CELEX: 62005CJ0036
Incumplimiento de Estado
Directiva 92/100/CEE
Derecho de autor
Derecho de alquiler y de préstamo
No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado

1       Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de
España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 1 y 5 de la Directiva 92/100/CEE del Consejo,
de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito
de la propiedad intelectual (DO L 346, p. 61; en lo sucesivo, «Directiva»), al eximir de la obligación de remunerar a los
autores por los préstamos públicos de obras amparadas por derechos de autor los préstamos concedidos por la práctica totalidad,
si no la totalidad, de las categorías de establecimientos.

Marco jurídico

Normativa comunitaria
2       El séptimo considerando de la Directiva está redactado en los siguientes términos:
«Considerando que el esfuerzo creativo y artístico de los autores y artistas intérpretes o ejecutantes exige unos ingresos
suficientes que sirvan de base a nuevos trabajos creativos y artísticos y que las inversiones necesarias, en particular, para
la producción de fonogramas y películas son especialmente cuantiosas y aleatorias; que sólo una protección jurídica adecuada
de los titulares de derechos permite garantizar eficazmente dichos ingresos y amortizar dichas inversiones».
3       El artículo 1 de la Directiva establece:
«1.      Con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo, los Estados miembros, salvo lo dispuesto en el artículo 5, reconocerán
el derecho de autorizar o prohibir el alquiler y préstamo de originales y copias de obras protegidas por el derecho de autor
y demás objetos mencionados en el apartado 1 del artículo 2.
2.      A efectos de la presente Directiva, se entenderá por “alquiler” de objetos, su puesta a disposición, para su uso por tiempo
limitado y con un beneficio económico o comercial directo o indirecto.
3.      A efectos de la presente Directiva, se entenderá por “préstamo” de objetos, su puesta a disposición, para su uso, por tiempo
limitado sin beneficio económico o comercial directo ni indirecto, siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de
entidades accesibles al público.
4.      Los derechos a que se refiere el apartado 1 no se agotan en caso de venta o de otro acto de difusión de originales y copias
de obras protegidas por el derecho de autor u otros objetos mencionados en el apartado 1 del artículo 2.»
4       El artículo 5, apartados 1 a 3, de la Directiva dispone:
«1.      Los Estados miembros podrán establecer excepciones al derecho exclusivo a que se refiere el artículo 1 en lo referente a los
préstamos públicos siempre que los autores obtengan al menos una remuneración por esos préstamos. Los Estados miembros podrán
determinar libremente esta remuneración teniendo en cuenta sus objetivos de promoción cultural.
2.      Cuando los Estados miembros no apliquen el derecho exclusivo de préstamo contemplado en el artículo 1 respecto de los fonogramas,
películas y programas de ordenador, deberán estipular, al menos para los autores, una remuneración.
3.      Los Estados miembros podrán eximir a determinadas categorías de establecimientos del pago de la remuneración a que se refieren
los apartados 1 y 2.»

Normativa nacional
5       El ordenamiento jurídico español se adaptó a la Directiva mediante la Ley 43/1994, de 30 de diciembre, sobre derechos de alquiler
y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (BOE nº 313, de 31 de
diciembre de 1994, p. 39504). Esta Ley fue modificada mediante el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (BOE nº 97, de 22 de abril de 1996, p. 14369) (en lo
sucesivo, «Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual»).
6       A tenor del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual:
«Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial,
los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización,
salvo en los casos previstos en la presente Ley.»
7       El artículo 19 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual dispone lo siguiente:
«1.      Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler,
préstamo o de cualquier otra forma.
[…]
3.      Se entiende por alquiler la puesta a disposición de los originales y copias de una obra para su uso por tiempo limitado y
con un beneficio económico o comercial directo o indirecto.
Quedan excluidas del concepto de alquiler la puesta a disposición con fines de exposición, de comunicación pública a partir
de fonogramas o de grabaciones audiovisuales, incluso de fragmentos de unos y otras, y la que se realice para consulta in situ.
4.      Se entiende por préstamo la puesta a disposición de los originales y copias de una obra para su uso por tiempo limitado sin
beneficio económico o comercial directo ni indirecto, siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de establecimientos
accesibles al público.
Se entenderá que no existe beneficio económico o comercial directo ni indirecto cuando el préstamo efectuado por un establecimiento
accesible al público dé lugar al pago de una cantidad que no exceda de lo necesario para cubrir sus gastos de funcionamiento.
Quedan excluidas del concepto de préstamo las operaciones mencionadas en el párrafo segundo del anterior apartado 3 y las
que se efectúen entre establecimientos accesibles al público.»
8       El derecho exclusivo de préstamo reconocido a los autores por los artículos 17 y 19 está sujeto a la siguiente excepción contenida
en el artículo 37, apartado 2, del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual:
«[…] los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades
de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas
en el sistema educativo español, no precisarán autorización de los titulares de los derechos ni les satisfarán remuneración
por los préstamos que realicen.»

El procedimiento administrativo previo
9       El 24 de abril de 2003, la Comisión pidió al Reino de España que le facilitara información sobre la adaptación del Derecho
español a lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 5 de la Directiva. Éste respondió mediante escrito de 1 de julio de 2003.
10     Conforme al procedimiento previsto en el artículo 226 CE, párrafo primero, la Comisión dirigió al Reino de España, el 19 de
diciembre de 2003, un escrito de requerimiento instándole a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva.
Dicho Estado miembro presentó observaciones el 19 de marzo de 2004.
11     Al considerar que estas explicaciones no eran satisfactorias, la Comisión dirigió un dictamen motivado al Reino de España,
el 9 de julio de 2004, instando a dicho Estado miembro a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto
en el citado dictamen en un plazo de dos meses a partir de su notificación.
12     En respuesta a este dictamen motivado, el Reino de España remitió a la Comisión, el 13 de septiembre de 2004, un informe elaborado
por el Ministerio de Cultura en el que, por un lado, se reiteraba la argumentación formulada por las autoridades españolas
en su respuesta al escrito de requerimiento y, por otro lado, se invocaba la «escasez de recursos presupuestarios disponibles».
13     Al no encontrar convincentes las alegaciones en las que se basaba la postura del Reino de España, la Comisión decidió interponer
el presente recurso.

Sobre el recurso

Alegaciones de las partes
14     Según la Comisión, del artículo 37, apartado 2, del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual se desprende que la
obligación de pagar una remuneración a los autores por el préstamo no autorizado de sus obras es tan restringida que es razonable
dudar de que pueda tener alguna aplicación práctica. A su juicio, la distinción entre el «establecimiento» que realiza los
préstamos y la «entidad» que controla dicho establecimiento en realidad es excesivamente formalista. En efecto, tal distinción
haría depender la existencia de la obligación de remunerar a los autores de la forma jurídica escogida por el prestamista,
lo cual permitiría eludir la obligación de remuneración con gran facilidad.
15     A su juicio, en realidad, esta obligación es inaplicable cuando la entidad que concede el préstamo pertenece a la categoría
de entidades públicas, instituciones docentes integradas en el sistema educativo español o entidades privadas «de interés
general de carácter cultural, científico o educativo» sin ánimo de lucro.
16     Por consiguiente, la obligación de remuneración sólo es de aplicación en dos supuestos. El primer supuesto se da cuando el
establecimiento que concede los préstamos es una entidad privada con ánimo de lucro. Ahora bien, los préstamos efectuados
«con ánimo de lucro» no pueden considerarse «préstamos» a efectos de la Directiva, sino «alquileres». Por otro lado, según
la Comisión, es muy improbable que, en la práctica, una entidad que actúe con ánimo de lucro se avenga a conceder préstamos
gratuitos. El segundo supuesto se da cuando dicha establecimiento es una entidad privada sin ánimo de lucro, pero no es una
entidad «de interés general de carácter cultural, científico o educativo». A la Comisión le parece también difícilmente concebible
que un museo, biblioteca, fonoteca, filmoteca o cualquier otro establecimiento que realice préstamos públicos sin ánimo de
lucro no pueda considerarse «una entidad de interés general de carácter cultural, científico o educativo».
17     Así pues, en su opinión, si bien es cierto que, en el presente caso, el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
permite establecer una distinción formal entre las diferentes categorías de establecimientos, dicha distinción no puede estimarse
válida, por cuanto tiene el mismo efecto que la ausencia de toda distinción y lleva a la exención de todos los préstamos de
la obligación de remuneración.
18     Además, el artículo 5, apartado 3, de la Directiva es una excepción a la obligación de remuneración prevista en el apartado
1 de este artículo y, en cuanto tal, debe ser interpretada estrictamente. Por consiguiente, a su entender, no atribuir ningún
significado al adjetivo «determinado» empleado en la expresión «determinadas categorías de establecimientos» equivale a privar
de todo efecto útil a la obligación de remuneración y a dar a dicho apartado 3 una interpretación contraria al objeto de la
Directiva. Asimismo, si bien es cierto que esta última disposición deja a los Estados miembros un amplio margen de discreción
para definir las categorías de establecimientos exentas de la obligación de remuneración, una «exención» que se aplica a todos
o a casi todos los establecimientos se convierte en la regla general.
19     Por otra parte, según la Comisión, las remuneraciones recibidas por los autores deben recompensar sus esfuerzos creativos.
Por tanto, la inexistencia de pago o un pago tan reducido que sea manifiestamente inadecuado para recompensar estos esfuerzos
creativos no puede considerarse, en sentido propio, una «remuneración».
20     En su defensa, el Reino de España considera, en primer lugar, que es inexacto calificar de «extremadamente restringido» el
ámbito de aplicación de la obligación de remunerar a los autores prevista en la normativa española, puesto que la Comisión
se equivoca al asimilar «establecimientos» y «entidades». En realidad, la inexistencia de ánimo de lucro es una característica
que no debe aplicarse al propio establecimiento, sino a la entidad titular de dicho establecimiento. La asimilación de establecimiento
y entidad se presta, por tanto, a confusión, al dar a entender que el ánimo de lucro y el interés general deben aplicarse
al establecimiento y no a la entidad titular de éste. En estas circunstancias, el ámbito de aplicación de la referida obligación,
que la Comisión tacha de extremadamente restringido, es más amplio. Afirma, además, que es muy frecuente que las empresas
privadas ejerzan actividades de patrocinio o mecenazgo, practicando habitualmente el préstamo público gratuito de obras, sin
que haya inconveniente alguno para que las entidades propietarias de estos establecimientos satisfagan remuneración a los
autores a su requerimiento.
21     El Reino de España sostiene a continuación que ningún artículo de la Directiva ofrece información o criterios de interpretación
sobre la dimensión relativa que puedan tener la regla general de remuneración a los autores y la excepción al pago de ésta.
A su juicio, la Comisión, sobre la que recae la carga de la prueba, no ha demostrado que la amplitud de la exención del pago
de la remuneración a los autores por el préstamo de sus obras haya tenido como resultado una insuficiencia de ingresos para
dichos autores que les haya impedido la realización de nuevas creaciones. La Comisión tampoco ha mantenido ni demostrado que
la excepción haya afectado a la consecución del mercado interior.
22     En su opinión, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, que pretende limitar, sin fundamento legal, la facultad reconocida
a los Estados miembros para eximir a determinadas categorías de establecimientos, o incluso a la totalidad de éstos, la Directiva
concede a dichos Estados miembros una amplia facultad de apreciación que les permite limitar e incluso dejar sin efecto la
obligación de remuneración en la medida necesaria para alcanzar sus objetivos culturales, exigencia prioritaria frente a la
de garantizar a los autores unos ingresos suficientes. A su juicio, la declaración de la Comisión en su Informe al Consejo,
al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, de 12 de septiembre de 2002, sobre el derecho de préstamo público en
la Unión Europea [COM(2002) 502 final; en lo sucesivo, «Informe de 2002 sobre el derecho de préstamo público»], confirma esta
interpretación. En este documento, en efecto, la Comisión afirma que «en determinadas circunstancias, [el artículo 5] permite
a los Estados miembros reemplazar el derecho exclusivo por un derecho de remuneración, o incluso no proporcionar remuneración
alguna».
23     Por último, el Reino de España alega que la expresión «determinadas categorías de establecimientos» no se refiere a la cantidad,
número o magnitud de éstos, sino que quiere decir tanto como categorías de establecimientos distinguidas, discernidas o señaladas.
Por tanto, a su juicio, la interpretación del artículo 5, apartado 3, de la Directiva defendida por la Comisión no corresponde
al significado real de dicha expresión.

Apreciación del Tribunal de Justicia
24     Mediante el presente recurso por incumplimiento, la Comisión suscita la cuestión del alcance que debe atribuirse a lo dispuesto
en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva, según el cual los Estados miembros podrán eximir a «determinadas categorías
de establecimientos» del pago de la remuneración a la que se refiere el apartado 1 del mismo artículo.
25     Según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición de Derecho comunitario, debe tenerse en cuenta no sólo su
tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (véanse, en particular,
las sentencias de 18 de mayo de 2000, KVS International, C‑301/98, Rec. p. I‑3583, apartado 21, y de 19 de septiembre de 2000,
Alemania/Comisión, C‑156/98, Rec. p. I‑6857, apartado 50).
26     Habida cuenta de la finalidad principal de la Directiva, tal como se desprende más concretamente de su séptimo considerando,
ésta pretende garantizar unos ingresos suficientes a los autores y artistas intérpretes o ejecutantes y amortizar las inversiones
particularmente elevadas y aleatorias necesarias, en particular, para la producción de fonogramas y películas (sentencias
de 28 de abril de 1998, Metronome Musik, C‑200/96, Rec. p. I‑1953, apartado 22, y de 6 de julio de 2006, Comisión/Portugal,
C‑53/05, Rec. p. I-0000, apartado 24).
27     El hecho de eximir a casi todas, o incluso a todas, las categorías de establecimientos que efectúan tales préstamos de la
obligación establecida en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva privaría a los autores de una remuneración que les permitiese
amortizar sus inversiones, lo cual no dejaría de tener asimismo repercusiones sobre la actividad de creación de nuevas obras
(véanse las sentencias antes citadas Metronome Musik, apartado 24, y Comisión/Portugal, apartado 25). En estas circunstancias,
una adaptación del Derecho interno a la Directiva que conduzca en la práctica a eximir a casi todas, o incluso a todas, las
categorías de establecimientos va en contra del objetivo principal de esta Directiva.
28     No obstante, el Reino de España sostiene a este respecto que el objetivo de promoción cultural prevalece sobre el objetivo
de garantizar ingresos suficientes a los autores. En su opinión, la libertad que la Directiva concede a los Estados miembros
permite a éstos otorgar a los autores una remuneración muy reducida, simbólica o incluso nula. A su juicio, además, esta interpretación
queda confirmada por el Informe de 2002 sobre el derecho de préstamo público.
29     Ciertamente, la promoción cultural constituye un objetivo de interés general que permite eximir, en virtud del artículo 5,
apartado 3, de la Directiva, a determinados establecimientos de préstamo público de la obligación de remuneración. Sin embargo,
la protección de los titulares de derechos, con la finalidad de garantizar a estos últimos ingresos suficientes, también es
un objetivo específico de esta misma Directiva, como precisa explícitamente el séptimo considerando de ésta. Precisamente
para proteger este derecho a remuneración, el legislador comunitario ha pretendido limitar el alcance de la exención, exigiendo
a las autoridades nacionales que únicamente exoneren de dicha obligación a determinadas categorías de establecimientos.
30     Por otra parte, la interpretación de la Directiva basada en su objetivo principal, según se desprende del apartado 26 de la
presente sentencia, queda corroborada por el propio tenor literal de dicho artículo 5, apartado 3, que se refiere únicamente
a «determinadas categorías de establecimientos». Por consiguiente, el legislador comunitario no pretendía permitir a los Estados
miembros eximir a la práctica totalidad, o incluso a la totalidad, de las categorías de establecimientos del pago de la remuneración
prevista en el apartado 1 del citado artículo (sentencia Comisión/Portugal, antes citada, apartado 21).
31     Además, en virtud de su artículo 5, apartado 3, la Directiva permite a los Estados miembros eximir a determinados establecimientos
de la obligación general de remuneración de los autores a la que se refiere el apartado 1 del mismo artículo, en caso de préstamo
público. Ahora bien, según reiterada jurisprudencia, las disposiciones de una directiva que constituyen una excepción a un
principio general establecido por esta misma directiva se han de interpretar restrictivamente (sentencia de 29 de abril de
2004, Kapper, C‑476/01, Rec. p. I‑5205, apartado 72, y sentencia Comisión/Portugal, antes citada, apartado 22).
32     Por consiguiente, contrariamente a lo que sostiene el Reino de España y según se desprende del apartado 30 de la presente
sentencia, la expresión «determinadas categorías de establecimientos», que figura en el artículo 5, apartado 3, debe entenderse
en el sentido de que se refiere a un concepto de carácter cuantitativo. Así, sólo un número limitado de categorías de establecimientos
potencialmente obligados a pagar una remuneración en virtud del apartado 1 del mismo artículo puede quedar exento de dicha
obligación.
33     Por último, es preciso recordar que, en el caso de que una directiva no proporcione criterios comunitarios suficientemente
precisos para delimitar las obligaciones que establece, corresponde a los Estados miembros determinar, en su territorio, los
criterios más pertinentes para garantizar su observancia, dentro de los límites impuestos por el Derecho comunitario y, en
particular, por dicha directiva (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de febrero de 2003, SENA, C‑245/00, Rec. p. I‑1251,
apartado 34, y de 16 de octubre de 2003, Comisión/Bélgica, C‑433/02, Rec. p. I‑12191, apartado 19).
34     A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado ya que el artículo 5, apartado 3, de la Directiva autoriza, pero no
obliga, a los Estados miembros a prever una exención para determinadas categorías de establecimientos. Por tanto, si las circunstancias
que rigen en el Estado miembro de que se trate no permiten determinar los criterios pertinentes para efectuar una distinción
válida entre varias categorías de establecimientos, debe imponerse a todos los establecimientos afectados la obligación de
pagar la remuneración prevista en el apartado 1 del citado artículo (sentencia Comisión/Bélgica, antes citada, apartado 20).
35     El Reino de España aduce que la exención prevista en el artículo 37, apartado 2, del Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual no se aplica al «establecimiento» que efectúa los préstamos, sino a la «entidad» que controla dicho establecimiento.
36     Ahora bien, como acertadamente señala la Comisión, hacer depender la exención de la obligación de remuneración de la forma
jurídica escogida por el prestamista resultaría excesivamente formalista y permitiría a éste eludir fácilmente la obligación
de remuneración. Además, el Reino de España no ofrece ninguna justificación de pueda acreditar la pertinencia de esta distinción
entre el establecimiento y la entidad de control, pues ambos se encuentran en una situación esencialmente idéntica respecto
a la operación de préstamo.
37     El Reino de España alega asimismo que la Comisión no ha demostrado que la exención prevista en el artículo 37, apartado 2,
del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual privaría a los autores de unos ingresos suficientes y falsearía la
competencia en el mercado común.
38     Procede desestimar esta alegación a la luz de la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de la que se desprende
que el recurso por incumplimiento tiene un carácter objetivo (véase, en particular, la sentencia de 17 noviembre 1993, Comisión/España,
C‑73/92, Rec. p. I‑5997, apartado 19), de manera que el incumplimiento de una obligación impuesta por una norma de Derecho
comunitario supone en sí mismo un incumplimiento y carece de pertinencia la consideración de que dicho incumplimiento no ha
provocado consecuencias negativas (véanse, en particular, las sentencias de 21 de septiembre de 1999, Comisión/Irlanda, C‑392/96,
Rec. p. I‑5901, apartados 60 y 61, y de 26 de junio de 2003, Comisión/Francia, C‑233/00, Rec. p. I‑6625, apartado 62). Al
estimar que cabe interpretar la Directiva a partir del examen de las consecuencias de su puesta en práctica, como la insuficiencia
de los ingresos de los autores, el Reino de España hace depender la interpretación de la Directiva de los efectos de su aplicación,
lo cual no respeta el orden lógico de estas dos fases del razonamiento jurídico.
39     Además, si bien es cierto que, en el Informe de 2002 sobre el derecho de préstamo público, la Comisión señala que el artículo
5 de la Directiva prevé, en determinadas circunstancias, una remuneración nula, esta posibilidad de no prever ninguna remuneración
se aplica únicamente a las categorías de establecimientos que, en virtud del artículo 5, apartado 3, de la Directiva, están
exentas de la obligación de remuneración. Pues bien, según resulta del apartado 31 de la presente sentencia, esta disposición
debe interpretarse de manera estricta.
40     En cualquier caso, aun suponiendo que dicho Informe pudiera invocarse en apoyo de las alegaciones del Reino de España, el
referido Informe sería a lo sumo, como acertadamente señaló la Abogado General en el punto 31 de sus conclusiones, un elemento
de interpretación entre otros, que no vincula al Tribunal de Justicia.
41     De ello se deduce que, al incluir en la lista de establecimientos exentos de la obligación de remuneración prevista en el
artículo 37, apartado 2, del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, la práctica totalidad, o incluso la totalidad,
de las categorías de establecimientos normalmente sujetos a la obligación de remuneración, el Reino de España ha efectuado
una interpretación del artículo 5, apartado 3, de la Directiva que no se ajusta al objetivo principal de ésta ni a la interpretación
estricta que debe recibir esta disposición, por cuanto establece una excepción a la obligación general de remunerar a los
autores.
42     En tales circunstancias, procede considerar fundado el recurso interpuesto por la Comisión.
43     En consecuencia, procede declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos
1 y 5 de la Directiva, al eximir de la obligación de remunerar a los autores por los préstamos públicos de obras amparadas
por derechos de autor los préstamos concedidos por la práctica totalidad, si no la totalidad, de las categorías de establecimientos.

Costas
44     A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber solicitado la Comisión que se condene en costas al Reino de España y
haber sido desestimados los motivos formulados por éste, procede condenarlo en costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide:
1)
Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 1 y 5 de la Directiva
92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos
de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, al eximir de la obligación de remunerar a los autores por los préstamos
públicos de obras amparadas por derechos de autor los préstamos concedidos por la práctica totalidad, si no la totalidad,
de las categorías de establecimientos.
2)
Condenar en costas al Reino de España.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: español.