CELEX: 61983CJ0174(01)
Funcionarios
Intereses sobre atrasos de haberes

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 16 de agosto de 1983, el Sr. F. Ammann y otros funcionarios de la Secretaría General del Consejo de las Comunidades Europeas interpusieron un recurso que tiene por objeto obtener la anulación de sus hojas de haberes correspondientes a diciembre de 1982 en las que se calculan atrasos de haberes pagados en aplicación del Reglamento n° 3139/82 del Consejo de las Comunidades Europeas, de 22 de noviembre de 1982 (
DO L 331 de 26.11.1982, p. 1
; EE 01/03, p. 224), y, en caso necesario, la anulación de las decisiones explícitas o implícitas del Consejo, denegatorias de sus reclamaciones, a los efectos del artículo 90, apartado 2, del Estatuto. Se solicita la anulación por cuanto los atrasos de haberes correspondientes al período que comienza el 1 de julio de 1980 no fueron incrementados con intereses de demora calculados aplicando el tipo de interés habitual, cuyo pago reclaman. Asimismo, el recurso pretende que se condene al Consejo a pagar intereses compensatorios a los demandantes, necesarios por la pérdida de poder adquisitivo producida durante ese período.
El 20 de enero de 1981, el Consejo aprobó, en aplicación del artículo 65 del Estatuto de los funcionarios, el Reglamento n° 187/81, por el que se actualizan las retribuciones y las pensiones de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas, así como los coeficientes correctores aplicables a estas retribuciones y pensiones (
DO L 21, p. 18
), apartándose de la propuesta hecha a tal efecto por la Comisión el 9 de diciembre de 1980.
Con posterioridad a este Reglamento, el Consejo aprobó el 10 de febrero de 1981 el Reglamento n° 397/81 sobre determinación de los cuadros de sueldos y de los demás conceptos retributivos (
DO L 46, p. 1
; EE 01/03, p. 70).
La Comisión interpuso el 16 de marzo de 1981 un recurso para obtener la anulación del Reglamento n° 187/81 y de los artículos 1, letra a), 2, letras a) y b), y 11, párrafo 1, del Reglamento n° 397/81.
Mediante sentencia de 6 de octubre de 1982 (Comisión contra Consejo,
59/81, Rec. 1982, p. 3329
), el Tribunal de Justicia anuló el Reglamento n° 187/81 y las disposiciones antes citadas del Reglamento n° 397/81.
Para atenerse a esta sentencia, el Consejo, a propuesta de la Comisión de 29 de octubre de 1982, aprobó el Reglamento n° 3139/82 de 22 de noviembre de 1982.
El Consejo, en ejecución de este Reglamento, y en su carácter de autoridad facultada para proceder a los nombramientos, efectuó la liquidación y el pago de los atrasos de haberes correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio de 1980 hasta el momento del pago.
Cada uno de los demandantes presentó, mediante formulario tipo, una reclamación con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto, en la que mantenían que se debía tener en cuenta la disminución del poder adquisitivo durante el período para el cual se liquidaron los atrasos, en cumplimiento del Reglamento n° 3139/82 del Consejo, y pedían la concesión de intereses de demora que, en su opinión, hubieran debido acompañar los atrasos liquidados.
Estas reclamaciones fueron objeto de decisiones explícitas o implícitas de denegación y, a consecuencia de dicha denegación, los demandantes interpusieron el presente recurso.
Mediante sentencia de la Sala Tercera, de 4 de julio de 1985, se declaró la inadmisibilidad del recurso respecto de uno de los demandantes, la Sra. L. Hansen, por faltar la reclamación previa, así como respecto de todos los demandantes en lo que se refiere al pago de intereses compensatorios, y se remitió el asunto ante el Tribunal en pleno para el examen de las demás peticiones de los demandantes.
Los demandantes sostienen que cada autoridad facultada para proceder a los nombramientos debía incrementar los atrasos de haberes con intereses por el retraso con el que fueron pagados.
En apoyo de su tesis, los demandantes se remiten al artículo 62 del Estatuto de los funcionarios, que establece que los funcionarios tienen derecho a la retribución correspondiente a su grado y escalón por el solo hecho de su nombramiento y que no pueden renunciar a su retribución, así como al artículo 16, párrafo 1, del Anexo VII del Estatuto, que prevé que el día 15 de cada mes se efectuará el pago de las retribuciones devengadas durante el mismo. Deducen de estas disposiciones que, en caso de retraso en el pago de sus retribuciones, éstas deben ser incrementadas con intereses de demora.
Los demandantes alegan asimismo que la omisión de aplicar intereses de demora infringe el artículo 65, apartado 1, del Estatuto de los funcionarios, que instaura un procedimiento anual de reexamen del nivel de retribuciones de los funcionarios y agentes de las Comunidades según los criterios que se determinen en los métodos aprobados por el Consejo a propuesta de la Comisión. Subrayan que, en el caso de autos, el Consejo decidió, al aprobar el Reglamento n° 3139/82, que los funcionarios comunitarios tenían derecho a que se actualizaran sus haberes desde el 1 de julio de 1980. Por consiguiente, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos debía pagar a los funcionarios comunitarios intereses de demora para indemnizar el retraso de casi dos años con el que fueron pagadas dichas sumas en relación a la fecha de vencimiento estatutaria.
La parte demandada afirma que el artículo 62 del Estatuto de los funcionarios, que se limita a declarar de manera general el derecho de los funcionarios a sus retribuciones, es ajeno al importe de ésta, que se rige por otras disposiciones del Estatuto. Además, el artículo 65, apartado 1, del Estatuto, deja al Consejo la elección de los medios y las formas más convenientes para la aplicación de una política retributiva; dicha disposición no instaura un sistema de ajuste automático, sino simplemente un procedimiento de actualización que atribuye al Consejo una amplia facultad de apreciación. La parte demandada considera así que, no estando previsto por el Reglamento n° 3139/82 el pago de intereses de demora, que por otra parte no han sido ni propuestos por la Comisión ni contemplados por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 6 de octubre de 1982, cuando anuló el Reglamento n° 187/81, no es posible que las mismas figuren en las hojas correspondientes a los atrasos de haberes. Considera que, ni el artículo 65, apartado 1, del Estatuto, ni el procedimiento adoptado en 1976 para su aplicación, ni la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, le imponen en su carácter de autoridad facultada para proceder a los nombramientos el pago de intereses no previstos por las normas que fijan las retribuciones.
Hay que señalar que el artículo 62 del Estatuto de los funcionarios y el artículo 16 del Anexo VII de dicho Estatuto, alegados por los demandantes, determinan sólo cuál es el momento del pago de los haberes adeudados en aplicación de la normativa en vigor. Dichos artículos no prevén el pago de intereses en caso de retraso de la entrada en vigor de los reglamentos que fijan retroactivamente los haberes de los funcionarios y agentes. El artículo 65, apartado 1, del Estatuto, establece sólo un procedimiento de examen para la actualización anual de los haberes de los funcionarios, que comienza el mes de septiembre, cuyo desarrollo dura normalmente algunos meses y que se concreta en un reglamento cuyos efectos son necesariamente retroactivos desde el 1 de julio precedente; ahora bien, pese al efecto necesariamente retroactivo de estos reglamentos, este artículo no prevé el pago de intereses de demora.
De ello resulta que los motivos basados en la infracción de los artículos 62 y 65, apartado 1, del Estatuto de los funcionarios deben desestimarse por infundados.
Los demandantes sostienen a continuación que el Consejo, en su calidad de autoridad facultada para proceder a los nombramientos, debía pagarles intereses de demora en aplicación del principio general existente en los Derechos de los Estados miembros y que ha reconocido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según el cual todo retraso en el pago de una prestación en metálico conlleva la obligación de abonar intereses de demora. Sostienen que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos tiene la obligación de pagar intereses de demora en el caso de que el reglamento contemplado por el artículo 65, apartado 1, del Estatuto de los funcionarios haya sido aprobado fuera del plazo normal y con un retraso excesivo; este sería justamente el caso por cuanto el Reglamento n° 3139/82 fue aprobado con un retraso de casi dos años.
Según la parte demandada, el principio alegado por los demandantes que impone el pago de intereses de demora en caso de retrasos exige que el crédito principal sea cierto. Ahora bien, en este caso, dicho crédito no habría llegado a tener certeza hasta la entrada en vigor del Reglamento n° 3139/82 y, según el Consejo, fue pagado inmediatamente con toda la diligencia requerida. Por otro lado, el Consejo hace notar que, según el principio alegado, sólo puede nacer el derecho a interés de demora después de un requerimiento en cuanto al pago del principal, lo que no ha sucedido en este caso, por cuanto tanto los recursos como las reclamaciones de los demandantes se interpusieron después de haberse pagado el crédito principal.
Cabe recordar a este respecto que, en cualquier caso, la obligación de pagar intereses de demora sólo puede existir cuando el crédito principal sea de una cuantía cierta o, al menos, determinable sobre la base de elementos objetivos probados. En este caso, el crédito cierto o determinable sólo quedó establecido mediante la entrada en vigor del Reglamento n° 3139/82.
En efecto, dado que las competencias que el artículo 65 del Estatuto confiere al Consejo para actualizar las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes y para determinar los coeficientes correctores aplicables a las mismas, suponen el ejercicio de una facultad de apreciación, no se tiene ninguna certeza en cuanto al importe de las actualizaciones de los coeficientes aplicables a los haberes antes de que el Consejo haya ejercido dicha competencia y aprobado el reglamento previsto. Si el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia ya citada de 6 de octubre de 1982 que el Consejo debía tener en cuenta en el ejercicio de su facultad de apreciación determinados factores, sin embargo, y contrariamente a lo que afirman los demandantes, no determinó los importes que se adeudaban efectivamente a los funcionarios y a los otros agentes en virtud del artículo 65 del Estatuto, ni estableció los criterios objetivos que permitan determinar con suficiente precisión tales importes.
Asimismo, hay que desestimar la alegación según la cual el efecto retroactivo del Reglamento n° 3139/82 suponía el reconocimiento del hecho de que la cantidad adeudada a cada funcionario era ya cierta en las fechas de pago de las retribuciones previstas por el Estatuto. En efecto, antes de la entrada en vigor del Reglamento n° 3139/82, el importe del crédito principal no era cierto; para el período posterior a dicha entrada en vigor, los demandantes no han alegado ningún retraso en el pago de las sumas adeudadas en virtud de dicho Reglamento.
Por otra parte, podría plantearse la cuestión de si existe una obligación de pagar intereses de demora en caso de que la determinación misma del importe de la retribución adeudada se efectúe con un retraso injustificado. No obstante, en este caso, el Consejo aprobó diligentemente el 22 de noviembre de 1982 el Reglamento n° 3139/82 para atenerse a la sentencia antes mencionada del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 1982.
De ello se deduce que en este caso no existe obligación de pagar intereses de demora. En consecuencia, las peticiones de los demandantes cuyo examen fue remitido ante el Tribunal en pleno por la Sala Tercera, mediante sentencia de 4 de julio de 1985, antes mencionada, deben ser rechazadas. Por tanto, deben desestimarse los recursos en su totalidad.
Costas
En virtud del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte vencida será condenada en costas si así se hubiera solicitado. Sin embargo, según el artículo 70 del mismo Reglamento, irán a cargo de las instituciones los gastos causados a las mismas en los recursos de los agentes de las Comunidades.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Cada parte cargará con sus propias costas.

Koopmans
Bahlmann
Joliét
Bosco
Kakouris
O'Higgins
Schockweiler
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, el 30 de septiembre de 1986.
El Secretario
P. Heim
El Presidente en funciones
T. Koopmans
Presidente de Sala
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.