CELEX: 62007CJ0071
Recurso de casación
Funcionarios
Retribución
Pensión
Aplicación del coeficiente corrector calculado en función del coste medio de la vida en el país de residencia
Régimen transitorio establecido por el reglamento que modifica el Estatuto de los funcionarios
Excepción de ilegalidad

Mediante su recurso de casación, el Sr. Campoli solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de noviembre de 2006, Campoli/Comisión (
T-135/05, RecFP pp. I-A-2-297 y II-A-2-1527
; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó, por ser parcialmente inadmisible y parcialmente infundado, su recurso, que tenía por objeto, en esencia, la anulación de sus hojas de haberes pasivos correspondientes a los meses de mayo a julio de 2004, en la medida en que aplicaron por primera vez un coeficiente corrector calculado ilegalmente en función del coste medio de la vida en el país de residencia del recurrente, en lugar de en la capital de dicho país.
I.

Marco jurídico
El artículo 82, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, en su redacción en vigor antes del 1 de mayo de 2004 (en lo sucesivo, «antiguo Estatuto»), establecía que se aplicaría a las pensiones el coeficiente corrector fijado por el país situado en las Comunidades en el que el titular de la pensión justificara tener su residencia.
Dado que ninguna disposición del antiguo Estatuto fijaba el método de cálculo de los coeficientes correctores aplicables a las pensiones, en la práctica se les aplicaban los coeficientes correctores calculados para las remuneraciones de los funcionarios en activo con arreglo al artículo 64, párrafo primero, y al anexo XI de dicho Estatuto, es decir, según un método que tiene por objeto asegurar el mismo poder adquisitivo sea cual sea el lugar de destino de los funcionarios. Este método reflejaba la diferencia media para un funcionario tipo entre el coste de la vida en la capital de su país de destino y el coste de la vida en Bruselas (Bélgica) (en lo sucesivo, «método “de la capital”»). Por lo que se refiere a los pensionistas, el elemento de referencia lo constituía el coste de la vida de la capital del país de residencia comparado con el coste de la vida en Bruselas.
El Reglamento (CE, Euratom) n
o
723/2004 del Consejo, de 22 de marzo de 2004, por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas (
DO L 124, p. 1
), introdujo una reforma en profundidad del antiguo Estatuto. Una de las innovaciones aportadas por dicho Reglamento se refiere a la supresión, a partir del 1 de mayo de 2004, de los coeficientes reductores que afectan a las pensiones.
En concepto de motivación, el trigésimo considerando del Reglamento n
o
723/2004 expone lo siguiente:
«Con la mayor integración de la Unión Europea y la libre elección por los pensionistas de su lugar de residencia en la Unión Europea, el sistema de coeficientes correctores aplicable a las pensiones ha quedado desfasado. Asimismo, este sistema ha generado problemas para la supervisión del lugar de residencia de los pensionistas que conviene resolver. En consecuencia, resulta oportuno suprimir este sistema, estableciendo medidas transitorias adecuadas en favor de los pensionistas y los funcionarios reclutados antes de la entrada en vigor del presente Reglamento.»
Por consiguiente, el artículo 82, apartados 1, párrafo segundo, y 3, del Estatuto, en su redacción en vigor desde el 1 de mayo de 2004 (en lo sucesivo, «nuevo Estatuto»), prevé que no se aplique ningún coeficiente corrector ni a las pensiones ni a las asignaciones por invalidez.
Esta supresión de los coeficientes reductores no afecta a los funcionarios que se han jubilado antes del 1 de mayo de 2004. De este modo, el artículo 20, apartado 1, párrafo primero, del anexo XIII del nuevo Estatuto enuncia que las pensiones de estos funcionarios estarán sujetas a la aplicación del coeficiente corrector establecido para el Estado miembro en el que demuestren haber fijado su residencia principal.
Al mismo tiempo, el artículo 20, apartado 1, párrafo segundo, del anexo XIII del nuevo Estatuto introdujo la regla con arreglo a la cual el coeficiente corrector mínimo que se aplica a las pensiones se eleva al 100 %.
Según el artículo 20, apartado 4, del anexo XIII del nuevo Estatuto, el régimen transitorio relativo a los coeficientes correctores se aplica también a las asignaciones por invalidez.
Con arreglo al artículo 1, apartado 3, letra a), y al artículo 3, apartado 5, letra b), del anexo XI del nuevo Estatuto, los coeficientes correctores aplicables en virtud de dicho régimen transitorio se determinan mediante la diferencia media entre el coste de la vida en el Estado miembro de residencia del pensionista en cuestión y el coste de la vida en Bélgica (en lo sucesivo, «método “del país”»), mientras que el método «de la capital» se continúa aplicando a las remuneraciones de los funcionarios en activo.
Para facilitar a los pensionistas afectados el paso del método «de la capital» al nuevo método «del país», este último se introdujo de manera gradual durante un período transitorio de cuatro años. A tal fin, el artículo 20, apartado 2, del anexo XIII del nuevo Estatuto escalonaba la composición proporcional del importe de las pensiones según el siguiente calendario:
—
a partir del 1 de mayo de 2004: 80 % método «de la capital» y 20 % método «del país»;
—
a partir del 1 de mayo de 2005: 60 % método «de la capital» y 40 % método «del país»;
—
a partir del 1 de mayo de 2006: 40 % método «de la capital» y 60 % método «del país»;
—
a partir del 1 de mayo de 2007: 20 % método «de la capital» y 80 % método «del país»;
—
a partir del 1 de mayo de 2008: 100 % método «del país».
Además, el artículo 24, apartado 2, párrafo segundo, del anexo XIII del nuevo Estatuto prevé la garantía del importe nominal de la pensión neta percibida antes del 1 de mayo de 2004.
II.

Antecedentes del litigio
A partir de su jubilación en febrero de 2003, el recurrente tuvo derecho a una pensión de invalidez con arreglo a los artículos 53 y 78 del antiguo Estatuto que, en virtud del artículo 82 de este último, estaba sujeta al coeficiente corrector fijado para el país en el cual el interesado justificó tener su residencia, a saber, el Reino Unido, dado que se instaló en Londres, donde había adquirido una casa. A partir del 1 de enero de 2004, se aplicó a su pensión el coeficiente corrector para el Reino Unido, fijado en el 139,6 %. Dicho coeficiente corrector se calculó según el método «de la capital», de manera que reflejaba la diferencia del coste de la vida entre Londres y Bruselas.
Mediante escrito de 13 de mayo de 2004, la Oficina de gestión y liquidación de derechos individuales de la Comisión de las Comunidades Europeas informó al recurrente de las consecuencias de la entrada en vigor del nuevo Estatuto sobre sus derechos a pensión. Dicho escrito indicaba, en particular, que los derechos a pensión del recurrente no se modificarían si su pensión se había fijado antes de mayo de 2004.
No obstante, el recurrente se dio cuenta de que su régimen económico sufriría reducciones en virtud del nuevo Estatuto, dado que el coeficiente corrector aplicable a las pensiones abonadas a los antiguos funcionarios residentes en Londres se suprimía gradualmente y se reemplazaba por un nuevo coeficiente reductor, inferior al antiguo.
En consecuencia, el recurrente presentó el 20 de agosto de 2004 una reclamación ante la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN»), con arreglo al artículo 90 del Estatuto, contra la decisión de la Comisión constituida por sus hojas de haberes pasivos correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de 2004. Alegó que la reducción, a su juicio injustificada, de sus derechos a pensión y en particular del coeficiente corrector, infringía varios principios generales de Derecho. Mediante decisión de 13 de diciembre de 2004, la Comisión desestimó esta reclamación (en lo sucesivo, «decisión controvertida»).
III.

Sentencia recurrida
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso del recurrente, que tenía por objeto la anulación de la decisión controvertida además de, por una parte, la anulación de la decisión de la AFPN impugnada en la reclamación del interesado y que modificó el 1 de mayo de 2004 el coeficiente corrector, la asignación familiar y la asignación por escolaridad a tanto alzado aplicables a su pensión y, por otra parte, la anulación de sus hojas de haberes pasivos, en la medida en que aplican esta última decisión desde mayo de 2004.
En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia consideró inadmisibles las pretensiones relativas a la asignación familiar y a la asignación por escolaridad porque no figuraban en la reclamación del recurrente, así como la pretensión de anulación de la decisión contenida en las hojas de haberes pasivos de mayo y junio de 2004, por falta de interés en ejercitar la acción. En cambio, el Tribunal de Primera Instancia reconoció el interés en ejercitar la acción para impugnar la hoja de haberes pasivos relativa al mes de julio de 2004, dado que el coeficiente corrector aplicado a las remuneraciones de los funcionarios en activo en el Reino Unido se había fijado según el método «de la capital» en el 142,7 %, con efectos retroactivos para dicho mes, mientras que el importe de la pensión del recurrente seguía fijado, según la garantía del nominal, en un nivel igual al obtenido por aplicación del coeficiente corrector de 139,6 % en esa misma fecha.
Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia declaró infundadas las siete partes de la excepción de ilegalidad del artículo 20 del anexo XIII del nuevo Estatuto, que constituían el único motivo formulado por el recurrente, basadas, respectivamente, en la vulneración de los principios de protección de la confianza legítima, de seguridad jurídica, de irretroactividad, de los derechos adquiridos, de igualdad de trato, de proporcionalidad y de buena administración, así como en desviación de poder y en motivación insuficiente.
Por lo que respecta a la parte de dicho motivo basada en la vulneración del principio de igualdad de trato, cuya apreciación por el Tribunal de Primera Instancia se discute en el marco del presente recurso de casación, se invocaron cuatro alegaciones en apoyo de esta parte.
De este modo, en los apartados 99 a 109 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la primera alegación del recurrente, según la cual la aplicación del método «del país» al cálculo de los coeficientes correctores transitorios que afectan a las pensiones de los funcionarios jubilados antes del 1 de mayo de 2004 vulneraba el principio de igualdad de trato, porque los coeficientes correctores calculados según este nuevo método no garantizaban el mantenimiento del poder adquisitivo equivalente para todos los pensionistas. En primer lugar recordó su conclusión en su sentencia de 26 de febrero de 2003, Drouvis/Comisión (
T-184/00, RecFP pp. I-A-51 y II-297
, apartado 60), según la cual un coeficiente corrector único por país puede constituir un indicador apropiado para reflejar, de forma necesariamente aproximada, el coste de la vida en el interior de un Estado miembro y puede servir de manera conveniente al objetivo consistente en garantizar la igualdad de trato entre pensionistas.
El Tribunal de Primera Instancia consideró también que, al reemplazar el método «de la capital» por el método «del país», el legislador no sobrepasó los límites establecidos al ejercicio de su poder de apreciación en la materia. En particular, señaló en el apartado 105 de la sentencia recurrida que el legislador es libre de modificar el Estatuto adoptando disposiciones más desfavorables que las precedentes para los funcionarios afectados, siempre que fije un período transitorio de duración suficiente. Esta libertad no puede limitarse invocando el principio de igualdad del poder adquisitivo, tanto más cuanto que el régimen transitorio previsto por el artículo 24, apartado 2, del anexo XIII del nuevo Estatuto garantiza a los pensionistas el mantenimiento de la cuantía nominal de la pensión neta percibida antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto.
En los apartados 110 a 115 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la segunda alegación del recurrente, basada en la discriminación entre los funcionarios en servicio, a los que se les continúa aplicando el método «de la capital», y a los funcionarios jubilados, señalando que estas dos categorías de funcionarios se hallan en situaciones objetivamente diferentes.
En los apartados 116 a 130 de la sentencia recurrida, se desestimó la tercera alegación del recurrente, que tenía por objeto demostrar la existencia de una discriminación respecto de los jubilados residentes en Bélgica porque sus pensiones se fijan tomando en consideración el coste de la vida en Bruselas como capital. A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia constató en primer lugar, que, en virtud de las disposiciones combinadas de los artículos 1, apartado 3, letra a), inciso ii), y 3, apartado 5, letra b), del anexo XI del nuevo Estatuto, los coeficientes correctores aplicables a las pensiones abonadas en Estados miembros distintos de Bélgica se determinan «por referencia a Bélgica», y que nada en el nuevo régimen de pensiones permite concluir que el legislador haya deseado que los pensionistas residentes en Bélgica se beneficien de un coeficiente corrector que tenga en cuenta el coste de la vida en Bruselas en cuanto capital.
En los apartados 120 a 123 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia añadió que es cierto que al pasar del método «de la capital» al método «del país» ni el importe de las pensiones de base «belgas» ni el coeficiente corrector del 100 % aplicado a dicho importe fueron objeto de una reducción que hubiera tenido en cuenta la nueva metodología. A este respecto, la Comisión expuso en la vista que, en la práctica, los estadísticos llegaron a la conclusión de que el método consistente en medir la diferencia entre los precios en Bruselas y en otra capital, como Londres, proporcionaba una estimación válida de la diferencia entre los precios en Bélgica y en el Reino Unido en lo que respecta a todos los productos a excepción de uno, a saber, los alquileres. La Comisión precisó que, para determinar los coeficientes correctores aplicables a las pensiones, los estadísticos compararon los alquileres medios en el país en cuestión con los alquileres medios en Bélgica. Sobre esta base, podía considerarse que «la diferencia entre Bruselas y la media de Bélgica es del orden de un 2 %». Sin embargo, no se procedió a fijar un coeficiente corrector del 98 % para Bélgica.
A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia declaró en el apartado 124 de la sentencia recurrida que las explicaciones aportadas por la Comisión se referían a la ejecución del nuevo régimen de pensiones, diseñado por la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (Eurostat) y establecido en los reglamentos de adaptación de los coeficientes correctores que afectan a las pensiones, mientras que la excepción de ilegalidad formulada por el recurrente se refiere sólo al artículo 20 del anexo XIII del Estatuto. Ahora bien, la legalidad de un acto reglamentario comunitario no puede depender del modo en que dicho acto se aplica en la práctica. En el apartado 125 de la sentencia recurrida, añadió que, en todo caso, en la medida en que la práctica descrita por la Comisión favorecía a los pensionistas residentes en Bélgica al separarse del nuevo método «del país», procedía recordar que el respeto del principio de igualdad de trato debe compatibilizarse con el respeto del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar en su apoyo una ilegalidad cometida a favor de un tercero.
Por último, en los apartados 131 a 140 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la cuarta alegación, mediante la cual el recurrente invocó una discriminación en relación con los pensionistas residentes en uno de los Estados miembros «poco caros» que habían conocido un coeficiente corrector inferior al 100 % antes del 1 de mayo de 2004 y para los cuales el nuevo régimen de pensiones introdujo un coeficiente corrector mínimo del 100 %, con el resultado de que estos pensionistas se beneficiaban de un coeficiente corrector manifiestamente superior al coste de la vida real de su lugar de residencia.
De este modo, en los apartados 132 a 135 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia afirmó que esta alegación era inadmisible dado que el recurrente no había probado que se pudiera beneficiar económicamente de una sentencia que declarara ilegal la aplicación de un coeficiente corrector mínimo del 100 % a las pensiones abonadas a las personas que residen en los Estados miembros «poco caros». En particular, no podía afirmar que el supuesto «regalo económico» ofrecido a los pensionistas residentes en tal Estado miembro implicara necesariamente una pérdida económica equivalente para los pensionistas residentes en un Estado miembro «caro». Por otro lado, dado que el régimen comunitario de pensiones no se basa en el modelo de un fondo de pensiones sino en el principio de solidaridad, jurídicamente el efecto de la regla que instaura un coeficiente corrector mínimo del 100 % no es enriquecer a los pensionistas a los que se refiere a costa de la categoría de pensionistas a la que pertenece el recurrente.
El Tribunal de Primera Instancia declaró en el apartado 136 de la sentencia recurrida que, en todo caso, la introducción de un coeficiente corrector mínimo del 100 % tampoco podía considerarse un acto manifiestamente arbitrario o inadecuado, dado que dicha regla se adoptó para aproximar el máximo posible el régimen transitorio, que salvaguarda los coeficientes correctores aplicables a las pensiones, al régimen definitivo, que los suprime. En este sentido, dicha regla sólo anticipaba la supresión de los coeficientes correctores aplicables a las pensiones para un gran número de Estados miembros y respecto de las personas afectadas.
IV.

Recurso de casación
En su recurso de casación, el Sr. Campoli solicita al Tribunal de Justicia que:
—
Anule la sentencia recurrida.
—
Estime sus pretensiones formuladas en primera instancia, modificadas con respecto a la inadmisibilidad de sus pretensiones relativas a la asignación familiar y la asignación por escolaridad, y, por ende, que anule la decisión de la AFPN, de 13 de diciembre de 2004, por la que se desestima la reclamación presentada por el recurrente, junto con la decisión de la AFPN impugnada en dicha reclamación y que modificó, con efectos a partir del 1 de mayo de 2004, el coeficiente corrector aplicable a la pensión del recurrente, por una parte, y las hojas de haberes pasivos del recurrente en la medida en que aplican esta última decisión a partir del mes de mayo de 2004, por otra parte.
—
Condene en costas a la parte demandada en primera instancia.
La Comisión, que ha formulado adhesión a la casación, solicita al Tribunal de Justicia que:
—
Con carácter principal, declare la inadmisibilidad del recurso de casación.
—
Con carácter subsidiario, desestime en su totalidad el recurso de casación por infundado.
—
Condene al Sr. Campoli al pago del conjunto de las costas.
El Consejo de la Unión Europea solicita al Tribunal de Justicia que:
—
Desestime el recurso de casación por infundado.
—
Condene en costas al Sr. Campoli.
Mediante su recurso de casación, el recurrente discute la apreciación que realizó el Tribunal de Primera Instancia de las alegaciones primera, tercera y cuarta formuladas en apoyo de la parte de su motivo basada en una vulneración del principio de igualdad de trato. A este respecto, al formular un único motivo en su recurso de casación, el recurrente invoca la vulneración por parte del Tribunal de Primera Instancia de los principios de igualdad de trato, del derecho de defensa, de igualdad de las partes ante el juez comunitario, de la obligación de motivación que incumbe a las instituciones, del concepto de interés en ejercitar la acción en el marco de una excepción de ilegalidad y de su propia obligación de motivación.
Antes de examinar el fundamento de este motivo, procede decidir sobre la adhesión a la casación formulada por la Comisión, dado que ésta tiene por objeto que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto por el recurrente.
A.
Sobre la adhesión a la casación
1. Alegaciones de las partes
La Comisión considera que el Tribunal de Primera Instancia debió declarar de oficio la inadmisibilidad de las alegaciones primera, tercera y cuarta invocadas en apoyo de la parte del motivo basada en la vulneración del principio de igualdad de trato, toda vez que no se plantearon en la fase administrativa previa. A este respecto, alega que, en su reclamación previa, el recurrente formuló en el marco de esta parte únicamente la segunda alegación, basada en la discriminación entre funcionarios y pensionistas, y que dicha alegación era distinta de las otras tres invocadas con posterioridad.
La Comisión precisa en la dúplica que su adhesión a la casación tiene por objeto que se declare inadmisible el recurso de casación porque se refiere con carácter exclusivo a las tres alegaciones inadmisibles. Admite, que aunque la formule de esta manera, su adhesión a la casación no responde al tenor literal del artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, pero considera que el Tribunal de Justicia está obligado no obstante a examinar de oficio si el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al no declarar de oficio la inadmisibilidad de las tres alegaciones en cuestión.
Según el recurrente, la adhesión a la casación es inadmisible dado que, contrariamente a lo que exige dicho artículo 56, no se desestimaron las pretensiones de la Comisión en primera instancia. En particular, no solicitó que se declarara la inadmisibilidad del recurso, y el Tribunal de Primera Instancia estimó por completo sus pretensiones al desestimarlo por infundado. Por otro lado, aunque interpone adhesión a la casación, la Comisión no solicita la anulación total o parcial de la sentencia recurrida.
Con carácter subsidiario, el recurrente estima que la adhesión a la casación es infundada. En efecto, en su opinión, las alegaciones primera, tercera y cuarta en cuestión están vinculadas a la vulneración del principio de igualdad de trato invocada en su reclamación. En la decisión controvertida, la propia Comisión identificó claramente su alegación como una crítica del hecho de que «los habitantes de una región “cara” se ven por tanto privados de un poder adquisitivo equivalente a aquellos que han establecido su residencia en regiones “menos caras”» y que «los pensionistas ya no se benefician del mismo poder adquisitivo según su residencia». El informe para la vista del Tribunal de Primera Instancia expone claramente las cuatro alegaciones invocadas por el recurrente en apoyo de su alegación basada en la vulneración del principio de no discriminación, sin que la Comisión haya discutido dicha vinculación o la admisibilidad de estas alegaciones.
2. Apreciación del Tribunal de Justicia
Con arreglo al artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación podrá interponerse por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido total o parcialmente desestimadas.
Pues bien, como afirma la propia Comisión en la dúplica, la sentencia recurrida estima por completo las pretensiones que formuló ante el Tribunal de Primera Instancia. Procede observar en particular que, si bien señaló la inadmisibilidad de las pretensiones del recurrente relativas a la asignación familiar y a la asignación de escolaridad porque no figuraban en la reclamación, la Comisión no alegó de ninguna forma ante el Tribunal de Primera Instancia la inadmisibilidad de la parte basada en la vulneración del principio de igualdad de trato.
Por otro lado, como se desprende en particular del artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia, todo recurso de casación debe tener por objeto la anulación total o parcial de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia; en caso de anulación, el Tribunal de Justicia podrá o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que este último resuelva.
Ahora bien, en el caso de autos la adhesión a la casación de la Comisión no tiene por objeto obtener la anulación de la sentencia recurrida, sino más bien que se declare la inadmisibilidad del recurso principal interpuesto por la recurrente.
De ello se desprende que procede declarar la inadmisibilidad de la adhesión a la casación.
B.
Recurso de casación principal
1. Sobre la apreciación realizada por el Tribunal de Primera Instancia de la primera alegación, relativa a una vulneración del principio de igualdad de trato y basada en que el nuevo método «del país» no garantiza un poder adquisitivo equivalente para todos los pensionistas
a) Alegaciones de las partes
El recurrente alega que, al desestimar esta primera alegación, el Tribunal de Primera Instancia vulneró el principio de igualdad de trato y la obligación de motivación que incumbe al juez comunitario. De hecho, en su opinión la sentencia recurrida sitúa el amplio poder de apreciación de que disfruta el legislador comunitario más allá de dicho principio. El apartado 105 de dicha sentencia es determinante a estos efectos. La existencia de un período de transición de duración suficiente, esgrimida por el Tribunal de Primera Instancia, es un elemento que opera con miras al examen del respeto de los principios de seguridad jurídica, de irretroactividad y de los derechos adquiridos, pero es ajeno al examen de la legalidad de una medida a la luz del principio de igualdad de trato.
Por otro lado, el recurrente subraya que un coeficiente corrector fijado según el método «del país» vulnera el principio de igualdad de trato en la medida en que no permite reflejar, siquiera de manera aproximada, el coste de la vida en el interior de un país y servir de este modo al objetivo de igualdad del poder adquisitivo entre los antiguos funcionarios. De hecho, en su opinión, el nuevo método penaliza a los pensionistas que residen en la capital o en otras ciudades o regiones «caras» y que se verían en la imposibilidad de hacer frente a los costes vinculados a su lugar de residencia.
Según la Comisión, el apartado 105 de la sentencia recurrida simplemente extrae las consecuencias del margen de apreciación de que dispone el legislador en la materia en cuestión. En este apartado, el Tribunal de Primera Instancia declaró en particular que la igualdad del poder adquisitivo como forma particular del principio de igualdad no se había infringido por el cambio de método de que se trata, al no existir una diferenciación arbitraria o manifiestamente inadecuada que sobrepasara el margen de apreciación del que se beneficia el legislador, más aún cuando el régimen transitorio garantiza el importe de la cuantía nominal de la pensión neta.
El Consejo sostiene que el recurrente confunde el principio de igualdad de trato con el «principio de equivalencia del poder adquisitivo». En efecto, el apartado 105 de la sentencia recurrida no se refiere al principio de igualdad de trato en general, sino al «principio de equivalencia del poder adquisitivo», que es sólo uno de los métodos posibles para asegurar la igualdad de trato. Por otro lado, al igual que el método «de la capital», el método «del país» respeta el principio de igualdad de trato y no menoscaba la libre circulación de personas. En efecto, el antiguo sistema había privilegiado en la misma medida que el sistema actual la elección de lugares donde la vida es más barata dentro de un Estado, y condicionaba de este modo la elección del lugar de residencia.
b) Apreciación del Tribunal de Justicia
Mediante sus críticas a la apreciación realizada por el Tribunal de Primera Instancia a la alegación basada en la vulneración del principio de igualdad de trato realizada por el nuevo método «del país» para garantizar un poder adquisitivo equivalente para todos los pensionistas, el recurrente desea, en esencia, que se declare que el Tribunal de Primera Instancia declaró equivocadamente que el legislador comunitario, al sustituir el método «de la capital» por el método «del país» a fines de fijar los coeficientes correctores en el marco del régimen transitorio de pensiones, no excedió los limites de su poder de apreciación en la materia.
Para examinar el fundamento de esta alegación, procede en primer lugar determinar si la aplicación a las pensiones de un coeficiente corrector único por país, calculado según el método «del país», es compatible o no con el principio de igualdad de trato.
A este respecto, procede recordar que el principio de igualdad de trato o de no discriminación exige que no se traten de manera diferente situaciones que son comparables y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica, salvo que este trato esté justificado objetivamente (sentencias de 10 de enero de 2006, IATA y ELFAA,
C-344/04, Rec. p. I-403
, apartado 95, y de 11 de septiembre de 2007, Lindorfer/Consejo,
C-227/04 P, Rec. p. I-6767
, apartado 63).
Por lo que se refiere a los artículos del antiguo Estatuto que prevén la aplicación de un coeficiente corrector a los salarios y a las pensiones de los funcionarios, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que no se puede sostener que una disposición que tiene por finalidad mantener un poder adquisitivo equivalente para todos los funcionarios jubilados sea cual sea el lugar de su residencia es incompatible con el principio de igualdad de trato (véase el auto de 29 de abril de 2004, Drouvis/Comisión, C-187/03 P, apartados 25 y 26 y jurisprudencia citada).
Pues bien, como señaló acertadamente el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 99 a 101 de la sentencia recurrida, un sistema de coeficiente corrector, por su propia naturaleza, no puede garantizar una igualdad de trato absoluta entre los antiguos funcionarios, dado que es manifiestamente imposible tener en cuenta el coste de la vida y sus variaciones en todas las localidades de los diferentes Estados miembros donde los pensionistas pueden fijar su residencia, y aplicar, para cada una de estas localidades, un coeficiente corrector específico. En estas circunstancias, un coeficiente corrector único por país puede constituir un indicador apropiado para reflejar, de manera necesariamente aproximada, el coste de la vida dentro de un Estado miembro.
Respecto del método que debe elegirse para calcular tal coeficiente corrector único por país, consta que, como ha puesto de manifiesto el Abogado General en sus conclusiones, sea cual sea el sistema elegido, sólo podrá constituir como máximo una aproximación razonable del coste de la vida efectivo soportado por cada antiguo funcionario y que, desde este punto de vista, tanto el «método de la capital» como el «método del país» presentan ventajas e inconvenientes.
En efecto, visto el carácter necesariamente aproximativo de la existencia de un coeficiente corrector único por país, el objetivo de garantizar una cierta equivalencia del poder adquisitivo entre los antiguos funcionarios que residen en los diversos Estados miembros debe considerarse respetado en la medida en que dicho coeficiente corrector único se fija según criterios que garantizan su representatividad. Ahora bien, no se puede discutir que el método «del país» refleja el coste de la vida en el interior de un país de una manera al menos tan representativa como el método «de la capital».
Por lo tanto, al constituir el método «del país» un método de cálculo apropiado para garantizar, en la medida de lo posible, la equivalencia del poder adquisitivo entre los pensionistas, el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error de Derecho al declarar que el legislador comunitario no vulneró el principio de igualdad de trato al sustituir el método «del país» por el método «de la capital» a fines de fijar los coeficientes correctores en el marco del régimen de pensiones transitorio.
Por lo que respecta a las críticas dirigidas por el recurrente contra el apartado 105 de la sentencia recurrida, procede constatar que éstas son infundadas. Del razonamiento desarrollado en los apartados 99 a 104 de la sentencia recurrida se desprende que, contrariamente a lo que sostiene el recurrente, el Tribunal de Primera Instancia respondió en efecto de manera negativa a la cuestión de si el nuevo método para fijar coeficientes correctores constituye una diferenciación arbitraria o manifiestamente inadecuada respecto del objetivo perseguido. Al hacer esto, no afirmó de ningún modo que el único límite al poder del legislador lo constituye la existencia de un período transitorio suficiente, como sugiere el recurrente, sino que por el contrario examinó, siguiendo un razonamiento análogo al desarrollado en los apartados 51 a 54 de la presente sentencia, si el legislador comunitario infringió el principio de igualdad de trato al sustituir el método «del país» por el método «de la capital». Por tanto, al leer en su contexto el apartado discutido, es evidente que el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia no se basó en la premisa según la cual, en el marco de la reglamentación del régimen de las pensiones, el legislador comunitario está vinculado por los principios de seguridad jurídica y de derechos adquiridos, pero no por el principio de igualdad de trato.
De lo antedicho se desprende que debe desestimarse por infundada la primera parte del único motivo del recurso de casación, basado en la vulneración del principio de igualdad de trato y de la obligación de motivación que incumbe al juez comunitario.
2. Sobre la apreciación por el Tribunal de Primera Instancia de la cuarta alegación, basada en el existencia de una discriminación en relación con los pensionistas que residen en uno de los Estado «poco caros» por la introducción de un coeficiente reductor mínimo del 100 %.
a) Alegaciones de las partes
El recurrente sostiene que, contrariamente a lo declarado en los apartados 132 a 135 de la sentencia recurrida, justifica un interés en ejercitar la acción. Discute que tal interés sólo pueda surgir de un enriquecimiento de los pensionistas que residen en un Estado miembro «poco caro», en perjuicio de los pensionistas que residen en un Estado miembro «caro», subrayando que su crítica se basa en una vulneración del «principio de igualdad del poder adquisitivo». Afirma que, aun suponiendo que haya que examinar las relaciones existentes entre las prestaciones abonadas a un grupo de pensionistas y las que se abonan a otro, procede constatar que el coste generado por la aplicación de un coeficiente corrector mínimo del 100 % se «compensa» por la introducción del método «del país».
En lo que respecta a la constatación realizada por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 136 de la sentencia recurrida, según la cual, en todo caso, la introducción de un coeficiente corrector mínimo del 100 % no podía considerarse un acto manifiestamente arbitrario o inadecuado, el recurrente alega que la mera referencia a la extensa facultad de apreciación del legislador y al objetivo de aproximar el régimen transitorio al régimen definitivo no puede justificar esta conclusión. Además, no se estableció ningún régimen transitorio para los pensionistas que residen en países «poco caros». La diferencia que resulta de que la regla que establece un coeficiente corrector mínimo otorga a estos pensionistas el beneficio de prestaciones que sobrepasan sustancialmente el coste de la vida en su lugar de residencia no encuentra ninguna justificación objetiva en la naturaleza y en las características del régimen transitorio.
La Comisión y el Consejo consideran que el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente que la alegación del recurrente era inadmisible. Alegan, a este respecto, que aunque el Tribunal de Primera Instancia hubiera considerado fundada esta alegación, ello significaría para los pensionistas residentes en los Estados miembros «poco caros» una reducción del importe de su pensión, lo que no modificaría para nada la situación del recurrente. Con carácter subsidiario, sostienen que, al aproximar el régimen transitorio con el régimen definitivo para un gran número de Estados miembros y en beneficio de los pensionistas residentes en Estados miembros «poco caros», el legislador realizó una elección coherente y adecuada. El Consejo subraya que, para estos últimos, no había expectativas legítimas que garantizar, lo que explica que, a este respecto, no fueran necesarias medidas transitorias.
b) Apreciación del Tribunal de Justicia
Las críticas de la motivación de la sentencia recurrida por la cual el Tribunal de Primera Instancia desestimó la alegación del recurrente basada en una discriminación en relación con los pensionistas que residen en un Estado miembro «poco caro», que resulta de la introducción de un coeficiente corrector mínimo del 100 %, tienen por objeto tanto la apreciación por el Tribunal de Primera Instancia de dicha alegación cuanto el examen de dicha alegación en cuanto al fondo. En efecto, el recurrente desea demostrar que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal de Primera Instancia, esta alegación es admisible y fundada.
Antes de responder a estas críticas, procede examinar la excepción de inadmisibilidad planteada por la Comisión. Ésta alega que el Tribunal de Primera Instancia debió declarar de oficio la inadmisibilidad de la alegación, dado que el recurrente la formuló solo en la réplica en el marco del procedimiento de primera instancia, de manera que se trata de una alegación nueva.
A este respecto, basta constatar que, como puso de manifiesto el Abogado General en los puntos 103 y 104 de sus conclusiones, la alegación de que se trata estaba contenida, aunque de forma embrionaria, en la parte del recurso en la que se imputa la desviación de poder, la vulneración del principio de proporcionalidad y de la obligación de motivación. Ahora bien, se desprende de la jurisprudencia que debe considerarse admisible un motivo que constituya la ampliación de un motivo enunciado anteriormente, directa o implícitamente, en el escrito de interposición del recurso (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de mayo de 1983, Verros/Parlamento,
306/81, Rec. p. 1755
, apartado 9, y de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI,
C-412/05 P, Rec. p. I-3569
, apartados 38 a 40).
Respecto al fundamento de las críticas del recurrente, procede en primer lugar examinar las que se formulan respecto del apartado 136 de la sentencia recurrida, en el cual el Tribunal de Primera Instancia, tras haber declarado la inadmisibilidad de la alegación en cuestión por falta de interés en ejercitar la acción por parte del recurrente, declaró que, en todo caso, la introducción de un coeficiente corrector mínimo del 100 % no podía calificarse de manifiestamente arbitraria o inadecuada dado que dicha regla se adoptó para aproximar lo más posible el régimen transitorio, que salvaguarda los coeficientes correctores aplicables a las pensiones, al régimen definitivo, que los suprime. En efecto, solamente en el caso de que esta constatación adoleciera de un error de Derecho la presente parte del motivo invocado por el recurrente podría finalmente prosperar. Ahora bien, éste no es el caso.
Como señaló acertadamente el Tribunal de Primera Instancia, la introducción en el marco del régimen transitorio de un coeficiente corrector mínimo del 100 % sólo anticipaba para una parte de los pensionistas la supresión de los coeficientes correctores prevista por el régimen definitivo. Por tanto, la conformidad del régimen transitorio con el principio de igualdad de trato debe analizarse desde esta perspectiva.
Pues bien, es obligado declarar que la decisión del legislador comunitario de reformar el régimen de pensiones suprimiendo los coeficientes correctores aplicables a éstas no es incompatible con el principio de igualdad de trato. Si bien es cierto que el antiguo régimen de pensiones, basado en un sistema de coeficientes correctores y, en consecuencia, sobre una determinada compensación del poder adquisitivo según el Estado miembro de residencia del pensionista, constituía un medio apropiado para ejecutar dicho principio, no puede inferirse de ello que cualquier otro sistema es incompatible con este principio.
En efecto, como señaló acertadamente el Consejo, un régimen de pensiones que tiene por objeto la equivalencia del poder adquisitivo es sólo uno de los medios posibles de garantizar el principio de igualdad de trato. También respeta este principio un sistema según el cual los pensionistas reciben como contribución equivalente una pensión nominal igual, lo que además, como ha constatado la Comisión, es, con carácter general, el caso de los regímenes de jubilación existentes en los Estados miembros y en otras organizaciones internacionales.
En consecuencia, dado que el régimen definitivo de pensiones resultante del nuevo Estatuto, en la medida en que ya no persigue el objetivo de garantizar una cierta equivalencia del poder adquisitivo entre los pensionistas independientemente de su lugar de residencia, es compatible con el principio de igualdad de trato, el régimen transitorio, que sólo anticipa el principio de una pensión de importe «único» en beneficio de los pensionistas a los que este principio favorece, no puede constituir una discriminación.
Por consiguiente, procede constatar que el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente que la alegación del recurrente basada en una discriminación en relación con los pensionistas que residen en uno de los Estados miembros «poco caros» porque el régimen transitorio introduzca un coeficiente corrector mínimo del 100 % era infundada. En estas circunstancias, ya no ha lugar a que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la objeción basada en que dicha alegación es inadmisible porque el recurrente no tiene un interés en ejercitar la acción.
De lo antedicho se desprende que debe desestimarse la presente parte del motivo único, basada en una vulneración del principio de igualdad de trato y del concepto de interés en ejercitar la acción.
3. Sobre la apreciación por el Tribunal de Primera Instancia de la tercera alegación, relativa a una discriminación en relación con los pensionistas residentes en Bélgica
a) Alegaciones de las partes
A este respecto, el recurrente alega que, contrariamente a lo que sostiene la sentencia recurrida, el nuevo régimen de pensiones implica una aproximación al coste de la vida en Bruselas. De este modo, en su opinión, el artículo 3 del anexo XI del nuevo Estatuto precisa que la adaptación de las remuneraciones y pensiones se basa en una serie de elementos establecidos en el artículo 1 del mismo anexo, entre los que figura la evolución del coste de la vida en Bruselas (índice internacional de Bruselas). El hecho de que no se aplique ningún coeficiente corrector a Bélgica, como se prevé en el artículo 3, apartado 5, del anexo XI del nuevo Estatuto, significa que las pensiones se ven afectadas
de facto
de un coeficiente corrector del 100 %. Por lo tanto, los ingresos de los pensionistas residentes en Bélgica se fijan teniendo en cuenta únicamente el coste de la vida en Bruselas, capital de dicho Estado miembro.
Además, el recurrente critica la motivación de la sentencia recurrida, expuesta tanto en el apartado 124, según la cual «la legalidad de un acto reglamentario comunitario no puede depender del modo en que dicho acto se aplica en la práctica», como en el apartado 125, donde recordó la reiterada jurisprudencia en virtud de la cual «el respeto del principio de igualdad de trato debe compatibilizarse con el respeto del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar en su apoyo una ilegalidad cometida a favor de un tercero». El recurrente invoca a este respecto la vulneración de los principios de igualdad de trato y de igualdad de las partes ante el juez comunitario, así como la vulneración de la obligación de motivación que incumbe al juez comunitario y a las instituciones.
La Comisión y el Consejo remiten al tenor de los artículos 1, apartado 3, letra a), y 3, apartado 5, párrafo segundo, letra b), del anexo XI del Estatuto, al subrayar que el primero de estos artículos establece que Eurostat calcula las paridades económicas «por referencia a Bélgica». Por tanto, el nuevo régimen no implica una aproximación al coste de la vida en Bruselas. La ejecución del régimen transitorio resulta de los reglamentos de aplicación del Consejo que Eurostat no hizo sino ejecutar. El recurrente no puede impugnar estos reglamentos de aplicación, dado que sólo alega la ilegalidad del Reglamento n
o
723/2004.
b) Apreciación del Tribunal de Justicia
Como se ha señalado en los apartados 68 y 69 de la presente sentencia y en el apartado 136 de la sentencia recurrida, la introducción por el régimen transitorio de un coeficiente corrector mínimo del 100 % no supone una vulneración del principio de igualdad de trato. En estas circunstancias, es obligado reconocer que la aplicación de hecho o de Derecho de un coeficiente corrector del 100 % a los pensionistas que residen en Bélgica no puede constituir una vulneración.
En efecto, aun en el supuesto de que el coste de la vida en Bélgica calculado según el método «del país» fuera inferior al que se toma en consideración para el cálculo del tratamiento de base, con el resultado de que, aplicando la lógica propia del antiguo régimen de pensiones, debería haberse procedido a fijar un coeficiente corrector inferior al 100 %, el hecho de que los pensionistas que residen en Bélgica se beneficien, a semejanza, por lo demás, del resto de los pensionistas que residen en un Estado miembro «poco caro» a los que se hace alusión en el apartado 69 de la presente sentencia, del importe íntegro de la pensión de base, y por tanto de un poder adquisitivo superior al del recurrente, no constituye una discriminación en la óptica del régimen transitorio.
Se desprende de lo antedicho que aun en el caso de que la motivación del Tribunal de Primera Instancia, en particular en los apartados 124 y 125 de la sentencia recurrida, adoleciera de un error de Derecho, como afirma el recurrente, la constatación de tal error no podría dar lugar a la anulación de la sentencia, porque la alegación de la recurrente basada en una discriminación respecto de los pensionistas que residen en Bélgica debe rechazarse en todo caso por los motivos enunciados en los apartados 74 y 75 de la presente sentencia, motivos que, además, también expuso el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia recurrida.
En estas circunstancias, la presente parte del motivo único, basado en la vulneración de los principios de igualdad de trato y de igualdad de las partes ante el juez comunitario, del derecho de defensa y de la obligación de motivación que incumbe al juez comunitario y a las instituciones debe desestimarse.
Dado que ninguna de las partes del motivo único invocado por el recurrente es fundada, debe desestimarse el recurso interpuesto por el Sr. Campoli.
V.

Costas
En virtud del artículo 122, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, éste decidirá sobre las costas.
En virtud del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 118 de dicho Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. No obstante, de conformidad con el artículo 69, apartado 3, del mismo Reglamento, en circunstancias excepcionales o cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal de Justicia podrá repartir las costas o decidir que cada parte abone sus propias costas. Por haber sido estimadas parcialmente las pretensiones de una y otra parte, procede que cada parte cargue con sus propias costas.
Con arreglo al artículo 69, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, también aplicable en virtud del artículo 118 del mismo Reglamento, las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio soportarán sus propias costas. En consecuencia, procede condenar al Consejo a cargar con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:

1)
Desestimar el recurso de casación principal y la adhesión a la casación.

2)
El Sr. Campoli, la Comisión de las Comunidades Europeas y el Consejo de la Unión Europea cargarán con sus propias costas.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.