CELEX: 61989CJ0083
Libre circulación de mercancías
Bienes en libre práctica
Carga de la prueba

Mediante resolución de 10 de marzo de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 14 de marzo siguiente, el Hof van beroep de Amberes planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, varias cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de determinadas disposiciones del Derecho comunitario relativas a las mercancías que circulan dentro de la Comunidad. Las cuestiones tratan en particular sobre el significado de la expresión «mercancías en libre práctica» conforme al apartado 2 del artículo 9 y al apartado 1 del artículo 10 del Tratado CEE, y sobre la carga de la prueba del cumplimiento de las formalidades de importación en la Comunidad de dichas mercancías y del pago de los derechos de aduana que pudieran devengarse.
Estas cuestiones se suscitaron en el marco de un procedimiento penal entablado por el Openbaar Ministerie y el Minister van Financiën del Reino de Bélgica como parte acusadora contra el Sr. Houben, al que se acusa de haber entrado en Bélgica, procedente de Alemania, hallándose en posesión de una cadena estereofónica de fabricación japonesa, instalada en su vehículo sin haber hecho la declaración legalmente exigida y sin haber abonado los derechos de aduana correspondientes.
El Rechtbank van eerste aanleg de Tongeren ante el que se siguió proceso penal contra el Sr. Houben declaró los hechos no probados y, mediante resolución de 26 de noviembre de 1986, le declaró absuelto. El Openbaar Ministerie y el Minister van Financiën como parte acusadora interpusieron recurso de apelación contra dicha resolución ante el Hof van beroep de Amberes el cual, con vistas a resolver el litigio, decidió suspender el procedimiento y someter al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«¿Puede considerarse que un producto importado de un tercer país se encuentra “en libre práctica” en un Estado miembro cuando se importa a otro Estado miembro, aun en el caso de no haberse pagado en el primer Estado miembro los correspondientes derechos de aduana de importación?
Si no puede hablarse de “libre práctica” a menos que se hayan cumplido las formalidades de importación y se hayan pagado los derechos de aduana de importación, ¿debe presumirse que se han cumplido tales obligaciones cuando los productos se encuentran en un Estado miembro o debe presumirse que no se han cumplido, a menos que el poseedor de los productos pruebe lo contrario?
Más en general: ¿Debe probar quien importa productos originarios de un tercer país de un Estado miembro a otro que ha pagado en el primer Estado los derechos de aduana de importación, para que pueda considerarse que los productos están en libre práctica en la CEE?»
Pará una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, de lás disposiciones comunitarias de que se trata, dėl desarrollo del procedimiento y de las observaciones presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Las cuestiones planteadas pueden resumirse en las dos cuestiones siguientes.
La primera cuestión plantea si es posible, y bajo qué condiciones, considerar que una mercancía importada de un tercer país se encuentra en «libre práctica» en la Comunidad, aunque no se hayan cumplido las formalidades de importación ni abonado los derechos de aduana.
La segunda cuestión tiene por objeto saber a quién corresponde probar, al efectuar la importación de un Estado miembro a otro, que las mercancías que conducen los viajeros o están contenidas en sus equipajes se encuentran en libre práctica dentro de la Comunidad.
Sobre la primera cuestión
Esta cuestión encuentra su respuesta en la disposición del apartado 1 del artículo 10 del Tratado, a cuyo tenor «se considerarán en libre práctica en un Estado miembro los productos procedentes de terceros países respecto de los cuales se hayan cumplido, en dicho Estado miembro, las formalidades de importación y percibido los derechos de aduana y cualesquiera otras exacciones de efecto equivalente exigibles, siempre que no se hayan beneficiado de una devolución total o parcial de los mismos».
Como ha declarado este Tribunal de Justicia en su sentencia de 15 de diciembre de 1976 (Donckerwolcke,
41/76, Rec. 1976, p. 1921
), debe entenderse por productos que se encuentran en libre práctica aquellos que, procedentes de un tercer país, han sido importados legalmente en uno de los Estados miembros de conformidad con las exigencias del citado artículo 10.
En efecto, esta disposición no hace distinción entre el caso de las mercancías importadas de un tercer país, que circulan en un Estado miembro en el que se han cumplido las formalidades de importación y abonado los diferentes derechos, y el caso de las mercancías que, una vez cumplidas las formalidades de importación y pagados los diferentes derechos en un Estado miembro, son seguidamente importadas en otro Estado miembro.
Conviene pues responder a la primera cuestión que los artículos 9 y 10 del Tratado deben ser interpretados en el sentido de que las mercancías procedentes de un tercer país e importadas en la Comunidad se considera que se encuentran en libre práctica cuando se hayan cumplido las formalidades de importación y abonado los diferentes derechos.
Sobre la segunda cuestión
Para responder a esta cuestión, conviene decir que, en el momento en que ocurrieron los hechos del asunto principal, este problema de prueba estaba regulado por el Reglamento (CEE) n° 222/77 del Consejo, de 13 de diciembre de 1976, relativo al tránsito comunitario (
DO 1977, L 38, p. 1
; EE 02/03, p. 91), conforme a la modificación introducida por el Reglamento (CEE) n° 983/79 del Consejo, de 14 de mayo de 1979 (
DO L 123, p. 1
; EE 02/06, p. 6). Se debe pues proceder a la interpretación de esta normativa.
Hay que recordar en primer lugar que el Reglamento n° 222/77 establece dos procedimientos de tránsito comunitario. Uno, llamado procedimiento de tránsito comunitario externo, se aplica esencialmente, según resulta del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento n° 222/77, a las mercancías que no reúnen las condiciones previstas en los artículos 9 y 10 del Tratado, a saber las mercancías procedentes de terceros países y que no se encuentran en libre práctica en la Comunidad; estas mercancías deben ser objeto de una declaración en el formulario Ti, de conformidad con el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento n° 222/77. Este formulario, visado por la autoridad aduanera competente, constituye la prueba del carácter no comunitario de dichas mercancías.
El otro, llamado procedimiento de tránsito comunitario interno, se aplica esencialmente, según resulta del apartado 3 del artículo 1 del mismo Reglamento, a las mercancías que reúnen las condiciones previstas en los artículos 9 y 10 del Tratado, a saber las mercancías originarias de los Estados miembros o que se hallan en libre práctica dentro de la Comunidad, denominadas «mercancías comunitarias». Dichas mercancías deben ser objeto de una declaración en un formulario T2 con arreglo al apartado 1 del artículo 39 del citado Reglamento. Este formulario, visado por la autoridad aduanera competente, constituye la prueba del carácter comunitario de dichas mercancías.
Procede, seguidamente, destacar que, en disposiciones específicas del Reglamento n° 222/77, se prevén casos en que mercancías comunitarias no circulan bajo el procedimiento de tránsito comunitario interno.
Para estas mercancías comunitarias que no circulan bajo el procedimiento de tránsito comunitario interno, cuando éste no es obligatorio, el Reglamento (CEE) n° 223/77 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1976, por el que se establecen disposiciones para la aplicación y medidas de simplificación del régimen de trànsito comunitario (
DO L 38, p. 20
), prevé como medio de prueba el documento T2 L, cuyo contenido equivale al documento T2 del tránsito comunitario interno (véase noveno considerando y apartado 8 del artículo 1 del Reglamento n° 223/77).
Se desprende de lo anterior que los Reglamentos n° 222/77 y n° 223/77 establecen la norma por la cual la prueba del carácter comunitario de una mercancía se determinará exclusivamente, salvo que se establezca otra cosa, mediante el documento T2 o el documento T2 L.
Procede señalar seguidamente que los apartados 1 y 2 del artículo 49 del Reglamento n° 222/77, tal como fue modificado por el Reglamento n° 983/79, antes citado, establecen:
«1)
El régimen de tránsito comunitario no será obligatorio para el transporte de las mercancías que conduzcan los viajeros o estén contenidas en sus equipajes, siempre que no se trate de mercancías destinadas a fines comerciales.
2)
Las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea referentes a la libre circulación de mercancías se aplicarán a las mercancías que, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, no circulen bajo el régimen de tránsito comunitario;
a)
cuando se declaren como mercancías comunitarias sin que exista ninguna duda en cuanto a la sinceridad de esta declaración;
b)
en los demás casos, previa presentación de un documento de tránsito comunitario interno expedido para probar el carácter comunitario de estas mercancías.»
De esta última disposición resulta que, en el caso del transporte de mercancías no destinadas a fines comerciales, basta, para que las mercancías que conduce un viajero o estén contenidas en su equipaje sean consideradas como comunitarias, con una declaración que no deje duda alguna en cuanto a su sinceridad; sólo en caso de duda de la autoridad aduanera deberá el viajero presentar un documento de tránsito comunitario interno (T2 o T2 L).
No obstante, se debe precisar a este respecto que el hecho de que la mercancía de que se trata se haya fabricado en un tercer país no basta por sí sólo para crear dudas en el sentido de la disposición anterior. Las dudas de las autoridades aduaneras en cuanto a la sinceridad de la declaración del viajero deben basarse en elementos objetivos que resulten, por ejemplo, de circunstancias particulares de la importación de que se trata o de informaciones que aquéllas han recibido sobre esta importación. Las consideraciones subjetivas de los funcionarios responsables del control no bastan para obligar al viajero a presentar un documento de tránsito comunitario interno.
Esta interpretación es conforme con la finalidad de esta disposición, que consiste en facilitar el transporte de las mercancías no destinadas a fines comerciales y conducidas por viajeros o contenidas en sus equipajes, al eximir a los viajeros de la carga de la prueba que les obligaría a cumplir las formalidades previstas por el régimen de tránsito comunitario interno.
En vista de las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión que la normativa comunitaria debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de un transporte de mercancías no destinadas a fines comerciales, basta la declaración del viajero que las conduce o en cuyo equipaje estén contenidas para que estas mercancías sean consideradas como comunitarias. No obstante, el viajero debe presentar un documento de tránsito comunitario interno cuando en cuanto a la sinceridad de esta declaración exista una duda basada en elementos objetivos.
Costas
Los gastos efectuados por el Reino de Bélgica y la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Hof van beroep de Amberes, mediante resolución de 10 de marzo de 1989, decide:

1)
Los artículos 9 y 10 del Tratado CEE deben interpretarse en el sentido de que se consideran en libre práctica las mercancías procedentes de un tercer país e importadas en la Comunidad cuando se hayan cumplido las formalidades de importación y pagado los diferentes derechos.

2)
La normativa comunitaria debe interpretarse en el sentido de que, tratándose de un transporte de mercancías no destinadas a fines comerciales, basta la declaración del viajero que las conduce o en cuyo equipaje se contienen para que dichas mercancías sean consideradas como comunitarias. No obstante, el viajero debe presentar un documento de tránsito comunitario interno cuando exista una duda basada en elementos objetivos en cuanto a la sinceridad de esta declaración.

Kakouris
Koopmans
Mancini
O'Higgins
Diez de Velasco
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de marzo de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Sexta
C. N. Kakouris
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.