CELEX: 62002CJ0218
Incumplimiento de Estado
Directiva 96/29/Euratom
Protección sanitaria de la población y de los trabajadores contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes
No adaptación del Derecho interno en todo el territorio dentro del plazo señalado

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 12 de junio de 2002, la Comisión de las Comunidades
Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 141 EA, párrafo segundo, con objeto de que se declare que el Reino
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 96/29/Euratom
del Consejo, de 13 de marzo de 1996, por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los
trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes (DO L 159, p. 1; en lo sucesivo,
«Directiva»), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento
a lo establecido en la citada Directiva en todo su territorio o, en cualquier caso, al no haberle comunicado tales disposiciones.
Marco normativo
Tratado CEEA
A tenor del artículo 2 EA, letra b), la Comunidad debe, en las condiciones previstas en el Tratado CEEA,  «establecer normas
de seguridad uniformes para la protección sanitaria de la población y de los trabajadores y velar por su aplicación».
Con esta finalidad, el artículo 30 EA, párrafo primero, prevé, en particular, el establecimiento en la Comunidad de  «normas
básicas para la protección sanitaria de la población y los trabajadores contra los peligros que resulten de las radiaciones
ionizantes».
A tenor del párrafo segundo de este artículo, se entiende por  «normas básicas»:
«a)
las dosis máximas admisibles con un suficiente margen de seguridad;
b)
las exposiciones y contaminaciones máximas admisibles;
c)
los principios fundamentales de la vigilancia médica de los trabajadores.»
El artículo 31 EA establece el procedimiento para la elaboración y la adopción de las citadas normas básicas, mientras que
el artículo 32 EA, párrafo primero, prevé la posibilidad de una revisión o de una actualización de tales normas, a petición
de la Comisión o de un Estado miembro, según el procedimiento establecido en el citado artículo 31.
Finalmente, a tenor del artículo 33 EA:
«Cada Estado miembro adoptará las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas adecuadas para garantizar la observancia
de las normas básicas establecidas, y tomará las medidas necesarias en lo que se refiere a la enseñanza, la educación y la
formación profesional.
La Comisión formulará las recomendaciones necesarias con objeto de asegurar la armonización de las disposiciones aplicables,
a este respecto, en los Estados miembros.
A tal fin, los Estados miembros deberán comunicar a la Comisión las disposiciones aplicables en el momento de la entrada en
vigor del presente Tratado, así como los ulteriores proyectos de disposiciones de idéntica naturaleza.
Las eventuales recomendaciones de la Comisión referentes a los proyectos de disposiciones deberán formularse en el plazo de
tres meses a partir de la comunicación de dichos proyectos.»
La Directiva
Adoptada sobre la base de los artículos 31 y 32 del Tratado CEEA, la Directiva tiene por objeto revisar las normas básicas
existentes teniendo en cuenta el desarrollo de los conocimientos científicos en materia de radioprotección. Según se desprende
de los propios términos de su noveno considerando, esta Directiva prevé en particular la obligación de los Estados miembros
de someter a un régimen de declaración y autorización previa determinadas prácticas que impliquen riesgos derivados de las
radiaciones ionizantes, o bien de prohibir ciertas prácticas. A tenor del decimocuarto considerando de la Directiva, los Estados
miembros deberían estar preparados para cualquier posible emergencia radiológica que pueda darse en sus respectivos territorios
y cooperar con otros Estados miembros y con países terceros para facilitar los preparativos y la gestión de este tipo de situaciones.
Por lo que atañe a la aplicación de la Directiva en la legislación de los Estados miembros, el artículo 55 de la referida
Directiva dispone:
«1.

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento
a lo establecido en la presente Directiva antes del 13 de mayo de 2000. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
[…]
2.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado
por la presente Directiva.»
Procedimiento administrativo previo
Mediante escritos fechados los días 20 de diciembre de 1999 y 17 de mayo de 2000, las autoridades británicas comunicaron a
la Comisión tres normas encaminadas a adaptar el Derecho interno a la Directiva, a saber, los Ionizing Radiations Regulations
1999 (England & Wales), Radioactive Substances (Basic Safety Standards) (Scotland) Regulations 2000 y Radioactive Substances
(Basic Safety Standards) (Scotland) Direction 2000.
No obstante, al considerar, luego de analizar dichas normas, que el Derecho interno no se había adaptado plenamente a la Directiva
dentro del plazo señalado, en la medida en  que, por un lado, las medidas de adaptación comunicadas no cubrían la totalidad
de las disposiciones de la Directiva, en particular el artículo 38 de la Directiva, relativo, entre otros aspectos, a la homologación
de los servicios de dosimetría, el artículo 42, relativo a la protección del personal que tripula los aviones, y los artículos
48 a 53, relativos a las intervenciones en caso de emergencia radiológica o de exposición duradera, y en que, por otro lado,
las citadas medidas no eran aplicables a Irlanda del Norte y a Gibraltar, la Comisión dio comienzo al procedimiento regulado
en el artículo 141 EA. Después de haber requerido al Reino Unido para que presentara sus observaciones, la Comisión emitió
un dictamen motivado, el 9 de febrero de 2001, en el cual instaba al citado Estado miembro a adoptar las medidas necesarias
para atenerse al mismo en un plazo de dos meses contados a partir de su notificación.
En el transcurso del procedimiento administrativo previo, las autoridades británicas comunicaron a la Comisión varias medidas
complementarias de adaptación del Derecho interno a la Directiva, entre las cuales figuraban, en particular, las medidas referentes
a la protección del personal que tripula los aviones y a los casos de emergencia radiológica así como las que versan sobre
la adaptación del Derecho interno a la Directiva en Irlanda del Norte, pero ninguna de ellas garantizaba una adaptación del
Derecho interno a la citada Directiva en Gibraltar. En junio de 2002, la Comisión únicamente disponía, en esta materia, de
dos proyectos de normas, notificados por las autoridades británicas el 30 de abril de 2001, a saber, por un lado, el proyecto
de Ionizing Radiation Regulations (2001) y, por otro lado, el proyecto de Radiation (Emergency Preparedness and Public Information
Regulations (2001).
Al estimar que, en estas circunstancias, tales medidas llevaban a cabo tan sólo una adaptación parcial del Derecho interno
a la Directiva ya que no eran aplicables en todo el territorio del Reino Unido, la Comisión decidió interponer el presente
recurso.
Sobre el incumplimiento
Basta con observar que el Reino Unido no niega que, al expirar el plazo señalado en el dictamen motivado, aún no había adoptado
las medidas necesarias para adaptar su Derecho interno a la Directiva en Gibraltar.
Puesto que, con arreglo a una reiterada jurisprudencia, dicho plazo tiene un carácter determinante para acreditar la existencia
de un incumplimiento (véanse, en particular, las sentencias de 4 de julio de 2002, Comisión/Grecia, C-173/01, Rec. p. I-6129,
apartado 7, y de 15 de mayo de 2003, Comisión/Francia, C‑483/01, Rec. p. I-4961, apartado 22), debe considerarse fundado el
recurso interpuesto por la Comisión.
Procede, pues, declarar que el Reino Unido ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva al no
haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en la propia Directiva en todo su territorio.
Costas
A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la Comisión ha pedido que se condene en costas al Reino Unido y al haber
sido desestimados los motivos formulados por este último, procede condenarle en costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
decide:
1)
Declarar que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de
la Directiva 96/29/Euratom del Consejo, de 13 de mayo de 1996, por la que se establecen las normas básicas relativas a la
protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes,
al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
dar cumplimiento a lo establecido en la citada Directiva en todo su territorio.
2)
Condenar en costas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Timmermans
La Pergola
von Bahr
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a  29 de enero de 2004.
El Secretario
El Presidente
R. Grass
V. Skouris
–
Lengua de procedimiento: inglés.