CELEX: 62004CJ0438
Sector de las telecomunicaciones
Servicio universal y derechos de los usuarios
Conservación de los números de teléfono
Coste de establecimiento en caso de conservación de un número de teléfono móvil
Artículo 30, apartado 2, de la Directiva 2002/22/CE (Directiva «servicio universal»)
Tarificación de la interconexión para la conservación de los números
Orientación de los precios en función de los costes
Facultad de reglamentar de las autoridades nacionales de reglamentación
Artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2002/21/CE (Directiva «marco»)
Protección jurídica efectiva
Protección de datos confidenciales

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas
(Directiva «marco») (DO L 108, p. 33; en lo sucesivo, «Directiva marco») y de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes
y los servicios de telecomunicaciones electrónicas (Directiva «servicio universal») (DO L 108, p. 51; en lo sucesivo, «Directiva
servicio universal»).
Dicha petición se planteó en el marco de un litigio entre Mobistar SA (en lo sucesivo, «Mobistar») y el Institut belge des
services postaux et des télécommunications (IBPT), persona jurídica de Derecho público, sobre la decisión de este último de
16 de septiembre de 2003 por la que se fijan los costes de establecimiento que ha de pagar el operador de telefonía móvil
receptor en caso de traslado o de cambio de operador del número de un operador a otro, para el período comprendido entre el
1 de octubre de 2002 y el 1 de octubre de 2005 (en lo sucesivo, «decisión impugnada»).

Marco jurídico

Normativa comunitaria
La Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las telecomunicaciones
en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la
oferta de red abierta (ONP) (DO L 199, p. 32), en su versión modificada por la Directiva 98/61/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 24 de septiembre de 1998 (DO L 268, p. 37) (en lo sucesivo, «Directiva 97/33»), fue derogada por la Directiva
marco con efectos desde el 25 de julio de 2003. Con arreglo a su artículo 1, párrafo primero, la Directiva 97/33 establecía
un marco reglamentario para garantizar en la Comunidad Europea la interconexión de las redes de comunicaciones y, en particular,
la interoperabilidad de los servicios, y para asegurar la prestación de un servicio universal en el contexto de unos mercados
abiertos y competitivos.
El artículo 2, apartado 1, letra a), de dicha Directiva definía el término «interconexión» como «la conexión física y lógica
de las instalaciones de redes de telecomunicaciones utilizadas por el mismo organismo o por otro distinto, de manera que los
usuarios de un organismo puedan comunicarse con los usuarios del mismo o de otro organismo distinto o acceder a los servicios
prestados por otro organismo».
El artículo 7 de la misma Directiva fijaba los principios aplicables a las cuotas de interconexión y a los sistemas de contabilidad
de costes en el ámbito de la interconexión. En el anexo 4 de esta Directiva figuraba una «lista de ejemplos de elementos de
las cuotas de interconexión». Este anexo establecía, en particular, que «las cuotas de interconexión podrán incluir, con arreglo
al principio de proporcionalidad, una parte equitativa de los costes conjuntos y comunes y de los costes en que se incurra
para facilitar la igualdad de acceso, la portabilidad del número, así como los costes para garantizar el cumplimiento de los
requisitos esenciales (mantenimiento de la integridad de la red, seguridad de la red en situaciones de emergencia, interoperabilidad
de los servicios y protección de datos)».
El artículo 12, apartado 5, de la Directiva 97/33 disponía lo siguiente:
«Las autoridades nacionales de reglamentación procurarán que se introduzca lo antes posible la portabilidad de los números
de los operadores, en virtud de la cual los abonados que lo soliciten podrán conservar su(s) número(s) en la red pública de
telefonía fija y en la red digital de servicios integrados (RDSI) con independencia del organismo que preste el servicio,
en el caso de números geográficos, en un lugar específico, y en el caso de números distintos de los geográficos, en cualquier
lugar, y velarán por que se disponga de esta posibilidad no más tarde del 1 de enero de 2000 o, en aquellos países a los que
se haya concedido un período transitorio suplementario, lo antes posible, pero antes de que transcurran dos años a partir
de cualquier fecha posterior que se acuerde para la plena liberalización de los servicios de telefonía vocal.
Con el fin de garantizar que las cuotas que deban pagar los consumidores sean razonables, las autoridades nacionales de reglamentación
velarán por que la tarificación de la interconexión para la prestación de este servicio sea razonable.»
Se estableció un nuevo marco jurídico para todas las redes y servicios de transmisión en forma de cuatro Directivas, a saber,
además de la Directiva marco y la Directiva servicio universal, la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión
(Directiva «acceso») (DO L 108, p. 7; en lo sucesivo, «Directiva acceso»), y la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva
«autorización») (DO L 108, p. 21; en lo sucesivo, «Directiva autorización»).
El artículo 30 de la Directiva servicio universal dispone:
«1.      Los Estados miembros velarán por que todos los abonados a servicios telefónicos disponibles al público, incluidos los servicios
de telefonía móvil, puedan conservar su número o números, cuando así lo soliciten, con independencia de la empresa que preste
el servicio:
a)      en una ubicación específica, cuando se trate de números geográficos, y
b)      en cualquier ubicación, si se trata de números no geográficos.
Este apartado no se aplicará a la conservación de números entre redes que ofrezcan servicios en ubicaciones fijas y en redes
de telefonía móvil.
2.      Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que la interconexión para la conservación de los números sea objeto
de una tarifación orientada en función de los costes y por que las cuotas directas impuestas a los abonados, si las hubiere,
no tengan como efecto disuadir del uso de esas facilidades.
3.      Las autoridades nacionales de reglamentación no impondrán tarifas al público para la conservación de números que puedan falsear
la competencia, mediante, por ejemplo, la fijación de tarifas al público específicas o comunes.»
El artículo 4, apartado 1, de la Directiva marco establece lo siguiente:
«Los Estados miembros velarán por que exista a nivel nacional un mecanismo eficaz en virtud del cual cualquier usuario o empresa
suministradora de redes o servicios de comunicaciones electrónicas que esté afectado por una decisión de una autoridad nacional
de reglamentación pueda recurrir ante un organismo independiente de las partes implicadas. Este organismo, que podrá ser un
tribunal, tendrá la experiencia adecuada para poder desempeñar sus funciones. Los Estados miembros velarán por que el fondo
del caso se tenga debidamente en cuenta, así como que haya un mecanismo de recurso eficaz. A la espera del resultado de dicho
recurso, la decisión de las autoridades nacionales de reglamentación seguirá siendo válida, a no ser que el organismo de recurso
adopte otra decisión.»

Normativa nacional
Mediante la decisión impugnada, adoptada con arreglo a la Ley belga de 17 de enero de 2003 relativa al estatuto del órgano
regulador de los correos y telecomunicaciones belgas
(Moniteur belge
de 24 de enero de 2003; en lo sucesivo, «Ley de 17 de enero de 2003») y al Real Decreto de 23 de septiembre de 2002 relativo
a la conservación de los números de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones móviles ofrecidos al público
(Moniteur belge
de 1 de octubre de 2002; en lo sucesivo, «Real Decreto de 23 de septiembre de 2002»), el IBPT, autoridad nacional de reglamentación
en el sentido del artículo 2, letra g), de la Directiva marco, fijó el coste de establecimiento por número de telefonía móvil
transferido con éxito de un operador a otro durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2002 y el 1 de octubre
de 2005 en 3,86 euros para una instalación simple y en 23,41 euros para una instalación compleja. Con arreglo al artículo
19 del referido Real Decreto, dicho coste se fijó conforme al concepto de «costes teóricos de un operador de telefonía móvil
eficaz». Del punto 4 de la decisión impugnada se desprende que este operador de referencia no es necesariamente aquel cuyos
costes sean menos elevados, sino el que deba considerarse competitivo dentro del grupo de entornos comparables. Para adoptar
la decisión impugnada, el IBPT tuvo en cuenta informaciones aportadas por Mobistar, Belgacom Mobile SA (en lo sucesivo, «Belgacom
Mobile») y Base SA (en lo sucesivo, «Base»), es decir, los tres operadores de telefonía móvil que desarrollan su actividad
en Bélgica.
El Real Decreto de 23 de septiembre de 2002 contiene, entre otras, disposiciones relativas al reparto de los costes en que
se incurra por la conservación del número de telefonía móvil al cambiar de operador. Distingue cuatro tipos de costes: costes
derivados de la introducción del servicio de conservación del número, costes de establecimiento por línea o número (en lo
sucesivo, «costes de establecimiento»), costes vinculados a la base de datos de referencia central, así como costes de transporte
de llamadas vinculados a la conservación de los números (en lo sucesivo, «costes de transporte»).
El artículo 18 de dicho Real Decreto define el coste de establecimiento como sigue: «el coste adicional no recurrente generado
como consecuencia del cambio a otro operador de uno o de varios números de teléfonos móviles, además de los costes vinculados
al cambio a otro operador o a otro prestador de servicios de telefonía móvil de uno o varios números de teléfonos móviles
que no pueden ser conservados por el usuario, o para poner fin a la prestación del servicio».
Conforme al artículo 19 del referido Real Decreto, «los costes de establecimiento por línea o por número […] serán determinados
por el [IBPT] con arreglo a los costes teóricos de un operador de telefonía móvil eficaz. Los importes fijados por el IBPT
para cubrir los costes de establecimiento por línea o por número […] estarán orientados en función de los costes».
De la resolución de remisión se desprende que en los costes de establecimiento únicamente están comprendidos aquellos en que
incurre el operador de una red de telefonía móvil cuyo número se conserva (en lo sucesivo, «operador cedente»). El operador
cedente puede facturar al operador hacia el que se produce el cambio (en lo sucesivo, «operador receptor») el coste de establecimiento
por el importe fijado por el IBPT. Dicho importe es un importe máximo, de forma que los operadores de telefonía móvil pueden
negociar entre ellos un importe inferior. Por otra parte, un operador cedente puede exigir, en principio, el importe de cobertura
fijado por el IBPT aun cuando sus costes de establecimiento reales sean inferiores.
Conforme al artículo 11 del Real Decreto de 23 de septiembre de 2002, el operador cedente no puede solicitar indemnización
a un usuario final que conserva su número. Por otro lado, el operador receptor no puede solicitar a dicho usuario una indemnización
superior a 15 euros por la conservación de su número.
Por último, con arreglo al artículo 18 del referido Real Decreto, los costes de transporte son «los costes suplementarios
generados en la red por las llamadas hacia los números transferidos en comparación con las llamadas hacia los números no transferidos».
Estos costes deberán ser reembolsados proporcionalmente al operador cedente por el operador de la red desde la que se genera
la llamada y que la factura al usuario final.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales
Mobistar interpuso un recurso contra la decisión impugnada ante la cour d’appel de Bruxelles, por considerar que los costes
fijados en la referida decisión son excesivos. Mobistar dirigió su recurso contra el IBPT, Belgacom Mobile y Base. Al contrario
que Mobistar, Belgacom Mobile considera que dichos costes son demasiado bajos mientras que Base, que apoya las pretensiones
de Mobistar, alega la ilegalidad del Real Decreto de 23 de septiembre de 2002, y, por ende, de la decisión impugnada de la
que constituye el fundamento, invocando en particular la infracción del artículo 30, apartado 2, de la Directiva servicio
universal.
La cour d’appel de Bruxelles señala que han de atribuirse a la decisión impugnada los efectos de una medida mediante la cual
se establece un precio máximo común para el cambio de operador del número, por lo que este precio únicamente puede modificarse
a la baja, con la conformidad del operador cedente, y considera que la procedencia del recurso depende de las respuestas a
diferentes cuestiones relativas a la legalidad del Real Decreto de 23 de septiembre de 2002, que constituye la base jurídica
de la referida decisión.
En estas circunstancias, la cour d’appel de Bruxelles decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      Por lo que respecta al servicio de conservación de los números previsto en el artículo 30 de la Directiva [servicio universal]:
a)      El artículo 30, apartado 2, de la Directiva servicio universal, que establece que las autoridades nacionales de reglamentación
velarán por que la interconexión para la conservación de los números sea objeto de una tarifación orientada en función de
los costes, ¿se refiere exclusivamente a los costes vinculados al transporte hacia el número objeto del cambio de operador
o también a la tarifación de los costes soportados por los operadores para ejecutar las solicitudes de cambio de operador
del número?
b)      Si el artículo 30, apartado 2, de la Directiva [servicio universal] se refiere exclusivamente a los costes de interconexión
vinculados al transporte hacia el número trasladado a otro operador, ¿debe interpretarse dicha disposición:
i)      en el sentido de que deja a los operadores libertad para negociar las condiciones comerciales del servicio y de que prohíbe
a los Estados miembros imponer
ex ante
condiciones comerciales a las empresas a las que corresponde la obligación de prestar el servicio de conservación del número
por lo que respecta a las prestaciones vinculadas a la ejecución de una solicitud de cambio de operador,
ii)      o bien en el sentido de que no prohíbe a los Estados miembros imponer
ex ante
condiciones comerciales para dicho servicio a los operadores que se haya determinado que tienen un peso significativo en un
mercado determinado?
c)      Si el artículo 30, apartado 2, de la Directiva [servicio universal] debe interpretarse en el sentido de que impone a todos
los operadores la obligación de orientación en función de los costes por lo que respecta a los costes de cambio de operador
del número, ¿debe interpretarse en el sentido de que se opone:
i)      a que una medida reglamentaria nacional imponga para el cálculo de los costes un método de cálculo determinado;
ii)      a una medida nacional que determine
ex ante
el reparto de los costes entre los operadores;
iii)      a una medida nacional que faculte a la autoridad nacional de reglamentación a fijar
ex ante
para todos los operadores y durante un período determinado el importe máximo de las cuotas que el operador cedente puede reclamar
al operador receptor;
iv)      a una medida nacional que conceda al operador cedente el derecho de aplicar la tarifación determinada por la autoridad nacional
de reglamentación, dispensándole de la obligación de demostrar que la tarifación que aplica está orientada en función de sus
propios costes?
2)      Por lo que respecta al derecho de recurso previsto en el artículo 4 de la Directiva [marco]:
¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 1, de la Directiva marco, en el sentido de que la autoridad designada para conocer
de los recursos debe poder disponer de todos los datos necesarios para que el fondo del asunto pueda ser debidamente tenido
en cuenta, incluidos los datos confidenciales con arreglo a los cuales la autoridad nacional de reglamentación ha adoptado
la resolución objeto del recurso?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre la primera cuestión
Sobre la primera parte de la primera cuestión
Mediante la primera parte de su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pretende esencialmente que se dilucide
si la tarificación de la interconexión para la conservación de los números, contemplada en el artículo 30, apartado 2, de
la Directiva servicio universal, se refiere no sólo a los costes de transporte sino también a los costes de establecimiento.
Mobistar y Belgacom Mobile así como el IBPT, la Comisión de las Comunidades Europeas y los Gobiernos chipriota y lituano sostienen
que las disposiciones del citado artículo 30, apartado 2, se refieren sólo a los costes vinculados al transporte hacia el
número objeto del cambio de operador y no a los costes soportados por los operadores de telefonía móvil para ejecutar las
solicitudes de cambio de operador del número.
En cambio, Base, el Gobierno italiano y el Gobierno del Reino Unido, consideran que la tarificación de la interconexión a
que se refiere el citado artículo engloba todos los servicios vinculados a la ejecución de las solicitudes de conservación
de los números por los que los operadores tienen derecho a solicitar una compensación.
Con carácter preliminar, procede señalar que el concepto de portabilidad de los números comprende la facilidad que permite
a un abonado de telefonía móvil conservar el mismo número de llamada en caso de cambio de operador.
La ejecución de dicha facilidad requiere que las plataformas entre operadores sean compatibles, que se transfiera el número
del abonado de un operador a otro y que las operaciones técnicas permitan dirigir las llamadas telefónicas hacia el número
objeto del cambio de operador.
La portabilidad de los números tiene por objeto suprimir los obstáculos a la libre elección de los consumidores, en particular
entre los operadores de telefonía móvil, y garantizar de esta forma el desarrollo de una competencia efectiva en el mercado
de servicios telefónicos.
Para alcanzar estos objetivos, el legislador comunitario previó en el artículo 30, apartado 2, de la Directiva servicio universal
que las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que la interconexión para la conservación de los números sea
objeto de una tarificación orientada en función de los costes y por que las cuotas directas impuestas a los abonados, si las
hubiere, no tengan como efecto disuadir del uso de esas facilidades.
Ahora bien, la interpretación según la cual los costes de establecimiento no estarían contemplados en la referida disposición
sería contraria al objeto y la finalidad de la Directiva servicio universal y entrañaría el riesgo de limitar el efecto útil
de ésta desde el punto de vista de la conservación de los números.
En efecto, los costes de establecimiento representan una parte considerable de los costes que puede repercutir directa o indirectamente
el operador receptor en el abonado que quiera hacer uso de la facilidad relativa a la conservación de su número de teléfono
móvil.
Si el deber de vigilancia impuesto por el artículo 30, apartado 2, de la Directiva servicio universal no abarcase a dichos
costes, su fijación en niveles demasiado elevados por parte de los operadores cedentes, en particular aquellos ya establecidos
en el mercado y que dispongan de una extensa clientela, entrañaría el riesgo de disuadir a los consumidores de hacer uso de
la referida facilidad, e incluso de convertirla en la práctica en ampliamente ilusoria.
Procede, pues, responder a la primera parte de la primera cuestión que la tarificación de la interconexión para la conservación
de los números contemplada en el artículo 30, apartado 2, de la Directiva servicio universal se refiere a los costes de transporte
de los números objeto del cambio de operador y a los costes de establecimiento soportados por los operadores de telefonía
móvil para ejecutar las solicitudes de cambio de operador del número.
Sobre las partes segunda y tercera de la primera cuestión
Habida cuenta de la respuesta dada a la primera parte de la primera cuestión, únicamente procede responder a la tercera parte
de esta cuestión.
El órgano jurisdiccional remitente pregunta básicamente en esta tercera parte de la cuestión si las autoridades nacionales
de reglamentación pueden fijar de antemano precios máximos para todos los operadores de telefonía móvil conforme a un modelo
teórico de costes.
Hay que señalar de entrada que el artículo 30, apartado 2, de la Directiva servicio universal exige a las autoridades nacionales
de reglamentación que velen por que los operadores determinen los precios en función de los costes y, además, por que los
precios no tengan efectos disuasorios para los abonados.
Una vez que se haya verificado que las tarifas se fijan en función de los costes, la referida disposición confiere un cierto
margen de apreciación a las autoridades nacionales para evaluar la situación y definir el método que les parezca más adecuado
para lograr la plena eficacia de la conservación de los números, de manera que no se disuada a los abonados de hacer uso de
esta facilidad.
Pues bien, es preciso constatar que las autoridades nacionales de reglamentación no han sobrepasado dicho margen de apreciación
en el caso de autos. En efecto, un método consistente en definir un importe máximo de precio, como el adoptado en el presente
caso por las autoridades belgas, puede considerarse compatible con el artículo 30, apartado 2, de la Directiva servicio universal,
a condición de que los nuevos operadores tengan la posibilidad efectiva de impugnar la aplicación de los precios máximos por
parte de los operadores ya existentes en el mercado demostrando que dichos precios son demasiado elevados con relación a la
estructura de costes de estos operadores.
Así, de lo antedicho se desprende que, en principio, la Directiva servicio universal no se opone a que las autoridades nacionales
competentes fijen de antemano precios máximos para todos los operadores de telefonía móvil conforme a un modelo teórico de
costes.
Habida cuenta de todas estas consideraciones, procede responder a la tercera parte de la primera cuestión que el artículo
30, apartado 2, de la Directiva servicio universal no se opone a la adopción de una medida nacional, como la controvertida
en el procedimiento principal, que fija de antemano y conforme a un modelo teórico de costes los precios máximos que puede
reclamar el operador cedente al operador receptor, en concepto de costes de establecimiento, siempre que las tarifas se fijen
en función de los costes de manera que no se disuada a los abonados de hacer uso de la facilidad relativa a la conservación
de los números.

Sobre la segunda cuestión
Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pretende esencialmente que se dilucide si del artículo 4 de
la Directiva marco se desprende que el organismo independiente a que se refiere dicha disposición, como el órgano jurisdiccional
remitente, debe disponer de todos los datos necesarios para examinar la procedencia de un recurso del que conoce, incluidos
los datos que, según la normativa aplicable en materia de secretos comerciales, son confidenciales.
De la resolución de remisión se deduce que el IBPT invoca la obligación de confidencialidad a que ha de atenerse con arreglo
a su estatus jurídico, definido por la Ley de 17 de enero de 2003.
A este respecto, procede señalar que el organismo encargado de conocer de los recursos dirigidos contra las decisiones de
la autoridad nacional de regulación con arreglo al artículo 4 de la Directiva marco debe poder disponer de toda la información
necesaria para estar en condiciones de pronunciarse con todo conocimiento de causa sobre la procedencia de los referidos recursos,
incluida la información confidencial. No obstante, la protección de tal información así como de los secretos comerciales debe
garantizarse y adaptarse de manera que se concilie ésta con las exigencias de una protección jurídica efectiva y el respeto
del derecho de defensa de las partes en el litigio.
Del artículo 4, apartado 1, de la Directiva marco se desprende expresamente que el derecho de recurso que puede ejercer cualquier
usuario o suministrador contra las decisiones de la autoridad nacional de reglamentación que le afecten debe basarse en un
mecanismo de recurso eficaz que permita que se tenga debidamente en cuenta el fondo del asunto.
Por otra parte, el artículo 5, apartado 3, de la misma Directiva establece que, en el marco del intercambio de información
entre las autoridades nacionales de reglamentación y la Comisión, la información que dichas autoridades consideren confidencial
puede ser comunicada a la Comisión, que deberá, sin embargo, garantizar dicha confidencialidad.
En consecuencia, procede responder a la segunda cuestión que el artículo 4 de la Directiva marco debe interpretarse en el
sentido de que el organismo designado para conocer de los recursos contra las decisiones de las autoridades nacionales de
reglamentación debe disponer de toda la información necesaria para examinar la procedencia de un recurso, incluida, en su
caso, la información confidencial que dichas autoridades hayan tomado en consideración para adoptar la decisión objeto del
recurso. Corresponde, sin embargo, a dicho organismo garantizar el trato confidencial de los datos en cuestión, respetando
las exigencias de una protección jurídica efectiva y asegurando el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio.

Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
1)
La tarificación de la interconexión para la conservación de los números contemplada en el artículo 30, apartado 2, de la Directiva
2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los
usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «servicio universal») se refiere
a los costes de transporte de los números objeto del cambio de operador y a los costes de establecimiento soportados por los
operadores de telefonía móvil para ejecutar las solicitudes de cambio de operador del número.
2)
El artículo 30, apartado 2, de la Directiva 2002/22 no se opone a la adopción de una medida nacional que define un método
determinado para el cálculo de los costes y que fija de antemano y conforme a un modelo teórico de costes los precios máximos
que puede reclamar el operador cedente al operador receptor, en concepto de costes de establecimiento, siempre que las tarifas
se fijen en función de los costes de manera que no se disuada a los abonados de hacer uso de la facilidad relativa a la conservación
de los números.
3)
El artículo 4 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco
regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «marco»), debe interpretarse en el
sentido de que el organismo designado para conocer de los recursos contra las decisiones de las autoridades nacionales de
reglamentación debe disponer de toda la información necesaria para examinar la procedencia de un recurso, incluida, en su
caso, la información confidencial que dichas autoridades hayan tomado en consideración para adoptar la decisión objeto del
recurso. Corresponde, sin embargo, a dicho organismo garantizar el trato confidencial de los datos en cuestión, respetando
las exigencias de una protección jurídica efectiva y asegurando el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: francés.