CELEX: 61988CJ0245
Seguridad Social
Determinación de la legislación aplicable

Mediante resolución de 31 de agosto de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de septiembre siguiente, el Centrale Raad van Beroep de Utrecht planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, tres cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en la redacción que le dio el Reglamento (CEE) n° 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983 (
DO L 230, p. 6
; EE 05/3, p. 53).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre el Sr. Daalmeijer y el Sociale Verzekeringsbank (en lo sucesivo, «SVB») relativo al cálculo de su pensión de jubilación.
El Sr. Daalmeijer, nacional neerlandés, desempeñó su actividad profesional, en último lugar, en Belgrado, en condición de funcionario del Ministerio de Defensa neerlandés, entre agosto de 1969 y el 1 de mayo de 1974. Con anterioridad, había desempeñado las mismas funciones en Francia, en Bélgica y en los Países Bajos. Desde mayo de 1974, percibe una pensión conforme a la ley neerlandesa relativa a las prestaciones sociales de los antiguos militares (Uitkeringswet gewezen militairen) y, a partir del 5 de octubre de 1983, fecha en que cumplió los 65 años, percibe una pensión de jubilación con arreglo a la ley neerlandesa sobre el seguro de vejez generalizado (Algemene Ouderdomswet; en lo sucesivo, «AOW»).
Mediante resolución del SVB, de fecha 23 de marzo de 1983, se redujo la citada pensión de jubilación en una cuantía correspondiente a los períodos (ocho y quince años respectivamente) durante los cuales se considera que ni el Sr. Daalmeijer ni su esposa estuvieron asegurados con arreglo a la citada ley neerlandesa, por no haber residido entonces en los Países Bajos.
Esta resolución fue anulada parcialmente mediante sentencia del Raad van Beroep de Amsterdam, que fue recurrida en apelación por el Sr. Daalmeijer. Este último le reprocha haber reconocido la legalidad de la reducción correspondiente al período comprendido entre el 1 de mayo de 1974 y el 5 de octubre de 1982, durante el cual tanto él como su esposa residieron en Francia.
Debe señalarse que la citada reducción se halla prevista en el apartado 1 del artículo 6 de la AOW, con arreglo al cual:
«Estará asegurado con arreglo a las disposiciones de la presente Ley todo aquél que haya cumplido la edad de 15 años pero no haya cumplido los 65, siempre que:
a)
resida en el Reino.
b)
sin residir en el Reino, tribute por las remuneraciones derivadas de un trabajo por cuenta ajena dentro del Reino.»
El Centrale Raad van Beroep, ante el que se interpuso recurso de apelación, suspendió el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se pronunciara sobre las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Es aplicable a un (antiguo) funcionario, con arreglo a la letra d) del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 1408/71, la legislación del Estado miembro en cuya Administración trabajó aquél en último lugar, aun en el caso de que él mismo y su esposa hayan trasladado su residencia al territorio de un Esudo miembro distinto del anterior, sin que ninguno de ellos haya ejercido una actividad —real y efectivamente— conforme al apartado 2 del artículo 13, y sin haber estado sometidos, por ningún otro concepto, a tenor de dicha disposición, a la legislación de este otro Estado miembro?
2)
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿pueden oponerse al interesado los requisitos de residencia establecidos en el principio y la letra a) del apartado 1 del artículo 6 de la AOW respecto del período durante el cual residió (con su esposa) en un Estado miembro distinto de aquel en cuya Administración trabajó en último lugar, cuando a tenor del Derecho nacional podría considerarse que el interesado continuó residiendo en este último Estado miembro durante su último período de actividad?
3)
En caso de respuesta negativa a la primera cuestión y/o de respuesta afirmativa a la segunda, ¿qué respuesta debe darse si el interesado aludido en la primera cuestión, durante el período en que residió en el territorio de otro Estado miembro distinto de los Países Bajos, percibía una prestación neerlandesa, vinculada al cese de su última actividad en el Reino (prestación que, a tenor del Derecho nacional, no implica que esté asegurado con arreglo a la AOW)?»
Para una más amplia exposición de la legislación neerlandesa y de las disposiciones aplicables del Derecho comunitario, así como de las observaciones escritas presentadas, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Mediante las cuestiones primera y segunda, el órgano jurisdiccional nacional pretende saber, esencialmente, si, con arreglo a la letra d) del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento n° 1408/71, la legislación de un Estado miembro y, especialmente, los requisitos de residencia que establece para la afiliación al régimen de Seguridad Social, son aplicables a una persona que, después de haber terminado definitivamente su actividad profesional en la Administración de este Estado miembro, para posteriormente ir a residir con su esposa en otro Estado miembro, en el cual no desarrolla ninguna actividad profesional ni está afiliado por ningún otro concepto a un régimen de Seguridad Social.
Debe subrayarse, a este respecto, que, con arreglo al apartado 1 del artículo 13 del Reglamento n° 1408/71 y, sin perjuicio de algunas disposiciones aplicables a los trabajadores del mar, las personas a las cuales sea aplicable dicho Reglamento sólo estarán sometidas a la legislación de un único Estado miembro. Esta legislación se determinará con arreglo a las disposiciones del Título II del Reglamento.
Debe señalarse que el Sr. Daalmeijer se halla comprendido dentro del ámbito de aplicación del Reglamento n° 1408/71, puesto que el apartado 3 del artículo 2 de éste dispone que «se aplicará a los funcionarios y al personal que, según la legislación aplicable, les sea asimilado, en la medida en que estén o hayan estado sometidos a la legislación de un Estado miembro a la cual es aplicable el presente Reglamento».
No obstante, debe observarse que, en el caso de autos, no es aplicable ninguna de las disposiciones del Título II del Reglamento n° 1408/71. El Sr. Daalmeijer no se encuentra en ninguna de las situaciones contempladas en las letras a), b), c) y e) del apartado 2 del artículo 13, y en los artículos 14 al 17. Por lo que se refiere a la letra d) del apartado 2 del artículo 13, conforme al cual, sin perjuicio de los artículos 14 a 17, «los funcionarios y el personal asimilado estarán sometidos a la legislación del Estado miembro del que dependa la Administración que les ocupa», no afecta a aquellas personas que hayan terminado definitivamente de ejercer toda actividad profesional.
Efectivamente, esta última disposición trata de resolver los conflictos de legislación que pueden producirse cuando, en el transcurso de un mismo período, el lugar de residencia y el lugar en donde se ejerce el empleo no se hallan en el mismo Estado miembro. Ahora bien, tales conflictos ya no pueden producirse en cuanto se trata de trabajadores que han terminado definitivamente toda actividad profesional.
De esto se deduce que, en un caso como el de autos, pueden aplicarse los requisitos de residencia exigidos para la afiliación al régimen de Seguridad Social nacional, contrariamente a lo que sucedería en el supuesto de que fuera de aplicación la legislación de un Esudo miembro con arreglo a la norma de conflicto del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento n° 1408/71 (véase la sentencia de 3 de mayo de 1990, Kits van Heijningen,
C-2/89, Rec. p. I-1755
).
A este respecto, debe recordarse la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, conforme a la cual corresponde a la legislación de cada Estado miembro determinar los requisitos del derecho o de la obligación de afiliarse a un régimen de Seguridad Social o a determinada rama de dicho régimen, incluidos los requisitos relativos al cese de tal afiliación, por cuanto, a este respecto, no se hace ninguna discriminación entre los nacionales y los subditos de los demás Estados miembros (véase, entre otras, la sentencia de 24 de septiembre de 1987, de Rijke,
43/86, Rec. p. 3611, apartado 12
).
Debe señalarse, además, que el Reglamento n° 1408/71 no establece ninguna disposición cuya aplicación directa o analógica permita excluir tal cláusula de residencia.
Vistas las anteriores consideraciones, debe responderse a las cuestiones primera y segunda que la letra d) del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento n° 1408/71 no se aplica al supuesto de una persona que haya terminado definitivamente su actividad profesional en la Administración de un Estado miembro y posteriormente haya ido a residir con su esposa a otro Estado miembro en el que no desarrolla ninguna actividad profesional ni está afiliada, por ningún otro concepto, a un régimen de Seguridad Social.
Por lo que se refiere a la tercera cuestión, hay que señalar que, para determinar si una persona debe considerarse asegurada en un régimen de Seguridad Social, por el hecho de recibir una prestación relacionada con la terminación del primer empleo, debe atenderse a los requisitos de afiliación de dicho régimen y, por consiguiente, a la legislación nacional aplicable.
Procede, pues, responder a la tercera cuestión que, en una situación como la que contempla la primera cuestión, corresponde a la legislación nacional aplicable determinar si el interesado tiene la condición de asegurado obligatorio por el hecho de percibir una prestación relacionada con la terminación del último empleo.
Costas
Los gastos efectuados por los Gobiernos neerlandés y danés, así como por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Centrale Raad van Beroep de Utrecht mediante resolución de 31 de agosto de 1988, declara:

1)
La letra d) del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en la redacción que le dio el Reglamento (CEE) n° 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983 (
DO L 230, p. 6
; EE 05/3, p. 53), no se aplica al supuesto de una persona que haya terminado definitivamente su actividad profesional en la Administración de un Estado miembro, y posteriormente haya ido a residir con su esposa a otro Estado miembro en el que no desarrolla ninguna actividad profesional ni está afiliada, por ningún otro concepto, a un régimen de Seguridad Social.

2)
En una situación como la que contempla la primera cuestión, corresponde a la legislación nacional aplicable determinar si el interesado tiene la condición de asegurado obligatorio por el hecho de percibir una prestación relacionada con la terminación del último empleo.

Due
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Diez de Velasco
Kakouris
Grévisse
Zuleeg
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de febrero de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.