CELEX: 61988CJ0263
Establecimiento y prestación de servicios
Médico, enfermero, matrona, odontólogo, veterinario
Países y territorios de ultramar

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 23 de septiembre de 1988, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, que tiene por objeto que se declare que, al no haber adoptado las medidas necesarias para permitir a los nacionales de otro Estado miembro, en posesión del diploma francés exigido en la materia, establecerse o prestar servicios en calidad de médico, enfermero responsable de cuidados generales, matrona, odontólogo y veterinario en el territorio de ultramar de la Polinesia francesa y en calidad de veterinario en Nueva Caledonia y sus dependencias, la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 137 de la Decisión 80/1186/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1980, y del artículo 176 de la Decisión 86/283/CEE del Consejo, de 30 de junio de 1986, relativas a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad Económica Europea (
DO 1980, L 361, p. 1
; EE 11/14, p. 3 y
DO 1986, L 175, p. 1
, respectivamente).
Las citadas Decisiones disponen, en idénticos términos, que :
«En lo que se refiere al régimen aplicable en materia de establecimiento y de prestación de servicios, las autoridades competentes de los países y territorios tratarán sobre una base no discriminatoria a los nacionales y sociedades de los Estados miembros. No obstante, cuando, para una actividad determinada, un Estado miembro no estuviera en condiciones de asegurar un trato semejante a los nacionales o sociedades de la República Francesa, del Reino de los Países Bajos y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte establecidos en un país o territorio, así como a las sociedades sometidas a la legislación propia del país o territorio de que se trate y establecidas en este último, la autoridad competente de dicho país o territorio no podrá conceder dicho trato.»
La Comisión consideró que la regulación de dichas profesiones en los territorios franceses de ultramar era incompatible con las citadas Decisiones del Consejo, y tras un intercambio de cartas, durante el cual el Gobierno francés no discutió el incumplimiento que se alegaba, emitió el 27 de mayo de 1987 un dictamen motivado.
Mediante escritos de 3 de agosto de 1987 y de 22 de enero de 1988, las autoridades francesas informaron a la Comisión acerca de la evolución de la normativa en los territorios de ultramar. De ello se deduce que, en aquel momento, dicha normativa todavía no se había modificado por lo que se refiere a los veterinarios en Nueva Caledonia y a las cinco profesiones de que se trata en la Polinesia francesa. Al no haber recibido posteriormente ninguna información sobre la situación de dicha normativa, la Comisión interpuso el presente recurso, que sólo se refiere a los dos territorios antes mencionados.
Para una más amplia exposición de los hechos, así como de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
El Gobierno francés no discute el incumplimiento pero alega que el retraso en la adaptación del Derecho nacional al Derecho comunitario se debe a la especificidad de la organización territorial en los territorios de ultramar así como al hecho de que este asunto afecta a las competencias respectivas de los poderes centrales y locales.
A este respecto, es jurisprudencia reiterada que un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas o situaciones de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos que establecen las normas comunitarias (sentencia de 3 de octubre de 1984, Comisión contra República Italiana,
254/83, Rec. 1984, p. 3395
).
El Gobierno francés hace constar también la adopción en Nueva Caledonia de una resolución del Congreso del territorio de Nueva Caledonia y sus dependencias, que extendió a todos los nacionales de los Estados miembros de la Comunidad Europea, que estén en posesión del diploma francés exigido en la materia, la facultad de establecerse y prestar servicios de medicina y cirugía veterinaria.
Sin embargo, esta medida se adoptó tras la interposición del recurso. A este respecto, hay que recordar que el objeto de un recurso interpuesto con arreglo al artículo 169 viene determinado por el dictamen de la Comisión y que, aun cuando el incumplimiento haya cesado con posterioridad al plazo señalado conforme al párrafo segundo del mismo artículo, subsiste un interés legítimo en el ejercicio de la acción para sentar las bases de la responsabilidad en que pueda haber incurrido un Estado miembro como consecuencia de su incumplimiento, en relación con otros Estados miembros, la Comunidad o los particulares.
De lo anteriormente expuesto se deduce que, al no haber adoptado las medidas necesarias para permitir a los nacionales de otro Estado miembro que estén en posesión del diploma francés exigido en la materia, establecerse o prestar servicios en calidad de médico, enfermero responsable de cuidados generales, matrona, odontólogo y veterinario en el territorio de Ultramar de la Polinesia francesa y al no haber adoptado en los plazos señalados las disposiciones necesarias relativas a la profesión de veterinario en Nueva Caledonia y sus dependencias, la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 137 de la Decisión 80/1186 del Consejo, de 16 de diciembre de 1980, y del artículo 176 de la Decisión 86/283 del Consejo, de 30 de junio de 1986, relativas a la asociación de los países y territorios de ultramar a la Comunidad Económica Europea.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados, en lo fundamental, los motivos formulados por la República Francesa, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide :

1)
Declarar que, al no haber adoptado las medidas necesarias para permitir a los nacionales de otro Estado miembro que estén en posesión del diploma francés exigido en la materia, establecerse o prestar servicios en calidad de médico, enfermero responsable de cuidados generales, matrona, odontólogo y veterinario en el territorio de ultramar de la Polinesia francesa y al no haber adoptado en los plazos señalados las disposiciones necesarias relativas a la profesión de veterinario en Nueva Caledonia y sus dependencias, la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 137 de la Decisión 80/1186/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1980, y del artículo 176 de la Decisión 86/283/CEE del Consejo, de 30 de junio de 1986, relativas a la asociación de los países y territorios de ultramar a la Comunidad Económica Europea.

2)
Condenar en costas a la República Francesa.

Mancini
O'Higgins
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Slynn
Joliét
Grévisse
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de diciembre de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente en funciones
G.F. Mancini
Presidente de Sala
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.