CELEX: 62007FJ0090
Función pública
Funcionarios
Convocatoria para proveer plaza vacante
Nuevo destino
Intéres del servicio

1.
Funcionarios — Puesto de trabajo vacante — Renuncia de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos al procedimiento
para proveer un puesto declarado vacante, optando en su lugar por efectuar un cambio de destino de un funcionario junto con
su puesto
(Estatuto de los Funcionarios, arts. 4 y 29)
2.
Funcionarios — Organización de los servicios — Determinación del nivel del puesto que ha de proveerse
(Estatuto de los Funcionarios, art. 7, ap. 1; anexo I, sección A)
3.
Funcionarios — Recursos — Recurso de indemnización — Anulación del acto ilegal impugnado — Reparación adecuada del perjuicio
moral
(Estatuto de los Funcionarios, art. 91)
1.
Aunque la autoridad facultada para proceder a los nombramientos dispone a este respecto de una amplia facultad de apreciación,
únicamente puede renunciar al procedimiento para proveer un puesto declarado vacante y adoptar una medida de cambio de destino
de un funcionario junto con su puesto —medida que no está sujeta a las disposiciones de los artículos 4 y 29 del Estatuto—
por razones objetivas fundadas en el interés del servicio, que tendrá la obligación de explicar.
(véanse los apartados 49 y 50)
Referencia:
Tribunal de Justicia: 9 de febrero de 1984, Kohler/Tribunal de Cuentas (316/82 y 40/83, Rec. p. 641), apartado 22
Tribunal de Primera Instancia: 6 de julio de 1993, Rasmussen/Comisión (T‑32/92, Rec. p. II‑765), apartado 37; 27 de noviembre
de 2003, Bories y otros/Comisión (T‑331/00 y T‑115/01, RecFP pp. I‑A‑309 y II‑1479), apartados 150 a 153
2.
Si se exceptúa la función de jefe de unidad, para la cual la sección del anexo I del Estatuto establece normas específicas
en materia de determinación del nivel del puesto que ha de proveerse, de los principios generales del Derecho que inspiran
la organización de la función pública comunitaria se desprende que el nivel de un puesto que ha de proveerse debe decidirse
considerando la importancia de las tareas atribuidas a la función de que se trate y teniendo en cuenta únicamente el interés
del servicio. El artículo 7, apartado 1, del Estatuto prevé expresamente este último requisito.
(véase el apartado 83)
Referencia:
Tribunal de Primera Instancia: 17 de mayo de 1995, Kratz/Comisión (T‑10/94, Rec. p. II‑1455), apartados 56 a 60; 16 de octubre
de 1996, Capitanio/Comisión (T‑36/94, RecFP pp. I‑A‑449 y II‑1279), apartado 57; 16 de octubre de 1996, Benecos/Comisión (T‑37/94,
RecFP pp. I‑A‑461 y II‑1301), apartado 56; 19 de febrero de 1998, Campogrande/Comisión (T‑3/97, RecFP pp. I‑A‑89 y II‑215),
apartado 30
Tribunal de la Función Pública: 14 de diciembre de 2006, Economidis/Comisión (F‑122/05, RecFP pp. I‑A‑1‑179 y II‑A‑1‑725)
3.
Salvo en circunstancias particulares, la anulación de la decisión impugnada por un funcionario constituye por sí misma una
reparación adecuada y, en principio, suficiente del daño moral que dicho funcionario pueda haber sufrido.
(véase el apartado 114)
Referencia:
Tribunal de Primera Instancia: 27 de febrero de 1992, Plug/Comisión (T‑165/89, Rec. p. II‑367), apartado 118; 28 de septiembre
de 1999, Hautem/BEI (T‑140/97, RecFP pp. I‑A‑171 y II‑897), apartado 82; 11 de septiembre de 2002, Willeme/Comisión (T‑89/01,
RecFP pp. I‑A‑153 y II‑803), apartado 97