CELEX: 61988CJ0158
Incumplimiento
Franquicias para los viajeros
Establecimiento de un período mínimo de estancia en el extranjero

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 1 de junio de 1988, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que, al limitar la aplicación de las franquicias previstas por la Directiva 69/169/CEE del Consejo, de 28 de mayo de 1969, relativa a la armonización de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a las franquicias de los impuestos sobre consumos específicos percibidos sobre la importación en el tráfico internacional de viajeros (
DO L 133, p. 6
; EE 09/01, p. 19), modificada por última vez por la Directiva 85/348/CEE del Consejo, de 8 de julio de 1985 (
DO L 183, p. 24
; EE 09/02, p. 4), a las mercancías contenidas en los equipajes personales de los viajeros que se presentan en sus fronteras tras haber permanecido fuera de su territorio durante un período de al menos 48 horas, Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE.
El presente recurso se originó por la comprobación hecha por la Comisión de que, mediante las European Communities (Customs and Excise) Regulations (Decreto relativo a los aranceles aduaneros comunitarios) de 31 de marzo de 1987 (Statutory Instruments n
o
98, 1987), Irlanda había limitado la concesión de las franquicias previstas en los artículos 1, 2 y 4 de la Directiva 69/169 a las personas que se presentaran en sus fronteras tras haber permanecido fuera de su territorio durante un período de al menos 48 horas.
Al estimar que esta medida era contraria a las citadas disposiciones de la Directiva, que no establecen distinción alguna entre viajeros y no prevén ninguna limitación en razón de la duración de la estancia fuera del territorio de un Estado miembro, la Comisión envió al Gobierno irlandés, con arreglo al párrafo 1 del artículo 169 del Tratado, un escrito de requerimiento de fecha 15 de abril de 1987. Dado que las observaciones del Gobierno irlandés no justificaban una modificación de su posición, la Comisión requirió a Irlanda, mediante dictamen motivado de 16 de octubre de 1987, para que adoptara las medidas necesarias para atenerse al dictamen en el plazo de dos meses a contar desde su notificación.
Al no haber sido adoptadas estas medidas, la Comisión interpuso el presente recurso.
Para una más amplia exposición de los hechos, del desarrollo del procedimiento así como de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
El Gobierno irlandés alega, en primer lugar, que las franquicias previstas por la Directiva 69/169 se aplican únicamente a los viajeros llamados «auténticos». Ahora bien, se comprobó que numerosas personas de nacionalidad irlandesa realizaban innumerables viajes de un día a Irlanda del Norte con objeto de realizar compras aprovechando los tipos más bajos de IVA allí vigentes así como tipos de cambio ventajosos (viajeros llamados «fiscales»). Esta situación causó un grave perjuicio a la economía irlandesa. El Gobierno irlandés sostiene que la adopción del Decreto impugnado era necesaria y, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, estaba permitida con vistas a corregir el abuso a que daba lugar la aplicación de la citada Directiva.
No puede acogerse este argumento. En efecto, de la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia (véase, principalmente, sentencia de 14 de febrero de 1984, Rewę,
278/82, Rec. 1984, p. 721, apartado 31
) resulta que, en el ámbito de que se trata, los Estados miembros sólo conservan la competencia limitada que les atribuyen las propias disposiciones de las Directivas discutidas. Ahora bien, estas Directivas no prevén ninguna posibilidad de excepción relacionada con la duración de los viajes.
Procede añadir que, en esta misma sentencia, este Tribunal precisó que, en el ámbito del transporte intracomunitário, el derecho a acogerse a las franquicias aplicables, en un Estado miembro, a las mercancías contenidas en los equipajes personales de los viajeros se concedía cuando el viajero había tenido la posibilidad efectiva de realizar compras en otro Estado miembro (sentencia de 14 de febrero de 1984, asunto 278/82, antes citado, apartado 45). De ello se sigue que la distinción efectuada por el Decreto controvertido entre viajeros «auténticos» y viajeros «fiscales» para negar a estos últimos la posibilidad de acogerse a las franquicias previstas por la Directiva es incompatible con ésta.
Procede precisar por último que cuando, debido a la situación económica de un Estado miembro, resulta necesaria la adopción de disposiciones excepcionales, que subordinan la concesión de las franquicias a una estancia fuera del territorio nacional de una duración determinada, dichas disposiciones pueden adoptarse únicamente en virtud de una Directiva que derogue a la Directiva 69/169, como se ha hecho con Dinamarca mediante la Directiva 84/231/CEE del Consejo, de 30 de abril de 1984 (
DO L 117, p. 42
; EE 09/01, p. 168), o en virtud de una medida de salvaguardia, cuando se cumplan los requisitos impuestos por los artículos 108 y 109 del Tratado. Ahora bien, el Decreto de 31 de marzo de 1987 no fue adoptado en virtud de ninguna Directiva comunitaria o medida de salvaguardia prevista por el Tratado.
El Gobierno irlandés aduce en segundo lugar, como justificación de la medida discutida, que la Comisión no respondió a la petición del Consejo de que «estudiara la posibilidad y la oportunidad de hacer una distinción entre los viajes “auténticos” y los efectuados con fines puramente fiscales y elaborara un informe, antes de finalizar el año 1987, acompañado, en su caso, de una propuesta si el problema subsistía todavía en dicha fecha» (declaración recogida en el acta de la reunión del Consejo en la que se adoptó la Directiva 85/348 por la que se modifica la Directiva 69/169).
También debe rechazarse este argumento. En efecto, la medida discutida fue adoptada el 31 de marzo de 1987, con bastante anterioridad a la fecha límite fijada para la presentación del referido informe, y, en cualquier caso, una supuesta omisión de la Comisión no puede justificar una medida unilateral semejante.
Procede pues declarar que, al limitar la aplicación de las franquicias previstas por la Directiva 69/169/CEE del Consejo, de 28 de mayo de 1969, relativa a la armonización de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a las franquicias de los impuestos sobre consumos específicos percibidos sobre la importación en el tráfico internacional de viajeros, modificada por última vez por la Directiva 85/348/CEE del Consejo, de 8 de julio de 1985, a las mercancías contenidas en los equipajes personales de los viajeros que se presentan en sus fronteras tras haber permanecido fuera de su territorio durante un período de al menos 48 horas, Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandada, procede condenarla en costas, incluidas las de la parte coadyuvante.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Declarar que, al limitar la aplicación de las franquicias previstas por la Directiva 69/169/CEE del Consejo, de 28 de mayo de 1969, relativa a la armonización de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a las franquicias de los impuestos sobre consumos específicos percibidos sobre la importación en el tráfico internacional de viajeros, modificada por última vez por la Directiva 85/348/CEE del Consejo, de 8 de julio de 1985, a las mercancías contenidas en los equipajes personales de los viajeros que se presentan en sus fronteras tras haber permanecido fuera de su territorio durante un período de al menos 48 horas, Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE.

2)
Condenar a la parte demandada en costas, incluidas las de la parte coadyuvante.

Due
Schockweiler
Mancini
Joliét
O'Higgins
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de junio de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.