CELEX: 61988CJ0220
Convenio de Bruselas
Materia delictual ó cuasidelictual
Interpretación del apartado 3 del artículo 5
Víctima indirecta
Daño sufrido por una sociedad matriz como consecuencia de las pérdidas económicas de su filial

Mediante resolución de 21 de junio de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 4 de agosto del mismo año, la Cour de cassation francesa planteó, en virtud del Protocolo de 3 de junio de 1971, relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, el «Convenio»), una cuestión prejudicial sobre la interpretación del apartado 3 del artículo 5 del Convenio.
Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio cuyo objeto era una acción por responsabilidad cuasidelictual ejercitada ante los Tribunales franceses por las sociedades francesas Sceper y Tracoba, en cuyos derechos se subrogan las sociedades Dumez France y Oth Infrastructure (en lo sucesivo, «sociedades Dumez y otros»), contra las sociedades Hessische Landesbank, Salvatorplatz-Grundstücksgesellschaft mbH & Co. oHG Saarland y Lübecker Hypothekenbank, cuyos domicilios sociales se encuentran en la República Federal de Alemania (en lo sucesivo, «bancos alemanes»).
Consta en los autos del litigio principal que las sociedades Dumez y otros persiguen la reparación del daño que pretenden haber sufrido por el estado de insolvencia de sus filiales, cuyos domicilios sociales se encuentran en la República Federal de Alemania, provocado por el abandono de un programa de construcción de inmuebles que debían construirse en la República Federal de Alemania a instancias de un promotor alemán y que, a su vez, sería la consecuencia de la revocación por los bancos alemanes de los créditos concedidos a este último.
Mediante resolución de 14 de mayo de 1985, el Tribunal de commerce de Paris acogió la excepción de incompetencia planteada por los bancos alemanes, con el razonamiento de que el daño inicial lo experimentaron las filiales de las sociedades Dumez y otros en la República Federal de Alemania, y sólo indirectamente y a resulta del mismo sufrieron las sociedades matrices francesas un perjuicio económico.
Mediante sentencia de 13 de diciembre de 1985, la Cour d'appel de París confirmó dicha resolución afirmando que las repercusiones contables que las sociedades Dumez y otros indicaban haber registrado en su domicilio social en Francia no bastaban para desplazar la localización del daño inicialmente sufrido por las filiales en la República Federal de Alemania.
En apoyo del recurso de casación interpuesto contra esta sentencia, las sociedades Dumez y otros alegaron que la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia (sentencia de 30 de noviembre de 1976, G. J. Bier BV contra Mines de potasse d'Alsace SA,
21/76, Rec. 1976, p. 1735
), según la cual, la expresión «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso», recogida en el apartado 3 del artículo 5 del Convenio, debe interpretarse en el sentido de que la misma hace referencia, tanto al lugar de producción del daño como al lugar donde ocurre el hecho que causa el daño, de manera tal que el demandante podrá optar por entablar su demanda ante el Tribunal competente en virtud de uno u otro de ambos fueros, es igualmente aplicable al supuesto de un perjuicio indirecto, en cuyo caso, para la víctima que sufra un perjuicio como consecuencia del daño sufrido por una primera víctima, el lugar de producción del hecho dañoso será aquél en que sus intereses se vean afectados. Por consiguiente, tratándose en el caso de autos de sociedades francesas, el perjuicio económico causado por el estado de insolvencia de sus filiales establecidas en la República Federal de Alemania, se encuentra localizado en Francia y, más en concreto, en el domicilio social de las sociedades Dumez y otros
Por estimar que el litigio suscitaba una cuestión de interpretación del Derecho comunitario, la Cour de cassation francesa decidió suspender el procedimiento y someter al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«La regla de competencia judicial en virtud de la cual, y por lo que respecta a la aplicación del apartado 3 del artículo 5 del Convenio, la parte demandante puede optar entre el Tribunal del lugar de producción del daño y el del lugar en que ocurrió el hecho que causó el daño, ¿debe aplicarse igualmente al supuesto en que el daño alegado no sea sino la consecuencia del perjuicio sufrido por las víctimas directas de un daño materializado en un lugar distinto, lo que, en caso de respuesta afirmativa, legitimaría a la víctima por vía indirecta para entablar demanda ante el Tribunal de su propio domicilio?»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento y de las observaciones escritas presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Para responder a la cuestión planteada, es preciso recordar, en primer lugar, que, a tenor de lo previsto en el artículo 5 del Convenio :
«Las personas domiciliadas en un Estado contratante podrán ser demandadas en otro Estado contratante: [...]
3)
en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso.»
Es preciso señalar igualmente que, en sentencia de 30 de noviembre de 1976, ya citada, este Tribunal declaró que, en aquellos casos en los que el lugar en que se haya producido el hecho que pueda generar una responsabilidad delictual o cuasidelictual y el lugar en que este hecho haya causado un daño no coincidan, la expresión «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso», recogida en el apartado 3 del artículo 5 del Convenio, ha de interpretarse en el sentido de que, con la misma, se está haciendo referencia al mismo tiempo al lugar de producción del daño y al del hecho que lo causa; de manera tal que el demandante puede optar entre entablar la correspondiente demanda ante el Tribunal competente en función del lugar en que se haya producido el daño o ante el del lugar donde ocurre el hecho que causa el daño.
Las sociedades Dumez y otros observan que, en esta sentencia, el Tribunal de Justicia interpretó el apartado 3 del artículo 5 del Convenio sin establecer distinción alguna, según la víctima del daño lo fuese por vía directa o indirecta, de lo que se desprende que, en el supuesto de una víctima indirecta de un daño personal, el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que la víctima haya sufrido el daño.
Procede observar, a este respecto, en primer lugar, que la citada sentencia de 30 de noviembre de 1976 resolvió un litigio en el que el daño (se trataba, en concreto, de daños sufridos por determinadas zonas de cultivo en los Países Bajos) se produjo a una cierta distancia del lugar donde ocurrió el hecho que causó los daños (vertido de residuos salinos en el Rin por una empresa establecida en Francia), pero por efecto directo del agente causal, a saber, el desplazamiento físico de los vertidos salinos.
En el litigio principal de estos autos, por el contrario, tanto el origen corno las consecuencias directas del daño presuntamente causado a las sociedades Dumez y otros por el hecho de que los bancos alemanes revocaran los créditos concedidos al promotor para la financiación de las obras se sitúan en un mismo Estado miembro; a saber, aquél en el que están establecidos tanto las entidades crediticias como el promotor y las filiales de las sociedades Dumez y otros, encargadas de la realización de las obras. El perjuicio alegado por las sociedades matrices Dumez y otros no es sino la consecuencia mediata de las pérdidas económicas sufridas en un primer momento por sus filiales, como consecuencia de la revocación de los créditos y del subsiguiente paro de las obras.
De lo dicho se desprende que, en un caso como el de autos, el daño alegado no es sino la consecuencia indirecta del perjuicio inicialmente sufrido por otras personas jurídicas, víctimas directas de un daño materializado en un lugar distinto de aquél en el que ha repercutido en la víctima indirecta.
Procede, por lo tanto, examinar si el concepto de «lugar en que se haya producido el daño» en el sentido propio de la citada sentencia de 30 de noviembre de 1976 puede entenderse referido al lugar en que las víctimas indirectas del perjuicio resientan en su propio patrimonio las consecuencias dañosas del mismo.
A este respecto, al estructurar en su título II el sistema de atribución de competencia, el Convenio ha recogido en su artículo 2, a modo de regla general, el de la competencia de los tribunales del Estado del domicilio del demandado, manifestando, por otra parte, su preferencia respecto a la competencia de los tribunales del domicilio del demandante, dado que en el párrafo 2 de su artículo 3 se descarta la aplicación de aquellas disposiciones nacionales que prevean dicho fuero frente a demandados cuyos domicilios radiquen en el territorio de un Estado contratante.
Únicamente a título de excepción a la regla general del fuero del Estado del domicilio del demandado prevé la sección 2 del título II un cierto número de atribuciones de competencia especiales, entre las que se encuentra el apartado 3 del artículo 5 del Convenio. Como este Tribunal ya ha tenido ocasión de afirmar (sentencia de 30 de noviembre de 1976, ya citada, apartados 10 y 11), estas competencias especiales, cuya elección depende de una opción del demandante, se basan en la existencia de un vínculo particularmente estrecho entre el litigio y otros tribunales distintos de los competentes en virtud del Estado del domicilio del demandado, que justifique la atribución de competencia a dichos órganos jurisdiccionales en aras de una recta administración de Justicia, así como de un desarrollo satisfactorio del proceso.
Para alcanzar este objetivo, que reviste una importancia fundamental en un Convenio esencialmente destinado a favorecer el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales fuera del territorio del Estado en que hayan sido dictadas, es indispensable evitar una multiplicación de los tribunales competentes, que aumenta el riesgo de que se adopten resoluciones inconciliables, que, de conformidad con el apartado 3 del artículo 27 del Convenio, es un motivo de no reconocimiento o de no otorgamiento del
exequatur.
El referido objetivo se opone igualmente a toda interpretación del Convenio que, aparte de los casos expresamente previstos, pueda conducir a atribuir competencia a los tribunales del domicilio del demandante, permitiendo que este último, al elegir su propio domicilio, determine el tribunal competente.
Se deduce de lo expuesto que si bien es cierto que es jurisprudencia de este Tribunal (sentencia de 30 de noviembre de 1976, ya citada) que el concepto de «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso», contemplado en el apartado 3 del artículo 5 del Convenio, puede hacer referencia al lugar en que haya sobrevenido el daño, no lo es menos que este último concepto sólo cabe entenderlo referido al lugar en el que el hecho causal generador de la responsabilidad delictual o cuasidelictual haya desplegado sus erectos dañosos respecto de quien sea su víctima inmediata.
Por otra parte, el lugar en que se manifiesta el daño inicial presenta generalmente un estrecho vínculo con los restantes elementos constitutivos de la responsabilidad, cuando lo corriente es que tal no sea el caso del domicilio de la víctima indirecta.
En virtud de lo expuesto, procede responder a la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente que la regla de atribución de competencia judicial enunciada en el apartado 3 del artículo 5 del Convenio no puede interpretarse de manera tal que legitime a un demandante que invoque un daño del que afirme ser la consecuencia del perjuicio sufrido por terceros, víctimas directas del hecho dañoso, para demandar al autor de este hecho ante los tribunales competentes en virtud del lugar en el que el propio demandante haya experimentado el daño en su propio patrimonio.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno de la República Federal de Alemania, por el Gobierno de la República francesa, por el Gobierno del Reino Unido y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por la Cour de cassation francesa mediante resolución de 21 de junio de 1988, declara:

La regla de atribución de competencia judicial enunciada en el apartado 3 del artículo 5 del Convenio de 27 de septiembre de 1968, relativa a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, no puede interpretarse de manera tal que legitime a un demandante que invoque un daño del que afirme ser la consecuencia del perjuicio sufrido por terceros, víctimas directas del hecho dañoso, para demandar al autor de este hecho ante los tribunales competentes en virtud del lugar en el que el propio demandante haya experimentado el daño en su propio patrimonio.

Kakouris
Schockweiler
Koopmans
Mancini
Diez de Velasco
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de enero de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Sexta
C. N. Kakouris
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.