CELEX: 61989CJ0005
Ayudas de Estado
Empresa que fabrica productos de aluminio semiacabados y acabados
Devolución

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 6 de enero de 1989, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al párrafo 2 del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CEE, que tiene por objeto que se declare que la República Federal de Alemania, al no cumplir con lo dispuesto en la Decisión 88/174/CEE de la Comisión, de 17 de noviembre de 1987, relativa a la ayuda concedida por el Land de Baden-Württemberg de la República Federal de Alemania a BUG-Alutechnik GmbH, empresa que fabrica productos de aluminio semiacabados y acabados (
DO 1988, L 79, p. 29
), ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE.
La ayuda de que se trata no le había sido notificada a la Comisión. Basándose en algunos artículos publicados en la prensa, la Comisión preguntó al Gobierno federal, mediante carta de 21 de mayo de 1985, si era cierto que el Land de Baden-Württemberg había concedido a la empresa BUG-Alutechnik GmbH subvenciones y garantías de crédito a efectos de su compra por la empresa Kaiser Aluminium Europe Inc. Mediante nota de 24 de junio de 1985, el Gobierno federal confirmó la concesión de dicha ayuda a la mencionada empresa, y, en respuesta a otro requerimiento de la Comisión, completó la información facilitada mediante otras dos notas, de los días 8 de agosto y 2 de octubre de 1985.
Una vez finalizado el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CEE, la Comisión, mediante carta de 22 de diciembre de 1987, notificó a la República Federal de Alemania la ya citada Decisión 88/174/CEE. El artículo 1 de esta Decisión dispone que la referida ayuda «es ilegal puesto que se otorgó infringiendo las disposiciones del apartado 3 del artículo 93 del Tratado CEE», y que, «además, la ayuda resulta incompatible con el mercado común [...]».
A tenor del artículo 2 de esa misma Decisión, «la mencionada ayuda debe ser recuperada. El Gobierno alemán informará a la Comisión, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la presente Decisión, sobre las medidas que ha adoptado para cumplirla».
El Gobierno alemán no impugnó esta Decisión. Mediante nota de 19 de abril de 1988, transmitió a la Comisión una comunicación, fechada el 13 de abril, en la que expresaba diversas críticas relativas a determinadas afirmaciones y apreciaciones en las que se basaba la Decisión. Considerando que esos argumentos no eran pertinentes, la Comisión, mediante escrito de 11 de julio de 1988, requirió a la República Federal de Alemania para que cumpliese con lo dispuesto en la Decisión.
Mediante nota de 9 de diciembre de 1988, el Gobierno alemán transmitió a la Comisión una comunicación, fechada el 2 de diciembre, en la que proponía esperar a que se hubiese dictado sentencia en el asunto «Alean» (sentencia de 2 de febrero de 1989, Comisión contra Alemania,
94/87, Rec. 1989, p. 175
), jurídicamente similar. Mediante carta de 23 de diciembre de 1988, la Comisión comunicó al Gobierno alemán que no consideraba oportuno dilatar el procedimiento de dicha forma, y por ello interpuso el presente recurso.
Para una más amplia exposición de los antecedentes del litigio y del desarrollo del procedimiento, así como de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Consta en autos que la República Federal de Alemania no ha adoptado ninguna medida para obtener la restitución de la ayuda, exigida en virtud de la Decisión 88/174/CEE.
El Gobierno demandado invoca, sin embargo, la imposibilidad absoluta de aplicar dicha Decisión, por razones relativas al principio de la confianza legítima, principio recogido especialmente en el artículo 48 de la Verwaltungsverfahrensgesetz (Ley de Procedimiento Administrativo) del Land de Baden-Württemberg, aplicable en el caso de autos.
En particular, el referido Gobierno alega que, en virtud de dicho artículo y de los principios constitucionales alemanes, la Administración pública no puede revocar un acto administrativo declarativo de derechos, que infrinja el ordenamiento jurídico, sin una previa valoración de los diversos intereses en presencia. En las circunstancias del caso de autos, concluye, la Autoridad nacional competente debe velar, pues, por que la protección de la confianza legítima de la empresa beneficiaría de la ayuda prevalezca sobre el interés público comunitario en que dicha ayuda sea recuperada.
Por último, el Gobierno demandado señala que la restitución de la ayuda se opondría, además, a la prohibición, prevista en el citado artículo 48, de revocar un acto administrativo declarativo de derechos después de transcurrido el plazo de un año contado a partir del momento en que la Administración haya tenido conocimiento de las circunstancias que justifiquen la revocación.
Según ha declarado este Tribunal de Justicia, particularmente en la sentencia de 21 de marzo de 1990 (Bélgica contra Comisión,
C-142/87, Rec. 1990, p. I-959
), la recuperación de una ayuda concedida ilegalmente debe tener lugar, en principio, con arreglo a las disposiciones pertinentes del Derecho nacional, pero siempre que dichas disposiciones se apliquen de manera que no hagan prácticamente imposible la recuperación exigida por el Derecho comunitario (apartado 61).
Este Tribunal de Justicia ha reconocido asimismo que, como el principio de la confianza legítima forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, este ordenamiento jurídico no puede oponerse a una legislación nacional que garantice el respeto de la confianza legítima y de la seguridad jurídica en un tema como el de la devolución de las ayudas comunitarias indebidamente abonadas (sentencia de 21 de septiembre de 1983, Deutsche Milchkontor, asuntos acumulados
205/82 a 215/82, Rec. 1983, p. 2633, apartado 30
).
La misma solución debe aplicarse en lo relativo a la restitución de ayudas nacionales contrarias al Derecho comunitario. No obstante, es preciso señalar que, habida cuenta del carácter imperativo del control de las ayudas estatales que con arreglo al artículo 93 del Tratado efectúa la Comisión, las empresas beneficiarias de una ayuda sólo pueden, en principio, depositar una confianza legítima en la validez de la ayuda cuando la misma se conceda con observancia del procedimiento que prevé dicho artículo. En efecto, todo agente económico diligente estará normalmente en condiciones de comprobar si el referido procedimiento ha sido observado.
A este respecto, es preciso recordar que, mediante comunicación publicada en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas,
la Comisión informó a los beneficiarios potenciales de ayudas otorgadas por el Estado sobre el carácter precario de las ayudas que les fuesen concedidas ilegalmente, en el sentido de que podrían verse obligados a restituirlas (
DO 1983, C 318, p. 3
).
No puede excluirse, desde luego, la posibilidad de que el beneficiario de una ayuda ilegal invoque circunstancias excepcionales que hayan podido legítimamente fundamentar su confianza en el carácter válido de dicha ayuda, y de que se oponga, por consiguiente, a su devolución. En tal supuesto, corresponderá al Juez nacional que conozca del asunto valorar las referidas circunstancias, en su caso después de haber planteado al Tribunal de Justicia cuestiones prejudiciales de interpretación.
En cambio, aquel Estado miembro cuyas autoridades hayan concedido una ayuda infringiendo las normas de procedimiento previstas en el artículo 93 no podrá invocar la confianza legítima de los beneficiarios para eludir la obligación de adoptar las medidas necesarias al objeto de ejecutar la decisión de la Comisión mediante la cual se le ordene recuperar la ayuda. Admitir semejante posibilidad equivaldría, en efecto, a privar de toda eficacia a lo dispuesto en los artículos 92 y 93 del Tratado, en la medida en que, de ese modo, las autoridades nacionales podrían basarse en su propio comportamiento ilegal para desvirtuar la eficacia de las decisiones adoptadas por la Comisión con arreglo a los referidos artículos del Tratado.
Por último, el Gobierno demandado carece de fundamento para invocar, como causa de imposibilidad absoluta de ejecutar la Decisión de la Comisión, las obligaciones que para la Autoridad administrativa competente se derivan de las modalidades particulares de protección de la confianza legítima que el artículo 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Verwaltungsverfahrensgesetz) prevé con respecto a la valoración de los intereses en presencia y al plazo fijado para la revocación de los actos administrativos declarativos de derechos. En efecto, constituye jurisprudencia reiterada el que un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas o situaciones de su ordenamiento jurídico interno para eludir el cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho comunitario.
Más concretamente, una disposición que prevea un plazo para la revocación de los actos administrativos declarativos de derechos debe ser aplicada, lo mismo que todas las disposiciones pertinentes del Derecho nacional, de manera que se tenga plenamente en cuenta el interés comunitario y que no haga prácticamente imposible la recuperación exigida por el Derecho comunitario.
De cuanto antecede se desprende que procede declarar el incumplimiento, de acuerdo con las pretensiones de la Comisión.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la República Federal de Alemania, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Declarar que la República Federal de Alemania, al no cumplir con lo dispuesto en la Decisión 88/174/CEE de la Comisión, de 17 de noviembre de 1987, relativa a la ayuda concedida por el Land de Baden-Württemberg, de la República Federal de Alemania, a BUG-Alutechnik GmbH, empresa que fabrica productos de aluminio semiacabados y acabados, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE.

2)
Condenar en costas a la República Federal de Alemania.

Schockweiler
Zuleeg
Mancini
O'Higgins
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Grévisse
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 20 de septiembre de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente en funciones
F. A. Schockweiler
Presidente de Sala
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.