CELEX: 62004CJ0354
Recurso de casación
Unión Europea
Cooperación policial y judicial en materia penal
Posiciones comunes 2001/931/PESC, 2002/340/PESC y 2002/462/PESC
Medidas relativas a personas, grupos y entidades implicados en actos de terrorismo
Recurso de indemnización
Competencia del Tribunal de Justicia

En su recurso de casación, Gestoras Pro Amnistía, y los Sres. Olano Olano y Zelarain Errasti solicitan la anulación del auto
del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 7 de junio de 2004, Gestoras Pro Amnistía y otros/Consejo
(T‑333/02, no publicado en la Recopilación; en lo sucesivo, «auto recurrido»), en el que el Tribunal de Primera Instancia
desestimó su recurso dirigido a obtener sendas indemnizaciones en reparación del perjuicio que pretenden haber sufrido como
consecuencia de la inclusión de Gestoras Pro Amnistía en la lista de personas, grupos y entidades contemplados en el artículo
1 de la Posición común 2001/931/PESC del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre la aplicación de medidas específicas de
lucha contra el terrorismo (DO L 344, p. 93), en el artículo 1 de la Posición común 2002/340/PESC del Consejo, de 2 de mayo
de 2002, por la que se actualiza la Posición común 2001/931 (DO L 116, p. 75), y en el artículo 1 de la Posición común 2002/462/PESC
del Consejo, de 17 de junio de 2002, por la que se actualiza la Posición común 2001/931 y se deroga la Posición común 2002/340
(DO L 160, p. 32).

Antecedentes del litigio
Los antecedentes del litigio se exponen en los apartados 1 a 11 del auto recurrido en los siguientes términos:
«1      De los autos se desprende que Gestoras Pro Amnistía es una organización cuyo objetivo es la defensa de los derechos humanos
en el País Vasco, en concreto, de los derechos de los presos y de los exiliados políticos. Según los demandantes, esta organización
se creó en 1976 y tiene su sede en Hernani (Guipúzcoa), siendo sus portavoces los Sres. Olano Olano y Zelarain Errasti. No
se aportó ninguna documentación oficial al respecto.
2      El 28 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1373 (2001), mediante la
que declaró, en particular, que todos los Estados se prestarán mutuamente la mayor asistencia posible en sus investigaciones
criminales y demás procedimientos relativos a la financiación de actos de terrorismo o al apoyo recibido por dichos actos,
incluida la asistencia dirigida a la obtención de los elementos de prueba que estén en su posesión y sean necesarios en el
procedimiento.
3      Mediante autos de 2 y de 19 de noviembre de 2001, respectivamente, el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia
Nacional, con sede en Madrid, ordenó el ingreso en prisión de algunos presuntos dirigentes de Gestoras Pro Amnistía, entre
ellos sus portavoces, y declaró ilegales las actividades de Gestoras Pro Amnistía, alegando que esta organización formaba
parte de la organización independentista vasca ETA. Gestoras Pro Amnistía interpuso un recurso de apelación contra esta resolución.
4      El 27 de diciembre de 2001, al considerar que era necesario que la Comunidad [y los Estados miembros] [actuasen] para aplicar
la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo [de la Unión Europea] adoptó la Posición
común 2001/931 […]. Esta Posición común se adoptó conforme al artículo 15 UE, comprendido en el título V del Tratado UE titulado
“Disposiciones relativas a la política exterior y de seguridad común” (PESC), y al artículo 34 UE, comprendido en el título VI
del Tratado UE titulado “Disposiciones relativas a la cooperación policial y judicial en materia penal” […].
5      Los artículos 1 y 4 de la Posición común 2001/931 establecen:
“Artículo 1
1.      La presente Posición común se aplicará, de conformidad con las disposiciones de los artículos siguientes, a las personas,
grupos y entidades que intervengan en actos terroristas que se enumeran en el anexo.
[…]
6.      Los nombres de las personas y entidades que figuran en la lista del anexo se revisarán periódicamente, al menos una vez por
semestre, con el fin de asegurar que su permanencia en la lista está justificada.”
“Artículo 4
Los Estados miembros, mediante una cooperación policial y judicial en asuntos penales en el marco del título VI del Tratado
[UE], se prestarán mutuamente la asistencia más amplia posible para la prevención y la lucha contra actos terroristas. A tal
fin, respecto de las investigaciones y procedimientos llevados a cabo por sus autoridades en relación con cualquiera de las
personas, grupos o entidades relacionados en el anexo, harán pleno uso, cuando así se solicite, de las competencias existentes
de conformidad con actos de la Unión Europea y otros acuerdos, convenios y tratados internacionales vinculantes para los Estados
miembros.”
6      El anexo de la Posición común 2001/931 indica en su punto 2, dedicado a los “Grupos y entidades”, lo siguiente:
“*- Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad
(Las siguientes organizaciones forman parte del grupo terrorista ETA: K.a.s, Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras Pro Amnistía)”.
7      La nota a pie de página de este anexo indica que “las personas cuyo nombre va precedido de un * estarán sólo sujetas a lo
dispuesto en el artículo 4”.
8      El 27 de diciembre de 2001, el Consejo adoptó, asimismo, la Posición común 2001/930/PESC, relativa a la lucha contra el terrorismo
(DO L 344, p. 90), el Reglamento (CE) nº 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas
y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo (DO L 344, p. 70), y la Decisión 2001/927/CE, por la que se establece
la lista prevista en el apartado 3 del artículo 2 del Reglamento nº 2580/2001 (DO L 344, p. 83). Ninguno de estos textos cita
a los demandantes.
9      Con arreglo a la declaración del Consejo [de 18 de diciembre de 2001] incluida como anexo del acta en la adopción de la Posición
común 2001/931 y del Reglamento nº 2580/2001 (en lo sucesivo, “declaración del Consejo relativa al derecho a una indemnización”):
“El Consejo recuerda en relación con el artículo 1, apartado 6, de la Posición común [2001/931] que cualquier error en cuanto
a las personas, grupos o entidades mencionados dará derecho a la parte perjudicada a solicitar una indemnización ante los
tribunales”.
10      Mediante resolución de 23 de mayo de 2002, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró la inadmisibilidad del recurso
interpuesto por los demandantes contra los quince Estados miembros, en relación con la Posición común 2001/931, basándose
en que la situación denunciada no les confería la cualidad de víctimas de una violación del Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales [firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950; en lo sucesivo, “CEDH”]
[Recueil des arrêts et des décisions 2002‑V].
11      El 2 de mayo y el 17 de junio de 2002, el Consejo adoptó, en virtud de los artículos 15 UE y 34 UE, las Posiciones comunes
2002/340/PESC y 2002/462/PESC, por las que se actualiza la Posición común 2001/931 (DO L 116, p. 75, y DO L 160, p. 32). Los
anexos de estas dos Posiciones comunes contienen el nombre de Gestoras Pro Amnistía, inscrito en los mismos términos que en
la Posición común 2001/931.»
Para completar esta exposición de los antecedentes del litigio, es necesario precisar que, a tenor del artículo 1, apartado
4, párrafo primero, de la Posición común 2001/931:
«La lista [que figura en el anexo de personas, grupos o entidades implicados en actos de terrorismo] se confeccionará sobre
la base de informaciones concretas o de elementos del expediente que muestren que una autoridad competente ha adoptado una
decisión respecto de [tales] personas, grupos y entidades […], tanto si se trata de la apertura de investigaciones o de procedimientos
en relación con un acto terrorista, como de la tentativa de cometer, o de participar, o de facilitar dicho acto, basada en
pruebas o en indicios serios y creíbles, o si se trata de una condena por dichos hechos. […]»
Gestoras Pro Amnistía solicitó al Consejo el acceso a los documentos en los que éste se basó para incluirla en la lista que
figura en el anexo de la Posición común 2001/931. Mediante escrito de 27 de marzo de 2002, el Secretario General del Consejo
transmitió a Gestoras Pro Amnistía una serie de documentos relativos a dicha Posición común. Al considerar que tales documentos
no les concernían específica y personalmente, la asociación formuló una nueva solicitud al Consejo, que éste rechazó mediante
escrito de 21 de mayo de 2002, alegando que la información necesaria para la confección de la citada lista, tras su examen
y consiguientes precisiones, había sido restituida a las delegaciones nacionales interesadas.

El recurso ante el Tribunal de Primera Instancia y el auto recurrido
Mediante escrito presentado en el Tribunal de Primera Instancia el 31 de octubre de 2002, los recurrentes solicitaron:
–        Que se condenara al Consejo a abonar, por una parte, una indemnización de 1.000.000 de euros a Gestoras Pro Amnistía y, por
otra parte, una indemnización de 100.000 euros para cada uno a los Sres. Olano Olano y Zelarain Errasti, como reparación por
los perjuicios que supuestamente sufrieron como consecuencia de la inclusión de Gestoras Pro Amnistía en la lista de personas,
grupos y entidades contemplados en el artículo 1 de las Posiciones comunes 2001/931, 2002/340 y 2002/462, respectivamente.
–        Que dichas cantidades devengaran intereses de demora a un tipo anual del 4,5 % a partir de la fecha de la decisión del Tribunal
de Primera Instancia, hasta el pago efectivo.
–        Que se condenara en costas al Consejo.
Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 12 de febrero de 2003, el Consejo
propuso una excepción de inadmisibilidad en virtud del artículo 114 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera
Instancia, solicitando que se declarase la inadmisibilidad manifiesta del recurso y se condenase en costas a «la demandante».
Mediante auto de 5 de junio de 2003, el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia admitió las intervenciones
del Reino de España y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en apoyo de las pretensiones del Consejo. Únicamente
el Reino de España presentó observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad.
En sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad, los recurrentes solicitaron al Tribunal de Primera Instancia que:
–        Declarase la admisibilidad del recurso de indemnización.
–        Con carácter subsidiario, declarase la vulneración por el Consejo de los principios generales del Derecho comunitario.
–        En cualquier caso, condenase en costas al Consejo.
En el auto recurrido, adoptado en virtud del artículo 111 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia,
sin iniciar la fase oral del procedimiento, desestimó el recurso.
En primer lugar, declaró su incompetencia manifiesta, en el sistema jurídico de la Unión Europea, para conocer de la acción
de responsabilidad por daños de los recurrentes.
Para llegar a dicha conclusión, el Tribunal de Primera Instancia observó que sólo se hacía referencia a los recurrentes en
el artículo 4 de la Posición común 2001/931, en virtud del cual los Estados miembros se prestarán mutuamente la asistencia
más amplia posible en el marco de la cooperación policial y judicial en asuntos penales prevista en el título VI del Tratado
UE y, por consiguiente, que la única base jurídica pertinente de los actos que presuntamente causaron el supuesto perjuicio
era el artículo 34 UE. El Tribunal de Primera Instancia señaló que los únicos medios de impugnación previstos en el artículo
35 UE, apartados 1, 6 y 7, al que se remite el artículo 46 UE, eran la petición de decisión prejudicial, el recurso de anulación
y la resolución de controversias entre Estados miembros. En consecuencia, consideró que en el título VI del Tratado UE no
se contemplaba ningún medio de impugnación dirigido a obtener una indemnización por daños.
En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia declaró que, no obstante, era competente para resolver el recurso, pero
sólo en la medida en que se basara en una invasión de las competencias de la Comunidad.
En efecto, el Tribunal de Primera Instancia recordó que el juez comunitario es competente para examinar si un acto adoptado
en el marco del Tratado UE invade las competencias de la Comunidad. De este modo, en los apartados 41 a 47 del auto recurrido,
comprobó si el Consejo, al adoptar los actos controvertidos, había invadido irregularmente las competencias de la Comunidad.
Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia consideró que los recurrentes no habían citado ninguna base jurídica del Tratado
CE que hubiera sido vulnerada. Declaró que el Consejo se había basado correctamente en el título VI del Tratado UE para adoptar
los actos controvertidos y que, en consecuencia, procedía desestimar el recurso por ser manifiestamente infundado, en la medida
en que se basaba en la invasión de las competencias de la Comunidad.

Las pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia
Los recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia:
–        Que anule el auto recurrido.
–        Que resuelva directamente el recurso y estime las pretensiones formuladas por los recurrentes ante el Tribunal de Primera
Instancia.
–        Que condene en costas al Consejo.
El Consejo solicita al Tribunal de Justicia:
–        Que declare la inadmisibilidad manifiesta del recurso.
–        Con carácter subsidiario, que lo desestime por infundado.
–        En su caso, que devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia.
–        Que condene en costas a los recurrentes.
El Reino de España formula pretensiones idénticas a las del Consejo.

Sobre el recurso de casación

Sobre la admisibilidad del recurso de casación
Alegaciones de las partes
El Consejo y el Reino de España señalan que las alegaciones de los recurrentes son, en lo esencial, idénticas a las ya expuestas
en primera instancia y no se refieren específicamente al error de Derecho en que, según los recurrentes, se incurrió en el
auto recurrido. Por tanto, en opinión del Consejo y del Reino de España, procede declarar la inadmisibilidad manifiesta del
recurso.
Apreciación del Tribunal de Justicia
–       Por lo que se refiere a la parte del recurso de casación dirigida contra el auto recurrido en la medida en que desestima el
motivo basado en que el Consejo había invadido las competencias atribuidas a la Comunidad
Los recurrentes sostuvieron ante el Tribunal de Primera Instancia que el Consejo, al adoptar la Posición común 2001/931, confirmada
por las Posiciones comunes 2002/340 y 2002/462, invadió voluntariamente las competencias atribuidas a la Comunidad con el
fin de privar a las personas contempladas en dicha Posición común del derecho a un recurso efectivo.
Mediante el auto recurrido, el Tribunal de Primera Instancia se reconoció competente para conocer del recurso interpuesto
por los recurrentes únicamente en la medida en que se basaba en la invasión de competencias de la Comunidad, citando, en concreto,
la sentencia de 12 de mayo de 1998, Comisión/Consejo (C‑170/96, Rec. p. I‑2763), apartado 17. El Tribunal de Primera Instancia
declaró, en los apartados 45 y 46 del auto recurrido, que el artículo 34 UE era la única base jurídica pertinente para adoptar
el artículo 4 de la Posición común 2001/931 y que los recurrentes no habían citado ninguna base jurídica del Tratado CE que
hubiera sido vulnerada.
En su recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, los recurrentes se limitan a afirmar de nuevo que el Consejo adoptó
las Posiciones comunes anteriormente citadas tomando como base jurídica el artículo 34 UE con el único objetivo de privarlos
del derecho a un recurso. Sin embargo, los recurrentes no invocan argumento alguno en apoyo de dicha tesis.
Pues bien, de los artículos 225 CE, 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y 112, apartado 1, letra c),
de su Reglamento de Procedimiento resulta que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados
de la sentencia o del auto cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica
esta pretensión (véanse, entre otras, las sentencias de 4 de julio de 2000, Bergaderm y Goupil/Comisión, C‑352/98 P, Rec.
p. I‑5291, apartado 34, y de 8 de enero de 2002, Francia/Monsanto y Comisión, C‑248/99 P, Rec. p. I‑1, apartado 68, y auto
de 11 de noviembre de 2003, Martínez/Parlamento, C‑488/01 P, Rec. p. I‑13355, apartado 40).
En el presente caso, es preciso señalar, como sostienen el Consejo y el Reino de España, que el recurso de casación no indica
la razón por la que resulta erróneo el fundamento jurídico en el que se basó el Tribunal de Primera Instancia en los apartados
45 y 46 del auto recurrido. Por consiguiente y en dicha medida, el recurso de casación es inadmisible.
–       Por lo que se refiere a la parte del recurso de casación dirigida contra el auto recurrido en la medida en que declara la
falta de competencia del Tribunal de Primera Instancia para conocer del recurso de indemnización
Como se ha dicho anteriormente, de los artículos 225 CE, 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y 112,
apartado 1, letra c), de su Reglamento de Procedimiento resulta que un recurso de casación debe indicar de manera precisa
los elementos impugnados de la sentencia o del auto cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan
de manera específica esta pretensión.
En el presente asunto, y a diferencia de lo que sostienen el Consejo y el Reino de España, el recurso de casación, en la medida
en que tiene por objeto la negativa del Tribunal de Primera Instancia a declararse competente para conocer del recurso de
indemnización, no se limita a reproducir los motivos y alegaciones formulados ante el Tribunal de Primera Instancia, sino
que indica los elementos impugnados del auto recurrido y los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión.
De lo anterior se desprende que el recurso de casación es admisible en la medida en que se dirige contra la parte del auto
recurrido en la que el Tribunal de Primera Instancia declara su falta de competencia para conocer del recurso de indemnización.

Sobre la admisibilidad de algunos motivos invocados en apoyo del recurso de casación
Alegaciones de las partes
En relación con la admisibilidad de algunos motivos, el Consejo y el Reino de España sostienen, por otra parte, que el motivo
basado en el examen de las dos versiones sucesivas de la nota a pie de página del anexo de la Posición común 2001/931, que
señala con un asterisco las categorías que están «sólo sujetas a lo dispuesto en el artículo 4» se invocó por primera vez
en el escrito de réplica y, por tanto, en su opinión, es inadmisible. Según los recurrentes, este examen pone de manifiesto
que antes de ser modificada por la Posición común 2003/482/PESC del Consejo, de 27 de junio de 2003 (DO L 160, p. 100), dicha
nota a pie de página sólo se refería a las «personas», es decir, a las personas físicas, sin incluir a «grupos y entidades»,
y que, en esas circunstancias, el 31 de octubre de 2002, fecha en que interpuso su recurso ante el Tribunal de Primera Instancia,
Gestoras Pro Amnistía no pertenecía a la categoría de «personas sólo sujetas a lo dispuesto en el artículo 4», sino a la de
grupos y entidades sujetos a las acciones de la Comunidad mencionados en los artículos 2 y 3 de la Posición común 2001/931.
El Consejo observa también que dos de los motivos invocados por los recurrentes no se sometieron al Tribunal de Primera Instancia
y, por tanto, son inadmisibles en la fase de casación. Se trata, en primer lugar, del motivo basado en que los Estados miembros
están obligados a respetar sus compromisos convencionales anteriores, con arreglo al artículo 30 de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969, relativo a la aplicación de tratados sucesivos sobre la misma materia,
y al artículo 307 del Tratado CE. Estos compromisos convencionales anteriores garantizan, en su opinión, el respeto efectivo
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. El segundo motivo inadmisible, según el Consejo, es el que se basa
en la existencia, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de un principio interpretativo de «competencia ampliada»
en virtud del cual el Tribunal de Justicia ya habría reconocido su competencia sobrepasando los términos del Tratado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
A tenor del artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, en el curso del proceso
no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el
procedimiento.
Permitir que una de las partes invoque por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo que no haya invocado ante el
Tribunal de Primera Instancia equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recursos
de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal de Primera Instancia. En el marco de
un recurso de casación, la competencia del Tribunal de Justicia está limitada a la apreciación de la solución jurídica que
se haya dado a los motivos objeto de debate ante los jueces de primera instancia (véase la sentencia de 1 de junio de 1994,
Comisión/Brazzelli Lualdi y otros, C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, apartados 58 y 59).
En el presente asunto, procede señalar que los recurrentes no plantearon ante el Tribunal de Primera Instancia los motivos
basados en la modificación del tenor de la nota a pie de página del anexo de la Posición común 2001/931, en el respeto por
parte de los Estados miembros de sus compromisos convencionales anteriores y en el principio interpretativo general relativo
a una «competencia ampliada» del Tribunal de Justicia.
En consecuencia, es preciso declarar la inadmisibilidad de dichos motivos.

Sobre el fondo
Alegaciones de las partes
Los recurrentes sostienen que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error al declarar su falta de competencia para
examinar su recurso de indemnización.
En su opinión, la Unión es una comunidad de Derecho que garantiza, en virtud del artículo 6 UE, apartado 2, el derecho a un
recurso efectivo, contemplado en el artículo 13 del CEDH, y el derecho a un tribunal, previsto en el artículo 6 del mismo
Convenio.
Además, continúan los recurrentes, en su declaración relativa al derecho a una indemnización, el Consejo admitió que cualquier
error en la elaboración de la lista que figura en el anexo de la Posición común 2001/931 constituye una falta por su parte
que da derecho a una indemnización. En esta declaración, siempre según los recurrentes, el Consejo señala que dicho derecho
debía reconocerse a las personas, grupos y entidades contemplados, como los recurrentes, en el artículo 4 de la Posición común
2001/931, en las mismas condiciones que las personas, grupos y entidades que figuran en la lista del anexo del Reglamento
nº 2580/2001 o a los que se refiere el artículo 3 de la citada Posición común, que pueden dirigirse al Tribunal de Primera
Instancia en la medida en que les afecten los actos adoptados con arreglo al Tratado CE. Los recurrentes invocan, a este respecto,
el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 15 de mayo de 2003, Sison/Consejo (T‑47/03 R, Rec. p. II‑2047).
Los recurrentes consideran que al ser el acto que ocasionó el supuesto perjuicio un acto del Consejo, adoptado conjuntamente
por todos los Estados miembros, no cabe entablar una acción por daños y perjuicios ante los órganos jurisdiccionales nacionales,
que no serían competentes para conocer de dicho recurso porque la responsabilidad de los Estados miembros es indivisible.
Por otra parte, los recurrentes alegan que la Decisión 2003/48/JAI del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, relativa a la
aplicación de medidas específicas de cooperación policial y judicial en la lucha contra el terrorismo de acuerdo con el artículo
4 de la Posición común 2001/931 (DO 2003, L 16, p. 68), establece, en su octavo considerando, que «la presente Decisión respeta
los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea. Ningún elemento
de la Decisión habrá de interpretarse en el sentido de que permita violar la protección jurídica ofrecida en virtud del Derecho
nacional a las personas, los grupos y las entidades enumerados en el anexo de la Posición común 2001/931/PESC».
Según los recurrentes, la declaración del Consejo relativa al derecho a una indemnización, interpretada a la luz del octavo
considerando de la Decisión 2003/48, y el artículo 6 UE, apartado 2, constituyen, conjuntamente, una base jurídica sólida
para sostener la competencia del juez comunitario. Los recurrentes consideran, por tanto, que el Tribunal de Primera Instancia
incurrió en error de derecho en el auto recurrido al declarar que no era competente para pronunciarse sobre sus pretensiones
de indemnización.
Los recurrentes alegan además que el Consejo, con objeto de luchar contra el terrorismo, ha adoptado varios textos invocando
distintas bases jurídicas con el fin de privar a determinadas categorías de personas, grupos y entidades del derecho a un
recurso efectivo.
El Consejo sostiene que el recurso de casación no está fundado. A su modo de ver, el Tribunal de Primera Instancia tenía razón
al afirmar que en el título VI del Tratado UE no se contempla ningún medio de impugnación dirigido a obtener una indemnización
por daños. En la medida en que no se impugna un acto adoptado en el marco de la Comunidad Europea, sino un acto adoptado con
arreglo a las disposiciones que regulan la Unión, no cabe entablar una acción de responsabilidad por daños con arreglo al
artículo 288 CE. El Consejo invoca en apoyo de su tesis la sentencia de 26 de noviembre de 1975, Grands moulins des Antilles/Comisión
(99/74, Rec. p. 1531, apartado 17).
En su opinión, el octavo considerando de la Decisión 2003/48 sólo se refiere a la protección jurídica conferida «conforme
al Derecho nacional» y no conforme al Derecho comunitario. Ni este texto ni la declaración del Consejo relativa al derecho
a una indemnización pueden permitir que el juez comunitario se pronuncie sobre el recurso de indemnización de los recurrentes,
que no está previsto en el Tratado UE.
El Reino de España señala que las actividades de Gestoras Pro Amnistía fueron declaradas ilegales mediante auto de 19 de diciembre
de 2001 del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, con sede en Madrid. El mismo Juzgado Central de
Instrucción expidió una orden de detención internacional contra el Sr. Olano Olano, que ya había sido condenado en varias
ocasiones por la justicia española, entre otros delitos por tenencia de armas, municiones o explosivos; la policía francesa
lo detuvo el 3 de diciembre de 2001, fue entregado a las autoridades españolas y, a continuación, encarcelado en Madrid. En
cuanto al Sr. Zelarain Errasti, detenido el 31 de octubre de 2001 debido a sus responsabilidades en Gestoras Pro Amnistía,
en el proceso contra esta asociación y en otro proceso la justicia española le imputó un delito de pertenencia a banda armada.
En cuanto al fondo, el Reino de España comparte la tesis del Consejo. El recurso de casación no aporta elemento alguno que
permita poner en duda la legalidad del auto recurrido.

Apreciación del Tribunal de Justicia
–       Sobre el motivo basado en la infracción de lo dispuesto en el título VI del Tratado UE
Del artículo 46 UE resulta que las disposiciones de los Tratados CE y CEEA relativas a la competencia del Tribunal de Justicia
sólo serán aplicables al título VI del Tratado UE «en las condiciones establecidas en el artículo 35 UE».
Según esta última disposición, el Tribunal de Justicia será competente en tres supuestos. En primer lugar, en virtud del apartado
1 del artículo 35 UE, es competente para pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre la validez e interpretación de las
decisiones marco y de las decisiones, sobre la interpretación de convenios celebrados de conformidad con el título VI del
Tratado UE y sobre la validez e interpretación de sus medidas de aplicación. En segundo lugar, el apartado 6 establece asimismo
la competencia del Tribunal de Justicia para controlar la legalidad de las decisiones marco y de las decisiones en relación
con los recursos interpuestos por un Estado miembro o por la Comisión de las Comunidades Europeas por incompetencia, vicios
sustanciales de forma, violación del Tratado UE o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución o desviación de poder.
Por último, el apartado 7 dispone que el Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse sobre cualquier litigio entre
Estados miembros relativo a la interpretación o aplicación de actos adoptados de conformidad con el apartado 2 del artículo
34 UE, siempre que dicho litigio no pueda ser resuelto por el Consejo en un plazo de seis meses a partir del momento en que
uno de sus miembros se lo remita.
En cambio, el artículo 35 UE no confiere al Tribunal de Justicia competencia alguna para conocer de ningún tipo de recurso
de indemnización.
Además, el artículo 41 UE, apartado 1, no incluye entre los artículos del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea que
son aplicables en los ámbitos contemplados en el título VI del Tratado sobre la Unión Europea, ni el artículo 288 CE, párrafo
segundo, según el cual la Comunidad deberá reparar, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de
los Estados miembros, los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, ni el artículo
235 CE, a tenor del cual el Tribunal de Justicia será competente para conocer de los litigios relativos a la indemnización
por daños a que se refiere el párrafo segundo del artículo 288 CE (véase, por analogía, la sentencia de 15 de marzo de 2005,
España/Eurojust, C‑160/03, Rec. p. I‑2077, apartado 38).
De lo anterior resulta que el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error de Derecho alguno en el auto recurrido al
declarar que en el marco del título VI del Tratado UE no se prevé ningún recurso de indemnización. Por consiguiente, procede
desestimar el motivo.
–       Sobre el motivo basado en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
Los recurrentes invocaron también ante el Tribunal de Primera Instancia el respeto de los derechos fundamentales y, en concreto,
el derecho a la tutela judicial efectiva que se deriva del artículo 6 UE, apartado 2. Alegan fundamentalmente que no disponen
de ningún medio para impugnar la inclusión de Gestoras Pro Amnistía en la lista del anexo de la Posición común 2001/931 y
que el auto recurrido vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva.
Es cierto que, en el contexto de la Unión, los Tratados han establecido un sistema de medios de impugnación en el que las
competencias del Tribunal de Justicia, en virtud del artículo 35 UE, son menores en el marco del título VI del Tratado de
la Unión Europea que con arreglo al Tratado CE (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de junio de 2005, Pupino, C‑105/03,
Rec. p. I‑5285, apartado 35). Y todavía son menores en el marco del título V. Aun cuando quepa pensar en un sistema de medios
de impugnación y, en concreto, en un régimen de responsabilidad extracontractual distinto del instaurado por el Tratado, corresponde,
en su caso, a los Estados miembros, con arreglo al artículo 48 UE, reformar el sistema actualmente en vigor.
No obstante, los recurrentes no pueden sostener válidamente que se han visto privados de toda tutela judicial. Como resulta
del artículo 6 UE, la Unión se basa en el principio del Estado de Derecho y respeta los derechos fundamentales como principios
generales del Derecho comunitario. De ello se deduce que las instituciones están sujetas al control de la conformidad de sus
actos con los Tratados y con los principios generales del Derecho, al igual que los Estados miembros cuando aplican el Derecho
de la Unión.
A este respecto, es preciso subrayar que, según el artículo 34 UE, el Consejo puede adoptar actos de naturaleza y alcance
diferentes. A tenor del artículo 34 UE, apartado 2, letra a), el Consejo puede «adoptar posiciones comunes que definan el
enfoque de la Unión sobre un asunto concreto». Una posición común obliga a los Estados miembros a atenerse a ella en virtud
del principio de cooperación leal, que supone concretamente que los Estados miembros han de adoptar todas las medidas generales
o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo al Derecho de la Unión Europea (véase
la sentencia Pupino, antes citada, apartado 42). Así, el artículo 37 UE establece que los Estados miembros defenderán las
posiciones comunes «en las organizaciones y en las conferencias internacionales en las que participen». Sin embargo, una posición
común no está llamada a producir, por sí misma, efectos jurídicos frente a terceros. Por ello, en el sistema instaurado por
el título VI del Tratado UE únicamente las decisiones marco y las decisiones pueden ser objeto de un recurso de anulación
ante el Tribunal de Justicia. La competencia del Tribunal de Justicia para pronunciarse con carácter prejudicial, tal y como
se define en el artículo 35 UE, apartado 1, tampoco se extiende a las posiciones comunes, sino que se limita a la verificación
de la validez e interpretación de las decisiones marco y de las decisiones, a la interpretación de los convenios celebrados
de conformidad con el título VI y a la validez e interpretación de las medidas de aplicación correspondientes.
Al no referirse a la posibilidad de los órganos jurisdiccionales nacionales de plantear al Tribunal de Justicia una cuestión
prejudicial relativa a una posición común, sino únicamente cuestiones relativas a los actos enumerados en el artículo 35 UE,
apartado 1, esta disposición determina que pueden ser objeto de una petición de decisión prejudicial todos los actos adoptados
por el Consejo dirigidos a producir un efecto jurídico frente a terceros. En la medida en que la finalidad del procedimiento
que permite al Tribunal de Justicia pronunciarse con carácter prejudicial es garantizar el respeto del Derecho al interpretar
y aplicar el Tratado, sería contrario a dicho objetivo interpretar restrictivamente el artículo 35 UE, apartado 1. Por tanto,
debe admitirse la posibilidad de someter con carácter prejudicial al Tribunal de Justicia cualquier asunto relativo a disposiciones
adoptadas por el Consejo, con independencia de su naturaleza o de su forma, dirigidas a producir efectos jurídicos frente
a terceros (véanse, por analogía, las sentencias de 31 de marzo de 1971, Comisión/Consejo, denominada «AETR», 22/70, Rec.
p. 263, apartados 38 a 42, y de 20 de marzo de 1997, Francia/Comisión, C‑57/95, Rec. p. I‑1627, apartados 7 y siguientes).
En consecuencia, debe poder someterse al control del Tribunal de Justicia una posición común que, por su contenido, tiene
un alcance que excede el que atribuye el Tratado UE a este tipo de acto. Por tanto, un órgano jurisdiccional que conoce de
un litigio en el que, de manera incidental, se suscita la cuestión de la validez o de la interpretación de una posición común
adoptada con arreglo al artículo 34 UE, como sucede en el presente asunto con la Posición común 2001/931 y, en cualquier caso,
con su artículo 4 y su anexo, y que alberga serias dudas acerca de si dicha posición común despliega en realidad efectos jurídicos
frente a terceros, podría solicitar al Tribunal de Justicia que se pronunciara con carácter prejudicial en las condiciones
enunciadas en el artículo 35 UE. Correspondería entonces al Tribunal de Justicia comprobar, en su caso, si la posición común
despliega efectos jurídicos frente a terceros, determinar la verdadera naturaleza del acto y pronunciarse con carácter prejudicial.
El Tribunal de Justicia también sería competente para controlar la legalidad de tales actos cuando un Estado miembro o la
Comisión interpusiera un recurso en las condiciones enunciadas en el artículo 35 UE, apartado 6.
Por último, es preciso recordar que incumbe a los Estados miembros y, en concreto, a sus órganos jurisdiccionales interpretar
y aplicar las normas procesales internas que regulan la interposición de los recursos de modo que permitan a las personas
físicas y jurídicas impugnar judicialmente la legalidad de cualquier resolución o de cualquier otra medida nacional que les
afecte relativa a la elaboración o a la aplicación de un acto de la Unión Europea y solicitar, en su caso, la reparación del
perjuicio sufrido.
De lo anterior se desprende que los recurrentes no tienen ningún argumento para sostener que la Posición común impugnada les
deja sin recurso, en contra de la exigencia derivada de la tutela judicial efectiva, y que el auto recurrido vulnera su derecho
a la citada tutela. Por tanto, procede desestimar el motivo.
–       Sobre el motivo basado en el incumplimiento de la declaración realizada por el Consejo en su Decisión 15453/01, de 18 de diciembre
de 2001
Los recurrentes invocaron ante el Tribunal de Primera Instancia la declaración realizada por el Consejo en su decisión 15453/01,
de 18 de diciembre de 2001, según la cual «el Consejo recuerda, en relación con el artículo 1, apartado 6, de la Posición
común sobre la aplicación de medidas específicas para luchar contra el terrorismo y con el artículo 2, apartado 3, del Reglamento
sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo,
que cualquier error en cuanto a las personas, grupos o entidades mencionados dará derecho a la parte perjudicada a solicitar
una indemnización ante los tribunales».
Según los recurrentes, esta declaración debe interpretarse a la luz del octavo considerando de la Decisión 2003/48/JAI del
Consejo, de 19 de diciembre de 2002, relativa a la aplicación de medidas específicas de cooperación policial y judicial en
la lucha contra el terrorismo, a tenor del cual «la presente Decisión respeta los derechos fundamentales y observa los principios
reconocidos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea. Ningún elemento de la Decisión habrá de interpretarse en el
sentido de que permita violar la protección jurídica ofrecida en virtud del Derecho nacional a las personas, los grupos y
las entidades enumerados en el anexo de la Posición común 2001/931/PESC».
No obstante, de una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia se desprende que una declaración de esta índole no es
suficiente para crear una acción legal que no esté prevista en los textos aplicables y que, por tanto, no se le puede reconocer
ningún alcance jurídico ni se puede tener en cuenta para interpretar el Derecho derivado del Tratado UE cuando, como en el
presente caso, en el texto de la disposición controvertida no se hace ninguna referencia al contenido de la declaración (véanse,
en este sentido, las sentencias de 26 de febrero de 1991, Antonissen, C‑292/89, Rec. p. I‑745, apartado 18; de 29 de mayo
de 1997, VAG Sverige, C‑329/95, Rec. p. I‑2675, apartado 23, y de 24 de junio de 2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, Rec.
p. I‑6129, apartado 17).
Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error de Derecho al señalar, en el auto recurrido, que la
declaración del Consejo en su Decisión 15453/01, de 18 de diciembre de 2001, no es suficiente para atribuir al Tribunal de
Justicia la competencia para conocer de un recurso de indemnización en el marco del título VI del Tratado UE.
De todo lo anterior resulta que el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error de Derecho al declarar, en el auto recurrido,
su manifiesta falta de competencia para conocer del recurso de indemnización dirigido a la reparación del perjuicio supuestamente
ocasionado a los recurrentes como consecuencia de la inclusión de Gestoras Pro Amnistía en la lista del anexo de la Posición
común 2001/931, en su versión actualizada por las Posiciones comunes 2002/340 y 2002/462.
Dado que ninguno de los motivos está fundado, procede desestimar el recurso de casación.

Sobre las costas
Según el artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo
118 del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Al haber solicitado el Consejo que se condene en costas a los recurrentes y al haber sido desestimados los motivos formulados
por éstos, procede condenarlos al pago de las costas.
A tenor del artículo 69, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, igualmente aplicable al procedimiento
de casación en virtud del citado artículo 118, los Estados miembros que hayan intervenido como coadyuvantes en el litigio
soportarán sus propias costas. En virtud de dicha disposición, el Reino de España cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar en costas a Gestoras Pro Amnistía y a los Sres. Olano Olano y Zelarain Errasti.
3)
El Reino de España cargará con sus propias costas.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: francés.