CELEX: 62008CJ0414
Recurso de casación
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Reducción de la ayuda financiera
Subvención global para la ejecución de medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas
Fecha límite para la realización de las inversiones
Facultad de apreciación de la Comisión

Mediante su recurso de casación, Sviluppo Italia Basilicata SpA solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera
Instancia de las Comunidades Europeas de 8 de julio de 2008, Sviluppo Italia Basilicata/Comisión (T‑176/06; en lo sucesivo,
«sentencia recurrida»), por la cual dicho Tribunal desestimó su recurso que tenía por objeto, por una parte, la anulación
de la Decisión C(2006) 1706 de la Comisión, de 20 de abril de 2006, relativa a la reducción de las ayudas del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) concedidas a favor de la subvención global para la ejecución de medidas de estímulo a las pequeñas
y medianas empresas que realizan actividades en la región de Basilicata, en Italia, en el ámbito del marco comunitario de
apoyo a las intervenciones estructurales en las regiones de Italia incluidas en el objetivo n º1 (en lo sucesivo, «Decisión
controvertida») y, por otra, el resarcimiento de los perjuicios que aquélla sufrió como consecuencia de la adopción de dicha
Decisión.
I.
Marco jurídico

Reglamentos de base
El artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 2052/88 del Consejo, de 24 de junio de 1988, relativo a las funciones de los Fondos
con finalidad estructural y a su eficacia, así como a la coordinación entre sí de sus intervenciones, con las del Banco Europeo
de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (DO L 185, p. 9), en su versión modificada por el
Reglamento (CEE) nº 2081/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993 (DO L 193, p. 5) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 2052/88»),
prevé que, con el fin de hacer posible la realización de los objetivos generales enunciados en los artículos 158 CE y 160 CE,
los Fondos Estructurales contribuyen al logro de cinco objetivos prioritarios. El primero de éstos (en lo sucesivo, «objetivo
nº 1») consiste en «fomentar el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas». La región de Basilicata
forma parte de las regiones incluidas en el ámbito del objetivo nº 1, con arreglo al anexo I de ese Reglamento.
El artículo 5 del Reglamento nº 2052/88 enumera las posibles formas de intervención financiera de los Fondos Estructurales.
Entre éstas, el apartado 2, letra c), de ese mismo artículo menciona la posibilidad de que la intervención adopte la forma
de «subvenciones globales», gestionadas en general por un organismo intermediario, designado por el Estado miembro de acuerdo
con la Comisión Europea, el cual efectuará el reparto en subvenciones individuales concedidas a los beneficiarios finales.
Las normas de procedimiento pertinentes de las intervenciones son establecidas por dos reglamentos, a saber, el Reglamento
(CEE) nº 4253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento
nº 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos Estructurales y, por otra,
de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (DO L 374, p. 1),
en su versión modificada por el Reglamento (CEE) nº 2082/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993 (DO L 193, p. 20) (en lo sucesivo,
«Reglamento nº 4253/88»), así como por el Reglamento (CEE) nº 4254/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que
se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2052/88, en lo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(DO L 374, p. 15), en su versión modificada por el Reglamento (CEE) nº 2083/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993 (DO L 193,
p. 34) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 4254/88»).
El artículo 6, apartado 2, del Reglamento nº 4254/88 establece que las disposiciones para la utilización de las subvenciones
globales se establecerán en un convenio celebrado, de acuerdo con el Estado miembro interesado, entre la Comisión y el organismo
intermediario, convenio que deberá precisar en particular el tipo de acción que se va a emprender, los criterios de elección
de los beneficiarios, las condiciones y los porcentajes de las ayudas del FEDER concedidas y el modo de seguimiento de la
utilización de las subvenciones globales.
Con el título «Reducción, suspensión y supresión de la ayuda», el artículo 24 del Reglamento nº 4253/88 prevé en sus apartados
1 y 2:
«1.      Si la realización de una acción o de una medida no pareciere justificar ni una parte ni la totalidad de la ayuda financiera
que se le hubiere asignado, la Comisión procederá a un estudio apropiado del caso en el marco de la cooperación, solicitando,
en particular, al Estado miembro o a las autoridades designadas por éste para la ejecución de la acción, que presenten en
un plazo determinado sus observaciones.
2.      Tras este estudio, la Comisión podrá reducir o suspender la ayuda para la acción o la medida en cuestión si el estudio confirmara
la existencia de una irregularidad o de una modificación importante que afecte a las condiciones de ejecución de la acción
o de la medida, y para la que no se hubiera pedido la aprobación de la Comisión.»
Los artículos 25 y 26 del Reglamento nº 4253/88 establecen las normas de seguimiento y evaluación de la ejecución de la ayuda
financiera. En particular, el citado artículo 25, apartados 1 y 3, dispone:
«1.      En el marco de la cooperación, la Comisión y los Estados miembros garantizarán un seguimiento eficaz de la utilización de
la ayuda de los Fondos a escala de los marcos comunitarios de apoyo y de las acciones específicas (programas, etc.). Este
seguimiento se realizará mediante informes elaborados con arreglo a procedimientos aprobados de común acuerdo, controles por
sondeo y comités creados al efecto.
[…]
3.      Los comités de seguimiento se crearán, en el marco de la cooperación, en virtud de un acuerdo entre el Estado miembro interesado
y la Comisión.
La Comisión y, en su caso, el BEI podrán estar representados en el seno de dichos comités.»

Decisiones de la Comisión que contienen las normas aplicables a la intervención financiera de que se trata
El 29 de julio de 1994, la Comisión adoptó la Decisión 94/629/CE por la que se establece el marco comunitario de apoyo para
las intervenciones estructurales comunitarias en las regiones italianas del objetivo nº 1, es decir, Abruzzi, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna y Sicilia (DO L 250, p. 21), para el período comprendido entre el 1 de enero
de 1994 y el 31 de diciembre de 1999.
El 23 de abril de 1997, la Comisión adoptó la Decisión 97/322/CE, mediante la que se modifican las decisiones por las que
se aprueban los marcos comunitarios de apoyo, los documentos únicos de programación y las iniciativas comunitarias adoptadas
en relación con Italia (DO L 146, p. 11). Esta Decisión estableció las reglas sobre los gastos elegibles en las distintas
intervenciones comunitarias adoptadas en relación con Italia. El anexo de esta Decisión contiene una ficha nº 19 (en lo sucesivo,
«ficha nº 19»), relativa a la elegibilidad de los gastos por los Fondos Estructurales para las operaciones de ingeniería financiera
consistentes en fondos de capital riesgo (en lo sucesivo, «FCR»).
Los principios generales relativos a la cofinanciación de las operaciones de ingeniería financiera previstas en la ficha nº 19
disponen:
«ii)      la Comunidad cofinancia la contribución pública al capital social del fondo; no participa en la gestión de éste ni contribuye
a sus gastos de gestión. Sólo el Estado miembro y sus interlocutores privados o públicos, y no la Comisión, son los participantes
o accionistas de estos fondos;
[…]
vii)       las normas de funcionamiento de dichos fondos deben adaptarse a las disposiciones de la ejecución financiera de las intervenciones,
sobre todo en lo que se refiere al concepto de compromiso y de gastos efectuados, así como a las operaciones de cierre de
la intervención;
viii) los FCR intervienen en empresas financiera y económicamente viables. […]»
En cuanto a las disposiciones específicas relativas a los FCR, la ficha nº 19 establece, en su parte B titulada «Normas de
funcionamiento del FCR»:
«2.      Las intervenciones del FCR consisten en la adquisición de participaciones, a saber: suscripción de capital social (acciones
o partes sociales) en las empresas apoyadas, préstamos (participativos, en caso necesario), obligaciones (convertibles, en
caso necesario), etc. […]
[…]
8.      Durante el período de intervención comunitaria, los ingresos del FCR (en particular, los posibles dividendos, las plusvalías
y el producto de los intereses de inversión) deben añadirse al fondo, y utilizarse para financiar adquisiciones de participación
y los gastos de gestión dentro de los límites establecidos [en la misma ficha].
[…]
10.      La actividad del FCR se presenta a la Comisión en un informe por año natural previo dictamen del comité de seguimiento. Dicho
informe debe incluir un balance y un análisis de los ingresos y las pérdidas del FCR, el detalle de los gastos de gestión,
un análisis de las transferencias efectuadas [al] fondo, la lista detallada de las adquisiciones de participación efectuadas
(inversiones realizadas, préstamos acordados, etc., por empresas y sectores, en cumplimiento de los principios de confidencialidad),
los problemas surgidos y, en su caso, las soluciones propuestas o adoptadas.
11.      La Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo tienen derecho de control de las actividades del fondo de capital riesgo,
lo que incluye el derecho de efectuar o de encargar auditorías en las empresas en las que el fondo de capital riesgo haya
participado o participe.
[…]»
La parte C de la ficha nº 19 define el concepto de «compromiso jurídico y financiero» como el «acta legal de constitución
o de aumento del capital inicial de un FCR». Los «gastos efectivos realizados» se definen en ese misma parte como «el pago
en efectivo de las partes de capital liberado del FCR por los participantes (capital abonado), en estricta relación con los
informes de ejecución que mencionan las adquisiciones de participación efectuadas que representan la justificación del correcto
desarrollo de medida».
La parte D de la ficha nº 19 establece bajo el título «Cierre de la intervención»:
«1.      El FCR debe establecerse por un período de tiempo adecuado, compatible con los objetivos perseguidos. Su duración mínima debe
ser igual a la de la forma de intervención.
2.      En el cierre de la intervención comunitaria (después de la fecha límite de pagos), debe establecerse la posición financiera
neta del fondo de capital riesgo comparando la utilización del capital total pagado con la suma total de las intervenciones
en empresas durante ese período.
–        Si se observa que la cantidad que resulta del total acumulado de las intervenciones en empresas durante el período cubre al
menos el 100 % del capital desembolsado (> o =), se considera que la medida se ha realizado por completo.
[…]
–        Si, a pesar del control del comité de seguimiento, en el momento del cierre, la suma total de las intervenciones en las empresas
durante ese período es inferior al capital total abonado, el importe que corresponda al excedente debe deducirse del saldo
final pagado al Estado miembro por la Comunidad en la forma de intervención de que se trate.
3.      Tras el pago del saldo final de la forma de intervención, la Comisión ya no interviene en la ejecución o el seguimiento de
la medida […].»
II.
Antecedentes del litigio

Hechos que originaron el litigio y Decisión controvertida
Con arreglo al Reglamento nº 2052/88, la Comisión, mediante la Decisión 94/629, aprobó el marco jurídico comunitario aplicable
a las intervenciones a favor de las regiones de Italia del objetivo nº 1, entre las que figuraba en particular Basilicata,
para el período comprendido entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1999.
Para favorecer el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (en lo sucesivo, «PYME») implantadas en la región de Basilicata,
el Gobierno italiano presentó a la Comisión el 24 de febrero de 1998, una solicitud de ayuda financiera en forma de subvención
global. La medida nº 2, contemplada en dicha solicitud, preveía la constitución de un FCR, procedente del FEDER y del sector
privado, para realizar intervenciones financieras (participaciones en el capital social, préstamos participativos y empréstitos
con emisión de obligaciones convertibles) a favor de empresas establecidas en dicha región o que tuvieran previsto establecerse
en dicha región.
Mediante la Decisión C(1999) 314, de 2 de marzo de 1999, relativa a la concesión de una ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional a una subvención global destinada a aplicar medidas de estímulo a las pequeñas y medianas empresas que operan en
la región de Basilicata, que formaba parte del marco comunitario de apoyo a las intervenciones estructurales del objetivo
nº 1 en Italia, la Comisión aprobó la concesión de la ayuda solicitada por las autoridades italianas (en lo sucesivo, «Decisión
de concesión de la ayuda»).
A tenor del artículo 5 de la Decisión de concesión de la ayuda, la «ayuda comunitaria se refiere a los gastos vinculados a
las operaciones previstas por la subvención global que hayan sido objeto, dentro del Estado miembro, de compromisos jurídicamente
vinculantes y respecto de los que se hayan comprometido específicamente los recursos financieros necesarios a más tardar el
31 de diciembre de 1999». Se estableció como fecha límite para la contabilización de los gastos relativos a dichas acciones
el 31 de diciembre de 2001.
El proyecto de subvención global comunicado a la Comisión por las autoridades italianas para la obtención de la ayuda se adjuntó
a la Decisión de concesión de ésta (en lo sucesivo, «proyecto de subvención global») y forma parte integrante de dicha Decisión.
Ese proyecto establece que la ejecución de la medida debía realizarse en tres fases, denominadas respectivamente «de promoción»,
«de creación» y «de gestión» del FCR (apartado 5.2.2 del proyecto de subvención global). Además, indica, en el apartado 5.2.5,
que el fondo era de 9,7 millones de euros, de los cuales 4,7 millones procedían del FEDER, y que, con arreglo a la ficha nº 19,
se entiende «por compromiso: el acto jurídico de constitución del capital del fondo [y] por gastos: el pago en efectivo de
las partes de capital liberadas del FCR por los participantes». Por último, el proyecto dispone que los compromisos debían
haberse contraído a más tardar «el 31 de diciembre de 1999» (apartado 5.2.6 de dicho proyecto) y que el fondo tenía una duración
de diez años desde su constitución.
Las modalidades de concesión de la subvención global se definieron en un convenio celebrado el 22 de julio de 1999 entre la
Comisión y el Centro europeo di impresa e innovazione Sistema BIC Basilicata, que era al principio el organismo intermediario
designado para la gestión de la subvención global, al que sucedió la recurrente (en lo sucesivo, «convenio»). Este convenio
preveía, en su cláusula 9, la constitución de un comité de seguimiento, compuesto por representantes de la Comisión, de las
autoridades nacionales competentes y del organismo intermediario.
La cláusula 9, apartados 2 y 3, del convenio establece:
«2.      Tanto durante su aplicación como después de ésta, las medidas adoptadas en ejecución del presente convenio estarán sujetas
a las disposiciones relativas al seguimiento y la evaluación, previstas en el Reglamento (CEE) nº 4253/88 y precisadas en
el [marco comunitario de apoyo].
3.      La evaluación mencionada en los apartados 1 y 2 se desarrollará bajo la responsabilidad del comité de seguimiento de la subvención
global. El intermediario pondrá a disposición del comité todos los datos necesarios para realizar el seguimiento y la evaluación.»
La cláusula 13, apartados 2 y 4, del convenio establece:
«2.      […] el pago del saldo final estará sujeto a los requisitos acumulativos siguientes:
–        presentación a la Comisión, por la región de Basilicata, de una solicitud de pago, debidamente certificada [por el Ministerio
de Economía y Finanzas], en los seis meses siguientes a la realización material de la acción de que se trate;
[…]
4.      Los compromisos de gastos a favor de las iniciativas beneficiarias de las ayudas de la subvención global (decisión de atribución,
celebración de los contratos para las actividades externas) deberán ser contraídos a más tardar el 31 de diciembre de 1999.
Los pagos efectuados por el organismo intermediario en ejecución de la subvención global serán realizados a más tardar el
31 de diciembre de 2001 y la rendición de cuentas a la Comisión sobre los gastos efectuados por el organismo intermediario
para la ejecución de esta subvención tendrá lugar a más tardar el 30 de junio de 2002».
La cláusula 16, apartado 5, del convenio tiene el siguiente tenor:
«Si el organismo intermediario incumple una de sus obligaciones establecidas en el convenio o la ejecuta de manera inadecuada,
la Comisión –de acuerdo con la región de Basilicata– podrá requerirle, mediante carta certificada, el cumplimiento de la obligación
de que se trate. Si dicha obligación no se cumple en el plazo de un mes a contar desde la notificación, la Comisión, de acuerdo
con la región de Basilicata, podrá, con independencia de las consecuencias previstas por la legislación aplicable al convenio,
resolver el convenio sin ninguna otra formalidad.»
Por último, la cláusula 18 del convenio establece que éste se extinguirá el 30 de junio de 2002.

Constitución y ejecución del FCR
El FCR fue constituido el 16 de diciembre de 1999, con una dotación financiera de 9,7 millones de euros, de los cuales 4,7 millones
financiados por el FEDER y 5 millones procedentes de inversores privados. Los pagos de las participaciones sociales se efectuaron
íntegramente durante el período comprendido entre el mes de febrero de 2000 y el mes de diciembre de 2001.
Mediante escrito de 18 de marzo de 2003, la región de Basilicata remitió al Ministerio de Economía y Finanzas italiano la
declaración final de gastos y la solicitud de pago presentadas por la recurrente. El 20 de marzo de 2003, el Ministerio envió
dichos documentos a la Comisión.
Mediante escrito de 10 de febrero de 2004, la Comisión comunicó a las autoridades italianas y a la recurrente que consideraba
que, con arreglo a la parte D de la ficha nº 19, una parte de la ayuda inicialmente concedida no estaba justificada puesto
que no había sido invertida en las PYME antes del 31 de diciembre de 2001.
El 20 de abril de 2006, la Comisión adoptó la Decisión controvertida, mediante la cual, por considerar que una parte de la
ayuda del FEDER no había sido utilizada para adquisiciones de participaciones en las PYME antes del 31 de diciembre de 2001,
redujo en 4.554.108,91 euros la ayuda concedida en el marco de la subvención global en la región de Basilicata y dispuso la
recuperación de una cantidad que se elevaba a 3.434.108,91 euros.
En los apartados 9, 10, 18 y 19 de la Decisión controvertida, la Comisión se refirió a las impugnaciones presentadas por el
organismo intermediario por escrito y en la vista celebrada el 27 de octubre de 2005. Además, en el apartado 22 de la misma
Decisión, la Comisión señaló que:
«Por lo que se refiere al problema de la inelegibilidad de los gastos […] la Comisión considera que las intervenciones en
un fondo de capital riesgo están sujetas a un “requisito de utilidad” y de consecuencias positivas efectivas para las empresas,
requisito que, en el presente caso, no se cumple porque, en la fecha tope fijada para efectuar los pagos del proyecto (el
31 de diciembre de 2001), menos del 3 % de la dotación del Fondo (es decir, 9.700.00 [euros], de los cuales 4.700.000 [euros]
con cargo al FEDER) se afectó a participaciones en las empresas. En términos más precisos, los objetivos del FEDER, que son
la financiación de las inversiones productivas que permiten mantener o crear empleos duraderos y apoyar la actividad de las
[PYME] a través de la mejora de sus posibilidades de acceso al mercado de capitales, mediante la concesión de garantías y
la adquisición de participaciones, no pueden considerarse efectivamente alcanzados por el simple pago en efectivo de las participaciones
de capital para la constitución del Fondo».
III.
La sentencia recurrida
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 30 de junio de 2006, la demandante presentó
un recurso de anulación de la Decisión controvertida y una demanda de indemnización.

Sobre el recurso de anulación
En su escrito de contestación a la demanda presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, la Comisión impugnó la admisibilidad
de la pretensión de anulación, en la medida en que la demandante no era ni la destinataria de la Decisión controvertida ni
la beneficiaria de la subvención concedida, en concepto de ayuda financiera del FEDER, ni le afectaba directamente en el sentido
del artículo 230 CE, apartado 4.
El Tribunal de Primera Instancia no se pronunció sobre ese motivo de inadmisibilidad por considerar que, en cualquier caso,
la pretensión era infundada.
En apoyo de su pretensión de anulación, la demandante invocó seis motivos. Únicamente se hará referencia a la parte pertinente
de dichos motivos a efectos de la presente instancia.
Mediante su motivo basado en la infracción de la ficha nº 19, la demandante alegaba que la Comisión había interpretado de
manera equivocada el concepto de «gastos efectivos realizados» contenido en la parte C de la citada ficha. En efecto, según
la demandante, la Comisión no tomó en consideración la distinción contenida en aquélla entre los conceptos de «gastos» y «compromiso»
y concluyó, por lo tanto, que los «gastos efectivos realizados» que debían efectuarse antes de la fecha límite de 31 de diciembre
de 2001 eran las adquisiciones de participaciones del FCE en las PYME. En cambio, de la citada parte C, del apartado 5.2.5
del proyecto de subvención global, así como de los artículos 5 de la Decisión de concesión de la ayuda y 13, apartado 4, del
convenio se desprende claramente que los «gastos efectivos realizados» son los «compromisos», es decir, los pagos en efectivo
a favor del FCR y que, por lo tanto, únicamente esos pagos debían ser efectuados antes de la mencionada fecha límite.
Además, la demandante sostuvo que la duración de la intervención comunitaria sólo podía coincidir con la del Fondo, cuya existencia
finalizó el 16 de diciembre de 2009. A este respecto, subrayó que habría sido difícil, por no decir imposible, que ese fondo
adquiriese participaciones en las PYME por un importe igual al de su capital antes del 31 de diciembre de 2001.
El Tribunal de Primera Instancia desestimó este motivo por considerar, en los apartados 42 a 59 de la sentencia recurrida,
que la Comisión había indicado acertadamente como fecha de cierre de la intervención comunitaria el 31 de diciembre de 2001.
Dicho Tribunal señaló que de la ficha nº 19, y en particular de su parte D, se desprende que la duración de esa intervención
no coincide con la del FCR, ya que ésta puede continuar más allá del cierre de la intervención. Además, consideró que de la
parte C de la misma ficha resulta que dentro de los «gastos efectivos realizados», que debían efectuarse antes del 31 de diciembre
de 2001, se engloban no sólo aquellos que corresponden a la constitución inicial del FCR, sino también las «adquisiciones
de participaciones efectuadas» por el FCR. Tal interpretación es corroborada, según el Tribunal de Primera Instancia, por
el apartado 5.2.5 del proyecto de subvención global, que recoge las disposiciones de la citada parte C, así como por el convenio,
que finaliza el 30 de junio de 2002, ya que no puede fijarse esa fecha para antes de la fecha del cierre de la intervención
comunitaria.
Mediante su motivo basado en la falta de lógica, el carácter inadecuado y la inexistencia de presupuestos jurídicos y fácticos
que pudieran servir de base a la Decisión controvertida, la demandante reprocha a la Comisión que ésta fundamentara su Decisión
en el presunto incumplimiento, al que hizo referencia en el apartado 22 de esa Decisión, de un «requisito de utilidad de la
intervención» que no figuraba ni en la Decisión de concesión de la ayuda ni en el proyecto de subvención global. La demandante
afirmaba que, en cualquier caso, el incumplimiento de ese requisito, suponiendo que hubiere quedado demostrado, no puede constituir
una irregularidad que afecte a la naturaleza o a las condiciones de la intervención en el sentido del artículo 24, apartado
2, del Reglamento nº 4253/88.
A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en los apartados 66 a 75 de la sentencia recurrida, que de los
correos que las partes intercambiaron durante el procedimiento administrativo y del vigésimo tercer considerando de la Decisión
controvertida resulta que la Comisión se basó en particular en la parte D de la ficha nº 19 y que los otros motivos mencionados
en la citada Decisión sólo sirven para defender su interpretación de esa parte. Además, recordó que el artículo 1 del Reglamento
nº 4254/88 prevé que el FEDER tiene por objeto financiar inversiones productivas. Por lo tanto, las intervenciones de este
último deben ser examinadas a la luz de sus objetivos, que no pueden ser considerados efectivamente alcanzados por el mero
pago en efectivo de las participaciones de capital para la constitución del FCR.
Mediante su motivo basado en la violación de normas de procedimiento y, en particular, de las previstas en los artículos 25
y 26 del Reglamento nº 4253/88, la demandante alega que la Comisión no podía incoar el procedimiento previsto en el artículo
24 de ese Reglamento sin haber formulado, durante la ejecución de la intervención, en particular con ocasión de las reuniones
del comité de seguimiento de los días 14 de junio y 10 de diciembre de 2001, objeciones en cuanto a la ejecución de aquélla.
Por lo que atañe a la presunta infracción de los artículos 25 y 26 del Reglamento nº 4253/88, el Tribunal de Primera Instancia
señaló, en particular, en el apartado 79 de la sentencia recurrida, que esos artículos no preveían ninguna norma de procedimiento
que supeditara el derecho de la Comisión a reducir o suprimir una ayuda financiera a la condición de que se hubieran suscitado
dudas en cuanto a la buena ejecución del proyecto antes del cierre de la intervención.
En el mismo apartado 79, añadió que, aun suponiendo que los tribunales de la Unión Europea pudieran aplicar normas de procedimiento
no expresamente previstas por el legislador para conformarse a los principios fundamentales, (véase, en este sentido, la sentencia
de 21 de septiembre de 2000, Mediocurso/Comisión, C‑462/98 P, Rec. p. I‑7183), la demandante no sostiene, en el presente asunto,
que la norma de procedimiento que invoca, y que podría deducirse de las obligaciones de seguimiento que incumben a la Comisión,
sea necesaria para garantizar su derecho de defensa.
Mediante sus motivos basados en la violación de los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica,
así como en la violación del principio de proporcionalidad, la demandante alega que la Comisión había suscitado en ella la
confianza legítima en la realización del proyecto, debido a la aprobación, en particular en el seno del comité de seguimiento,
de las intervenciones realizadas y del desarrollo del proyecto de subvención global. La demandante sostiene que, a pesar de
que todos los informes semestrales enviados a ese comité mostraban claramente que, a 30 de junio de 2001, no se había realizado
operación financiera alguna, dicho comité nunca formuló objeciones al respecto.
El Tribunal de Primera Instancia declaró, en los apartados 89 a 92 de la sentencia recurrida, que los hechos invocados por
la demandante no podían suscitar en ella una confianza legítima, ya que las garantías precisas, incondicionales y concordantes
invocadas por ésta, aun cuando resultaran probadas, serían contrarias a las disposiciones aplicables y, en particular, a la
ficha nº 19.
Por último, la demandante sostuvo que la Decisión controvertida vulneraba el principio de proporcionalidad, en la medida en
que dicha Decisión no se limitaba a hacer que cesara el pago de los importes todavía no pagados, sino que exigía también la
recuperación de las sumas ya abonadas.
A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 93 de la sentencia recurrida, que la Comisión no
disponía de ningún margen de apreciación con respecto a las consecuencias que deben extraerse del hecho de que, el 31 de diciembre
de 2001, una parte del capital abonado al FCR no hubiera sido invertido en las PYME. A este respecto, hizo referencia, a la
sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de octubre de 1999, Países Bajos/Comisión (C‑84/96, Rec. p. I‑6547, apartados 22,
23 y 47), y añadió que la toma en consideración de las diversas circunstancias invocadas por la demandante no sólo equivaldría
a admitir la vulneración de las normas contenidas en la ficha nº 19, sino que le permitiría aprovecharse de su interpretación
errónea.

Sobre el recurso de indemnización
En apoyo de su pretensión de indemnización, la demandante alega que la Decisión controvertida, que se basa en una interpretación
errónea de la normativa aplicable, le causó perjuicios. Para evaluar estos perjuicios, se basó tanto en los presuntos daños
económicos que serían iguales a la cantidad que la Comisión decidió recuperar, más la parte que dicha institución decidió
no pagar y el lucro cesante, como en los perjuicios morales que resultan del daño causado a su reputación como empresa, debido
a que se encontraba en una situación que le obligaba a incumplir sus obligaciones.
La demandante sostuvo además que, aun cuando el Tribunal de Primera Instancia considerara que la Decisión controvertida no
adolece de ninguna ilegalidad, la Comisión debería, en cualquier caso, indemnizar los daños que se le habían causado, debido
al carácter anormal y especial de éstos.
El Tribunal de Primera Instancia declaró, en los apartados 112 a 117 de la sentencia recurrida, que el examen de los motivos
invocados por la demandante en apoyo de su pretensión de anulación de la Decisión controvertida no había puesto de manifiesto
la existencia de ninguna ilegalidad que afectara a dicha Decisión y que, por lo tanto, no concurren los requisitos previstos
para la aplicación de la responsabilidad de una institución por un acto ilícito. Además, declaró que no se había demostrado
el carácter anormal y especial de los perjuicios presuntamente sufridos por la demandante, puesto que la presunta omisión
de control y de comprobación reprochada a la Comisión no impidió a la demandante evitar el perjuicio que alega. Así, el Tribunal
de Primera Instancia desestimó también la pretensión de indemnización por acto ilícito.
IV.
Recurso de casación
En su recurso de casación, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
–      Anule la sentencia recurrida y devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre el fondo a la luz de las
indicaciones que le formule el Tribunal de Justicia.
–        Condene a la Comisión al pago de las costas tanto del presente procedimiento como del procedimiento en primera instancia.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–      Desestime el recurso de casación.
–        Condene a la recurrente al pago de las costas tanto del presente procedimiento como del procedimiento en primera instancia.
En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca ocho motivos mediante los cuales impugna la apreciación realizada
por el Tribunal de Primera Instancia de su pretensión de anulación de la Decisión controvertida y dos motivos relativos a
la apreciación realizada por dicho Tribunal de su pretensión de indemnización.

Sobre la parte de la sentencia recurrida relativa a la admisibilidad de la pretensión de anulación
En su escrito de contestación a la demanda, la Comisión reitera, con carácter preliminar, su alegación formulada en primera
instancia relativa a la inadmisibilidad de las pretensiones que tienen por objeto la anulación de la Decisión controvertida.
En particular, subraya que, dado que la recurrente no era la destinataria de dicha Decisión, que se dirigía a la República
Italiana, aquélla no le afectaba directamente en el sentido del artículo 230 CE, apartado 4. En cualquier caso, declara que,
en la medida en que, como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no puede impugnarse una resolución del
juez de primera instancia que considera que no procede pronunciarse sobre la inadmisibilidad invocada por una parte, pero
que estima las pretensiones de esa parte en cuanto al fondo (véase, en particular, la sentencia de 26 de febrero de 2002,
Consejo/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, apartados 50 y 51), no pretende solicitar la anulación de la sentencia recurrida
por considerar que no se pronunció sobre la excepción de inadmisibilidad propuesta en primera instancia.
A este respecto, basta con señalar que, dado que tales alegaciones no tienen por objeto impugnar el fallo de la sentencia
recurrida, deben considerarse inoperantes y, por lo tanto, desestimarse como tales.

Sobre la parte de la sentencia recurrida relativa a la procedencia de la pretensión de anulación
Sobre el primer motivo del recurso de casación, basado en la «deformación del recurso interpuesto por la recurrente»
–       Alegaciones de las partes
Mediante el primer motivo de casación, la recurrente alega que, al examinar los motivos invocados en apoyo de su recurso de
anulación en un orden distinto del seguido en el escrito de interposición del recurso, el Tribunal de Primera Instancia rompió
el encadenamiento lógico de las alegaciones desarrolladas por la Comisión en apoyo de la Decisión controvertida, por una parte,
y deformó el sentido y el alcance general de su recurso, por otra. En particular, el Tribunal de Primera Instancia consideró
de hecho que el punto central de la motivación de la citada Decisión consiste en la superación de la fecha límite fijada para
efectuar los gastos elegibles, mientras que la Comisión exigió expresamente, en el considerando 22 de dicha Decisión, que
las intervenciones financieras del FCR, para ser elegibles, estuvieran sometidas a un «requisito de utilidad». Pues bien,
mediante su primer motivo, la recurrente impugnó precisamente la legalidad de ese requisito sin recibir respuesta del Tribunal
de Primera Instancia.
La Comisión sostiene que esas afirmaciones son erróneas. Subraya, por un lado, que el Tribunal de Primera Instancia se pronunció
sobre el motivo basado en la ilegalidad de la referencia al requisito de utilidad y, por otro, que el orden de examen seguido
por el Tribunal de Primera Instancia parece lógico, aceptable y concordante con el razonamiento desarrollado en la Decisión
controvertida. En efecto, ésta se basa en las disposiciones de la ficha nº 19, mientras que el «requisito de utilidad» es
invocado en el citada Decisión no como fundamento jurídico de ésta, sino como un concepto explicativo de la razón de ser de
las normas de funcionamiento del FCR, que facilita la clave para la interpretación de éstas.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
Mediante este primer motivo, la recurrente impugna esencialmente el orden lógico en el que se encadena el razonamiento seguido
por el Tribunal de Primera Instancia en la motivación de la sentencia recurrida. En su opinión, dicho orden alteró el sentido
y el alcance tanto de la Decisión controvertida como del escrito de interposición.
A este respecto, debe señalarse que una sentencia del juez de fondo que examina la motivación de una decisión de una institución
de la Unión considerando todos los elementos en los que se basa no puede modificar, por ella misma, el alcance de dicha decisión
cuando trata esos elementos según un orden distinto del seguido en dicha motivación. Por lo tanto, dado que no se produce
ninguna desnaturalización o apreciación errónea por el Tribunal de Primera Instancia de los elementos fácticos y jurídicos
del acto impugnado, un análisis sistemático de esos elementos según un orden diferente del seguido en ese acto no puede constituir
un error de Derecho, contrariamente a lo que pretende la recurrente.
Asimismo, en cuanto a la presunta deformación del sentido y del alcance de la demanda, procede señalar que, en el examen de
los motivos de una demanda, el órgano jurisdiccional que conoce de ella no está en absoluto obligado a seguir, en su razonamiento,
el orden en el que el que el autor de dicha demanda expuso esos motivos.
Sin embargo, en la medida en que la demandante no demuestra, mediante su primer motivo, la existencia de ningún vicio que
pudiera invalidar la motivación de la sentencia recurrida, dicho motivo no puede prosperar.
Por consiguiente, el primer motivo invocado por la recurrente en apoyo de su recurso de casación debe desestimarse por infundado.
Sobre el segundo motivo del recurso de casación, basado en la interpretación errónea de la ficha nº 19
–       Alegaciones de las partes
Según la recurrente, en su apreciación del motivo de anulación basado en la violación de la ficha nº 19, el Tribunal de Primera
Instancia no sólo completó la motivación de la Decisión controvertida, subrogándose en el papel de la Comisión, sino que también
interpretó de manera errónea la citada ficha. En efecto, el Tribunal de Primera Instancia dio una definición inexacta de «gastos
efectivos realizados», incluyendo en éstos tanto los gastos relativos a la constitución del FCR como los correspondientes
a las adquisiciones de participaciones de éste en las PYME y así concluyó de manera errónea que esas participaciones debían
ser adquiridas para el 31 de diciembre de 2001.
Según la recurrente, esa interpretación se basa en una ambigüedad. En efecto, la adquisición de participaciones en las PYME
no está vinculada directamente a la realización de la intervención financiera, sino a los efectos operativos de ésta. Así
pues, los destinatarios de esa intervención no son las PYME, sino únicamente el FCR. Por consiguiente, la citada fecha debería
haberse aplicado únicamente a los pagos destinados a la constitución de aquél.
A este respecto, la recurrente alega que, en ninguno de los actos de referencia, se indicaba la fecha de 31 de diciembre de
2001 como el final del plazo en el que todos los gastos debían haberse efectuado. En particular, el proyecto de subvención
global relativo a la medida nº 2 hace referencia a esa fecha como la fecha constitutiva del vencimiento para los «gastos»
que consisten en transferencias de dinero hacia el FCR y no para las inversiones en las PYME. La interpretación del Tribunal
de Primera Instancia, que aplica esa fecha a tales inversiones, tampoco puede fundarse en el convenio, y en particular, en
el artículo 13, apartado 4, de éste, que es una disposición general aplicable a todas las medidas previstas por el proyecto
de subvención global y no sólo a la medida nº 2, controvertida en el presente asunto.
Por otra parte, la recurrente señala que habría resultado difícil, por no decir imposible, efectuar intervenciones en las
PYME antes del 31 de diciembre de 2001, ya que el FCR no quedó plenamente constituido hasta esa fecha.
La Comisión rechaza todas las alegaciones de la recurrente. Por lo que se refiere a la imputación según la cual el Tribunal
de Primera Instancia sustituyó por sus propios motivos los de la Decisión controvertida sostiene que las afirmaciones de éste
en la sentencia recurrida no son en absoluto contrarias a los motivos de esa Decisión, ya que la propia Comisión consideró
en todo momento que los «gastos efectivos realizados» corresponden a las inversiones efectuadas en las PYME.
En relación con la interpretación del proyecto de subvención global, la Comisión señala que los objetivos de la medida nº 2
no pueden limitarse a la realización del FCR, como afirma la recurrente, sino que deben tomar en consideración igualmente
la «fase operativa» de esa medida, que tiene por objeto las adquisiciones de participaciones en las PYME. Además, por lo que
se refiere a la interpretación de la ficha nº 19, la Comisión estima que, como el Tribunal de Primera Instancia ha señalado
acertadamente, la definición de «gastos efectivos realizados» que figura en esa ficha asocia expresamente el concepto de gastos
en el marco del FCR al de intervención efectiva de ingeniería financiera a favor de las empresas destinatarias de la cofinanciación
del FEDER. Por consiguiente, la fecha límite de 31 de diciembre de 2001 sólo puede referirse a las inversiones efectuadas
en esas empresas.
Por último, en cuanto a las alegaciones basadas en las dificultades objetivas con las que se enfrentó la realización de las
inversiones antes del 31 de diciembre de 2001, la Comisión destaca que, como el Tribunal de Primera Instancia también señaló,
el proyecto de subvención global preveía, en su apartado 5.2.2., una primera fase de desarrollo de la intervención comunitaria
constituida por la identificación de las empresas potencialmente afectadas por el FCR. Por lo tanto, no habría resultado difícil
respetar la fecha fijada para la ejecución efectiva de las inversiones, a saber, el 31 de diciembre de 2001.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
A tenor del artículo 5, apartado 2, letra c), del Reglamento nº 2052/88, entre las formas de intervención de los fondos estructurales
figuran las «subvenciones globales», que son «en general gestionadas por un organismo intermediario, designado por el Estado
miembro de acuerdo con la Comisión, el cual efectúa el reparto en subvenciones individuales concedidas a los beneficiarios
finales».
La Decisión controvertida se refiere a una subvención global concedida mediante la constitución de un FCR. Con arreglo a la
ficha nº 19, los fondos estructurales cofinancian un FCR en el que participan también los interlocutores nacionales y que,
según la regla general, inciso ii), de la ficha nº 19, no está gestionado por la Comisión, sino por una entidad nacional,
que tiene la función de intermediario para el reparto de la subvención global. El FCR, constituido con los pagos tanto nacionales
como del FEDER, interviene en las empresas viables respetando las disposiciones de ejecución financiera de las intervenciones
comunitarias, de conformidad con la regla general, incisos vii) y viii), de la citada ficha.
A este respecto, la parte C de la ficha nº 19 menciona los conceptos de «compromiso» y de «gastos efectivos realizados», que
consisten, respectivamente, en el «acta legal de constitución o de aumento del capital inicial de un FCR» y en los gastos
constituidos «por el pago en efectivo de las partes de capital liberado del FCR por los participantes (capital abonado), en
estricta relación con los informes de ejecución que mencionan las adquisiciones de participación efectuadas que representan
la justificación del correcto desarrollo de la medida». Por último, la parte D, apartado 2, de la citada ficha establece que,
«en el cierre de la intervención comunitaria […], debe establecerse la posición financiera neta del FCR comparando la utilización
del capital total pagado con la suma total de las intervenciones en empresas durante ese período». Por lo tanto, si en la
fecha de cierre, ese fondo no ha comprometido todo su capital en las PYME, no puede considerarse que la medida de intervención
haya sido completamente ejecutada.
Ahora bien, habida cuenta de la estricta relación establecida en la parte C de la ficha nº 19 entre el pago en efectivo de
las partes de capital liberado del FCR por los participantes, por una parte, y los informes de ejecución que mencionan las
adquisiciones de participaciones efectuadas en las PYME que constituyen la justificación del correcto desarrollo de la medida,
por otra, el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error de Derecho al declarar que la Comisión había considerado,
con razón, que el 31 de diciembre de 2001 era la fecha de cierre de la intervención comunitaria.
Por lo que atañe a la imputación de la recurrente relativa a la mala interpretación del convenio, de las consideraciones anteriores
resulta asimismo que, como declaró el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 55 de la sentencia recurrida, la referencia
a los «pagos efectuados por el intermediario» que deben realizarse antes del plazo de cierre de la intervención, que figura
en la cláusula 13, apartado 4, del mismo convenio, debe entenderse que se hace a la adquisición de las participaciones en
las PYME, en el sentido de la parte B de la ficha nº 19.
Contrariamente a lo que sostiene la recurrente, esa interpretación no se opone a las normas relativas a la medida de intervención
contendidas en el proyecto de subvención global. En efecto, como el Tribunal de Primera Instancia señaló acertadamente en
el apartado 53 de la sentencia recurrida, basta con indicar que el citado proyecto recoge en su apartado 5.2.5. las definiciones
de compromiso y de gastos que figuran en la parte C de la ficha nº 19. Por lo tanto, ese mismo proyecto no permite adoptar
otra fecha de cierre de la intervención comunitaria distinta del 31 de diciembre de 2001.
En cuanto a la presunta falta de referencia, en el proyecto de subvención global, a las participaciones en las PYME como gastos
del FCE, es preciso señalar, como declaró el Tribunal en el apartado 53 de la sentencia recurrida, que ese proyecto recoge
las definiciones contenidas en la parte C de la ficha nº 19 y dispone que esas participaciones deben especificarse en las
relaciones de ejecución.
Por otra parte, por lo que atañe a las dificultades materiales invocadas por la recurrente en relación con la adquisición
de participaciones en las PYME antes del 31 de diciembre de 2001, procede señalar que, en el apartado 57 de la sentencia recurrida,
el Tribunal de Primera Instancia consideró acertadamente que el apartado 5.2.2 del proyecto de subvención global había previsto
una fase de «promoción de fondos», preliminar al desarrollo de la medida de intervención comunitaria, en el curso de la cual
las autoridades nacionales habrían podido efectivamente identificar a las empresas potencialmente interesadas en el FCR y
realizar una evaluación previa de éstas, con el fin de prever los compromisos antes del 31 de diciembre de 1999 y de efectuar
los pagos antes del 31 de diciembre de 2001. A mayor abundamiento, debe señalarse que, en cualquier caso, se había informado
al intermediario de los plazos de cierre de la intervención en el momento de la firma del convenio, que se produjo el 22 de
julio de 1999.
Por último, en cuanto a la alegación de la recurrente según la cual el Tribunal de Primera Instancia sustituyó los motivos
de la Decisión controvertida por sus propios motivos, procede señalar en cualquier caso que, en esta última, la Comisión,
en respuesta a las observaciones presentadas por la recurrente durante el procedimiento administrativo, subrayó en particular
que la elegibilidad de los gastos estaba supeditada al requisito de que las cantidades concedidas fueran utilizadas para inversiones
en las PYME en la región de Basilicata. Además, la Comisión hizo referencia expresa a la parte D de la ficha nº 19. De ello
resulta que el Tribunal de Primera Instancia no procedió a una sustitución de la motivación de la Decisión controvertida,
sino que tomó en consideración los elementos fácticos y jurídicos mencionados en dicha Decisión para examinar la legalidad
del acto.
Por consiguiente, procede desestimar por infundado el segundo motivo invocado por la recurrente en apoyo de su recurso de
casación.
Sobre el tercer motivo del recurso de casación, basado en la interpretación errónea del «requisito de utilidad»
–       Alegaciones de las partes
Según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al desestimar el motivo de anulación basado
en el incumplimiento del «requisito de utilidad» de la intervención comunitaria. Dicho Tribunal dedujo ese requisito de las
normas relativas al plazo para efectuar los pagos al FCR, a pesar de que ninguna de esas normas tuviera en cuenta el citado
requisito de elegibilidad de los gastos. Pues bien, habida cuenta de que, según la jurisprudencia en materia de fondos estructurales
(véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de septiembre de 2008, Alemania/Comisión, T‑349/06, T‑371/06, T‑14/07,
T‑15/07 y T‑332/07, Rec. p. II‑2181), el margen de apreciación de que dispone la Comisión en materia de reducción de las ayudas
financieras no puede extenderse hasta la adopción de decisiones que se aparten de los requisitos establecidos en el artículo
24 del Reglamento nº 4253/88, el Tribunal de Primera Instancia debería haber declarado la ilegalidad de la Decisión controvertida.
La Comisión admite que el Tribunal de Primera Instancia declaró que la expresión «requisito de utilidad» no figuraba en las
disposiciones que regulan la subvención global. Sin embargo, señala que dicho órgano jurisdiccional hizo referencia al artículo
1 del Reglamento nº 4254/88, como disposición de carácter general y programática en materia de intervención del FEDER, y que
de ello dedujo que sólo puede considerarse que se han alcanzado los objetivos de esos fondos si la intervención se efectúa
a favor de las empresas a las que se refiere la ayuda. Por lo tanto, tal requisito no constituye el fundamento jurídico de
la Decisión controvertida, sino más bien un principio rector y un fundamento lógico de las disposiciones que regulan el citado
proyecto.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
A este respecto, debe señalarse que el Tribunal de Primera Instancia acertó al considerar que la expresión «requisito de utilidad»,
que figura en el considerando 22 de la Decisión controvertida, tenía la función de evocar los principios en los que se inspiran
todas las disposiciones relativas a la concesión de una subvención global como la controvertida en el presente asunto. En
efecto, como se ha afirmado en los apartados 67 a 73 de la presente sentencia, del Reglamento nº 2052/88, de la ficha nº 19
y del proyecto de subvención global se desprende, en particular, que una subvención global concedida mediante la constitución
de un FCR debe considerarse realizada si la ayuda comunitaria llega a las empresas destinatarias, en el caso de autos las
PYME establecidas en la región de Basilicata. Es esta condición la que se plasma en la Decisión controvertida mediante dicha
expresión.
La circunstancia de que esa expresión no figure explícitamente en los actos relativos a la subvención global de que se trata
es totalmente irrelevante de cara al examen de la legalidad de la Decisión controvertida.
Por consiguiente, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error de
Derecho alguno al considerar, en el apartado 72 de la sentencia recurrida, que la inclusión de la referencia al «requisito
de utilidad» no añade un requisito nuevo a los fijados por las normas aplicables a la intervención de que se trata, ya que
la Comisión se limitó a aplicar dichas normas.
Por consiguiente, debe desestimarse por infundado el tercer motivo invocado por la recurrente en apoyo de su recurso de casación.
Sobre el cuarto motivo de casación, basado en la interpretación y aplicación erróneas de los principios relativos al respeto
del derecho de defensa, tal como resultan de la sentencia Medicurso/Comisión, antes citada
–       Alegaciones de las partes
Según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia, al pronunciarse en el apartado 79 de la sentencia recurrida sobre el
motivo de anulación basado en la infracción de los artículos 25 y 26 del Reglamento nº 4253/88, hizo una interpretación errónea
de la sentencia Mediocurso/Comisión, antes citada, según la cual, en todo procedimiento incoado contra una persona debe garantizarse
el respeto de los derechos de defensa de ésta, aun cuando no exista ninguna normativa reguladora específica al respecto. En
efecto, el Tribunal de Primera Instancia limitó la posibilidad de aplicar dicha regla al único supuesto en el que se invoca
como regla necesaria para garantizar el derecho de defensa. Por lo tanto, siguió una interpretación contraria a la postulada
por los tribunales de la Unión que no supeditan la aplicación de dicha regla a ningún requisito. A este respecto, la recurrente
invoca las sentencias del Tribunal de Justicia de 9 junio de 2005, España/Comisión (C‑287/02, Rec. p. I‑5093, apartado 37),
y de 8 de marzo de 2007, Gerlach (C‑44/06, Rec. p. I‑2071, apartado 38), así como la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
de 27 junio de 2007, Nuova Gela Sviluppo/Comisión (T‑65/04, apartado 53).
La Comisión sostiene que el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error de Derecho ya que, en el caso de autos, no
concurren los requisitos de aplicación del principio jurisprudencial enunciado en la sentencia Mediocurso/Comisión, antes
citada, dado que el procedimiento no puede conducir a un acto lesivo para la recurrente.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
El artículo 24, apartado 1, del Reglamento nº 4253/88 establece que, si la Comisión considera que la realización de una medida
de intervención comunitaria no justifica ni una parte ni la totalidad de la ayuda financiera que se le hubiere asignado, procederá
a un examen apropiado del caso, solicitando al Estado miembro o a las autoridades designadas por éste para la ejecución de
la acción que presenten sus observaciones. Los artículos 25 y 26 del mismo Reglamento fijan las normas de seguimiento y de
evaluación de la ejecución de dicha ayuda, que deben aplicarse en el marco de la cooperación entre los Estados miembros y
la Comisión.
Estas disposiciones, y en particular el citado artículo 24, no prevén, como el Tribunal de Primera Instancia señaló acertadamente,
que las empresas beneficiarias de la ayuda financiera o los intermediarios encargados de la gestión de la subvención global,
tales como la recurrente, deban ser oídos durante el examen, por la Comisión, de la realización de la medida de intervención
con el fin de proceder a una eventual modificación del importe de esa ayuda.
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia invocada por la recurrente, en particular la sentencia Mediocurso/Comisión,
antes citada, en todo procedimiento sustanciado contra una persona que pueda culminar con un acto que le sea lesivo, deben
aplicarse las normas de procedimiento aun cuando no estén expresamente previstas por el legislador cuando sean indispensables
para garantizar el respeto de los principios fundamentales, como la protección del derecho de defensa. En el apartado 79 de
la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia excluyó, acertadamente, que la recurrente pueda invocar dicho principio
para inferir de la normativa aplicable, en particular de los artículos 25 y 26 del Reglamento nº 4253/88, un derecho a ser
oído durante el examen, efectuado por la Comisión, de la legalidad de la intervención comunitaria de que se trata.
En efecto, el Estado miembro que es oído, con arreglo al citado artículo 24, es el único destinatario de la Decisión controvertida
puesto que es a él a quien incumbe restituir a la Comisión las cantidades correspondientes a la eventual reducción de la subvención,
sin que esa Decisión imponga a las autoridades nacionales recuperar de las empresas beneficiarias afectadas dichas cantidades.
Por consiguiente, en un procedimiento como el que llevó a la adopción de la Decisión controvertida, el principio general de
respeto del derecho de defensa no imponía a la Comisión la obligación de oír a las PYME afectadas ni,
a fortiori,
a la entidad intermediaria a la que incumbía la gestión de una subvención global.
A mayor abundamiento, es preciso señalar que de la Decisión controvertida, y en particular de los considerandos 10, 18 y 19
de ésta, resulta que, además, la recurrente tuvo ocasión de ser oída por la Comisión y de presentar sus observaciones escritas.
De lo antedicho se desprende que el cuarto motivo invocado por la recurrente en apoyo de su recurso de casación es infundado.
Sobre el quinto motivo de casación, basado en la infracción de los artículos 25 y 26 del Reglamento nº 4253/88 relativos a
las obligaciones de seguimiento y de control de la Comisión
–       Alegaciones de las partes
Según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia infringió los artículos 25 y 26 del Reglamento nº 4253/88 en la medida
en que declaró de manera errónea que dichos artículos no obligan a la Comisión, en una intervención como la controvertida
en el presente litigio, a formular objeciones sobre la aplicación de ésta durante su fase de ejecución y, en particular, durante
las reuniones del comité de seguimiento. A este respecto, según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia no sólo declaró
equivocadamente que el reconocimiento de esa obligación impide a la Comisión adoptar decisiones de reducción o de supresión
de ayudas financieras, sino que incluso la incitó a no aplicar el sistema de seguimiento y de control previsto por esos artículos.
La Comisión subraya que, como se desprende de la sentencia recurrida, durante la fase de ejecución de las intervenciones su
labor no consiste en identificar y sancionar las irregularidades cometidas durante esa ejecución, sino en participar, en colaboración
con los Estados miembros, en la ejecución de un seguimiento eficaz gracias a los instrumentos previstos en el artículo 25
del citado Reglamento y en proceder a las evaluaciones a las que se refiere el artículo 26 del mismo Reglamento. La identificación
de las irregularidades y la adopción de los ajustes financieros necesarios están comprendidas en el procedimiento previsto
en el artículo 24 del mismo Reglamento.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
Los artículos 25 y 26 del Reglamento nº 4253/88 prevén, respectivamente, un procedimiento de seguimiento de la ejecución de
las ayudas financieras y un procedimiento de evaluación de las acciones emprendidas por la Comunidad.
Con arreglo al citado artículo 25, apartado 1, párrafo primero, en el procedimiento de seguimiento, la Comisión y las autoridades
nacionales actúan conjuntamente en el marco de una cooperación que se realiza a través de los comités de seguimiento. Según
la segunda frase de la misma disposición, «este seguimiento se realizará mediante informes elaborados con arreglo a procedimientos
aprobados de común acuerdo, controles por sondeo y comités creados al efecto».
Según el artículo 26 del Reglamento nº 4253/88, la Comisión, en colaboración con las autoridades nacionales, debe efectuar
una evaluación previa y posterior de las acciones con carácter estructural, en particular para la elaboración de marcos comunitarios
de intervención.
El Tribunal de Primera Instancia consideró, en los apartados 78 y 79 de la sentencia recurrida, que de esas disposiciones
no resulta que la Comisión esté obligada a formular objeciones o plantear dudas, en particular en el seno del comité de seguimiento,
antes de proceder a la reducción de una ayuda financiera en el sentido del artículo 24 del Reglamento nº 4253/88.
Dicha apreciación no adolece de ningún error de Derecho.
En efecto, el citado artículo 24 no supedita la reducción, la suspensión o la supresión de una ayuda a la presentación previa
de objeciones en el marco del procedimiento de seguimiento de la ejecución de la intervención.
Asimismo, los artículos 25 y 26 del Reglamento nº 4253/88, que regulan el seguimiento y la evaluación de la ejecución de las
ayudas, no establecen ninguna relación entre las funciones de la Comisión en el marco de esa ejecución y los poderes de ésta
para decidir la reducción, la suspensión o la supresión de una ayuda.
De las consideraciones anteriores se desprende que del régimen previsto por el citado Reglamento no resulta obligación alguna
para la Comisión de presentar en el seno del comité de seguimiento objeciones previas a una decisión que declare la reducción,
suspensión o supresión de la ayuda.
Además, los beneficiarios de la ayuda y, en el caso de una subvención global, los intermediarios son los únicos responsables
de la medida en cuestión. Por consiguiente, el hecho de que, en su caso, la Comisión no haya señalado irregularidades en la
ejecución de esa acción no puede considerarse que excluya o limite tal responsabilidad. En efecto, la interpretación sugerida
por la recurrente tendría por efecto, como ha señalado la Abogado General en el punto 140 de sus conclusiones, que se estaría
descargando al intermediario de toda responsabilidad por las irregularidades no señaladas por la Comisión durante la ejecución
de la medida objeto de la ayuda financiera. Esa interpretación es incompatible con el objetivo de la normativa en la materia,
que es garantizar el respeto eficaz de los requisitos de concesión de esa ayuda para las empresas afectadas.
En tales circunstancias, aunque si, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, ésta no debe limitarse, en el ejercicio
de sus competencias de seguimiento, a ejercer únicamente una función de apoyo para la realización de la intervención comunitaria,
sino que, en vista del sistema de cooperación subyacente al régimen establecido por el Reglamento nº 4253/88, debe atraer
la atención de las autoridades competentes cuando descubra irregularidades cometidas por las empresas afectadas, la circunstancia
de que no haya actuado así en el caso de autos es irrelevante a efectos de la legalidad de la Decisión controvertida.
Por consiguiente, de las consideraciones precedentes resulta que el quinto motivo invocado por la recurrente en apoyo de su
recurso de casación es infundado.
Sobre el sexto motivo, basado en la vulneración de los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica
–       Alegaciones de las partes
La recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia declaró equivocadamente que la Comisión no había suscitado ninguna
confianza legítima en la recurrente en relación con la duración de la intervención comunitaria. En efecto, dicho Tribunal
consideró que las presuntas garantías de la Comisión, aun admitiendo que resulten probadas, eran contrarias a las disposiciones
aplicables a la ayuda financiera controvertida, en particular por lo que se refiere a la fecha de cierre de dicha intervención.
El Tribunal de Primera Instancia se basó, en particular, en una apreciación errónea tanto del contenido del proyecto de subvención
global como de los beneficiarios de ésta.
A este respecto, la Comisión se limita a alegar que la apreciación del Tribunal de Primera Instancia relativa a las características
de la intervención de que se trata y a la fecha de cierre de dicha intervención no son inexactas. Además, subraya que nunca
dio a la recurrente garantías precisas, incondicionales y concordantes, sino que siempre afirmó que los gastos elegibles a
efectos de la financiación eran únicamente las inversiones en las PYME efectuadas antes del 31 de diciembre de 2001.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
Procede recordar, de entrada, que el derecho a invocar la confianza legítima supone que la institución haya dado garantías
precisas que permitan que nazca una expectativa legítima en la persona a la que se dirigen esas garantías y que éstas sean
conformes con las normas aplicables (véase en este sentido, la sentencia de 9 de noviembre 2000, Comisión/Hamptaux, C‑207/99 P,
Rec. p. I‑9485, apartado 47).
Pues bien, el motivo invocado por la recurrente se basa en alegaciones que, como se desprende de los apartados 67 a 73 de
la presente sentencia, son infundadas. En efecto, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia
declaró con razón que de la normativa aplicable resulta que la recurrente no era la destinataria de la subvención sino que
lo eran las PYME establecidas en la región de Basilicata y que, con arreglo a lo establecido en la decisión de concesión de
la ayuda, en el proyecto de subvención global y en el convenio, el final del plazo en el que deberían haberse efectuado las
inversiones en las PYME se había fijado para el 31 de diciembre de 2001.
Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia consideró, acertadamente, en el apartado 90 de la sentencia recurrida, que
la Comisión no pudo dar a la recurrente garantías que le permitieran prever una fecha de cierre de la intervención diferente
de la fijada por las normas aplicables a ésta, dado que esas garantías habrían sido contrarias a esas mismas normas.
Por consiguiente, el sexto motivo invocado por la recurrente en apoyo de su recurso de casación es infundado.
Sobre el séptimo motivo, basado en la desnaturalización de los elementos probatorios y en la violación de los principios generales
en materia de carga de la prueba
–       Alegaciones de las partes
Mediante este motivo, que se refiere al apartado 91 de la sentencia recurrida, la recurrente alega que, en su recurso en primera
instancia, invocó la circunstancia de que de los informes semestrales presentados al comité de seguimiento se desprendía claramente
que, durante el procedimiento de constitución del FCR, la Comisión estaba plenamente informada del desarrollo de la medida
de intervención, respaldaba la actuación del organismo intermediario y compartía su interpretación de las disposiciones aplicables
a dicha medida. A pesar de que tales afirmaciones no habían sido impugnadas por la Comisión ante el Tribunal de Primera Instancia,
éste declaró que la recurrente no había aportado pruebas al respecto. En particular, ésta no presentó ni los informes semestrales
que demostraban que, el 30 de junio de 2001, no se había realizado ninguna operación financiera ni el informe relativo a la
actualización de 21 de noviembre de 2001. Ante la falta de tales documentos, el Tribunal de Primea Instancia consideró, equivocadamente,
que no podía establecer la veracidad de las afirmaciones de la recurrente. En cambio, ésta sostiene que, en ausencia de impugnación
por parte de la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia debía considerar probadas sus alegaciones o bien, si se estimara
que tales documentos eran efectivamente indispensables a efectos de la sentencia, le incumbía requerir a la recurrente para
que los presentara.
La Comisión sostiene que este séptimo motivo del recurso de casación es inoperante, puesto que el Tribunal de Primera Instancia
fundamentó la desestimación del motivo basado en la violación del principio de protección de la confianza legítima en razones
distintas de las relativas a la apreciación de tales documentos. En cuanto al fondo, sostiene que el Tribunal de Primera Instancia
consideró acertadamente que no podía pronunciarse, dada la falta de pruebas, sobre la cuestión de si se había informado al
comité de seguimiento del hecho de que las intervenciones a favor de las PYME no habían sido efectuadas antes del 31 de diciembre
de 2001. Efectivamente, los documentos presentados en primera instancia no contenían elementos claros al respecto. Por consiguiente,
habida cuenta de la divergencia existente entre las posiciones de la Comisión y de la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia
declaró correctamente, según la Comisión, que no podía pronunciarse sobre ese punto.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
En apoyo de su séptimo motivo, basado en la desnaturalización de los elementos probatorios y en la violación de los principios
generales en materia de carga de la prueba, la recurrente ha presentado cuatro documentos nuevos.
A este respecto, procede recordar que, en el marco de un recurso de casación, la competencia del Tribunal de Justicia está,
pues, limitada al examen de la apreciación efectuada por el Tribunal de Primera Instancia de los motivos que se debatieron
ante él (véase la sentencia de 29 de abril de 2004, IPK-München y Comisión, C‑199/01 P y C‑200/01 P, Rec. p. I‑4627, apartado
52 y la jurisprudencia citada). Permitir que una de las partes alegue por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo
que no ha invocado ante el Tribunal de Primera Instancia equivaldría a permitirle someter al Tribunal de Justicia, cuya competencia
en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal de Primera Instancia
(sentencia de 1 de febrero de 2007, Sison/Consejo, C‑266/05 P, Rec. p. I‑1233, apartado 95).
Por lo tanto, no puede admitirse que la recurrente presente esos documentos.
Además, es preciso señalar que es cierto que, como la Comisión alega, ese motivo de casación se refiere a una apreciación
preliminar del Tribunal de Primera Instancia. En efecto, dicho Tribunal, en los apartados 88 a 92 de la sentencia recurrida,
desestimó el motivo de anulación basado en la vulneración del principio de protección de la confianza legítima amparándose
en elementos distintos de los que resultan de los documentos con respecto a los cuales la recurrente impugna la apreciación
realizada por el Tribunal de Primera Instancia.
En cuanto a la procedencia de este motivo, deber recordarse, en primer lugar, que, en un recurso de anulación, la parte que
impugna la legalidad de un acto tiene la carga de presentar las pruebas que permitan apoyar sus alegaciones.
Además, con arreglo al artículo 66, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, éste determinará
las diligencias de instrucción que considere convenientes. Ahora bien, como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia, sólo el juez de fondo puede apreciar la necesidad de completar los elementos de información de que dispone en
el asunto de que conoce y apreciar los elementos probatorios, salvo en caso de una desnaturalización manifiesta de los elementos
(véase el auto de 26 de enero de 2005, Euroagri/Comisión, C‑153/04 P, apartados 61 y 62). Por consiguiente, el hecho de que
el Tribunal de Primera Instancia no haya pedido que se incorpore un documento a los autos no constituye, siempre que la parte
interesada no haya solicitado su presentación, una violación de las normas de procedimiento.
En segundo lugar, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, existe desnaturalización de los elementos de prueba
cuando, sin necesidad de practicar nuevas pruebas, la apreciación de los que constan en autos resulta manifiestamente errónea
(véanse la sentencia de 18 de enero de 2007, PKK y KNK/Consejo, C‑229/05 P, Rec. p. I‑439, apartado 37, y, en ese sentido
también, las sentencias de 6 de abril de 2006, General Motors/Comisión, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, apartado 54, así como
de 18 de julio de 2007, Industrias Químicas del Vallés/Comisión, C‑326/05 P, Rec. I‑6557, apartado 60).
En el presente caso, procede señalar que, en el apartado 91 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró
que, debido a la circunstancia de que no se habían presentado ni los informes semestrales enviados al comité de seguimiento
ni el informe relativo a la actualización de 21 de noviembre de 2001 mencionado en el acta de dicho comité de 10 de diciembre
de 2001, no podía examinar si éste había sido informado de que la totalidad del capital del FCR no podía ser invertido en
las PYME antes del 31 de diciembre de 2001.
A este respecto, del punto 5 de ese acta resulta que, el 10 de diciembre de 2001, el comité de seguimiento expresó su «aprobación
en cuanto al desarrollo del programa de subvención global» y tenía conocimiento del informe relativo a la actualización de
21 de noviembre de 2001 por lo que se refiere a la constitución del FCR.
El Tribunal de Primera Instancia consideró que, al no haber presentado la recurrente los documentos que le permitirían demostrar
que ésta había informado al comité de seguimiento de que no se había invertido la totalidad del capital abonado en las PYME
antes del 31 de diciembre de 2001, no podía declarar que la Comisión había tenido efectivamente conocimiento del estado de
avance de la ejecución de la intervención comunitaria.
Esa apreciación no puede considerarse errónea dado que, ante la falta de elementos sobre los que el comité de seguimiento
habría podido expresar su acuerdo, el Tribunal de Primera Instancia no podía declarar que la Comisión hubiera aprobado las
modalidades de realización de la medida de intervención de que se trata.
De las consideraciones anteriores resulta que, en cualquier caso, el séptimo motivo, basado en la desnaturalización de los
elementos probatorios y en la vulneración de los principios generales en materia de carga de la prueba, debe desestimarse
por infundado.
Sobre el octavo motivo, basado en la violación de la jurisprudencia relativa a la aplicación del principio de proporcionalidad
en los casos de reducción de la ayuda financiera
–       Alegaciones de las partes
Mediante su octavo motivo, la recurrente impugna la apreciación, que figura en el apartado 93 de la sentencia recurrida, mediante
la cual el Tribunal de Primera Instancia, remitiéndose a la sentencia Países Bajos/Comisión, antes citada, declaró que, debido
a que no se completaron las inversiones en las PYME, la Comisión estaba obligada a proceder a la reducción de la ayuda sin
tomar en consideración diversas circunstancias invocadas por la recurrente en cuanto al carácter moderado de la infracción
cometida. La recurrente señala que dicha sentencia se refiere a una decisión basada en el artículo 12 del Reglamento nº 4254/88
y no en el artículo 24 de dicho Reglamento. Éste último artículo no contiene ninguna referencia a un sistema «automático»
de recuperación que no deje ningún margen de apreciación a la Comisión. En cambio, como resulta de la sentencia del Tribunal
de Primera Instancia de 11 de diciembre de 2003, Conserve Italia/Comisión (T‑306/00, Rec. p. II‑5705, apartados 135 a 149),
la Comisión debería tener en cuenta, para la determinación de la reducción que debe efectuarse sobre el importe de la ayuda
inicialmente previsto, el comportamiento de los beneficiarios, en particular el hecho de que no actuaran de manera fraudulenta.
La Comisión sostiene que el Tribunal de Primera Instancia consideró acertadamente que, en caso de que no se respetara uno
de los requisitos de concesión de la ayuda comunitaria, como el que se refiere al plazo de ejecución de los gastos elegibles,
la reducción que ella opera es una mera rectificación financiera, independiente de cualquier consideración de culpabilidad
o de un eventual intento de fraude por parte de los beneficiarios. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia no violó
la jurisprudencia relativa al principio de proporcionalidad al declarar que la Comisión no disponía de un margen de apreciación
en relación con la reducción de la ayuda financiera inicialmente concedida.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
En el apartado 93 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia no disponía de ningún margen de apreciación
en cuanto a las consecuencias que podían extraerse del hecho de que, el 31 de diciembre de 2001, una parte del capital abonado
al FCR no hubiera sido invertido en las PYME. Dicho Tribunal se refirió, a este respecto, a los apartados 22, 23 y 47 de la
sentencia Países Bajos/Comisión, antes citada.
Como señaló la recurrente, esa última sentencia versa sobre una decisión de la Comisión adoptada sobre la base del artículo
12 del Reglamento nº 4254/88, que introduce una disposición transitoria que fija un vencimiento e impone la recuperación de
los fondos no utilizados. En cambio, la Decisión controvertida se basa en el artículo 24 del Reglamento nº 4253/88, que atribuye
a la Comisión la facultad de reducir la ayuda financiera cuando la medida se haya realizado de manera irregular y no justifique
la atribución de la totalidad de ésta. Entre las irregularidades de ejecución previstas por ese artículo 24, debe incluirse
asimismo el incumplimiento del plazo de cierre de la intervención comunitaria.
Como señaló la Abogado General en el punto 208 de sus conclusiones, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Comisión,
al adoptar una decisión basada en el citado artículo 24, no está obligada a reclamar la devolución de una ayuda económica
en su totalidad, sino que dispone de una facultad discrecional para decidir si reclama un porcentaje de dicha ayuda. Sin embargo,
teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, la Comisión debe ejercer esa facultad discrecional de forma que las ayudas
cuya devolución solicita sean proporcionadas a las irregularidades cometidas (véase la sentencia de 19 de enero de 2006, Comunità
montana della Valnerina/Comisión, C‑240/03 P, Rec. p. I‑731, apartado 140).
De lo antedicho resulta que, en el caso de autos, la interpretación del Tribunal de Primera Instancia relativa a la aplicación
del principio de proporcionalidad es errónea.
Sin embargo, ese error de Derecho no puede llevar, en el caso de autos, a la anulación de la sentencia recurrida por cuanto
la recurrente no invocó ante el juez de fondo ningún elemento que habría permitido considerar que la Decisión controvertida,
en la medida en que no supone una reducción de la casi totalidad de la ayuda financiera inicialmente concedida, no toma en
consideración elementos que podrían justificar la disminución del importe de la reducción decidida por la Comisión.
En apoyo de su motivo basado en la violación del principio de proporcionalidad, la recurrente alega que la falta de inversiones
en la PYME por parte del FCR es la consecuencia de una mala interpretación de las normas aplicables y no de un fraude en perjuicio
de la Comunidad.
Esa circunstancia no justifica, por sí misma, que el importe de la ayuda deba ser menos importante que el decidido por la
Comisión.
En efecto, si el fraude justifica el aumento de la reducción que debe operarse sobre el importe de la ayuda inicialmente concedida,
la ausencia de fraude no constituye una razón que pueda justificar el mantenimiento de subvenciones que no son utilizadas
de conformidad con las normas aplicables.
Por consiguiente, el motivo de casación basado en la violación del principio de proporcionalidad debe desestimarse en la medida
en que el juez de fondo consideró acertadamente que las circunstancias invocadas por la recurrente no justifican la disminución
del importe de la reducción de la ayuda operada por la Comisión.

Sobre la parte de la sentencia recurrida relativa a la pretensión de indemnización
Sobre el motivo de casación basado en insuficiencia de motivación y en error de Derecho
–       Alegaciones de las partes
La recurrente sostiene que, en respuesta a su solicitud de indemnización basada en la ilegalidad de la Decisión controvertida,
el Tribunal de Primera Instancia se limitó a afirmar que, en la medida en que tal ilegalidad no había sido declarada por este
último, no concurría uno de los requisitos necesarios para el reconocimiento del derecho a reparación. Así, el Tribunal de
Primera Instancia no se pronunció sobre los otros requisitos relativos a la declaración de la responsabilidad extracontractual
ni tampoco motivó la desestimación de la solicitud relativa al perjuicio moral. Tampoco se pronunció sobre las alegaciones
de la recurrente relativas a la responsabilidad por acto lícito que resulta, en particular, del comportamiento de la Comisión
durante el procedimiento de seguimiento, el cual le causó daños anormales y especiales.
La Comisión estima que, al haber comprobado la falta de uno de los tres requisitos necesarios para que se genere la responsabilidad
extracontractual de la Unión, el Tribunal de Primera Instancia estaba plenamente facultado para no continuar el examen de
los dos otros requisitos. Además, señala que la alegación de la recurrente relativa a la responsabilidad por acto ilícito
se basa, en realidad, en una presunta ilegalidad del comportamiento de la institución y, por lo tanto, debe desestimarse.
Asimismo, en la medida en que el organismo intermediario conocía los requisitos de concesión de la ayuda del FEDER, no estaba
expuesto a un riesgo económico anormal, superior al que es habitualmente inherente a las actividades de los FCR en el marco
de subvenciones globales.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
A este respecto, procede recordar con carácter preliminar que, como se subrayó en la sentencia recurrida, según reiterada
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión, en el sentido
del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, es necesario que concurran tres requisitos cumulativos, a saber, la ilicitud de la
actuación imputada a las instituciones de la Unión, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre
esa actuación y el perjuicio invocado (véanse, en particular, las sentencias de 9 de septiembre de 1999, Lucaccioni/Comisión,
C‑257/98 P, Rec. p. I‑5251, apartado 11, así como de 29 de abril de 2004, Bouma y Beusmans/Consejo y Comisión, C‑162/01 P
y C‑163/01 P, Rec. p. I‑4509, apartado 43).
Por lo que atañe a la apreciación del Tribunal de Primera Instancia relativa a la acción de responsabilidad por culpa presentada
por la recurrente, procede señalar que dicho Tribunal excluyó, acertadamente y con una motivación suficiente, que la Comisión
pudiera haber comprometido la responsabilidad de la Unión al haber adoptado la Decisión controvertida, puesto que ésta no
adolece de ninguna ilegalidad y, por lo tanto, no concurre uno de los requisitos necesarios para que se genere esa responsabilidad.
En primera instancia, la recurrente invocó asimismo la responsabilidad objetiva de la Unión, al afirmar que había sufrido
perjuicios debido a que la Comisión no había efectuado, durante el procedimiento de seguimiento, ningún control ni ninguna
verificación de las modalidades de realización de la medida en cuestión.
Sin embargo, sin que sea necesario que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la posibilidad de que se genere la responsabilidad
de la Unión Europea por el daño causado por un acto legal en unas circunstancias como las del presente asunto, basta con señalar
que el Tribunal de Primera Instancia, sin incurrir en error de Derecho, pudo desestimar ese motivo, ya que los perjuicios
materiales y morales invocados por la recurrente no presentaban, en cualquier caso, ningún carácter anormal y especial. En
efecto, las eventuales pérdidas económicas, en el supuesto de que existan, así como el presunto atentado a la reputación de
esta última constituyen las consecuencias que todo operador informado puede esperar de la adopción de una decisión de reducción
del importe de la ayuda inicialmente concedida, adoptada sobre la base del artículo 24 del Reglamento nº 4253/88.
Por consiguiente, la sentencia recurrida, en la medida en que excluyó la responsabilidad extracontractual de la Unión, no
adolece de ningún error de Derecho y debe desestimarse este motivo de casación.
De las consideraciones precedentes resulta que no puede acogerse ninguno de los motivos invocados por la recurrente en apoyo
de su recurso de casación y, por lo tanto, éste debe desestimarse en su totalidad.
V.
Costas
A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento
de casación en virtud del artículo 118 del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así
lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado la Comisión la condena de la recurrente y haberse desestimado los
motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:
1)
Desestimar el recurso de casación.
2)
Condenar en costas a Sviluppo Italia Basilicata SpA.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: italiano.