CELEX: 61989CJ0170
Procedimiento antidumping
Derecho a examinar el expediente no confidencial de la Comisión

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 16 de mayo de 1989, el Bureau européen des unions de consommateurs (en lo sucesivo, «BEUC»), con sede en Bruselas, interpuso un recurso, con arreglo a los artículos 173 y 174 del Tratado CEE, que tiene por objeto que se anule la decisión de la Comisión incluida en la carta de 15 de marzo de 1989, por la que se le deniega, en el marco del procedimiento antidumping iniciado en relación con determinadas importaciones de casetes de audio compactas y de cintas de casete de audio originarias de Japón, la República de Corea y Hong Kong, la autorización para examinar el expediente no confidencial de la Comisión y las informaciones comunicadas por cualquiera de las partes en dicho procedimiento y que se declare, si fuere necesario, la inaplicabilidad, con arreglo al artículo 184 del Tratado, de la letra a) del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 2423/88 del Consejo, de 11 de julio de 1988, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Económica Europea (
DO L 209, p. 1
), en la medida en que prohibe al demandante examinar el expediente y las informaciones citadas.
Mediante anuncio de 14 de enero de 1989 (
DO C 11, p. 9
), la Comisión, a raíz de la presentación de una denuncia por parte del Consejo Europeo de Federaciones de la Industria Química, en nombre de la totalidad de la producción comunitaria afectada, informó de la iniciación de un procedimiento antidumping en relación con determinadas importaciones de casetes de audio compactas y de cintas de casete de audio originarias de Japón, la República de Corea y Hong Kong.
El anuncio publicado en el Diario Oficial fijaba el plazo en que debían presentarse por escrito las solicitudes de audiencia ante los Servicios de la Comisión dentro de los 30 días siguientes a la fecha de publicación del mismo. Dicho plazo expiraba el 14 de febrero de 1989.
Mediante carta de 13 de marzo de 1989, BEUC, asociación internacional con personalidad jurídica domiciliada en Bélgica, que agrupa a varias organizaciones nacionales que tienen por objeto estatutario la defensa de los consumidores, solicitó ser oído por la Comisión en el marco de dicho procedimiento y presentar observaciones escritas. Para facilitar la presentación de sus observaciones, solicitó autorización para consultar el expediente de la Comisión y para que se le comunicaran informaciones no confidenciales transmitidas por las partes durante el procedimiento.
Mediante carta telecopiada de 15 de marzo de 1989, la Comisión declaró que, con arreglo a la letra a) del apartado 4 del artículo 7 del citado Reglamento n° 2423/88 del Consejo, de 11 de julio de 1988 (en lo sucesivo, «Reglamento antidumping de base»), el derecho a consultar el expediente no confidencial estaba reservado a «quien haya presentado la queja, así como [a] los importadores y exportadores notoriamente afectados y [a] los representantes del país exportador», y que, por consiguiente, no podía acceder a la solicitud de BEUC de examinar el expediente no confidencial y las informaciones comunicadas por las partes del procedimiento. La Comisión señalaba en esta misma carta que estaba dispuesta, no obstante, a tener en cuenta cualquier observación escrita de BEUC, así como a oírle.
El recurso de BEUC se dirige contra dicha carta. Resulta de los autos que la Comisión comunicó a la demandante, sin embargo, una copia de la versión no confidencial de la denuncia.
Mediante auto de 4 de octubre de 1989, el Tribunal de Justicia admitió la intervención del Consejo en apoyo de las pretensiones de la Comisión.
Para una más amplia exposición de los hechos, del desarrollo del procedimiento y de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre la admisibilidad
La Comisión considera que no procede admitir el recurso de BEUC. A su juicio, su carta telecopiada de 15 de marzo de 1989 no constituye una decisión que pueda ser objeto de recurso a efectos del artículo 173 del Tratado CEE, por cuanto se limita a informar a la parte demandante sobre su situación jurídica, tal como resulta de la letra a) del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento antidumping de base, y no la modifica en nada. No surte ningún efecto jurídico y constituye un mero dictamen, excluido expresamente por el artículo 173 del Tratado CEE de los actos sometidos al control del Tribunal de Justicia.
BEUC afirma, por el contrario, que la Comisión dispone de una facultad discrecional respecto al examen del expediente no confidencial. Su negativa a ejercerla a favor de BEUC constituía entonces una decisión, y no una mera explicación de la situación jurídica. Según BEUC, el tenor literal de la letra a) del apartado 4 del artículo 7 no se opone a que organizaciones como ella puedan examinar el expediente no confidencial.
Procede señalar que al denegar a BEUC el examen del expediente no confidencial, la carta no se limita a una mera comunicación, sino que constituye, por el contrario, una decisión lesiva para sus intereses. La carta debe ser calificada, por tanto, como un acto lesivo, que puede ser objeto de recurso fundado en el artículo 173 del Tratado CEE.
De lo antedicho resulta que procede declarar la admisibilidad del recurso.
Sobre el fondo
Con carácter previo, hay que precisar que la letra a) del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento antidumping de base
concede
expresamente al denunciante, a los importadores y exportadores notoriamente afectados y los representantes del país exportador, el derecho a examinar las informaciones no confidenciales facilitadas a la Comisión, solamente en la medida en que dichas informaciones sean relevantes para la defensa de sus intereses y sean utilizadas por la Comisión en la investigación.
En apoyo de su recurso, BEUC formula dos motivos, fundados en la violación, por una parte, del principio del respeto del derecho de defensa y, por otra, del principio de buena administración y de aplicación coherente de las normas comunitarias de procedimiento.
En relación con el motivo fundado en la violación del principio de respeto del derecho de defensa
BEUC alega fundamentalmente que al denegársele, con arreglo a la letra a) del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento antidumping, el examen de los documentos no confidenciales presentados a la Comisión en el marco del procedimiento administrativo antidumping, ésta violó el principio del respeto del derecho de defensa.
En su opinión, en virtud de dicho principio, antes de la adopción de cualquier medida o decisión individual que pueda afectar directamente a los intereses de una persona concreta, ésta tiene derecho a ser oída por la autoridad responsable y a ser previamente informada de los hechos y las consideraciones en función de los cuales se propone actuar la autoridad.
En el marco del procedimiento antidumping, el derecho a examinar el expediente no confidencial que implica el respeto del derecho de defensa no se limita a la comunicación de los elementos definitivamente admitidos contra la persona de que se trate a resultas del procedimiento. Tal derecho se extiende a todos los documentos, sean cuales fueren, aportados al expediente no confidencial durante el procedimiento, por cuanto sólo tal acceso le permite estar informada de qué es lo que se le imputa y participar de manera efectiva en las diferentes fases del procedimiento antidumping.
A juicio de BEUC, el hecho de que la letra a) del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento antidumping de base limite el derecho a examinar el expediente a las categorías mencionadas expresamente no excluye en modo alguno que se le reconozca tal acceso, por cuanto el respeto del derecho de defensa constituye un principio fundamental del Derecho comunitario que ha de ser garantizado, aun cuando no exista ningún texto que lo prevea expresamente.
No puede aceptarse dicha argumentación. Como han subrayado la Comisión y el Consejo, una organización como BEUC no puede invocar, en el marco de un procedimiento antidumping o antisubvenciones, el principio fundamental del respeto del derecho de defensa para pretender, a falta de disposición expresa en tal sentido, el examen de los documentos no confidenciales aportados durante el procedimiento administrativo.
En efecto, hay que señalar que el procedimiento antidumping y antisubvenciones y las medidas que en su caso se adopten a la conclusión del mismo van dirigidos contra las importaciones de determinados productos sobre las que recaen acusaciones de práctica de dumping o de subvenciones por parte de productores y exportadores extranjeros o de terceros países, así como, cuando corresponda, de importadores.
Dicho procedimiento y las medidas que puedan adoptarse a resultas del mismo no van dirigidos contra prácticas imputables a los consumidores o a organizaciones como BEUC. De ello se deduce que el procedimiento incoado a tenor del Reglamento n° 2423/88 no puede dar lugar a un acto lesivo para los mismos, al no haberse formulado acusaciones contra ellos.
BEUC imputa, pues, erróneamente a la Comisión el haber violado el principio del derecho de defensa, al no permitirle examinar los documentos no confidenciales del procedimiento. Ni el respeto del derecho de defensa ni la letra a) del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento antidumping de base imponían tal obligación a la Comisión.
Debe desestimarse, por consiguiente, el motivo basado en la violación del derecho de defensa.
En relación con el motivo basado en la violación del principio de buena administración y en la aplicación coherente de las normas comunitarias de procedimiento
En apoyo de este motivo, la parte demandante alega que es ilógico, desde la perspectiva del principio de buena administración y de aplicación coherente de las normas de procedimiento, que la letra a) del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento antidumping de base limite el derecho de examen por parte de los particulares únicamente a los exportadores, los importadores y a quien haya presentado la denuncia, y no lo conceda a las organizaciones de consumidores. Respecto a la aplicación coherente de las normas de procedimiento comunitarias, alega que, en el supuesto de que un exportador interponga un recurso de anulación, el Tribunal de Justicia autorizaría muy probablemente a una organización como BEUC a intervenir en el procedimiento y disfrutaría, merced a dicha intervención, a través del apartado 4 del artículo 93 del Reglamento de Procedimiento, del derecho a examinar todos los documentos no confidenciales presentados en el marco del procedimiento judicial.
Procede señalar, con carácter previo, que el procedimiento administrativo antidumping y el procedimiento judicial de anulación de los Reglamentos por los que se establecen medidas de defensa tienen objetos diferentes. Las normas reguladoras de dichos procedimientos responden, por otra parte, a finalidades diferentes. El procedimiento antidumping tiene por finalidades, por una parte, garantizar que las importaciones a la Comunidad no sean objeto de prácticas de dumping que causen un perjuicio a la industria comunitaria y, por otra parte, permitir que las Instituciones adopten en un plazo razonable, si así lo requiriese el interés de la Comunidad, las medidas necesarias. Por el contrario, el procedimiento judicial ante el Tribunal de Justicia tiene por finalidad, como establece el artículo 164 del Tratado CEE, «garantizar el respeto del Derecho».
La circunstancia de que una organización de consumidores pueda ser autorizada, en su caso, por el Tribunal de Justicia a intervenir en un procedimiento judicial y disfrutar, en calidad de coadyuvante, del derecho a examinar los documentos no confidenciales presentados por las partes litigantes no puede justificar, por consiguiente, que se reconozca también tal derecho en el marco del procedimiento administrativo antidumping.
El motivo basado en la violación del principio de buena administración y de aplicación coherente de las normas procesales debe, por tanto, ser desestimado.
Por lo que respecta a la posible inaplicabilidad de la letra a) del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento antidumping de base, debe señalarse que el Consejo deadió, por el propio tenor literal de dicho artículo, conceder el derecho a examinar el expedente no confidencial a quienes resultan más directamente afectados por la presunta práctica de dumping, a saber: el denunciante y los importadores y exportadores notoriamente afectados. Tal derecho no se ha concedido a los consumidores contra los cuales no se ha formulado acusación alguna. No puede afirmarse que al tomar tal decisión el Consejo violara el derecho de defensa o el principio de buena administración. La circunstancia de que BEUC ejerza, ante las Instituciones comunitarias, determinadas funciones de representación de los consumidores en ámbitos que no tienen ninguna relación con la normativa antidumping, al igual que el hecho de que la adopción de medidas de defensa presuponga la consideración, por las Instituciones comunitarias, del interés de la Comunidad que incluye, entre otros, el interés de los consumidores, y que BEUC, en su condición de organización, esté en mejores condiciones que un consumidor individual de representar los intereses de los consumidores, no modifican en absoluto dicha conclusión.
No obstante, no hay nada en el tenor literal de la letra a) del apartado 4 del articulo 7 del Reglamento antidumping de base que excluya la posibilidad de que la Comisión permita a las personas que justifiquen tener un interés legítimo examinar el expediente no confidencial.
Corresponde al legislador comunitario considerar si el Reglamento antidumping de base debería conceder a una asociación que representa los intereses de los consumidores el derecho a consultar el expediente no confidencial.
Habida cuenta de lo antedicho, procede desestimar el recurso de BEUC por infundado.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así se hubiere solicitado. Por haber sido desestimados los motivos de la parte demandante, procede condenarla en costas. Conforme al apartado 4 del artículo 69, el Consejo, parte coadyuvante en el litigio, soportará sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Desestimar el recurso por infundado.

2)
Condenar en costas a la parte demandante, salvo las de la parte coadyuvante.

3)
El Consejo cargará con sus propias costas.

Due
Slynn
Joliét
Schockweiler
Mancini
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 28 de noviembre de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.