CELEX: 61990CJ0018
Acuerdo de Cooperación CEE-Marruecos
Principio de no discriminación
Seguridad Social

Mediante resolución de 16 de enero de 1990, recibida en el Tribunal de Justicia el 22 de enero siguiente, la cour du travail de Lieja (Bélgica) planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Marruecos, firmado en Rabat el 27 de abril de 1976, celebrado en nombre de la Comunidad mediante el Reglamento (CEE) n° 2211/78 del Consejo, de 26 de septiembre de 1978 (
DO L 264, p. 1
; EE 11/09, p. 3; en lo sucesivo, «el Acuerdo»).
Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la Sra. Bahia Kziber, de nacionalidad marroquí, y la Office national de l'emploi belga relativo a la denegación de la concesión de prestaciones de desempleo.
Resulta de los autos del litigio principal que la Sra. Kziber vive con su padre, de nacionalidad marroquí, jubilado en Bélgica tras desempeñar en este país un trabajo por cuenta ajena.
El Real Decreto belga de 20 de diciembre de 1963 relativo al empleo y al desempleo
(Moniteur belge
de 18.1.1964, p. 506) prevé en su artículo 124 la concesión de prestaciones de desempleo a trabajadores jóvenes que hayan terminado o bien estudios de formación profesional o de aprendizaje. Por lo que respecta a los trabajadores extranjeros y apatridas, el artículo 125 de dicho Real Decreto dispone que sólo podrán serles concedidas prestaciones de desempleo de acuerdo con los límites fijados en un Convenio internacional.
La Office national de l'emploi denegó a la Sra. Kziber la concesión de las prestaciones de desempleo, por razón de su nacionalidad. Contra esta decisión denegatoria, la interesada interpuso un recurso ante el órgano jurisdiccional laboral belga.
La cour du travail de Lieja, ante la cual se apeló, decidió suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se pronunciara, con carácter prejudicial, sobre la cuestión siguiente:
«¿Puede negar un Estado miembro, por razón de su nacionalidad, la concesión de una ventaja social en el sentido del apartado 2 del artículo 7 del Reglamento n° 1612/68, a los hijos a cargo de un trabajador nacional de un Estado tercero (Marruecos), con el que la Comunidad Económica Europea ha celebrado un Acuerdo de Cooperación que contiene, en el ámbito de la Seguridad Social, una cláusula de igualdad de trato a favor de los trabajadores migrantes de dicho país empleados en la Comunidad, así como de los miembros de su familia que residan con ellos?»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento y de las observaciones escritas presentadas, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Para precisar el objeto de la cuestión planteada por la cour du travail de Lieja, debe recordarse el objetivo y las disposiciones pertinentes del Acuerdo.
El objetivo del Acuerdo es, según el artículo 1, promover una cooperación global entre las Partes Contratantes a fin de contribuir al desarrollo económico y social de Marruecos y de favorecer el fortalecimiento de sus relaciones. Esta cooperación se establece, en virtud del Título I, en los ámbitos económico, técnico y financiero, en virtud del Título II, en el ámbito de los intercambios comerciales y, en virtud del Título III, en el de la mano de obra.
El artículo 40, que figura en el Título III, relativo a la cooperación en el ámbito de la mano de obra, dispone que cada Estado miembro concederá a los trabajadores de nacionalidad marroquí empleados en su territorio un régimen caracterizado por la ausencia de cualquier discriminación basada en la nacionalidad en lo que respecta a las condiciones de trabajo y de remuneración.
El artículo 41, que forma parte del mismo Título III, establece en su apartado 1 que, salvo lo dispuesto en los apartados siguientes, los trabajadores de nacionalidad marroquí y los miembros de su familia que residan con ellos, se beneficiarán, en el sector de la Seguridad Social, de un régimen caracterizado por la ausencia de cualquier discriminación basada en la nacionalidad con respecto a los propios nacionales de los Estados miembros donde estén empleados. Este artículo concede a los trabajadores marroquíes, en su apartado 2, el beneficio de la totalización de los períodos de seguro, empleo o residencia cumplidos en los diferentes Estados miembros para determinadas prestaciones y, en su apartado 3, el beneficio de las prestaciones familiares para los miembros de su familia que residan dentro de la Comunidad, permitiéndoles, en su apartado 4, la libre transferencia hacia Marruecos de las pensiones y rentas. El apartado 5 del artículo 41 establece el principio de reciprocidad a favor de los trabajadores nacionales de los Estados miembros respecto al régimen establecido en los apartados 1, 3 y 4 de este artículo.
El artículo 42 del Acuerdo atribuye al Consejo de Cooperación la misión de adoptar las disposiciones que permitan asegurar la aplicación de los principios mencionados en el artículo 41.
Analizada a la luz de estas disposiciones del Acuerdo, la cuestión prejudicial debe entenderse como dirigida, básicamente, a dilucidar si el apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo se opone a que un Estado miembro deniegue la concesión de una prestación transitoria, prevista en su legislación para jóvenes solicitantes de empleo, a un miembro de la familia de un trabajador de nacionalidad marroquí que resida con él, por el hecho de que el solicitante de empleo sea de nacionalidad marroquí.
Para responder adecuadamente a esta cuestión, hay que determinar en primer lugar si el apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo puede ser invocado ante un órgano jurisdiccional nacional y, en segundo lugar, si esta disposición comprende la situación del miembro de la familia de un trabajador migrante marroquí que solicita la concesión de una prestación del tipo de la controvertida en el litigio principal.
Sobre el efecto directo del apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo
Es jurisprudencia reiterada (véase sentencia de 30 de septiembre de 1987, Demirel, apartado 14,
12/86, Rec. p. 3719
) que una disposición de un Acuerdo celebrado por la Comunidad con países terceros debe considerarse que es de aplicación directa cuando, habida cuenta de su redacción y del objeto y la naturaleza del Acuerdo, implica una obligación clara y precisa que no está subordinada, ni en su ejecución ni en sus efectos, a que se produzca un acto posterior.
Para determinar si la disposición del apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo responde a estos criterios, hay que centrarse en primer lugar en el examen de su contenido.
Procede señalar, a este respecto, que el apartado 1 del artículo 41 establece en términos claros, precisos e incondicionales, la prohibición de discriminar, por razón de la nacionalidad, a los trabajadores de nacionalidad marroquí y a los miembros de su familia que residan con ellos, en el sector de la Seguridad Social.
El hecho de que el apartado 1 del artículo 41 precise que esta prohibición de discriminación sólo es válida con la salvedad de lo dispuesto en los apartados siguientes, significa que, respecto a la totalización de los períodos, a la concesión de prestaciones familiares y a la transferencia hacia Marruecos de las pensiones y rentas, esta prohibición de discriminación sólo se garantiza dentro de los límites de los requisitos establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 41. Esta reserva no puede interpretarse, sin embargo, en el sentido de que priva a la prohibición de discriminación de su carácter incondicional respecto a cualquier otra cuestión que se plantee en el sector de la Seguridad Social.
Asimismo, la circunstancia de que el apartado 1 del artículo 42 prevea la aplicación por el Consejo de Cooperación de los principios mencionados en el artículo 41, no puede interpretarse en el sentido de que cuestione la aplicabilidad directa de un texto que no está subordinada, ni en su ejecución ni en sus efectos, a que se produzca un acto posterior. La misión que atribuye el apartado 1 del artículo 42 al Consejo de Cooperación consiste, como ha señalado el Abogado General en el punto 12 de sus conclusiones, en facilitar el cumplimiento de la prohibición de discriminación y, en su caso, en adoptar las medidas necesarias para la aplicación del principio de totalización establecido en el apartado 2 del artículo 41, pero no puede considerarse que condiciona la aplicación inmediata del principio de no discriminación.
La afirmación de que el principio de no discriminación establecido en el apartado 1 del artículo 41 puede aplicarse directamente a la situación del trabajador marroquí y a los miembros de su familia que residan con él en los Estados miembros de la Comunidad, no resulta contradicha, por otra parte, por el examen del objeto y la naturaleza del Acuerdo del que forma parte este texto.
En efecto, el Acuerdo tiene por objeto, como ya se ha dicho, promover una cooperación global entre las Partes Contratantes, en concreto en el ámbito de la mano de obra. La circunstancia de que el Acuerdo tenga fundamentalmente por objeto favorecer el desarrollo económico de Marruecos y se limite a establecer una cooperación entre las partes sin tener como objetivo una asociación o una futura adhesión de Marruecos a las Comunidades, no es de tal naturaleza que impida la aplicabilidad directa de algunas de sus disposiciones.
Lo mismo puede decirse respecto a los artículos 40 y 41, recogidos en el Título III, relativo a la cooperación en el ámbito de la mano de obra, los cuales, lejos de tener un carácter puramente programático establecen, en el sector de las condiciones de trabajo y de remuneración y en el de la Seguridad Social, un principio por el que puede regirse la situación jurídica de los particulares.
En tales circunstancias, procede declarar que dei tenor literal dei apartado 1 dei artículo 41, así como dei objeto y la naturaleza del Acuerdo en que se incluye este artículo, resulta que esta disposición puede ser aplicada directamente.
Sobre el alcance del apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo
Para determinar el alcance del principio de no discriminación establecido en el apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo, hay que delimitar en primer lugar el concepto de Seguridad Social que figura en este texto y analizar a continuación el de trabajador, en el sentido de dicha disposición, antes de precisar las condiciones en que los miembros de la familia del trabajador marroquí pueden optar a las prestaciones de Seguridad Social.
El concepto de Seguridad Social que figura en el apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo debe comprenderse por analogía con el concepto idéntico que figura en el Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (versión codificada,
DO 1980, C 138, p. 1
). Ahora bien, el artículo 4 de este Reglamento, relativo al ámbito de aplicación material, enumera en su apartado 1, entre las ramas de la Seguridad Social, las prestaciones de desempleo, de las que las prestaciones transitorias, controvertidas en el litigio principal, no son sino una forma específica.
El hecho de que el apartado 2 del artículo 41 del Acuerdo, al contrario del citado Reglamento n° 1408/71, no mencione las prestaciones de desempleo entre los regímenes a los que se aplica la totalización de los períodos de seguro, tiene importancia únicamente para la cuestión de la totalización, pero no puede por sí solo, de no existir una intención de las Partes Contratantes manifestada claramente, hacer que se admita que estas últimas hayan querido excluir del concepto de Seguridad Social, en el sentido del Acuerdo, las prestaciones de desempleo, consideradas tradicionalmente como una rama de la Seguridad Social.
Por lo que se refiere al concepto de trabajador recogido en el apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo, hay que señalar que comprende tanto a los trabajadores en activo como a los que han abandonado el mercado de trabajo después de haber alcanzado la edad necesaria para disfrutar de una pensión de vejez o después de haber sido víctimas de uno de los riesgos que dan derecho a prestaciones con arreglo a otras ramas de la Seguridad Social. En efecto, los apartados 2 y 4 del artículo 41 hacen referencia expresa, en relación con el beneficio de la totalización y la posibilidad de transferir las prestaciones hacia Marruecos, a regímenes como las pensiones y rentas de vejez o de invalidez de que disfrutan los trabajadores jubilados.
Por último, respecto al alcance de los derechos del miembro de la familia del trabajador marroquí que reside con él, el principio de la ausencia de cualquier discriminación basada en la nacionalidad en el sector de la Seguridad Social, establecido en el apartado 1 del artículo 41, implica que al interesado, que cumple todos los requisitos exigidos por una legislación nacional para disfrutar de las prestaciones de desempleo previstas a favor de los jóvenes solicitantes de empleo, no puede denegársele la concesión de dichas prestaciones por razón de su nacionalidad.
De lo antedicho se deduce que procede responder a la cour du travail de Lieja que el apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro deniegue la concesión de una prestación transitoria, prevista por su legislación a favor de los jóvenes solicitantes de empleo, a un miembro de la familia de un trabajador de nacionalidad marroquí que reside con él, basándose en que el solicitante de empleo es de nacionalidad marroquí.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno de la República Federal de Alemania, por el Gobierno de la República Francesa y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre la cuestión planteada por la cour du travail de Lieja mediante resolución de 16 de enero de 1990, declara:

El apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Marruecos, firmado el 27 de abril de 1976 en Rabat, celebrado, en nombre de la Comunidad, mediante el Reglamento (CEE) n° 2211/78 del Consejo, de 26 de septiembre de 1978, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro deniegue la concesión de una prestación transitoria, prevista por su legislación a favor de jóvenes solicitantes de empleo, a un miembro de la familia de un trabajador de nacionalidad marroquí que reside con él, basándose en que el solicitante de empleo tiene nacionalidad marroquí.

Due
Mancini
Rodríguez Iglesias
Díez de Velasco
Slynn
Kakouris
Joliét
Schockweiler
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 31 de enero de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.