CELEX: 62001TJ0297
Ayudas de Estado
Televisiones públicas
Denuncia
Recurso por omisión
Definición de posición por parte de la Comisión
Carácter de ayuda nueva o de ayuda existente
Solicitud de sobreseimiento
Impugnación
Ejecución de una sentencia de anulación
Obligación de incoación de la Comisión
Plazo razonable

Hechos que dieron origen al litigio
RTP − Radiotelevisão Portuguesa, SA (en lo sucesivo, «RTP»), es una sociedad anónima de capital público, concesionaria del
servicio público de la televisión portuguesa.
La demandante, SIC − Sociedade Independente de Comunicação, SA, es una sociedad mercantil que explota una de las principales
cadenas privadas de televisión en Portugal.
El 30 de julio de 1993, la demandante presentó ante la Comisión una denuncia (en lo sucesivo, «primera denuncia») relativa
a las ayudas concedidas por la República Portuguesa a RTP. En esta denuncia, la demandante cuestionaba las dotaciones financieras
abonadas por la República Portuguesa a RTP, en 1992 y en 1993, en concepto de indemnizaciones compensatorias por las obligaciones
de servicio público que a esta última incumbían, cifradas en 6.200 y 7.100 millones de escudos portugueses (PTE), respectivamente.
Además de estas dotaciones financieras, la demandante denunciaba exoneraciones fiscales concedidas a RTP en forma de exenciones
de derechos de registro y un sistema de ayudas a la inversión. Por todo ello, la demandante solicitaba a la Comisión que iniciase
el procedimiento formal de examen a que se refiere el artículo 88 CE, apartado 2, (en lo sucesivo, «procedimiento formal de
examen») y ordenase a la República Portuguesa que suspendiera el pago de estas ayudas no notificadas hasta la adopción de
una decisión definitiva.
Mediante escrito de 12 de febrero de 1994, la demandante completó su primera denuncia ante la Comisión incluyendo, por un
lado, la autorización del Gobierno portugués del aplazamiento de una deuda contraída por RTP con la Segurança Social (Seguridad
Social) valorada en 2.000 millones de PTE, junto con la no recaudación de los intereses de demora, y, por otro, la compra
por la República Portuguesa a RTP, a un precio excesivo, de la red de teledifusión Teledifusora de Portugal (en lo sucesivo,
«red de teledifusión TDP»), así como la concesión a RTP, por la empresa pública encargada de la gestión de dicha red, de facilidades
de pago de los cánones de utilización de la red. Al estimar que estas medidas constituían ayudas de Estado incompatibles con
el mercado común, la demandante solicitaba también que se iniciara, a este respecto, el procedimiento formal de examen.
El 14 de abril de 1994, la demandante informó a la Comisión de que el Gobierno portugués había pagado a RTP, para el año 1994,
una dotación financiera en concepto de indemnización compensatoria por las obligaciones de servicio público, por importe de
7.145 millones de PTE.
Mediante escrito de 16 de octubre de 1996, recibido por la Comisión el 22 de octubre siguiente, la demandante presentó una
segunda denuncia (en lo sucesivo, «segunda denuncia») con objeto, en primer lugar, de que se declarase que las dotaciones
financieras abonadas por la República Portuguesa a RTP, para los años 1994-1996, en concepto de indemnizaciones compensatorias
por las obligaciones de servicio público, eran incompatibles con el mercado común por las mismas razones que se exponían en
su primera denuncia. La demandante denunciaba también la asignación a RTP, en 1994, de nuevas ayudas que no habían sido notificadas
y que eran el resultado de una ampliación de capital de RTP suscrita por la República Portuguesa y de la garantía dada por
esta última para la emisión de obligaciones por parte de RTP. Además, la demandante denunciaba la firma, entre el Ministerio
de Cultura portugués y RTP, en septiembre de 1996, de un protocolo sobre la financiación de la actividad de RTP de promoción
del cine y traía a colación la aprobación, por parte del Gobierno portugués, de un plan de reestructuración de RTP que podía
implicar la concesión de ayudas de elevada cuantía. Por consiguiente, la demandante solicitaba a la Comisión que iniciase
el procedimiento formal de examen y que ordenase a la República Portuguesa que pusiera fin a la concesión de esas ayudas hasta
que se adoptase una decisión definitiva.
Mediante escrito de 7 de noviembre de 1996, dirigido a la República Portuguesa y del que la demandante recibió copia el 6
de enero de 1997, la Comisión adoptó una decisión sobre la financiación de las cadenas públicas de televisión (en lo sucesivo,
«decisión de 7 de noviembre de 1996»). Esta decisión versaba sobre las medidas mencionadas en la primera denuncia, así como,
por lo que respecta a las dotaciones financieras a las que se refiere la segunda denuncia, sobre las dotaciones abonadas a
RTP para los años 1994 y 1995. En esta decisión, la Comisión reconocía que ninguna de dichas medidas y dotaciones financieras
era constitutiva de una ayuda de Estado ni había dado lugar a ella.
Mediante escrito de 20 de diciembre de 1996, la Comisión informó a la demandante de que, a raíz de la segunda denuncia, había
solicitado a las autoridades portuguesas información sobre algunos de los hechos que figuraban en la denuncia. Dicha petición
de información se refería a la ampliación de capital y la emisión de obligaciones efectuadas por RTP en 1994, así como a la
elaboración de un plan de reestructuración para el período 1996-2000 y a la firma de un protocolo sobre la financiación de
la actividad de RTP de promoción del cine. Sin embargo, la Comisión añadió que, por lo que respecta a las dotaciones financieras
abonadas a RTP para el período 1994-1996, consideraba que no constituían ayudas de Estado con arreglo al artículo 87 CE, apartado
1, por las razones expuestas en la decisión de 7 de noviembre de 1996.
El 3 de marzo de 1997, la demandante interpuso ante el Tribunal de Primera Instancia un recurso, registrado con el número
T‑46/97, de anulación de la decisión de 7 de noviembre de 1996 y de la decisión de la Comisión contenida en el escrito de
20 de diciembre de 1996. En respuesta a una pregunta del Tribunal de Primera Instancia, la demandante precisó que ese recurso
no perseguía la anulación de la parte de la decisión de 7 de noviembre de 1996 relativa a la compra por la República Portuguesa
a RTP de la red de teledifusión TDP, a un precio supuestamente excesivo, y al sistema de ayudas a la inversión.
Mediante escrito de 18 de junio de 1997, recibido en la Comisión el 20 de junio siguiente, la demandante presentó una tercera
denuncia (en lo sucesivo, «tercera denuncia»), en la que reprochaba, como incompatibles con el artículo 87 CE, el contrato
de concesión firmado entre RTP y la República Portuguesa el 31 de diciembre de 1996 y la decisión, tomada en ejecución de
dicho contrato, de abonar a RTP, para 1997, una dotación financiera de 10.350 millones de PTE en concepto de indemnizaciones
compensatorias por las obligaciones de servicio público. Mediante este escrito, la demandante solicitaba a la Comisión que
iniciase el procedimiento formal de examen y que adoptase medidas provisionales.
Ente julio de 1997 y enero de 2001, entre la demandante y la Comisión hubo un intercambio de correspondencia acerca del estado
en que se encontraba el examen de las denuncias segunda y tercera por la Comisión.
En su sentencia de 10 mayo de 2000, SIC/Comisión (T‑46/97, Rec. p. II‑2125, en lo sucesivo, «sentencia SIC»), el Tribunal
de Primera Instancia anuló la decisión de 7 de noviembre de 1996 en la parte relativa a las medidas adoptadas por la República
Portuguesa a favor de RTP, consistentes en dotaciones financieras abonadas de 1992 a 1995 en concepto de indemnizaciones compensatorias
por las obligaciones de servicio público, en exenciones fiscales, en facilidades de pago para la utilización de la red de
teledifusión TDP y en un aplazamiento de una deuda con la Seguridad Social, junto con la no recaudación de los intereses de
demora. En cambio, el Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad del recurso en la medida en que iba dirigido
contra el escrito de 20 de diciembre de 1996, porque éste era puramente informativo y, por tanto, no constituía un acto impugnable.
Mediante escrito de 3 de enero de 2001, la demandante solicitó a la Comisión que le comunicase las medidas que tenía previsto
adoptar para dar plena ejecución a la sentencia SIC.
Mediante tres escritos de 26 de julio de 2001, la demandante, en virtud del artículo 232 CE, párrafo segundo, hizo un triple
requerimiento a la Comisión, para que actuase en relación con las denuncias primera, segunda y tercera, respectivamente. La
demandante, en su requerimiento en relación con la primera denuncia pidió a la Comisión que adoptase, con arreglo al artículo
233 CE, las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia SIC y que iniciase el procedimiento formal de examen de las
dotaciones financieras abonadas por la República Portuguesa a RTP de 1992 a 1995 y de las medidas adoptadas a favor de RTP,
consistentes en exenciones fiscales, facilidades de pago para la utilización de la red de teledifusión TDP y un aplazamiento
de una deuda con la Seguridad Social, junto con la no recaudación de los intereses de demora. En sus requerimientos relativos
a las denuncias segunda y tercera, la demandante solicitó a la Comisión que se pronunciase sobre las denuncias confirmando
su procedencia y que, por consiguiente, iniciase el procedimiento formal de examen de la dotación financiera abonada por la
República Portuguesa a RTP en 1996 (segunda denuncia), del contrato de concesión firmado el 31 de diciembre de 1996 entre
la República Portuguesa y RTP y de las ayudas concedidas a RTP en virtud de dicho contrato (tercera denuncia).
Mediante escrito de 24 de octubre de 2001, la Comisión informó a la demandante de que se estaban concluyendo los actos internos
que tenían por objeto la ejecución de la sentencia SIC, así como los preparatorios para decidir el curso que debía darse a
las denuncias segunda y tercera.
Mediante solicitud de 7 de noviembre de 2001, notificada el 9 de noviembre de 2001 a la Representación Permanente de Portugal
ante la Unión Europea (en lo sucesivo, «solicitud de 7 de noviembre de 2001»), la Comisión pidió al Gobierno portugués, al
amparo del artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del artículo [88] del Tratado CE (DO L 83, p. 1), que le facilitase información para determinar
el carácter de ayudas existentes o de ayudas nuevas de las dotaciones financieras abonadas por la República Portuguesa a RTP,
para los años 1992 a 1998, así como, en esencia, el carácter del sistema de financiación de RTP fijado en el contrato de concesión
de 31 de diciembre de 1996. Estas dotaciones financieras, a excepción de la abonada en 1998, a la que no se refieren las denuncias
de la demandante, y dicho sistema de financiación se denominarán conjuntamente, en lo sucesivo, «dotaciones financieras».
Por otra parte, el 13 de noviembre de 2001, la Comisión adoptó la decisión de iniciar el procedimiento de examen formal de
otras medidas distintas de las mencionadas en el apartado anterior (en lo sucesivo, «decisión de 13 de noviembre de 2001»).
Esta decisión fue objeto de un comunicado de prensa el día de su adopción y fue notificada a la Representación Permanente
de Portugal el 15 de noviembre de 2001.
Entre las medidas a las que se refería la decisión de 13 de noviembre de 2001 figuraban, por un parte, tres medidas contempladas
por la demandante en su primera denuncia que habían sido objeto de la decisión de 7 de noviembre de 1996, posteriormente anulada
por la sentencia SIC, a saber, las exenciones fiscales, las facilidades de pago de los cánones de utilización de la red de
teledifusión TDP y el aplazamiento de una deuda con la Seguridad Social, junto con la no recaudación de los intereses de demora,
y, por otra, cuatro medidas expuestas por la demandante en su segunda denuncia, esto es, la ampliación de capital de RTP efectuada
en 1994, la garantía del Estado concedida en el marco de la emisión, ese mismo año, de obligaciones por parte de RTP, la firma
entre el Ministerio de Cultura portugués y RTP, en septiembre de 1996, de un protocolo sobre la financiación de la actividad
de RTP de promoción del cine y, por último, la aprobación por el Gobierno portugués de un plan de reestructuración de RTP
para el período 1996-2000. Dichas medidas, tomadas en su conjunto, se denominarán en lo sucesivo «medidas
ad hoc
».
La solicitud de 7 de noviembre de 2001 y la decisión de 13 de noviembre de 2001 fueron publicadas en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas,
respectivamente el 23 de abril de 2002 (DO C 98, p. 2) y el 9 de abril de 2002 (DO C 85, p. 9).
Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 6 de diciembre de 2001, la demandante
interpuso los presentes recursos que fueron registrados, respectivamente, con los números T‑297/01 y T‑298/01.
Mediante escrito de 8 de enero de 2002, la Comisión dio traslado a la demandante de copias de la solicitud de 7 de noviembre
de 2001 y de la decisión de 13 de noviembre de 2001.
Mediante auto del Presidente de la Sala Cuarta ampliada del Tribunal de Primera Instancia de 15 de enero de 2003, se ordenó
la acumulación de los asuntos T‑297/01 y T‑298/01 a efectos de la fase oral del procedimiento y de la sentencia, conforme
al artículo 50 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.
Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta ampliada) decidió iniciar la fase oral y,
en el marco de las medidas de organización del procedimiento, formuló una pregunta por escrito a la Comisión. La Comisión
contestó a esta pregunta en el plazo señalado, mediante escrito de 17 de enero de 2003.
Se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia
en la vista de 13 de febrero de 2003.
En el asunto T‑297/01, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–
Haga constar y declare que la Comisión no adoptó una posición, en el plazo de dos meses fijado en el artículo 232 CE, sobre
los requerimientos para actuar que le había dirigido la demandante.
–
Haga constar y declare que las medidas que fueron comunicadas a la demandante tras la interposición del presente recurso no
garantizan la ejecución íntegra de la sentencia SIC ni el cumplimiento de la obligación de pronunciarse sobre las ayudas de
Estado a las que se refieren las denuncias primera y segunda por lo que respecta a la obligación de iniciar el procedimiento
formal de examen de las dotaciones financieras abonadas por la República Portuguesa a RTP de 1992 a 1995.
–
En consecuencia, haga constar y declare que subsiste una omisión ilegal, imputable a la Comisión, por lo que respecta a la
incoación del procedimiento formal de examen de las medidas antes mencionadas.
–
Condene en costas a la Comisión.
En el asunto T‑297/01, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–
Haga constar y declare que la Comisión no adoptó una posición, en el plazo de dos meses fijado en el artículo 232 CE, sobre
los requerimientos para actuar que le había dirigido la demandante.
–
Haga constar y declare que las medidas que fueron comunicadas a la demandante tras la interposición del presente recurso no
garantizan el cumplimiento de la obligación de pronunciarse sobre las ayudas de Estado a las que se refieren las denuncias
segunda y tercera por lo que respecta a la obligación de iniciar el procedimiento formal de examen del sistema de financiación
de RTP establecido en el contrato de concesión de 31 de diciembre de 1996 y de las dotaciones financieras abonadas por la
República Portuguesa a RTP en 1996 y en 1997.
–
En consecuencia, haga constar y declare que subsiste una omisión ilegal, imputable a la Comisión, por lo que respecta al inicio
del procedimiento formal de examen de las medidas antes mencionadas.
–
Condene en costas a la Comisión.
En los asuntos acumulados T‑297/01 y T‑298/01, la Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–
Desestime los recursos, al haber quedado el litigio sin objeto, y, por tanto, los declare infundados.
–
Condene en costas a la demandante.
Mediante escrito de 30 de septiembre de 2003 (en lo sucesivo, «escrito de 30 de septiembre de 2003»), la Comisión ofreció
a la Representación Permanente de Portugal ante la Unión Europea, con arreglo al artículo 17, apartado 2, del Reglamento nº 659/1999,
la oportunidad de presentar observaciones acerca de un sistema de compensación financiera anual, cuya principal manifestación
son las Dotaciones financieras.
Mediante escrito de 3 de octubre de 2003, la Comisión dio traslado al Tribunal de Primera Instancia de copia del escrito de
30 de septiembre de 2003 y le solicitó, sobre la base del artículo 113 del Reglamento de Procedimiento, que declarase el sobreseimiento
de los recursos T‑297/01 y T‑298/01 en lo que se refiere a las Dotaciones financieras.
En sus observaciones sobre la solicitud de sobreseimiento, presentadas en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia
el 24 de octubre de 2003, la demandante solicitó al Tribunal de Primera Instancia que:
–
Desestime la solicitud de sobreseimiento.
–
Haga constar y declare que la Comisión incurrió en una omisión ilícita como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
que, respectivamente, imponen el artículo 233 CE y los artículos 87 CE y 88 CE, al no haber adoptado a su debido tiempo las
medidas necesarias para una pronta y completa ejecución de la sentencia SIC, no iniciando en un plazo razonable el procedimiento
formal de examen de las denuncias segunda y tercera.
–
En cualquier caso, condene en costas a la Comisión, aun en el supuesto de que admitiera la solicitud de sobreseimiento.
Fundamentos de Derecho
Observaciones preliminares
Según reiterada jurisprudencia, el recurso que establece el artículo 232 CE, que persigue objetivos distintos del recurso
previsto en el artículo 226 CE (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de abril de 2002, Comisión/Grecia,
C‑154/00, Rec. p. I‑3879, apartado 28), está basado en la idea de que la inacción ilegal de la institución demandada permite
recurrir ante el Tribunal de Justicia para que éste declare que la abstención de actuar es contraria al Tratado, en tanto
en cuanto la institución de que se trate no haya subsanado dicha abstención. Esta declaración produce el efecto, a tenor del
artículo 233 CE, de que la institución demandada está obligada a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia
del Tribunal de Justicia, sin perjuicio de las acciones de responsabilidad extracontractual que puedan traer causa de la propia
declaración de abstención. Cuando el acto cuya omisión es objeto del litigio fue adoptado tras la interposición del recurso,
pero antes de pronunciarse la sentencia, una declaración del Tribunal de Justicia en que se haga constar la ilegalidad de
la inacción inicial no puede ya producir las consecuencias previstas en el artículo 233 CE. De ello se desprende que, en tal
caso, así como en el supuesto de que la institución demandada reaccione al requerimiento dentro del plazo de dos meses, el
recurso ha quedado sin objeto, de forma que procede sobreseer el recurso (véanse el auto del Tribunal de Justicia de 13 de
diciembre de 2000, Sodima/Comisión, C‑44/00 P, Rec. p. I‑11231, apartado 83, y la jurisprudencia citada, y la sentencia del
Tribunal de Primera Instancia de 17 de febrero de 1998, Pharos/Comisión, T‑105/96, Rec. p. II‑285, apartados 41 y 42). La
circunstancia de que la posición adoptada por la institución no satisfaga a la parte demandante carece de pertinencia a estos
efectos, puesto que el artículo 232 CE se refiere a la omisión consistente en no haber adoptado una decisión o una posición
y no a la adopción de un acto diferente del que dicha parte habría deseado o considerado necesario (véase el auto Sodima/Comisión,
antes citado, apartado 83, y la jurisprudencia citada).
Además, de la jurisprudencia se deduce que el recurso por omisión constituye la vía apropiada para impugnar una discrepancia
sobre la cuestión de determinar si, además de la sustitución del acto anulado, la institución también estaba obligada, en
virtud del artículo 233 CE, a adoptar otras medidas relativas a otros actos que no habían sido impugnados en el marco del
recurso de anulación inicial (véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 1988, Asteris
y otros /Comisión, asuntos acumulados 97/86, 99/86, 193/86 y 215/86, Rec. p. 2181, apartados 22 a 24 y 32, y la sentencia
del Tribunal de Primera Instancia de 18 de septiembre de 1996, Asia Motor France y otros/Comisión, T‑387/94, Rec. p. II‑961,
apartado 40). De esta apreciación se desprende que el recurso por omisión constituye también la vía apropiada para declarar
la ilegalidad de la abstención de una Institución a la hora de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de una sentencia,
en el caso de autos las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia SIC.
El pronunciamiento sobre si, en el caso de las medidas
ad hoc
y de las Dotaciones financieras, procede declarar el sobreseimiento debe hacerse a la luz de las consideraciones precedentes.
Sobre las medidas
ad hoc
Consta en autos que, mediante la decisión de 13 de noviembre de 2001, la Comisión inició el procedimiento formal de examen
de las medidas
ad hoc,
contempladas en el apartado 18
supra
. Esta decisión fue objeto de un comunicado de prensa ese mismo día. Sin embargo, la Comisión sólo notificó la decisión de
13 de noviembre de 2001 a la demandante mediante un escrito de 8 de enero de 2002. De ello se desprende que la Comisión no
definió su posición de forma válida, a tenor del artículo 232 CE, párrafo segundo, al ser requerida por la demandante para
que actuara en el sentido de que dichos requerimientos sólo afectan a las medidas
ad hoc
con posterioridad a la interposición de los presentes recursos (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera
Instancia de 27 de enero de 2000, Branco/Comisión, asuntos acumulados T‑194/97 y T‑83/98, Rec. p. II‑69, apartado 55).
En consecuencia, si bien la demandante tenía un interés legítimo en interponer los presentes recursos, como las partes reconocen,
éstos han quedado sin objeto en tanto en cuanto se refieren a la declaración de la abstención ilegal de la Comisión de adoptar
una decisión sobre las denuncias de la demandante en lo que se refiere a las medidas
ad hoc
.
Por tanto, ya no procede pronunciarse sobre los presentes recursos en lo que se refiere a las medidas
ad hoc
.
Sobre las Dotaciones financieras
Alegaciones de las partes
La demandante alega que, a pesar del escrito de 30 de septiembre de 2003, subsiste la situación de omisión.
En primer lugar, la demandante alega que la omisión persiste, debido a que la Comisión no inició, en ejecución de la sentencia
SIC, el procedimiento formal de examen de las Dotaciones financieras.
A continuación, la demandante rechaza que el escrito de 30 de septiembre de 2003 constituya una definición de posición en
el sentido del artículo 232 CE, puesto que dicho escrito no es un acto de carácter definitivo susceptible de un recurso de
anulación, sino tan sólo un acto preparatorio.
Por último, la infracción por parte de la Comisión de los plazos razonables para examinar las denuncias de la demandante hace
que sea imputable a esta institución la omisión que el Tribunal de Primera Instancia tiene que declarar, si no quiere privar
a la demandante de una tutela judicial efectiva y otorgar a la Comisión una total impunidad por la tramitación dilatoria que
ha venido dando a lo largo de más de diez años a dichas denuncias. Así pues, el mecanismo del recurso por omisión debe seguir
al del recurso por incumplimiento, en el marco del cual el objeto del litigio sigue subsistiendo aunque haya cesado el incumplimiento.
La Comisión, por su parte, sostiene que la omisión cesó gracias al escrito de 30 de septiembre de 2003.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Mediante escrito de 30 de septiembre de 2003, la Comisión inició, con respecto a las Dotaciones financieras, la primera etapa
del examen de estas medidas en cuanto ayudas existentes. De este modo, la Comisión adoptó una posición sobre si las Dotaciones
financieras tenían carácter de ayudas nuevas o existentes, decantándose por considerarlas ayudas existentes.
Por tanto, la cuestión que se plantea es la de determinar si, mediante este escrito, la Comisión adoptó una posición, en el
sentido del artículo 232 CE, párrafo segundo, sobre los requerimientos de la demandante para que actuase en lo que se refiere
a las Dotaciones financieras y si, por consiguiente, ya no procede pronunciarse o si, por el contrario, como pretende la demandante,
persiste la omisión y el Tribunal de Primera Instancia debe, por tanto, declararla.
En primer lugar, debe examinarse la pretensión de la demandante según la cual persiste la omisión de la Comisión al no haber
iniciado el procedimiento formal de examen de las Dotaciones financieras.
A este respecto, en la medida en que el recurso por omisión en el asunto T‑297/01 pretende, en particular, que se declare
que las medidas que se comunicaron a la demandante no aseguraban la ejecución íntegra de la sentencia SIC, para poder pronunciarse
sobre la solicitud de sobreseimiento y sobre la pretensión contraria de la demandante es preciso determinar si la sentencia
SIC conllevaba, entre sus medidas de ejecución, como defiende la demandante, la obligación de iniciar sin demora el procedimiento
formal de examen de las dotaciones financieras abonadas de 1992 a 1995. Dicho de otro modo, debe determinarse si la sentencia
SIC, al dilucidar la cuestión del carácter nuevo o existente de estas dotaciones financieras, se inclinó por el carácter nuevo.
En efecto, si esto es así, la Comisión ya no podía plantearse el carácter nuevo de dichas dotaciones financieras, como hizo
en su escrito de 7 de noviembre de 2001, ni,
a fortiori,
iniciar, mediante el escrito de 30 de septiembre de 2003, el procedimiento de examen de las mencionadas dotaciones financieras
como ayudas existentes. Por el contrario, tras la sentencia SIC debía iniciar sin demora el procedimiento formal de examen.
De no hacerlo, seguiría incurriendo en omisión, aún hoy, como alega la demandante en sus observaciones sobre la solicitud
de sobreseimiento, en lo que se refiere a su obligación de adoptar medidas necesarias para la ejecución de la sentencia SIC.
Sin embargo, debe hacerse constar que la sentencia SIC no implicaba, entre sus medidas de ejecución, la obligación de iniciar
sin demora el procedimiento formal de examen de las dotaciones financieras abonadas de 1992 a 1995.
En efecto, de la sentencia SIC se desprende que el Tribunal de Primera Instancia ni zanjó ni siquiera se refirió, ni en los
fundamentos de Derecho ni en la parte dispositiva de esa sentencia, a la cuestión de si las dotaciones financieras abonadas
de 1992 a 1995 tenían carácter de ayudas nuevas o ayudas existentes. La cuestión que se planteó al Tribunal de Primera Instancia
y que constituía el objeto único del litigio era si la apreciación de la Comisión, según la cual dichas dotaciones financieras
no constituían ayudas, apreciación en la que se basaba la decisión impugnada en ese asunto, no planteaba importantes dificultades.
El apartado 85 de la sentencia SIC, invocado por la demandante, no pone en tela de juicio esta interpretación de dicha sentencia,
según el cual «la apreciación en que la Comisión se basó para considerar que las dotaciones financieras abonadas a RTP en
concepto de indemnizaciones compensatorias no constituyen ayudas planteaba importantes dificultades que hacían necesaria la
incoación del procedimiento [formal de examen], por cuanto no estaba acreditada la compatibilidad de estas dotaciones con
el mercado común». Este extremo, si bien expresa la necesidad de incoar el procedimiento formal de examen cuando se planteen
dificultades importantes a la hora de determinar el carácter de ayuda de las dotaciones financieras, no tiene por función
ni por objeto zanjar la cuestión de determinar si las dotaciones financieras debían considerarse ayudas nuevas o ayudas existentes.
De lo anterior se desprende que la sentencia SIC no impedía que la Comisión se plantease posteriormente la cuestión mencionada.
Por consiguiente, y dado que la resolución, siquiera provisional, de dicha cuestión es un requisito previo para la incoación
del procedimiento formal de examen (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 30 de junio de 1992,
España/Comisión, C‑312/90, Rec. p. II‑4117, apartado 20, e Italia/Comisión, C‑47/91, Rec. p. I‑4145, apartado 26, y la sentencia
del Tribunal de Primera Instancia de 30 de abril de 2002, Gobierno de Gibraltar/Comisión, asuntos acumulados T‑195/01 y T‑207/01,
Rec. p. II‑2309, apartado 82), la sentencia SIC no podía implicar entre sus medidas de ejecución, la incoación inmediata del
procedimiento formal de examen de las dotaciones financieras abonadas de 1992 a 1995, a las que se refiere el recurso T‑297/01.
Además, esa sentencia, dado que calificaba las citadas dotaciones financieras de ayudas nuevas, indirectamente no hacía en
absoluto que dicha calificación resultase aplicable a las dotaciones financieras abonadas posteriormente, en 1996 y 1997.
De este modo, la demandante tampoco puede invocar esa sentencia a favor de la incoación sin demora del procedimiento formal
de examen de las dotaciones financieras abonadas en 1996 y 1997, a las que se refiere el recurso T‑298/01.
En lo que se refiere a los alegaciones de la demandante, expuestas en su réplica y en sus observaciones sobre la solicitud
de sobreseimiento, basadas en el carácter supuestamente aparente de las dudas de la Comisión sobre si las dotaciones financieras
tenían naturaleza de ayudas nuevas o ayudas existentes y en el carácter dilatorio de la solicitud de 7 de noviembre de 2001
y del escrito de 30 de septiembre de 2003, deben descartarse dichas alegaciones. En efecto, la Comisión, llevada por su deseo
de garantizar el pleno respeto de las normas procesales y, por tanto, la solidez de la futura decisión final, no incurrió
en error manifiesto de apreciación al estimar que todavía podían y debían aclararse algunos aspectos, lo que motivó la solicitud
de 7 de noviembre de 2001, antes de pronunciarse sobre esta cuestión, en este caso mediante escrito de 30 de septiembre de
2003. En particular, de la solicitud de 7 de noviembre de 2001 se desprende que la Comisión todavía no había valorado en su
totalidad si, y en qué medida, las modificaciones constitucionales y legislativas producidas en Portugal entre 1989 y 1992
habían afectado al sistema de concesión de las dotaciones financieras a RTP. Además, la Comisión se refiere a la necesidad
de determinar las fechas exactas que deben tenerse presentes para la liberalización del sector de la televisión en Portugal
y para la aplicación del sistema de dotaciones financieras a favor de RTP, fechas que, en efecto, no se desprenden con claridad
del expediente o de las alegaciones de la demandante.
Por tanto, procede concluir que, dado que la Comisión no estaba obligada, en ejecución de la sentencia SIC, a iniciar sin
demora el procedimiento formal de examen de las Dotaciones financieras y dado que las dudas de esta institución en lo que
se refiere a la calificación de las citadas dotaciones como ayudas nuevas o existentes no eran manifiestamente injustificadas,
la demandante insiste erróneamente en mantener, tanto en sus escritos procesales como después en sus observaciones sobre la
solicitud de sobreseimiento que, por no haber iniciado el procedimiento formal de examen, persiste la omisión de la Comisión
en lo que se refiere a su obligación de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia SIC.
Seguidamente, es preciso pronunciarse sobre la segunda pretensión de la demandante, según la cual el escrito de 30 de septiembre
de 2003, como tal acto preparatorio no susceptible de recurso de anulación, no puede constituir una definición de posición
en el sentido del artículo 232 CE.
A este respecto, cabe señalar que, según la jurisprudencia, incluso un acto que no puede ser objeto de un recurso de anulación
puede constituir una adopción de posición que ponga fin a la omisión, si constituye la premisa necesaria para el desarrollo
de un procedimiento que debe dar lugar a un acto jurídico que, por su parte, puede ser objeto de recurso de anulación (véanse
las sentencias Pharos/Comisión, antes citada, apartado 43, y la jurisprudencia citada, y Branco/Comisión, antes citada, apartado
54). Así pues, el escrito de 30 de septiembre de 2003 constituye, en todo caso, una definición de posición en el sentido del
artículo 232 CE.
De las consideraciones precedentes se desprende que debe desestimarse la pretensión de la demandante invocada contra la solicitud
de sobreseimiento.
Por último, debe examinarse la tercera pretensión de la demandante, según la cual el incumplimiento por parte de la Comisión
de los plazos razonables para examinar las denuncias de la demandante hace que sea imputable a esta institución la omisión
que el Tribunal de Primera Instancia debe declarar.
No se discute que la Comisión está sujeta a una obligación de examen diligente e imparcial de las denuncias en materia de
competencia, y en particular en el marco del artículo 88 CE (véanse la sentencia SIC, apartados 105 a 107, y la jurisprudencia
citada, y las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 30 de enero de 2002, max.mobil/Comisión, T‑54/99, Rec. p. II‑313,
apartados 48 y 49, y la jurisprudencia citada, y de 6 de marzo de 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Comisión, asuntos
acumulados T‑228/99 y T‑233/99, Rec. p. II‑0000, apartado 167, y la jurisprudencia citada).
Sin embargo, y por muy de lamentar que pueda parecer el comportamiento de la Comisión en la tramitación de las denuncias de
la demandante, el Tribunal de Primera Instancia, sin exceder el marco de los presentes recursos por omisión, no puede formular
ningún juicio sobre el incumplimiento, alegado por la demandante, de los plazos razonables por parte de la Comisión.
En efecto, de la jurisprudencia recordada en el apartado 31
supra
resulta que, en caso de que el acto cuya omisión se critica haya sido adoptado después de la interposición del recurso por
omisión, pero antes de pronunciarse la sentencia, debe declararse el sobreseimiento. Corresponderá a la demandante, si estima
que ha sufrido un perjuicio debido a que la Comisión incumplió los plazos razonables, interponer un recurso de indemnización.
De las consideraciones precedentes resulta que, mediante el escrito de 30 de septiembre de 2003, la Comisión ha adoptado una
posición sobre los requerimientos de la demandante para que actuase en lo que se refiere a las Dotaciones financieras y que,
por tanto, ya no procede pronunciarse sobre los recursos T‑297/01 y T‑298/01 por cuanto también se refieren a dichas medidas.
Por consiguiente, ya no procede pronunciarse sobre los recursos T‑297/01 y T‑298/01.
Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Además, a tenor del artículo 87, apartado 6, del mismo Reglamento, en caso de
sobreseimiento el Tribunal de Primera Instancia resolverá discrecionalmente sobre las costas.
En el caso de autos, en lo que respecta, por un lado, a la parte de de los recursos T‑29701 y T‑298/01 relativa a las medidas
ad hoc,
sobre la cual, a raíz de la notificación a la demandante de la decisión de 13 de noviembre de 2001, ya no procede pronunciarse,
no puede reprocharse a la demandante, a diferencia de lo que sugiere la Comisión, que para preservar sus derechos haya interpuesto
los mencionados recursos sin esperar a que la Comisión le notificase dicha decisión, notificación que se produjo después de
la expiración del plazo para entablar una acción por omisión. Por otro lado, respecto de la parte de los recursos T‑297/01
y T‑298/01 relativa a las Dotaciones financieras, hasta el escrito de 30 de septiembre de 2003 no se puso fin a la omisión
y desde entonces ya no procede pronunciarse. A la vista de las circunstancias del caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia
estima que la Comisión debe cargar con las costas de la demandante.
En consecuencia, a la vista de cuanto precede, procede condenar en costas a la Comisión, de conformidad con lo solicitado
al efecto por la demandante.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
decide:
1)
Sobreseer los recursos T‑297/01 y T‑298/01.
2)
Condenar en costas a la Comisión.
Tiili
Pirrung
Mengozzi
Meij
Vilaras
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 19 de febrero de 2004.
El Secretario
El Presidente
H. Jung
V. Tiili
–
Lengua de procedimiento: portugués.