CELEX: 61993CJ0430
Calificación como empresa de un fondo profesional de pensiones
Afiliación obligatoria a un régimen profesional de pensiones
Compatibilidad con las normas sobre la competencia
Posibilidad de invocar por vez primera en casación un motivo basado en el Derecho comunitario que implica un cambio de objeto del litigio y un examen de los hechos

Mediante sendas resoluciones de 22 de octubre de 1993, recibidas en el Tribunal de Justicia el 28 del mismo mes, el Hoge Raad
der Nederlanden planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, seis cuestiones prejudiciales relativas, por una parte,
a la interpretación del Derecho comunitario en lo que se refiere a la facultad del Juez nacional para apreciar de oficio la
compatibilidad de una norma de Derecho nacional con la letra f) del artículo 3 y con los artículos 5, 85, 86 y/o 90 del Tratado
CEE y, por otra, a la interpretación de dichas disposiciones.
Estas cuestiones se suscitaron en el marco de dos litigios entre los Sres. Van Schijndel (C-430/93) y Van Veen (C-431/93)
y el Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (Fondo de pensiones para fisioterapeutas; en lo sucesivo,
Fondo).
Mediante auto de 2 de diciembre de 1993 se acumularon ambos asuntos a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento
y de la sentencia.
Conforme al apartado 1 del artículo 2 de la Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Ley neerlandesa
sobre la afiliación obligatoria a un régimen profesional de pensiones; en lo sucesivo,
WVD), el Ministro de Asuntos Sociales está facultado para, a petición de una o varias organizaciones que a su juicio sean suficientemente
representativas de los trabajadores de la rama profesional de que se trate, imponer obligatoriamente la afiliación a un régimen
profesional de pensiones constituido por los compañeros de profesión para todas las categorías o para una o varias categorías
determinadas de entre ellos. Con arreglo al apartado 4 del artículo 2 de la misma Ley, la afiliación implica, para las personas
afectadas, la obligación de atenerse a las disposiciones adoptadas respecto de ellas mediante o con arreglo a los Estatutos
y los Reglamentos del Fondo de Pensiones.
En 1978, los fisioterapeutas crearon el Fondo. Según el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento de Pensiones adoptado por
éste último, estará afiliado
todo fisioterapeuta que ejerza una actividad profesional como tal en los Países Bajos y que no haya alcanzado la edad de la
jubilación. Quedan excluidas del Fondo determinadas categorías de fisioterapeutas. Así sucede, en particular, para aquellos que
trabajen exclusivamente en el marco de un contrato de trabajo en virtud del cual sea aplicable el régimen establecido en la
Algemene Burgerlijke Pensioenwet [Ley general relativa a las pensiones civiles] u otro sistema de seguro de pensiones que
por lo menos sea equivalente al régimen del presente Reglamento, siempre y cuando los interesados ─respetando las disposiciones
de carácter administrativo previstas a dicho fin en el apartado 3 del artículo 25─ den a conocer por escrito al Fondo su deseo
al respecto [letra a) del apartado 1 del artículo 2].
El Secretario de Estado de Asuntos Sociales, mediante Resolución de 31 de marzo de 1978 adoptada con arreglo al apartado 1
del artículo 2 de la WVD, impuso obligatoriamente la afiliación al Fondo para los fisioterapeutas que ejercieren su actividad
en los Países Bajos. Al igual que el Reglamento del Fondo, la Resolución de 31 de marzo de 1978 excluye de dicha obligación
a los fisioterapeutas que
trabajen exclusivamente en el marco de un contrato de trabajo en virtud del cual sea aplicable el régimen establecido en la
Algemene Burgerlijke Pensioenwet u otro sistema de seguro de pensiones que por lo menos sea equivalente al régimen profesional
de pensiones antes citado, siempre y cuando los interesados ─respetando las disposiciones de carácter administrativo previstas
a dicho fin en el mencionado Reglamento de Pensiones─ den a conocer por escrito al Fondo su deseo al respecto.
En virtud de las
Normas para el desarrollo de la letra a) del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento de Pensiones que fueron adoptadas por el Fondo, la afiliación es obligatoria salvo en el caso en el que el seguro de pensiones, suscrito
por un fisioterapeuta que ejerza su profesión en el marco de un contrato de trabajo, se aplique a
todos los compañeros de profesión que trabajen al servicio de la sociedad de responsabilidad limitada.
Con arreglo a las disposiciones antes expuestas, los demandantes, que ejercen en los Países Bajos la profesión de fisioterapeuta
como trabajadores por cuenta ajena, solicitaron ser eximidos de la afiliación obligatoria al régimen profesional de pensiones
de los fisioterapeutas. El Fondo desestimó sus peticiones alegando que el régimen de pensiones al que se habían adherido los
demandantes al contratar con la compañía de seguros Delta Lloyd no era aplicable a todos los miembros de la profesión empleados
por el empresario de que se trata (en lo sucesivo,
requisito de colectividad). Por consiguiente, conminó a los dos demandantes a que continuaran pagando las cotizaciones adeudadas al régimen de pensiones.
Estos últimos se opusieron a ello, ante el Kantonrechter te Breda y el Kantonrechter te Tilburg, respectivamente, alegando
que ni en el Reglamento de Pensiones del Fondo, ni en la WVD, había fundamento para exigir el requisito de colectividad.
El Kantonrechter te Breda desestimó la demanda del Sr. Van Veen, mientras que el Kantonrechter te Tilburg estimó la del Sr.
Van Schijndel. En trámite de apelación, el Rechtbank te Breda acogió el punto de vista defendido por el Fondo y desestimó
las pretensiones de los dos demandantes.
Los Sres. Van Veen y Van Schijndel recurrieron en casación dichas resoluciones judiciales aduciendo, en particular, por primera
vez en este procedimiento, que el Rechtbank te Breda debería haber apreciado
de oficio, si era necesario la compatibilidad de la controvertida afiliación obligatoria al Fondo con las normas superiores del Derecho comunitario,
en especial, con la letra f) del artículo 3, con el párrafo segundo del artículo 5, con los artículos 85 y 86, así como con
el artículo 90, al igual que con los artículos 52 a 58 y 59 a 66 del Tratado CEE. Así, según los demandantes, la obligación
objeto de litigio podría privar de efecto útil a las normas sobre la competencia aplicables a los organismos de seguros de
pensiones y a los miembros individuales de la profesión en la medida en que impusiera o favoreciera la celebración de acuerdos
incompatibles con las normas sobre la competencia comunitarias o reforzara los efectos de los mismos. Además, el Fondo no
podría satisfacer la demanda del mercado, al menos la demanda de seguros de pensiones equivalentes en condiciones más atractivas.
El Hoge Raad hizo constar al respecto que los demandantes invocaron, en apoyo de su motivo de casación, numerosos hechos y
circunstancias que no se acreditaron ante el Rechtbank te Breda ni fueron alegados para fundamentar sus pretensiones ante
los órganos jurisdiccionales de rango inferior. Ahora bien, según el órgano jurisdiccional de remisión, en Derecho neerlandés
la naturaleza del motivo de casación implica que sólo se puedan formular nuevas alegaciones si son de carácter puramente jurídico,
es decir, si no requieren un examen de hechos. Además, aunque el artículo 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil neerlandesa
obliga al Juez a aducir de oficio, en caso necesario, los fundamentos de Derecho, el principio de pasividad del Juez en los
asuntos que versan sobre derechos y obligaciones civiles, de los que las partes disponen libremente, entraña que los fundamentos
de Derecho no invocados por las partes, que hayan sido suplidos por el Juez, no obliguen a éste a salirse de los límites del
litigio tal y como ha sido circunscrito por las partes, ni a basarse en hechos y circunstancias distintos de aquellos en los
que se haya fundado la demanda.
Habida cuenta de lo que antecede, el Hoge Raad decidió suspender el procedimiento y someter al Tribunal de Justicia las siguientes
cuestiones prejudiciales:
1)
¿Debe el Juez nacional de lo Civil, en un proceso que versa sobre derechos y obligaciones civiles de los que las partes disponen
libremente, aplicar la letra f) del artículo 3 y los artículos 5, 85 y 86 y/o 90 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Económica Europea, incluso cuando la parte litigante interesada en su aplicación no los ha invocado?
2)
En caso de que deba responderse afirmativamente en principio a la primera cuestión, ¿es válida esta respuesta incluso en caso
de que el Juez, procediendo de esta forma, debiera renunciar al principio de pasividad que está obligado a respetar, porque
debería a) salirse de los límites del litigio circunscrito por las partes y/o b) basarse en hechos y circunstancias distintos
de aquellos en los que hubiera fundado su demanda la parte litigante interesada en la aplicación de dichas disposiciones?
3)
En caso de que también deba responderse afirmativamente a la segunda cuestión, ¿pueden invocarse por primera vez ante el Juez
nacional de casación las disposiciones del Tratado mencionadas en la primera cuestión, si a) según el Derecho procesal nacional,
aplicable en este supuesto, en casación sólo se pueden aducir nuevas alegaciones si son de carácter puramente jurídico ─es
decir si no requieren un examen de los hechos y son procedentes en todo caso─ y si b) el hecho de invocar las disposiciones
de que se trata requiere, en particular, un examen de los hechos?
4)
A la luz del espíritu de la Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensionenregeling (WVD) expuesto más arriba
en el inciso v) de la letra A del punto 3.1, ¿debe calificarse de empresa en el sentido de los artículos 85, 86 ó 90 del Tratado
un fondo profesional de pensiones en el que, en virtud o de conformidad con la WVD, están obligados a participar todos o una
o varias categorías determinadas de compañeros de profesión  con los efectos jurídicos, brevemente señalados más arriba en la letra A del punto 3.1, que a dicho hecho atribuye esta Ley?
5)
En caso de respuesta afirmativa, ¿el hecho de imponer obligatoriamente la afiliación al régimen de pensiones para fisioterapeutas,
mencionado en la letra B del punto 3.1, constituye una medida adoptada por un Estado miembro que desvirtúa el efecto útil
de las normas sobre la competencia aplicables a las empresas o sólo ocurre así en determinadas circunstancias y, en este último
supuesto, en cuáles?
6)
Si procede responder negativamente a la última cuestión, ¿pueden darse otras circunstancias que conviertan en incompatible
con lo dispuesto en el artículo 90 del Tratado la obligación de afiliación y, en caso afirmativo, cuáles?
Sobre la primera cuestión
Procede señalar que las normas sobre la competencia mencionadas por el órgano jurisdiccional nacional son normas imperativas,
directamente aplicables en el ordenamiento jurídico nacional. Debido a que, con arreglo al Derecho nacional, los órganos jurisdiccionales
deben aducir de oficio los fundamentos de Derecho basados en una norma interna de naturaleza imperativa, que no han sido invocados
por las partes, esta obligación se impone igualmente cuando se trata de normas comunitarias imperativas (véase, en particular,
la sentencia de 16 de diciembre de 1976, Rewe, 33/76, Rec. p. 1989, apartado 5).
Lo mismo sucede si el Derecho nacional faculta al Juez para aplicar de oficio la norma jurídica imperativa. En efecto, corresponde
a los órganos jurisdiccionales nacionales, en virtud del principio de cooperación establecido por el artículo 5 del Tratado,
proporcionar la protección jurídica que se deriva para los justiciables del efecto directo de las disposiciones del Derecho
comunitario (véase, en particular, la sentencia de 19 de junio de 1990, Factortame y otros, C-213/89, Rec. p. I-2433, apartado 19).
Por tanto, se debe responder a la primera cuestión que, en un proceso que versa sobre derechos y obligaciones civiles de los
que las partes disponen libremente, corresponde al Juez nacional aplicar las disposiciones de la letra f) del artículo 3 y
de los artículos 85, 86 y 90 del Tratado, incluso cuando la parte interesada en su aplicación no los ha invocado, en el supuesto
de que su Derecho nacional le permita dicha aplicación.
Sobre la segunda cuestión
Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional de remisión desea que se dilucide si existe igualmente una obligación de
esta naturaleza en los casos en que, para aplicar de oficio las normas comunitarias antes citadas, el Juez debiera renunciar
a la pasividad que le incumbe, saliéndose de los límites del litigio tal como ha sido circunscrito por las partes y/o basándose
en hechos y circunstancias distintos de aquellos en los que fundó su demanda la parte en el litigio que tiene interés en la
aplicación de las disposiciones del Tratado.
A este respecto, procede recordar que, a falta de normativa comunitaria en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico
interno de cada Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y regular las modalidades procesales de los
recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el efecto directo del Derecho comunitario
confiere a los justiciables. No obstante, estas modalidades no pueden ser menos favorables que las referentes a recursos semejantes
de naturaleza interna ni articularse de tal manera que hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio
de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (véanse, en particular, la sentencia Rewe, antes citada,
apartado 5; así como las sentencias de 16 de diciembre de 1976, Comet, 45/76, Rec. p. 2043, apartados 12 a 16; de 27 de febrero
de 1980, Just, 68/79, Rec. p. 501, apartado 25; de 9 de noviembre de 1983, San Giorgio, 199/82, Rec. p. 3595, apartado 14;
de 25 de febrero de 1988, Bianco y Girard, asuntos acumulados 331/85, 376/85 y 378/85, Rec. p. 1099, apartado 12; de 24 de
marzo de 1988, Comisión/Italia, 104/86, Rec. p. 1799, apartado 7; de 14 de julio de 1988, Jeunehomme y otros, asuntos acumulados
123/87 y 330/87, Rec. p. 4517, apartado 17; de 9 de junio de 1992, Comisión/España, C-96/91, Rec. p. I-3789, apartado 12,
y de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros, asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90, Rec. p. I-5357, apartado 43).
Se debe señalar igualmente que el Tribunal de Justicia ha declarado con anterioridad que se deben descartar las normas de
Derecho nacional que impidan la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 177 del Tratado (véase la sentencia de
16 de enero de 1974, Rheinmühlen, 166/73, Rec. p. 33, apartados 2 y 3).
Para aplicar estos principios, cada caso en el que se plantea la cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible
o excesivamente difícil la aplicación del Derecho comunitario debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha
disposición dentro del conjunto del procedimiento, de su desarrollo y de sus particularidades, ante las distintas instancias
nacionales. Desde esta perspectiva, procede tomar en consideración, en su caso, los principios sobre los que se basa el sistema
jurisdiccional nacional, tales como la protección del derecho de defensa, el principio de la seguridad jurídica y el buen
desarrollo del procedimiento.
En el caso de autos, hay que señalar que el principio de Derecho nacional según el cual, en un proceso civil, el Juez debe
o puede aducir de oficio fundamentos de Derecho, está limitado por la obligación que a éste incumbe, de atenerse al objeto
del litigio y de basar su decisión en los hechos que le han sido sometidos.
Esta limitación está justificada por el principio según el cual la iniciativa en un proceso corresponde a las partes y el
Juez sólo puede actuar de oficio en casos excepcionales en los que el interés público exige su intervención. Este principio
aplica concepciones compartidas por la mayoría de los Estados miembros en cuanto a las relaciones entre el Estado y el individuo,
protege el derecho de defensa y garantiza el buen desarrollo del procedimiento, en particular, al prevenir los retrasos inherentes
a la apreciación de nuevos motivos.
En estas circunstancias, procede responder a la segunda cuestión que el Derecho comunitario no impone a los órganos jurisdiccionales
nacionales aducir de oficio un motivo basado en la infracción de disposiciones comunitarias, cuando el examen de este motivo
les obligaría a renunciar a la pasividad que les incumbe, saliéndose de los límites del litigio tal como ha sido circunscrito
por las partes y basándose en hechos y circunstancias distintos de aquellos en los que fundó su demanda la parte interesada
en la aplicación de dichas disposiciones.
Sobre las demás cuestiones
Habida cuenta de las respuestas dadas a las dos primeras cuestiones, no es necesario contestar a la tercera. Tampoco procede
contestar a las demás cuestiones que sólo se plantearon en caso de que se decidiese que el Hoge Raad debiera apreciar un motivo
como el invocado por las partes en el litigio principal.
Costas
Los gastos efectuados por los Gobiernos neerlandés, alemán, helénico, español, francés, irlandés y del Reino Unido, así como
por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser
objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente
promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden mediante resoluciones de 22 de octubre de
1993, declara:
1)
En un proceso que versa sobre derechos y obligaciones civiles de los que las partes disponen libremente, corresponde al Juez
nacional aplicar las disposiciones de la letra f) del artículo 3 y de los artículos 85, 86 y 90 del Tratado CEE, incluso cuando
la parte litigante interesada en su aplicación no los ha invocado, en el supuesto de que su Derecho nacional le permita dicha
aplicación.
2)
El Derecho comunitario no impone a los órganos jurisdiccionales nacionales aducir de oficio un motivo basado en la infracción
de disposiciones comunitarias, cuando el examen de este motivo les obligaría a renunciar a la pasividad que les incumbe, saliéndose
de los límites del litigio tal como ha sido circunscrito por las partes y basándose en hechos y circunstancias distintos de
aquellos en los que fundó su demanda la parte litigante interesada en la aplicación de dichas disposiciones.
Rodríguez Iglesias
Kakouris
Edward
Puissochet
Hirsch
Mancini
Schockweiler
Moitinho de Almeida
Kapteyn
Gulmann
Murray
Jann
Ragnemalm
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de diciembre de 1995.
El Secretario
El Presidente
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias
–
Lengua de procedimiento: neerlandés.