CELEX: 61988CJ0370
Discriminación
Medida nacional de conservación de los recursos pesqueros

Mediante resolución de 23 de noviembre de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 21 de diciembre de 1988, la High Court of Justiciary planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado, varias cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 7 y. 40, apartado 3, del Tratado, así como sobre la validez y la interpretación del artículo 19 del Reglamento (CEE) n° 171/83 del Consejo, de 25 de enero de 1983, por el que se prevén determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros (
DO L 24, p. 14
; EE 04/02, p. 69).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco del proceso penal incoado contra el Sr. Marshall, pescador británico residente en Escocia, procesado por haber poseído ilegalmente a bordo de su barco una de las llamadas redes rastreras verticales monofilamento.
El artículo 19 del ya citado Reglamento n° 171/83 del Consejo autoriza a los Estados miembros a tomar medidas particulares en materia de conservación de los recursos pesqueros.
Dicho artículo está redactado de la siguiente manera:
«1.
En el caso de las existencias estrictamente locales que sólo interesan a los pescadores de un solo Estado miembro, el Estado miembro de que se trate podrá adoptar medidas para asegurar la conservación y gestión de dichas existencias, sin perjuicio de que dichas medidas sean compatibles con el Derecho comunitario y conformes a la política pesquera común.
2.
Se autorizará a los Estados miembros para fijar las condiciones o las modalidades de carácter puramente local, aplicables únicamente a los pescadores nacionales, dirigidas a limitar las capturas a través de medidas técnicas que complementen a las definidas en los reglamentos comunitarios, con la condición de que tales medidas sean compatibles con el Derecho comunitario y conforme a la política común.
3.
Antes de adoptar las medidas mencionadas en los apartados 1 y 2, el Estado miembro aludido solicitará el acuerdo de la Comisión para comprobar que tales medidas son conformes con uno u otro de los citados apartados.
La Comisión adoptará una decisión motivada en un plazo de tres meses, a partir de la fecha de presentación de una petición a título del párrafo 1.»
El 14 de enero de 1986, una vez obtenido el acuerdo de la Comisión, el Secretary of State for Scotland adoptó, en el marco del apartado 2 del artículo 19 del Reglamento n° 171/83, una Orden en materia de conservación de los recursos pesqueros: The Inshore Fishing (Prohibition of Carriage of Monofilament Gill Nets) (Scotland) Order 1986 (SI 1986/60) (en lo sucesivo, «la Orden»). Esta Orden, que se aplica tan sólo a los pescadores británicos, les prohibe estar en posesión de redes rastreras verticales monofilamento cuando navegan en aguas adyacentes a la costa escocesa hasta un límite de seis millas.
Según ha expuesto el Gobierno británico, la Orden tiene por objeto garantizar la observancia de una Orden anterior, que prohibe la pesca del salmón en la misma zona marítima mediante la utilización de redes de ese mismo tipo.
El 20 de septiembre de 1986, el barco del Sr. Marshall fue inspeccionado en aguas adyacentes a la costa escocesa. Se encontró a bordo una red de aquellas cuya posesión prohibe la Orden.
Procesado ante la Sheriff Court de Stranraer, el Sr. Marshall alegó en su defensa, entre otras cosas, que la Orden era ilegal porque establecía una discriminación en perjuicio de los pescadores británicos, y más especialmente de los escoceses, en relación con los demás pescadores de la Comunidad. En primer lugar, tan sólo a los pescadores británicos se les prohibía transportar las referidas redes. Además, la discriminación afectaba de manera más específica a los pescadores británicos que faenan con base en los puertos escoceses. En efecto, añadió el Sr. Marshall, estos pescadores, a diferencia de los pescadores de los restantes Estados miembros y de los pescadores británicos que no faenan con base en puertos escoceses, se ven en la imposibilidad de utilizar las redes rastreras verticales monofilamento incluso en los lugares donde su uso está autorizado, habida cuenta de que les está prohibido estar en posesión de tales redes en el momento de atravesar la zona marítima que rodea a su puerto de amarre.
El Sheriff de Stranraer estimó las alegaciones del Sr. Marshall y decretó el sobreseimiento del proceso incoado contra éste. Al haber apelado el Ministerio Fiscal, se remitieron los autos a la High Court of Justiciary.
Para resolver el litigio, dicho órgano jurisdiccional planteó a este Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones:
«1)
Las disposiciones del artículo 7 o del apartado 3 del artículo 40 del Tratado CEE o cualesquiera otras disposiciones del Derecho comunitario ¿impiden a los Estados miembros adoptar, con la aprobación previa y válida de la Comisión, una medida que prohiba transportar, en un barco pesquero matriculado en un Estado miembro y mientras el barco pesquero se halle dentro de una zona de aguas costeras de dicho Estado miembro adyacente a una parte de su costa, redes de pesca de un determinado tipo y construcción, cuyo uso no está prohibido por otra parte con arreglo al Derecho comunitario?, y, en caso afirmativo, ¿en qué circunstancias?
2)
a)
¿El artículo 19 del Reglamento (CEE) n° 171/83 del Consejo es válido con arreglo al Derecho comunitario?
b)
En tal caso, una medida como la descriu en la cuestión 1 ¿está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 19?»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, de las disposiciones comunitarias que se discuten y del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre la validez del artículo 19 del Reglamento n° 171/83
El Sr. Marshall alegó ante el órgano jurisdiccional nacional que el artículo 19 del Reglamento n° 171/83 es inválido en la medida en que autoriza a los Estados miembros, en el marco de la política común de la pesca, a tomar medidas que puedan entrar en conflicto con los principios fundamentales del Tratado. Esta alegación movió al órgano jurisdiccional nacional a plantear una cuestión sobre la validez de dicha disposición.
A este respecto, basta con señalar que las medidas nacionales de conservación adoptadas con arreglo al artículo 19 del Reglamento n° 171/83 deben ser, según los propios términos de esta disposición, compatibles con el Derecho comunitario, en el que naturalmente se incluyen sus principios fundamentales.
Por lo tanto, el artículo 19 del Reglamento n° 171/83 no puede ser inválido porque autorice la adopción de medidas nacionales contrarias a los referidos principios.
Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responder al órgano jurisdiccional nacional que el examen de la cuestión planteada no ha puesto de relieve elementos que puedan afectar a la validez del artículo 19 del Reglamento n° 171/83 del Consejo.
Sobre el ámbito de aplicación del apartado 2 del artículo 19 del Reglamento n° 171/83
El órgano jurisdiccional nacional pregunta, por otra parte, si una medida nacional como la Orden de referencia está comprendida en el ámbito de aplicación del apartado 2 del artículo 19 del Reglamento n° 171/83 del Consejo.
La referida medida tiene el carácter de las contempladas en el artículo 19 del Reglamento n° 171/83. En primer lugar, tiene carácter puramente local, puesto que tan sólo se aplica a una parte de las aguas del Estado miembro que la adoptó. En segundo lugar, es aplicable únicamente a los pescadores nacionales, pues no se refiere sino a los barcos que enarbolan el pabellón del Estado miembro interesado. Por último, como se limita a prohibir la utilización de un tipo específico de red, tiene carácter técnico.
En consecuencia, procede responder que una medida nacional como la Orden de referencia está comprendida en el ámbito de aplicación del apartado 2 del artículo 19 del Reglamento n° 171/83 del Consejo.
Sobre la compatibilidad de una medida nacional como la Orden de referencia con los principios fundamentales del Tratado
Ante el órgano jurisdiccional nacional, el Sr. Marshall sostuvo también que la Orden es ilegal por varios motivos. En primer lugar, porque establece una discriminación por razón de la nacionalidad al colocar a los pescadores británicos en una situación menos ventajosa que la de los restantes pescadores de la Comunidad. En segundo lugar, porque genera una discriminación que afecta de un modo más específico a los pescadores que faenan con base en puertos escoceses, puesto que estos pescadores, a diferencia de los demás pescadores británicos, no pueden utilizar las redes que se discuten ni siquiera en las zonas marítimas en que su uso está autorizado. En tercer lugar, añade el Sr. Marshall, la Orden viola el principio de proporcionalidad, ya que prohibe estar en posesión de las redes cuando habría sido suficiente prohibir su utilización. Por último, concluye el Sr. Marshall, la Orden vulnera el derecho al libre ejercicio de una actividad profesional.
Ésta es la argumentación que movió al órgano jurisdiccional nacional a preguntar si el artículo 7 o el apartado 3 del artículo 40 del Tratado o bien los principios fundamentales del Derecho comunitario impiden que un Estado miembro prohiba transportar redes de un determinado tipo en los barcos que enarbolen su pabellón y naveguen en aguas adyacentes a sus costas.
Por lo que se refiere al artículo 7 del Tratado, procede poner de relieve que esta disposición no obliga a los Estados miembros a tratar a sus propios nacionales de una manera idéntica. Por lo tanto, no vulnera el artículo 7 una discriminación entre los pescadores que faenan con base en los puertos escoceses y los demás pescadores británicos. Por otra parte, no porque coloque a los pescadores que faenan con base en los puertos escoceses en una situación menos ventajosa que la de los pescadores de los restantes Estados miembros puede considerarse contraria al artículo 7 la medida impugnada. En efecto, ambas categorías de pescadores no se encuentran en situaciones comparables, habida cuenta de los imperativos de la preservación de los salmones.
Por lo que se refiere al apartado 3 del artículo 40 del Tratado, de la sentencia de 26 de abril de 1988, Apesco contra Comisión (
207/86, Rec. 1988, p. 2151, apartado 23
) se desprende que los Estados miembros deben respetar el principio de igualdad cuando hayan de adoptar, con relación únicamente a sus nacionales, medidas de ejecución de un reglamento comunitario de organización de mercados agrarios.
A este respecto, procede hacer constar que la Orden afecta a los pescadores que faenan con base en los puertos escoceses en mayor medida que a los demás pescadores británicos. En efecto, a los primeros se les impide utilizar las redes rastreras verticales monofilamento incluso allí donde su uso está autorizado, puesto que no pueden llevarlas consigo en las aguas circundantes a su respectivo puerto de amarre.
Semejante diferencia de trato, sin embargo, tan sólo constituirá una discriminación prohibida por el apartado 3 del artículo 40 del Tratado si es arbitraria, es decir, si carece de justificación suficiente y no se basa en criterios de carácter objetivo.
A este respecto, procede hacer constar que los salmones han de atravesar la zona marítima a que se refiere la Orden para alcanzar los ríos en los que tienen que desovar. Así pues, para la preservación de la especie es fundamental que cierta proporción de salmones pueda llegar a los referidos lugares de reproducción.
Habida cuenta de la particular eficacia de las redes rastreras verticales monofilamento, lo anterior requiere que se prohiba su uso. Para garantizar esta medida, resultaba objetivamente justificado el prohibir en la referida zona estar en posesión de redes de ese tipo. En efecto, debido a la extensión de las costas, los controles resultan particularmente difíciles en la zona marítima de que se trata. No resulta arbitrario, pues, que las autoridades nacionales hayan preferido prohibir el estar en posesión de tales redes en lugar de multiplicar los controles para demostrar que las mismas se han utilizado con fines ilícitos. De estas consideraciones se deduce asimismo que la medida que se discute no es desproporcionada con respecto a los objetivos perseguidos.
Por último, por lo que se refiere a la vulneración del derecho al libre ejercicio de una actividad profesional, procede recordar que, según declaró este Tribunal de Justicia en la sentencia de 8 de octubre de 1986, Keller (
234/85, Rec. 1986, p. 2897, apartado 8
), podrán establecerse limitaciones al referido derecho cuando estén justificadas por los objetivos de interés general perseguidos por la Comunidad y en la medida en que no atenten contra la sustancia de dicho derecho.
En el caso de autos, las limitaciones impuestas al derecho de pesca se justifican en aras del interés general, pues están destinadas a garantizar la conservación de la especie. Por otra parte, no vulneran la sustancia del derecho de pesca, puesto que la libertad de pesca sigue vigente si se utilizan redes autorizadas.
Procede, pues, responder al órgano jurisdiccional nacional que ni el artículo 7 del Tratado, ni el apartado 3 de su artículo 40, ni tampoco los principios fundamentales del Derecho comunitario impiden que un Estado miembro prohiba transportar redes de un determinado tipo en los barcos que enarbolen su pabellón y naveguen en aguas adyacentes a sus costas.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno del Reino Unido, por la Comisión de las Comunidades Europeas y por el Consejo de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la High Court of Justiciary mediante resolución de 23 de noviembre de 1988, declara:

1)
El examen de la cuestión planteada no ha puesto de relieve elementos que puedan afectar a la validez del artículo 19 del Reglamento (CEE) n° 171/83 del Consejo.

2)
Una medida nacional como la Orden de referencia está comprendida en el ámbito de aplicación del apartado 2 del artículo 19 del Reglamento (CEE) n° 171/83 del Consejo.

3)
Ni el artículo 7 del Tratado, ni el apartado 3 de su artículo 40, ni tampoco los principios fundamentales del Derecho comunitario impiden que un Estado miembro prohiba transportar redes de un determinado tipo en los barcos que enarbolen su pabellón y naveguen en aguas adyacentes a sus costas.

Moitinho de Almeida
Slynn
Joliét
Grévisse
Zuleeg
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de noviembre de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Quinta
J.C. Moitinho de Almeida
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.