CELEX: 61984CJ0169(01)
Ayuda de Estado
Sistema de tarifas aplicado en los Países Bajos al suministro de gas natural

Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 2 de julio de 1984, la Compagnie française de l'azote (Cofaz) SA, la Société CdF Chimie azote et fertilisants SA y la Société chimique de la Grande Paroisse SA, con arreglo al párrafo 2 del artículo 173 del Tratado CEE, solicitaron la anulación de la Decisión de la Comisión de 17 de abril de 1984, mediante la que esta institución archivó el procedimiento iniciado, con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado CEE, contra el sistema de tarifas aplicado a los precios del gas natural en los Países Bajos, mediante escrito de 4 de noviembre de 1983 dirigido al Gobierno neerlandés.
El 25 de octubre de 1983, la Comisión decidió iniciar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CEE, como consecuencia de la denuncia presentada por varios productores franceses de abonos nitrogenados contra el sistema de tarifas preferenciales aplicado por los Países Bajos en favor de los productores neerlandeses de abonos nitrogenados y relativo al suministro de gas natural destinado a la fabricación de amoníaco.
Según la Comisión, el régimen de ayuda de referencia consistía inicialmente en un sistema en virtud del cual el Gobierno neerlandés, por mediación de Gasunie (empresa que el Estado neerlandés poseía, directa o indirectamente, en más de un 50 %), concedía rebajas especiales a los productores neerlandeses de amoníaco gracias a una estructura de tarifas de dos niveles que producía el efecto de reducir el coste del gas natural utilizado como materia prima por estos productores.
En el marco de este procedimiento, la Comisión emitió el 13 de marzo de 1984 un dictamen motivado en el que llegaba a la conclusión de que la referida estructura de tarifas constituía una ayuda de Estado a los efectos del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CEE y que no se le podía aplicar ninguna de las excepciones previstas en el apartado 3 de ese mismo artículo.
Mediante télex de fecha 14 de abril de 1984, el Gobierno neerlandés comunicó a la Comisión que, con efectos retroactivos al 1 de noviembre de 1983, Gasunie había suprimido la tarifa impugnada y había añadido a su estructura de tarifas industriales una nueva tarifa, denominada «tarifa F», para uso de aquellos grandes consumidores industriales establecidos en los Países Bajos, con exclusión de los del sector de la energía, que reuniesen los requisitos siguientes :
a)
consumir cada año una cantidad mínima de 600 millones de m
de gas;
b)
presentar un factor de carga del 90 % o más;
c)
aceptar que Gasunie pudiera, discrecionalmente, interrumpir total o parcialmente el suministro;
d)
aceptar el suministro de gas de valores caloríficos diferentes.
La nueva tarifa F se encuentra al mismo nivel que la denominada «tarifa E», aplicable a los consumidores cuyo consumo anual se sitúa entre 50 y 600 millones de m
, con una reducción de 5 céntimos neerlandeses por m
. Durante el procedimiento se puso de relieve, sin embargo, que el nivel mínimo de consumo anual exigido a los beneficiarios de la tarifa F era de 500 millones de m
.
Por considerar que el nuevo sistema de tarifas de Gasunie resultaba compatible con el mercado común, la Comisión decidió, en su reunión de 17 de abril de 1984, archivar el procedimiento que había iniciado contra Gasunie con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado CEE. Mediante carta fechada el 24 de abril de 1984, la Comisión comunicó a las demandantes que, tras un examen en profundidad de los elementos técnicos incluidos en la composición de la nueva tarifa, había llegado a la conclusión de que dicha tarifa, que formaba parte de la estructura general de las tarifas internas neerlandesas y que no resultaba discriminatoria a nivel sectorial, no contenía ningún elemento de ayuda estatal. La Comisión consideró que Gasunie conseguía realizar considerables ahorros en el coste del suministro debido a la importancia del factor de carga y a las condiciones del suministro que presentaban los tres grandes consumidores industriales. Según la Comisión, el nivel de precios de la tarifa F no cubría el valor total del ahorro en el coste del suministro que tales contratos permitían a Gasunie. Por último, la Comisión declaró que la tarifa F se justificaba desde el punto de vista económico y comercial si se la comparaba con los precios facturados a otros consumidores importantes.
Contra esta decisión de archivar el procedimiento las demandantes interpusieron el presente recurso, alegando que dicha Decisión había incurrido en errores manifiestos en la apreciación de los hechos esenciales, consistiendo estos errores principalmente en la conclusión de que puede considerarse que la tarifa F forma parte de la estructura general de las tarifas internas neerlandesas, de que dicha tarifa no tiene ningún carácter específico sectorial y de que se justifica por el valor del ahorro en el coste del suministro que los tres grandes consumidores permiten a Gasunie.
Mediante sentencia de 28 de enero de 1986 (Cofaz contra Comisión,
169/84, Rec. 1986, p. 391
), el Tribunal de Justicia declaró la admisibilidad del recurso.
Mediante auto de 27 de febrero de 1986, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) ordenó un dictamen pericial. Los peritos presentaron su dictamen el 23 de diciembre de 1987 (en lo sucesivo, «dictamen pericial»).
Como consecuencia del desistimiento de la Compagnie française de l'azote (Cofaz) SA, el Tribunal de Justicia decidió, mediante auto de 16 de marzo de 1988, que dicha sociedad quedase excluida de la lista de demandantes.
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio, del desarrollo del procedimiento y de los motivos y alegaciones de las partes, así como de las conclusiones del dictamen pericial, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre la situación de la tarifa F en la estructura general de las tarifas internas neerlandesas
Mediante su primer motivo, las demandantes mantienen que, contrariamente a lo que la Comisión expone en su Decisión, la tarifa objeto de litigio constituye una tarifa especial, tan sólo superpuesta pero no integrada en la estructura general de las tarifas internas neerlandesas.
Para fundamentar su argumentación, las demandantes alegan, por una parte, que la tarifa F es totalmente secreta y que el contrato de suministro en que se aplica se negocia directamente con ciertos consumidores de manera confidencial. Por otra parte, la obtención de la tarifa F está supeditada a requisitos completamente distintos de los que se exigen para aplicar las demás tarifas. En efecto, los criterios de aplicabilidad se calculan por cliente y no por fábrica, con objeto de hacer posible adicionar los consumos de varios centros de explotación. Por otra parte, añaden las demandantes, la referida tarifa se aplica a partir del primer metro cúbico de gas consumido, mientras que, en lo relativo a las tarifas B a E, se efectúa una aplicación sucesiva de los diferentes tramos de las tarifas A a D para las cantidades que prevén respectivamente esas tarifas.
Como indica el dictamen pericial, a este respecto procede señalar que, contrariamente a las afirmaciones de las demandantes, la tarifa F, por una parte, es una tarifa pública, cuyas condiciones de aplicación son públicas y totalmente transparentes, a diferencia del sistema anterior, que era el resultado de contratos celebrados directamente entre Gasunie y los productores neerlandeses de amoníaco. Por otra parte, la tarifa F, al igual que la tarifa E, se aplica por fábrica. Por último, al igual que las tarifas A a E, la tarifa F resulta aplicable a todos los clientes que reúnen los requisitos objetivos de aplicación.
Tal como han afirmado las demandantes, la tarifa F se distingue de las demás tarifas aplicadas por Gasunie en que el comprador que reúne los requisitos de aplicación de dicha tarifa se beneficia de la misma a partir del primer metro cúbico consumido. No obstante, de la Decisión de la Comisión de 17 de abril de 1984 se desprende que la afirmación según la cual la tarifa F forma parte de la estructura general de las tarifas internas neerlandesas no constituye un motivo fundamental de dicha Decisión. Por consiguiente, el error cometido a este respecto por la Comisión no puede servir de fundamento para anular la Decisión de la Comisión.
De lo anterior se deduce que debe desestimarse el primer motivo de las demandantes.
Sobre el carácter específico sectorial de la tarifa F
Las demandantes alegan que la tarifa F fue establecida pensando únicamente en los productores neerlandeses de amoníaco y que, por lo tanto, comporta un carácter específico sectorial y tiene carácter discriminatorio.
A este respecto, las demandantes alegan que las condiciones de aplicación de la tarifa F fueron deliberadamente establecidas para favorecer a los productores neerlandeses de amoníaco destinado a la fabricación de abonos nitrogenados, puesto que únicamente este tipo de empresas está en condiciones de consumir un mínimo anual de 500 millones de m
de gas y reúnen el requisito relativo al factor de carga exigido, a saber, el 90 %.
La Comisión rebate este argumento alegando que un contrato que prevé la aplicación de la referida tarifa fue celebrado entre Gasunie y una empresa que no es productora de amoníaco. Y que, de todos modos, al tratarse de una tarifa de carácter general ya no existe ayuda de ningún tipo.
A este respecto, procede recordar que el artículo 92 del Tratado únicamente se aplica a las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales que favorezcan a determinadas empresas o producciones.
En el caso de autos, procede declarar que la circunstancia de que una empresa que no forma parte del sector de producción de amoníaco se beneficie de la tarifa F no desvirtúa la conclusión de que la tarifa se aplica esencialmente a dicho sector. En efecto, el dictamen pericial pone de manifiesto que los productores neerlandeses de amoníaco, que se beneficiaban del antiguo sistema de tarifas, continúan en conjunto beneficiándose de dicha tarifa. Por otra parte, de ese mismo dictamen pericial se desprende que para cuatro de esos productores se mantuvo el beneficio de la tarifa F aunque su consumo anual fuese inferior a 500 millones de m
de gas. Es preciso añadir que, según el dictamen pericial, Gasunie se había comprometido, mediante carta de 23 de junio de 1986 dirigida a la compañía neerlandesa de nitrógeno (Nederlandse Stikstof Maatschappij NV), a examinar de nuevo el nivel de rebaja de la tarifa F en caso de riesgo de que el nuevo precio del gas pudiese afectar a su competitividad.
De las consideraciones precedentes se deduce que debe admitirse el motivo de las demandantes según el cual la tarifa F reviste un carácter sectorial por cuanto se aplica a determinadas empresas, a saber, a los productores neerlandeses de amoníaco.
Sobre la magnitud del ahorro que para Gasunie suponen los contratos celebrados con arreglo a la tarifa F
En su carta de 24 de abril de 1984, mediante la que informaba a las demandantes sobre la Decisión impugnada, la Comisión alegó que la diferencia de precio de 5 céntimos/m
J
entre la tarifa E y la tarifa F se justificaba por la diferencia de costes de los servicios prestados. Para explicar esta diferencia de costes, la Comisión invocó el considerable ahorro en el coste del suministro que para Gasunie se derivaba de la importancia del factor de carga y de las condiciones en el suministro que hacían posible los tres grandes consumidores industriales. Según la Comisión, el nivel de precios de la tarifa F no cubría la magnitud del ahorro en el coste del suministro que dichos contratos permitían a Gasunie.
En la respuesta que dio el 1 de abril de 1986 a la pregunta que le había formulado el Tribunal de Justicia, la Comisión explicó por qué, en su opinión, la diferencia existente entre la tarifa E y la tarifa F no cubría la magnitud total del ahorro que tales contratos suponen para Gasunie. A este respecto, la Comisión explicó que la rebaja en el precio con respecto a la tarifa E era de 5 céntimos/m
, mientras que 1 magnitud total del ahorro era del orden de 5,5 a 7 céntimos/m
, de la manera ei que se detalla a continuación:
Condiciones objetivas
Ahorro (céntimos/m
)
Volumen consumido y regularidad del consumo
Interrupción del suministro
1-2
Variación de la calidad del gas
1,5-2
Total
5,5-7
Basándose en el dictamen elaborado por un experto francés en materia de gas natural, las demandantes mantienen, por el contrario, que la magnitud objetivamente justificada de la diferencia entre la tarifa E y la tarifa F debía de ser del orden de 1 céntimo/m
, y en ningún caso superior a 1,60 céntimos/m
. Según las demandantes, por consiguiente, la ayuda se elevaba a 4 o, por lo menos, a 3,40 céntimos/m
. En estas circunstancias, añaden las demandantes, la conclusión de la Comisión de que la diferencia de precio de 5 céntimos/m
entre la tarifa E y la tarifa F es compatible con la diferencia entre los costes de los servicios prestados adolece de un error de apreciación manifiesto.
Para comprobar si es correcta la argumentación indicada más arriba, es preciso determinar el valor, en términos de coste del servicio prestado, del ahorro que puede suponer para Gasunie el suministro de gas natural a empresas que reúnan los requisitos exigidos para la aplicación de la tarifa F.
A la vista de las apreciaciones contradictorias formuladas por la Comisión y por las demandantes en cuanto a la magnitud del ahorro que pueden suponer para Gasunie los requisitos exigidos para la aplicación de la tarifa F (volumen consumido y factor de carga, posibilidad de interrumpir el suministro y autorización de la sustitución), el Tribunal de Justicia decidió recurrir a la ayuda de expertos económicos independientes de las partes. Procede, pues, apreciar la argumentación de las partes a la luz de las conclusiones del dictamen de dichos expertos.
a) Ahorro que puede derivarse del volumen de gas consumido y del factor de carga
La Comisión considera que el ahorro en el coste del suministro que para Gasunie suponen los contratos celebrados con aplicación de la tarifa F en relación con los que corresponden a la aplicación de la tarifa E, como consecuencia del volumen de gas consumido y de la regularidad en el consumo (factor de carga), debe valorarse en 3 céntimos/m
.
Los peritos estimaron que el ahorro derivado del volumen y del factor de carga de los consumidores a quienes se aplica la tarifa F en relación con el ahorro que permiten los consumidores a quienes se aplica la tarifa E oscila dentro de la siguiente horquilla aproximativa de ahorro posible (en céntimos/m
) :
— Por el volumen de gas suministrado (mínimo: 600 x 10
mVaño): 0,07 a 0,242.
— Por la regularidad (factor de carga): 0,273 a 0,512.
Por otra parte, los peritos precisaron que el ahorro total correspondiente al volumen y al factor de carga ha de ser inferior a la suma de los valores más elevados antes indicados y del orden de 0,754, habida cuenta de las relaciones entre el factor de carga y el volumen consumido por los clientes sujetos a la tarifa F comparados con los de los clientes sujetos a la tarifa E.
Teniendo en cuenta la motivación detallada y coherente basada en datos precisos del dictamen pericial, procede hacer constar que, al evaluar el ahorro derivado del volumen consumido y del factor de carga en 3 céntimos/m
, la Comisión sobrevaloró dicho ahorro, al cifrarlo en una cuantía cinco veces más elevada con respecto a la estimación contenida en el dictamen pericial.
De lo anterior se desprende que, en este punto, la Comisión incurrió en error manifiesto en la apreciación de los hechos.
b) Ahorro derivado de la posibilidad de interrumpir el suministro de gas
Las demandantes consideran que, en las condiciones existentes en el mercado de los Países Bajos, la hipótesis de que Gasunie pueda verse obligada a interrumpir el suministro no se corresponde con la realidad, dado que sus capacidades de producción y de distribución son tales que le permitirían hacer frente a cualquier pedido excepcional de este tipo.
Por otra parte, las demandantes mantienen que la posibilidad de interrumpir el suministro no supone ahorro alguno para Gasunie, que dicha posibilidad no implica ninguna rebaja para los demás clientes y que, por lo demás, carece de justificación conceder una rebaja por este concepto a los productores neerlandeses de amoníaco en general.
La Comisión afirma que la posibilidad de interrumpir el suministro no es meramente teórica, puesto que un productor de amoníaco se vio parcialmente privado de suministro de gas durante el invierno 1983/1984. La Comisión mantiene, a continuación, que la referida posibilidad disminuye la necesidad de Gasunie de invertir en sistemas de seguridad adicionales, por lo que supone para ella un ahorro cierto. La Comisión considera que la magnitud del ahorro que representa para Gasunie la cláusula sobre la posibilidad de interrumpir el suministro, que figura en los contratos a los que se aplica la tarifa F, se sitúa entre 1 y 2 céntimos/m
.
Del dictamen pericial se desprende que las condiciones de suministro de gas en los Países Bajos, precisadas en un contrato de tipo general, son en principio las mismas para todos los tipos de consumidores industriales. No obstante, existen condiciones especiales para los clientes que se benefician de la tarifa F.
Procede, pues, verificar si existen diferencias en el ejercicio del derecho de Gasunie a interrumpir el suministro en relación con los dos grupos de clientes.
El contrato de tipo general, que incluye asimismo la tarifa E, prevé a este respecto que «si resultare necesario reducir o interrumpir el consumo de gas como consecuencia de dificultades de abastecimiento, el suministrador estará autorizado a dar instrucciones al respecto, a las que habrá de atenerse el cliente». Las correspondientes condiciones especiales, que figuran en el contrato relativo a la tarifa F, son las siguientes: «Tan pronto como lo solicite Gasunie, el cliente estará obligado, según los casos, a reducir o a suspender su consumo, de conformidad con las indicaciones de Gasunie. Si Gasunie ejercita este derecho, el cliente no podrá reclamar por desigualdad de trato. En la medida de lo posible, Gasunie procurará notificar al cliente la solicitud de disminución o de suspensión del consumo con 12 horas de antelación por lo menos. Toda suspensión o disminución del consumo debida a la aplicación de este artículo será considerada como un caso de fuerza mayor para el cliente».
De lo anterior se desprende que los clientes a los que se aplica la tarifa E están sujetos en lo fundamental a las mismas obligaciones que aquéllos a los que se aplica la tarifa F en el supuesto de que Gasunie ejercite su derecho de interrumpir el suministro de gas.
Como señalan las demandantes, conviene asimismo hacer constar que cuando Gasunie tenga que plantearse la posibilidad de interrumpir el suministro, deberá dirigirse con carácter prioritario a los industriales que utilizan el gas como combustible. En efecto, estos industriales disponen a menudo de instalaciones que les permiten sustituir el gas por otro combustible. En cambio, los productores de amoníaco utilizan el gas como materia prima y no tienen más remedio que detener la fabricación del amoníaco si se interrumpe el suministro de gas.
Por lo demás, en lo relativo a la afirmación de la Comisión según la cual un productor de amoníaco se vio parcialmente privado de suministro de gas por parte de Gasunie, es preciso observar que la Comisión no ha aportado la prueba de esta afirmación y que los peritos han comprobado que Gasunie no suspendió el suministro a ningún productor de amoníaco, ni siquiera durante el especialmente crudo invierno de 1984/1985.
A la vista de estas consideraciones, procede declarar que no existe para Gasunie ventaja económica alguna derivada de las cláusulas especiales sobre la posibilidad de interrumpir el suministro de la tarifa F. De ello se deduce que, al estimar que dicha ventaja representaba de 1 a 2 céntimos/m
, la Comisión incurrió asimismo en error manifiesto en la apreciación de los hechos.
c) Ahorro derivado de L posibilidad de sustituir el gas (posibilidad de modificar el poder calorífico del gas suministrado)
Las demandantes alegan que la posibilidad de sustitución no permite un ahorro significativo en el coste habida cuenta de que el paso de un gas a otro, debido a los largos y minuciosos reglajes que requiere, sólo puede hacerse para un período largo y, por lo tanto, puede efectuarse en todos los sectores industriales.
La Comisión considera que, en la medida en que la sustitución no resulta posible ni en el sector del consumo doméstico ni en el de la exportación y en que cierta posibilidad de sustitución le resulta, sin embargo, necesaria a Gasunie para disminuir los gastos de almacenamiento del gas H, el suministro a los grandes consumidores, es decir, a los abonados a la tarifa F, le permite disminuir sus gastos. La Comisión evalúa este ahorro en el coste entre 1,5 y 2 céntimos/m
.
Por lo que se refiere a la posibilidad de que Gasunie suministre calidades de gas que no se ajusten a las especificaciones mencionadas en el contrato, es preciso hacer constar que, si bien es cierto que, como se indica en el dictamen pericial, a diferencia de los clientes sujetos a la tarifa F, los clientes sujetos a la tarifa E han de ser consultados por Gasunie con objeto de llegar por mutuo acuerdo a una solución razonable, también lo es que, según los expertos, cierto número de abonados sujetos a las tarifas E y F son abastecidos desde el mismo punto de abastecimiento, estando sujetos, pues, a idénticas condiciones desde el punto de vista de las posibilidades de sustitución.
Según las informaciones facilitadas por los peritos, no todos los clientes sujetos a la tarifa F pueden ser abastecidos alternativamente con gas G o con gas H, ya que las condiciones de conexión no lo permiten. Concretamente, los peritos hicieron referencia a una fábrica que utiliza un volumen anual de gas que corresponde aproximadamente al 30 % del total de suministro con sujeción a la tarifa F y que no puede ser abastecida con gas H.
Los peritos comprobaron que, en cambio, ciertos industriales que no se benefician de la tarifa F podían ser conectados a las dos redes de suministro, H y G. Debido a estas consideraciones, los peritos estimaron que no existía una ventaja económica derivada de las cláusulas especiales de la tarifa F.
Basándose en estos datos, procede declarar que la Comisión, al estimar entre 1,5 y 2 céntimos/m
el ahorro en el suministro que puede derivarse de la cláusula que autoriza la sustitución, incurrió en manifiesto error de apreciación.
d) Valor global del ahorro derivado de los diferentes factores
A este respecto es preciso recordar que, en lo relativo al valor global del ahorro en el coste del suministro que para Gasunie suponen los contratos celebrados con sujeción a las condiciones de la tarifa F con respecto a los contratos celebrados con sujeción a las condiciones de la tarifa E, los peritos precisaron, en el dictamen que formularon a petición del Tribunal de Justicia, que resulta difícil verificar un ahorro global de valor superior a 0,5 céntimos/m
, habida cuenta de otros factores, tales como la flexibilidad de funcionamiento de los yacimientos de Groningen o las características extremadamente favorables de la red neerlandesa, en particular los cierres de nudos y el amplio diámetro de las canalizaciones (hasta 48 pulgadas), que permiten encauzar hacia la exportación el 45 % del caudal, características que hacen posible una gran capacidad de almacenamiento.
A juicio de los peritos, las consideraciones mencionadas más arriba llevan a la conclusión de que el ahorro en los costes de Gasunie, derivado de las condiciones a las que están sujetos los clientes de la tarifa F en relación con las condiciones a las que están sujetos los clientes de la tarifa E, representa un valor muy inferior a la diferencia de precios existente entre ambas tarifas. Los peritos llegan a la conclusión de que las rebajas concedidas a los clientes de la tarifa F han de derivarse de consideraciones de otro tipo.
Por consiguiente, al afirmar que la diferencia de precio de 5 céntimos/m
entre la tarifa E y la tarifa F corresponde a la diferencia en el coste de los servicios prestados, la Comisión incurrió en error manifiesto en la apreciación de los hechos. Procede, pues, admitir el motivo formulado en este punto por las demandantes.
De las consideraciones precedentes en su conjunto se desprende que debe anularse la Decisión de la Comisión de 17 de abril de 1984, mediante la que esta institución archivó el procedimiento iniciado con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado CEE contra el sistema de tarifas aplicado a los precios del gas natural en los Países Bajos, Decisión comunicada a las demandantes mediante carta de la Comisión de 24 de abril de 1984.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la Comisión, procede condenarla en costas, incluidos los dos tercios de las causadas con ocasión del dictamen pericial efectuado de conformidad con el auto de 27 de febrero de 1986.
No obstante, a tenor del apartado 4 de ese mismo artículo, la parte que desista será condenada en costas, salvo si el desistimiento estuviere justificado por la actitud de la otra parte. La Compagnie française de l'azote (Cofaz) SA desistió de su recurso mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 29 de diciembre de 1987, es decir, con posterioridad a la sentencia interlocutoria de 28 de enero de 1986 (169/84, ya citada) y a la presentación del dictamen pericial (23 de diciembre de 1987). Es preciso hacer constar que el referido desistimiento no está justificado por la actitud de la Comisión, sino motivado únicamente por razones particulares de la sociedad de que se trata. Procede, pues, condenar a dicha demandante a un tercio de las costas causadas por la Comisión hasta su desistimiento, incluido un tercio de las causadas como consecuencia del dictamen pericial mencionado más arriba.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
decide:

1)
Anular la Decisión de la Comisión de 17 de abril de 1984, mediante la que esta institución archivó el procedimiento iniciado con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado CEE contra el sistema de tarifas aplicado a los precios del gas natural en los Países Bajos, Decisión comunicada a las demandantes mediante carta de la Comisión de 24 de abril de 1984.

2)
Condenar en costas a la Comisión, incluidos los dos tercios de las causadas con ocasión del dictamen pericial efectuado de conformidad con el auto de 27 de febrero de 1986.
Condenar a la Compagnie française de l'azote (Cofaz) SA al pago de un tercio de las costas causadas por la Comisión hasta su desistimiento, incluido un tercio de las causadas como consecuencia del dictamen pericial mencionado más arriba.

Kakouris
Schockweiler
Mancini
O'Higgins
Diez de Velasco
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de julio de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Sexta
C. N. Kakouris
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.