CELEX: 61990CJ0213
Libre circulación de trabajadores
Igualdad de trato
Participación en la gestión de organismos de Derecho público y ejercicio de una función de Derecho público

Mediante resolución de 12 de julio de 1990, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de julio siguiente, la Cour de cassation de Luxemburgo planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial relativa a la interpretación de los artículos 7, 48, 117, 118, 118 A y del párrafo segundo del artículo 189 del Tratado CEE, y 7 y 8 del Reglamento (CEE) n° 1612/68, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de trabajadores dentro de la Comunidad (
DO L 257, p. 2
; EE 05/01, p. 77), modificado por el Reglamento (CEE) n° 312/76 del Consejo, de 9 de febrero de 1976 (
DO L 39, p. 2
; EE 05/02, p. 69).
Esta cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la Association de soutien aux travailleurs immigrés (en lo sucesivo, «ASTI») y la chambre des employés privés.
La chambre des employés privés fue creada por la Ley luxemburguesa de 4 de abril de 1924, por la que se crearon las cámaras profesionales de carácter electivo. Esta Ley creó asimismo las chambres d'agriculture, des artisans, de commerce et de travail. La Ley de 12 de febrero de 1964 creó la chambre des fonctionnaires et employés publics, permitiendo, de esta forma, que se halle cubierto el conjunto de las actividades profesionales, con excepción de las profesiones liberales. La Ley atribuye como misión general a las Cámaras profesionales la garantía y la defensa de los intereses de sus afiliados, llamados «ressortissants».
Las Cámaras profesionales están facultadas para formular propuestas al Gobierno, que este último está obligado a examinar y a presentar a la Cámara de Diputados. El legislador se halla obligado a solicitar el parecer de las Cámaras profesionales en relación con todas las Leyes y todos los Decretos y Reglamentos que les afectan.
El artículo 6 de la Ley de 1924 tan sólo reconoce la cualidad de elector de los miembros de las Cámaras a las personas de nacionalidad luxemburguesa. Para hacer frente a sus gastos, el artículo 3 de la Ley, en su redacción modificada por la Ley de 3 de junio de 1926, faculta a las Cámaras para cobrar a sus afiliados una cuota mediante retención que el empresario habrá de practicar de los sueldos o salarios. Con anterioridad a la citada modificación de la Ley, la cuota tan sólo podía cobrarse de los electores.
Mediante carta dirigida el 17 de marzo de 1987 a la chambre des employés prives, ASTI informó a ésta que, por su condición de empresario y de acuerdo con sus tres trabajadores extranjeros, nacionales de otros Estados miembros, había decidido no pagar las cuotas a la citada Cámara por parecerle ilógico cotizar a un organismo por cuenta de unos trabajadores que no formaban parte del mismo.
La chambre des employés prives presentó una demanda ante el tribunal de paix de Luxemburgo, el cual, en su sentencia de 13 de octubre de 1989, condenó a ASTI a pagar las cuotas que no había abonado. Contra esta sentencia, ASTI presentó recurso ante la Cour de cassation de Luxemburgo, la cual, en su resolución de 12 de julio de 1990, suspendió el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se pronunciara sobre la siguiente cuestión prejudicial :
«¿Deben interpretarse los artículos 7, 48, 117, 118, 118 A y el párrafo segundo del artículo 189 del Tratado CEE, así como los artículos 7 y 8 del Reglamento (CEE) n° 1612/68 del Consejo, o algunas de estas normas, en el sentido de que se oponen a que la legislación de un Estado miembro imponga el pago de una cuota a un trabajador extranjero nacional de otro Estado miembro, obligatoriamente afiliado a una Cámara profesional, al tiempo que le niega el derecho a participar en la elección de las personas que componen la Cámara, y reserva dicho derecho exclusivamente a los nacionales?»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas al Tribunal de Justicia, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, tan sólo se hará referencia a estos elementos del expediente en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal de Justicia.
De la motivación de la resolución de remisión y de los debates seguidos ante el Tribunal de Justicia se deduce que la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional debe entenderse en el sentido de si el Derecho comunitario se opone a que una legislación nacional niegue a los trabajadores extranjeros el derecho de voto en las elecciones de los miembros de una Cámara profesional a la cual se hallan obligatoriamente afiliados, y a la cual deben cotizar, que asume la defensa de los intereses de los trabajadores afiliados y que desempeña una función consultiva a nivel legislativo.
Consta en autos que las personas afiliadas a la chambre des employés privés tienen la condición de trabajador. Por consiguiente, la compatibilidad con el Derecho comunitario de la diferencia de trato entre nacionales y extranjeros, a que antes se aludió, debe apreciarse en relación con las disposiciones relativas a la libre circulación de trabajadores y no con el artículo 7 del Tratado, puesto que este último precepto tan sólo se aplica de forma autónoma en las situaciones reguladas por el Derecho comunitario, para las cuales el Tratado no establece normas específicas de no-discriminación (véase, más recientemente, la sentencia de 7 de marzo de 1991, Masgio,
C-10/90, Rec. p. I-1119
).
En el ámbito de la libre circulación de trabajadores, el principio fundamental de no discriminación por razón de la nacionalidad se halla reconocido en el apartado 2 del artículo 48 del Tratado. Este principio se menciona en los considerandos quinto y sexto del Reglamento n° 1612/68 así como en varias disposiciones especiales de este Reglamento, en particular, sus artículos 7 y 8, que son los que contempla la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional.
Procede examinar, en primer lugar, esta última disposición, que es la más concreta.
A tenor del párrafo primero del apartado 1 del artículo 8:
«El trabajador nacional de un Estado miembro empleado en el territorio de otro Estado miembro se beneficiará de la igualdad de trato en relación con la afiliación a organizaciones sindicales y el ejercicio de los derechos sindicales, incluyendo el derecho de voto y el acceso a los puestos de administración o de dirección de una organización sindical; podrá ser excluido de participar en la gestión de organismos de derecho público y del ejercicio de una función de derecho público. Además, se beneficiará del derecho de elegibilidad a los órganos de representación de los trabajadores en la empresa.»
Contrariamente a la postura sustentada por la Comisión y por ASTI, el Gobierno luxemburgués muestra su disconformidad con que esta disposición sea aplicable a un caso como el de autos por cuanto la citada Cámara profesional constituye un cauce de representación institucional establecido por la Ley, siendo la afiliación obligatoria, y se distingue, por este motivo, de las estructuras sindicales libres.
Debe señalarse que el alcance del citado apartado 1 del artículo 8, que constituye una expresión particular del principio de no-discriminación en el ámbito concreto de la participación de los trabajadores en las organizaciones y actividades sindicales, no puede verse limitado por consideraciones relativas a la forma jurídica del citado organismo.
Por el contrario, el ejercicio de los derechos sindicales contemplados por esta disposición excede del marco de las organizaciones sindicales propiamente dichas e incluye, en especial, la participación de los trabajadores en aquellos organismos que, aun no revistiendo la naturaleza jurídica de organizaciones sindicales, desempeñan unas funciones similares de defensa y representación de los intereses de los trabajadores.
De esto se deduce que el derecho a participar en la elección de un organismo como la Chambre professionnelle des employés prives, cuya misión general de garantía de los intereses de los trabajadores afiliados a la misma al igual que la mayoría de las demás funciones son características de una organización sindical, debe considerarse como un derecho sindical en el sentido de la disposición antes citada, sin que quepa ni siquiera pronunciarse sobre si la citada Cámara profesional debe calificarse de organización sindical o no.
Con carácter subsidiario, el Gobierno luxemburgués señala que, en cualquier caso, la citada Cámara profesional se halla comprendida dentro de la excepción prevista en el apartado 1 del artículo 8, antes citado, por su naturaleza de organismo de Derecho público y su participación en el ejercicio de una función de Derecho público por medio de su función consultiva.
A este respecto, debe señalarse que, como se deduce ya de la sentencia dictada el 17 de diciembre de 1980, Comisión/Bélgica (
149/79, Rec. p. 3881
), apartado 15, la exclusión de la «participación en la gestión de organismos de Derecho público y en el ejercicio de una función de Derecho público» prevista en el apartado 1 del artículo 8 del Reglamento n° 1612/68 se corresponde con la excepción prevista en el apartado 4 del artículo 48 del Tratado y tan sólo permite excluir eventualmente a los trabajadores de los demás Estados miembros de determinadas actividades que suponen la participación en el ejercicio de una función de Derecho público.
Por consiguiente, la exclusión de los trabajadores de los demás Estados miembros del derecho de voto en las elecciones de las Cámaras profesionales no puede hallarse justificada, con arreglo al apartado 1 del artículo 8, por la naturaleza jurídica de la citada Cámara según el Derecho nacional ni por la circunstancia de que algunas de sus funciones puedan suponer una participación en el ejercicio de una función de Derecho público.
Procede, pues, responder a la cuestión planteada declarando que el apartado 1 del artículo 8 del Reglamento n° 1612/68 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una legislación nacional niegue a los trabajadores extranjeros el derecho de voto en las elecciones de los miembros de una Cámara profesional, a la que deben afiliarse obligatoriamente y a la que han de abonar una cuota, que está encargada de la defensa de los intereses de los trabajadores afiliados y que ejerce una función consultiva en el ámbito legislativo.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno luxemburgués y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre la cuestión que le fue planteada por la Cour de cassation de Luxemburgo mediante resolución de 12 de julio de 1990, declara:

El apartado 1 del artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 1612/68, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de trabajadores dentro de la Comunidad, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una legislación nacional niegue a los trabajadores extranjeros el derecho de voto en las elecciones de los miembros de una Cámara profesional, a la que deben afiliarse obligatoriamente y a la que han de abonar una cuota, que está encargada de la defensa de los intereses de los trabajadores afiliados y que ejerce una función consultiva en el ámbito legislativo.

Mancini
O'Higgins
Rodríguez Iglesias
Slynn
Joliét
Schockweiler
Grévisse
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 4 de julio de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente en funciones
G. F. Mancini
Presidente de Sala
(
*1
)	Lengua dc procedimiento: francés.