CELEX: 61994TJ0266
Ayudas de Estado
Construcción naval
Régimen por el que se establecen excepciones
Astilleros de la antigua República Democrática Alemana

Motivación de la sentencia
Marco jurídico
1 Sobre la base de la letra d) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE [actualmente, letra e) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE] y del artículo 113 del Tratado CEE, el Consejo adoptó normas específicas relativas a la compatibilidad con el mercado común de las ayudas de Estado en el sector de la construcción naval. Dichas normas figuran en la Directiva 90/684/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1990, sobre ayudas a la construcción naval (DO L 380, p. 27; en lo sucesivo, «Séptima Directiva»), en su versión modificada por la Directiva 92/68/CEE del Consejo, de 20 de julio de 1992 (DO L 219, p. 54; en lo sucesivo, «Directiva 92/68»), en la Directiva 93/115/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 1993 (DO L 326, p. 62; en lo sucesivo, «Directiva 93/115»), y en la Directiva 94/73/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 1994 (DO L 351, p. 10). La Séptima Directiva establece una distinción entre, por una parte, las ayudas a la producción, denominadas ayudas de funcionamiento, para las que se aplica un límite máximo, y, por otra, las ayudas a la reestructuración, destinadas a facilitar los cambios estructurales deseables en la sector europeo de la construcción naval.
2 El 25 de mayo de 1992, la Comisión presentó al Consejo una propuesta de Directiva que tenía por objeto fijar normas específicas y transitorias relativas a los astilleros de la antigua República Democrática Alemana. La propuesta iba acompañada de una comunicación en la que se analizaba la necesidad de autorizar, con carácter excepcional, ayudas de funcionamiento que excedían del límite habitual, a fin de lograr las reestructuraciones necesarias en el sector de la construcción naval de Alemania Oriental [SEC(92) 991 final; en lo sucesivo, «comunicación de 25 de mayo de 1992»]. El 20 de julio de 1992, el Consejo adoptó la Directiva 92/68.
3 Esta incluyó en el Capítulo IV de la Séptima Directiva un artículo 10 bis redactado en los siguientes términos:
«1. A excepción de los apartados 6 y 7 del artículo 4, el capítulo II no será de aplicación a las actividades de construcción y transformación navales de los astilleros situados en el territorio de la antigua República Democrática Alemana que se encontraban en funcionamiento el 1 de julio de 1990.
2. Hasta el 31 de diciembre de 1993, las ayudas de funcionamiento para las actividades de construcción y transformación navales en los astilleros contemplados en el apartado 1 podrán considerarse compatibles con el mercado común, siempre que:
a) las ayudas destinadas a facilitar la continuación del funcionamiento de los astilleros durante dicho período no superen, para cada uno de ellos, un límite máximo igual al 36 % del volumen de negocios anual de referencia sobre tres años en trabajos de construcción y de transformación navales tras la reestructuración; dichas ayudas deberán haber sido abonadas antes del 31 de diciembre de 1993;
b) no se concedan otras ayudas a la producción por contratos firmados entre el 1 de julio de 1990 y el 31 de diciembre de 1993;
c) el Gobierno alemán se comprometa a llevar a cabo, con arreglo a un calendario aprobado por la Comisión y, en cualquier caso, antes del 31 de diciembre de 1995, una reducción de capacidad auténtica e irreversible igual al 40 % neto de la capacidad existente el 1 de julio de 1990, que era de 545.000 tbc;
d) el Gobierno alemán demuestre ante la Comisión, mediante informes anuales realizados por un experto contable independiente, que las ayudas pagadas se han destinado exclusivamente a aumentar las actividades de los astilleros en la antigua República Democrática Alemana. El primer informe deberá presentarse a la Comisión antes de que finalice el mes de febrero de 1993.
3. La Comisión garantizará que las ayudas contempladas en el presente artículo no afecten a los intercambios en una medida contraria al interés común.»
Hechos que originaron el litigio
4 MTW Schiffswerft GmbH (en lo sucesivo, «MTW»), sociedad establecida en Wismar (Alemania), explota un astillero en el territorio de la antigua República Democrática Alemana. Este astillero se privatizó a través de su venta, el 11 de agosto de 1992, a Bremer Vulkan AG. Mediante escrito de 2 de octubre de 1992, el Gobierno alemán notificó a la Comisión un proyecto de ayuda en favor de dicho astillero.
5 Según los datos facilitados por la Comisión, el proyecto de ayuda de funcionamiento ascendía a 597,2 millones de DM (80,7 millones de DM para cubrir el 40 % de las antiguas deudas; 57,7 millones de DM de aportación de capital y 458,8 millones de DM para cubrir las pérdidas sufridas durante la reestructuración).
6 El 30 de octubre de 1992, la Comisión envió a las autoridades alemanas un escrito mediante el cual les pedía información adicional. Tal información le fue proporcionada de forma oral, durante una reunión celebrada el 2 de diciembre de 1922, y posteriormente por escrito el 4 de diciembre de 1992.
7 Mientras tanto, la Comisión encargó a los consultores A & P Appledore International (en lo sucesivo, «Appledore») un estudio de los proyectos de inversión notificados en favor de MTW y de otros astilleros de Alemania Oriental y el cálculo de sus efectos en materia de capacidad. Parece que en un primer informe, enviado a la Comisión el 4 de diciembre de 1992, Appledore afirmó que se respetaba el límite de las 100.000 tbc [toneladas brutas compensadas (compensated gross tonnage); en lo sucesivo, «tbc»] fijado para MTW.
8 Durante una reunión celebrada el 23 de diciembre de 1992, la Comisión decidió autorizar el pago a MTW de un primer tramo de la ayuda de funcionamiento, por importe de 191,2 millones de DM. Mediante escrito de 6 de enero de 1993, esta Decisión (en lo sucesivo, «primera Decisión» o «Decisión de 23 de diciembre de 1992») se notificó al Gobierno alemán.
9 El 1 de abril de 1993, la Comisión presentó su segundo informe sobre el control de la privatización en los nuevos Länder alemanes. De dicho informe se desprende, en particular, que, en el marco de la excepción, el Gobierno alemán había aceptado reducir en un 40 %, antes de finales de 1995, de forma auténtica e irreversible, la capacidad de construcción naval de 545.000 tbc existente en 1990. El Gobierno alemán indicó el siguiente reparto de la capacidad futura de construcción de buques de navegación marítima en los astilleros de los nuevos Länder.
Capacidad en
1990 (tbc)
Capacidad
futura (tbc)
Evolución
MTW
87.275
100.000
+  12.725
WW
133.804
85.000
-  48.804
PW
35.000
+  35.000
VW
183.030
85.000
-  98.030
EWB
38.228
22.000
-  16.228
NW
97.042
-  97.042
RSW
55.662
-   5.662
Total
545.041
327.000
- 218.041
10 Del citado informe de 1 de abril de 1993 resulta también que, sobre la base de los proyectos de inversión, Appledore había evaluado la capacidad de los tres astilleros privatizados MTW, WW y PW. Según Appledore, estos tres astilleros no podrían sobrepasar en el futuro los límites de capacidad acordados (véase el cuadro anterior), como consecuencia de los puntos de estrangulamiento detectados en las instalaciones de producción.
11 Conforme a los datos facilitados por la Comisión, las autoridades alemanas le enviaron, durante el mes de marzo de 1993, el primer informe previsto por la letra d) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva (en lo sucesivo, «informe "spill-over"»), elaborado por C & L Treuarbeit Deutsche Revision y que cubría el período comprendido entre el 1 de noviembre de 1992 y el 28 de febrero de 1993.
12 El 11 de octubre de 1993, el 14 de diciembre de 1993 y el 2 de febrero de 1994 se enviaron a la Comisión otros informes «spill-over». El informe anual «spill-over» de 1993 se presentó a la Comisión el 16 de marzo de 1994.
13 A principios de agosto de 1993, las autoridades alemanas comunicaron a la Comisión que MTW trabajaba en un proyecto de traslado del astillero, debido a que el tipo de suelo en que se asentaban las instalaciones existentes hacía prácticamente imposible construir un astillero del tipo contemplado en el acuerdo de privatización. Para tratar de las posibles implicaciones del traslado previsto, la Comisión se reunió tanto con las autoridades alemanas, el 19 de agosto de 1993, como con representantes del ministerio de Industria danés y de las demandantes, el 18 de octubre de 1993.
14 El 27 de octubre de 1993, solicitó a las autoridades alemanas que notificaran oficialmente el proyecto de traslado del astillero. La notificación se efectuó mediante escrito de 5 de noviembre de 1993. A continuación, el 3 de diciembre de 1993, el proyecto de traslado se discutió con los Estados miembros en el curso de una reunión multilateral.
15 Mediante escrito de 15 de diciembre de 1993, la Comisión comunicó al Gobierno alemán que no podría adoptar una Decisión sobre el segundo tramo de la ayuda antes del 31 de diciembre de 1993.
16 Los debates relativos a las implicaciones del traslado del astillero continuaron durante los primeros meses de 1994 y el 7 de febrero de dicho año se celebró otra reunión multilateral con los Estados miembros. El 29 de abril de 1994, las autoridades alemanas comunicaron que se había abandonado el proyecto de traslado del astillero. Durante una reunión de la Comisión de 11 de mayo de 1994, esta Institución decidió autorizar el pago del segundo tramo de la ayuda, es decir, 406 millones de DM, 220,8 de ellos en metálico, debido a que se reunían los requisitos previstos por el artículo 10 bis de la Séptima Directiva.
17 La Decisión de 11 de mayo de 1994 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada») fue objeto de un comunicado de prensa el mismo día. Mediante escrito de 18 de mayo de 1994, la Comisión transmitió su Decisión al Gobierno alemán, que era su destinatario.
Procedimiento y pretensiones de las partes
18 En estas circunstancias, mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 20 de julio de 1994, las demandantes interpusieron el presente recurso.
19 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 4 de octubre de 1994, las demandantes solicitaron que el inglés pasase a ser la lengua de procedimiento en lugar del danés. Mediante auto de 8 de noviembre de 1994, el Tribunal de Primera Instancia autorizó a las partes a continuar el procedimiento en lengua inglesa.
20 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de diciembre de 1994, MTW solicitó que se admitiera su intervención en apoyo de las pretensiones de la Comisión. Mediante auto de 10 de marzo de 1995, el Presidente de la Sala Segunda ampliada admitió tal intervención.
21 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 16 de diciembre de 1994, la República Federal de Alemania solicitó que se admitiera su intervención en apoyo de las pretensiones de la Comisión. Mediante auto de 10 de marzo de 1995, el Presidente de la Sala Segunda ampliada admitió tal intervención.
22 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 20 de diciembre de 1994, el Reino de Dinamarca solicitó que se admitiera su intervención en apoyo de las pretensiones de las partes demandantes. Mediante auto de 10 de marzo de 1995, el Presidente de la Sala Segunda ampliada admitió tal intervención.
23 Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de febrero de 1995, las demandantes solicitaron al Tribunal de Primera Instancia, conforme a los artículos 70 y 114 del Reglamento de Procedimiento, por una parte, que ordenara a la Comisión que presentara determinados documentos considerados esenciales y necesarios para esclarecer los hechos del asunto y, por otra parte, que ordenara la realización de una prueba pericial con el fin de examinar los métodos adoptados por la Comisión para comprobar la reducción de capacidad con arreglo al artículo 10 bis de la Séptima Directiva. Por lo que respecta a los documentos, solicitaron que se presentaran: 1) la notificación efectuada por las autoridades alemanas el 2 de octubre de 1992 y el escrito de 4 de diciembre de 1992 mediante el que éstas proporcionaron datos adicionales sobre la notificación; 2) los informes «spill-over» contemplados en la letra d) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva; 3) la documentación relativa al pago del segundo tramo de la ayuda y, en particular, el escrito de las autoridades alemanas de 2 de febrero de 1994; 4) el escrito del Gobierno alemán de 24 de julio de 1992, en el que éste confirmó el compromiso de una reducción de capacidad auténtica e irreversible del 40 % dentro del plazo señalado, conforme a la letra c) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva y, por último, 5) el escrito de la Comisión de 15 de diciembre de 1993 enviado al Gobierno alemán.
24 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 11 de abril de 1995, la Comisión solicitó al Tribunal de Primera Instancia que desestimara las solicitudes de diligencias de ordenación del procedimiento presentadas por las demandantes, salvo por lo que respecta a la presentación del escrito de la Comisión de 15 de diciembre de 1993, que adjuntó como anexo a aquel escrito.
25 Mediante escrito de 30 de mayo de 1995, el Tribunal de Primera Instancia pidió a la Comisión que presentara el escrito de las autoridades alemanas de 2 de febrero de 1994, relativo al pago del segundo tramo de la ayuda. La Comisión presentó dicho escrito el 27 de junio de 1995.
26 Mediante resolución del Tribunal de Primera Instancia de 19 de septiembre de 1995, el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Tercera ampliada, a la que, en consecuencia, fue atribuido el asunto.
27 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba. No obstante, mediante escrito de 18 de marzo de 1996, pidió a las partes que aportaran determinados documentos y respondieran a algunas preguntas por escrito y durante la vista. Las demandantes respondieron a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia mediante escrito presentado en la Secretaría de dicho Tribunal el 1 de abril de 1996. Mediante escrito presentado en la Secretaría el 23 de abril de 1996, la Comisión respondió a las preguntas y presentó los documentos solicitados.
28 En la vista de 14 de mayo de 1996 se oyeron los informes orales de las partes, así como sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.
29 Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:
- Anule total o parcialmente la Decisión de la Comisión de 11 de mayo de 1994, relativa al pago del segundo tramo de la ayuda en favor de MTW.
- Condene en costas a la Comisión.
- Condene a la parte coadyuvante MTW a cargar con las costas de su intervención.
30 La parte demandada solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Desestime el recurso.
- Condene en costas a las demandantes.
31 El Reino de Dinamarca, parte coadyuvante, solicita al Tribunal de Primera Instancia que anule la Decisión de la Comisión de 11 de mayo de 1994, relativa al pago del segundo tramo de la ayuda en favor de MTW.
32 La República Federal de Alemania, parte coadyuvante, solicita al Tribunal de Primera Instancia que desestime el recurso.
33 MTW, parte coadyuvante, solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Desestime el recurso.
- Condene en costas a las partes demandantes, incluidas las costas de la parte coadyuvante.
Sobre la admisibilidad
Alegaciones de las partes
34 La parte coadyuvante MTW se pregunta sobre si los ocho astilleros daneses enumerados en la demanda pueden considerarse demandantes en el presente litigio. Dado que en dicho escrito no se designa claramente a la parte demandante, MTW alega que del apartado 6 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento resulta a contrario que debe declararse la inadmisibilidad del recurso, al menos por lo que respecta a tales astilleros.
35 Según MTW, en el supuesto de que el Tribunal de Primera Instancia considerara que el recurso fue interpuesto conjuntamente por la asociación y por los ocho astilleros, debe declararse la inadmisibilidad del recurso de estos últimos tomado separadamente, ya que los astilleros no han aportado la prueba de su participación en el procedimiento administrativo (sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de enero de 1986, Cofaz y otros/Comisión, 169/84, Rec. p. 391). Además, los astilleros daneses no formularon ninguna alegación particular sobre los efectos que la ayuda de Estado de que se trata podría producir sobre su posición en el mercado.
36 Las demandantes señalan, en primer lugar, que de la versión danesa del recurso se deduce claramente que la parte demandante es la asociación de astilleros daneses en nombre propio y en nombre de los astilleros mencionados en el recurso. A continuación, alegan que MTW, en su condición de parte coadyuvante, no puede, conforme al apartado 3 del artículo 116 del Reglamento de Procedimiento, al párrafo tercero del artículo 37 y al artículo 46 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, proponer una excepción de inadmisibilidad, dado que la parte demandada no ha negado la admisibilidad del recurso (sentencias del Tribunal de Justicia de 24 de marzo de 1993, CIRFS y otros/Comisión, C-313/90, Rec. p. I-1125, apartados 20 a 22, y de 15 de junio de 1993, Matra/Comisión, C-225/91, Rec. p. I-3203).
37 Consideran que el Tribunal de Primera Instancia no debe declarar de oficio la inadmisibilidad del recurso, puesto que MTW planteó la cuestión de la inadmisibilidad en una fase muy avanzada del procedimiento. En cualquier caso, debería desestimarse la excepción de inadmisibilidad parcial, dado que no se ha impugnado la admisibilidad del recurso de la asociación y que se trata de un único y mismo recurso (sentencia CIRFS y otros/Comisión, antes citada). Por otra parte, según las demandantes, los astilleros daneses son competidores de MTW y la ayuda de Estado altera de forma suficiente su situación en el mercado, tal como se expuso de forma clara y precisa en la demanda. Por consiguiente, las demandantes reúnen los requisitos de legitimación (sentencias Cofaz y otros/Comisión, antes citada, y Matra/Comisión, antes citada).
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
38 Por lo que respecta a la legitimación de MTW, en su condición de parte coadyuvante, para proponer una excepción de inadmisibilidad, procede recordar que, conforme al párrafo tercero del artículo 37 del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia de conformidad con el párrafo primero del artículo 46 de dicho Estatuto, las pretensiones de la demanda de intervención no podrán tener otro fin que apoyar las pretensiones de una de las partes. Por otra parte, con arreglo al apartado 3 del artículo 116 del Reglamento de Procedimiento, la parte coadyuvante acepta el litigio en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención.
39 De ello resulta que MTW no está legitimada para proponer una excepción de inadmisibilidad parcial y que el Tribunal de Primera Instancia no está obligado a examinar los motivos invocados en apoyo de dicha excepción (sentencia CIRFS y otros/Comisión, antes citada, apartado 22).
40 No obstante, dado que se trata de una causa de inadmisión de orden público, el Tribunal de Primera Instancia puede, en cualquier momento, examinar de oficio la admisibilidad del recurso, conforme al artículo 113 del Reglamento de Procedimiento.
41 Debe señalarse, con carácter preliminar, que, teniendo en cuenta el escrito de interposición del recurso y la respuesta a las cuestiones planteadas por el Tribunal de Primera Instancia, las demandantes son Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark, Skibsværftsforeningen (asociación de astilleros daneses; en lo sucesivo, «Skibsværftsforeningen»), en nombre propio y en calidad de mandatario de los siguientes astilleros daneses: Assens Skibsværft A/S, Burmeister & Wain Skibsværft A/S, Danyard A/S, Fredericia Skibsværft A/S, Odense Staalskibsværft A/S, Svendborg Værft A/S, Ørskov Christensens Staalskibsværft A/S, y Aarhus Flydedok A/S. Según sus estatutos, Skibsværftsforeningen tiene por misión, principalmente, representar al sector de la construcción naval en Dinamarca y en el extranjero.
42 A diferencia de lo que opina MTW, el Tribunal de Primera Instancia considera que, a este respecto, el recurso se ajusta al apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento.
43 En segundo lugar, procede recordar que el párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado CE (en lo sucesivo, «Tratado») permite que las personas físicas o jurídicas interpongan un recurso contra las Decisiones de las que sean destinatarias o contra las que, aunque revistan la forma de un Reglamento o de una Decisión dirigida a otra persona, les afecten directa e individualmente. En el presente asunto, se trata de una Decisión dirigida al Gobierno alemán.
44 Según jurisprudencia reiterada, los sujetos que no sean destinatarios de una Decisión sólo pueden afirmar que ésta les afecta individualmente cuando les atañe debido a ciertas cualidades que les son propias o a una situación de hecho que los caracteriza en relación con cualesquiera otras personas y, por ello, los individualiza de manera análoga a la del destinatario (sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión, 25/62, Rec. pp. 197 y ss., especialmente p. 223, y del Tribunal de Primera Instancia de 27 de abril de 1995, ASPEC y otros/Comisión, T-435/93, Rec. p. II-1281, apartado 62, y de 5 de junio de 1996, Kahn Scheepvaart/Comisión, T-398/94, Rec. p. II-477, apartado 37).
45 A continuación, debe señalarse que la Comisión adoptó la Decisión impugnada en el marco del procedimiento preliminar previsto por el apartado 3 del artículo 93 del Tratado. Pues bien, teniendo en cuenta que las demandantes no solicitaron su anulación debido a que la Comisión hubiera incumplido la obligación de incoar el procedimiento del apartado 2 de dicho artículo, o debido a que se hubieran violado las garantías procesales previstas por esta última disposición (sentencias del Tribunal de Justicia de 19 de mayo de 1993, Cook/Comisión, C-198/91, Rec. p. I-2487, y Matra/Comisión, antes citada), el simple hecho de que las partes demandantes puedan considerarse partes «interesadas» a efectos del apartado 2 del artículo 93 no puede bastar para declarar la admisibilidad del recurso. Por consiguiente, procede examinar si la Decisión impugnada afecta a las demandantes debido a otras circunstancias que puedan individualizarlas de manera análoga a la del destinatario, en el sentido de la sentencia Plaumann, antes citada.
46 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia comprueba que de los autos se deduce que al menos dos astilleros daneses de entre las sociedades demandantes, a saber, Danyard A/S y Odense Staalskibsværft A/S, se encuentran o se encontrarán, cuando finalice la reestructuración de MTW, en competencia directa con ésta. La propia MTW ha reconocido que en este momento es competidor directo de estos dos astilleros, y que lo será aún más una vez que se termine el nuevo dique seco. Al igual que Danyard A/S, la parte coadyuvante MTW construye actualmente petroleros de tamaño medio, cargueros a granel (bulk carriers) y portacontenedores cuyo tonelaje puede alcanzar las 40.000 toneladas de registro bruto (trb). Según los datos facilitados por MTW, con sus nuevas instalaciones estará en condiciones de construir grandes petroleros para el transporte de crudo (en lo sucesivo, «petroleros o buques de tipo E 3»), cuyo tonelaje podrá alcanzar las 300.000 trb, y portacontenedores. Con esta gama de productos, MTW se encontrará, siempre según los datos que ha facilitado, en los mismos segmentos de mercado que Odense Staalskibsværft A/S. De los autos se desprende también que la Comunidad cuenta con un número muy reducido de astilleros que construyen o son actualmente capaces de construir petroleros de tipo E 3, entre ellos, en particular, Odense Staalskibsværft. Por otra parte, durante el procedimiento administrativo, las instalaciones de este último astillero fueron objeto de varias comparaciones con las de MTW a la hora de estimar la capacidad futura de MTW.
47 Si bien es cierto que la mera circunstancia de que un acto pueda influir en las relaciones de competencia existentes en el mercado de que se trate no basta para que cualquier operador económico que se encuentre en una relación de competencia cualquiera con el destinatario del acto pueda considerarse directa e individualmente afectado por este último (sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de diciembre de 1969, Eridania y otros/Comisión, asuntos acumulados 10/68 y 18/68, Rec. p. 459, apartado 7), los documentos que obran en autos demuestran, no obstante (véase el apartado anterior), que las posiciones en el mercado de las sociedades demandantes Danyard A/S y Odense Staalskibsværft A/S podrían verse sustancialmente afectadas por la concesión de la ayuda de Estado objeto de litigio. Por consiguiente, se encuentran en una situación de competencia particular que las caracteriza, de esta manera, por lo que se refiere a la ayuda de Estado, con respecto a cualquier otro operador económico (sentencia ASPEC y otros/Comisión, antes citada, apartado 70).
48 En estas circunstancias, Danyard A/S y Odense Staalskibsværft A/S deben considerarse individualmente afectadas por la Decisión impugnada.
49 Por lo que respecta a la cuestión de si la Decisión impugnada también afecta directamente a estos dos astilleros, es cierto que no podría afectar a sus intereses si el Gobierno alemán no hubiera adoptado medidas de ejecución. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia hace constar que la parte concedida en metálico del segundo tramo de la ayuda objeto de litigio fue consignada ya el 30 de diciembre de 1993 en cuentas bloqueadas en el Commerzbank y en el Dresdner Bank por el Gobierno alemán, a la espera de la aprobación de la Comisión. En consecuencia, no cabía ninguna duda acerca de la voluntad de las autoridades alemanas de conceder la ayuda de que se trata. Por consiguiente, debe admitirse que la Decisión impugnada afecta directamente a los dos astilleros antes mencionados (véase, en el mismo sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 1985, Piraiki-Patraiki y otros/Comisión, 11/82, Rec. p. 207).
50 Puesto que habría podido admitirse un recurso interpuesto por Danyard A/S o por Odense Staalskibsværft A/S, debe declararse igualmente la admisibilidad de un recurso interpuesto por Skibsværftsforeningen en calidad de mandatario de estos dos astilleros (sentencia de 6 de julio de 1995, AITEC y otros, asuntos acumulados T-447/93, T-448/93 y T-449/93, Rec. p. II-1971, apartados 59 a 62).
51 Dado que se trata de un único y mismo recurso, no procede examinar la legitimación de los demás astilleros mencionados en el recurso ni la de la asociación de astilleros daneses en nombre propio (sentencia CIRFS y otros/Comisión, antes mencionada, apartado 31).
52 De las consideraciones anteriores resulta que debe declararse la admisibilidad del recurso.
Sobre el fondo
53 Las demandantes invocan tres motivos en apoyo de su recurso, basados, respectivamente, en la incompetencia ratione temporis de la Comisión para aprobar el segundo tramo de la ayuda, en el incumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva, y en la existencia de vicios sustanciales de forma. El Gobierno danés formula un motivo basado en la violación del «principio de transparencia».
Sobre el motivo basado en la incompetencia ratione temporis
Sobre la admisibilidad del motivo
- Alegaciones de las partes
54 La parte coadyuvante MTW afirma que no puede admitirse el presente motivo. Señala que se trata de un motivo basado en la infracción de una norma de procedimiento, a saber, el plazo en el que la Comisión debía adoptar su Decisión, conforme al apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva, que expiraba el 31 de diciembre de 1993. Según la jurisprudencia, este motivo sólo podría admitirse en el supuesto de que el procedimiento hubiera producido un resultado distinto si no se hubiesen producido tales irregularidades, o si la disposición supuestamente infringida tuviera por objeto proteger los intereses legítimos de los demandantes (sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 1973, Marcato/Comisión, 37/72, Rec. p. 361, apartado 6; de 10 de julio de 1980, Distillers Company/Comisión, 30/78, Rec. p. 2229, apartado 26, y Cofaz y otros/Comisión, antes citada, apartados 23 y siguientes). Pues bien, según MTW, las demandantes no han demostrado que esto haya sucedido.
55 Las demandantes niegan estas afirmaciones. Por una parte, es probable que la Decisión de la Comisión hubiera sido diferente si no se hubiesen infringido las normas de procedimiento. Por otra parte, y en cualquier caso, las demandantes consideran que tienen un interés legítimo en que el Tribunal de Primera Instancia examine estas alegaciones. La mera posibilidad de que se desestimen los motivos de una parte no constituye una causa de inadmisión.
- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
56 El motivo formulado por las demandantes se basa en la incompetencia de la Comisión. Si fuera fundado, implicaría, según el apartado 2 del artículo 173 del Tratado, la anulación de la Decisión.
57 Las demandantes son tanto la asociación danesa que agrupa a los principales astilleros daneses como ocho sociedades que explotan astilleros, de las cuales al menos dos están en situación de competencia directa con el beneficiario de la ayuda objeto de litigio. MTW no puede negar que dichas demandantes tienen interés en formular el motivo y en obtener un control jurisdiccional del alcance de la competencia de la Comisión.
58 De ello resulta que debe admitirse el motivo.
Sobre el fundamento del motivo
- Alegaciones de las partes
59 Las demandantes alegan que la Comisión aprobó una ayuda de Estado en un momento en el que no era competente para ello, dado que la Decisión impugnada se adoptó después de la fecha límite del 31 de diciembre de 1993, que figura en el apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva, e igualmente después de la misma fecha límite fijada, además, para el pago de la ayuda por la letra a) del apartado 2 del artículo 10 bis de dicha Directiva. En opinión de las demandantes, al hacerlo la Comisión actuó fuera de su competencia ratione temporis.
60 En efecto, según las demandantes, no existe ninguna otra disposición que habilite a la Comisión para adoptar, después del 31 de diciembre de 1993, una Decisión por la que se autorice el pago de la ayuda, incluso en el caso de una ayuda notificada dentro de plazo y abonada antes de dicha fecha. Las Directivas de que se trata limitan estrictamente las facultades de la Comisión (sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de mayo de 1993, Bélgica/Comisión, asuntos acumulados C-356/90 y C-180/91, Rec. p. I-2323).
61 A este respecto, de la propuesta de la Directiva 92/68 se desprende que las ayudas autorizadas en favor de los astilleros de Alemania Oriental debían pagarse, a más tardar, el 31 de diciembre de 1993. Por consiguiente, el legislador comunitario quiso fijar una fecha final en la que debería quedar finalizada la reestructuración de la industria de la construcción naval de la antigua República Democrática Alemana, gracias a las ayudas autorizadas, pagadas por el Gobierno alemán. Después del 31 de diciembre de 1993, la competencia para adoptar una Decisión por la que se aprobara el segundo tramo de la ayuda correspondería únicamente al Consejo, con arreglo a la letra e) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado.
62 A pesar de que la fecha límite de aplicación de la Séptima Directiva se aplazó del 31 de diciembre de 1993 al 31 de diciembre de 1994 mediante la Directiva 93/115, la fecha límite fijada por el apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva para el pago de la ayuda de Estado en favor de los astilleros de Alemania Oriental no fue, por su parte, modificada.
63 Las demandantes discuten la afirmación de la Comisión según la cual el plazo fijado por el artículo 10 bis no era un plazo perentorio. En efecto, el asunto se discutió en el Consejo y la Directiva 93/115 se adoptó el 16 de diciembre de 1993, es decir, al día siguiente de que la Comisión comunicará al Gobierno alemán sus dificultades para adoptar su Decisión antes del 31 de diciembre de 1993.
64 Durante la vista, las demandantes señalaron que la Comisión, en otro contexto relativo a las ayudas a la siderurgia, consideró que, tras la expiración de un plazo fijado por el artículo 5 de la Decisión nº 3855/91/CECA de la Comisión, de 27 de noviembre de 1991 (DO L 362, p. 57), disposición análoga a aquella de que se trata en el presente asunto, ya no disponía de la competencia conferida por dicho artículo [véase la comunicación de la Comisión de 31 de octubre de 1995 (DO C 289, p. 11)].
65 A continuación, alegan que la jurisprudencia invocada por la Comisión (sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de noviembre de 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires y Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, C-354/90, Rec. p. I-5505; en lo sucesivo, «sentencia FNCE») no se aplica en el caso de autos.
66 En efecto, a diferencia de dicho asunto, en el que la ayuda de que se trataba había sido concedida de conformidad con las disposiciones del Tratado, sin que éste previera ningún plazo específico, en el caso de autos se trata de la aprobación fuera de plazo de una ayuda pagada en virtud de un régimen específico y transitorio por el que se establecen excepciones, que expiró el 31 de diciembre de 1993. Del asunto antes mencionado se desprende que ni la Comisión ni el Tribunal de Justicia pueden regularizar o legalizar a posteriori una ayuda pagada infringiendo la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado. Admitir la tesis de la Comisión según la cual esta Institución podría, incluso en tales circunstancias, declarar la ayuda de que se trata compatible con el mercado común supondría mejorar la posición jurídica de las autoridades alemanas y de MTW tolerando un pago ilegal y, de forma paralela, ampliar las facultades de la Comisión una vez transcurrido el plazo fijado por el Consejo.
67 Las demandantes señalan que hasta la recepción del escrito de contestación no fueron informadas de que el segundo tramo de la ayuda objeto de litigio se había consignado en cuentas bloqueadas antes del 31 de diciembre de 1993, cuando el comunicado de prensa de 11 de mayo de 1994 insinuaba que el tramo se pagaría tras la adopción de la Decisión impugnada.
68 En su opinión, de la jurisprudencia puede deducirse que el incumplimiento de un plazo como el previsto en la Directiva 92/68 constituye una infracción del Derecho comunitario (sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de febrero de 1973, Comisión/Italia, 30/72, Rec. p. 161). En el presente asunto, el incumplimiento de la Séptima Directiva por parte de la Comisión no puede justificarse, ya que el retraso en la tramitación del expediente sólo es imputable a MTW. Las demandantes añaden que la ayuda no sólo no debería haberse pagado hasta ser aprobada por la Comisión, sino que además debería haber sido compatible con el mercado común en una fecha anterior al 31 de diciembre de 1993. Pues bien, dado que la Decisión impugnada se adoptó en mayo de 1994, debería haberse basado en circunstancias de hecho totalmente distintas de las existentes en el momento en que se suponía que tenía que pagarse la ayuda, a saber, en un momento en que el astillero debería haber sido trasladado. Estas últimas circunstancias hacen que el pago sea ilegal (sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 1977, Jansen, 104/76, Rec. p. 829).
69 Las demandantes niegan la afirmación de MTW según la cual el pago del segundo tramo de la ayuda se aprobó, en sustancia, cuando la Comisión decidió, el 23 de diciembre de 1992, aprobar el primer tramo de la ayuda. Esta afirmación queda desvirtuada por la enumeración que hace la Comisión, en el escrito de contestación, de los requisitos que debían cumplirse antes de que el segundo tramo de la ayuda pudiera declararse compatible con el mercado común.
70 Por último, las demandantes refutan la afirmación de la Comisión según la cual carecían de interés legítimo para solicitar la anulación de la Decisión impugnada, dado que esta Decisión las afecta individual y directamente. Por otra parte, de la jurisprudencia resulta que se exige cierto formalismo en el funcionamiento de la Comisión (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de junio de 1994, Comisión/BASF y otros, «PVC», C-137/92 P, Rec. p. I-2555; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 29 de junio de 1995, Solvay/Comisión, T-32/91, Rec. p. II-1825, que es actualmente objeto de un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, con el número C-288/95 P, e ICI/Comisión, T-37/91, Rec. p. II-1901, que es actualmente objeto de un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, con el número C-286/95 P). Según las demandantes, el incumplimiento de normas formales constituye en sí una infracción que implica la anulación de una Decisión, tanto si dicho incumplimiento produce efectos sobre la Decisión impugnada como si no.
71 El Gobierno danés comparte el razonamiento de las demandantes según el cual la Comisión no era, en mayo de 1994, competente para adoptar la Decisión impugnada. En efecto, el plazo fijado en el apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva no representa una norma formal de procedimiento, sino que constituye uno de los requisitos de la compatibilidad de la ayuda con el mercado común. A diferencia de lo que piensa la Comisión, la distinción entre una ayuda ilícita y una ayuda incompatible con el mercado común carece de pertinencia para apreciar las ayudas de Estado basadas en el régimen transitorio y específico establecido para los astilleros de la antigua República Democrática Alemana por la Directiva 92/68.
72 El Gobierno danés niega la afirmación de la Comisión según la cual las disposiciones transitorias no fueron expresamente prorrogadas, como consecuencia de un simple malentendido, cuando se adoptó la Directiva 93/115. Señala que la cuestión se debatió en el Consejo cuando se examinó el proyecto de la Directiva. Según dicho Gobierno, el Consejo consideró unánimemente que no debía prolongarse la validez de las normas especiales para los astilleros de la antigua República Democrática Alemana. Además, el plazo mencionado se fijó para tener en cuenta las posibilidades de los Estados miembros y de otras partes interesadas en adoptar disposiciones comerciales. Estos debían tener la certeza jurídicamente protegida de poder actuar de conformidad con las normas de la Directiva, con arreglo al plazo vigente. La propia Comisión reconoció, en su respuesta a la pregunta escrita nº 2792/92 del Parlamento Europeo, la importancia decisiva de este plazo (DO 1993, C 195, p. 18).
73 Por otra parte, según el Gobierno danés, la Comisión aprobó, mediante la Decisión impugnada, el pago del segundo tramo de la ayuda sobre una base equivocada. En efecto, en el momento en que el Gobierno alemán comunicó a la Comisión el pago de la ayuda objeto de litigio, es decir, el 17 de marzo de 1994, la ayuda se destinaba a un astillero que debía trasladarse. Pues bien, el Gobierno danés estima que, en la Decisión impugnada, la Comisión suponía que MTW permanecería en el lugar inicialmente previsto.
74 Por último, por lo que respecta a la consignación de una parte del segundo tramo de la ayuda en cuentas bloqueadas a la espera de la aprobación de la Comisión, el Gobierno danés considera que si esta consignación equivalía al pago, era ilegal, ya que la Comisión todavía no había dado su autorización. Añade que si, por el contrario, la consignación no equivalía al pago, éste no se produjo hasta la liberación de la consignación en 1994. En este caso, sería ilegal, ya que la aprobación de la Comisión tuvo lugar en una fecha en que dicha Institución no era ya competente para darla y porque el pago no podía producirse legalmente después del 31 de diciembre de 1993. A este respecto, la Decisión impugnada no refleja claramente si el pago se produjo en 1993 o no se produjo hasta 1994.
75 La Comisión alega que, según la jurisprudencia, es necesario distinguir entre, por una parte, una ayuda de Estado inválida (o ilegal) y, por otra, una ayuda de Estado incompatible con el mercado común (sentencia FNCE, antes citada, apartados 9 a 11).
76 Destaca que, en el presente asunto, las autoridades alemanas pagaron la ayuda antes de la aprobación de la Comisión. No obstante, la invalidez de dicha ayuda, conforme a la jurisprudencia antes citada, no impedía que la Comisión la declarara compatible con el mercado común, dado que había sido concedida antes de la fecha límite contemplada en el apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva, y que, además, se habían cumplido todos los demás requisitos previstos por dicho artículo. Por consiguiente, el papel de la Comisión se limitó a evaluar la compatibilidad de la ayuda, aunque ésta se hubiera pagado antes de su aprobación.
77 Por lo que respecta al pago del segundo tramo de la ayuda, la Comisión afirma que del escrito de 2 de febrero de 1994, enviado por las autoridades alemanas, se desprende que el 30 de diciembre de 1993 se consignaron 220,8 millones de DM en metálico en cuentas bloqueadas, en favor de MTW, a la espera de la aprobación de la Comisión. A este respecto, la Comisión niega la afirmación de las demandantes según la cual no se las informó de este pago antes de que interpusieran el recurso. El pago de la ayuda controvertida fue objeto de discusiones durante las reuniones de 3 de febrero, 7 de febrero y 21 de marzo de 1994, en las que participaron también las demandantes. Según la Comisión, el artículo 48 del Reglamento de Procedimiento impide que las demandantes invoquen, en la fase de réplica, alegaciones basadas en esta afirmación errónea.
78 Habida cuenta de los motivos que hicieron que la Decisión se demorase, a saber, la presentación de un proyecto de traslado justificado por razones puramente objetivas, y las numerosas reuniones a que dio lugar este proyecto, fundamentalmente con las demandantes, la Comisión refuta su incompetencia ratione temporis.
79 A este respecto, la Comisión alegó durante la vista que el artículo 10 bis de la Séptima Directiva autorizaba el pago de las ayudas de funcionamiento para contratos firmados entre el 1 de julio de 1990 y el 31 de diciembre de 1993. Así, era competente, incluso después de esta última fecha, para aprobar las ayudas, siempre que éstas se pagaran en relación con tales contratos. En consecuencia, el plazo que figura en el artículo 10 bis no es el plazo señalado para adoptar la Decisión sobre la compatibilidad.
80 A continuación, la Comisión señala que, si bien es cierto que el párrafo primero del apartado 2 del artículo 10 bis preveía como fecha límite el 31 de diciembre de 1993, el plazo correspondiente no era un «plazo perentorio». Se insertó en la Directiva 92/68 únicamente para que el período de validez de esta última coincidiera con el de la Séptima Directiva. En efecto, en el momento en que se adoptó la Directiva 92/68, el 20 de julio de 1992, aún no se sabía que el 16 de diciembre de 1993 se prorrogaría la validez de la Séptima Directiva hasta el 31 de diciembre de 1994 mediante la Directiva 93/115. Aunque es de lamentar que esta última Directiva no haya prorrogado expresamente el plazo señalado por el apartado 2 del artículo 10 bis, sería extremadamente formalista deducir de ello, únicamente sobre esta base, que la Comisión no era competente para autorizar, después del 31 de diciembre de 1993, el segundo tramo de la ayuda.
81 Por último, siempre según la Comisión, la compatibilidad de una ayuda debe apreciarse en relación con los efectos que produce en el mercado en el momento en que se concede, es decir, antes del 31 de diciembre de 1993, cosa que sucedió en el caso de autos. El hecho de que la Comisión adoptara su Decisión después del 31 de diciembre de 1993 no produjo efectos negativos sobre la situación de competencia de las sociedades demandantes. En consecuencia, éstas no tenían un interés legítimo en solicitar la anulación de la Decisión impugnada.
82 La parte coadyuvante MTW suscribe el razonamiento presentado por la Comisión por lo que respecta a las consecuencias que deben extraerse de la expiración del plazo previsto en el apartado 2 del artículo 10 bis. En particular, de la jurisprudencia resulta que la mera infracción de la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado, en la medida en que la ayuda de que se trata se pagó antes del 31 de diciembre de 1993, no implica la incompatibilidad de la ayuda con el mercado común, dado que, en efecto, la Comisión no está facultada para declarar las ayudas incompatibles por el simple motivo de que se haya infringido este último artículo (sentencia FNCE, antes citada, apartados 13 y 14; conclusiones del Abogado General Sr. Jacobs en dicha sentencia, punto 21).
83 Según MTW, la ayuda objeto de litigio fue ya autorizada, en sustancia, por la Decisión de la Comisión de 23 de diciembre de 1992, relativa al primer tramo de la ayuda. Las dos Decisiones de la Comisión no autorizan dos ayudas de Estado distintas, sino un primer y un segundo tramo de una sola y misma ayuda. Mediante su Decisión de 23 de diciembre de 1992, la Comisión indicó que, teniendo en cuenta los datos facilitados por el Gobierno alemán los días 2 y 4 de diciembre de 1992, estaba en condiciones de evaluar la ayuda de que se trata. El pago del segundo tramo se supeditaba únicamente a la presentación por el Gobierno alemán de una declaración relativa a la reducción total de la capacidad de construcción naval, tal como se repartía entre los diferentes astilleros, y de los informes «spill-over». En estas circunstancias, siempre según MTW, la Comisión era competente para aprobar el desbloqueo del segundo tramo en 1994, ya que éste sólo dependía de que se reunieran los requisitos formales.
84 Por último, MTW alega que, teniendo en cuenta que el plazo de que se trata era una mera norma de procedimiento, el fundamento del presente motivo está supeditado al requisito de que las demandantes demuestren que la Comisión se habría negado a autorizar el desbloqueo del segundo tramo de la ayuda si hubiera adoptado su Decisión antes de que finalizara el año 1993, o que las disposiciones de que se trata tenían por objeto proteger sus intereses (sentencias Distillers Company/Comisión y Marcato/Comisión, antes citadas). Pues bien, esto no sucede en el caso de autos).
- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
85 Con carácter preliminar, debe destacarse que la Directiva 92/68, que introdujo el artículo 10 bis en la Séptima Directiva, constituyó una excepción específica y transitoria en materia de ayudas de Estado. Así, del segundo considerando de su exposición de motivos resulta, por una parte, que era necesaria una reestructuración del sector de la construcción naval de Alemania Oriental para hacerlo competitivo y, por otra parte, que debía «ponerse en marcha un régimen transitorio específico para que el sector de la construcción naval [de la antigua República Democrática Alemana] pueda continuar funcionando durante la reestructuración gradual, de forma que [respetara] la normativa sobre ayudas estatales aplicable en toda la Comunidad».
86 Aunque la Directiva 93/115 modificó el artículo 13 de la Séptima Directiva, prorrogando la vigencia de esta última durante el año 1994, no modificó los plazos fijados por el artículo 10 bis de la Séptima Directiva. En efecto, si el nuevo plazo fijado por la Directiva 93/115 hubiese tenido que aplicarse igualmente al régimen especial en favor de los astilleros de Alemania Oriental, habría sido necesario que la Directiva 93/115 prorrogara expresamente el plazo fijado en el artículo 10 bis.
87 Por lo que respecta a la cuestión de si en el presente asunto se cumplió el requisito establecido en la letra a) in fine del apartado 2 del artículo 10 bis, según el cual las ayudas deberán haber sido pagadas antes del 31 de diciembre de 1993, el Tribunal de Primera Instancia señala que de las respuestas de la Comisión a las preguntas escritas de dicho Tribunal resulta, sin que lo nieguen las demandantes, que la parte concedida en metálico del segundo tramo de la ayuda de que se trata se consignó el 30 de diciembre de 1993, en favor de MTW, en cuentas bloqueadas en el Commerzbank y en el Dresdner Bank. La liberación de estos fondos se supeditó a la aprobación por un administrador nombrado por el Gobierno alemán y por un administrador nombrado por el beneficiario.
88 Corresponde al Tribunal de Primera Instancia examinar si esta consignación debe asimilarse a un pago, a efectos de la letra a) in fine del apartado 2 del artículo 10 bis. A diferencia de lo que afirma la Comisión, el artículo 48 del Reglamento de Procedimiento no prohíbe a las demandantes invocar una posible irregularidad en el pago del segundo tramo de la ayuda, ya que este último artículo no excluye el que se invoque una nueva alegación en apoyo del presente motivo.
89 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que del artículo 11 de la Séptima Directiva resulta que los Estados miembros deben notificar previamente a la Comisión y no pueden ejecutar sin su autorización ninguna decisión individual de aplicación del régimen especial establecido por el artículo 10 bis.
90 Así, tras haber sido informado mediante escrito de 15 de diciembre de 1993 de que la Comisión no podría adoptar una Decisión definitiva antes de que concluyera 1993 (véase el apartado 15 supra), el Gobierno alemán se vio obligado a actuar, si seguía queriendo conceder una ayuda de funcionamiento a MTW, teniendo en cuenta el conflicto entre las disposiciones aplicables. Por una parte, el apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva le obligaba a entregar la ayuda al beneficiario antes del 31 de diciembre de 1993. Por otra parte, debía respetarse el apartado 2 del artículo 11 de la misma Directiva, según el cual los Estados miembros no podían ejecutar la ayuda de Estado sin contar con la autorización previa de la Comisión.
91 Teniendo en cuenta el contexto concreto del caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia considera que el Gobierno alemán, que seguía queriendo conceder el segundo tramo de la ayuda a MTW, se vio obligado, para cumplir los requisitos del artículo 10 bis, a consignar la parte concedida en metálico del segundo tramo en cuentas bloqueadas. Por consiguiente, debe admitirse que el requisito relativo al pago de la ayuda se vio cumplido a través de esta consignación en favor de MTW antes del 31 de diciembre de 1993. Esta apreciación queda corroborada por el hecho de que, según datos facilitados por la Comisión durante la vista y no discutidos por las demandantes, los intereses de las cuentas bloqueadas pertenecían a MTW.
92 En cuanto a la cuestión de si la Comisión era competente, en mayo de 1994, para declarar compatible con el mercado común el segundo tramo de la ayuda en favor de MTW, procede recordar que la competencia de la Comisión para declarar compatibles con el mercado común las ayudas de Estado en el sector de la construcción naval está limitada por las Directivas vigentes (sentencias del Tribunal de Justicia de 18 de mayo de 1993, Bélgica/Comisión, antes citada, apartados 24 a 33, y de 5 de octubre de 1994, Alemania/Comisión, C-400/92, Rec. p. I-4701, apartados 13 a 16).
93 En efecto, de la estructura y del sistema del artículo 92 del Tratado resulta que su apartado 3 introduce la posibilidad de establecer, en casos concretos, excepciones a la prohibición de ayudas que, de otro modo, serían incompatibles. Por otra parte, la letra e) del apartado 3 del artículo 92 permite al Consejo ampliar el abanico de categorías de ayudas que pueden ser consideradas compatibles con el mercado común además de las categorías de las letras a), b), c) y d). Así, al adoptar la Séptima Directiva, el Consejo, partiendo de la afirmación de la incompatibilidad de las ayudas a la construcción naval, conforme a la ratio del apartado 3 del artículo 92, tuvo en cuenta una serie de exigencias de orden económico y social que le llevaron a hacer uso de la facultad que le reconoce el Tratado de considerar, no obstante, que estas ayudas son compatibles con el mercado común, siempre que respondan a los criterios para el establecimiento de excepciones contenidos en la Directiva (sentencia de 5 de octubre de 1994, Alemania/Comisión, antes citada, apartado 15).
94 En el momento en que se produjeron los hechos que dieron lugar al litigio, la Séptima Directiva autorizaba a la Comisión a declarar compatibles con el mercado común determinadas ayudas de funcionamiento, siempre que la ayuda individual concedida para un contrato no excediera de un límite máximo fijado en el 9 % del valor contractual antes de la ayuda. Pues bien, para facilitar la reestructuración en la antigua República Democrática Alemana, el Consejo, introduciendo una excepción a este régimen, decidió en el artículo 10 bis de la Séptima Directiva que «hasta el 31 de diciembre de 1993 [...] [podían] considerarse compatibles con el mercado común» determinadas ayudas especiales de funcionamiento que excedieran de dicho límite, siempre que se reunieran los requisitos enumerados en los apartados 2 y 3 de dicho artículo.
95 A continuación, debe señalarse que uno de los requisitos para permitir el pago de estas ayudas especiales de funcionamiento era que «no se [concedieran] otras ayudas a la producción por contratos firmados entre el 1 de julio de 1990 y el 31 de diciembre de 1993» [letra b) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva]. El Tribunal de Primera Instancia considera que de esta disposición se desprende que la Comisión tenía la competencia y la obligación de tomar en consideración la necesidad y, por consiguiente, la compatibilidad de las ayudas de funcionamiento pagadas en favor de los contratos celebrados durante todo este período de referencia, incluidos los contratos que pudieran haberse firmado el último día, es decir, el 31 de diciembre de 1993.
96 Habida cuenta de que el examen de la compatibilidad de las ayudas de Estado consiste normalmente en una apreciación económica y técnica compleja que exige cierto tiempo, debe admitirse que, cuando adoptó la Directiva 92/68, el legislador comunitario reconoció a la Comisión la facultad de adoptar, en determinados casos, su Decisión respecto a la compatibilidad aún después del 31 de diciembre de 1993. A este respecto, es necesario indicar que ni siquiera el propio tenor literal del artículo 10 bis exige expresamente que la Comisión adopte su Decisión antes del 31 de diciembre de 1993. Por otra parte, dado que se trata de ayudas de funcionamiento, es decir, en particular, de ayudas a la producción vinculadas a contratos específicos, el Tribunal de Primera Instancia considera que, por lo que se refiere a los efectos de las ayudas en el plano de la competencia, sólo tiene importancia el momento de la firma de dichos contratos, y no el momento en que se adopta la Decisión de la Comisión respecto a la compatibilidad de tales ayudas con el mercado común.
97 Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Tribunal de Primera Instancia estima que, en mayo de 1994, la Comisión era competente para pronunciarse, en la Decisión impugnada, sobre la compatibilidad con el mercado común del segundo tramo de la ayuda objeto de litigio.
98 El hecho de que la parte concedida en metálico de este segundo tramo de la ayuda se consignara en cuentas bloqueadas antes de la adopción de dicha Decisión, consignación que se considera pago a efectos de la letra a) in fine del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva, no puede modificar esta apreciación. En efecto, en su sentencia FNCE, antes citada, el Tribunal de Justicia consideró que la Comisión está obligada a examinar la compatibilidad de una ayuda con el mercado común aun en los casos en que el Estado miembro haya infringido la prohibición de ejecución de las medidas de ayuda antes de que la Comisión adopte su Decisión.
99 Si bien es cierto, como señalaron durante la vista las demandantes y el Gobierno danés, que la Comisión consideró, en el contexto de las ayudas a la siderurgia, que del artículo 5 de la Decisión nº 3855/91 de la Comisión, antes citada, a tenor del cual «[podían] considerarse compatibles con el mercado común hasta el 31 de diciembre de 1994 las ayudas regionales a las inversiones [...]», se desprendía que, tras la expiración de dicho plazo, ya no disponía de la competencia conferida por tal artículo, esta apreciación, aun cuando fuera exacta, no puede vincular al Tribunal de Primera Instancia. En cualquier caso, en el presente asunto no puede llegarse a una conclusión similar, aunque sólo sea porque el artículo 10 bis de la Séptima Directiva no imponía ningún plazo para la notificación, a diferencia de la Decisión invocada, cuyo apartado 1 del artículo 6 preveía la notificación de los proyectos de ayudas dentro de plazo, en aquel caso, al menos seis meses antes de la fecha límite, para que la Comisión pudiera iniciar y finalizar el procedimiento antes de dicha fecha límite.
100 Por otra parte, procede indicar que la adopción de la Decisión impugnada después del 31 de diciembre de 1993 estaba justificada por razones objetivas. La ciudad de Wismar había querido encontrar una nueva localización para el astillero, de forma que MTW había analizado las posibilidades de trasladarse a nuevos terrenos ocupados hasta entonces por tropas soviéticas. No obstante, el examen se había retrasado a causa del estado en que el ejército soviético había dejado tales terrenos. En consecuencia, el Gobierno alemán no había podido informar a la Comisión del proyecto de traslado hasta el mes de agosto de 1993. Dado que el proyecto de traslado fue abandonado el 29 de abril de 1994, la Comisión adoptó la Decisión impugnada poco tiempo después. Además, habida cuenta de que el proyecto de ayuda había sido ya notificado en 1992 y el primer tramo de la ayuda había sido aprobado por la Comisión en diciembre de 1992, el Tribunal de Primera Instancia considera que el Gobierno alemán no pretendió eludir las disposiciones de que se trata.
101 Finalmente, procede indicar que la Decisión de 1994 sobre la compatibilidad del segundo tramo no pudo sorprender a los operadores económicos del mercado. En efecto, esta cuestión de compatibilidad había sido objeto de varias reuniones multilaterales durante el año 1993 y a principios de 1994. En particular, las demandantes habían conocido detalladamente los datos del presente asunto. Conocían la Decisión de 23 de diciembre de 1992 por la que se aprobó el primer tramo de la ayuda y, durante el procedimiento administrativo, habían participado en varias reuniones. Por último, habían tenido acceso a varios documentos del expediente. Por consiguiente, aun cuando se considere que el plazo para adoptar la Decisión había sido fijado para tener en cuenta las posibilidades de los Estados miembros y de otras partes interesadas en adoptar disposiciones comerciales, es necesario señalar que, de hecho, las propias demandantes podían adoptar las disposiciones comerciales oportunas, teniendo en cuenta su participación en el procedimiento administrativo y, en particular, su conocimiento del retraso sufrido por este último.
102 De las consideraciones anteriores resulta que procede desestimar el presente motivo.
Sobre el motivo basado en el incumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva
103 El motivo se articula en tres partes. Las demandantes censuran, en primer lugar, a la Comisión el haber autorizado una ayuda que excedía del límite del 36 % establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva. En segundo lugar, añaden que la Comisión no se aseguró de que el Gobierno alemán efectuaría, antes del 31 de diciembre de 1995, una reducción de la capacidad de los astilleros auténtica e irreversible igual al 40 % de la capacidad existente a 1 de julio de 1990. Por último, afirman que la Comisión concedió indebidamente la posibilidad de aumentar la capacidad transcurridos cinco o diez años.
Sobre la primera parte del motivo, basada en un incumplimiento de la letra a) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva
- Alegaciones de las partes
104 Las demandantes alegan que la ayuda aprobada excede del límite fijado por la letra a) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva, dado que dicho límite se había fijado en el «36 % del volumen de negocios anual de referencia sobre tres años en trabajos de construcción y de transformación navales tras la reestructuración». Con arreglo a la comunicación de 25 de mayo de 1992, este volumen de negocios anual de referencia debería calcularse multiplicando el número de trabajadores previstos al final del período de reestructuración por un valor de producción medio por empleado de 240.000 DM. Como el número de puestos de trabajo previsto para 1995 en el astillero era de 1.790, el límite de la ayuda ascendía a 464 millones de DM.
105 En la réplica, las demandantes estimaron el límite en 486 millones de DM basándose en los volúmenes de negocios de 1992 y de 1993, que ascendieron aproximadamente a 450 millones de DM y que la Comisión conocía cuando adoptó la Decisión impugnada. En cualquier caso, según las demandantes, la ayuda total de 597,2 millones de DM (un primer tramo de 191,2 millones de DM y un segundo tramo de 406 millones de DM) excede del límite autorizado.
106 La Comisión niega que la ayuda aprobada excediera del límite fijado por la letra a) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva. De los trabajos preparatorios, en particular, de la comunicación de 25 de mayo de 1992, resulta que se había previsto una ayuda de funcionamiento de 714,6 millones de DM en favor de MTW. El límite del 36 % se calculó sobre esta base para permitir la concesión de una ayuda que ascendiera a dicha cantidad. El Consejo era plenamente consciente de tales datos cuando se adoptó la Directiva 92/68. Por consiguiente, según la Comisión, como la ayuda efectivamente pagada sólo ascendió en total a 597,2 millones de DM, no constituía una infracción de la letra a) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva.
107 Además, la Comisión alega que las demandantes utilizan equivocadamente los volúmenes de negocios reales para 1992 y 1993. En efecto, a tenor de la disposición de que se trata, el límite debería fijarse sobre la base «del volumen de negocios anual de referencia [...] tras la reestructuración». Por consiguiente, la utilización del volumen de negocios real para los dos ejercicios económicos, antes de que hubiera finalizado el proceso de reestructuración va en contra del propio tenor literal de la disposición y se opone a las intenciones del Consejo, tal como resultan de los trabajos preparatorios.
108 El Gobierno alemán considera que la intensidad de la ayuda finalmente concedida a MTW, a saber, 597,2 millones de DM, sólo ascendía al 31,7 %.
109 MTW suscribe en lo fundamental el razonamiento presentado por la Comisión.
- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
110 Con arreglo a la letra a) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva, pueden considerarse compatibles con el mercado común las ayudas de funcionamiento, siempre que «no superen [...] un límite máximo igual al 36 % del volumen de negocios anual de referencia sobre tres años en trabajos de construcción y de transformación navales tras la reestructuración».
111 Del propio tenor literal de esta disposición resulta que el método de cálculo de las demandantes, anticipado en su escrito de réplica y basado en los volúmenes de negocios reales de 1992 y de 1993, no es pertinente. En efecto, la citada disposición prevé expresamente como base de cálculo un volumen de negocios anual de referencia «tras» la reestructuración proyectada, es decir, después de 1995, dado que se había previsto que dicha reestructuración durara hasta el 31 de diciembre de 1995.
112 Tampoco puede acogerse la teoría formulada por las demandantes en la demanda (véase el apartado 104 supra).
113 En efecto, debe recordarse que la Directiva 92/68 no contiene ninguna definición del concepto de «volumen de negocios anual de referencia». No obstante, en la comunicación de 25 de mayo de 1992 aparece una definición. Según dicha comunicación, el volumen de negocios de referencia tras la reestructuración debe calcularse «multiplicando el número de empleados que se prevé para el final del período de reestructuración por un valor medio de producción por empleado de 240.000 DM».
114 En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia señala que el legislador comunitario introdujo como base de cálculo un volumen de negocios hipotético, dado que la reestructuración estaba prevista hasta 1995, mientras que las ayudas autorizadas por la Directiva 92/68 estaban destinadas a facilitar la continuación de las operaciones de los astilleros de Alemania Oriental durante este período de reestructuración progresiva.
115 Según la comunicación de 25 de mayo de 1992, todos los astilleros de Alemania Oriental tenían pedidos que atender hasta 1993 sobre la base de contratos firmados antes del 1 de julio de 1990, para los que las ayudas no se consideraban ayudas de funcionamiento a efectos de la Séptima Directiva. Por esta razón, parecía necesario introducir un volumen de negocios hipotético. En efecto, el legislador comunitario no podía utilizar un límite especial expresado en un porcentaje del valor contractual antes de la ayuda (véase el artículo 4 de la Séptima Directiva) ni en un porcentaje del volumen de negocios anual realizado por el beneficiario de la ayuda (véase el artículo 5 de la misma Directiva).
116 Ha quedado acreditado que el número de empleados podía estimarse en 1.790 al final del período de reestructuración, conforme a las estimaciones de la Comisión contenidas en su comunicación de 25 de mayo de 1992. Por consiguiente, procede hacer constar que el importe del «volumen de negocios anual de referencia sobre tres años en trabajos de construcción y de transformación navales» de MTW ascendía, según la definición antes citada, a 1.288,8 millones de DM (1.790 x 3 x 240.000 DM).
117 De los trabajos preparatorios de la Directiva 92/68, en particular del punto V.8 de la comunicación de 25 de mayo de 1992, resulta que, en el momento en que se adoptó dicha Directiva, estaba previsto conceder a MTW una ayuda de funcionamiento que ascendía a 714,6 millones de DM. Para permitir una ayuda de este importe, la Comisión, en su comunicación, calculó «a la inversa» un límite de ayuda expresado en términos de porcentaje del «volumen de negocios anual de referencia sobre tres años en trabajos de construcción y de transformación navales tras la reestructuración», quedando fijado dicho volumen de negocios en 1.288,8 millones de DM.
118 Por lo que respecta a MTW, y sin que se desprenda expresamente de su propuesta, la Comisión tuvo que calcular el porcentaje del 35,7 % mediante la siguiente fórmula:
ayuda       714,6 Millones de DM
--------------------- = --------------------= 35,7 %
volumen de negocios + ayuda (1.288,8 + 714,6) Millones de DM
119 El Tribunal de Primera Instancia considera que este método de cálculo, que corresponde al método utilizado en el apartado 1 del artículo 4 de la Séptima Directiva [véase también la definición contenida en la letra e) del artículo 1 de la Séptima Directiva] y que se explica por el deseo de tratar la ayuda prestada directamente al astillero de igual forma que la ayuda prestada indirectamente a través de un armador, fue implícitamente aprobado por el Consejo. En efecto, representa la única fórmula que, a partir de la ayuda expresamente proyectada de 714,6 millones de DM y del cálculo de volumen de negocios indicado en el apartado 116 supra, puede explicar el límite del 36 % adoptado por la Directiva 92/68.
120 De las consideraciones anteriores se desprende que el límite previsto por la letra a) del apartado 2 del artículo 10 bis de dicha Directiva autorizaba una ayuda total de funcionamiento de 714,6 millones de DM. Por consiguiente, dado que la ayuda efectivamente pagada sólo ascendió en total a 597,2 millones de DM, la autorización del segundo tramo no puede constituir una infracción de esta disposición.
121 En consecuencia, la primera parte del motivo debe ser desestimada.
Sobre la segunda parte del motivo, basada en una infracción de la letra c) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva, en la medida en que prevé una reducción de capacidad antes del 31 de diciembre de 1995
- Alegaciones de las partes
LOS FUNDAMENTOS SIGUEN EN EL NUM.DOC: 694A0266.1
122 Las demandantes alegan que la Comisión autorizó la ayuda sin asegurarse de que el Gobierno alemán fuera a llevar a cabo, antes del 31 de diciembre de 1995, una reducción de capacidad auténtica e irreversible igual al 40 % de la capacidad existente en la antigua República Democrática Alemana a 1 de julio de 1990. En opinión de las demandantes, la reestructuración del astillero MTW, tal como fue autorizada por la Decisión impugnada, no limitaba la capacidad a 100.000 tbc a efectos de la Séptima Directiva, sino que, por el contrario, permitía a MTW producir una cantidad muy superior. Según las estimaciones del consultor de las demandantes, C.R. Cushing & Co. Inc. (en lo sucesivo, «Cushing»), la capacidad podría alcanzar las 200.000 tbc anuales. Por consiguiente, la reducción total en los nuevos Länder tras la reestructuración no sería del 40 %.
123 Según las demandantes, si bien es cierto que la letra c) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva exige que se reduzca la capacidad total del conjunto de los astilleros de la antigua República Democrática Alemana, es necesario, no obstante, que se atribuya a cada astillero una determinada capacidad. Teniendo en cuenta el informe de la Comisión de 1 de abril de 1993, antes mencionado, el Gobierno alemán se comprometió, por lo que se refiere a MTW, a respetar un límite de capacidad de 100.000 tbc (véase el punto 9 supra). A este respecto, la distribución por cuotas no incluye ningún margen de aumento de la capacidad, de forma que cualquier exceso sobre las cuotas de tbc atribuidas a los distintos astilleros implicaría un exceso sobre la capacidad total y, por consiguiente, el incumplimiento del requisito que impone una reducción de capacidad del 40 %.
124 Las demandantes afirman, en segundo lugar, que la ayuda fue autorizada sin aprobar previamente, como exige la letra c) del apartado 2 del artículo 10 bis, un calendario que garantizara una reducción auténtica e irreversible del 40 % de las capacidades de construcción naval en la antigua República Democrática Alemana. Por otra parte, parece que el primer informe «spill-over» no se entregó a la Comisión hasta finales de febrero de 1993. Pues bien, tales requisitos son, siempre según las demandantes, normas esenciales estrechamente vinculadas a los demás requisitos enunciados por el artículo 10 bis.
125 Por lo que respecta al concepto de «capacidad», las demandantes alegan que la Comisión lo interpretó erróneamente y, al mismo tiempo, lo modificó durante el procedimiento administrativo. En consecuencia, ya no es posible determinar si la limitación impuesta por la letra c) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva fue efectivamente respetado, en particular para MTW.
126 Según las demandantes, por «capacidad» debe entenderse la producción máxima del astillero en condiciones óptimas. Esta interpretación queda corroborada por el hecho de que, al adoptar la Directiva 92/68, la capacidad se calculó sobre la base de un «cálculo de los recursos [...] mediante la comparación de las horas-hombre necesarias para construir un buque con las horas-hombre disponibles» (véase la comunicación de 25 de mayo de 1992).
127 Haciendo referencia al Informe de la Comisión de 8 de noviembre de 1991 sobre la situación de la industria de la construcción naval en la Comunidad [documento SEC(91) 2057 final] y, en particular, a las cifras reales de producción en la antigua República Democrática Alemana, las demandantes alegan que nunca se alcanzó la capacidad a 1 de julio de 1990, fijada en 545.000 tbc en la Directiva 92/68. La producción real máxima ascendió, aproximadamente, a 502.000 tbc (1984 y 1985) y a 345.000 tbc en 1990.
128 Por consiguiente, siempre según las demandantes, el concepto de capacidad debe interpretarse como la producción máxima absoluta. El fundamento de esta interpretación queda confirmado por los trabajos preparatorios, en particular, por el documento nº 7049/92 del Consejo, de 10 de junio de 1992, relativo a una reunión del Coreper de junio de 1992, así como por un documento de la propia Comisión (DG III.C.3, de 4 de febrero de 1985), en el que el concepto de «capacidad nacional» se considera equivalente al de «capacidad teórica máxima». Además, la definición de la capacidad se encuentra en el sistema de información global de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (en lo sucesivo, «OCDE») sobre la capacidad en materia de construcción naval, informes anuales: se trata de «la capacidad máxima que puede utilizarse para la construcción de buques mercantes, teniendo en cuenta las posibilidades físicas y todas las limitaciones legales y administrativas en la materia». Finalmente, según el informe de expertos elaborado por Cushing, la capacidad es «la aptitud para producir, es decir, la producción máxima».
129 Siempre según las demandantes, para evitar que la reducción exigida por la Directiva 92/68 se convierta en ilusoria, es importante que no se modifique el concepto de capacidad. Pues bien, este concepto fue posteriormente modificado por la Comisión, dado que, cuando estimó la capacidad tras la reestructuración, ésta ya no examinó la capacidad potencial, sino, en contra del sentido de la Directiva 92/68, la «capacidad real», es decir, «la producción que puede realizarse en buenas condiciones normales».
130 En este contexto, la producción real es siempre inferior a la capacidad, teniendo en cuenta los puntos de estrangulamiento existentes en la producción. A este respecto, según las demandantes, no puede admitirse la afirmación de la Comisión según la cual puede reducirse la capacidad de forma auténtica e irreversible garantizando el mantenimiento de varias restricciones y puntos de estrangulamiento en las instalaciones de producción, ya que tales puntos de estrangulamiento sólo reducen la producción real y no la capacidad.
131 Basándose en el informe de expertos elaborado por Cushing, las demandantes afirman que la mayoría de los puntos de estrangulamiento detectados, suponiendo que existan, pueden suprimirse con inversiones relativamente pequeñas. Por ejemplo, por lo que respecta a la producción de acero, bastaría con aumentar el equipo de preparación. En particular, el espacio de preparación del acero no constituye un verdadero punto de estrangulamiento y el cálculo de la capacidad debe partir siempre de la hipótesis de 3 equipos al día, máximo posible en condiciones normales, y no 1,7 equipos al día, como supone la Comisión.
132 Además, de la correspondencia mantenida con la Comisión resulta que, según el propio consultor de dicha Institución, sería posible suprimir los puntos de estrangulamiento limitando la «capacidad» de MTW a 100.000 tbc. Así, la producción podría sobrepasar el límite asignado.
133 Por lo que se refiere a las estimaciones de la Comisión relativas a la capacidad de MTW, las demandantes las consideran inexactas, ya que se basan en el supuesto erróneo de que el astillero producirá 2,5 petroleros de tipo E 3. En este punto, los consultores de la Comisión -y, por lo tanto, también la propia Comisión- basaron la evaluación de la capacidad en la posibilidad de transformar 102.500 toneladas de acero al año, equivalente a una producción de 2,5 petroleros de tipo E 3, lo que corresponde, según la Comisión, a la capacidad de 100.000 tbc anuales asignada a MTW. No obstante, según las demandantes, este método de cálculo es engañoso, por varias razones.
134 Por una parte, la hipótesis según la cual MTW producirá únicamente buques de tipo E 3 no se corresponde con la realidad, cosa que la Comisión y MTW reconocieron durante la fase escrita, al declarar que eran conscientes de que la producción se basaría en una diversificación de los buques, incluyendo, en particular, petroleros E 3, buques portacontenedores y buques de pasajeros. Además, es poco probable que MTW construya en el futuro buques E 3, dado que la demanda en el mercado mundial es inferior a la prevista, que no hay, según parece, encargos de petroleros de tipo E 3 en la cartera de pedidos de MTW y que, en la actualidad, el puerto de Wismar no es lo suficientemente ancho como para permitir la salida de un buque de tipo E 3.
135 Por otra parte, si los cálculos se basaran en una producción de buques más realista y previsible, la capacidad expresada en tbc sería -siendo iguales, por otra parte, todos los demás elementos, principalmente la transformación de 102.500 toneladas de acero al año- superior al límite autorizado de 100.000 tbc. En efecto, del documento C/WP6/SG(94)8 de la OCDE se desprende que si se utilizaran los coeficientes más elevados de otros tipos de buques, se obtendría un aumento de la capacidad en tbc, cosa que reconocieron los consultores de la Comisión. Según las demandantes, un documento presentado por ellas durante la vista demuestra que si se hubieran tomado como base de cálculo otras gamas de productos y, en particular, la gama que MTW tenía inicialmente intención de construir, la producción del astillero, en el marco de la transformación de acero autorizada, habría excedido de las 100.000 toneladas atribuidas.
136 Finalmente, las demandantes censuran a la Comisión por haber aplicado equivocadamente el coeficiente de los buques de tipo E 3 de casco simple (0,25) en lugar del coeficiente de los buques de doble casco (0,30), dado que este último coeficiente era aplicable cuando se adoptó la Decisión impugnada.
137 El Gobierno danés alega que la Comisión no garantizó que el límite de capacidad fijado por la letra c) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva se respetaría a partir del 1 de enero de 1996. Por consiguiente, considera que debe anularse la Decisión impugnada.
138 Por lo que se refiere a la capacidad total de los astilleros de la antigua República Democrática Alemana, el Gobierno danés apoya totalmente las alegaciones de las demandantes.
139 Respecto a la capacidad de MTW, consideró que, a 31 de diciembre de 1995, la capacidad del astillero de MTW excedería de 100.000 tbc. Sobre la base de un informe elaborado por Carl Bro Industry & Marine A/S (en lo sucesivo, «Carl Bro»), afirmó que la capacidad de MTW y la capacidad total en la antigua República Democrática Alemana ascendería, de forma aproximada, a 240.000 tbc y 576.000 tbc anuales, respectivamente. En apoyo de esta teoría, alegó que parece que las instalaciones de producción del astillero de MTW están sobredimensionadas respecto a la capacidad autorizada y que los puntos de estrangulamiento que afectan al astillero carecen de importancia real, ya que los únicos puntos de estrangulamiento realmente limitativos para un astillero son las grúas y los diques. Por consiguiente, la reducción de capacidad no es irreversible.
140 Por último, el Gobierno danés afirma que, a diferencia de lo que piensa la Comisión, la capacidad de MTW no puede controlarse sobre la base de una limitación de la producción de acero, ya que no existe una relación constante entre el tonelaje bruto compensado, que constituye la medida de la producción y de la capacidad, y la utilización de acero para los distintos tipos de buques. Sobre esta cuestión, suscribe en sustancia las alegaciones formuladas por las demandantes.
141 La Comisión recuerda, con carácter preliminar, que el control que ejerce el Juez comunitario sobre las apreciaciones de la Comisión debería limitarse a comprobar el cumplimiento de las normas de procedimiento y de motivación, la exactitud material de los hechos y la falta de error manifiesto de apreciación o de desviación de poder. A este respecto, en su opinión, las demandantes no alegaron elementos que puedan demostrar la existencia de un error de hecho en el que se base la Decisión impugnada o de un error manifiesto de apreciación.
142 La Comisión señala, siempre con carácter preliminar, que la afirmación de las demandantes sobre la capacidad futura es prematura. Aun suponiendo que MTW efectuara cambios que tuvieran como resultado un aumento de la capacidad, esto sólo podría constituir una infracción de la Decisión impugnada que tendría por efecto que la ayuda ya no podría considerarse compatible con el mercado común. A este respecto, las autoridades alemanas podían haber procedido a la reducción global de la capacidad hasta el 31 de diciembre de 1995.
143 El legislador comunitario reconoció a la Comisión cierta facultad discrecional por lo que respecta a la interpretación del concepto de capacidad. La interpretación que de este concepto hacen las demandantes no se utiliza habitualmente en el sector y es, en cualquier caso, contraria a la intención del Consejo de mantener, en el sector de la construcción naval, una producción viable capaz de producir 327.000 tbc [545.000 tbc, menos el 40 %].
144 Según la Comisión, debe interpretarse que la capacidad hace referencia a la producción que puede realizarse en buenas condiciones normales, habida cuenta de las instalaciones disponibles. En su opinión, el concepto se aplicó de esta manera cuando se efectuó la estimación de la capacidad que figura en la Directiva 92/68, cosa que, por otra parte, aprobaron los Estados miembros. Los datos pertinentes demuestran que, a diferencia de lo que afirman las demandantes, los astilleros de Alemania Oriental estaban en condiciones de producir cantidades prácticamente equivalentes a la estimación de capacidad para 1990.
145 A continuación, la Comisión señala que supeditó su aprobación de la ayuda de funcionamiento al mantenimiento de varias restricciones y puntos de estrangulamiento en la producción. Aunque los puntos de estrangulamiento son temporales por su propia naturaleza, el hecho de suprimirlos o desviarlos sólo tendería a crear una disminución de la velocidad en otro lugar de la cadena de producción. Sobre este punto, el informe elaborado por el consultor de las demandantes prescinde, según la Comisión, de varias realidades del astillero de MTW, cuando afirma que determinados puntos de estrangulamiento podrían suprimirse con un coste relativamente bajo.
146 Por lo que respecta al concepto de «capacidad», la Comisión no lo cambió, a pesar de que el método de estimación de dicha capacidad se afinara un poco entre la evaluación hecha para 1990 y la relativa a la capacidad futura. El método empleado difiere ligeramente, porque la Comisión disponía de muchos más datos detallados cuando evaluó la capacidad futura.
147 En cuanto al motivo formulado por las demandantes en relación con la falta de calendario para la reducción de la capacidad, la Comisión señala que no se basa en ningún elemento de prueba. Destaca que el escrito de 24 de julio de 1992 enviado por las autoridades alemanas a la Comisión contenía un calendario. En cualquier caso, según la Comisión, se produjeron efectivamente reducciones de capacidad en la antigua República Democrática Alemana. Por consiguiente, las demandantes carecían de interés legítimo para formular este motivo.
148 Por lo que respecta a los informes de expertos elaborados bien por Cushing, a petición de las demandantes, bien por Carl Bro, consultor del Gobierno danés, la Comisión estima que no tienen valor probatorio, dado que se basan en un conocimiento muy incompleto de los datos. Además, siempre según la Comisión, los consultores no tuvieron ocasión de visitar los astilleros ni tuvieron acceso a los planes de inversión o de concepción.
149 La Comisión niega la afirmación de las demandantes según la cual dicha Institución efectuó una evaluación inexacta al suponer que la producción sólo afectaría a petroleros de tipo E 3. Afirma que nunca hizo una suposición semejante. Era plenamente consciente de que la futura gama de productos sería objeto de diversificación e incluiría petroleros, portacontenedores y buques de pasajeros. Pues bien, dado que MTW tenía como objetivo llegar a una producción máxima de 2,5 petroleros de tipo E 3 al año, que representa 100.000 tbc, era natural evaluar la producción de acero en función de este tipo de buque. Por lo demás, los pedidos actuales de MTW no son elevados, dado que el dique de construcción todavía no está listo.
150 Por último, la Comisión señala que, en un primer momento, utilizó el coeficiente aplicable en 1992. Por consiguiente, no podía, al final del proceso de concepción, utilizar nuevos coeficientes negociados en el intervalo, por razones de seguridad jurídica.
151 El Gobierno alemán afirma, en primer lugar, que se comprometió frente a la Comisión a que los astilleros respetaran los planes de inversión y de construcción presentados al experto independiente de la Comisión y aprobados por este Gobierno, para garantizar que no se sobrepasaran los límites fijados para los distintos astilleros.
152 A continuación, alega que las cifras de producción de los astilleros de la antigua República Democrática Alemana se determinaron mediante estudios realizados por DMS Deutsche Maschinen- und Schiffbau AG (en lo sucesivo, «DMS») en colaboración con los distintos astilleros. Las divergencias de las cifras de producción antes de la reunificación pueden explicarse por el hecho de que la antigua República Democrática Alemana no facilitaba datos a ninguna organización multilateral y la industria tampoco presentaba declaraciones formales a una asociación profesional.
153 De ello resulta, según el Gobierno alemán, que, con las instalaciones y los empleados disponibles en condiciones favorables pero normales, los astilleros hubieran podido tener una producción efectiva del orden de 545.000 tbc anuales en la última fase de la antigua República Democrática Alemana, estableciéndose la capacidad más bien en alrededor de 600.000 tbc.
154 Por último, el Gobierno alemán suscribe la estimación de la Comisión según la cual la capacidad de un astillero debe calcularse sobre la base de 1,7 equipos al día. En efecto, de acuerdo con estudios realizados por la asociación Verband für Schiffbau und Meerestechnik eV, la media en la industria alemana asciende a 1,2 equipos de trabajadores al día. Además, el Gobierno federal señala que el acondicionamiento de las aguas del puerto de Wismar debía comenzar durante la segunda mitad del año 1995. En su opinión, como resultado de este acondicionamiento, los petroleros de tipo E 3 podrían llegar a Wismar.
155 Según la parte coadyuvante MTW, el hecho de que pueda, en su caso, producir más de 100.000 tbc -quod non- es indiferente a los efectos del artículo 10 bis de la Séptima Directiva. En efecto, la letra c) del apartado 2 de dicho artículo sólo exige una reducción general de la capacidad en la antigua República Democrática Alemana. En consecuencia, no obliga a la Comisión a velar por que se reduzca la capacidad del astillero de la parte coadyuvante, considerada separadamente.
156 Dado que las demandantes no demostraron que los demás astilleros de Alemania Oriental hubieran sobrepasado o utilizado completamente la capacidad que se les había asignado, de forma que el hecho de que la parte coadyuvante sobrepasara la capacidad implicaría un exceso sobre el límite general de 327.000 tbc, las alegaciones de las demandantes respecto a la capacidad individual del astillero de la parte coadyuvante carecen de pertinencia.
157 MTW indica a continuación que la fecha límite fijada por la letra c) del apartado 2 del artículo 10 bis para finalizar la reducción de capacidad era el 31 de diciembre de 1995. Por consiguiente, la Comisión no estaba obligada, cuando adoptó la Decisión impugnada, a declarar una ayuda incompatible con el mercado común debido a que no se hubiera garantizado una reducción de capacidad, que no era obligatoria en dicha fecha. Además, la disposición antes mencionada no exigía, stricto sensu, que se redujera la capacidad en un 40 %, sino únicamente que el Gobierno alemán se comprometiera a efectuar dicha reducción. Como el Gobierno alemán había expresado su acuerdo, se cumplió el requisito que acaba de mencionarse. En consecuencia, los motivos relativos a la reducción de capacidad carecen de fundamento.
158 Por lo que respecta a la referencia a los petroleros de tipo E 3 como base de cálculo de la capacidad, MTW alega que el razonamiento de las demandantes se basa en varios errores de interpretación. En primer lugar, el dique había sido concebido para posibilitar la construcción de buques de tipo E 3. En segundo lugar, el Gobierno alemán proyectaba ya la ampliación del puerto de Wismar, para permitir el acceso de grandes buques, estando previsto que las obras finalizaran en 1997. En tercer lugar, es inexacto afirmar que MTW nunca tuvo intención de construir petroleros de tipo E 3. En efecto, MTW es el único astillero del grupo Bremer Vulkan concebido para construir buques de tipo E 3. La cartera de pedidos de MTW, a la que aluden las partes demandantes, carece de pertinencia, ya que todos los buques inscritos en él debían estar acabados y entregados en febrero de 1996, es decir, antes de que se terminara la nueva instalación de producción.
- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
159 El Tribunal de Primera Instancia considera que la letra c) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva debe interpretarse en el sentido de que sólo exigía una reducción general del 40 % de la capacidad total de producción en la antigua República Democrática Alemana, es decir, una reducción de 545.000 a 327.000 tbc, antes del 31 de diciembre de 1995.
160 En consecuencia, del artículo 10 bis resulta que, por una parte, la Comisión no estaba obligada a asegurarse, cuando adoptó su Decisión, de que la capacidad del astillero de MTW, tomada separadamente, se reduciría o limitaría a 100.000 tbc y, por otra parte, podía aprobar, en 1994, el pago del segundo tramo basándose únicamente en compromisos del Gobierno alemán relativos a un reparto de capacidad entre los astilleros de Alemania Oriental y a una reducción de la capacidad total antes de que finalizara el año 1995.
161 A este respecto, debe señalarse que, sin perjuicio de la obligación de respetar la fecha límite de 31 de diciembre de 1995 por lo que se refiere a la reducción de capacidad del 40 %, sólo el Gobierno alemán tenía, en aquel momento, la competencia para repartir la capacidad total entre los diferentes astilleros de Alemania Oriental y, en consecuencia, para atribuir a MTW una capacidad máxima de 100.000 tbc o más al año.
162 Del informe de la Comisión de 1 de abril de 1993 (véase el apartado 9 supra) resulta que, de conformidad con la excepción establecida por la Directiva 92/68, el Gobierno alemán había aceptado, efectivamente, reducir la capacidad antes de que finalizara el año 1995 y había indicado un reparto de la capacidad futura entre los astilleros de Alemania Oriental.
163 Es cierto, como señaló la Comisión durante la vista, que si el beneficiario MTW hubiera realizado, con posterioridad a la adopción de la Decisión impugnada, cambios en el astillero que hubiesen tenido como resultado un exceso sobre el límite total de la capacidad concedida a los astilleros de Alemania Oriental, dicha circunstancia no habría afectado a la legalidad de la Decisión, que debe apreciarse en el momento en de su adopción (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de febrero de 1973, Schröder, 40/72, Rec. p. 125). Esta circunstancia podría, en su caso, llevar a la Comisión a adoptar una nueva Decisión por la que se hiciera constar un incumplimiento de los requisitos enunciados en el artículo 10 bis y a solicitar, a continuación, la restitución de la ayuda en cuestión.
164 No obstante, debe señalarse que, en el caso de autos, la Comisión adoptó su Decisión basándose en el hecho de que la capacidad futura de MTW no sobrepasaría las 100.000 tbc asignadas por el Gobierno alemán. A este respecto, efectuó, durante el procedimiento administrativo, comprobaciones técnicas con la ayuda de expertos independientes, para asegurarse de que se respetaba dicho límite de capacidad.
165 Así, de la Decisión impugnada resulta que «a pesar de que el examen técnico que ha efectuado, para la Comisión, un consultor independiente, ha demostrado que la capacidad de construcción de MTW apenas podría sobrepasar la que el Gobierno alemán fijó para dicho astillero (100.000 tbc) en relación con la capacidad máxima disponible en Alemania Oriental (327.000 tbc), se ha considerado que era necesario mantener un control mientras durara la realización del proyecto de inversión, para que se respetara la limitación de la capacidad de construcción».
166 A continuación, la Decisión impugnada supedita la aprobación de la ayuda a los compromisos del Gobierno alemán en el sentido de que MTW no sobrepasaría la producción máxima autorizada de 102.500 toneladas de acero, la longitud del dique de construcción no excedería de 366 metros y desaparecería la parte del dique previsto inicialmente para la construcción en tándem. En este contexto, es útil destacar también que, durante la vista, la Comisión afirmó que, en el momento en que se adoptó la Decisión impugnada, es decir, más de un año y medio antes de que finalizara el período de reestructuración, estaba obligada a basarse en los compromisos contraídos por el Gobierno alemán. Añadió que, en su opinión, a partir del momento en que las autoridades alemanas habían contraído tales compromisos, en particular por lo que respecta a la capacidad de MTW, ya no podían modificar la atribución de capacidad sin la autorización previa de la Comisión.
167 En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia considera que el fundamento de esta parte del motivo depende, como reconoció, por otra parte, la Comisión durante la vista, de si las demandantes están en condiciones de presentar elementos que puedan demostrar que la Comisión cometió un error manifiesto de apreciación de los hechos o se basó en hechos inexactos al considerar, en aquel momento, que se respetaría la limitación de capacidad a 100.000 tbc anuales.
168 Antes de determinar si así fue, procede recordar que, en el marco de un recurso de anulación, corresponde únicamente al Juez comunitario comprobar si la Decisión impugnada está viciada por alguna de las causas de ilegalidad previstas en el artículo 173 del Tratado, sin que pueda sustituir por su apreciación de hecho la del autor de la Decisión (véase la sentencia Matra/Comisión, antes citada, apartado 23).
169 Aunque el papel de la Comisión, a los efectos de la apreciación de la compatibilidad de determinadas ayudas de funcionamiento conforme al régimen de establecimiento de excepciones instaurado por la Directiva 92/68, se limita a comprobar que se cumplen los requisitos enunciados por el artículo 10 bis de la Séptima Directiva (véanse los apartados 92 a 94 supra y la sentencia de 18 de mayo de 1993, Bélgica/Comisión, antes citada, apartado 33), la Comisión dispone, no obstante, de una amplia facultad de apreciación por lo que respecta a las apreciaciones de los elementos de hecho en que se basa la estimación de la capacidad futura de MTW (véanse en el mismo sentido, por lo que respecta a la aplicación del apartado 3 del artículo 92 del Tratado, la sentencia Matra/Comisión, antes citada; la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1990, Bélgica/Comisión, C-142/87, Rec. p. I-959, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de septiembre de 1995, TWD/Comisión, asuntos acumulados T-244/93 y T-486/93, Rec. p. II-2265).
170 En asuntos en los que, como sucede en el caso de autos, debe efectuarse una apreciación económica y técnica compleja, el control que ejerce el Juez comunitario debe limitarse a comprobar que se cumplen las normas de procedimiento y de motivación, así como la exactitud material de los hechos, la falta de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder (sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de noviembre de 1987, BAT y Reynolds/Comisión, asuntos acumulados 142/84 y 156/84, Rec. p. 4487, apartado 62; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 15 de julio de 1994, Matra Hachette/Comisión, T-17/93, Rec. p. II-595, apartado 104, y de 8 de junio de 1995, Schöller/Comisión, T-9/93, Rec. p. II-1611, apartado 140).
171 Los motivos formulados contra la Decisión impugnada deben analizarse a la luz de esta jurisprudencia.
172 Por lo que respecta al motivo según el cual la Comisión interpretó equivocadamente el concepto de capacidad, debe indicarse que la Directiva 92/68 no contiene una definición de este concepto. De ello resulta, como señaló acertadamente la Comisión, que el legislador comunitario le dejó cierto margen de apreciación en la materia.
173 A este respecto, procede señalar que de los autos se deduce que, en este sector, no existe una definición única y comúnmente aceptada de «capacidad». Así, un memorándum de 12 de octubre de 1994, presentado por la Comisión y redactado por la Asociación de armadores de Europa Occidental y por la Asociación japonesa de armadores, sobre la cuestión de la capacidad de la construcción naval en el mundo, pone de manifiesto la diversidad de los conceptos de capacidad utilizados en el sector.
174 El Tribunal de Primera Instancia considera que el documento de la OCDE invocado por las demandantes, que definió la «available national capacity» como la «capacidad máxima que puede utilizarse para la construcción de buques mercantes, teniendo en cuenta las posibilidades físicas y todas las limitaciones legales y administrativas en la materia», no confirma la teoría de las demandantes según la cual la «capacidad» es la producción máxima del astillero en condiciones óptimas. Por una parte, como señaló la Comisión durante la vista, el documento de la OCDE hace referencia a la «capacidad máxima», mientras que la letra c) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva emplea el término «capacidad». Por otra parte, según la definición de la OCDE, deben tenerse en cuenta las posibilidades físicas y todas las limitaciones legales y administrativas en la materia, lo que corresponde más bien a la definición de la Comisión, según la cual la capacidad equivale a la producción que puede realizarse en buenas condiciones normales, teniendo en cuenta las instalaciones disponibles. En cualquier caso, la definición de la OCDE no puede vincular a la Comisión en el caso de autos, dado que se utiliza en otro contexto, a saber, a efectos estadísticos.
175 Tampoco puede acogerse la teoría de las demandantes según la cual su propia interpretación del concepto de «capacidad» se desprende también de la comunicación de 25 de mayo de 1992. En efecto, la estimación de la capacidad en la antigua República Democrática Alemana a 1 de julio de 1990 se basaba en un «cálculo de los recursos [...] mediante la comparación de las horas-hombre necesarias para construir un buque con las horas-hombre disponibles» únicamente porque se disponía de muy pocos datos fiables respecto a la construcción naval en Alemania Oriental durante el período anterior a julio de 1990.
176 Dado que la carga de la prueba corresponde a las partes demandantes cuando discuten la interpretación de la Comisión adoptada en el marco de su facultad de apreciación, deben descartarse como medio de prueba los documentos a los que hacen referencia las demandantes en apoyo de su interpretación, a saber, el documento nº 7049/92 del Consejo, de 10 de junio de 1992, y el documento DG III.C.3 de la Comisión, de 4 de febrero de 1985, ya que éstos no se han presentado al Tribunal de Primera Instancia.
177 Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia considera que las demandantes no han aportado elementos que puedan demostrar que la Comisión sobrepasó su facultad de apreciación al interpretar el concepto de capacidad como la producción que puede realizarse en buenas condiciones normales, teniendo en cuenta las instalaciones disponibles.
178 Por lo que respecta al motivo basado en una supuesta modificación de esta interpretación durante el procedimiento administrativo, el Tribunal de Primera Instancia hace constar que de los documentos que obran en autos, en particular, de las cifras de producción de los astilleros de Alemania Oriental (durante el período 1975-1990), elaborados tras la reunificación por DMS, en colaboración con los distintos astilleros de Alemania Oriental, resulta que la producción media durante los años anteriores a 1990 era más o menos igual a la estimación de la capacidad en 545.000 tbc efectuada por DRT Europe, consultor de la Comisión, y posteriormente adoptada por el Consejo. El Tribunal de Primera Instancia considera que de estos datos se desprende que la estimación de la capacidad en 1990 correspondía, de hecho, a la producción que podía realizarse en buenas condiciones normales, teniendo en cuenta las instalaciones disponibles, conforme a la interpretación del concepto de capacidad adoptada por la Comisión. A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia considera que la Comisión afinó acertadamente su método de estimación de la capacidad a medida que se desarrollaban los proyectos de inversión y que los datos e informaciones iban siendo más detallados.
179 Las cifras de producción contenidas en el Informe de la Comisión de 8 de noviembre de 1991 sobre la situación de la industria de la construcción naval en la Comunidad [SEC(91) 2057 final], en las que se apoyan las demandantes para fundamentar su motivo, no pueden modificar tal apreciación, ya que son menos precisas. En efecto, de la respuesta de la Comisión a las preguntas escritas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia se deduce que las cifras de producción que figuran en dicho Informe fueron recogidas por Lloyds Maritime Information Service, que, en su condición de sociedad occidental, tuvo dificultades para obtener cifras fiables, ya que la antigua República Democrática Alemana no había facilitado datos a una organización multilateral y la industria de Alemania Oriental no había presentado declaraciones formales a una asociación profesional.
180 En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia considera que las demandantes no han demostrado que la Comisión haya modificado su interpretación del concepto de capacidad durante el procedimiento administrativo.
181 Por lo que se refiere a los motivos basados en la apreciación de la capacidad futura de MTW, debe destacarse que la Comisión efectuó un análisis económico complejo de la capacidad, fundamentalmente sobre la base de un estudio realizado por consultores externos, a saber, Appledore. A este respecto, del segundo Informe de la Comisión de 1 de abril de 1993 sobre el control de la privatización en los nuevos Länder resulta que Appledore evaluó la capacidad de los tres astilleros privatizados, entre ellos MTW. Según los datos recogidos por Appledore, los límites de capacidad se respetaban debido a la existencia de diferentes puntos de estrangulamiento en la producción. Appledore consideró finalmente, tras efectuar diversos controles técnicos, que, antes de poder producir 100.000 tbc anuales, el astillero de MTW debería tener una productividad cercana o incluso superior a las «mejores normas europeas».
182 A este respecto, la Comisión alegó, durante la fase escrita del procedimiento, que la limitación de la capacidad quedaría asegurada si el astillero se concibiera de forma tal que las demás instalaciones quedaran equilibradas por la existencia de puntos de estrangulamiento. Aunque los puntos de estrangulamiento son temporales por su propia naturaleza, el hecho de suprimirlos o desviarlos sólo tendería a crear una disminución de la velocidad en otro lugar de la cadena de producción, lo que produciría una disminución del rendimiento óptimo. A este respecto, los consultores de la Comisión destacaron que es prácticamente imposible concebir una instalación de producción sin puntos de estrangulamiento.
183 Respondiendo a las preguntas escritas planteadas por el Tribunal de Primera Instancia, la Comisión afirmó que, de acuerdo con el último examen de los puntos de estrangulamiento (efectuado en el mes de agosto de 1995), las mesas de trabajo y las zonas de montaje de los bloques constituyen los primeros puntos de estrangulamiento. Añadió que otras infraestructuras clave, como los diques, las grúas y las zonas de montaje de las unidades, fueron objeto de un examen destinado a determinar la utilización prevista en términos de tiempo de ciclo, a saber, el tiempo necesario para efectuar una tarea concreta en una u otra infraestructura. De tales exámenes resulta, según la Comisión, que Appledore no detectó la existencia de excedentes de capacidad en ninguno de los sectores. Además, los consultores de la Comisión opinan que, aunque la mayoría de los astilleros pueden aumentar su nivel de producción siempre que sea necesario utilizando métodos intensivos de funcionamiento con un escaso coste, dado que disponen del espacio adecuado, por el contrario MTW no cuenta con grandes superficies abiertas que puedan utilizarse para aumentar la producción de acero.
184 Dado que el concepto de capacidad debe interpretarse, a efectos de la Directiva 92/68, en el sentido de la producción que puede realizarse en buenas condiciones normales, teniendo en cuenta las instalaciones disponibles, el Tribunal de Primera Instancia considera que hay que admitir el razonamiento de la Comisión según el cual la capacidad puede limitarse gracias al mantenimiento de varias restricciones y puntos de estrangulamiento en la producción.
185 Debe señalarse que las demandantes no han aportado elementos de prueba que puedan demostrar que los consultores de la Comisión cometieron un error manifiesto de apreciación de los hechos o que se basaron en hechos materiales inexactos cuando efectuaron sus evaluaciones técnicas de todas las instalaciones.
186 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia considera que los dos informes de expertos presentados por las demandantes y por el Gobierno danés no ponen en entredicho las apreciaciones efectuadas por los consultores de la Comisión sobre la capacidad de MTW, ya que, además, tales informes adoptaron métodos radicalmente distintos para estimar la capacidad.
187 En efecto, el Tribunal de Primera Instancia señala, por una parte, que los expertos contratados para elaborar estos dos informes están especializados en la concepción de buques y no en la concepción de astilleros y, por otra parte, que los dos informes se basan en un conocimiento incompleto de los datos, cosa que, por otro lado, reconoce el informe Cushing. En particular, Cushing se apoya, en gran parte, en informes, notas de reuniones y otros documentos relativos al proyecto de traslado de MTW que fue posteriormente abandonado. Además, ni Cushing ni Carl Bro tuvieron la oportunidad de visitar las instalaciones del astillero ni tuvieron acceso a los planes de inversión o de concepción. Según Appledore, las estimaciones y conclusiones del informe Cushing contienen, en consecuencia, varias inexactitudes, particularmente por lo que respecta al número de empleados directamente afectados a la producción, la superficie de producción del astillero y el tamaño de la nueva grada. En estas circunstancias, la Comisión considera que los informes no demuestran que la Comisión haya cometido errores manifiestos de apreciación.
188 Por lo que se refiere al motivo basado en la utilización de la producción de petroleros de tipo E 3 como base de cálculo de la producción máxima de acero, de la Decisión impugnada se deduce que la aprobación de la ayuda está supeditada al requisito de que no se exceda de la producción máxima autorizada de 102.500 toneladas de acero. Esta producción se calculó sobre la base de la construcción de 2,5 petroleros de tipo E 3.
189 Las demandantes alegan que las estimaciones de la Comisión son engañosas, ya que si los cálculos se basaran en una gama variada de buques más probable y previsible, por ejemplo, en una producción que incluyera, en particular, petroleros E 3, buques portacontenedores y buques de pasajeros, como MTW había pensado producir en un primer momento, la capacidad calculada sobre la base de una transformación de 102.500 toneladas de acero al año sería superior al límite autorizado de 100.000 tbc.
190 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia señala que las demandantes no niegan que los trabajos de concepción en el astillero de MTW se centraron en los petroleros de tipo E 3. Además, de los autos resulta que el dique, que sería operativo en noviembre de 1997, fue concebido para la construcción de petroleros de tipo E 3. En las respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia, se precisó que está previsto finalizar en noviembre de 1997 las obras de ampliación de los canales que permitirán a los petroleros de gran tamaño, como los petroleros de tipo E 3, salir del puerto de Wismar.
191 A continuación, debe indicarse que, si bien es cierto, como reconoció además la Comisión, que la producción de otra gama de productos podría dar lugar a que se sobrepasara la capacidad máxima de 100.000 tbc -siendo, por otra parte, igual la producción de 102.500 toneladas de acero-, de los autos resulta que esta situación es puramente teórica, ya que las alegaciones de las demandantes se basan en la hipótesis equivocada de la posibilidad de que el astillero trate la misma cantidad de acero, sea cual sea la complejidad del tratamiento de que se trate.
192 En efecto, de la respuesta de la Comisión a las preguntas planteadas por el Tribunal de Primera Instancia resulta que la producción máxima de acero (es decir, 102.500 toneladas) sólo puede alcanzarse en el supuesto de que el astillero sólo produzca petroleros de tipo E 3.
193 Según la Comisión, esto se explica por el hecho de que si el astillero decidiera producir buques más pequeños y más complejos, por ejemplo, buques portacontenedores, transbordadores y buques de pasajeros, sus capacidades de tratamiento del acero se verían inevitablemente afectadas. En efecto, por regla general, los buques de este tipo utilizan placas de acero de un espesor considerablemente inferior, lo que reduce la cantidad de acero necesaria sin por ello reducir inevitablemente el número de placas que deben utilizarse. Además, el mayor número de placas curvadas y las exigencias radicalmente distintas en materia de armamento aumentarían, en particular, el tiempo de trabajo y el tiempo de espera en cada etapa de la producción y tendrían, por consiguiente, una incidencia considerable en la capacidad global de tratamiento del acero.
194 En consecuencia, la producción y el tratamiento de placas de acero para las que el astillero no está concebido llevarían rápidamente, según la Comisión, a la saturación de determinados sectores de la producción. Los talleres de pintura, por ejemplo, supondrían un freno, ya que el mismo número de talleres de pintura debería poder hacer frente a un trabajo superior, dado que las unidades que deberían tratarse tenderían a ser más pequeñas, pero su número sería más elevado. Igualmente, el número de piezas complejas, aun cuando requieran una menor cantidad de acero, tendería a absorber una mayor cantidad de horas-hombre para armarlas y a aumentar el tiempo pasado en determinados sectores de producción del astillero.
195 En consecuencia, dado que las demandantes no han aportado elementos de hecho suficientes para poner seriamente en entredicho estas afirmaciones relativas a la producción de acero, el Tribunal de Primera Instancia considera que debe desestimarse el motivo relativo a la referencia a los buques de tipo E 3 como base de los cálculos.
196 A continuación, en cuanto al motivo de las demandantes según el cual la Comisión aplicó equivocadamente el coeficiente tbc de la OCDE correspondiente a los buques de tipo E 3 de casco simple (0,25) en lugar del coeficiente para los buques de doble casco (0,30), procede acoger el razonamiento de la Comisión según el cual el principio de seguridad jurídica le impedía utilizar, al final del proceso de concepción, nuevos coeficientes negociados en el intervalo, dado que el coeficiente aplicable en el momento de estimar la capacidad en 1992 era 0,25. En cualquier caso, de los autos y de los informes orales de las partes resulta que, a pesar de que era aplicable a partir del 1 de enero de 1993, el nuevo coeficiente aplicable para los buques de doble casco (0,30) no se publicó antes del mes de junio de 1994.
197 Por último, por lo que respecta a los motivos de las demandantes basados en incumplimientos de las normas de procedimiento, a saber, la omisión por parte del Gobierno alemán de aportar el calendario a que hace referencia la letra c) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva y la presentación fuera de plazo del primer informe «spill-over», basta indicar que, aun suponiendo que se acrediten tales incumplimientos, las demandantes no han demostrado que, si no se hubiera producido dicha irregularidad, el procedimiento habría podido conducir a un resultado distinto (sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1990, Bélgica/Comisión, antes citada, y sentencia Distillers Company/Comisión, antes citada). Además, no han podido negar la afirmación de la Comisión según la cual se hubieran producido, en cualquier caso, reducciones de capacidad en la antigua República Democrática Alemana. En estas circunstancias, debe desestimarse el motivo por infundado.
198 A la luz de las consideraciones anteriores, procede desestimar la segunda parte del motivo.
199 Por considerarse suficientemente informado por los documentos que obran en autos, el Tribunal de Primera Instancia estima que no procede ordenar, tal como solicitaron las demandantes, la presentación, por una parte, de la notificación hecha por las autoridades alemanas el 2 de octubre de 1992, así como del escrito de 4 de diciembre de 1992 del Gobierno alemán, incluido el contrato de venta de MTW celebrado entre el Treuhandanstalt y Bremer Vulkan, y, por otra parte, del escrito del Gobierno alemán de 24 de julio de 1992. Las demandantes solicitaron que se presentaran tales documentos debido a que, en su opinión, contenían datos relativos al límite de capacidad, que constituye uno de los puntos clave del asunto. Pues bien, como las demandantes no discuten que el Gobierno alemán se comprometió ante la Comisión a que la capacidad futura de MTW se limitara a 100.000 tbc, la presentación de los documentos solicitados no es indispensable para el control de la legalidad de la Decisión impugnada (auto del Tribunal de Justicia de 11 de diciembre de 1986, ICI/Comisión, 212/86, no publicado en la Recopilación, apartado 4).
200 Por lo que respecta a la solicitud de prueba pericial, debe recordarse que, según la jurisprudencia, a falta de indicios que puedan poner en entredicho su validez, la Decisión impugnada debe acogerse a la presunción de validez de que gozan los actos comunitarios (sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de abril de 1982, Dürbeck/Comisión, 11/81, Rec. p. 1251). Por consiguiente, si las demandantes no pueden aportar indicios que puedan desvirtuar esta presunción, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia ordenar diligencias de prueba. Teniendo en cuenta que los informes de expertos presentados por las demandantes y por el Gobierno danés, como se ha declarado en el apartado 186 supra, no permiten poner en entredicho las apreciaciones realizadas sobre la capacidad de MTW y que las demandantes no han presentado elementos que puedan hacer pensar que la Comisión haya podido cometer errores de apreciación manifiestos, no procede ordenar la realización de una prueba pericial.
Sobre la tercera parte del motivo, basada en una infracción de la letra c) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva, en la medida en que la Comisión concedió la posibilidad de aumentar la capacidad transcurridos cinco o diez años
201 Las demandantes alegan que la Comisión infringió la letra c) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva, que exige una reducción auténtica e irreversible de la capacidad, al aceptar que la capacidad pudiera ser aumentada, respectivamente, transcurridos cinco años, con el permiso de la Comisión, o transcurridos diez años, sin dicho permiso. En su opinión, no puede aplicarse el principio que figura en el artículo 7 de la Séptima Directiva, ya que dicho artículo sólo se refiere a la ayuda al cierre. Por el contrario, en el presente asunto, se trata de crear un astillero más moderno aumentando la capacidad hasta 100.000 tbc.
202 El Tribunal de Primera Instancia hace constar que la Decisión impugnada dispone que «la limitación de capacidad se aplicará durante diez años a partir del final de la reestructuración. Transcurridos cinco años, Alemania podrá solicitar a la Comisión que se suprima la limitación de capacidad».
203 El artículo 10 bis no contiene una definición de los términos «reducción de capacidad auténtica e irreversible» que utiliza en la letra c) de su apartado 2. En consecuencia, procede interpretar estos términos a la luz de las demás disposiciones de la Séptima Directiva.
204 Por lo que respecta a las ayudas al cierre, los párrafos primero y segundo del apartado 1 del artículo 7 de la Séptima Directiva establecen:
«Las ayudas destinadas a sufragar los costes normales resultantes del cierre total o parcial de astilleros de construcción o de reparación navales podrán considerarse compatibles con el mercado común siempre y cuando la reducción de capacidad resultante de dichas ayudas sea auténtica e irreversible.
Para garantizar el carácter irreversible de los cierres subvencionados, el Estado miembro interesado velará por que las instalaciones de construcción y de reparación de buques permanezcan cerradas durante un período no inferior a cinco años.»
205 Del artículo 7 de la Séptima Directiva se deduce que un cierre debe considerarse irreversible cuando dura más de diez años. La Comisión puede, en su caso, autorizar una reapertura transcurridos cinco años. En efecto, el párrafo cuarto del apartado 1 de dicho artículo prevé: «En caso de que, transcurridos los cinco años pero antes de que se cumplan diez años desde el cierre, un Estado miembro quisiera, no obstante, abrir de nuevo unas instalaciones de construcción o de reparación cerradas deberá obtener previamente el permiso de la Comisión.»
206 El Tribunal de Primera Instancia considera que debe interpretarse de la misma manera la expresión «reducción de capacidad auténtica e irreversible» en el marco del artículo 10 bis. Por consiguiente, por lo que se refiere a una reducción de la capacidad total de los astilleros de Alemania Oriental, carece de pertinencia la alegación de las demandantes según la cual los principios derivados del artículo 7 no se aplican porque se aumentaría la capacidad de MTW.
207 En consecuencia, procede desestimar la tercera parte del motivo.
208 Por lo tanto, debe desestimarse todo este motivo, basado en un incumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva.
Sobre el motivo basado en la existencia de vicios sustanciales de forma
209 El motivo se articula en dos partes. Por un lado, la Decisión impugnada no está suficientemente motivada. Por otro, la Comisión no se procuró los informes «spill-over» exigidos por la letra d) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva.
Sobre la primera parte del motivo, basada en una infracción del artículo 190 del Tratado
- Alegaciones de las partes
210 Las demandantes alegan que la Decisión impugnada está viciada de una falta de motivación. Recuerdan que, según jurisprudencia reiterada, la motivación exigida por el artículo 190 debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la autoridad comunitaria de la que emane el acto impugnado, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y el Juez comunitario pueda ejercer su control (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de septiembre de 1995, Sytraval/Comisión, T-95/94, Rec. p. II-2651, apartado 52, que es actualmente objeto de un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia con el número C-367/95 P). Según las demandantes, es importante que la motivación de una Decisión contenga las informaciones necesarias para cualquier tercero que tenga un interés en ella (sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 1985, Países Bajos y Leeuwarder Papierwarenfabriek/Comisión, asuntos acumulados 296/82 y 318/82, Rec. p. 809).
211 Las demandantes admiten que la motivación de una Decisión puede, en su caso, ser breve (sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de julio de 1963, Alemania/Comisión, 24/62, Rec. p. 129). No obstante, existen ciertos límites, como puede deducirse de la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de noviembre de 1984, Intermills/Comisión (323/82, Rec. p. 3809), apartado 35, que presenta ciertas similitudes con el caso de autos. En su opinión, el artículo 10 bis de la Séptima Directiva y la Decisión de 23 de diciembre de 1992 exigen algunos requisitos específicos para que la Comisión pueda dar su opinión favorable al segundo tramo de la ayuda. En consecuencia, la Comisión debería haber explicado, cuando se adoptó la Decisión impugnada, por qué consideraba que se cumplían tales requisitos.
212 En particular, de la Decisión impugnada no se deduce que: 1) la necesidad de la ayuda se hubiera probado mediante la relación de las pérdidas ocasionadas por los contratos vigentes (sentencia Intermills/Comisión, antes citada, apartado 33); 2) el Gobierno alemán, de forma clara, se hubiera comprometido a proceder a una reducción auténtica e irreversible del 40 % de la capacidad de los astilleros de la antigua República Democrática Alemana; 3) se hubiera respetado el límite fijado por la letra a) del apartado 2 del artículo 10 bis; 4) el segundo tramo de la ayuda se hubiera pagado antes del 31 de diciembre de 1993; 5) la Comisión hubiera recibido efectivamente todos los informes «spill-over», y, por último, 6) la Comisión se hubiera asegurado de que no se concediera posteriormente ninguna ayuda a la producción. Además, la Comisión no indicó, en la Decisión impugnada, que la ayuda hubiera sido ya pagada por las autoridades alemanas antes del 31 de diciembre de 1993. Según las demandantes, la Comisión no podía limitarse a declarar que se habían cumplido los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva (sentencia Intermills/Comisión, antes citada, apartado 35).
213 Refiriéndose a los motivos aducidos por la Comisión en el escrito de contestación, las demandantes destacan, a continuación, que una motivación insuficiente no puede subsanarse tras la interposición de un recurso (sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de noviembre de 1981, Michel/Parlamento, 195/80, Rec. p. 2861).
214 A pesar de haber sido invitadas a reuniones durante las cuales se discutió detalladamente el asunto, las demandantes afirman que, en dichas ocasiones, no obtuvieron información sobre las razones de hecho y de Derecho por las que la ayuda se consideró finalmente compatible. Sólo se les informó de las dimensiones del astillero y del proyecto de su traslado.
215 Por otra parte, las demandantes niegan que sea pertinente la jurisprudencia invocada por la Comisión (sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 1984, VBVB y VBBB/Comisión, asuntos acumulados 43/82 y 63/82, Rec. p. 19, y sentencia de 18 de mayo de 1993, Bélgica/Comisión, antes citada). En particular, la última sentencia no exime a la Comisión de la obligación que le incumbía conforme al artículo 190 del Tratado.
216 Por último, por lo que respecta al apartado 3 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva, las demandantes afirman que la Comisión no precisó en la Decisión impugnada, tal como estaba obligada a hacer, si consideraba o no que la ayuda concedida era compatible con el interés común.
217 El Gobierno danés afirma que las exigencias de motivación deben ser mayores en caso de Decisión individual, como en el presente asunto, que para actos generales.
218 En segundo lugar, considera que la Decisión impugnada no da a las partes interesadas una posibilidad suficiente de comprender la situación jurídica así creada y de controlar su legalidad (sentencia Sytraval/Comisión, antes citada). Además de los motivos formulados por las demandantes, el Gobierno danés añade, en particular, que: 1) del escrito de 18 de mayo de 1994 no se desprende que se trate de una Decisión; 2) la Decisión impugnada no contiene ninguna referencia clara a la base jurídica; 3) la Decisión no contiene una enumeración precisa de los compromisos contraídos por el Gobierno alemán; 4) la descripción de las limitaciones de capacidad exigidas es deslavazada e incoherente; 5) habida cuenta del hecho de que las partes interesadas deberían poder exigir una motivación particularmente apropiada en materia de ayudas de Estado, la Decisión no refleja si la Comisión inició la más mínima investigación adicional sobre las consecuencias de la ayuda proyectada sobre todo el sector de la construcción naval, y, por último, 6) la Decisión contiene datos que no son pertinentes y carecen de relación con la Decisión impugnada.
219 Según el Gobierno danés, aun suponiendo que la Comisión pudiera, con arreglo a la jurisprudencia, limitarse a declarar que se han cumplido los requisitos enunciados en las disposiciones que establecen la excepción de que se trata (sentencia de 18 de mayo de 1993, Bélgica/Comisión, antes citada), ni siquiera ha cumplido esta exigencia reducida. En consecuencia, debe anularse la Decisión impugnada por falta de motivación (sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 1995, Publishers Association/Comisión, C-360/92 P, Rec. p. I-23).
220 La Comisión alega que la obligación de motivar un acto particular, consagrada en el artículo 190 del Tratado, depende, por una parte, de la naturaleza del acto de que se trate y, por otra, del contexto en el que fue adoptado (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 1973, Países Bajos/Comisión, 13/72, Rec. p. 27, apartado 11).
221 Por lo que se refiere a la naturaleza de la Decisión impugnada, la Comisión alega que su papel se limitaba a comprobar si se cumplían los requisitos específicos establecidos en el artículo 10 bis de la Directiva. En estas circunstancias, habría podido limitarse a declarar que había comprobado que se cumplían tales requisitos, cosa que hizo efectivamente.
222 Por lo que respecta al contexto en el que se adoptó la Decisión impugnada, la Comisión alega que, teniendo en cuenta el papel muy activo que desempeñaron las demandantes durante el procedimiento administrativo, éstas eran plenamente conscientes de todas las razones de hecho y de Derecho que le llevaron a estimar que la ayuda era compatible con el mercado común. Por consiguiente, considera que deben desestimarse los motivos formulados por las demandantes. A este respecto, la demandada hace referencia a las conclusiones del Abogado General Sr. Lenz en los asuntos en los que recayó la sentencia de 8 de marzo de 1988, Exécutif régional wallon y Glaverbel/Comisión (asuntos acumulados 62/87 y 72/87, Rec. p. 1573). En su opinión, la jurisprudencia de la sentencia Michel/Parlamento, antes citada, no es, por consiguiente, pertinente, dado que las demandantes fueron informadas, antes de que se adoptara la Decisión impugnada, de todos los motivos importantes por los que la Comisión consideró finalmente que la ayuda era compatible con el mercado común.
223 En cuanto a los motivos formulados específicamente por el Gobierno danés, la Comisión observa, en primer lugar, que, en el ámbito de las ayudas de Estado, su práctica consiste en enviar al Estado miembro afectado, a efectos de notificación, una copia de la Decisión adoptada por la Junta de Comisarios en forma de carta. Además, del tenor literal del escrito de 18 de mayo de 1994, que constituye la Decisión impugnada, se deduce que efectivamente se trata de una Decisión. En segundo lugar, a diferencia de lo que afirma el Gobierno danés, el escrito menciona tanto la base jurídica como los requisitos a que está supeditada la Decisión. En tercer lugar, la Comisión no considera que pueda refutar el argumento según el cual la descripción técnica de la reducción de capacidad en la Decisión impugnada es incoherente o contradictoria, dado que el Gobierno danés no desarrolla su razonamiento al respecto. En cuarto lugar, la naturaleza de una Decisión adoptada con arreglo al artículo 10 bis de la Séptima Directiva aboga, a diferencia de lo que piensa el Gobierno danés, por una motivación sumaria. En quinto lugar, aun suponiendo que el escrito de 18 de mayo de 1994 contenga determinados requisitos sin relación con el asunto, quod non, ello no afecta a los intereses legítimos de las demandantes. En sexto lugar, a diferencia de lo que alega el Gobierno danés, la Decisión menciona los informes «spill-over», al menos indirectamente, e indica además que no podrá concederse al astillero ninguna otra ayuda a la producción.
224 La Comisión alega que el apartado 3 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva nada añade a los requisitos contemplados en el apartado 2 del artículo 10 bis, pero que se incluyó para mostrar sin ambigüedad que la Comisión está obligada a comprobar que los astilleros beneficiarios de una ayuda no vendan de repente buques por debajo de los precios de mercado.
225 Por lo que respecta a las modalidades de pago del segundo tramo, la Comisión destaca que, habida cuenta del acta de la reunión de 21 de marzo de 1994, las demandantes eran conscientes de que dicho tramo se había abonado en cuentas bloqueadas antes del 31 de diciembre de 1993.
226 La parte coadyuvante MTW destaca que la Decisión impugnada sólo se refiere al segundo tramo de una ayuda de Estado cuyo primer tramo se había aprobado y adoptado ya como consecuencia de la misma notificación y en el mismo contexto. Dado que la propia ayuda había sido ya examinada y autorizada por la anterior Decisión de 23 de diciembre de 1992, la Comisión podía, según MTW, limitarse a declarar en la Decisión impugnada que se habían respetado las normas formales establecidas por la primera Decisión para el desbloqueo del segundo tramo.
227 En primer lugar, la Comisión sólo está obligada a exponer motivos detallados en la medida en que esta última Decisión vaya sustancialmente más lejos que la primera (sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de noviembre de 1975, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique/Comisión, 73/74, Rec. p. 1491, apartado 31). En el presente asunto, la regla establecida por el Tribunal de Justicia, según la cual una motivación sumaria basta cuando la Decisión se adopta tras una serie de Decisiones bien fundadas, debería aplicarse por analogía.
228 En segundo lugar, en opinión de MTW, como las demandantes participaron ampliamente en el proceso de toma de decisión y tuvieron acceso a la práctica totalidad de los documentos pertinentes, tuvieron perfecto conocimiento del contexto de la Decisión impugnada.
229 En tercer lugar, siempre según MTW, la motivación de una Decisión no debe contener datos confidenciales cuya revelación sea contraria al deber de discreción que ha de observar la Comisión. Por consiguiente, la Comisión no puede revelar ningún dato relativo, en particular, a los informes «spill-over», a las modalidades de pago de la ayuda y a las inversiones previstas para el astillero de la parte coadyuvante.
- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
230 Según jurisprudencia reiterada, la motivación exigida por el artículo 190 del Tratado debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la Institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el Juez comunitario pueda ejercer su control. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto responde a las exigencias del artículo 190 del Tratado debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de febrero de 1996, Bélgica/Comisión, C-56/93, Rec. p. I-723, apartado 86, y las referencias allí citadas).
231 Por lo que se refiere al contexto en que se adoptó el acto de que se trata, procede recordar, como ha señalado en el apartado 169 supra el Tribunal de Primera Instancia, que el papel de la Comisión, a los efectos de apreciar la compatibilidad de ayudas de funcionamiento conforme al régimen por el que se establece la excepción instaurado por la Directiva 92/68, se limita a comprobar que se cumplen los requisitos enumerados en el artículo 10 bis de la Directiva. En estas circunstancias, de la jurisprudencia se deduce que queda excluida toda necesidad de motivación distinta de la comprobación de que se cumplen tales requisitos (sentencia de 18 de mayo de 1993, Bélgica/Comisión, antes citada, apartado 36).
232 Dado que, además, los requisitos enumerados en el artículo 10 bis son de carácter fáctico, el Tribunal de Primera Instancia considera que no es necesario que la Comisión repita en su motivación todos estos requisitos. Es útil recordar que la exigencia de motivación debe valorarse en función de las circunstancias del caso concreto, en particular, del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que su destinatario, a saber, el Gobierno alemán, pueda tener en recibir explicaciones (sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1991, Italia/Comisión, C-303/88, Rec. p. I-1433, apartado 52).
233 A este respecto, debe indicarse que de la Decisión impugnada resulta que, tras recibir el contrato definitivo y datos adicionales sobre la privatización de MTW, la Comisión pudo, en un primer momento, mediante su Decisión de 23 de diciembre de 1992, autorizar el pago del primer tramo de las ayudas de funcionamiento. A continuación, tras recibir otras informaciones del Gobierno alemán, se encontró en condiciones de comprobar que se cumplían los requisitos de aplicación de las ayudas especiales exigidos por la Directiva 92/68, lo que le permitió autorizar el pago del segundo tramo.
234 Por lo que se refiere a tales requisitos, la Comisión invocó, en particular, en la Decisión impugnada, la necesidad del segundo tramo de la ayuda y mencionó las comprobaciones efectuadas en cuanto a la capacidad futura de MTW. La Decisión impugnada contiene precisiones sobre la limitación de esta capacidad. Fundamentalmente, exige que no se exceda de la producción máxima autorizada de 102.500 toneladas de acero, que la longitud del dique de construcción, que era en un primer momento de 422 metros, se reduzca a 366 metros, y que desaparezca la parte del dique inicialmente prevista para la construcción en tándem. Además, según la Decisión impugnada, aunque el examen técnico demostró que la capacidad de construcción de MTW apenas podría sobrepasar la que el Gobierno alemán había atribuido a este astillero (100.000 tbc), la Comisión consideró que era necesario mantener un control mientras durara la realización del proyecto de inversión, para garantizar el respeto de la limitación de la capacidad de construcción.
235 Por último, de la Decisión impugnada resulta que, basándose en lo que aseguró el Gobierno alemán acerca del respeto de la limitación de la capacidad y acerca de la obligación de evitar que la ayuda se desviara a otros astilleros, la Comisión decidió no oponerse al pago del segundo tramo de la ayuda.
236 El Tribunal de Primera Instancia considera que esta exposición de motivos, a pesar de ser sucinta, constituye una motivación suficiente a efectos del artículo 190 del Tratado, a la luz de la jurisprudencia citada y teniendo en cuenta el papel limitado de la Comisión en la materia. En efecto, la Decisión impugnada contiene una exposición de las consideraciones de hecho y de Derecho que revisten una importancia esencial en su sistema.
237 Esta apreciación se ve corroborada por el hecho de que la Decisión impugnada se adoptó al finalizar el procedimiento preliminar previsto en el apartado 3 del artículo 93 del Tratado.
238 Dicho artículo no obliga a la Comisión a implicar a terceros en el procedimiento administrativo. La Comisión tan sólo está obligada a emplazar a los interesados para que presenten sus observaciones en el marco del procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado (sentencia Cook/Comisión, antes citada, apartado 22, y Matra/Comisión, antes citada, apartado 16). Por consiguiente, sin perjuicio de la obligación de incoar este procedimiento y como, por otra parte, las demandantes no formularon ningún motivo a este respecto, la Comisión habría podido adoptar la Decisión impugnada basándose solamente en la correspondencia mantenida con el Gobierno alemán. De ello resulta que, en principio, no estaba obligada a tomar en consideración, en particular, el interés que una tercera persona pudiera tener en recibir explicaciones en la motivación.
239 Además, el Tribunal de Primera Instancia considera que, gracias a un detallado conocimiento de los datos del asunto, no se impidió que las demandantes defendieran sus derechos y negaran que la Decisión impugnada fuera fundada. En efecto, de los autos se deduce, como señaló acertadamente la Comisión, que las demandantes participaron, en gran medida, en el procedimiento administrativo y que, de esta manera, conocían al menos las principales razones de hecho y de Derecho que condujeron a la Comisión a considerar que la ayuda era compatible con el mercado común. Como se ha declarado en el apartado 101 supra, participaron en varias reuniones y tuvieron acceso a varios documentos del expediente. Recibieron respuestas detalladas sobre preguntas relativas, en particular, a la capacidad futura de MTW. Por otra parte, tanto las actas como la correspondencia presentada por las propias demandantes muestran claramente que tuvieron un conocimiento particularmente amplio de los datos.
240 A la vista de las consideraciones anteriores, debe desestimarse la primera parte del motivo.
Sobre la segunda parte del motivo, basado en una infracción de la letra d) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva
241 Las demandantes afirmaron, en un primer momento, que la Comisión no se había procurado, infringiendo la letra d) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva, los informes «spill-over» exigidos por dicho artículo. En la fase del escrito de réplica, se limitaron a alegar que la Comisión no había recibido, antes de que finalizara el mes de febrero de 1993, el primero de los informes «spill-over».
242 La Comisión afirma que efectivamente recibió los informes «spill-over» mencionados en la letra d) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva. Por consiguiente, procedería desestimar la segunda parte del motivo.
243 El Tribunal de Primera Instancia hace constar, habida cuenta del informe de la Comisión de 1 de abril de 1993, mencionado en el apartado 9 supra, que la Comisión recibió el primer informe «spill-over» a mediados de marzo de 1993, es decir, algunas semanas después de que se agotara el plazo. Pues bien, según jurisprudencia reiterada, el incumplimiento de una norma procesal sólo da lugar a la anulación si, en caso de que no se hubiera producido tal irregularidad, el procedimiento podría haber conducido a un resultado distinto (sentencia de 21 de marzo de 1990, Bélgica/Comisión, antes citada, y sentencia Distillers Company/Comisión, antes citada).
244 Dado que, por una parte, las demandantes ya no niegan que los demás informes «spill-over» anuales fueran enviados a la Comisión, conforme al artículo 10 bis de la Directiva, y que, por otra parte, ni siquiera intentaron demostrar que el procedimiento administrativo hubiese podido llegar a un resultado distinto si la Comisión hubiera recibido el primer informe antes de que finalizara el mes de febrero de 1993, ha de desestimarse por infundada la segunda parte del motivo. Por consiguiente, no procede ordenar, con carácter de diligencia de prueba, la presentación de los informes «spill-over» solicitada por las demandantes.
245 En consecuencia, debe desestimarse el motivo basado en la existencia de vicios sustanciales de forma.
Sobre el motivo basado en una violación del «principio de transparencia» o «de contradicción»
Alegaciones de las partes
246 El Gobierno danés recuerda que la Comisión está obligada a aplicar el procedimiento contradictorio previsto en el apartado 2 del artículo 93 cuando considera, basándose en un examen provisional efectuado en el marco del apartado 3 del mismo artículo, que existen dudas sobre la compatibilidad de la ayuda de que se trate con el mercado común. De ello deduce que el procedimiento administrativo en materia de ayudas de Estado debe ser transparente tanto para los Estados miembros como para todas las partes interesadas, incluidas las empresas competidoras que puedan verse directamente afectadas. En su opinión, de la jurisprudencia se desprende también una exigencia estricta de transparencia (sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 1980, Philip Morris Holland/Comisión, 730/79, Rec. p. 2671; de 20 de marzo de 1984, Alemania/Comisión, 84/82, Rec. p. 1451, y de 14 de febrero de 1990, Francia/Comisión, C-301/87, Rec. p. I-307). Durante la vista, el Gobierno danés refutó, basándose en la sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de abril de 1996, Países Bajos/Consejo (C-58/94, Rec. p. I-2169, apartados 20 a 22), las alegaciones de la Comisión según las cuales el motivo no puede admitirse.
247 En su opinión, el principio de transparencia (o de contradicción) implica que las partes interesadas puedan tener pleno conocimiento de la forma en que la Comisión tramita el asunto y que se les emplace para que presenten observaciones sobre un proyecto de ayuda. Por otra parte, el hecho de que la Comisión disponga, en materia de ayudas de Estado, de una muy amplia facultad de apreciación constituye, de por sí, una razón para imponer una exigencia de transparencia estricta.
248 Pues bien, en el caso de autos, la Comisión no tramitó el asunto de forma lo bastante transparente como para satisfacer tal exigencia. Dado el plazo reducido en que se tramitó el asunto, las partes interesadas tuvieron tan sólo un acceso limitado a los datos y escasas posibilidades de seguir la forma en que la Comisión tramitaba el asunto, sobre todo en su fase final. Además, la aprobación del pago del segundo tramo se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Diario Oficial») casi dos meses después de que finalizara el plazo de interposición de un recurso de anulación conforme al artículo 173 del Tratado contra la Decisión impugnada.
249 La Comisión afirma que el presente motivo no puede admitirse, dado que no fue formulado por las demandantes. Según el apartado 3 del artículo 116 del Reglamento de Procedimiento y el párrafo tercero del artículo 37 y el artículo 46 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, el Gobierno danés no puede, en su condición de parte coadyuvante, plantear cuestiones nuevas que constituyan, en sustancia, motivos nuevos (conclusiones del Abogado General Sr. Lagrange en el asunto en el que recayó la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autoridad, 30/59, Rec. p. 1, y del Abogado General Sr. Darmon en el asunto en el que recayó la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 1987, Bonino/Comisión, 233/85, Rec. p. 739; sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de marzo de 1993, Comisión/Consejo, C-155/91, Rec. p. I-939, apartado 24, y conclusiones del Abogado General Sr. Tesauro en el mismo asunto, punto 13; sentencia CIRFS y otros/Comisión, antes citada, apartados 21 y 22, y conclusiones del Abogado General Sr. Lenz en el mismo asunto, punto 48, así como la sentencia Matra/Comisión, antes citada, apartados 11 y 12). En cualquier caso, el motivo carece de fundamento de hecho y de Derecho.
250 Desde el punto de vista jurídico, la Comisión señala que está obligada a emplazar a los interesados para que presenten sus observaciones únicamente en la fase de examen del apartado 2 del artículo 93 del Tratado. Por otra parte, siempre según la Comisión, el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 tiene por objeto permitir que la Comisión obtenga una información completa sobre el conjunto de los datos del asunto y no, como parece sugerir el Gobierno danés, permitir que los interesados vigilen la forma en que la Comisión tramita el expediente.
251 No obstante la Comisión afirma que de hecho procedió a un intercambio de opiniones y de argumentos con las demandantes y éstas tuvieron, en la medida de lo posible, pleno conocimiento de las informaciones que la Comisión había obtenido en el marco de su instrucción, no sólo en 1994, sino también en 1993. Por otra parte, los Estados miembros fueron informados, en el marco de las reuniones multilaterales, de todos los desarrollos importantes del expediente.
252 Por último, por lo que respecta al motivo del Gobierno danés basado en la publicación tardía de la Decisión impugnada, la Comisión considera que un período de cuatro meses no es inhabitual y no puede considerarse poco razonable. En cualquier caso, tal retraso no puede afectar a la legalidad de la Decisión impugnada.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
253 El Tribunal de Primera Instancia hace constar que el Gobierno danés reprocha a la Comisión el haber violado un «principio de transparencia», debido a que las partes interesadas tuvieron sólo acceso limitado a las informaciones y escasas posibilidades de seguir la forma en que la Comisión tramitaba el expediente, sobre todo en su fase final.
254 Sin que sea necesario pronunciarse sobre la admisibilidad del presente motivo, éste debe, en cualquier caso, desestimarse por infundado.
255 En efecto, hay que distinguir, por una parte, la fase preliminar de examen de las ayudas, establecida por el apartado 3 del artículo 93 del Tratado, que sólo tiene por objeto permitir que la Comisión se forme una primera opinión sobre la compatibilidad total o parcial de la ayuda de que se trata, y, por otra parte, la fase de examen del apartado 2 del artículo 93 del Tratado (sentencia Matra/Comisión, antes citada, apartado 16, y sentencia Cook/Comisión, antes citada, apartado 22). Como se ha recordado en el punto 238 supra, el Tratado tan sólo prevé la obligación de la Comisión de emplazar a los interesados para que presenten sus observaciones en el marco de esta última fase de examen, cuya finalidad es permitir que la Comisión obtenga una información completa sobre el conjunto de los datos del asunto.
256 Si un asunto requiere que se incoe el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93, la Comisión debe emplazar a los interesados para que presenten sus observaciones. No obstante, ello tiene exclusivamente por objeto obtener de los interesados todos tipo de información destinada a orientar la actuación futura de la Comisión (sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1973, Comisión/Alemania, 70/72, Rec. p. 813, apartado 19). En su sentencia de 20 de marzo de 1984, Alemania/Comisión, antes citada, el Tribunal de Primera Instancia precisó (apartado 13) que el procedimiento previsto en dicho artículo «proporciona a los Estados miembros y a los sectores afectados la garantía de que serán oídos y [...] permite a la Comisión informarse del conjunto de datos procedentes antes de adoptar su Decisión».
257 Pues bien, la Decisión impugnada se adoptó al finalizar el procedimiento preliminar previsto por el apartado 3 del artículo 93 del Tratado. A este respecto, de la jurisprudencia se deduce (sentencia de 20 de marzo de 1984, Alemania/Comisión, antes citada, apartado 13), que una de las características principales que distingue la fase de examen a que se refiere el apartado 2 del artículo 93 de la fase previa contemplada en el apartado 3 del artículo 93 reside en la inexistencia, en la fase inicial, de cualquier obligación de la Comisión de emplazar a los interesados para que presenten observaciones antes de adoptar su Decisión.
258 Por consiguiente, tanto del sistema de los artículos 92 y 93 del Tratado como de la jurisprudencia se desprende que la Comisión no estaba obligada a involucrar a terceros en el procedimiento administrativo en la forma extensiva que propone el Gobierno danés.
259 Es cierto que, en determinados casos, la Comisión somete a las empresas que han participado en el procedimiento administrativo las observaciones que les presenta el Estado miembro afectado en el marco de la fase preliminar del procedimiento de examen. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia considera que no está obligada a hacerlo en virtud de un «principio de transparencia».
260 En cualquier caso, procede declarar que el motivo carece de fundamento de hecho. En efecto, del expediente resulta que las demandantes estuvieron estrechamente asociadas al procedimiento administrativo. El expediente demuestra que, en el curso de varias reuniones, tuvieron la posibilidad de expresar su punto de vista. También fueron ampliamente informadas por la Comisión de los desarrollos importantes del expediente.
261 Habida cuenta de estas consideraciones y en la medida en que un retraso en la publicación en el Diario Oficial no puede afectar a la legalidad de la Decisión impugnada, procede desestimar por infundado el motivo del Gobierno danés.
Sobre el motivo basado en una infracción de las normas relativas al procedimiento de adopción de las Decisiones de la Comisión
262 El Gobierno danés se pregunta si la Comisión respetó el principio de colegialidad cuando adoptó la Decisión impugnada, ya que ésta sólo está firmada por el miembro responsable de la Comisión. Además, afirmó que la Decisión impugnada presentaba un vicio de forma importante, como consecuencia de una falta de autentificación.
263 No obstante, tras recibir copia del acta de la reunión de la Comisión de 11 de mayo de 1994, retiró su motivo, dado que el acta demostraba, por una parte, que la Decisión impugnada había sido adoptada en el curso de dicha reunión por la Junta de Comisarios y, por otra, que el Presidente y el Secretario General de la Comisión habían autentificado esta Decisión mediante su firma, el 18 de mayo de 1994.
264 En estas circunstancias, ya no procede pronunciarse sobre el motivo.
265 Por no haber sido acogido ninguno de los motivos formulados por las demandantes y por el Reino de Dinamarca, parte coadyuvante, el recurso debe desestimarse por infundado.
266 De ello resulta que no es necesario pronunciarse sobre el motivo formulado por la parte coadyuvante MTW, basado en el perjuicio que produciría a su confianza legítima una anulación de la Decisión impugnada.
Decisión sobre las costas
Costas
267 A tenor del apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de las demandantes y dado que tanto la Comisión como la parte coadyuvante MTW así lo solicitaron, procede condenar en costas a las demandantes.
268 No obstante, los Estados miembros que han intervenido en el litigio cargarán con sus propias costas, de conformidad con el párrafo primero del apartado 4 del artículo 87 de dicho Reglamento.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
(Sala Tercera ampliada)
decide:
1) Desestimar el recurso.
2) Condenar a las demandantes a pagar las costas del procedimiento, incluidas las de la parte coadyuvante MTW.
3) La República Federal de Alemania y el Reino de Dinamarca cargarán con sus propias costas.