CELEX: 61989CJ0015
Concentración de capitales
Impuesto sobre las aportaciones de capital
Condonación de un crédito en cuenta corriente

Mediante resolución de 14 de diciembre de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de enero de 1989, el Hoge Raad de los Países Bajos planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial relativa a la interpretación de la letra b) del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales (
DO L 249, p. 25
; EE 09/01, p. 22).
Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la sociedad Deltakabel BV (en lo sucesivo, «Deltakabel») y el Staatssecretaris van Financiën (Secretario de Estado de Hacienda) que tiene por objeto la recaudación del impuesto sobre las aportaciones de capital en relación con la condonación por parte de la sociedad Deltavisie BV (en lo sucesivo, «Deltavisie») del crédito en cuenta corriente que poseía frente a Deltakabel.
Deltakabel, constituida el 28 de diciembre de 1972, tiene como objeto social el desarrollo, la producción y la explotación de medios de comunicación de masas. Hasta el 1 de enero de 1981 la sociedad holding Deltavisie poseía la totalidad de sus participaciones sociales. Ambas sociedades, cuyos órganos de administración estaban integrados por las mismas personas, estaban consideradas como una única entidad a los efectos de la recaudación del impuesto sobre sociedades. Hasta 1980, Deltavisie financió las pérdidas registradas por Deltakabel en el marco de una relación de cuenta corriente.
El 1 de enero de 1981, Deltavisie vendió sus participaciones en Deltakabel a una sociedad del mismo grupo, BV Beleggingsmaatschappij Mastbos. Con vistas a tal operación, el 31 de diciembre de 1980, Deltavisie condonò una parte de su credito frente a Deltakabel. De este modo el saldo patrimonial neto de esta última sociedad quedó establecido en 1 HFL, que fue el precio de cesión de las participaciones de Deltavisie.
De la resolución de remisión resulta que, mediante liquidación de 4 de abril de 1984, la Administración Tributaria neerlandesa reclamó a Deltakabel el impuesto sobre las aportaciones por importe de 172766 HFL, así como un recargo que, previa condonación parcial, ascendió al 25 % de la cuantía de la liquidación complementaria. Efectivamente, la Administración estimó que la operación por la que Deltavisie había condonado su crédito frente a Deltakabel quedaba incluida en el ámbito de aplicación de la letra c) del artículo 34 de la Wet op belastingen van Rechtsverkeer (Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales). Dicha disposición somete al referido impuesto la «aportación de capital procedente de un accionista o de un titular de acciones sin voto, bonos de disfrute y similares, que no encuentre contrapartida explícita en la atribución de derechos contemplados en la letra b)». La letra b) se refiere a las «concentraciones de capitales que den lugar como contrapartida a la atribución de acciones sin voto, bonos de disfrute y similares, que confieran un derecho a una parte de los beneficios o a la cuota que resulte de la disolución y liquidación».
Esta Ley adapta el Derecho de los Países Bajos a la letra b) del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 69/335 del Consejo antes citada. Conforme a esta disposición, puede estar sujeta al impuesto sobre las aportaciones «el incremento del patrimonio social de una sociedad de capital por medio de prestaciones efectuadas por un socio que no supongan un aumento del capital social, sino que o tengan como contrapartida una modificación de los derechos sociales o bien puedan aumentar el valor de las partes sociales».
Al haber confirmado el Inspector de Tributos la liquidación complementaria emitida el 4 de abril de 1984 por la Administración tributaria neerlandesa, Deltakabel interpuso recurso ante el Gerechtshof de La Haya. Ante dicho órgano jurisdiccional, Deltakabel intentó demostrar que, dado que ambas sociedades se consideraban como integrantes de una misma entidad para la recaudación del impuesto sobre sociedades, el crédito de Deltavisie no era un auténtico crédito, sino más bien un asiento contable que reflejaba el total de las cantidades ya abonadas a Deltakabel para absorber sus pérdidas. El Gerechtshof, en su sentencia de 17 de marzo de 1987, no acogió esta alegación; destacó, al respecto, que ambas sociedades eran jurídicamente distintas y que sus cuentas anuales mostraban que se habían gestionado sus medios económicos de manera distinta. Por otra parte, el Gerechtshof revocó en parte la decisión controvertida en la medida en que imponía un recargo del impuesto sobre las aportaciones. Deltakabel entabló entonces un recurso de casación ante el Hoge Raad. Este órgano jurisdiccional estimó que la apreciación de autenticidad del crédito efectuada por el Gerechtshof estaba suficientemente fundada y que no procedía cuestionarla nuevamente.
El Hoge Raad formuló dudas sobre el problema de si la condonación por parte de Deltavisie del crédito que poseía frente a Deltakabel podía, como exige la letra b) del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 69/335, incrementar el valor de las partes sociales de esta última sociedad. Por ello, el Hoge Raad decidió suspender el procedimiento hasta que este Tribunal de Justicia respondiera a la siguiente cuestión prejudicial:
«Si una sociedad matriz liquida el patrimonio pasivo de una filial mediante condonación plena o parcial de un crédito contra dicha filial, ¿autorizan el inicio y la letra b) del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 69/335/CEE, de 17 de julio de 1969, la percepción del impuesto sobre las aportaciones de capital, habida cuenta en especial del requisito de que la condonación pueda aumentar el valor de las partes sociales?»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Con vistas a examinar si la condonación por parte de una sociedad matriz del crédito que posee frente a su filial es una operación contemplada por la letra b) del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 69/335, se ha de comprobar si tal operación tiene por efecto un aumento del patrimonio social y si puede incrementar el valor de sus partes sociales.
En lo que se refiere al primer requisito —aumento del patrimonio social— se ha de recordar que en la sentencia de 28 de marzo de 1990, Siegen (
C-38/88, Rec. p. I-1447
), este Tribunal de Justicia estimó que «cuando una sociedad ha sufrido pérdidas y uno de los socios acepta asumirlas, dicho socio efectúa una prestación que aumenta el patrimonio social de la sociedad. Efectivamente, lo sitúa al nivel que tenía antes de que se produjeran las pérdidas».
El mismo razonamiento puede seguirse cuando un socio condona el crédito que posee frente a su sociedad nacido del desembolso de sumas dirigidas a cubrir pérdidas sufridas por dicha sociedad. Tal operación equivale, en efecto, a asumir la totalidad o una parte de las pérdidas de la sociedad.
En cuanto al segundo requisito —incremento del valor de las partes sociales— hay que hacer referencia a la sentencia de 15 de julio de 1982, Felicitas (
270/81, Rec. p. 2771
), en la cual este Tribunal de Justicia declaró que «los principios en que se basa el impuesto sobre las aportaciones armonizado tienden a someter a dicho impuesto sólo las operaciones que son expresión jurídica de una concentración de capitales y ello en la medida en que tales operaciones contribuyan al refuerzo del potencial económico de la sociedad»
(traducción provisional),
razonamiento que fue extraído de la exposición de motivos de la Directiva 74/553/CEE del Consejo, de 7 de noviembre de 1974, de modificación del apartado 2 del artículo 5 de la Directiva 69/335/CEE relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales (
DO L 303, p. 9
; EE 09/01, p. 46).
De ahí resulta que el criterio decisivo para que una operación de concentración pueda ser gravada con el impuesto sobre las aportaciones reside en el refuerzo del potencial económico de la sociedad a la que dicha operación beneficie. En el presente caso, al reducir el déficit de la sociedad, la condonación de deuda concedida por el socio contribuyó al refuerzo del potencial económico de dicha sociedad. Por consiguiente, debe ser contemplada como capaz de incrementar el valor de sus partes sociales en el sentido de la letra b) del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 69/335.
Así pues, se ha de responder a la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional nacional que cuando una sociedad matriz liquida un elemento del pasivo de una filial mediante la condonación plena o parcial de un crédito contra dicha filial, la letra b) del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 69/335 autoriza la percepción del impuesto sobre las aportaciones de capital.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno neerlandés y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Hoge Raad de los Países Bajos mediante resolución de 14 de diciembre de 1988, declara:

Cuando una sociedad matriz liquida un elemento del pasivo de una filial mediante la condonación plena o parcial de un crédito contra dicha filial, la letra b) del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, autoriza la percepción del impuesto sobre las aportaciones de capital.

Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Slynn
Joliét
Grévisse
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 5 de febrero de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Quinta
J. C. Moitinho de Almeida
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.