CELEX: 62009CJ0480
Recurso de casación
Ayudas de Estado
Ayuda declarada compatible con el mercado común
Requisito de reembolso previo de una ayuda anterior declarada ilegal
Concepto de unidad económica
Control conjunto por dos sociedades matrices distintas
Deformación de los motivos de recurso
Errores y falta de motivación

Mediante su recurso de casación, AceaElectrabel Produzione SpA (en lo sucesivo, «AEP») solicita la anulación de la sentencia
del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 8 de septiembre de 2009, AceaElectrabel/Comisión (T‑303/05,
Rec. p. II‑137; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la cual éste desestimó su recurso de anulación de la Decisión
2006/598/CE de la Comisión, de 16 de marzo de 2005, relativa a la ayuda estatal que Italia –Región del Lacio– tiene intención
de conceder con miras a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (DO 2006, L 244, p. 8; en lo sucesivo, «Decisión
controvertida»).

Antecedentes del litigio
Los hechos que originaron el litigio, tal como se exponen en los apartados 1 a 17 de la sentencia recurrida, pueden resumirse
del modo siguiente.
AEP es una sociedad cuya actividad consiste en la generación de energía eléctrica, controlada por Electrabel Italia SpA (en
lo sucesivo, «Electrabel Italia») y por AceaElectrabel Holding SpA (en lo sucesivo, «AceaElectrabel»), en un 50 % cada una.
Electrabel Italia está controlada en un 100 % por Electrabel SA (en lo sucesivo, «Electrabel»), con domicilio social en Bélgica.
AceaElectrabel es una empresa común creada por ACEA SpA (en lo sucesivo, «ACEA») y Electrabel Italia. Dicha empresa común
opera en los sectores de la energía eléctrica y del gas. Está controlada en un 59,41 % por ACEA y en un 40,59 % por Electrabel
Italia. Los acuerdos de constitución establecían que ACEA debía transmitir a AEP dos instalaciones de producción termoeléctricas
y cinco centrales hidroeléctricas, mientras que Electrabel debía aportar una serie de proyectos para la construcción de instalaciones.
AceaElectrabel controla además, en todo o en parte, las empresas AceaElectrabel Energia (100 %), AceaElectrabel Elettricità
(100 %) y AceaElectrabel Trading (en lo sucesivo, «AE Trading», 84,17 %).
De ese modo, la estructura de dichas empresas puede ilustrarse del siguiente modo:
El 28 de enero de 2002, la República Italiana notificó a la Comisión de las Comunidades Europeas dos proyectos de ayuda a
la inversión, entre los que figuraba la construcción de una red de calefacción urbana situada en las proximidades de Roma,
que debía alimentarse de energía mediante una central de cogeneración, parcialmente modernizada y convertida, para suministrar
de ese modo calefacción a un nuevo barrio (en lo sucesivo, «ayuda controvertida»). Los costes de inversión del proyecto ascendían
a 9.500.000 euros y la ayuda controvertida a 3.800.000 euros.
Mediante escrito de 13 de mayo de 2003, la Comisión notificó a la República Italiana su decisión de incoar, por lo que respecta
a la ayuda controvertida, el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 88 CE, apartado 2. En efecto, consideró
que la ayuda controvertida era compatible con el mercado común, pero que debían aplicarse los principios enunciados por el
Tribunal de Justicia en su sentencia de 15 de mayo de 1997, TWD/Comisión (C‑355/95 P, Rec. p. I‑2549), que confirmó la sentencia
del Tribunal de Primera Instancia de 13 de septiembre de 1995, TWD/Comisión (T‑244/93 y T‑486/93, Rec. p. II‑2265) (en lo
sucesivo, «jurisprudencia TWD/Comisión»).
A este respecto, la Comisión señaló, por una parte, que ACEA era una de las empresas municipalizadas del sector energético
que se había beneficiado del régimen de ayudas (en lo sucesivo, «ayuda anterior») declaradas ilegales e incompatibles con
el mercado común mediante la Decisión 2003/193/CE de la Comisión, de 5 de junio de 2002, relativa a la ayuda estatal a las
exenciones fiscales y préstamos privilegiados concedidos por Italia a empresas de servicios con accionariado mayoritariamente
público (DO 2003, L 70, p. 21; en lo sucesivo, «Decisión anterior») y, por otra parte, que la República Italiana no le había
confirmado, pese a que se le recordó en dos ocasiones, que se hubieran recuperado efectivamente los importes pagados a ACEA
en el marco de dichos regímenes, como impone el artículo 3 de la Decisión anterior.
En efecto, en opinión de la Comisión, ACEA era la beneficiaria inicial de la ayuda controvertida, ya que AEP solo pasó a ser
la beneficiaria actual tras una serie de reorganizaciones. Además, la Comisión consideró que ACEA y AEP formaban una única
unidad económica y que, pese a la reorganización interna, ese mismo grupo, ACEA incluida, era el único beneficiario de la
ayuda controvertida.
El 16 de marzo de 2005, la Comisión adoptó la Decisión controvertida, mediante la que declaró la ayuda controvertida compatible
con el mercado común, pero suspendió su pago a AEP hasta que la República Italiana presentara la prueba de que ACEA devolvió
la ayuda anterior.

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida
Mediante escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 3 de agosto de 2005, AEP interpuso
un recurso dirigido a obtener la anulación de la Decisión controvertida, con arreglo al artículo 230 CE.
Mediante su primer motivo, AEP alegaba una infracción del artículo 87 CE, apartado 1, falta de motivación de la Decisión controvertida
y errores en la instrucción relativa a la calificación de la ayuda controvertida de ayuda de Estado. El segundo motivo se
basaba en una infracción del artículo 88 CE y del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [88] del Tratado CE (DO L 83, p. 1), en errores de Derecho y en
el carácter insuficiente y contradictorio de la motivación de la Decisión controvertida por lo que atañe a la identidad del
destinatario de la ayuda controvertida. El tercer motivo se basaba en la ilegalidad de la suspensión del pago de la ayuda
controvertida y en la no pertinencia de la remisión a la jurisprudencia TWD/Comisión.
El 6 de diciembre de 2005, Electrabel solicitó intervenir en apoyo de las pretensiones de AEP. Mediante auto de 7 de abril
de 2006, el Presidente de la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia admitió dicha intervención.
El 24 de julio de 2007, el Tribunal de Primera Instancia solicitó a las partes y a la República Italiana que aportaran, si
disponían de ella, la prueba material de que ACEA hubiera restituido eventualmente la ayuda anterior.
Mediante escrito de 7 de septiembre de 2007, la República Italiana confirmó que ACEA había reembolsado un importe de 1.511.135,88 euros
correspondientes al año 1998 y un importe de 1.534.938,78 euros correspondientes al año 1999.
Mediante escrito de 14 de febrero de 2008, la Comisión señaló que los importes restituidos por ACEA representaban un porcentaje
muy reducido de las cantidades que debía restituir con arreglo a la Decisión anterior respecto de los cálculos que figuran
en el balance de ACEA correspondiente al año 2004. Destacaba que, por tanto, no podía considerarse que se hubiera satisfecho
la condición suspensiva a la que se supeditaba el pago de la ayuda controvertida.
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso.
Por lo que atañe al primer motivo, el Tribunal de Primera Instancia consideró que la Comisión no había infringido el artículo
87 CE, apartado 1, al calificar la ayuda controvertida de ayuda de Estado, ya que el carácter local de la red de calefacción
urbana de que se trata no excluye ni la existencia de relaciones de competencia con otros productos energéticos ni afecta
eventualmente a los intercambios entre los Estados miembros, y que dicha constatación está suficientemente motivada. Por otra
parte, el Tribunal de Primera Instancia declaró inadmisibles las alegaciones según las cuales la motivación de la Decisión
controvertida era contradictoria y la instrucción relativa a la calificación de la ayuda controvertida de ayuda de Estado
era insuficiente, al considerar que el escrito de demanda no contenía ninguna alegación al respecto.
El Tribunal de Primera Instancia declaró inadmisible el segundo motivo en la medida en que se basaba en la infracción del
artículo 88 CE y del Reglamento nº 659/1999, dado que el escrito de interposición de la demanda no contenía, en opinión del
Tribunal de Primera Instancia, ninguna alegación relativa a las mencionadas infracciones. Como el segundo motivo se refería
a errores de Derecho y al carácter insuficiente y contradictorio de la motivación de la Decisión controvertida por lo que
atañe a la identidad del destinatario de la ayuda controvertida, el Tribunal de Primera Instancia declaró, por una parte,
que la Comisión no había incurrido en error manifiesto de apreciación al considerar que, a efectos del examen de la ayuda
controvertida, ACEA y AEP formaban una unidad económica y que ACEA figuraba entre los beneficiarios de la ayuda controvertida.
Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia consideró que la Decisión controvertida estaba suficientemente motivada y
que no incurría en contradicción.
Respecto del tercer motivo, el Tribunal de Primera Instancia desestimó las alegaciones basadas en la falta de identidad entre
ACEA y AEP y en la inexistencia de efecto acumulado de la ayuda anterior y de la ayuda controvertida remitiéndose a sus consideraciones
efectuadas en el marco de la apreciación del segundo motivo. También consideró que, al contrario de lo que alega AEP, la jurisprudencia
TWD/Comisión se aplicaba igualmente a los regímenes generales de ayudas y no solo a las ayudas individuales. Por último, el
Tribunal de Primera Instancia declaró que la Comisión no había vulnerado dicha jurisprudencia al considerar que no estaba
obligada a demostrar los efectos de distorsión de la competencia que tendría la acumulación de la ayuda anterior y de la ayuda
controvertida ni de conocer, con carácter previo, el importe exacto de la ayuda anterior.

Pretensiones de las partes
AEP solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Anule la sentencia recurrida y estime las pretensiones formuladas en primera instancia.
–        Con carácter subsidiario, devuelva el asunto ante el Tribunal General.
–        Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime el recurso de casación.
–        Condene en costas a AEP.

Sobre el recurso de casación
La demandante formula dos motivos basados, el primero, en una deformación de los motivos del recurso en primera instancia,
en errores de Derecho y en el carácter irracional y contradictorio de la motivación de la sentencia recurrida por lo que respecta
a la determinación del beneficiario de la ayuda controvertida. El segundo motivo se basa en la deformación de los motivos
del recurso de primera instancia, en errores de Derecho y en el carácter contradictorio e insuficiente de la motivación de
dicha sentencia por lo que respecta al alcance de la jurisprudencia TWD/Comisión.

Sobre el primer motivo, basado en la determinación del beneficiario de la ayuda controvertida
Sobre la primera parte del primer motivo, basada en la deformación de los motivos del recurso de primera instancia
–       Alegaciones de las partes
AEP considera que la declaración de inadmisibilidad del segundo motivo formulado en primera instancia en la medida en que
se basaba en la infracción del artículo 88 CE y del Reglamento nº 659/1999 se debe a un examen superficial de la demanda ya
que la remisión a dicha normativa debía leerse conjuntamente con la alegación relativa al error en la determinación del beneficiario
de la ayuda controvertida. En efecto, la determinación correcta del beneficiario es pertinente por lo que respecta al cumplimiento
de las normas de procedimiento en materia de ayudas de Estado.
En opinión de AEP, en los escritos de las partes y durante la vista se trató ampliamente la cuestión de la continuidad económica
entre ACEA y AEP en razón de la transmisión de la rama de empresa a la que afectaba el proyecto objeto de la ayuda controvertida.
No obstante, el Tribunal de Primera Instancia no tomó en consideración dicho debate, deformando de ese modo el motivo del
recurso y los resultados de la instrucción.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
Según reiterada jurisprudencia, el Tribunal General está obligado a declarar la inadmisibilidad de una pretensión del recurso
que se interponga ante él siempre que los elementos esenciales de hecho y de Derecho sobre los que se base esa pretensión
no se deriven de forma coherente y comprensible del texto del propio escrito de interposición (sentencia de 18 de julio de
2006, Rossi/OAMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, apartado 37, y auto de 13 de marzo de 2007, Arizona Chemical y otros/Comisión,
C‑150/06 P, apartado 45).
Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia actuó conforme a Derecho al declarar inadmisible la alegación basada en la infracción
del artículo 88 CE y del Reglamento nº 659/1999, tras señalar que, en virtud del artículo 44, apartado 1, letra c), de su
Reglamento de Procedimiento, las demandas deben contener la indicación del objeto del litigio y una exposición sumaria de
los motivos invocados, y ello de modo suficientemente claro y preciso para permitir que la parte demandada prepare su defensa
y que el Tribunal se pronuncie sobre el recurso, dado que no cumplía dichos requisitos.
En efecto, el escrito de interposición presentado ante el Tribunal de Primera Instancia no identificó de modo claro e inequívoco,
coherente y comprensible qué extremo de la Decisión controvertida infringía dichas disposiciones. Además, AEP no ha aportado
al Tribunal de Justicia ningún dato concreto dirigido a demostrar que el escrito de interposición presentado ante el Tribunal
de Primera Instancia cumplía dichos requisitos.
En particular, no basta a este respecto alegar que la remisión a dichas disposiciones debe leerse conjuntamente con las alegaciones
relativas al error en la determinación del beneficiario de la ayuda controvertida, ya que el escrito de demanda en primera
instancia no explicitó dicha relación ni la razón por la que el supuesto error supone una infracción de dichas disposiciones.
En dichas circunstancias, debe desestimarse la primera parte del primer motivo.
Sobre la segunda parte del primer motivo, basado en errores de Derecho
–       Alegaciones de las partes
AEP alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al admitir la conclusión de la Comisión según
la cual ACEA y AEP forman una unidad económica. En efecto, si AEP está controlada, en menos del 30 %, por ACEA, pertenece
en un 70 % a Electrabel, de modo que resulta imposible afirmar que AEP formaba una unidad económica con ACEA.
En opinión de AEP, del conjunto de la jurisprudencia citada por el Tribunal de Primera Instancia en apoyo de su análisis resulta
que la facultad de apreciación de que dispone la Comisión para determinar si, a efectos de la identificación del beneficiario
de una ayuda, dos o más empresas forman una unidad económica se limita a los supuestos de control exclusivo por la misma persona
o el mismo grupo. Por el contrario, cuando una empresa está controlada, como en el presente asunto, por una empresa común,
controlada a su vez por dos grupos distintos no puede deducirse de dicha jurisprudencia que la Comisión pueda determinar que
existe una unidad económica, entre la sociedad controlada y una de las dos sociedades que controlan la empresa común.
AEP considera también que la Comisión nunca ha aplicado ese enfoque en otros sectores del Derecho de la competencia, pese
a que éste utiliza, en todos sus ámbitos, los mismos conceptos. En efecto, al contrario de lo que consideró el Tribunal de
Primera Instancia, AEP sostiene que los conceptos aplicables en materia de concentraciones o de prácticas colusorias pueden
transponerse al sector de las ayudas de Estado, salvo en las situaciones específicas que justifiquen una interpretación distinta.
Al respecto, en la decisión mediante la que aprobaba la constitución de AEP, la Comisión calificó la empresa común de concentración,
porque se trataba de una empresa funcionalmente autónoma respecto de sus sociedades matrices. Pues bien, el concepto de autonomía
funcional se utiliza, en el Derecho de la competencia, para las empresas comunes que, pese a que están controladas por grupos
económicos distintos, poseen su propia estructura de organización y de administración e intervienen en el mercado con medios
operacionales y financieros autónomos.
Por tanto, en opinión de AEP, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error al llegar a la conclusión, en el apartado
142 de la sentencia recurrida, pese a la constatación anterior de la Comisión, que AEP no dispone de una autonomía funcional
real respecto de ACEA y de Electrabel debido al control conjunto que estas ejercen sobre aquélla. En efecto, considera que
el Tribunal de Primera Instancia confundió los conceptos de autonomía funcional y de control, ya que no todos los controles
afectan a la autonomía funcional de una empresa.
Por otra parte, en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia consideró, en el apartado 142 de la sentencia recurrida,
que AEP no es funcionalmente autónoma ya que AE Trading se encarga de la comercialización de la energía que aquella produce,
AEP señala que ese tipo de consideraciones son irrelevantes, dado que la separación de la producción y de la comercialización
al por mayor, garantizada en el presente caso por AEP, y de la comercialización al por menor, que realiza en el presente caso
AE Trading, es algo habitual en el sector de la energía y que la Comisión conocía dicho extremo en el momento en que aprobó
la concentración.
AEP añade que, si bien el Tribunal de Primera Instancia señala que la Comisión no imputó ninguna responsabilidad a AEP ni
le exigió la restitución de la ayuda anterior, no es menos cierto que AEP y, a través suyo, Electrabel, sufren las consecuencias
de la suspensión de la ayuda controvertida. Pues bien, si la Comisión quería llegar, por medio de AEP, hasta ACEA, debería
dejar intacta la situación de Electrabel y, en consecuencia, suspender la ayuda controvertida únicamente en la proporción
de la participación del 29,705 % que posee ACEA.
En opinión de AEP, la referencia del Tribunal de Primera Instancia a la sentencia de 29 de abril de 2004, Italia/Comisión
(C–91/01, Rec. p. I–4355, apartados 50 a 53) carece de pertinencia, debido a que el asunto que dio lugar a dicha sentencia
se refería a la idoneidad de una sociedad para beneficiarse del trato preferente concedido a las pequeñas y medianas empresas
y no a la pertenencia a una unidad económica. Además, dicho asunto afectó como mucho a un control exclusivo de un grupo único.
En la medida en que el Tribunal de Primera Instancia consideró que existía una continuidad económica entre ACEA y AEP debido
a la transmisión de la rama de empresa relacionada con el proyecto objeto de la ayuda controvertida, AEP considera que dicha
transmisión no basta para afirmar que prosigue la actividad anteriormente ejercida por ACEA y que pasa a ser la beneficiaria
de dicha ayuda. Tampoco sirve de fundamento para considerar que AEP y ACEA forman una unidad económica.
A este respecto, AEP señala que la transmisión del mencionado proyecto tuvo lugar en el contexto de un acuerdo de empresa
común que ponía fin a un procedimiento de licitación organizado por ACEA, en cuyo marco se valoró la rama de empresa transmitida
de un modo adecuado según las reglas del mercado. Pues bien, del punto 33 de la comunicación de la Comisión, que lleva por
título «Hacia una aplicación efectiva de las decisiones de la Comisión por las que se ordena a los Estados miembros que recuperen
las ayudas estatales ilegales e incompatibles» (DO 2007, C 272, p. 4), que, en caso de transmisión de activos («asset deals»),
como el del presente asunto, no existe continuidad entre la empresa antigua y la nueva.
Respecto de las consideraciones del Tribunal de Primera Instancia relativas al riesgo de que la transmisión a AEP de la rama
de empresa de ACEA afectada haya podido tener como objeto eludir la orden de recuperación contenida en la Decisión anterior,
AEP recuerda que había señalado ante el Tribunal de Primera Instancia que una operación de la envergadura, desde un punto
de vista económico y estratégico, de la constitución de AceaElectrabel no podía haberse concebido con el propósito de evitar
el riesgo de suspensión de una ayuda de Estado con un valor insignificante en relación con el valor total de la operación.
En otro orden de cosas, AEP sostiene que al considerar, por una parte, que no incumbía a la Comisión probar el objetivo de
elusión y, por otra parte, que para el razonamiento de la Comisión basta con constatar la transmisión y los riesgos que ésta
implicaba respecto de las normas en materia de ayudas de Estado, el Tribunal de Primera Instancia dispensó a la Comisión de
su obligación de motivar sus decisiones sin limitarse a una mera referencia a hipótesis teóricas y paradójicas.
En la vista, Electrabel apoyó las alegaciones de AEP dirigidas a demostrar la ausencia tanto de unidad económica entre AEP
y ACEA como de cualquier finalidad de elusión de la orden de recuperación contenida en la Decisión anterior en la transmisión
de la rama de empresa afectada de ACEA a AEP. En particular, Electrabel alega que los riesgos de elusión no deben evaluarse
en abstracto sino sobre la base de hechos concretos.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
Dado que AEP y Electrabel impugnan la constatación del Tribunal de Primera Instancia según la cual la Comisión pudo considerar
que AEP y ACEA constituían una unidad económica respecto de una ayuda anterior y de la ayuda controvertida, procede comprobar
si el Tribunal de Primera Instancia pudo confirmar, sin incurrir en error de Derecho, la Decisión controvertida en ese punto.
Al respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, a raíz de una reestructuración que incluye una
transmisión de instalaciones de producción de una sociedad a sociedades industriales recién constituidas, dado que la antigua
sociedad conserva intereses en esas sociedades recién constituidas, todas esas sociedades pueden, en lo que se refiere a una
ayuda, constituir juntas un grupo único, pese a que las sociedades industriales recién constituidas posean cada una de ellas
una individualidad jurídica distinta de la antigua sociedad (véase, en ese sentido, la sentencia de 14 de noviembre de 1984,
Intermills/Comisión, 323/82, Rec. p. 3809, apartado 11).
La antigua sociedad y las nuevas sociedades de explotación pueden en particular formar una unidad económica cuando la reestructuración
realizada constituye un todo coherente, desde el punto de vista industrial y financiero (véase, en ese sentido, la sentencia
Intermills/Comisión, antes citada, apartado 12).
De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende igualmente que debe estimarse que una entidad que posee el control
de una sociedad y ejerce efectivamente dicho control interviniendo directa o indirectamente en la gestión de esta última,
participa en la actividad económica desarrollada por la empresa controlada (sentencia de 10 de enero de 2006, Cassa di Risparmio
di Firenze y otros, C‑222/04, Rec. p. I‑289, apartados 112 y 118).
En efecto, de lo contrario, la simple escisión de una empresa en dos entidades distintas, la primera encargada de desarrollar
directamente la actividad económica anterior y la segunda de controlar a la primera interviniendo en su gestión, bastaría
para privar de su efecto útil a las normas del Derecho de la Unión sobre ayudas de Estado. Dicha operación permitiría a la
segunda entidad disfrutar de subvenciones u otras ventajas otorgadas por el Estado o con cargo a los recursos públicos y utilizarlas
total o parcialmente en beneficio de la segunda, para favorecer también a la unidad económica formada por ambas entidades
(sentencia Cassa di Risparmio di Firenze y otros, antes citada, apartado 114).
El hecho de que haya miembros del comité de gestión y del órgano de control de una entidad que posee participaciones de control
en una sociedad que formen parte de los órganos equivalentes de la sociedad controlada puede concretamente, por una parte,
poner de manifiesto la posibilidad de que, más allá de la simple colocación de capitales por parte de un inversor, se ejerzan
funciones de control, promoción y financiación así como, por otra parte, revelar la existencia de vínculos orgánicos y funcionales
entre dicha entidad y la propia sociedad controlada (véase, en ese sentido, la sentencia Cassa di Risparmio di Firenze y otros,
antes citada, apartados 116 y 117).
En el presente asunto, ni AEP ni Electrabel han impugnado las siguientes constataciones del Tribunal de Primera Instancia:
en primer lugar, este último determinó, en el apartado 103 de la sentencia recurrida, que ACEA era el beneficiario inicial
de la ayuda controvertida, que hubo una transmisión de la rama de empresa de ACEA que se benefició de dicha ayuda a AEP y
que esta última continúa la actividad de dicha rama de empresa. También señaló, en el apartado 142 de la sentencia recurrida,
que la comercialización de la energía producida por AEP está a cargo de AE Trading, poseída en un 84,17 % por AceaElectrabel,
que depende en un 59,41 % de ACEA.
En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia determinó, en el apartado 109 de la sentencia recurrida, que AEP está vinculada
a la vez a ACEA y a Electrabel y que ACEA posee la mayoría del capital de AceaElectrabel que posee a su vez el 50 % del capital
de AEP y, en el apartado 111 de dicha sentencia, que ACEA afirmó explícitamente tener el control de AEP, conjuntamente con
Electrabel.
En tercer lugar, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en el apartado 119 de la sentencia recurrida, que, aunque Electrabel
esté representada por ocho de los doce miembros del consejo de administración de AEP y por cuatro de los seis miembros de
su comité ejecutivo, resulta necesario el acuerdo de uno de los representantes de ACEA para las materias más importantes,
lo que le confiere un poder de bloqueo.
Pues bien, de la jurisprudencia citada en los apartados 47 y 48 de la presente sentencia resulta que, en dichas circunstancias,
la Comisión podía considerar, sin sobrepasar su margen de apreciación, que, a raíz de la reestructuración llevada a cabo por
ACEA con el apoyo de Electrabel, ACEA y AEP forman parte de un todo coherente respecto de la ayuda anterior y de la ayuda
controvertida, dado que dicha reestructuración incluía la transmisión de la rama de empresa afectada de ACEA a AEP, que AEP
continuaba las actividades de dicha parte de empresa, que ACEA continuaba interesada en AEP y que AE Trading, controlada por
ACEA a través de su participación mayoritaria en AceaElectrabel, comercializaba la energía producida por AEP.
Además, habida cuenta de la jurisprudencia mencionada en los apartados 49 y 51 de la presente sentencia, de dichas constataciones
se desprende que la Comisión podía considerar que ACEA, que poseía participaciones de control conjunto en AEP, ejercía efectivamente
dicho control inmiscuyéndose directa o indirectamente en la gestión de ésta, por medio tanto de la presencia de sus representantes
en el consejo de administración de AEP y en su comité ejecutivo como de su participación mayoritaria en AceaElectrabel, que
poseía el 50 % del capital de AEP.
Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en el apartado 125 de la sentencia recurrida, por una parte, que
el acuerdo de atribución de la rama de empresa transmitida de ACEA a AEP incluía una cláusula que excluía cualquier litigio
eventual relativo a dicha rama de empresa y, por otra parte, que ACEA ya había impugnado, en ese momento, la decisión anterior.
Pues bien, en dichas circunstancias, no puede reprocharse al Tribunal de Primera Instancia haber incurrido en error al considerar,
en el apartado 130 de la sentencia recurrida, que la Comisión había determinado en el presente asunto que la reestructuración
efectuada por ACEA conjuntamente con Electrabel podía crear el riesgo de eludir la orden de recuperación contenida en la decisión
anterior.
En efecto, por una parte, procede considerar que, a diferencia de lo que afirman AEP y Electrabel, la toma en consideración
de un riesgo de elusión de la orden de recuperación de la ayuda anterior no puede supeditarse a que las circunstancias de
hecho del presente asunto demuestren la existencia de dicho objetivo. En efecto, de ser así, se incitaría a las empresas a
idear estructuras sociales dirigidas a eludir la recuperación de las ayudas ilegales, aprovechándose de que recae en la Comisión
la carga de la prueba de que se perseguía dicho fin.
Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia determinó acertadamente que bastaba con que la Comisión demostrara que
en el asunto concreto existía un riesgo de ese tipo.
Por otra parte, la Comisión podía considerar que, si no declaraba la existencia de una unidad económica con ACEA, AEP podía
continuar, tras la reestructuración efectuada y bajo el control conjunto de ACEA, la actividad transmitida que se benefició
de la ayuda anterior y obtener la ayuda controvertida. Además, dicha institución podía considerar que la concesión de la ayuda
a AEP permitía a ACEA beneficiarse de la misma, dado que estas continúan sus respectivas actividades económicas en el marco
de un todo coherente.
Pues bien, habida cuenta de la jurisprudencia citada en el apartado 50 de la presente sentencia, la posibilidad de que ACEA
se beneficie de la ayuda controvertida basta para privar de su efecto útil a las normas del Derecho de la Unión relativas
a las ayudas de Estado y es, por otra parte, contraria a la lógica de la jurisprudencia TWD/Comisión.
En dichas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia podía considerar sin incurrir en error de Derecho que la Comisión,
que dispone a ese respecto de un amplio margen de apreciación, no incurrió en error manifiesto de apreciación al apreciar
que existía una unidad económica entre ACEA y AEP respecto de la ayuda anterior y de la ayuda controvertida.
En particular, el Tribunal de Primera Instancia podía considerar que la circunstancia de que el control de ACEA sobre AEP
solo se ejercía de modo conjunto con Electrabel y que Electrabel disponía de una parte del capital de AEP mayor que la de
ACEA no se oponía, en el presente asunto, a la constatación efectuada por la Comisión de la mencionada unidad económica entre
ACEA y AEP.
El resto de alegaciones formuladas por AEP no ponen en entredicho dicha constatación.
En primer lugar, procede considerar que, habida cuenta del análisis que precede, no pueden acogerse las alegaciones basadas,
por una parte, en la autonomía funcional de AEP respecto de ACEA que la Comisión constató en el marco de su apreciación de
la concentración y, por otra parte, en el concepto de unidad económica en los sectores de las prácticas colusorias y de las
concentraciones. En efecto, como señaló acertadamente el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 135, 137 y 138 de
la sentencia recurrida, el concepto de unidad económica en materia de ayudas de Estado puede ser distinto del que se aplica
en otros sectores del Derecho de la competencia.
En todo caso, ni una eventual autonomía funcional de AEP ni el concepto de unidad económica aplicable en los sectores de las
prácticas colusorias y de las concentraciones pueden poner en entredicho la circunstancia de que, habida cuenta principalmente
de la facultad de bloqueo de que dispone ACEA en las materias más importantes de la gestión de AEP, el Tribunal de Primera
Instancia pudo confirmar, en el presente asunto, la constatación efectuada por la Comisión del control conjunto ejercido por
ACEA sobre AEP y de la pertenencia de esta última a un todo coherente.
En segundo lugar, por lo que atañe a la alegación basada en la transmisión de la rama de empresa afectada a AEP en el marco
de una supuesta transmisión de activos («asset deal»), basta con señalar que las normas que regulan ese tipo de transacciones
no pueden aplicarse en circunstancias como las del presente asunto en el que ACEA ejercía un control conjunto de la rama de
empresa afectada y puede por tanto considerarse que forma parte de una unidad económica con AEP.
En tercer lugar, respecto de la alegación basada en la referencia que el Tribunal de Primera Instancia hace a la sentencia
Italia/Comisión, antes citada, de las apreciaciones efectuadas en los apartados 55 a 64 de la presente sentencia se desprende
que, incluso suponiendo que dicha referencia fuese errónea, como afirma AEP, el Tribunal de Primera Instancia podía no obstante
llegar a la conclusión de que ACEA y AEP forman una unidad económica. En consecuencia, dicha alegación es inoperante.
En cuarto lugar, por lo que respecta a la alegación de AEP según la cual la ayuda controvertida solo debería suspenderse a
prorrata de la cuota de capital que ACEA posee en AEP, basta con señalar que, por las razones expuestas en el apartado 61
de la presente sentencia, la Comisión y el Tribunal de Primera Instancia podían considerar que cualquier ayuda, incluso las
de menor cuantía, concedida a AEP podía beneficiar a ACEA.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar la segunda parte del primer motivo.
Sobre la tercera parte del primer motivo, basada en el carácter irracional y contradictorio de la motivación de la sentencia
recurrida
–       Alegaciones de las partes
AEP reprocha al Tribunal de Primera Instancia haberse limitado a acoger todas las alegaciones de la Comisión, sin darse cuenta
de que estas eran contradictorias y contenían un error manifiesto de apreciación.
En particular, AEP considera que, como el Tribunal de Primera Instancia reconoció que AEP está controlada por dos grupos distintos
y que, de esos dos grupos, Electrabel posee la mayor participación, resulta contradictorio, arbitrario y carente de lógica
sostener que AEP y ACEA dependen de un único centro de control, ya que una misma sociedad no puede lógicamente formar una
unidad económica con dos personas distintas.
Además, la consideración del Tribunal de Primera Instancia de que AEP carece de autonomía funcional dado que la comercialización
de la energía que produce está a cargo de AE Trading no va acompañada de ninguna explicación que aclare su alcance.
AEP considera que es irrealista e ilógico pensar, como ha hecho el Tribunal de Primera Instancia, que AceaElectrabel fue concebida
con el fin de eludir la normativa aplicable a las ayudas de Estado y que no incumbía a la Comisión probar el objetivo de elusión,
sino que para el razonamiento de la Comisión bastaba con constatar la transmisión y con exponer el riesgo que implicaba por
lo que atañe a las normas en materia de ayudas de Estado.
En opinión de AEP, el Tribunal de Primera Instancia incurrió también en contradicción, al considerar, en el apartado 140 de
la sentencia recurrida, que, para determinar la existencia de una unidad económica, procede tener en cuenta la participación
de la empresa de que se trata en un grupo de sociedades cuyo control ejerce directa o indirectamente una de ellas así como
la formación de un grupo único controlado por una entidad, mientras que constató que AEP estaba controlada por dos entidades
distintas.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la obligación de motivar la sentencia que incumbe al Tribunal General
en virtud de los artículos 36 y 53, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, no le obliga a elaborar una exposición
que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes del litigio. La motivación puede ser,
pues, implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por la que se adoptaron las medidas controvertidas
y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control jurisdiccional (sentencia de 2 de
abril de 2009, Bouygues y Bouygues Télécom/Comisión, C‑431/07 P, Rec. p. I‑2665, apartado 42, y auto de 21 de enero de 2010,
Iride e Iride Energia/Comisión, C‑150/09 P, apartado 42).
En el presente asunto, basta con constatar que el razonamiento seguido por el Tribunal de Primera Instancia es claro y comprensible
y que permite tanto a AEP como a Electrabel conocer las razones por las que el Tribunal de Primera Instancia desestimó el
motivo dirigido a que el Tribunal de Justicia dispusiera de los elementos suficientes para ejercer su control jurisdiccional.
En particular, procede subrayar que las supuestas incoherencias que AEP reprocha al Tribunal de Primera Instancia se refieren,
en realidad, a los mismos supuestos errores de Derecho que han sido ya examinados y desestimados en el marco de la segunda
parte del primer motivo y no a una falta de motivación.
En consecuencia, procede desestimar la tercera parte del primer motivo y, por tanto, el primer motivo en su conjunto.

Sobre el segundo motivo, relativo al alcance de la jurisprudencia TWD/Comisión
Sobre la primera parte del segundo motivo, basada en la deformación de los motivos del recurso de primera instancia
–       Alegaciones de las partes
AEP alega que el Tribunal de Primera Instancia, al afirmar, en el apartado 172 de la sentencia recurrida, que la Comisión
no estaba obligada a analizar, en la decisión anterior, las ayudas concedidas individualmente sobre la base de un régimen,
desvirtuó el tercer motivo del recurso con el que se alegaba que resulta necesario, para ordenar la recuperación de una ayuda
individual concedida sobre la base de un régimen, comprobar previamente la situación individual de cada empresa afectada.
En efecto, en opinión de AEP, es indispensable determinar con anterioridad a una orden de recuperación si y en qué medida
cada una de las empresas que pertenecen a la categoría afectada por dicho régimen se ha beneficiado de una ayuda incompatible
con las normas del Tratado CE. Pues bien, en el presente asunto no tuvo lugar dicha comprobación.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
Respecto de dichas pretensiones, basta con señalar, por una parte, que de una lectura de los puntos 23 a 28 del escrito de
demanda de primera instancia y de los apartados 147 a 151 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal de Primera
Instancia resumió fielmente las alegaciones formuladas por AEP y, por otra parte, que el Tribunal de Primera Instancia respondió
a dichas alegaciones en los apartados 164 a 181 de la sentencia recurrida.
En particular, del punto 25
in fine
del escrito de demanda de primera instancia se desprende que AEP alegaba en concreto que, para poder oponer a ACEA o a AEP
la ilegalidad de la ayuda anterior percibida por ACEA, la Comisión debería haber examinado en la decisión anterior la aplicación
de los regímenes de la ayuda anterior a ACEA, y que, al no haber procedido a dichos exámenes, no podía oponer dicha ilegalidad.
Por tanto, no puede reprocharse al Tribunal de Primera Instancia haber deformado el tercer motivo del recurso de primera instancia
cuando respondió a las alegaciones formuladas por AEP, principalmente al afirmar, en el apartado 172 de la sentencia recurrida,
que la Comisión no estaba obligada, en la decisión anterior, a analizar las ayudas concedidas individualmente sobre la base
de dichos regímenes.
Por consiguiente, debe desestimarse la primera parte del segundo motivo.
Sobre la segunda parte del segundo motivo, basada en errores de Derecho
–       Alegaciones de las partes
En primer lugar, AEP alega que la jurisprudencia TWD/Comisión que se refiere a la apreciación de los efectos de una acumulación
de ayudas respecto de una empresa solo puede aplicarse en relación con la misma empresa. Pues bien, afirma que demostró, en
el marco del primer motivo, que no podía considerarse que ACEA y ella misma formaran parte de una unidad económica. Por consiguiente,
sostiene que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error al confirmar la Decisión controvertida aplicando la mencionada
jurisprudencia.
En segundo lugar, AEP considera que el Tribunal de Primera Instancia debería haber comprobado, para demostrar que la ayuda
anterior acumulada a la ayuda controvertida podía tener efectos perjudiciales, que ACEA había recibido efectivamente una ayuda
ilegal, ya que ni la República Italiana ni la Comisión habían realizado dicha comprobación.
Dado que del razonamiento del Tribunal de Primera Instancia se desprende que el análisis que debía efectuar la Comisión tenía
que tomar en consideración los efectos que la ayuda producía en ACEA, el Tribunal de Primera Instancia transformó, en opinión
de AEP, la jurisprudencia TWD/Comisión en un nuevo requisito de compatibilidad no previsto por el Tratado y dirigido a sancionar
la no restitución de la ayuda anterior. En efecto, en lugar de tener en cuenta el eventual efecto de acumulación como elemento
de apreciación de la compatibilidad de la ayuda controvertida con el mercado común, el Tribunal de Primera Instancia aplicó
dicha jurisprudencia como un instrumento para que se reembolsara la ayuda anterior, garantizando que la sociedad beneficiaria
de la ayuda anterior no obtenga, hasta que se produzca dicho reembolso, de ninguna ventaja posterior, ni siquiera indirecta.
Pues bien, según AEP, el Tribunal de Primera Instancia no se pronunció sobre dicha objeción fundamental y la desestimó, en
el apartado 188 de la sentencia recurrida, afirmando a mayor abundamiento que se trataba de una mera hipótesis.
AEP subraya que en el momento en que se adoptó la Decisión controvertida, era imposible presumir la existencia de un efecto
de acumulación y evaluar su importancia. Cuando la Comisión examina un régimen de ayudas, elige entre examinar casos individuales
o limitarse a una apreciación general y abstracta. Si se decanta por esta última opción, sus medios para garantizar que el
Estado miembro de que se trata ejecuta la decisión se limitan a los recursos por incumplimiento, ya que la jurisprudencia
TWD/Comisión no le ofrece un instrumento de sanción alternativo.
En efecto, AEP considera que, dado que el objetivo de dicha jurisprudencia es evitar que el beneficiario de la nueva ayuda
pueda disfrutar de una ventaja excesiva en el mercado por no haber devuelto una ayuda anterior ilegal, la aplicación de esa
misma jurisprudencia requiere un examen concreto y detallado de las ventajas que derivan de la nueva ayuda y que dicho examen
se lleve a cabo haciendo referencia expresa a la posición de la empresa beneficiaria en el mercado de que se trata respecto
de sus competidores y de las corrientes de intercambios comunitarios.
De ese modo, AEP sostiene que, para poder suspender el pago de la nueva ayuda, la Comisión debe haber llegado a la conclusión
motivada de que los efectos de distorsión de la competencia y de los intercambios que derivan de la acumulación de las dos
ayudas, en los sectores de que se trata, conducen a considerar que los efectos negativos de la nueva ayuda son mayores que
los efectos positivos, imposibilitando de ese modo su autorización hasta que se restituya la primera ayuda.
Por consiguiente, sostiene que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho, en la medida en que consideró,
en el apartado 186 de la sentencia recurrida, que la jurisprudencia TWD/Comisión no requiere que la Comisión demuestre que
la acumulación de las dos ayudas puede afectar a los intercambios, sino que basta la mera hipótesis de un riesgo de ese tipo.
En tercer lugar, AEP considera que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al considerar que el Estado
miembro y la empresa beneficiaria de la ayuda nueva están obligados a aportar a la Comisión datos que demuestren la falta
de efecto acumulado de la ayuda nueva con las ayudas anteriores ilegales y no reembolsadas. En efecto, aunque el Estado miembro
de que se trata debe proporcionar a la Comisión datos que demuestren que una nueva ayuda es compatible con el mercado común,
ni dicho Estado miembro ni la empresa de que se trata deben, en opinión, de AEP, facilitar la prueba negativa de que la acumulación
de las ayudas controvertidas no produce ningún efecto en los intercambios.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, procede recordar, por una parte, que la alegación según la cual ACEA y AEP constituyen dos entidades económicas
distintas por lo que respecta a la ayuda anterior y a la ayuda controvertida ha sido desestimada en el marco del examen de
la segunda parte del primer motivo. Por otra parte, en el marco de dicho examen se ha señalado que, por tanto, el Tribunal
de Primera Instancia no incurrió en error de Derecho al determinar que la Comisión pudo considerar que la concesión de la
ayuda controvertida a AEP permitía a ACEA beneficiarse de la misma.
A continuación, hay que recordar que es reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia que la necesidad de evitar el efecto
acumulado de las ayudas no reembolsadas y de las ayudas proyectadas es la misma, tanto si se trata de ayudas individuales
como de ayudas basadas en un régimen de ayudas, y que la jurisprudencia TWD/Comisión permite a la Comisión supeditar la compatibilidad
de una ayuda a la restitución previa de las ayudas anteriores ilegales (véase, en ese sentido, el auto Iride e Iride Energia/Comisión,
antes citado, apartados 49, 50 y 70).
En efecto, por una parte, la Comisión debe, en su caso, tomar en consideración el eventual efecto acumulado de las ayudas
anteriores ilegales no restituidas y de las nuevas ayudas (véase, en ese sentido, la sentencia de 15 de mayo de 1997, TWD/Comisión,
antes citada, apartados 26 y 27), y, por otra parte, solo puede constatar la compatibilidad con el mercado común de las nuevas
ayudas cuando los elementos a su disposición le permiten llegar a esa conclusión (véase, en ese sentido, el auto Iride e Iride
Energia/Comisión, antes citado, apartado 70).
En el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia determinó, por una parte, que la Comisión disponía de elementos que
indicaban que ACEA se había beneficiado de la ayuda anterior y, por otra parte, que no disponía de elementos que le permitieran
llegar a la conclusión de que no existía efecto de acumulación ilegal e incompatible con el mercado común de la ayuda anterior
y de la ayuda controvertida.
Pues bien, como recuerda acertadamente el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 187 de la sentencia recurrida, de la
jurisprudencia TWD/Comisión se desprende que, cuando la Comisión decide incoar un procedimiento de investigación formal, corresponde
al Estado miembro y al beneficiario potencial de una ayuda nueva aportar a la Comisión datos que permitan demostrar que dicha
ayuda es compatible con el mercado común y que dicha obligación se extiende también a la necesidad de establecer la falta
de efecto acumulado de la ayuda nueva con las ayudas anteriores ilegales, incompatibles con el mercado común y no reembolsadas.
Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia determinó acertadamente que como la decisión anterior se refería a un régimen
de ayudas y no a ayudas individuales, con lo que incumbía a la República Italiana determinar los importes que debían restituir
los beneficiarios de dicho régimen, correspondía a dicho Estado miembro, a ACEA y a AEP comunicar a la Comisión, en el marco
del procedimiento que dio lugar a la Decisión controvertida, los importes que debían restituirse y, en su caso, los restituidos
correspondientes a la ayuda anterior con el fin de demostrar la eventual inexistencia de una acumulación de ayudas ilegal.
Pues bien, como no se comunicaron esos datos a la Comisión, no puede reprocharse al Tribunal de Primera Instancia que considerara
que en el presente asunto no incumbía a la Comisión determinar con precisión el importe de la ayuda anterior percibida por
ACEA antes de suspender el pago de la ayuda controvertida sobre la base de la jurisprudencia TWD/Comisión.
Por último, dado que con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia basta con que la Comisión establezca que las
ayudas controvertidas puedan afectar a los intercambios entre los Estados miembros y falsear la competencia (auto Iride e
Iride Energia/Comisión, antes citado, apartado 72), el Tribunal de Primera Instancia consideró acertadamente que en el presente
asunto no incumbía a la Comisión examinar en concreto y detalladamente las ventajas que derivan de la ayuda controvertida
refiriéndose específicamente a la posición de AEP y de ACEA en el mercado de que se trata en relación con sus competidores
y a las corrientes de intercambios comunitarios.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede declarar que el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia no
contiene ningún error de Derecho y que, por tanto, procede desestimar la segunda parte del segundo motivo.
Sobre la tercera parte del segundo motivo, basada en el carácter contradictorio e insuficiente de la motivación de la sentencia
recurrida
–       Alegaciones de las partes
AEP señala que el Tribunal de Primera Instancia reconoce, en el apartado 179 de la sentencia recurrida, que no puede afirmar
con certeza que ACEA haya recibido una ayuda incompatible con las normas del Tratado. Por tanto, AEP no entiende que, en el
apartado siguiente de dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia considerase que el hecho de que en el informe financiero
de ACEA se mencione un eventual riesgo de reembolso de una determinada cantidad sea suficiente para el razonamiento de la
Comisión.
AEP considera que el apartado 186 de la sentencia recurrida es oscuro y que el apartado 187 de la misma es inexplicable y
carece de motivación. Por otra parte, el apartado 188 de dicha sentencia no está motivado.
A este respecto, AEP añade que, en la medida en que el razonamiento desarrollado por el Tribunal de Primera Instancia en esos
apartados supone que la Comisión no había recibido de la República Italiana la información necesaria para llevar a cabo el
examen, el Tribunal de Primera Instancia debería haber respondido a la alegación desarrollada durante la vista según la cual,
en un caso de ese tipo, la Comisión no puede pronunciarse sobre la base de los únicos datos de que dispone, sino que debe
seguir el procedimiento previsto en el artículo 5 del Reglamento nº 659/1999. Pues bien, según AEP, el Tribunal de Primera
Instancia no respondió a dicha alegación.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
En el apartado 77 de la presente sentencia se ha recordado que la obligación de motivar las sentencias que incumbe al Tribunal
General no le obliga a responder de modo explícito a todos los razonamientos articulados por las partes y que la motivación
es suficiente cuando permite a los interesados conocer las razones por las que se han adoptado las medidas de que se trata
y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control jurisdiccional.
En el presente asunto, basta, por una parte, constatar que el razonamiento seguido por el Tribunal de Primera Instancia es
claro y comprensible y que permite tanto a AEP y a Electrabel conocer las razones por las que el Tribunal de Primera Instancia
desestimó el motivo de que se trata como al Tribunal de Justicia disponer de elementos suficientes para ejercer su control
jurisdiccional.
En particular, el Tribunal de Primera Instancia explicó, en el apartado 180 de la sentencia recurrida, las razones por las
que, en su opinión, la Comisión podía considerar, pese a las alegaciones de AEP examinadas en el apartado 179 de dicha sentencia,
que ACEA se había beneficiado de una ayuda anterior ilegal. Además, de los apartados 186 a 188 de la sentencia recurrida se
desprende que el Tribunal de Primera Instancia expuso en los mismos su interpretación de la jurisprudencia TWD/Comisión.
Por otra parte, de los autos se desprende que AEP formuló la alegación mencionada en el apartado 106 de la presente sentencia
no durante el procedimiento escrito ante el Tribunal de Primera Instancia, sino por primera vez en la vista ante dicho órgano
judicial como ella misma reconoce. En dichas circunstancias, procede considerar que se trata de una imputación nueva dirigida
a la anulación de la Decisión controvertida.
A este respecto, de los autos se desprende que dicha alegación no constituía una ampliación de una alegación formulada anteriormente,
de modo directo o implícito, en el escrito de interposición del recurso y estrechamente relacionada con esta. Pues bien, con
arreglo al artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, no podrán invocarse motivos nuevos
en el curso del proceso, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento
(véase, en ese sentido, la sentencia de 12 de noviembre de 2009, SGL Carbon/Comisión, C‑564/08 P, Rec. p. I‑191, apartados
20 a 34).
Por tanto, como la alegación mencionada en el apartado 106 de la presente sentencia no se basa en elementos nuevos revelados
en el curso del procedimiento, no puede reprocharse al Tribunal de Primera Instancia que no respondiera explícitamente a dicha
alegación.
Por otra parte, en la medida en que AEP formuló dicha alegación por primera vez en el procedimiento escrito ante el Tribunal
de Justicia, es de reiterada jurisprudencia que permitir que una de las partes invoque por primera vez ante el Tribunal de
Justicia un motivo que no ha invocado ante el Tribunal de Primera Instancia equivaldría a permitirle plantear al Tribunal
de Justicia un litigio más extenso que aquél del que conoció el Tribunal. En el marco de un recurso de casación, la competencia
del Tribunal de Justicia está, en principio, limitada al examen de la apreciación efectuada por el Tribunal General de los
motivos que se debatieron ante él (véase, en particular, la sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión,
C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237, apartado 38, y auto Iride e Iride Energia/Comisión, antes citado, apartado 32).
En consecuencia, procede desestimar la tercera parte del segundo motivo y, por tanto, el segundo motivo en su totalidad.
De ello deriva que procede desestimar el recurso de casación en su totalidad.

Costas
A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento
de casación en virtud del artículo 118 del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así
lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado la Comisión que se condene a AEP y al haber sido desestimados los
motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas. Por otra parte, al haber sido desestimados los motivos formulados
por Electrabel, procede condenarla a cargar con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:
1)
Desestimar el recurso de casación.
2)
AceaElectrabel Produzione SpA cargará, además de con sus propias costas, con las causadas por la Comisión Europea.
3)
Electrabel SA cargará con sus propias costas.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: italiano.