CELEX: 61986CJ0305
Política comercial común
Derechos antidumping sobre las importaciones de motores eléctricos

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 4 de diciembre de 1986, la sociedad alemana Neotype Techmashexport GmbH (en lo sucesivo, «Neotype»), con arreglo al párrafo 2 del artículo 173 del Tratado CEE, solicitó la anulación del artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 3019/86 de la Comisión, de 30 de septiembre de 1986, por el que se establece un derecho antidumping provisional respecto a las importaciones de motores eléctricos polifásicos normalizados con una potencia superior a 0,75 kW hasta 75 kW inclusive (en lo sucesivo, «motores eléctricos»), originarios de Bulgaria, Hungría, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (
DO L 280, p. 68
; en lo sucesivo, «Reglamento provisional»), en la medida en que este artículo afecta a la importación por parte de la demandante de motores eléctricos originarios de la Unión Soviética (asunto C-305/86).
Mediante auto de 8 de mayo de 1987, este Tribunal de Justicia admitió la intervención del Groupement des industries de matériels d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associée (en lo sucesivo, «Gimelec») en el asunto 305/86, en apoyo de las pretensiones de la parte demandada.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 1 de junio de 1987, Neotype interpuso un recurso, con arreglo al párrafo 2 del artículo 173 del Tratado CEE, solicitando la anulación de los artículos 1 y 2 del Reglamento (CEE) n° 864/87 del Consejo, de 23 de marzo de 1987, por el que se establece un derecho antidumping definitivo respecto de las importaciones de motores eléctricos polifásicos normalizados con una potencia superior a 0,75 kW hasta 75 kW inclusive, originarios de Bulgaria, Hungría, Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia y la Unión Soviética, y por el que se establece la percepción definitiva de los importes garantizados en concepto de derecho provisional (
DO L 83, p. 1
; en lo sucesivo, «Reglamento definitivo»), en la medida en que estas disposiciones afectan a la importación por parte de la demandante de motores eléctricos originarios de la Unión Soviética y establece la percepción definitiva de los importes depositados en garantía por la demandante (asunto C-160/87).
Mediante autos de 30 de septiembre y 15 de octubre de 1987, respectivamente, este Tribunal de Justicia admitió la intervención de Gimelec y de la Comisión de las Comunidades Europeas en el asunto C-160/87, en apoyo de las pretensiones de la parte demandada.
Mediante auto de este Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1987, se acumularon los asuntos C-305/86 y C-160/87 a efectos de la fase oral y de la sentencia.
Neotype es una sociedad cuyas actividades se refieren, entre otras cosas, a la importación de motores eléctricos originarios de la Unión Soviética y exportados por la sociedad soviética Energomachexport, que es uno de los accionistas de Neotype.
En octubre de 1985, Gimelec, apoyado por otras cuatro asociaciones nacionales de electrónica, planteó a la Comisión, con arreglo al artículo 14 del Reglamento (CEE) n° 2176/84 del Consejo, de 23 de julio de 1984, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Económica Europea (
DO L 201, p. 1
; EE 11/21, p. 3), una solicitud de reconsideración de determinadas medidas antidumping. Esta solicitud tenía por objeto la reconsideración de las decisiones por las que las instituciones habían aceptado los compromisos de precios suscritos por los exportadores interesados, en el marco de un procedimiento antidumping anterior relativo a las importaciones de motores eléctricos originarios de Bulgaria, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia, Hungría y la Unión Soviética.
El 30 de septiembre de 1986, el Consejo y la Comisión denunciaron los citados compromisos y la Comisión, mediante el citado Reglamento n° 3019/86, del mismo día, estableció un derecho provisional sobre las importaciones de motores eléctricos originarios, entre otros países, de la Unión Soviética.
El 23 de marzo de 1987, el Consejo adoptó el citado Reglamento n° 864/87, por el que se establece un derecho antidumping definitivo respecto de las importaciones mencionadas y se establece la percepción definitiva de los importes garantizados en concepto de derecho provisional.
Para una más amplia exposición de los hechos, del desarrollo del procedimiento, así comode los motivos y alegaciones de las partes, esta Sala se remite al informe para là vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre el recurso dirigido contra el Reglamento provisional (asunto C-305/86)
La Comisión, apoyada por la parte coadyuvante Gimelec, se opone a la admisibilidad del recurso dirigido contra el Reglamento provisional.
Con carácter preliminar, procede señalar que esta cuestión es independiente de la posibilidad de alegar que sea contrario a Derecho el Reglamento provisional como causa para que lo sea también el Reglamento definitivo.
Por lo que respecta al interés de Neotype de impugnar el Reglamento provisional procede reconocer que, como los importes garantizados con carácter de derecho antidumping provisional fueron percibidos, en virtud del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento definitivo, al tipo del derecho establecido con carácter definitivo, Neotype no puede alegar efecto jurídico alguno derivado del Reglamento provisional (véanse las sentencias de 5 de octubre de 1988, Brother contra Comisión,
56/85, Rec. 1988, p. 5655, apartado 6
; y Technointorg contra Comisión y Consejo, asuntos acumulados
294/86 y 77/87, Rec. 1988, p. 6077, apartado 12
).
Por lo que respecta al interés de Neotype en que se declare la nulidad del Reglamento provisional para reclamar una indemnización de daños y perjuicios, procede observar que Neotype, como los importes garantizados con arreglo al Reglamento provisional fueron percibidos en virtud del Reglamento definitivo, podría alegar que éste era contrario a Derecho en apoyo de una demanda de daños y perjuicios producidos por el Reglamento provisional. Efectivamente, en esta medida, el Reglamento definitivo sustituye al provisional; así pues, la conformidad a Derecho de este último no puede tener incidencia en el fundamento de una reclamación de indemnización.
Por lo que respecta a los importes garantizados que fueron liberados por ser el tipo del derecho definitivo inferior al tipo del derecho provisional, procede subrayar que el interés de Neotype en que se declare la nulidad del Reglamento provisional para reclamar daños y perjuicios sólo puede reconocerse en la medida en que Neotype se refiera a un perjuicio relacionado con dichos importes garantizados. A este respecto procede declarar que Neotype no ha precisado en ninguna fase del procedimiento ante el Tribunal de Justicia que sufriera cualquier tipo de perjuicio a causa de la aplicación del Reglamento impugnado.
En estas circunstancias, procede concluir que la parte demandante no justifica un interés para ejercitar la acción con respecto al recurso dirigido contra el Reglamento provisional. Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad del recurso, sin que proceda considerar las alegaciones fundadas en la naturaleza del Reglamento provisional.
Sobre el recurso dirigido contra el Reglamento definitivo (asunto C-160/87)
Admisibilidad
En sus observaciones, la parte coadyuvante Gimelec sostiene que el recurso interpuesto por Neotype contra el Reglamento definitivo no puede admitirse por cuanto las comprobaciones contenidas en este Reglamento, relativas a la existencia de una práctica de dumping, no afectan directamente a la demandante, ya que el margen de dumping para las mercancías exportadas se había fijado en función de los precios practicados por el exportador interesado y no en función de los precios de reventa practicados por la demandante.
Por tratarse de una causa de inadmisión de la demanda por motivos de orden público, que procede examinar de oficio en virtud del apartado 2 del artículo 92 del Reglamento de Procedimiento, no procede examinar la cuestión de si una parte coadyuvante puede plantear una excepción de inadmisibilidad que no fue planteada por la parte cuyas pretensiones apoya.
Procede recordar que, con arreglo a reiteradajurisprudencia de este Tribunal de Justicia, los reglamentos que establecen un derecho antidumping, aunque por su naturaleza y alcance tengan carácter normativo, afectan directa e individualmente, entre otros, a aquellos importadores cuyos precios de reventa de las mercancías de que se trata constituyan la base del cálculo del precio de exportación, con arreglo a la letra b) del apartado 8 del artículo 2 del Reglamento n° 2176/84, en el supuesto de asociación entre el exportador y el importador (véanse las sentencias de 29 de marzo de 1979, ISO contra Consejo,
118/77, Rec. 1979, p. 1277, apartado 16
; y 21 de febrero de 1984, Allied Corporation contra Comisión, asuntos acumulados
239/82 y 275/82, Rec. 1984, p. 1005, apartados 11 y 15
; así como los autos del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1987, Sermes contra Comisión,
279/86, Rec. 1987, p. 3109, apartados 14 a 16
, y Frimodt Pedersen contra Comisión,
301/86, Rec. 1987, p. 3123, apartados 14 a 16
).
Las consideraciones en las que se basa esta doctrina jurisprudencial son válidas también en el supuesto de que no sea la existencia de una práctica de dumping lo que se compruebe en función de los precios de reventa de los importadores, sino el cálculo del mismo derecho antidumping. Según la letra a) del apartado 4 del artículo 1 del Reglamento definitivo, el precio unitario neto franco frontera de la Comunidad, en función del que se determina el importe del derecho antidumping que se debe pagar en su caso, corresponde, para los importadores asociados, al valor en aduana en el sentido del artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 1224/80 del Consejo, de 28 de mayo de 1980, relativo al valor en aduana de las mercancías (
DO L 134, p. 1
; EE 02/06, p. 224). Según esta disposición, el valor en aduana se basa esencialmente en el precio al que el importador interesado vende las mercancías importadas a personas que no están vinculadas con el vendedor. Por tanto, los importadores asociados pueden influir en el importe del derecho que se haya de pagar, mediante los precios de reventa que apliquen a los productos de que se trata frente a compradores independientes.
En estas circunstancias, procede declarar que Neotype, asociada al exportador de mercancías de que se trata, Energomachexport, y a la que se aplicó el método de cálculo antes citado con arreglo a la letra b) del apartado 4 del artículo 1 del Reglamento definitivo, está directa e individualmente afectada por este Reglamento.
De lo anterior se deduce que procede admitir el recurso interpuesto por Neotype en el asunto C-160/87.
Sobre el fondo
Neotype alega los motivos siguientes frente al Reglamento definitivo:
—
Cálculo erróneo del valor normal, en particular teniendo en cuenta la elección del país de referencia.
—
Insuficiente motivación de la elección del país de referencia.
—
Error en la determinación del perjuicio.
—
Método contrario a Derecho de determinar el derecho antidumping.
—
Inadmisibilidad de la percepción definitiva de los importes garantizados con carácter de derecho provisional.
Sobre el motivo basado en el cálculo erróneo del valor normal
En su primer motivo Neotype alega que Yugoslavia, elegida como país de referencia para establecer el valor normal, no es un país de economía de mercado en el sentido del apartado 5 del artículo 2 del Reglamento n° 2176/84, por el hecho de existir un sistema de control de precios, en particular de los precios de los motores eléctricos, que los mantiene a un nivel artificialmente alto.
A este respecto procede declarar que el apartado 5 del artículo 2 del Reglamento n° 2176/84 prevé que, en el caso de importaciones procedentes de países que no tienen una economía de mercado, el valor normal se determine de una manera adecuada y no irrazonable basándose esencialmente en el precio efectivamente pagado por un producto similar en un país de economía de mercado.
Procede recordar que el objeto de la citada disposición es evitar que se tomen en cuenta precios y costes en países que no tienen economía de mercado, es decir, que no son la resultante normal de las fuerzas que se ejercen en el mercado (véase el apartado 29 de la citada sentencia de 5 de octubre de 1988, Technointorg).
A continuación, procede observar que el citado apartado 5 del artículo 2 califica de países que no tienen economía de mercado, en particular, a aquellos países en los que se aplica el Reglamento (CEE) n° 1765/82, de 30 de junio de 1982, relativo al régimen común aplicable a las importaciones de países de comercio de Estado (
DO L 195, p. 1
; EE 11/15, p. 249), y que Yugoslavia no se encuentra entre los países que contempla este Reglamento.
Así pues, procede examinar si en este país el comercio de motores eléctricos es objeto de un monopolio completo o casi completo o si todos los precios interiores son fijados por el Estado. Ahora bien, Yugoslavia no cumple estos dos requisitos. Como indica el apartado 5 del Reglamento definitivo, cuya exactitud no ha sido negada por Neotype, existen en Yugoslavia al menos tres empresas que comercializan motores eléctricos unto en el mercado interior como en el mercado comunitario. Además, según los documentos anexos al recurso, en aquella época no existía ningún sistema general de fijación de los precios en Yugoslavia y, en cualquier caso, dicho sistema no existía en el sector de los motores eléctricos.
Por consiguiente, debe desestimarse la alegación de Neotype de que Yugoslavia no es un país de economía de mercado a erectos del apartado 5 del artículo 2 del Reglamento citado.
Neotype mantiene, además, que los precios yugoslavos no constituyen una base de comparación adecuada y razonable por ser el tamaño de este mercado insuficiente, en particular con relación a los mercados de los países de referencia elegidos para adoptar las medidas antidumping anteriores, y que en Yugoslavia no existen prácticamente importaciones que puedan crear alguna competencia.
Este razonamiento no puede aceptarse. El tamaño del mercado interior no es, en principio, un elemento que pueda tomarse en consideración en la elección de un país de referencia a efectos del citado apartado 5 del artículo 2, puesto que durante el período de investigación existe un número suficiente de transacciones para garantizar la representatividad de este mercado con relación a las exportaciones de que se trata. En este contexto, procede recordar que en la sentencia de 5 de octubre de 1988 (Brother,
250/85, Rec. 1988, p. 5683, apartados 12 y 13
) este Tribunal de Justicia no admitió la impugnación de la práctica de las instituciones consistente en fijar el umbral de representatividad del mercado interior, a efectos del cálculo del valor normal según el apartado 3 del artículo 2 del Reglamento n° 2176/84, en un 5 % de las exportaciones de que se trata. Ni en los autos ni en los debates celebrados ante este Tribunal de Justicia se ha probado que el mercado yugoslavo no fuera representativo en el sentido citado.
Por lo que respecta a la alegada falta de importaciones de motores eléctricos en Yugoslavia, procede declarar que este hecho no basta para negar la aptitud del mercado yugoslavo para servir de referencia, dado que existe en él una situación de competencia suficiente para garantizar la representatividad de los precios practicados. Durante el período considerado, en el mercado yugoslavo existían tres productores de motores eléctricos. Aunque los precios practicados por estas empresas en el mercado interior fueran más o menos idénticos, como pretende Neotype, esta circunstancia no basta por sí sola para concluir que no existía competencia, pues la posible semejanza de los precios podía explicarse por factores distintos del control de precios ejercido por el Estado.
Por otra parte, procede señalar que el hecho de haber determinado el valor normal basándose en los precios practicados en el mercado yugoslavo ha llevado a fijar un margen de dumping, para los motores eléctricos originarios de la Unión Soviética, sensiblemente inferior al que se había establecido en el Reglamento provisional y que el nivel de estos precios era, por tanto, menos elevado en todo caso que el de los precios practicados en el mercado sueco.
En estas circunstancias, no puede considerarse que el Consejo haya sobrepasado el margen de apreciación concedido a las instituciones por el citado apartado 5 del artículo 2 al elegir a Yugoslavia como país de referencia.
Neotype sostiene a continuación que, al calcular el valor normal, el Consejo no tuvo en cuenta la tasa de inflación yugoslava, que había alcanzado el 80 % en 1985.
En respuesta a una pregunta planteada sobre este punto por este Tribunal de Justicia, el Consejo y la Comisión expusieron que en el Reglamento definitivo se había calculado el valor normal basándose en la media ponderada de los precios de venta interiores practicados por los fabricantes yugoslavos durante el año de referencia de 1985. La diferencia entre los tipos de inflación de la Comunidad y Yugoslavia se repercutió en las fluctuaciones del tipo de cambio ecu-dinar, que había sufrido un aumento del 78,7 %.
Procede declarar que, al elegir dicho método para tomar en consideración la tasa de inflación en el país de referencia, el Consejo no sobrepasó el margen de apreciación que se reconoce a las instituciones en la valoración de situaciones económicas complejas como la del presente caso. Por otra parte, Neotype no ha aportado ningún elemento para demostrar que este método no permite tener en cuenta adecuadamente la usa de inflación yugoslava durante el período de investigación.
Por consiguiente, là queja de Neotype relativa a la ignorancia de la tasa de inflación yugoslava no está fundada.
Por ùltimo, Neotype alega que el tipo de cambio oficial del dinar yugoslavo elegido por el Consejo a efectos del cálculo del margen de dumping no correspondía al valor real de esta divisa, pues los bancos de la Comunidad sólo pagaban 0,15 a 0,17 DM por 100 dinares, mientras que el curso oficial de compra era de 0,27 DM.
A este respecto procede recordar que, en la sentencia de 7 de mayo de 1987 (Ñachi Fujikoshi contra Consejo,
255/84, Rec. 1987, p. 1861, apartado 53
), el Tribunal de Justicia resolvió que, para determinar un margen de dumping, las instituciones pueden tener en cuenta los tipos de cambio oficiales con arreglo a los cuales se efectúan las transacciones del comercio internacional.
Las alegaciones presentadas por Neotype no pueden poner en tela de juicio la validez del método aplicado en el presente caso para el cálculo del valor normal. Por un lado, los tipos de cambio a los que se refiere la demandante no se aplican a las transacciones comerciales entre la Comunidad y Yugoslavia, sino que representan tipos de compra de los billetes de banco practicados por los bancos de la República Federal de Alemania. Por otra parte, no existe ningún motivo para aplicar el citado método, como, por lo demás, reconoció la demandante en su respuesta escrita a una pregunta del Tribunal de Justicia, para definir el valor normal aplicable a las exportaciones yugoslavas, mientras que debe elegirse un método de cálculo diferente para los exportadores de los países de comercio de Estado afectados por el Reglamento definitivo.
Así pues, el razonamiento de Neotype relativo a los tipos de cambio del dinar elegidos por el Consejo no puede aceptarse.
De lo antedicho se deduce que no debe aceptarse el motivo basado en el pretendido cálculo erróneo del valor normal.
Sobre el motivo basado en h insuficiente motivación de h elección del país de referen-ña
Neotype considera que la elección de Yugoslavia como país de referencia para la determinación del valor normal no está suficientemente motivada.
A este respecto procede recordar que, con arreglo a reiterada jurisprudencia de este Tribunal de Justicia (véanse, en particular, las sentencias de 7 de mayo de 1987, Ñachi Fujikoshi contra Consejo, citada, apartado 39, y de 14 de marzo de 1990, Gestetner contra Comisión, C
-156/87, Rec. 1990, p. I-781, apartado 69
), la motivación exigida por el artículo 190 del Tratado debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la autoridad comunitaria de la que emane el acto impugnado, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el Tribunal de Justicia ejercer su control.
Este requisito se ha cumplido en el presente caso. La elección de Yugoslavia como país de referencia es objeto de la parte C de la exposición de motivos del Reglamento definitivo y, en especial, de su apartado 8. En él se expone, entre otras cosas, que la Comisión, después del establecimiento del derecho provisional y en el contexto del procedimiento antidumping paralelo relativo a los motores eléctricos originarios de Yugoslavia, procedió a comprobar los precios practicados por tres productores-exportadores yugoslavos en el mercado interior. Además, el Consejo declara que Yugoslavia es un país de economía de mercado y que el hecho de fijar el valor normal de los productos vendidos en los países de comercio de Estado de que se trata basándose en los precios del mercado yugoslavo permitió garantizar la igualdad de trato de todos los exportadores implicados en los dos procedimientos en curso.
Así pues, el motivo deducido por Neotype de una insuficiente motivación de la elección de Yugoslavia como país de referencia debe ser desestimado.
Sobre el motivo basado en el error en h determinación del perjuicio
Neotype sostiene que el Consejo cometió errores manifiestos al determinar el perjuicio. Al comparar solamente las cifras de importación de los años 1982 a 1985, el Consejo no tuvo en cuenta la considerable reducción de las importaciones observada durante el período anterior, es decir, de 1977 a 1981. Además, la cuota de mercado de las importaciones procedentes de los países contemplados por el Reglamento definitivo disminuyó, entre 1982 y 1985, en un 13 % y, en relación con 1978, hasta en un 27,5 %.
Por lo que respecta a la primera alegación presentada por Neoţype, procede recordar que el procedimiento antidumping que llevó a la adopción del Reglamento definitivo se había abierto a consecuencia de una petición de reconsideración formulada por las asociaciones de fabricantes comunitarios afectados. Esta investigación tenía por objeto comprobar si los compromisos suscritos por los exportadores de los países afectados y aceptados por las instituciones durante un procedimiento antidumping anterior continuaban siendo suficientes para eliminar el perjuicio producido por las importaciones objeto de dumping. Las cifras de las importaciones realizadas antes de 1982 ya se habían pues tomado en consideración en el marco de dicho procedimiento antidumping anterior. Por consiguiente, no procedía utilizarlas para estudiar la situación posterior a 1982.
Por lo que respecta a la disminución de la cuota de mercado de los motores eléctricos importados, alegada por Neotype, procede señalar que, conforme al apartado 2 del artículo 4 del Reglamento n° 2176/84, el examen del perjuicio deberá incluir un conjunto de factores, teniendo en cuenta que ninguno de ellos por separado constituirá necesariamente una base de juicio determinante.
En el presente caso, el Consejo, aun reconociendo que la cuota de mercado de las importaciones de que se trata pasó del 23 % en 1982 al 19,6 % en 1985, determinó el perjuicio en función de diversos factores enumerados en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento n° 2176/84. Así, como indica el apartado 25 del Reglamento provisional al que se refiere el apartado 19 del Reglamento definitivo, el volumen de las importaciones de motores eléctricos procedentes de los países de que se trata pasó de 716000 unidades en 1982 a 748300 unidades en 1985, después de haber descendido hasta 604000 y 689500 unidades respectivamente en 1983 y 1984. Además, en los apartados 21 a 24 del Reglamento definitivo se hace constar una reducción nada despreciable de los precios de coste, al igual que de los precios de venta de los fabricantes comunitarios, en función de los precios de reventa de los motores eléctricos importados. A continuación el Consejo, en los apartados 25 y 26 del Reglamento impugnado, declara que, a pesar del incremento de las ventas y de la producción desde 1982, los fabricantes comunitarios de motores eléctricos sufrieron pérdidas de explotación que variaron entre el 2 y el 25 °/o del precio de coste, a excepción de sólo dos empresas, una de las cuales está situada en un Estado miembro donde la penetración de las importaciones de que se trata es muy pequeña. Por último, en el apartado 26 del Reglamento definitivo se expone que los empleos directamente afectados por la producción de motores eléctricos en la Comunidad continuaron disminuyendo entre 1982 y 1985.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, cuya exactitud no fue negada por Neotype, no se puede admitir que al afirmar la existencia de un importante perjuicio causado a los productores comunitarios por las importaciones de que se trata, a pesar de la disminución de su cuota de mercado en la medida antes citada, el Consejo ha sobrepasado los límites de su facultad de apreciación.
Neotype sostiene, además, que el Consejo no habría debido calcular la cuota de mercado de los motores eléctricos procedentes de los países interesados basándose en las cifras de las importaciones, sino en las de ventas en la Comunidad, cuyo número es más reducido que el de las importaciones, a causa de la duración del almacenamiento.
A este respecto basta comprobar que una posible divergencia entre las cifras de las importaciones y de las ventas, provocada por la necesidad de mantener existencias en la Comunidad, sólo representa un problema temporal que corresponde a la fase de formación de las existencias, pero no se puede admitir razonablemente que a largo plazo la cantidad de motores eléctricos importados sobrepase de modo sensible la cantidad de ventas de los mismos. En vista de que los motores eléctricos procedentes de los países afectados ya fueron vendidos en la Comunidad en cantidades considerables durante los años 70 y de que, por tanto, la formación de existencias debía haberse terminado, no se puede reprochar al Consejo haber calculado la cuota de mercado durante el período de investigación basándose en las importaciones.
Visto lo que precede, procede desestimar el motivo basado en la pretendida determinación errónea del perjuicio.
Sobre el motivo basado en el método contrario a Derecho de fijación del derecho antidumping
Mediante su cuarto motivo, Neotype alega que el Reglamento n° 2176/84 no autoriza al Consejo a fijar, respecto a los importadores asociados, un derecho antidumping variable en función de la diferencia entre el precio mencionado en el anexo del Reglamento impugnado y el valor en aduana determinado conforme al artículo 6 del citado Reglamento n° 1224/80.
Con arreglo a la letra a) del apartado 1 del artículo 6 de dicho Reglamento, el valor en aduana de las mercancías importadas se basará, en primer lugar, en el precio unitario correspondiente a las ventas de las mercancías importadas, o de las mercancías idénticas o similares importadas, a personas que no estén vinculadas con los vendedores en el momento de la importación de las mercancías objeto de valoración o en un momento muy cercano. Cuando estas ventas no hayan tenido lugar, el valor en aduana se basará, a tenor de la letra b) del apartado 1 de esta disposición, en el precio unitario al que las mercancías importadas, o mercancías idénticas o similares importadas, se vendan en la Comunidad, en la fecha posterior más próxima a la importación de las mercancías objeto de valoración, pero dentro de los 90 días a partir de dicha importación.
Por lo que respecta a este motivo, procede recordar en primer lugar que, en virtud del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento n° 2176/84, los reglamentos que establecen un derecho antidumping indicarán en particular el importe y el tipo de derecho establecido, así como otros varios aspectos. De esta disposición se deriva que las instituciones son libres de elegir, dentro de los límites de su margen de apreciación, entre los diferentes tipos de derechos.
Como indica el apartado 38 del Reglamento impugnado, el Consejo, preocupado por la transparencia, eficacia e incitación de los exportadores a aumentar sus precios, decidió establecer un derecho variable calculado en función de la diferencia entre un precio mínimo y el precio al primer comprador independiente. Además, el Consejo consideró necesario, en función de los importadores vinculados a un exportador, basar el cálculo de un posible derecho antidumping en el precio al primer comprador no vinculado al exportador, determinado con arreglo al artículo 6 del Reglamento n° 1224/80.
Al proceder de este modo, el Consejo no sobrepasó los límites de su facultad de apreciación, puesto que un derecho variable es, en general, más favorable a los operadores económicos interesados, por permitir evitar toda percepción de derechos antidumping, a condición, no obstante, de que las importaciones se efectúen a precios situados por encima del precio mínimo fijado.
Por lo que respecta a la determinación del precio al primer comprador independiente, procede declarar que la letra b) del apartado 8 del artículo 2 del Reglamento n° 2176/84 reconoce que a efectos de examen de una práctica alegada de dumping no puede servir de referencia el preció de exportación pagado o por pagar por un importador asociado con el exportador. Esta disposición prevé que, en ese caso, el precio de exportación podrá calcularse basándose en el precio al que el producto importado se revenda por primera vez a un comprador independiente. Las mismas incertidumbres que con respecto a las transacciones entre las partes asociadas se producen en el presente caso con respecto a la determinación del precio unitario neto franco frontera de la Comunidad, en función del que varía el importe del derecho antidumping.
El propio Reglamento n° 1224/80 prevé, por lo demás, en la letra b) del apartado 2 del artículo 3, que, a efectos de determinación del valor de aduana en una venta entre personas vinculadas, sólo se aceptará el valor de transacción si se aproxima mucho a algunos de los valores establecidos en función de elementos distintos a los correspondientes a la transacción de que se trata. Uno de los valores de referencia que indica esta disposición [inciso ii)] es el valor en aduana de mercancías idénticas o similares determinado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 de dicho Reglamento.
En estas circunstancias, no se puede reprochar al Consejo que haya fijado para los importadores vinculados, entre los que se encuentra Neotype, el importe del derecho antidumping variable en función del valor en aduana, a efectos del artículo 6 del Reglamento n° 1224/80.
Neotype alega, además, que el método de cálculo subsidiario mencionado en la letra a) del apartado 4 del artículo 1 del Reglamento definitivo, es decir, la determinación del precio neto franco frontera basándose en el valor en aduana en el sentido del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento n° 1224/80, no es bastante preciso y viola el principio de claridad de los actos administrativos.
Esta disposición prevé que:
«Si el valor en aduana de las mercancías importadas no se pudiere determinar aplicando los artículos 3, 4, 5, 6, o 7, se determinará por medios razonables, compatibles con los principios y disposiciones generales del Acuerdo y del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y a partir de los datos disponibles en la Comunidad.»
Habida cuenta de las garantías previstas de este modo por el apartado 3 del artículo 2 del Reglamento n° 1224/80 y de que en él se indica un método subsidiario, debe considerarse que la remisión que a esta disposición hace el Reglamento definitivo es compatible con el Reglamento n° 2176/84 y con los principios generales del Derecho comunitario. En la hipótesis de que las autoridades aduaneras tuvieran que basarse, en un caso especial, en este método de cálculo subsidiario, correspondería a las autoridades administrativas nacionales velar por que la definición del importe del derecho antidumping variable se hiciera de manera transparente y dentro de los límites fijados por el citado apartado 3 del artículo 2.
Así pues, no puede estimarse el motivo de Neotype basado en el método pretendidamente ilícito de la fijación del derecho antidumping.
Sobre el motivo basado en L inadmisibilidad de L percepción definitiva de los importes garantizados con carácter de derecho provisional
Por último, Neotype sostiene que la percepción definitiva, con arreglo al artículo 2 del Reglamento definitivo, de los importes garantizados con carácter de derecho antidumping provisional es contraria a Derecho por cuanto el Reglamento provisional era nulo y, por tanto, no podía ser confirmado por el Reglamento definitivo.
A este respecto, procede señalar, con carácter preliminar, que la conformidad a Derecho del Reglamento definitivo relativo a la percepción del derecho antidumping provisional sólo puede quedar afectada por la posible ilegalidad del Reglamento provisional en la medida en que ésta se refleje en el Reglamento definitivo.
Procede declarar que los motivos alegados por Neotype en contra del Reglamento provisional no pueden invocarse frente al Reglamento definitivo. El primer motivo de Neotype, según el cual el Reglamento provisional es contrario a Derecho por causa de una irregularidad cometida en el procedimiento de audiencia, no afecta a la percepción definitiva del derecho provisional. En efecto, aunque Neotye no hubiera sido informada a su debido tiempo del establecimiento del derecho provisional, esta circunstancia no podría repercutir en la percepción definitiva del mismo, en la medida en que Neotype tuvo la posibilidad de manifestar sus argumentos antes de que se adoptara el Reglamento definitivo. Con respecto a los motivos segundo y tercero alegados por Neotype, procede subrayar que la elección de Suécia como país de referencia fue modificada en el Reglamento definitivo, que se basa en las condiciones del mercado yugoslavo. El cuarto motivo, basado en el error al determinar el perjuicio, que ha sido alegado contra el Reglamento definitivo ya ha sido anteriormente refutado (véanse apartados 48 a 55). Mediante su quinto motivo, Neotype impugnó el método aplicado para la fijación del derecho provisional. A este respecto, basta señalar que este método no puede afectar a la legalidad del Reglamento definitivo, que se adoptó al término de un procedimiento distinto y en función de nuevos elementos de apreciación.
Por consiguiente, no puede acogerse el motivo basado en la inadmisibilidad de la percepción definitiva de los importes garantizados con arreglo al derecho provisional.
Del conjunto de consideraciones precedentes se deduce que debe desestimarse la totalidad del recurso.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla en costas, incluidas las de las partes coadyuvantes si así lo hubieren solicitado.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
decide :

1)
Desestimar los recursos.

2)
Condenar a la parte demandante en costas, incluidas las de las partes coadyuvantes.

Slynn
Zuleeg
Joliét
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de julio de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Quinta
Gordon Slynn
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.