CELEX: 61987CJ0142
Ayudas de Estado
Ayudas de Estado a una empresa de tubos de acero
Supresión por vía de recuperación

Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 8 de mayo de 1987, el Reino de Bélgica, con arreglo al párrafo 1 del artículo 173 del Tratado CEE, solicitó la anulación de la Decisión 87/507/CEE de 4 de febrero de 1987, mediante la cual la Comisión declaró que el apoyo económico prestado, en diversas formas, por el Estado belga a la empresa SA des Usines à tubes de la Meuse — Tubemeuse (en lo sucesivo, «Tubemeuse») constituía una ayuda ilegal, por cuanto no se había seguido el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 93 del Tratado CEE, y por ser incompatible con el mercado común con arreglo al artículo 92 del Tratado CEE, y por lo tanto debía suprimirse por vía de recuperación.
Según el acto impugnado, la empresa Tubemeuse, fundada en 1911 en la región de Lieja, se especializó en la construcción de tubos de acero sin soldadura con destino a la industria del petróleo. Tubemeuse ya pasó por dificultades en los años setenta y hacia 1979 llegó a una situación crítica, lo que dio lugar a la retirada de determinados accionistas privados y a su sustitución por el Estado belga, que llegó a poseer el 72 % del capital social.
Como los nuevos accionistas de Tubemeuse optaron por la reestructuración industrial de la empresa y por la renovación de su maquinaria, la Comisión autorizó en 1982 una serie de ayudas por parte del Estado belga para llevar a cabo un programa de inversiones orientado a garantizar el futuro de la empresa en el contexto de dos contratos a medio y a largo plazo celebrados con la Unión Soviética.
El esfuerzo de modernización de Tubemeuse no produjo los resultados que se esperaban y la situación evolucionó en el sentido de que se retiraron definitivamente los accionistas privados y el Estado belga adquirió la casi totalidad de las acciones de Tubemeuse.
En la Decisión impugnada, la Comisión señala que el Gobierno belga le comunicó, el 19 de julio de 1984, con arreglo al apartado 3 del artículo 93, su intención de proceder a una ampliación de capital y a una emisión de obligaciones convertibles con participación condicional en beneficios en favor de Tubemeuse. Según la Comisión, el Gobierno belga llevó a cabo la aportación financiera indicada, notificada cuando era sólo un proyecto, antes de que llegara a una resolución final el procedimiento del apartado 2 del artículo 93, iniciado entre tanto por la Comisión. Por otra parte, según ésta, el Gobierno belga confirmó, mediante carta de 29 de julio de 1985, que Tubemeuse había recibido anteriormente otras aportaciones públicas, sin habérselo notificado a la Comisión. El conjunto de estas intervenciones asciende según la Comisión a un total de 9085 millones de francos belgas (BFR).
Además, el Gobierno belga notificó a la Comisión, mediante carta de 6 de junio de 1986, un proyecto de conversión en capital de 3010 millones de BFR de préstamos garantizados, todos en favor de Tubemeuse, y que finalmente llevó a cabo esta operación por un importe de 2510 millones de BFR, siendo así que dicho proyecto era objeto de un procedimiento iniciado por la Comisión con arreglo al citado apartado 2 del artículo 93.
El importe total de las intervenciones de que se trata asciende según la Comisión a 12000 millones de BFR aproximadamente.
En el acto impugnado la Comisión afirma que estas ayudas son ilegales al no haberse seguido el procedimiento del apartado 3 del artículo 93. Además, son incompatibles en cuanto al fondo con el mercado común con arreglo al apartado 1 del artículo 92 y no pueden acogerse a ninguna de las excepciones que prevé el apartado 3 del mismo artículo. A partir de esta doble motivación, la Comisión ordenó al Estado belga que suprimiera las ayudas por vía de recuperación y le concedió un plazo de dos meses para informarla de las medidas adoptadas.
En los motivos de su recurso, el Gobierno belga:
a)
Rechaza que la aportación financiera que se discute constituya una ayuda.
b)
Afirma que, si hubiera una ayuda, se trataría de uriá ayuda a la exportación, regulada en consecuencia por el artículo 112 del Tratado CEE y no por los artículos 92 a 94 del mismo.
c)
Rechaza que hayan sido afectados los intercambios entre Estados miembros a los efectos del apartado 1 del artículo 92.
d)
Sostiene que, durante el examen contradictorio de la ayuda, con arreglo al apartado 2 del artículo 93, ha sido violado su derecho de defensa.
e)
Alega que el acto impugnado carece de objeto, por cuanto, en el momento en que se adoptó, Tubemeuse se encontraba en situación de convenio judicial.
f)
Alega que la aportación financiera que se discute estaba justificada con arreglo a las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 921
g)
Sostiene que la recuperación
de
la ayuda es imposible a causa del procedimiento de convenio judicial al que se halla sujeta Tubemeuse.
La Comisión propone que se declare la inadmisibilidad de los motivos del recurso, según los cuales la aportación financiera que se discute se justificaría a partir de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92.
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio, del desarrollo del procedimiento y de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre la excepción de inadmisibilidad
Inicialmente se propuso la excepción de inadmisibilidad contra la totalidad del recurso, pero la Comisión, en la duplica y en la vista ante el Tribunal de Justicia, la limitó a los motivos del recurso contrarios a las afirmaciones del acto impugnado, en las que se dice que la ayuda de que se trata no se puede considerar compatible con el mercado común con arreglo a lo que disponen las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92.
Afirma la Comisión que estas declaraciones sólo constituyen una motivación subsidiaria y superflua del acto impugnado y que la motivación principal y suficiente es que la ayuda de que se trata era ilegal, al haberse llevado a cabo infringiendo la prohibición del apartado 3 del artículo 93, antes de concluir el procedimiento emprendido con base en dicha disposición. Incluso si la ayuda de que se trata fuera en cuanto al fondo compatible con el mercado común en aplicación de las letras a) o c) del apartado 3 del artículo 92, esta circunstancia no podría excluir el hecho de que es ilegal por haber infringido el apartado 3 del artículo 93.
Procede señalar que, en lo relativo a las consecuencias de las infracciones de dicha disposición, este Tribunal de Justicia, en su sentencia de 14 de febrero de 1990 (Francia contra Comisión,
C-301/87, Rec. 1990, p. I-307
) precisó los extremos siguientes.
Cuando la Comisión comprueba que una ayuda ha sido establecida o modificada sin haber sido notificada, tiene la facultad, después de haber invitado al Estado miembro interesado a expresar sus observaciones al respecto, a requerir a éste, mediante una Decisión provisional, a la espera del resultado del examen de la ayuda, que suspenda inmediatamente el pago de aquélla y que remita a la Comisión, en el plazo que ésta señale, todos los documentos, informaciones y datos necesarios para examinar si la ayuda es compatible con el mercado común.
La Comisión: tiene la misma facultad de formular requerimientos en el caso en que la ayuda haya sido notificada a la Comisión, pero sólo en el supuesto de que el Estado miembro interesado, sin esperar el resultado del procedimiento previsto por los apartados 2 y 3 del artículo 93, proceda a llevar la ayuda a efecto, en contravención de la prohibición del apartado 3 del mismo artículo.
Cuando el Estado miembro dé entero cumplimiento al requerimiento de la Comisión, ésta tiene que examinar la compatibilidad de la ayuda con el mercado común, con arreglo al procedimiento previsto por los apartados 2 y 3 del artículo 93.
En el caso de que, a pesar del requerimiento de la Comisión, el Estado miembro no proporcione las informaciones solicitadas, tiene aquélla la facultad de concluir el procedimiento y adoptar la Decisión que declare si la ayuda es o no compatible con el mercado común, a partir de los datos de que disponga. En su caso esta Decisión puede implicar la exigencia de la recuperación del importe de la ayuda ya pagada.
Si el Estado miembro no suspende el pago de la ayuda, procede reconocer a la Comisión el derecho a recurrir directamente al Tribunal de Justicia contra esta violación del Tratado, aun prosiguiendo el examen respecto al fondo. Semejante recurso se justifica, a la vista de su urgencia, porque ha habido una Decisión en la que se formula un requerimiento dictada después de que el Estado miembro interesado ha tenido la posibilidad de presentar sus observaciones y por consiguiente como resultado de un previo procedimiento administrativo contradictorio, como en el caso del recurso al que se refiere el párrafo 2 del apartado 2 del artículo 93.^ Efectivamente, este recurso no es sino una variante del recurso por incumplimiento, específicamente adaptada a los problemas particulares que presentan las ayudas estatales para la competencia en el mercado común.
Teniendo en cuenta lo anterior, no cabe aceptar el razonamiento de la Comisión, según la cual la actuación contraria a Derecho consistente en que se llevase a efecto la ayuda antes de concluir el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 93 implica que dicha ayuda es ilegal
y de este modo
hace superfluo el examen de si la ayuda es compatible conforme al apartado 3 del artículo 92.
De ahí se sigue que la excepción de inadmisibilidad de los motivos de recurso relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 92 debe desestimarse y, por consiguiente, deben examinarse todos los motivos del recurso.
Sobre si la aportación financiera que se discute tiene carácter de ayuda
En el acto impugnado se declara que la situación financiera de la empresa era problemática, que el sector en el que ejercía su actividad sufría importantes capacidades estructurales excedentárias y que la situación del mercado del petróleo había dado lugar a que se redujeran las actividades de sondeo y a la caída de la demanda de tubos sin soldadura. En tales circunstancias, ningún inversor privado habría procedido a una aportación de capital. Por consiguiente, las citadas intervenciones del Estado belga constituyen ayudas de Estado, que han de enjuiciarse a la luz del artículo 92, todo ello según la Comisión.
Mediante su primer motivo, el Estado belga alega que el apartado 1 del artículo 92 ha sido aplicado erróneamente, por cuanto la aportación financiera que se discute no constituye una ayuda en el sentido de dicha disposición, sino una aportación normal de un accionista a una sociedad.
En apoyo de este motivo, el Gobierno belga alega que sus intervenciones en favor de Tubemeuse no constituyen ayudas propiamente dichas, sino el curso lógico del amplio programa de reestructuración y de renovación de la empresa y la realización de la inversión que la propia Comisión autorizó en 1982. El proyecto de inversión fue comunicado entonces a la Comisión, por más que a la sazón el Gobierno belga no estaba obligado a ello, al no tratarse de una ayuda de Estado. Según dicho Gobierno, su aportación a Tubemeuse que ahora se discute es, por lo tanto, la normal reacción de cualquier inversor cuando su inversión inicial está en peligro.
Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, la intervención de los poderes públicos en el capital de las empresas, de cualquier forma que sea, puede constituir una ayuda estatal cuando concurren los requisitos que contempla el artículo 92 del Tratado (véanse sentencias de 14 de noviembre de 1984, Intermills,
323/82, Rec. 1984, p. 3809
, y de 13 de marzo de 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek, asuntos acumulados
296/82 y 318/82, Rec. 1985, p. 809
).
Para determinar si estas medidas tienen los caracteres de ayudas estatales, procede aplicar el criterio, indicado en la Decisión de la Comisión y, por lo demás, no discutido por el Gobierno belga, que se funda en las posibilidades que tendría la empresa de obtener en el mercado de capitales las sumas de que se trata.
En el presente caso, poniendo en relación el acto impugnado con cuanto consta en autos, está claro que Tubemeuse, aparte el desajuste técnico de su maquinaria, que necesitó un amplio programa de renovación en 1982, llevado a cabo gracias a la aportación de los poderes públicos que en aquella ocasión autorizó la Comisión, se enfrentaba desde 1979 a dificultades financieras estructurales; como los costes de producción muy elevados y una serie de ejercicios deficitarios acumularon continuas pérdidas de explotación, una precaria situación de tesorería y crecidas deudas dieron lugar a que casi todos los accionistas privados se separaran de las empresas de que se trata.
Además, no se ha discutido que el sector de los tubos de acero sin soldadura, destinados principalmente a las prospecciones de petróleo, estaba en situación de crisis, caracterizada por una fuerte capacidad excedentária en los países productores y por nuevas capacidades de producción que surgían en países en vías de desarrollo y en países de economía de Estado. Por otra parte, las restricciones que Estados Unidos ha impuesto a las importaciones de tubos de acero en su territorio y la caída del precio del petróleo mundialmente, que ha contribuido a reducir las actividades de sondeo, han supuesto la caída de la demanda de estos tubos y, por ende, la baja sustancial de sus precios y la disminución de la producción mundial. De ahí los esfuerzos de otros Estados miembros para reducir sus capacidades de producción en el sector considerado.
En estas circunstancias no hay ningún dato que muestre que es errónea la apreciación de la Comisión, según la cual las posibilidades de rentabilidad previsibles para Tubemeuse no podían impulsar a un inversor privado que actuara en las condiciones normales de una economía de mercado a realizar estas operaciones financieras y que era poco verosímil que la empresa de que se trata pudiera conseguir los fondos necesarios para sobrevivir en el mercado de capitales, por lo cual las intervenciones imputadas al Gobierno belga en favor de Tubemeuse presentaban las características de una ayuda estatal.
Por consiguiente, el primer motivo debe desestimarse.
Sobre el apartado 1 del artículo 92 del Tratado
El Estado demandante afirma que, incluso si las intervenciones que se examinan constituyeran en realidad ayudas, se trataría de ayudas a la exportación, toda vez que Tubemeuse exporta el 90 % de su producción a terceros países. Por lo tanto, se regirían por el artículo 112, lo que excluye la aplicación de los artículos 92 a 94.
A este respecto hay que subrayar que, con independencia de si las ayudas que se discuten pudieran considerarse ayudas a la exportación, el artículo 112, que se refiere a la armonización de las ayudas nacionales a la exportación en el marco de la política comercial común, no excluye la aplicación de los artículos 92 a 94. Efectivamente, no se excluye que una ayuda a la exportación afecte a los intercambios entre Estados miembros.
Según el Gobierno belga, la aportación financiera que se discute no puede afectar a los intercambios entre los Estados miembros ni falsear la competencia en el mercado común, toda vez que el 90 % de la producción de Tubemeuse se exporta fuera de la Comunidad, aun suponiendo, como lo afirma el acto impugnado, que su producción de tubos sin soldadura signifique el 17 % de la producción comunitaria.
Prosigue afirmando el Estado belga que la empresa se reestructuró pensando sobre todo en aprovisionar el mercado soviético; por lo tanto, las nuevas capacidades de producción que se crearon de este modo no podrían inundar el mercado común y los intercambios intracomunitários no serían afectados por las intervenciones que se imputan al Estado belga. Por consiguiente, considera que la Decisión impugnada no está fundamentada suficientemente en Derecho.
Lo primero que procede observar es que, teniendo en cuenta la interdependencia de los mercados en los que actúan las empresas comunitarias, no cabe excluir que una ayuda pueda falsear la competencia intracomunitária incluso si la empresa beneficiaría exporta la práctica totalidad de su producción fuera de la Comunidad. Efectivamente, la exportación de una parte de la producción de la empresa de que se trata hacia países terceros no supone más que una circunstancia entre otras muchas que deben tenerse en cuenta a este respecto.
En el caso de autos, la Comisión ha subrayado en el acto impugnado que la actividad de lös productores comunitarios de tubos sin soldadura se orientaba en gran medida a la exportación a gran escala no sin señalar que también el mercado comunitario ofrece salidas.
Por otra parte, la Comisión alega que el sector de los tubos sin soldadura atraviesa mundialmente una situación de crisis, de recesión, de competencia creciente, que se caracteriza por fuertes capacidades excedentárias en.los países'productores y por la consiguiente inestabilidad de los precios, acentuada por las restricciones de las importaciones en Estados Unidos y por las nuevas capacidades de los países en vías de desarrollo y los países con comercio de Estado. Por lo tanto, cualquier ventaja que se dé a una empresa del sector del que se trata puede favorecer su situación de competencia en relación con las demás..
Según el acto impugnado, en el contexto general que se acaba de describir, el nuevo objetivo confesado de Tubemeuse, cuya producción de tubos sin soldadura constituye una parte considerable de la producción comunitaria y cuyas exportaciones significan aproximadamente el 90 % de su volumen de negocios, era independizarse del mercado soviético, que se consideraba poco lucrativo, y orientarse hacia otros mercados gracias a las ayudas otorgadas. Era previsible por lo tanto que Tubemeuse orientara sus nuevas actividades hacia el mercado interior comunitario.
A este respecto, en la vista ante este Tribunal de Justicia, la Comisión añadió, sin ser contradicha por el Gobierno belga, que en el primer semestre de 1988 las exportaciones de Tubemeuse a la Unión Soviética habían descendido a un 33,3 % de su producción global, mientras que sus exportaciones a los países comunitarios suponían el 31,8 % de aquélla. ;
A partir de estos datos, la apreciación que realiza la Comisión en el acto impugnado, según la cual las ayudas otorgadas a Tubemeuse podían tener influencia en la posición de competencia de las empresas comunitarias del sector del que se trata y, por lo tanto, de afectar a los intercambios y de falsear la competencia a los efectos del apartado 1 del artículo 92, tiene motivación jurídica suficiente y no se presenta como errónea.
Respecto al argumento del Estado demandante según el cual Tubemeuse no detenta el 17 % de la producción comunitaria de tubos sin soldadura, sino mucho menos, procede destacar que, aunque esta afirmación sea exacta, no se opone en absoluto al juicio expresado más arriba sobre la incidencia de las ayudas imputadas sobre la situación de competencia de las empresas comunitarias del sector del que se trata.
El Estado demandante afirma también que, como no hay ninguna norma que, en materia de ayudas estatales, defina el umbral a partir del cual quedan afectados los intercambios intracomunitários, es posible referirse al margen de 5 % del mercado que es el que habitualmente considera la Comisión en materia de competencia.
No puede aceptarse este argumento. Procede recordar, en efecto, que, según las sentencias de 17 de septiembre de 1980 (Philip Morris,
730/79, Rec. 1980, p. 2671
) y de 11 de noviembre de 1987 (Francia contra Comisión,
259/85, Rec. 1987, p. 4393
), la cuantía relativamente reducida de una ayuda o el tamaño relativamente modesto de la empresa beneficiaria no excluyen
a priori
la posibilidad de que se vean afectados los intercambios intracomunitários.
En virtud de cuantas consideraciones se han expuesto, hay que afirmar que el motivo carece de fundamento y que, por tanto, debe desestimarse.
Sobre el motivo fundado en la violación del derecho de defensa
El Estado demandante señala que la Comisión se refiere en su Decisión impugnada a observaciones presentadas por «otros tres Estados miembros y cuatro asociaciones profesionales de productores de tubos de aceró» sin haber presentado lös documentos correspondientes y sin haber dado al demandante là posibilidad de comentar dichas observaciones. De este modo, la influencia que las mencionadas observaciones hayan podido ejercer sobre la Decisión de la Comisión no es conocida. Por consiguiente, se trataría de una violación del derecho de defensa y del principio del «proceso justo».
Hay que subrayar a este propósito que, según lo ha destacado ya este Tribunal de Justicia en su jurisprudencia reiterada y sobre todo en sus sentencias de 10 de julio de 1986 (Bélgica contra Comisión,
234/84, Rec. 1986, p. 2263
) y de 11 de noviembre de 1987, ya citada, el respeto del derecho de defensa en cualquier proceso instruido contra una persona y que puede dar lugar a una resolución que le cause perjuicio constituye un principio fundamental del Derecho comunitario y debe asegurarse incluso a falta de una normativa específica.
En las citadas sentencias, este Tribunal de Justicia resolvió que dicho principio exige que el Estado miembro del que se trate tenga la posibilidad'de manifestar de modo útil su punto de vista acerca de las observaciones presentadas por los terceros interesados, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 93, y sobre las que la Comisión quiere fundamentar su Decisión y precisó que, en la medida en que el Estado miembro no ha tenido la oportunidad de comentar tales observaciones, la Comisión no puede alegarlas en una Decisión contraria a dicho Estado;
Para que esta violación del derecho de defensa suponga una anulación, es menester sin embargo que, de no darse esta situación antijurídica, el proceso hubiera podido concluir con un resultado diverso. Procede reconocer a este respecto que lás observaciones de que se trata, presentadas ante el Tribunal de Justicia a instancias de éste, no proporcionan ningún dato informativo adicional sobre los que estaban en poder de la Comisión anteriormente y que conocía el Gobierno belga. En tales circunstancias, el hecho de que el Gobierno belga no haya tenido la posibilidad de comentar dichas observaciones no puede influir sobre el resultado del procedimiento administrativo. Por lo tanto, también este motivo debe desestimarse.
Sobre el motivo fundado en que, cuando se adoptó la Decisión impugnada, Tube- meuse estaba en la situación de convenio judicial con cesión del activo
El Estado demandante, con carácter subsidiario, afirma que, aun suponiendo que la aportación hecha a Tubemeuse constituyera una ayuda prohibida por el apartado 1 del artículo 92, la Decisión de la Comisión carecería de objeto porque, en el momento en que se adoptó, la empresa se hallaba en situación de convenio judicial con cesión del activo, lo que supone que había dejado de existir en sentido económico. Por consiguiente, ni podían verse afectados los intercambios entre los Estados miembros ni falseada la competencia.
Alega además el Estado demandante que, cuando se adoptó la Decisión impugnada, la ayuda de que se le acusa había terminado al depositar el balance de la sociedad beneficiaria y la supresión de la ayuda estaba consumada al ponerse en liquidación los activos de la empresa. Afirma que, por ignorar esta situación, la Decisión impugnada se funda en hechos inexactos y, cuando ordena la recuperación de la ayuda, carece de objeto.
Conviene observar a este propósito que, en Derecho belga, el Tribunal que conoce del convenio puede autorizar al liquidador a proseguir las operaciones comerciales de la empresa de que se trata. No se ha discutido en el caso de autos que Tubemeuse ha proseguido sus actividades de fabricación, aun reduciéndolas, a lo largo del procedimiento del convenio judicial, que no ha cesado de existir, en el sentido económico ni en el jurídico, y que al final ha sido cedida a otra empresa. Por ello no puede pretenderse que la Decisión impugnada careciera de objeto.
Por consiguiente, no puede estimarse este motivo.
Sobre el apartado 3 del artículo 92
Por lo que se refiere a la aplicación de la letra a) del apartado 3 del artículo 92, la Comisión se remite, en el acto impugnado, a un análisis socioeconómico en profundidad de las regiones belgas que ella realizó (Decisión 82/740/CEE de 22 de julio de 1982,
DO L 312, p. 18
, modificada por la Decisión 85/544/CEE de 31 de julio de 1985,
DO L 341, p. 19
) y en el cual afirmó que la región de Lieja no padecía un nivel de vida anormalmente bajo o de grave situación de subempieo; el Gobierno belga no discutió este análisis ni presentó con posterioridad datos que motivaran su rectificación.
Respecto a la aplicación de la letra c) del apartado 3 del artículo 92, la Comisión afirma, en el acto impugnado, que las intervenciones del Estado belga que se discuten en favor de Tubemeuse no podían favorecer el desarrollo de la mencionada región, ya que la empresa beneficiaria no estaba en condiciones de garantizar su propia viabilidad.
A este respecto alega el Gobierno belga que los datos socioeconómicos han cambiado desde el estudio de la Comisión que se ha citado y que las ayudas en cuestión hubieran debido poder acogerse a las excepciones previstas por las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92, por cuanto se orientaban a favorecer el desarrollo económico de la región de Lieja, que, según dicho Gobierno, se ha visto afectado gravemente en los últimos tiempos por cierres de fábricas y supresión de puestos de trabajo.
No pueden aceptarse los argumentos de la parte demandante. Hay que recordar que, en el ámbito de aplicación del apartado 3 del artículo 92, la Comisión disfruta de amplias facultades de apreciación cuyo ejercicio implica evaluaciones de carácter económico y social, que deben realizarse en un contexto comunitario.
A la vista de las facultades de que disfruta la Comisión, debe desestimarse el motivo de anulación, en el que el Gobierno demandante se limita a discutir de manera general las valoraciones que se expresan en la motivación del acto impugnado, sin proporcionar datos que puedan poner en duda dichas valoraciones.
Sobre el motivo fundado en la imposibilidad de ejecutar inmediatamente la Decisión impugnada
El Estado demandante afirma que es imposible la ejecución inmediata de la Decisión de la Comisión, en cuanto ordena la recuperación de la ayuda imputada. Efectivamente, la recuperación de las ayudas concedidas con violación del Tratado sólo pueden realizarse con arreglo a las normas del Derecho nacional al respecto. En el caso de autos, el procedimiento del convenio judicial al que está sujeta Tubemeuse es oponible a cualquier pretensión del Estado belga. El activo de la empresa ha sido abandonado en favor de los acreedores y por lo tanto no tiene ningún poder para ordenar la restitución de la ayuda de que se trata.
El Estado demandante añade que la Decisión de la Comisión, lo mismo que una sentencia de este Tribunal de Justicia, no pueden producir la consecuencia de crear a su favor un privilegio cualquiera que le ofreciera una excepción frente a las normas aplicables en la materia, en perjuicio de los acreedores de Tubemeuse. Únicamente podría el Estado belga, en el marco del procedimiento del convenio judicial, incluir su crédito en el pasivo de la empresa con carácter de acreedor ordinario. La Decisión impugnada, en la medida en que ordena la recuperación inmediata de la pretendida ayuda, constituye pues una violación de los principios generales comunes a los Estados miembros en materia de Derecho de sociedades y de quiebra.
Procede observar a este respecto que el argumento del Gobierno belga parte de la idea de que la Decisión impugnada ordena la recuperación de la ayuda de que se trata como crédito privilegiado. Ahora bien, el acto que se discute se limita a prescribir la recuperación sin precisar las modalidades de la misma.
Hay que observar a este respecto que, en principio, la recuperación de una ayuda otorgada ilegalmente debe tener lugar conforme a las disposiciones que regulan los procedimientos aplicables de Derecho nacional, siempre a reserva de que dichas disposiciones se apliquen de modo que no hagan prácticamente imposible la recuperación exigida por el Derecho comunitario (véase sentencia de 2 de febrero de 1989, Comisión contra República Federal de Alemania,
94/87, Rec. 1989, p. 175
).
Ésta es, por otra parte, la razón de que la Comisión haya declarado en la vista que el Gobierno belga había cumplido sus obligaciones derivadas del acto impugnado, por lo que toca a la recuperación de la ayuda, dado que, una vez que fue desestimada su demanda de medidas provisionales por el Presidente de este Tribunal de Justicia, el Gobierno del que se trata había pedido que su crédito se incluyera entre los demás créditos ordinarios de Tubemeuse y había interpuesto apelación contra la resolución desestimatoria de esta demanda.
Procede añadir que eventuales dificultades, procesales o de otra naturaleza, respecto a la ejecución del acto impugnado no pueden influir sobre la legalidad del mismo.
Por consiguiente, el motivo examinado debe ser desestimado.
El Estado demandante afirma además que la obligación impuesta por la Decisión impugnada, que ordena la supresión de la ayuda de la que se le acusa por vía de recuperación, es desproporcionada en relación con las finalidades de los artículos 92 y 93, ya que la inclusión del crédito del Estado belga en el procedimiento de convenio judicial causaría un grave perjuicio a los terceros acreedores.
Procede señalar a este respecto que, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia (véase, por ejemplo, sentencia de 24 de febrero de 1987, Deufil contra Comisión,
310/85, Rec. 1987, p. 901
), la supresión de una ayuda ilegal por vía de recuperación es la consecuencia lógica de la comprobación de que es ilegal. Por consiguiente, la recuperación de una ayuda estatal ilegalmente otorgada, para restablecer la situación anterior, no puede en principio considerarse desproporcionada en relación con los objetivos de las disposiciones del Tratado en materia de ayudas de Estado.
Procede, pues, desestimar este motivo..
Ninguno de los motivos alegados por el Gobierno belga ha podido estimarse, por lo que procede desestimar el recurso en su totalidad.
Costas
A tenor del apartador del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por el Reino de Bélgica, procede condenarle en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas al Reino de Bélgica.

Due
Kakouris
Schockweiler
Mancini
Joliét
Rodríguez Iglesias
Diez de Velasco
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de marzo de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.