CELEX: 62005TJ0066
Función pública
Funcionario
Recurso de anulación
Igualdad de trato
Régimen lingüístico

1.
Funcionarios — Recursos — Acto lesivo — Concepto — Hoja de haberes que refleja una decisión por la que se deniega o se pone
fin a una gratificación pecuniaria
(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)
2.
Funcionarios — Recursos — Reclamación administrativa previa — Calificación incluida dentro del ámbito de apreciación del Juez
(Estatuto de los Funcionarios, art. 90, ap. 2)
3.
Funcionarios — Recursos — Reclamación administrativa previa — Fecha de presentación
(Estatuto de los Funcionarios, art. 90, ap. 2)
4.
Funcionarios — Recursos — Reclamación administrativa previa — Reclamaciones colectiva e individual simultáneas
(Estatuto de los Funcionarios, art. 90, ap. 2)
5.
Funcionarios — Decisión lesiva — Obligación de motivación — Alcance — Motivación insuficiente — Subsanación durante el procedimiento
contencioso — Requisitos
(Art. 253 CE; Estatuto de los Funcionarios, art. 90, ap. 2)
6.
Funcionarios — Igualdad de trato
7.
Funcionarios — Organización de los servicios — Unidad — Concepto
1.
Con carácter general, las hojas de haberes constituyen actos lesivos que pueden ser objeto de un recurso. Sin embargo, por
lo que respecta, más en particular, a una hoja de haberes de la que se desprende la decisión de la autoridad facultada para
proceder a los nombramientos de denegar una ventaja económica al funcionario o de retirarle una ventaja económica anteriormente
concedida, sólo constituye un acto impugnable la primera hoja de haberes que refleja esta decisión. Las hojas de haberes de
los meses sucesivos sólo confirman esta decisión y, por este motivo, constituyen actos meramente confirmatorios de la primera
hoja de haberes y no pueden ser objeto de un recurso de anulación.
(véase el apartado 31)
Referencia: Tribunal de Justicia, 19 de enero de 1984, Andersen y otros/Parlamento (262/80, Rec. p. 195), apartado 4; Tribunal
de Primera Instancia, 6 de marzo de 2001, Dunnett y otros/BEI (T‑192/99, Rec. p. II‑813), apartados 66 y 69
2.
Incumbe al Tribunal de Primera Instancia proceder a la calificación jurídica exacta de los escritos dirigidos por el funcionario
a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos antes de la interposición del recurso e identificar, entre ellos,
el que constituye la reclamación exigida por el Estatuto, sin estar vinculado por la calificación dada por las partes a dichos
escritos.
A este respecto, un acto lesivo de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos sólo puede ser el objeto de una
única reclamación, presentada por el funcionario afectado. Otros escritos que éste haya podido dirigir a la autoridad facultada
para proceder a los nombramientos tras la presentación de la reclamación, aunque los califique de reclamaciones, no pueden
constituir ni demandas ni reclamaciones, sino que deben considerarse meramente reiterativos de la reclamación y no pueden
dar lugar a que se prolongue el procedimiento administrativo previo.
En consecuencia, cuando dos reclamaciones, una individual y la otra colectiva, tienen idéntico objeto, sólo una de ellas,
la presentada en primer lugar, constituye la reclamación en el sentido del artículo 90 del Estatuto, mientras que la otra,
presentada posteriormente, debe considerarse como una simple nota reiterativa de la reclamación.
(véanse los apartados 36, 37 y 41)
Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 7 de junio de 1991, Weyrich/Comisión (T‑14/91, Rec. p. II‑235), apartados 39 y
41; Tribunal de Primera Instancia, 25 de febrero de 1992, Torre/Comisión (T‑67/91, Rec. p. II‑261), apartados 28 y 32
3.
Procede tomar en consideración, como fecha de presentación de la reclamación, aquélla en que la administración puede tener
conocimiento de ella.
A este respecto, el funcionario no puede sufrir las consecuencias de factores independientes de su voluntad que puedan retrasar
la transmisión de su escrito de reclamación, y no puede hacérsele responsable de los fallos o las lentitudes de transmisión
de un servicio a otro dentro de la institución destinataria.
(véanse los apartados 38 y 44)
Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 25 de septiembre de 1991, Lacroix/Comisión (T‑54/90, Rec. p. II‑749), apartados
29 y 30
4.
Nada tiene de irregular el hecho de que la institución, en su decisión de desestimación, responda conjuntamente a una reclamación
individual y a una reclamación colectiva.
(véase el apartado 64)
Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 17 de mayo de 1995, Kratz/Comisión (T‑10/94, Rec. p. II‑1455), apartado 20
5.
La motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto y debe mostrar de manera clara e inequívoca
el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la
medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse
en función de las circunstancias del caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y
el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir
explicaciones. Sin embargo, no se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes,
en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en
relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan
la materia de que se trate.
A este respecto, aun cuando tras la interposición del recurso la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no
puede ya regularizar su decisión mediante una respuesta desestimatoria de la reclamación, una insuficiencia inicial de motivación
puede subsanarse, en determinadas circunstancias excepcionales, mediante precisiones adicionales aportadas incluso durante
el procedimiento, cuando antes de la interposición de su recurso el interesado disponía de elementos que constituían un principio
de motivación.
(véanse los apartados 65 a 67)
Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 12 de febrero de 1992, Volger/Parlamento (T‑52/90, Rec. p. II‑121), apartado 40;
Tribunal de Primera Instancia, 20 de febrero de 2002, Roman Parra/Comisión (T‑117/01, RecFP pp. I‑A‑27 y II‑121), apartados
30 y 32; Tribunal de Primera Instancia, 8 de marzo de 2005, Vlachaki/Comisión (T‑277/03, RecFP pp. I‑A‑57 y II‑243), apartado
83, y la jurisprudencia citada; Tribunal de Primera Instancia, 15 de septiembre de 2005, Casini/Comisión (T‑132/03, RecFP
pp. I‑A‑253 y II‑1169), apartado 36
6.
El principio de igualdad de trato no legitima a un funcionario para solicitar una ventaja económica concedida ilegalmente
a otro funcionario.
(véanse los apartados 122 y 163)
Referencia: Tribunal de Justicia, 9 de octubre de 1984, Witte/Parlamento (188/83, Rec. p. 3465), apartado 15; Tribunal de
Primera Instancia, 22 de febrero de 2000, Rose/Comisión (T‑22/99, RecFP pp. I‑A‑27 y II‑115), apartado 39
7.
El concepto de unidad, dirigida por un Jefe de Unidad, debe definirse como una estructura administrativa diferenciada, dotada
de sus propios recursos humanos y, a menudo, económicos e integrada en la organización administrativa de una institución.
(véase el apartado 130)