CELEX: 62005CJ0283
Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
Reglamento (CE) nº 44/2001
Reconocimiento y ejecución
Artículo 34, número 2
Resolución dictada en rebeldía
Motivo de denegación
Concepto de demandado en rebeldía que "tiene la posibilidad" de interponer un recurso contra la resolución
Falta de notificación y traslado de la misma

1       La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 34, número 2, del Reglamento (CE) nº 44/2001
del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).
2       Dicha petición se formuló en el marco de un litigio entre ASML Netherlands BV (en lo sucesivo, «ASML»), sociedad con domicilio
en Veldhoven (Países Bajos), y Semiconductor Industry Services GmbH (en lo sucesivo, «SEMIS»), sociedad con domicilio en Freistritz-Drau
(Austria), sobre la ejecución, en Austria, de una sentencia dictada en rebeldía por el Rechtbank ’s-Hertogenbosch (Países
Bajos) por la que se condenaba a SEMIS a pagar a ASML la cantidad de 219.918,60 euros, más los correspondientes intereses
y los gastos procesales.

Marco jurídico

El Reglamento nº 44/2001
3       El artículo 26, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 44/2001 dispone:
«1.      Cuando una persona domiciliada en un Estado miembro fuere demandada ante un tribunal de otro Estado miembro y no compareciere,
dicho tribunal se declarará de oficio incompetente si su competencia no estuviere fundamentada en las disposiciones del presente
Reglamento.
2.      Este tribunal estará obligado a suspender el procedimiento en tanto no se acreditare que el demandado ha podido recibir el
escrito de demanda o documento equivalente con tiempo suficiente para defenderse o que se ha tomado toda diligencia a tal fin.»
4       En virtud del artículo 26, apartado 3, del referido Reglamento, el artículo 19 del Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo,
de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales
en materia civil o mercantil (DO L 160, p. 37), será de aplicación en lugar del apartado 2 del referido artículo 26 si el
escrito de demanda o documento equivalente hubiere de ser remitido de un Estado miembro a otro en virtud de dicho Reglamento.
5       A tenor del artículo 33, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001, «las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas
en los demás Estados miembros, sin que fuere necesario recurrir a procedimiento alguno.»
6       Sin embargo, el artículo 34, número 2, del referido Reglamento dispone que las decisiones no se reconocerán «cuando se dictaren
en rebeldía del demandado, si no se hubiere entregado al mismo la cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma
tal y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse, a menos que no hubiere recurrido contra dicha resolución cuando hubiera
podido hacerlo».

El Reglamento nº 1348/2000
7       El artículo 19, apartado 1, del Reglamento nº 1348/2000 está redactado como sigue:
«1.      Cuando un escrito de demanda o un documento equivalente haya sido remitido a otro Estado miembro a efectos de notificación
o traslado, según las disposiciones del presente Reglamento, y el demandado no comparece, se aguardará para proveer hasta
que se establezca que:
a)      el documento ha sido notificado o se ha dado traslado del mismo según una forma prescrita por el Derecho interno del Estado
miembro requerido para la notificación o traslado de los documentos en causas internas y que están destinados a las personas
que se encuentran en su territorio, o bien
b)      el documento ha sido efectivamente entregado al demandado o a su residencia según otro procedimiento previsto por el presente
Reglamento,
y en cualquiera de estos casos, sea notificación o traslado, sea entrega, la misma ha tenido lugar en tiempo oportuno para
que el demandado haya podido defenderse.»

El litigio principal y las cuestiones prejudiciales
8       Mediante sentencia de 16 de junio de 2004, el Rechtbank ’s-Hertogenbosch condenó en rebeldía a SEMIS a pagar a ASML la cantidad
de 219.918,60 euros, más los correspondientes intereses y gastos de procedimiento (en lo sucesivo, «sentencia en rebeldía»).
9       Según la resolución de remisión, por una parte, la citación para la vista ante el Rechtbank ’s-Hertogenbosch, fijada por éste
para el 19 de mayo de 2004, no fue notificada a SEMIS hasta el 25 de mayo de 2004 y, por otra parte, la sentencia en rebeldía
no se notificó ni entregó a SEMIS.
10     A solicitud de ASML, el Bezirksgericht Villach (Austria), órgano jurisdiccional austriaco requerido en primera instancia,
otorgó, mediante resolución de 20 de diciembre de 2004, la ejecución de la sentencia en rebeldía, a la vista de la certificación
expedida por el Rechtbank ’s-Hertogenbosch, el 6 de julio de 2004, que declaraba dicha sentencia «provisionalmente ejecutable».
El referido órgano jurisdiccional también ordenó la ejecución forzosa de la citada sentencia.
11     Se notificó a SEMIS copia auténtica de esta resolución. No se adjuntó a dicha notificación la sentencia dictada en rebeldía.
12     Interpuesto recurso de apelación por SEMIS contra la resolución mencionada, el Landesgericht Klagenfurt (Austria) desestimó
la solicitud de otorgamiento de la ejecución de la sentencia dictada en rebeldía, debido a que el requisito de la «posibilidad
de interponer un recurso» contra la sentencia dictada en rebeldía, enunciado en el artículo 34, número 2, del Reglamento nº 44/2001,
implica la entrega o la notificación de dicha sentencia al demandado en rebeldía. Dicho órgano jurisdiccional desechó la argumentación
de ASML, según la cual era aplicable la excepción al motivo de denegación del reconocimiento previsto en el citado artículo
34, número 2, dado que SEMIS había tenido conocimiento, por una parte, del procedimiento en el que era demandada en los Países
Bajos, por medio de la entrega o la notificación de la citación para la vista el 25 de mayo de 2004, y, por otra parte, de
la existencia de la sentencia en rebeldía, a raíz de la notificación de la resolución dictada por el Bezirksgericht Villach,
de 20 de diciembre de 2004, por la que se otorgaba ejecución a esa sentencia.
13     El Oberster Gerichtshof, al pronunciarse en el marco de un recurso de casación («Revision» alemana) interpuesto por ASML,
destaca que, en el caso de autos, SEMIS no había recibido notificación o traslado del escrito de demanda o documento equivalente
con un plazo de tiempo suficiente para poder defenderse, dado que la citación para la vista ante el Rechtbank ’s-Hertogenbosch
no le fue notificada hasta después de la fecha en la que ésta se celebró. Por lo tanto, según el órgano jurisdiccional remitente,
el motivo de denegación del reconocimiento y de la ejecución enunciado en el artículo 34, número 2, del Reglamento nº 44/2001
es aplicable al presente asunto, salvo que se cumplan las condiciones de la excepción a este motivo de denegación, es decir,
si se admite, a tenor del artículo 34, número 2,
in fine,
que SEMIS «no [había] recurrido contra dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo».
14     Al considerar que la solución del litigio de que conoce requiere una interpretación del artículo 34, número 2, del Reglamento
nº 44/2001, el Oberster Gerichtshof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones
prejudiciales:
«1)      ¿Debe interpretarse la expresión “[...] a menos que [el demandado] no hubiere recurrido contra dicha resolución
cuando hubiera podido hacerlo
”, contenida en el artículo 34, número 2, del Reglamento […] nº 44/2001 […] en el sentido de que esta posibilidad requiere,
en cualquier caso, notificar o dar traslado al demandado, con arreglo a la legislación aplicable en la materia, de una copia
auténtica de una sentencia estimatoria de la demanda dictada en rebeldía en un Estado miembro?
2)      En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:
La mera entrega o notificación de una copia auténtica de la resolución relativa a la solicitud de otorgar en Austria la ejecución
de la sentencia dictada en rebeldía por el Rechtbank ’s-Hertogenbosch el 16 de junio de 2004 y de ordenar la ejecución forzosa
en virtud del título ejecutivo extranjero cuya ejecución se ha otorgado, ¿debió inducir a la parte demandada y deudora […]
a comprobar, por un lado, la existencia de esta sentencia y, por otro lado, la existencia de un medio de recurso que (en su
caso) se podía interponer, con arreglo al ordenamiento jurídico del Estado en el que se dictó la citada sentencia, con objeto
de determinar si dicha parte demandada tuvo la posibilidad de interponer un recurso, lo que constituye requisito esencial
de aplicabilidad de la excepción al motivo de denegación del reconocimiento previsto por el artículo 34, número 2, del Reglamento
nº 44/2001?»

Sobre las cuestiones prejudiciales
15     Mediante sus dos cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia,
que se dilucide si el artículo 34, número 2, del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que el requisito
de haber tenido la «posibilidad», en el sentido de dicha disposición, de interponer un recurso contra la resolución dictada
en rebeldía y cuya ejecución se solicita requiere que dicha decisión se haya notificado o trasladado al demandado en rebeldía
de forma regular o si es suficiente que este último haya tenido conocimiento de su existencia en el procedimiento de ejecución
en el Estado requerido.
16     A este respecto, es preciso hacer constar en primer lugar que el tenor literal del artículo 34, número 2, del Reglamento nº 44/2001
no permite por sí solo responder a las cuestiones planteadas.
17     En efecto, la referida disposición establece el requisito expreso de entrega o notificación al demandado en rebeldía únicamente
respecto a la cédula de emplazamiento o documento equivalente, pero no en lo relativo a la resolución dictada en rebeldía.
18     A continuación, procede destacar que la redacción del artículo 34, número 2, del Reglamento nº 44/2001 difiere sensiblemente
de las disposiciones equivalentes del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1),
en su versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda
y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (DO L 304, p. 1, y –texto modificado– p. 77; texto en español en DO
1989, L 285, p. 41), por el Convenio de 25 de octubre de 1982 relativo a la adhesión de la República Helénica (DO L 388, p. 1;
texto en español en DO 1989, L 285, p. 54), por el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino de España
y de la República Portuguesa (DO L 285, p. 1), así como por el Convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión
de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia (DO 1997, C 15, p. 1) (en lo sucesivo, «Convenio
de Bruselas»).
19     En efecto, el artículo 27, número 2, del Convenio de Bruselas establece que las resoluciones no se reconocerán «cuando se
dictaren en rebeldía del demandado, si no se hubiere entregado o notificado al mismo la cédula de emplazamiento o documento
equivalente, de forma regular y con tiempo suficiente para defenderse».
20     En cambio, el artículo 34, número 2, del Reglamento nº 44/2001 no exige necesariamente la entrega de forma regular de la cédula
de emplazamiento, sino el respeto efectivo del derecho de defensa.
21     Por último, en el referido artículo 34, número 2, se prevé una excepción a la denegación del reconocimiento y de la ejecución
de la resolución, a saber, el supuesto en el que el demandado en rebeldía no ha recurrido contra dicha resolución cuando hubiera
podido hacerlo.
22     Por lo tanto, procede interpretar el artículo 34, número 2, del Reglamento nº 44/2001 a la luz de los objetivos y del sistema
del referido Reglamento.
23     Por lo que respecta, en primer lugar, a los objetivos de dicho Reglamento, se desprende de los considerandos segundo, sexto,
decimosexto y decimoséptimo que está dirigido a garantizar la libre circulación de resoluciones de los Estados miembros en
materia civil y mercantil simplificando los trámites para su reconocimiento y su ejecución rápidos y sencillos.
24     Como ha declarado el Tribunal de Justicia en relación con el artículo 27, número 2, del Convenio de Bruselas, en todo caso,
tal objetivo no puede alcanzarse menoscabando, de cualquier manera que sea, el derecho de defensa (véanse, en particular,
las sentencias de 11 de junio de 1985, Debaecker y Plouvier, 49/84, Rec. p. 1779, apartado 10; de 13 de octubre de 2005, Scania
Finance France, C‑522/03, Rec. p. I‑8639, apartado 15, y de 16 de febrero de 2006, Verdoliva, C‑3/05, Rec. p. I‑1579, apartado 26).
25     Este mismo requisito se deriva del decimoctavo considerando del Reglamento nº 44/2001, en virtud del cual el respeto del derecho
de defensa impone que el demandado pueda, llegado el caso, interponer un recurso que se examine con arreglo al principio de
contradicción contra el otorgamiento de ejecución de una resolución, si considera que se da alguno de los motivos para su
denegación.
26     Según reiterada jurisprudencia, los derechos fundamentales forman, en efecto, parte de los principios generales del Derecho
cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia (véase, en particular, el dictamen 2/94 de 28 de marzo de 1996, Rec. p. I‑1759,
apartado 33). A este respecto, el Tribunal de Justicia se inspira en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados
miembros, así como en las indicaciones proporcionadas por los instrumentos internacionales relativos a la protección de los
derechos humanos en los que los Estados miembros han cooperado o a los que se han adherido. El Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, «CEDH») reviste en este contexto un significado
particular (véanse, en particular, las sentencias de 15 de mayo de 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, apartado 18, y de
28 de marzo de 2000, Krombach, C‑7/98, Rec. p. I‑1935, apartado 25).
27     Ahora bien, del CEDH, en la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se desprende que los derechos de defensa
derivados del derecho a un juicio justo que recoge el artículo 6 de dicho Convenio, exigen una protección concreta y real
que garantice el ejercicio efectivo de los derechos del demandado (véanse TEDH, sentencias Artico c. Italia de 13 de mayo
de 1980, serie A nº 37, § 33, y T. c. Italia de 12 de octubre de 1992, serie A nº 245 C, § 28).
28     Como señaló el Abogado General en el punto 105 de sus conclusiones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha declarado,
cierto que en materia penal, que la falta de conocimiento por el acusado de los fundamentos jurídicos de la sentencia de un
tribunal de apelación, dentro del plazo de que disponía para interponer un recurso de casación contra dicha sentencia ante
el tribunal de casación, constituye una violación de las disposiciones del artículo 6, apartados 1 y 3, del CEDH, dado que
el interesado no tuvo posibilidad de interponer su recurso de forma útil y efectiva (véase la sentencia del TEDH Hadjianastassiou
c. Grecia, de 16 de diciembre de 1992, serie A nº 252, § 29 a 37).
29     En segundo lugar, por lo que respecta al sistema que establece el Reglamento nº 44/2001 en materia de reconocimiento y de
ejecución, es importante señalar, como hace el Abogado General en el punto 112 de sus conclusiones, que el respeto del derecho
del demandado en rebeldía está garantizado por un doble control.
30     En el procedimiento inicial en el Estado de origen, se deduce en efecto de la aplicación del artículo 26, apartado 2, del
Reglamento nº 44/2001, en relación con el artículo 19, apartado 1, del Reglamento nº 1348/2000, que el juez que conoce del
asunto estará obligado a suspender el procedimiento en tanto no se acreditare que el demandado ha podido recibir la cédula
de emplazamiento o documento equivalente con tiempo suficiente para defenderse o que se ha tomado toda diligencia a tal fin.
31     En el procedimiento de reconocimiento y de ejecución en el Estado requerido, si el demandado interpone un recurso contra la
resolución que otorgue la ejecución de la resolución dictada en el Estado de origen, el juez del Estado requerido, al pronunciarse
sobre tal recurso, podrá encontrarse con que debe examinar un motivo de denegación del reconocimiento y de la ejecución, como
el previsto en el artículo 34, número 2, del Reglamento nº 44/2001.
32     A la luz de estas consideraciones procede determinar si, en el supuesto de falta de notificación o traslado de la resolución
dictada en rebeldía, el mero hecho de que la persona contra la que se solicita la ejecución haya tenido conocimiento de la
existencia de dicha resolución en el procedimiento de ejecución es suficiente para entender que dicha persona había tenido
la posibilidad, en el sentido del artículo 34, número 2, del Reglamento nº 44/2001, de recurrir contra dicha resolución.
33     En el procedimiento principal, es pacífico que la sentencia en rebeldía no fue entregada ni notificada al condenado en rebeldía,
de forma que este último no tuvo conocimiento del contenido de la misma.
34     Ahora bien, como han alegado acertadamente los Gobiernos austriaco, alemán, neerlandés y polaco y la Comisión de las Comunidades
Europeas en sus observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia, la interposición de un recurso contra una resolución
únicamente es posible si el autor de dicho recurso ha podido conocer el contenido de la misma, pues el mero conocimiento de
la existencia de dicha resolución no es suficiente a estos efectos.
35     En efecto, la posibilidad de que el demandado interponga un recurso efectivo que le permita ejercer sus derechos en el sentido
de la jurisprudencia recordada en los apartados 27 y 28 de esta sentencia, exige que haya podido conocer la motivación de
la resolución dictada en rebeldía con la finalidad de poder impugnarla y oponerse debidamente a ella.
36     De lo anterior se deduce que únicamente el conocimiento por parte del condenado en rebeldía del contenido de la resolución
dictada permite garantizar, de conformidad con el requisito del respeto de los derechos de defensa y del ejercicio efectivo
de los mismos, que dicho demandado haya tenido la posibilidad, en el sentido del artículo 34, número 2, del Reglamento nº 44/2001,
de interponer un recurso contra dicha resolución ante el órgano jurisdiccional del Estado de origen.
37     No se opone a esta conclusión el efecto útil de las modificaciones aportadas por el artículo 34, número 2, del Reglamento
nº 44/2001 a las disposiciones equivalentes del artículo 27, número 2, del Convenio de Bruselas.
38     En efecto, como señaló el Abogado General en los puntos 58 y 60 de sus conclusiones, el artículo 34, número 2, del Reglamento
nº 44/2001 trata, en particular, de impedir que el demandado en rebeldía aguarde al procedimiento de reconocimiento y de ejecución
en el Estado requerido para invocar la vulneración de su derecho de defensa, si dicho demandado tuvo la posibilidad de defender
sus derechos interponiendo un recurso contra la resolución dictada en el Estado de origen.
39     Sin embargo, el artículo 34, número 2, del Reglamento nº 44/2001 no implica que el demandado esté obligado a llevar a cabo
nuevas actuaciones que vayan más allá de la diligencia normal en la defensa de sus derechos, tales como informarse del contenido
de una resolución dictada en otro Estado miembro.
40     Por lo tanto, para considerar que el demandado ha tenido la posibilidad, en el sentido del artículo 34, número 2, del Reglamento
nº 44/2001, de interponer un recurso contra una resolución dictada en rebeldía, debe haber conocido el contenido de dicha
resolución, lo cual supone que ésta le haya sido entregada o notificada.
41     Sin embargo, hay que precisar, como han señalado los Gobiernos austriaco, alemán y del Reino Unido en sus observaciones presentadas
ante el Tribunal de Justicia, que la entrega o notificación de forma regular de la resolución dictada en rebeldía, esto es,
el respeto de todas las normas aplicables a esos trámites, no constituye una condición necesaria para que se considere que
el demandado ha tenido la posibilidad de interponer un recurso.
42     Como señaló el Abogado General en el punto 65 de sus conclusiones, a este respecto, el artículo 34, número 2, del Reglamento
nº 44/2001 lleva necesariamente a tratar de modo análogo la cédula de emplazamiento y la resolución dictada en rebeldía.
43     En efecto, la entrega o notificación de la cédula de emplazamiento y de la resolución dictada en rebeldía, hechas a tiempo
y de forma que el demandado pueda defenderse, confieren en la misma medida a este último la posibilidad de velar por el respeto
de sus derechos ante el juez del Estado de origen.
44     Por consiguiente, la sistemática del Reglamento nº 44/2001 no exige que se someta la entrega o notificación de una resolución
dictada en rebeldía a condiciones más estrictas que las previstas en el artículo 34, número 2, de ese Reglamento respecto
a la entrega o notificación de una cédula de emplazamiento.
45     Ahora bien, respecto de la cédula de emplazamiento o acto equivalente, el artículo 34, número 2, del Reglamento nº 44/2001
elimina el requisito de regularidad formal establecido en el artículo 27, número 2, del Convenio de Bruselas, como se recuerda
en el apartado 20 de esta sentencia.
46     Por lo tanto, el requisito para excluir el motivo que justifica el no reconocimiento y la no ejecución enunciado en la referida
disposición no tiene que consistir necesariamente en una entrega o notificación de forma regular en todos los sentidos, sino
que basta con un conocimiento del contenido de la resolución con tiempo suficiente para defenderse.
47     En consecuencia, como señaló el Abogado General en el punto 69 de sus conclusiones, las exigencias formales que esta entrega
o esta notificación debe cumplir, deben ser comparables a las previstas por el legislador comunitario en el artículo 34, número
2, del Reglamento nº 44/2001 respecto a las cédulas de emplazamiento, de modo que una mera irregularidad formal que no lesione
el derecho de defensa no debe bastar para excluir la aplicación de la excepción al motivo que justifica la no aplicación o
la no ejecución.
48     Por lo tanto, para considerar que el demandado ha «tenido la posibilidad», en el sentido del artículo 34, número 2, del Reglamento
nº 44/2001, de interponer un recurso contra una resolución dictada en rebeldía, debe haber conocido el contenido de la misma,
de manera que dicho demandado haya podido defender sus derechos de manera efectiva ante el órgano jurisdiccional del Estado
de origen.
49     A la luz de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones planteadas que el artículo 34, número 2, del
Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que un demandado únicamente «tiene la posibilidad» de interponer
un recurso contra una resolución dictada en rebeldía, si efectivamente ha conocido el contenido de la misma por medio de la
entrega o notificación efectuada con tiempo suficiente para poder defenderse ante el órgano jurisdiccional del Estado de origen.

Costas
50     Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
El artículo 34, número 2, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en
el sentido de que un demandado únicamente «tiene la posibilidad» de interponer un recurso contra una resolución dictada en
rebeldía, si efectivamente ha conocido el contenido de la misma por medio de la entrega o notificación efectuada con tiempo
suficiente para poder defenderse ante el órgano jurisdiccional del Estado de origen.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: alemán.