CELEX: 61984CJ0269
Funcionarios
Artículo 45, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios

Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Justicia, respectivamente, el 14 de noviembre y el 5 de diciembre de 1984, los demandantes en el asunto 269/84, Sres. C. Fabbro, F. Giuffrida y C. Herbin y el demandante en el asunto acumulado 292/84, Sr. H. Scharf, funcionarios de la Comisión de las Comunidades Europeas de la categoría A, interpusieron dos recursos que tienen por objeto obtener:
a)
en el asunto 269/84, la anulación de la decisión del 11 de julio de 1984, adoptada por la Comisión durante su reunión n° 745, en la medida en que prevé que las candidaturas de los funcionarios del servicio lingüístico podrán tomarse en consideración para proveer los puestos de la categoría A, en la primera fase de los anuncios de plazas vacantes
b)
en el asunto 292/84, que se declare la ilegalidad de la decisión de 11 de julio de 1984 y que, por consiguiente, se anulen las decisiones de aplicación de la misma, de 30 de noviembre de 1984, mediante las cuales, por un lado se nombró al Sr. R. Teerlink funcionario del servicio LA, para un puesto de la categoría A declarado vacante en el anuncio de puesto vacante n° COM/1207/84, y, por otra, se rechazó la candidatura para este mismo puesto del demandante Sr. H. Scharf, funcionario de la categoría A.
La decisión impugnada forma parte de un conjunto de decisiones relativas a la estructura de las carreras, adoptadas por la Comisión en el curso de su reunión n° 745 y publicadas en el correo del personal «Infor-Rapide» del 18 de julio de 1984. En éste se anunciaba que, en el marco de su política de movilidad, la Comisión había decidido que tanto las candidaturas de los funcionarios del servicio lingüístico como las de los funcionarios de los servicios científico o técnico, podrían tomarse en consideración para proveer puestos administrativos en la primera fase de los anuncios de puestos vacantes. Asimismo, los funcionarios administrativos podrían optar a cualquier puesto vacante de los servicios LA y CT.
La Comisión solicita que, en el asunto 269/84, se declare la inadmisibilidad del recurso o, subsidiariamente, que se desestime por improcedente y, en el asunto 292/84, que se desestime por improcedente.
Sobre la admisibilidad del recurso 269/84
La Comisión sostiene la admisibilidad del recurso, ya que los demandantes carecen de un interés personal, preexistente y subsistente en impugnar la decisión de 11 de julio de 1984, que no les perjudica al no poder afectar directamente a su situación jurídica. Subraya que aquéllos no presentaron su candidatura a ninguno de los puestos para los que se nombró a un funcionario del servicio LA. De este modo, la decisión general impugnada sólo habría podido afectarles directamente si, en aplicación de la misma, se les hubiera excluido efectivamente en favor de un funcionario del servicio LA.
La Comisión añade que la medida impugnada se refiere sólo a los traslados que, salvo que se produzca una desviación de poder, no pueden influir en la carrera y que, aun suponiendo que una decisión de traslado de un funcionario procedente del servicio LA reduzca las posibilidades de movilidad y de promoción para los funcionarios de la categoría general, es indiferente que dicha decisión de traslado se adopte con arreglo a la primera fase del procedimiento previsto por el artículo 29 del Estatuto de los funcionarios o con arreglo a una fase posterior.
Por ùltimo, la Comisión subraya el hecho de que el traslado de funcionarios del servicio lingüístico a puestos de la categoría A no puede limitar las posibilidades de promoción de los funcionarios de esta categoría, ya que cada funcionario lingüista trasladado deja libre un puesto del mismo nivel en el servicio lingüístico, al que podrá optar un funcionario de la categoría A, dado que la decisión de 11 de julio de 1984 permite el movimiento en ambos sentidos.
Los demandantes afirman que, contrariamente a la posibilidad de recurso que ofrece el artículo 173 del Tratado CEE, se admite que los funcionarios puedan, con arreglo a los artículos 90 y 91 del Estatuto de los funcionarios, a condición de haber presentado una reclamación previa, impugnar tanto las medidas individuales adoptadas en aplicación de una decisión general como la propia decisión general, siempre que ésta les perjudique. En el caso de autos, el perjuicio que les causaría la decisión impugnada se debería al hecho de que cualquier traslado de un funcionario del servicio lingüístico a un puesto de la categoría A reduce el número de puestos reservados normalmente para la promoción de los funcionarios de esta categoría. Explican a este respecto que, mientras que a un funcionario nombrado para un puesto declarado vacante se le transfiere a su nuevo puesto y, en su caso, a una nueva Dirección general, con un partida presupuestaria del grado que tenía en su Dirección general precedente, de manera que deja en la misma un puesto vacante, esto, en cambio, no es posible en la hipótesis de que se proceda al nombramiento de un funcionario del servicio lingüístico para cubrir un puesto vacante de la categoría A, al no poder realizarse en este caso la transferencia de partidas presupuestarias, dado que, según el artículo 6 del Estatuto de los funcionarios, los puestos de la categoría A y los del servicio lingüístico son distintos desde el punto de vista presupuestario.
Según los demandantes, la decisión general impugnada les perjudica directamente, al reducir sus posibilidades de promoción, por lo que tienen un interés personal preexistente y subsistente en obtener su anulación. Señalan que, en el caso de autos, uno de los demandantes, el Sr. Herbin, funcionario de grado A 7, que figuraba en la lista de funcionarios propuestos para la promoción al grado A 6, en 1984, lista compuesta por 60 funcionarios de los cuales 52 fueron finalmente promovidos, habría tenido más posibilidades de obtener la promoción si tres funcionarios de grado LA 6 no hubieran sido trasladados a puestos de grado A 6. Las posibilidades de promoción de otro de los demandantes, el Sr. Fabbro, funcionario de grado A 6, inscrito en la lista de funcionarios propuestos para la promoción en 1985 al grado A 5, disminuyeron por el hecho de que la Administración trasladó a dos funcionarios de grado LA 6 a puestos de grado A 6. Por último al Sr. Giuffrida, funcionario de grado A 4, se le perjudicó al aumentar ilegalmente el número potencial de candidatos a un puesto de grado A 3 que iba a ser declarado vacante.
Hay que subrayar que el apartado 2 del artículo 90, en relación con el artículo 91 del Estatuto de los funcionarios, condiciona la admisibilidad del recurso previsto por el artículo 179 del Tratado CEE a que el acto impugnado perjudique al demandante y que, como ha declarado el Tribunal de Justicia en varias ocasiones, únicamente pueden considerarse lesivos los actos capaces de afectar directamente a una situación jurídica determinada.
Tal como se deduce de su redacción, el acto impugnado de 11 de julio de 1984, que fue adoptado sin invocar habilitación alguna que le hubiese sido conferida a la Comisión mediante algún tipo de disposición, se limita a enunciar la intención de la Administración de tomar en consideración, en el futuro, las candidaturas de los funcionarios del servicio LA para proveer puestos de la categoría A y de funcionarios de la categoría A para proveer puestos del servicio LA, a partir de la fase del apartado 1, letra a), del artículo 29 del Estatuto de los funcionarios. Ahora bien, la simple declaración de este propósito para el futuro no puede crear derechos y obligaciones para los funcionarios.
De ello se deduce que el acto cuya anulación solicitan los demandantes no ha podido modificar la situación jurídica de los mismos. Por consiguiente, el acto impugnado, que carece de efectos jurídicos, no tiene el carácter de un acto lesivo, por lo que el recurso en el asunto 269/84 debe declararse inadmisible.
Sobre el fondo del recurso 292/84
El demandante afirma que las decisiones impugnadas son ilegales por ser contrarias al apartado 2 del artículo 45 del Estatuto de los funcionarios, que prevé que el«paso de un funcionario de un servicio o categoria a otro servicio o a otra categoría sólo podrá hacerse mediante concurso».
El demandante considera que mediante esta disposición, el legislador pretende distinguir entre los puestos según su pertenencia a las diversas categorías y servicios y someterlos a distintas condiciones de ingreso y de desarrollo de la carrera, con arreglo al artículo 5 del Estatuto; según la parte actora, el legislador distingue no sólo entre categorías, sino también entre categorías y servicios. Invoca a este respecto, además del artículo 5, apartado 3, del Estatuto, los artículos 7, apartados 1 y 2, 31, apartado 1, 39, letra e), 40, letra d), 41, apartado 3, párrafo 2, 45, apartado 1, 102, apartado 4, y el artículo 14, párrafo 2, del Anexo VIII.
Más particularmente, respecto al reagrupamiento de puestos en el servicio lingüístico, éste se debe, según el demandante, a las exigencias específicas de formación y de cualificación profesional que implican necesariamente unas condiciones de reclutamiento distintas a las de la categoría A, tal como se deduce de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Por otro lado, la práctica de la Comisión se ha atenido siempre a esta distinción.
La Comisión se refiere a la oportunidad de la decisión de 11 de julio de 1984, y explica que dicha decisión forma parte de un conjunto de medidas destinadas a permitir una mayor movilidad del personal y la «descompartimentación» del servicio lingüístico, ofreciendo a los funcionarios una mayor libertad de elección y a la Administración la posibilidad de realizar una prospección en materia de personal, en interés del servicio, con un mínimo de formalidades. Respecto a los juristas lingüistas, esta uniformización de las condiciones de reclutamiento y de desarrollo de la carrera, en relación con los funcionarios de la categoría A general, está justificada, por una parte, por la formación de los juristas lingüistas que corresponde a menudo a una potencialidad más amplia que el objeto inmediato de su trabajo y, por otra parte, por la heterogeneidad de las formaciones de los funcionarios de la categoría A. Por último, la Comisión subraya que la posibilidad que se ofrece así a los juristas lingüistas para presentar su candidatura a un puesto de la categoría A se ofrece también en sentido inverso a los funcionarios de la categoría A y que existe ya desde 1971 para los funcionarios de los servicios científico o técnico.
Desde el punto de vista de la interpretación del apartado 2 del artículo 45 del Estatuto, la argumentación de la Comisión se basa en la convicción de que los servicios se constituyen dentro de una categoría. Por consiguiente, considera que, por el hecho de que un funcionario dependa de un servicio determinado, aquél no deja de pertenecer a la categoría dentro de la cual se constituye dicho servicio y que los derechos que se derivan de la pertenencia a esta categoría no pueden limitarse únicamente al terreno pecuniario.
Desde esta perspectiva, la Comisión, por lo que se refiere a las condiciones de ingreso y desarrollo de la carrera, afirma que el apartado 3 del artículo 5 no establece una separación entre «categorías» y «servicios». El término «respectivamente» que aparece en el apartado 3 del artículo 5 del Estatuto, por el que se impone la identidad de las condiciones de ingreso y de desarrollo de la carrera cuando se trata de funcionarios que pertenezcan a una misma categoría o a un mismo servicio, no se aplica a las nociones de «categoría» y de «servicio», sino a las de «idénticas condiciones de ingreso» y «desarrollo de carrera», tal como se deduce de la versión alemana y de la versión inglesa del texto. El hecho de que el apartado 2 del artículo 5 del Estatuto, por el que se establece el servicio lingüístico, preceda al apartado 3 no ofrece un argumento en contra de lo anterior. Por consiguiente, según la Comisión, el apartado 3 del artículo 5 del Estatuto no prohibe que se tienda hacia la identidad de las condiciones de ingreso y de desarrollo de carrera para los funcionarios de la categoría A general y para los que pertenezcan al servicio lingüístico, lo que permitiría la adopción de una nueva práctica según la cual puede tenerse en cuenta la experiencia profesional no lingüística de un funcionario LA y puede alegarse la experiencia predominantemente lingüística por parte de un funcionario A.
La Comisión mantiene así que la identidad fundamental de las condiciones jurídicas y estatutarias que resultan del hecho de pertenecer a una misma categoría, lo que no desmiente las disposiciones antes mencionadas del Estatuto, hace posible el paso, no asimilable a un ingreso, de un servicio establecido dentro de una categoría a un puesto «general» de la misma categoría, sin necesidad de un concurso.
La Comisión considera que el apartado 2 del artículo 45 del Estatuto impone el procedimiento de concurso para el paso de un servicio a otro o para el paso a una categoría superior, pero no para el paso de un servicio dentro de una categoría hacia la misma categoría general, y viceversa. La expresión «un servicio» que aparece en el segundo apartado del artículo 45 del Estatuto, tal como lo ponen de manifiesto claramente las versiones neerlandesa e inglesa del mismo texto, supone la exigencia del procedimiento de concurso únicamente para el paso a «otro servicio» y la expresión «una categoría» supone el mismo procedimiento sólo en lo que se refiere al paso a una categoría superior.
Por último, la Comisión señala que si se impusiera un concurso a los funcionarios del servicio LA para el paso a la categoria A general, dicho concurso debería exigirse también a los funcionarios de los servicios científico o técnico, quienes, sin embargo, pueden, desde 1971, pedir que se les traslade a puestos de la categoría A general.
Hay que señalar que las nociones de «categoría» y de «servicio» constituyen en el Estatuto de los funcionarios dos nociones distintas con efectos estatutarios y jurídicos precisos. El Estatuto ha creado unos servicios (lingüístico y científico o técnico) y ha previsto la posibilidad de constituir otros, con el fin de reagrupar en ellos a los funcionarios que ejerzan ciertas actividades especiales que exijan una cualificación específica para permitir un desarrollo diferenciado de sus carreras que tenga en cuenta estas particularidades. El argumento de la Comisión según el cual los efectos de la pertenencia del funcionario a un servicio se verían neutralizados por las consecuencias estatutarias que resultan de la pertenencia a una categoría no encuentra fundamento alguno en las disposiciones del Estatuto. Por el contrario, con arreglo a la última frase del apartado 1 del artículo 5 del Estatuto, el servicio podrá constituirse mediante el agrupamiento de grados que pertenezcan a una o varias categorías. Además, se deduce claramente de las diversas disposiciones del Estatuto relativas a la carrera y a las situaciones del funcionario que ambas están reguladas en la misma perspectiva de una distinción sistemática entre categoría y servicio.
Así ocurre con el destino del funcionario mediante nombramiento o traslado (apartado 1 del artículo 7), con la interinidad (apartado 2 del artículo 7), con el nombramiento (apartado 1 del artículo 31), con la reincorporación al término de una comisión de servicio [artículo 39, letra e)] o con la reincorporación al término de una excedencia voluntaria [apartado 4, letra d), del artículo 40], con la excedencia forzosa (párrafo 2 del apartado 3 del artículo 41), con la promoción [apartado 1 del artículo 45), con la integración de los funcionarios del servicio lingüístico [apartado 4, letra b), del artículo 102] o con la reincorporación al término de un período de invalidez (párrafo 2 del artículo 14 del Anexo VIII).
La distinción entre categoría y servicio se encuentra de nuevo en el apartado 2 del artículo 45, que prevé expresamente que «el paso de un funcionario de un servicio o categoría a otro servicio o a otra categoría sólo podrá hacerse mediante concurso». Por consiguiente, tal como declaró el Tribunal de Justicia en su sentencia de 20 de junio de 1985 (Spachis,
138/84, Rec. 1985, p. 1939
), el paso del servicio lingüístico al servicio administrativo de la categoría A sólo puede producirse a través de un concurso.
Esta disposición del Estatuto, considerada fundamental por la sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de diciembre de 1974 (Van Belle,
176/73, Rec. 1974, p. 1361
), no deja, contrariamente a lo que pretende la Comisión, ninguna facultad discrecional a la Administración para proceder de otra manera, y no pueden hacerse excepciones a su aplicación más que en virtud de otra disposición del mismo valor, como el párrafo 2 del artículo 98, que prevé que las «disposiciones del apartado 2 del artículo 45 no serán aplicables a los funcionarios comprendidos en el artículo 92», es decir a los funcionarios de los servicios científico o técnico. No existe una disposición de este tipo respecto al servicio lingüístico.
La Comisión mantiene a este respecto que el párrafo 2 del artículo 98 no proporciona un argumento en contra, porque esta excepción pretendía permitir el paso sin concurso entre funcionarios de los servicios científico o técnico. El argumento de la Comisión no es procedente. La disposición del párrafo 2 del artículo 98 no constituye una excepción parcial, que permita el paso de los funcionarios de un servicio a otro, sino una excepción total a la norma formulada por el apartado 2 del artículo 45, permitiendo así el paso de los funcionarios de los servicios científico o técnico no únicamente entre dichos servicios sino también a una categoría, y viceversa.
Por consiguiente, procede declarar que las decisiones impugnadas de 30 de noviembre de 1984, por las que se nombraba al Sr. R. Teerlink, funcionario del servicio lingüístico, para el puesto de la categoría A declarado vacante en el anuncio de puesto vacante n° COM/1207/84, y por las que se rechazaba la candidatura del demandante a este mismo puesto, son contrarias al apartado 2 del artículo 45 del Estatuto de los funcionarios, y por tanto, deben ser anuladas.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas.
Sin embargo, según el artículo 70 del mismo Reglamento, las instituciones soportarán los gastos en que hubieren incurrido en los recursos de los agentes de las Comunidades.
Por consiguiente, en el asunto 269/84 cada pane cargará con sus propias costas; en el asunto 292/84, por haber sido desestimados los motivos formulados por la Comisión, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
decide:

1)
Declarar la inadmisibilidad del recurso en el asunto 269/84.

2)
En el asunto 292/84, anular las decisiones de la Comisión de 30 de noviembre de 1984, por las que se nombró al Sr. R. Teerlink funcionario del servicio lingüístico, para el puesto de la categoría A declarado vacante en el anuncio de puesto vacante n° COM/1207/84, y por las que se rechazó la candidatura del demandante a dicho puesto.

3)
En el asunto 269/84, cada parte cargará con sus propias costas.

4)
En el asunto 292/84, condenar en costas a la Comisión.

Kakouris
O'Higgins
Koopmans
Bahlmann
Rodríguez Iglesias
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, el 21 de octubre de 1986.
El Secretario
P. Heim
El Presidente de la Sala Sexta
C. Kakouris
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.