CELEX: 61993CJ0449
Despidos colectivos
Artículo 1 de la Directiva 75/129/CEE
Concepto de centro de trabajo
Sociedad que forma parte de un grupo de empresas

Mediante resolución de 16 de noviembre de 1993, recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de noviembre siguiente, el Østre
Landsret planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo
1 de la Directiva 75/129/CEE del Consejo, de 17 de febrero de 1975, referente a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (DO L 48, p. 29; EE 05/02, p. 54; en lo sucesivo,
Directiva).
Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la sociedad Rockfon A/S y el Specialarbejderforbundet i Danmark
(Sindicato danés de obreros especializados; en lo sucesivo,
SID), relativo al despido de un determinado número de trabajadores, llevado a cabo sin observar los procedimientos de consulta
y de información previstos en la Directiva.
La finalidad de la Directiva es reforzar la protección de los trabajadores en caso de despidos colectivos. A tal fin, impone
al empresario distintas obligaciones con el fin de evitar o de limitar los despidos colectivos, estableciendo un sistema de
consultas con los trabajadores y sus representantes en el momento oportuno o haciendo intervenir, en determinados casos, a
las autoridades públicas competentes.
La letra a) del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva dispone:
1.
A efectos de la aplicación de la presente Directiva:
a)
se entenderá por despidos colectivos, los despidos efectuados por un empresario, por uno o varios motivos no inherentes a
la persona de los trabajadores, cuando el número de despidos producidos sea, según la elección efectuada por los Estados miembros:
─
para un período de 30 días:
1.
al menos igual a 10 en los centros de trabajo que empleen habitualmente más de 20 y menos de 100 trabajadores;
2.
al menos el 10 por ciento del número de los trabajadores, en los centros de trabajo que empleen habitualmente como mínimo
100 y menos de 300 trabajadores;
3.
al menos igual a 30 en los centros de trabajo que empleen habitualmente 300 trabajadores, como mínimo;
─
o bien, para un período de 90 días, al menos igual a 20, sea cual fuere el número de los trabajadores habitualmente empleados
en los centros de trabajo afectados
.
La Directiva fue ejecutada en Dinamarca mediante la lov nr. 38 af 26 januar 1977 om ændring af lov om arbejdsformidling og
arbejdsløshedsforsikring (Ley nº 38, de 26 de enero de 1977, por la que se modifica la Ley sobre fomento del empleo y seguro
de desempleo; en lo sucesivo,
Ley sobre fomento del empleo), modificada en varias ocasiones. Al haber optado el Reino de Dinamarca por la primera posibilidad, su Derecho se adaptó
a lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva mediante el artículo 23 a, incluido en el Capítulo
5 a, de la citada Ley. Este precepto está redactado en los siguientes términos:
─
Apartado 1 del artículo 23 a:
El presente capítulo se aplicará a los despidos efectuados por un empresario, por uno o varios motivos no inherentes a la
persona del trabajador, cuando el número de despidos previstos durante un período de 30 días sea:
1)
al menos igual a 10 trabajadores, en los centros de trabajo que empleen habitualmente a más de 20 y menos de 100 trabajadores;
2)
al menos el 10 % del número de los trabajadores, en los centros de trabajo que empleen habitualmente más de 100 y menos de
300 trabajadores;
3)
al menos igual a 30, en los centros de trabajo que empleen habitualmente 300 trabajadores, como mínimo.
─
Apartado 3 del artículo 23 a:
El Ministro de Trabajo, después de consultar al Consejo Nacional del Trabajo, podrá dictar normas para el cálculo del número
de trabajadores con arreglo al apartado 1 del artículo 23 a, y definir los criterios que deban tenerse en cuenta para determinar
si existe un centro de trabajo a efectos del presente capítulo.
Debe aclararse que las disposiciones mediante las cuales el Derecho danés se adaptó a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
1 de la Directiva no han experimentado modificación alguna en las distintas versiones sucesivas.
A tenor del artículo 102 a de la Ley sobre fomento del empleo, las infracciones cometidas contra las normas reguladoras de
las obligaciones de información y de consulta se sancionan con multa, y el empresario está obligado a abonar a los trabajadores
afectados una indemnización correspondiente al salario devengado durante un período de 30 días, contados a partir de la fecha
de la resolución del contrato.
En virtud del apartado 3 del artículo 23 a de la Ley sobre fomento del empleo, el Ministro de Trabajo danés promulgó el bekendtgørelse
nr. 74 af 4 marts 1977 (Decreto nº 74, de 4 de marzo de 1977), relativo a la definición del concepto de centro de trabajo
y al cálculo del número de trabajadores en el marco de los despidos colectivos.
Los artículos 2 a 4 de dicho Decreto definen el concepto de centro de trabajo. A tenor del apartado 1 del artículo 2: Se entenderá por centro de trabajo, en el sentido del Capítulo 5 a de la Ley, aquella unidad que produzca, adquiera o suministre
mercancías o prestaciones de servicios (por ejemplo, talleres, fábricas, astilleros, tiendas, oficinas o depósitos), y cuya
dirección esté facultada para efectuar autónomamente despidos colectivos (véase el apartado 1 del artículo 23 a de la Ley).
Debe aclararse que dicho Decreto fue posteriormente derogado con efectos al 1 de diciembre de 1990, siendo sustituido por
el bekendtgørelse nr. 755 af 12 november 1990 (Decreto nº 755, de 12 de noviembre de 1990), relativo a la definición del concepto
de centro de trabajo y al cálculo del número de trabajadores en caso de despido colectivo. Este Decreto contiene, en el apartado
1 de su artículo 2, la siguiente disposición relativa al concepto de centro de trabajo: Concepto de centro de trabajoArtículo 2
1.
Se entenderá por centro de trabajo, en el sentido del Capítulo 5 a de la Ley, aquella unidad que produzca, adquiera o suministre
bienes o servicios (por ejemplo, talleres, fábricas, astilleros, tiendas, oficinas o depósitos) y cuya dirección esté facultada
para efectuar autónomamente despidos colectivos en el sentido del apartado 1 del artículo 23 a. Sin embargo, las unidades
organizadas en forma de filial en el sentido del artículo 2 de la Ley de sociedades anónimas y del artículo 2 de la Ley de
sociedades de responsabilidad limitada, así como otras unidades que mantengan una relación análoga con una sociedad matriz,
deberán considerarse como centros de trabajo a efectos del Capítulo 5 a, aun cuando la dirección de la filial no pueda efectuar
autónomamente despidos colectivos.
La sociedad Rockfon A/S (en lo sucesivo,
Rockfon) se dedica a la producción y a la comercialización de materiales aislantes fabricados con lana mineral. Forma parte de la
multinacional Rockwool que, en 1989, contaba con una plantilla total de 5.300 trabajadores, de los cuales 1.435 se hallaban
en Dinamarca.
Rockfon y otras tres sociedades de producción del grupo, también con domicilio social en Hedehusene (Dinamarca), a saber,
Rockment A/S, Conrock A/S y Rockwool A/S, poseen un departamento común de personal, encargado de las colocaciones y de los
despidos, que forma parte de Rockwool A/S. Con arreglo a una circular interna de enero de 1985 en materia de despidos y extinción
voluntaria del contrato, aplicable a las cuatro sociedades de producción, toda decisión de despido debía adoptarse de común
acuerdo con el departamento de personal de Rockwool A/S. Los Jefes de unidad debían decidir, de acuerdo con dicho departamento,
qué trabajadores podían ser despedidos o trasladados a otro servicio. En el supuesto de que se contemplara el despido de varios
trabajadores por paro técnico, el Jefe de unidad debía informar al representante del personal del departamento en cuestión
y cerciorarse, al propio tiempo, en el departamento de personal, de que no se habían sobrepasado las cuotas comunitarias.
Entre el 10 y el 28 de noviembre de 1989, Rockfon despidió de 24 a 25 personas del total de 162 trabajadores con que contaba
en aquel momento. Rockfon no consultó previamente a los trabajadores afectados ni tampoco informó por escrito a la autoridad
competente acerca de los despidos. Se ha acreditado que, en el supuesto de que Rockfon constituyera por sí sola un
centro de trabajo, los despidos se habrían efectuado sin observar las disposiciones en materia de concertación contenidas en el Capítulo 5 a
de la Ley sobre fomento del empleo, norma de ejecución de la Directiva.
A raíz de estos despidos, el SID entabló un procedimiento contra Rockfon, en su calidad de mandataria de catorce de los trabajadores
despedidos, en el que reclamaba el pago de una indemnización por el incumplimiento de las normas nacionales reguladoras de
los despidos colectivos.
El litigio se planteó en primer lugar ante la Comisión paritaria encargada del mercado laboral, la cual, en un dictamen emitido
el 19 de diciembre de 1989, consideró que Rockfon formaba parte de una empresa más importante, el grupo Rockwool, de forma
que debía considerarse que los despidos de los trabajadores de Rockfon habían sido efectuados por una empresa de más de 300
trabajadores. Por consiguiente, afirmó que Rockfon no había infringido la Ley, por cuanto ésta sólo impone la observancia
de los procedimientos de información y consulta a las empresas de más de 300 trabajadores cuando se despida al menos a 30
trabajadores durante un período de 30 días.
El SID recurrió esta decisión ante las autoridades laborales, quienes confirmaron el dictamen de la Comisión paritaria. Con
posterioridad, interpuso un recurso contra Rockfon ante el Byret i Tåstrup.
Ante este órgano jurisdiccional, Rockfon admitió ser una empresa de producción autónoma, si bien alegó que no constituía un
centro de trabajo a efectos de la Ley sobre fomento del empleo y del Decreto nº 74, antes citado, ya que las funciones de colocación y de despido
se hallaban confiadas a otra sociedad del grupo. No obstante, el Byret i Tåstrup consideró que el departamento de personal
común creado en el grupo Rockwool desempeñaba una función puramente consultiva y que Rockfon era competente para efectuar
los despidos por sí misma. Dicho órgano jurisdiccional, en su sentencia de 1 de octubre de 1992, condenó a Rockfon a pagar
a los trabajadores afectados una indemnización por incumplimiento de las disposiciones reguladoras de las obligaciones de
información y de consulta, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 102 a de la citada Ley, puesto que, a
su juicio, constituía un
centro de trabajo a efectos de la Ley sobre fomento del empleo.
Rockfon recurrió dicha sentencia ante el Østre Landsret y solicitó que se modificara el fallo de forma que se acogieran sus
pretensiones. Al igual que en primera instancia, afirmó que no tenía una dirección facultada para efectuar autónomamente despidos
colectivos, por lo cual no constituía un
centro de trabajo a efectos de la Ley sobre fomento del empleo. Ante el Østre Landsret, las partes solicitaron que se remitiera el asunto al
Tribunal de Justicia.
Al haber sido ejecutada la Directiva mediante la Ley sobre fomento del empleo, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta,
en sustancia, sobre el concepto de
centro de trabajo a efectos de la letra a) del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva, en un supuesto como el del litigio principal. Por
consiguiente, suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente: ¿Debe interpretarse lo dispuesto en el artículo 1 de la Directiva 75/129/CEE, de 17 de febrero de 1975, referente a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, en el sentido de que se opone a que
dos o más empresas, que forman parte de un grupo y que mantienen relaciones de interdependencia, si bien ninguna de ellas
ostenta una posición de predominio sobre la otra u otras, creen un departamento común en materia de colocaciones o despidos,
de forma que, por ejemplo, los despidos en una de las empresas sólo puedan efectuarse con la aquiescencia del citado departamento,
y, como consecuencia de ello, para efectuar el cálculo de los trabajadores previsto en el apartado 1 del artículo 1 de la
citada Directiva, se tome en consideración el número total de trabajadores en el conjunto de dichas empresas?
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente plantea dos cuestiones distintas. En primer lugar, pide
que se dilucide si la letra a) del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva se opone a que dos o más empresas que forman
parte de un grupo creen un departamento común de colocación o despido, de forma que los despidos en una de las empresas sólo
puedan efectuarse con la aquiescencia de dicho departamento. En segundo lugar, se plantea si, en dichas circunstancias, debe
interpretarse que el término
centro de trabajo que figura en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 de la citada Directiva designa al conjunto de empresas que disponen
de dicho departamento de colocación o despido o si, por el contrario, debe calificarse de
centro de trabajo a cada una de las empresas en las que trabajan habitualmente los trabajadores despedidos.
Por lo que se refiere a la primera parte de la cuestión prejudicial, baste señalar que la Directiva tiene como finalidad exclusiva
la armonización parcial de los procedimientos de despido colectivo, y no tiene por objeto restringir la libertad de las empresas
para proceder a la organización de sus actividades y estructurar su departamento de personal de la forma que les parezca más
en consonancia con sus necesidades. En particular, la letra a) del apartado 1 del artículo 1 formula el concepto de despido
colectivo, determinando de esta forma el ámbito de aplicación de la Directiva, si bien no establece norma alguna en lo relativo
a la organización interna de las empresas o a la gestión del personal.
Por lo tanto, procede responder sobre este particular al órgano jurisdiccional remitente que la letra a) del apartado 1 del
artículo 1 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que dos o más empresas, que forman parte
de un grupo y que mantienen relaciones de interdependencia, si bien ninguna de ellas ostenta una posición de predominio sobre
la otra u otras, creen un departamento común de colocaciones o despidos, de forma que, en particular, los despidos en una
de las empresas sólo puedan efectuarse con la aquiescencia de dicho departamento.
Por lo que se refiere a la segunda parte de la cuestión prejudicial, debe señalarse, en primer lugar, que la Directiva no
define el concepto de
centro de trabajo.
En el presente caso, la sociedad Rockfon afirma que no constituye un
centro de trabajo a efectos de la Directiva, por cuanto no posee una dirección facultada para efectuar autónomamente despidos colectivos, por
lo cual no cumple el requisito establecido en el Decreto nº 74 para constituir un
centro de trabajo. A su juicio, para efectuar el cálculo de los trabajadores previsto en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva,
debe tenerse en cuenta el conjunto de los trabajadores de las cuatro sociedades y no sólo su propia plantilla.
A este respecto, debe señalarse que el concepto de
centro de trabajo, a efectos de la Directiva, constituye un concepto de Derecho comunitario y no puede definirse por referencia a las legislaciones
de los Estados miembros.
Las distintas versiones lingüísticas de la Directiva emplean una terminología ligeramente distinta para designar el citado
concepto, a saber:
Betrieb en la versión alemana;
establishment en la inglesa;
virksomhed en la versión danesa;
centro de trabajo en la versión española;
yritys en la versión finesa;
établissement en la versión francesa;
επιχείρηση en la versión griega;
stabilimento en la versión italiana;
plaatselijke eenheid en la versión neerlandesa;
estabelecimento en la versión portuguesa, y, finalmente,
arbetsplats en la versión sueca.
Pues bien, de la comparación de los términos utilizados se desprende que tienen una connotación distinta: a saber, según los
casos, establecimiento, empresa, centro de trabajo, unidad local o lugar de trabajo.
De la sentencia dictada el 27 de octubre de 1977, Bouchereau (30/77, Rec. p. 1999), apartado 14, se desprende que las distintas
versiones lingüísticas de una norma comunitaria deben ser objeto de una interpretación uniforme por lo cual, en caso de discrepancia
entre las citadas versiones, dicha disposición debe ser interpretada en función de la sistemática general y de la finalidad
de la normativa de la que forma parte.
Pues bien, la Directiva fue adoptada sobre la base de los artículos 100 y 117 del Tratado CEE. Este último precepto alude
a la necesidad de que los Estados miembros promuevan la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores
a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso. Según el primer considerando de la Directiva, ésta tiene precisamente
por objeto reforzar la protección de los trabajadores en caso de despidos colectivos.
A este respecto, pueden hacerse dos observaciones. En primer lugar, una interpretación de dicho concepto en el sentido preconizado
por Rockfon permitiría a las sociedades que forman parte de un mismo grupo dificultar su sujeción a la Directiva, confiando
a un órgano de decisión distinto la decisión de despido. De esta forma, podrían eludir también la obligación de observar determinados
procedimientos concebidos para la protección de los trabajadores, con lo cual importantes grupos de ellos podrían verse privados
del derecho a ser informados y oídos, que la Directiva normalmente les reconoce. Por lo tanto, dicha interpretación parece
incompatible con la finalidad de la Directiva.
Debe recordarse a continuación que el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de declarar que la relación laboral se caracteriza
esencialmente por el vínculo existente entre el trabajador y aquella parte de la empresa a la que se halle adscrito para desempeñar
su cometido (sentencia de 7 de febrero de 1985, Botzen y otros, 186/83, Rec. p. 519, apartado 15).
Procede, pues, interpretar el concepto de
centro de trabajo, que figura en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva, en el sentido de que designa, según las circunstancias,
aquella unidad a la que se hallan adscritos los trabajadores afectados por el despido para desempeñar su cometido. A efectos
de la definición del concepto de
centro de trabajo no resulta esencial que dicha unidad disponga de una dirección facultada para efectuar autónomamente despidos colectivos.
Esta interpretación se ve corroborada por el hecho de que la propuesta inicial de Directiva presentada por la Comisión utilizaba
el término
empresa y que el último párrafo del apartado 1 del artículo 1 de la propuesta definía este concepto como la
unidad local de empleo. Sin embargo, parece que el Consejo decidió sustituir el término
empresa por el de
centro de trabajo, lo cual tuvo como consecuencia la supresión de la definición inicialmente contenida en la propuesta, que se consideró superflua.
Procede, pues, responder a la segunda parte de la cuestión prejudicial que el término
centro de trabajo, que figura en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva, debe interpretarse, según las circunstancias, como
aquella unidad a la que se hallan adscritos los trabajadores afectados por el despido para desempeñar su cometido. A efectos
de la definición del concepto de
centro de trabajo no resulta esencial que dicha unidad disponga de una dirección facultada para efectuar autónomamente despidos colectivos.
Costas
Los gastos efectuados por los Gobiernos belga y del Reino Unido, así como por la Comisión de las Comunidades Europeas, que
han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento
tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional,
corresponde a éste resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Østre Landsret mediante resolución de 16 de noviembre de 1993, declara:
1)
La letra a) del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 75/129/CEE del Consejo, de 17 de febrero de 1975, referente a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, debe interpretarse en
el sentido de que no se opone a que dos o más empresas, que forman parte de un grupo y que mantienen relaciones de interdependencia,
si bien ninguna de ellas ostenta una posición de predominio sobre la otra u otras, creen un departamento común de colocaciones
o despidos, de forma que, en particular, los despidos en una de las empresas sólo puedan efectuarse con la aquiescencia de
dicho departamento.
2)
El término
centro de trabajo, que figura en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva antes citada, debe interpretarse, según las circunstancias,
como aquella unidad a la que se hallan adscritos los trabajadores afectados por el despido para desempeñar su cometido. A
efectos de la definición del concepto de
centro de trabajo no resulta esencial que dicha unidad disponga de una dirección facultada para efectuar autónomamente despidos colectivos.
Edward
Jann
Sevón
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de diciembre de 1995.
El Secretario
El Presidente de la Sala Primera
R. Grass
D.A.O. Edward
–
Lengua de procedimiento: danés.