CELEX: 61988CJ0152
Política comercial común
Medidas de salvaguardia comunitarias
Intercambios con terceros países
Manzanas de mesa originarias de Chile

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 26 de mayo de 1988, la sociedad francesa Sofrimport SARL (en lo sucesivo, «Sofrimport»), con arreglo al párrafo 2 del artículo 173 del Tratado CEE, solicitó la anulación de los Reglamentos (CEE) n
o
962/88 y n
o
984/88 de la Comisión, de 12 y 14 de abril de 1988, por los que se suspende la expedición de los certificados de importación para las manzanas de mesa originarias de Chile (
DO L 95, p. 10
, y
DO L 98, p. 37
), así como del Reglamento (CEE) n
o
1040/88 de la Comisión, de 20 de abril de 1988, por el que se fijan las cantidades para la importación de manzanas de mesa originarias de terceros países y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n
o
962/88 antes citado (
DO L 102, p. 23
). Mediante el mismo escrito, la sociedad Sofrimport, con arreglo al párrafo 2 del artículo 215 del Tratado CEE, solicitó que se condenara a la Comunidad Europea a indemnizarle el perjuicio sufrido a causa de dichos Reglamentos.
Los Reglamentos n
o
962/88, n
o
984/88 y n
o
1040/88 fueron adoptados en el marco del régimen de vigilancia para la importación de manzanas de mesa de terceros países que la Comisión estableció mediante su Reglamento (CEE) n
o
346/88, de 3 de febrero de 1988 (
DO L 34, p. 21
). Este régimen subordinó la puesta en libre práctica de estas frutas en la Comunidad de los Diez a la presentación de un certificado de importación, cuyo período de validez era inicialmente de treinta días y fue ampliado a cuarenta días mediante el Reglamento (CEE) n
o
871/88 de la Comisión, de 30 de marzo de 1988 (
DO L 87, p. 73
). Mediante los Reglamentos n
o
962/88 y n
o
984/88, la Comisión suspendió, para los períodos comprendidos entre el 15 y el 22 de abril y el 18 y el 29 de abril, respectivamente, como medida de salvaguardia, la expedición de los certificados de importación para las manzanas de mesa originarias de Chile. Mediante su Reglamento n
o
1040/88, la Comisión mantuvo hasta el 31 de agosto de 1988 la suspensión de la expedición de los certificados de importación de manzanas de mesa originarias de Chile y, de otro lado, fijó las cantidades para la importación de las manzanas de mesa originarias, en particular, de los cinco países productores del hemisferio sur.
Con fecha 31 de marzo de 1988, la sociedad Sofrimport, cuya actividad consiste en importar y comerciar al por mayor fruta fresca, embarcó en San Antonio una partida de 89514 cartones de manzanas de mesa de origen chileno para su importación a la Comunidad. Con anterioridad a la llegada al puerto de Marsella, el 20 de abril de 1988, del buque que transportaba la carga, dicha sociedad presentó, con fecha 12 de abril de 1988, ante el organismo de intervención francés, Oniflhor, una solicitud de certificados de importación para las citadas mercancías, conforme a lo establecido en el Reglamento n
o
346/88 de la Comisión.
Con fecha 18 de abril de 1988, Oniflhor denegó la expedición de tales certificados con arreglo a los citados Reglamentos n
o
962/88 y n
o
984/88. A tenor del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento n
o
962/88, en efecto, las solicitudes de certificados de importación que el 18 de abril de 1988 se hallaran pendientes debían ser denegadas.
Con fecha 26 de mayo de 1988, Sofrimport, con arreglo a los artículos 186 del Tratado CEE y 83 del Reglamento de Procedimiento, presentó una demanda de medidas provisionales para obtener, en lo referente a las manzanas de mesa que había embarcado en San Antonio el 31 de marzo de 1988, la suspensión de la ejecución de los Reglamentos n
o
962/88, n
o
984/88 y n
o
1040/88.
Mediante auto de 10 de junio de 1988, el Presidente del Tribunal de Justicia estimó esta demanda.
Para una más amplia exposición de la normativa comunitaria y de los hechos del litigio, del desarrollo del procedimiento y de los motivos y alegaciones de las partes, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Recurso de anulación
Admisibilidad
En lo relativo a la admisibilidad del recurso de anulación, es preciso examinar si los actos impugnados afectan a la demandante directa e individualmente en el sentido del párrafo 2 del artículo 173 del Tratado.
La demandante se ve afectada directamente por los actos que impugna, ya que el Reglamento n
o
962/88 obliga a las autoridades nacionales a denegar las solicitudes de certificados de importación que se hallen pendientes y no les concede pues ningún margen de apreciación.
En cuanto al extremo de saber si la demandante se ve afectada individualmente, hay que examinar si los actos impugnados le afectan en razón de algunas cualidades que le son propias o de una situación de hecho que la caracteriza en relación a cualquier otra persona (véase la sentencia de 14 de julio de 1983, Spijker contra Comisión,
231/82, Rec. 1983, p. 2559, apartado 8
).
A este respecto, conviene observar en primer lugar que la demandante se encuentra en la situación prevista por el apartado 3 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n
o
2707/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, por el que se definen las condiciones de aplicación de las medidas de salvaguardia en el sector de las frutas y hortalizas (
DO L 291, p. 3
; EE 03/06, p. 153), que obliga a la Comisión a tener en cuenta la situación especial de los productos en curso de transporte hacia la Comunidad. Tan sólo se hallan en tal situación los importadores de manzanas chilenas cuyas mercancías se encontraban, en el momento de la adopción del Reglamento n
o
962/88, en curso de transporte. Por consiguiente, tales importadores constituyen un círculo restringido, suficientemente caracterizado en relación a los demás importadores de manzanas chilenas, y que no puede ampliarse después de la entrada en vigor de las citadas medidas de suspensión.
En segundo lugar, hay que declarar que, dado que el antes citado artículo 3 confiere una protección específica a esos importadores, éstos pueden por tanto exigir que dicha protección sea respetada y están legitimados para interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia con esta finalidad.
Por ello, aquellos importadores cuyas mercancías se encontraban en curso de transporte hacia la Comunidad en el momento de la entrada en vigor de los Reglamentos impugnados deben ser considerados como afectados individualmente por éstos en la medida en que tales normas afectan a las citadas mercancías. Por consiguiente, sólo procede la admisión del recurso de anulación en cuanto impugna la aplicación de las medidas de salvaguardia a los productos en curso de transporte.
En cuanto al fondo
Sofrimport fundamenta su recurso de anulación en los siguientes motivos :
—
inexistencia de graves perturbaciones en el sentido del artículo 29 del Reglamento (CEE) n
o
1035/72 del Consejo, de 18 de mayo de 1972, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas (
DO L 118, p. 1
; EE 03/05, p. 258), cuya existencia condiciona la facultad de adoptar medidas de salvaguardia;
—
ejercicio indebido de su potestad, consistente en suspender las importaciones de manzanas de mesa para efectuar análisis del mercado, siendo así que la Comisión sólo está facultada para suspender tales importaciones a fin de evitar que el mercado sufra graves perturbaciones a causa de tales importaciones, así como violación del principio de proporcionalidad, puesto que la citada suspensión se limitó a las importaciones de manzanas procedentes de Chile y no se extendió a las importaciones de manzanas procedentes de otros terceros países;
—
infracción del apartado 3 del artículo 3 del Reglamento del Consejo n
o
2707/72 en cuanto la Comisión no tuvo en cuenta la situación de las mercancías en curso de transporte hacia la Comunidad;
—
falta de habilitación en favor de la Comisión para establecer un sistema de cuotas como el que instituyó mediante el Reglamento n
o
1040/88.
Al ser admitido el recurso de anulación tan sólo en la medida en que atañe a la situación de los productos en curso de transporte, se ha de examinar únicamente el tercer motivo, que es el único que impugna la aplicación de las medidas de salvaguardia a tales productos.
A tenor del párrafo 1 del apartado 3 del artículo 3 del Reglamento n
o
2707/72, «las medidas de salvaguardia en el sector de las frutas y hortalizas tendrán en cuenta la situación especial de los productos en fase de transporte hacia la Comunidad». Esta disposición tiene como efecto permitir que el importador cuyas mercancías se encuentran en curso de transporte se ampare en la confianza legítima de que está excluida, salvo en caso de un interés público imperativo, la aplicación de las medidas de suspensión a su caso.
Comienza afirmando la Comisión que ya protegió suficientemente a los importadores cuyas mercancías se encontraran en curso de transporte, al ampliar, mediante el Reglamento n
o
871/88, de 30 de marzo de 1988 (
DO L 87, p. 73
), el plazo de validez de los certificados de importación de treinta a cuarenta días. No puede acogerse este argumento. A este respecto, hay que observar que la protección específica prevista por el apartado 3 del artículo 3 del Reglamento n
o
2707/72 afecta principalmente a las mercancías no cubiertas por un certificado.
Además alega la Comisión que un operador económico normalmente diligente podía esperar, en cualquier momento, que esta institución adoptara medidas de salvaguardia, puesto que se había reservado expresamente la facultad de hacerlo conforme al apartado 3 del artículo 3 del Reglamento n
o
346/88. Sin embargo, no puede considerarse suficiente el hecho de informar a los operadores económicos de la posibilidad de adoptar medidas de salvaguardia. Para que se consideraran cumplidas las exigencias de la protección especial prevista en el apartado 3 del artículo 3 del Reglamento n
o
2707/72, la disposición tendría que haber indicado, además, aquellas situaciones en que el interés público podía justificar la aplicación de medidas de salvaguardia a las mercancías en curso de transporte.
Conviene observar que, en el caso de autos, la Comisión no ha alegado la existencia de ningún interés público superior que pudiera justificar la aplicación de las medidas de suspensión a las mercancías en curso de transporte.
Por consiguiente, en el caso de autos, la Comisión ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al apartado 3 del artículo 3 del citado Reglamento.
Procede, pues, anular los Reglamentos n
o
962/88, n
o
984/88 y n
o
1040/88 en la medida en que afectan a los productos en curso de transporte hacia la Comunidad, desestimando el recurso de anulación en todo lo demás.
Acerca del recurso de indemnización
Solicita, además, la sociedad Sofrimport que se condene a la Comunidad a indemnizarle por los perjuicios que le irrogó al impedirle la comercialización de las manzanas de mesa originarias de Chile en la Comunidad hasta el 10 de junio de 1988, fecha ésta última en que el Presidente del Tribunal de Justicia dictó el auto en virtud del cual suspendió la aplicación de tales Reglamentos con respecto a los 89514 cartones de manzanas de mesa almacenadas en tránsito en aquel momento en Marsella. Al dictar los citados Reglamentos sin tener en cuenta la situación de las mercancías en curso de transporte, la Comisión infringió una regla superior de Derecho y transgredió de manera grave los límites al ejercicio de sus facultades.
La Comisión niega que se reúnan en el caso de autos los requisitos que se exigen para originar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad. Los Reglamentos que se impugnan constituyen actos normativos que suponen una elección de política económica, de suerte que sólo cabe imponer a la Comunidad la reparación de los daños y perjuicios cuando se den los requisitos formulados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de responsabilidad extracontractual. Las medidas controvertidas no exceden de los límites de las facultades de la Comisión y, en cualquier caso, no han excedido tales límites de una forma grave y manifiesta. Por otra parte, el perjuicio experimentado por la demandante no excede los riesgos normales inherentes a las actividades económicas afectadas en este caso.
Dispone el párrafo 2 del artículo 215 del Tratado que, en materia de responsabilidad extracontractual, la Comunidad deberá reparar los daños causados por sus instituciones en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros.
En materia de actos normativos, el Tribunal de Justicia ha precisado el alcance de esta disposición, en particular en su sentencia de 25 de mayo de 1978 (HNL, asuntos acumulados
83/76 y 94/76, 4/77, 15/77 y 40/77, Rec. 1978, p. 1209 apartados 4 a 6
); véanse, también, las sentencias de 4 de octubre de 1979, Ireks-Arkady (
238/78, Rec. 1979, p. 2955, apartado 9
), DGV (asuntos acumulados
241/78, 242/78, 245/78 a 250/78, Rec. 1979, p. 3017, apartado 9
) e Interquell (asuntos acumulados
261/78 y 262/78, Rec. 1979, p. 3045, apartado 12
). A tenor de esta doctrina jurisprudencial, sólo puede originarse la responsabilidad de la Comunidad por un acto normativo que suponga una elección de política económica cuando se haya producido una violación suficientemente caracterizada de una regla superior de derecho que proteja a los particulares.
A este respecto, hay que comenzar recordando que la finalidad del párrafo 1 del apartado 3 del artículo 3 del Reglamento n
o
2707/72 es proteger a aquellos operadores económicos que importan a la Comunidad los productos a que se refiere tal Reglamento de los efectos desfavorables resultantes de las medidas de salvaguardia que pueden adoptar las instituciones comunitarias. De esta forma, esta disposición ha creado una confianza legítima cuya vulneración constituye una violación de una regla superior de Derecho.
Hay que declarar, en segundo lugar, que, al no tener en cuenta, de una forma absoluta, la situación de los operadores económicos, como es el caso de Sofrimport, sin justificar un interés público imperativo, la Comisión violó de manera suficientemente caracterizada la norma del apartado 3 del artículo 3 del Reglamento n
o
2707/72.
En tercer lugar, el perjuicio a que se refiere la sociedad Sofrimport supera los límites de los riesgos económicos que son inherentes a las actividades del sector afectado, por cuanto la mencionada disposición tiene precisamente como finalidad limitar tales riesgos respecto a las mercancías en curso de transporte.
Por todo ello, hay que concluir afirmando que la Comunidad se halla obligada a reparar el perjuicio que se irrogó a Sofrimport por la adopción de los Reglamentos controvertidos.
En lo relativo a la cuantía de la indemnización, procede instar a las partes a llegar a un acuerdo, sobre su liquidación, en el plazo de doce meses, sin perjuicio, en su defecto, de la posterior decisión del Tribunal de Justicia teniendo en cuenta los precios efectivamente percibidos por Sofrimport en la venta de las manzanas, como consecuencia del auto dictado por el Presidente del Tribunal de Justicia, y los precios que hubiera podido obtener inmediatamente después de la llegada de la mercancía al puerto de destino.
Solicita, además, Sofrimport que la Comunidad sea condenada al pago de intereses al tipo del 9,5 % anual, a contar de la fecha de presentación del escrito de réplica en este asunto.
Al tratarse de una pretensión vinculada a la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, con arreglo al párrafo 2 del artículo 215 del Tratado, debe valorarse a la luz de los principios comunes a los Derechos de los Estados miembros, a los cuales remite esta disposición. De ellos se deduce que se puede estimar, como principio general, la reclamación de intereses. A la vista de los criterios seguidos por este Tribunal de Justicia en asuntos similares, la obligación de pagar intereses nace en la fecha de la presente sentencia, en la medida en que ésta reconoce la obligación de reparar el perjuicio [véanse las sentencias de 4 de octubre de 1979, antes citadas; de 18 de mayo de 1983 (Pauls Agriculture,
256/81, Rec. 1983, p. 1707, apartado 17
) y de 13 de noviembre de 1984 (Birra Wührer, asuntos acumulados
256/80, 257/80, 265/80 y 267/80, 5/81 y 51/81 y 282/82, Rec. 1984, p. 3693, apartado 37
)]. El tipo de interés que se debe aplicar es del 8 %. ^

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
con carácter interlocutorio, decide:

1)
Anular los Reglamentos (CEE) n
o
962/88 y n
o
984/88 de la Comisión, de 12 y 14 de abril de 1988, por los que se suspende la expedición de los certificados de importación para las manzanas de mesa originarias de Chile, así como el Reglamento (CEE) n
o
1040/88 de la Comisión, de 20 de abril de 1988, por el que se fijan las cantidades para la importación de manzanas de mesa originarias de terceros países y por el que se modifica el Reglamento n
o
962/88, en cuanto afectan a los productos en curso de transporte hacia la Comunidad.

2)
Desestimar el recurso, en todo lo demás.

3)
Condenar a la Comunidad Económica Europea a indemnizar a Sofrimport SARL el perjuicio sufrido por la aplicación de los Reglamentos (CEE) n
o
962/88, n
o
984/88 y n
o
1040/88.

4)
Las cantidades que deben ser pagadas devengarán interés al tipo del 8 % anual a partir de la fecha de la presente sentencia.

5)
Las partes comunicarán al Tribunal, dentro de un plazo de doce meses a parinde la fecha de la presente sentencia, las cantidades que hayan acordado en concepto de indemnización.

6)
A falta de acuerdo, las partes presentarán al Tribunal, en el mismo plazo, sus pretensiones indicando cantidades.

7)
Reservar la decisión sobre las costas.

Slynn
Zuleeg
Joliet
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 26 de junio de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Quinta
Gordon Slynn
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.