CELEX: 62005CJ0149
Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE
Trabajadores
Reconocimiento de formaciones profesionales
Requisito relativo a la superación de una prueba de aptitud sin posibilidad de optar por un período de prácticas de adaptación
Actividad de venta de bienes muebles en subastas públicas no judiciales

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de las disposiciones de la Directiva 89/48/CEE del Consejo,
de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan
formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (DO 1989, L 19, p. 16), y de la Directiva 92/51/CEE del Consejo,
de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa
la Directiva 89/48 (DO L 209, p. 25), en sus versiones modificadas por la Directiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 14 de mayo de 2001 (DO L 206, p. 1) (en lo sucesivo, respectivamente, «Directiva 89/48» y «Directiva 92/51»).
Dicha cuestión se suscitó en el marco de un recurso del Sr. Price, que posee unas determinadas cualificaciones en el ámbito
de la venta en subastas, obtenidas en el Reino Unido, interpuesto contra la resolución del Conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques (en lo sucesivo, «CVV»), mediante la cual este supeditaba su admisión a la profesión de
director de ventas de bienes muebles en subastas públicas no judiciales en Francia (en lo sucesivo, «director de ventas no
judiciales») a la superación una prueba de aptitud sobre tres disciplinas: materias jurídicas, práctica de las ventas en subastas
públicas y normativa profesional.

Marco jurídico

Normativa comunitaria
De los considerandos tercero y cuarto de la Directiva 89/48 se desprende que esta tiene por objeto la implantación de un sistema
general de reconocimiento de los títulos, para facilitar a los ciudadanos europeos el ejercicio de todas las actividades profesionales
en los Estados miembros de acogida que exijan estar en posesión de una formación postsecundaria, siempre y cuando estén en
posesión de títulos que los capaciten para ejercer dichas actividades, que sancionen un ciclo de estudios de al menos tres
años y que hayan sido expedidos en otro Estado miembro.
La Directiva 92/51 establece una sistema general complementario de reconocimiento de las formaciones profesionales que cubre
los niveles de formación no comprendidos en el sistema general inicial creado por la Directiva 89/48, cuyo ámbito de aplicación
está limitado a las formaciones de nivel superior.
A tenor del artículo 2, párrafo primero, de la Directiva 89/48, y del artículo 2, párrafo primero, de la Directiva 92/51,
estas dos Directivas se aplican a todos los nacionales de un Estado miembro que deseen ejercer una «profesión regulada» en
otro Estado miembro.
Concepto de «profesión regulada»
Según la definición del artículo 1, letra c), de la Directiva 89/48, que es idéntica, en sustancia, a la del artículo 1, letra e),
de la Directiva 92/51, se entiende por «profesión regulada» la actividad o conjunto de actividades profesionales reguladas
que constituyen dicha profesión en un Estado miembro.
La «actividad profesional regulada» se define en el artículo 1, letra d), párrafo primero, de la Directiva 89/48, así como
en el artículo 1, letra f), párrafo primero, de la Directiva 92/51, como una actividad profesional cuyo acceso, ejercicio
o alguna de sus modalidades de ejercicio en un Estado miembro están sometidas directa o indirectamente, en virtud de disposiciones
legales, reglamentarias o administrativas, a la posesión de un título (en el marco de la Directiva 89/48) y a la posesión
de una titulación de formación o de un certificado de competencia (en el caso de la Directiva 92/51).
A tenor del artículo 1, letra d), párrafo segundo, de la Directiva 89/48, que es, en sustancia, idéntico al artículo 1, letra f),
párrafo segundo, de la Directiva 92/51, salvo, en particular, por la referencia de la Directiva 92/51 a una «titulación de
formación» y de la Directiva 89/48 a un «título», se equipara a una actividad profesional regulada:
«una actividad profesional ejercida por los miembros de una asociación u organización cuyo objetivo sea promover y mantener
un nivel elevado en el ámbito profesional de que se trate y que, para alcanzar dicho objetivo, goce de un reconocimiento bajo
una forma específica otorgada por un Estado miembro y
–        que expida un título a sus miembros,
–        dicte normas profesionales a las que habrán [de] atenerse sus miembros, y
–        confiera a éstos el derecho de ostentar un título, abreviatura o condición que correspondan a tal título.»
En virtud del artículo 1, letra d), párrafo tercero, de la Directiva 89/48, en el anexo de dicha Directiva se incluye una
relación no exhaustiva de asociaciones y organizaciones que, en el momento de la adopción de la Directiva, reunían las condiciones
establecidas en el párrafo segundo del citado artículo. En este anexo se menciona, entre otros, a la «Royal Institution of
Chartered Surveyors».
Concepto de «título»
A tenor del artículo 1, letra a), segundo guión, de la Directiva 89/48, para constituir un «título» en el sentido de esta
Directiva, un título debe acreditar, en particular, que el titular ha cursado con éxito un ciclo de estudios postsecundarios
de una duración mínima de tres años o de una duración equivalente a tiempo parcial.
En virtud del artículo 1, letra a), segundo guión, inciso i), de la Directiva 92/51, para constituir un «título» en el sentido
de esta Directiva, un título debe acreditar, en particular, que el titular ha cursado con éxito un ciclo de estudios postsecundarios,
distinto del mencionado en el segundo guión del artículo 1, letra a), de la Directiva 89/48, de una duración mínima de un
año o de una duración equivalente a tiempo parcial.
Obligación de reconocimiento
El artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 89/48 establece:
«Cuando, en el Estado miembro de acogida, el acceso o el ejercicio de una profesión regulada estén supeditados a la posesión
de un título, la autoridad competente no podrá denegar a un nacional de otro Estado miembro el acceso a dicha profesión o
su ejercicio en las mismas condiciones que a sus nacionales, alegando insuficiencia de cualificación:
a)      si el solicitante está en posesión del título prescrito por otro Estado miembro para acceder a dicha profesión o ejercerla
en su territorio, y lo ha obtenido en un Estado miembro, o
b)      si el solicitante ha ejercido a tiempo completo dicha profesión durante dos años en el curso de los diez años anteriores en
otro Estado miembro que no regule esta profesión, según lo dispuesto en la letra c) del artículo 1 y en el párrafo primero
de la letra d) del mismo artículo, estando en posesión de uno o varios títulos de formación:
–        que hayan sido expedidos por una autoridad competente en un Estado miembro designada con arreglo a las disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas de dicho Estado;
–        que acrediten que el titular ha cursado con éxito un ciclo de estudios postsecundarios de una duración mínima de tres años,
o de una duración equivalente a tiempo parcial en una universidad, en un centro de enseñanza superior o en otro centro del
mismo nivel de formación de un Estado miembro y, en su caso, que ha cursado con éxito la formación profesional requerida,
además del ciclo de estudios postsecundarios, y
–        que le hayan preparado para el ejercicio de dicha profesión.»
El artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 92/51 está redactado en los siguientes términos:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 89/48/CEE, cuando en el Estado miembro de acogida, el acceso a una profesión
regulada o a su ejercicio estén supeditados a la posesión de un título, tal y como se define en la presente Directiva o en
la Directiva 89/48/CEE, la autoridad competente no podrá denegar a un nacional de otro Estado miembro el acceso a dicha profesión
o a su ejercicio en las mismas condiciones que sus nacionales, por falta de cualificación:
a)      si el solicitante está en posesión del título, tal y como se define en la presente Directiva o en la Directiva 89/48/CEE,
prescrito por otro Estado miembro para acceder a la misma profesión o ejercerla en su territorio, y que ha sido obtenido en
un Estado miembro; o
b)      si el solicitante ha ejercido a tiempo completo dicha profesión durante dos años, o durante un período equivalente a tiempo
parcial, en el curso de los diez últimos años precedentes en otro Estado miembro que no regule esta profesión, según lo dispuesto
en la letra e) del artículo 1 y en el párrafo primero de la letra f) del mismo artículo 1 de la presente Directiva ni según
lo dispuesto en la letra c) del artículo 1 y en el párrafo primero de la letra d) del artículo 1 de la Directiva 89/48/CEE,
estando en posesión de una o más titulaciones de formación:
–        que hayan sido expedidas por una autoridad competente en un Estado miembro designada con arreglo a las disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas de dicho Estado,
–        que acrediten que el titular ha cursado con éxito un ciclo de estudios postsecundarios, distinto del mencionado en el segundo
guión de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 89/48/CEE, de una duración mínima de un año o de una duración equivalente
a tiempo parcial, una de cuyas condiciones de acceso sea, por regla general, la terminación del ciclo de estudios secundarios
exigido para acceder a la enseñanza universitaria o superior, así como la eventual formación profesional integrada en este
ciclo de estudios postsecundarios, o
–        […] y
–        que le hayan preparado para el ejercicio de dicha profesión.»
El artículo 3, párrafo cuarto, de la Directiva 92/51 contiene además una excepción al párrafo primero del mismo artículo,
según la cual el Estado miembro de acogida no está obligado a aplicar dicha disposición cuando el título que se exige responde
a la definición de título que contiene la Directiva 89/48 y uno de los requisitos para su expedición es haber cursado con
éxito un ciclo de estudios de duración superior a cuatro años.
Medidas de compensación
No obstante lo dispuesto en el respectivo artículo 3 de la Directiva 89/48 y la Directiva 92/51, el respectivo artículo 4
de cada una de ellas permite al Estado miembro de acogida, en determinados supuestos que se precisan, exigir al solicitante
que acredite una experiencia profesional de una duración determinada, que efectúe un período de prácticas de adaptación, durante
tres años como máximo, o que se someta a una prueba de aptitud (en lo sucesivo, «medidas de compensación»).
Con arreglo al artículo 4, apartado 1, párrafo tercero, de la Directiva 89/48, que es, en sustancia, idéntico a estos efectos
al artículo 4, apartado 1, letra b), párrafo tercero y párrafo cuarto, primer guión, de la Directiva 92/51, el Estado miembro
de acogida que imponga medidas de compensación debe, en principio, permitir al solicitante escoger entre el período de prácticas
y la prueba de aptitud. No obstante, por lo que respecta a las profesiones «cuyo ejercicio exija un conocimiento preciso del
derecho nacional y en las cuales un elemento esencial y constante del ejercicio de la actividad profesional sea la asesoría
y/o asistencia relativas al derecho nacional», el Estado miembro de acogida puede, como excepción a ese principio, exigir
bien un período de prácticas, bien una prueba de aptitud.

Normativa nacional
Normativa francesa
El Decreto nº 2001-650, de 19 de julio de 2001, adoptado en aplicación de los artículos L.321-1 a L.321-38 del Code de commerce
y relativo a las ventas de bienes muebles en subastas públicas no judiciales (JORF de 21 de julio de 2001, p. 11760; en lo
sucesivo, «Decreto 2001-650»), fija los requisitos para el ejercicio de la actividad de director de ventas no judiciales.
El artículo 16 de dicho Decreto establece que el ejercicio de esta profesión se reserva, en principio, a quienes poseen un
título de Derecho y un título de Historia del Arte, Artes Aplicadas, Arqueología o Artes Plásticas. Al menos uno de estos
títulos debe ser una licenciatura y el otro debe sancionar, al menos, un nivel de formación equivalente a dos años de estudios
superiores. También pueden acceder a esta profesión los titulares de diplomas y títulos excepcionalmente autorizados, cuya
lista se fija por orden conjunta del Ministro de Justicia y del Ministro responsable de la enseñanza superior.
En virtud del artículo 45 del mismo Decreto, se considera que disponen de la cualificación exigida por su artículo 16, los
nacionales de otro Estado miembro que:
–        hayan cursado con éxito un ciclo de estudios postsecundarios, de al menos un año de duración o de una duración equivalente
en caso de estudios a tiempo parcial, que les preparen para ejercer la profesión de director de ventas no judiciales, siendo
uno de los requisitos de acceso la finalización del ciclo de estudios secundarios exigido para acceder a la enseñanza universitaria
o superior, así como la formación profesional requerida en su caso, además de este ciclo de estudios postsecundarios, y
–        posean diplomas, certificados u otros títulos que:
1)      procediendo de un Estado miembro que regule el acceso a la profesión y su ejercicio, les habiliten para el ejercicio de la
actividad de venta de bienes muebles en subastas públicas no judiciales y hayan sido expedidos por la autoridad competente
de dicho Estado;
2)      procediendo de un Estado miembro que no regule el acceso a esta profesión o su ejercicio, sancionen una formación regulada,
específicamente orientada al ejercicio de la profesión; o
3)      procediendo de un Estado miembro que no regule ni el acceso a esta profesión, ni su ejercicio, ni la formación orientada al
ejercicio de esta profesión, justifiquen en dicho Estado el ejercicio de la profesión a tiempo completo durante al menos dos
años dentro de los diez años precedentes o durante un período de tiempo equivalente en caso de ejercicio a tiempo parcial,
sin perjuicio de que este ejercicio sea acreditado por la autoridad competente de ese Estado.
El artículo 48 del Decreto 2001-650 atribuye al CVV la competencia para examinar las solicitudes de reconocimiento de diplomas,
certificados y otros títulos, de las personas que cumplen los requisitos previstos en el artículo 45 y que desean establecerse
en Francia.
En virtud del artículo 49 de dicho Decreto, el solicitante deberá someterse a una prueba de aptitud cuando su formación haya
tratado sobre materias sustancialmente distintas de aquellas establecidas en el citado Decreto, o cuando una o varias de las
actividades profesionales de que se trate no estén reguladas en el Estado miembro de origen o estén reguladas de manera sustancialmente
distinta.
Normativa del Reino Unido
En el Reino Unido, el ejercicio de estas actividades profesionales no está sujeto a ningún requisito según la normativa aplicable.
En cambio, la Royal Institution of Chartered Surveyors interviene, al menos en cierta medida, en la organización de estas
actividades.

Litigio en el procedimiento principal y cuestiones prejudiciales
El Sr. Price, nacional británico, posee un título de «Bachelor of Arts with second class honours in Fine Arts Valuation».
Este título está avalado en el Reino Unido por la Royal Institution of Chartered Surveyors. Según las indicaciones de su abogado
en la vista, el Sr. Price nunca ha sido miembro de pleno derecho de la Royal Institution of Chartered Surveyors (aunque, en
algún momento, fuese miembro en prácticas), porque no ha efectuado las prácticas profesionales de dos años y el subsiguiente
examen oral («Assessment of Professional Competence» o «APC») que se exigen para ser miembro.
El 8 de enero de 2002, el Sr. Price, que quería ejercer la profesión de director de ventas no judiciales en Francia, presentó
ante el CVV una solicitud de reconocimiento de diplomas, certificados u otros títulos en virtud del artículo 48 del Decreto 2001-650.
Mediante resolución de 19 de junio de 2003, el CVV autorizó al Sr. Price a presentarse a la prueba de aptitud establecida
en el artículo 49 del citado Decreto en las siguientes disciplinas: materias jurídicas, práctica de las ventas en subastas
públicas y normativa profesional. El Sr. Price interpuso un recurso de reposición contra esa resolución, que fue desestimado
el 11 de septiembre de 2003.
El 19 de agosto de 2003, el Sr. Price recurrió ante la Cour d’appel de Paris contra la resolución del CVV de 19 de junio de
2003 que le exigía una prueba de aptitud.
Según el órgano jurisdiccional remitente, el Sr. Price no ha probado que haya ejercido a tiempo completo, durante al menos
dos años dentro de los diez años precedentes a su solicitud de reconocimiento de títulos, una actividad de director de ventas
no judiciales acreditada por las autoridades británicas.
No obstante, el Sr. Price sostiene que la resolución controvertida infringe lo dispuesto en la Directiva 92/51, que completa
la Directiva 89/48, puesto que no le da la posibilidad de elegir entre un período de prácticas de adaptación y una prueba
de aptitud.
Para sustentar su motivo, alega que, de conformidad con el artículo 7 de la Directiva 92/51, si el Estado miembro ha usado
la posibilidad de exigir un período de prácticas de adaptación o una prueba de aptitud, debe permitir al solicitante elegir
entre uno u otra.
Según el órgano jurisdiccional remitente, el CVV alega, acertadamente, que el Sr. Price no tiene derecho a ampararse en esa
disposición en la medida en que ésta solamente se aplica en el caso de que el Estado de acogida exija la posesión de un certificado
y no, como en el presente asunto, de un título.
La parte demandada considera que la situación del Sr. Price está dentro del ámbito de aplicación del artículo 4, apartado
1, letra b), párrafo cuarto, primer guión, de la Directiva 92/51 y que, con arreglo a este precepto, el Estado miembro puede
reservarse la posibilidad de elegir entre un período de prácticas de adaptación o una prueba de aptitud cuando se trate de
una profesión cuyo ejercicio exija un conocimiento preciso del Derecho nacional, y uno de los elementos esenciales y constantes
de la actividad sea el asesoramiento y/o asistencia relativos al Derecho nacional. Afirma que este es el caso de la actividad
de dirección de ventas no judiciales.
El Sr. Price rechaza esta interpretación de la Directiva 92/51 y observa que las actividades de ventas judiciales y no judiciales
son bien distintas y que el reconocimiento que solicita sólo se refiere a las ventas no judiciales.
En esas circunstancias, la Cour d’appel de Paris decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las
cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)      ¿Se aplica la Directiva 92/51 [...] a la actividad de ventas [...] no judiciales, regulada por los artículos L.321-1 a L.321-3,
L.321-8 y L.321-9 del Code de commerce?
2)      En caso de respuesta afirmativa, ¿puede invocar el Estado miembro de acogida la excepción del artículo 4, apartado 1, letra b),
[párrafo tercero, de la Directiva 92/51,] prevista en el artículo 4, apartado 1, letra b), [párrafo cuarto, primer guión,]
de la Directiva [92/51]?»

Sobre la primera cuestión
Procede señalar, de entrada, que los ámbitos de aplicación respectivos de las Directivas 89/48 y 92/51 no se definen solamente
en función de la profesión regulada de que se trate, sino, también, en función de las cualificaciones del solicitante que
desea ejercer esta profesión. Por consiguiente, la primera cuestión del órgano jurisdiccional remitente debe ser entendida
en el sentido de que plantea la cuestión de si la Directiva 92/51 se aplica a un solicitante que acredita tener una cualificación
como la que invoca el demandante en el procedimiento principal, el cual quiere ejercer la profesión de director de ventas
no judiciales en Francia.
Aunque el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia solamente por la aplicabilidad de la Directiva
92/51, es conveniente comprobar primero, habida cuenta del carácter complementario de esta Directiva por lo que respecta a
la Directiva 89/48, si esta última se aplica. Únicamente en el caso de que dicha Directiva no se aplique, habrá que examinar
la aplicabilidad de la Directiva 92/51.

Principios aplicables
De la estructura del respectivo artículo 3 de la Directiva 89/48 y de la Directiva 92/51 se desprende que, en cada marco fáctico
determinado, sólo se puede aplicar uno de los dos mecanismos de reconocimiento de títulos establecidos en el respectivo artículo
3, párrafo primero, letras a) y b), de cada una de ellas. El mecanismo de la letra a) se aplica si la profesión de que se
trate es una profesión regulada en el Estado miembro de formación. El segundo mecanismo, de la letra b), se aplica únicamente
si la profesión de que se trate no es una profesión regulada en ese Estado miembro.
Si se demuestra que la profesión de que se trate es una profesión regulada en el Estado miembro de formación, resulta del
respectivo artículo 3, párrafo primero, letra a), de cada una de las Directivas controvertidas que la Directiva 89/48 se aplica
cuando tanto el título exigido por el Estado miembro de acogida para el acceso a la profesión de que se trate, como el título
que posee el solicitante entran en la definición de título de esta última Directiva. En cambio, la Directiva 92/51 es aplicable
cuando al menos uno de los dos títulos de que se trate constituye un título en el sentido de esta Directiva, y el otro puede
estar comprendido bien en el ámbito de aplicación de esta misma Directiva bien en el de la Directiva 89/48.
En cambio, si se demuestra que la profesión de que se trate no es una profesión regulada en el Estado miembro de formación,
resulta del respectivo artículo 3, párrafo primero, letra b), de cada una de las Directivas controvertidas que la Directiva
89/48 se aplica cuando el título exigido por el Estado miembro de acogida para acceder a esta profesión entra en la definición
de título de esta última Directiva, y el solicitante acredita poseer una cualificación que incluye, en particular, una titulación
de formación que sancione estudios postsecundarios de una duración mínima de tres años. En cambio, la Directiva 92/51 es aplicable
en cualquier caso en que la Directiva 89/48 no lo sea, pero a condición de que el título exigido en el Estado miembro de acogida
sea al menos un título en el sentido de la Directiva 92/51, y el solicitante acredite poseer las cualificaciones enumeradas
en el artículo 3, párrafo primero, letra b), de dicha Directiva, en particular, una titulación de formación que sancione estudios
postsecundarios de una duración mínima de un año.
Con el fin de determinar si una u otra de estas Directivas es aplicable en el presente asunto, procede examinar, en primer
lugar, los requisitos para el ejercicio de la profesión de director de ventas no judiciales, por una parte, en Francia, como
Estado miembro de acogida, y, por otra, en el Reino Unido, como Estado miembro de formación. A continuación, deberán ser valoradas
las cualificaciones que invoca el demandante en el procedimiento principal. Aunque corresponde al órgano jurisdiccional remitente
efectuar estas apreciaciones, se han de aportar, sin embargo, algunas precisiones al respecto.

Requisitos para el ejercicio de la profesión de director de ventas no judiciales en Francia
La profesión de director de ventas no judiciales resulta ser, en Francia, una profesión regulada cuyo ejercicio está supeditado
a la posesión de un título en el sentido del artículo 1, letra a), de la Directiva 89/48. En particular, en virtud del artículo
16 del Decreto 2001-650, se reserva el ejercicio de esta profesión a los titulares de dos títulos que sancionan conjuntamente
al menos un nivel de formación correspondiente a cinco años de estudios postsecundarios, a menos que el título de que se trate
haya sido autorizado excepcionalmente.
Contrariamente a la postura defendida por la Comisión de las Comunidades Europeas, el hecho de que el artículo 45 del Decreto
2001-650 permita el acceso a esta profesión a los nacionales de otros Estados miembros que sólo posean, eventualmente, títulos
que sancionen un ciclo de estudios postsecundarios de una duración mínima de un año, no tiene automáticamente como consecuencia
hacer que sea aplicable la Directiva 92/51.
Cuando el único objeto de una normativa nacional consiste en adaptar el Derecho nacional a lo dispuesto en la Directiva 92/51,
que obliga a los Estados miembros a permitir a aquellos nacionales de otros Estados miembros que posean títulos en el sentido
de esta Directiva el acceso a las profesiones reguladas en su territorio, aun cuando el acceso a esas profesiones esté supeditado
normalmente a la posesión de un título en el sentido de la Directiva 89/48, esa normativa de adaptación no debe ser tenida
en cuenta para la determinación de la Directiva aplicable. De no ser así, el ámbito de aplicación de la Directiva 89/48 sería
tan limitado que se volvería inexistente, ya que cada Estado miembro está obligado, en virtud de la Directiva 92/51, a permitir
a aquellos nacionales de otros Estados miembros que posean títulos en el sentido de esta Directiva, los cuales, por lo tanto,
sancionen un ciclo de estudios de una duración inferior a la exigida en el marco de la Directiva 89/48, el acceso a toda profesión
regulada a la que sean aplicables las Directivas, sin perjuicio únicamente de la excepción recogida en el artículo 3, párrafo
cuarto, de la Directiva 92/51.
En el presente asunto, todo parece indicar que el artículo 45 del Decreto 2001-650 no tiene por objeto adaptar el Derecho
francés a lo dispuesto en la Directiva 92/51, circunstancia que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional nacional.

Requisitos para el ejercicio de la profesión de director de ventas no judiciales en el Reino Unido
Regulación por el Estado
En el Reino Unido, la actividad de director de ventas no judiciales no constituye una actividad profesional regulada en el
sentido del artículo 1, letra d), párrafo primero de la Directiva 89/48, ni en el sentido del artículo 1, letra f), párrafo
primero de la Directiva 92/51. En efecto, en el Reino Unido, el ejercicio de esta actividad profesional no está supeditado
a ningún requisito legal.
Regulación por una asociación o una organización reconocida por el Estado
En cambio, es posible que la actividad de director de ventas no judiciales se equipare a una actividad profesional regulada
ya sea en virtud del artículo 1, letra d), párrafo segundo, de la Directiva 89/48, o en virtud del artículo 1, letra f), párrafo
segundo, de la Directiva 92/51, puesto que la Royal Institution of Chartered Surveyors interviene, al menos en cierta medida,
en la organización de esta actividad. En tal caso, el hecho de que esta organización exija a sus miembros completar un ciclo
de estudios postsecundarios de tres años, seguidos de una formación profesional de dos años, supeditando, por lo tanto, el
ejercicio de la profesión de que se trata a la posesión de un título en el sentido del artículo 1, letra a), de la Directiva
89/48, haría aplicable el artículo 3, párrafo primero, letra a), de la Directiva 89/48 si también se cumpliesen los demás
requisitos establecidos en el artículo 1, letra d), párrafo segundo, de dicha Directiva.
A este respecto, procede señalar, además, que la Royal Institution of Chartered Surveyors se encuentra mencionada en el anexo
de la Directiva 89/48. Según el artículo 1, letra d), párrafo tercero, de esta Directiva, esa organización cumple, por lo
tanto, en el momento de adopción de dicha Directiva, los requisitos del artículo 1, letra d), párrafo segundo, de la misma
Directiva. No obstante, aunque la Royal Institution of Chartered Surveyors es una organización específicamente reconocida
en el Reino Unido por lo que respecta al ejercicio de la profesión de topógrafo («chartered surveyor»), no es seguro que goce
del mismo reconocimiento por lo que respecta a la profesión de director de ventas no judiciales. En su caso, corresponde al
órgano jurisdiccional remitente determinar si así es.

Aplicabilidad de los mecanismos de reconocimiento establecidos en el artículo 3 de la Directiva 89/48 a las cualificaciones
que alega el Sr. Price
Aplicabilidad del artículo 3, párrafo primero, letra a), de la Directiva 89/48
El artículo 3, párrafo primero, letra a), de la Directiva 89/48 será aplicable si la profesión de que se trata está regulada
en el Estado miembro de formación. Dado que el Sr. Price no es miembro de la Royal Institution of Chartered Surveyors, la
cuestión del reconocimiento, en virtud de esta disposición, de los títulos expedidos por dicha organización no se plantea
en el presente caso, aun cuando se demostrase que la profesión de director de ventas no judiciales constituye una profesión
regulada en el Reino Unido en virtud de la regulación establecida por dicha organización. De la jurisprudencia resulta que
el hecho de que el Sr. Price haya sido miembro en prácticas de esa organización o que haya completado una parte de la formación
exigida para devenir miembro de esa organización no es suficiente para permitirle ampararse en la Directiva 89/48 (véase,
en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2003, Morgenbesser, C‑313/01, Rec. p. I‑13467, apartados 51 y 52).
Aplicabilidad del artículo 3, párrafo primero, letra b), de la Directiva 89/48
El artículo 3, párrafo primero, letra b), de la Directiva 89/48 será aplicable si la profesión de que se trata no está regulada
en el Estado miembro de formación. Por consiguiente, como resulta de los apartados 36, 45 y 46 de la presente sentencia, este
precepto no será aplicable si la Royal Institution of Chartered Surveyors no reúne los criterios establecidos en el artículo
1, letra d), párrafo segundo, de la Directiva 89/48, por lo que respecta a la profesión de director de ventas no judiciales,
y que esta profesión no constituye, por lo tanto, una profesión regulada en el sentido del artículo 1, letra c), de dicha
Directiva, en el Reino Unido. Como ya ha sido recordado en el apartado 46 de la presente sentencia, corresponde en su caso
al órgano jurisdiccional remitente determinar si así es.
Habida cuenta del conjunto de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión que la Directiva 92/51
no se aplica a un solicitante que acredite una cualificación como aquella que invoca el demandante en el procedimiento principal,
el cual quiere ejercer la profesión de director de ventas de bienes muebles en subastas públicas no judiciales en Francia.
En cambio, la Directiva 89/48, y, en particular, su artículo 3, párrafo primero, letra b), puede aplicarse a tal solicitante
si la profesión de director de ventas de bienes muebles en subastas públicas no judiciales en el Estado miembro en el que
dicho solicitante obtuvo la cualificación que alega no es una profesión regulada en el sentido del artículo 1, letra c), de
dicha Directiva. Corresponde, en su caso, al órgano jurisdiccional remitente determinar si así es.

Sobre la segunda cuestión
Aunque la segunda cuestión se basa en la hipótesis de una respuesta afirmativa a la primera respecto a la aplicabilidad de
la Directiva 92/51, es conveniente responder a esta cuestión en el contexto de la Directiva 89/48, potencialmente aplicable
en el presente asunto, y que contiene en su artículo 4, apartado 1, párrafo tercero, una disposición idéntica, en sustancia,
a la del artículo 4, apartado 1, letra b), párrafo cuarto, primer guión, de la Directiva 92/51.
La cuestión a la que se enfrenta el órgano jurisdiccional remitente es, en sustancia, si la profesión de director de ventas
no judiciales constituye en Francia una profesión «cuyo ejercicio exija un conocimiento preciso del derecho nacional y en
las cuales un elemento esencial y constante del ejercicio de la actividad profesional sea la asesoría y/o asistencia relativas
al derecho nacional», en el sentido del artículo 4, apartado 1, párrafo tercero, de la Directiva 89/48.
Es preciso recordar, previamente, que, en virtud del artículo 234 CE, basado en una clara separación de las funciones de los
órganos jurisdiccionales nacionales y del Tribunal de Justicia, éste sólo es competente para pronunciarse sobre la interpretación
o la validez de una norma comunitaria a partir de los hechos que le proporcione el órgano jurisdiccional nacional, y que,
en cambio, corresponde a éste aplicar las normas del Derecho comunitario a un caso concreto (sentencia de 16 de octubre de
2003, Traumfellner, C‑421/01, Rec. p. I‑11941, apartado 21).
Con el fin de permitir una excepción al principio de libre elección del solicitante entre el período de prácticas de adaptación
y la prueba de aptitud, el artículo 4, apartado 1, párrafo tercero, de la Directiva 89/48 impone dos requisitos cumulativos
a los Estados miembros para que estos últimos puedan elegir la medida de compensación. Por una parte, debe tratarse de una
profesión cuyo ejercicio exija un conocimiento preciso del Derecho nacional. Por otra, la asesoría y/o asistencia relativas
al Derecho nacional debe ser un elemento esencial y constante de la actividad de que se trate. Por lo tanto, se efectúa una
distinción entre las exigencias impuestas para el ejercicio de la profesión de que se trate y las actividades que cubre. Es
preciso examinar estos dos requisitos de modo separado.

Requisito relativo al conocimiento preciso del Derecho nacional
La Directiva 89/48 no tiene como objetivo, contrariamente a las directivas sectoriales sobre profesiones específicas, armonizar
las condiciones de acceso o de ejercicio de las distintas profesiones a las que se aplica. Los Estados miembros conservan
sus competencias para definir dichas condiciones dentro de los límites impuestos por el Derecho comunitario. La cuestión de
en qué medida el ejercicio de una profesión determinada exige un conocimiento preciso del Derecho nacional debe ser resuelta,
por consiguiente, únicamente a la luz de las disposiciones nacionales.
En el marco de las profesiones reguladas por las autoridades nacionales, se puede presumir que el contenido de la formación
impuesta para el acceso a una profesión regulada se establece en función de las exigencias ligadas al ejercicio de esa profesión.
El contenido de la formación prescrita por un Estado miembro que regula esta profesión constituye, por consiguiente, un criterio
particularmente pertinente para deducir las exigencias ligadas a su ejercicio.
Como señaló la Abogado General en los puntos 116 a 119 de sus conclusiones, en el presente asunto se presume que la formación
relativa a la profesión de director de ventas no judiciales comprende en Francia una enseñanza jurídica sustancial, en particular,
un título de Derecho que sanciona estudios de una duración de dos años como mínimo.
A este respecto, procede señalar que una profesión cuyo acceso está sujeto a la posesión de un título de Derecho que sanciona
unos estudios de al menos dos años constituye una profesión en la que se presume que su ejercicio exige un conocimiento preciso
del Derecho nacional en el sentido del artículo 4, apartado 1, párrafo tercero, de la Directiva 89/48.

Requisito de asesoría y/o asistencia relativas al Derecho nacional
Se ha de observar, de entrada, que, contrariamente a lo alegado por el Sr. Price y por los Gobiernos austriaco y sueco, la
aplicación de este requisito no puede tener como consecuencia que sólo las profesiones jurídicas «clásicas», como las de juez,
notario y abogado, entren en el ámbito de aplicación de la excepción del artículo 4, apartado 1, párrafo tercero, de la Directiva
89/48. Como señaló acertadamente la Abogado General en los puntos 94 a 98, 120 y 121 de sus conclusiones, no se puede deducir
tal objetivo ni de la génesis de la disposición controvertida ni de su tenor.
No es necesario que la asesoría y/o asistencia prestadas a los clientes versen sobre todas las materias del Derecho nacional.
Basta con que ataña a un ámbito especializado. Para determinar en qué medida la asesoría y/o asistencia prestadas en materia
de Derecho nacional constituye un elemento esencial y constante de la actividad controvertida, es preciso referirse, en particular,
a la práctica corriente de la profesión controvertida. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional pronunciarse sobre esta
cuestión.
Habida cuenta del conjunto de estas consideraciones, procede responder a la segunda cuestión que:
–        una profesión cuyo acceso está sujeto a la posesión de un título de Derecho que sancione unos estudios de una duración mínima
de dos años constituye una profesión en la que se presume que su ejercicio exige un conocimiento preciso del Derecho nacional
en el sentido del artículo 4, apartado 1, párrafo tercero, de la Directiva 89/48, y
–        para la aplicación de esa disposición, no es necesario que la actividad controvertida implique la asesoría y/o asistencia
sobre todas las materias del Derecho nacional; basta con que ataña a un ámbito especializado y constituya un elemento esencial
y constante de dicha actividad. En este contexto, es preciso referirse, en particular, a la práctica corriente de la profesión
controvertida.

Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
1)
La Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones
profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE, en su versión modificada por la Directiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 14 de mayo de 2001, no se aplica a un solicitante que acredite una cualificación como aquella que invoca
el demandante en el procedimiento principal, el cual quiere ejercer la profesión de director de ventas de bienes muebles en
subastas públicas no judiciales en Francia.
En cambio, la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento
de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, en su versión
modificada por la Directiva 2001/19, y, en particular, su artículo 3, párrafo primero, letra b), puede aplicarse a tal solicitante
si la profesión de director de ventas de bienes muebles en subastas públicas no judiciales en el Estado miembro en el que
dicho solicitante obtuvo la cualificación que alega no es una profesión regulada en el sentido del artículo 1, letra c), de
dicha Directiva. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar, en su caso, si así es.
2)
Una profesión cuyo acceso está sujeto a la posesión de un título de Derecho que sancione unos estudios de una duración mínima
de dos años constituye una profesión en la que se presume que su ejercicio exige un conocimiento preciso del Derecho nacional
en el sentido del artículo 4, apartado 1, párrafo tercero, de la Directiva 89/48, en su versión modificada por la Directiva 2001/19.
Para la aplicación de esa disposición, no es necesario que la actividad controvertida implique la asesoría y/o asistencia
sobre todas las materias del Derecho nacional; basta con que ataña a un ámbito especializado y constituya un elemento esencial
y constante de dicha actividad. En este contexto, es preciso referirse, en particular, a la práctica corriente de la profesión
controvertida.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: francés.