CELEX: 61984CJ0246
Funcionario
Anulación de una decisión de nombramiento

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 15 de octubre de 1984, el Sr. Vassilios Kotsonis, revisor de grado LA 4 de la Secretaría General del Consejo de las Comunidades Europeas, interpuso un recurso para obtener la anulación de la Decisión n
o
11/83 del Consejo, de 13 de diciembre de 1983, por la que se nombraba al Sr. Christos Constantinopoulos Jefe de la División griega del Servicio lingüístico del Consejo, así como la concesión de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia de la misma.
Se desprende de los autos que, el 23 de febrero de 1983, el Consejo publicó la convocatoria del concurso general n
o
LA/250 para proveer el puesto de Jefe de División en la División griega del Servicio lingüístico (
DO C 51, p. 10
). Dicho anuncio señalaba, entre otras cosas, que sólo podrían ser admitidos al concurso los candidatos cuya lengua materna fuera el griego, que justificaran una formación universitaria completa y que tuvieran «en la fecha de publicación de la presente convocatoria de concurso, una experiencia profesional de por lo menos diez años en el ámbito de la traducción o de la revisión de textos, pudiendo incluir en parte la experiencia en otros ámbitos lingüísticos».
Tanto el Sr. Kotsonis como el Sr. Constantinopoulos participaron con éxito en las pruebas del concurso. Al haber obtenido 297/400, mientras que su competidor obtuvo sólo 276/400, el Sr. Kotsonis fue inscrito en el primer lugar de la lista de aptitud, mientras que el Sr. Constantinopoulos fue clasificado en segundo lugar; el resto de los candidatos no superó las pruebas.
Mediante Decisión n
o
11/83, de 13 de diciembre de 1983, el Consejo nombró para cubrir el puesto vacante, con efectos a partir del 1 de diciembre de 1983, al Sr. Constantinopoulos Jefe de la División griega del Servicio lingüístico.
Tras haber presentado una reclamación conforme al artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios, que fue denegada mediante carta del Secretario General del Consejo, de 20 de julio de 1984, el Sr. Kotsonis interpuso el presente recurso.
Para una más amplia exposición de los hechos, así como de los motivos y alegaciones de las partes, la Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre la solicitud de anulación de la decisión de nombramiento
En apoyo de su solicitud de anulación de la Decisión n
o
11/83, por la que se nombraba al Sr. Constantinopoulos, el demandante alega en primer lugar la infracción del artículo 27 del Estatuto de los funcionarios que exige el reclutamiento de los funcionarios «que posean las más altas cualidades de competencia, rendimiento e integridad». A pesar de ello, en el presente caso, el Consejo, al decidir el nombramiento del Sr. Constantinopoulos, no tuvo en cuenta ni los méritos del demandante que, globalmente considerados, eran superiores a los que justificaba el candidato nombrado, ni el hecho de que aquél consiguiera la primera plaza del concurso.
Por lo que se refiere a la apreciación de los méritos de los candidatos, basta con señalar que se trataba de un concurso-oposición, organizado de manera que los méritos debían ser tomados en consideración para decidir la admisión a las pruebas, mientras que la inscripión de los candidatos en la lista de aptitud debía llevarse a cabo en función de la puntuación obtenida en las mismas. En tales circunstancias, el Consejo estaba facultado para ignorar los méritos de los candidatos al realizar su elección, más aún cuando ya los había tenido en cuenta al decidir sobre su admisión al concurso. Esta alegación no puede, por tanto, ser aceptada.
En cuanto a la alegación basada en la clasificación de los candidatos tras el concurso, hay que recordar que, con arreglo al artículo 30 del Estatuto, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos «elegirá» de entre los que figuren en la lista de aptitud establecida tras el concurso, a los candidatos que serán nombrados para los puestos vacantes. Tal como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia de 15 de diciembre de 1966 (Serio,
62/65, Rec. 1966, p. 813
), dicha autoridad tienen el derecho de no respetar en su elección el orden exacto derivado del concurso por razones que a ella le corresponde apreciar y motivar ante el Tribunal, siempre con la condición de que no anule el concepto mismo del concurso separándose sustancialmente del resultado del mismo sin razones que lo justifiquen. De ello se deduce que la Administración no está siempre obligada a nombrar al candidato que se haya clasificado en primer lugar sino que puede dar preferencia a otro que figure en la lista de aptitud, siempre que el interés del servicio lo justifique.
El Consejo justifica su elección en que el Sr. Constantinopoulos era la persona más apta para ejercer las funciones propias del puesto de que se trata, debido a su capacidad de organización y a su autoridad natural, de las que había dado pruebas, entre otras ocasiones, cuando se le encargó ad interim la dirección de la División. El Consejo invoca además el hecho de que el Sr. Constantinopoulos obtuvo mejor puntuación que el demandante en la prueba oral del concurso destinada a apreciar la capacidad de organización y de administración de los candidatos. De acuerdo con esta argumentación, no parece que la Administración haya excedido los límites de su facultad de apreciación al nombrar al candidato que quedó clasificado en segundo lugar. Esta alegación no puede, por tanto, ser aceptada.
Por consiguiente, el motivo basado en una infracción del artículo 27 del Estatuto de los funcionarios debe ser desestimado.
En segundo lugar, el demandante alega que el acto impugnado se adoptó en violación del principio de igualdad de trato entre funcionarios y que constituye una desviación de poder. En efecto, según él, la Administración mostró desde el primer momento su predileción por el candidato finalmente escogido, lo que podría apreciarse entre otras cosas por el hecho de que le confió, a lo largo del período que va desde el 1 de abril de 1982 hasta el 1 de diciembre de 1983, la dirección
ad interim
de la División, mientras que no dio al demandante la misma oportunidad para probar su capacidad. En tales circunstancias, el demandante estima que el nombramiento del Sr. Constantinopoulos pretendía en realidad confirmar
a posteriori
una decisión ya adoptada.
Es necesario admitir a este respecto que el ejercicio de una función
ad interim
tiene la cualidad efectivamente de proporcionar a quien la ejerce una ventaja con vistas a su preparación para un concurso posterior para cubrir definitivamente el puesto de que se trate. De cualquier modo, esta circunstancia no puede impedir a la Administración el proceder, dentro de los límites fijados por el Estatuto, al nombramiento
ad interim
de la persona que considere más idónea para ejercer las funciones propias del puesto. En ningún caso está obligada a proporcionar a todos los eventuales candidatos a un concurso posterior la posibilidad de ocupar dicha plaza por turno. En efecto, tal procedimiento sería contrario, como ha subrayado el Consejo con razón, al buen funcionamiento del servicio.
No se puede tampoco reprochar al Consejo el haberse dejado guiar, al decidir el nombramiento del Sr. Constantinopoulos, por consideraciones ajenas al interés del servicio. Si bien es cierto que una nota interna, preparatoria de la decisión de nombramiento, se refiere entre otras cosas a la «penosa situación personal» en la que podría quedar el Sr. Constantinopoulos caso de que se nombrase al demandante, esta circunstancia no puede poner en duda la motivación proporcionada por el Consejo en apoyo de su decisión, a saber, que escogió al candidato seleccionado debido a su aptitud para ejercer las funciones de dirección.
En tales circunstancias, no parece que el Consejo haya violado el principio de igualdad ni cometido una desviación de poder, de modo que este motivo ha de ser igualmente desestimado.
Por último, el demandante sostiene que el Sr. Constantinopoulos no podía ser admitido a las pruebas del concurso n
o
LA/250 y, por consiguiente, no podía ser nombrado tras el mismo, debido a que no cumplía el requisito de la experiencia profesional de al menos diez años en el ámbito de la traducción o de la revisión de textos, que figuraba en la convocatoria del concurso.
En apoyo de este motivo, el demandante subraya las divergencias existentes entre el impreso de candidatura del Sr. Constantinopoulos para el concurso n
o
LA/250 y el correspondiente a un concurso anterior, concretamente al concurso n
o
LA/198, en base al cual fue reclutado por el Consejo. La divergencia referida a la experiencia profesional se deduce de los certificados diferentes expedidos por el mismo empresario, en concreto por la editorial Exantas, que, en 1980, certificó que el Sr. Constantinopoulos había colaborado en dicha sociedad desde noviembre de 1976 hasta marzo de 1978, mientras que en 1983 certificó que dicha colaboración se extendió desde 1972 hasta la contratación del Sr. Constantinopoulos por el Consejo.
El motivo mencionado, presentado durante el procedimiento, es admisible conforme al apartado 2 del artículo 42 del Reglamento de Procedimiento, dado que se basa en la comparación del impreso de candidatura de la persona nombrada en el presente concurso y en el concurso n
o
LA/198 y que este último no fue añadido a los autos, por parte del Consejo, hasta la finalización de la fase escrita.
En cuanto al fondo del motivo, hay que señalar que, en su impreso de candidatura para el presente concurso, el Sr. Constantinopoulos señaló que había trabajado como responsable de la edición y como traductor-revisor para la editorial Exantas Ltd Publishers, en Atenas, de 1972 a 1980, y como lector externo-traductor para la editorial Gerhardt Verlag, en Berlín, de 1976 a 1979, y que había seguido estudios postuniversitarios en la República Federal de Alemania de 1968 a 1973. Por el contrario, en su impreso de candidatura para el concurso n
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LA/198, declaró haber trabajado para Exantas como traductor-revisor de 1976 a 1978 y para Gerhardt Verlag como lector externo-traductor de 1976 a 1979, y haber realizado estudios postuniversitarios en la República Federal de Alemania de 1968 a 1975.
El Tribunal de Justicia considera que las divergencias existentes entre los datos que aparecen en los dos impresos de candidatura provocan, en efecto, dudas acerca de la naturaleza y la duración de la experiencia profesional del funcionario nombrado. Para esclarecer este punto, este Tribunal oyó los testimonios del Sr. Constantinopoulos y del responsable de la editorial Exantas Ltd Publishers, Sr. Banoussis, para determinar la naturaleza y duración del trabajo realizado por el Sr. Constantinopoulos para Exantas.
Los testigos han coincidido en manifestar que el Sr. Constantinopoulos residió entre 1972 y 1980 en parte en Berlín y en parte en Grecia, y que trabajó con dedicación plena para Exantas, en calidad de lector externo. Esta actividad incluyó la traducción de obras o de parte de obras, así como el control, la revisión y la comparación de las traducciones realizadas por otros traductores. Además, el Sr. Constantinopoulos declaró como testigo que, aun cuando estuvo inscrito desde 1972 hasta 1975, en la Universidad Libre de Berlín, no siguió más de dos o tres seminarios semanales, lo que no le impidió consagrar la mayor parte de su tiempo a las traducciones.
El Tribunal de Justicia hace constar la declaración del Sr. Constantinopoulos, añadida al expediente por el Consejo, en la que se explicaba que el interesado se limitó a presentar, con ocasión de cada uno de los concursos, los documentos justificativos que cumplían las condiciones mínimas exigidas para poder se admitido a los mismos.
Ante estos elementos, hay que declarar que el demandante no ha logrado probar que el Sr. Constantinopoulos, contrariamente a lo declarado en su impreso de candidatura para el presente concurso, no trabajara, durante todo el período que va de 1972 hasta su entrada al servicio del Consejo, con dedicación plena para la casa editorial Exantas Ltd Publishers, en el ámbito de la traducción o de la revisión de textos.
Por tanto, al no haber logrado probar el demandante que el candidato nombrado no cumplía, el 23 de febrero de 1983, fecha de la publicación de la convocatoria del concurso, el requisito de contar con una experiencia profesional de al menos diez años en el ámbito de que se trata, exigida para poder ser admitido al mismo, este motivo debe ser también desestimado.
Sobre la solicitud de una indemnización por daños y perjuicios
Dado que no consta que la decisión de nombramiento impugnada esté tachada de ilegalidad, tal como se deduce de lo que antecede, la solicitud de concesión de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por la decisión impugnada debe también ser desestimada.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así se hubiere solicitado. Sin embargo, según el artículo 70 del mismo Reglamento, las instituciones soportarán los gastos en que hubieren incurrido en los recursos de los agentes de las Comunidades.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
decide :

1)
Desestimar el recurso.

2)
Cada parte cargará con sus propias costas.

Galmot
Everling
Moitinho de Almeida
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 18 de diciembre de 1986.
El Secretario
P.-Heim
El Presidente de la Sala Tercera
Y. Galmot
(
*1
)	Lengua de procedimiento: griego.