CELEX: 62005CJ0001
Libertad de establecimiento
Artículo 43 CE
Directiva 73/148/CEE
Nacional de un Estado miembro establecido en otro Estado miembro
Derecho de residencia del ascendiente del cónyuge cuando este ascendiente y su cónyuge son nacionales de un país tercero
Obligación de este ascendiente de residir legalmente en un Estado miembro cuando se reúne con su familia en el Estado miembro en donde ésta reside
Pruebas que deben aportarse para ser considerado ascendiente a cargo

1       La petición de decisión prejudicial se refiere a la interpretación de la Directiva 73/148/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1973, relativa a la supresión de las restricciones al desplazamiento y a la estancia, dentro de la Comunidad, de los nacionales
de los Estados miembros en materia de establecimiento y de prestación de servicios (DO L 172, p. 14; EE 06/01, p. 132), y
del artículo 43 CE.
2       Esta petición se presentó en el marco de un recurso que enfrenta a la Sra. Jia, ciudadana china jubilada, a la Migrationsverket
(Oficina de Migraciones), en relación con la desestimación por esta última de la solicitud que presentó la interesada para
obtener una autorización de residencia de larga duración en Suecia.

Marco jurídico

Normativa comunitaria
3       El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 73/148 dispone:
«Los Estados miembros suprimirán, en las condiciones previstas por la presente Directiva, las restricciones al desplazamiento
y a la estancia:
a)      de los nacionales de un Estado miembro que se hayan establecido o quieran establecerse en otro Estado miembro con objeto de
ejercer en él una actividad por cuenta propia o que quieran llevar a cabo en el mismo una prestación de servicios;
[…]
d)      de los ascendientes y descendientes de dichos nacionales y de su cónyuge que estén a su cargo, sea cual fuere su nacionalidad.»
4       El artículo 3 de esta Directiva tiene la siguiente redacción:
«1.      Los Estados miembros admitirán en su territorio a las personas mencionadas en el artículo 1 con la simple presentación de
una tarjeta de identidad o de un pasaporte válido.
2.      No podrá exigirse ningún visado de entrada ni otra obligación equivalente, salvo a los miembros de una familia que no posean
la nacionalidad de ninguno de los Estados miembros. Los Estados miembros darán a dichas personas todas las facilidades para
obtener los visados que precisen.»
5       El artículo 4, apartado 3, de la citada Directiva establece:
«Cuando un miembro de la familia no tenga la nacionalidad de un Estado miembro, se le expedirá un documento de residencia
que tenga la misma validez que el expedido al nacional de quien dependa.»
6       El artículo 6 de la misma Directiva enuncia:
«Para la expedición de la tarjeta y el permiso de residencia, el Estado miembro únicamente podrá exigir al solicitante que:
a)      presente el documento que le haya permitido entrar en su territorio;
b)      aporte la prueba de que está incluido en alguna de las categorías contempladas en los artículos 1 y 4.»
7       El artículo 8 de la Directiva 73/148 prevé:
«Los Estados miembros únicamente podrán establecer excepciones de la presente Directiva por razones de orden público, seguridad
o salud públicas.»

Normativa nacional
8       Se desprende de la resolución de remisión que el Derecho sueco de extranjería está constituido, principalmente, por la Ley
1989:529 sobre los extranjeros (utlänningslagen; en lo sucesivo, «Ley») y el Decreto 1989:547 sobre los extranjeros (utlänningsförordningen;
en lo sucesivo, «Decreto»). A este respecto, dicha resolución proporciona las indicaciones que se exponen a continuación.
9       El capítulo 1 de la Ley prevé que los extranjeros que entren o que permanezcan en Suecia deberán estar en posesión de un visado,
salvo que tengan una tarjeta de residencia o sean nacionales de alguno de los países nórdicos. El Gobierno podrá establecer
otras excepciones a la obligación de obtener un visado. Los extranjeros que permanezcan más de tres meses en Suecia deberán
estar en posesión de una tarjeta de residencia, salvo que sean nacionales de un país nórdico.
10     El capítulo 2, artículo 4, apartado 1, número 3, de la Ley afirma que se podrá conceder la tarjeta de residencia a los extranjeros
que sean familiares cercanos de una persona que esté establecida en Suecia o que haya obtenido una tarjeta de residencia para
establecerse en Suecia y que comparte el hogar de esta persona. Según el artículo 5 del mismo capítulo, los extranjeros que
quieran permanecer en Suecia deberán obtener una tarjeta de residencia antes de entrar en el país. No se podrá estimar una
solicitud de residencia después de la entrada en el territorio sueco. No obstante, los extranjeros podrán obtener dicho permiso
tras la entrada, entre otros casos, si, con arreglo al capítulo 2, artículo 4, apartado 1, número 3, tienen un vínculo estrecho
con una persona establecida en Suecia y no resulta razonable exigirles que regresen a otro país para presentar allí la solicitud
de la tarjeta de residencia.
11     En virtud del capítulo 2, artículo 14, de la Ley, el Gobierno podrá adoptar disposiciones relativas a la estimación de una
solicitud de tarjeta de residencia cuando ello se derive de un Tratado celebrado con otro Estado. El Decreto desarrolla estas
disposiciones en su capítulo 3, artículos 5a, 5b y 7a.
12     Así, el capítulo 3, artículo 7a, del Decreto prevé que se podrá estimar una solicitud de tarjeta de residencia, aunque se
presente o se examine cuando el extranjero se encuentra en Suecia, si éste es nacional de un Estado miembro del Espacio Económico
Europeo (en lo sucesivo, «EEE») o de Suiza. Según el capítulo 3, artículo 5b, del Decreto, se aplicará la misma norma en relación
con una solicitud de alguno de los miembros de la familia de dicho extranjero. En virtud del capítulo 3, artículo 5a, del
Decreto, se concederá la tarjeta de residencia a los extranjeros que estén en posesión de un pasaporte o un documento de identidad
válidos, que sean nacionales de un Estado miembro del EEE o de Suiza y que reúnan los requisitos previstos en los números
2 a 7 o 10 del mismo artículo. Según el citado número 2, los trabajadores por cuenta propia que puedan demostrar mediante
un documento su condición podrán obtener una tarjeta de residencia por cinco años que será renovable. Por último, a tenor
del capítulo 3, artículo 5b, del Decreto, la tarjeta de residencia se concederá a los extranjeros que sean miembros de la
familia de un nacional de un Estado miembro del EEE, en el sentido de los números 1 a 5 del mencionado artículo.
13     La resolución de remisión indica que se concederá una tarjeta de residencia, en idénticas condiciones que a los nacionales
de un Estado miembro del EEE, a los extranjeros que tengan un vínculo con éstos, previa presentación de un pasaporte o documento
de identidad válidos, un certificado de parentesco o un certificado que acredite que el extranjero está a cargo del nacional
de un Estado miembro del EEE de que se trata o del cónyuge de éste. Los extranjeros también deberán, en muchos casos, presentar
los documentos o aportar las pruebas requeridos para demostrar que existe una relación de parentesco con un nacional de un
Estado miembro del EEE en el sentido de los números 1 a 5, del artículo 5b del capítulo 3 del Decreto. El número 1 de este
artículo prevé que, para ser considerado miembro de la familia de un trabajador por cuenta propia, el extranjero deberá demostrar
la existencia de alguna de las siguientes relaciones de parentesco con un nacional de un Estado miembro del EEE: esposo o
esposa, hijo menor de 21 años o a cargo de sus padres, o ascendente (generación inmediatamente anterior) a cargo del nacional
de un Estado miembro del EEE o del esposo (o esposa) de éste.
14     En virtud del capítulo 4, artículo 1, apartado 1, número 2, de la Ley, se podrá expulsar a los extranjeros que carezcan de
visado, tarjeta de residencia u otra autorización que se exija para entrar, residir o trabajar en Suecia.
15     Por último, la resolución de remisión señala que el capítulo 4, artículo 6, de la Ley establece que si se desestima una solicitud
de tarjeta de residencia o si ésta se revoca mientras el extranjero se encuentra en Suecia, se adoptará simultáneamente una
resolución de expulsión o alejamiento del interesado, salvo que existan razones especiales que se opongan a ello.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales
16     El hijo de la Sra. Jia, el Sr. Shenzhi Li, también de nacionalidad china, reside en Suecia desde 1995 con su esposa, la Sra.
Svanja Schallehn. Ésta última, de nacionalidad alemana, ejerce una actividad por cuenta propia en Suecia. La Sra. Schallehn
es titular de una tarjeta de residencia, válida hasta el 3 de julio de 2006, que se le concedió en su condición de nacional
de un Estado miembro. El Sr. Shenzhi Li, como cónyuge de un ciudadano comunitario, obtuvo una tarjeta de residencia con el
mismo período de validez que la de su esposa.
17     El 2 de mayo de 2003, la embajada de Suecia en Pekín otorgó a la Sra. Jia un visado turístico válido hasta el 21 de agosto
de 2003 para una entrada en el Espacio Schengen y una estancia de 90 días como máximo. La Sra. Jia entró en el Espacio Schengen
a través del aeropuerto de Arlanda, en Estocolmo, el 13 de mayo de 2003. El 7 de agosto siguiente, solicitó una tarjeta de
residencia a la Migrationsverket, para lo que invocó su relación de parentesco con un nacional de un Estado miembro.
18     A fin de obtener dicha tarjeta de residencia, la Sra. Jia alegó, en particular, lo siguiente: percibe una pensión mensual
de 1.166 coronas suecas de la República Popular de China y su esposo, el Sr. Yupu Li, una pensión mensual de aproximadamente
1.000 coronas suecas; ella y su esposo viven en China en condiciones muy difíciles; no pueden cubrir sus necesidades sin el
apoyo económico de su hijo y de la esposa de éste; no les es posible obtener ninguna ayuda económica de las autoridades chinas.
Para sustentar su solicitud, la Sra. Jia presentó un certificado de parentesco con el Sr. M. Shenzhi Li, expedido por el Beijing
Notary Public Office, así como un certificado de su antiguo empleador público, China Forestry Publishing House, en el que
se indica que está a cargo económicamente de su hijo y de su nuera.
19     El 7 de abril de 2004, la Migrationsverket desestimó la solicitud de la Sra. Jia, por entender que la situación de dependencia
económica que invoca no está suficientemente demostrada, y resolvió la devolución de la interesada a su país de origen o a
otro Estado si demostraba que éste la acogería. El 14 de mayo de 2004, la Sra. Jia interpuso un recurso ante la Utlänningsnämnden
(Comisión de recurso de extranjería) frente a la decisión adoptada en su contra.
20     También se desprende de la resolución de remisión que la Migrationsverket expidió el 3 de septiembre de 2003 un visado nacional
al Sr. Yupu Li, válido para una entrada en Suecia y una estancia de 180 días como máximo. El 10 de marzo de 2004, el interesado
solicitó una tarjeta de residencia invocando el mismo motivo que la Sra. Jia. El 17 de septiembre de 2004, la Migrationsverket
desestimó esta solicitud mediante una resolución que el Sr. Yupu Li recurrió ante la Utlänningsnämnden. Según la resolución
de remisión, ésta no había examinado todavía el recurso del Sr.Yupu Li cuando se planteó esta cuestión prejudicial ante el
Tribunal de Justicia.
21     Según la Migrationsverket, el concepto de estar a cargo del ciudadano comunitario (o de su cónyuge) implica que existe una
necesidad real de sostenimiento económico o de otro tipo que los miembros de la familia establecidos en el Estado miembro
satisfacen con regularidad. Por tanto, no pueden tenerse en cuenta las necesidades ocasionales o un apoyo que no es realmente
necesario para la subsistencia de la persona afectada. También es importante tener en cuenta la necesidad del mantenimiento
en el país de origen y no el que se presenta en caso de una posible emigración a un Estado miembro. Es necesario que la situación
de estar a cargo se pueda demostrar mediante un certificado o cualquier otro documento y el Derecho comunitario no se opone
a que se exija la prueba de que existe una situación de dependencia. Añade que no es indispensable que el interesado pueda
presentar un certificado de dependencia expedido por las autoridades del país de origen, ya que dicho certificado sólo se
menciona como ejemplo de documento que puede servir para acreditar la realidad de una dependencia económica. No obstante,
el mero compromiso de un ciudadano comunitario o de su cónyuge de cubrir las necesidades de sus padres no es suficiente para
demostrar que existe la dependencia requerida para conceder una tarjeta de residencia.
22     La Utlänningsnämnden expone en particular que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 18 de junio
de 1987, Lebon, 316/85, Rec. p. 2811, apartados 20 a 22), la circunstancia de que un ciudadano comunitario cubra las necesidades
de un miembro de su familia es decisiva para probar que se encuentra a cargo, sin que sea necesario determinar las razones
de ese mantenimiento. Sin embargo, la situación de dependencia no puede definirse con precisión. Es obligado suponer que dicha
situación existe cuando el miembro de la familia del ciudadano comunitario necesita el apoyo económico de éste para alcanzar
o mantener el nivel de vida que desea, o bien considerar que la situación de dependencia tiene su origen en el hecho de que,
sin dicho apoyo económico, el miembro de la familia sería incapaz de lograr un nivel de vida digno en su país de origen o
en aquél en el que reside habitualmente.
23     Además, según la Utlänningsnämnden, de conformidad con el artículo 6 de la Directiva 73/148, sólo se podrá exigir al solicitante
de una tarjeta de residencia que presente el documento que le haya permitido entrar en el territorio del Estado miembro de
que se trata y que aporte la prueba de que está incluido en alguna de las categorías contempladas en los artículos 1 y 4 de
esta Directiva. En este contexto, se plantea la cuestión de saber si, además del certificado de parentesco, se puede exigir
al solicitante de una tarjeta de residencia una prueba de la situación de dependencia. No se puede considerar que una declaración
del interesado o del ciudadano comunitario constituya por sí sola una prueba de dicha situación de dependencia.
24     La Utlänningsnämnden decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)      a)     A la luz de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto C‑109/01 [sentencia de 23 de septiembre de 2003,
Akrich, Rec. p. I‑9607] ¿debe interpretarse el artículo 10 del Reglamento (CEE) nº 1612/68 [del Consejo, de 15 de octubre
de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77)] en
el sentido de que un nacional de un país tercero que es miembro de la familia de un trabajador, con arreglo a dicho artículo,
como ocurre en el presente asunto, debe encontrarse legalmente en la Comunidad para tener derecho a residir en dicho territorio
con este trabajador y, de modo similar, debe interpretarse el artículo 1 de la Directiva 73/148 en el sentido de que el derecho
de residencia de un nacional de un país tercero, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, depende de su estancia
legal en la Comunidad?
b)      Si la Directiva 73/148 debe interpretarse en el sentido de que, para que los nacionales de un país tercero, que son miembros
de la familia de un ciudadano de la Unión, puedan invocar un derecho de residencia de acuerdo con la Directiva es necesario
que se encuentren legalmente en la Comunidad, ¿tiene esto como consecuencia que los miembros de la familia deben tener una
tarjeta de residencia válida que les permita o pueda permitirles residir en alguno de los Estados miembros? Si carecen de
un permiso de residencia ¿basta con tener un derecho por algún otro motivo para una estancia más corta o más larga, o, como
en el caso pendiente ante la Utlänningsnämnden, es suficiente que los miembros de la familia que solicitan la tarjeta de residencia
tengan un visado válido?
c)      Si los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, que son nacionales de un país tercero, no pueden invocar un derecho
de residencia al amparo de la Directiva 73/148 porque no se encuentran legalmente en la Comunidad, ¿el hecho de denegarles
la tarjeta de residencia constituye una restricción del derecho de establecimiento del ciudadano de la Unión que consagra
el artículo 43 CE?
d)      Si los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, que son nacionales de un país tercero, no pueden invocar un derecho
de residencia al amparo de la Directiva 73/148 porque no se encuentran legalmente en la Comunidad, ¿el hecho de expulsarles
porque no es posible concederles una tarjeta de residencia tras su entrada en Suecia constituye una restricción del derecho
de establecimiento del ciudadano de la Unión que consagra el artículo 43 CE?
2)      a)     ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 1, letra d), de la Directiva 73/148 en el sentido de que “[estar] a su cargo”
significa que los miembros de la familia del ciudadano de la Unión dependan económicamente de éste para lograr un nivel de
vida digno en su país de origen o en aquél en el que residen habitualmente?
b)      ¿Debe interpretarse el artículo 6, letra b), de la Directiva 73/148 en el sentido de que los Estados miembros pueden exigir
que los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que manifiestan estar a cargo de dicho ciudadano, o del cónyuge
de éste, presenten documentos que demuestren la existencia real de la situación de dependencia, aparte de un compromiso de
asunción de personas a cargo efectuado por el ciudadano de la Unión?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre la primera cuestión, letras a) a d)
25     Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el Derecho comunitario, a la luz de la
sentencia Akrich, antes citada, exige que los Estados miembros supediten la concesión del derecho de residencia a los nacionales
de un país tercero, miembros de la familia de un ciudadano comunitario que ejerció el derecho de libre circulación, al requisito
de que dichos miembros de la familia residieran legalmente con anterioridad en otro Estado miembro.
26     En la sentencia Akrich, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que para poder disfrutar, en una situación como la debatida
en el asunto que dio origen a esa sentencia, de los derechos contemplados en el artículo 10 del Reglamento nº 1612/68, el
nacional de un país tercero, cónyuge de un ciudadano de la Unión, debe residir legalmente en un Estado miembro cuando se traslada
a otro Estado miembro al que emigra o ha emigrado el ciudadano de la Unión.
27     El órgano jurisdiccional remitente, haciendo referencia a esta sentencia, desea saber, más en concreto, si el requisito de
la previa residencia legal, antes mencionada, también se aplica en la situación de la Sra. Jia.
28     Para responder a esta cuestión, es conveniente recordar las circunstancias de hecho del asunto que dio lugar a la sentencia
Akrich, antes citada.
29     El órgano jurisdiccional remitente en dicho asunto conocía de un recurso contra la denegación por las autoridades del Reino
Unido del derecho de residencia al Sr. Akrich, nacional de un país tercero y casado con una ciudadana del Reino Unido. Como
el Sr. Akrich, no tenía derecho de residencia en el Reino Unido, había accedido a ser expulsado a Irlanda donde se había reunido
con su esposa que se había establecido allí poco antes. La pareja tenía la intención de volver al Reino Unido invocando el
Derecho comunitario para que el Sr. Akrich pudiese entrar en ese país en su calidad de cónyuge de una ciudadana de la Unión
que había ejercido el derecho de libre circulación.
30     A la vista de esta situación, el órgano jurisdiccional correspondiente había preguntado al Tribunal de Justicia cuáles eran
las medidas que los Estados miembros podían adoptar frente al comportamiento de los miembros de la familia de un ciudadano
comunitario que no reúnen los requisitos establecidos por el Derecho nacional para entrar y residir en un Estado miembro.
31     En el asunto que se dilucida en el litigio principal, no se reprocha al miembro de la familia en cuestión que resida ilegalmente
en un Estado miembro ni que pretenda escapar abusivamente al imperio de una normativa nacional en materia de inmigración.
Al contrario, la Sra. Jia se encontraba legalmente en Suecia cuando presentó su solicitud y el propio Derecho sueco no se
opone a que se conceda un derecho de residencia de larga duración a favor de la interesada, en una situación como la que es
objeto del litigio principal, a condición de que se demuestre suficientemente la situación de dependencia que se invoca.
32     De esto se deriva que el requisito de la previa residencia legal en otro Estado miembro, tal como se formuló en la sentencia
Akrich, antes citada, no puede trasladarse al presente asunto y, por tanto, no puede aplicarse en una situación como ésta.
33     Por tanto, procede responder a la primera cuestión, letras a) a d), que el Derecho comunitario, a la luz de la sentencia Akrich,
antes citada, no exige que los Estados miembros supediten la concesión de un derecho de residencia a los nacionales de un
país tercero, miembros de la familia de un ciudadano comunitario que ejerció el derecho de libre circulación, al requisito
de que dichos miembros de la familia hayan residido legalmente con anterioridad en otro Estado miembro.

Sobre la segunda cuestión, letras a) y b)
34     El artículo 1, apartado 1, letra d), de la Directiva 73/148 sólo se aplica a los ascendientes del cónyuge del ciudadano de
un Estado miembro establecido en otro Estado miembro para ejercer en él una actividad por cuenta propia, que estén «a su cargo».
35     Se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que la calidad de miembro de la familia «a cargo» resulta de una
situación de hecho que se caracteriza por que el ciudadano comunitario que ejerció el derecho de libre circulación o su cónyuge
garantizan los recursos necesarios para la subsistencia del miembro de la familia [véase, a propósito del artículo 10 del
Reglamento nº 1612/68 y del artículo 1 de la Directiva 90/364/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho
de residencia (DO L 180, p. 26) respectivamente, las sentencias Lebon, antes citada, apartado 22, así como de 19 de octubre
de 2004, Zhu y Chen, C‑200/02, Rec. p. I‑9925, apartado 43].
36     El Tribunal de Justicia también declaró que la calidad de miembro de la familia a cargo no supone un derecho a alimentos,
porque de ser éste el caso dicha calidad dependería de las legislaciones nacionales que varían de un Estado a otro (sentencia
Lebon, antes citada, apartado 21). Según el Tribunal de Justicia no es necesario determinar las razones del recurso a ese
mantenimiento ni preguntarse si el interesado está en condiciones de subvenir a sus necesidades mediante el ejercicio de una
actividad remunerada. Esta interpretación viene impuesta, en particular, por el principio según el cual las disposiciones
que establecen la libre circulación de trabajadores, uno de los fundamentos de la Comunidad, deben ser objeto de interpretación
extensiva (sentencia Lebon, antes citada, apartados 22 y 23).
37     Para determinar si los ascendientes del cónyuge de un ciudadano comunitario están a cargo de éste, el Estado miembro de acogida
debe apreciar si, a la vista de sus circunstancias económicas y sociales, no están en condiciones de subvenir a sus necesidades
básicas. La necesidad del apoyo material debe darse en el Estado de origen o de procedencia de dichos ascendientes en el momento
en que solicitan establecerse con el ciudadano comunitario.
38     Esta conclusión se impone a la luz del artículo 4, apartado 3, de la Directiva 68/360/CEE del Consejo, de 15 de octubre de
1968, sobre suspensión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados miembros y de
sus familias dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 13; EE 05/01, p. 88), de acuerdo con el cual la prueba de la calidad de
ascendiente a cargo del trabajador por cuenta ajena o del cónyuge de éste, en el sentido del artículo 10 del Reglamento nº 1612/68,
se satisface con la presentación de un documento expedido por la autoridad competente del «Estado de origen o de procedencia»
en el que se acredite que el ascendiente de que se trata está a cargo de dicho trabajador o del cónyuge de éste. En efecto,
pese a la falta de indicaciones en cuanto a los medios de prueba admitidos para que el interesado demuestre que está incluido
en alguna de las categorías que se contemplan en los artículos 1 y 4 de la Directiva 73/148, nada justifica que la calidad
de ascendiente se aprecie de forma diferente según se trate de los miembros de la familia de un trabajador por cuenta ajena
o de los de un trabajador por cuenta propia.
39     De conformidad con el artículo 6, letra b), de la Directiva 73/148, el Estado miembro de acogida puede exigir al solicitante
que aporte la prueba de que está incluido en alguna de las categorías contempladas en el artículo 1 de dicha Directiva.
40     Los Estados miembros están obligados a ejercer sus competencias en este ámbito respetando tanto las libertades fundamentales
garantizadas por el Tratado CE como la eficacia de las disposiciones de las directivas que establecen medidas para suprimir
entre ellos los obstáculos a la libre circulación de personas, a fin de facilitar el ejercicio del derecho de residencia de
los ciudadanos de la Unión Europea y de los miembros de sus familias en el territorio de cualquier Estado miembro (véase,
por analogía, la sentencia de 25 de mayo de 2000, Comisión/Italia, C‑424/98, Rec. p. I‑4001, p. 35).
41     En lo que atañe al artículo 6 de la Directiva 73/148, el Tribunal de Justicia declaró que, a falta de indicaciones en cuanto
al medio de prueba admitido para que el interesado demuestre que está incluido en alguna de las categorías contempladas en
los artículos 1 y 4 de la misma Directiva, hay que concluir que dicha prueba puede efectuarse por cualquier medio adecuado
(véanse, en particular, las sentencias de 5 de febrero de 1991, Roux, C‑363/89, Rec. p. I‑1273, apartado 16, y de 17 de febrero
de 2005, Oulane, C‑215/03, Rec. p. I‑1215, apartado 53).
42     Consecuentemente, si bien un documento expedido por la autoridad competente del Estado de origen o de procedencia en el que
se acredite que existe una situación de dependencia es un medio particularmente adecuado a estos efectos, no puede constituir
un requisito para la expedición del permiso de residencia mientras que, por otra parte, puede considerarse que el mero compromiso,
del ciudadano comunitario o de su cónyuge, de asumir a su cargo a los miembros de la familia de que se trata no demuestra
que exista una situación real de dependencia de éstos.
43     En estas circunstancias, procede responder a la segunda cuestión, letras a) y b), que el artículo 1, apartado 1, letra d),
de la Directiva 73/148 debe interpretarse en el sentido de que «[estar] a su cargo» significa que los miembros de la familia
de un ciudadano comunitario, establecido en otro Estado miembro al amparo del artículo 43 CE, necesitan el apoyo material
de este ciudadano o de su cónyuge para subvenir a sus necesidades básicas en el Estado de origen o de procedencia de dichos
miembros de la familia en el momento en que éstos solicitan establecerse con ese ciudadano. El artículo 6, letra b), de la
misma Directiva debe interpretarse en el sentido de que la prueba de la necesidad de un apoyo material puede efectuarse por
cualquier medio adecuado, aunque puede considerarse que el mero compromiso, del ciudadano comunitario o de su cónyuge, de
asumir a su cargo a los miembros de la familia de que se trata, no demuestra que exista una situación real de dependencia
de éstos.

Costas
44     Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
1)
El Derecho comunitario, a la luz de la sentencia de 23 de septiembre de 2003, Akrich (C‑109/01), no exige que los Estados
miembros supediten la concesión de un derecho de residencia a los nacionales de un país tercero, miembros de la familia de
un ciudadano comunitario que ejerció el derecho de libre circulación, al requisito de que dichos miembros de la familia hayan
residido legalmente con anterioridad en otro Estado miembro.
2)
El artículo 1, apartado 1, letra d), de la Directiva 73/148/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1973, relativa a la supresión
de las restricciones al desplazamiento y a la estancia, dentro de la Comunidad, de los nacionales de los Estados miembros
en materia de establecimiento y de prestación de servicios, debe interpretarse en el sentido de que «[estar] a su cargo» significa
que los miembros de la familia de un ciudadano comunitario, establecido en otro Estado miembro al amparo del artículo 43 CE,
necesitan el apoyo material de este ciudadano o de su cónyuge para subvenir a sus necesidades básicas en el Estado de origen
o de procedencia de dichos miembros de la familia en el momento en que éstos solicitan establecerse con ese ciudadano. El
artículo 6, letra b), de la misma Directiva debe interpretarse en el sentido de que la prueba de la necesidad de un apoyo
material puede efectuarse por cualquier medio adecuado, aunque puede considerarse que el mero compromiso, del ciudadano comunitario
o de su cónyuge, de asumir a su cargo a los miembros de la familia de que se trata, no demuestra que exista una situación
real de dependencia de éstos.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: sueco.