CELEX: 62005CJ0239
Marcas
Directiva 89/104/CEE
Solicitud de registro de una marca para un conjunto de productos y servicios
Examen del signo por la autoridad competente
Consideración de todos los hechos y circunstancias pertinentes
Competencia del órgano jurisdiccional nacional que conoce de un recurso

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre
de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO
1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).
Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre BVBA Management, Training en Consultancy (en lo sucesivo, «MT & C»)
y la Benelux Merkenbureau (Oficina de Marcas del Benelux; en lo sucesivo, «BMB») debido a la negativa de ésta a registrar
como marca para diversos productos y servicios del signo denominativo «The Kitchen Company», solicitado por MT & C.

Marco jurídico

Normativa comunitaria
Según su primer considerando, la Directiva tiene por objeto la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
las marcas, a fin de suprimir las disparidades existentes que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías
como la libre prestación de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común.
No obstante, como se desprende del tercer considerando de la Directiva, su objetivo no es la aproximación total de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de marcas, sino que se limita a aproximar las disposiciones nacionales que tengan mayor
incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior.
El quinto considerando de la Directiva señala que los Estados miembros se reservan total libertad para establecer las disposiciones
de procedimiento relativas al registro de las marcas y que les compete, en particular, determinar la forma del procedimiento
de registro.
El séptimo considerando de la Directiva precisa que la realización de los objetivos perseguidos por la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre las marcas supone que la adquisición y la conservación del derecho sobre la marca
registrada estén en principio sujetas, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones y que las causas de denegación
de registro o de nulidad relativas a la propia marca, por ejemplo, la ausencia de carácter distintivo, deban ser enumeradas
de manera taxativa.
El artículo 3 de la Directiva, con la rúbrica «Causas de denegación o de nulidad», dispone:
«1.      Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:
[…]
b)      las marcas que carezcan de carácter distintivo;
c)      las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie,
la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación
del servicio u otras características de los mismos;
[…]
3.      No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d)
del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido
un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el
carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro.
[...]»
El artículo 13 de la Directiva, con la rúbrica «Causas de denegación, caducidad o nulidad relativas sólo a parte de los productos
o servicios», establece:
«Cuando la causa de la denegación del registro o de la caducidad o de la nulidad de una marca sólo exista para parte de los
productos o servicios para los que la marca haya sido solicitada o registrada, la denegación del registro o la caducidad o
la nulidad sólo se extenderá a los productos o servicios de que se trate.»

Normativa nacional
La Ley Uniforme Benelux sobre marcas fue modificada, con efecto a 1 de enero de 1996, en virtud del Protocolo de 2 de diciembre
de 1992 sobre modificación de dicha Ley
(Belgisch Staatsblad
de 12 de marzo de 1996, p. 5317; en lo sucesivo, «LUB»), con el fin de adaptar el ordenamiento jurídico de los tres Estados
miembros del Benelux a la Directiva.
El artículo 1 de la LUB establece:
«Se considerarán marcas individuales las denominaciones, dibujos, impresiones, sellos, letras, cifras, formas de los productos
o de su presentación y cualesquiera otros signos que sirvan para distinguir los productos de una empresa.
[…]»
El artículo 6
bis
de la LUB dispone:
«1.      La Oficina de Marcas del Benelux denegará el registro de una marca cuando estime que:
a)      el signo cuyo registro se solicita no constituye una marca en el sentido del artículo 1, en particular, por carecer de todo
carácter distintivo, según lo previsto en el artículo 6
quinquies,
B, apartado 2, del Convenio de París;
[…]
2.      La denegación del registro debe referirse al signo constitutivo de la marca en su totalidad. Podrá limitarse a uno o varios
de los productos a los que la marca está destinada.
3.      La Oficina del Benelux informará al solicitante, sin dilación y mediante escrito motivado, de su intención de denegar total
o parcialmente el registro, y le permitirá presentar alegaciones al respecto dentro de un plazo que se determinará reglamentariamente.
4.      Si no se subsanan en el plazo previsto los defectos contrarios al registro apreciados por la Oficina del Benelux se denegará
total o parcialmente la solicitud de registro. La Oficina del Benelux notificará la denegación al solicitante a la mayor brevedad
y mediante escrito motivado, indicando la posibilidad de interponer contra dicha decisión el recurso contemplado en el artículo
6
ter
.
[...]»
A tenor del artículo 6
ter
de la LUB:
«En los dos meses siguientes a la notificación a que se refiere el artículo 6
bis,
[apartado 4], el solicitante del registro podrá presentar una demanda ante el Hof van beroep te Brussel, el Gerechtshof te
‘s-Gravenhage o la Cour d’appel de Luxembourg al objeto de que se ordene el registro de la marca […].»
Por último, en el procedimiento de registro de marcas de productos o de servicios, la BBM sigue la clasificación de productos
y servicios establecida por el Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, relativo a la Clasificación Internacional de Productos
y Servicios para el Registro de las Marcas, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), del que
son partes los tres Estados del Benelux.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales
El 7 de abril de 2000, MT & C, demandante en el procedimiento principal, presentó ante la BMB una solicitud de registro del
signo denominativo «The Kitchen Company» como marca para determinados productos de las clases 11, 20 y 21, así como para algunos
servicios comprendidos en las clases 37 y 42, según lo previsto en el Arreglo de Niza.
Se indicaron los productos y servicios para los cuales se solicitó la protección de la marca respecto a cada una de las clases
mencionadas. En lo que atañe a la clase 21, la solicitud se refería a utensilios de cocina, así como vajilla de mesa y de
cocina de cristal, porcelana, metales no preciosos, materiales sintéticos y loza.
El 24 de abril de 2001, con carácter provisional, y el 25 de febrero de 2002, con carácter definitivo, la BMB notificó su
denegación de registro de la marca denominativa «The Kitchen Company» por carecer de carácter distintivo en el sentido del
artículo 6
bis,
apartado 1, letra a), de la LUB.
De la resolución de remisión se deduce que la BMB no formuló una conclusión por separado respecto a cada uno de los productos
y servicios para los que se había solicitado la protección, sino que decidió, acerca de la protección solicitada en su conjunto,
que el signo objeto de la solicitud de registro carecía de todo carácter distintivo.
MT & C presentó un recurso ante el hof van beroep te Brussel (tribunal de apelación de Bruselas) pidiéndole que anulara la
resolución impugnada y que ordenara a la BMB que registrara la marca, con carácter principal, para todas las clases solicitadas
y, con carácter subsidiario, para las clases con respecto a las que el órgano jurisdiccional remitente considerara que la
marca cuyo registro se solicitó posee carácter distintivo.
El hof van beroep te Brussel confirmó la resolución de la BMB según la cual el signo denominativo «The Kitchen Company» carece
de todo carácter distintivo para el conjunto de los productos y servicios a que se refiere la solicitud de registro, a excepción
de algunos productos de la clase 21.
A este respecto, el hof van beroep te Brussel expone que, entre los productos correspondientes a dicha clase, el carácter
descriptivo de la marca sólo existe para los utensilios de cocina en función de su especie y de su destino. Respecto a los
demás productos, el órgano jurisdiccional remitente considera que la combinación de las palabras «The Kitchen Company» no
evoca el destino de los productos en la percepción del consumidor medio de forma espontáneamente refleja. En consecuencia,
contrariamente a la opinión de la BMB, dicho tribunal considera que, a falta de carácter descriptivo de la marca y en la medida
en que la BMB no planteó ninguna otra causa de denegación de registro ni se discutió tal otra causa ante dicha Oficina, la
referida marca tiene carácter distintivo con respecto a los productos de que se trata.
Sin embargo, remitiéndose a la sentencia del Tribunal de Justicia del Benelux de 15 de diciembre de 2003, BMB c. Vlaamse Toeristenbond
(asunto A 2002/2), la BMB sostiene ante el órgano jurisdiccional remitente que éste no puede examinar la pretensión de MT & C
formulada con carácter subsidario, ya que ésta no solicitó ningún registro limitado a determinados productos ni en su solicitud
inicial ni en su reclamación ante la BMB, y que dicho órgano jurisdiccional no puede conocer de ninguna pretensión que transcienda
al ámbito de la resolución de la BMB o que no se haya formulado ante ésta.
El hof van beroep te Brussel considera, en particular, que de la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2004,
Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, Rec. p. I‑1619), se deriva que la autoridad competente debe examinar la solicitud de
registro con respecto a cada uno de los productos y servicios para los cuales se solicita la protección, y que dicha autoridad
puede llegar a conclusiones distintas según los productos o servicios considerados. El órgano jurisdiccional remitente estima
que de ello debería desprenderse lógicamente que, en tal caso, la referida autoridad debe hacer constar esas conclusiones
en la resolución denegatoria provisional y, en su caso, en la resolución definitiva.
El órgano jurisdiccional remitente señala asimismo que no se descarta que los hechos y circunstancias pertinentes cambien
entre el momento en que la autoridad competente dicta su resolución y aquel en el que el órgano jurisdiccional se pronuncia
sobre el recurso promovido contra esa resolución.
Ahora bien, el hof van Beroep te Brussel considera que, en un marco legislativo como el establecido por los artículos 6
bis
y 6
ter
de la LUB, una práctica consistente en que la autoridad competente decida, como en el asunto principal, que el signo para
el que se solicita el registro carece de todo carácter distintivo para el conjunto de la protección solicitada, sin formular
ninguna conclusión por separado para cada uno de los productos y servicios, puede bastar para impedir que el órgano jurisdiccional
que conoce de un recurso contra tal resolución tenga en cuenta todos los hechos y circunstancias pertinentes. En efecto, la
falta de causa de denegación respecto a uno de los productos mencionados en la solicitud de registro, pero no respecto a los
demás, puede constituir un hecho pertinente para la apreciación de esa solicitud. Sin embargo, a falta de conclusión final
expresada respecto a cada producto o servicio por separado, dicho órgano jurisdiccional no puede ejercer plenamente su control
cuando la normativa nacional le obliga a pronunciarse únicamente sobre cuestiones que hubieran sido planteadas a la autoridad
competente y que estuvieran comprendidas en la resolución de dicha autoridad.
En estas circunstancias, el hof van beroep te Brussel decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Debe la autoridad competente en materia de marcas, tras haber examinado todos los hechos y circunstancias pertinentes acerca
de la existencia de una causa de denegación absoluta, indicar, en su resolución provisional y en su resolución definitiva
sobre [la solicitud de registro de una marca], la conclusión a que llega de forma separada respecto a cada uno de los productos
y servicios para los cuales se solicita la protección de la marca?
2)      Los hechos y circunstancias pertinentes que el órgano jurisdiccional debe tomar en consideración en caso de recurso contra
la resolución de la autoridad competente en materia de marcas, ¿pueden ser diferentes como consecuencia del tiempo transcurrido
entre las dos […] resoluciones o dicho órgano jurisdiccional debe únicamente tomar en consideración los hechos y circunstancias
existentes en el momento en que la autoridad competente en materia de marcas tomó su decisión?
3)      ¿Se opone la interpretación dada por el Tribunal de Justicia [...] en la sentencia [Koninklijke KPN Nederland] a que se interpreten
las normas nacionales que regulan la competencia de [dicho] órgano jurisdiccional en el sentido de que le impiden tener en
cuenta hechos y circunstancias pertinentes que se hayan modificado o pronunciarse sobre el carácter distintivo de la marca
para cada uno de los productos y servicios en [particular]?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre la primera cuestión
Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide, esencialmente, que se dilucide si la Directiva debe
interpretarse en el sentido de que la autoridad competente, cuando deniega el registro de una marca, está obligada a indicar
en su resolución la conclusión a la que llega de forma separada respecto a cada uno de los productos y servicios a los que
se refiere la solicitud de registro, independientemente de la manera como se haya formulado dicha solicitud.
Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia
A juicio de la BMB, el hecho de que la existencia de una causa de denegación deba apreciarse con respecto a los productos
o servicios para los que se solicita el registro de la marca no siempre obliga a indicar de forma separada para cada producto
o servicio mencionado en la solicitud la razón por la que el registro debe denegarse o no.
El Gobierno alemán sostiene, en cambio, que la autoridad competente, en principio, debe indicar en su resolución la conclusión
a la que llega de forma separada para cada uno de los productos y de los servicios para los cuales se solicita la protección
de la marca. No obstante, dicha autoridad podría abstenerse de indicar esa conclusión, en particular, con respecto a cada
uno de dichos productos y servicios, en la medida en que fuera posible agrupar algunos de ellos en relación con los cuales
debiera apreciarse de forma idéntica la aptitud del signo cuya protección se solicita.
Según la Comisión de las Comunidades Europeas, la autoridad competente debe motivar su decisión de denegar el registro de
una marca respecto a todos los productos y servicios para los que se solicita tal registro. Precisa que, no obstante, dicha
autoridad puede limitarse a una motivación general si considera que ésta es pertinente para todos los productos y servicios
afectados.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Debe recordarse, en primer lugar, que el examen de las causas de denegación enumeradas concretamente en el artículo 3 de la
Directiva, que se efectúa en el momento de la solicitud de registro, ha de ser estricto y completo para evitar que se registren
marcas de manera indebida (sentencia Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 123 y la jurisprudencia citada).
Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que, dado que el registro de una marca se solicita siempre en relación con productos
o servicios que se mencionan en la solicitud de registro, la cuestión de si la marca incurre o no en alguna de las causas
de denegación de registro enumeradas en el artículo 3 de la Directiva debe apreciarse
in concreto
en relación con dichos productos o servicios (sentencia Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 33).
El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que, cuando se solicita el registro de una marca para diversos productos o servicios,
la autoridad competente debe comprobar que la marca no incurre en ninguna de las causas de denegación de registro enumeradas
en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva con respecto a cada uno de tales productos o servicios y puede llegar a conclusiones
diferentes según los productos o servicios considerados (sentencia Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 73).
Por otra parte, el artículo 13 de la Directiva establece que, cuando una causa de denegación de registro de una marca sólo
existe para una parte de los productos o servicios para los que esa marca haya sido solicitada, la denegación del registro
sólo debe extenderse a los productos o servicios de que se trate.
De ello se deduce, por una parte, que el examen de las causas de denegación establecidas en el artículo 3 de la Directiva
debe referirse a cada uno de los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca y, por otra, que la
resolución mediante la cual la autoridad competente deniega el registro de una marca, en principio, debe estar motivada con
respecto a cada uno de dichos productos o servicios.
Esta conclusión no puede cuestionarse cuando el registro de la marca de que se trate para clases concretas de productos o
servicios o para productos o servicios considerados por separado no sea objeto con carácter subsidiario de la solicitud presentada
ante la autoridad competente para un conjunto de productos o de servicios.
La obligación de que la autoridad competente motive la denegación de registro de una marca con respecto a cada uno de los
productos o de los servicios para los que se solicita ese registro se deduce igualmente de la exigencia esencial de que toda
decisión de una autoridad nacional por la que se deniegue el ejercicio de un derecho reconocido por el Derecho comunitario
pueda someterse a un control judicial destinado a garantizar la protección efectiva de ese derecho y que, por ello, debe afectar
a la legalidad de los motivos (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de octubre de 1987, Heylens y otros, 222/86, Rec.
p. 4097, apartados 14 y 15).
Sin embargo, cuando se hace valer la misma causa de denegación para una categoría o un grupo de productos o servicios, la
autoridad competente puede limitarse a una motivación global para todos los productos o servicios de que se trate.
Teniendo en cuenta todas las consideraciones que anteceden, procede responder a la primera cuestión que la Directiva debe
interpretarse en el sentido de que la autoridad competente, cuando deniega el registro de una marca, está obligada a indicar
en su resolución la conclusión a la que llega respecto a cada uno de los productos y servicios a los que se refiere la solicitud
de registro, independientemente de la manera como se haya formulado dicha solicitud. Sin embargo, cuando se hace valer la
misma causa de denegación para una categoría o un grupo de productos o servicios, la autoridad competente puede limitarse
a una motivación global para todos los productos o servicios de que se trate.

Sobre la segunda parte de la tercera cuestión
Mediante la segunda parte de la tercera cuestión, que debe examinarse a continuación, el órgano jurisdiccional remitente pide,
esencialmente, que se dilucide si la Directiva debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que
impide que el órgano jurisdiccional que conoce de un recurso contra una resolución de la autoridad competente se pronuncie
sobre el carácter distintivo de la marca para cada uno de los productos y servicios aisladamente considerado.
Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia
La BMB alega que esta cuestión, en la medida en que se refiere a la competencia del órgano jurisdiccional para pronunciarse
sobre el carácter distintivo de la marca «para cada uno de los productos y servicios en [particular]», se confunde con la
primera y debe recibir la misma respuesta. Señala que, por otra parte, la segunda parte de la tercera cuestión carece de fundamento
en la medida en que evoca una posible contradicción entre la sentencia Koninklijke KPN Nederland, antes citada, y la interpretación
de las «normas que regulan la competencia del órgano jurisdiccional [en caso de recurso contra la resolución de la autoridad
nacional]». Puntualiza que, en efecto, de dicha sentencia se desprende que los límites de la competencia de los órganos jurisdiccionales
nacionales se establecen mediante normas de Derecho interno.
El Gobierno alemán sostiene, por el contrario, que la limitación del control judicial mediante normas nacionales queda excluida
en lo tocante a la apreciación del carácter distintivo de la marca realizada individualmente por cada producto o servicio.
Observa que la Directiva, tal como ha sido interpretada por la sentencia Koninklijke KPN Nederland, antes citada, proporciona,
sobre el particular, a las autoridades competentes indicaciones obligatorias para sus decisiones. Según dicho Gobierno, los
órganos jurisdiccionales que, con arreglo a su ordenamiento jurídico interno únicamente tienen que comprobar la conformidad
a Derecho de tales decisiones, pueden y deben pronunciarse también en relación con los productos y los servicios, es decir,
sobre cada una de las clases de forma separada. Dicho Gobierno agrega, no obstante, que la autoridad competente puede abstenerse
de una indicación separada para cada producto o servicio cuando es posible formular una conclusión sintética para los productos
y servicios con respecto a los cuales la aptitud del signo cuya protección se recaba debe apreciarse de idéntica manera.
Para la Comisión, la Directiva no se opone a que las normas nacionales que regulan la competencia del órgano jurisdiccional
que conoce de un recurso contra la resolución de la autoridad competente se interpreten en el sentido de que, si el solicitante
del registro de la marca no ha presentado ninguna solicitud de registro, con carácter subsidiario, para los productos y servicios
respecto a los cuales esa autoridad, en principio, no invoca ninguna causa de denegación, impiden que dicho órgano jurisdiccional
ordene a la referida autoridad registrar la marca para una parte de los productos o de los servicios. Según la Comisión, la
LUB se ajusta a la Directiva, en particular, a los artículos 3 y 13, la cual confiere a los Estados miembros una gran libertad
para la elaboración de procedimientos internos en materia de marcas.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar, procede recordar que, como se desprende de su tercer considerando, la Directiva no procede a una
aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, sino que se limita a aproximar las disposiciones
nacionales que tienen mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior.
Además, a tenor de su quinto considerando, dicha Directiva deja total libertad a los Estados miembros para establecer las
disposiciones de procedimiento relativas, entre otras cosas, al registro de las marcas, en particular, en cuanto a las formalidades
del procedimiento de registro.
Según reiterada jurisprudencia, a falta de normativa comunitaria sobre un aspecto concreto de una materia comprendida en el
ámbito de aplicación del Derecho comunitario, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro configurar
la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho comunitario
confiere a los justiciables, dicha regulación procesal no puede ser menos favorable que la referente a recursos semejantes
de naturaleza interna (principio de equivalencia), ni hacer prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de
los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad) (véase, en este sentido, la sentencia
de 6 de diciembre de 2001, Clean Car Autoservice, C‑472/99, Rec. p. I‑9687, apartado 28 y la jurisprudencia citada).
Pues bien, en relación con una normativa nacional como la controvertida en el asunto principal, que impide que el órgano jurisdiccional
que conoce de un recurso contra una resolución de la autoridad competente se pronuncie sobre el carácter distintivo de la
marca por separado para cada uno de los productos y servicios mencionados en la solicitud de registro de esa marca, en el
caso de que ni esta solicitud ni la resolución de dicha autoridad se refiera a categorías de productos o servicios o a productos
o servicios considerados individualmente, no puede considerarse que tal limitación de las competencias judiciales sea contraria
al principio de efectividad, dado que, en particular, posteriormente a una sentencia que sea plena o parcialmente desfavorable,
el interesado podría presentar una nueva solicitud de registro de la marca. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional
remitente comprobar si se observan dichos principios de equivalencia y de efectividad.
Asimismo, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el órgano jurisdiccional que conozca de un recurso
contra una decisión por la que se resuelve una solicitud de registro de una marca debe igualmente tomar en consideración todos
los hechos y circunstancias relevantes dentro de los límites del ejercicio de sus competencias, tal y como se definen en la
normativa nacional aplicable (véase, en este sentido, la sentencia Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 36).
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores procede responder a la segunda parte de la tercera cuestión que la Directiva
debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que impide que el órgano jurisdiccional que conoce
de un recurso contra una resolución de la autoridad competente se pronuncie sobre el carácter distintivo de la marca por separado
para cada uno de los productos y servicios mencionados en la solicitud de registro, siempre que ni esta resolución ni dicha
solicitud se refieran a categorías de productos o servicios o a productos o servicios considerados separadamente.

Sobre la segunda cuestión y la primera parte de la tercera cuestión
Mediante su segunda cuestión y la primera parte de su tercera cuestión, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional
remitente pide, esencialmente, que se dilucide si la Directiva debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa
nacional que impide que el órgano jurisdiccional que conoce de un recurso contra una resolución de la autoridad competente
tenga en cuenta hechos y circunstancias posteriores a la fecha de adopción de dicha resolución.
Sobre la admisibilidad
En sus observaciones, la BMB propone, con carácter principal, una excepción de inadmisibilidad con respecto a dichas cuestiones.
Sostiene que estas se basan en la idea de que los «hechos y circunstancias pertinentes» que deben tomarse en consideración
son distintos en función del tiempo transcurrido entre la resolución adoptada por la BMB y la del órgano jurisdiccional que
conoce de un recurso contra esa resolución. No obstante, de la resolución de remisión no se deduce en absoluto que efectivamente
se haya producido tal cambio. A su juicio, por lo tanto, dichas cuestiones son meramente teóricas o hipotéticas y, en consecuencia,
inadmisibles.
A este respecto, debe recordarse que, de conformidad con reiterada jurisprudencia, en el marco de la cooperación entre el
Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida por el artículo 234 CE, corresponde exclusivamente
al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional
que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial
para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. No obstante, el Tribunal
de Justicia no puede pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulta
evidente, en particular, que la interpretación del Derecho comunitario solicitada por el órgano jurisdiccional nacional no
tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal o cuando el problema es de naturaleza hipotética
(véase, en este sentido, la sentencia de 25 de octubre de 2005, Schulte, C‑350/03, Rec. p. I‑9215, apartado 43 y la jurisprudencia
citada).
No es así en lo tocante a las presentes cuestiones. En efecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que, debiendo pronunciarse
sobre un recurso contra la resolución de la autoridad competente, es posible que, en las circunstancias del asunto principal,
la normativa nacional le impida tener en cuenta todos los hechos y circunstancias pertinentes. Observa que un hecho pertinente
en el examen de la solicitud de registro podría ser que no existe ninguna causa de denegación con respecto a algunos de los
productos mencionados en dicha solicitud, mientras que sí existe para otros.
En estas circunstancias, resulta patente que la segunda cuestión y la primera parte de la tercera cuestión no son de carácter
teórico ni hipotético y que, por lo tanto, procede su admisión.
Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia
La BMB sostiene que el artículo 3 de la Directiva no puede ofrecer ninguna respuesta a la segunda cuestión.
Basándose en la sentencia Koninklijke KPN Nederland, antes citada, así como en el artículo 3, apartado 3, segunda frase, de
la Directiva, el Gobierno alemán sostiene que la cuestión de la limitación de la toma en consideración de hechos y circunstancias,
que sólo se producen o se manifiestan una vez adoptada la resolución de la autoridad competente relativa a la solicitud de
registro de una marca, es competencia de los Estados miembros.
La Comisión suscribe esta opinión y agrega que las normas de Derecho nacional, que impiden que un juez declare la ilegalidad
de una resolución de la autoridad competente sobre la base de hechos y circunstancias posteriores a esa resolución, deben
respetar los principios de equivalencia y de efectividad.
Apreciación del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia ya ha declarado, por una parte, que la autoridad competente debe tomar en consideración todos los
hechos y circunstancias relevantes antes de adoptar una decisión definitiva sobre una solicitud de registro de una marca y,
por otra, que el órgano jurisdiccional que conoce de un recurso contra tal decisión debe asimismo tomar en consideración todos
los hechos y circunstancias relevantes dentro de los límites del ejercicio de sus competencias, tal y como se definen en la
normativa nacional aplicable (véase, en este sentido, la sentencia Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 36).
En tales litigios, como indica acertadamente la Comisión, el juez nacional debe controlar la legalidad de una determinada
decisión de la autoridad competente. Pues bien, esa decisión sólo habrá podido adoptarse en función de hechos y circunstancias
que dicha autoridad podía conocer en el momento en que se pronunció.
Por consiguiente, procede concluir que un ordenamiento jurídico nacional puede impedir que un órgano jurisdiccional que conoce
de un recurso contra una resolución de la autoridad competente tome en consideración los hechos y circunstancias posteriores
a esa resolución para apreciar su legalidad.
Atendidas las consideraciones que preceden, procede responder a la segunda cuestión y a la primera parte de la tercera cuestión
que la Directiva debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que impide que el órgano jurisdiccional
que conoce de un recurso contra una resolución de la autoridad competente tenga en cuenta hechos y circunstancias posteriores
a la fecha de adopción de dicha resolución.

Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
La Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de marcas debe interpretarse en el sentido de que:
–
la autoridad competente, cuando deniega el registro de una marca está obligada a indicar en su resolución la conclusión a
la que llega respecto a cada uno de los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro, independientemente
de la manera como se haya formulado dicha solicitud. No obstante, cuando se hace valer la misma causa de denegación para una
categoría o un grupo de productos o servicios, la autoridad competente puede limitarse a una motivación global para todos
los productos o servicios de que se trate;
–
no se opone a una normativa nacional que impide que el órgano jurisdiccional que conoce de un recurso contra una resolución
de la autoridad competente se pronuncie sobre el carácter distintivo de la marca por separado para cada uno de los productos
y servicios mencionados en la solicitud de registro, siempre que ni esta resolución ni dicha solicitud se refieran a categorías
de productos o servicios o a productos o servicios considerados separadamente;
–
no se opone a una normativa nacional que impide que el órgano jurisdiccional que conoce de un recurso contra una resolución
de la autoridad competente tenga en cuenta hechos y circunstancias posteriores a la fecha de adopción de dicha resolución.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: neerlandés.