CELEX: 61988CJ0304
Incumplimiento
Autorización de importación de animales vivos y de carne fresca procedentes de otros Estados miembros

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 18 de octubre de 1988, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que, al someter las importaciones de animales vivos y de carne fresca procedentes de otros Estados miembros a la exigencia de una autorización previa, eventualmente expedida automáticamente, el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado CEE y de las Directivas del Consejo 64/432/CEE, de 26 de junio de 1964, relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitários de animales de las especies bovina y porcina (
DO 121, p. 1977
; EE 03/01, p. 77) y 64/433/CEE, de 26 de junio de 1964, relativa a problemas sanitarios en materia de intercambios de carne fresca (
DO 121, p. 2012
; EE 03/01, p. 101).
Por lo que se refiere a la carne fresca, la Comisión declaró en la vista que la autorización prevista había sido suprimida y que, por lo tanto, desistía de dicho motivo de recurso.
Por lo que se refiere a los animales vivos, de los artículos 5 y 6 de la Orden Ministerial belga de 22 de junio de 1965 en materia de importación, tránsito y exportación de animales vivos
(Moniteur belge,
1965, p. 10238) y del artículo 2, apartado 7 del artículo 3, y artículos 15, 20, 23, 36 y 64 de la Orden Ministerial belga de 28 de julio de 1971 en materia de importación, tránsito, exportación e intercambios entre los países del Benelux de animales vivos y de ciertos productos de origen animal y vegetal
(Moniteur belge,
1971, p. 13370) se desprende que la importación de animales vivos de las especies bovina, porcina, ovina y caprina, de solípedos de especies domésticas así como de aves de corral procedentes de otros Estados miembros está sujeta a una autorización previa, expedida por el Ministro de Agricultura.
Considerando que la exigencia de una autorización previa de importación es contraria, por lo que se refiere a la importación de bovinos y cerdos, a la Directiva 64/432/CEE del Consejo, anteriormente citada, y por lo que se refiere a la importación de animales vivos distintos de bovinos y cerdos, al artículo 30 del Tratado CEE, la Comisión envió el 13 de diciembre de 1985 un escrito de requerimiento al Gobierno belga para que presentara sus observaciones.
Mediante carta de 14 de abril de 1986, el Gobierno belga comunicó a la Comisión su intención de mantener la autorización previa establecida para la importación de animales vivos, ya que, al ser expedida de forma automática y no tener efectos restrictivos sobre los intercambios, dicha autorización era lícita.
El 9 de marzo de 1987 la Comisión dirigió al Gobierno belga un dictamen motivado mediante el cual le pedía que adoptara las medidas necesarias para poner fin al incumplimiento que se le imputaba en el plazo de un mes. En su respuesta de 2 de julio de 1987, el Gobierno belga se mantuvo en la posición que ya había expresado en su carta de 14 de abril de 1986.
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio, del desarrollo del procedimiento y de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre la calificación de la autorización previa de importación con arreglo a las disposiciones del Tratado CEE
El Gobierno belga sostiene, en primer lugar, que la autorización previa de importación no constituye una medida restrictiva debido a que se expide de forma automática.
Baste señalar a este respecto que un sistema de autorizaciones es, en principio, contrario al artículo 30 del Tratado CEE. En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dicha disposición impide la aplicación, por lo que se refiere a las relaciones intracomunitárias, de una legislación nacional que mantenga la exigencia, aunque sea puramente formal, de licencias de importación o cualquier otro método similar (sentencia de 8 de febrero de 1983, Comisión contra Reino Unido, «leche UHT»,
124/81, Rec. 1983, p. 203
).
El Gobierno belga señala, sin embargo, que el sistema en vigor persigue un objetivo de información en materia sanitaria. La autorización exigida permite, concretamente, al importador conocer que la importación no está prohibida por razones sanitarias y a las autoridades nacionales hacer un seguimiento del estado sanitario de los animales tras su importación.
Por lo que se refiere al primer aspecto de la citada alegación, hay que señalar que no es necesario informar al importador, a través de una autorización previa de importación, de un derecho del que ya se sabe detentador en virtud del artículo 30 del Tratado, dado que los bovinos y los cerdos objeto de importación se acompañan de un certificado establecido por las autoridades del Estado miembro expedidor.
Por lo que se refiere al segundo aspecto, procede considerar que la alegación del Gobierno belga pretende justificar el sistema de autorización previa de importación con arreglo al artículo 36 del Tratado, disposición según la cual se admiten las restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la salud y vida de las personas y animales, entre otras.
A este respecto, procede precisar que, a diferencia de lo que ocurre con los intercambios de otros animales vivos que, en la actualidad, no son objeto de medidas de armonización, las medidas de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitários de bovinos y de cerdos están reguladas por la Directiva 64/432/CEE del Consejo, anteriormente citada. Pues bien, es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que, cuando, como consecuencia de la aplicación del artículo 100 del Tratado, haya Directivas comunitarias que prevean la armonización de medidas necesarias para, entre otras cosas, garantizar la protección de la salud de las personas y de los animales, deja de estar justificado el recurso al artículo 36 y las medidas de protección deberán adoptarse, desde ese momento, dentro del marco diseñado por la Directiva de armonización (ver sentencia de 20 de septiembre de 1988, Handelsonderneming Moormann,
190/87, Rec. 1988, p. 4689
). Por lo tanto, la cuestión de si cabe una excepción por lo que se refiere a la autorización de importación prevista por la legislación belga debe ser examinada distinguiéndose según que la autorización de que se trata afecte a las importaciones de animales vivos distintos de bovinos y cerdos o bien a las importaciones de bovinos y cerdos.
Sobre la importación de animales vivos distintos de bovinos y cerdos
A este respecto, baste señalar que un sistema de autorizaciones previas de importación constituye una medida desproporcionada para garantizar la protección de la salud y vida de las personas y animales. En efecto, de la sentencia de 8 de febrero de 1983, Comisión contra Reino Unido, anteriormente citada, se desprende que un Estado miembro puede adoptar medidas menos restrictivas que un sistema de autorizaciones previas de importación para proteger sus intereses, limitándose a recoger las informaciones que le sean útiles, por ejemplo, a través de declaraciones realizadas por los importadores y acompañadas, en su caso, por los certificados apropiados otorgados por el Estado miembro expedidor.
Por lo tanto, la autorización exigida por la legislación belga para la importación de animales vivos distintos de bovinos y cerdos no puede beneficiarse de una excepción en virtud del artículo 36 del Tratado.
Sobre la importación de bovinos y cerdos
A este respecto hay que señalar que la Directiva 64/432 del Consejo realizó una armonización completa de las medidas de policía sanitaria que pueden adoptar los Estados miembros en el marco de los intercambios intracomunitários de bovinos y cerdos.
Dicha armonización se realizó, en concreto, mediante el artículo 3 de la Directiva 64/432, que impone a los Estados miembros expedidores la obligación de velar por que se respeten una serie de medidas sanitarias destinadas a garantizar, entre otras cosas, que los animales exportados no constituyan una fuente de propagación de enfermedades contagiosas. Al objeto de garantizar a las autoridades competentes de los Estados miembros destinatarios que los animales importados reúnen las condiciones sanitarias previstas, la letra h) del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva exige que los animales vayan acompañados de un certificado sanitario que pruebe el cumplimiento y la realización de los controles sanitarios.
Por lo que se refiere, más concretamente, a las medidas que pueden utilizar los Estados miembros importadores, hay que señalar que el artículo 6 de la Directiva permite al país destinatario prohibir la introducción de animales en su territorio si se hubiere comprobado, tras un examen practicado en el puesto fronterizo por un veterinario oficial, que dichos animales han contraído o se sospecha que han contraído o están contaminados por una enfermedad sometida a declaración obligatoria, o que no se han cumplido las disposiciones de los artículos 3 y 4 de la Directiva. Además, según el artículo 7, los países destinatarios podrán conceder autorizaciones generales relativas a la introducción en su territorio de bovinos que no reúnan algunos de los requisitos previstos por el artículo 3 de la Directiva. Por último, según el artículo 9 de la Directiva, en caso de aparición de una enfermedad epizoótica o de una nueva enfermedad grave y contagiosa en el Estado miembro expedidor, el Estado miembro destinatario podrá, en concepto de medida de salvaguarda, prohibir o reducir temporalmente la importación de bovinos o de cerdos.
Ante un sistema tan completo como éste, los Estados miembros destinatarios carecen de competencia para adoptar, en el ámbito cubierto por la Directiva, medidas distintas de las previstas por ella de forma exhaustiva.
El Gobierno belga sostiene que la armonización llevada a cabo por la Directiva no es completa, ya que ésta no ha establecido un sistema de información armonizado. La autorización exigida por la legislación belga, que por otra parte no presenta el carácter de una medida de control sanitario, tiene por objeto, precisamente, paliar la carencia de un sistema de información semejante. Según el Gobierno belga, el carácter incompleto de la Directiva 64/432 en este punto queda de manifiesto en la exposición de motivos de las dos propuestas de Reglamento en materia de controles veterinarios en los intercambios intracomunitários, que figuran en el documento COM(88) 383 final, en el que la Comisión reconoce la necesidad del «recurso a un sistema de información mutua» y del «desarrollo de este último»
(traducción no oficial).
A este respecto, hay que señalar en primer lugar que las propuestas de Reglamento invocadas por el Gobierno belga parten de la premisa de la completa supresión, en el futuro, de los controles veterinarios en frontera. Consiguientemente, dichas propuestas de Reglamento no tienen por objeto armonizar un sistema de información, en la actualidad insuficiente, sino que prevén medidas adaptadas al nuevo contexto que se propone.
A continuación, procede señalar que el apartado 2 del artículo 6 de la Directiva permite que el Estado miembro destinatario exija que el importador haga una declaración previa a la importación, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Por lo tanto, el Estado miembro destinatario puede recurrir a este procedimiento para realizar el seguimiento del estado sanitario de los animales después de su importación.
Consiguientemente, la autorización exigida por la legislación belga para la importación de animales vivos de las especies bovina y porcina no puede beneficiarse de una excepción al artículo 30.
De las consideraciones anteriormente expuestas se deduce que al someter las importaciones de animales vivos procedentes de otros Estados miembros a la exigencia de una autorización previa, posiblemente expedida de forma automatica, el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado CEE.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados, en lo fundamental, los motivos formulados por el Reino de Bélgica procede condenarle en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Declarar que, al someter las importaciones de animales vivos procedentes de otros Estados miembros a la exigencia de una autorización previa, posiblemente expedida de forma automática, el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado CEE.

2)
Condenar en costas al Reino de Bélgica.

Due
Slynn
Kakouris
Schockweiler
Mancini
O'Higgins
Rodríguez Iglesias
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 5 de julio de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.