CELEX: 62003TJ0101
Régimen de asociación de los PTU
Azúcar que no posee el origen PTU
Solicitud de excepción a las normas de origen
Denegación de la solicitud de excepción
Obligación de motivación

Antecedentes del litigio
1       La sociedad Suproco NV, con domicilio social en Curaçao (Antillas Neerlandesas), es una empresa cuya actividad consiste en
la transformación de azúcar de caña sin refinar en azúcar de caña a granel y en terrones.
2       A partir de 1995, fecha de su creación, Suproco ha transformado azúcar de caña procedente principalmente de países de África,
del Caribe y del Pacífico (ACP) y, accesoriamente, de la Comunidad Europea. Puesto que disfrutaba del régimen denominado «de
acumulación de origen», se consideraba que los productos acabados eran originarios de los países y territorios de ultramar
(PTU) y, por lo tanto, podían ser exportados a la Comunidad con exención de derechos de aduana.
3       Habida cuenta de las dificultades de abastecimiento de materias primas y de aplicación por parte de la Comunidad de medidas
de salvaguardia especialmente para el azúcar en el que concurren los orígenes ACP y PTU, Suproco comenzó a comercializar azúcar
con arreglo al régimen denominado «30/70», previsto inicialmente por el anexo 2 del anexo II de la Decisión 91/482/CEE del
Consejo, de 25 de julio de 1991, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad Económica
Europea (DO L 263, p. 1). Este régimen permite obtener un origen PTU para el azúcar, siempre y cuando el valor del azúcar
de caña o de remolacha y de la sacarosa químicamente pura utilizados, con independencia de su origen, no exceda del 30 % del
precio de fábrica del producto. En el marco de dicho régimen, la demandante coloreaba y aromatizaba el azúcar procedente de
Colombia utilizando melaza.
4       Sin embargo, el artículo 5, apartado 1, letra g), del anexo III de la Decisión 2001/822/CE del Consejo, de 27 de noviembre
de 2001, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad Europea (DO L 314, p. 1; en lo sucesivo,
«Decisión PTU»), dispone que «las operaciones de coloración del azúcar o de elaboración de terrones de azúcar» son elaboraciones
o transformaciones insuficientes para conferir el carácter de productos originarios.
5       En estas circunstancias, el Reino de los Países Bajos presentó, el 20 de febrero de 2002, una solicitud de excepción ante
la Comisión con arreglo al artículo 37 del anexo III de la Decisión PTU. Solicitó en concreto la concesión de una excepción
por una cantidad anual de 3.000 toneladas, a favor de Suproco, en el marco del contingente anual de 28.000 toneladas de azúcar
que posee la acumulación de origen ACP/PTU/CE, establecida por el artículo 6, apartado 4, del anexo III de la Decisión PTU.
6       Tras las preguntas formuladas por la Comisión y las primeras discusiones en el seno del comité del Código aduanero, el Reino
de los Países Bajos indicó, mediante escrito de 13 de mayo de 2002, que retiraba su solicitud hasta nueva orden, para realizar
investigaciones complementarias sobre las posibilidades de abastecimiento de la demandante en azúcar ACP.
7       El 4 de octubre de 2002, a raíz de las investigaciones complementarias realizadas, el Reino de los Países Bajos remitió un
escrito a la Comisión para «reactivar» la solicitud de excepción.
8       El 10 de enero de 2003, la Comisión adoptó la Decisión 2003/34/CE, por la que se rechaza conceder una excepción de la Decisión
2001/822 respecto de las normas de origen para el azúcar procedente de las Antillas Neerlandesas (DO L 11, p. 50; en lo sucesivo,
«Decisión impugnada»).

Procedimiento y pretensiones de las partes
9       Mediante escrito registrado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 14 de marzo de 2003, la demandante interpuso
el presente recurso.
10     Mediante auto del Presidente de la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de 18 de septiembre de 2003, se admitió
la intervención del Consejo y del Reino de España en apoyo de las pretensiones de la demandada y del Reino de los Países Bajos
en apoyo de las pretensiones de la demandante. Esta última solicitó, con arreglo al artículo 116, apartado 2, del Reglamento
de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, que determinados elementos confidenciales, contenidos en la réplica, no
fueran trasladados a las partes coadyuvantes. La demandante presentó una versión no confidencial de su escrito de réplica
y el traslado de las actuaciones a las partes coadyuvantes se limitó a dicha versión no confidencial. Éstas no opusieron objeciones
al respecto y presentaron su escrito de formalización de la intervención dentro del plazo fijado a tal fin.
11     Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) decidió abrir la fase oral del procedimiento.
En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, se pidió a Suproco, a la Comisión y al Reino de los Países
Bajos que presentasen determinados documentos.
12     En la vista de 25 de noviembre de 2004 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas
por el Tribunal de Primera Instancia. Se instó a la Comisión a responder por escrito a una pregunta adicional, a lo que ésta
dio cumplimiento dentro del plazo señalado. Suproco presentó sus observaciones sobre la respuesta dada por la Comisión y presentó
una versión no confidencial de sus observaciones. El traslado a las partes coadyuvantes de las observaciones de Suproco se
limitó a dicha versión no confidencial. Las partes coadyuvantes no opusieron objeciones al respecto. La fase oral del procedimiento
se dio por concluida el 25 de enero de 2005.
13     Suproco solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–       Declare que su demanda es fundada.
–       Anule la Decisión impugnada.
–       Condene en costas a la Comisión.
14     La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–       Desestime el recurso por infundado.
–       Condene en costas a Suproco.
15     El Consejo solicita al Tribunal de Primera Instancia que acoja las pretensiones de la Comisión.
16     El Reino de España solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–       Declare la inadmisibilidad de la excepción de ilegalidad propuesta contra el artículo 5, apartado 1, letra g), del anexo III
de la Decisión PTU y, con carácter subsidiario, la desestime.
–       Desestime el recurso interpuesto contra la Decisión impugnada.
–       Condene en costas a Suproco.
17     El Reino de los Países Bajos solicita al Tribunal de Primera Instancia que anule la Decisión impugnada.

Fundamentos de Derecho
18     Suproco invoca tres motivos en apoyo de su recurso. El primer motivo, presentado con carácter principal, se basa en una excepción
de ilegalidad propuesta contra el artículo 5, apartado 1, letra g), del anexo III de la Decisión PTU. El segundo motivo, formulado
con carácter subsidiario, denuncia la incompetencia de la Comisión. El tercer motivo, invocado con carácter secundario de
segundo grado, se basa en la infracción del artículo 37 del anexo III de la Decisión PTU así como en una apreciación errónea
de los hechos.
19     Con carácter preliminar, se ha de señalar que la Decisión impugnada es una decisión en el sentido del artículo 249 CE, párrafo
cuarto, y que, por lo tanto, deberá ser motivada en virtud del artículo 253 CE. La falta o insuficiencia de motivación está
comprendida dentro de los vicios sustanciales de forma y constituye un motivo de orden público que debe ser examinado de oficio
por el juez comunitario (sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C‑367/95 P,
Rec. p. I‑1719, apartado 67, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de julio de 2001, UK Coal/Comisión, asuntos
acumulados T‑12/99 y T‑63/99, Rec. p. II‑2153, apartado 199).
20     Según una jurisprudencia reiterada, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto de
que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera
que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su
control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido
del acto, la naturaleza de los motivos invocados y del interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e
individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los
elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias
del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el
conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (sentencias del Tribunal de Justicia Comisión/Sytraval
y Brink’s France, citada en el apartado 19
supra,
apartado 63; de 30 de septiembre de 2003, Alemania/Comisión, C‑301/96, Rec. p. I‑9919, apartado 87, y de 22 de junio de 2004,
Portugal/Comisión, C‑42/01, Rec. p. I‑0000, apartado 66).
21     En el caso de autos, debe señalarse, en primer lugar, que la solicitud de excepción presentada por el Reino de los Países
Bajos, con arreglo al artículo 37 del anexo III de la Decisión PTU, se basaba en un determinado número de hechos y de datos
económicos comunicados a la Comisión. En particular, el Reino de los Países Bajos, cumplimentó el formulario que figura en
el apéndice 7 del anexo III de la Decisión PTU y al que se refiere el artículo 37, apartado 2, del anexo III de la Decisión
PTU. Dicho formulario, tal como fue cumplimentado por las autoridades neerlandesas contenía información relativa a los costes
de producción y al valor añadido aportado en el marco de la utilización de una materia prima originaria de Colombia. Debe
destacarse que la Comisión no ha alegado, en la resolución impugnada, la insuficiencia de los datos transmitidos por el Reino
de los Países Bajos. Consideraba, por lo tanto, que disponía de todos los elementos exigidos por el artículo 37, apartado
2, del anexo III de la Decisión PTU.
22     En segundo lugar, debe destacarse que el Reino de los Países Bajos, en su condición de solicitante de la excepción, y Suproco,
en su condición de beneficiario de la misma, si se hubiera concedido, tenían interés en recibir las explicaciones de la Comisión.
23     En tercer lugar, debe señalarse que la Decisión impugnada se basa en el artículo 37 del anexo III de la Decisión PTU, y en
particular en sus apartados 4 y 7, citados respectivamente en los considerandos primero y octavo, para desestimar la solicitud
de excepción presentada por el Reino de los Países Bajos.
24     Según el artículo 37, apartado 4, del anexo III de la Decisión PTU, hay que examinar, en todos los casos, si las normas en
materia de origen acumulativo permiten resolver el problema. Esto significa que, si las reglas en materia de origen cumulativo
permiten resolver el problema, la Comisión puede denegar la solicitud de excepción.
25     En cuanto al artículo 37, apartado 7, del anexo III de la Decisión PTU dispone que, «sin perjuicio de lo dispuesto en los
apartados 1 a 6, se autorizará una excepción cuando el valor añadido de los productos no originarios utilizados en el PTU
de que se trate represente al menos un 45 % del valor del producto acabado, siempre que la excepción no suponga un perjuicio
grave a un sector económico de la Comunidad o de uno o más Estados miembros». La utilización de los términos «sin perjuicio»
significa que la norma establecida por este apartado 7 deja subsistir íntegramente los apartados 1 a 6 del artículo 37 del
anexo III de la Decisión PTU. En particular, aun en el supuesto a que se refiere el artículo 37, apartado 7, del anexo III
de la Decisión PTU, la Comisión está obligada, en virtud del artículo 37, apartado 4, de ese mismo anexo, a examinar si las
normas en materia de origen cumulativo permiten resolver el problema. En este caso, como se ha indicado anteriormente, la
Comisión puede denegar la solicitud de excepción. De todos modos, con independencia de que la Comisión decida aplicar o no
el artículo 37, apartado 7, del anexo III de la Decisión PTU, los motivos que fundamentan su decisión deben aparecer de manera
suficientemente clara.
26     A la vista de las consideraciones precedentes, es preciso examinar si la motivación de la Decisión impugnada cumple en el
caso de autos los requisitos del artículo 253 CE.
27     La Decisión impugnada consta de nueve considerandos y una parte dispositiva, que comprende dos artículos y deniega la solicitud
de excepción.
28     El primer considerando precisa el contexto jurídico de la solicitud de excepción presentada por el Reino de los Países Bajos
y menciona, en concreto, el artículo 37, apartados 1 y 4 del anexo III de la Decisión PTU.
29     El segundo considerando recuerda el objeto de la solicitud de excepción presentada inicialmente por el Reino de los Países
Bajos el 20 de febrero de 2002.
30     El tercer considerando indica que el Reino de los Países Bajos retiró dicha solicitud el 13 de mayo de 2002.
31     El cuarto considerando señala que «productores de azúcar de cinco Estados ACP diferentes se [negaron], en mayo y junio de
2002, a proporcionar al productor el azúcar requerido, al tiempo que un productor de azúcar de Guyana estaba dispuesto a proporcionarlo,
pero ofrecía un precio [450 dólares estadounidenses (USD)/tonelada FOB Georgetown] muy superior al precio del azúcar de Colombia
(275 USD/tonelada franco depósito del comprador)». Esta información fue transmitida a la Comisión por el Reino de los Países
Bajos el 4 de octubre de 2002.
32     El quinto considerando indica que el Reino de los Países Bajos alega que los costes de la mano de obra y los gastos generales
en las Antillas representan 1.095.570 euros por 3.000 toneladas de productos acabados. El valor de estos últimos es de 3.241.200 euros.
Estos datos se desprenden del formulario que se adjunta a la solicitud de excepción.
33     El sexto considerando precisa que el examen de la información suministrada muestra que el valor añadido de la operación es
superior al 45 % del precio franco fábrica, en el caso de entrega de azúcar de Colombia y de azúcar de Guayana. La afirmación
relativa al valor añadido al azúcar de Guayana se deduce de un cálculo realizado por la Comisión basado en datos comunicados
por el Reino de los Países Bajos.
34     El séptimo considerando recuerda que Suproco obtuvo, dentro de los límites del contingente anual de 28.000 toneladas abierto
para 2002, una licencia de importación por una cantidad de 6.222 toneladas. Esta información fue transmitida por el Reino
de los Países Bajos a la Comisión en su escrito de 4 de octubre de 2002.
35     De lo antedicho se desprende que, si el primer considerando de la Decisión impugnada recuerda determinadas disposiciones del
anexo III de la Decisión PTU y el segundo considerando, el objeto de la solicitud de excepción, los considerandos tercero
a séptimo se limitan a retomar los elementos fácticos presentados por el Reino de los Países Bajos (considerandos tercero
a quinto y séptimo) o son determinados con arreglo a la información transmitida por él (sexto considerando). En cuanto al
noveno considerando, indica que las medidas previstas en la Decisión impugnada se ajustan al dictamen del comité del Código
aduanero.
36     La fundamentación jurídica de la denegación por la Comisión de la solicitud de excepción propuesta por el Reino de los Países
Bajos aparece en el octavo considerando de la Decisión impugnada.
37     El octavo considerando dispone que, «a la vista de todo lo expuesto, la excepción solicitada no está justificada por lo que
se refiere al apartado 1 del artículo 37 del anexo III. La información facilitada indica que las normas de acumulación de
origen pueden ofrecer una solución al problema. En particular, no se ha facilitado información de que la transacción con azúcar
de Guyana fuera tan antieconómica que pudiera llevar al cese de actividades del productor. Es más, dado que el valor añadido
que representa la transacción en el caso de abastecimiento de azúcar de Colombia y de Guyana es un 45 % superior al precio
de fábrica del producto acabado, el apartado 7 del artículo 37 no es aplicable».
38     La segunda frase de este considerando se refiere a la aplicación del artículo 37, apartado 4, del anexo III de la Decisión
PTU, ya que indica que las normas en materia de origen cumulativo permiten resolver el problema. Sin embargo, la afirmación
categórica y sucinta en esta frase no encuentra apoyo en ninguna motivación precisa.
39     En particular, la afirmación de la segunda frase del octavo considerando no encuentra una justificación suficiente en la tercera
frase de dicho considerando.
40     Los términos utilizados en esta tercera frase indican que la Comisión probablemente realizó un cálculo de rentabilidad en
caso de utilización del azúcar de Guyana. Además, dicho cálculo de rentabilidad era necesario para apreciar si las reglas
en materia de origen cumulativo permitían resolver el problema al que tuvo que hacer frente Suproco. Sin embargo, ni el método
utilizado por la Comisión para realizar dicho cálculo ni siquiera el simple resultado de ese cálculo figuraban en la Decisión
impugnada. De los documentos contenidos en el expediente tampoco se desprende que, durante el procedimiento administrativo,
el Reino de los Países Bajos tuviera conocimiento del citado método ni de su resultado, ni tampoco
a fortiori
Suproco. Aun cuando el citado cálculo hubiera podido deducirse de los diferentes datos contenidos en los otros considerandos
de la Decisión impugnada, continuaría siendo incierto, habida cuenta de la conversión monetaria que debe efectuarse. En efecto,
los precios del azúcar de Guyana, mencionados en el cuarto considerado de la Decisión impugnada, se expresan en dólares estadounidenses
(USD) mientras que los datos económicos a los que se hace referencia en el quinto considerando de la resolución impugnada
se expresan en euros. Pues bien, ni la resolución impugnada ni los documentos contenidos en el expediente relativo al procedimiento
administrativo dejan constancia del tipo de cambio utilizado por la Comisión.
41     Por otra parte, la tercera frase del octavo considerando no explica por qué una empresa que se dedica a una actividad «no
rentable» (o «antieconómica» según otras versiones lingüísticas de la Decisión impugnada) podría decidir, a pesar de todo,
continuar con su producción.
42     De los elementos anteriores resulta que no es posible determinar de manera suficientemente clara la motivación que indujo
a la Comisión a concluir que las normas en materia de origen cumulativo permitían resolver el problema y que la utilización
de azúcar de Guyana no lleva al cese de actividades del productor. Por lo tanto, la motivación de la resolución impugnada,
a este respecto, no permite al Tribunal de Primera Instancia ejercer su control.
43     Esta motivación tampoco permite al Reino de los Países Bajos y a Suproco conocer las justificaciones de la medida adoptada
y defender sus derechos ante el Tribunal de Primera Instancia. A este respecto, debe señalarse, que Suproco, en su demanda,
invoca un motivo basado en la infracción del artículo 37, apartado 3, letra b), del anexo III de la Decisión PTU, motivo alegado
por el Reino de los Países Bajos en su escrito de intervención. En particular, Suproco considera que la Comisión infringió
dicha disposición al haber considerado que el cese de actividades era una condición esencial para la concesión de la excepción.
Pues bien, de la lectura de la Decisión impugnada, resulta difícil determinar si el artículo 37, apartado 3, letra b), del
anexo III de la Decisión PTU fue aplicado, o no, por la Comisión, en particular a la vista de la afirmación que figura en
su octavo considerando según la cual la utilización de azúcar de Guyana no lleva al productor al cese de actividades.
44     Además, debe señalarse que la motivación contenida en la última frase del octavo considerando de la Decisión impugnada, relativa
al artículo 37, apartado 7, del anexo III de la Decisión PTU, no cumple los requisitos establecidos en el artículo 253 CE.
45     Sin necesidad de pronunciarse sobre la posible aplicación al caso de autos del artículo 37, apartado 7, del anexo III de la
decisión PTU, basta con señalar que el método de cálculo utilizado por la Comisión relativo al valor añadido del azúcar de
Guyana no es identificable en la Decisión impugnada y que la Comisión facilitó resultados diferentes de dicho cálculo tanto
en sus escritos (apartado 35 de la contestación a la demanda) como en la vista (a raíz de una pregunta formulada por el Tribunal
de Primera Instancia) y después de la vista (en su respuesta escrita de 6 de diciembre de 2004 a una pregunta formulada por
el Tribunal de Primera Instancia).
46     A este respecto, de las explicaciones ofrecidas por la Comisión se desprende que para el cálculo, en porcentaje, de la parte
del valor añadido (entendida como el precio franco fábrica de los productos, menos el valor en aduana de las materias importadas
de países terceros a la Comunidad, los Estados ACP o los PTU) al azúcar importado en el valor del producto acabado, el tipo
de cambio aplicable fue el vigente el 4 de octubre de 2002, es decir, 1 USD por 1,0111 euro. Sin embargo, la Comisión admite,
en su respuesta escrita, haber aplicado un tipo de cambio diferente, de 1 USD por 1 euro, para calcular el valor en aduana
del azúcar importado. Además, este último tipo de cambio se utilizó en un cálculo realizado a partir de un importe (3.241.200 euros)
resultante de una conversión operada según un tercer tipo de cambio (1 USD por 1,1505 euro, en vigor el 20 de febrero de 2002).
Además, dicho importe de 3.241.200 euros, con respecto al cual la Decisión impugnada afirma, sin más precisiones, que representa
el valor de los productos acabados, no corresponde al precio franco fábrica de los productos, sino a dicho precio más los
gastos de entrega a los compradores.
47     Además, de los escritos que obran en autos se desprende que la Comisión estima que un importe de 37,2 USD por tonelada para
los gastos de transporte del azúcar importado se justifica para calcular el valor añadido del azúcar de Guyana, considerando
que el importe de 85 USD por tonelada, al que se refería el Reino de los Países Bajos en su escrito de 4 de octubre de 2002,
era excesivo. Pues bien, en la Decisión impugnada no se menciona ese importe de 37,2 USD por tonelada. Tampoco se desprende
de los documentos contenidos en el expediente relativos al procedimiento administrativo que dicho importe fuera conocido por
el Reino de los Países Bajos y,
a fortiori,
por Suproco.
48     En estas circunstancias, la motivación que figura en la última frase del octavo considerando de la Decisión impugnada tampoco
permite al Reino de los Países Bajos y a Suproco defender sus derechos ante el Tribunal de Primera Instancia y a éste ejercer
su control.
49     Por todos estos motivos, debe considerarse que la Decisión impugnada no cumple los requisitos del artículo 253 CE y que, por
lo tanto, debe ser anulada por dicha razón, sin que sea necesario examinar los motivos de fondo invocados por Suproco para
fundamentar su recurso.

Costas
50     A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda
el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimados los motivos formulados
por la Comisión, procede condenarla en costas, de conformidad con lo solicitado por Suproco.
51     Además, con arreglo al artículo 87, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, los Estados miembros y las instituciones
que han intervenido como coadyuvantes en el litigio soportarán sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)
decide:
1)
Anular la Decisión 2003/34/CE de la Comisión, de 10 de enero de 2003, por la que se rechaza conceder una excepción de la Decisión
2001/822/CE del Consejo respecto de las normas de origen para el azúcar procedente de las Antillas Neerlandesas.
2)
La Comisión cargará con sus propias costas y con las efectuadas por Suproco.
3)
El Consejo, el Reino de España y el Reino de los Países Bajos cargarán con sus propias costas.
Vilaras
Dehousse
Šváby
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de septiembre de 2005.
El Secretario

El Presidente
H. Jung

M. Vilaras
*
Lengua de procedimiento: neerlandés.