CELEX: 61988CJ0351
Contratos públicos de suministro
Reserva del 30 % de estos contratos a las empresas situadas en el Mezzogiorno

Mediante resolución de 30 de mayo de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de diciembre del mismo año, el Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italia) planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30 y 92 del Tratado CEE, con objeto de apreciar la compatibilidad con estas disposiciones de una normativa italiana que reserva a las empresas establecidas en la región del Mezzogiorno un porcentaje de los contratos públicos de suministro.
Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la sociedad Laboratori Bruneau y la Unità Sanitaria Locale RM/24 di Monterotondo, Roma (en lo sucesivo, «USL»), como consecuencia de su exclusión del procedimiento de adjudicación de un contrato de suministro de material de sutura.
Con arreglo a los apartados 16 y 17 del artículo 17 de la Ley n° 64 de 1 de marzo de 1986 («Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»), el Estado italiano ampliò a todos los organismos y Administraciones públicas, así como a los organismos y sociedades con participación estatal, incluidas las USL situadas en el conjunto del territorio nacional, la obligación de aprovisionarse, al menos en un 30 % de sus necesidades, de empresas industriales, agrícolas y artesanales establecidas en el Mezzogiorno, en las que los productos de referencia sufran una transformación.
Con arreglo a las disposiciones de esta legislación nacional, la USL fijó las condiciones de la licitación restringida para el suministro de material de sutura. La sociedad Laboratori Bruneau impugnó esta decisión ante el Tribunale amministrativo regionale del Lazio, alegando que había sido excluida de la participación en el procedimiento de adjudicación del contrato reservado, por no poseer establecimientos en el Mezzogiorno.
En el marco del examen de este recurso, el órgano jurisdiccional nacional decidió plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente :
«¿Deben interpretarse los artículos 30 y 92 del Tratado CEE en el sentido de que una normativa nacional que reserva a las empresas establecidas en determinadas regiones del territorio nacional un porcentaje de los contratos públicos de suministro constituye una medida de efecto equivalente a restricciones cuantitativas o a una “ayuda”? ¿Se oponen dichos artículos a la citada normativa?»
Para una más amplia exposición de las disposiciones de la normativa nacional aplicable, de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento así como de las observaciones escritas presentadas al Tribunal de Justicia, esta Sala se remite al informe para la vista.
En su sentencia de 20 de marzo de 1990, Du Pont de Nemours (
C-21/88, Rec. p. I-889
), este Tribunal de Justicia se pronunció sobre unas cuestiones prejudiciales del mismo tenor, planteadas por el Tribunale amministrativo regionale della Toscana, declarando, de un lado, que el artículo 30 del Tratado debía interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que reserva a las empresas establecidas en determinadas regiones del territorio nacional un porcentaje de los contratos públicos de suministro y, de otro, que la posible calificación de una normativa nacional como ayuda en el sentido del artículo 92 del Tratado no puede exceptuar a esta normativa de la prohibición del artículo 30 del Tratado.
Dado que de las observaciones presentadas ante este Tribunal de Justicia en el presente asunto no se deduce ningún dato de hecho o de Derecho que pudiera dar lugar a una respuesta distinta, procede reiterar la respuesta dada en la sentencia de 20 de marzo de 1990, C-21/88, antes citada.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno italiano y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Tribunale amministrativo regionale del Lazio mediante resolución de 30 de mayo de 1988, declara:

1)
El artículo 30 del Tratado CEE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que reserva a las empresas establecidas en determinadas regiones del territorio nacional un porcentaje de los contratos públicos de suministro.

2)
La posible calificación de una normativa nacional como ayuda en el sentido del artículo 92 del Tratado no puede exceptuar a esta normativa de la prohibición del artículo 30 del Tratado.

Diez de Velasco
Kakouris
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de julio de 1991
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Cuarta
M. Diez de Velasco
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.