactivo sin estar especialmente motivadas.
A este respecto baste recordar, como ha reconocido el Tribunal de Justicia a propósito de la primera parte del presente motivo alegado por Nakajima, que el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base sólo constituye una precisión destinada a consagrar la práctica anterior de las Instituciones comunitarias. De este modo, puesto que la nueva redacción de dicha disposición no puede ser considerada como una modificación sustancial de una disposición anteriormente en vigor, la aplicación de aquélla «a los procedimientos ya iniciados» no requiere una motivación particular.
En estas circunstancias, la segunda parte del motivo fundado en la falta de motivación del artículo 19 del nuevo Reglamento de base carece igualmente de fundamento.
En virtud de todo lo anterior, el motivo fundado en ser contrario a Derecho el nuevo Reglamento de base por vicios sustanciales de forma debe ser desestimado.
2. Motivo basado en ser contrario a Derecho el nuevo Reglamento de base por infracción del Código antidumping
Nakajima afirma a este respecto que el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base no puede aplicarse al caso de autos, por ser contrario a determinadas disposiciones del Código antidumping. Alega especialmente la demandante que el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base es contrario a los apartados 4 y 6 del artículo 2 del Código antidumping.
Entiende el Consejo que, igual que el Acuerdo General, el Código antidumping no concede a los particulares ningún derecho que éstos puedan invocar ante el Tribunal de Justicia y que las disposiciones de dicho Código no son aplicables directamente en la Comunidad. De ahí se sigue, para el Consejo, que Nakajima no puede cuestionar la conformidad a Derecho del nuevo Reglamento de base por una pretendida infracción de las disposiciones del Código antidumping.
Hay que reconocer de tocios modos que Nakajima no invoca en este caso el efecto directo de estas disposiciones. Efectivamente la demandante, con este motivo, discute incidentalmente, en virtud del artículo 184 del Tratado, la validez del nuevo Reglamento de base, acogiéndose a uno de los medios de control de legalidad que se mencionan en el artículo 173 de dicho Tratado, es decir, violación del Tratado o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución.
Procede recordar a este respecto que, en sentencia de 12 de diciembre de 1972, International Fruit Company (asuntos acumulados
21/72 y 24/72, Rec. p. 1219
), apartado 18, el Tribunal de Justicia resolvió que las disposiciones del Acuerdo General vinculaban a la Comunidad. Lo mismo ha de decirse del Código antidumping, adoptado para la aplicación del artículo VI del Acuerdo General y cuyos considerandos precisan que está destinado a «interpretar las disposiciones del artículo VI del Acuerdo General» y a «fijar normas para su aplicación, con objeto de que ésta tenga mayor uniformidad y certeza».
Ahora bien, según los considerandos segundo y tercero del nuevo Reglamento de base, este último fue promulgado de conformidad con las obligaciones internacionales existentes, en particular las que se derivan del artículo VI del Acuerdo General y del Código antidumping.
De ahí se sigue que el nuevo Reglamento de base, que discute la demandante, fue adoptado para cumplir las obligaciones internacionales de la Comunidad a quien incumbe, según reiterada jurisprudencia, garantizar la observancia de las disposiciones del Acuerdo General y de sus medidas de ejecución (véanse sentencias de 26 de octubre de 1982, Kupferberg,
104/81, Rec. p. 3641, apartado 11
; y de 16 de marzo de 1983, SIOT,
266/81, Rec. p. 731, apartado 28
).
Ęn estas circunstancias procede comprobar si, como afirma Nakajima, el Consejo se excedió del marco legal delimitado de este modo y si, mediante la disposición que se discute, infringió lo que disponen los apartados 4 y 6 del artículo 2 del Código antidumping.
Alega Nakajima a este respecto, en primer lugar, que el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base es contrario al tenor del apartado 4 del artículo 2 del Código antidumping, por cuanto aquella disposición, al establecer para la determinación del valor normal calculado que se tengan en cuenta los gastos VGA y los beneficios de fabricantes o exportadores cuya estructura puede ser radicalmente diferente de la estructura de la empresa afectada, restringe la facultad de apreciación de las autoridades comunitarias y acaba por tener en cuenta datos contables que no son razonables a la luz del apartado 4 del artículo 2 del Código antidumping.
Conviene recordar a este respecto, según el apartado 4 del artículo 2 del Código antidumping:
«Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales normales en el mercado interior del país exportador o cuando, a causa de la situación especial del mercado, tales ventas no permitan una comparación adecuada, el margen de “dumping” se determinará mediante la comparación con un precio comparable del producto similar cuando éste se exporte a un tercer país, que podrá ser el precio de exportación más alto, pero que deberá ser un precio representativo, o con el coste de producción en el país de origen más una cantidad razonable por concepto de gastos administrativos, de venta y de cualquier otro tipo, así como por concepto de beneficios. Por regla general, la cuantía del beneficio no será superior al beneficio habitualmente obtenido en la venta de productos de la misma categoría general en el mercado interior del país de origen.»
Ahora bien, está claro en el texto del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base que todos los métodos para determinar el valor normal calculado que allí se mencionan deben aplicarse de manera que dicho cálculo siga siendo razonable, noción que figura precisamente, por otra parte, en las dos primeras frases y en la última de la disposición que se discute.
Según el texto de dicha disposición, procede en consecuencia prescindir del primer método de cálculo contemplado por el nuevo Reglamento de base y aplicar el segundo método, que se discute en el presente asunto, si «no se puede disponer de los datos relativos a los gastos que están a cargo del fabricante o del exportador o a los beneficios obtenidos por éstos en ventas de productos similares en el mercado interior o esta información es poco fiable o no se puede utilizar», lo que significa en definitiva que tener en cuenta tales datos contables no es razonable y por otra parte este término figura expresamente en la versión alemana de la disposición de que se trata. La búsqueda del carácter razonable del cálculo orienta también la aplicación del tercer método de cálculo, establecida por la disposición de que se trata, que no puede utilizarse más que «si no se puede aplicar ninguno de estos dos métodos». Por fin, aparte de la aplicación de este tercer método, las autoridades comunitarias pueden siempre, de acuerdo con la última frase de esta disposición, determinar los gastos y beneficios «sobre cualquier otra base razonable» y el empleo de la palabra «otra» significa que, en cualquier caso, la determinación del valor calculado no puede realizarse más que a condición de tener carácter razonable.
De ahí se sigue que el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base es conforme al apartado 4 del artículo 2 del Código antidumping puesto que, sin prescindir del espíritu de esta última disposición, se limita a concretar, para las distintas situaciones que pueden presentarse en la práctica, los métodos razonables para determinar el valor normal calculado.
Alega Nakajima, en segundo lugar, que el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base no es compatible con el apartado 6 del artículo 2 del Código antidumping, por cuanto la aplicación a una unidad sencilla de producción de los gastos VGA efectuados y de los beneficios conseguidos por otras empresas que cuentan con una estructura vertical integrada de distribución ignoraría la obligación de establecer una comparación del valor normal y del precio de exportación en el mismo nivel comercial.
Para enjuiciar el fundamento de esta alegación procede recordar lo que dice el apartado 6 del artículo 2 del Código antidumping:
«Con el fin de realizar una comparación equitativa entre el precio de exportación y el precio interior del país exportador (o del país de origen) o, en su caso, el precio determinado de conformidad con las disposiciones del apartado b) del párrafo 1 del artículo VI del Acuerdo General, los dos precios se compararán en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel “en fábrica” y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible. Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación y las demás diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios [...]»
Basta comprobar a este respecto que el razonamiento de Nakajima fundado en la pretendida incompatibilidad del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base con el apartado 6 del artículo 2 del Código antidumping no puede ser estimado, ya que el objeto de las dos disposiciones a las que se refiere la demandante es fundamentalmente diferente.
Efectivamente, el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base tiene por objeto determinar el valor normal calculado del producto de que se trata, mientras que el apartado 6 del artículo 2 del Código antidumping establece las reglas a las que debe obedecer la comparación entre el valor normal y el precio de exportación. Ahora bien, esta comparación es objeto de los apartados 9 y 10 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base y la demandante no ha invocado la invalidez de los mismos por pretender que fueran contrarios al apartado 6 del artículo 2 del Código antidumping.
Por consiguiente, el motivo basado en ser contrario a Derecho el nuevo Reglamento de base, por haber infringido el Código antidumping, debe también ser desestimado.
3. Motivo basado en ser contrario a Derecho el nuevo Reglamento de base por la violación de determinados principios generales del Derecho
Para sustentar este motivo, la demandante imputa, en primer lugar, a la Comisión que ha cometido, a lo largo de este procedimiento antidumping, varias infracciones del derecho de defensa. Alega a continuación que se ha violado el principio de seguridad jurídica en el caso de autos al aplicar el segundo método para la determinación del valor normal calculado, establecido por el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base, cuando en un asunto anterior las autoridades comunitarias reconocieron la particular estructura de su empresa y sobreseyeron por esta razón el procedimiento antidumping que se inició contra ella. Nakajima alega, por fin, una infracción del principio de igualdad de trato por cuanto la aplicación del método de determinar el valor normal calculado, a que se refiere este asunto, fue discriminatoria respecto a ella, al haberse tenido en cuenta datos contables relativos a empresas con estructura distinta de la suya.
Basta con comprobar a este respecto que la demandante, mediante este motivo, censura en realidad la aplicación que las autoridades comunitarias hicieron del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base en el marco del procedimiento antidumping que dio lugar a la adopción de los Reglamentos antidumping provisional y definitivo. Sin embargo, no cabe alegar estos argumentos para impugnar, con arreglo al artículo 184 del Tratado, la validez de un Reglamento.
En estas circunstancias procede desestimar el motivo basado en ser contrario a Derecho el nuevo Reglamento de base por violación de determinados principios generales del Derecho.
Como no ha podido estimarse ninguno de los motivos alegados a favor de las pretensiones que afirmaban la inaplicabilidad del nuevo Reglamento de base, procede rechazarlas por infundadas.
II. Sobre las pretensiones acerca de la anulación del Reglamento definitivo
A favor de las pretensiones del recurso en el sentido de conseguir la anulación del Reglamento definitivo, Nakajima presenta diez motivos que, respectivamente, consisten en vicios sustanciales de forma, definición errónea de productos similares tomados en consideración, irregularidades que invalidan la determinación del valor normal calculado, errores en la comparación entre el valor normal y el precio de exportación, errores en la valoración de la producción europea de impresoras, errores relativos al perjuicio sufrido por la industria comunitaria, errores relativos al interés de la Comunidad en que se ponga fin al perjuicio causado por las prácticas de dumping, errores relativos al importe del derecho antidumping, violación de determinados principios generales del Derecho y desviación de poder.
1. Motivo relativo a vicios sustanciales deforma
Afirma a este respecto Nakajima, en primer lugar, que el Consejo infringió los artículos 2 a 8 de su Reglamento interno (
DO 1979, L 268, p. 1
; EE 01/03, p. 12), por una parte, en cuanto la propuesta de la Comisión para adoptar el Reglamento definitivo se transmitió al Consejo sin respetar el plazo establecido para fijar el orden del día provisional de la sesión y, por otra, en cuanto no estaban disponibles todas las versiones lingüísticas el día en que se promulgó el Reglamento.
Hay que reconocer a este respecto que el Reglamento interno de una Institución comunitaria tiene por objeto regular el funcionamiento interno de los servicios en interés de una buena administración. Las normas que dicta, sobre todo para el desarrollo de las deliberaciones y la adopción de decisiones, tienen por lo tanto como función esencial garantizar el correcto desarrollo de los debates, con pleno respeto de las prerrogativas de cada uno de los miembros de la Institución.
De ello se sigue que las personas físicas o jurídicas no pueden acogerse a una supuesta infracción de tales normas, que no se orientan a garantizar la protección de los particulares.
El argumento de Nakajima, que se funda en no haber aplicado el Consejo su Reglamento interno, debe, por consiguiente, ser desestimado.
Nakajima alega, a continuación, un defecto de motivación del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base, así como de los puntos 21 y 22 de los considerandos del Reglamento definitivo porque, según ella, dichas disposiciones no explican por qué el antiguo método para determinar el valor normal calculado ha sido abandonado y de qué manera pretendían las autoridades comunitarias evitar una discriminación entre empresas, cuando aplicaban a la demandante un método para determinar el valor normal calculado fundado en los gastos y beneficios de otros fabricantes con estructura fundamentalmente diferente de la suya.
Este argumento carece de fundamento. Efectivamente, en lo que se refiere, por una parte, al inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base, la imputación formulada por Nakajima ya ha sido refutada en los apartados 14 a 21 de la presente sentencia. Por otra parte, en lo relativo a los puntos 21 y 22 de los considerandos del Reglamento definitivo, está claro en su formulación que el Consejo se refirió expresamente al inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base, que regula el método para determinar el valor normal calculado que se aplica en este caso y que añade que, en el mismo, se trata del método utilizado habitualmente por la Comisión. Hay que añadir que, como ha precisado el Tribunal de Justicia en los apartados 18 y 19 de la presente sentencia, dicho artículo no hizo más que aclarar la práctica anterior de las Instituciones comunitarias y sirve, por consiguiente, para reforzar la seguridad jurídica de las empresas afectadas. Por último, en los considerandos que cita la demandante, el Consejo se pronunció sobre la cuestión de la discriminación planteada por Nakajima, indicando que el hecho de que un exportador determinado no venda el producto de que se trate y, por consiguiente, no tenga ningún circuito de venta en el mercado interior no debe modificar la base de evaluación de los gastos VGA y de los beneficios en el cálculo del valor normal de dicho exportador del producto. En estas circunstancias, la motivación formulada por el Consejo muestra claramente el razonamiento de la Institución comunitaria y permite al Tribunal de Justicia ejercer plenamente su control.
Nakajima alega, por último, que el punto 60 de los considerandos del Reglamento definitivo está motivado de manera insuficiente por cuanto, a pesar de la importación de impresoras de precio reducido procedentes de terceros países distintos de Japón, el Consejo no valoró la importancia del perjuicio padecido por los productores comunitarios a causa de dichas importaciones.
Tampoco puede estimarse este argumento. En el considerando que examinamos, el Consejo indicó claramente, en efecto, que la falta de perjuicio para el mercado comunitario derivado de la importación de impresoras originarias de otros terceros países se debía al hecho de que tales importaciones sólo habían llegado a ser significativas después de terminar el período cubierto por la investigación que se realizó sobre el presente asunto y que sólo habían tenido lugar en un Estado miembro. Por ello, el punto 60 de los considerandos debe considerarse suficientemente motivado.
Por esta razón, debe desestimarse el motivo basado en vicios sustanciales de forma.
2. Motivo basado en la definición equivocada de los productos similares tomados en consideración
Nakajima imputa al Consejo un manifiesto error de apreciación al considerar como productos similares las impresoras de categoría inferior y superior. Según la demandante, el sector inferior y el superior de las impresoras se diferencian por el destino de los aparatos, la clientela a que se dirigen y la estructura del mercado.
Este motivo carece de fundamento. En efecto, en su escrito de contestación, el Consejo expuso que no existen criterios generalmente admitidos para clasificar las impresoras en categorías homogéneas, lo que, por lo demás, Nakajima reconoció en la réplica. Todas las impresoras de percusión de matriz de puntos en serie, que poseen idénticas características y tienden a la misma utilización, pueden ser consideradas válidamente como productos similares.
3. Motivo basado en ser contraria a Derecho la determinación del valor normal calculado
La demandante afirma que el Consejo le aplicó equivocadamente el segundo método para determinar el valor normal calculado previsto en la cuarta frase del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base. Para fundar este motivo, Nakajima afirma que no es razonable la aplicación de este método a su caso y, por lo tanto, resulta contraria tanto al Reglamento de base como al Código antidumping. En efecto, Nakajima considera que la estructura de su empresa presenta características especiales que el Consejo no tuvo en cuenta al determinar el valor normal calculado de las impresoras a las que se refiere el presente procedimiento, por cuanto, para la determinación de los gastos y beneficios de Nakajima, se basó en datos contables de empresas cuya estructura es radicalmente distinta de la suya.
Para enjuiciar el fundamento de este motivo, procede declarar, con carácter previo, que el Consejo procedió rectamente a calcular el valor normal de acuerdo con el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base porque, por una parte, es cierto que la demandante no vende impresoras en el mercado japonés, lo que impide el recurso a la letra a) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base, y que, por otra parte, cuando no se realiza ninguna venta del producto similar en el curso de operaciones comerciales normales en el mercado interior del país de exportación o de origen, las autoridades comunitarias pueden optar entre las soluciones de los incisos i) y ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base.
Además, conforme a la formulación del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base, los tres métodos para determinar el valor normal calculado que en él se establecen deben aplicarse en el orden en que se proponen. Unicamente cuando no pueda aplicarse ninguno de los tres métodos procederá recurrir a la disposición de carácter general que se recoge al final del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2, según la cual los gastos y beneficios se fijarán «sobre cualquier otra base razonable».
A este respecto es oportuno destacar, en primer lugar, que lleva razón el Consejo al no aplicar al caso presente el primer método de cálculo del inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base, dado que la demandante no vende en el mercado japonés productos similares a los contemplados por el presente procedimiento.
A continuación, por lo que se refiere a la aplicación a Nakajima del segundo método de cálculo, procede recordar en primer lugar que, con arreglo a reiterada jurisprudencia, el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del antiguo Reglamento de base, según el cual el valor normal calculado debe ser incrementado en un importe razonable por los gastos de venta, los gastos administrativos y los demás gastos generales, da a las autoridades comunitarias una amplia facultad de apreciación en la valoración de este importe (véase, sobre todo, sentencia de 5 de octubre de 1988, TEC, asuntos acumulados
260/85 y 106/86, Rec. p. 5855, apartado 33
). La misma conclusión es válida para el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base, cuyo texto es idéntico, y se aplica del mismo modo para que las autoridades comunitarias tengan en cuenta los beneficios para el cálculo del valor normal.
Hay que destacar, en segundo lugar, que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, según el sentido del Reglamento n° 2176/84, antes citado, «el cálculo del valor normal trata de determinar el precio de venta de un producto si dicho producto fuera vendido en su país de origen o de exportación» y que «por consiguíente, son los gastos correspondientes a las ventas en el mercado interior los que deberán tenerse en cuenta» (sentencias de 5 de octubre de 1988, Brother,
250/85, Rec. p. 5683, apartado 18
; Canon, asuntos acumulados
227/85 y 300/85, Rec. p. 5731, apartado 26
; TEC, antes citada, apartado 24, y Silver Seiko, asuntos acumulados
273/85 y 107/86, Rec. p. 5927, apartado 16
). Estos principios no han sido alterados por el nuevo Reglamento de base, por lo que dicha conclusión es válida también bajo la vigencia de dicho nuevo Reglamento.
De ello se sigue que el valor normal de un producto debe calcularse, en todos los casos, como si dicho producto estuviera destinado a la comercialización en el mercado interior, con independencia de si el fabricante dispone o está en condiciones de disponer de una estructura de distribución. Efectivamente, es menester tratar igual a las empresas que venden sólo para la exportación y a las que comercializan un producto, aunque sólo sea similar en el mercado interior. En efecto, en el supuesto de que el fabricante para el que se calcula un valor normal vendiera sus productos en el mercado interior, debería adaptarse necesariamente a las circunstancias que les son impuestas a las demás empresas presentes en el mercado. Por consiguiente, habría una discriminación entre empresas si el valor normal se calculara respecto a un fabricante presente en el mercado interior, según el conjunto de gastos y beneficios incluidos en el precio del producto de que se trate, mientras que para un exportador de OEM se calcularía el valor normal prescindiendo de estos datos contables.
En lo que se refiere, por último, a la afirmación de las Instituciones comunitarias de que es imposible estar presente en el mercado japonés de productos electrónicos terminados sin disponer de una estructura integrada de ventas, lo que llevó en el caso de autos a tener en cuenta los gastos y los beneficios de empresas semejantes que contaban con dicha estructura para el cálculo del valor normal de las impresoras de la demandante, procede subrayar que Nakajima no ha demostrado que dicha afirmación fuera inexacta.
Según todo lo anterior, está de acuerdo con el sistema tanto del Código antidumping como del nuevo Reglamento de base determinar el valor normal calculado de los productos de una empresa, que vende únicamente para la exportación y que no gestiona por sí misma la comercialización de sus productos, tomando por referencia los gastos y beneficios de otras empresas de naturaleza similar, que vendan sus productos en el mercado interior.
En estas circunstancias, el motivo basado en ser contraria a Derecho la determinación del valor normal calculado de las impresoras de Nakajima debe ser desestimado.
4. Motivo basado en errores en la comparación entre el valor normal y el precio de exportación
Según Nakajima, la aplicación al presente caso del nuevo Reglamento de base supuso una infracción del apartado 6 del artículo 2 del Código antidumping, por cuanto el Consejo no comparó el valor normal y el precio de exportación en la misma fase comercial. Alega efectivamente Nakajima que el Consejo estableció el precio de exportación en la fase «en fábrica», mientras que el valor normal se calculó a partir del precio distribuidor o revendedor, incluyendo los gastos VGA y los beneficios de terceras empresas, cuyas ventas se realizan con anterioridad a la fase «en fábrica». Añade Nakajima que sólo la deducción de los gastos de venta representados por las comisiones y salarios pagados al personal de venta, excluyendo el conjunto de los otros gastos generales y de venta y de la parte de los beneficios derivados de las ventas realizadas con anterioridad a la fase «en fábrica», constituye un ajuste demasiado parcial y, por consiguiente, no puede responder a la exigencia de una comparación en el mismo nivel comercial.
A este respecto procede destacar que, por tratarse de un fabricante que no vende en el mercado japonés el producto que es objeto del procedimiento antidumping, el Tribunal de Justicia ha decidido que la comparación correcta entre el valor normal y el precio de exportación en la fase «en fábrica» supone que estos dos valores se comparen en la primera venta a un comprador independiente (véase, sobre todo, sentencia de 5 de octubre de 1988, TEC, antes citada, apartado 30). Esta consideración, que el Tribunal de Justicia expuso a partir del antiguo Reglamento de base, vale igualmente para la interpretación del apartado 6 del artículo 2 del Código antidumping, cuyo contenido es idéntico al del apartado 9 del artículo 2 del antiguo Reglamento de base, a cuyo respecto el Tribunal de Justicia se pronunció en su citada sentencia de 5 de octubre de 1988, TEC.
Ahora bien, en el presente asunto, por una parte, el valor normal de las impresoras de Nakajima se calculó a partir de los gastos VGA y de los beneficios de otras empresas que venden productos similares en el mercado japonés. Por otra parte, como todas las impresoras Nakajima destinadas a la Comunidad se vendieron a distribuidores independientes, el precio de exportación se calculó a partir de dichas sociedades.
Por consiguiente, lo mismo el valor normal calculado que el precio de exportación se determinaron en el caso de autos en el nivel «distribuidor», como lo indica claramente, por otra parte, el punto 34 de los considerandos del Reglamento definitivo. Por lo tanto es inexacto pretender que las Instituciones comunitarias compararon el valor normal y el precio de exportación en dos niveles comerciales diferentes.
Además, no se discute que la demandante no ha pedido, en ninguna fase del procedimiento administrativo, que se aplicaran ajustes para compensar la pretendida diferencia de fase comercial en la comparación entre el valor normal y el precio de exportación ni, por consiguiente, probado que dicha petición pudiera estar justificada, como lo exige la letra b) del apartado 9 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base. Durante el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, por otra parte, Nakajima no ha presentado nuevos elementos de prueba que pudieran demostrar que el Consejo hubiera debido en el caso de autos aportar mayores correcciones a sus cálculos que las que practicó por sí mismo.
En tales circunstancias, la primera parte del motivo carece de fundamento.
La demandante afirma, a continuación, que el Consejo incurrió en error manifiesto sobre la materialidad de los hechos al distinguir —para el cálculo del valor normal— entre los productos OEM y los productos no OEM. Todos los productos de Nakajima se venden en la fase «en fábrica», de manera que imputarles gastos de distribución constituye, según ella, un error material que puede falsear la comparación y, por consiguiente, la determinación del margen de dumping. Más en concreto, por lo que se refiere a las ventas OEM, tomar en consideración los gastos de comercialización de empresas integradas verticalmente llevaría a exagerar los gastos VGA de la demandante, según ésta. Añade Nakajima que dichos gastos son inferiores al 5 %, cuando el Consejo le aplicó un importe superior al 15 o/o.
Al respecto, basta reconocer, como ha señalado el Consejo en la fase escrita del procedimiento, que el valor normal debe calcularse en función de los comportamientos de los demás productores presentes en el mercado, distinguiendo las ventas OEM y las ventas no OEM, dado que la comercialización bajo la propia marca supone gastos netamente más elevados que la venta de impresoras como productos OEM. Respecto a la consideración, para las ventas OEM, de los gastos VGA de empresas con estructura vertical integrada, el Consejo pudo apreciar acertadamente, en el marco de la facultad de apreciación que se le reconoce al valorar situaciones económicas complejas (véase, por ejemplo, sentencia de 7 de mayo de 1987, Nippon Seiko,
258/84, Rec. p. 1923, apartado 21
), que era necesario tener en cuenta los costes que supondría una presencia en el mercado japonés.
Por consiguiente, la segunda parte del motivo carece asimismo de fundamento.
De ello deriva que procede desestimar el motivo basado en la existencia de errores respecto a la comparación entre el valor normal y el precio a la exportación.
5. Motivo basado en errores en la valoración de la producción comunitaria de impresoras
Mediante este motivo, Nakajima imputa al Consejo haber declarado falsamente, en el Reglamento definitivo, que los cuatro fabricantes europeos miembros de Europrint totalizaban el 65 % de la producción comunitaria de impresoras de percusión de matriz de puntos en serie. Según la demandante, con arreglo al estudio realizado por la firma Ernst & Whinney (en lo sucesivo, «estudio E & W»), a petición del Committee of Japanese Printers, en el marco del presente procedimiento antidumping, dos miembros de Europrint, Mannesmann-Tally y Philips, importaron un número considerable de impresoras japonesas a la Comunidad, de forma que no pueden ser consideradas fabricantes comunitarios. Además, contra lo que se ha expuesto en el punto 45 de los considerandos del Reglamento definitivo, el estudio E & W muestra que las importaciones realizadas por Mannesmann-Ta-Uy y Philips no pertenecen por entero a la categoría inferior sino también, en parte, al sector medio del mercado. Por otra parte, añade, el Consejo incurrió en un error al afirmar que el sector inferior del mercado es el que crece más rápidamente, siendo así que, según el estudio E & W, presenta una progresión menor que el segmento superior y que el conjunto del mercado.
Procede recordar a este respecto, en primer lugar, que, según la jurisprudencia recordada especialmente en la sentencia Gestetner (citada en el apartado 43), incumbe a la Comisión y al Consejo, en el ejercicio de su facultad de apreciación, examinar si deben excluir de la producción comunitaria a los fabricantes que a su vez son importadores de productos que son objeto de dumping. Esta facultad de apreciación debe ejercerse caso por caso y en función de todas las circunstancias apreciables.
Procede reconocer a continuación que, en el caso de autos, Nakajirña no ha aportado la prueba de que las autoridades comunitarias hayan incurrido en error manifiesto en el ejercicio de esta facultad de apreciación. En efecto, según las afirmaciones de las Instituciones comunitarias, a las que no se ha opuesto seriamente la demandante, las empresas europeas que han importado impresoras japonesas deben incluirse en la producción comunitaria, ya que dichas importaciones han constituido, como lo indican por otra parte con claridad los considerandos de los Reglamentos provisional y definitivo, medidas de autodefensa destinadas a cubrir las lagunas en el abanico de productos de las empresas afectadas, consecuencia del abandono de su propia producción en sectores determinados, al que tuvieron que proceder a causa del dumping de los exportadores japoneses.
En estas circunstancias, los fabricantes comunitarios que habían importado impresoras japonesas no consideraron que se causara un perjuicio a ellos mismos provocando, mediante tales importaciones, la disminución de la utilización de sus capacidades, ya que la baja de sus precios o el abandono de sus proyectos se orientaba al aumento de su producción o a la fabricación de nuevos productos. Por lo tanto, las importaciones efectuadas por los productores comunitarios no pudieron contribuir al perjuicio padecido por la industria comunitaria y, por ende, no había ninguna razón para excluir a dichas empresas del círculo de fabricantes comunitarios.
Por lo que se refiere a los argumentos deducidos de la determinación del sector de mercado al que pertenecen los productos importados, así como de la cuantía y del incremento de los diferentes sectores, hay que recordar, como se ha dicho en el apartado 58 de la presente sentencia, que las segmentaciones del mercado son aleatorias a causa de que no hay ninguna definición precisa al respecto, de manera que semejantes consideraciones no pueden poner en cuestión el fundamento de la posición de las Instituciones comunitarias sobre este punto.
De ahí se sigue que el motivo basado en errores en la valoración de la producción comunitaria carece de fundamento.
6. Motivos basados en errores relativos al perjuicio padecido por la industria comunitaria y el interés de la Comunidad en poner fin al mismo
A favor del motivo basado en errores sobre la materialidad de los hechos y en manifiestos errores de apreciación al determinar el perjuicio sufrido por la industria comunitaria, la demandante afirma en primer lugar que el Consejo, equivocadamente, tomó en consideración para comprobar el perjuicio el año 1983, siendo así que la investigación realizada en el marco del procedimiento administrativo no había tenido en cuenta dicho año.
A este respecto hay que recordar, como se ha hecho en el anterior apartado 76, que las Instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación para valorar situaciones económicas complejas. Este es el caso especialmente cuando se trata de determinar el período que ha de tenerse en cuenta para la determinación del perjuicio en el marco de un procedimiento antidumping (véase, sobre todo, sentencia de 28 de noviembre de 1989, Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon y otros,
C-121/86, Rec. p. 3919, apartado 20
).
En el caso de autos, dicha facultad de apreciación no se ha sobrepasado. De este modo, el Consejo ha expuesto de forma convincente que, por una parte, el perjuicio sufrido por la industria comunitaria debía determinarse sobre un período más largo que el cubierto por la investigación sobre la existencia de prácticas de dumping. En efecto, con arreglo a la letra c) del apartado 2 del artículo 4 del nuevo Reglamento de base, el examen del perjuicio supone el estudio de «las tendencias reales o virtuales de los factores económicos pertinentes» que, por ende, debe realizarse sobre un período suficientemente largo. Por otra parte, tener en cuenta los datos correspondientes al año 1983 se justificaba porque los derechos exclusivos pertenecientes a Seiko Epson para la fabricación de impresoras compatibles con los ordenadores personales de IBM se extinguieron en 1984, como se recoge expresamente, por otra parte, en el punto 104 de los considerandos del Reglamento provisional. De este modo, el año 1983 es característico de la situación que existía antes de que se abriera una parte sustancial del mercado de las impresoras, provocada por la extinción de los derechos exclusivos de Seiko Epson, de manera que las autoridades comunitarias no incurrieron en ningún error de apreciación al elegir dicho año como punto de partida para la valoración de la evolución posterior del mercado de que se trata.
En estas circunstancias, este argumento de Nakajima debe ser desestimado.
Pone en duda Nakajima, a continuación, la exactitud de las cifras sobre la evolución de las cuotas de mercado que se citan en el punto 47 de los considerandos del Reglamento definitivo y piensa que, en realidad, los miembros de Europrint no sufrieron ninguna pérdida de mercado sino que, por el contrario, su producción experimentó una ligera progresión. Por otra parte las empresas europeas, como cesaron sus actividades antes del período de la investigación, hubieran debido ser excluidas en el marco de la valoración del perjuicio.
Este argumento carece de fundamento. Conviene en efecto destacar que las cifras citadas en el punto 47 de los considerandos del Reglamento definitivo coinciden por completo con las del estudio E & W invocado por Nakajima. Ahora bien, este estudio reconoce la existencia de pérdidas sustanciales de cuotas de mercado de los fabricantes de la Comunidad entre 1983 y 1986, mientras que, correlativamente, las cuotas de mercado de los exportadores japoneses aumentaron considerablemente. Por otra parte, según las cifras comunicadas por la propia demandante, los fabricantes comunitarios perdieron cuotas de mercado y ello sin tener en cuenta las cifras de las dos empresas Triumph-Adler y Logabax, que habían cesado sus actividades antes del período de la investigación.
Alega también Nakajima que las consideraciones del Consejo sobre la evolución de los precios son erróneas, por cuanto la reducción de precios de las impresoras en el mercado comunitario, que fue de menor entidad que las cantidades que aparecen en el Reglamento definitivo, se debió a un fuerte descenso en los costes de producción y no a un aumento de las cuotas de mercado de los exportadores japoneses. Nakajima subraya también que los precios de sus impresoras aumentaron entre 1984 y 1986. Además, añade, el Consejo cometió un error de apreciación en cuanto a la subcotización de los precios que se menciona en los puntos 51 y 53 de los considerandos del Reglamento definitivo, al comparar un precio en la fase «en fábrica» con un precio en el nivel distribuidor.
A este respecto debe subrayarse, lo primero, que el hecho de que Nakajima llegara a una reducción de precio más débil que la considerada por el Consejo se explica por la circunstancia de que la demandante no tiene en cuenta en sus cálculos el año 1983. Hay que reconocer seguidamente que la afirmación de Nakajima en el sentido de que las reducciones de precios en el mercado comunitario no se deben al aumento de las cuotas de mercado de los exportadores japoneses sino a un descenso considerable de los costes de producción, no deja de ser una simple alegación. Además, aun suponiendo demostrado el hecho de que, entre 1984 y 1986, los precios de Nakajima aumentaran, el Consejo lleva razón al advertir que la subcotización de los precios de la demandante seguía siendo del 41 %. Por último, en cuanto al argumento basado en un pretendido trato discriminatorio en la comparación de precios, es preciso recordar que debe rechazarse por los mismos motivos en los que se funda el razonamiento expuesto en los apartados 70 a 74 de la presente sentencia.
Por consiguiente el argumento basado en los errores sobre la valoración de la evolución de los precios debe desestimarse.
Nakajima alega además la existencia de errores en el enjuiciamiento de otros factores económicos importantes mencionados en los puntos 54 y 55 de los considerandos del Reglamento definitivo. Indica que, entre 1984 y 1986, los fabricantes comunitarios incrementaron su capacidad de producción y no experimentaron perjuicios, porque tenían los recursos suficientes para invertir e incluso realizaron sobreinversiones.
Sobre este punto basta comprobar que la demandante no ha citado ni la fuente de los datos numéricos que propone en apoyo de su razonamiento ni justifica tales cifras de una manera seria.
En estas circunstancias, el argumento basado en un manifiesto error de apreciación de los hechos económicos debe ser desestimado.
Por último Nakajima pone en duda el hecho de que el perjuicio alegado por Europrint haya sido causado por las importaciones japonesas de impresoras de percusión de matriz de puntos en serie y afirma que dicho perjuicio es consecuencia de importaciones de impresoras procedentes de terceros países distintos de Japón. En relación con el punto 60 de los considerandos del Reglamento definitivo, Nakajima imputa esencialmente al Consejo no haber examinado el perjuicio causado por la importación de impresoras de terceros países y considera que sobrevaloró los daños causados por los fabricantes japoneses.
No puede estimarse este argumento. Efectivamente, la Comisión expuso de forma convincente que las importaciones de impresoras procedentes de terceros países distintos de Japón no pudieron perjudicar el mercado comunitario, dado que sólo se produjeron en un Estado miembro y no llegaron a ser significativas más que después del período cubierto por la investigación en el presente procedimiento.
Además, Nakajima no ha presentado ninguna prueba de una práctica de dumping durante el período tomado en consideración, en el marco de las importaciones de impresoras procedentes de terceros países distintos de Japón, de forma que la demandante no ha demostrado que los factores alegados hubieran contribuido al perjuicio comprobado.
En apoyo del motivo basado en errores relativos al interés de la Comunidad en que se ponga fin al daño causado por las prácticas de dumping, Nakajima alega que, contra lo que sostiene el Consejo en los puntos 63 a 66 de los considerandos del Reglamento definitivo, la pérdida de rentabilidad de los fabricantes comunitarios se debe no a las prácticas de dumping por parte de los exportadores japoneses, sino a sus propios errores de gestión.
Baste, a este respecto, señalar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en el apartado 90 de la presente sentencia, que el Consejo no se había extralimitado de su facultad de apreciación al reconocer, en el caso de autos, la existencia de pérdidas de cuotas de mercado sufridas por la industria comunitaria a causa de prácticas de dumping por parte de exportadores japoneses. Además, la demandante no ha fundamentado en modo alguno su alegación relativa a la existencia de errores de gestión de los productores comunitarios.
Del conjunto de las anteriores consideraciones se sigue que los motivos basados en errores relativos al perjuicio sufrido por la industria comunitaria y al interés de la Comunidad en que se ponga fin a los mismos carecen de fundamento y deben por consiguiente ser desestimados.
7. Motivo basado en errores relativos al importe del derecho antidumping
A este respecto Nakajima imputa por una parte al Consejo haber atribuido, para determinar el nivel de los derechos necesarios para eliminar el perjuicio, como lo indica el punto 68 de los considerandos del Reglamento definitivo, la disminución del precio de las impresoras en el mercado comunitario a prácticas de dumping y haber omitido la realización de un estudio en profundidad sobre las verdaderas razones de esta baja de precios. Por otra parte, Nakajima censura el método expuesto en el punto 72 de los considerandos del Reglamento definitivo relativo al cálculo del umbral de perjuicio de cada exportador, obtenido a partir de una comparación entre el precio de venta medio ponderado al primer comprador y el valor cif medio de las ventas afectadas. Considera que si este método se hubiera aplicado correctamente, el umbral de perjuicio de Nakajima hubiera debido ser nulo.
La primera parte de este motivo debe desestimarse teniendo presente cuanto se ha dicho al examinar el motivo de Nakajima basado en errores relativos al perjuicio sufrido por la industria comunitaria. Por otra parte, los considerandos de los Reglamentos provisional y definitivo proponen una explicación clara y circunstancial del vínculo que existe en este caso entre el crecimiento de las cuotas de mercado de los productos japoneses y las reducciones de precio de las impresoras.
Por lo que se refiere al umbral de perjuicio padecido, la Comisión ha indicado, sin que haya sido contradicha, que el argumento de la demandante se basaba en una incomprensión del método de cálculo expuesto en el punto 72 de los considerandos del Reglamento definitivo. En efecto, el umbral de perjuicio expresa el alza que los precios de los productos japoneses deberían alcanzar en la Comunidad para compensar su subcotización en relación con los precios comunitarios. Ahora bien, este umbral de perjuicio, calculado durante la investigación, no puede utilizarse directamente para determinar el tipo del derecho, cuando se haya calculado en relación no con el precio franco frontera comunitaria (es decir, precio cif) sino con el precio aplicado al primer comprador independiente de la Comunidad, en la medida en que éste es necesariamente superior al precio cif, porque incluye los derechos y gastos de aduana. Por el contrario, los derechos antidumping se imponen sobre los precios netos franco frontera de la Comunidad no despachados de aduana, es decir, sobre el valor en aduana (precio cif) de las importaciones. De ahí se sigue que, para determinar el tipo del derecho antidumping, el umbral de perjuicio debe convertirse aritméticamente en porcentaje del precio de cada exportador en la fase cif.
Por lo tanto el motivo basado en errores sobre el importe del derecho antidumping carece de fundamento.
8. Motivo basado en la violación de varios principios generales del Derecho
En la primera parte de este motivo, Nakajima afirma que en este caso las autoridades comunitarias violaron bajo distintos aspectos el derecho de defensa de la demandante. Alega, además, que las mismas autoridades no le comunicaron a su debido tiempo que iban a abandonar en este caso el método de determinación del valor normal calculado aplicado en un procedimiento antidumping anterior sobre las máquinas de escribir electrónicas, que dio lugar a la sentencia de 5 de octubre de 1988, TEC, antes citada. Según Nakajima, en aquella ocasión se tuvo en cuenta la estructura especial de dicha empresa, lo que dio lugar al sobreseimiento del procedimiento antidumping respecto a la misma empresa (véase Decisión 86/34/CEE de la Comisión, de 12 de febrero de 1986, por la que se concluye el procedimiento antidumping sobre las importaciones de máquinas de escribir electrónicas fabricadas por Nakajima All Precision Co. Ltd originarias de Japón;
DO L 40, p. 29
). Además Nakajima imputa a las Instituciones comunitarias no haberle comunicado a su debido tiempo los nombres de las empresas cuyos datos contables fueron tomados en cuenta para el cálculo del valor normal en el presente procedimiento. Afirma además Nakajima que no tuvo la posibilidad de exponer de modo efectivo su punto de vista sobre el carácter especial de su estructura y la Comisión procedió a maniobras dilatorias, en especial dejando creer a la demandante que todavía podría hacer valer sus argumentos en la «disclosure conference» que sólo tuvo lugar con posterioridad a la propuesta del nuevo Reglamento de base por la Comisión. Por ultimo, en lo que se refiere a la determinación del perjuicio, Nakajima afirma que la Comisión utilizó datos distintos de los que aparecen en el estudio E & W y se fundó especialmente en datos recogidos en una investigación practicada sobre los fabricantes afectados.
A este respecto procede recordar de entrada que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el derecho de defensa se respeta siempre que la empresa interesada haya estado en condiciones, durante el procedimiento administrativo, de manifestar su punto de vista sobre la realidad y la oportunidad de los hechos y circunstancias alegados así como, en su caso, sobre los documentos tenidos en cuenta (véase, por ejemplo, sentencia de 13 de febrero de 1979, Hoff-mann-La Roche,
85/76, Rec. p. 461, apartado 11
).
Ahora bien, en el caso de autos, según las actas de las reuniones celebradas entre Nakajima y las Instituciones comunitarias y según la correspondencia intercambiada entre las partes, la demandada estuvo asociada a todas las fases del procedimiento y pudo en todo momento manifestar su punto de vista.
Además Nakajima disponía de todas las informaciones que le eran necesarias para asegurar en tiempo oportuno su defensa eficaz. En efecto, la demandante ha reconocido en la vista que, lo más tarde el 15 de marzo de 1988, fue informada sobre el método para determinar el valor normal calculado. Además, en los puntos 36, 38 y 40 de los considerandos del Reglamento provisional, la Comisión presentó todos los detalles de este cálculo. Por último, en una carta de 21 de junio de 1988, Nakajima expuso ya todos los argumentos que ha reproducido en el marco del procedimiento ante el Tribunal de Justicia.
Es oportuno añadir que el método para determinar el valor normal calculado aplicado a la demandante está previsto expresamente por el inciso ii) de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 del nuevo Reglamento de base, publicado más de tres meses antes de que se promulgara el Reglamento definitivo, de manera que Nakajima podía manifestar en tiempo oportuno su punto de vista a este respecto.
Por otra parte, procede subrayar que Nakajima no puede imputar a las autoridades comunitarias no haberle proporcionado cuantas informaciones les solicitó, excepto, claro está, las informaciones de carácter confidencial. Es oportuno señalar a este respecto, efectivamente, que, por una parte, la demandante no solicitó información sobre el método utilizado para la determinación de los gastos VGA y los beneficios hasta el 2 de septiembre de 1988, es decir, pasado el plazo de un mes a partir del establecimiento del derecho provisional previsto por el punto ce) del inciso i) de la letra c) del apartado 4 del artículo 7 del nuevo Reglamento de base. Por otra, parte el detalle de los costes y de los beneficios de los competidores de Nakajima debe considerarse confidencial en el sentido del apartado 3 del artículo 8 del nuevo Reglamento de base y, por lo tanto, no podía comunicarse a la demandante (véase, sobre todo, sentencia de 5 de octubre de 1988, TEC, citada, apartado 20).
Además, la eventual aplicación de un método diferente para la determinación del valor normal calculado con arreglo a la normativa anterior no es aplicable al presente asunto, ya que los operadores económicos no pueden invocar un derecho a que se les apliquen normas que pueden haber sido modificadas por decisiones tomadas por las Instituciones comunitarias en el marco de su facultad de apreciación (véase, por ejemplo, sentencia de 7 de mayo de 1987, Koyo Seiko,
256/84, Rec. p. 1899, apartado 20
).
Por lo que se refiere, finalmente, al empleo de datos contables distintos de los que figuran en el estudio E & W, según la carta de 28 de septiembre de 1988 dirigida por la Comisión a Nakajima, las autoridades comunitarias no se plantearon nunca apoyarse únicamente en los datos de dicho informe. De todas formas, no se discute que el expediente formado por la Comisión, al que tuvo acceso la demandante con arreglo a la letra a) del apartado 4 del artículo 7 del nuevo Reglamento de base, incluía resúmenes no confidenciales relativos a los datos de los diferentes fabricantes europeos. De este modo, la demandante tuvo acceso a todas las bases tenidas en cuenta para la determinación del perjuicio.
A partir de estos datos, la primera parte del motivo carece de fundamento.
En apoyo de la segunda parte de este motivo, Nakajima alega que se ha prescindido del principio de seguridad jurídica en este caso, por cuanto, en el procedimiento antidumping que el Tribunal de Justicia examinó en la sentencia de 5 de octubre de 1988, TEC, antes citada, la Comisión y el Consejo tuvieron en cuenta la especial estructura de la demandante y sobreseyeron por esta razón el procedimiento en relación con Nakajima. Ahora bien, como la estructura de Nakajima no ha cambiado en relación con dicho asunto, de ahí se deriva en el presente caso, según Nakajima, un derecho adquirido a que se reconozca su carácter específico y un derecho a depositar su confianza legítima en que se mantengan soluciones consolidadas bajo el antiguo Reglamento de base. Añade que se violó el principio de irretroactividad por la aplicación, desde el 15 de marzo de 1988, de un nuevo método para determinar el valor normal calculado que no aparece en el Reglamento de base que estaba entonces en vigor y que está en total oposición con la interpretación anterior de las autoridades comunitarias.
No pueden estimarse estos razonamientos. Efectivamente, procede subrayar lo primero que, contra lo que afirma la demandante, el Tribunal de Justicia, en su citada sentencia de 5 de octubre de 1988, TEC, en la que Nakajima no era parte, se pronunció exclusivamente sobre el Reglamento (CEE) n° 1698/85 del Consejo, de 19 de junio de 1985, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de máquinas de escribir electrónicas originarias de Japón (
DO L 163, p. 1
; EE 11/28, p. 216), pero dejó expresamente abierta la cuestión del fundamento del sobreseimiento del procedimiento por lo que se refiere a Nakajima (sentencia TEC, citada, apartado 18).
En todo caso, el procedimiento seguido en aquel asunto respecto a Nakajima no puede constituir un precedente capaz de vincular a las Instituciones, ya que la jurisprudencia considera que el Reglamento de base en materia de dumping deja a las autoridades comunitarias un determinado margen de apreciación, especialmente para fijar el importe de los gastos VGA que han de incluirse en el valor normal calculado (véase la citada sentencia TEC, apartado 33), y que el hecho de que una Institución utilice este margen de apreciación, sin apreciar en detalle y de antemano los criterios que piensa aplicar en cada situación concreta, no viola el principio de seguridad jurídica (véase sentencia de 5 de octubre de 1988, Brother, antes citada, apartado 29).
En lo que se refiere, a continuación, a la pretendida violación de los derechos adquiridos, baste recordar que, según reiterada jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, en los casos en que las autoridades comunitarias dispongan de amplias facultades de apreciación, los operadores económicos no tienen derecho a invocar un derecho adquirido para conservar una situación favorable consecuencia de la normativa en discusión y de la que se han beneficiado en un momento dado (véase, especialmente, sentencia de 21 de mayo de 1987, Rau, asuntos acumulados
133/85 a 136/85, Rec. p. 2289, apartado 18
). En tales circunstancias, el método para determinar el valor normal calculado que se empleó en un procedimiento antidumping anterior no puede suponer para Nakajima un derecho adquirido a la aplicación del mismo método en el caso de autos.
Igualmente, según reiterada jurisprudencia, recordada en el apartado 113 de la presente sentencia, los operadores económicos no pueden depositar su confianza legítima en que se mantenga una situación anterior que puede ser modificada por decisiones adoptadas por las Instituciones comunitarias en el marco de su facultad de apreciación.
Por último, según los apartados 23 y 24 de la presente sentencia, el argumento basado en una pretendida violación del principio de irretroactividad carece de fundamento.
Por consiguiente, la segunda parte del motivo propuesto por Nakajima debe desestimarse.
Alega Nakajima, en tercer lugar, una violación del principio de igualdad de trato, por cuanto el método para determinar el valor normal calculado que se ha aplicado en el presente caso es discriminatorio para la demandante, ya que utiliza datos contables relativos a empresas de estructura diferente de la suya y además porque la comparación entre el valor normal y el precio de exportación se efectúa en dos niveles comerciales diferentes.
Este argumento no viene al caso. Efectivamente, según los apartados 60 a 67 de la presente sentencia, el método para determinar el valor normal calculado que se aplica en el caso de autos no es discriminatorio ya que, de acuerdo con la jurisprudencia, intenta colocar a Nakajima en la situación que hubiera sido suya si hubiera realizado ventas de impresoras en Japón, y las Instituciones comunitarias pudieron estimar razonablemente que es imposible estar presente en el mercado japonés de productos electrónicos sin contar con una estructura integrada de venta. Por otra parte, el Tribunal de Justicia ya ha decidido, en los apartados 70 a 72 de la presente sentencia, que en el caso de autos la comparación entre el valor normal y el precio de exportación no se realizó en dos niveles comerciales diferentes.
En estas circunstancias, no se ha incurrido en el caso de autos en ninguna violación del principio de igualdad de trato.
En cuarto lugar, Nakajima entiende que el Reglamento definitivo prescindió del principio de proporcionalidad, puesto que a la demandante se le impuso un derecho antidumping del 12 % sin tener en cuenta su estructura específica, siendo así que, si se hubieran tomado en consideración sus propios gastos y un razonable margen de beneficios, se hubiera llegado a lo sumo a un margen de dumping insignificante y así Nakajima no hubiera estado sujeta al presente procedimiento.
Sin embargo, no puede aceptarse este argumento por las razones que se exponen detalladamente en los apartados 60 a 67 de la presente sentencia.
En quinto lugar, Nakajima alega una violación del principio de la aplicación leal y equitativa del Derecho comunitario, por cuanto la aplicación a la demandante de un nuevo mètodo para determinar el valor calculado no es apropiada al presente caso y da lugar a injusticias graves.
De todos modos este argumento, que se basa en presupuestos equivocados, como se ha visto en los apartados 60 a 67 de la presente sentencia, debe ser desestimado.
Por último, Nakajima alega una violación del principio que prohibe ir contra los actos propios, por cuanto dice haber sido inducida a error por el trato de que fue objeto en el procedimiento antidumping relativo a las máquinas de escribir electrónicas.
Este razonamiento, que reproduce el fundado en la violación del principio de seguridad jurídica, debe ser también desestimado, teniendo en cuenta las razones expuestas con mayor amplitud en los apartados 117al21dela presente sentencia.
Como no ha podido ser aceptado ninguno de los argumentos presentados por Nakajima, debe desestimarse el motivo basado en la violación de determinados principios generales del Derecho.
9. Motivo basado en una desviación de poder
Mediante este motivo, Nakajima imputa a las autoridades comunitarias que, a lo largo del procedimiento antidumping, mostraron frente a ella una grave falta de discreción, que equivalió a desconocer la finalidad que pretendía la normativa que se discutía. En especial la demandante reprocha a la Comisión no haber examinado de buena fe y con toda equidad la necesidad de establecer un derecho antidumping respecto a ella y haber proseguido, con falta o negligencia grave, un procedimiento para imponerle un derecho antidumping, en contra de la práctica anterior. De este modo las autoridades comunitarias perjudicaron deliberadamente a la demandante, según ésta, y evitaron encontrarse en una situación idéntica a la del procedimiento seguido en el asunto que condujo a la citada sentencia de 5 de octubre de 1988, TEC.
Sin embargo, las alegaciones de la demandante carecen de todo fundamento. A este respecto baste comprobar que Nakajima, en el caso de autos, no ha cumplido las exigencias expuestas en reiterada jurisprudencia (véase, sobre todo, sentencia de 11 de julio de 1990, Sermes,
C-323/88, Rec. p. I-3027, apartado 33
) en materia de prueba de una desviación de poder, ya que la demandante no ha indicado, a partir de indicios objetivos, oportunos y concluyentes, las circunstancias y razones que permitirían presumir que la medida de que se trata se tomó para conseguir finalidades distintas de aquéllas para las que se dispuso.
Efectivamente Nakajima, al alegar la existencia de una desviación de poder, se ha limitado a formular afirmaciones sin probar su fundamento. Procede añadir que el hecho de que las autoridades comunitarias no aceptaran el razonamiento de Nakajima, que consideraban carente de fundamento, no constituye una desviación de poder.
Por otra parte, según las comprobaciones realizadas por el Tribunal de Justicia en este asunto, la normativa comunitaria ha sido aplicada correctamente y de acuerdo con sus finalidades. En efecto, en los considerandos de los Reglamentos provisional y definitivo, las Instituciones expusieron las razones que las llevaron a considerar que en este caso los intereses de la Comunidad exigían, con arreglo a la normativa de base, adoptar medidas que pudieran defender a los fabricantes comunitarios contra las importaciones de productos que son objeto de dumping.
De ahí se sigue que debe desestimarse el motivo basado en la desviación de poder.
Ninguno de los motivos presentados por Nakajima ha podido ser aceptado: procede pues desestimar el recurso en su totalidad.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla en costas, incluidas las del procedimiento de medidas provisionales y las de la Comisión como parte coadyuvante. Como la parte coadyuvante Europrint ha omitido plantear pretensiones sobre las costas, procede que cargue con las suyas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide :

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar a la demandante en costas, incluidas las del procedimiento de medidas provisionales y las de la Comisión como parte coadyuvante.

3)
La parte coadyuvante Europrint cargará con sus propias costas.

Due
Mancini
O'Higgins
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Diez de Velasco
Kakouris
Schockweiler
Grévisse
Zuleeg
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de mayo de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.