CELEX: 62006CJ0462
Reglamento (CE) nº 44/2001
Sección 5 del capítulo II
Competencia en materia de contratos individuales de trabajo
Sección 2 del citado capítulo
Competencias especiales
Artículo 6, número 1
Pluralidad de demandados

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 6, número 1, así como de la sección 5 del capítulo II, del Reglamento (CE) n
o
44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (
DO 2001, L 12, p. 1
; en lo sucesivo, «Reglamento»).
Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre el Sr. Rouard y las sociedades Glaxosmithkline y Laboratoires Glaxosmithkline, establecidas respectivamente en el Reino Unido y en Francia y consideradas por el Sr. Rouard como sus coempleadores en virtud de una cláusula de su contrato de trabajo, a las que el Sr. Rouard reclama el pago de diversas cantidades en concepto de indemnizaciones por despido y por la extinción improcedente del citado contrato.
Marco jurídico
En la sección 1 del capítulo II del Reglamento, rubricada «Disposiciones generales», se encuentra el artículo 2, cuyo apartado 1 dispone:
«Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.»
El artículo 6 del Reglamento, que figura en la sección 2 del capítulo II, titulada «Competencias especiales», dispone:
«[Las personas domiciliadas en un Estado miembro] también podrán ser demandadas:
1)
si hubiere varios demandados, ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estuvieren vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente,
[…]
3)
si se tratare de una reconvención derivada del contrato o hecho en que se fundamentare la demanda inicial, ante el tribunal que estuviere conociendo de esta última,
[…]»
Entre los objetivos del Reglamento, el decimotercer considerando expone:
«En cuanto a los contratos de seguros, de los celebrados por los consumidores o de trabajo, es oportuno proteger a la parte más débil mediante reglas de competencia más favorables a sus intereses de lo que disponen las reglas generales.»
La sección 5 del capítulo II del Reglamento, titulada «Competencia en materia de contratos individuales de trabajo», contiene, entre otras, las siguientes disposiciones:
«
Artículo 18
1.   En materia de contratos individuales de trabajo, la competencia quedará determinada por la presente sección, sin perjuicio del artículo 4 y del punto 5 del artículo 5.
[…]
Artículo 19
Los empresarios domiciliados en un Estado miembro podrán ser demandados:
1)
ante los tribunales del Estado en que estuvieren domiciliados, o
2)
en otro Estado miembro:
a)
ante el tribunal del lugar en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo o ante el tribunal del último lugar en que lo hubiere desempeñado; o
b)
si el trabajador no desempeñare o no hubiere desempeñado habitualmente su trabajo en un único Estado, ante el tribunal del lugar en que estuviere o hubiere estado situado el establecimiento que hubiere empleado al trabajador.
Artículo 20
1.   Los empresarios sólo podrán demandar a los trabajadores ante el tribunal del Estado miembro en el que estos últimos tuvieren su domicilio.
2.   Lo dispuesto en la presente sección no afectará al derecho de presentar una reconvención ante el tribunal que entendiere de una demanda principal de conformidad con la presente sección.»
El litigio principal y la cuestión prejudicial
El Sr. Rouard fue contratado en 1977 por la sociedad Laboratoires Beecham Sévigné, cuyo domicilio social estaba en Francia, y fue destinado a diversos Estados de África.
En ejecución de un nuevo contrato de trabajo celebrado en 1984 con la sociedad Beecham Research UK, otra sociedad del grupo con domicilio social en el Reino Unido, el Sr. Rouard comenzó a trabajar por cuenta de esa sociedad y fue destinado a Marruecos. En virtud de este contrato de trabajo, su nuevo empresario se obligaba a mantener los derechos contractuales adquiridos por el Sr. Rouard en el marco de su contrato de trabajo inicial con la sociedad Laboratoires Beecham Sévigné, en particular en lo que atañe al mantenimiento de su antigüedad y de su derecho a determinadas indemnizaciones en caso de despido.
El Sr. Rouard fue despedido en 2001. En 2002, ejercitó ante el conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye una acción contra la sociedad Laboratoires Glaxosmithkline, sucesora de la sociedad Laboratoires Beecham Sévigné con domicilio social en Francia, y contra la sociedad Glaxosmithkline, sucesora de la sociedad Beecham Research UK con domicilio social en el Reino Unido. El Sr. Rouard solicita la condena solidaria de ambas sociedades a pagarle diversas indemnizaciones por inobservancia del procedimiento de despido, por despido sin causa real y seria, así como por la extinción improcedente de su contrato de trabajo.
El Sr. Rouard alega que ambas sociedades eran sus coempleadores. Según afirma, dado que los órganos jurisdiccionales franceses son competentes respecto a la sociedad Laboratoires Glaxosmithkline, cuyo domicilio social está en Francia, lo son también respecto a la sociedad Glaxosmithkline en virtud del artículo 6, número 1, del Reglamento.
Dichas sociedades impugnaron la competencia del conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye, que estimó la excepción de incompetencia. Tras haber revocado la cour d’appel de Versailles la sentencia dictada en primera instancia, dichas sociedades interpusieron recurso de casación contra la sentencia de 6 de abril de 2004 de la citada cour d’appel.
En estas circunstancias, la Cour de cassation decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«Por una parte […], la regla de competencia especial prevista en el número 1 del artículo 6 del Reglamento […], según el cual una persona domiciliada en el territorio de un Estado miembro puede ser demandada, “si hubiere varios demandados, ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estuvieren vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente”, ¿es aplicable a un litigio promovido por un trabajador ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro contra dos sociedades pertenecientes al mismo grupo, una de las cuales, la que contrató a este trabajador para el grupo y después se negó a readmitirlo, está domiciliada en ese Estado miembro y la otra, por cuya cuenta el interesado trabajó en último término en terceros Estados y que le despidió, está domiciliada en otro Estado miembro, en el supuesto de que el demandante invoque una cláusula del contrato de trabajo para demostrar que las dos [sociedades] eran sus coempleadores, a los que reclama la indemnización por despido?, o, por otra parte, […] la regla del [apartado] 1 del artículo 18 del Reglamento, en virtud del cual, en materia de contratos individuales de trabajo, la competencia viene determinada por la sección [5] del capítulo II [de ese Reglamento], ¿excluye la aplicación del número 1 del artículo 6 [de dicho Reglamento], de manera que cada una de las dos sociedades debe ser demandada ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que tiene su domicilio social?»
Sobre la cuestión prejudicial
Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la regla de competencia especial enunciada en el artículo 6, número 1, del Reglamento en relación con los codemandados es aplicable a la acción ejercitada por un trabajador contra dos sociedades establecidas en diferentes Estados miembros, a las que el trabajador considera como sus coempleadores.
Con carácter previo, debe recordarse que, en las relaciones entre los Estados miembros, el Reglamento sustituye al Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (
DO 1972, L 299, p. 32
; texto consolidado en
DO 1998, C 27, p. 1
), en su versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (
DO L 304, p.1
, y —texto modificado— p. 77; texto en español en
DO 1989, L 285, p. 41
), por el Convenio de 25 de octubre de 1982 relativo a la adhesión de la República Helénica (
DO L 388, p. 1
; texto en español en
DO 1989, L 285, p. 54
), por el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa (
DO L 285, p. 1
) y por el Convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia (
DO 1997, C 15, p. 1
) (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»).
Las reglas de competencia en materia de contratos individuales de trabajo que establece el Reglamento difieren considerablemente de las reglas aplicables en ese ámbito en virtud del Convenio de Bruselas.
En este último, la única regla específica relativa al contrato de trabajo fue introducida en 1989. Esa regla figuraba en la sección 2 del título II de dicho Convenio, relativa a las competencias especiales, y había sido añadida como un supuesto específico de la regla de competencia en materia contractual prevista por el artículo 5, punto 1, del Convenio de Bruselas.
En el Reglamento, la competencia en materia de contratos individuales de trabajo se regula en una sección específica, a saber, la sección 5 del capítulo II. Esta sección, que contiene los artículos 18 a 21 del Reglamento, pretende asegurar al trabajador la protección prevista en el decimotercer considerando del Reglamento.
Como han sostenido o, cuando menos, han reconocido las demandantes en el litigio principal, los Gobiernos francés, alemán, italiano y del Reino Unido, así como la Comisión de las Comunidades Europeas, del texto de las disposiciones que contiene dicha sección 5 se desprende que éstas tienen un carácter no sólo específico, sino además exhaustivo.
De esa forma, resulta del artículo 18, apartado 1, del Reglamento, por una parte, que todo litigio que tenga por objeto un contrato individual de trabajo debe ser planteado ante un tribunal designado conforme a las reglas de competencia previstas en la sección 5 del capítulo II del mismo Reglamento y, por otra parte, que esas reglas de competencia sólo pueden ser modificadas o completadas por otras reglas de competencia enunciadas en el propio Reglamento en caso de que se haga una remisión expresa a éstas en la misma sección 5.
Pues bien, el artículo 6, número 1, del Reglamento no forma parte de la sección 5 de dicho capítulo II, sino de la sección 2 de éste.
El artículo 6, número 1, del Reglamento no es objeto de ninguna remisión en dicha sección 5, a diferencia de los artículos 4 y 5, punto 5, del Reglamento, cuya aplicación está expresamente prevista por el artículo 18, apartado 1, del Reglamento.
La regla de competencia prevista por el artículo 6, número 1, del Reglamento tampoco se recoge en ninguna disposición equivalente de la sección 5, a diferencia de la regla enunciada en el número 3 del mismo artículo 6, que prevé el supuesto de una reconvención y que ha sido incorporada al artículo 20, apartado 2, del Reglamento.
Por tanto, es preciso señalar que la interpretación literal de la sección 5 del capítulo II del Reglamento lleva a considerar que dicha sección excluye totalmente la aplicación del artículo 6, número 1, del Reglamento.
Dicha interpretación se corrobora además por los trabajos preparatorios. En efecto, la Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (
DO 1999, C 376 E, p. 1
) señala, acerca de la sección 5 del capítulo II del Reglamento propuesto, la cual fue adoptada sin cambios por el legislador comunitario, que «las competencias previstas en esta sección sustituyen a las previstas en las secciones 1 [Disposiciones generales] y 2 [Competencias especiales]».
En sus observaciones escritas, los Gobiernos francés, alemán e italiano alegan, no obstante, que una interpretación teleológica del Reglamento que tome en consideración los objetivos de éste podría dar lugar a estimar que el artículo 6, número 1, del Reglamento es aplicable en materia de contratos de trabajo.
En particular, el Gobierno italiano sostiene que el objetivo del artículo 6, número 1, del Reglamento, consistente en prevenir el riesgo de contradicción entre las resoluciones, implica que dicha disposición sea aplicable a toda clase de litigios, incluidos los relativos a los contratos de trabajo.
Es verdad que la aplicación del artículo 6, número 1, del Reglamento en materia de contratos de trabajo permitiría extender a los litigios que tengan como objeto dichos contratos la posibilidad de interponer ante un solo tribunal demandas conexas dirigidas contra una pluralidad de demandados. Dicha extensión, al igual que la dispuesta expresamente por el legislador comunitario en el artículo 20, apartado 2, del Reglamento en relación con la reconvención, respondería al objetivo general de una buena administración de justicia, que implica respetar el principio de economía procesal.
Sin embargo, según jurisprudencia reiterada, las reglas de competencia especial deben ser interpretadas de modo estricto, sin que quepa una interpretación de las mismas que vaya más allá de los supuestos explícitamente contemplados en el Reglamento (véanse en particular, acerca del artículo 6, número 1, del Reglamento, las sentencias de 13 de julio de 2006, Reisch Montage,
C-103/05, Rec. p. I-6827
, apartado 23, y de 11 de octubre de 2007, Freeport,
C-98/06, Rec. p. I-8319
, apartado 35). Pues bien, como se ha apreciado en el apartado 23 de la presente sentencia, el texto de las disposiciones de la sección 5 del capítulo II del Reglamento excluye la aplicación del citado artículo 6, número 1, en un litigio en materia de contrato de trabajo.
Además, una buena administración de justicia implicaría que tanto el trabajador como el empresario tuvieran la facultad de invocar el artículo 6, número 1, del Reglamento, como sucede en el supuesto de la reconvención.
Ahora bien, esa aplicación del artículo 6, número 1, del Reglamento podría generar consecuencias contrarias al objetivo de protección específicamente perseguido mediante la introducción en ese Reglamento de una sección singular relativa a los contratos de trabajo.
El hecho de que el empresario invocara el artículo 6, número 1, del Reglamento podría privar al trabajador de la protección que le garantiza el artículo 20, apartado 1, del mismo Reglamento, disposición conforme a la cual el trabajador sólo puede ser demandado ante el tribunal del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio.
Respecto a la posibilidad, apuntada por los Gobiernos francés y alemán, de interpretar el artículo 6, número 1, del Reglamento en el sentido de que sólo el trabajador tenga la facultad de invocar dicha disposición, procede señalar que tal interpretación sería opuesta tanto al texto de las disposiciones de la sección 5 del capítulo II de dicho Reglamento como al del artículo 6, número 1, de éste. Además, no hay razón alguna para limitar la concepción protectora de tal argumentación únicamente al artículo 6, número 1, y se tendría que reconocer que sólo el trabajador debería poder invocar toda regla de competencia especial prevista por ese Reglamento que pudiera servir a sus intereses como justiciable. Ahora bien, la transformación por el juez comunitario de las reglas de competencia especiales, destinadas a facilitar una buena administración de justicia, en reglas de competencia unilaterales, protectoras de la parte a la que se considera más débil, iría más allá del equilibrio de intereses que el legislador comunitario ha establecido en el estado actual del Derecho comunitario.
Por tanto, en relación con las disposiciones comunitarias actualmente vigentes, una interpretación como la propugnada por los Gobiernos francés y alemán sería difícilmente compatible con el principio de seguridad jurídica, que constituye uno de los objetivos del Reglamento y que exige en especial que la reglas de competencia se interpreten de manera que presenten un alto grado de previsibilidad, como indica el undécimo considerando de dicho Reglamento (véanse en particular, acerca del citado artículo 6, número 1, las sentencias antes citadas Reisch Montage, apartados 24 y 25, y Freeport, apartado 36).
Así pues, es forzoso reconocer que el Reglamento, en su versión actual, a pesar del objetivo de protección afirmado en su decimotercer considerando, no presta una protección especial a un trabajador que se halle en una situación como la del Sr. Rouard, ya que, en cuanto demandante ante los tribunales nacionales, no dispone de una regla de competencia más favorable que la regla general del artículo 2, apartado 1, de dicho Reglamento.
En estas circunstancias, procede responder a la cuestión planteada que la regla de competencia especial prevista en el artículo 6, número 1, del Reglamento no puede aplicarse a un litigio regido por la sección 5 del capítulo II de dicho Reglamento, relativa a las reglas de competencia aplicables en materia de contratos individuales de trabajo.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

La regla de competencia especial prevista en el artículo 6, número 1, del Reglamento (CE) n
o
44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, no puede aplicarse a un litigio regido por la sección 5 del capítulo II de dicho Reglamento, relativa a las reglas de competencia aplicables en materia de contratos individuales de trabajo.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.