CELEX: 61989CJ0023
Libre circulación de mercancías
Interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE
Legislación nacional que prohíbe la venta de artículos pornográficos lícitos por tiendas de artículos pornográficos no autorizadas

Mediante resolución de 7 de septiembre de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de enero de 1989, la Chelmsford Crown Court (Reino Unido) planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, tres cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE con el fin de determinar si es compatible con estas disposiciones una normativa nacional que prohibe la venta de artículos pornográficos lícitos por tiendas de artículos pornográficos no autorizadas.
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre, por una parte, la empresa Quietlynn Limited y el Sr. Brian James Richards, gerente de la misma, que explotan un almacén de comercio en el que se venden al por menor, entre otras cosas, artículos pornográficos, y, por otra parte, el Southend Borough Council.
El artículo 2 de la Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1982 (en lo sucesivo, «la Ley») proporciona a las autoridades locales de Inglaterra y del País de Gales un medio de controlar las tiendas de artículos pornográficos de su circunscripción. Les da, en particular, la posibilidad de adoptar una resolución que haga aplicable, en la circunscripción de que se trate, lo dispuesto en el anexo 3 de la Ley, que prevé que la venta de dichos artículos estará sujeta a autorización.
El Southend Borough Council hizo uso de dicha posibilidad a partir del 23 de junio de 1983. Entabló procesos penales contra Quietlynn Limited y el Sr. Richards porque habían explotado sus locales sin autorización el 13 de marzo y el 11 de abril de 1985. Fueron declarados culpables de dos infracciones por la Magistrates Court de Southend el 11 de febrero de 1986 y condenados a una multa de 1000 UKL por cada una de ellas; también fueron condenados en costas.
Quietlynn Limited y el Sr. Richards apelaron contra esa resolución ante la Chelmsford Crown Court, alegando únicamente en su defensa que las disposiciones de la Ley referentes al régimen de autorización al que están sujetos los establecimientos de venta de artículos pornográficos son incompatibles con el artículo 30 del Tratado CEE porque constituyen una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación desde otros Estados miembros y no les es aplicable ninguna de las excepciones previstas en el artículo 36, ni ninguna otra.
La Chelmsford Crown Court consideró que el litigio planteaba problemas de interpretación del Derecho comunitario y pidió, por tanto, al Tribunal de Justicia que se pronunciara con carácter prejudicial sobre las siguientes cuestiones :
«Primera cuestión
Cuando un Estado miembro [después de que una autoridad local haya resuelto que la normativa es aplicable en su territorio siempre que los locales que sean “sex establishments” (tiendas de artículos pornográficos) posean una licencia] prohibe la venta (entre otras cosas) de artículos de este tipo autorizados en “sex establishments” que carecen de licencia y cuando el efecto de dicha prohibición es permitir que la autoridad local ejerza un control sobre este tipo de establecimientos dentro de su territorio y cuando, como consecuencia, se limita la venta por los apelantes de artículos procedentes de otros Estados miembros, dado que, para no infringir la “Ley” con su política de almacenamiento, han estado vendiendo menos material importado de otros Estados miembros del que hubieran vendido en otras circunstancias, limitándose de este modo la posibilidad de disponer de artículos pornográficos fabricados en otros Estados miembros, ¿constituye dicha prohibición una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación a los efectos del artículo 30 del Tratado?
Segunda cuestión
Si la respuesta a la primera cuestión es afirmativa, ¿es aplicable a dicha medida la justificación prevista en el artículo 36?
Tercera cuestión
En el caso de que la prohibición a que se refiere la primera cuestión infrinja el artículo 30 y no esté justificada en virtud del artículo 36, ¿es totalmente inaplicable respecto a un comerciante del Estado miembro o sólo lo es en la medida en que prohibe operaciones comerciales relativas a artículos fabricados en otros Estados miembros o importados de éstos?»
, Para una más amplia exposición del marco jurídico y de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento y de las observaciones escritas presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre la primera cuestión
Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pretende saber si unas disposiciones que prohiben la venta de artículos pornográficos lícitos por tiendas de artículos pornográficos no autorizadas constituyen una medida de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a los efectos del artículo 30 del Tratado.
Con carácter preliminar, debe señalarse que una normativa nacional que prohibe la venta de artículos pornográficos por tiendas no autorizadas es indistintamente aplicable a los productos importados y a los nacionales. Por tanto, no constituye una prohibición absoluta de vender los productos de que se trata, sino simplemente una normativa de distribución que regula los puntos de venta por medio de los cuales pueden comercializarse dichos productos. En principio, la comercialización de los productos importados de otros Estados miembros no se ha hecho, por tanto, más difícil que la de los productos nacionales.
A este respecto, procede recordar que este Tribunal de Justicia ya ha considerado, en situaciones similares que se referían a las modalidades de comercialización de determinados productos, que el artículo 30 del Tratado no era aplicable. Así, en su sentencia de 14 de julio de 1981 (Oebel,
155/80, Recueil 1981, p. 1993
), este Tribunal de Justicia resolvió que una normativa nacional relativa a las horas de trabajo, de entrega y de venta en el sector de la panadería y de la pastelería era compatible con el artículo 30 del Tratado, ya que los intercambios intracomunitários seguían siendo posibles en cualquier momento. Asimismo, en su sentencia de 31 de marzo de 1982 (Blesgen,
75/81, Recueil 1982, p. 1211
), este Tribunal de Justicia consideró que una disposición legislativa que se refiere únicamente a la venta para el consumo
in situ
de bebidas alcohólicas de fuerte graduación en todos los lugares accesibles al público y que no se refiere a las otras formas de comercialización de las mismas bebidas no tiene, en realidad, relación alguna con la importación de los productos y, por lo tanto, no puede obstaculizar el comercio entre Estados miembros.
Debe señalarse también que las disposiciones que prohiben la venta de artículos pornográficos por tiendas de artículos pornográficos no autorizadas no tienen, en realidad, ninguna relación con los intercambios intracomunitários, ya que la comercialización de los productos contemplados por dicha Ley puede efectuarse a través de tiendas autorizadas y también por otros medios, a saber, mediante los establecimientos en los que los artículos pornográficos constituyen sólo una parte insignificante de las ventas, y que, por esta razón, no están sujetos a autorización, y también mediante las ventas por correo. Además, dichas disposiciones no tienen el objeto de regular los intercambios intracomunitários de mercancías y, por tanto, no pueden obstaculizar el comercio entre Estados miembros.
Así pues, procede responder a la primera cuestión que el artículo 30 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que unas disposiciones nacionales que prohiben la venta de artículos pornográficos lícitos por tiendas de artículos pornográficos no autorizadas no constituyen una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación.
Sobre las cuestiones segunda y tercera
Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión, no procede responder a las cuestiones segunda y tercera.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno del Reino Unido y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la Chelmsford Crown Court del Reino Unido mediante resolución de 7 de septiembre de 1988, decide:

Declarar que el artículo 30 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que unas disposiciones nacionales que prohiben la venta de artículos pornográficos lícitos por tiendas de artículos pornográficos no autorizadas no constituyen una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación.

Kakouris
Schockweiler
Mancini
O'Higgins
Diez de Velasco
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de julio de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Sexta
C. N. Kakouris
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.