CELEX: 61989CJ0118
Agricultura
Destilación del vino
Normativa
Plazo
Validez

Mediante resolución de 16 de marzo de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 10 de abril siguiente, el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la validez del párrafo 3 del apartado 2 del artículo 9 del Reglamento (CEE) n
o
2499/82 de la Comisión, de 15 de septiembre de 1982, que establece las normas relativas a la destilación preventiva para la campaña vitícola 1982/1983 (
DO L 267, p. 16
).
Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la empresa Otto Lingenfelser (en lo sucesivo, «Lingenfelser») y el Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, (en lo sucesivo, «Bundesamt»), organismo de intervención alemán en el ámbito de la política agraria común, en relación con una solicitud de restitución de la ayuda a la destilación preventiva del vino.
El Reglamento n
o
2499/82, ya citado, adoptado en base al Reglamento (CEE) n
o
337/79 del Consejo, de 5 de febrero de 1979, relativo a la organización común del mercado vitivinícola (
DO L 54, p.. 1
; EE 03/15, p. 160), modificado por el Reglamento (CEE) n
o
2144/82 del Consejo, de 27 de julio de 1982 (
DO L 227, p. 1
; EE 03/26, p. 18), establece en el apartado 1 del artículo 9 que el precio mínimo de compra fijado para cada tipo de vino deberá ser pagado por el destilador al productor a más tardar 90 días después de la entrada del vino en destilería.
Con arreglo al párrafo 3 del apartado 2 del artículo 9 de dicho Reglamento, el destilador deberá aportar ante el organismo de intervención la prueba de haber pagado el precio mínimo de compra dentro del plazo de 90 días; si no aportare dicha prueba dentro de los 120 días siguientes a la fecha de presentación de la prueba de la destilación, las cantidades pagadas serán recuperadas por el organismo de intervención.
Habiendo comprobado el Bundesamt que Lingenfelser había rebasado el plazo de 90 días para el pago de tres lotes de vino, exigió la restitución de la totalidad de la ayuda otorgada.
El Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, ante el cual se interpuso recurso contra esta decisión del Bundesamt, suspendió el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se pronunciara con carácter prejudicial sobre la siguiente cuestión:
«¿Es válido el párrafo 3 del apartado 2 del artículo 9 del Reglamento n
o
2499/82 en lo que se refiere a la recuperación de la ayuda pagada cuando el destilador no ha pagado al productor, en un plazo de 90 días, el precio mínimo de compra fijado en dicho texto?»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento y de las observaciones escritas presentadas, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
En sus observaciones escritas presentadas ante este Tribunal de Justicia, Lingenfelser y el Bundesamt han cuestionado fundamentalmente la validez del párrafo 3 del apartado 2 del artículo 9 del Reglamento n
o
2499/82, ya citado, alegando que la pérdida total de la ayuda por sobrepasar el plazo de pago violaba el principio de proporcionalidad. En el curso de la fase oral del procedimiento, Lingenfelser subrayó, además, que el establecimiento de un plazo de 90 días para el pago del precio de compra constituye una norma que sobrepasa los límites de la habilitación concedida por el Reglamento n
o
337/79, ya citado.
Para analizar si el establecimiento de un plazo máximo para que el destilador pague al productor el precio de compra entra dentro de la habilitación otorgada por el Consejo a la Comisión en el ámbito del Reglamento n
o
337/79, ya citado, procede recordar que dicho Reglamento tiene como fin, según los términos de su tercer considerando, alcanzar, en el sector vitivinícola, la estabilización de los mercados y la garantía de un nivel de vida equitativo para la población agraria afectada. Bajo esta óptica, el Reglamento afirma en su noveno considerando que procede permitir, en determinadas condiciones, la destilación preventiva a un precio de compra que no sirva de estímulo para la producción de vino de insuficiente calidad.
El artículo 11 de este Reglamento, que establece los requisitos para la destilación preventiva, dispone en su apartado 5 que la decisión de proceder a la destilación, así como las modalidades de aplicación del régimen, se adoptarán de acuerdo con el procedimiento denominado «del Comité de gestión».
El establecimiento de un plazo en el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento n
o
2499/82, ya citado, adoptado en base al Reglamento n
o
337/79, ya citado, y especialmente al apartado 5 de su artículo 11 y al artículo 65, dentro del cual el destilador habrá de pagar al productor el precio mínimo de compra, cuya finalidad, tal y como se indica en el undécimo considerando, es garantizar al productor la obtención de un beneficio comparable al que percibiría si se tratara de una venta comercial, constituye una modalidad de aplicación del régimen de que se trata y, como tal, se halla incluida en la habilitación concedida por el Reglamento n
o
337/79, ya citado.
En lo que respecta a la conformidad de la disposición objeto de la cuestión prejudicial con el principio de proporcionalidad, procede analizar, con arreglo a reiterada jurisprudencia, si la sanción rebasa los límites de lo adecuado y necesario para alcanzar el objetivo perseguido por la normativa infringida (sentencias de 20 de febrero de 1979, Buitoni,
122/78, Rec. 1979, p. 677
; y de 17 de mayo de 1984, Denkavit,
15/83, Rec. 1984, p. 2171
). Más en concreto, procede verificar si los medios que la disposición articula para cumplir el objetivo al que se encamina se corresponden con la importancia de éste y si son necesarios para alcanzarlo (sentencias de 23 de febrero de 1983, Fromançais,
66/82, Rec. 1983, p. 395
; y de 1 de octubre de 1985, OBEA,
125/83, Rec. 1985, p. 3039
).
Procede recordar, a este respecto, que el objetivo del establecimiento de un plazo para el pago del precio de compra por parte del destilador al productor, indicado en el undécimo considerando del Reglamento n
o
2499/82, ya citado, consiste en establecer que, por regla general, el precio mínimo garantizado al productor le sea pagado dentro de plazos que le permitan obtener un beneficio comparable al que percibiría si se tratara de una venta comercial. De este modo, el establecimiento de un plazo para el pago del precio de compra por parte del destilador al productor está destinado a incitar a este último a entregar para destilación vinos que podrían perjudicar el elevado nivel de calidad de los vinos comercializados.
En estas circunstancias, no puede considerarse que el sobrepasar el plazo de pago comprometa el objetivo mismo del régimen de destilación, cuando no tenga como consecuencia que la operación se desarrolle en condiciones sensiblemente diferentes a las de las transacciones comerciales normales, hasta el punto de desincentivar la entrega de vino por parte del productor para destilación. Por otra parte, los debates de la vista han puesto de manifiesto que, en el ámbito de las transacciones comerciales normales en la República Federal de Alemania, los plazos de pago son, a menudo, más amplios que el establecido por el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento n
o
2499/82, ya citado. Por consiguiente, una disposición que sancione con la pérdida total de la ayuda cualquier supuesto en el que se sobrepase, aunque sea mínimamente, el plazo ha de considerarse desproporcionada en relación con el objetivo perseguido mediante el establecimiento del mismo.
De todo lo anterior se desprende que procede responder a la cuestión planteada por el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main que el párrafo 3 del apartado 2 del artículo 9 del Reglamento n
o
2499/82, ya citado, es inválido en la medida en que todo supuesto en el que se sobrepase el plazo concedido al destilador para el pago del precio mínimo de compra al productor se sanciona con la pérdida total de la ayuda.
Costas
Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, mediante resolución de 16 de marzo de 1989, decide:

Declarar que el párrafo 3 del apartado 2 del artículo 9 del Reglamento (CEE) n
o
2499/82 de la Comisión, de 15 de septiembre de 1982, que establece las normas relativas a la destilación preventiva para la campaña vitícola 1982/1983, es inválido en la medida en que todo supuesto en el que se sobrepase el plazo concedido al destilador para el pago del precio mínimo de compra al productor se sanciona con la pérdida total de la ayuda.

Kakouris
Schockweiler
Mancini
O'Higgins
Diez de Velasco
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de junio de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Sexta
C. N. Kakouris
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.