CELEX: 62000TJ0005
Prácticas colusorias
Venta de material electrotécnico en los Países Bajos
Asociación nacional de mayoristas
Acuerdos colectivos de exclusividad y de fijación de precios
Multas

La Decisión impugnada
El presente asunto se refiere a la Decisión 2000/117/CE de la Comisión, de 26 de octubre de 1999, relativa a un procedimiento
en virtud del artículo 81 del Tratado CE [Asunto IV/33.884 – Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch
Gebied y Technische Unie (FEG y TU)] (DO 2000, L 39, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»). Mediante esta Decisión,
la Comisión impuso unas multas a la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (Federación
neerlandesa de mayoristas de material electrotécnico; en lo sucesivo, «FEG»), asociación de empresas de comercio al por mayor
de artículos electrotécnicos de los Países Bajos, y a Technische Unie (en lo sucesivo, «TU»), empresa miembro de dicha asociación.
El concepto de material electrotécnico cubre todo un conjunto de productos empleados en la industria, en la construcción y
en las obras públicas. Se trata principalmente de material de infraestructura [por ejemplo, cables y alambres, tubos de cloruro
de polivinilo (PVC)], material técnico (interruptores, relés) y de iluminación y sistemas de alarma y de telefonía (Decisión
impugnada, punto 12).
CEF Holdings Ltd (en lo sucesivo, «CEF UK»), mayorista de material electrotécnico establecido en el Reino Unido, decidió implantarse
en el mercado neerlandés, creando al efecto en mayo de 1989 una filial, CEF City Electrical Factors BV (en lo sucesivo, «CEF
BV»). Ante los problemas de aprovisionamiento que afirmaban encontrar en los Países Bajos, el 18 de marzo de 1991 CEF BV y CEF
UK (en lo sucesivo denominadas conjuntamente «CEF») presentaron una denuncia ante la Comisión, que fue registrada al día siguiente.
En la denuncia se acusaba a tres asociaciones de empresas del mercado electrotécnico y a sus miembros. Dichas asociaciones
eran, además de la FEG, la Nederlandse Vereniging van Alleenvertegenwoordigers op Elektrotechnisch Gebied (Asociación neerlandesa
de representantes exclusivos en el sector electrotécnico; en lo sucesivo, «NAVEG») y la Unie van Elektrotechnische Ondernemers
(Unión de empresas electrotécnicas; en lo sucesivo, «UNETO»).
Según CEF, estas tres asociaciones y sus miembros habían concluido acuerdos colectivos de exclusividad recíproca a todos los
niveles de la cadena de distribución de material electrotécnico en los Países Bajos, de modo que, sin ser miembro de la FEG,
era prácticamente imposible para un mayorista de material electrotécnico implantarse en el mercado neerlandés. Así, los fabricantes
y sus agentes o importadores sólo suministraban a los miembros de la FEG, y los instaladores sólo se aprovisionaban en los
establecimientos de los miembros de la FEG. Mediante escrito de 22 de octubre de 1991, CEF amplió su denuncia para incluir
en ella varios acuerdos entre la FEG y sus miembros sobre precios y descuentos, así como unos acuerdos destinados a impedir
que CEF participara en ciertos proyectos. A partir de enero de 1992, CEF denunció también varios acuerdos verticales de precios
entre ciertos fabricantes de material electrotécnico y los mayoristas miembros de la FEG.
Mientras tanto, entre junio y agosto de 1991, la Comisión transmitió a la FEG y a TU diversas solicitudes de información basadas
en el artículo 11 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos
[81] y [82] del Tratado CE (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22). En particular, la Comisión envió una solicitud de información
a TU el 25 de julio de 1991, a la que ésta respondió los días 16 y 28 de agosto de 1991.
El 16 de septiembre de 1991, la Comisión envió a la FEG una carta de advertencia, en la que se aludía principalmente a las
presiones sobre ciertos proveedores de material electrotécnico para que no suministraran material a CEF, a las concertaciones
sobre precios y descuentos entre los miembros de la FEG y al volumen de negocios mínimo exigido para adherirse a la FEG.
El 27 de abril de 1993, la Comisión interrogó a ciertos proveedores de material electrotécnico con arreglo al artículo 11
del Reglamento nº 17.
El 10 de junio de 1994, la Comisión envió a la FEG una solicitud de información basada en el artículo 11 del Reglamento nº 17.
El 8 y el 9 de diciembre de 1995, la Comisión efectuó visitas de inspección en los locales de la FEG y de varios de sus miembros,
entre ellos TU, conforme al artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17.
El 3 de julio de 1996, la Comisión envió un pliego de cargos a la FEG y a siete de sus miembros: Bernard, Brinkman & Germeraad,
Conelgro, Schiefelbusch, Schotman, Wolff y TU (en lo sucesivo, «pliego de cargos»). La FEG y TU presentaron sus observaciones
en respuesta al pliego de cargos el 13 de diciembre de 1996 y el 13 de enero de 1997, respectivamente.
La FEG y TU presentaron a la Comisión varias solicitudes de acceso al expediente. Después de que el 16 de septiembre de 1997
se les diera traslado de varios documentos complementarios recogidos en el expediente, ambas presentaron a la Comisión el
10 de octubre siguiente un escrito de ampliación de sus respuestas al pliego de cargos.
El 19 de noviembre de 1997 se celebró una audiencia en la que estuvieron presentes todos los destinatarios del pliego de cargos
y CEF.
El 26 de octubre de 1999 la Comisión adoptó la Decisión impugnada, cuya parte dispositiva está redactada así:
«Artículo 1
La FEG ha infringido el apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE al concluir un acuerdo colectivo de exclusividad, basado
en un pacto con la NAVEG, así como en un acuerdo de práctica concertada con proveedores no representados en la NAVEG, destinado
a impedir los suministros a empresas no afiliadas a la FEG.
Artículo 2
La FEG ha infringido el apartado 1 del artículo 81 del Tratado al restringir de forma directa e indirecta la libertad de sus
miembros para fijar libremente sus precios de venta. A tal fin, adoptó la decisión vinculante sobre precios fijos y la decisión
vinculante sobre publicaciones, difundió entre sus miembros unas recomendaciones relativas a los precios brutos y netos y
les ofreció un foro para negociar los precios y descuentos.
Artículo 3
TU ha infringido el apartado 1 del artículo 81 del Tratado al participar activamente en las infracciones mencionadas en los
artículos 1 y 2.
Artículo 4
1.

La FEG pondrá fin, de manera inmediata, a las infracciones citadas en los artículos 1 y 2, si es que no lo ha hecho ya.
2.

TU pondrá fin, de manera inmediata, a las infracciones citadas en el artículo 3, si es que no lo ha hecho ya.
Artículo 5
1.

Por las infracciones citadas en los artículos 1 y 2, se impone a la FEG una multa de 4,4 millones de euros.
2.

Por las infracciones citadas en el artículo 3, se impone a TU una multa de 2,15 millones de euros.»
Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 14 de enero 2000, la FEG presentó el recurso
registrado con el número T‑5/00.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia ese mismo día, TU presentó el recurso registrado
con el número T‑6/00.
Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia los días 24 y 28 de agosto de 2000, CEF UK
y CEF BV solicitaron conjuntamente intervenir, respectivamente, en los asuntos T‑6/00 y T‑5/00, en apoyo de las pretensiones
de la Comisión.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 25 de septiembre de 2000, la FEG presentó
una demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada con arreglo al artículo 242 CE (asunto T‑5/00 R).
Mediante auto del Presidente de la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de 16 de octubre de 2000 se admitió la intervención
en el procedimiento de CEF UK y de CEF BV (en lo sucesivo, «coadyuvantes») en los asuntos T‑5/00 y T‑6/00, en apoyo de las
pretensiones de la Comisión.
Mediante escrito presentado en la Secretaría el 18 de octubre de 2000, las coadyuvantes presentaron una solicitud de intervención
en el procedimiento de medidas provisionales en apoyo de las pretensiones de la Comisión.
Mediante auto de 14 de diciembre de 2000, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia, tras haber aceptado dicha solicitud
de intervención, desestimó la demanda de medidas provisionales en el asunto T‑5/00 R y reservó la decisión sobre las costas.
El recurso de casación interpuesto por la FEG contra dicho auto fue desestimado por auto del Presidente del Tribunal de Justicia
de 23 de marzo de 2001, FEG/Comisión [C‑7/01 P(R), Rec. p. I‑2559].
Mediante escritos recibidos en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 21 de marzo de 2001 (T‑5/00) y el 5 abril
de 2001 (T‑6/00), las demandantes se pronunciaron dentro de los plazos fijados sobre los escritos de formalización de la intervención
presentados el 8 de enero de 2001 en ambos asuntos. La Comisión renunció a formular observaciones sobre dichos escritos de
intervención.
El 7 de mayo de 2002, tras oír a las partes, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia resolvió acumular los asuntos
T‑5/00 y T‑6/00 a efectos de la fase oral del procedimiento y de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del
Reglamento de Procedimiento.
Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) decidió abrir la fase oral del procedimiento.
En la vista celebrada el 14 de mayo de 2002 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas
por el Tribunal de Primera Instancia.
En el asunto T‑5/00, la FEG solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–
Con carácter principal, anule la Decisión impugnada.
–
Con carácter subsidiario, anule el artículo 5, apartado 1, de la Decisión impugnada.
–
Con carácter aún más subsidiario, reduzca a 1000 euros la cuantía de la multa impuesta en el artículo 5, apartado 1, de dicha
Decisión.
–
Condene en costas a la Comisión y a las coadyuvantes.
En el asunto T‑6/00, TU solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–
Con carácter principal, anule la Decisión impugnada.
–
Con carácter subsidiario, anule los artículos 3 y 5, apartado 2, de la Decisión impugnada.
–
Con carácter aún más subsidiario, reduzca la cuantía de la multa impuesta en el artículo 5, apartado 2, de dicha Decisión.
–
Condene en costas a la Comisión y a las coadyuvantes.
En los asuntos T‑5/00 y T‑6/00, la Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–
Desestime los recursos.
–
Condene en costas a las demandantes.
En los asuntos T‑5/00 y T‑6/00, las coadyuvantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:
–
Desestime los recursos.
–
Aumente la cuantía de la multa.
–
Condene en costas a las demandantes.
Fundamentos de Derecho
Procede examinar primero los motivos relativos a las pretensiones de anulación de la Decisión impugnada y a continuación los
relativos a las pretensiones de anulación de las multas o de reducción de su importe.
Sobre las pretensiones de anulación
Las demandantes invocan sucesivamente varias violaciones del derecho de defensa y niegan la existencia de las infracciones
del artículo 81 CE que les imputa la Decisión impugnada.
I .
Sobre el derecho de defensa
A .
Sobre el derecho a ser oído en el procedimiento administrativo
Con carácter preliminar, procede recordar que el respeto del derecho de defensa, que constituye un principio fundamental del
Derecho comunitario y debe ser observado en todos los casos, especialmente en todo procedimiento que pueda dar lugar a la
imposición de sanciones, aunque se trate de un procedimiento administrativo, exige que la empresa interesada haya tenido la
posibilidad de manifestar oportunamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos, imputaciones y
circunstancias alegados por la Comisión (sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche/Comisión,
85/76, Rec. p. 461, apartado 11, y de 17 de enero de 1984, VBVB y VBBB/Comisión, asuntos acumulados 43/82 y 63/82, Rec. p. 19,
apartado 25).
Según la jurisprudencia, el pliego de cargos debe contener una exposición de los cargos redactada en términos suficientemente
claros, aunque sean resumidos, como para que los interesados puedan conocer efectivamente los comportamientos que les imputa
la Comisión. En efecto, sólo si cumple este requisito puede el pliego de cargos desempeñar la función que le atribuyen los
reglamentos comunitarios y que consiste en facilitar a las empresas y asociaciones de empresas todos los elementos necesarios
para que puedan defenderse de forma eficaz, antes de que la Comisión adopte una decisión definitiva (sentencia del Tribunal
de Justicia de 31 de marzo de 1993, Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión, asuntos acumulados C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85,
C‑116/85, C‑117/85 y C‑125/85 a C‑129/85, Rec. p. I‑1307, apartado 42).
En principio, únicamente los documentos citados o mencionados en el pliego de cargos constituyen medios de prueba válidos
(sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 1991, AKZO/Comisión, C‑62/86, Rec. p. I‑3359, apartado 21; sentencias
del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1992, Shell/Comisión, T‑11/89, Rec. p. II‑757, apartado 55, e ICI/Comisión,
T‑13/89, Rec. p. II‑1021, apartado 34). Sin embargo, los documentos adjuntados al pliego de cargos pero no mencionados en
él pueden utilizarse en la decisión contra la demandante, si ésta pudo razonablemente deducir del pliego de cargos las conclusiones
que la Comisión pretendía extraer de ellos (sentencias Shell/Comisión, antes citada, apartado 56, e ICI/Comisión, antes citada,
apartado 35).
Sólo pueden considerarse pruebas de cargo los documentos utilizados por la Comisión en apoyo de su conclusión de que una empresa
cometió una infracción. Para demostrar que se ha violado su derecho de defensa, no basta con que la empresa de que se trate
demuestre que no pudo pronunciarse durante el procedimiento administrativo sobre un documento utilizado en un punto cualquiera
de la decisión impugnada. Es preciso que demuestre que la Comisión utilizó dicho documento en la decisión impugnada como prueba
adicional para concluir que existía una infracción en la que dicha empresa había participado.
En el presente asunto, la FEG y TU reprochan a la Comisión que no les diera la posibilidad de pronunciarse sobre ciertos datos
no mencionados en el pliego de cargos pero que se tuvieron en cuenta en la Decisión impugnada. Denuncian así, por una parte,
el hecho de que la Comisión no les comunicara ciertos documentos en la fase de envío del pliego de cargos y, por otra, la
falta de concordancia entre los cargos que se les comunicaron y las infracciones que finalmente se les imputaron.
Procede analizar dichas alegaciones a la vista de los principios formulados anteriormente.
1. 	Documentos no comunicados junto con el pliego de cargos
Las demandantes sostienen que no tuvieron la oportunidad de formular observaciones sobre las pruebas de cargos siguientes:
por una parte, los documentos relativos al Agenten-Grossiers-Contract (contrato agentes-mayoristas; en lo sucesivo, «acuerdo
AGC») y, por otra, el informe de la Asamblea General de la NAVEG de 28 de abril de 1986.
a) 	Documentos relativos al acuerdo AGC
Alegaciones de las partes
Las demandantes reprochan a la Comisión que no mencionara en el pliego de cargos los documentos relativos al acuerdo AGC o
que no indicara al menos en el procedimiento administrativo las conclusiones que pretendía extraer de ellos. A su juicio,
procede pues eliminar del debate dichos documentos y apreciar sin ellos la legalidad de la Decisión. Así, la afirmación de
la Comisión de que los comportamientos observados eran simplemente la continuación de antiguas prácticas resulta totalmente
privada de fundamento. La FEG subraya a este respecto que el hecho de que tales documentos no se refieran al período de infracción
carece de importancia, ya que la infracción se basa en la tesis de que el acuerdo ilícito se mantuvo en vigor desde 1957 (véase
la Decisión impugnada, considerandos 44, 45 y 53).
La Comisión estima que dichas alegaciones no son pertinentes, pues la Decisión impugnada no reprocha a las demandantes la
existencia del acuerdo AGC. Según ella, las demandantes tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre los antecedentes del
acuerdo colectivo de exclusividad y de defender así eficazmente sus derechos en sus respuestas al pliego de cargos.
Las coadyuvantes precisan que el 22 de septiembre de 1997 obtuvieron del Ministerio de Economía neerlandés el derecho de acceder
a los documentos relativos al procedimiento por el que dicho órgano anuló el acuerdo AGC en 1957. Por lo tanto, a su juicio,
las demandantes no pueden alegar legítimamente que no les fue posible conocer los documentos relativos al acuerdo AGC.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Aunque las demandantes no han designado con precisión los documentos relativos al acuerdo AGC sobre los que, según ellas,
no pudieron pronunciarse, los puntos 39 y siguientes de la Decisión impugnada, comprendidos en la parte relativa a los antecedentes
de las infracciones, muestran que la Comisión mencionó diversos documentos en apoyo de su afirmación de que el origen de las
infracciones se remontaba al acuerdo AGC. Dichos documentos son los siguientes:
–
el memorándum del Ministerio de Economía de 23 de febrero de 1959 sobre la «investigación del antiguo contrato entre agentes
y mayoristas en el sector electrotécnico» (Decisión impugnada, considerando 41 y nota nº 42);
–
las respuestas escritas de TU y de la FEG al pliego de cargos (pp. 28 y 29, respectivamente), a las que la Comisión se remite
para sostener que TU y la FEG no negaron la existencia del acuerdo AGC durante el procedimiento administrativo (Decisión impugnada,
considerando 42 y nota nº 44);
–
el plan estratégico de la FEG elaborado en 1993, en el que se hacía referencia implícita al acuerdo AGC (Decisión impugnada,
considerando 42 y nota nº 45).
Sólo el primero de estos documentos podría resultar pertinente en el marco de la presente alegación. En efecto, los documentos
mencionados en el segundo guión proceden de TU y de la FEG. En cuanto al último documento, cuya autora es la FEG, es evidente
que TU lo conocía, en su condición de miembro de la FEG y de miembro de la junta directiva de dicha asociación. Por otra parte,
TU y la FEG no se han pronunciado específicamente sobre estos últimos documentos en sus escritos.
Las alegaciones de las demandantes sobre el memorándum de 23 de febrero de 1959 deben desestimarse, pues está acreditado que
la FEG y TU tuvieron conocimiento de dicho documento durante el procedimiento administrativo. La Comisión comunicó el memorándum
del Ministerio de Economía a las demandantes antes de la audiencia (véanse la demanda T‑5/00, punto 53, y la demanda T‑6/00,
punto 110). Las demandantes tuvieron pues la oportunidad de pronunciarse sobre dicho documento en el procedimiento administrativo,
por lo que procede excluir cualquier violación de su derecho de defensa.
A mayor abundamiento, es evidente que la Decisión no invoca el memorándum de 23 febrero de 1959 en apoyo de su conclusión
sobre la existencia de la infracción relativa al acuerdo colectivo de exclusividad, sino a fin de aclarar los antecedentes
de dicho acuerdo. Desde un punto de vista material, dicho documento sólo se refiere al acuerdo AGC, que no forma parte de
las infracciones que se consideraron probadas. Desde un punto de vista temporal, dicho documento se refiere a un momento anterior
al período de infracción. Aunque en el pliego de cargos la Comisión había fijado como inicio del período de infracción el
año 1956, la Decisión impugnada considera finalmente que el punto de partida de infracción fue el 11 de marzo de 1986.
b) 	El informe de la asamblea general de la NAVEG de 28 de abril de 1986
Alegaciones de las partes
Las demandantes sostienen que no tuvieron conocimiento del informe de la asamblea general de la NAVEG de 28 de abril de 1986.
La Comisión afirma que dicho documento hace referencia a una reunión de 11 de marzo de 1986 entre las juntas directivas de
la FEG y de la NAVEG, y lo invoca como prueba de la infracción relativa al acuerdo colectivo de exclusividad (Decisión impugnada,
considerando 46, tercer guión). Las demandantes sostienen que el pliego de cargos no mencionaba dicho documento y que no cabe
presumir que hubiera estado en su poder, ya que se trata de un documento interno de la NAVEG.
Las demandantes añaden que la Comisión no puede invocar la carta enviada por la NAVEG a la FEG el 27 de septiembre de 1989
para demostrar la existencia de unas discusiones sobre el acuerdo colectivo de exclusividad celebradas el 28 de abril de 1986.
Según ellas, aunque el pliego de cargos mencionaba dicho carta, ésta no contiene sin embargo información alguna sobre la fecha
en que aparentemente los mayoristas se opusieron a los suministros de material a CEF; por lo demás, la Comisión no expuso
las conclusiones que pretendía extraer de ella.
Por otra parte, TU alega que la Comisión alargó la duración de la infracción basándose en un documento de 1986 que no figuraba
en el pliego de cargos. Afirma así que el informe de la asamblea general de la NAVEG de 28 de abril de 1986 permitió en efecto
que la Comisión ampliara en tres años la duración de la infracción, fijando como punto de partida de la misma 1986. TU precisa
a este respecto que el pliego de cargos se basaba exclusivamente en documentos relativos al período comprendido entre 1989
y 1993. Por lo tanto, para utilizar el mencionado documento habría sido necesario un nuevo pliego de cargos. TU solicita en
consecuencia al Tribunal de Primera Instancia que elimine del debate el informe de la asamblea general de la NAVEG de 28 abril
de 1986 y que determine la duración de la supuesta infracción a partir de la reunión entre la FEG y la NAVEG de 28 de febrero
de 1989, como muy pronto (Decisión impugnada, considerando 46, primer guión).
La Comisión rechaza estas alegaciones invocando dos argumentos.
Por una parte afirma que las demandantes tuvieron conocimiento del informe de 28 de abril de 1986 en la fase de acceso al
expediente que se desarrolló el 4 y el 9 de septiembre de 1996. Alega además que este documento se refiere a hechos mencionados
en la carta de la NAVEG a la FEG de 27 de septiembre de 1989 (véase la Decisión impugnada, considerando 49), a la que se hizo
referencia en el considerando 25 del pliego de cargos.
La Comisión señala por otra parte que dicho documento no se utiliza para apoyar ninguna nueva imputación, de modo que el hecho
de que no fuera mencionado en el pliego de cargos no afecta a la validez de la Decisión impugnada. Se trata en efecto, según
ella, de un nuevo documento, pero invocado en apoyo de una imputación previa.
En lo que respecta a los argumentos de TU sobre la determinación del punto de partida de la infracción, la Comisión considera
que TU no podía ignorar que dicho punto de partida era anterior a 1989, ya que el pliego de cargos lo había situado en el
año 1956.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Es preciso recordar que, en la Decisión impugnada (considerando 46), la Comisión invoca el informe de la asamblea general
de la NAVEG de 28 de abril de 1986 como prueba de una práctica colusoria ilícita que adoptó la forma de un acuerdo colectivo
de exclusividad, práctica colusoria ya denunciada en el pliego de cargos. Consta que las demandantes pudieron consultar dicho
documento con posterioridad al envío del pliego de cargos, en la fase de acceso al expediente (4, 6 y 9 de septiembre de 1996).
Por consiguiente, TU tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre dicho documento en su respuesta al pliego de cargos, así como
en el escrito de ampliación de su respuesta de 10 de octubre de 1997 y en la audiencia de 19 de noviembre de 1997. Del mismo
modo, la FEG pudo adoptar una posición al respecto en su respuesta al pliego de cargos de 13 de diciembre de 1996. Dadas estas
circunstancias, no cabe hablar de violación del derecho de defensa. Procede desestimar por tanto las alegaciones relativas
a la comunicación del informe de la asamblea general de la NAVEG de 28 de abril de 1986, así como la solicitud de que se elimine
del debate dicho informe. La pertinencia de este documento se discutirá al examinar la procedencia de la Decisión impugnada.
2. 	Falta de concordancia textual entre la Decisión impugnada y el pliego de cargos
Las demandantes alegan, en esencia, que, si la Comisión desea basar su decisión en datos no recogidos en el pliego de cargos,
se encuentra obligada a enviar un pliego de cargos adicional. A su juicio, los documentos no mencionados en el pliego de cargos
no pueden por tanto utilizarse como pruebas (sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 1983, AEG/Comisión, 107/82,
Rec. p. 3151, apartados 27 y 28, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de junio de 1995, ICI/Comisión, T‑36/91,
Rec. p. II‑1847, apartado 107). Las demandantes consideran que existe una discordancia entre el pliego de cargos y la Decisión
impugnada en varios puntos de esta última.
a) 	La relación entre las dos infracciones (asunto T‑6/00)
Alegaciones de las partes
TU alega que, en el considerando 122 de la Decisión impugnada, la Comisión afirmó que el acuerdo colectivo de exclusividad
estaba destinado a apoyar los acuerdos de fijación de precios, y deduce de este pasaje de la Decisión impugnada que lo que
constituye la infracción principal son los acuerdos sobre precios, y que el acuerdo colectivo de exclusividad es meramente
accesorio. Según TU, la Comisión había adoptado sin embargo la tesis inversa en el considerando 49 del pliego de cargos, de
modo que la Decisión impugnada contiene una imputación nueva. A su juicio, ello constituye una modificación fundamental, que
ha afectado a su defensa. En efecto, TU indica que, en su escrito de respuesta al pliego de cargos, se defendió principalmente
contra las acusaciones relativas al acuerdo colectivo de exclusividad y, en menor medida, contra las acusaciones relativas
a los acuerdos sobre los precios.
La Comisión rechaza estas alegaciones. Pese a que reconoce haber llegado a la conclusión, en la Decisión impugnada, de que
el acuerdo colectivo de exclusividad cumplía una función de apoyo a los acuerdos sobre precios (considerando 122), afirma
que no se trata en absoluto de una imputación nueva.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
La argumentación de TU parte de una interpretación errónea de la Decisión impugnada y del pliego de cargos. La relación entre
el acuerdo colectivo de exclusividad y los acuerdos sobre precios no constituye una imputación independiente. En efecto, los
pasajes del pliego de cargos que TU invoca están redactados así:
«Los acuerdos colectivos de exclusividad tienen por objeto o por efecto restringir la competencia en el mercado común. En
efecto, en virtud de dichos acuerdos, la circulación de material para instalaciones electrotécnicas en los Países Bajos sólo
puede producirse entre proveedores y mayoristas afiliados a la FEG. Por esta razón, los proveedores de dichos productos no
pueden contratar con los mayoristas de los Países Bajos no afiliados a la FEG, al tiempo que los mayoristas de los Países
Bajos no afiliados a la FEG (porque no han sido admitidos por ésta o porque no desean adherirse a ella) ven limitadas sus
posibilidades de compra, ya que no pueden obtener material para instalaciones electrotécnicas destinado al mercado neerlandés,
o solamente con grandes dificultades.
[...]
El sistema del acuerdo colectivo de exclusividad se completa mediante acuerdos o prácticas concertadas entre los miembros
de la FEG en relación con sus políticas de precios y de descuentos.»
Por su parte, el considerando 122 de la Decisión impugnada, que sigue al título «Relación entre el acuerdo colectivo de exclusividad
y los acuerdos horizontales de precios», está redactado así:
«Por último, aún debe señalarse la relación directa entre el acuerdo colectivo de exclusividad y los acuerdos horizontales
de precios en el seno de la FEG. Tal y como se expone en el considerando 111, los acuerdos sobre precios están destinados
a garantizar una estabilidad artificial del nivel de precios y unos “márgenes saludables” para los mayoristas. Esto sólo se
puede lograr si el sector mayorista se atiene a una determinada disciplina de precios. Por ello, la FEG presionó de distintas
maneras a sus miembros para que renunciaran a una competencia de precios intensa. Por tanto, en principio sólo cabía temer
una competencia de ese tipo procedente de mayoristas no afiliados a la FEG. Al impedir, en virtud del acuerdo colectivo de
exclusividad, los suministros a estos “price cutters” potenciales, pudo minimizarse el riesgo de que el nivel de precios artificial
se viera sometido a presión. El acuerdo colectivo de exclusividad cumplía, por tanto, una función de apoyo a los acuerdos
de precios.»
Resulta obligado hacer constar que tanto la Decisión impugnada como el pliego de cargos mencionan dos infracciones, una en
relación con el acuerdo colectivo de exclusividad y otra en relación con los acuerdos de fijación de precios. Así, la Decisión
impugnada contiene apreciaciones de hecho sobre el acuerdo colectivo de exclusividad en sus considerandos 33 a 70 (sección
F, titulada «Relación entre la pertenencia a la FEG y los suministros»). En cuanto a los acuerdos sobre precios entre los
miembros de la FEG, son examinados en la sección G de la Decisión impugnada (considerandos 71 a 93). En la parte de la Decisión
relativa a la valoración jurídica de los hechos, la Comisión analizó los requisitos para la aplicación del artículo 81 CE,
apartado 1, a estas dos infracciones (Decisión impugnada, considerandos 94 a 126). Del mismo modo, en lo que respecta a la
determinación del importe de la multa, la Comisión examinó sucesivamente el carácter deliberado, la duración, la gravedad
y las circunstancias atenuantes o agravantes de cada una de estas dos infracciones (Decisión impugnada, considerandos 131
a 150).
El considerando 122 de la Decisión impugnada y los considerandos 47 y 49 del pliego de cargos, antes citados, sólo pretenden
aclarar la relación natural entre las prácticas colusorias de que se trata y demostrar que las consecuencias previsibles y
esperadas del acuerdo de exclusividad eran reforzar la probabilidad de que, mediante los acuerdos de fijación de precios,
éstos se mantuvieran a un nivel superior al que hubiera resultado del juego normal de las fuerzas del mercado si no hubieran
existido dichas prácticas colusorias. La procedencia de esta apreciación será analizada al examinar el motivo basado en la
infracción del artículo 81 CE. De ello se deduce que no cabe acoger la alegación de los demandantes sobre la relación entre
las dos infracciones.
b) 	El nivel de precios artificialmente elevado en el mercado neerlandés
Alegaciones de las partes
TU alega que la Comisión no mencionó en el pliego de cargos el nivel artificialmente elevado los precios en el mercado neerlandés,
dato que sin embargo tuvo en cuenta en la Decisión impugnada (considerando 122). Estima pues que no se le permitió expresarse
sobre la cuestión de si los precios eran demasiado elevados.
La Comisión replica que esta alegación se deriva de una interpretación errónea de la Decisión impugnada.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Es preciso recordar ante todo que, en el considerando 122 de la Decisión impugnada, la Comisión no se pronunció sobre el aumento
de los precios en el mercado neerlandés, ni sobre la cuestión de si dichos precios eran demasiado elevados. A este respecto,
el considerando 140 de la Decisión impugnada expone la siguiente conclusión:
«La repercusión en el mercado del acuerdo colectivo de exclusividad no puede medirse con precisión. Con todo, está fuera de
duda que la infracción retrasó y dificultó la entrada de CEF en el mercado neerlandés. Aunque hay indicios de que el nivel
de precios en el mercado neerlandés de productos electrotécnicos era relativamente alto, debe señalarse que la incidencia
de los acuerdos horizontales de precios tampoco puede evaluarse con precisión. En líneas generales, a la FEG y a sus miembros
les importaba menos fijar precios uniformes para todos los productos electrotécnicos que controlar y mantener dentro de unos
límites la competencia de precios existente para no poner en peligro la estabilidad de precios y los márgenes del sector mayorista.»
Este considerando figura en la parte de la Decisión impugnada relativa a la determinación del nivel de la multa. No contiene
una imputación nueva que afirme que los precios eran demasiado elevados. Por lo tanto, procede desestimar la alegación de
los demandantes sobre el nivel de precios en el mercado neerlandés.
B .
Sobre la transmisión tardía de ciertos documentos (asunto T‑6/00)
1. 	Alegaciones de las partes
TU alega no que no dispuso de tiempo suficiente para pronunciarse antes de la audiencia sobre el memorándum del Ministerio
de Economía de 23 de febrero de 1959 relativo al acuerdo AGC, ni sobre el informe de la asamblea general de la NAVEG de 28
de abril de 1986 (Decisión impugnada, considerando 46). A su juicio, la transmisión tardía de dichos documentos no equivale
al envío de un pliego de cargos adicional (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de febrero de 1994, CB y Europay/Comisión,
asuntos acumulados T‑39/92 y T‑40/92, Rec. p. II‑49, apartados 56 a 61). Sostiene por tanto que la Comisión no puede invocarlos
en la Decisión impugnada.
La Comisión considera que el modo en que se transmitieron los documentos relativos al acuerdo AGC no vulneró los derechos
de la demandante. En efecto, tales documentos no contienen ninguna imputación nueva, sino que se limitan a aclarar el contexto
del asunto. Señala además que, mediante escrito de 5 de noviembre de 1997, el abogado de la FEG había pactado con el consejero-auditor
que todas las partes podrían presentar nuevos documentos hasta una semana antes de la audiencia. TU y la FEG tuvieron la oportunidad
de pronunciarse sobre dichos documentos en la vista, por lo que la Comisión estima que se respetó su derecho de defensa.
2. 	Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
TU no niega haber recibido unas dos semanas antes de la audiencia el memorándum del Ministerio de Economía de 1959 relativo
al acuerdo AGC. Por otra parte, ha quedado acreditado que, en el procedimiento administrativo, las partes llegaron a un acuerdo
con la Comisión para transmitirse todas las pruebas hasta una semana antes de la audiencia (véase el anexo 3 de los escritos
de contestación de la Comisión en los asuntos T‑5/00 y T‑6/00). En cuanto al informe de la asamblea general de los miembros
de la NAVEG de 28 de abril de 1986, ya se ha declarado que TU había tenido la oportunidad de examinar dicho documento en la
fase de acceso al expediente, el 4 y 9 de septiembre de 1996. TU dispuso pues de un plazo razonable para examinar dichos documentos
y preparar su defensa. Habida cuenta de estas circunstancias, procede desestimar la alegación de TU de que la transmisión
de dichos documentos fue tardía y puso por tanto en peligro el ejercicio de su derecho de defensa.
C .
Violación del principio del plazo razonable
1. 	Alegaciones de las partes
Consta que el procedimiento que desembocó en la Decisión impugnada duró 102 meses, es decir, unos ocho años y medio. Las partes
reconocen que se trata de un plazo considerable, pero discrepan en cuanto a las consecuencias que el Tribunal de Primera Instancia
debe deducir de ello.
Las demandantes invocan el «principio general del plazo razonable», aplicable según ellas a la adopción de las decisiones
que ponen fin a los procedimientos administrativos en materia de política de la competencia. Dicho principio, derivado del
artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,
firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «Convenio»), fue consagrado por las sentencias del Tribunal de
Primera Instancia de 22 de octubre de 1997, SCK y FNK/Comisión (asuntos acumulados T‑213/95 y T‑18/96, Rec. p. II‑1739, apartado
56); de 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, conocida como «PVC II» (asuntos acumulados T‑305/94
a T‑307/94, T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 y T‑335/94, Rec. p. II‑931, apartados 120 y ss.),
y de 7 de octubre de 1999, Irish Sugar/Comisión (T‑228/97, Rec. p. II‑2969, apartados 276 y ss.). A juicio de las demandantes,
la duración total del procedimiento, así como la de cada una de las fases de que consta, ha sobrepasado notablemente lo que
cabe considerar razonable, razón por la que solicitan que se anule la Decisión impugnada. Según ellas, toda sanción distinta
de la anulación sería inadecuada para garantizar la efectividad del principio del plazo razonable.
Las demandantes sostienen que no se encuentran ya en condiciones de defenderse de un modo plenamente adecuado, pues los hechos
que se les reprochan se produjeron hace muchos años y el transcurso del tiempo atenúa inevitablemente el recuerdo de lo sucedido.
Insisten en el perjuicio que les ha causado la prosecución de la investigación en materia de competencia. Invocan su interés
en lograr una terminación rápida del procedimiento, habida cuenta de la prolongada incertidumbre en que éste les ha sumido
en cuanto a la eventual imposición de una multa y del daño que causa a su reputación una investigación de esta índole. Añaden
que dicha incertidumbre aumentó por la demanda que CEF interpuso en su contra ante el Tribunal civil de Rotterdam el 22 de
febrero de 1998, solicitando indemnización de los perjuicios sufridos a causa de comportamientos supuestamente contrarios
a la competencia.
La Comisión rechaza tal alegación, afirmando que ya dedujo todas las consecuencias pertinentes de la considerable duración
del procedimiento al reducir en 100.000 euros el importe de la multa en la Decisión impugnada.
Por su parte, las coadyuvantes alegan que anular la Decisión impugnada por violación del principio del plazo razonable constituiría,
en lo que a ellas respecta, una sanción contraria al principio de proporcionalidad y equivaldría a regularizar una práctica
colusoria contraria al artículo 81 CE. Sostienen que la duración de las investigación les ha perjudicado en cuanto denunciantes,
y que la anulación de la Decisión impugnada volvería a dejarlas en la misma situación en que estaban cuando presentaron su
denuncia. A su juicio, las consecuencias perjudiciales de una anulación resultan así directamente proporcionales a la duración
del procedimiento. Insisten a este respecto en las consecuencias de las sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre
de 2000, Masterfoods y HB (C‑344/98, Rec. p. I‑11369), y de 20 de septiembre de 2001, Courage y Crehan (C‑453/99, Rec. p. I‑6297).
2. 	Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Si bien es cierto que, según la jurisprudencia citada por las demandantes, la Comisión está obligada a pronunciarse dentro
de un plazo razonable en los procedimientos administrativos en materia de competencia abiertos en aplicación del Reglamento
nº 17 y que puedan dar lugar a la imposición de las sanciones previstas en dicha norma, el hecho de sobrepasar dicho plazo,
suponiendo que haya quedado demostrado, no justifica necesariamente la anulación de la Decisión impugnada.
Efectivamente, en lo que atañe a la aplicación de las normas de competencia, un plazo cuya duración exceda de lo razonable
sólo puede constituir un motivo de anulación de una Decisión en la que se declare la existencia de infracciones si se demuestra
que la violación de este principio ha vulnerado los derechos de defensa de las empresas de que se trate. Aparte de este supuesto
concreto, el incumplimiento de la obligación de pronunciarse en un plazo razonable no influye en la validez del procedimiento
administrativo con arreglo al Reglamento nº 17 (sentencias del Tribunal de Primera Instancia PVC II, antes citada, apartado
122; de 14 de febrero de 2001, Sodima/Comisión, T‑62/99, Rec. p. II‑655, apartado 94, y Trabisco/Comisión, T‑26/99, Rec. p. II‑633,
apartado 52; véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Sr. Mischo en los asuntos que se dictó la sentencias
del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, asuntos acumulados C‑238/99 P,
C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, Rec. pp. I‑8375 y ss., en particular p. I‑8391,
y en especial los puntos 75 a 86 de sus conclusiones en el asunto C‑250/99 P).
En el presente asunto, las partes coinciden en reconocer que la duración del procedimiento fue considerable. Las demandantes
estiman que toda la responsabilidad incumbe a la Comisión, y ésta lo niega. Además, las demandantes sostienen que la excesiva
duración del plazo violó su derecho de defensa.
La Comisión reconoce que transcurrió un tiempo considerable entre la carta de advertencia a la FEG de 16 de septiembre de
1991 y las visitas de inspección de 8 de diciembre de 1994, pero no aporta sin embargo justificación alguna para explicar
las causas de su inacción en dicha fase del procedimiento. Alega que el procedimiento habría durado menos si las demandantes
hubieran puesto fin a los comportamientos que se les reprochaban.
No cabe acoger esta última alegación. En efecto, incumbe a la Comisión efectuar las investigaciones con la necesaria diligencia.
El Reglamento nº 17 pone a su disposición diversos medios, eventualmente coactivos, que le permiten investigar y determinar
los hechos (sobre tales medios, véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de febrero de 2001, Mannesmannröhren-Werke/Comisión,
T‑112/98, Rec. p. II‑729). En el presente caso, tras enviar el 25 de julio de 1991 a TU una solicitud de información basada
en el artículo 11 del Reglamento nº 17, la Comisión esperó más de tres años para realizar las primeras visitas de inspección
in situ
. Como la Comisión no ha ofrecido informaciones o justificaciones complementarias sobre los actos de investigación efectuados
durante dicho período, es preciso reconocer que dicha duración resulta excesiva y se debe a una inacción imputable a la Comisión.
Sin embargo, la excesiva duración de esta fase del procedimiento administrativo no tiene, en sí, entidad suficiente para vulnerar
el derecho de defensa. Como puso de relieve el Abogado General Sr. Mischo en los puntos 40 a 53 de sus conclusiones en el
asunto C‑250/99 P, en el que se dictó la sentencia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión,
antes citada, a efectos de aplicar el principio del plazo razonable es preciso, en efecto, establecer una distinción entre
la fase de instrucción anterior al envío del pliego de cargos y el resto del procedimiento administrativo.
A este respecto procede observar, por una parte, que, en materia penal, el plazo razonable al que se refiere el artículo 6,
apartado 1, del Convenio comienza a correr a partir del momento en que una persona es acusada (véase la sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1982, Corigliano, serie A, nº 57, § 34) y, por otra parte, que los derechos
fundamentales garantizados por el Convenio son objeto de protección en cuanto principios generales del Derecho comunitario.
En un procedimiento en materia de política comunitaria de la competencia, como el que se examina en el presente asunto, los
interesados no son objeto de acusación formal alguna hasta que reciben el pliego de cargos. Así pues, la mera prolongación
de esta fase del procedimiento no vulnera, en sí, el derecho de defensa.
Por el contrario, en un procedimiento destinado a comprobar la existencia de una infracción, la notificación del pliego de
cargos marca el inicio del procedimiento, según el artículo 3 del Reglamento nº 17. Al iniciar este procedimiento, la Comisión
manifiesta su voluntad de adoptar una decisión por la que se declara la existencia de una infracción (en este sentido, véase
la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de febrero de 1973, Brasserie de Haecht, 48/72, Rec. p. 77, apartado 16). Por otra
parte, la empresa no puede conocer el objeto del procedimiento iniciado en su contra y los comportamientos que le reprocha
la Comisión hasta el momento en que recibe el pliego de cargos. Por consiguiente, las empresas tienen un interés específico
en que la Comisión conduzca con una diligencia especial esta fase del procedimiento, sin que, no obstante, resulten menoscabados
sus derechos de defensa (sentencia PVC II, antes citada, apartado 132).
En el presente asunto, esta fase del procedimiento administrativo duró más de 39 meses, y sus principales etapas fueron las
siguientes:
–
Pliego de cargos: 3 de julio de 1996.
–
Procedimiento de acceso al expediente: 4, 6 y 9 de septiembre de 1996.
–
Observaciones de la FEG en respuesta al pliego de cargos: 13 de diciembre de 1996.
–
Observaciones de TU en respuesta al pliego de cargos: 13 de enero de 1997.
–
Transmisión adicional de documentos del expediente: 16 de septiembre de 1997.
–
Escrito de ampliación de la respuesta al pliego de cargos (la FEG y TU): 10 de octubre de 1997.
–
Audiencia de las partes: 19 de noviembre de 1997.
–
Decisión impugnada: 26 de octubre de 1999.
Para determinar si la duración de esta fase del procedimiento fue razonable, es preciso tomar en consideración las circunstancias
propias de cada asunto, y en particular su contexto, la conducta adoptada por las partes durante el procedimiento, la importancia
del asunto para las diferentes empresas y asociaciones de empresas interesadas y su grado de complejidad.
En el presente asunto, es preciso subrayar la complejidad de los hechos examinados, debida sobre todo a la naturaleza del
mercado de referencia, al gran número de empresas miembros de la FEG y a las dificultades que entrañaba probar la participación
de las empresas y de la asociación de empresas en las infracciones alegadas. Así, la Comisión envío el pliego de cargos a
la FEG y a otras siete empresas y consta que su expediente contenía más de 10.000 páginas.
Durante los 16 meses transcurridos entre el envío del pliego de cargos y la audiencia de las partes, la Comisión no estuvo
inactiva, sino que estudió las respuestas de la FEG y de las empresas destinatarias del pliego de cargos, así como los escritos
de ampliación de sus respuestas presentados por éstas tras la decisión de la Comisión de organizar un procedimiento para conceder
un acceso adicional al expediente el 16 de septiembre de 1997. La duración de esta parte del procedimiento no puede calificarse
por tanto de excesiva.
En cambio, entre la audiencia de las partes y la Decisión impugnada transcurrieron unos 23 meses. Esta duración resulta considerable,
sin que puede imputarse la responsabilidad de la misma a las demandantes o a otras empresas a las que la Comisión hubiera
enviado el pliego de cargos. En efecto, como circunstancias capaces de justificar la larga duración de este período, la Comisión
se ha limitado a invocar, en vano, la apertura de una nueva investigación, después de que CEF aportara información sobre la
continuación de las infracciones. Como la Comisión no ha presentado otros datos que permitan concluir que el tiempo necesario
para preparar su Decisión no se debió a su inacción prolongada, sino a otros factores, se deduce de las consideraciones precedentes
que, al dejar que transcurrieran 23 meses tras la audiencia de las partes, la Comisión sobrepasó el plazo que normalmente
habría sido necesario para adoptar la Decisión impugnada.
Procede analizar por tanto si el derecho de defensa de las demandantes se vio afectado por la duración de esta fase del procedimiento.
En cuanto a las alegaciones de las demandantes sobre la pérdida de pruebas debida al transcurso del tiempo, es preciso comenzar
por señalar que el deber general de prudencia, al que toda empresa o asociación de empresas está sometida, obliga a las demandantes
a velar por una buena conservación en sus libros o archivos de los datos necesarios para reconstruir su actividad, principalmente
a fin de disponer de las pruebas necesarias en caso de actuaciones judiciales o administrativas. Tras recibir las solicitudes
de información de la Comisión basadas en el artículo 11 del Reglamento nº 17, las demandantes estaban
a fortiori
obligadas a actuar con acrecentada diligencia y a adoptar todas las medidas oportunas para preservar las pruebas de las que
razonablemente pudieran disponer.
A continuación procede señalar que las infracciones imputadas a las demandantes todavía seguían produciéndose en el momento
en que la Comisión les envió las primeras solicitudes de información basadas en el artículo 11 del Reglamento nº 17, es decir,
en junio de 1991 en el caso de la FEG y el 25 de julio de 1991 en el caso de TU. Las infracciones continuaron aún hasta 1994,
pues la Comisión ha estimado que finalizaron el 25 de febrero de 1994, en lo que respecta a la infracción contemplada en el
artículo 1 de la Decisión impugnada, y el 24 de abril de 1994, en lo que respecta a la infracción contemplada en el artículo
2 de la Decisión impugnada. En tales circunstancias, las demandantes no pueden alegar seriamente haber experimentado dificultades
para preparar su defensa, sobre todo habida cuenta de que las infracciones de que se trata continuaban produciéndose tras
la incoación del procedimiento administrativo.
Por último, es preciso hacer constar que la Comisión ostentaba la facultad de imponer una sanción o una multa mediante la
decisión correspondiente hasta el momento en que las infracciones hubieran prescrito. Con arreglo al artículo 1, apartados
1, letra b), y 2, así como al artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CEE) nº 2988/74 del Consejo, de 26 de noviembre de 1974,
relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en los ámbitos del derecho de transportes y de la competencia
de la Comunidad Económica Europea (DO L 319, p. 1; EE 08/02, p. 41), la prescripción de las actuaciones se produce cuando
la Comisión no impone una multa o una sanción en los cinco años siguientes a su momento inicial sin que, entretanto, se haya
producido un acto que la interrumpa o, a más tardar, en los diez años siguientes a dicho momento inicial si se han producidos
actos que interrumpen la prescripción.
En el presente asunto, como se trata de infracciones continuas, la prescripción empieza a correr a partir del día en que finalizó
la infracción, conforme a lo dispuesto en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento nº 2988/74. Dado que la Comisión estimó
que las infracciones detectadas por ella habían finalizado en 1994, y habida cuenta de los actos de interrupción de la prescripción
producidos posteriormente, cuando la Comisión adoptó la Decisión impugnada la prescripción no había tenido lugar, circunstancia
que las demandantes no han negado en absoluto en el presente procedimiento.
Mientras no se haya producido la prescripción prevista en el Reglamento nº 2988/74, ninguna empresa o asociación de empresas
que esté siendo investigada por infracción de las normas sobre competencia con arreglo al Reglamento nº 17 sabe con certeza
cuál será el resultado del procedimiento, ni si se le impondrán sanciones o multas. Así pues, la prolongación de la incertidumbre
de las demandantes sobre su suerte y sobre el daño que sufriría su reputación, invocada por éstas, resulta inherente a los
procedimientos de aplicación del Reglamento nº 17 y no constituye, en sí, una vulneración de su derecho de defensa.
En cuanto a la alegación de que la inacción de la Comisión perjudicó a las demandantes a causa de los procedimientos promovidos
por CEF contra la FEG y TU ante los tribunales neerlandeses, procede indicar que, a efectos del presente recurso de anulación,
dichos procedimientos judiciales nacionales no afectan en absoluto a la legalidad de la Decisión impugnada. Además, aunque
estuviera fundada, dicha alegación no puede constituir una violación del derecho de defensa ni poner en entredicho la validez
de la motivación de la Decisión impugnada.
Procede concluir por consiguiente que la excesiva duración del procedimiento administrativo posterior a la audiencia no afectó
al derecho de defensa de las demandantes.
En lo que respecta a las pretensiones de anulación de la Decisión impugnada, es preciso desestimar pues todas las alegaciones
basadas en la violación del principio del plazo razonable.
D .
Violación del principio «de la interpretación favorable» (asunto T‑6/00)
1. 	Alegaciones de las partes
Según TU, la presunción de inocencia, inscrita en el artículo 6, apartado 2, del Convenio, lleva aparejada la obligación de
interpretar en favor del acusado las pruebas sobre las que existen dudas (véase la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos de 6 de diciembre de 1988, Barberà, Messegué y Jabardo, serie A, nº 146, § 77, y la sentencia del Tribunal de Justicia
de 14 de febrero de 1978, United Brands/Comisión, 27/76, Rec. p. 207, apartado 265).
TU alega que, en el presente asunto, la Comisión violó este principio e incumplió su deber de diligencia y de independencia
al establecer sus conclusiones basándose sistemáticamente en fragmentos de frases, a fin de deducir de ellas la prueba de
unas graves infracciones de las normas sobre competencia. Cita a este respecto las pruebas y apreciaciones de la Comisión
en los considerandos 8, 37, 43, 44, 46 a 50, 57 a 66, 81 y 84 de la Decisión impugnada, que, según ella, no permiten forjarse
una convicción absoluta sobre la existencia de las infracciones. Por consiguiente, la demandante considera que se impone eliminar
del debate tales datos y anular la Decisión o reducir la multa.
Por su parte, con carácter principal, la Comisión niega que sea aplicable en el presente asunto el principio
in dubio pro reo
. Considera en efecto que, en los procedimientos regulados por el Reglamento nº 17, incumbe únicamente a la Comisión aportar
la prueba de las acusaciones que formula (sentencia PVC II, antes citada, apartados 512 a 514).
Con carácter subsidiario, la Comisión niega haber establecido conclusiones basándose en datos fragmentarios y rechaza las
alegaciones de la demandante.
2. 	Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Pese a haber sido formuladas en el contexto de la violación del derecho de defensa, las alegaciones de TU pretenden poner
en entredicho la fuerza probatoria de las pruebas de cargo utilizadas por la Comisión. Tales alegaciones no son por tanto
independientes de las relativas a la existencia de las infracciones detectadas, por lo que serán analizadas en el contexto
del motivo relativo a la infracción del artículo 81 CE.
II .
Sobre la existencia de infracciones del artículo 81 CE
Con carácter preliminar procede señalar que, en su demanda, TU se remite a las observaciones presentadas por ella en el procedimiento
administrativo, en respuesta al pliego de cargos (demanda, punto 64). Dicha remisión se refiere a los documentos anexos de
manera genérica y no permite identificar las alegaciones de las que podría considerarse que completan los motivos expuestos
en la demanda. Por lo tanto, en la medida en que se remite a los escritos de respuesta al pliego de cargos, la demanda no
cumple los requisitos del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento ni puede ser tomada en consideración.
En efecto, si bien es cierto que, en lo que atañe a puntos específicos, cabe apoyar y completar el cuerpo de la demanda mediante
remisiones a extractos de documentos que figuren en anexo, no incumbe al Tribunal de Primera Instancia buscar e identificar,
en los anexos, los motivos que a su juicio podrían constituir el fundamento del recurso, puesto que los anexos tienen una
función puramente probatoria e instrumental (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de noviembre de 1997, Cipeke/Comisión,
T‑84/96, Rec. p. II‑2081, apartado 34). Así pues, procede eliminar del debate los escritos de contestación al pliego de cargos
en la medida en que TU se refiere a los mismos de manera genérica para completar la argumentación desarrollada en su demanda.
Por lo demás, las demandantes han impugnado en sus escritos procesales la definición del mercado de referencia, la existencia
de infracciones del artículo 81 CE y la imputabilidad de las mismas.
A .
La determinación del mercado de referencia
1. 	La Decisión impugnada
Tras analizar diversas definiciones posibles (Decisión impugnada, considerandos 13 y 14), la Comisión consideró finalmente
que el mercado de referencia era el mercado de venta al por mayor de material electrotécnico. En efecto, la Decisión impugnada
está redactada así:
«(15)
El mercado de productos más amplio que puede distinguirse [es el] mercado al por mayor. En este mercado, la competencia se
produce entre mayoristas individuales que comercializan una gama de productos cubiertos por el concepto de material electrónico.
Así, [aunque] no sean necesariamente intercambiables, ni desde la perspectiva de la demanda [ni de] la oferta, hay [buenos]
argumentos para concluir que todos estos productos forman parte del mismo mercado. Para llegar a esta conclusión, hay que
atender a las funciones específicas que cumple la venta al por mayor para un gran numero de clientes, como instaladores y
minoristas del ámbito electrónico. Esta función consta, entre otras cosas, de la oferta de una amplia gama de material electrónico
disponible en almacén. Los instaladores, por ejemplo, necesitan a menudo grandes cantidades de productos diferentes para realizar
sus proyectos y, por diversas razones, prefieren comprarlos a los mayoristas en lugar de adquirirlos a un proveedor especializado
en un solo producto o grupo de productos. Esto simplifica su política de compras y resulta más rentable desde un punto de
vista logístico y financiero. Visto desde esta óptica, la competencia se produce sobre todo entre distintos mayoristas concretos
[...]. También es cierto que el comercio mayorista tiene que competir con los [fabricantes] que suministran directamente,
pero el alcance de esta competencia es más reducido [...]
(16)
Habida cuenta, entre otras cosas, de la práctica decisoria de la Comisión, la última definición del mercado de productos de
referencia parece ser la más indicada [...]»
2. 	Alegaciones de las partes
Las demandantes alegan que este análisis del mercado adolece de varios errores. En su argumentación, designan por convención
a los fabricantes, agentes e importadores con el término «proveedores».
En primer lugar, las demandantes rechazan la tesis de la Comisión según la cual el mercado de referencia puede definirse circunscribiéndolo
al comercio al por mayor de material electrotécnico. Su primera alegación es que la Comisión no tuvo en cuenta la importancia
de la competencia directa entre los mayoristas y sus proveedores. Las demandantes consideran en efecto que la mitad de los
compradores profesionales se abastecen directamente de los proveedores, sin utilizar los servicios de los mayoristas.
La FEG precisa a este respecto que, con una cuota de mercado de alrededor del 50 %, es imposible que los mayoristas puedan
aumentar sus precios, aunque sólo sea en un 5 %, sin que la demanda se desplace inmediatamente hacia la oferta directamente
procedente de los proveedores. Es erróneo considerar que las ventas directas de los proveedores sólo conciernen a clientes
muy importantes o a operaciones puntuales. Además, no todos los proveedores recurren a un escaso número de distribuidores.
En cambio, la FEG subraya que, cuando un proveedor decide seleccionar a sus distribuidores, la adhesión de estos últimos a
la FEG no constituye un criterio determinante para la selección. Según la FEG, los mayoristas que no son miembros de dicha
asociación no encuentran ningún problema particular de abastecimiento.
En segundo lugar, TU sostiene que la Comisión subestimó la complejidad del mercado del material electrotécnico de los Países
Bajos. Expone así que la demanda de material electrotécnico procede tanto de instaladores y otras empresas del sector industrial,
de la construcción y de las obras públicas como de distribuidores minoristas. TU distingue, dentro de dicha demanda, entre
los compradores primarios (instaladores profesionales y distribuidores minoristas) y los compradores secundarios (instaladores,
industria transformadora, Administración pública, asociaciones de construcción de viviendas y hospitales).
TU explica que los compradores exigen poder efectuar pedidos de un gran surtido de productos y recibirlos con rapidez, así
como disponer de una información actualizada sobre las características técnicas de los productos, sus precios y las existencias
disponibles. Responder a estas exigencias constituye la parte esencial de la función de «mayorista almacenador» (anexo 37a
de la réplica). En su opinión, debido a esta especialización y de la distinción entre compradores primarios y secundarios,
no existe un mercado único, sino nueve mercados distintos como mínimo.
En cuanto a los proveedores de grandes marcas de material electrotécnico, TU afirma que prefieren recurrir a mayoristas capaces
de ofrecer servicios complementarios (capacidad de almacenamiento, cobertura geográfica, información, servicio posventa).
Seleccionando adecuadamente a sus mayoristas, los proveedores logran reducir sus costes de supervisión, de márketing y de
formación. El objetivo que persiguen consiste, según TU, en establecer una relación de estrecha cooperación, en la que los
mayoristas se ocupen de la promoción de la marca, inviertan en el conocimiento de los productos y dispongan de un amplio surtido
de artículos en almacén.
Los fabricantes extranjeros representan, según TU, un 52 % del mercado, debido a las normas y estándares técnicos vigentes
en los Países Bajos, que favorecen a los fabricantes nacionales. Los fabricantes extranjeros más importantes disponen de sus
propios establecimientos en los Países Bajos y los demás son representados por importadores o agentes. Por último, algunos
mayoristas se abastecen directamente en el extranjero.
En tercer lugar, TU alega que la Comisión sobreestimó la importancia de la FEG y de sus miembros, tanto cualitativa como cuantitativamente.
En cuarto lugar, las demandantes recalcan las diferencias comerciales que existen entre CEF y los miembros de la FEG, a fin
de probar que las dificultades de CEF se deben exclusivamente al fracaso de su política comercial, radicalmente inadaptada
al mercado neerlandés. A su juicio, esta alegación resulta confirmada por un especialista independiente, el Sr. Traas, cuyo
informe al respecto no fue tenido en cuenta por la Comisión. TU indica así que ofrece desde hace muchos años a los proveedores
y a sus clientes servicios que aportan valor añadido, gracias a la amplitud de su gama de productos, a su gran volumen de
existencias y a sus medios informáticos. Las demandantes aducen que, en cambio, CEF no es un verdadero «mayorista almacenador»,
sino más bien un distribuidor minorista. Consideran que una política de esta índole, adaptada al mercado británico, no podía
tener éxito en los Países Bajos.
Dadas estas circunstancias, resulta natural, en opinión de las demandantes, que algunos proveedores no quisieran confiar a CEF
la distribución de sus productos. Con frecuencia se necesitan años de negociación antes de que un proveedor prestigioso se
decida a incluir en su red de distribución a un mayorista. TU invoca a este respecto los testimonios de varios proveedores
que ella misma recogió y la FEG se remite a la investigación desarrollada por la Comisión (demanda, anexos 20, 25 y 31).
La Comisión rechaza estas alegaciones. En primer lugar recuerda que el artículo 81 CE, apartado 1, prohíbe los acuerdos que
tengan por objeto restringir la competencia, sin necesidad de tomar en consideración sus efectos (sentencias del Tribunal
de Justicia de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig/Comisión, asuntos acumulados 56/64 y 58/64, Rec. p. 429, y del Tribunal
de Primera Instancia de 27 de octubre de 1994, Fiatagri y New Holland Ford/Comisión, T‑34/92, Rec. p. II‑905, apartado 49).
Considera además que, habida cuenta del objeto de las infracciones, una definición incorrecta del mercado no podría dar lugar
a la anulación de la Decisión impugnada. La Comisión subraya que el hecho de que los compradores atribuyan importancia a los
servicios ofrecidos por los mayoristas respalda la tesis de la Decisión impugnada, según la cual existe un mercado específico
para este tipo de servicios.
A continuación, la Comisión se pregunta qué objeto y qué pertinencia tienen, para la definición del mercado de referencia,
las alegaciones de TU sobre la estructura del mercado y la importancia de la NAVEG y de sus miembros.
Por último, en cuanto a las alegaciones relativas al fracaso comercial de CEF, la Comisión replica que se trata únicamente
de especulaciones. Añade que los esfuerzos realizados por los miembros de la FEG y por la propia FEG para oponerse al aprovisionamiento
de CEF (véanse en particular los considerandos 53 a 66 de la Decisión impugnada) contradicen la tesis de que los servicios
de CEF son esencialmente distintos de los ofrecidos por los miembros de la FEG.
3. 	Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Las demandantes impugnan la definición del mercado utilizada en la Decisión impugnada, alegando que se basa en una delimitación
demasiado estrecha del producto de referencia. No discuten en cambio la definición del mercado desde el punto de vista geográfico.
En primer lugar, la definición del producto de referencia sólo engloba la actividad de distribución de material electrotécnico
efectuada por los mayoristas. De ello se deduce que los abundantes argumentos técnicos de TU sobre la compleja estructura
del mercado del material electrotécnico carecen de pertinencia: tales argumentos se refieren a la producción de material electrotécnico
y no a la actividad específica de distribución y venta de dichos productos en el mercado geográfico de referencia. Las alegaciones
de TU basadas en la sobreestimación de la importancia económica de la NAVEG carecen igualmente de pertinencia en esta fase
del análisis.
Seguidamente, las demandantes no han aportado datos que permitan poner en duda la afirmación de que las actividades de distribución
efectuadas por los mayoristas presentan características específicas que permiten distinguirlas de las realizadas por otros
canales de distribución que compiten con ellos. Por el contrario, la insistencia de las demandantes en argumentar, al igual
que la Comisión, sobre características tales como las capacidades de almacenamiento y de suministro y los servicios auxiliares
(servicio posventa, especialización de los vendedores), apoya la conclusión de que la actividad de distribución de los mayoristas
constituye un mercado específico.
Aunque TU, y en menor medida la FEG, tratan esencialmente de demostrar que la actividad de los miembros de esta última es
distinta de la que desarrolla CEF, dicha alegación carece de pertinencia. En efecto las infracciones que la Decisión impugnada
ha considerado probadas no están directamente relacionadas con las negativas a vender a CEF denunciadas por dicha empresa,
sino con la existencia de acuerdos y de prácticas concertadas entre los mayoristas miembros de la FEG destinados a alterar
el funcionamiento normal de la competencia.
Por último, las demandantes impugnan el análisis de la sustituibilidad de las actividades de distribución efectuadas por los
mayoristas y las realizadas por otros canales de distribución que compiten con ellos. Subrayan en efecto que cerca de la mitad
de las ventas de material electrotécnico las realizan directamente los fabricantes, sin pasar por los mayoristas. Dicha precisión
les permite insistir en que estos dos tipos de canales de distribución son perfectamente sustitutivos y proponen por tanto
una definición diferente del mercado de referencia que abarque la totalidad de la oferta de material electrotécnico.
Sin embargo, es preciso hacer constar que la Decisión impugnada tuvo en cuenta este argumento. Por una parte, en el considerando
23 de la misma, la Comisión señaló: «A menudo, el material destinado a grandes empresas de instalación, organizaciones de
compra y similares es directamente suministrado por los fabricantes o sus agentes o importadores sin pasar por los mayoristas.
El resto, aproximadamente la mitad, según cálculos de la FEG, se distribuye a través del comercio mayorista». Por otra parte,
basándose en unos documentos de la FEG (cuya lista figura en la nota nº 24), la Decisión impugnada indica en su considerando
24 que los miembros de dicha asociación controlan aproximadamente un 96 % del mercado, y que, si se opta por una definición
del mercado que incluya las ventas directas de los fabricantes, dicha cuota de mercado se sitúa en torno al 50 %. Las demandantes
no han impugnado dichos datos.
A este respecto procede recordar que, en el marco de la aplicación del artículo 81 CE, definir el mercado de referencia es
necesario precisamente para determinar si el acuerdo, la decisión de asociación de empresas o la práctica concertada de que
se trate puede afectar al comercio entre Estados miembros y tiene por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear el
juego de la competencia dentro del mercado común. Por esta razón, las críticas formuladas contra la definición del mercado
efectuada por la Comisión no poseen una dimensión autónoma con respecto a las relativas a la distorsión de la competencia
(véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 21 de febrero de 1995, SPO/Comisión, T‑29/92, Rec. p. II‑289,
apartados 74 y 75, y de 15 de septiembre de 1998, European Night Services y otros/Comisión, asuntos acumulados T‑374/94, T‑375/94,
T‑384/94 y T‑388/94, Rec. p. II‑3141, apartados 90 a 105).
Por lo tanto, es preciso reconocer que la Comisión actuó acertadamente al afirmar, en el considerando 16 de la Decisión impugnada:
«Pero sea cual sea la definición de mercado elegida, ésta sólo tendrá una incidencia reducida en el presente caso, dado que
los miembros de la FEG, según se verá más adelante, ocupan en todos los mercados considerados una posición fuerte o muy fuerte.»
En consecuencia, procede desestimar los argumentos relativos a la delimitación del mercado de referencia.
B .
El acuerdo colectivo de exclusividad entre la FEG y la NAVEG (artículo 1 de la Decisión impugnada)
La Comisión ha declarado que la FEG y TU habían cometido una primera infracción del artículo 81 CE al aplicar un acuerdo colectivo
de exclusividad destinado a impedir los suministros a empresas no afiliadas a la FEG (Decisión impugnada, artículo 1). A su
juicio, dicha infracción constaba de dos elementos: por una parte, un acuerdo de suministro en exclusiva entre la FEG y la
NAVEG y, por otra parte, unas prácticas concertadas mediante las que la FEG y sus miembros habían intentado aplicar dicho
acuerdo a ciertos proveedores que no eran miembros de la NAVEG (Decisión impugnada, considerandos 39 y 101). Procede examinar
por separado las alegaciones formuladas contra estos dos elementos.
1. 	El «pacto de caballeros» entre la FEG y la NAVEG
a) 	Resumen de la Decisión impugnada
La Comisión estimó que una de las características de este pacto de caballeros consistía en que «los miembros de la NAVEG y
los proveedores que participan en él sólo están autorizados a suministrar a mayoristas que sean miembros de la FEG» (Decisión
impugnada, considerando 39). En el considerando 103, la Comisión precisó que «la NAVEG aseguró a la FEG que aconsejaría a
sus miembros suministrar exclusivamente a los mayoristas que fueran miembros de la FEG». La relación de exclusividad no era
sin embargo recíproca:
«[...] los miembros de la FEG tienen en principio libertad para adquirir sus productos también a empresas que no formen parte
del acuerdo» (Decisión impugnada, considerandos 45 y 103).
En la Decisión impugnada, la Comisión comenzó por subrayar que no existía ningún acuerdo formal escrito (Decisión impugnada,
considerando 40), explicándolo por razones históricas. En efecto, entre 1928 y 1959, la FEG, la NAVEG y una tercera asociación
de mayoristas, la Bond van Grossiers in Electrotechnische Artikelen (Unión de mayoristas de artículos electrotécnicos; en
lo sucesivo, «BOGETA»), estaban unidas por un acuerdo de exclusividad recíproca, el acuerdo AGC. Sin embargo, el 11 de diciembre
de 1957, el Ministerio de Economía neerlandés declaró ilícito el acuerdo AGC por ser contrario a la competencia (Decisión
impugnada, considerando 42).
Según la Comisión, los participantes en el acuerdo AGC optaron por hacer caso omiso de esta decisión y seguir cooperando,
en virtud de un pacto de caballeros. Así, según el acta de una reunión de la BOGETA de 24 de enero de 1958 (Decisión impugnada,
considerando 43):
«Ha ocurrido lo que se esperaba. En cuanto quedó claro en las conversaciones con el ministro Zijlstra que tarde o temprano
el AGC dejaría de ser vinculante, los consejos de dirección de la FEG, la NAVEG y la BOGETA acordaron decidir qué línea de
actuación adoptarían si efectivamente el AGC se declaraba no vinculante. En realidad, habrá pocos cambios; en vez del AGC habrá
un “pacto de caballeros” entre fabricantes, agentes y mayoristas acreditados. El contrato pasa a ser un contacto. Había un
consenso general en cuanto a que la situación anterior era buena y funcionaba de forma satisfactoria.»
En la Decisión impugnada, la Comisión estima haber probado la existencia de un pacto de caballeros durante el período comprendido
entre 1986 y 1994 (Decisión impugnada, considerando 103, que se remite a los considerandos 44 a 52) basándose en un conjunto
de indicios documentales. La Comisión identificó en particular ciertos documentos que daban cuenta de las declaraciones formuladas
en dos reuniones en las que la FEG y la NAVEG habían aludido al acuerdo colectivo de exclusividad.
La primera de estas reuniones tuvo lugar el 11 de marzo de 1986 (Decisión impugnada, considerando 46). El acta de la asamblea
general de la NAVEG de 28 de abril de 1986 indica lo siguiente a propósito de esta reunión:
«En el marco de los acuerdos entre ambas asociaciones, se consideran indeseables los suministros a las empresas Nedeximpo,
Dego, van de Meerakker y Hagro.»
La Comisión ha precisado que ninguna de estas empresas era en aquel momento miembro de la FEG.
La segunda reunión se celebró el 28 febrero de 1998. En el considerando 46 de la Decisión impugnada, la Comisión seleccionó
tres documentos como prueba de las declaraciones formuladas en ella:
–
El acta de la asamblea general de la NAVEG de 24 abril de 1989.
–
El informe sobre la reunión de 28 febrero de 1989 redactado por la NAVEG.
–
El informe sobre la reunión de 28 febrero de 1989 redactado por la FEG (Decisión impugnada, considerando 46, documento citado
en la nota nº 48).
Según la Decisión impugnada, el primero de estos documentos indica que, el 28 de febrero de 1989, la FEG pidió a la NAVEG
que aconsejara a sus miembros que dejasen de suministrar material a las empresas que se retirasen de la FEG. La Decisión impugnada
afirma textualmente lo siguiente (considerando 46):
«Aunque los miembros de la NAVEG no estaban obligados a suministrar a los miembros de la FEG, “dicho suministro se basa en
un pacto de caballeros, entendiéndose por tal que el suministro a empresas que no sean miembros de la FEG constituye un obstáculo”».
El segundo documento indica, según la Decisión impugnada, que la FEG había preguntado a la NAVEG qué actitud adoptaría si
un mayorista miembro de la FEG se retirase de dicha asociación. Según la Decisión, la NAVEG respondió entonces que «la recomendación
sería no suministrar», como lo confirma por lo demás el tercer documento.
La Comisión atribuye la existencia del acuerdo de exclusividad, y en particular su carácter unilateral, a la relación de fuerzas
entre la FEG y la NAVEG. Consta en efecto que los miembros de la FEG tienen una cuota de mercado de un 96 %, si se adopta
una definición restringida del mercado de referencia, o de un 50 %, si se opta por una definición más amplia. Según la Decisión
impugnada, esta potencia económica explica la importancia del acuerdo colectivo de exclusividad para los miembros de la NAVEG.
La Comisión estimó que dicha importancia se deducía igualmente de las siguientes pruebas (Decisión impugnada, considerando 47):
–
Una carta enviada el 23 de agosto de 1991 por una empresa miembro de la NAVEG, Hofte, a Paul Hochköpper & Co, fabricante de
material electrotécnico. Dicha carta es posterior a la petición de información enviada por la Comisión a Hofte el 25 de julio
de 1991, y contiene el siguiente pasaje:
«[...] Por supuesto, la NAVEG tiene una posición algo más difícil, pues, a pesar de que oficialmente no tiene conexión alguna
con la FEG, sí tiene más o menos una conexión teórica. Pero nuestra posición en Bruselas es la siguiente: “En sus documentos
afirman ustedes que los miembros de la FEG representan el 98 % del mercado. Por consiguiente, nos es imposible, en tanto que
agentes de la NAVEG, no tener en cuenta los deseos de la FEG, pues se trata de prácticamente la totalidad de nuestro volumen
de negocios. Por tanto, si tienen ustedes problemas a este respecto, no podemos más que remitirles a la FEG”»;
–
El informe de la asamblea general de la NAVEG de 9 de mayo de 1988, redactado así:
«Como la mayor parte del volumen de negocios de los agentes miembros de la asociación se genera con miembros de la FEG, la
importancia de una cooperación adecuada es crucial.»
En la Decisión impugnada, la Comisión ofreció varios ejemplos de aplicación del acuerdo colectivo de exclusividad.
En primer lugar, la Comisión afirma que, para que el pacto de caballeros funcionase adecuadamente, era necesario que las dos
asociaciones intercambiaran información, como por ejemplo la lista de empresas miembros de la FEG. La Comisión seleccionó
varios documentos que hacían referencia a este intercambio de información (Decisión impugnada, considerandos 48 y 49):
–
«[...] una carta de la NAVEG al secretario de la FEG, de 27 de septiembre de 1989, interesándose por la solicitud de adhesión
de CEF a la FEG. La NAVEG señala lo siguiente: “Varias empresas extranjeras, representadas por nuestros miembros, suministran
a esta organización en otros países y desean hacerlo también en los Países Bajos. No obstante, en tanto no se admita a [CEF]
en la FEG, el consejo de dirección recomienda lógicamente que sus miembros no suministren a la empresa.” Que tal recomendación
implica, por lo demás, riesgos comerciales se deduce del extracto siguiente: “En el pasado, varios miembros actuaron de cara
a Nedeximpo de acuerdo con una recomendación similar, pero ahora que Nedeximpo se ha adherido a la FEG se encuentran con que
ya no son admitidos como proveedores” [...];
–
según el informe sobre las conversaciones mantenidas entre la FEG y la NAVEG el 28 de febrero de 1989, se acordó que la NAVEG
daría a la FEG las direcciones de los mayoristas que la primera consideraba que habían de adherirse a la segunda.”»
En segundo lugar, la Comisión ofrece varios ejemplos de casos en los que los miembros de la NAVEG aplicaron las «recomendaciones»
de ésta. Así, la Decisión impugnada indicaba lo siguiente:
«(50)
Los miembros de la NAVEG parecen aplicar en la práctica las “recomendaciones” formuladas por la asociación. Por ejemplo, Hateha,
un miembro de la NAVEG que representa a grandes fabricantes [...] comunicó explícitamente a CEF que sólo suministraba a través
de mayoristas que fueran miembros de la FEG y que, por tanto, se negaba a suministrarle [...]. La observación de las partes
de que Hateha utiliza el criterio de adhesión a la FEG para determinar la solvencia de la empresa considerada no es convincente,
especialmente si se tiene en cuenta que existen otros métodos más precisos para asegurarse de la buena situación financiera
de una empresa: la adhesión a la FEG en sí misma no ofrece una garantía absoluta al respecto. Por último, el entonces director
gerente de Hateha también era secretario de la NAVEG, y ésta tenía su domicilio social en la misma dirección que Hateha. Además,
en los años ochenta Hateha ya había comunicado a otra empresa, Frigé, que no podía recibir suministros al no ser miembro de
la asociación [...]
(51)
Otro miembro de la NAVEG, Hemmink [...], también se negó –tras discutirlo con la FEG, con el miembro de esta Schiefelbusch
y con otros miembros de la NAVEG– a suministrar directamente a una empresa ajena a la organización (Van de Meerakker). El
director gerente de Hemmink también era en aquel momento secretario de la NAVEG, y ésta tenía su domicilio social en la misma
dirección que Hemmink [...]. El argumento esgrimido por las partes de que se trató de una simple actuación unilateral de Hemmink
sin relación alguna con un posible “pacto de caballeros” entre la FEG y la NAVEG no tiene en cuenta el contexto en el cual
se produjo [...]. El director gerente de Hemmink, en tanto que secretario de la NAVEG, sin duda estaba al corriente de las
recomendaciones de la NAVEG a sus miembros para suministrar exclusivamente a miembros de la FEG. El comportamiento descrito
–enterarse de si un mayorista pertenece a ella antes de decidir si se le suministra o no– encaja dentro de esta política.
(52)
Obviamente, se suponía que los miembros de la NAVEG no debían revelar de forma tan explícita al cliente potencial la razón
de la negativa a suministrarle. El siguiente extracto de la citada carta del miembro de la NAVEG Hofte a Paul Hochköpper &
Co así lo demuestra. En relación con la denuncia interpuesta por CEF ante la Comisión, Hofte señala:
“Además, por supuesto que ha remitido documentos, entre ellos desgraciadamente algunos de agentes de la NAVEG, que, sin reflexionar,
afirman que la empresa no puede ser suministrada al no estar adherida a la FEG” [...]»
b) 	Sobre la materialidad de los hechos
Las demandantes niegan la existencia del pacto de caballeros. TU alega en primer lugar que un acuerdo colectivo de exclusividad
unilateral, como el que describe la Decisión impugnada, no tendría utilidad alguna. Las demandantes impugnan sucesivamente
las apreciaciones relativas a la relación de fuerzas entre la FEG y la NAVEG, las referidas al origen del pacto de caballeros
y a las reuniones entre la FEG y la NAVEG y, por último, las apreciaciones sobre la aplicación de dicho pacto.
A la vista de estas alegaciones, procede determinar si la Comisión probó en la Decisión impugnada, como lo exigía la carga
de la prueba que pesaba sobre ella, su conclusión de que existió un pacto de caballeros sobre el que se disponía de pruebas
a partir del 11 de marzo de 1986. Dicha apreciación se basará en una evaluación global de todas las pruebas e indicios pertinentes.
Utilidad de un acuerdo colectivo de exclusividad
– 	Alegaciones de las partes
En primer lugar, TU sostiene que los miembros de la NAVEG no podían celebrar un acuerdo con un objeto contrario a la competencia
como el que describe la Comisión. En efecto, en su condición de agentes, no estaban facultados para asumir así obligaciones
en nombre de los fabricantes a los que representaban.
En segundo lugar, TU añade que el pretendido acuerdo colectivo de exclusividad carece por completo de sentido, dado su carácter
unilateral. Puesto que los miembros de la FEG siguen siendo libres de buscar proveedores entre los fabricantes que no sean
miembros de la NAVEG, los miembros de esta última asociación no tienen, a su juicio, interés alguno en celebrar un acuerdo
de este tipo.
En tercer lugar afirma que, si hubiera existido un acuerdo colectivo de exclusividad, todos los miembros de la FEG habrían
podido reivindicar un mismo derecho a recibir suministros de los proveedores, pero que no ocurría así.
En cuarto lugar, TU alega que los proveedores no tratan con CEF porque prefieren limitar sus redes de distribución, incluyendo
en ellas sólo a ciertos mayoristas capaces de ofrecerles servicios con valor añadido.
La Comisión replica que son los miembros de la NAVEG, y no los fabricantes representados por ellos, quienes deciden en la
inmensa mayoría de los casos su política comercial en el mercado neerlandés. La Comisión sostiene que el acuerdo colectivo
de exclusividad es la consecuencia de la relación de fuerzas entre la NAVEG y la FEG, fuertemente desequilibrada en favor
de esta última. Para los miembros de la NAVEG resultaba esencial tener en cuenta los deseos de la FEG si querían dar salida
a sus mercancías. El acuerdo colectivo de exclusividad trataba de impedir que los miembros de la NAVEG suministrasen material
electrotécnico a mayoristas no afiliados a la FEG. La Comisión reconoce sin embargo que los miembros de la NAVEG no estaban
obligados a suministrar material a los miembros de la FEG.
– 	Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
En lo relativo a la primera alegación de TU, procede señalar que el saber si los miembros de la NAVEG, en su condición de
agentes, contaban con la autorización de los fabricantes representados por ellos para celebrar un acuerdo de exclusividad
con la FEG es una cuestión sin pertinencia. A la vista de la Decisión impugnada, la única cuestión pertinente es saber si
dicho acuerdo existía. A este respecto procede recordar que el acuerdo de exclusividad de que se trata sólo concernía a las
ventas efectuadas en el mercado neerlandés por los propios agentes, y no a las ventas negociadas directamente por sus representados.
En cualquier caso, la alegación de TU no está respaldada por pruebas que permitan poner en entredicho las apreciaciones de
hecho expuestas en los considerandos 47 a 52 de la Decisión impugnada. Procede desestimar, por lo tanto, esta primera alegación.
La segunda alegación de TU plantea la cuestión de si un acuerdo colectivo de exclusividad unilateral carece de sentido. A
este respecto basta con hacer constar que la potencia económica de los miembros de la FEG en el mercado de referencia era
tal que bastaba para explicar la unilateralidad de su acuerdo de exclusividad con la NAVEG. Con una cuota de mercado aproximada
del 96 %, los miembros de la FEG ocupaban una posición dominante en el mercado de referencia (véase la Decisión impugnada,
considerando 67). Aunque se optara por una definición más amplia del mercado de referencia, los miembros de la FEG, con una
cuota de mercado conjunta próxima al 50 %, disfrutarían de una considerable potencia económica en el mercado de la distribución
de material electrotécnico en los Países Bajos (distribución directa, a través de mayoristas y de minoristas). Como principales
compradores de este tipo de productos, los miembros de la FEG disponían así en conjunto de un considerable peso económico,
lo que les confería un poder de compra que la NAVEG y sus miembros no podían permitirse ignorar.
Dadas estas circunstancias, la Comisión pudo estimar legítimamente que los miembros de la NAVEG tenían interés en ceder a
las exigencias de los miembros de la FEG cuando estos últimos adoptaban una postura coordinada, puesto que «dependían en gran
medida de la FEG en lo que respecta a su volumen de negocios» (Decisión impugnada, considerando 47). El acuerdo colectivo
de exclusividad descrito en la Decisión impugnada constituía así un mecanismo que permitía a los miembros de la FEG asegurarse
la exclusividad en los suministros efectuados por los proveedores miembros de la NAVEG. Las empresas de venta al por mayor
de material electrotécnico que no eran miembros de la FEG quedaban por tanto excluidas de este acuerdo colectivo de exclusividad,
lo que las colocaba en una situación económica menos favorable que la de los miembros de la FEG, en lo que respecta a su aprovisionamiento.
Por consiguiente, la unilateralidad del acuerdo colectivo de exclusividad no permite poner en entredicho la validez de la
tesis defendida por la Comisión en la Decisión impugnada. Procede considerar por el contrario que, dada la potencia económica
colectiva de los miembros de la FEG, un acuerdo de este tipo constituía un mecanismo destinado a limitar la competitividad
de sus rivales restringiendo el acceso de éstos a ciertas fuentes de aprovisionamiento en material electrotécnico en los Países
Bajos. La segunda alegación de TU debe por tanto desestimarse.
En su tercera alegación, TU afirma que el hecho de que los miembros de la FEG no exigieran a sus proveedores «un mismo derecho
a los suministros» contradice la afirmación de que existía un acuerdo colectivo de exclusividad. Es preciso señalar que tal
alegación parte de la premisa de que el carácter colectivo del acuerdo de exclusividad entrañaba necesariamente una perfecta
igualdad entre sus beneficiarios a la hora de aplicarlo. Ahora bien, este derecho a un trato igualitario invocado por TU no
constituye un requisito esencial para el funcionamiento de un acuerdo colectivo de exclusividad como el que se describe en
el presente asunto. En consecuencia, procede desestimar tal alegación, que por lo demás no se halla respaldada por ninguna
prueba tangible.
Por último, en lo que respecta a la cuarta alegación, según la cual los proveedores preferían mantener relaciones comerciales
con los miembros de la FEG debido a la calidad de sus servicios, resulta obligado reconocer que, en la Decisión impugnada,
la Comisión se basó en un cierto número de pruebas documentales de cargo para demostrar que las negativas de venta a las que
se veían confrontados los mayoristas que no eran miembros de la FEG eran la consecuencia de una colusión entre los miembros
de dicha asociación. Tal alegación es indisociable, pues, de las invocadas por las demandantes para impugnar la fuerza probatoria
de los documentos utilizados en su contra, alegaciones que serán examinadas posteriormente.
La relación de fuerzas entre la FEG y la NAVEG
– 	Alegaciones de las partes
La FEG impugna las apreciaciones de la Comisión sobre el desequilibrio de potencia económica entre ella y la NAVEG. Sostiene
así que, en el considerando 47 de la Decisión impugnada, la Comisión afirmó sin base alguna que la potencia económica de la
NAVEG es mucho menor que la de la FEG. Ahora bien, alega, constituye un error pensar que los miembros de la FEG actúan coordinadamente
y disponen por ese motivo de una cierta potencia económica. La FEG añade que los dos documentos invocados por la Comisión
(la carta de la sociedad Hofte, miembro de la NAVEG, a Paul Hochköpper & Co de 23 de agosto de 1991 y el informe de la asamblea
general de la NAVEG de 9 de mayo de 1988) carecen de fuerza probatoria.
Por su parte, TU acusa a la Comisión de haber sobreestimado la importancia de la NAVEG y de sus miembros, tanto cualitativa
como cuantitativamente.
En primer lugar, TU alega que la gran mayoría de los miembros de la NAVEG son agentes de fabricantes no muy conocidos (respuesta
de 28 de agosto de 1991 de la NAVEG a las preguntas de la Comisión; anexo 19 de la demanda). Rechaza la afirmación de que
«los aproximadamente treinta miembros de la NAVEG representan a unos cuatrocientos fabricantes de material electrotécnico
–en su mayoría extranjeros– presentes en el mercado neerlandés» (Decisión impugnada, considerando 21) y sostiene que sólo
diez miembros de la NAVEG representan a marcas de gran reputación (anexo 41b de la réplica).
En segundo lugar, TU afirma que los miembros de la NAVEG, considerados en conjunto, sólo representan una escasa parte del
mercado.
En primer lugar, a su juicio, la cuota de mercado que les atribuye la Decisión impugnada (considerando 23) está sobreestimada.
TU recuerda que el volumen de negocios anual total del mercado neerlandés de material electrotécnico en el período 1992-1994
oscilaba entre 1.360 y 1.820 millones de euros (Decisión impugnada, considerando 23). Con un volumen de negocios conjunto
de 84 millones de euros (Decisión impugnada, considerando 21), los miembros de la NAVEG tenían pues una cuota de mercado comprendida
entre el 4,6 y el 6,2 %. TU subraya que la Comisión hizo caso omiso de sus propios datos al basarse en una cuota de mercado
provisional del 10 % en el considerando 23 de la Decisión. Alega también que, a continuación, la Comisión multiplicó por dos
la cuota de mercado de los agentes de la NAVEG para fijar esta última en un 20 % aproximadamente (Decisión impugnada, considerando 23).
En segundo lugar, TU considera que estimar en 84 millones de euros el volumen de negocios de los miembros de la NAVEG en 1993
constituye una estimación demasiado elevada y basada en un método de cálculo poco transparente. TU comienza alegando que no
es realista la afirmación de la Comisión de que dicha estimación es seguramente inferior a la cifra real (Decisión impugnada,
nota nº 20). Afirma a continuación que, como los miembros de la NAVEG sólo son agentes, su volumen de negocios conjunto es,
en buena medida, el de los fabricantes a quienes representan. Por último, TU indica que las estadísticas de la NAVEG en las
que se basó la Comisión (nota nº 20 de la Decisión; anexo 41a de la réplica) resultaban tan poco fiables que la NAVEG se vio
obligada a poner fin a la recogida de datos a partir de 1994.
En conclusión, TU estima que el peso económico de la NAVEG es quince veces menor de lo que sugiere la Comisión en la Decisión
impugnada.
La Comisión rechaza las alegaciones de TU, considerándolas en su mayoría carentes de pertinencia. Sostiene por otra parte
que tanto la FEG, que estima la cuota de mercado de los miembros de la NAVEG en un 10 % aproximadamente (Decisión impugnada,
considerando 23), como la propia respuesta de TU al pliego de cargos, en la que se estimó dicha cuota de mercado en un 7 %
(respuesta al pliego de cargos, p. 6), contradicen las alegaciones de TU. Alega igualmente que la estimación del número de
miembros de la NAVEG en unos 400 procede directamente de la respuesta de la FEG al pliego de cargos (expediente F‑22‑209).
– 	Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
En respuesta a las alegaciones de la FEG, procede recordar que, en la Decisión impugnada, las apreciaciones sobre la relación
de fuerzas entre la FEG y la NAVEG se basan en parte en el hecho de que los miembros de la FEG representan, en conjunto, un
96 % del mercado de referencia. Dado que las críticas contra la definición del mercado de referencia ya han sido rechazadas,
procede rechazar igualmente las críticas con las que la FEG intenta poner en entredicho la apreciación de la Comisión sobre
la potencia colectiva de sus miembros en el mercado.
Además, la Comisión concluyó que existía un desequilibrio en la relación de fuerzas entre la FEG y la NAVEG (Decisión impugnada,
considerando 47) remitiéndose a ciertas pruebas documentales. La primera de ellas es la carta de Hofte a Paul Hochköpper &
Co de 23 de agosto de 1991, a propósito de la cual la FEG explica que es perfectamente lógico que Hofte afirme tener una «relación
ideal» con la FEG, pues esta última representa al 96 % de los mayoristas en los Países Bajos. La FEG insiste sin embargo en
que ni dicha declaración ni ninguna otra parte de este escrito prueban en absoluto la existencia de un acuerdo ilícito entre
la FEG y la NAVEG.
Tales alegaciones no son convincentes. La carta en cuestión procede de una empresa representada en la junta directiva de la
NAVEG y constituye como mínimo un indicio de la existencia de una relación privilegiada entre la FEG y la NAVEG, así como
entre sus respectivos miembros. Una explicación razonable de esta relación es el desequilibrio en el peso económico respectivo
de los miembros de estas dos asociaciones y, en particular, el hecho de que un 96 % de las ventas de los miembros de la NAVEG
dependen de los miembros de la FEG.
En lo relativo al informe de la asamblea general de la NAVEG de 9 de mayo de 1988, invocado en el considerando 47 de la Decisión
impugnada, la FEG sostiene que este documento no prueba la existencia de un acuerdo ilícito. Reconoce sin embargo (demanda,
punto 92) que dicho documento demuestra la importancia que los miembros de la NAVEG atribuyen a una buena cooperación con
los miembros de la FEG.
Dicha alegación no resulta convincente. Es evidente que el resumen del informe de la asamblea general de la NAVEG de 9 de
mayo de 1988, citado en el considerando 47 de la Decisión impugnada, se refiere a la «crucial importancia» que tiene para
los miembros de la NAVEG la «cooperación adecuada» con la FEG, importancia derivada del hecho de que «la mayor parte del volumen
de negocios de los agentes miembros de la asociación se genera con los miembros de la FEG». Tal declaración constituye un
indicio concluyente de la existencia de unos estrechos vínculos entre ambas asociaciones e ilustra la dependencia económica
de los miembros de la NAVEG frente a los mayoristas miembros de la FEG.
La génesis del pacto de caballeros
– 	Alegaciones de las partes
Las demandantes impugnan la afirmación recogida en los considerandos 39 a 43 de la Decisión impugnada, según la cual la FEG
y la NAVEG siguieron aplicando el acuerdo AGC después de 1957. Señalan así que la Comisión sólo ha ofrecido como prueba de
dicha afirmación el memorándum del Ministerio de Economía de 23 de febrero de 1959. Tal documento no demuestra en absoluto
que el acuerdo AGC se mantuviera en vigor hasta el final del período en el que se produjo la infracción. La FEG subraya además
que, con posterioridad a este memorándum, las autoridades neerlandesas no encontraron prueba alguna de una concertación ilícita
entre la FEG y la NAVEG. La FEG afirma haber actuado respetando en todo momento el Derecho neerlandés.
– 	Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
En la Decisión impugnada, la Comisión se remite al memorándum del Ministerio de Economía de 23 de febrero de 1959 (Decisión
impugnada, nota nº 42, considerando 41) a fin de explicar las circunstancias en que nació el acuerdo colectivo de exclusividad.
En cuanto a la fuerza probatoria de dicho documento, es cierto que, en la Decisión impugnada, la Comisión alude a la práctica
de las partes en el acuerdo AGC consistente en seguir respetando dicho acuerdo después de 1957, pero con ciertas modificaciones,
puesto que el «contacto agentes-mayoristas» que reemplazó al acuerdo AGC sólo prevé ya un compromiso unilateral por parte
de los agentes (Decisión impugnada, considerandos 41 a 43).
No obstante, es preciso reconocer que, en el considerando 145 de la Decisión impugnada, la Comisión afirmó que la infracción
relativa al acuerdo colectivo de exclusividad había durado desde el 11 de marzo de 1986 hasta el 25 de febrero de 1994. La
parte de la Decisión impugnada consagrada a la valoración jurídica muestra que la Comisión delimitó dicho período partiendo
de documentos de fechas comprendidas entre el 28 de abril de 1986 y el 25 de febrero de 1994. Así, en el considerando 103
de la Decisión impugnada, la Comisión precisó que dicha valoración jurídica se basaba en «los hechos descritos en los considerandos
44 a 52». Resulta evidente por tanto que la información relativa al acuerdo AGC recogida en los considerandos 41 a 43 de Decisión
impugnada sólo sirve para exponer los antecedentes de los acuerdos o prácticas que dieron lugar a la Decisión impugnada, tal
como se ha indicado en el apartado 45
supra
. De ello se deduce que las alegaciones de las demandantes se refieren a un período anterior al período de infracción según
la Decisión impugnada, que fijó el comienzo del mismo en 1986. Así pues, incluso en el supuesto de que estas alegaciones resultaran
fundadas en lo que respecta al período comprendido entre 1957 y 1986, no permitirían poner en entredicho las apreciaciones
de la Comisión sobre la existencia de una práctica colusoria ilícita entre 1986 y 1994. Por lo tanto, procede desestimar dichas
alegaciones.
Las reuniones entre la FEG y la NAVEG
Las demandantes impugnan la fuerza probatoria de los documentos invocados en el considerando 46 de la Decisión impugnada,
relativos a las supuestas reuniones entre la FEG y la NAVEG de 11 de marzo de 1986 y de 28 febrero de 1989.
La reunión de 11 de marzo de 1986
– 	Alegaciones de las partes
TU no ha expuesto alegaciones específicas en las que discuta la fuerza probatoria del informe de la asamblea general de la
NAVEG celebrada el 28 de abril de 1986.
Por su parte, la FEG pone en duda, en primer lugar, la existencia de la reunión de 11 de marzo de 1986, alegando que no ha
podido encontrar ninguna traza escrita de la misma. En segundo lugar, la FEG considera que el informe de la asamblea general
de 28 de abril de 1986 no puede ser invocado como prueba en su contra, ya que procede de la NAVEG. En tercer lugar, la FEG
añade que la Comisión no puede basarse en una sola reunión para demostrar la existencia de un acuerdo con la NAVEG.
La Comisión rechaza estos argumentos y alega que el informe de la asamblea general de la NAVEG de 28 de abril de 1986 demuestra
la existencia de un acuerdo entre la FEG y la NAVEG, con arreglo al cual los miembros de esta última asociación no debían
suministrar material a las empresas que no fueran miembros de la FEG.
– 	Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Por lo que respecta a la primera alegación de la FEG, procede subrayar que el hecho de que esta última no haya conservado
documentos relativos a la reunión de 11 de marzo de 1986 no permite en absoluto poner en duda la existencia de dicha reunión,
atestiguada por el informe de la asamblea general de la NAVEG de 28 de abril de 1986, cuya autenticidad nadie discute.
En segundo lugar, por lo que respecta a la imposibilidad de invocar dicho documento en contra de la FEG, procede subrayar
que la condición de destinatario de un documento utilizado como prueba de cargo no puede determinar la fuerza probatoria del
mismo. Corresponde en efecto a la Comisión apreciar la fuerza probatoria de los documentos que pretende utilizar como pruebas,
en función de su contenido y de su alcance, bajo el control del Tribunal de Primera Instancia. En el presente asunto, la Comisión
ha invocado como prueba de la reunión de 11 de marzo de 1986 entre la FEG y la NAVEG el informe de la asamblea general de
la NAVEG de 28 de abril de 1986. Dicho documento es contemporáneo de la reunión cuya realidad y contenido pretende demostrar,
y contiene los siguientes pasajes:
«Informe sobre las discusiones NAVEG-FEG a nivel de junta directiva
El martes 11 de marzo de 1986 se ha celebrado una reunión relajada en el Euromotel, Oude Haagseweg, Amsterdam, a la que han
asistido, en nombre de la junta directiva de la FEG, los Sres. Schuurman, Brinkman, Coppoolse, van de Meer, Goedhart, Schiefelbusch,
Vos y van Diessen y, en nombre de la junta directiva de la NAVEG, los Sres. Gunneman, Amesz, Hofte y Onstee.
El Sr. Schuurman (de la FEG) informa de que se está trabajando con éxito con las comisiones de grupos de artículos (la junta
directiva de la NAVEG conoce los nombres).
En el marco de los acuerdos entre ambas asociaciones, se consideran indeseables los suministros a las empresas Nedeximpo,
Dego, van de Meerakker y Hagro.
Existe un gran interés en saber quiénes son los miembros de la FEG que gestionan material contractual de la empresa Heinrich
Kopp, a fin de tomar medidas.
La FEG sigue estando muy interesada en colaborar con la NAVEG y espera que dicha colaboración seguirá siendo abierta.
El Sr. Gunneman (NAVEG) plantea los siguientes temas:
–
Comunicación sobre la política de admisión de miembros de la FEG tras la adhesión de las empresas Timmermans y Gro‑Ham.
–
Breve referencia a las concesiones y las ventas exclusivas de la FEG y efectuadas por ésta.
–
Suministros de material contractual a empresas que no son miembros de la FEG, a saber, Olpa‑Ardomy y Jan de Vries.
Timmermans y Gro‑Ham son miembros para los aparatos; la FEG pide que no se les ofrezca ni se les venda material de instalación
alguno.
La FEG enviará las listas de los mayoristas para los aparatos y para el material de instalación (que aún no se han recibido).
La FEG enviará la lista de las ventas exclusivas de los mayoristas y la lista de suministros efectuados por miembros de la
FEG a empresas no miembros de la FEG (aún no recibida por el momento).
La relación entre la FEG y la NAVEG de cara al extranjero (Alemania-Inglaterra) debe considerarse satisfactoria.»
Basándose en este documento considerado en su contexto, procede concluir, en esta fase del análisis, que varios miembros de
las juntas directivas de la FEG y de la NAVEG se reunieron el 11 de marzo de 1986 y, «en el marco de [sus] acuerdos», discutieron
la cuestión de los suministros de material por parte de los miembros de la NAVEG a empresas que no eran miembros de la FEG
(Nedeximpo, Dego, van de Meerakker, Hagro, Olpa‑Ardomy y Jan de Vries). Ello constituye un indicio documental de la existencia
de «acuerdos» y de reuniones entre las dos asociaciones a partir del 11 de marzo de 1986, indicio que este Tribunal de Primera
Instancia ha tenido en cuenta en su conclusión de conjunto sobre el pacto de caballeros, expuesta en el apartado 210
infra
.
La reunión de 28 de febrero de 1989
– 	Alegaciones de las partes
La FEG impugna la interpretación y la fuerza probatoria del informe sobre la reunión de 28 de febrero de 1989 elaborado por
la NAVEG, en el que la Comisión se basó para considerar que la NAVEG aconsejaba a sus miembros que no suministraran material
a los mayoristas que no fueran miembros de la FEG. Alega que, con posterioridad, en su asamblea general de 24 abril de 1989,
la NAVEG se limitó a informar a sus miembros de este intercambio de opiniones, sin adoptar recomendación o decisión alguna.
Por su parte, TU alega, en primer lugar, que no estuvo presente ni representada en la reunión de 28 de febrero de 1989. En
efecto, el Sr. Coppoolse, empleado suyo y miembro en aquella época de la junta directiva de la FEG, no pudo asistir a la misma.
Por lo tanto, la Comisión no puede deducir de dicha reunión que TU participara en una infracción. En segundo lugar, TU sostiene
que las pruebas de dicha reunión, es decir, el acta de la asamblea general de la NAVEG de 24 abril de 1989 y una nota interna
de la NAVEG relativa dicha reunión (Decisión impugnada, considerando 46), no pueden invocarse en su contra, afirmando que
no tuvo en su poder dichos documentos, destinados a los miembros de la NAVEG. Por otra parte, niega haber sido informada por
la FEG del contenido de la reunión de 28 de febrero de 1989, en contra de lo que afirmó la Comisión en el considerando 46
de la Decisión impugnada.
Por último, las demandantes alegan que el acta de la reunión de la junta directiva de la FEG de 11 de abril de 1989 no menciona
en absoluto la reunión de 28 de febrero de 1989 entre la FEG y la NAVEG. La FEG y TU indican en efecto que dicho documento
no contiene referencia alguna al acuerdo de exclusividad del que supuestamente se trató en la reunión de 28 de febrero de
1989. En su opinión, este hecho tiende a desmentir la existencia de un pacto de caballeros.
La Comisión rechaza estas alegaciones y se remite, esencialmente, al texto de la Decisión impugnada en lo relativo a las consecuencias
que deben deducirse de la reunión de 28 de febrero de 1989.
– 	Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
En esta fase, procede analizar únicamente las pruebas de la existencia de la supuesta infracción. Así, la alegación de que
la Comisión no podía invocar en contra de TU lo tratado en la reunión de 28 de febrero de 1989, puesto que TU no estaba representada
en ella, será analizada junto con las alegaciones relativas a las causas de imputabilidad de las infracciones. Por lo demás,
la ausencia de un representante de TU en la reunión de 23 de febrero de 1989 no puede, en sí misma, poner en entredicho el
valor de las pruebas reunidas por la Comisión sobre la existencia de dicha reunión y la naturaleza de las declaraciones formuladas
en ella.
Seguidamente procede rechazar la alegación de TU según la cual no cabe invocar en su contra el informe sobre la reunión de
28 de febrero 1989, redactado por la NAVEG, ni el acta del asamblea general de la NAVEG de 24 de abril de 1989, dado que dichos
documentos no le estaban destinados. En efecto, como se ha indicado anteriormente, la condición de destinatario de los documentos
en cuestión no puede afectar a su fuerza probatoria, fuerza probatoria que corresponde apreciar a la Comisión, en función
del valor y del alcance de los documentos, bajo el control del Tribunal de Primera Instancia. Según las reglas generales aplicables
en materia de prueba, procede por el contrario atribuir gran importancia al hecho de que dichos documentos fueran redactados
en un momento muy próximo a los hechos.
Del mismo modo, la absoluta falta de referencias a la reunión de 28 de febrero de 1989 en el acta de la junta directiva de
la FEG de 11 de abril de 1989 no desmiente ni confirma la fuerza probatoria de los indicios recogidos por la Comisión sobre
las discusiones mantenidas entre la FEG y la NAVEG en dicha reunión. Por consiguiente, procede rechazar la alegación de las
demandantes a este respecto.
En cuanto al resto de las alegaciones, únicamente la FEG ha impugnado la validez de las apreciaciones de la Comisión sobre
el valor y el alcance del informe sobre la reunión de 28 de febrero de 1989, redactado por la NAVEG, y del acta de la asamblea
general de dicha asociación de 24 de abril de 1989. La FEG considera, en efecto, que tales documentos no prueban la existencia
de un acuerdo. Por otra parte, dichos documentos son, a su juicio, divergentes; nada hay en ellos que justifique la conclusión
de que la NAVEG o la FEG dieron instrucciones a sus miembros.
No cabe acoger estas alegaciones. En efecto, el informe elaborado por la NAVEG sobre la reunión de 28 de febrero de 1989 indica
expresamente que un miembro de la FEG preguntó a los representantes de la NAVEG qué actitud adoptaría dicha asociación con
los mayoristas que se retirasen de la FEG. La NAVEG indicó que, en tal caso, «la recomendación sería no suministrar». Confirma
igualmente dichas palabras el informe sobre la reunión de 28 de febrero de 1989 redactado por la FEG (Decisión impugnada,
considerando 46, documento citado en la nota nº 48, anexo 17 de la demanda), que contiene el siguiente pasaje:
«El Sr. Schiefelbusch pregunta qué hace la NAVEG con los mayoristas que han dejado de ser miembros de la FEG. La NAVEG puede
aconsejar a sus miembros que dejen de suministrar material a los mayoristas que hayan dejado de ser miembros de aquélla.»
Por último, procede subrayar que, en el acta de su asamblea general de 24 de abril de 1989, la NAVEG se expresó sobre la cuestión
de los suministros a los mayoristas que se retiraban de la FEG, indicando que los miembros de la NAVEG no estaban ciertamente
obligados a suministrar material a los miembros de la FEG, pero que «dicho suministro se basa en un pacto de caballeros, entendiéndose
por tal que el suministro a empresas que no sean miembros de la FEG constituye un obstáculo» (Decisión impugnada, considerando 46).
Habida cuenta de estos datos, procede declarar que tales indicios permiten considerar acreditado que, en su reunión de 28
de febrero de 1989, la FEG y la NAVEG decidieron de común acuerdo el modo en que los miembros de la NAVEG debían tratar con
los mayoristas que se retirasen de la FEG, pues la NAVEG aludió posteriormente a la existencia de un pacto de caballeros a
este respecto entre ambas asociaciones. Tomando en consideración la totalidad de los datos analizados, procede rechazar las
alegaciones con las que las demandantes han intentado desmentir la fuerza probatoria de los indicios documentales relativos
a la reunión de 28 de febrero de 1989.
La aplicación del pacto de caballeros
– 	Alegaciones de las partes
Las demandantes niegan los hechos que la Comisión presenta como ejemplos de la aplicación del pacto de caballeros en los considerandos
48 a 53 de la Decisión impugnada.
Impugnan en primer lugar la alegación de la Comisión de que la FEG transmitía a la NAVEG listas actualizadas de sus miembros
para facilitar la aplicación del acuerdo colectivo de exclusividad. Según las demandantes, los referidos intercambios de información
entre la FEG y la NAVEG no tenían relación con un pacto de caballeros, sino que formaban parte del legítimo desarrollo de
iniciativas adoptadas a nivel de su sector de actividad. Sostienen que la Comisión omitió tener en cuenta el informe redactado
por la FEG sobre la reunión de 25 octubre de 1991 entre la FEG y la NAVEG (nota nº 53, en el considerando 48 de la Decisión
impugnada, anexo 44 de la réplica de TU y anexo 23 de la réplica de la FEG), que en su siguiente pasaje demuestra la inexistencia
del pacto de caballeros:
«Desde hace poco, la FEG tiene también, además de sus miembros ordinarios, miembros asociados. La NAVEG no ha sido formalmente
informada de ello, porque los miembros de la NAVEG son libres de hacer también negocios con las empresas que no son miembros
de la FEG.»
Por otra parte, la FEG subraya que la Comisión sólo encontró cinco ejemplos de reuniones entre ambas asociaciones entre 1987
y 1992. Alega que tales reuniones presentaban poco interés para ella y que son en todo caso insuficientes para demostrar la
existencia de un pacto de caballeros.
En segundo lugar, TU niega que la NAVEG aconsejara a sus miembros no suministrar material a los mayoristas que no fueran miembros
de la FEG (demanda, punto 112). Invoca al respecto el siguiente pasaje de una carta de Spaanderman Licht a la NAVEG de 14
de agosto de 1991 (anexo 6 de la respuesta de TU al pliego de cargos, anexo 25 de la demanda de TU), en la que Spaanderman
Licht, miembro de la NAVEG, indicaba:
«[...] nuestra empresa no ha decidido nunca no suministrar material a CEF por ser miembro de la NAVEG. No tenemos noticia
de ninguna recomendación de la NAVEG en este sentido.»
En tercer lugar, las demandantes impugnan la afirmación de que los miembros de la NAVEG se negaron, en la práctica, a suministrar
material a los mayoristas que no eran miembros de la FEG, en particular a CEF, como se indica en el considerando 50 de la
Decisión impugnada. Para demostrar que su negativa a tratar con CEF no se debía a un acuerdo colectivo de exclusividad se
remiten a las respuestas de veinte proveedores a las preguntas de la Comisión. TU invoca igualmente las cartas de ABB y de
Spaanderman Licht de 2 de abril y de 22 de mayo de 1991, respectivamente, en las que dichos proveedores indicaron a CEF que
no deseaban recurrir a sus servicios porque su red de distribución disponía ya de un número suficiente de puntos de venta
(demanda de TU, punto 139, y documentos recogidos en el anexo 31 de la misma).
– 	Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
En primer lugar, ha quedado acreditado que la FEG y la NAVEG mantenían contactos periódicos, pues la investigación de la Comisión
ha revelado que dichas asociaciones mantuvieron cinco reuniones entre 1987 y 1992 (el 3 de noviembre de 1987, el 28 de febrero
de 1989, el 5 de diciembre de 1990, el 17 de septiembre de 1991 y el 25 de octubre de 1991).
En segundo lugar, en lo que respecta concretamente al contexto de la reunión de 25 octubre de 1991, ha quedado acreditado
que dicha reunión fue convocada después de que varios miembros de la FEG expresaran su intención de abandonar dicha asociación.
La FEG había reaccionado entonces planteándose la posibilidad de modificar sus reglas internas a fin de crear un nuevo tipo
de miembros, los «miembros asociados». En la reunión de 28 de febrero de 1989, la NAVEG planteó el tema de cuáles serían las
consecuencias de estos cambios en la aplicación del acuerdo colectivo de exclusividad. Interrogado de nuevo a este respecto
por la NAVEG en la reunión de 25 octubre de 1991, el representante de la FEG afirmó que los cambios en la composición de dicha
asociación «no afectarán a la NAVEG, lo que significa que los contactos actuales se mantendrán sin modificaciones». El informe
sobre la reunión de 25 octubre de 1991 elaborado por la NAVEG (documento nº 1379b del expediente, mencionado en la nota nº 53
de la Decisión impugnada) indica que la FEG comunicó en ese momento a la NAVEG el nombre de los miembros de esta última que
habían manifestado su intención de convertirse en miembros asociados.
Las alegaciones de las demandantes no permiten pues desvirtuar la interpretación de la Comisión expuesta en el considerando
48 de la Decisión impugnada y basada en los informes de la FEG y de la NAVEG sobre la reunión de 25 octubre de 1991, según
la cual la FEG revelaba a la NAVEG los nombres de los mayoristas que habían dejado de ser miembros de aquella asociación.
Además, los indicios de que la FEG comunicaba a la NAVEG los nombres de las empresas miembros de aquélla resultan corroborados
igualmente por los documentos relativos a la reunión de 28 de febrero de 1989, anteriormente examinados en el contexto del
presente motivo, y en particular por el informe redactado por la FEG, mencionado en el considerando 49 de la Decisión impugnada.
En tercer lugar, en lo que respecta a la carta de Spaanderman Licht de 14 agosto de 1991, sus términos tienden a demostrar
que la decisión de no suministrar material a CEF adoptada por dicha empresa miembro de la NAVEG no tenía relación con la existencia
de un pacto de caballeros entre la FEG y la NAVEG. No obstante, es preciso tener en cuenta, no sólo el tenor de dicha carta,
sino también el contexto en que se redactó. En efecto, debe señalarse en primer lugar que dicha carta iba dirigida a la NAVEG,
en respuesta a una pregunta formulada por esta última dos días antes. Es pues la NAVEG quien adoptó la iniciativa de preguntar
a Spaanderman Licht sobre las razones que impulsaron a esta última a no suministrar material a CEF. En segundo lugar, este
intercambio de correspondencia tuvo lugar una vez iniciado el procedimiento administrativo, en un momento en que la investigación
de la Comisión ya estaba en marcha. En efecto, la carta es posterior a las solicitudes de información enviadas por la Comisión
a la FEG y a TU el 25 de julio de 1991, por lo que no resulta convincente.
En cuarto lugar, en lo relativo a la cuestión de si las negativas que CEF recibió de varios proveedores se debían a la existencia
de un pacto de caballeros o a razones comerciales legítimas, procede indicar en primer lugar que, en una carta de 27 septiembre
de 1989, la NAVEG se dirigió a la FEG en estos términos:
«Algunos miembros de la NAVEG han pedido a la dirección su opinión sobre eventuales suministros a [CEF].Varias empresas extranjeras,
representadas por nuestros miembros, suministran a esta organización en otros países y desean hacerlo también en los Países
Bajos. No obstante, en tanto no se admita a [CEF] en la FEG, el consejo de dirección recomienda lógicamente que sus miembros
no suministren a la empresa. En el pasado, varios miembros actuaron de cara a Nedeximpo de acuerdo con una recomendación similar,
pero ahora que Nedeximpo se ha adherido a la FEG se encuentran con que ya no son admitidos como proveedores. Deseamos evitar
que se repita la misma situación en el caso de [CEF], y se nos pide que adoptemos rápidamente medidas al efecto. Les rogamos
pues que nos informen a la mayor brevedad posible del estado de las negociaciones entre la FEG y [CEF]. Estimamos necesario
informar a nuestros miembros de su punto de vista dentro de dos semanas, por lo que les rogamos que nos respondan a tiempo.»
La Comisión actuó legítimamente al considerar que dicha carta constituía un indicio verosímil de que la FEG y la NAVEG intercambiaban
información «con el objetivo [de] impedir los suministros a empresas ajenas a la FEG, en cumplimiento del pacto de caballeros»
(Decisión impugnada, considerando 49).
En quinto lugar, en cuanto a las declaraciones de la veintena de proveedores invocadas por las demandantes, consta que únicamente
tres de ellos son miembros de la NAVEG: Hofte, Technische Handelsmaatschappij Regoort BV y Hateha. De ello se deduce que los
escritos de las demás empresas no son pertinentes a efecto de examinar las pruebas de la existencia de un acuerdo entre la
FEG y la NAVEG.
Por lo que respecta a Hofte, las demandantes invocan el siguiente pasaje de sus respuestas a la Comisión (de 28 de junio de
1993 y de 30 de mayo de 1997; véase el expediente, documento 1614.20, 2c, anexo 1 y anexo 20 de la demanda de TU):
«En respuesta a su pregunta de si tenemos en cuenta el hecho de que un comprador sea o no miembro de la FEG, les indicamos
que para nosotros esto no constituye un criterio.»
Tal afirmación es una respuesta a uno de los actos de investigación de la Comisión. Además, es preciso compararla con las
declaraciones realizadas por Hofte al fabricante Paul Hochköpper el 23 de agosto de 1991, poco después de haber sido interrogada
por la Comisión. En los considerandos 47 y 52 de la Decisión impugnada se recogen varios extractos de esta carta. La Comisión
indicó en particular lo siguiente, en el considerando 52 de la Decisión impugnada:
«El siguiente extracto de la citada carta del miembro de la NAVEG Hofte a Paul Hochköpper & Co así lo demuestra. En relación
con la denuncia interpuesta por CEF ante la Comisión, Hofte señala: “Además, por supuesto que ha remitido documentos, entre
ellos desgraciadamente algunos de agentes de la NAVEG, que, sin reflexionar, afirman que la empresa no puede ser suministrada
al no estar adherida a la FEG” […]»
En lo que respecta a Hateha, TU invoca la siguiente declaración (demanda, punto 84):
«Seleccionamos a nuestros compradores atendiendo principalmente a consideraciones comerciales relacionadas con la función
de la empresa y el lugar en que está establecida, así como a la cobertura del mercado, planteando además ciertas exigencias
en materia de solvencia.
[...]
En principio, no tenemos en absoluto en cuenta el hecho de que un comprador sea o no miembro de la FEG. Los principales criterios
son los que se han mencionado más arriba, y entre ellos la solvencia ocupa una plaza importante. Como la FEG impone ciertos
requisitos en cuanto a la situación financiera de los mayoristas que son miembros suyos, la adhesión a la FEG representa una
cierta garantía de solvencia de la empresa en cuestión. En este sentido, el saber si una empresa es o no miembro de la FEG
tiene alguna importancia.»
Es preciso reconocer que la Comisión refutó la pertinencia de dicha declaración de un modo suficientemente convincente y detallado
en el considerando 50 de la Decisión impugnada, reproducido en el apartado 139
supra
. El hecho es que Hateha indicó expresamente a dos empresas, Frigé y CEF, que no les suministraría material porque no eran
miembros de la FEG (véanse las cartas de Hateha a CEF y a Frigé, de 24 de mayo de 1989 y de 12 de marzo de 1981 respectivamente,
Decisión impugnada, considerando 50, y notas n
os
57 y 58), pese a que TU objeta (réplica, punto 158) que se trataba de «una excusa fácil para librarse de CEF».
Por último, en lo que respecta al proveedor Technische Handelsmaatschappij Regoort BV, la FEG invoca la respuesta dada por
dicha empresa a la Comisión el 28 de mayo de 1997. En esa respuesta, dicho proveedor indicaba que no tenía en cuenta el que
sus clientes fueran miembros de la FEG y precisaba al respecto que 1.214 de sus 1.257 clientes no eran miembros de dicha asociación.
La Comisión subrayó (dúplica en el asunto T‑5/00, punto 61) que, aunque dicho proveedor tenía más de un millar de clientes,
la FEG sólo contaba con unos 50 miembros. Dicho proveedor vende sus productos tanto a mayoristas como a revendedores al por
menor, a industriales, a organismos públicos y a exportadores. La Comisión reconoce que dicho proveedor suministró material
a CEF.
Tales datos podrían permitir afirmar, como máximo, que dicho proveedor no aplicaba el acuerdo entre la FEG y la NAVEG. Aunque
este documento muestra que uno los miembros de esta última asociación quizá no respetaba sistemáticamente dicho acuerdo, no
parece constituir, en cambio, un indicio que permita poner en duda la propia existencia del acuerdo.
Por último, procede subrayar que las demandantes no han impugnado seriamente la afirmación de que otro miembro de la NAVEG,
Hemmink, se negó a suministrar material a la empresa Van de Meerakker tras haber consultado con la FEG y con uno de sus miembros,
la sociedad Schiefelbusch (Decisión impugnada, considerando 51). La Comisión se basó al respecto en el informe sobre una reunión
interna de Hemmink de 25 de febrero de 1994 (Decisión impugnada, nota nº 59). La FEG reconoce (réplica, punto 120) que este
último documento demuestra que Hemmink decidió no suministrar material a Van de Meerakker, tras haber verificado con la FEG
si Van de Meerakker había solicitado ser admitida como miembro de la asociación. La FEG considera sin embargo que dicho documento
no demuestra que ella diera a Hemmink instrucciones de no suministrar material a Van de Meerakker. Procede rechazar esta última
objeción, pues el mencionado informe procede de Hemmink y constituye un indicio objetivo de la existencia de negativas a suministrar
material a las empresas que no eran miembros de la FEG.
Del mismo modo, por lo que respecta a las cartas de ABB y de Spaanderman Licht invocadas por TU, procede subrayar que sólo
esta última empresa es miembro de la NAVEG, de modo que la carta de ABB no es pertinente en esta fase del razonamiento. En
su escrito a CEF de 22 de mayo de 1991, Spaanderman Licht se limitó a indicar que no deseaba ampliar su red de distribuidores.
Procede sin embargo subrayar que dicha carta fue redactada después de que comenzara la investigación de la Comisión.
Habida cuenta de estos diversos datos, procede concluir que la Comisión actuó legítimamente al basarse en los indicios documentales
citados en los considerandos 48 a 52 de la Decisión impugnada para concluir que los indicios documentales de la aplicación
de un pacto de caballeros entre la FEG y la NAVEG tenían fuerza probatoria.
c) 	Conclusión de conjunto
Se deduce de las consideraciones precedentes que las demandantes no han logrado demostrar de un modo jurídicamente satisfactorio
que las apreciaciones de hecho formuladas por la Comisión con respecto al pacto de caballeros adolezcan de vicios o de inexactitudes
materiales que les resten valor. Procede rechazar la crítica de TU, que, haciendo hincapié en la ambigüedad de determinadas
pruebas de cargo, exige disfrutar del beneficio de la duda en virtud del adagio
in dubio pro reo
. En efecto, tras una valoración global, ni esta crítica ni las alegaciones específicas de las demandantes logran poner en
entredicho la conclusión de que los indicios mencionados en la Decisión impugnada resultan convincentes, objetivos y concordantes.
Por otra parte, la alegación de la FEG de que la NAVEG había tomado la iniciativa en los contactos con ella no basta tampoco
para poner en duda las apreciaciones de hecho derivadas del examen de los referidos indicios. Aun suponiéndola fundada, lo
máximo que consigue tal alegación es confirmar la existencia –ya acreditada– de un pacto de caballeros entre ambas asociaciones.
Es preciso declarar por tanto que resulta legítima la conclusión de la Comisión de que la NAVEG se había comprometido con
la FEG a recomendar a sus miembros que no vendieran material electrotécnico a los mayoristas que no fueron miembros de esta
última asociación, con arreglo a un pacto de caballeros entre ambas asociaciones, pacto del que existen pruebas a partir del
11 de marzo de 1986.
2. 	La ampliación del pacto de caballeros a proveedores no miembros de la NAVEG
En la Decisión impugnada, la Comisión afirmó que la FEG y TU habían intentado ampliar el ámbito de aplicación de pacto de
caballeros incluyendo en él a proveedores no representados por los agentes o importadores miembros de la NAVEG. Dicha institución
basó esta conclusión en varios casos en los que proveedores tales como Draka Polva, Holec, ABB y Klöckner Moeller (en lo sucesivo,
«KM») habían sufrido presiones (Decisión impugnada, considerandos 53 a 66 y 104 a 106). Puso igualmente de relieve que la
FEG había intentado ampliar el acuerdo colectivo de exclusividad incluyendo en él a la empresa Philips, proveedora de material
electrónico destinado al gran público.
a) 	Sobre la materialidad de los hechos
Alegaciones de las partes en el asunto T‑5/00
Según la FEG, la Decisión impugnada no contiene prueba alguna de que ella ejerciera presiones sobre los proveedores de sus
miembros. Alega que no estuvo implicada en ninguno de los casos citados por la Comisión y que nunca intentó inmiscuirse en
las relaciones entre sus miembros y los proveedores de éstos.
En primer lugar, la FEG invoca en su favor el acta de su junta directiva de 29 de enero de 1991 (anexo 28 de la réplica en
el asunto T‑5/00), que muestra claramente que ella seguía la política de no injerirse en las relaciones entre sus miembros
y los proveedores de éstos. Dicha acta está redactada así:
«Se discutieron los siguientes documentos adjuntos al orden del día:
–
La carta del Sr. Duk al Sr. Fillet (CEF): El secretario añade que es inadmisible que la FEG insista como asociación ante los
proveedores, del modo que sea, para que éstos sólo suministren material a los miembros de la FEG. Los asistentes apoyan enérgicamente
esta postura. Se recuerda que la asociación nunca se ha quejado ni se quejará ante los proveedores en lo que respecta a los
suministros de material».
En segundo lugar, en lo relativo a la supuesta oposición de la FEG a los suministros de material a CEF por parte de Draka
Polva, mencionada en el considerando 54 de la Decisión impugnada, la FEG sostiene que la Comisión no cuenta con ninguna prueba
directa de que se ejercieran presiones sobre dicha empresa. Subraya que el único documento invocado en la Decisión impugnada
es un informe procedente de TU (Decisión impugnada, considerando 54, y documento mencionado en la nota nº 62), que no basta
para probar su participación directa en los actos de que se trata.
Por otra parte, la FEG sostiene que Draka Polva no se negó a suministrar material a CEF. Así, en un escrito de 15 de junio
de 1993 (Decisión impugnada, considerando 27, nota nº 29), Draka Polva declaró a la Comisión:
«Pese a que seguramente es superfluo mencionarlo, les informamos de que hemos suministrado material a City-Electrical-Factors
desde que dicha empresa se instaló en los Países Bajos.»
Además, el acta de la reunión de la junta directiva de la FEG de 25 de junio de 1990 indicaba lo siguiente:
«7.
Solicitud de adhesión de CEF
Si CEF desea convertirse en miembro de la FEG, dicha empresa deberá cumplir los criterios de admisión. Así se le comunicará
por escrito.
Se comenta la carta de Draka Polva relativa a los suministros de material a CEF.
El presidente considera que la FEG no puede oponerse. Se incluirá el orden del día un punto relativo a los “Proveedores que
suministran material a empresas que no son miembros de la FEG».
En su siguiente reunión, de 11 septiembre de 1990, la junta directiva de la FEG se limitó a formular una breve observación
a este respecto, recogida en el acta en la siguientes términos:
«12.

Proveedores que suministran material a empresas que no son miembros de la FEG
En relación con la carta de Polva relativa a los suministros de material a CEF se indica que, formalmente, la FEG, como asociación,
no puede hacer nada al respecto.»
Tales documentos demuestran, a juicio de la FEG, que ella no disponía de ningún medio para oponerse a la decisión de Draka
Polva de suministrar mercancías a CEF.
En tercer lugar, en cuanto a la intención de la FEG de ampliar el ámbito de aplicación del acuerdo colectivo de exclusividad
incluyendo en él a los proveedores de material electrónico para gran público, intención que la Comisión le atribuye en el
considerando 55 de la Decisión impugnada, la FEG considera que la tesis de la Comisión se basa en un único documento, a saber,
la carta enviada el 29 de agosto de 1989 por uno de los miembros de la junta directiva de la FEG a una comisión de mayoristas
distribuidores de material Philips. La FEG alega que se trataba de la postura personal de uno los miembros de su junta directiva.
Por otra parte, la FEG y TU sostienen además que dicha carta no es pertinente, dado que las declaraciones en cuestión no están
relacionadas con el mercado de referencia, sino con el mercado de los aparatos electrónicos para el gran público.
En cuarto lugar, la FEG desmiente haber participado en las acciones de algunos de sus miembros en relación con los proveedores
Hager, Holec y ABB, mencionadas en los considerandos 56 a 59 de la Decisión impugnada. Afirma igualmente que no tuvo nada
que ver con las presiones sufridas por KM, aunque reconoce que algunos de sus miembros y de sus antiguos dirigentes formaban
parte de la delegación de mayoristas que visitó los locales de dicha empresa. Alega sin embargo que esta circunstancia no
permite deducir que ella participara en tal iniciativa ni atribuirle la responsabilidad de la misma. Con carácter subsidiario,
la demandante se suma a la argumentación de TU mencionada en el considerando 64 de la Decisión impugnada.
En quinto lugar, la FEG reprocha a la Comisión no haber tenido en cuenta los resultados de su propia investigación, que muestran
que la veintena de proveedores interrogados afirmaron unánimemente a la Comisión que la FEG nunca les había solicitado «adoptar
su política de distribución». Así pues, según la FEG, el expediente no contiene indicio alguno de contactos entre ella y los
proveedores, proveedores para quienes la adhesión de un mayorista a la FEG nunca constituyó un factor decisivo a la hora de
establecer relaciones comerciales con él.
La Comisión rechaza dichas alegaciones y considera que los datos examinados en los considerandos 53 a 66 de la Decisión impugnada
demuestran que la FEG tenía la intención de ampliar el acuerdo colectivo de exclusividad, incluyendo en él a proveedores no
vinculados a la NAVEG. Reconoce que es evidente que fueron algunos miembros de la FEG quienes adoptaron la iniciativa de ampliar
el acuerdo colectivo de exclusividad, incluyendo en él a proveedores que no eran miembros de la NAVEG, y quienes realizaron
gestiones al efecto. Efectivamente, como la FEG sólo podía dirigirse a otras asociaciones de empresas, tales como la NAVEG,
resultaba mucho más fácil que entablaran estas discusiones empresas como TU, que tienen un peso comercial importante ante
sus proveedores. Sin embargo, a juicio de la Comisión, tal circunstancia no pone en entredicho la responsabilidad de la FEG
y de TU.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Procede reservar para una fase posterior del análisis el examen de las alegaciones con las que la FEG pretende negar que la
infracción contemplada en el artículo 1 de la Decisión impugnada le sea imputable, y no la materialidad de las apreciaciones
de hecho en que se basó la Comisión para considerar que la FEG había intentado ampliar el acuerdo colectivo de exclusividad
incluyendo en él a proveedores que no eran miembros de la NAVEG. Por lo tanto, como la FEG no ha negado la materialidad de
los incidentes en que se vieron implicadas las empresas Hager, Holec, ABB y KM, las alegaciones relativas a los mismos se
examinarán junto a las demás causas de imputabilidad de las infracciones.
En cuanto a las restantes alegaciones, el contenido del acta de la junta directiva de la FEG de 29 de enero de 1991 constituye
una muestra de la voluntad de la FEG de no intervenir directamente ante los proveedores de sus miembros a fin de que no suministren
material a otros mayoristas. Sin embargo, esta constatación no es incompatible con la postura defendida por la Comisión en
la Decisión impugnada, según la cual la FEG intentó extender a terceros la aplicación del acuerdo colectivo de exclusividad,
en provecho de sus miembros. Además, es preciso confrontarla con las afirmaciones efectuadas por TU en una nota interna de
12 de septiembre de 1990, después de que Draka Polva hubiera propuesto vender a CEF, según las cuales «la FEG se ha opuesto,
pues la propuesta contraviene el acuerdo entre los miembros y la asociación» (Decisión impugnada, considerando 24). Tales
afirmaciones constituyen en efecto un indicio de la existencia de un acuerdo entre los miembros de la FEG, así como de la
implicación directa de esta última en la preparación de una respuesta a la entrada de CEF en el mercado neerlandés.
Por otra parte, si bien la Comisión no ha mencionado otros indicios de una implicación directa de la FEG en los incidentes
relacionados con la ampliación del acuerdo colectivo de exclusividad, procede subrayar que un cierto número de indicios concordantes
muestran que varios de sus miembros intentaron conseguir, individualmente o de común acuerdo, que proveedores no miembros
de la NAVEG asumieran compromisos en beneficio de la totalidad de los miembros de la FEG, de modo que resultaba justificado
que dichos proveedores pensaran que tales acciones se realizaban bajo la égida de la FEG o que ésta las aprobaba.
A este respecto, hay que subrayar que el autor de la carta de 29 de agosto de 1989 a la comisión de mayoristas de productos
electrónicos para el gran público de la empresa Philips, mencionada en el considerando 55 de la Decisión impugnada, era en
aquel momento miembro de la junta directiva de la FEG. Aunque ha quedado acreditado que dicha carta no procede oficialmente
de la FEG, consta que el autor de la misma invocó expresamente su condición de miembro de la junta directiva de dicha asociación
(«Saben ustedes que recientemente accedí al consejo de dirección de la FEG. Mi principal objetivo al hacerlo es promover los
intereses de los mayoristas de equipos.») a fin de solicitar al destinatario que pusiera término a los suministros de material
a los mayoristas que no fueran miembros de la FEG. Al formular esta petición, el autor de la carta no actuaba a título individual,
sino en defensa del interés común de los miembros de la FEG, puesto que intentaba conseguir, en beneficio de los miembros
de dicha asociación, que cesaran los suministros de material a los mayoristas que no eran miembros de la misma.
Procede subrayar sin embargo que, tal como han alegado las demandantes, las apreciaciones de la Comisión sobre la ampliación
del acuerdo colectivo de exclusividad para incluir en él la distribución de material electrónico destinado al gran público
no guardan relación con el mercado de referencia definido por la Comisión, pues éste sólo comprende la distribución al por
mayor de material electrotécnico. Por lo tanto, en la Decisión impugnada, tales apreciaciones deben considerarse efectuadas
a mayor abundamiento.
No obstante esta última observación, procede añadir que el interés común que animaba a la FEG y a sus miembros queda igualmente
de manifiesto en el incidente relativo a la sociedad KM. Dicho incidente consistió en efecto en una acción conjunta de 26
miembros de la FEG, entre ellos varios miembros de la junta directiva, llevada a cabo en defensa del interés común de la totalidad
de los miembros de dicha asociación, tal como muestran claramente los extractos del borrador de la carta a KM citados en los
considerandos 62 y 63 de la Decisión impugnada. Por otra parte, el borrador de la carta pretendía informar a KM de la «preocupación»
de los 26 miembros de la FEG antes mencionados, después de que KM se hubiera convertido en uno de los «primeros grandes proveedores
del sector electrotécnico en distribuir a empresas no adheridas a la FEG». Dado que el borrador de la carta a KM hacía así
referencia expresa a la FEG, es lógico pensar que su destinatario imaginó que había recibido el visto bueno de la FEG.
Habida cuenta de estos datos, la FEG no puede atrincherarse tras la circunstancia de que, entre los indicios mencionados por
la Comisión, la nota interna de TU antes analizada era la única que hacía referencia a una implicación directa de aquélla
en los esfuerzos de sus miembros por obtener la ampliación del acuerdo colectivo de exclusividad incluyendo en él a otros
proveedores. En efecto, las acciones conjuntas de varios miembros de la FEG –y entre ellos varios de sus directivos con puestos
en la junta directiva– muestran que éstos no actuaban a título individual, sino por cuenta de la totalidad de los miembros
de dicha asociación, aunque sin actuar no obstante directamente en nombre de la misma. Procede reconocer por consiguiente
que la Comisión pudo deducir legítimamente de dichas acciones que la FEG había manifestado su intención de ampliar el acuerdo
colectivo de exclusividad incluyendo en él a proveedores ajenos a la NAVEG.
Alegaciones de las partes en el asunto T‑6/00
En primer lugar, TU se suma a la argumentación expuesta por la FEG en el asunto T‑5/00 y añade que la parte dispositiva de
la Decisión impugnada sólo se refiere a su participación en las infracciones cometidas por dicha asociación. TU deduce de
ello que, a falta de pruebas directas de la participación de la FEG en las presiones supuestamente ejercidas sobre terceros,
sus contactos con proveedores ajenos a la NAVEG no pueden servir de base para imputarle una infracción.
En segundo lugar, TU reconoce haber comentado el caso de CEF con los proveedores KM, Draka Polva, ABB y Holec, pero niega
haberlos presionado para que dejaran de suministrar material a CEF. Reconoce haber manifestado a dichas empresas su descontento,
provocado por lo que ella consideraba un incumplimiento de sus acuerdos. TU estimaba especialmente injusto que dichos proveedores
concedieran a una empresa que acababa de entrar en el mercado, como CEF, unos descuentos idénticos a los que ella podía reivindicar
tras muchos años de esfuerzos. Por consiguiente, TU estima que dichos contactos no tenían ni por objeto ni por efecto restringir
la competencia.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Es preciso comenzar por subrayar que la argumentación de TU se basa en la premisa de que en la parte dispositiva de la Decisión
impugnada sólo se sanciona su participación en las infracciones cometidas por la FEG. Dado que dichas alegaciones no se refieren
directamente a la materialidad de los hechos que la Comisión ha considerado probados, procede analizarlas con posterioridad,
en la fase de análisis de las causas de imputabilidad de las infracciones.
Por lo demás, resulta obligado reconocer que TU no discute la existencia de contactos entre ella y ciertos proveedores que
no eran miembros de la NAVEG, sino la calificación jurídica que la Comisión aplicó a los mismos, en particular en lo que respecta
a la conclusión de que su objeto o su efecto fueron contrarios a la competencia. Por consiguiente, tales alegaciones serán
examinadas con más detalle junto con las alegaciones relativas a la calificación jurídica de los hechos.
b) 	Conclusión de conjunto
Habida cuenta de las consideraciones precedentes, es preciso concluir que ninguna de las alegaciones examinadas hasta ahora
permite poner en entredicho la materialidad de los hechos invocados en la Decisión impugnada como prueba de que la FEG y de
TU ejercieron presiones sobre ciertos proveedores no vinculados con la NAVEG. Por consiguiente, la Comisión actuó legítimamente
al afirmar, basándose en indicios objetivos y concordantes, por una parte, que la FEG había intentado ampliar el ámbito de
aplicación del pacto de caballeros incluyendo en él a proveedores no vinculados a la NAVEG y, por otra, que TU había participado
en diversas gestiones encaminadas al logro de dicho objetivo.
Procede pues desestimar la totalidad de las alegaciones con que las demandantes pretenden negar los hechos que la Decisión
impugnada consideró probados en lo que respecta al acuerdo colectivo de exclusividad.
3. 	Sobre los requisitos de adhesión a la FEG
a) 	Alegaciones de las partes
La FEG impugna los datos en que se basó la Comisión para considerar que los requisitos de adhesión a la FEG podían dificultar
el acceso al mercado neerlandés de comercio al por mayor de material electrotécnico.
En primer lugar, la FEG considera natural admitir como miembros únicamente a las empresas que hayan alcanzado un volumen de
negocios mínimo de 5 millones de florines neerlandeses (NLG) en el territorio neerlandés durante tres años consecutivos. Alega
así que, como su objetivo es representar los intereses de los mayoristas en el mercado neerlandés, no existe razón alguna
para que tome en consideración el volumen de negocios alcanzado fuera de los Países Bajos.
A continuación, la FEG rechaza las afirmaciones de la Comisión de que recurrió a criterios arbitrarios para rechazar ciertas
solicitudes de adhesión (Decisión impugnada, considerando 109). La demandante sostiene que la Comisión se ha basado en los
dos únicos ejemplos de solicitudes que han planteado problemas en los últimos veinte años, y afirma que se trataba en ambos
casos de empresas cuyas actividades no coincidían con las de sus miembros.
Por último, la FEG recuerda que, entre 1989 y 1990, se dieron de baja de la asociación varios mayoristas cuyo volumen de negocios
era inferior a 10 millones de NLG. Estos ejemplos refutan en su opinión la tesis de que los criterios de adhesión servían
para mantener en vigor un acuerdo colectivo de exclusividad y constituían un requisito necesario para entrar en el mercado
neerlandés.
La Comisión replica que los requisitos de admisión de los nuevos miembros son de tal naturaleza que dificultan aún más el
acceso al mercado neerlandés (Decisión impugnada, considerando 108). El acuerdo colectivo de exclusividad constituye una barrera
a la entrada que estos requisitos de admisión contribuyen a reforzar. La Comisión recuerda que ya indicó el considerando 108
de la Decisión impugnada que varios miembros de la FEG no cumplían dichos requisitos de admisión.
b) 	Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Las partes no discrepan sobre el contenido de los criterios utilizados por la FEG para pronunciarse sobre la admisión de nuevos
miembros. En cambio, la FEG niega que tales criterios dificulten aún más el acceso al mercado neerlandés, como afirmó la Comisión
al sostener, en los considerandos 108 y 109 de la Decisión impugnada, que dichos requisitos constituían un obstáculo adicional
para las empresas que quisieran entrar en el mercado de la distribución al por mayor de material electrotécnico en los Países
Bajos.
En la Decisión impugnada, la cuestión crucial en lo que respecta a los criterios de adhesión es la arbitrariedad que se les
atribuye. La Comisión puso en efecto de relieve, en el considerando 109 de Decisión impugnada, que la FEG utilizaba el criterio
del «interés de la asociación», lo que confería a la junta directiva un amplio margen de discrecionalidad para decidir sobre
la admisión de nuevos miembros, habida cuenta de que se exigía un voto unánime de los miembros de dicho órgano para autorizar
una nueva adhesión (véanse, en la Decisión impugnada, las referencias que la nota nº 126 hace a las discusiones relativas
a la adhesión de Van de Meerakker, y a los informes de la FEG de 27 de septiembre y 15 de noviembre de 1994).
La arbitrariedad atribuida a dichos criterios se deriva igualmente del hecho, que no se ha negado, de que la FEG aceptó como
miembros a ciertos mayoristas que no cumplían el requisito del volumen de negocios mínimo.
Por último, en lo que respecta más concretamente al requisito de los 5 millones de NLG de volumen de negocios en los tres
ejercicios anteriores a la solicitud de adhesión, procede reconocer que puede constituir un obstáculo para las empresas que
quieran entrar en mercado, ya que favorece a los mayoristas de mayor importancia, que disfrutan por otra parte, como miembros
de la FEG, de las ventajas del pacto de caballeros. Dado que al examinar las solicitudes de adhesión no se tiene en cuenta
el volumen de negocios alcanzado fuera de los Países Bajos, dicho obstáculo resulta especialmente eficaz frente a las empresas
extranjeras.
Habida cuenta de todos estos datos, la Comisión estimó legítimamente en los considerandos 108 y 109 de la Decisión impugnada
que los criterios de adhesión a la FEG producían el efecto de «dificultar aún más el acceso de nuevas empresas al mercado»
y reforzaban así los efectos del acuerdo colectivo de exclusividad. Por consiguiente, procede rechazar las alegaciones de
la FEG sobre las consecuencias de sus requisitos de adhesión.
4. 	Calificación jurídica de los hechos relativos al acuerdo colectivo de exclusividad
La argumentación de las demandantes sobre la calificación jurídica de los hechos relativos al acuerdo colectivo de exclusividad
consta de dos partes. En primer lugar sostienen que, como la posición en el mercado de los miembros de la NAVEG era muy débil,
el pacto de caballeros no podía producir efectos apreciables en la competencia. En segundo lugar, TU niega que las gestiones
ante los proveedores no miembros de la NAVEG en las que ella participó tuvieran por objeto o por efecto restringir la competencia.
Como las demandantes no han impugnado otros aspectos de la calificación del acuerdo colectivo de exclusividad con arreglo
al artículo 81 CE, procede analizar estas alegaciones a la vista de la delimitación del mercado de referencia y de los hechos
que acaban de considerarse probados.
a) 	Sobre el pacto de caballeros
Alegaciones de las partes
Las demandantes sostienen, esencialmente, que la gran debilidad de la posición en el mercado de los miembros de la NAVEG impedía
que el acuerdo colectivo de exclusividad produjera efectos apreciables en la competencia.
TU alega en particular que las actividades como distribuidores de los miembros de la NAVEG representaba menos de un 1 % del
mercado. En su condición de agentes, los miembros de la NAVEG sólo representaban a dieciséis marcas de gran reputación, con
un volumen de negocios estimado en 20 millones de NLG como máximo, sobre un mercado total de 3.000 a 4.000 millones de NLG
(0,5‑0,6 %). A su juicio, los miembros de la NAVEG no ocupaban ya la posición de que disfrutaban en los años cincuenta, en
la época del acuerdo AGC.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
La Decisión impugnada se basa en varias cifras, relativas, por una parte, al mercado de material electrotécnico («mercado
primario»), y, por otra, al mercado de venta al por mayor de dicho material («mercado de referencia»). Resulta así que el
volumen de negocios de las empresas presentes en el mercado primario (1992-1994) asciende en total a 1.590 millones de euros
(Decisión impugnada, considerandos 23 y 24). En dicho mercado, el volumen de negocios de los miembros de la NAVEG es de 84 millones
de euros, o sea, un 5 % del mercado primario (Decisión impugnada, considerandos 21 y 23). En el mismo período, las empresas
presentes en el mercado de venta al por mayor de material electrotécnico, único mercado de referencia en el presente asunto,
alcanzaron un volumen de negocios comprendido entre 680 y 910 millones de euros, o sea, aproximadamente un 50 % del mercado
primario. Los miembros de la FEG representan en conjunto un 96 % del mercado de referencia (Decisión impugnada, considerando 24).
Sin impugnar tales datos, las demandantes sostienen sin embargo que la Comisión sobreestimó la importancia de los miembros
de la NAVEG.
TU recuerda así que, en el considerando 23 de la Decisión impugnada, la Comisión consideró que los miembros de la NAVEG controlaban
un 10 % del mercado primario, pese a que las cifras citadas más arriba muestran que dicha proporción era de alrededor de un
5 %. Subraya además que la Comisión, aplicando un método de cálculo inexplicable, multiplicó por dos dicha cuota de mercado
para fijar en un 20 % la cuota de mercado de la NAVEG en la fase de comercio al por mayor.
No cabe acoger estas alegaciones.
En primer lugar, la Comisión disponía de cifras brutas que le permitían calcular la cuota de mercado de los miembros de la
NAVEG en el mercado primario (5 %). Sin embargo, únicamente tuvo en cuenta la estimación propuesta por la FEG, dos veces superior
(10 %). A este respecto, la Comisión precisó en las notas nº 20, nº 23 y nº 25 que el cálculo efectuado por la NAVEG sobre
el volumen de negocios de sus miembros «se basa en las cifras de sólo quince de los treinta miembros de la NAVEG». La Comisión
estimó por tanto que «es muy probable que el volumen de negocios real de los miembros de la NAVEG sea considerablemente superior
al importe notificado». La Comisión pudo por tanto deducir correctamente de estos datos que «resulta realista la estimación
de la FEG, que cifra en un 10 % la cuota de mercado de los miembros de la NAVEG» (Decisión impugnada, nota nº 23).
Más allá de la aparente imprecisión alegada por TU, es evidente que la Comisión intentó distinguir entre el peso relativo
de la NAVEG y el de los demás proveedores, desde el punto de vista de las compras efectuadas por los mayoristas.
La Decisión impugnada contiene varias indicaciones a este respecto. Así, en el considerando 23 de la misma, la Comisión indica
que «los miembros de la NAVEG prefieren, en general, el suministro por medio de los mayoristas», precisando que dicha asociación
únicamente admite como miembros a quienes distribuyen sus productos a través de los mayoristas (nota nº 22). Así, en la Decisión
impugnada, la Comisión estimó que el material vendido por los miembros de la NAVEG era distribuido en su totalidad o en su
práctica totalidad a través de mayoristas. Es por consiguiente exacto que el material procedente de los miembros de la NAVEG
supone un porcentaje dos veces mayor en el mercado de referencia (venta al por mayor) que en el mercado primario. Dicha cuota
de mercado sería por tanto de un 20 % si se toman como base las estimaciones de la FEG y de un 10 % si se parte de los datos
brutos de que disponía la Comisión.
TU parece sin embargo impugnar este razonamiento y, en su escrito de réplica, ha formulado varios argumentos para demostrar
que las cifras relativas a los miembros de la NAVEG utilizadas por la Comisión no eran fiables. Ha alegado así en particular
que el volumen de negocios de los miembros de la NAVEG debía atribuirse en realidad a los fabricantes a quienes éstos representaban.
Sea cual sea el significado de esta alegación, TU ha sostenido que, según Hemmink, miembro de la NAVEG, las ventas facturadas
a los mayoristas representaban al menos un 90 % del «volumen de negocios de los fabricantes representados» (réplica, punto
39). Incluso en el caso de que pudiera interpretarse en el sentido de que pretende afirmar que un 90 % del volumen de negocios
de los miembros de la NAVEG procede de ventas efectuadas con mayoristas, dicha alegación no puede poner en entredicho la legalidad
de la Decisión impugnada. En efecto, aun suponiendo que el volumen de negocios de los miembros de la NAVEG correspondiente
a las ventas a mayoristas sea un 90 % del total, y no un 100 %, sigue siendo cierto que la cuota de mercado de dichas empresas
en el comercio al por mayor es dos veces superior a su cuota de mercado en el mercado primario.
TU ha alegado igualmente que carece de fiabilidad la estimación del volumen de negocios de los miembros de la NAVEG. Sin embargo,
sus alegaciones son sólo una serie de afirmaciones genéricas sin datos que la respalden. Por lo tanto, basta con hacer constar
que, ante la inexistencia de pruebas tangibles, procede rechazar las alegaciones de TU a este respecto.
En consecuencia, procede desestimar la totalidad de las alegaciones de las demandantes relativas a la falta de efectos apreciables
sobre la competencia del pacto de caballeros.
b) Sobre la inclusión en el pacto de caballeros de proveedores que no eran miembros de la NAVEG
En el marco de su valoración jurídica, la Comisión estimó que la FEG y sus miembros, en particular TU, habían intentado ampliar
el ámbito de aplicación del acuerdo colectivo de exclusividad presionando a proveedores que no estaban representados en la
NAVEG. Dedujo igualmente de los hechos del caso que tales maniobras habían logrado su objetivo, «pues una parte substancial
de los proveedores se ajustó al [acuerdo colectivo de exclusividad]» (Decisión impugnada, considerando 104).
Alegaciones de las partes
TU afirma que sus contactos con los proveedores Draka Polva, KM, ABB y Holec no tuvieron por objeto o por efecto restringir
la competencia.
La Comisión rechaza estas afirmaciones, remitiéndose tanto a los pasajes pertinentes de la Decisión impugnada como a la reiterada
jurisprudencia existente sobre la interpretación del artículo 81 CE.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
En primer lugar, por lo que respecta a los contactos entre TU y Draka Polva, ha quedado acreditado que TU intervino ante Draka
Polva cuando esta última expresó su intención de mantener relaciones comerciales con CEF (Decisión impugnada, considerando
54). En el informe de una reunión interna de 13 de diciembre de 1989, TU resumió su política al respecto en los siguientes
términos: «Cabe concluir que es necesario hacer un esfuerzo para impedir que los fabricantes de TU suministren a CEF.» La
Decisión impugnada indica en particular que, tras enterarse de que Draka Polva se proponía suministrar material a CEF, «la
FEG se ha opuesto, pues la propuesta contraviene el acuerdo entre los miembros y la asociación» (informe de una reunión interna
de TU de 12 de septiembre de 1990). En una carta a Draka Polva de 16 de julio de 1990, TU indica así: «[...] consideramos
su decisión una amenaza contra el comercio mayorista almacenista; por tanto, no nos parece deseable.» Por último, la Decisión
impugnada afirma que la intervención de la demandante logró su objetivo, puesto que, en un informe sobre una reunión de 9
de octubre de 1990, TU indica que, «a raíz de las conversaciones mantenidas por Draka Polva con el Sr. van der Meijden se
retractaron en su anunciada intención de suministrar a CEF» (Decisión impugnada, considerando 54).
Habida cuenta de estos datos, la Comisión consideró legítimamente que estas gestiones de TU pretendían presionar a Draka Polva,
uno de sus proveedores, a fin de que dejara de suministrar material a una empresa que acababa de entrar en el mercado de referencia.
Por lo demás, TU ha alegado que su intervención ante Draka Polva no había logrado el objetivo previsto, puesto que dicho proveedor
no había adoptado medidas que perjudicaran a CEF, interrumpiendo sus suministros de material a dicha empresa u ofreciéndole
unas condiciones menos ventajosas que antes. Tal alegación se sitúa así exclusivamente en el ámbito de la inexistencia de
efectos contrarios a competencia, que será examinado en el apartado 275
infra,
y no niega por tanto el objeto contrario a la competencia de dichas gestiones.
En segundo lugar, por lo que respecta a los contactos con ABB y KM, TU sostiene que los contactos que mantuvo con estos dos
proveedores en relación con CEF tenían por objeto defender sus intereses comerciales legítimos: alega en efecto que lo que
pretendía era expresar su descontento por las condiciones que dichos proveedores ofrecían a CEF. A su juicio, acciones de
este tipo no tienen por objeto restringir o falsear la competencia.
En lo que respecta a ABB, la Comisión indica en el considerando 58 de la Decisión impugnada que TU presionó a dicho proveedor
para que dejara de suministrar material a CEF. TU considera que la Comisión desnaturalizó las pruebas en que se basó. Su argumentación
es análoga a la que había utilizado el procedimiento administrativo, que fue rechazada por la Comisión en el considerando
59 de la Decisión impugnada. Concretamente, las partes discrepan en cuanto a la interpretación del informe redactado por la
demandante el 13 de marzo de 1991, cuyas disposiciones pertinentes establecen:
«Suministro de material a CEF por ABB
ABB ha suministrado únicamente [un] lote –una operación aislada, o “transacción muerta”– a CEF. El argumento utilizado ha
sido la relación que mantienen en Inglaterra. Si ABB vuelve a recibir un pedido, CEF será suministrada a precio de instalador.»
En la Decisión impugnada, la Comisión resalta que vender material electrotécnico a CEF al precio aplicable a los instaladores
(es decir, sin descuento alguno) significa eliminar por completo el interés comercial de esas transacciones (Decisión impugnada,
considerando 59). TU no presenta argumentos que contradigan esta interpretación. Por el contrario, en el contexto de su argumentación
relativa a la segunda infracción ha alegado que una venta sin descuentos sería impensable (demanda, punto 165). La Comisión
pudo pues concluir legítimamente que la intervención de TU ante ABB tenía por objeto oponerse a que esta última suministrara
material a CEF.
En cuanto a KM, ha quedado acreditado que TU, actuando de común acuerdo con otros 25 miembros de la FEG, se opuso activamente
a dicho proveedor cuando éste concedió a CEF los mismos descuentos que concedía a los miembros de la FEG. No se ha negado
que, el 27 de julio de 1991, TU visitó los locales de KM acompañado de otros 10 miembros de la FEG para quejarse de las relaciones
que dicha empresa mantenía con CEF (Decisión impugnada, considerando 66, y nota nº 81).
En tercer lugar, en lo que respecta a los contactos con Holec, ha quedado acreditado que Holec había encomendado a los miembros
de la FEG la distribución de algunos de sus productos. TU considera sin embargo que se trataba de una decisión unilateral
de Holec, que no perseguía un objetivo contrario a la competencia.
Sin embargo, el considerando 57 de la Decisión impugnada indica que, el 2 de julio de 1991, TU y Holec mantuvieron una entrevista,
al término de la cual Holec decidió reservar la distribución de algunos de sus productos a los mayoristas miembros de la FEG.
Ciertamente, la celebración de un acuerdo de exclusiva entre TU y un proveedor podía ser legítima y respetar la normativa
entonces vigente. Sin embargo, sigue siendo cierto que, en el presente asunto, la relación de exclusiva no se refiere únicamente
a TU, sino a todos los miembros de la FEG. No está claro, pues, el interés comercial de una relación de este tipo ni para
TU ni para Holec, como subraya la Comisión en el considerando 57 de la Decisión impugnada. Es evidente por el contrario que
esta acción de TU se ajustaba al interés común de los miembros de la FEG. Es preciso por tanto concluir que la alegación de
TU no es convincente.
Considerados en conjunto, los datos expuestos anteriormente demuestran, partiendo de indicios objetivos y concordantes, que
TU llevó a cabo, por sí sola o de común acuerdo con otros miembros de la FEG, diversas gestiones ante los proveedores Draka
Polva, ABB, KM y Holec a fin de garantizar que éstos aprovisionaran en exclusiva a los miembros de la FEG. Dicha acción forma
parte de los esfuerzos realizados por los miembros de la FEG para imponer una desventaja competitiva, en particular a través
del pacto de caballeros, a los mayoristas de la competencia que no eran miembros de la FEG. Como TU no ha aportado pruebas
de que las apreciaciones de hecho ni las calificaciones formuladas al respecto en la Decisión impugnada sean erróneas, procede
rechazar sus alegaciones.
Por lo demás, en la medida en que la argumentación de los demandantes pueda interpretarse en el sentido de que era preciso
demostrar los efectos contrarios a la competencia reales del acuerdo colectivo de exclusividad, aunque se hubiera acreditado
ya el objeto contrario a la competencia de los comportamientos imputados, no cabe acoger dicha argumentación. En efecto, según
reiterada jurisprudencia, a efectos de aplicar el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, la ponderación de los efectos concretos
de un acuerdo es superflua cuando resulte que éstos tienen por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia
dentro del mercado común (sentencias del Tribunal de Justicia Consten y Grundig/Comisión, antes citada; de 11 de enero de
1990, Sandoz Prodotti Farmaceutici/Comisión, C‑277/87, Rec. p. I‑45; de 17 de julio de 1997, Ferriere Nord/Comisión, C‑219/95 P,
Rec. p. I‑4411, apartados 14 y 15, y de 8 de julio de 1999, Montecatini/Comisión, C‑235/92 P, Rec. p. I‑4539, apartado 122).
C .
Conclusión sobre el acuerdo colectivo de exclusividad
La Comisión pudo pues concluir legítimamente que el pacto de caballeros entre la FEG y la NAVEG, así como las prácticas orientadas
a ampliar el ámbito de aplicación de dicho acuerdo incluyendo en él a proveedores ajenos a la NAVEG, constituían acuerdos
y prácticas concertadas prohibidos por el artículo 81 CE, apartado 1.
Como la Comisión señaló en el considerando 105 de la Decisión impugnada, el acuerdo colectivo de exclusividad limitaba la
libertad de los proveedores para elegir a los mayoristas a los que querían suministrar material. El acuerdo colectivo de exclusividad
se concibió y se aplicó en beneficio de los miembros de la FEG, a fin de lograr que las condiciones en que sus competidores
no miembros de la asociación podían recibir suministros de material electrotécnico de ciertos proveedores fueran menos ventajosas.
Por consiguiente, ante la falta de pruebas que pongan en entredicho la exactitud de los hechos mencionados por la Comisión
o la apreciación que ésta hizo de los mismos, o que acrediten que la Comisión cometió un error de Derecho al concluir que
al acuerdo colectivo de exclusividad le era aplicable la prohibición formulada por el artículo 81 CE, apartado 1, procede
rechazar en su totalidad los motivos de las demandantes relativos a la existencia del acuerdo colectivo de exclusividad y
a su calificación como infracción.
D .
Prácticas concertadas relativas a la fijación de precios (artículo 2 de la Decisión impugnada)
1. 	Resumen de la Decisión impugnada
Según la Decisión impugnada, la FEG y sus miembros completaron el acuerdo colectivo de exclusividad mediante decisiones y
prácticas concertadas relativas a la fijación de precios y de descuentos (Decisión impugnada, considerandos 102 y 111 a 121).
La Decisión afirmó igualmente que dichas actuaciones estaban destinadas a crear una estabilidad de precios artificial, fundamentalmente
con objeto de garantizar que los márgenes de los miembros de la FEG no se vieran expuestos a presiones (Decisión impugnada,
considerando 111).
La Comisión consideró así que la FEG y TU habían infringido el artículo 81 CE, apartado 1, al restringir, directa o indirectamente,
la facultad de los miembros de dicha asociación de fijar libremente sus precios de venta. Como pruebas de dicha infracción,
la Comisión se basó en:
–
las decisiones vinculantes de la FEG sobre precios fijos y sobre publicaciones;
–
el foro de discusión ofrecido por la FEG a sus miembros para que negociaran los precios y los descuentos (Decisión impugnada,
artículos 1 y 2);
–
la difusión de recomendaciones sobre precios por parte de la FEG.
La Comisión estimó que la aplicación conjunta de dichos mecanismos tuvo como resultado que, en la práctica, no hubiera más
que una competencia de precios restringida entre los miembros de la FEG (Decisión impugnada, considerando 117).
Según la Decisión impugnada, estos tres elementos constituyen una sola y misma infracción, y no tres infracciones distintas.
2. 	Alegaciones relativas a la calificación jurídica de los hechos
Las demandantes niegan que los comportamientos a que se refiere la Comisión tuvieran por objeto o por efecto restringir la
competencia, a efectos del artículo 81 CE, apartado 1. La Comisión consideró que las demandantes habían celebrado «acuerdos
horizontales de fijación de precios», calificándolos igualmente de «prácticas concertadas» (véanse, por ejemplo, los considerandos
111 y siguientes de la Decisión impugnada). Sin embargo, las demandantes no impugnan esta doble calificación.
El concepto de práctica concertada contemplado en el artículo 81 CE, apartado 1, se refiere a una forma de coordinación entre
empresas que, sin haber desembocado en la celebración de un convenio propiamente dicho, sustituye conscientemente los riesgos
de la competencia por una cooperación práctica entre ellas (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre
de 1975, Suiker Unie y otros/Comisión, asuntos acumulados 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, Rec.
p. 1663, apartado 26, y Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión, antes citada, apartado 63).
Los criterios de coordinación y cooperación deben interpretarse a la luz de la lógica inherente a las disposiciones sobre
competencia del Tratado, según la cual todo operador económico debe determinar de manera autónoma la política que pretende
seguir en el mercado común (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia Suiker Unie y otros/Comisión, antes citada, apartado
173; de 14 de julio de 1981, Züchner, 172/80, Rec. p. 2021, apartado 13; Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión, antes citada,
apartado 63, y de 28 de mayo de 1998, Deere/Comisión, C‑7/95 P, Rec. p. I‑3111, apartado 86).
Si bien es cierto que esta exigencia de autonomía no excluye el derecho de los operadores económicos a adaptarse con habilidad
al comportamiento que han comprobado o que cabe esperar de sus competidores, se opone sin embargo de modo riguroso a toda
toma de contacto directo o indirecto entre dichos operadores que pueda ya sea influir en el comportamiento en el mercado de
un competidor real o potencial, ya sea desvelar a dicho competidor el comportamiento que se haya decidido o pretenda seguir
en el mercado, cuando estos contactos tengan por efecto u objeto abocar a condiciones de competencia que no corresponderían
a las condiciones normales del mercado de que se trate, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos entregados o los
servicios prestados, la importancia y el número de las empresas, así como el volumen de dicho mercado (véanse, en este sentido,
la sentencias Suiker Unie y otros/Comisión, antes citada, apartado 174; Züchner, antes citada, apartado 14, y Deere/Comisión,
antes citada, apartado 87).
Resulta del propio texto del artículo 81 CE, apartado 1, que, al igual que los acuerdos entre empresas y las decisiones de
asociaciones de empresas, las prácticas concertadas se hallan prohibidas, con total independencia de sus efectos, cuando tienen
un objeto contrario a la competencia. El propio concepto de práctica concertada supone un comportamiento común de las empresas
que participan en ella. Sin embargo, no implica necesariamente que dicho comportamiento deba caracterizarse por actos que
formen parte de la actividad comercial en el mercado de dichas empresas. Tampoco implica que dicho comportamiento deba producir
el efecto concreto de restringir, impedir o falsear el juego de la competencia, desde el momento en que sea éste el objeto
que persigue.
Procede examinar sucesivamente las alegaciones de las demandantes a la vista de estos principios, subrayados por el Tribunal
de Justicia en su sentencia de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, apartados 123
y 124).
a) 	Las decisiones vinculantes sobre precios y sobre publicaciones
En el artículo 2 de la Decisión impugnada, la Comisión se refirió a dos «decisiones vinculantes» de la FEG, una sobre precios
fijos y otra sobre publicaciones. Ha quedado acreditado que, con arreglo a los estatutos de la FEG, tales decisiones eran
obligatorias para sus miembros. En efecto, el incumplimiento de las mismas podía conllevar la suspensión de la adhesión o
la expulsión de la asociación (Decisión impugnada, considerando 72).
Las demandantes alegan que dichas decisiones fueron letra muerta hasta su derogación el 23 de noviembre de 1993. Sostienen
por tanto que no se produjo efecto alguno de restricción de la competencia.
Procede verificar si las decisiones vinculantes de que se trata tenían por objeto restringir la competencia. En caso de respuesta
afirmativa, todo análisis de los efectos de dichas decisiones sería superfluo a efectos de aplicación del artículo 81 CE,
apartado 1.
La decisión vinculante sobre precios fijos
– 	Alegaciones de las partes
Según las demandantes, la Comisión estimó erróneamente que la decisión vinculante sobre precios fijos obligaba a los mayoristas
a trasladar a sus clientes cualquier aumento de precios aplicado por el proveedor con posterioridad a la realización de los
pedidos (Decisión impugnada, considerando 73). La decisión vinculante sobre precios fijos se inspiraba, alegan, en la Prijzenbeschikking
goederen en diensten 1983 (Orden Ministerial sobre los precios de los bienes y servicios de 1983) (anexo 32 de la demanda),
adoptada en un período de fuerte inflación.
TU insiste en que ella determina sus precios con total independencia, conforme a las prácticas mercantiles ordinarias. Alega
que, aunque en ciertos casos aplica precios fijos, se reserva el derecho de trasladar a sus clientes los aumentos de precios
de sus proveedores.
– 	Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
La decisión vinculante sobre precios fijos se refiere a las consecuencias de la modificación de los precios de los proveedores
en las mercancías ya encargadas pero que aún no han sido entregadas. Dispone en particular que, cuando se produzca una modificación
de este tipo, las mercancías pueden entregarse durante tres meses al precio en vigor en la fecha del pedido. Transcurrido
dicho plazo, y durante un período de seis meses, los miembros de la FEG deben trasladar dichas modificaciones a sus clientes
hasta un límite máximo por determinar, excepto cuando exista una situación de crisis. Dicho límite máximo es determinado cada
semestre por la FEG, previa consulta a UNETO. Según la FEG, este sistema sirve para repartir entre los mayoristas y los instaladores
los riesgos derivados de los aumentos de precios que pueden producirse en obras de gran duración. En caso de incumplimiento,
la decisión prevé la imposición de multas de hasta 10.000 NLG (4.531 euros). Esta decisión vinculante, adoptada el 2 de noviembre
de 1984, fue derogada el 23 de noviembre de 1993 (Decisión impugnada, considerandos 73 a 75).
Se deduce de estos datos que esta decisión de una asociación de empresas restringe la libertad de sus miembros para determinar
sus precios y tiene por objeto restringir la competencia, a efectos del artículo 81 CE, apartado 1.
Aun suponiéndola probada, la circunstancia de que dicha decisión vinculante se hubiera inspirado en una normativa nacional
vigente en el momento de su adopción no sería pertinente. En efecto, la FEG no ha alegado que dicha normativa le hubiera obligado
a adoptar la decisión vinculante en materia de precios ni que no dispusiera de autonomía alguna al respecto (sentencias del
Tribunal de Justicia de 17 de noviembre de 1993, Meng, C‑2/91, Rec. p. I‑5751, apartado 22, y Ohra Schadeverzekeringen, C‑245/91,
Rec. p. I‑5851, apartado 15; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de septiembre de 1996, Asia Motor France/Comisión,
T‑387/94, Rec. p. II‑961, apartado 61). Por otra parte, las demandantes no han demostrado que dicha normativa hubiera permanecido
en vigor durante todo el tiempo que duró la infracción.
Procede desestimar pues las alegaciones de las demandantes.
La decisión vinculante sobre publicaciones
– 	Alegaciones de las partes
Las demandantes alegan que la decisión vinculante en materia de publicaciones se refería exclusivamente a las acciones publicitarias.
Dicha decisión prohibía, según las demandantes, anunciar precios inferiores al precio de compra. El único ejemplo de aplicación
de la misma citado por la Comisión procede del informe de la reunión de la junta directiva de la FEG de 9 de julio de 1992.
Ahora bien, dicho documento se limitaba a indicar, por una parte, que Schotman no respetaba la decisión de que se trata y
a pedir, por otra, al secretario de la FEG que estableciera la lista de las decisiones vinculantes existentes y precisara
el contenido de este tipo de actos. La FEG añade que, en cualquier caso, la decisión vinculante sobre publicaciones nunca
fue aplicada con seriedad y que, en la práctica, apenas era respetada, como lo demuestra el modo en que Schotman, miembro
de la FEG, pudo vulnerarla impunemente.
– 	Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
En vigor desde el 9 de agosto de 1978 hasta su derogación el 23 de noviembre de 1993, la decisión vinculante sobre publicaciones
prohibía a los miembros de la FEG la difusión de publicaciones que propusieran material electrotécnico a precios especialmente
reducidos o de reclamo a las empresas especializadas en la instalación de dicho material. Se deduce de los términos de dicha
decisión que los miembros de la FEG pretendían impedir con ella el lanzamiento, el fomento y la autorización de operaciones
que pudieran provocar derrumbes de precios, perturbaciones en el mercado, pérdidas de beneficios o situaciones de competencia
desenfrenada entre sus miembros (véase la Decisión impugnada, considerando 76).
La decisión vinculante sobre publicaciones pretendía establecer restricciones al comportamiento individual de los miembros
de la FEG en relación con su política comercial en materia de publicaciones, a fin de protegerlos de las consecuencias de
una competencia que consideraban esencialmente ruinosa. Una decisión de una asociación de empresas de tal naturaleza tiene
manifiestamente por objeto restringir la competencia, a efectos del artículo 81 CE, apartado 1. En efecto, como ha alegado
la Comisión en sus escritos procesales en el asunto T‑5/00, no corresponde a la FEG, en su condición de asociación profesional,
sustituir al legislador y determinar las condiciones en que sus miembros pueden fijar los precios de sus productos, efectuar
operaciones comerciales de promoción o hacer publicidad de sus precios o promociones.
Por consiguiente, procede rechazar las alegaciones de las demandantes sobre esta decisión vinculante en materia de publicaciones.
b) 	Concertación sobre los precios y los descuentos
Alegaciones de las partes
En su calificación jurídica, la Comisión estimó que los miembros de la FEG deliberaban periódicamente sobre los precios y
los descuentos que debían aplicarse. Estas deliberaciones tenían lugar en las asambleas ordinarias de la FEG, en las reuniones
de sus comisiones de productos y en las asambleas regionales de la asociación, todo ello durante el período comprendido entre
el 6 de diciembre de 1989 y el 30 de noviembre de 1993.
Según la Decisión impugnada (considerandos 79 a 84), las discusiones se referían:
–
al establecimiento de reglas para la concesión de descuentos y la determinación de su importe;
–
al respeto de las recomendaciones sobre precios y descuentos de la FEG.
Aunque las demandantes reconocen que a veces se hacía referencia a los precios y a los descuentos, insisten en que tales discusiones
eran excepcionales y carentes de pertinencia desde el punto de vista del Derecho de la competencia. Denuncian igualmente el
carácter fragmentario de las pruebas invocadas por la Comisión. En su opinión, esta última interpretó ciertos documentos procedentes
de las comisiones regionales de la FEG especializadas en los productos «cables y alambres» para demostrar la existencia de
una práctica colusoria nacional que afectaba a todo el material electrotécnico.
Las demandantes recuerdan que una gran mayoría de los proveedores utilizan listas de precios brutos recomendados para las
ventas al consumidor final. Éste es, según ellas, el punto de referencia para el cálculo de los precios en cada una de las
fases del proceso de distribución. En cada una de estas fases, tales precios sufren descuentos; los mayoristas negocian con
sus clientes el porcentaje de descuento que les conceden. Entre los mayoristas, la competencia de precios se desarrolla en
relación con los descuentos obtenidos de los proveedores. A juicio de las demandantes, la presentación de este mecanismo en
los considerandos 85 a 87 de la Decisión impugnada es tendenciosa, pues la Comisión parece sugerir allí que los precios brutos
aconsejados funcionan como precios fijados entre competidores.
Según las demandantes, la pretendida concertación en materia de precios y descuentos entre los miembros de la FEG se limitaba
en la práctica a un intercambio de información sobre las tendencias generales de mercado. En la Decisión impugnada, la Comisión
no fue más allá de algunos casos aislados poco significativos e incumplió las obligaciones que le impone la carga de la prueba.
A juicio de las demandantes, no cabe hablar de un acuerdo horizontal de fijación de precios, ni del más mínimo objeto o efecto
restrictivo de la competencia.
En primer lugar, por lo que respecta a la comisión de productos («cables y alambres» (Decisión impugnada, considerando 80),
las demandantes sostienen que, aunque su objetivo estatutario consiste en «esforzarse por preservar la tranquilidad del mercado
y por mantener los precios», estos términos no revelan otra cosa que el uso de un vocabulario un poco anticuado. Habida cuenta
de la fuerte competencia entre mayoristas y de la falta de facultades coercitivas de la comisión de productos «cables y alambres»,
toda fijación horizontal de precios quedaba excluida.
Las demandantes rechazan el modo en que la Comisión interpretó la declaración efectuada por el presidente de la comisión de
productos «cables y alambres» de la FEG al afirmar que el objetivo de la misma consiste en «esforzarse por preservar la tranquilidad
del mercado y por mantener los precios. Para alcanzar este objetivo es necesario intercambiar impresiones con carácter regular»
(Decisión impugnada, considerando 80). La Comisión ve una confirmación de este supuesto acuerdo sobre precios en las siguientes
palabras (Decisión impugnada, considerando 81): «tras una breve discusión, se decidió que en la próxima reunión todos los
miembros de la comisión de productos traerían una lista de los precios aplicados en el mes precedente [...] Se trataría de
los precios realmente abonados por el cliente. Sobre la base de los mismos, se examinaría si merecía la pena establecer normas
sobre descuentos. [...] la comisión de cables y alambres está trabajando en el establecimiento de normas sobre descuentos».
Las demandantes afirman que lo máximo que hubo era una mera intención de fijar los precios entre competidores. Pretender influir
en el mercado u organizar un sistema de información lícito sobre los márgenes y los volúmenes de negocios medios no constituye
una infracción del artículo 81 CE, apartado 1. Ningún documento prueba que la comisión de productos «cables y alambres» llegase
a materializar efectivamente dicha intención en un acuerdo. Por el contrario, alegan, los miembros de dicha comisión reconocieron
incluso que resultaba imposible redactar unas normas.
En segundo lugar, por lo que respecta a las reglas sobre concesión de descuentos y anuncios de escaladas en los descuentos
(Decisión impugnada, considerandos 81 y 82), las demandantes niegan su existencia. El mero hecho de haber discutido los descuentos
que se aplican en el mercado no constituye una infracción de las normas sobre competencia. Del mismo modo, anunciar que se
está produciendo una escalada en los descuentos tampoco constituye una infracción. Las demandantes afirman que ninguna de
estas discusiones dio lugar a acciones o a acuerdos.
En tercer lugar, por lo que respecta al descuento estándar del 35 % (Decisión impugnada, considerando 83), las demandantes
precisan que los descuentos de que se trata se aplicaban al material didáctico encargado por las escuelas técnicas. La FEG
reconoce que aprobó la idea de aplicar un descuento estándar del 35 % a las escuelas. Tal decisión no podía tener efectos
apreciables en el mercado. La FEG insiste en la finalidad social de dicha medida y en el contexto específico en que se adoptó.
En cuarto lugar, por lo que respecta a los descuentos a los consumidores finales (Decisión impugnada, considerando 84), las
demandantes reprochan a la Comisión que interpretase la cita reproducida en el considerando 84 de la Decisión impugnada como
una crítica contra los descuentos a los consumidores finales concedidos por algunos miembros de la FEG. Dicha asociación considera
impensable efectuar una venta sin descuentos. En realidad, lo único que hizo la FEG fue expresar su descontento por las ventas
directas a los consumidores finales. En su papel de «conciencia» de la profesión de mayoristas de material electrotécnico,
era natural que la FEG instara a sus miembros a no vender a los clientes de sus clientes (usuarios finales o clientes de instaladores).
A su juicio, un comportamiento de este tipo resultaba suicida desde el punto de vista comercial.
En quinto lugar, por lo que respecta a los tubos de PVC y a las cajas de empalmes, centrales y encastradas (Decisión impugnada,
considerando 85), las demandantes afirma que, a diferencia de otros proveedores de material electrotécnico, los fabricantes
de tubos de PVC, y de cajas de empalmes, centrales y encastradas aplicaban unos precios netos recomendados. Dichos fabricantes
pidieron ayuda a la FEG para convertir dichos precios en precios brutos recomendados, pues deseaban, en efecto, adoptar el
sistema de precios brutos recomendados aplicado a todos los demás tipos de material electrotécnico. A fin de atender a esta
petición, TU puso a disposición de la FEG personal y medios informáticos. Esta última afirma que no se trata por tanto de
acuerdos ilícitos sobre los precios, sino en realidad de una presentación diferente de los precios recomendados por el fabricante.
Después de esta conversión, tales artículos se venden siguiendo el sistema de los precios brutos recomendados, con descuentos
estándar y condiciones individualizadas. Por lo tanto, a su juicio, una actuación de este tipo no puede considerarse una restricción
de la competencia a efectos del artículo 81 CE.
En cualquier caso, alegan las demandantes, tales acuerdos no tuvieron efectos apreciables en el mercado.
En sexto lugar, por lo que respecta a la finalidad de las comisiones de productos de la FEG (Decisión impugnada, considerando
111), las demandantes recuerda que, en los considerandos 8 y 111 de la Decisión impugnada, la Comisión cita un extracto del
manual de instrucciones de las comisiones de la FEG:
«Para hacerse una idea adecuada de lo que está ocurriendo en el mercado, es fundamental conocer los volúmenes de negocios
y los márgenes. Si no se tiene conocimiento de estos datos es imposible hacer nada que pueda influir en el mercado.»
Las demandantes reprochan a la Comisión que no mencionara el contexto de esta cita, que aporta un significado totalmente diferente
a dicho pasaje, pues la frase que viene a continuación está redactada así:
«En los últimos años, ninguna comisión ha llevado a cabo la más mínima acción para reunir estos datos sobre el mercado.»
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Las demandantes no niegan la existencia de discusiones sobre los descuentos, los precios, los márgenes y los volúmenes de
negocios de los miembros de la FEG, pero sostienen esencialmente que tales discusiones no infringen el artículo 81 CE, pues
no produjeron efectos en el mercado, ya que no se llevaron a la práctica ni fueron seguidas de efectos apreciables.
No cabe acoger estas alegaciones.
Procede recordar en primer lugar que, en el considerando 111 de la Decisión impugnada, la Comisión indicó que, mediante un
conjunto de decisiones y de prácticas concertadas, la FEG y sus miembros intentaban «crear una estabilidad de precios artificial,
fundamentalmente con objeto de garantizar que los márgenes de los miembros de la FEG no se vean expuestos a presión». La Comisión
se remitió en particular al manual de instrucciones entregado por la FEG a sus comisiones de productos, según el cual, «para
hacerse una idea adecuada de lo que está ocurriendo en el mercado, es fundamental conocer los volúmenes de negocios y los
márgenes» y «si no se tiene conocimiento de estos datos es imposible hacer nada que pueda influir en el mercado».
Las demandantes replican que la FEG intentó organizar un sistema de intercambio de información lícito sobre los volúmenes
de negocios y los márgenes de sus miembros. Reprochan a la Comisión que desnaturalizara este pasaje al no indicar que la frase
que lo seguía estaba redactada así:
«En los últimos años, ninguna comisión ha llevado a cabo la más mínima acción para reunir estos datos sobre el mercado.»
Pese a estas objeciones, procede señalar que la Comisión pudo estimar legítimamente que, como se deduce del manual de instrucciones
de la FEG, dicho sistema de intercambio de información tenía por objeto –según sus propios términos– «influir en el mercado».
Por lo tanto, la Comisión pudo considerar legítimamente que ello constituía un indicio adicional de la existencia de prácticas
destinadas a limitar a la competencia de precios entre los miembros de la FEG.
En lo que respecta a la comisión de productos «cables y alambres», procede recordar que la misma tenía por objeto «esforzarse
por preservar la tranquilidad del mercado y por mantener los precios» (Decisión impugnada, considerando 80). Se trata evidentemente
de un objeto prohibido por el artículo 81 CE, apartado 1, puesto que pretende reemplazar las decisiones individuales de las
empresas por el resultado de la colusión entre ellas en materia de precios.
En lo que respecta a las reglas sobre concesión de descuentos, la Decisión impugnada afirma en particular que, en una reunión
de 6 de diciembre de 1989, la comisión de productos «cables y alambres» había decidido organizar un intercambio de información
sobre los precios que aplicaban sus miembros. Dicho intercambio de información debía permitir que dicha comisión decidiera
si resultaba necesario establecer normas sobre la concesión de descuentos. La Comisión pudo considerar legítimamente que estos
datos constituían indicios de unas prácticas que tenían por objeto restringir la competencia, a efectos del artículo 81 CE,
apartado 1.
En lo que respecta a los descuentos estándar para la venta de material electrotécnico a las escuelas (Decisión impugnada,
considerando 83), ha quedado acreditado que la FEG, TU y otros miembros de dicha asociación decidieron de común acuerdo un
porcentaje de descuento uniforme del 35 %. Un concurso de voluntades de esta índole tiene manifiestamente por objeto restringir
la libre determinación de la política comercial de los miembros de la FEG. En cuanto a la finalidad supuestamente social de
dicha colusión, el artículo 81 CE, apartado 1, no permite tomarla en consideración.
En lo que respecta a los descuentos a los consumidores finales (Decisión impugnada, considerando 84), ha quedado acreditado
que la FEG instó a sus miembros a que no vendieran material electrotécnico a los clientes de sus clientes. En el considerando
84 de la Decisión impugnada, la Comisión puso de relieve que, en la asamblea regional de la FEG de 28 de mayo de 1991, a la
que asistía TU, la FEG había denunciado las prácticas de algunos mayoristas que estaban concediendo descuentos a los consumidores
finales. La Comisión mencionó este incidente como ejemplo del papel desempeñado por la FEG en el control del respeto de las
prácticas concertadas en materia de descuentos. En contra de lo que sostienen las demandantes, el hecho de que la FEG asuma
un papel de este tipo no es «natural», sino que constituye una práctica que tiene por objeto restringir la competencia, a
efectos del artículo 81 CE, apartado 1.
En cuanto al envío de recomendaciones sobre precios a sus miembros por parte de la FEG, ha quedado acreditado que TU ayudó
a la FEG para convertir en precios brutos recomendados los precios netos recomendados aplicados por los proveedores de ciertos
materiales fabricados en plástico. Ha quedado acreditado igualmente que la FEG enviaba con regularidad a sus miembros listas
de los precios más recientes de dichos materiales. Las demandantes no han negado que, en el caso de los tubos de PVC, la FEG
había enviado a sus miembros, tras las modificaciones de precios decididas por los fabricantes, listas de precios actualizados
en las que indicaba igualmente los porcentajes de reducción o de aumento que aconsejaba aplicar a sus miembros (Decisión impugnada,
considerando 85). Por último, las demandantes no han impugnado la veracidad del informe de la asamblea regional de la FEG
de 2 de marzo de 1989 ni la interpretación del mismo efectuada por la Comisión en el considerando 87 de la Decisión impugnada.
Según dicho documento, tras un aumento de los precios de los tubos de plástico, la FEG había aconsejado a sus miembros que
respetaran los precios recomendados.
Las demandantes niegan que la tarea de conversión en la que TU participó activamente tuviera por objeto restringir la competencia.
Defienden por el contrario la legitimidad de dicha acción, destinada a ayudar a los fabricantes de los referidos materiales
a adoptar una presentación de sus precios similar a la de los fabricantes de otros materiales electrotécnicos.
Esta alegación no es convincente. En efecto, habida cuenta de las consideraciones precedentes, es preciso reconocer que TU
y la FEG pudieron influir en la libre formación de precios a través de los miembros de dicha asociación, al intercambiar y
difundir información sobre los precios y los descuentos aplicados a ciertos materiales electrotécnicos fabricados en plástico.
La Comisión pudo por tanto considerar legítimamente que tales actos constituían indicios de la existencia de una restricción
de la competencia y llegar a la siguiente conclusión, igualmente legítima, en el considerando 116 de la Decisión impugnada:
«Mediante el envío de las listas de precios, la FEG quería lograr que sus miembros actuaran de manera uniforme ante los aumentos
o reducciones de precios aplicados por los proveedores. De esta manera, se reducía el peligro de que tales subidas o bajadas
de precios fuesen utilizadas por algún miembro de la FEG para obtener una ventaja competitiva sobre otros miembros al no repercutirlas
o repercutirlas sólo parcialmente a su clientela. Una actuación de este tipo hubiera perturbado la situación de calma en el
mercado perseguida por la FEG y podía haber desencadenado una competencia de precios entre los miembros de esta asociación.»
La Comisión no cometió por tanto error alguno al concluir que las concertaciones sobre precios y descuentos tenían un objeto
contrario a la competencia.
c) 	Catálogos de precios idénticos
En la Decisión impugnada (considerando 88 a 90), la Comisión consideró que la aplicación conjunta de los mecanismos antes
citados tuvo como resultado que, entre los miembros de la FEG, no hubiera más que una competencia de precios restringida.
Como ejemplo de ello puso de relieve la gran similitud entre los precios y los descuentos recogidos en los catálogos de los
miembros más importantes de la FEG, entre ellos TU. Subrayó igualmente que dichos catálogos se publicaban al mismo tiempo.
Alegaciones de las partes
Las demandantes consideran que dichas similitudes son naturales, dado que los precios indicados en los catálogos de los mayoristas
son los anunciados por los fabricantes. Por lo demás, TU considera que dichas similitudes se deben al azar y subraya los numerosos
diferencias existentes entre los catálogos de los diferentes mayoristas de que se trata. En lo relativo a las fechas de publicación,
son consecuencia de las fechas en que los fabricantes anuncian sus precios. Las demandantes deducen de ello que la Comisión
cometió un error al estimar, a partir de estos datos, que se hallaba ante un acuerdo horizontal de fijación de precios.
Aunque la Comisión invocó la existencia de catálogos de precios idénticos entre ciertos competidores, TU hace hincapié en
que estas afirmaciones no fueron recogidas en la parte dispositiva de la Decisión. Deduce de ello que tales afirmaciones fueron
invocadas simplemente a mayor abundamiento.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Las alegaciones de las demandantes proceden de una interpretación errónea de la Decisión impugnada. En efecto, la Comisión
hizo referencia a las similitudes existentes entre los catálogos de los principales mayoristas como ejemplo del escaso grado
de competencia existente en el mercado de referencia. Se trata pues de un ejemplo destinado a caracterizar los efectos de
las prácticas de que se trata en el mercado, y no de una infracción distinta de las contempladas en la parte dispositiva de
la Decisión impugnada.
Se deduce de las apreciaciones precedentes sobre las decisiones vinculantes en materia de precios y de publicaciones y sobre
las diversas formas de concertación en materia de precios y de descuentos (véanse los apartados 294 a 297, 299 a 301 y 317
a 329
supra),
que la Comisión demostró de modo jurídicamente suficiente que las prácticas en cuestión eran prácticas restrictivas de la
competencia. Resulta por tanto superfluo examinar sus efectos del mercado.
A mayor abundamiento, procede recordar que, sin negar totalmente las similitudes existentes, TU atribuye el origen de las
mismas a la estructura del mercado de referencia y al funcionamiento natural del mismo. Es cierto que el mercado de referencia
está muy concentrado: los cinco mayores miembros de la FEG representan en conjunto un 62 % del mercado, y la cuota de mercado
de sus diez miembros más grandes asciende al 80 % (Decisión impugnada, considerando 24). Aunque una estructura de este tipo
puede favorecer las colusiones, no cabe sin embargo deducir de ella ninguna conclusión definitiva sobre la licitud de las
similitudes observadas.
TU minimiza la importancia de dichas similitudes alegando que todo mayorista ofrece descuentos negociados individualmente,
al margen de sus condiciones estándar. En el considerando 117 de la Decisión impugnada, la Comisión ha resaltado sin embargo
el efecto de tales prácticas en el mercado: o bien los mayoristas aplican los precios brutos y los descuentos estándar indicados
en los catálogos y eliminan así toda competencia de precios entre ellos, o bien utilizan estas condiciones estándar como base
de negociación, limitando en ese caso la competencia. La Comisión ha subrayado por otra parte que las prácticas seguidas por
los principales mayoristas miembros de la FEG incitan a los demás a imitarlos. Los miembros de menor importancia se basan
en efecto en los catálogos de aquéllos para definir su propia política de precios. Las alegaciones de las demandantes no permiten
por tanto poner en entredicho estas apreciaciones.
La Comisión ha señalado además, sin que TU la contradijera directamente al respecto, que los precios aplicados por los mayoristas
en los Países Bajos son más altos que los vigentes en los demás Estados miembros (Decisión impugnada, considerando 119). Ha
deducido de ello que la consecuencia de las prácticas de que se trata ha sido armonizar la política de precios de los miembros
de la FEG y estabilizar o aumentar los precios del material vendido. Así, el precio del material electrotécnico en la fase
de comercio al por mayor se encuentra a un nivel artificial, superior al que se habría alcanzado en un mercado plenamente
competitivo. Pese a rechazar la afirmación de que los precios en los Países Bajos son más altos que en los países vecinos,
la FEG no ha aportado pruebas sólidas en contra de dicha afirmación.
Resulta evidente, pues, que, a través de una serie de prácticas, de acuerdos y de decisiones, los miembros de la FEG y dicha
asociación, que disponen de una potencia económica predominante en el mercado que se trata, trataron de restringir la competencia
de precios entre ellos mediante mecanismos colusorios, llevando a cabo concertaciones en materia de precios y de descuentos
y adoptando, a nivel de la FEG, decisiones vinculantes sobre precios y publicidad.
La Comisión demostró pues de modo jurídicamente suficiente que dichas prácticas vulneraban el artículo 81 CE.
E .
Vinculación entre el acuerdo colectivo de exclusividad y las prácticas concertadas en materia de fijación de precios
1. 	Alegaciones de las partes
Las demandantes denuncian la vinculación establecida por la Comisión entre las dos infracciones que se les imputan. Alegan
así que la estructura y el funcionamiento del mercado impiden que los mayoristas dispongan de una potencia económica que les
permita aumentar artificialmente los precios. Es erróneo creer, como hace la Comisión, que los miembros de la FEG no practican
la competencia de precios. En cuanto al nivel de precios supuestamente artificial en el mercado neerlandés, afirman que la
Comisión no efectuó ninguna investigación en profundidad al respecto.
TU añade que, dada la gran cantidad de fabricantes, mayoristas, instaladores y usuarios finales y los aproximadamente 70.000 artículos,
es imposible que un grupo de empresas consiga reservarse los productos más importantes y mantener los precios a un nivel elevado
mediante unas prácticas colusorias. A su juicio, los miembros de la FEG no pueden mantener un nivel de precios artificialmente
elevado, principalmente debido al hecho de que los proveedores venden alrededor de la mitad de sus productos directamente,
sin recurrir a los servicios de los mayoristas.
2. 	Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
La cuestión de la vinculación entre las dos infracciones carece de pertinencia. Poco importa saber si es el acuerdo colectivo
de exclusividad el que contribuye a reforzar las prácticas de fijación de precios o viceversa. Ambas infracciones persiguen
un mismo objeto contrario a la competencia, consistente en mantener los precios a un nivel superior al que alcanzarían en
condiciones de competencia, por una parte reduciendo la competitividad de las empresas que intentan operar en el mercado de
la distribución al por mayor de material electrotécnico en los Países Bajos y rivalizar así con los miembros de la FEG sin
ser miembros de dicha asociación de empresas, y por otra parte coordinando parcialmente la política de precios de éstas.
Por lo demás, las demandantes reiteran su alegación de que la estructura y el funcionamiento del mercado excluyen toda restricción
de la competencia. Estas críticas ya han sido rechazadas. Por consiguiente, procede desestimar igualmente la alegación de
las demandantes relativa a la vinculación entre las dos infracciones.
III .
Sobre la imputabilidad de las infracciones a TU (asunto T‑6/00)
La argumentación de TU sobre la imputabilidad de las infracciones consta de tres partes. En la primera de ellas niega la validez
de los criterios de imputación de las infracciones utilizados en el artículo 3 de la Decisión impugnada. En la segunda, TU
alega que dichos criterios violan el principio de igualdad de trato. La tercera parte se basa en un incumplimiento del deber
de motivación establecido en el artículo 253 CE.
A .
Criterio de imputación
1. 	Alegaciones de las partes
Citando el artículo 3 de la Decisión impugnada, TU sostiene que se le han imputado las infracciones cometidas por la FEG por
una sola razón, la de ser miembro de dicha asociación. TU deduce de ello que no cabe atribuirle responsabilidad alguna por
acciones que la FEG no haya llevado a cabo.
Así, TU denuncia enérgicamente la arbitrariedad del criterio utilizado para imputarle las infracciones que se le reprochan.
Alega además que sus contactos con proveedores no miembros de la NAVEG no podían servir de base para que la Comisión considerase
probada una práctica concertada ilícita destinada a ampliar el acuerdo colectivo de exclusividad, ya que tales contactos tuvieron
lugar fuera del ámbito de la FEG.
TU impugna además, pero sólo con carácter subsidiario, las pruebas en que se basó la Comisión para considerarla responsable
de las infracciones contempladas en los artículos 1 y 2 de la Decisión impugnada.
La Comisión replica que este razonamiento parte de una premisa errónea. La Decisión impugnada considera a la demandante personalmente
responsable de las infracciones que se consideraron probadas en los artículos 1 y 2. Se deduce del artículo 3, así como de
los fundamentos de la Decisión impugnada, que la demandante cometió individualmente dichas infracciones, tanto en razón de
su papel en el seno de la FEG como en razón de sus acciones e iniciativas personales. La Comisión considera por tanto que
procede desestimar en su totalidad esta primera parte del presente motivo.
2. 	Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
La alegación de TU se basa en una interpretación errónea de la Decisión impugnada. Según el artículo 3 de ésta, TU infringió
el apartado 1 del artículo 81 CE al participar activamente en las infracciones imputadas a la FEG en los artículos 1 y 2.
Por lo tanto, no es únicamente por su condición de miembro de la FEG por lo que se declaró a la demandante responsable de
las infracciones mencionadas en los artículos 1 y 2 de la Decisión impugnada, sino por haber participado activamente en ellas.
En contra de lo que alega la Comisión, tal apreciación no basta para desestimar en su totalidad la primera parte del presente
motivo. En efecto, TU ha expuesto igualmente varias alegaciones a fin de refutar las pruebas de su participación activa en
dichas infracciones. Procede por tanto analizar dichas alegaciones, a fin de determinar si la Comisión acreditó de modo jurídicamente
suficiente la participación de TU en las infracciones mencionadas en los artículos 1 (acuerdo colectivo de exclusividad) y
2 (fijación de precios) de la Decisión impugnada.
B .
La participación de TU en la infracción relativa al acuerdo colectivo de exclusividad
1. 	Participación en el pacto de caballeros
En el considerando 69 de la Decisión impugnada, la Comisión estimó que TU había desempeñado un papel esencial en el seno de
la FEG en lo que respecta al acuerdo colectivo de exclusividad. TU denuncia enérgicamente dichas apreciaciones, que considera
erróneas. Alega así que:
–
Desde un punto de vista jurídico, ella no podía influir en la decisión de la FEG.
–
Sus intereses no coinciden con los de la FEG.
–
No estaba presente ni representada cuando la FEG y la NAVEG discutieron los detalles del acuerdo colectivo de exclusividad
el 28 de febrero de 1989.
El Tribunal de Primera Instancia considera, en primer lugar, que las críticas basadas en las normas de funcionamiento interno
de la FEG y en la legislación neerlandesa no son pertinentes. Lo que importa es determinar si TU participó en el pacto de
caballeros, y no saber si los estatutos de la FEG o la normativa reguladora del Derecho de asociaciones en los Países Bajos
le permitían hacerlo.
En segundo lugar, resulta erróneo afirmar que la Comisión cometió un error al estimar que los intereses de la demandante coinciden
con los de la FEG. En efecto, la Decisión impugnada se limita a indicar que ambos intereses «son básicamente [coincidentes]»
(Decisión impugnada, considerando 69), poniendo así de relieve la natural convergencia de intereses entre la FEG y uno de
sus principales miembros, más que una identidad entre ellos.
En tercer lugar, el hecho de que TU no estuviera presente ni representada en la reunión de 28 de febrero de 1989 no basta
para poner en duda su participación activa en el pacto de caballeros.
Ciertamente, la condición de miembro de una asociación profesional no puede llevar a imputar automáticamente al miembro la
responsabilidad de las diferentes infracciones cometidas por la asociación, prescindiendo de la demostración de la participación
personal o del apoyo de dicho miembro a los comportamientos ilícitos denunciados. Sin embargo, TU no puede pretender que sus
actos personales no pueden utilizarse como pruebas de su participación en las infracciones de que se trata.
En el presente asunto, tal participación se halla directamente vinculada al papel desempeñado por TU en la dirección de los
asuntos de la FEG. Ha quedado acreditado que TU es una de las principales empresas miembros de la FEG. Ésta es la razón por
la que varios de sus directivos o empleados han sido miembros de la junta directiva de la FEG y han participado en las deliberaciones
de los órganos de dicha asociación entre 1985 y 1995. A este respecto, procede recordar que la junta directiva, integrada
por cinco personas físicas elegidas por la asamblea general, asume la dirección general de la asociación (artículo 6 de los
estatutos de la FEG).
La Comisión consiguió reunir indicios concluyentes de la existencia de un pacto de caballeros, tal como ha confirmado este
Tribunal de Primera Instancia en los apartados 210 a 212
supra
. Habida cuenta de la naturaleza de dicho acuerdo, a la Comisión le fue imposible determinar la fecha exacta en que se había
celebrado, en contra de lo que parece alegar TU. Dicha institución reunió en cambio indicios documentales de los contactos
entre la FEG y la NAVEG en los que se hacía alusión al pacto de caballeros. Tales documentos corresponden a un período que
se inicia el 11 de marzo de 1986, con una reunión entre las juntas directivas de la NAVEG y de la FEG. La Comisión ha utilizado
igualmente como pruebas las declaraciones intercambiadas entre estas juntas directivas el 28 de febrero de 1989 y el 25 de
octubre de 1991, así como una carta de la FEG a la NAVEG de 18 de noviembre de 1991 (véase la Decisión impugnada, nota nº 53).
Ha quedado acreditado que, de entre las reuniones de las juntas directivas de la FEG y de la NAVEG invocadas por la Comisión,
TU no estuvo presente ni representada en la de 28 de febrero de 1989. No se ha negado sin embargo que la FEG elaborase un
informe sobre dicha reunión (Decisión impugnada, considerando 46, y nota nº 48). Tampoco se ha negado la presencia de TU en
otras reuniones (las de 11 de marzo de 1986 y 25 octubre de 1991) ni el que estuviera representada en la junta directiva de
la FEG en 1991.
Según reiterada jurisprudencia, desde el momento en que una empresa asiste, incluso sin participar activamente en ellas, a
unas reuniones entre empresas que tienen un objeto contrario a la competencia y no se distancia públicamente de su contenido,
haciendo pensar así a las demás participantes que suscribe el resultado de las reuniones y que se adaptará a él, puede considerarse
acreditada su participación en la práctica colusoria nacida de dicha reuniones (véanse las sentencias del Tribunal de Primera
Instancia de 17 de diciembre de 1991, Hercules Chemicals/Comisión, T‑7/89, Rec. p. II‑1711, apartado 232; de 10 de marzo de
1992, Sol Bay/Comisión, T‑12/89, Rec. p. II‑907, apartado 98, y de 6 de abril de 1995, Tréfileurope/Comisión, T‑141/89, Rec.
p. II‑791, apartados 85 y 86).
Dada la falta de pruebas de que TU se distanciara y,
a fortiori,
atendiendo a su participación como miembro de la junta directiva de la FEG, procede considerar que TU participó en el pacto
de caballeros.
A mayor abundamiento, cabe añadir que TU no puede pretender que ignoraba el contenido de las discusiones mantenidas con la
NAVEG el 28 de febrero de 1989.
Procede desestimar por consiguiente las alegaciones de TU.
2. 	Participación en las prácticas concertadas
TU se limita a alegar que los incidentes relativos a las empresas Draka Polva, ABB, KM y Holec afectan a empresas que no eran
miembros de la NAVEG. TU sostiene que dichos incidentes no tuvieron lugar en el ámbito de la FEG, de modo que no pueden considerarse
vinculados al acuerdo colectivo de exclusividad de que se trata. Basándose en la interpretación de la parte dispositiva de
la Decisión impugnada defendida anteriormente por ella, TU considera pues que no cabe imputarle infracción alguna por los
referidos hechos.
El Tribunal de Primera Instancia considera que este razonamiento parte de una premisa errónea, como ya se ha indicado al examinar
la tesis principal de TU (véase el apartado 349
supra)
. Por lo tanto, esas mismas consideraciones obligan a rechazar sin ulterior examen estas alegaciones.
En conclusión, procede hacer constar que TU es uno de los principales miembros de la FEG y que, por este motivo, estuvo continuamente
representada en la junta directiva de dicha asociación entre 1985 y 1995, con la única excepción del año 1990. En su condición
de tal, TU participó directamente en la elaboración de la política de la FEG o fue informada de las discusiones entre dicha
asociación y la NAVEG sobre el acuerdo colectivo de exclusividad, sin haber intentado nunca distanciarse públicamente de ellas.
Por otra parte, las pruebas examinadas por la Comisión en los considerandos 53 a 70 de la Decisión impugnada muestran de modo
jurídicamente suficiente que TU desempeñó un papel de especial importancia en la práctica concertada orientada a ampliar el
acuerdo colectivo de exclusividad a ciertos proveedores que no eran miembros de la NAVEG. TU presionó a dichas empresas, tanto
individualmente como junto con otros miembros de la FEG, a fin de que no suministraran material a los mayoristas no miembros
de la NAVEG con los que ellas competían.
TU no ha logrado desvirtuar estas apreciaciones de hecho. Por lo tanto, la Comisión estimó legítimamente que la demandante
había participado activamente en el acuerdo colectivo de exclusividad ilícito. La Comisión acreditó así de modo jurídicamente
suficiente que dicha infracción era imputable a TU.
C .
La participación de TU en la infracción relativa a la fijación de precios
Con carácter principal, TU considera que las decisiones vinculantes sobre precios fijos y sobre publicaciones son decisiones
de una asociación de empresas, a efectos del artículo 81 CE. Esta calificación jurídica implica, a su juicio, que sólo la
FEG puede ser responsable de las mismas.
Con carácter subsidiario, TU reprocha en términos genéricos a la Comisión el no haber demostrado que ella participara en la
infracción contemplada en el artículo 2 de la Decisión impugnada. Por lo demás, TU invoca tres argumentos específicos. En
primer lugar, la Comisión calificó de práctica concertada a efectos del artículo 81 CE el envío de precios recomendados por
parte de la FEG. Tal calificación es incompatible con el resto de la Decisión impugnada, que sólo se refiere a acuerdos o
a decisiones de una asociación de empresas. Seguidamente, el hecho de ofrecer un foro de concertación sobre los precios sólo
puede referirse, por esencia, a la FEG. No cabe pues imputar a TU responsabilidad alguna. Por último, la parte dispositiva
de la Decisión impugnada no menciona los acuerdos sobre descuentos para las escuelas ni las apreciaciones de hecho relativas
a los catálogos de precios uniformes.
El Tribunal de Primera Instancia observa que esta argumentación se basa en buena medida en una interpretación errónea de la
Decisión impugnada.
En primer lugar, TU no puede pretender que la infracción contemplada en el artículo 2 de la Decisión impugnada sólo se refiere,
por esencia, a la FEG y no puede por consiguiente serle imputada. Como se recordó anteriormente (véase el apartado 349
supra),
el artículo 3 de la Decisión impugnada establece que la demandante infringió el artículo 81 CE al participar activamente
en las infracciones cometidas por la FEG.
En segundo lugar, las críticas de TU basadas en la calificación jurídica de acuerdos y/o de prácticas concertadas carecen
de fundamento. En efecto, la infracción del artículo 81 CE puede ser el resultado, no sólo de un acto aislado, sino también
de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado. TU no puede impugnar las apreciaciones de la Comisión alegando
que uno o varios elementos de esta serie de actos o dicho comportamiento continuado podrían constituir igualmente en sí mismos
una infracción del artículo 81 CE.
En el presente asunto, la infracción contemplada en el artículo 2 es de carácter único. Dicha infracción, imputada a la FEG,
consistió en restringir de forma directa o indirecta la libertad de los miembros de dicha asociación para fijar libremente
sus precios de venta. Los elementos constitutivos de dicha infracción son las decisiones vinculantes de la FEG sobre precios
y publicaciones, la difusión entre sus miembros de recomendaciones en materia de precios y de descuentos y el ofrecimiento
a los mismos de un foro de concertación sobre precios y descuentos.
El artículo 2 de la Decisión impugnada debe interpretarse, además, a la vista de los fundamentos de dicha Decisión. En el
presente asunto, consta que las decisiones vinculantes sobre precios y publicaciones son decisiones de una asociación de empresas
a efectos del artículo 81 CE, apartado 1 (Decisión impugnada, considerando 95). En cuanto a las deliberaciones sobre los precios
y los descuentos y al envío por parte de la FEG de recomendaciones sobre precios, la Comisión los calificó de prácticas concertadas
(Decisión impugnada, considerando 102). La Comisión consideró igualmente que se habían producido concertaciones periódicas
entre los miembros de la FEG sobre precios y descuentos, entre el 6 de diciembre de 1989 y el 30 de noviembre de 1993 (Decisión
impugnada, considerando 115). Prestó especial atención a los hechos relativos a la fijación de descuentos para las escuelas,
expuestos en el considerando 83 de la Decisión impugnada. La Comisión se basó igualmente en las similitudes observadas entre
los catálogos de precios de varios mayoristas, entre ellos la demandante, para demostrar que las decisiones vinculantes y
la concertación en materia de precios y descuentos habían producido conjuntamente el efecto de hacer que entre los miembros
la FEG sólo existiera una competencia restringida (Decisión impugnada, considerando 117).
Falta por determinar si la Comisión aportó pruebas jurídicamente suficientes de la participación activa de TU en la infracción
relativa a la fijación de precios.
En lo que respecta a la participación de TU en las decisiones vinculantes sobre precios y publicaciones, ha quedado acreditado
ya que estas últimas perseguían un objetivo ilícito. Habida cuenta de las normas estatutarias de la FEG, estas decisiones
ilícitas constituyen una expresión fiel de la voluntad común de sus miembros y bastan para imputar a TU la responsabilidad
de la adopción de las mismas (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de octubre de 1980, Van Landewyck y otros/Comisión,
asuntos acumulados 209/78 a 215/78 y 218/78, Rec. p. 3125, y de 27 de enero de 1987, Verband der Sachversicherer/Comisión,
45/85, Rec. p. 405).
Por lo demás, ya se ha puesto de relieve el papel de TU en el seno de la FEG (véanse los apartados 356 y 365 a 367
supra)
. Así, la Comisión pudo estimar legítimamente, en el considerando 93 de la Decisión impugnada, que, «durante muchos años,
TU estuvo representada en el consejo de dirección de la FEG y por tanto conocía o de hecho participaba activamente en la citada
política de la asociación».
Por otra parte, ha quedado acreditado que TU trasmitía a la FEG las informaciones sobre los precios en las que esta última
se basaba para informar a su vez a sus miembros de la modificación de los precios brutos y netos de ciertos productos. Como
la Comisión indicó:
«Esto significaba, en concreto, que TU realizaba por cuenta de todo el sector los cálculos pertinentes para convertir la información
facilitada por los fabricantes sobre la modificación de los precios netos en precios brutos uniformes que, acto seguido, remitía
a la FEG [...]. TU era la única empresa que disponía entonces de la capacidad informática necesaria para realizar estos cálculos.»
(Decisión impugnada, considerando 93.)
Por consiguiente, la Comisión pudo imputar legítimamente a TU la infracción relativa a la fijación de precios contemplada
en el artículo 2 de la Decisión impugnada, dada su participación activa en ella.
D .
Violación del principio de igualdad de trato
1. 	Alegaciones de las partes
A este respecto se alega que la Comisión no demostró que TU hubiera desempeñado un papel particular en comparación con el
de otras empresas miembros de la FEG, y que dicho trato resulta discriminatorio (sentencia del Tribunal de Justicia de 13
de diciembre de 1984, Sermide, 106/83, Rec. p. 4209, apartado 28).
En efecto, pese a que se había enviado un pliego de cargos a otros seis miembros de la FEG, la Comisión indicó en el considerando
31 de la Decisión impugnada que no le había sido posible determinar con suficiente certeza la responsabilidad de cada una
de ellas. No obstante, TU considera que su situación es idéntica a la de todos los miembros de la FEG que:
–
estuvieron representados en la junta directiva o en las comisiones de productos de la FEG,
–
estuvieron presentes en las asambleas de la FEG,
–
hicieron aportaciones materiales en dichas asambleas,
–
y tienen intereses paralelos a los de la FEG.
2. 	Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
El hecho de que la Comisión no haya imputado una infracción a otros miembros de la FEG no constituye una violación del principio
de igualdad de trato. En efecto, la circunstancia de que la Comisión no señalara infracción alguna en relación con un operador
que se encontraba en una situación similar a la de la demandante no puede, en ningún caso, excluir la infracción imputada
a dicha demandante, toda vez que la infracción ha quedado correctamente demostrada (sentencia Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión,
antes citada, apartado 146).
Por lo tanto, procede desestimar la argumentación de TU basada en una violación del principio de igualdad de trato.
E .
Falta o defecto de motivación
1. 	Alegaciones de las partes
TU sostiene que la Comisión incumplió la obligación que le impone el artículo 253 CE, pues no indicó claramente los actos
en que se basó para considerar a TU individualmente responsable de las infracciones cometidas por la FEG. TU considera que
la Comisión se encontraba especialmente obligada a motivar con precisión su Decisión, ya que la multa que le impuso es considerable
y proporcionalmente superior a la impuesta a la FEG.
2. 	Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Según reiterada jurisprudencia, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe mostrar de manera clara e inequívoca el
razonamiento de la institución de la que emane el acto, a fin de que los interesados puedan conocer las razones de la medida
adoptada y el Tribunal de Primera Instancia pueda ejercer su control (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de febrero
de 1996, Bélgica/Comisión, C‑56/93, Rec. p. I‑723, apartado 86).
La argumentación de TU basada en la violación del deber de motivación carece de fundamento. En los considerandos 67 a 70 de
la Decisión impugnada, en una sección titulada «La FEG y su principal miembro, TU, en tanto que actores centrales», la Comisión
expuso los hechos en que se basó para concluir que TU había participado en el acuerdo colectivo de exclusividad. En lo que
respecta a los acuerdos de fijación de precios, la Comisión justificó su apreciación sobre el comportamiento de TU en una
sección titulada «La función de la FEG y de su principal miembro, TU». La motivación de la Decisión impugnada respeta así
el artículo 253 CE. Dicha motivación ha permitido que TU ejercitara su derecho de defensa y que el Tribunal de Primera Instancia
efectuara el control de legalidad.
IV .
Sobre la imputabilidad de las infracciones a la FEG (asunto T‑5/00)
A .
Alegaciones de las partes
En lo que respecta a la infracción contemplada en el artículo 1 de la Decisión impugnada, la FEG se opone a que se le impute
la ampliación del pacto de caballeros a proveedores que no eran miembros de la NAVEG, subrayando que los indicios de las prácticas
concertadas seguidas para llevar a cabo dicha ampliación conciernen sólo a sus miembros.
La Comisión responde que, desde un punto de vista jurídico, cuando una asociación celebra un acuerdo ilícito en provecho de
sus miembros y, posteriormente, éstos intentan conseguir mediante prácticas concertadas que terceras partes se sumen a dicho
acuerdo, la asociación es también responsable de dichas prácticas. No puede eludir su responsabilidad afirmando que no participó
en dicha práctica concertada o que no tuvo conocimiento de ella. A juicio de la Comisión, la asociación sólo puede eludir
esta responsabilidad desde el momento en que pone fin al acuerdo ilícito y se distancia públicamente de cada uno de sus miembros.
La Comisión añade que, desde un punto de vista fáctico, las circunstancias del presente asunto permiten imputar a la FEG las
acciones mediante las que algunos de sus miembros se esforzaron por incluir a terceras partes en el acuerdo colectivo de exclusividad.
B .
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Mediante sus alegaciones, la FEG se opone a que se le impute la responsabilidad de las prácticas concertadas seguidas por
sus miembros. A su juicio, el presente asunto es distinto de los asuntos en que se ha discutido la imputabilidad de la infracción
cometida por una asociación a los miembros de esta última (véase, por ejemplo, la sentencia CB y Europay/Comisión, antes citada).
En el presente asunto, son tres los factores que permiten considerar que las prácticas concertadas relativas a la ampliación
del pacto de caballeros son imputables a la FEG. En primer lugar, el pacto de caballeros y las tentativas posteriores de ampliar
su ámbito de aplicación, incluyendo en él a proveedores que no eran miembros de la NAVEG, son los dos componentes de la infracción
contemplada en el artículo 1 de la Decisión impugnada. En segundo lugar, las personas implicadas en dichas prácticas concertadas
ocuparon funciones directivas en la FEG. A este respecto, es evidente que, durante el período en que se desarrolló la infracción,
TU o su sociedad matriz, Schotman, así como las empresas Schiefelbusch, Brinkman & Germeraad y Wolff, estuvieron representadas
en la junta directiva de la FEG y participaron directamente en las gestiones ante los proveedores no miembros de la NAVEG.
Por último, los miembros de la FEG que participaron de este modo en las prácticas concertadas actuaron en beneficio de todos
los miembros de la asociación. A este respecto, procede subrayar que inicialmente se había previsto que las gestiones ante
KM fueran realizadas por 26 miembros de la FEG actuando de común acuerdo. Al esforzarse en lograr que KM dejara de aprovisionar
a CEF, los 11 miembros de la FEG que integraban la «delegación» que visitó los locales de KM el 27 de junio de 1991 (Decisión
impugnada, considerando 65) actuaban de común acuerdo en defensa del interés común de los miembros de la asociación. Dicho
interés consistía en lograr que todos los miembros de la FEG obtuvieran ventajas análogas a las que podía ofrecerles el acuerdo
colectivo de exclusividad celebrado entre la FEG y la NAVEG. Procede añadir también que, tal como se subrayó anteriormente
al examinar la materialidad de los hechos relacionados con la ampliación del pacto de caballeros, al tratarse de una acción
en interés común de los miembros de la FEG, la gestión realizada ante KM no podía dejar de aparecer a ojos de dicha empresa
como una acción avalada por la FEG.
Dado que las referidas acciones compartían un mismo objetivo, tenían los mismos beneficiarios y habían sido ejecutadas por
miembros de esta asociación y por algunos de sus directivos, procede considerar que la Comisión actuó legítimamente al llegar
a la conclusión de que cabía igualmente imputar a la FEG la responsabilidad por las gestiones así efectuadas por los miembros
de dicha asociación ante proveedores que no eran miembros de la NAVEG. Por consiguiente, procede declarar infundadas las alegaciones
de la FEG.
Sobre las pretensiones relativas a la anulación de la multa o a la reducción de su importe
A lo largo de su argumentación, las demandantes han presentado diversas alegaciones relacionadas con la determinación del
importe de la multa. Dichas alegaciones se basan en el incumplimiento de los requisitos que establece el artículo 15, apartado
2, del Reglamento nº 17 para la imposición de multas. TU ha sostenido además que la Comisión había violado el principio de
igualdad de trato al imponerle una multa y que la motivación al respecto de la Decisión impugnada es insuficiente.
I .
Sobre el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17
A .
Carácter deliberado de las infracciones
Esencialmente, las demandantes niegan que la infracción relativa a la fijación de precios fuera deliberada. TU sostiene que
la Comisión estaba obligada a probar que ella sabía o hubiera debido saber que su participación en la operación de conversión
de los precios netos de ciertos productos en precios brutos podía calificarse de práctica concertada.
A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que, para que una infracción de las normas sobre la competencia
del Tratado pueda considerarse deliberada, no es necesario que la empresa tuviera conciencia de infringir estas normas; es
suficiente que no pudiera ignorar que el objeto de la conducta que se le imputa era restringir la competencia (sentencias
del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1989, Belasco y otros/Comisión, 246/86, Rec. p. 2117, apartado 41, y del Tribunal
de Primera Instancia de 6 de abril de 1995, Ferriere Nord/Comisión, T‑143/89, Rec. p. II‑917, apartado 41).
En el presente asunto, las infracciones sancionadas con multas corresponden a unas prácticas colusorias que tenían por objeto
fijar directa o indirectamente los precios y ocasionar a los mayoristas no miembros de la FEG una desventaja competitiva mediante
la celebración de un acuerdo colectivo de exclusividad. Dada la gravedad intrínseca de las mismas, las demandantes no podían
ignorar que su participación en unas prácticas colusorias de esta índole, expresamente mencionadas en el artículo 81 CE, apartado
1, letras a) y d), perseguía el objetivo de falsear o restringir el juego de la competencia dentro la Comunidad. De ello se
deduce que la Comisión actuó legítimamente al concluir, en el considerando 135 de la Decisión impugnada y al término de una
motivación suficiente, que tales infracciones fueron deliberadas.
En este contexto, procede señalar igualmente que el carácter contrario a la competencia de dichas prácticas había sido reconocido
en una nota de 30 agosto de 1993 dirigida a los miembros de la junta directiva de la FEG, en la que el secretario de dicha
asociación, refiriéndose a la nueva normativa neerlandesa en materia de competencia, señalaba lo siguiente:
«En cuanto a la FEG, esto significa que, en mi opinión, la fijación de precios recomendados para cajas de empalmes, de conmutación
y encastradas está prohibida, y posiblemente también lo estén la decisión vinculante sobre precios fijos, la decisión vinculante
sobre publicaciones y los acuerdos en materia de cortes.» (Decisión impugnada, considerando 91.)
Dadas estas circunstancias, las demandantes no pueden alegar que no eran conscientes de la ilicitud de los diversos componentes
de la infracción contemplada en el artículo 2 de la Decisión impugnada.
B .
Gravedad de las infracciones
Exceptuando su argumentación destinada a probar que las infracciones no tuvieron efectos apreciables en el mercado, TU no
ha negado la gravedad de las mismas. Por su parte, la FEG reitera la alegación de que los comportamientos de que se trata
sólo pudieron tener una repercusión inapreciable en el mercado.
No cabe acoger dicha alegación. En efecto, las comprobaciones llevadas a cabo por la Comisión pusieron de relieve la existencia
de un acuerdo colectivo de exclusividad y de prácticas colusorias relativas a la fijación de precios. Habida cuenta de las
características del mercado que se trata, en el que los miembros de la FEG ostentan una cuota de mercado del 96 %, la Comisión
recalcó acertadamente que el acuerdo colectivo de exclusividad, unido a una política de admisión restrictiva, perseguía los
objetivos de:
–
Obstaculizar el acceso de competidores extranjeros al mercado.
–
Restringir los circuitos de comercialización de los fabricantes de material electrotécnico.
–
Reforzar los acuerdos sobre precios.
Unas prácticas colusorias de esta naturaleza hacen que el juego de la competencia protegido por el tratado se vea sustituido
por una coordinación entre competidores de la política de fijación de precios. Constituyen pues unas infracciones graves del
artículo 81 CE.
C .
Duración de las infracciones
1. 	Asunto T‑6/00
TU presenta dos alegaciones relativas a la duración de las infracciones.
En primer lugar sostiene que los incidentes en que se vieron implicadas Draka Polva, ABB, KM y Holec, relacionados con la
ampliación del acuerdo colectivo de exclusividad, tuvieron lugar en un período comprendido entre julio de 1990 y 1991. Por
lo tanto, a su juicio, procede reducir a un año la duración de la infracción relativa al acuerdo colectivo de exclusividad,
en vez de los ocho años calculados en la Decisión impugnada.
En segundo lugar, TU sostiene que la Comisión no ha demostrado la existencia de una infracción continuada relativa a la fijación
de precios entre el 21 de diciembre de 1988 y el 24 de abril de 1994. Estas fechas son los límites atribuidos por la Comisión
al período en el que la FEG envió a sus miembros recomendaciones sobre los precios de ciertos materiales fabricados en plástico
(Decisión impugnada, considerando 146). Aunque esta alegación ha sido lacónicamente formulada en el contexto de las alegaciones
relativas a la imputación de la infracción (réplica, punto 108), parece posible examinarla en el contexto de las pretensiones
relativas a la multa.
El Tribunal de Primera Instancia considera, en primer lugar, que estas críticas se basan en una interpretación de la Decisión
impugnada que omite tomar en consideración el carácter unitario de cada una de las infracciones se trata. Los incidentes relativos
a la ampliación del acuerdo colectivo de exclusividad y el envío de recomendaciones en materia de precios por parte de la
FEG no constituyen infracciones autónomas, sino elementos constitutivos de las infracciones contempladas en los artículos
1 y 2 de la Decisión impugnada, respectivamente. Por esencia, tales infracciones tienen carácter continuado. El hecho de que
la Comisión no haya aportado pruebas de las presiones ejercidas por TU sobre ciertos proveedores en aplicación del acuerdo
colectivo de exclusividad por un período superior al comprendido entre el mes de julio de 1990 y 1991 no permite, pues, poner
en entredicho las pruebas de la existencia de la infracción entre el 11 de marzo de 1986 y el 25 de febrero de 1994. Del mismo
modo, el hecho de que únicamente haya constancia del envío de recomendaciones en materia de precios por parte de la FEG en
el período comprendido entre el 21 diciembre de 1988 y el 24 de abril de 1994 no pone en entredicho la atribución de una duración
superior a la infracción, desde el momento en que dicha atribución se base en indicios objetivos y concordantes.
Procede analizar por tanto los datos que tuvo en cuenta la Comisión para determinar la duración respectiva de las infracciones.
A este respecto, es preciso reconocer que TU no ha expuesto alegaciones específicas para refutar las apreciaciones de la Comisión.
Sus observaciones se mantienen a un nivel muy general y apenas sobrepasan la mera formulación de una crítica. Pueden asimilarse
como máximo a una impugnación de la fuerza probatoria de los documentos utilizados para afirmar la existencia y la imputabilidad
de la infracción. Ahora bien, tales pruebas ya han sido examinadas con detalle en el contexto de las apreciaciones precedentes.
Por lo que respecta a la infracción contemplada en el artículo 1 de la Decisión impugnada, la Comisión no ha podido determinar
con precisión la fecha en que se celebró el acuerdo colectivo de exclusividad. Ha podido sin embargo aportar pruebas de la
existencia de dicho acuerdo a partir de la reunión de 11 de marzo de 1986, en la que las juntas directivas de la FEG y de
la NAVEG aludieron al pacto de caballeros. La Comisión tuvo en cuenta igualmente varios indicios posteriores a dicha reunión,
que la llevaron a estimar que los miembros de la NAVEG seguían aplicando el pacto de caballeros (véase la Decisión impugnada,
considerandos 47 a 49). La Comisión aludió también a diversos indicios que demostraban que los miembros de la NAVEG habían
seguido las recomendaciones de su asociación sobre la aplicación del pacto de caballeros (Decisión impugnada, considerandos
50 a 52). El último de estos indicios es el informe de una reunión interna de la sociedad Hemmink de 25 de febrero de 1994,
en la que dicha empresa, miembro de la NAVEG, indicó que se había negado a suministrar material a un mayorista que no era
miembro de la FEG. En cuanto a las presiones ejercidas, en particular por TU, sobre fabricantes no miembros de la NAVEG para
que no suministrasen material a mayoristas no miembros de la FEG, consta igualmente que se produjeron a lo largo de un período
de doce meses que comenzó en julio de 1990.
Por lo que respecta a infracción relativa a la fijación de precios, ha quedado acreditado que las decisiones vinculantes en
materia de publicaciones y de precios, adoptadas en 1978 y en 1984, siguieron estando en vigor hasta su derogación en 1993.
Por su parte, las concertaciones en materia de precios tuvieron lugar entre el 6 diciembre de 1989 y el 30 de noviembre de
1993 (véase el informe de la junta directiva de la FEG en la que se aludió a la cuestión del descuento estándar del 35 % a
las escuelas, citado en la Decisión impugnada, considerando 83).
De todo ello se deduce que procede desestimar las alegaciones de TU relativas a la duración de las infracciones.
2. 	Asunto T‑5/00
La FEG considera que la duración de la infracción contemplada en el artículo 1 de la Decisión impugnada debe limitarse al
período comprendido entre el 28 de febrero de 1989 y el 23 de agosto de 1991. En efecto, a su juicio, éstas son las fechas
de las únicas pruebas admisibles invocadas por la Comisión en la Decisión impugnada. Procede desestimar esta alegación por
las razones anteriormente expuestas en relación con TU: la Comisión ha probado la existencia de una infracción continuada
en el período comprendido entre 1986 y 1994.
Por lo que respecta a la infracción contemplada en el artículo 2 de la Decisión impugnada, la FEG alega que las decisiones
vinculantes no fueron aplicadas antes de ser derogadas el 23 noviembre de 1993. Además, la Comisión no encontró prueba alguna
de concertación en materia de precios posterior a 1991. Según la FEG, tales hechos obligan a reducir la duración de la infracción.
No cabe acoger estas alegaciones. Por una parte, la efectividad de la aplicación de las decisiones vinculantes no influye
en la determinación de la duración de la infracción. Por otra parte, la Comisión estimó que los términos del informe de la
FEG de 30 de noviembre de 1993, relativo a los descuentos concedidos a las escuelas, constituían una prueba de que la concertación
en materia de precios continuó con posterioridad a 1991.
3. 	Conclusión
La Comisión actuó legítimamente al estimar que los elementos constitutivos de las infracciones contempladas en los artículos
1 y 2 de la Decisión impugnada duraron 8, 15, 9, 4 y 6 años y al calificar, por consiguiente, esta duración de entre mediana
y larga conforme a la práctica seguida por ella en su decisiones (Decisión impugnada, considerando 147).
D .
Circunstancias atenuantes
Según TU, el papel de mera «seguidora» desempeñado por ella en las infracciones cometidas por la FEG constituye una circunstancia
atenuante que la Comisión hubiera debido tomar en consideración, con arreglo a las Directrices para el cálculo de las multas
impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA
(DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices»).
Este Tribuna observa que dicha alegación parte de la premisa errónea de que el papel desempeñado por TU en las infracciones
cometidas por la FEG fue un papel meramente accesorio o de «seguidora». Tal como se indicó anteriormente, la responsabilidad
de TU se deriva de su participación activa en las prácticas colusorias ilícitas llevadas a cabo en el marco de la FEG. Por
consiguiente, procede desestimar esta alegación.
E .
Revisión de las multas
1. 	Alegaciones de las partes
Las partes coadyuvantes consideran que el importe de la multa es escaso. Dada la gravedad de las infracciones, la Comisión
hubiera debido imponer a TU una multa mayor. Por consiguiente, las coadyuvantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia
que duplique el importe de la multa en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena.
Las demandantes replican que procede declarar la inadmisibilidad de dicha pretensión. Según las disposiciones del artículo
37 del Estatuto del Tribunal de Justicia en relación con los artículos 116, apartado 3, y 115, apartado 2, del Reglamento
de Procedimiento, el coadyuvante debe aceptar el litigio en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención.
Como la Comisión no ha solicitado que se aumente el importe de la multa, las pretensiones formuladas en este sentido por las
coadyuvantes son inadmisibles.
2. 	Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Con arreglo al artículo 116, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, los coadyuvantes deben aceptar el litigio en el
estado en que se encuentre en el momento de su intervención y, según el artículo 37, párrafo cuarto, del Estatuto del Tribunal
de Justicia, las conclusiones de su demanda no podrán tener otro fin que apoyar las conclusiones de una de las partes principales.
Como en el presente asunto la Comisión no ha solicitado un aumento del importe de las multas, las coadyuvantes no están legitimadas
para hacerlo. Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de las pretensiones en que las coadyuvantes solicitan
el incremento del importe de los multas.
II .
Sobre la motivación
A .
Alegaciones de las partes
TU sostiene en primer lugar que la motivación de la Decisión impugnada no le ha permitido conocer los comportamientos por
los que se le impuso una multa a causa de las infracciones cometidas por la FEG. Esta alegación es infundada, como se deduce
de las apreciaciones anteriores sobre la existencia y la imputabilidad de las infracciones.
TU alega a continuación que la Decisión impugnada no precisó ciertos datos esenciales para valorar el importe de la multa,
tales como el año de referencia y la cuantía del volumen de negocios utilizado como punto de referencia.
B .
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
El artículo 15, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 17 dispone que, «para establecer la cuantía de la multa, se
tomará en consideración, además de la gravedad de la infracción, la duración de ésta». Las exigencias del requisito sustancial
de forma que constituye la obligación de motivación se cumplen cuando la Comisión indica, en su Decisión, los criterios de
apreciación que le han permitido determinar la gravedad de la infracción, así como su duración. Si no existieran tales criterios,
la Decisión adolecería de una falta de motivación (sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, Mo och Domsjö/Comisión,
C‑283/98 P, Rec. p. I‑9855, apartado 44).
Para valorar el alcance de la obligación de motivación es preciso tener en cuenta que la gravedad de las infracciones debe
determinarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto,
su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios
que deban tenerse en cuenta (auto del Tribunal de Justicia de 25 de marzo de 1996, SPO y otros/Comisión, C‑137/95 P, Rec.
p. I‑1611, apartado 54).
En el presente asunto, los considerandos 130 a 153 de la Decisión impugnada indican los criterios utilizados por la Comisión
para calcular las multas, en particular el carácter deliberado de las infracciones (considerandos 131 a 135), su gravedad
(considerandos 136 a 144) y su duración (considerandos 145 a 149).
La lectura de la Decisión muestra con claridad el método seguido por la Comisión. Habida cuenta de la gravedad de las infracciones,
la Comisión, tomó como importe de base de la multa el mínimo de un millón de euros, conforme a las Directrices, incrementándolo
en un 25 %. La duración de las infracciones se calificó de entre mediana y larga, pues la duración media de sus elementos
constitutivos fue de 8 años. Por consiguiente, la Comisión aumentó en un 80 % el importe de base de la multa, llegando así
a un importe de 2,25 millones de euros.
Tales elementos respetan las exigencias de motivación en lo relativo a las circunstancias previstas en el artículo 15, apartado
2, del Reglamento nº 17.
A mayor abundamiento, procede indicar que TU no ha alegado que la multa sobrepase el importe máximo que puede imponérsele
en función de su volumen de negocios, conforme al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17.
Como la motivación de la Decisión impugnada era suficiente, procede desestimar el presente motivo.
III .
Sobre el principio de igualdad de trato
Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, el principio de igualdad de trato sólo se viola cuando se tratan de
manera diferente situaciones que son comparables o cuando situaciones diferentes se tratan de manera idéntica, a menos que
este trato esté objetivamente justificado (sentencias del Tribunal de Justicia Sermide, antes citada, apartado 28, y de 28
de junio de 1990, Hoche, C‑174/89, Rec. p. I‑2681, apartado 25; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo
de 1998, BPB de Eendracht/Comisión, T‑311/94, Rec. p. II‑1129, apartado 309).
En el presente asunto, TU alega haber sido discriminada con respecto a los demás miembros de la FEG que estuvieron representados
en la junta directiva durante el período en que se produjo la infracción. Según ella, a estos miembros de la FEG no se les
impusieron multas a pesar de que se encontraban en una situación comparable a la suya.
Es preciso recordar no obstante que, si una empresa ha infringido con su comportamiento el artículo 81 CE, apartado 1, no
puede eludir toda sanción alegando que no se ha impuesto multa alguna a otros operadores económicos, mientras que el juez
comunitario ni siquiera ha sido llamado a conocer de la situación de estos últimos, como ocurre en el presente asunto (sentencia
Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión, antes citada, apartado 197). Procede desestimar por tanto esta alegación de TU.
TU alega igualmente una discriminación con respecto a la multa impuesta a la FEG. Pese a que su volumen de negocios representa
menos de un tercio del de la FEG, la Comisión le impuso una multa proporcionalmente superior. Sostiene así que la multa impuesta
a la FEG representa un 0,23 % del volumen de negocios (1994) de sus miembros, TU excluida, mientras que la multa impuesta
a TU representa sin embargo un 0,47 % del volumen de negocios (1993) de ésta.
El Tribunal de Primera Instancia estima que estas comparaciones no bastan para afirmar la existencia de una violación del
principio de igualdad de trato. En efecto, en contra de lo que sostiene TU, al determinar el importe de las multas en función
de la gravedad y de la duración de la infracción, la Comisión no está obligada a asegurarse, en el caso de que se impongan
multas a varias empresas o asociaciones de empresas implicadas en una misma infracción, de que sus cálculos para la determinación
de los importes finales de las multas de las empresas afectadas arrojen unos resultados exactamente proporcionales a sus respectivos
volúmenes de negocios.
En el presente asunto, la Comisión impuso una multa a la FEG y a TU en razón de la participación personal de ambas en cada
una de las dos infracciones sancionadas, tras haber puesto de relieve los respectivos papeles desempeñados por ellas en ambas
infracciones, así como la gravedad y la duración de éstas.
Por consiguiente, procede desestimar las alegaciones de TU relativas a una violación del principio de igualdad de trato.
IV .
Sobre la excesiva duración del procedimiento administrativo
Las demandantes alegan que la violación del principio del plazo razonable debe implicar una reducción del importe de la multa.
Tal como se expuso anteriormente (véase el apartado 85
supra),
la Comisión es responsable de la excesiva duración del procedimiento. Aunque esta comprobación no entraña consecuencia alguna
para la legalidad de la Decisión impugnada, también es cierto que, dada la competencia jurisdiccional plena que le confieren
el artículo 229 CE y el artículo 17 del Reglamento nº 17, el Tribunal de Primera Instancia puede estudiar si procede reducir
el importe de la multa.
La Comisión sostiene que ya extrajo todas las consecuencias de la «considerable» duración del procedimiento administrativo
cuando redujo en 100.000 euros el importe de la multa por iniciativa propia. La demandante replica que esto no impide que
el Tribunal de Primera Instancia la reduzca de nuevo.
Este Tribunal ha podido comprobar que la Comisión redujo el importe de la multa por iniciativa propia. La posibilidad de conceder
una reducción de esta índole forma parte de las prerrogativas de la Comisión. Las demandantes no han aportado dato alguno
que justifique que el Tribunal de Primera Instancia decida conceder una reducción adicional del importe de la multa, en ejercicio
de su competencia jurisdiccional plena. Por consiguiente, no procede acoger la pretensión de las demandantes a este respecto.
Conclusión
Se deduce del conjunto de consideraciones anteriores que procede desestimar los recursos en los asuntos T‑5/00 y T‑6/00.
Costas
A tenor de lo dispuesto en el artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será
condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
En el asunto T‑5/00, la FEG alega que las coadyuvantes no se han pronunciado expresamente sobre las costas relacionadas con
su intervención, por lo que deben soportarlas.
Es evidente que, en los asuntos T‑5/00 y T‑6/00, las coadyuvantes formularon su pretensión, en particular sobre la cuestión
de las costas, remitiéndose a la formulación utilizada por la Comisión, parte principal en cuyo apoyo intervenían. Procede
por tanto interpretar las pretensiones de las coadyuvantes en el sentido de que solicitaban igualmente la condena en costas
de las demandantes.
En el presente asunto, al haber perdido el proceso las demandantes, procede condenarlas a cargar con las costas en las que
hayan incurrido la Comisión y las partes coadyuvantes, incluidas las correspondientes al procedimiento de medidas provisionales
en el asunto T‑5/00 R, conforme a lo solicitado por estas últimas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)
decide:
1)
Desestimar los recursos.
2)
La demandante en el asunto T‑5/00 cargará con sus propias costas y con las costas en que hayan incurrido la Comisión y las
partes coadyuvantes, incluidas las correspondientes al procedimiento de medidas provisionales T‑5/00 R.
3)
La demandante en el asunto T‑6/00 cargará con sus propias costas y con las costas en que hayan incurrido la Comisión y las
partes coadyuvantes.
Vesterdorf
Forwood
Legal
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 16 de diciembre de 2003.
El Secretario
El Presidente
H. Jung
B. Vesterdorf
Índice
La Decisión impugnada
Procedimiento y pretensiones de las partes
Fundamentos de Derecho
Sobre las pretensiones de anulación

I .  Sobre el derecho de defensa

A .  Sobre el derecho a ser oído en el procedimiento administrativo

1.  Documentos no comunicados junto con el pliego de cargos

a)  Documentos relativos al acuerdo AGC

Alegaciones de las partes

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

b)  El informe de la asamblea general de la NAVEG de 28 de abril de 1986

Alegaciones de las partes

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

2.  Falta de concordancia textual entre la Decisión impugnada y el pliego de cargos

a)  La relación entre las dos infracciones (asunto T‑6/00)

Alegaciones de las partes

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

b)  El nivel de precios artificialmente elevado en el mercado neerlandés

Alegaciones de las partes

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

B .  Sobre la transmisión tardía de ciertos documentos (asunto T‑6/00)

1.  Alegaciones de las partes

2.  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

C .  Violación del principio del plazo razonable

1.  Alegaciones de las partes

2.  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

D .  Violación del principio «de la interpretación favorable» (asunto T‑6/00)

1.  Alegaciones de las partes

2.  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

II .  Sobre la existencia de infracciones del artículo 81 CE

A .  La determinación del mercado de referencia

1.  La Decisión impugnada

2.  Alegaciones de las partes

3.  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

B .  El acuerdo colectivo de exclusividad entre la FEG y la NAVEG (artículo 1 de la Decisión impugnada)

1.  El «pacto de caballeros» entre la FEG y la NAVEG

a)  Resumen de la Decisión impugnada

b)  Sobre la materialidad de los hechos

Utilidad de un acuerdo colectivo de exclusividad

–  Alegaciones de las partes

–  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

La relación de fuerzas entre la FEG y la NAVEG

–  Alegaciones de las partes

–  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

La génesis del pacto de caballeros

–  Alegaciones de las partes

–  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

Las reuniones entre la FEG y la NAVEG

La reunión de 11 de marzo de 1986

–  Alegaciones de las partes

–  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

La reunión de 28 de febrero de 1989

–  Alegaciones de las partes

–  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

La aplicación del pacto de caballeros

–  Alegaciones de las partes

–  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

c)  Conclusión de conjunto

2.  La ampliación del pacto de caballeros a proveedores no miembros de la NAVEG

a)  Sobre la materialidad de los hechos

Alegaciones de las partes en el asunto T‑5/00

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

Alegaciones de las partes en el asunto T‑6/00

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

b)  Conclusión de conjunto

3.  Sobre los requisitos de adhesión a la FEG

a)  Alegaciones de las partes

b)  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

4.  Calificación jurídica de los hechos relativos al acuerdo colectivo de exclusividad

a)  Sobre el pacto de caballeros

Alegaciones de las partes

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

b)  Sobre la inclusión en el pacto de caballeros de proveedores que no eran miembros de la NAVEG

Alegaciones de las partes

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

C .  Conclusión sobre el acuerdo colectivo de exclusividad

D .  Prácticas concertadas relativas a la fijación de precios (artículo 2 de la Decisión impugnada)

1.  Resumen de la Decisión impugnada

2.  Alegaciones relativas a la calificación jurídica de los hechos

a)  Las decisiones vinculantes sobre precios y sobre publicaciones

La decisión vinculante sobre precios fijos

–  Alegaciones de las partes

–  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

La decisión vinculante sobre publicaciones

–  Alegaciones de las partes

–  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

b)  Concertación sobre los precios y los descuentos

Alegaciones de las partes

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

c)  Catálogos de precios idénticos

Alegaciones de las partes

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

E .  Vinculación entre el acuerdo colectivo de exclusividad y las prácticas concertadas en materia de fijación de precios

1.  Alegaciones de las partes

2.  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

III .  Sobre la imputabilidad de las infracciones a TU (asunto T‑6/00)

A .  Criterio de imputación

1.  Alegaciones de las partes

2.  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

B .  La participación de TU en la infracción relativa al acuerdo colectivo de exclusividad

1.  Participación en el pacto de caballeros

2.  Participación en las prácticas concertadas

C .  La participación de TU en la infracción relativa a la fijación de precios

D .  Violación del principio de igualdad de trato

1.  Alegaciones de las partes

2.  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

E .  Falta o defecto de motivación

1.  Alegaciones de las partes

2.  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

IV .  Sobre la imputabilidad de las infracciones a la FEG (asunto T‑5/00)

A .  Alegaciones de las partes

B .  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Sobre las pretensiones relativas a la anulación de la multa o a la reducción de su importe

I .  Sobre el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17

A .  Carácter deliberado de las infracciones

B .  Gravedad de las infracciones

C .  Duración de las infracciones

1.  Asunto T‑6/00

2.  Asunto T‑5/00

3.  Conclusión

D .  Circunstancias atenuantes

E .  Revisión de las multas

1.  Alegaciones de las partes

2.  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

II .  Sobre la motivación

A .  Alegaciones de las partes

B .  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

III .  Sobre el principio de igualdad de trato

IV .  Sobre la excesiva duración del procedimiento administrativo
Conclusión
Costas
–
Lengua de procedimiento: español.