CELEX: 62005FJ0051
Función pública
Funcionarios
Admisibilidad

1.
Funcionarios — Deber de asistencia y protección que incumbe a la administración
(Art. 21 CE, párr. 3)
2.
Funcionarios — Recursos — Acto lesivo — Concepto
(Estatuto de los Funcionarios, art. 91)
3.
Recurso de anulación — Actos recurribles — Motivos de una decisión — Exclusión
(Art. 230 CE)
4.
Procedimiento — Excepción de litispendencia
5.
Funcionarios — Licencias — Licencia parental — Retirada de solicitud — Requisitos
(Estatuto de los Funcionarios, art. 42
bis)
6.
Funcionarios — Licencias — Licencia parental — Interrupción — Requisitos
(Estatuto de los Funcionarios, art. 42
bis)
1.
Incumbe a las instituciones, en virtud de su deber de asistencia y protección, notificar al funcionario una decisión individual
redactada en una lengua que éste conozca en profundidad, dado que la administración tiene la obligación de garantizar que
los funcionarios puedan tomar conocimiento efectiva y fácilmente de los actos administrativos que les afectan individualmente.
Sin embargo, no cabe deducir del artículo 21 CE, párrafo 3, que toda decisión notificada por una institución comunitaria a
uno de sus funcionarios deba redactarse en la lengua materna de dicho funcionario. En efecto, las referencias del Tratado
al empleo de las lenguas en la Unión Europea no pueden considerarse la expresión de un principio general del Derecho comunitario
que garantice a todo ciudadano el derecho a que se redacte en su lengua todo lo que pueda afectar a sus intereses, sean cuales
fueren las circunstancias.
(véanse los apartados 56 a 58)
Referencia:
Tribunal de Justicia: 9 de septiembre de 2003, Kik/OAMI (C‑361/01 P, Rec. p. I‑8283), apartado 82
Tribunal de Primera Instancia: 23 de marzo de 2000, Rudolph/Comisión (T‑197/98, RecFP pp. I‑A‑55 y II‑241), apartado 46
2.
Sólo pueden considerarse lesivos los actos que producen efectos jurídicos obligatorios y que pueden afectar, directa e individualmente,
a los intereses de los interesados modificando sustancialmente su situación.
Sin embargo, habida cuenta de la naturaleza de la función de que se trate y de las circunstancias, determinados actos pueden
considerarse lesivos, aunque no afecten a los intereses materiales o al rango del funcionario, si perjudican los intereses
morales o las perspectivas de futuro del interesado. El elemento esencial de un acto lesivo es que el acto afecte los intereses
de una persona, es decir, que pueda perjudicar los intereses de dicha persona, en particular, en relación con la solicitud
que ésta ha presentado. Mediante su resultado, el recurso debe poder proporcionar un beneficio a la parte que lo interpone.
(véanse los apartados 78 a 80)
Referencia:
Tribunal de Justicia: 27 de junio de 1973, Kley/Comisión (35/72, Rec. p. 679), apartados 4 y 5; 29 de octubre de 1981, Arning/Comisión
(125/80, Rec. p. 2539), apartado 17; 3 de diciembre de 1992, Moat/Comisión (C‑32/92 P, Rec. p. I‑6379), apartado 9; 10 de
enero de 2006, Comisión/Álvarez Moreno (C‑373/04 P, no publicada en la Recopilación), apartado 42
3.
Las apreciaciones formuladas en los motivos de una decisión no pueden, por sí mismas, ser objeto de un recurso de anulación
y solamente pueden ser sometidas al control de legalidad del juez comunitario en la medida en que, tratándose de la motivación
de un acto lesivo, constituyan el soporte necesario de la parte dispositiva de dicho acto, o si, al menos, esta motivación
pueda alterar la naturaleza de lo decidido en la parte dispositiva del acto en cuestión.
(véase el apartado 84)
Referencia:
Tribunal de Primera Instancia: 30 de abril de 2007, EnBW Energie Baden-Württemberg/Comisión (T‑387/04, Rec. p. II‑1195), apartado
127, y la jurisprudencia citada
4.
Un recurso que enfrenta a las mismas partes, tiene el mismo objeto y se basa en los mismos motivos que otro recurso anterior,
debe declararse inadmisible.
(véanse los apartados 94 y 102)
Referencia:
Tribunal de Justicia: 19 de septiembre de 1985, Hoogovens Groep/Comisión (172/83 y 226/83, Rec. p. 2831), apartado 9; 22 de
septiembre de 1988, Francia/Parlamento (358/85 y 51/86, Rec. p. 4821), apartado 12
Tribunal de Primera Instancia: 14 de junio de 2007, Landtag Schleswig-Holstein/Comisión (T‑68/07, no publicada en la Recopilación),
apartado 16
5.
Una solicitud de licencia parental puede ser retirada unilateralmente por el funcionario, pero únicamente en un plazo razonable,
y en cualquier caso no con posterioridad a la fecha en la que se notificó la decisión sobre dicha solicitud o, a más tardar,
hasta la fecha en la que el funcionario afectado conoció tal decisión.
(véase el apartado 139)
6.
El artículo 2, apartado 4, de las disposiciones generales de ejecución del artículo 42
bis
del Estatuto adoptadas por la Comisión, en virtud del cual la autoridad facultada para proceder a los nombramientos puede,
previa solicitud del interesado, anular la decisión por la que se concede una licencia parental, debe interpretarse en el
sentido de que permite también una interrupción temporal de la licencia parental.
La precisión de que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos «puede», en virtud de dicho artículo, anular
la licencia, y por tanto no está obligada a responder favorablemente a toda solicitud de anulación o de interrupción, tiene
como consecuencia que toda decisión que se tome en este sentido por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos
debe basarse en motivos legítimos invocados por el funcionario, teniendo en cuenta el objeto de la licencia parental, y resultar
de la ponderación de los intereses del funcionario y de la institución.
Sin embargo, el margen de apreciación de que dispone la administración es reducido cuando el interesado que disfruta de una
licencia parental alega, en su solicitud de interrupción de la licencia, que indiscutiblemente los acontecimientos posteriores
a la concesión de dicha licencia le impiden cuidar de su hijo en las condiciones previstas inicialmente. Así ocurre en especial
cuando el funcionario sufre una enfermedad cuya gravedad o características hacen imposible ese cuidado.
(véanse los apartados 163, 167, 169 y 170)
Referencia:
Tribunal de Justicia: 20 de septiembre de 2007, Kiiski (C‑116/06, Rec. p. I‑7643), apartado 38