CELEX: 62003CJ0462
Contratos públicos
Directiva 93/38/CEE
Sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones
Conceptos de "explotación" y de "puesta a disposición" de redes destinadas a prestar un servicio al público en el ámbito del transporte por ferrocarril
Obras de infraestructura ferroviaria

1       Las peticiones de decisión prejudicial versan sobre la interpretación del artículo 2, apartado 2, letra c), de la Directiva
93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los
sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (DO L 199, p. 84).
2       Dichas peticiones se plantearon en el marco de sendos litigios entre Strabag AG (en lo sucesivo, «Strabag») y Kostmann GmbH
(en lo sucesivo, «Kostmann»), por un lado, y la Österreichische Bundesbahnen (Red Nacional de los Ferrocarriles Austriacos;
en lo sucesivo, «ÖBB»), por otro lado, relativos a la adjudicación a empresas competidoras de éstas de contratos referentes
a la construcción y al desdoblamiento de vías férreas y que tenían por objeto, en particular, la realización de obras de excavación,
nivelado y hormigonado, así como la construcción de puentes y obras ferroviarias.

Marco jurídico

Normativa comunitaria
3       El artículo 1 de la Directiva 93/38 define algunos conceptos que ésta utiliza. Así, a tenor de los puntos 1, 2, 4 y 7 de dicho
artículo, se entenderá por:
«1)
poderes públicos:
el Estado, las entidades territoriales, los organismos de Derecho público, las asociaciones formadas por una o varias de
dichas entidades o de dichos organismos de Derecho público.
Se considerará como organismo de Derecho público, cualquier organismo que:
–       haya sido creado para satisfacer específicamente necesidades de interés general, que no [sean] de carácter industrial o comercial,
–       tenga una personalidad jurídica propia, y
–       esté financiado, mayoritariamente, por el Estado, las entidades territoriales u otros organismos de Derecho público: o su
gestión esté sujeta a un control por parte de estos organismos; o tenga un órgano de administración, de dirección o de supervisión
más de la mitad de cuyos miembros son nombrados por el Estado, por las entidades territoriales o por otros organismo de Derecho
público;
2)
empresas públicas:
aquellas sobre las que los poderes públicos puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante por el hecho
de tener la propiedad o una participación financiera en las mismas, o en virtud de las normas que las rigen. Se considerará
que los poderes públicos ejercen una influencia dominante, directa o indirectamente, sobre una empresa, cuando:
–       tengan la mayoría del capital suscrito de la empresa, o
–       dispongan de la mayoría de los votos correspondientes a las participaciones emitidas por la empresa, o
–       puedan nombrar a más de la mitad de los miembros del órgano de administración, dirección o supervisión de la empresa;
[…]
4)
contratos […] de obras […]:
los contratos a título oneroso celebrados por escrito entre una de las entidades contratantes mencionadas en el artículo
2 y un […] contratista […] y que tengan por objeto […] bien la ejecución, bien la ejecución y concepción en forma conjunta,
o bien la realización, por el medio que fuere, de obras de construcción o de ingeniería civil mencionadas en el Anexo XI.
Tales contratos podrán incluir, además, los suministros y los servicios necesarios para su ejecución […].
[…]
7)
procedimientos abiertos, restringidos o negociados:
los procedimientos de adjudicación que las entidades contratantes aplican y en virtud de los cuales:
a)      en el caso del procedimiento abierto, cualquier suministrador, contratista o prestador de servicios interesado puede presentar
ofertas;
b)      en el caso del procedimiento restringido, sólo pueden presentar ofertas los candidatos invitados por la entidad contratante;
c)      en el caso del procedimiento negociado, la entidad contratante consulta con los suministradores, contratistas o prestadores
de servicios de su elección y negocia las condiciones del contrato con uno o varios de ellos.»
4       A tenor del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 93/38, ésta se aplicará a las «entidades contratantes que:
a)      sean poderes públicos o empresas públicas y realicen alguna de las actividades contempladas en el apartado 2;
[…]»
5       Las actividades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de dicha Directiva, a las que se hace alusión en el apartado
1 del mismo artículo, se hallan descritas en el artículo 2, apartado 2, de la propia Directiva y son las siguientes:
«a)      la puesta a disposición o la explotación de redes fijas que presten un servicio al público en relación con la producción,
transporte o distribución:
i)       de agua potable; o
ii)      de electricidad; o
iii)      de gas o de calefacción;
o el suministro de agua potable, electricidad, gas o calefacción a dichas redes;
b)      la explotación de una zona geográfica determinada para:
i)      la prospección o extracción de petróleo, gas, carbón u otros combustibles sólidos; o
ii)      la puesta a disposición de los transportistas aéreos, marítimos o fluviales, de los aeropuertos, de los puertos marítimos
o interiores o de otras terminales de transporte;
c)      la explotación de redes que presten un servicio público en el campo del transporte por ferrocarril, sistemas automáticos,
tranvía, trolebús, autobús o cable.
En cuanto a los servicios de transporte, se considera que existe una red cuando el servicio se presta con arreglo a las condiciones
establecidas por una autoridad competente de un Estado miembro, tales como las condiciones relativas a los itinerarios, a
la capacidad de transporte disponible o a la frecuencia del servicio;
d)      la puesta a disposición o la explotación de redes públicas de telecomunicaciones o el suministro de uno o más servicios públicos
de telecomunicaciones.»
6       El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/38 dispone:
«Para adjudicar sus contratos de suministros, de obras y de servicios, o para organizar sus concursos de proyectos, las entidades
contratantes aplicarán los procedimientos que se adapten a las disposiciones de la presente Directiva.»
7       El artículo 6, apartado 1, de la misma Directiva establece que ésta «no se aplicará a los contratos o a los concursos de proyectos
que las entidades contratantes celebren u organicen para fines distintos de la prosecución de sus actividades mencionadas
en el apartado 2 del artículo 2, ni para la prosecución de dichas actividades en un país tercero, en circunstancias que no
supongan la explotación física de una red o de un área geográfica dentro de la Comunidad».
8       Finalmente, a tenor del artículo 20, apartado 1, de la Directiva 93/38, «las entidades contratantes podrán elegir cualquiera
de los procedimientos definidos en el apartado 7 del artículo 1 siempre que, salvo lo dispuesto en el apartado 2, se haya
efectuado una convocatoria de licitación con arreglo al artículo 21». El citado apartado 2 enumera precisamente aquellos casos
en los que las entidades contratantes podrán utilizar un procedimiento sin convocatoria de licitación previa.

Normativa nacional
Ley federal de 1997 sobre la adjudicación de los contratos públicos
9       En Derecho austriaco, la Ley federal de 1997 sobre la adjudicación de los contratos públicos [Bundesgesetz über die Vergabe
von Aufträgen (Bundesvergabegesetz) 1997, BGBl. I, 56/1997; en lo sucesivo, «BVergG 1997»] ejecutó la Directiva 93/38. A tenor
del artículo 84, apartados 1, 2 y 4, que figura en el capítulo 5 de dicha Ley, que lleva el encabezamiento «Disposiciones
especiales aplicables a las entidades contratantes en los sectores del agua, de la energía y de los transportes, así como
en el sector de las telecomunicaciones»:
«(1)      Únicamente será de aplicación lo dispuesto en este capítulo si las entidades contratantes a que se refiere la presente Ley
ejercen una actividad en el sentido del apartado 2 […].
(2)      Las actividades contempladas en el apartado 1 son las siguientes:
1.      La puesta a disposición o la explotación de redes fijas […]
2.      La explotación de un área geográfica delimitada a los fines de […]
3.       La explotación de redes fijas destinadas a prestar un servicio al público en el sector del transporte por ferrocarril, sistemas
automáticos, tranvía, autobús, trolebús o cable;
4.      La puesta a disposición o la explotación de redes públicas de telecomunicaciones o la prestación de uno o de varios servicios
de telecomunicaciones.
[…]
(4)      Por lo que atañe a los servicios de transporte a que se refiere el apartado 2, punto 3, se considera que existe una red cuando
se presta el servicio en las condiciones establecidas por una autoridad competente, como son las condiciones relativas a los
itinerarios que deben seguirse, la capacidad de transporte disponible o la frecuencia del servicio […]»
10     El artículo 113 de la BVergG 1997 regula las competencias del Bundesvergabeamt (Oficina federal de adjudicaciones). Dicho
precepto establece:
«(1)      El Bundesvergabeamt será competente para tramitar los procedimientos en los recursos que se interpongan ante él, conforme
a lo dispuesto en el capítulo siguiente.
(2)      Con objeto de poner fin a las infracciones de la presente Ley federal y de sus reglamentos de aplicación el Bundesvergabeamt
será competente, hasta la adjudicación del contrato, para:
1.      adoptar medidas cautelares, y
2.      anular las resoluciones ilegales de la entidad adjudicadora del órgano de contratación.
(3)      Tras la adjudicación del contrato o una vez finalizado el procedimiento de adjudicación, el Bundesvergabeamt será competente
para determinar si la adjudicación no se hizo al mejor postor a causa de una infracción de la presente Ley federal o de sus
reglamentos de aplicación […]»
La Ley federal de 2002 sobre la adjudicación de los contratos públicos
11     La BVergG 1997 fue derogada y sustituida, a partir del 1 de septiembre de 2002, por una nueva Ley federal sobre la adjudicación
de los contratos públicos [Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen (Bundesvergabegesetz) 2002, BGBl. I, 99/2002; en lo
sucesivo, «BVergG 2002»]. El artículo 120 de esta última Ley incorpora, en gran medida, lo dispuesto en el artículo 84 de
la BVergG 1997. A diferencia de este último artículo, el citado artículo 120, apartado 2, punto 3, dispone, no obstante, por
lo que atañe al sector de los transportes, que tanto la explotación como la puesta a disposición destinadas a prestar un servicio
al público en el ámbito del transporte por ferrocarril, sistemas automáticos, tranvía, autobús, trolebús o cable figuran entre
las actividades contempladas en su apartado 1, y a las que se aplica, en consecuencia, el régimen específico previsto en la
Directiva 93/38.
12     En lo que se refiere a las competencias atribuidas al Bundesvergabeamt, la BVergG 2002 se inspira también, en gran medida,
en lo dispuesto en la BVergG 1997, ya que el artículo 162 de la BVergG 2002 incorpora, en particular, con algunas modificaciones,
lo dispuesto en el artículo 113 de la BVergG 1997.
13     El artículo 188 de la BVergG 2002, relativo a la entrada en vigor de dicha Ley y a la derogación de la BVergG 1997, especifica,
en su apartado 1, que la BVergG 2002 no será de aplicación a los procedimientos de adjudicación de contratos iniciados antes
de la fecha de su entrada en vigor. En consecuencia, el apartado 3 del mismo artículo establece que, si se hubieran interpuesto
recursos ante el Bundesvergabeamt antes del 1 de septiembre de 2002, este órgano jurisdiccional está obligado en principio
a proseguir el examen de dichos recursos con arreglo a lo dispuesto en la BVergG 1997, en su versión publicada en el BGBl. I, 136/2001.
14     En virtud de la segunda frase de la misma disposición, esta norma no será de aplicación, sin embargo, cuando se suspenda el
procedimiento o la petición de decisión prejudicial […]. En efecto, en estos dos supuestos, el Bundesvergabeamt está obligado,
después de haberse pronunciado sobre la cuestión que dio lugar a la citada suspensión o tras la recepción de la decisión prejudicial,
a continuar el procedimiento con arreglo a la BVergG 2002.

Litigios principales y cuestiones prejudiciales
15     Los litigios principales tienen sus orígenes en hechos similares. Comenzaron cuando la entidad ÖBB, sociedad cuyo capital
pertenece íntegramente al Estado austriaco y cuya misión consiste, conforme al artículo 1, apartado 3, de la Ley Federal de
Ferrocarriles de 1992 (Bundesbahngesetz 1992, BGBl. 825/1992), en garantizar el transporte de personas y bienes así como en
construir y en mantener las infraestructuras necesarias para ello, dictó una resolución por la que se excluían las ofertas
presentadas por las sociedades demandantes en el asunto principal y se adjudicaban a empresas competidoras de estas últimas
los contratos de obras de que se trata en estos dos asuntos. Tanto Strabag como Kostmann manifiestan, en esencia, su disconformidad
con la utilización por ÖBB del procedimiento negociado de adjudicación de los contratos.

Asunto C‑462/03
16     Mediante comunicación de 29 de octubre de 2000, ÖBB ordenó publicar en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
un anuncio de licitación que tenía por objeto la realización de distintas obras de infraestructuras en hormigón armado y la
construcción de obras ferroviarias así como de puentes de ferrocarril.
17     Catorce empresas de construcción, entre las cuales se hallaban Strabag y Kostmann, presentaron una oferta en el marco de dicho
contrato. No obstante, las ofertas de estas últimas fueron excluidas. Al habérsele comunicado, mediante fax de 5 de julio
de 2002, el nombre del adjudicatario elegido por ÖBB, Strabag decidió interponer un recurso contra la resolución por la que
se adjudicaba el citado contrato ante el Bundesvergabeamt, al que solicitó, con arreglo al artículo 113, apartado 2, de la
BVergG 1997, por un lado, que anulara tal resolución y, por otro, que adoptara medidas provisionales consistentes, en el presente
caso, en dirigir una orden conminatoria al órgano de contratación con objeto de impedir la celebración del contrato de que
se trata antes de que se hubiera dictado una resolución sobre el fondo del recurso.
18     En una primera resolución adoptada el 22 de julio de 2002, es decir el mismo día que se celebró el contrato entre ÖBB y la
empresa adjudicataria, el Bundesvergabeamt acordó admitir a trámite la demanda de medidas provisionales y dictó la orden conminatoria
solicitada por Strabag.
19     En una segunda resolución, de fecha 30 de agosto de 2002, dicho órgano jurisdiccional, pronunciándose sobre el fondo del asunto,
declaró, no obstante, que la adjudicación que se había efectuado se ajustaba a las normas nacionales y comunitarias que regulan
los contratos públicos, de forma que ya no era posible estimar la pretensión de anulación del citado contrato. Sin embargo,
en esta misma resolución, el Bundesvergabeamt declaró que la utilización del procedimiento negociado de adjudicación de contratos
era contraria a Derecho. El citado órgano jurisdiccional se fundó, en este punto, en el hecho de que el proyecto de infraestructuras
que se cuestiona en el asunto principal versaba sobre una «puesta a disposición» de una red de transporte público y, por consiguiente,
no podía considerarse una actividad comprendida dentro del sector al que se refiere el artículo 84, apartado 2, punto 3, de
la BVergG 1997. En opinión del Bundesvergabeamt, tal declaración de ilegalidad no exige, sin embargo, que se plantee al Tribunal
de Justicia una cuestión sobre la interpretación de la normativa comunitaria, dado que las referidas disposiciones del Derecho
nacional son inequívocas y reflejan fielmente, sobre este extremo, lo dispuesto en la Directiva 93/38 y, más concretamente,
el tenor del artículo 2, apartado 2, letra c), de ésta.
20     A raíz de la adopción de esta última resolución, Strabag, por un lado, interpuso un recurso contra ésta ante el Verfassungsgerichtshof,
alegando en particular que el Bundesvergabeamt había desestimado indebidamente la petición de remisión prejudicial que dicha
entidad había presentado. Por otro lado, Strabag solicitó al Bundesvergabeamt que declarara, en virtud del artículo 113, apartado
3, de la BVergG 1997, que el contrato no se había adjudicado al mejor postor, como consecuencia de una infracción de esta
Ley. La referida sociedad se basó, a este respeto, en la afirmación de este mismo órgano jurisdiccional según la cual la elección
por ÖBB del procedimiento negociado de adjudicación de los contratos no era correcta. Esta última petición, formulada el 30
de agosto de 2002, llegó al Bundesvergabeamt el 2 de septiembre siguiente, es decir, un día después de la entrada en vigor
de la BVergG 2002.
21     En estas circunstancias, al considerar el Bundesvergabeamt que estaba ante una cuestión que requería una interpretación del
Derecho comunitario, habida cuenta, en particular, de la nueva redacción de la disposición de la Ley federal austriaca reguladora
del sector de los transportes, a saber, el artículo 120, apartado 2, punto 3, de este Ley y de las diferencias existentes,
tanto a nivel terminológico como lingüístico, entre los supuestos contemplados, por una parte, en el artículo 2, apartado
2, letras a) y d), de la Directiva 93/38 y las evocadas, por otra parte, en el mismo apartado, letras b) y c), decidió suspender
el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 2, letra c), de la Directiva 93/38/CEE, en el sentido de que, a diferencia de
otros supuestos previstos en el artículo 2, apartado 2, de la citada Directiva, se debe considerar que la explotación de redes
es la “única” actividad propia del sector de los transportes?
2)      ¿Qué actividades comprende el concepto de “explotación de redes que prestan un servicio público en el campo del transporte
por ferrocarril” con arreglo al artículo 2, apartado 2, letra c), de la Directiva 93/38/CEE? En particular, ¿en qué medida
dicho concepto debe incluir las acciones en materia de infraestructuras? ¿En qué medida ese tipo de acciones en materia de
infraestructuras deben incluirse en el concepto de “puesta a disposición de redes”?
3)      En la medida en que, en el ámbito del transporte (por ferrocarril), únicamente esté sujeta a la Directiva 93/38/CEE la explotación
de redes (en caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión): ¿debe una autoridad nacional de control de la adjudicación
de contratos públicos dejar sin aplicar una disposición nacional con arreglo a la cual, en contra de lo dispuesto en la Directiva
93/38/CEE, también se considera como actividad propia del sector de los transportes la “puesta a disposición de redes para
la prestación de un servicio público en el ámbito del transporte por ferrocarril”?»

Asunto C‑463/03
22     Según se ha señalado en el apartado 15 de la presente sentencia, los hechos que dieron lugar a este segundo asunto son análogos
a los que originaron el asunto C‑462/03. A raíz de la publicación, por ÖBB, de distintos anuncios de licitación relativos
a la realización de diversas obras de excavación, perforado, nivelado y hormigonado, así como a la construcción de puentes,
pozos, túneles y pasos subterráneos relacionados con la construcción o el desdoblamiento de determinadas vías férreas, Kostmann
presentó distintas ofertas con el fin de que se le adjudicaran dichos contratos.
23     Cuando ÖBB le comunicó que no se había aceptado la oferta que había presentado en el marco del primer contrato, y que éste
se le había adjudicado a una empresa de la competencia, Kostmann solicitó al Bundesvergabeamt, mediante escrito de 13 de diciembre
de 2000, que declarara que el contrato no le había sido adjudicado al mejor postor, con arreglo al artículo 113, apartado
3, de la BVergG 1997, debido, en su opinión, a la utilización injustificada del procedimiento negociado, infringiendo dicha
Ley.
24     La legalidad de la utilización de este último procedimiento se cuestiona asimismo en el contencioso que opone a Kostmann y
a ÖBB por lo que atañe a los demás anuncios de licitación publicados a petición de éstas en el marco de los recursos de anulación
interpuestos ante este mismo órgano jurisdiccional mediante sendos escritos de 13 de diciembre de 2000 y 13 de enero de 2001,
es decir, tan sólo varios días después de la publicación de los citados anuncios en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
También en estos asuntos, se habían adjudicado los contratos a empresas competidoras de la demandante en el asunto principal,
después de que fuera desestimada, en algunos casos, la demanda de medidas provisionales que ésta había presentado.
25     La alegación expuesta ante el Bundesvergabeamt en estos procedimientos es esencialmente la misma que originó el asunto C‑462/03.
ÖBB defiende la utilización del procedimiento negociado de adjudicación de los contratos alegando que los proyectos de infraestructuras
que habían dado lugar a los distintos anuncios de licitación pertenecen al sector a que se refieren el artículo 2, apartado
2, letra c), de la Directiva 93/38 y la disposición correspondiente de la BVergG 1997, de forma que, conforme al artículo
20, apartado 1, de la citada Directiva, la entidad contratante podía elegir libremente entre utilizar un procedimiento abierto,
restringido o negociado. En cambio, Kostmann sostiene que ÖBB debía acudir a las normas ordinarias de adjudicación de los
contratos y, en particular, a las contenidas en la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación
de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DO L 199, p. 54), la cual prevé únicamente una utilización
del procedimiento negociado con carácter excepcional, dado que las obras de infraestructura que se cuestionan en el asunto
principal no figuran entre las actividades correspondientes al sector contemplado en el artículo 2, apartado 2, letra c),
de la Directiva 93/38.
26     En estas circunstancias, al considerar que el contenido de esta última Directiva requería una interpretación, el Bundesvergabeamt
decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia tres cuestiones prejudiciales cuya formulación es idéntica
a la de las cuestiones recogidas en el apartado 21 de la presente sentencia.
27     Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 16 de enero de 2004, se acumularon los asuntos C‑462/03 y C‑463/03
a los fines de las fases escrita y oral del procedimiento así como de la sentencia.

Sobre la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales
28     En las observaciones que ha presentado ante el Tribunal de Justicia, la Comisión de las Comunidades Europeas, con carácter
preliminar, manifiesta sus dudas acerca de la admisibilidad de las cuestiones planteadas. Sobre este particular, alega que
estas últimas tienen un carácter puramente teórico, dado que ÖBB tiene la condición de entidad adjudicadora que ejerce una
actividad específicamente mencionada en el artículo 2, apartado 2, letra c), de la Directiva 93/38 y que los proyectos de
infraestructuras que se cuestionan en el asunto principal guardan una relación directa con dicha actividad. Por consiguiente,
en relación con los asuntos principales, carece de toda relevancia la cuestión de si la puesta a disposición de redes de ferrocarril
se rige, en general, por lo dispuesto en el apartado 2, letra c), del referido artículo.
29     A este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, corresponde en principio exclusivamente al órgano jurisdiccional
nacional que conoce del litigio, y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar
a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como
la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. La negativa de este último a pronunciarse sobre una
cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible, por tanto, cuando resulta evidente que
la interpretación del Derecho comunitario solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio
principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de
hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a la cuestiones planteadas (véanse, en particular, las sentencias
de 22 de enero de 2002, Canal Satélite Digital, C‑390/99, Rec. p. I‑607, apartados 18 y 19; de 27 de febrero de 2003, Adolf
Truley, C‑373/00, Rec. p. I‑1931, apartados 21 y 22, y de 5 de febrero de 2004, Schneider, C‑380/01, Rec. p. I‑1389, apartados
21 y 22).
30     En el presente caso, no consta claramente que las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional correspondan a alguno
de dichos supuestos.
31     En efecto, por una parte, no puede afirmarse que la interpretación del Derecho comunitario solicitada no guarde relación alguna
con la realidad o con el objeto de los litigios principales ni que el problema planteado sea de naturaleza hipotética, ya
que la apreciación por el referido órgano jurisdiccional de la legalidad de la utilización del procedimiento negociado de
adjudicación de los contratos depende, en particular, de la cuestión de si los proyectos de infraestructuras que se cuestionan
en el asunto principal están comprendidos o no dentro del ámbito de aplicación material de la Directiva 93/38.
32     Por otra parte, el Bundesvergabeamt ha facilitado al Tribunal de Justicia todos los elementos necesarios para que pueda dar
una respuesta adecuada a las cuestiones planteadas.
33     Por lo tanto, debe declararse la admisibilidad de éstas.

Sobre las cuestiones primera y segunda
34     Mediante sus dos primeras cuestiones, que deben examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pide, en esencia,
que se dilucide el ámbito de aplicación material de la Directiva 93/38. Efectivamente, tanto de las explicaciones dadas en
las resoluciones de remisión como de las observaciones formuladas ante el Tribunal de Justicia se desprende que el Bundesvergabeamt
pretende saber, mediante sus cuestiones relativas al alcance de los términos «explotación» y «puesta a disposición» de redes
de transporte, si los proyectos de infraestructuras que se cuestionan en el asunto principal figuran entre las actividades
incluidas en el sector al que se refiere el artículo 2, apartado 2, letra c), de la citada Directiva y si la entidad contratante
podía, en consecuencia, establecer excepciones a las normas ordinarias de adjudicación de los contratos contenidas en la Directiva
93/37 y aplicar las establecidas en la Directiva 93/38, autorizando una utilización más amplia del procedimiento negociado.
35     Debe recordarse a este respecto, por un lado, que, según el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 93/38, ésta
se aplicará a las entidades contratantes que sean poderes públicos o empresas públicas y que realicen alguna de las actividades
contempladas en el apartado 2 del mismo artículo.
36     Por otra parte, del artículo 4, apartado 1, de la citada Directiva se deduce que, para adjudicar sus contratos de suministros,
de obras y de servicios, o para organizar sus concursos de proyectos, las entidades contratantes aplicarán los procedimientos
que se adapten a las disposiciones de la misma Directiva.
37     Según ha señalado con razón la Comisión en sus observaciones escritas, de la lectura conjunta de estas dos disposiciones se
desprende que la aplicabilidad de la Directiva 93/38 depende de la actividad que ejerza la entidad contratante de que se trata
así como de los vínculos existentes entre esta misma actividad y el contrato que tenga previsto celebrar la referida entidad.
Si esta última ejerce una de las actividades contempladas en el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 93/38, y proyecta
en el ejercicio de tal actividad, lo que incumbe verificar al juez nacional, adjudicar contratos de servicios, de obras o
de suministros, o bien organizar un concurso, será de aplicación al citado contrato o concurso lo dispuesto en la referida
Directiva. En caso contrario, el mencionado contrato o concurso se regirá por las normas contenidas en las Directivas reguladoras,
según los casos, de los contratos de servicios, de obras o de suministros.
38     Por lo demás, esta interpretación se ve corroborada expresamente tanto por el tenor literal del artículo 6, apartado 1, de
la Directiva 93/38, según el cual, ésta no se aplicará, en particular, a los contratos o a los concursos de proyectos que
las entidades contratantes celebren u organicen para fines distintos de la prosecución de sus actividades mencionadas en el
artículo 2, apartado 2, de la misma Directiva, como por la lectura del decimotercer considerando de ésta, el cual aclara que
dicha Directiva no deberá aplicarse a las actividades de estas entidades que queden fuera de los sectores del agua, de la
energía, de los transportes o de las telecomunicaciones o que, aun estando en estos sectores, se hallen directamente expuestas
a la competencia en mercados cuyo acceso no esté limitado.
39     Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responder a las dos primera cuestiones planteadas en cada uno de
los asuntos principales que cuando una entidad contratante que ejerza alguna de las actividades contempladas específicamente
en el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 93/38 proyecte, en el ejercicio de la referida actividad, adjudicar un contrato
de servicios, de obras o de suministros, o bien organizar un concurso, dicho contrato o concurso se regirá por lo dispuesto
en la citada Directiva.

Sobre la tercera cuestión
40     Mediante su tercera cuestión, formulada en términos idénticos en cada uno de los asuntos principales, el órgano jurisdiccional
remitente pretende fundamentalmente que se dilucide si está obligado a excluir una disposición de Derecho nacional que establezca,
contrariamente al tenor literal del artículo 2, apartado 2, letra c), de la Directiva 93/38, que la puesta a disposición de
redes destinadas a prestar un servicio al público en el ámbito del transporte por ferrocarril constituye también una actividad
comprendida dentro del sector regulado por dicha Directiva.
41     Esta cuestión se basa en la premisa de que las obras de infraestructura, como las que se cuestionan en el asunto principal,
no están comprendidas dentro del ámbito de aplicación material de la Directiva 93/38 dado que, según el órgano jurisdiccional
remitente, tales obras deben equipararse a una «puesta a disposición» de redes de transporte, y que esta actividad no figura
entre las que se mencionan expresamente en el artículo 2, apartado 2, letra c), de la referida Directiva.
42     Pues bien, una premisa de esta índole es errónea. Según se ha señalado en el apartado 37 de la presente sentencia, la aplicabilidad
de la Directiva 93/38 depende de la actividad que ejerza la entidad contratante de que se trata así como de los vínculos existentes
entre esta actividad y el contrato que tenga previsto celebrar la referida entidad.
43     En estas circunstancias, no procede responder a la tercera cuestión.

Costas
44     Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
Cuando una entidad contratante que ejerza alguna de las actividades contempladas específicamente en el artículo 2, apartado
2, de la Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación
de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, proyecte, en el ejercicio
de la referida actividad, adjudicar un contrato de servicios, de obras o de suministros, o bien organizar un concurso, dicho
contrato o concurso se regirá por lo dispuesto en la citada Directiva.
Firmas
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Lengua de procedimiento: alemán.