CELEX: 61990CJ0185
Funcionarios
Pensión de invalidez
Enfermedad profesional

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 7 de junio de 1990, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso de casación, con arreglo al artículo 49 del Estatuto CEE y a las disposiciones concordantes de los Estatutos CECA y CEEA del Tribunal de Justicia, contra la sentencia de 6 de abril de 1990, por la que el Tribunal de Primera Instancia anuló la decisión de la Comisión de 20 de mayo de 1988 por la que se negó al Sr. Gill la posibilidad de acogerse al párrafo segundo del artículo 78 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto») y por la que se fijó su pensión de invalidez en virtud del párrafo tercero del artículo 78 del Estatuto, disposición esta última que era menos favorable para el funcionario; además, dicha sentencia del Tribunal de Primera Instancia condenó a la Comisión a pagar las costas del procedimiento.
En apoyo de su recurso, la Comisión alega cuatro motivos fundados respectivamente en la infracción del párrafo segundo del artículo 78 del Estatuto, en la infracción del artículo 13 del Anexo VIII del Estatuto, en la violación del principio general de la motivación de los pronunciamientos judiciales y en la infracción del artículo 73 del Estatuto, así como de los artículos 3 y 19 de la Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional de los funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Reglamentación de cobertura»).
Para una más amplia exposición de los motivos y alegaciones de las partes, esta Sala se remite al informe del Juez Ponente. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Mediante su primer motivo la Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia, en la sentencia impugnada, interpretó de manera equivocada el concepto de «enfermedad profesional» que aparece en el párrafo segundo del artículo 78 del Estatuto.
En apoyo de este motivo, la Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia se negó a tener en cuenta, para la aplicación del párrafo segundo del artículo 78 del Estatuto, la definición del concepto de «enfermedad profesional» que aparece en el artículo 3 de la Reglamentación de cobertura, adoptada para dar cumplimiento al artículo 73 del Estatuto. Ahora bien, según la Comisión este concepto no puede variar según se trate de aplicar el artículo 73 o el artículo 78 del Estatuto. Además la Comisión imputa al Tribunal de Primera Instancia el hecho de haber prescindido del principio según el cual ha de existir un vínculo de causalidad entre la enfermedad profesional, en el sentido del párrafo segundo del artículo 78 del Estatuto, o su agravamiento, y las funciones ejercidas al servicio de las Comunidades.
Para resolver sobre el fundamento de este motivo, procede recordar, con carácter preliminar, que el párrafo primero del artículo 78 del Estatuto reconoce a todo funcionario afectado por una invalidez permanente considerada como total y que le impide ejercer las funciones correspondientes a un puesto de trabajo de su carrera derecho a una pensión de invalidez que, según el párrafo tercero de la misma disposición, será igual a la pensión de jubilación a la que el funcionario hubiera tenido derecho de haber continuado prestando servicio hasta los 65 años. El párrafo segundo de este artículo dispone que la cuantía de la pensión será igual al 70 % del sueldo base del funcionario cuando la invalidez de este último fuese consecuencia, entre otros supuestos, de una enfermedad profesional.
Procede destacar que el concepto de «enfermedad profesional», que no está definido en el artículo 78 del Estatuto, se recoge también en el artículo 73 del Estatuto, que dispone la cobertura de todo funcionario, desde el día de su incorporación al servicio de las Comunidades, contra los riesgos, especialmente de enfermedad profesional.
El artículo 3 de la Reglamentación de cobertura, adoptada para dar cumplimiento al artículo 73 del Estatuto, define como sigue el concepto de «enfermedad profesional»:
«1.
Se considerarán enfermedades profesionales las enfermedades que figuran en la “lista europea de enfermedades profesionales” anexa a la recomendación de la Comisión de 23 de julio de 1962 [
DO 1962, 80, p. 2188
] y en sus eventuales complementos, en la medida en que el funcionario haya estado expuesto, en su actividad profesional ante las Comunidades Europeas, a los riesgos de contraer dichas enfermedades.
2.
También se considerará enfermedad profesional toda enfermedad o agravamiento de una enfermedad existente que no figure en la lista mencionada en el apartado 1 cuando se pruebe de forma suficiente que ha tenido su origen en el ejercicio ó con ocasión del ejercicio de las funciones al servicio de las Comunidades.»
No se discutió ante el Tribunal de Primera Instancia que la bronconeumopatía crónica que sufre el Sr. Gill no figura en la lista europea a que se remite el apartado 1 del artículo 3 de la Reglamentación de cobertura.
En la sentencia impugnada, el Tribunal de Primera Instancia se negó a remitirse, para la aplicación del párrafo segundo del artículo 78 del Estatuto, a la definición del concepto de «enfermedad profesional» que aparece en el apartado 2 del artículo 3 de la Reglamentación de cobertura, por entender que dicha definición sólo valía a efectos de la aplicación del artículo 73 del Estatuto.
A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia resolvió que los regímenes establecidos por los artículos 73 y 78 del Estatuto eran diferentes e independientes entre sí. En efecto, según el Tribunal de Primera Instancia, el artículo 78, a diferenčia del artículo 73, no da competencia a las Instituciones para fijar las condiciones de atribución de las prestaciones que contempla y por lo tanto la aplicación de sus disposiciones no está sujeta más que a las condiciones previstas en los artículos 13 a 16 del Anexo VIII del Estatuto, que no contienen ni definición de la enfermedad profesional ni referencia a las disposiciones del artículo 73 del Estatuto o a la Reglamentación que fija las modalidades de aplicación de dicho artículo. Sería pues contrario al sistema de las disposiciones consideradas interpretar el artículo 78 del Estatuto a la luz del artículo 3 de la Reglamentación de cobertura, adoptada por acuerdo conjunto de las Instituciones en virtud de la habilitación expresa del apartado 1 del artículo 73 del Estatuto; según el Tribunal de Primera Instancia, hay mayor razón para ello cuanto que la interpretación contraria tendría como consecuencia una limitación de los derechos de los interesados.
De ahí deduce el Tribunal de Primera Instancia que, para acogerse a lo que dispone el párrafo segundo del artículo 78 del Estatuto, el funcionario no está obligado a demostrar que la enfermedad o su agravamiento ha tenido su origen en el ejercicio o con ocasión del ejercicio de las funciones al servicio de las Comunidades, como dispone el apartado 2 del artículo 3 de la Reglamentación de cobertura.
Sin embargo, esta interpretación del Tribunal de Primera Instancia no es conforme ni al tenor literal del Estatuto y de la Reglamentación de cobertura ni al sistema de las disposiciones aplicables de ambos textos.
En efecto, en contra de lo que el Tribunal de Primera Instancia resolvió en la sentencia impugnada, no hay ninguna razón válida para considerar que el concepto de «enfermedad profesional» deba tener un contenido diferente según se trate de derecho a pensión de invalidez por causa de enfermedad profesional con arreglo al artículo 78 del Estatuto o a la cobertura contra los riesgos de enfermedad profesional en el sentido del artículo 73 del Estatuto, ya que las dos prestaciones están destinadas a compensar las consecuencias económicas de una misma causa de invalidez que está en relación con actividades profesionales ejercidas efectiva y regularmente al servicio de las Comunidades.
La definición de enfermedad profesional que da el apartado 2 del artículo 3 de la Reglamentación de cobertura resulta por lo demás conforme al sentido normal de las palabras, según el cual únicamente una enfermedad o su agravamiento que tenga su origen en el ejercicio de funciones al servicio de las Comunidades puede considerarse que tiene carácter profesional a efectos de la normativa comunitaria.
De ello deriva que, a falta de indicación contraria del Estatuto, el concepto de «enfermedad profesional» no puede tener, en el interior de este texto, un contenido diferente según se trata de aplicar el artículo 73 o el artículo 78, aun cuando ambas disposiciones se refieren cada una de ellas a un régimen que tiene sus propias particularidades.
En estas circunstancias, yerra también el Tribunal de Primera Instancia al juzgar que, para determinar la existencia de una enfermedad profesional en el sentido del párrafo segundo del artículo 78 del Estatuto, el funcionario no está obligado a probar la existencia de un vínculo causal entre la enfermedad o su agravamiento y el ejercicio de las funciones al servicio de las Comunidades.
En la sentencia impugnada, el Tribunal de Primera Instancia prescindió, por lo tanto, del concepto legal de «enfermedad profesional» en el sentido del párrafo segundo del artículo 78 del Estatuto y, con ello, infringió el Derecho comunitario.
Esta conclusión no se ve afectada por la consideración de que, al seleccionar al Sr. Gilí, la Comisión tenía, habida cuenta de los resultados del examen médico previo del funcionario, pleno conocimiento de la enfermedad que éste sufría y que podía tener su origen en la actividad profesional anterior del interesado, durante la cual éste había adquirido la experiencia que motivó su contratación por la Comisión.
Esta circunstancia de hecho no puede, en efecto, influir en el contenido del concepto legal de «enfermedad profesional». Aunque se diera por probado que la Comisión conocía la enfermedad del Sr. Gill, la única consecuencia que podría sacarse legalmente de ello es que la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN») aceptó con conocimiento de causa el riesgo de que acabara prematuramente la relación de servicio con el funcionario afectado y de tener que pagarle una pensión antes del plazo normal. Por el contrario, el Tribunal de Primera Instancia no podía deducir de la mencionada circunstancia que pudiera considerarse de carácter profesional, en el sentido del párrafo segundo del artículo 78, una enfermedad que el funcionario había contraído en el curso de actividades profesionales anteriores a su entrada al servicio de las Comunidades.
De lo anterior se desprende que el primer motivo de la Comisión está fundado.
Mediante su segundo motivo, la Comisión afirma que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 13 del Anexo VIII del Estatuto al declarar que, aunque, para aplicar el párrafo segundo del artículo 78 del Estatuto, debiera probarse la existencia de un vínculo causal entre la enfermedad del Sr. Gill o el agravamiento de la misma y el ejercicio de funciones al servicio de las Comunidades, dicha relación de causa a efecto estaría suficientemente probada en el caso de autos, pese a la conclusión contraria de la Comisión de invalidez.
A este respecto procede destacar en primer lugar que, con arreglo al artículo 13 del Anexo VIII del Estatuto, completado por los artículos 7 a 9 del Anexo II del Estatuto, la declaración de invalidez a que se refiere el artículo 78 es competencia de la Comisión de invalidez.
Es preciso recordar a continuación que, según jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia (véase, por ejemplo, la sentencia de 21 de mayo de 1981, Morbelli/Comisión,
156/80, Rec. p. 1357
), la finalidad de las disposiciones contempladas es confiar a especialistas médicos la apreciación definitiva de todas las cuestiones de orden médico. El Tribunal de Justicia ha deducido de ahí (véanse, por ejemplo, las sentencias de 29 de noviembre de 1984, Suss/Comisión,
265/83, Rec. p. 4029
, y de 19 de enero de 1988, Biedermann/Tribunal de Cuentas,
2/87, Rec. p. 143
) que el control jurisdiccional no puede extenderse a las apreciaciones médicas propiamente dichas, que deben darse por definitivas desde el momento en que se adoptan en condiciones conformes a Derecho. Esta doctrina jurisprudencial relativa al artículo 73 del Estatuto vale también por identidad de motivos para las conclusiones de la Comisión de invalidez que actúa en el marco del procedimiento relativo al artículo 78 del Estatuto.
Ahora bien, las cuestiones relativas al origen de una enfermedad son, esencialmente, de naturaleza médica. De ello deriva que ni la AFPN ni el Tribunal de Primera Instancia están autorizados para sustituir las conclusiones de la Comisión de invalidez por su propia opinión.
Por consiguiente el Tribunal de Primera Instancia, al declarar, contra las conclusiones de la Comisión de invalidez, la cual había negado la existencia de cualquier relación causal entre la afección del Sr. Gili y sus funciones en las Comunidades, que la enfermedad del interesado tenía su origen en el ejercicio de las actividades profesionales al servicio de las Comunidades, infringió el Derecho comunitario.
El segundo motivo de la Comisión, por lo tanto, también está fundado.
Con arreglo al conjunto de las consideraciones anteriores, ninguno de los motivos que justificaron la anulación, por el Tribunal de Primera Instancia, de la decisión de la Comisión de 20 de mayo de 1988 estaba fundado en Derecho. En consecuencia, procede anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 1990, sin que sea necesario examinar los otros motivos propuestos por la Comisión en apoyo de su recurso de casación.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
decide

1)
Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 1990, dictada en el asunto T-43/89, Gill/Comisión.

2)
Devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia.

3)
Reservar la decisión sobre las costas.

O'Higgins
Mancini
Schockweiler
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 4 de octubre de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Segunda
T.F. O'Higgins
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.