CELEX: 61993CJ0415
Libre circulación de los trabajadores
Normas sobre la competencia aplicables a las empresas
Jugadores profesionales de fútbol
Reglamentaciones deportivas relativas a la transferencia de jugadores por las que se obliga al nuevo club a pagar compensaciones al antiguo
Limitación del número de jugadores nacionales de otros Estados miembros que pueden ser alineados en competición

Mediante resolución de 1 de octubre de 1993, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de octubre siguiente, la cour d'appel
de Liège planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los
artículos 48, 85 y 86 de dicho Tratado.
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de varios litigios entre, en primer lugar, Union royale belge des sociétés de
football association ASBL (en lo sucesivo,
URBSFA) y el Sr. Bosman; en segundo lugar, Royal club liégeois SA (en lo sucesivo,
RCL) y el Sr. Bosman, la SA d'économie mixte sportive de l'union sportive du littoral de Dunkerque (en lo sucesivo,
club de Dunquerque), la URBSFA y la Union des associations européennes de football (UEFA) (en lo sucesivo,
UEFA) y, en tercer lugar, la UEFA y el Sr. Bosman.
Las normas de organización del fútbol
El deporte del fútbol asociación, corrientemente llamado
fútbol, profesional o aficionado, se practica, en su forma organizada, en el seno de clubes que, en cada uno de los Estados miembros,
están agrupados en asociaciones nacionales, también llamadas federaciones. El Reino Unido es el único Estado miembro en el
que existen varias asociaciones nacionales, en este caso cuatro, las cuales son responsables respectivamente para Inglaterra,
el País de Gales, Escocia e Irlanda del Norte. La URBSFA es la asociación nacional belga. De las asociaciones nacionales dependen
otras asociaciones secundarias o subsidiarias, encargadas de la organización del fútbol en determinados sectores o en determinadas
regiones. Las asociaciones organizan campeonatos nacionales, estructurados en varias divisiones según el valor deportivo de
los clubes que en ellos participan.
Las asociaciones nacionales son miembros de la Fédération internationale de football association (en lo sucesivo,
FIFA), asociación suiza, que organiza el fútbol a escala mundial. La FIFA se divide en confederaciones continentales, cuyos reglamentos
le son sometidos para su aprobación. La confederación competente para Europa es la UEFA, que es asimismo una asociación suiza.
Son miembros de ésta unas cincuenta asociaciones, y entre ellas, por lo que aquí interesa, las asociaciones nacionales de
los Estados miembros, que, con arreglo a los Estatutos de la UEFA, se han comprometido a respetar tanto los Estatutos como
los reglamentos y decisiones de esta última.
Cada partido de fútbol organizado bajo los auspicios de una asociación nacional debe jugarse entre dos clubes miembros de
dicha asociación o miembros de asociaciones secundarias o subsidiarias afiliadas. El equipo alineado por cada club se compone
de jugadores habilitados por la asociación nacional para dicho club. Todo jugador profesional debe estar registrado como tal
en su asociación nacional y figura como actual o antiguo empleado de un club específico.
Las normas relativas a las transferencias
Según el Reglamento federal de la URBSFA de 1983, aplicable cuando ocurrieron los hechos de los asuntos principales, cabe
distinguir tres relaciones: la afiliación, que vincula al jugador a la asociación; la ficha, que vincula al jugador a un club,
y la habilitación, que es la condición necesaria para que un jugador pueda participar en las competiciones oficiales. La transferencia
se define como la operación por la que el jugador afiliado obtiene un cambio de ficha. En caso de transferencia temporal,
el jugador continúa teniendo ficha en un club, pero está habilitado para otro.
En virtud del mismo Reglamento, todos los contratos de los jugadores profesionales, cuya duración varía entre uno y cinco
años, expiran el 30 de junio. Antes de la expiración del contrato, y a más tardar el 26 de abril, el club debe proponer un
nuevo contrato al jugador, quien, en su defecto, pasa a ser considerado como aficionado a efectos de transferencias y queda
sometido, por lo tanto, a otras disposiciones del Reglamento. El jugador es libre de aceptar o rechazar esta propuesta.
En caso de no aceptación, se inscribe al jugador en una lista de jugadores que, entre el 1 y el 31 de mayo, pueden ser objeto
de una transferencia denominada
forzosa, es decir, sin el acuerdo del club con el que tienen ficha, aunque mediante el pago a este último por parte del nuevo club
de una compensación llamada
de formación, cuyo importe se calcula multiplicando los ingresos anuales brutos del jugador por unos coeficientes que varían de 14 a 2,
según su edad.
El 1 de junio se abre el período de las transferencias denominadas
libres, que se efectúan mediante acuerdo de ambos clubes y del jugador, especialmente en cuanto al importe de la compensación por
transferencia que el nuevo club debe pagar al antiguo, so pena de sanciones que pueden ir hasta la exclusión del primero por
deudas.
Si no ha habido transferencia, el club con el que tiene ficha debe ofrecer al jugador un nuevo contrato por una temporada,
con las mismas condiciones que el que se le había propuesto antes del 26 de abril. Si el jugador no lo acepta, el club tiene
derecho, antes del 1 de agosto, a adoptar una medida de suspensión, a falta de la cual se recalifica al jugador como aficionado.
El jugador que persiste en negarse a firmar los contratos que su club le propone puede obtener una transferencia como aficionado,
sin el acuerdo de su club, tras dos temporadas de inactividad.
En cuanto a los Reglamentos de la UEFA y de la FIFA, no son directamente aplicables a los jugadores, pero están incorporados
en los Reglamentos de las asociaciones nacionales, que son las únicas facultadas para hacerlos aplicar y para regular las
relaciones entre los clubes y los jugadores.
La UEFA, la URBSFA y el RCL alegaron ante el órgano jurisdiccional nacional que las disposiciones aplicables en el momento
de los hechos a las transferencias entre clubes de distintos Estados miembros o entre clubes pertenecientes a distintas asociaciones
nacionales dentro del mismo Estado miembro estaban contenidas en un documento titulado
Principios de colaboración entre las asociaciones miembros de la UEFA y sus clubes, aprobado por el Comité Ejecutivo de la UEFA el 24 de mayo de 1990 y en vigor desde el 1 de julio de 1990.
Dicho documento establece que, al expirar el contrato, el jugador es libre de celebrar un nuevo contrato con el club que él
elija. Este último debe entonces informar inmediatamente al antiguo club, quien, a su vez, informa a la asociación nacional,
la cual está obligada a expedir el certificado internacional de transferencia. No obstante, el antiguo club tiene derecho
a cobrar del nuevo club una compensación por promoción o formación cuyo importe fijará, en caso de desacuerdo, una comisión
constituida en el seno de la UEFA, basándose en una tabla de coeficientes, que van de 12 a 1 según la edad del jugador, multiplicados
por los ingresos brutos del jugador, percibidos durante el último año, con un límite máximo de 5.000.000 de SFR.
El documento precisa que las relaciones económicas entre los dos clubes en cuanto al pago de la compensación por promoción
o formación no influirán en las actividades deportivas del jugador, que estará en libertad para jugar con su nuevo club. No
obstante, si el nuevo club no paga inmediatamente la referida compensación al antiguo club, se someterá el caso a la comisión
de control y de disciplina de la UEFA, que comunicará su decisión a la asociación nacional de que se trate, la cual también
podrá imponer sanciones al club que no ha pagado.
El órgano jurisdiccional de remisión considera que, en el caso de que se trata en los litigios principales, la URBSFA y el
RCL no aplicaron el Reglamento de la UEFA, sino el de la FIFA.
Cuando ocurrieron los hechos, este último Reglamento establecía, en especial, que un jugador profesional no podía abandonar
la asociación nacional en la que estuviera afiliado mientras estuviera vinculado por su contrato y por los reglamentos de
su club y de su asociación nacional, por severos que pudieran ser. La transferencia estaba sujeta al requisito de que la antigua
asociación nacional expidiera un certificado de transferencia, mediante el cual certificara que habían sido satisfechas todas
las obligaciones de carácter financiero, incluida, en su caso, la compensación por transferencia.
Con posterioridad a la fecha de los hechos de los asuntos principales, la UEFA entabló negociaciones con la Comisión de las
Comunidades Europeas. En abril de 1991, se comprometió, en particular, a hacer incluir en todo contrato de jugador profesional
una cláusula que permitiera a éste, al expirar su contrato, celebrar un nuevo contrato con el club que él eligiera y jugar
inmediatamente con éste. Algunas disposiciones en este sentido se introdujeron en los
Principios de colaboración entre las asociaciones miembros de la UEFA y sus clubes adoptados en diciembre de 1991 y en vigor desde el 1 de julio de 1992.
En abril de 1991, también la FIFA adoptó un nuevo Reglamento relativo al estatuto y a las transferencias de los jugadores
de fútbol. Este documento, modificado en diciembre de 1991 y en diciembre de 1993, establece que todo jugador puede celebrar
un contrato con un nuevo club cuando el contrato que lo vincula a su club haya expirado, haya sido rescindido o expire dentro
de los seis meses siguientes.
Se establecen, por otra parte, normas particulares para los jugadores
no aficionados, definidos como los jugadores que hayan percibido por una participación en el fútbol, o en cualquier actividad relacionada
con éste, una indemnización superior al monto de los gastos soportados en el ejercicio de dicha actividad, a menos que hayan
reasumido el estatuto de aficionado.
En el caso de transferencia de un jugador no aficionado o que pase a ser no aficionado en el transcurso de tres años a partir
de la transferencia, el antiguo club tiene derecho a una compensación por promoción o formación, cuyo importe debe ser convenido
entre ambos clubes. En caso de desacuerdo, el litigio debe someterse a la FIFA o a la confederación competente.
Estas normas fueron completadas por un Reglamento de la UEFA denominado
para la fijación de una compensación por transferencia que, adoptado en junio de 1993 y vigente desde el 1 de agosto de 1993, sustituyó a los
Principios de colaboración entre las asociaciones miembros de la UEFA y sus clubes de 1991. Este nuevo Reglamento mantiene el principio de que las relaciones económicas entre los dos clubes no tienen ninguna
influencia en la actividad deportiva del jugador, que será libre de jugar para el club con el que haya celebrado un nuevo
contrato. Establece, además, que, en caso de desacuerdo entre los clubes interesados, corresponde a la comisión competente
de la UEFA determinar el importe de la compensación por formación o promoción. Para los jugadores no aficionados, dicho importe
se calcula con arreglo a los ingresos brutos obtenidos por el jugador durante los doce últimos meses, o a los ingresos fijos
anuales garantizados en el nuevo contrato, incrementado en un 20% para los jugadores que hayan jugado al menos dos veces en
el primer equipo nacional representativo de su país, y multiplicado por un coeficiente comprendido entre 12 y 0 en función
de la edad.
De los documentos aportados por la UEFA al Tribunal de Justicia resulta que algunas reglamentaciones vigentes en otros Estados
miembros contienen también disposiciones que obligan al nuevo club, en caso de transferencia de un jugador entre dos clubes
de la misma asociación nacional, a pagar al antiguo, con arreglo a los requisitos determinados por aquéllas, una compensación
por transferencia, formación o promoción.
En España y en Francia, la compensación sólo puede ser exigida, respectivamente, si el jugador transferido tiene edad inferior
a 25 años o si el antiguo club es aquel con el cual el jugador de que se trate haya firmado su primer contrato como profesional.
En Grecia, si bien no se contempla expresamente el devengo de compensación a cargo del nuevo club, el contrato entre el club
y el jugador pueden supeditar la partida de este último al abono de cierta cantidad que, según ha indicado la UEFA, se efectúa
en realidad, en la mayoría de los casos, por el nuevo club.
Las reglas aplicables al efecto pueden resultar, según los casos, de la normativa nacional, de los reglamentos de las asociaciones
nacionales de fútbol o también de convenios colectivos.
Las cláusulas de nacionalidad
A partir de los años sesenta, numerosas asociaciones nacionales de fútbol adoptaron normas por las que se limita la posibilidad
de contratar o alinear en competición a jugadores de nacionalidad extranjera (en lo sucesivo,
cláusulas de nacionalidad). Para la aplicación de dichas cláusulas, la nacionalidad se define tomando como referencia la posibilidad del jugador de
ser habilitado para jugar en el equipo nacional o representativo de un país.
En 1978, la UEFA se comprometió frente al Sr. Davignon, Miembro de la Comisión de las Comunidades Europeas, por un lado, a
suprimir las limitaciones en el número de contratos celebrados por cada club con jugadores de otros Estados miembros y, por
otro, a fijar en dos el número de estos jugadores que podía participar en cada partido, límite este último que no sería aplicable
a los jugadores ya establecidos desde más de cinco años en el Estado miembro correspondiente.
En 1991, a raíz de nuevas conversaciones mantenidas con el Sr. Bangemann, Vicepresidente de la Comisión, la UEFA adoptó la
regla denominada
3+2, que prevé la posibilidad de que cada asociación nacional limite a tres el número de jugadores extranjeros que puede alinear
un club en cada partido de Primera División de los campeonatos nacionales por ella organizados, más dos jugadores que hayan
jugado durante un período ininterrumpido de cinco años en el país de dicha asociación, tres de ellos en la categoría de juveniles.
Esta limitación se aplica también a las competiciones para equipos de clubes organizadas por la UEFA.
Hechos de los litigios principales
El Sr. Bosman, jugador profesional de fútbol de nacionalidad belga, estuvo empleado, desde 1988, por el RCL, club belga de
primera división, en virtud de un contrato, que expiraba el 30 de junio de 1990, que le garantizaba un sueldo mensual medio
de 120.000 BFR, incluidas las primas.
El 21 de abril de 1990, el RCL propuso al Sr. Bosman un nuevo contrato, por una temporada, reduciendo su retribución mensual
a 30.000 BFR, es decir, el mínimo establecido por el Reglamento federal de la URBSFA. Dado que se negó a firmar, el Sr. Bosman
fue inscrito en la lista de transferencias. El valor de la compensación por formación que a él se refería se fijó, con arreglo
a dicho Reglamento, en 11.743.000 BFR.
Al no haber manifestado ningún club su interés por una transferencia forzosa, el Sr. Bosman estableció contactos con el club
francés de Dunquerque, de segunda división, que condujeron a su contratación por un sueldo mensual del orden de 100.000 BFR,
más una prima de contratación de unos 900.000 BFR.
El 27 de julio de 1990, también se celebró un contrato entre el RCL y el club de Dunquerque en el que se estipulaba la transferencia
temporal del Sr. Bosman, por un período de un año, mediante el pago por parte del club de Dunquerque de una compensación de
1.200.000 BFR, exigible desde la recepción por la Fédération française de football (Federación francesa de fútbol; en lo sucesivo,
FFF) del certificado de transferencia expedido por la URBSFA. En dicho contrato se concedía además al club de Dunquerque una
opción irrevocable sobre la transferencia definitiva del jugador por una cantidad de 4.800.000 BFR.
Ambos contratos, el celebrado entre el club de Dunquerque y el RCL, por una parte, y el celebrado entre el club de Dunquerque
y el Sr. Bosman, por otra, estaban supeditados, no obstante, a la condición suspensiva de que el certificado de transferencia
fuera transmitido por la URBSFA a la FFF antes del primer partido de la temporada, que había de tener lugar el 2 de agosto
de 1990.
Por dudar de la solvencia del club de Dunquerque, el RCL no solicitó a la URBSFA que remitiera el referido certificado a la
FFF. Por consiguiente, los dos contratos quedaron sin efecto. El 31 de julio de 1990, el RCL también suspendió al Sr. Bosman,
impidiéndole así jugar durante toda la temporada.
El 8 de agosto de 1990, el Sr. Bosman interpuso una demanda ante el tribunal de première instance de Liège contra el RCL.
Paralelamente a la demanda principal presentó una demanda sobre medidas provisionales que tenía por objeto, en primer lugar,
que se condenara al RCL y a la URBSFA a abonarle a resultas del juicio una cantidad de 100.000 BFR mensuales hasta que encontrase
un nuevo empresario; en segundo lugar, que se prohibiera a las demandadas obstaculizar su libertad de contratación, especialmente
mediante la percepción de una cantidad de dinero, y, en tercer lugar, que se planteara al Tribunal de Justicia una cuestión
prejudicial.
Mediante resolución de 9 de noviembre de 1990, el Juez de medidas provisionales condenó al RCL y a la URBSFA a pagar al Sr.
Bosman una cantidad de 30.000 BFR y les ordenó conminatoriamente que no obstaculizaran la contratación del Sr. Bosman. Además,
planteó al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial (asunto C-340/90) relativa a la interpretación del artículo 48 del
Tratado en relación con la reglamentación reguladora de las transferencias de los jugadores profesionales (en lo sucesivo,
normas relativas a las transferencias).
Entretanto, el Sr. Bosman había sido contratado en octubre de 1990 por el club francés de segunda división de Saint-Quentin,
con la condición suspensiva de que prosperara su demanda de medidas provisionales. Sin embargo, su contrato fue resuelto al
terminar la primera temporada. En febrero de 1992, el Sr. Bosman firmó un nuevo contrato con el club francés de Saint-Denis
de la Reunión, que también fue resuelto. Después de otras búsquedas en Bélgica y en Francia, el Sr. Bosman fue finalmente
contratado por el Olympic de Charleroi, club belga de tercera división.
Según el órgano jurisdiccional de remisión, determinados indicios graves y concordantes permiten pensar que, a pesar del estatuto
de
libertad que le había concedido la resolución de medidas provisionales, el Sr. Bosman fue objeto de un boicot por parte de todos los
clubes europeos que hubieran podido contratarle.
El 28 de mayo de 1991, la cour d'appel de Liège revocó la resolución de medidas provisionales del tribunal de première instance
de Liège en la medida en que planteaba una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. Sin embargo, confirmó la condena
del RCL a pagar una cantidad mensual al Sr. Bosman y conminó al RCL y a la URBSFA a poner al Sr. Bosman a disposición de cualquier
club que quisiera obtener sus servicios, sin que pudiera reclamarse ninguna compensación. Mediante auto de 19 de junio de
1991, el Tribunal de Justicia archivó el asunto C-340/90.
En el marco de la demanda principal interpuesta ante el tribunal de première instance de Liège, la URBSFA, que, a diferencia
de lo que había ocurrido en el procedimiento sobre medidas provisionales, no había sido demandada, intervino voluntariamente
el 3 de junio de 1991. El 20 de agosto de 1991, el Sr. Bosman emplazó a la UEFA para que interviniera en el litigio por él
iniciado contra el RCL y la URBSFA y para dirigir directamente contra ella una acción basada en su responsabilidad en la adopción
de los reglamentos que le perjudicaban. El 5 de diciembre de 1991, el RCL solicitó que fuera emplazado como interviniente
forzoso el club de Dunquerque para obtener garantía frente a toda condena que pudiera pronunciarse en su contra. El 15 de
octubre de 1991 y el 27 de diciembre de 1991, comparecieron para intervenir voluntariamente en el litigio, respectivamente,
el sindicato profesional francés Union nationale des footballeurs professionnels (en lo sucesivo,
UNFP) y la asociación neerlandesa Vereniging van contractspelers (en lo sucesivo,
VVCS).
Mediante nuevas pretensiones formuladas el 9 de abril de 1992, el Sr. Bosman modificó su demanda inicial contra el RCL, ejercitó
una nueva acción cautelar contra la URBSFA y amplió su demanda contra la UEFA. En el marco de estos litigios, solicitó que
se declarase que no le eran aplicables las normas relativas a las transferencias ni las cláusulas de nacionalidad y que, debido
a su comportamiento ilícito cuando fracasó su transferencia al club de Dunquerque, se condenara al RCL, a la URBSFA y a la
UEFA a abonarle, por una parte, la suma de 11.368.350 BFR, correspondiente al perjuicio sufrido por el Sr. Bosman desde el
1 de agosto de 1990 hasta el final de su carrera, y, por otra parte, 11.743.000 BFR, correspondientes al lucro cesante causado
desde el inicio de su carrera, por la aplicación de las normas relativas a las transferencias. Propuso además que se planteara
al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial.
Mediante resolución de 11 de junio de 1992, el tribunal de première instance de Liège se declaró competente para conocer de
los asuntos en cuanto al fondo. Además, declaró la admisibilidad de las demandas formuladas por el Sr. Bosman contra el RCL,
la URBSFA y la UEFA dirigidas, en especial, a que se declarasen inaplicables las normas relativas a las transferencias y las
cláusulas de nacionalidad y se sancionara el comportamiento de estas tres organizaciones. Por el contrario, el tribunal no
admitió la acción de llamada en garantía planteada por el RCL contra el club de Dunquerque, por no haberse aportado prueba
de una actuación culposa de este último en el cumplimiento de sus obligaciones. Por último, declarando que el examen de las
pretensiones formuladas por el Sr. Bosman contra la UEFA y la URBSFA implicaba el de la compatibilidad de las normas relativas
a las transferencias con el Tratado, planteó ante el Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial sobre la interpretación
de los artículos 48, 85 y 86 del Tratado (asunto C-269/92).
La URBSFA, el RCL y la UEFA interpusieron recurso de apelación contra dicha resolución. Dado que estos recursos de apelación
tenían efectos suspensivos, se suspendió el procedimiento ante el Tribunal de Justicia. Mediante auto de 8 de diciembre de
1993, se archivó finalmente el asunto C-269/92 a raíz de la nueva resolución de la cour d'appel de Liège que dio origen al
presente procedimiento.
No se dirigió ningún recurso de apelación contra la UNFP y la VVCS, que no reiteraron en apelación sus intervenciones.
En la resolución de remisión, la cour d'appel de Liège confirmó la resolución impugnada en la medida en que declaraba la competencia
del tribunal de première instance de Liège y la admisibilidad de las acciones y afirmaba que el examen de las pretensiones
formuladas por el Sr. Bosman contra la UEFA y la URBSFA implicaba el de la licitud del régimen de transferencias. Consideró
también que era necesario el examen de la licitud de las cláusulas de nacionalidad, puesto que la demanda del Sr. Bosman a
este respecto estaba basada en el artículo 18 del code judiciaire belga, que autoriza las acciones entabladas
para evitar la vulneración de un derecho gravemente amenazado. En efecto, concluía, el Sr. Bosman había aportado diversos elementos objetivos que permitían creer que el daño que temía,
esto es, que dichas cláusulas de nacionalidad obstaculizaran su carrera, se produciría efectivamente.
El órgano jurisdiccional de remisión consideró, en particular, que el artículo 48 del Tratado podía, como el artículo 30,
prohibir no sólo las discriminaciones sino también los obstáculos no discriminatorios a la libre circulación de trabajadores,
si no podían estar justificadas por exigencias imperativas.
En relación con el artículo 85 del Tratado, estimó que las reglamentaciones de la FIFA, de la UEFA y de la URBSFA podían constituir
decisiones de asociaciones de empresas por las que los clubes limitan la competencia que existe entre ellos para la adquisición
de los jugadores. En primer lugar, las compensaciones por transferencia desempeñan un papel disuasorio y producen un efecto
reductor sobre las retribuciones de los deportistas profesionales. En segundo lugar, las cláusulas de nacionalidad prohíben
la obtención de los servicios ofrecidos por jugadores extranjeros más allá de una cierta cuota. Por último, el comercio entre
los Estados miembros resulta afectado, en particular, por la limitación de la movilidad de los jugadores.
Por otra parte, la cour d'appel considera que existe una posición dominante de la URBSFA, o una posición dominante colectiva
de los clubes de fútbol, en el sentido del artículo 86 del Tratado, dado que las restricciones a la competencia señaladas
en el marco del artículo 85 podían constituir abusos prohibidos por el artículo 86.
La cour d'appel desestimó las pretensiones de la UEFA de que solicitase al Tribunal de Justicia determinar si la respuesta
a la cuestión planteada en relación con las transferencias sería distinta en el caso de una reglamentación que permitiera
al jugador jugar libremente con su nuevo club, aun cuando éste no hubiera pagado al antiguo club la compensación por transferencia.
Sobre este aspecto, señaló en especial que, debido a la amenaza de sanciones rigurosas para los clubes que no pagasen la compensación
por transferencia, la facultad del jugador de jugar con su nuevo club queda subordinada a las relaciones económicas entre
los clubes.
En virtud de todo lo expuesto, la cour d'appel de Liège decidió suspender el procedimiento y solicitar al Tribunal de Justicia
que se pronunciara, con carácter prejudicial, sobre las siguientes cuestiones: ¿Deben interpretarse los artículos 48, 85 y 86 del Tratado de Roma, de 25 de marzo de 1957, en el sentido de que prohíben:
─
que un club de fútbol pueda exigir y percibir el pago de una cantidad pecuniaria con motivo de la contratación de uno de sus
jugadores, al término de su contrato, por parte de un nuevo club empleador;
─
que las asociaciones o federaciones deportivas nacionales e internacionales puedan establecer en sus reglamentaciones respectivas
determinadas disposiciones que limiten el acceso de los jugadores extranjeros ciudadanos de la Comunidad Europea a las competiciones
que organizan?
El 3 de junio de 1994, la URBSFA interpuso un recurso de casación contra la resolución de la cour d'appel y solicitó que la
resolución fuera declarada común al RCL, a la UEFA y al club de Dunquerque. Mediante escrito de 6 de octubre de 1994, el procureur
général de la Cour de cassation de Bélgica comunicó al Tribunal de Justicia que en el presente caso el recurso de casación
no tiene efecto suspensivo.
El 30 de marzo de 1995, la Cour de cassation desestimó el recurso de casación y declaró que tal desestimación privaba de interés
a las pretensiones de declaración de fallo común. La Cour de cassation remitió al Tribunal de Justicia copia de la referida
resolución.
Sobre la solicitud de práctica de diligencias de prueba
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 16 de noviembre de 1995, la UEFA presentó una solicitud
de que el Tribunal de Justicia ordenara la práctica de una diligencia de prueba con arreglo al artículo 60 del Reglamento
de Procedimiento, a fin de completar su información sobre la función que cumplen las compensaciones por transferencia en la
financiación de los clubes de fútbol de pequeña o mediana envergadura, sobre los mecanismos que rigen el reparto de ingresos
dentro de las estructuras actuales del fútbol, así como sobre la existencia o inexistencia de mecanismos alternativos si llegara
a desaparecer el sistema de compensaciones por transferencia.
Oído nuevamente el Abogado General, el Tribunal de Justicia considera que esta solicitud debe desestimarse. En efecto, ha
sido presentada en un momento en el que, con arreglo al apartado 2 del artículo 59 del Reglamento de Procedimiento, la fase
oral del procedimiento había concluido. Pues bien, resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase la sentencia
de 16 de junio de 1971, Prelle/Comisión, 77/70, Rec. p. 561, apartado 7), que dichas solicitudes sólo pueden ser acogidas
si se refieren a hechos que puedan ejercer una influencia decisiva y que el interesado no podía haber alegado antes de la
conclusión de la fase oral del procedimiento.
En el caso de autos, basta señalar que la UEFA había podido presentar su solicitud antes de la conclusión de la fase oral
del procedimiento. Además, la cuestión de si el objetivo de mantener el equilibrio económico y deportivo y, en especial, de
garantizar la financiación de los clubes modestos, puede alcanzarse por otros medios, como puede ser la redistribución de
una parte de los ingresos del fútbol, fue evocada, especialmente, por el Sr. Bosman en sus observaciones escritas.
Sobre la competencia del Tribunal de Justicia para responder a las cuestiones prejudiciales
La URBSFA, la UEFA, algunos Gobiernos que presentaron observaciones y, en la fase escrita del procedimiento, la Comisión han
negado, por diversas razones, la competencia del Tribunal de Justicia para responder en todo o en parte a las cuestiones planteadas
por el órgano jurisdiccional de remisión.
En primer lugar, la UEFA y la URBSFA alegaron que los asuntos principales son montajes procesales dirigidos a conseguir que
el Tribunal de Justicia se pronuncie con carácter prejudicial sobre cuestiones que no obedecen a una necesidad objetiva para
la solución de los litigios. En efecto, el Reglamento de la UEFA no fue aplicado cuando fracasó la transferencia del Sr. Bosman
al club de Dunquerque y, por otra parte, si hubiera sido aplicado, dicha transferencia no hubiera estado supeditada al pago
de una compensación por transferencia y, por consiguiente, hubiera podido realizarse. En consecuencia, la interpretación del
Derecho comunitario solicitada por el órgano jurisdiccional nacional no tiene relación alguna con la realidad o el objeto
de los litigios principales y, con arreglo a reiterada jurisprudencia, el Tribunal de Justicia no es, según ellas, competente
para responder a las cuestiones planteadas.
En segundo lugar, la URBSFA, la UEFA, los Gobiernos danés, francés e italiano, así como la Comisión en sus observaciones escritas,
mantuvieron que las cuestiones relativas a las cláusulas de nacionalidad carecen de relación con los litigios, que se refieren
únicamente a la aplicación de las normas relativas a las transferencias. En efecto, los obstáculos al desarrollo de su carrera
que, según el Sr. Bosman, resultan de dichas cláusulas son, según ellos, meramente hipotéticos y no justifican que el Tribunal
de Justicia se pronuncie al respecto sobre la interpretación del Tratado.
En tercer lugar, la URBSFA y la UEFA señalaron en la vista que, según la resolución de la Cour de cassation de Bélgica de
30 de marzo de 1995, la cour d'appel de Liège estimó que no cabía admitir las pretensiones formuladas por el Sr. Bosman, dirigidas
a que se declarase que las cláusulas de nacionalidad contenidas en el Reglamento de la URBSFA no le eran aplicables. Por consiguiente,
el litigio principal no se refiere, según ellas, a la aplicación de las cláusulas de nacionalidad y el Tribunal de Justicia
no debe responder a las cuestiones planteadas al respecto. El Gobierno francés se adhirió a esta pretensión, si bien con la
condición de que se compruebe el alcance de la resolución de la Cour de cassation.
Sobre este punto, es conveniente recordar que, dentro del marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos
jurisdiccionales nacionales establecida por el artículo 177 del Tratado, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional
nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar,
a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como
la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se
refieran a la interpretación del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse
(véase, en especial, la sentencia de 5 de octubre de 1995, Aprile, C-125/94, Rec. p. I-2919, apartados 16 y 17).
Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha considerado que, para comprobar su propia competencia, le correspondía examinar las
circunstancias en las que le sometía un asunto el órgano jurisdiccional nacional. En efecto, el espíritu de colaboración que
debe presidir el funcionamiento de la remisión prejudicial supone que, por su parte, el órgano jurisdiccional nacional tenga
en cuenta la función encomendada al Tribunal de Justicia, que es la de contribuir a la administración de justicia en los Estados
miembros y no la de formular dictámenes consultivos sobre cuestiones generales o hipotéticas (véase, en especial, la sentencia
de 16 de julio de 1992, Meilicke, C-83/91, Rec. p. I-4871, apartado 25).
En consideración a esta misión, el Tribunal de Justicia ha estimado que no puede pronunciarse sobre una cuestión prejudicial
planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulta evidente que la interpretación o la apreciación de la validez
de una norma comunitaria, solicitada por el órgano jurisdiccional nacional, no tienen relación alguna con la realidad o con
el objeto del litigio principal (véase, en especial, la sentencia de 26 de octubre de 1995, Furlanis, C-143/94, Rec. p. I-3633,
apartado 12), o también cuando el problema es de naturaleza hipotética y el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos
de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (véase, en especial, la sentencia
Meilicke, antes citada, apartado 32).
En el caso de autos, hay que observar primeramente que los litigios principales, considerados en su conjunto, no tienen carácter
hipotético y que el Juez nacional ha proporcionado al Tribunal de Justicia una exposición precisa de su marco fáctico y normativo,
así como de las razones que le llevaron a estimar que para poder emitir su fallo era necesaria una decisión sobre las cuestiones
planteadas.
Debe añadirse, a continuación, que, aun cuando, como mantienen la URBSFA y la UEFA, el Reglamento de esta última no hubiera
sido aplicado cuando fracasó la transferencia del Sr. Bosman al club de Dunquerque, no es menos cierto que hay una referencia
a dicho Reglamento en las acciones cautelares del Sr. Bosman contra la URBSFA y la UEFA (véase el apartado 40
supra)
y que podría ser útil al órgano jurisdiccional de remisión que el Tribunal de Justicia le proporcionara una interpretación
sobre la compatibilidad con el Derecho comunitario del sistema de transferencias establecido por el Reglamento de la UEFA.
Por lo que se refiere, más particularmente, a las cuestiones relativas a las cláusulas de nacionalidad, resulta que la declaración
de la admisibilidad de las pretensiones formuladas al respecto en el marco de los procedimientos principales se basó en una
disposición procesal nacional que permite el ejercicio de una acción, incluso declarativa, para evitar la vulneración de un
derecho gravemente amenazado. Según resulta de su resolución, el órgano jurisdiccional nacional estimó que la aplicación de
las cláusulas de nacionalidad podía efectivamente obstaculizar la carrera del Sr. Bosman reduciendo sus oportunidades de ser
empleado o alineado en competición por un club de otro Estado miembro. De ahí concluyó que las pretensiones formuladas por
el Sr. Bosman dirigidas a que se declarase que las referidas cláusulas de nacionalidad no le eran aplicables cumplían los
requisitos establecidos por dicha disposición.
No corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco del presente procedimiento, poner en entredicho esa valoración. Si bien
es cierto que las acciones del asunto principal son de carácter declarativo y que, dado que se dirigen a evitar la vulneración
de un derecho amenazado, tienen necesariamente que basarse en previsiones por naturaleza inciertas, no dejan por ello de estar
autorizadas por el Derecho nacional, según lo interpreta el órgano jurisdiccional de remisión. Por consiguiente, las cuestiones
planteadas por dicho órgano jurisdiccional responden a una necesidad objetiva para la resolución de litigios de los que legalmente
conoce.
Por último, de la resolución de la Cour de cassation de 30 de marzo de 1995, no resulta que las cláusulas de nacionalidad
sean ajenas a los litigios principales. La Cour de cassation estimó, solamente, que el recurso de casación interpuesto por
la URBSFA contra la sentencia del órgano jurisdiccional de remisión se basaba en una interpretación errónea de ésta. En efecto,
en su recurso de casación, la URBSFA había postulado que dicho órgano jurisdiccional había declarado la admisibilidad de una
pretensión del Sr. Bosman dirigida a que se declarase que no le eran aplicables las cláusulas de nacionalidad contenidas en
sus Reglamentos. Pues bien, de la resolución de la Cour de cassation resulta que, según la cour d'appel, la pretensión del
Sr. Bosman tenía por objeto evitar obstáculos en su carrera que pudieran derivarse no de la aplicación de las cláusulas de
nacionalidad que figuran en el Reglamento de la URBSFA, que afectaban a jugadores cuya nacionalidad no fuera la belga, sino
de la aplicación de las cláusulas similares establecidas por los Reglamentos de la UEFA y de las demás asociaciones nacionales
miembros de dicha confederación, que podían afectarle como jugador de nacionalidad belga.
De lo expuesto resulta que el Tribunal de Justicia es competente para responder a las cuestiones planteadas por la cour d'appel
de Liège.
Sobre la interpretación del artículo 48 del Tratado en relación con las normas relativas a las transferencias
Mediante la primera de sus cuestiones, el órgano jurisdiccional de remisión solicita que se dilucide, fundamentalmente, si
el artículo 48 del Tratado se opone a la aplicación de normas adoptadas por asociaciones deportivas, con arreglo a las cuales
un jugador profesional de fútbol nacional de un Estado miembro sólo puede, al término del contrato que le vincula a un club,
ser empleado por un club de otro Estado miembro si este último ha abonado al club de origen una compensación por transferencia,
formación o promoción.
En cuanto a la aplicación del artículo 48 a las normas adoptadas por asociaciones deportivas
A este propósito, hay que examinar, con carácter preliminar, algunos argumentos que se han aducido sobre la aplicación de
la referida disposición a las normas adoptadas por asociaciones deportivas.
La URBSFA mantuvo que sólo los grandes clubes europeos pueden ser considerados como empresas, mientras que los clubes como
el RCL sólo ejercen una actividad económica insignificante. Además, la cuestión planteada por el Juez nacional en relación
con las normas relativas a las transferencias no afecta a las relaciones laborales entre los jugadores y los clubes, sino
a las relaciones económicas entre los clubes y a las consecuencias de la libertad de afiliación a una federación deportiva.
Por lo tanto, el artículo 48 del Tratado no es, según ella, aplicable en un caso como el del asunto principal.
Por su parte, la UEFA adujo, en especial, que los órganos comunitarios han respetado siempre la autonomía del movimiento deportivo,
que es extremadamente difícil distinguir los aspectos económicos de los aspectos deportivos del fútbol y que una decisión
del Tribunal de Justicia sobre la situación de los jugadores profesionales podría poner en entredicho la organización del
fútbol en su conjunto. Por este motivo, aun cuando el artículo 48 del Tratado debiera aplicarse a los jugadores profesionales,
sería indispensable cierta flexibilidad en consideración a la especificidad del deporte.
En cuanto al Gobierno alemán, hizo primeramente hincapié en que, en la mayoría de los casos, un deporte como el fútbol no
tiene carácter de actividad económica. Mantuvo, a continuación, que el deporte en general ofrece analogías con la cultura
y recordó que, en virtud del apartado 1 del artículo 128 del Tratado CE, la Comunidad debe respetar la diversidad nacional
y regional de las culturas de los Estados miembros. Por último, evocó la libertad de asociación y la autonomía de que disfrutan,
con arreglo al Derecho nacional, las federaciones deportivas, para concluir que, en virtud del principio de subsidiariedad,
considerado como principio general, la intervención de las autoridades públicas y, en especial, de la Comunidad en la materia
debe limitarse a lo estrictamente necesario.
Como respuesta a estos argumentos procede recordar que, habida cuenta de los objetivos de la Comunidad, la práctica del deporte
sólo está regulada por el Derecho comunitario en la medida en que constituye una actividad económica en el sentido del artículo
2 del Tratado (véase la sentencia de 12 de diciembre de 1974, Walrave, 36/74, Rec. p. 1405, apartado 4). Tal es el caso de
la actividad de jugadores de fútbol profesionales o semiprofesionales, puesto que éstos ejercen una actividad por cuenta ajena
o efectúan prestaciones de servicios retribuidas (véase la sentencia de 14 de julio de 1976, Donà, 13/76, Rec. p. 1333, apartado 12).
Se debe observar asimismo que, en cualquier caso, para la aplicación de las disposiciones comunitarias relativas a la libre
circulación de los trabajadores, no es necesario que el empleador tenga la condición de empresa, ya que el único elemento
exigido es la existencia de una relación laboral o la voluntad de establecer una relación de ese tipo.
La aplicación del artículo 48 del Tratado tampoco queda excluida por el hecho de que las normas relativas a las transferencias
rijan, más que las relaciones laborales entre clubes y jugadores, las relaciones económicas entre clubes. En efecto, el hecho
de que los clubes empleadores estén obligados a abonar compensaciones al contratar a un jugador procedente de otro club afecta
a las posibilidades de los jugadores de encontrar un empleo, así como a las condiciones en que se ofrece dicho empleo.
Por lo que se refiere a la dificultad de escindir los aspectos económicos y los aspectos deportivos del fútbol, el Tribunal
de Justicia reconoció, en la sentencia Donà, antes citada, apartados 14 y 15, que las disposiciones comunitarias en materia
de libre circulación de personas y de servicios no se oponen a reglamentaciones o prácticas justificadas por motivos no económicos,
relativos al carácter y al marco específicos de determinados encuentros. El Tribunal de Justicia insistió, sin embargo, en
que esta restricción del ámbito de aplicación de las disposiciones de que se trata debe limitarse a su propio objeto. Por
consiguiente, no puede ser invocada para excluir toda una actividad deportiva del ámbito de aplicación del Tratado.
En cuanto a las eventuales consecuencias de la presente sentencia en la organización del fútbol en su conjunto, es jurisprudencia
reiterada que si bien las consecuencias prácticas de cualquier decisión jurisdiccional deben sopesarse cuidadosamente, no
puede llegarse hasta el punto de distorsionar la objetividad del Derecho y poner en peligro su aplicación futura por causa
de las repercusiones que puede tener una resolución judicial. Como máximo, tales repercusiones podrían ser tenidas en cuenta
para decidir, en su caso, si procede, con carácter excepcional, limitar los efectos de una sentencia en el tiempo (véase,
en especial, la sentencia de 16 de julio de 1992, Legros y otros, C-163/90, Rec. p. I-4625, apartado 30).
El argumento basado en supuestas analogías entre el deporte y la cultura tampoco puede ser acogido, ya que la cuestión planteada
por el órgano jurisdiccional nacional no se refiere a las condiciones de ejercicio de competencias comunitarias de amplitud
limitada, como las basadas en el apartado 1 del artículo 128, sino al alcance de la libre circulación de trabajadores, garantizado
por el artículo 48, que constituye una libertad fundamental dentro del sistema de las Comunidades (véase, en especial, la
sentencia de 31 de marzo de 1993, Kraus, C-19/92, Rec. p. I-1663, apartado 16).
Por lo que se refiere a los argumentos basados en la libertad de asociación, hay que reconocer que este principio, consagrado
por el artículo 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y que
resulta de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, forma parte de los derechos fundamentales que,
según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, corroborada, por otra parte, por el preámbulo del Acta Unica Europea
y por el apartado 2 del artículo F del Tratado de la Unión Europea, están protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario.
Sin embargo, no puede considerarse que las normas adoptadas por asociaciones deportivas y a las que se refiere el órgano jurisdiccional
nacional sean necesarias para garantizar el ejercicio de dicha libertad por parte de dichas asociaciones, de los clubes o
de los jugadores, o que constituyan una consecuencia ineludible de dicha libertad.
Por último, el principio de subsidiariedad, en la interpretación que le da el Gobierno alemán, esto es, en el sentido de que
la intervención de las autoridades públicas, y en especial de las comunitarias, en la materia de que se trata debe limitarse
a lo estrictamente necesario, no puede tener por efecto el que la autonomía de que disponen las asociaciones privadas para
adoptar reglamentaciones deportivas limite el ejercicio de los derechos conferidos a los particulares por el Tratado.
Una vez desestimadas las objeciones relativas a la aplicación del artículo 48 del Tratado a actividades deportivas como son
las de los jugadores profesionales de fútbol, es importante recordar que, como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia
Walrave, antes citada, apartado 17, dicho artículo no rige solamente la actuación de las autoridades públicas, sino que se
extiende asimismo a normativas de otra naturaleza que tengan por finalidad regular colectivamente el trabajo por cuenta ajena.
El Tribunal de Justicia consideró, en efecto, que la eliminación, entre los Estados miembros, de los obstáculos a la libre
circulación de personas correría peligro si la supresión de las barreras de origen estatal pudiera ser neutralizada con obstáculos
derivados de actos realizados en ejercicio de su autonomía jurídica por asociaciones y organismos que no están sometidos al
Derecho público (véase la sentencia Walrave, antes citada, apartado 18).
Además, observó que las condiciones de trabajo se rigen, en los diferentes Estados miembros, bien por disposiciones de carácter
legislativo o reglamentario, bien por convenios y otros actos celebrados o adoptados por personas privadas. Por consiguiente,
si el objeto del artículo 48 del Tratado se limitara a los actos de la autoridad pública, ello podría crear desigualdades
en su aplicación (véase la sentencia Walrave, antes citada, apartado 19). Este riesgo es tanto más evidente en un caso como
el del asunto principal en el que, como se subrayó en el apartado 24 de la presente sentencia, las normas relativas a las
transferencias han sido adoptadas por entidades o con arreglo a técnicas diferentes en cada Estado miembro.
La UEFA objeta que esta interpretación conduce a que el artículo 48 del Tratado resulte más riguroso para los particulares
que para los Estados miembros, ya que sólo estos últimos pueden aducir limitaciones justificadas por razones de orden público,
de seguridad pública y de salud pública.
Esta alegación parte de una premisa inexacta. Nada se opone, en efecto, a que las justificaciones basadas en el orden público,
en la seguridad pública y en la salud pública sean invocadas por particulares. La naturaleza pública o privada de la normativa
de que se trate no tiene repercusión alguna en el alcance o en el contenido de dichas justificaciones.
Por consiguiente, hay que concluir que el artículo 48 del Tratado se aplica a reglamentaciones adoptadas por asociaciones
deportivas como la URBSFA, la FIFA o la UEFA, que determinen las condiciones de ejercicio de una actividad por cuenta ajena
por parte de deportistas profesionales.
En cuanto a la cuestión relativa a si la situación contemplada por el órgano jurisdiccional nacional tiene carácter puramente
interno
La UEFA considera que los litigios pendientes ante el órgano jurisdiccional nacional se refieren a una situación puramente
interna del Estado belga que queda fuera del ámbito de aplicación del artículo 48 del Tratado. En efecto, alega, dichos litigios
afectan a un jugador belga cuya transferencia fracasó debido al comportamiento de un club belga y de una asociación belga.
Resulta, ciertamente, de reiterada jurisprudencia (véanse, en especial, las sentencias de 28 de marzo de 1979, Saunders, 175/78,
Rec. p. 1129, apartado 11; de 28 de junio de 1984, Moser, 180/83, Rec. p. 2539, apartado 15; de 28 de enero de 1992, Steen,
C-332/90, Rec. p. I-341, apartado 9, y Kraus, antes citada, apartado 15), que las disposiciones del Tratado en materia de
libre circulación de los trabajadores y el artículo 48, en particular, no pueden aplicarse a situaciones puramente internas
de un Estado miembro, esto es, cuando no existe factor de conexión alguno con ninguna de las situaciones contempladas por
el Derecho comunitario.
Sin embargo, de las apreciaciones sobre los hechos efectuadas por el órgano jurisdiccional de remisión, resulta que el Sr.
Bosman había celebrado un contrato de trabajo con un club de otro Estado miembro para ejercer un empleo por cuenta ajena en
el territorio de dicho Estado. Como señaló acertadamente el interesado, al hacerlo, respondió a una oferta efectiva de trabajo
en el sentido de la letra a) del apartado 3 del artículo 48.
Dado que la situación de que se trata en los asuntos principales no puede ser calificada de puramente interna, el argumento
aducido por la UEFA debe ser desestimado.
En cuanto a la existencia de un obstáculo a la libre circulación de los trabajadores
Procede pues comprobar si las normas relativas a las transferencias constituyen un obstáculo a la libre circulación de los
trabajadores prohibido por el artículo 48 del Tratado.
Como el Tribunal de Justicia ha declarado en varias ocasiones, la libre circulación de los trabajadores constituye uno de
los principios fundamentales de la Comunidad y las disposiciones del Tratado que garantizan dicha libertad tienen efecto directo
desde la finalización del período transitorio.
El Tribunal de Justicia ha considerado asimismo que el conjunto de disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación
de personas tienen por objeto facilitar a los nacionales de los Estados miembros de la Comunidad el ejercicio de cualquier
tipo de actividad profesional en el territorio comunitario, y se oponen a las medidas nacionales que pudieran colocar a estos
nacionales en una situación desfavorable en el supuesto de que desearan ejercer una actividad económica en el territorio de
otro Estado miembro (véanse las sentencias de 7 de julio de 1988, Stanton, 143/87, Rec. p. 3877, apartado 13, y de 7 de julio
de 1992, Singh, C-370/90, Rec. p. I-4265, apartado 16).
En este contexto, los nacionales de los Estados miembros disfrutan, en particular, del derecho, fundado directamente en el
Tratado, de abandonar su país de origen para desplazarse al territorio de otro Estado miembro y permanecer en éste con el
fin de ejercer allí una actividad económica (véanse, en especial, las sentencias de 5 de febrero de 1991, Roux, C-363/89,
Rec. p. I-273, apartado 9, y Singh, antes citada, apartado 17).
Disposiciones que impidan o disuadan a un nacional de un Estado miembro de abandonar su país de origen para ejercer su derecho
a la libre circulación constituyen, por consiguiente, obstáculos a dicha libertad aun cuando se apliquen con independencia
de la nacionalidad de los trabajadores afectados (véase asimismo la sentencia de 7 de marzo de 1991, Masgio, C-10/90, Rec.
p. I-1119, apartados 18 y 19).
Por otra parte, el Tribunal de Justicia señaló, en la sentencia de 27 de septiembre de 1988, Daily Mail and General Trust
(81/87, Rec. p. 5483), apartado 16, que, si bien las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de establecimiento
se proponen en especial asegurar el disfrute del trato nacional en el Estado miembro de acogida, se oponen, asimismo, a que
el Estado de origen obstaculice el establecimiento en otro Estado miembro de uno de sus nacionales o de una sociedad constituida
de conformidad con su legislación, y que responda por lo demás a la definición del artículo 58. Los derechos garantizados
por el artículo 52 y siguientes del Tratado quedarían vacíos de contenido si el Estado de origen pudiera prohibir que las
empresas dejen el país con miras a establecerse en otro Estado miembro. Las mismas consideraciones se imponen, en relación
con el artículo 48, a propósito de las normas que obstaculicen la libre circulación de los nacionales de un Estado miembro
que deseen ejercer una actividad por cuenta ajena en otro Estado miembro.
Pues bien, es cierto que las normas relativas a las transferencias de que se trata en el asunto principal se aplican asimismo
a las transferencias de jugadores entre clubes pertenecientes a asociaciones nacionales diferentes en el seno del mismo Estado
miembro, y que normas análogas rigen las transferencias entre clubes pertenecientes a la misma asociación nacional.
Sin embargo, como observaron el Sr. Bosman, el Gobierno danés y el Abogado General en los puntos 209 y 210 de sus conclusiones,
estas normas pueden restringir la libre circulación de los jugadores que deseen ejercer su actividad en otro Estado miembro
impidiéndoles o disuadiéndolos de abandonar los clubes a los que pertenecen incluso después de expirar contratos de trabajo
que les vinculan a estos últimos.
En efecto, en la medida en que establecen que un jugador profesional de fútbol no puede ejercer su actividad en el seno de
un nuevo club establecido en otro Estado miembro si dicho club no ha pagado al antiguo la compensación por transferencia cuya
cuantía haya sido convenida por los dos clubes o determinada con arreglo a los reglamentos de las asociaciones deportivas,
dichas normas constituyen un obstáculo a la libre circulación de los trabajadores.
Como señaló acertadamente el órgano jurisdiccional nacional, esta afirmación no se ve afectada por la circunstancia de que
las normas relativas a las transferencias adoptadas por la UEFA en 1990 hayan previsto que las relaciones económicas entre
los dos clubes no influirán en la actividad del jugador, que estará en libertad para jugar para su nuevo club. En efecto,
este último club sigue estando obligado a pagar la compensación de que se trata, so pena de sanciones que pueden llegar hasta
su exclusión por deudas, lo que impide de manera igualmente eficaz contratar a un jugador procedente de un club de otro Estado
miembro sin satisfacer el importe de dicha compensación.
Esta conclusión tampoco se enerva por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia invocada por la URBSFA y por la UEFA, que
excluye que el artículo 30 del Tratado se aplique a medidas que limiten o prohíban ciertas modalidades de venta, siempre que
dichas medidas se apliquen a todos los operadores afectados que ejerzan su actividad en el territorio nacional, y siempre
que afecten del mismo modo, de hecho y de Derecho, a la comercialización de los productos nacionales y a la de los procedentes
de otros Estados miembros (véase la sentencia de 24 de noviembre de 1993, Keck y Mithouard, asuntos acumulados C-267/91 y
C-268/91, Rec. p. I-6097, apartado 16).
En efecto, basta con señalar que, si bien las normas de que se trata en los asuntos principales se aplican también a las transferencias
entre clubes pertenecientes a asociaciones nacionales distintas en el seno del mismo Estado miembro y son análogas a las que
rigen las transferencias entre clubes pertenecientes a la misma asociación nacional, no es menos cierto que condicionan directamente
el acceso de los jugadores al mercado de trabajo en los demás Estados miembros y pueden, de este modo, obstaculizar la libre
circulación de los trabajadores. No cabe, pues, asimilarlas a las normativas relativas a las modalidades de venta de las mercancías
que la sentencia Keck y Mithouard consideró como excluidas del ámbito de aplicación del artículo 30 del Tratado (véase también,
en relación con la libre prestación de servicios, la sentencia de 10 de mayo de 1995, Alpine Investments, C-384/93, Rec. p. I-1141,
apartados 36 a 38).
Por consiguiente, las normas relativas a las transferencias constituyen obstáculos a la libre circulación de los trabajadores
prohibidos, en principio, por el artículo 48 del Tratado. Ello es así salvo si dicha medida persigue un objetivo legítimo
compatible con el Tratado y se justifica por razones imperiosas de interés general. Pero, en tal caso, también sería necesario
que la aplicación de dichas normas sea adecuada para garantizar la realización del objetivo que persigue y no vaya más allá
de lo que es necesario para alcanzar dicho objetivo (véanse, en especial, las sentencias Kraus, antes citada, apartado 32,
y de 30 de noviembre de 1995, Gebhard, C-55/94, Rec. p. I-4165, apartado 37).
En cuanto a la existencia de justificaciones
En primer lugar, la URBSFA, la UEFA y los Gobiernos francés e italiano mantuvieron que las normas relativas a las transferencias
se justifican por la preocupación de mantener el equilibrio financiero y deportivo entre los clubes y por la de sustentar
la búsqueda de jugadores de talento y la formación de jóvenes jugadores.
Habida cuenta de la considerable importancia social que revisten dentro de la Comunidad la actividad deportiva y, más especialmente,
el fútbol, ha de reconocerse que los objetivos consistentes en garantizar el mantenimiento de un equilibrio entre los clubes,
preservando cierta igualdad de oportunidades y la incertidumbre de los resultados, así como en alentar la selección y la formación
de los nuevos jugadores son legítimos.
Por lo que respecta al primero de estos objetivos, el Sr. Bosman señaló con razón que la aplicación de las normas relativas
a las transferencias no constituye un medio adecuado para garantizar el mantenimiento del equilibrio financiero y deportivo
en el mundo del fútbol. Estas normas no impiden que los clubes más ricos consigan los servicios de los mejores jugadores,
ni que los medios económicos disponibles sean un elemento decisivo en la competición deportiva y el equilibrio entre los clubes
se vea considerablemente alterado por tal factor.
En cuanto al segundo objetivo, ha de admitirse que la perspectiva de percibir compensaciones por transferencia, promoción
o formación es efectivamente idónea para alentar a los clubes de fútbol a buscar jugadores con talento y llevar a cabo la
formación de los jóvenes jugadores.
Sin embargo, debido a la imposibilidad de prever con certeza el futuro deportivo de los jóvenes jugadores y al número limitado
de dichos jugadores que se entregan a una actividad profesional, las referidas compensaciones se caracterizan por su naturaleza
eventual y aleatoria y son, en todo caso, independientes de los gastos reales soportados por los clubes para formar tanto
a los futuros jugadores profesionales como a los que jamás llegarán a serlo. Por consiguiente, la perspectiva de percibir
tales compensaciones no puede constituir un elemento determinante para fomentar la selección y la formación de jóvenes jugadores
ni un medio adecuado para financiar estas actividades, en especial, en el caso de los clubes modestos.
Por otra parte, como señaló el Abogado General en los puntos 226 y siguientes de sus conclusiones, los mismos objetivos pueden
ser alcanzados, de manera al menos igual de eficaz, por otros medios que no obstaculizan la libre circulación de trabajadores.
Debe añadirse, a continuación, que se ha mantenido que las normas relativas a las transferencias son necesarias para salvaguardar
la organización mundial del fútbol.
A tal respecto, hay que señalar que el presente procedimiento se refiere a la aplicación de estas normas en el interior de
la Comunidad y no afecta a las relaciones entre las asociaciones nacionales de los Estados miembros y las de países terceros.
Por otra parte, la aplicación de reglas diferentes a las transferencias entre clubes pertenecientes a las asociaciones nacionales
de la Comunidad y a las transferencias entre estos clubes y los afiliados a las asociaciones nacionales de países terceros
no puede plantear particulares dificultades. En efecto, según resulta de los apartados 22 y 23 anteriormente expuestos, las
normas que rigen hasta el presente las transferencias en el seno de las asociaciones nacionales de determinados Estados miembros
difieren de las aplicables en el plano internacional.
Por último, el argumento de que dichas normas son necesarias para compensar los gastos que los clubes han tenido que soportar
para pagar compensaciones en el momento de la contratación de sus jugadores, no puede ser acogido, ya que tiende a justificar
el mantenimiento de obstáculos a la libre circulación de los trabajadores por el mero hecho de que dichos obstáculos hayan
podido existir en el pasado.
Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión que el artículo 48 del Tratado se opone a la aplicación de normas
adoptadas por asociaciones deportivas, con arreglo a las cuales un jugador profesional de fútbol nacional de un Estado miembro
sólo puede, al término del contrato que le vincula a un club, ser empleado por un club de otro Estado miembro si este último
ha abonado al club de origen una compensación por transferencia, formación o promoción.
Sobre la interpretación del artículo 48 del Tratado en relación con las cláusulas de nacionalidad
Mediante su segunda cuestión, el Juez nacional solicita que se dilucide, fundamentalmente, si el artículo 48 del Tratado se
opone a la aplicación de las normas adoptadas por asociaciones deportivas, con arreglo a las cuales, en los partidos de las
competiciones por ellas organizadas, los clubes de fútbol sólo pueden alinear a un número limitado de jugadores profesionales
nacionales de otros Estados miembros.
En cuanto a la existencia de un obstáculo a la libre circulación de los trabajadores
Como el Tribunal de Justicia ha declarado más arriba en el apartado 87, el artículo 48 del Tratado se aplica a normas adoptadas
por asociaciones deportivas que determinen las condiciones de ejercicio de una actividad por cuenta ajena por parte de deportistas
profesionales. Debe, pues, examinarse si las cláusulas de nacionalidad constituyen un obstáculo a la libre circulación de
los trabajadores, prohibido por el artículo 48.
El apartado 2 del artículo 48 establece expresamente que la libre circulación de trabajadores supondrá la abolición de toda
discriminación por razón de nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución
y las condiciones de trabajo.
Esta disposición fue puesta en práctica, en especial, por el artículo 4 del Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15
de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01,
p. 77), en virtud del cual las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limiten
el empleo de extranjeros en número o porcentaje, por empresa, rama de actividad, región o a escala nacional, no serán aplicables
a los nacionales de los otros Estados miembros.
El mismo principio se opone a que cláusulas contenidas en los reglamentos de asociaciones deportivas limiten el derecho de
los nacionales de otros Estados miembros a participar, como jugadores profesionales, en encuentros de fútbol (véase la sentencia
Donà, antes citada, apartado 19).
A tal respecto, la circunstancia de que estas cláusulas no afecten al empleo de dichos jugadores, que no está limitado, sino
a la posibilidad de sus clubes de alinearlos en un partido oficial, es indiferente. En la medida en que la participación en
tales encuentros constituye el objeto esencial de la actividad de un jugador profesional, es evidente que una regla que la
limita restringe también las posibilidades de empleo del jugador afectado.
En cuanto a la existencia de justificaciones
Al quedar así acreditada la existencia de un obstáculo, procede examinar si éste puede estar justificado con respecto al artículo 48.
La URBSFA, la UEFA y los Gobiernos alemán, francés e italiano aducen que las cláusulas de nacionalidad se justifican por motivos
no económicos, que se refieren únicamente al deporte en cuanto tal.
En efecto, según este argumento, dichos obstáculos sirven, en primer lugar, para preservar el vínculo tradicional entre cada
club y su país, que reviste gran importancia para hacer posible la identificación del público con su equipo favorito y garantizar
que los clubes que participen en competiciones internacionales representen efectivamente a su país.
En segundo lugar, se expone que estas cláusulas son necesarias para crear una reserva de jugadores nacionales suficiente para
poner a los equipos nacionales en condiciones de alinear jugadores de alto nivel en todas las intervenciones del equipo.
En tercer lugar, se alega que contribuyen a mantener el equilibrio deportivo entre los clubes impidiendo a los más ricos de
éstos acaparar los servicios de los mejores jugadores.
Por último, la UEFA hace hincapié en que la regla
3+2 fue elaborada conjuntamente con la Comisión y que debe ser regularmente revisada en función de la evolución de la política
comunitaria.
Hay que recordar al respecto que en la sentencia Donà, antes citada, apartados 14 y 15, el Tribunal de Justicia reconoció
que las disposiciones del Tratado en materia de libre circulación de personas no se oponen a normativas o prácticas que excluyan
a los jugadores extranjeros de la participación en determinados encuentros por motivos no económicos relativos al carácter
y al marco específicos de dichos encuentros y que, por lo tanto, se refieran únicamente al deporte como tal, como son los
encuentros entre equipos nacionales de diferentes países. No obstante, precisó que esta restricción del ámbito de aplicación
de las disposiciones de que se trata debe limitarse a su propio objeto.
En el presente caso, las cláusulas de nacionalidad no se refieren a encuentros específicos entre equipos representativos de
su país, sino que se aplican a todos los encuentros oficiales entre clubes y, por consiguiente, a la parte esencial de la
actividad ejercida por los jugadores profesionales.
Por consiguiente, las cláusulas de nacionalidad no pueden ser consideradas como conformes al artículo 48 del Tratado, so pena
de privar a dicha disposición de su efecto útil y de suprimir el derecho fundamental de acceder libremente a un empleo que
dicha disposición atribuye individualmente a todo trabajador de la Comunidad (véase, sobre este último aspecto, la sentencia
de 15 de octubre de 1987, Heylens, 222/86, Rec. p. 4097, apartado 14).
Ninguno de los argumentos invocados por las asociaciones deportivas y por los Gobiernos que han presentado observaciones puede
desvirtuar tal conclusión.
En primer lugar, hay que señalar que el vínculo entre un club de fútbol y el Estado miembro en el que está establecido no
puede ser considerado como inherente a la actividad deportiva, como tampoco el vínculo que une a dicho club con su barrio,
su ciudad o su región o, en el caso del Reino Unido, con el territorio que abarca cada una de las cuatro federaciones. Pues
bien, aun cuando los campeonatos nacionales enfrentan a clubes de diferentes regiones, diferentes ciudades o diferentes barrios,
no hay ninguna norma que limite, para tales encuentros, el derecho de los clubes a alinear a jugadores procedentes de otras
regiones, de otras ciudades o de otros barrios.
Por otra parte, en las competiciones internacionales, la participación está reservada a los clubes que hayan obtenido determinados
resultados deportivos en sus respectivos países, sin que la nacionalidad de sus jugadores revista particular relevancia.
En segundo lugar, hay que observar que, si bien los equipos nacionales deben estar integrados por jugadores que tengan la
nacionalidad del país de que se trate, dichos jugadores no tienen que estar necesariamente habilitados por clubes de dicho
país. Por otra parte, en virtud de las reglamentaciones de las asociaciones deportivas, los clubes que emplean a jugadores
extranjeros están obligados a permitirles participar en determinados encuentros en el seno del equipo nacional de su país.
Además, si bien la libre circulación de los trabajadores, al abrir el mercado de trabajo de un Estado miembro a los nacionales
de los demás Estados miembros, tiene por efecto una reducción de las oportunidades de los nacionales de dicho Estado de encontrar
un empleo en el territorio del Estado al que pertenecen, abre, como contrapartida, nuevas perspectivas de empleo a esos mismos
trabajadores en los demás Estados miembros. Es bien evidente que tales consideraciones se aplican también a los jugadores
profesionales de fútbol.
En tercer lugar, en cuanto al mantenimiento del equilibrio deportivo, ha de observarse que las cláusulas de nacionalidad,
que, según se pretende, impiden a los clubes más ricos contratar a los mejores jugadores extranjeros, no son idóneas para
conseguir este objetivo, dado que no hay ninguna norma que limite la posibilidad de dichos clubes de contratar a los mejores
jugadores nacionales, posibilidad ésta que pone en peligro en igual medida tal equilibrio.
Por último, en cuanto al argumento basado en la participación de la Comisión en la elaboración de la regla
3+2, es importante recordar que, fuera de los casos en que se le atribuyen expresamente competencias de esa índole, la Comisión
no está facultada para dar garantías relativas a la compatibilidad con el Tratado de un determinado comportamiento (véase
también la sentencia de 27 de mayo de 1981, Essevi y Salengo, asuntos acumulados 142/80 y 143/80, Rec. p. 1413, apartado 16).
En ningún caso goza de la facultad de autorizar comportamientos contrarios al Tratado.
De lo expuesto resulta que el artículo 48 del Tratado se opone a la aplicación de normas adoptadas por asociaciones deportivas
según las cuales, en los partidos de las competiciones por ellas organizadas, los clubes de fútbol sólo pueden alinear un
número limitado de jugadores profesionales nacionales de otros Estados miembros.
Sobre la interpretación de los artículos 85 y 86 del Tratado
Dado que los dos tipos de normas a las que se refieren las cuestiones prejudiciales son contrarios al artículo 48, no procede
pronunciarse sobre la interpretación de los artículos 85 y 86 del Tratado.
Sobre los efectos temporales de la presente sentencia
En sus observaciones escritas y orales, la UEFA y la URBSFA llamaron la atención del Tribunal de Justicia sobre las graves
consecuencias que podrían resultar de su sentencia para la organización del fútbol en su conjunto, en el supuesto de que estimara
que las normas relativas a las transferencias y las cláusulas de nacionalidad son incompatibles con el Tratado.
Por su parte, el Sr. Bosman, aunque observando que no se impone tal solución, evocó la posibilidad del Tribunal de Justicia
de limitar en el tiempo los efectos de su sentencia por lo que se refiere a las normas relativas a las transferencias.
Con arreglo a reiterada jurisprudencia, la interpretación que, en el ejercicio de la competencia que le confiere el artículo
177, hace el Tribunal de Justicia de una norma de Derecho comunitario aclara y precisa, cuando es necesario, el significado
y el alcance de dicha norma, tal como debe o habría debido ser entendida y aplicada desde el momento de su entrada en vigor.
De ello resulta que la norma así interpretada puede y debe ser aplicada por el Juez incluso a relaciones jurídicas nacidas
y constituidas antes de la sentencia que resuelva sobre la petición de interpretación, si además se reúnen los requisitos
que permiten someter a los órganos jurisdiccionales competentes un litigio relativo a la aplicación de dicha norma (véase,
en especial, la sentencia de 2 de febrero de 1988, Blaizot, 24/86, Rec. p. 379, apartado 27).
Sólo con carácter excepcional puede el Tribunal de Justicia, aplicando el principio general de seguridad jurídica inherente
al ordenamiento jurídico comunitario, verse inducido a limitar la posibilidad de cualquier interesado de invocar una disposición
que el Tribunal ha interpretado con el fin de cuestionar unas relaciones jurídicas establecidas de buena fe. Tal limitación
únicamente puede admitirse por el Tribunal de Justicia en la misma sentencia que resuelve sobre la interpretación solicitada
(véanse, en especial, las sentencias Blaizot, antes citada, apartado 28, y Legros y otros, antes citada, apartado 30).
En el presente asunto, las particularidades de las normas adoptadas por las asociaciones deportivas, para las transferencias
de jugadores entre clubes de distintos Estados miembros, así como la circunstancia de que las mismas normas o normas análogas
se aplicaban tanto a las transferencias entre clubes pertenecientes a la misma asociación nacional como a las transferencias
entre clubes pertenecientes a asociaciones nacionales diferentes en el seno del mismo Estado miembro, han podido crear un
estado de incertidumbre en cuanto a la compatibilidad de dichas normas con el Derecho comunitario.
Por consiguiente, consideraciones imperiosas de seguridad jurídica se oponen a que se replanteen nuevamente situaciones jurídicas
que agotaron sus efectos en el pasado. No obstante, procede hacer una excepción en favor de las personas que, a su debido
tiempo, hubieran tomado iniciativas para salvaguardar sus derechos. Se debe precisar, por último, que la limitación de los
efectos de dicha interpretación sólo puede admitirse para las compensaciones por transferencia, formación o promoción que,
en la fecha de la presente sentencia, ya han sido pagadas o se adeudan aún en cumplimiento de una obligación nacida antes
de dicha fecha.
En consecuencia, procede declarar que el efecto directo del artículo 48 del Tratado no puede ser invocado en apoyo de reivindicaciones
relativas a una compensación por transferencia, formación o promoción que, en la fecha de la presente sentencia, ya haya sido
pagada o se adeude aún en cumplimiento de una obligación nacida antes de dicha fecha, salvo para los justiciables que, antes
de dicha fecha, hayan iniciado una acción judicial o formulado una reclamación equivalente según el Derecho nacional aplicable.
En cambio, por lo que se refiere a las cláusulas de nacionalidad, no cabe admitir la limitación temporal de los efectos de
la presente sentencia. En efecto, a la luz de las sentencias Walrave y Donà, antes citadas, el justiciable no podía razonablemente
considerar que las discriminaciones que resultaban de dichas cláusulas eran compatibles con el artículo 48 del Tratado.
Costas
Los gastos efectuados por los Gobiernos danés, alemán, francés e italiano y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que
han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento
tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional,
corresponde a éste resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la cour d'appel de Liège mediante resolución de 1 de octubre de 1993, declara:
1)
El artículo 48 del Tratado CEE se opone a la aplicación de normas adoptadas por asociaciones deportivas, con arreglo a las
cuales un jugador profesional de fútbol nacional de un Estado miembro sólo puede, al término del contrato que le vincula a
un club, ser empleado por un club de otro Estado miembro si este último ha abonado al club de origen una compensación por
transferencia, formación o promoción.
2)
El artículo 48 del Tratado CEE se opone a la aplicación de normas adoptadas por asociaciones deportivas según las cuales,
en los partidos de las competiciones por ellas organizadas, los clubes de fútbol sólo pueden alinear un número limitado de
jugadores profesionales nacionales de otros Estados miembros.
3)
El efecto directo del artículo 48 del Tratado CEE no puede ser invocado en apoyo de reivindicaciones relativas a una compensación
por transferencia, formación o promoción que, en la fecha de la presente sentencia, ya haya sido pagada o se adeude aún en
cumplimiento de una obligación nacida antes de dicha fecha, salvo para los justiciables que, antes de dicha fecha, hayan iniciado
una acción judicial o formulado una reclamación equivalente según el Derecho nacional aplicable.
Rodríguez Iglesias
Kakouris
Edward
Hirsch
Mancini
Moitinho de Almeida
Kapteyn
Gulmann
Murray
Jann
Ragnelmalm
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de diciembre de 1995.
El Secretario
El Presidente
R. Grass
G.C. Rodríguez Iglesias
–
Lengua de procedimiento: francés.