CELEX: 61989CJ0200
Fondo Social Europeo
Recurso de anulación contra una reducción de la ayuda económica

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 26 de junio de 1989, la FUNOC, Asociación para el desarrollo en Charleroi de acciones colectivas de formación para la universidad abierta, con arreglo al párrafo 2 del artículo 173 del Tratado CEE, solicitó la anulación de la Decisión de la Comisión, notificada a la demandante mediante carta de 21 de abril de 1989, relativa a la participación del Fondo Social Europeo en la financiación de los proyectos presentados por el Reino de Bélgica, en cuanto dicha Decisión requiere la devolución de una suma de 6579334 BFR y deniega el abono del saldo de una ayuda económica concedida para el proyecto n° 843246 B5 por el Fondo. Mediante el mismo escrito, la FUNOC interpuso un recurso de indemnización, con arreglo al artículo 178 del Tratado CEE, que tiene por objeto la reparación del perjuicio sufrido a causa de dicha Decisión.
Según la letra a) del apartado 2 del artículo 1 de la Decisión 83/516/CEE del Consejo, de 17 de octubre de 1983, sobre las funciones del Fondo Social Europeo (
DO L 289, p. 38
; EE 05/04, p. 26), éste participará en la financiación de acciones de formación y orientación profesional. El apartado 2 del artículo 3 de esta Decisión dispone que la ayuda del Fondo podrá ser concedida para fomentar la realización de proyectos que tengan un carácter innovador.
Según el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 2950/83 del Consejo, de 17 de octubre de 1983 (
DO L 289, p. 1
; EE 05/04, p. 22) sobre aplicación de la citada Decisión, cuando la ayuda del Fondo no sea utilizada con arreglo a las condiciones fijadas por la Decisión de aprobación, la Comisión podrá suspender, reducir o suprimir la ayuda, después de haber dado al Estado miembro de que se trate la oportunidad de formular sus observaciones.
Para los ejercicios 1984, 1985 y 1986, el Ministère de l'Emploi et du Travail (Ministerio de Empleo y Trabajo) presentó, en septiembre de 1983, en nombre del Reino de Bélgica y en favor de la FUNOC, una solicitud de ayuda del Fondo para un proyecto con carácter innovador en el sentido del apartado 2 del artículo 3 de la Decisión 83/516, antes citada, destinado a la formación de jóvenes poco cualificados de la región de Charleroi en las nuevas tecnologías de la información.
La solicitud señalaba que el objetivo de la acción de formación era la creación de una cooperativa de producción científica que realice estudios e investigaciones de utilidad colectiva. La solicitud precisaba que, con esta perspectiva, 90 jóvenes de escasa cualificación recibirían una formación apropiada sobre los métodos y técnicas de investigación con uso intensivo de la informática (1000 horas por cada joven). Por medio de informaciones complementarias entregadas a la Comisión el 15 de junio de 1984, la FUNOC completó la solicitud inicial precisando que el proyecto se desarrollaría en tres fases distintas: una enseñanza básica, una enseñanza específica y una aplicación
in vivo,
escalonadas en tres años (1984, 1985 y 1986).
Mediante Decisión C(84) 1076 de la Comisión, de 23 de julio de 1984, el proyecto fue aprobado por la suma solicitada, esto es, 16500000 BFR.
De conformidad con el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 2950/83, ya citado, se abonó un primer anticipo de 4950000 BFR en diciembre de 1984 y un segundo de 4950000 BFR en mayo de 1987.
En mayo de 1987, el Ministère de l'Emploi et du Travail presentó la solicitud de abono del saldo de 6600000 BFR, acompañada del conjunto de documentos justificativos y la memoria de ejecución. El 6 de junio de 1988, la FUNOC recibió una carta certificada del Ministère de l'Emploi et du Travail que le trasladaba una nota procedente de la Comisión, acompañada por una carta explicativa. La Comisión requería la devolución de la suma anticipada de 9900000 BFR con el fundamento de que, según la memoria de ejecución, el promotor había decidido desde enero de 1984 modificar el proyecto, sin previo aviso al Fondo, estableciendo tres ciclos de formación anuales que incluyeron a 30 beneficiarios cada uno. El primero comenzó en marzo de 1984 y los dos siguientes en 1985 y 1986, respectivamente. Este cambio de orientación entraba, según la Comisión, en contradicción con la estructura inicial del proyecto.
A raíz de los contactos que mantuvieron las autoridades belgas y los servicios de la Comisión, ésta última, mediante carta de 21 de abril de 1989, trasladada a la demandante el 2 de mayo de 1989, redujo a 6579334 BFR su requerimiento de devolución de los anticipos abonados a la FUNOC, tomando en consideración el primer año, con el fundamento de que dicho primer ciclo era la única parte de la acción que respondía al criterio del carácter no repetitivo.
Como fundamento de su recurso de anulación de la Decisión impugnada, la demandante alega incompetencia del funcionario que adoptó la Decisión controvertida, infracción de la normativa sobre la gestión del Fondo, error manifiesto de apreciación y aplicación indebida, así como, subsidiariamente, violación del principio de proporcionalidad.
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio, del desarrollo del procedimiento, así como de los motivos y alegaciones de las partes, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
En cuanto a la pretensión de anulación
Sobre el primer motivo
Según la demandante, el acto está viciado en cuanto que no emana del órgano competente, esto es, la propia Comisión, sino del Jefe de División de la Dirección General V, que actuó sin habilitación.
Hay que señalar con carácter previo que de las normas aplicables resulta que la Dirección General V está encargada de la gestión de los gastos del Fondo en colaboración con el Control Financiero. Según el Reglamento interno de la Comisión, se puede facultar a funcionarios para que adopten, en su nombre y bajo su control, medidas de gestión o de administración claramente definidas.
Al formular este motivo, no tiene en cuenta la demandante el hecho de que la delegación de firma constituye el medio normal por el que la Comisión ejerce sus competencias, como declaró este Tribunal de Justicia en sus sentencias de 14 de julio de 1972 (ICI,
48/69, Rec. 1972, p. 619
, apartados 10 a 14) y 17 de octubre de 1972 (Cementhandelaren,
8/72, Rec. 1972, p. 977
, apartados 10 y 14). La demandante no ha aportado indicio alguno que permita entender que, en el presente supuesto, la Administración comunitaria se haya separado del cumplimiento de las normas aplicables en la materia.
Por lo tanto, debe desestimarse el primer motivo.
Sobre el segundo motivo
Según la demandante, la Decisión impugnada infringe la normativa sobre el Fondo. Mantiene que, en efecto, la Comisión se limitó a presentar a la Administración belga de Empleo y Trabajo una liquidación de deuda por importe de 9900000 BFR, sin haber recabado, con arreglo al apartado 1 del artículo 6 del Reglamento n° 2950/83, ya citado, sus observaciones al respecto.
Esta tesis no puede ser acogida. Según consta en autos, la Decisión discutida en el presente asunto, esto es, la fechada el 21 de abril de 1989, fue precedida de un intercambio de cartas entre la Comisión y las autoridades belgas, que presentaron sus observaciones, con arreglo al apartado 1 del artículo 6 del Reglamento n° 2950/83, ya citado, es decir, antes de que se adoptase una decisión definitiva.
Por lo tanto, debe desestimarse el segundo motivo.
Sobre el tercer motivo
Alega también la demandante que la Comisión cometió un error manifiesto de apreciación y aplicó de manera errónea la normativa reguladora del Fondo. Niega haber introducido un cambio en su proyecto inicial. Dicho proyecto, afirma, fué respetado, al margen del hecho de que resultó necesario, para su buen fin, modificar determinados aspectos de su aplicación. La operación realizada, alega, conservó sus características de acción única, con carácter innovador, dirigida a comprobar una nueva hipótesis de trabajo.
Hay que destacar que según resulta de la descripción de la formación en la solicitud de ayuda del Fondo presentada por la demandante, completada por las informaciones complementarias proporcionadas a la Comisión, el proyecto inicial dirigido a 90 jóvenes de escasa cualificación preveía 1000 horas de formación, repartidas en tres fases distintas para tres años.
Sin embargo, según resulta de la memoria final, redactada por la propia demandante y comunicada a la Comisión en junio de 1987, la operación, tal como se desarrolló, supuso tres cursos de formación similares dirigidos a tres grupos distintos de 30 jóvenes, cada uno de los cuales comprendió 1000 horas y duró un año.
Ahora bien, se ha de considerar que la concentración en un año de una formación de 1000 horas de duración que debía extenderse sobre un período de tres años tuvo por efecto el que el programa se desarrollara en circunstancias distintas de las inicialmente anunciadas. Por otra parte, el hecho de que la misma formación se haya repetido durante los dos últimos años privó de su carácter innovador a la acción desarrollada. En consecuencia, la Comisión podía, con arreglo al apartado 1 del artículo 6 del Reglamento n° 2950/83, ya citado, suspender, reducir o suprimir la ayuda del Fondo.
Por consiguiente, debe desestimarse el tercer motivo.
Sobre el cuarto motivo
Mantiene por último la demandante que la Decisión impugnada viola el principio de proporcionalidad por cuanto la devolución de la mayor parte de la suma anticipada y la denegación del pago del saldo son desproporcionados en vista del carácter formal del defecto de que se trata, esto es, la falta de comunicación de las modificaciones introducidas. Ello es tanto más grave, aduce, cuanto que la sanción impuesta pone en peligro la supervivencia misma de la FUNOC.
Se ha de recordar al respecto que el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento n° 2950/83, ya citado, imponía la revocación de la Decisión de aprobación incursa en ilegalidad sobrevenida a causa de una modificación esencial del proyecto inicial y no de un mero defecto de forma. Por otra parte, como ella misma ha subrayado, la Comisión tuvo en cuenta los intereses subjetivos de la demandante, ya que en definitiva decidió, con carácter excepcional y por razones de equidad, sustituir la Decisión de concesión afectada de ilegalidad sobrevenida, por una nueva Decisión de aprobación parcial del primer cupo de formación.
En consecuencia, no se ha acreditado que la Comisión haya excedido los límites de lo necesario para garantizar la correcta utilización de las cantidades abonadas por el Fondo al suprimir la financiación de las acciones de formación realizadas en 1985 y 1986.
Por consiguiente, también debe desestimarse este motivo.
De todas las consideraciones expuestas resulta que el recurso de anulación debe ser desestimado en todas sus partes.
En cuanto a la reclamación de daños y perjuicios
La demandante alega que, con la adopción de la Decisión impugnada, la Comisión le ocasionó un perjuicio que está obligada a reparar con arreglo al párrafo 2 del artículo 215 del Tratado.
Sobre este punto, se ha de recordar que, según reiterada jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, para que la Comunidad incurra en responsabilidad, en el sentido del párrafo 2 del artículo 215, es necesario que concurran una serie de requisitos: la ilegalidad de la conducta que se imputa a las instituciones, que se haya producido el daño alegado y que exista una relación de causalidad entre esta conducta y dicho daño.
En el supuesto de autos, resulta de lo hasta aquí expuesto que la conducta de la Comisión, que se alega fue la causante del perjuicio sufrido por la FUNOC, no está viciada de ilegalidad.
Procede por ello, sin entrar a analizar si concurren el resto de los requisitos exigidos por la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, desestimar la reclamación de daños y perjuicios.
De las anteriores consideraciones resulta que el recurso interpuesto por la FUNOC debe ser desestimado en todas sus partes.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla al pago de las costas causadas a la Comisión.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas a la demandante.

O'Higgins
Mancini
Schockweiler
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de octubre de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Segunda
T. F. O'Higgins
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.