CELEX: 62005TJ0446
Competencia
Prácticas colusorias
Mercado europeo del hilo industrial
Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE
Concepto de infracción única
Definición del mercado
Multas
Límite máximo de la multa
Gravedad y duración de la infracción
Circunstancias atenuantes
Cooperación
Proporcionalidad
Igualdad de trato
Derecho de defensa
Directrices para el cálculo del importe de las multas

Antecedentes del litigio
A.
Objeto del litigio
Mediante la Decisión C(2005) 3452, de 14 de septiembre de 2005, relativa a un procedimiento con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 81 [CE] y en el artículo 53 del Acuerdo sobre el EEE (Asunto COMP/38.337 – PO/Hilo; en lo sucesivo, «Decisión
impugnada»), en su versión modificada por la Decisión C(2005) 3765 de la Comisión, de 13 de octubre de 2005, cuyo resumen
se publicó en el
Diario Oficial de la Unión Europea
el 26 de enero de 2008 (DO C 21, p. 10), la Comisión de las Comunidades Europeas declaró que las demandantes, Amann & Söhne
GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «Amann») y Cousin Filterie SAS (en lo sucesivo, «Cousin»), participaron en un conjunto de acuerdos
y prácticas concertadas en el mercado del hilo destinado a la industria del automóvil (en lo sucesivo, «hilo destinado a la
industria del automóvil») en el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, EEE), durante el período comprendido entre mayo/junio
de 1998 y el 15 de mayo de 2000, y que Amann participó igualmente en un conjunto de acuerdos y prácticas concertadas sobre
el hilo industrial a excepción del sector del automóvil (en lo sucesivo, «hilo industrial»), en el Benelux, Dinamarca, Finlandia,
Noruega y Suecia (en lo sucesivo, «países nórdicos»), durante el período comprendido entre enero de 1990 y septiembre de 2001.
La Comisión impuso, por un lado, a Amann y a Cousin, responsables solidariamente, una multa de un importe de 4,888 millones
de euros por su participación en el cártel del hilo destinado a la industria del automóvil en el EEE, y, por otro lado, a
Amann una multa de un importe de 13,09 millones de euros por su participación en el cártel del hilo industrial en el Benelux
y en los países nórdicos.
B.
Procedimiento administrativo
Los días 7 y 8 de noviembre de 2001, la Comisión llevó a cabo verificaciones en los locales de varios productores de hilo
en aplicación del artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de
aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22). Dichas verificaciones se realizaron
como consecuencia de informaciones aportadas en agosto del 2000 por The English Needle & Tackle Co. (Decisión impugnada, considerando 78).
El 26 de noviembre de 2001, Coats Viyella plc (en lo sucesivo, «Coats») presentó una solicitud de clemencia con arreglo a
la Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados
con acuerdos entre empresas (DO 1996, C 207, p. 4; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación») junto con varios documentos
aportados con el ánimo de probar la existencia de las prácticas concertadas siguientes: en primer lugar, un cártel en el mercado
del hilo destinado a la industria del automóvil en el EEE; en segundo lugar, un cártel en el mercado del hilo para aplicaciones
industriales en el Reino Unido; y, en tercer lugar, un cártel en el mercado del hilo para aplicaciones industriales en el
Benelux y en los países nórdicos (Decisión impugnada, considerando 82).
Sobre la base de los documentos encontrados durante las verificaciones y de aquellos aportados por Coats, la Comisión envió
a las empresas involucradas solicitudes de información en marzo y agosto de 2003, con arreglo al artículo 11 del Reglamento
nº 17 (Decisión impugnada, considerando 83).
El 18 de marzo de 2004, la Comisión redactó un pliego de cargos que dirigió a varias empresas debido a su participación en
uno o varios de los cárteles mencionados en el apartado 4 anterior, entre los que figura el del mercado del hilo para aplicaciones
industriales en el Benelux y en los países nórdicos.
Todas las empresas destinatarias del pliego de cargos presentaron observaciones escritas (Decisión impugnada, considerando 90).
Los días 19 y 20 de julio de 2004 se celebró una audiencia (Decisión impugnada, considerando 92).
El 24 de septiembre de 2004, se permitió a las partes el acceso a la versión no confidencial de las respuestas al pliego de
cargos y a las observaciones de las partes en la audiencia, y recibieron un plazo para presentar otras observaciones (Decisión
impugnada, considerando 93).
El 14 de septiembre de 2005, la Comisión adoptó la Decisión impugnada.
C.
Decisión impugnada
1.
Mercados de referencia
a)      Mercado de producto
En la Decisión impugnada la Comisión señala que el sector del hilo puede dividirse en dos segmentos, a saber, por una parte,
el del hilo destinado a la industria para coser o bordar diversos tipos de prendas de vestir u otros artículos, como artículos
de cuero, revestimientos textiles de automóviles y de colchones, y, por otra parte, el del hilo de uso doméstico, empleado
por los particulares para tareas de costura o de reparación y para actividades de ocio (Decisión impugnada, considerando 9).
En lo que respecta al segmento del hilo industrial, de la Decisión impugnada resulta que éste puede dividirse en tres categorías
en función de la utilización que se haga del mismo: el hilo para costura, destinado a la confección, utilizado en diversos
tipos de prendas de vestir; el hilo para bordado, utilizado en máquinas de bordado industriales informatizadas para decorar
prendas de vestir, calzado de deporte y textiles del hogar; y el hilo especial que se utiliza en diversos sectores como el
del calzado, los artículos de cuero y el sector automovilístico (Decisión impugnada, considerando 11).
Resulta igualmente que el hilo par aplicaciones industriales puede dividirse también en varias categorías en función del tipo
de fibra y la estructura del hilo (Decisión impugnada, considerando 12).
La Comisión estima, en la Decisión impugnada, que puede considerarse que el hilo para aplicaciones industriales constituye,
desde el punto de vista de la oferta, un mercado de un producto único, puesto que no existe una correlación estricta entre
la utilización final y el tipo de fibra y/o la estructura del hilo. La Comisión precisa que, según Coats, algunos clientes
del sector de la confección utilizan hilos especiales, y que algunos clientes del sector del bordado utilizan hilo de confección.
Añade que Coats señaló que los procesos de producción del hilo destinado a la confección, del hilo para bordados y de los
diferentes tipos de hilos especiales pueden ser comunes o fácilmente intercambiables (Decisión impugnada, considerando 13).
Sin embargo, la Comisión distingue en la Decisión impugnada entre, el hilo destinado a la industria del automóvil, por un
lado, y el hilo destinado al resto de la industria, por otro. En efecto, la Comisión considera que, a pesar de que los procesos
de producción de ambos tipos de hilo son similares o fácilmente intercambiables, la demanda de la industria del automóvil
proviene de clientes importantes que requieren características más rigurosas para determinados productos que utilizan, por
ejemplo, el hilo utilizado para los cinturones de seguridad, y que dan importancia a la uniformidad de los productos que requiere
su industria en los diversos países (Decisión impugnada, considerando 14).
En el caso de autos, el mercado de productos afectado por las infracciones que se reprochan a las demandantes son el del hilo
destinado a la industria del automóvil y, en lo que respecta a la infracción que se reprocha a Amann, el del hilo industrial.
b)      Mercados geográficos
En la Decisión impugnada la Comisión señala que el mercado del hilo destinado a la industria del automóvil debe distinguirse
del mercado del hilo industrial debido a las características más rigurosas mencionadas anteriormente, que requieren una uniformidad
en el EEE. Así, considera que el mercado del hilo destinado a la industria del automóvil abarca todo el EEE. En efecto, la
Comisión señala que tan sólo algunos proveedores disponen de una oferta estándar de estos productos para todo el EEE. Los
motivos son que los compradores requieren hilos uniformes para facilitar su producción en diferentes países, que dichos hilos
deben responder a normas específicas de calidad (por ejemplo, el hilo utilizado para la confección de cinturones de seguridad)
y que, la posibilidad de seguir la pista de la producción de estos hilos es esencial por cuestiones relativas a la calidad
de los productos y a la responsabilidad (Decisión impugnada, considerandos 21 y 22).
Sin embargo, en lo que respecta al hilo industrial, la Comisión declara que, según las informaciones aportadas por las partes,
el mercado geográfico de referencia es de dimensión regional. Añade que la región puede abarcar, dependiendo del caso, varios
países del EEE, por ejemplo los países del Benelux o los países nórdicos, o un único país, por ejemplo, el Reino Unido (Decisión
impugnada, considerando 17).
De la Decisión impugnada resulta que el mercado geográfico afectado por la infracción relativa al hilo industrial que se reprocha
a Amann es el de los países del Benelux y de los países nórdicos, mientras que el afectado por la infracción relativa al hilo
destinado a la industria del automóvil que se reprocha a las demandantes abarca el EEE.
2.
Tamaño y estructura de los mercados de referencia
La Comisión precisa en la Decisión impugnada que el volumen de ventas del hilo industrial en el Benelux y en los países nórdicos
ascendía aproximadamente a 50 millones de euros en el 2000 y a 40 millones en el 2004, y que el del hilo destinado a la industria
del automóvil era de alrededor de 20 millones de euros en 1999 (Decisión impugnada, considerandos 28 y 35).
De dicha Decisión resulta también que, a finales de los años noventa, los principales distribuidores de hilo industrial en
el Benelux y en los países nórdicos eran, en particular, Amann, Barbour Threads Ltd (en lo sucesivo, «Barbour»), antes de
su adquisición por Coats, Belgian Sewing Thread NV (en lo sucesivo, «BST»), Coats, Gütermann AG y Zwicky & Co. AG (en lo sucesivo,
«Zwicky», y los del hilo destinado a la industria del automóvil eran, en particular, las demandantes, Coats, Oxley Threads
Ltd (en lo sucesivo, «Oxley»), Gütermann y Zwicky.
3.
Descripción de los comportamientos ilícitos
La Comisión señala, en la Decisión impugnada, que los comportamientos que se reprochan a las demandantes relativos al cártel
en el mercado del hilo destinado a la industria del automóvil en el EEE, se produjeron de mayo/junio de 1998 a mayo del 2000.
Según la Comisión, los participantes en el cártel del mercado del hilo destinado a la industria del automóvil en el EEE tenían
como objetivo principal mantener los precios a un nivel elevado (Decisión impugnada, considerando 214).
Sostiene que, a tal fin, se celebraron cinco reuniones durante las cuales los participantes establecieron, en primer lugar,
dos tipos de precios indicativos para los productos de base vendidos al sector del automóvil europeo, uno que se aplicaba
a los clientes existentes y otro para los nuevos clientes. A continuación intercambiaron informaciones sobre los precios aplicados
a los clientes individuales y sobre los precios mínimos indicativos. Por último, los participantes se comprometieron a evitar
la competencia en los precios en beneficio del proveedor dominante (Decisión impugnada, considerando 215).
En lo que respecta a los comportamientos relativos al cártel en el mercado del hilo industrial en el Benelux y en los países
nórdicos, la Comisión señala que tuvieron lugar durante los años 1990 a 2001.
Según la Comisión, en lo que respecta al cártel en el mercado del hilo industrial en el Benelux y en los países nórdicos,
las empresas implicadas se reunieron al menos una vez al año y dichas reuniones se organizaron en dos sesiones, una dedicada
al mercado de los países del Benelux, y otra al de los países nórdicos, cuyo objetivo principal era mantener los precios a
un nivel elevado en ambos mercados.
Sostiene que los participantes intercambiaron listas de precios e informaciones sobre los descuentos, la aplicación de incrementos
sobre los precios del catálogo, la disminución de los descuentos y el incremento de los precios especiales aplicables a determinados
clientes. Asimismo sostiene que se celebraron acuerdos sobre las futuras listas de precios, la tasa máxima de descuento, las
disminuciones de los descuentos y el incremento de los precios especiales aplicables a determinados clientes, así como acuerdos
destinados a evitar la competencia en los precios en beneficio del proveedor dominante y a repartirse los clientes (Decisión
impugnada, considerandos 99 a 125).
4.
Dispositivo de la Decisión impugnada
En el artículo 1, apartado 3, de la Decisión impugnada, la Comisión declara que seis empresas, entre las que figuran las demandantes,
infringieron el artículo 81 CE, apartado 1, y el artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE, al participar en acuerdos y prácticas
concertadas en el mercado del hilo destinado a la industria del automóvil en el EEE, durante el período comprendido entre
mayo/junio de 1998 y mayo del 2000, en lo que respecta a las demandantes. Asimismo, en el artículo 1, apartado 1, de la Decisión
impugnada, la Comisión declara que ocho empresas, entre las que figura Amann, infringieron el artículo 81 CE, apartado 1,
y el artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE al participar en acuerdos y prácticas concertadas en el mercado del hilo industrial
del Benelux y de los países nórdicos, durante el período comprendido entre enero de 1990 y septiembre del 2001 en el caso
Amann.
Según el artículo 2, párrafo primero, de la Decisión impugnada, se imponen las siguientes multas:
a)      En lo que respecta al cártel en el mercado del hilo destinado a la industria del automóvil en el EEE:
–        a las demandantes, responsables solidariamente: 4,888 millones de euros;
–        Coats: 0,65 millones de euros;
–        Oxley: 1,271 millones de euros;
–        Barbour and Hicking Pentecost plc, responsables solidariamente: 0,715 millones de euros;
b)      En lo que respecta al cártel en el mercado del hilo industrial en el Benelux y en los países nórdicos, en particular:
–        Coats: 15,05 millones de euros;
–        Amann: 13,09 millones de euros;
–        BST: 0,979 millones de euros;
–        Gütermann: 4,021 millones de euros;
–        Zwicky: 0,174 millones de euros.

Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 22 de diciembre de 2005, las demandantes interpusieron el presente
recurso.
Al modificarse la composición de las Salas del Tribunal el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Quinta, a la que se atribuyó
en consecuencia el presente asunto.
Las partes demandantes solicitan al Tribunal que:
–        Anule la Decisión impugnada en la medida en que les concierne.
–        Con carácter subsidiario, reduzca de manera adecuada el importe de la multa.
–        Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a las demandantes.

Fundamentos de Derecho
En primer lugar, las demandantes invocan un motivo mediante el que solicitan la anulación de la Decisión impugnada basado
en la infracción del artículo 7, apartado 1, primera frase, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre
de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1,
p. 1).
En segundo lugar, las demandantes invocan una serie de motivos con los que pretenden lograr la supresión de la multa. Por
una parte, reprochan a la Comisión el haberles impuesto una multa cuyo importe supera el límite del 10 % de su volumen de
negocios. Por otra parte, las demandantes invocan siete motivos basados, respectivamente, en la violación de los principios
de igualdad de trato y de proporcionalidad al imponer la multa, en la determinación errónea del importe de partida de la multa
impuesta por el cártel del hilo industrial, en el cálculo erróneo de la duración de la infracción en el mercado del hilo industrial,
en que no se tuvieron en cuenta varias circunstancias atenuantes relativas a la infracción en el mercado del hilo industrial,
en el cálculo erróneo del importe de partida y del importe de base de la multa impuesta por la infracción en el mercado del
hilo destinado a la industria del automóvil, en que no se tomó en consideración el hecho de que no se aplicó el cártel relativo
al hilo de la industria del automóvil y en la vulneración del derecho a ser oído y del derecho de defensa.
A.
Sobre el motivo invocado por las demandantes y mediante el que se pretende la anulación de la Decisión impugnada basado en
la infracción del artículo 7, apartado 1, primera frase, del Reglamento nº 1/2003
1.
Alegaciones de las partes
Las demandantes sostienen que las infracciones reprochadas constituyen una infracción única en el sentido del artículo 7,
apartado 1, primera frase, del Reglamento nº 1/2003 debido a que, a su juicio, los mercados del hilo destinado a la industria
del automóvil y del hilo industrial no constituyen mercados de producto o mercados geográficos distintos, existe un elemento
subjetivo común entre ambos cárteles y los criterios utilizados por la Comisión para declarar la inexistencia de una infracción
única no son válidos.
En primer lugar, en lo que respecta a la existencia de un mercado de producto único, las demandantes niegan el haber confirmado
explícitamente que el hilo destinado a las prendas de vestir y el destinado a la industria del automóvil perteneciesen a dos
mercados distintos. En efecto, sostienen que la respuesta de Amann a la solicitud de información, en la que calificaba de
mundial el mercado del hilo destinado a la industria del automóvil, no implica en modo alguno la admisión del carácter supuestamente
autónomo de este último mercado. Añaden que, tras aportar estimaciones para seis segmentos de hilo distintos, Amann no pudo
hacerlo para el segmento del hilo destinado al sector del automóvil.
Según las demandantes, las declaraciones de otros operadores, como Coats y Gütermann, tampoco permiten deducir la existencia
de una distinción entre el mercado del hilo destinado a la industria del automóvil y el del hilo industrial.
Afirman que la presentación de los productos de todas las empresas confirma el punto de vista de las demandantes en cuanto
al carácter único del mercado. En particular, tal es el caso de la segmentación realizada por Gütermann, Amann y Coats. A
su juicio, ello muestra que la utilización del mismo hilo en varias áreas es posible.
Según las demandantes, la existencia de normas de características más rigurosas exigidas por los clientes importantes del
sector del automóvil tampoco justifica la distinción entre el hilo industrial y el destinado a la industria del automóvil.
En efecto, a su juicio, en regla general los hilos se producen de conformidad con las exigencias de la industria del automóvil
y se entregan con tal calidad a los clientes importantes de otros sectores industriales. Además, la producción de dos tipos
de hilos de calidades diferentes tampoco es defendible desde el punto de vista económico. Así, afirman que las características
técnicas del hilo destinado a la industria del automóvil son, en esencia, idénticas a las del hilo industrial. Por tanto,
dichos hilos son intercambiables, y su comercialización depende de los productos y no de los clientes.
En segundo lugar, las demandantes reprochan a la Comisión el no haber examinado si los distintos comportamientos que les reprocha
estaban conectados por un elemento sujetivo común y si constituían, en consecuencia, una única infracción. Alegan que la propia
Comisión declaró que todas las infracciones pretendían falsear la evolución normal de los precios en el mercado de referencia.
A su juicio, el hecho de que se trate de acuerdos sobre los precios y que las resoluciones adoptadas sobre las regiones de
que se trata sean prácticamente idénticas, confirma la tesis del carácter único de las infracciones declaradas. Las demandantes
añaden que, en la mayoría de los Estados miembros, el elemento subjetivo es el criterio determinante para declarar la existencia
de una infracción única.
Sostienen igualmente que, habida cuenta la talla mediana de la mayor parte de las empresas implicadas, sus dirigentes y socios
debían tener conocimiento necesariamente de las distintas infracciones. En lo que les concierne, precisan que el elemento
subjetivo resulta, además, de la falta de compartimentación de las competencias internas en el ámbito de la comercialización
del hilo industrial y del hilo destinado a la industria del automóvil.
Por otro lado, señalan, en esencia, la incoherencia de la gestión de la Comisión, que partió del principio de una infracción
única para las infracciones sucesivas cometidas en el interior de cada cártel, pero que no procedió de la misma manera para
los cárteles entre sí. A este respecto, sostienen que la Decisión impugnada recoge, en sus considerandos 266 a 270, varias
contradicciones tendentes a demostrar que la tesis de la Comisión en cuanto a la existencia de infracciones distintas no puede
defenderse.
En tercer lugar, las demandantes rebaten los criterios aplicados por la Comisión para determinar la existencia o la inexistencia
de una infracción única.
En primer lugar, sostienen que dichos criterios no son válidos. A este respecto alegan, por un lado, que la propia Comisión
se muestra indecisa en cuanto a la utilización de los criterios para determinar la existencia de una infracción única, porque
justifica la existencia de dos infracciones distintas refiriéndose a los distintos participantes, a un modo distinto de funcionamiento
y a la falta de coordinación global, y se basa, a continuación, en la diferencia en cuanto a los mercados afectados para declarar
posteriormente que los acuerdos relativos al Benelux y a los países nórdicos deben examinarse juntos habida cuenta de que
están unidos por una organización, un modo de funcionamiento y participantes idénticos. Así, las demandantes señalan que el
criterio de coordinación global no desempeña ningún papel en lo que respecta a la determinación de la existencia de una infracción
única en el Benelux y en los países nórdicos.
Estiman, por otro lado, que el criterio de delimitación del mercado de producto, en el caso de productos relacionados, carece
de pertinencia. En efecto, a su juicio, salvo en los casos evidentes en los que los productos no pertenecen sin lugar a dudas
al mismo mercado, la utilización de este criterio llevaría a otorgar a la Comisión un margen de apreciación casi incontrolable
en el marco de la sanción de las infracciones del Derecho de la competencia. Añaden que el criterio relativo a la falta de
identidad de los participantes también carece de pertinencia. En efecto, las demandantes señalan que la cuestión de quién
representa a las empresas participantes es irrelevante puesto que la participación es imputable a la empresa de que se trate.
En segundo lugar, Amann y Cousin sostienen que, en todo caso, la aplicación de estos criterios debería haber llevado a la
Comisión a declarar la existencia de una infracción única.
Por un lado, invocan el hecho de que la Comisión no puede justificar útilmente la existencia de infracciones distintas basándose
en la falta de coordinación entre los cárteles, puesto que ella misma señala, retomando las declaraciones de Coats al respecto,
que, debido a que los mercados de productos están más bien delimitados por países, no era necesario llevar a cabo una coordinación
entre las regiones afectadas. Asimismo, alegan que el intento de la Comisión de distinguir entre la coordinación de los mercados
geográficos y de los mercados de producto distintos carece de pertinencia puesto que, en el caso de los distintos mercados
geográficos, no tendría sentido una coordinación entre los mercados de producto distintos. Por este motivo, las demandantes
sostienen que es preciso apreciar los comportamientos controvertidos admitiendo que las reuniones dedicadas a las distintas
regiones se inscribían en un plan global aprobado por sus respectivas direcciones y confirmado por los documentos que constataban
la existencia de contactos frecuentes entre los representantes de Coats y Amann, dedicadas a cuestiones de «estrategia superior»
en Europa. Según las demandantes, dichos documentos ponen de manifiesto la existencia de un elemento subjetivo común. A este
respecto, las demandantes reprochan a la Comisión el no haber analizado la cuestión de si este tipo de contacto existía igualmente
entre Coats y otros competidores.
Por otro lado, sostienen que no existen diferencias determinantes entre los participantes de los acuerdos y su organización.
A este respecto, las demandantes señalan que, según la jurisprudencia, no puede excluirse una infracción única en el sentido
jurídico del término por el mero hecho de que cada empresa participe en la infracción aplicando métodos específicos. Así,
una empresa puede participar en un cártel único sin participar en todos los elementos constitutivos del mismo.
A la luz de tales consideraciones, las demandantes señalan que tan sólo tres empresas participaron en un único acuerdo, todas
las demás participaron en al menos dos acuerdos, lo que constituye, a su juicio, una imbricación de los participantes que
aboga en favor de la existencia de una infracción única. Además, la comparación de las reuniones relativas al cártel del mercado
del hilo industrial y las relativas al cártel del mercado del hilo destinado a la industria del automóvil no confirman en
modo alguno la tesis de la existencia de infracciones distintas. Alegan que, en ambos casos, las reuniones se celebraron de
manera irregular.
La Comisión se opone a estas alegaciones.
2.
Apreciación del Tribunal
a)      Sobre la distinción de los mercados de producto y geográficos
De la Decisión impugnada resulta que la Comisión consideró que, debido a su especificidad, el mercado del hilo destinado a
la industria del automóvil debía distinguirse del del hilo industrial, tanto desde el punto de vista de los productos como
desde el punto de vista geográfico (véanse los apartados 12 a 16 y 18 a 20 anteriores).
Con carácter previo, procede señalar que la definición del mercado de referencia, en la medida en que implica apreciaciones
económicas complejas por parte de la Comisión, sólo puede ser objeto de un control limitado por parte del juez comunitario
(véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 30 de marzo de 2000, Kish Glass/Comisión, T‑65/96, Rec. p. II‑1885,
apartado 64, y de 6 de junio de 2002, Airtours/Comisión, T‑342/99, Rec. p. II‑2585, apartado 26). Sin embargo, el juez comunitario
no puede abstenerse de controlar la interpretación de los datos de carácter económico efectuada por la Comisión. Al respecto,
debe verificar la exactitud material, la fiabilidad y la coherencia de los elementos probatorios en los que la Comisión ha
basado su apreciación, y que tales elementos constituyen el conjunto de datos pertinentes que deben tomarse en consideración
para apreciar una situación compleja y sean adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de los mismos (véase la
sentencia de 17 de septiembre de 2007, Microsoft/Comisión, T‑201/04, Rec. p. II‑3601, apartado 482).
Procede recordar, a continuación, que el mercado que debe tomarse en consideración agrupa al conjunto de productos que, en
razón de sus características, son especialmente aptos para satisfacer necesidades permanentes y escasamente sustituibles por
otros productos (sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Comisión,
322/81, Rec. p. 3461, apartado 37). El Tribunal de Justicia ha declarado, más concretamente, que el concepto de mercado relevante
implica que pueda existir una competencia efectiva entre los productos que forman parte del mismo, lo que supone un grado
suficiente de intercambiabilidad, a efectos del mismo uso, entre todos los productos que forman parte de un mismo mercado
(sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche/Comisión, 85/76, Rec. p. 461, apartado 28).
En lo que respecta a la intercambiabilidad, ésta se aprecia en función de un conjunto de elementos que son las características
propias de los productos, las condiciones de la competencia y la estructura de la demanda y de la oferta en el mercado (sentencia
Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Comisión, citada en el apartado 55
supra,
apartado 37).
Si bien, desde una perspectiva económica, la sustituibilidad de la demanda es el criterio de evaluación más inmediato y eficaz
de respecto de los suministradores de un determinado producto (sentencia del Tribunal de 4 de julio de 2006, easyJet/Comisión,
T‑177/04, Rec. p. II‑1931, apartado 99), la sustituibilidad de la oferta puede igualmente tomarse en consideración para definir
el mercado de referencia en las operaciones en las que esta sustituibilidad tenga efectos equivalentes a los de la sustituibilidad
de la demanda en términos de inmediatez y eficacia. Así, el criterio de la sustituibilidad de la oferta implica que los productores
puedan, mediante una simple adaptación, presentarse en el mercado con la fuerza suficiente para constituir in contrapeso serio
de los productores que ya están presentes en el mercado (sentencia del Tribunal de 30 de septiembre de 2003, Atlantic Container
Line y otros/Comisión, T‑191/98, T‑212/98 a T‑214/98, Rec. p. II‑3275, apartado 829).
En lo que respecta a los propios productos, es preciso señalar que éstos pueden constituir un mercado distinto cuando se individualizan
por características particulares de producción que les hacen específicamente aptos para dicho destino o se individualizan
debido a su utilización (sentencia del Tribunal de Justicia de 21 febrero de 1973, Europemballage y Continental Can/Comisión,
6/72, Rec. p. 215, apartado 33).
Por último, debe recordarse que la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la definición de mercado de referencia a efectos
de la normativa comunitaria en materia de competencia (DO 1997, C 372, p. 5; en lo sucesivo, «Comunicación relativa a la definición
de mercado») en la que precisa los criterios que deben apreciarse para definir el mercado de producto pertinente y delimitar
el mercado geográfico de referencia. El mercado de producto de referencia se define como aquel que «comprende la totalidad
de los productos y servicios que los consumidores consideren intercambiables o sustituibles en razón de sus características,
su precio o el uso que se prevea hacer de ellos». En cuanto al mercado geográfico, éste se define como aquel que «comprende
la zona en la que las empresas afectadas desarrollan actividades de suministro de los productos y de prestación de los servicios
de referencia, en la que las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas y que puede distinguirse de otras zonas
geográficas próximas debido, en particular, a que las condiciones de competencia en ella prevalecientes son sensiblemente
distintas a aquéllas». Por tanto, el mercado de referencia en el que procede apreciar un problema dado de competencia se determina
combinando el mercado de producto y el mercado geográfico.
A la luz de estas consideraciones, procede examinar el fundamento de las conclusiones de la Comisión que figuran en los considerandos
14 y 22 de la Decisión impugnada, en cuanto a la existencia de dos mercados de producto y mercados geográficos distintos,
a saber, el del hilo destinado a la industria del automóvil en el EEE, por un lado, y el del hilo industrial en el Benelux
y en los países nórdicos, por otro. Para hacerlo, la Comisión examinó la sustituibilidad de la demanda de los productos, por
un lado, y de la oferta, por otro.
Primeramente, en lo que respecta a la sustituibilidad de la demanda, la Decisión impugnada contiene una serie de elementos
destinados a demostrar que no existe.
En primer lugar, de los considerandos 14 y 22 de la Decisión impugnada resulta que la demanda de la industria del automóvil
proviene de clientes importantes y que éstos son menos numerosos que las otras empresas que son clientes en el mercado del
hilo industrial. Las demandantes no niegan esta afirmación. En la vista, las demandantes confirmaron que los clientes del
sector del automóvil eran más poderosos debido a las grandes cantidades que compran.
En segundo lugar, de los considerandos de la Decisión impugnada antes citados resulta que los clientes del sector del automóvil
adquieren hilo para sus plantas de producción situadas en distintos países y exigen un producto uniforme para cada país. Este
requisito de uniformidad, que no niegan las demandantes, se explica perfectamente desde un punto de vista económico. En efecto,
es razonable admitir que la adaptación de las máquinas de producción al tipo de hilo utilizado genera costes. Por tanto, las
industrias del sector del automóvil pretenden reducir costes mediante la adquisición, en grandes cantidades, de un tipo de
hilo específico y la adaptación única de sus máquinas de producción instaladas en los distintos países a dicho hilo.
En tercer lugar, de los considerandos 14 y 22 de la Decisión impugnada resulta que los hilos destinados a la industria del
automóvil deben responder a normas particularmente estrictas específicas a dicho sector y que la posibilidad de seguirles
la pista es un factor esencial por razones de calidad de los productos y de responsabilidad por los productos. Las demandantes
confirmaron esta constatación tanto en el escrito de recurso como en la vista.
En efecto, admitieron que, generalmente, son los clientes quienes deciden qué hilo necesitan para su producción y eligen,
en consecuencia, el producto que corresponde a sus necesidades de usuarios. En particular, en lo que respecta a los clientes
del sector del automóvil, las demandantes reconocieron que éstos últimos exigen que el hilo que compran responda al menos
a la norma ISO 9002. Incluso precisaron en la vista que existen características particulares denominadas «TS950» para la industria
del automóvil y que estos elementos se tienen en cuenta para la producción.
Por otro lado, las demandantes describieron el proceso de certificación del hilo por los clientes del sector del automóvil.
En primer lugar, las demandantes desarrollan un tipo de hilo que responde al mínimo de la norma ISO 9002. A continuación,
el fabricante de automóviles que desee utilizarlo para su producción prueba dicho hilo, y, por último, el fabricante lo certifica
si las pruebas resultan concluyentes.
Habida cuenta de estas consideraciones, procede admitir que el hilo específico elegido por la industria del automóvil no puede
ser sustituido por otros hilos industriales. El hecho de que este tipo de hilo se venda a otros clientes distintos de la industria
del automóvil es irrelevante a este respecto. En efecto, a diferencia de otros compradores eventuales de este producto, las
empresas del sector del automóvil sólo comprarán el hilo que disponga de calidades intrínsecas específicas y que haya sido
certificado por dichas empresas debido a sus características particulares. En consecuencia, las demandantes no pueden sostener
razonablemente que existe una sustituibilidad de la demanda.
Las declaraciones de Coats en respuesta a la solicitud de información de la Comisión también confirman la inexistencia de
sustituibilidad de la demanda. En efecto, Coats señaló que algunos clientes del sector de la confección utilizan hilo de bordado,
del mismo modo, algunos clientes del sector del bordado utilizan hilo destinado a la confección. Sin embargo, no se evocó
la existencia de tal sustituibilidad de la demanda en los clientes del sector del automóvil.
En segundo lugar, si bien la Comisión estimó que, desde el punto de vista de la oferta, podía considerarse que el hilo industrial
constituía un mercado único de productos debido a la falta de correspondencia estricta entre la utilización final y el tipo
de fibra y/o de la estructura del hilo y la similitud o intercambialidad de los procesos de producción de dicho hilo, concluyó,
sin embargo, que no era así en lo que respecta al hilo destinado a la industria del automóvil.
Para llegar a esta conclusión, la Comisión se basó en la especificidad del hilo destinado a la industria del automóvil, en
la necesidad de garantizar una oferta conforme a los estándares y en la capacidad de respuesta a las peticiones de los clientes
importantes de dicho sector. Se basó igualmente en el hecho de que el mercado geográfico del hilo destinado a la industria
del automóvil cubre todo el territorio del EEE, a diferencia del hilo industrial, que tiene un carácter únicamente regional.
A la vista de estos elementos, consideró que sólo algunas empresas podían satisfacer este tipo de demanda (véase el considerando
22 de la Decisión impugnada).
En primer lugar, con arreglo al apartado 20 de la Comunicación relativa a la definición de mercado, la sustituibilidad de
la oferta requiere que los proveedores puedan pasar a fabricar los productos de referencia y comercializarlos a corto plazo,
sin incurrir en costes o riesgos adicionales significativos, en respuesta a pequeñas variaciones permanentes de los precios
relativos. A continuación, en el apartado 21 de la Comunicación relativa a la definición de mercado, la Comisión señala que
dicha sustituibilidad se produce generalmente en los casos en los que las empresas comercializan una gama de calidades o tipos
de un mismo producto y que, aún cuando para un consumidor o un grupo de consumidores finales determinados las distintas calidades
no sean sustituibles, estas distintas calidades se agruparán en un mercado de producto. A primera vista, el hilo industrial
corresponde al tipo de producto a que se refiere el apartado 21 de la Comunicación relativa a la definición de mercado.
Por último, en los apartados 22 y 23 de la Comunicación relativa a la definición de mercado, la Comisión confirma, mediante
ejemplos concretos, que los proveedores de que se trata deben poder proponer y vender los referidos productos de distinta
calidad inmediatamente y sin aumentar los costes de manera sustancial y que no deben existir dificultades particulares respecto
de la distribución.
Procede determinar si la Comisión apreció correctamente el criterio de la sustituibilidad de la oferta a la luz de estas consideraciones.
En primer lugar, tal como se ha señalado en los apartados 63 y siguientes anteriores, los productores del hilo destinado a
la industria del automóvil deben adaptar sus máquinas de producción a fin de que el hilo que producen responda a normas específicas.
En segundo lugar, el razonamiento de las demandantes respecto del escaso coste de producción del hilo destinado a la industria
del automóvil no es convincente. En efecto, es cierto que las demandantes alegan que, por regla general, no sólo se producen
los hilos con arreglo a las exigencias de la industria del automóvil y se distribuyen en tal condición a los clientes de otros
sectores industriales, sino que, además, los costes del ajuste de la cadena de producción son demasiado elevados para fabricar
un producto destinado únicamente al sector del automóvil y modificar, a continuación, la cadena de producción y adaptarla
a la fabricación de productos destinados a otros sectores industriales.
No es menos cierto que si por razones de racionalización de la producción una sociedad que ya esté presente en el mercado
del hilo destinado a la industria del automóvil produce esencialmente hilos que responden a una norma superior independientemente
del destino del producto, actúa así únicamente porque está presente en el sector del automóvil, debido a los costes elevados
que resultan de la producción de conformidad con las normas específicas relativas a los hilos destinados a la industria del
automóvil. En otros términos, una sociedad cuya actividad principal se refiera al hilo destinado a la confección o al hilo
de bordar no tendrá interés alguno en producir un hilo especial destinado al sector del automóvil por el mero hecho de que
podría vender potencialmente dicho hilo a eventuales clientes del sector del automóvil.
Así, la afirmación de las demandantes según la cual los costes de producción del hilo destinado a la industria del automóvil
son tan poco elevados que la producción se hace siempre con arreglo a una norma de especificación más elevada no se ha demostrado
en lo que respeta a los productores del hilo industrial.
En tercer lugar, las demandantes no cuestionaron durante el procedimiento administrativo la clara distinción entre los dos
mercados desde el punto de vista geográfico. En respuesta a la solicitud de información de la Comisión, Amann calificó incluso
de mundial el mercado del hilo destinado a la industria del automóvil. Coats también puso de manifiesto que las características
específicas de este mercado limitan éste a los proveedores «regionales» y «globales». En el contexto de la respuesta, estos
términos deben entenderse referidos a «todo el territorio del EEE» y «al mundial».
Así, la sustituibilidad de la oferta supone que la mayor parte de los productores de hilo sean capaces de producir en gran
cantidad un hilo específico y uniforme para cada cliente del sector de la industria del automóvil y distribuirlo a corto plazo
en todo el EEE. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, tal razonamiento tampoco es defendible.
En consecuencia, la Comisión no ha incurrido en error manifiesto de apreciación al declarar que existían dos mercados de producto
y geográficos distintos desde el punto de vista de la oferta.
A este respecto, procede precisar que la Comisión apreció e interpretó correctamente las respuestas de las demandantes y de
las demás empresas afectadas sobre la base de las cuales llegó a la conclusión de que existían dos mercados de producto distintos.
En primer lugar, la Comisión planteó a las demandantes la cuestión de si el hilo de coser prendas de vestir de uso industrial,
el hilo para bordados de uso industrial y el hilo de uso doméstico, constituían mercados de productos diferentes en el sector
del hilo. La Comisión presentó igualmente un cuadro con objeto de determinar los mercados geográficos pertinentes para cada
categoría de hilo de las antes citadas incluyendo además una rúbrica específica para el «Hilo para el automóvil». Precisó
que esta última categoría estaba incluida en el hilo especial de uso industrial, pero señaló que deseaba conocer la opinión
de Amann y Cousin sobre el mercado pertinente de este tipo de hilo.
En respuesta a la solicitud de información antes citada, Amann señaló que el desglose detallado realizado por la Comisión
era correcto debido a que «existen especificaciones de productos y necesidades específicas de los clientes que, en el ámbito
de la industria del vestido, en particular, se distinguen claramente de los de los otros sectores en cuanto a la variedad
del colorido, etc.». Cousin, por su parte, mostró también su completo acuerdo con la segmentación presentada por la Comisión.
Sin embargo precisó la gran dificultad de evaluar los mercados, sobre todo cuando se trata de hilos especiales, habida cuenta
de la gran diversidad de utilizaciones y señaló que había contado más de 80 oficios.
Así, es cierto que las demandantes admitieron explícitamente que el mercado del hilo especial constituye un mercado de producto
distinto, sin embargo, en contra de lo que afirma la Comisión en sus escritos, no reconocieron explícitamente que el mercado
del hilo destinado a la industria del automóvil incluido en el mercado de hilo especial fuese en sí mismo un mercado de producto
distinto.
Gütermann confirmó también la subdivisión propuesta por la Comisión, pero no se pronunció explícitamente sobre el mercado
del hilo destinado a la industria del automóvil. En cuanto a Coats, respondió a la cuestión relativa a los mercado en función
de los productos que no pensaba que las diferencias entre los productos fuesen suficientes para concluir que existían tres
mercados distintos, a la vez que reconoció las características específicas del mercado del hilo destinado a la industria del
automóvil, como se ha recordado en el apartado 78 anterior. Tan sólo Oxley confirmó directamente y justificó el carácter distinto
del mercado del hilo destinado a la industria del automóvil.
Si bien es cierto que la interpretación de estos elementos en cuanto a la existencia de un mercado distinto del hilo destinado
a la industria del automóvil no es tan evidente como afirma la Comisión, no lo es menos que sus deducciones no incurren en
error manifiesto de apreciación ni desnaturalizan los hechos en modo alguno.
Además otros indicios confirman sus deducciones, como las páginas de Internet de las empresas que, en general, dedican una
rúbrica distinta para el hilo destinado a la industria del automóvil. Asimismo, todas esas empresas son titulares de marcas
de hilo específicamente creadas para dicho sector.
De las anteriores consideraciones resulta que la Comisión no incurrió en error manifiesto de apreciación al considerar que,
en el caso de autos, el mercado del hilo destinado a la industria del automóvil y el mercado del hilo industrial eran diferentes.
b)      Sobre la supuesta existencia de un «plan conjunto»
En primer lugar, procede recordar que el concepto de infracción única se refiere a una situación en la que varias empresas
participaron en una infracción constituida por un comportamiento continuado que tenía una única finalidad económica, dirigida
a falsear la competencia o incluso por infracciones individuales relacionadas entre ellas por una identidad de objeto (misma
finalidad de todos los elementos) y de sujetos (identidad de las empresas de que se trata, conscientes de participar en el
objetivo común) (sentencia del Tribunal de 8 de Julio de 2008, BPB/Comisión, T‑53/03, Rec. p. II‑1333, apartado 257).
A continuación, es preciso señalar que una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, puede resultar no sólo de un acto aislado,
sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado. Esta interpretación no queda desvirtuada por
el hecho de que uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado también puedan constituir por
sí mismos y aisladamente considerados una infracción de la citada disposición. Cuando las diversas acciones se inscriben en
un «plan conjunto», debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la
Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada
en su conjunto (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P,
C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartado 258).
Además, según reiterada jurisprudencia, el concepto de infracción única puede referirse a la calificación jurídica de un comportamiento
contrario a la competencia consistente en acuerdos, en prácticas concertadas y en decisiones de asociaciones de empresas (véanse,
en este sentido, las sentencias del Tribunal de 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, T‑305/94
a T‑307/94, T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 y T‑335/94, Rec. p. II‑931, apartados 696 a 698; de
20 de marzo de 2002, HFB y otros/Comisión, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, apartado 186, y de 12 de diciembre de 2007, BASF/Comisión,
T‑101/05 y T‑111/05, Rec. p. II‑4949, apartado 159).
Es importante precisar que el concepto de objetivo único no puede determinarse mediante una referencia general a la distorsión
de la competencia en el mercado afectado por la infracción, puesto que el perjuicio para la competencia constituye, como objeto
o efecto, un elemento consustancial a todo comportamiento incluido en el ámbito de aplicación del artículo 81 CE, apartado
1. Tal definición del concepto de objetivo único entrañaría el riesgo de privar al concepto de infracción única y continuada
de una parte de su sentido, en la medida en que tendría como consecuencia que varios comportamientos contrarios al artículo
81 CE, apartado 1, relativos a un sector económico, deberían calificarse sistemáticamente como elementos constitutivos de
una infracción única. Así, con objeto de calificar diversos comportamientos como infracción única y continuada, procede verificar
si presentan un vínculo de complementariedad, en el sentido de que cada una de ellas está destinada a hacer frente a una o
varias consecuencias del juego normal de la competencia, y contribuyen, mediante una interacción, a la realización del conjunto
de los efectos contrarios a la competencia buscados por sus autores, en el marco de un plan global encaminado a un objetivo
único. A este respecto, habrá que tener en cuenta cualquier circunstancia que pueda demostrar o desmentir dicho vínculo, como
el período de aplicación, el contenido (incluyendo los métodos empleados) y, correlativamente, el objetivo de los diversos
comportamientos de que se trata (véase, en este sentido, la sentencia BASF/Comisión, citada en el apartado 91
supra,
apartados 179 a 181).
Por tanto, la Comisión pude incoar distintos procedimientos, constatar varias infracciones distintas e imponer varias multas
distintas por motivos objetivos (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 15 de junio de 2005, Tokai Carbon y
otros/Comisión, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 y T‑91/03, no publicado en la Recopilación, en lo sucesivo, «sentencia Tokai II»,
apartado 124).
Por último, procede señalar igualmente que la calificación de determinadas actuaciones ilícitas como constitutivas de una
misma y única infracción o de una pluralidad de infracciones afecta, en principio, a la sanción que puede imponerse. En efecto,
la constatación de una pluralidad de infracciones puede implicar la imposición de varias multas distintas, siempre dentro
de los límites establecidos en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento
nº 1/2003 (sentencia BASF/Comisión, citada en el apartado 91
supra,
apartado 158).
Es preciso apreciar la existencia de un «plan conjunto» a la luz de las anteriores consideraciones.
Con carácter preliminar, procede señalar que las demandantes sostienen principalmente que, en el caso de autos, el elemento
subjetivo común reside en el hecho de que todas las infracciones pretenden falsear la evolución normal de los precios. Ahora
bien, tal objetivo de falsificación de precios es inherente a todo cártel de precios y no basta, por sí sólo, para demostrar
la existencia de un elemento subjetivo común. A este respecto, y en contra de lo que afirman las demandantes, es falso que,
en la Decisión impugnada, la Comisión partiese del principio de que existía un vínculo entre las infracciones. En efecto,
en el considerando 269 de dicha Decisión, menciona únicamente el objeto contrario a la competencia único y la finalidad económica
única consistente en la falsificación de la evolución normal de los precios que es inherente a este tipo de cártel, a la vez
que insiste en el hecho de que en cada una de las tres infracciones diferentes se perseguían tales objetivo y finalidad.
A continuación, para refutar la existencia de una infracción única, la Comisión se basó esencialmente en la falta de identidad
de la mayoría de los miembros implicados en las prácticas colusorias y en la falta de coordinación global de las mismas, además
de en la circunstancia de que el mercado del hilo destinado a la industria del automóvil y el del hilo industrial son distintos,
tal como se ha puesto de manifiesto en los apartados 53 a 88 anteriores. Las demandantes no lograron desvirtuar estos criterios
y por tanto, no demostraron la existencia de un «vínculo estrecho» entre los distintos comportamientos contrarios a la competencia.
En primer lugar, en lo que respecta al criterio relativo a la falta de identidad de los participantes, la Comisión enumeró,
en los considerandos 96 y 216 de la Decisión impugnada, los participantes en el cártel del mercado del hilo destinado a la
industria del automóvil y en el del mercado del hilo industrial. A continuación estimó, en el considerando 265, letra a),
de la Decisión impugnada, que la mayoría de las empresas participaron únicamente en un sólo cártel, puesto que no operaban
en los mercados afectados por el otro cártel.
Procede señalar que, de entre las diez empresas que participaron en uno y/u otro de dichos cárteles, tan sólo tres estuvieron
implicadas en ambos cárteles. En efecto, Ackermann Nähgarne GmbH & Co, Bieze Stork BV, BST, Cousin, Gütermann, Zwicky y Oxley
sólo se vieron implicadas en uno de ellos. Tan sólo Coats, Barbour (hasta su adquisición por Coats) y Amann, fueron parte
de ambos cárteles. La mera participación de estas tres empresas en ambos cárteles no basta para constituir por sí sola un
indicio de la existencia de una estrategia común (véase, en este sentido, la sentencia Tokai II, citada en el apartado 93
supra,
apartado 120). Asimismo, procede señalar que, a excepción del caso de Barbour, los representantes de las empresas presentes
en las reuniones organizadas en el marco del cártel del mercado del hilo destinado a la industria del automóvil y el del mercado
del hilo industrial no eran los mismos durante el período en el que coincidieron en el tiempo ambos cárteles (1998-2000).
En consecuencia, la declaración realizada por la Comisión en el considerando 265, letra a), de la Decisión impugnada no incurre
en error manifiesto de apreciación.
En segundo lugar, el contenido de los cárteles tampoco sirve para justificar la existencia de un plan global. En efecto, de
la Decisión impugnada resulta que los contenidos respectivos del cártel del mercado del hilo destinado a la industria del
automóvil y el del mercado del hilo industrial se distinguen claramente a este respecto.
En lo que respecta al cártel del mercado del hilo destinado a la industria del automóvil, los considerandos 215, 220, 223,
224, 226, 228 a 230, 233 a 236 y 238 de la Decisión impugnada muestran, por un lado, que las informaciones intercambiadas
entre los participantes del cártel se referían a los precios aplicados a algunos clientes, y, por otro lado, que los acuerdos
alcanzados consistieron en la fijación de precios indicativos mínimos para los productos de base vendidos a la clientela del
sector automovilístico, dos tipos de precios indicativos respectivamente para los clientes existentes y los nuevos clientes,
y precios indicativos mínimos para determinados clientes a quienes se refería el intercambio de información. Los participantes
acordaron igualmente evitar la competencia en los precios en beneficio del proveedor dominante.
En lo que respecta al cártel del mercado del hilo industrial, de los considerandos 99 a 153 de la Decisión impugnada resulta,
por un lado, que las informaciones intercambiadas se refieren a las listas de precios y descuentos, a la aplicación de incrementos
del precio del catálogo, a la reducción de los descuentos y al incremento de los precios especiales aplicables a determinados
clientes, y, por otro lado, que las partes se pusieron de acuerdo sobre las futuras listas de precios, sobre la tasa mínima
de descuento, sobre las disminuciones de los descuentos y el incremento de los precios especiales aplicables a determinados
clientes y acordaron no hacerse la competencia en beneficio del proveedor dominante.
Los referidos considerandos de la Decisión impugnada confirman que existe una clara diferencia entre los dos cárteles en cuanto
a su contenido. La existencia de alguna similitud entre ambos cárteles, como los acuerdos destinados a evitar la competencia
en los precios en beneficio del proveedor dominante, no permite, por sí sola, cuestionar esta afirmación.
En tercer lugar, las modalidades de funcionamiento de cada cártel son, en gran medida, diferentes. En efecto, tal como puso
de manifiesto la Comisión en el considerando 218 de la Decisión impugnada, el cártel del mercado del hilo destinado a la industria
del automóviles se organizó de manera bastante flexible, mediante pequeñas reuniones irregulares acompañadas de frecuentes
contactos bilaterales. Los considerandos 96 a 99 y 149 a 153 de la Decisión impugnada muestran que en el del mercado del hilo
industrial en el Benelux y en los países nórdicos, por su parte, se concretó en la celebración de reuniones al menos una vez
al año, las cuales se dividían en dos partes, a saber, un sesión dedicada al mercado de los países nórdicos y una sesión relativa
al mercado del Benelux. También resulta de dichos considerandos que se celebraban periódicamente contactos bilaterales.
A la luz de estos elementos, la Comisión no incurrió en ningún error manifiesto de apreciación al concluir, en los considerandos
265 a 267 de la Decisión impugnada, que el cártel del mercado del hilo destinado a la industria del automóvil y el del mercado
del hilo industrial del Benelux y los países nórdicos, debían distinguirse entre sí y que constituían, por tanto, dos infracciones
distintas.
A este respecto, es necesario señalar que, al contrario que el cártel del mercado del hilo destinado a la industria del automóvil,
el cártel del mercado del hilo industrial del Benelux y el del mercado del hilo industrial de los países nórdicos, fueron
considerados una única infracción debido a que los productos eran idénticos, los participantes en el cártel eran los mismos,
el contenido y la modalidad de funcionamiento del cártel eran similares, las reuniones se celebraban el mismo día y las empresas
participantes estaban representadas por las mismas personas.
Asimismo, carecen de pertinencia, por un lado, la alegación basada en la inexistencia de una compartimentalización en el seno
de las demandantes de las competencias en el ámbito de la comercialización del hilo industrial y del hilo destinado a la industria
del automóvil, y, por otro lado, la basada en el hecho de que los dirigentes y asociados de las empresas participantes debían
conocer necesariamente la existencia de los diferentes cárteles. Estas alegaciones no constituyen en modo alguno la prueba
de la existencia de un elemento subjetivo común.
Procede igualmente desestimar la alegación de las demandantes en cuanto a la existencia de una coordinación global, basada
en los contactos frecuentes entre un representante de Coats y el gerente de Amann. De los autos resulta que éstos no contienen
ninguna declaración que pudiera interpretarse como un indicio de una coordinación global. En la vista, las demandantes admitieron
que no podían aportar al Tribunal documentos precisos que probasen una voluntad de coordinación global entre Amann y Coats.
Por último, las demandantes sostienen equivocadamente que el criterio de delimitación del mercado de producto no puede constituir
un criterio de apreciación válido, ya que, a su juicio, confiere un margen de apreciación incontrolable a la Comisión en el
caso de productos emparentados para declarar que existen dos infracciones distintas. En efecto, por un lado, dicha facultad
de apreciación de la Comisión no es ilimitada, ya que la Comisión sigue estando sometida al control del Tribunal General,
tal como se señala en el apartado 54 anterior. Por otro lado, en el caso de autos, el criterio relativo a los mercados de
producto fue únicamente un criterio entre otros para determinar que existían dos infracciones distintas.
A la vista de las anteriores consideraciones, debe desestimarse por infundado el motivo basado en la infracción del articulo
7, apartado 1, primera frase, del Reglamento nº 1/2003.
B.
Sobre los motivos destinados a reducir la multa
1.
Sobre el motivo, invocado por las demandantes, basado en la falta de respeto del límite superior de la sanción establecido
en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003
a)      Alegaciones de las partes
El motivo invocado por las demandantes comprende tres alegaciones.
En el marco de la primera alegación, las demandantes sostienen que las dos infracciones no son, en realidad, más que una infracción
única y que, en consecuencia, sólo puede imponérseles una multa, cuyo importe no puede sobrepasar el límite del 10 % del volumen
de negocios global. Ahora bien, a su juicio, el importe total resultante de esta suma sobrepasa dicho límite, y, por tanto,
se infringen el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003.
A este respecto, sostienen que se vulnera el principio de Derecho constitucional comunitario
nulla poena sine lege.
En esencia, critican el hecho de que la Comisión pueda atribuirse un margen de maniobra ilimitado para imponer multas que
sobrepasan el límite del 10 % del volumen de negocios global, mediante una división de los mercados en los que se han constatado
infracciones paralelas. Pues bien, consideran que del principio de legalidad se desprende no sólo la prohibición para el juez
de imponer penas a falta de un fundamento legal, sino también la obligación de que el legislador redacte las normas penales
de manera precisa y clara. A su juicio, el imperativo de claridad se aplica, así, tanto a los elementos constitutivos de una
norma, como a las consecuencias jurídicas de la misma. Según las demandantes, tales exigencias imperan igualmente en lo que
respecta a las referidas disposiciones que establecen las multas en el caso de infracciones a las normas de competencia.
Habiendo sido convocadas para aportar clarificaciones sobre esta alegación en la vista, las demandantes precisaron que ésta
debía interpretarse en el sentido de que se dirigía igualmente a cuestionar la legalidad de la propia norma y, en consecuencia,
propusieron una excepción de ilegalidad del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y del artículo 23, apartado 2, del
Reglamento nº 1/2003.
Por otro lado, refutan la alegación de la Comisión en cuanto a su obligación de respetar el principio de
non bis in idem,
ya que, a su entender, dicho principio no ofrece ninguna garantía en lo que respecta a la exactitud de la determinación de
la existencia de una o varias infracciones. Sostienen, en esencia, que el problema se sitúa en una etapa anterior, es decir,
a la hora de determinar la propia existencia de una o varias infracciones.
Mediante su segunda alegación, las demandantes sostienen que la Comisión puede imponer una única multa para infracciones diferentes
cuando éstas tengan por objeto los mismos tipos de comportamientos en mercados diferentes y los participantes sean, en gran
medida, las mismas empresas. A su juicio, en el caso de autos concurren ambos requisitos.
Las demandantes señalan que la Comisión se apartó de su práctica anterior sin la más mínima motivación. En efecto, consideran
que, en el supuesto de que la Comisión renuncie a la facultad de que dispone de imponer una única multa por varias infracciones,
tiene la obligación de motivar la no utilización de dicha facultad con arreglo a los principios generales de Derecho administrativo
europeo. Por lo tanto, consideran que en el caso de autos la Comisión infringió el artículo 253 CE.
A continuación, llevan a cabo una comparación de la Decisión impugnada con la Decisión de la Comisión, de 21 de noviembre
de 2001, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 del Tratado CE y al artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/E-1/37.512
– Vitaminas) (DO 2003, L 6, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión Vitaminas»). En efecto, en dicha Decisión, la Comisión agrupó
las multas impuestas por las diversas infracciones en una única multa global, y, en consecuencia, consideró necesario respetar
el límite del 10 % del volumen de negocios global. Pues bien, alegan que, como en la Decisión Vitaminas, los cárteles del
presente asunto están unidos por un mismo contexto material y «espacio-temporal».
Mediante su tercera alegación, las demandantes sostienen que el efecto disuasorio buscado por la Comisión ya se alcanzó mediante
la imposición de la multa por la infracción cometida en el mercado del hilo industrial. En consecuencia, consideran que la
Comisión debería haberlo tenido en cuenta a la hora de fijar el importe de la multa que sancionaba el cártel relativo al hilo
destinado a la industria del automóvil.
La Comisión se opone a estas alegaciones.
b)      Apreciación del Tribunal
El presente motivo invocado por las demandantes comprende, en esencia, tres alegaciones, basadas, la primera, en la violación
del principio
nulla poena sine lege,
la segunda, en la obligación de imponer una única multa para varias infracciones, y, la tercera, en el incumplimiento de
los objetivos legales de la sanción.
Sobre la alegación basada en la violación del principio
nulla poena sine lege
y la excepción de ilegalidad del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y del artículo 23, apartado 2, del Reglamento
nº 1/2003
Primeramente, procede examinar la excepción de ilegalidad del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y del artículo
23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 presentada por las demandantes a tres niveles. En primer lugar sostienen, en esencia,
que el propio concepto de la infracción, según se recoge en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y en el artículo
23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, no es claro. En segundo lugar, alegan que el concepto de infracción única y continuada
tampoco está claramente definido y que la Comisión puede, así, influenciar arbitrariamente la determinación del importe de
la multa mediante una división de los mercados en los que se hayan constatado infracciones paralelas. En tercer lugar, hacen
valer que las sanciones establecidas por dicho artículo tampoco son claras.
Con carácter preliminar, procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el principio de legalidad
de las penas es un corolario del principio de seguridad jurídica, que constituye un principio general de Derecho comunitario
y que exige, particularmente, que toda normativa comunitaria, especialmente cuando imponga o permita imponer sanciones, sea
clara y precisa, con el fin de que las personas afectadas puedan conocer sin ambigüedad los derechos y obligaciones que se
derivan de ésta y adoptar las medidas oportunas en consecuencia (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia
de 9 de julio de 1981, Gondrand y Garancini, 169/80, Rec. p. 1931, apartado 17; de 13 de febrero de 1996, Van Es Douane Agenten,
C‑143/93, Rec. p. I‑431, apartado 27, y la sentencia del Tribunal General de 5 de abril de 2006, Degussa/Comisión, T‑279/02,
Rec. p. II‑897, apartado 66).
Este principio, que forma parte de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros y que ha sido consagrado
en diferentes Tratados internacionales y, en particular, en el artículo 7 del Convenio para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, «CEDH»), se aplica tanto a las normas de carácter penal como a
los instrumentos administrativos específicos que imponen o permiten imponer sanciones administrativas (véase, en este sentido,
la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de noviembre de 1987, Maizena y otros, 137/85, Rec. p. 4587, apartado 15). Dicho
principio se aplica no sólo a las normas que establecen los elementos constitutivos de una infracción, sino también a las
que definen las consecuencias derivadas de una infracción de las primeras (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal
de Justicia de 12 de diciembre de 1996, X, C‑74/95 y C‑129/95, Rec. p. I‑6609, apartado 25, y la sentencia Degussa/Comisión,
citada en el apartado 124
supra,
apartado 67).
A este respecto, procede recordar que a tenor del artículo 7, apartado 1, del CEDH:
«Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción
según el Derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento
en que la infracción haya sido cometida.»
Según el Tribunal Europeo de Derecho Humanos (en lo sucesivo, «TEDH»), de esta disposición se desprende que la Ley debe definir
claramente las infracciones y las penas que las castigan. Este requisito se cumple cuando el justiciable puede saber, a partir
del texto de la disposición pertinente y, si fuera necesario, con ayuda de la interpretación que de ella hacen los tribunales,
qué actos y omisiones desencadenan su responsabilidad penal (véase la sentencia del TEDH de 22 de junio de 2000, Coëme y otros
c. Bélgica,
Recueil des arrêts et décisions,
2000‑VII, p. 1, apartado 145) (sentencia Degussa/Comisión, citada en el apartado 124
supra,
apartado 69).
De la jurisprudencia del TEDH resulta que para satisfacer los requisitos del artículo 7, apartado 1, del CEDH no se requiere
que los términos de las disposiciones con arreglo a las cuales se imponen esas sanciones sean tan precisos como para que quepa
prever con certeza absoluta las consecuencias que puedan derivarse de una infracción de dichas disposiciones (sentencia Degussa/Comisión,
citada en el apartado 124
supra,
apartado 71).
En efecto, según la jurisprudencia del TEDH, la existencia de términos indeterminados en una disposición no implica necesariamente
una infracción del artículo 7 del CEDH y el hecho de que una Ley confiera una facultad de apreciación no contradice en sí
mismo la exigencia de previsibilidad, siempre que el alcance y los modos de ejercer dicha facultad se definan con la suficiente
claridad, a la vista del fin legítimo en cuestión, para proporcionar al individuo una protección adecuada contra la arbitrariedad
(véase la sentencia del TEDH, Margareta y Roger Andersson c. Suecia, de 25 de febrero de 1992, serie A, nº 226, apartado 75).
A este respecto, el TEDH tiene en cuenta, aparte del propio texto de la Ley, la cuestión de si los conceptos indeterminados
utilizados han sido precisados por una jurisprudencia reiterada y publicada (véase la sentencia del TEDH, G. c. Francia, de
27 de septiembre de 1995, serie A nº 325‑B, apartado 25) (sentencia Degussa/Comisión, citada en el apartado 124
supra,
apartado 72).
En lo que respecta a la validez del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y del artículo 23, apartado 2, del Reglamento
nº 1/2003 a la luz del principio de legalidad de las penas, tal como éste ha sido reconocido por el juez comunitario conforme
a las indicaciones proporcionadas por el CEDH y las tradiciones constitucionales de los Estados miembros, procede afirmar
que, en contra de lo alegado por las demandantes, la Comisión no dispone de un margen de apreciación ilimitado, en primer
lugar, para declarar la existencia de infracciones a las normas de la competencia, en segundo lugar, para determinar si los
distintos actos de infracción constituyen una infracción única y continuada o varias infracciones autónomas ni, en tercer
lugar, para fijar el importe de las multas por dichas infracciones.
En primer lugar, las infracciones a las normas de la competencia por las que la Comisión puede imponer multas en aplicación
del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, son únicamente
aquellas relativas a las disposiciones de los artículos 81 CE u 82 CE. Pues bien, las demandantes sostienen erróneamente que
la Comisión dispone de un margen de apreciación ilimitado a la hora de apreciar tales infracciones. Por un lado, procede recordar
que la cuestión de si concurren los requisitos de los artículos 81 CE y 82 CE es objeto, en principio, de un control completo
por el juez comunitario (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de mayo de 1998,
Deere/Comisión, C‑7/95 P, Rec. p. I‑3111, apartado 34, y la jurisprudencia citada; y la sentencia del Tribunal General de
8 de julio de 2008, AC‑Treuhand/Comisión, T‑99/04, Rec. p. II‑1501, apartado 144). Por otro lado, si bien es cierto que en
los casos en los que dicha apreciación implique apreciaciones económicas o técnicas complejas, la jurisprudencia reconoce
a la Comisión cierto margen de apreciación, éste no es en modo alguno ilimitado. En efecto, la existencia de tal margen de
apreciación no implica que el Tribunal General deba abstenerse de controlar la interpretación de los datos de esa naturaleza
por la Comisión. En particular, el juez comunitario no sólo debe verificar la exactitud material de los elementos probatorios
invocados, su fiabilidad y su coherencia, sino también comprobar si tales elementos constituyen el conjunto de datos pertinentes
que deben tomarse en consideración para apreciar una situación compleja y si son adecuados para sostener las conclusiones
que se deducen de los mismos (véase, en este sentido, la sentencia Microsoft/Comisión, citada en el apartado 54
supra,
apartado 88, y la jurisprudencia citada).
Además, las demandantes no alegan que la definición de uno de los tipos de infracciones recogidas en el artículo 81 CE, consistente
en «acuerdos entre empresas […] que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro
del mercado común y, en particular, los que consistan en […] fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta
u otras condiciones de transacción […]», no les permitió saber que los cárteles en el mercado del hilo industrial del Benelux
y de los países nórdicos y en el mercado del hilo destinado a la industria del automóvil en el EEE eran constitutivos de infracciones
en el sentido de dicho artículo 81 CE y generaban, así, su responsabilidad.
En segundo lugar, en lo que respecta a la supuesta falta de criterios que permitan determinar si existe una infracción única
y continuada o varias infracciones autónomas, es preciso admitir que dichos criterios no aparecen como tales en el artículo
15, apartado 2, del Reglamento nº 17, ni en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, ni en el artículo 81 CE.
Sin embargo, el concepto de infracción única y continuada, ha sido utilizado y precisado por una jurisprudencia reiterada
y publicada. Los criterios como la identidad de objeto (misma finalidad de todos los elementos) y la identidad de sujetos
(identidad de las empresas implicadas, conscientes de la participación al objeto común) destinados a determinar si las infracciones
cometidas se inscriben en un «plan conjunto» y pertenecen, así, a una infracción única, han sido perfilados desde hace años
en la jurisprudencia como aquella que se recoge en el apartado 89 anterior.
Por tanto, la Comisión puede incoar procedimientos distintos, declarar infracciones distintas e imponer varias multas distintas
por motivos objetivos (véase, en este sentido, la sentencia Tokai II, citada en el apartado 93
supra,
apartado 124).
A este respecto, resulta claramente del análisis del motivo que pretende la anulación de la Decisión impugnada (apartados
53 y siguientes anteriores) que los criterios aplicados por la Comisión para llegar a la conclusión de que existían dos infracciones
diferentes son criterios constantes resultantes de la jurisprudencia.
Si bien es cierto que algunos criterios dejan a la Comisión un amplio margen de apreciación, no lo es menos que el control
de dicha facultad de apreciación que realiza el juez comunitario ha permitido precisamente, mediante una jurisprudencia reiterada
y publicada, precisar dichos conceptos. Tal es el caso, en particular, de la definición del mercado de producto y del mercado
geográfico que fue aplicada por la Comisión en el caso de autos, y para la que dicha institución debió llevar a cabo apreciaciones
económicas complejas. Tal como se ha puesto de manifiesto en el marco del análisis del primer motivo (apartados 53 y siguientes
anteriores), la Comisión tuvo que limitarse, en el ejercicio de su facultad de apreciación, a los criterios establecidos por
la jurisprudencia, como la sustituibilidad desde el punto de vista de la oferta y de la demanda.
Además, en aras de la transparencia y con el fin de aumentar la seguridad jurídica de las empresas interesadas, la Comisión
publicó la Comunicación relativa a la definición de mercado, en la que recoge los criterios que aplica para definir el mercado
de referencia en cada caso. A este respecto, al adoptar estas reglas de conducta y anunciar mediante su publicación que las
aplicará en lo sucesivo a los casos contemplados en ellas, la Comisión se autolimita en el ejercicio de su facultad de apreciación
y no puede ya apartarse de tales reglas, so pena de verse sancionada, en su caso, por violación de los principios generales
del Derecho, tales como la igualdad de trato y la protección de la confianza legítima. Además, a pesar de que la Comunicación
relativa a la definición de mercado no constituye la base jurídica de la Decisión impugnada, determina, de un modo general
y abstracto, los criterios que la Comisión se obligó a seguir para determinar la existencia de uno o varios mercados, con
el fin de determinar la existencia de una o varias infracciones, y garantiza, por consiguiente, la seguridad jurídica de las
empresas (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión,
C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, apartados 211 y 213). De ello se sigue que la
Comunicación relativa a la definición de mercado ha contribuido a precisar los límites del ejercicio de la facultad de apreciación
de la Comisión que ya resulta del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y del artículo 23, apartado 2, del Reglamento
nº 1/2003.
A este respecto, de los apartados 4 y 5 de la Comunicación relativa a la definición de mercado resulta que «la Comisión persigue
una mayor transparencia de su política y de su proceso decisivo en el ámbito de la política de competencia», y que, «una mayor
transparencia también permitirá a las empresas y a sus asesores prever mejor la posibilidad de que la Comisión plantee objeciones
desde el punto de vista de la competencia en un caso concreto. Por ello, las empresas podrán tener en cuenta esta posibilidad
en su proceso interno de toma de decisiones, al contemplar, por ejemplo […] la celebración de determinados acuerdos».
Así, a la luz de los elementos mencionados anteriormente, un operador diligente, recurriendo si fuera preciso a asesoría jurídica,
puede prever de modo suficientemente preciso el método que la Comisión aplicará para determinar, para determinados comportamientos
de una empresa, la existencia de una infracción única y continuada o de varias infracciones autónomas.
En tercer lugar, en lo que respecta a la alegación relativa a la falta de claridad de las sanciones establecidas en el artículo
15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, procede afirmar que, en contra
de lo alegado por las demandantes, la Comisión no dispone de un margen de apreciación ilimitado para fijar las multas por
la infracción de las normas de la competencia (véase, por analogía, la sentencia Degussa/Comisión, citada en el apartado 124
supra,
apartado 74).
En efecto, los artículos 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, constituyen un límite
a la facultad de apreciación de la Comisión. Por una parte, estas disposiciones establecen un criterio objetivo según el cual,
para cada empresa o asociación de empresas, la multa que se impondrá no podrá superar el 10 % de su volumen de negocios. Así,
la multa que puede imponerse está sujeta a un límite cuantificable y absoluto, calculado en función de cada empresa, para
cada infracción, de modo que puede establecerse de antemano el importe máximo de la multa que puede imponerse a una empresa
determinada. Por otra parte, el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y el artículo 23, apartado 3, del Reglamento
nº 1/2003, que completa al artículo 23, apartado 2, del mismo Reglamento obligan a la Comisión a fijar las multas en cada
caso concreto «[tomando] en consideración, además de la gravedad de la infracción, la duración de ésta» (véase, por analogía,
la sentencia Degussa/Comisión, citada en el apartado 124
supra,
apartado 75).
Si bien el criterio objetivo del límite de la multa y los criterios subjetivos de la gravedad y la duración de la infracción
dejan a la Comisión un amplio margen de apreciación, no es menos cierto que se trata de criterios que permiten a la Comisión
imponer sanciones teniendo en cuenta el grado de ilegalidad del comportamiento en cuestión. Por lo tanto, llegados a este
punto, procede considerar que el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, y el artículo 23, apartados 2 y 3, del Reglamento
nº 1/2003, a la vez que dejan a la Comisión un determinado margen de apreciación, definen los criterios y los límites a que
ésta se halla sujeta en el ejercicio de su facultad en materia de multas (véase, por analogía, la sentencia Degussa/Comisión,
citada en el apartado 124
supra,
apartado 76).
Asimismo, debe observarse que, a la hora de fijar las multas con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17
y al artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, la Comisión está obligada a respetar los principios generales del
Derecho, en particular los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad, tal y como han sido desarrollados por la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal Degussa/Comisión,
citada en el apartado 124
supra,
apartado 77, y de 8 de octubre de 2008, Schunk y Schunk Kohlenstoff-Technik/Comisión, T‑69/04, Rec. p. II‑2567, apartado 41).
Debe añadirse, asimismo, que en virtud del artículo 229 CE y del artículo 31 del Reglamento nº 1/2003, el Tribunal de Justicia
y el Tribunal General gozan de una competencia jurisdiccional plena para pronunciarse sobre los recursos presentados contra
las decisiones mediante las que la Comisión fija multas y dichos órganos jurisdiccionales no sólo pueden anular las decisiones
adoptadas por la Comisión, sino también suprimir, reducir o aumentar la multa impuesta. Así, la práctica administrativa de
la Comisión está sometida a un control total por parte del juez comunitario (véase, por analogía, la sentencia Schunk y Schunk
Kohlenstoff-Technik/Comisión, citada en el apartado 143
supra,
apartado 41). El juez comunitario ejerce este control respetando los criterios contemplados en el artículo 15, apartado 2,
del Reglamento nº 17 y en el artículo 23, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 1/2003, y ha permitido justamente precisar los
conceptos indeterminados que pudiera contener el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, conceptos que retomó el artículo
23, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 1/2003, a través de una jurisprudencia reiterada y publicada (véase, en este sentido
y por analogía, la sentencia Degussa/Comisión, citada en el apartado 124
supra,
apartado 79).
Por otra parte, la propia Comisión ha desarrollado una práctica administrativa conocida y accesible sobre la base de los criterios
contenidos en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y, mas recientemente, en el artículo 23, apartados 2 y 3, del
Reglamento nº 1/2003, precisados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General. Si bien la práctica
seguida por la Comisión al adoptar sus decisiones no sirve por sí misma como marco jurídico de las multas en materia de competencia
(véase la sentencia del Tribunal de 18 de julio de 2005, Scandinavian Airlines System/Comisión, T‑241/01, Rec. p. II‑2917,
apartado 87, y la jurisprudencia citada), no es menos cierto que, en virtud del principio de igualdad de trato, la Comisión
no puede tratar de manera diferente situaciones que son comparables o situaciones diferentes de manera idéntica, a menos que
este trato esté objetivamente justificado (sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de diciembre de 1984, Sermide, 106/83,
Rec. p. 4209, apartado 28, y sentencia del Tribunal General de 14 de mayo de 1998, BPB de Eendracht/Comisión, T‑311/94, Rec.
p. II‑1129, apartado 309).
Cabe tener en cuenta además que, en aras de la transparencia y con el fin de aumentar la seguridad jurídica de las empresas
interesadas, la Comisión ha publicado Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del
artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 [CA], apartado 5 (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo «Directrices»)
en las que recoge el método de cálculo que se obliga a seguir en cada caso concreto. Las consideraciones realizadas en el
apartado 137 anterior relativas a la Comunicación relativa a la definición de mercado son válidas igualmente en lo que respecta
a las Directrices. En efecto, la Comisión, al adoptar estas reglas de conducta y anunciar mediante su publicación que las
aplicará en lo sucesivo a los casos contemplados en ellas, se autolimita en el ejercicio de su facultad de apreciación y no
puede ya apartarse de tales reglas, so pena de verse sancionada, en su caso, por violación de los principios generales del
Derecho, tales como la igualdad de trato y la protección de la confianza legítima. Además, a pesar de que las Directrices
no constituyen la base jurídica de la Decisión, determinan, de un modo general y abstracto, la metodología que la Comisión
se obligó a seguir para determinar el importe de las multas impuestas en dicha Decisión y garantizan, por consiguiente, la
seguridad jurídica de las empresas (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 137
supra,
apartados 211 y 213). De ello se sigue que la adopción de Directrices por parte de la Comisión, en la medida en que se halla
circunscrita al marco legal definido en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, y, más recientemente, en el artículo
23, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 1/2003, ha contribuido a precisar los límites del ejercicio de la facultad de apreciación
de la Comisión que resulta de estas disposiciones (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia Degussa/Comisión, citada
en el apartado 124
supra,
apartado 82).
Así pues, a la vista de los diferentes elementos que se acaban de exponer, un operador avisado puede, recurriendo si fuera
preciso a asesoramiento jurídico, prever de modo suficientemente preciso el método y la envergadura de las multas a que se
expone por actuar de un modo determinado. El hecho de que este operador no pueda conocer de antemano con precisión el nivel
de las multas que la Comisión impondrá en cada caso no constituye una vulneración del principio de legalidad de las penas,
teniendo en cuenta que, dada la gravedad de las infracciones que la Comisión ha de sancionar, los objetivos represivos y disuasivos
justifican que se evite que las empresas puedan evaluar los beneficios que les reportaría su participación en una infracción
teniendo en cuenta de antemano el importe de la multa que les sería impuesta como consecuencia de este comportamiento ilícito
(sentencias Degussa/Comisión, citada en el apartado 124
supra,
apartado 83, y Schunk y Schunk Kohlenstoff-Technik/Comisión, citada en el apartado 143
supra,
apartado 45).
A este respecto, debe señalarse que, incluso si las empresas no pueden conocer de antemano con precisión el nivel de las multas
que la Comisión impondrá en cada caso concreto, conforme al artículo 253 CE, la Comisión está obligada, en la Decisión por
la que impone una multa, y ello a pesar de que generalmente se conoce el contexto de ésta, a proporcionar una motivación,
especialmente en lo que se refiere al importe de la multa impuesta y al método escogido para determinarlo. Esta motivación
debe revelar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la Comisión, de modo que los interesados puedan conocer la justificación
de la medida adoptada para valorar si procede acudir al juez comunitario y, en su caso, permitir a éste ejercer su control
(sentencias Degussa/Comisión, citada en el apartado 124
supra,
apartado 84, y Schunk y Schunk Kohlenstoff-Technik/Comisión, citada en el apartado 143
supra,
apartado 46).
En lo que respecta, en segundo lugar, a la alegación basada en la existencia de una única infracción y de la superación del
límite del 10 % del volumen de negocio resultante, procede, por un lado, recordar que el examen del motivo dirigido a lograr
la anulación de la Decisión impugnada ha puesto de manifiesto que la Comisión estimó acertadamente que existían dos infracciones
distintas. Pues bien, tal como se recordó en el apartado 94 anterior, la constatación de una pluralidad de infracciones puede
implicar la imposición de varias multas distintas, siempre dentro de los límites establecidos en el artículo 15, apartado
2, del Reglamento nº 17 y en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003. En consecuencia, la Comisión podía imponer,
a priori,
una multa por cada infracción y no tenía, en principio, la obligación de imponer una multa única global.
Por otro lado, procede determinar si el importe total de las multas impuestas a una empresa autor de varias infracciones puede
sobrepasar el límite del 10 %. A este respecto, es preciso recordar que el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y
el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 disponen que, por cada empresa o asociación de empresas que participen
en la infracción, la multa no podrá superar el 10 % del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior.
Estas disposiciones no hacen referencia a la suma de diferentes multas impuestas a una sociedad. Si las recurrentes cometieron
efectivamente infracciones distintas, el hecho de que las infracciones se determinen en varias decisiones o en una sola carece
de importancia. La única cuestión que se plantea es la de saber si se trata en realidad de infracciones distintas o no. Así
pues, la calificación de determinadas actuaciones ilícitas como constitutivas de una misma y única infracción o de una pluralidad
de infracciones afecta, en principio, a la sanción que puede imponerse, puesto que la constatación de una pluralidad de infracciones
puede implicar la imposición de varias multas distintas, siempre dentro de los límites establecidos en el artículo 15, apartado
2, del Reglamento nº 17 y en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 (véanse, en este sentido y por analogía,
las sentencias Tokai II, citada 93
supra,
apartado 118, y BASF/Comisión, citada en el apartado 91
supra,
apartado 158).
De ello se desprende que, al imponer dos multas cuyos importes sumados superan el límite del 10 % del volumen de negocios
de las demandantes, la Comisión no ha violado el principio
nulla poena sine lege.
De las anteriores consideraciones resulta que deben desestimarse la alegación basada en la violación del principio
nulla poena sine lege
y la excepción de ilegalidad formulada respecto del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y del artículo 23, apartado
2, del Reglamento nº 1/2003.
Sobre la alegación basada en la obligación de imponer una multa única para varias infracciones
Procede desestimar la alegación presentada por las demandantes con carácter subsidiario según la cual, incluso en presencia
de dos infracciones distintas, debería haberse impuesto una única multa global.
Es cierto que de la jurisprudencia resulta que la Comisión puede imponer una multa única por diferentes infracciones (sentencias
del Tribunal de 6 de octubre de 1994, Tetra Pak/Comisión, T‑83/91, Rec. p. II‑755, apartado 236; de 15 de marzo de 2000, Cimenteries
CBR y otros/Comisión, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 a T‑32/95, T‑34/95 a T‑39/95, T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 a T‑65/95,
T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 y T‑104/95, Rec. p. II‑491, apartado 4761, y de 30 de septiembre de 2003, Michelin/Comisión,
T‑203/01, Rec. p. II‑4071, apartado 265).
Sin embargo, no se trata más que de una facultad que la Comisión ha utilizado en determinadas circunstancias, en particular
cuando las infracciones forman parte de una estrategia de conjunto coherente (véanse, en este sentido, las sentencias Cimenteries
CBR y otros/Comisión, citada en el apartado 154
supra,
apartados 4761 a 4764, y Tetra Pak/Comisión, citada en el apartado 154
supra,
apartado 236), cuando existe una unidad de infracciones (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de
7 de junio de 1983, Musique diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 127) o las infracciones
declaradas por la decisión de la Comisión se refieren al mismo tipo de comportamientos en mercados diferentes, en particular,
la fijación de precios y cuotas y el intercambio de información, y los participantes en dichas infracciones son en gran medida
las mismas empresas (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 6 de abril de 1995, Cockerill Sambre/Comisión, T‑144/89,
Rec. p. II‑947, apartado 92). El examen del primer motivo ha demostrado que en el caso de autos no se daban tales circunstancias.
Tampoco puede deducirse de esta jurisprudencia la existencia de una práctica anterior de la Comisión que le obligue a utilizar
automáticamente la posibilidad de imponer una multa única en caso de varias infracciones, ni que esté obligada a motivar la
razón por la que no ha hecho uso de tal facultad. La referida jurisprudencia muestra más bien que la práctica consistente
en imponer una multa única es excepcional puesto que sólo se aplica en determinadas circunstancias.
A este respecto, las decisiones de la Comisión invocadas por las demandantes tampoco revelan tal práctica. En efecto, tanto
en la Decisión de la Comisión, de 10 de octubre de 2001, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 [CE] (Asunto
COMP/36.264 – Mercedes-Benz), (DO 2002, L 257, p. 1), véase, en particular, el apartado 253, como en la Decisión Vitaminas,
citada en el apartado 119 anterior (apartados 711 y 775), las diversas infracciones constatadas dieron lugar a multas de diferentes
importes, que posteriormente se sumaron para determinar el importe total de la multa. Por tanto, la práctica seguida por la
Comisión fue la de imponer varias multas y sumarlas posteriormente. En todo caso, la práctica seguida anteriormente por la
Comisión en sus decisiones no sirve en sí misma de marco jurídico a las multas en materia de competencia, pues dicho marco
es únicamente el que establece el Reglamento nº 17, en el Reglamento nº 1/2003 y en las Directrices (véanse, en este sentido,
las sentencias del Tribunal de 20 de marzo de 2002, LR AF 1998/Comisión, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, apartado 234, y Michelin/Comisión,
citada en el apartado 154
supra,
apartado 254).
En consecuencia, debe desestimarse la alegación basada en un supuesta práctica anterior de la Comisión, consistente, por un
lado, en no imponer más que una multa global única en caso de infracciones distintas y, por otro lado, aplicar el límite del
10 % del volumen de negocios global de la empresa implicada al importe final de la multa resultante de la suma de las distintas
multas impuestas por cada infracción distinta cometida por la empresa de que se trate.
Sobre la alegación basada en el incumplimiento de los objetivos legales de la sanción
Las demandantes sostienen erróneamente que la Comisión debería haber tenido en cuenta el efecto disuasorio obtenido por la
condena a una multa por el cártel en el mercado del hilo industrial del Benelux y de los países nórdicos, al imponer la multa
por el cártel en el mercado del hilo destinado a la industria del automóvil en el EEE.
En efecto, el objetivo disuasorio que la Comisión puede lícitamente perseguir al determinar el importe de una multa está destinado
a garantizar que las empresas respeten las normas sobre la competencia establecidas en el Tratado al desarrollar sus actividades
en el interior de la Comunidad o del EEE (sentencia del Tribunal de 29 de noviembre de 2005, Heubach/Comisión, T‑64/02, Rec.
p. II‑5137, apartado 181). En caso de que haya una pluralidad de infracciones, la Comisión puede legítimamente considerar
que tal objetivo no puede lograrse mediante la mera imposición de una sanción por una de las infracciones.
Por tanto, debe desestimarse esta alegación.
De las anteriores consideraciones resulta que debe desestimarse por infundado el motivo basado en la falta de respeto del
límite superior de la sanción, establecido en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y en el artículo 23 del Reglamento
nº 1/2003.
2.
Sobre el motivo, invocado por las demandantes, basado en la violación de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad
al imponer la multa
a)      Alegaciones de las partes
Las demandantes formulan varias alegaciones en apoyo del motivo basado en el carácter desproporcionado de la multa y en la
violación del principio de igualdad de trato a la hora de imponer la multa.
Con carácter preliminar, en lo que respecta a la violación del principio de proporcionalidad, las demandantes sostienen, en
primer lugar, que la Comisión no tuvo en cuenta las diferencias considerables de tamaño entre las empresas implicadas a la
hora de determinar las multas, siendo así que las Directrices obligan a ello. A su juicio, la Comisión incurrió en error al
referirse exclusivamente al volumen de negocios realizado por las empresas en el mercado afectado por la infracción. Así,
alegan que la multa impuesta a las demandantes representa el 13,7 % del volumen de negocios mundial del grupo, siendo así
que la impuesta a Coats tan sólo representa el 2,3 % de su volumen mundial de negocios. Ante competidores importantes como
Coats, Amann considera que es una empresa mediana.
En segundo lugar, consideran que se vulnera el principio de proporcionalidad puesto que se viola también el principio de igualdad
de sanción que figura en el punto 1 A, párrafo séptimo, de las Directrices. Sostienen que la Comisión no tuvo en cuenta la
capacidad económica o contributiva de las empresas que se aprecia con respecto a su volumen de negocios global.
En tercer lugar, según las demandantes, el «sistema de categorización» establecido por las Directrices es anormalmente desventajoso
para las pequeñas y medianas empresas, lo que, a su juicio, confirma el miembro de la Comisión encargado de cuestiones de
competencia así como la propia Comisión.
En cuarto lugar, sostienen que la multa que se les impuso es completamente desproporcionada en relación con el tamaño del
mercado. Así, consideran que la Comisión violó los principios de la adecuación de las penas y el de proporcionalidad. En efecto,
las demandantes recuerdan que las decisiones que imponen una multa persiguen objetivos tanto represivos como preventivos y
que las penas no pueden, por tanto, ir más allá de lo necesario para garantizar la «resocialización» del autor. De ello se
desprende, a su juicio, que cuanto más reducido sea el volumen de negocios afectado por la infracción respecto del volumen
de negocios global de una empresa, tanto más debe alejarse la sanción del límite del 10 %.
A continuación, las demandantes invocan, apoyándose en datos numéricos, la violación del principio de igualdad de trato entre
ellas y Coats, tanto en lo que respecta al importe de base de la multa que al importe final de la misma. En efecto, sostienen
que la Comisión no tuvo en cuenta el tamaño reducido de Amann desde un punto de vista absoluto e incurrió, así, en error de
Derecho al incluirla en el mismo grupo que Coats. Además, según las demandantes, la propia Comisión partió del principio de
la posición preponderante de Coats, pero no mencionó en la Decisión impugnada el modo en que la tuvo en cuenta.
A su juicio, la Comisión tiene la obligación de tener en cuenta el tamaño de las otras empresas implicadas, ya que el tamaño
y el poder económico de las empresas constituyen elementos de apreciación de idéntica valía que deben tenerse en cuenta en
el marco de la fijación del importe de la multa, además de otros criterios.
La Comisión rechaza este motivo.
b)      Apreciación del Tribunal
Sobre la violación del principio de proporcionalidad
Es preciso recordar que el principio de proporcionalidad exige que los actos de las instituciones comunitarias no rebasen
los límites de lo que resulte apropiado y necesario para conseguir el objetivo perseguido. En el contexto del cálculo de las
multas, la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores y no hay que atribuir a
ninguno de estos factores una importancia desproporcionada en relación con los demás elementos de apreciación. El principio
de proporcionalidad implica en este contexto que la Comisión debe fijar la multa en proporción a los elementos tenidos en
cuenta para apreciar la gravedad de la infracción y, a este respecto, debe aplicar dichos elementos de forma coherente y justificada
objetivamente (sentencia del Tribunal, de 27 de septiembre de 2006, Jungbunzlauer/Comisión, T‑43/02, Rec. p. II‑3435, apartados
226 a 228).
–      En cuanto a la alegación basada en la falta de toma en consideración del tamaño del mercado
Las demandantes reprochan equivocadamente a la Comisión el haber fijado multas desproporcionadas a la luz del tamaño de los
mercados afectados.
En efecto, procede recordar que, con arreglo al artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, la Comisión puede imponer
a las empresas multas por un importe que no exceda del 10 % del volumen de negocios realizado durante el ejercicio social
anterior por cada empresa que hubiere tomado parte en la infracción. Para determinar el importe de la multa dentro de dicho
límite, el apartado 3 de dicha disposición establece que se debe tomar en consideración la gravedad y la duración de la infracción.
Además, con arreglo a las Directrices, la Comisión fija el importe de partida en función de la gravedad de la infracción teniendo
en cuenta la naturaleza misma de la infracción, sus repercusiones concretas sobre el mercado, siempre y cuando se puedan determinar,
y la dimensión del mercado geográfico.
Así, ni el Reglamento nº 1/2003, ni las Directrices, establecen que el importe de las multas deba fijarse directamente en
función del tamaño del mercado afectado, ya que dicho elemento no es más que un elemento pertinente entre otros. Por tanto,
este marco jurídico no obliga, como tal, a la Comisión a tener en cuenta el tamaño reducido del mercado del producto (véase,
por analogía, la sentencia del Tribunal de 27 de septiembre de 2006, Roquette Frères/Comisión, T‑322/01, Rec. p. II‑3137,
apartado 148).
No obstante, según la jurisprudencia, para apreciar la gravedad de una infracción, la Comisión ha de tener en cuenta gran
número de elementos cuyo carácter e importancia varían según el tipo de infracción de que se trate y las circunstancias particulares
de cada infracción (sentencia Musique Diffusion française y otros/Comisión, citada en el apartado 155
supra,
apartado 120). Entre dichos elementos indicativos de la gravedad de una infracción, no puede excluirse que pueda figurar,
según cada caso, el tamaño del mercado del producto de que se trate.
Por consiguiente, aunque el tamaño del mercado pueda constituir un elemento que ha de tomarse en consideración para determinar
la gravedad de la infracción, su importancia varía en función de las circunstancias particulares de la infracción de que se
trate.
En el caso de autos, la infracción en el mercado del hilo destinado a la industria del automóvil consistió principalmente
en la fijación de precios indicativos para los productos de base vendidos a la clientela del automóvil europea, el intercambio
de información sobre los precios aplicables a determinados clientes, el acuerdo sobre la fijación de los precios indicativos
mínimos para dichos clientes y el acuerdo destinado a evitar la competencia en los precios en beneficio del proveedor dominante
(Decisión impugnada, considerandos 215 y 420). En lo que respecta a la infracción en el mercado del hilo industrial, ésta
consistió esencialmente en el intercambio de información delicada sobre las listas de precios y/o los precios cobrados a clientes
individuales, en ponerse de acuerdo sobre los incrementos de precios y/o los precios indicativos, en evitar la competencia
en los precios en beneficio del proveedor dominante y en repartirse los clientes (Decisión impugnada, considerandos 99 a 125
y 345).
Tales prácticas constituyen restricciones horizontales del tipo «cárteles de precios» en el sentido de las Directrices y son,
por su naturaleza, «muy graves». A este respecto, procede señalar que las demandantes no niegan la naturaleza muy grave de
la infracción cometida durante dos años en el mercado del hilo destinado a la industria del automóvil en el EEE, por un lado,
ni la naturaleza muy grave de la cometida durante más de diez años en el mercado del hilo industrial en el Benelux y en los
países nórdicos, por otro lado. En este contexto la pequeña dimensión de los mercados en cuestión, suponiendo que sea cierta,
tiene poca importancia con respecto a los demás elementos que confirman la gravedad de la infracción.
En todo caso, procede tener en cuenta que la Comisión estimó que las infracciones debían calificarse de muy graves en el sentido
de las Directrices, las cuales establecen, para tales casos, que la Comisión puede prever un importe de partida superior a
los 20 millones de euros. Sin embargo, en lo que respecta a la infracción en el mercado del hilo destinado a la industria
del automóvil, la Comisión estableció un importe de partida, determinado en función de la gravedad de la infracción, de 5 millones
de euros para las demandantes y de 1,3 millones de euros para las demás empresas (Decisión impugnada, considerando 432 a 435).
Asimismo, en lo que respecta a la infracción en el mercado del hilo industrial, la Comisión estableció un importe de partida
de 14 millones de euros para las empresas que pertenecían a la primera categoría (entre las que figura Amann), de 5,2 millones
de euros para las que pertenecían a la segunda categoría, de 2,2 millones de euros para las incluidas en la tercera categoría
y de 0,1 millón de euros para la incluida en la cuarta categoría (Decisión impugnada, considerando 358).
De ello se desprende que los importes que sirvieron de punto de partida para el cálculo de las multas impuestas a las demandantes
correspondían a un importe claramente inferior al que la Comisión habría podido prever para las infracciones muy graves en
virtud de las Directrices.
A la luz de estas consideraciones procede desestimar la alegación de las demandantes basada en el carácter desproporcionado
de las multas impuestas a las demandantes según el tamaño del mercado del hilo destinado a la industria del automóvil en el
EEE, por un lado, y el del mercado del hilo industrial en el Benelux y en los países nórdicos, por otro.
–      En cuanto a la alegación basada en la toma en consideración exclusiva del volumen de negocios en los mercados afectados por
las infracciones
Las demandantes invocan erróneamente una violación del principio de proporcionalidad basándose en que la Comisión se refirió
supuestamente de manera exclusiva al volumen de negocios de las empresas en los mercados afectados por los productos de que
se trata para determinar el importe de partida de las multas y que, en consecuencia, no tuvo en cuenta la diferencia de tamaño
de las empresas implicadas.
En primer lugar, en lo que respecta al reproche que se hace a la Comisión de que se basó en el volumen de negocios de las
empresas implicadas en los mercados afectados, procede recordar que, para la fijación del importe de partida de las multas,
determinado en función de la gravedad de la infracción, la Comisión consideró necesario llevar a cabo un tratamiento diferenciado
de las empresas implicadas en los cárteles para tener en cuenta la capacidad económica efectiva de los infractores de causar
un daño significativo a la competencia así como fijar una multa en un nivel que garantizase un efecto disuasorio suficiente.
Añadió que era necesario tener en cuenta el peso específico de cada empresa, y, por tanto, el impacto real de su comportamiento
ilícito sobre la competencia. Para la apreciación de estos elementos, la Comisión optó por basarse en el volumen de negocios
realizado por cada empresa en los mercados de referencia para los productos afectados por los cárteles.
En consecuencia, y tal como se ha señalado en el apartado 179 anterior, la Comisión repartió las empresas implicadas en dos
categorías en lo que respecta a la infracción en el mercado del hilo destinado a la industria del automóvil. Las demandantes
fueron incluidas en la primera categoría habida cuenta de su volumen de negocios de 8,55 millones de euros. Oxley, Coats et
Barbour, fueron incluidas en la segunda categoría según su volumen de negocios, situado entre 1 y 3 millones de euros. En
lo que respecta a la infracción en el mercado del hilo industrial, la Comisión repartió las empresas en cuatro categorías.
Amann y Coats, fueron incluidas en la primera categoría habida cuenta de su volumen de negocios situado entre 14 y 18 millones
de euros. BST, fue incluida en la segunda categoría debido a su volumen de negocios situado entre 5 y 8 millones de euros.
Gütermann, Barbour et Bieze Stork, fueron incluidas en la tercera categoría en consideración de su volumen de negocios situado
entre 2 y 4 millones de euros, y Zwicky fui incluida en la cuarta categoría, habida cuenta de su volumen de negocios situado
entre 0 y 1 millón de euros.
Sobre la base de las anteriores consideraciones, la Comisión utilizó un importe de partida, determinado en función de la gravedad
de la infracción, de 5 millones para las demandantes en lo que respecta a la primera infracción (Decisión impugnada, considerandos
432 a 435) y de 14 millones de euros para Amann en lo que respecta a la segunda infracción (Decisión impugnada, considerandos
356 a 358).
Con carácter preliminar, procede recordar que las Directrices no prevén que el importe de las multas se calcule en función
del volumen de negocios global o del volumen de negocios realizado por las empresas en el mercado afectado. Sin embargo, y
siempre que la elección realizada por la Comisión no adolezca de un error manifiesto de apreciación, las Directrices no se
oponen a que se tengan en cuenta dichos volúmenes de negocios para determinar el importe de la multa, a fin de respetar los
principios generales del Derecho comunitario y cuando las circunstancias así lo exijan (sentencia del Tribunal de 29 de abril
de 2004, Tokai Carbon y otros/Comisión, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 y T‑252/01, Rec. p. II‑1181; en
lo sucesivo, «sentencia Tokai I», apartado 195). Así, el volumen de negocios puede tenerse en cuenta al tomar en consideración
los diferentes criterios de apreciación, como son la capacidad económica efectiva de los autores de la infracción para infligir
un daño importante a los demás operadores, sobre todo a los consumidores, y fijar un importe que dote a la multa de un carácter
lo suficientemente disuasorio. La Comisión también puede tomarlo en consideración para apreciar el peso específico y, por
tanto, las repercusiones reales del comportamiento ilícito de cada empresa sobre la competencia, sobre todo cuando existe
una disparidad considerable en cuanto a la dimensión de las empresas responsables de una infracción de la misma naturaleza
(sentencia del Tribunal de 9 de julio de 2003, Cheil Jedang/Comisión, T‑220/00, Rec. p. II‑2473, apartado 82).
En lo que respecta a la elección que puede realizar la Comisión entre uno u otro volumen de negocios, de la jurisprudencia
resulta que, en el marco del análisis realizado para determinar el importe de una multa por infracción de las normas comunitarias
de la competencia, de la capacidad económica efectiva de las sociedades infractoras de causar un daño significativo a la competencia,
lo que exige una valoración de la importancia real de dichas empresas en el mercado afectado, es decir, de su influencia en
el mismo, el volumen de negocios global sólo ofrece una visión incompleta de la situación. En efecto, no puede descartarse
que una empresa importante, con numerosas actividades diferentes, tenga sólo una posición accesoria en un mercado de productos
específico. Igualmente, puede suceder que una empresa con una posición importante en un mercado geográfico extracomunitario
ocupe una posición débil en el mercado comunitario o en el del EEE. En tales casos, el mero hecho de que la empresa de que
se trate realice un volumen global de negocios considerable no significa necesariamente que ejerza una influencia decisiva
en el mercado afectado por la infracción. Ésta es la razón por la que, aunque es cierto que el volumen de negocios de una
empresa realizado en los mercados afectados no puede ser determinante para concluir que pertenece a una entidad económica
pujante, sí es pertinente, en cambio, para determinar la influencia que dicha empresa haya podido ejercer en el mercado (véanse,
en este sentido, las sentencias del Tribunal de 29 de noviembre de 2005, SNCZ/Comisión, T‑52/02, Rec. p. II‑5005, apartado
65, y Union Pigments/Comisión, T‑62/02, Rec. p. II‑5057, apartado 152).
En este sentido, según reiterada jurisprudencia, la parte del volumen de negocios correspondiente a las ventas de los productos
a los que afecta la infracción puede dar una indicación de la amplitud de la infracción en el mercado de que se trate (sentencias
Cheil Jedang/Comisión, citada en el apartado 186
supra,
apartado 91, y de 9 de julio de 2003, Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión, T‑224/00, Rec.
p. II‑2597, apartado 196). En efecto, este volumen de negocios puede dar una indicación adecuada de la responsabilidad de
cada empresa en dichos mercados dado que constituye un elemento objetivo que ofrece una justa medida de la nocividad de esta
práctica para el juego normal de la competencia y representa, por tanto, un buen indicador de la capacidad de cada empresa
implicada para crear un daño.
Habida cuenta de estas consideraciones, la Comisión no violó el principio de proporcionalidad al privilegiar el volumen de
negocios realizado en los mercados afectados y para los productos en cuestión a la hora de determinar los importes de partida
utilizados en el marco del cálculo de las multas impuestas a las demandantes.
En segundo lugar, a la luz de las anteriores consideraciones, tampoco es pertinente el reproche que se hace a la Comisión
de que no tuvo en cuenta el tamaño de las empresas afectadas determinado por su volumen de negocios global al fijar el importe
de las multas.
En efecto, procede recordar que las Directrices establecen que es necesario tomar en consideración la capacidad económica
efectiva de los autores de la infracción para infligir un daño importante a los demás operadores, sobre todo a los consumidores,
y fijar un importe que dote a la multa de un carácter lo suficientemente disuasorio (punto 1, sección A, párrafo cuarto).
Dichas Directrices añaden que, en los casos en que sean varias las empresas implicadas, como ocurre en los cárteles, puede
resultar conveniente ponderar el importe de partida general para tomar en consideración el peso específico y, por tanto, las
repercusiones reales del comportamiento ilícito de cada empresa sobre la competencia, sobre todo cuando existe una disparidad
considerable en cuanto a la dimensión de las empresas responsables de una infracción de la misma naturaleza, y adaptar en
consecuencia el importe de partida general a las características específicas de cada empresa (punto 1, sección A, párrafo
sexto) (sentencia Cheil Jedang/Comisión, citada en el apartado 186
supra,
apartado 81).
Por otro lado, tal como se ha puesto de manifiesto en el apartado 186 anterior, las Directrices no prevén que el importe de
las multas se calcule en función del volumen de negocios global de las empresas implicadas, pero tampoco se oponen a que este
volumen de negocios se tenga en cuenta para dicho cálculo siempre que se respeten los requisitos mencionados en el referido
apartado de la presente sentencia.
En el caso de autos, tal como se ha señalado en los apartados 183 a 189 anteriores, la elección de la Comisión de referirse
al volumen de negocios en los mercados de referencia para determinar la capacidad de cada empresa implicada para infligir
un daño era coherente y estaba objetivamente justificada. De este modo, la Comisión perseguía igualmente un objetivo disuasorio
en la medida en que ponía de manifiesto que penalizaría más severamente a las empresas que hubiesen participado en un cártel
en un mercado en el que tuviesen un peso importante.
De ello se desprende que también debe desestimarse la alegación basada en el carácter desproporcionado de las multas respecto
de los volúmenes de negocios respectivos de las demandantes. En efecto, las demandantes, no pueden concluir válidamente que
el importe final de la multa que se les ha impuesto es desproporcionado, dado que el importe de partida de sus multas está
justificado a la luz de los criterios empleados por la Comisión para apreciar la importancia de cada una de las empresas en
el mercado en cuestión (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 20 de marzo de 2002, LR AF 1998/Comisión,
T‑23/99, Rec. p. II‑1705, apartado 304, y de 5 de diciembre de 2006, Westfalen Gassen Nederland/Comisión, T‑303/02, Rec. p. II‑4567,
apartado 185).
–      Sobre el «sistema de categorización» establecido por las Directrices
Las críticas expresadas por las demandantes en contra del «sistema de categorización» establecido por las Directrices carecen
de pertinencia.
En efecto, según reiterada jurisprudencia, el método consistente en agrupar a los miembros de un cártel en categorías para
fijar el importe de las multas impuestas a los distintos participantes en un cártel, lo que da lugar a que se fije un importe
de partida idéntico para las empresas pertenecientes a una misma categoría, si bien ignora las diferencias de tamaño entre
las empresas de una misma categoría, no puede censurarse siempre que se respeten los principios de proporcionalidad y de igualdad
de trato (sentencias del Tribunal de 19 de marzo de 2003, CMA CGM y otros/Comisión, T‑213/00, Rec. p. II‑913, apartado 385,
de 15 de marzo de 2006, Daiichi Pharmaceutical/Comisión, T‑26/02, Rec. p. II‑713, apartados 83 a 85, y de 15 de marzo de 2006,
BASF/Comisión, T‑15/02, Rec. p. II‑497, apartado 150). Siempre que se respeten estos principios, no corresponde al Tribunal
General pronunciarse sobre la oportunidad de tal sistema, incluso suponiendo que cree una desventaja para las empresas de
menor tamaño. El Tribunal, en el marco de un control de legalidad del ejercicio de la facultad de apreciación de que dispone
la Comisión en la materia, debe, en efecto, limitarse a controlar que la distribución de los miembros de un cártel por categorías
sea coherente y esté objetivamente justificada, sin que su apreciación sustituya desde un principio a la de la Comisión (sentencia
de 15 de marzo de 2006, BASF/Comisión, antes citada, apartado 157).
–      Sobre la falta de toma en consideración de la situación de las demandantes en tanto «empresa mediana»
La alegación según la cual la Comisión debería haber tenido en cuenta el hecho de que las demandantes son empresas medianas
carece de pertinencia.
En efecto, procede recordar que, puesto que la Comisión no está obligada a calcular el importe de la multa partiendo de importes
basados en el volumen de negocios de las empresas implicadas, tampoco está obligada a garantizar que, en el caso de que se
impongan multas a varias empresas implicadas en una misma infracción, los importes definitivos de las multas a las empresas
implicadas resultantes de sus cálculos reflejen cualquier diferencia existente entre ellas en cuanto a su volumen de negocios
global o a su volumen de negocios en el mercado del producto de que se trate (sentencia del Tribunal de 20 de marzo de 2002,
Dansk Rørindustri /Comisión, T‑21/99, Rec. p. II‑1681, apartado 202).
A este respecto, procede señalar que el artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003 tampoco exige que, en el supuesto
de que se impongan multas a varias empresas implicadas en una misma infracción, el importe de la multa impuesta a una empresa
pequeña o mediana no sea superior, en porcentaje de volumen de negocios, al de las impuestas a las empresas más grandes. En
efecto, de dicho precepto se desprende que, tanto en el caso de las empresas pequeñas o medianas como en el de las de mayor
tamaño, procede tener en cuenta, para calcular el importe de la multa, la gravedad y la duración de la infracción. En la medida
en que la Comisión imponga a cada una de las empresas implicadas en la misma infracción una multa que esté justificada en
función de la gravedad y en la duración de la infracción, no puede reprochársele que las cuantías de las multas de algunas
de ellas sean superiores, en porcentaje del volumen de negocios, a las de las otras empresas (véanse, en este sentido, las
sentencias de 20 de marzo de 2002, Dansk Rørindustri/Comisión, citada en el apartado 198
supra,
apartado 203, y Westfalen Gassen Nederland/Comisión, citada en el apartado 194
supra,
apartado 174).
Así, la Comisión no está obligada a reducir el importe de las multas cuando las empresas afectadas son pequeñas y medianas
empresas. En efecto, el tamaño de la empresa ya se tiene en cuenta a través del límite fijado en el artículo 15, apartado
2, del Reglamento nº 17, en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 y de lo establecido en las Directrices. Más
allá de lo anterior, no existe razón alguna para tratar a las pequeñas y medianas empresas de forma diferente que al resto
de empresas. El hecho de que las empresas afectadas sean pequeñas y medianas empresas no las exime de su deber de cumplir
las reglas de competencia (véase, por analogía, la sentencia SNCZ/Comisión, citada en el apartado 187
supra,
apartado 84).
Por todos estos motivos, también debe desestimarse la alegación basada en la supuesta violación del principio de igualdad
de sanciones.
Sobre la violación del principio de igualdad de trato
En lo que respecta a la supuesta violación del principio de igualdad de trato, procede señalar que la distribución por categorías
debe respetar el principio según el cual está prohibido tratar situaciones comparables de manera diferente y situaciones diferentes
de manera idéntica, a menos que tal trato esté justificado objetivamente. Desde este punto de vista, las Directrices establecen,
en su punto 1, sección A, párrafo sexto, que una disparidad considerable en cuanto a la dimensión de las empresas responsables
de una infracción de la misma naturaleza puede, en particular, justificar una diferenciación en cuanto a la apreciación de
la gravedad de la infracción.
La distribución en grupos puede infringir el principio de igualdad de trato, ya sea por tratar de manera diferente, entre
los distintos grupos, a empresas que se hallan en una situación comparable, ya sea por tratar de manera idéntica, dentro de
cada grupo, a empresas que se hallan en una situación diferente. En el caso de autos, las demandantes reprochan ambos casos,
el primero en el marco del cártel en el mercado del hilo destinado a la industria del automóvil, el segundo en el marco del
cártel en el mercado del hilo industrial en el Benelux y los países nórdicos. Por tanto, es preciso examinar si existen diferencias
de trato entre las empresas y si, en su caso, están objetivamente justificadas (véase, en este sentido, la sentencia CMS CGM
y otros/Comisión, citada en el apartado 196
supra,
apartados 407 y 408).
Ha quedado acreditado que existe una diferencia de tamaño considerable entre las demandantes y Coats. Puesto que se les aplicó,
en lo que respecta al cártel en el mercado del hilo destinado a la industria del automóvil en el EEE, un importe de partida
diferente debido a su clasificación en dos categorías diferentes, y, en lo que respecta al cártel en el mercado del hilo industrial
del Benelux y de los países nórdicos, un importe de partida idéntico debido a su clasificación en el mismo grupo, procede
examinar si la diferencia de trato puede estas justificada objetivamente debido a la preeminencia que se otorga a la importancia
respectiva de las empresas en el mercado de referencia (determinada por el volumen de negocios realizado en el mercado de
referencia para el producto afectado) respecto del tamaño de las empresas (determinada por el volumen de negocios global).
A este respecto, el Tribunal ya ha declarado que es coherente y está objetivamente justificado clasificar, en un mismo grupo,
a varias empresas, una de las cuales poseía un volumen de negocios claramente, e incluso «sensiblemente», inferior al de las
demás empresas, sobre la base de sus volúmenes de negocios en el mercado afectado y de sus cuotas de mercado muy similares,
y aplicarles un importe de partida específico idéntico. Así, el Tribunal consideró que la Comisión no violó, en modo alguno,
el principio de igualdad de trato (véase, en este sentido, las sentencias Cheil Jedang/Comisión, citada en el apartado 186
supra,
apartados 104 a 115, y Union Pigments/Comisión, citada en el apartado 187
supra,
apartados 155 a 158).
En el caso de autos se impone la misma conclusión. En efecto, tal como se ha señalado más arriba, en lo que respecta al mercado
del hilo destinado a la industria del automóvil, las demandantes y Coats fueron incluidas respectivamente en la primera y
en la segunda categoría debido a que el volumen de negocios de las demandantes realizado en dicho mercado era aproximadamente
cinco veces superior al de Coats. Asimismo, en lo que respecta al mercado del hilo industrial, Amann y Coats fueron incluidas
en la misma categoría porque su volumen de negocios realizado en dicho mercado era muy similar. Así, es coherente y está objetivamente
justificada la distribución de dichas empresas con arreglo a este criterio.
De ello se desprende que la Comisión no ha cometido una violación del principio de igualdad de trato.
A la luz de las anteriores consideraciones, debe desestimarse el motivo basado en la violación de los principios de proporcionalidad
y de igualdad de trato.
3.
Sobre el motivo, invocado por Amann, basado en la fijación errónea del importe de partida de la multa impuesta por el cártel
relativo al hilo industrial
a)      Alegaciones de las partes
Amann sostiene que la Comisión infringió las Directrices al incluirla en la misma categoría que Coats.
En efecto, sostienen, en primer lugar, que la Comisión se basó exclusivamente en el volumen de negocios realizado en el año
2000 con los productos afectados por el cartel en el mercado del hilo industrial para diferenciar ambas empresas. Ahora bien,
a su juicio, no tuvo en cuenta el hecho de que Coats adquirió todas las participaciones de Barbour en 1999 y que, en consecuencia,
su volumen de negocios debería haberse sumado al de Barbour a la hora de diferenciarlas.
A continuación consideran que, puesto que la Comisión indicó únicamente un abanico del volumen de negocios para ambas empresas
(de 2 a 4 millones de euros para una, y de 14 a 18 millones de euros para la otra), Amann estimó que no estaba capacitada
para determinar el importe exacto de dicho volumen de negocios. Ahora bien, según Amann, la Comisión debería haber sido especialmente
cuidadosa al fijar el importe de partida de la multa, puesto que el sistema de categorización para el cálculo de las multas
establecido por las Directrices no tiene en cuenta, en definitiva, las diferencias de tamaño de las empresas. Amann afirma
que el método utilizado para repartir a las empresas en los diferentes grupos debe ser correcto, coherente y no discriminatorio.
A su juicio, la Comisión no respetó estas obligaciones que se derivan del principio de igualdad de trato. Además, Amann estima
que, al disponer únicamente de abanicos de volúmenes de negocios, no puede saber si la Comisión actuó de manera correcta,
coherente y no discriminatoria al determinar el importe de partida de la multa. En esta medida, invoca igualmente la infracción
del artículo 253 CE.
Por último, sostiene que la Comisión concedió una importancia desproporcionada al volumen de negocios proveniente de la venta
de los productos objeto de la infracción respecto de otros elementos de apreciación.
La Comisión sostiene que este motivo carece de fundamento.
b)      Apreciación del Tribunal
En primer lugar, procede examinar la alegación de Amann según la cual la Comisión no actuó de manera correcta, coherente y
no discriminatoria al repartir a las empresas en los diferentes grupos y al determinar el importe de partida de la multa.
Con carácter preliminar, procede desestimar la alegación de Amann según la cual la Comisión no tuvo en cuenta el volumen de
negocios de Barbour, cuyas participaciones habían sido adquiridas por Coats en septiembre de 1999, al establecer los diferentes
importes de partida.
En efecto, en su contestación de 11 de abril de 2005 a la solicitud de información de la Comisión, Coats explicó que, desde
septiembre de 1999, Barbour no había explotado ninguna empresa operacional ni había realizado ningún volumen de negocios.
Por tanto, el volumen de negocios de 14 a 18 millones de euros del año 2000 realizado por Coats en el mercado del hilo industrial
del Benelux y de los países nórdicos incluye tanto la actividad comercial de Coats como la actividad de Barbour adquirida
por Coats en septiembre de 1999, y en consecuencia, no está sujeta a crítica alguna.
A continuación, procede recordar que la Comisión consideró necesario llevar a cabo un trato diferenciado de las empresas implicadas
en el cártel para tener en cuenta la capacidad económica efectiva de los infractores de causar un perjuicio considerable a
la competencia, así como fijar una multa en un nivel que garantizase un efecto disuasorio suficiente. Añadió que era necesario
tener en cuenta el peso específico del comportamiento ilícito de cada empresa, y, por tanto, de sus repercusiones reales sobre
la competencia (Decisión impugnada, considerandos 354 y 355). Para la apreciación de estos elementos, la Comisión optó por
basarse en el volumen de negocios realizado por cada empresa en el mercado del hilo industrial en el último año de la infracción,
a saber, el año 2000, según se desprende de la tabla que figura en el considerando 356 de la Decisión impugnada.
En consecuencia, tal como se ha señalado en el apartado 184 anterior, repartió las empresas en cuatro categorías, incluyó
a Amann y a Coats en la primera categoría y se basó en un importe de partida de 14 millones de euros para ambas empresas.
A este respecto, el Tribunal General, en el marco de su control de legalidad sobre el ejercicio de la facultad de apreciación
de la Comisión, debe limitarse a controlar que dicho reparto sea coherente y esté justificado objetivamente (véase, la sentencia
BASF/Comisión, citada en el apartado 196
supra,
apartado 157, y la jurisprudencia citada).
Procede considerar a este respecto que una distribución de las empresas en cuatro categorías no es una forma irracional de
valorar su importancia relativa en el mercado a efectos de fijar el importe de partida, siempre y cuando no dé como resultado
una imagen burdamente deformada del mercado de que se trate. En el caso de autos, no puede considerarse
a priori
que el método de la Comisión, consistente en determinar las categorías en función del volumen de negocios realizado en el
mercado de referencia para el producto afectado, respectivamente, de 14 a 18 millones de euros, de 5 a 8 millones de euros,
de 2 a 4 millones de euros y de 0 a 1 millón de euros, carezca de coherencia interna.
Las críticas de Amann en cuanto al método de determinación de las categorías y de la fijación del importe de partida de la
multa para cada una de ellas son tanto más infundados que, en lo que respecta a la categoría en la que se encuentra Amann,
el importe de 14 millones de euros elegido como importe de partida para el cálculo de la multa era el menos elevado de dicha
categoría.
A este respecto, debe desestimarse la alegación de Amann según la cual no debería haber sido incluida en la misma categoría
que Coats debido al motivo alegado de que sus volúmenes de negocios respectivos en el mercado del hilo industrial presentaban
una diferencia de al menos 2 millones de euros y que otras empresas que presentaban una diferencia similar habían sido incluidas
en categorías diferentes. En efecto, procede observar que en su sentencia de 14 de julio de 2005, Acerinox/Comisión (C‑57/02 P,
Rec. p. I‑6689, apartados 74 a 80), a la que acertadamente se refiere la Comisión, el Tribunal de Justicia admitió la clasificación,
en una misma categoría, de empresas cuya diferencia entre las cuotas de mercado era mayor a la existente en el caso de autos.
Por último, habida cuenta de las consideraciones recogidas en los apartados 182 a 194 anteriores, procede desestimar la alegación
de Amann basada en que la Comisión otorgó una importancia desproporcionada al volumen de negocios proveniente de la venta
de los productos objeto de la infracción respecto de los demás elementos de apreciación.
En consecuencia, la Comisión actuó de manera correcta, coherente y no discriminatoria al repartir a las empresas en los diferentes
grupos y determinar el importe de partida de la multa.
En segundo lugar, Amann invoca erróneamente el incumplimiento de la obligación de motivación debido a que dispuso únicamente
de abanicos del volumen de negocios y, en consecuencia, no pudo conocer la manera en la que la Comisión determinó los importes
de partida en función de dichas cifras.
En efecto, por un lado, según la jurisprudencia, a la hora de determinar el importe de la multa en caso de infracción de las
normas de la competencia, las exigencias del requisito sustancial de forma que constituye la obligación de motivación se cumplen
cuando la Comisión indica, en su Decisión, los elementos de apreciación que le han permitido determinar la gravedad de la
infracción, así como su duración (sentencia del Tribunal de 30 de septiembre de 2003, Atlantic Container Line y otros/Comisión,
T‑191/98, T‑212/98 a T‑214/98, Rec. p. II‑3275, apartado 1521). Estas exigencias no imponen a la Comisión la obligación de
indicar en su decisión los datos numéricos relativos al método de cálculo de las multas, y cabe subrayar, en cualquier caso,
que la Comisión no puede renunciar a su facultad de apreciación, utilizando exclusiva y mecánicamente una serie de fórmulas
aritméticas. Por lo que respecta a una decisión por la que se imponen multas a varias empresas, el alcance de la obligación
de motivación debe apreciarse, en particular, a la luz del hecho de que la gravedad de las infracciones debe determinarse
en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto
y el alcance disuasorio de las multas, y ello sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que
deban tenerse en cuenta obligatoriamente (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij
y otros/Comisión, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, apartados
464 y 465).
En el caso de autos, de las anteriores consideraciones resulta que concurren los requisitos impuestos por la jurisprudencia,
puesto que la Comisión indicó que apreció la gravedad de la infracción aplicando los criterios de las Directrices y que, a
continuación, clasificó a las empresas en función de su importancia en el mercado determinada por su volumen de negocios en
el mismo y determinó un importe de partida que tiene en cuenta la extensión del mercado geográfico de referencia.
Por otro lado, la Comisión cumplió su obligación de motivación al indicar abanicos de volumen de negocios suficientemente
estrechos para permitir a Amann determinar el modo en que la Comisión fijó los importes de partida, garantizando, a la vez,
el secreto comercial.
En consecuencia, no puede reprocharse a la Comisión ningún incumplimiento de la obligación de motivación.
Por consiguiente, debe desestimarse por infundado el motivo basado en la fijación errónea del importe de partida de la multa
impuesta por el cártel relativo al hilo industrial.
4.
Sobre el motivo, invocado por Amann, basado en cálculo erróneo de la duración de la infracción en el mercado del hilo industrial
a)      Alegaciones de las partes
Según Amann, el cálculo de la duración de la infracción es erróneo.
En primer lugar, sostiene que la duración de la infracción cometida en el mercado del hilo industrial del Benelux y de los
países nórdicos fue únicamente de once años, y no de once años y nueve meses. Afirma que su última participación en la infracción
tuvo lugar en la reunión de 16 de enero de 2001 y no en la de 18 de septiembre de 2001, lo que, a su juicio, se ve confirmado
por el considerando 147 de la Decisión impugnada. Así, el importe de partida de la multa debía haber sido incrementado únicamente
en un 110 % como máximo, y no en un 115 %.
Además, Amann señala que, aunque se llegase a la conclusión, sobre la base de los contactos bilaterales que según Comisión
tuvieron lugar, de que estuvo implicada en los acuerdos controvertidos después del 16 de enero de 2001, sólo lo habría estado
hasta mayo del 2001. Así pues, a su juicio, la infracción se produjo durante un período máximo de once años y cuatro meses.
En segundo lugar, invocando a este respecto varias decisiones de la Comisión, Amann sostiene que el primer año de la infracción
no debería haberse tenido en cuenta en el incremento del importe de partida de la multa.
En tercer lugar, sostiene que la Comisión debería haber utilizado su facultad de apreciación para incrementar, en aplicación
del punto 1, sección B, párrafo segundo, de las Directrices el importe de partida aplicando un porcentaje bastante inferior
al 10 % por cada año de infracción, puesto que,
a priori,
los precios del hilo destinado a la industria textil no producen efectos nocivos duraderos respecto de los consumidores,
o lo hacen de manera muy reducida, ya que la parte del coste del hilo no representa más que un 0,15 % del coste de los productos
finales.
La Comisión niega todas estas alegaciones y, en consecuencia, solicita que se desestime el motivo por infundado.
b)      Apreciación del Tribunal General
Con arreglo al artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003, la duración de la infracción constituye uno de los elementos
que deben tomarse en consideración para determinar el importe de la multa que procede imponer a las empresas culpables de
infracciones de las normas sobre la competencia.
En lo que respecta al factor relativo a la duración de la infracción, las Directrices distinguen entre las infracciones de
corta duración (en general, inferior a un año), para las que no debe incrementarse el importe de partida establecido en función
de la gravedad; las infracciones de mediana duración (en general, de uno a cinco años), para las que dicho importe puede incrementarse
en un 50 %, y las infracciones de larga duración (en general, más de cinco años), para las que dicho importe puede incrementarse
en un 10 % por año (punto 1, sección B, párrafos primero y tercero).
Del considerando 359 de la Decisión impugnada resulta que Amann participó en el cártel del mercado del hilo industrial del
Benelux y de los países nórdicos de enero de 1990 a septiembre de 2001, es decir, un período infractor de once años y nueve
meses. Este período corresponde a una infracción de larga duración. En consecuencia, el importe de partida de la multa fue
incrementado en un 115 % debido a la duración de la infracción (considerandos 360 de la Decisión impugnada).
En primer lugar, el hecho de que Amann no participase en la reunión multilateral de 18 de septiembre de 2001 no basta para
demostrar que renunció a participar en la infracción después del 16 de enero del 2001, fecha de la última reunión multilateral
en la que estuvo presente.
Únicamente podría considerarse que su pertenencia al cártel cesó definitivamente si se hubiese distanciado públicamente del
contenido del mismo en la reunión de 16 de enero de 2001, lo que no hizo (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal
de 6 de abril de 1995, Tréfileurope/Comisión, T‑141/89, Rec. p. II‑791, apartado 85, y BPB de Eendracht/Comisión, citada en
el apartado 145
supra,
apartado 203).
Además, tal como se mencionó en el apartado 99 de la Decisión impugnada, el cártel del mercado del hilo industrial en el Benelux
y en los países nórdicos estaba organizado a la vez mediante reuniones multilaterales y mediante reuniones bilaterales. Pues
bien, Amann mantuvo efectivamente contactos bilaterales regulares después del 16 de enero de 2001. En efecto, del considerando
151 de la Decisión impugnada resulta que Amann y Coats se enviaron correos electrónicos destinados a intercambiar información
sobre los precios, lo que tampoco niega Amann.
El hecho de que los últimos correos electrónicos tengan fecha de mayo de 2001 no basta para considerar que Amann puso fin
a su participación en la infracción a partir del mes de junio de 2001.
A este respecto, procede señalar que, tal como se ha recordado en el apartado 27 anterior, el cártel consistió en el intercambio
de información sobre precios, descuentos y precios especiales, y en acuerdos sobre las futuras listas de precios, los descuentos
y los precios especiales, así como acuerdos destinados a evitar la competencia en los precios en beneficio del proveedor dominante
y a repartirse los clientes. Suponiendo que estuviera probado que tras los correos electrónicos de mayo de 2001, Amann dejó
de comunicar informaciones a los otros miembros del cártel, este mero hecho, no demuestra que hubiese dejado de participar
en el mismo (véase, en este sentido, al sentencia de 27 de septiembre de 2006, Archer Daniels Midland/Comisión, T‑329/01,
Rec. p. II‑3255, apartado 252).
De ello se desprende que la Comisión no incurrió en error de cálculo al aplicar un incremento del 5 % al importe de partida
de la multa impuesta a Amann por su participación en la infracción posteriormente a la reunión multilateral de 16 de enero
de 2001.
En segundo lugar, el método de cálculo consistente en no tener en cuenta el primer año de la infracción en el incremento de
la multa en función de la duración de la infracción no presenta las características de una práctica constante de la Comisión.
En efecto, dicho método no se ha aplicado en las decisiones más recientes de la Comisión. Además, procede señalar, como hizo
la Comisión, que las decisiones invocadas por Amann en apoyo su alegación se refieren a infracciones de duración media (hasta
cinco años), y por tanto, no son en modo alguno representativas de una supuesta práctica constante de la Comisión en la adopción
de decisiones en el caso de infracciones de larga duración. Además, la Comisión dispone en el ámbito de la fijación del importe
de multas de una amplia facultad de apreciación y no está vinculada por sus apreciaciones anteriores (véase, en este sentido,
la sentencia Michelin/Comisión, citada en el apartado 154
supra,
apartado 292).
Por otro lado, de la sentencia Cheil Jedang/Comisión (citada en el apartado 186
supra,
apartado 133), invocada por Amann, resulta, al contrario, que las disposiciones del punto 1, sección B, de las Directrices
no establecen en modo alguno que no deba tenerse en cuenta el primer año de infracción. En efecto, lo único que se establece
es que, en las infracciones de corta duración, en general inferior a un año, no se aplica ningún incremento. En cambio, en
las infracciones de mayor duración se aplica un incremento, que puede, por ejemplo, llegar a ser de hasta un 50 % cuando la
infracción haya durado entre uno y cinco años. El Tribunal General añadió que, si bien esta última disposición no prevé un
incremento automático de un 10 % por año en las infracciones de mediana duración, concede un margen de apreciación al respecto
a la Comisión. Lo mismo puede decirse, por otra parte, del punto 1, sección B, tercer guión, de las Directrices, relativo
a las infracciones de larga duración, donde se establece únicamente que el importe puede incrementarse en un 10 % por año
(sentencia Cheil Jedang/Comisión, antes citada, apartados 133 y 134). En la sentencia Cheil Jedang/Comisión, antes citada,
el motivo que llevó al Tribunal a considerar que no debía aplicarse un incremento del 10 % se basó únicamente en las particularidades
de dicho asunto, a saber, que, en su decisión, la Comisión había aplicado sin justificación alguna un porcentaje del 40 %
respecto de algunas empresas por una infracción de una duración de cinco años, siendo así que en el caso de la demandante
había aplicado un incremento del 30 % por una infracción de una duración de dos años y diez meses.
En tercer lugar, Amann sostiene erróneamente que la Comisión no se sirvió de su facultad de apreciación al aplicar de manera
automática la tasa máxima de incremento del 10 % por año de infracción, y, en consecuencia, no tuvo en cuenta el hecho de
que,
a priori,
el precio del hilo industrial no produce efectos nocivos duraderos respecto del consumidor, o lo hace de manera muy reducida.
Es preciso recordar que, aunque el punto 1, sección B, párrafo primero, tercer guión, de las Directrices no prevé un incremento
automático de un 10 % por año en las infracciones de larga duración, concede un margen de apreciación al respecto a la Comisión
(sentencias del Tribunal de 18 de junio de 2008, Hoechst/Comisión, T‑410/03, Rec. p. II‑881, apartado 396, y BPB/Comisión,
citada en el apartado 89
supra,
apartado 362).
En el caso de autos, resulta del apartado 239 anterior que la Comisión respetó las normas que ella misma se ha impuesto en
las Directrices al incrementar el importe de las multas establecido en función de la duración de la infracción. Habida cuenta
de los elementos del caso de autos, procede considerar que la Comisión se sirvió correctamente de su facultad de apreciación
al incrementar la multa en un 10 % por cada año en que se produjo al infracción.
Igualmente, según reiterada jurisprudencia, un incremento del importe de la multa en función de la duración no se limita al
supuesto de que exista una relación directa entre la duración y un mayor perjuicio causado a los objetivos comunitarios que
contemplan las normas sobre la competencia (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 12 de julio de 2001, Tate
& Lyle y otros/Comisión, T‑202/98, T‑204/98 y T‑207/98, Rec. p. II‑2035, apartado 106, y Michelin/Comisión, citada en el apartado
supra,
apartado 278).
En el caso de autos, de los considerandos 347 a 351 de la decisión impugnada resulta que la Comisión examinó los efectos nocivos
concretos del cártel en el mercado afectado. Llegó a la conclusión de que era difícil medirlos con precisión pero que el impacto
de los acuerdos concertados era real.
A la luz de la jurisprudencia y teniendo en cuenta los elementos del caso de autos, procede considerar que la Comisión no
incurrió en error manifiesto de apreciación al incrementar la multa en un 10 % por cada año de infracción.
En consecuencia, debe desestimarse el motivo basado en el cálculo erróneo de la duración de la infracción en el mercado del
hilo industrial.
5.
Sobre el motivo, invocado por Amann, basado en la falta de toma en consideración de algunas circunstancias atenuantes relativas
a la infracción en el mercado del hilo industrial
a)      Alegaciones de las partes
Amann invoca el beneficio de una circunstancia atenuante en virtud del punto 3, séptimo guión, de las Directrices debido a
su decisión unilateral de desistir de la infracción, por iniciativa propia y antes de las primeras intervenciones de la Comisión.
En efecto, sostiene que no tomó parte en ninguna reunión después del 16 de enero de 2001 y puso fin a todos los contactos
bilaterales a partir del mes de marzo del 2001. A este respecto, señala que, puesto que no invocó el punto 3, tercer guión,
de las Directrices, la jurisprudencia según la cual son las intervenciones de la Comisión las que deben haber incitado a las
empresas de que se trate a cesar sus comportamientos contrarios a la competencia no se opone en modo alguno a que se reconozca
una circunstancia atenuante. Amann considera que de este modo se expuso al riesgo de sanciones por parte de sus competidores,
en particular de Coats. Sostiene que lejos de ser teórico, dicho riego de represalias queda demostrado por los correos electrónicos
intercambiados con el representante de Coats, tal como confirmó BST en la comparecencia de los días 19 y 20 de julio de 2004.
A su juicio, la Comisión tampoco examinó dichas declaraciones, incumpliendo, así, su obligación de esclarecer los hechos.
Por otro lado, sostiene que al alegar que el cese de la infracción ya se tuvo en cuenta en la apreciación de su duración,
la Comisión hizo caso omiso del hecho de que la duración objetiva de una infracción debe distinguirse del aspecto subjetivo
del fin de la misma. No debería excluirse la toma en consideración de un comportamiento como circunstancia atenuante cuando
éste tiene efectos positivos para la empresa en lo que respecta a la duración de la infracción.
La Comisión se opone a estas alegaciones.
b)      Apreciación del Tribunal General
En primer lugar, procede recordar que las Directrices establecen, en su punto 3, la disminución del importe de base por «circunstancias
atenuantes específicas» como la función exclusivamente pasiva o subordinada en la comisión de la infracción, la no aplicación
efectiva de los acuerdos ilícitos, interrupción de las infracciones desde las primeras intervenciones de la Comisión u otras
circunstancias que no se mencionan explícitamente.
Procede señalar igualmente que dicho texto no enumera imperativamente las circunstancias atenuantes que la Comisión está obligada
a tener en cuenta. Por consiguiente, la Comisión conserva un cierto margen de apreciación para evaluar globalmente la magnitud
de una eventual reducción del importe de las multas en atención a las circunstancias atenuantes (sentencia del Tribunal de
8 de julio de 2004, Dalmine/Comisión, T‑50/00, Rec. p. II‑2395, apartado 326). Así, la Comisión no puede considerarse en absoluto
obligada a conceder, en el marco de su facultad de apreciación, una reducción de una multa por la finalización de una infracción
manifiesta, con independencia de que dicha finalización se haya producido antes o después de sus intervenciones (sentencia
Tokai II, citada en el apartado 93
supra,
apartado 292).
Es preciso además señalar que, según reiterada jurisprudencia, la interrupción de las infracciones desde las primeras intervenciones
de la Comisión, mencionada en el punto 3, tercer guión, de las Directrices, lógicamente sólo puede constituir una circunstancia
atenuante si existen motivos para pensar que las empresas implicadas fueron incitadas a interrumpir sus conductas contrarias
a la competencia por las intervenciones en cuestión. En efecto, resulta evidente que la finalidad de dicha disposición es
estimular a las empresas para que cesen sus conductas contrarias a la competencia cuando la Comisión inicia una investigación
al respecto. No cabe aplicar una reducción del importe de la multa por este concepto en el caso de que las empresas ya hubiesen
tomado la decisión definitiva de interrumpir la infracción antes de la fecha de las primeras intervenciones de la Comisión
o en el caso de que la infracción ya hubiese finalizado antes de dicha fecha. Esta última hipótesis se tiene en cuenta de
manera suficiente para el cálculo de la duración del período en que se considera que se produjo la infracción (véase, es este
sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007, Dalmine/Comisión, C‑407/04 P, Rec. p. I‑829, apartado
158; sentencias del Tribunal General de 8 de julio de 2004, Mannesmannröhren-Werke/Comisión, T‑44/00, Rec. p. II‑2223, apartados
280 y 281, y de 12 de diciembre de 2007, BASF/Comisión, citada en el apartado 91
supra,
apartado 128).
Por otro lado, procede recordar que Amann basa su derecho a beneficiarse de circunstancias atenuantes en el hecho de haber
decidido unilateralmente, tras la reunión de 16 de enero de 2001, no participar en ninguna reunión más y poner fin a todo
contacto bilateral. Ahora bien, tal como se ha declarado en los apartados 240 y siguientes anteriores, Amann siguió participando
en reuniones bilaterales tras dicha reunión multilateral.
Por estos mismos motivos debe igualmente desestimarse la alegación de Amann según la cual Coats desempeñó el papel de jefe
de filas en el cártel y profirió amenazas en su contra tras su decisión de no seguir participando en la infracción. A este
respecto, la alegación de la demandante basada en el incumplimiento de la obligación de esclarecer los hechos que se impone
a la Comisión es inoperante. En efecto, tal como resulta del apartado 261 anterior, el postulado del que parte la demandante
de que puso fin a su participación en la infracción tras la reunión de 16 de enero de 2001 es inexacto. Por lo tanto, no puede
sostener válidamente que el cese de la infracción tras dicha reunión tuvo como consecuencia exponerla a represalias por parte
de Coats y, en consecuencia, no puede invocar un incumplimiento de la obligación de esclarecer los hechos a este respecto.
Por último, incluso suponiendo que Amann hubiese finalizado antes su participación en la infracción, de la jurisprudencia
anteriormente citada resulta que la Comisión conserva un cierto margen para evaluar globalmente la magnitud de una eventual
reducción del importe de las multas en atención a las circunstancias atenuantes y no está en modo alguno obligada a conceder
tal reducción de la multa por la interrupción de una infracción manifiesta antes de sus intervenciones.
Por consiguiente, procede desestimar el presente motivo.
6.
Sobre el motivo, invocado por las demandantes, basado en el cálculo erróneo del importe de partida y del importe de base de
la multa impuesta por la infracción en el mercado del hilo destinado a la industria del automóvil
a)      Alegaciones de las partes
En primer lugar, las demandantes denuncian una fijación arbitraria del importe de partida de la multa impuesta por la infracción
en el mercado del hilo destinado a la industria del automóvil. En efecto, sostienen que la Decisión impugnada no permite conocer
el modo en que la Comisión calculó dicho importe ni sobre que base definió las categorías. En efecto, a su juicio, los importes
de partida (5 millones de euros para las demandantes y 1,3 millón de euros para las demás empresas implicadas) no corresponden
precisamente a los distintos volúmenes de negocios realizados con el producto objeto del cártel.
A continuación, sostienen que la Comisión no explicó el motivo por el que consideró a las demandantes como una unidad de empresas,
a diferencia de Coats y Barbour. A este respecto, consideran que las alegaciones de la Comisión en cuanto al ejercicio de
una fuerte influencia de Amann sobre Cousin antes de la adquisición de la mayoría de las participaciones de esta última no
son convincentes. Según las demandantes, la situación de Coats y Barbour debería haber sido apreciada del mismo modo que la
de las demandantes. A su juicio, las informaciones aportadas por Oxley en su repuesta al pliego de cargos demuestran igualmente
que la Comisión subestimó la importancia de «Coats/Barbour». Pues bien, las demandantes sostienen que no puede excluirse que
si la Comisión hubiese clasificado correctamente dichas empresas, habría llegado a otro importe de partida. A la luz de estas
observaciones, alegan que la Decisión impugnada carece de motivación.
Según las demandantes, la respuesta de la Comisión confirma su error de lógica, puesto que la participación de Barbour sólo
se tuvo en cuenta hasta su adquisición por Coats en septiembre de 1999 y que, tras dicha adquisición, no tuvo en cuenta más
que el volumen de negocios de Coats, siendo así que debería haber imputado igualmente a Coats el volumen de negocios realizado
por Barbour durante el año 1999. A su juicio, la cuantía de dicho volumen de negocios asciende a cerca de 6 millones de euros.
En consecuencia, las demandantes critican el hecho de que el importe de partida que se les aplicó fuese de 5 millones de euros
(puesto que su volumen de negocios acumulado ascendía a 8,55 millones de euros), siendo así que el importe de partida que
se aplicó a Coats ascendió únicamente a 1,3 millones de euros (cuyo volumen de negocios asciende a 6 millones de euros). Denuncian
igualmente el hecho de que el reparto en categorías realizado por la Comisión llevó a que se tuviera en cuenta su volumen
de negocios acumulado para todo el período, siendo así que, en el marco de la fijación del importe de la multa, no se tuvo
en cuenta el de Barbour a partir de su adquisición por Coats.
En segundo lugar, sostienen que el cálculo del importe de base en función de la duración de la infracción, de mayo/junio de
1998 al 15 de mayo de 2000, es decir, un año y once meses, y el incremento resultante del importe de partida de la multa en
un 15 % son erróneos.
Según las demandantes, no existen pruebas de que se celebrase una reunión en mayo/junio de 1998 ni de que ellas participasen.
Señalan que la única prueba en la que se basa la Comisión es la respuesta de Coats a la solicitud de información. Ahora bien,
a su juicio, esta respuesta de Coats se basa únicamente en un escrito de un antiguo colaborador. Por tanto, alegan que la
celebración de la referida reunión se basa únicamente en «habladurías» y la autenticidad del escrito suscita dudas que la
Comisión debería haber aclarado realizando verificaciones. Según las demandantes, la primera reunión no tuvo lugar hasta junio
de 1999. Sostienen que Oxley no pudo aportar la más mínima indicación sobre dicha reunión y Coats no pudo aportar ninguna
explicación precisa respecto de su participación. Asimismo, habida cuenta de la incertidumbre relativa a dicha reunión, las
demandantes reprochan a la Comisión no haber intentado clarificar en modo alguno dónde tuvo lugar dicha reunión. Por tanto,
consideran que el cálculo del importe de base de la multa debía hacerse únicamente a partir del 15 de abril de 1999.
La Comisión refuta este motivo.
b)      Apreciación del Tribunal
En primer lugar, procede examinar la alegación basada en la fijación arbitraria del importe de partida de la multa.
A este respecto, debe recordarse que las Directrices establecen, en primer lugar, la apreciación de la gravedad de la infracción
en cuanto tal, en virtud de la cual puede fijarse un «importe de partida general». Así, la gravedad de la infracción se determina
en función de elementos objetivos, como la naturaleza de la infracción, su impacto concreto en el mercado si éste puede medirse
y el alcance del mercado geográfico afectado. En segundo lugar, la gravedad de la infracción se analiza en relación con varios
elementos subjetivos. Así, se toman en consideración las características de la empresa afectada, en particular su dimensión
y su posición en el mercado pertinente, lo que puede dar lugar a la ponderación del importe de partida, a la clasificación
de las empresas en categorías y a la fijación de un «importe de partida específico». En tercer lugar, la duración de la infracción
se tiene en cuenta para fijar el importe de base, al igual que, en cuarto lugar, las circunstancias agravantes y atenuantes
que permiten evaluar, en particular, la gravedad relativa de la participación en la infracción de cada empresa implicada.
En lo que respecta, más especialmente, a los elementos objetivos a tener en cuenta para la fijación del importe de partida,
las Directrices disponen que es necesario tomar en consideración la capacidad económica efectiva de los autores de la infracción
para infligir un daño importante a los demás operadores, sobre todo a los consumidores, y fijar un importe que dote a la multa
de un carácter lo suficientemente disuasorio (punto 1, sección A, párrafo cuarto).
Según dichas Directrices, en los casos en que sean varias las empresas implicadas, como ocurre en los cárteles, puede resultar
conveniente ponderar el importe de partida general, a fin de tomar en consideración el peso específico y, por tanto, las repercusiones
reales del comportamiento ilícito de cada empresa sobre la competencia, sobre todo cuando existe una disparidad considerable
en cuanto a la dimensión de las empresas responsables de una infracción de la misma naturaleza, y adaptar en consecuencia
dicho importe de partida general a las características específicas de cada empresa (punto 1, sección A, párrafo sexto) (sentencia
Cheil Jedang/Comisión, citada en el apartado 186
supra,
apartado 81).
Procede señalar que las Directrices no prevén que el importe de las multas se calcule en función del volumen de negocios global
o del volumen de negocios de las empresas en el mercado de que se trate. Sin embargo, tampoco se oponen a que dichos volúmenes
de negocios se tengan en cuenta al determinar el importe de la multa, a fin de respetar los principios generales del Derecho
comunitario y cuando las circunstancias así lo exijan. Así, el volumen de negocios puede tenerse en cuenta al tomar en consideración
los diferentes criterios enumerados en los apartados 269 y 270 anteriores (sentencias Cheil Jedang/Comisión, citada en el
apartado 186
supra,
apartado 82, y Tokai I, citada en el apartado 186
supra,
apartado 195).
En el caso de autos, de los considerandos 418 y siguientes de la Decisión impugnada resulta que la Comisión respetó lo dispuesto
por las Directrices. En efecto, tomó en consideración la naturaleza de la infracción, sus repercusiones concretas en el mercado,
así como la dimensión del mercado geográfico afectado. Teniendo en cuenta estos factores, calificó la infracción de muy grave,
a la vez que precisó, en el considerado 428 de la Decisión impugnada, que tendría en cuenta la pequeña dimensión del mercado
afectado para fijar el importe de la multa.
A continuación, como en el marco del cártel del hilo industrial del Benelux y de los países nórdicos, consideró necesario
llevar a cabo un trato diferenciado de las empresas implicadas en el cártel del hilo destinado a la industria del automóvil
para tener en cuenta la capacidad económica efectiva de los autores de la infracción para infligir un daño considerable a
la competencia, así como fijar una multa que garantice un efecto disuasorio suficiente. Añadió que era necesario tener en
cuenta el peso específico del comportamiento ilícito de cada empresa, y por tanto, de sus repercusiones reales sobre la competencia.
A fin de apreciar estos elementos la Comisión decidió basarse en el volumen de negocios en el mercado afectado por el producto
objeto del cártel (Decisión impugnada, considerandos 430 a 432).
En consecuencia, distribuyó a las empresas en dos categorías. Habida cuenta de su volumen de negocios acumulado de 8,55 millones
de euros, Amann y Cousin fueron incluidas en la primera categoría. Coats, Oxley y Barbour fueron incluidas en la segunda en
vista de su volumen de negocios acumulado estimado entre 1 y 3 millones de euros. La Comisión utilizó un importe de partida
determinado en función de la gravedad de la infracción, de 5 millones de euros para Amann y Cousin y de 1,3 millones de euros
para Coats, Oxley y Barbour (Decisión impugnada, considerandos 432 a 435).
Según se ha puesto de manifiesto en los apartados 216 a 221 anteriores, el Tribunal, en el marco de un control de legalidad
del ejercicio de la facultad de apreciación de la Comisión en la materia, debe limitarse a controlar que dicha distribución
sea coherente y esté objetivamente justificada (véase la sentencia BASF/Comisión, citada en el apartado 196
supra,
apartado 157, y la jurisprudencia citada).
A este respecto, procede considerar que un reparto de las empresas en dos categorías en una manera razonable de tomar en consideración
su importancia relativa en el mercado para determinar el importe de partida, siempre que no dé lugar a una imagen burdamente
deformada del mercado de que se trate. En el caso de autos, no puede considerarse,
a priori,
que el método de la Comisión, consistente en establecer categorías en función del volumen de negocios realizado en el mercado
de referencia para el producto afectado carezca de coherencia interna.
En lo que respecta a la determinación como tal del importe de partida, procede considerar que la elección de un importe de
5 millones de euros para las empresas incluidas en la primera categoría no puede calificarse de arbitraria y no rebasa los
límites de la amplia facultad de apreciación de que dispone en la materia. En efecto, este importe fue determinado teniendo
en cuenta categorías que, ellas mismas, habían sido establecidas válidamente, tal como se señala en los apartados 277 y 278
anteriores. Además, el importe de 5 millones de euros elegido como importe de partida es inferior al volumen de negocios de
la demandante que sirvió de referencia en la primera categoría.
Habida cuenta de estas observaciones, las demandantes incurren en error al afirmar que la Comisión definió las dos categorías
y calculó el importe de partida de la multa de manera arbitraria.
A continuación, carece de pertinencia el reproche que se hace a la Comisión de que no consideró a Coats y Barbour como una
«unidad de empresas» y, en consecuencia, no sumó su volumen de negocios. En efecto, de la Decisión impugnada (considerandos
40 y 67) resulta que Coats adquirió Barbour tan sólo en septiembre 1999. Así, esta última constituía una empresa jurídicamente
independiente y, como tal, podía ser considerada responsable individualmente de la infracción cometida por el período comprendido
entre mayo/junio de 1998 y septiembre de 1999. En cuanto a Coats, según la Decisión impugnada, ésta participó en la infracción
desde el 8 de junio de 1999 al 15 de mayo de 2000, y, en consecuencia, pudo ser considerada responsable individualmente de
sus comportamientos ilícitos.
Así, en contra de lo que sostienen las demandantes, no procedía sumar los volúmenes de negocios de Coats y de Barbour e incluirlas
en la primera categoría.
Sin embargo, procede señalar que la Comisión sólo tuvo en cuenta el volumen de negocios de Coats para el año 1999. Ahora bien,
estaría justificado añadir a dicho volumen de negocios la parte del volumen de negocios de Barbour por los meses de octubre
a diciembre de 1999. Es decir, 3/12 del volumen de negocios anual de Barbour. Así, el volumen de negocios de Coats debería
haber sido incrementado en una cuantía comprendida entre 250.000 y 750.000 euros. Sin embargo, este error de cálculo no cuestiona
en modo alguno la inclusión de las demandantes en la primera categoría ni el importe de partida que se les aplicó. En efecto,
las demandantes no niegan la afirmación de la Comisión contenida en los considerandos 323 y 433 de la Decisión impugnada,
según la cual debían ser consideradas una «unidad de empresas» y, por ello, la Comisión sumó acertadamente sus respectivos
volúmenes de negocios.
Por último, debe desestimarse la alegación basada en la infracción del artículo 253 CE debido, por un lado, a que la Comisión
no explicó el motivo por el que consideró que, a diferencia Coats y Barbour, las demandantes eran una «unidad de empresas»,
y, por otro lado, que, según las demandantes, la determinación y el cálculo del importe de partida eran incomprensibles.
En efecto, por un lado, la Comisión indicó claramente en los considerandos 323 y 433 de la Decisión impugnada los motivos
por los que se debía considerar a las demandantes una «unidad de empresas». Por otro lado, tal como se puso de manifiesto
en el apartado 226 anterior, la obligación de motivación no impone a la Comisión la obligación de indicar en su decisión los
datos numéricos relativos al método de cálculo de las multas, y cabe subrayar, en cualquier caso, que la Comisión no puede
renunciar a su facultad de apreciación, utilizando exclusiva y mecánicamente una serie de fórmulas aritméticas.
En el caso de autos, según se desprende de los apartados 276 a 278 anteriores, la Comisión cumplió perfectamente con su obligación
de motivación al indicar, en los considerandos 418 y siguientes de la Decisión impugnada, los elementos de apreciación que
le permitieron evaluar la gravedad de la infracción.
En segundo lugar, en lo que respecta a la alegación basada en la fijación errónea del importe de base de la multa debido a
una determinación errónea de la duración de la infracción, de los elementos obrantes en autos resulta que la primera reunión
relativa al mercado del hilo destinado a la industria del automóvil tuvo lugar en mayo/junio de 1998 y no en junio de 1999
como sostienen las demandantes.
En su respuesta al pliego de cargos, Amann menciona expresamente la existencia de dicha reunión e indica que permitió a los
participantes establecer un primer contacto entre sí, intercambiar informaciones sobre algunos precios y manifestar su intención
de fijar los precios por un período no superior a seis meses.
Por tanto, procede considerar que esta alegación carece de fundamento fáctico.
Por otro lado, el reproche que se hace a la Comisión de que no pudo determinar con exactitud si la reunión se celebró en mayo
o en junio carece de pertinencia puesto que el cálculo de la duración de la infracción se realizó a partir del mes de junio,
que constituye un punto de partida más favorable para las demandantes.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones debe desestimarse el motivo basado en el cálculo erróneo del importe de partida
y del importe de base de la multa.
7.
Sobre el motivo invocado por las demandantes basado en una supuesta falta de toma en consideración de la falta de aplicación
del cártel relativo al hilo destinado a la industria del automóvil
a)      Alegaciones de las partes
Las demandantes sostienen que las afirmaciones de la Comisión relativas a las repercusiones de la infracción sobre el mercado
son erróneas. En efecto, consideran que la Decisión impugnada no demostró la aplicación efectiva de los acuerdos celebrados
en el marco del cártel relativo al hilo destinado a la industria del automóvil. Añaden que los documentos en que la Comisión
basó sus afirmaciones relativas a la puesta en práctica efectiva del cártel sólo se invocaron como prueba de la existencia
de reuniones entre los participantes. A su juicio, la propia Comisión admitió, en el considerando 427 de la Decisión impugnada,
haber encontrado dificultades en cuanto a la constatación de la puesta en práctica del cártel.
En particular, sostienen que la Comisión incurrió en error al afirmar que Cousin impuso incrementos de precio a su cliente
Johnson Controls. Las demandantes señalaron que este incremento correspondía a su política de precios individual y no tenía
relación alguna con los acuerdos. A este respecto, alegan que no se reconoció a las demandantes el derecho a ser oídas sobre
este punto, que se invocó por primera vez en la Decisión impugnada, y consideran, por tanto, que no puede utilizarse como
prueba de la puesta en práctica del cártel.
Las demandantes invocan la obligación que incumbe a la Comisión de tener en cuenta todos los elementos que puedan ser determinantes
en lo que respecta a las repercusiones concretas de la infracción en el mercado a la hora de evaluar la gravedad de la infracción.
A este respecto, sostienen que la Comisión consideró que existía una circunstancia atenuante que justificaba una reducción
de la pena incluso en los asuntos en los que los acuerdos sólo se hubiesen ejecutado parcialmente. Habida cuenta de que la
falta de ejecución es más importante en el caso de autos las demandantes consideran que la Comisión debería haberla tomado
en consideración con arreglo a su práctica decisoria y, en consecuencia, concederles el beneficio de una circunstancia atenuante
en virtud del punto 3, segundo guión, de las Directrices, o haberla tenido en cuenta en el marco de la determinación de la
gravedad de la infracción.
La Comisión rebate este motivo.
b)      Apreciación del Tribunal
Con carácter preliminar procede recordar que el considerando 233 de la Decisión impugnada pone de manifiesto que, durante
la reunión de 9 de julio de 1999, Cousin indicó que intentaría incrementar los precios aplicados a su cliente Johnson Controls.
De las observaciones de Barbour resulta igualmente que un representante de Cousin llamó por teléfono a un representante de
Barbour para confirmar que se había llevado a cabo el incremento. Por último, procede señalar que Cousin confirmó que había
incrementado los precios pero sostiene que dicho incremento no resultó de un acuerdo.
En primer lugar, las demandantes pretenden erróneamente que la referencia al incremento de los precios aplicados a Johnson
Controls no se invocó en el pliego de cargos y que, en consecuencia, no tuvieron la posibilidad de responder a la misma. Tal
alegación carece de fundamento fáctico ya que la Comisión se refirió explícitamente a dicho incremento en los puntos 192 y
201 del pliego de cargos.
En segundo lugar, la Comisión concluyó acertadamente que se había aplicado el acuerdo sobre la base del referido incremento
de precios respecto de Johnson Controls. En efecto, las declaraciones de Cousin en la reunión de 9 de julio de 1999 relativas
a su intención de aumentar el precio a Johnson Controls, la conversación telefónica entre dicha empresa y Barbour en la que
anunció la concreción de dicha intención y la confirmación por Cousin de dicho aumento en el marco del procedimiento administrativo,
constituyen un abanico de indicios suficiente a este respecto. Por tanto, corresponde a las demandantes demostrar que el incremento
de los precios no constituía en modo alguno la aplicación de un acuerdo, lo que no hicieron al limitarse a invocar su «política
de precios individual».
En tercer lugar, en lo que respecta a los efectos de la infracción, la Comisión consideró, en el considerando 427 de la Decisión
impugnada, que se habían puesto en práctica los acuerdos colusorios y que habían tenido repercusiones sobre el mercado de
referencia y el producto afectado, «a pesar de que es difícil evaluar dichas repercusiones con precisión». Procede recordar
que, en materia de competencia, la carga de la prueba de la existencia de efectos de la infracción en el mercado, que incumbe
a la Comisión cuando ésta los tiene en cuenta al calcular la multa en función de la gravedad de la infracción, es menos gravosa
que la que pesa sobre ella cuando debe demostrar la existencia en cuanto tal de una infracción en el caso de un cártel. En
efecto, para tener en cuenta las repercusiones concretas de la práctica colusoria en el mercado basta que la Comisión proporcione
«buenas razones para tenerlas en cuenta» (sentencia Jungbunzlauer/Comisión, citada en el apartado 171
supra,
apartado 161). Así, el incremento de los precios respecto de Johnson Controls constituye, por sí sólo, un buen motivo para
tener en cuenta las repercusiones concretas de la infracción en el mercado.
En cuarto lugar, de las anteriores consideraciones resulta que las demandantes no pueden en modo alguno reivindicar el beneficio
de la circunstancia atenuante de la no aplicación efectiva de los acuerdos.
De ello se desprende que debe desestimarse el motivo.
8.
Sobre el motivo basado en la vulneración del derecho a ser oído y el derecho de defensa
a)      Alegaciones de las partes
En apoyo de este motivo se formulan dos alegaciones. La primera se basa en la vulneración del derecho a ser oído y la segunda
en la vulneración del derecho de defensa.
En primer lugar, Amann estima que se vulneró su derecho a ser oída, recogido en el artículo 27, apartado 1, del Reglamento
nº 1/2003. En efecto, sostiene que la Comisión basó una parte importante de su Decisión relativa a varios descuentos en documentos
mencionados en el considerando 116 de la Decisión impugnada. Ahora bien, a su juicio, en dicho contexto, no se informó a Amann
en el pliego de cargos de dichos documentos ni de las conclusiones que la Comisión sacó de los mismos. Por tanto, afirma que
dichos documentos no pueden usarse como pruebas de una infracción de los artículos 81 CE y 53 EEE. En efecto, Amann indica
que la mera presencia de dichos documentos en el expediente de la Comisión y la posibilidad de consultarlos en el marco del
acceso al expediente no bastan para garantizar el respeto del derecho a ser oído.
Según Amann, la Comisión vulneró igualmente su derecho a ser oída al basarse en alegaciones sobre las que no tuvo la ocasión
de presentar observaciones. En efecto, alega que la Decisión impugnada hace referencia a una conversación relativa a la reducción
de los descuentos en Suecia del 19 de septiembre de 2000 como fundamentación del reproche de intercambio de información sobre
los descuentos y del acuerdo para reducirlos. Pues bien, sostiene que el pliego de cargos no contiene ninguna indicación relativa
a acuerdos de este tipo en Suecia sino que se refiere a tales acuerdos en Finlandia. Amann señala que la propia Comisión reconoció,
en el considerando 116 de la Decisión impugnada, haber mencionado por error Finlandia en lugar de Suecia en el pliego de cargos.
A su juicio, la Comisión incurre en error al afirmar que Amann podía deducir del documento citado en el pliego de cargos que
se trataba de un reproche relativo a Suecia. En efecto, sostiene que el documento en cuestión, a saber, un correo electrónico
de 10 de octubre de 2000, fue mencionado en un contexto distinto del de los acuerdos relativos los descuentos. Además, considera
que el contenido del documento no permitía en modo alguno identificar un acuerdo concreto relativo a los descuentos. Amann
sostiene que, según la jurisprudencia, no son los documentos en sí mismos los que importan, sino las conclusiones que la Comisión
extrae de los mismos. Según Amann, esta jurisprudencia es aplicable en el caso de autos a pesar de que la Decisión impugnada
mencionase la existencia del referido correo electrónico, puesto que dicha mención se hizo en otro contexto.
Añade que la Comisión se contradice al afirmar que en realidad pretendía referirse a Suecia en lugar de Finlandia a la vez
que sostiene que había acuerdos en ambos países.
En segundo lugar, según las demandantes, la Comisión vulneró su derecho de defensa al exigirles respuestas a cuestiones relativas
a contactos mantenidos con competidores que figuran en las solicitudes de información de los días 6 y 24 de marzo de 2003,
sin precisar que se les interrogaba en condición de «inculpadas». Sostienen que según la jurisprudencia no puede exigirse
a las demandantes que aporten detalles sobre los aspectos abordados y las decisiones adoptadas en el contexto de los contactos
mantenidos con competidores y,
a fortiori,
preguntar a las empresas, además de una descripción pura y simple de los hechos y la producción de documentos existentes,
informaciones relativas al objeto, el desarrollo y los resultados de los contactos con los competidores cuando la Comisión
sospecha manifiestamente que dichos encuentros tenían por objeto restringir la competencia. Pues bien, las demandantes consideran,
basándose en el punto 4.1 de las referidas solicitudes de información, que en el caso de autos fue así.
Habida cuenta de que las demandantes respondieron con todo detalle a todas las cuestiones de la Comisión a pesar de la existencia
de la facultad de negarse, invocan el beneficio de una reducción superior al 15 % aplicada a sus multas en virtud de la Sección
D, punto 2, de la Comunicación sobre cooperación. Así, consideran que fueron más allá de lo que la Comisión podía exigir.
Consideran igualmente que la referida reducción del 15 % es insuficiente en comparación con la del 50 % que se concedió a
Coats. En efecto, a su juicio, la Comisión debería haber tenido en cuenta el hecho de que, en el marco de la verificación,
ya habían encontrado documentos esenciales que le permitían constatar sin dificultad la existencia de una infracción en los
sectores afectados. Además, sostienen que Coats poseía una ventaja respecto de sus competidores, puesto que ya estaba informada
de la inminencia de un procedimiento, de manera que la presentación de una petición de clemencia era inevitable. Añaden que
Coats desempeñó un papel de jefe de filas, lo que confirman varias empresas implicadas. Habida cuenta de estos elementos,
las demandantes consideran que deberían haberse beneficiado del mismo trato que Coats.
La Comisión rebate este motivo.
b)      Apreciación del Tribunal
Sobre la supuesta vulneración del derecho a ser oído
Según reiterada jurisprudencia, el pliego de cargos debe contener una exposición de éstos redactada en términos suficientemente
claros, aunque sean resumidos, como para que los interesados puedan conocer efectivamente los comportamientos que les imputa
la Comisión y defenderse de forma eficaz, antes de que la Comisión adopte una decisión definitiva. Esta exigencia se cumple
cuando la decisión no imputa a los interesados infracciones diferentes de las mencionadas en el pliego de cargos y cuando
sólo tiene en cuenta los hechos sobre los que los interesados han tenido posibilidad de justificarse (sentencias del Tribunal
de 14 de mayo de 1998, Mo och Domsjö/Comisión, T‑352/94, Rec. p. II‑1989, apartado 63; CMA CGM y otros/Comisión, citada en
el apartado 196
supra,
apartado 109, y Tokai II, citada en el apartado 93
supra,
apartado 138).
Así pues, el derecho de defensa sólo resulta vulnerado con motivo de una discordancia entre el pliego de cargos y la decisión
definitiva si alguna de las imputaciones formulada por ésta no hubiera sido expuesta con claridad suficiente para dar a los
destinatarios la oportunidad de defenderse (sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, Corus UK/Comisión, T‑48/00, Rec.
p. II‑2325, apartado 100).
Resulta igualmente de la jurisprudencia que lo que importa no son los documentos en sí mismos, sino las conclusiones que de
ellos extrajo la Comisión y que si en el pliego de cargos no se mencionaron dichos documentos, la empresa afectada pudo acertadamente
concluir de ello que estos no tenían importancia para el asunto. Al no informar a una empresa de que en su decisión se utilizarían
ciertos documentos, la Comisión le impide así expresar dentro de plazo su opinión sobre la fuerza probatoria de tales documentos.
De ello se sigue que tales documentos no pueden considerarse medios de prueba válidos por lo que a aquélla respecta (véanse,
en este sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 1983, AEG-Telefunken/Comisión, 107/82, Rec. p. 3151,
apartado 27, y de 3 de julio de 1991, AKZO/Comisión, C‑62/86, Rec. p. I‑3359, apartado 21; la sentencia del Tribunal General
de 10 de marzo de 1992, Shell/Comisión, T‑11/89, Rec. p. II‑757, apartado 55).
Sin embargo, un documento utilizado por la Comisión en apoyo de un cargo en la decisión definitiva, siendo así que dicho documento
se utilizó en el pliego de cargos para demostrar otro distinto, sólo puede ser utilizado en la decisión en contra de la empresa
en cuestión si ésta pudo razonablemente deducir, a partir de los pliegos de cargos y del contenido de los documentos, las
conclusiones que la Comisión pretendía deducir de ellos (véase, en este sentido, la sentencia Shell/Comisión, citada en el
apartado 314
supra,
apartado 62).
Procede examinar la alegación de Amann a la luz de la jurisprudencia que se acaba de referir.
Es preciso recordar que, en el considerando 116 de la Decisión impugnada, la Comisión reconoció haber mencionado erróneamente
en los puntos 104 y 126 del pliego de cargos que se había acordado una reducción de los descuentos en Finlandia en la reunión
de 19 de septiembre de 2000 en Budapest (Hungría). Rectificó este error en ese mismo considerando 116 al señalar que el país
afectado por la reducción de los descuentos era en realidad Suecia.
En primer lugar procede señalar que el título que precede a los apartados 125 y 126 del pliego de cargos, denominado «Reunión
en el hotel Mercure de Budapest de 19 de septiembre de 2000», remite a la nota al pié de página nº 244, que hace referencia
al correo electrónico de 10 de octubre de 2000 que contienen los elementos que se trataron durante dicha reunión, entre los
que se encontraba la disminución de los descuentos en Suecia.
Es preciso señalar igualmente que Amann tuvo conocimiento de dicho documento, según confirma su respuesta al pliego de cargos.
En efecto, esta última menciona que dicho documento contiene un correo electrónico de J.L. (Coats) a F.S. (Coats) de 10 de
octubre de 2000 que incluye un relato muy detallado del contenido de la reunión de Budapest.
De dicho correo electrónico resulta claramente que el único país afectado por la reducción de los descuentos era Suecia y
que ningún otro elemento relativo a Finlandia podía sembrar confusión en cuanto a la existencia de un eventual acuerdo sobre
dicha reducción en este último país.
Además, en contra de lo que sostiene Amann, dicho correo electrónico no se presentó en un contexto diferente, puesto que enumera
los acuerdos adoptados en la reunión de 19 de septiembre de 2000, en la que, además, Amann no niega haber participado.
Así, con arreglo a la jurisprudencia citada, procede considerar que Amann pudo razonablemente deducir, a partir de los pliegos
de cargos y del contenido de los documentos, las conclusiones que la Comisión pretendía deducir, y, en consecuencia, pudo
rectificar el error relativo al país afectado por la reducción de los descuentos.
A este respecto, carece de pertinencia la alegación de Amann según la cual la frase recogida en el correo electrónico «Suecia:
[…] procede aumentar los precios especiales en el 3,5 % a partir del 1 de abril de 2001 o reducir los descuentos» no le permitió
saber que la Comisión deseaba basarse en dicha frase para demostrar la existencia de un acuerdo sobre la reducción de los
descuentos en Suecia. En efecto, de las referidas consideraciones resulta que Amann debía esperar que la Comisión se basase
sobre dicho elemento.
En consecuencia, procede concluir que no se ha vulnerado el derecho de Amann a ser oída.
Sobre la supuesta vulneración del derecho de defensa, en particular, del principio de prohibición de la auto-incriminación
Según la jurisprudencia relativa al alcance de las facultades de la Comisión en los procedimientos de investigación previa
y en los procedimientos administrativos, la Comisión tiene la potestad de obligar a una empresa, en su caso mediante decisión,
a que le facilite toda la información necesaria relacionada con hechos de los que pueda tener conocimiento. Sin embargo, no
puede imponer a dicha empresa la obligación de dar respuestas que impliquen admitir la existencia de una infracción cuya prueba
incumbe a la Comisión (sentencias del Tribunal de Justicia de 18 de octubre de 1989, Orkem/Comisión, 374/87, Rec. p. 3283,
apartados 34 y 35; Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 90
supra,
apartados 61 y 65, y Dalmine/Comisión, citada en el apartado 260
supra,
apartado 34).
Así, no puede reconocerse el derecho absoluto a guardar silencio a una empresa destinataria de una solicitud de información
en el sentido del artículo 11, apartado 5, del Reglamento nº 17. En efecto, el reconocimiento de tal derecho excedería de
lo que es necesario para preservar el derecho de defensa de las empresas y constituiría un obstáculo injustificado para el
cumplimiento, por parte de la Comisión, de la misión de velar por el respeto de las normas sobre competencia en el mercado
común. El derecho a guardar silencio sólo puede reconocerse a la empresa implicada en la medida en que se viera obligada a
dar respuestas que implicaran admitir la existencia de la infracción cuya existencia debe ser probada por la Comisión (sentencia
Tokai I, citada en el apartado 186
supra,
apartado 402).
Para preservar el efecto útil del artículo 11 del Reglamento nº 17, la Comisión tiene la potestad de obligar a las empresas
a que faciliten toda la información necesaria relacionada con hechos de los que puedan tener conocimiento y a que le presenten,
si fuera preciso, los documentos correspondientes que obren en su poder, aun cuando éstos puedan servir para probar la existencia
de una conducta contraria a la competencia. Esta potestad de información de la Comisión no es contraria ni al artículo 6,
apartados 1 y 2, del CEDH ni a la jurisprudencia del TEDH (sentencia Tokai I, citada en el apartado 186
supra,
apartados 403 y 404).
En cualquier caso, el hecho de verse obligado a responder a las preguntas relativas únicamente a los hechos planteadas por
la Comisión y satisfacer sus peticiones de presentación de documentos preexistentes no puede violar el principio de respeto
del derecho de defensa o el derecho a un juicio justo, que ofrecen, en el ámbito del Derecho de la competencia, una protección
equivalente a la garantizada por el artículo 6 del CEDH. En efecto, nada impide que el destinatario de una solicitud de información
demuestre posteriormente, en el marco del procedimiento administrativo o durante un procedimiento ante el juez comunitario,
que los hechos expuestos en sus respuestas o los documentos comunicados tienen un significado distinto al que les ha dado
la Comisión (sentencia Tokai I, citada en el apartado 186
supra,
apartado 406).
Por último, cuando, en una solicitud de información formulada en virtud del artículo 11 del Reglamento nº 17, además de cuestiones
meramente fácticas y de requerimientos de aportación de documentos preexistentes, la Comisión solicita a una empresa que describa
el objeto y el desarrollo de varias reuniones en las que, en principio, haya participado, así como los resultados o las conclusiones
de tales reuniones, siendo así que resulta patente que la Comisión sospecha que el objeto de tales reuniones es restringir
la competencia, tal solicitud puede obligar a la empresa destinataria de esa solicitud a confesar su participación en una
infracción a las normas comunitarias sobre la competencia, de forma que dicha empresa no está obligada a responder a este
tipo de preguntas. En tal supuesto, el hecho de que, no obstante, una empresa facilite información sobre los referidos aspectos
debe considerarse una colaboración espontánea de la empresa que puede justificar una reducción de la multa con arreglo a la
Comunicación sobre la cooperación (sentencia del Tribunal de 6 de diciembre de 2005, Brouwerij Haacht/Comisión, T‑48/02, Rec.
p. II‑5259, apartado 107). También resulta de la jurisprudencia que, en este mismo supuesto, las empresas no pueden alegar
que se ha vulnerado su derecho a no incriminarse debido a que respondieron voluntariamente a tal solicitud (sentencia del
Tribunal Dalmine/Comisión, citada en el apartado 259
supra,
apartado 46).
A la luz de esta jurisprudencia procede determinar si la Comisión vulneró el derecho de las demandantes a no incriminarse.
En primer lugar, es preciso señalar que la Comisión solicitó informaciones mediante solicitudes de información (escritos de
6 y 24 de marzo de 2003) y no mediante decisiones.
En lo que respecta al contenido mismo de las informaciones solicitadas, del punto 4 de las referidas solicitudes resulta que
la Comisión deseaba recibir, en particular, indicaciones sobre las reuniones con los competidores, la fecha, el lugar y la
lista de participantes, el objeto y el desarrollo de dichas reuniones así como informaciones sobre los contactos bilaterales.
Las demandantes no tenían en modo alguno la obligación de responder a las preguntas si sus respuestas les llevaban a admitir
su participación en la supuesta infracción. Sin embargo, respondieron voluntariamente a dichas solicitudes y, en consecuencia,
no pueden pretender que se haya vulnerado sus derechos a no incriminarse.
En segundo lugar, en lo que respecta al reproche que las demandantes hacen a la Comisión de que no se les informó de las presunciones
que pesaban en su contra, procede recordar, con carácter preliminar, la exigencia de un vínculo entre la información solicitada
por la Comisión, con arreglo al artículo 11 del Reglamento nº 17, y la infracción que se investiga mencionada en la solicitud.
En efecto, el artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 17 habilita a la Comisión a recabar, en particular de las empresas,
«todas las informaciones que considere necesarias» para la aplicación, por dicha institución, de los principios recogidos
en los artículos 81 CE y 82 CE. Además, el artículo 11 del Reglamento nº 17 establece, en su apartado 3, que, en su solicitud
de información, la Comisión indicará, en particular, «las bases jurídicas y el objeto de aquélla». Por tanto, de la combinación
de los apartados 1 y 3 del artículo 11 del Reglamento nº 17, así como de las exigencias relativas al respeto del derecho de
defensa de las empresas afectadas, resulta que el criterio de necesidad, recogido en el artículo 11 del Reglamento nº 17,
debe apreciarse en función de la finalidad de la investigación, según se precisa obligatoriamente en la propia solicitud de
información. En efecto, como ha declarado el Tribunal de Justicia respecto de una disposición comparable al artículo 11 del
Reglamento nº 17, en su sentencia de 21 de septiembre de 1989, Hoechst/Comisión (46/87 y 227/88, Rec. p. 2859, apartado 29),
en relación con los poderes de verificación otorgados a la Comisión por el artículo 14 del Reglamento nº 17, la obligación
impuesta a la Comisión de indicar el objeto y la finalidad de la verificación constituye una exigencia fundamental, no sólo
para poner de manifiesto el carácter justificado de la intervención que se pretende realizar en el interior de las empresas
afectadas, sino también para que éstas estén en condiciones de comprender el alcance de su deber de colaboración, preservando
al mismo tiempo su derecho de defensa. De ello deduce que la Comisión sólo puede requerir la comunicación de informaciones
que puedan permitirle verificar las presunciones de infracción que justifican la investigación y se indican en la solicitud
de información (sentencias del Tribunal de 12 de diciembre de 1991, SEP/Comisión, T‑39/90, Rec. p. II‑1497, apartado 25, y
de 8 de marzo de 1995, Société Générale/Comisión, T‑34/93, Rec. p. II‑545, apartados 40, 62 y 63).
De esta jurisprudencia se desprende que, en su solicitud de información, la Comisión no tiene la obligación de imputar de
manera explícita las presunciones de infracción a las empresas afectadas, y, en consecuencia, que no tiene la obligación en
dicha fase de informar a la empresa de su inculpación. En efecto, siempre que la Comisión indique claramente las bases jurídicas
y el objeto de su solicitud, procede considerar que se ha garantizado el derecho de defensa de la empresa.
En el caso de autos, la Comisión cumplió perfectamente sus obligaciones al indicar claramente, en las referidas solicitudes
de información, el objeto y el la finalidad de la solicitud.
A este respecto, en tercer lugar, el reproche que las demandantes hacen a la Comisión de que nos les comunicó las informaciones
que ya obraban en su poder también carece de pertinencia. En efecto, en el marco de un procedimiento administrativo en materia
de competencia, por una parte, la notificación del pliego de cargos y, por otra, el acceso al expediente que permite al destinatario
del pliego conocer las pruebas que figuran en el expediente de la Comisión, garantizan el derecho de defensa y el derecho
a un juicio justo de la empresa de que se trata. En efecto, la empresa afectada es informada mediante el pliego de cargos
de todos los elementos esenciales en los que se apoya la Comisión en esta fase del procedimiento. Por consiguiente, la empresa
afectada sólo puede hacer valer plenamente su derecho de defensa después de la notificación de dicho pliego. Si los derechos
antes contemplados se extendieran al período anterior al envío del pliego de cargos, se vería comprometida la eficacia de
la investigación de la Comisión, dado que, ya durante la primera fase de la investigación de la Comisión, la empresa estaría
en condiciones de identificar las informaciones conocidas por la Comisión y, en consecuencia, las que pueden aún serle ocultadas
(sentencia del Tribunal de Justicia Dalmine/Comisión, citada en el apartado 260
supra,
apartados 58 a 60).
En cuarto lugar, las demandantes incurren en error al reivindicar el beneficio de una reducción adicional del importe de la
multa en virtud de la cooperación por haber respondido a la solicitud de información aportando informaciones que «superaban
ampliamente» las que podían exigirse en virtud del artículo 11 del Reglamento nº 17.
Debido a la cooperación que prestaron las demandantes durante la investigación relativa a ambos cárteles, las multas impuestas
fueron reducidas en un 15 % con arreglo a la sección D, punto 2, guiones primero y segundo, de la Comunicación sobre cooperación.
En efecto, la Comisión constató que las demandantes transmitieron informaciones y documentos que contribuyeron materialmente
a probar la existencia de la infracción y admitieron, en particular, haber participado en reuniones con sus competidores para
intercambiar, discutir, o mantener los precios. Por otro lado no negaron de manera sustancial la materialidad de los hechos
en los que la Comisión basó sus acusaciones (considerandos 390 a 397 y 460 a 463 de la Decisión impugnada).
Por un lado, hay que recordar que la reducción de la multa por cooperación durante el procedimiento administrativo sólo está
justificada si el comportamiento de la empresa de que se trate ha permitido a la Comisión comprobar la existencia de la infracción
con menor dificultad y, en su caso, ponerle fin (sentencias del Tribunal de 14 de mayo de 1998, SCA Holding/Comisión, T‑327/94,
Rec. p. II‑1373, apartado 156, y de 13 de diciembre de 2001, Krupp Thyssen Stainless y Acciai speciali Terni/Comisión, T‑45/98
y T‑47/98, Rec. p. II‑3757, apartado 270).
Por otro lado, la colaboración de una empresa en la investigación no da derecho a reducción alguna de la multa cuando dicha
colaboración no sobrepase el nivel derivado de las obligaciones que recaen sobre ella en virtud del artículo 11, apartados
4 y 5, del Reglamento nº 17 (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 10 de marzo de 1992, Solvay/Comisión, T‑12/89,
Rec. p. II‑907, apartados 341 y 342). En cambio, en el caso de que al responder a una solicitud de información, con arreglo
al artículo 11, una empresa facilite una información que supere ampliamente la que la Comisión puede exigir en virtud del
mismo artículo, la empresa en cuestión podrá gozar de una reducción de la multa (véase, en este sentido, la sentencia del
Tribunal de 14 de mayo de 1998, Cascades/Comisión, T‑308/94, Rec. p. II‑925, apartado 262).
Es igualmente cierto que es el contenido de la información comunicada a la Comisión el que debe permitir determinar si las
demandantes trasmitieron efectivamente información que superaba ampliamente la que la Comisión podía exigir.
Pues bien, las demandantes no han demostrado en qué manera el contenido de la información transmitida superaba ampliamente
la que la Comisión podía exigir.
Además, procede señalar que las demandantes no admitieron todos los elementos en que la Comisión basó la Decisión impugnada.
En efecto, en particular, es preciso poner de manifiesto que Cousin afirmó que siempre había ofrecido sus productos sin tener
en cuenta en ningún momento las conversaciones y que Amann negó la duración de la infracción.
En consecuencia, la reducción del 15 % de la multa concedida a las demandantes parece justificada a la luz de las circunstancias
del caso de autos. Por lo tanto también debe desestimarse la alegación basada en el carácter insuficiente de la reducción
del 15 % en comparación con la del 50 % concedida a Coats.
Por consiguiente, procede desestimar el presente motivo.
De las anteriores consideraciones resulta que debe desestimarse el recurso interpuesto por las demandantes.

Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada
en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de las demandantes, procede
condenarlas en costas, conforme a lo solicitado por la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar en costas a Amann & Söhne GmbH & Co. KG y a Cousin Filterie SAS.
Vilaras
Prek
Ciucă
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 28 de abril de 2010.
Firmas
Índice
Antecedentes del litigio
A.     Objeto del litigio
B.     Procedimiento administrativo
C.     Decisión impugnada
1.     Mercados de referencia
a)     Mercado de producto
b)     Mercados geográficos
2.     Tamaño y estructura de los mercados de referencia
3.     Descripción de los comportamientos ilícitos
4.     Dispositivo de la Decisión impugnada
Procedimiento y pretensiones de las partes
Fundamentos de Derecho
A.     Sobre el motivo invocado por las demandantes y mediante el que se pretende la anulación de la Decisión impugnada basado en
la infracción del artículo 7, apartado 1, primera frase, del Reglamento nº 1/2003
1.     Alegaciones de las partes
2.     Apreciación del Tribunal
a)     Sobre la distinción de los mercados de producto y geográficos
b)     Sobre la supuesta existencia de un «plan conjunto»
B.     Sobre los motivos destinados a reducir la multa
1.     Sobre el motivo, invocado por las demandantes, basado en la falta de respeto del límite superior de la sanción establecido
en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
Sobre la alegación basada en la violación del principio nulla poena sine lege y la excepción de ilegalidad del artículo 15,
apartado 2, del Reglamento nº 17 y del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003
Sobre la alegación basada en la obligación de imponer una multa única para varias infracciones
Sobre la alegación basada en el incumplimiento de los objetivos legales de la sanción
2.     Sobre el motivo, invocado por las demandantes, basado en la violación de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad
al imponer la multa
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
Sobre la violación del principio de proporcionalidad
–       En cuanto a la alegación basada en la falta de toma en consideración del tamaño del mercado
–       En cuanto a la alegación basada en la toma en consideración exclusiva del volumen de negocios en los mercados afectados por
las infracciones
–       Sobre el «sistema de categorización» establecido por las Directrices
–       Sobre la falta de toma en consideración de la situación de las demandantes en tanto «empresa mediana»
Sobre la violación del principio de igualdad de trato
3.     Sobre el motivo, invocado por Amann, basado en la fijación errónea del importe de partida de la multa impuesta por el cártel
relativo al hilo industrial
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
4.     Sobre el motivo, invocado por Amann, basado en cálculo erróneo de la duración de la infracción en el mercado del hilo industrial
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal General
5.     Sobre el motivo, invocado por Amann, basado en la falta de toma en consideración de algunas circunstancias atenuantes relativas
a la infracción en el mercado del hilo industrial
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal General
6.     Sobre el motivo, invocado por las demandantes, basado en el cálculo erróneo del importe de partida y del importe de base de
la multa impuesta por la infracción en el mercado del hilo destinado a la industria del automóvil
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
7.     Sobre el motivo invocado por las demandantes basado en una supuesta falta de toma en consideración de la falta de aplicación
del cártel relativo al hilo destinado a la industria del automóvil
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
8.     Sobre el motivo basado en la vulneración del derecho a ser oído y el derecho de defensa
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
Sobre la supuesta vulneración del derecho a ser oído
Sobre la supuesta vulneración del derecho de defensa, en particular, del principio de prohibición de la auto-incriminación
Costas
*
Lengua de procedimiento: alemán.