CELEX: 61989CJ0119
IVA
Importación
Personas no sujetas al impuesto
Deducción del IVA residual pagado en el Estado miembro de exportación

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de abril de 1989, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que, al no adoptar las disposiciones necesarias para reconocer a las personas no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (en lo sucesivo, «IVA»), que importan bienes que ya han sido gravados con el IVA en otros Estados miembros sin haber podido obtener su devolución, el derecho a deducir del IVA devengado en la importación el importe del IVA pagado en el Estado miembro de exportación que esté aún incorporado en el valor de los bienes en el momento de la importación, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 95 del Tratado CEE.
La Comisión afirma que la no adopción por el Reino de España de disposiciones que concedan dicho derecho a deducción a las personas no sujetas al IVA, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, crea una situación de hecho ambigua, contraria al principio de seguridad jurídica, y permite una doble imposición incompatible con la prohibición de las discriminaciones fiscales, principio directamente aplicable establecido en el artículo 95, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia, por cuanto las entregas de productos similares efectuadas por personas no sujetas en territorio español no están sometidas al IVA. Ni la existencia de la propuesta de Decimosexta Directiva del Consejo relativa al régimen común aplicable a ciertos bienes definitivamente gravados con el Impuesto sobre el Valor Añadido, importados por un consumidor final de un Estado miembro y procedentes de otro Estado miembro (
DO 1986, C 96, p. 5
), ni las disparidades entre los regímenes fiscales de los Estados miembros, cuya eliminación persigue el artículo 99, dispensan al Reino de España de cumplir las disposiciones del artículo 95.
El Reino de España alega que las disposiciones de su Derecho nacional son conformes al citado artículo 95. El derecho a deducción en el Estado miembro de importación es contrario a la naturaleza de impuesto sobre el consumo inherente al IVA y a un reparto equilibrado de los ingresos fiscales entre el Estado miembro de exportación y el de importación. Los bienes deben, más bien, desgravarse en el momento de la exportación y gravarse en el de la importación sobre el valor que tengan en el momento de pasar la frontera. Por último, la Comisión no tiene en cuenta la existencia de otros tipos de tributos indirectos, lo que genera distorsiones en la competencia en detrimento de los Estados miembros que, como el Reino de España, no han establecido tales tributos.
Para una más amplia exposición de los hechos, del desarrollo del procedimiento y de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Hay que señalar ante todo que, según jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia, el artículo 95 establece una prohibición de discriminación fiscal de los productos importados, que produce efectos directos y crea derechos para los particulares que los órganos jurisdiccionales nacionales deben proteger (véase, en particular, sentencia de 5 de mayo de 1982, Gaston Schul I,
15/81, Rec. p. 1409, apartado 46
).
Es asimismo jurisprudencia reiterada (véanse las sentencias de 21 de mayo de 1985, Gaston Schul II,
47/84, Rec. p. 1491
, y de 25 de febrero de 1988, Drexl,
299/86, Rec. p. 1213
) que el citado artículo 95 debe interpretarse en el sentido de que el IVA percibido por un Estado miembro en el momento de la importación, procedente de otro Esudo miembro, de un producto entregado por una persona no sujeta al IVA, cuando dicho Impuesto no se percibe con motivo de la entrega por un particular de productos similares dentro del Estado miembro de importación, debe calcularse teniendo en cuenta el importe del IVA pagado en el Estado miembro de exportación y aún contenido en el valor del producto en el momento de su importación, de tal modo que ese importe no forme parte de la base imponible y sea además deducido del IVA devengado en la importación.
Ha quedado acreditado que las disposiciones nacionales controvertidas prevén la percepción del IVA por la importación por parte de personas no sujetas de bienes ya gravados con el IVA en el Estado miembro de exportación, sin permitir que los interesados deduzcan el IVA residual del importe del IVA percibido en el momento de la importación, mientras que las entregas de productos similares realizadas por personas no sujetas en territorio español no están sometidas al paeo del IVA.
Tales disposiciones son incompatibles con la prohibición de discriminaciones fiscales a los productos importados, en la medida en que, a pesar del efecto directo del artículo 95, mantienen a los importadores no sujetos en un estado de incertidumbre respecto a su derecho a invocar dicho artículo y pueden mover a los agentes de la Administración nacional encargados de la recaudación del IVA a no poner en práctica el principio de deducción de la parte residual del IVA.
En efecto, la facultad que se ofrece a los justiciables de invocar ante los órganos jurisdiccionales nacionales las disposiciones directamente aplicables del Tratado no constituye más que una garantía mínima y no basta por sí sóla para asegurar la aplicación plena y completa del Tratado (véase sentencia de 15 de octubre de 1986, Comisión/Italia,
168/85, Rec. p. 2945, apartado 11
).
Por otra parte, los principios de seguridad jurídica y de protección de los particulares exigen que, en los ámbitos regulados por el Derecho comunitario, las normas jurídicas de los Estados miembros se formulen de manera inequívoca, que permita a las personas interesadas conocer sus derechos y obligaciones de forma clara y precisa y a los órganos jurisdiccionales nacionales garantizar su cumplimiento (véase sentencia de 21 de junio de 1988, Comisión/Italia,
257/86, Rec. p. 3249
).
Deben desestimarse las objeciones opuestas en su contestación por el Reino de España basadas en la naturaleza del IVA y en el reparto de los ingresos fiscales entre los Estados miembros.
Por una parte, la deducción en el Estado miembro de importación del importe del IVA pagado en el Estado miembro de exportación aún contenido en el valor del bien en el momento de la importación no cuestiona en modo alguno la naturaleza de impuesto sobre el consumo inherente al IVA, por cuanto tal calificación es independiente del reparto de la carga fiscal entre el Estado miembro de exportación y el de importación.
Por otra parte, si bien corresponde al legislador comunitario el establecimiento de un régimen común del IVA que implique una perfecta neutralidad competitiva, la desgravación completa, en el país de exportación, de las importaciones controvertidas y un reparto equitativo de los ingresos fiscales entre los Estados miembros, el citado artículo 95 se opone, hasta que se establezca tal régimen, a que un Estado miembro pueda aplicar su régimen de IVA a los productos importados de forma contraria al principio de no discriminación fiscal (véase la citada sentencia Gaston Schul I).
En efecto, alcanzar la armonización de las legislaciones fiscales, conforme al artículo 99 del Tratado, no puede erigirse en requisito previo para la aplicación del artículo 95, que impone a los Estados miembros, con efectos inmediatos, la obligación de aplicar de forma no discriminatoria su legislación fiscal antes de que se produzca cualquier armonización (véase sentencia de 27 de febrero de 1980, Comisión/Dinamarca,
171/78, Rec. p. 447
).
Debe desestimarse asimismo la objeción formulada por el Reino de España basada en la existencia de otros tipos de tributos indirectos en algunos Estados miembros.
Tal circunstancia no puede justificar el incumplimiento por parte de un Estado miembro de sus obligaciones emanadas del citado artículo 95.
De ello resulta que no pueden acogerse las alegaciones del Reino de España.
Habida cuenta de todas las consideraciones que anteceden, procede declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 95 del Tratado CEE al no adoptar las medidas necesarias para reconocer a las personas no sujetas al IVA, que importan en el territorio español bienes que ya han sido gravados con dicho Impuesto en otro Estado miembro sin haber podido obtener su devolución, el derecho a deducir del IVA devengado en la importación el importe del IVA pagado en el Estado miembro de exportación que esté aún incorporado en el valor de los bienes en el momento de la importación, en tanto que las entregas de productos similares efectuadas por personas no sujetas al IVA en territorio español no están sometidas al pago del IVA.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por el Reino de España, procede condenarle en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 95 del Tratado CEE al no adoptar las medidas necesarias para reconocer a las personas no sujetas al IVA, que importan en el territorio español bienes que ya han sido gravados con dicho Impuesto en otro Estado miembro sin haber podido obtener su devolución, el derecho a deducir del IVA devengado en la importación el importe del IVA pagado en el Estado miembro de exportación que esté aún incorporado en el valor de los bienes en el momento de la importación, en tanto que las entregas de productos similares efectuadas por personas no sujetas al IVA en territorio español no están sometidas al pago del IVA.

2)
Condenar en costas al Reino de España.

Due
Mancini
O'Higgins
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Diez de Velasco
Kakouris
Joliét
Schockweiler
Grévisse
Zuleeg
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 26 de febrero de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: español.