CELEX: 62005TJ0456
Competencia
Prácticas colusorias
Mercado europeo del hilo industrial
Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE
Multas
Gravedad de la infracción
Repercusiones concretas en el mercado
Duración de la infracción
Circunstancias atenuantes
Cooperación durante el procedimiento administrativo
Proporcionalidad
Directrices para el cálculo del importe de las multas

Antecedentes del litigio
1.
Objeto del litigio
Mediante la Decisión C(2005) 3452, de 14 de septiembre de 2005, relativa a un procedimiento con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 81 [CE] y en el artículo 53 del Acuerdo sobre el EEE (Asunto COMP/38.337 – PO/Hilo; en lo sucesivo, «Decisión
impugnada»), en su versión modificada por la Decisión C(2005) 3765 de la Comisión, de 13 de octubre de 2005, cuyo resumen
se publicó en el
Diario Oficial de la Unión Europea
el 26 de enero de 2008 (DO C 21, p. 10), la Comisión de las Comunidades Europeas declaró que las demandantes, Gütermann AG
(en lo sucesivo, «Gütermann») y Zwicky & Co. AG (en lo sucesivo, «Zwicky»), participaron en un conjunto de acuerdos y prácticas
concertadas en el mercado del hilo destinado a la industria del Benelux y de los países nórdicos durante el período comprendido
entre enero de 1990 y septiembre del 2001, en lo que respecta a Gütermann, y entre enero de 1990 y noviembre del 2000, en
lo que respecta a Zwicky.
La Comisión impuso una multa de un importe de 4,021 millones de euros a Gütermann y de 0,174 millones de euros a Zwicky por
su participación en el cártel del hilo industrial en el Benelux y en los países nórdicos.
2.
Procedimiento administrativo
El 7 y el 8 de noviembre de 2001, la Comisión llevó a cabo verificaciones en los locales de varios productores de hilo de
coser en aplicación del artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento
de aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22). Dichas verificaciones se realizaron
como consecuencia de informaciones aportadas en agosto del 2000 por The English Needle & Tackle Co. Ltd.
El 26 de noviembre de 2001, Coats Viyella plc (en lo sucesivo, «Coats») presentó una solicitud de clemencia con arreglo a
la Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados
con acuerdos entre empresas (DO 1996, C 207, p. 4; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación») junto con varios documentos
aportados con el ánimo de probar la existencia de las prácticas concertadas siguientes: en primer lugar, un cártel en el mercado
del hilo destinado a la industria automovilística en el Espacio Económico europeo (EEE); en segundo lugar, un cártel en el
mercado del hilo para aplicaciones industriales en el Reino Unido; y, en tercer lugar, un cártel en el mercado del hilo para
aplicaciones industriales en los países del Benelux así como de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia (en lo sucesivo, considerados
conjuntamente, «países nórdicos»).
Sobre la base de los documentos encontrados durante las verificaciones y de aquellos aportados por Coats, la Comisión envió
a las empresas involucradas solicitudes de información en marzo y agosto de 2003, con arreglo al artículo 11 del Reglamento nº 17.
El 15 de marzo de 2004, la Comisión redactó un pliego de cargos que dirigió a varias empresas debido a su participación en
uno o varios de los cárteles mencionados en el apartado 4 anterior, entre los que figura el del mercado del hilo para aplicaciones
industriales en el Benelux y en los países nórdicos.
Todas las empresas destinatarias del pliego de cargos presentaron observaciones escritas. Gütermann respondió en su propio
nombre y en el de Zwicky.
Los días 19 y 20 de julio de 2004 se celebró una audiencia.
El 24 de septiembre de 2004, se permitió a las partes el acceso a la versión no confidencial de las respuestas al pliego de
cargos y a las observaciones de las partes en la audiencia, y recibieron un plazo para presentar otras observaciones.
El 14 de septiembre de 2005, la Comisión adoptó la Decisión impugnada.
3.
Decisión impugnada

Definición de los mercados de referencia
Mercado de productos
En la Decisión impugnada la Comisión señala que el sector del hilo puede dividirse en dos segmentos, a saber, por una parte,
el hilo destinado a la industria para coser o bordar diversos tipos de prendas de vestir u otros artículos, como artículos
de cuero, revestimientos textiles de automóviles y de colchones, y, por otra parte, el hilo de uso doméstico, empleado por
los particulares para tareas de costura o de reparación y para actividades de ocio.
En lo que respeta al segmento del hilo industrial, éste puede dividirse en tres categorías en función de la utilización que
se haga del mismo: el hilo para costura, destinado a la confección, utilizado en diversos tipos de prendas de vestir; el hilo
para bordado, utilizado en máquinas de bordado industriales informatizadas para decorar prendas de vestir, calzado de deporte
y textiles del hogar; y el hilo especial que se utiliza en diversos sectores como el del calzado, los artículos de cuero y
el sector automovilístico.
Según la Comisión, puede considerarse que el hilo industrial constituye, desde el punto de vista de la oferta, un mercado
de un producto único, puesto que no existe una correlación estricta entre la utilización final y el tipo de fibra y/o la estructura
del hilo.
Sin embargo, la Comisión lleva a cabo una distinción entre el hilo destinado a la industria automovilística, por un lado,
y el de aplicación industrial a excepción del sector del automóvil, por otro. En efecto, considera que, a pesar de que los
procesos de producción de ambos tipos de hilo son similares o fácilmente intercambiables, la demanda de la industria automovilística
proviene de grandes clientes que requieren características más rigurosas para determinados productos ‑por ejemplo, el hilo
utilizado para los cinturones de seguridad– y que dan importancia a la uniformidad de los productos utilizados por su industria
en los diversos países.
En el caso de autos, el mercado de productos respecto del que se examina la infracción que se recrimina a las demandantes
es el del hilo industrial a excepción del sector automovilístico (en lo sucesivo, «hilo industrial»).
Mercados geográficos
En la Decisión impugnada, la Comisión declara que, según las informaciones aportadas por las partes, el mercado geográfico
de referencia para el hilo industrial es de dimensión regional. Añade que la región puede abarcar, dependiendo del caso, varios
países del EEE, por ejemplo los países del Benelux o los países nórdicos, o un único país, por ejemplo, el Reino Unido.
En el caso de autos, el mercado geográfico afectado por la infracción que se recrimina a las demandantes es el de Benelux
y los países nórdicos.

Tamaño y estructura de los mercados de referencia
De la Decisión impugnada se desprende que el volumen de ventas del hilo industrial en el Benelux y en los países nórdicos
ascendía aproximadamente a 50 millones de euros en el 2000 y a 40 millones en el 2004.
De dicha Decisión resulta también que, a finales de los años noventa, los principales distribuidores de hilo industrial en
el Benelux y en los países nórdicos eran, en particular, Gütermann, Zwicky, Amann und Söhne GmbH & Co. KG (en lo sucesivo,
«Amann»), Barbour Threads Ltd, antes de su adquisición por Coats, Belgian Sewing Thread NV (en lo sucesivo, «BST»), y Coats.

Descripción de los comportamientos ilícitos
La Comisión sostiene, en la Decisión impugnada, que los hechos relativos al cártel en el mercado del hilo industrial en el
Benelux y en los países nórdicos se produjeron entre los años 1990 a 2001.
Según la Comisión, las empresas implicadas se reunieron al menos una vez al año y dichas reuniones se organizaron en dos sesiones,
una dedicada al mercado de los países del Benelux, y otra al de los países nórdicos, cuyo objetivo principal era mantener
los precios a un nivel elevado en ambos mercados.
Sostiene que los participantes intercambiaron listas de precios e informaciones sobre los descuentos, la aplicación de incrementos
sobre los precios del catálogo, la disminución de los descuentos y el incremento de los precios especiales aplicables a determinados
clientes. Asimismo sostiene que se celebraron acuerdos sobre las futuras listas de precios, la tasa máxima de descuento, las
disminuciones de los descuentos y el incremento de los precios especiales aplicables a determinados clientes, así como acuerdos
destinados a evitar la competencia en los precios en beneficio del proveedor dominante y a repartirse los clientes.

Dispositivo de la Decisión impugnada
En el artículo 1, apartado 1, de la Decisión impugnada, la Comisión declara que ocho empresas, entre las que figuran Gütermann
y Zwicky, infringieron el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE al participar en acuerdos y prácticas concertadas
en el mercado del hilo industrial del Benelux y de los países nórdicos, durante el período comprendido entre enero de 1990
y septiembre del 2001 en el caso de Gütermann, y entre enero de 1990 y noviembre de 2000 en lo que respecta a Zwicky.
Según el artículo 2, primer guión, de la Decisión impugnada, se imponen las siguientes multas por las prácticas concertadas
en el mercado del hilo industrial del Benelux y de los países nórdicos, en particular, a las empresas siguientes:
–        Coats: 15,05 millones de euros;
–        Amann: 13,09 millones de euros;
–        BST: 0,979 millones de euros;
–        Gütermann: 4,021 millones de euros;
–        Zwicky: 0,174 millones de euros.
En el artículo 3 de la Decisión impugnada, la Comisión ordena a las empresas a quienes se dirige dicha Decisión el cese inmediato
de las infracciones declaradas, si todavía no lo habían hecho. Les impone también la obligación de abstenerse de repetir cualquier
comportamiento de los mencionados en el artículo 1 de la Decisión impugnada y cualquier acto o práctica que tenga un objeto
o efecto equivalente.

Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal el 30 de diciembre de 2005, las demandantes interpusieron los
presentes recursos.
En el asunto T‑456/05, Gütermann solicita al Tribunal que:
–        Anule el artículo 1 de la Decisión impugnada, en la medida en que la Comisión declara que ha infringido el artículo 81 CE
y el artículo 53 del Acuerdo EEE en relación con el mercado de Finlandia, Noruega y Suecia, durante el período comprendido
entre enero de 1990 y septiembre del 2001 y, con carácter subsidiario, durante el período comprendido entre enero de 1990
y diciembre de 1993 inclusive.
–        Anule el artículo 2 de la Decisión impugnada en la medida en que la Comisión le impone una multa de un importe de 4,021 millones
de euros o, con carácter subsidiario, que se reduzca adecuadamente la cuantía de dicha multa.
–        Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a Gütermann.
En el asunto T‑457/05, Zwicky solicita al Tribunal que:
–        Anule el artículo 1 de la Decisión impugnada, en la medida en que la Comisión declara que ha infringido el artículo 81 CE
y el artículo 53 del Acuerdo EEE en relación con el mercado de Finlandia, Noruega y Suecia, durante el período comprendido
entre enero de 1990 y noviembre del 2000 y, con carácter subsidiario, durante el período comprendido entre enero de 1990 y
diciembre de 1993 inclusive.
–        Anule el artículo 2 de la Decisión impugnada en la medida en que la Comisión le impone una multa de un importe de 0,174 millones
de euros o, con carácter subsidiario, que se reduzca adecuadamente la cuantía de dicha multa.
–        Anule el artículo 3 de la Decisión impugnada en lo que la concierne.
–        Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a Zwicky.
Mediante auto de 9 de diciembre de 2008, el Presidente de la Sala Quinta del Tribunal decidió, oídas las partes, acumular
los asuntos T‑456/05 y T‑457/05, a efectos de la fase oral del procedimiento y de la sentencia, conforme a lo dispuesto en
el artículo 50 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal.

Fundamentos de Derecho
En primer lugar, las demandantes invocan dos motivos relativos al comportamiento ilícito. Primeramente invocan un motivo basado
en la infracción del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo
a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1). A continuación,
Zwicky invoca un motivo basado en el carácter injustificado de las órdenes conminatorias de poner fin a la infracción y de
abstenerse de reincidir.
En segundo lugar, las demandantes invocan una serie de motivos que pretenden lograr la supresión o la reducción de la multa.
Por una parte, Zwicky reprocha a la Comisión haberle impuesto una multa cuyo importe supera el límite del 10 % de su volumen
de negocios. Por otra parte, las demandantes invocan cinco motivos basados, respectivamente, en una apreciación errónea de
la gravedad de la infracción en lo que respecta a sus efectos, en una apreciación errónea de la duración de la infracción,
en que no se tuvieron en cuenta varias circunstancias atenuantes, en la aplicación errónea de la Comunicación sobre la cooperación
y en el carácter desproporcionado de la multa.
1.
Sobre los motivos que rebaten la declaración de existencia de un comportamiento ilícito y se oponen a las órdenes conminatorias
de poner fin al mismo y de abstenerse de reincidir

Sobre el motivo, invocado por Gütermann y Zwicky, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003
Alegaciones de las partes
Según las demandantes, la Comisión infringió el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003, el cual dispone que, «cuando
la Comisión, de oficio o previa denuncia de parte, constate la existencia de una infracción de los artículos 81 [CE] o 82 [CE],
podrá ordenar mediante decisión a las empresas y asociaciones de empresas involucradas que pongan fin a la infracción constatada».
En efecto, considera que, al reprocharles haber infringido el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE debido a su
participación en acuerdos y en prácticas concertadas en los mercado del hilo industrial del Benelux y de los países nórdicos,
durante el período comprendido entre enero de 1990 y septiembre del 2001 en el caso de Gütermann, y entre enero de 1990 y
noviembre de 2000 en el de Zwicky, la Comisión no tuvo en cuenta el hecho de que el Acuerdo EEE no entró en vigor hasta el
1 de enero de 1994 y, en consecuencia, antes de dicha fecha, las disposiciones de dicho acuerdo no se aplicaban en Finlandia,
Noruega ni Suecia. Asimismo, alega que, puesto que Finlandia y Suecia no se adhirieron a la Comunidad Europea hasta el 1 de
enero de 1995, el artículo 81 CE no pasó a ser de aplicación directa más que a partir de dicha fecha.
Además, las demandantes consideran que la Comisión declaró acertadamente que una infracción en el sentido jurídico del término,
es decir, una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE derivada de su comportamiento, no pudo existir,
en lo que respecta a Finlandia, Noruega y Suecia, más que a partir del 1 de enero de 1994. Así, sostienen que la Comisión
cometió un error al basarse, desde un punto de vista jurídico, en la existencia de una infracción que aumentaba en intensidad.
A su juicio, la Comisión no distingue entre la apreciación material del comportamiento de las demandantes como práctica colusoria
única y continua desde enero de 1990 a septiembre de 2001, en el caso de Gütermann, y desde enero de 1990 a noviembre del
2000, en el de Zwicky, y la apreciación jurídica de dicho comportamiento en tanto infracción de las normas de competencia
durante dichos períodos.
Las demandantes sostienen igualmente que su motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003
es admisible. En efecto, consideran que la Comisión invoca erróneamente la inadmisibilidad de dicho motivo basándose en que
las demandantes no invocan la existencia de un error manifiesto de apreciación respecto de la calificación de su comportamiento
colusorio único y continuo. En su opinión, la Comisión calificó su comportamiento de práctica colusoria única y continua desde
el punto de vista fáctico, lo que no se cuestiona en el marco del presente motivo. Sin embargo, el artículo 1, apartado 1,
de la Decisión impugnada, contiene, a su juicio, una apreciación jurídica errónea puesto que, por un lado, Zwicky no estaba
presente en el mercado del hilo industrial de los países nórdicos y, por otro, en lo que respecta a Finlandia, Noruega y Suecia,
no pudo existir una infracción de las normas de competencia entre enero de 1990 y diciembre de 1993.
Con carácter principal la Comisión invoca la inadmisibilidad del presente motivo de las demandantes y, con carácter subsidiario,
rebate el fundamento del mismo.
Apreciación del Tribunal
El Tribunal considera que procede pronunciarse sobre el fundamento del motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado
1, del Reglamento nº 1/2003, sin que sea necesario examinar su admisibilidad.
En primer lugar, procede señalar que, en el artículo 1, apartado 1, letras g) y h), de la Decisión impugnada, la Comisión
declara que las demandantes han infringido el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE debido a su participación, entre
enero de 1990 y septiembre de 2001, en el caso de Gütermann, y entre enero de 1990 y noviembre del 2000, en el de Zwicky,
en prácticas concertadas en los mercados del hilo industrial del Benelux y de los países nórdicos.
Es necesario señalar que, considerado de manera aislada, dicho artículo podría ser interpretado en el sentido de que la Comisión
estima que las demandantes cometieron una infracción debido a su participación en prácticas concertadas en el mercado del
hilo industrial en Finlandia, Noruega y Suecia, entre enero de 1990 y diciembre de 1993, es decir, antes de la entrada en
vigor del Acuerdo EEE. Ahora bien, ha quedado acreditado que, durante dicho período, no existía ninguna base jurídica que
permitiese a la Comisión declarar la existencia de tal infracción por parte de las demandantes.
Sin embargo, de la jurisprudencia se desprende que la parte dispositiva de un acto no puede disociarse de su motivación, por
lo que, en caso necesario, debe interpretarse teniendo en cuenta los motivos que han llevado a su adopción (sentencia del
Tribunal de Justicia de 15 de mayo de 1997, TWD/Comisión, C‑355/95 P, Rec. p. I‑2549, apartado 21; sentencia del Tribunal
General de 13 de junio de 2000, EPAC/Comisión, T‑204/97 y T‑270/97, Rec. p. II‑2267, apartado 39).
A este respecto, resulta claramente de los considerandos 246, 295 a 298 y 331 de la Decisión impugnada que, en la medida en
que el cártel comprendía Finlandia, Noruega y Suecia, dicho comportamiento no fue constitutivo de una infracción de las normas
comunitarias de la competencia y de las normas del EEE relativas a la competencia, más que a partir del 1 de enero de 1994,
fecha de entrada en vigor del Acuerdo EEE. En consecuencia, el artículo 1, apartado 1, letras g) y h), de la Decisión impugnada
debe leerse a la luz de dicha motivación clara y desprovista de cualquier ambigüedad. Así, procede considerar que el dispositivo
de la Decisión impugnada debe leerse en el sentido de que, en lo que respecta a Finlandia, Noruega y Suecia, los elementos
de la infracción única y continua no existieron más que a partir del 1 de enero de 1994.
En segundo lugar, las demandantes invocan en vano, esencialmente, una distinción supuestamente realizada por la Comisión,
en la Decisión impugnada, entre la apreciación jurídica de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo
EEE, por una parte, y la apreciación material, en los considerandos 264 a 277 de la Decisión impugnada, de su comportamiento
en tanto infracción única y continua, por otra. Sostienen, igualmente de manera errónea, que, puesto que, en lo que respecta
a Finlandia, Noruega y Suecia, no pudo existir una infracción «en el sentido jurídico del término», más que a partir del 1
de enero de 1994, la Comisión cometió un error al declarar que únicamente existía una infracción que aumentó en intensidad.
En primer lugar, es necesario señalar que las demandantes no cuestionan en absoluto el carácter único y continuo de la infracción
en el mercado del hilo industrial del Benelux y de los países nórdicos.
A continuación, procede recordar que una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, puede resultar no sólo de un acto aislado,
sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado. Esta interpretación no queda desvirtuada por
el hecho de que uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir por
sí mismos y aisladamente considerados una infracción de la citada disposición (sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de
julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, apartado 81; sentencia del Tribunal General de 5 de
abril de 2006, Degussa/Comisión, T‑279/02, Rec. p. II‑897, apartado 155).
Así, la infracción única y continua incluye, a menudo, una serie de actos que se suceden cronológicamente y que, en el momento
en que se cometen, pueden constituir igualmente por sí mismos, una infracción de las normas de competencia. La particularidad
de dichos actos consiste en que están incardinados en una estrategia de conjunto. Esto es lo que la Comisión sostiene, en
esencia, en los considerandos 264 a 277 de la Decisión impugnada con respecto al cártel relativo al mercado del hilo industrial
del Benelux y de los países nórdicos.
En contra de lo que sostienen las demandantes, las observaciones contenidas en los considerandos de la Decisión impugnada
citados anteriormente no consisten únicamente en una mera constatación de elementos fácticos, sino que exponen razones objetivas
que obligan a la Comisión a concluir que la infracción en el mercado del hilo industrial de los países nórdicos forma, junto
con la del mercado del hilo industrial del Benelux, una infracción única y continua.
El hecho de que la base jurídica en que se funda la Comisión para declarar la infracción en los mercados del hilo industrial
de Finlandia, Noruega y Suecia, sea posterior al comienzo de la infracción, es irrelevante a este respecto, puesto que, según
se desprende de la motivación de la Decisión impugnada, no se ha tenido en cuenta el comportamiento de las demandantes en
dicho mercado más que a partir del 1 de enero de 1994.
En segundo lugar, debe desestimarse la alegación de Zwicky basada en que no estaba presente en el mercado de los países nórdicos.
Según se ha señalado en el apartado 44 anterior, Zwicky confirmó que no cuestionaba la calificación de infracción única y
continua del cártel en el mercado del hilo industrial del Benelux y de los países nórdicos.
Pues bien, de la jurisprudencia resulta que una empresa que haya participado en una infracción única y compleja mediante comportamientos
propios, subsumibles en los conceptos de acuerdo o de práctica concertada con un objeto contrario a la competencia en el sentido
del artículo 81 CE y que pretenden contribuir a la ejecución de la infracción en su conjunto, puede ser también responsable
de los comportamientos adoptados por otras empresas en el marco de la misma infracción durante todo el período de su participación
en dicha infracción, cuando se demuestre que la empresa de que se trata conocía los comportamientos ilícitos de los demás
participantes o podía preverlos razonablemente y estaba dispuesta a asumir el riesgo (sentencia Comisión/Anic Partecipazioni,
citada en el apartado 45
supra,
apartado 203; sentencia del Tribunal General de 20 de marzo de 2002, Brugg Rohrsysteme/Comisión, T‑15/99, Rec. p. II‑1613,
apartado 73).
En el caso de autos, Zwicky no rebate su participación regular en las reuniones dedicadas al hilo industrial en el mercado
de los países nórdicos, no cuestiona, en modo alguno, la afirmación de la Comisión según la cual participó activamente en
el mercado del hilo industrial de los países nórdicos antes del inicio de la infracción única, no niega haber participado
en los elementos ilícitos relativos al mercado del hilo industrial del Benelux, y tampoco refuta que dichos elementos ilícitos
pertenecen a una estrategia global y, en consecuencia, no son más que algunos de los componentes de una infracción única y
continua en el mercado del hilo industrial del Benelux y de los países nórdicos.
De ello se desprende que el mero hecho de que Zwicky no estuviese presente en el mercado del hilo industrial de los países
nórdicos durante el período en que se cometió la infracción única y continua no le exonera de su responsabilidad por los comportamientos
llevados a cabo en dicho mercado geográfico por las otras empresas en el marco de dicha infracción.
Además, en la medida en que la alegación de Zwicky debe interpretarse en el sentido de que únicamente las empresas activas
en calidad de competidores, oferentes o demandantes en el mercado geográfico de los países nórdicos pueden coordinar su comportamiento
en tanto empresas (co)autoras de una infracción, procede señalar que una empresa puede infringir la prohibición establecida
por el artículo 81 CE, apartado 1, cuando su comportamiento, tal como se coordine con el de otras empresas, tiene la finalidad
de restringir la competencia en un mercado pertinente específico dentro del mercado común, sin que ello requiera necesariamente
que la misma empresa opere en ese mercado pertinente (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2008,
AC‑Treuhand/Comisión, T‑99/04, Rec. p. II‑1501, apartado 122).
Habida cuenta de las consideraciones realizadas en el apartado 51 anterior, Zwicky no puede cuestionar válidamente el hecho
de que es igualmente responsable, en calidad de coautor, de la comisión de una infracción de las normas de competencia como
consecuencia del cártel del hilo industrial en el mercado de los países nórdicos.
En consecuencia, debe desestimarse el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003.

Sobre el motivo, invocado por Zwicky, basado en el carácter injustificado de las órdenes conminatorias de poner fin a la infracción
y de abstenerse de reincidir
Alegaciones de las partes
Zwicky sostiene que, en el artículo 3 de la Decisión impugnada, la Comisión ordenó a las empresas implicadas poner fin inmediatamente
a las infracciones declaradas, si todavía no lo habían hecho, y abstenerse, en el futuro, de todo acto incluido en las infracciones
declaradas o de todo comportamiento que tenga un objeto similar.
Ahora bien, Zwicky sostiene que no sólo no opera en los mercados de que se trata en la Decisión impugnada desde noviembre
de 2000, sino que además, renunció a la totalidad de sus actividades comerciales para dedicarse, en la actualidad, a la gestión
de bienes inmobiliarios. Considera que las referidas órdenes conminatorias violan el principio de proporcionalidad y que el
artículo 3 de la Decisión impugnada es ilegal. A su juicio, en la medida en que la Comisión tenía la posibilidad de declarar
que se había puesto fin a las infracciones y que no existía ningún riesgo de reincidencia sin necesidad de llevar a cabo verificaciones
suplementarias, la Comisión no tenía ningún interés legítimo para adoptar una orden conminatoria. Zwicky se basa, a este respecto,
en la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 1983, GVL/Comisión (7/82, Rec. p. 483, apartados 24 y siguientes).
La Comisión solicita que se desestime este motivo.
Apreciación del Tribunal
Es necesario indicar que, mediante el presente motivo, Zwicky solicita la anulación del artículo 3 de la parte dispositiva
de la Decisión impugnada en la medida en que le afecta.
Procede señalar que el artículo 3 de la parte dispositiva de la Decisión impugnada contiene, de hecho, dos órdenes conminatorias.
En primer lugar, dicha disposición exige a las empresas de que se trata que pongan fin inmediatamente, si todavía no lo han
hecho, a las infracciones recogidas en el artículo 1 de la parte dispositiva de la Decisión impugnada. A este respecto, en
la medida en que Zwicky ya no operaba en el sector del hilo industrial en el momento en que se adoptó la Decisión impugnada,
la argumentación presentada en contra de dicha disposición carece manifiestamente de fundamento. En efecto, a pesar de que
figura entre las empresas mencionadas en el artículo 1 de la Decisión impugnada, Zwicky ya había puesto fin a la infracción
debido al cese de actividades y, en consecuencia, la intimación controvertida no le concierne (véase, en este sentido, la
sentencia del Tribunal de 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, T‑305/94 a T‑307/94, T‑313/94
a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 y T‑335/94, Rec. p. II‑931, apartado 1247). Esta circunstancia hace igualmente
inoperantes las alegaciones de Zwicky relativas a la vulneración del principio de proporcionalidad a este respecto (véase,
en este sentido la sentencia del Tribunal de 18 de junio de 2008, Hoechst/Comisión, T‑410/03, Rec. p. I‑881, apartado 196).
En segundo lugar, el artículo 3 de la Decisión impugnada exige que las empresas mencionadas en el artículo 1 se abstengan
en lo sucesivo de reproducir todo acto o comportamiento descrito en el artículo 1 así como de cualquier medida que tenga un
objeto o efecto equivalente.
Procede recordar que la aplicación del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003 puede implicar la prohibición de continuar
determinadas actividades, prácticas o situaciones cuya ilegalidad se haya declarado, pero también la de adoptar un comportamiento
futuro similar. No obstante, tales obligaciones impuestas a las empresas no deben ir más allá de los límites de lo necesario
y adecuado para alcanzar el fin perseguido (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal General, de 15 de marzo de 2000,
Cimenteries CBR y otros/Comisión, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 a T‑32/95, T‑34/95 a T‑39/95, T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95
a T‑65/95, T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 y T‑104/95, Rec. p. II 491, apartados 4704 y 4705, y la jurisprudencia
citada) Por otra parte, la facultad de la Comisión de formular intimaciones debe ejercitarse en función de la naturaleza de
la infracción observada (sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de marzo de 1974, Istituto Chemioterapico Italiano y Commercial
Solvents/Comisión, 6/73 y 7/73, Rec. p. 223, apartado 45; sentencias del Tribunal General de 7 de octubre de 1999, Irish Sugar/Comisión,
T‑228/97, Rec. p. II‑2969, apartado 298, y de 12 de diciembre de 2000, Aéroports de Paris/Comisión, T‑128/98, Rec. p. II‑3929,
apartado 82).
En el caso de autos, la Comisión declaró, en el artículo 1 de la Decisión impugnada que Zwicky, junto con otras empresas,
infringió el artículo 81 CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE, al participar, durante un período muy largo, en acuerdos y prácticas
concertadas en el sector del hilo industrial en el Benelux y en los países nórdicos, donde se pusieron de acuerdo para fijar
las futuras listas de precios, la tasa máxima de descuento, las disminuciones de los descuentos y el incremento de los precios
especiales aplicables a determinados clientes, así como para evitar la competencia en los precios en beneficio del proveedor
dominante y repartirse los clientes. Zwicky no niega las alegaciones recogidas en la Decisión impugnada a este respecto.
En estas circunstancias, al conminar a las empresas implicadas a abstenerse en el futuro de toda medida que pudiera tener
un objeto o un efecto equivalente, en el marco del mercado del hilo industrial del Benelux y de los países nórdicos, la Comisión
no se extralimitó en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003 (véase,
en este sentido y por analogía, la sentencia Hoechst/Comisión, citada en el apartado 61
supra,
apartado 199).
El hecho de que Zwicky ya no operase en el sector del hilo industrial el día de la adopción de la Decisión impugnada no desvirtúa
la anterior conclusión. En efecto, una orden conminatoria como la del caso de autos es de naturaleza preventiva y no depende
de la situación de las empresas de que se trate en el momento de la adopción de la Decisión impugnada.
La Comisión tenía derecho a incluir dicha orden conminatoria en la parte dispositiva de la Decisión impugnada, dado, especialmente,
que Zwicky no se comprometió a no repetir su comportamiento contrario a la competencia (véase, en este sentido, la sentencia
del Tribunal de 11 de marzo de 1999, Thyssen Stahl/Comisión, T‑141/94, Rec. p. II‑347, apartado 678).
Por otro lado, la sentencia GVL/Comisión, citada en el apartado 57
supra,
invocada por Zwicky, carece de pertinencia en el caso de autos. En efecto, además de que las circunstancias de dicho asunto
difieren de las del caso de autos, ha quedado demostrado, en los apartados 60 a 67 anteriores, que, por un lado, la orden
de poner fin inmediatamente a las infracciones recogidas en el artículo 1 de la Decisión impugnada no se dirigía a Zwicky,
y, por otro, que la Comisión tenía un interés perfectamente legítimo en ordenarle abstenerse, en el futuro, de todo acto comprendido
en las infracciones declaradas o de todo comportamiento que tenga un objeto similar.
Vistas las razones expuestas, procede desestimar el presente motivo.
2.
Sobre los motivos destinados a impugnar la multa y su importe

Sobre el motivo, invocado por Zwicky, basado en que se ha sobrepasado el límite del 10 % del volumen de negocios
Alegaciones de las partes
Tras indicar que había cesado sus actividades comerciales relativas al hilo industrial en noviembre del 2000, Zwicky reprocha,
en primer lugar, a la Comisión, el haber basado su cálculo del importe máximo del 10 % del volumen de negocios en el volumen
de negocios realizado por Gütermann. En efecto, esta última empresa retomó únicamente una parte de sus actividades y no estaba
sometida a su control. Por tanto, considera que únicamente el volumen de negocios de Zwicky es determinante. Sostiene que,
puesto que Zwicky no tiene volumen de negocios desde el 2001, no puede imponérsele ninguna multa en virtud del artículo 23,
apartado 2, del Reglamento nº 1/2003. En efecto, el Reglamento nº 1/2003 tiene en cuenta el volumen de negocios total del
último ejercicio social anterior a la adopción de la Decisión. A su juicio, el hecho de que se vincule la multa a éste último
volumen permite tener en cuenta la importancia y la influencia de la empresa en el mercado. Así pues, es la situación actual
de las empresas respecto de su volumen de negocios la que resulta determinante. En su opinión, una empresa que ya no realiza
un volumen de negocios no posee influencia alguna en el mercado y, en consecuencia, ya no se le pueden imponer multas.
Señala, a continuación, que la sentencia del Tribunal, de 29 de noviembre de 2005, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión (T‑33/02,
Rec. p. II‑4973), invocada por la Comisión, debe interpretarse en el sentido de que la consideración de un volumen de negocios
que no sea el del ejercicio económico completo anterior a la fecha de adopción de la Decisión es posible cuando la empresa
de que se trata ha cesado sus actividades comerciales o ha malversado su volumen de negocios para evitar la imposición de
una cuantiosa multa. Tal no es el caso en el presente asunto. Zwicky sostiene, a este respecto, que sus actividades se vendieron
un año antes de las verificaciones de la Comisión como consecuencia de la degradación de su situación competitiva.
Zwicky sostiene, además, que, en el caso de autos, Gütermann adquirió su actividad comercial en el marco de una compra de
activos (asset deal) y que, en consecuencia, los ingresos vinculados a la actividad cedida deberían haber pasado a Gütermann
y aumentar su volumen de negocios a tener en cuenta para la aplicación del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003.
Además, alega que la venta de sus actividades a Gütermann no constituye una mera reorganización interna de la empresa.
Por último, sostiene que el hecho de que las demandantes enviasen un único documento en respuesta del pliego de cargos se
explica por el hecho de que Gütermann se hizo cargo de las actividades relativas al hilo industrial y que el presidente del
consejo de administración de Zwicky fue nombrado miembro del consejo de administración de Gütermann tras dicha operación.
Sin embargo, ello no cambia el hecho de que Zwicky es independiente de Gütermann y que esta última no se ha convertido en
accionista de la primera.
La Comisión considera que este motivo es inoperante en la medida en que, incluso si la alegación de Zwicky fuese cierta, determinó
el límite de la multa teniendo en cuenta el volumen de negocios del ejercicio social anterior, lo que ya hizo en otros asuntos.
Pues bien, considera que el volumen de negocios global de Zwicky en el año 1999 era de 4,5 millones de euros y que la multa
impuesta de un importe de 0,174 millones de euros no sobrepasa en modo alguno el límite del 10 % del volumen de negocios.
Con carácter subsidiario, la Comisión alega, en primer lugar, que, a pesar de que Gütermann adquirió, en noviembre del 2000,
las actividades de Zwicky implicadas en el cártel del mercado del hilo industrial, tuvo en cuenta el hecho de que Zwicky estuvo
envuelta en la infracción sancionada durante diez años y consideró que, el hecho de que, tras la venta por Zwicky de sus actividades
comerciales, ésta haya subsistido jurídicamente bajo la forma de una «cáscara vacía» constituye una maniobra orquestada con
el objetivo específico de escapar a las sanciones impuestas por la infracción de las normas de la competencia. Además, sostiene
que Zwicky no rebate la jurisprudencia según la que corresponde, en principio, a la persona física o moral que dirigía la
empresa de que se trata en el momento de la infracción responder de la misma. Añade que, puesto que el presidente del consejo
de administración de Zwicky estaba presente en el seno del directorio de Gütermann y disponía, así, de conocimientos precisos
sobre la participación de ambas empresas en el cártel, se pueden comprender fácilmente las razones que motivaron la decisión
de mantener la existencia de Zwicky.
La Comisión considera, a continuación, que la interpretación que Zwicky realiza del artículo 23, apartado 2, segunda frase,
del Reglamento nº 1/2003 no es compatible con el principio de efectividad, puesto que permite a las empresas evitar su responsabilidad
mediante reorganizaciones puramente internas. Ésta es, a su juicio, la opinión del Tribunal General en la sentencia Britannia
Alloys & Chemicals/Comisión, citada en el apartado 71
supra.
Por último, la Comisión alega que los vínculos estrechos existentes entre Zwicky y Gütermann se deducen de la redacción de
una respuesta común al pliego de cargos y de la presencia de abogados idénticos para representarles ante el Tribunal.
Apreciación del Tribunal
Con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, y al artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, la Comisión
podrá imponer a las empresas multas que no superen el 10 % del volumen de negocios que hayan realizado durante el ejercicio
social anterior a la adopción de la Decisión. Este límite máximo del 10 % pretende evitar que las multas sean desproporcionadas
en relación con la importancia de la empresa y, en particular, que se impongan multas que las empresas afectadas no sean capaces
de pagar. Dado que sólo el volumen de negocios global puede dar efectivamente una indicación aproximada a este respecto, se
debe entender que es un porcentaje referido al volumen de negocios global (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio
de 1983, Musique diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 119).
Es necesario igualmente señalar que el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y el artículo 23, apartado 2, del Reglamento
nº 1/2003 tienen por objeto encomendar a la Comisión la facultad de imponer multas con el fin de permitirle cumplir la misión
de vigilancia que le otorga el Derecho comunitario (sentencia Musique diffusion française y otros/Comisión, citada en el apartado
78
supra,
apartado 105, y sentencia del Tribunal General de 9 de julio de 2003, Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión,
T‑224/00, Rec. p. II‑2597, apartado 105). Esta misión comprende la tarea de proceder a la instrucción y sancionar las infracciones
individuales, y el deber de proseguir una política general dirigida a aplicar en materia de competencia los principios fijados
por el Tratado y a orientar en este sentido el comportamiento de las empresas. De ello se deduce que la Comisión debe velar
por el carácter disuasorio de las multas (sentencia Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión,
antes citada, apartados 105 y 106).
Asimismo, procede señalar que el «ejercicio económico precedente» en el sentido del artículo 15, apartado 2, del Reglamento
nº 17, y del artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 1/2003 se refiere, en principio, al último ejercicio
completo de cada una de las empresas afectadas en el momento de la adopción de la Decisión (sentencia del Tribunal de Justicia
de 7 de junio de 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión, C‑76/06 P, Rec. p. I‑4405, apartado 32).
En el caso de autos, dado que la Decisión impugnada tiene fecha de 14 de septiembre de 2005, el ejercicio económico precedente
es el del período comprendido entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005. Pues bien, Zwicky cedió sus actividades
a Gütermann en el ámbito del hilo industrial en noviembre del 2000. Por consiguiente, la Comisión consideró que, en el momento
en que se adoptó la Decisión impugnada, no disponía, con respecto a Zwicky, de un volumen de negocios que representase una
actividad económica ejercida por dicha empresa durante el ejercicio económico precedente. Además, basándose, según el considerando
383 de la Decisión impugnada, en la supuesta existencia de un vínculo de sociedad matriz y filial entre Gütermann y Zwicky,
debido a que la segunda cedió sus actividades relativas al hilo industrial a la primera, estimó posible basarse en el volumen
de negocios de Gütermann para la aplicación del límite del 10 %.
Hay que distinguir dos aspectos de las alegaciones formuladas por Zwicky: por una parte, la elección de la Comisión de tener
en cuenta el volumen de negocios de Gütermann y, por otra, el no haber tenido en consideración su volumen de negocios del
ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2005, aunque este fuese igual a cero.
En lo que respecta al primer aspecto de las alegaciones formuladas por Zwicky, es necesario reconocer que, en el cálculo de
la multa impuesta a Zwicky, la Comisión se refiere erróneamente al volumen de negocios de Gütermann para determinar el límite
del 10 % del volumen de negocios que no se debe superar.
En efecto, Gütermann únicamente retomó, en noviembre de 2000, las actividades de Zwicky en el terreno del hilo industrial.
En la vista, Zwicky explicó que esta cesión de actividades se realizó de dos maneras: por un lado, mediante la conclusión,
en Suiza, de un contrato de transferencia de activos, como los almacenes y las máquinas, y, por otro, mediante la venta de
acciones en Alemania.
Sin embargo, la Comisión admitió en la vista que Gütermann no había absorbido a Zwicky en modo alguno, y que, en consecuencia,
no se había convertido en su propietaria. Así, la cesión de las actividades relativas al hilo industrial no tuvo repercusión
alguna sobre la independencia jurídica y económica de Zwicky.
Los argumentos según los cuales el presidente del consejo de administración de Zwicky se convirtió en miembro de la dirección
de Gütermann, que ambas empresas tienen el mismo abogado y que presentaron una respuesta común al pliego de cargos no justifican
por sí solos, en el caso de autos, la postura de la Comisión en lo que respecta a la existencia de un vínculo de sociedad
madre y filial entre ambas empresas.
Además, la Comisión no ha demostrado, en modo alguno, de qué manera las informaciones aportadas por Zwicky en respuesta a
su petición de información sobre su cesión de actividades y sus vínculos con Gütermann le indujeron a error.
De ello se desprende que, en lo que respecta al volumen de negocios de Gütermann, la Comisión incurrió en un error de apreciación
cuyas consecuencias se analizarán en los apartados 104 y siguientes.
Respecto del segundo aspecto de las alegaciones formuladas por Zwicky, a saber, el hecho de que no se tuvo en cuenta su volumen
de negocios igual a cero resultante de su presunta actividad económica durante el año anterior a la adopción de la Decisión
impugnada, esta cuestión implica el examen de la manera en que la Comisión debe definir el concepto de «ejercicio económico
precedente» en casos en los que se producen cambios sustanciales en la situación económica de la empresa de que se trate entre
el fin del período durante el cual se cometió la infracción y la fecha de adopción de la Decisión de la Comisión por la que
se impuso la multa.
Por lo que a dicho concepto de «ejercicio económico precedente» se refiere, hay que señalar que, según jurisprudencia consolidada,
para interpretar una disposición de Derecho comunitario, procede tener en cuenta no sólo su tenor literal, sino también su
contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (sentencias del Tribunal de Justicia de 7 de junio
de 2005, VEMW y otros, C‑17/03, Rec. p. I‑4983, apartado 41; de 1 de marzo de 2007, Jan De Nul, C‑391/05, Rec. p. I‑1793,
apartado 20, y de 7 de junio de 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión, citada en el apartado 80
supra,
apartado 21).
A este respecto, como se recuerda en el apartado 79 anterior, el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y el artículo
23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 tienen por objeto encomendar a la Comisión la facultad de imponer multas con el fin
de permitirle cumplir la misión de vigilancia que le otorga el Derecho comunitario. Dicha misión incluye, en particular, las
funciones tanto de reprimir las conductas ilícitas como de impedir su repetición (sentencia del Tribunal de Justicia de 15
de julio de 1970, ACF Chemiefarma/Comisión, 41/69, Rec. p. 661, apartado 173).
Es preciso añadir que, con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, y al artículo 23, apartado 3, del Reglamento
nº 1/2003, la Comisión ha de tomar en consideración la gravedad y la duración de la infracción de que se trate.
A la luz de estos elementos, el límite relativo al volumen de negocios establecido en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento
nº 17 y en el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 1/2003 pretende evitar que las multas impuestas
por la Comisión sean desproporcionadas con relación a la importancia de la empresa de que se trate (sentencia Musique Diffusion
française y otros/Comisión, citada en el apartado 78
supra,
apartado 119).
De las consideraciones anteriores se desprende que, para determinar el concepto de «ejercicio económico precedente», la Comisión
debe apreciar, en cada caso concreto y teniendo en cuenta el contexto y los objetivos perseguidos por el régimen de sanciones
establecido por el Reglamento nº 17 y el Reglamento nº 1/2003, el efecto que se pretenda alcanzar sobre la empresa afectada,
en particular teniendo en cuenta el volumen de negocios que refleje la situación económica real de ésta durante el período
en que se cometió la infracción (véase la sentencia de 7 de junio de 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión, citada en
el apartado 80
supra,
apartado 25).
Sin embargo, tanto de los objetivos del sistema en que se encuadran el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, y el
artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 1/2003, como de la jurisprudencia citada en el apartado 80, se
desprende que la aplicación del límite del 10 % presupone, por una parte, que la Comisión dispone de datos sobre el volumen
de negocios del último ejercicio anterior a la fecha de adopción de la decisión y, por otra, que estos datos se refieren a
un ejercicio completo de actividad económica normal durante un período de doce meses (véase la sentencia de 29 de noviembre
de 2005, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión, citada en el apartado 71
supra,
apartado 38).
Así, si las cuentas anuales del ejercicio cerrado antes de la adopción de la Decisión aún no se han aprobado o no se han comunicado
a la Comisión, ésta tiene el derecho y la obligación de utilizar el volumen de negocios de un ejercicio anterior a éste a
fin de aplicar el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento
nº 1/2003. Del mismo modo, cuando, a raíz de una reestructuración o de una modificación de las prácticas contables, las cuentas
formuladas por la empresa para el ejercicio económico precedente correspondan a un período inferior a doce meses, la Comisión
está facultada para recurrir, a efectos de la aplicación de las citadas disposiciones, al volumen de negocios alcanzado durante
un ejercicio anterior referido a un año entero (véase la sentencia de 29 de noviembre de 2005, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión,
citada en el apartado 71
supra,
apartado 39). Ocurre lo mismo cuando una empresa no ha ejercido ninguna actividad económica durante el ejercicio económico
anterior y, en consecuencia, la Comisión no dispone de un volumen de negocios correspondiente a la actividad económica desarrollada
por ésta durante dicho ejercicio. En efecto, el volumen de negocios correspondiente a dicho período no proporciona ninguna
indicación sobre la importancia de dicha empresa, en contra de lo exigido por la jurisprudencia, ni puede, por ello, servir
de base para el cálculo del límite previsto en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y en el artículo 23, apartado
2, del Reglamento nº 1/2003 (véase la sentencia de 29 de noviembre de 2005, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión, citada
en el apartado 71
supra,
apartado 42).
Es necesario igualmente recordar que de la sentencia de 29 de noviembre de 2005, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión, citada
en el apartado 71
supra
(apartado 49), aplicable por analogía al caso de autos, se desprende que, también es posible que, durante un ejercicio de
actividad económica normal, el volumen de negocios de una empresa disminuya considerablemente, en comparación con ejercicios
anteriores, por diversas razones, como un contexto económico difícil, una crisis en el sector en cuestión, un siniestro o
una huelga. No obstante, cuando el volumen de negocios de una empresa se refiere realmente a un ejercicio completo durante
el que ésta ha desarrollado actividades económicas, aunque sea a menor escala, la Comisión debe calcular el límite previsto
en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, sobre la base
de dicho volumen de negocios. Por consiguiente, a menos que exista algún indicio de que la empresa haya cesado su actividad
comercial o haya desviado su volumen de negocios para evitar la imposición de una multa elevada, procede considerar que la
Comisión está obligada a calcular el límite máximo de la multa a partir del volumen de negocios más reciente que corresponda
a un año entero de actividad económica (sentencia de 29 de noviembre de 2005, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión, citada
en el apartado 71
supra,
apartado 49).
Según Zwicky, la Comisión no ha demostrado que desviara su volumen de negocios y, por tanto, aplicó erróneamente la excepción
al principio de toma en consideración del volumen de negocios del último ejercicio económico. Sin embargo, según precisó la
Comisión en la vista, ésta no reprocha en modo alguno a Zwicky el haber actuado de manera abusiva para evitar la imposición
de una multa elevada, sino que se limita a señalar que, en la práctica, cesó su actividad y existe como una «cáscara vacía».
En sus escritos, Zwicky menciona que desde 2001 se limita a gestionar inmuebles y señala que desde entonces no ha realizado
ningún volumen de negocios. En consecuencia, procede señalar que tampoco realizó ningún volumen de negocios durante el ejercicio
económico completo anterior a la Decisión impugnada, a saber, el del período comprendido entre el 1 de julio de 2004 y el
30 de junio de 2005. Preguntada, en la vista, sobre la naturaleza exacta de sus actividades, Zwicky reiteró sus afirmaciones
sobre el ejercicio de una actividad de gestión de inmuebles de los que sigue siendo propietaria. Precisó que su parque inmobiliario
se compone de inmuebles anteriormente ocupados por su actividad relativa al hilo industrial que quedaron vacíos tras la cesión
de dicha actividad a Gütermann y de viviendas alquiladas a antiguos trabajadores. Sostiene que estos últimos se pueden utilizar
para arrendamientos y que se van a realizar inversiones en este sentido. Mencionó igualmente la existencia de un plan de desarrollo
elaborado junto con las autoridades locales. Por último admitió que, desde el cese de sus actividades en el mercado del hilo
industrial, no tenía ningún trabajador.
Si bien ha quedado acreditado que Zwicky continuó existiendo jurídicamente tras la cesión de actividades a Gütermann, es necesario
señalar que varios indicios serios, como un volumen de negocios igual a cero durante varios años, la inexistencia de trabajadores
o incluso la falta de pruebas concretas de una explotación de sus inmuebles o proyectos de inversión con objeto de explotarlos,
permiten presumir que Zwicky no continuó ejerciendo una actividad económica normal en el sentido de la jurisprudencia antes
citada, en particular entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005.
Las respuestas aportadas por Zwicky en sus escritos y en la vista fueron vagas y, en consecuencia, no han permitido al Tribunal
comprobar la existencia de una «actividad económica normal». A mayor abundamiento, Zwicky confirmó el contenido del extracto
de un documento que presentaba una síntesis económica de su situación, leído por la Comisión en la vista, del cual se desprende
un volumen de negocios igual a cero, beneficios nulos e inexistencia de trabajadores, y no niega que fue así durante el período
posterior a la cesión a Gütermann de sus actividades relativas al hilo industrial y hasta el 30 de junio de 2005.
A este respecto, y en contra de las afirmaciones de Zwicky en la vista, el simple hecho de que un consejo de administración
y un gerente se ocupen del plan de desarrollo de la sociedad, cuya realidad, por lo demás, no se ha demostrado, no basta para
constituir una prueba determinante de la existencia de una actividad económica normal de dicha sociedad, tal como declaró
el Tribunal en su sentencia de 29 de noviembre de 2005, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión, citada en el apartado 71
supra.
De ello se desprende que la Comisión estaba obligada a tener en cuenta el volumen de negocios global de Zwicky anterior al
del ejercicio que se cerró el 30 de junio de 2005.
En lo que respecta a las consecuencias del error de apreciación en que incurrió la Comisión, que consistió en tomar como referencia
el volumen de negocios de Gütermann, procede determinar si dicho error justifica, a favor de Zwicky, la reducción del importe
de la multa, o incluso su anulación por el juez comunitario.
A este respecto, procede destacar que, en el caso de los recursos dirigidos contra las decisiones de la Comisión por las que
se imponen multas a determinadas empresas por haber infringido las normas sobre la competencia, el Tribunal General es competente
desde dos puntos de vista. Por un lado, tiene por misión controlar su legalidad, con arreglo al artículo 230 CE (sentencia
del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, SCA Holding/Comisión, C‑297/98 P, Rec. p. I‑10101, apartados 53 y 54).
Por otro lado, el Tribunal General es competente para apreciar, en el marco de la facultad jurisdiccional plena que le reconocen
los artículos 229 CE, 17 del Reglamento nº 17 y 31 del Reglamento nº 1/2003, el carácter apropiado de la cuantía de las multas.
Esta última apreciación puede justificar la presentación y la toma en consideración de elementos complementarios de información,
cuya mención en la Decisión no viene exigida, como tal, en virtud de la obligación de motivación prevista en el artículo 253 CE
(sentencia SCA Holding/Comisión, citada en el apartado 105
supra,
apartado 55).
En el caso de autos el Tribunal considera, en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, procede tomar como referencia
el volumen de negocios de Zwicky y no el de Gütermann.
Por los motivos expuestos anteriormente y a la luz de la jurispudencia Britannia Alloys & Chemicals/Comisión (citada en los
apartados 71 y 80
supra),
el último volumen de negocios de Zwicky resultante de sus actividades económicas reales que la Comisión debería haber tomado
como referencia es el resultante del ejercicio económico del período comprendido entre el 1 de julio de 1999 y el 30 de junio
del 2000. Del considerando 76 de la Decisión impugnada resulta que dicho volumen de negocios ascendía a 4,5 millones de euros.
El importe de la multa impuesta por la Comisión a Zwicky asciende 205.000 euros y por tanto, no supera en modo alguno el 10 %
de dicho volumen de negocios.
Asimismo, procede recordar que en la vista Zwicky alegó que la solución subsidiaria consistente en tomar como referencia su
volumen de negocios del ejercicio económico clausurado el 30 de junio de 2000 sería inadmisible, puesto que daría lugar a
que su volumen de negocios fuese tenido en cuenta dos veces. En efecto, puesto que Gütermann se hizo cargo de las actividades
de Zwicky relativas al hilo industrial, el volumen de negocios generado por dichas actividades ya fue tenido en cuenta por
la Comisión en el volumen de negocios Gütermann. La Comisión sostiene que dicho argumento es nuevo y que, en consecuencia,
debe desestimarse.
Procede desestimar este argumento de Zwicky puesto que carece de fundamento.
En efecto, el argumento de Zwicky se basa en que la solución subsidiaria llevaría a imputar a Zwicky el volumen de negocios
que ya se había imputado a Gütermann. Ahora bien, el Tribunal considera que la única cuestión que se plantea, en el caso de
autos, es la de cuál es el volumen de negocios pertinente a tener en cuenta para el cálculo del límite del 10 % de la multa
impuesta a Zwicky. Tal como se ha demostrado más arriba, el único volumen de negocios admisible a tal efecto es el de 4,5 millones
de euros correspondiente al ejercicio económico de Zwicky del período comprendido entre el 1 de julio de 1999 y el 30 de junio
del 2000.
Suponiendo que pudiera admitirse que esta solución lleva a imputar dos veces el volumen de negocios de Zwicky en esta fase
del cálculo de las multas de Gütermann y Zwicky, la ilegalidad se habría cometido en perjuicio de Gütermann. Las alegaciones
de Zwicky constituyen, en realidad, una invitación al Tribunal para que verifique la legalidad del importe de la multa impuesta
a Gütermann. Ahora bien, Zwicky carece de legitimación activa a este respecto. En efecto, si el destinatario de una decisión
decide interponer recurso de anulación, al juez comunitario sólo se le somete la parte de la decisión que afecta a dicho destinatario.
En cambio, las partes relativas a otros destinatarios, que no han sido impugnadas, no integran el objeto del litigio que el
juez comunitario ha de resolver (sentencia del Tribunal de Justicia  de 14 de septiembre de 1999, Comisión/AssiDomän Kraft
Products y otros, C-310/97 P, Rec. p. I-5363, apartado 53).
A la vista de las consideraciones anteriores procede desestimar el motivo, invocado por Zwicky, basado en la infracción del
artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, y del artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 1/2003.

Sobre el motivo, invocado por Gütermann y Zwicky, basado en la apreciación errónea de la gravedad de la infracción en lo que
concierne a sus efectos
Alegaciones de las partes
En primer lugar, las demandantes sostienen que, con arreglo a las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación
del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 [CA] (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo,
«Directrices») y a una práctica decisoria reiterada, la apreciación de la gravedad de la infracción depende expresamente de
las repercusiones concretas de la infracción en el mercado. Alegan que el principio de proporcionalidad obliga a la Comisión
a tener en cuenta tales repercusiones a la hora de apreciar la gravedad de la infracción. Las demandantes precisan que, mediante
este motivo, no pretenden rebatir la infracción en sí misma, sino cuestionar su inclusión en la categoría de infracciones
muy graves.
En segundo lugar, las demandantes analizan la cuestión de las repercusiones concretas de la infracción en el mercado y llegan
a la conclusión de que son inexistentes. En consecuencia, consideran que la Comisión no podía basarse en dichas repercusiones
para calificar la infracción de muy grave. Si bien admiten que, en la mayoría de los casos, las distintas empresas aplicaron
el incremento de los precios que figuraba en las listas acordadas durante las reuniones, consideran, no obstante, que dicho
incremento de precios no dio lugar a un incremento de los precios netos reales. A su juicio, los considerandos expuestos por
la Comisión en el apartado 4.1.4 de la Decisión impugnada no permiten deducir tal impacto. Sostienen que el hecho de que las
empresas se reuniesen durante once años no basta, por sí solo, para llegar a la conclusión que el incremento de los precios
repercutió en los precios netos. En efecto, las demandantes estiman que han presentado pruebas de que las reuniones tenían
como principal objetivo el intercambio legal de informaciones. Sostienen que la propia Comisión reconoce que no dispone de
pruebas para establecer la existencia de un impacto concreto.
Debido a las particularidades de la determinación de los precios en el sector del hilo industrial –ya que rara vez se factura
a los clientes el precio que figura en las listas–, las demandantes consideran que, en el caso de autos, la ejecución del
acuerdo no permite, en modo alguno, deducir la existencia de repercusiones concretas en el mercado. Sostienen que, al contrario,
los precios medios reales del mercado no aumentaron, sino que incluso disminuyeron.
En tercer lugar, las demandantes invocan la circunstancia de que la infracción no tuvo repercusiones concretas sobre los precios
medios reales, sostienen que la infracción no debería haberse calificado de muy grave en el plano individual y que la Comisión
debería haberles reconocido en su favor esta circunstancia.
Habida cuenta de la diferencia considerable de dimensión entre las empresas de que se trata y del escaso volumen de negocios
que realizaron el mercado de que se trata, las demandantes sostienen que la Comisión debería haber tenido en cuenta el hecho
de que la infracción no tuvo repercusiones reales sobre sus precios netos, como circunstancia eximente con arreglo al punto
1 sección A de las Directrices.
Reprochan a la Comisión el haberse limitado a comparar la importancia relativa de las empresas en el mercado basándose en
su volumen de negocios y así, haberse basado únicamente en la capacidad económica abstracta de las diferentes empresas de
influenciar la competencia y no en las repercusiones concretas del comportamiento de las diferentes empresas sobre los precios
netos.
En cuarto lugar, consideran que la Comisión erró al imputar a Zwicky la participación en las infracciones que tuvieron lugar
en el mercado del hilo industrial de los países nórdicos; puesto que dicha empresa no operó jamás en el mercado del hilo industria
de dichos países.
La Comisión solicita que se desestime este motivo.
Apreciación del Tribunal
Con carácter preliminar, procede recordar que, en lo que respecta a la apreciación de la gravedad de la infracción como tal,
las Directrices señalan, en el punto 1 sección A, primer y segundo guión, lo siguiente:
«A la hora de evaluar la gravedad de la infracción ha de tomarse en consideración su naturaleza, sus repercusiones concretas
sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar) y la dimensión del mercado geográfico afectado.
Así, las infracciones serán clasificadas en tres categorías que establecen la distinción entre infracciones leves, graves
y muy graves.»
En la Decisión impugnada la Comisión pone de relieve los tres elementos siguientes:
–        la infracción en cuestión consiste, esencialmente, en el intercambio de informaciones sensibles sobre las listas de precios
y/o los precios cobrados a clientes individuales, en ponerse de acuerdo sobre los incrementos de precios y/o los precios indicativos
y en evitar la competencia de precios en favor del proveedor dominante, tales prácticas, constituyen, por su propia naturaleza,
las infracciones más graves a lo dispuesto por el artículo 81 CE, apartado 1, y por el artículo, 53, apartado 1, del Acuerdo
EEE (Decisión impugnada, considerando 345);
–        los acuerdos colusorios se pusieron en práctica y tuvieron repercusiones sobre el mercado EEE del producto de que se trata,
pero dichas repercusiones no pueden medirse con precisión (Decisión impugnada, considerando 351);
–        el cártel comprendía varias partes del Acuerdo EEE, a saber, el Benelux y los países nórdicos (Decisión impugnada, considerando 352).
La conclusión de la Comisión está redactada en los siguientes términos (Decisión impugnada, considerando 353):
«Habida cuenta de todos estos factores, la Comisión considera que las empresas a quienes se dirige la [Decisión impugnada]
han cometido una infracción muy grave del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE.»
Las demandantes niegan el carácter muy grave de la infracción alegando, por una parte, que la Comisión declaró que existían
repercusiones concretas en el mercado sin poder demostrarlo y, por otra, que no hubo repercusión alguna sobre los precios
netos o, al menos, ninguna repercusión concreta sobre los precios medios reales.
En primer lugar, procede recordar que, para valorar las repercusiones concretas de una infracción en el mercado, la Comisión
está obligada a tomar como referencia la competencia que habría existido normalmente si no se hubiera producido la infracción
(sentencia del Tribunal de 8 de octubre de 2008, Schunk y Schunk Kohlenstoff-Technik/Comisión, T‑69/04, Rec. p. II‑2567, apartado
165; véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 14 de mayo de 1998, Mayr-Melnhof/Comisión, T‑347/94, Rec. p. II‑1751,
apartado 235, y Thyssen Stahl/Comisión, citada en el apartado 67
supra,
apartado 645).
En el caso de autos, es necesario señalar que las demandantes no niegan en absoluto la existencia del cártel. Al contrario,
del apartado 40 de la demanda de Gütermann y del apartado 46 de la demanda de Zwicky se desprende que ambas «reconocen expresamente
tanto en la respuesta al pliego de cargos como en el marco de los antecedentes de hecho que figuran [en dichas demandas]»
que «en la mayoría de los casos, las distintas empresas aplicaron el incremento de los precios que figuraba en las listas
acordadas durante las reuniones».
En lo que atañe, en particular, a una práctica colusoria sobre precios, es legítimo que la Comisión deduzca que la infracción
produjo efectos del hecho de que los miembros del cártel adoptaran medidas para aplicar los precios convenidos, por ejemplo,
al aumentar los precios del catálogo que sirven de base para calcular los precios reales, al renunciar a los descuentos, al
aumentar los precios especiales y al ejercer presión, mediante denuncias, sobre la empresa que viole el acuerdo consistente
en no competir mediante los precios en beneficio del proveedor dominante. En efecto, para declarar que existen repercusiones
sobre el mercado, es suficiente que los precios convenidos hayan servido de base para fijar los precios de transacciones individuales,
limitando así el margen de negociación de los clientes (sentencia Schunk y Schunk Kohlenstoff-Technik/Comisión, citada en
el apartado 126
supra,
apartado 166; véase, en este sentido, la sentencia Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, citada en el apartado 61
supra,
apartados 743 a 745).
En cambio, no cabe exigir a la Comisión, una vez acreditada la aplicación de los acuerdos del cártel, que demuestre sistemáticamente
que tales acuerdos permitieron efectivamente que las empresas implicadas alcanzasen un nivel de precios facturados superior
al que habría predominado de no haber existido el cártel (sentencia Hoechst/Comisión, citada en el apartado 61
supra,
apartado 348; véase, en este sentido, la sentencia Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, citada en el apartado 61
supra,
apartados 743 a 745). Sería desproporcionado exigir dicha demostración que requeriría recursos considerables puesto que supondría
hacer cálculos hipotéticos, basados en modelos económicos cuya exactitud sólo difícilmente puede verificar el juez y cuya
infalibilidad no está probada en absoluto (sentencia Schunk y Schunk Kohlenstoff-Technik/Comisión, citada en el apartado 126
supra,
apartado 167).
En efecto, para valorar la gravedad de la infracción, es decisivo saber que los miembros del cártel hicieron todo lo que estaba
en sus manos para dar un efecto concreto a sus intenciones. Lo que ocurrió posteriormente, respecto a los precios de mercado
efectivamente practicados, podía verse influido por otros factores, fuera del control de los miembros del cártel. Éstos no
pueden apuntarse en beneficio propio factores externos que entorpecieron sus esfuerzos, invocándolos como elementos que justifiquen
una reducción de la multa (sentencia Schunk y Schunk Kohlenstoff-Technik/Comisión, citada en el apartado 126
supra,
apartado 168).
Además, en el apartado 4.1.4. de la Decisión impugnada, la Comisión enumera una serie de indicios concretos y fiables que
pretenden demostrar que el cártel tuvo repercusiones concretas sobre el mercado. A este respecto, son correctas, en primer
lugar, las declaraciones de la Comisión, contenidas en el apartados 164 de la Decisión impugnada, según las cuales, el incremento
de los precios del catálogo, confirmado por la propia Gütermann, dio lugar al incremento de los precios netos para algunos
pequeños clientes, cuya capacidad de negociar es normalmente menor. A continuación, procede corroborar la declaración de la
Comisión recogida en el apartado 165 de la Decisión impugnada, en virtud de la cual el incremento de los precios del catálogo
pudo tener repercusiones sobre el nivel de los precios reales aplicados a los grandes clientes, ya que dichos precios del
catálogo servían de punto de partida en las negociaciones con los clientes. Por último, las afirmaciones de la Comisión relativas
al hecho de que determinadas empresas aumentaron efectivamente los precios especiales y renunciaron a los descuentos confirman
que la infracción tuvo repercusiones concretas sobre el mercado de que se trata.
De estas consideraciones y de la constatación de que el cártel duró más de once años resulta que la Comisión pudo legítimamente
declarar que existían repercusiones concretas sobre el mercado.
En segundo lugar, respecto de las alegaciones basadas, por un lado, en la falta de repercusiones concretas del cártel sobre
los precios medios reales de las demandantes y, por otro lado, en el hecho de que Zwicky jamás operó en el mercado del hilo
industrial de los países nórdicos, éstas se refieren al comportamiento propio a ambas empresas y, en consecuencia, no pueden
acogerse. En efecto, el comportamiento efectivo que pretende haber seguido una empresa carece de pertinencia a la hora de
evaluar las repercusiones de un cártel sobre el mercado. Sólo se deben tener en cuenta los efectos que resultan de la infracción
en su conjunto (sentencia Comisión/Anic Partecipazioni, citada en el apartado 45
supra,
apartado 152, y sentencia del Tribunal de 17 de diciembre de 1991, Hercules Chemicals/Comisión, T‑7/89, Rec. p. II‑1711, apartado 342).
Así, la Comisión toma en consideración el comportamiento infractor de la competencia de Gütermann y Zwicky para apreciar la
situación individual de dichas empresas, pero no tiene repercusión alguna en la inclusión de la infracción en la categoría
de las infracciones «muy graves».
Asimismo, el hecho de que Zwicky no operase jamás en el mercado del hilo industrial de los países nórdicos carece de pertinencia.
Según se recuerda más arriba en el apartado 51, Zwicky no rebate en absoluto el carácter único y continuo de la infracción
en el mercado del hilo industrial del Benelux y de los países nórdicos.
En lo que respecta al indicio relativo a las repercusiones del cártel basado en la duración de la infracción, mencionado por
la Comisión en el considerando 166 de la Decisión impugnada, procede señalar que, habida cuenta de que las prácticas imputadas
duraron al menos once años, es poco probable que los fabricantes consideraran, en su momento, que carecían completamente de
eficacia o de utilidad (véase, en este sentido, las sentencias del Tribunal Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión,
citada en el apartado 61
supra,
apartado 748, y de 29 de noviembre de 2005, Heubach/Comisión, T‑64/02, Rec. p. II‑5137, apartado 130).
Finalmente cabe señalar que los tres aspectos de la valoración de la gravedad de la infracción no tienen el mismo peso en
el marco del examen de conjunto. La naturaleza de la infracción desempeña un papel primordial, en particular, para caracterizar
las infracciones «muy graves». A este respecto, de la descripción de las infracciones muy graves que hacen las Directrices
se desprende que los acuerdos o prácticas concertadas que, como en el presente asunto, persiguen, en particular, fijar los
precios, pueden ser calificados de «muy graves» basándose únicamente en su propia naturaleza, sin que sea necesario que tales
comportamientos estén caracterizados por una repercusión o una dimensión geográfica determinadas. Esta conclusión queda confirmada
por el hecho de que, si bien la descripción de las infracciones graves menciona expresamente las repercusiones sobre el mercado
y que puedan surtir sus efectos en amplias zonas del mercado común, la de las infracciones muy graves, en cambio, no menciona
ninguna exigencia de repercusión concreta sobre el mercado ni de producción de efectos en una zona geográfica determinada
(sentencias del Tribunal de 27 de julio de 2005, Brasserie nationale/Comisión, T‑49/02 a T‑51/02, Rec. p. II‑3033, apartado 178;
de 25 de octubre de 2005, Groupe Danone/Comisión, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, apartado 150 ; Hoechst/Comisión, citada en el
apartado 61
supra,
apartado 345, y Schunk y Schunk Kohlenstoff-Technik/Comisión, citada en el apartado 126
supra,
apartado 171).
En el caso de autos resulta de los hechos descritos en la sección I de la Decisión impugnada y de sus considerandos 345 y
346 que la infracción constituye, por su propia naturaleza, una infracción muy grave. En consecuencia, sobre la mera base
de la naturaleza de la infracción, la calificación de «muy grave» de la misma sigue siendo apropiada.
Del conjunto de las consideraciones anteriores resulta que el motivo basado en la calificación errónea de la infracción en
lo que concierne a sus efectos debe desestimarse.

Sobre el motivo, invocado por Gütermann y Zwicky, basado en la apreciación errónea de la duración de la infracción
Alegaciones de las partes
Son varias las alegaciones formuladas en apoyo de este motivo.
En primer lugar, las demandantes reprochan a la Comisión el haber aplicado automáticamente el incremento del importe de partida
en un 10 % por cada año de infracción siendo así que dicho porcentaje es el límite superior previsto en las Directrices para
las infracciones de larga duración y no la regla general. En efecto, alegan que las Directrices no establecen que la Comisión
deba incrementar automáticamente el importe de partida en un importe adicional correspondiente a un porcentaje determinado
por cada año de infracción, sino que otorgan a la Comisión una facultad discrecional. Sostienen que, en el caso de autos,
la Comisión no ejerció dicha facultad ni respecto al principio mismo del incremento del importe de partida en función de la
duración, ni respecto a la cuantía de dicho incremento.
En segundo lugar, sostienen que el incremento del 5 % aplicado a las multas impuestas a ambas demandantes respectivamente
por los nueve meses de infracción cometida por Gütermann durante el año 2001 y por los diez meses de infracción cometida por
Zwicky durante el año 2000, contradice el texto claro del punto 1 sección B de las Directrices, puesto que éstas establecen
un incremento únicamente por años completos. Además, la jurisprudencia no ha confirmado la interpretación de la Comisión a
este respecto.
En tercer lugar, sostienen que los incrementos a tanto alzado de 115 % para Gütermann y de 105 % para Zwicky de los importes
de partida de las multas impuestas a estas empresas son ilegales, puesto que se han calculado de manera uniforme para todos
los países afectados por la infracción, sin tener en cuenta la duración real de las infracciones. En efecto, a su juicio,
la Comisión estima que, a pesar de ser dos mercados distintos, el Benelux y los países nórdicos, deben considerarse conjuntamente,
puesto que fueron objeto de negociaciones los mismos días y las empresas participantes fueron las mismas. Sin embargo, Zwicky
señala que nunca operó en el mercado del hilo industrial de los países nórdicos y que, en consecuencia, nunca participó en
las infracciones relativas a dichos países. Las demandantes recuerdan, igualmente, que el Acuerdo EEE no entró en vigor hasta
el 1 de enero de 1994 y que, en la medida en que los acuerdos eran aplicables igualmente en Finlandia, Noruega y Suecia, éstos
no vulneraban, ni el artículo 81 CE ni el artículo 53 del Acuerdo EEE antes de dicha fecha. Sostienen que la Comisión debería
haber tenido en cuenta este punto en el marco de la apreciación de la duración de la infracción.
Así, las demandantes sostienen que la Comisión no distingue entre, por una parte, el hecho material constitutivo de las infracciones
al derecho de la competencia, respectivamente, de enero de 1990 a septiembre de 2001, en el caso de Gütermann, y de enero
de 1990 a noviembre del 2000, en el de Zwicky, en el sentido de un acto ilícito único y continuo, y por otra, la apreciación
jurídica de dicho hecho en tanto infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE.
Así pues, según Gütermann, la Comisión debería haber realizado, en concreto, un cálculo diferenciado del importe de partida
de la multa teniendo en cuenta la parte del volumen de negocios realizado en el mercado del hilo industrial del Benelux y
Dinamarca, por un lado, y del realizado en el mercado del hilo industrial de Finlandia, Noruega y Suecia, por otro. Así, la
Comisión habría obtenido dos fracciones de importe de partida a las que habría que aplicar, a continuación, un porcentaje
diferente en función de la duración de la infracción en uno u otro de dichos grupos de países, es decir, un 115 % a la fracción
del importe de partida de la parte de la infracción correspondiente al Benelux y a Dinamarca, y un 75 % en al importe de partida
de la parte de la infracción correspondiente a Finlandia, Noruega y Suecia.
La Comisión se opone a estas alegaciones.
Apreciación del Tribunal
Con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y al artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003, la duración
de la infracción es uno de los elementos a tener en cuenta para determinar el importe de la multa que se impondrá a las empresas
que hayan infringido las normas de competencia.
En lo que respecta al factor de la duración de la infracción, las Directrices distinguen entre las infracciones de corta duración
(en general, inferior a un año), en las que no debe aumentarse el importe de partida determinado en función de la gravedad
de la infracción, las infracciones de mediana duración (en general, de uno a cinco años), en las que dicho importe puede aumentarse
hasta un 50 %, y las infracciones de larga duración (en general, más de cinco años), en las que dicho importe puede aumentarse
en un 10 % por cada año (punto 1, sección B, párrafo primero).
De los considerandos 359 y 360 de la Decisión impugnada, cuyo contenido no discuten las demandantes, resulta que éstas participaron
en el cártel del mercado del hilo industrial del Benelux y de los países nórdicos, entre el 1 de enero de 1990 y septiembre
de 2001 en el caso de Gütermann, es decir, durante un período de infracción de once años y nueve meses, y de enero de 1990
a noviembre del 2000 en el caso de Zwicky, es decir, durante un período de infracción de diez años y diez meses. Ambos períodos
corresponden a una infracción de larga duración. En consecuencia, el importe de partida de la multa fue incrementado en un
115 % y en un 105 % respectivamente en función de la duración de la infracción.
En primer lugar, en cuanto al reproche que las demandantes hacen a la Comisión de haber aplicado automáticamente el porcentaje
máximo del 10 % por año de infracción, es preciso recordar que, aunque el punto 1, sección B, párrafo primero, tercer guión,
de las Directrices no prevé un incremento automático de un 10 % por año en las infracciones de larga duración, concede un
margen de apreciación al respecto a la Comisión (sentencias del Tribunal Hoechst/Comisión, citada en el apartado 61
supra,
apartado 396, y de 8 de julio de 2008, BPB/Comisión, T‑53/03, Rec. p. II‑1333, apartado 362).
Del apartado 149 anterior resulta que, en el caso de autos, la Comisión respetó las normas que ella misma se había impuesto
en las Directrices a la hora de aumentar el importe de las multas calculado con arreglo a la gravedad de la infracción en
función de su duración. Habida cuenta de las particularidades del caso de autos, la Comisión no incurrió en un error manifiesto
de apreciación al incrementar la multa en un 10 % por cada año de infracción.
En segundo lugar, debe desestimarse la alegación basada en el incremento injustificado del 5 % del importe de partida de la
multa para cada período de más de seis meses. En efecto, nada en las Directrices prohíbe tomar en consideración la duración
real de la infracción en el marco del cálculo del importe de la multa. Tal enfoque es totalmente lógico y razonable, y se
inscribe, en todo caso, en el marco de la facultad de apreciación de la Comisión (sentencia BPB/Comisión, citada en el apartado
150
supra,
apartado 361).
En tercer lugar, las demandantes sostienen, erróneamente, que el cálculo de la duración de la infracción se realizó de manera
uniforme para todos los países afectados por la infracción, sin tener en cuenta que Zwicky no estaba presente en el mercado
del hilo industrial de los países nórdicos e ignorando la duración real de las infracciones en el mercado del Benelux y de
los países nórdicos.
Con carácter previo, procede recordar que, según la Comisión, las demandantes participaron en una infracción compleja, única
y continua del artículo 81 CE, apartado 1, y del artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE, y que dicha infracción se extendió
a varios países del territorio del EEE. Igualmente, procede señalar que las demandantes confirmaron en la vista que no negaban
la existencia de una infracción única en el caso de autos.
En primer lugar, en lo que respecta a la alegación de Zwicky de que no estaba presente en el mercado del hilo industrial de
los países nórdicos, dicha empresa todavía no ha demostrado de qué manera debería repercutir dicha ausencia en el cálculo
de la duración de la infracción realizado por la Comisión. En efecto, el cálculo del importe adicional de la multa, correspondiente
a la duración de la infracción, se realizó a partir del importe de partida de la multa, el cual se fijó en función del volumen
de negocios de Zwicky en el mercado en cuestión en 1999. Pues bien, la ausencia de dicha empresa del mercado del hilo industrial
de los países nórdicos ya quedó reflejada a través de dicho volumen de negocios, ya que, por definición, éste no incluye ningún
ingreso de la actividad inexistente en los países nórdicos.
Además, tal como se recuerda en el apartado 50 anterior, el hecho de que una empresa no haya participado en todos los elementos
constitutivos de una práctica colusoria o que haya desempeñado un papel menor en los aspectos en los que haya participado
no es relevante para determinar la existencia de una infracción. Cuando se demuestra que una empresa conocía los comportamientos
ilegales de otros participantes o cuando podía preverlos razonablemente y estaba dispuesta a aceptar el riesgo derivado de
los mismos, se considera también responsable, durante todo el tiempo que duró su participación en dicha infracción, de los
comportamientos de otras empresas en el marco de la misma infracción (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de
2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123,
apartado 328). En el caso de autos, lejos de ignorar los comportamientos ilegales de los otros participantes en el mercado
del hilo industrial de los países nórdicos, Zwicky tomó parte activa en las reuniones relativas a dicho mercado. Así, la Comisión
acertó al imputar a Zwicky la infracción única y continua, incluido el comportamiento ilícito en el mercado de los países
nórdicos, y al considerar implícitamente que la duración de la infracción no debía dividirse en función de la intensidad de
su participación en los mercados afectados.
En efecto, si el papel desempeñado por la empresa de que se trata en el cártel se ha tenido en cuenta correctamente para determinar
el importe de partida de la multa, el hecho de que la empresa no haya participado en todos los elementos constitutivos del
cártel no puede tenerse nuevamente en cuenta en la determinación de la duración de la infracción (sentencia del Tribunal de
8 de julio de 2008, Saint-Gobain Gyproc Belgium/Comisión, T‑50/03, no publicada en la Recopilación, apartado 108).
En segundo lugar, debe desestimarse la alegación de las demandantes de que el cálculo de la duración de la infracción debería
haberse realizado teniendo en cuenta de las variaciones de intensidad de la infracción, y en consecuencia, diferir en función
de los grupos de países, el del Benelux y Dinamarca, por un lado, y el de Finlandia, Noruega y Suecia, por otro.
En efecto, de la jurisprudencia se desprende que el incremento se realiza mediante la aplicación de un determinado porcentaje
al importe de partida, que se determina en función de la gravedad de la infracción, lo que refleja ya así la distinta intensidad
de la infracción. De esta forma, no sería lógico tener en cuenta una variación en la intensidad de la infracción durante el
período de que se trata a la hora de calcular el incremento de este importe en función de la duración de la infracción (sentencia
BPB/Comisión, citada en el apartado 150
supra,
apartado 364).
A este respecto, aun suponiendo que ciertos tipos de prácticas colusorias estén intrínsecamente destinadas a durar, sigue
siendo necesario establecer una distinción, con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, y de artículo 23,
apartado 3, del Reglamento nº 1/2003, entre la duración efectiva de las mismas y la gravedad inherente a su propia naturaleza
(sentencia del Tribunal de 15 de junio de 2005, Tokai Carbon y otros/Comisión, T-71/03, T-74/03, T-87/03 y T-91/03, no publicada
en la Recopilación, apartado 275). Por lo tanto, el incremento del importe de la multa en función de la duración de la infracción
no tiene en cuenta por segunda vez la gravedad de la infracción (sentencia Hoechst/Comisión, citada en el apartado 61
supra,
apartado 397).
En el caso de autos, la infracción se manifestó, en un primer momento, en el mercado del hilo industrial de Dinamarca y del
Benelux. Tras la entrada en vigor del Acuerdo EEE, la infracción aumentó en intensidad al extenderse al mercado del hilo industrial
de los países nórdicos. Puesto que se demostró que dichas manifestaciones ilícitas en los distintos mercados geográficos formaban
parte de una infracción única y continua, procede tener en cuenta la duración de dicha infracción en su conjunto a la hora
de calcular el importe de la multa. En efecto, el importe de partida, determinado en función de la gravedad de la infracción
ya refleja las diversas intensidades de la infracción. El hecho de que el aumento de intensidad de la infracción tenga su
origen en la circunstancia jurídica de que la normativa que sanciona las prácticas contrarias a la competencia resulte posteriormente
aplicable en territorios en los que en un principio no lo era, no desvirtúa este razonamiento.
De ello se desprende que la Comisión no tenía la obligación de tener en cuenta la variación de intensidad de la infracción
en el incremento del importe de partida de la multa en función de la duración de dicha infracción.
En estas circunstancias, procede declarar que las alegaciones de las demandantes basadas en la apreciación errónea de la duración
de la infracción deben desestimarse.

Sobre el motivo, invocado por Gütermann y Zwicky, basado en que no se tuvieron en cuenta varias circunstancias atenuantes
Alegaciones de las partes
Con carácter preliminar, las demandantes recuerdan que el punto 3 de las Directrices recoge una serie de circunstancias atenuantes
que dan lugar a la reducción de la multa. Sostienen que, de este modo, la Comisión limitó su facultad discrecional en el marco
de la determinación del importe de las multas.
Las demandantes señalan igualmente que el punto 3 de las Directrices permite tomar en consideración otras circunstancias atenuantes
que no mencionan explícitamente en la enumeración y que la Comisión ha concretado dichas circunstancias mediante su práctica
decisoria.
En apoyo de este motivo las demandantes invocan tres circunstancias atenuantes que la Comisión debería haber tenido en cuenta.
En primer lugar, las demandantes afirman que la Comisión debería haber tenido en cuenta la falta de repercusiones concretas
de la infracción sobre los precios reales para justificar la reducción de la multa. Se refieren, a este respecto, al punto 3,
segundo guión, de las Directrices, que establece que la no aplicación efectiva de los acuerdos en relación con la infracción
conlleva la reducción del importe de la multa.
En segundo lugar, consideran que, con arreglo al punto 3, primer guión, de las Directrices, debería haberse tenido en cuenta
su función exclusivamente pasiva o subordinada.
En efecto, Zwicky sostiene que no operaba en los mercados de los países nórdicos y, en consecuencia no pudo participar en
las infracciones relativas a dichos países. Del mismo modo, alega que, habida cuenta de su posición insignificante en el mercado
del hilo industrial del Benelux, no pudo influir en las discusiones relativas a las listas de precios aplicables en estos
tres países ni en los contactos bilaterales. Por su parte, Gütermann sostiene que ella también ocupaba una posición poco importante
en el mercado del hilo industrial del Benelux y de los países nórdicos y que tampoco pudo influir en las discusiones relativas
a las listas de precios ni sobre los contactos bilaterales, puesto que, además, era Coats quien ejercía principalmente tal
influencia.
En lo que respecta a los contactos bilaterales, las demandantes sostienen que participaron en raras ocasiones, al contrario
que Coats y Amann, quienes mantuvieron contactos bilaterales más frecuentes.
Para demostrar el carácter insignificante de su papel en el cártel que se les imputa, las demandantes ponen de relieve sus
cuotas de mercado muy reducidas. Zwicky sostiene que su cuota del mercado del hilo industrial del Benenlux entre 1990 y 2000
ascendía a menos del 1 %. Gütermann, por su parte, reconoce una cuota de mercado en el Benelux y los países nórdicos de cerca
del 5,6 %. Consideran que estas cuotas son irrisorias en comparación con las de Coats y Amann en el mercado de los países
nórdicos (respectivamente 44 % y 46 %), y en el mercado del Benelux (respectivamente 40 % y 27 %).
Según las demandantes, el carácter pasivo de su comportamiento no queda desvirtuado por su supuesta función de presidente
de las reuniones desempeñada por sus antiguos colaboradores respectivos, el Sr. B. y el Sr. F. En efecto, la presidencia se
atribuyó en función de la edad, y los colaboradores de que se trata no influenciaron en modo alguno ni el desarrollo ni el
contenido de las reuniones, ya que era más bien Coats quien ejercía dicha influencia, incluso desde el punto de vista de la
organización. A este respecto, se basan en un correo electrónico del representante de Coats, el Sr. L., de 10 de noviembre
de 2000, del que se desprende que éste reservó una sala en un hotel cerca de Fráncfort del Meno (Alemania) para organizar
una reunión el 16 de enero de 2001, cuyo programa también fijó.
En tercer lugar, alegan que la Comisión también debería tener en cuenta la crisis económica que azota desde hace años el sector
industrial del hilo en Europa. A este respecto, las demandantes invocan la Decisión «Tubos de acero sin soldadura» de la Comisión,
de 8 de diciembre de 1999, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE (Asunto IV/E-1/35.860-B Tubos de acero
sin soldadura, apartado 168) y la Decisión «Extra de aleación» de la Comisión, de 21 de enero de 1998, relativa a un procedimiento
de aplicación del artículo 65 [CA] (Caso COMP/35.814 – Extra de aleación, apartado 83), en los que se tuvo en cuenta la crisis
económica que afectaba a dichos sectores, así como la Decisión «Carnes de vacuno francesas» de la Comisión, de 2 de abril
de 2003, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 [CE] (Asunto COMP/C.38.279/F3 – Carnes de vacuno francesas,
apartado 185), en la que se tuvo en cuenta la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina (ESB).
Con carácter subsidiario, alegan, basándose en la jurisprudencia, que el principio de individualización de las penas y sanciones
debe llevar a la Comisión a evaluar el comportamiento individual de cada una de las empresas para determinar la gravedad relativa
de su participación en la infracción, y, en consecuencia, disminuir de manera considerable las multas que les fueron impuestas.
La Comisión rebate las alegaciones formuladas por las demandantes.
Apreciación del Tribunal
Las Directrices establecen, en su punto 3, la reducción del importe de base de la multa en virtud de «circunstancias atenuantes
específicas», tales como la función exclusivamente pasiva o subordinada en la comisión de la infracción, la no aplicación
efectiva de los acuerdos colusorios, la interrupción de las infracciones desde las primeras intervenciones de la Comisión
y otras circunstancia que no se mencionan explícitamente.
En primer lugar las demandantes sostienen que la Comisión debería haberles aplicado la circunstancia atenuante basada en la
no aplicación efectiva del acuerdo debido a la inexistencia de repercusiones concretas de la infracción sobre los precios.
Sin embargo, es necesario recordar que las referidas circunstancias atenuantes se basan todas ellas en el comportamiento característico
de cada empresa. De ello se desprende que, a efectos de la apreciación de las circunstancias atenuantes, entre ellas la relativa
a la inaplicación de los acuerdos, procede tener en cuenta no los efectos resultantes de la totalidad de la infracción, que
deben tenerse en cuenta en la valoración de sus repercusiones concretas sobre el mercado para evaluar su gravedad (punto 1,
sección A, párrafo primero, de las Directrices), sino el comportamiento individual de cada empresa, para examinar la gravedad
relativa de la participación de cada empresa en la infracción (sentencia Groupe Danone/Comisión, citada en el apartado 137
supra,
apartado 384).
De ello se desprende que debe desestimarse la alegación de las demandantes basada en la inexistencia de repercusiones concretas
de la infracción sobre los precios.
Por tanto, es necesario verificar si las demandantes formulan otras alegaciones que puedan demostrar que, durante el período
en que las demandantes tomaron parte en los acuerdos ilícitos, se abstuvieron efectivamente de aplicarlos, adoptando un comportamiento
competitivo en el mercado o, cuando menos, que incumplieron clara y sustancialmente las obligaciones encaminadas a poner en
práctica dicha concertación, hasta el punto de perturbar el propio funcionamiento de ésta (véase, en este sentido, la sentencia
del Tribunal de 15 de marzo de 2006, Daiichi Pharmaceutical/Comisión, T‑26/02, Rec. p. II‑713, apartado 113).
Procede señalar que las demandantes no aportan ningún elemento que permita pronunciarse en este sentido. Reconocen, al contrario,
que las distintas empresas, y ellas mismas, aplicaron, casi siempre, el incremento de los precios de las listas acordado durante
las reuniones.
En consecuencia, las demandantes no pueden alegar la supuesta falta de aplicación efectiva de los acuerdos.
En segundo lugar, en lo que respecta a la alegación basada en su supuesta función exclusivamente pasiva o subordinada en la
comisión de la infracción, procede señalar que carece de fundamento.
En efecto, el papel pasivo implica la adopción por parte de la empresa que se trate de una «actitud reservada», es decir,
de una falta de participación activa en la elaboración del acuerdo o acuerdos contrarios a la competencia (sentencias del
Tribunal de 9 de julio de 2003, Cheil Jedang/Comisión, T‑220/00, Rec. p. II‑2473, apartado 167, y de 8 de julio de 2008, Lafarge/Comisión,
T‑54/03, no publicada en la Recopilación, apartado 765).
A este respecto, de la jurisprudencia resulta que, entre las circunstancias que pueden revelar el papel pasivo de una empresa
en unas prácticas colusorias cabe mencionar el hecho de que su participación en las reuniones sea mucho más esporádica que
la de los participantes ordinarios en las prácticas colusorias, así como su entrada tardía en el mercado afectado por la infracción,
con independencia de la duración de su participación en la misma, o también la existencia de declaraciones expresas en tal
sentido formuladas por los representantes de otras empresas que participaron en la infracción (sentencias del Tribunal Cheil
Jedang/Comisión, citada en el apartado 184
supra,
apartado 168; de 29 de abril de 2004, Tokai Carbon y otros/Comisión, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 y T‑252/01,
Rec. p. II‑1181; en lo sucesivo «sentencia Tokai I», apartado 331, y de 29 de noviembre de 2005, Union Pigments/Comisión,
T‑62/02, Rec. p. II‑5057, apartado 126).
En el caso de autos, procede recordar, en primer lugar, que la Comisión acreditó de modo jurídicamente suficiente que las
demandantes participaron en numerosas reuniones del cártel y en encuentros bilaterales, y reiteradamente en varias prácticas
colusorias de las sancionadas por la Decisión impugnada. La alegación de que la frecuencia de los contactos bilaterales entre
dichas empresas y otras empresas participantes en el cártel era menor que la de los contactos bilaterales de Amann y Coats
con sus competidores carece de pertinencia a este respecto.
A continuación, ni Gütermann ni Zwicky invocan circunstancias específicas ni aportan elementos de prueba, como declaraciones
de otros participantes en el cártel, que puedan demostrar que sus actitudes respectivas se diferencian significativamente
del comportamiento de las otras participantes en el cártel por su carácter meramente pasivo o subordinado.
A este respecto, la escasa cuota de mercado o la inexistencia de la misma que invocan no revela en modo alguno una función
pasiva o meramente subordinada. En efecto, sería redundante admitir esta circunstancia como circunstancia atenuante a la vez
que se toma en consideración el tamaño de Gütermann y de Zwicky en el tratamiento diferenciado de las empresas por categorías
para calcular las multas, ya que su tamaño se determina en función de su volumen de negocios y refleja la importancia de cada
empresa para encasillarlas en las distintas categorías.
Ciertamente, el Tribunal admitió, en su sentencia Cheil Jedang/Comisión, citada en el apartado 184
supra
(apartado 180), que la pequeña dimensión de una empresa constituye una circunstancia significativa que debe tomarse en consideración
para apreciar las repercusiones reales de su entrada tardía en el mercado afectado por la infracción y su comportamiento frente
a los demás productores. Sin embargo, el contexto de dicho asunto era muy particular puesto que la empresa en cuestión había
sido manifiestamente «desfavorecida» en comparación con otros productores en las prácticas colusorias relativas a las cuotas
de ventas, lo que podía interpretarse como una consecuencia directa del carácter más esporádico de su participación en las
reuniones y de su entrada tardía en el mercado. Estas circunstancias particulares no se dan en el caso de autos.
Por último, la Comisión estima acertadamente que el papel del presidente, desempeñado en varias reuniones por los representantes
respectivos de Gütermann y Zwicky, confirma la inexistencia de un comportamiento pasivo de dichas empresas.
En efecto, estas empresas no rebaten en modo alguno que dichos representantes asumieron formalmente la presidencia en varias
reuniones. Sin embargo, intentan minimizar dicho papel, invocando el hecho de que, en realidad, era el representante de Coats,
el Sr. L., quien desempeñaba dicho papel de manera efectiva incluso durante la presidencia de sus respectivos representantes.
Sin embargo, si bien es cierto que el correo electrónico de 10 de noviembre de 2000 sobre el que se basan muestra que el representante
de Coats desempeñó un papel activo en la organización de la reunión de 16 de enero de 2001, no es menos cierto que fue el
representante de Zwicky, el Sr. F., quien envió la invitación a los otros participantes. Procede precisar que el hecho de
que dicho envío se realizase el 2 de diciembre de 2000, es decir, justo tras el período infractor considerado en el caso de
Zwicky, carece de relevancia a este respecto. Tal envío constituye la última etapa de un trabajo de preparación que comenzó
tras la recepción del correo electrónico de 10 de noviembre de 2000. En todo caso, el mero hecho de que Zwicky aceptase que
su representante asumiese el papel de presidente muestra una actitud que no fue, en modo alguno, pasiva o subordinada.
En lo que respecta al representante de Gütermann, el Sr. B., éste no sólo asumió la presidencia de las reuniones del cártel,
sino que además las organizó, tal como se desprende de las declaraciones de dicho representante anejas a la respuesta de Gütermann
al pliego de cargos.
Pues bien, es evidente que convocar reuniones, proponer un orden del día y distribuir documentos preparatorios de las reuniones
es incompatible con la función pasiva de un subordinado que adopta una actitud reservada. Las mencionadas iniciativas revelan
una actitud favorable y activa de las demandantes en relación con la elaboración, el seguimiento y el control de la práctica
colusoria (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 27 de septiembre de 2006, Jungbunzlauer/Comisión, T‑43/02,
Rec. p. II‑3435, apartado 257).
En tercer lugar, las demandantes no pueden invocar válidamente las dificultades económicas a las que tuvieron que enfrentarse
durante el período en el que se desarrolló la práctica colusoria. En efecto, fueron precisamente las dificultades a las que
tuvieron que hacer frente todos los operadores en el mercado del hilo industrial a partir de mediados de los años noventa
las que movieron a algunos de ellos, incluidos Gütermann y Zwicky, a adoptar una conducta contraria a la competencia. Pues
bien, como regla general, los cárteles como el del caso de autos nacen en el momento en que un sector atraviesa dificultades
(véase, en este sentido, la sentencia Tokai I, citada en el apartado 185
supra,
apartado 345, y Jungbunzlauer/Comisión, citada en el apartado 194
supra,
apartado 256).
A este respecto, suponiendo que sea cierta la afirmación de Gütermann y Zwicky sobre la existencia de varias decisiones de
la Comisión que tienen en cuenta la mala salud financiera del sector del que se trata, el hecho de que en asuntos anteriores
la Comisión haya tenido en cuenta la situación económica del sector como circunstancia atenuante no implica que necesariamente
deba continuar observando esta práctica (sentencia del Tribunal de 10 de marzo de 1992, ICI/Comisión, T‑13/89, Rec. p. II‑1021,
apartado 372). La Comisión ha de efectuar un análisis individual de las circunstancias propias de cada asunto, sin que esté
vinculada por decisiones anteriores que afectan a otros operadores económicos, a otros mercados de productos y servicios o
a otros mercados geográficos en distintos períodos de tiempo (sentencia del Tribunal de 30 de septiembre de 2003, Cableuropa
y otros/Comisión, T‑346/02 y T‑347/02, Rec. p. II‑4251, apartado 191).
En cuarto lugar, las demandantes sostienen, en sus escritos de réplica, un motivo basado en la violación del principio de
individualización de las penas y sanciones.
Por un lado, procede recordar que, con arreglo al artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, en el curso del
proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante
el procedimiento.
Por otro lado, según reiterada jurisprudencia, procede declarar la admisibilidad de un motivo que constituye una ampliación
de un motivo invocado anteriormente, directa o implícitamente, en el escrito de demanda y que presenta un estrecho vínculo
con éste (sentencias del Tribunal de 19 de septiembre de 2000, Dürbeck/Comisión, T‑252/97, Rec. p. II‑3031, apartado 39; Cableuropa
y otros/Comisión, citada en el apartado 196
supra,
apartado 111, y de 12 de julio de 2007, AEPI/Comisión, T‑229/05, no publicada en la Recopilación, apartado 21).
En el caso de autos, procede señalar, en primer lugar, que en los escritos de demanda no se ha invocado ningún argumento relativo
al principio de individualización de las penas, y, en segundo lugar, que dicho motivo no constituye una ampliación de otro
motivo invocado en dichos escritos y no presenta vínculos estrechos con los motivos mencionados en ellos.
Puesto que el motivo no se refiere tampoco a razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento, debe
declararse su inadmisibilidad.
De ello se desprende que el motivo basado en que no se han tenido en cuenta varias circunstancias atenuantes no puede acogerse.

Sobre el motivo, invocado por Gütermann y Zwicky, basado en la aplicación errónea de la Comunicación sobre la cooperación
Alegaciones de las partes
Se concedió a las demandantes una reducción del 15 % de la multa debido a su cooperación previa al envío del pliego de cargos
y a que en su respuesta a éste no discutieron los hechos. A su juicio, dicha reducción es insuficiente, puesto que la cooperación
que prestaron tras el envío del pliego de cargos fue más allá de la mera falta de impugnación de los hechos.
En primer lugar, las demandantes sostienen que comunicaron informaciones que permitieron a la Comisión obtener una visión
completa del desarrollo, contenido y contexto de las reuniones y contactos bilaterales.
En lo que respecta, en primer lugar, al desarrollo de las reuniones, señalan, con carácter preliminar, que corrigieron las
declaraciones de Coats, quien afirmó erróneamente, que la reunión del 19 de septiembre del 2000 fue la única en la que se
debatió y se llegó a un acuerdo sobre el incremento de los precios de las listas. En efecto, según las demandantes, las negociaciones
relativas a los precios que figuran en las listas y a su incremento tuvieron lugar en todas las reuniones. A continuación,
las demandantes sostienen que las supuestas clarificaciones aportadas por Coats en su respuesta al pliego de cargos se referían
únicamente a los precios especiales y no merman la utilidad de sus rectificaciones. Por último, consideran que sus rectificaciones,
por un lado, y las clarificaciones de Coats, por otro, se produjeron en una fase prácticamente idéntica del procedimiento
administrativo, a pesar de que las segundas llegasen a la Comisión unos días antes que las primeras, y que, en consecuencia,
el orden cronológico no es decisivo para apreciar la cooperación.
En segundo lugar, las demandantes sostienen que fueron las únicas que explicaron claramente que el objetivo de las reuniones
era reducir la diferencia entre los precios netos y los precios del catálogo, según confirma el apartado 167 de la Decisión
impugnada. A este respecto, consideran que la Comisión erró al invocar el apartado 141 del pliego de cargos para afirmar que
ya había observado dicho objetivo y los efectos de los acuerdos sobre los precios que figuraban en las listas. En efecto,
a su juicio, dicho apartado muestra únicamente que la Comisión podía probar que los participantes en las reuniones habían
intentado, en una ocasión, incrementar indirectamente los precios netos previstos, pero no disponía todavía de ninguna indicación
sobre el contexto general de las negociaciones sobre los precios incluidos en las listas.
En segundo lugar, las demandantes alegan que su cooperación fue erróneamente considerada menos útil que la BST, a quien la
Comisión concedió una reducción de la multa del 20 %, y alegan, a este respecto, una violación del principio de igualdad de
trato.
En tercer lugar, las demandantes consideran insuficiente la reducción del 15 % de la multa que les concedió la Comisión, debido
a que de la jurisprudencia y de la práctica decisoria anterior a dicha multa resulta que el no poner en duda la veracidad
de los hechos da lugar a una reducción al menos del 10 %, o incluso del 20 %, de la multa en algunos asuntos. De ello se desprende,
a su juicio, que su cooperación posterior al envío del pliego de cargos, que fue más allá de la mera falta de impugnación
de los hechos, debería haber llevado a la Comisión a concederles una reducción más cuantiosa.
En cuarto lugar, las demandantes sostienen que colaboraron con la Comisión en el sentido de los dos guiones de la sección
D, número 2, de la Comunicación sobre la cooperación y que, por tanto, deberían haber obtenido una reducción de la multa de
al menos dos veces el 10 %.
A este respecto, sostienen que no consta en la Decisión impugnada que la Comisión tuviera en cuenta efectivamente su cooperación
posterior a la recepción del pliego de cargos. Además, incluso en el caso de que la cooperación posterior a la recepción del
pliego de cargos se hubiese limitado a no poner en duda la veracidad de los hechos, consideran que, debido a la falta de impugnación,
debería habérseles concedido una reducción de al menos el 20 %, incluso si su cooperación sirvió únicamente para confirmar
las pruebas de la Comisión. Las demandantes afirman, a este respecto, que, a diferencia de la Comunicación aplicable en el
caso de autos, la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2002, relativa a la dispensa del pago de las multas y la
reducción de su importe en casos de cártel (DO C 45, p. 3) establece el requisito de que los elementos de prueba aporten un
valor añadido significativo a los datos que ya obren en poder de la Comisión.
En quinto lugar, alegan que no se tuvo en absoluto en cuenta la práctica decisoria anterior de la Comisión. En efecto, las
demandantes sostienen, que su cooperación es comparable a la empresa KME en el asunto «Tubos industriales», por la que se
concedió a dicha empresa una reducción de la multa del 30 % [Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre de 2003, relativa
a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/E-1/38.240 – Tubos
industriales, apartado 423)]. Consideran que la única diferencia reside en el hecho de que las demandantes aportaron las correcciones
a las declaraciones realizadas por los otros participantes en la respuesta al pliego de cargos y no antes. Ahora bien, a su
juicio, la sección D, número 2 de la Comunicación sobre la cooperación no lleva a apreciar de manera diferente las contribuciones
de las empresas para esclarecer los hechos según se aporten antes o después del envío del pliego de cargos, de manera que
la Comisión debería haberles concedido igualmente una reducción total de su multa de al menos el 30 %.
La Comisión rechaza este motivo.
Apreciación del Tribunal
En su Comunicación sobre la cooperación, la Comisión define las condiciones en las que las empresas que cooperen con ella
en el marco de su investigación sobre un acuerdo pueden quedar exentas del pago de la multa o beneficiarse de una reducción
del importe de la multa que, en principio, habrían tenido que pagar (véase la sección A, número 3, de la Comunicación sobre
la cooperación).
Con arreglo a la sección D, número 1, de la Comunicación sobre la cooperación «cuando una empresa coopere sin que se reúnan
todas las condiciones establecidas en las secciones B o C, gozará de una reducción del 10 al 50 % del importe de la multa
que se le habría impuesto a falta de cooperación».
La sección D, número 2, de la Comunicación sobre la cooperación precisa:
«Así sucederá cuando:
–        antes del envío del pliego de cargos una empresa facilite a la Comisión información, documentos u otros elementos de prueba
que contribuyan a confirmar la existencia de la infracción,
–        tras recibir el pliego de cargos, una empresa informe a la Comisión de que no pone en duda la veracidad de los hechos sobre
los que la Comisión funda sus acusaciones».
En el caso de autos, de la Decisión impugnada resulta que la Comisión decidió conceder a Gütermann y a Zwicky el beneficio
de una reducción del 15 % del importe de la multa, con arreglo a la sección D, número 2, guiones primero y segundo, de la
Comunicación sobre la cooperación (Decisión impugnada, considerando 397).
Para justificar su apreciación, la Comisión señala, con carácter preliminar, que las informaciones, documentos y otras pruebas
aportados por Gütermann y Zwicky antes del envío del pliego de cargos contribuyeron materialmente a establecer la existencia
de la infracción (Decisión impugnada, considerando 395). A continuación, indica que las demandantes admitieron, en su primera
respuesta a la petición de informaciones, que habían intercambiado y negociado las listas de precios durante las reuniones.
Por último, la Comisión destaca que no pusieron en duda de manera substancial los hechos sobre los que funda sus acusaciones
(Decisión impugnada, considerando 396).
–       En lo que respecta a la utilidad de la cooperación
Con carácter preliminar, procede señalar que las demandantes no niegan que, con arreglo a lo que señala el considerando 385
de la Decisión impugnada, no reúnen los requisitos de aplicación de las secciones B y C de la Comunicación sobre la cooperación,
de manera que su comportamiento debe apreciarse en relación con la sección D de dicha Comunicación titulada «Reducción significativa
del importe de la multa».
A continuación, procede recordar que la Comisión goza de un amplio margen de apreciación por lo que se refiere al método de
cálculo de las multas y puede tener en cuenta, a este respecto, numerosos factores, entre los que figura la cooperación de
las empresas implicadas en la investigación realizada por sus servicios. En este marco, la Comisión está facultada para efectuar
apreciaciones fácticas complejas, como las que se refieren a la cooperación respectiva de dichas empresas (sentencia del Tribunal
de Justicia de 10 de mayo de 2007, SGL Carbon/Comisión, C‑328/05 P, Rec. p. I‑3921, apartado 81).
A este respecto, la Comisión dispone de una amplia facultad de apreciación a la hora de valorar la relevancia y utilidad de
la cooperación prestada por una empresa, en especial en comparación con las contribuciones de otras empresas (sentencia SGL
Carbon/Comisión, citada en el apartado 219
supra,
apartado 88).
Por último, hay que señalar que, según la jurisprudencia, la reducción de las multas en caso de cooperación de las empresas
que hayan participado en infracciones del Derecho comunitario de la competencia se basa en la consideración de que tal cooperación
facilite la labor de la Comisión de declarar la existencia de una infracción y, en su caso, poner fin a la misma (sentencia
del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a
C‑208/02 P y C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, apartado 399; sentencia del Tribunal General de 14 de mayo de 1998, Finnboard/Comisión,
T‑338/94, Rec. p. II‑1617, apartado 363). Habida cuenta de la razón de ser de la reducción, la Comisión no puede hacer caso
omiso de la utilidad de la información aportada, que depende necesariamente de los elementos de prueba en su posesión.
En este sentido, de la jurisprudencia resulta que, cuando la cooperación de una empresa se limita a confirmar, de manera menos
precisa y explícita, parte de la información ya facilitada por la colaboración de otra empresa, el grado de cooperación prestado
por esa empresa, pese a que pueda no carecer de una determinada utilidad para la Comisión, no puede considerarse comparable
al prestado por la primera empresa que le facilitó dicha información. Una declaración que se limita a corroborar, en cierta
medida, una declaración de la que la Comisión ya disponía no facilita, en efecto, la labor de la Comisión de manera significativa.
En consecuencia, no es suficiente para justificar una reducción por cooperación del importe de la multa (véase, en este sentido,
la sentencia Groupe Danone/Comisión, citada en el apartado 137
supra,
apartado 455).
En el caso de autos, es necesario precisar, en primer lugar, que el hecho de que la posibilidad de una transmisión de informaciones
y de nuevos elementos de prueba con posterioridad al envío del pliego de cargos no se incluya en la sección D, número 2, de
la Comunicación sobre la cooperación, no excluye en modo alguno que dicha circunstancia pueda dar lugar a una reducción de
la multa sobre la base de dicha disposición. En efecto, la lista de circunstancias que figuran en la sección D, número 2,
tiene únicamente carácter indicativo, como lo confirma la utilización del adverbio «notamment» (en particular) en la versión
francesa de dicha Comunicación (sentencia del Tribunal de 13 de diciembre de 2001, Krupp Thyssen Stainless y Acciai speciali
Terni/Comisión, T‑45/98 y T‑47/98, Rec. p. II‑3757, apartado 274).
La sentencia del Tribunal de Justicia, de 14 de julio de 2005, ThyssenKrupp/Comisión (C‑65/02 P y C‑73/02 P, Rec. p. I‑6773,
apartado 59) confirma este análisis en la medida en que el Tribunal de Justicia admite que la Comisión puede tener en cuenta
la admisión por las empresas de la calificación jurídica de los hechos que se les reprochan en una fase avanzada del procedimiento,
lo que al fin y al cabo viene a equipararse a una admisión de la infracción. Ahora bien, esta hipótesis está recogida en las
secciones B y C de la Comunicación sobre la cooperación, pero no se contempla explícitamente en la sección D. Sin embargo,
el Tribunal de Justicia consideró que no hay nada que impida recompensar a una empresa por tal admisión, a pesar de que ésta
haya tenido lugar en una fase más avanzada del procedimiento que la contemplada en las secciones B y C de la Comunicación
sobre la cooperación Al optar por esta solución, el Tribunal de Justicia confirma el principio más general de que la clemencia
es una recompensa que la Comisión otorga por facilitar la constatación de la infracción, sin importar la fase en la que la
empresa aporte su ayuda, tanto si la ayuda consiste en informaciones y elementos de prueba nuevos como si se trata de la admisión
de elementos fácticos o de la calificación jurídica de los mismos.
De ello se desprende que, en el caso de autos, la cuestión de si las informaciones y los elementos de prueba nuevos aportados
por Gütermann y Zwicky tras la recepción del pliego de cargos deben tenerse en cuenta, y, en consecuencia, dar lugar a una
eventual reducción de la multa por el hecho de haber cooperado, depende principalmente de la calidad y la utilidad de la cooperación
aportada que la Comisión evalúa en el marco de su amplio margen de apreciación, como se recuerda en los apartados 219 y 220
anteriores.
En consecuencia, no se puede dar una respuesta satisfactoria a dicha cuestión con la mera declaración de que las informaciones
y elementos de prueba se aportaron tras el envío del pliego de cargos, sino que, al contrario es necesario determinar concretamente,
tanto respecto de la calidad y utilidad de tales informaciones y elementos de prueba como del momento en que se aportaron,
si la Comisión cometió un error manifiesto al apreciar el grado de cooperación de Gütermann y Zwicky.
En necesario señalar, con carácter preliminar, que las demandantes no niegan la afirmación de que las informaciones de Coats
fueron determinantes para establecer la existencia del cártel en el mercado del hilo industrial del Benelux y de los países
nórdicos. El considerando 387 de la Decisión impugnada enumera a este respecto las pruebas aportadas por Coats utilizadas
en apoyo de numerosos apartados del pliego de cargos.
Sin embargo las demandante alegan que rectificaron las declaraciones de Coats relativas a la frecuencia de las reuniones sobre
las listas de precios y el incremento de los mismos y la de las reuniones sobre los precios especiales.
En lo que respecta, en primer lugar, a la frecuencia de las reuniones sobre las listas de precios y el incremento de los mismos,
las demandantes se basan erróneamente en una declaración del representante de Coats incluida en la solicitud de aplicación
de la Comunicación sobre la cooperación, según la cual la reunión del 19 de septiembre de 2000 fue la única reunión en la
que se debatió y se llegó a un acuerdo sobre el incremento de los precios reales («actual prices»).
En efecto, la Comisión declara, en el apartado 100 del pliego de cargos que los proveedores, entre los que figuran Coats,
BST, Gütermann y Zwicky, habían admitido que en las reuniones se habían discutido e intercambiado listas de precios. Además,
de las alegaciones contenidas en el apartado 102 del pliego de cargos resulta que, a diferencia de Gütermann y Zwicky, Coats
reconoció que, en dichas reuniones, las empresas se pusieron de acuerdo sobre las futuras listas de precios y las fechas en
las que se aplicaría el incremento de los precios. Las informaciones de Gütermann y Zwicky relativas a los precios reales
no han arrojado nueva luz sobre lo que ya sabía la Comisión. Por tanto, la alegación de las demandantes carece de pertinencia.
En segundo lugar, respecto de la frecuencia de las negociaciones sobre los precios especiales, procede señalar que, en el
apartado 107 del pliego de cargos, la Comisión indica que los proveedores, incluido Coats, negaron u omitieron la indicación
de haber intercambiado información y concluir acuerdos relativos a los precios especiales y a los precios netos. Además, en
lo que respecta al intercambio de informaciones sobre los descuentos y rebajas, la Comisión afirma, en el apartado 105 del
pliego de cargos, que los proveedores, a excepción de Coats durante el período anterior a mediados de los noventa, negaron
u omitieron su existencia. Procede igualmente señalar que las empresas afectadas, como es el caso de Coats, Zwicky, Gütermann
y BST, sólo señalaron que los precios especiales habían sido objeto de discusiones y acuerdos en las reuniones tras la recepción
del pliego de cargos.
Sin embargo, la Comisión sostiene, acertadamente, que podía demostrar tales elementos de la infracción gracias a los documentos
que Coats había aportado junto con su respuesta a la solicitud de información. Se trata, en primer lugar, del acta de una
reunión de 8 de septiembre de 1998, redactada por un representante de Barbour Threads, en la que se indica la existencia de
acuerdos que establecen disminuciones y reducciones de los descuentos así como de acuerdos sobre el incremento de los precios
especiales. La Comunicación se refiere a dicho documento en varias ocasiones en el pliego de cargos (apartados 106, 108 y
121). A continuación, menciona un correo electrónico de 10 de octubre del 2000, adjunto a las declaraciones del representante
de Coats, F. S., que confirma que la reducción de los descuentos y el incremento de los precios especiales se acordaron en
una reunión del 19 de septiembre del 2000. La Comisión lo menciona en el apartado 126 del pliego de cargos. Por último, hace
referencia a correos electrónicos aportados por Coats junto con su petición de clemencia, entre los que figura el de octubre
del 2000 que menciona el intercambio de informaciones con Amann y Gütermann sobre los precios especiales. Este documento se
menciona en el apartado 133 del pliego de cargos, en la nota a pie de página nº 268.
Es igualmente acertada la declaración de la Comisión de que las informaciones aportadas por BST la habían ayudado también
a apreciar las discusiones y acuerdos sobre los precios especiales. En efecto, dicha apreciación resulta, en particular, de
los apartados 104 y 106 del pliego de cargos, así como de las notas a pie de página 173, 174 y 176 del mismo.
De ello se desprende que las supuestas rectificaciones aportadas por las demandantes al pliego de cargos no son más que confirmaciones
de lo que la Comisión ya sabía gracias a las referidas informaciones aportadas con anterioridad al envío de dicho documento.
Así pues, el hecho de que las informaciones de Coats relativas a los precios especiales aportadas en respuesta dicho documento
llegasen a la Comisión antes que las aportadas por las demandantes no influye en modo alguno sobre la apreciación de la cooperación
prestada por éstas.
En segundo lugar, debe desestimarse la alegación de las demandantes de que fueron las única empresas que explicaron, en su
respuesta al pliego de cargos, que el objetivo de las reuniones era reducir la diferencia entre los precios del catálogo y
los precios netos reales y aumentar indirectamente los precios netos para diferentes productos.
En efecto, si bien es cierto que en el considerando 167 de la Decisión impugnada, la Comisión toma prestada una cita de Gütermann
contenida en su respuesta al pliego de cargos para explicar el objetivo de las reuniones, no lo es menos que ya había observado
dicho objetivo así como los efectos de los acuerdos, tal como se desprende de los apartados 141 y 142 del pliego de cargos.
Las informaciones que se mencionan en dichos apartados fueron aportadas por Coats en el marco de su petición de clemencia
y permitieron a la Comisión, gracias al ejemplo concreto de incremento de los precios del catálogo que contiene, dar indicaciones
sobre el contexto general de las discusiones sobre los precios que figuran en las listas.
–       En cuanto a la apreciación supuestamente errónea de la cooperación en comparación con la de BST.
En cuanto a la petición de las demandantes de que se les aplique una reducción al menos equivalente a la de BST, procede recordar
que, según reiterada jurisprudencia, al valorar la colaboración prestada por las empresas implicadas, la Comisión no puede
desconocer el principio de igualdad de trato, que sólo se viola cuando se tratan de manera diferente situaciones que son comparables
o cuando situaciones diferentes se tratan de manera idéntica, a menos que ese trato esté objetivamente justificado (véase
la sentencia Tokai I, citada en el apartado 185
supra,
apartado 394, y la jurisprudencia citada). Sin embargo, procede reconocer a la Comisión un amplio margen de apreciación para
evaluar la calidad y la utilidad de la cooperación prestada por los distintos miembros de un cártel, y sólo el hecho de sobrepasar
manifiestamente dicho margen de apreciación puede ser censurado.
Pues bien, de la comparación de la cooperación prestada por ambas empresas resulta que la Comisión no violó en modo alguno
el principio de igualdad de trato.
En efecto, en lo que respecta, en primer lugar, a la cooperación prestada antes del envío del pliego de cargos el 15 de marzo
de 2004, la Comisión considera que BST la ayudó considerablemente a determinar el contenido de numerosos acuerdos [entre los
que figura la mayor parte del contenido de los acuerdos concluidos a principios de los años noventa, el contenido del acuerdo
concluido en Viena (Austria), el 8 de octubre de 1996, y el concluido en Zúrich (Suiza), el 9 de septiembre de 1997], que
fue la única empresa que aportó las listas de precios recibidas de sus competidores en las reuniones y que aportó informaciones
que iban más allá de las que se solicitaron en la solicitud de información. A este respecto la Comisión se refiere en apoyo
de sus declaraciones a las numerosas notas a pie de página del pliego de cargos, que demuestran que BST aportó un gran número
de pruebas (entre las que figura el anexo 14 de la respuesta de BST a la solicitud de información, que contiene las listas
de precios que se intercambiaron en las reuniones) y que, por tanto, resultó ser una fuente importante de información en el
marco de sus comprobaciones provisionales.
En lo que respecta a la cooperación de las demandantes anterior al envío del pliego de cargos, hay que señalar que la Comisión
admite que, en efecto, éstas aportaron igualmente documentos que permiten hacerse una idea de las reuniones de principios
de los años noventa. Aun así, la Comisión consideró que dichas informaciones resultaron de menor utilidad que las aportadas
por BST. Las demandantes no niegan esta afirmación, sino que se limitan a recalcar que las informaciones que obraban en su
poder no les permitían saber que BST aportó más informaciones y elementos de prueba que ella. Pues bien, tal como se ha señalado
anteriormente, de los considerandos 391 a 397 de la Decisión impugnada así como de las numerosas referencias a los documentos
aportados por BST contenidas en las notas a pie de página en apoyo de las apreciaciones efectuadas por la Comisión en el pliego
de cargos, se desprende claramente que la cooperación de BST fue de mayor entidad.
En lo que respecta, en segundo lugar, a la cooperación posterior a la recepción del pliego de cargos, de la Decisión impugnada
resulta que tanto BST como las demandantes no negaron la veracidad de los hechos comprobados y que las tres empresas cooperaron
de manera idéntica en dicha fase del procedimiento. En efecto, a la luz de las consideraciones contenidas en los apartados
228 a 237 anteriores, las demandantes yerran al afirmar que aportaron informaciones que la Comisión no conocía tras el envío
del pliego de cargos. Por lo tanto, no pueden afirmar que las informaciones que comunicaron a la Comisión presentaban tal
utilidad que justificaba la concesión de una reducción al menos idéntica a la concedida a BST.
Incluso suponiendo que haya que admitir que las demandantes aportaron precisiones tan útiles como las de BST sobre algunos
puntos del pliego de cargos, la Comisión no cometió ningún error manifiesto de apreciación al privilegiar el hecho de que
BST aportó las informaciones y los elementos de prueba antes del envío del pliego de cargos.
–       En cuanto a la aplicación supuestamente errónea de la Comunicación sobre la cooperación y la supuesta falta de consideración
de la jurisprudencia del Tribunal
Las demandantes sostienen erróneamente que la Comisión debería haberles concedido a cada una la reducción de la multa de,
al menos, dos veces el 10 %, es decir, un mínimo del 20 %, puesto que reconoció que su cooperación cumplía los requisitos
de las dos categorías de comportamientos mencionados en la sección D de la Comunicación sobre la cooperación.
En efecto, resulta obligado hacer constar que el abanico previsto en la sección D de la Comunicación sobre la cooperación
va del 10 % al 50 %, sin fijar criterios específicos para modular la cuantía de la reducción dentro de dicho intervalo. Por
lo tanto, la Comunicación sobre la cooperación no suscita una confianza legítima en la posibilidad de obtener un porcentaje
específico de reducción. Además, en contra de lo que sostienen, en esencia, las demandantes, no debe interpretarse en modo
alguno que la sección D de la Comunicación sobre la cooperación obliga a la Comisión a conceder una reducción mínima específica
del 10 % para cada caso de cooperación que se declare de los comprendidos en dicho texto, sino que, al contrario, establece
una única reducción de, al menos, el 10 %.
Así, mientras la Comisión no exceda manifiestamente el amplio margen de apreciación de que dispone para evaluar la medida
en que la cooperación de la empresa facilitó su trabajo, puede perfectamente mencionar, en su Decisión, los porcentajes específicos
que aplicables a cada caso de cooperación declarado correspondiente a la sección D de la Comunicación sobre cooperación y
adicionarlos a continuación, o mencionar únicamente un porcentaje global que considere aplicable en los mismos casos. En efecto,
tal como sostiene acertadamente la Comisión, la evaluación de la utilidad de la cooperación no se basa en modo alguno en una
fórmula aritmética que implique de oficio una reducción de al menos el 20 % si los dos guiones de la sección D son aplicables.
A este respecto, la sentencia Tokai I, citada en el apartado 185
supra,
invocada por las demandantes no desvirtúa esta apreciación. En efecto, de la Decisión 2002/271/CE de la Comisión, de 18 de
julio de 2001, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto
COMP/E-1/36.490 – Electrodos de grafito) (DO 2002, L 100, p. 1), de que se trata en dicha sentencia, resulta que, en el caso
de la dicha empresa, la Comisión se basó única y expresamente en el primer guión de la sección D, apartado 2, de la Comunicación
sobre la cooperación. Ahora bien, el Tribunal declaró que la empresa en cuestión había cooperado igualmente sobre la base
del segundo guión. La Comisión explicó que había llevado a cabo una única reducción que reagrupaba los dos tipos de cooperación.
Sin embargo, a diferencia del presente asunto, la apreciación de la falta de impugnación de los hechos por parte de la sociedad
en cuestión no se hallaba en ninguno de los considerandos relativos a la cooperación de dicha empresa. Es por ello que el
Tribunal consideró que debía declarar que la Comisión no había otorgado a la empresa en cuestión el beneficio de lo dispuesto
por la sección D, apartado 2, segundo guión, de la Comunicación sobre la cooperación.
–       En cuanto a la supuesta falta de consideración de la práctica decisoria anterior
La alegación basada en una supuesta práctica anterior de la Comisión invocada por las demandantes debe desestimarse. En efecto,
el mero hecho de que la Comisión haya concedido en sus decisiones anteriores cierto porcentaje de reducción por un determinado
comportamiento no implica que esté obligada a conceder la misma reducción proporcional al valorar un comportamiento similar
en un procedimiento administrativo posterior (sentencia Brugg Rohrsysteme/Comisión, citada en el apartado 50
supra,
apartado  193).
En todo caso, la cooperación de las demandantes no es en modo alguno comparable a la de la empresa KME, reconocida en la Decisión
de la Comisión, de 16 de diciembre de 2003, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y con el artículo
53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/E-1/38.240 – Tubos industriales), que invocan. De dicha Decisión se desprende que KME cooperó
de manera considerable antes de la recepción del pliego de cargos, y contribuyo a demostrar materialmente la existencia del
cártel durante toda su duración. En efecto, KME aportó documentos relativos a la infracción y una descripción detallada del
funcionamiento del cártel que explicaba en detalle en que contexto se situaban los distintos documentos que la Comisión descubrió
durante las inspecciones. La cooperación de las demandantes previa al envío del pliego de cargos no tuvo tal magnitud.
En vista de todo lo anterior, procede desestimar el motivo basado en la aplicación errónea de la Comunicación sobre la cooperación.

Sobre el motivo, invocado por Gütermann y Zwicky, basado en el carácter desproporcionado de la multa
Alegaciones de las partes
Las demandantes presentan varias alegaciones en apoyo de su motivo basado en el carácter desproporcionado de la multa.
En primer lugar, sostienen que la Comisión no tuvo en cuenta las dificultades económicas considerables que atravesaban desde
hacía años debido a las modificaciones estructurales de la industria del hilo. En efecto, alegan que la crisis del sector
disminuyó sus beneficios y llevó a Zwicky a poner fin a sus actividades en el mercado en noviembre del 2000. Consideran que
la Comisión ignoró igualmente los problemas bancarios a los que Gütermann tuvo que hacer frente y los intereses suplementarios
que se derivaron de los mismos.
En segundo lugar, sostienen que las multas impuestas a Gütermann (4,021 millones de euros) y a Zwicky (0,174 millones de euros)
son desproporcionadas con respecto al volumen de negocios que realizaron en el mercado afectado por la infracción. En este
sentido, alegan que el resultado de explotación de Gütermann después de impuestos ascendió, durante los once años y medio
que duró la infracción, a 318.000 euros, y el volumen de negocios del año 2000 realizado por Zwicky ascendió únicamente a
200.000 euros.
Asimismo, Gütermann, seguida en este sentido por Zwicky en su escrito de réplica, sostiene que los importes de partida utilizados
para calcular las multas (2,2 millones de euros para Gütermann y 100.000 euros para Zwicky), son, por un lado, desproporcionados
con respecto al volumen de negocios acumulado de todas las empresas realizado con los productos afectados por la infracción
(50 millones de euros) y, por otro, exagerados al comparar esta última cifra, que refleja el tamaño del mercado de los productos
afectados por la infracción, y el tamaño del mercado mundial del hilo industrial (4 a 5 mil millones de euros).
Según las demandantes la Comisión tenía la obligación, con arreglo a la jurisprudencia, de tener en cuenta el tamaño del mercado
afectado en el examen de la gravedad de la infracción y del carácter proporcionado de la multa. A su juicio, la Comisión yerra
al afirmar que dicho criterio no constituye más que un factor entre otros, de manera que no tenía la obligación de tomarlo
en consideración.
En tercer lugar, Gütermann sostiene que el método de cálculo utilizado para obtener el importe de la multa que se le ha impuesto
perjudica claramente a las pequeñas y medianas empresas. En efecto, alega que no se tiene en cuenta el tamaño de estas empresas
y, en consecuencia, las multas que se obtienen por este método de cálculo son desproporcionadas. Añade que, en el caso de
autos, ello lleva a que la multa que se le ha impuesto sea desproporcionada respecto de las impuestas a otras empresas como
BST o Coats.
En cuarto lugar, consideran que la aplicación de las Directrices en el presente asunto no resulta apropiada, en particular,
desde el punto de vista de la igualdad de trato, en lo que concierne a futuros asuntos relativos a pequeñas y medianas empresas
para las que las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a),
del Reglamento (CE) nº 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2) prevén un trato más equitativo.
La Comisión rechaza este motivo.
Apreciación del Tribunal
En primer lugar, las demandantes cometen un error al afirmar que la multa que se les ha impuesto es desproporcionada en vista
de su situación financiera precaria y del riesgo de que la multa acarree su desaparición.
En efecto, según reiterada jurisprudencia y tal como se recuerda en el considerando 404 de la Decisión impugnada, la Comisión
no está obligada a tomar en consideración la situación financiera deficitaria de una empresa infractora al determinar el importe
de la multa, ya que el reconocimiento de tal obligación equivaldría a procurar una ventaja competitiva injustificada a las
empresas menos adaptadas a las condiciones del mercado (sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de noviembre de 1983, IAZ
International Belgium y otros/Comisión, 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 y 110/82, Rec. p. 3369, apartados 54 y 55;
Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 221
supra,
apartado 327, y de 29 de junio de 2006, SGL Carbon/Comisión, C‑308/04 P, Rec. p. I‑5977, apartado 105).
Por otra parte, suponiendo que una medida adoptada por una autoridad comunitaria provoque la liquidación de una empresa, tal
liquidación de una empresa en su forma jurídica en cuestión, aunque puede perjudicar a los intereses financieros de los propietarios,
accionistas o titulares de acciones, no significa sin embargo que los elementos personales, materiales e inmateriales representados
por las empresas pierdan también ellos su valor (sentencia Tokai I, citada en el apartado 185
supra,
apartado 372).
A la luz de esta jurisprudencia, procede declarar que la Comisión no tenía ninguna obligación de tener en cuenta la situación
económica de Gütermann en la Decisión impugnada ni de mencionar la explicaciones de dicha empresa relativas a tal situación.
El hecho de que la Comisión considerase oportuno mencionar la situación financiera de Zwicky, y no la de Gütermann, se comprende
perfectamente en vista de la situación económica particularmente difícil de Zwicky, lo que le llevó a vender sus actividades
relativas al hilo industrial a Gütermann.
En segundo lugar, las demandantes reprochan, en esencia, a la Comisión que no tuviera en cuenta el tamaño del mercado afectado
e impusiera, en consecuencia, una multa desproporcionada respecto a dicho tamaño. Invocan igualmente el carácter desproporcionado
de la multa respecto del volumen de negocios que cada una de ellas realizó en el mercado afectado por la infracción así como
el carácter desproporcionado del importe de partida de la multa respecto de su volumen de negocios respectivo.
Con carácter preliminar, procede señalar que el principio de proporcionalidad exige que los actos de las instituciones comunitarias
no rebasen los límites de lo que resulte apropiado y necesario para conseguir el objetivo perseguido. En el contexto del cálculo
de las multas, la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores y que no hay que
atribuir a ninguno de estos factores una importancia desproporcionada en relación con los demás elementos de apreciación.
El principio de proporcionalidad implica en este contexto que la Comisión debe fijar la multa en proporción a los elementos
tenidos en cuenta para apreciar la gravedad de la infracción y, a este respecto, debe aplicar dichos elementos de forma coherente
y justificada objetivamente (sentencia Jungbunzlauer/Comisión, citada en el apartado 194
supra,
apartados 226 a 228).
En lo que respecta al reproche que se hace a la Comisión de que no tuvo en cuenta el tamaño del mercado en cuestión, procede
recordar que, con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y al artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003,
la Comisión puede imponer a las empresas multas por un importe que no exceda el 10 % del volumen de negocios realizado durante
el ejercicio social anterior por cada empresa que hubiere tomado parte en la infracción. Para determinar el importe de la
multa dentro de dicho límite, dichas disposiciones establecen que se debe tomar en consideración la gravedad y la duración
de la infracción. Además, con arreglo a las Directrices, la Comisión fija el importe de partida en función de la gravedad
de la infracción teniendo en cuenta la naturaleza misma de la infracción, sus repercusiones concretas sobre el mercado, siempre
y cuando se puedan determinar, y la dimensión del mercado geográfico.
Así, ni el Reglamento nº 17, ni el Reglamento nº 1/2003, ni las Directrices, establecen que el importe de las multas deba
fijarse directamente en función del tamaño del mercado afectado, ya que dicho elemento no es más que un elemento pertinente
entre otros. Por tanto, este marco jurídico no obliga, como tal, a la Comisión a tener en cuenta el tamaño reducido del mercado
del producto (sentencia del Tribunal de 27 de septiembre de 2006, Roquette Frères/Comisión, T‑322/01, Rec. p. II‑3137, apartado 148).
No obstante, según la jurisprudencia, para apreciar la gravedad de una infracción, la Comisión ha de tener en cuenta gran
número de elementos cuyo carácter e importancia varían según el tipo de infracción de que se trate y las circunstancias particulares
de cada infracción (sentencia Musique Diffusion française y otros/Comisión, citada en el apartado 78
supra,
apartado 120). Entre dichos elementos indicativos de la gravedad de una infracción, no puede excluirse que pueda figurar,
según cada caso, el tamaño del mercado del producto de que se trate.
Por consiguiente, aunque el tamaño del mercado pueda constituir un elemento que ha de tomarse en consideración para determinar
la gravedad de la infracción, su importancia varía en función del tipo de infracción y de las circunstancias particulares
de la infracción de que se trate.
En el caso de autos, la infracción consistió, esencialmente, en el intercambio de información delicada sobre las listas de
precios y/o los precios cobrados a clientes individuales, en ponerse de acuerdo sobre los incrementos de precios y/o los precios
indicativos, en evitar la competencia en los precios en beneficio del proveedor dominante y en repartirse los clientes (Decisión
impugnada, considerandos 99 a 125 y 345). Tales prácticas constituyen una restricción horizontal del tipo «cárteles de precios»
en el sentido de las Directrices y son, por su naturaleza, «muy graves». En este contexto la pequeña dimensión del mercado
en cuestión, suponiendo que sea cierta, tiene poca importancia con respecto a los demás elementos que confirman la gravedad
de la infracción.
En todo caso, procede tener en cuenta que la Comisión estimó que la infracción debía calificarse de muy grave en el sentido
de las Directrices, las cuales establecen, para tales casos, que la Comisión puede prever un importe de partida superior a
los 20 millones de euros. En el caso de autos, la Comisión distribuyó, en la Decisión impugnada, las empresas afectadas en
varias categorías según su importancia relativa en el mercado en cuestión. Del considerando 358 de la Decisión impugnada resulta
que la Comisión utilizó un importe de partida de tan sólo 14 millones de euros para las empresas pertenecientes a la primera
categoría, de 5,2 millones de euros para la perteneciente a la segunda categoría, de 2,2 millones de euros para las incluidas
en la tercera categoría (entre las que figura Gütermann) y de 0,1 millones de euros para la perteneciente a la cuarta categoría
(en este caso, Zwicky). De ello se desprende que los importes que sirvieron de punto de partida para el cálculo de las multas
impuestas a Gütermann y a Zwicky son netamente inferiores al que la Comisión habría podido prever en virtud de las Directrices
para las infracciones muy graves. Esta determinación del importe de partida de la multa confirma que se tuvo en cuenta la
dimensión del mercado de los productos de que se trata.
A la luz de estas consideraciones, procede declarar que las multas impuestas a Gütermann y a Zwicky no son en absoluto desproporcionadas
respecto de la dimensión del mercado del hilo industrial en el Benelux y en los países nórdicos.
Además, debe igualmente desestimarse la alegación basada en el carácter desproporcionado del importe de partida de las multas
respecto del volumen de negocios de Gütermann y de Zwicky en el mercado de que se trata.
En efecto, procede señalar que, para fijar el importe de partida de las multas, determinado en función de la gravedad de la
infracción, la Comisión estimó necesario aplicar un trato diferenciado a las empresas implicadas en los cárteles, para tener
en cuenta la capacidad económica efectiva de los responsables del daño significativo a la competencia, así como fijar la multa
a un nivel que garantice un efecto disuasorio suficiente. La citada institución añadió que era necesario tener en cuenta el
peso específico de la conducta irregular de cada empresa y, por lo tanto, su impacto real en la competencia. Para valorar
estos elementos, la Comisión decidió basarse en el volumen de negocios realizado por cada empresa en el mercado en cuestión
y para el producto afectado por el cártel.
En consecuencia, y como se señaló en el apartado 270 anterior, la Comisión distribuyó las empresas en cuestión en cuatro categorías.
Habida cuenta de su volumen de negocios de 2,36 millones de euros, Gütermann, fue incluida en la tercera categoría, y Zwicky,
visto su volumen de negocios de 0,2 millones de euros, en la cuarta. La Comisión se basó en un importe de partida, determinado
en función de la gravedad de la infracción, de 2,2 millones de euros en el caso de Gütermann y de 0,1 millones de euros en
el de Zwicky (Decisión impugnada, considerandos 356 a 358).
Según reiterada jurisprudencia la parte del volumen de negocios correspondiente a las ventas de los productos a los que afecta
la infracción puede dar una indicación de la amplitud de la infracción en el mercado de que se trate (sentencias Cheil Jedang/Comisión,
citada en el apartado 184
supra,
apartado 91, y Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión, citada en el apartado 79
supra,
apartado 196). En efecto, dicho volumen de negocios proporciona una indicación adecuada de la responsabilidad de cada miembro
en dichos mercados, puesto que constituye un elemento objetivo que ofrece una justa medida de la nocividad de dicha práctica
para el juego normal de la competencia y representa, por tanto, un buen indicador de la capacidad de cada empresa de que se
trata de infligir un daño.
Habida cuenda de estas consideraciones, procede concluir que los importes de partida utilizados en el marco del cálculo de
las multas impuestas a Gütermann y a Zwicky no son en absoluto desproporcionados respecto del volumen de negocios de dichas
empresas en el mercado de que se trata.
De ello se desprende que también debe desestimarse la alegación basada en el carácter desproporcionado de la multa respecto
de los volúmenes de negocios respectivos de las demandantes realizados en el mercado afectado por la infracción. En efecto,
las demandantes, no pueden concluir válidamente que el importe final de la multa que se les ha impuesto es desproporcionado,
dado que el importe de partida de sus multas está justificado a la luz de los criterios empleados por la Comisión para apreciar
la importancia de cada una de las empresas en el mercado en cuestión (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal
General de 20 de marzo de 2002, LR AF 1998/Comisión, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, apartado 304, y de 5 de diciembre de 2006,
Westfalen Gassen Nederland/Comisión, T‑303/02, Rec. p. II‑4567, apartado 185). En todo caso, procede señalar que el Derecho
comunitario no contiene ningún principio de aplicación general según el cual la sanción deba ser proporcionada al volumen
de negocios realizado por la empresa gracias a la venta del producto objeto de la infracción (véase, en este sentido, la sentencia
del Tribunal de Justicia de 18 de mayo de 2006, Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión, C‑397/03 P,
Rec. p. I‑4429, apartado 339).
En tercer lugar, debe igualmente desestimarse la alegación de Gütermann según la cual el método de cálculo perjudica a las
pequeñas y medianas empresas y da lugar, en el caso de autos, a la imposición en su contra de una multa desproporcionada respecto
de las impuestas a las otras empresas.
Puesto que la Comisión no está obligada a calcular la cuantía de la multa partiendo de importes basados en el volumen de negocios
de las empresas implicadas, tampoco tiene que garantizar que, en el caso de que se impongan multas a varias empresas implicadas
en una misma infracción, los importes definitivos de las multas a dichas empresas resultantes de sus cálculos reflejen cualquier
diferencia existente entre ellas en cuanto a su volumen de negocios global o a su volumen de negocios en el mercado del producto
de que se trate (sentencia del Tribunal de 20 de marzo de 2002, Dansk Rørindustri/Comisión, T‑21/99, Rec. p. II‑1681, apartado 202).
A este respecto, procede señalar que el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y el artículo 23, apartado 3, del Reglamento
nº 1/2003 tampoco exigen que, en el supuesto de que se impongan multas a varias empresas implicadas en una misma infracción,
el importe de la multa impuesta a una empresa pequeña o mediana no sea superior, en porcentaje de volumen de negocios, al
de las impuestas a las empresas más grandes. En realidad, de dicho precepto se desprende que, tanto en el caso de las empresas
pequeñas o medianas como en el de las de mayor tamaño, procede tener en cuenta, para calcular el importe de la multa, la gravedad
y la duración de la infracción. En la medida en que la Comisión imponga a cada una de las empresas implicadas en la misma
infracción una multa que esté justificada en función de la gravedad y en la duración de la infracción, no puede reprochársele
que las cuantías de las multas de algunas de ellas sean superiores, en porcentaje del volumen de negocios, a las de las otras
empresas (sentencias de 20 de marzo de 2002, Dansk Rørindustri/Comisión, citada en el apartado 279
supra,
apartado 203, y Westfalen Gassen Nederland/Comisión, citada en el apartado 277
supra,
apartado 174).
Así, la Comisión no está obligada a reducir el importe de las multas cuando las empresas afectadas son pequeñas y medianas
empresas. En efecto, el tamaño de la empresa ya se tiene en cuenta a través del límite fijado en el artículo 15, apartado 2,
del Reglamento nº 17, en el artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003 y de lo establecido en las Directrices (sentencias
Westfalen Gassen Nederland/Comisión, citada en el apartado 277
supra,
apartado 174). Más allá de lo anterior, no existe razón alguna para tratar a las pequeñas y medianas empresas de forma diferente
que al resto de empresas. El hecho de que las empresas afectadas sean pequeñas y medianas empresas no les exime de su deber
de cumplir las reglas de competencia (sentencia del Tribunal de 29 de noviembre de 2005, SNCZ/Comisión, T‑52/02, Rec. p. II‑5005,
apartado 84).
El reproche que se hace a la Comisión de que no tuvo en cuenta el volumen de negocios global de las diferentes empresas a
la hora de determinar el importe de la multa carece de pertinencia. En efecto, procede recordar que las Directrices establecen
que es necesario tomar en consideración la capacidad económica efectiva de los autores de la infracción para infligir un daño
importante a los demás operadores, sobre todo a los consumidores, y fijar un importe que dote a la multa de un carácter lo
suficientemente disuasorio (punto 1, sección A, párrafo cuarto). Dichas Directrices añaden que, en los casos en que sean varias
las empresas implicadas, como ocurre en los cárteles, puede resultar conveniente ponderar el importe de partida general para
tomar en consideración el peso específico y, por tanto, las repercusiones reales del comportamiento ilícito de cada empresa
sobre la competencia, sobre todo cuando existe una disparidad considerable en cuanto a la dimensión de las empresas responsables
de una infracción de la misma naturaleza, y adaptar en consecuencia el importe de partida general a las características específicas
de cada empresa (punto 1, sección A, párrafo sexto) (sentencia Cheil Jedang/Comisión, citada en el apartado 184
supra,
apartado 81).
Las Directrices no prevén que el importe de las multas se calcule en función del volumen de negocios global o del volumen
de negocios de las empresas en el mercado de que se trate. Sin embargo, tampoco se oponen a que dicho volumen de negocios
se tenga en cuenta al determinar el importe de la multa, a fin de respetar los principios generales del Derecho comunitario
y cuando las circunstancias así lo exijan. El volumen de negocios puede tenerse en cuenta al tomar en consideración los diferentes
criterios enumerados en el apartado 274 anterior (véanse, en este sentido, las sentencias, Cheil Jedang/Comisión, citada en
el apartado 184
supra,
apartado 82, y Tokai I, citada en el apartado 185
supra,
apartado

195).
Sin embargo, en el caso de autos, tal como se ha puesto de manifiesto en el apartado 275 anterior, la elección de la Comisión
de tomar como referencia el volumen de negocios en el mercado de que se trate para determinar la capacidad de cada empresa
de infligir un daño es coherente y está justificada objetivamente. Así, la Comisión persigue igualmente un objetivo disuasorio,
puesto que pone de manifiesto el hecho de que penaliza más severamente a las empresas que hayan participado en un cártel en
un mercado en el que tienen un peso considerable.
En cuarto lugar, Gütermann invoca, erróneamente, las Directrices de 2006 para el cálculo de las multas impuestas en aplicación
del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003 en apoyo de su motivo relativo al carácter desproporcionado
de la multa. En efecto, procede señalar que la mera circunstancia de que la aplicación del nuevo método de cálculo de multas
establecido en dichas Directrices, que no son aplicables a los hechos del caso de autos, pueda resultar en una multa de un
importe inferior a la impuesta por la Decisión impugnada no demuestra el carácter desproporcionado de dicha multa.
En efecto, esta declaración no constituye más que la expresión del margen de apreciación de que dispone la Comisión para,
dentro de los límites del respeto de las exigencias que imponen el Reglamento nº 17 y el Reglamento nº 1/2003, decidir el
método que seguirá para determinar el importe de las multas y aplicar así la política de la competencia de la que es responsable.
Entre los elementos de apreciación que el Tribunal debe tomar en consideración para evaluar el carácter proporcionado del
importe de las multas impuestas en un período determinado pueden incluirse, en particular, las circunstancias de hecho y de
Derecho así como los objetivos de competencia definidos por la Comisión con arreglo a las exigencias del Tratado CE que imperaban
en el período en que se llevó a cabo el comportamiento ilícito.
De ello se deduce que el motivo basado en el carácter desproporcionado de la multa debe desestimarse en su totalidad.
De las anteriores consideraciones se desprende que los recursos interpuestos en los asuntos T‑456/05 y T‑457/05 deben desestimarse.

Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos de las demandantes, procede condenarlas
en costas, de conformidad con lo solicitado por la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)
decide:
1)
Desestimar los recursos.
2)
Condenar en costas a Gütermann AG y Zwicky & Co. AG.
Vilaras
Prek
Ciucǎ
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 28 de abril de 2010.
Firmas
Índice
Antecedentes del litigio
1.     Objeto del litigio
2.     Procedimiento administrativo
3.     Decisión impugnada
Definición de los mercados de referencia
Mercado de productos
Mercados geográficos
Tamaño y estructura de los mercados de referencia
Descripción de los comportamientos ilícitos
Dispositivo de la Decisión impugnada
Procedimiento y pretensiones de las partes
Fundamentos de Derecho
1.     Sobre los motivos que rebaten la declaración de existencia de un comportamiento ilícito y se oponen a las órdenes conminatorias
de poner fin al mismo y de abstenerse de reincidir
Sobre el motivo, invocado por Gütermann y Zwicky, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
Sobre el motivo, invocado por Zwicky, basado en el carácter injustificado de las órdenes conminatorias de poner fin a la infracción
y de abstenerse de reincidir
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
2.     Sobre los motivos destinados a impugnar la multa y su importe
Sobre el motivo, invocado por Zwicky, basado en que se ha sobrepasado el límite del 10 % del volumen de negocios
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
Sobre el motivo, invocado por Gütermann y Zwicky, basado en la apreciación errónea de la gravedad de la infracción en lo que
concierne a sus efectos
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
Sobre el motivo, invocado por Gütermann y Zwicky, basado en la apreciación errónea de la duración de la infracción
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
Sobre el motivo, invocado por Gütermann y Zwicky, basado en que no se tuvieron en cuenta varias circunstancias atenuantes
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
Sobre el motivo, invocado por Gütermann y Zwicky, basado en la aplicación errónea de la Comunicación sobre la cooperación
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
–  En lo que respecta a la utilidad de la cooperación
–  En cuanto a la apreciación supuestamente errónea de la cooperación en comparación con la de BST.
–  En cuanto a la aplicación supuestamente errónea de la Comunicación sobre la cooperación y la supuesta falta de consideración
de la jurisprudencia del Tribunal
–  En cuanto a la supuesta falta de consideración de la práctica decisoria anterior
Sobre el motivo, invocado por Gütermann y Zwicky, basado en el carácter desproporcionado de la multa
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
Costas
*
Lengua de procedimiento: alemán.