CELEX: 61988CJ0302
Interpretación del artículo 34 del Tratado CEE
No restitución ó restitución parcial de un canon en caso de exportación de productos petrolíferos

Mediante resolución de 6 de octubre de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 14 de octubre siguiente, el Gerechtshof de La Haya planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, varias cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 34 del Tratado CEE, con el objeto de determinar la compatibilidad con dicha disposición de una normativa nacional por la que se aplica la Directiva 68/414/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1968, por la que se obliga a los Estados miembros de la CEE a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo y/o productos derivados del petróleo (
DO L 308, p. 14
; EE 12/01, p. 125; en lo sucesivo, «la Directiva»).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Hennen Olie BV, empresa dedicada al comercio de productos derivados del petróleo establecida en los Países Bajos, y la Stichting Interim Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten (Organismo central provisional para la constitución de reservas de productos derivados del petróleo; en lo sucesivo, «ICOVA»).
El Reino de los Países Bajos aplicó la Directiva 68/414 mediante la Wet Voorraadvorming Aardolieprodukten (Ley sobre la constitución de reservas de productos derivados del petróleo;
Staatsblad
1976, p. 569; en lo sucesivo, «la WVA»). Esta Ley establece una obligación de constituir reservas para las empresas que comercializan productos derivados del petróleo en los Países Bajos. Las reservas deberán ser de un nivel equivalente a un porcentaje determinado de los productos derivados del petróleo vendidos en el mercado interior neerlandés durante el año precedente. Por el contrario, las cantidades exportadas a otros países no se toman en consideración a efectos de la constitución de reservas.
La WVA dispone que, en las condiciones fijadas por el Ministro de Economía, la obligación de almacenamiento de que se trata puede asumirla un tercero, total o parcialmente, con efecto liberatorio para el primer obligado. Con tal fin, se constituyó ICOVA el 7 de septiembre de 1978, con el objeto de cumplir la obligación de constitución de reservas que incumbe a sus afiliados. A partir del 1 de octubre de 1980, se autorizó a las empresas sujetas a la obligación de almacenamiento a confiar su cumplimiento a ICOVA.
Las empresas afiliadas a ICOVA cubren los gastos contraídos por éste para el mantenimiento de las citadas reservas mediante el pago de una contribución, denominada canon WA, cuyo importe se calcula en función del volumen de productos derivados del petróleo que comercializan en el mercado interior. Ahora bien, dado que los productos derivados del petróleo exportados no se toman en consideración para determinar el alcance de la obligación de constitución de reservas, las empresas afiliadas no están obligadas a pagar este canon sobre los productos que exportan por cuenta propia.
Resulta de los autos que, aun cuando no existe ninguna obligación legal a este respecto, dicho canon lo repercuten en la práctica sobre la clientela las empresas afiliadas a ICOVA incluyéndolo en el precio de venta.
Se deduce de los motivos de la resolución de remisión que a partir del 1 de octubre de 1980, los comerciantes de productos derivados del petróleo establecidos en los Países Bajos que compraban productos comercializados en el mercado neerlandés por empresas afiliadas a ICOVA a un predo que incluye el coste de la constitución de reservas se encontraban, en el momento de la exportación de dichos productos, en una posición competitiva desfavorable con respecto a las empresas afiliadas a ICOVA. En efecto, estas últimas no estuvieron sujetas, durante el referido período, a ningún gravamen sobre los productos exportados directamente por ellas. Según la resolución de remisión, esta posición de desventaja ha podido constituir un obstáculo a la exportación para los comerciantes afectados.
Desde el 1 de enero de 1981, los comerciantes exportadores no afiliados a ICOVA han podido obtener la restitución del canon controvertido, a condición de cumplir varios requisitos. El 1 de enero de 1987, a resultas de una modificación de la WVA, ICOVA fue sustituido por un organismo permanente, denominado COVA, y se suprimieron las diferencias de trato entre empresas afiliadas a ICOVA y empresas no afiliadas. Según este nuevo régimen, la financiación de la reserva de existencias se realiza mediante una tasa de constitución de reservas recaudada por la Administración tributaria nacional, tasa que se devuelve en caso de exportación del producto.
Hennen Olie no comercializa productos derivados del petróleo en el mercado neerlandés y no está sujeta, por consiguiente, a ninguna obligación de constitución de reservas. Al comprar con fines de exportación productos derivados del petróleo comercializados en los Países Bajos por empresas afiliadas a ICOVA, no tuvo, por no estar afiliada a este organismo, ninguna posibilidad de obtener la restitución del canon incluido en el precio de compra de los productos, hasta el 1 de enero de 1981. Esta posibilidad se le concedió después hasta el 31 de diciembre de 1986, pero con algunas condiciones.
Hennen Olie interpuso un recurso de indemnización contra ICOVA ante el Arrondissementsrechtsbank de Rotterdam, alegando que el trato discriminatorio que había sufrido como no afiliada a ICOVA infringía, entre otros, el artículo 34 del Tratado. Dicho recurso fue desestimado. El Gerechtshof de La Haya, ante quien se interpuso recurso de apelación, suspendió el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se pronunciase, con carácter prejudicial, sobre las cuestiones siguientes :
1)
¿Debe interpretarse el artículo 34 del Tratado CEE en el sentido de que una normativa nacional como la descrita (en la resolución de remisión) es incompatible con dicho artículo?
2)
¿Es relevante para responder a la primera cuestión determinar si la mencionada diferencia de posición competitiva de las empresas puede compensarse total o parcialmente mediante normativas que establezcan la restitución del referido canon WA, que no han sido promulgadas por el Estado miembro afectado?
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento y de las observaciones presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Mediante sus preguntas, el órgano jurisdiccional nacional quiere saber básicamente si el artículo 34 se opone a que los comerciantes no afiliados a ICOVA, que desean exportar productos derivados del petróleo comprados en el mercado nacional, no tengan ninguna posibilidad de obtener la restitución de los cánones pagados a este organismo o solamente puedan obtenerla bajo ciertas condiciones, siempre que no exista ninguna diferencia de trato entre los productos destinados a la exportación y los comercializados dentro del Estado miembro de que se trata.
Procede señalar con carácter previo que el presente asunto plantea el problema de si las medidas adoptadas por una organización como ICOVA pueden estar comprendidas en la prohibición del artículo 34.
Hay que destacar a este respecto que ICOVA era, en la época en que sucedieron los hechos, el único organismo tercero, en el sentido de la Ley neerlandesa citada, y que fue creado para la ejecución de las tareas que le confiere la WVA, a saber, el mantenimiento de reservas de productos derivados del petróleo por cuenta de sus afiliados. Ha desempeñado desde entonces un papel importante en la gestión de la reserva de petróleo neerlandesa, cumpliendo así en gran medida la obligación que incumbe a los Países Bajos en virtud de la Directiva.
Resulta de los autos que ICOVA ha actuado bajo el control de la autoridad pública y siguiendo sus directrices, aun cuando no estuviera integrado formalmente en la Administración del Estado. En efecto, los miembros del Consejo de Administración eran nombrados por el Ministro de Economía. Este último estaba facultado asimismo para dar a ICOVA instrucciones que debían ser respetadas, para decidir la disolución del organismo y para aprobar el proyecto de presupuesto y las cuentas anuales.
Procede declarar que, siempre que puedan influir en el comercio entre los Estados miembros, los actos de un organismo —sea cual fuere su forma jurídica — sujeto a tal control por parte del Estado, pueden constituir «medidas» en el sentido del artículo 34 del Tratado.
Procede señalar, además, que este Tribunal de Justicia ha declarado en varias ocasiones (véase, en particular, la sentencia de 7 de febrero de 1984, Jongeneel Kaas,
237/83, Rec. 1984, p. 483
) que el artículo 34 se refiere a las medidas nacionales que tienen por objeto o efecto restringir específicamente las corrientes de exportación y establecer de este modo una diferencia de trato entre el comercio interior de un Estado miembro y su comercio de exportación, con el fin de lograr una ventaja específica para la producción nacional o el mercado interior de dicho Estado. Ahora bien, en el presente caso, la discriminación alegada por Hennen Olie sólo se refiere a las exportaciones efectuadas por las empresas afiliadas a ICOVA y por las empresas no afiliadas a ICOVA. Esta diferencia de trato entre dos categorías de exportadores no contraviene el artículo 34, al tratarse de gravámenes específicos vinculados al almacenamiento de petróleo crudo y/o productos derivados del petróleo.
Procede, pues, responder a las cuestiones planteadas que el artículo 34 del Tratado CEE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que los comerciantes no afiliados a un organismo creado con el fin de cumplir las obligaciones legales de sus miembros con arreglo a la Ley de aplicación de la Directiva 68/414, que deseen exportar productos comprados en el mercado nacional, no tengan ninguna posibilidad de conseguir la restitución de los cánones pagados a dicho organismo o solamente puedan obtenerla bajo ciertas condiciones, siempre que no exista ninguna diferencia de trato entre los productos destinados a la exportación y los productos comercializados dentro del Estado miembro de que se trate.
La Comisión ha afirmado, por otra parte, que el artículo 95 del Tratado puede aplicarse en su caso a tributos que, aunque no sean discriminatorios, pueden obstaculizar, sin embargo, los intercambios intracomunitários.
Procede señalar sobre este particular que el órgano jurisdiccional nacional no ha formulado preguntas en relación con la aplicabilidad del artículo 95 del Tratado y que tampoco se desprende de los hechos ni de los argumentos aducidos por las partes durante el procedimiento que la falta de restitución o la restitución condicional del canon en el caso presente deba considerarse como un tributo en el sentido del artículo 95. Este Tribunal de Justicia considera, por tanto, que no es necesario examinar esta cuestión de principio planteada por la Comisión.
Costas
Los gastos efectuados por la Comisión y por el Gobierno neerlandés, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Gerechtshof de La Haya, mediante resolución de 6 de octubre de 1988, declara:

El artículo 34 del Tratado CEE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que los comerciantes no afiliados a un organismo creado con el fin de cumplir las obligaciones legales de sus miembros con arreglo a la Ley de aplicación de la Directiva 68/414/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1968, que deseen exportar productos comprados en el mercado nacional, no tengan ninguna posibilidad de conseguir la restitución de los cánones pagados a dicho organismo o solamente puedan obtenerla bajo ciertas condiciones, siempre que no exista ninguna diferencia de trato entre los productos destinados a la exportación y los productos comercializados dentro del Estado miembro de que se trate.

Mancini
O'Higgins
Kakouris
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de diciembre de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Sexta
G. F. Mancini
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.