CELEX: 61989CJ0051
Segunda fase del Programa de Cooperación entre la Universidad y la Empresa en materia de formación en el campo de las tecnologías (Comett II) (1990-1994)
Recurso de anulación
Base jurídica
Formación profesional
Investigación

Mediante recursos presentados en la Secretaría del Tribunal de Justicia los días 23 de febrero, 17 de marzo y 21 de marzo de 1989, respectivamente, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Francesa y la República Federal de Alemania solicitaron, con arreglo al párrafo primero del artículo 173 del Tratado CEE, la anulación de la Decisión 89/27/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1988, por la que se aprueba la segunda fase del Programa de Cooperación entre la Universidad y la Empresa en materia de formación en el campo de las tecnologías (Comett II; 1990-1994) (
DO 1989, L 13, p. 28
; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
El Consejo adoptó la Decisión impugnada tomando como base el artículo 128 del Tratado CEE y la Decisión 63/266/CEE, de 2 de abril de 1963, por la que se establecen los principios generales para la elaboración de una política común sobre formación profesional (
DO 1963, 63, p. 1338
; EE 05/01, p. 30).
Los Gobiernos demandantes fundan sus recursos en la insuficiencia de la base jurídica de la Decisión impugnada, aduciendo que dicha Decisión debió basarse no sólo en el artículo 128, sino también en el artículo 235 del Tratado CEE.
El Reino de España y la Comisión han intervenido como coadyuvantes en apoyo de las pretensiones del Consejo.
Para una más amplia exposición de los antecedentes de hecho y del desarrollo del procedimiento, así como de los motivos y alegaciones de las partes, el Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Hay que recordar con carácter preliminar que, según ya declaró el Tribunal de Justicia, de los.propios términos del artículo 235 del Tratado se desprende que sólo está justificado recurrir a este artículo como base jurídica de un acto cuando ninguna otra disposición del Tratado confiera a las Instituciones comunitarias la competencia necesaria para adoptar dicho acto (sentencia de 26 de marzo de 1987, Comisión/Consejo,
45/86, Rec. p. 1493
).
Por consiguiente, hay que analizar los distintos argumentos alegados por los Gobiernos demandantes para apoyar su tesis de que el Consejo carecía de competencia para adoptar la Decisión impugnada basándose únicamente en el artículo 128 del Tratado.
Sobre los motivos relativos al carácter operacional del programa Comett II y a sus repercusiones presupuestarias
Alegan los Gobiernos demandantes, básicamente, que la Decisión impugnada fija un programa operacional que incluye una serie de acciones que rebasan con mucho el establecimiento de principios generales al que se refiere el artículo 128. Añaden que un acto que suponga repercusiones presupuestarias tan elevadas como las del programa Comett II no puede ser adoptado sin más base que la de esta disposición.
Sobre este punto, basta señalar que los argumentos alegados en el presente caso por los demandantes son idénticos a los que el Tribunal de Justicia desestimó en su sentencia de 30 de mayo de 1989, Comisión/Consejo (
242/87, Rec. p. 1425
), dictada durante la tramitación del presente proceso.
En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia interpretó el artículo 128 en el sentido de que confiere al Consejo la facultad de adoptar actos normativos que establezcan acciones comunitarias en materia de formación profesional y que impongan a los Estados miembros las correspondientes obligaciones de cooperación.
De la citada sentencia resulta asimismo que, dentro del sistema del Tratado, las condiciones para ejercer la potestad normativa y las de la potestad presupuestaria no son las mismas y que, por consiguiente, las exigencias del procedimiento presupuestario previsto para la puesta a disposición de los créditos necesarios para la ejecución del programa controvertido no pueden tener consecuencia alguna sobre las exigencias de procedimiento establecidas para la adopción de la Decisión impugnada, exigencias que se derivan de una disposición completamente independiente.
Por consiguiente, los motivos de los Gobiernos demandantes basados en el carácter operacional del programa Comeu II y en sus repercusiones presupuestarias deben ser desestimados.
Sobre el ámbito de la formación profesional
Los Gobiernos demandantes mantienen que el programa establecido por la Decisión en litigio rebasa el marco de la formación profesional, a la que se refiere el artículo 128 del Tratado, en la medida en que una parte de los objetivos que pretende alcanzar y de las acciones que prevé afecta también al ámbito de la investigación científica y del desarrollo tecnológico. Opinan las partes demandantes que las consideraciones realizadas por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 30 de mayo de 1989, Comisión/Consejo, antes citada, con arreglo a las cuales el programa Erasmus contenía elementos propios del ámbito de la investigación, también son aplicables al programa Comett II.
Hay que subrayar al respecto que, a tenor del apartado 1 del artículo 1 de la Decisión impugnada, el programa Comett II tiene por objetivo una cooperación intracomunitária entre la Universidad y la Empresa en materia de formación inicial y continua en el campo de las tecnologías particularmente avanzadas.
Según el párrafo primero del artículo 3, el referido programa «tiene por objeto reforzar la formación en las tecnologías particularmente avanzadas, el desarrollo de los recursos humanos altamente cualificados y en consecuencia la competitividad de la industria europea. Está centrado en las necesidades evolutivas de las empresas y de su personal [...]. Contribuye, mediante las acciones de formación que apoya, a la utilización y a la explotación de los resultados, los métodos y los instrumentos de la tecnología desarrollados por la política comunitaria de investigación y desarrollo. Favorece la innovación y la transferencia tecnológica, el desarrollo económico y social equilibrado de la Comunidad».
Precisamente «en este contexto» el párrafo segundo de este mismo artículo señala una serie de objetivos centrados, en su conjunto, en la formación en las tecnologías.
Del propio tenor de estas disposiciones resulta que el programa de que se trata tiene como finalidad la formación profesional.
Esta afirmación no resulta desvirtuada por la circunstancia de que dicha formación profesional esté concebida como un factor que puede facilitar tanto la explotación de los resultados de la investigación científica como el desarrollo tecnológico en la Comunidad.
Es cierto, como subrayaron los Gobiernos demandantes, que el apartado 10 del artículo 5 de la Decisión impugnada establece: «La Comisión procurará que el programa Cometí II sea coherente con las demás acciones comunitarias de investigación y desarrollo ya programadas».
Sin embargo, esta disposición no puede conducir a calificar el programa controvertido como programa de investigación y desarrollo. Dicha disposición expresa una exigencia de coherencia entre el programa Comett II y las acciones desarrolladas en el marco de políticas comunitarias distintas de la formación profesional.
Esta disposición pone también de manifiesto el carácter complementario de la formación profesional prevista en relación con la investigación científica. En efecto, del quinto considerando de la Decisión impugnada resulta que la cooperación tecnológica e industrial en el ámbito de la investigación y desarrollo, instituida mediante diversos programas específicos, «debe ser apoyada mediante un esfuerzo paralelo en el campo de la formación profesional».
A estas mismas exigencias de coherencia y complementariedad obedece la disposición contenida en el párrafo segundo del apartado 2 del Anexo de la Decisión impugnada, que prevé que en la selección de proyectos a efectos del programa Comett II ha de tenerse en cuenta la evolución del programa marco de investigación y desarrollo tecnológico, con objeto de fomentar las acciones de formación que pudieran derivarse de la investigación comunitaria evitando repeticiones inútiles.
Por último, las medidas concretas que establece el apartado 4 del Anexo tienen por objeto, según su propio tenor, actividades de formación y no actividades de investigación.
Los Gobiernos demandantes mantienen, sin embargo, que la concesión de las becas previstas en la letra B de este mismo Anexo se refiere asimismo a actividades de investigación científica.
Este argumento no puede ser estimado.
Las medidas incluidas en el apartado B «Intercambios transaccionales [léase “trans-nacionales”])» incluyen la concesión de becas, para favorecer tales intercambios, a estudiantes que efectúen un período de formación de tres a doce meses en una empresa establecida en otro Estado miembro [inciso i)], a personas que hayan terminado su formación inicial y efectúen un período de formación de seis meses a dos años en una empresa de otro Estado miembro vinculada a la realización de un proyecto de desarrollo industrial en el seno de la empresa [inciso ii)] y, por último, al personal de Universidad y de empresas en comisión de servicios en una Universidad o en una empresa de otro Estado miembro, respectivamente, para que aporte a dicha empresa o Universidad su competencia profesional, con objeto de enriquecer las actividades de formación y las prácticas profesionales.
El mero hecho de que las actividades cubiertas por las becas, contempladas expresamente como actividades de formación, puedan tener una relación, incluso muy estrecha, con la investigación científica y el desarrollo tecnológico no puede bastar para calificar el programa Comett II como programa de investigación.
Hay que precisar al respecto que no puede trasladarse al presente asunto el razonamiento seguido por este Tribunal de Justicia en su sentencia de 30 de mayo de 1989, antes citada, en relación con el programa Erasmus.
En efecto, la conclusión de que el programa Erasmus se inscribía también en el ámbito de la investigación científica se basaba, por una parte, en el dato de que la investigación científica constituye una labor característica de las Universidades (apartado 34) y, por otra parte, en el hecho de que tanto los objetivos del programa como al menos una parte de las acciones contempladas se dirigían de manera genérica a la cooperación entre las Universidades y a las actividades del personal universitario, sin excluir la investigación científica, mientras que el programa Comett II sólo se refiere a la cooperación entre Universidades y empresas en materia de formación.
Se ha alegado, además, que la Decisión impugnada desborda el ámbito de la formación profesional, en el sentido del artículo 128, debido a que establece medidas sobre formación continua y, por consiguiente, de perfeccionamiento profesional, que no están comprendidas en este concepto.
Este argumento debe ser, asimismo, desestimado. En efecto, según su propio tenor, el artículo 128 se refiere a la política común de formación profesional sin establecer distinción entre la formación inicial y la formación continua o permanente. Siendo así, no cabe excluir de la formación profesional este último aspecto de la formación sin restringir este concepto de manera arbitraria.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la Decisión 63/266, antes citada, incluye la formación continua entre los principios generales en materia de formación profesional [véanse el sexto considerando, el párrafo tercero del primer principio, las letras f) y g) del segundo principio y el párrafo segundo del noveno principio].
Por consiguiente ha de declararse que el programa Comett II no desborda el marco de la formación profesional. El motivo alegado al respecto ha de ser, pues, desestimado.
Del conjunto de consideraciones hasta aquí expuestas resulta que los recursos deben ser desestimados en su totalidad.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Francesa y la República Federal de Alemania, procede condenarlos solidariamente al pago de las costas, incluidas las de las partes coadyuvantes.

En virtud, de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Desestimar los recursos.

2)
Condenar solidariamente al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a la República Francesa y a la República Federal de Alemania al pago de las costas, incluidas las de las partes coadyuvantes.

Due
Rodríguez Iglesias
Díez de Velasco
Slynn
Kakouris
Joliet
Grévisse
Zuleeg
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de junio de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lenguas de procedimiento: inglés, francés y alemán.