CELEX: 62007FJ0100
Función pública
Funcionarios
Retribución
Devolución de cantidades indebidamente pagadas

1.
Funcionarios — Recursos — Acto lesivo — Concepto — Nota de la administración por la que se informa al interesado de su intención
de proceder a la recuperación de cantidades indebidamente pagadas a falta de explicación satisfactoria o de documento justificativo
adicional aportado por éste — Exclusión
(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)
2.
Funcionarios — Devolución de cantidades indebidamente pagadas — Requisitos — Irregularidad evidente del pago — Conocimiento
por el interesado — Transferencia de una parte de la retribución del funcionario fuera del país de destino para ingresarla
en una cuenta de ahorro-vivienda
(Estatuto de los Funcionarios, art. 85; anexo VII, art. 17, ap. 2)
3.
Funcionarios — Recursos — Competencia jurisdiccional plena — Reparación del perjuicio material sufrido por un funcionario
debido a la  recuperación ilegal de una cantidad — Reembolso — Derecho al cobro de intereses de demora
(Estatuto de los Funcionarios, art. 91, ap. 1)
1.
Una nota de la administración por la que se informa a un funcionario de su intención de proceder, a falta de explicación satisfactoria
o de documento justificativo adicional aportado por éste, a la recuperación de ciertas cantidades indebidamente pagadas, y
que no indica ni el importe de la eventual recuperación ni la forma en que se llevará a cabo la recuperación, no puede considerarse
un acto lesivo para el funcionario, porque no afecta directa e inmediatamente sus intereses, modificando, de forma caracterizada,
su situación jurídica, ni constituye una toma de posición definitiva de la administración. Además, tal nota no permite en
modo alguno al interesado apreciar la oportunidad de su impugnación, mediante la presentación de una reclamación, con arreglo
al artículo 90, apartado 2, del Estatuto.
(véanse los apartados 41 y 42)
2.
Del artículo 85 del Estatuto resulta que la devolución de cantidades indebidamente pagadas está supeditada a que se cumplan
dos requisitos acumulativos, de ellos el primero consiste en la irregularidad del pago que la administración pretende recuperar
y, el segundo, en el conocimiento de dicha irregularidad por el funcionario o en la constatación de que la irregularidad en
cuestión era tan evidente que el funcionario no hubiera podido dejar de advertirla.
Aun suponiendo que el artículo 17, apartado 2, del anexo VII del Estatuto, en su redacción anterior a la entrada en vigor
del Reglamento nº 723/2004, por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios y el Régimen aplicable a otros agentes,
que permite al funcionario realizar la transferencia de una parte de su retribución fuera del país de destino para cubrir
gastos resultantes en particular de cargas regulares y probadas que habría debido asumir fuera del país sede de su institución
o del país en el que ejerce sus funciones, no sea de aplicación cuando la transferencia está destinada a ser ingresada en
una cuenta de ahorro-vivienda reconocida como tal por la legislación de un Estado miembro, el carácter irregular de tal abono
no es tan evidente para que el citado funcionario no hubiera podido dejar de advertirlo, especialmente cuando la redacción
de los textos aplicables no permite dar una respuesta clara e inequívoca a la cuestión de la aplicabilidad de dicha disposición
a una transferencia de este tipo, y cuando el comportamiento de los servicios competentes pudo razonablemente hacer creer
al interesado que su posición se inclinaba a favor de dicha aplicabilidad.
En cambio, aun suponiendo que la transferencia a una cuenta ahorro-vivienda entre en el ámbito de aplicación material del
artículo 17, apartado 2, del anexo VII del Estatuto, en su redacción antes mencionada, tal transferencia sólo puede realizarse
hasta el límite de esa cuenta tal como se fija por la legislación nacional. Por consiguiente, la transferencia de una parte
de la retribución de un funcionario para ingresarlo en un contrato de ahorro-vivienda por encima del citado límite no puede
considerarse en ningún caso regular. Tal irregularidad debe considerarse evidente para un funcionario experimentado en el
ámbito del Derecho de la Función Pública comunitaria.
(véanse los apartados 55, 60, 61, 64, 66, 70, 74 y 75)
3.
El juez comunitario de la Función Publica, que dispone de facultad de plena jurisdicción en materia pecuniaria, es competente
para ordenar, como indemnización del perjuicio material, el reembolso al demandante de una cantidad recuperada indebidamente
por la administración, incrementada por intereses de demora desde la fecha de la recuperación y hasta la fecha de pago efectivo.
(véanse los apartados 79 y 80)
Referencia:
Tribunal de Primera Instancia: 18 de septiembre de 2002, Puente Martín/Comisión (T‑29/01, RecFP pp. I‑A-157 y II‑833), apartado
88; 9 de julio de 2003, Efthymiou/Comisión (T‑22/01, RecFP pp. I‑A-177 y II‑891), apartado 45
Tribunal de la Función Pública: 16 de enero de 2007, Borbély/Comisión (F‑126/05, RecFP pp. I‑A-1-17 y II‑A-1-89), apartado 73