CELEX: 61990CJ0007
Transportes por carretera
Disposiciones en materia social
Obligaciones del empresario

Mediante resolución de 22 de diciembre de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de enero de 1990, el Politierechtbank te Hasselt (Bélgica) planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, tres cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 15 del Reglamento (CEE) n° 3820/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el marco de los transportes por carretera (
DO L 370, p. 1
; EE 07/04, p. 21).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco dé un proceso penal seguido contra el Sr. Vandevenne, conductor empleado por la empresa Wilms Transport, por no haber observado los tiempos de conducción y de descanso establecidos por los artículos 6, 7 y 8 del Reglamento n° 3820/85, y contra los Sres. Wilms y Mesotten, como empresario, empleado o mandatario de Wilms Transport; por no haber hecho que el Sr. Vandevenne respetase dichas disposiciones. La empresa Wilms Transport fue emplazada como responsable civil de los Sres. Vandevenne y Mesotten.
En el transcurso del procedimiento ante el Politierechtbank, se discutió la interpretación del artículo 15 del Reglamento n° 3820/85. A tenor de esta disposición:
«1.
La empresa organizará el trabajo de los conductores de modo que éstos puedan cumplir las disposiciones pertinentes del presente Reglamento y del Reglamento (CEE) n° 3821/85.
2.
La empresa verificará periódicamente la observancia de ambos Reglamentos. Si se comprobaren infracciones, adoptará las medidas necesarias para evitar su repetición.»
El Politierechtbank decidió suspender el procedimiento y plantear a este Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Cuál es el significado del término “empresa” que figura en el artículo 15 del Reglamento (CEE) n° 3820/85?
2)
¿Se pretendió al redactarse dicho artículo introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los Estados miembros en que es desconocida o es menos conocida?
¿Puede el Juez nacional seguir aplicando los principios básicos de su ordenamiento penal nacional, al haberse regulado mediante una Ley nacional los aspectos penales derivados del Reglamento?
3)
¿Deben considerarse las obligaciones que el mencionado artículo impone a las empresas como una obligación de diligencia o bien de resultado que implique una responsabilidad objetiva?»
Para una más amplia exposición del marco normativo y de los hechos del proceso principal, del desarrollo del procedimiento así como de las observaciones escritas presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre la primera cuestión
Procede señalar con carácter preliminar que la definición de empresa, en el sentido del artículo 15 del Reglamento n° 3820/85, debe examinarse a la luz del sistema instituido por el Reglamento y a la luz de sus objetivos. A este respecto, resulta del vigésimo séptimo considerando del Reglamento que el Consejo quiso subrayar «la importancia y necesidad de la observancia del presente Reglamento por parte de los empresarios y los conductores».
Considerado en este contexto, el principal objetivo del apartado 1 del artículo 15 es impedir que un conductor sea obligado por sus superiores jerárquicos a realizar su trabajo de manera contraria a las disposiciones del Reglamento. Con esta misma finalidad, el artículo 10 del Reglamento n° 3820/85 prohibe determinados tipos de remuneración, como por ejemplo la concesión de primas en función de las distancias recorridas, que podrían inducir a un conductor a comprometer la seguridad en carretera. Asimismo, el apartado 2 del articuló 15 ha querido instaurar un control de la observancia de las disposiciones dél Reglamento que sea interno a la empresa de transportes y que refuerce el control efectuado por la autoridad pública.
Es, pues, evidente que la forma jurídica de la empresa contemplada en el artículo 15 no tiene importancia por tratarse de un sujeto de derecho autónomo que ejerce de forma permanente una actividad de transporte; el elemento determinante es la facultad de organización y de control ejercida por la empresa de que se trata sobre la manera en que los conductores y otros miembros de la tripulación destinados a los transportes por carretera ejecutan sus cometidos.
Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión que el término «empresa» que figura en el artículo 15 del Reglamento (CEE) n° 3820/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera, se refiere a un sujeto de derecho autónomo, sea cual fuere su forma jurídica, que ejerce de manera permanente una actividad de transporte y que tiene la facultad de organizar y controlar el trabajo de los conductores y de los miembros de la tripulación.
Sobre la segunda cuestión
Procede recordar que, en virtud del apartado 1 del artículo 17 del Reglamento n° 3820/85, los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para la ejecución del Reglamento. Dichas disposiciones deben referirse, entre otras, a las sanciones aplicables en caso de infracción a las normas establecidas en el mismo.
Según jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia (véase la reciente sentencia de 10 de julio de 1990, Hansen,
C-326/88, Rec. p. I-2911, apartado 17
), cuando un Reglamento comunitario no contenga disposición específica alguna que prevea una sanción en caso de infracción o cuando remita a este respecto a las disposiciones nacionales, los Estados miembros conservarán una facultad discrecional en cuanto a la elección de las sanciones. Sin embargo, de conformidad con el apartado 5 del Tratado CEE, que impone a los Estados miembros la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar el alcance y la eficacia del Derecho comunitario, éstos deben velar por que las infracciones de un Reglamento comunitario sean sancionadas en condiciones de fondo y de procedimiento análogas a las aplicables a las infracciones del Derecho nacional de naturaleza e importancia similares y que, en todo caso, confieran a la sanción un carácter efectivo, proporcionado y disuasivo.
De ello se deduce que ni el artículo 5 del Tratado ni el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento n° 3820/85 obligan a un Estado miembro a introducir en su Derecho nacional un régimen penal específico, tal como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, para garantizar la observancia de las obligaciones impuestas por el artículo 15 del Reglamento.
Procede, pues, responder a la segunda cuestión planteada por el Politierechtbank que ni el artículo 5 del Tratado CEE ni el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento n° 3820/85 obligan a un Estado miembro a introducir en su Derecho nacional el principio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las infracciones al artículo 15 del Reglamento n° 3820/85 pueden reprimirse aplicando disposiciones conformes a los principios básicos del Derecho penal nacional, siempre y cuando las sanciones que se impongan tengan un carácter efectivo, proporcionado y disuasivo.
Sobre la tercera cuestión
Según resulta del apartado 12 de la citada sentencia de este Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1990, Hansen, el artículo 15 del Reglamento n° 3820/85 tiene por objeto crear obligaciones concretas para el propio empresario distintas de las obligaciones impuestas a los conductores por los artículos 6, 7 y 8 del Reglamento.
Del tenor mismo del artículo 15 resulta que la obligación así creada es una obligación de diligencia. La empresa debe, organizar el trabajo de sus empleados de modo que éstos puedan cumplir el Reglamento n° 3820/85, debe verificar periódicamente la observancia del Reglamento y en su caso tomar las medidas necesarias para evitar que se repitan las infracciones. De ello se sigue que la comprobación de que un conductor empleado por la empresa haya cometido una infracción al Reglamento no basta de por sí para declarar que la empresa ha incumplido sus propias obligaciones.
Sin embargo, el objeto del artículo 15 del Reglamento n° 3820/85 no es limitar la responsabilidad del empresario por el hecho de que sus empleados no respeten los tiempos de conducción y de descanso. Los Estados miembros pueden, pues, crear una responsabilidad penal del empresario en caso de que alguno de sus empleados infrinja las normas establecidas en los artículos 6, 7 y 8 del Reglamento. Tal responsabilidad constituye, en efecto, un medio de garantizar la observancia de los límites impuestos por dichas disposiciones.
Sin embargo, los Estados miembros no están obligados a introducir tal responsabilidad penal objetiva del empresario. Como se ha recordado, el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento n° 3820/85 concede a los Estados miembros una facultad discrecional, en cuanto a la elección de las sanciones que deban aplicarse en caso de infracción del Reglamento, que únicamente está supeditada a las obligaciones que emanan del artículo 5 del Tratado CEE. En consecuencia, cabe la posibilidad de que un Estado miembro respete dichas obligaciones aun optando por no instaurar una responsabilidad penal objetiva de la empresa.
Procede, pues, responder a la tercera cuestión que el Reglamento n° 3820/85 no exige ni impide que los Estados miembros establezcan un sistema de responsabilidad penal objetiva a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Reglamento.
Costas
Los gastos efectuados por los Gobiernos alemán, italiano y del Reino Unido y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del proceso principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Politierechtbank te Hasselt (Bélgica) mediante resolución de 22 de diciembre de 1989, declara:

1)
El término «empresa» que figura en el artículo 15 del Reglamento (CEE) n° 3820/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera, se refiere a un sujeto de derecho autónomo, sea cual fuere su forma jurídica, que ejerce de manera permanente una actividad de transporte y que tiene la facultad de organizar y controlar el trabajo de los conductores y de los miembros de la tripulación.

2)
Ni el artículo 5 del Tratado CEE ni el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento n° 3820/85 obligan a un Estado miembro a introducir en su Derecho nacional el principio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las infracciones al artículo 15 del Reglamento n° 3820/85 pueden reprimirse aplicando disposiciones conformes a los principios básicos del Derecho penal nacional, siempre y cuando las sanciones que se impongan tengan un carácter efectivo, proporcionado y disuasivo.

3)
El Reglamento n° 3820/85 no exige ni impide que los Estados miembros establezcan un sistema de responsabilidad penal objetiva a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Reglamento.

Rodríguez Iglesias
Slynn
Joliét
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 2 de octubre de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Primera
G.C. Rodríguez Iglesias
(
*1
)	Lengua dc procedimiento: neerlandés.