CELEX: 61985CJ0075
Funcionario
Despido de un funcionario en período de prueba

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 21 de marzo de 1985, el Sr. V. R., antiguo funcionario en período de prueba de las Comunidades Europeas, interpuso un recurso que tiene por objeto fundamentalmente, por una parte, la anulación, tanto de la decisión de la Comisión de 19 de julio de 1984, por la cual ésta le despidió al término del período de prueba, como de la decisión acerca de su reclamación y de todo acto preparatorio y, por otra parte, la concesión de una indemnización de daños y perjuicios por agravio material y moral.
El demandante, licenciado en física y especializado en estadística, superó el concurso general COM/A/313 organizado por la Comisión para establecer una lista de reserva de administradores de los grados A 7 y A 6. La convocatoria del concurso precisaba que las funciones a desempeñar consistían en «la realización, a partir de instrucciones generales, de trabajos de planteamiento, estudio y control de actividades de carácter económico de las Comunidades». De las diversas opciones posibles, el demandante, al presentar su candidatura, eligió las opciones «econometria y estadística» y «macroeconomia, que incluye política monetaria y fiscal».
Mediante el anuncio de vacante COM/305/82, la Comisión declaró vacante un puesto de administrador, grado A 7/6, en el servicio especializado de «Préstamos comunitarios: desarrollo de los instrumentos financieros». El 2 de agosto de 1983, el Sr. R. fue nombrado, con efectos al 15 de julio de 1983, funcionario en período de prueba, grado A 6, en dicho servicio. No obstante, como la Administración había decidido el 1 de agosto de 1983 adscribir dicho empleo, con efectos al mismo día 15 de julio de 1983, a la División de «Proyecciones a medio plazo», el demandante comenzó de hecho su período de prueba en esta División.
El 21 de marzo de 1984, el superior jerárquico competente del demandante presentó el informe de final de período de prueba prescrito por el artículo 34, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios, en el que señalaba sustancialmente que el Sr. R. carecía de aptitud para desempeñar las tareas correspondientes a sus funciones. Esta apreciación se detallaba en los términos de que «el Sr. R. posee, sin ninguna duda, una alta cualificación en estadística matemática y en técnica de análisis de datos», pero que «sin embargo, sus conocimientos en macroeconomia son más limitados y su aptitud para la redacción de informes escritos resulta insuficiente». El informe continuaba mencionando que «las cualificaciones del Sr. R. no le permitiría integrarse de forma suficiente en el marco de las actividades esenciales de la Dirección general, es decir, los estudios de política económica y los correspondientes informes escritos». Por lo tanto, el superior jerárquico recomendó el despido del demandante al término del período de prueba.
En consecuencia, el director general de personal y de administración hizo saber al demandante, mediante nota de 18 de abril de 1984, que, a la vista del informe de final de período de prueba, se veía obligado a decidir su despido, pero que, sin embargo, la Administración estaba dispuesta a ofrecerle otra oportunidad para que probara su capacitación profesional, encargándole, bajo el control de dos tutores, «un análisis comparado de naturaleza estadística» a realizar en un período suplementario de tres meses. Tras manifestar su acuerdo el demandante con esta propuesta, se le comunicó la descripción del estudio solicitado por carta de la Administración de 25 de abril siguiente.
El 10 de julio de 1984, los tutores ya mencionados presentaron sus comentarios sobre el trabajo efectuado. Por una parte, reconocieron que el Sr. R. poseía los conocimientos teóricos necesarios para realizar este tipo de estudio y que había intentado proponer soluciones al problema planteado. Pero, por otra parte, señalaron que el estudio revelaba «falta de espíritu de síntesis, que se refleja en su dificultad para distinguir lo esencial de lo accesorio», así como «falta de perspectiva que le impide reconocer, tras las estadísticas, la significación económica de los fenómenos observados», así como «un empleo excesivo de un lenguaje científico poco comprensible». Teniendo en cuenta estos elementos, los tutores concluyeron en que del trabajo «no se pueden extraer las conclusiones operacionales que podría esperar un usuario».
Mediante decisión de 19 de julio de 1984, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos despidió al demandante con efectos al 31 de agosto de 1984, después de haber considerado los juicios emitidos sobre su aptitud y rendimiento en el informe de final de período prueba y los formulados sobre su estudio al término del período suplementario de prueba. De estas valoraciones resulta que el Sr. R. «no ha acreditado cualidades profesionales suficientes para ser nombrado funcionario titular en el grado correspondiente a su empleo».
Después de haber presentado una reclamación, conforme al artículo 90, apartado 2, del Estatuto, denegada mediante decisión de la Comisión de 13 de diciembre de 1984, el interesado interpuso el presente recurso.
Sobre la solicitud de anulación de la decisión de despido
Sobre la demanda que pretende la anulación de la decisión de despido y de los actos preparatorios y confirmatorios de esta resolución, las alegaciones hechas por el demandante plantean en el fondo tres clases de objeciones: irregularidades en la motivación de los actos impugnados, infracción del artículo 4 del Estatuto y del principio de no discriminación, e infracción del artículo 34 del Estatuto.
En primer lugar, el demandante alega que la motivación de los actos impugnados es contradictoria y está viciada por un error manifiesto. Sostiene que el informe de final de período de prueba, de 21 de marzo de 1984, no precisa de qué conocimientos carece el demandante. Por lo que respecta a la motivación del informe de 10 de julio de 1984, la misma es contradictoria, ya que reprocha al demandante falta de poder de síntesis, cuando la tarea que se le confió era la de realizar un análisis y no una síntesis del problema planteado. Además, este último informe señala, equivocadamente, el empleo excesivo de un lenguaje científico en la redacción del estudio realizado. En apoyo de estos argumentos, el demandante ha presentado dos evaluaciones de su trabajo redactadas por profesores universitarios. Además, solicita que, llegado el caso, el Tribunal ordene una pericia sobre la calidad científica de dicho estudio.
De entrada, la Comisión observa que la Administración debe apreciar globalmente la aptitud del funcionario en período de prueba para desempeñar una función determinada. A continuación, niega que exista una contradicción entre los juicios formulados en el informe de 10 de julio de 1984 y lo que la Administración pidió al demandante que hiciera, puesto que sería inconcebible, dadas las tareas del servicio, efectuar un análisis que no condujera a conclusiones concretas. Finalmente, la Comisión afirma que la ineptitud del demandante para trabajar en una Administración se confirma por su incapacidad para expresarse en forma apropiada. A este respecto, precisa que se trata de juzgar no solamente la calidad científica del trabajo realizado, sino también su eficacia en el marco de una Administración pública.
Procede recordar, en primer lugar, que de acuerdo con el artículo 25, párrafo 2, del Estatuto, «las decisiones que impliquen una acusación serán motivadas». En virtud de una jurisprudencia constante, la exigencia de motivación tiene por objeto permitir que el Tribunal ejerza su control sobre la legalidad del acto, y proporcionar al interesado las indicaciones necesarias para saber si aquél está bien fundado o no. Tratándose, más específicamente, de una decisión de no nombrar como funcionario titular a quien lo era en período de prueba, la motivación debe destacar las razones esenciales que han inducido a la institución a resolver que las cualidades y el comportamiento del funcionario a prueba no justifican su nombramiento como titular.
En el presente caso, los considerandos de la decisión de 19 de julio de 1984, en relación con los juicios emitidos sobre las cualidades profesionales del demandante en los informes de la Administración de 21 de marzo y de 10 de julio de 1984, a los cuales se refieren estos considerandos, ponen de manifiesto que la Comisión se basó en un conjunto de razones que se refieren simultáneamente a la aptitud del interesado para desempeñar sus funciones adecuadamente y a la calidad de su trabajo. Su análisis muestra que las carencias que se le reprochan se refieren, por una parte, a sus conocimientos, y por otra, a su aptitud para redactar informes. Las decisiones impugnadas indican, pues, con claridad y precisión suficientes las razones por las cuales la Comisión juzgó que el nombramiento del demandante como funcionario titular no se ajustaba a las conveniencias del servicio.
Contrariamente a lo alegado por el demandante, esta motivación no muestra ninguna contradicción ni manifiesto error de hecho. Efectivamente, si ambos informes, de 21 de marzo y de 10 de julio de 1984, coinciden en reconocer la alta cualificación del interesado en el ámbito de la estadística, señalan sin embargo que los conocimientos macroeconómicos son limitados y, sobre todo, que la calidad de los estudios presentados por escrito es insuficiente. No se puede invocar, en este contexto, el hecho de que el informe de 10 de julio de 1984 denuncie una falta de espíritu de síntesis, mientras que el estudio solicitado debiera consistir en un análisis, puesto que el análisis y la síntesis son los dos métodos complementarios que permiten la solución del problema planteado por el estudio solicitado, a saber, extraer a partir de datos estadísticos conclusiones en el plano económico.
El juicio sobre los métodos de los funcionarios corresponde a la facultad discrecional de la Administración. No podría, pues, cuestionarse mediante dictámenes que pretendieran demostrar la calidad científica del estudio en cuestión. En consecuencia, no procede que el Tribunal de Justicia tome en consideración los dictámenes presentados a tal fin por el demandante ni que ordene nuevos dictámenes sobre dicho estudio.
Como el demandante no ha acreditado que la motivación de los actos impugnados fuera contradictoria o estuviera viciada por error manifiesto, este argumento debe ser desestimado.
En segundo lugar, el demandante alega que su destino en la División de «Proyecciones a medio plazo» constituye una infracción del artículo 4, párrafo 2, del Estatuto, ya que el empleo en cuestión no fue objeto del anuncio de vacante que establece dicha disposición. Efectivamente, el anuncio de vacante COM/305/82 se refería a un puesto de administrador en el servicio especializado de «Préstamos comunitarios: desarrollo de los instrumentos financieros». Por lo tanto, es en dicho servicio donde el demandante hubiera debido ser nombrado. El Sr. R. alega, asimismo, que la modificación de su destino infringe el principio de no discriminación, ya que, por esta circunstancia, realizó su período de prueba en un empleo menos conforme a sus aptitudes.
A este respecto, hay que hacer constar, conforme lo ha hecho la Comisión, que el artículo 4 del Estatuto se refiere a la publicación interna de los puestos vacantes. Esta disposición debe entenderse en relación con el artículo 29, apartado 1, del Estatuto, que determina el orden en que la institución debe examinar las distintas posibilidades de proveer los empleos vacantes, otorgando al personal de las Comunidades prioridad a este respecto sobre los candidatos externos. La disposición del Estatuto tiene, pues, por objeto garantizar la protección de los intereses del personal de la institución y, por ello, los candidatos externos, como lo es el demandante, no pueden alegar su infracción eventual.
Tampoco cabe acoger el reproche que se hace a la Comisión de haber asignado al demandante un destino no conforme con sus aptitudes, en infracción del principio de igualdad, ya que no se ha demostrado que las funciones que el demandante tenía que desempeñar no correspondieran a la descripción de funciones que figuran en la convocatoria de concurso COM/A/313, concurso en el que fue seleccionado. En efecto, no hay duda de que tanto el campo de actividad de la División a la cual el interesado fue destinado («proyecciones a medio plazo») como, más en concreto, el tema del estudio estadístico a realizar durante el periodo suplementario de pruebas se refieren, por lo menos, a una de las opciones propuestas en la convocatoria del concurso en cuestión y que el demandante eligió al presentar su candidatura, en este caso, la opción «econometria y estadística».
Por lo tanto, el argumento fundado en la infracción del artículo 4, párrafo segundo, del Estatuto, y del principio de no discriminación también debe desestimarse.
En tercer lugar, el demandante alega una infracción del artículo 34, apartado 1, del Estatuto, que fija en nueve meses la duración del período de prueba de los funcionarios de categoría A. Este período fijado por el Estatuto no puede ser objeto de ninguna prolongación, incluso con el acuerdo del interesado, salvo en alguna de las hipótesis taxativamente enumeradas en esta disposición, que no se presentan en este caso.
La Comisión responde que la prolongación del período de prueba se decidió en interés y con el acuerdo del demandante quien, de otra manera, hubiera debido ser despedido al final del período de nueve meses, a partir del informe de 21 de marzo de 1984. Según la Comisión, el Estatuto no se opone a que, por razones de equidad, la Administración adopte una actitud más favorable frente a los funcionarios.
Hay que recordar a este respecto, tal como se deduce de los argumentos precedentes, que las insuficiencias del demandante en competencia y rendimiento puestas en evidencia en el informe de final de período de prueba, de 21 de marzo de 1984, eran de tal índole que justificaban que el interesado no fuera nombrado funcionario titular al término del período de prueba que señala el Estatuto. La decisión, tomada con su consentimiento, por la que se le prolonga el período, no aplicando el artículo 34, apartado 1, del Estatuto, es pues una medida en favor suyo para ofrecerle una nueva oportunidad de probar las cualidades profesionales que no había demostrado de forma satisfactoria durante el período fijado por el Estatuto.
En estas condiciones, el demandante no puede alegar una irregularidad eventual por la adopción de la decisión que se discute, ya que ésta le otorgó una ventaja aceptada libremente por él. El argumento basado en una infracción del artículo 34, apartado 1, del Estatuto, debe también, por ello, desestimarse.
Por todas estas razones, se desestima la primera parte del recurso.
Sobre la solicitud de modificar la motivación de la decisión de despido
Al no haber prosperado la petición principal relativa a la anulación de los actos impugnados, procede examinar la petición subsidiaria, que pretende obtener que la motivación de estos actos se modifique en un sentido no difamatorio. Mediante esta solicitud, el demandante intenta, en sustancia, impedir que la Comisión afirme que él carece de las cualidades profesionales requeridas para poder ser nombrado funcionario titular.
A este respecto, hay que destacar que toda decisión de no nombrar como titular a un funcionario al término de su período de prueba, implica necesariamente juicios que resaltan la falta de requisitos para el desempeño de las; funciones en cuestión. Por lo tanto, no se podría prohibir a la institución emitir tales juicios en la motivación de una decisión de este orden.
Procede, pues, desestimar también esta parte del recurso.
Sobre la solicitud de daños y perjuicios
Respecto a la petición de una indemnización de daños y perjuicios por agravio material y moral, el demandante afirma, por una parte, que los juicios formados por la Administración sobre sus cualidades profesionales irrogan un perjuicio a su reputación y, por otra parte, que el retraso en definir su situación profesional, debido a la prolongación de su período de prueba, le habría dejado en una situación de incertidumbre que le impidió encontrar otro empleo.
A este respecto, basta recordar que el demandante no ha conseguido demostrar que los actos de la Comisión que hayan podido causarle un perjuicio, y en especial la decisión de 18 de abril de 1984, que prolongó su período de prueba, y la decisión de despido de 19 de julio de 1984, estén viciados de una ilegalidad que el demandante pueda alegar en su beneficio.
En consecuencia, también se desestima esta pane del recurso.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así se hubiere solicitado. Sin embargo, según el artículo 70 del Reglamento, las instituciones soportarán los gastos en que hubieren incurrido en los recursos de los agentes de las Comunidades.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
decide:

1.
Desestimar el recurso.

2.
Cada parte cargará con sus propias costas.

Everling
Galmot
Moitinho de Almeida
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, el 2 de octubre de 1986.
El Secretario
P.Heim
El Presidente de la Sala Tercera
U.Everling
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.