CELEX: 62002CJ0001
Agricultura
Tasa suplementaria sobre la leche
Artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 536/93
Balance anual de las cantidades de leche entregadas al comprador
Plazo de comunicación
Naturaleza del plazo
Sanciones

Mediante resolución de 19 de diciembre de 2001, recibida en el Tribunal de Justicia el 7 de enero de 2002, el Finanzgericht
Düsseldorf planteó, con arreglo al artículo 234 CE, una cuestión prejudicial sobre la validez del artículo 3, apartado 2,
párrafo segundo, del Reglamento (CEE) nº 536/93 de la Comisión, de 9 de marzo de 1993, por el que se establecen las disposiciones
de aplicación de la tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos (DO L 57, p. 12), en su versión
modificada por el Reglamento (CE) nº 1001/98 de la Comisión, de 13 de mayo de 1998 (DO L 142, p. 22).
Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre Privat-Molkerei Borgmann GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «central
lechera Borgmann») y el Hauptzollamt Dortmund (oficina principal de aduanas de Dortmund, que es competente desde el 1 de enero
de 2002, en lugar del Hauptzollamt Bochum, que lo era inicialmente; en lo sucesivo, «HZA»), en relación con una sanción que
este último le impuso por no haber respetado, supuestamente, el plazo establecido en el artículo 3, apartado 2, párrafo primero,
del Reglamento nº 536/93 para la comunicación de los datos a los que se refiere esa misma disposición.
Marco normativo
El Reglamento (CEE) nº 3950/92 del Consejo, de 28 de diciembre de 1992, por el que se establece una tasa suplementaria en
el sector de la leche y de los productos lácteos (DO L 405, p. 1) prorrogó el régimen de la tasa vigente desde el 2 de abril
de 1984 por siete períodos consecutivos de doce meses a partir del 1 de abril de 1993, y estableció las normas básicas aplicables
al régimen prorrogado. Con arreglo al artículo 2, apartado 1, párrafo primero, de dicho Reglamento, la tasa se adeuda por
todas las cantidades de leche o de equivalentes de leche comercializadas durante el período de doce meses en cuestión que
rebasen una de las cantidades contempladas en el artículo 3 en relación con las entregas y las ventas directas. La tasa se
distribuye entre los productores que hayan contribuido al rebasamiento.
El octavo considerando del Reglamento nº 3950/92 dispone que para evitar que se produzcan retrasos en el cobro y en el pago
de la tasa suplementaria, conviene establecer que sea el comprador quien asuma el pago de la tasa. Con arreglo al artículo
2, apartado 2, párrafo primero, del mismo Reglamento, corresponde al comprador abonar al organismo competente del Estado miembro,
antes de una fecha y según las modalidades que se determinen, el importe adeudado que retenga sobre el precio de la leche
pagado a los productores deudores de la tasa y, en su defecto, que perciba por cualquier medio adecuado.
La Comisión de las Comunidades Europeas adoptó el Reglamento nº 536/93 sobre la base, en particular, del artículo 11 del Reglamento
nº 3950/92. En virtud del artículo 3, apartado 4, de aquel Reglamento, incumbe al comprador que adeude la tasa abonar el importe
debido al organismo competente todos los años antes del 1 de septiembre, con arreglo a las modalidades que determine el Estado
miembro. Según el apartado 2 del mismo artículo, todos los años antes del 15 de mayo, el comprador debe, asimismo, transmitir
a la autoridad competente del Estado miembro los datos necesarios so pena de sanciones pecuniarias.
A tenor del quinto considerando del Reglamento nº 536/93:
«[…] la experiencia adquirida ha puesto de manifiesto que retrasos importantes en la transmisión de las cifras de recogida
o de ventas directas y en el pago de la tasa impedían que el régimen fuera plenamente eficaz; […] conviene sacar de ello las
conclusiones necesarias estableciendo exigencias estrictas en materia de plazos de comunicación y de pago, acompañados de
sanciones».
En su versión inicial, el artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 536/93 tenía la siguiente redacción:
«Todos los años antes del 15 de mayo, el comprador transmitirá a la autoridad competente del Estado miembro una relación de
los balances elaborados para cada productor o, en su caso por decisión del Estado miembro, el volumen total, el volumen corregido
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 y el contenido medio de materia grasa de la leche y/o de los
equivalentes de leche que le hayan entregado los productores, así como la suma de las cantidades de referencia individuales
y el contenido representativo medio de materia grasa de que dispongan tales productores.
En caso de inobservancia de ese plazo, se impondrá al comprador una penalidad igual al importe de la tasa debida por haber
rebasado en 0,1 % las cantidades de leche y de equivalentes de leche que le hayan entregado los productores. Dicha penalidad
no podrá ser superior a 20.000 ecus.»
En su sentencia de 6 de julio de 2000, Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen (C‑356/97, Rec. p. I‑5461), el Tribunal de Justicia
declaró que el artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 536/93, en su versión inicial, era inválido en la
medida en que imponía al comprador, en caso de incumplimiento del plazo contemplado en su párrafo primero, una sanción pecuniaria
sin que existiese ninguna posibilidad de tener en cuenta la importancia del incumplimiento del plazo.
Antes de que se dictase dicha sentencia, la Comisión ya había adoptado el Reglamento nº 1001/98, que sustituyó el tenor del
artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 536/93, por el siguiente:
«En caso de incumplimiento de esa fecha límite, se impondrá al comprador una sanción por los importes siguientes:
–
si la comunicación a la que hace referencia el párrafo primero se efectuare antes del 1 de junio, la sanción ascenderá al
importe de la tasa que se debería por un rebasamiento igual al 0,1 % de las cantidades de leche y de equivalentes de leche
que le hayan entregado los productores; esta sanción no podrá ser inferior a 500 ecus ni superior a 20.000;
–
si dicha comunicación se efectuare después del 31 de mayo pero antes del 16 de junio, la sanción ascenderá al importe de la
tasa que se debería por un rebasamiento igual al 0,2 % de las cantidades de leche y de equivalentes de leche que le hayan
entregado los productores; esta sanción no podrá ser inferior a 1.000 ecus ni superior a 40.000;
–
si dicha comunicación se efectuare después del 15 de junio pero antes del 1 de julio, la sanción ascenderá al importe de la
tasa que se debería por un rebasamiento igual al 0,3 % de las cantidades de leche y de equivalentes de leche que le hayan
entregado los productores; esta sanción no podrá ser inferior a 1.500 ecus ni superior a 60.000;
–
si dicha comunicación no se efectuare antes del 1 de julio, la sanción aplicada será la dispuesta en el tercer guión, más
un importe igual al 3 % de la misma por cada día de retraso registrado a partir del 1 de julio; esta sanción no podrá ser
superior a 100.000 ecus.
No obstante, cuando las cantidades de leche o de equivalentes de leche entregadas al comprador en un período de doce meses
sean inferiores a 100.000 kg, las sanciones mínimas dispuestas en los tres primeros guiones se reducirán a 100, 200 y 300 ecus,
respectivamente».
Litigio principal y cuestión prejudicial
La central lechera Borgmann es una empresa privada. Mediante escrito de 10 de abril de 2000, el HZA le solicitó que le transmitiera,
antes del 14 de mayo de 2000, utilizando los formularios adjuntos a su escrito, los datos a que se refieren el artículo 3,
apartado 2, párrafo primero, del Reglamento nº 536/93 y el artículo 11, apartado 3, del Milchmengen-Garantie-Verordnung (reglamento
alemán relativo a la cantidad de leche garantizada en el sector lechero y de los productos lácteos; en lo sucesivo, «MGV»),
correspondientes al período de doce meses comprendidos entre el 1 de abril de 1999 y el 31 de marzo de 2000 y llamó su atención,
asimismo, sobre las sanciones pecuniarias que le podían ser impuestas en caso de inobservancia del plazo.
La comunicación de la central lechera Borgmann, con fecha de 11 de mayo de 2000 y que fue enviada por correo el mismo día
según la declaración jurada efectuada por los colaboradores implicados, no fue recibida en el HZA hasta el 16 de mayo de 2000.
Mediante decisión de 29 de mayo de 2000, basada en el artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 536/93, en
la versión modificada por el Reglamento nº 1001/98, el HZA impuso a la central lechera Borgmann una sanción por importe de
39.311,60 DEM (20.000 euros) por haber presentado la comunicación con retraso.
El HZA justificó su decisión explicando que, dado que no se había respetado el plazo, procedía imponer una sanción correspondiente
al 0,1 % de la tasa que se debía recaudar por el porcentaje de la cantidad efectivamente entregada al comprador/adquirente
durante el período de que se trataba. A su juicio, dicha sanción pecuniaria no podía ser inferior a 500 ecus ni superior a
20.000 ecus. Habida cuenta de los datos transmitidos por la central lechera Borgmann relativos a la cantidad de leche entregada,
la sanción debía ascender, según el HZA, a 55.985,36 DEM, pero se redujo a 39.311,60 DEM debido a que el límite máximo estaba
establecido en 20.000 ecus.
Mediante decisión de 9 de julio de 2001, el HZA desestimó la reclamación presentada por la central lechera Borgmann contra
la decisión de 29 de mayo de 2000. El 13 de julio de 2001, la central lechera Borgmann formuló un recurso ante el Finanzgericht
Düsseldorf.
Basándose en la sentencia Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen, antes citada, en la cual el Tribunal de Justicia declaró
la invalidez del artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 536/93 por violar el principio de proporcionalidad,
el Finanzgericht alberga dudas respecto a la legalidad del régimen de sanciones establecido en el Reglamento nº 1001/98, que,
según él, es aplicable en el asunto principal; considera este Reglamento igualmente desproporcionado. A su juicio, dicho régimen
es incluso más severo para el comprador de leche que el anterior régimen que el Tribunal de Justicia declaró inválido. El
Finanzgericht señala que el régimen todavía prevé una sanción de hasta 20.000 ecus para el comprador de leche que incumpla
levemente el plazo de comunicación. En el caso de que un comprador de leche no transmita su comunicación hasta después del
31 de mayo, la sanción resulta incluso sensiblemente superior comparada con la del régimen que fue declarado inválido.
El Finanzgericht estima que, al menos en el caso de la central lechera Borgmann, el período establecido entre el 15 de mayo
y el 1 de junio está concebido de forma excesivamente amplia. En opinión del órgano jurisdiccional remitente, dicho período
es desproporcionado en la medida en que puede llevar a que se imponga la sanción máxima aun cuando el plazo sólo se haya rebasado
en un día y a pesar de que no se perciba que tal incumplimiento del plazo incide gravemente en el pago de la tasa por el comprador
antes del 1 de septiembre, con arreglo al artículo 3, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento nº 536/93. En consecuencia,
estima que, para el comprador de leche, los inconvenientes vinculados al pago (total) de la sanción son claramente desproporcionados
en relación con la finalidad que persigue la normativa.
El órgano jurisdiccional remitente señala, además, otros motivos que demuestran la falta de proporcionalidad del régimen de
sanciones de que se trata.
En estas circunstancias, el Finanzgericht Düsseldorf resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Es contraria al principio de proporcionalidad la normativa sobre sanciones contenida en el artículo 3, apartado 2, párrafo
segundo, del Reglamento nº 536/93, en la versión modificada por el Reglamento nº 1001/98, en los casos en que se produce un
ligero rebasamiento de los plazos y, además, sin incurrir en culpa?»
Sobre la cuestión prejudicial
Con el fin de llegar a una interpretación del Derecho comunitario que sea útil para el órgano jurisdiccional nacional, es
preciso señalar que la cuestión prejudicial se basa, entre otras cosas, en la premisa de que, en el asunto principal, la central
lechera Borgmann incumplió el plazo establecido en el artículo 3, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento nº 536/93.
Dicha premisa supone que el plazo otorgado sea un plazo de recepción y no un plazo de transmisión de los datos requeridos.
En el primer caso, la autoridad competente debe haber recibido dichos datos antes del 15 de mayo. En el segundo, éstos deben
haber sido enviados antes de esa fecha.
Por consiguiente, es preciso determinar en primer lugar la naturaleza del plazo de que se trata, puesto que la cuestión de
la eventual violación del principio de proporcionalidad en caso de un ligero rebasamiento del plazo solamente se plantea,
en las circunstancias del procedimiento principal, si el plazo previsto constituye un plazo de recepción.
El tenor de las diferentes versiones lingüísticas del artículo 3, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento nº 536/93 no
aporta ninguna indicación clara que sea favorable a una de las dos interpretaciones de dicho plazo.
Como ha señalado el Sr. Abogado General en el punto 44 de sus conclusiones, en la mayoría de las versiones lingüísticas, el
comprador «transmite» o «comunica» a las autoridades nacionales competentes, antes del 15 de mayo de cada año, la relación
de los balances elaborados para cada productor de leche. Estos términos suponen que los datos han de ser enviados antes de
la fecha límite.
No obstante, las versiones griega («κοινοποιεί»), neerlandesa («bezorgt») y finesa («antaa tiedoksi») de la disposición de
que se trata dan a entender que los datos han de recibirse antes de la fecha límite.
En caso de divergencia entre las distintas versiones lingüísticas de una disposición comunitaria, la norma de que se trata
debe interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en que se integra (véase la sentencia
de 9 de marzo de 2000, EKW y Wein & Co, C‑437/97, Rec. p. I‑1157, apartado 42).
A este respecto, se desprende del quinto considerando del Reglamento nº 536/93 que su objeto es imponer requisitos estrictos
en materia de plazos de comunicación y de pago.
Sin embargo, aun cuando la observancia de la fecha del 15 de mayo sea necesaria para asegurar el buen funcionamiento del régimen
con vistas a garantizar el pago a tiempo de las cantidades adeudadas, no puede deducirse de ello que la observancia de esa
fecha sea absolutamente indispensable para el funcionamiento adecuado del régimen, en la medida en que un ligero rebasamiento
no puede hacer peligrar el pago de la tasa suplementaria antes del 1 de septiembre (véase la sentencia Molkereigenossenschaft
Wiedergeltingen, antes citada, apartado 41).
La Comisión ha precisado en la vista, que no se opone a que se considere la fecha del 15 de mayo como la fecha antes de la
cual los datos deben haber sido enviados. Estima, en efecto, que el plazo entre el 15 de mayo y el 1 de septiembre es suficientemente
largo como para evitar problemas prácticos que sean insuperables.
Por consiguiente, ni la estructura general ni la finalidad de la normativa de que se trata se oponen a que se considere el
plazo en cuestión como un plazo de transmisión con la consecuencia de que, llegado el caso, la autoridad competente del Estado
miembro no recibirá los datos que se deban transmitir hasta unos días después del 15 de mayo.
Además, una norma de Derecho comunitario derivado ha de ser interpretada, en la medida de lo posible, de la manera que mejor
se adecue a las disposiciones del Tratado CE y a los principios generales del Derecho comunitario (sentencia de 27 de enero
de 1994, Herbrink, C‑98/91, Rec. p. I‑223, apartado 9) y, más concretamente, con el principio de seguridad jurídica.
Dicho principio exige, en particular, que una normativa como la controvertida, que puede llevar a que se impongan cargas a
los operadores económicos afectados, sea clara y precisa para que éstos puedan conocer sin ambigüedades sus derechos y obligaciones
y actuar en consecuencia (véase, la sentencia de 12 de febrero de 2004, Slob, C‑236/02, Rec. p. I‑0000, apartado 37).
En una situación como la del procedimiento principal, en la cual una disposición del Derecho derivado puede interpretarse
de varias maneras sin que ninguna de las posibles interpretaciones sea incompatible con los objetivos que dicha disposición
persigue, es preciso considerar que el plazo establecido por el artículo 3, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento nº 536/93
es un plazo de transmisión.
En estas circunstancias, dado que la central lechera Borgmann había cumplido esta formalidad en el litigio principal, como
se desprende de la resolución de remisión, no procede contestar a la cuestión del órgano jurisdiccional remitente en los términos
en los que fue sometida al Tribunal de Justicia.
Por consiguiente, es preciso responder al órgano jurisdiccional remitente que el artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 536/93,
en la versión modificada por el Reglamento nº 1001/98, debe interpretarse en el sentido de que un comprador de leche cumple
el plazo previsto por dicha disposición, cuando envía los datos requeridos a la autoridad competente antes del 15 de mayo
del año de que se trate.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno francés y por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia,
no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de
un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Finanzgericht Düsseldorf mediante resolución de 19 de diciembre de 2001,
declara
El artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 536/93 de la Comisión, de 9 de marzo de 1993, por el que se establecen
las disposiciones de aplicación de la tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos, en su versión
modificada por el Reglamento (CE) nº 1001/98 de la Comisión, de 13 de mayo de 1998, debe interpretarse en el sentido de que
un comprador de leche cumple el plazo previsto por dicha disposición, cuando envía los datos requeridos a la autoridad competente
antes del 15 de mayo del año de que se trate.
Skouris
Gulmann
Puissochet
Schintgen
Colneric
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 1 de abril de 2004.
El Secretario
El Presidente
R. Grass
V. Skouris
–
Lengua de procedimiento: alemán.