CELEX: 61990CJ0093
Seguridad Social
Prestaciones de vejez
Revalorización y nuevo cálculo de las prestaciones

Mediante resolución de 19 de marzo de 1991, recibida en el Tribunal de Justicia el 29 de marzo siguiente, el tribunal du travail de Bruselas planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 51 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (
DO L 149, p. 2
; EE 05/01, p. 98).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre La Sra. Cassamali y la Office national des pensions (en lo sucesivo, «ONP»), que es el organismo belga competente para el pago de las prestaciones de vejez.
Se deduce de los autos que la Sra. Cassamali ejerció actividades profesionales en Italia y Bélgica.
Su carrera profesional le permitió generar derechos a una pensión de jubilación en Italia y a dos pensiones de jubilación en Bélgica, una por sus actividades por cuenta ajena y otra por sus actividades por cuenta propia. Sus derechos a pensión de jubilación se generaron en esos dos Estados desde el 1 de octubre de 1976. En esta fecha, el importe total de las tres pensiones ascendía a 78868 BFR.
Por otra pane, desde esta misma fecha, la Sra. Cassamali, cuyo cónyuge había ejercido actividades en Bélgica antes de su muerte, pudo beneficiarse de una pensión de supervivencia con arreglo a la legislación belga. Su importe hubiera debido ser de 98127 BFR.
No obstante, para el cálculo de esta pensión de supervivencia, la institución competente belga, la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, a la que sucedió la ONP en 1987, tuvo en cuenta la norma que prohibe la acumulación contenida en el artículo 52 del Real Decreto belga de 21 de diciembre de 1967. En virtud de dicha norma, una pensión de supervivencia sólo puede acumularse a una o varias pensiones de jubilación o a cualquier otra ventaja que haga sus veces, concedidas con arreglo a una normativa belga o extranjera, hasta un determinado tope.
En el caso de la Sra. Cassamali, dicho tope ascendía, en fecha 1 de octubre de 1976, a 139277 BFR, en tanto que el importe total de las pensiones de jubilación, belga e italiana, y de la pensión de supervivencia belga a las que habría podido aspirar era de 176995 BFR y superaba, por consiguiente, el tope en 37718 BFR. Esta última cantidad se dedujo, pues, de la pensión de supervivencia finalmente liquidada por la institución belga y en fecha 1 de octubre de 1976 pasó de 98127 BFR a 60409 BFR.
En los vencimientos sucesivos, la institución belga continuó calculando el importe de la pensión de supervivencia de forma que el importe acumulado de las pensiones satisfechas a la Sra. Cassamali no superara el tope establecido por la normativa nacional. En atención al considerable incremento registrado por la pensión de jubilación italiana en razón de las normas sobre ajuste de las pensiones en Italia, se produjo una reducción del importe efectivo de la pensión de supervivencia pagada a la interesada.
La Sra. Cassamali sometió el asunto al tribunal du travail de Bruselas alegando que dicho método de cálculo era contrario a las disposiciones del apartado 1 del artículo 51 del Reglamento n° 1408/71, de 14 de junio de 1971, antes mencionado.
Por todo ello, el órgano jurisdiccional nacional decidió suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se hubiera pronunciado sobre las cuestiones prejudiciales siguientes:
«—
¿Permite el artículo 51 del Reglamento n° 1408/72 que se calcule nuevamente una pensión belga por el hecho de que se haya producido un incremento de una pensión italiana debido únicamente al aumento del coste de vida?
—
En caso de respuesta negativa, ¿existe otra disposición de Derecho comunitario que autorice ese nuevo cálculo?»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento así como de las observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
A la vista de los elementos que obran en los autos del litigio principal, debe entenderse que las dos cuestiones prejudiciales, que deben ser objeto de un examen conjunto, plantean si, cuando en virtud de normas nacionales que prohiben la acumulación, la pensión satisfecha a un trabajador por un Estado miembro se haya liquidado a un importe tal que, acumulado al de una prestación, sea cual fuere su naturaleza, a cargo de otro Estado miembro, no supera un determinado tope, el apartado 1 del artículo 51 del Reglamento n° 1408/71 u otra disposición de Derecho comunitario permite modificar el importe de la citada pensión para evitar que se rebase el tope, en caso de variaciones ulteriores de la otra prestación debidas a la evolución general de la situación económica y social.
Procede recordar que, para calcular el importe de las prestaciones de vejez devengadas por un trabajador sometido a la legislación de dos o de varios Estados miembros, la institución competente de cada uno de los Estados debe comparar el importe devengado con arreglo únicamente a la legislación nacional, incluidas sus normas que prohiben la acumulación, con el importe resultante de la aplicación del artículo 46 del Reglamento n° 1408/71. Para la liquidación de cada una de las prestaciones, el trabajador debe beneficiarse del régimen que, entre estos dos, le sea más favorable.
Como ha destacado el Tribunal de Justicia, entre otras, en la sentencia de 21 de marzo de 1990, Ravida (
C-85/89, Rec. p. I-1063
), cualquier modificación ulterior de una de las prestaciones implica, en principio, que debe procederse, para cada una de las prestaciones, a una nueva comparación entre el régimen nacional y el régimen comunitario, a fin de determinar cuál es más favorable para los trabajadores tras la modificación efectuada.
No obstante, en la misma sentencia este Tribunal de Justicia recordó que, en orden a reducir la carga administrativa que representaría efectuar un nuevo examen de la situación del trabajador cada vez que se produce una modificación de las prestaciones percibidas, el apartado 1 del artículo 51 del Reglamento n° 1408/71 excluye que se proceda a un nuevo cálculo de las prestaciones con arreglo a lo dispuesto en el artículo 46, y por consiguiente a una nueva comparación entre el régimen nacional y el régimen comunitario, cuando la modificación, que afecta a una de las prestaciones, se deba a acontecimientos ajenos a la situación individual del trabajador y sea consecuencia de la evolución general de la situación económica y social.
Con arreglo al apartado 2 del artículo 51 del Reglamento n° 1408/71, sólo en el caso de que la modificación se deba a un cambio en la manera de determinar o de calcular una prestación, a causa, entre otras, de una modificación de la situación personal del trabajador, procede efectuar un nuevo cálculo de las prestaciones de vejez.
Por consiguiente, según se deduce de la sentencia de 21 de marzo de 1990, Ravida, antes mencionada, aun cuando, en una situación como la que es objeto del litigio principal, se haya impuesto un tope a la pensión de supervivencia satisfecha a un trabajador por un Estado miembro en el momento de su liquidación inicial, de conformidad con las normas que prohiben la acumulación contenidas en la legislación de dicho Estado, con el principal objeto de tener en cuenta una pensión de jubilación pagada por otro Estado miembro al mismo trabajador, el apartado 1 del artículo 51 se opone a que la pensión de supervivencia sea objeto de un nuevo cálculo en razón de las revalorizaciones de la pensión de jubilación, cuando dichas revalorizaciones sean consecuencia de la evolución general de la situación económica y social.
Es cieno que, en las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia, la ONP alega que el apartado 1 del artículo 51 prohibe únicamente el nuevo cálculo, previsto en el artículo 46, destinado a comparar la prestación ofrecida por el régimen nacional y la que ofrece el régimen comunitario. Ahora bien, según la ONP, los nuevos cálculos de los importes de la pensión de supervivencia efectuados por este organismo a fin de asegurar, a pesar de los incrementos de la pensión de jubilación pagada por el otro Estado miembro, el respeto del tope fijado por la norma nacional que prohibe la acumulación, no constituyen un cálculo comparativo, prohibido por el apartado 1 del artículo 51 del Reglamento n° 1408/71.
No procede acoger este argumento.
En la situación considerada, los incrementos producidos por la evolución general de la situación económica y social del Estado deudor de la pensión de jubilación deben ser directamente aplicados a esta pensión, como indica el propio apartado 1 del artículo 51. Con independencia de si ha sido liquidada únicamente con arreglo a las disposiciones del régimen nacional o lo ha sido según el régimen del artículo 46 del Reglamento n° 1408/71, la pensión de supervivencia, por su parte, no debe sufrir las consecuencias de los citados incrementos, y, en particular, no debe ser objeto de modificación, ni siquiera con el fin de mantener el respeto de la norma nacional que establece un tope de acumulación. En efecto, esta modificación puede tener lugar únicamente si se asegura con carácter previo que la pensión de supervivencia así modificada continúa siendo igualmente ventajosa aplicando el mismo régimen, nacional o comunitario, según el cual fue inicialmente liquidada; ello implica nuevamente una comparación entre estos dos regímenes, e infringe lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 51 del Reglamento n° 1408/71.
Por último, procede destacar que no existe ninguna otra disposición de Derecho comunitario que autorice un nuevo cálculo de las prestaciones en los casos en que lo prohibe el apartado 1 del artículo 51 del Reglamento n° 1408/71.
Así, a excepción de los casos, contemplados en el apartado 2 del artículo 51, en que se produce una modificación en la manera de determinar o de calcular las prestaciones, las únicas revalorizaciones que puede sufrir una prestación de vejez son las variaciones, en porcentaje o en valor absoluto, resultantes de las normas nacionales en materia de ajuste aplicadas por el Estado deudor de la citada prestación. En cambio, la modificación de cualquier otra prestación, producida por una de las causas enumeradas en el apartado 1 del artículo 51, no puede afectar, ni directa ni indirectamente, a la prestación de vejez.
Por todo ello, procede responder a las dos cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional nacional que, cuando en virtud de normas nacionales que prohiben la acumulación, la pensión satisfecha a un trabajador por un Estado miembro se haya liquidado a un importe tal que, acumulado al de una prestación, sea cual fuere su naturaleza, a cargo de otro Estado miembro, no supera un determinado tope, ni el apartado 1 del artículo 51 del Reglamento n° 1408/71 ni ninguna otra disposición de Derecho comunitario permiten modificar el importe de la citada pensión para evitar que se rebase el tope, en caso de variaciones ulteriores de la otra prestación debidas a la evolución general de la situación económica y social.
Costas
Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el tribunal du travail de Bruselas mediante resolución de 19 de marzo de 1990, declara:

Cuando, en virtud de normas nacionales que prohiben la acumulación, la pensión satisfecha a un trabajador por un Estado miembro se haya liquidado a un importe tal que, acumulado al de una prestación, sea cual fuere su naturaleza, a cargo de otro Estado miembro, no supera un determinado tope, ni el apartado 1 del artículo 51 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, ni ninguna otra disposición de Derecho comunitario permiten modificar el importe de la citada pensión para evitar que se rebase el tope, en caso de variaciones ulteriores de la otra prestación debidas a la evolución general de la situación económica y social.

Moitinho de Almeida
Grévisse
Zuleeg
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 20 de marzo de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Tercera
J. C. Moitinho de Almeida
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.