CELEX: 61988CJ0267
Agricultura
Tasa suplementaria sobre la leche

Mediante resoluciones de 20 de septiembre de 1988, recibidas en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 29 de septiembre siguiente, el Tribunal de premiere instance (Tribunal de Primera Instancia) de Verviers (Bélgica) planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, cuatro cuestiones prejudiciales idénticas en los 19 asuntos acumulados, sobre la interpretación y validez de determinadas disposiciones de la normativa comunitaria en materia de tasa suplementaria sobre la leche.
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de una acción judicial, entablada por productores de leche establecidos en las regiones de Lieja y de Ardenas Altas belgas, ante el Tribunal de première instance de Verners contra, por una parte, las industrias lácteas a las cuales están afiliados y, por otra, contra l'Office national du lait et ses dérivés, así como contra el Estado belga, destinada a obtener la devolución de determinadas cantidades que las industrias lácteas les habían retenido, sobre el precio de la leche entregada por éstos, de conformidad con el régimen de tasa suplementaria.
Las demandantes en el procedimiento principal sostuvieron, ante el órgano jurisdiccional nacional, que la normativa comunitaria en materia de tasa suplementaria sobre la leche y, por consiguiente, la normativa nacional adoptada para su aplicación, con arreglo a las cuales se exigieron las tasas, eran ilegales, ya que eran contrarias a la prohibición de discriminación entre productores de la Comunidad, enunciada en el apartado 3 del artículo 40 del Tratado CEE, ignoraban el carácter comunitario de la política agraria común y no tenían en cuenta las desigualdades estructurales y materiales entre las distintas regiones agrarias, contrariamente a lo exigido por la letra a) del apartado 2 del artículo 39 del Tratado.
Con el fin de poder valorar estos argumentos, el Tribunal de première instance de Verviers suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones:
«a)
Al permitir a los Estados miembros elegir entre dos modalidades de aplicación, una de las cuales (fórmula A) impone la tasa a todo productor individual que haya sobrepasado su cantidad de referencia, sin posibilidad de compensación, mientras que la otra (fórmula B), al establecer la tasa a nivel del primer comprador, permite una compensación entre los proveedores de este comprador pudiendo, de este modo, ocurrir que un productor se libere totalmente de la tasa, a pesar de haber rebasado su cuota, ¿el artículo 5
quater
del Reglamento (CEE) n° 804/68 no infringe los artículos 39 y 40 del Tratado de Roma al crear una discriminación entre los productores de la Comunidad?
b)
¿El apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 857/84, en su redacción vigente entre el 2 de abril de 1984 y el 31 de marzo de 1987, no viola el mismo principio de no discriminación al establecer tasas de un 75 %, o de un 100 %, del precio indicativo de la leche dependiendo de que los Estados miembros elijan la fórmula A o la B?
c)
¿La letra d) del artículo 3, los artículos 38, 39 y 40 del Tratado de Roma, así como el Reglamento n° 13/64/CEE deben interpretarse en el sentido de que prohiben toda renacionalización de la política agraria, especialmente en el sector lácteo, y, en tal caso, deben considerarse medidas de renacionalización contrarias a las citadas disposiciones y/o que violan el principio de la no discriminación entre los productores:
1)
el Reglamento n° 1305/85 en la medida en que autoriza a Italia a retrasar la aplicación de determinadas disposiciones durante los tres primeros años de aplicación de las cuotas lácteas;
2)
el artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 857/84 en la medida en que autoriza a Grecia a considerar el conjunto de compradores como un único comprador;
3)
el Reglamento n° 590/85 en la medida en que autoriza a Francia a no aplicar el régimen general con el fin de que se considere como un único comprador una agrupación de compradores;
4)
el nuevo apartado 4 del artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 857/84, modificado por el Reglamento (CEE) n° 590/85, en la medida en que permite a la República Federal de Alemania disfrutar de una modificación de la normativa comunitaria;
5)
los Reglamentos n° 1335/86 y n° 1343/86 en la medida en que conceden a los productores españoles ciertas facilidades administrativas?
d)
El apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 857/84, que establece que por región, en el sentido del apartado 1 del artículo 5
quater
del Reglamento (CEE) n° 804/68, se entenderá la totalidad o una parte del territorio de un Estado miembro que presente una unidad geográfica, y en la que las condiciones naturales, las estructuras de producción y el rendimiento medio del censo vacuno sean comparables, ¿puede interpretarse en el sentido de que un Estado miembro puede considerarse como una única región, aunque no presente una unidad geográfica en la que las condiciones naturales, las estructuras de producción y el rendimiento medio del censo vacuno sean comparables y su territorio comprenda zonas agrarias desfavorecidas?
Según esta interpretación, ¿el apartado 2 del artículo 1 es contrario al Tratado de Roma, y concretamente al apartado 2 del artículo 39, y a las Directivas 75/268/CEE, sobre agricultura de montaña y de determinadas zonas desfavorecidas, y 75/269/CEE, relativa a la lista de zonas agrarias desfavorecidas en el sentido de la Directiva 75/268 (Bélgica)?»
Para una más amplia exposición de los antecedentes de hecho del asunto principal, de las disposiciones comunitarias en la materia, de la normativa belga adoptada para su aplicación, así como del desarrollo del procedimiento y de las observaciones presentadas, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre la primera y segunda cuestiones
Mediante la primera y segunda cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional nacional fundamentalmente pregunta si el párrafo 2 del apartado 1 del artículo 5
quater del
Reglamento (CEE) n° 804/68 del Consejo, de 27 de junio de 1968, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) n° 856/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984 (
DO L 90, p. 10
; EE 03/30, p. 61), y el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 857/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984, sobre normas generales para la aplicación de la tasa contemplada en el artículo 5
quater
del Reglamento (CEE) n° 804/68 en el sector de la leche y de los productos lácteos (
DO L 90, p. 13
— EE 03/30, p. 64), son válidos en la medida en que estas disposiciones permiten a los Estados miembros optar, para la implantación del régimen de tasa suplementaria sobre la leche, entre dos fórmulas, una de las cuales (fórmula A) fija la percepción de la tasa sobre las entregas de leche que sobrepasen las cantidades de referencia de los productores, en un tipo de un 75 % del precio indicativo de la leche, mientras que la otra (fórmula B) fija la percepción de la tasa sobre las entregas de leche que sobrepasen las cantidades de referencia de los compradores, en un tipo de un 100 % del precio indicativo de la leche.
De acuerdo con los términos del párrafo 2 del apartado 1 del artículo 5
quater
del Reglamento n° 804/68, modificado por el Reglamento n° 856/84, «el régimen de tasa se implantará en cada región del territorio de los Estados miembros según una de las fórmulas siguientes :
Fórmula A
Todo productor de leche deberá una tasa sobre las cantidades de leche y/o de equivalentes de leche que haya entregado a un comprador y que, durante el período de doce meses de que se trate, sobrepasen una cantidad de referencia que debe determinarse.
Fórmula B
Todo comprador de leche o de otros productos lácteos deberá una tasa sobre las cantidades de leche o de equivalentes de leche que le hayan sido entregadas por productores y que, durante el período de doce meses de que se trate, sobrepasen una cantidad de referencia que debe determinarse.
El comprador deudor de la tasa hará que repercuta esta última únicamente en los productores que hayan aumentado sus entregas, proporcionalmente a su contribución al rebasamiento de la cantidad de referencia del comprador.»
Tal y como este Tribunal de Justicia manifestó en su sentencia de 28 de abril de 1988 (asunto
61/87, Thevenot, Rec. 1988, p. 2375, apartados 11 y 12
), dichas normas prevén en esencia que, en el marco de la fórmula A, el productor de leche deberá abonar una tasa sobre las cantidades de leche, o de equivalentes de leche, que haya entregado a un comprador y que, durante el período de doce meses de que se trate, sobrepasen la cantidad de referencia que le ha sido atribuida. En cambio, en el marco de la fórmula B, los productores pueden beneficiarse, durante el período de doce meses de que se trate, de las cantidades de referencia no utilizadas por otros productores afiliados a la misma industria láctea, salvo que dichas cantidades se atribuyan, en los casos previstos por la normativa, a la reserva nacional del Estado miembro de que se trate. Por consiguiente, en el marco de la fórmula B, no se debe la tasa cuando el aumento de las entregas de un productor afiliado a una industria láctea se compensa con una disminución correspondiente de las entregas de otros productores afiliados a la misma industria lácta, de tal manera que el total de las cantidades compradas por ésta permanece dentro de los límites de su cantidad de referencia.
El apartado 1 del artículo 1 del Reglamento n° 857/84, en su versión vigente en el período comprendido entre el 2 de abril de 1984 y el 31 de marzo de 1987, dispone que la tasa contemplada en el artículo 5
quater del
Reglamento n° 804/68 se fijará en el 75 % del precio indicativo de la leche, en caso de aplicación de la fórmula A, y en el 100 % del precio indicativo de la leche, en caso de aplicación de la fórmula B.
Las demandantes en el procedimiento principal opinan que la normativa citada da lugar a una discriminación entre, por una parte, los productores sometidos al régimen de la fórmula A y, por otra, los sometidos al régimen de la fórmula B. En efecto, si bien en el ámbito de la fórmula A los productores deben abonar la tasa respecto de todo exceso de su cantidad de referencia, en el ámbito de la fórmula B no sufren las consecuencias de un aumento de sus entregas más que en función de la situación global de la industria láctea a la que estén afiliados. Esta ventaja para los productores, derivada de la aplicación de la fórmula B, no está suficientemente compensada por la diferenciación del tipo de gravamen de la tasa, fijado en un 100 % para la fórmula B y en un 75 % para la fórmula A.
A este respecto, conviene señalar, en primer lugar, que el establecimiento de una opción entre una fórmula que sitúa la recaudación de la tasa respecto de los productores, en caso de que sobrepasen su cantidad de referencia (fórmula A), y una fórmula que sitúa dicha recaudación respecto de los compradores, en caso de que sobrepasen su cantidad de referencia (fórmula B), está justificada en su principio por la necesidad de garantizar la plena eficacia del régimen en el conjunto de la Comunidad, habida cuenta de la diversidad de estructuras de producción y recogida de la leche en las diferentes regiones de la Comunidad.
Conviene, no obstante, examinar si la normativa en litigio no provoca una discriminación entre productores de la Comunidad, prohibida por el apartado 3 del artículo 40 del Tratado, en la medida en que da lugar, globalmente, a la imposición de una carga financiera más pesada sobre los productores sometidos al régimen de la fórmula A que sobre los sometidos al régimen de la fórmula B. Tal efecto puede derivarse de que la ventaja que estos últimos obtienen por el hecho de disfrutar —en contraposición a los primeros— de las cantidades de referencia no utilizadas por otros productores afiliados a la misma industria láctea no queda totalmente neutralizada por la diferencia de tipos de gravamen de la tasa, fijados en un 75 % del precio indicativo de la leche para la fórmula A y en un 100 % del mismo precio para la fórmula B.
Según reiterada jurisprudencia, la prohibición de discriminación enunciada por el apartado 3 del artículo 40 del Tratado, no es sino el reflejo concreto del principio general de igualdad que forma parte de los principios fundamentales del Derecho comunitario. En virtud de este principio, las situaciones comparables no deben recibir un trato diferente, a no ser que éste se justifique objetivamente (véanse: sentencia de 25 de noviembre de 1986, Klensch y otros, asuntos acumulados
201/85 y 202/85, Rec. 1986, p. 3477, apartado 9
; sentencia de 17 de mayo de 1988, Erpelding,
84/87, Rec. 1989, p. 2647, apartado 29
).
En relación con el control judicial de los requisitos para el establecimiento de esta prohibición conviene, no obstante, precisar que el legislador comunitario dispone, en materia de política agraria común, de una amplia facultad de apreciación que se corresponde con las responsabilidades políticas que le atribuyen los artículos 40 y 43 del Tratado (véase sentencia de 11 de julio de 1989, Schräder,
265/87, Rec. 1989, p. 2237, apartado 22
). Más en concreto, cuando, en la adopción de una normativa, el legislador se ve obligado a valorar las consecuencias futuras de la misma, no pudiendo preverse dichas consecuencias con exactitud, su valoración únicamente puede ser censurada si se revela como manifiestamente errónea, a la vista de los elementos de que disponía al adoptar dicha normativa.
En el presente caso, se desprende de los considerandos del Reglamento n° 857/84 que el Consejo era consciente del hecho de que «cuando la tasa sea recaudada a nivel del comprador, su aplicación no grava necesariamente todas las cantidades de leche suministradas por cada productor y que sobrepasan una cantidad correspondiente a la tenida en cuenta para el establecimiento de la cantidad de referencia del comprador» y que «a fin de obtener una equivalencia en los resultados, resulta conveniente establecer un importe de la tasa más elevado cuando la misma sea adeudada por el comprador». La determinación de los tipos de gravamen de la tasa, aplicables respectivamente en el ámbito de la fórmula A y de la fórmula B, reposaba pues en una apreciación del Consejo en cuanto al grado en que los productores efectivamente se beneficiarían de las cantidades de referencia no utilizadas por otros productores afiliados a la misma industria láctea, en caso de aplicación de la fórmula B. Ahora bien, se ha acreditado que, a falta de experiencia sobre el nuevo régimen, el volumen de esta compensación dentro de las industrias lácteas no era previsible con certeza en el momento de su establecimiento.
Ante tales circunstancias, el Consejo consideró razonable que el hecho de fijar la tasa para la fórmula B en un tipo 25 puntos más elevado que el aplicable a la fórmula A sería adecuado para neutralizar la ventaja que los productores sometidos a la fórmula B obtienen por la posibilidad de compensación dentro de la industria láctea, y garantizaría así una equivalencia de los niveles efectivos de la tasa en el ámbito de las dos fórmulas.
Esta observación prevalece tanto más en cuanto que la normativa sobre los tipos de gravamen de la tasa no puede examinarse sin tener en cuenta el artículo 4
bis
del Reglamento n° 857/84. Esta norma, establecida con efectos retroactivos para el primer período de doce meses por el Reglamento modificativo (CEE) n° 590/85 del Consejo, de 26 de febrero de 1985 (
DO L 68, p. 1
; EE 03/33, p. 247), y prorrogada a continuación para toda la duración del régimen, autoriza a los Estados miembros a asignar, tanto en el ámbito de la fórmula A como en el de la B, las cantidades de referencia no utilizadas por los productores o por los compradores a los productores o compradores de la misma región y, llegado el caso, de otras regiones. Con ello, dicha norma admite una compensación entre productores a nivel regional e incluso interregional, que permite a estos últimos, en la fórmula A, beneficiarse de las cantidades de referencia no utilizadas por otros productores. Por tanto, su efecto, al igual que el de la diferencia de tipos de gravamen de la tasa, es el de atenuar las ventajas en favor de los productores derivadas de la posibilidad de compensación dentro de la industria láctea, en caso de aplicación de la fórmula B.
De ello se deduce que no resulta acreditado que el legislador comunitario haya ignorado la prohibición de discriminación entre productores de la Comunidad, en el ejercicio de la amplia facultad de apreciación de que disfruta en la materia.
En virtud de todo lo expuesto, procede responder a la primera y segunda cuestiones que su examen no ha puesto de manifiesto factores que puedan afectar a la validez del párrafo 2 del apartado 1 del artículo 5
quater
del Reglamento n° 504/68 del Consejo, de 27 de junio de 1968, en su versión modificada por el Reglamento n° 856/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984, ni a la del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento n° 857/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984.
Sobre la tercera cuestión
Mediante la tercera cuestión, el órgano jurisdiccional nacional fundamentalmente pregunta si diversos Reglamentos y disposiciones comunitarias en materia de tasa suplementaria sobre la leche son válidos en la medida en que dichos Reglamentos o disposiciones establecen normas concretas aplicables únicamente a los productores establecidos en un Estado miembro determinado.
Con el fin de dar una respuesta adecuada a esta cuestión, conviene señalar, con carácter preliminar, que en el curso del procedimiento se puso de manifiesto que, contrariamente a lo que parece suponer el órgano jurisdiccional nacional, únicamente dos de las normas a las que se alude en esta cuestión establecen un régimen excepcional cuya aplicación está específicamente limitada a los productores establecidos en un Estado miembro determinado.
En efecto, el último párrafo del apartado 3 del artículo 3 del Reglamento n° 857/84, insertado por el Reglamento modificativo (CEE) n° 1305/85 del Consejo, de 23 de mayo de 1985 (
DO L 137, p. 12
; EE 03/34, p. 208), autoriza a Italia, para los tres primeros períodos de doce meses, a retrasar la aplicación de lo dispuesto en el párrafo 1 del mismo apartado. Con arreglo a este último, los productores cuya producción lechera, durante el año de referencia tenido en cuenta, se hubiere visto sensiblemente afectada por acontecimientos excepcionales, ocurridos antes o en el transcurso de dicho año, obtendrán, si así lo solicitaren, que se les tome en cuenta otro año civil de referencia comprendido dentro del período 1981 a 1983.
En cuanto al último párrafo del artículo 10 del Reglamento n° 857/84, éste establece fundamentalmente que, en caso de aplicación de la fórmula B en Grecia, el conjunto de los compradores se considerará como un único comprador, en lo que se refiere a la repercusión sobre los productores de la tasa exigida al comprador, así como a posibles ajustes de las cantidades individuales de estos productores.
Por el contrario, el resto de las normas a que se alude en la tercera cuestión son de aplicación general en todos los Estados miembros. Efectivamente, el último párrafo de la letra e) del artículo 12 del Reglamento n° 857/84, en su versión modificada por el Reglamento n° 590/85, establece a este respecto, sin realizar distinción según los Estados miembros, que, en determinadas condiciones, se considerará comprador a una agrupación de compradores situados en una misma zona geográfica. El apartado 4 del artículo 7 del Reglamento n° 857/84, en su versión modificada por el Reglamento n° 590/85, permite a los Estados miembros prever, en el caso de arrendamientos rurales que lleguen a su término, sin posibilidad de prórroga, que el arrendatario saliente conserve la totalidad o parte de la cantidad de referencia correspondiente a la explotación, si pretendiere continuar la producción lechera. Finalmente, ni el Reglamento (CEE) n° 1335/86 del Consejo, de 6 de mayo de 1986, que modifica el Reglamento (CEE) n° 804/68 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos (
DO L 119, p. 19
), ni el Reglamento (CEE) n° 1343/86 del Consejo, de 6 de mayo de 1986, que modifica el Reglamento (CEE) n° 857/84 sobre normas generales para la aplicación de la tasa contemplada en el artículo 5
quater
del Reglamento (CEE) n° 804/68 en el sector de la leche y de los productos lácteos (
DO L 199, p. 34
), contienen ninguna norma que conceda ventajas únicamente a los productores establecidos en un Estado miembro concreto.
En consecuencia, basta con limitar el análisis de validez solicitado por el órgano jurisdiccional nacional exclusivamente a las normas del último párrafo del apartado 3 del artículo 3 y al último párrafo del artículo 10 del Reglamento n° 857/84.
Las demandantes en el procedimiento principal sostienen que las dos normas citadas violan el principio de no discriminación al favorecer, sin causa objetivamente justificada, a los productores de algunos Estados miembros, en detrimento de los de otros Estados miembros, poniendo así en peligro el establecimiento de una política agraria común.
A este respecto, conviene recordar, tal y como acabamos de indicar, que es reiterada jurisprudencia que la prohibición de discriminación no se opone a una diferencia en el trato de situaciones comparables siempre que tal diferencia esté objetivamente justificada. La normativa en litigio cumple esté requisito.
En lo que respecta, en primer lugar, al último párrafo del apartado 3 del artículo 3 del Reglamento n° 857/84, en su versión modificada, los considerandos del Reglamento modificativo n° 1305/85 indican que en Italia existen estructuras económicas particularmente fragmentadas en pequeñas unidades de producción, que de dicha situación se derivan dificultades considerables para la aplicación del régimen de adaptación de las cantidades de referencia, previsto en el apartado 3 del artículo 3 del Reglamento n° 857/84, y que es conveniente, por tanto, permitir a Italia retrasar temporalmente la aplicación de determinados elementos del citado régimen. El Gobierno italiano precisó además, a este respecto, durante la vista, que el número de calamidades naturales ocurridas en Italia que causaron daños a la producción fue particularmente elevado, lo que habría ocasionado importantes problemas de control si un gran número de productores afectados hubiera solicitado que se tuviera en cuenta otro año de referencia.
En lo que respecta, por otra parte, al último párrafo del artículo 10 del Reglamento n° 857/84, de los considerandos de dicho Reglamento se desprende que la producción lechera total de Grecia representa menos del 1 % de la producción comunitaria y que el número total de compradores es muy elevado en dicho país, de modo que, para facilitar la aplicación del régimen de tasa suplementaria en este Estado miembro, es conveniente considerar al conjunto como un único comprador. El Gobierno helénico también añadió durante la vista que Grecia se caracteriza por la existencia de pequeñas explotaciones agrarias mixtas, generalmente familiares, que se hallan geográficamente muy dispersas y presentan importantes retrasos desde el punto de vista estructural.
De todo lo anterior se desprende que tanto Italia como Grecia presentan particularidades, con respecto a otros Estados miembros, en cuanto a sus estructuras económicas, especialmente en el ámbito de la producción y de la comercialización de la leche. Dado que la normativa atacada responde a la necesidad de tomar en consideración la situación particular de estos Estados miembros, la diferencia de trato entre productores establecidos en Italia o Grecia y productores establecidos en los demás Estados miembros, que resulta de la aplicación de esta normativa, está objetivamente justificada y, por tanto, no puede calificarse de discriminatoria en el sentido de la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia. Por tanto no puede acogerse la alegación de que esta normativa atenta contra el carácter común de la política agraria al crear una discriminación prohibida entre productores de la Comunidad.
Por estas razones, ha de responderse a la tercera cuestión que su examen no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez del último párrafo del apartado 3 del artículo 3 del Reglamento n° 857/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984, en su versión modificada por el Reglamento n° 1305/85 del Consejo, de 23 de mayo de 1985, ni a la del último párrafo del artículo 10 del Reglamento n° 857/84.
Sobre la cuarta cuestión
Mediante la primera parte de la cuarta cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pregunta, fundamentalmente, si el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento n° 857/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro puede considerar la totalidad de su territorio como una única región, en el sentido del apartado 1 del artículo 5
quater
del Reglamento n° 804/68, a pesar de que este territorio no presente una unidad geográfica en la que las condiciones naturales, las estructuras de producción y el rendimiento medio del censo vacuno sean comparables.
El apartado 2 del artículo 1 del Reglamento n° 857/84 dispone en su primer párrafo que:
«Por región, tal y como se define en el apartado 1 del artículo 5
quater
del Reglamento (CEE) n° 804/68, se entenderá la totalidad o una parte del territorio de un Estado miembro que presente una unidad geográfica, y en la que las condiciones naturales, las estructuras de producción y el rendimiento medio del censo vacuno sean comparables.»
De la citada norma se desprende que, al optar, bien por considerar la totalidad de su territorio como una única región, bien por subdividir este territorio en varias regiones, los Estados miembros han de tomar en consideración al mismo tiempo la estructura geográfica de su territorio y las condiciones naturales, las estructuras de producción y el rendimiento medio del censo vacuno en las distintas partes de este territorio.
No obstante, conviene precisar que, en lo que se refiere a la evaluación de los criterios relativos a una realidad económica compleja, los Estados miembros disfrutan de una amplia facultad de apreciación cuyos límites únicamente pueden considerarse sobrepasados si su valoración está viciada por un error manifiesto. Por consiguiente, incluso si no existe identidad de condiciones geográficas y económicas en las distintas partes del territorio nacional, los Estados miembros pueden considerar la totalidad de su territorio como una única región, a menos que tal elección sea manifiestamente inadecuada a las estructuras del Estado miembro de que se trate.
Por tanto, procede responder a la primera parte de la cuarta cuestión que el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento n° 857/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro puede considerar la totalidad de su territorio como una única región en el sentido del apartado 1 del artículo 5
quater
del Reglamento n° 804/68, a pesar de que este territorio no presente una unidad geográfica en la que las condiciones naturales, las estructuras de producción y el rendimiento medio del censo vacuno sean comparables, a menos que tal elección sea manifiestamente inadecuada a las estructuras del Estado miembro de que se trate.
La segunda parte de la cuarta cuestión versa sobre la validez del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento n° 857/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984, a la vista de la interpretación formulada en respuesta a la primera parte de esta cuestión. Más concretamente, el órgano jurisdiccional nacional pregunta si esta disposición es compatible con las exigencias que se derivan del apartado 2 del artículo 39 del Tratado y de las Directivas 75/268/CEE del Consejo, de 28 de abril de 1975, sobre la agricultura de montaña y de determinadas zonas desfavorecidas (
DO L 128, p. 1
; EE 03/08, p. 153), y 75/269/CEE del Consejo, de 28 de abril de 1975, relativa a la lista comunitaria de zonas agrarias desfavorecidas en el sentido de la Directiva 75/268/CEE (Bélgica) (
DO L 128, p. 8
).
En lo que respecta, en primer lugar, a la alegada violación del apartado 2 del artículo 39 del Tratado, conviene recordar que, de acuerdo con los términos de esta disposición, «en la elaboración de la política agrícola común y de los métodos especiales que ésta pudiera llevar consigo, se deberán tener en cuenta: a) las características especiales de la actividad agraria que resultan [...] de las desigualdades estructurales y naturales entre las distintas regiones agrarias [...]».
Esta exigencia se ha respetado en el presente caso. En efecto, de la respuesta dada a la primera parte de la cuarta cuestión se desprende que el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento n° 857/84 establece la posibilidad de que los Estados miembros, al aplicar el apartado 1 del artículo 5
quater
del Reglamento n° 804/68, tengan en cuenta las desigualdades estructurales y naturales entre las distintas partes de su territorio.
Además, el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento n° 857/84 debe interpretarse en conexión con el resto de las disposiciones en la materia que permiten o exigen que se tengan en cuenta las desigualdades estructurales y naturales entre regiones agrarias.
De este modo, conforme a lo dispuesto en la segunda frase del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento n° 857/84, cuando los Estados miembros elijan el año civil de 1982 o 1983 como año de referencia podrán modular el porcentaje que aplican a la cantidad de leche suministrada o comprada durante ese año de referencia, con el fin de calcular la cantidad de referencia, en función, principalmente, «de la evolución de los suministros en determinadas regiones entre 1981 y 1983».
Por otra parte, el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento n° 857/84 autoriza a los Estados miembros, «a fin de llevar a buen término la reestructuración de la producción lechera a nivel nacional, regional o de zonas de recogida», a conceder a los productores una indemnización, en determinadas condiciones, cuando éstos se comprometan a abandonar definitivamente la producción lechera, o a concederles cantidades de referencia suplementarias, cuando realicen un plan de desarrollo de la producción lechera o ejerzan la actividad agraria como actividad principal.
Finalmente, conviene recordar que el artículo 4
bis
del mismo Reglamento, en su versión modificada por el Reglamento n° 590/85, autoriza a los Estados miembros a asignar las cantidades de referencia no utilizadas de los productores o de los compradores «a los productores o compradores de la misma región y, en su caso, de otras regiones», debiendo efectuarse dichas asignaciones «preferentemente en la misma región, y después entre unas regiones y otras».
La citada normativa, considerada en su conjunto, es pues lo suficientemente flexible como para permitir a los Estados miembros, al implantar el régimen, tomar debidamente en cuenta las desigualdades estructurales y naturales entre las distintas regiones agrarias de su territorio. Por tanto, no puede acogerse la alegación referida a la infracción del apartado 2 del artículo 39.
Por otra parte, en relación con la infracción invocada de las Directivas 75/268 y 75/269, ya citadas, baste afirmar que el objeto de dichas Directivas es distinto del de la normativa comunitaria en materia de tasa suplementaria sobre la leche. En efecto, éstas tienen por finalidad el permitir a los Estados miembros el establecimiento de un régimen especial de ayudas en beneficio de las explotaciones agrarias establecidas en determinadas zonas desfavorecidas, cuya lista se elabora con arreglo a criterios y procedimiento comunitarios. El hecho de que determinadas zonas del territorio de un Estado miembro se declaren zonas agrarias desfavorecidas, en el sentido de estas Directivas, no implica, por tanto, que deban constituir regiones distintas en el sentido del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento n° 857/84.
Por todo lo expuesto, procede responder a la segunda parte de la cuarta cuestión que su examen no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a la validez del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento n° 857/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984.
Costas
Los gastos efectuados por los Gobiernos belga, británico, helénico e italiano, así como por el Consejó y la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Tribunal de première instance de Verviers mediante resolución de 20 de septiembre de 1988, declara:

1)
El examen de las cuestiones planteadas no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a la validez del párrafo 2 del apartado 1 del artículo 5
quater
del Reglamento (CEE) n° 804/68 del Consejo, de 27 de junio de 1968, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) n° 856/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984, ni a la del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 857/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984.

2)
El examen de la cuestión planteada no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a la validez del último párrafo del apartado 3 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 857/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) n° 1305/85 del Consejo, de 23 de mayo de 1985, ni a la del último párrafo del artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 857/84.

3)
El apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 857/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro puede considerar la totalidad de su territorio como una única región en el sentido del apartado 1 del artículo 5
quater
del Reglamento (CEE) n° 804/68, a pesar de que este territorio no presente una unidad geográfica en la que las condiciones naturales, las estructuras de producción y el rendimiento medio del censo vacuno sean comparables, a menos que tal elección sea manifiestamente inadecuada a las estructuras del Estado miembro de que se trate.

4)
El examen de la cuestión planteada no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a la validez del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 857/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984.

Zuleeg
Moitinho de Almeida
Grévisse
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de febrero de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Tercera
M. Zuleeg
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés