CELEX: 62008CJ0265
Directiva 2003/55/CE
Mercado interior del gas natural
Intervención del Estado en el precio de suministro del gas natural tras el 1 de julio de 2007
Obligaciones de servicio público de las compañías que operan en el sector del gas

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga
la Directiva 98/30/CE (DO L 176, p. 57).
Dicha petición se formuló en el marco de litigios entre Federutility, Assogas, Libarna Gaz SpA, Collino Commercio SpA, Sadori
Gas Srl, Egea Commerciale Srl, E.On Vendita Srl y Sorgenia SpA, empresas y asociaciones de empresas que operan en el mercado
italiano del gas natural, y la Autorità per l’energia elettrica e il gas (en lo sucesivo, «AEEG») en relación con actos mediante
los que ésta fijó «precios de referencia» para el suministro de gas natural que las empresas deben incluir en sus ofertas
comerciales a una parte de su clientela.

Marco jurídico

Normativa de la Unión
Los considerandos segundo a cuarto, décimo octavo, vigésimo sexto y vigésimo séptimo de la Directiva 2003/55 son del siguiente
tenor:
«(2)      La experiencia adquirida con la aplicación de [la Directiva 98/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio
de 1998, relativa a normas comunes para el mercado interior del gas natural (DO L 204, p. 1)] ha puesto de manifiesto las
ventajas que pueden derivarse del mercado interior del gas, en lo que se refiere a mayor eficacia, reducciones de los precios,
mejora de la calidad del servicio y mayor competitividad. Sin embargo, subsisten deficiencias importantes y es posible mejorar
el funcionamiento de este mercado, en particular son necesarias medidas concretas para garantizar unas condiciones equitativas
en el ámbito de la producción y para reducir el riesgo de que aparezcan posiciones dominantes y prácticas abusivas, […] velando
por la protección de los derechos de los pequeños clientes y de los clientes vulnerables.
(3)      El Consejo Europeo, reunido en Lisboa los días 23 y 24 de marzo de 2000, solicitó medidas urgentes para la plena realización
de los mercados interiores de la electricidad y el gas y la aceleración de la liberalización en estos sectores para crear
un mercado interior plenamente operativo. En su Resolución de 6 de julio de 2000 sobre el segundo informe de la Comisión acerca
de la liberalización de los mercados de la energía, el Parlamento Europeo solicitó de la Comisión que adoptara un calendario
detallado para el cumplimiento de unos objetivos rigurosamente definidos, destinados a alcanzar, de forma progresiva pero
total, la liberalización de los mercados de la energía.
(4)      Sólo un mercado interior plenamente abierto que permita a todos los consumidores elegir libremente a sus suministradores y
a todos los suministradores abastecer libremente a sus clientes es compatible con la libre circulación de mercancías, la libre
prestación de servicios y la libertad de establecimiento que el Tratado garantiza a los ciudadanos europeos.
[…]
(18)      Los consumidores de gas deben poder elegir libremente a su suministrador. Sin embargo, también conviene adoptar un enfoque
progresivo para la realización del mercado interior del gas, combinado con un plazo concreto, para que las empresas puedan
adaptarse y garantizar que se establezcan las medidas y regímenes adecuados para proteger los intereses de los consumidores
y garantizar que tengan un derecho real y efectivo de elección de su suministrador.
[…]
(26)      Para mantener un nivel elevado de servicio público en la Comunidad, todas las medidas adoptadas por los Estados miembros para
alcanzar estos objetivos han de notificarse periódicamente a la Comisión. […]
Los Estados miembros han de velar por que al ser conectados a la red los clientes sean informados de su derecho al suministro
de gas natural de una calidad determinada a precios razonables. Las medidas adoptadas por los Estados miembros para proteger
al cliente final podrán variar según se trate de clientes domésticos o de pequeñas y medianas empresas.
(27)      El cumplimiento de los requisitos de servicio público es una exigencia fundamental de la presente Directiva, y es importante
que en ella se especifiquen normas mínimas comunes, respetadas por todos los Estados miembros, que tengan en cuenta los objetivos
de protección de los consumidores, seguridad del suministro, […] y niveles equivalentes de competencia en todos los Estados
miembros. Es importante que los requisitos de servicio público puedan interpretarse en el ámbito nacional, teniendo en cuenta
las circunstancias nacionales y dentro del respeto del Derecho comunitario.»
El artículo 2, punto 7, de la Directiva 2003/55 define la actividad de «suministro» como:
«la venta y la reventa a clientes de gas natural […]».
El artículo 2, punto 27, de la Directiva 2003/55 define los «clientes finales» como:
«los clientes que compren gas natural para su propio uso».
El artículo 2, punto 28, de esa Directiva define los «clientes cualificados» en los siguientes términos:
«los clientes que tengan derecho de comprar gas al suministrador de su elección, a tenor del artículo 23 de la presente Directiva».
El artículo 3 de la mencionada Directiva establece:
«1.      Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros, de acuerdo con su organización institucional y cumpliendo
el principio de subsidiariedad, velarán por que las compañías de gas natural obren con arreglo a los principios de la presente
Directiva, con miras a la realización de un mercado competitivo, seguro y sostenible desde la perspectiva del medio ambiente
del gas natural. Los Estados miembros no ejercerán discriminación entre esas empresas en cuanto a derechos y obligaciones.
2.      Dentro del pleno respeto de las disposiciones pertinentes del Tratado [FUE], y en particular de su artículo [106], los Estados
miembros podrán imponer a las compañías que operan en el sector del gas en aras del interés económico general, obligaciones
de servicio público, que podrán referirse […] al precio de los suministros […] Estas obligaciones de servicio público deberán
definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, y garantizarán a las empresas de gas de la Unión
Europea el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales. […]
3.      Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a los clientes finales y para garantizar un nivel elevado
de protección del consumidor y, en particular, ofrecerán una protección adecuada a los clientes vulnerables, también mediante
medidas oportunas que les ayuden a evitar las interrupciones de suministro. […] [Los Estados miembros] garantizarán un elevado
nivel de protección del consumidor, sobre todo en lo que se refiere a la transparencia de las condiciones contractuales generales,
la información general y los mecanismos de resolución de conflictos. Los Estados miembros velarán por que los clientes cualificados
puedan cambiar de suministrador si así lo desean. Al menos por lo que respecta a los clientes domésticos, estas medidas deberán
incluir las que se enuncian en el Anexo A.
[…]
6.      Los Estados miembros informarán a la Comisión, cuando incorporen a la presente Directiva, de todas las medidas adoptadas para
cumplir las obligaciones de servicio público, incluidos los objetivos de protección del consumidor y del medio ambiente, y
sus posibles efectos en la competencia nacional e internacional, independientemente de que dichas medidas requieran o no una
excepción a lo dispuesto en la presente Directiva. Posteriormente, informarán cada dos años a la Comisión de todos los cambios
introducidos en dichas medidas, con independencia de que requieran o no una excepción a lo dispuesto en la presente Directiva.»
Con arreglo al artículo 23, apartado 1, de la Directiva 2003/55:
«Los Estados miembros garantizarán que los clientes cualificados sean:
[…]
c)      a partir del 1 de julio de 2007, todos los clientes.»
El anexo A de la Directiva 2003/55, a la que se remite el artículo 3, apartado 3, de esa Directiva, señala:
«Sin perjuicio de las normas comunitarias sobre protección del consumidor, […] las medidas a que hace referencia el artículo
3 consisten en velar por que los clientes:
[…]
g)      Conectados a la red de gas estén informados de los derechos que, en virtud de la legislación nacional aplicable, tienen a
que se les suministre gas natural de una calidad determinada a precios razonables.»

Derecho nacional
Poco antes del 1 de julio de 2007, fecha límite para la liberalización completa del mercado de la venta de gas natural a los
clientes finales, las autoridades italianas adoptaron el Decreto-ley nº 73, de 18 de junio de 2007 (GURI nº 139, de 18 de
junio de 2007, p. 4), que atribuyó a AEEG la facultad de fijar «precios de referencia» para la venta de gas a determinados
clientes. Ese Decreto-ley, convalidado, tras ser modificado, mediante la Ley nº 125, de 3 de agosto de 2007 (GURI nº 188,
de 14 de agosto de 2007, p. 6), establece, en su artículo 1, apartado 3, las siguientes disposiciones:
«Con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones comunitarias en materia de servicio universal, AEEG impone
condiciones uniformes de prestación del servicio y fija con carácter transitorio, sobre la base de los costes efectivos del
servicio, precios de referencia […] para el suministro del gas a los clientes nacionales (“domestici”), que las empresas de
distribución o de venta, en el ámbito de las obligaciones de servicio público, han de reflejar en sus propias ofertas comerciales,
previendo también la posibilidad de elegir entre planes de tarifas y franjas horarias diferenciadas. El artículo 1, apartado
375, de la Ley nº 266, de 23 de diciembre de 2005, […] permite, en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha de entrada
en vigor de la Ley de conversión del presente Decreto, la adopción de medidas dirigidas a tutelar a los usuarios que se hallen
en condiciones particulares debido a su salud o a dificultades económicas. Se mantendrán las facultades de vigilancia y de
actuación de la Autorità para defender los derechos de los usuarios, inclusive en los casos de aumento comprobado e injustificado
de los precios y de alteraciones de las condiciones de servicio, para los clientes que no han ejercido todavía el derecho
de elección.»
El 29 de marzo de 2007, AEEG adoptó la Decisión nº 79/07, por la que se revisaban las condiciones económicas de suministro
de gas natural para el período comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de marzo de 2007 y se establecían los criterios
para la actualización de determinadas condiciones económicas. Con arreglo al punto 1.3.1 de dicha Decisión, las fórmulas de
cálculo adoptadas a efectos de la remuneración variable relativa a la comercialización al por mayor se aplicarán hasta el
30 de junio de 2008. El punto 1.3.2 de dicha Decisión autoriza a AEEG a comprobar si se dan las condiciones que permitan prorrogar
dicha facultad hasta el 30 de junio de 2009.

Litigios principales y cuestiones prejudiciales
Los demandantes en los litigios principales solicitaron ante el Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia la anulación
de la Decisión nº 79/07, de 29 de marzo de 2007, y de las Decisiones posteriores a la misma.
En particular alegan que a partir del 1 de julio de 2007, fecha en la que el artículo 23, apartado 1, letra c), de la Directiva
2003/55 establece la liberalización completa del mercado de gas natural, el precio de venta de éste debe determinarse únicamente
a través de la oferta y la demanda. Consideran que el hecho de que AAEG fije «precios de referencia» para el suministro de
gas natural, objeto del litigio principal, constituye una infracción del Derecho comunitario en cuanto se aplica más allá
del segundo trimestre del año 2007.
En esas circunstancias, el Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia decidió suspender el procedimiento y plantear
al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones:
«Si el artículo 23 de la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes
para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE, debe interpretarse, de conformidad
con los principios derivados del Tratado, en el sentido de que resulta contraria a la citada disposición y a los principios
comunitarios una norma nacional (y los actos de ejecución consiguientes) que, tras el 1 de julio de 2007, reconozca todavía
a la Autorità per l’energia elettrica e il gas la facultad de fijar precios de referencia de los suministros de gas natural
a los clientes domésticos (categoría indeterminada y no definida en las franjas de referencia, que no implica, por sí misma,
la valoración de situaciones particulares de dificultades socio-económicas que podrían justificar la fijación de dichos precios
de referencia), que las empresas de distribución o vendedoras, en el marco de las obligaciones de servicio público, han de
reflejar en sus ofertas comerciales,
o bien
si tal norma (artículo 23, antes citado) debe interpretarse, en relación con el artículo 3 de la Directiva 2003/55/CE (a cuyo
tenor los Estados miembros pueden imponer a las compañías que operan en el sector del gas, en aras del interés económico general,
obligaciones de servicio público, referidas en cuanto al precio de los suministros), en el sentido de que no vulnera el derecho
comunitario citado, una norma nacional que, habida cuenta de la peculiar situación del mercado, todavía caracterizado por
la falta de “competencia efectiva”, cuando menos en el segmento de la comercialización al por mayor, admite la fijación por
vía administrativa del precio de referencia del gas natural, que ha de incluirse preceptivamente entre las ofertas comerciales
lanzadas por cada uno de los vendedores a sus clientes domésticos en el marco del concepto de servicio universal, aun cuando
todos los clientes sean considerados “libres”.»

Sobre las cuestiones prejudiciales
Con carácter preliminar, procede señalar que de la petición de decisión prejudicial y de los autos se desprende que los litigios
principales tienen por objeto la posibilidad de que AEEG establezca en qué medida los costes vinculados con la comercialización
al por mayor del gas natural deben tomarse en consideración en la determinación del precio de suministro de gas natural, fijando
precios de referencia para el suministro de gas natural que las empresas deben proponer a algunos de sus clientes. De las
observaciones y de las respuestas presentadas ante el Tribunal de Justicia se desprende también que aunque esas empresas deben
únicamente proponer tales precios en sus ofertas comerciales, éstos son en la práctica menos elevados que los que resultarían
del juego de la oferta y de la demanda. Por tanto dichos precios de referencia son aceptados en principio por los clientes
a los que se les proponen y se imponen en la práctica en la relación contractual. De ello deriva que, fijando los precios
de referencia controvertidos en el litigio principal, AEEG determina el importe del precio de suministro del gas natural a
una parte de la clientela.
Mediante sus dos cuestiones, que deben examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente
si los artículos 3, apartados 2 y 3, y 23 de la Directiva 2003/55 se oponen a una normativa nacional como la controvertida
en el litigio principal que permite determinar, en las condiciones que se especifican en el apartado anterior, el importe
del precio de suministro del gas natural mediante la fijación de precios de referencia, como los controvertidos en el litigio
principal, tras el 1 de julio de 2007.

Sobre el principio de intervención del Estado miembro
El artículo 23, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/55 establece que los Estados miembros garantizarán que todos los
clientes tengan derecho a comprar gas al suministrador de su elección a partir del 1 de julio de 2007.
Aunque ni de este último texto ni, por otra parte, de las otras disposiciones de esa Directiva resulta que el precio de suministro
del gas natural debería, a partir del 1 de julio de 2007, fijarse exclusivamente mediante el juego de la oferta y de la demanda,
esta exigencia se desprende de la propia finalidad y de la estructura general de dicha Directiva que, tal como precisan sus
considerandos tercero, cuarto y décimo octavo, tiene como objetivo alcanzar progresivamente una liberalización completa del
mercado del gas natural en cuyo marco, en particular, todos los proveedores puedan entregar libremente sus productos a todos
los consumidores.
El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2003/55 obliga en consecuencia a los Estados miembros, de acuerdo con su organización
institucional y cumpliendo el principio de subsidiariedad, a velar por que las compañías de gas natural obren con arreglo
a los principios de la presente Directiva, con miras a la realización, en particular, de un «mercado competitivo del gas natural».
No obstante, y tal como precisan sus considerandos vigésimo sexto y vigésimo séptimo, la Directiva 2003/55 tiene igualmente
como objetivos garantizar que, en el marco de dicha liberalización, el servicio público se mantenga a un «nivel elevado» y
proteger al cliente final.
Para responder a estos últimos objetivos, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2003/55 precisa que se aplicará «sin
perjuicio» del apartado 2 del mismo artículo, que permite explícitamente a los Estados miembros imponer a las compañías que
operan en el sector del gas «obligaciones de servicio público» que podrán referirse al «precio del suministro».
De los términos de ese apartado 2 resulta que las medidas que se tomen al amparo de éste deberán adoptarse en aras del interés
económico general, definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias, controlables y garantizarán a las empresas
de gas de la Unión el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales. El mismo texto añade que los Estados
miembros deberán actuar dentro del «pleno respeto» de las disposiciones pertinentes del Tratado FUE y en particular del artículo
106 TFUE.
Procede señalar que esa facultad se ejerce bajo la supervisión de la Comisión, ya que los Estados miembros están obligados,
en virtud del artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2003/55, a informar a dicha institución de todas las medidas adoptadas
con el fin de cumplir las obligaciones de servicio público y de sus eventuales efectos sobre la competencia nacional e internacional,
con independencia de que esas medidas constituyan o no una excepción a dicha Directiva, y a notificarle, cada dos años, cualquier
modificación eventual de las mismas.
La Directiva 2003/55 permite, por consiguiente, y a condición de que se cumplan los requisitos que ella establece, una intervención
del Estado miembro en la fijación del precio de suministro del gas natural al consumidor final después del 1 de julio de 2007.

Sobre los requisitos de la intervención del Estado miembro
En atención a las anteriores consideraciones, procede examinar sucesivamente los requisitos para la intervención del Estado
miembro contemplados en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2003/55.
Una intervención justificada por el interés económico general
La Directiva 2003/55 no define el requisito relativo a la existencia de un interés económico general, pero la referencia,
en el artículo 3, apartado 2, de dicha Directiva, tanto a ese requisito como al artículo 106 TFUE, referente a las empresas
encargadas de la gestión de un servicio de interés económico general, implica que dicho requisito debe interpretarse con arreglo
a esa última disposición del Tratado.
A este respecto hay que recordar que el artículo 106 TFUE, apartado 2, establece, por una parte, que las empresas encargadas
de la gestión de servicios de interés económico general se someterán a las normas sobre competencia, en la medida en que la
aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de Derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada y,
por otra parte, que el desarrollo de los intercambios no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al interés
de la Unión.
Tal como señaló el Tribunal de Justicia, esa disposición pretende conciliar el interés de los Estados miembros en utilizar
determinadas empresas, en particular del sector público, como instrumento de política económica o social con el interés de
la Unión en la observancia de las normas sobre la competencia y en el mantenimiento de la unidad del mercado común (véase,
en ese sentido, la sentencia de 21 de septiembre de 1999, Albany, C‑67/96, Rec. p. I‑5751, apartado 103 y jurisprudencia citada).
En ese contexto, los Estados miembros están facultados, dentro del respeto del Derecho de la Unión, para definir el alcance
y la organización de sus servicios de interés económico general. En particular, pueden tener en cuenta objetivos propios de
su política nacional (véase, en ese sentido, la sentencia Albany, antes citada, apartado 104).
En el presente asunto, respecto de la organización del mercado interior del gas natural, del considerando vigésimo séptimo
de la Directiva 2003/55 resulta explícitamente que ésta se limita a establecer normas mínimas comunes acerca de las obligaciones
de servicio público y que las exigencias relativas al servicio público deben poder interpretarse, dentro del respeto del Derecho
de la Unión, «en el ámbito nacional», y «teniendo en cuenta las circunstancias nacionales».
Procede señalar igualmente que el considerando vigésimo sexto de la Directiva 2003/55 precisa que los Estados miembros han
de velar por que, al ser conectados a la red, los clientes sean informados de su derecho al suministro de gas natural de una
calidad determinada a «precios razonables».
De lo anterior resulta que la Directiva 2003/55 permite a los Estados miembros apreciar si, en aras del interés económico
general, después del 1 de julio de 2007, procede imponer a las empresas que operan en el sector del gas obligaciones de servicio
público con vistas, en particular, a garantizar que el precio de suministro del gas natural al consumidor final se mantenga
en un nivel razonable habida cuenta de que los Estados miembros deben conciliar, tomando en consideración la situación del
sector del gas natural, los objetivos de liberalización y de la necesaria protección del consumidor final perseguidos, como
se menciona en los apartados 18 y 20 de la presente sentencia, por el legislador de la Unión.
El respeto del principio de proporcionalidad
De los propios términos del artículo 106 TFUE resulta que las obligaciones de servicio público que el artículo 3, apartado
2, de la Directiva 2003/55 permite imponer a las empresas deben respetar el principio de proporcionalidad y que, por tanto,
esas obligaciones sólo pueden menoscabar la libre fijación del precio del suministro del gas natural, después del 1 de julio
de 2007, en la medida necesaria para alcanzar el objetivo de interés económico general que persiguen y, en consecuencia, durante
un período de tiempo necesariamente limitado.
Corresponde al tribunal remitente verificar, en el marco de los litigios principales, si se cumple esa exigencia de proporcionalidad.
No obstante, compete al Tribunal de Justicia proporcionarle todas las indicaciones necesarias al respecto relativas al Derecho
de la Unión.
En primer lugar, una intervención de ese tipo debe limitarse, por lo que atañe a su duración, a lo estrictamente necesario
para alcanzar el objetivo que persigue con el fin, en particular, de que no se perpetúe una medida que, por su propia naturaleza,
constituye un obstáculo a la realización de un mercado interior del gas operativo. A este respecto, el que el Derecho nacional
de que se trata haga mención al carácter transitorio de la intervención no puede bastar, por sí solo, para acreditar su carácter
proporcionado por lo que respecta a su duración. Corresponde al juez nacional verificar si una normativa nacional como la
controvertida en el asunto principal que permite determinar el importe del precio de suministro del gas natural mediante la
adopción de precios de referencia, como los controvertidos en el litigio principal, independientemente del libre juego del
mercado, cumple dicha exigencia. En ese contexto, el órgano jurisdiccional remitente debe examinar si la administración está
sujeta por el Derecho nacional aplicable a una obligación de reexaminar periódicamente, en fechas próximas, la necesidad y
las modalidades de su intervención en función de la evolución del sector del gas.
En segundo lugar, el método de intervención aplicado no debe ir más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de interés
económico general que persigue.
En este punto, de las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia en el marco del presente procedimiento se desprende
que la definición de los precios de referencia para el suministro de gas natural, como los controvertidos en el litigio principal,
tiene como objetivo limitar la incidencia del aumento del precio de los productos petrolíferos en los mercados internacionales
que, en un contexto en el que la competencia en el mercado del gas natural aún no es efectiva, en particular en el mercado
de la comercialización al por mayor, repercutiría en gran medida, a falta de intervención, en el precio de venta ofrecido
al cliente final. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar si ése es el caso tomando en consideración particularmente
el objetivo del establecimiento de un mercado interior del gas plenamente operativo y las inversiones necesarias para ejercer
una competencia efectiva en el sector del gas natural.
Si, tras llevar a cabo dichas comprobaciones, quedara acreditado que puede justificarse una intervención de ese tipo, la exigencia
de proporcionalidad implicaría en particular que se limite en principio al componente del precio directamente influido al
alza por esas circunstancias específicas.
En tercer lugar, la exigencia de proporcionalidad debe apreciarse igualmente teniendo en cuenta el ámbito de aplicación personal
de la medida y, más precisamente, de sus beneficiarios.
A este respecto, hay que subrayar que esa exigencia no empece a que la aplicación de precios de referencia para el suministro
de gas natural, como los controvertidos en el litigio principal, se refiera al conjunto de la clientela de los particulares
cuyo consumo de gas natural se sitúa por debajo de un umbral determinado y no se limite al círculo de éstos, mencionados expresamente
en el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2003/55, cuya protección debe garantizarse necesariamente debido a su vulnerabilidad.
Procede señalar que, tal como afirman ante el Tribunal de Justicia algunas de las demandantes en los litigios principales,
cuando la fijación de los precios de referencia para el suministro del gas natural, como los controvertidos en el litigio
principal, beneficie igualmente a empresas con independencia de su dimensión, extremo que corresponde verificar al órgano
jurisdiccional remitente, la Directiva 2003/55 no excluye, en principio, que estas empresas puedan beneficiarse igualmente,
como clientes finales de gas, de las obligaciones de servicio público que los Estados miembros puedan decidir en el marco
de lo dispuesto en su artículo 3, apartado 2. El considerando vigésimo sexto de esa Directiva establece en particular que
las medidas adoptadas por los Estados miembros para proteger al cliente final podrán variar según se trate de clientes domésticos
o de pequeñas y medianas empresas.
No obstante, en ese caso, procede tomar en consideración, al apreciar la proporcionalidad de la medida nacional de que se
trata, por una parte, que la situación de las empresas es distinta de la de los clientes domésticos, ya que los objetivos
perseguidos y los intereses en liza no son necesariamente los mismos y, por otra parte, las diferencias objetivas entre las
propias empresas, en función de sus dimensiones.
En esas circunstancias, salvo en el supuesto particular, evocado en la vista, de la gestión de las copropiedades de inmuebles
de particulares, la exigencia de proporcionalidad antes mencionada sólo se respeta, en principio, si la fijación de precios
de referencia para el suministro de gas natural, como los controvertidos en el litigio principal, benefician por igual a los
particulares y a las empresas, en cuanto clientes finales de gas.
El carácter claramente definido, transparente, no discriminatorio y controlable de las obligaciones de servicio público y
la necesidad de un acceso en igualdad de condiciones de las empresas de gas de la Unión a los consumidores
Por último, deben cumplirse igualmente los otros requisitos mencionados en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2003/55,
relativos al carácter claramente definido, transparente, no discriminatorio y controlable de las obligaciones de servicio
público adoptadas con arreglo a dicha disposición, así como a la necesidad de un acceso en igualdad de condiciones de las
empresas de gas de la Unión a los consumidores.
Respecto del carácter no discriminatorio de dichas obligaciones, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar
si, habida cuenta del conjunto de medidas que puede adoptar en ese ámbito el Estado miembro de que se trata, la fijación de
precios de referencia para el suministro de gas natural, como los controvertidos en el litigio principal, que se aplica de
modo idéntico al conjunto de las empresas de suministro de gas natural, debe no obstante considerarse discriminatoria.
Así ocurriría si una intervención de ese tipo hiciera recaer la carga financiera resultante de la misma principalmente en
algunas de esas empresas, en el caso concreto las que no ejercen igualmente actividad de producción/importación de gas natural.
Por tanto, procede responder a las cuestiones planteadas que los artículos 3, apartado 2, y 23, apartado 1, de la Directiva
2003/55 no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite determinar el importe
del precio de suministro del gas natural mediante la fijación de precios de referencia, como los controvertidos en el litigio
principal, después del 1 de julio de 2007, a condición de que esa intervención:
–        persiga un interés económico general consistente en mantener el precio de suministro del gas natural al cliente final en un
nivel razonable, habida cuenta de que los Estados miembros deben conciliar, tomando en consideración la situación del sector
del gas natural, los objetivos de liberalización y de la necesaria protección del cliente final perseguidos por la Directiva 2003/55;
–        sólo menoscabe la libre fijación de precios de suministro del gas natural después del 1 de julio de 2007 en la medida necesaria
para alcanzar dicho objetivo de interés económico general y, en consecuencia, durante un período de tiempo necesariamente
limitado;
–        esté claramente definida, sea transparente, no discriminatoria y controlable, y garantice a las empresas de gas de la Unión
el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores.

Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
Los artículos 3, apartado 2, y 23, apartado 1, de la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio
de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE, no se
oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite determinar el importe del precio
de suministro del gas natural mediante la fijación de precios de referencia, como los controvertidos en el litigio principal,
después del 1 de julio de 2007, a condición de que esa intervención:
–
persiga un interés económico general consistente en mantener el precio de suministro del gas natural al cliente final en un
nivel razonable, habida cuenta de que los Estados miembros deben conciliar, tomando en consideración la situación del sector
del gas natural, los objetivos de liberalización y de la necesaria protección del cliente final perseguidos por la Directiva 2003/55;
–
sólo menoscabe la libre fijación de precios de suministro del gas natural después del 1 de julio de 2007 en la medida necesaria
para alcanzar dicho objetivo de interés económico general y, en consecuencia, durante un período de tiempo necesariamente
limitado;
–
esté claramente definida, sea transparente, no discriminatoria y controlable, y garantice a las empresas de gas de la Unión
el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: italiano.