CELEX: 61991TJ0016(01)
Competencia
Desestimación presunta de una denuncia
Motivación
Recurso de casación
Devolución del asunto por el Tribunal de Justicia
Continuación del procedimiento
Costas

Motivación de la sentencia
1 Se dicta la presente sentencia tras la devolución del asunto por sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de octubre de 1995, Rendo y otros/Comisión (C-19/93 P, Rec. p. I-3319; en lo sucesivo, «sentencia de casación»), a raíz de un recurso de casación interpuesto por las demandantes contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de noviembre de 1992, Rendo y otros/Comisión (T-16/91, Rec. p. II-2417; en lo sucesivo, «sentencia de 18 de noviembre de 1992»).
Hechos que originaron el recurso y procedimiento anterior
2 Los antecedentes del litigio y el desarrollo de las anteriores fases del procedimiento se exponen en las citadas sentencias, a las que ésta se remite.
3 Las demandantes son sociedades locales distribuidoras de electricidad en los Países Bajos. En mayo de 1988 presentaron una denuncia ante la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22; en lo sucesivo, «Reglamento nº 17»), dirigida especialmente contra Samenwerkende elektriciteits-produktiebedrijven NV (en lo sucesivo, «SEP»), parte coadyuvante en el presente procedimiento. Las demandantes alegaban distintas infracciones de los artículos 85 y 86 del Tratado, cometidas por SEP y por las empresas productoras de electricidad en los Países Bajos.
4 A raíz de dicha denuncia la Comisión adoptó la Decisión 91/50/CEE, de 16 de enero de 1991, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE [IV/32.732 - IJsselcentrale (IJC) y otros] (DO L 28, p. 32; en lo sucesivo, «Decisión» o «Decisión 91/50»), impugnada en el presente asunto. Esta Decisión se refiere a un acuerdo de cooperación (Overeenkomst van Samenwerking; en lo sucesivo, «OVS») celebrado en 1986 entre las sociedades productoras de electricidad, por un lado, y SEP, por otro. Dicho acuerdo, que no fue notificado a la Comisión, atribuye exclusivamente a SEP la importación y exportación de electricidad e impone a los firmantes la obligación de estipular, en los contratos de suministro que celebren con las empresas distribuidoras de energía eléctrica, que éstas se abstendrán de efectuar importaciones o exportaciones de electricidad (artículo 21 del OVS). Es ésta la disposición que constituye el objeto de la Decisión y del presente litigio.
5 Si bien la legislación neerlandesa vigente en la época en que se celebró el OVS no prohibía a las empresas que no fueran suministradoras importar directamente electricidad, una nueva Ley neerlandesa de electricidad (Elektriciteitswet 1989) modificó tal situación. El artículo 34 de esta Ley, que entró en vigor el 1 de julio de 1990, prohíbe a las sociedades distribuidoras importar electricidad para suministro público.
6 La denuncia de las demandantes se dirigía, entre otros aspectos, contra la prohibición de importar que consta tanto en el acuerdo general de SEP de 1971 (artículo 2) como en el artículo 21 del OVS de 1986.
7 En la Decisión la Comisión declaró, en primer lugar, que la prohibición de importar y de exportar electricidad prevista en el artículo 21 del OVS era una restricción de la competencia que podía afectar considerablemente al comercio entre los Estados miembros (puntos 21 a 32 de la Decisión). Añadió que el mantenimiento de dicho artículo en relación con el régimen establecido por la nueva Ley de electricidad seguía constituyendo una infracción del artículo 85 (punto 38 de la Decisión).
8 A continuación procedió al examen del apartado 2 del artículo 90 del Tratado. Con este fin, distinguió entre la prohibición de importar y de exportar prevista por el OVS en el sector del suministro público y la prevista al margen de dicho sector. Señaló que esta última prohibición constituía una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado y que, en el caso de autos, el apartado 2 del artículo 90 del Tratado no se oponía a la aplicación del apartado 1 del artículo 85. Obligó, por lo tanto, a las empresas parte del acuerdo OVS a poner fin a tal infracción. No se impugnó este aspecto de la Decisión.
9 En cambio, en relación con las importaciones destinadas al suministro público, la Comisión se pronunció en el apartado 50 de la Decisión del siguiente modo: «La prohibición, para las empresas de producción y de distribución, de importar al margen de SEP para el suministro público queda establecida en el artículo 34 de la Ley de electricidad de 1989. En el marco de este procedimiento, iniciado en virtud del Reglamento nº 17, la Comisión no decidirá si la limitación de las importaciones se justifica con arreglo al apartado 2 del artículo 90. Pronunciarse al respecto sería anticipar la Decisión sobre la compatibilidad de la nueva Ley con el Tratado, y no es ese el objeto de este procedimiento.»
10 Por la misma razón, la Comisión declaró que no podía pronunciarse sobre la prohibición de exportar impuesta a las sociedades productoras en el sector del suministro público.
11 En la parte dispositiva de la Decisión, la Comisión no se pronunció sobre las restricciones de la importación y de la exportación en el marco del suministro público de electricidad.
12 El 14 de marzo de 1991 se presentó el recurso de las demandantes ante el Tribunal de Primera Instancia. Mediante auto de 2 de octubre de 1991 se admitió la intervención de SEP en apoyo de las pretensiones de la parte demandada.
13 Las partes demandantes solicitaron al Tribunal de Primera Instancia que:
- Anulara la Decisión únicamente en la medida en que la Comisión no se pronunció acerca de la aplicación del artículo 21 del OVS a las importaciones y exportaciones efectuadas por sociedades distribuidoras, incluidas las demandantes, en el sector del suministro público.
- Ordenara a la Comisión, por una parte, que declarara, también en esa fase, mediante Decisión adoptada de conformidad con el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento nº 17, que el artículo 21 del acuerdo contemplado en el artículo 1 de la Decisión 91/50, tal y como se aplicaba en combinación con el control y la influencia de hecho ejercidos sobre los suministros internacionales de electricidad, constituía asimismo una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, en la medida en que dicho artículo 21 tenía por objeto o por efecto restringir las importaciones y exportaciones efectuadas por sociedades de distribución dentro del sector del suministro público y, por otra, que obligara a las sociedades mencionadas en el artículo 3 de la Decisión a poner fin a las infracciones comprobadas.
- Adoptara, como mínimo, todas las medidas que juzgara convenientes para una buena administración de justicia.
- Condenara en costas a la Comisión.
14 La Comisión solicitó al Tribunal de Primera Instancia que:
- Desestimara el recurso.
- Condenara solidariamente a las demandantes al pago de las costas del procedimiento.
15 La parte coadyuvante solicitó al Tribunal de Primera Instancia que:
- Desestimara el recurso.
- Condenara a las demandantes en costas, incluidas las de la parte coadyuvante.
16 Mediante sentencia de 18 de noviembre de 1992, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso. Estableció al respecto una distinción entre el hecho de no pronunciarse, por una parte, sobre la prohibición de importar electricidad impuesta a las sociedades de distribución y, por otra, sobre la prohibición relativa a las exportaciones.
17 En cuanto a las exportaciones, el Tribunal de Primera Instancia consideró que no procedía admitir el recurso.
18 En cuanto a las importaciones, el Tribunal de Primera Instancia distinguió entre el período anterior a la entrada en vigor de la nueva Ley de electricidad y el período posterior. Al considerar que la Comisión no había adoptado ninguna Decisión sobre la denuncia de las demandantes, en cuanto a la parte de ésta referida al primero de dichos períodos, declaró la inadmisibilidad del recurso sobre el particular. En relación con el período posterior, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso por infundado.
19 Mientras el asunto T-16/91 se hallaba pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia, el Sr. R., Director de la Comisión, remitió a los Abogados de las demandantes un escrito fechado el 20 de noviembre de 1991.
20 Mediante dicho escrito comunicaba que «en el momento presente no puede darse curso a su denuncia» y añadía:
«En lo que atañe a la prohibición impuesta a las sociedades distribuidoras de electricidad de importar y exportar para el suministro público, se precisa en la mencionada Decisión que, en el marco de este procedimiento, iniciado en virtud del Reglamento nº 17, la Comisión no se pronuncia (véanse los puntos 50 y 51), especialmente porque, en el momento en que se adoptó la Decisión, la Ley neerlandesa de electricidad de 1989 había entrado en vigor. La importancia de la denuncia era apreciada en relación con el futuro, de tal manera que, para su apreciación en relación con las prohibiciones de importar y exportar para el suministro público, era inevitable analizar también dicha Ley.
Mientras tanto, el 20 de marzo de 1991, la Comisión inició [COM(91) PV 1052] otro procedimiento cuyo objeto era particularmente analizar la Ley neerlandesa de electricidad de 1989 en el marco del artículo 37.
[...]
En otros términos, podría interpretarse el texto de la Decisión 91/50/CEE como una desestimación parcial (presunta) de su denuncia, pero únicamente en la medida en que ésta se refería al período anterior a la Ley de electricidad de 1989 y en que su objetivo era declarar incompatibles con el artículo 85 las restricciones derivadas del artículo 21 del acuerdo de cooperación, que impide la importación de electricidad para el suministro público por parte de las sociedades distribuidoras.»
21 Mediante auto de 29 de marzo de 1993, Rendo y otros/Comisión (T-2/92, no publicado en la Recopilación), se declaró la inadmisibilidad del recurso de anulación interpuesto por las demandantes contra dicho escrito, el cual adquirió fuerza de cosa juzgada.
22 Las demandantes interpusieron ante el Tribunal de Justicia un recurso de casación contra la sentencia de 18 de noviembre de 1992. A instancia de las demandantes se suspendió el procedimiento del recurso de casación a fin de permitir al Tribunal de Justicia examinar las consecuencias que debían extraerse de la sentencia dictada el 27 de abril de 1994, Almelo y otros (C-393/92, Rec. p. I-1477), a raíz de una cuestión prejudicial planteada por el Gerechtshof te Arnhem (Países Bajos) en el marco de un litigio perteneciente al mismo contexto fáctico que el presente asunto y referido, especialmente, a la interpretación de lo dispuesto en los artículos 85 y 86 del Tratado en relación con la prohibición «de importación de electricidad para suministro público, incluida en las condiciones generales de una empresa de distribución regional de electricidad en los años 1985 a 1988 inclusive, en su caso unida a una prohibición de importar contenida en un acuerdo entre las empresas productoras de electricidad en el Estado miembro de que se trata».
23 En su sentencia de casación, el Tribunal de Justicia anuló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de noviembre de 1992 en la medida en que declaró que la Decisión 91/50, por lo que se refiere a las restricciones a la importación aplicables durante el período anterior a la entrada en vigor de la Ley de electricidad, no había producido efectos jurídicos y que debía declararse la inadmisibilidad del recurso sobre este punto.
El procedimiento posterior a la devolución del asunto
24 Tras la devolución del asunto por el Tribunal de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 119 del Reglamento de Procedimiento, las partes presentaron tres escritos.
25 En su escrito de 18 de diciembre de 1995, las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:
- Anule la Decisión 91/50 en la medida en que desestima la denuncia relativa a la prohibición de importar aplicable a las empresas distribuidoras antes de la entrada en vigor de la Ley de electricidad.
- Adopte, como mínimo, todas las medidas que juzgue convenientes para una buena administración de justicia.
- Condene en costas a la Comisión, incluidas las costas relativas al procedimiento del recurso de casación, conforme al artículo 121 del Reglamento de Procedimiento.
26 La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Desestime el recurso.
- Condene en costas solidariamente a las demandantes.
27 La parte coadyuvante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Desestime el recurso.
- Condene a las demandantes en costas, incluidas las de la parte coadyuvante.
Sobre las pretensiones y motivos formulados por las partes en primera instancia y con posterioridad a la devolución del asunto
28 A raíz de la anulación parcial de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia por el Tribunal de Justicia mediante la sentencia de casación, el Tribunal de Primera Instancia debe pronunciarse, por una parte, sobre las pretensiones de las demandantes tendentes a que se anule la Decisión 91/50 únicamente en la medida en que implica la desestimación de la denuncia relativa a la prohibición de importar electricidad aplicable en el ámbito del suministro público durante el período anterior a la entrada en vigor de la Ley neerlandesa de electricidad, y, por otra parte, sobre los motivos invocados en relación con dicho extremo de la Decisión tanto en primera instancia como con posterioridad a la devolución del asunto.
Sobre el fondo
29 Inicialmente, las demandantes habían invocado sustancialmente tres motivos. El primero se basaba en la violación del Derecho comunitario de la competencia y de determinados principios generales del Derecho, en particular, del principio de seguridad jurídica y el principio de asistencia y protección (Zorgvuldigheidsbeginsel). El segundo motivo se basaba en la infracción del artículo 190 del Tratado y el tercero, en vicios sustanciales de forma y, más concretamente, tal y como se alegó en la réplica, en la infracción del artículo 6 del Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, de 25 de julio de 1963, relativo a las audiencias previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 19 del Reglamento nº 17 del Consejo (DO 1963, 127, p. 2268; EE 08/01, p. 62; en lo sucesivo, «Reglamento nº 99/63»). En el procedimiento posterior a la devolución del asunto las demandantes, en primer lugar, han recordado que habían alegado la insuficiencia de motivación de la Decisión 91/50 y su ilegalidad, remitiéndose a su escrito de réplica (apartado 11 de las observaciones de 18 de diciembre de 1995). A continuación, han desarrollado tres motivos basados en la infracción del artículo 190 del Tratado y del artículo 6 del Reglamento nº 99/63.
Sobre la motivación
- Alegaciones de las partes
30 En su recurso, las demandantes habían alegado el incumplimiento de la obligación de motivación establecida en el artículo 190 del Tratado. En su réplica puntualizaron que la desestimación presunta de su denuncia no había sido suficientemente motivada. Señalaron que la Comisión no había precisado por qué motivos consideraba que no se había cometido una infracción y que este silencio justificaba la anulación de la Decisión. Alegaron que, en cualquier caso, la Comisión no tenía razón alguna para no pronunciarse en relación con el período anterior al 1 de julio de 1990, habida cuenta de que asimismo tenían interés en que se aclarase la situación jurídica correspondiente (punto 4.2 de la réplica).
31 En el procedimiento posterior a la devolución del asunto, las demandantes se remiten a su escrito de réplica para demostrar la insuficiencia de los motivos de la desestimación presunta y parcial de su denuncia, desestimación que -tras la anulación parcial de la sentencia de 18 de noviembre de 1992- sigue aún sometida al examen del Tribunal de Primera Instancia. Reiteran que es necesario examinar la motivación de dicha desestimación. Ahora bien, en la Decisión, la Comisión no motivó tal desestimación. Consideró que se había infringido el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, sin declarar, en la parte dispositiva de la Decisión, que existía una infracción. No se hizo ninguna puntualización en cuanto a los motivos de la desestimación de la denuncia relativa a la prohibición de importar que se aplicaba a las empresas distribuidoras (es decir, a las demandantes) antes de la entrada en vigor de la Ley neerlandesa de electricidad.
32 En el acto de la vista posterior a la devolución del asunto, las demandantes subrayaron que el punto 50 de la Decisión 91/50 sólo se refiere al período posterior a la entrada en vigor de la Ley de electricidad. De lo contrario, su denuncia no se habría podido archivar respecto al período anterior, sino que habría sido objeto de suspensión, a semejanza de lo que sucedió respecto al período posterior.
33 Añadieron que las explicaciones que dio la Comisión durante el procedimiento fueron extemporáneas y subrayaron que este aspecto de su denuncia conserva su interés, debido a la existencia de procedimientos pendientes ante los órganos jurisdiccionales nacionales y de otras controversias sobre el período de que se trata que discurren actualmente entre Abogados. En este contexto se refirieron a un procedimiento pendiente ante un Tribunal de Arnhem y refutaron la afirmación de la Comisión según la cual la aplicación del artículo 21 del OVS no les causó ningún perjuicio.
34 En el procedimiento posterior a la devolución del asunto, la Comisión puntualiza que, según la Decisión, la prohibición contractual de importar electricidad infringía el apartado 1 del artículo 85 del Tratado. No obstante, no emitió una opinión final negativa porque no se pronunció sobre los requisitos del apartado 2 del artículo 90 del Tratado. Dado que renunció a pronunciarse sobre el fondo de este aspecto de la denuncia, no dio curso a ésta y, por lo tanto, la desestimó parcial y presuntamente.
35 Sostiene la Comisión que la Decisión estaba debidamente motivada, a pesar del carácter presunto de dicha denegación. El punto 50 de la Decisión se refiere a las situaciones anteriores y posteriores a la entrada en vigor de la Ley, habida cuenta de que se trataba de la misma restricción de la importación que se deriva del artículo 21 del OVS. Por consiguiente, la Comisión no se pronunció sobre el contenido de la prohibición por razones de oportunidad aprobadas tanto por el Tribunal de Justicia como por el Tribunal de Primera Instancia. En su opinión, la única diferencia entre los períodos anterior y posterior a la entrada en vigor de la Ley es que para el primer período ya no era necesario proseguir la investigación, porque había perdido interés, y que, durante dicho período, la demandante Rendo NV (en lo sucesivo, «Rendo») no había sufrido perjuicios.
36 La Comisión alega que su interpretación de la Decisión también es la sostenida por el Abogado General Sr. Tesauro, que, en sus conclusiones relativas al recurso de casación, expuso que, como era pacífico entre las partes, las demandantes no habían sufrido daño alguno. Cita algunos extractos de dichas conclusiones, según los cuales la Comisión tiene libertad para decidir el grado de prioridad que debe atribuirse a cada procedimiento basándose, en particular, en el interés comunitario del propio procedimiento, y según los cuales dicha Institución había hecho caso omiso de las imputaciones de las demandantes sobre los efectos producidos por comportamientos pasados y que ya no tenían interés.
37 Según su parecer, por el mismo motivo no se pronunció en el primer caso y, en cuanto al segundo período, suspendió su pronunciamiento. Por consiguiente, la desestimación presunta de la denuncia se basó en consideraciones de oportunidad como las admitidas en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de septiembre de 1992, Automec/Comisión (T-24/90, Rec. p. II-2223).
38 La Comisión añade que dicha motivación era suficiente para los destinatarios de la Decisión, la parte coadyuvante SEP y las cuatro empresas productoras neerlandesas. Desarrolla a este respecto una alegación formulada en su dúplica basada en el hecho de que las demandantes no eran destinatarias de la Decisión. Sostiene que en el marco de su Decisión de prohibición, con arreglo al artículo 3 del Reglamento nº 17, dirigida a SEP y a las empresas productoras neerlandesas, no estaba obligada a explicar por qué no había dado curso a la denuncia de Rendo en lo que atañe al período anterior a la entrada en vigor de la Ley de electricidad.
39 Por lo demás, debe tenerse en cuenta la actitud de la parte demandante Rendo en el curso del procedimiento administrativo. Tras la audiencia de noviembre de 1989, prácticamente ya no dio más señales de vida. Si hubiera continuado sus gestiones, la Comisión probablemente le habría remitido un escrito con arreglo al artículo 6 del Reglamento nº 99/63. Dado que guardó silencio hasta la interposición del recurso, Rendo no permitió que la Comisión pudiera desestimar la denuncia según el procedimiento habitual previsto por esta última disposición.
40 Por último, a su juicio, el planteamiento distinto propuesto por las demandantes comporta dos consecuencias difíciles: la desestimación presunta de una denuncia estaría prácticamente siempre incursa en insuficiencia de motivación, lo que supondría que, en principio, cada «desestimación por silencio» adolecería de nulidad. Además, la Comisión debería aplazar su Decisión -urgente, en su caso- de prohibir una infracción parcial hasta el momento en que también estuviera en condiciones de desestimar definitivamente la otra parte de la denuncia.
41 En la vista la Comisión sostuvo que su tesis no queda desvirtuada por el procedimiento que se sigue en Arnhem, habida cuenta de que éste sólo se refiere al recargo de compensación, que no había sido objeto de la Decisión 91/50.
42 En cuanto a la motivación de la Decisión, la parte coadyuvante SEP comparte las observaciones de la Comisión. A su juicio, la motivación fue suficiente para las cinco destinatarias de la Decisión. En la vista sostuvo que los procedimientos nacionales no guardan relación con el artículo 21 del OVS, sino que únicamente se refieren a los requisitos de suministro, como el recargo de compensación.
- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
43 El hecho de que la Decisión 91/50 no se dirigiese a las demandantes no impide a éstas invocar un motivo basado en la infracción del artículo 190 del Tratado (véase la sentencia de 18 de noviembre de 1992, apartado 122). El interés en recibir explicaciones que puedan tener personas distintas de los destinatarios de un acto, pero afectadas directa e individualmente por el mismo, debe ser tenido en cuenta al apreciar el alcance de la obligación de motivarlo (véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de marzo de 1983, Control Data/Comisión, 294/81, Rec. p. 911, apartado 14, y de 20 de marzo de 1985, Italia/Comisión, 41/83, Rec. p. 873, apartado 46).
44 Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia, el alcance de la obligación de motivación debe en cada caso apreciarse concretamente y en función de las circunstancias del asunto que se examine. En el caso de una decisión cuyo objeto es declarar una infracción de las normas sobre la competencia y adoptar medidas cautelares, pero que constituye, al mismo tiempo, la desestimación parcial de una denuncia, la Comisión no está obligada a responder a todos los hechos y fundamentos de Derecho invocados por las empresas denunciantes. No obstante, la motivación debe permitir al órgano jurisdiccional comunitario ejercer su control de la legalidad y al interesado, conocer la justificación de la medida adoptada, para poder defender sus derechos y comprobar si la Decisión está o no fundada (véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de julio de 1963, Alemania/Comisión, 24/62, Rec. pp. 129 y ss., especialmente p. 143; de 30 de septiembre de 1982, Roquette Frères/Consejo, 110/81, Rec. p. 3159, apartado 24; de 17 de enero de 1984, VBVB y VBBB/Comisión, asuntos acumulados 43/82 y 63/82, Rec. p. 19, apartado 22, y del Tribunal de Primera Instancia de 24 de enero de 1992, La Cinq/Comisión, T-44/90, Rec. p. II-1, apartados 41 y 42; véase asimismo la sentencia de 18 de noviembre de 1992, apartado 124).
45 De ello se deduce que la Decisión debe ser, en sí misma, suficiente y que su motivación no puede resultar de las explicaciones escritas o verbales dadas con posterioridad, cuando la Decisión de que se trate ya es objeto de un recurso ante el órgano jurisdiccional comunitario (véanse, por ejemplo, las conclusiones del Abogado General Sr. Léger, presentadas en el asunto en el que recayó la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de abril de 1995, BPB Industries y British Gypsum/Comisión, C-310/93 P, Rec. pp. I-865 y ss., especialmente p. I-867, punto 22, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 2 de julio de 1992, Dansk Pelsdyravlerforening/Comisión, T-61/89, Rec. p. II-1931, apartado 131).
46 Como en el caso de los Reglamentos, puede, sin embargo, pedirse a las personas afectadas por una Decisión un determinado esfuerzo de interpretación cuando el sentido del texto no aparece a la primera lectura, y no se infringe el artículo 190 del Tratado si tal interpretación permite resolver las ambigueedades que contiene la motivación (véanse las conclusiones del Abogado General Sr. Lenz presentadas en el asunto en el que recayó la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de enero de 1991, SITPA, C-27/90, Rec. pp. I-133 y ss., especialmente p. I-141, punto 59).
47 En el caso de autos la Decisión 91/50 no se pronuncia expresamente, ni en su parte dispositiva ni en sus motivos, sobre la situación en que queda la denuncia de las demandantes relativa a las restricciones a la importación de electricidad en el sector del suministro público resultantes del artículo 21 del OVS respecto al período anterior a la entrada en vigor de la Ley de electricidad. Tampoco contiene indicaciones que expresamente se refieran a dicho período, sobre los motivos por los cuales la Comisión consideró justificado el archivo de la denuncia.
48 En estas circunstancias, procede examinar la cuestión de si una interpretación de la Decisión 91/50 permite inferir los motivos de la desestimación de la denuncia y, más concretamente, la tesis de la Comisión según la cual el punto 50 de la Decisión (véase el apartado 9 supra) contiene los elementos que permiten al Juez comunitario y a las demandantes conocer tales motivos.
49 En dicho punto, el no pronunciamiento de la Comisión sobre una posible justificación de la restricción a la importación con respecto al apartado 2 del artículo 90 del Tratado se explica por la entrada en vigor de la Ley de electricidad y la inoportunidad de analizar dicha Ley en el marco del procedimiento con arreglo al Reglamento nº 17. Por lo tanto, este punto de la Decisión indica la razón por la cual la Comisión suspendió la tramitación de la denuncia en la parte de ésta relativa al período posterior a la entrada en vigor a la Ley de electricidad, a la espera del resultado de los procedimientos que tenía previsto iniciar con arreglo al artículo 169 del Tratado.
50 Por el contrario, las consideraciones de la Comisión no indican en modo alguno por qué, respecto al período anterior, la denuncia tuvo un resultado distinto, a saber, la desestimación presunta.
51 Es cierto que las alegaciones formuladas para justificar la suspensión de la tramitación de la denuncia pueden interpretarse en el sentido de que son aplicables al período anterior a la entrada en vigor de la Ley. En efecto, incluso un examen del artículo 21 del OVS limitado a dicho período podría haber supuesto una apreciación de la compatibilidad de la nueva Ley con las normas en materia de competencia. Por consiguiente, la Comisión habría corrido el riesgo de adoptar Decisiones contradictorias referentes a uno y otro período si en 1992 se hubiera pronunciado sobre la aplicación del apartado 2 del artículo 90 del Tratado a las restricciones resultantes del OVS durante el período anterior a la entrada en vigor de la Ley, sin esperar al resultado del procedimiento por incumplimiento previsto en cuanto al período posterior.
52 Estas consideraciones habrían podido motivar una Decisión de suspensión del procedimiento con respecto al período anterior. Sin embargo, su interpretación no permite inferir los motivos de la desestimación presunta a la que procedió la Comisión.
53 Por otra parte, la Comisión no remitió un escrito con arreglo al artículo 6 del Reglamento nº 99/63, con el que podría haber informado a las demandantes de los motivos de la desestimación presunta de la denuncia antes de la adopción de la Decisión 91/50.
54 Por consiguiente, procede declarar que la desestimación presunta de la denuncia de las demandantes adolece de falta de motivación.
55 Pues bien, aunque una motivación que se ha comenzado a expresar en el acto impugnado puede desarrollarse y puntualizarse en el curso del procedimiento (véanse, por ejemplo, las conclusiones del Abogado General Sr. Léger, antes citadas, punto 24) no ocurre así cuando la Decisión impugnada no ha sido motivada (véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de noviembre de 1981, Michel/Parlamento, 195/80, Rec. p. 2861, apartado 22).
56 En estas circunstancias, la indicación sobre el particular que se encuentra por primera vez en el escrito que el Sr. R., Director de la Comisión, dirigió el 20 de noviembre de 1991, es decir, ocho meses después de la interposición del recurso en el presente asunto, al Abogado de las demandantes (véase el apartado 20 supra) y según la cual «la importancia de la denuncia era apreciada en relación con el futuro» no puede subsanar el defecto de motivación de la Decisión 91/50. Lo mismo cabe afirmar de las explicaciones que, con el fin de justificar la decisión de archivo, dio la Comisión durante el procedimiento posterior a la devolución del asunto.
57 No pueden acogerse las consideraciones expuestas por la Comisión, según las cuales, semejante aplicación del artículo 190 del Tratado haría que fuera contraria a Derecho toda desestimación presunta de una denuncia e impediría que la Comisión adoptara decisiones de prohibición urgentes antes de poder pronunciarse definitivamente sobre la totalidad de la denuncia.
58 Por una parte, la desestimación presunta de una denuncia puede estar suficientemente motivada, por ejemplo en el caso de una decisión de declaración negativa o de exención, mediante las consideraciones en que se apoya tal decisión (véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 1977, Metro/Comisión, 26/76, Rec. p. 1875). En el caso de autos, la desestimación presunta parcial de la denuncia podría haber ido precedida de un escrito con arreglo al artículo 6 del Reglamento nº 99/63, por el cual los motivos que pudieran justificar el archivo ya se habrían comunicado a la parte denunciante. En efecto, dado que el alcance de la obligación de motivación debe apreciarse en cada caso en relación no sólo con el tenor literal del acto impugnado, sino también con su contexto y sus antecedentes (véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de febrero de 1996, Bélgica/Comisión, C-56/93, Rec. p. I-723, apartado 86), las explicaciones contenidas en un escrito de dicha naturaleza habrían podido tomarse en consideración para determinar si era suficiente la motivación de la decisión de archivo definitivo.
59 Por otra parte, la obligación de motivar la desestimación, incluso presunta, de una denuncia en modo alguno impide que, a su debido tiempo, la Comisión adopte las decisiones que sean necesarias a la vista de las infracciones a las que se refiere la denuncia. En efecto, a este respecto basta con que indique a las partes denunciantes los motivos por los que procede adoptar una decisión parcial sobre la denuncia.
60 Por consiguiente, el motivo basado en una infracción del artículo 190 del Tratado es fundado. Por lo tanto, procede anular la Decisión 91/50 en la medida en que supone la desestimación de la denuncia de las demandantes relativa a la prohibición de importar durante el período anterior a la entrada en vigor de la Ley de electricidad, sin que sea necesario examinar los demás motivos invocados por las demandantes.
Decisión sobre las costas
Costas
61 La sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de noviembre de 1992, que había condenado en costas a las demandantes, fue parcialmente anulada. En su sentencia de casación, el Tribunal de Justicia decidió que cada parte cargaría con sus propias costas correspondientes al recurso de casación. Por lo tanto, corresponde al Tribunal de Primera Instancia pronunciarse, en la presente sentencia, sobre las costas relativas al procedimiento anterior a su sentencia de 18 de noviembre de 1992, teniendo en cuenta el resultado del procedimiento posterior a la devolución del asunto, y sobre las costas relativas a este último procedimiento.
62 Por lo que se refiere al recurso inicial de las demandantes, las pretensiones formuladas por cada una de las partes han sido parcialmente desestimadas. En efecto, se ha desestimado el recurso en la parte en que se refería al no pronunciamiento sobre la prohibición de exportar electricidad impuesta a las sociedades distribuidoras y en la parte en que se refería a la suspensión del procedimiento relativo a las restricciones a la importación posteriores a la entrada en vigor de la Ley de electricidad. En cambio, han prosperado las pretensiones de las demandantes en relación con la desestimación de su denuncia relativa a las restricciones a la importación anteriores a la entrada en vigor de la Ley.
63 Por lo tanto, de conformidad con el párrafo primero del apartado 3 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia puede repartir las costas o decidir que cada parte abone sus propias costas. En el caso de autos, procede repartir las costas relativas al procedimiento anterior a la sentencia de 18 de noviembre de 1992, teniendo en cuenta el hecho de que se ha desestimado la mayor parte de las pretensiones formuladas por las demandantes en su recurso. Por consiguiente, abonarán sus propias costas así como la mitad de las costas de la Comisión y de la parte coadyuvante, mientras que la Comisión y la parte coadyuvante abonarán, cada una, la otra mitad de sus propias costas.
64 En cambio, en el procedimiento posterior a la devolución del asunto, se han estimado las pretensiones de las demandantes. Por lo tanto, con arreglo al apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, procede condenar a la Comisión al pago de las costas del procedimiento posterior a la sentencia de casación, a excepción de los gastos efectuados por la parte coadyuvante, que serán abonados por ésta.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
(Sala Segunda ampliada)
decide:
1) Anular la Decisión 91/50/CEE de la Comisión, de 16 de enero de 1991, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE [IV/32.732 - IJsselcentrale (IJC) y otros] en la medida en que desestima la denuncia de las demandantes en relación con las restricciones a la importación aplicables durante el período anterior a la entrada en vigor de la Elektriciteitswet 1989.
2) Las demandantes cargarán con sus propias costas y, solidariamente, con la mitad de las costas de la Comisión y de la parte coadyuvante anteriores a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de noviembre de 1992, mientras que la parte demandada y la parte coadyuvante abonarán, cada una, la otra mitad de sus costas.
3) La Comisión cargará con las costas posteriores a la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de octubre de 1995, a excepción de las de la parte coadyuvante, que serán abonadas por ésta.