CELEX: 61989CJ0328
Tránsito comunitario
Liberación de la fianza

Mediante resolución de 19 de diciembre de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 24 de octubre de 1989, la Corte Suprema di Cassazione planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 35 del Reglamento (CEE) n° 222/77 del Consejo, de 13 de diciembre de 1976, relativo al tránsito comunitario (
DO 1977, L 38, p. 1
; EE 02/03, p. 91).
Esta cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la sociedad de seguros suiza Berner Allgemeine Versicherungsgesellschaft (en lo sucesivo, «Berner») y la Amministrazione delle Finanze dello Stato italiana, relativo a las obligaciones resultantes de una fianza prestada por Berner con arreglo al artículo 27 del Reglamento n° 222/77, antes citado.
El Reglamento n° 222/77 del Consejo, por el que se refunde el régimen del tránsito comunitario establecido inicialmente mediante el Reglamento (CEE) n° 542/69 del Consejo, de 18 de marzo de 1969 (
DO L 77, p. 1
), prevé un régimen que, para las mercancías que no reúnan las condiciones previstas en los artículos 9 y 10 del Tratado constitutivo de la CEE, se denomina «de tránsito comunitario externo», que se halla regulado en el título II, artículos 12 a 38, del citado Reglamento.
A tenor del artículo 12 de este mismo Reglamento, toda mercancía deberá, para circular bajo el régimen de que se trata, ser objeto de una declaración Ti, es decir, una declaración hecha en un formulario TI. Esta declaración estará firmada por la persona que solicite efectuar una operación de tránsito comunitario externo, a la cual el artículo 13 denomina «el obligado principal» y se presentará en la aduana de partida. Se entiende por aduana de partida, a tenor de la letra c) del artículo 11, la aduana donde comience la operación de tránsito comunitario. El artículo 17 dispone, entre otras cosas, que la aduana de partida registrará la declaración Ti y señalará el plazo dentro del cual deberán ser presentadas las mercancías en la aduana de destino.
Con arreglo al artículo 27 del citado Reglamento,
«A fin de asegurar la percepción de los derechos y demás gravámenes que uno de los Estados miembros esté facultado a exigir por las mercancías que utilicen su territorio con ocasión del tránsito comunitario, el obligado principal deberá prestar una garantía [...]» que «[...] consistirá en la fianza solidaria de una tercera persona física o jurídica [...]».
El artículo 35 del propio Reglamento establece lo siguiente:
«El fiador quedará liberado de sus obligaciones frente a los Estados miembros cuyo territorio haya sido utilizado en el tránsito comunitario, cuando el documento Ti sea ultimado en la aduana de partida.
El fiador quedará igualmente liberado de sus obligaciones cuando, transcurrido un plazo de doce meses a contar desde la fecha de registro de la declaración Ti, no le haya sido comunicado por la
aduana de partida
que el documento Ti no se ha ultimado.»
Como consecuencia de las modificaciones introducidas en el Reglamento n° 222/77 por el Reglamento (CEE) n° 3813/81 del Consejo, de 15 de diciembre de 1981, en vigor desde el 1 de enero de 1983 (
DO L 383, p. 28
; EE 02/09, p. 33), el párrafo segundo de la disposición antes citada ha sido sustituido por el siguiente texto :
«El fiador quedará igualmente liberado de sus obligaciones cuando, transcurrido un plazo de doce meses a contar desde la fecha de registro de la declaración Ti, no le haya sido comunicado por las
autoridades aduaneras competentes del Estado miembro de partida
que el documento Ti no se ha ultimado.»
Con arreglo al acuerdo concluido entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza [Reglamento (CEE) n° 2812/72 del Consejo, de 21 de noviembre de 1972 (
DO L 294, p. 1
; EE 02/01, p. 107)], en vigor desde el 1 de enero de 1974 (Información publicada en el
DO 1973, L 334, p. 13
), la normativa en materia de tránsito comunitario se aplicará a las mercancías que circulen entre dos puntos situados en la Comunidad, a través del territorio suizo, que sean expedidas directamente, con transbordo o sin transbordo en Suiza, o reexpedidas desde Suiza, incluso después de haber estado sujetas a depósito aduanero. Esta regulación podrá igualmente aplicarse a cualquier otro transporte de mercancías que implique la utilización del territorio de la Comunidad y de Suiza.
Consta en autos que, en octubre de 1978, la Oficina de aduanas suiza de Locarno-Cadenazzo (aduana de partida) emitió dos certificados Ti para unas mercancías destinadas a ser despachadas a consumo en Bélgica. No obstante, las citadas mercancías fueron despachadas a consumo en Italia de forma contraria a Derecho.
En julio de 1979, la Administración de aduanas suiza comunicó a la sociedad Berner, que se había constituido fiadora de la citada operación, con arreglo a la normativa antes expuesta, que los citados documentos Ti no habían sido ultimados.
En enero de 1982, la Oficina de aduanas de Como exigió a la sociedad fiadora la cantidad de 6250000 LIT, como consecuencia de no haberse ultimado los documentos Ti, antes citados. Berner planteó oposición a esta providencia ante el Tribunale di Milano, señalando, en especial, que no había sido notificada de la no ultimación por la aduana de partida, contrariamente a lo que disponía el artículo 35 del Reglamento n° 222/77, en la versión a la sazón vigente. Por el contrario, la Amministrazione delle Finanze dello Stato afirmó que a la sociedad fiadora se le había comunicado la no ultimación de los documentos, dentro del plazo señalado, por una autoridad suiza competente.
El litigio llegó a la Corte Suprema de Cassazione, la cual, al objeto de interpretar el párrafo segundo del artículo 35 del Reglamento n° 222/77, observó que su nueva redacción, que entró en vigor después de los hechos del litigio y que alude, de una forma genérica a las «autoridades aduaneras competentes del Estado miembro de partida» y no ya a la «aduana de partida», podría interpretarse bien como una aclaración del texto inicial, bien, por el contrario, como suponiendo una modificación.
Por consiguiente, la Corte Suprema di Cassazione suspendió el procedimiento para plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
«¿Debe interpretarse el artículo 35 del Reglamento (CEE) n° 222/77 del Consejo, de 13 de diciembre de 1976, relativo al tránsito comunitario, que, en su versión inicial, preveía que el fiador se vería liberado de sus obligaciones en un plazo de doce meses a contar desde la fecha de registro de la declaración Ti, cuando no le hubiera sido comunicado por la aduana de partida que el documento Ti no se había ultimado, en el sentido de que la competencia para enviar tal comunicación corresponde exclusivamente a la aduana de partida o también a la aduana que, conforme al ordenamiento jurídico nacional, resulte jerárquicamente superior a la de partida o pueda sustituir a ésta en el cumplimiento de tal función?»
Para una más amplia exposición de los hechos del asunto principal, del régimen jurídico, así como de las observaciones escritas presentadas al Tribunal de Justicia, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Tanto Berner como la Comisión consideran que, con arreglo a la versión del artículo 35 del Reglamento n° 222/77 que se hallaba en vigor al ocurrir los hechos que dieron lugar a este litigio, la responsabilidad de la entidad fiadora sólo era exigible cuando la aduana de partida le hubiera comunicado la no ultimación del documento T1. Esta última expresión tiene el sentido preciso definido por la letra c) del artículo 11 del Reglamento antes citado, y resulta suficientemente clara como para no precisar ninguna aclaración. Por ello, la modificación introducida en la disposición considerada a partir del 1 de enero de 1983 confirma que ésta tenía un sentido más estricto en su versión inicial.
Por el contrario, el Gobierno italiano alega que la finalidad de esta disposición es que el fiador esté informado, con certeza y dentro del plazo señalado, de la suerte que ha corrido su obligación de garantía. Ahora bien, el fiador no puede legítimamente dudar de la certeza de esta información cuando la misma procede de una autoridad superior a la aduana de partida. Por lo tanto, la interpretación puramente literal de la citada disposición debe ceder ante la interpretación lógica de la misma. Por consiguiente, la modificación introducida persigue una finalidad aclaratoria.
Esta última tesis no puede ser acogida.
Efectivamente, como ha señalado el Tribunal de Justicia en su sentencia de 18 de febrero de 1982, SIC (
277/80, Rec. p. 629
), la citada disposición tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica de las personas que se constituyen en fiadoras de las operaciones de tránsito con arreglo a las disposiciones del citado Reglamento, al establecer, en especial, que tales personas quedarán liberadas cuando haya transcurrido el plazo de doce meses y no se les haya comunicado la no ultimación del documento T1.
Por consiguiente, en aras de esta exigencia de seguridad jurídica, las personas que se constituyen en fiadoras de las operaciones de tránsito, al no tener una relación directa con éstas, tienen derecho a conocer con claridad las condiciones en las cuales se les pueden exigir responsabilidades. Cualquier incertidumbre acerca de las citadas condiciones podría aumentar los gastos que provoca la constitución de las garantías, por lo cual resultaría contraria a los objetivos mismos del régimen de tránsito comunitario.
Una de las funciones de la aduana de partida, en la versión del artículo 35 del Reglamento n° 222/77 a la sazón vigente, era precisamente comunicar al fiador la no ultimación del documento Tl, de forma que éste pudiera contar con que la citada comunicación proviene exclusivamente de la aduana de partida y no de otra autoridad, aun cuando fuera jerárquicamente superior a ésta. Es el único planteamiento que puede satisfacer las exigencias de seguridad jurídica.
Por otra parte, dado que la obligación del fiador de pagar los derechos de aduana y demás tributos, que pueden exigirse en caso de infracciones o de irregularidades cometidas con motivo de las operaciones de tránsito, puede considerarse como una forma de sanción, debe señalarse que, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una sanción, aunque no tenga carácter penal, sólo puede imponerse cuando tiene como base una norma clara y carente de ambigüedades (sentencia de 25 de septiembre de 1984, Könecke,
117/83, Rec. p. 3291
).
Vistas las anteriores consideraciones, no procede separarse del concepto de aduana de partida que figura de forma clara y precisa en el texto de las citadas disposiciones.
Esta interpretación se ve corroborada por la modificación introducida en la citada disposición por el Reglamento n° 3813/81, antes citado, que constituye una modificación sustancial y no una mera aclaración de la versión anteriormente en vigor, como se deduce del primer considerando del Reglamento modificativo, con arreglo al cual «[...] una experiencia de varios años en la aplicación del régimen de tránsito comunitario [...] ha hecho aparecer la posibilidad de flexibilizar ciertas formalidades vinculadas a este régimen».
Procede, pues, responder a la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional declarando que el artículo 35 del Reglamento n° 222/77, en su versión en vigor antes de la modificación introducida por el Reglamento n° 3813/81, debe interpretarse en el sentido de que la competencia para comunicar al fiador la no ultimación del documento Ti incumbía exclusivamente a la aduana de partida.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno italiano y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
pronunciándose sobre la cuestión que le fue planteada por la Corte Suprema di Cassazione mediante resolución de 19 de diciembre de 1988, declara:

El artículo 35 del Reglamento (CEE) n° 222/77 del Consejo, de 13 de diciembre de 1976, relativo al tránsito comunitario, en su versión en vigor antes de la modificación introducida por el Reglamento (CEE) n° 3813/81 del Consejo, de 15 de diciembre de 1981, debe interpretarse en el sentido de que la competencia para comunicar al fiador la no-ultimación del documento Ti incumbía exclusivamente a la aduana de partida.

Diez de Velasco
Kakouris
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de mayo de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Cuarta
M. Diez de Velasco
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.