CELEX: 61989CJ0306
Falta de adaptación del Derecho interno a la Directiva 82/470/CEE del Consejo
Ejercicio efectivo de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios para las actividades por cuenta propia de determinados auxiliares del transporte y de los agentes de viaje, así como de los almacenistas

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 6 de octubre de 1989, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declarara que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al no haber adoptado en el plazo prescrito las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a la Directiva 82/470/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1982, relativa a las medidas destinadas a favorecer el ejercicio efectivo de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios para las actividades por cuenta propia de determinados auxiliares del transporte y de los agentes de viaje (grupo 718 CITI) así como de los almacenistas (grupo 720 CITI) (
DO L 213, p. 1
; EE 06/02, p. 139; en lo sucesivo, «Directiva»).
El artículo 4 de la Directiva se refiere a la naturaleza y al origen de las pruebas que deben poder presentar los nacionales de otros Estados miembros cuando el Estado miembro de acogida exija, para acceder a una de las actividades contempladas en la Directiva, el cumplimiento de requisitos relativos a la honorabilidad del interesado, a la inexistencia de quiebra o a su capacidad económica. El artículo 5 enuncia la obligación de los Estados miembros de informar a los interesados de la normativa aplicable, en su caso, a la actividad de que se trate. Por su parte, los artículos 6 y 7 contienen normas de equivalencia y de prueba relativas a los conocimientos y las aptitudes exigidas por la normativa del Estado miembro de acogida.
En la República Helénica, un gran número de actividades a las que se aplica la Directiva son objeto de una normativa que establece requisitos de acceso a estas actividades y para el ejercicio de las mismas. Así sucede con la actividad de los consignatarios de buques, de los agentes de viajes, de los almacenistas y de los peritos en automóviles encargados de ejercer las funciones de peritación técnica de vehículos automóviles ante los órganos jurisdiccionales («peritos en accidentes de circulación»), actividades para las que, según la Comisión, no se ha adoptado ninguna medida de adaptación de la legislación nacional a la Directiva.
Para una más amplia exposición de los hechos, así como de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
En primer lugar, procede desestimar sin más las alegaciones mediante las que la República Helénica alega que su Derecho interno no contiene ninguna medida discriminatoria en el ámbito de aplicación de la Directiva y que no está obligada a adaptar su Derecho interno a la Directiva respecto a actividades que no están reguladas. En efecto, la Comisión no ha formulado semejantes cargos y la Directiva, que, por lo demás, se limita a establecer la supresión de restricciones no discriminatorias a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios, contempla expresamente sólo las actividades cuyo acceso se supedita en el Estado miembro de acogida a determinados requisitos (artículos 4 y 6).
Sobre la cuestión de si el artículo 55 del Tratado CEE se aplica a la actividad de los peritos en accidentes de circulación
La República Helénica alega que la actividad de los peritos en accidentes de circulación está relacionada con el ejercicio del poder público a efectos del artículo 55 del Tratado CEE. Por consiguiente, continúa, no está obligada a adoptar las medidas establecidas por la Directiva respecto a esta actividad, como lo confirma una declaración de las Delegaciones belga, helénica, italiana y luxemburguesa contenida en las actas de la reunión del Consejo en la que se adoptó la Directiva.
A este respecto, procede señalar que los informes periciales en materia de accidentes de circulación no vinculan a los Tribunales. No merman la libertad de apreciación del órgano jurisdiccional ni el libre ejercicio del poder judicial. Por consiguiente, la actividad controvertida no puede considerarse relacionada con el ejercicio del poder público a efectos del artículo 55 del Tratado (respecto a las actividades típicas de la profesión de Abogado, véase la sentencia de 21 de junio de 1974, Reyners,
2/74, Rec. p. 631, apartados 52 y 53
).
Por otra parte, procede señalar que es jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia (véase, entre otras, la sentencia de 15 de abril de 1986, Comisión/Bélgica,
237/84, Rec. p. 1247, apartado 17
), que el alcance objetivo de las normas de Derecho comunitario sólo puede deducirse de esas mismas normas, teniendo en cuenta su contexto. Por consiguiente, no puede verse menoscabada por una declaración como la que ha invocado la República Helénica.
Sobre la obligación de designar autoridades y organismos, con arreglo al apartado 6 del artículo 4 y al apartado 4 del artículo 7 de la Directiva
El apartado 6 del artículo 4 de la Directiva impone a los Estados miembros la obligación de designar, en el plazo previsto para la adaptación del Derecho interno a la Directiva, las autoridades y los organismos competentes para la expedición de los documentos contemplados en los apartados 1 a 4 de dicho artículo. Deberán informar de ello inmediatamente a los otros Estados miembros y a la Comisión.
Conforme al artículo 6 de la Directiva, cuando, en un Estado miembro, el acceso a cualquiera de las actividades de que se trata, o su ejercicio, esté supeditado a la posesión de conocimientos y aptitudes generales, comerciales o profesionales, dicho Estado reconocerá como prueba suficiente de los citados conocimientos y aptitudes el ejercicio efectivo de la actividad considerada en otro Estado miembro, siempre que ésta haya sido ejercida en las condiciones establecidas en dicho artículo.
La prueba de este ejercicio efectivo resulta de una certificación expedida por la autoridad o el organismo competente del Estado miembro de origen o de procedencia (apartado 3 del artículo 7). Los Estados miembros están obligados a designar estas autoridades y organismos, en el plazo previsto para la adaptación del Derecho interno a la Directiva e informarán inmediatamente de ello a los otros Estados miembros y a la Comisión (apartado 4 del artículo 7).
La Comisión censura a la República Helénica no haber designado los citados organismos y autoridades.
A este respecto, la República Helénica, en su respuesta a una pregunta formulada por este Tribunal de Justicia, ha indicado que, en el marco de las negociaciones de adhesión, había designado, como autoridad competente para la expedición de certificaciones a los interesados que quisieran ejercer una actividad profesional determinada en el territorio de un Estado miembro, la Dirección General de Relaciones entre Grecia y las Comunidades Europeas, del Ministerio de Coordinación. Por consiguiente, esta autoridad expide las certificaciones, con arreglo al apartado 4 del artículo 7 de la Directiva.
En una carta dirigida posteriormente a la Comisión y en la vista, la República Helénica precisó que la citada Dirección General también es competente para expedir los documentos a que se refiere el apartado 6 del citado artículo 4.
A este respecto, procede señalar que la designación hecha por Grecia en el marco de las negociaciones de adhesión respondía a una solicitud de la Comisión referida a la comunicación de 13 de julio de 1974, relativa a las pruebas, declaraciones y certificaciones a que se refieren las Directivas adoptadas por el Consejo antes del 1 de junio de 1973 en el ámbito de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios y que se refieren a la honorabilidad, la inexistencia de quiebra y la naturaleza y duración de las actividades profesionales ejercidas en el país de procedencia (
DO C 81, p. 1
).
De ello se deduce que esta designación no se efectuó con objeto de adaptar el Derecho interno a la Directiva 82/470 y, por tanto, no dispensaba a la República Helénica de efectuar una designación expresa de dicha autoridad. Por otra parte, la designación que invoca la demandada no ha sido comunicada a los demás Estados miembros ni ha sido objeto de la publicidad indispensable para que puedan conocerla los interesados.
De lo anterior se deduce que el motivo que invoca la Comisión, basado en la no adopción de las medidas necesarias para adaptar el Derecho interno al apartado 6 del artículo 4 y al apartado 4 del artículo 7 de la Directiva, es fundado.
Sobre la no adaptación del Derecho interno a las demás disposiciones de la Directiva
Respecto a la adaptación del Derecho interno a las demás disposiciones de la Directiva, la República Helénica se ha limitado a invocar una circular aplicable a la actividad de consignatario de buques.
Procede señalar a este respecto que la Directiva pretende crear derechos en favor de los particulares y que es jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia que, en ese caso, las medidas de adaptación no sólo deben vincular a las autoridades públicas de que se trate, sino también permitir a los interesados conocer la plenitud de sus derechos e invocarlos, en su caso, ante los órganos jurisdiccionales nacionales (véase, entre otras, la sentencia de 17 de octubre de 1991, Comisión/Alemania,
C-58/89, Rec. p. I-4983, apartado 13
).
Puesto que la citada circular no se atiene a las exigencias mencionadas anteriormente y no se ha adoptado ninguna otra normativa para adaptar el Derecho interno a las disposiciones controvertidas, este motivo es fundado y, por consiguiente, también lo es la totalidad del recurso.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la República Helénica, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE al no haber adoptado en el plazo prescrito las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar el Derecho interno a la Directiva 82/470/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1982, relativa a las medidas destinadas a favorecer el ejercicio efectivo de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios para las actividades por cuenta propia de determinados auxiliares del transporte y de los agentes de viaje (grupo 718 CITI) así como de los almacenistas (grupo 720 CITI).

2)
Condenar en costas a la República Helénica.

Due
Joliet
Grévisse
Kakouris
Moitinho de Almeida
Diez de Velasco
Zuleeg
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de diciembre de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: griego.