CELEX: 61984CJ0075
Competencia
Sistema de distribución selectiva

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 19 de marzo de 1984, Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG (en lo sucesivo Metro), de Leverkusen, República Federal de Alemania, interpuso un recurso con arreglo al párrafo 2 del artículo 173 del Tratado CEE, que tiene por objeto la anulación de la Decisión 83/672 de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 21 de diciembre de 1983, relativa a un procedimiento seguido conforme al artículo 85 del Tratado CEE (IV/29.598, sistema de distribución selectiva SABA en la Comunidad Económica Europea,
DO L 376, p. 41
).
Mediante esta decisión, la Comisión concedió, con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado, una exceptuación a la prohibición del apartado 1 del mismo artículo 85, en favor de ciertos acuerdos que formaban parte del sistema de distribución selectiva aplicado por SABA GmbH (en lo sucesivo, «SABA») para la comercialización en el mercado común de aparatos de electrónica de recreo de su marca.
La parte demandante explota una empresa de comercio al por mayor, en régimen denominado de autoservicio, cuyas actividades se extienden a toda la Comunidad. Dispone de unos cuarenta establecimientos en la República Federal de Alemania, así como de cierto número de puntos de venta en los demás Estados miembros. Su actividad consiste en la venta de una amplia gama de productos, entre los que figuran los productos de electrónica de recreo, de los que se abastece directamente de los productores, bien a los comerciantes al por menor para su reventa, bien a las empresas mercantiles, artesanales o industriales para su utilización con fines profesionales. Metro vende igualmente a usuarios finales privados calificados como «consumidores institucionales», tales como hospitales y hoteles.
El sistema de distribución de Metro, denominado «cash and carry» («pagar y llevar»), permite a los compradores adquirir mercancías en los puntos de venta, almacenadas de forma que el propio cliente pueda llevárselas inmediatamente, presentadas de forma rudimentaria y pagadas al contado. Este sistema permite reducir los costes y le hace posible a Metro trabajar con un margen de beneficio inferior al del comercio tradicional de venta al por mayor.
SABA, que tiene su domicilio social en Villingen-Schwenningen, en la República Federal de Alemania, fabrica productos de electrónica de recreo, tales como receptores de radio, receptores de televisión, magnetoscopios, equipos de alta fidelidad y magnetófonos. Comercializa sus productos a través de una red de contratos y acuerdos con concesionarios en exclusiva, mayoristas y minoristas autorizados, lo cual constituye un sistema de distribución selectiva (en lo sucesivo, «sistema SABA»).
Desde 1980, SABA es una filial al 100 % de la sociedad Thomson-Brandt, con domicilio social en Francia y que posee participaciones en otras empresas alemanas del sector de la electrónica de recreo, entre ellas las sociedades Dual, Nordmende y Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH.
Sobre el objeto del litigio
El sistema SABA se presenta como un sistema de distribución uniforme para todo el territorio de la Comunidad. En la República Federal de Alemania, incluido Berlín Oeste, dispone de una red de mayoristas y minoristas especializados, autorizados todos ellos por SABA, y en los demás Estados miembros (salvo Irlanda) opera a través de concesionarios en exclusiva y minoristas especializados; los concesionarios en exclusiva de Italia y del Reino Unido son filiales de SABA.
Este sistema se basa en una serie de contratos y acuerdos entre SABA y los diferentes distribuidores de su red, conforme al siguiente modelo:
—
El contrato de distribución selectiva de los mayoristas especializados SABA para la Comunidad Económica Europea (SABA-EG-Vertriebsbindungsvertrag SABA-Fachgroßhändler) (en lo sucesivo, «contrato mayoristas»).
—
El acuerdo de cooperación SABA (SABA-Kooperationsvertrag) (en lo sucesivo, «acuerdo de cooperación») que conlleva en particular obligaciones en materia de promoción, que en Alemania deben cumplir los mayoristas que se abastecen directamente de SABA.
—
El contrato de distribución selectiva de los minoristas especializados SABA para la Comunidad Económica Europea (SABA-EG-Vertriebsbindungsvertrag SABA-Facheinzelhändler) (en lo sucesivo, «contrato minoristas especializados»).
—
El acuerdo SABA «Fair Service», que determina entre SABA y sus minoristas autorizados la realización de los servicios de reparación, bajo garantía, de los productos SABA.
Respecto a las mencionadas obligaciones de promoción, el acuerdo de cooperación obliga a los mayoristas especializados en Alemania que se abastecen directamente de SABA a ofrecer toda la gama de productos SABA y a celebrar con SABA, al comienzo de cada año, un acuerdo sobre el volumen de negocios anual que contiene compromisos vinculantes en lo referente a la cifra de ventas que hay que obtener, por tipos y número de unidades.
El funcionamiento del sistema de distribución SABA fue impugnado por Metro desde el momento en que ésta, habiendo solicitado a SABA que la admitiera en calidad de mayorista para la distribución de la electrónica de recreo, vio como se le denegaba el suministro por no reunir las condiciones necesarias para ser autorizada en calidad de mayorista por SABA.
Mediante Decisión de 15 de diciembre de 1975 (
DO 1976, L 28, p. 19
), la Comisión tomó posición sobre una versión anterior de los contratos que constituyen el sistema SABA. En esta decisión, reconocía que ciertas cláusulas de estos contratos no incurrían en la prohibición del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, mientras que a otras estipulaciones de dichos contratos les era aplicable la exceptuación prevista en el apartado 3 del artículo 85. El recurso de Metro contra esta decisión fue desestimado mediante sentencia de 25 de octubre de 1977 (Metro,
26/76, Rec. 1977, p. 1875
, en lo sucesivo, Metro I).
Los términos de los diversos acuerdos que constituyen el actual sistema SABA corresponden esencialmente a los del antiguo sistema SABA, salvo algunas modificaciones relativas especialmente al procedimiento de autorización de distribuidores cualificados. Mientras que el procedimiento previsto en el antiguo sistema se caracterizaba por la facultad que tenía SABA de decidir si un comerciante respondía o no a los criterios para ser autorizado, el nuevo procedimiento habilita a todo mayorista especializado SABA a autorizar por sí mismo, como minoristas especializados SABA, a los comerciantes que reúnan las condiciones de cualificación y a suministrarles mercancías. Además, los mayoristas, aunque no hayan firmado el acuerdo de cooperación y, por tanto, no sean abastecidos directamente por SABA, pueden obtener suministros de otros mayoristas con tal de que reúnan las condiciones establecidas en el «contrato mayoristas».
Mediante carta de 2 de julio de 1979, SABA solicitó a la Comisión que exceptuara los contratos que constituyen el sistema de distribución SABA de la aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado prorrogando la exceptuación concedida mediante la decisión de 1975, cuya validez expiraba el 21 de julio de 1980. Como consecuencia de dos pliegos de cargos que llevaron a SABA a introducir las mencionadas modificaciones en los acuerdos SABA, la Comisión adoptó, el 21 de diciembre de 1983, la decisión controvertida.
Mediante esta decisión, la Comisión declaró inaplicables, conforme al apartado 3 del artículo 85, las disposiciones del apartado 1 de este artículo al «contrato mayoristas», al acuerdo de cooperación SABA y al «contrato minoristas especializados», al tiempo que decidió no intervenir, en virtud del apartado 1 del artículo 85, respecto al acuerdo SABA «Fair Service». Además, la Comisión obligó a SABA a que le comunicara cada año, a partir del 31 de diciembre de 1984, un informe sobre los casos en que SABA hubiera denegado o retirado la calificación de «distribuidor SABA» a un mayorista o minorista, o hubiera ordenado contra él la suspensión de suministros o hubiera solicitado examinar los documentos de control de números de serie de un distribuidor SABA.
Metro, fundándose en el artículo 173 del Tratado, solicita la anulación de la decisión controvertida por cuanto ésta concede, con arreglo al apartado 3 del artículo 85, una exceptuación a los acuerdos que constituyen el sistema SABA.
En el presente asunto, el Gobierno del Reino Unido ha intervenido en apoyo de Metro, mientras que SABA y el Gobierno de la República Federal de Alemania han intervenido en apoyo de la Comisión.
En relación con los detalles del sistema SABA y la decisión impugnada de la Comisión, así como los hechos y los motivos y alegaciones de las partes, la Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre la admisibilidad
Únicamente SABA sostiene la inadmisibilidad del recurso. Estima que la decisión impugnada no afecta directa e individualmente a Metro, ya que la misma no fue adoptada a instancia suya, en virtud de la letra b) del apartado 2 del artículo 3 del Reglamento n
o
17.
Según el párrafo 2 del artículo 173 del Tratado, toda persona física o jurídica podrá interponer recurso de anulación contra las decisiones de las que sea destinataria o contra las decisiones que, aunque revistan la forma de un reglamento o de una decisión dirigida a otra persona, le afecten directa e individualmente. Como Metro no es la destinataria de la decisión impugnada, procede examinar si ésta afecta a Metro directa e individualmente.
De la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia resulta que las personas que no sean destinatárias de una decisión no pueden considerarse afectadas por la misma en el sentido del párrafo 2 del artículo 173, salvo si dicha decisión les atañe por razón de ciertas cualidades que les sean particulares o de una situación de hecho que las caracterice con relación a cualquier otra persona y que, por tanto, las individualice de forma análoga al destinatario (sentencia de 28 de enero de 1986, Cofaz,
169/84, Rec. 1986, p. 391
).
A este respecto, procede recordar, en primer lugar, que las solicitudes de admisión de Metro como mayorista al sistema SABA fueron denegadas.
Asimismo, procede observar que Metro formuló objeciones en varias cartas de febrero de 1983 y posteriormente como consecuencia de la publicación del dictamen de la Comisión relativo a su intención de conceder a SABA una exceptuación en aplicación del apartado 3 del artículo 19 del Reglamento n
o
17 (
DO C 140 de 28.5.1983, p. 3
). La Comisión ha reconocido el interés legítimo de Metro en presentar sus observaciones, conforme al apartado 3 del artículo 19 del citado Reglamento y ha declarado que precisamente en la parte I. C de la decisión impugnada se refutan las objeciones de Metro. A pesar de ciertas modificaciones en la versión original de los acuerdos SABA, esta decisión mantiene las peculiaridades del sistema de distribución criticadas por Metro en el transcurso del procedimiento administrativo.
En estas circunstancias, debe considerarse que la decisión impugnada afecta directa e individualmente a Metro, en el sentido del párrafo 2 del artículo 173 del Tratado. Por consiguiente, procede declarar la admisibilidad del recurso.
Sobre el fondo
En apoyo de su recurso, Metro invoca seis motivos. Los cinco primeros se basan en una desviación de poder cometida por la Comisión por cuanto ésta:
a)
No ha tenido en cuenta los requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia Metro I.
b)
No ha respetado los requisitos que impone el apartado 3 del artículo 85 para la concesión de una exceptuación.
c)
No ha tenido en cuenta la aplicación efectiva de los acuerdos SABA.
d)
Al conceder la exceptuación, ha tomado en consideración datos limitados, incompletos y obsoletos.
e)
Ha autorizado la explotación abusiva, por parte de SABA y del grupo de empresas al que pertenece, de una posición dominante en el mercado de la electrónica.
El sexto motivo, que conviene examinar en primer lugar, se basa en la falta de competencia de la Comisión para conceder una exceptuación con arreglo al apartado 3 del artículo 85 en ausencia de la notificación exigida por la normativa aplicable.
1. Falta de notificación (sexto motivo)
Metro alega que, habida cuenta de las importantes modificaciones introducidas por SABA en su sistema original, la decisión impugnada no constituye una simple renovación de la exceptuación inicial, sino una nueva exceptuación. A falta de notificación formal del sistema modificado conforme al apartado 1 del artículo 4 del Reglamento n
o
17, la Comisión no tenía competencia para conceder a SABA una exceptuación con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado. En todo caso, la forma de explotación concreta del sistema SABA se aleja sensiblemente de las condiciones notificadas originalmente y de las condiciones de los nuevos acuerdos modelo.
La Comisión niega que en el caso de autos fuera necesaria una nueva notificación formal por tratarse no de una nueva exceptuación, sino únicamente de la renovación, con ciertas enmiendas y modificaciones, de una exceptuación que había expirado. Por consiguiente, la notificación original del sistema SABA comprendía las modificaciones y enmiendas ulteriores, que le fueron comunicadas de manera informal.
El apartado 1 del artículo 4 del Reglamento n
o
17, dispone:
«1.
Los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas mencionados en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, sobrevenidos tras la entrada en vigor del presente Reglamento, y en favor de los cuales los interesados deseen invocar las disposiciones del apartado 3 del artículo 85, deberán notificarse a la Comisión. En tanto no se hayan notificado no podrá tomarse decisión alguna relativa a la aplicación del apartado 3 del artículo 85.»
Por el contrario, el apartado 2 del artículo 8 prevé que :
«La decisión podrá ser renovada a instancia de parte siempre que las condiciones de aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado continúen cumpliéndose.»
En este caso, sólo es necesaria una comunicación de las modificaciones hechas, así como una simple solicitud de renovación.
Por tanto, procede examinar si la solicitud de exceptuación de SABA, de fecha 2 de julio de 1979, presentada con una simple carta, se refiere a una exceptuación absolutamente nueva o a la mera renovación de la exceptuación que le fue concedida mediante la Decisión 76/159 de 15 de diciembre de 1975.
Como se ha dicho antes, la nueva versión de los acuerdos SABA no es, en principio, distinta de la versión anterior, debidamente notificada en 1972 y 1974, salvo por algunas modificaciones que han simplificado en particular el procedimiento de autorización de los distribuidores cualificados SABA, tal como estaba previsto en la versión original. En estas circunstancias, procede declarar que la presentación de una mera solicitud, junto con la notificación de las modificaciones previstas por SABA, bastaba para que la Comisión pudiera adoptar una decisión sobre la prórroga de la exceptuación del sistema SABA en el sentido del apartado 2 del artículo 8 del Reglamento n
o
17.
No es pertinente el reproche de Metro según el cual la forma en que se aplica realmente el sistema SABA difiere sensiblemente de las condiciones notificadas inicialmente y de los términos de los nuevos acuerdos tipo. En efecto, si las alegaciones de Metro resultaran ser correctas, podrían justificar la denegación o la revocación de una exceptuación; sin embargo, no podrían ser utilizadas para justificar el requisito de una nueva notificación.
Ante tal situación, se debe desestimar este motivo.
2. Los requisitos fijados por la sentencia Metro I (primer motivo)
Las consideraciones del Tribunal de Justicia invocadas por Metro son las siguientes. En primer lugar, al declarar que la exceptuación original de la red SABA había sido concedida con toda regularidad, el Tribunal de Justicia precisó
«que podría ser diferente si, especialmente como consecuencia de la multiplicación de redes de distribución selectiva de naturaleza similar a la de SABA, los mayoristas en régimen de autoservicio fueran eliminados efectivamente como distribuidores en el sector de la electrónica de recreo» (apartado 50;
traducción provisional)
y, además, este Tribunal declaró expresamente:
«que, no obstante, corresponderá a la Comisión velar por que esta rigidez estructural [en el caso de los precios] no se vea reforzada, tal como podría suceder si se incrementara el número de redes de distribución selectiva para la comercialización del mismo producto» (apartado 22;
traducción provisional).
Ahora bien, según Metro, la estructura de la competencia en el mercado de los productos electrónicos de recreo ha experimentado profundos cambios desde 1975. En particular, el número de sistemas de distribución selectiva utilizados por los principales productores, tanto en el mercado alemán como en la Comunidad, ha aumentado considerablemente. En la actualidad, además de los sistemas cuya existencia ha sido notificada a la Comisión y de aquellos para los que se han presentado solicitudes de exceptuación con arreglo al apartado 3 del artículo 85, existe gran número de redes de distribución selectiva similares y sin notificar, que obstaculizan el abastecimiento directo de los mayoristas en régimen de autoservicio tales como Metro.
Metro alega que la Comisión, al conceder una nueva exceptuación mediante la decisión controvertida, no ha tenido en cuenta estos cambios, a pesar de que la sentencia Metro I le había impuesto la obligación de hacerlo. En particular, la Comisión debía haber tomado en consideración todos los sistemas de distribución, incluso los sistemas denominados «simples», cuya única finalidad es reservar el suministro de mercancías al comercio especializado o a los comerciantes que dispongan de departamentos especializados.
La Comisión recuerda en primer lugar que, según la sentencia Metro I, los sistemas de distribución selectiva constituyen «entre otros, un elemento de competencia de conformidad con el apartado 1 del artículo 85, a condición de que los revendedores sean seleccionados según criterios objetivos de carácter cualitativo, en cuanto a la cualificación profesional del revendedor y de su personal y a la adecuación de sus instalaciones comerciales, y que estas condiciones sean fijadas de manera uniforme para todos los posibles revendedores y sean aplicadas de forma no discriminatoria»
(traducciónprovisional).
Por consiguiente, la Comisión no tiene autoridad para intervenir contra la instauración de dichos sistemas «simples» de distribución selectiva. Por tanto, un aumento en el número de dichos sistemas no reviste importancia en el contexto del apartado 1 del artículo 85. Por el contrario, la existencia de dichos sistemas debe ser tenida en cuenta al examinar si es aplicable el apartado 3 del artículo 85.
A este respecto, la Comisión invoca que, al conceder la renovación de la exceptuación del sistema SABA, estaba segura de que en el mercado en cuestión no existían otras redes de distribución selectiva similares a la red SABA; en particular, el acuerdo de cooperación que obliga a los mayoristas a firmar previsiones de suministros es una característica única del sistema SABA. De un total de trece sistemas de distribución selectiva que operan en este sector en el territorio de la Comunidad y que han sido notificados a la Comisión, cuatro contienen meras obligaciones de suministrar únicamente a revendedores especializados que no caen en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85. Los otros nueve requerían exceptuación con arreglo al apartado 3 del artículo 85, pero ninguno de ellos contenía obligaciones de promover la distribución o de cooperar comparables a las del sistema SABA.
Conviene precisar que, como Metro ha alegado y la Comisión admite, ésta, al examinar la solicitud de SABA con vistas a renovar la exceptuación concedida en 1975, estaba obligada a verificar si la situación competitiva en el mercado correspondiente no había cambiado hasta el punto de que ya no se reunían los requisitos necesarios para conceder una exceptuación.
Procede recordar que, aunque el Tribunal de Justicia ha mantenido en sentencias anteriores que los sistemas «simples» de distribución selectiva pueden constituir un elemento de competencia compatible con el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, no obstante, se puede producir una restricción o una supresión de la competencia cuando la existencia de cierto número de tales sistemas no deje lugar a otras formas de distribución basadas en otro tipo de política competitiva o dé por resultado una rigidez en la estructura de precios que no se vea compensada por otros factores de competencia entre productos de una misma marca ni por la existencia de una competencia efectiva entre marcas diferentes.
Por consiguiente, la existencia de gran número de sistemas de distribución selectiva para un determinado producto no permite por sí sola concluir que la competencia esté restringida o falseada. La existencia de estos sistemas tampoco es decisiva para conceder o denegar una exceptuación con arreglo al apartado 3 del artículo 85, pues el único elemento que debe tomarse en consideración al respecto es la repercusión efectiva de la existencia de tales sistemas sobre la situación competitiva. Por tanto, el porcentaje de cobertura de los sistemas de distribución en materia de televisores en color, tal como alega Metro, no puede ser considerado, en sí mismo, como un elemento que impida que se conceda una exceptuación.
De esto se deduce que el incremento del número de sistemas «simples» de distribución selectiva experimentado tras la concesión de una exceptuación sólo debe ser tomado en consideración, al examinar una solicitud de renovación de dicha exceptuación, en la situación particular en que el mercado de que se trate sea ya tan rígido y esté estructurado de tal forma que el elemento de competencia inherente a los sistemas «simples» no baste para mantener una competencia eficaz. Metro no ha sido capaz de probar la existencia de tal situación particular en el caso que nos ocupa.
En lo referente a la repercusión que tiene sobre el mercado la existencia de sistemas de distribución selectiva diferentes de los sistemas «simples», la Comisión, al renovar la exceptuación, se ha fundado en la cuota de mercado, relativamente pequeña, cubierta por el sistema SABA, así como en la circunstancia de que éste sólo se distingue de los sistemas «simples» por la existencia de obligaciones de promocionar ventas. Al actuar así, la Comisión no usó incorrectamente la facultad de apreciación de que dispone para evaluar en el marco del apartado 3 del artículo 85 el contexto económico en que se sitúa el sistema SABA.
Es verdad que Metro también ha alegado que, como consecuencia de la proliferación de los sistemas de distribución selectiva, la competencia de precios también ha disminuido considerablemente desde 1975, pero no ha presentado ninguna prueba en apoyo de esta alegación. En efecto, de los estudios y de las informaciones presentados por la Comisión y por SABA se deduce que, en el mercado alemán, se pueden encontrar diferencias de precios considerables, no sólo entre las marcas de diferentes fabricantes, sino también dentro de la misma marca. En todo caso, de esto resulta que por el momento no se puede comprobar ningún incremento en la rigidez de la estructura de precios.
Por otra parte, este Tribunal ha reconocido al respecto en la sentencia Metro I que se debe considerar inherente a todo sistema de distribución selectiva cierta limitación de la competencia en materia de precios, ya que los precios practicados por distribuidores especializados quedan necesariamente dentro de un margen mucho más estrecho que el que podría esperarse en el caso de competencia entre distribuidores especializados y no especializados. El Tribunal de Justicia ha comprobado que esta limitación se compensa por una competencia en la calidad de los servicios prestados a los clientes, que normalmente no sería posible si no hubiera un margen de beneficios adecuado que cubriera los costes más elevados que estos servicios llevan consigo.
Por tanto, se debe desestimar el motivo de Metro fundado en la evolución de los sistemas de distribución selectiva en el sector de la electrónica de recreo.
El motivo basado en la desaparición de otros canales de distribución se examinará en relación con el segundo motivo.
3. Los requisitos para la aplicación del apartado 3 del artículo 85 (segundo motivo)
Los motivos enunciados por Metro versan más en concreto sobre los puntos siguientes:
—
El sistema SABA no es indispensable si se tienen en cuenta los productos de que se trata.
—
El consumidor no obtiene ningún beneficio.
—
El sistema ofrece a SABA la posibilidad de eliminar la competencia en una parte sustancial de los productos en cuestión.
La Comisión sostiene que los elementos del sistema SABA a que se refiere el apartado 1 del artículo 85, es decir, las obligaciones impuestas a los revendedores de promover la venta de productos SABA, cumplen plenamente los requisitos de exceptuación del apartado 3 del artículo 85, ya que las ventajas del sistema para la competencia son más importantes que las desventajas.
SABA observa que los diversos elementos de su sistema de distribución están justificados por la evolución tecnológica en el mercado de la electrónica de recreo y que favorecen los intereses de los consumidores. Además, existe una competencia bastante fuerte entre los productores europeos y entre éstos y los productores japoneses. Por tanto, SABA no puede seguir una política de precios elevados o impedir deliberadamente las importaciones paralelas.
Según el Gobierno alemán, un distribuidor no debería poder imponer su estrategia de comercialización al fabricante. Correspondería más bien a éste escoger los canales de distribución más apropiados para el consumidor. Actualmente, la libertad de elección de éste está garantizada por la multiplicidad de proveedores europeos y japoneses, que emplean diferentes sistemas de distribución. En la República Federal de Alemania, el comercio al por mayor en régimen de autoservicio no está excluido, de manera general, de la distribución de los productos en cuestión.
En primer lugar, hay que recordar que el sistema SABA, objeto de este recurso, es idéntico en todos sus aspectos esenciales al sistema que fue objeto de la sentencia Metro I, salvo por lo referente a ciertas modificaciones que han hecho al sistema menos restrictivo que antes. Así, pues, estaba justificado que la Comisión partiera de la hipótesis de que, a primera vista y salvo prueba en contra, el actual sistema SABA podía obtener una exceptuación con tanta razón como la consiguió el antiguo sistema.
Respecto a la naturaleza de los productos en cuestión, Metro alega que, si bien en el caso de ciertos productos sofisticados, como los equipos de alta fidelidad, algunos consumidores pueden necesitar información, la compra de televisores no requiere apenas consejos de especialistas, dado el alto grado de calidad, fiabilidad y normalización de estos aparatos. Metro señala que estos aparatos representan más de dos tercios de la producción total de electrónica de recreo en la Comunidad.
Tal como el Tribunal de Justicia ha declarado en la sentencia Metro I, procede señalar que la existencia de canales de distribución diferentes, adaptados a las características individuales de los diversos productores y a las necesidades de las diversas categorías de consumidores, está justificada, especialmente en el sector de los bienes de consumo duraderos, de alta calidad y técnica muy desarrollada, en el cual un número relativamente pequeño de productores, grandes y medianos, ofrece una amplia gama de aparatos fácilmente intercambiables. Tales productos pueden requerir realmente un servicio de ventas y posventa adaptado especialmente a sus características y vinculado a su distribución.
Por lo que respecta a los televisores en color, la Comisión, SABA y el Gobierno alemán han expuesto de modo convincente que la tecnología en cuestión actualmente es tan compleja que puede justificar una red de distribución que comprenda mayoristas y minoristas especializados. Estas partes han evocado con razón que, como resultado de las innovaciones técnicas, los televisores pueden ser utilizados de diversas formas junto con otros aparatos complementarios o accesorios.
Por consiguiente, se debe rechazar el motivo de Metro relativo a la inutilidad de las restricciones previstas por el sistema SABA, habida cuenta de la naturaleza de los productos en cuestión.
A continuación, Metro alega que, contrariamente a los requisitos establecidos en el apartado 3 del artículo 85, los consumidores no obtienen ninguna ventaja o beneficio del funcionamiento del sistema SABA. Por el contrario, este sistema produce el efecto de limitar la elección del consumidor. Es una característica del mercado de la electrónica de recreo que la demanda del consumidor sea captada por los distribuidores «cash and carry» como Metro y que tienda a ser desviada de los almacenistas clásicos que venden a precios uniformemente altos y que tan sólo tienen una gama reducida de productos.
Metro expone que la tendencia de los consumidores a abastecerse de los distribuidores «cash and carry» no puede, empero, seguir manifestándose en el mercado en cuestión, debido al efecto combinado de los sistemas de distribución selectiva explotados por los principales fabricantes de productos electrónicos; este efecto se ha visto reforzado por la concentración en el mercado de estos productos, que ha aumentado considerablemente desde 1975.
Es oportuno tratar este motivo, que se funda esencialmente en el fenómeno de concentración en el mercado, cuando se examine el quinto motivo, relativo al abuso de una posición dominante.
Metro sostiene, asimismo, que la decisión controvertida contribuye a eliminar completamente la competencia en una parte sustancial de los productos en cuestión. Los mayoristas en régimen de autoservicio no pueden abastecerse de productos de las principales marcas de electrónica de recreo de primera calidad, especialmente en material vídeo y televisores a causa de que los principales productores se niegan a suministrarles, so pretexto de que no reúnen los requisitos del sistema de distribución empleado por el fabricante correspondiente.
Metro admite que teóricamente podría adaptarse a las exigencias de los sistemas de distribución selectiva existentes. Sin embargo, esta adaptación le exigiría abandonar su estrategia comercial y convertirse en una cadena de almacenes de naturaleza totalmente diferente.
La Comisión recuerda que no tiene competencia para intervenir en relación con los sistemas de distribución «simples», que cumplen con los criterios sentados por la jurisprudencia de este Tribunal. En vista de la gran variedad de formas de distribución en el mercado que nos ocupa, el mantenimiento o incluso la proliferación de sistemas de distribución similares al de SABA no podría dar por resultado que los mayoristas en régimen de autoservicio fueran eliminados de la competencia en el mercado.
En el plano de los hechos, la Comisión señala igualmente que Metro sólo está excluida de tres sistemas de distribución «simples» y de cuatro sistemas que entrañan otras obligaciones. Por otra parte, algunos fabricantes de primera fila distribuyen sus productos sin recurrir a ninguna selección.
En primer lugar, debe consignarse que el hecho de que Metro no puede abastecerse directamente de productos SABA no constituye una eliminación de la competencia en el sentido del apartado 3 del artículo 85, cuando Metro y otros mayoristas en régimen de autoservicio pueden comercializar productos de electrónica de recreo y, en particular, televisores en color procedentes de otros productores.
Como el Tribunal de Justicia señaló en la sentencia Metro I, los poderes conferidos a la Comisión por el apartado 3 del artículo 85 demuestran que las necesidades de mantener una competencia viable pueden concillarse con la salvaguardia de objetivos de naturaleza diferente y que a este efecto son admisibles ciertas restricciones de la competencia, siempre y cuando sean indispensables para conseguir estos objetivos y no conduzcan a eliminar la competencia en una parte sustancial del mercado común. La competencia no puede verse eliminada si el canal de distribución en cuestión continúa existiendo junto con métodos de distribución basados en un tipo diferente de política de competencia.
Sin embargo, Metro no ha probado que en el mercado de que se trata ya no existan otras formas de distribución de diferente naturaleza, tal como los mayoristas en régimen de autoservicio. Ante tales circunstancias, no se puede acoger el motivo referente a la eliminación de la competencia.
Por tanto, el motivo basado en la desviación de poder en la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado debe ser desestimado por cuanto está fundado en la naturaleza de los productos en cuestión y en la eliminación de la competencia.
4. La aplicación de los acuerdos SABA en la práctica (tercer motivo)
Metro sostiene que SABA abusó de la exceptuación concedida en 1975. En efecto, el modo como se aplica el sistema en la práctica diferiría sustancialmente de los términos de los acuerdos SABA, y de este modo el sistema se habría hecho puramente ficticio y los criterios en que se basa habrían sido aplicados de forma discriminatoria. Además, afirma que la Comisión no ha proporcionado ninguna indicación acerca de las reclamaciones que recibió sobre el funcionamiento del sistema SABA, ni acerca de la investigación que realizó sobre la forma en que se había aplicado el sistema SABA.
El Reino Unido, que comparte el parecer de Metro en este punto, estima que, para evitar el riesgo de abuso del procedimiento de admisión en la red SABA, el derecho de autorizar distribuidores se debería conceder no sólo a los mayoristas, sino también a los minoristas SABA.
SABA rechaza las afirmaciones de Metro al respecto, aunque admite que la obligación contenida en los acuerdos SABA de tener en existencias la totalidad de la gama está limitada por las posibilidades que tengan los distribuidores especializados de almacenar y exponer los productos SABA.
La Comisión niega que se hayan aplicado abusivamente los criterios SABA de autorización. Indica que realizó cierto número de investigaciones tanto sobre la práctica seguida por SABA, como sobre las prácticas de ciertos mayoristas y minoristas SABA. Aunque las investigaciones pusieron de relieve algunos casos aislados en los que no se había aplicado correctamente el sistema notificado, no obstante, no había pruebas que indicaran que el sistema había sido aplicado sistemáticamente de forma discriminatoria.
En primer lugar, procede recordar que, como declaró el Tribunal de Justicia en su sentencia de 25 de octubre de 1983 (AEG,
107/82, Rec. 1983, p. 3151
), se debe considerar ilícita la negativa de un fabricante a autorizar distribuidores que respondan a los criterios cualitativos del sistema de distribución selectiva. Por tanto, esta práctica ofrece la prueba de la aplicación ilegal de este sistema cuando el número de denegaciones ilícitas basta para excluir que se trate de casos aislados que no constituyen un comportamiento sistemático.
En el presente asunto, las informaciones proporcionadas por la Comisión sobre el resultado de sus investigaciones no han sido rebatidas con suficiente precisión como para determinar que la negativa a autorizar distribuidores, contrariamente a los criterios del sistema SABA, se haya producido en casos que no sean aislados. Por tanto, la existencia de tales denegaciones no basta para obligar a la Comisión a revocar una exceptuación ya concedida o a denegar su renovación.
Por consiguiente, procede declarar que las alegaciones de Metro sobre este punto no son fundadas y que, por ende, se debe desestimar este motivo.
5. La utilización de datos limitados, incompletos y obsoletos (cuarto motivo)
Metro hace valer en apoyo de este motivo que la Comisión no ha tenido en cuenta los efectos económicos reales de la explotación del sistema SABA en el mercado común. En particular, omitió hacer una investigación adecuada de los hechos. Según Metro, el Informe Mackintosh, invocado por la Comisión en el transcurso del procedimiento, no puede constituir una base apropiada para la decisión controvertida, ya que ésta fue adoptada antes de que se presentara dicho Informe.
El Reino Unido también estima que la Comisión no examinó suficientemente la situación en el mercado que nos ocupa. Por consiguiente, no pudo tener en cuenta modificaciones en la estructura general de distribución de los productos en cuestión, las cuales resultan, entre otros, de un informe sobre la existencia y aplicación de sistemas de distribución selectiva en el Reino Unido que el Gobierno británico ha presentado a este Tribunal.
A este respecto, conviene observar que la decisión impugnada se basa en datos precisos referentes a la posición de SABA en el mercado en cuestión y a la estructura de distribución en general. A mayor abundamiento, la Comisión ha argüido de forma convincente que, en aquella época, disponía de una base fáctica adecuada para apreciar el contexto económico del sistema SABA, especialmente como resultado de una investigación realizada sobre las prácticas restrictivas en dicho mercado.
A la luz de estas circunstancias, la Comisión podía invocar en el curso del procedimiento los resultados del Informe Mackintosh, presentado en febrero de 1984 y relativo a la competencia en la industria de la electrónica de recreo en la CEE. A este respecto, se debe precisar que, en su motivo, Metro no alega que la decisión impugnada no esté suficientemente motivada, sino que se apoya en una base fáctica inadecuada. Sin embargo, el examen por parte del Tribunal de los hechos alegados por las partes y de los informes presentados por éstas ha revelado que no hay fundamentos para concluir que éste sea el caso. Por consiguiente, se debe desestimar el motivo.
6. El abuso de una posición dominante por parte de un grupo de empresas (quinto motivo)
Metro alega en apoyo de este motivo que las empresas del grupo Thomson-Brandt, del que forma parte SABA, constituyen una unidad económica singularizada que ostenta una posición dominante en el mercado de la electrónica de recreo, en general, y en el de los televisores en color y magnetoscopios, en particular, en una parte sustancial del mercado común. Metro pretende que SABA ha abusado de esta posición por haber establecido su sistema de distribución y haberse negado a abastecer a Metro.
En relación con este motivo, es preciso examinar igualmente la queja de Metro según la cual la concentración en el mercado en cuestión ha aumentado considerablemente desde 1975. En efecto, el incremento en el grado de concentración ha sido causado en particular por el crecimiento del grupo Thomson-Brandt en el mercado alemán. Las empresas alemanas del grupo, a saber, SABA, Telefunken, Nordmende y Dual, ya no pueden ser consideradas como competidoras mutuas, habida cuenta de su colaboración a nivel de producción y de la centralización de su gestión y administración. Metro alega que Thomson-Brandt, como consecuencia de sus adquisiciones, ocupa ahora el primer puesto en el mercado alemán de televisores en color (aproximadamente el 27 % en 1983), así como en los mercados francés e italiano en este sector (34 % y 27 % respectivamente). Así, pues, la tendencia a la concentración en este sector ha llevado a la dominación de dos grandes grupos, Thomson-Brandt y Philips-Grundig.
El Reino Unido apoya este último argumento. Afirma que los efectos de la explotación del sistema SABA sobre la estructura de la competencia no son los mismos que en 1975, debido al crecimiento del grupo Thomson-Brandt.
La Comisión sostiene que las diversas empresas del grupo Thomson-Brandt disponen de redes separadas para la distribución de sus productos y que son independientes desde el punto de vista de su estrategia comercial. Por consiguiente, sólo debe tenerse en cuenta la posición de SABA en el mercado para verificar si existe o no posición dominante. Ahora bien, en materia de televisores en color, la parte de SABA en el mercado de la Comunidad es solamente del 3 % y en el mercado alemán sólo del 7,5 %. Por tanto, según el parecer de la Comisión, no tiene una posición dominante.
La Comisión, aunque reconoce que la concentración horizontal en el mercado en cuestión ha aumentado últimamente, niega que esto haya afectado a la estructura de la competencia. Sostiene que las diversas empresas del grupo Thomson-Brandt han seguido compitiendo entre ellas, al menos en lo referente a la distribución de sus productos. En su motivo sostiene que ni SABA ni el grupo Thomson-Brandt mantienen una posición, en ninguno de los mercados de electrónica de recreo, que les permita eliminar la competencia.
En primer lugar, debe señalarse que frente a las informaciones claras y precisas facilitadas al Tribunal por la Comisión, Metro no ha aportado ninguna prueba que permita al Tribunal de Justicia comprobar que las empresas del grupo Thomson-Brandt no sólo están vinculadas en cuanto a su capital, sino que también siguen una estrategia comercial coordinada de acuerdo con las directrices de su sociedad matriz o con un plan convenido entre ellas mismas. A falta de esta prueba, el Tribunal de Justicia debe partir de la base de que, en lo referente a la distribución de sus productos, SABA es independiente de la sociedad matriz y de las demás empresas del grupo.
En cuanto a la posición de SABA en el mercado alemán, conviene observar primeramente, a la luz de la información aportada por las partes a lo largo del procedimiento, que hay por lo menos dieciocho productores en el mercado de televisores en color, que es el principal producto afectado en este caso, y que la cuota de SABA en el mercado es inferior al 10 %. Por tanto, aunque se acepte que SABA posee la mayor cuota de mercado, es decir, cuando se tome en consideración el mercado alemán de televisores en color, dicha cuota de mercado es demasiado pequeña para poder ser considerada como una prueba de posición dominante en el mercado.
El Tribunal de Justicia ya ha declarado en la sentencia Metro I que, si la cuota de mercado que tiene una empresa no constituye necesariamente el único criterio para determinar la existencia de una posición dominante, cabe, no obstante, mantener que en un mercado de productos altamente técnicos, que, sin embargo, a la mayoría de los consumidores les parecen fácilmente intercambiables, las cuotas de mercado tan insignificantes como las que posee SABA excluyen la existencia de una posición dominante, salvo en circunstancias excepcionales. Sin embargo, en el caso presente no se ha probado que existan dichas circunstancias excepcionales.
Queda por examinar si, como afirman Metro y el Reino Unido, el crecimiento del grupo Thomson-Brandt ha provocado un grado de concentración tan alto en el mercado de la electrónica de recreo que no se cumplen los requisitos para conceder una exceptuación, con arreglo al apartado 3 del artículo 85, a una de las empresas de ese grupo, en este caso a SABA.
A este respecto, se debe decir, en primer lugar, que el incremento del grado de concentración en el mercado es un factor que se debe tomar en consideración al examinar una solicitud de renovación de una exceptuación con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado, si dicho incremento afecta a la estructura de la competencia en dicho mercado. Tal efecto no siempre se produce cuando, como en el presente caso, la tendencia a la concentración se da a nivel de producción y los acuerdos que debe examinar la Comisión atañen a la distribución de productos. Sin embargo, se puede producir tal efecto en particular si la tendencia a la concentración contribuye a eliminar la competencia de precios o a suprimir otros canales de distribución.
Correspondía a Metro presentar datos que pudieran probar la existencia de tal situación. Sin embargo, se debe declarar que, a la luz de las informaciones presentadas por la Comisión y por SABA, de las que se deduce claramente que los sistemas de distribución de las diversas empresas del grupo Thomson-Brandt operan por separado y que hay diferencias sustanciales entre las características esenciales de esos sistemas, Metro no ha logrado probar la existencia de un paralelismo en la explotación de estos sistemas que repercuta en la estructura de la competencia en el mercado.
Además, la Comisión estaba facultada para tomar en consideración el hecho de que, en el mercado de la electrónica de recreo, las empresas del grupo Thomson-Brandt tienen que hacer frente a la competencia no sólo del grupo Philips-Grundig, sino también a la de otros fabricantes como ITT, Blaupunkt, Loewe-Opta, Sony y otros.
Por tanto, Metro no ha conseguido probar que el incremento de concentración desde 1975, al que se refiere, haya afectado a la competencia en la distribución de productos de electrónica de consumo.
De lo anterior se deduce que el recurso debe ser desestimado en su totalidad.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así se hubiere solicitado. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandante, procede condenarla en costas, incluidas las de SABA y las de la República Federal de Alemania, que han intervenido en apoyo de la Comisión; el Reino Unido, que ha intervenido en apoyo de Metro, cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
El Reino Unido cargará con las costas ocasionadas por su intervención.

3)
Metro cargará con el resto de las costas.

Bahlmann
O'Higgins
Schockweiler
Bosco
Koopmans
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, el 22 de octubre de 1986.
El Secretario
P. Heim
El Presidente de la Sala Cuarta
K. Bahlmann
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.