CELEX: 61989CJ0294
Abogados
Libre prestación de servicios

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 25 de septiembre de 1989, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, al no adoptar, de conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 60, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para adecuarse a la Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los Abogados (
DO L 78, p. 17
; EE 06/01, p. 224; en lo sucesivo, «Directiva 77/249»).
Las disposiciones adoptadas por la República Francesa y destinadas a ejecutar la mencionada Directiva 77/249 figuran en el Decreto n° 72-468, de 9 de junio de 1972, por el que se regula la profesión de Abogado, tal como ha sido modificado por el Decreto n° 79-233, de 22 de marzo de 1979, relativo a la libre prestación de servicios en Francia por Abogados nacionales de los Estados miembros de las Comunidades Europeas QORF de 23.3.1979, p. 659; en lo sucesivo, «Decreto n° 72-468»).
El párrafo primero del artículo 126-2 del Decreto n° 72-468 dispone que «se reconocerá en Francia como Abogado a los nacionales de los demás Estados miembros de las Comunidades Europeas que ejerzan en su país de origen sus actividades profesionales» bajo una de las denominaciones mencionadas en el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 77/249, antes citada.
Por otra parte, el párrafo cuarto del artículo 126-3 del Decreto n° 72-468 prevé que, «para la postulación o para la realización de los actos procesales, en materia civil, cuando la intervención de Abogado sea preceptiva, [el Abogado prestador de servicios] deberá ser asistido, ante el tribunal de grande instance, por un Abogado inscrito en el Colegio del territorio de dicho tribunal, o habilitado para postular ante éste; y ante la cour d'appel, por un “avoué” ante este òrgano o, en su defecto, por un Abogado habilitado para postular ante el mismo». Además, a tenor del párrafo quinto del artículo 126-3 del mismo Decreto, el Abogado prestador de servicios debe, «ante los demás órganos jurisdiccionales, organismos investidos de funciones jurisdiccionales o disciplinarias o ante las autoridades públicas, [...] sin perjuicio de los usos vigentes a la entrada en vigor del presente artículo, actuar de acuerdo con un Abogado inscrito en un Colegio de Abogados francés, quien será, en su caso, responsable ante dicho órgano jurisdiccional, organismo o autoridad».
En el escrito de requerimiento y en el Dictamen motivado que dirigió a la República Francesa, de conformidad con el artículo 169 del Tratado, la Comisión formuló tres cargos distintos contra las disposiciones del Decreto n° 72-468 relativas a la libre prestación de servicios en Francia por los Abogados. El primer cargo se refiere al ámbito de aplicación personal de dichas disposiciones, tal como resulta del párrafo primero del artículo 126-2 del Decreto. El segundo cargo trata del ámbito al que se aplica la obligación, impuesta al Abogado prestador de servicios, de actuar de acuerdo con un Abogado establecido en Francia. El tercer cargo se refiere a la obligación, impuesta al Abogado prestador de servicios, de ser asistido, ante determinados órganos jurisdiccionales, por un Abogado inscrito en el Colegio del territorio del órgano jurisdiccional que conoce del asunto, a efectos de la postulación o de la realización de los actos procesales.
Dado que la República Francesa no se atuvo al Dictamen motivado emitido por la Comisión, ésta interpuso el presente recurso.
Para una más amplia exposición del desarrollo del procedimiento, así como de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
A. Ambito de aplicación personal del Decreto n° 72-468
La Comisión estima que el párrafo primero del artículo 126-2 del Decreto n° 72-468 es contrario al apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 77/249, porque impide que las disposiciones relativas a la libre prestación de servicios en Francia por los Abogados se apliquen a los nacionales franceses que ejerzan la profesión de Abogado en un Estado miembro distinto de la República Francesa.
La República Francesa no niega el incumplimiento que se le imputa.
En virtud del apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 77/249, el término «Abogado», en el sentido de esta Directiva, designa a toda persona habilitada para ejercer sus actividades profesionales bajo alguna de las denominaciones mencionadas en dicha disposición. Por otra parte, el artículo 2 de esta misma Directiva prevé que cada Estado miembro debe reconocer como Abogados, para el ejercicio de sus actividades en concepto de prestación de servicios, a las personas mencionadas en el apartado 2 del artículo 1.
Por consiguiente, deben reconocerse en Francia como Abogados, para el ejercicio de sus actividades en concepto de prestación de servicios, no sólo los nacionales de los Estados miembros distintos de la República Francesa, sino también los nacionales franceses habilitados para ejercer sus actividades profesionales en un Estado miembro que no sea la República Francesa, bajo una de las denominaciones mencionadas en el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 77/249.
Procede, pues, declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, al impedir que las disposiciones relativas a la libre prestación de servicios en Francia por los Abogados se apliquen a los nacionales franceses que ejerzan la profesión de Abogado en un Estado miembro distinto de la República Francesa.
B. Ambito del acuerdo
La Comisión considera que el párrafo quinto del artículo 126-3 del Decreto n° 72-468 es contrario al artículo 5 de la Directiva 77/249 en la medida en que obliga al Abogado prestador de servicios a actuar de acuerdo con un Abogado miembro de un Colegio francés en procedimientos que se desarrollen ante organismos y autoridades que no forman parte del ámbito judicial, así como en procedimientos en los que, en virtud del Derecho francés, no es preceptiva la intervención de Abogado.
La República Francesa no niega el incumplimiento que se le imputa.
Procede señalar que el artículo 5 de la Directiva 77/249 autoriza a los Estados miembros a exigir a los Abogados prestadores de servicios que actúen de acuerdo con un Abogado que ejerza ante el órgano jurisdiccional interesado, únicamente «para el ejercicio de las actividades relativas a la representación y a la defensa de un cliente ante los Tribunales».
Por consiguiente, no puede imponerse esa obligación en lo que respecta al ejercicio de actividades ante organismos o autoridades que no desempeñan una función jurisdiccional.
Por otra parte, como este Tribunal de Justicia ha declarado en la sentencia de 25 de febrero de 1988, Comisión/Alemania (
427/85, Rec. p. 1123
), apartado 13, el artículo 5 de la Directiva 77/249 no puede tener como efecto el de imponer al Abogado prestador de servicios exigencias que no encuentran equivalente alguno en las normas profesionales que resultarían aplicables en defecto de toda prestación de servicios en el sentido del Tratado.
Ahora bien, consta que, para determinados procedimientos que se siguen ante los órganos jurisdiccionales, la legislación francesa no exige que las partes estén asistidas por un Abogado. Por el contrario, dicha legislación permite a las partes actuar en su propia defensa o, en lo que respecta a los procedimientos seguidos ante los tribunaux de commerce, les permite que sean asistidas y representadas por una persona que no sea Abogado, pero que presente un mandato especial.
Por consiguiente, el Abogado prestador de servicios no puede estar obligado a actuar de acuerdo con un Abogado que ejerza ante el órgano jurisdiccional interesado, en el marco de acciones judiciales para las que la legislación francesa no exige la intervención preceptiva de Abogado.
Procede, pues, declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, al obligar al Abogado prestador de servicios a actuar de acuerdo con un Abogado inscrito en un Colegio francés para el ejercicio de actividades ante autoridades y organismos que no desempeñan una función jurisdiccional, así como para el ejercicio de actividades para las que el Derecho francés no exige la intervención preceptiva de Abogado.
C. Territorialidad de la postulación
La Comisión estima que el párrafo cuarto del artículo 126-3 del Decreto n° 72-468 es contrario a los artículos 59 y 60 del Tratado y al artículo 5 de la Directiva 77/249 en la medida en que prevé que, a efectos de la postulación o de la realización de los actos procesales, en materia civil y cuando la intervención de Abogado sea preceptiva, el Abogado prestador de servicios que actúe ante un tribunal de grande instance debe ser asistido por un Abogado inscrito en el Colegio del territorio de ese tribunal o habilitado para postular ante el mismo.
Según la Comisión, el Abogado prestador de servicios debe tener la posibilidad de actuar en Francia ante cualquier órgano jurisdiccional en las mismas condiciones que un Abogado inscrito en el Colegio del territorio de ese órgano jurisdiccional, es decir, en particular, que un Abogado facultado para postular, con la única condición de que debe actuar de acuerdo con un Abogado que ejerza ante dicho órgano.
La República Francesa considera que la obligación que resulta del párrafo cuarto del artículo 126-3 del Decreto n° 72-468 es conforme al concepto de «acuerdo», tal como figura en el artículo 5 de la mencionada Directiva 77/249. A este respecto, alega que la obligación de ser asistido, para postular, por un Abogado inscrito en el Colegio del territorio del tribunal que conozca del asunto está justificada por el hecho de que, en virtud del artículo 5 de la misma Directiva, este Abogado es responsable, ante el órgano jurisdiccional interesado, de la observancia de las normas procesales y deontológicas aplicables.
Con carácter preliminar, procede recordar que este Tribunal de Justicia, pronunciándose en materia de libertad de establecimiento, ha precisado, en la sentencia de 12 de julio de 1984, Klopp (
107/83, Rec. p. 2971
), apartado 20, que, si bien, habida cuenta de las especiales características de la profesión de Abogado, debe reconocerse al Estado miembro de acogida el derecho, en interés de la buena administración de justicia, de exigir que los Abogados incorporados a un Colegio en su territorio ejerzan sus actividades de modo que mantengan un contacto suficiente con sus clientes y con las autoridades judiciales y que respeten las normas de deontologia, dichas exigencias no pueden producir el efecto de impedir a los nacionales de otros Estados miembros ejercer efectivamente un derecho que el Tratado les garantiza.
En lo que respecta a la libertad de prestación de servicios, todas las restricciones a esta libertad deben, según el artículo 59 del Tratado, ser suprimidas, con el fin de permitir, entre otras cosas, al prestador de un servicio, como formula el párrafo tercero del artículo 60 del Tratado, ejercer su actividad en el Estado donde se lleve a cabo la prestación, en las mismas condiciones que imponga ese Estado a sus propios nacionales.
Estas disposiciones tienen como principal objetivo hacer posible al prestador el ejercicio de su actividad en el Estado miembro de acogida sin discriminación respecto a los nacionales de ese Estado. Como ha precisado este Tribunal de Justicia en la sentencia de 17 de diciembre de 1981, Webb (
279/80, Rec. p. 3305
), apartado 16, dichas disposiciones no implican que toda legislación nacional aplicable a los nacionales de ese Estado y que se refiera por lo general a una actividad permanente de las personas establecidas en el mismo pueda aplicarse en su totalidad del mismo modo a actividades, de carácter temporal, ejercidas por personas establecidas en otros Estados miembros.
La norma de la exclusividad territorial prevista en el párrafo cuarto del artículo 126-3 del Decreto n° 72-468 forma parte, precisamente, de una legislación nacional que se refiere por lo general a una actividad permanente de los Abogados establecidos en el territorio del Estado miembro de que se trate, ya que todos esos Abogados tienen derecho a postular ante el tribunal de grande instance en cuya jurisdicción estén establecidos. En cambio, el Abogado prestador de servicios que se halle establecido en otro Estado miembro no está en una situación en la que pueda postular ante un tribunal de grande instance francés.
En tales circunstancias, procede observar que la norma de la exclusividad territorial no puede ser aplicada a actividades de carácter temporal ejercidas por Abogados establecidos en otros Estados miembros, ya que éstos se encuentran, desde ese punto de vista, en condiciones de derecho y de hecho que no se pueden comparar con las aplicables a los Abogados establecidos en el territorio francés.
No obstante, esta observación se impone sólo sin perjuicio de la obligación, para el Abogado prestador de servicios, de actuar de acuerdo con un Abogado habilitado para ejercer en el órgano jurisdiccional que conozca del proceso, dentro de los límites y según las modalidades definidas por este Tribunal de Justicia en la sentencia de 25 de febrero de 1988, Comisión/Alemania, antes citada.
En dicha sentencia, este Tribunal consideró que la obligación, que los Estados miembros pueden imponer al Abogado prestador de servicios, de actuar de acuerdo con un Abogado que ejerza ante el órgano jurisdiccional que conozca del proceso, tenía la finalidad de proporcionar al Abogado prestador de servicios el apoyo necesario para actuar en un sistema jurisdiccional diferente de aquél al que está habituado y de dar al órgano jurisdiccional que conozca del proceso la seguridad de que dicho Abogado dispone efectivamente de tal apoyo y puede, por tanto, respetar plenamente las normas procesales y deontológicas aplicables.
Desde este punto de vista, debe considerarse que el Abogado prestador de servicios y el Abogado local, sujetos ambos a las normas deontológicas aplicables en el Estado miembro de acogida, están en condiciones de definir juntos, respetando dichas normas deontológicas y en el ejercicio de su autonomía profesional, las modalidades de cooperación apropiadas al mandato que les haya sido otorgado.
Esta consideración excluye la posibilidad de que los legisladores nacionales puedan fijar el marco general de la cooperación entre ambos Abogados. Además es preciso que las obligaciones resultantes de dichas disposiciones no sean desproporcionadas respecto a los objetivos del deber de actuar de acuerdo, tal como se han definido más arriba.
La República Francesa alega que la norma prevista en el párrafo cuarto del artículo 126-3 del Decreto n° 72-468 es necesaria para dar al órgano jurisdiccional que conozca del proceso la seguridad de que el Abogado prestador de servicios respetará plenamente las normas procesales y deontológicas aplicables en Francia. Por un lado, opina la República Francesa, esa norma es indispensable para la observancia de las disposiciones destinadas a garantizar un desarrollo rápido y contradictorio del proceso, especialmente en la fase probatoria, que implican que entre el Abogado que postula y el órgano jurisdiccional que conozca del proceso existe un contacto permanente que un Abogado establecido en otro Estado miembro no podría mantener. Por otro lado, dicha norma puede facilitar la incoación de procedimientos disciplinarios contra el Abogado local que actúa de acuerdo con el Abogado prestador de servicios.
Este argumento no puede ser acogido.
Por una parte, como ha declarado este Tribunal en la mencionada sentencia de 12 de julio de 1984, Klopp, apartado 21, los medios actuales de transporte y de telecomunicación ofrecen a los Abogados la posibilidad de mantener de manera adecuada los contactos necesarios con las autoridades judiciales y con los clientes. Además, el hecho de imponer al Abogado prestador de servicios obligaciones que no limiten mucho el ejercicio de sus actividades puede hacer que el proceso se desarrolle rápidamente y respetándose el principio de contradicción. Así pues, este objetivo podría conseguirse imponiendo al Abogado prestador de servicios la obligación de designar domicilio en el despacho del Abogado con el que actúe de acuerdo, al que podrían comunicarse válidamente las notificaciones procedentes del órgano jurisdiccional que conozca del proceso.
Por otra parte, si bien puede facilitar los procedimientos disciplinarios contra el Abogado local, la norma de la exclusividad territorial no es necesaria para iniciar tales procedimientos.
Por consiguiente, procede declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, al exigir que, para la postulación o para la realización de los actos procesales, en materia civil y cuando la intervención de Abogado sea preceptiva, el Abogado prestador de servicios que actúe ante un tribunal de grande instance sea asistido por un Abogado incorporado al Colegio del territorio de dicho Tribunal, o habilitado para postular ante el mismo.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la República Francesa, procede condenarla en costas. La República Federal de Alemania, que ha intervenido en apoyo de las pretensiones de la República Francesa, cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 59 y 60 del Tratado CEE y de la Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los Abogados:
—
Al impedir que las disposiciones relativas a la libre prestación de servicios en Francia por los Abogados se apliquen a los nacionales franceses que ejerzan la profesión de Abogado en un Estado miembro distinto de la República Francesa.
—
Al obligar al Abogado prestador de servicios a actuar de acuerdo con un Abogado inscrito en un Colegio francés para el ejercicio de actividades ante autoridades y organismos que no desempeñan una función jurisdiccional, así como para el ejercicio de actividades para las que el Derecho francés no exige la intervención preceptiva de Abogado.
—
Al exigir que, para la postulación o para la realización de los actos procesales, en materia civil y cuando la intervención de Abogado sea preceptiva, el Abogado prestador de servicios que actúe ante un tribunal de grande instance sea asistido por un Abogado inscrito en el Colegio del territorio de dicho Tribunal, o habilitado para postular ante el mismo.

2)
Condenar en costas a la República Francesa.

3)
Imponer a la República Federal de Alemania el pago de sus propias costas.

Due
O'Higgins
Moitinho de Almeida
Diez de Velasco
Kakouris
Schockweiler
Grévisse
Zuleeg
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de julio de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due.
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.