CELEX: 62005CJ0243
Recurso de casación
Organización común de mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas
Ayuda a la producción para los productos transformados a base de tomate
Método de cálculo del importe de la ayuda
Responsabilidad extracontractual de la Comunidad
Perjuicio cierto

1       Mediante su recurso de casación, las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que anule parcialmente la sentencia del
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 17 de marzo de 2005, Agraz y otros/Comisión (T‑285/03, Rec. p. II‑1063;
en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la cual éste desestimó su recurso, que tenía por objeto la reparación del perjuicio
presuntamente sufrido como consecuencia del método adoptado para el cálculo del importe de la ayuda a la producción prevista
en el Reglamento (CE) nº 1519/2000 de la Comisión, de 12 de julio de 2000, por el que se fijan el precio mínimo y el importe
de la ayuda para los productos transformados a base de tomate para la campaña 2000/2001 (DO L 174, p. 29), por el motivo de
que el perjuicio alegado no era cierto y, por lo tanto, no concurrían los requisitos que deben cumplirse para que se genere
la responsabilidad extracontractual de la Comunidad.

Marco jurídico

El Reglamento nº 2201/96
2       El artículo 2 del Reglamento (CE) nº 2201/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas (DO L 297, p. 29; en lo sucesivo,
«Reglamento de base»), dispone:
«1.      Se aplicará un régimen de ayuda a la producción de los productos incluidos en el Anexo I que se obtengan a partir de frutas
y hortalizas recolectadas en la Comunidad.
2.      La ayuda a la producción se concederá al transformador que haya pagado al productor por la materia prima un precio por lo
menos igual al precio mínimo en virtud de contratos que vinculen, por una parte, a las organizaciones de productores reconocidas
o prerreconocidas en virtud del Reglamento (CE) nº 2200/96 y, por otra, a los transformadores.
[…]»
3       El artículo 4 del Reglamento de base precisa:
«1.      La ayuda a la producción no podrá ser superior a la diferencia existente entre el precio mínimo pagado al productor en la
Comunidad y el precio de la materia prima de los principales terceros países productores y exportadores.
2.      El importe de la ayuda a la producción se fijará de manera que permita dar salida al producto comunitario, dentro del límite
dispuesto en el apartado 1. Para determinar ese importe, sin perjuicio de la aplicación del artículo 5, se tendrá en cuenta,
en particular:
a)      la diferencia entre el coste de la materia prima en la Comunidad y el de la materia prima de los principales terceros países
competidores;
b)      el importe de la ayuda fijado, o calculado antes de la reducción prevista en el apartado 10 cuando se aplique, para la campaña
de comercialización anterior,
c)      en el caso de los productos para los que la producción comunitaria represente una parte sustancial del mercado, la evolución
del volumen de los intercambios comerciales con el exterior y de su precio, cuando este último criterio conduzca a una disminución
del importe de la ayuda.
3.      La ayuda a la producción se fijará en función del peso neto del producto transformado. Los coeficientes que expresen la relación
entre el peso de la materia prima utilizada y el peso neto del producto transformado se establecerán a tanto alzado. Se actualizarán
periódicamente teniendo en cuenta la experiencia adquirida.
[…]
5.      El precio de la materia prima de los principales terceros países competidores se determinará principalmente basándose en los
precios practicados realmente en la fase de salida de la explotación agraria para los productos frescos de calidad comparable,
utilizados para transformación, ponderados en función de las cantidades de productos acabados exportados por dichos terceros
países.
6.      Para los productos respecto de los cuales la producción comunitaria represente al menos el 50 % del mercado del consumo comunitario,
la evolución de los precios y del volumen de las importaciones y exportaciones se determinará basándose en los datos del año
natural que preceda el inicio de la campaña en relación con los datos del año natural anterior.
7.      En relación con los productos derivados de los tomates, la ayuda a la producción se calculará para:
a)      los concentrados de tomate del código NC 2002 90;
[…]
9.      La Comisión fijará el importe de la ayuda antes del comienzo de cada campaña [...]. Con arreglo al mismo procedimiento, adoptará
los coeficientes a que se refiere el apartado 3, los requisitos mínimos de calidad y las demás normas de desarrollo del presente
artículo.
10.      Para los productos derivados de los tomates, los gastos globales no deberán superar, para cada campaña de comercialización,
el importe que se habría alcanzado si las cuotas francesa y portuguesa aplicables a los concentrados para la campaña 1997/98
hubieran sido fijados de la siguiente manera:
–       Francia:          224.323 toneladas,
–       Portugal: 670.451 toneladas.
Para ello, la ayuda fijada para los concentrados de tomate y sus derivados de conformidad con el apartado 9 se disminuirá
en un 5,37 %. Se pagará eventualmente un complemento después de la campaña si no se hubiere utilizado totalmente el aumento
de las cuotas francesa y portuguesa.»

El Reglamento nº 1519/2000
4       El Reglamento nº 1519/2000 dispone, en su artículo 2, apartado 1, que «en el anexo II se fija la ayuda a la producción, contemplada
en el artículo 4 [del Reglamento de base], para la campaña 2000/01». El importe de la ayuda a la producción se fijó en 17,178 euros
por 100 kg netos de concentrado de tomate con un contenido de extracto seco igual o superior al 28 % pero inferior al 30 %.

Hechos que originaron el litigio
5       Los hechos que originaron el litigio se exponen en la sentencia recurrida como sigue:
«5.      Mediante escrito de 4 de febrero de 2000, la Comisión pidió a las autoridades chinas que cumplimentaran el formulario adjunto
con el objeto de obtener lo antes posible la información necesaria a efectos de la fijación de las ayudas para la campaña
2000/2001 en el sector de las frutas y hortalizas transformadas. Este escrito quedó sin respuesta.
6.      Tras la adopción del Reglamento nº 1519/2000, varias delegaciones y asociaciones representativas de fabricantes de productos
transformados a base de tomate de España, Francia, Grecia, Italia y Portugal presentaron sus objeciones a la Comisión y se
opusieron al hecho de que no se tomara en consideración el precio de los tomates chinos para fijar el importe de la ayuda
concedida.
7.      La Organización Europea de la Industria de Transformación de Tomate (en lo sucesivo, «OEICT») y la Associação Portuguesa dos
Industriais de Tomate dirigieron a la Comisión varias solicitudes de modificación del importe de la ayuda concedida. Se adjuntó
a una de estas solicitudes copia de un contrato que contenía el precio del producto pagado al fabricante chino.
8.      Mediante escrito de 5 de marzo de 2001, enviado al Ministro de Agricultura portugués, en respuesta a su solicitud de revisión
del cálculo del importe de la ayuda, la Comisión indicó que la fijación del importe de las ayudas a la transformación de tomates
para la campaña 2000/2001 se había efectuado observando estrictamente lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del Reglamento de
base. La Comisión confirmaba además la recepción, el 13 de diciembre de 2000, de un escrito de la OEICT por el que se le comunicaba
el precio de un contrato celebrado en China, aunque añadía que le resultaba imposible modificar su decisión sobre la base
del precio estipulado en un único contrato, no confirmado por las autoridades nacionales afectadas.
9.      En septiembre de 2001, los servicios diplomáticos españoles en Pekín obtuvieron un certificado emitido por las autoridades
chinas que indicaba, para las campañas de 1999 y de 2000, el precio medio de los tomates pagado a los productores de la provincia
de Xinjiang, la cual representa alrededor del 88 % de la producción total de tomates transformados en China. Este documento
fue remitido al Comisario responsable, el Sr. Fischler, el 9 de noviembre de 2001 por el Ministro de Agricultura portugués
y el 7 de noviembre de 2001 por la OEICT.
10.      El 31 de enero de 2002, la Comisión respondió a esta organización subrayando una vez más la compatibilidad de la fijación
del importe de la ayuda con los artículos 3 y 4 del Reglamento de base. Además, afirmaba que la industria comunitaria del
tomate no se había visto perjudicada puesto que, a su juicio, había alcanzado un nivel récord de transformación, por lo que
no estimaba necesario revisar el Reglamento nº 1519/2000.
11.      A raíz de una reunión que tuvo lugar el 6 de noviembre de 2002 y de diversos escritos dirigidos por las demandantes a la Comisión,
ésta declaró, mediante escrito de 7 de enero de 2003, que no existía razón alguna para reconsiderar el Reglamento nº 1519/2000.»

El procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y la sentencia recurrida
6       Mediante escrito presentado en la secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de agosto de 2003, las recurrentes interpusieron
un recurso que tenía por objeto que se condenase a la Comisión a indemnizarles por el perjuicio que afirmaban haber sufrido
a consecuencia de la adopción del Reglamento nº 1519/2000.
7       Tras recordar que para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad es necesario que concurran una serie
de requisitos en cuanto atañe a la ilegalidad del comportamiento que se imputa a la institución comunitaria, la realidad del
daño y la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento ilegal y el perjuicio invocado, el Tribunal de
Primera Instancia constató la existencia de un comportamiento ilegal por parte de la Comisión.
8       En efecto, en el apartado 54 de la sentencia recurrida, consideró, por una parte, que «la inactividad de la Comisión a raíz
del envío del escrito de 4 de febrero de 2000 [constituyó] una violación suficientemente caracterizada, conforme a la jurisprudencia,
de los principios de asistencia y protección y de buena administración».
9       En el apartado 61 de la misma sentencia, estimó, por otra parte, que, «en la medida en que el contenido del Reglamento nº 1519/2000
no tiene en cuenta en modo alguno el precio de la materia prima de uno de los principales países productores y exportadores,
esto es, China, este Reglamento incumple los requisitos imperativos establecidos en el artículo 4, apartados 1 y 2, del Reglamento
de base [y que una] ilegalidad de tal índole, que constituye una violación suficientemente caracterizada de una norma que
tiene por objeto conferir derechos a los particulares, puede generar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad en
función de sus consecuencias lesivas».
10     Respecto del perjuicio alegado, el Tribunal de Primera Instancia declaró lo siguiente:
«70.      Procede recordar que, según la jurisprudencia (sentencias del Tribunal de Justicia de 27 de enero de 1982, De Franceschi/Consejo
y Comisión, 51/81, Rec. p. 117, apartado 9, y Birra Wührer y otros/Consejo y Comisión, asuntos acumulados 256/80, 257/80,
265/80, 267/80 y 5/81, Rec. p. 85, apartado 9; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de mayo de 1995, Wafer Zoo/Comisión,
T‑478/93, Rec. p. II 1479, apartado 49), el perjuicio cuya reparación se solicita debe ser real y cierto.
71.      Corresponde a la parte demandante aportar los elementos de prueba al juez comunitario con el fin de demostrar la realidad
y el alcance de dicho perjuicio (sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de mayo de 1976, Roquette Frères/Comisión, 26/74,
Rec. p. 677, apartados 22 a 24; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 9 de enero de 1996, Koelman/Comisión, T 575/93,
Rec. p. II 1, apartado 97, y de 28 de abril de 1998, Dorsch Consult/Consejo y Comisión, T 184/95, Rec. p. II 667, apartado 60).
72.      Las demandantes evalúan el perjuicio en la diferencia exacta entre el importe de la ayuda fijado en el Reglamento nº 1519/2000
y el importe al que habría llegado la Comisión si hubiese tomado en consideración los precios chinos.
73.      En primer lugar, es preciso subrayar que los precios chinos sobre los que éstas se basan son los obtenidos a través de los
servicios diplomáticos españoles en Pekín. Se trata del precio medio de los tomates pagados a los productores de la provincia
de Xinjiang, que representa, según las demandantes, aproximadamente el 88 % de la producción china de tomates transformados.
Estas cifras son discutidas por la Comisión, que afirma que esta media es excesivamente baja. Además, ésta sostiene que no
pudo apreciar si dichas cifras eran conformes a las disposiciones del Reglamento de base. Ahora bien, en la evaluación de
una situación económica compleja, su facultad de apreciación se aplica también a la comprobación de los datos de base (véase,
en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de octubre de 1980, Roquette/Consejo, 138/79, Rec. p. 3333, apartado 25).
74.      En efecto, como el Reglamento de base confiere a la Comisión un cierto margen de apreciación en la fijación del importe de
la ayuda, es imposible determinar con certeza la incidencia de la toma en consideración del precio pagado a los productores
de tomates chinos en el importe de la ayuda. El artículo 4, apartado 1, [del Reglamento de base] no prevé que la ayuda a la
producción deba ser igual a la diferencia entre el precio mínimo pagado al productor en la Comunidad y el precio de la materia
prima de los principales terceros países exportadores. Se limita simplemente a fijar un máximo.
75.      A este respecto, ha de observarse que el hecho de que la Comisión haya podido en el pasado fijar el importe de la ayuda a
un nivel equivalente a la diferencia entre el precio mínimo pagado al productor en la Comunidad y el precio de la materia
prima de los principales terceros países productores y exportadores no la obliga en absoluto a mantener la ayuda en este nivel.
Resultaría incluso contrario al tenor y a la finalidad del Reglamento de base que la Comisión no tuviese en cuenta la evolución
de la situación de los mercados internacionales y con ello dificultase eventualmente la salida del producto comunitario.
76.      Las demandantes no pueden, por tanto, invocar el derecho a una ayuda máxima equivalente a la diferencia entre el precio mínimo
pagado al productor en la Comunidad y el precio de la materia prima de los principales terceros países tras haber tomado en
consideración los precios chinos.
77.      Por consiguiente, no puede considerarse que el perjuicio calculado por las demandantes y descrito en el cuadro del anexo A.27
de la demanda tenga carácter cierto.»
11     Al considerar que no concurría el conjunto de requisitos que deben cumplirse para que se genere la responsabilidad extracontractual
de la Comunidad, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso.

Las pretensiones de las partes y el procedimiento ante el Tribunal de Justicia
12     Las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:
–       Anule parcialmente la sentencia recurrida, en la medida en que consideró que el perjuicio no era cierto y desestimó el recurso;
y, pronunciándose en cuanto al fondo,
–       Con carácter principal, declare que en el presente caso se cumplen los requisitos para que se genere la responsabilidad extracontractual
de la Comisión; condene a la Comisión a pagar a cada una de ellas el saldo de la ayuda a la producción incrementado con los
intereses al tipo que determine el Tribunal de Justicia a partir del 12 de julio de 2000 –o, subsidiariamente, a partir del
13 de julio de 2000 o, con carácter subsidiario de segundo grado, a partir del 16 de julio de 2000– y hasta el día del pago
efectivo, y condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas ocasionadas en las dos instancias, incluidas las de
las recurrentes.
–       Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que éste se pronuncie sobre el importe
de las indemnizaciones que han de pagarse a las partes recurrentes, tras oírlas de nuevo, y condene a la Comisión al pago
de las costas –incluidas las correspondientes a las partes recurrentes– ocasionadas en el recurso de casación y en el procedimiento
ante el Tribunal de Primera Instancia.
13     La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–       Declare la inadmisibilidad parcial del recurso de casación y, en todo caso, lo desestime por infundado.
–       Condene en costas a las recurrentes.
14     Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 19 de octubre de 2005, las sociedades Carmine Tagliamonte & C. Srl,
Cbcotti Srl, Cirio del Monte Italia SpA, Fratelli Longobardi Srl, G3 Srl, La Regina del Pomodoro Srl, La Regina di San Marzano
di Antonio, Felice e Luigi Romano Snc, Lodato Gennaro & C. SpA, Pelati Sud di De Stefano Catello Sas, Prodakta SA, Rispoli
Luigi & C. Srl, Saviano Pasquale Srl, Sevath SA, Silaro Conserve Srl y Transformaciones Agrícolas de Badajoz, S.A., que desistieron
de su recurso de casación, fueron eliminadas del procedimiento correspondiente al asunto C‑243/05 P y se atribuyeron a dichas
sociedades las costas correspondientes al recurso de casación que habían interpuesto.

Sobre el recurso

Alegaciones de las partes
15     En apoyo de su recurso, las recurrentes desarrollan cuatro motivos. El primer motivo se basa en un error de Derecho en la
calificación del perjuicio. El segundo se basa en la vulneración del principio de contradicción y del derecho a ser oído.
El tercero se basa en una desnaturalización de las pretensiones de las recurrentes. El cuarto motivo se basa en la dejación
por parte del Tribunal de Primera Instancia de su facultad jurisdiccional plena y de su deber de juzgar, así como en la existencia
de una denegación de justicia.
16     El primer motivo se divide en dos partes. La primera se basa en que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta la
jurisprudencia comunitaria ni los principios reconocidos por los ordenamientos jurídicos nacionales en materia de responsabilidad
extracontractual, en la medida en que interpretó erróneamente el concepto de «perjuicio cierto» y confundió la determinación
del carácter del perjuicio con el cálculo exacto de su importe. La segunda parte se basa en el hecho de que el Tribunal de
Primera Instancia no extrajo, en lo relativo al reconocimiento del derecho de las recurrentes a ser indemnizadas, las consecuencias
que se derivaban de sus apreciaciones en cuanto a la ilegalidad del comportamiento de la Comisión.
17     En el marco de la primera parte del primer motivo, las recurrentes alegan que la circunstancia de que la Comisión disponga
de un margen de apreciación en la determinación del importe de la ayuda a la producción no autoriza a llegar a la conclusión
de que el perjuicio alegado no es cierto. Siempre que sea previsible con suficiente certeza y evaluable, un perjuicio puede
dar lugar a su reparación, independientemente del hecho de que todavía no esté cuantificado. Además, en el caso de autos,
el perjuicio alegado está delimitado y calculado con precisión. La eventual incertidumbre subsistente afecta únicamente a
la determinación del importe de dicho perjuicio. Las partes recurrentes estiman que, al no disponer de los datos necesarios
para el cálculo de este importe, el Tribunal de Primera Instancia hubiera debido ordenar diligencias de prueba o de ordenación
del procedimiento, o dictar una sentencia interlocutoria.
18     Las recurrentes afirman que si bien, ciertamente, se excluye la existencia de un perjuicio real y cierto si no hay una lesión
efectiva de un derecho o de un interés legítimo, tal perjuicio existe, por el contrario, cuando, como en el caso de autos,
el perjuicio alegado se deriva de la imposibilidad de ejercer, a causa del comportamiento ilegal de la institución cuestionada,
un derecho cuya existencia está demostrada.
19     Afirman que la apreciación del Tribunal de Primera Instancia vulnera los principios admitidos por los ordenamientos jurídicos
nacionales en lo relativo al concepto de perjuicio cierto.
20     Respecto de la alegación desarrollada por la Comisión en su escrito de contestación, según la cual las recurrentes no probaron
la realidad del perjuicio alegado al no haber demostrado que el importe de la ayuda determinado en el Reglamento nº 1519/2000
no permitía alcanzar el objetivo asignado para la concesión de una ayuda a la producción, a saber, dar salida a la producción
comunitaria, afirman que esta alegación es nueva y, por consiguiente, inadmisible.
21     En todo caso, dicho objetivo no puede ser lo único que se tenga en cuenta, so pena de excluir de forma injustificada la existencia
de cualquier perjuicio siempre que se dé salida completamente a la producción comunitaria, aunque el importe de la ayuda concedida
a los transformadores para tener en cuenta la diferencia entre el precio mínimo determinado por la Comisión y el precio de
los principales países terceros se haya fijado a un nivel inferior al que se supone que debe resultar de la aplicación de
las disposiciones pertinentes.
22     La Comisión niega la existencia de un error de Derecho en la sentencia recurrida.
23     Afirma que, habida cuenta del margen de apreciación de que dispone en la materia, el perjuicio alegado por las recurrentes
no puede calificarse de cierto. Además, por aquel entonces, ningún elemento permitía suponer que fuera a renunciar a hacer
uso de este margen de apreciación. En particular, nunca dio ninguna garantía que pudiera crear una confianza legítima en los
transformadores respecto de que tendría en cuenta los precios chinos para fijar la ayuda a la campaña 2000/2001.
24     La Comisión alega, además, que el motivo invocado por las recurrentes, según el cual el Tribunal de Primera Instancia no cuantificó
el importe de su perjuicio ni ordenó diligencias de prueba con tal fin, se basa en un motivo nuevo, relativo a la existencia
de un perjuicio real que debe, por consiguiente, declararse inadmisible.
25     En todo caso, en opinión de la Comisión, para probar la realidad del perjuicio alegado, las recurrentes hubieran debido demostrar
que no se respetó el objetivo de la ayuda, que es dar salida a los productos comunitarios. Pues bien, éstas no demostraron,
ni tan siquiera alegaron ante el Tribunal de Primera Instancia, que el importe de la ayuda fijada por la Comisión no permitía
alcanzar este objetivo.

Apreciación del Tribunal de Justicia
26     Resulta de una jurisprudencia reiterada que, para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad a la que
se refiere el artículo 288 CE, párrafo segundo, es necesario que concurran un conjunto de requisitos relativos a la ilicitud
de la actuación imputada a la institución comunitaria, a la realidad del daño y a la existencia de una relación de causalidad
entre la actuación de la institución y el perjuicio invocado (véanse, en particular, las sentencias Birra Wührer y otros/Consejo
y Comisión, antes citada, apartado 9, y de 30 de junio de 2005, Alessandrini y otros/Comisión, C‑295/03 P, Rec. p. I‑5673,
apartado 61).
27     El segundo requisito, relativo al daño, exige que el perjuicio cuya reparación se solicita sea real y cierto (véanse, en este
sentido, las sentencias antes citadas De Franceschi/Consejo y Comisión, apartado 9, y Birra Wührer y otros/Consejo y Comisión,
apartado 9), cuestión que incumbe demostrar a la parte recurrente (véanse las sentencias Roquette Frères/Comisión, antes citada,
apartado 24, y de 16 de septiembre de 1997, Blackspur DIY y otros/Consejo y Comisión, C‑362/95 P, Rec. p. I‑4775, apartado 31).
28     En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia declaró que el perjuicio alegado por las recurrentes no tenía carácter
cierto.
29     Estimó, por una parte, que el margen de apreciación en la fijación del importe de la ayuda a la producción que el Reglamento
de base confiere a la Comisión impedía determinar con certeza la incidencia de la toma en consideración del precio pagado
a los productores de tomates chinos en el importe de esta ayuda. Por otra parte, destacó que la Comisión negaba la representatividad
de los datos relativos a los precios chinos sobre los que las recurrentes se habían apoyado para cuantificar su perjuicio.
30     A este respecto, debe señalarse que la circunstancia de que la institución comunitaria disponga de un amplio margen de apreciación
en la materia de que se trata no puede, por sí misma, conducir automáticamente a negar un carácter cierto al perjuicio alegado,
resultante del comportamiento ilegal de esta autoridad.
31     Sostener lo contrario equivaldría a privar de toda eficacia al recurso de indemnización en materias tales como la organización
común de los mercados, en que las instituciones comunitarias disponen de un amplio margen de apreciación en el ejercicio de
su facultad normativa y decisoria, habida cuenta de los intereses en juego y de las decisiones económicas inherentes a estas
materias.
32     Además, el reconocimiento de un amplio margen de apreciación a la institución cuestionada no se opone a que, en determinados
casos, el Tribunal de Justicia constate la existencia de un perjuicio reparable (véanse, en particular, las sentencias de
14 de mayo de 1975, CNTA/Comisión, 74/74, Rec. p. 533, y de 4 de octubre de 1979, Ireks-Arkady/Consejo y Comisión, 238/78,
Rec. p. 2955).
33     Siendo así, procede comprobar si, a la vista de las particulares circunstancias que caracterizan el presente asunto (véase,
en este sentido, la sentencia de 15 de junio de 2000, Dorsch Consult/Consejo y Comisión, C‑237/98 P, Rec. p. I‑4549, apartado
25), el Tribunal de Primera Instancia podía legítimamente considerar que el margen de apreciación de que dispone la Comisión
para la determinación del importe de la ayuda a la producción en virtud del Reglamento de base impedía reconocer un carácter
cierto al perjuicio alegado por las recurrentes.
34     Ciertamente, a este respecto debe señalarse que la existencia de tal margen de apreciación, así como las reservas expresadas
por la Comisión sobre la representatividad de los datos relativos a los precios chinos presentados por las recurrentes, impedían
al Tribunal de Primera Instancia determinar con certeza la incidencia precisa del hecho de que la Comisión se hubiera abstenido
ilegalmente de tener en cuenta los precios chinos sobre el importe de la ayuda en cuestión.
35     Además, habida cuenta de dicho margen de apreciación, no existe la certeza de que las recurrentes tuvieran derecho al importe
exacto en el que evaluaron su perjuicio ante el Tribunal de Primera Instancia, a saber, tal como se recordó en el apartado
72 de la sentencia recurrida, el correspondiente a «la diferencia exacta entre el importe de la ayuda fijado en el Reglamento
nº 1519/2000 y el importe al que habría llegado la Comisión si hubiese tomado en consideración los precios chinos».
36     Sin embargo, tales consideraciones autorizaban únicamente al Tribunal de Primera Instancia a constatar una incertidumbre en
cuanto al alcance exacto del perjuicio invocado, pero no a concluir que la propia existencia de este perjuicio no tuviera
un carácter cierto.
37     En efecto, tal como señaló el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 50 de la sentencia recurrida, consta que en el
momento de la fijación de la ayuda en cuestión, China estaba consideraba como uno de los principales terceros países cuya
producción compite con la producción comunitaria.
38     Además, el hecho de que la Comisión se abstuviera ilegalmente de tomar en consideración los precios chinos condujo a un precio
estimado del tomate de los principales terceros países productores y exportadores sensiblemente superior al que hubiera resultado
de haberse tenido en cuenta estos precios. El propio Tribunal de Primera Instancia recogió, en el apartado 67 de la sentencia
recurrida, la afirmación de la Comisión según la cual esta consideración habría podido llevar a una disminución «considerable»
del precio estimado de la materia prima de los principales países productores y exportadores.
39     Ante el Tribunal de Primera Instancia, las recurrentes se esforzaron en demostrar que, habida cuenta de estos datos, el importe
de la ayuda a la producción se habría fijado necesariamente en un nivel superior al previsto por el Reglamento nº 1519/2000
de no haberse producido el comportamiento ilegal de la Comisión.
40     Como señaló el Abogado General en el punto 32 de sus conclusiones, en estas circunstancias, para probar que la certeza del
aumento de la ayuda alegado por las recurrentes carecía de fundamento, correspondía a la Comisión demostrar que el mantenimiento
de dicha ayuda en el nivel preciso fijado por el Reglamento nº 1519/2000 era compatible con la correcta aplicación del artículo
4, apartado 2, del Reglamento de base. Pues bien, se omitió manifiestamente realizar tal análisis y la Comisión se limitó
a hacer valer su facultad discrecional en la materia, tal como resulta del apartado 67 de la sentencia recurrida.
41     En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al declarar que el perjuicio alegado no tenía
un carácter cierto sobre la base de los elementos recordados en el apartado 29 de la presente sentencia.
42     Además, incluso suponiendo, conforme a la tesis sostenida por la Comisión en la vista ante el Tribunal de Justicia, que un
factor como el recogido en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento de base, relativo a la evolución del volumen de los intercambios
comerciales con el exterior, pueda dar lugar a una ponderación diferente en el marco de un cálculo que tenga en cuenta los
precios chinos, es necesario señalar que, a la vista de lo expuesto en los apartados 37 a 40 de la presente sentencia, las
recurrentes se habrían encontrado necesariamente en una situación mejor si la Comisión no se hubiera abstenido ilegalmente
de tomar en consideración los precios chinos al determinar el importe de la ayuda a la producción. Por lo tanto, lejos de
ser hipotética o puramente eventual, la existencia del perjuicio invocado por las recurrentes es incontestable. Además, a
pesar de que subsiste una incertidumbre respecto de su cuantificación exacta, este perjuicio puede valorarse económicamente.
43     El análisis que precede no queda desvirtuado por la alegación de la Comisión basada en que no hubo dificultades para dar salida
a la producción comunitaria durante la campaña de que se trata.
44     En efecto, sin que sea necesario pronunciarse sobre la admisibilidad de esta alegación, debe declarase que el régimen de ayuda
a la producción establecido a favor de los transformadores por el Reglamento de base para compensar la diferencia entre el
precio mínimo pagado a los productores comunitarios y el precio medio pagado en los terceros países, viene acompañado, en
virtud de dicho Reglamento y del Reglamento (CE) nº 504/97 de la Comisión, de 19 de marzo de 1997, por el que se establecen
las disposiciones de aplicación del Reglamento nº 2201/96, en lo relativo al régimen de ayuda a la producción en el sector
de los productos transformados a base de frutas y hortalizas (DO L 78, p. 14), de un sistema basado en la celebración de contratos
preliminares entre transformadores y productores antes de la época de plantación, así como en la fijación de un régimen de
cuotas de producción destinado a garantizar la correspondencia entre las cantidades producidas y las cantidades transformadas
y, por consiguiente, a evitar las dificultades de comercialización que podrían derivarse de un incremento considerable de
la producción (véanse el quinto considerando del Reglamento de base y el séptimo considerando del Reglamento nº 504/97).
45     Como ha señalado el Abogado General en el punto 39 de sus conclusiones, se incentiva así a los transformadores a comprometerse,
mediante contratos preliminares, a dar salida a la producción comunitaria limitada en función de las necesidades reales de
la industria de transformación, a cambio de una ayuda destinada a compensar, conforme a los requisitos imperativos establecido
en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento de base, todo o parte del riesgo comercial ligado a la compra de tomates en la
Comunidad a un precio superior al practicado por los productores de países terceros.
46     En estas circunstancias, el hecho de que este sistema de gestión planificada haya permitido garantizar la comercialización
de la producción comunitaria durante la campaña en cuestión no autoriza a descartar la existencia del perjuicio comercial
sufrido por las recurrentes como consecuencia de la fijación, para dicha campaña, de un importe de ayuda a un nivel insuficiente
debido a que la Comisión se abstuvo en esa ocasión, infringiendo el artículo 4, apartado 2, del Reglamento de base, de tener
en cuenta los precios chinos.
47     Habida cuenta de lo anterior, y sin que sea necesario examinar su segunda parte, debe considerarse que el primer motivo está
fundado.
48     En consecuencia, sin que sea necesario examinar los demás motivos del recurso, el Tribunal de Justicia debe anular la sentencia
impugnada, en la medida en que desestimó el recurso de las recurrentes en el presente recurso de casación por el motivo de
que el perjuicio alegado no era cierto y, por consiguiente, en la medida en que condenó a éstas a soportar cinco sextos de
sus costas y a la Comisión a soportar, además de sus propias costas, un sexto de las costas de dichas recurrentes.

Sobre la devolución del asunto al Tribunal de Primera Instancia
49     A tenor del artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, en caso de anulación de la resolución del
Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Justicia podrá o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su
estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que éste resuelva.
50     En el caso de autos, la determinación del alcance exacto del perjuicio sufrido por las recurrentes implica apreciaciones fácticas
complejas, por lo que procede devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que éste decida el importe de la reparación
de este perjuicio.
51     Al haberse devuelto el asunto ante el Tribunal de Primera Instancia, debe reservarse la decisión sobre las costas correspondientes
al presente procedimiento de recurso de casación.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:
1)
Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 17 de marzo de 2005, Agraz y otros/Comisión
(T‑285/03), en la medida en que desestimó el recurso de las recurrentes en el presente recurso de casación por el motivo de
que el perjuicio alegado no era cierto y, por consiguiente, en la medida en que condenó a éstas a soportar cinco sextos de
sus costas y a la Comisión a soportar, además de sus propias costas, un sexto de las costas de dichas recurrentes.
2)
Devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.
3)
Reservar la decisión sobre las costas.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: francés.