CELEX: 62005CJ0213
Trabajador fronterizo
Reglamento (CEE) nº 1612/68
Prestación de crianza
Concesión denegada
Ventaja social
Requisito de residencia

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre
de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77).
Dicha petición fue presentada en el marco de un litigio entre la Sra. Geven y el Land Nordrhein‑Westfalen, en relación con
la negativa de este último a abonarle la prestación de crianza correspondiente a su hijo.

Marco jurídico

Normativa comunitaria
El artículo 7, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 1612/68 establece:
«1.      En el territorio de otros Estados miembros y por razón de la nacionalidad, el trabajador nacional de un Estado miembro no
podrá ser tratado de forma diferente que los trabajadores nacionales, en cuanto se refiere a las condiciones de empleo y de
trabajo, especialmente en materia de retribución, de despido y de reintegración profesional o de nuevo empleo, si hubiera
quedado en situación de desempleo.
2.      Se beneficiará de las mismas ventajas sociales y fiscales que los trabajadores nacionales.»

Normativa nacional
Como se desprende de la resolución de remisión, el artículo 1, apartado 1, de la Bundeserziehungsgeldgesetz (Ley relativa
a la concesión de prestaciones y permisos de crianza; en lo sucesivo, «BErzGG»), en su versión vigente en el momento de producirse
los hechos del litigio principal, permitía solicitar una prestación de crianza a cualquier persona que tuviese su domicilio
o su residencia habitual en Alemania, que tuviese en su familia un hijo a cargo, se ocupase del cuidado y de la educación
de este hijo y no ejerciese ninguna actividad ni profesión en jornada completa.
Por otra parte, en virtud del artículo 1, apartado 4, de la BErzGG, en su versión vigente en la época de los hechos del litigio
principal, los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y los trabajadores fronterizos procedentes de países
que tengan una frontera común con Alemania tienen derecho a la prestación de crianza, siempre que ejerzan en dicho Estado
miembro una actividad profesional que sea más que un mero empleo menor.
A tenor del artículo 8, apartado 1, número 1, del Libro IV del Sozialgesetzbuch (Código alemán de seguridad social), en su
versión vigente en la época de los hechos del litigio principal (BGBl. I, p. 1229), una actividad profesional era calificada
de menor cuando su duración semanal era inferior a quince horas y el salario mensual que normalmente se percibía no superaba
una séptima parte del valor mensual de referencia en el sentido del artículo 18 del citado Libro IV, a saber, 610 DEM en 1997
y 620 DEM en 1998.

Litigio principal y cuestión prejudicial
La Sra. Geven es nacional neerlandesa. Cuando su hijo nació, en el mes de diciembre de 1997, residía en los Países Bajos con
su marido, que ejercía una actividad profesional en este Estado miembro. Tras el período legal de protección de la maternidad,
durante el primer año de vida de su hijo, la demandante trabajó en Alemania, con un horario semanal de entre tres y catorce
horas y un salario semanal de entre 40 y 168,87 DEM.
Mediante resolución de 5 de junio de 1998, en la versión de la resolución de 27 de enero de 2000 dictada en un procedimiento
de reclamación, el Land Nordrhein-Westfalen rechazó la solicitud presentada por la demandante para obtener una prestación
de crianza correspondiente al primer año de vida de su hijo. Dicho Land basó su decisión en el hecho de que la Sra. Geven
no tenía su domicilio ni su residencia habitual en Alemania, ni tampoco tenía un contrato de trabajo de al menos quince horas
semanales. Además, como persona que ejercía una actividad menor, no se le reconocía la condición de «trabajador» en el sentido
del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad
social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan
dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) nº 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre
de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), y con arreglo a las modificaciones introducidas por el Reglamento (CE) nº 1290/97 del Consejo,
de 27 de junio de 1997 (DO L 176, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 1408/71»).
La Sra. Geven perdió los recursos que interpuso contra las citadas resoluciones, en primera instancia y en apelación, respectivamente,
mediante resoluciones del Sozialgericht Münster de 6 de mayo de 2002 y del Landessozialgericht Nordrhein‑Westfalen de 24 de
octubre de 2003. A continuación, la demandante interpuso recurso de casación ante el órgano jurisdiccional remitente.
En este contexto, el Bundessozialgericht decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente
cuestión prejudicial:
«¿Se deduce del Derecho comunitario (en particular del artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68 [...]) que la República
Federal de Alemania no puede denegar la prestación alemana de crianza a un nacional de otro Estado miembro, que reside en
éste y que ejerce en Alemania un empleo menor (entre tres y catorce horas semanales), por el hecho de no tener su domicilio
ni su residencia habitual en Alemania?»

Sobre la cuestión prejudicial
El artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68 dispone que los trabajadores migrantes se beneficiarán, en el Estado
miembro de acogida, de las mismas ventajas sociales y fiscales que los trabajadores nacionales.
La referencia a las «ventajas sociales» que figura en la citada disposición no puede interpretarse de forma restrictiva (sentencia
de 27 de noviembre de 1997, Meints, C‑57/96, Rec. p. I‑6689, apartado 39). En efecto, según reiterada jurisprudencia, debe
entenderse por «ventajas sociales» todas las ventajas que, con independencia de que estén vinculadas a un contrato de trabajo
o no, se reconozcan con carácter general a los trabajadores nacionales en virtud de su condición objetiva de trabajadores
o por el mero hecho de residir en el territorio nacional, y cuya extensión a los trabajadores nacionales de otros Estados
miembros permite, en consecuencia, facilitar su movilidad dentro de la Comunidad Europea (véanse las sentencias de 14 de enero
de 1982, Reina, 65/81, Rec. p. 33, apartado 12; Meints, antes citada, apartado 39, y de 12 de mayo de 1998, Martínez Sala,
C‑85/96, Rec. p. I‑2691, apartado 25).
El Tribunal de Justicia ya ha declarado que la prestación alemana de crianza constituye una «ventaja social» en el sentido
del artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68 (véase la sentencia Martínez Sala, antes citada, apartado 26).
Los Gobiernos alemán y del Reino Unido consideran injusto permitir a un trabajador fronterizo, que tiene su domicilio y su
lugar de trabajo en Estados miembros diferentes, beneficiarse de las mismas ventajas sociales en los dos Estados miembros
y combinarlas. Para paliar este riesgo y habida cuenta del hecho de que el Reglamento nº 1612/68 no contiene normas de coordinación
destinadas a evitar la acumulación de prestaciones, podría excluirse la posibilidad de «exportar» la prestación de crianza
al Estado miembro de residencia del trabajador fronterizo.
A este respecto, es preciso señalar que la condición de trabajador fronterizo de la Sra. Geven no le impide de ningún modo
exigir la igualdad de trato establecida en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68 por lo que se refiere a la
concesión de ventajas sociales. El Tribunal de Justicia ya ha declarado que los trabajadores fronterizos pueden invocar lo
dispuesto en el artículo 7 del Reglamento nº 1612/68 en iguales condiciones que cualquier otro trabajador al que se refiera
este precepto. En efecto, el cuarto considerando de este Reglamento dispone, de manera expresa, que el derecho a la libre
circulación debe reconocerse «indistintamente a los trabajadores “permanentes”, de temporada, fronterizos o que ejerzan sus
actividades con ocasión de una prestación de servicios», y su artículo 7 se refiere, sin reservas, al «trabajador nacional
de un Estado miembro» (sentencia Meints, antes citada, apartado 50).
Se ha de recordar, además, que están comprendidos en el ámbito de aplicación de las normas relativas a la libre circulación
de los trabajadores (y, en consecuencia, del Reglamento nº 1612/68) todos los trabajadores que ejercen actividades reales
y efectivas, excepto aquellos cuya actividad es tan reducida que tiene carácter puramente marginal y accesorio (véase, en
particular, la sentencia de 23 de marzo de 1982, Levin, 53/81, Rec. p.1035, apartado 17).
Pues bien, el órgano jurisdiccional remitente declaró que la demandante mantenía, durante el período de que se trata, una
relación laboral real que le permitía invocar la condición de «trabajador migrante» con arreglo al Reglamento nº 1612/68.
Se ha de recordar que la regla de igualdad de trato, recogida tanto en el artículo 48 del Tratado CE (posteriormente artículo
39 CE, tras su modificación) como en el artículo 7 del Reglamento nº 1612/68, prohíbe no solamente las discriminaciones manifiestas
basadas en la nacionalidad, sino también todas las formas encubiertas de discriminación que, aplicando otros criterios de
diferenciación, conduzcan de hecho al mismo resultado (véase la sentencia Meints, antes citada, apartado 44).
A menos que esté justificada objetivamente y sea proporcionada al objetivo perseguido, una disposición de Derecho nacional
debe considerarse indirectamente discriminatoria cuando, por su propia naturaleza, pueda afectar más a los nacionales de otros
Estados miembros que a los propios nacionales e implique, por consiguiente, el riesgo de perjudicar más en particular a los
primeros (sentencia Meints, antes citada, apartado 45).
Ése es el caso de un requisito de residencia como el controvertido en el litigio principal, que, como señala el órgano jurisdiccional
remitente, resulta naturalmente más fácil de respetar para los trabajadores nacionales que para los de los demás Estados miembros.
Según las explicaciones aportadas por el órgano jurisdiccional remitente, la prestación alemana de crianza constituye un instrumento
de la política nacional en favor de la familia, destinado a fomentar la natalidad en el país. El objetivo primero de esta
prestación consiste en permitir a los padres cuidar ellos mismos de sus hijos, renunciando a su actividad profesional o reduciéndola
para dedicarse a la educación de sus hijos durante la primera fase de su existencia.
El Gobierno alemán añade, en sustancia, que la prestación de crianza se concede en provecho de las personas que, por la elección
de su domicilio, han creado un vínculo efectivo con la sociedad alemana. En este contexto, considera justificado un requisito
de residencia como el del litigio principal.
Con independencia de si los objetivos perseguidos por la legislación alemana pueden justificar una normativa nacional basada
exclusivamente en el criterio de la residencia, procede declarar que, según las aclaraciones aportadas por el órgano jurisdiccional
remitente, el legislador alemán no se ha limitado a una aplicación estricta del requisito de residencia para conceder la prestación
de crianza, sino que también ha admitido excepciones que permiten a los trabajadores fronterizos beneficiarse de ella.
En efecto, de la resolución de remisión se desprende que, en virtud del artículo 1, apartado 4, de la BErzGG, en su versión
vigente en el momento de producirse los hechos del litigio principal, los trabajadores fronterizos que ejercen una actividad
profesional en Alemania pero residen en otro Estado miembro pueden solicitar la prestación alemana de crianza si su actividad
profesional es más que un mero empleo menor.
Por consiguiente, según la legislación alemana vigente en la época de los hechos del litigio principal, la residencia no se
consideraba el único nexo de unión al Estado miembro de que se tratase, sino que la contribución significativa al mercado
de trabajo nacional constituía también un elemento válido de integración en la sociedad de dicho Estado miembro.
En este contexto, se debe admitir que constituye una justificación lícita para denegar la ventaja social controvertida, el
hecho de que el trabajador que no reside en el Estado miembro de que se trate no tenga una actividad profesional suficientemente
significativa en este Estado.
En efecto, como ya declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia de 14 de diciembre de 1995, Megner y Scheffel (C‑444/93,
Rec. p. I‑4741, apartados 18 a 21 y 29), si bien es cierto que una persona que ocupa un empleo menor del tipo del mencionado
en la cuestión prejudicial tiene la condición de «trabajador» a efectos del artículo 39 CE, procede recordar, sin embargo,
que la política social forma parte, en el estado actual del Derecho comunitario, de la competencia de los Estados miembros,
los cuales disponen de un amplio margen de apreciación en el ejercicio de esta competencia. No obstante, este margen de apreciación
no puede tener como consecuencia que se vacíen de su contenido esencial los derechos que confieren a los particulares las
disposiciones del Tratado CE que reconocen sus libertades fundamentales (véanse, por lo que se refiere al artículo 39 CE,
las sentencias de 26 de enero de 1999, Terhoeve, C‑18/95, Rec. p. I‑345, apartado 44, y de 11 de enero de 2007, ITC, C‑208/05,
Rec. p. I‑0000, apartados 39 y 40, así como, por analogía, en materia de igualdad de trato entre trabajadores y trabajadoras,
las sentencias Megner y Scheffel, antes citada, y de 11 de septiembre de 2003, Steinicke, C‑77/02, Rec. p. I‑9027, apartados
61 y 63).
Como se ha señalado en los apartados 21 a 25 de la presente sentencia, el objetivo del legislador alemán, en una situación
como la controvertida en el litigio principal, es conceder una prestación de crianza a las personas que tienen un nexo de
unión suficientemente estrecho con la sociedad alemana, sin reservar esta prestación exclusivamente a las personas que residen
en Alemania.
En ejercicio de su competencia, dicho legislador podía estimar con razón que el hecho de excluir de la prestación controvertida
a los trabajadores no residentes que ejercen en el Estado miembro de que se trata una actividad profesional que no es más
que un empleo menor con arreglo al Derecho nacional constituye una medida adecuada y proporcionada, habida cuenta del objetivo
señalado en el apartado anterior (véase, por analogía, la sentencia Megner y Scheffel, antes citada, apartado 30).
A la luz de las consideraciones precedentes, se ha de responder a la cuestión planteada que el artículo 7, apartado 2, del
Reglamento nº 1612/68 no se opone a que la normativa nacional de un Estado miembro excluya a una nacional de otro Estado miembro
que reside en este Estado y ejerce una actividad profesional menor (entre tres y catorce horas semanales) en el primer Estado
del beneficio de una ventaja social con las características de la prestación alemana de crianza, exclusión basada en que dicha
persona no tiene en el primer Estado ni su domicilio ni su residencia habitual.

Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
El artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación
de los trabajadores dentro de la Comunidad, no se opone a que la normativa nacional de un Estado miembro excluya a una nacional
de otro Estado miembro que reside en este Estado y ejerce una actividad profesional menor (entre tres y catorce horas semanales)
en el primer Estado del beneficio de una ventaja social con las características de la prestación alemana de crianza, exclusión
basada en que dicha persona no tiene en el primer Estado ni su domicilio ni su residencia habitual.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: alemán.