CELEX: 62004CJ0113
Recurso de casación
Prácticas colusorias
Mercado de material electrotécnico en los Países Bajos
Asociación nacional de mayoristas
Acuerdos y prácticas concertadas que tienen por objeto un acuerdo colectivo de exclusividad y la fijación de precios
Multas

Mediante su recurso de casación, Technische Unie BV (en lo sucesivo, «TU») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal
de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 16 de diciembre de 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel
op Elektrotechnisch Gebied y Technische Unie/Comisión (T‑5/00 y T‑6/00, Rec. p. II‑5761, en lo sucesivo, «sentencia recurrida»)
o, por lo menos, la anulación de dicha sentencia en lo que se refiere al asunto T‑6/00, mediante la cual el Tribunal de Primera
Instancia desestimó su recurso para obtener la anulación de la Decisión 2000/117/CE de la Comisión, de 26 de octubre de 1999,
relativa a un procedimiento en virtud del artículo 81 del Tratado CE – [Asunto IV/33.884 – Nederlandse Federatieve Vereniging
voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied y Technische Unie (FEG y TU)] (DO 2000, L 39, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión
impugnada»).

Antecedentes de hecho
El 18 de marzo de 1991, la empresa CEF Holdings Ltd, mayorista de material electrotécnico con sede en el Reino Unido, así
como su filial CEF City Electrical Factors BV, creada para la implantación de dicha empresa en el mercado neerlandés (en lo
sucesivo, conjuntamente denominadas «CEF»), presentaron una denuncia ante la Comisión de las Comunidades Europeas relativa
a los problemas de aprovisionamiento que encontraban en los Países Bajos.
Esta denuncia se refería a tres asociaciones de empresas del mercado electrotécnico neerlandés. Además de la Nederlandse Federatieve
Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (Federación neerlandesa de mayoristas de material electrotécnico;
en lo sucesivo, «FEG»), se trataba de la Nederlandse Vereniging van Alleenvertegenwoordigers op Elektrotechnisch Gebied (Asociación
neerlandesa de representantes exclusivos en el sector electrotécnico; en lo sucesivo, «NAVEG») y de la Unie van de Elektrotechnische
Ondernemers (Unión de empresas electrotécnicas; en lo sucesivo, «UNETO»).
En dicha denuncia, CEF reprochaba a esas tres asociaciones y a sus miembros haber celebrado acuerdos colectivos de exclusividad
recíproca a todos los niveles de la cadena de distribución de material electrotécnico en los Países Bajos, de modo que, sin
ser miembro de la FEG, era prácticamente imposible para un mayorista de material electrotécnico implantarse en el mercado
neerlandés. Así, los fabricantes y sus agentes o importadores sólo suministraban a los miembros de la FEG, y los instaladores
sólo se aprovisionaban en los establecimientos de los miembros de ésta.
Posteriormente, en 1991 y en 1992, la CEF amplió su denuncia para incluir en ella acuerdos entre la FEG y sus miembros sobre
precios y descuentos, acuerdos destinados a impedir que CEF participara en ciertos proyectos y acuerdos verticales de precios
entre ciertos fabricantes de material electrotécnico y los mayoristas miembros de la FEG.
Después de haber enviado, el 16 de septiembre de 1991, un escrito de advertencia a la FEG y a sus miembros (en lo sucesivo,
«escrito de advertencia»), así como varias solicitudes de información a ésta última, y tras las comprobaciones efectuadas
por sus servicios acerca de las presuntas prácticas concertadas de los miembros de la FEG, la Comisión envió, el 3 de julio
de 1996, un pliego de cargos a la FEG y a siete de sus miembros, entre los que figuraba TU. El 19 de noviembre de 1997 se
celebró una audiencia en la que estuvieron presentes todos los destinatarios del pliego de cargos y CEF.
El 26 de octubre de 1999, la Comisión adoptó la Decisión impugnada en la que se declara que:
–        la FEG ha infringido el artículo 81 CE, apartado 1, al llevar a la práctica, mediante un pacto con la NAVEG y mediante prácticas
concertadas con proveedores no representados en ésta última asociación, un acuerdo colectivo de exclusividad destinado a impedir
los suministros a empresas no afiliadas a la FEG (artículo 1 de la Decisión impugnada);
–        la FEG ha infringido el artículo 81 CE, apartado 1, al restringir, de forma directa e indirecta, la libertad de sus miembros
para fijar libremente sus precios de venta, sobre la base de decisiones vinculantes sobre precios fijos y en materia de publicaciones,
mediante la difusión entre sus miembros de recomendaciones relativas a los precios brutos y netos, así como el ofrecimiento
de un foro para negociar los precios y los descuentos (artículo 2 de la Decisión impugnada);
–        TU ha infringido el artículo 81 CE, apartado 1, al participar activamente en las infracciones mencionadas en los artículos
1 y 2 de la Decisión impugnada (artículo 3 de dicha Decisión).
Se impusieron multas a la FEG y a TU de 4,4 millones de euros y de 2,15 millones de euros, respectivamente, por las infracciones
que se mencionan en el apartado precedente (artículo 5 de la Decisión impugnada).
No obstante, a la vista de la considerable duración del procedimiento (102 meses), la Comisión decidió, por iniciativa propia,
reducir en 100.000 euros el importe de las multas. La Decisión impugnada declara a este respecto:
«(152)  [...] La Comisión reconoce que la duración de este procedimiento, incoado en el año 1991, ha sido considerable. Las razones
de ello son de naturaleza diversa y, a veces, son imputables a la Comisión y, otras, a las partes. En la medida en que pueda
hacérsele algún reproche a este respecto, la Comisión asume su responsabilidad.
(153)          Por consiguiente, la Comisión [reduce] el importe de la multa a FEG [de 4,5 millones] a 4,4 millones de euros y el de la multa
a TU [de 2,25 millones] a 2,15 millones de euros.»

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 14 de enero de 2000 (T‑6/00), TU presentó
un recurso para obtener, con carácter principal, la anulación de la Decisión impugnada, con carácter subsidiario, la anulación
del artículo 5, apartado 2, de ésta y, con carácter aún más subsidiario, que se reduzca a 1.000 euros el importe de la multa
que se le impuso.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el mismo día (T‑5/00), la FEG presentó un recurso
con el mismo objeto que el de TU.
Mediante auto del Presidente de la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de 16 de octubre de 2000 se admitió la intervención
de CEF en el procedimiento en apoyo de las pretensiones de la Comisión.
La sentencia recurrida desestimó los recursos de la FEG y de TU, que se acumularon a los efectos de la fase oral del procedimiento
y de la sentencia. Éstas fueron condenadas a pagar sus propias costas y las ocasionadas por la Comisión y las intervinientes
en primera instancia en el asunto que cada una de las demandantes había interpuesto respectivamente.

Las pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia
En su recurso de casación, TU solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Anule la sentencia impugnada y resuelva la demanda de anulación de la Decisión impugnada; con carácter subsidiario, que anule
dicha sentencia y devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia.
–        Anule la Decisión impugnada, total o parcialmente, en lo que afecta a TU, o que resuelva de nuevo y reduzca de manera sustancial
el importe de la multa que se le impuso.
–        Condene a la Comisión a cargar con las costas, incluidas las causadas en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime el recurso de casación en su totalidad por inadmisible o, al menos, por infundado.
–        Condene a TU a pagar las costas.

Los motivos del recurso de casación
En apoyo de su recurso de casación TU invoca cinco motivos que se basan en:
–        la vulneración del Derecho comunitario y/o del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), o, por lo menos, en la incomprensible motivación
de la sentencia recurrida en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia declaró que el incumplimiento del plazo razonable
no justifica que se anule la Decisión impugnada ni una reducción adicional de la multa;
–        la infracción de la obligación de motivación, en tanto que la sentencia recurrida está aquejada de una contradicción interna
a causa de la ambigüedad con la que el Tribunal de Primera Instancia caracteriza la importancia que concede a la fecha de
notificación del escrito de advertencia;
–        un error de Derecho o una motivación incomprensible de la sentencia recurrida en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia
declaró que la Comisión consideró correctamente que TU es responsable de las infracciones contempladas en los artículos 1
y 2 de la Decisión impugnada;
–        un error de Derecho o una motivación incomprensible de la sentencia recurrida en tanto que el Tribunal de Primera Instancia
consideró que cada una de las infracciones contempladas en los artículos 1 y 2 de la Decisión impugnada son infracciones continuadas
que se cometieron durante los períodos que se indican, y que también tuvo en cuenta los mismos períodos a los que se refieren
las infracciones citadas para calcular la duración de la infracción contemplada en el artículo 3 de la mencionada Decisión;
–        un error de Derecho puesto que, pese a la apreciación errónea de la duración de las infracciones y a la vulneración del principio
del plazo razonable, el Tribunal de Primera Instancia no concedió una reducción adicional del importe de la multa ni siquiera
motivó suficientemente dicha apreciación.

Sobre el recurso de casación

Sobre el primer motivo, basado en la violación del principio del plazo razonable
Alegaciones de las partes
En el marco de su primer motivo, TU reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber infringido el principio del Derecho comunitario
y/o del CEDH o, al menos, haber motivado de manera incomprensible la sentencia recurrida puesto que declaró que el incumplimiento
del plazo razonable no justifica la anulación de la Decisión impugnada ni una reducción adicional del importe de la multa
que se le impuso. Este motivo consta de tres partes.
–       Sobre la primera parte del primer motivo, relativa a la distinción entre las dos fases del procedimiento administrativo
TU reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber declarado, en los apartados 78 y 79 de la sentencia recurrida, que la prolongación
de la fase del procedimiento administrativo anterior al envío del pliego de cargos no tiene entidad para vulnerar el derecho
de defensa ya que, en un procedimiento en materia de política comunitaria de la competencia, no existe ninguna acusación formal
de los interesados hasta que éstos reciben el pliego de cargos. En su opinión, al estimar que el plazo es razonable, el Tribunal
de Primera Instancia dejó de lado cincuenta y siete meses del procedimiento administrativo.
TU manifiesta que, para determinar si se respetó el principio del plazo razonable, se deben tener en cuenta tanto la duración
total del procedimiento administrativo como las diferentes fases del mismo. Considera que el Tribunal de Primera Instancia
actuó de un modo incompatible con el Derecho comunitario al efectuar una distinción entre las dos fases de dicho procedimiento
y al entender que la fase anterior al envío del pliego de cargos no era «pertinente» para apreciar el carácter razonable del
plazo.
Además, estima que el Tribunal de Primera Instancia no respetó la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
al señalar, en los apartados 79 y 80 de la sentencia recurrida, que la fecha oficial de recepción del pliego de cargos debe
considerarse el momento a partir del cual los interesados son formalmente acusados y el del inicio del procedimiento al amparo
del artículo 3 del Reglamento nº 17 del Consejo, Primer reglamento de aplicación de los artículos 85 [81] y 86 [82] del Tratado
(DO 1962, 13, p. 204), y que, en los asuntos penales como el del caso de autos, el plazo razonable al que se refiere el artículo
6, apartado 1, del CEDH, se computa a partir de ese momento.
Ahora bien, TU sostiene que, en las circunstancias concretas del caso de autos, el «momento de la acusación formal» no coincide
con la recepción del pliego de cargos, sino con la del escrito de advertencia o con la primera solicitud de información.
La Comisión, por su parte, señala que la primera parte del primer motivo invocado por TU reposa sobre una lectura equivocada
de la sentencia recurrida. A su juicio, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 77 de dicha sentencia, que
la primera fase del procedimiento administrativo había tenido una duración excesiva no razonable y que, por tanto, tuvo en
cuenta la primera fase de dicho procedimiento en su apreciación del carácter razonable o no del plazo transcurrido entre los
primeros actos de este procedimiento y la adopción de la Decisión impugnada.
La Comisión considera que el Tribunal de Primera Instancia, al considerar que tanto la primera como la segunda fase del procedimiento
administrativo habían tenido una duración excesiva y al examinar a continuación si dicha superación del plazo razonable había
vulnerado el derecho de defensa de TU, actuó de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual el
que las diferentes fases de la investigación hayan sobrepasado la duración razonable no comporta automáticamente la vulneración
del principio del plazo razonable sino que también es necesario que las empresas afectadas demuestren que esa duración excesiva
implicó una violación del derecho de defensa (sentencia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión,
C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, apartados 173 a 178).
En el presente asunto, según la Comisión, TU no aportó una prueba convincente de su afirmación de que la duración excesiva
del procedimiento administrativo vulneró su derecho de defensa.
La Comisión subraya también que se desprende de los apartados 87 a 92 de la sentencia recurrida que el examen del Tribunal
de Primera Instancia, al estudiar la cuestión de si la duración excesiva del procedimiento administrativo había afectado al
derecho de defensa de TU, se refirió tanto a la primera como a la segunda fase de dicho procedimiento administrativo.
Con carácter subsidiario, la Comisión señaló que la cuestión de si la fecha que debe tenerse en cuenta a los efectos de la
acusación de TU, en el sentido del artículo 6 de la CEDH, es la del pliego de cargos o la de la recepción del escrito de advertencia,
carece de importancia puesto que la simple lectura de los apartados 76 a 85 de la sentencia recurrida muestra claramente que
el Tribunal de Primera Instancia examinó la cuestión del respeto del principio del plazo razonable tanto a la luz de la primera
fase del procedimiento administrativo, que comenzó con la recepción del escrito de advertencia, como de la segunda fase de
tal procedimiento.
Por tanto, la Comisión propone que se desestime por infundada la primera parte del primer motivo.
–       Sobre la segunda parte del primer motivo, relativa a la duración excesiva del procedimiento administrativo
TU manifiesta que el Tribunal de Primera Instancia no declaró determinados incumplimientos de la Comisión. En particular,
el pliego de cargos no se envió a la FEG y a sus miembros hasta cincuenta y siete meses después del escrito de advertencia.
Así, a su entender, la Comisión dejó a los interesados durante mucho tiempo en la incertidumbre acerca de las acciones que
podían tomarse en su contra.
Considera que la larga duración del procedimiento administrativo debería haber llevado al Tribunal de Primera Instancia a
admitir a primera vista la existencia de un incumplimiento del principio del plazo razonable. Independientemente de la cuestión
de si se vulneró efectivamente el derecho de defensa de TU, una superación tan amplia de dicho plazo debería haber llevado
a que el Tribunal de Primera Instancia determinase que la Decisión impugnada no debería haberse adoptado como se hizo, puesto
que ningún interesado debe permanecer en la incertidumbre durante un período tan largo.
La Comisión recuerda que según una jurisprudencia reiterada, la duración excesivamente larga del procedimiento administrativo
sólo puede conducir a la anulación de la decisión de la Comisión si las empresas afectadas demuestran que la superación del
plazo razonable vulneró el derecho de defensa. Indica que el Tribunal de Primera Instancia examinó esta cuestión en los apartados
87 a 93 de la sentencia recurrida y declaró que no existe ninguna prueba de vulneración de los intereses de TU.
La Comisión pone de manifiesto que la afirmación de que el Tribunal de Primera Instancia no declaró varias vulneraciones del
plazo razonable pretende poner en cuestión una apreciación de hechos efectuada por dicho órgano jurisdiccional y es, por tanto,
manifiestamente inadmisible.
–       Sobre la tercera parte del primer motivo, relativa a la vulneración del derecho de defensa
TU sostiene que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho o, por lo menos, motivó de modo incomprensible
la sentencia recurrida en tanto que declaró que la duración excesivamente larga del procedimiento administrativo no afectó
al derecho de defensa de TU (apartado 79 de la sentencia recurrida, en relación con los apartados 93 y 94 de la misma).
Alega, además, que se afectó al derecho de defensa a lo largo de la fase previa a la recepción del pliego de cargos. En particular,
indica las consecuencias desfavorables que padeció en relación con la recogida de pruebas a causa de dicha duración.
TU considera que se le privó de la posibilidad de hacer una búsqueda fructífera de las pruebas ya que, debido al transcurso
de un lapso de tiempo demasiado largo, le fue cada vez más difícil reunir las pruebas de descargo que se le exigían, aún cuando
actuó con respeto al deber general de prudencia que incumbe a cualquier empresa, tal como indicó el Tribunal de Primera Instancia
en el apartado 87 de la sentencia recurrida.
La Comisión estima, por su parte, con carácter principal, que la tercera parte del primer motivo cuestiona la apreciación
fáctica que efectuó el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 87 a 93 de la sentencia recurrida y, por tanto, es manifiestamente
inadmisible.
Con carácter subsidiario, la Comisión critica el argumento de TU de que la duración excesivamente larga de la investigación
no le permitió realizar convenientemente su búsqueda de pruebas. A este respecto, la Comisión recuerda que TU esgrimió esas
alegaciones ante el Tribunal de Primera Instancia, que las desestimó en los apartados 87 y 88 de la sentencia recurrida. Indica
que TU no refuta en modo alguno las conclusiones a las que llegó dicho Tribunal en esos apartados.
CEF destaca también, en su escrito de contestación al recurso de casación, que el primer motivo de TU se basa en una lectura
equivocada de la sentencia recurrida. Considera que, en el marco de la apreciación del plazo razonable, el Tribunal de Primera
Instancia se refirió correctamente, en su examen, al período que se inicia en la fecha de la solicitud de información, es
decir, el 25 de julio de 1991.
En lo que atañe al plazo razonable y a la vulneración del derecho de defensa, CEF se refiere al apartado 49 de la sentencia
de 17 de diciembre de 1998, Baustahlgewebe/Comisión (C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417), para sostener que el Tribunal de Primera
Instancia no aplicó un concepto jurídico erróneo al estimar que, aunque la primera fase del procedimiento administrativo tuvo
una duración excesiva, no se infringió el principio del plazo razonable, dada la falta de prueba de una vulneración del derecho
de defensa.
En todo caso, CEF estima que se trata, en el caso de autos, de comprobaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia que
el Tribunal de Justicia no puede volver a examinar. Por tanto, considera que el primer motivo debe desestimarse por inadmisible
o, en todo caso, por infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
El respeto de un plazo razonable en la tramitación de los procedimientos administrativos en materia de política de la competencia
constituye un principio general del Derecho comunitario cuyo respeto garantiza el órgano jurisdiccional comunitario (sentencias
de 18 de marzo de 1997, Guérin automobiles/Comisión, C‑282/95 P, Rec. p. I‑1503, apartados 36 y 37, y Limburgse Vinyl Maatschappij
y otros/Comisión, antes citada, apartados 167 a 171).
Se debe comprobar si el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al desestimar las alegaciones basadas en
la presunta vulneración de este principio por la Comisión.
Contrariamente a lo que sostiene TU, el Tribunal de Primera Instancia distinguió, para aplicar el principio del plazo razonable,
entre las dos fases del procedimiento administrativo, a saber, la fase de instrucción anterior al envío del pliego de cargos
y la que comprende el resto del procedimiento administrativo (véase el apartado 78 de la sentencia recurrida).
Este modo de proceder es completamente acorde con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Así, en los apartados 181 a
183 de la sentencia Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró, en particular,
que el procedimiento administrativo puede dar lugar al examen de dos períodos sucesivos que responden, cada uno, a su propia
lógica interna. El primer período, que se extiende hasta el pliego de cargos, tiene como punto de partida la fecha en que
la Comisión, en ejercicio de las facultades que le confiere el legislador comunitario, adopta medidas que implican la imputación
de una infracción y debe permitirle tomar una postura sobre la orientación del procedimiento. El segundo período, por su parte,
se extiende desde el pliego de cargos hasta la adopción de la decisión definitiva. Debe permitir a la Comisión pronunciarse
definitivamente sobre la infracción imputada.
Después de haber efectuado la distinción entre las dos fases del procedimiento administrativo, el Tribunal de Primera Instancia
llevó a cabo el examen del carácter excesivo o no de la duración de cada una de ellas.
En lo que concierne a la primera fase, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 77 de la sentencia recurrida,
que, tras enviar a TU, el 25 de julio de 1991, una solicitud de información basada en el artículo 11 del Reglamento nº 17,
la Comisión había esperado más de tres años para realizar las primeras inspecciones
in situ
. El Tribunal de Primera Instancia admitió que tal duración resulta excesiva y se debe a una inacción imputable a la Comisión.
En lo que se refiere a la segunda fase del procedimiento administrativo, el Tribunal de Primera Instancia destacó, en el apartado
85 de la sentencia recurrida, que entre la audiencia de las partes y la Decisión impugnada transcurrieron unos veintitrés
meses, duración que resulta considerable, sin que pueda imputarse la responsabilidad de la misma a TU y a la FEG. El Tribunal
de Primera Instancia infirió de ello que la Comisión había sobrepasado el plazo normalmente necesario para adoptar dicha decisión.
Dado que la declaración de la excesiva duración del procedimiento, sin que se pueda imputar a TU o a la FEG la responsabilidad
de la misma, no es suficiente por sí sola para determinar que existe una vulneración del principio del plazo razonable, el
Tribunal de Primera Instancia valoró la incidencia de dicha duración sobre el derecho de defensa de TU. La premisa de este
enfoque deriva del apartado 74 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal de Primera Instancia declaró que la superación
del plazo razonable sólo constituye un motivo de anulación en el caso de una decisión en la que se declare la existencia de
infracciones si se demuestra que la violación de este principio ha vulnerado el derecho de defensa de las empresas de que
se trate. Aparte de este supuesto concreto, el incumplimiento de la obligación de pronunciarse en un plazo razonable no influye
en la validez del procedimiento administrativo con arreglo al Reglamento nº 17.
La utilización de este criterio, con el fin de declarar que existe una vulneración del principio del plazo razonable, es totalmente
legítima. En efecto, en el apartado 49 de la sentencia Baustahlgewebe/Comisión, antes citada, el Tribunal de Justicia manifestó,
en el marco de la apreciación de la duración del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, que el indicio de que
la duración del procedimiento tuvo alguna incidencia en la solución del litigio puede dar lugar a la anulación de la sentencia
recurrida. El mismo enfoque aparece en el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia al haber considerado que la excesiva
duración del procedimiento ante la Comisión debía entrañar la anulación de la Decisión impugnada si el derecho de defensa
de TU se había visto afectado, supuesto en el cual hay necesariamente una posible incidencia sobre el resultado del procedimiento.
En consecuencia, se debe valorar el examen que efectuó el Tribunal de Primera Instancia de la presunta vulneración, en ese
contexto, del derecho de defensa de TU.
De la sentencia recurrida se desprende que este análisis se limita a apreciar la incidencia de la excesiva duración de la
segunda fase del procedimiento administrativo sobre el ejercicio del derecho de defensa de TU. En particular, en el apartado
93 de dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la prolongación excesiva del procedimiento administrativo
después de la audiencia no había afectado al derecho de defensa de TU y de la FEG.
En lo que atañe a la fase de instrucción anterior al pliego de cargos, el Tribunal de Primera Instancia destacó, en el apartado
79 de la sentencia recurrida, que la mera prolongación de esta fase del procedimiento no vulnera, en sí, el derecho de defensa,
ya que TU y la FEG no fueron objeto de acusación formal alguna hasta que recibieron el pliego de cargos.
Esta conclusión es correcta en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia consideró que sólo después del envío del
pliego de cargos TU y la FEG fueron informadas oficialmente de las infracciones que la Comisión les reprochaba como resultado
de sus propias investigaciones. La idea que sustenta el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia es que las empresas
afectadas sólo pueden hacer valer plenamente su derecho de defensa en la segunda fase del procedimiento administrativo, lo
que no sucede durante la fase anterior al pliego de cargos debido a la falta de una imputación, por parte de la Comisión,
de las presuntas infracciones constatadas.
No obstante, la declaración que hace el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 79 de la sentencia recurrida no tiene
en cuenta la posibilidad de que la excesiva duración de la fase de instrucción hubiera podido incidir en el ejercicio del
derecho de defensa por TU a lo largo de la segunda fase del procedimiento administrativo, a saber, después del envío del pliego
de cargos.
La excesiva duración de la primera fase del procedimiento administrativo puede incidir en las posibilidades futuras de defensa
de las empresas afectadas, en particular, al disminuir la eficacia del derecho de defensa cuando éste se invoca en la segunda
fase del procedimiento. En efecto, tal como señala la Abogado General en el apartado 123 de sus conclusiones, cuanto más tiempo
transcurra entre una medida de investigación como, en el caso de autos, el envío del escrito de advertencia y del pliego de
cargos, más probable es que no puedan recabarse las posibles pruebas de descargo frente a las infracciones imputadas en este
pliego de cargos, o que sólo puedan obtenerse con dificultad, en particular, en lo que se refiere a los testigos de descargo,
a causa de los cambios que pueden producirse en la composición de los órganos de dirección de las empresas de que se trata
y de los movimientos que afectan al resto de su personal. El Tribunal de Primera Instancia no tuvo suficientemente en cuenta,
en su análisis del principio del plazo razonable, este aspecto de la aplicación del mismo.
Dado que el respeto del derecho de defensa, principio cuyo carácter fundamental subrayó en repetidas ocasiones la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia (véase, en particular, la sentencia de 9 de noviembre de 1983, Michelin/Comisión, 322/81, Rec. p. 3461,
apartado 7), reviste una importancia capital en procedimientos como el de autos, debe evitarse que ese derecho quede irremediablemente
afectado a causa de la excesiva duración de la fase de instrucción y que esta duración pueda obstaculizar que se aporten pruebas
para refutar la existencia de comportamiento que puedan generar la responsabilidad de las empresas afectadas. Por este motivo,
el examen de la posible traba al ejercicio del derecho de defensa no debe limitarse a la fase en la que ese derecho despliega
la plenitud de sus efectos, a saber, la segunda fase del procedimiento administrativo. La apreciación del origen del posible
menoscabo de la eficacia del derecho de defensa debe extenderse al conjunto de dicho procedimiento y referirse a la duración
total de éste.
Así, el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho en tanto que, en la sentencia recurrida, limitó el alcance
del examen de la presunta violación del derecho de defensa a causa de la excesiva duración del procedimiento administrativo
a la segunda fase de éste. No examinó si la excesiva duración, imputable a la Comisión, del conjunto del procedimiento administrativo,
incluida la fase anterior al pliego de cargos, podía afectar a las posibilidades futuras de defensa de la FEG y de TU y si
ésta última, en particular, había probado este hecho de manera concluyente.
De esto se desprende que debe estimarse el primer motivo de TU en la medida en que se basa en un error de Derecho en la aplicación
del principio del plazo razonable. En consecuencia, debe anularse parcialmente la sentencia recurrida, en la medida en que
declaró que la prolongación de la primera fase del procedimiento administrativo no vulnera, en sí, el derecho de defensa de TU.
En virtud del artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, cuando se estime el recurso de casación,
el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal de Primera Instancia. En tal caso, el Tribunal de Justicia podrá
o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal
de Primera Instancia para que este último resuelva.
En el caso de autos, el Tribunal de Justicia puede resolver el fondo del asunto puesto que la cuestión del presunto menoscabo
del derecho de defensa, examinado en relación con la excesiva duración del procedimiento administrativo, fue debatida en primera
instancia y que TU tuvo, por tanto, la posibilidad de hacer valer sus alegaciones a este respecto.
En su recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, TU sostiene que la excesiva duración del procedimiento administrativo
tuvo una repercusión sobre el ejercicio del derecho de defensa y, por ende, sobre el resultado del procedimiento iniciado
en su contra. Alega que se obstaculizó su defensa ya en el momento de la recepción del pliego de cargos.
Procede, pues, comprobar si TU demostró de modo jurídicamente suficiente que, en la fecha del envío del pliego de cargos,
a saber, el 3 de julio de 1996, encontró dificultades para defenderse contra las alegaciones de la Comisión, dificultades
que habrían sido consecuencia de la excesiva duración del procedimiento administrativo.
En primer lugar, TU observa que las infracciones que la Comisión señaló en la Decisión impugnada se basan principalmente en
informes de las conversaciones entre representantes de la FEG, la NAVEG y TU. Ahora bien, indica que, en ciertos casos, los
empleados de ésta última que en su día participaron en esas conversaciones hace tiempo que ya no trabajan en esta empresa.
Por ejemplo, los participantes en las asambleas regionales de la FEG, los Sres. Van Hulten, de Beun, Romein y Van Wingen,
abandonaron TU hace algunos años, bien porque ejercitaron su derecho a la jubilación, bien porque cayeron enfermos. En cuanto
al Sr. Coppoolse, a quien se menciona en los apartados 65 y 69 de los considerandos de dicha Decisión, como presidente de
la FEG, donde representaba a TU, ya no trabaja en esta empresa desde 1989 y tampoco trabaja para Schotman, que es la empresa
matriz de TU, desde el 1 de junio de 1992.
TU sostiene que, al faltar estas personas, no se le puede exigir razonablemente que reconstituya el contexto exacto de las
conversaciones que se mantuvieron en su momento para poder defenderse de las imputaciones que formuló la Comisión en el pliego
de cargos.
A este respecto, debe destacarse que, en su recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, TU no precisó la fecha en la que
dichas personas abandonaron la empresa y las circunstancias que pudieran demostrar que el 3 de julio de 1996 ya no era posible
obtener información de ellas. También son imprecisos los argumentos esgrimidos por TU en lo que concierne a las razones por
las que era crucial rodearse de estas personas para ejercer el derecho de defensa. TU no indica cuáles son las imputaciones
específicas que formula la Comisión en la Decisión impugnada que hubieran podido refutarse gracias a la intervención de esas
personas.
En segundo lugar, TU invoca once informes de reuniones en los que se basó la Comisión para declarar que existía un acuerdo
colectivo de exclusividad. Señala que, entre las personas presentes en algunas de esas reuniones, ya no puede contar con la
colaboración de tres de ellas, a saber, los Sres. Vos (reunión entre TU y la empresa Holec), Van der Kaay (presente en la
asamblea de la región de «Zuid‑Nederland» de la FEG, de 14 de febrero de 1990) y Van Nieuwenhof (presente en la asamblea de
la misma región de 28 de mayo de 1991).
TU sostiene que, aunque pudiera solicitar la ayuda de los interesados, sería imposible reconstituir las conversaciones entre
cinco y ocho años después de que éstas se produjeron.
A este respecto, debe recordarse que el pliego de cargos se envió a TU el 3 de julio de 1996. Ahora bien, ésta no indica la
fecha en que las tres personas aludidas dejaron la empresa, ni las razonas por las que el no poder contar con ellas dificulta
su defensa frente a las imputaciones de la Comisión.
Además, consta que, al menos en lo que atañe a la asamblea de la región de «Zuid‑Nederland» de la FEG, de 14 de febrero de
1990, no sólo representaba a TU el Sr. Van der Kaay, sino también otras personas respecto de las cuales esta empresa no invoca
ninguna indisponibilidad.
De cuanto precede resulta que TU no demostró, sobre la base de elementos de prueba convincentes, que el menoscabo del derecho
de defensa pudo ser consecuencia de la excesiva duración de la fase del procedimiento administrativo anterior al pliego de
cargos y que, por esta razón, sus posibilidades de defenderse eficazmente estaban ya mermadas en esa fecha.
La argumentación de TU no puede sustentar la existencia de una vulneración del derecho de defensa, la cual debe examinarse
a la luz de circunstancias específicas de cada caso.
Así, el motivo invocado por TU en apoyo de su recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, basado en una vulneración del
principio del plazo razonable, no es fundado y debe, por tanto, desestimarse.
En consecuencia, procede desestimar el recurso de TU ante el Tribunal de Primera Instancia, puesto que se basa en dicho motivo.

Sobre el segundo motivo, basado en la presunta inadmisión de la prueba de descargo posterior al escrito de advertencia
Alegaciones de las partes
TU considera que existe una contradicción interna en los motivos de la sentencia recurrida y, consecuentemente, un defecto
de motivación de ésta a causa de la ambigüedad con la que el Tribunal de Primera Instancia caracteriza la importancia que
concede a la fecha de notificación del escrito de advertencia.
Señala que, por una parte, el Tribunal de Primera Instancia estimó, en el apartado 79 de la sentencia recurrida, que la fecha
a partir de la cual TU es acusada formalmente es la de la notificación del pliego de cargos. De esto se desprende que TU no
tenía que defenderse antes de esa fecha, ya que no se había formulado todavía ninguna acusación formal contra ella. Por tanto,
a su juicio, el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta el período anterior al pliego de cargos para apreciar si la
Comisión había respetado el principio del plazo razonable antes de adoptar la Decisión impugnada.
Por otra parte, entiende que de los apartados 196 y 208 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal de Primera
Instancia consideró que TU se encontraba materialmente imputada desde la recepción del escrito de advertencia o, al menos,
desde la fecha de la primera solicitud de información. De este modo, el Tribunal de Primera Instancia descartó, sin ninguna
explicación, la prueba de descargo correspondiente al período posterior a la recepción de dicho escrito.
Según TU, la sentencia recurrida está afectada por una grave insuficiencia de motivación y el Tribunal de Primera Instancia
vulneró el derecho de defensa.
La Comisión, por su parte, manifiesta que el segundo motivo invocado por TU en apoyo de su recurso de casación reposa en dos
premisas inexactas.
Advierte, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia tuvo en cuenta el período anterior al pliego de cargos en
su apreciación del carácter razonable del plazo que transcurrió entre los primeros actos del procedimiento administrativo
y la adopción de la Decisión impugnada.
En segundo lugar, la Comisión manifiesta que el Tribunal de Primera Instancia examinó los documentos y argumentos invocados
por TU y declaró que no tenían el valor probatorio que ésta pretendía atribuirles. A su juicio, el Tribunal de Primera Instancia,
en su apreciación, también concedió importancia a la circunstancia de que los documentos en los que se basa TU no se redactaron
hasta que todos los interesados fueron informados del inicio de un procedimiento administrativo por la Comisión.
Esta institución estima que el objeto de este motivo es que el Tribunal de Justicia valore la apreciación fáctica efectuada
por el Tribunal de Primera Instancia acerca de la fuerza probatoria de los documentos del expediente y, por tanto, debe desestimarse
por inadmisible.
Apreciación del Tribunal de Justicia
–       Observaciones preliminares
Deben recordarse los límites del control jurisdiccional que ejerce el Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.
Según resulta del artículo 225 CE y del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, el Tribunal de
Primera Instancia, por una parte, es el único competente para determinar los hechos, salvo en los casos en que la inexactitud
material de sus comprobaciones se desprenda de los documentos que obran en autos, y, por otra parte, es el único competente
para apreciar estos hechos. Cuando el Tribunal de Primera Instancia ha comprobado o apreciado los hechos, el Tribunal de Justicia
es competente para ejercer, con arreglo al artículo 225 CE, un control sobre la calificación jurídica de éstos y las consecuencias
en Derecho que de ella haya deducido el Tribunal de Primera Instancia (véanse, en particular, las sentencias Baustahlgewebe/Comisión,
antes citada, apartado 23, y de 6 de abril de 2006, General Motors/Comisión, C‑551/03 P, Rec. p. I‑0000, apartado 51).
Por lo tanto, el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre los hechos ni, en principio, para examinar
las pruebas que el Tribunal de Primera Instancia haya admitido en apoyo de éstos. En efecto, siempre que dichas pruebas se
hayan obtenido de modo regular y se hayan observado los principios generales del Derecho y las normas procesales aplicables
en materia de carga y de valoración de la prueba, corresponde únicamente al Tribunal de Primera Instancia apreciar la importancia
que debe atribuirse a los elementos que le hayan sido presentados. Así pues, esta apreciación no constituye, salvo en caso
de desnaturalización de dichos elementos, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia (sentencias
Baustahlgewebe/Comisión, antes citada, apartado 24, y General Motors/Comisión, apartado 52).
Además, procede recordar que la cuestión de si la motivación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia es contradictoria
o insuficiente constituye una cuestión de Derecho que, como tal, puede ser invocada en el marco de un recurso de casación
(sentencias de 7 de mayo de 1998, Somaco/Comisión, C‑401/96 P, Rec. p. I‑2587, apartado 53, y de 13 de diciembre de 2001,
Cubero Vermurie/Comisión, C‑446/00 P, Rec. p. I‑10315, apartado 20).
En lo que respecta a la obligación de motivación, se desprende de una jurisprudencia reiterada que no exige al Tribunal de
Primera Instancia que elabore una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por
las partes en el litigio. La motivación puede ser, pues, implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones
por las que se adoptaron las medidas controvertidas y al órgano jurisdiccional competente disponer de los elementos suficientes
para ejercer su control (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P,
C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartado 372).
–       Examen del segundo motivo
Este motivo es admisible en la medida en que, con él, TU pretende demostrar que la motivación de la sentencia recurrida, en
lo que se refiere al rechazo de la fuerza probatoria de determinados documentos, es insuficiente, o incluso contradictoria.
En el marco de su recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, TU y la FEG refutaron los datos expuestos por la Comisión,
en la Decisión impugnada, como ejemplos de aplicación de un pacto de caballeros entre la NAVEG y la FEG acerca del suministro
a los miembros de ésta última (en lo sucesivo, «pacto de caballeros»). En este contexto, se invocaron, en particular, dos
cartas de Spaanderman Licht, que es una empresa miembro de la NAVEG.
El Tribunal de Primera Instancia abordó el examen de la fuerza probatoria de estas cartas en los apartados 196 y 208 de la
sentencia recurrida.
En lo que se refiere, en particular, a la carta de 14 de agosto de 1991, el Tribunal de Primera Instancia, en el mencionado
apartado 196, valoró su fuerza probatoria examinando los términos de dicha carta a la luz del contexto en el que había sido
redactada. En primer lugar, destacó que esa carta se le había enviado a la NAVEG como respuesta a una pregunta que ésta había
efectuado dos días antes. Así pues, estimó que la NAVEG había tomado la iniciativa de interrogar a Spaanderman Licht acerca
de los motivos que le habían llevado a no suministrar a CEF. En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia señaló que
esta carta era posterior a las solicitudes de información que la Comisión envió a la FEG y a TU el 25 de julio de 1991 y que,
por tanto, no era convincente.
En lo que atañe a la carta enviada por Spaanderman Licht a CEF el 22 de mayo de 1991, el Tribunal de Primera Instancia declaró
que ésta se limitaba a indicar que no deseaba ampliar su red de distribuidores. Este Tribunal destacó, sin embargo, que esta
carta se redactó cuando la investigación de la Comisión ya estaba en curso.
Así, de los apartados 196 y 208 de la sentencia recurrida se deriva que el Tribunal de Primera Instancia motivó suficientemente
el carácter convincente de dichas cartas y su rechazo como prueba de descargo.
En lo que concierne a la supuesta contradicción entre los motivos de la sentencia recurrida que alega TU, se debe destacar
que, como señaló la Abogado General en el punto 27 de sus conclusiones, a falta de cualquier relación lógica entre la valoración
del carácter razonable de la duración del procedimiento administrativo y la valoración de la fuerza probatoria de los documentos
presentados al Tribunal de Primera Instancia, dicha sentencia no contiene ninguna contradicción.
Además, la fuerza probatoria de los documentos que las partes presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, cuya valoración
es competencia exclusiva de dicho Tribunal, no depende necesariamente de la fase del procedimiento administrativo durante
la cual se redactaron. Tal como destaca la Abogado General en el punto 28 de sus conclusiones, esta fuerza probatoria debe
examinarse teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso. Pues bien, se desprende de los apartados 196 y 208 de la
sentencia recurrida que el hecho de que la Comisión hubiera comenzado ya su investigación no es el único factor determinante
por el que el Tribunal de Primera Instancia descartó, en particular, que las cartas de Spaanderman Licht de 22 de mayo y de
14 de agosto de 1991 pudieran desvirtuar las pruebas aportadas por la Comisión acerca de la aplicación del pacto de caballeros.
Por tanto, los mencionados apartados 196 y 208 no pueden interpretarse en el sentido de que no puede atribuirse fuerza probatoria
alguna a un documento redactado cuando la investigación de la Comisión ya está en curso.
A la luz de lo expuesto, procede desestimar por infundado el segundo motivo invocado en apoyo del recurso de casación.

Sobre el tercer motivo, basado en la participación de TU en las infracciones señaladas por la Comisión
TU reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber incurrido en un error de Derecho o, por lo menos, haber formulado una motivación
incomprensible, al declarar, en los apartados 367 y 379 de la sentencia recurrida, que la Comisión imputó, con razón, a TU
haber participado activamente en las infracciones relativas al acuerdo colectivo de exclusividad y en los acuerdos sobre precios
de la FEG. El tercer motivo se compone de tres partes.
Sobre la primera parte del tercer motivo, relativo a la participación de TU en el acuerdo colectivo de exclusividad
–       Alegaciones de las partes
Mediante esta parte de su tercer motivo, TU manifiesta que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho o,
por lo menos, motivó de manera incomprensible la sentencia recurrida al considerar que tuvo una participación activa en el
acuerdo colectivo de exclusividad que adoptó la forma de un pacto de caballeros.
Indica, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta las normas de funcionamiento interno de la
FEG ni la normativa neerlandesa aplicable en materia de asociaciones.
TU recuerda a este respecto que sostuvo ante el Tribunal de Primera Instancia que no podía ejercer legalmente ninguna influencia
sobre las decisiones de la FEG. Señala que, pese a esta afirmación, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado
352 de la sentencia recurrida, que no eran pertinentes las objeciones que había planteado acerca de la tesis de la Comisión
de que TU había desempeñado un papel importante en el acuerdo colectivo de exclusividad, ni las críticas basadas en las normas
de funcionamiento interno de la FEG y en la legislación neerlandesa en materia de asociaciones.
La valoración del Tribunal de Primera Instancia a este respecto es, a su juicio, incomprensible ya que éste consideró, en
el apartado 356 de la sentencia recurrida, que esas mismas normas de funcionamiento interno de la FEG eran efectivamente pertinentes
a efectos de la valoración del papel de TU en la dirección de los asuntos de esta asociación.
En relación con esto, la Comisión manifiesta que esta supuesta contradicción entre los apartados 352 y 356 de la sentencia
recurrida se apoya en una interpretación errónea de dicha sentencia.
Así, según la Comisión, en el apartado 352 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia consideró que TU no
podía escudarse en el tenor literal de las normas de funcionamiento interno de la FEG o de las disposiciones de la normativa
neerlandesa que regula el Derecho de asociaciones para sostener que no participó en las infracciones señaladas. La Comisión
pone de relieve que el Tribunal de Primera Instancia subrayó que había que tener en cuenta solamente lo que ocurrió realmente
y no lo que formalmente era posible o estaba permitido.
Además, entiende que en el apartado 356 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia estimó, basándose precisamente
en una valoración del papel que realmente desempeñó TU en los asuntos de la FEG, que aquélla había participado de manera efectiva
en el acuerdo colectivo de exclusividad.
En segundo lugar, TU califica de incomprensible el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia en el apartado 353 de la
sentencia recurrida, donde se confirma el criterio que aplicó la Comisión en la Decisión impugnada, a saber, la coincidencia
de los intereses de la FEG y de TU. Según ésta, el hecho de ser una de las empresas más importantes que es miembro de la FEG
no demuestra que exista «una convergencia natural de intereses» entre ella y la mencionada asociación.
Considera que, puesto que el criterio basado en la coincidencia de intereses no es pertinente en el caso de autos, el Tribunal
de Primera Instancia debería haber buscado la existencia de una voluntad común entre TU y la FEG.
A este respecto, la Comisión sostiene que la constatación del Tribunal de Primera Instancia acerca de la convergencia de intereses
entre la FEG y TU no se basa únicamente en el hecho de que ésta última sea uno de los principales y mayores miembros de la
FEG. A su juicio, del apartado 356 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal de Primera Instancia también tuvo
en cuenta el hecho de que, durante varios años, un representante de TU formó parte de la junta directiva de la FEG, llegando
incluso a ocupar durante un cierto tiempo la presidencia de este órgano, y que dicha empresa tenía una representación destacada
en diversas comisiones de productos.
La Comisión critica también la tesis de TU según la cual el Tribunal de Primera Instancia debería haber examinado la existencia
de un «concurso de voluntades» entre TU y la FEG. Considera que dicho Tribunal examinó si TU había participado en el acuerdo
colectivo de exclusividad y concluyó que así sucedió, lo que es suficiente para imputarle una infracción.
En tercer lugar, TU se refiere a la declaración que efectúa el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 356 de la sentencia
recurrida, según la cual TU «es una de las principales empresas miembro de la FEG» y que «[é]sta es la razón por la que varios
de sus directivos o empleados han sido miembros de la junta directiva de la FEG y han participado en las deliberaciones de
los órganos de dicha asociación entre 1985 y 1995», y estima que tal comprobación es insuficiente para establecer si participó
«activamente» en la infracción contemplada en el artículo 1 de la Decisión impugnada.
Manifiesta que, en el caso de autos, la Comisión debería haber esclarecido si TU había refrendado, de algún otro modo, el
comportamiento de «su» representante en la junta directiva de la FEG y había aprobado, por ende, la política de ésta última,
así como la ejecución de dicha política. Resalta que la Comisión no hizo esta actuación y que, por tanto, el Tribunal de Primera
Instancia llevó a cabo una calificación jurídica equivocada sobre este aspecto.
La Comisión señala a este respecto que TU, manifiestamente, no tiene en cuenta todas las pruebas que examina el Tribunal de
Primera Instancia en los apartados 356 a 361 de la sentencia recurrida. Recuerda que ese Tribunal declaró, en los mencionados
apartados, que TU participó en el pacto de caballeros no sólo al haber asistido a las reuniones en las que se discutió este
acuerdo sin distanciarse de un tal acuerdo, sino también al haberse implicado directamente en la elaboración y aplicación
de dicho acuerdo en tanto que miembro de la junta directiva de la FEG.
De esto resulta que el Tribunal de Primera Instancia, al valorar si TU era imputable por su participación en el acuerdo colectivo
de exclusividad, aplicó un criterio jurídico correcto.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
Mediante esta primera parte de su tercer motivo, TU refuta, en esencia, los criterios jurídicos en los que se basó el Tribunal
de Primera Instancia para valorar los elementos de prueba aportados por la Comisión para determinar la participación de TU
en el acuerdo colectivo de exclusividad. Dado que la apreciación acerca de la imputabilidad de la infracción a una empresa
constituye una cuestión de Derecho, incumbe al Tribunal de Justicia examinar si el Tribunal de Primera Instancia cometió un
error de Derecho al considerar que la Comisión estimó correctamente que TU había participado de manera activa en dicho comportamiento
anticompetitivo.
Además, en el marco de esta parte del tercer motivo, TU critica la presunta insuficiencia de motivación de varios apartados
de la sentencia recurrida relativos a su participación en el acuerdo colectivo de exclusividad.
Se deriva de esto que la primera parte del tercer motivo es admisible.
Según la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, para probar de modo jurídicamente suficiente la participación
de una empresa en un acuerdo de naturaleza anticompetitiva es suficiente con que la Comisión demuestre que dicha empresa participó
en reuniones en las cuales se adoptaron tales acuerdos sin haberse opuesto a éstos de manera clara. Cuando se comprueba que
una empresa participó en tales reuniones, le corresponde a ésta aportar indicios apropiados para demostrar que su participación
en las reuniones no estaba guiada en absoluto por un espíritu contrario a la competencia, probando que informó a sus competidores
de que ella participaba en las reuniones con unas intenciones diferentes a las suyas (véanse las sentencias de 8 de julio
de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, apartado 96, y Hüls/Comisión, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287,
apartado 155).
Se desprende de los apartados 359 a 361 de la sentencia recurrida que éstos son los principios que sirvieron de fundamento
a la valoración del Tribunal de Primera Instancia acerca de la prueba que aportó la Comisión en apoyo de su declaración relativa
a la participación de TU en el acuerdo colectivo de exclusividad. En su examen, el Tribunal de Primera Instancia no parte
en modo alguno de la premisa de que la afiliación de una empresa a una asociación profesional implica automáticamente que
los distintos comportamientos infractores de ésta deban imputarse a dicha empresa. En relación con esto, del artículo 355
de la citada sentencia se desprende claramente que el Tribunal de Primera Instancia aplicó el criterio de la participación
personal en la comisión de la infracción.
El Tribunal de Primera Instancia constató, en el apartado 357 de la sentencia recurrida, que la Comisión reunió indicios que
prueban la existencia de un pacto de caballeros. Según dicho Tribunal, la Comisión reunió indicios documentales de los contactos
entre la FEG y la NAVEG en los que se hacía alusión al pacto de caballeros. Tales documentos corresponden a un período que
se inicia el 11 de marzo de 1986, con una reunión entre las juntas directivas de la NAVEG y de la FEG. La Comisión utilizó
igualmente como pruebas las declaraciones intercambiadas entre estas juntas directivas el 28 de febrero de 1989 y el 25 de
octubre de 1991, así como una carta de la FEG a la NAVEG de 18 de noviembre de 1991.
En lo que atañe a la participación personal de TU en el pacto de caballeros, el Tribunal declaró en el apartado 358 de la
sentencia recurrida que, si bien, de entre las reuniones de las juntas directivas de la FEG y de la NAVEG invocadas por la
Comisión, TU no estuvo presente ni representada en la de 28 de febrero de 1989, la FEG elaboró un informe de esta reunión.
El Tribunal de Primera Instancia destacó, además, que no se negó la presencia de TU en otras reuniones (las de 11 de marzo
de 1986 y 25 octubre de 1991) ni que estuviera representada en la junta directiva de la FEG en 1991.
En el apartado 360 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que dada la falta de pruebas de que
TU se distanciara y,
a
fortiori,
atendiendo a su participación como miembro de la junta directiva de la FEG, procede considerar que TU participó en el pacto
de caballeros.
De esto resulta que el Tribunal de Primera Instancia no cometió un error de Derecho al valorar la participación de TU en el
acuerdo colectivo de exclusividad.
Se deben examinar igualmente los argumentos que invoca TU para sostener que determinados apartados de la sentencia recurrida,
referidos a su participación en el acuerdo colectivo de exclusividad, contienen una motivación insuficiente.
En primer lugar, en lo que concierne al argumento de TU relativo a la presunta contradicción entre los apartados 352 y 356
de la sentencia recurrida, de una lectura atenta resulta que éstos no se encuentran afectados por ninguna contradicción.
Así, del apartado 350 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal de Primera Instancia examinó las alegaciones
expuestas por TU para refutar las pruebas de su participación activa en las infracciones, con el fin de dirimir la cuestión
de si la Comisión había acreditado de modo jurídicamente suficiente la participación de esta empresa en las infracciones contempladas
en los artículos 1 y 2 de la Decisión impugnada.
En lo que atañe a la participación de TU en el acuerdo colectivo de exclusividad, el Tribunal de Primera Instancia desestimó,
en el apartado 352 de la sentencia recurrida, la alegación de que esta empresa no podía influir en las decisiones de la FEG.
Este Tribunal declaró que los argumentos de TU acerca de las normas de funcionamiento interno de la FEG y de la legislación
neerlandesa en materia de Derecho de asociaciones no son pertinentes. A su juicio, lo importante es determinar si TU participó
en el pacto de caballeros, y no saber si los estatutos de la FEG o la mencionada normativa le permitían hacerlo.
Este razonamiento se basa de manera correcta en la necesidad de demostrar si se produjo efectivamente la participación de
TU en el pacto de caballeros y no simplemente si dicha participación era posible.
El Tribunal de Primera Instancia, recurriendo precisamente a este razonamiento, en el marco del examen de la cuestión de si
TU había participado efectivamente en el acuerdo colectivo de exclusividad consideró que era relevante el hecho de que varios
de sus directivos y empleados hubieran sido miembros de la junta directiva de la FEG y se refirió, en el apartado 356 de la
sentencia recurrida, a los estatutos de ésta para recordar que este órgano asume la dirección general de la asociación.
La sentencia recurrida no está, pues, afectada, a este respecto, por ninguna contradicción entre sus motivos.
En segundo lugar, en lo que concierne a la crítica del apartado 353 de la sentencia recurrida, procede destacar que la declaración
del Tribunal de Primera Instancia acerca de la convergencia de los intereses de la FEG y de TU no se fundamenta exclusivamente
en el hecho de que ésta última sea uno de los más importantes miembros de la FEG. En efecto, se desprende del apartado 356
de la mencionada sentencia, que el Tribunal de Primera Instancia también tuvo en cuenta el hecho de que, durante varios años,
un representante de TU formó parte de la junta directiva de la FEG, que ese representante asumió durante un cierto tiempo
la presidencia de este órgano y que TU tuvo una representación destacada en diversas comisiones de productos.
En lo que respecta a la supuesta necesidad de que el Tribunal de Primera Instancia examine si existe una voluntad común entre
TU y la FEG, es preciso señalar que, en la medida en que dicho Tribunal comprobó si TU había participado efectivamente en
el pacto de caballeros y concluyó que así había sucedido, se cumple la condición a la que se supedita la imputación de esta
infracción a dicha empresa.
A la vista de cuanto precede, procede desestimar por infundada la primera parte del tercer motivo.
Sobre la segunda parte del tercer motivo, relativa a la participación de TU en la ampliación del acuerdo colectivo de exclusividad
–       Alegaciones de las partes
TU manifiesta que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho o, por lo menos, formuló una motivación
incomprensible al valorar si había participado activamente en las prácticas concertadas de la FEG o, al menos, de los miembros
de esta asociación –y, en caso afirmativo, durante cuánto tiempo– con el objeto de obtener la adhesión al pacto de caballeros
de empresas que no son miembros de la NAVEG.
Critica que no se tuvo en absoluto en cuenta el hecho de que TU, el 2 de julio de 1991, presionó por última vez a un fabricante,
que no era miembro de la NAVEG, para que no suministrara material electrotécnico a empresas no miembros de la FEG. Así, TU
señala que es falso afirmar implícitamente, como hizo el Tribunal de Primera Instancia, que contribuyó activamente después
del 2 de julio de 1991 a la infracción contemplada en el artículo 1 de la Decisión impugnada o que, por lo menos, la sentencia
recurrida está insuficientemente motivada sobre este aspecto. Advierte que la Comisión no constató ninguna actividad de TU
en este sentido con posterioridad a la fecha mencionada.
La Comisión declara, a este respecto, que TU pretende discutir la valoración fáctica del Tribunal de Primera Instancia respecto
de la fecha del 2 de julio de 1991 y que, según una jurisprudencia reiterada, el partícipe de un acuerdo prohibido se considera
responsable de dicho acuerdo hasta que se distancie públicamente de su contenido, lo que TU no hizo nunca.
Con carácter totalmente subsidiario, la Comisión destaca que TU ignora la declaración que hace el Tribunal de Primera Instancia
en el apartado 366 de la sentencia recurrida según la cual TU presionó a empresas que no eran miembros de la NAVEG, tanto
individualmente como «junto con otros miembros de la FEG». Alega que esta circunstancia es una razón que se añade para considerar
que TU es responsable de la infracción durante toda la duración de ésta.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
La segunda parte del tercer motivo es admisible en la medida en que refuta, en esencia, los criterios jurídicos en los que
se basa el Tribunal de Primera Instancia al examinar las pruebas que aportó la Comisión para determinar que TU participó en
la ampliación del acuerdo colectivo de exclusividad.
No obstante, no tiene en cuenta las conclusiones a las que llega el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 365 a 376
de la sentencia recurrida.
Así, en el apartado 365 de dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia hace constar que TU es uno de los principales
miembros de la FEG y que, por este motivo, estuvo continuamente representada en la junta directiva de dicha asociación entre
1985 y 1995, con la excepción, sin embargo, del año 1990. Este Tribunal destaca también que, en su condición de tal, TU participó
directamente en la elaboración de la política de la FEG y/o fue informada de las conversaciones entre dicha asociación y la
NAVEG sobre el acuerdo colectivo de exclusividad, sin haber intentado nunca distanciarse públicamente de ellas.
En el apartado 366 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia añade que las pruebas examinadas por la Comisión
en los considerandos 53 a 70 de la Decisión impugnada muestran de modo jurídicamente suficiente que TU desempeñó un papel
de especial importancia en la práctica concertada orientada a ampliar el acuerdo colectivo de exclusividad a ciertos proveedores
que no son miembros de la NAVEG. Ese Tribunal consideró que TU presionó a dichas empresas, tanto individualmente como junto
con otros miembros de la FEG, a fin de que no suministraran material a los mayoristas no miembros de la NAVEG con los que
ellas competían.
Dado que el Tribunal de Primera Instancia comprobó la existencia de estas presiones, ejerciendo su facultad soberana de valoración
de los hechos que no puede ser objeto de un nuevo examen en el marco de un recurso de casación y cuya exactitud material TU
no discute, procede declarar que ese Tribunal no cometió un error de Derecho al considerar que la Comisión estimó de manera
correcta la participación de TU en la extensión del acuerdo colectivo de exclusividad, después del 2 de julio de 1991, basándose,
para alcanzar esta conclusión, en la valoración del papel que TU desempeñó personalmente en esta infracción. Por lo demás,
no puede señalarse ningún defecto de motivación a este respecto.
En estas circunstancias, procede desestimar por infundada la segunda parte del tercer motivo.
Sobre la tercera parte del tercer motivo, relativa a la participación de TU en la infracción en materia de precios
–       Alegaciones de las partes
TU pone de relieve que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho o, por lo menos, formuló una motivación
incomprensible de la sentencia recurrida, al declarar que la Comisión pudo considerar, con razón, que era responsable de la
infracción contemplada en el artículo 2 de la Decisión impugnada, en lo que se refiere a los acuerdos sobre precios, a causa
de su participación activa en tales acuerdos.
TU critica la afirmación que hace el Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 371 de la sentencia recurrida, de que «TU
no puede pretender que la infracción contemplada en el artículo 2 de la [d]ecisión impugnada sólo se refiere, por esencia,
a la FEG y no puede por consiguiente serle imputada».
TU reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber considerado implícitamente que participó en una práctica concertada al
aplicar dos decisiones obligatorias, una en materia de precios fijos y otra sobre publicaciones. Deduce del apartado 376 de
la sentencia recurrida que el Tribunal de Primera Instancia estimó que el mero hecho de ser miembro de la FEG es suficiente
para hacer a TU responsable de la infracción.
TU manifiesta que el hecho de ser miembro de una asociación de empresas que infringe las normas en materia de competencia
no es suficiente, en sí, para imputar dicha infracción a ese miembro. A su modo de ver, es necesario que concurra una actividad
individual que pueda probarse y de la que pueda deducirse que el miembro de la asociación de que se trata manifestó su voluntad
de participar en la infracción en cuestión.
TU estima que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho o, por lo menos, formuló una motivación incomprensible
de la sentencia recurrida en este aspecto, al no examinar en qué medida se implicó efectivamente en la infracción contemplada
en el artículo 2 de la Decisión impugnada.
A este respecto, la Comisión alega que la tercera parte del tercer motivo se fundamenta en una lectura equivocada del apartado
371 de la sentencia recurrida.
A su juicio, el Tribunal de Primera Instancia recuerda, en el mencionado apartado 371, que el artículo 3 de la Decisión impugnada
considera a TU responsable de las infracciones a causa, concretamente, de su participación activa en éstas. La Comisión subraya
que el citado Tribunal, en el apartado 349 de dicha sentencia, desestima la alegación de TU de que las infracciones se le
imputan únicamente por su condición de miembro de la FEG. Indica que este rechazo se hace explícito en los apartados 351 a
379 de la misma sentencia, en los que el Tribunal de Primera Instancia declara, a la vista de las pruebas disponibles –y no
solamente a causa de su simple afiliación a la FEG– que pueden imputarse a TU las dos infracciones contempladas en dicha decisión.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
Tal como destacó la Abogado General en el punto 51 de sus conclusiones, el Tribunal de Primera Instancia no se basó de ningún
modo en la premisa de que debía considerarse que TU, en su condición de miembro de la FEG, era automáticamente responsable
del comportamiento ilícito de ésta última.
Al contrario, los apartados 375 a 379 de la sentencia recurrida se dedican al examen, por el Tribunal de Primera Instancia,
de la participación personal y activa de TU en la infracción relativa a la fijación de precios.
En consecuencia, no puede reprocharse al Tribunal de Primera Instancia ningún error de Derecho. Por lo demás, la sentencia
recurrida está suficientemente motivada a este respecto.
De todo lo expuesto se deriva que debe desestimarse por infundada la tercera parte del tercer motivo y, por tanto, éste debe
desestimarse en su totalidad.

Sobre el cuarto motivo, basado en la determinación de la duración de las infracciones que la Comisión imputa a TU
Mediante su cuarto motivo, que contiene tres partes, TU sostiene que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error
de Derecho o, por lo menos, motivó de manera insuficiente la sentencia recurrida en lo que se refiere a la duración de cada
una de las infracciones continuadas que se contemplan en los artículos 1 y 2 de la Decisión impugnada. Alega que los mismos
períodos se tuvieron en cuenta, de forma equivocada, para calcular la duración de la infracción que se contempla en el artículo
3 de la misma Decisión.
TU critica el apartado 413 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal de Primera Instancia consideró «que los elementos
constitutivos de las infracciones contempladas en los artículos 1 y 2 de la Decisión [impugnada] duraron 8, 15, 9, 4 y 6 años».
Sobre la primera parte del cuarto motivo, basada en la duración del acuerdo colectivo de exclusividad
–       Alegaciones de las partes
TU afirma que el Tribunal de Primera Instancia declaró, de manera errónea, que la infracción que se contempla en el artículo
1 de la decisión impugnada es, por esencia, continua y se prolongó del 11 de marzo de 1986 al 25 de febrero de 1994, ambos
inclusive. A este respecto, TU se remite al apartado 406 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal de Primera Instancia
estimó que las infracciones contempladas en los artículos 1 y 2 de la decisión impugnada revisten «por esencia» un carácter
continuo dado que «[l]os incidentes relativos a la ampliación del acuerdo colectivo de exclusividad y el envío de recomendaciones
en materia de precios por parte de la FEG no constituyen infracciones autónomas, sino elementos constitutivos de las infracciones
[…]». Considera que este Tribunal se basa, incorrectamente, en «indicios», a falta de pruebas directas a este fin.
Además, TU estima que, en el apartado 408 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia no hizo explícita la
razón por la cual consideró que podía hablarse de un acuerdo colectivo de exclusividad entre la FEG y la NAVEG a lo largo
del período que va del 11 de marzo de 1986 al 25 de febrero de 1994, aún a falta de pruebas de la existencia de dicho acuerdo
durante ciertos períodos comprendidos entre ambas fechas. Así, entiende que la existencia de dicha infracción no se basa en
prueba alguna:
–        en el período comprendido entre el 11 de marzo de 1986, fecha de la reunión durante la cual la FEG y la NAVEG hablaron por
primera vez de «acuerdos entre las dos asociaciones», y el 28 de febrero de 1989, fecha en la que las juntas directivas de
ambas asociaciones aludieron, por primera vez después de la mencionada reunión, al pacto de caballeros;
–        en el período comprendido entre el 18 de noviembre de 1991, momento en que la FEG mantuvo correspondencia con la NAVEG por
última vez, y el 25 de febrero de 1994, cuando ésta última destacó por última vez la existencia del acuerdo colectivo de exclusividad
entre la FEG y la NAVEG.
TU considera que esta circunstancia es contraria a las normas que regulan la valoración de la prueba. A su juicio, se puede
considerar que una infracción se prolonga durante un período de varios años si se demuestra que, a lo largo de éstos, las
empresas implicadas mantuvieron una voluntad común acerca del objeto de la infracción y que dicha voluntad persistió efectivamente
o, al menos, se llevó a cabo.
Afirma, por tanto, que el Tribunal de Primera Instancia aplicó un criterio erróneo en materia de prueba.
En lo que atañe a la totalidad del cuarto motivo, la Comisión estima que es inadmisible en la medida en que refuta la apreciación
fáctica del Tribunal de Primera Instancia de acuerdo con la cual los actos y comportamientos restrictivos de la competencia
comprobados tienen un objetivo común y constituyen, por tanto, una infracción única.
Con carácter subsidiario, en lo que concierne a la primera parte del cuarto motivo, la Comisión manifiesta que el apartado
406 de la sentencia recurrida, que TU critica, indica claramente que la calificación de las prácticas a las que se refiere
la Decisión impugnada como «infracciones continuadas» no está motivada en modo alguno mediante una referencia a la relación
que existe entre los diferentes actos restrictivos de la competencia, sino que se fundamenta en la naturaleza de las infracciones
que se refieren a acuerdos celebrados para una duración determinada y a actos de aplicación o de ampliación de esos acuerdos.
En lo que se refiere al argumento de TU acerca de la duración del acuerdo colectivo de exclusividad y de la presunta falta
de prueba de su existencia durante largos períodos, la Comisión se remite a los apartados 90, 406 y 411 de la sentencia recurrida,
en los que el Tribunal de Primera Instancia declaró repetidamente que debía calificarse la infracción de «continuada». Pues
bien, la Comisión estima que, en el marco de un acuerdo celebrado por un plazo indeterminado, no está obligada a demostrar
la existencia del mismo en cada momento, a causa, precisamente, de la naturaleza de dicho acuerdo.
La Comisión concluye que, dado que el Tribunal de Primera Instancia calificó de «continuadas» las infracciones que se imputan,
lo que constituye una constatación de hecho, y que ninguno de los participantes en el acuerdo colectivo de exclusividad se
distanció expresamente de él, dicho Tribunal consideró de manera correcta que la Comisión no tiene que aportar pruebas adicionales
para demostrar que el acuerdo existe en cualquier momento de los períodos mencionados por TU.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
En el marco de esta primera parte del cuarto motivo, TU sostiene, en esencia, que el Tribunal de Primera Instancia se basó
en criterios jurídicos erróneos para valorar la prueba que presentó la Comisión en apoyo de su afirmación relativa a la duración
del acuerdo colectivo de exclusividad en el cual se reprocha a TU haber participado. En esta medida, esta parte del cuarto
motivo versa sobre una cuestión de Derecho sobre la cual puede pronunciarse el Tribunal de Justicia en el marco de un recurso
de casación y, por tanto, procede considerarla admisible.
Como la FEG y TU negaron la existencia del pacto de caballeros, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en el apartado
141 de la sentencia recurrida, que procedía determinar si la Comisión había probado, en la Decisión impugnada, como lo exigía
la carga de la prueba que pesaba sobre ella, su conclusión de que existió un pacto de caballeros sobre el que se disponía
de pruebas a partir del 11 de marzo de 1986. Dicho Tribunal indicó que esta apreciación se basa en una evaluación global de
todas las pruebas e indicios pertinentes.
Al haber examinado el origen y la puesta en práctica de este pacto de caballeros, el Tribunal de Primera Instancia destacó,
en el apartado 210 de la sentencia recurrida, que, tras una valoración global, TU y la FEG no lograron poner en entredicho
el carácter convincente, objetivo y concordante de los indicios que menciona la Comisión en la Decisión impugnada.
En el marco del presente recurso de casación, TU critica, en particular, que la referencia a los «indicios» sea adecuada para
probar la existencia y la duración del acuerdo colectivo de exclusividad.
No puede admitirse esta alegación. El Tribunal de Justicia ya declaró que, en la mayoría de los casos, la existencia de una
práctica o de un acuerdo contrario a la competencia se infiere de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en
su conjunto, pueden constituir, a falta de una explicación coherente, la prueba de una infracción a las normas sobre competencia
(sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, antes citada, apartado 57).
Tal como destaca la Abogado General en el punto 64 de sus conclusiones, tales indicios y coincidencias no sólo pueden arrojar
luz sobre la existencia de prácticas o acuerdos contrarios a la competencia, sino también sobre la duración de prácticas colusorias
continuadas o sobre el período de aplicación de un acuerdo que vulnera las normas en materia de competencia.
A la luz de esta jurisprudencia, el Tribunal de Primera Instancia no cometió un error de Derecho en la medida en que fundamentó
su apreciación de la existencia de un acuerdo colectivo de exclusividad así como de la duración de éste en «una evaluación
global de todas las pruebas e indicios pertinentes». No obstante, la cuestión de cuál es la fuerza probatoria que dicho Tribunal
atribuyó a cada elemento de esas pruebas e indicios aportados por la Comisión constituye una apreciación fáctica que, en sí
mismo, escapa al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.
En el marco de esta primera parte del cuarto motivo, TU también reprocha al Tribunal de Primera Instancia que haya ignorado
la falta de prueba acerca de la existencia de un acuerdo colectivo de exclusividad a lo largo de determinados períodos concretos.
Se debe precisar a este respecto que, en el apartado 406 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró
que la Comisión había aportado la prueba de la existencia de una infracción continuada durante el período comprendido entre
1986 y 1994. El hecho de que no se haya aportado la prueba para determinados períodos concretos no impide considerar que la
infracción se prolonga durante un período global más amplio que aquéllos siempre que dicha constatación se base en indicios
objetivos y concordantes. En el marco de una infracción que se prolonga a lo largo de varios años, el hecho de que las manifestaciones
del acuerdo se produzcan en períodos diferentes, que pueden estar separados por lapsos de tiempo más o menos largos, no incide
en la existencia de dicho acuerdo si las diferentes acciones que constituyen la infracción persiguen un único fin y se encuadran
en el marco de una infracción de carácter único y continuado.
Pues bien, en el apartado 342 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que el acuerdo colectivo
de exclusividad y las prácticas relativas a la fijación de precios persiguen un mismo objeto contrario a la competencia, consistente
en mantener los precios a un nivel superior al que alcanzarían en condiciones de competencia, por una parte reduciendo la
competitividad de las empresas que intentan operar en el mercado de la distribución al por mayor de material electrotécnico
en los Países Bajos y rivalizar así con los miembros de la FEG sin ser miembros de dicha asociación de empresas, y por otra
parte coordinando parcialmente la política de precios de éstas.
Tal como puso de manifiesto la Abogado General en el punto 61 de sus conclusiones, de esta declaración del Tribunal de Primera
Instancia se desprende que las dos infracciones, a saber, el acuerdo colectivo de exclusividad y las prácticas concertadas
en materia de precios, persiguen dicho objetivo único.
Además, hay que subrayar que en el apartado 408 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia señaló con detalle
los indicios que permitieron a la Comisión determinar la duración del acuerdo colectivo de exclusividad. Este apartado está
redactado como sigue:
«Por lo que respecta a la infracción contemplada en el artículo 1 de la Decisión impugnada, la Comisión no ha podido determinar
con precisión la fecha en que se celebró el acuerdo colectivo de exclusividad. Ha podido sin embargo aportar pruebas de la
existencia de dicho acuerdo a partir de la reunión de 11 de marzo de 1986, en la que las juntas directivas de la FEG y de
la NAVEG aludieron al pacto de caballeros. La Comisión tuvo en cuenta igualmente varios indicios posteriores a dicha reunión,
que la llevaron a estimar que los miembros de la NAVEG seguían aplicando el pacto de caballeros (véase la Decisión impugnada,
considerandos 47 a 49). La Comisión aludió también a diversos indicios que demostraban que los miembros de la NAVEG habían
seguido las recomendaciones de su asociación sobre la aplicación del pacto de caballeros (Decisión impugnada, considerandos
50 a 52). El último de estos indicios es el informe de una reunión interna de la sociedad Hemmink de 25 de febrero de 1994,
en la que dicha empresa, miembro de la NAVEG, indicó que se había negado a suministrar material a un mayorista que no era
miembro de la FEG. En cuanto a las presiones ejercidas, en particular por TU, sobre fabricantes no miembros de la NAVEG para
que no suministrasen material a mayoristas no miembros de la FEG, consta igualmente que se produjeron a lo largo de un período
de doce meses que comenzó en julio de 1990.»
Dado que la valoración que hace el Tribunal de Primera Instancia de la prueba aportada por la Comisión acerca de la duración
del acuerdo colectivo de exclusividad se basa en criterios jurídicos correctos y que los apartados de la sentencia recurrida
relativos a esta cuestión están suficientemente motivados, procede desestimar por infundada la primera parte del cuarto motivo.
Sobre la segunda parte del cuarto motivo, relativa a la duración de la infracción en materia de fijación de precios
–       Alegaciones de las partes
TU sostiene que el Tribunal de Primera Instancia estimó de forma errónea, en el apartado 406 de la sentencia recurrida, que
la infracción en materia de fijación de precios que se contempla en el artículo 2 de la Decisión impugnada es, por esencia,
continuada y que se prolongó del 21 de diciembre de 1988 al 24 de abril de 1994, ambos inclusive.
TU critica, en particular, que el Tribunal de Primera Instancia no haya considerado los elementos que le condujeron a declarar
la infracción contemplada en el artículo 2 de la Decisión impugnada como constitutivos de infracciones independientes, sino
como elementos de una única infracción. Subraya que, sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia declaró que esos elementos
tuvieron una duración muy diferente, a saber, quince, nueve, cuatro y seis años, tal como se desprende del apartado 413 de
la sentencia recurrida.
TU considera que un examen más atento de estos «elementos» revela que son completamente heterogéneos. Afirma que el Tribunal
de Primera Instancia debería haber examinado cada uno de ellos por separado a la luz de los criterios de aplicación del artículo
81 CE, apartado 1, y, en particular, con arreglo al criterio de la afectación del comercio entre Estados miembros.
La Comisión estima, por su parte, que esta parte del cuarto motivo se basa en una lectura equivocada de la sentencia recurrida.
Manifiesta que la declaración del Tribunal de Primera Instancia en el apartado 406 de dicha sentencia, relativa al carácter
continuado de la infracción en materia de fijación de precios, se basa en la naturaleza de dicha infracción. En efecto, ésta
consiste en decisiones vinculantes adoptadas para un período indeterminado así como en numerosos actos y comportamientos que
tienen por objeto mantener artificialmente los precios a un nivel elevado en el mercado neerlandés con carácter indefinido.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
Una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos
o incluso de un comportamiento continuado. Esta interpretación no queda desvirtuada por el hecho de que uno o varios elementos
de dicha serie de actos o del comportamiento continuado también puedan constituir, por sí mismos y aisladamente considerados,
una infracción de la citada disposición. Cuando las diversas acciones se inscriben en un «plan conjunto» debido a su objeto
idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad
por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto (véase la sentencia Aalborg
Portland y otros/Comisión, antes citada, apartado 258).
De la sentencia recurrida se deriva que éste es precisamente el razonamiento que sustenta la calificación que hace el Tribunal
de Primera Instancia de las prácticas concertadas en materia de precios como constitutivas de una única infracción continuada.
En particular, en el apartado 342 de la citada sentencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró que el acuerdo colectivo
de exclusividad y las prácticas relativas a la fijación de precios persiguen un mismo objeto contrario la competencia, consistente
en mantener los precios a un nivel superior al que alcanzarían en condiciones de competencia, por una parte reduciendo la
competitividad de las empresas que intentan operar en el mercado de la distribución al por mayor de material electrotécnico
en los Países Bajos y rivalizar así con los miembros de la FEG sin ser miembros de dicha asociación de empresas, y por otra
parte coordinando parcialmente la política de precios de éstas.
Tal como destacó la Abogado General en el punto 64 de sus conclusiones, de esta declaración también se desprende que cada
una de las infracciones, a saber, el acuerdo colectivo de exclusividad y las prácticas concertadas en materia de precios,
persigue, en sí, dicho objetivo único.
Por tanto, el apartado 406 de la sentencia recurrida, leído a la luz de la declaración del Tribunal de Primera Instancia en
el mencionado apartado 342, no pone de manifiesto ningún error de Derecho ni ningún defecto de motivación de esta sentencia.
Además, se debe recordar que a los efectos de la aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, la toma en consideración de los
efectos concretos de un acuerdo es superflua, cuando resulte que éste tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego
de la competencia en el interior del mercado común (véase la sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, antes citada, apartado 261).
Al haber comprobado el objetivo contrario a la competencia de las prácticas concertadas relativas a la fijación de precios,
el Tribunal de Primera Instancia no está obligado a examinar sus efectos concretos en el mercado.
De lo anterior resulta que la segunda parte del cuarto motivo debe desestimarse por infundada.
Sobre la tercera parte del cuarto motivo, relativa a la duración de las infracciones que se imputan a TU
–       Alegaciones de las partes
TU manifiesta que si se estiman la primera y segunda partes del cuarto motivo,
a fortiori
se debe reducir la duración de la infracción contemplada en el artículo 3 de la Decisión impugnada.
La Comisión se remite a su argumentación relativa a estas partes del cuarto motivo y concluye que la tercera parte de éste
y, junto con ella, el conjunto de este motivo deben desestimarse por inadmisibles o, por lo menos, por infundados.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
Como se han desestimado las partes primera y segunda del motivo, procede declarar que la tercera parte del cuarto motivo no
puede prosperar.

Sobre el quinto motivo, relativo a la solicitud de reducción del importe de la multa
Según TU, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho, en tanto que, pese a la valoración inexacta de
la duración de las infracciones y a la vulneración del principio del plazo razonable por la Comisión, no concedió una reducción
adicional del importe de la multa o, por lo menos, la sentencia recurrida no está suficientemente motivada a este respecto.
Este motivo contiene tres partes.
Sobre la primera parte del quinto motivo, relativa a la reducción del importe de la multa a causa de la determinación presuntamente
errónea de la duración de las infracciones que se imputan a TU
–       Alegaciones de las partes
TU sostiene que, según el artículo 15 del Reglamento nº 17, para establecer el importe de la multa que la Comisión impone
a una empresa que cometa una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, se tomará en consideración la gravedad y la duración
de la infracción. Pone de manifiesto que la Comunicación de la Comisión relativa a las Directrices para el cálculo de las
multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA,
publicada en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
de 14 de enero de 1998 (DO C 9, p. 3), prevé la posibilidad de disminuir el importe del importe de base de la multa cuando
circunstancias atenuantes concretas lo justifiquen.
TU estima que la Comisión y el Tribunal de Primera Instancia no tuvieron en cuenta estas normas al fijar el importe de la
multa y que, al actuar así, vulneraron el Derecho comunitario o, por lo menos, el principio de motivación y el de proporcionalidad
en lo que concierne a la fijación de dicho importe. En efecto, alega que la Comisión consideró una duración errónea de la
infracción al establecer el importe de la multa y el Tribunal de Primera Instancia motivó de modo insuficiente su negativa
a conceder una disminución adicional de esta cuantía.
TU afirma que, dado que no puede considerarse, en realidad, que las infracciones que se le imputan constituyen una infracción
única continuada, no se puede sostener que la duración de la infracción por la cual se le imponen las multas se prolongó a
lo largo de un período de ocho años. Contrariamente a lo declarado por el Tribunal de Justicia en el apartado 258 de la sentencia
Aalborg Portland y otros/Comisión, antes citada, no se puede hablar, en el caso de autos, de un «plan conjunto».
La Comisión señala, con carácter principal, que el quinto motivo es manifiestamente inadmisible. Afirma que el Tribunal de
Primera Instancia consideró, en los apartados 436 a 438 de la sentencia recurrida, que, a la luz de las circunstancias concretas
del presente asunto, no se justifica una nueva reducción del importe de la multa. En virtud de la jurisprudencia reiterada
del Tribunal de Justicia (sentencia Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, antes citada, apartado 614), no corresponde
al Tribunal de Justicia sustituir la apreciación del Tribunal de Primera Instancia por la suya propia sobre el importe de
las multas.
Con carácter subsidiario, la Comisión se remite, en lo que atañe al «plan conjunto» cuya existencia refuta TU, al apartado
342 de la sentencia recurrida, en la que el Tribunal de Primera Instancia declaró que ambas infracciones perseguían un mismo
objeto contrario a la competencia.
La Comisión concluye, pues, que la primera parte del quinto motivo es manifiestamente infundada.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
Es preciso recordar que el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para controlar el modo en que la Comisión
aprecia en cada caso concreto la gravedad de los comportamientos ilícitos. En el marco del recurso de casación, el control
del Tribunal de Justicia tiene por objeto, por un lado, examinar en qué medida el Tribunal de Primera Instancia ha tomado
en consideración, de manera jurídicamente correcta, todos los factores esenciales para apreciar la gravedad de un determinado
comportamiento a la luz de los artículos 81 CE y 15 del Reglamento nº 17 y, por otro lado, examinar si el Tribunal de Primera
Instancia ha contestado de modo suficiente con arreglo a Derecho a todas las alegaciones formuladas por la recurrente sobre
la supresión o la reducción de la multa (véase, en particular, la sentencia Baustahlgewebe/Comisión, antes citada, apartado 128).
En el caso de autos, está acreditado que TU no aportó ningún dato que pueda demostrar que el Tribunal de Primera Instancia
no tomó en consideración, de manera jurídicamente correcta, todos los factores esenciales para apreciar la gravedad del comportamiento
reprochado a la luz de los artículos 81 CE y 15 del Reglamento nº 17. Tampoco alega dicha empresa que el Tribunal de Primera
Instancia no contestó de modo suficiente con arreglo a Derecho a todas sus alegaciones sobre la supresión o la reducción del
importe de la multa.
Además, es patente que la primera parte del quinto motivo está directamente vinculada a los argumentos invocados por TU en
apoyo de su cuarto motivo, según los cuales el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al considerar convincente
la prueba aportada por la Comisión acerca de la duración de las infracciones contempladas en la Decisión impugnada. Puesto
que se desestimaron esos argumentos en el marco del examen de ese cuarto motivo, procede, en consecuencia, desestimar la primera
parte del quinto motivo.
Sobre la segunda parte del quinto motivo, relativa a la reducción del importe de la multa a causa de la excesiva duración
del procedimiento administrativo
–       Alegaciones de las partes
TU manifiesta que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al establecer el importe de la multa que
se le impuso o, por lo menos, motivó de manera insuficiente la sentencia recurrida en este aspecto, ya que debería haber reducido
dicho importe a causa de la excesiva duración del procedimiento administrativo.
TU reprocha al Tribunal de Primera Instancia que haya declarado, en los apartados 77 a 85 de la sentencia recurrida, que la
Comisión es responsable de los incumplimientos del principio del carácter razonable del plazo y que sin embargo haya afirmado,
en el apartado 438 de dicha sentencia, que la FEG y TU «no han aportado dato alguno que justifique que el Tribunal de Primera
Instancia decida conceder una reducción adicional del importe de la multa, en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena».
Considera que tal apreciación está motivada de manera incomprensible.
La Comisión pone de relieve que la sentencia recurrida está motivada de modo claro y circunstanciado sobre la cuestión del
vínculo entre la duración del procedimiento administrativo y la reducción adicional del importe de la multa impuesta a TU.
Por una parte, la Comisión indica que el Tribunal de Primera Instancia declaró, en los apartados 87 a 93 de dicha sentencia,
que TU no experimentó dificultades para ejercer su defensa debido a la superación del plazo razonable. Por otra parte, el
mencionado Tribunal examinó si las circunstancias concretas del asunto justificaban una reducción adicional del importe de
la multa y comprobó, a este respecto, tal como se desprende del apartado 438 de la misma sentencia, que TU no aportó dato
alguno que justificase dicha reducción.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
Tal como se desprende de los considerandos 152 y 153 de la Decisión impugnada que se citan en el apartado 9 de la presente
sentencia, la Comisión, al reducir el importe de las multas, tuvo en cuenta la duración excesiva del procedimiento administrativo,
que le es imputable.
En el apartado 438 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia constató que «la Comisión redujo el importe
de la multa por iniciativa propia. La posibilidad de conceder una reducción de esta índole forma parte de las prerrogativas
de la Comisión. Las demandantes no han aportado dato alguno que justifique que el Tribunal de Primera Instancia decida conceder
una reducción adicional del importe de la multa, en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena. Por consiguiente, no
procede acoger la pretensión de las demandantes a este respecto».
Esta declaración no contiene ningún error de Derecho
Por lo demás, esta parte del quinto motivo se relaciona directamente con las alegaciones invocadas por TU en apoyo de su primer
motivo, según las cuales el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al considerar que la superación
del plazo razonable no justifica que se anule la Decisión impugnada. Dado que no se estimó el motivo basado en la vulneración
del principio del plazo razonable, lo que se desprende, por una parte, de la parte no anulada de la sentencia recurrida y,
por otra parte, de la valoración del Tribunal de Justicia al pronunciarse sobre dicho motivo, procede desestimar esta parte
del quinto motivo.
Sobre la tercera parte del quinto motivo, relativa a la determinación del importe de la multa a la vista de la participación
de TU en las infracciones contempladas en la Decisión impugnada
–       Alegaciones de las partes
TU señala que el Tribunal de Primera Instancia, al determinar el importe de la multa impuesta a TU, motivó de modo insuficiente
su valoración de que dicho importe es razonable en relación con el de la multa impuesta a la FEG (apartados 431 a 433 de la
sentencia recurrida).
La Comisión se remite, a este respecto, a los apartados 416 a 438 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal de Primera
Instancia examinó y desestimó de forma motivada todas las alegaciones que tenían por objeto la reducción de la multa.
La Comisión concluye que la tercera parte del quinto motivo es inadmisible y, en cualquier caso, infundada, así como la totalidad
de dicho motivo.
CEF también afirma que el quinto motivo no es admisible puesto que se trata, en el presente asunto, de comprobaciones de hecho
del Tribunal de Primera Instancia que no pueden ser objeto de un nuevo examen en el marco del presente recurso de casación.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
En lo referente al supuesto carácter desproporcionado de la multa, es preciso señalar que no corresponde al Tribunal de Justicia,
cuando se pronuncia sobre cuestiones de Derecho en un recurso de casación, sustituir, por razones de equidad, la apreciación
del Tribunal de Primera Instancia por la suya propia, cuando éste resuelve, en el ejercicio de su plena jurisdicción, sobre
el importe de las multas impuestas a empresas por haber infringido, éstas, el Derecho comunitario (sentencias de 17 de julio
de 1997, Ferriere Nord/Comisión, C‑219/95 P, Rec. p. I‑4411, apartado 31, y Baustahlgewebe/Comisión, antes citada, apartado 129).
De esto se deriva que procede declarar la inadmisibilidad de esta parte del quinto motivo, en la medida en que tiene por objeto
un nuevo examen general de la cuantía de las multas impuestas por la Comisión (véase la sentencia Baustahlgewebe/Comisión,
antes citada, apartado 129).
Además, la lectura atenta de esta parte del quinto motivo pone de manifiesto que está vinculada a las alegaciones que invoca
TU en apoyo de su tercer motivo, según las cuales el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al considerar
que la Comisión consideró a TU, con razón, personalmente responsable de las infracciones contempladas en los artículos 1 y
2 de la Decisión impugnada. Puesto que se desestimó el tercer motivo, procede, en todo caso, desestimar por infundada la tercer
parte del quinto motivo.
De todo lo expuesto resulta que procede desestimar el quinto motivo en su totalidad, en parte por inadmisible y en parte por
infundado.

Costas
A tenor del artículo 122, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas
cuando el recurso de casación sea infundado o cuando, siendo éste fundado, dicho Tribunal resuelva definitivamente sobre el
litigio. Según el artículo 69, apartado 2, del mismo Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo
118, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haberse desestimado
los motivos formulados por TU, a excepción del que se basa en la vulneración del principio del plazo razonable, el cual, sin
embargo, desestima el Tribunal de Justicia, procede condenarla a pagar las costas correspondientes al presente procedimiento.
Se mantienen a cargo de TU las costas correspondientes al procedimiento en primera instancia que concluyó con el pronunciamiento
de la sentencia recurrida, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del fallo de la misma.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:
1)
Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 16 de diciembre de 2003, Nederlandse
Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied y Technische Unie/Comisión (T‑5/00 y T‑6/00), solamente
en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia omitió comprobar, en el marco del examen del motivo basado en la vulneración
del principio del plazo razonable, si la excesiva duración, imputable a la Comisión de las Comunidades Europeas, de la totalidad
del procedimiento administrativo, incluida la fase anterior al pliego de cargos, podía afectar a las posibilidades futuras
de defensa de Technische Unie BV.
2)
Desestimar el recurso de casación en todo lo demás.
3)
Desestimar el recurso interpuesto por Technische Unie BV ante el Tribunal de Primera Instancia, en la medida en que se fundamenta
parcialmente en el motivo basado en una vulneración del principio del plazo razonable.
4)
Condenar a Technische Unie BV a pagar las costas correspondientes al presente procedimiento. Las costas correspondientes a
los procedimientos en primera instancia que concluyeron con el pronunciamiento de la sentencia de 16 de diciembre de 2003,
Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied y Technische Unie/Comisión (T‑5/00 y T‑6/00),
se mantienen a cargo de Technische Unie BV, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del fallo de dicha sentencia.
Firmas
*
* Lengua de procedimiento: neerlandés.