CELEX: 62008CJ0502
Incumplimiento de Estado
Directiva 2005/60/CE
Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo
No adaptación completa del Derecho interno
No comunicación de las medidas de adaptación del Derecho interno

Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de
España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 45 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el
blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309, p. 15), al no haber adoptado las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva o, en cualquier caso,
al no habérselas comunicado.

Marco jurídico
El artículo 45 de la Directiva 2005/60 tiene la siguiente redacción:
«1.      Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento
a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 15 de diciembre de 2007. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión
junto con un cuadro que muestre que las disposiciones de la presente Directiva se corresponden con las disposiciones nacionales
adoptadas.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas
de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2.      Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en
el ámbito regulado por la presente Directiva.»
La Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la
Directiva 2005/60 en lo relativo a la definición de «personas del medio político» y los criterios técnicos aplicables en los
procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones
de actividad financiera ocasional o muy limitada (DO L 214, p. 29), establece disposiciones de aplicación de esta última Directiva
en lo relativo a determinados aspectos enumerados en su artículo 1.

El procedimiento administrativo previo
Al no haber sido informada por el Reino de España de las disposiciones adoptadas por éste para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la Directiva 2005/60 y al no disponer tampoco de otros datos que le permitiesen concluir que dicho Estado miembro había
cumplido su obligación de ajustarse a la citada Directiva, la Comisión, mediante escrito de 28 de enero de 2008 y con arreglo
al procedimiento establecido en el artículo 226 CE, requirió al Reino de España para que presentase sus observaciones en el
plazo de dos meses contados desde la notificación del referido escrito.
Mediante escrito de 1 de abril de 2008, el Reino de España indicó que las autoridades competentes estaban preparando las medidas
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2005/60. En dicho escrito se afirma, además, que la normativa
de prevención del blanqueo de capitales vigente en ese Estado miembro se encuentra en línea con el contenido de la citada
Directiva.
Mediante escrito de 6 de junio de 2008, la Comisión emitió un dictamen motivado en el que concluyó que el Reino de España
había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/60 e instó a dicho Estado miembro a adoptar
las medidas necesarias para ajustarse a ese dictamen motivado dentro del plazo de dos meses contados desde su notificación.
El Reino de España respondió a dicho dictamen motivado mediante escrito de 29 de julio de 2008, en el que señalaba, entre
otras cosas, que la adaptación del ordenamiento jurídico interno a la Directiva 2005/60 constituía una prioridad en el inmediato
calendario legislativo. Dicho escrito aludía, además, a una reforma de la normativa española en materia de prevención del
blanqueo de capitales operada en enero de 2005, sin aportar no obstante precisiones al respecto.
Al no haber obtenido del Reino de España otros datos que le permitiesen concluir que se habían adoptado las medidas necesarias
para la adaptación del ordenamiento español a la Directiva 2005/60, la Comisión interpuso el presente recurso.

Sobre el recurso
El Reino de España afirma que si bien todavía no se ha llevado a cabo la plena y efectiva adaptación de su Derecho interno
a la Directiva 2005/60, ello no da lugar, no obstante, a una falta de regulación en dicho Estado miembro de las conductas
definidas en la Directiva como actividades de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
A este respecto, el Reino de España, alegando que la normativa española vigente se encuentra alineada con el contenido de
la Directiva 2005/60, se apoya, en particular, en determinadas disposiciones de los siguientes textos:
–        la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, modificada por, entre
otras, la Ley 19/2003, de 4 de julio;
–        el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, modificado por el Real Decreto
54/2005, de 21 de enero;
–        la Ley 9/1999, de 12 de abril, por la que se regula el régimen jurídico de las transferencias entre Estados miembros de la
Unión Europea;
–        la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
Por otra parte, aunque reconoce que la correcta y plena adaptación del Derecho español a la Directiva no se ha realizado todavía,
el Reino de España expone diversas circunstancias que, a su juicio, merecen ser tomadas en consideración al apreciar el retraso
sufrido en la completa adaptación del ordenamiento interno a dicha Directiva.
En primer lugar, según el Reino de España, era conveniente esperar, antes de presentar un proyecto de ley, a que un grupo
de expertos externos, a saber, el Grupo de Acción Financiera, presentase sus conclusiones sobre el sistema español de prevención
del blanqueo de capitales.
En segundo lugar, el Reino de España alega que, puesto que la Directiva 2005/60 está relacionada con la Directiva 2006/70,
una vez publicada esta última, en agosto de 2006, pudo iniciarse la elaboración de un proyecto de ley que adaptase el Derecho
interno a ambas Directivas simultáneamente.
En tercer lugar, el Reino de España precisa que el fin de la legislatura en enero de 2008 y la celebración de elecciones generales,
en el mes de marzo siguiente, que darían lugar a la formación de un nuevo Gobierno, implicaron una inevitable ralentización
del examen y aprobación de los proyectos de textos legislativos.
En cuarto lugar, señala que, durante el año 2008, el Ministerio de Economía y Hacienda, encargado de un anteproyecto de ley
de adaptación del Derecho interno a la Directiva, dedicó todos sus esfuerzos a implementar medidas destinadas a luchar contra
la «gran crisis económica».
En último lugar, el Reino de España precisa que la completa adaptación del Derecho interno a la Directiva 2005/60 se esta
llevando a cabo mediante la elaboración de un anteproyecto de ley que complementará la regulación anterior.
En tales circunstancias, el Reino de España considera que ha procedido a la adaptación de su Derecho interno a la Directiva
y solicita la desestimación del presente recurso.
La Comisión, sin pronunciarse sobre la cuestión de si las disposiciones nacionales invocadas por el Reino de España en su
escrito de contestación pueden o no contribuir a garantizar la adaptación parcial del ordenamiento español a la Directiva
2005/60, renunció a presentar escrito de réplica.
En relación con estos extremos, procede observar de entrada que, si bien el Reino de España sostiene que la normativa nacional
vigente no es contraria a la Directiva 2005/60, no deja de ser cierto, por una parte, que las alegaciones formuladas por dicho
Estado miembro ante el Tribunal de Justicia no contienen argumento alguno capaz de fundamentar la tesis de que esa normativa
podría constituir –contrariamente a lo que afirma la Comisión– una adaptación correcta y plena del Derecho interno a la Directiva,
y, por otra parte, que el citado Estado miembro reconoce expresamente que tal adaptación no se ha llevado a cabo en el plazo
señalado.
Por lo tanto, es un hecho acreditado que, al expirar el plazo señalado en el dictamen motivado, el Reino de España no había
adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la completa adaptación de su Derecho interno a la Directiva 2005/60.
Además, se desprende de la jurisprudencia que, cuando una directiva prevea expresamente que las disposiciones de adaptación
del Derecho interno a la citada directiva hagan referencia a esta última o vayan acompañadas de dicha referencia en su publicación
oficial, es necesario adoptar un acto positivo de adaptación del Derecho interno (véanse las sentencias de 27 de noviembre
de 1997, Comisión/Alemania, C‑137/96, Rec. p. I‑6749, apartado 8; de 18 de diciembre de 1997, Comisión/España, C‑360/95, Rec.
p. I‑7337, apartado 13, y Comisión/España, C‑361/95, Rec. p. I‑7351, apartado 15, y de 15 de noviembre de 2007, Comisión/España,
C‑59/07, apartado 19).
En el caso de autos, el artículo 45, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2005/60 dispone que las medidas de adaptación
del Derecho interno deberán incluir una referencia a aquélla o ir acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial.
Pues bien, el Reino de España no alega que las disposiciones legales que invoca cumplan dicho requisito.
Por otra parte, contrariamente a lo que afirma el Reino de España, las consideraciones expuestas en los apartados 12 y 13
de la presente sentencia no justifican el retraso, claramente admitido por dicho Estado miembro, en la completa adaptación
del ordenamiento jurídico español a la Directiva 2005/60. En efecto, basta señalar a este respecto que el propio Reino de
España ha reconocido en su escrito de contestación que era posible proceder a la adaptación del Derecho interno a la citada
Directiva desde su publicación, el 25 de noviembre de 2005, en el
Diario Oficial de la Unión Europea.
Además, puesto que el Reino de España alega que el retraso experimentado en la adaptación del Derecho interno a la Directiva
2005/60 se debe al hecho de que la legislatura tocaba a su fin y a la celebración de elecciones legislativas en 2008, procede
señalar que, según jurisprudencia reiterada, un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias
de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos por una directiva
(véase, en particular, la sentencia de 5 de junio de 1997, Comisión/España, C‑107/96, Rec. p. I‑3193, apartado 10; y, en lo
que se refiere específicamente a la celebración de elecciones legislativas en España en marzo de 2008, sentencias de 20 de
noviembre de 2008, Comisión/España, C‑94/08, apartados 18 y 21; de 23 de abril de 2009, Comisión/España, C‑321/08, apartados
8 y 9, y de 14 de mayo de 2009, Comisión/España, C‑266/08, apartados 10 y 11).
Por lo que respecta a la afirmación, expuesta en el apartado 15 de la presente sentencia, de que el Ministerio competente
no pudo dedicar sus esfuerzos a la adaptación correcta y completa del Derecho interno a la Directiva 2005/60, basta señalar
que, aun suponiendo que así fuese, dicha circunstancia no justifica la falta de adaptación completa de dicha Directiva, como
el propio Reino de España ha admitido en su escrito de contestación.
Por último, las disposiciones de los textos legislativos mencionados en el apartado 11 de la presente sentencia, que, según
el Reino de España, contribuyen a garantizar una conformidad parcial del régimen jurídico español con las exigencias de la
Directiva 2005/60, se expusieron por vez primera en el escrito de contestación presentado por dicho Estado miembro, y de forma
poco precisa.
Pues bien, sin que sea preciso averiguar en el caso de autos en qué medida tales disposiciones podrían garantizar esa conformidad
parcial, procede recordar que, según la jurisprudencia, las disposiciones de Derecho nacional invocadas por primera vez en
el escrito de contestación ante el Tribunal de Justicia no deben tener efecto sobre el fundamento de una imputación basada
en la falta de comunicación de la información requerida dentro del plazo fijado en el dictamen motivado (véanse, en este sentido,
las sentencias de 30 de noviembre de 2006, Comisión/Luxemburgo, C‑32/05, Rec. p. I‑11323, apartados 22, 25 y 26, y de 14 de
mayo de 2009, Comisión/España, antes citada, apartado 16).
Por consiguiente, procede considerar fundada la imputación formulada por la Comisión que se basa en la no comunicación de
las medidas adoptadas para adaptar el Derecho interno a la Directiva 2005/60.
Habida cuenta del conjunto de las consideraciones anteriores, procede declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones
que le incumben en virtud del artículo 45 de la Directiva 2005/60 al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva y al no haber comunicado a la Comisión
las disposiciones de Derecho interno que supuestamente contribuyen a garantizar dicho cumplimiento.

Costas
A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimados los motivos formulados por el Reino de España, procede
condenarlo en costas, conforme a lo solicitado por la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) decide:
1)
Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 45 de la Directiva 2005/60/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero
para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, al no haber adoptado todas las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva y al no haber comunicado
a la Comisión de las Comunidades Europeas las disposiciones de Derecho interno que supuestamente contribuyen a garantizar
dicho cumplimiento.
2)
Condenar en costas al Reino de España.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: español.