CELEX: 61990CJ0283
Funcionarios
Reconocimiento del origen profesional de una enfermedad
Recurso de casación

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 17 de septiembre de 1990, el Sr. Raimund Vidrányi interpuso un recurso de casación, con arreglo al artículo 49 del Estatuto CEE y a las disposiciones concordantes de los Estatutos CECA y CEEA del Tribunal de Justicia, contra la sentencia de 12 de julio de 1990 por la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó su recurso de anulación entablado contra la decisión de la Comisión, de 13 de enero de 1989, que negaba el reconocimiento del origen profesional de la enfermedad psíquica del demandante.
Mediante su.recurso de casación, el Sr..Vidrányi solicita, por una parte, la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y, por otra, la condena de ia Comisión a indemnizar el perjuicio que el demandante afirma haber sufrido a causa de la violación, por dicha Institución, de su deber de asistencia y protección.
En apoyo de su recurso, el demandante alega tres motivos que consisten, el primero, en ser contrario a Derecho el procedimiento seguido para la aplicación de là Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional de los funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Reglamentación») a la que se refiere el artículo 73 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto»); el segundo, en la defectuosa apreciación, por parte del Tribunal de Primera Instancia, del contenido del informe de la comisión médica y, el tercero, en la infracción de los párrafos primero y segundo del artículo 24 del Estatuto.
Mediante su primer motivo, el Sr. Vidrányi imputa en primer lugar al Tribunal de Primera Instancia haber juzgado que los documentos relativos a la investigación realizada entre sus superiores jerárquicos en aplicación del apartado 2 del artículo 17 de la Reglamentación tenían carácter médico y no debían, por lo tanto, ser comunicados al demandante, cuando dichos documentos afectaban a la situación administrativa del Sr. Vidrányi que hubiera debido, en consecuencia, tener la posibilidad de formular observaciones respecto a ellos. El demandante se opone a continuación a la apreciación del Tribunal de Primera Instancia según la cual su audiencia por la comisión médica fue suficiente por la razón fundamental de que ésta disponía de todo un expediente completo, siendo así que él afirma que no tuvo la posibilidad de adoptar posición sobre los factores que contribuyeron, según él, a agravar su enfermedad, en concreto el ambiente de trabajo, sus relaciones con sus superiores y las tareas que se le encomendaron en la Comisión.
Mediante su segundo motivo, el Sr. Vidrányi acusa sustancialmente al Tribunal de Primera Instancia de haber fundado su decisión en la conclusión del informe de la comisión médica que achacaba la enfermedad del demandante a la estructura de su personalidad, cuando, según el demandante, no hay ningún vínculo lógico entre dicha conclusión y las comprobaciones médicas que figuran en el informe.
Al exponer su tercer motivo, el Sr. Vidrányi acusa al Tribunal de Primera Instancia de no haber respondido al motivo, invocado en primera instancia, mediante el cual acusaba a la Comisión de no haber hecho nada para remediar la situación una vez que la enfermedad del demandante fue conocida por el servicio médico. El Sr. Vidrányi considera que esta falta de la Comisión a su deber de asistencia y protección, establecido por los párrafos primero y segundo del artículo 24 del Estatuto, supone para él un derecho a que se le indemnice el perjuicio sufrido.
Para una más amplia exposición de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal de Justicia se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Para resolver el recurso de casación interpuesto por el Sr. Vidrányi, procede recordar, en primer lugar, que, a tenor del artículo 113 del Reglamento de Procedimiento,
«1.
Las pretensiones del recurso de casación deberán tener por objeto:
—
La anulación, total o parcial, de la resolución del Tribunal de Primera Instancia.
—
Que se estimen, total o parcialmente, las pretensiones aducidas en primera instancia, con exclusión de toda nueva pretensión.
2.
El recurso de casación no podrá modificar el objeto del litigio planteado ante el Tribunal de Primera Instancia.»
Ahora bien, el recurso que el Sr. Vidrányi interpuso ante el Tribunal de Primera Instancia tenía por objeto la anulación de la decisión de la Comisión que se negaba a reconocer el origen profesional de la enfermedad del demandante.
De ahí se deduce que procede declarar la inadmisibilidad de la pretensión del recurso de casación en el sentido de que se condene a la Comisión a indemnizar el perjuicio pretendidamente padecido por el demandante a causa de la violación por dicha Institución de su deber de asistencia y protección.
Procede destacar, en segundo lugar, que, con arreglo al artículo 168 A del Tratado CEE y de las disposiciones concordantes de los Tratados CECA y CEEA, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. Esta limitación es recordada por el párrafo primero del artículo 51 del Estatuto CEE y de las disposiciones concordantes de los Estatutos CECA y CEEA del Tribunal de Justicia, que precisan, en consecuencia, los motivos sobre los que pueda fundarse un recurso de casación, es decir, la incompetencia del Tribunal de Primera Instancia, las irregularidades de procedimiento ante dicho Tribunal que lesionen los intereses de la parte demandante y la violación del Derecho comunitario por parte del propio Tribunal.
De ahí se sigue que el recurso de casación no puede fundarse más que en motivos referentes a la infracción de normas jurídicas por el Tribunal de Primera Instancia, excluyendo cualquier apreciación de hecho (véase auto de 20 de marzo de 1991, Turner/Comisión,
C-115/90 P, Rec. p. I-1423, apartado 13
).
Por consiguiente, no cabe admitir el recurso de casación más que en la medida en que su escrito introductorio acuse al Tribunal de Primera Instancia de haberse pronunciado en incumplimiento de normas jurídicas cuyo cumplimiento tenía que garantizar.
Ahora bien, respecto a la segunda parte del primer motivo del demandante, basta comprobar que el Sr. Vidrányi, sin alegar la infracción de ninguna norma de Derecho, se limita a rechazar la apreciación que hizo el Tribunal de Primera Instancia de los hechos del litigio.
En estas circunstancias, procede declarar la inadmisibilidad de la segunda parte del primer motivo del Sr. Vidrányi.
Respecto al segundo motivo del demandante, basta señalar que el Sr. Vidrányi se opone a la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal de Primera Instancia al declarar que el informe médico establecía un vínculo comprensible entre las comprobaciones que realizaba y la conclusión a la que llegó.
Ahora bien, como se ha recordado en los apartados 11 a 13 de la presente sentencia, semejante apreciación de los hechos queda fuera del posible examen del Tribunal de Justicia, que es competente sólo para controlar la observancia de las normas de Derecho por la sentencia impugnada.
De ahí se sigue que tampoco se puede admitir este motivo.
Por lo que se refiere al primer motivo del demandante, en la medida que acusa al Tribunal de Primera Instancia de haber calificado erróneamente los informes de investigación, redactados en el marco de la Reglamentación, como documentos que tenían carácter médico, cuando se trata de documentos que afectan a la situación administrativa del Sr. Vidrányi, que debieran haberle sido comunicados directamente, sólo puede comprenderse como una acusación dirigida al Tribunal de Primera Instancia de haber omitido la sanción de una violación del principio general de respeto a los derechos de defensa.
De acuerdo con este principio, el funcionario debe tener la posibilidad de definir una postura ante cada documento que la Institución trate de emplear contra él.
Este principio está consagrado especialmente en el párrafo segundo del artículo 26 del Estatuto, según el cual la Institución no podrá oponer a un funcionario ni alegar en su contra los documentos que se refieran a su situación administrativa y los informes sobre su competencia, rendimiento ó comportamiento si no le hubiesen sido comunicados antes de su incorporación al expediente.
En el campo particular del procedimiento instado por el funcionario para hacer comprobar el origen profesional de la enfermedad que ha dado lugar a su jubilación, dicho principio viene desarrollado por el artículo 21 y por el apartado 1 del artículo 23 de la Reglamentación. El artículo 21, en efecto, establece que el funcionario o sus derechohabientes podrán solicitar, en primer lugar, que se transmita el informe médico completo.al médico de su elección y después que la comisión médica emita su dictamen antes de que la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN») adopte una decisión relativa al reconocimiento del origen profesional de la enfermedad del funcionario. Con arreglo al apartado 1 del artículo 23, el funcionario o sus derechohabientes tienen la posibilidad de designar un médico para formar parte de la comisión médica.
En este procedimiento, que fue instado por el funcionario y no está dirigido contra él, el respeto de los derechos de este último está garantizado, por consiguiente, teniendo en cuenta el carácter particular de los documentos de que se trata, por la posibilidad que tiene el funcionario afectado de conocer a través del médico de su elección los documentos del expediente que lleva la AFPN y de designar un médico para defender sus intereses en el seno de la comisión médica.
Como ha destacado el Tribunal de Justicia en la sentencia de. 7 de octubre de 1987, Strack/Comisión (
140/86, Rec. p. 3939
), por una parte, el expediente que sirve de base a los médicos o a la comisión médica para enjuiciar el carácter profesional de una enfermedad es de naturaleza médica y no puede, por lo tanto, ser consultado más que indirectamente a través de un médico designado por el funcionario y, por otra parte, las circunstancias de carácter administrativo, que puedan figurar en este expediente y tener una influencia en la situación administrativa del funcionario, deben aparecer también en el expediente individual donde, de acuerdo con el artículo 26 del Estatuto, el funcionario puede consultarlas directamente.
El conjunto de los documentos sometidos a los médicos o a la comisión médica están de este modo sujetos al régimen del artículo 21 de la Reglamentación y la inclusión en el expediente individual del funcionario de alguno de estos documentos, así como la posibilidad que tiene este último de tener conocimiento de ellos, no se imponen, por consiguiente, más que si dichos documentos son utilizados para la apreciación o la modificación de la situación administrativa del funcionario por la Institución de la que depende.
Ahora bien, como aparece en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, no se discute, por una parte, que los informes de investigación de que se trata formaban en este caso parte integrante de un procedimiento de naturaleza médica y figuraban en el expediente sometido a la comisión médica, de manera que el demandante podía tener acceso a dichos documentos a través de su médico de confianza que formara parte de dicha comisión. Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia declaró que en el presente caso no se había probado que los documentos de que se discute hubieran servido para fines distintos del procedimiento previsto por la Reglamentación.
En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia pudo, con razón suficiente y sin incurrir en una violación del derecho de defensa del demandante, considerar que tenían carácter médico, en la medida en que formaban parte integrante de un procedimiento de naturaleza médica, los informes de los superiores jerárquicos del demandante, destinados a precisar si, como afirmaba el Sr. Vidrányi en su petición, las condiciones de trabajo en la Comisión han podido ser el origen de la enfermedad que ha causado su incapacidad laboral. En efecto, la redacción de estos informes, aun no estando cubiertos por el secreto médico, constituye, según el párrafo primero del apartado 2 del artículo 17 de la Reglamentación, el acto mediante el cual debe iniciarse el procedimiento instado por el funcionario para que se reconozca el origen profesional de su validez.
De ahí se sigue que la primera parte del primer motivo del demandante no está fundada.
Por ùltimo, en lo que se refiere a la acusación alegada en el marco del tercer motivo, mediante la cual el demandante censura al Tribunal de Primera Instancia por no haber resuelto sobre el motivo basado en la infracción de los párrafos primero y segundo del artículo 24 del Estatuto, aunque no alega la infracción de ninguna norma jurídica precisa, puede entenderse que alega una insuficiencia equivalente a una falta de motivos y, por consiguiente, la inobservancia de un principio general que impone a cualquier órgano jurisdiccional la obligación de motivar sus decisiones, indicando sobre todo las razones que le han llevado a no estimar una acusación formalmente invocada ante él.
A este respecto, procede destacar que esta acusación se ha formulado, como crítica dirigida al contenido del informe de la comisión médica, en un litigio por el que se trataba de comprobar la existencia de una enfermedad profesional y no la infracción del artículo 24 del Estatuto. Por otra parte, el propio demandante ha reconocido en su recurso de casación que las pretensiones planteadas en primera instancia «no tienen casi nada que ver con el artículo 24 del Estatuto».
En estas circunstancias, al plantear la existencia de una infracción del artículo 24 del Estatuto por la Comisión, el Sr. Vidrányi no alegaba un motivo distinto en apoyo de sus conclusiones, sino que formulaba una alegación adicional con el objeto de discutir el contenido del informe de la comisión médica respecto al origen de la enfermedad del demandante. Ahora bien, al desestimar el recurso del Sr. Vidrányi, el Tribunal de Primera Instancia indicó clara y necesariamente que la enfermedad del demandante no podía imputarse a causas distintas de la estructura de la personalidad del Sr. Vidrányi, como sería, por ejemplo, una pretendida omisión del servicio médico de la Comisión.
Por consiguiente, esta acusación del Sr. Vidrányi tampoco está fundada.
Según todo lo anterior, el recurso de casación del Sr. Vidrányi debe desestimarse en todas sus partes.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. A tenor del artículo 70 del mismo Reglamento, en los recursos de funcionarios, las Instituciones soportarán los gastos en que hubieren incurrido. Sin embargo, con arreglo al artículo 122 del repetido Reglamento, el artículo 70 no es aplicable a los recursos de casación interpuestos por funcionarios u otros agentes de las Instituciones. Por no haber prosperado la acción del Sr. Vidrányi, procede condenarle en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide

1)
Desestimar el recurso de casación,

2)
Condenar en costas al Sr. Vidrányi.

Due
Mancini
O'Higgins
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Slynn
Kakouris
Schockweiler
Grévisse
Zuleeg
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 1 de octubre de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.