CELEX: 62000CJ0334
Convenio de Bruselas
Artículo 5, números 1 y 3
Competencias especiales
Responsabilidad precontractual

Motivación de la sentencia
1 Mediante resolución de 9 de junio de 2000, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de septiembre siguiente, la Corte suprema di cassazione planteó, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971 relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, tres cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 5, números 1 y 3, de dicho Convenio (DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 197), en su versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (DO L 304, p. 1, y -texto modificado- p. 77), por el Convenio de 25 de octubre de 1982 relativo a la adhesión de la República Helénica (DO L 388, p. 1) y por el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa (DO L 285, p. 1; en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»).
2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la sociedad italiana Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA (en lo sucesivo, «Tacconi»), con domicilio social en Perugia (Italia), y la sociedad alemana Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (en lo sucesivo, «HWS»), con domicilio social en la República Federal de Alemania, relativo a una indemnización de daños y perjuicios reclamada por Tacconi a HWS como reparación del perjuicio que la primera afirma haber sufrido como consecuencia de que la segunda incumpliera las obligaciones de lealtad y buena fe que deben observarse con ocasión de las negociaciones encaminadas a la celebración de un contrato.
El marco normativo
El Convenio de Bruselas
3 El artículo 2, párrafo primero, del Convenio de Bruselas dispone:
«Salvo lo dispuesto en el presente Convenio, las personas domiciliadas en un Estado contratante estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.»
4 El artículo 5, números 1 y 3, del Convenio de Bruselas precisa:
«Las personas domiciliadas en un Estado contratante podrán ser demandadas en otro Estado contratante:
1) en materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda;
[...]
3) en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso.»
El Derecho nacional
5 El artículo 1337 del Codice Civile (en lo sucesivo, «Código Civil italiano») dispone que, durante la fase de negociación y celebración de un contrato, las partes deberán actuar de buena fe.
El litigio principal y las cuestiones prejudiciales
6 El 23 de enero de 1996, Tacconi demandó a HWS ante el Tribunale di Perugia con el fin de que se declarara que HWS y la sociedad de arrendamiento financiero B.N. Commercio e Finanza SpA (en lo sucesivo, «BN») no habían celebrado un contrato de venta de una fundidora automática, siendo así que BN y Tacconi ya habían celebrado, con el consentimiento de HWS, un contrato de arrendamiento financiero que tenía por objeto la citada fundidora automática. Según Tacconi, no se había celebrado el contrato entre HWS y BN debido a la negativa injustificada de HWS a proceder a la venta y, por consiguiente, debido al incumplimiento por la citada sociedad de las obligaciones de lealtad y buena fe que debe observar. De esta forma, HWS defraudó la confianza legítima de Tacconi, que había contado con que se celebrara el contrato de venta. Por lo tanto, Tacconi solicitaba que se condenara a HWS a reparar todos los perjuicios que supuestamente le había irrogado, perjuicios cuyo importe evaluaba en 3.000 millones de ITL.
7 En su contestación, HWS invocó la incompetencia del juez italiano por existir una cláusula compromisoria en la que se preveía un arbitraje y, con carácter subsidiario, debido a la aplicación del artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas. En cuanto al fondo, solicitó que se desestimara la pretensión de Tacconi y, «con carácter subsidiario de segundo grado y reconvencional», que se condenara a ésta al pago de 450.248,36 DEM.
8 Mediante escrito notificado el 16 de marzo de 1999, Tacconi solicitó a la Corte suprema di cassazione, con arreglo al artículo 41 del Código Procesal Civil Italiano, relativo a las resoluciones prejudiciales en materia de competencia, que declarara que el órgano jurisdiccional italiano era competente para pronunciarse sobre el litigio principal. Según la citada sociedad, no hubo acuerdo entre HWS y ella por cuanto a cada propuesta siguió una respuesta no conforme. De esta forma, Tacconi invocó la responsabilidad precontractual de HWS sobre la base del artículo 1337 del Código Civil italiano y sostuvo que, en virtud del artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas, «el lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» debe entenderse también como el lugar donde se produce el empobrecimiento de la persona que afirma haber sido perjudicada. Pues bien, fue en Perugia, ciudad en la que Tacconi tiene su domicilio social, donde se produjo la pérdida que se cuestiona en el asunto principal.
9 En su resolución de remisión, el órgano jurisdiccional nacional estimó que el criterio de competencia especial previsto en el artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas no parece aplicable a la responsabilidad precontractual, la cual no deriva del incumplimiento de una obligación contractual. En el presente caso, no existe una obligación de esta índole en el asunto principal, puesto que no se llegó a celebrar un contrato.
10 Por consiguiente, por considerar que era preciso interpretar el Convenio de Bruselas para resolver esta cuestión de competencia, la Corte Suprema di Cassazione decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1) ¿Está comprendida en la materia delictual o cuasidelictual (artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas) la acción mediante la cual se invoca la responsabilidad precontractual del demandado?
2) En caso de respuesta negativa, ¿está comprendida dicha acción en la materia contractual (artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas) y, en caso afirmativo, cuál es "la obligación que sirve de base a la demanda"?
3) En caso de respuesta negativa, ¿debe aplicarse a la citada acción exclusivamente el criterio general del domicilio del demandado?»
Sobre la primera cuestión
11 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide si la acción mediante la cual se invoca la responsabilidad precontractual del demandado está comprendida en la materia delictual o cuasidelictual, en el sentido del artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas.
Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia
12 Tacconi y la Comisión invocan la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias de 27 de septiembre de 1988, Kalfelis, 189/87, Rec. p. 5565; de 26 de marzo de 1992, Reichert y Kockler, C-261/90, Rec. p. I-2149, y de 17 de junio de 1992, Handte, C-26/91, Rec. p. I-3967) y afirman que, dado que la responsabilidad precontractual no tiene su origen en compromisos libremente asumidos por una parte frente a otra, se halla comprendida en la materia delictual o cuasidelictual.
13 Según Tacconi, es de todo punto evidente que en la fase precontractual no existe relación contractual alguna que vincule recíprocamente a las partes, dado que aún no se ha celebrado el contrato.
14 La Comisión alega que, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cabe sentar un principio general según el cual todas las demandas contempladas en el Convenio de Bruselas, tendentes a que se declare la responsabilidad de un demandado, dan lugar, en todo caso, a la aplicación de uno de los criterios de competencia especial previstos en el artículo 5, números 1 y 3, de este Convenio.
15 La Comisión concluye que los litigios en materia de responsabilidad precontractual se hallan comprendidos dentro del ámbito de aplicación del artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas, ya que, de un lado, la acción tendente a invocar la responsabilidad precontractual del demandando es, por definición, una demanda encaminada cuyo objeto es que se declare una responsabilidad del demandado y que, de otro lado, dicha responsabilidad no se fundamenta en compromisos libremente asumidos por el demandado frente al demandante, sino en unos deberes de comportamiento impuestos, de forma más o menos concreta, por una fuente ajena a las partes implicadas en la relación precontractual.
16 En cambio, HWS afirma que la responsabilidad precontractual tiene una naturaleza diferente a la de la responsabilidad delictual o cuasidelictual. Ésta se aplica a cualquier persona que contravenga la norma general que prohíbe perjudicar a otro y que atente contra unos derechos calificados de «absolutos».
17 Pues bien, la responsabilidad precontractual tan sólo puede imputarse a una persona que mantenga una estrecha relación con la persona perjudicada, a saber, la relación resultante de la negociación de un contrato. En consecuencia, al apreciar la responsabilidad precontractual no puede prescindirse del contenido de la negociación, por oposición a los principios aplicables en materia delictual o cuasidelictual.
18 Además, HWS alega que, en el asunto principal, tampoco procede aplicar el artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas ya que la acción de Tacconi se basa en el supuesto de que no se haya celebrado contrato alguno y afirma que la responsabilidad precontractual no es ni una responsabilidad delictual o cuasidelictual ni tampoco una responsabilidad contractual y que, por lo tanto, los órganos jurisdiccionales alemanes son competentes para conocer del asunto principal conforme a la disposición general del artículo 2 de este Convenio.
Apreciación del Tribunal de Justicia
19 Con carácter preliminar, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia (véanse las sentencias de 22 de marzo de 1983, Peters, 34/82, Rec. p. 987, apartados 9 y 10; Reichert y Kockler, antes citada, apartado 15, y Handte, antes citada, apartado 10), los conceptos de «materia contractual» y de «materia delictual», en el sentido del artículo 5, números 1 y 3, del Convenio de Bruselas, deben ser interpretados como conceptos autónomos, principalmente con referencia al sistema y a los objetivos de dicho Convenio. Por lo tanto, estos conceptos no pueden entenderse como meras remisiones al Derecho interno de uno u otro de los Estados contratantes interesados.
20 En efecto, tal interpretación es la única que puede garantizar la aplicación uniforme del Convenio de Bruselas, cuyo objetivo consiste, en particular, en unificar las reglas de competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados contratantes y en fortalecer la protección jurídica de las personas establecidas en la Comunidad, permitiendo, al mismo tiempo, al demandante determinar fácilmente el órgano jurisdiccional ante el cual puede ejercitar una acción y al demandado prever razonablemente ante qué órgano jurisdiccional puede ser demandado (véanse las sentencias de 20 de marzo de 1997, Farrell, C-295/95, Rec. p. I-1683, apartado 13, y de 19 de febrero de 2002, Besix, C-256/00, Rec. p. I-1737, apartados 25 y 26).
21 Tal como declaró el Tribunal de Justicia, el concepto de «materia delictual o cuasidelictual» en el sentido del artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas abarca todas las demandas dirigidas a exigir la responsabilidad de un demandado y que no estén relacionadas con la «materia contractual» en el sentido del artículo 5, número 1, del citado Convenio (sentencias Kalfelis, antes citada, apartado 18, Reichert y Kockler, antes citada, apartado 16, y de 27 de octubre de 1998, Reunión européenne y otros, C-51/97, Rec. p. I-6511, apartado 22).
22 Procede destacar, además, que si bien el artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas no exige la celebración de un contrato, para que se aplique dicha disposición resulta indispensable identificar una obligación, dado que la competencia del órgano jurisdiccional nacional se determina, en materia contractual, en función del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirva de base a la demanda.
23 Debe recordarse, además, que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el concepto de «materia contractual» en el sentido del artículo 5, número 1, del Convenio de Bruselas no puede ser entendido como si se refiriera a una situación en la que no existe ningún compromiso libremente asumido por una parte frente a otra (sentencias antes citadas Handte, apartado 15, y Reunión européenne y otros, apartado 17).
24 Pues bien, de los autos no se deduce que haya existido un compromiso cualquiera libremente asumido por HWS frente a Tacconi.
25 Habida cuenta de las circunstancias del asunto principal, la obligación de reparar el perjuicio supuestamente derivado de una ruptura injustificada de las negociaciones únicamente puede resultar de la infracción de normas jurídicas, en particular de la que obliga a las partes a actuar de buena fe en las negociaciones encaminadas a la celebración de un contrato.
26 En estas circunstancias, es necesario reconocer que la responsabilidad derivada en su caso de la circunstancia de no haberse celebrado el contrato contemplado en la demanda en el asunto principal no puede ser de naturaleza contractual.
27 A la vista del conjunto de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que, en circunstancias como las del asunto principal, caracterizado por la inexistencia de compromisos libremente asumidos por una parte frente a otra con ocasión de las negociaciones encaminadas a la celebración de un contrato y por la eventual infracción de normas jurídicas, en particular la que obliga a las partes a actuar de buena fe en dichas negociaciones, la acción mediante la cual se invoca la responsabilidad precontractual del demandado está comprendida en la materia delictual o cuasidelictual, en el sentido del artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas.
Sobre las cuestiones segunda y tercera
28 Dado que se ha respondido afirmativamente a la primera cuestión, no procede responder a las demás cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente.
Decisión sobre las costas
Costas
29 Los gastos efectuados por la Comisión, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la Corte suprema di cassazione mediante resolución de 9 de junio de 2000, declara:
En circunstancias como las del asunto principal, caracterizado por la inexistencia de compromisos libremente asumidos por una parte frente a otra con ocasión de las negociaciones encaminadas a la celebración de un contrato y por la eventual infracción de normas jurídicas, en particular la que obliga a las partes a actuar de buena fe en dichas negociaciones, la acción mediante la cual se invoca la responsabilidad precontractual del demandado está comprendida en la materia delictual o cuasidelictual, en el sentido del artículo 5, número 3, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por el Convenio de 25 de octubre de 1982 relativo a la adhesión de la República Helénica y por el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa.