CELEX: 61988CJ0140
Seguridad Social
Determinación de la legislación aplicable

Mediante resolución de 11 de mayo de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de mayo siguiente, el Hoge Raad der Nederlanden planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en la versión resultante del Reglamento (CEE) n° 1517/79 del Consejo, de 16 de julio de 1979 (
DO L 185, p. 1
).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre el Sr. Noij y el Staatssecretaris van Financiën, relativo a las cotizaciones que se consideró que el Sr. Noij debía efectuar al Régimen General de Seguridad Social de los Países Bajos, correspondientes al año 1979.
De la resolución de remisión se desprende que el Sr. Noij, de nacionalidad neerlandesa, se estableció en los Países Bajos después de haber trabajado durante veinticinco años como minero de profundidad en Bélgica. Aunque es beneficiario por esa razón de una pensión de jubilación en virtud de la legislación belga, lo que implica el derecho a los subsidios familiares y a las prestaciones por enfermedad belgas, el Sr. Noij quedó sujeto, en su condición de residente en los Países Bajos, al Régimen General de Seguridad Social neerlandés.
Las prestaciones que conceden ambos regímenes son esencialmente las mismas, exceptuando ciertas prestaciones que, en el marco del régimen neerlandés, pueden concederse para facilitar las condiciones de vida y de trabajo. En el régimen belga existen prestaciones análogas, pero están vinculadas a la residencia en el territorio de dicho Estado.
Procede poner de relieve que, según la resolución de remisión, se consideró al Sr. Noij como sujeto a la obligación de cotizar con arreglo a la Ley neerlandesa de gastos de enfermedad (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), pese a que las prestaciones de enfermedad que se le conceden estén a cargo de la institución belga hasta que haya alcanzado la edad de 65 aflos.
Considerando que la mencionada obligación de cotizar, que suponía el abono de cuotas calculadas con base en su pensión de jubilación y que se elevaban al 23 % de la misma, resultada incompatible con las disposiciones del Tratado sobre la libre circulación de los trabajadores, así como con las disposiciones del Reglamento n° 1408/71, el Sr. Noij interpuso ante el Gerechtshof de Hertogenbosch un recurso contra la decisión de que se trata. Al haberse desestimado dicho recurso basándose en que no se podía considerar al recurrente como un trabajador en el sentido del artículo 1 del referido Reglamento, el Sr. Noij recurrió en casación ante el Hoge Raad der Nederlanden, el cual, por estimar que era necesaria la interpretación de varias disposiciones de Derecho comunitario, suspendió el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
Las disposiciones de Derecho comunitario europeo que, en materia de Seguridad Social, tienen por objeto alcanzar la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, y, en concreto, las disposiciones relativas a la determinación de la legislación nacional aplicable, contenidas en el Título II del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, se oponen a que una persona que resida en el territorio de un Estado miembro (en lo sucesivo, “el Estado de residencia”) y que, tras cesar en la actividad por él ejercida en calidad de trabajador por cuenta ajena en el territorio de otro Estado miembro, disfruta, a resultas de esta actividad, de una pensión de jubilación concedida en virtud de la legislación social de dicho otro Estado miembro, deba cotizar, entre otras razones por causa de esta pensión de jubilación, al Régimen General de la Seguridad Social de su Estado de residencia:
a)
Si, tras cesar en la actividad por él ejercida en el territorio de este otro Estado miembro, no ejerció posteriormente ninguna otra;
b)
si, tras cesar en dicha actividad, ejerció otra durante cierto tiempo en el Estado de residencia, bien como trabajador asalariado, bien como trabajador por cuenta propia?
2)
¿Habría que responder de manera distinta a la pregunta arriba planteada si la actividad ejercida en el Estado de residencia a que se refiere la letra b) sólo constituyera una actividad de importancia secundaria?»
Para una más amplia exposición de la legislación neerlandesa y de las disposiciones pertinentes del Derecho comunitario, así como de las observaciones escritas presentadas en autos, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Primera parte de la primera cuestión
Mediante la primera parte de la primera cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pretende fundamentalmente que se determine si las normas de Derecho comunitario, y principalmente las disposiciones que figuran en los Títulos II y III del Reglamento n° 1408/71, se oponen a que una persona que, después de haber trabajado por cuenta ajena en el territorio de un Estado miembro y de ser beneficiario por ello de una pensión de jubilación, establece su residencia en otro Estado miembro en donde no ejerce ninguna actividad, quede sujeta a la legislación de este último Estado, pudiéndosele imponer la obligación de cotizar a un régimen obligatorio de Seguridad Social y reclamársele cuotas calculadas con base en el conjunto de su renta, incluida la referida pensión.
En primer lugar, procede señalar que ninguna de las disposiciones del Título II del Reglamento n° 1408/71 resulta aplicable en un caso como el de autos. El Sr. Noij no se encuentra en ninguna de las situaciones a que se refieren las letras b), c), d) y e) del apartado 2 del artículo 13 o los artículos 14 a 17. En cuanto a la letra a) del apañado 2 del artículo 13, según la cual «el trabajador que ejerza una actividad en el territorio de un Estado miembro estará sometido a la legislación de ese Estado, incluso cuando resida en el territorio de otro Estado miembro o aunque la empresa o el empresario que le ocupa tenga su sede o su domicilio en el territorio de otro Estado miembro», se refiere exclusivamente a las personas que ejercen una actividad por cuenta ajena.
En efecto, la finalidad de esta última disposición es resolver los conflictos de leyes que pueden producirse cuando, en un mismo período, el lugar de residencia y el lugar de empleo no estén situados en el mismo Estado miembro. Ahora bien, tales conflictos no pueden producirse con respecto a trabajadores que hayan cesado definitivamente toda actividad profesional.
Por lo que se refiere, en segundo lugar, al Título III del Reglamento n° 1408/71, que contiene disposiciones particulares para las diferentes categorías de prestaciones, es preciso poner de relieve que el artículo 33, en la versión que le dio el Reglamento (CEE) n° 2864/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972 (
DO L 306, p. 1
), y que es aplicable en el caso de autos al litigio principal, prohibía que la institución de un Estado miembro deudora de una pensión o de una renta exigiese que se cotizase para la cobertura de contingencias de enfermedad y de maternidad que ya estuviesen a cargo de una institución de otro Estado miembro (véase la sentencia de 28 de marzo de 1985, Comisión/Bélgica,
275/83, Rec. p. 1097, apartado 3
).
El referido artículo resultó modificado por el Reglamento (CEE) n° 2332/89 del Consejo, de 18 de julio de 1989 (
DO L 224, p. 1
), que añadió un apartado 2, según el cual el Estado miembro de residencia que gestiona un régimen generalizado de Seguridad Social y en virtud de cuya legislación no se deba conceder ninguna pensión o renta no podrá exigir al beneficiario de una pensión o de una renta, por el hecho de que resida en su territorio, que este último cotice para la cobertura de contingencias que están a cargo de la institución de otro Estado miembro.
Estas disposiciones se inscriben en el objetivo del Reglamento n° 1408/71, que es el de contribuir al establecimiento de una libertad de circulación de los trabajadores migrantes lo más completa posible. Con dicho fin, otras varias disposiciones tienen por objeto la supresión de obstáculos a dicha libertad fundamental análogos al derivado de las cotizaciones controvertidas, en particular los obstáculos que se derivan del traslado de la residencia de un Estado miembro a otro y de la aplicación simultánea de varias legislaciones nacionales. Ahora bien, resultaría contrario a tal objetivo el que, sin existir razones de interés general, un trabajador pudiese verse privado de parte de una pensión percibida en virtud de la legislación de un Estado miembro por el mero hecho de haberse ido a residir a otro Estado miembro.
De lo anterior se deduce que las normas contenidas en el citado artículo 33, relativas a las prestaciones de enfermedad o de maternidad, constituyen la aplicación de un principio más general según el cual no se puede exigir al beneficiario de una pensión o de una renta que, por el hecho de residir en el territorio de otro Estado miembro, cotice a un seguro obligatorio para la cobertura de contingencias que están a cargo de una institución de otro Estado miembro.
Procede, pues, responder a la primera parte de la primera cuestión en el sentido de que las normas de Derecho comunitario, y en particular las disposiciones que figuran en los Títulos II y III del Reglamento n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, no se oponen a que una persona que, después de haber trabajado por cuenta ajena en el territorio de un Estado miembro y de ser beneficiario por ello de una pensión de jubilación, establece su residencia en otro Estado miembro en donde no ejerce ninguna actividad, quede sujeta a la legislación de este último Estado. Tales normas se oponen, sin embargo, a que en ese Estado se pueda exigir al interesado, por el hecho de residir allí, que cotice a un seguro obligatorio para la cobertura de contingencias que están a cargo de una institución de otro Estado miembro.
Segunda parte de la primera cuestión y segunda cuestión
De la resolución de remisión se desprende que, mediante tales cuestiones, el órgano jurisdiccional nacional pretende fundamentalmente que se determine si la respuesta sería idéntica en el caso de que, en la situación contemplada por la primera cuestión y con anterioridad al período a que se refiere la cotización que se discute, el interesado hubiese ejercido una actividad profesional, incluso de importancia secundaria, bien como trabajador por cuenta ajena o bien como trabajador autónomo, en el territorio del Estado miembro de residencia.
Procede hacer constar, a este respecto, que el hecho de que el interesado haya trabajado en tales circunstancias no puede modificar la respuesta que se ha dado a la primera cuestión. Por las razones mencionadas más arriba, las disposiciones del Título II del Reglamento n° 1408/71 no resultan aplicables y nada autoriza a desviarse en este caso del principio según el cual no se puede exigir al beneficiario de una pensión o de una renta que, por el hecho de residir en el territorio de otro Estado miembro, cotice a un seguro obligatorio para la cobertura de contingencias que ya están a cargo de una institución de otro Estado miembro.
Procede, pues, responder a la segunda parte de la primera cuestión y a la segunda cuestión en el sentido de que la respuesta sería idéntica en el caso de que, en la situación contemplada por la primera cuestión y con anterioridad al período a que se refiere la cotización que se discute, el interesado hubiese ejercido una actividad profesional, incluso de importancia secundaria, bien como trabajador por cuenta ajena o bien como trabajador autónomo, en el territorio del Estado miembro de residencia.
Costas
Los gastos efectuados por los Gobiernos neerlandés y español y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden mediante resolución de 11 de mayo de 1988, declara:

1)
Las normas de Derecho comunitario, y en particular las disposiciones que figuran en los Títulos II y IH del Reglamento n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, no se oponen a que una persona que, después de haber trabajado por cuenta ajena en el territorio de un Estado miembro y de ser beneficiario por ello de una pensión de jubilación, establece su residencia en otro Estado miembro en donde no ejerce ninguna actividad, quede sujeta a la legislación de este último Estado. Tales normas se oponen, sin embargo, a que en ese Estado se pueda exigir al interesado, por el hecho de residir allí, que cotice a un seguro obligatorio para la cobertura de contingencias que están a cargo de una institución de otro Estado miembro.

2)
La respuesta es idéntica en el caso de que, en la situación contemplada por la primera cuestión y con anterioridad al período a que se refiere la cotización que se discute, el interesado hubiese ejercido una actividad profesional, incluso de importancia secundaria, bien como trabajador por cuenta ajena o bien como trabajador autónomo, en el territorio del Estado miembro de residencia.

Due
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Diez de Velasco
Kakouris
Grévisse
Zuleeg
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de febrero de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.