CELEX: 61989CJ0159
IVA
Importación
Personas no sujetas al impuesto
Deducción del IVA residual pagado en el Estado miembro de exportación

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 3 de mayo de 1989, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que, al no adoptar las disposiciones necesarias para reconocer a las personas no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (en lo sucesivo, «IVA») que importan bienes que ya han sido gravados con el IVA en otros Estados miembros sin haber podido obtener su devolución, el derecho a deducir del PVA devengado en la importación el importe del IVA pagado en el Estado miembro de exportación que esté aún incorporado en el valor de los bienes en el momento de la importación, la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 95 del Tratado CEE.
La Comision afirma que la no adopción por la República Helénica de disposiciones que conceden dicho derecho de deducción a las personas no sujetas al pago del impuesto, con arreglo a la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, crea una situación de hecho ambigua, contraria al principio de seguridad jurídica, y permite una doble imposición incompatible con la prohibición de discriminaciones fiscales, principio directamente aplicable establecido en el citado artículo 95, tal como lo interpreta este Tribunal, en la medida en que las entregas de productos similares efectuadas por personas no sujetas dentro del territorio italiano no estén gravadas con el IVA. Ni el efecto directo del artículo 95 ni la propuesta de Decimosexta Directiva del Consejo para establecer un régimen común aplicable a ciertos bienes definitivamente gravados con el Impuesto sobre el Valor Añadido, importados por un consumidor final de un Estado miembro y procedentes de otro Estado miembro (
DO 1986, C 96, p. 5
) dispensan a la República Helénica de la obligación de adaptar su Derecho nacional a las exigencias del Tratado.
Sin oponerse al principio de eliminación de la doble imposición de productos importados, la República Helénica afirma básicamente que esta cuestión requiere una normativa clara y precisa, en forma de directiva comunitaria, única solución que garantiza una aplicación uniforme de los principios reguladores de esta materia.
El Reino de España, que ha intervenido en apoyo de las pretensiones de la República Helénica, afirma, por su parte, que el derecho a deducción en el Estado miembro de importación propuesto por la Comisión es contrario a la naturaleza de impuesto sobre el consumo inherente al IVA y a un reparto equilibrado de los ingresos fiscales entre el Estado miembro de exportación y el de importación. Los bienes deben, más bien, desgravarse en el momento de la exportación y gravarse en el de la importación sobre el valor que tengan en el momento de pasar la frontera.
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio, del contexto jurídico y de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Hay que señalar ante todo que, según jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia, el artículo 95 establece una prohibición de discriminación fiscal de los productos importados, que produce efectos directos y crea derechos para los particulares que los órganos jurisdiccionales nacionales deben proteger (véase, en particular, sentencia de 5 de mayo de 1982, Gaston Schul I,
15/81, Rec. p. 1409, apartado 46
).
Es asimismo jurisprudencia reiterada (véanse las sentencias de 21 de mayo de 1985, Gaston Schul II,
47/84, Rec. p. 1491
, y de 25 de febrero de 1988, Drexl,
299/86, Rec. p. 1213
) que el citado artículo 95 debe interpretarse en el sentido de que el IVA percibido por un Estado miembro al efectuarse la importación, procedente de otro Estado miembro, de un producto entregado por una persona no sujeta al IVA, cuando dicho Impuesto no se percibe con motivo de la entrega por un particular de productos similares dentro del Estado miembro de importación, debe calcularse teniendo en cuenta el importe del IVA pagado en el Estado miembro de exportación y aún contenido en el valor del producto en el momento de su importación, de tal modo que ese importe no forme parte de la base imponible y sea además deducido del IVA devengado en la importación.
Ha quedado acreditado que las disposiciones nacionales controvertidas prevén la percepción del IVA por la importación por parte de personas no sujetas de bienes ya gravados con el IVA en el Estado miembro de exportación, sin permitir que los interesados deduzcan el IVA residual del importe del IVA percibido en el momento de la importación, mientras que las entregas de productos similares realizadas por personas no sujetas en territorio helénico no están sometidas al pago del IVA.
Tales disposiciones son incompatibles con la prohibición de discriminaciones fiscales a los productos importados, en la medida en que, a pesar del efecto directo del artículo 95, mantienen a los importadores no sujetos en un estado de incertidumbre respecto a su derecho a invocar dicho artículo y pueden mover a los agentes de la Administración nacional encargados de la recaudación del IVA a no poner en práctica el principio de deducción de la parte residual del IVA.
En efecto, la facultad que se ofrece a los importadores no sujetos al impuesto de invocar ante los órganos jurisdiccionales nacionales las disposiciones directamente aplicables del citado artículo 95 del Tratado no constituye más que una garantía mínima y no basta por sí sola para asegurar la aplicación plena y completa del Tratado (véase la sentencia de 15 de octubre de 1986, Comisión/Italia,
168/85, Rec. p. 2945, apartado 11
).
Por otra parte, los principios de seguridad jurídica y de protección de los particulares exigen que, en los ámbitos regulados por el Derecho comunitario, las normas jurídicas de los Estados miembros se formulen de manera inequívoca, que permita a los personas interesadas conocer sus derechos y obligaciones de forma clara y precisa y a los órganos jurisdiccionales nacionales garantizar su cumplimiento (véase sentencia de 21 de junio de 1988, Comisión/Italia,
257/86, Rec. p. 3249
).
Debe desestimarse la objeción opuesta en su contestación por la República Helénica basada en la inexistencia en la actualidad de un régimen común de IVA aplicable a las operaciones de importación controvertidas, al igual que las alegaciones del Reino de España basadas en la naturaleza del IVA y el reparto de los ingresos fiscales entre Estados miembros.
Por una parte, la deducción en el Estado miembro de importación del importe del IVA pagado en el Estado miembro de exportación aún incorporado en el valor de los bienes al efectuarse la importación no cuestiona en modo alguno la naturaleza de impuesto sobre el consumo inherente al IVA, en la medida en que tal calificación es independiente del reparto de la carga fiscal entre el Estado miembro de exportación y el de importación.
Por otra parte, si bien corresponde al legislador comunitario establecer un régimen común de IVA que implique una perfecta neutralidad competitiva, la desgravación completa, en el país de exportación, de las importaciones controvertidas, así como un reparto equitativo de los ingresos fiscales entre Estados miembros, el citado artículo 95 se opone, hasta que se establezca tal régimen, a que un Estado miembro pueda aplicar su régimen de IVA a los productos importados de forma contraria al principio de no discriminación fiscal (véase la citada sentencia Gaston Schul I).
En efecto, alcanzar la armonización de las legislaciones fiscales, conforme al artículo 99 del Tratado, no puede erigirse en requisito previo para la aplicación del artículo 95, que impone a los Estados miembros, con efectos inmediatos, la obligación de aplicar de forma no discriminatoria su legislación fiscal antes de que se produzca cualquier armonización (véase sentencia de 27 de febrero de 1980, Comisión/Dinamarca,
171/78, Rec. p. 447
).
De ello resulta que no pueden acogerse las alegaciones de la República Helénica ni las del Reino de España.
Habida cuenta de todas las consideraciones que anteceden, procede declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 95 del Tratado CEE al no adoptar las medidas necesarias para reconocer a las personas no sujetas al IVA, que importan en el territorio helénico bienes que ya han sido gravados con dicho Impuesto en otro Estado miembro sin haber podido obtener su devolución, el derecho a deducir del IVA devengado en la importación el importe del IVA pagado en el Estado miembro de exportación que esté aún incorporado en el valor de los bienes en el momento de la importación, en tanto que las entregas de productos similares efectuadas por personas no sujetas al IVA en territorio helénico no están sometidas al pago del IVA.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la República Helénica y por el Reino de España, que la ha apoyado, procede condenarles en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del articulo 95 del Tratado CEE al no adoptar las medidas necesarias para reconocer a las personas no sujetas al IVA, que importan en el territorio helénico bienes que ya han sido gravados con dicho Impuesto en otro Estado miembro sin haber podido obtener su devolución, el derecho a deducir del IVA devengado en la importación el importe del IVA pagado en el Estado miembro de exportación que esté aún incorporado en el valor de los bienes en el momento de la importación, en tanto que las entregas de productos similares efectuadas por personas no sujetas al IVA en territorio helénico no están sometidas al pago del IVA.

2)
Condenar en costas a la República Helénica y al Reino de España.

Due
Mancini
O'Higgins
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Diez de Velasco
Kakouris
Joliét
Schockweiler
Grévisse
Zuleeg
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 26 de febrero de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: griego.