CELEX: 61985CJ0234
Validez de reglamentos del Consejo y de la Comisión
Etiquetado de vinos de mesa

Mediante resolución de 2 de julio de 1985, recibida en el Tribunal de Justicia el 25 de julio, el Amtsgericht Breisach am Rhein, planteó con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la validez de las disposiciones del Reglamento n° 355/79 del Consejo, de 5 de febrero de 1979, por el que se establecen las normas generales para la designación y presentación de los vinos y mostos de uva (
DO L 54, p. 99
; EE 03/16, p. 13) y del Reglamento n° 997/81 de la Comisión, de 26 de marzo de 1981, sobre modalidades de aplicación para la designación y presentación de los vinos y mostos de uva (
DO L 106, p. 1
; EE 03/16, p. 89).
El Reglamento n° 355/79 del Consejo, arriba citado, modificado por el Reglamento n° 3456/80 del Consejo, de 22 de diciembre de 1980 (
DO L 360, p. 18
; EE 03/20, p. 75), así como por el Reglamento n° 3685/81 del Consejo, de 15 de diciembre de 1981 (
DO L 369, p. 1
; EE 03/23, p. 248) precisa en su artículo 3, que «las indicaciones contempladas en el artículo 2 serán las únicas admitidas para la designación de los vinos de mesa en el etiquetado». Ahora bien, el artículo 2 de este Reglamento, tras haber precisado las indicaciones que deben figurar obligatoriamente en el etiquetado de un vino de mesa, menciona, en su apartado 2, un conjunto de indicaciones que pueden completar el etiquetado de un vino de mesa, de entre las que interesa destacar, a tenor de lo previsto en la letra h) :
«las precisiones referentes :
—
al tipo de producto,
—
a un color particular del vino de mesa,
siempre que dichas indicaciones estén reguladas por modalidades de aplicación o, en su defecto, por el Estado miembro interesado [...].»
Teniendo como base estas disposiciones, la Comisión promulgó el Reglamento n° 997/81, ya citado, cuyo artículo 13, apartado 6, dispone:
«En aplicación de lo dispuesto en la letra h) del apartado 2 del artículo 2, en la letra k) del apartado 2 del artículo 12 y en la letra k) del apartado 2 del artículo 28 del Reglamento (CEE) n° 355/79 podrán indicarse, según los casos, los términos
—
“demi-sec”, “halbtrocken” [...],
—
“moelleux”, “lieblich” [...],
—
“doux”, “süß” [...]
Los términos “sec”, “trocken”, “secco” [...] sólo podrán indicarse cuando el vino considerado tenga un contenido en azúcar residual:
—
de 4 gramos por litro como máximo,
o bien,
—
de 9 gramos por litro como máximo cuando el grado de acidez total en gramos por iitro expresado en ácito tártrico no sea inferior en más de 2 gramos por litro al contenido en azúcar residual.»
La cuestión prejudicial se suscitó en un procedimiento penal incoado por el Ministerio Fiscal de Friburgo contra el Sr. Keller por infringir el Reglamento n° 997/81 de la Comisión, ya citado, al hacer figurar en la etiqueta de las botellas de vino de mesa por él fabricadas el término «durchgegoren» (completamente fermentado) mientras que la normativa a la que hemos hecho referencia solamente admite el término «trocken» (seco) como indicación del contenido de azúcar residual de este tipo de vino.
A instancias del inculpado, el Amtsgericht Breisach am Rheim suspendió el procedimiento y planteó la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Son válidos, a la luz del ordenamiento jurídico de las Comunidades Europeas, el artículo 2, apartado 2, letra h), del Reglamento n° 355/79 del Consejo y el artículo 13, apartado 6, del Reglamento n° 997/81 de la Comisión?»
Procede hacer constar, a la vista de los términos de la resolución de remisión, que los mencionados preceptos, que limitan a los términos en ellos contemplados el margen de maniobra de que disfrutan los productores alemanes para designar sus vinos de mesa, atenta, según el órgano jurisdiccional nacional, contra el libre ejercicio de su actividad profesional que garantiza el artículo 12 de la Ley Fundamental.
Teniendo presente la referencia hecha por el órgano jurisdiccional nacional a la Ley Fundamental alemana, procede recordar ante todo que, según jurisprudencia constante, la validez de los actos adoptados por las instituciones de la Comunidad sólo puede apreciarse en función del ordenamiento jurídico comunitario. Por lo tanto, la alegación de violaciones de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución de un Estado miembro no basta, por sí sola, para cuestionar la validez de un acto de la Comunidad, o los efectos que pueda surtir en el territorio de dicho Estado (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de diciembre de 1970, Internationale Handelsgesellschaft,
11/70, Rec. 1970, pp. 1125 y 1135
).
Sin embargo, el derecho al libre ejercicio de una actividad profesional forma parte, como el propio Tribunal de Justicia lo ha admitido, de los principios generales del derecho cuyo respeto corresponde salvaguardar a esta institución. Ahora bien, a semejanza de las limitaciones establecidas por los Estados miembros al ejercicio de este derecho por motivos de interés público, dicho derecho se garantiza en el ordenamiento jurídico comunitario sin perjuicio de las limitaciones justificadas por los objetivos de interés general perseguidos por la Comunidad, y en la medida en que éstos no atenten contra la sustancia de este derecho (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de mayo de 1974, Nold,
4/73, Rec. 1974, pp. 491, 508
).
Antes que nada, procede señalar a este respecto que si la normativa comunitaria correspondiente al etiquetado de vinos establece algunas restricciones, en un ámbito bien delimitado, a la actividad profesional de los agentes económicos interesados, dicha normativa no atenta contra la propia sustancia del derecho al libre ejercicio de esta actividad.
Acto seguido, y para apreciar la validez de las disposiciones objeto de la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional, procede examinar si, como alega el inculpado en el asunto principal, la restricción de que es objeto el derecho al libre ejercicio de la profesión no se justifica a la vista de los objetivos de interés general perseguidos por la Comunidad.
En opinión del inculpado en el asunto principal, toda normativa relativa a la denominación del vino tiende, esencialmente, a garantizar tanto una producción vitícola de gran rendimiento corno el derecho de los consumidores a una información precisa y no engañosa. Ahora bien, según el Sr. Keller, el término «trocken» no ofrece semejante información, en la medida en que corresponde a un contenido en azúcar residual del vino que puede variar dentro de unos márgenes amplios, previstos en el artículo 13, apartado 6, del Reglamento n° 997/81, ya citado. Por el contrario, el término «durchgegoren» añadido al término «trocken» ofrece una información completa e inequívoca que responde más propiamente a los objetivos de la normativa comunitaria, al favorecer la transparencia de las relaciones comerciales.
Procede señalar que los Reglamentos n° 355/79 del Consejo y n° 997/81 de la Comisión, relativos a la designación y presentación de los vinos y mostos de uva, se inscriben, como indica el conjunto de disposiciones citadas en sus considerandos, en el marco de la organización común del mercado vitivinícola creada por el Reglamento n° 337/79 del Consejo, de 5 de febrero de 1979 (
DO L 54, p. 1
; EE 03/16, p. 3).
Situadas en dicho marco, las disposiciones objeto del litigio se proponen suprimir los obstáculos a los intercambios entre los Estados miembros, al instituir, en concreto, una normativa vitivinícola uniforme compatible con la noción de mercado único, y al limitar a estos efectos el empleo de indicaciones facultativas en las etiquetas de las botellas, como se desprende de los considerandos cuarto y decimoquinto del Reglamento n° 997/81 de la Comisión.
Las disposiciones objeto del litigio se proponen igualmente hacer compatible este objetivo con la preocupación por conseguir una «información óptima» para los consumidores; es decir, una información «tan clara y completa como sea posible en el marco del etiquetado», como precisan el tercer considerando del Reglamento n° 355/79 del Consejo y el cuarto considerando el Reglamento n° 997/81 de la Comisión, respectivamente.
Así pues, la limitación de las indicaciones admitidas en materia de etiquetado de vinos encuentra, en principio, una justificación en los objetivos generales que persigue la organización común del mercado vitivinícola.
Por lo que respecta, finalmente, a la cuestión de si la exclusión del término «durchgegoren» de la lista de indicaciones autorizadas excede el requisito de una información clara e indispensable pretendida por la normativa controvertida, procede hacer constar, en primer lugar, que esta expresión sólo es comprensible en la República Federal de Alemania y que su traducción no corresponde a ninguna indicación al uso en el resto de los Estados miembros de la Comunidad.
Procede señalar, por otra parte, siguiendo a la Comisión, que el término «durchgegoren» no corresponde a realidad alguna, en la medida en que no existe prácticamente un vino «completamente fermentado». El inculpado en el asunto principal ha admitido, por otra parte, que esta formulación significa que todas las partículas de azúcar contenidas en el mosto de uva se han transformado en alcohol, sin cuestionar el hecho de que determinados azúcares contenidos en la uva no sirven para una transformación semejante.
Por todo lo dicho hay que admitir que la exclusión del término «durchgegoren» se justifica en aras de un interés general y que, por lo tanto, esta exclusión no constituye un límite al libre ejercicio de la profesión de productor de vinos prohibido por el Derecho comunitario.
Para modificar la apreciación que proceda sobre el artículo 13, apartado 6, en su versión anterior, no basta la circunstancia de que la Comisión, mediante el Reglamento n° 1011/84, de 10 de abril de 1984, posterior a la iniciación del procedimiento penal contra Keller, haya modificado el artículo 13, apartado 6, del Reglamento n° 997/81 al permitir que los Estados miembros admitan, por lo que respecta a los vinos comercializados en su territorio, que el contenido en azúcar residual que identifica el tipo de vino se indique por una cifra o por una marca con arreglo a una escala graduada.
Procede, pues, responder al órgano jurisdiccional nacional que el examen de la cuestión planteada no ha revelado ningún elemento que permita contradecir la validez del artículo 2, apartado 2, letra h), del Reglamento n° 355/79 del Consejo, ni del artículo 13, apartado 6, del Reglamento n° 997/81 de la Comisión.
Costas
Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas y por el Consejo de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente planteado ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Amtsgericht Breisach am Rhein mediante resolución de 2 de julio de 1985, declara:

El examen de la cuestión planteada no ha revelado ningún elemento que permita contradecir la validez del artículo 2, apartado 2, letra h), del Reglamento n° 355/79 del Consejo, ni del artículo 13, apartado 6, del Reglamento n° 997/81 de la Comisión.

Galmot
Everling
Moitinho de Almeida
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, el 8 de octubre de 1986.
El Secretario
P. Heim
El Presidente de la Sala Tercera
Y. Galmot
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.