CELEX: 62003TJ0285
Agricultura
Organización común de mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas
Ayuda a la producción para los productos transformados a base de tomate
Método de cálculo del importe
Campaña 2000/2001

Marco jurídico
1       El artículo 33 CE, apartado 1, establece:
«Los objetivos de la política agrícola común serán:
a)      incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, asegurando el desarrollo racional de la producción
agrícola, así como el empleo óptimo de los factores de producción, en particular, de la mano de obra;
b)      garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, mediante el aumento de la renta individual
de los que trabajan en la agricultura;
c)      estabilizar los mercados;
d)      garantizar la seguridad de los abastecimientos;
e)      asegurar al consumidor suministros a precios razonables.»
2       El artículo 2 del Reglamento (CE) nº 2201/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas (DO L 297, p. 29; en lo sucesivo,
«Reglamento de base»), establece, en la versión aplicable al presente asunto:
«1.      Se aplicará un régimen de ayuda a la producción de los productos incluidos en el Anexo I que se obtengan a partir de frutas
y hortalizas recolectadas en la Comunidad.
2.      La ayuda a la producción se concederá al transformador que haya pagado al productor por la materia prima un precio por lo
menos igual al precio mínimo en virtud de contratos que vinculen, por una parte, a las organizaciones de productores reconocidas
o prerreconocidas en virtud del Reglamento (CE) nº 2200/96 y, por otra, a los transformadores. […]»
3       El artículo 4 del Reglamento de base, en la versión aplicable al presente asunto, añade:
«1.      La ayuda a la producción no podrá ser superior a la diferencia existente entre el precio mínimo pagado al productor en la
Comunidad y el precio de la materia prima de los principales terceros países productores y exportadores.
2.      El importe de la ayuda a la producción se fijará de manera que permita dar salida al producto comunitario, dentro del límite
dispuesto en el apartado 1. Para determinar ese importe, sin perjuicio de la aplicación del artículo 5, se tendrá en cuenta,
en particular:
a)      la diferencia entre el coste de la materia prima en la Comunidad y el de la materia prima de los principales terceros países
competidores;
b)      el importe de la ayuda fijado, o calculado antes de la reducción prevista en el apartado 10 cuando se aplique, para la campaña
de comercialización anterior,
c)      en el caso de los productos para los que la producción comunitaria represente una parte sustancial del mercado, la evolución
del volumen de los intercambios comerciales con el exterior y de su precio, cuando este último criterio conduzca a una disminución
del importe de la ayuda.
3.      La ayuda a la producción se fijará en función del peso neto del producto transformado. Los coeficientes que expresen la relación
entre el peso de la materia prima utilizada y el peso neto del producto transformado se establecerán a tanto alzado. Se actualizarán
periódicamente teniendo en cuenta la experiencia adquirida.
[…]
5.      El precio de la materia prima de los principales terceros países competidores se determinará principalmente basándose en los
precios practicados realmente en la fase de salida de la explotación agraria para los productos frescos de calidad comparable,
utilizados para transformación, ponderados en función de las cantidades de productos acabados exportados por dichos terceros
países.
6.      Para los productos respecto de los cuales la producción comunitaria represente al menos el 50 % del mercado del consumo comunitario,
la evolución de los precios y del volumen de las importaciones y exportaciones se determinará basándose en los datos del año
natural que preceda el inicio de la campaña en relación con los datos del año natural anterior.
7.      En relación con los productos derivados de los tomates, la ayuda a la producción se calculará para:
a)      los concentrados de tomate del código NC 2002 90;
[…]
9.      La Comisión fijará el importe de la ayuda antes del comienzo de cada campaña […]. Con arreglo al mismo procedimiento, adoptará
los coeficientes a que se refiere el apartado 3, los requisitos mínimos de calidad y las demás normas de desarrollo del presente
artículo.
10.      Para los productos derivados de los tomates, los gastos globales no deberán superar, para cada campaña de comercialización,
el importe que se habría alcanzado si las cuotas francesa y portuguesa aplicables a los concentrados para la campaña 1997/98
hubieran sido fijados de la siguiente manera:
–       Francia: 224 323 toneladas.
–       Portugal: 670 451 toneladas.
Para ello, la ayuda fijada para los concentrados de tomate y sus derivados de conformidad con el apartado 9 se disminuirá
en un 5,37 %. Se pagará eventualmente un complemento después de la campaña si no se hubiere utilizado totalmente el aumento
de las cuotas francesa y portuguesa.»
4       Por último, el Reglamento (CE) nº 1519/2000 de la Comisión, de 12 de julio de 2000, por el que se fijan el precio mínimo y
el importe de la ayuda para los productos transformados a base de tomate, para la campaña 2000/01 (DO L 174, p. 29), prevé,
en su artículo 2, apartado 1, que «en el anexo II se fija la ayuda a la producción, contemplada en el artículo 4 [del Reglamento
de base], para la campaña 2000/01». El importe de la ayuda a la producción se fijó en 17,178 euros por 100 kg de concentrado
de tomate con un contenido de extracto seco igual o superior al 28 % pero inferior al 30 %.

Hechos y procedimiento
5       Mediante escrito de 4 de febrero de 2000, la Comisión pidió a las autoridades chinas que cumplimentaran el formulario adjunto
con el objeto de obtener lo antes posible la información necesaria a efectos de la fijación de las ayudas para la campaña
2000/2001 en el sector de las frutas y hortalizas transformadas. Este escrito quedó sin respuesta.
6       Tras la adopción del Reglamento nº 1519/2000, varias delegaciones y asociaciones representativas de fabricantes de productos
transformados a base de tomate de España, Francia, Grecia, Italia y Portugal presentaron sus objeciones a la Comisión y se
opusieron al hecho de que no se tomara en consideración el precio de los tomates chinos para fijar el importe de la ayuda
concedida.
7       La Organización Europea de la Industria de Transformación de Tomate (en lo sucesivo, «OEICT») y la Associação Portuguesa dos
Industriais de Tomate dirigieron a la Comisión varias solicitudes de modificación del importe de la ayuda concedida. Se adjuntó
a una de estas solicitudes copia de un contrato que contenía el precio del producto pagado al fabricante chino.
8       Mediante escrito de 5 de marzo de 2001, enviado al Ministro de Agricultura portugués, en respuesta a su solicitud de revisión
del cálculo del importe de la ayuda, la Comisión indicó que la fijación del importe de las ayudas a la transformación de tomates
para la campaña 2000/2001 se había efectuado observando estrictamente lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del Reglamento de
base. La Comisión confirmaba además la recepción, el 13 de diciembre de 2000, de un escrito de la OEICT por el que se le comunicaba
el precio de un contrato celebrado en China, aunque añadía que le resultaba imposible modificar su decisión sobre la base
del precio estipulado en un único contrato, no confirmado por las autoridades nacionales afectadas.
9       En septiembre de 2001, los servicios diplomáticos españoles en Pekín obtuvieron un certificado emitido por las autoridades
chinas que indicaba, para las campañas de 1999 y de 2000, el precio medio de los tomates pagado a los productores de la provincia
de Xinjiang, la cual representa alrededor del 88 % de la producción total de tomates transformados en China. Este documento
fue remitido al Comisario responsable, el Sr. Fischler, el 9 de noviembre de 2001 por el Ministro de Agricultura portugués
y el 7 de noviembre de 2001 por la OEICT.
10     El 31 de enero de 2002, la Comisión respondió a esta organización subrayando una vez más la compatibilidad de la fijación
del importe de la ayuda con los artículos 3 y 4 del Reglamento de base. Además, afirmaba que la industria comunitaria del
tomate no se había visto perjudicada puesto que, a su juicio, había alcanzado un nivel récord de transformación, por lo que
no estimaba necesario revisar el Reglamento nº 1519/2000.
11     A raíz de una reunión que tuvo lugar el 6 de noviembre de 2002 y de diversos escritos dirigidos por las demandantes a la Comisión,
ésta declaró, mediante escrito de 7 de enero de 2003, que no existía razón alguna para reconsiderar el Reglamento nº 1519/2000.
12     En estas circunstancias, el 18 de agosto de 2003, las demandantes interpusieron el presente recurso.

Pretensiones de las partes
13     Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:
–       Condene a la Comisión al pago a cada sociedad demandante del saldo de la ayuda a la producción (tal como se describe en el
anexo A.27 de la demanda), más intereses al tipo que determine el Tribunal de Primera Instancia, a partir del 12 de julio
de 2000 o, subsidiariamente, a partir del 13 de julio de 2000, o, con carácter subsidiario de segundo grado, a partir del
16 de julio de 2000, y hasta el día del pago efectivo.
–       Condene en costas a la Comisión.
14     La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–       Desestime el recurso por infundado.
–       Condene en costas a las demandantes.

Sobre el fondo
15     Las partes invocan la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia según la cual
la Comunidad sólo incurre en responsabilidad extracontractual si se cumplen una serie de requisitos en cuanto atañe a la ilegalidad
del comportamiento que se imputa a la institución comunitaria, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad
entre el comportamiento ilegal y el perjuicio invocado (sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 1981, Ludwigshafener
Walzmuehle y otros/Consejo y Comisión, asuntos acumulados 197/80 a 200/80, 243/80, 245/80 y 247/80, Rec. p. 3211, apartado
18; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 18 de septiembre de 1995, Blackspur y otros/Consejo y Comisión, T‑168/94,
Rec. p. II‑2627, apartado 38, y de 13 de diciembre de 1995, Exporteurs in Levende Varkens y otros/Comisión, asuntos acumulados
T‑481/93 y T‑484/93, Rec. p. II‑2941, apartado 80).
16     Ha de comprobarse si, en el presente caso, se cumplen estos tres requisitos.

En cuanto a la legalidad del comportamiento de la Comisión
17     Con el fin de demostrar la ilegalidad del comportamiento de la Comisión, las demandantes invocan, con carácter principal,
la infracción del Reglamento de base y del artículo 33 CE, así como la violación de los principios de asistencia y protección
y de buena administración. Con carácter subsidiario, alegan la violación del principio de confianza legítima.
Alegaciones de las partes
–       Infracción del Reglamento de base y del artículo 33 CE
18     Las demandantes alegan que la Comisión, al adoptar el Reglamento nº 1519/2000 infringiendo lo dispuesto en el Reglamento de
base, cometió una ilegalidad que puede generar la responsabilidad de la Comunidad.
19     En efecto, según las demandantes, consta que la Comisión tomó en consideración, para el cálculo del importe de la ayuda de
que se trata, a Estados Unidos, a Israel y a Turquía. Ahora bien, el tenor literal del Reglamento de base se refiere a los
«principales terceros países productores y exportadores» (artículo 4, apartado 1) y a los «principales terceros países competidores»
(artículo 4, apartados 2 y 5). A juicio de las demandantes, estas disposiciones privan, por tanto, a la Comisión de cualquier
margen de apreciación y la obligan a tener en cuenta los países con mayor producción y exportación de tomates. Aunque es posible
que la Comisión tome en consideración otros factores, ésta deberá, en cualquier caso, tener en cuenta necesariamente aquellos
factores que se mencionan de forma expresa en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento de base, el primero de los cuales
es el precio de los principales terceros países. Según las demandantes, una interpretación diferente supondría que la Comisión
dispusiera de facultades arbitrarias para elegir los países exportadores de referencia, lo cual podría incluso permitirle
no prever ninguna ayuda según los países de referencia que escogiese.
20     Pues bien, las demandantes afirman que, desde 1998, China es el segundo mayor productor mundial de tomates. Sostienen que
en 1999 exportó más de 108.246 toneladas de tomates, o sea menos que Turquía (168.691 toneladas) pero más que Estados Unidos
(92.913 toneladas) y que Israel (9.557 toneladas). Además, las exportaciones chinas hacia los países de la Comunidad europea
se elevaron aproximadamente a 24.171 toneladas, lo que representa el 22,30 % de las exportaciones mundiales totales de China.
Las demandantes afirman que, por tanto, ésta debe ser considerada un país competidor.
21     Las demandantes sostienen que, al no incluir los precios chinos en el cálculo de la ayuda a la producción, la Comisión infringió
el Reglamento de base, cuyas disposiciones son claras y no ambiguas. Alegan que, conforme a la jurisprudencia Bergaderm (sentencia
del Tribunal de Justicia de 4 de julio de 2000, Bergaderm y Goupil/Comisión, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291), se trata de una
norma jurídica que tiene por objeto conferir derechos a los particulares y cuya violación está suficientemente caracterizada.
Puesto que, tras la adopción del Reglamento nº 1519/2000, las facultades de la Comisión se encuentran delimitadas de manera
precisa, una mera ilegalidad por parte de la institución basta, en opinión de las demandantes, para generar la responsabilidad
extracontractual de la Comunidad.
22     Además, afirman las demandantes, la propia Comisión solicitó que se le comunicaran los datos relativos a los precios chinos
pero se negó a tenerlos en cuenta cuando le fueron remitidos.
23     Según las demandantes, además, la actitud de la Comisión muestra que no tuvo en cuenta los objetivos políticos del sistema
de subvenciones previsto en el Reglamento de base. Éstos consisten en favorecer a los agricultores y a los industriales europeos
de forma que se garantice al agricultor un nivel de ingresos mínimos y se permita al transformador de los productos derivados
del tomate afrontar la competencia de los terceros países cuya materia prima se adquiere a un precio inferior al del mercado
europeo. Al no respetar dichos objetivos, el Reglamento nº 1519/2000 infringe también el artículo 33 CE.
24     La Comisión, por su parte, estima que disponía de un amplio margen de apreciación para determinar el importe de la ayuda de
que se trata. Por tanto, sólo incurriría en responsabilidad si hubiese rebasado, de un modo manifiesto y grave, los límites
impuestos al ejercicio de sus facultades en el sentido de la jurisprudencia derivada de la sentencia Bergaderm y Goupil/Comisión,
antes citada.
25     La Comisión recuerda que el artículo 4 del Reglamento de base permite fijar una ayuda máxima a la producción y que ésta «no
podrá ser superior a la diferencia existente entre el precio mínimo pagado al productor en la Comunidad y el precio de la
materia prima de los principales terceros países productores y exportadores». Por tanto, no existía, a su juicio, ninguna
garantía de que el importe de la ayuda fuese igual a esta diferencia.
26     La Comisión subraya, por otra parte, que los criterios para establecer la ayuda no están determinados exhaustivamente. En
efecto, el artículo 4, apartado 2, del Reglamento de base dispone que: «Para determinar ese importe […], se tendrá en cuenta,
en particular […]». Este artículo contempla, en su letra c), la posibilidad de disminuir la ayuda para tener en cuenta la
evolución del volumen de los intercambios comerciales con el exterior y su precio. Pues bien, al representar la producción
comunitaria una parte sustancial del mercado comunitario, esto es, aproximadamente un 90 %, la Comisión estaba facultada para
tener en cuenta estos datos.
27     Igualmente, la Comisión reprocha a las demandantes que no hayan mencionado en ningún momento el objetivo de la ayuda, esto
es, «[permitir] dar salida al producto comunitario». Considera que, a la luz de este objetivo y de los datos económicos de
que disponía, pudo prescindir, de forma completamente legítima, del precio de los tomates chinos.
28     La Comisión afirma que aportaron datos sobre la producción de tomates Estados Unidos, Israel y Turquía, mientras que las autoridades
chinas no respondieron a su solicitud. La Comisión dedujo que debía reducirse la ayuda al transformador para la producción
de concentrados de tomate en un 20,54 % debido a la depreciación del euro con respecto al dólar estadounidense (-12,2 %) y
del aumento del coste de la materia prima en los terceros países competidores, en particular en Estados Unidos (+8,4 %) y
en Turquía (+4,4 %).
29     Según la Comisión, los datos disponibles en el mercado comunitario relativos a los concentrados de tomate muestran un descenso
de las importaciones totales, la estabilidad de las importaciones de China entre 1997 y 1999, un fuerte aumento de los precios
de los productos procedentes de China y una progresión constante de las exportaciones comunitarias. A su juicio, estos elementos
confirman una clara mejora de la coyuntura internacional para la producción comunitaria y la existencia de una competencia
aún limitada en China. La Comisión considera pues que no es necesario modificar las reglas de cálculo de la ayuda.
30     La Comisión opina que, si bien el hecho de tener en cuenta el precio de la materia prima china podía efectivamente provocar
una disminución del precio estimado de la materia prima de los principales terceros países productores y exportadores, dicha
disminución no habría conducido necesariamente a un aumento de la ayuda a la producción.
31     En cualquier caso, pese a la falta de respuesta de las autoridades chinas, la Comisión debía fijar el importe de la ayuda
a la producción antes del inicio de la campaña 2000/2001. Subraya que hasta entonces nunca había tomado en consideración el
precio de los tomates chinos y que nada justificaba que se incluyera súbitamente por vez primera en el cálculo de la ayuda.
32     En cuanto a la infracción del artículo 33 CE, la Comisión recuerda que la ayuda a la producción tiene por objetivo permitir
dar salida al producto comunitario. Según ella, las demandantes no han demostrado en modo alguno que la Comisión infringiera
este objetivo.
–       Violación de los principios de asistencia y protección y de buena administración
33     En lo que se refiere a la violación del deber de asistencia y protección y de buena administración, las demandantes alegan
que la Comisión no se preocupó en obtener los precios chinos como habría hecho una administración diligente y prudente. Afirman
que la Comisión, a continuación, no rectificó su error, violando así el compromiso asumido, y ello pese a que esta rectificación
no habría suscitado ninguna dificultad especial.
34     La Comisión, por su lado, estima que podía, sin dejar de respetar los objetivos y las disposiciones del Reglamento de base,
fijar el importe de la ayuda a la producción sin tener datos relativos a los precios de los tomates chinos. Por tanto, habría
sido inútil proseguir sus gestiones con las autoridades chinas, gestiones que hasta entonces habían quedado sin respuesta
respecto a otras producciones.
35     En cuanto a la imputación relativa al hecho de haberse abstenido de modificar el cálculo de la ayuda pese a tener conocimiento
del precio del tomate pagado a los productores chinos, la Comisión señala que los primeros datos le fueron remitidos mediante
un escrito de 13 de noviembre de 2000, o sea cuatro meses después de la adopción del Reglamento nº 1519/2000. Al tratarse
del precio de un solo contrato, la Comisión estimó que no podía en ningún caso considerarse representativo de la producción
china.
36     La Comisión alega asimismo que no le fueron remitidas cifras que pudieran considerarse más concluyentes hasta el 9 de noviembre
de 2001, o sea dieciséis meses después de la adopción del Reglamento nº 1519/2000. A su juicio, era inimaginable modificar
este Reglamento tras un transcurso de tiempo tan largo y, además, ninguna disposición legislativa le permitía proceder retroactivamente
a dicha modificación. Sólo podría haberlo hecho si se hubiese tratado de un error técnico. La Comisión añade que la campaña
2000/2001 había finalizado desde hacía varios meses y que se había instaurado un nuevo mecanismo.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
37     Las partes discrepan en cuanto a la interpretación de las disposiciones del Reglamento de base y al alcance de la facultad
de apreciación que este Reglamento confiere a la Comisión para la fijación del importe de la ayuda a la producción.
38     Es necesario recordar que es jurisprudencia reiterada que, para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad
a efectos del artículo 288 CE, párrafo segundo, es necesario que concurran un conjunto de requisitos, en concreto, la ilegalidad
del comportamiento que se imputa a las instituciones comunitarias, la realidad del daño y la existencia de una relación de
causalidad entre el comportamiento ilegal y el perjuicio invocado (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre
de 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, apartado 16; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 11 de
julio de 1996, International Procurement Services/Comisión, T‑175/94, Rec. p. II‑729, apartado 44; de 16 de octubre de 1996,
Efisol/Comisión, T‑336/94, Rec. p. II‑1343, apartado 30, y de 11 de julio de 1997, Oleifici Italiani/Comisión, T‑267/94, Rec.
p. II‑1239, apartado 20).
39     Por lo que se refiere al primero de los requisitos, la jurisprudencia exige que se pruebe una violación suficientemente caracterizada
de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares (sentencia Bergaderm y Goupil/Comisión, antes
citada, apartado 42). Respecto a la exigencia de que la violación sea suficientemente caracterizada, el criterio decisivo
es la inobservancia manifiesta y grave, por parte de la institución comunitaria de que se trate, de los límites impuestos
a su facultad de apreciación. Cuando dicha institución sólo dispone de un margen de apreciación considerablemente reducido,
o incluso inexistente, la mera infracción del Derecho comunitario puede bastar para demostrar la existencia de una violación
suficientemente caracterizada (sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de diciembre de 2002, Comisión/Camar y Tico, C‑312/00 P,
Rec. p. I‑11355, apartado 54; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de julio de 2001, Comafrica y Dole Fresh Fruit
Europe/Comisión, asuntos acumulados T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 y T‑225/99, Rec. p. II‑1975, apartado 134).
40     En particular, la comprobación de una irregularidad que, en circunstancias análogas, no habría cometido una administración
normalmente prudente y diligente permite afirmar que el comportamiento de la institución ha constituido una ilegalidad que
genera la responsabilidad de la Comunidad con arreglo al artículo 288 CE (sentencia Comafrica y Dole Fresh Fruit Europa/Comisión,
antes citada, apartado 134).
41     Procede, por tanto, examinar las disposiciones del Reglamento de base para determinar el alcance de la facultad de apreciación
de la Comisión y comprobar a continuación si, en este contexto, ésta cometió o no una infracción del Reglamento que genere
su responsabilidad.
–       Facultad de apreciación de la Comisión en virtud del Reglamento de base
42     En primer lugar, procede recordar que es jurisprudencia reiterada que el legislador comunitario dispone de una amplia facultad
de apreciación en las situaciones que impliquen la necesidad de evaluar una situación económica compleja, como ocurre en materia
de política agrícola común y de pesca. Dicha facultad no se aplica exclusivamente a la naturaleza y al alcance de las disposiciones
que hay que adoptar, sino también, en cierta medida, a la comprobación de los datos de base. Por tanto, cuando le corresponde
dilucidar si la violación invocada de una norma jurídica está suficientemente caracterizada, el juez debe limitarse a examinar
si la institución a la que se reprocha la violación ha incurrido, en el ejercicio de su facultad de apreciación, en error
manifiesto o desviación de poder o si la autoridad de que se trate ha sobrepasado manifiestamente los límites de su facultad
de apreciación (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 27 de junio de 1989, Leukhardt, 113/88,
Rec. p. 1991, apartado 20; de 19 de febrero de 1998, NIFPO y Northern Ireland Fishermen's Federation, C‑4/96, Rec. p. I‑681,
apartados 41 y 42; de 5 de octubre de 1999, España/Consejo, C‑179/95, Rec. p. I‑6475, apartado 29, y de 25 de octubre de 2001,
Italia/Consejo, C‑120/99, Rec. p. I‑7997, apartado 44; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de septiembre de
2002, Pfizer Animal Health/Consejo, T‑13/99, Rec. p. II‑3305, apartados 166 y 168).
43     En segundo lugar, la Comisión dispone, igualmente en virtud del Reglamento de base, de un amplio margen de apreciación en
cuanto a la fijación de la ayuda a la producción.
44     Es cierto que el considerando 2 del Reglamento de base establece que «determinados productos transformados revisten especial
importancia en las regiones mediterráneas de la Comunidad donde los precios de producción son considerablemente superiores
a los de terceros países» y el considerando 4 de este Reglamento prevé que «el importe de la ayuda debe compensar la diferencia
entre los precios pagados a los productores en la Comunidad y los pagados en los terceros países». Sin embargo, este último
considerando añade que «por consiguiente, es conveniente prever un cálculo que tenga en cuenta, en particular, esta diferencia
y la incidencia de la evolución del precio mínimo, sin perjuicio de la aplicación de determinados elementos técnicos». El
hecho de utilizar la locución adverbial «en particular» significa que, para la fijación del importe de la ayuda a la producción,
deberán tenerse en cuenta, en cualquier caso, la diferencia entre los precios pagados a los productores en la Comunidad y
los precios pagados en los terceros países y la incidencia de la evolución del precio mínimo y que, además de estos factores,
pueden tenerse en cuenta asimismo otros elementos, que se dejan a la libre apreciación de la Comisión.
45     El artículo 4 del Reglamento de base establece la configuración de la ayuda a la producción. Este artículo dispone, en su
apartado 1, que la ayuda a la producción «no podrá ser superior a la diferencia existente entre el precio mínimo pagado al
productor en la Comunidad y el precio de la materia prima de los principales terceros países productores y exportadores».
Esta disposición no puede interpretarse en el sentido de que la ayuda a la producción deba ser igual a dicha diferencia, pues
no se dejaría ningún margen de apreciación a la Comisión.
46     El artículo 4, apartado 2, del Reglamento de base obliga además a la Comisión a fijar el importe de la ayuda a la producción
«de manera que permita dar salida al producto comunitario, dentro del límite dispuesto en el apartado 1». Una vez especificado
este objetivo, esta disposición enumera determinados elementos que deben tenerse en cuenta para establecer dicho importe.
En este contexto, el empleo de la locución adverbial «en particular» y de la conjunción «y» entre b) y c) implica que la apreciación
por la Comisión de estos tres criterios presupone que concurren, de forma acumulativa, determinados datos fácticos y cifras
indispensables, tales como, en particular, el coste de la materia prima en la Comunidad y el de la materia prima en los principales
terceros países competidores así como el importe de la ayuda fijada para la campaña de comercialización anterior. Se puede
inferir igualmente que esta lista de criterios imperativos no puede considerarse exhaustiva, lo cual constituye un indicio
de que se confiere a la Comisión un margen de apreciación dentro de los límites previstos en el artículo 4, apartado 1, siempre
que se atenga a las obligaciones procedimentales que regulan su aplicación.
47     De lo anterior se desprende que la Comisión dispone, en principio, de un amplio margen de apreciación a efectos de la fijación
de la ayuda. Este margen de apreciación no se extiende, sin embargo, a la existencia de los datos fácticos y cifras correspondientes
a los criterios que debe tener imperativamente en cuenta, tales como los precios de la materia prima de los principales terceros
países en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base.
48     Procede comprobar pues, a la luz de los principios expuestos anteriormente, la fundamentación de las alegaciones de las demandantes
relativas a las ilegalidades cometidas por la Comisión. En este contexto, el Tribunal de Primera Instancia estima que es necesario
analizar en primer lugar la fundamentación del motivo basado en la violación de los principios de asistencia y protección
y de buena administración.
–       Violación de los principios de asistencia y protección y de buena administración
49     La Comisión dispone de un margen de apreciación pero está obligada, en virtud de los principios de asistencia y protección
y de buena administración, a reunir los datos fácticos indispensables para el ejercicio de su facultad discrecional. En efecto,
según reiterada jurisprudencia, en los casos en que una institución comunitaria disponga de una amplia facultad de apreciación,
la observancia de las garantías procedimentales otorgadas por el ordenamiento jurídico comunitario reviste una importancia
aún más fundamental. Entre estas garantías figura, en particular, la obligación de la institución competente de examinar minuciosa
e imparcialmente todos los elementos pertinentes del caso concreto. Únicamente de este modo podrá el juez comunitario comprobar
si concurren los elementos de hecho y de Derecho de los que depende el ejercicio de la facultad de apreciación (véase, en
este sentido y por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de noviembre de 1991, Technische Universität München,
C‑269/90, Rec. p. I‑5469, apartado 14; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 18 de septiembre de 1995, Nölle/Consejo
y Comisión, T‑167/94, Rec. p. II‑2589, apartados 73 y siguientes; de 19 de febrero de 1998, Eyckeler & Malt/Comisión, T‑42/96,
Rec. p. II‑401, apartado 165; de 9 de julio de 1999, New Europe Consulting y Brown/Comisión, T‑231/97, Rec. p. II‑2403, apartados
37 y siguientes, y la sentencia Pfizer Animal Health/Consejo, antes citada, apartado 171).
50     En el contexto de la aplicación del Reglamento de base, la obligación de asistencia y protección implicaba, en particular,
el deber de reunir todos los elementos fácticos indispensables previstos en el artículo 4, apartado 2, de dicho Reglamento
y que pudiesen tener una incidencia significativa en el resultado del procedimiento decisorio, con el fin de permitir a la
Comisión el ejercicio completo y correcto de su facultad de apreciación. En relación con esta disposición, consta que, en
el presente asunto, el coste de la materia prima procedente de China era uno de los datos indispensables que la Comisión debía
tener en cuenta para calcular el importe de la ayuda a la producción, al ser considerado este país, en el momento de la fijación
de la ayuda, uno de los principales terceros países competidores de la producción comunitaria.
51     A este respecto, ha quedado acreditado que la Comisión se limitó a enviar a la Delegación china ante la Unión Europea un solo
escrito, con fecha de 4 de febrero de 2000, con el fin de solicitar la información requerida. Este escrito quedó sin respuesta,
y sin embargo la Comisión no efectuó trámites adicionales a lo largo del período hasta julio de 2000.
52     No obstante, el respeto de los principios de asistencia y protección y de buena administración exigía que, habida cuenta del
carácter indispensable de la información relativa al coste de la materia prima procedente de China para la apreciación de
la Comisión, ésta efectuase trámites adicionales con el fin de obtener la información necesaria de las autoridades chinas,
por ejemplo mediante el envío de correos recordatorios o a través de contactos telefónicos con el Representante Permanente
de la República Popular China ante la Unión Europea. A este respecto, el silencio de las autoridades chinas, que, según la
Comisión, «se enmarca en una larga tradición de rechazo o de imposibilidad de responder a cualquier información sobre cuestiones
similares», no puede justificar la pasividad de la Comisión porque exista la presunción irrefutable de que la información
requerida no estaría disponible o de que cualquier otra solicitud habría quedado igualmente sin respuesta. Al contrario, dado
el carácter indispensable de la información solicitada para la legalidad del ejercicio de la facultad discrecional de fijación
del importe de la ayuda, este silencio habría debido incitar con mayor razón a los servicios de la Comisión a realizar a su
debido tiempo esfuerzos adicionales para obtener dicha información, en lugar de permanecer completamente inactivos.
53     En lo que atañe al contrato chino que se remitió al Sr. Fischler el 13 de noviembre de 2000, es cierto que la Comisión no
podía tomar en consideración los datos que figuraban en este contrato, que entró en vigor el 15 de marzo de 2000, puesto que
debía basarse en los precios practicados en 1999. No obstante, a la luz de los principios de asistencia y protección y de
buena administración y teniendo en cuenta el silencio de las autoridades chinas respecto al envío del escrito de la Comisión
de 4 de febrero de 2000, el esfuerzo mínimo que podía esperarse de una institución diligente en el presente caso consistía,
al menos, en solicitar a dichas autoridades si estos precios eran representativos de los precios practicados en 1999, especialmente
teniendo en cuenta que el contrato se refería a la región de Xinjiang, que, según las demandantes, representaba una parte
importante de la producción china de tomates transformados. Semejante obligación era exigible a la Comisión con mayor razón
cuando el propio Sr. Fischler había señalado que «la Comisión no podía considerar que el precio mencionado en un contrato
privado era representativo del precio medio nacional de la producción de tomate para la campaña 2000/2001 si este precio no
era confirmado oficialmente por el Gobierno chino».
54     Se desprende de cuanto precede que la inactividad de la Comisión a raíz del envío del escrito de 4 de febrero de 2000 constituye
una violación suficientemente caracterizada, conforme a la jurisprudencia, de los principios de asistencia y protección y
de buena administración.
–       Infracción del Reglamento de base
55     A tenor del artículo 4, apartado 1, del Reglamento de base, la ayuda a la producción no podrá ser superior a la diferencia
existente entre el precio mínimo pagado al productor en la Comunidad y el precio de la materia prima de los principales terceros
países productores y exportadores. Según el artículo 4, apartado 2, del mismo Reglamento, para determinar ese importe, se
tendrá en cuenta en particular la diferencia entre el coste de la materia prima en la Comunidad y el de la materia prima de
los principales terceros países competidores.
56     Las demandantes alegan que estas disposiciones exigían a la Comisión que tuviese en cuenta el precio de la materia prima china,
dado que China constituía el segundo exportador mundial de tomates.
57     Es necesario señalar que el Reglamento de base exige que se tenga en cuenta el precio de la materia prima de los principales
terceros países productores y exportadores o competidores. Pues bien, China forma parte de este grupo de países. La Comisión
debía, por tanto, tomar en consideración el precio chino desde que China entró a formar parte de estos países.
58     Además, la Comisión no niega que China constituya uno de los principales países productores de tomates. Por lo demás, sus
servicios habían solicitado información a las autoridades chinas, por primera vez, a principios del año 2000, pero éstas no
respondieron a dicha solicitud.
59     La Comisión sostiene que se veía confrontada a la cuestión de si, a falta de esta información, podía no obstante fijar el
importe de la ayuda a la producción en virtud de su facultad discrecional, al mismo tiempo que respetaba los objetivos de
esta ayuda, esto es, «permitir dar salida al producto comunitario». Subraya que hasta entonces nunca había tomado en consideración
el precio de los tomates chinos y que no era necesaria una modificación de las reglas de cálculo de la ayuda, menos aún teniendo
en cuenta que se trataba de la última fijación de la ayuda antes de la reforma del régimen de las ayudas a la producción.
60     Estas alegaciones no resultan convincentes. El hecho de que, anteriormente, la Comisión no hubiese tenido en cuenta el precio
de los tomates chinos no puede justificar que siguiese sin hacerlo si, como ocurre en el presente caso sin que ella lo niegue,
las condiciones del mercado la obligaban a ello. De igual modo, el hecho de que se tratara de la última fijación antes de
la reforma del régimen de ayudas a la producción no puede justificar que ésta se realizase de forma contraria al Reglamento
de base. Además, es cierto que este Reglamento facultaba a la Comisión para tener en cuenta otros criterios y ajustar el importe
de la ayuda en función de estos criterios adicionales. Sin embargo, como se ha expuesto en los apartados 50 y siguientes de
la presente sentencia, el Reglamento no la autorizaba a excluir el precio de la materia prima de uno de los principales terceros
países competidores, puesto que se prevé expresamente la utilización de este dato.
61     Por consiguiente, en la medida en que el contenido del Reglamento nº 1519/2000 no tiene en cuenta en modo alguno el precio
de la materia prima de uno de los principales países productores y exportadores, esto es, China, este Reglamento incumple
los requisitos imperativos establecidos en el artículo 4, apartados 1 y 2, del Reglamento de base. Una ilegalidad de tal índole,
que constituye una violación suficientemente caracterizada de una norma que tiene por objeto conferir derechos a los particulares,
puede generar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad en función de sus consecuencias lesivas.
62     Dado que debe estimarse el motivo de las demandantes basado en la infracción del Reglamento de base, no es necesario examinar
el motivo basado en la violación del principio de confianza legítima, que las demandantes invocan con carácter subsidiario.

En cuanto al perjuicio
Alegaciones de las partes
63     Las demandantes sostienen que su perjuicio equivale a la diferencia exacta entre el importe de la ayuda que se fijó en el
Reglamento nº 1519/2000 y el importe al que se habría llegado si la Comisión hubiese tomado en consideración los precios chinos.
64     Sobre la base de los datos de los precios chinos, contenidos en el certificado obtenido de las autoridades chinas en septiembre
de 2001, las demandantes calcularon el importe de la ayuda que debió abonarse para la campaña 2000/2001. En su opinión, el
hecho de tomar en consideración a China en el cálculo del precio medio de los principales terceros países productores de tomates
hace disminuir claramente este precio y, por tanto, la diferencia entre el precio pagado al agricultor y el precio de los
principales terceros países exportadores es considerablemente mayor que la calculada por la Comisión. Según las demandantes,
por cada quintal de concentrados de tomate 28/30, la industria obtuvo 4,031 euros menos de lo que hubiese debido recibir si
se hubiese tenido en cuenta el precio chino. Esto significa que la industria obtuvo una ayuda un 23 % inferior a la que habría
debido obtener. A su juicio, éste es el porcentaje que tienen derecho a reclamar a la Comisión.
65     Por otra parte, las demandantes estiman que han sufrido y sufren aún un perjuicio patrimonial considerable causado no solamente
por el impago de las cantidades debidas por la Comunidad, sino también por la depreciación monetaria así como por el hecho
de que las cantidades que habrían recibido si la Comisión hubiese calculado correctamente el importe de las ayudas les habrían
permitido percibir al menos el rendimiento procedente de su colocación en cuentas bancarias.
66     Las demandantes alegan que, debido a la aplicación de un método de cálculo erróneo e ilegal, la ayuda concedida fue inferior
a la que deberían haber obtenido. Afirman que el error cometido por la Comisión y su negativa a rectificarlo causaron un perjuicio
cierto a las demandantes. Puesto que este perjuicio fue originado por los comportamientos ilegales de la Comisión, la relación
de causalidad queda, según éstas, demostrada.
67     La Comisión señala que, según reiterada jurisprudencia, el perjuicio cuya reparación se solicita debe ser real y cierto. Pues
bien, aunque el hecho de tener en cuenta el precio de la materia prima china podía, inicialmente, provocar una disminución
considerable del precio estimado de la materia prima de los principales países productores y exportadores, esta disminución
no habría conducido necesariamente, habida cuenta de la facultad discrecional de que disponía la Comisión, a un aumento de
la ayuda a la producción.
68     Con mayor razón, sostiene la Comisión, este aumento de la ayuda no podía, con certeza, ser equivalente a la diferencia basada
en el cálculo del precio de la materia prima de los principales países productores y exportadores en función de que se tuviese
o no en cuenta el precio de los tomates chinos.
69     Por consiguiente, la Comisión considera que el importe del perjuicio invocado por las demandantes es hipotético y no debe
ser tomado en consideración por el Tribunal de Primera Instancia. Sostiene que a la misma conclusión debe llegarse respecto
al perjuicio patrimonial que invocan.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
70     Procede recordar que, según la jurisprudencia (sentencias del Tribunal de Justicia de 27 de enero de 1982, De Franceschi/Consejo
y Comisión, 51/81, Rec. p. 117, apartado 9, y Birra Wührer y otros/Consejo y Comisión, asuntos acumulados 256/80, 257/80,
265/80, 267/80 y 5/81, Rec. p. 85, apartado 9; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de mayo de 1995, Wafer Zoo/Comisión,
T‑478/93, Rec. p. II‑1479, apartado 49), el perjuicio cuya reparación se solicita debe ser real y cierto.
71     Corresponde a la parte demandante aportar los elementos de prueba al juez comunitario con el fin de demostrar la realidad
y el alcance de dicho perjuicio (sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de mayo de 1976, Roquette Frères/Comisión, 26/74,
Rec. p. 677, apartados 22 a 24; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 9 de enero de 1996, Koelman/Comisión, T‑575/93,
Rec. p. II‑1, apartado 97, y de 28 de abril de 1998, Dorsch Consult/Consejo y Comisión, T‑184/95, Rec. p. II‑667, apartado 60).
72     Las demandantes evalúan el perjuicio en la diferencia exacta entre el importe de la ayuda fijado en el Reglamento nº 1519/2000
y el importe al que habría llegado la Comisión si hubiese tomado en consideración los precios chinos.
73     En primer lugar, es preciso subrayar que los precios chinos sobre los que éstas se basan son los obtenidos a través de los
servicios diplomáticos españoles en Pekín. Se trata del precio medio de los tomates pagados a los productores de la provincia
de Xinjiang, que representa, según las demandantes, aproximadamente el 88 % de la producción china de tomates transformados.
Estas cifras son discutidas por la Comisión, que afirma que esta media es excesivamente baja. Además, ésta sostiene que no
pudo apreciar si dichas cifras eran conformes a las disposiciones del Reglamento de base. Ahora bien, en la evaluación de
una situación económica compleja, su facultad de apreciación se aplica también a la comprobación de los datos de base (véase,
en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de octubre de 1980, Roquette/Consejo, 138/79, Rec. p. 3333, apartado 25).
74     En efecto, como el Reglamento de base confiere a la Comisión un cierto margen de apreciación en la fijación del importe de
la ayuda, es imposible determinar con certeza la incidencia de la toma en consideración del precio pagado a los productores
de tomates chinos en el importe de la ayuda. El artículo 4, apartado 1, no prevé que la ayuda a la producción deba ser igual
a la diferencia entre el precio mínimo pagado al productor en la Comunidad y el precio de la materia prima de los principales
terceros países exportadores. Se limita simplemente a fijar un máximo.
75     A este respecto, ha de observarse que el hecho de que la Comisión haya podido en el pasado fijar el importe de la ayuda a
un nivel equivalente a la diferencia entre el precio mínimo pagado al productor en la Comunidad y el precio de la materia
prima de los principales terceros países productores y exportadores no la obliga en absoluto a mantener la ayuda en este nivel.
Resultaría incluso contrario al tenor y a la finalidad del Reglamento de base que la Comisión no tuviese en cuenta la evolución
de la situación de los mercados internacionales y con ello dificultase eventualmente la salida del producto comunitario.
76     Las demandantes no pueden, por tanto, invocar el derecho a una ayuda máxima equivalente a la diferencia entre el precio mínimo
pagado al productor en la Comunidad y el precio de la materia prima de los principales terceros países tras haber tomado en
consideración los precios chinos.
77     Por consiguiente, no puede considerarse que el perjuicio calculado por las demandantes y descrito en el cuadro del anexo A.27
de la demanda tenga carácter cierto.
78     Al no concurrir el conjunto de requisitos que deben cumplirse para que se genere la responsabilidad extracontractual de la
Comunidad, procede desestimar el recurso.

Costas
79     En virtud del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, en circunstancias
excepcionales, dicho Tribunal puede repartir las costas. Aunque las demandantes hayan perdido el proceso, debe, no obstante,
tenerse en cuenta, para la decisión sobre las costas, el comportamiento de la demandada, que no respetó la normativa comunitaria.
80     Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia efectúa una justa apreciación de las circunstancias del asunto decidiendo
que las demandantes carguen con cinco sextos de sus costas y la Comisión soporte, además de sus propias costas, un sexto de
las costas de las demandantes.
En virtud de todo lo expuesto,
El Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Las demandantes cargarán con cinco sextos de sus costas y la Comisión soportará, además de sus propias costas, un sexto de
las costas de las demandantes.
Azizi
Dehousse
Cremona
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 17 de marzo de 2005.
El Secretario

El Presidente
H. Jung

J. Azizi
*
Lengua de procedimiento: francés.