CELEX: 61989CJ0351
Convenio de Bruselas
Litispendencia
Consideración del domicilio de las partes
Facultades del Tribunal ante el que se formuló la segunda demanda
Competencias en materia de seguros
Reaseguro

Mediante resolución de 26 de julio de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de noviembre del mismo año, la Court of Appeal planteó, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971 relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, «Convenio»), varias cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 7 a 12
bisy
21 del Convenio.
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre las sociedades Overseas Union Insurance Limited (en lo sucesivo, «OUI»), Deutsche Ruck UK Reinsurance Limited (en lo sucesivo, «Deutsche Ruck») y Pine Top Insurance Company Limited (en lo sucesivo, «Pine Top»), de una parte, y la sociedad New Hampshire Insurance Company (en lo sucesivo, «New Hampshire»), de otra, con respecto a las obligaciones que pueden derivarse para OUI, Pine Top y Deutsche Ruck de diversos contratos de reaseguro que celebraron con New Hampshire.
Se deduce de los autos que New Hampshire, sociedad del Estado de New Hampshire (Estados Unidos), está inserita en Inglaterra como «overseas company» (sociedad extranjera con establecimientos en Inglaterra), conforme a lo dispuesto en la Companies Act (Ley de Sociedades Mercantiles) de 1985, y en Francia como sociedad extranjera, que tiene varios establecimientos en dicho Estado. En 1979, concertó una póliza de seguros que cubría los riesgos correspondientes a determinados gastos de reparación y sustitución de aparatos eléctricos vendidos con una garantía de cinco años por Nouvelles Galeries réunies, sociedad francesa con domicilio social en París.
En 1980, New Hampshire reaseguró una parte del riesgo cubierto en dicha póliza, en particular con OUI, sociedad de Singapur, inscrita en Inglaterra como «overseas company», así como con Deutsche Ruck y Pine Top, sociedades inglesas con domicilio social en Londres.
Tras solicitar a New Hampshire datos sobre la gestión de la cuenta de seguros, OUI, Deutsche Ruck y Pine top cesaron, en primer lugar, de efectuar pagos y, después, comunicaron que retiraban sus compromisos de reaseguro respectivos, invocando, en particular, la infracción de una obligación de información, una exposición errónea de los hechos, así como el incumplimiento de una obligación relacionada con la combinación y la gestión de los contratos de reaseguro.
El 4 de junio de 1987, New Hampshire demandó a Deutsche Ruck y Pine Top ante el tribunal de commerce de París, solicitando el pago de las cantidades adeudadas con arreglo a los contratos de reaseguro. El 9 de febrero de 1988, New Hampshire inició un procedimiento análogo ante el mismo Tribunal contra OUI. Deutsche Ruck y Pine Top propusieron formalmente una cuestión de competencia del órgano jurisdiccional al que se sometió el asunto por considerarlo incompetente, mientras que OUI manifestó su intención de proponerla.
El 6 de abril de 1988, OUI, Deutsche Ruck y Pine Top demandaron a New Hampshire ante la Commercial Court de la Queen's Bench Division, con objeto de que se declarase que no estaban obligadas a cumplir los compromisos que pudieran derivarse de las pólizas de reaseguro. El 9 de septiembre de 1988 dicho órgano jurisdiccional decidió, con arreglo al párrafo segundo del artículo 21 del Convenio, suspender el procedimiento hasta que el órgano jurisdiccional francés se hubiere pronunciado sobre su propia competencia en los litigios pendientes ante él.
OUI, Deutsche Ruck y Pine Top recurrieron contra dicha resolución ante la Court of Appeal. Al estimar que el litigio suscita un problema de interpretación del Convenio, el refendo òrgano jurisdiccional suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Es aplicable el artículo 21 del Convenio:
a)
con independencia del domicilio de las partes, a los dos grupos de procedimientos?
o
b)
solamente si el demandado en el procedimiento ante el Juez ante el que se interpuso demanda en segundo lugar está domiciliado en un Estado contratante, con independencia del domicilio de cualquier otra de las partes?
o
c)
si al menos una, y en tal caso cuál, de las partes en los dos grupos de procedimientos está domiciliada en un Estado contratante?
2)
De acuerdo con el párrafo segundo del artículo 21 del Convenio, cuando se impugna la competencia del Tribunal ante el que se formuló la primera demanda, ¿está obligado en todo caso el Tribunal ante el que se formuló la segunda a suspender su procedimiento como alternativa a declinar su competencia?
3)
a)
Si el Tribunal ante el que se formula la segunda demanda no tiene tal obligación, ¿i) está obligado o ii) puede, a efectos de decidir sobre la suspensión de su procedimiento, examinar si es competente el primer Tribunal?
b)
De ser así, ¿en qué circunstancias y hasta qué punto puede el Tribunal ante el que se formuló la segunda demanda examinar la competencia del Tribunal ante el cual se interpuso la primera?
4)
Si de la respuesta a las letras a) y b) de la tercera cuestión resulta que el Tribunal ante el que se formuló la segunda demanda está obligado, o en caso de que no esté obligado, pueda, en circunstancias que comprenden o pueden comprender el presente caso, examinar si el Tribunal ante el que se formuló la primera tiene competencia, ¿son aplicables las disposiciones de la Sección tercera del Título II del Convenio a las relaciones entre un asegurador (reasegurado) y un reasegurador, con arreglo a un contrato de reaseguro que cubra una “quota-share” [cuota-parte] del riesgo?»
En su resolución, el órgano jurisdiccional remitente señala que le consta que, en cada caso, el Tribunal francés conoció en primer lugar de la demanda y que las demandas interpuestas ante los órganos jurisdiccionales de los dos Estados contratantes tienen el mismo objeto y la misma causa e implican a las mismas partes, a efectos del artículo 21 del Convenio, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 8 de diciembre de 1987, Gubisch Maschinenfabrik (
144/86, Rec. p. 4861
).
Para una más amplia exposición del contexto jurídico y de los antecedentes del litigio principal, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre la primera cuestión
Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pretende dilucidar fundamentalmente si puede aplicarse el artículo 21 del Convenio sin que haya de tenerse en cuenta el domicilio de las partes de los dos procesos.
Para responder a esta cuestión, procede señalar en primer lugar, con arreglo al artículo 21 del Convenio:
«Cuando se formulen demandas que tengan el mismo objeto y la misma causa, e impliquen a las mismas partes, ante tribunales de Estados contratantes diferentes, el tribunal ante el que se formule la segunda deberá, incluso de oficio, desistir en favor del tribunal ante el que se formuló la primera.
El tribunal que deba desistir podrá suspender el juicio cuando medie oposición a la competencia del otro tribunal.»
Debe señalarse, en segundo lugar, que el tenor literal del artículo 21, a diferencia del texto de otras disposiciones del Convenio, no hace referencia en modo alguno al domicilio de las partes en el litigio. Por otra parte, dicho artículo no establece ninguna distinción entre los diferentes criterios de competencia previstos en el Convenio. En particular, no prevé ninguna excepción para el supuesto de que el Tribunal de un Estado contratante ejerza su competencia con arreglo a las leyes de dicho Estado respecto a un demandado no domiciliado en un Estado contratante, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio.
Por consiguiente, del tenor del artículo 21 resulta que dicha disposición deberá aplicarse tanto en el caso de que la competencia del Tribunal la establezca el propio Convenio como en el caso de que resulte de la legislación de un Estado contratante, conforme al artículo 4 del Convenio.
La interpretación que resulta del texto se confirma al examinar los objetivos del Convenio. El Tribunal de Justicia ha declarado, en sentencia de 11 de enero de 1990, Dumez France y Tracoba (
C-220/88, Rec. p. I-49
), que el objetivo del Convenio consiste fundamentalmente en favorecer el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales fuera del Estado en que fueron dictadas y que, a tal efecto, resulta indispensable limitar los riesgos de incompatibilidad de las resoluciones judiciales, motivo de denegación de reconocimiento o de exequátur con arreglo al punto 3 del artículo 27 del Convenio.
Por lo que respecta, en particular, al artículo 21, el Tribunal de Justicia ha señalado, en la citada sentencia de 8 de diciembre de 1987, Gubisch, que dicha disposición figura, junto al artículo 22, relativo a la conexidad, en la Sección octava del Título II del Convenio, Sección que, en aras de una buena administración de la justicia en la Comunidad, pretende evitar procesos paralelos ante los órganos jurisdiccionales de diferentes Estados contratantes y los conflictos entre resoluciones judiciales que pudieran resultar de los mismos. De ahí que esta normativa tenga por objeto que no se produzca desde el principio, en la medida de lo posible, una situación como la prevista en el punto 3 del artículo 27, a saber, el no reconocimiento de una resolución judicial por ser inconciliable con una resolución dictada entre las mismas partes en el Estado requerido. De ello se deduce que, para alcanzar dichos objetivos, debe hacerse una interpretación amplia del artículo 21, que abarque, en principio, todas las situaciones de litispendencia ante órganos jurisdiccionales de Estados contratantes, con independencia del domicilio de las partes.
Esta afirmación conduce a rechazar las argumentaciones de las demandadas en el litigio principal, según las cuales la existencia misma del punto 3 del artículo 27 del Convenio prueba que los artículos 21 y 22 no pueden evitar que, en determinados casos, se dicten resoluciones judiciales inconciliables en Estados contratantes diferentes. En efecto, la circunstancia de que el Convenio tome en consideración los supuestos en que se produzcan tales situaciones, no puede constituir un argumento contrario a la interpretación de los artículos 21 y 22 que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase la citada sentencia de 11 de enero de 1990, Dumez), tienen por objeto precisamente evitar o limitar los riesgos de conflictos entre resoluciones judiciales y de no reconocimiento.
Por ello, procede responder a la primera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional que el artículo 21 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que resulta aplicable sin que haya de tenerse en cuenta el domicilio de las partes de los dos procesos.
Sobre las cuestiones segunda y tercera
Mediante sus cuestiones segunda y tercera, el órgano jurisdiccional remitente pretende esencialmente dilucidar si el artículo 21 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que el Tribunal ante el que se formuló la segunda demanda, en el caso de que no declinare la competencia, lo único que podrá hacer es suspender el procedimiento, o si el citado artículo le autoriza u obliga, y en qué medida, a examinar la competencia del Tribunal ante el que se formuló la primera demanda.
A este respecto hay que señalar, en primer lugar, que de los autos no se desprende que el procedimiento principal esté comprendido en uno de los casos de competencia exclusiva prevista por el Convenio y, en particular, por su artículo 16. El Tribunal de Justicia no debe pronunciarse, pues, sobre el supuesto de que el Tribunal ante el que se formuló la segunda demanda disponga de tal competencia.
Respecto a un litigio para el que no se reclame una competencia exclusiva a favor del segundo Tribunal, procede señalar asimismo que la única excepción a la obligación de dicho Tribunal de declinar su competencia, prevista en el artículo 21 del Convenio, es la facultad de suspender el procedimiento, que sólo puede ejercerse si se hubiere propuesto cuestión de competencia oponiéndose a la del primer Tribunal.
Del informe del Comité de expertos que elaboraron el texto del Convenio (
DO 1979, C 59, p. 1
), resulta que dicha norma se introdujo con el fin de que las partes no se vieran obligadas a comenzar un nuevo proceso si, por ejemplo, el primer Tribunal se declarase incompetente. No obstante, el objetivo de dicha disposición, que es el evitar conflictos negativos de competencias, puede alcanzarse sin que el Tribunal ante el que se formuló la segunda demanda ejerza un control sobre la competencia de otro órgano jurisdiccional.
Hay que señalar, además, que el Tribunal ante el que se formuló la segunda demanda no está en ningún caso en mejores condiciones que el Tribunal ante el que se formuló la primera demanda para pronunciarse sobre la competencia de este último. En efecto, o bien dicha competencia la determinan directamente las normas del Convenio, que son comunes a ambos Tribunales y pueden ser interpretadas y aplicadas de igual modo por cada uno de ellos, o bien se deriva, con arreglo al artículo 4 del Convenio, de la Ley del Estado del Tribunal ante el que se formuló la primera demanda, que estará entonces indiscutiblemente en mejores condiciones para pronunciarse sobre su propia competencia.
Por otra parte, los supuestos en que el Tribunal de un Estado contratante puede efectuar un control de la competencia del Tribunal de otro Estado contratante se enumeran taxativamente en el artículo 28 y en el párrafo segundo del artículo 34 del Convenio. Dichos supuestos corresponden a la fase del reconocimiento o de la ejecución y sólo se refieren a determinadas normas sobre competencia especial o exclusiva que tienen carácter imperativo o de orden público. De ello resulta que, al margen de dichas excepciones taxativas, el Convenio no autoriza el control de la competencia de un Tribunal por el Tribunal de otro Estado contratante.
Se deduce, por tanto, al propio tiempo del texto del artículo 21 y del sistema del Convenio que el Tribunal ante el que se formuló la segunda demanda, que debería normalmente declinar su competencia, no tiene otra solución que la posibilidad de suspender el procedimiento en el supuesto de que medie oposición a la competencia del primer Tribunal. Por el contrario, no puede proceder por sí mismo a la comprobación de la competencia del Tribunal ante el que se formuló la primera demanda.
Procede, pues, responder a las cuestiones segunda y tercera planteadas por el órgano jurisdiccional nacional que, con la salvedad del supuesto en que el órgano jurisdiccional ante el que se formuló la segunda demanda disponga de una competencia exclusiva prevista en el Convenio y, en particular, en su artículo 16, el artículo 21 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que, cuando medie oposición a la competencia del Tribunal ante el que se formuló la primera demanda, el Tribunal ante el que se formuló la segunda demanda, en el caso de que no decline su competencia, solamente podrá suspender el procedimiento, sin poder examinar la competencia del Tribunal ante el que se formuló la primera demanda.
Habida cuenta de las respuestas dadas a las tres primeras cuestiones, carece de objeto la cuarta.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno alemán, por el Gobierno del Reino Unido y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la Court of Appeal mediante resolución de 26 de julio de 1989, declara:

1)
El artículo 21 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil debe interpretarse en el sentido de que resulta aplicable sin que haya de tenerse en cuenta el domicilio de las partes de los dos procesos.

2)
Con la salvedad del supuesto en que el órgano jurisdiccional ante el que se formuló la segunda demanda disponga de una competencia exclusiva prevista en el Convenio y, en particular, en su artículo 16, el referido artículo 21 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que, cuando medie oposición a la competencia del Tribunal ante el que se formuló la primera demanda, el Tribunal ante el que se formuló la segunda demanda, en el caso de que no decline su competencia, solamente podrá suspender el procedimiento, sin poder examinar la competencia del Tribunal ante el que se formuló la primera demanda.

Mancini
O'Higgins
Kakouris
Schockweiler
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de junio de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Sexta
G. F. Mancini
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.