CELEX: 61989CJ0100
Derecho de residencia y de establecimiento
Países y territorios de ultramar
Artículo 177
Competencia del Tribunal de Justicia

Mediante dos resoluciones de fecha 21 de marzo de 1989, recibidas en el Tribunal de Justicia el 29 de marzo siguiente, el Tribunal administratif de Papeete planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 176 de la Decisión 86/283/CEE del Consejo, de 30 de junio de 1986, relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar a la Comunidad Económica Europea (
DO L 175, p. 1
), en relación con el apartado 5 del artículo 132 y el artículo 135 del Tratado CEE.
Esta cuestión, que es idéntica en ambos asuntos, se suscitó en el marco de dos litigios cuyo objeto son dos decisiones mediante las cuales el Alto Comisario de la República Francesa en Polinesia, de un lado, denegó una autorización de residencia al Sr. Peter Kaefer, turista de nacionalidad alemana, y, de otro, ordenó la expulsión del citado territorio del Sr. Andrea Procacci, en posesión de pasaporte suizo, pero que alega la nacionalidad italiana.
La primera decisión, relativa al Sr. Kaefer, se basa en la norma jurídica francesa conforme a la cual «un visado emitido con fines turísticos no puede transformarse
in situ
en una autorización de residencia»; la segunda decisión se basa en la situación irregular del Sr. Procacci, con respecto al Decreto francés de 27 de abril de 1939, en cuanto permaneció en el territorio de la Polinesia francesa, después de caducar el visado turístico que poseía, carecía de billete para volver a su patria y desempeñaba una actividad retribuida.
Los afectados interpusieron ante el Tribunal administratif de Papeete un recurso de anulación contra cada una de las dos decisiones, afirmando que tanto la una como la otra habían sido adoptadas vulnerando lo dispuesto en el artículo 176 de la citada Decisión del Consejo. Al considerar que los litigios presentaban dificultades de interpretación del Derecho comunitario, el Tribunal administratif de Papeete suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia la misma cuestión prejudicial con objeto de dilucidar:
«¿Por una parte, teniendo en cuenta principalmente lo dispuesto en los artículos 132, apartado 5, y 135 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, de 25 de marzo de 1957, si debe considerarse que en el ámbito de aplicación de las disposiciones de la Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas de 30 de junio de 1986, se incluyen las decisiones de cualquier naturaleza que puedan adoptar, en materia de entrada y de residencia en el territorio de la Polinesia francesa de extranjeros nacionales de Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, las autoridades del Estado, que son las únicas competentes y, por otra parte y en caso afirmativo, si la naturaleza, el sistema y los términos de las disposiciones o estipulaciones de que se trata pueden producir efectos directos en las relaciones entre los destinatarios del acto y los terceros?»
Para una más amplia exposición de los hechos de los litigios principales, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas al Tribunal de Justicia, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Competencia del Tribunal de Justicia
El Gobierno del Reino Unido propone al Tribunal de Justicia que se declare incompetente por cuanto el Tribunal administratif de Papeete no es un órgano jurisdiccional «de uno de los Estados miembros», en el sentido del artículo 177 del Tratado CEE.
Por otra parte, a juicio del Gobierno británico, la cuarta parte del Tratado CEE constituye una
lex specialis
aplicable a los países y territorios de ultramar, con exclusión de las demás disposiciones del Tratado, entre las cuales se halla, especialmente, el artículo 177. Esta interpretación viene exigida tanto por los artículos 131 a 136
bis
del Tratado como por la distinción entre los departamentos de ultramar y los países y territorios de ultramar que establecen los apartados 2 y 3 del artículo 227.
A este respecto, basta con afirmar, en primer lugar, que no se discute que el Tribunal administratif de Papeete sea un órgano jurisdiccional francés.
Procede manifestar, en segundo lugar, que la cuarta parte del Tratado CEE, de la cual forma parte el artículo 136, otorga competencia a las instituciones comunitarias y, en especial, al Consejo, para dictar disposiciones relativas a los países y territorios de ultramar, basándose en los principios establecidos en el Tratado, y que la Decisión 86/283 del Consejo constituye una disposición de esta índole.
Procede, pues, declarar que este Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse acerca de la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal administratif de Papeete.
Cuestión planteada por el Tribunal
Esta cuestión consta de dos partes relativas, respectivamente, al extremo de si las decisiones de toda índole adoptadas por las autoridades competentes en materia de entrada y residencia, en un país o territorio de ultramar, de los ciudadanos nacionales de los Estados miembros de la Comunidad se hallan comprendidas dentro del ámbito de aplicación del artículo 176 de la Decisión 86/283 del Consejo, y, en caso afirmativo, si la naturaleza, el sistema y los términos de las citadas disposiciones pueden producir efectos directos.
Ambito de aplicación del artículo 176
En lo relativo a la primera parte de la cuestión, es preciso recordar que, a tenor del artículo 176 de la Decisión:
«En lo que se refiere al régimen aplicable en materia de establecimiento y de servicios, las autoridades competentes de los países y territorios concederán un trato no discriminatorio a los nacionales y sociedades de los Estados miembros. No obstante, cuando, para una actividad determinada, un Estado miembro no esté en condiciones de garantizar tal trato a nacionales o sociedades de la República Francesa, del Reino de Dinamarca, del Reino de los Países Bajos o del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte establecidos en un país o territorio, así como a las sociedades sujetas a la legislación del país o territorio de que se trate establecidas en el mismo, la autoridad competente de dicho país o territorio no estará obligada a conceder tal trato.»
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta ajena, resulta del artículo 135 del Tratado que la libre circulación de los trabajadores de los países y territorios de ultramar de los Estados miembros, así como de los trabajadores de los Estados miembros en los países y territorios de ultramar, debía regularse mediante convenios. Sin embargo, dado que en esta materia no se concluyó ningún convenio, los nacionales de los Estados miembros no pueden fundarse en el Derecho comunitario para pretender el derecho de entrada y residencia en un país o territorio de ultramar a fin de acceder a un empleo por cuenta ajena y ejercerlo allí.
Es obvio que el artículo 176 de la Decisión 86/283 tan sólo contempla el derecho de entrada y residencia en la medida en que está vinculado al derecho de establecimiento y de prestación de los servicios, no contemplando el derecho de entrada y de residencia en general. A la luz de esta matización debe analizarse la cuestión planteada por el tribunal de Papeete.
Es patente que el ejercicio del derecho de establecimiento y de prestación de servicios en los países y territorios de ultramar supone necesariamente el derecho de entrada y de residencia.
Este derecho de establecimiento y de prestación de servicios se halla regulado, con arreglo a las disposiciones especiales adoptadas con arreglo al artículo 136 del Tratado CEE, por el artículo 176 de la Decisión 86/283, por el cual las autoridades competentes de los países y territorios de ultramar concederán un trato no discriminatorio a los nacionales y sociedades de los Estados miembros, bajo reserva de reciprocidad.
De esta forma, cuando, en un país o territorio de ultramar de un Estado miembro, el acceso de los nacionales de este Estado miembro, no originarios del citado país o territorio, al ejercicio de determinadas actividades profesionales por cuenta propia está sujeto a algunas restricciones, como es la expedición de una previa autorización de establecimiento, las citadas restricciones también son aplicables a los nacionales de los demás Estados miembros.
Por otra parte, es preciso afirmar que la Directiva 73/148/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1973, relativa a la supresión de las restricciones al desplazamiento y a la estancia, dentro de la Comunidad, de los nacionales de los Estados miembros en materia de establecimiento y de prestación de servicios (
DO L 172, p. 14
; EE 06/01, p. 132) no es de aplicación en los países y territorios de ultramar, sujetos al régimen especial establecido por la Decisión 86/283.
Por consiguiente, el régimen aplicable en materia de establecimiento y de prestación de servicios en los países y territorios de ultramar, que comprende el derecho de entrada y residencia que es requisito necesario del mismo, debe aplicarse sin discriminación únicamente a los nacionales de los Estados miembros que ejercen o tratan de ejercer efectivamente una actividad profesional por cuenta propia en las mismas condiciones que las que se aplican a los nacionales del Estado miembro del que depende el país o territorio de ultramar en cuestión, pero bajo reserva de la reciprocidad prevista en el ya citado artículo 176. Por el contrario, dicho régimen no abarca la entrada ni la residencia en los citados países y territorios de otros nacionales de los Estados miembros que no ejercen ni tratan de ejercer una actividad profesional por cuenta propia.
Procede, pues, responder a la primera parte de la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional declarando que el ámbito de aplicación del artículo 176 de la Decisión 86/283 del Consejo, de 30 de junio de 1986, relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar a la Comunidad Económica Europea, no abarca las decisiones que adoptan las autoridades competentes de los Estados miembros en materia de entrada y residencia de los nacionales de los demás Estados miembros en un territorio de ultramar, salvo en la medida en que dichas decisiones se refieran a los nacionales de los demás Estados miembros que ejerzan o pretendan ejercer el derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios en el territorio de que se trate.
Cuestión relativa al efecto directo
La segunda parte de la cuestión se refiere al efecto directo del artículo 176 de la Decisión, en la forma en que acaba de ser interpretado.
Tanto los Gobiernos francés y británico como la Comisión afirman que la Decisión 86/283 carece de efecto directo puesto que, a su juicio, no responde a los criterios exigidos a este efecto por la jurisprudencia y que se refieren a los objetivos, a la naturaleza, al sistema y a los términos de las citadas disposiciones.
A juicio del Reino Unido, de la sentencia de 5 de febrero de 1963, Van Gend y Loos (
26/62, Rec. 1963, p. 1
), se deduce que el efecto directo del Derecho comunitario viene exigido por la finalidad del Tratado, que persigue garantizar la integración económica en un mercado común; ahora bien, la finalidad de la cuarta parte del Tratado no es establecer un mercado común ni siquiera contribuir a su establecimiento, sino favorecer los intereses de los habitantes de los citados países o territorios de forma que caminen hacia su desarrollo.
No puede acogerse este argumento. Con posterioridad a la sentencia citada por el Gobierno británico, este Tribunal de Justicia se ha pronunciado en varias ocasiones acerca de cuestiones relativas al posible efecto directo de ciertas estipulaciones de algunos acuerdos celebrados por la Comunidad con terceros países. Por otra parte, con arreglo a reiterada jurisprudencia, las disposiciones de una decisión del Consejo producen efecto directo en las relaciones entre los Estados miembros y sus justiciables, en el sentido de que generan en favor de los particulares derechos que los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a proteger, en la medida en que tales disposiciones impongan a los Estados miembros una obligación incondicional y suficientemente clara y precisa (véase la sentencia de 6 de octubre de 1970, Grad, apartado 9,
9/70, Rec. 1970, p. 825
, y, en cuanto a las Decisiones adoptadas con arreglo a un Acuerdo de asociación, sentencia de 20 de septiembre de 1990, Sevince,
C-192/89, Rec. 1990, p. I-3461
).
A este respecto, tanto el Gobierno francés como la Comisión alegan que el artículo 176 de la Decisión sólo establece una obligación condicional de resultado, ya que incluye una cláusula de reciprocidad. Por consiguiente, a juicio de la Comisión, esta disposición deja a cada Estado miembro la facultad de determinar, para cada actividad considerada, si se halla en condiciones o no de garantizar el trato no discriminatorio previsto.
Es preciso recordar que una disposición es incondicional cuando no otorga a los Estados miembros ningún margen de apreciación.
Del tenor literal del artículo 176 de la Decisión se deduce que, si se cumple la condición de reciprocidad, esta disposición obliga sin reservas a las autoridades competentes a tratar a los nacionales de los demás Estados miembros de una forma no discriminatoria en cuanto al establecimiento y la prestación de servicios, no concediendo a los Estados miembros ninguna facultad de apreciación. Incumbe a las autoridades competentes y, en su caso, al juez nacional que conozca de un asunto, el decidir si se ha cumplido esta condición de reciprocidad.
Procede, pues, responder a la segunda parte de la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional declarando que la prohibición de discriminación establecida en el artículo 176 de la Decisión 86/283 del Consejo puede invocarse ante las autoridades competentes de un país o de un territorio, por un nacional de un Estado miembro distinto de aquél con el cual dicho país o territorio mantiene relaciones especiales, con el fin de establecerse y prestar servicios en el mismo, siempre que en el interesado concurran los requisitos exigidos a los nacionales no establecidos en dicho país o territorio y se acredite que el Estado miembro del que aquél es nacional concede un trato idéntico a las personas originarias del país o territorio de que se trate.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno francés, por el Gobierno británico y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre la cuestión que le fue planteada por el Tribunal administratif de Papeete, mediante resoluciones de 21 de marzo de 1989, declara:

El ámbito de aplicación del artículo 176 de la Decisión 86/283/CEE del Consejo, de 30 de junio de 1986, relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar a la Comunidad Económica Europea, no abarca las decisiones que adoptan las autoridades competentes de los Estados miembros en materia de entrada y residencia de los nacionales de los demás Estados miembros en un territorio de ultramar, salvo en la medida en que dichas decisiones se refieran a los nacionales de los demás Estados miembros que ejerzan o traten de ejercer el derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios en el territorio de que se trate.

La prohibición de discriminación establecida en el artículo 176 de la Decisión 86/283/CEE del Consejo puede invocarse ante las autoridades competentes de un país o de un territorio, por un nacional de un Estado miembro distinto de aquél con el cual dicho país o territorio mantiene relaciones especiales, con el fin de establecer y prestar servicios en el mismo, siempre que en el interesado concurran los requisitos exigidos a los nacionales no establecidos en dicho país o territorio y se acredite que el Estado miembro del que aquél es nacional concede un trato idéntico a las personas originarias del país o territorio de que se trate.

Mancini
O'Higgins
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Diez de Velasco
Slynn
Kakouris
Joliét
Schockweiler
Grévisse
Zuleeg
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de diciembre de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente en funciones
G. F. Mancini
Presidente de Sala
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.